
ABEL MATUTES , SA


Nacido en Ibiza el 31 de octubre de
1941, cursó los estudios de bachillerato en su isla natal y en 1958, a los 17
años, ingresó en la Universidad de Barcelona, donde realizó las carreras de
Derecho y Ciencias Económicas.
Al poco de finalizar sus estudios en 1962, fue contratado como profesor ayudante
de Economía Política y Hacienda Pública en esta institución.
Aficionado al fútbol, durante sus estudios universitarios integró además la
plantilla del Real Club Deportivo Español. Jugó en los juveniles (1959-1960), en
el de "amateurs" y en 1962 pasó al primer equipo, jugando en Primera División.
Miembro de una de las familias ibicencas más ricas, es propietario de numerosas
empresas, entre ellas la Banca Abel Matutes y Hoteles Matutes.
Vicepresidente de Fomento del Turismo Insular, su trayectoria política se
remonta a 1970, cuando fue "elegido" alcalde de Ibiza. Años después, en 1975, se
afilió a Reforma Democrática y en las elecciones generales del 15 de junio de
1977 (Legislatura Constituyente) fue elegido senador de Alianza Popular por
Ibiza-Formentera.
En los comicios legislativos del 1 de marzo de 1979 renovó su acta de senador
por Ibiza-Formentera, pero por Coalición Democrática.
Integrante del Grupo Mixto, en la Cámara Alta fue miembro de las Comisiones de
Suplicatorios, Economía y Hacienda, Industria, Comercio y Turismo. Además
perteneció a la Comisión Especial de Investigación del Orden Público y
Actividades Terroristas.
Por estas fechas también fue conseller de Hacienda del Consell General
Interinsular de Baleares.
El 18 de diciembre de 1979 fue elegido vicepresidente de Alianza Popular .
En las elecciones generales de octubre de 1982 resultó elegido diputado por la
misma circunscripción balear. Formó parte de las Comisiones de Economía,
Comercio y Hacienda, de Presupuestos, de Control Parlamentario de RTVE, de
Investigación de la evolución y situación del grupo Rumasa (como secretario
segundo), y miembro de la Mesa de la Diputación Permanente.
El 20 de noviembre de 1985 fue nombrado comisario de España ante la CE junto a
Manuel Marín, ex secretario de Estado para la Comunidad Europea. En la Comisión
Europea se encargó de las áreas de Créditos, Inversiones, Ingeniería Financiera
y Política de la Pequeña y Mediana Empresa.
Tras la renuncia de Manuel Fraga a la presidencia de Alianza Popular a finales
de 1986, hizo valer su peso específico en el partido y medió entre los
candidatos a su sucesión, Antonio Hernández Mancha, presidente del AP-Andalucía,
y Alberto Ruiz-Gallardón, secretario general del partido.
El 8 de diciembre de 1988 fue nombrado Comisario responsable de las relaciones
de la CE con los países del Mediterráneo (incluida el área del Golfo), América
Latina y Asia.
Con su reelección como comisario europeo, se disiparon todos los rumores que
apuntaban hacia su candidatura a la presidencia de AP en el Congreso de enero de
1989. En éste, conocido como el de la refundación, Manuel Fraga retomó las
riendas del partido (ahora denominado PP), con Abel Matutes en una
de las vicepresidencias. El gran perdedor en este congreso fue Antonio Hernández
Mancha, que tuvo que ceder la dirección del partido.
En junio de 1992 dirigió la delegación que representó a la Comisión Europea en
la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. En ella presentó el compromiso europeo
de estabilizar las emanaciones de dióxido de carbono (CO2), entre otros asuntos.
Durante los días en que se celebró esta cumbre, el PSOE de Baleares aprobó un
documento en el que criticaba la presencia de Matutes en Río, por
considerarlo "máximo responsable" de la degración ecológica de Ibiza. El
documento se hacía eco de las iniciativas urbanísticas llevada a cabo en la isla
por él y su grupo de empresas.
El 22 de diciembre de ese año cesó como comisario de Cooperación con el
Mediterráneo, América Latina y relaciones Norte-Sur, siendo relevado por Manuel
Marín, y fue nombrado nuevo comisario europeo de Transportes y Energía.
El 6 de febrero de 1993 fue reelegido miembro de la Ejecutiva Nacional del PP,
durante el XI Congreso del PP, celebrado en Madrid.
En octubre de 1993, su nombre apareció, junto al del ex ministro de Economía,
Carlos Solchaga, y otros personajes, en una lista de personas que utilizaron
gratuitamente los servicios de la compañía Trasmediterránea. A raiz de dicha
información, el portavoz del PP matizó que Abel Matutes fue
invitado no como diputado sino porque entonces era propietario de la agencia de
viajes "Atalaya" de Ibiza.
El 21 de abril renunció a su puesto en la Comisión Europea -fue sustituído por
Marcelino Oreja- para presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo del 12
de junio de 1994. Matutes obtuvo el euroescaño y el 22 de julio fue
elegido para presidir la Comisión de Asuntos Exteriores y Seguridad de este
mismo foro.
Tras la victoria electoral del PP del 3 de marzo de 1996, Abel Matutes
y Rafael Arias Salgado fueron elegidos por José María Aznar para que actuaran
como interlocutores para temas de Exteriores con el titular del Ministerio,
Carlos Westendorp. Poco después, el 5 de mayo, el presidente del Gobierno, José
María Aznar, le nombró nuevo titular de la cartera de Asuntos Exteriores.
Matutes mantiene su puesto en la Ejecutiva del PP tras la celebración del
XIII Congreso, celebrado en Madrid en enero de 1999 y en el cual el partido dio
el giro al centro de cara a las elecciones generales de marzo de 2000.
En octubre de 1999 manifestó su intención de cesar en el Ministerio "para dar
paso a las nuevas generaciones". Poco después anunció también que se alejaba de
la primera línea política. En su decisión influyó su debilitado estado de salud.
En marzo de 1997 había sufrido un infarto de miocardio.
El 28 de abril del 2000 fue relevado por Josep Piqué en Asuntos Exteriores, tras
la toma de posesión del nuevo gabinete Aznar, que siguió a las elecciones
generales de marzo anterior y en las que el PP obtuvo la mayoría absoluta.
Nombrado vocal del Consejo de Política Exterior del PP en 2004, el ex ministro
se dedica preferentemente a sus negocios y a la dirección del Grupo Matutes,
con intereses en inmobiliarias, navieras -en especial, Transmediterránea y
Balearia- y ocio.
Es consejero de varias entidades y desde 2002 es miembro del Consejo de
Administración del Grupo Santander.
Está casado con María de las Nieves Prats y tiene cuatro hijos: Carmen, María,
Estela y Abel.
LAS NOTICIAS SOBRE EL SUSODICHO
Problemas de familia
"Energúmeno"
y "mico". Así denominó el ex ministro de Exteriores Abel
Matutes al ecologista Albert Prats, por ser contrario a
las polémicas autovías de Ibiza, que gestionaba su hija
Estela Matutes, cuando era consejera del consejo
insular. El ex ministro y empresario aseguró que Prats
debía ser "exhibido en un zoológico o un circo". Tras
las elecciones, Albert Prats ocupa, precisamente, el
despacho de Estela Matutes, porque es el nuevo consejero
de Medio Ambiente en el Gobierno del PSOE-Eivissa pel
Canvi. Ibiza votó y determinó el cambio en Baleares.
El PP y los
Matutes, tradicionales potentados insulares con negocios
en medio mundo, han perdido el poder político en su
feudo de Ibiza y, al tiempo, han sufrido otro revés; la
Fiscalía ha denunciado a Estela Matutes en una causa por
supuesta corrupción que afecta a otros tres cargos
conservadores.
Un Matutes
pasará por un juzgado como imputado. Estela, según el
escrito del fiscal Adrián Salazar, mientras era
consejera, votó un plan urbanístico de Ibiza adaptado a
un contrato privado de venta de terrenos que "beneficia
directamente a sociedades en las que ella y sus
familiares tienen interés económico directo". La
acusación cita los supuestos delitos de prevaricación,
negociaciones prohibidas a funcionarios, uso de
información privilegiada y tráfico de influencias.
El patriarca
de la estirpe Matutes, que apela siempre a "las buenas
gentes de Ibiza", desarrolló los negocios familiares y
su carrera política en paralelo. Desde los años setenta,
Abel Matutes fue alcalde de Ibiza con Franco, senador y
diputado con Manuel Fraga, comisario de la UE y ministro
con José María Aznar.
Con 300 años
de actividad en Ibiza, los Matutes son navieros,
banqueros, constructores, principalmente hoteleros y
tienen un gran capital latente, son terratenientes.
Hasta poseen un islote privado, Sa Conillera. El
escándalo judicial estalla por la venta para su
explotación inmobiliaria a Realia Bussines de unas
parcelas de 75.000 metros cuadrados, situadas ante el
mar -y el islote-, por más de 26,4 millones.
"El asunto
está bien atado", aseguran conocedores de los intestinos
jurídicos y urbanísticos del caso, abierto tras el 27-M.
El fiscal Adrián Salazar trabó la acusación durante
meses de investigación y con datos proporcionados por el
Grupo de Estudios de la Naturaleza GEN, al que está
relacionado el activista y ahora consejero Albert Prats.
Los Matutes
vendieron los solares a expensas de una decisión
política del PP, con "una condición suspensiva
consistente en la aprobación y publicación del plan
territorial de Ibiza antes de tres años y que dicho plan
establezca que el suelo pase de nuevo a ser apto para
urbanizar". Las posibilidades de construcción se
multiplicaron. La edificabilidad creció más del 200%.
Dicho,
escrito y hecho. Estela Matutes, copropietaria a la vez
que consejera aprobó el plan territorial, que contempló,
anota el fiscal, "una modificación ilegal y arbitraria
del uso urbanístico de unos terrenos". Votó a favor de
la modificación especificada, "que entrañaba la
obtención de notables plusvalías económicas" para su
familia. Los Matutes y Realia pactaron además lanzar
juntos un gran puerto deportivo anejo en Sant Antoni,
rubricado en el plan.
El cambio
político de Ibiza y Baleares y la causa judicial pone en
dificultades algunos de sus negocios proyectados, entre
ellos, un campo de golf en playa d'en Bossa, con 200.000
metros cuadrados de tierras de las expropiaciones de las
autovías por las que un juez investiga un supuesto
enriquecimiento ilícito.
El golf de
Matutes se debe regar con aguas depuradas, cuyas
conducciones fueron subvencionadas para uso de una
comunidad de regantes agrícolas. Matutes lidera, es el
principal dueño de los ya ex huertos. El gobierno de
Aznar de 1996 y el último de Baleares de Jaume Matas de
2007 acordaron resoluciones sobre el golf. Otro
megaproyecto que baila mal es el puerto deportivo de Es
Viver, cerca de donde se hundió el Don Pedro, que
contaminó con fuel una parte de la costa de Ibiza.
El imperio Matutes y
las polémicas autovías
Empresario y
político, Abel Matutes, se jactó de que nunca ninguna de
sus empresas "fue objeto de expediente alguno de
defraudación de impuestos ni de ocultación". Por norma,
desde 1977, no acuden "a ningún tipo de subasta pública
ni concurren a la prestación de obras y servicios de la
Administración".
Las
controvertidas autovías de Ibiza, para Matutes, su hija
Estela y el PP eran "imprescindibles para el bienestar y
el futuro de Ibiza" pero han conseguido extender la
sospecha. Su sociedad, Suministros Ibiza, compró una
cantera a medias con una de las concesionarias, MAB, y
el ex ministro es consejero de otra explotadora de las
autovías, FCC. Una de sus fincas fue expropiada como
urbana tras ser comprada antes a precio de rústica. Se
multiplicó por 15 su valor.
"Don Abel"
se pasea con su cesta payesa, de hippie y con un
Rolls Royce blanco, y navega con los Aznar en su
Aiglon (un gran yate que alquila en el Caribe a
13.145 euros al día). Ha sobrevivido al hundimiento de
sus socios, Javier de la Rosa, Mario Conde y Giancarlo
Parretti. Vendió su Banco de Ibiza-Abel Matutes a la
caja valenciana CAM, está en la multinacional del
turismo Tui, en el consejo del Santander y tiene a la
vez parte en las navieras Baleària y Acciona. En Italia
entró en el banco Sanpaolo y era consejero siendo
ministro. Trató con el Aga Jan de urbanizaciones en
Ibiza.
Los Matutes
se titulan "uno de los mayores grupos empresariales
españoles". La cadena hotelera Fiesta se extiende por
Brasil y Portugal, tras desarrollarse en México, Santo
Domingo, Jamaica y Sicilia. Tienen en venta seis hoteles
en Canarias y Mallorca. Poseen dos de las grandes
discotecas, Space y Privilege. Y la
distribuidora que suministra todas las bebidas de la
isla, hasta el agua.
www.elpais.es 22.07.07
El PP pitiuso respalda a los
cargos que el fiscal quiere imputar
El presidente del Partido Popular en las Pitiüses, José Juan Cardona, mostró
ayer su apoyo y confianza a los cuatro cargos afectados por la decisión del
fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Balears, Adrián Salazar, de solicitar al
juez la imputación de Stella Matutes, José Sala y Antoni y Joan Marí Tur por
prevaricación y su apoyo a la aprobación del PTI como una herramienta buena de
la ordenación urbanística para las Islas.
«Tenemos que demostrar
nuestra total confianza en José Sala y al resto de afectados, porque el convenio
de ses Variades se tramitó de una manera total y absolutamente transparente. Es
más, en la negociación también fue aprobada por algunos de los miembros de la
oposición», indicó el presidente del grupo popular, que aseguró que con este
convenio, criticado por el GEN por 'blindar' los negocios inmobiliarios de la
familia Matutes, «se ha conseguido reducier la edificabilidad de la zona».
José Juan Cardona quiso
hacer hincapié en el «mal uso de la información» ya que, según aseguró, ninguno
de los implicados han recibido aún la notificación por parte del fiscal de Medio
Ambiente y Urbanismo de Balears. Ante este hecho, el presidente de los populares
se mostró «indignado», al igual que el resto de integrantes del partido, por
«tener que conocer los hechos a través de los medios de comunicación», cosa que
calificó de «lamentable». A pesar de esto, Cardona indicó que los ánimos entre
los miembros del partido son de tranquilidad y total confianza en las
actuaciones que tenga que llevar a cabo a partir de ahora la justicia.
En referencia al PTI, José
Juan Cardona apuntó que desde el partido se sigue defendiendo que es una «buena
herramienta de ordenación». «Si pensásemos lo contrario sería incoherente y
absurdo y no lo hubiéramos aprobado, de hecho el nuevo equipo de gobierno no
tiene intención de modificarlo». Además, apuntó que esta normativa ha
significado «calma para el urbanismo de Eivissa y desde su aprobación se han
mejorado muchas condiciones». Por todo ello, José Juan Cardona apuntó que el
Plan Territorial Insular regula «desde el punto de vista general la ordenación y
no defiende, en ningún caso, los intereses particulares de nadie».
La consellera en funciones
de Vies i Obres, Stella Matutes, continuó ayer sin atender las llamadas
telefónicas de este periódico, al igual que el presidente en funciones de la
máxima institución, Pere Palau.
www.ultimahora.es 08.07.07
La fiscalía balear
denuncia por corrupción a una hija de Matutes y tres cargos del
PP
El fiscal de
Medio Ambiente y Urbanismo de Baleares, Adrián Salazar,
ha presentado una denuncia contra Estrella Matutes, del
PP, consejera del Consell de Ibiza e hija del empresario
y ex ministro del PP Abel Matutes, por aprobar la
recalificación de un terreno rústico que planeaba
urbanizar una empresa de su familia. La denuncia se
dirige también contra otros tres cargos públicos del PP
de Ibiza, Joan Marí, Antoni Marí y José Sala, por
intervenir en modificaciones supuestamente interesadas e
ilegales que beneficiaron a sus propiedades.
Los acuerdos
políticos cuestionados quedaron reflejados en la
aprobación del Plan Territorial de Ibiza. La fiscalía
considera que Estrella Matutes incurrió en delitos de
negociaciones prohibidas a funcionarios, uso de
información privilegiada y tráfico de influencias.
Estrella
Matutes, que en la legislatura 2003-2007 fue consejera
de Hacienda, Vías y Obras en el Consell de Ibiza y tras
el 27-M representa al PP en la oposición, ha sido
acusada de participar en la modificación supuestamente
"ilegal y arbitraria" del uso urbanístico de un suelo de
la isla de Ibiza, en Ses Variades de Sant Antoni, en el
que su grupo familiar tenía intereses. Esta decisión
entrañó la generación de fuertes plusvalías por la
mejora de las expectativas de explotación inmobiliaria
junto al litoral, ligadas además a un nuevo puerto
deportivo en la bahía de Sant Antoni.
Explotación
residencial
Sobre 40.000
metros cuadrados afectados por una de las decisiones
urbanísticas denunciadas, se concretó una operación de
26,4 millones de euros por parte de las empresas
Matutes, que efectuaron una venta a Realia Bussines, con
una escritura condicionada a que los terrenos se
modificaran para su explotación residencial. En el caso
de que las parcelas no pudieran edificarse, si el plan
no se ajustaba a lo previsto, el contrato de venta de
los Matutes quedaba anulado por una cláusula de
resolución.
Estrella
Matutes tenía interés directo y no se abstuvo en la
votación, invoca la fiscalía. En 2005 era miembro del
pleno del Consell de Ibiza, como consejera, e intervino
directamente en la aprobación del plan territorial, que
se adaptaba perfectamente a las condiciones del contrato
privado de negocio de las empresas de su familia con
Realia Bussines, a expensas de las modificaciones de
planeamiento.
El fiscal
entiende que se ignoró la Ley de Costas y las leyes
territoriales y hoteleras de las Baleares. Matutes y
Realia se asociaron a otros proyectos que el plan
posibilitó.
La fiscalía
ha investigado durante meses una denuncia efectuada por
los ecologistas del Grupo de Estudios de la Naturaleza
GEN-GOB y, pasado el período electoral, ha emprendido la
acción penal, que instruirá el juzgado número 3 de
Ibiza.
Las
sospechas sobre conductas supuestamente delictivas
afectan asimismo a los hermanos Joan Marí Tur, conseller
de Patrimonio en funciones, y Antoni Marí Tur,
parlamentario, y a José Sala, alcalde de San Antonio,
que ratificó los procedimientos cuestionados.
Los hermanos
Marí no se abstuvieron de intervenir en determinadas
recalificaciones urbanísticas que afectaron a fincas de
las que eran copropietarios y se vieron beneficiadas por
las nuevas expectativas urbanizadoras. Según la
acusación de la fiscalía, ignoraron las disposiciones de
protección del territorio, las calificaciones de suelo
rústico y una sentencia del Supremo. De manera
arbitraria, contrariaron el ordenamiento jurídico para
favorecer sus intereses particulares.
www.elpais.es
07.07.07
El Gobierno balear expropia como
urbana una finca que la familia Matutes acababa de comprar como rústica


El Gobierno balear de Jaume Matas
(PP) expropió como urbana una finca que la familia Matutes había comprado pocos
meses antes a precio de rústica. En estos terrenos, que multiplicaron por 15 su
valor, se construye en la actualidad la autopista al aeropuerto de Ibiza. Una
hija de Abel Matutes es la consellera de Vías y Obras de Baleares. Las empresas
Matutes compraron en Ibiza unos terrenos en el año 2004 que luego serían
expropiados para la construcción de la autovía al aeropuerto de la isla y que
multiplicaron por quince su valor. Una finca que su primer propietario vendió
como rústica sin saber que su catalogación firme iba a ser urbana. El holding
del ex ministro de Asuntos Exteriores de Aznar no ha facilitado el detalle del
dinero cobrado por la expropiación de estos terrenos, aunque la Cadena SER ha
comprobado que, por fincas aledañas y por la respuesta del propio Gobierno
balear en el Parlament, el precio de expropiación en suelo urbano se paga a 150
euros por metro cuadrado. Los Matutes habían pagado, según la escritura que obra
en poder de la SER, 10 euros por metro cuadrado. Se da la circunstancia de que
esta compra se realizó en abril de 2004, mientras se ultima el proyecto de la
carretera que saldrá a exposición publica justo dos meses después. Tampoco hay
que olvidar que la responsable de Vías y Obras de Ibiza es la hija de Abel
Matutes y que ella misma figuraba en aquel momento como consejera delegada
mancomunada de la empresa que adquirió los terrenos, Agrupación Hotelera Doliga.23-05-2007
CADENA SER
El juez aprecia «enriquecimiento
ilícito» del Grupo Matutes por el vertido de escombros en Sant Jordi
El titular del juzgado de instrucción número 2 de Eivissa, José
Espinosa, que ha reabierto las diligencias penales por el vertido de tierras y
escombros de la autovía del aeropuerto, considera que podría estar produciéndose
un «enriquecimiento ilícito de los propietarios de los terrenos», es decir, el
Grupo de Empresas Matutes. El auto, al que tuvo acceso ayer este periódico,
afirma en uno de sus párrafos: «Se deduce que los vertidos realizados sobre
terrenos no destinados al efecto no tienen un fin provisional, sino definitivo,
así como que se están acumulando los escombros asfálticos en terrenos privados,
con enriquecimiento ilícito de los propietarios de los terrenos». El juez José
Espinosa añade que todo ello se produciría también, «y sin ánimo de prejuzgar»,
«con incumplimiento de las normas administrativass, que obligan a depositar los
escombros en los lugares objeto del correspondiente decreto». Por todo ello, no
descarta que «además de la posible comisión de delitos contra el medio ambiente,
lo haya también por apropiación indebida», agrega el auto con el que se
reabrieron las diligencias que habían sido previamente archivadas.
Dos denuncias
La reapertura del caso fue acordada por el juez después de recibir un escrito de
la Fiscalía de Eivissa en el que solicitaba la acumulación de las dos denuncias
presentadas sobre el vertido de tierras y escombros en los terrenos del campo de
golf proyectado en la zona, la primera de ellas por la Plataforma Antiautopistas
y la segunda, por los ecologistas del GEN. La petición de la Fiscalía se basaba
en la presentación de la segunda denuncia, «donde se aporta información de
hechos nuevos», de los cuales «se desprende» el citado «enriquecimiento
ilícito». «Ante el giro de los acontecimientos», prosigue el juez Espinosa,
«procede acumular ambos procedimientos y acordar las medidas cautelares que
solicita el fiscal», y que consisten en «la inmediata paralización de los
vertidos en las zonas afectadas y mencionadas en la denuncia, requiriendo a las
empresas adjudicatarias de las obras para que se abstengan de verter materiales
de todo tipo y residuos peligrosos». Para el cumplimiento de los requerimientos
y ejecución de estas medidas, se ha librado la correspondiente notificación a
las empresas propietarias, «con apercibimiento de incurrir en delito de
desobediencia grave a la autoridad» en caso de incumplimiento. También se ofició
a los agentes del Servicio para la Protección de la Naturaleza (Seprona) de la
Guardia Civil para que notifiquen estas órdenes a los propietarios, a las
empresas constructoras y a los demás implicados en esta situación. Las denuncias
que dieron pie a la decisión del juez relataban el uso de las tierras de las
autovías para la construcción encubierta del campo de golf del Grupo Matutes.
Para ello, según la Plataforma Antiautopistas y el GEN, se estaría utilizando
tierra que fue expropiada a los afectados en su día, que es, además, de alta
calidad agrícola. Los denunciantes aseguran que de este modo, la empresa se
ahorra importantes costes.
http://www.diariodeibiza.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=3073&pIdSeccion=2&pIdNoticia=166394
La familia Matutes, acusada por
corrupción urbanística
Tanto el ex ministro de
exteriores del PP, Abel Matutes,
como su hija, Estrella,
Consellera del Consell Insular
de Ibiza y Formentera, tendrán
que responder ante las
acusaciones de tráfico de
influencias y prevaricación,
entre otras, tras la aprobación
de un Plan Urbanístico con
disposiciones a medida de
proyectos urbanísticos
vinculados a ambos. La
organización no gubernamental
GEN-GOB, de Ibiza, denunció ante
la fiscalía anticorrupción
presuntos delitos de tráfico de
influencias, prevaricación y
actividades prohibidas a
autoridades en la elaboración y
aprobación del Plan Territorial
de Ibiza y Formentera. Según
afirma esta asociación, este
instrumento se redactó y aprobó
con disposiciones a medida de
proyectos urbanísticos
vinculados al ex-Ministro de
Exteriores del PP, Abel Matutes.
La hija del ex ministro,
Estrella Matutes, Consellera del
Consell Insular de Eivissa y
Formentera, votó a favor de
dicho Plan Territorial.
Intereses familiares
Según denuncia esta
organización, el Plan
Territorial Insular (PTI), se
aprobó con disposiciones a
medida de los desarrollos
urbanísticos proyectados y
contratos previamente firmados
por empresas pertenecientes al
Grupo Matutes, de las que el ex
Ministro de Asuntos Exteriores
del PP, Abel Matutes Juan, es el
principal accionista. Estas
empresas tienen también como
accionista a Estrella Matutes
Prats, hija de Abel Matutes, que
ostenta el cargo de Consellera
de Hacienda, Vías y Obras en el
Consell Insular, administración
que tramitó y aprobó, con su
voto, este instrumento de
ordenación territorial. Este
plan urbanístico recalificaba
terrenos de su familia y les
otorgaba una edificabilidad por
encima del resto de urbanizables
en primera línea de mar en la
isla de Ibiza. La organización
protestataria denunciaba también
la aparición de empresas y
operaciones previas a la
aprobación del Plan Territorial,
que también pertenecerían o
beneficiarían a los intereses de
la familia Matutes -bien
extendidos por la isla-.
www.elplural.com
09.112.06
Mas noticias
sobre el Clan Matutes, SA
Las protestas contra
las autovías en Ibiza duran ya dos meses y suman 23
detenidos
Veintitrés
ciudadanos de Ibiza han sido detenidos por la Guardia
Civil en los dos meses de protestas y resistencia a las
obras de las dos autovías, de 20 kilómetros, que
construye el Gobierno de Baleares, del PP. Serán
juzgados por resistencia a la autoridad y coacciones.
Pero en la batalla hay dos frentes. El juez
Santiago Pinsach ha ordenado al Ejecutivo balear que se
abstenga de actuar en los terrenos de Can Malalt, zona
caliente de manifestaciones e incidentes, afectados por
el trayecto de la autovía Ibiza-aeropuerto. El
magistrado observa "indicios suficientes de un delito de
violación de domicilio" en la expropiación y ocupación
con máquinas escoltadas por antidisturbios.
Ocho de los
23 manifestantes imputados fueron detenidos al intentar
impedir, en tres días, la entrada de la maquinaria en
Can Malalt y su entorno, que fue asolado. Por estas
acciones de boicoteo pasivo en los dos trayectos, los
imputados serán juzgados por resistencia, desobediencia
a la autoridad y coacciones, por ignorar las órdenes de
las fuerzas de seguridad y haberse opuesto al avance de
las excavadoras y los guardias que las protegían.
En los dos
trayectos de autovías de Ibiza, cuyo recorrido en buena
parte ha sido marcado por la maquinaria, se expropiarán
dos decenas de casas y se invadirán medio millar de
propiedades. Tres anti-autovía detenidos en Can
Malalt se encaramaron a un algarrobo próximo a un vial
que, según ellos, enlazará la futura autovía con una
zona donde el ex ministro Abel Matutes tiene un plan
residencial. Al otro lado de la vía Matutes proyecta un
campo de golf. El político afirma que es el primer
expropiado y perjudicado, con miles de metros cuadrados,
no en vano es el principal propietario de la isla.
A raíz de
las denuncias presentadas por los dueños de Can Malalt
-enclave de la familia del dirigente payés y comunista
Toni Planells- y por otros detenidos, el juez ha abierto
una causa penal, que alude al Gobierno de Jaume Matas,
por posible expropiación ilegal, violación de domicilio,
falsedad documental y delito contra el ejercicio de los
derechos cívicos.
La
paralización cautelar en un punto concreto de la autovía
fue decretada por el juez tras visitar el lugar y oír a
las partes. En el auto se reclama al Gobierno que se
abstenga de intentar actuar allí hasta que pueda
acreditar la legalidad de la expropiación. A su vez, el
delegado del Gobierno central es emplazado a que no
preste las fuerzas del orden para amparar a las máquinas
en esa finca.
60 guardias
civiles
Ninguna otra
obra pública de Baleares ha tenido jamás un desarrollo
tan conflictivo. Las primeras autovías de Ibiza -una
isla de apenas 40 kilómetros de largo y 110.000
habitantes- han generado un sinfín de incidentes cada
mañana cuando, entre medio centenar y 200 vecinos,
ecologistas y dirigentes de izquierdas se plantan ante
las excavadoras que deben ocupar las fincas afectadas
por los dos trayectos. Las máquinas son escoltadas por
más de 60 guardias civiles antidisturbios y una decena
de jeeps, por "demanda de auxilio" del Gobierno de
Matas. El PSOE apoya el movimiento de resistencia.
El boicoteo
de la plataforma vecinal, que recurre a los juzgados y
usa los SMS y la red para convocar y divulgación de sus
accciones, ha ralentizado las obras, que son la
actuación estelar del Gobierno del PP. El presidente
Matas tildó de "violentos y radicales" a los que
protestan y descalificó a uno de sus defensores, Ignasi
Ribas, quien ha sido amparado por el Colegio de
Abogados. Matas ha reclamado "el auxilio" de las fuerzas
de seguridad en 24 ocasiones para ocupar 103 propiedades
afectadas. La plataforma sostiene que las expropiaciones
y ocupaciones no son legales o que tienen defectos.
Una de las
manifestantes está acusada de atentado, por responder
con su casco de moto a un agente que la golpeó. La
mayoría de los imputados han presentado denuncias por
detención ilegal.Publicado
en www.elpais.es .27.03.06
80 guardias
civiles protegen las obras de una autopista en Ibiza

Cerca de 150
personas, dirigentes y simpatizantes de la Plataforma
Antiautopistas, protestaban contra las “expropiaciones
ilegales” e intentaban impedir el acceso de las
excavadoras a una finca cercana cuando fueron
interceptadas por la Guardia Civil. Se produjeron
enfrentamientos y acusaciones que desembocaron en la
detención de dos de personas acusadas de resistencia a
la autoridad.
”Estado de sitio”
Las
reacciones por parte de la oposición no se han hecho
esperar, desde EU/Els Verd se exigió la dimisión del
delegado del Gobierno por haber creado un “estado de
sitio y de ocupación militar”.
La construcción de esta autopista lleva enfrentando
desde hace meses a los vecinos con el gobierno del
popular
Jaume Matas. Para unos esta carretera es
“fundamental” para el desarrollo de la isla y para
resolver los accidentes de tráfico. Mientras que para
otros es “innecesaria debido a sus enormes dimensiones”
y porque sepulta centenares de fincas, viviendas y
restos arqueológicos.
Multitudinaria manifestación
Ésta era la
tercera semana de inactividad en las obras debido a las
protestas. El viernes pasado entre 15.000 y 22.000
personas se manifestaron en Ibiza en contra esta
autovía. El presidente balear, Jaume Matas, les
respondió: “Todos acabarán usándola”, en referencia a la
autopista.
Siempre Matutes
El nombre de
Abel Matutes, ex ministro de Exteriores del PP, ex
comisario europeo, ex alcalde de Ibiza y principal
terrateniente y empresario, que posee el 10% de la isla,
aparece siempre cuando se habla de esta polémica
carretera. Matutes está vinculado a las dos empresas a
las que se ha adjudicado las obras que han costado 221
millones de euros. Además Matutes es padre de la actual
consejera de Obras Públicas del Consell de Ibiza, Stella
Matutes, contra la que se dirigen gran parte de las
críticasPublicado
en
www.elplural.com
22.02.06
¿Abel Matutes, favorecido por
las autovías de Ibiza?
El ex ministro de Exteriores,
Abel Matutes, podría resultar
beneficiado de la construcción
de dos polémicas autovías en
Ibiza, según denuncia la
plataforma ciudadana No volem
la autopista, los
socialistas baleares e incluso
The New York Times. Se da
además la circunstancia de que
su hija es la consellera de Vías
y Obras del Consell
Insular.Desde la plataforma
No volem la autopista
apuntan que el proyecto de
construcción de autovías en
Ibiza podría
favorecer económicamente al ex
ministro de Exteriores Abel
Matutes. Según afirman, al
margen de que su hija, Stella
Matutes, sea la consellera de
Vías y Obras del Consell
Insular, “hay cosas coincidentes
como que, por ejemplo, el vial
de salida de la autovía del
aeropuerto estará situado justo
en la urbanización Canrespalls,
de la familia Matutes; o que la
cantera que logró la concesión
para la construcción de las vías
sea también del ex ministro, o
que Abel Matutes pertenezca al
consejo de administración de
Fomento de Construcciones y
Contratas (FCC), empresa
adjudicataria de la obra”.
Esta sospecha la comparte el
diputado socialista por Baleares
José Ramón Mateos, que acota que
“el hecho de que el PP tenga un
interés tan grande en esta obra
nos hace pensar en intereses
económicos ocultos. De hecho, el
Consell Insular cambió la
redacción inicial del Plan
Territorial Insular (PTI) para
que pudiesen abrirse nuevas
canteras en zonas protegidas en
mayo de 2005. Se da la
circunstancia de que el grupo
empresarial Matutes y Matías
Arrom Bibiloni (MAB) había
comprado meses antes una de esas
canteras”. The New York
Times, en su edición
para Europa, realizó un
reportaje sobre la polémica de
la construcción de autopistas en
la isla. En el mismo afirma que
“es una gran coincidencia que el
imperio empresarial de Matutes
salga beneficiado con estos
proyectos. El ex ministro de
Exteriores de España es el
padrino de Ibiza. Hay poca
cosa que no sea suya o esté bajo
su control”.Publicado
en
www.elplural.com
20.10.05
Matas se "empeña" con las
autopistas de Ibiza
La plataforma No volem
Autopista ha solicitado
medidas cautelares ante el
Tribunal Supremo de Baleares
para paralizar las autovías que
el Gobierno autonómico pretende
construir en Ibiza. Acusan a
Matas de hipotecar los
presupuestos de los próximos 25
años con la aplicación del
llamado peaje a la sombra. Lo
que significaría que durante ese
periodo de tiempo la
administración autonómica
pagaría a la empresa
adjudicataria una cantidad
equivalente a lo que hubiera
obtenido si cobrase una tarifa a
los usuarios.
La
construcción
de dos
autovías
en Ibiza,
planificadas
por el
Gobierno
de Jaume
Matas,
ha sido
objeto
de una
petición
de
medidas
cautelares ante
el
Tribunal
Supremo
balear
por
parte
de la
plataforma
ciudadana
No
volem
autopista,
apoyada
por
30.000
firmas.
Según la
plataforma,
es un
proyecto
antiecológico
e
inoperante,
ya que a
su
juicio
la isla
necesita
"una
estructura
víal en
red y
mejor
transporte
público,
y no
autovías".
Denuncian
también
los
elevados
costes
del
proyecto
y
supuestos
intereses
económicos
ocultos
que podrían
involucrar al
ex
ministro
de
Exteriores,
Abel
Matutes,
al que
en
algunos
círculos,
debido
al gran
número
de
propiedades
que
posee en
la
isla, se
le
conoce
como el
"padrino
de Ibiza".
Problema
con las
expropiaciones
A la
espera
de que
el
Tribunal
Supremo
de
Baleares
se
pronuncie
sobre
las
medidas
cautelares
solicitadas,
y que
paralizarían
la
construcción
de las
autopistas
en la
isla, la
plataforma
No
volem
autopista
continúa
denunciando
irregularidades.
Según
Antoni
Panells,
portavoz
de la
misma,
“ya se
ha
adjudicado
la
construcción
de la
autopista
–a la
empresa
Fomento
de
Construcciones
y
Contratas
(FCC)-
sin que
se hayan
llevado
a cabo
las
debidas
expropiaciones,
porque
el
Gobierno
balear
tiene
mucha
prisa en
comenzar
las
obras.
Ya es el
tercer
proceso
de
expropiaciones
que se
inicia”.
Historia
de un
convenio
El
Ministerio
de
Fomento,
con
Magdalena
Álvarez
a la
cabeza,
denunció
el
Convenio
de
Carreteras
firmado
por el
Gobierno
Balear
presidido
por
Jaume
Matas y
el
anterior
Ejecutivo
de José
María
Aznar
"por
incumplimiento
de
plazos y
por
licitar
obras
que
excedían
el
presupuesto
contemplado
en el
Convenio".
El
pasado 8
de
marzo,
el
Ministerio
de
Fomento puso
un nuevo
convenio
sobre la
mesa.
En el
mismo se
incluye
la ampliación
de las
dos
controvertidas
carreteras,
pero con
las
siguientes
condiciones:
que no
sean
autovías
y que el
proyecto sea
licitado
y
realizado
por el
Ministerio
de
Fomento.
El
Gobierno
Balear
se ha
negado a
firmar
el
convenio
y, por
su
cuenta, ha
puesto
en
marcha
el
proceso
de
construcción
de las
autovías,
con la
modalidad
de
"peaje a
la
sombra".
Modalidad
que
consiste
en que
la
Administración
contratante,
en este
caso el
Gobierno
balear,
se
compromete
con la
empresa
adjudicataria
a pagar
durante
los
próximos
25 años
la
cantidad
equivalente
a lo que
hubiera
obtenido
si
cobrase
peaje.
Elevados
costes
Según
Panells,
“estas
obras,
además
de
antiecológicas
e
innecesarias,
hipotecan
el
presente
y el
futuro
de la
isla
durante
los
próximos
25 años,
debido a
la
aplicación
del
peaje a
la
sombra”. Y
se
pregunta
cuáles
son los
intereses
ocultos
que
obligan
al
Gobierno
balear a
darse tantas
prisas y
no
aceptar
las
propuestas
del
actual
Gobierno
nacional.
Para el
diputado
socialista
Mateos,
con la
modalidad
de
“peaje a
la
sombra”
,
“dos autovías,
absolutamente
ilógicas,
de unos
20
kilómetros, que
costarían
unos 50
millones
de
euros terminarán
costando
800
millones”.
Y se
pregunta
“¿por
qué al
PP le
entran
tantas
prisas
en
adjudicar
unas
carreteras
que, por
convenio,
tenían
que
realizarse
en 2008,
y no
aceptan
el nuevo
convenio
propuesto
por el
Gobierno
socialista,
en el
que el
Ejecutivo
paga de
forma
íntegra
las
actuaciones
de
mejora
en las
principales
vías?”.Publicado
en
www.elplural.com
22.10.05
Se incrementan los negocios del grupo familiar del ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, en Cabo Verde. gracias a la firma de un protocolo para la ...
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