ABEL MATUTES , SA

Nacido en Ibiza el 31 de octubre de 1941, cursó los estudios de bachillerato en su isla natal y en 1958, a los 17 años, ingresó en la Universidad de Barcelona, donde realizó las carreras de Derecho y Ciencias Económicas.
Al poco de finalizar sus estudios en 1962, fue contratado como profesor ayudante de Economía Política y Hacienda Pública en esta institución.
Aficionado al fútbol, durante sus estudios universitarios integró además la plantilla del Real Club Deportivo Español. Jugó en los juveniles (1959-1960), en el de "amateurs" y en 1962 pasó al primer equipo, jugando en Primera División.
Miembro de una de las familias ibicencas más ricas, es propietario de numerosas empresas, entre ellas la Banca Abel Matutes y Hoteles Matutes.
Vicepresidente de Fomento del Turismo Insular, su trayectoria política se remonta a 1970, cuando fue "elegido" alcalde de Ibiza. Años después, en 1975, se afilió a Reforma Democrática y en las elecciones generales del 15 de junio de 1977 (Legislatura Constituyente) fue elegido senador de Alianza Popular por Ibiza-Formentera.
En los comicios legislativos del 1 de marzo de 1979 renovó su acta de senador por Ibiza-Formentera, pero por Coalición Democrática.
Integrante del Grupo Mixto, en la Cámara Alta fue miembro de las Comisiones de Suplicatorios, Economía y Hacienda, Industria, Comercio y Turismo. Además perteneció a la Comisión Especial de Investigación del Orden Público y Actividades Terroristas.
Por estas fechas también fue conseller de Hacienda del Consell General Interinsular de Baleares.
El 18 de diciembre de 1979 fue elegido vicepresidente de Alianza Popular .
En las elecciones generales de octubre de 1982 resultó elegido diputado por la misma circunscripción balear. Formó parte de las Comisiones de Economía, Comercio y Hacienda, de Presupuestos, de Control Parlamentario de RTVE, de Investigación de la evolución y situación del grupo Rumasa (como secretario segundo), y miembro de la Mesa de la Diputación Permanente.
El 20 de noviembre de 1985 fue nombrado comisario de España ante la CE junto a Manuel Marín, ex secretario de Estado para la Comunidad Europea. En la Comisión Europea se encargó de las áreas de Créditos, Inversiones, Ingeniería Financiera y Política de la Pequeña y Mediana Empresa.
Tras la renuncia de Manuel Fraga a la presidencia de Alianza Popular a finales de 1986, hizo valer su peso específico en el partido y medió entre los candidatos a su sucesión, Antonio Hernández Mancha, presidente del AP-Andalucía, y Alberto Ruiz-Gallardón, secretario general del partido.
El 8 de diciembre de 1988 fue nombrado Comisario responsable de las relaciones de la CE con los países del Mediterráneo (incluida el área del Golfo), América Latina y Asia.
Con su reelección como comisario europeo, se disiparon todos los rumores que apuntaban hacia su candidatura a la presidencia de AP en el Congreso de enero de 1989. En éste, conocido como el de la refundación, Manuel Fraga retomó las riendas del partido (ahora denominado PP), con Abel Matutes en una de las vicepresidencias. El gran perdedor en este congreso fue Antonio Hernández Mancha, que tuvo que ceder la dirección del partido.
En junio de 1992 dirigió la delegación que representó a la Comisión Europea en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. En ella presentó el compromiso europeo de estabilizar las emanaciones de dióxido de carbono (CO2), entre otros asuntos.
Durante los días en que se celebró esta cumbre, el PSOE de Baleares aprobó un documento en el que criticaba la presencia de Matutes en Río, por considerarlo "máximo responsable" de la degración ecológica de Ibiza. El documento se hacía eco de las iniciativas urbanísticas llevada a cabo en la isla por él y su grupo de empresas.
El 22 de diciembre de ese año cesó como comisario de Cooperación con el Mediterráneo, América Latina y relaciones Norte-Sur, siendo relevado por Manuel Marín, y fue nombrado nuevo comisario europeo de Transportes y Energía.
El 6 de febrero de 1993 fue reelegido miembro de la Ejecutiva Nacional del PP, durante el XI Congreso del PP, celebrado en Madrid.
En octubre de 1993, su nombre apareció, junto al del ex ministro de Economía, Carlos Solchaga, y otros personajes, en una lista de personas que utilizaron gratuitamente los servicios de la compañía Trasmediterránea. A raiz de dicha información, el portavoz del PP matizó que Abel Matutes fue invitado no como diputado sino porque entonces era propietario de la agencia de viajes "Atalaya" de Ibiza.
El 21 de abril renunció a su puesto en la Comisión Europea -fue sustituído por Marcelino Oreja- para presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo del 12 de junio de 1994. Matutes obtuvo el euroescaño y el 22 de julio fue elegido para presidir la Comisión de Asuntos Exteriores y Seguridad de este mismo foro.
Tras la victoria electoral del PP del 3 de marzo de 1996, Abel Matutes y Rafael Arias Salgado fueron elegidos por José María Aznar para que actuaran como interlocutores para temas de Exteriores con el titular del Ministerio, Carlos Westendorp. Poco después, el 5 de mayo, el presidente del Gobierno, José María Aznar, le nombró nuevo titular de la cartera de Asuntos Exteriores.
Matutes mantiene su puesto en la Ejecutiva del PP tras la celebración del XIII Congreso, celebrado en Madrid en enero de 1999 y en el cual el partido dio el giro al centro de cara a las elecciones generales de marzo de 2000.
En octubre de 1999 manifestó su intención de cesar en el Ministerio "para dar paso a las nuevas generaciones". Poco después anunció también que se alejaba de la primera línea política. En su decisión influyó su debilitado estado de salud. En marzo de 1997 había sufrido un infarto de miocardio.
El 28 de abril del 2000 fue relevado por Josep Piqué en Asuntos Exteriores, tras la toma de posesión del nuevo gabinete Aznar, que siguió a las elecciones generales de marzo anterior y en las que el PP obtuvo la mayoría absoluta.
Nombrado vocal del Consejo de Política Exterior del PP en 2004, el ex ministro se dedica preferentemente a sus negocios y a la dirección del Grupo Matutes, con intereses en inmobiliarias, navieras -en especial, Transmediterránea y Balearia- y ocio.
Es consejero de varias entidades y desde 2002 es miembro del Consejo de Administración del Grupo Santander.
Está casado con María de las Nieves Prats y tiene cuatro hijos: Carmen, María, Estela y Abel.

LAS NOTICIAS SOBRE EL SUSODICHO

Problemas de familia

"Energúmeno" y "mico". Así denominó el ex ministro de Exteriores Abel Matutes al ecologista Albert Prats, por ser contrario a las polémicas autovías de Ibiza, que gestionaba su hija Estela Matutes, cuando era consejera del consejo insular. El ex ministro y empresario aseguró que Prats debía ser "exhibido en un zoológico o un circo". Tras las elecciones, Albert Prats ocupa, precisamente, el despacho de Estela Matutes, porque es el nuevo consejero de Medio Ambiente en el Gobierno del PSOE-Eivissa pel Canvi. Ibiza votó y determinó el cambio en Baleares.

El PP y los Matutes, tradicionales potentados insulares con negocios en medio mundo, han perdido el poder político en su feudo de Ibiza y, al tiempo, han sufrido otro revés; la Fiscalía ha denunciado a Estela Matutes en una causa por supuesta corrupción que afecta a otros tres cargos conservadores.

Un Matutes pasará por un juzgado como imputado. Estela, según el escrito del fiscal Adrián Salazar, mientras era consejera, votó un plan urbanístico de Ibiza adaptado a un contrato privado de venta de terrenos que "beneficia directamente a sociedades en las que ella y sus familiares tienen interés económico directo". La acusación cita los supuestos delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.

El patriarca de la estirpe Matutes, que apela siempre a "las buenas gentes de Ibiza", desarrolló los negocios familiares y su carrera política en paralelo. Desde los años setenta, Abel Matutes fue alcalde de Ibiza con Franco, senador y diputado con Manuel Fraga, comisario de la UE y ministro con José María Aznar.

Con 300 años de actividad en Ibiza, los Matutes son navieros, banqueros, constructores, principalmente hoteleros y tienen un gran capital latente, son terratenientes. Hasta poseen un islote privado, Sa Conillera. El escándalo judicial estalla por la venta para su explotación inmobiliaria a Realia Bussines de unas parcelas de 75.000 metros cuadrados, situadas ante el mar -y el islote-, por más de 26,4 millones.

"El asunto está bien atado", aseguran conocedores de los intestinos jurídicos y urbanísticos del caso, abierto tras el 27-M. El fiscal Adrián Salazar trabó la acusación durante meses de investigación y con datos proporcionados por el Grupo de Estudios de la Naturaleza GEN, al que está relacionado el activista y ahora consejero Albert Prats.

Los Matutes vendieron los solares a expensas de una decisión política del PP, con "una condición suspensiva consistente en la aprobación y publicación del plan territorial de Ibiza antes de tres años y que dicho plan establezca que el suelo pase de nuevo a ser apto para urbanizar". Las posibilidades de construcción se multiplicaron. La edificabilidad creció más del 200%.

Dicho, escrito y hecho. Estela Matutes, copropietaria a la vez que consejera aprobó el plan territorial, que contempló, anota el fiscal, "una modificación ilegal y arbitraria del uso urbanístico de unos terrenos". Votó a favor de la modificación especificada, "que entrañaba la obtención de notables plusvalías económicas" para su familia. Los Matutes y Realia pactaron además lanzar juntos un gran puerto deportivo anejo en Sant Antoni, rubricado en el plan.

El cambio político de Ibiza y Baleares y la causa judicial pone en dificultades algunos de sus negocios proyectados, entre ellos, un campo de golf en playa d'en Bossa, con 200.000 metros cuadrados de tierras de las expropiaciones de las autovías por las que un juez investiga un supuesto enriquecimiento ilícito.

El golf de Matutes se debe regar con aguas depuradas, cuyas conducciones fueron subvencionadas para uso de una comunidad de regantes agrícolas. Matutes lidera, es el principal dueño de los ya ex huertos. El gobierno de Aznar de 1996 y el último de Baleares de Jaume Matas de 2007 acordaron resoluciones sobre el golf. Otro megaproyecto que baila mal es el puerto deportivo de Es Viver, cerca de donde se hundió el Don Pedro, que contaminó con fuel una parte de la costa de Ibiza.

El imperio Matutes y las polémicas autovías

Empresario y político, Abel Matutes, se jactó de que nunca ninguna de sus empresas "fue objeto de expediente alguno de defraudación de impuestos ni de ocultación". Por norma, desde 1977, no acuden "a ningún tipo de subasta pública ni concurren a la prestación de obras y servicios de la Administración".

Las controvertidas autovías de Ibiza, para Matutes, su hija Estela y el PP eran "imprescindibles para el bienestar y el futuro de Ibiza" pero han conseguido extender la sospecha. Su sociedad, Suministros Ibiza, compró una cantera a medias con una de las concesionarias, MAB, y el ex ministro es consejero de otra explotadora de las autovías, FCC. Una de sus fincas fue expropiada como urbana tras ser comprada antes a precio de rústica. Se multiplicó por 15 su valor.

"Don Abel" se pasea con su cesta payesa, de hippie y con un Rolls Royce blanco, y navega con los Aznar en su Aiglon (un gran yate que alquila en el Caribe a 13.145 euros al día). Ha sobrevivido al hundimiento de sus socios, Javier de la Rosa, Mario Conde y Giancarlo Parretti. Vendió su Banco de Ibiza-Abel Matutes a la caja valenciana CAM, está en la multinacional del turismo Tui, en el consejo del Santander y tiene a la vez parte en las navieras Baleària y Acciona. En Italia entró en el banco Sanpaolo y era consejero siendo ministro. Trató con el Aga Jan de urbanizaciones en Ibiza.

Los Matutes se titulan "uno de los mayores grupos empresariales españoles". La cadena hotelera Fiesta se extiende por Brasil y Portugal, tras desarrollarse en México, Santo Domingo, Jamaica y Sicilia. Tienen en venta seis hoteles en Canarias y Mallorca. Poseen dos de las grandes discotecas, Space y Privilege. Y la distribuidora que suministra todas las bebidas de la isla, hasta el agua. www.elpais.es 22.07.07

El PP pitiuso respalda a los cargos que el fiscal quiere imputar

El presidente del Partido Popular en las Pitiüses, José Juan Cardona, mostró ayer su apoyo y confianza a los cuatro cargos afectados por la decisión del fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Balears, Adrián Salazar, de solicitar al juez la imputación de Stella Matutes, José Sala y Antoni y Joan Marí Tur por prevaricación y su apoyo a la aprobación del PTI como una herramienta buena de la ordenación urbanística para las Islas.

«Tenemos que demostrar nuestra total confianza en José Sala y al resto de afectados, porque el convenio de ses Variades se tramitó de una manera total y absolutamente transparente. Es más, en la negociación también fue aprobada por algunos de los miembros de la oposición», indicó el presidente del grupo popular, que aseguró que con este convenio, criticado por el GEN por 'blindar' los negocios inmobiliarios de la familia Matutes, «se ha conseguido reducier la edificabilidad de la zona».

José Juan Cardona quiso hacer hincapié en el «mal uso de la información» ya que, según aseguró, ninguno de los implicados han recibido aún la notificación por parte del fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Balears. Ante este hecho, el presidente de los populares se mostró «indignado», al igual que el resto de integrantes del partido, por «tener que conocer los hechos a través de los medios de comunicación», cosa que calificó de «lamentable». A pesar de esto, Cardona indicó que los ánimos entre los miembros del partido son de tranquilidad y total confianza en las actuaciones que tenga que llevar a cabo a partir de ahora la justicia.

En referencia al PTI, José Juan Cardona apuntó que desde el partido se sigue defendiendo que es una «buena herramienta de ordenación». «Si pensásemos lo contrario sería incoherente y absurdo y no lo hubiéramos aprobado, de hecho el nuevo equipo de gobierno no tiene intención de modificarlo». Además, apuntó que esta normativa ha significado «calma para el urbanismo de Eivissa y desde su aprobación se han mejorado muchas condiciones». Por todo ello, José Juan Cardona apuntó que el Plan Territorial Insular regula «desde el punto de vista general la ordenación y no defiende, en ningún caso, los intereses particulares de nadie».

La consellera en funciones de Vies i Obres, Stella Matutes, continuó ayer sin atender las llamadas telefónicas de este periódico, al igual que el presidente en funciones de la máxima institución, Pere Palau. www.ultimahora.es  08.07.07

La fiscalía balear denuncia por corrupción a una hija de Matutes y tres cargos del PP

El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Baleares, Adrián Salazar, ha presentado una denuncia contra Estrella Matutes, del PP, consejera del Consell de Ibiza e hija del empresario y ex ministro del PP Abel Matutes, por aprobar la recalificación de un terreno rústico que planeaba urbanizar una empresa de su familia. La denuncia se dirige también contra otros tres cargos públicos del PP de Ibiza, Joan Marí, Antoni Marí y José Sala, por intervenir en modificaciones supuestamente interesadas e ilegales que beneficiaron a sus propiedades.

Los acuerdos políticos cuestionados quedaron reflejados en la aprobación del Plan Territorial de Ibiza. La fiscalía considera que Estrella Matutes incurrió en delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.

Estrella Matutes, que en la legislatura 2003-2007 fue consejera de Hacienda, Vías y Obras en el Consell de Ibiza y tras el 27-M representa al PP en la oposición, ha sido acusada de participar en la modificación supuestamente "ilegal y arbitraria" del uso urbanístico de un suelo de la isla de Ibiza, en Ses Variades de Sant Antoni, en el que su grupo familiar tenía intereses. Esta decisión entrañó la generación de fuertes plusvalías por la mejora de las expectativas de explotación inmobiliaria junto al litoral, ligadas además a un nuevo puerto deportivo en la bahía de Sant Antoni.

Explotación residencial

Sobre 40.000 metros cuadrados afectados por una de las decisiones urbanísticas denunciadas, se concretó una operación de 26,4 millones de euros por parte de las empresas Matutes, que efectuaron una venta a Realia Bussines, con una escritura condicionada a que los terrenos se modificaran para su explotación residencial. En el caso de que las parcelas no pudieran edificarse, si el plan no se ajustaba a lo previsto, el contrato de venta de los Matutes quedaba anulado por una cláusula de resolución.

Estrella Matutes tenía interés directo y no se abstuvo en la votación, invoca la fiscalía. En 2005 era miembro del pleno del Consell de Ibiza, como consejera, e intervino directamente en la aprobación del plan territorial, que se adaptaba perfectamente a las condiciones del contrato privado de negocio de las empresas de su familia con Realia Bussines, a expensas de las modificaciones de planeamiento.

El fiscal entiende que se ignoró la Ley de Costas y las leyes territoriales y hoteleras de las Baleares. Matutes y Realia se asociaron a otros proyectos que el plan posibilitó.

La fiscalía ha investigado durante meses una denuncia efectuada por los ecologistas del Grupo de Estudios de la Naturaleza GEN-GOB y, pasado el período electoral, ha emprendido la acción penal, que instruirá el juzgado número 3 de Ibiza.

Las sospechas sobre conductas supuestamente delictivas afectan asimismo a los hermanos Joan Marí Tur, conseller de Patrimonio en funciones, y Antoni Marí Tur, parlamentario, y a José Sala, alcalde de San Antonio, que ratificó los procedimientos cuestionados.

Los hermanos Marí no se abstuvieron de intervenir en determinadas recalificaciones urbanísticas que afectaron a fincas de las que eran copropietarios y se vieron beneficiadas por las nuevas expectativas urbanizadoras. Según la acusación de la fiscalía, ignoraron las disposiciones de protección del territorio, las calificaciones de suelo rústico y una sentencia del Supremo. De manera arbitraria, contrariaron el ordenamiento jurídico para favorecer sus intereses particulares. www.elpais.es  07.07.07

El Gobierno balear expropia como urbana una finca que la familia Matutes acababa de comprar como rústica

El Gobierno balear de Jaume Matas (PP) expropió como urbana una finca que la familia Matutes había comprado pocos meses antes a precio de rústica. En estos terrenos, que multiplicaron por 15 su valor, se construye en la actualidad la autopista al aeropuerto de Ibiza. Una hija de Abel Matutes es la consellera de Vías y Obras de Baleares. Las empresas Matutes compraron en Ibiza unos terrenos en el año 2004 que luego serían expropiados para la construcción de la autovía al aeropuerto de la isla y que multiplicaron por quince su valor. Una finca que su primer propietario vendió como rústica sin saber que su catalogación firme iba a ser urbana. El holding del ex ministro de Asuntos Exteriores de Aznar no ha facilitado el detalle del dinero cobrado por la expropiación de estos terrenos, aunque la Cadena SER ha comprobado que, por fincas aledañas y por la respuesta del propio Gobierno balear en el Parlament, el precio de expropiación en suelo urbano se paga a 150 euros por metro cuadrado. Los Matutes habían pagado, según la escritura que obra en poder de la SER, 10 euros por metro cuadrado. Se da la circunstancia de que esta compra se realizó en abril de 2004, mientras se ultima el proyecto de la carretera que saldrá a exposición publica justo dos meses después. Tampoco hay que olvidar que la responsable de Vías y Obras de Ibiza es la hija de Abel Matutes y que ella misma figuraba en aquel momento como consejera delegada mancomunada de la empresa que adquirió los terrenos, Agrupación Hotelera Doliga.23-05-2007 CADENA SER
 

El juez aprecia «enriquecimiento ilícito» del Grupo Matutes por el vertido de escombros en Sant Jordi

El titular del juzgado de instrucción número 2 de Eivissa, José Espinosa, que ha reabierto las diligencias penales por el vertido de tierras y escombros de la autovía del aeropuerto, considera que podría estar produciéndose un «enriquecimiento ilícito de los propietarios de los terrenos», es decir, el Grupo de Empresas Matutes. El auto, al que tuvo acceso ayer este periódico, afirma en uno de sus párrafos: «Se deduce que los vertidos realizados sobre terrenos no destinados al efecto no tienen un fin provisional, sino definitivo, así como que se están acumulando los escombros asfálticos en terrenos privados, con enriquecimiento ilícito de los propietarios de los terrenos». El juez José Espinosa añade que todo ello se produciría también, «y sin ánimo de prejuzgar», «con incumplimiento de las normas administrativass, que obligan a depositar los escombros en los lugares objeto del correspondiente decreto». Por todo ello, no descarta que «además de la posible comisión de delitos contra el medio ambiente, lo haya también por apropiación indebida», agrega el auto con el que se reabrieron las diligencias que habían sido previamente archivadas.

Dos denuncias

La reapertura del caso fue acordada por el juez después de recibir un escrito de la Fiscalía de Eivissa en el que solicitaba la acumulación de las dos denuncias presentadas sobre el vertido de tierras y escombros en los terrenos del campo de golf proyectado en la zona, la primera de ellas por la Plataforma Antiautopistas y la segunda, por los ecologistas del GEN. La petición de la Fiscalía se basaba en la presentación de la segunda denuncia, «donde se aporta información de hechos nuevos», de los cuales «se desprende» el citado «enriquecimiento ilícito». «Ante el giro de los acontecimientos», prosigue el juez Espinosa, «procede acumular ambos procedimientos y acordar las medidas cautelares que solicita el fiscal», y que consisten en «la inmediata paralización de los vertidos en las zonas afectadas y mencionadas en la denuncia, requiriendo a las empresas adjudicatarias de las obras para que se abstengan de verter materiales de todo tipo y residuos peligrosos». Para el cumplimiento de los requerimientos y ejecución de estas medidas, se ha librado la correspondiente notificación a las empresas propietarias, «con apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia grave a la autoridad» en caso de incumplimiento. También se ofició a los agentes del Servicio para la Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para que notifiquen estas órdenes a los propietarios, a las empresas constructoras y a los demás implicados en esta situación. Las denuncias que dieron pie a la decisión del juez relataban el uso de las tierras de las autovías para la construcción encubierta del campo de golf del Grupo Matutes. Para ello, según la Plataforma Antiautopistas y el GEN, se estaría utilizando tierra que fue expropiada a los afectados en su día, que es, además, de alta calidad agrícola. Los denunciantes aseguran que de este modo, la empresa se ahorra importantes costes.

http://www.diariodeibiza.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=3073&pIdSeccion=2&pIdNoticia=166394
 

La familia Matutes, acusada por corrupción urbanística

Tanto el ex ministro de exteriores del PP, Abel Matutes, como su hija, Estrella, Consellera del Consell Insular de Ibiza y Formentera, tendrán que responder ante las acusaciones de tráfico de influencias y prevaricación, entre otras, tras la aprobación de un Plan Urbanístico con disposiciones a medida de proyectos urbanísticos vinculados a ambos. La organización no gubernamental GEN-GOB, de Ibiza, denunció ante la fiscalía anticorrupción presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y actividades prohibidas a autoridades en la elaboración y aprobación del Plan Territorial de Ibiza y Formentera. Según afirma esta asociación, este instrumento se redactó y aprobó con disposiciones a medida de proyectos urbanísticos vinculados al ex-Ministro de Exteriores del PP, Abel Matutes. La hija del ex ministro, Estrella Matutes, Consellera del Consell Insular de Eivissa y Formentera, votó a favor de dicho Plan Territorial.

Intereses familiares
Según denuncia esta organización, el Plan Territorial Insular (PTI), se aprobó con disposiciones a medida de los desarrollos urbanísticos proyectados y contratos previamente firmados por empresas pertenecientes al Grupo Matutes, de las que el ex Ministro de Asuntos Exteriores del PP, Abel Matutes Juan, es el principal accionista. Estas empresas tienen también como accionista a Estrella Matutes Prats, hija de Abel Matutes, que ostenta el cargo de Consellera de Hacienda, Vías y Obras en el Consell Insular, administración que tramitó y aprobó, con su voto, este instrumento de ordenación territorial. Este plan urbanístico recalificaba terrenos de su familia y les otorgaba una edificabilidad por encima del resto de urbanizables en primera línea de mar en la isla de Ibiza. La organización protestataria denunciaba también la aparición de empresas y operaciones previas a la aprobación del Plan Territorial, que también pertenecerían o beneficiarían a los intereses de la familia Matutes -bien extendidos por la isla-. 

www.elplural.com 09.112.06

Mas noticias sobre el Clan Matutes, SA

Las protestas contra las autovías en Ibiza duran ya dos meses y suman 23 detenidos  

Veintitrés ciudadanos de Ibiza han sido detenidos por la Guardia Civil en los dos meses de protestas y resistencia a las obras de las dos autovías, de 20 kilómetros, que construye el Gobierno de Baleares, del PP. Serán juzgados por resistencia a la autoridad y coacciones. Pero en la batalla hay dos frentes. El juez Santiago Pinsach ha ordenado al Ejecutivo balear que se abstenga de actuar en los terrenos de Can Malalt, zona caliente de manifestaciones e incidentes, afectados por el trayecto de la autovía Ibiza-aeropuerto. El magistrado observa "indicios suficientes de un delito de violación de domicilio" en la expropiación y ocupación con máquinas escoltadas por antidisturbios.

Ocho de los 23 manifestantes imputados fueron detenidos al intentar impedir, en tres días, la entrada de la maquinaria en Can Malalt y su entorno, que fue asolado. Por estas acciones de boicoteo pasivo en los dos trayectos, los imputados serán juzgados por resistencia, desobediencia a la autoridad y coacciones, por ignorar las órdenes de las fuerzas de seguridad y haberse opuesto al avance de las excavadoras y los guardias que las protegían.

En los dos trayectos de autovías de Ibiza, cuyo recorrido en buena parte ha sido marcado por la maquinaria, se expropiarán dos decenas de casas y se invadirán medio millar de propiedades. Tres anti-autovía detenidos en Can Malalt se encaramaron a un algarrobo próximo a un vial que, según ellos, enlazará la futura autovía con una zona donde el ex ministro Abel Matutes tiene un plan residencial. Al otro lado de la vía Matutes proyecta un campo de golf. El político afirma que es el primer expropiado y perjudicado, con miles de metros cuadrados, no en vano es el principal propietario de la isla.

A raíz de las denuncias presentadas por los dueños de Can Malalt -enclave de la familia del dirigente payés y comunista Toni Planells- y por otros detenidos, el juez ha abierto una causa penal, que alude al Gobierno de Jaume Matas, por posible expropiación ilegal, violación de domicilio, falsedad documental y delito contra el ejercicio de los derechos cívicos.

La paralización cautelar en un punto concreto de la autovía fue decretada por el juez tras visitar el lugar y oír a las partes. En el auto se reclama al Gobierno que se abstenga de intentar actuar allí hasta que pueda acreditar la legalidad de la expropiación. A su vez, el delegado del Gobierno central es emplazado a que no preste las fuerzas del orden para amparar a las máquinas en esa finca.

60 guardias civiles

Ninguna otra obra pública de Baleares ha tenido jamás un desarrollo tan conflictivo. Las primeras autovías de Ibiza -una isla de apenas 40 kilómetros de largo y 110.000 habitantes- han generado un sinfín de incidentes cada mañana cuando, entre medio centenar y 200 vecinos, ecologistas y dirigentes de izquierdas se plantan ante las excavadoras que deben ocupar las fincas afectadas por los dos trayectos. Las máquinas son escoltadas por más de 60 guardias civiles antidisturbios y una decena de jeeps, por "demanda de auxilio" del Gobierno de Matas. El PSOE apoya el movimiento de resistencia.

El boicoteo de la plataforma vecinal, que recurre a los juzgados y usa los SMS y la red para convocar y divulgación de sus accciones, ha ralentizado las obras, que son la actuación estelar del Gobierno del PP. El presidente Matas tildó de "violentos y radicales" a los que protestan y descalificó a uno de sus defensores, Ignasi Ribas, quien ha sido amparado por el Colegio de Abogados. Matas ha reclamado "el auxilio" de las fuerzas de seguridad en 24 ocasiones para ocupar 103 propiedades afectadas. La plataforma sostiene que las expropiaciones y ocupaciones no son legales o que tienen defectos.

Una de las manifestantes está acusada de atentado, por responder con su casco de moto a un agente que la golpeó. La mayoría de los imputados han presentado denuncias por detención ilegal.Publicado en www.elpais.es .27.03.06

80 guardias civiles protegen las obras de una autopista en Ibiza

Cerca de 150 personas, dirigentes y simpatizantes de la Plataforma Antiautopistas, protestaban contra las “expropiaciones ilegales” e intentaban impedir el acceso de las excavadoras a una finca cercana cuando fueron interceptadas por la Guardia Civil. Se produjeron enfrentamientos y acusaciones que desembocaron en la detención de dos de personas acusadas de resistencia a la autoridad.

”Estado de sitio”

Las reacciones por parte de la oposición no se han hecho esperar, desde EU/Els Verd se exigió la dimisión del delegado del Gobierno por haber creado un “estado de sitio y de ocupación militar”.
La construcción de esta autopista lleva enfrentando desde hace meses a los vecinos con el gobierno del popular Jaume Matas. Para unos esta carretera es “fundamental” para el desarrollo de la isla y para resolver los accidentes de tráfico. Mientras que para otros es “innecesaria debido a sus enormes dimensiones” y porque sepulta centenares de fincas, viviendas y restos arqueológicos.

Multitudinaria manifestación

Ésta era la tercera semana de inactividad en las obras debido a las protestas. El viernes pasado entre 15.000 y 22.000 personas se manifestaron en Ibiza en contra esta autovía. El presidente balear, Jaume Matas, les respondió: “Todos acabarán usándola”, en referencia a la autopista.

Siempre Matutes

El nombre de Abel Matutes, ex ministro de Exteriores del PP, ex comisario europeo, ex alcalde de Ibiza y principal terrateniente y empresario, que posee el 10% de la isla, aparece siempre cuando se habla de esta polémica carretera. Matutes está vinculado a las dos empresas a las que se ha adjudicado las obras que han costado 221 millones de euros. Además Matutes es padre de la actual consejera de Obras Públicas del Consell de Ibiza, Stella Matutes, contra la que se dirigen gran parte de las críticasPublicado en  www.elplural.com 22.02.06

¿Abel Matutes, favorecido por las autovías de Ibiza?

El ex ministro de Exteriores, Abel Matutes, podría resultar beneficiado de la construcción de dos polémicas autovías en Ibiza, según denuncia la plataforma ciudadana No volem la autopista, los socialistas baleares e incluso The New York Times. Se da además la circunstancia de que su hija es la consellera de Vías y Obras del Consell Insular.Desde la plataforma No volem la autopista apuntan que el proyecto de construcción de autovías en Ibiza podría favorecer económicamente al ex ministro de Exteriores Abel Matutes. Según afirman, al margen de que su hija, Stella Matutes, sea la consellera de Vías y Obras del Consell Insular, “hay cosas coincidentes como que, por ejemplo, el vial de salida de la autovía del aeropuerto estará situado justo en la urbanización Canrespalls, de la familia Matutes; o que la cantera que logró la concesión para la construcción de las vías sea también del ex ministro, o que Abel Matutes pertenezca al consejo de administración de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), empresa adjudicataria de la obra”.

Esta sospecha la comparte el diputado socialista por Baleares José Ramón Mateos, que acota que “el hecho de que el PP tenga un interés tan grande en esta obra nos hace pensar en intereses económicos ocultos. De hecho, el Consell Insular cambió la redacción inicial del Plan Territorial Insular (PTI) para que pudiesen abrirse nuevas canteras en zonas protegidas en mayo de 2005. Se da la circunstancia de que el grupo empresarial Matutes y Matías Arrom Bibiloni (MAB) había comprado meses antes una de esas canteras”. The New York Times, en su edición para Europa, realizó un reportaje sobre la polémica de la construcción de autopistas en la isla. En el mismo afirma que “es una gran coincidencia que el imperio empresarial de Matutes salga beneficiado con estos proyectos. El ex ministro de Exteriores de España es el padrino de Ibiza. Hay poca cosa que no sea suya o esté bajo su control”.
Publicado en  www.elplural.com 20.10.05

Matas se "empeña" con las autopistas de Ibiza

La plataforma No volem Autopista ha solicitado medidas cautelares ante el Tribunal Supremo de Baleares para paralizar las autovías que el Gobierno autonómico pretende construir en Ibiza. Acusan a Matas de hipotecar los presupuestos de los próximos 25 años con la aplicación del llamado peaje a la sombra. Lo que significaría que durante ese periodo de tiempo la administración autonómica pagaría a la empresa adjudicataria una cantidad equivalente a lo que hubiera obtenido si cobrase una tarifa a los usuarios.

La construcción de dos autovías en Ibiza, planificadas por el Gobierno de Jaume Matas, ha sido objeto de una petición de medidas cautelares ante el Tribunal Supremo balear por parte de la plataforma ciudadana No volem autopista, apoyada por 30.000 firmas. Según la plataforma, es un proyecto antiecológico e inoperante, ya que a su juicio la isla necesita "una estructura víal en red y mejor transporte público, y no autovías".

Denuncian también los elevados costes del proyecto y supuestos intereses económicos ocultos que podrían involucrar al ex ministro de Exteriores, Abel Matutes, al que en algunos círculos, debido al gran número de propiedades que posee en la isla, se le conoce como el "padrino de Ibiza". 

Problema con las expropiaciones

A la espera de que el Tribunal Supremo de Baleares se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas, y que paralizarían la construcción de las autopistas en la isla, la plataforma No volem autopista continúa denunciando irregularidades. Según Antoni Panells, portavoz de la misma, “ya se ha adjudicado la construcción de la autopista –a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)- sin que se hayan llevado a cabo las debidas expropiaciones, porque el Gobierno balear tiene mucha prisa en comenzar las obras. Ya es el tercer proceso de expropiaciones que se inicia”.

Historia de un convenio

El Ministerio de Fomento, con Magdalena Álvarez a la cabeza, denunció el Convenio de Carreteras firmado por el Gobierno Balear presidido por Jaume Matas y el anterior Ejecutivo de José María Aznar "por incumplimiento de plazos y por licitar obras que excedían el presupuesto contemplado en el Convenio". El pasado 8 de marzo, el Ministerio de Fomento puso un nuevo convenio sobre la mesa.

En el mismo se incluye la ampliación de las dos controvertidas carreteras, pero con las siguientes condiciones: que no sean autovías y que el proyecto sea licitado y realizado por el Ministerio de Fomento. El Gobierno Balear se ha negado a firmar el convenio y, por su cuenta, ha puesto en marcha el proceso de construcción de las autovías, con la modalidad de "peaje a la sombra".  Modalidad que consiste en que la Administración contratante, en este caso el Gobierno balear, se compromete con la empresa adjudicataria a pagar durante los próximos 25 años la cantidad equivalente a lo que hubiera obtenido si cobrase peaje.

Elevados costes

Según Panells, “estas obras, además de antiecológicas e innecesarias, hipotecan el presente y el futuro de la isla durante los próximos 25 años, debido a la aplicación del peaje a la sombra”. Y se pregunta cuáles son los intereses ocultos que obligan al Gobierno balear a darse tantas prisas y no aceptar las propuestas del actual Gobierno nacional.

Para el diputado socialista Mateos, con la modalidad de “peaje a la sombra” , “dos autovías, absolutamente ilógicas, de unos 20 kilómetros, que costarían unos 50 millones de euros terminarán costando 800 millones”.

Y se pregunta “¿por qué al PP le entran tantas prisas en adjudicar unas carreteras que, por convenio, tenían que realizarse en 2008, y no aceptan el nuevo convenio propuesto por el Gobierno socialista, en el que el Ejecutivo paga de forma íntegra las actuaciones de mejora en las principales vías?”.Publicado en  www.elplural.com 22.10.05

 

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