Joan Mas, el socio empresarial de Joan Pol, ex director general de Emergencias del Govern del PP implicado en la operación Bomsai, le acusó ayer de haberle ordenado que emitiera tres facturas falsas por trabajos que jamás se hicieron. Anticorrupción sospecha que Joan Pol recibió un soborno de 140.000 euros de una empresa que suministró material a la obra del nuevo parque de bomberos.

Joan Mas fue presidente de Nuevas Generaciones del PP de Balears –la rama juvenil del partido– y era socio de Pol en la empresa Massal Urbis, que en la actualidad se encarga de proyectos urbanísticos y de promoción deportiva.

El empresario declaró ayer como imputado ante el juez Joan Catany, del juzgado de instrucción número 1 de Palma, y explicó que su relación actual con Pol está rota, aunque tiempo atrás lo consideraba "un hermano". Explicó el imputado que la ruptura con su socio se debió a su entrada en política. El juez investiga el origen de 140.000 euros que cobró la empresa Massal Urbis y que fueron abonadas por la sociedad Iturri, especialista en temas de seguridad, que fue recompensada con trabajos para el nuevo parque de bomberos.

Este dinero fue recibido a cambio de tres facturas. Mas aclaró que los datos y el importe de las facturas se las facilitó su ex socio Joan Pol, pero que no correspondían a ningún trabajo. El empresario reconoció ayer ante el juez que había barajado la sospecha de que el dinero facturado a Iturri procedía de una "comisión política". Explicó también que había preguntado con insistencia a su socio por el origen del dinero que habían cobrado de Iturri y que el ex director general de Emergencias del Govern Matas le contestó que "confiara en él. No te creará ningún problema, es una cosa particular mía". Estas sospechas sobre Joan Pol fueron en aumento, según explicó ayer el empresario, tras la declaración que realizó su ex socio ante la Policía. Joan Pol fue detenido por los investigadores y quedó en libertad tras abonar una fianza.

Joan Mas explicó también al juez que los encuentros con su socio para hablar sobre el desarrollo de su empresa se solían celebrar en la conselleria de Interior, aunque también en domicilios particulares. Afirmó el empresario que su antiguo socio nunca le habló de Iturri. Sólo mencionó esta empresa cuando le ordenó que elaborara las tres facturas falsas, que no respondían a ningún trabajo.

También escuchó el juez ayer la declaración como testigo de María del Carmen Sampol, de la empresa Sampol Ingeniería y Proyectos, que obtuvo los proyectos de las construcciones del parque de bomberos y del nuevo edificio de la conselleria de Sanidad. La testigo explicó que su empresa había trabajado muchas veces para la administración, pero era la primera vez que en las cláusulas del contrato se exigía un pago a una empresa privada por honorarios de éxito.

Federico Rodríguez Cerdá, consejero delegado de una de las empresas adjudicatarias en 2006 del concurso para construir el nuevo Parque Central de Bomberos de Palma, criticó ayer ante el juez del caso Bomsai un posible soborno de 140.000 euros que otra de las sociedades vinculadas a esas obras habría pagado al entonces director general de Emergencias del Govern, Joan Pol.

Federico Rodríguez, defendido por José Ignacio Herrero, es el consejero delegado de Gestión de Proyectos Balear (GPB), una de las sociedades que forma parte de la UTE que ganó el concurso convocado por la sociedad del Govern Caib Patrimoni para el nuevo Parque Central de Bomberos. El joven empresario declaró ayer, por espacio de varias horas y como imputado, ante el juez Joan Catany, el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán y varios defensores.

En su primera comparecencia ante la Policía, cuando estalló el caso Bomsai, el pasado 15 de abril, Rodríguez Cerdá aseguró desconocer si la empresa Iturri S.A., participante en las obras, había pagado un presunto soborno de 140.000 euros a Joan Pol, también consejero de Caib Patrimoni.

"Me cabreo mucho al saber ese dato; apaga y vámonos", comentó el empresario. Ayer el imputado se reafirmó en sus declaraciones policiales y respecto a esos pagos añadió que, si se confirma que no hubo contraprestación a cambio, la situación es totalmente censurable. El abogado de Joan Pol, Gaspar Oliver, comentó ayer que los pagos obedecieron a asesorías prestadas por su cliente a Iturri y añadió que se ha aportado al sumario un amplio dossier a ese respecto.

Los investigadores del caso Bomsai cuentan con abundante documentación, especialmente correos electrónicos, donde se acreditaría que las empresas adjudicatarias dispusieron de información sobre el concurso del Parque de Bomberos meses antes de su convocatoria.

Federico Rodríguez Cerdá fue preguntado ayer con detenimiento sobre todos aquellos mensajes y escritos relativos a un concurso no convocado. Entre las personas que participaron en aquellos intercambios de datos y valoraciones estaba Joan Pol, también imputado en el sumario.

El empresario encausado señaló que es algo habitual disponer de información antes de los concursos públicos.

El empresario mallorquín Jaume Fluxà, uno de los principales imputados en el caso Bomsai, medió entre empresas y Govern en la mayoría de las grandes obras del Ejecutivo presidido por Jaume Matas. Según se desprende de su declaración ante la Policía, Fluxà intervino en negociaciones por concursos en Son Espases, la Estación Intermodal, la autopista Inca-sa Pobla, el Palacio de Congresos y el parque de Bomberos de Palma.

La fiscalía anticorrupción y la Policía Nacional están investigando si el empresario cobró comisiones por mediar entre empresas interesadas en el concurso de la construcción del hospital público de Son Espases, adjudicado por el anterior equipo de Govern. Según aparece en documentos incautados en sus oficinas, mantuvo varias reuniones con la entonces consellera de Salud, Aina Castillo. El propio Fluxà fue designado por las empresas interesadas para negociar con el Govern "para relacionar a la gente idónea y darle un tinte regional al consorcio". declaró. En la documentación obtenida también queda recogida una supuesta trama de corrupción en torno al concurso del Parque de Bomberos. Fluxà indicó que en este caso cobraba el 20% de lo que se facturase en cualquier concepto, incluidos los honorarios de éxito, por razón de su intermediación, a pesar de que la empresa en cuestión, Atlas, se presentaría a concurso público y que en estos casos es ilegal el cobro por dicho concepto.

Respecto al Palacio de Congresos, el imputado también cobró de la empresa Bovis, que a su vez cobró de Barceló, tras haber negociado una oferta para su construcción. En la Intermodal intervino como representante del grupo AZVI, "expertos en trenes", sentenció Fluxà.

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2010/06/20/empresario-imputado-medio-grandes-obras-govern-matas/580369.html

UNA EMPRESA OFRECIÓ HACER LAS BASES DE LOS CONCURSOS DE BOMSAI POR 30.000 EUROS

Una empresa ofreció a la sociedad pública del Govern Caib Patrimoni, investigada dentro del sumario del caso Bomsai, redactar las bases para los concursos de construcción de los nuevos parque central de Bomberos y edificio de la conselleria de Sanidad por poco menos de 30.000 euros. Por el contrario, Caib Patrimoni adjudicó ese contrato a la empresa ´Atlas´ (Atlas Capital Close Brothers S.L.), que habría acabado cobrando unos 600.000 euros por el mismo servicio, según las tesis de los investigadores del caso. Los dos directivos de ´Atlas´ imputados el miércoles en Policía corroboraron la versión que dio el ex president del Govern Gabriel Cañellas sobre un cobro de 50.000 euros.

El juzgado de instrucción 1, la fiscalía anticorrupción, el grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria están investigando si en Caib Patrimoni, entre 2006 y 2007, se cometieron los delitos de prevaricación, malversación de caudales, cohecho y fraude a la Administración. En el sumario aparecen imputados varios empresarios y gestores de sociedades y los ex altos cargos del Govern Lluís Ramis d´Ayreflor; Jorge Sainz de Baranda; Joan Pol y Jaume Vidal.

El miércoles declaró en Policía el ex president del Govern Gabriel Cañellas, que en 2006 percibió unos 50.000 euros de ´Atlas´ por su mediación en la venta de una empresa mallorquina de climatización a inversores de fuera de la isla. Cañellas aseguró que su trabajo fue totalmente ajeno a las relaciones de ´Atlas´ con Caib Patrimoni. Los responsables de ´Atlas´ imputados en Policía ratificaron la versión del ex president del Govern.

Caib Patrimoni convocó en octubre del 2006 un procedimiento negociado para redactar las bases de los concursos para construir, mediante el peaje en la sombra, los equipamientos citados. Este "negociado", como todos, no podía superar los 30.000 euros y a él se invitaron varias asesorías y consultorías de ámbito nacional e internacional. Una de las empresas invitadas ofreció redactar el pliego de cláusulas por un poco menos de 30.000 euros, pero Caib Patrimoni optó por adjudicárselo a ´Atlas´ que pidió un elevado plus de dinero en concepto de honorarios por el éxito de la operación. Al final, el Govern habría pagado a ´Atlas´ cerca de 600.000 euros.

Gabriel Cañellas, ex president del Govern con el PP, declaró ayer, en calidad de imputado, ante los investigadores del caso Bomsai, la presunta trama de corrupción en torno a la empresa pública Caib Patrimoni en la pasada legislatura. Cañellas fue interrogado acerca de un pago que le hizo Atlas Capital Close Brothers en 2006, una empresa que asesoró al anterior Govern en unos concursos millonarios y dos de cuyos directivos fueron ayer también encausados. El antiguo dirigente del PP explicó que cobró ese dinero por mediar en un negocio ajeno al presunto entramado de corrupción.

Cañellas fue citado a declarar en la Jefatura Superior de Policía a primera hora de la mañana y en calidad de imputado. En su interrogatorio estuvo presente también el fiscal anticorrupción Pedro Horrach.

La imputación de Cañellas se debió a una facturación sospechosa que los investigadores de Bomsai habían localizado. La pista apuntaba a que ´Atlas´ había realizado un pago a Cañellas Consultors, la asesoría del ex president, en 2006 y por una cuantía, al parecer, de 50.000 euros.

Atlas Capital Close firmó ese mismo año con Caib Patrimoni un contrato por el que cobró unos 600.000 euros para redactar el pliego de bases y tutelar la construcción de dos equipamientos públicos en Palma: el cuartel central de los Bomberos y la sede de la conselleria de Sanidad. Ambos concursos que se hicieron por el sistema llamado peaje en la sombra, una financiación mixta pública y privada.

Cañellas, que desde hace años tiene una importante empresa de servicios, explicó a la Policía que prestó asesoramiento a ´Atlas´ en una operación para vender a inversores de fuera de Mallorca una sociedad familiar de la isla.

Por la mediación, su trabajo de campo y el seguimiento de todas aquellas negociaciones y proceso, Cañellas percibió sus honorarios, según explicó él mismo.

El ex president salió en libertad tras su declaración y los investigadores tendrán que comprobarán ahora los extremos de su declaración. Cañellas, representado por Josep Perelló, aportó al Grupo de Delitos Económicos todo tipo de datos sobre aquel asesoramiento que prestó a ´Atlas´, así como la identidad de un gran número de personas que participaron en aquel negocio y que pueden ratificar su papel mediador.

LIBERTAD CON CARGOS PARA EL EX PRESIDENTE BALEAR CAÑELLAS, IMPUTADO EN EL CASO BONSÁI

El ex presidente popular de Baleares Gabriel Cañellas ha declarado hoy en las dependencias de la Policía Nacional como imputado por unos pagos detectados en el curso de la investigación del caso Bonsái. Cañellas está imputado en otro caso vinculado al alquiler de un castillo del Ayuntamiento de Andratx. Dimitió forzado por Aznar en 1995. El ex presidente balear ha quedado en libertad con cargos.

Junto a Cañellas, presidente también de la Fundació Illes Balears, han comparecido como imputados dos responsables de la empresa Atlas, investigada dentro del caso que indaga el presunto desvó de fondos públicos a través de la empresa pública CAIB Patrimoni.

Lluís Ramis d´Ayreflor, el ex conseller de Economía y Hacienda en el anterior Govern del PP, depositó ayer en el juzgado de instrucción 1 de Palma la fianza de 50.000 euros, impuesta el lunes por la jueza Margarita Bosch para eludir su ingreso en prisión por el caso Bomsai, la presunta trama de corrupción en torno a la empresa pública Caib Patrimoni. Una comisión judicial registró el martes la sede de una empresa mallorquina en busca de documentación sobre el caso.

Ramis d´Ayreflor, defendido por Llorenç Salvà, declaró el pasado lunes en calidad de imputado ante la jueza Bosch y los fiscales anticorrupción Miguel Ángel Subirán y Pedro Horrach. Tras su comparecencia el ex conseller fue sometido a una vistilla, en la que la fiscalía reclamó para él prisión provisional eludible con 50.000 euros, medida que fue adoptada por la juez en un auto. Margarita Bosch dio a Lluís Ramis d´Ayreflor de plazo hasta ayer para consignar la fianza, tiempo que el imputado agotó.

Básicamente el ex conseller está acusado de participar, desde su puesto de presidente de Caib Patrimoni, en una supuesta trama de desvío de fondos públicos mediante los contratos para construir el parque central de los Bomberos de Palma y la sede de la conselleria de Salud. En la causa están imputados también los ex consejeros Jorge Sainz de Baranda, Joan Pol y Jaume Vidal Ladaria, este último además ex director de Caib Patrimoni. Los tres también están en libertad con fianza.

Los investigadores del caso Bomsai no dan por cerrada la operación. De hecho el pasado martes por la tarde tuvo lugar otro registro en la sede de una empresa de Palma. La Policía y la comisión judicial acudieron a esta sociedad en busca de una documentación muy concreta.

En los últimos días la fiscalía anticorrupción y los agentes del Grupo de Delitos Económicos han revisado la ingente documentación intervenida la semana pasada en los registros realizados en las oficinas de empresas y en el bufete donde trabaja Jorge Sainz de Baranda. La causa está bajo secreto sumarial desde que hace unos pocos días la fiscalía anticorrupción interpusiera una querella, que, por reparto, correspondió al juzgado de instrucción 1.

Los principales imputados fueron interrogados a fondo sobre el contrato que Caib Patrimoni firmó con el banco de negocios internacional Atlas Capital Close Brothers para que, a cambio de unos 600.000 euros, redactase las cláusulas de los concursos para los dos equipamientos públicos y tutelase el proceso. En medios jurídicos se da por muy probable que el juzgado de instrucción 1 llame a declarar a responsables de "Atlas", en cuyo consejo de Administración se sientan, según esas fuentes, importantes personalidades de las finanzas y ex altos políticos españoles.

LA FISCALÍA INVESTIGA SI ATLAS FUE UNA TAPADERA PARA DESVIAR FONDOS PÚBLICOS DE CAIB PATRIMONI

La fiscalía anticorrupción sospecha que la empresa Atlas Capital Close Brothers S.L., investigada dentro del llamado caso Bomsai, podría ser una tapadera para desviar caudales públicos de la socidad Caib Patrimoni en la etapa del anterior Govern del PP.

Lluís Ramis d´Ayreflor, conseller de Economía y Hacienda en el Govern de Jaume Matas y presidente de Caib Patrimoni, fue interrogado a fondo anteayer en el juzgado de instrucción 1 acerca de Atlas. La fiscalía anticorrupción acusa a varios miembros del consejo de administración de Caib Patrimoni de contratar irregularmente a "Atlas" para que ésta redactase las cláusulas de dos expedientes millonarios: los de la construcción del nuevo parque central de Bomberos y la sede de la conselleria de Sanidad en Palma.

El ex conseller, defendido por Llorença Salvà, sostuvo que "Atlas" es una empresa muy conocida y que en su consejo de administración hay importantes personalidades.

Ramis d´Ayreflor quedó en libertad con la obligación de depositar, antes de mañana, una fianza de 50.000 euros, si no quiere ingresar en prisión. El antiguo conseller tiene previsto consignar la fianza hoy.
El antiguo consejero delegado de Caib Patrimoni, Jorge Sainz de Baranda, pagó el lunes su fianza de 50.000 euros y está defendido por Josep Zaforteza.

Joan Pol, ex director general de Emergencias en el Govern del PP y representado por Gaspar Oliver, salió en libertad con una fianza de 30.000 euros. Pol disponía de plazo hasta hoy para cubrir esa suma.
El imputado manifestó en el juzgado que estaba pasando problemas económicos y que tendría dificultades para reunir el dinero. No obstante todo indica que cubrirá la fianza.

LA JUEZ DICTA PRISIÓN PARA LLUÍS RAMIS ELUDIBLE CON UNA FIANZA DE 50.000 EUROS

La jueza sustituta del juzgado de instrucción 1 de Palma, Margarita Bosch, decretó ayer prisión provisional eludible con una fianza de 50.000 euros para Lluís Ramis d´Ayreflor, conseller de Economía y Hacienda en el anterior Govern del PP, y al que imputa, dentro del caso Bomsai, los delitos de cobro de sobornos, malversación de caudales y prevaricación. Ramis d´Ayreflor rechazó haber cometido irregularidades en relación a los contratos otorgados por la empresa pública Caib Patrimoni, que promovió la construcción del nuevo parque central de Bomberos de Palma y la sede de la conselleria de Sanidad. El declarante insistió en la bondad de los expedientes para construir esos equipamientos.

La imputación de Lluís Ramis d´Ayreflor era algo esperado desde el estallido, el pasado martes, de la operación Bomsai. El ex conseller de Economía fue en la pasada legislatura el presidente de Caib Patrimoni y entre los principales imputados se halla su antiguo director general de Tributos, Jorge Sainz de Baranda, defendido por Josep Zaforteza.Ramis d´Ayreflor fue citado a declarar, en calidad de imputado, para las 11,30 de la mañana de ayer. El ex conseller salió del juzgado de instrucción 1 alrededor de las 15 horas, acompañado de su abogado Llorenç Salvà. La juez Margarita Bosch le dio de plazo hasta pasado mañana jueves para depositar la fianza. Ramis entregará su pasaporte en el juzgado, tendrá prohibido abandonar España sin autorización judicial y deberá presentarse los días 1 y 15.

Los fiscales anticorrupción Miguel Ángel Subirán y Pedro Horrach participaron en la declaración del imputado. El ex conseller del Govern de Jaume Matas fue interrogado acerca de quién, en Caib Patrimoni, tomó la decisión de contratar, vulnerando los protocolos habituales en la Administración pública y en 2006, al banco de negocios y consultoría internacional Atlas Capital Close Brothers.

"Atlas" cobró unos 600.000 euros del Govern por redactar el pliego de claúsulas y tutelar la ejecución de los dos concursos públicos para el cuartel de Bomberos y Sanidad. Los investigadores postulan que esas cláusulas resultaron extremadamente perjudiciales para los intereses públicos.

Jorge Sainz de Baranda, y el ex director general de Emergencias del Govern, Joan Pol, también encausado y consejero de Caib Patrimoni, aseguraron que no conocían a nadie de "Atlas" y que el conseller propuso a dicho banco de negocios. Ayer Ramis d´Ayreflor fue interrogado sobre sus contactos con "Atlas", a la que los adjudicatarios de los concursos tenían que pagar el 1,80% del presupuesto de ejecución oficial.

El imputado sostuvo que en 2005 alguien le facilitó un folleto sobre las actividades de "Atlas", un banco de negocios en cuyo consejo de administración están importantes personalidades españolas, según destacó el declarante.

Ramis d´Ayreflor asumió la responsabilidad de los contratos de Caib Patrimoni, aunque otras fuentes indicaron que el ex conseller echó muchos balones fuera. El nuevo imputado fue acusado de cohecho, pero, al parecer, ni los fiscales, ni la juez le hicieron preguntas sobre posibles sobornos.

El PP balear tiene, cada día, menos militantes en sus filas. Sus miembros caen arrastrados por los supuestos casos de corrupción que afectan a la formación. El último, la operación Bomsai, dejó ayer una nueva víctima: el conseller de Economia del Govern de Jaume Matas en la pasada legislatura (2003-2007), Lluís Ramis dAyreflor.

La jueza que instruye el caso, Margarita Bosch, le impuso prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros, tras tomarle declaración durante más de dos horas. A Ramis dAyreflor se le imputan los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y cohecho. El ex conseller tiene de plazo hasta el jueves para abonar la fianza.

La titular del juzgado de instrucción número 1 de Palma también ordenó la retirada del pasaporte e impuso a Ramis la obligación de presentarse quincenalmente en las dependencias judiciales. Así, Bosch aceptó las medidas cautelares que había propuesto la Fiscalía Anticorrupción al entender que hay riesgo de fuga.

Ramis no es el primer conseller de Matas imputado. Jaume Font, ex titular de Medio Ambiente, está implicado en el caso Plan Territorial. Y Josep Joan Cardona, ex responsable de Industria, está envuelto en la operación Scala.

Bosch llamó ayer a declarar a Ramis dAyreflor después que la semana pasada otros imputados en la supuesta trama de corrupción lo involucraran. Él era el titular de Economia cuando se produjo un supuesto desvío de fondos públicos y sobornos en la adjudicación de las obras del Parque de Bomberos de Palma y la sede de la Conselleria de Salud por parte de la empresa pública CAIB Patrimoni, dependiente de esta cartera.

Poco después de negar los hechos ante la jueza, Ramis dAyreflor solicitó su baja voluntaria del PP, siguiendo las directrices del nuevo presidente conservador en Illes Balears. José Ramon Bauzá ya avanzó la semana pasada que expulsaría de la formación a todos los militantes a quienes se les impusieran medidas cautelares. El PP aceptó la petición de baja "temporal" de Ramis.

La operación Bomsai se inició la semana pasada con la detención de siete personas. Tres de ellos son ex altos cargos del Gobierno de Matas. Se trata del ex director general de Tributos, Jorge Sainz de Baranda (se le acusa de prevaricación y malversación); el entonces director general de Emergencias, Joan Pol (se le atribuye prevaricación y cohecho), y el ex gerente de CAIB Patrimoni, Jaume Vidal. El PP los suspendió de militancia el viernes, sin que ellos lo pidieran.

Sainz de Baranda y Pol tienen hasta mañana para abonar la fianza de 50.000 y 30.000 euros que les impuso la jueza. Bosch no impuso caución a Vidal (acusado de malversación y prevaricación), pero sí le requirió el pasaporte y le obligó a acudir cada 15 días a los juzgados.

PRISIÓN ELUDIBLE CON FIANZA POR COHECHO PARA UN EX CONSEJERO DE ECONOMÍA DE BALEARES

Otro ex consejero del ex presidente balear Jaume Matas ha sido imputado en un caso de corrupción. Y ya van tres. La juez Margarita Bosch decretó ayer prisión eludible con fianza de 50.000 euros para Luís Ramis de Ayreflor, ex responsable de Economía y Hacienda durante la última legislatura del ex dirigente del Partido Popular (entre 2003 y 2007).

Ramis ha sido imputado por cohecho, prevaricación y malversación de caudales en el caso Bomsai por el supuesto desvío de fondos en la empresa pública Caib Patrimoni, que él presidía. La fiscalía encuentra sospechoso el pago 600.000 euros que realizó esta sociedad a la firma Atlas Capital a cambio de elaborar las bases de la adjudicación y tutelar luego la financiación de las obras del parque de bomberos y de la sede de la Consejería de Salud, que costaron en conjunto más de 25 millones de euros.

Dos ex altos cargos del Gobierno balear detenidos -el ex director general de Emergencias, Joan Pol; y el ex director general de Tributos, Jorge Sainz de Baranda- implicaron al presidente de Caib Patrimoni en esta supuesta trama.

Pol está acusado de cohecho, prevaricación y malversación, y se encuentra en libertad bajo fianza de 30.000 euros. Sainz de Baranda está acusado de prevaricación y malversación. Su fianza es de 50.000 euros.

Luís Ramis de Ayreflor era un hombre de la máxima confianza de Matas, que le tuvo a su lado en la tienda familiar y después le situó al frente de la Autoridad Porturia de Baleares. Fue también ejecutivo de la Caixa Colonya de Pollença, y desde la Consejería de Economía aspiró a presidir la Caja Sa Nostra, controlada por el PP.

Los tres han sido suspendidos de militancia por su formación. Además, ayer fue "invitado" a dejar su cargo Joan Martorell, que era jefe de prensa del PP y fue director de Comunicación de Matas.

Martorell está imputado en el caso Palma Arena por unos contratos de asesoría, y tiene impuesta una fianza de responsabilidad civil de 250.000 euros.

Jorge Sainz de Baranda, defendido por Josep Zaforteza, depositó ayer en el juzgado de instrucción 1 de Palma la fianza de 50.000 euros que la jueza sustituta de instrucción 1 de Palma le señaló, el pasado viernes por la noche, para eludir su ingreso en prisión por el caso Bomsai.

Esa misma noche la magistrada Margarita Bosch estableció otra fianza, de 30.000 euros, para el ex director general de Emergencias en el anterior Govern, y antiguo consejero de Caib Patrimoni, Joan Pol, defendido por Gaspar Oliver. La juez dio de plazo a Sainz de Baranda y Pol hasta el miércoles para cubrir la garantía, pero el primero ya depositó ayer por la mañana la fianza.

El caso sigue bajo secreto sumarial y en los próximos días está previsto que el magistrado Joan Catany tome posesión como nuevo juez de instrucción 1 y asuma esta causa.

Ayer no se descartaban nuevas imputaciones entre los propietarios y gestores de sociedades que participaron en los concursos convocados por Caib Patrimoni para la construcción en Palma del parque central de Bomberos y de la sede de la conselleria de Salud. En el sumario figuran, por lo menos, siete imputados, entre ex altos cargos del Govern del PP y gestores o dueños de empresas.

LA JUEZ DECRETA PRISIÓN BAJO FIANZA POR COHECHO PARA EL EX CONSEJERO DE ECONOMÍA DE MATAS

La juez de Palma Margarita Boch ha decretado prisión eludible con fianza de 50.000 euros para Luís Ramis d'Ayreflor, ex consejero de Economía, Hacienda e Innovación en el último Gobierno de Baleares de Jaume Matas (PP), entre 2003 y 2007, quien ha declarado esta mañana por el caso Bonsái. En esta causa se indaga el supuesto desvío de fondos públicos, malversación, fraude y prevaricación en la adjudicación de las obras de edificios públicos desde una sociedad autonómica balear. La juez, en su auto, acusa también a Ramis de cohecho, y, además de la fianza (fijada en la misma cuantía que la solicitada por el fiscal), le ha retirado el pasaporte y ha acordado la comparecencia en el juzgado cada 15 días.

Cuando era consejero, Ramis era el presidente de la empresa pública Caib Patrimoni que decidió el pago de 600.000 euros a la firma Atlas Capital para elaborar las bases de una adjudicación y tutelar su financiación de las obras del parque de Bomberos y de la sede de la consejería de Salud, que costaron más de 25 millones de euros. La Policía ha detectado pagos de supuestos sobornos a un ex cargo público.

Por este caso fueron detenidos y están imputados y en libertad bajo fianza de 30.000 y 50.000 euros, respectivamente, el ex director general de Emergencias, Joan Pol, y el ex director general de Tributos, Jorge Sáinz de Baranda, éste último primer administrador de Caib Patrimoni. Los dos ex altos cargos responsabilizaron al presidente de la empresa.

Ramis que se dice "fuera de la política" es un gestor y persona de la estricta confianza personal de Matas desde que colaboró con el ex ministro y ex presidente cuando éste poseía una tienda de electrodomésticos. Después Matas situó a Ramis de presidente la Autoridad Portuaria de Palma y finalmente en la Caixa Colonya de Pollença donde trabaja actualmente.

Imputados por corrupción tres ex altos cargos más de Matas

La juez de instrucción del caso Bomsai, que investiga un posible fraude a la Administración de tres millones de euros en la concesión de obras públicas, imputó ayer delitos de supuesta corrupción a los tres ex altos cargos del Gobierno de Baleares de Jaume Matas (PP) que fueron detenidos cuatro días atrás: el ex director general de Tributos Jorge Sáinz de Baranda, el de Emergencias Joan Pol, y el ex gerente de la empresa pública Caib Patrimonio Jaume Vidal.

Anoche, Vidal fue puesto en libertad con cargos y se le retiró el pasaporte. A Pol, la juez le imputa los delitos prevaricación y cohecho y le impuso una fianza de 30.000 euros, mientras a Sáinz de Baranda, que le imputa prevaricación y malversación, le impuso 50.000 euros. Ambos tienen hasta el 21 de abril para depositar la fianza. El PP suspendió anoche de militancia a ambos.

La juez indaga un soborno de decenas de miles de euros a una empresa relacionada con el parque de bomberos.

www.elpais.es 17.04.10

LA FISCALÍA PEDIRÁ HOY FIANZAS PARA LOS PRINCIPALES IMPLICADOS EN LA TRAMA

La fiscalía anticorrupción pedirá hoy presumiblemente fianzas para los detenidos en la operación Bomsai que ayer seguían privados de libertad, los ex altos cargos de Caib Patrimoni, Jorge Sainz de Baranda y Jaume Vidal Ladaria; el antiguo director general de Emergencias Joan Pou; y el empresario Federico Rodríguez Cerdà.

Los cuatro, junto a otros imputados ya puestos en libertad, están acusados de los presuntos delitos de fraude a la Administración, prevaricación, cohecho y malversación de caudales, aunque no todos están imputados por los mismos cargos.

Ayer por la tarde y la noche se desarrollaron en dependencias de la Jefatura Superior de Policía los interrogatorios de los detenidos. Por la mañana declaró también Fernando M. P., el antiguo secretario no consejero de la empresa pública Caib Patrimoni, en torno a la cual giran las pesquisas.

Inicialmente la jueza de instrucción 1 de Palma, Margarita Bosch, tomara declaración hoy por la mañana a los arrestados. Bosch es la instructora del sumario y cuando lo abrió, hace unos pocos días y tras una querella de la fiscalía anticorrupción, decreto el secreto sobre las actuaciones.

Las previsiones pasaban ayer por que la fiscalía, al igual que lo ocurrido en otras recientes operaciones contra la corrupción, como el caso Voltor, solicite la realización de vistillas para las medidas cautelares. En principio ayer no se descartaba la petición de fianzas para eludir la prisión provisional y la retirada del pasaporte, que vienen siendo las medidas más aplicadas en sumarios parecidos.

Sobre Jorge Sainz de Baranda, defendido por Josep Zaforteza, pesan básicamente las imputaciones de haber autorizado, en su condición de consejero delegado de la empresa presidida por el entonces conseller Lluís Ramis d´Ayreflor, la adjudicación a la empresa Atlas Capital Close Brothers, una consultoría internacional, un contrato para redactar las bases y hacer un seguimiento de la construcción de dos equipamientos públicos. Estos inmuebles eran el cuartel central de los Bomberos de Palma y la sede de la conselleria de Sanidad.

Fuentes próximas al caso explicaron que esa adjudicación se hizo vulnerando las normas administrativas y tildaron las cláusulas de las bases de disparatadas y totalmente perjudiciales para los intereses públicos.

De Sainz de Baranda inicialmente no se sospechaba que hubiera cobrado sobornos por parte de los empresarios contratados por Caib Patrimoni. El también abogado fue interrogado durante horas sobre todos esos extremos.

(www.diariodemallorca.es, 16/04/10)

BAUZÁ ANUNCIA LA EXPULSIÓN DE MILITANTES DEL PP A LOS QUE SE IMPONGAN MEDIDAS CAUTELARES

El presidente del PP balear, José Ramón Bauzá, anunció ayer su decisión de "expulsar de inmediato" a aquellos militantes contra quienes el juez dicte "medidas cautelares", aunque a la vez recuperó la teoría de la persecución y sostuvo que en las filas populares ha habido "un exceso de imputados inocentes" y que no permitirá que continúe esa situación. "No toleraré que ataquen a mi gente", advirtió el líder popular quien afirmó que con algunas imputaciones de miembros de su partido se han producido "abusos".

Bauzá efectuó estas declaraciones tras reunir con urgencia a la Ejecutiva del partido a causa de la detención, en el marco de la ´operación Bomsai´, del ex director general de Emergencias del Govern de Jaume Matas, Joan Pol; el ex director general de CAIB Patrimoni, Jaume Vidal y, especialmente, del ex director general de Tributos, Jorge Sáinz de Baranda, a quien Bauzá incluyó en su Ejecutiva como adjunto a la Presidencia del PP.

Sobre estos miembros del partido aún no se aplicará la expulsión dado que todavía no se han adoptado medidas cautelares. Respecto a si opinaba que estas detenciones formaban parte de las actuaciones que consideraba abusivas, Bauzá mostró su "respeto a la Justicia", si bien agregó que "si esto fuera una cacería, yo diría que hay cazadores furtivos que disparan gratuitamente" contra miembros sel PP.

"Voy a ser muy duro contra los que se hayan aprovechado del partido, cometido irregularidades y robado. No permitiré que haya ladrones en el PP. Pero también seré duro contra los que actúen de forma gratuita y abusiva contra los miembros del PP", afirmó Bauzá. Agregó que ante "imputaciones gratuitas y abusivas" actuará con "contundencia", aunque no quiso dar "pistas" respecto a qué medidas adoptará.

El presidente popular comunicó ayer mismo a los miembros de la Ejecutiva del PP su decisión de expulsar a los militantes sobre los que recaigan medidas cautelares. La dirección del partido apoyó esta medida y algunos de sus miembros arroparon a Bauzá en su posterior comparecencia ante los medios de comunicación, entre ellos el que fuera su rival por la presidencia del partido, el alcalde de Calvià, Carlos Delgado. Sainz de Baranda había sido incluido en la Ejecutiva de Bauzá como uno de los hombres de Delgado, en cuyo sector se alinea también Joan Pol.

El Grupo de Delitos Económicos de la Policía arrestó ayer por la mañana en Comisaría a Joan Pol, el ex director general de Emergencias del anterior Govern del PP y que fue consejero de la empresa Caib Patrimoni, investigada dentro del caso Bomsai por presuntos delitos de corrupción de elevada cuantía. La Policía, por el contrario, dejó en libertad a primeras horas de la tarde a Miguel Llabrés Feliu, el veterano promotor inmobiliario y que fue uno de los adjudicatarios de uno de los contratos otorgados por Caib Patrimoni objeto de investigación. El número de arrestados por este sumario ascendía ayer a seis, de los que dos fueron después puestos en libertad. El martes fue detenido Jorge Sainz de Baranda, otro ex alto cargo del anterior Govern.

Los otros arrestados son: Miguel T.S., nacido en 1953 y que durante años fue uno de los principales gestores de Llabrés Feliu; Federico R.C., de 41 años; y Jaime Vidal Ladaria, director gerente de la empresa pública investigada.

Joan Pol, defendido por Gaspar Oliver y que en la pasada legislatura fue una persona muy próxima al entonces conseller de Interior José María Rodríguez, tenía que haber sido detenido el lunes por la noche.

Los agentes de Delitos Económicos se personaron en la conselleria de Interior para tratar de localizar al ex alto cargo, que estaba en Madrid haciendo un curso para funcionarios. Desde Interior se pusieron en contacto con Pol y le informaron de que la Policía le buscaba.

El imputado, que es inspector de Policía en excedencia, decidió regresar urgentemente a Palma. Ayer por la mañana se presentó en la Jefatura Superior, acompañado por su abogado. Pol quedó detenido en Comisaría, en espera de ser interrogado. Sobre él pesan los cargos de malversación, prevaricación y posible cohecho.

La fiscalía anticorrupción y el juzgado de instrucción 1 de Palma investigan una serie de contratos adjudicados por Caib Patrimoni a finales de la pasada legislatura. Pol formaba parte del consejo de Caib Patrimoni y se sospecha que pudo cometer irregularidades en relación a esos concursos. La empresa pública adjudicó, a dos grupos de sociedades diferentes, los expedientes para la construcción de la central del parque de Bomberos de Palma y de la nueva sede de la conselleria de Sanidad. Precisamente, de la unión de ´Bom´ y ´Sai´ ha salido el nombre de la operación.

Los primeros en ser interrogados por los fiscales anticorrupción y los policías de Delitos Económicos fueron Miguel T. y Miguel Llabrés Feliu. Este empresario, de 77 años de edad, prestó declaración a lo largo de la mañana de ayer y fue puesto en libertad debido a su avanzada edad y a que tiene problemas de salud. Inicialmente se barajó la posibilidad de que declarara también, en calidad de detenido, ante la juez de instrucción 1, encargada del caso, pero después se optó por dejarlo en libertad. Llabrés Feliu está acusado de malversación de caudales, fraude a la Administración y posible pago de sobornos. Su antiguo gestor salió en libertad antes que él, hacia las dos de la madrugada de ayer. Miguel T. está acusado de los mismos delitos.

Los abogados de los cuatro detenidos que ayer seguían en Jefatura estaban a la espera de ser avisados para asistirles en su declaración. Las previsiones pasaban ayer por pasar a los sospechosos a disposición judicial mañana viernes.

Sainz de Baranda, representado por Josep Zaforteza y que era el consejero delegado de Caib Patrimoni, está acusado de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales y cohecho. Su número dos en la empresa pública, Jaime Vidal, se enfrenta a parecidas acusaciones, aunque inicialmente no se le imputan el cobro de comisiones.Los investigadores llevaron a cabo entre el mediodía del martes y la madrugada de ayer varios registros dentro de la operación.

La búsqueda de facturas, correos electrónicos y otras pruebas en la sede del grupo Llabrés Feliu, en el polígono de Son Fuster, se prolongó hasta bien entrada la madrugada de ayer.

El PP balear admite que aún pueden conocerse más casos de corrupción, pero "todos vinculados con el pasado del partido". Con esta defensa, su presidente decidió ayer no suspender de militancia a los tres nuevos ex altos cargos del Gobierno de Jaume Matas detenidos e implicados por la fiscalía en el desvío de fondos de Caib Patrimoni.

El fraude de esta nueva trama podría ascender a tres millones de euros, obtenidos mediante pagos irregulares de hasta 900.000 euros en la concesión de dos obras públicas valoradas en 30 millones. La fiscalía investiga un rastro de supuestos sobornos, fraude y malversación.

José Ramón Bauzá, el nuevo presidente del PP balear y un "hombre limpio", según Mariano Rajoy, se ve tocado de cerca por este escándalo, dado que uno de los detenidos es su flamante adjunto. Jorge Sáinz de Baranda es un abogado de 40 años que ejercía de vicepresidente de Caib Patrimoni tras ser director general de Tributos en el anterior Gobierno balear. La reacción de Bauzá ha sido eludir cualquier castigo por el momento, aduciendo que se han dado "excesos por imputaciones inocentes, gratuitas y abusivas".

También fueron detenidos Joan Pol, director general de Emergencias con Matas e inspector de policía en excedencia; y Jaume Vidal, ex director gerente de Caib Patrimoni, ex dirigente de Nuevas Generaciones en Baleares y ejecutivo de la patronal Caeb.

El lunes fue arrestado Miguel Llabrés Feliu, de 77 años, que quedó ayer en libertad con cargos. Se trata del principal constructor de Baleares. Su firma lideró la unión temporal de empresas que construyó el parque de bomberos investigado. En la misma situación se encuentra Miguel Toledo, ex ejecutivo y gestor de este grupo

Uno de los empresarios interrogados no negó que "de una manera u otra" se produjeran pagos por obtener contratos. Los investigadores creen además que tenían conocimiento de las bases de los concursos antes de la licitación.

Bauzá, que se declara "duro" e "inflexible", dijo ayer que no tolerará "irregularidades ni ladrones" pero lamentó al mismo tiempo "la cacería, con cazadores furtivos", contra su partido.

El PP balear acumula una decena de causas penales, 30 cargos públicos imputados y tres ex altos cargos ingresados con condena en la cárcel de Palma de Mallorca.

El presidente del PP de Balears, José Ramón Bauzá, inició su nueva etapa al frente de la formación en las islas el pasado 6 de marzo. Y lo hizo prometiendo contundencia contra la corrupción cuando dijo eso de "en este barco tiene cabida todo el mundo, pero no hay sitio para polizones". Ahora, un mes después, un nuevo escándalo, la operación Bom-sai (Bomberos-Salud-Islas)ha salpicado al núcleo duro del partido, concretamente a Jorge Sainz de Baranda, detenido el martes y uno de los adjuntos a la presidencia del PP de Balears. Bauzá no actuará si no recaen sobre él medidas cautelares.

Pero Sainz de Baranda, ex director de Tributos de Matas, no es el único militante del PP detenido en el marco de esta operación que investiga irregularidades en la adjudicación del parque de Bomberos de Palma y en la sede de la Conselleria de Sanidad y Consumo. Ayer por la mañana fue detenido Joan Pol, ex director de Emergencias con Jaume Matas, y un día antes Jaume Vidal, ex director gerente de la empresa CAIB Patrimoni, organismo público dedicado a la adquisición, venta y cesión de uso de terreno.

La operación investiga si cometieron los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias en las infraestructuras mencionadas.

En una rueda de prensa convocada para explicar las acciones del partido ante este nuevo escándalo de corrupción, Bauzá precisó la que va a ser la nueva estrategia ante este tipo de casos. Así, mantuvo que únicamente se expulsará temporalmente del partido a aquellos militantes contra quienes el juez dicte medidas cautelares.

Según Bauzá, esta iniciativa "no tiene horizonte ni de pasado ni de futuro", por lo que afectará "siempre y a todos los afiliados de la formación".

Además, el líder de los conservadores de Balears insistió en que no permitirá "que aumente la lista de imputados inocentes". En este sentido, intentó establecer un símil: "Si esto fuese una cacería, diría que hay cazadores furtivos que disparan gratuitamente. Y completó: "No toleraré irregularidades, ni ladrones", al tiempo que añadía que él ha llegado al partido "para regenerar y poner orden".

Cuando no ha transcurrido ni un mes desde que Jaume Matas compareciera ante el juez por su implicación en el caso Palma Arena, Bauzá remarcó que todos los casos de presunta corrupción que han aparecido están "vinculados al pasado". Matas solicitó su suspensión temporal de militancia antes de que se conociera que el juez le imponía una fianza de tres millones de euros para eludir la prisión.

Junto a los tres militantes del PP detenidos en el marco de esta operación Bomsai han sido detenidas otras tres personas, por lo que el número total de investigados, hasta la fecha, es de seis. El constructor Miquel Feliu, presidente del grupo Llabrés Feliu, fue puesto en libertad, además de un individuo que responde a las iniciales M. T. F. Al cierre de esta edición, además de los militantes conservadores permanecía en dependencias policiales otra persona que responde a las iniciales F. R. C. y los investigadores llamaron a declarar a nuevos imputados y testigos. Las investigaciones van dirigidas a averiguar si se derivaron fondos públicos a empresas particulares a través de CAIB Patrimoni durante el proceso de construcción de la nueva sede de la Conselleria de Salud y del Parque de Bomberos de Palma. Fue la mencionada empresa pública la encargada de acordar los contratos para la adjudicación del proyecto.

En el caso del parque de Bomberos, se indaga el posible amaño del concurso de adjudicación a la Unió Temporal de Empresas formada por Gerens Management, GPB, Llabres Feliú, Construcciones San José y Estel.

La primera víctima de esta estrategia del PP de Balears de suspender de militancia a aquellos sobre los que pesan medidas cautelares ha sido Rafael Durán, ex portavoz del partido en el ayuntamiento e imputado en el caso Palma Arena. Ayer se adelantó al partido y pidió su cese temporal mientras avanza la instrucción judicial de este escándalo de la era Matas.

Un nuevo escándalo de supuesta corrupción por desvíos de fondos fue desentrañado ayer en la gestión de una empresa pública del anterior Gobierno de Baleares, que encabezó el popular Jaume Matas (2003-2007). La policía detuvo, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, al ex director general balear de Tributos Jorge Sáinz de Baranda, ex responsable de la compañía autonómica CAIB Patrimoni, y al ex director gerente de la misma Jaume Vidal Ladaria, por sus supuestas responsabilidades penales. Sáinz de Baranda es uno de los nuevos dirigentes del renovado PP posMatas.

En este caso se indagan posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas y malversación de caudales. Sobre la última época de Matas están abiertas una decena de causas penales, con 25 políticos imputados.

El nuevo escándalo, bautizado Operación Bonsai, se centra en la supuesta malversación de diversas partidas de entre 800.000 y 900.000 euros en la licitación de dos obras públicas. Esa cantidad fue abonada a una empresa de brokers aparentemente ajena a la ejecución de los proyectos sufragados por CAIB Patrimoni: el parque de bomberos de Palma y la nueva sede de la Consejería de Sanidad en la capital. Ambos edificios, con un coste de 15 millones de euros y 6,5 millones, respectivamente, fueron diseñados por arquitectos vanguardistas.

Enésimo golpe a la corrupción en Mallorca. El Cuerpo Nacional de Policía y la Fiscalía Anticorrupción detuvieron ayer al ex director general de Tributos del Govern de Matas, Jorge Sainz de Baranda y a otras tres personas por el posible desvío de hasta 900.000 euros de las arcas públicas a través de la empresa CAIB Patrimoni, encargada de la construcción del nuevo parque de Bombers de Palma y de la nueva sede de la Conselleria de Salut, en la calle Jesús. Ninguno de los dos edificios se encuentra ahora mismo en funcionamiento.

Entre los otros tres detenidos se encuentra Jaime Vidal Ladaria, economista y ex presidente de las Nuevas Generaciones del PP en Inca. La detención de este último sospechoso se realizó a las cinco de la tarde, cuando funcionarios del Grupo de Delincuencia Económica se personaron en su oficina y le comunicaron que debía acompañarles hasta la Jefatura. Poco después, los agentes se desplazaron al despacho profesional de Sainz de Baranda, en el pasaje Guillem de Torrella de Palma, en ‘Los Geranios'. Los funcionarios registraron la oficina y se llevaron abundantes cajas con documentos que serán analizados en el transcurso de los próximos días.
La operación, bautizada como ‘Bonsai' por el Cuerpo Nacional de Policía, se inició hace varias semanas después de que la Conselleria d'Economia del Govern trasladase a la Fiscalía documentación contable referida a diversas empresas públicas de la Administración autonómica. La causa está bajo investigación en el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, donde permanece bajo secreto. Fuentes policiales no descartan que se produzcan nuevas detenciones y registros en los próximos días.

La empresa CAIB Patrimoni dependía en el organigrama del Govern de la Conselleria d'Hisenda y su entonces máximo responsable era Lluís Ramis de Ayreflor, quien presidía las reuniones del consejo de administración. Formaban parte de éste, además del entonces conseller y del detenido ayer, Miguel Mateu Roig, Antonia Carrasco Martí, Felisa Vidal, Aleix Reynés y Joan Pol. Los dos principales contratos de la empresa tuvieron presupuestos que suman 30 millones de euros. Una de las adjudicatarias de las obras, Llabrés Feliu fue también registrada.

En los pliegos de condiciones se imponía a las adjudicatarias pagar el 1,8 por ciento del presupuesto a dos empresas: Atlas Capital Close Brothers y DLA Piper Rudnick Gray Cary Spain. Los investigadores creen que estos pagos fueron ordenados ‘a dedo' desde la Administración por asesoramiento legal a CAIB Patrimoni. Además, se señala que será la primera de ambas quien facture esa cantidad.

Los cinco detenidos se encontraban anoche en los calabozos de la Jefatura del Cuerpo Nacional de Policía en Palma, a la espera de ser interrogados y de pasar a disposición judicial. Sus respectivos abogados fueron informados de las detenciones para que pudieran estar presentes durante los interrogatorios que, seguramente se celebrarán a lo largo de la jornada de hoy. La policía cree que los arrestados pueden ser responsables de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos públicos, entre otros delitos.

La fiscalía anticorrupción puso ayer en marcha la operación Bomsai, contra una supuesta trama de corrupción en torno a la empresa pública Caib Patrimoni S.A. durante la pasada legislatura. Anoche ya había cuatro arrestados, el ex consejero delegado y el ex director gerente de Caib Patrimoni, Jorge Sainz de Baranda y Jaume Vidal Ladaria, y dos empresarios, y no se descartaban nuevos arrestos. Sainz de Baranda fue director general de Tributos en la pasada legislatura, a las órdenes del conseller Lluís Ramis de Ayreflor.
La operación Bomsai versa sobre presuntos desvíos de fondos públicos, cobro de comisiones, y otros delitos. La fiscalía anticorrupción presentó hace unos días una querella que correspondió, por reparto, al juzgado de instrucción 1. En principio el caso se halla bajo secreto sumarial.

El operativo tuvo que adelantarse ayer tras conocer los investigadores que se habían producido filtraciones sobre los hechos y objetivos, lo que ponía en peligro el éxito de las pesquisas. De lo que trascendió ayer, la fiscalía anticorrupción sospecha que con ocasión de varios contratos y expedientes adjudicados por Caib Patrimoni, una sociedad pública dedicada a la promoción inmobiliaria, pudieron perpetrarse malversaciones de caudales, cohechos y otros delitos. Entre las operaciones inmobiliarias más destacadas se hallan la construcción del nuevo cuartel central de los Bomberos de Palma y de la sede de la conselleria de Salud. Estas obras se hicieron por un sistema de ´peaje en la sombra´.

A Sainz de Baranda, cuyo despacho profesional como abogado fue registrado por la tarde, se le atribuye el haber autorizado el pago de unos 600.000 euros de fondos públicos a la empresa Atlas Capital Close Brothers, para que ésta confeccionase el pliego de condiciones de concursos millonarios de cara a los concursos para los mencionados edificios.

Fuentes próximas al caso, calificaron a Atlas como una especie de broker o fondo de inversión. Ahora se trata de esclarecer si se cometió algún tipo de irregularidad. Los investigadores sospechan también que algunos de los adjudicatarios de estos contratos millonarios pudieron haber pagado sobornos.
Jaume Matas se ha convertido en una suerte de anti Rey Midas. Todo lo que ordenó en la pasada legislatura pierde brillo y gana en sospecha. Los últimos emblemas urbanísticos en perder color son el nuevo parque de bomberos de Palma, levantado junto a la Vía de Cintura, y la futura sede de la conselleria de Salud, en el Camí de Jesús.

La Justicia rastrea ahora un supuesto entramado corrupto en torno a la empresa pública Caib Patrimoni, dependiente de la conselleria de Economía y Hacienda, encargada de la adquisición, venta, y explotación de bienes inmuebles públicos como los de la conselleria de Salud y los Bomberos de Palma. Como ha ocurrido en otros casos similares, sobre el proceso de adjudicación y construcción sobrevuelan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, cohecho y prevaricación.
Las obras del nuevo parque de bomberos, dispuesto en el solar de 10.000 metros cuadrados de Son Malferit, arrancaron en marzo de 2007, a escasas fechas de las elecciones autonómicas y municipales. Cuando el Gobierno municipal de Aina Calvo accedió al poder, se topó con una verdadera caja de sorpresas. El proyecto incluía gastos suntuosos en muebles y decoración, pero carecía de servicios básicos para los profesionales, como un almacén en condiciones o una galería de entrenamiento. Por ejemplo, el revestimiento del salón de actos del edificio, integrado por una compleja malla de acero con láminas de aluminio, costó 600 euros el metro cuadrado. Algunas sillas, como la destinada al despacho del concejal, rondaba los 4.000 euros.

Una vez concluido, el complejo costará al Ayuntamiento palmesano tres veces más de lo presupuestado. El anterior Govern del PP, a través de la sociedad Caib Patrimoni S.A, adjudicó las obras y el mantenimiento del edificio a la unión temporal de empresas constituida por Gerens Management Group, Constructora San José, Estel Ingeniería, Gestión de Proyectos Balear y Llabrés Feliu por un total de 20,6 millones de euros de inversión inicial. Anoche continuaba el registro de la sede de Llabrés Feliu, en Son Fuster. Antes se había requisado documentación en Gestión de Proyectos, ubicada en Gran Vía Asima.

Cuando el cuartel esté concluido será alquilado a Cort, que deberá pagar en los próximos treinta años un mínimo de 2,1 millones de euros, más IVA, anuales. Al final, las instalaciones revertirán a Cort pero para entonces ya habrá abonado más de 60 millones de euros mas los intereses, una financiación denominada ´peaje en sombra´. A la presentación del proyecto, ideado por los arquitectos Sebastià Escanellas, Jordi Herrero, Gabriel Palmer y Joan Gabriel Valls, asistieron, en septiembre de 2006, los entonces conseller de Economía, Lluís Ramis d´Ayreflor; la alcaldesa de Palma, Catalina Cirer, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Álvaro Gijón. Cuando el consejo de administración de Caib Patrimoni se reunía para acordar la adjudicación de este y otros expedientes, Lluís Ramis d´Ayreflor ejercía de presidente.

A día de hoy el Ayuntamiento todavía no ha recepcionado el parque debido a las deficiencias detectadas. Entre estos desperfectos destacan varias placas metálicas de la fachada que se cayeron durante un vendaval del año pasado.

La otra iniciativa urbanística se gestó en septiembre de 2005. Ramis d´Ayreflor y la otrora consellera de Salud, Aina Castillo, presentaron por aquellas fechas la maqueta de la nueva sede de este último departamento, en el Camí de Jesús, con una superficie de 6.275 metros cuadrados. El equipo de arquitectos encabezado por Boris Pena Cobian fue elegido unánimente por el jurado. La adjudicación de las obras y la gestión de las instalaciones recayó en las empresas Sampol Ingeniería y Brues y Fernández. Como en el anterior caso, se eligió el sistema de financiación de ´peaje en la sombra´. El presupuesto inicial rondó los seis millones de euros a desembolsar en 30 años, al margen de los intereses.

Una de las empresas elegidas, Brues, está siendo investigada por el presunto pago de 1,5 millones en comisiones ilegales al PSOE y al PP de Eivissa por la concesión del gran proyecto urbanístico denominado Eivissa Centre. Este supuesto caso de corrupción fue destapado por el ex secretario general de la Federación Socialista Pitiusa, Roque López, quien acusó al actual presidente del Consell de Eivissa, Xicu Tarrés, de conocer los entresijos.

Con el edificio de la conselleria de Salud, el Govern del PP inició un plan para la construcción de nuevas sedes para varias conselleries. Ramis d´Ayreflor justificó estas inversiones alegando que la dispersión de las oficinas autonómicas provocaba un incremento de gastos para su disfrute y mantenimiento.

La regeneración ética y estética que pregona el nuevo presidente del PP balear, José Ramón Bauzá, empieza con mal pie. El principal detenido –por su relevancia política– en el nuevo caso de corrupción que estalló ayer, Jorge Sainz de Baranda, ocupa un puesto destacado en el nuevo organigrama del partido y además sonaba como favorito para presidir el comité de ética interno.

Se trata de un grupo de ´hombres buenos´ que el presidente designa para que garanticen la buena praxis política en el seno de la formación, evalúen la aptitud de los miembros del PP antes de ocupar un cargo público, y analicen su labor, especialmente cuando se ven salpicados por un caso de corrupción.

Lo creó la anterior presidenta de los ´populares´, Rosa Estarás, que designó al catedrático de Historia del Derecho Román Piña Homs al frente del mismo. Ahora, con la elección de Bauzá, éste ha renovado los órganos de dirección del partido y se esperaba que en breve lo hiciera también con el comité de ética. Prueba de la confianza depositada por Bauzá en Sainz de Baranda es que lo ha nombrado adjunto a la presidencia, al mismo nivel que su mano derecha Pere Rotger, el alcalde de Inca. Sainz de Baranda forma parte de la cuota de cargos en la dirección regional que Bauzá ha cedido a José María Rodríguez, en compensación por el apoyo del presidente del PP de Palma a su elección.

El joven abogado fue director general de Tributos en el anterior Govern de Jaume Matas, y segundo de a bordo del ex conseller de Economía y Hacienda, Lluís Ramis d´Ayreflor.

Jorge Sainz de Baranda es especialista en Derecho tributario, financiero y mercantil. Trabajó para la consultora Landwell y también fue consejero delegado de la empresa pública del Govern Caib Patrimoni. Su nombre saltó a la palestra cuando se declaró el concurso de acreedores del holding empresarial de Vicente Grande, puesto que el juez de lo Mercantil Víctor Fernández nombró a Sainz de Baranda uno de los administradores concursales del Grupo Drac y el resto de empresas afectadas.

Uno de los acreedores del Grupo Drac presentó un recurso de reposición contra el auto de designación de Sainz de Baranda porque éste no aparecía en el listado de administradores concursales del Colegio de Abogados. De hecho, su elección causó polémica entre miembros de la abogacía de Balears. Como jefe de la Recaudación de la Comunidad Autónoma, de 2003 a 2007, Sainz de Baranda concedió a Grande una prórroga del pago de los gravámenes en 2005; al año siguiente Grande volvió a pedir un aplazamiento de los impuestos derivados de la compraventa de fincas. En ambos casos, el ahora arrestado dio su visto bueno.

En su condición de supervisor de las cuentas del empresario en apuros, Sainz de Baranda participó de primera mano en el traspaso de acciones de Grande en el Real Mallorca, que poseía a través de su sociedad Binipuntiró, a la nueva propiedad del club de futbol, representada por Mateu Alemany. Ahora Sainz de Baranda vuelve a ser noticia, aunque por motivos muy distintos.

EL PP BALEAR REHÚSA SANCIONAR A LOS ALTOS CARGOS DETENIDOS EN LA ÚLTIMA OPERACIÓN POLICIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN

Los escándalo de corrupción parecen no tener fin en Baleares. Entre los detenidos ayer en la operación Bonsai está Miguel Llabrés Feliu, presidente propietario del grupo familiar construcciones Llabrés Feliu, una de las primeras firmas contratistas y concesionarias de la Administración en Baleares. Su empresa encabezó la UTE que ejecutó en nuevo parque de bomberos de Palma, cuya realización a través de la empresa pública CAIB Patrimoni está bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción, con un coste superior a los 15 millones.

Miguel Llabrés pasó la noche en comisaría, incomunicado, tiene 76 años y tuvo que recibir atención médica, según su entorno. Un ex ejecutivo de la firma, Miguel Toledo, fue interrogado por la fiscalía y la policía y anoche quedó en libertad. Llabrés ha sido puesto en libertad por el juez este mediodía. Desde hace años el constructor hace bandera del compromiso social, "la política de gestión ética" y mantiene una línea de patrocinio medioambiental y de enseñanza universitaria.

Además, la policía ha detenido hoy a Joan Pol, ex director general de Emergencias también con Matas, lo que eleva a seis el número de arrestados en esta operación. Pol, un inspector de la propia Policía en excedencia, es hombre de confianza de Carlos Delgado, alcalde del principal municipio de Mallorca tras la capital, Calviá, y miembro de la corriente crítica dentro del PP balear.

La operación Bonsai es el nuevo escándalo de corrupción que afecta al Gobierno que dirigió el ex presidente balear y ex ministro de Medio Ambiente con Aznar Jaume Matas, quien la pasada semana tuvo que hacer frente a una fianza de tres millones de euros para eludir la cárcel por sus responsabilidades en el caso Palma Arena.

Ayer fueron detenidos, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el ex director general balear de Tributos, Jorge Sáinz de Baranda, que fue también responsable de la compañía autonómica CAIB Patrimoni, y el ex director gerente de la misma, Jaume Vidal Ladaria.

Sáinz de Baranda es uno de los nuevos dirigentes del renovado PP posMatas mientras Vidal Ladaria fue dirigente de Nuevas Generaciones del PP.

Además, se investiga si la empresa Atlas Capital Close Brothers cobró unos 900.000 euros de fondos públicos por la realización de los pliegos del concurso de adjudicación y financiación de las obras públicas de Caib Patrimonio.

En el plano político, el PP balear ha convocado una sesión urgente del comité de dirección para afrontar la nueva crisis, la primera que estalla con la nueva dirección encabezada por José Ramón Bauzá.

Tras la reunión, Bauzá ha asegurado que no conocen aún las imputaciones que se hacen contra sus militantes por lo que no han tomado ninguna medida. Sin embargo, ha prometido que cuando haya medidas cautelares exigirán la expulsión de los acusados.

Fluxà intervino en Son Espases, la Intermodal, el Palacio de Congresos y el Parque de Bomberos

Imputados por corrupción tres ex altos cargos más de Matas