BALEARES CONECTIONS

RESUMEN MUY RESUMIDO DE LOS CASOS CONOCIDOS PENDIENTES LO QUE ESTÁN POR CONOCER

LA CORRUPCIÓN BALEAR TIENE A 40 EX CARGOS DEL PP IMPUTADOS

Tres de las nueve causas abiertas investigan posible financiación irregular

y la herencia política del ex presidente balear Jaume Matas, empañadas por nueve casos de supuesta corrupción, se someten a examen estos días en los juzgados de instrucción de Baleares. La magnitud de los escándalos de presunta malversación de dinero público y la alta cifra de implicados alargará hasta cuatro años, toda una legislatura, los procesos judiciales.

Tres ex dirigentes populares cumplen condena firme por casos de corrupción

Junto al ex presidente balear, figuran como imputados otros 40 ex altos cargos del PP en el Gobierno autónomo de 2003 a 2007. Tres ex responsables populares cumplen ya pena de prisión con condena firme por corrupción. El resto de los imputados espera turno.

El último de esta larga lista ha sido el ex director general de Turismo, Juan Carlos Alía, en prisión sin fianza por el caso Ibatur. Tras levantarse el secreto de sumario el pasado miércoles, se supo que el Instituto Balear de Turismo pagó 5.568 euros a una entidad por traducir tres nombres al chino, según la Fiscalía Anticorrupción, que lo pone como ejemplo del desvío de fondos en el organismo público.

Matas, que fue ministro con el ex presidente del Gobierno José María Aznar entre 2000 y 2003, es el denominador común de esta catarata de irregularidades. Además, está imputado en uno de los casos (Palma Arena). También han caído cuatro de sus ex consejeros en el Ejecutivo balear: los de Industria, José Juan Cardona; Economía, Luis Ramis de Ayreflor; Medio Ambiente, Jaume Font; y Turismo, Juan Flaquer. Los dos últimos siguen en política como diputados regionales del Partido Popular.

De la cúpula de aquel Gobierno, también están imputados otros 24 altos cargos (ex directores generales, gerentes de empresas públicas, jefes de gabinete y un secretario), a los que hay que sumar una decena más de cargos del organigrama autonómico.

Esta cadena cada vez más extensa y pesada lastra al nuevo presidente del PP balear, José Ramón Bauzá, ungido en su día por el líder nacional, Mariano Rajoy, como ejemplo de "un hombre limpio". Bauzá quiere dejar atrás lo que considera "pasado", hasta el punto de que incluso ha intentado incorporar a su partido a la causa contra Matas como acusación particular, diciéndose víctima de sus presuntas corruptelas.

Pero el juez José Castro se ha negado, al considerar que "todos los indicios apuntan en sentido diametralmente opuesto". Es decir, parece que el PP, y más en concreto su maquinaria electoral, se benefició de fondos negros para "diseñar la campaña electoral de 2007

sin repercutírsele determinados gastos electorales y facturando otros de manera opaca".

Ni siquiera la familia ha quedado al margen de sospechas: el cuñado de Matas, Fernando Areal, ex gerente del PP en Palma, está imputado por abonar 50.000 euros de una caja b a la agencia de publicidad Nimbus. Empleados de esta firma han admitido que no facturaron al PP algunos trabajos o que los cobraron en dinero negro.

Pero son varias agencias más la investigadas por trabajar en la campaña electoral del PP al tiempo que recibían contratos millonarios de la Administración regional. Dos de ellas, Estudi Joan Rosselló y Espiral, ya han reconocido que no cobraron sus servicios al PP. De otras se sospecha que pagaron comisiones para recibir contratos.

Estos episodios de supuesta financiación irregular del PP balear -que aparecen en al menos tres de las nueve causas- han aflorado durante la investigación por el presunto desvío de caudales en empresas y obras públicas.

Y es que los grandes agujeros de la era Matas se encuentran precisamente en las empresas públicas autonómicas. Hasta 176 se crearon para, presuntamente, sortear los controles previos de gastos (y así destinar fondos a fines irregulares) y plantilla (para colar a militantes afectos).

La respuesta del PP ha consistido en enfilar la proa contra el juez José Castro. Fue él quien impuso una fianza de tres millones de euros sobre Matas al encontrar indicios de hasta una docena de delitos que le pueden suponer 24 años de cárcel. Su actuación ha sido respaldada, sin embargo, por la Audiencia de Palma.

Los intentos de Bauzá por pasar página cobran mayor importancia a menos de un año de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011. Esta misma semana ha asegurado: "No estamos condicionados por el pasado". Y algo similar deben pensar varios políticos de su partido imputados en esta maraña de presunta corrupción, toda vez que pretenden figurar en las listas electorales del PP para esos comicios.

El último en defender públicamente su derecho a hacerlo ha sido José Sala, alcalde de la localidad ibicenca de Sant Antoni. Pese a estar implicado supuestamente en una trama urbanística, aspira a liderar por primera vez la candidatura de su partido al Consell de Ibiza.

LOS NUEVE CASOS DE CORRUPCIÓN DEL PARTIDO POPULAR EN BALEARES

'Caso Palma Arena'

- Investiga: Malversación de 41 millones de euros, cohecho, prevaricación, blanqueo, fraude a la Administración, delito fiscal y negociaciones prohibidas en la construcción del velódromo. - Financiación ilegal del PP.

- Imputados: Jaume Matas y ocho ex directores generales.

'Caso Bitel-2'

- Investiga: Apropiación de 700.000 euros, cohecho, prevaricación y fraude en la empresa pública de tecnología Bitel.

- Imputado: El ex director gerente Damià Vidal, que ya participó en la defensa de Matas en otro caso.

'Caso Scala/Cola Cao'

- Investiga: Malversación de 4 millones, apropiación, cohecho, negociaciones prohibidas y prevaricación en el Consorcio para el Desarrollo Económico. - Financiación ilegal del PP.

- Imputados: Un ex consejero y tres directores generales o jefes de gabinete.

'Caso Funeraria'

- Investiga: Apropiación de 300.000 euros, malversación, cohecho y falsedad en la empresa funeraria municipal de Palma de Mallorca.

- Imputados: Una ex concejal, municipal, el presidente de la empresa, y un ex director gerente.

'Caso Ibatur/Pasarela'

- Investiga: Falsedad, cohecho, malversación y apropiación de caudales públicos en el Instituto Balear de Turismo.

- Financiación ilegal del PP.

- Imputados: Un ex consejero del Gobierno balear y tres ex directores generales.

'Caso Andratx'

- Investiga: Las irregularidades en la fundación de Gabriel Cañellas.

- También están bajo sospecha, por el aviso de su detención que recibió el alcalde de Andratx, un ex consejero del Gobierno balear y el propio Jaume Matas.

'Caso Bomsai'

- Investiga: Prevaricación, malversación de 600.000 euros y cohecho en la empresa pública de obras Caib Patrimoni por el pago de comisiones en la adjudicación de edificios públicos.

- Imputados: Un ex consejero y dos ex directores generales.

'Caso Plan Territorial'

- Investiga: Tráfico de influencias, información privilegiada y prevaricación.

- Imputados: Un ex consejero y un consejero insular. El primero de ellos, Jaume Font, continúa en su escaño del Parlamento autónomo por el Partido Popular.

'Caso Turismo Joven'

- Investiga: Apropiación indebida de 300.000 euros, cohecho y prevaricación en un consorcio público para la juventud de la Administración autónoma.

- Imputados: Dos ex directores generales del Gobierno balear.

Políticos en prisión

- Tres ex políticos -el PP los ha expulsado- están en la cárcel con condena firme por delitos de corrupción: el ex director general del Territorio Jaume Massot; el ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo; y el ex edil de Urbanismo de Palma, Rodrigo de Santos, por abuso de menores y malversación.

 www.elpais.es 06.08.10

TODOS LOS CASOS DE MATAS Y DEL PP BALEAR POR SUPUESTA CORRUPCIÓN 

Caso Palma Arena: Por los delitos de malversación de 41 millones de euros, cohecho, prevaricación, electoral, blanqueo, fraude a la administración, delito fiscal y negociaciones prohibidas durante la construcción del velódromo. Divido en 25 piezas distintas para otros tantos juicios. 

Caso Scala/Cola Cao: Por los delitos de malversación de cuatro millones, apropiación, cohecho, negociaciones prohibida y prevaricación en el Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares. 

Caso Bomsai: Por los delitos de prevaricación, malversación de 600.000 euros y cohecho en la empresa pública de obras Caib Patrimoni a través del pago de comisiones en la adjudicación de edificios públicos. 

Caso Turismo Joven: Por los delitos de apropiación indebida de 300.000 euros, cohecho y prevaricación en un consorcio público para la juventud. 

Caso Bitel-2: Por los delitos de apropiación de 700.000 euros, cohecho, prevaricación y fraude falsedad en la empresa pública de tecnología Bitel. 

Caso Funeraria: Por los delitos de apropiación de 300.000 euros, malversación, cohecho y falsedad en la empresa funeraria municipal de Palma. 

Caso Andratx / Sant Elm: Investigación de la fundación de Gabriel Cañellas. Además, se investiga el aviso de su detención que recibió el alcalde de Andratx que alude al ex consejero José María Rodríguez y al propio Jaume Matas. 

Caso Plan Territorial: Por los delitos de tráfico de influencias, información privilegiada y prevaricación. 

Caso Ibatur: Delitos de falsedad, malversación y apropiación de caudales en el instituto de turismo. 

CARGOS IMPUTADOS 

José Juan Cardona, ex diputado, ex consejero de Industria y ex presidente del PP de Ibiza, está imputado por cinco delitos en el caso Scala-Cola Cao. Fianza civil de 2,9 millones. Ha causado baja del PP. 

Antonio Serra, diputado, ex director general del Gobierno y del Consell de Mallorca, imputado en el caso Palma Arena por prevaricación y malversación. 

Jaume Font, diputado y consejero de Mallorca, ex consejero de Medio Ambiente, imputado por supuesto tráfico de influencias en el caso Plan Territorial. 

Jaume Matas, ex presidente de Baleares, ex ministro de Medio Ambiente, imputado por siete supuestos delitos. Bajo fianza de 3 millones de euros. (Su esposa Maite Areal también está imputada). 

Fernando Areal cuñado de Matas, ex gerente del PP, caso Palma Arena. 

Joan Martorell, ex jefe de Prensa del PP balear destituido; ex director de Comunicación del Gobierno, imputado en el caso Palma Arena. 

María Umbert, ex directora general del Gobierno y del canal de televisión IB3, imputada en el caso Palma Arena. 

Dulce Linares, ex directora general de Presidencia, caso Palma Arena. 

Jane King, ex secretaria técnica de Presidencia ,caso Palma Arena. 

Pepote Ballester, ex director general de Deportes, caso Palma Arena. 

Rafel Durán, ex líder y ex concejal del PP de Palma, caso Palma Arena. Dimitió. 

Jorge Moisés, ex gerente del velódromo, caso Palma Arena. 

Raimundo Alabern, ex director gerente del Ibatur, caso Palma Arena. 

Antonio Palerm, ex director de Deportes de Mallorca, caso Palma Arena. 

Pedro Álvarez, consejero de Mallorca, ex concejal de Palma, caso Palma Arena. 

Bartolomé Reus, ex consejero del Gobierno, caso Palma Arena. 

Antònia Ordinas, ex gerente del Consorcio Cdeib, dos meses en prisión, expulsada del PP. Cinco delitos de corrupción en caso Scala-Cola Cao. 

Kurt J. Viaene, ex director general de Industria, expulsado del PP, dos meses encarcelado por su implicación en el caso Scala-Cola Cao por cinco supuestos delitos. 

José Manuel Alcaraz, presidente del PP de Formentera Ex jefe de Gabinete del consejero Cardona, caso Scala-Cola Cao. 

Felipe Ferré, concejal del PP de Lloseta, caso Scala-Cola Cao. 

Jaume Gil Cuenca, ex director general de Cultura. Caso Scala-Cola Cao. 

Jaime Fernández, ex asesor de Calvià, caso Scala-Cola Cao. 

Francisco Gálvez, ex director de Juventud, imputado por tres delitos en el caso Turismo Joven. 

Damià Amengual, ex administrador de Turismo Joven y ex concejal. 

Juanfrán Gosálvez, gestor, encarcelado bajo fianza por su implicación en el caso turismo joven. 

Damián Vidal, ex gerente de la empresa implicada en el caso Bitel 2. Bajo fianza por cohecho, prevaricación, fraude, falsedad. 

Ramón de la Iglesia, de Nuevas Generaciones del PP por el caso Bitel 2. 

Miguel Ángel Bonet, asesor jurídico, imputado por falsedad, malversación y apropiación en el caso Ibatur. 

Oscar Collado, ex gerente de la Funeraria de Palma. Encarcelado y bajo fianza por malversación, apropiación, cohecho, falsedad. 

Marina Sans, concejal de Palma del PP, ex presidente de Funeraria, imputada por supuesta malversación. 

Gabriel Cañellas, ex presidente balear, imputado por un contrato de su fundación Illes Balears y en el caso Bomsai. 

Luís Ramis de Ayreflor. Ex consejero de Hacienda, imputado caso Bomsai por malversación, prevaricación y cohecho. 

Jorge Sáinz de Baranda, ex director de Tributos, imputado y bajo fianza en el caso bomsai por malversación y prevaricación. 

Joan Pol, ex director de Emergencias, imputado y bajo fianza por el caso Bomsai por cohecho, prevaricación y malversación. 

(www.elpais.com, 29/06/10)

El sumario Matas

La gestión de Jaume Matas como presidente de Baleares está en los juzgados. Cuatro ex consejeros, media docena de asesores, varios ex alcaldes, secretarios y miembros del PP de las islas y el mismo Matas son sospechosos de corrupción. Algunos ya han sido condenados

Jaume Matas, ex barón del PP, está en capilla en Nueva York a la espera de la citación de José Castro, juez del caso Palma Arena, un magistrado duro y meticuloso, que fue pionero en desenmascarar la corrupción política cuando, en los años noventa, se ocupó del caso Calviá (compra de votos de un concejal socialista por parte del PP). Alejado del poder, huido de la vida política y social española, el ex presidente de Baleares y ex ministro de Medio Ambiente con el Gobierno de Aznar deberá explicarse ante la justicia.

Según la Fiscalía, la mujer de Matas gastó 70.000 euros en joyas y regalos a lo largo de cuatro meses

Matas pagó menos de un millón por una casa en Palma valorada en el mercado en 2,47 millones. Los fiscales sospechan

Dos fiscales anticorrupción, Juan Carrau y Pedro Horrach, sostienen que Matas es el presunto autor de un delito de cohecho impropio por recibir regalos en especie al comprar, rehabilitar y decorar su casa-palacio de Palma, por la que pagó menos de un millón de euros. La Agencia Tributaria valora esta lujosa vivienda en 2,47 millones y observa indicios de delito fiscal por un incremento patrimonial no declarado.

Tras años de sospechas sobre su fortuna, Matas quedó finalmente enredado por un detalle: su cuñado, Fernando Areal -a quien dio poderes como tesorero del PP y gestor de sus negocios privados-, le "destapó" al ser acusado, a su vez, por uso de 71.058 euros de dinero negro para pagar a la agencia Nimbus la campaña electoral de 2007. Esa compañía anotó el rastro de tres partidas abonadas en efectivo, hecho que se descubrió en el registro de sus oficinas.

El juez Castro preguntó directamente por la existencia de comisiones entregadas al PP y por un supuesto uso de cuentas clandestinas. Interpeló a varios políticos y empresarios imputados. Areal lo rechazó todo y aseguró que Matas lo desconocía todo. "Fue hilarante y patético. Areal ha quedado al pie de los caballos y su cuñado mucho más que aludido", cuenta un testigo del interrogatorio.

A pesar de la espectacular y costosa campaña electoral de 2007 y de las grandes obras emprendidas, los últimos comicios -con los posteriores pactos- terminaron en fiasco para Matas y su grupo político, que hubo de salir de todas las instituciones. La derrota frustró además la utopía soñada por el líder: el fastuoso teatro de la ópera flotante en la bahía de Palma, que encargó a Santiago Calatrava. Imaginaron el símbolo -una alcachofa blanca- sobre el mar, enfrente del despacho oficial del presidente de la comunidad y en un espacio físico donde hay dos monumentos góticos (la catedral y el castillo de Bellver).

"La historia pondrá las cosas en su sitio", aseguró Rosa Estarás, efímera sucesora de Matas al frente del PP balear. Pero sólo hay un borrador provisional de la crónica de la etapa de Matas como presidente de la comunidad autónoma con mayoría absoluta (2003-2007). La actuación global, por partes, está siendo cuestionada hasta en diez causas penales, todas por asuntos de supuesta corrupción.

El PP ha asegurado que esa época fue un ejemplo de gestión y eficacia, de obras, expansión económica y pleno empleo; pero cuatro ex altos cargos ya han sido condenados a penas de cárcel, culpables de delitos urbanísticos y de malversación. Las primeras sentencias a prisión -recurridas- afectan a Jaume Massot, director general de Ordenación del Territorio, el cerebro de urbanismo en el Gobierno de Matas; Javier Rodrigo de Santos, número 2 del Ayuntamiento de Palma y jefe de la campaña electoral de 2003; Lluc Tomás de Llucmajor, un alcalde aupado tras haber sido imputado; y Eugenio Hidalgo, ex alcalde de Andratx, a quien Matas había fichado a pesar de sus problemas en los juzgados. El líder caído, al ver las borrascas, se alejó del mapa de Baleares y se lavó las manos.

"Yo apoyé a Matas y al PP, pero no lo haré más. No puedo consentirle a la gente que robe". Un empresario insular con negocios internacionales mostró públicamente su desazón. No es un secreto: tras ser detenidos, seis altos cargos en organismos oficiales confesaron haber metido la mano en la caja. Varios devolvieron el dinero sustraído para lograr atenuantes en sus condenas.

Antònia Ordinas, gestora amparada por Matas al frente del Consorcio de Desarrollo Económico, tenía un botín de 240.000 euros enterrado en una caja de ColaCao, procedente de una supuesta malversación de más de 2,5 millones. Un agujero delictivo de 700.000 euros se atribuye a otro protegido, Damián Vidal, director de la empresa Balear de Innovación Bitel, que antes fue el perito informático elegido por Matas para no ser implicado en un supuesto caso de espionaje electrónico. Aseguró que apenas le conocía.

La fiscalía anticorrupción desveló diferentes tramas, así como la ausencia de cautelas en la Administración. Y detalló un operativo: "Aprovechándose de la falta total y absoluta de controles administrativos y financieros sobre su gestión", los detenidos idearon, planificaron y desarrollaron la acción para "apoderarse de ingentes cantidades de dinero".

Los escándalos afloraron tras las auditorías ejecutadas por la nueva mayoría política que gobierna actualmente en Baleares (encabezada por los socialistas). Se hallaron indicios de relevancia penal por presunto uso de fondos públicos en cuestiones privadas y cobros de comisiones de hasta 100.000 euros en ataúdes y tumbas de la Funeraria de Palma. Y en la Empresa de Infraestructuras de la capital se gastaron más de 50.000 euros con una tarjeta bancaria oficial en clubes de alterne.

En la empresa de Turismo Joven, los gestores políticos maquinaron apropiaciones y alquilaron a la institución sus propios inmuebles. En el Instituto Balear de Turismo, un abogado y consejero de administración falsificó facturas y contratos para sí mismo. En el Palma Arena, el locutor que gestionó el proyecto percibió comisiones que le facturaron como "gorras": la factura existe.

"Sé lo que yo hice, pero no sé qué firmaron mis altos cargos", confesó inquieto uno de los consejeros afectados. "Vaya muerto que me ha caído", comentó Rosa Estarás, vicepresidenta de Matas, que dirigió dos años escasos al PP en sustitución de éste y ahora se encuentra retirada en el Parlamento Europeo -tras alegar un problema de salud-.

Del Ejecutivo de Matas, cuatro consejerías están salpicadas, con directores y secretarios imputados y organismos bajo investigación en sumarios judiciales. El ex consejero de Industria, José Juan Cardona, ex líder del PP en Ibiza, está imputado por supuesta malversación y por pagar desde su departamento la edición de unos folletos electorales del partido en 2007.

El propio Matas, ex presidente y ex ministro, se declara inocente y dispuesto a colaborar con el juez. Pero no llama a los consejeros que van a los juzgados o dan la cara. Un ex miembro del Gobierno balear, Jaume Font, que regía Medio Ambiente, ha visto su carrera bloqueada porque permanece imputado en la causa sobre el plan territorial de Mallorca, el mapa de lo urbanizable dibujado por Matas en compañía de su antigua socia política, la ex líder de Unió Mallorquina, Maria Antònia Munar (aliada actualmente de la izquierda).

Hasta quince políticos del PP de Matas han sido arrestados como supuestos delincuentes en estos dos últimos años. Los implicados que han pasado más recientemente por el juzgado -esposados, para escándalo de Mariano Rajoy, en una actuación reconocida como un error por parte del Gobierno- lo hicieron para dar cuenta del sobrecoste y supuestos desvíos de fondos en lo que fue una obra estrella de Matas, el supervelódromo del Palma Arena. El ex presidente describió como "un milagro" esa enorme infraestructura, que se presupuestó en 41 millones, costó 110 millones y se culminó repleta de deficiencias atribuibles a la urgencia política impuesta.

Tras perder la presidencia, Matas se marchó a Estados Unidos pese a haber realizado una espectacular inversión inmobiliaria para residir en Palma. También mantiene otro amplio domicilio en Madrid y un piso de veraneo en Sa Colònia, en Mallorca, donde siendo ministro gastó 21 millones en un centro de interpretación del parque natural de Cabrera; esta obra es una de las analizadas por los fiscales.

La mansión de Palma ha provocado escándalo en la opinión pública. La compra de la planta noble, patio con escalera posgótica y balconada manierista -considerada como "un error de imagen" por dos de sus consejeros- está en la raíz de los problemas judiciales de Matas, por las actuaciones iniciadas por Fiscalía y por el departamento de Hacienda tras recibir una denuncia anónima.

En 2007, al conocerse las primeras noticias sobre este asunto, el ex presidente balear lamentó en dos cartas dirigidas a EL PAÍS que se "quiera sembrar la sombra de la duda acerca de mi honestidad". Y explicó que había vendido su chalé adosado y asumido una hipoteca para pagar la nueva propiedad. Antonio Diéguez, portavoz del PSOE, se preguntó cómo era posible que el ex presidente de la comunidad autónoma hubiera podido pagar una vivienda tan cara sólo con su sueldo. En 2006, Matas había abonado 980.000 euros por esa propiedad, aunque su precio de mercado era mucho mayor.

Hace unas semanas, en este verano de 2009, Matas pasó tres días en Sa Colònia al conocer que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el fiscal superior de Baleares, Tomeu Barceló, habían bloqueado la investigación que le afectaba, al negar una prórroga a los fiscales Horrach y Carrau para continuar las indagaciones. Pero las pesquisas sobre su patrimonio y sus gastos del piso-palacio de Palma no han sido archivadas: siguen vivas en manos de un juez. El magistrado que lleva el caso Palma Arena las conectó a la causa donde se rastrean los desvíos millonarios de fondos en las obras del velódromo, que fueron adjudicadas por el Gobierno de Matas. El juez interrogó a Fernando Areal, cuñado del ex presidente balear, y a otros imputados, por la existencia de una presunta caja b del Partido Popular, así como por otros fondos sospechosos, procedentes de comisiones.

Areal, tesorero del PP y de Matas, gestionó también los donativos a la fundación Maura del partido. Y desde Bancaja administró tres sociedades de inversión de capitales variables (sicav), de empresas que eran concesionarias del Gobierno balear: la constructora del velódromo Palma Arena, Melchor Mascaró, SA, y el promotor de confianza de Matas, Vicente Grande. Los detalles sobre los movimientos de los fondos se encuentran en el juzgado.

Los fiscales analizan la actuación de Fernando Areal desde antes de que apareciera como imputado ante el juez como supuesto pagador en dinero b de gastos electorales del PP en 2007, tras estallar el caso Palma Arena en agosto de 2009. Como hombre de confianza de Matas, Areal abonó parte de la reforma de la polémica casa familiar en Palma, controló la rehabilitación de otra vivienda y efectuó una opción de compra sobre su piso de Madrid, que costó un millón. Matas asegura que la vivienda de Madrid es de alquiler; si bien la Guardia Civil, en el informe que obra en la causa, afirma que ese piso madrileño es propiedad de Matas, a través de un testaferro.

La denuncia anónima que había desencadenado la investigación sobre la mansión y el nivel de vida de los Matas apuntaba que la esposa del ex presidente, Maite Areal, efectuaba repetidas y lujosas compras en efectivo. En el resumen de sus rastreos y entrevistas, los policías judiciales documentan el uso de decenas de miles de euros en efectivo para pagar adquisiciones suntuosas, desde relojes de lujo hasta decoración doméstica de firma.

Siempre según las facturas y relatos de vendedores aportados por la fiscalía, Maite Areal dispuso de 70.000 euros en metálico en cuatro meses para comprar joyas, entre ellas un reloj Cartier de 12.894 euros, un anillo de 5.000 euros o un reloj Rolex con brillantes y esfera de nácar de 23.000 euros.

El precio de la cuchara de servir helado y el informe sobre el valor real de la casa se acumulan en el detallado expediente presentado por la fiscalía al juez que indaga sobre posibles dádivas y uso de dinero opaco. En cortinas, telas y vajilla del piso, los Matas abonaron 126.248 euros; y sólo en menaje, 38.760 euros. Medio millón se invirtió en detalles interiores.

A los amigos que mostraron cierta curiosidad por el hecho de que su esposa se comprara un coche Mini al contado y en papel moneda, Matas les lanzó esta pregunta: "¿Tú crees que soy tonto y que pagaría un coche en billetes de 500 euros en dinero negro?". Matas, que es economista tributario, se defiende con argumentos como éste.

Mientras fue ministro del Gobierno de Aznar (2000-2003), esquivó a los jueces y fiscales que indagaron sobre las sospechas de corrupción que afectaban a personas de su entorno en la época del primer mandato como presidente de Baleares (1996-1999). Ahora, se encuentra jurídicamente a la intemperie -sin aforamiento por no ser diputado ni alto cargo- y políticamente huérfano, sin padrinazgo que le proteja. En su partido no se habla de él. Cuando sea convocado tendrá que aparecer en Palma ante el juez José Castro y los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach, quienes ya elaboraron en mayo de 2009 una denuncia contra él por cohecho impropio, registrada y después bloqueada en la Fiscalía, y ahora integrada por el juez en la causa sobre las presuntas desviaciones de fondos en el caso del velódromo Palma Arena.

En su escrito, los fiscales describen el presunto delito como la recepción de "una dádiva o regalo en especie" por la mansión en Palma. La empresa que compró la finca y la dividió en viviendas, según los fiscales, vendió a Matas su casa en 2006 a "precio manifiestamente inferior al de mercado". Los fiscales cifran la rebaja obtenida por Matas en 1.527.550 euros. El entonces presidente del Gobierno balear pagó algo menos de un millón de euros por 465 metros habitables: en total, 725 metros cuadrados contando el jardín y las áreas propias. "Viva en un palacio", así se promociona un edificio vecino.

Raúl Burillo, delegado de Hacienda en Baleares, comunicó al juez la existencia de indicios razonables de un supuesto delito fiscal por "incrementos de patrimonio no justificados", debido a la tasación de la finca, valorada en 2,47 millones en 2006. Por la renta del ejercicio anterior a la compra, Hacienda devolvió 866 (euros) a Matas, quien abonó 481 (euros) por impuesto de patrimonio.

La familia triplicó sus bienes en cinco años: desde los 152.805 euros en 2003 hasta los 495.715 de 2007. Matas, como presidente de Baleares, cobró 84.000 euros en 2006. Al perder el cargo, en el verano de 2007, estuvo a sueldo del PP (3.475 euros al mes) y percibió otra cantidad del gabinete de Estudios Jurídicos y Procesales.

El expediente recoge pormenorizadamente cientos de datos sobre la compra, reforma y decoración de la casa de Palma. Detalla la vida y las cuentas de las sociedades ligadas a la mansión, Nova Labritja, de los abogados vecinos y amigos de Matas, Joan Buades y Teresa Castellá con su firma Hacienda Macondo, y del arquitecto Pino Violante. Los fiscales implican a esas personas en la denuncia por cohecho. La fiscalía anota que el bufete de Buades, puntero en Palma, recibió contratos de entidades gubernamentales.

El decorador Antonio Obrador, de Denario, vecino y amigo también de Matas, fue investigado. Obrador controló la reforma y las compras de la tan citada mansión. El presidente le había condecorado, en 2005, con el Premio Ramon Llull por ser "creador de espacios" y "merecedor de espectaculares encargos". La Consejería de Agricultura restauró caminos, acequias, estanques de traza árabe del entorno de la finca de Obrador, en Coanegra, una comunidad de 18 regantes.

"Lamentablemente son informaciones sesgadas o parciales, y en muchos casos abiertamente erróneas". Matas replica así los datos acumulados en la causa sobre su fortuna. El PP niega, por su parte, que los hechos objeto de la investigación estén relacionados con financiación ilegal del partido. Y Matas se considera víctima de una "persecución".

Matas controló el velódromo y adjudicó un contrato de 8,9 millones a los arquitectos Luís y Jaime García-Ruiz -imputados en la causa y bajo una fianza civil de 1,2 millones- y mantuvo con ellos reuniones amistosas en su piso-palacio. Esos arquitectos diseñaron la sede del PP de Palma y sobre ello fueron preguntados en el juzgado.

La mansión de la familia de Matas oculta una historia macabra. Un soldado, en los años sesenta, cometió allí un crimen, mató a una anciana y quemó su cuerpo descuartizado en una chimenea. El albañil de los Matas contó que al entrar le mandaron desmontar el salón donde supuestamente sucedió aquel hecho. El edificio se convirtió en centro de la curiosidad morbosa en el barrio antiguo de Palma. La fachada, edificada en el siglo XVI, muestra relieves de genios y rostros que representan a jóvenes enamorados. Hay edificios que, con el paso de los siglos, siguen dando que hablar.

www.elpais.es 04.10.09

LA CORRUPCIÓN ATENAZA A LAS ISLAS 

"En el PP agachamos la cabeza y acatamos las condenas". Carlos Simarro se estrenó así la semana pasada como portavoz de ese partido en Baleares. Relevaba a Catalina Soler, quemada por dar la cara ante la catarata de escándalos populares. Soler renunció y se despidió atacando a la dirección. Ella misma está pendiente de un juicio por falsedad documental; es una de los cinco diputados del Parlamento balear imputados en causas penales. Tres son del PP; uno, de Unió Mallorquina (UM) y otro, del PSOE. El archipiélago juega en la primera división europea de suciedad política. 

La semana pasada, la derecha acumuló dos nuevas sentencias adversas: cinco años de cárcel para un ex director general, Jaume Massot, por su gestión municipal en el caso Andratx; y tres años de prisión para el alcalde de Llucmajor, Lluc Tomás, por tratos económicos con un edil de otro partido aliado. Tomás dimitió pero su sucesor, Joan Jaume, deberá sentarse en el banquillo en diciembre junto a Soler y otros 10 cargos y puede ser inhabilitado nueve meses por falsedad. Aún queda un rosario de causas abiertas; varias afectan a UM y una al PSOE. 

"No pongo la mano en el fuego por nadie", advirtió Rosa Estarás, líder del PP tras la marcha a EE UU del ex presidente balear Jaume Matas. Lo declaró antes de que cinco ex cargos y ex militantes del PP fueran encarcelados preventivamente por corrupción. Estarás gestiona con sobresaltos la pesada herencia de Matas, de cuyo Gobierno fue vicepresidenta. Sostiene que su partido "actúa de manera ejemplar en la suspensión o expulsión de corruptos". Alguna vez tuvo la tentación de dimitir: "Casi se me salió el corazón del pecho", explica recordando el día en que se hallaron los 240.000 euros en comisiones que la ex alto cargo Antònia Ordinas enterró dentro de una caja de Cola Cao en su jardín. 

"El PP no delinque, son las personas. Sufrimos una etapa crítica", afirma el senador popular Joan Huguet, que rechaza la necesidad de una "refundación" del partido en Baleares. 

La semana negra del PP incluyó la decisión del veterano dirigente y ex ministro de Exteriores Abel Matutes de darse de baja "para poder defender en Ibiza los negocios de la familia" frente a la "persecución política" del PSOE. Su hija, Stella, ex consejera insular, está imputada por votar un plan que recalificó terrenos de los Matutes. 

"Que la verbena de los escándalos no domine la agenda del debate político y tape la acción contra la crisis", reclama el presidente de Baleares, el socialista Francesc Antich, que ha dado instrucciones a sus colaboradores para que no se ceben en los escándalos. Antich estrenó su segundo mandato, en 2007, con una norma: "No queremos dar la sensación de perseguir a los gobernantes anteriores". Pero la realidad se impone: denuncias, detenciones y cárcel han llegado tras las auditorías sobre la gestión del Gobierno de Matas y la investigación de la Fiscalía Anticorrupción. 

La mayoría socialista en el Parlamento autónomo depende del voto de Tomeu Vicens, de UM, imputado por tres causas. Vicens ha eludido la cárcel con una fianza y está suspendido de militancia en su partido. Quiere dejar el escaño. "Anímicamente te resientes", confiesa, y explica que las causas contra él responden a peleas de negocios, "no políticas"; su bufete tramitó operaciones inmobiliarias. "La gente tiene derecho a ganar dinero y no es delito", justifica un alto cargo de UM. 

El PSOE mira el panorama en clave siciliana: "Se ha roto la vieja omertá". Lo relata Antonio Diéguez, portavoz parlamentario socialista y letrado: "El PP actuó con una concepción clientelar. Sobre todo, una sensación de impunidad. Pero se acabó; los paganos hablan y la fiscalía actúa: halla pagos, cobros, cuentas, desnuda la trama". 

Los socialistas, no obstante, también tienen una causa abierta en Ibiza por una concesión inmobiliaria, a raíz de una denuncia de un dirigente expulsado. En ella declarará como imputado el presidente insular, el socialista Xicu Tarrés, y un concejal del PP. 

El urbanismo salvaje genera grandes ingresos, con los que algunos tratan de influir sobre los políticos. "La capacidad del eventual corruptor es parecida a la de los narcos", dice un letrado que conoce ese mundo. El dinero deja huella en forma de comisiones del 40%, de desvío de fondos públicos, de obras y licencias ilegales, o de uso privado de tarjetas de crédito institucionales. 

Los escándalos tardarán años en esclarecerse del todo. "Ahora se dictan sentencias de asuntos de 2000 y 2002", precisa Agustí Cerveró, abogado experto en urbanismo, que denuncia "la pretensión de borrón y cuenta nueva". Cerveró opina que los escándalos ocurren "por la falta de controles internos y externos en la estructura de la Administración, que sumado a la codicia producen la mangarrufa [el chanchullo]". 

(www.elpais.com, 25/11/08)

CASO FUNERARIA : Encarcelado el séptimo cargo de la época de Jaume Matas

La corrupción en Baleares penetró en negocios funerarios: tráfico de tumbas, monopolios de ataúdes, obras ficticias en cementerios y facturas falsas en cuentas municipales, según la fiscalía. Bajo la acusación de moverse en supuestos negocios turbios ayer fue encarcelado, preventivamente, el séptimo cargo del PP de la etapa del ex presidente Jaume Matas y de la presidenta del partido en Baleares Rosa Estarás

CASO CARMONA

Una juez de Palma ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Baleares una causa por corrupción en la que está supuestamente implicado José Juan Cardona, que fue consejero de Jaume Matas y hoy es diputado autonómico. El PP balear ha reaccionado con defensa numantina, como ha hecho el PP de Madrid y Valencia en otros casos de supuesta corrupción. El fiscal acusa a Cardona de liderar una trama desde la Consejería de Comercio e Industria para apoderarse de "ingentes cantidades de dinero de los fondos públicos" a través de "una actividad fraudulenta, constante y reiterada".

CASO DEL VELÓDROMO DE ORO  

Los costes para la construcción del Palma Arena se elevaron 30 millones de euros por encima de lo previsto sin que nadie se molestara en documentar las causas que estaban provocando este encarecimiento, según ha admitido el director de la obra. Miquel Angel Verger, un hecho que achacó a las "prisas" con que se tuvieron que realizar los trabajos para que el edificio estuviera concluido a tiempo para la celebración del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista de 2007. El director de la obra ha reconocido que eso fue un "gran error" dado que se ha dado la imagen de un "tinglado extraño", cuando en su opinión ese sobrecoste, que ha supuesto pasar de los 47 millones de euros de la adjudicación a unos 80 millones, sí estaba justificado pese a estar bajo investigación judicial. 

ALTOS CARGOS COMISIONISTAS Y ALGO MÁS

La investigación de la presunta trama de corrupción que operaba desde la cúpula del Consorcio de Turismo Joven del anterior Gobierno balear encabezado por Jaume Matas (PP) arrastra a nueve detenidos, y cuatro ex cargos del gobierno imputados. La Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Pedro Horrach y Juan Carrau, analiza los posibles delitos de malversación continuada de caudales públicos, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsificación documental cometidos supuestamente desde la entidad pública.

CASO TURISMO

El Caso Turisme Jove está relacionado con la presunta falsificación, hinchado o duplicidad de facturas; el uso de fondos públicos para fines diferentes a los previstos; el pago y reparto de comisiones y otras supuestas irregularidades.

Caso ANDRATX

Es el mayor caso de corrupción urbanística de Baleares. Fue destapado en noviembre de 2006. Fueron arrestados el alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo; Jaume Massot, ex director general de Ordenación del Territorio del Gobierno balear, y condenados a cuatro y tres años y medio de prisión respectivamente por otorgar licencias ilegales. Todavía hay decenas de juicios pendientes.

Rodrigo de Santos

Fue imputado el pasado abril por supuesta corrupción por malversación de caudales públicos. Gastó 50.804 euros en prostíbulos para homosexuales pagados con la visa de la Empresa Municipal de Obras de Palma, EMOP, que presidía. Anteriormente ocupó cargos como la jefatura de la campaña electoral Jaume Matas en 2007. En junio fue ingresado en prisión por presuntos abusos a menores.

 Caso caballistas

Un total de 12 cargos locales y ex cargos populares de Mallorca -entre ellos la portavoz del PP balear, Catalina Soler- están imputados por aprobar un certificado municipal al que era alcalde de Ses Salines para poder ilegalizar una cuadra y una casa ilegal intentando aparentar interés social. La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión para el ex regidor del municipio, Sebastián Vidal.

Caso Bitel

Damián Vidal, gerente de la compañía pública balear de informática Bitel entre 2003 y 2007 está acusado de malversar 700.000 euros de las arcas de la empresa. Además de usar la tarjeta de crédito para fines personales, creó una sociedad a la que adjudicaba trabajos a dedo. Dos testaferros de esta sociedad están también imputados en el caso, que se destapó en mayo de este año.

CASOS HISTÓRICOS Y NO TAN HISTÓRICOS (VARIOS) :

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