CASO CABALLISTAS

LA FISCALÍA LLEVA EL ´CASO CABALLISTAS´ AL SUPREMO Y RECURRE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA

El 'caso Caballistas' llegará al Tribunal Supremo. La Fiscalía de Balears ha presentado el escrito por el que recurre la sentencia que absolvía a los catorce acusados, la mayor parte de ellos alcaldes y altos cargos municipales del Partido Popular. El Ministerio Público se queda solo a la hora de elevar el caso al máximo tribunal, ya que ninguna de las dos acusaciones particulares ha presentado recurso en el plazo previsto.  

La acusación de Jaume Melis, al que representaba el abogado Josep de Luis, ya anunció hace días que no plantearía un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears. En la misma línea, el PSIB confirmó ayer que tampoco llevaría el caso más allá. Desde el partido consideran que la sentencia absolutoria pone de manifiesto de forma suficiente que los cargos del PP cometieron una actuación reprobable políticamente. Pese a que no formalicen el recurso, ambas acusaciones particulares permanecen personadas en la causa y podrían adherirse al recurso de la Fiscalía, aunque esta posibilidad parece lejana.  

El fallo de la sala de lo Civil y Penal es especialmente claro al afirmar que no hubo delito. El texto zanja que los caballistas de ses Salines habían actuado en los lugares que habían certificado los alcaldes y que, por lo tanto, no hubo «mentira objetiva» cuando los cargos municipales emitieron los certificados que más tarde se usaron para respaldar la declaración de interés general de una finca del ex alcalde de ses Salines, Sebastià Vidal.  

Además, la sentencia quitaba importancia a la posible falsedad que se hubiera cometido que sería «inocua», ya que se trababa de documentos sin sellos oficiales ni registros de salida, por lo que no tenían validez legal efectiva. En el mismo articulado, también se dejaba claro que en ningún caso era objeto del juicio la situación urbanística de la finca y que lo único que se juzgaba era si había habido o no un delito de falsedad.  

Así, tras el juicio celebrado a principios de diciembre, fueron absueltos Sebastià Vidal, ex alcalde de ses Salines; Sebastià Escalas Vidal, celador del Ajuntament de ses Salines; Sebastià Portel y Andreu Prohens, secretario y ex alcalde de Campos; Miquel Vidal, alcalde de Santanyí; Joan Jaume Mulet, alcalde de Llucmajor; Joan Jaume Ramis, ex alcalde de Lloret; Catalina Soler, ex alcaldesa de Felanitx; Gabriel Matas, alcalde Montuïri; Antoni Serra, ex alcalde de sa Pobla; Joan Llabrés, ex concejal de sa Pobla; Joan Rubert, teniente de alcalde de Inca; Joan Rotger, alcalde de Selva y Antoni del Olmo, ex alcalde de santa Margalida. Todos ellos se enfrentaban a penas de suspensión de cargo público y el caso de los primeros de cárcel por delitos de falsedad documental. 

(www.ultimahora.es, 08/01/09)

EL PP AFIRMA QUE EL CASO CABALLISTAS HA SIDO UN PROCESO MÁS POLÍTICO QUE PENAL 

El PP balear se sumó ayer a las tesis de la defensa de los 14 acusados en el caso Caballistas -entre ellos 12 alcaldes, ex alcaldes y altos cargos municipales del partido- y señaló que el juicio ha sido "más un acto político que un proceso penal", pues recalcó que sólo se trata de "un fallo administrativo".

El juicio, que se celebró en el Tribunal Superior Justicia de Balears (TSJB) quedó visto para sentencia anteayer. La Fiscalía pide seis años de cárcel para el principal acusado, el ex alcalde de Ses Salines Sebastià Vidal, porque considera que urdió una trama para legalizar unas edificaciones en suelo rústico haciéndolas pasar por la sede de un club hípico.

El portavoz del PP balear, Carlos Simarro, en respuesta a preguntas de los periodistas tras celebrar la rueda de prensa semanal sobre la actualidad política balear, subrayó que el partido mantiene la "máxima honorabilidad" para sus miembros encausados, una vez el juicio quedó anteayer visto para sentencia.  

"Todo esto nos parece que simplemente no es ningún tipo de corrupción. Es, digamos, un fallo administrativo con el cual se ha estado buscando la foto de dirigentes del PP sentados en el banquillo de los acusados", remarcó.

Simarro señaló que el partido esperará a que haya un veredicto para tomar las decisiones pertinentes acerca de los acusados, entre los cuales figuran los alcaldes Miquel Vidal (Santanyí), Joan C. Jaume (Llucmajor), Joan Rotger (Selva) y Gabriel Matas (Montuïri), así como los ex alcaldes Andreu Prohens (Campos), Antoni Serra (sa Pobla), Antonio del Olmo (Santa Margalida), Joan Jaume Ramis (Lloret) y Catalina Soler (Felanitx). Para ellos y para Joan Rubert, concejal de Inca, el fiscal pide inhabilitación durante nueve meses. La fiscalía retiró la petición de pena para el ex concejal de sa Pobla Joan Llabrés por prescripción.Simarro afirmó que, en el caso de que hubiera una sentencia condenatoria firme en contra de alguno de los acusados miembros del PP, "el partido actuará como ha actuado y como lo ha defendido siempre". 

(www.diariodemallorca.es,  05/12/08)

EL FISCAL MANTIENE LA PETICIÓN DE PRISIÓN PARA VIDAL 

El macrojuicio por el caso Caballistas quedó ayer visto para sentencia en el TSJB. El fiscal Ladislao Roig mantiene las penas de seis años de prisión para el ex alcalde de ses Salines, Sebastià Vidal, y de cuatro años al celador Sebastià Escalas. Por contra, elimina la petición de cárcel para el ex alcalde de Campos, Andreu Prohens, y el secretario campaner Sebastià Portell al no haber quedado acreditado que conocieran "de manera directa y fehaciente" que el contenido del documento que firmaron no se correspondía con la realidad. La Fiscalía retira también la petición de pena para el ex regidor popular de sa Pobla Joan Llabrés por prescripción del delito. 

La acusación particular de Jaume Melis reclama hasta doce años de prisión para Vidal como autor e inductor de un delito de falsedad en documento oficial y 4,6 años de prisión para el celador SebastiánEscalas. También solicita 4,5 años de cárcel para los acusados Miquel Vidal, Joan JaumeRamis, Antoni Serra y Joan Llabrés al existir "dolo falsario", la misma petición que reclama la acusación particular de Andreu Crespí (PSOE). Las defensas pidieron la absolución de todos los acusados.En su exposición final, el fiscal sostuvo que lo esencial del caso es la voluntad de Vidal de conseguir un interés general en una parcela donde "casualmente había dos edificaciones no legalizadas" y justificó la falsedad documental que se le imputa en el hecho de incorporar al expediente de legalización unas certificaciones solicitadas a otros diez alcaldes para acreditar que "una determinada entidad viene actuando desde 1994 o 1995 como agrupación constituida, cuando lo cierto es que sólo actuó como tal desde 2001". Subrayó que todos los certificados incluyen la palabra "Agrupación, con mayúsculas", menos uno, cuando ninguna de las pruebas de la defensa se refiere a los caballistas con este nombre.El fiscal afirmó que Vidal "faltó manifiestamente a la verdad" al firmar el documento y además "sabía que serviría para legalizar dos construcciones", consistentes en unas cuadras y una "vivienda", por lo que "indujo" al resto de alcaldes a firmar los documentos. Respecto al celador, "está más que acreditado que emitió un documento que no se ajusta a la realidad". Del resto de acusados, el fiscal se mostró convencido de que "no sabían lo que quería hacer Vidal con los certificados, pero nadie le preguntó para qué eran, no adoptaron precauciones". 

El abogado Josep de Luis, de la acusación particular de Jaume Melis, apuntó que el interés general "sólo era un pretexto para legalizar las construcciones" y que Vidal "pidió hasta diez documentos que diesen apariencia de veracidad a un hecho incierto", debido que los caballistas venían actuando como "personas individuales, no como organización". A su entender, el celador "mintió para ayudar a su superior" y añadió que "resulta complicado que Escalas no supiese que la finca era del alcalde". 

La acusación popular en nombre del PSOE se sumó a los informes presentados por el Fiscal y por la otra acusación particular. 

(www.diariodemallorca.es, 04/12/08)

Queda visto para sentencia el juicio por el 'caso Caballistas' en la Audiencia

Esta tarde ha quedado visto para sentencia en la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) el juicio oral por el llamado 'caso Caballistas' que ha juzgado a catorce personas, doce de ellos ediles o ex ediles del PP y dos funcionarios, por delitos de falsedad documental.

El presidente del tribunal, el magistrado Antoni Terrassa, ha dictado a las 18.45 horas el final del proceso por irregularidades en la legalización de unas construcciones en suelo rústico propiedad del ex alcalde de Ses Salines Sebastià Vidal, después de tres días de juicio, en los que han prestado declaración los catorce acusados y 24 testigos.

Disculpas

El juicio ha terminado con un minuto de silencio por el atentado de Azpeitia y una breve declaración del principal acusado, Sebastià Vidal, quien se ha dirigido lloroso a los otros trece acusados y les ha pedido "perdón" por haberles pedido un certificado que le habían dicho que pidiera.

"Me siento muy triste de que hayan tenido que pasar este trago", ha dicho Vidal, quien ha señalado que los tres últimos años, desde que comenzara el proceso, han sido "los más tristes" de su vida.

Según Vidal, lo único de lo que se considera culpable es "ser aficionado al mundo del caballo y haber puesto unas instalaciones a disposición de la agrupación de caballistas de las que no pueden disponer en nuestro municipio".

La acusación considera que Vidal pidió certificados de acreditación de la actividad de la Agrupación de Caballistas de Ses Salines a los ediles y ex ediles acusados, para solicitar con ello la declaración de interés general de dicha entidad hípica, cuya sede fijó en su finca.

Penas de cárcel

El Ministerio fiscal ha mantenido la petición de 6 años de prisión, 24 meses de multa de 50 euros diarios e inhabilitación de 6 años para Vidal, por falsedad continuada, la misma pena que solicitan las dos acusaciones populares, del vecino de Ses Salines Jaume Melis y el socialista Andreu Crespí.

Para el celador Sebastián Escalas, por elaborar un informe de antigüedad falso sobre las edificaciones propiedad del ex alcalde, la Fiscalía pide 4 años de prisión por falsedad en documento oficial, mientras la acusación de Melis pide 4 años y medio de cárcel.

En cuanto a los ediles y ex ediles, en el caso del ex alcalde de Campos, Andreu Prohens y el secretario de dicho Ayuntamiento, Sebastià Portell, la Fiscalía ha cambiado la petición de 3 y 4 años de prisión por 10 meses de multa y suspensión de 9 meses, al considerar no acreditado que supieran que el contenido del certificado que expidieron no era real.

La acusación popular ha retirado los cargos contra Portell y el fiscal Ladislao Roig contra el ex concejal de Sa Pobla Joan Llabrés "por prescripción del delito".

54.000 euros en multas

Para los demás acusados, el fiscal mantiene la petición de 10 meses de multa de 20 euros y suspensión de cargo o función pública de 9 meses.

Esta petición de pena afecta a los alcaldes de Santanyí, Selva, Montuiri, y el teniente de alcalde de Llucmajor: Miguel Vidal, Joan Rotger, Gabriel Matas y Joan C. Jaume, respectivamente; así como a los ex alcaldes de Campos, Felanitx, Sa Pobla, Santa Margalida y Lloret: Andreu Prohens, Catalina Soler, Antoni Serra, Antonio del Olmo y Joan Jaume.

La misma pena ha sido solicitada para el teniente de alcalde de Inca, Joan Rubert; y el secretario del Ayuntamiento de Campos, Sebastià Portell.

El fiscal ha asegurado que los alcaldes y ex alcaldes acusados actuaron "de manera absolutamente alegre y descuidada" al firmar documentos oficiales "con absoluta ligereza".

Sin embargo, la acusación popular ha asegurado que los alcaldes de Santanyí y Llucmajor, Miquel Vidal y Joan C. Jaume; el ex alcalde de Sa Pobla Antoni Serra y el ex concejal de Sa Pobla, Joan Llabrés, obraron intencionadamente al firmar documentos para ayudar al ex alcalde de Ses Salines a legalizar sus construcciones.

Han pedido al tribunal que se tenga en cuenta el delito de "dolo falsario" para los cuatro y han pedido para ellos 4 años y medio de prisión y 2 de multa.

La defensa ha pedido la absolución, por considerar que no ha quedado acreditada la comisión de ningún delito.

www.elmundo.es 03.12.08

TÉCNICOS DEL CONSELL DICEN QUE LA FINCA DE VIDAL TENÍA LA ´TIPOLOGÍA´ DE UNA CASA 

Los dos técnicos del servicio de disciplina urbanística del Consell de Mallorca que inspeccionaron en 2005 la finca del ex alcalde de ses Salines Sebastià Vidal declararon ayer que una de las edificaciones que había en los terrenos tenía la "tipología" de una casa, al disponer, según manifestaron, de cocina, baños, dormitorios, una antena de televisión y un aparato de aire acondicionado, entre otros elementos propios de una unidad residencial.

Ambos funcionarios comparecieron como testigos en la segunda jornada del juicio del denominado caso Caballistas, que juzga un presunto fraude para legalizar unas edificaciones de Vidal en suelo rústico haciéndola pasar por sede de la Agrupación de Caballistas de Ses Salines. Doce altos cargos del PP y dos funcionarios están acusados de un delito de falsedad documental por este motivo.

Los técnicos Adriana Pousa y Pedro Trobat detallaron que el 3 y el 5 de agosto de 2005 hicieron dos visitas a la parcela número 21 del polígono 9 de ses Salines, para verificar si tenía las características de un club social o de una vivienda, después de que se hubiese presentado un recurso contra la declaración de interés general -autorización que legalizaba las edificaciones en suelo rústico.

El primer día que fueron a la finca sólo pudieron verla desde fuera, pero, como declaró Trobat, ya se dieron cuenta de que dentro había dos edificaciones, una de las cuales "daba la sensación de ser una vivienda", mientras que la otra construcción "era una especie de nave agrícola".De acuerdo a su relato de los hechos, cuando accedieron al interior de la propiedad, observaron que en la primera planta de la edificación principal había un porche, una sala comedor, una cocina, un baño y dos dormitorios. Eso sí, excepto en la cocina, no había ningún tipo de mueble.Según indicó Adriana Pousa, en la segunda planta, había una sala y un aseo, mientras que en el sótano se situaban la lavadora y la secadora. "Los azulejos y las pinturas eran propios de una vivienda", manifestó.

La defensa de Sebastià Vidal se centró en destacar que existía en aquel entonces un proyecto básico para habilitar un centro hípico en esa edificación y, en este sentido, agregó que había "60 partidas de reforma en el edificio central para transformarlo en una sede".

Trobat aseguró que, para conseguir que aquella construcción sirviese a tal fin, habría sido necesaria una "nueva redistribución interior". 

(www.diariodemallorca.es, 03/12/08) 

FISCALÍA RETIRA LA PETICIÓN DE CÁRCEL PARA EX ALCALDE DE CAMPOS (MALLORCA) Y LA MANTIENE PARA EX ALCALDE DE SES SALINES 

La Fiscalía ha retirado la petición de pena de cárcel para el ex alcalde de Campos, Andreu Prohens, y el secretario de este municipio, Sebastián Portell, acusados dentro del caso Caballistas, por considerar que no ha quedado acreditado a lo largo del juicio que ambos conocieran de manera directa y fehaciente que no se correspondía con la realidad el contenido del documento que firmaron a instancias del ex alcalde de Ses Salines, Sebastià Vidal -presuntamente para legalizar su vivienda en suelo rústico bajo el pretexto de ser la sede de una agrupación hípica-.

Durante la modificación de conclusiones, una vez han finalizado el turno de declaración de los testigos citados en la vista oral, el fiscal Ladislao Roig señaló asimismo, en base a lo declarado en el juicio, que tanto Prohens como Portell suscribieron el certificado sin comprobar la información ni consultar los antecedentes municipales, y sin realizar gestiones "serias" para comprobar la veracidad de lo narrado, sino que lo rubricaron "tan sólo en la confianza" de que Vidal les había dicho la verdad, es decir, que la intención del documento era formalizar la sede de la Agrupación de Caballistas de Ses Salines en su finca, ubicada en suelo rustico.

Mientras tanto, para el concejal de Sa Pobla, Joan Llabrés, se le retira la pena que recaía sobre él -nueve meses de inhabilitación y diez de multa- ya que desde la fecha de preparación del documento hasta que le fue recibida la declaración como imputado transcurrieron más de tres años, lo que constituye la prescripción de delito. En cuanto a Portell, el Ministerio público pedía cuatro años de cárcel y cinco de inhabilitación por delito de falsedad documental, así como tres años de prisión y cinco de inhabilitación para Prohens.

Para el resto de acusados, se mantiene la petición de las penas solicitadas por la Fiscalía, es decir, seis años de prisión para Vidal, 24 meses de multa (36.000 euros) y seis años de inhabilitación especial para cargo o función pública- por la supuesta comisión de once delitos de falsedad documental en diferentes modalidades. Mientras, el celador de obras de Ses Salines, Sebastián Escalas, se enfrenta a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación.

El resto de acusados son el primer edil de Santanyí, Miquel Vidal; el actual alcalde en funciones de Llucmajor, Joan C. Jaume; la ex alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler; el ex primer edil de Sa Pobla, Antoni Serra; el teniente de alcalde de Inca, Joan Rubert; el ex alcalde de Santa Margalida, Antonio del Olmo; el alcalde de Selva y recién elegido presidente del PP de Mallorca, Joan Rotger; el primer edil de Montuïri, Gabriel Matas; y el ex alcalde de Lloret, Joan Jaume, para quienes la Fiscalía solicita nueve meses de inhabilitación y diez de multa. 

(www.diariodemallorca.es, 03/12/08)

CORRUPCIÓN CON MAYÚSCULAS 

Un político procesado se extraña habitualmente "no sé qué hago yo aquí". En cambio, el ex alcalde de ses Salines parecía plantearse "no sé qué hacen ustedes aquí". Altanero y desafiante en su declaración, señalaba a los abogados enemigos con el dedo -"el cliente de ese señor"-. Alternó las profanidades -"nos van a joder"- con las divinidades -"comoDios manda"-. Se confió por la impasibilidad del tribunal, que no debió confundir con debilidad en magistrados de la talla de Muñoz o Capó. Reverdeció, en la misma sala, el entusiasmo de Eugenio Hidalgo por los ponis, aunque Sebastiá Vidal prefiere caballos más talluditos. Ambos ediles construyeron mansiones para sus rucios, refugiados en una tramitación descacharrante. Ambos nos devuelven a la tristeza de una democracia en que los jueces han de corregir las equivocaciones de los electores.

Una docena de alcaldes delPP se confabularon o no para que la etérea AgrupaciónCaballista de ses Salines dispusiera de una sede en suelo rústico a la altura de Vidal. El hombre contra quien blasfeman los restantes acusados en privado se fajó ayer al contraataque, mientras su abogado esbozaba los gestos aprobatorios que prodiga Toni Nadal en los partidos de su sobrino. No hizo amigos, pero nadie consiguió perforar su coraza granítica.

Cuando Vidal recitó los municipios mallorquines donde había cabalgado, incluyó Andratx. De inmediato, uno de los cuatro alcaldes procesados musitó que "sólo faltaría que Hidalgo estuviera aquí". Todavía hay clases. Con Inca perfectamente representada por Joan Rubert, el alcaldePere Rotger infundía ánimos junto al flamante presidente delPP deMallorca, conocido indistintamente como Quién Es Rotger o No Es Pere Rotger. Estrenó cargo en el banquillo de los acusados, nadie sabe por qué abandonó el banquillo de los conservadores. Se hurtaba a las fotos, ¿no haría usted lo mismo?

La desintegración de los acusados comenzó por Andreu Prohens. El ex alcalde de Campos firmaba a ciegas, como Cardona, un informe y su contrario. "Esto no es el trabajo de un alcalde", decretaba ante el estupor de la sala. Entró en flagrante contradicción al encadenar su desinterés absoluto por lo que firmaba, con una primorosa lectura de uno de los avales equinos, equinodermo sin espinas.El derrumbe matutino llegó con Sebastià Portell, secretario de Campos. Tras dos horas de interrogatorios anodinos, el fiscal Ladislao Roig escarbó la compuerta para conquistar al entusiasta del truc. El minimalista "¿firmaría hoy ese certificado?" liberó las glándulas morales del procesado. "Le aseguro que no lo firmaría". Un funcionario pillado en falta desea declararse culpable, y Portell se fustigó con tanto celo -"se me puede exigir más", "me falló el rigor administrativo"-, que hubo que contener su arrebato para que el juicio no declinara en su primera sesión. Entonces cometió un error garrafal. "No me fijé si escribía con mayúsculas o minúsculas" el nombre de la Agrupación. Lo siento, pero la generación previa al SMS es tan consciente de la caja alta y baja como de salir a la calle en ropa interior, y el amanuense no es tan joven. Ya sabemos qué ocurrió, la calificación corresponde a otros y no es la mitad de apasionante. La corrupción con mayúsculas, que desbordan al banquillo y abrasan al PP entero. 

(www.diariodemallorca.es, 02/12/08) 

EL 'CASO CABALLISTAS' SIENTA AL PP BALEAR EN EL BANQUILLO 

El caso Caballistas, un macrojuicio sin precedentes en Baleares, sentó ayer en el banquillo de los acusados a doce dirigentes del PP insular, entre ellos, diez alcaldes o ex alcaldes de diferentes municipios de Mallorca. Se les acusa de haber firmado documentos certificando las actividades de una asociación hípica que no existía, que sirvieron para la legalización de una edificación en suelo rústico en beneficio del ex alcalde de Ses Salines, Sebastià Vidal, principal imputado en el caso y para quien se pide la mayor pena: seis años de prisión. 

Entre los acusados está el recién elegido presidente del PP de Mallorca, Joan Rotger, o la diputada regional Catalina Soler, hasta hace dos semanas portavoz del PP en las islas.  

Tal y como expone la acusación pública, Vidal necesitaba que el Consell de Mallorca declarase de interés general la Agrupación Caballista de Ses Salines, que le iba a servir para legalizar la construcción de un chalé, una nave y otras edificaciones de su propiedad que, supuestamente, iban a ser sede de dicha asociación. Así, elaboró y firmó un documento oficial del Ayuntamiento para hacer constar que la agrupación operaba desde 1995, pese a que la asociación no fue constituida ni registrada hasta 2001.  

Sebastià Vidal no se limitó a elaborar este documento sino que convenció a otros nueve regidores para realizar certificados similares que fueron incorporados al expediente de interés general. El ex alcalde de Ses Salines reiteró que no explicó a los firmantes la finalidad del documento.  

Durante la primera jornada del juicio, que se celebró ayer en la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, declararon los 14 acusados: 12 miembros del PP y dos funcionarios municipales. El primero en hacerlo fue Sebastià Vidal, quien pidió "disculpas" a sus compañeros imputados por haberles pedido que expidieran certificados -"ciertos", dijo- para legalizar su casa.  

En referencia a la polémica construcción, Vidal usó una táctica que ya puso en su día en práctica el ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo. Este llegó a afirmar ante el juez que, no sabía cómo, un buen día una caseta de herramientas de su propiedad se transformó en una vivienda. Pues bien, Vidal afirmó que la edificación principal la construyó su padre "en el año 63", y que ésta fue objeto de reformas, como la apertura de ventanas o la colocación de unas vigas. Estas intervenciones las hizo, dijo, él mismo "en horas perdidas" y supusieron la habilitación de "un baño, cocina y una chimenea para hacer torradas".  

La mayoría de compañeros de banquillo de Vidal que accedieron a firmar el escrito eran entonces alcaldes. Es el caso de Andreu Prohens (del municipio de Campos), Antoni del Olmo (Santa Margalida), Catalina Soler (Felanitx), Miquel Vidal (Santanyí), Joan Jaume (Lloret), Biel Matas (Montuïri), Joan Rotger (Selva) y Antoni Serra (Sa Pobla). Sólo los regidores de Santanyí y Selva i Montuïri siguen en sus cargos, aunque otro de los acusados, Joan Jaume, que era teniente de alcalde Llucmajor cuando firmó el certificado, es ahora el regidor del municipio tras la dimisión de Lluc Tomàs, condenado en el caso Rabasco.  

La Fiscalía pide seis años de prisión para Sebastià Vidal por 11 delitos de falsedad documental y 6 años de inhabilitación especial para cargo o función pública, mientras que para el resto de acusados se pide una multa de 20 euros diarios durante 10 meses y 9 meses de suspensión para cargo público.  

(www.elpais.com, 01/12/08) 

JUICIO POR CORRUPCIÓN A 10 ALCALDES Y EXALCALDES DEL PP BALEAR 

El juicio por el caso Caballistas, presunta trama de corrupción urdida entre el 2004 y el 2005 para legalizar la vivienda particular que el exalcalde de Ses Salines Sebastià Vidal construyó en suelo rústico bajo el pretexto de ser la sede de una asociación hípica inexistente, empezó ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) con cuatro alcaldes en activo, seis exalcaldes y otros cuatro cargos del PP en el banquillo. 

La Fiscalía imputa a todos los acusados un delito de falsedad en documento oficial con distintos grados de participación. El ministerio público afirma que 11 alcaldías gobernadas por el PP emitieron certificados falsos para apoyar la legalización de la vivienda particular de Vidal, que se enfrenta a seis años de cárcel, 36.000 euros de multa y seis años de inhabilitación para cargo público. Entre hoy y mañana declararán 34 testigos y serán expuestos los informes y conclusiones finales. Aunque varios dirigentes del PP balear acudieron a la sede del TSJIB para respaldar a sus compañeros, el diputado Toni Serra manifestó que si la justicia condena a Joan Rotger, elegido el sábado presidente del PP de Mallorca, el partido pedirá su dimisión. 

(www.elperiodico.com, 01/12/08)

CARGOS DEL PP DICEN QUE HOY NO FIRMARÍAN LOS CERTIFICADOS 

Varios de los alcaldes y regidores del PP que declararon ayer en el primer día de juicio del caso Caballistas en el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJB) aseguraron que no volverían a firmar los certificados que les solicitó el principal encausado, el ex alcalde de ses Salines, Sebastià Vidal, para que dieran fe en 2005 de que la Agrupación de Caballistas había actuado en sus respectivos municipios, antes incluso de su formalización, con la finalidad de conseguir el interés general para una construcción ilegal en suelo rústico del ex primer edil saliner con la excusa de que fuera la sede social de la agrupación caballista.

El alcalde de Santanyí, Miquel Vidal; la ex alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler; el ex alcalde de Santa Margalida, Antoni del Olmo; y el teniente de alcalde de Inca Joan Rubert, además del secretario municipal de Campos, Sebastià Portell, afirmaron abiertamente que hoy en día no volverían a firmar los documentos que les han comprometido judicialmente, a pesar de que todos aseguraron que los caballistas de ses Salines actuaron en sus municipios, aun cuando las fechas que figuran en los certificados son muy anteriores a la constitución oficial de la agrupación. Soler y Del Olmo llegaron a acusar al ex alcalde de ses Salines de haber "abusado" de su confianza para que firmasen el documento y añadir después los certificados al expediente de legalización de su construcción ilegal.El macrojuicio del caso Caballistas levantó una gran expectación mediática. El primero en declarar en la sala de lo Civil y lo Penal, presidida por el presidente del TSJB, Antoni Terrasa, y los magistrados Javier Muñoz y Antonio Capó, fue el ex alcalde de ses Salines, Sebastià Vidal, quien negó que su intención fuese legalizar una vivienda, sino que eran unas cuadras para guardar los caballos y la sede del club hípico en el interior de una casa de varias plantas que, según el declarante, construyó su padre hace casi 30 años. Vidal defendió la veracidad de los certificados firmados por sus homólogos, aunque aseguró que no fue el autor intelectual de los mismos.

Según la acusación fiscal, el ex alcalde Vidal usó un informe del celador municipal en el que sólo constaba la existencia de una construcción en su parcela rústica y no había infracción urbanística. El celador Sebastián Escalas lo confirmó, aunque admitió haber realizado la inspección desde la barrera de la finca y que no había comprobado si las edificaciones existentes se habían transformado desde el año 1979. De hecho, la declaración del funcionario sorprendió a su propio abogado y a los letrados de la acusación al rechazar a última hora un acuerdo en el que ambas partes habían pactado incriminar al ex alcalde Vidal. El fiscal Ladislao Roig insistió mucho en la "casualidad" de que todos los certificados citaran expresamente que la Agrupación Caballista de ses Salines, en mayúsculas, actuaba en los respectivos municipios desde 1995 cuando no se ha hallado ningún documento que se refiera a este colectivo hasta 2001, año de su formalización.

El resto de cargos del PP implicados coincidió a grandes rasgos en sus argumentos. Explicaron que Vidal se puso en contacto con ellos para pedirles que certificasen las actuaciones de los caballistas. A algunos, como a Antoni del Olmo, les dijo que era "para el curriculum" de la agrupación. Vidal, según el testimonio de estos acusados, no dijo a nadie que fuese a utilizar estos informes para pedir una declaración de interés general, tal y como hizo con posterioridad. La ocultación de este dato motivó ayer las críticas de algunos de sus compañeros de filas. La más contundente fue la ex alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, quien consideró un "abuso de confianza" la actitud de Vidal. En esta línea, el anterior responsable municipal de Santa Margalida, Antoni del Olmo, aseguró sentirse "engañado".

Con todo, los cargos del PP ratificaron en sus declaraciones que los caballistas de ses Salines, bien constituidos en agrupación bien como miembros individuales, habían actuado en sus municipios. Para demostrarlo, se pusieron durante el juicio imágenes de actuaciones ecuestres, en Inca y sa Pobla, de los años 1995 y 1997, respectivamente.

Fuera del plano judicial, ayer hubo tiempo también para las valoraciones políticas. A través de un comunicado, la Federación de los Socialistas de Mallorca expresó su satisfacción por que "se juzguen los casos de crimen organizado". "Nos encontramos ante un delito flagrante de falsedad documental. Ahora, además de mentir, certifican sus mentiras", manifestaron los socialistas. Por parte del Partido Popular, el diputado autonómico Antoni Serra declaró que su formación "será consecuente con sus responsabilidades y las de sus afiliados".

Cuando se le preguntó si el PP expulsará a los cargos que resulten condenados, indicó que "se actuará con inmediatez y en consecuencia, como siempre hace el PP". 

(www.diariodemallorca.es, 02/12/08

LOS CATORCE ACUSADOS EN EL CASO CABALLISTAS DECLARARÁN EL LUNES, PRIMER DÍA DE JUICIO 

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJB) celebrará a partir del próximo lunes el macrojuicio por el denominado caso Caballistas, que investiga una trama de presunto fraude documental desvelada por DIARIOde MALLORCAa partir de unas certificaciones emitidas en 2005 por una decena de alcaldes y regidores delPP para legalizar como vivienda particular la residencia del alcalde de ses Salines, el también popular Sebastià Vidal. El juicio, que ha levantado una enorme expectación mediática, finalizará el miércoles, jornada prevista para las conclusiones e informes finales, aunque no se descarta que se prolongue hasta el jueves si las sesiones se alargan.

Los catorce acusados (doce dirigentes del PPy dos funcionarios), a los que el Ministerio fiscal imputa un delito de falsedad en documento oficial con diferentes grados de participación, declararán el mismo lunes, en una sesión que se iniciará a las 9,30 horas y finalizará a las 20 horas.

El juicio estará presidido por el presidente del TSJB, Antoni Terrasa, y los magistrados Javier Muñoz y Antonio Capó. El fiscal Anticorrupción Juan Carrau representará al Ministerio Fiscal. Hay dos acusaciones particulares, una del PSOE y otra por parte de un vecino de Manacor, representadas por Estela Soler, abogada de los socialistas, y por Josep de Luis e Isabel Fluxà, letrados del citado particular. Por su parte, los catorce acusados están defendidos por Rafael Perera, Agustí Cerveró, Gabriel Lladó-Josep Zaforteza, Virginia Núñez-Maria Pascual, José Ignacio Herrero, Joan Buades, Juan Camacho y Carles Tarancón.

El principal acusado es el ex alcalde de ses Salines SebastiàVidal, a quien el fiscal imputa once delitos de falsedad documental en diferentes modalidades y pide seis años de prisión y 24 meses de multa e inhabilitación especial para cargo o función pública.

El resto de acusados, presuntos autores de un delito imprudente de falsedad documental en documento oficial, son Andreu Prohens (ex alcalde de Campos); Miquel Vidal (alcalde de Santanyí);Joan Jaume (actual alcalde en funciones de Llucmajor); Catalina Soler (ex alcaldesa de Felanitx), Antoni Serra (ex alcalde de Sa Pobla), Joan Rubert (teniente de alcalde de Inca), Antonio del Olmo (ex alcalde de Santa Margalida), Joan Rotger (alcalde de Selva), Gabriel Matas (alcalde de Montuïri), Joan Jaume (ex alcalde de Lloret) y Joan Llabrés (ex concejal de Sa Pobla). Para todos ellos, el fiscal solicita diez meses de multa y el mismo tiempo de suspensión para cargo público.

Por último, también están acusados Sebastián Escalas (celador de Obras de Ses Salines) y Sebastià Portell (secretario del ayuntamiento de Campos), para los que el fiscal pide cuatro años de prisión y diez meses de inhabilitación.Un total de 34 testigos están llamados a declarar, la inmensa mayoría por parte de los abogados defensores, entre el martes y el miércoles. 

(www.diariodemallorca.es, 27/11/08)

EL INSTRUCTOR LLEVA A JUICIO A LOS 14 ACUSADOS DEL ´CASO CABALLISTAS´ 

El juez Antonio Montserrat, instructor en la Sala de lo Civil y Penal del TSJB del llamado ‘caso Caballistas’, ha acordado la apertura del juicio oral de la causa contra Sebastià Vidal Bonet y otros trece imputados por la Fiscalía de Balears por delitos de falsedad en documento oficial cuando a instancias del entonces alcalde de ses Salines (PP) firmaron en 2005 documentos «manifiestamente inveraces» para que fuesen legalizados por el Consell un chalet, una nave y otras construcciones que había edificado en suelo no urbanizable del municipio que presidía.  

El fiscal pide seis años de cárcel para Sebastià Vidal; cuatro para Sebastià Escales y Sebastià Portell, celador de ses Salines y secretario de Campos, y tres para el ex alcalde de Campos Andreu Prohrens.  

El juez entiende que de lo actuado en la instrucción «se infiere que los hechos perseguidos revisten caracteres de delito», y que existen «indicios racionales de criminalidad contra los acusados», por lo que procede la apertura del juicio oral interesada tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por las acusaciones particulares ejercidas por el denunciante de los hechos, Jaime Melis, y por el Grupo Socialista del Consell de Mallorca.  

El juicio oral por el ‘caso Caballistas’ sentará en el banquillo, en fecha próxima pero aún por determinar, tanto al ex alcalde de ses Salines como a Andreu Prohens Vicens y Sebastià Portell i Bonet, que eran entonces alcalde y secretario, respectivamente, del Ajuntament de Campos; a Joan Jaume Mulet, teniente alcalde de Llucmajor; a Miquel Vidal Vidal, alcalde de Santanyí; a Joan Jaume Ramis, ex alcalde de Lloret de Vistalegre; a Catalina Soler Torres, alcaldesa de Felanitx; a Antoni Serra Mir, ex alcalde de sa Pobla; a Joan Llabrés Cladera, ex concejal de sa Pobla; a Joan Rubert Maura, concejal del Ajuntament d’Inca; a Antonio del Olmo Dalmau, ex alcalde de Santa Margalida; a Joan Rotger Seguí, alcalde de Selva, y a Gabriel Matas i Alcocer, alcalde de Montuirï.  

La parte dispositiva del auto del magistrado Montserrat Quintana decreta también la libertad provisional de los acusados, sin otra obligación que la de presentarse siempre que fueren llamados por él o por el tribunal que conoce la causa.  

Con el fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias (multa y costas), el magistrado requiere a los acusados para que presten fianza, la cual establece en 60.000 euros para Sebastià Vidal, 14.000 para Sebastià Escalas y 20.000 para cada uno de los demás acusados. En total, casi 300.000 euros.  

Militancia
En su escrito de acusación, la Fiscalía afirma que siendo alcalde de ses Salines, Sebastià Vidal llevó a cabo la edificación de una vivienda unifamiliar aislada, una nave y otras construcciones en rústico, «que resultaban de todo punto contrarias a Derecho por cuanto los terrenos eran no urbanizables y el tamaño de la parcela era muy inferior al requerido por la normativa urbanística para poder construir».  

Según la Fiscalía, «como único medio de legalizar lo construido precisaba que la Administración declarase el interés general de las actividades que en dicha parcela y construcciones se iban a desarrollar», y para ello «ejecutó un plan según el cual la Agrupació Cavallista de ses Salines promovió la tramitación de un expediente como que su uso era el de la actividad de un club social hípico».  

Para Anticorrupción, Vidal Bonet «convenció a otros diez alcaldes para que realizaran documentos con un contenido similar e inveraz», en unas ocasiones «asegurándoles que lo que firmaban se correspondía con la realidad», y en otros «prevaliéndose de su cargo y de su militancia política».  

(www.ultimahora.es, 18/06/08) 

EL FISCAL SOLICITA SEIS AÑOS DE CÁRCEL PARA VIDAL POR UN DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL 

Prohens se enfrenta a 3 años de prisión y el resto de dirigentes del PP a multas y suspensión para cargo público durante 9 meses

El fiscal anticorrupción, Joan Carrau, solicita un pena de hasta seis años de cárcel para el ex alcalde de Ses Salines, Sebastià Vidal, como "inductor" y "autor material" de un delito de falsedad en documento oficial relacionado con el ´Caso Caballistas´, un presunto entramado de corrupción con el que pretendía legalizar una casa en suelo rústico, con la excusa de albergar la sede de una agrupación hípica inexistente. El presunto fraude, desvelado por Diario de Mallorca, implica hasta 12 dirigentes del PP, y dos funcionarios municipales. A todos ellos, el juez Montserrat Quintana, instructor del caso y que ha acordado la apertura de juicio oral tras considerar que existen indicios racionales de criminalidad, les imputa un delito de falsedad de documento público, al emitir certificaciones presuntamente falsas. 

Vidal se enfrenta además a 24 meses de multa con una cuota diaria de 50 euros y a la inhabilitación especial para cargo o función pública en la administración estatal, local o autonómica durante seis años. El fiscal considera que Vidal no solamente elaboró en 2004 el documento en que se acreditaba que la Agrupació de Cavallistes de Ses Salines había actuado en el municipio desde 1995 -cuando ésta no se constituyó hasta 2001- "sino que convenció a otros 10 alcaldes para que realizaran documentos con un contenido similar e inveraz, en unas ocasiones asegurándoles que el contenido de lo que firmaban se correspondía con la realidad y en otras prevaliéndose de su cargo de alcalde y de su militancia política".  

Para Sebastià Escalas Vidal, celador de Obras del ayuntamiento de Ses Salines, y Sebastià Portell, secretario del ayuntamiento de Campos, el fiscal solicita cuatro años de cárcel así como 10 y 20 meses de multa respectivamente con una cuota diaria de 10 euros y la inhabilitación por un periodo de cinco años.  

Junto a éste último, Carrau pide para el ex primer edil campaner, y actual conseller del PP en el Consell de Mallorca, Andreu Prohens, una pena de tres años de prisión, 20 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros e inhabilitación especial por cinco años. El fiscal destaca que tanto Prohens como Portell "conocían de manera directa que el contenido del documento que firmaban no se correspondía con la realidad" y que "por su relación y proximidad con Sebastià Vidal conocían que en la secretaría municipal no constaban los datos que se incluían en el documento". "Sabían que la Agrupació Cavallista Ses Salines no tenía la antigüedad que se hacía constar", añade. 

Para el resto -el ex alcalde de Santa Margalida, Antoni del Olmo; Joan Jaume Ramis, ex primer edil de Lloret; Antoni Serra Mir, ex alcalde de Sa Pobla; y los actuales alcaldes de Felanitx (Catalina Soler), Selva (Joan Rotger), Montuïri (Gabriel Matas) y Santanyí (Miquel Vidal), así como para el teniente de alcalde de Llucmajor, Joan Jaume Mulet, y su homólogo de Inca, Joan Rubert- el fiscal pide 10 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros y suspensión para el cargo o función pública en la administración estatal, local o autonómica por un periodo de nueve meses, como autores de un "delito imprudente de falsedad en documento oficial". Joan Llabrés Cladera, ex edil de Ferias y Fiestas en el ayuntamiento de sa Pobla, se enfrentará a la misma petición de pena en calidad de "cooperador necesario". 

(www.diariodemallorca.es, 18/06/08) 

EL JUEZ PIDE FIANZAS QUE VAN DE LOS 60.000 Y A LOS 14.000 EUROS 

Para asegurar las responsabilidades pecuniarias (multa y costas), el juez Montserrat Quintana, instructor del caso, ha solicitado a Sebastià Vidal una fianza de 60.000 euros.  

Por su parte, Andreu Prohens, Sebastià Portell, Miquel Vidal, Joan Jaume Mulet, Joan Jaume Ramis, Catalina Soler, Antoni Serra, Joan Llabrés, Joan Rubert, Antoni del Olmo, Joan Rotger y Gabriel Matas deberán aportar 20.000 euros en este concepto. Algo más que Sebastià Escalas, al que solicitan el pago de 14.000 euros. 

(www.diariodemallorca.es, 18/06/08)

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