Antònia Ordinas, ex alto cargo del anterior Govern del PP e imputada en dos sumarios por presunta corrupción, declaró ayer a un juez que los sobornos (comisiones) cobrados por los responsables del Ibatur, un instituto dependiente de la conselleria de Turismo, a sus proveedores eran los más altos en la Administración autonómica. Ordinas aseguró que el ex director general de Industria, el también encartado Kurt Viaene, le dijo que eran tontos por exigir a sus proveedores comisiones inferiores a las del Ibatur.

Ordinas, que se halla en libertad provisional por el caso Scala, fue en la pasada legislatura directora-gerente del Consorci per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB), un organismo dedicado a la promoción exterior de productos de las islas y dependiente de la conselleria de Comercio e Industria. En el caso Scala se encuentran imputados, además de Ordinas y Viaene, el ex conseller de Industria Josep Juan Cardona y numerosos empresarios y provedores, entre ellos Felipe Ferré.

La declarante ratificó ayer cómo formó parte de la supuesta red de cobro de sobornos en el CDEIB, encabezada por Cardona y Viaene, que se llevaban el porcentaje mayor de las dádivas. También confirmó la existencia de una trama de empresas de altos cargos de Industria y personas externas al departamento, entre ellas Ferré, sobrino político del entonces president del Govern Jaume Matas. Estas sociedades recibieron importantes contratos del CDEIB y del Ibatur, pero Ordinas se desmarcó de los trabajos para el segundo organismo.

Habría sido Ferré, el favorito del conseller Cardona y que también se jactaba de sus contactos con el conseller de Turismo Joan Flaquer, quien se ocupó de los proyectos realizados por la trama empresarial del CDEIB para el Ibatur, según la imputada.

"En el CDEIB se pagaba entre un 5% y un 15% (por los proveedores y de cada factura); en Ibatur no sé lo que se pagaba, pero era mucho más, según me dijo en varias ocasiones Kurt Viaene", explicó Antònia Ordinas.

"Kurt Viaene me comentó que todos cobraban comisiones y que nosotros (en la conselleria de Industria) éramos muy tontos, ya que cobrábamos muy poco en comparación con el Ibatur, que era el modelo (en los sobornos)", añadió la encausada.

Ordinas relató cómo el dinero para los sobornos lo daban los proveedores del Govern hinchando las facturas por los servicios y trabajos contratados. "Era vox populi, era algo muy notorio y extendido el que en el Ibatur se pagaban comisiones; lo sabían la gente de la Administración, empresarios y periodistas", reveló la encausada.

Sin embargo, la hoy colaboradora con la fiscalía anticorrupción, defendida por Eduardo Valdivia, sostuvo que existían diferencias entre su consorcio y el Ibatur: "en el CDEIB se hacían los trabajos, con sobrecoste, pero se hacían, pero en el Ibatur no se hacían los trabajos".

Ordinas siguió ayer en los pasillos de los juzgados tomando notas en una libretita para su libro de memorias, una obra que la encausada tiene avanzada, pero que no sabe cuándo se publicará. "Cuando todo esto acabe", vaticinó.

La ex gerente del CDEIB manifestó en dos ocasiones ante el juez Lope Sola, el fiscal Carrau y la abogada del Govern Berrocal, que nunca cobró comisiones de proveedores del Ibatur.

Felipe Ferré, que también está encartado en los sumarios de Scala e Ibatur y que colabora con la fiscalía anticorrupción, reconoció el pasado 13 haber recibido unos 40.000 euros de sobresueldos del Ibatur. Ese dinero lo cobró hinchando facturas o simulando trabajos nunca hechos y como un gesto de agradecimiento del conseller Flaquer por sus trabajos.

Ordinas dijo desconocer si Ferré, representado por Rosa Genicia, recibió aquel "regalo" de 40.000 euros por los servicios al Ibatur en los viajes oficiales a China. Ayer también testificó un empresario que aseguró no saber nada de un contrato con el Ibatur, donde aparece su firma.

Francisca J., la esposa del empresario Kamal Dorai, supervisor de los cátering organizados por el anterior Govern del PP en diversas ferias turísticas, reconoció ayer ante un juez que cobró diversas cantidades del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) sin haber trabajado nunca para dicho organismo público. Francisca J. declaró en calidad de imputada y aseguró que desde el Ibatur les obligaron a que parte del sueldo de su marido se percibiese a través de ella.

El ex gerente del Ibatur entre 2003 y 2004 Juan Carlos Alía se encuentra en prisión preventiva acusado, entre otros cargos, de conceder a dedo a su amigo Kamal Dorai contratos del Ibatur sin que conste la contraprestación de servicio alguno.

Dorai, que también está imputado en el sumario instruido por el juzgado número 2 de Palma, fue detenido a principios de julio dentro de la Operación Pasarela. Kamal Dorai, que realizó trabajos para el Ibatur en ferias internacionales, fue puesto en libertad con la obligación de presentarse periódicamente y la prohibición de salir de España.

El Grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional apuntó en uno de sus informes del caso Ibatur a que Francisca J. había percibido, entre 2004 y 2006, diversas cantidades del Ibatur.

La declarante manifestó que siempre ha ayudado a su esposo en todos los trabajos y negocios que ha tenido. "Mi marido se dedicaba a ir a ferias de turismo y se ocupaba de los cátering. Yo le asesoraba, pero no iba a las ferias", explicó Francisca J.

La encausada recordó que en alguna ocasión colaboró con su esposo y le llevó ensaimadas de calidad al aeropuerto. "Hacía los encargos que me pedía Kamal", aseveró.

La imputada manifestó desconocer quién del Ibatur había contratado a su cónyuge y tampoco supo dar el nombre de la persona que les había dicho que ella tenía que percibir parte del salario de su marido.

"Firmé facturas, pero que no habían sido hechas por mí; mi marido me daba una cantidad de dinero porque así se lo había dicho el Ibatur, que parte de su sueldo tenía que ir a mí".

Los investigadores del caso Ibatur ayer preguntaron a la encausada si no le había extrañado el sistema de cobro. "No pregunté por qué se hacía así; siempre he firmado lo que me ha dado mi marido sin leer nada y porque me fío de él. Era un arreglo entre el Ibatur y él", respondió la encausada, defendida por Agustín Aguiló.

Francisca J. fue preguntada otra vez ayer en instrucción 2 sobre su firma en algunas de las facturas intervenidas por la Policía en el Ibatur. "Creo que la firma de una de las facturas que me enseñó la Policía (en Jefatura) no era la mía, las otras sí llevaban mi firma", dijo.

La fiscalía anticorrupción presume que Kamal Dorai fue contratado por el Ibatur porque pagaba comisiones y dentro del presunto entramado de desvío de fondos públicos.

Su mujer manifestó ayer que cree que a Dorai, que al parecer nunca tuvo un cátering propio, le ficharon en la conselleria de Turismo "porque es una persona muy trabajadora".

El Ibatur asignó en 2007 un presupuesto de 800.000 euros para promocionar la construcción de un Museo del Turismo que nunca se puso en marcha, según refleja la documentación contable de ese organismo durante la pasada legislatura (2003-2007) remitida al juez instructor del 'caso Ibatur a la que ha tenido acceso este diario.

El magistrado Juan Ignacio Lope Sola y la Fiscalía Anticorrupción estudiarán el resumen de los gastos de promoción turística realizados por el Ibatur en el Govern Matas. Los asientos contables ya forman parte del sumario de la causa.

El presupuesto de 800.000 euros fue adjudicado al Fomento del Turismo de Mallorca para que lo gestionara, aprovechando con ello la celebración del centenario de la institución.

Parte de este dinero se gastó en comidas de homenaje a jubilados del secto turístico, que tuvieron lugar en restaurantes de Porto Cristo, Alcúdia, Port de Sóller y Palma, en los que participaban de forma actividad el entonces conseller de Turisme, Joan Flaquer, y el presidente del Fomento del Turismo, Alvaro Middelmann. En el transcurso de las comidades se entregaban placas y diplomas de reconomiento.

Asimismo, en un solar anexo a los restaurantes se instalaban una serie de carpas donde se mostraba cómo sería el contenido del Museo del Turismo con documentación histórica.

Estos encuentros se programaron entre enero y mayo de 2007. Con la llegada del nuevo Govern, el equipo organizador de estos actos comprobó que había un remanente de unos 200.000 euros, los cuales fueron gastados en asistir a ferias, caso de Fitur y la ITB, donde se instalaron las carpas para anunciar la construcción del Museo del Turismo.

El ex conseller de Turisme Joan Flaquer defendió el proyecto de construcción del Museo de Turismo y ha segurado que «el gasto está justificado». Dijo que la iniciativa tuvo un coste de, al menos, 600.000 euros, dinero que se empleó en su totalidad para promocionar un proyecto, «que luego dejamos de lado, como es lógico, por el cambio de gobierno», indicó.

Álvaro Middelmann, por su parte, calificó el proyecto de «entrañable», ya que en la promoción del proyecto «se reconoció el trabajo de mucha gente que ha trabajado para el turismo de forma anónima». «El dinero no lo gestioné yo», afirmó el ex presidente del Fomento del Turismo de Mallorca.

EL JUEZ DEL 'CASO IBATUR' IMPUTA A ANTÒNIA ORDINAS POR LAS BODAS DE CHINOS EN PALMA

El juez instructor del 'caso Ibatur', Juan Ignacio Lope Sola ha imputado a la ex gerente del Consorcio para el Desarrollo Económico de Balears (CDEIB), Antònia Ordinas y la citará a declarar en este mes de septiembre, según han confimado a este diario fuentes vinculadas a la causa que investiga una supuesta trama delictiva en la denominada 'operación Pasarela'.

Ordinas, en libertad con fianza de 100.000 euros tras permanecer dos meses en prisión por el 'caso Scala' (confesó que escondía el dinero obtenido a través del cobro de comisiones en una caja de Cola Cao enterrada en el jardín de su casa), ya ha declarado como imputada en la Policía Nacional ante los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán.

El pasado 17 de julio declaró: «En el CDEIB se comentaba que con respecto a Ibatur todo el mundo de beneficiaba de los contratos adjudicados (por ese órgano de promoción turística de Balears) y que se pagaban comisiones».

En concreto, Ordinas explicó que la empresa Gourmet and Boutique Island «presentó un proyecto denominado Honeymoon (acción promocional de Balears basada en bodas de ciudadanos chinos en Palma) en el que iba a participar el Ibatur». Explicó que el CDEIB tenía que aportar a ese proyecto entre 200.000 y 240.000 euros. Los máximos responsables de Gourmet eran la propia Ordinas, el ex conseller Josep Juan Cardona, Francisco Ferré y ex director general de Promoción Industrial Kurt Viane, todos ellos imputados en el 'caso Scala'.

(www.ultimahora.es, 02/09/10)

Ibatur pagó 12.000 euros por imprimir 126 folios y 600 por cada foto encargada

Contrataban siempre a las mismas empresas, que facturaban antes incluso de que se solicitase el trabajo

El precio no solía ser un problema para los dirigentes del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) durante la etapa de Jaume Matas al frente del Govern. Lo constata la Agencia Tributaria, que en un informe elaborado para el juzgado que investiga las irregularidades cometidas en el Ibatur detalla cómo se llegaron a pagar 11.595 euros por escanear e imprimir 126 folios. Fueron así 92 euros por cada página puesta en papel por la compañía Aires de Llevant, una cifra "totalmente desproporcionada" a juicio de los inspectores de Hacienda que se convirtió en tarifa de referencia para otros encargos similares.
Prueba de ello son los dos contratos para hacer lo mismo, la "impresión y manipulación de la Memoria 2005 de Ibatur" (uno de 11.600 euros y otro un mes después de 6.910 euros), que se le encargaron a una empresa de nombre distinto e idéntico dueño: Centro de Comunicación Creativa, firma que como Aires de Llevant tenía a los mismos socios de referencia. Imprimir la Memoria 2005 de Ibatur costó así 18.510 euros en total, que dejan una factura total de impresión de 30.105 euros a cargo de dos de las empresas amigas de Ibatur en tiempos del PP.Tan amigas que llegaron a tener al Govern Matas y, concretamente, al propio Ibatur como único cliente durante un año. En ese tiempo Aires de Llevant y su firma gemela Comunicación Creativa se embolsaron 140.509 euros públicos gracias a doce encargos para hacer fotografías. Todos los contratos tenían en común dos rasgos: la firma del director gerente de Ibatur en aquellos tiempos, el imputado Raimundo Alabern; y un límite que nunca se llegaba a rebasar, los 12.000 euros que marcan la frontera entre la adjudicación a dedo y la necesidad de convocar un concurso para entregar el contrato público.

"Fraude y malversación"

Abundan así las facturas de encargos fotográficos por valores tan rayanos con la citada frontera del encargo a dedo a la empresa amiga como 11.999 ó 11.970 euros. La repetición de ese patrón es tal que lleva a la Agencia Tributaria a certificar en su informe que esos contratos dirigidos son "un fraude a la Administración Pública y una malversación de caudales públicos". Por no hablar a de cuestiones más subjetivas como la acusada desproporción entre el precio y el servicio prestado: Ibatur recibía a cambio de cada encargo fotográfico de 12.000 euros 21 fotografías, es decir, 600 euros por instantánea. Y no es que fueran imágenes de premio, según documentan los propios inspectores de Hacienda, que indican que es posible obtener "fácilmente en Internet fotografías idénticas".

Y si ni los precios ni la calidad del servicio pagado con dinero público eran importantes para el Govern, aún menos lo eran las facturas. También da pruebas de ello la Agencia Tributaria, que ha descubierto facturas con fecha un año anterior a que el Ibatur aprobase el gasto. Primero se pagaba y después se inventaba un motivo para ese pago. Así se hacía con las citadas fotografías, tomadas y facturadas por 12.000 euros antes siquiera de que Ibatur las pidiera.

Ejemplos de malgasto público

FACTURAS IRREGULARES
Primero se paga y un año más tarde se busca un motivo . En marzo de 2004, la empresa Cal Island facturó 12.000 euros a Ibatur por planificar una feria. Lo curioso es que Ibatur no propuso diseñar el evento hasta marzo de 2005, un año después. El desfase se repite en decenas de facturas, aunque nunca en tal medida.

IDIOMAS CAROS
Pagaron casi 6.000 euros por traducir tres nombres al chino. Las traducciones estaban caras durante en tiempos del Govern del PP, que pagó 5.600 euros por convertir al mandarín tres nombres: Govern, Illes Balears e Ibatur. De la traducción se encargó Felip Ferré, ex edil del PP y sobrino político de Matas.

JUSTIFICANTES CURIOSOS

Fotos de congreso "histriónicas"para explicar gastos de vestuario. Algunas facturas de fechas descuadradas de Ibatur incorporaban razones de gasto muy curiosas. Se lleva la palma un pago de 6.382 euros por el vestuario de un Congreso, justificado por Ibatur con lo que ellos describen como "fotos histriónicas del vestuario".

PROMOCIÓN TELEVISIVA
8.352 euros por un DVD para un concurso de parejas de la tele china. La empresa Caimán La Bestia Parda (así se llama) recibió 8.352 euros por un DVD con imágenes de Balears elaborado para un concurso de parejas de la televisión china. La factura se entregó trece días antes de que Ibatur solicitase el vídeo.

POR TRIPLICADO
Los mismos folletos llegaron a cobrarse en tres ocasiones.¿Para que cobrar una vez un folleto si se puede hacer en tres ocasiones? Centro de Comunicación Creativa giró a Ibatur tres facturas distintas de 11.312, 12.000 y 11.312 euros justificadas con los mismos conceptos e idénticos folletos, según Hacienda.

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2010/08/06/ejemplos-malgasto-publico/592606.html

El Govern Matas facturó dos veces la misma presentación de Claudia Schiffer

Elaboraron dos expedientes por la misma rueda de prensa que protagonizó la "top model" alemana en la feria turística de Londres del año 2005

La empresa pública Ibatur facturó dos veces la preparación y la organización de la conferencia de prensa que tuvo como protagonista a la famosa modelo alemana, Claudia Schiffer, que fue contratada por el Govern Matas para que promocionara las islas en la feria turística de Londres (World Travel Market) del año 2005. Así figura en el informe que ha realizado la Policía y que aparece en la causa judicial del llamado caso Pasarela, en el que se intenta determinar los presuntos delitos cometidos en la gestión de la empresa Ibatur, de la conselleria de Turismo.

La "top model" alemana fue fichada por el Govern para que se convirtiera en la musa de la promoción turística. Su imagen, teóricamente, iba a atraer a miles de turistas a las islas. La Policía ha analizado miles de expedientes de contratación gestionados por Ibatur. Dos de ellos, con la misma fecha pero con cantidades económicas distintas, se refieren a la preparación y organización de la conferencia de prensa de Claudia Schiffer, y aparecen propuestos y firmados por el director de Ibatur. El primer expediente justifica una factura de 8.093 y en el expediente se recogen varios recortes de prensa que se hacen eco de la presentación de la modelo internacional. El segundo justifica el pago de 10.000 euros por la misma presentación, pero en el expediente administrativo no aparece nada que justifique este gasto. La Policía destaca que ambos contratos se adjudicaron a la misma empresa y se han fraccionado los gastos para evitar un concurso público al superar el presupuesto la cifra de 12.000 euros.

El informe policial detalla que era norma habitual en el día a día del funcionamiento de Ibatur el fraccionamiento de los contratos para evitar los concursos públicos. Pero, según denuncia la Policía, estos contratos se concedían siempre a las mismas empresas próximas a los gestores de Ibatur. Fueron, casi todas, "contrataciones a dedo", según detalla el informe policial. Los investigadores han descubierto que para la organización de una competición deportiva en Eivissa, que disponía de un presupuesto de promoción de casi 100.000 euros, Turismo fraccionó el pago en diez expedientes para evitar un concurso público.

Pero a juicio de los inspectores, estos concursos también estaban amañados, ya que se presentaban tres ofertas controladas por el mismo empresario. Una de los mayores beneficiadas por este sistema fue la empresa de publicidad Clave, cuyo propietario, Juan Velasco, fue detenido. Se ha descubierto que Clave presentaba siempre tres empresas de su grupo a un determinado concurso. Mientras se tramitaba el expediente dos de ellas no presentaban la documentación que se exigía en las bases, de tal forma que Ibatur se veía obligada a elegir a la tercera, que también estaba controlada por el mismo empresario.

Vestían los expedientes

También se ha averiguado, y así lo denunció el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach en varios de sus escritos, que Ibatur vestía los expedientes administrativos después de contratar el servicio. Se ha comprobado varios casos en los que la conselleria contrataba y disfrutaba de un determinado servicio, y después se elaboraba el expediente administrativo. Anticorrupción mantiene que muchos de los servicios que se abonaron nunca se realizaron, y que otros se inflaron las facturas.Uno de los expedientes más escandalosos que se han encontrado es el pago de más de 10.000 euros por la elaboración de un archivo de famosos que han visitado las islas Baleares en el que aparecen imágenes que no pertenecen a Balears. Otro es el pago de 6.000 euros por la traducción al chino de la palabra Ibatur.

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2010/08/06/govern-matas-facturo-veces-presentacion-claudia-schiffer/592602.html

Veinte millones de euros de Balears al alcance de El Bigotes

Claudia Schiffer y El Bigotes solo tienen una cosa en común: el Instituto Balear de Turismo. Del Ibatur manó durante los años de administración del PP de Matas un caudal de dinero público que podría haber desembocado no sólo en el bolsillo de la top sino en las cuentas del número dos de la trama de corrupción conocida como red Gürtel, liderada por Francisco Correa y Álvaro Pérez (El Bigotes). Aunque la modelo alemana salió mas barata: según los datos recabados por la Agencia Tributaria, el Ibatur puso al alcance de Easy Concept, una de las empresas clave de la trama Gürtel, casi veinte millones de euros.

Para ello armó una compleja arquitectura financiera que giraba en torno a un ex director general de Jaume Matas, el mallorquín Pau Collado. Él fue durante años el administrador de las cuentas de Easy Concept, labor que compatibilizaba con sus cargos de director de la Fundación para el Desarrollo Sostenido de Balears, de presidente de la Asociación Independent de Joves Empresaris de Balears y de administrador en la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, instituciones y colectivos regados directamente por el Ibatur con 826.000 euros. ¿Cuántos acabaron en manos de Francisco Correa, Álvaro Pérez o el entorno popular? Eso es lo que ahora investigan tanto Hacienda como la Policía y la Justicia, a los que no les falta trabajo: más allá de esos 826.000 euros pagados de forma directa a organismos encabezados por Collado, Ibatur abonó otros 19 millones de euros a empresas que a su vez contrataban servicios a la Easy Concept de Collado, El Bigotes y compañía. Entre esas empresas que enlazan el dinero de Ibatur con las cuentas de Easy Concept destaca Match Golf, sociedad que organizaba con Pula Golf un torneo internacional por el que el Govern pagó 17,4 millones de euros entre 2004 y 2008.

Más modestas eran las contrataciones con Over Marketing (la empresa que diseñó las campañas del PP en 2003 y 2007 se embolsó 142.000 euros), Espiral Producciones (64.081 euros) y La Moderna (40.010), firmas que mantuvieron con la red de Gürtel relaciones comerciales susceptibles de haber servido para financiaciones irregulares que se indagan.

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2010/08/06/veinte-millones-euros-balears-alcance-bigotes/592601.html

El propietario de la empresa Centro de Comunicación Creativa, Bartomeu Morey, que realizó todos los folletos de publicidad de Ibatur, y que fue detenido hace dos semanas, acusó también a Raimundo Alabern de exigirle el pago de comisiones. El empresario había acusado antes a Juan Carlos Alía de exigirle una comisión del diez por ciento de la facturación, y esta declaración justificó que el juez enviara a prisión al ex gerente de Ibatur.

El magistrado Juan Ignacio Lope citó ayer por la mañana a Raimundo Alabern. Quería que se defendiera de la dura acusación que había realizado el dueño de la empresa de diseño, que aseguró que para seguir trabajando para Ibatur tenía que entregarle una comisión de alrededor del cinco por ciento de la facturación.

Alabern, que se encuentra en liberta bajo fianza de 350.000 euros tras ser detenido por la Policía, acudió al juzgado acompañado por su abogado José Zaforteza. Al encontrarse el caso bajo secreto, teóricamente desconocía la declaración que había realizado el empresario. El ex gerente de Ibatur negó ayer al juez que en algún momento hubiera exigido comisiones a los dueños de las empresas que contrataban para la empresa pública de la conselleria de Turisme.

Según citaron fuentes próximas a la investigación, Alabern mantuvo que al aceptar el cargo de gerente, en sustitución de Juan Carlos Alía, se encontró con una serie de empresas con las que se trabajaba habitualmente. Siguió manteniendo esta misma relación comercial, no por iniciativa propia, sostuvo, sino por orden de sus superiores, refiriéndose, aunque sin decirlo directamente, al ex conseller Joan Flaquer y a sus colaboradores más próximos.

Alabern, que fue interrogado por el fiscal Anticorrupción Juan Carrau, insistió en que nunca exigió una sola comisión a título personal, pero desconocía si su antecesor, o alguien de la Conselleria lo había hecho.

Las mismas fuentes señalaron que la diferencia entre Alía y Alabern es que al primero le encontraron una serie de facturas dirigidas a la empresa Centro de Comunicación Creativa, y se sospecha que las tramitaba para camuflar las comisiones. De hecho, el empresario que le acuso afirmó que las facturas eran por trabajos que nunca se habían realizado, pero que servían para justificar el pago de comisiones. En cambio, a Alabern no le han encontrado ninguna factura de estas características.

Además del tema de las comisiones, al ex gerente de Ibatur se le preguntó de nuevo sobre el proceso de contratación que se seguía en la empresa Ibatur. De nuevo el ex gerente mantuvo que se realizaban siguiendo los procedimientos legales de contratación, si bien reconoció que en más de una ocasión se hicieron con escaso rigor.

Alabern ya tuvo oportunidad de explicar ante el juez todo el sistema de contratación que se siguió mientras dirigió Ibatur. Reconoció que era una práctica habitual el fraccionamiento de contratos, y lo justificó con la necesidad de contratar con rapidez a la empresa que les interesaba por la dinámica propia del trabajo.

Aunque se planteó la posibilidad de solicitar el ingreso en prisión de Alabern, finalmente se consideró que no era necesario.

Albern está planteándose la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la fiscalía Anticorrupción. Este acuerdo pasaría, obligatoriamente, por acusar a sus superiores en Turisme. De momento el juez mantiene que Alabern es el máximo responsable de esta presunta red de corrupción, pero se sabe que no tenía la capacidad suficiente para tomar todas las decisiones que se adoptaron en la conselleria.

El juez que investiga las presuntas irregularidades en la empresa pública Ibatur cree que Juan Carlos Alía, el ex gerente de la empresa pública, era el recaudador de las comisiones que supuestamente cobraban los responsables de la conselleria de Turismo. El pasado sábado, el juez, antes de enviar a prisión a Alía, le preguntó varias veces si era cierto que las comisiones que habría cobrado las repartió después con más personas. Su respuesta fue siempre la misma: ni había cobrado dádivas ni, por tanto, tampoco las había repartido. Sin embargo, el juez sospecha que Alía fue recompensado de alguna forma por haber asumido toda la culpa en el caso Rasputín, y tras abandonar el cargo en Ibatur, siguió realizando un trabajo en la sombra que le fue recompensado.

Juan Carlos Alía ingresó en prisión tras delatarle el propietario de la empresa Centro de Comunicación Creativa, Bartomeu Morey, que confesó que el ex gerente de Ibatur le había exigido una comisión a cambio de su contratación. Esta declaración fue suficiente para que el juez ordenara el ingreso en prisión del ex alto cargo del PP. Alía se convirtió en el primer político encarcelado por cobro de comisiones, que él niega. Los otros políticos que ingresaron en la cárcel por lo mismo siempre habían reconocido estos cobros.

El empresario Morey, que también fue detenido aunque salió en libertad con cargos y sin fianza, afirmó que Alía no sólo le exigió una comisión –que cifró entre el 10 y el 15 %– mientras fue gerente de Ibatur. Cuando abandonó el cargo político le siguió reclamando este porcentaje de la facturación, que él le entregaba en metálico. .

Bartomeu Morey también afirmó que Alía utilizó su influencia política para conseguirle contratos con otras administraciones públicas dirigidas por el PP. En compensación por esos contratos, también le exigió una comisión del diez por ciento de la facturación. La empresa Centro de Comunicación Creativa, propiedad de Morey, firmó varios contratos en la anterior legislatura con el Ib-Salut y la Fundación Balears Sostenible, que dependía de la conselleria de Turismo.

El empresario sostuvo ante el juez que para recuperar el dinero que pagaba de comisión tuvo que inflar facturas a Ibatur y que la conselleria de Turismo se las pagó sin ningún reparo. También explicó que tuvo que emitir varias facturas falsas a Alía, para justificar el pago de dádivas por trabajos que nunca había realizado.

Alía, defendido por el abogado Llorenç Salvà, negó el cobro de comisiones, pero mantuvo que había trabajado para la empresa de Morey como asesor turístico, y además le consiguió varios clientes. Por tanto, afirmó que el dinero que facturó a esta empresa respondía a servicios profesionales y no al pago de comisiones. En cualquier caso, negó que los contratos que consiguió para el Centro de Comunicación Creativa los lograra gracias a la influencia política que tenía con el anterior Govern del Partido Popular. Sin embargo, los investigadores creen que Alía fue recompensado desde la conselleria de Turismo por haber asumido toda la responsabilidad del escándalo Rasputín y que por ello se le permitió continuar cobrando el dinero de las comisiones de los empresarios que se contrataban.

Miquel Jaume, el dueño de la empresa de espectáculos Trui que se encuentra en libertad bajo fianza de 15.000 euros, reconoció el pasado miércoles ante el juez que la empresa Ibatur, que le contrató para construir todos los stands de las ferias turísticas, le obligaba a fraccionar las facturas. Sin embargo, el empresario niega que pagara algún tipo de comisión o hiciera regalos a los responsables de esta empresa de la conselleria de Turismo a cambio de su contratación.

El empresario del sector de los espectáculos reconoció que nunca puso reparos a presentar facturas fraccionadas por un mismo trabajo, pero insistió en que en ningún caso se inflaban los precios. Dijo que se trataba de un sistema contable que suelen utilizar muchas administraciones para las que ha trabajado. En la anterior legislatura, el Grupo Trui facturó alrededor de ocho millones de euros a Ibatur. Jaume reconoció que era cierto que muchas de las contrataciones que consiguió se las dieron directamente a su empresa saltándose la obligación de convocar un concurso público. En su descargo, afirmó que Trui ofrece una serie de servicios que no ofrecen otras empresas en Mallorca.

Por otra, la Policía está investigando si la empresa Trui regaló el montaje de una fiesta que organizó el hermano de Raimundo Alabern, ex gerente de Ibatur. El familiar fue citado como testigo y negó que hubiera recibido un trato de favor de esta empresa, si bien no pudo aportar la factura que, según él, había pagado a Trui.

Prisión eludible con una fianza de 15.000 euros, retirada del pasaporte y obligación de presentarse en el juzgado cada quince días. Esas fueron las medidas cautelares impuestas ayer a Miquel Jaume, propietario de la empresa especializada en la organización de eventos Grup Trui, por el juez instructor del 'caso Ibatur', Juan Ignacio Lope Sola, a instancias del fiscal anticorrupción Juan Carrau.

Jaume, que permaneció dos días en los calabozos de la Policía Nacional antes de pasar, ayer, a disposición judicial, «lo negó todo» durante la declaración que se prolongó alrededor de unas dos horas y media, según explicóa los medios de comunicación su abogado, Javier Blas.

El propietario del Grup Triu había sido detenido el pasado lunes en el marco de la 'operación Pasarela', abierta tras quince mes de investigación bajo secreto del 'caso Ibatur'.

La detención coincidió con el registro a su empresa, situada en el polígono de Maratxí, realizada durante varias horas por una comisión judicial, que buscaba pruebas que relacionaran al Grup Trui con el pago de comisiones a directivos del Ibatur en la pasada legislatura del Partido Popular.

También, los investigadores se incautaron de abundante material con el objetivo de hallar facturas adulteradas y contratos irregulares firmados por Trui, que organizó multitud de eventos para el Govern y el PP durante el pasado mandato.

El abogado de Jaume ha explicado a los periodistas tras la declaración, que los delitos que le imputan a su cliente son falsedad en documento mercantil, cohecho y fraude.

Jaume deberá pagar esta caución en el plazo de 72 horas y el juez también ha ordenado la retirada de su pasaporte.

Agentes del grupo de delitos económicos de la Policía Nacional trasladaron ayer a los juzgados multitud de cajas con documentación sobre este caso, y parte de ella fue enseñada a Jaume, quien negó haber cometido irregularidades en sus relaciones comerciales con el Govern de Jaume Matas.

Por la mañana, Miquel Jaume se había negado a prestar declaración ante el fiscal y los agentes de la policía, acogiéndose a su derecho constitucional a mantener silencio. Fue una decisión que tomó personalmente, sin consultársela a su abogado, que en ese momento le asistía, según confirmaron fuentes judiciales.

A mediodía, y ya ante el juez y el fiscal Carrau en el juzgado de Vía Alemania, el dueño del Grup Trui defendió «en todo momento»su inocencia. Fue trasladado en una coche de la policía, no en un furgón, como suele ser habitual, y en su semblante se dibujaba de manera perceptible los difíciles momentos que pasó durante las dos noches que durmió en los calabozos de la Policía Nacional de Palma.

LA POLICÍA INVESTIGA SI EL DUEÑO DE TRUI FINANCIÓ TAMBIÉN LA CAMPAÑA DEL PP

El Grupo de Delincuencia Económica está investigando si Miquel Jaume, dueño del Grupo Trui, ayudó también a financiar la campaña electoral del PP balear, con el montaje gratuito de varios actos, en agradecimiento por los millonarios contratos que firmó con el Instituto Balear del Turismo (Ibatur). El empresario seguía ayer detenido a la espera de que hoy se le tome declaración.

El Grupo de empresas Trui mantuvo durante la anterior legislatura una estrecha relación con Ibatur, empresa pública del Govern encargada de la promoción turística. A esta empresa se le otorgaron los más elevados contratos por el montaje de los stands que la conselleria de Turismo presentaba en las más importantes ferias turísticas que se celebran cada año en distintas ciudades principalmente del extranjero.

La Policía ha constatado que una vez que Trui conseguía un contrato, y ya iniciado el correspondiente trabajo, Jaume solicitaba una ampliación del presupuesto a Turismo. Han sido varios los casos en los que el empresario consiguió que Ibatur le autorizara la ampliación del presupuesto que en muchas ocasiones llegó a doblar la partida inicialmente aprobada. Los investigadores sospechan que una parte de este aumento del coste inicial se podría haber destinado al pago de comisiones a los responsables políticos de la Conselleria.

La estrecha sintonía de este grupo empresarial del negocio del espectáculo y el Partido Popular es una situación que están analizando los investigadores, que dedicaron la jornada de ayer a revisar toda la documentación intervenida en el registro realizado el pasado lunes en la sede de Marratxí.

Según fuentes próximas a la investigación, se ha constado que Trui facturó durante la anterior legislatura a Ibatur unos 8 millones de euros. Ahora se está analizando contrato por contrato para comprobar si las facturas cobradas respondían a los trabajos realizados o, en cambio, las cantidades se inflaron para justificar el desvío de una parte del dinero. Lo cierto es que durante la época en la que Ibatur estuvo gobernada por el PP, la empresa de Miquel Jaume se llevó los contratos más elevados. Trui se encargó del montaje de los grandes eventos de promoción turística. No había stand de una feria turística donde Ibatur pretendía promocionar el turismo de Balears que no se contratara a Trui. Aunque existía la obligación legal de convocar un concurso público para estos proyectos, debido a su alto coste económico, muchos de los contratos se daban directamente a Trui, según ha descubierto la Policía.

Miquel Jaume Pérez, dueño del grupo Trui, principal promotor de espectáculos, organizador de ferias y mítines políticos de Mallorca, ha sido el decimosexto detenido por presunta relación con la trama delictiva Ibatur/operación pasarela. La detención se produjo ayer, en la tercera semana de actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Ibatur/operación pasarela de supuesta malversación de fondos públicos y cobro de sobornos (de hasta el 10%, según un acusado) en el Instituto Balear de Turismo, bajo la Administración del PP de Jaume Matas. Sobre Jaume Pérez recaen sospechas de supuestos pagos de comisiones ilegales a las autoridades públicas y una posible relación con episodios de posible financiación irregular del PP. Jaume montó actos electorales a diferentes partidos, aunque el PP fue su principal cliente electoral y logró cuantiosas adjudicaciones del Gobierno de Matas.

De los detenidos en este caso, el ex gerente de Ibatur, Juan Carlos Alía, está en prisión provisional; el último gestor, Raimundo Alabern, pagó una fianza de 350.000 euros, y el ex secretario de la empresa, Miquel Àngel Bonet, depositó 250.000 euros para eludir la cárcel. Los tres se han desvinculado del PP tras quedar imputados.

En 1995, Miquel Jaume, de Trui, estuvo involucrado en el caso Sóller por ser el receptor de uno de los talones fraccionados de los 300.000 euros de las comisiones del PP del ex presidente Gabriel Cañellas que Jaume ingresó en la cuenta de una persona fallecida para ocultarla al fisco.

La tercera fase de la operación Pasarela, que intenta aclarar los presuntos delitos cometidos en la empresa Ibatur en la anterior legislatura, arrancó ayer con la detención del empresario del sector de espectáculos más importante de Mallorca. Se trata de Miquel Jaume, presidente y propietario de Trui Espectáculos, una empresa que facturó varios millones de euros a la conselleria de Turismo por la organización y el montaje de la mayoría de stand de promoción turística que se organizaron durante la anterior legislatura. Los investigadores sospechan que Jaume habría pagado comisiones a cambio de recibir este trato de favor del anterior Govern del Partido Popular.

La comitiva policial se personó a primera hora de la mañana de ayer en la sede de esta empresa de espectáculos, que tiene sus oficinas centrales en el Polígono de Marratxí. Los agentes iban acompañados por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach y contaban con una autorización de entrada y registro de la oficina firmado por el juez Juan Ignacio Lope Sola.

El registro se prolongó durante casi cuatro horas y los agentes recogieron información almacenada en el sistema informático, así como todos los documentos en papel que hacían referencia a los contratos suscritos por Ibatur durante la anterior legislatura política. Por la tarde el registro continuó en la sede de la otra empresa que gestiona Jaume. Se trata de la sociedad Feria Service, que precisamente es la encargada de gestionar la organización y el montaje de todos estos eventos.

Los investigadores han comprobado que el Grupo Trui recibió centenares de contratos de la conselleria de Turisme y también trabajó en numerosas ocasiones para el Partido Popular. La mayoría de estas contrataciones públicas se adjudicaron tras la convocatoria previa de un concurso. Sin embargo, existe la sospecha policial de que estos concursos se manipulaban para premiar siempre a la misma persona.El empresario del mundo del espectáculo fue localizado a primera hora de la mañana de ayer en la sede de su propia oficina en Marratxí. De allí fue llevado hasta comisaría, mientras los policías iniciaban el registro de su oficina, cuya puerta principal fue cerrada para evitar la salida del personal que habría participado en la gestión de los contratos con Ibatur.

Esta detención del empresario se realiza dos días después de que Juan Carlos Alía, el antiguo gerente, ingresara en prisión acusado de exigir comisiones a los empresarios que trabajaban para la conselleria de Turismo a cambio de contrataciones directas. Un empresario le acusa de haberle exigido el pago de una comisión del diez por ciento.

El nombre del propietario del Grupo Trui ya salió durante el interrogatorio que se realizó a Raimundo Alabern, ex gerente de Ibatur. Reconoció que los grandes montajes escénicos que organizaba Ibatur se lo proponían directamente a la empresa Trui, a pesar de que se trataba de proyectos que por su cuantía económica precisaba la convocatoria de un concurso, que muchas veces no se hacía, según ha verificado la Policía.

Anticorrupción sospecha que este trato de favor que recibía Trui lo compensaba con el abono de comisiones a los políticos.

Era frecuente que cada vez que el presidente de Trui organizaba una cena para sus empleados, sobre todo para celebrar las fiestas de Navidad, aprovechara entre brindis y brindis para arengar con un pequeño discurso político a sus empleados. Un discurso en el que no perdía la ocasión para decir a sus trabajadores que el mejor consejo que podía darles era que votaran al Partido Popular en las elecciones autonómicas. Si el PP ganaba los comicios, prácticamente aseguraba a sus trabajadores que podría seguir pagándole las nóminas, ya que estaba seguro que sus empresas recibirían decenas de contratos públicos de la administración autonómica. Pero no sólo pedía el voto para el Partido Popular. También aprovechaba las cenas para criticar al resto de formaciones políticas que no eran de su agrado.

Personas próximas al empresario han señalado que la cuenta de resultados durante la actual legislatura surgida de los contratos con la administración autonómica ha sufrido un importante descenso.

No es la primera vez que Miquel Jaume tiene problemas con la justicia. Hace más de una década y durante la investigación de la agencia de valores Brokerval, que derivó en el escándalo del túnel de Sóller, se descubrió que el dueño de Trui estaba utilizando una cuenta bancaria a nombre de su difunta madre para movilizar fondos económicos de su empresa. El empresario ahora detenido reconoció que aprovechaba esta cuenta bancaria para realizar pagos y recibir cobros de dinero negro.

ALÍA RECONOCIÓ LA AMISTAD CON EL DETENIDO QUE LE DELATÓ PERO NEGÓ LAS COMISIONES

Juan Carlos Alía, el ex gerente de Ibatur que ingresó en prisión el pasado sábado por el cobro de comisiones durante su gestión política, se mostró sorprendido cuando descubrió el nombre del empresario que le delató. Alía, que durante el corto periodo de tiempo que ocupó este cargo público protagonizó el escándalo Rasputín, reconoció ante el juez que mantenía una antigua amistad con el empresario que había confesado que pagaba comisiones a cambio de recibir contratos para el Ibatur.Bartomeu Morey, propietario de la empresa Centro de Comunicación Creativa, recibió decenas de encargos de Ibatur para realizar los folletos de publicidad que editaba la conselleria de Turismo. El empresario fue detenido la pasada semana y permaneció dos días en los calabozos, ya que se sospechaba que este trato de favor del que estuvo disfrutando durante la anterior gestión en la empresa Ibatur, la logró a cambio del pago de comisiones. Morey confesó que, en efecto, pagó estas comisiones y que fue el ex alto cargo del PP Juan Carlos Alía quien le exigió que entregara en metálico el diez% de todo el dinero que facturaba a Ibatur.

Alía fue citado por el juez Lope Sola para que compareciera el sábado por la tarde en el juzgado de guardia para realizar una nueva declaración. El ex gerente de Ibatur acudió a la cita acompañado de su abogado Llorenç Salvà. El juez le mostró la confesión del empresario y Alía se mostró sorprendido. Reconoció que su relación comercial con Morey era muy antigua, pero en todo momento negó que le hubiera exigido comisiones.

Sin embargo, tanto el juez como la fiscalía Anticorrupción dan más crédito a la confesión del empresario que a la explicación que dio Alía en su última declaración. Se sospecha que el ex gerente de Ibatur no sólo exigió comisiones a la persona que diseñaba y editaba los folletos de publicidad, sino que también hizo lo propio con otras empresas que recibían proyectos de Ibatur. Por ello no se descarta que puedan producirse nuevas detenciones de empresarios que han estado trabajando muy estrechamente con la empresa Ibatur durante la anterior legislatura.

Juan Carlos Alía fue detenido ya en la primera fase de la operación Pasarela. El antiguo gerente de Ibatur creó una empresa junto a su socio Juan Antoni Ramonell tras su dimisión. A través de esta empresa facturó unos 30.000 euros por tres contratos directos con la conselleria de Turismo. Los investigadores creen que estos trabajos nunca se llegaron a hacer y que este dinero fue la recompensa por haber asumido toda la responsabilidad en el escándalo Rasputín.

ALÍA INSISTE EN QUE NO SE LUCRÓ EN IBATUR Y ASUME «TODA LA RESPONSABILIDAD»

Las supuestas pruebas «demoledoras» en su contra que le enseñaron los fiscales anticorrupción, no apartaron lo más mínimo al ex gerente del Ibatur Juan Carlos Alía de su principal tesis de defensa en la 'operación Pasarela', y que no es otra que la de negar de manera sistemática cualquier irregularidad en su gestión.

«No he cobrado comisiones (entre el 10 y el 14 por ciento, según el Ministeio Público) ni me consta ningún hecho irregular», declaró Alía el pasado sábado, poco antes de ser enviado a prisión por el magistrado Juan Ignacio Lope Sola.

El ex gerente de Ibatur decidió asumir toda la responsabilidad, al igual que lo hizo en 2004, cuando estalló el 'caso Rasputín' -Alía pagó una salida nocturna a ese club erótico moscovita con fondos públicos-, que le obligó a presentar su dimisión.

En la 'operación Pasarela', como en el 'caso Rasputín', Alía se negó a «a tirar de la manta» y acusar a sus superiores, según las fuentes jurídicas consultadas por este diario.

La insistencia de Alía en asumir en solitario toda la responsabilidad en los hechos investigados, aún a costa de su ingreso en la cárcel de Palma, como así ocurrió, dejó perplejos a los fiscales, que no tuvieron más opción que pedir al juez medidas más contundentes contra el imputado.

Alía fue interrogado el pasado sábado en las dependencias del juzgado de guardia, que ese día correspondía a Instrucción 2. Se presentó como un imputado en libertad bajo fianza de 30.000 euros, situación procesal que el juez varió por la de prisión incondicional sin fianza.

En la 'operación Pasarela', que comenzó el 29 de junio a iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción, se investiga el supuesto desvío de fondos públicos del Ibatur, mediante contratos irregulares, cuando este organismo público fue gestionado por el PP en la pasada legislatura autonómica (2003-2007).

En la primera fase de esta operación se detuvo a trece personas -todas ellas en libertad con o sin fianza- y se registraron cinco empresas y una fundación en Mallorca y Madrid relacionadas con el Ibatur.

El juez debe resolver en los próximos días el recurso de reforma y subsidiario de apelación en contra del ingreso en prisión de Alía presentado por su abogado, Llorenç Salvá.

EL EX GERENTE DE IBATUR JUAN CARLOS ALÍA, EN PRISIÓN POR LUCRARSE CON COMISIONES DE LOS CONTRATOS

Juan Carlos Alía, quien fuera primer gerente del Ibatur durante el gobierno de Jaume Matas, ingresó en la tarde-noche del pasado sábado en prisión por orden del juez Juan Ignacio Lope Sola, que instruye la llamada ‘operacón Pasarela'. Alía fue detenido el pasado 30 de junio y, tras pasar tres días en los calabozos de las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, declaró ante el juez el pasado 3 de julio y salió en libertad tras depositar, en metálico, una fianza de 30.000 euros. Sin embargo, el juez cree haber hallado nuevas pruebas incriminatorias contra Alía, como el quedarse con comisiones de entre el 10 y el 14 por ciento de los contratos que firmaba para el Ibatur. Estas nuevas pruebas, descubiertas a través de registros y declaraciones de otros imputados, hizo que el juez Lope Sola, que el pasado sábado se encontraba de guardia, cambiara la situación procesal del imputado y decretaba para él prisión provisional sin fianza. Es previsible que su abogado, Lorenzo Salvà, presente hoy un recurso contra esta medida. Es la primera ocasión en la que un acusado de corrupción en Mallorca que ha pagado una fianza ve alterado su proceso e ingresa en prisión sin haberse celebrado un juicio.

Alía, tras salir en libertad bajo fianza, afirmó a la salida de los juzgados de Via Alemanya: «No he hecho nada» y contó lo mal que lo había pasado en los calabozos de la Jefatura palmesana. «Estuve solo la mayor parte del tiempo y olía a orina» o «Esto no se lo deseo ni al peor de mis enemigos» fueron algunas de las frases.

Juan Carlos Alía fue detenido junto al también ex gerente del Ibatur Raimundo Alabern y el ex asesor jurídico de este organismo, Miquel Àngel Bonet, después de que empleados públicos de alto nivel de la Conselleria de Turisme apuntaran a estos tres cargos como responsables de decenas de adjudicaciones presuntamente irregulares.

Alabern no ingresó en prisión tras depositar un aval bancario por valor de 350.000 euros y el juez impuso a Bonet una fianza de 165.000 euros, que se suman a los 85.000 que tuvo que abonar en febrero de 2009.

Tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción sospechan que hubo pagos masivos y muy fraccionados por trabajos que no existían o que no constaban lo que se abonó por ellos.

En el transcurso de esta operación el juez también descubrió pagos entre la cúpula del Ibatur en la época de Matas y dos empresas (Easy Concept y Over Marketing) vinculadas en la trata ‘Gürtel'.

Durante la ‘operación Pasarela' se han registrado numerosas agencias de publicidad de la Isla que trabajaron en aquella época con la Conselleria de Turisme, además de las oficinas del Reial Pula Golf, que recibió 17 millones de euros para la organización de un torneo del Circuito Europeo y diversas promociones de este deporte.

El ex director gerente del Ibatur, Juan Carlos Alía, ingresó el sábado en la cárcel de Palma, después de prestar declaración ante el juez José Ignacio Lope Sola, quien instruye el presunto desvío de dinero de la conselleria de Turismo. El magistrado ordenó la prisión provisional sin fianza del alto cargo de Jaume Matas al conocer nuevos hechos incriminatorios, en concreto, Alía exigió supuestamente una comisión del 10% por los encargos de su departamento.

La trayectoria profesional de Alía ha girado entre la empresa privada, se formó en el turoperador TUI, y la Administración pública –trabajó en Turismo durante dos etapas, de 1992 y 1997 y entre 2003 y 2004–. Alía protagonizó un primer escándalo cuando cargó al presupuesto económico siete tiques de acceso al club de alterne moscovita Rasputín hace seis años. Su segunda intervención ´desgraciada´ ocurrió el pasado 30 de junio, cuando fue detenido en los calabozos durante 72 horas, junto al resto de la cúpula del Ibatur, por el cobro de unos 30.000 euros mediante contratos supuestamente ilegales adjudicados a la sociedad que compartía con el ex alcalde de Montuïri, Juan Antonio Ramonell, también del PP.

Alía abandonó el 3 de julio el calabozo previo pago de una fianza de 30.000 euros y con aparente entereza –"Hacedme las fotos solo a mí, que no me escondo", dijo–. Sin embargo, el sábado el ex director gerente del Ibatur no pudo contener las lágrimas cuando se le comunicó su traslado al centro penitenciario. Pese a tratarse de fin de semana, la actividad en el juzgado de Vía Alemania fue muy intensa, aunque marcada por un profundo sigilo, hasta el punto de que los medios de comunicación no fueron testigos de lo que allí ocurría.

Lope Sola, del juzgado de instrucción número 2, que indaga este caso denominado operación Pasarela, aprovechó que se encontraba de guardia el sábado para reclamar, por la tarde, la presencia de Juan Carlos Alía, asistido por su abogado Llorenç Salvà. La decisión no era caprichosa. A lo largo de la semana había ordenado el arresto de dos empresarios del ámbito de la publicidad, Guillem Deyà, dueño de Espiral, y Bartolomé Morey, de Centro de Comunicación Creativa, encargado de elaborar los folletos de la promoción turística de Balears, entre otras tareas. La declaración de Bartolomé Morey, que habría atribuido a Alía una serie de actuaciones de indudable gravedad, desencadenó la intervención del juez y el fiscal anticorrupción.

El ex gerente del Ibatur respondió a las preguntas del magistrado y del ministerio Fiscal, que ante los indicios incriminatorios y el riesgo de fuga, solicitó su prisión. La petición fue atendida por Lope Sola y, al anochecer, un coche patrulla recogió al hombre que se hizo famoso a nivel nacional por cargar a la Comunidad Autónoma las entradas del Rasputín.

La operación Pasarela ha dado un giro inesperado para Juan Carlos Alía, que tras la detención del pasado 30 de junio, salió de las dependencias judiciales con la fianza más baja de todos los integrantes de la cúpula del Ibatur en tiempos del PP. Su sucesor, Raimundo Alabern, abonó 350.000 euros y el ex secretario y ex asesor jurídico del organismo público, Miquel Àngel Bonet, desembolsó 250.000 euros. La operación Pasarela estalló con toda crudeza el 29 de junio, con las primeras diez detenciones, después de un año de pesquisas.

LA OPERACIÓN QUE DEJA TRADUCCIONES AL CHINO Y SUPUESTAS COMILONAS CON 1.500 INVITADOS

A la operación Pasarela se le podía haber añadido el adjetivo ´multitudinaria´, visto el elevado número de personas que desfilan por los juzgados, implicados en el supuesto enriquecimiento con fondos procedentes de la conselleria de Turismo y, en concreto, de su Instituto Balear del Turismo (Ibatur), que la actual consellera del ramo, la socialista Joana Barceló, ha eliminado ante la mala fama que ha adquirido dentro y fuera de las fronteras baleares.

Por el Ibatur cayó la anterior cúpula de la conselleria de Turismo, en manos de UM, ya con el Govern de Antich. Y ahora el juez Juan Ignacio Lope Sola y los fiscales desentrañan los desbarajustes de la pasada legislatura. De las primeras indagaciones se ha conocido el pagó de 6.000 euros por traducir el nombre del citado instituto al chino mandarín. Cada letra le costaba a las arcas públicas 6.000 euros. El dinero fue a parar al ex concejal del PP de Lloseta y sobrino político de Jaume Matas, Felip Ferré, quien ya fue detenido en la operación Scala por pagar comisiones a Antònia Ordinas, ex gerente del CDEIB. La operación Pasarela también nos ha dejado una comida en Polonia para, supuestamente, 1.500 comensales que asistían a un evento para captar turistas de aquel país.

Las explicaciones del empresario Kamal Dorai, encargado del ágape, no han convencido ni a los policías ni a los fiscales, que tratan ahora de confirmar que las facturas de dicho almuerzo se hincharon o, incluso, se falsificaron.

Y entre tanto desmán, subyace la supuesta financiación ilegal de la campaña electoral del Partido Popular. La Policía sospecha que las empresas de publicidad implicadas recibieron un trato de favor del partido a cambio de los millonarios contratos conseguidos en la conselleria de Turismo.Cuatro responsables de área del Ibatur reconocieron que manipulaban expedientes de contratación para favorecer a un determinado número de sociedades. Los empleados públicos revestían de legalidad los encargos a estas empresas. Las indagaciones, indican las fuentes consultadas, sólo han hecho que comenzar.

El primer empresario de espectáculos y mítines de Mallorca, Miquel Jaume Pérez, de la firma Trui Espectacles, ha sido detenido esta mañana en Marratxí, por su posible relación de el caso Ibatur/operación Pasarela de posibles pagos de comisiones y financiación del PP. Miquel Jaume ya fue relacionado en el caso Sóller de 1995 y reconoció que cobró un talón del PP procedentes de las comisiones de un concesionario que ingresó de manera opaca, en la cuenta a nombre de una persona fallecida. Trui ha prestado servicios a la mayoría de grupos e instituciones.

Por otra parte, el juez del caso ordenó este fin de semana el ingreso en la cárcel, sin fianza, de Juan Carlos Alía, ex director gerente de Instituto Balear de Turismo que había quedado hace una semana en libertad con una caución de 30.000 euros. El juez conoció detalles de supuestos sobornos cobrador por Alía tras la confesión de un socio y ordenó la detención inmediata.

Este ex político del PP ya renunció al cargo en el Ibatur en 2004 tras cargar consumiciones en un club cabaret sexual de Moscú, Rasputín, a las arcas públicas.

El propietario de la empresa audiovisual Espiral, que fue detenido el pasado martes por su implicación en la llamada operación Pasarela, que se desarrolla para determinar las presuntas irregularidades en la gestión de la empresa Ibatur durante la pasada legislatura, salió en libertad bajo fianza. El juez Juan Ignacio Lope Sola tomó declaración al empresario Guillem Deyà, quien facturó más de dos millones de euros a Ibatur para realizar, entre otros muchos proyectos, los vídeos de promoción de la conselleria de Turismo.

El empresario, que estuvo defendido por los abogados Gregorio San José y Alberto García, reconoció la estrecha relación que mantuvo con la anterior administración del Partido Popular, que al margen de los proyectos que realizó para la empresa Ibatur, también le encargó la cobertura informativa de la última campaña electoral, sobre todo de la candidata Rosa Estarás.

Guillem Deyà, que tiene un plazo de 72 horas para presentar la fianza de 100.000 euros que le impuso el juez para continuar en libertad, fue preguntado por el contrato que firmó a mitad de la legislatura pasada con la conselleria de Vicepresidencia. El Govern del PP suscribió un contrato con la productora Espiral para que se realizara un seguimiento durante dos años de cada una de las actuaciones públicas que realizara la ex vicepresidenta Rosa Estarás. A cambio de este trabajo, que consistía sobre todo en tomar imágenes de los actos, la productora presentaba y cobraba una factura mensual de siete mil euros. El empresario tenía a cuatro personas contratadas que se dedicaban a cubrir toda la información que surgía alrededor de Rosa Estarás. Este seguimiento se realizaba al margen del gabinete de prensa que tenía la propia Conselleria. La información que elaboraba la productora se facilitaba después a otros medios de comunicación, a pesar de que muchos de los actos que realizaba Estarás no tenían el más mínimo interés informativo. Los investigadores creen que el Govern destinó dinero público para ensalzar mediáticamente la labor de la vicepresidenta y utilizar después este trabajo para ensalzar la figura de Rosa Estarás como candidata del PP a la presidencia del Consell Insular, cargo que no consiguió. El empresario reconoció que sólo por este trabajo para la vicepresidenta facturó unos 400.000 euros.

Al margen de que Guillem Deyà quedara en libertad, el juez le imputa inicialmente los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude a la administración y falsedad. El fiscal le acusa de haber pagado comisiones a personas próximas al PP a cambio de recibir directamente estos encargos de Ibatur con la manipulación de concursos. Durante el interrogatorio policial al detenido se le preguntó si en algún momento había pagado una comisión a Raimundo Alabern, ex responsable máximo de Ibatur, acusación que él rechazó. Sin embargo, los investigadores tienen sospechas que apuntan a todo lo contrario, es decir, que Deyà pagó comisiones.

EL DUEÑO DE ESPIRAL RECONOCE QUE EL PP NO LE HA PAGADO LA CAMPAÑA ELECTORAL

Guillem Deyà, el dueño de la productora audiovisual Espiral, detenido por presunta corrupción, reconoció que todavía no ha cobrado las facturas por la cobertura informativa que realizó de la última campaña electoral del Partido Popular, en 2007. Sin embargo, niega que realizara este trabajo gratis a cambio de los millonarios contratos que suscribió con la empresa Ibatur y con otras conselleries del anterior Govern.

El dueño de la productora confirmó al juez que el Partido Popular aún le debe una factura de 50.000 euros por los gastos de la última campaña del año 2007. Explicó que había intentado cobrar la factura en sucesivas ocasiones y que sólo consiguió que el gerente del Partido Popular le firmara un reconocimiento de deuda por la cantidad que le debía. Sin embargo, a pesar de que ya hace tres años que culminó la campaña electoral, el empresario reconoció que no había ordenado ninguna iniciativa judicial para poder cobrar este dinero. Deyà justificó que no sólo ha realizado trabajos audiovisuales para el Partido Popular, sino también para otras formaciones políticas de las islas, y que tampoco le han pagado todo lo que le debían.

Otro de los contratos millonarios que está analizando el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía y la fiscalía Anticorrupción es uno que suscribió con la antigua conselleria de Inmigración del Govern del PP, que dirigía Encarnación Pastor. Deyà cobró 500.000 euros por realizar documentales sobre los proyectos de cooperación que realizaba la Conselleria, si bien los investigadores creen que las facturas se habrían inflado.

Hasta el momento la Policía ha averiguado que la empresa Espiral, que tiene sus orígenes en una modesta tienda de fotografía de Sóller, recibió más de 25 contrataciones de Ibatur. El contrato más elevado se cifró en un millón de euros a cambio de la cobertura informativa y del montaje de los actos de promoción que el Govern organizó durante una de las ediciones de la feria de Fitur de Madrid. El empresario audivisual, cuyo progreso económico se ha producido de la mano del Partido Popular, niega que el algún momento desde la administración autonómica le exigieran que pagara comisiones, aunque la fiscalía Anticorrupción cree todo lo contrario y sospecha que los políticos le exigían el pago de estas dádivas a cambio de recibir un trato de favor frente a otras empresas que se dedicaban al mismo negocio.

La declaración de Deyà no convenció a los fiscales Joan Carrau y Miguel Ángel Subirán, que solicitaron al juez que fijara una fianza de 100.000 euros a cambio de su puesta en libertad.

El caso Pasarela ha abierto un nuevo frente de investigación en el que se pretende determinar si el Partido Popular de Balears pudo utilizar los fondos del Instituto Balear del Turismo (Ibatur) para pagar una parte de sus campañas electorales.

La Policía sospecha que el propietario de la empresa Espiral, que se encargó entre otras de la cobertura audiovisual de la campaña de Rosa Estarás a la presidencia del Consell de Mallorca, pudo tener un trato de favor con el partido a cambio de los millonarios contratos que había recibido con anterioridad del Ibatur, empresa pública dependiente de la conselleria de Turismo.

El empresario Guillermo Deyà, que fue detenido el pasado martes, fue interrogado ayer por la Policía. Los investigadores han estado analizando en profundidad los expedientes de contratación de esta empresa y se han detectado decenas de irregularidades. Para la Policía no hay duda de que la empresa Espiral tuvo siempre un trato de favor en Ibatur y ahora se intenta determinar a cambio de qué.

Según los datos de que disponen en estos momentos los policías, la empresa Espiral habría recibido durante el periodo de gobierno del PP unos ingresos de más de dos millones de euros. Esta empresa obtuvo el encargo de elaborar los vídeos que la conselleria de Turismo mostraba en todos los actos de promoción turística.

La buena sintonía de esta productora con el anterior Govern fue mucho más lejos, ya que después también fue contratada para que realizara la cobertura informativa de la campaña electoral.

Las cámaras de televisión de Espiral realizaron un seguimiento constante de los candidatos que el Partido Popular presentó a las últimas elecciones, especialmente de Rosa Estarás. Espiral grababa todas las intervenciones de los líderes y se encargaba de dar la señal a las televisiones interesadas.

Según los datos que manejan los investigadores, supuestamente el propietario de la productora habría regalado vídeos y montajes promocionales al PP en agradecimiento por haber conseguido decenas de contrataciones directas de Ibatur.

El empresario Deyà fue interrogado ayer tarde por los policías que le mostraron los numerosos expedientes de contratación que están repletos de irregularidades. A pesar de las elevadas cuantías económicas que se dedicaban a la difusión audivisual de las imágenes de Baleares que servían para captar turistas, los expedientes de contratación no se realizaban según marca la ley.

Ibatur ha utilizado el método de los contratos fraccionados para elegir casi siempre a un determinado empresario. En el caso de la elaboración de los vídeos, la productora que siempre recibía este trato de favor era la empresa Espiral.

Además de Guillermo Deyà, ayer también continuaba detenido el responsable de la empresa Centro de Comunicación Creativa, Bartolomé Morey, que se encargó de elaborar los folletos de publicidad de Ibatur. Está previsto que ambos pasen esta mañana a disposición judicial.

Anticorrupción también cree que este empresario recibió un trato de favor frente a otros competidores, ya que los encargos que hizo los consiguió todos a través de contratos fraccionados que no solían superar los 12.000 euros de coste. Los investigadores creen que esta empresa ha podido cobrar dinero por proyectos que no ha hecho y que este dinero bien podría haberse destinado al pago de comisiones.

El ex alcalde de Montuïri y ex director general de Obras Públicas del Govern, Joan Antoni Ramonell, declaró ayer en la Jefatura Superior de Policía imputado en el caso Ibatur. Ramonell, un histórico del PP balear, fue interrogado acerca de los tres contratos menores que fueron adjudicados directamente a una sociedad que comparte con Juan Carlos Alía, ex director-gerente del Ibatur y que está en libertad bajo fianza de 30.000 euros.

Una cifra similar es la que cobró la sociedad de ambos ex altos cargos del PP para unas asesorías en materia turística que los investigadores del caso sospechan que nunca se hicieron . Ramonell sostuvo ayer todo lo contrario, que los trabajos sí se realizaron.

DETENIDOS LOS EMPRESARIOS QUE HACÍAN LOS VÍDEOS Y LOS FOLLETOS PARA IBATUR

La segunda fase de la Operación Pasarela, que pretende descubrir las presuntas irregularidades cometidas en la empresa Ibatur durante la época del Partido Popular, arrancó ayer con nuevos registros y nuevas detenciones.

La Policía detuvo a dos empresarios, ambos relacionados con el negocio de la promoción y de la publicidad, sobre los que recae la sospecha de haber recibido un trato de favor de Ibatur a cambio de inflar facturas y pagar comisiones.

La nueva línea de investigación de este caso se centra ahora en las empresas Espiral y Centro de Comunicación Creativa. Las tres oficinas de estas sociedades, ubicadas en las localidades de Palma, Marratxí y Sóller, fueron registradas ayer por los agentes, que se incautaron de numerosos documentos que serán analizados.

La empresa Espiral, cuyo propietario se encontraba ayer tarde detenido en los calabozos de la jefatura de Policía, se dedicó durante la época en la que el PP gobernaba el organismo de promoción turística Ibatur, a realizar numerosos proyectos contratados por el Govern. En concreto, se encargó de realizar los vídeos de promoción de Balears, así como otros proyectos audiovisuales que le encargaba Ibatur.

La empresa Espiral, además, ha mantenido en los últimos años una muy estrecha relación con el Partido Popular. Entre los muchos trabajos que realizó esta productora se incluían trabajos durante la campaña electoral del PP en Balears, y se encargó de realizar las transmisiones de los mítines de los principales líderes. No había acto político organizado por el Partido Popular donde no hubiera una cámara de televisión de esta empresa, que comenzó con una pequeña tienda de fotografía e imagen de Sóller y que fue ampliando el negocio, en parte, gracias en las buenas relaciones que mantenía con el anterior Govern balear.

Además de las sedes de la productora Espiral, la Policía realizó también otro registro en la oficina principal de la empresa Centro de Comunicación Creativa, una sociedad que está especializada en las campañas de publicidad. Esta empresa, al igual que la productora de televisión, ha realizado numerosos proyectos para Ibatur. En concreto se encargaba de realizar los folletos de promoción turística de Balears.

Los investigadores se llevaron ayer varias cajas de documentos de estos tres registros. Esta segunda fase de la operación Pasarela se desarrolló bajo la supervisión del juez del juzgado de instrucción número 2 de Palma, que mantiene la investigación bajo secreto. Los investigadores están analizando centenares de cajas de documento intervenidos.

Felip Ferré, el ex concejal del PP en Lloseta, ha reconocido que el 40 por ciento del dinero que a través de su empresa facturó a Ibatur lo entregó después, en concepto de comisión, al ex conseller Josep Juan Cardona. También ha afirmado que este dinero se repartió más tarde con el ex director general de promoción, Kurt Viane, y con la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas.

Felip Ferré figura como socio mayoritario y administrador de la empresa Gourmet And Boutique Consulting. Esta empresa, constituida en el año 2005, ha trabajado casi exclusivamente para empresas públicas del anterior Govern del PP.

Por requerimiento del juez del TSJB, Antoni Capó, la Agencia Tributaria de Balears ha realizado una inspección de las cuentas de esta empresa, que sólo al año de su constitución llegó a facturar casi 900.000 euros por trabajos, muchos de ellos falsos, para el Govern balear.

El inspector, en su informe, aprecia un elevado número de infracciones, aunque no ha podido revisar toda la documentación de la sociedad, entre otras cosas, porque está en poder de la Policía. El funcionario señala que Ferré ha podido incurrir en un delito fiscal.

La empresa de Ferré tenía como principal cliente al CDEIB, aunque también ha trabajado para otras empresas del Govern. Por ejemplo, Gourmet and Boutique fue el encargado de desarrollar el proyecto Honey Moon, que fue financiado por Ibatur. Consistía en promocionar enlaces matrimoniales en China e invitar después a las parejas que se casaban con un viaje de boda a Balears.

Estaba previsto promocionar este proyecto a través de un programa de televisión que nunca llegó a realizarse. Sin embargo, a pesar de que este proyecto fue un fracaso, porque ni una sola pareja de China viajó a Mallorca, la empresa Ibatur lo patrocinó con 300.000 euros. Ferré ha reconocido que infló esta factura que pagó la conselleria de Turismo y que lo hizo para pagar las comisiones que le exigían Cardona, Viane y Ordinas.

Ferré, que es sobrino político de Jaume Matas, también ha confesado que con fondos de la conselleria de Comerç se pagó un viaje particular a China donde fueron él, su socia Antonia Ordinas y Kurt Viane. Para justificar estos gastos se inventaron el siguiente concepto: "Preparación evento Rafa Nadal". Se utilizó el nombre del tenista de Manacor para justificar los gastos particulares de un viaje que se pagó con dinero público.

Felip Ferré, a través de su empresa, fue el encargado de organizar los viajes de promoción de los productos de Balears, financiados desde la conselleria de Comercio, que se realizaron en China. El empresario de Lloseta facturó al Govern balear un proyecto que consistía en una firma de colaboración con los gobiernos de las provincias chinas de Hangzhoy y Nanking, por el que cobró 9.230 euros. Sin embargo, según se ha demostrado, nunca se llegó a firmar ningún convenio con las autoridades políticas de estas provincias chinas, pero el Govern del PP pagó las facturas que le presentaron.

También se encargó Ferré de la preparación del viaje que la comitiva balear realizó a la ciudad de Shanghai en el año 2006 para promocionar los productos de las islas. Sólo por la organización del viaje, que consistió en montar la logística del traslado, contratar a los traductores y preparar todo el protocolo para las entrevistas con las autoridades chinas, la empresa percibió casi 9.000 euros. Pero se ha averiguado que por la organización de este mismo evento, y prácticamente por los mismos conceptos, se pagó una segunda factura de casi 11.000 euros. Ferré ha reconocido que se duplicaron y se cobraron dos facturas por los mismos servicios durante este viaje a China.

El ex concejal del PP en Lloseta acusa, no tanto a Cardona, sino a Antònia Ordinas de ordenarle que inflara las facturas porque debía entregarle una parte de los beneficios como comisión.

Además de la empresa Gourmet and Boutique Islands, Felip Ferré también controlaba la sociedad Comarca Global Consulting. Estas empresas han facturado miles de euros a la conselleria de Comerç. Los inspectores que han realizado el análisis de la contabilidad de estas sociedades, basándose en el análisis de los documentos y de las declaraciones del empresario, han constatado que Ferré ha cobrado dinero por proyectos que no ha hecho y que ha justificado su cobro presentando facturas falsas.

Uno de los ejemplos más claros es la factura de casi 30.000 euros que le abonó la conselleria de Comercio al ex concejal del PP en Lloseta por elaborar un estudio sobre la situación actual de la industria balear. Ferré, que no tiene ninguna titulación que justifique su contratación como experto analista, ha confesado que elaboró el estudio con datos que obtuvo de internet. Pero no todo el dinero se lo quedó él. Una parte importante la tuvo que entregar a Antònia Ordinas en concepto de comisión. Así lo ha reconocido Ferré en su confesión ante el juez.

Los detenidos en la operación Pasarela, que intenta determinar las presuntas irregularidades cometidas en la empresa pública Ibatur, ya han abonado las fianzas económicas que fijó el juez para evitar su ingreso en prisión.

El ex director gerente de Ibatur, Raimundo Alabern, defendido por José Zaforteza, ya abonó la fianza el pasado martes. El juez fijó la cifra de 350.000 euros para evitar que entrara en prisión. También abonó la fianza el mismo día Juan Carlos Alía, antiguo gerente de Ibatur, que pagó 30.000 euros.

Durante el día de ayer pagaron las correspondientes fianzas Juan Velasco, propietario de la empresa de publicidad Clave, y Miguel Ángel Bonet, ex secretario general y asesor jurídico de Ibatur. El empresario del sector publicitario, defendido por Josep de Lluís, presentó un aval por valor de 100.000 euros. En cambio, Bonet, defendido por el abogado Gaspar Oliver, abonó la cifra de 165.000 euros, que entregó con un aval hipotecario. El otro detenido, Kamal Dorai, sólo tuvo que presentar su pasaporte.

Los cinco principales acusados por la trama corrupta que supuestamente operaba en el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) durante el anterior Govern salieron ayer en libertad y con medidas cautelares. Tras interrogar a los altos cargos del PP Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern; el ex empleado del Ibatur Miquel Àngel Bonet; y los empresarios Juan Velasco y Kamal Dorai, el juez instructor del caso, Juan Ignacio Lope, dictó prisión eludible con distintas fianzas para los cuatro primeros, que suman un total de 645.000 euros. El magistrado dejó en libertad con cargos al quinto imputado, además de retirarle el pasaporte, trámite que formalizó el propio Dorai a media tarde.

A los acusados se les imputan diversos delitos contra la Hacienda pública, entre los que se encuentran el de malversación, prevaricación, falsedad de documentos oficiales, cohecho y negociaciones prohibidas para funcionarios públicos. Los cuatro implicados disponen ahora de 72 horas para hacer efectiva la entrega del dinero en el juzgado, si pretenden evitar su ingreso temporal en prisión.

La segunda fianza más elevada fue de 250.000 euros para el ex secretario y ex asesor jurídico del organismo público Miquel Àngel Bonet. En realidad se trata de una ampliación, ya que Bonet fue detenido en febrero del año pasado, y tras admitir que se había apropiado de 85.000 euros públicos para sus fines particulares, ya se le impuso una caución por dicha cantidad, por lo que ahora debe pagar la diferencia, 165.000 euros. Las acusaciones contra él se han agravado, ya que ahora se le responsabiliza de haber amañado más de un centenar de expedientes de contratación, para favorecer siempre a los mismos adjudicatarios.

Bonet insistió ante el juez en inculpar en todo momento a sus antiguos superiores del PP, Alía y Alabern, y se ratificó en que fueron ellos quienes instauraron el modus operandi irregular, y que él sólo acató sus órdenes, pero que no tuvo ningún beneficio económico a cambio. El imputado reconoció que llegó a inventarse nombres para dar cuerpo legal a decenas de procedimientos de adjudicación de trabajos. De esta manera, simulaba que había otras empresas licitantes en los concursos, cuando en realidad todo era ficticio y el objetivo era beneficiar siempre a la misma.

Para el empresario Juan Velasco, propietario del Grupo Clave de Comunicación, el juez ordenó una fianza de 100.000 euros. Tras ser el único de los detenidos que se negó a declarar ante el Grupo de Delincuencia económica de la Policía Nacional, durante su estancia en los calabozos de Palma, ayer sí depuso delante del juez y de los tres fiscales Anticorrupción –Pedro Horrach, Juan Carrau y Miqguel Ángel Subirán–, admitiendo que se le benefició con contratos desde la empresa pública de Turismo.

Para Juan Carlos Alía, que fue gerente del Ibatur entre 2003 y 2004, la fianza es de 30.000 euros. El imputado cobró una cuantía similar en tres contratos del organismo público a una sociedad que compartía con el ex alcalde de Montuïri, Juan Antonio Ramonell, también del PP. Anticorrupción sospecha que esos pagos sirvieron únicamente para compensar a Alía por haber asumido con su dimisión las responsabilidades políticas por el escándalo del Rasputín –pasó al Govern como gastos oficiales unas facturas del club de alterne moscovita del mismo nombre, durante una expedición del anterior Ejecutivo del PP a Rusia en 2004–. Alía volvió a negar los hechos y sostuvo que dimitió para no perjudicar al PP, sin que nadie le presionara para ello ni le prometiera recompensa.

Finaliza así la primera fase de la operación Pasarela, si bien ésta podría completarse la semana entrante con nuevas detenciones.

EL FRAUDE. SE PAGARON 12.000 € POR UN ESTUDIO SOBRE EL GOLF BAJADO DE INTERNET

Entre las múltiples irregularidades halladas en la gestión del Ibatur durante la pasada legislatura, destacan varios estudios y asesorías encargados a la agencia Clave cuya utilidad y contenido cuestionan los investigadores. Aparte, han encontrado casos flagrantes, como un informe sobre el negocio que reportan los campos de golf para el sector turístico, que al parecer fue bajado de internet. Pese a ello, el Ibatur abonó los 12.000 euros que costó esta redacción, por la que también se interrogó ayer al empresario Juan Velasco, informan fuentes del caso.

Situaciones de esta índole no son nuevas en las investigaciones sobre presuntos entramados de corrupción. Cabe recordar que los ex dirigentes de UM Bartomeu Vicens y Damià Nicolau fueron condenados a cuatro años y medio y tres de cárcel, respectivamente, por haber pagado con fondos públicos una cantidad similar para un estudio inútil también bajado de la red.

HACIENDA HALLA UN MILLÓN EN FACTURAS FALSAS PARA JUSTIFICAR PAGOS DE IBATUR

Hacienda investigó las cuentas de estas empresas en los ejercicios que corresponden al Govern Matas y ahora se vincula este fraude fiscal a la trama de Ibatur. Los investigadores creen que la agencia de publicidad compró a algunos de sus proveedores facturas falsas para encubrir pagos que recibía por orden de la cúpula de los detenidos de Ibatur. De hecho, uno de los empresarios implicados en la trama habría confesado a la Fiscalía Anticorrupción y al Grupo de Delincuencia Económica de la policía que emitió dos facturas que no correspondían con ningún trabajo contra el Ibatur por petición de los jefes de la compañía publicitaria. Otro mecanismo similar era que el proveedor enviaba la factura falsa a Clave y la empresa de publicidad la usaba para justificar que se había realizado un trabajo y cobrar de Ibatur, aunque, en realidad, no se había realizado ningún servicio para la administración.

Lo que sospechan los investigadores es que mediante estas facturas falsas, los responsables de Ibatur detenidos la noche del miércoles, Raimundo Alabern, Juan Carlos Alía y Miguel Ángel Bonet habrían desviado dinero público a empresas afines, entre ellas algunas vinculadas a la trama Gürtel. Las facturas respondían de forma habitual a importes menores a los 12.000 euros que entonces permitían realizar una adjudicación sin concurso.

Para cumplir ese trámite sólo era necesario que se contaran con tres ofertas. En algunos de esos procedimientos negociados sin publicidad los investigadores han detectado que todas las empresas que presentaban ofertas eran, en realidad filiales de Clave. Este punto fue confirmado por los empleados de Ibatur que declararon como detenidos en la tarde del miércoles. Los jefes de área apuntaron a que se falseaban procedimientos de contratación por orden fundamentalmente de Alabern y de Bonet. De hecho, llegaron a apuntar que en alguna ocasión, les presentaron directamente una factura que había que pagar y que, después del pago se realizaba el expediente para legalizar el dinero que se había librado desde la Administración.

Las pesquisas realizadas desde la Jefatura del Cuerpo Nacional de Policía se han centrado precisamente en esos expedientes. A los funcionarios les llegaron a preguntar por medio centenar de estos procedimientos negociados cuyo principal beneficiario habría sido la empresa de publicidad Clave, además de Pula Golf y otras sociedades investigadas en la trama.

TURISMO PAGÓ 6.000 EUROS POR TRADUCIR EL NOMBRE DE IBATUR AL CHINO MANDARÍN

La conselleria de Turismo abonó la cantidad de 6.000 euros por una traducción de la palabra Ibatur al idioma chino mandarín. La traducción de cada letra costó 1.000 euros que se pagaron con dinero público.

El pago de este encargo, que se realizó con fondos propios de Ibatur, es una de las más destacadas irregularidades que se han descubierto en la empresa pública de promoción turística en la época del Govern Matas.

Esta traducción la realizó Felip Ferré, el ex concejal del Partido Popular en Lloseta, sobrino político de Jaume Matas, quien ya fue detenido en la operación Scala por pagar comisiones a Antonia Ordinas, ex gerente del CDEIB, a cambio de recibir contratos públicos. Ferré primero negó el pago de comisiones, pero después cambió de decisión, y no sólo reconoció las comisiones, sino que fue mucho más lejos y reconoció que había cobrado dinero de Ibatur con facturas falsas.

Felip Ferré ha reconocido que durante la época del PP, Ibatur le llegó a pagar hasta 100.000 euros con las facturas. El ex concejal fue citado el pasado viernes por los policías del Grupo de Delincuencia Económica, pero él mismo dejó muy claro que le habían llamado como testigo para aclarar una serie de cuestiones que se estaban investigando. Apenas estuvo una hora en comisaría.

Felip Ferré es de los pocos que hasta el momento ha implicado al ex conseller Joan Flaquer en todo el rosario de anomalías que se han descubierto en la conselleria de Turismo. Afirmó el testigo clave que el ex conseller sabía que se estaban presentando facturas falsas. Asegura que Flaquer consentía esta dinámica de trabajo y fue quien ordenaba a Raimundo Alabern, en ese momento máximo responsable de Ibatur, que se abonaran estos pagos. Sin embargo, Alabern, que fue detenido y quedó en libertad bajo fianza de 350.000 euros, negó que hubiera pagado a Ferré facturas falsas y mucho menos por orden del conseller Flaquer.

La Policía ha analizado más de un centenar de expedientes que fueron intervenidos en Ibatur. La conclusión de los investigadores es que en estos expedientes, o se han inflado facturas, o incluso se han falsificado documentos para justificar gastos. Se ha descubierto, por ejemplo, que uno de los detenidos, Kamal Dorai, que era el encargado de los catering de las ferias, recibió más de 10.000 euros por un estudio sobre los beneficios del deporte del golf, con datos copiados en internet. Kamal Dorai negó ser el autor de este estudio.

Juan Carlos Alía, el ex director gerente de Ibatur, que tuvo que dimitir por el caso Rasputín, fue contratado por la propia conselleria tras abandonar su cargo como consecuencia del escándalo. Tras dejar el Govern montó una empresa y eligió como socio al ex alcalde de Montuïri, Juan Antoni Ramonell. Alía fue detenido y quedó en libertad bajo fianza de 30.000 euros. El ex director gerente reconoció que recibió tres encargos directos de la conselleria, por los que recibió esta subvención. El primer encargo fue por un estudio turístico y en los otros dos fue contratado para organizar encuentros con prensa extranjera especializada en turismo. Sin embargo, en la conselleria no ha aparecido ni un solo informe sobre los trabajos que ha realizado Alía, por lo que los investigadores temen que ha cobrado este dinero en compensación por su dimisión por el escándalo, aunque él lo ha negado. Alía reiteró el sábado ante el juez que él había realizado estos trabajos, pero desconocía dónde están los informes. El magistrado lo dejó en libertad bajo fianza de 30.000 euros y le concedió 72 horas para pagar el dinero.

Raimundo Alabern y Juan Carlos Alía, ex gerentes de Ibatur, detenidos ambos en la operación Pasarela, se dieron ayer de baja del PP. El Partido Popular aceptó la baja voluntaria de ambos militantes "de acuerdo con los criterios establecidos", según informó un comunicado.

Alabern, defendido por el abogado José Zaforteza, negó el pasado sábado ante el juez que hubiera recibido comisiones particulares por su cargo en la empresa pública de promoción turística. El ex gerente reconoció, sin embargo, que durante su mandato utilizó la fórmula de fracción de contratos para evitar la convocatoria de concursos públicos. Alegó que era un sistema mucho más rápido y efectivo de funcionamiento, e insistió en que la conselleria lo sigue ahora utilizando. Alegó que a veces se necesitaba sintetizar los trámites burocráticos porque en pocos días se organizaban ferias de promoción en distintos países. El método que empleaban era la fracción de contratos. Alabern también reconoció que la mayoría de proyectos los otorgaban a la empresa Clave, pero negó que este trato de favor fuera a cambio de comisiones personales. Explicó que, a su juicio, esta empresa era la más rápida y eficiente para los proyectos que le solicitaban. También confesó el ex gerente que sabía que en varias de las ofertas de contratación, que casi siempre se elegía a Clave, esta empresa controlaba las tres ofertas que se presentaban a través de sociedades distintas. Alabern exculpó en todo momento al ex conseller Flaquer.

El juez impuso la fianza más alta (350.000 euros) al alto cargo del PP con el Govern de Jaume Matas, Raimundo Alabern, mano derecha del ex conseller Joan Flaquer en Turismo. Alabern negó todas las acusaciones que pesan sobre él, como ya había hecho cuanto estuvo declarando hasta las tres de la madrugada del sábado en sede policial. El que fuera director-gerente del Ibatur dijo que jamás ordenó a empleados de la empresa pública que amañaran concursos ni expedientes de contratación para regar con dinero público a particulares, especialmente la agencia Clave. Alabern expresó sorpresa por su detención, y defendió la rectitud de su gestión. El político del PP rebatió las afirmaciones de los cuatro jefes de área del Ibatur que el martes declararon ante la Fiscalía Anticorrupción que se había gestado un entramado para falsificar facturas y desviar dinero público a empresas privadas.
La segunda fianza más elevada fue de 250.000 euros para el ex secretario y ex asesor jurídico del organismo público Miquel Àngel Bonet. En realidad se trata de una ampliación, ya que Bonet fue detenido en febrero del año pasado, y tras admitir que se había apropiado de 85.000 euros públicos para sus fines particulares, ya se le impuso una caución por dicha cantidad, por lo que ahora debe pagar la diferencia, 165.000 euros. Las acusaciones contra él se han agravado, ya que ahora se le responsabiliza de haber amañado más de un centenar de expedientes de contratación, para favorecer siempre a los mismos adjudicatarios.

Finaliza así la primera fase de la operación Pasarela, si bien ésta podría completarse la semana entrante con nuevas detenciones.

El empresario Juan Velasco, socio principal del Grupo Clave de Comunicación, confesó ayer ante el juez del caso Ibatur que su agencia de publicidad tenía un trato de favor dentro de la empresa pública del Govern encargada de la promoción turística, a lo largo de la pasada legislatura.

Según pudo saber este diario, Velasco admitió que Clave resultó adjudicataria de más de un centenar de contratos gracias al amaño de concursos públicos y fraccionamiento de contratos, una práctica ilegal en la Administración. Según fuentes jurídicas, el empresario reconoció haber presentado él mismo presupuestos y ofertas falsas de otras empresas para garantizarse ser el ganador en procedimientos negociados y concursos del Ibatur.

Clave se beneficiaba de la presunta trama corrupta a través de sus sociedades filiales La Moderna, Iruo, Basse de Disseny, Quid Gràfic y Divulgalis, que iban rotando para intentar disimular las irregularidades en la contratación.

Velasco, muy conocido en el mundo de la comunicación de Mallorca, a lo largo de las tres horas que duró su declaración desvinculó de los supuestos delitos a su socio Albert Vergés, tal y como ya había hecho él mismo al deponer ante la Policía durante su detención el pasado jueves. Vergés alegó que él era el creativo de la agencia y no se encargaba de las relaciones con los responsables políticos del Ibatur, si bien admitió que conocía el sistema de fraccionamiento de contratos y facturas con el que el organismo público beneficiaba a su grupo empresarial.

Otro de los imputados del caso, Miquel Àngel Bonet, pese a reconocer el trato de favor que tenía Clave, se desmarcó de la decisión y afirmó que su continua contratación le venía impuesta desde arriba, es decir, por parte de los políticos, primero Juan Carlos Alía y después Raimundo Alabern. Bonet fue más allá y dijo mostrarse sorprendido de que la mayoría de los 127 contratos menores con presuntas irregularidades fueran para Clave.

De lo trascendido de la investigación, se ha sabido que Clave fue objeto de una inspección de Hacienda que detectó gastos por valor de medio millón de euros sin justificar. Los investigadores del caso Ibatur sospechan que esta salida de dinero sirvió en realidad para pagar comisiones, entre otros, a Bonet. El imputado lo negó en rotundo, al igual que lo hizo Velasco en su turno.

El ex gerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) de la época del Gobierno autonómico que presidía el popular Jaume Matas, Raimundo Alabern, quedó ayer en libertad bajo fianza de 350.000 euros. Su antecesor en el cargo, Juan Carlos Alía, quien tuvo que dimitir en 2004 por gastar dinero público en un club de alterne de Moscú, deberá abonar igualmente 30.000 euros, imputado por malversación y fraude.

Los dos fueron arrestados el miércoles en el marco de una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, que les acusa de amañar concursos y contratos públicos para la promoción turística con el fin de favorecer a determinadas empresas afines. Especialmente, al grupo de publicidad Clave, al que a su vez le han detectado facturas cruzadas con Easy Concept, una de las empresas de la trama Gürtel.

Según la acusación, lo que hacían era regar con pagos a las empresas elegidas, mayormente mediante contratos fraccionados (1,5 millones de euros a dedo en cuatro años), para posteriormente vestir los expedientes como si realmente hubiera existido concurrencia pública libre. Alabern admitió ayer ante el juez que se fraccionaban contratos para dar más agilidad a las contrataciones, pero negó que fuese a cambio de trabajos ficticios o inflados. Simplemente se hacía para agilizar en lo que, según dijo, es una práctica habitual que también se está llevando a cabo esta legislatura con el PSOE.

También declaró ayer ante el juez Juan Velasco, propietario del Grupo Clave, quien quedó en libertad bajo fianza de 100.000 euros, y a quien se le han detectado más de un millón de euros en facturas falsas, supuestamente para pagar sobornos. Velasco dijo que el dinero negro era para pagar sobresueldos a empleados y repartirse beneficios. Admitió que se vestían expedientes a posteriori con Ibatur, pero negó haber pagado comisiones y aseguró que sigue realizando esta práctica en la actualidad.

Tanto Alabern como Alía son afiliados del PP. El presidente regional de los populares, José Ramón Bauzá, ha optado esta vez por no darles de baja de manera inmediata, como sí hizo en el anterior caso de corrupción destapado en el Govern de Matas. Bauzá espera que sean ellos mismos quienes soliciten su baja en la formación, como ya hizo el propio ex presidente.

LA POLICÍA CREE QUE EL IBATUR DIO CONTRATOS AL ALTO CARGO DEL PP QUE ASUMIÓ EL ´RASPUTÍN´

Juan Carlos Alía, el ex gerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) con el anterior Govern del PP, recibió unos 34.000 euros en contratos de dicho organismo, por tres trabajos que la Policía y la Fiscalía Anticorrupción creen que no se hicieron, sino que los cobró de resultas de asumir la responsabilidad política del escándalo Rasputín.

Alía, que permanece detenido desde el miércoles, negó este supuesto y aseguró haber prestado los servicios requeridos.

Tras recuperar el PP el Govern en 2003, nombró a Alía al frente del organismo de promoción turística de Balears. Sin embargo, el alto cargo popular tuvo que dimitir al cabo de un año que se habían pasado a las arcas de la Comunidad –en concepto de gastos oficiales– unas facturas por valor de 295 euros del club de alterne Rasputín, en Moscú. El dinero público se había gastado durante una expedición del Govern a la capital rusa, con el ex presidente Jaume Matas y el ex conseller de Turismo Joan Flaquer a la cabeza.

A Alía se le consideró el cabeza de turco del PP en este sonado escándalo, y tras dimitir se fue a la empresa privada, sucediéndole en el Ibatur Raimundo Alabern, que como el primero continúa en los calabozos. Los investigadores sospechan que el Ibatur adjudicó dos años más tarde de su marcha tres contratos menores –inferiores a 12.000 euros, que pueden otorgarse directamente sin concurso– a una sociedad de Alía y el ex alcalde de Montuïri del PP, Juan Antonio Ramonell (Amengual & Pino Consultores SL) para recompensarle por haber asumido la responsabilidad política del Rasputín.

En un severo interrogatorio, a Alía se le preguntó ayer por una asesoría turística por la que cobró unos 11.600 euros, y similares cantidades por organizar dos encuentros con periodistas extranjeros especializados en turismo. El imputado, defendido por Llorenç Salvà, negó que se tratara de una compensación por su dimisión, y aseguró que el informe estaba hecho y las reuniones con la prensa extranjera se habían celebrado.

En cuanto al sistema irregular de contrataciones en el Ibatur, consistente en beneficiar sistemáticamente a las mismas empresas con contratos fraccionados, y en muchas ocasiones expedientes falsificados, Alía se desmarcó.

Un día antes, el ex secretario y ex asesor jurídico del Ibatur, Miquel Àngel Bonet, culpó al alto cargo del PP de haberle ordenado amañar las contrataciones para beneficiar a empresas afines al PP.

Ayer Alía negó este extremo, y dijo estar muy sorprendido del ´maquillaje´ de una decena de expedientes que le fueron exhibidos, que contenía mucha documentación falsa para dar apariencia de legalidad. Alía justificó el gran número de contratos menores por la necesidad del Ibatur de agilizar la gestión y tomar decisiones muy rápidas sobre la marcha. También exculpó al ex conseller Flaquer.

DECLARA COMO TESTIGO EL EX EDIL DEL PP DE LLOSETA FELIPE FERRÉ, QUE IMPLICÓ AL EX CONSELLER FLAQUER

El ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Lloseta, Felipe Ferré, quien fue una de las personas que en su día puso en conocimiento del juez el presunto trato de favor por parte del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) a determinadas empresas mediante contratos supuestamente irregulares y la emisión de facturas falsas por proyectos que nunca se realizaron, compareció ayer a declarar como testigo ante la Policía en el marco de la operación Pasarela.

El ex regidor denunció estos hechos en el marco del caso Scala, en el que está imputado y por el que se indagan las supuestas irregularidades cometidas en torno al CDEIB, Consorcio de Desarrollo Económico de Balears (el caso se hizo famoso tras descubrirse que la principal acusada, la ex alto cargo del PP Antònia Ordinas, había enterrado en su jardín una lata de Cola Cao con dinero de comisiones).

En este contexto, Ferré aseveró además que el ex conseller de Turismo en la pasada legislatura, Joan Flaquer (PP), estaba al tanto de estos presuntos pagos ilícitos a través del Ibatur, pese a que éste siempre ha defendido que "nunca" ha pedido comisiones ni ha "inflado facturas".

Ferré llegó a la Jefatura Superior de Policía de Palma sobre las 16,30 horas y estuvo prestando declaración en presencia de los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán.

Según explicó él mismo a los periodistas a su llegada a la Jefatura, el ex concejal declaró en calidad de testigo, no imputado.

Ferré ya compareció por esta causa hace unos meses y reconoció irregularidades en contratos del Ibatur durante la anterior legislatura. A raíz de sus declaraciones y las de Miquel Àngel Bonet, secretario del Ibatur, en 2009, la Fiscalía comenzó a investigar este caso de supuesta corrupción.

El ex secretario y ex asesor jurídico del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Miquel Àngel Bonet, considerado por los responsables del caso una pieza clave para desentrañarlo, tiró ayer de la manta y culpó a sus dos inmediatos superiores en época del PP, Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern –que sustituyó al primero tras su dimisión–, de haber impulsado y ordenado el presunto entramado de corrupción en el seno del organismo público.

Dentro de la operación Pasarela, activada el martes para intentar esclarecer los delitos investigados, ayer se produjeron otras cuatro detenciones: Los propietarios del grupo de comunicación Clave, Juan José Velasco y Albert Vergés, y el matrimonio formado por Kamal Dorai y Francisca J., proveedores de los caterings en las ferias en las que participaba el Ibatur.

De este modo ya asciende a 13 el número de personas que han pasado por los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Palma. De estas, siete han salido en libertad con cargos y otras seis han permanecido durante la noche en los calabozos.

Bonet, que fue detenido por segunda vez el miércoles por la noche, y que en su día confesó haberse apropiado de 85.000 euros del Ibatur, fue el primero de los tres responsables del ente público durante la anterior legislatura que ayer declaró ante la Policía y los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán.

El ex secretario del Ibatur, que si bien no ostentaba un cargo político contó siempre con la confianza de los dos directores-gerentes del PP, admitió la existencia de una trama irregular en el organismo, consistente en la fabricación de expedientes para ´vestir´ gastos difíciles de justificar, y alejados de cualquier tipo de control administrativo. Bonet no acusó directamente a sus antiguos jefes de quedarse con el dinero, pero sí avaló todas las irregularidades detectadas.

El imputado también hizo hincapié en que él no participó nunca de un hipotético reparto de comisiones, y aseguró haberse apropiado únicamente de los 85.000 euros del Ibatur confesados el mes de febrero del año pasado.

Bonet declaró que nada más llegar al cargo tras acceder el PP al Govern en 2003, Juan Carlos Alía fue quien implantó el sistema de contrataciones fraudulentas y demás irregularidades. Un procedimiento que heredó y mantuvo su sucesor Alabern, cuando Alía tuvo que dimitir en 2004 al estallar el escándalo Rasputín (pasó como gastos oficiales 295 euros gastados en el club de alterne de dicho nombre en Moscú, durante una expedición oficial del Govern Matas).

A lo largo de su interrogatorio, que duró varias horas, a Bonet se le preguntó por 127 contratos menores, la mayoría de los cuales los investigadores piensan que fueron amañados. Todo ello, después de haber encontrado presupuestos inventados y facturas falsas, para dar apariencia de que se daba la oportunidad a otras empresas a participar de los contratos, cuando las beneficiarias eran casi siempre las mismas.

Más de un centenar de estos contratos menores fueron adjudicados a la agencia publicitaria Clave, por lo que se sospecha que sus propietarios recibieron un trato de favor por parte del PP en el anterior Govern.

La Policía también ha encontrado que los contratos mayores –cuya cuantía obliga a convocar un concurso público– se daban siempre a la misma empresa de organización de espectáculos, si bien todavía los está analizando y en principio no se prevé encontrar serias irregularidades.
En todo momento Miquel Àngel Bonet asumió haber participado en la elaboración de expedientes amañados, aunque reiteró que no se lucró con ellos, sino que lo hacía siguiendo órdenes directas primero de Alía y posteriormente de Alabern.

En cuanto al papel que jugaba en todo esto el ex conseller de Turismo Joan Flaquer, Bonet no le implicó y se limitó a señalar que el ahora diputado autonómico del PP no estaba pendiente del día a día de la contratación, sólo de los grandes asuntos y decisiones.

Sobre las presuntas irregularidades que se sospecha pudo haber en el patrocinio millonario del Mallorca Classic, el torneo de golf anual en s´Era de Pula (Son Servera), Miquel Àngel Bonet se desmarcó por completo.

La manipulación de los expedientes de contratación ha llamado la atención de los responsables de las pesquisas por el escaso interés en disimular las ilegalidades y lo burdo de algunas de las falsificaciones.

Por ejemplo, Bonet sí asumió haber manipulado el expediente de contratación de Kamal Dorai, uno de los proveedores del Ibatur arrestados ayer, para revestirlo de aparente legalidad. Dorai se encargaba del montaje de los caterings en los expositores de promoción de Balears en las ferias turísticas internacionales, pero se burló la legalidad vigente para poderle adjudicar dicho servicio a dedo y eludiendo el concurso.

El imputado también admitió haber utilizado en otra ocasión a un ex cuñado suyo para fabricar expedientes falsos. Precisamente, los fiscales Anticorrupción mandaron previamente que compareciera esta persona, identificada como A. G., en calidad de testigo. Al ex pariente político de Bonet se le exhibieron varios documentos con su firma, ante lo que manifestó que había sido falsificada.También como testigos acudieron a las dependencias policiales en la jornada de ayer varios empleados del Ibatur, con los que fueron cotejándose datos de los expedientes investigados y una vez más se puso de manifiesto el descontrol administrativo que reinaba en el organismo encargado de promocionar la buena imagen de Balears.

Para hoy está previsto que empiecen los interrogatorios de los dos altos cargos del PP que estuvieron al frente del Ibatur, Alía y Alabern, y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días de otros imputados, a medida que avance el caso.

· Francisca T. B., Linda de S.,
Aina G. y Pere P. M.
Empleados del Ibatur. En libertad con cargos.
· Kamal Dorai y Francisca J. E.
Matrimonio acusado de lucrarse con contratos para caterings del Ibatur. En libertad con cargos.
· Mariano Villalba
Testaferro del empresario José Calvo. En libertad con cargos.
· José Calvo
Propietario de Gestora Balear de Negocios, acusado de facturar falsamente al Ibatur. Detenido.
· Miquel Àngel Bonet
Ex secretario del Ibatur, ha confesado que se lucró con 85.000 euros y ha desvelado el resto del entramado corrupto. Detenido.

· Raimundo Alabern y Juan Carlos Alía
Ex gerentes del Ibatur nombrados por el PP. Detenidos.

· Juan José Velasco
y Albert Vergés
Propietarios de la agencia de publicidad Clave, acusados de recibir un continuo trato de favor con contratos. Detenidos.

INVESTIGAN SI ROSA ESTARÁS Y OTROS CARGOS DEL PP RECIBIERON REGALOS DE LA TRAMA

La investigación sobre el caso Ibatur ha abierto un nuevo frente: los supuestos regalos y prebendas que algunos altos cargos del PP recibieron de la trama. Rosa Estarás y al menos otra media docena de importantes políticos populares del Govern de Matas aparecen en el punto de mira policial.

La pista se encontró casualmente el miércoles, durante el exhaustivo registro en las instalaciones de Pula Golf, en Son Servera. Los funcionarios localizaron algunas facturas que indicarían que Rosa Estarás habría pasado, supuestamente, muchas veladas y días invitada en el hotel de Romeo Sala o en las instalaciones.

El caso de Estarás no sería una excepción en la trama de prebendas y también se está investigando si por ejemplo Lluís Ramis de Ayreflor, por entonces conseller de Economía, recibió algún tipo de trato especial.

Los investigadores han averiguado que la presencia de altos cargos del PP de Matas en Pula Golf era continua y hay muchas sospechas de que no todos pagaban las facturas. El problema, para los políticos que recibían supuestamente esos regalos, estribaría en que podrían haber cometido un delito de cohecho, ya que concedían subvenciones millonarias y después tenían un trato «preferente» con esos empresarios, entre ellos Romeo Sala.

Además de las estancias gratis en Pula Golf, también se siguen varias pistas sobre viajes y estancias en otros hoteles, tanto de Mallorca como de Canarias o la Península.

LA POLICÍA DETIENE A ALABERN, ALÍA, BONET TRAS SER IMPLICADOS POR JEFES DE ÁREAS DE IBATUR

Raimundo Alabern, Juan Carlos Alía y Miguel Ángel Bonet, ex responsables de Ibatur (Instituto Balear de Turismo), fueron detenidos anoche en el marco de la ‘operación Pasarela', tras una intensa jornada de interrogatorios en los que empleados públicos de alto nivel apuntaron a estos tres como responsables de decenas de adjudicaciones presuntamente irregulares. Previsiblemente declararán hoy ante la Policía tras pasar la noche detenidos en los calabozos de la Jefatura de Palma por presunto desvío de fondos públicos.

Alabern, Alía y Bonet fueron arrestados sobre las diez de la noche. Las fuentes judiciales consultadas indicaron que se han descubierto pagos masivos y muy fraccionados por trabajos que no existían o que no costaban lo que se abonó por ellos. Esa material sería la base de las futuras imputaciones de los próximos detenidos.

Esta mañana, uno de los dos socios del Grupo Clave de Comunicación de Palma ha sido detenido por la Policía en el marco de la misma operación. El socio gerente de Clave, cuya identidad responde a las iniciales A.V., se encuentra en dependencias policiales, donde aún permanecen a la espera de declarar los dos directores del Ibatur del Govern que presidió Jaume Matas (2003-2007), Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern.

Durante la tarde del martes y la mañana del miércoles los agentes del Grupo de Delincuencia Económica analizaron contrarreloj parte de la abundante documentación intervenida en los siete registros de Mallorca. Con los datos extraídos de ese material, los inspectores decidieron que había indicios suficientes para citar a cuatro de empleados de Ibatur que en la época de Matas firmaron documentos que en la actualidad están bajo sospecha.

Los trabajadores -más un empresario- se personaron en las dependencias policiales, algunos acompañados ya de sus respectivos abogados, y comenzaron su declaración como detenidos, que fue maratoniana. Se trata de Linda D.S., jefa del Departamento de Ferias; Aina G, jefa del Departamento de Publicidad; Pere P., jefe del Área Informática, Francisca T., jefa del Área de Promoción) y un quinto imputado cuyas iniciales son R.V.G.

Los acusados respondieron a numerosas preguntas de los policías, la mayoría de ellas relacionadas con el pago de facturas. Y dentro de este contexto, una parte importante de los interrogatorios se centró en las relaciones comerciales entre Ibatur y Pula Golf, en Son Servera. El empresario Romeo Sala recibió, en cuatro años, un total de 17 millones de euros del Govern.

La detención de los altos cargos se desencadenó después de que los empleados del Ibatur, admitieran que en la época de Raimundo Alabern y Miguel Ángel Bonet, ex asesor jurídico de ese organismo, se justificaban facturas a posteriori, un procedimiento del todo irregular en cualquier conselleria. También recalcaron, en sus declaraciones, que se limitaban a acatar las órdenes de Alabern y Bonet, y que los trámites que avalaban no lo hacían por iniciativa propia, sino por indicaciones de estos dos jefes. Anoche también se citó a un proveedor de la empresa de publicidad Clave y estaba previsto que quedara arrestado.

Los tres responsables del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) en la pasada legislatura fueron ayer detenidos y durmieron en los calabozos de la Policía Nacional de Palma. Se trata de los altos cargos del PP Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern, ambos ex directores-gerentes del Ibatur, y de Miquel Àngel Bonet, ex secretario de dicho organismo de promoción turística de Balears.

Este último, representado por Gaspar Oliver, ya fue detenido en febrero del año pasado y confesó posteriormente haber falsificado facturas para desviar dinero público para sus fines particulares, dando origen al hoy llamado caso Ibatur.

Los arrestos se produjeron entre las nueve y media y las diez y media de la noche de ayer, minutos después de que concluyera el interrogatorio a cinco empleados del Ibatur –cuatro mujeres y un hombre, todos ellos jefes de departamento– que habían sido detenidos por la mañana. Todos ellos admitieron ante los investigadores haber manipulado decenas de expedientes de contratación y fraccionado facturas, siguiendo las órdenes de su superiores Alía, Alabern y también de Bonet. Los empleados confesaron la existencia de un entramado en el Ibatur para dar trato de favor siempre a las mismas empresas, especialmente la agencia de publicidad Clave.

Alabern –defendido por José Zaforteza– sucedió a Alía al frente del Ibatur en 2004, tras destaparse el escándalo del club de alterne Rasputín, en Moscú. Los dos fueron la mano derecha del anterior conseller de Turismo, Joan Flaquer. Con todo, los empleados del Ibatur no implicaron en sus declaraciones al hoy diputado del PP, si bien los investigadores no descartan que estuviera al tanto de la trama.

Los detenidos llegaron en sendos coches policiales a la Jefatura Superior, y se prevé que hoy sean interrogados por los agentes; posteriormente se determinará si salen en libertad o por contra pasan a disposición judicial.

La Fiscalía Anticorrupción, en colaboración con el Grupo de delitos económicos de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria de Balears investiga los delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración, falsedad mercantil y oficial, y contra la Hacienda pública, en el seno del Ibatur durante la pasada legislatura.

Después de más de un año de pesquisas, el martes estalló la operación Pasarela, que se saldó ayer con un total de 10 detenciones; además de las mencionadas, se arrestó a un empresario y un testaferro, quedando este último en libertad, al igual que los cinco trabajadores del Ibatur.

CINCO EMPLEADOS ADMITEN QUE AMAÑARON CONTRATOS POR ORDEN DE SUS JEFES EN TURISMO

Cinco responsables de área del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) han confesado ante la Policía Nacional y el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán que manipularon expedientes de contratación y favorecieron a empresas concretas siguiendo las órdenes de sus jefes directos en la pasada legislatura, los entonces director gerente, Raimundo Alabern, y secretario, Miquel Ángel Bonet.

Los cinco empleados del Ibatur, organismo de la conselleria de Turismo encargado de promocionar Balears como destino vacacional, colaboraron plenamente con la investigación después de que fueran arrestados en la mañana de ayer, cuando se encontraban en sus puestos de trabajo. Defendidos por el abogado José Ignacio Herrero, prestaron declaración en la Jefatura de Policía y fueron puestos en libertad con cargos a las nueve de la noche.

Durante su comparecencia, F. T.; L.S; A.G; y P. P; encargados de los departamentos de Promoción, Ferias, Publicidad y Nuevas Tecnologías, además de una quinta persona, explicaron el amaño de los contratos menores, aquellos inferiores a 12.000 euros y que por Ley no requieren un concurso público y se conceden a dedo. Por el momento, las pesquisas se concentran en este tipo de adjudicaciones, de las que se han analizado cerca de cuarenta.

Básicamente, los empleados del Ibatur revestían de legalidad los encargos a las empresas, la principal beneficiada, la agencia de publicidad Clave y sus sociedades filiales –La Moderna, Quid Gràfic, Divulgalis, Iruo y Basse de Disseny–. El ´modus operandi´ comenzaba siempre por el tejado. Primero se pedía a Clave una factura y a partir de ella se construía un expediente de contratación con el objeto de ejecutar un trabajo más o menos urgente, informan fuentes de la investigación. Los propios empleados del Ibatur hablan de clara manipulación para favorecer a este grupo empresarial, propiedad de Luis Velasco, aunque también se están indagando adjudicaciones a otras empresas.

De estas pesquisas han surgido los nombres del empresario J. C., acusado de supuesta falsedad documental, y M. V. G, quien ha admitido ser el testaferro del primero, quien ocupa los cargos de administrador o socio de casi una decena de sociedades radicadas en Balears. Ambos fueron detenidos.

El fiscal, el juez instructor y los agentes sospechan que muchas de las facturas se hincharon y otras no corresponden con ningún trabajo. A los investigadores también les ha llamado la atención los gastos en promoción turística y las numerosas comidas en un conocido restaurante de la Bahía de Palma.

La fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella criminal contra la antigua cúpula de la conselleria de Turismo del Govern Matas, entre los que figura el ex titular de este departamento, Joan Flaquer, actual diputado autonómico del Partido Popular. También incluye el fiscal a las personas más próximas al ex conseller, como fueron Francisco Javier Salas, Eduardo Gamero, José Aloy, Raimundo Alabern y Javier Cases, según confirmaron fuentes jurídicas. Esta querella es la base fundamental de la investigación de la Operación Pasarela, que pretende descubrir una rosario de delitos económicos cometidos supuestamente por los antiguos responsables de esta conselleria durante la anterior etapa del Govern Matas.

El escrito de la fiscalía ha sido aceptado a trámite por el juez Juan Ignacio Lope Sola, que declaró el secreto de la investigación a la espera de que la Policía interviniera y analizara toda la documentación relacionada con la gestión de promoción turística a través de Ibatur. En la querella se imputa al conseller y a varios de sus altos cargos de la conselleria una serie de delitos, que irían desde la malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la administración y falsificación de documentos públicos. Estos delitos conllevan duras penas de prisión.

A pesar de que ayer se realizaron los primeros registros relacionados con este nuevo caso de corrupción política, ninguna de las personas que aparece incluida en la querella ha sido detenida. Sin embargo, la Policía no descarta que estos arrestos puedan producirse en las próximas horas.

La base de la querella que han planteado los fiscales se fundamenta en los datos que han aportado dos imputados en otras causas. Uno de ellos es Felip Ferré, ex concejal popular en Lloseta, que fue detenido en el desarrollo del caso Scala. Reconoció el pago de comisiones a los directivos de la empresa pública CDEIB, que dependía de la conselleria de Comercio. Ferré denunció que a través de Ibatur también se abonaron facturas falsas por proyectos que nunca se realizaron, y que estos pagos se hicieron con el conocimiento del conseller Flaquer y del director general de Ibatur, Raimundo Alabern. Denunció también que Francisco Salas, ex jefe de gabinete de Turismo, le pidió una comisión a cambio de su contratación por Ibatur, si bien afirmó que se negó a aceptar estas condiciones. Ferré afirmó en su declaración que los responsables de la Consellería de Turismo tenían órdenes de quedar bien con él por su condición de sobrino político del ex president Matas. Tanto Flaquer como Alabern han negado estas acusaciones. Fuentes próximas a la investigación han señalado que la mayoría de datos que aportó Felip Ferré se han confirmado como ciertos y, por tanto, no se trata de acusaciones inventadas, como han intentado defender los imputados.

Pero no sólo Ferré ha denunciado las presuntas irregularidades. También lo ha hecho Miguel Ángel Bonet, el antiguo secretario y asesor legal de Ibatur, que fue detenido por quedarse con 90.000 euros públicos.

Bonet denunció la malversación cometida en el patrocino de los torneos de golf, que fueron subvencionados con fondos públicos. También denunció que se había desviado dinero para promocionar eventos en el extranjero, como fue el proyecto de las bodas en China.

Los fiscales denuncian que la conselleria convocó concursos públicos que supuestamente fueron amañados, ya que se presentaban siempre las mismas empresas que estaban controladas por las mismas personas.

EL ASESOR JURÍDICO DEL IBATUR DENUNCIÓ ANTE EL JUEZ TODAS LAS CLAVES DE LA TRAMA

«Con la empresa Comunicación Creativa (registrada ayer por una comisión judicial) se hacían contratos menores para fraccionar el gasto y pasara desapercibido el importe total al evitar la contratación de un importe alto. Se hacía así posiblemente para colocar a los amigos de Ibatur».

Con esa rotundidad se expresaba en febrero de 2009 ante el juez, el entonces asesor jurídico del Ibatur Miguel Ángel Bonet, detenido inmediatamente después de estallar el ‘caso Ibatur', y en libertad bajo fianza de 85.000 euros.

Bonet «tiró de la manta» y mencionó al al ex conseller de Turisme Joan Flaquer, al director de Promoción Eduardo Gamero, al director general de Ordenación Josep Aloy, a los gerentes del Ibatur Juan Carlos Alia y Raimundo Alabern, al gerente del Inestur Carlos Pizá y al jefe de gabinete Francisco Salas. Todos ellos, según Bonet, le pidieron que «tratase de flexibilizar los mecanismos de contratación».

La policía judicial, dirigida por el fiscal Anticorrupción de Baleares Pedro Horrach, continúa registrando esta mañana en Madrid dependencias administrativas de las empresas Over Marketing y Comunicación y Match Golf Consulting en el marco de la «operación Pasarela».

Según han confirmado fuentes de la investigación, estos registros han sido ordenados por el juez José Castro, instructor del caso Palma Arena, quien, junto con su colega Ignacio Lope Sola, puso en marcha ayer esta nueva operación policial contra la corrupción, en la que se investigan presuntos desvíos de fondos públicos del Instituto Balear de Turismo (Ibatur).

El juez Castro se ha involucrado también en esta investigación por la relación de Over Marketing y Comunicación y Match Golf Consulting con algunos de los supuestos delitos que instruye dentro del caso Palma Arena, referido a la presunta malversación de dinero de la Administración autonómica en torno a la construcción del velódromo de la capital balear en la pasada legislatura.

El juez instructor ha divido esta causa en veinticinco piezas para que sean juzgadas de forma separada, una de las cuales se refiere al patrocinio de eventos deportivos por parte del Ibatur.

Los registros de Madrid, que comenzaron ayer, están siendo dirigidos personalmente por el fiscal Anticorrupción Horrach, quien también participó en la investigación del caso Palma Arena.

Match Golf Consulting, una de las empresas escrutadas, participó durante la pasada legislatura en la organización del torneo de golf Mallorca Classic, que se celebraba en las instalaciones del club Pula -registrado ayer- y que patrocinó el Ibatur con una aportación anual de 4,7 millones de euros entre 2004 y 2007.

En cuanto a Over Marketing y Comunicación, relacionada con el «caso Gürtel», fue la empresa encargada de publicitar la «tarjeta verde», un carné de descuentos para turistas que puso en marcha el anterior Govern de Jaume Matas para reemplazar los ingresos previstos con la ecotasa, el polémico impuesto implantado por el primer Pacto de Progreso.

La tarjeta fue gestionada por la Fundación Balears Sostenible, que dirigió de 2003 a 2007 Pau Collado, imputado en el «caso Gürtel» como consejero delegado de Easy Concept, empresa propiedad del encarcelado Francisco Correa.

Por su parte, la Policía analiza hoy los documentos requisados en los registros realizados ayer en Mallorca y Madrid , antes de impulsar nuevas actuaciones.

Fuentes policiales han incidido en que será el estudio de la documentación obtenida en los registros lo que determinará qué actuaciones se realizarán en las próximas horas para desentrañar la presunta trama de malversación de fondos públicos en torno a la Conselleria de Turisme en la legislatura 2003-2007, cuando su máximo responsable era el hoy diputado autonómico del PP Joan Flaquer.

Este nuevo caso de corrupción durante la legislatura de Jaume Matas es investigado, bajo secreto de sumario, por el juez Ignacio Lope Sola, del juzgado de instrucción número 2 de Palma. El magistrado comenzó la instrucción en febrero de 2009 a raíz de la detención del entonces secretario del Ibatur, Miquel Angel Bonet, quien reconoció haber falsificado facturas para desviar dinero público a particulares.

Tras más de un año de pesquisas, el juez ordenó ayer el registro de varias empresas y una fundación en una primera fase de la operación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, han indicado a EFE fuentes cercanas al caso.

En concreto, las empresas que la policía judicial registró en Madrid son Match Golf Consulting y Over Comunicación y, en el caso de Mallorca, se procedió al registro de la Fundación Balears Sostenible, en Valldemossa; el club de golf de Pula, en Son Servera; la sede en Palma de la agencia de publicidad Clave i de Illa, y las dependencias de su filial de organización de eventos La Moderna, en Santa Maria.

Match Golf Consulting participó durante la pasada legislatura en la organización del torneo de golf Mallorca Classic, que se celebraba en las instalaciones de Pula y que patrocinó el Ibatur con una aportación anual de 4,7 millones de euros entre 2004 y 2007.

En cuanto a Over Comunicación, ligada a Over Márketing y relacionada con el «caso Gürtel», fue la empresa encargada de publicitar la «tarjeta verde», un carné de descuentos para turistas que puso en marcha el anterior Govern de Jaume Matas para reemplazar los ingresos previstos con la ecotasa, el polémico impuesto implantado por el primer Pacto de Progreso.

El Grupo Clave fue uno de los principales adjudicatarios de contratos de publicidad de la administración durante la pasada legislatura y realizó numerosos trabajos para la Conselleria de Turismo.