CASO GÜRTEL : CAMPS + EL
BIGOTES = PICASSENT
LAS NOTICIAS SOBRE LA TRAMA VALENCIANA
EL JUEZ INVESTIGA DECENAS DE CONTRATOS A DEDO DE CAMPS A LA 'TRAMA GÜRTEL'
El Gobierno de Francisco Camps adjudicó a dedo al menos 45 contratos, muchos de ellos troceados en varios por debajo de 12.000 euros para evitar el concurso, a Orange Market, una de las empresas de la trama corrupta del encarcelado Francisco Correa. Ahora, el juez que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, quiere saber más y ha pedido al Gobierno valenciano que le facilite "los expedientes completos de contratación, facturas o cualquier tipo de contrato" realizados entre la Generalitat valenciana y 13 de las empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa. La petición del juez ha sido instada por la Fiscalía Anticorrupción, que aguarda desde hace seis meses esa información que no le ha suministrado el Gobierno de Francisco Camps. Baltasar Garzón la pidió en febrero y ahora ha vuelto a reiterar la petición el juez Pedreira.
La información permitirá aclarar en qué condiciones obtuvo la trama Gürtel de la Administración valenciana adjudicaciones de contratos, la mayoría a dedo, para actos institucionales. Los investigadores policiales del caso Gürtel tienen acreditado que altos cargos del Gobierno valenciano, entre ellos el propio presidente Camps, así como cargos de confianza de su Administración (secretarias, jefes de gabinete...) recibieron dádivas (trajes, relojes, pulseras, bolsos...) de la trama coincidiendo con tales adjudicaciones. La Consejería de Turismo adjudicó durante cuatro años la organización de los sucesivos pabellones de la Comunidad Valenciana en Fitur, y Rafael Betoret, jefe del gabinete de dicha consejería, fue agasajado, al igual que Camps, con trajes por parte de la trama Gürtel.
La Generalitat valenciana sólo ha enviado una parte de los contratos que le solicitaron en febrero, por lo que la fiscalía, a finales de mayo pasado, volvió a instar judicialmente (en ese momento el caso ya había pasado a las manos del magistrado Pedreira, tras la inhibición de Garzón) la petición de todos los contratos desde 1998. Pedreira formalizó la petición en un auto fechado el pasado 3 de agosto.
El Tribunal Superior de Madrid aclaró en una nota que la solicitud de los contratos "en modo alguno" obedece a un interés del magistrado Pedreira en investigar "las relaciones entre el Gobierno de Francisco Camps y Correa", sino al interés de conocer las actividades de 13 empresas vinculadas a Correa, entre las que se halla Orange Market. En cualquier caso, la información solicitada permitirá saber si hubo trato de favor del Gobierno de Camps a la trama corrupta.
La explicación dada por el juez es que muchas de esas empresas no sólo han operado en Valencia, sino también en otras comunidades de "ámbito nacional". Esta matización se debe a que las diligencias del caso Gürtel en Valencia -focalizadas en los regalos de trajes que recibieron Camps, el número dos del PP en esta comunidad, Ricardo Costa, o el propio Betoret- fueron archivadas el pasado mes de agosto por el Tribunal Superior de Valencia en una polémica decisión que dividió en dos al tribunal. José Flors, el juez que instruyó la causa por cohecho impropio contra los aforados de Valencia, quiso que todos ellos se sentaran en el banquillo, pero dos de los tres magistrados de la Sala, entre ellos el presidente, Juan Luis de la Rúa, amigo personal de Camps, impusieron sus votos y dieron carpetazo al asunto.
La fiscalía ha recurrido el archivo de la causa valenciana ante el Tribunal Supremo al entender que Camps pudo cometer cohecho impropio al haber recibido regalos (trajes) de las empresas de Correa y ser el jefe de una Administración que les ha adjudicado en los últimos años contratos por más de siete millones de euros. El Tribunal de Valencia limitó la investigación contra Camps y Costa al delito de cohecho y obvió otros, como el de tráfico de influencias, que figuraban en el auto en el que Garzón se inhibe de la variante de la trama Gürtel en esa comunidad.
Entre la documentación que el juez Pedreira remitió a Valencia figura una relación de regalos de la trama corrupta a diferentes miembros de la administración valenciana y del PP de esa comunidad.
Los regalos
- Orange Market, una de las empresas de la trama corrupta, logró en cuatro años 45 contratos de la Administración valenciana por más de siete millones. Ganó por concurso durante cuatro años el montaje del pabellón de Fitur y otros 40 contratos de campañas institucionales de casi todas las consejerías. Álvaro Pérez, El Bigotes, jefe de Orange Market, hizo una veintena de regalos por Navidad a varios consejeros, a secretarias y colaboradores de Camps, y a la familia de éste. Además, pagó trajes por 30.000 euros a los siguientes dirigentes:
- Francisco Camps, presidente de la Generalitat de Valencia: Dos trajes a medida, cinco pantalones, un cinturón de piel, una chaqueta deportiva, otra austriaca, una americana sport, otra deportiva Barbour, una chaqueta de fantasía, un esmoquin (para un viaje a Nueva York) y un chaleco blanco (para una recepción en el Vaticano). Valor de las prendas: 12.783 euros.
- Ricardo Costa, secretario general del PP de Valencia: Tres trajes a medida, otro traje (chaqueta americana-pantalón), dos pantalones y prendas varias. Valor de las prendas: 7.325 euros.
- José Víctor Campos Guinot, ex secretario de organización del PP de la Comunidad Valenciana: Tres trajes, cinco pantalones y dos chaquetas americanas, por 4.850 euros.
- Rafael Betoret, jefe del gabinete de la Consejería de Turismo: Tres trajes, un pantalón y una americana, por 9.950 euros.
(www.elpais.com, 09/09/09)
EL JUEZ INSTRUCTOR DEL 'CASO GÜRTEL' ACLARA QUE ORDENÓ LA ACTUACIÓN POLICIAL EN EL DOMICILIO DE BÁRCENAS
El juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha aclarado -a través de una nota de prensa remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)- que fue él quien ordenó la actuación policial realizada al ex tesorero del PP y senador, Luis Bárcenas, que denunció en julio haber sufrido un "intento de allanamiento de morada" por parte de dos policías nacionales. La citada nota señala que la acción de la policía, llevada a cabo en el domicilio del imputado, fue solicitada por el Ministerio Fiscal y respondió a gestiones ordenadas por el propio juez, "quien en todo momento estuvo informado de su realización y resultados".
Bárcenas solicitó ayer amparo a la Mesa del Senado tras denunciar haber sufrido este "intento de allanamiento" por parte de dos personas que se identificaron como miembros del Cuerpo Superior de Policía, algo que a su juicio supone una "inadmisible forma de intimidación a un miembro de las Cortes Generales" y una "quiebra del orden constitucional y de las normas de conducta democráticas". La Mesa ha analizado en su reunión de hoy el asunto y dio traslado del mismo al Gobierno. Bárcenas denunció el pasado 27 de julio en un Juzgado de Guardia de Madrid que dos personas que se identificaron como policías habían tratado de entrar en su casa para entregarle "una citación judicial que en realidad no existía".
El ex tesorero del PP especifica que "con la única intención de acceder a mi domicilio, lo que constituye un intento de allanamiento de morada", explica el senador en el escrito remitido a la Mesa. "El hecho, objetivamente es gravísimo. Que funcionarios del Ministerio del Interior, los envíe quien los envíe, intenten irrumpir ilegalmente en el domicilio de un parlamentario sin orden judicial", añade Luis Bárcenas, que asegura que este "precedente" no puede quedar "sin la adecuada respuesta por parte de las instituciones del Reino de España. Equivaldría a reconocer por el Senado la pérdida de fortaleza del Estado de Derecho".
El ex tesorero del PP registró en el Senado la solicitud de amparo el pasado 24 de agosto y añadió como documentación la denuncia que presentó el 27 de julio por los delitos de amenazas y coacciones, contra la integridad moral, de usurpación de funciones públicas y contra los derechos individuales, "cometidos por determinadas personas que se identificaron como policías". El senador asegura en su denuncia que estos hechos fueron "sin duda" una "respuesta o represalia" a una conversación que él había mantenido el 17 de junio con el Comisario Jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González García.
Aprovechando una "inesperada coincidencia" entre ambos, Bárcenas le comentó que sufría una "persecución judicial y mediática" desde hacía meses, así como "inexplicables filtraciones de datos confidencales" del llamado caso Gürtel, relata el senador en la denuncia. Tras esta conversación, añade, el 29 de junio se produjeron los hechos denunciados: la visita a su domicilio de dos personas que se identificaron como policías y posteriores llamadas al teléfono móvil de su mujer realizadas desde la Policía Judicial y la Comisaría de Canillas. Todo ello, constitutivo según el senador de los citados delitos.
(www.elpais.com, 09/09/09)
EL GOBIERNO VALENCIANO OCULTA INFORMACIÓN DESDE HACE MESES
Un portavoz de la Generalitat Valenciana garantizó ayer toda la cooperación con el juez Antonio Pedreira. "Vamos a colaborar con la Justicia", comentó, "entregaremos toda la documentación requerida" sobre todos los servicios prestados por las empresas de la trama Gürtel a la Generalitat valenciana o a sus empresas públicas. Desde que en febrero reclamó Garzón la documentación los contratos no han llegado.
El juez Pedreira remitió la solicitud de información a la Generalitat valenciana el 3 de agosto. El portavoz oficial de Francisco Camps aseguró: "no hay razón para sospechar que la Generalitat no quiere cooperar con el juez". "Estamos dentro de los plazos fijados para entregar la documentación requerida", añadió sin más precisiones.
La oposición parlamentaria en las Cortes valencianas ha intentado sin éxito arrancar al gobierno que preside Francisco Camps y a las empresas públicas de la Generalitat todas las adjudicaciones y contratos que han obtenido las empresas de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana. El PP, que disfruta de una amplia mayoría en las Cortes valencianas, se ha negado a tramitar la inmensa mayoría de las preguntas de la oposición al respecto alegando que las empresas en cuestión carecían de relevancia pública. Apenas se tramitaron algunas preguntas relativas a las adjudicaciones obtenidas por Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, y pata valenciana de la trama Gürtel.
La opacidad que ha impuesto el PP en las Cortes valencianas es tal que Mónica Oltra, portavoz parlamentaria del grupo minoritario Compromís (una alianza entre progresistas y nacionalistas), difundió ayer un recurso elevado ante el Tribunal Constitucional porque considera que la Mesa de las Cortes ha lesionado derechos fundamentales de los cuatro diputados autonómicos de su grupo a la hora de ejercer sus tareas de oposición.
La decisión del juez Antonio Pedreira de requerir a la Generalitat todos los contratos con las empresas de la trama Gürtel fue muy celebrada por los portavoces de la oposición en las Cortes valencianas. El socialista Ángel Luna comentó: "Era muy evidente que además de los célebres trajes, por abajo había una serie de relaciones, cuando menos extrañas, y que se debían haber investigado antes". Marga Sanz, de Esquerra Unida, dijo: "Los ciudadanos estamos a la espera de conocer, con luces y taquígrafos, unas relaciones que presuntamente van más allá del regalo de unos trajes".
(www.elpais.com, 09/09/09)
EL CONSELL NIEGA QUE SE REABRA LA CAUSA CONTRA CAMPS
La investigación de los contratos entre la trama corrupta de Francisco Correa y la Generalitat Valenciana no significa que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) haya reabierto la causa contra el presidente Francisco Camps ni que el magistrado esté investigando al Gobierno Valenciano. Así lo manifestaron ayer fuentes oficiales del Consell, que atribuyeron a "un trámite habitual dentro del procedimiento judicial" el requerimiento oficiado por el TSJ de Madrid a la Administración Valenciana.En el mismo sentido, el juez Antonio Pedreira explicaba ayer en un comunicado que "las investigaciones practicadas por el Ministerio Fiscal y el juez instructor ni están dirigidas contra Francisco Camps ni tienen por tanto que ver con el mismo.
Fuentes de Presidencia insinuaron que el juez Pedreira "puede estar investigando un delito fiscal por parte de las empresas de la trama" y por ello ha reclamado documentación a los clientes, entre ellos, la Generalitat, para cotejar la contabilidad. Otras fuentes del PP dijeron que el Consell entregará al juez "lo que se le pida, como ha hecho siempre".
El juez madrileño insistía en su comunicado en que, "en modo alguno la reclamación de información obedece al deseo del juez que instruye la conocida como "trama Gürtel" en Madrid de investigar las relaciones entre el Gobierno de Francisco Camps y Correa, sino al interés de conocer las actividades de estas empresas, toda vez que su ámbito de actuación es o era nacional".
(www.levante-emv.com, 09/09/09)
CAMPS NO CONOCE LA PETICIÓN DE LOS CONTRATOS CON CORREA
El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha asegurado hoy no conocer la petición del instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que se le faciliten los contratos firmados por la Generalitat con la trama empresarial dirigida por Francisco Correa.
Tras el acto de inauguración del paraninfo de la Universidad Jaume I de Castellón, Camps ha sido abordado por una periodista que le ha comunicado que los informadores le estaban esperando para conocer su respuesta sobre la petición del TSJM, fechada el pasado 3 agosto y hecha pública ayer por el tribunal.
"No la conozco, gracias", ha respondido el president de la Generalitat a la periodista y a continuación se ha dirigido a la terraza donde se celebraba un vino de honor con motivo de la inauguración del paraninfo.(www.levante-emv.com, 09/09/09)
MICHAVILA DEJARÁ DE SER JEFA DE GABINETE DE CAMPS TRAS EL DEBATE DE POLÍTICA GENERAL
Es cuestión de semanas, quizás de días. El presidente de la Generalitat está a punto de perder a la que ha sido uno de los puntales de su carrera política. Su jefa de gabinete, Ana Michavila, tiene previsto abandonar su cargo para trasladarse a Madrid por "razones personales", según confirmaron ayer a Levante-EMV fuentes oficiales de Presidencia. Michavila tiene tomada la decisión, que tiene hará realidad en cuanto finalicen los trabajos de preparación del debate sobre el estado de la Comunitat y resuelva algunos asuntos profesionales, según las mismas fuentes.
Con su marcha, se aleja de Camps una de las personas que mayor influencia ha ejercido sobre el presidente y cuya voz ha tenido al costado desde que comenzaron a trabajar junto en la Secretaria de Estado de Administraciones Territoriales en 1999. Desde entonces han sido inseparables, tanto en la vicepresidencia del Congreso, como en la Delegación del Gobierno y, finalmente, desde hace seis años al frente de la Generalitat valenciana. Férrea en sus convicciones religiosas, cercanas al fundamentalismo cristiano, a la hermana del ex ministro de Justicia, José María Michavila, se la ha considerado siempre la persona que ponía orden en el carácter a veces caótico de Camps.
Convertida en cierto modo en un mito político, siempre a la sombra de los focos, la jefa de gabinete del jefe del Consell ha asumido sin rechistar el papel de mala cuando Camps ha tomado decisiones ligadas al futuro profesional de sus altos cargos. A ella se ha atribuido el alejamiento de Vicente Rambla del círculo de confianza de Camps tras la última remodelación del Ejecutivo, así como la ubicación de personas salidas de la cantera de Presidencia en puestos clave en la Conselleria de Economía de Gerardo Camps, como el de Cristina Morató, en Grandes Proyectos.
Antes de los cambios en el Consell, tras la dura batalla contra los zaplanistas su papel "se había difuminado", en palabras de un dirigente del PP. Su marcha revela que Camps es responsable de todos sus movimientos.
Al margen de las razones personal -su marido, que estaba destinado en París, acaba de instalarse en Madrid- fuentes populares observan otras "motivaciones políticas" en la renuncia de Michavila. La crisis del caso Gürtel ha hecho estragos en el entorno del jefe del Consell, que ha vivido meses de fuertes tensiones. A Michavila se atribuye también el hecho de haber avisado a Camps sobre las posibles consecuencias de su relación con Álvaro Pérez y un posible descontento con la forma gestionar la polémica.
Con su renuncia, Camps aparece ahora más sólo, tras perder la que ha sido clave de bóveda de su núcleo duro.
(www.levante-emv.com, 08/09/09)
El contable de Correa admite pagos de la 'caja B' de la trama al PP de Valencia
La red de corrupción traspasó supuestamente 420.000 euros a los populares
La investigación judicial de la trama de empresas que dirigía Francisco Correa apenas ha seguido el hilo de la supuesta financiación ilegal del PP pese a los indicios aparecidos en la documentación incautada a la red corrupta. Un testimonio conocido ahora, el de José Luis Izquierdo, contable de las principales empresas de Correa, arroja alguna luz sobre estas supuestas prácticas. En marzo pasado, Izquierdo declaró que algunos apuntes de la caja B -en dinero negro- de la presunta red de corrupción, que él controlaba personalmente, correspondían a supuestos pagos al PP de Valencia, según figura en un informe del sumario al que ha tenido acceso EL PAÍS. La dirección de los populares valencianos niega tales pagos.
La operación apunta a una supuesta financiación ilegal del partido de Camps
La Generalitat pudo "direccionar" los concursos públicos, según un informe
El contable Izquierdo aclaró a la policía un apunte donde se reflejaba una entrada de fondos de origen desconocido por un millón de euros y una salida de 420.000 a PPVLC, y afirmó que esta última cantidad correspondía a un pago para "algo relacionado con el Partido Popular de Valencia".
La investigación, según figura en el informe incorporado al sumario, considera que "no existe ninguna lógica en el traspaso de 420.000 euros de la trama corrupta hacía el PP de Valencia, ya que un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas por Francisco Correa se deriva a una formación política que no debería participar en este tipo de operaciones". Los investigadores sospechan que la entrega de dinero de Correa al Partido Popular valenciano "podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Francisco Correa".
Dichos pagos, que apuntarían a la financiación ilegal del PP valenciano, no han sido investigados por el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana dado que éste sólo aceptó instruir un caso de supuesto cohecho impropio de dirigentes del PP y descartó analizar el supuesto tráfico de influencias a favor de la trama que había visto, durante su instrucción, el juez Baltasar Garzón. La documentación incautada a la trama recogía el pago al PP, y la posterior declaración del contable lo ha confirmado.
Garzón entendió, y así lo escribió en un auto, que la trama que dirigía Correa se podría haber beneficiado de sus relaciones de amistad con el Gobierno de Francisco Camps, al que hizo numerosos regalos, para conseguir a cambio contratos públicos. Cuando Garzón se inhibió en favor del Tribunal Superior de Valencia el pasado marzo, sólo había logrado acreditar un contrato adjudicado por concurso por la Administración valenciana a la trama para el montaje del pabellón de Fitur en Madrid.
Sin embargo, la investigación posterior ha logrado acreditar al menos otros 40 contratos menores adjudicados a dedo y algunos de ellos troceados en minicontratos inferiores a 12.000 euros para evitar el concurso público. Y eso sólo referido a Orange Market, una de las empresas de la red que hizo negocios en Valencia. Hay otras sociedades que también trabajaron para la Administración valenciana que, de momento, no figuran entre la documentación examinada por los tribunales.
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia asumió la instrucción del caso pero entendió que no había indicios suficientes para investigar el tráfico de influencias, por lo que sólo indagó si los regalos recibidos por los dirigentes del PP valenciano entraban dentro del supuesto de cohecho impropio.
Aunque el juez instructor entendió que había suficientes indicios de que se hubiese producido ese delito, un recurso de los imputados permitió a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, por dos votos a uno, archivar el caso. La fiscalía recurrió la decisión ante el Supremo, que deberá resolver de manera definitiva el mayor escándalo que ha afectado al presidente Camps durante su mandato en Valencia.
La trama de corrupción logró cerca de ocho millones de euros en adjudicaciones, la mayoría a dedo, a su filial valenciana Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes. Éste mantenía vínculos estrechos con el presidente valenciano, a quien supuestamente hacia regalos caros de forma habitual.
Otros apuntes encontrados por la policía en la documentación incautada a la red de corrupción también sugieren distintas vías de financiación ilegal del PP. En Valencia, por ejemplo, se recoge un cobro en dinero negro procedente supuestamente del PP por 150.421 euros en relación con la organización del congreso del PP valenciano de septiembre de 2002.
La mecánica sería muy parecida a la que investiga -por un caso distinto- el Tribunal Superior de Justicia de Baleares: allí se ha encontrado documentación que acreditaría cómo el PP balear pagó en dinero negro 70.000 euros a una agencia de publicidad que se encargó de su campaña electoral. En ese caso, alguno de los trabajadores de la agencia de publicidad ya han declarado al juez que cobraron el dinero negro del PP porque había sobrepasado el límite legal de los gastos electorales.
El PP valenciano niega cualquier pago en dinero negro o una financiación ilegal vinculada a la trama de Correa.
Otros indicios en Génova y Madrid
La documentación recogida en el sumario del caso Gürtel incluye indicios de una supuesta financiación ilegal del PP, no sólo en Valencia sino también en el PP de la Comunidad de Madrid y en la organización nacional que ahora preside Mariano Rajoy.
Para el PP de Boadilla del Monte (Madrid) hay dos pagos registrados correspondientes a 2007 por 19.000 euros. En el caso del PP de Madrid, el ex concejal de esta formación en Majadahonda que destapó el escándalo con su denuncia, José Luis Peñas, declaró ante la fiscalía: "Correa me pidió que me pusiera en contacto con Alberto López Viejo [entonces consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid] para conseguir que la Comunidad pagara a las empresas de Correa dos millones de euros que le adeudaba. Correa me pidió que le dijera a López Viejo que si no pagaba se iba a difundir que la Comunidad había pagado facturas de actos del PP por la vía de pagar facturas por servicios no prestados".
Los dirigentes del PP madrileño, que preside Esperanza Aguirre, negaron este extremo aunque sus cuentas en Fundescam, una fundación del partido, acreditan pagos a las empresas de Correa que supuestamente podrían estar relacionadas con financiación ilegal del partido.
Además, en la caja de seguridad que tenía el número dos de la trama de corrupción, Pablo Crespo, se encontraron apuntes que acreditan cobros por 600.000 euros del PP sin ningún respaldo documental.
www.elpais.es 06.09.09
Camps, en su acto de desagravio: "El PSOE quiere un régimen de terror"
El PP estira la teoría de la persecución ante casi 2.000 personas en Valencia
Fue el miércoles, ante la plana mayor de su partido: "Yo no tengo ninguna intención de convertir esto [la teoría de la persecución] en el eje del debate político, pero quiero un país de ciudadanos libres e iguales", sentenció Mariano Rajoy. Sin embargo, lo cierto es que la serpiente del verano colea por empeño del propio líder. Él quiso ayer inaugurar el curso político con un gran acto de desagravio a Francisco Camps, un mes después de que fuera retirada su imputación por cohecho. Rajoy se fue, de nuevo, a Valencia, a la plaza de toros, la misma donde en plena campaña de las europeas dijo que él estaría siempre "detrás, delante y al lado" de Camps, para celebrar el éxito judicial, hace un mes, del presidente de la Generalitat.
"La amistad es inmutable. Gracias, Mariano, por tu constante amistad", se sinceró ayer el presidente, que, a gritos, acusó al PSOE de utilizar métodos antidemocráticos contra él. "Sigo creyendo en la grandeza de la democracia, de la libertad, seguiré trabajando para que Zapatero no convierta a España en un régimen. Yo quiero democracia, libertad, justicia, trabajo y sueños. Jueces y fiscales han de trabajar al servicio de todos. El PSOE intenta instalar un régimen de terror". Envalentonado, el president llegó a recuperar la negociación con ETA para atacar al PSOE y se ufanó de que él arrasa en las encuestas.
Dos jueces analizaron las múltiples pruebas y determinaron que podría haber regalos de varios trajes -lo que implicaría que Camps habría mentido públicamente y ante la Justicia al decir que los pagó-, pero consideran que eso no es delito porque no los recibió por su cargo de presidente. Pero para Rajoy y Camps lo único importante es que de momento no habrá juicio.
Rajoy, un hombre poco dado a los excesos, se ha volcado con Camps de forma desproporcionada, muy por encima de cualquier otro barón territorial, sobre todo de su rival, Esperanza Aguirre, también afectada de lleno por el caso Gürtel. Y ayer quiso de nuevo exhibir ese respaldo. Pero el líder del PP, que ha decidido, después de ese éxito judicial en Valencia, pasar al contraataque, no se conforma con el acto de Valencia, donde 1.800 personas aplaudieron en pie a Camps cuando Rita Barberá celebró "que la justicia brilló con luz propia y puso fin a la infamia" de la imputación y a la "cacería despreciable". Rajoy insistió en esa línea: "Los socialistas son los grandes derrotados, ni en política ni en la vida vale todo, y la gente se ha dado cuenta. Si vuelven a las andadas, daremos las batallas y las ganaremos".
Acoso parlamentario
Es Rajoy, según varias personas de su entorno, quien con más fuerza impulsa la teoría de la persecución. Y por eso ha ordenado que se siga la batalla por tres vías. Primero, la parlamentaria: la próxima semana esa teoría tendrá un gran protagonismo en la sesión de control. De las 10 preguntas del PP, tres están relacionadas directamente con esa teoría, y dos colateralmente.
Aunque la teoría de la persecución tendrá un gran protagonismo en la sesión, Rajoy ha querido cuidar su imagen -ha sido muy criticado por poner el foco en este asunto y no en su alternativa- y en vez de preguntar sobre este asunto, como prometió en verano, lo hace sobre financiación autonómica. Pero después manda a su tropa a tratar de arrinconar a la vicepresidenta primera, al ministro del Interior o al de Justicia. Soraya Sáenz de Santamaría, por ejemplo, preguntará a María Teresa Fernández de la Vega "¿Cree el Gobierno en la separación de poderes?"
La segunda vía es la denuncia pública constante y el informe que prepara Sáenz de Santamaría con 150 casos que, en su opinión, demuestran la diferencia de trato de la fiscalía y la policía con el PP. Y la tercera vía es la judicial. El PP presentó en julio una denuncia contra la revelación por parte de EL PAÍS de parte del sumario del caso Gürtel y confía en que siga adelante.
www.elpais.es 05.09.09
"Bendito albero donde hemos demostrado la fortaleza"
"Bendito albero donde tantas veces hemos demostrado nuestra fortaleza". La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se sintió ayer eufórica al contemplar el coso de la plaza de toros de Valencia. Allí, cerca de 2.000 cargos y militantes del PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, se reunieron en la cena anual de inicio de curso de los populares valencianos con un propósito: homenajear al presidente valenciano, Francisco Camps, tras el archivo el pasado 3 de agosto del supuesto delito de cohecho, y conjurarse para retomar la iniciativa. Mirando hacia la mesa en la que Rajoy y Camps compartían mantel con el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra -imputado por varios delitos contra la Administración y el fisco-, la alcaldesa gritó: "Ni nos han podido, ni nos podrán".
"A esos que tanto les gustan las filtraciones, les digo: no nos vais a callar. Vamos a responderos en los tribunales", aseguró Barberá, que también reconoció sentirse víctima de una persecución como otros altos cargos del PP. Como Camps y como el secretario del PP regional, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos; y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret, de los que la alcaldesa de Valencia se sintió orgullosa. "Paco, todos estamos orgullosos", insistió.
En su intervención, Barberá pidió la dimisión de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, porque "ordenó a la fiscalía que recurriera" el archivo del caso Camps. Y luego, en medio del fragor dialéctico y sin que Rajoy la rectificara, Barberá pidió también la dimisión de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, por crear "una epidemia de miedo con la gripe A". Un asunto que la dirección del PP había decidido no politizar. Al menos, hasta ayer.
www.elpais.es 05.09.09
TURISMO ADMITE QUE SIGUE ATADA A ORANGE MARKET HASTA QUE NO RESUELVA SU CONTRATO
La Conselleria de Turismo ha comunicado al grupo socialista de Les Corts Valencianes que mientras el contrato con Orange Market "esté en vía de resolución, no se puede contratar con otra empresa" el montaje de los expositores promocionales de la Comunitat Valenciana en las ferias de turismo. En junio, en plena polémica por el "caso Gürtel" y con Francisco Camps aún imputado, la Conselleria de Turismo recibió una factura de la franquicia valenciana de la red de Francisco Correa en la que se le reclamaba medio millón de euros por el montaje del pabellón valenciano en Fitur.
Por su parte, Turismo ya había puesto en manos de los servicios jurídicos la resolución del contrato del montaje de expositores en las ferias, que fundamentan en un incumplimiento del mismo por parte de Álvaro Pérez. A los pocos días de estallar el escándalo, el pasado 6 de febrero, la consellera Angélica Such encargó un informe jurídico para evaluar las consecuencias de rescindir el acuerdo que, según la adjudicación, contemplaba Fitur y otras cuatro ferias. Los letrados del Consell y representantes de Orange Market deben pactar las condiciones de la ruptura, una negociación en la que la Generalitat usará como supuesta baza ese incumplimiento pero que aún no se ha resuelto, como demuestra la respuesta de la conselleria al PSPV.
La diputada socialista María Isabel Lloret había preguntado a Turismo si había tomado alguna decisión sobre "la necesidad de contratar a otra empresa que sustituya a Orange Market para construir los stands promocionales de la Comunitat Valenciana en las ferias profesionales del sector".
Según la conselleria, "uno de los principios de contratación administrativa establece que no puede haber duplicidad en el objeto de la contratación. Así pues, mientras el contrato con Orange Market SL esté en vía de resolución, no se puede contratar con otra empresa para el mismo objeto".
En respuesta a otra pregunta de la misma diputada, la conselleria explica que la Ley de contratos del sector público establece diferentes procedimientos de contratación, entre ellos el negociado sin publicidad, que sólo se puede utilizar en cierto casos. Según Turismo, en 2008, de un volumen total de contratación de 26.760.810 euros, el procedimiento negociado representó sólo el 4,98% del total.
(www.levante-emv.com, 02/09/09)
José Tomás: “Camps me llamó, su mujer llorando... esperaba que dijera que él había pagado sus trajes. Pretendían que me comiera el marrón”
“El sastre”, “sastrecillo valiente”, “falso sastre” son algunos de los motes que ha tenido que escuchar José Tomás desde que se vio envuelto en el caso Gürtel por tener en su cartera de clientes a Francisco Camps y a otros cargos de la Generalitat valenciana. Tomás dice que ni sastre, ni valiente; simplemente un comercial de una cadena de tiendas que tenía además la responsabilidad de dirigir varias sucursales. Hace unos 17 años inició la relación con uno de sus principales compradores, un hombre que llegaría a tener mucho éxito en el mundo de la publicidad y la imagen, Álvaro Pérez (El Bigotes).
José Tomás nos recibe en su casa y durante una charla distendida intenta mostrar quién es y cómo le ha cambiado la vida desde que salió a la luz este caso. “Llevo más de 40 años en este negocio, trabajando para la familia Hinojosa. Primero en Cortefiel, luego en Milano, y por último, en Forever Young, porque “Eduardo Hinojosa me vino a buscar y me ofreció dirigir varias sucursales”.
Su amistad con El Bigotes y Crespo
“Estoy mezclado en este caso porque yo conozco a los que ahora mismo están implicados. Álvaro Pérez, desde hace 17 ó 18 años; a Pablo Crespo [ex secretario de Organización del PP gallego y administrador de Orange Market], hace unos 11 años; a Francisco Correa, le he visto varias veces. Han sido clientes habituales, hasta que salió esto y comienzan a investigar y encuentran facturas con nombres de políticos, porque en las tiendas sí encuentran pruebas de que se les ha hecho ropa a políticos. Y el único que ha atendido a esos políticos soy yo, por eso llegan hasta mí”.
“Estaría en la cárcel”
Tomás explica por qué colaboró desde el primer momento con la policía judicial y la fiscalía. “Si no lo hubiera hecho, estaría en la cárcel, ¿y quiénes son ellos para taparles nada? Con lo que hay grabado, es que nadie sabe la cantidad de pruebas que tienen en el caso Gürtel. El archivo es inmenso. ¿Por qué me la iba a jugar yo…? Eso es lo que han pretendido, que yo me comiera el marrón”.
El despido
Al día siguiente de declarar ante el juez Baltasar Garzón, José Tomás recibe una carta de despido de Forever Young e inmediatamente comienza una campaña contra él por parte del PP, principalmente del portavoz de Justicia, Federico Trillo, y de la prensa afín, que se hace eco, como ABC y El Mundo. Es entonces cuando decide conceder una entrevista en la que cuenta lo que ya hemos ido sabiendo: que los altos cargos de la Generalitat adquirieron trajes en las tiendas Milano y Forever Young que eran pagados por las empresas de la trama Gürtel, y que Álvaro Pérez y Pablo Crespo se encargaban de todo.
Trillo "es una persona mala"
“Trillo es la persona más mala que hay en este país. Yo termino de declarar, recibo la carta de despido de Forever Young y hago las declaraciones a El País. Ese mismo día, yo estoy seguro de que se sentaron el señor Hinojosa y el señor Trillo para trazar su estrategia, puesto que lo que declaró Hinojosa fue textualmente lo que dijo Trillo en Onda Cero, lo mismo”. Y a partir de ahí empiezan las calumnias de El Mundo, ABC, la COPE e Intereconomía”.
La comida con Correa e Hinojosa
“Hinojosa viene un día y me dice: 'oye, organiza una comida y los invitamos a comer'. Él sabía la importancia de lo que facturaba este cliente, no sólo en trajes, compraban también grandes cifras en relojes, de 6000 y 7000 euros, porque Hinojosa organizaba también subastas de relojes. Entonces quedamos a comer Correa, Álvaro, Crespo, Hinojosa y yo. Hinojosa le planteó a Correa que él quería comprar un edificio en Alfonso XII, y buscaba otro socio porque una planta se la quedaba Botín, otra se la quedaba él, y una tercera se la ofrecía a Correa. Y éste dijo: 'qué va, eso es un negocio demasiado grande para mí”.
“El PP está corrompido totalmente”
“Camps va a acabar como una persona mentirosa. Ahora mismo todo lo que pueda hacer contra él y contra el PP lo haré. He sido votante del PP durante muchos años, pero no tienen vergüenza. Está corrompido totalmente. Álvaro me contó lo que pasó en el Congreso de Valencia, entre bastidores. Él organizó el acto. Nadie se imagina lo que se vio allí, hubo casi puñaladas. La frase ‘Hijo de puta’ es la más suave que se dijo entre la cúpula popular. A mí me dice Álvaro: ‘He visto en política de todo… pero el comportamiento de todos estos me ha dado vergüenza ajena’. Camps apoyó a Rajoy, si no, no habría salido. La gente con peso dentro del PP estaba de él hasta las narices. Y todo lo que me ha contado de la época de Zaplana, a Álvaro le tocó quitar mucha mierda de ese”.
¿Ahora nadie conoce a Álvaro Pérez?
Sobre El Bigotes, Tomás se muestra sorprendido de que ahora los del PP digan que apenas le conocen. “Una persona que durante 12 años ha tenido la responsabilidad de que a cualquier sitio del mundo que fuera Aznar, o los dirigentes populares, él les montaba todos los actos. Ha hecho que ganaran todas las elecciones. Y no sólo me asombran los del PP, también algunos periodistas como Sáenz de Buruaga. Yo le conocí por Álvaro Pérez, me lo presentó él. Y los debates que ha hecho en Telemadrid después de abrirse el caso Gürtel son asquerosos. O Carlos Herrera, en Onda Cero, que en abril había cerrado con Álvaro Pérez un programa de cachondeo sobre políticos...hubo una comida entre Pablo Crespo, Carlos Herrera y Álvaro Pérez, y sin embargo Herrera se ha dedicado a difamarle y también ha dicho muchas mentiras sobre mí”.
Camps esperaba que yo dijera…
Tomás habla también sobre Camps. “Le envié un mensaje a través de su abogado: le he querido mucho, pero en la vida, cada uno tiene que apechugar con lo que le toca”. José Tomás está resentido con el presidente valenciano. “Me llamó varias veces a mi casa, desde el ocho de febrero, conversaciones de 40 minutos. La última, a la una de la mañana, su mujer llorando. Él me decía, ‘es mi mujer que está llorando, y también la mujer de Álvaro, que está fatal. Álvaro es un bocazas’. Yo se que lo que Camps esperaba es que yo dijera que había pagado él sus trajes. Le preocupaba si alguien tenía una factura a su nombre que la hubiera pagado otro”.
“Tú ignoras que ellos no pagan”
José Tomás explica que Álvaro Pérez y Pablo Crespo no cuidaban demasiado las apariencias. “Oye, –le decían- que ellos nunca paguen. Tú, de cara a ellos, ignoras que ellos no pagan. Y yo les respondía que a mí eso no me importaba. Les pasaba las facturas y ellos me las pagaban, y yo tenía mi opinión personal sobre todo aquello, pero me la reservaba”.
“Me consta que a Betoret le untaban”
“A mí no me consta si Camps decidió alguna adjudicación, pero Betoret...[ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo, imputado junto a Camps], éste sí me consta que le han untado. Un día comimos juntos y Álvaro me dijo, 'ahora necesito que nos dejes solos, que éste se está haciendo de rogar'…”www.elplural.com.com 30.08.09
Camps aparta al director de la televisión valenciana que recibió ropa de El Bigotes
La Generalitat dice ahora que tiene "datos objetivos de escuchas" pero no los da
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps (PP), decidió ayer prescindir de Pedro García, director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y amigo íntimo del responsable de Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes. Aunque Pedro García nunca llegó a figurar como imputado sí fue mencionado en la investigación del caso Gürtel instruida por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. En uno de los autos, García -responsable de la televisión pública Canal 9 en los últimos seis años- aparecía como receptor de ropa pagada por la red de empresas de Francisco Correa. Además, en el material requisado en el yate Parapipi, propiedad de uno de los cabecillas de la trama, aparece un apunte de 3.550 euros en prendas para García.
García, que aparece también en conversaciones grabadas por orden judicial, llegó incluso a sustituir a Francisco Correa, tras la detención de éste, como padrino de una hija de Pérez. El Gobierno valenciano presentó ayer el descarte del responsable de Canal 9 -objeto de gruesas críticas por el tratamiento informativo del caso Gürtel- como una decisión personal. En su lugar ha nombrado al periodista José López Jaraba, durante años vinculado a Abc.
Sin embargo, el cese se produce sólo un día después de que Camps reordenase su Ejecutivo y destituyese como portavoz a Vicente Rambla, que ha sido hasta ahora el responsable de defender al Gobierno valenciano de los escándalos del caso Gürtel (y que sigue siendo vicepresidente y consejero). Rambla dijo ayer que los miembros del Consejo se sienten "claramente perseguidos" y "vigilados" y aseguró que el Gobierno valenciano tiene "datos objetivos que pueden confirmar la existencia de escuchas".
www.elpais.es 29.08.09
DIMITE EL DIRECTOR GENERAL DE RADIOTELEVISIÓ VALENCIANA
Pedro García será sustituido por Javier López Járaba.- Garzón lo acusaba de recibir prendas de vestir regaladas por la trama
El director general de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), Pedro García, ha dimitido de su cargo coincidiendo con el ajuste de Gobierno realizado por Francisco Camps ayer por la tarde. García, que según la investigación de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana recibió prendas de vestir como regalo de la empresa Orange Market, volverá a la vida privada. El hasta hoy director de Radiotelevisión Valenciana ejerció como periodista antes de convertirse como jefe de prensa de Edurado Zaplana, primero, y de Francisco Camps, después.
El caso Gürtel, que ha relacionado al presidente de la Generalitat con la supuesta red corrupta vinculada al PP, no ha existido prácticamente en Canal 9 ni en Ràdio 9. Sólo cuando se conoció que el Tribunal Superior de Justicia se hacía cargo de la investigación relacionada con Camps y con el secretario general del PP, Ricardo Costa, la noticia se dio como un breve y no se explicó por qué se investigaba a los dos dirigentes. Asimismo, el nombre de Álvaro Pérez, El Bigotes, presidente de Orange Market y amigo personal de García, solo fue pronunciado en un informativo de Canal 9 para anunciar su puesta en libertad. García sustituyó además al detenido Francisco Correa, jefe de la trama Gürtel, como padrino de la hija de Pérez, con quien Canal 9 firmó un contrato por 2.178 euros. El PSPV había pedido reiteradamente su destitución por la relación con el caso.
El archivo de la causa impide por el momento investigar los regalos de la trama recibidos por varios altos cargos, entre ellos García. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón registraba en el auto en el que se inhibía en favor del Tribunal valenciano los regalos que el director general de Radiotelevisió Valenciana habría recibido de El Bigotes.
El hasta ahora director del nuevo Canal 24/9, también perteneciente a RTVV, José López Járaba, ocupará el cargo de García en funciones. López Járaba fue delegado de Abc en la Comunidad Valenciana y también jefe de la sección de nacional del mismo periódico.
www.elpais.es 28.08.09
CAMPS CAMBIA EL GOBIERNO Y PREMIA A LOS CONSEJEROS MÁS FIELES DURANTE EL 'CASO GÜRTEL'
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, reordenó ayer su Gobierno tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de archivar la causa -ahora recurrida ante el Supremo- por un supuesto delito de cohecho relacionado con la trama corrupta de empresas del caso Gürtel.
Aunque no entra ni sale ningún consejero, Camps reordena su gobierno para premiar a quienes se han mostrado más fieles y desplazar a quienes no han cubierto las expectativas durante la gestión de los escándalos relacionados con el proceso judicial.
La principal consecuencia es el relevo del portavoz del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, y de la consejera de Turismo, Ángelica Such, cuyo departamento mantuvo la adjudicación a Orange Market -la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes- del contrato para el diseño y montaje del pabellón institucional de la Generalitat en Fitur.
Rambla, aunque sigue de vicepresidente primero, pierde la portavocía -que pasa a la titular de Justicia Paula Sánchez de León- y la Consejería de Presidencia. A cambio se le da Industria y Comercio. Such deja la Consejería de Turismo para ocuparse de Bienestar Social.
Quienes se ven recompensados con la reordenación del Gobierno son los otros dos vicepresidentes. Gerardo Camps, vicepresidente económico, asume todas las competencias sobre los grandes proyectos y se sitúa en la práctica -aunque no orgánicamente- por encima de Vicente Rambla, de quien dependerá presupuestariamente.
Cotino, titular de Agua
Juan Cotino, que junto a Gerardo Camps ha sido el principal puntal del presidente valenciano en los últimos meses, logra salir de la Consejería de Bienestar Social, cuya gestión se halla muy deteriorada. Cotino mantiene la vicepresidencia tercera pero desde la Consejería de Agua, Medio Ambiente y Territorio, que estaba vacante desde el repentino fallecimiento de José Ramón García Antón, el pasado 11 de agosto.
Francisco Camps negó ayer que la decisión del TSJ de archivar el supuesto delito de cohecho -por trajes pagados por la trama de empresas que dirigía Francisco Correa- hubiese influido en la reorganización de su Gobierno. Sin embargo, reconoció que se había hablado de adelantar las elecciones en la Comunidad Valenciana. "Descarto avanzar las elecciones. Me eligieron para cuatro años", sentenció.
www.elpais.es 28.08.09
RAJOY CONFIRMA A CAMPS Y BARBERÁ COMO CANDIDATOS PESE AL 'CASO GÜRTEL'
"Han sido objeto de un ataque profundamente injusto", afirma el líder popular
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, confirmó ayer a Francisco Camps y a Rita Barberá como candidatos a las próximas elecciones autonómicas y municipales, a pesar de la implicación del presidente de la Generalitat valenciana en el caso Gürtel, que también ha salpicado a la alcaldesa de Valencia.
"En Valencia, la gente está con el PP y con el señor Camps"
Según Rajoy, "en Valencia la gente está con el PP y con el señor Camps", porque "saben que han sido objeto de un ataque profundamente injusto". "Celebro que los tribunales le hayan dado la razón", zanjó en una entrevista concedida a Europa Press. El líder popular obvia así que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que exoneró a Camps de cohecho pasivo está recurrida ante el Tribunal Supremo; y también ignora que el auto del Tribunal Superior no da a Camps "la razón" en todo, porque confirma que el presidente valenciano recibió trajes gratis de la trama Gürtel, cosa que Camps negó.
Rita Barberá no está imputada en el caso, aunque se vio salpicada por unas grabaciones en las que Álvaro Pérez, El Bigotes, asegura que hace años que regala bolsos a la alcaldesa de Valencia. Por otro lado, el juez instructor del caso en Madrid, Antonio Pedreira, está investigando los contratos firmados por la trama corrupta con la Federación Española de Municipios y Provincias cuando la presidía Barberá.
El PP mantendrá una reunión en septiembre con presidentes provinciales y regionales para empezar a preparar las elecciones municipales y autonómicas de 2011. La intención de Rajoy es "llevar a los mejores", pero consideró que "es pronto" aún para hablar de candidatos. Sin embargo, al ser preguntado por si Camps y Barberá repetirán, exclamó: "¡Desde luego que sí! No tengo la más mínima duda".
En su opinión, "hoy son muchos más los españoles que apoyarían al PP si hubiera unas elecciones generales que la última vez". Respecto a si cree que José Luis Rodríguez Zapatero agotará la legislatura, Rajoy respondió que el presidente "siempre hará lo que le convenga a él" y recordó que tras el verano se van a debatir los Presupuestos Generales del Estado. "Es algo notable que a estas alturas no sepamos si los va a pactar con partidos de la derecha o de la izquierda", subrayó. "A él le vale cualquier cosa", dijo, porque en España "se gobierna a impulsos, las decisiones se toman en el día y no hay un camino definido".
Según el líder del PP, el cordón sanitario que estableció el PSOE contra su partido ha quedado "roto" por las "propias necesidades del PSOE". Y cree que los populares han demostrado "a lo largo de la legislatura que tienen capacidad de pactar con fuerzas políticas y al mismo tiempo capacidad para defender sus posiciones".
Por el contrario, añadió Rajoy, "el que se ha quedado en muchas ocasiones solo en esta legislatura es el Gobierno, porque ha sido incapaz de pactar y lo ha hecho muy mal". "Mi partido puede acordar temas que beneficien al conjunto de los españoles con cualquiera", concluyó.
Una 'absolución' envenenada
El PP baraja que Camps no se presente a la reelección si el Supremo le encausa y salen a la luz nuevas pruebas que impliquen a miembros de su partido
Una victoria convertida en problema. Así es como definen algunos dirigentes del PP de la Comunidad Valenciana el "día después" del auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que archiva la rama valenciana del caso Gürtel. El anuncio de la Fiscalía Anticorrupción de recurrir la decisión del tribunal valenciano y la posibilidad de que el Supremo reactive la causa han obligado a los populares valencianos a estudiar los posibles escenarios a los que pueden enfrentarse, con el obstáculo principal de no controlar los tiempos. Y con las próximas elecciones autonómicas a menos de dos años.
Es un riesgo que Camps se siente en el banquillo de los acusados
El hipotético juicio podría coincidir en fechas con las próximas elecciones
La falta de estrategia del PP valenciano ante la acusación y posterior imputación por un presunto delito de cohecho contra el presidente del Generalitat, Francisco Camps, ha provocado que, tras este primer "triunfo", sus dirigentes se planteen el diseño de una "hoja de ruta" que aún no está totalmente definida pero sí hilvanada. La idea de negarlo todo, no pensar que las acusaciones del caso Gürtel iban a llegar a una imputación y, por tanto, no tener previstas las distintas etapas de la causa ha sido motivo de crítica en el seno del partido. De momento, el PP ha optado por desplegar un ataque contra el PSOE, en la persona de su secretaria de Organización, Leire Pajín, y contra la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Aún así, todos, o una inmensa mayoría, saben que ahora toca, para un futuro que va desde tres meses a dos años, ponerse en el mejor de los casos pero también en el peor.
El diseño de la estrategia sitúa como positivo para los populares valencianos que no se cumpla el vaticinio realizado por el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra, quien dijo que el recurso de casación puede verse en un plazo de entre ocho meses y un año. Prefieren acogerse a la opción planteada por otras fuentes del Supremo que manifestaron la posibilidad de darle una tramitación preferente, por la sonoridad del caso y, dado que no parece tener gran complejidad, deliberar pronto sobre el recurso y resolverlo en tres o cuatro meses. En este caso, se "plantarían" a finales de 2009 o principios de 2010. En ese momento se sabría si la causa se archiva de forma definitiva o sigue adelante. Si se archiva, el PP valenciano podría centrarse en la campaña electoral de 2011 con Camps como candidato. En el caso de que el Supremo decidiera llevar la causa a juicio, o lo que es lo mismo, reabrir la investigación, el presidente valenciano anunciaría su renuncia a presentarse a la reelección pero trataría de agotar el mandato, siempre y cuando el juicio no se celebrara antes de las elecciones.
La posibilidad de que Francisco Camps se siente en el banquillo de los acusados siendo presidente de la Generalitat es un riesgo con el que la mayoría del PP no quiere correr.
Los populares valencianos saben que el Tribunal Supremo no es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, cuyos componentes "son de casa". Tampoco quieren olvidar que cuatro de los seis jueces y magistrados que han visto la causa han considerado que existían indicios de delito en los trajes regalados a Camps por la trama de corrupción.
En el caso de que la resolución del recurso se demore, los plazos empeoran el escenario. Aunque la decisión del Supremo llegara en el segundo trimestre de 2010, la noticia se acercaría demasiado a la cita electoral y el posible juicio podría incluso coincidir con la convocatoria. Aún así, las posibilidades son las mismas. Si se archiva el recurso de la fiscalía, a celebrarlo por todo lo alto. Y si se abre juicio, la idea es que Camps presente su renuncia a volver a ocupar el Palau de la Generalitat pero agote mandato. El problema es que, durante ese año, el PP estaría continuamente cuestionado y ante el peligro de que las cajas de documentación que obran en el sumario del caso Gürtel contengan alguna otra cuestión que les implique. Bajo su convicción de que el PSOE "maneja a la policía y, por tanto, la documentación del caso", los populares valencianos temen que el tiempo de espera desgaste, de forma irrecuperable, al presidente Camps.
En lo que sí coinciden alcaldes, consejeros, dirigentes y militantes es en la necesidad de que Francisco Camps aborde la remodelación de un Consell de la Generalitat anodino. Los cambios, previstos para finales de agosto o principios de septiembre, serían el momento oportuno para encumbrar al actual secretario general del PP, Ricardo Costa, que también fue imputado en el caso pero que, en la decisión del Tribunal valenciano, es el que ha quedado en "mejor posición". La incorporación de Costa al gobierno autonómico facilitaría y suavizaría además la salida del actual consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que también se ha visto envuelto en polémicas adjudicaciones a amigos. Al parecer, Camps también aprovecharía para dar más peso a alguno de sus seguidores alicantinos, como el alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, y así gratificar su fidelidad frente al sector zaplanista que aún pervive en la provincia. Otro de los nombres que suenan es el de la portavoz del grupo popular en Elche, Mercedes Alonso. Sin embargo, el PP confía en obtener esa alcaldía y alejar a su principal baluarte no resultaría recomendable.
El PP se enfrenta a unos meses difíciles pero parece haber aprendido que ha de calcular las posibilidades. Y en eso trabajan. En evitar que la victoria inicial pueda convertirse no sólo en un problema, sino en un verdadero fracaso.
www.elpais.es 09.08.09
El Síndic de Greuges constata la falta de objetividad en Canal 9
Cholbi reclama a la dirección general de RTVV que tome medidas para evitarlo
El Síndic de Greuges ha constatado la falta de objetividad que preside los informativos de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). Como consecuencia, José Cholbi ha recomendado al director general del ente, Pedro García, que adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los principios de objetividad, veracidad, imparcialidad y respeto al pluralismo político. La respuesta del Síndic a una queja presentada por varios diputados socialistas es un duro varapalo a la manipulación informativa de Canal 9, por más que la retórica del lenguaje utilizado disimule la contundencia del mensaje.
Cholbi recomienda a Pedro García que garantice la verdad y la imparcialidad
El Síndic se queja por las respuestas genéricas que recibió de RTVV
El varapalo no se reduce únicamente a constatar la manipulación constante en los informativos de Canal 9, Cholbi también denuncia la falta de transparencia de RTVV cuando hace constar que la tramitación del expediente "no ha arrojado luz alguna" porque los 3 dictámenes emitidos por la dirección general del ente están redactados "en términos genéricos".
La Sindicatura de Greuges tramitó una queja presentada por los diputados socialistas Ángel Luna, Carmen Ninet y Nuria Espí contra la dirección de RTVV por "vulneración del derecho fundamental a recibir información veraz y al acceso a los medios de comunicación social a grupos políticos y sociales significativos respetando el pluralismo de la sociedad".
Los socialistas hacían constar en su denuncia que desde Canal 9 se emiten informaciones positivas para los dirigentes de la Generalitat y del PP "mientras se critica sistemáticamente al PSOE y al Gobierno de España". Los diputados del PSPV trasladan hasta 18 noticias que se emitieron en los informativos de Canal 9 entre el mes de noviembre y el 2 de diciembre de 2007. En la elaboración de estas noticias, según los denunciantes, se utilizaron "técnicas de desinformación y manipulación", pese a tratar temas tan dispares como la celebración en Valencia del Panel Intergubernamental de la ONU contra el cambio climático o el anuncio de la instalación en Quart de Poblet (Valencia) del Centro de Comunicaciones y Datos de la ONU.
Uno de los casos que destacan los socialistas fue la información sobre la designación como cardenal del Arzobispo de Valencia por parte del Papa. Canal 9 omitió "totalmente" la presencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y emitió únicamente imágenes de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. El PSPV critica a los informativos de Canal 9 por la "ocultación" de imágenes y opiniones relevantes, la creación de "polémicas artificiales", el "falseamiento" de la información, la "intoxicación informativa" y la "manipulación por reparto del tiempo".
José Cholbi, en su respuesta, difundida ayer por Europa Press, también amonesta a los socialistas porque "dejaron decaer su derecho a formular alegaciones", pese a que recibieron traslado de todo lo actuado. Este hecho, más las respuestas genéricas de la dirección general de RTVV, impiden a la Sindicatura pronunciarse "rotundamente" sobre la cuestión formulada por los socialistas; pero en tanto que defensora de los derechos de los ciudadanos, considera que éstos deben recibir a través de los medios de comunicación públicos "una información veraz, objetiva, imparcial y respetuosa con el pluralismo político que consagra la Constitución".
Nuria Espí, diputada y portavoz socialista en la Comisión de Control de RTVV, manifestó que los derechos que reclama la Sindicatura "brillan por su ausencia en Canal 9" y no descartó que su partido recurra a los tribunales para "reclamar el derecho a la información del que carecemos los valencianos".
"Camps teme a los periodistas y a la justicia"
Horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia archivara la causa por cohecho sobre el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, los medios de comunicación se hacían eco, y solo eco, de las palabras de satisfacción del mandatario. Tras seis meses de investigación y un auto en el que se confirmaba la existencia de costosos regalos a los dirigentes del PP, Camps decidió evadir las preguntas de los periodistas y distribuyó un mensaje enlatado grabado el lunes por la tarde en el patio gótico del Palau de la Generalitat.
Las palabras del político llegaron a los ciudadanos sin ningún filtro o crítica por parte de los profesionales, algo que ha indignado al gremio y a la oposición. La portavoz de la comisión de control a RTVV, Nuria Espí, declaraba ayer que "la comparecencia la grabó y distribuyó su gabinete sin permitir que los periodistas entraran porque les teme tanto como a la justicia".
El presidente de la Unió de Periodistas Valencians, Joaquim Clemente, criticaba el martes con la misma dureza la ausencia de los medios en la comparecencia de Camps: "Un episodio que se sale de cualquier comportamiento normal, que está fuera de lugar y es intolerable en una sociedad democrática, transparente y con libertad de expresión".
El equipo de comunicación de la Generalitat justifica la decisión basándose en que "el auto era lo suficientemente claro" y en que no había ningún compromiso en la agenda de ese día al que tuvieran que acudir los periodistas. Del mismo modo se defienden de las críticas por no pronunciarse sobre el caso Gürtel durante la investigación: "Tenemos la sensación de que no se ha hablado de otra cosa". Lo más concreto que dijo el presidente durante estos meses ha sido "yo me pago mis trajes", una afirmación que el juez instructor de la causa ha constatado que era mentira.
Pero si Camps teme o no a los periodistas, con la televisión valenciana puede estar tranquilo. Desde que estalló el caso Gürtel hace medio año, Canal 9 ha omitido en sus informativos día tras días los nuevos datos de la red de corrupción, una trama de contratos y regalos que, por lo menos en lo referente a las dádivas, afectaba al director general de RTVV, Pedro García, amigo íntimo de uno de los empresarios implicados Álvaro Pérez, El Bigotes. Eso sí, la televisión pública pasó del silencio a abrir todos sus informativos el día del archivo de la causa.
www.elpais.es 09.08.09
La controvertida plaza del magistrado Ceres
El juez que votó con De la Rúa el archivo de la causa contra Camps estuvo provisionalmente en la Sala diez meses, con el apoyo del presidente del Tribunal, tras anular el Supremo su nombramiento
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El auto de archivo de la causa contra Camps por cohecho en los regalos de trajes por parte de la trama Gürtel tiene madre y padre: el presidente de TSJ valenciano, Juan Luis de la Rúa, y el también magistrado de la Sala de lo Civil y Penal José Francisco Ceres Montes. Uno y otro se han visto inmersos en una polémica que emana, además del sentido de la resolución, del perfil de un asunto goloso para ser mascado en la plaza pública, entre políticos, periodistas y hasta juristas.
En el caso de Ceres, la controversia planea también sobre el sillón de magistrado que ganó hace cuatro años, dos meses y seis días. Durante unos diez meses (entre junio de 2008 y abril de 2009), ocupó provisionalmente una plaza que quedó vacante cuando el Supremo anuló la decisión del Consejo General del Poder Judicial de darle ese puesto precisamente a él.
Miembro de la mayoritaria y derechista Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Ceres fue designado magistrado de la Sala de lo Civil y Penal por el CGPJ -de clara mayoría conservadora- y su nombramiento fue recogido en el Real Decreto 44/2005 de 15 de abril. Se publicó en el BOE de 2 de junio y empezó a ejercer en la plaza de la que se había jubilado José Luis Pérez. Si en cualquier concurso u oposición pública, las impugnaciones son moneda corriente, en un ámbito en el que los aspirantes son expertos en leyes no es raro que se recurra el nombramiento al contencioso-administrativo. Así sucedió. No fueron una ni dos sino tres las personas que presentaron recurso: María Ibañez, Mercedes Boronat y Vicente Ortega, magistrados los tres de la Audiencia de Valencia.
Argumentaron "falta de motivación" en el nombramiento, esto es, que el órgano de gobierno de los jueces, a quien compete designar las plazas, no había justificado los méritos y capacidad que hacían de Ceres -que provenía de un juzgado de ejecuciones- el mej0r de los candidatos. La Ley Orgánica del Poder Judicial otorga al CGPJ la facultad de los nombramientos de quienes imparten justicia terrenal conforme a valoración de mérito y capacidad. Pero en lectura libre. Paradójicamente, en estos procesos no existen unas bases en la convocatoria donde se establezcan los criterios de baremación de méritos pautados para calificar la experiencia, cursos, publicaciones u otros aspectos curriculares. Se abre así el campo para las consideraciones de tipo político y para los pulsos de poder entre camarillas.
El Alto Tribunal, en una durísima sentencia de julio de 2005, anuló el nombramiento de Ceres al entender que efectivamente no estuvo motivado. Lo dictaminó en respuesta a los recursos de María Ibáñez y Mercedes Boronat. La elección de Ceres se produjo entre una terna (con Ibáñez y Antonio Rodríguez, de la sección penal de la Audiencia de Valencia), previamente seleccionada por la Comisión de Calificación del CGPJ, encargada de hacer la criba y elevar a pleno a los finalistas. El Supremo argumentó que la citada comisión escogió tres nombres y los remitió "sin precisar cuáles eran los criterios preferentes que debían ser tomados en consideración para decidir el nombramiento y sin detallar ni describir las circunstancias individuales de las personas que podían constituir méritos jurisdiccionales".
Según la sentencia, la citada comisión "tampoco" informó sobre los "específicos rasgos" por los que eran merecedores de una "valoración cualitativa superior" al del resto de aspirantes. El Alto Tribunal reprochó que aunque uno de los vocales hizo una defensa de la candidatura de Ceres, la invocación de sus méritos fue "meramente abstracta", sin concretar por qué era más idóneo que los otros.
Una plaza muy codiciada
Anulado el nombramiento, se conminó al CGPJ a rebobinar el proceso al momento anterior a la preselección. A los aspirantes se les pidió que aportaran sentencias que hubieran dictado como parte del currículum de cara al "remake" de procedimiento que se abría.
Pero, ¿dejó Ceres la plaza que ocupaba? La decisión estaba en manos del presidente del TSJ valenciano, Juan Luis de la Rúa, y la Sala de Gobierno, de aplastante mayoría conservadora. Hasta nueva designación, podían haberlo enviado al juzgado de ejecuciones, destinarlo a un juzgado de primera instancia o a la Audiencia Provincial, por ejemplo. Pero De la Rúa y la junta rectora del TSJ quisieron adscribirlo provisionalmente a la plaza que el Supremo le había anulado. Un puesto muy codiciado por los jueces y magistrados -no falta quien lo cataloga como una canonjía-, igual que por los partidos políticos y las asociaciones profesiones de la judicatura, conscientes del poder que anida en la Sala de lo Civil y Penal del TSJ.
El 29 de enero de 2009, el pleno del nuevo CGPJ -renovado en septiembre de 2008- abordó la cobertura de la vacante ocupada provisionalmente por Ceres. Y ganó la plaza por segunda vez. Logró 11 votos, frente a los 4 de María Ibáñez (Jueces para la Democracia) y otros tantos de Vicente Ortega, quien en esta ocasión entró en la terna. Hubo una abstención. El Real Decreto 166/2009 de 13 de febrero recogió el nombramiento, que fue publicado en el BOE del 30 de marzo. Estaba en plena ebullición el escándalo Gürtel, que explotó con la operación ordenada por Garzón el 6 de febrero. Un mes después se difundió el auto de este magistrado en el que acusaba a Camps y a los otros tres imputados valencianos de aceptar regalos en trajes por 34.908 euros.
Dos de los aspirantes que disputaron la plaza han presentado de nuevo recurso contencioso-administrativo contra el segundo nombramiento. De la Rúa sigue en funciones com presidente del TSJ, al haber caducado su mandato en julio. Y Ceres, igual que Camps aunque salvando las distancias, también espera una resolución del Supremo.
La Sala de Gobierno del TSJ avaló que siguiera en el puesto
La decisión de que José Francisco Ceres Montes permaneciera como magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ cuando el Supremo anuló su nombramiento fue adoptada por la Sala de Gobierno de la máxima instancia judicial valenciana. La composición de este órgano hace que las pretensiones de De la Rúa encuentren pocas resistencias. Además del presidente del TSJ, forman parte de la Sala, los de la Audiencia de Valencia (Pedro Castellano), Alicante (Vicente Magro) y Castelló (Carlos Domínguez), además del decano de los jueces valencianos, el presidente de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del TSJ o el de la Sala de lo Social. Salvo este último, Francisco Pérez, el resto de miembros está claramente ubicado en el sector conservador. La inmensa mayoría pertenecen a la APM. De la Rúa no tuvo problemas en adscribir a José Francisco Ceres a la plaza en la que después fue confirmado por el CGPJ
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2009/08/08/controvertida-plaza--magistrado-ceres/619384.htmlEL BIGOTES, PRESTAMISTA PARA TRAJES
Dos de los imputados del PP valenciano declararon ante el juez que Álvaro Pérez adelantaba el dinero para la ropa y uno de ellos se lo devolvía en cómodos plazos
Primero no le conocía. Después, no tuvo más remedio que aceptar que le era, cuando menos, familiar y la fuerza de los hechos evidenció una íntima relación con Álvaro Pérez, El Bigotes, un amigo cuya empresa, Orange Market, trabajaba para la Generalitat Valenciana y hacía generosos regalos a altos cargos del Gobierno autonómico. Francisco Camps vive, a pesar de eso, una tregua en su implicación en la trama del caso Gürtel gracias a que el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana (TSJCV) legitimó la aceptación de unos regalos que él y el resto de imputados (Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret) intentaron justificar como compras en sus declaraciones judiciales. Algunos de ellos, incluso, alegaron ante el juez que El Bigotes hacía de intermediario para pagarlos.
El juez instructor, José Flors, dejó claro que “no existe constancia” de que los receptores de las prendas “abonaran su precio directa ni indirectamente al establecimiento vendedor, y sí la hay, en cambio, de que las cantidades que por las mismas se adeudaron fueron satisfechas mediante la entrega de cheques librados contra la cuenta de Orange Market”. Álvaro Pérez, pues, pagó los trajes de los imputados. De eso no hay duda. Ante esta evidencia, dos imputados optaron por otorgarle un nuevo papel: habría prestado el dinero para pagar unas compras. Otro llegó a sugerir que el sastre que les vendió los trajes remitía a Pérez a la hora de cobrar mientras el cuarto, el propio Camps, insistió en que pagó sus trajes en efectivo.
Camps, al principio, negó por activa y por pasiva haber recibido unos trajes que el sastre José Tomás, testigo de cargo en la causa, ha detallado con precisión, no sólo en las medidas sino también en las preferencias del cliente y el hábito de no pagarlos. Cuando las pruebas en su interrogatorio le devolvieron la evidencia de algunas adquisiciones, dijo, como consta en uno de sus propios recursos, que pagó en efectivo, con dinero de la caja de la farmacia de su esposa, que no guarda tique y que nunca paga ni con tarjeta ni con cheque. No tiene costumbre. De hecho, afirmó que el abono de cuatro trajes, por 2.300 euros, lo pudo hacer gracias a que su escolta le prestó efectivo, en presencia del chófer. Quedan, de todas maneras, siete prendas y la cantidad restante hasta 12.000 euros por justificar.
Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, admitió una compra de varias prendas, no las dos que se le imputaban. “Las recibió en mano del propio señor Pérez en varias entregas y le entregó al señor Pérez el precio que le decía por las sucesivas entregas de aquel encargo”, según recoge el sumario. De acuerdo con esa declaración, a Campos le habría adelantado dinero El Bigotes para adquirir varias prendas, aunque también quedarían otras sin justificar.
Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la consejería de Turismo recurrió a la misma excusa. Según dijo, Álvaro Pérez pagó sus compras de trajes y él después le fue devolviendo el dinero a plazos. Y Ricardo Costa alegó que su secretaria llamó varias veces a la tienda de José Tomás para saber qué se debía. El sastre le habría dicho que de eso hablara con El Bigotes.
El juez instructor no se creyó ninguna de estas explicaciones que presentaban a Álvaro Pérez como una especie de prestamista de trajes a políticos valencianos. Concluyó que la trama pagó las prendas y que los imputados las aceptaron como regalos.
www.elpais.es 06.08.09
EL SUPREMO TARDARÁ DE OCHO MESES A UN AÑO EN EL RECURSO
El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra, afirmó ayer que el recurso de casación de la Fiscalía Anticorrupción contra el archivo del caso Camps puede verse "en un plazo de entre ocho meses y un año".
Tras participar en los cursos de la Universidad Complutense en El Escorial, Saavedra explicó que el recurso es "ordinario", por lo que "lleva todos los trámites previstos" en la Ley de Enjuiciamiento Criminal: formalizar los motivos, dar traslado a las partes y que se instruya el ponente antes de señalar la vista o deliberación.
Fuentes del Supremo indicaron que ese plazo de ocho meses es el tiempo en que se vienen resolviendo las causas urgentes, con preso. Sin embargo, las mismas fuentes indicaron que, dada la entidad del caso Camps, la Sala debería darle una tramitación preferente en vez de "ponerlo a la cola" como si fuera un asunto del montón. Además, la ramificación valenciana del caso Gürtel "no tiene ninguna complejidad" y la deliberación puede celebrarse mucho antes de ocho meses.
www.elpais.es 06.08.09
Un abogado denuncia a De la Rúa por no abstenerse de archivar el caso Camps
La “íntima y sentida relación” que une a Francisco Camps con el presidente del TSJV le ha valido al magistrado Juan Luis de la Rúa una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial por no haberse abstenido a la hora de votar el archivo del caso de los trajes.
El abogado José Luis Mazón ha presentado hoy la denuncia ante el CGPJ al entender que De la Rúa cometió una “infracción del deber de abstención” y una “falta disciplinaria muy grave”.
Estrecha amistad
"Según ha publicado repetidamente la prensa, el presidente de la Comunidad Valenciana declaró públicamente, antes del escándalo del presunto soborno de los trajes, que Juan Luis de la Rúa 'era más que amigo'", dice la denuncia de Mazón. Además, “el denunciado no ha desmentido ante los medios de comunicación esa supuesta estrecha amistad con Camps".
“Expediente disciplinario”
Atendiendo a estas razones, el abogado pide al CGPJ que incoe expediente disciplinario al juez por indicios de “falta grave de infracción del deber de abstención”, al que le obligaba su amistad con el presidente regional.
“Extraordinarias circunstancias”
Mazón también pide que se investiguen “las extraordinarias circunstancias” por las que De la Rúa estaba participando en la votación, cuando su puesto debería ocuparlo otro juez que en ese momento se encontraba de vacaciones. El abogado pide que se averigüe si “las vacaciones del magistrado sustituido pudieron ser inducidas para participar, en su caso, el denunciado, a favor de su 'más que amigo' Camps".
“Justicia asilvestrada”
"En una justicia civilizada esta intervención constituye un mayúsculo escándalo. En una justicia desacreditada y asilvestrada como la nuestra las normas de ética disciplinaria no se aplican ni se exigen cuando los presuntos infractores son personajes influyentes (Garzón, Gómez Bermúdez, De la Rúa, etc.)", concluye el abogado.www.elplural.com 05.08.09
FABRA A LOS SOCIALISTAS: "A JODERSE, AGUANTARSE Y A RESIGNARSE"
Todos a una, como en Fuenteovejuna. Con la mayoría de los representantes políticos de vacaciones, los populares han orquestado una estrategia a la que se han ido sumando los líderes del PP a lo largo y ancho de España para acusar al Gobierno de utilizar a la Fiscalía en su beneficio. El último en sumarse ha sido el multimputado Carlos Fabra: “Es lamentable que eso ocurra en un país democrático de la Europa de los 27”.
· Carlos Fabra: "La Fiscalía está al servicio del Gobierno"
Carlos Fabra se ha despachado a gusto y ha hecho suya la victoria judicial de Francisco Camps. El presidente de la Diputación de Castellón, no tiene "ninguna duda" de que sus incontables y eternos casos ante la Justicia acabarán igual que en el caso de Camps. Además, Fabra ha asegurado que el archivo del <i>caso de los trajes</i> le ha sentado a los socialistas a "cuerno quemado" y les recomienda la siguiente receta: "Ajo, agua y resina, como decían en mi pueblo. A joderse, aguantarse y a resignarse"
Pistoletazo
El pistoletazo de salida a la estrategia del PP lo dio ayer María Dolores de Cospedal, en un vídeo distribuido a los medios en los que más que una comparecencia oficial, daba la impresión de estar haciendo un alto en su reposo estival. Y esta mañana, Fabra se ha sumado, asegurando que el recurso de la Fiscalía al archivo del caso Camps es “la demostración palpable de al servicio de quién está la Fiscalía del Estado”, es decir, “al servicio del Gobierno”.
La Europa de los 27
Según Fabra “es lamentable que eso ocurra en un país democrático de la Europa de los 27”. Pero el multimputado va más allá y asegura, en relación a la separación de poderes que: "Montesquieu ha muerto. Y sólo resucitará cuando gobierne el PP"
Granados se apunta
También Francisco Granados, al que la Justicia está asediando con el caso de los espías en la Comunidad de Madrid, quiso sumarse ayer a la estrategia popular. Según el consejero de Aguirre, el anuncio del recurso es “inaceptable” y “hacer un flaco favor a la democracia y al Estado de Derecho”.
La “mala receta”Para Granados, es aún peor el hecho de que lo hubiera anunciado De la Vega, que “para más inri ha sido candidata derrotada por Valencia” y alertó de la “mala receta” que es en democracia “querer que a uno le dé la policía y la Fiscalía lo que no le han dado los votos”.
www.elplural.com 05.08.09
EL PP DESATA UNA OFENSIVA CONTRA EL GOBIERNO PARA TAPAR EL 'CASO CAMPS'
Cospedal acusa al Ejecutivo de perseguir a su partido en lugar de a ETA - Malestar en la Fiscalía porque la vicepresidenta anunció su recurso
El Partido Popular aprovechó ayer el desliz de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega al anunciar el recurso de la Fiscalía contra el archivo del caso Camps para emprender una desaforada ofensiva contra el Ejecutivo que no oculta el propósito de difuminar que el auto judicial archiva pero no excluye que Camps aceptase trajes y otros regalos de una trama corrupta que registra ya un centenar de imputados.
En una especie de reacción nuclear en cadena, dirigentes populares de todos los niveles y todas las provincias cargaron contra el Ejecutivo por "utilizar" a la Fiscalía para "perseguir a la oposición", propiciar una "cacería" contra el PP, y por el "montaje" y la "actuación obscena" de la vicepresidenta. En el paroxismo de su intervención, la secretaria general, Dolores de Cospedal, mezcló en el asunto a ETA: "Es la primera vez en la historia que un Gobierno utiliza la Fiscalía General del Estado, no para darle instrucciones para perseguir como tendría que hacer, e hizo en otras ocasiones, a la organización terrorista ETA, sino para perseguir a la oposición, a un partido político por el solo hecho de ser el Partido Popular".
El Gobierno guardó un espeso silencio y desde el PSOE, el secretario de Política Municipal, Antonio Hernando, apuntó directamente a Federico Trillo, "el ministro del Yak o Perejil", como el "autor intelectual" de la "estrategia de defensa de la trama de corrupción que salpica a más de un centenar de políticos del PP". La secretaria de Política Internacional, Elena Valenciano, puso el acento en que las "pantomimas del PP" pretenden "desviar la atención" acerca de que Camps "mintió y recibió regalos de forma continuada de una trama corrupta".
La intervención de De la Vega anunciando desde Costa Rica el recurso de casación ante el Tribunal Supremo cogió desprevenida a la Fiscalía del Estado, que desde el viernes pasado ya había convenido con el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, que se presentaría recurso en caso de que se decidiese el archivo. Según las fuentes consultadas en la Fiscalía, la resolución de archivo era la esperada, al conocer cierta información procedente de Valencia sobre el malestar el instructor, José Flors, que obviamente ya sabía que no iba a ser respaldado por la Sala. Así, el jefe Anticorrupción despachó el mismo viernes con el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, y ambos examinaron los requisitos del recurso. Conde-Pumpido ordenó a Salinas que estuviese preparado, por lo que éste y una de las fiscales Anticorrupción que han llevado el caso aplazaron sus vacaciones y el lunes acudieron por la mañana a la sede de Anticorrupción.
Tras conocerse la resolución de archivo, Salinas telefoneó a Conde-Pumpido y le trasladó su decisión de recurrir al Supremo y de anunciar de inmediato el recurso. El fiscal general dio su aprobación sobre la una de la tarde.
Las fuentes consultadas enfatizaron que no quedaba otra salida y el recurso era "obligado", por coherencia con la posición del juez instructor, porque la resolución es muy polémica al vaciar de contenido el delito de cohecho pasivo del artículo 426 del Código Penal y contenía un voto particular discrepante. "La Fiscalía no podía hacer otra cosa que recurrir. Lo contrario sería incumplir sus obligaciones en la lucha contra la corrupción", precisaron las citadas fuentes.
Después, Conde-Pumpido llamó por teléfono al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y le comunicó que la Fiscalía iba a recurrir. Las fuentes consultadas precisaron que el ministro es el cauce de comunicación entre el fiscal general y el Gobierno previsto en el Estatuto de los fiscales y que el asunto tenía la relevancia suficiente como para que el fiscal informase al Gobierno.
A partir de ahí, las fuentes informantes destacan el malestar en la Fiscalía Anticorrupción y en la Fiscalía del Estado ante la intervención de De la Vega. De hecho, la Fiscalía tenía previsto difundir una nota de prensa que se conoció después del anuncio de la vicepresidenta, porque Salinas estuvo estudiando el auto toda la tarde y en el comunicado oficial se querían detallar los motivos del recurso: infracción de ley y vulneración de la tutela judicial efectiva.
Perlas del PP
- M. Dolores de Cospedal, secretaria general del PP: "Es la primera vez en la historia que un Gobierno utiliza la Fiscalía General del Estado, no para darle instrucciones para perseguir como tendría que hacer, e hizo en otras ocasiones, a la organización terrorista ETA, sino para perseguir a la oposición, a un partido político por el solo hecho de ser el PP".
- Juan Cotino, consejero valenciano: "La cacería contra el presidente Camps ha sido una ofensa a todos los valencianos... Ha terminado un período inquisitorial provocado por el Gobierno central con el apoyo del diario gubernamental".
- Rafael Blasco, consejero: "La valencianofobia de la vicepresidencia la ha llevado a formar parte de un Gobierno capaz de negociar con ETA e incapaz de sentarse a negociar temas clave para los valencianos".
QUEJAS POR LAS DECLARACIONES EN VÍDEO
A pesar de la satisfacción en el PP por el archivo de la causa contra Francisco Camps por cohecho, los máximos dirigentes de ese partido no han comparecido en más de 24 horas a responder a preguntas de la prensa sobre esta cuestión. La reacción a la noticia del presidente Camps la hizo pública la Generalitat a través de un comunicado y un vídeo institucional.
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM), la Unió de Periodistes Valencians y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) criticaron ayer en declaraciones a Efe esta actitud.
No ha habido ninguna posibilidad de que los profesionales pregunten a Camps nada más que lo que ha querido decir en el vídeo. Camps ha eludido a la prensa durante meses, sólo en contadas ocasiones ha respondido, y nunca se ha explicado en público.
El presidente de la APM, Fernando González Urbaneja, dijo ayer que Camps "no es fiable" en sus declaraciones, y que su comportamiento con los medios de comunicación es "un poco chavista", en referencia al presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Para el presidente de la Unió de Periodistes Valencians, Joaquim Clemente, la declaración en vídeo es "un episodio que se sale de cualquier comportamiento normal, que está fuera de lugar y es intolerable en una sociedad transparente, democrática y con libertad de expresión".
El presidente del PP, Mariano Rajoy, escapó de los periodistas en Santiago de Compostela cuando querían preguntarle por la feliz noticia para su partido, conocida durante un acto público.
Ayer, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, también hizo pública su reacción sin periodistas delante. El PP facilitó unas imágenes producidas por el propio partido con sus declaraciones diciendo que el Gobierno ordena a la Fiscalía General ir contra el PP y no contra ETA. La oficina de prensa del PP explicó que eligió esta fórmula porque Cospedal se encuentra lejos de Madrid, no había tiempo de organizar una comparecencia y las televisiones necesitaban sus declaraciones con urgencia a mediodía.
EL JUEZ SEÑALADO POR CAMPS COMO MÁS QUE AMIGO LE SALVÓ DEL BANQUILLO
Las deliberaciones provocaron un agrio enfrentamiento entre los magistrados
Tienen en común sus posiciones conservadoras. Pero no por eso estuvieron de acuerdo. Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y de la propia Sala de lo Civil y Penal, se alineó con José Francisco Ceres, un magistrado de accidentado nombramiento (fue desestimado por el Supremo y posteriormente objeto de una repesca no exenta de críticas) frente a Juan Montero, catedrático que ha compartido con el instructor de la causa, José Flors, muchas publicaciones de análisis de leyes. La Sala de lo Civil y Penal tenía en sus manos el futuro de Francisco Camps, el presidente valenciano, y Montero, que acabaría redactando un voto particular, no estuvo dispuesto a aceptar cualquier argumentación para archivar el caso.
El primer día de deliberación, el martes 28, ya quedó clara la intención de cerrar el caso. Pero el jueves, la insuficiente argumentación del ponente, Ceres, abrió una brecha con Montero que resultó insalvable. Más aún después de conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se inhibía en favor del de Valencia para que incorporara a la causa al cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, y a dos de sus hombres, Álvaro Pérez y Pablo Crespo.
La trama habría pagado los trajes que recibieron el presidente Francisco Camps; el secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa; el ex vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos; y el ex jefe de la consejería de Turismo, Rafael Betoret, los cuatro imputados, pero también otros 14 cargos del Gobierno autonómico recibieron regalos, como revelaba un documento que adjuntó el tribunal madrileño, que advertía que quedaba documentación por analizar que pudiera tener relación con el caso. Montero asumió una posición de prudencia y planteó que, ante la duda de si los hechos fueron o no delito, lo mejor era llegar hasta el final y que el valor de las pruebas decidiera. Su voto no era decisivo.
De la Rúa, especialmente, y Ceres, que en el auto recurre incluso al derecho alemán para vestir la interpretación del artículo 426 sobre el cohecho pasivo impropio, no se movieron de su intención de cerrar el caso. Y eso a pesar de que la discusión fue tensa y dura.
La intervención del presidente del TSJ, a quien Camps llamó "más que amigo", salvó a los imputados de ir a juicio. De la Rúa estaba en la deliberación porque el otro miembro de la sala, el magistrado Juan Climent, se encontraba de vacaciones. Eso hizo que sí interviniera, aunque el presidente no suele participar en los llamados trámites intermedios de las causas como son los recursos.
LOS SOCIALISTAS RECURREN POR INFRACCIÓN DE LEY E INDEFENSIÓN
Indefensión, lesión a la tutela judicial efectiva, vulneración del derecho a la defensa, interpretación errónea del artículo 426 y arbitrariedad. Ésos son los cinco puntos que resumen el recurso de casación que el PSPV-PSOE anunció ayer ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y que en septiembre entregará desarrollado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la instancia que tiene que admitirlo, deliberar y decidir sobre el mismo. Los socialistas valencianos, acción popular en la causa por supuesto delito de cohecho contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y otros tres altos cargos que el lunes archivó el TSJCV, rechazan rotundamente la argumentación del auto de sobreseimiento.
La primera de las razones es la infracción de ley que, según ellos, se deriva de la insólita interpretación que la Sala ha hecho del artículo 426 del Código Penal, en el que se define el cohecho pasivo impropio como un delito consistente en la aceptación de regalos o dádivas por parte de funcionario o cargo público en atención a su condición, sin necesidad de que exista contraprestación. Otros artículos previos y posteriores recogen distintas variantes del soborno en función de la participación o las decisiones, legales o ilegales, adoptadas por esos cargos públicos o funcionarios. Sin embargo, la Sala consideró, por dos votos a uno, que sí era preciso un nexo de causalidad. Este argumento es común al anuncio de recurso realizado por la Fiscalía Anticorrupción.
Sin garantías
La acusación popular entiende, además, que la decisión de la Sala ha sido arbitraria, quebrando así las garantías que recoge el artículo 9.3 de la Constitución. Con independencia del desarrollo posterior de los argumentos, los socialistas valencianos consideran que la Sala de lo Civil y Penal, -formada por los magistrados Juan Luis de la Rúa, José Francisco Ceres y Juan Montero, aunque éste emitió un voto discrepante-, ha vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva, provocando así indefensión.
Las tres cosas se derivan del hecho, según considera la acusación popular, de haberse excedido en el objeto de estudio en la resolución al prejuzgar el delito respecto de los indicios que recogió el pasado 6 de julio el instructor José Flors. Esa valoración excesiva de la sala ha llevado al archivo y, por tanto, impide que se investiguen unos hechos que el propio tribunal no discute que sean ciertos.
EL PP LEVANTA LA SUSPENSIÓN DE MILITANCIA AL EX VICEPRESIDENTE VALENCIANO VÍCTOR CAMPOS
Víctor Campos, ex vicepresidente del Consell en la pasada legislatura, uno de los dirigentes del PP valenciano imputados por supuesto delito de cohecho impropio por haber recibido regalos de la trama corrupta de Francisco Correa y Álvaro Pérez, vuelve a ser militante de pleno derecho en su partido. Así lo acordó la Comisión de Derechos y Garantías de PP, que se reunió tras conocerse la decisión de la sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que ha archivado la causa en la que, junto a Campos, estaban imputados el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret.
La suspensión de militancia fue solicitada en su día por el propio Campos para la mejor defensa de sus intereses y para evitar perjuicios al partido, que ayer manifestó su "agradecimiento" al ex vicepresidente del Consell y se congratuló de que "por fin se haya hecho justicia".
Costa se mostró satisfecho por la vuelta a la militancia de Campos, que "ha sido y será un puntal fundamental de los populares" valencianos.
Campos fue el único político de esa comunidad implicado en el asunto que abandonó la militancia tras ser imputado. Camps y Costa no siguieron sus pasos y el partido tampoco les exigió responsabilidad alguna, a pesar de que otros implicados en la rama madrileña del caso Gürtel sí que fueron forzados a dejar el partido y, en algunos casos, incluso sus cargos. Betoret no milita en el partido de Rajoy.
El PP suspendió de militancia a los diputados autonómicos de Madrid Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch y Alberto López Viejo, tras ser imputados por su vinculación con la trama. También fueron suspendidos los alcaldes de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, y Arganda del Rey, Ginés López, el ex diputado madrileño y ex viceconsejero de Inmigración Carlos Clemente, el ex edil de Boadilla del Monte José Galeote, el ex concejal de Estepona Ricardo Galeote, y Tomás Martín Morales, director de Gestión Urbanística de Boadilla.
LOS LÍMITES DE UN DELITO ESCURRIDIZO
Catedráticos de Derecho Penal discrepan sobre la validez del artículo 426
El artículo 426 del Código Penal, que castiga a los funcionarios y autoridades que reciban regalos "en consideración a su función" -aunque luego no favorezcan en nada al autor de los obsequios-, no es un precepto nuevo pensado para frenar la corrupción de los actuales partidos políticos: tiene, al menos, siglo y medio. Ya figuraba en el Código Penal de 1848, y se ha mantenido en los códigos posteriores variando ligeramente su redacción (y su pena).
Algunos consideran que el precepto rezuma 'moralismo'; otros lo defienden
El PSOE denuncia que la interpretación que de ese artículo ha hecho ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) lo vacía de contenido, porque viene a decir que, si el funcionario en cuestión no favorece en nada a las empresas que le hacen regalos, no se puede demostrar que los regalos se hicieron "en consideración a la función" del funcionario. Y que, además, cuando el cargo público -en este caso, el presidente valenciano, Francisco Camps- ni siquiera tiene competencia directa para dar el supuesto trato de favor, es superfluo juzgar si se habría dejado corromper por los regalos. Los presidentes no suelen firmar las adjudicaciones a las empresas: de eso se encargan los técnicos.
Esa interpretación no es exclusiva de los jueces del TSJCV. En el libro Comentarios al nuevo Código Penal, publicado en 1996 en Aranzadi por ocho catedráticos de Derecho Penal, el artículo 426 es tachado de "excesivamente difuso". Estos expertos sostienen que castigar al cargo público que acepta regalos "responde a criterios éticos o morales". "Sanciona conductas éticamente reprobables, pero que no revisten una lesividad merecedora de relevancia jurídico-penal", opinan.
No es lícito, prosiguen los catedráticos, presumir que, a cambio de esos regalos, el funcionario está dispuesto a corromperse. Eso conduciría "a los infiernos de la moralización del Derecho Penal". En consecuencia, proponen poner límites al 426 y aclarar qué tipo de regalos serían sospechosos. E incluso cuestionan el enunciado del artículo: "No siempre que un funcionario público reciba un regalo, en consideración a su función, cometerá el delito [...] Por ejemplo, el que recibe dádivas en las fiestas navideñas". A su juicio, sólo comete delito "aquel funcionario o autoridad que tenga atribuidas competencias, cuanto menos genéricas, para adoptar decisiones que puedan influir sobre el ámbito de actividad propio del particular que ofrece o entrega la dádiva". Y "deberá constatarse que el funcionario tiene pendiente de resolución asuntos que puedan afectar al particular".
Pero el 426 también tiene sus ilustres defensores. Juan Carlos Carbonell, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Valencia, subraya que por algo el Código Penal diferencia entre el cohecho propio (el que comete el funcionario que, a cambio del soborno, da trato de favor) y el cohecho impropio, que es el regulado por el artículo 426 y que, según él, no requiere que haya "causalidad". "Basta y sobra con demostrar que el ciudadano [que hace el regalo] tiene intereses y que la autoridad está en condiciones de interesarse. Ni siquiera se requiere que la autoridad tenga capacidad directa de resolución. Ha de considerarse suficiente que la autoridad ocupe dicha posición", afirma. "Yo creo que el artículo es muy claro; la interpretación que ha hecho el TSJCV es sui géneris".
José Luís Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Málaga, no cree "en absoluto" que pueda descartarse que Camps cometió cohecho, informa Pere Ríos. No obstante, considera que el 426 "necesita una revisión". "Estamos pagando las consecuencias de una formulación muy anticuada".
EL PSOE PLANTEA QUE SE ESTUDIE LA REDEFINICIÓN DEL "COHECHO IMPROPIO"
Pajín rechaza que los políticos reciban regalos "sin que importe su procedencia"
oficial de que se modificará el artículo 426 del Código Penal sobre el cohecho impropio, por el que se ha archivado la causa contra el presidente valenciano, Francisco Camps, pero "tocan a vísperas", como señalan fuentes gubernamentales. Como anticipo de que habrá "reflexión", no es baladí que la número tres del PSOE, Leire Pajín, secretaria de Organización, anticipe la disposición de los socialistas a "estudiar" la figura penal del cohecho impropio. "Todo es valorable y si se trata de actuar mejor contra la corrupción, habrá que estudiarlo", declaró a la cadena SER.
Pajín señaló a EL PAÍS que no le parece aceptable la doctrina aplicada a Camps, según la cual "un político puede recibir regalos de cierta cuantía sin que importe su procedencia". No obstante, esta dirigente socialista pide prudencia antes de lanzarse a pedir un cambio legal en coherencia con la propia tesis de los socialistas, según la cual no se puede legislar al calor de un hecho concreto. "Pero se puede estudiar todo lo que sea fortalecer el Estado de derecho frente a la corrupción".
El PSOE asegura que analiza desde hace tiempo con lupa ese artículo del Código Penal. Por tanto, si se cambia no será una improvisación, ya que en los grupos parlamentarios socialistas del Congreso y del Senado se barruntaba que el auto fuera exculpatorio.
"El Código Penal no define con claridad todas las particularidades del cohecho y la prevaricación; es excesivamente interpretable", señala a este periódico la portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Carmela Silva. El artículo 426 es "excesivamente difuso", señala Silva, que mantiene el mismo criterio que Leire Pajín sobre los efectos de una definición "tan etérea". Ambas consideran inapropiado que "no pase nada" por el hecho de que no se pueda demostrar que se deriven tratos de favor de los regalos.
Otros dirigentes socialistas consideran "un error" que no se contemple ni siquiera la posibilidad de que haya relación entre el regalo y el fin que éste persiga. Estos interlocutores señalan que, además de modificar el Código Penal, sobre todo para definir la figura del cohecho impropio o pasivo, debería establecerse códigos de obligado cumplimiento para los miembros del Poder Ejecutivo, tanto para el Gobierno central como para los autonómicos.
Pero, además de la "laxitud" de la ley en esta materia, la portavoz socialista en el Senado quiere ir al fondo de la cuestión y rechaza la tesis de que un presidente de Gobierno, en este caso, "no se vende por cuatro trajes", como se ha repetido desde las filas del PP. A su juicio, para "muchísimos españoles", esas dádivas son elevadas y "un político honrado no las puede recibir". Además, "el auto deja claro que no se ha demostrado en absoluto que el señor Camps pagó sus trajes". "En el PP saben que millones de españoles albergan la duda de que hubo favores", apostilla Silva.
HISTORIA DEL COHECHO IMPROPIO
El cohecho (o soborno) no relacionado directamente con una contraprestación concreta es delito desde el siglo XIX. En 1848 se preveía, además de la “reprensión pública” para el funcionario que aceptaba regalos, la inhabilitación del cargo. La pena se fue suavizando hasta la “suspensión”, en 1973. Desde 1995 se castiga sólo con multa
LOS POLÍTICOS VEN INSÓLITA LA INTERPRETACIÓN DE LOS REGALOS
La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de archivar las actuaciones contra el presidente de esa comunidad autónoma por cohecho no tardó en provocar reacciones de los portavoces de algunas formaciones políticas. En el aire, la interpretación del delito de cohecho impropio y su posible aplicación a regalos de alto valor que reciben los políticos.
El portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, fue el primero en declarar públicamente, el mismo lunes, que no comparte "en absoluto" la decisión del tribunal valenciano, que considera que debe haber una causa directa entre los regalos y los posibles beneficios para el que los hace para poder hablar de cohecho. Llamazares rechazó sobre todo la sombra de duda que se abre sobre los regalos a políticos y añadió que "hay una mayoría limpia y comprometida, no como en este caso".
En la misma línea, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Josu Erkoreka, se preguntó ayer si, con esta decisión, el tribunal valenciano "declara impune la recepción de regalos suntuosos por parte de los cargos públicos".
"Justicia politizada"
En una entrevista en Punto Radio, recogida por Efe, Erkoreka cuestionó si es lícito recibir este tipo de regalos aunque "no conste fehacientemente que ha habido una relación de causa-efecto de beneficios acordados por la autoridad y el que hace el regalo", como dice el TSJCV. "Quisiera conocer si recibir bolsos de mil euros es o no perseguible criminalmente", dijo Erkoreka.
Aparte de esta reflexión, Erkoreka felicitó al presidente Francisco Camps, "si tiene motivo de satisfacción", por la decisión judicial. El auto que archiva la investigación contra Camps y otros tres cargos del PP valenciano no niega los hechos, es decir, la recepción de los regalos, por lo que evidencia que el presidente valenciano faltó a la verdad tanto en su declaración ante el juez instructor como ante las Cortes valencianas.
El secretario general de ICV, Joan Herrera, opinó ayer que la decisión "afecta a la credibilidad de la Justicia". En declaraciones a RAC 1 recogidas por Efe, dijo que la resolución del TSJCV "es insólita" y se produce porque "se trata de una justicia muy politizada y que, a veces, resuelve por bandos". "En función del bando en que estés", dijo Herrera, "se resuelve de una forma u otra, independientemente de lo que se esté juzgando".
www.elpais.es 05.08.09
Un tribunal dividido salva a Camps
Dos de los tres magistrados admiten que cuatro dirigentes del PP recibieron de la trama corrupta miles de euros en regalos, pero consideran que no es cohecho
Francisco Camps aceptó regalos de la trama corrupta vinculada al PP dirigida por el empresario Francisco Correa, en prisión. La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no lo discute, pese a que el presidente valenciano lo ha negado reiteradamente. Pero archiva la causa abierta por supuesto delito de cohecho.
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha dicho que su "obligación, convicción y compromiso" es seguir trabajando por la prosperidad del pueblo valenciano y de los españoles. En una declaración realizada en el Palau de la Generalitat, Camps se ha manifestado así después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana haya archivado la causa contra él. -
La fiscalía y los socialistas recurrirán el archivo ante el Tribunal Supremo
Camps graba un video dando las gracias y Rajoy habla de "Inquisición"
En un auto que notificó ayer, considera que no existe relación entre los regalos y las funciones que los cuatro imputados desempeñaban porque no se puede probar la causa que llevó a la empresa Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, a pagar los trajes a los políticos. Esa sociedad obtuvo adjudicaciones por más de siete millones de la Generalitat valenciana, hizo regalos por miles de euros a decenas de altos cargos y pagó trajes a Camps; al secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa; al ex vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos, y al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret.
Pero el tribunal legitima la recepción de los regalos porque entiende que no tenían por objeto provocar un acto injusto. La resolución, que dividió a los tres integrantes de la Sala, ya que se produjo un voto particular, será recurrida ante el Tribunal Supremo por la Fiscalía y por el PSPV-PSOE, que ejerce de acusación popular.
Los magistrados Juan Luis de la Rúa, presidente del TSJCV, de quien Camps dijo que era más que un amigo, y José Francisco Ceres, ponente del auto que ayer cerró el caso en Valencia, defienden una interpretación del artículo 426 del Código Penal en la que la recepción de los regalos es delito siempre que exista "causalidad". Es decir, siempre que el funcionario o cargo público que los reciba tenga posibilidad de intervenir en beneficio de quien realiza la dádiva. En eso se amparan para exculparles.
En sentido contrario, el magistrado Juan Montero, con su voto particular, discrepa sustancialmente y expresa sus dudas de que en efecto los hechos no sean delito. Montero, juez elegido en la década de los noventa a propuesta del PP por las Cortes valencianas, "por seguridad jurídica", hubiera continuado el procedimiento. Sólo en una cosa coinciden los tres: en que la causa debe archivarse para Ricardo Costa porque su condición de diputado autonómico, y no de miembro del Gobierno valenciano, le alejaba de la posibilidad de favorecer a los empresarios corruptos.
La resolución, que se conoció poco después del mediodía de ayer, tuvo respuesta casi inmediata. Mariano Rajoy, presidente del PP, aprovechó un acto en Galicia para felicitar a Camps y afirmar que el archivo "supone que ha ganado la justicia, el sentido común y los vendedores de tila, porque hay algunos que están de los nervios". Camps, tras reunirse con Costa y varios miembros del Consell en el Palau de la Generalitat y comer con ellos en un céntrico hotel, envió a media tarde un comunicado y una grabación institucional, en la que manifestó su respeto a la decisión judicial y su agradecimiento "a todas las personas que durante todos estos meses han estado a mi lado".
Jorge Alarte, secretario general de los socialistas valencianos, expresó su respeto a la decisión judicial y también su disconformidad. Alarte anunció recurso ante el Supremo y afirmó que el tribunal valenciano "ha evidenciado que Camps mintió a las Cortes y a los valencianos", por lo que le exigió que "asuma responsabilidades políticas".
El tribunal valenciano cerró ayer la parte de la investigación que iniciara el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional en 2008 y que fue remitida al tribunal autonómico el pasado 5 de marzo. El 21 de abril, la sala de lo Civil y Penal que ayer archivó, asumió la competencia para investigar un supuesto delito de cohecho sólo respecto de los cuatro imputados. A pesar de sucesivos intentos de las acusaciones, no quiso mover esos límites. Esa estrechez condicionó también la investigación de José Flors, el juez instructor de la causa, que concluyó en que apreciaba indicios de un delito de cohecho pasivo impropio.
El TSJCV respondió ayer precisamente a los recursos de apelación que los imputados presentaron al auto que dictó Flors el 6 de julio. En él, Flors defendió la continuidad del procedimiento por existir indicios racionales suficientes para seguir investigando. No admitió nuevos imputados, transformó la causa en procedimiento de jurado y rechazó casi todas las diligencias que se plantearon. Los imputados, en respuesta, acudieron a la Sala que, pese a ratificar toda la instrucción de Flors en lo que se refiere a los hechos, les dio la razón al no apreciar delito.
Era común a los cuatro imputados un argumento: los regalos no existieron. La sala lo desestima. A Camps le responde: "El sobreseimiento relativo a no estar acreditados los hechos en los términos indicados, debe ser desestimado". A Ricardo Costa le responde: "El motivo del recurso, relativo a la no acreditación de los hechos imputados, debe desestimarse". Eso sí, le admite, por verosímil, que en la primera compra que hizo pagara a Álvaro Pérez, El Bigotes, hombre en Valencia del cabecilla de la trama de corrupción, Francisco Correa, en la creencia de que lo hacía a la tienda. A Víctor Campos le contesta que "el motivo de impugnación relativo a la falta de acreditación de los hechos imputados" debe ser desestimado y en idénticos términos responde a Rafael Betoret. Es decir, la sala asume como ciertos los indicios aportados por el juez Flors para mantener la imputación y proseguir la investigación.
En los cuatro recursos se repetía el argumento de que, en el caso de haberse producido los regalos, no serían delito porque se habrían realizado y recibido por la relación de todos ellos con el PP, no por su condición de funcionarios públicos. Y es justo aquí donde De la Rúa y Ceres (a este último el Tribunal Supremo le tumbó el nombramiento por falta de motivación, aunque posteriormente fue repescado) hacen una interpretación que les permite archivar la causa. A partir de la definición del cohecho pasivo impropio -"la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente"-, interpretan que para que el delito se dé es imprescindible "una conexión causal entre la entrega de esa dádiva o regalo y la función de la autoridad o el funcionario".
Y, a continuación, el tribunal excluye de la relación de "causalidad" a Ricardo Costa porque "no ha desempeñado cargo alguno dentro del esquema de organización del Gobierno de la Generalitat valenciana", ya que es desde 1995 diputado de las Cortes valencianas. En su caso, los tres jueces de la Sala defienden que las dádivas se habrían producido en relación con el PP.
Para los otros tres imputados, sin embargo, De la Rúa y Ceres mantienen que los regalos, "con independencia de otras consideraciones éticas", no tienen necesariamente que haberse realizado en relación "a su calidad de autoridad o funcionario público". El criterio de los dos magistrados, frente al del instructor Flors, que por serlo no puede formar parte de la sala que resuelve los recursos de apelación, y de Montero, se impone. El Supremo tendrá en breve la palabra.
www.elpais.es 04.08.09
Las razones del tribunal valenciano
Los argumentos para el archivo. "No existe relación directa entre el pago de las prendas y los concretos actos de contratación realizados por las autoridades y funcionarios (...) a la empresa Orange Market (...) No hay constancia de que los agasajos fueran la causa determinante de esa concreta adjudicación".
"No cabe en el ámbito del Derecho Penal estimar que la conducta de admitir una dádiva por una autoridad o funcionario público (...) implique prácticamente de modo casi inevitable que necesariamente se realiza en consideración a su función".
"Se descarta incluso un posible agradecimiento por la adjudicación contractual obtenida, e inclusive se reitera, que no se tendía a la obtención de una determinada contraprestación".
- Pero hubo regalos. "Es hecho admitido que la empresa Orange Market, S. L. y el Sr. Pérez tenían una relación comercial con el PP que al parecer le llevó a organizar actos importantes para dicho partido y en esa relación tiene más sentido que las dádivas pudieran atender al agasajo de los dirigentes del Partido".
"El sobreseimiento relativo a no estar acreditados los hechos [las dádivas] en los términos indicados debe ser desestimado".
Camps no tenía ninguna competencia respecto a la adjudicación de contratos"
Los magistrados admiten los regalos al presidente pero los desvinculan de su cargoCuatro magistrados recibieron hace varios meses de manos del juez Baltasar Garzón la causa valenciana del caso de corrupción masiva vinculado a Gobiernos del PP y aceptaron admitirla a trámite rechazando los delitos de tráfico de influencias y falsedad, que apuntaba el instructor de la Audiencia Nacional, y aceptando sólo la investigación sobre un supuesto delito de cohecho. De los cuatro jueces, uno de ellos, José Flors, fue nombrado instructor, investigó los hechos y resolvió que había indicios suficientes para llevar a juicio al presidente Francisco Camps y a otros tres dirigentes del PP valenciano por aceptar regalos valorados en miles de euros que la trama corrupta les entregó en función de su cargo.
El recurso de Camps y los otros imputados ha sido resuelto por tres de los cuatro magistrados —Flors no pudo intervenir al haber instruido la causa— con la decisión, por dos votos a uno, de archivar la causa al entender que no existe cohecho.
En su auto, los magistrados rechazan los recursos de Camps y el resto respecto a las pruebas que acreditan los regalos, con lo que dan por hecho que los dirigentes del PP los recibieron. Pero interpretan que esos regalos no entran en el supuesto que establece el artículo 426 del Código Penal: “La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses”. Éstos son sus argumentos:
» Interpretación. Los magistrados dan vueltas en su auto a la frase “en consideración a su función” e interpretan que el artículo 426 quiere decir que “la entrega y la aceptación de la dádiva se realiza porque se encuentra dentro de las competencias y potestades de la autoridad o funcionario la concesión y otorgamiento de contratos”. Esto es, no bastaría con aceptar regalos aunque se ostente un cargo público, sino que ese tipo de cohecho requiere que el dirigente político tenga capacidad de conceder u otorgar contratos a la persona que le hace los regalos para entender que ha incurrido en el delito tipificado en el Código Penal. Tras llegar a esa conclusión, que rechaza el tercer magistrado que estudió el recurso de los imputados, los jueces argumentan el archivo de la causa.
» Absolución penal que no ética. “No cabe en el ámbito del Derecho Penal estimar que pueda existir un automatismo genérico en considerar que la conducta de admitir una dádiva por una autoridad, con independencia de otras valoraciones de tipo ético, implique prácticamente de modo casi inevitable, q ue se estime que “necesariamente” se realiza “en consideración a su función” por el mero hecho de constatarse que se reúne la cualidad de autoridad o funcionario público”.
» Bien jurídico. “No cabe concluir que se haya lesionado o puesto mínimamente en peligro el bien jurídico protegido por el tipo penal y relativo a la correcta actuación de la Administración Pública y la imparcialidad de sus decisiones”.
» Sin relación con los contratos. “[Camps, Betoret y Campos] no tenían por objeto de su cargo o función ninguna relación o competencia respecto de la adjudicación de contratos ofertados por la sociedad Orange Market, no constando tampoco actuación alguna favorecedora de la misma, ni, en todo caso, que tales obsequios lo fueran por agradecimiento”.
Los magistrados recuerdan, en relación con los 40 contratos logrados por Orange Market, por adjudicación directa, sin concurso y, en algunos casos, troceados en paquetes de 12.000 euros para evitar la concurrencia de ofertas, que el proceso abierto en el Tribunal de Valencia no versaba sobre la contratación irregular y, por tanto, ésta no se ha investigado.
www.elpais.es 04.08.09
El juez discrepante: "El cohecho impropio no requiere una relación de causalidad"
Juan Montero Aroca, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, no comparte la tesis de sus dos compañeros que impiden juzgar a Francisco Camps. En un voto particular de apenas un folio, lo justifica así:
» Dos dudas. ?La discrepancia responde a dos dudas. La mayoría de la Sala considera, con razones perfectamente atendibles, que existe seguridad en la conclusión de que los hechos imputados a los Sres. Camps, Campos y Betoret no son constitutivos de delito y lo hace asumiendo la que estima jurisprudencia del Tribunal Supremo. Las dudas de este magistrado radican, primero, en si los hechos pudieran ser constitutivos de delito y, segundo, en que no está convencido de que la jurisprudencia reseñada en el auto responda a la interpretación que estima adecuada del artículo 426, primer inciso, del Código Penal?.
» Continuación del proceso. ?En el trámite en que se encuentra el proceso, la decisión que decrete el sobreseimiento debería responder a la seguridad (en sentido jurídico) de que los hechos no son constitutivos de delito, mientras que la decisión sobre la continuación del proceso se basaría, simplemente, en que los hechos pudieran ser constitutivos de delito; en un caso no son y en el otro pudieran ser?.
» Causalidad. ?Pues bien, este magistrado no está convencido de que los hechos imputados a los Sres. Camps, Campos y Betoret no sean constitutivos de delito. Ese no convencimiento radica en que el tipo del artículo 426, inciso primero, requiere, sí, que la dádiva tenga algún sentido o adecuación a la función de la autoridad o del funcionario, de modo que no quepa decir que no existe relación alguna (y por esto se comparte el sobreseimiento del Sr. Costa, dada su condición de diputado en las Cortes Valencianas, no de miembro de los órganos de gobierno de la Generalidad Valenciana), pero no parece a este magistrado que ese tipo penal tenga que requerir una relación de causalidad, por lo menos en los términos que en el auto se dice y respecto de los Sres. Camps, Campos y Betoret. Esta falta de convencimiento me debe llevar a discrepar de la mayoría de la Sala?.
Dos lecturas de un mismo delito
La interpretación del artículo penal que regula el cohecho divide a los jueces del 'caso Gürtel'.- La clave es dirimir si Camps recibió regalos por su cargo
"Yo me pago mis trajes", afirmó hace cinco meses Francisco Camps. Pero no: todos los jueces que han intervenido en la investigación de la trama Gürtel coinciden en que varios de los trajes de su fondo de armario se los regalaron -al presidente valenciano y a otros tres altos cargos del PP en esa comunidad- los empresarios de la red corrupta de Francisco Correa. También llegan a esa conclusión los jueces que ayer resolvieron archivar la causa. Pero lo que ellos sostienen es que recibir esos regalos -admiten que, haberlos, parece que los hubo- no es delito.
Y ahí es donde estos dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), Juan Luis de la Rúa y José Francisco Ceres, discrepan del resto de jueces que han participado hasta la fecha en el proceso: el instructor en Valencia, José Flors; el instructor en Madrid, Antonio Pedreira; el primer juez que vio la causa, Baltasar Garzón; y Juan Montero, el juez del TSJCV que ayer emitió un voto particular contra la decisión de sus colegas. Los cuatro últimos creen que los regalos a Camps pueden entrar en lo tipificado en el artículo 426 del Código Penal sobre el cohecho pasivo: "La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses"; Ceres y De la Rúa sostienen que no. Éstos son sus argumentos.
EL AUTO DEL TSJCV Cortesía y usos sociales
El Tribunal Superior subraya que su cometido no es esclarecer los hechos sino sólo comprobar si la instrucción del caso, realizada por el juez Flors, ha sido racional, coherente y no arbitraria. Los acusados Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret afirmaban que no lo había sido por dos razones: aseguraban que no recibieron ningún regalo y, además, decían que, de haberlos recibido, no habría sido en función de su cargo.
El auto del TSJCV les quita la razón en el primer punto y se la da en el segundo. No hay motivos, señala el auto, para creer que el instructor se equivoca al establecer que los regalos existieron; pero no está acreditado, añade, que esos regalos tuvieran relación con el cargo de los políticos agasajados. Podría tratarse, según los magistrados, de meros regalos de cortesía amparados por los usos sociales. O, dicho de otra manera, no hay por qué pensar que, a cambio de los regalos, dieron trato de favor a las empresas: "No cabe en el ámbito del Derecho Penal estimar que pueda existir un automatismo genérico en considerar que la conducta de admitir una dádiva por una autoridad o funcionario público [...] implique [...] que necesariamente se realiza 'en consideración a su función". Y recuerdan que ni Camps ni Costa ni Betoret ni Campos tenían "por objeto de su cargo o función ninguna relación o competencia respecto de la adjudicación de contratos".
INSTRUCCIÓN Y VOTO PARTICULAR Objetivo: complacer
El instructor de la causa en Valencia, José Flors, dejó claro en su auto del 6 de julio que "no existe constancia de ninguna relación directa" entre los regalos realizados por la trama a los políticos del PP "y los concretos actos de contratación" de los que se beneficiaron esas empresas en Valencia. Pero el cohecho pasivo no consiste en que quien recibe regalos dé a cambio favores, sino simplemente en que los reciba "en consideración a su función", y Flors sostenía que eso sí había ocurrido.
"La finalidad perseguida [de los empresarios corruptos] no era otra que la de lograr el agasajo o provocar la complacencia de aquellas personas [los políticos del PP], obviamente para poder contar con su gratitud o con su favor, pero sin tender a la obtención de determinada contraprestación", reza su resolución. Flors descarta que los regalos puedan ser enmarcados dentro de la "cortesía" o los usos sociales, dada "la peculiaridad del objeto regalado, la reiteración en su entrega y su mismo valor".
Juan Montero, tercer miembro de la sala de lo Civil y Penal del TSJCV, formuló ayer un voto particular contra el auto de archivo. En su opinión, para saber si se ha cometido cohecho pasivo no es necesario probar "una relación de causalidad" (entre el regalo y la capacidad del agasajado para otorgar favores) tan estricta como la que exigen sus compañeros de sala.
LO QUE DIJO GARZÓN "No eludir la acción penal"
Baltasar Garzón, juez que inició la investigación del caso Gürtel, se inhibió de éste el pasado 5 de marzo en un auto en el que, entre otras actividades de la trama, enumeraba los regalos en ropa a Camps. En ese auto, Garzón afirmaba que "no puede eludirse la investigación penal" de esos regalos, y proponía los artículos del Código Penal que debían ser valorados: el 426 (cohecho), el 428 (tráfico de influencias) y el 390 (falsedad de las facturas).
LA INVESTIGACIÓN DE PEDREIRA Unos dan y otros reciben
La fiscalía pidió el 27 de julio que el Tribunal Superior valenciano asumiese, junto a la investigación sobre Camps, la de los empresarios que le hicieron regalos. El juez de la parte madrileña del caso Gürtel, Antonio Pedreira, señala en un auto el 28 de julio: "Este magistrado instructor hace suya la fundamentación invocada por el Ministerio Fiscal". Y la fundamentación dice que el cohecho activo que se imputa a los cabecillas de la trama "no es sino el reverso del cohecho pasivo que se imputa a los cargos públicos de Valencia".
www.elpais.es 04.08.09
El fiscal recurrirá por infracción legal y constitucional
El auto ignora que la trama Gürtel la integran "profesionales del cohecho"
La Fiscalía Anticorrupción anunciará hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia que va a presentar recurso de casación ante la Sala Penal del Tribunal Supremo, por entender que la decisión del tribunal que preside Juan Luis de la Rúa ha infringido la legalidad vigente y ha vulnerado el artículo 24 de la Constitución, que establece el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales. La decisión de la Fiscalía deja al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en situación de interinidad hasta que el Supremo se pronuncie.El recurso deja en la interinidad el sobreseimiento del caso para Camps
El recurso lo preparará la Fiscalía del Tribunal Supremo, en coordinación con Anticorrupción, durante las próximas semanas, dado que el mes de agosto es inhábil en el Tribunal Supremo. Por tanto, el recurso contra los argumentos del TSJ de Valencia no se presentará físicamente ante la Sala Penal previsiblemente hasta septiembre.
Fuentes fiscales valoraron que la resolución del tribunal valenciano es "muy frágil", porque para contradecir la tesis del juez instructor, José Flors, de que existen indicios de delito de cohecho impropio y que Camps y los demás imputados del PP valenciano deberían ser sometidos a juicio, el Tribunal hubiera debido pronunciarse por unanimidad.
Pero frente al criterio del magistrado instructor, la Sala, que reconoce paladinamente que "no ha realizado acto de investigación" y "no ha tenido conocimiento directo de los hechos", concluye dictando una resolución sobre el fondo del asunto en la que uno de los tres magistrados, Juan Montero Aroca, declara que "no está convencido" de que los hechos atribuidos a Camps, Campos y Betoret no sean constitutivos de delito. Y además, discrepa de que los dos magistrados que han resuelto el sobreseimiento, De la Rúa y Ceres, hayan interpretado adecuadamente la jurisprudencia que reseñan en la resolución.
Según las fuentes consultadas, la Fiscalía esgrimirá en su recurso que la decisión del tribunal valenciano no tiene en cuenta la existencia de la "relación negocial" entre el entramado de la Gürtel y la Administración valenciana, que es dirigida por Francisco Camps.
Además, en las actuaciones que se siguen en el Tribunal Superior de Madrid, que el instructor Antonio Pedreira ha remitido al tribunal valenciano, consta que las personas y empresas que regalaban trajes a Camps están integradas por cohechadores profesionales, que despliegan su actividad a base de pagos y dentro de un contexto de entrega de dádivas de manera continuada. Es decir, que el modus operandi de la trama Gürtel consistía en hacer regalos a alcaldes, diputados de la Comunidad de Madrid y altos cargos del PP, entregando dádivas obviamente para obtener contratos y fondos.
La interpretación del tribunal valenciano lleva a un "vaciamiento del delito" de cohecho pasivo impropio, según las fuentes consultadas.
www.elpais.es 04.08.09
Los socialistas recurren el archivo y subrayan que "Camps mintió"
"La partida está a la mitad; ya se verá cómo acaba". Esta expresión de un dirigente socialista define la postura del partido, tanto del PSOE como del PSPV, que han decidido recurrir en casación ante el Tribunal Supremo la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ha archivado el caso Camps.
Nada más conocerse la decisión, en Madrid y en Valencia los equipos dirigentes del socialismo, encabezados por la secretaria de Organización, Leire Pajín, y el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, decidieron emprender dos caminos. Por un lado, el jurídico, a través del recurso del Supremo y, por otro, el político, al proclamar que si algo quedaba claro es que "Francisco Camps ha mentido, miente y los hechos son los que son", en palabras de Jorge Alarte.
En Madrid, Antonio Hernando, secretario de Ciudades y la voz de la ejecutiva en este asunto, recalcaba que "el auto no desmiente que Camps recibiera los trajes como regalo, ni admite los argumentos exculpatorios de su defensa, luego asume que mintió tanto en sede judicial como en sede parlamentaria".
El análisis de Hernando sobre al auto es similar al del líder de los socialistas valencianos: "Camps ha recibido unos regalos no precisamente de unos empresarios respetables" y "ha consentido que le pague parte de sus gastos personales" una trama corrupta que ha obtenido contratos por casi "ocho millones de euros". Alarte lo resume así: "Camps ha estado vinculado, y en algunos casos con relación de amistad, con miembros de esa trama corrupta". Como aval de sus consideraciones, el dirigente socialista rememoró frases célebres de Camps: "Yo me pago mis trajes" o "a Alvarito Pérez no lo conozco".
La estrategia política en Madrid y Valencia continuará contra Camps y Mariano Rajoy. "El presidente del PP sigue sin dar explicaciones sobre las relaciones de dirigentes de su partido con cabecillas de la trama corrupta", señaló Hernando. Aunque los socialistas son sumamente críticos con la decisión del tribunal valenciano, no lo dirán en alto y se quedan en el límite de lo correcto: "No compartimos la interpretación jurídica", señala Hernando.
Sin ambages, se manifiesta la portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Mònica Oltra. "El auto es un escándalo sin precedentes", y más cuando se conoce "la íntima y sentida" amistad entre Camps y el presidente del Tribunal, Juan Luis de la Rúa, según reconoció el propio juez, recordó Oltra.
www.elpais.es 04.08.09
Rajoy reta a que se pronuncie "la Inquisición" de los "juicios paralelos"
El PP proclama que el Gobierno está "tras la manipulación del 'caso Gürtel"
El archivo de la causa sobre el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, pilló a Mariano Rajoy en plena clausura de la junta directiva que el PP gallego celebró ayer en Santiago. El cierre de curso político tuvo mucho de balance. El líder popular se empeñó en discriminar lo relevante - "la crisis económica y la incapacidad del Gobierno de Zapatero para hacerle frente"- de lo accesorio, a saber, la presunta trama corrupta que salpica a su partido.
El máximo dirigente del PP, Mariano Rajoy, ha felicitado al presidente de la Generalitat Valeciana, Francisco Camps, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de sobreseer la causa abierta por un supuesto delito de cohecho. -
Rajoy quiere que se eviten debates públicos como el del 'caso Camps'
El presidente del PP no aceptó responder a preguntas de los medios
Rajoy, el último en intervenir, hizo tiempo criticando "la afición al gasto de Zapatero" hasta que el alivio le llegó en una nota manuscrita. "En dos minutos voy a reaccionar al papel que me han dado", teatralizó entonces. "En Valencia se ha archivado la denuncia contra el presidente Camps". El auditorio respondió con medio minuto de ovación.
Continuó su discurso: "Y ahora, ¿qué digo yo? En realidad quien debería hablar es la Inquisición que hemos vivido". Nueva tanda de aplausos. El presidente del PP se había referido ya a "los otros, que dedican sus energías a perseguir a los demás en lugar de hablar de la crisis". "No voy a decir quienes son, lo sabe todo el mundo". Contra esos "otros", anunció medidas Rajoy. "De cara al futuro, algo tendremos que hacer y algo plantearemos, porque fueron seis meses de juicios paralelos que rechaza el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos".
No explicó qué iniciativas y en qué ámbitos piensa impulsarlas o si promueve algún tipo de censura. Se escudó en que "la sanción que han recibido estas personas [el presidente Camps, y el resto de cargos imputados] es mucho mayor que la que hubieran recibido si fueran condenados".
Rajoy proclamó el triunfo de "la justicia, el sentido común y los vendedores de tila, porque algunos están de los nervios". Evitó responder, porque ni siquiera ayer el PP aceptó preguntas, si considera rehabilitado el comportamiento político de Camps, dado que el tribunal valenciano no cuestiona que recibiese regalos.
Al finalizar, el presidente popular se aferró al móvil y una pléyade de asesores y cargos orgánicos sirvió de cordón humano para boicotear las preguntas. Rajoy miró de reojo a los micrófonos pero evitó responder a nada. A su salida del Hostal dos Reyes Católicos de Santiago volvió a agarrar el teléfono, que soltó en cuanto pudo escaquearse de la prensa. Mientras, el PP aseguró ayer que el hecho de que la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega haya anunciado el recurso del Fiscal General del Estado contra el archivo del caso Camps revela que el Gobierno "ha estado siempre detrás de la manipulación del caso Gürtel y de su utilización contra el PP" y que Cándido Conde-Pumpido "utiliza a los fiscales al servicio de los intereses del PSOE y de su Gobierno". El PP en el Congreso anunció que pedirá la comparecencia de Conde-Pumpido por hacer una "persecución política" en vez de "perseguir delitos".
www.elpais.es 04.08.09
El tribunal valenciano archiva la causa contra Camps
La Sala estima que los hechos que motivaron la investigación por cohecho pasivo no son constitutivos de delito.- El PSPV recurrirá al Supremo
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) archiva la causa abierta contra Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret por supuesto delito de cohecho. El tribunal considera, aunque no por unanimidad, que los regalos recibidos por los cargos públicos de la trama corrupta que lidera Francisco Correa no son constitutivos de delito.
A favor de esa tesis, con archivo definitivo de las actuaciones, han estado Juan Luis de la Rúa, presidente del TSJCV y de quien Camps dijo que era más que un amigo, y José Francisco Ceres, magistrado conservador cuyo nombramiento fue en su día impugnado y posteriormente repescado. Sin embargo, el magistrado Juan Montero, propuesto en su día por el PP, ha dejado constancia de que tiene sus dudas de que los hechos que se imputaban a Camps, Campos y Betoret, que no a Ricardo Costa, no sean constitutivos de delito. Según su opinión, la causa debería haber quedado abierta para avanzar en las investigaciones que aseguraran si en efecto lo fueron o no.
La decisión de la sala permite recurso al Tribunal Supremo. El PSPV-PSOE, que actuó como acusación popular, ya anunció que así lo haría. También la fiscalía anticorrupción puede presentar recurso.
El tribunal no descarta que pudiera ser cierta la versión de los imputados, dadas las contradicciones de testigos y las irregularidades de la prueba documental. Sobre el delito de cohecho pasivo impropio el tribunal considera que se refiere no a la condición de autoridad o funcionario del imputado, sino a actos propios de la competencia de la autoridad o funcionario. "No cabe en el ámbito del Derecho Penal estimar que la conducta de admitir una dádiva por una autoridad o funcionario público, con independencia de otras posibles valoraciones de tipo ético, implique prácticamente de modo casi inevitable que necesariamente se realiza en consideración a su función", señala el tribunal.
El PSPV recurrirá
La reacción del PSPV-PSOE no se ha hecho esperar y ha anunciado que presentará un recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el auto de TSJ de Valencia. El PSPV, que ejercía la acusación popular en la causa abierta contra, entre otros cargos de la Generalitat y del PPCV, del jefe del Consell, Francisco Camps, "acata y respeta el auto y la actuación de los magistrados, aunque no lo comparte", ha asegurado el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte.
Según Alarte, el auto realiza una valoración jurídica de los hechos investigados por los que se abrió la causa pero no los "cuestiona", lo que en su opinión "demuestra" que Camps "ha mentido a Les Corts y a los valencianos", por lo que le ha exigido que asuma "responsabilidades políticas".
Regalos por contratos
El juez instructor, José Flors, encontró numerosos indicios de la existencia del cohecho, pero no investigó si los regalos se hicieron a cambio de los contratos logrados por la empresa Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes. Entre los regalos que la investigación ha acreditado que recibió Camps había trajes, zapatos, pulseras, relojes, juguetes caros y entradas para el Circo del Sol. El principal contrato que Orange Market obtuvo cinco años consecutivos fue el montaje del pabellón de Fitur en Madrid. La empresa de El Bigotes logró también 40 adjudicaciones, la mayoría a dedo o fraccionadas en contratos inferiores a 12.000 euros para evitar el concurso público.
La sala tiene que decidir aún si incorporar a la causa a los cabecillas de la trama - Francisco Correa, Pablo Crespo y El Bigotes,- por un delito de cohecho activo al haber hecho los regalos a los cargos de la Generalitat y del PP valenciano, después de que la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se inhibiera a favor del de Valencia en este apartado de la investigación. La sala ha pospuesto esta decisión hasta septiembre.
En el PP esperaban que la decisión que hoy ha tomado el tribunal valenciano de archivar la investigación pusiera fin a un "calvario". Tras conocer el sobreseimiento de la causa contra Camps, el presidente del PP, Mariano Rajoy ha declarado que ha ganado "la justicia, el sentido común y los vendedores de tila, porque hay algunos que están de los nervios".
www.elpais.es 03.08.09
Los jueces valencianos ven legal que Camps aceptara regalos de la 'trama Gürtel'
Archivan la investigación al entender que los imputados recibieron obsequios pero no estaban relacionados con sus funciones
Los jueces que han decidido archivar la investigación sobre un supuesto delito de cohecho contra el presidente de la Generalitat y otros tres cargos públicos del PP valenciano hacen en su auto una interpretación especial de lo que significa el artículo 426 del código Penal (La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses).
Dos de los tres magistrados que han analizado los recursos de los altos cargos del PP entienden que Álvaro Pérez, El Bigotes, hizo todos los regalos que se citan en el auto, pero las dádivas no estaban relacionadas con la función que ocupaban entonces Francisco Camps, presidente; Victor Campos, vicepresidente; Rafael Betoret, jefe de gabinete de la consejera de Turismo; y Ricardo Costa (portavoz parlamentario del PP). Los jueces lo escriben así: "Entendemos que no cabe en el ámbito del Derecho Penal estimar que pueda existir un automatismo genérico en considerar que la conducta de admitir una dádiva por una autoridad o funcionario público, con independencia de otras posibles valoraciones de tipo ético, implique prácticamente de modo casi inevitable, que se estime que necesariamente se realiza en consideración a su función, por el mero hecho de constatarse que se reúne la cualidad de autoridad o funcionarios público". Y añaden: "Se descarta incluso un posible agradecimiento por la adjudicación contractual obtenida, e inclusive se reitera, que no se tendía a la obtención de una determinada contraprestación".
La red de empresas dirigidas por Francisco Correa, el hombre que organizó durante 10 años todos los actos del PP y trabó contactos con decenas de dirigentes de este partido en ayuntamientos y comunidades autónomas para lograr cientos de contratos, pagó varios millones de euros en comisiones ilegales a alcaldes, diputados y al menos un consejero autonómico e hizo regalos caros a otros dirigentes populares. Su principal centro de negocio desde 2004 fue la Comunidad de Madrid, donde sobornó a alcaldes, diputados autonómicos y, al menos, un consejero. Correa extendió sus tentáculos a la Comunidad Valenciana, donde creó una empresa llamada Orange Market, al frente de la cual puso a Álvaro Pérez que desde el primer día de funcionamiento logró ingresos de la administración autonómica que dirige Francisco Camps. En cuatro años, cerca de 8 millones de euros, más otro millón por organizar los actos del PP valenciano.
Para cultivar esa fuente de ingresos, El Bigotes, según la investigación judicial, hizo regalos a diestro y siniestro, acreditados por los apuntes registrados en la contabilidad B de la trama empresarial corrupta, los testimonios de muchos de los implicados y los documentos de los establecimientos donde se hicieron los regalos. Los funcionarios declararon que les daban contrato sin concurso porque los conocían como proveedores y por su experiencia. Sin embargo, al menos en el primer año de existencia de la empresa, no habían hecho ni un solo trabajo para la Comunidad Valenciana y recibieron múltiples contratos, algunos troceados en varias partes con importes inferiores a 12.000 euros para evitar la concurrencia de ofertas y el concurso público. La empresa que lograba estos negocios, regalaba a la vez trajes, zapatos, entradas de circo, juguetes carísimos, corbatas, bolsos, relojes y pulseras a los dirigentes del PP valenciano, al presidente Camps y a su familia. Muchos de los regalos los hacía El Bigotes por Navidad y otros, durante el resto del año y durante cuatro ejercicios seguidos.
El juez que investigó el caso en Valencia encontró suficientes indicios de un delito de cohecho y sostuvo en un auto que los dirigentes del PP valenciano deberían ser juzgados por un jurado popular. Pero tres compañeros suyos, que forman la sala encargada de estudiar los recursos de las partes, han dado la razón a Camps y a los suyos y han decidido archivar el caso.
El magistrado Juan Montero Aroca ha formulado un voto particular en el que discrepa de la interpretación que sus dos compañeros han hecho del artículo 426 del Código Penal: "No me parece que ese tipo penal tenga que requerir una relación de causalidad".
El auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia implica que cualquier alto cargo de la Comunidad Valenciana puede admitir, sin ningún problema, regalos por varios miles de euros de empresas que contraten con la administración valenciana. Esos regalos, según dos de los tres jueces de la Sala de lo Penal del Tribunal Valenciano, son legales.
www.elpais.es 03.08.09
El Bigotes regaló a Camps trajes, zapatos, pulseras y entradas de circo
Balance de la investigación en Valencia de la trama Gürtel vinculada al PP
La investigación del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada a Gobiernos del PP de al menos tres comunidades autónomas y seis ayuntamientos, ha acreditado que el presidente valenciano, Francisco Camps, recibió numerosos regalos en forma de trajes, zapatos, pulseras, relojes, juguetes caros e incluso entradas para el Circo del Sol (701 euros reflejados en la caja B de la trama corrupta). Algunos regalos le llegaban por Navidad y otros en cualquier otro momento, según la investigación.
El PP confía en que hoy termine el "calvario" del presidente valenciano
Tres magistrados de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia dilucidan hoy si el presidente de la Generalitat valenciana debe ser juzgado por un presunto delito de cohecho pasivo (que castiga a la autoridad que recibe regalos aunque sea a cambio de nada). Camps y los demás aforados presentaron un recurso contra la decisión del instructor del caso en Valencia, José Flors, quien entiende que éstos habrían cometido un cohecho pasivo susceptible de ser enjuiciado por un jurado popular. La Sala de referencia del juez Flors también deberá decidir hoy si deja abierta la causa e incluye entre los imputados -como pidió el pasado jueves el Tribunal Superior de Madrid- a los cabecillas de la trama Gürtel que hicieron los supuestos regalos a esos aforados. Es decir, a Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez.
El juez Flors ha encontrado múltiples indicios de la existencia del cohecho, aunque no ha investigado si los regalos recibidos de la trama corrupta en la Comunidad Valenciana estaban relacionados con los contratos logrados por la empresa Orange Market, que dirigía Álvaro Pérez, alias El Bigotes, uno de los cabecillas de la trama Gürtel.
El principal contrato que Pérez conseguía cada año tras establecerse en Valencia era el de diseño, montaje y desmontaje del pabellón de Fitur en Madrid. El Tribunal de Cuentas ha apuntado múltiples irregularidades en ese expediente. Tanto Milagrosa Martínez, consejera de Turismo durante los años en que logró el contrato, hoy presidenta del Parlamento valenciano, como su jefe de gabinete, Rafael Betoret, recibieron regalos caros de la trama corrupta. Ella, un reloj valorado en 2.400 euros (400.000 pesetas); él, numerosos trajes.
Además de los contratos del pabellón de Fitur en cinco años consecutivos (a razón de un millón de euros de media por cada contrato), la empresa Orange Market consiguió otros 40 encargos menores, la inmensa mayoría adjudicados a dedo y algunos troceados en minicontratos inferiores a 12.000 euros para evitar la concurrencia de ofertas que hubiera dificultado la adjudicación.
El PP confía en que la Sala Civil y Penal de Valencia tome hoy una decisión y termine el "calvario" de Camps, ya que consideran que los tres magistrados encargados de resolver el recurso que presentó el presidente valenciano contra la decisión del juez Flors están de su parte. Uno de ellos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Juan Luis de la Rúa, es amigo íntimo de Camps, según declaró el propio líder del PP. Aunque, durante todo el proceso, distintas partes han barajado la posibilidad de recusar a De la Rúa por este motivo, nadie acabó haciéndolo.
La citada Sala tenía previsto resolver el asunto a finales de la semana pasada, pero decidió seguir estudiando el caso este fin de semana y posponer la decisión última hasta hoy, tras encontrarse el pasado jueves con algo inesperado: el juez de Madrid que investiga la parte gruesa de la trama corrupta, Antonio Pedreira, remitió un auto a sus colegas de Valencia en el que indica que no cabe juzgar a los aforados de esa comunidad dejando al margen a Correa, Crespo y El Bigotes. Según su resolución, hacer eso "rompería la continencia de la causa". En el mismo auto, además, recuerda a sus colegas valencianos que hay cajas de documentación aún sin abrir, de lo que se infiere que podrían aparecer nuevos indicios que apuntalen la comisión de un cohecho.
Resoluciones de Flors, Pedreira y el fiscal
- Auto del juez Flors. El instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana afirma que hay "indicios racionales" para creer que Camps pudo cometer un cohecho por aceptar regalos de la trama. "No existe constancia de que su precio [el de los trajes] fuera abonado en caja y en metálico en el momento de recoger aquellos trajes, como afirmó el Sr. Camps en su declaración". El juez José Flors, por orden de la Sala, se negó a investigar a quienes hicieron los regalos: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez.
- Opinión de la fiscalía. La Fiscalía Anticorrupción señala que El Bigotes y los demás cabecillas de la trama deben ser juzgados en Valencia junto a los aforados. "Su enjuiciamiento conjunto resulta inevitable", señala Anticorrupción en un escrito.
- El juez Pedreira avala la tesis del fiscal. "La incoación de procedimientos distintos para la investigación y enjuiciamiento de unas y otras conductas por separado podría motivar que se dictaran pronunciamientos contradictorios" señala el juez instructor de Madrid.
Los tres trozos de una causa con conexiones
Salvo los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que decidieron asumir sólo la parte de la trama Gürtel que afecta a los aforados nacionales Luis Bárcenas y Jesús Merino, casi ningún jurista entiende por qué esta causa ha acabado dividida en tres trozos. La que lleva el Supremo, la que tramita el Tribunal Superior de Valencia (sólo respecto a sus aforados, entre ellos, el presidente Camps) y la que investiga el Superior de Madrid, el grueso de la causa, con y sin aforados.
El Tribunal Superior de Valencia, al igual que hizo el Supremo, dictaminó que sólo investigaría a sus aforados por la supuesta recepción de dádivas de la trama, pero rehusó investigar a quiénes habían hecho los regalos. Los primeros problemas del actual desgajo de la causa ya han empezado a aflorar. Hoy, el Tribunal Superior valenciano tiene que decidir si atiende los recursos de sus aforados y archiva la causa y, por otro lado, si la mantiene abierta y estima la petición de su homónimo de Madrid de investigar también a quienes dieron los regalos a los aforados (esto es, los jefes de la trama corrupta Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes). Si el Superior de Valencia se mantiene hoy en sus trece y ciñe la investigación a sus aforados, el asunto tendría que resolverlo el Supremo.
El caso de Barrionuevo
Fuentes del Supremo han señalado: "¿En qué cabeza cabe que en Valencia sea juzgado Camps por recibir regalos y no quien se los da, El Bigotes y compañía?" La decisión del Supremo de asumir sólo a los aforados nacionales y obviar a los otros también rompe la jurisprudencia y puede dar lugar a resoluciones contradictorias sobre hechos similares según el órgano judicial que las dicte. En el caso GAL, la imputación del entonces ministro y aforado José Barrionuevo arrastró toda la causa, con sus imputados, aforados o no, al Supremo. ¿Por qué ahora el Supremo varía esa doctrina? ¿Acaso huye de una investigación que alcanza los 100.000 folios? El grueso de la causa se lo ha dejado al Tribunal Superior de Madrid y, una mínima parte, al de Valencia.
"¿Qué pasaría ahora si el Superior de Madrid, esgrimiendo los mismos argumentos del Supremo, ciñe las pesquisas a sus aforados, tres diputados de Madrid?" Algunas fuentes del Supremo creen que las diligencias volverían a manos del primer instructor de este caso, Garzón; otras sostienen, en cambio, que el competente sería un juzgado de plaza de Castilla (Madrid). Al que, de pronto, le caería una investigación de miles de folios y un caso fragmentado. Es decir, otra causa eternizada.
www.elpais.es 03.08.09
El Bigotes presumía de hacer regalos a cambio de contratos
"Voy a comprar un reloj a la consejera de Turismo, que se portó bien conmigo", afirma en una de sus grabaciones
Orange Market, la empresa de la trama corrupta vinculada a gobiernos del Partido Popular que operaba en la Comunidad Valenciana, logró durante todos sus años de existencia el contrato para montar el pabellón de la Generalitat valenciana en el certamen de la feria de turismo Fitur, en Madrid. La Consejería de Turismo de la Comunidad Valenciana gestionaba este concurso y Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, lo ganó todas las veces que se presentó, la primera en el año 2005. La empresa ligada a la trama corrupta incluso tiene la adjudicación para la feria de este año.
Está previsto que la decisión sobre el recurso de Camps se conozca mañana
En una conversación grabada por orden judicial, Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, presunto responsable del entramado encabezado por Francisco Correa en la Comunidad Valenciana, llamaba al contable de Orange Market, Cándido Herrero, para contarle lo que está haciendo. "Voy a comprar un reloj a la consejera actual de Turismo como se lo compré a la anterior, que se portó bien conmigo".
La anterior consejera de Turismo era Milagrosa Martínez, actual presidenta de las Cortes Valencianas, el Parlamento autónomo de esa comunidad. Martínez no atendió la llamada de este periódico. La adjudicación del diseño, montaje y desmontaje del pabellón de Fitur a favor de Orange Market provocó en su día la denuncia de los socialistas valencianos, que sugirieron un amaño en la misma.
El regalo de relojes de lujo era práctica habitual entre los directivos del entramado de empresas. Francisco Correa, el principal implicado y máximo responsable, llegó a entregar a Pío García Escudero, portavoz del PP en el Senado, una caja con un reloj de lujo dentro. García Escudero aseguró a este periódico que devolvió con su chófer el regalo a la sede central de la red empresarial que dirigía Francisco Correa.
Álvaro Pérez también contó al contable de Orange Market que había regalado bolsos muy caros a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, pese a que esta no les daba nada pero tampoco les hacía nada.
La Sala del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que tramita el caso Gürtel -en el que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex asesor de la Consejería de Turismo Rafael Betoret están imputados por un presunto delito de cohecho impropio, por los regalos de trajes que presuntamente recibieron de la trama corrupta- tendría que haber decidido el viernes sobre el asunto. Pero acordó prolongar su deliberación después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordara remitir a Valencia la parte de la causa que incluye a los empresarios corruptos.
Para mañana, lunes, se espera su decisión, tanto sobre los recursos presentados por los cuatro imputados contra el auto del juez José Flors, como sobre la incorporación del asunto remitido desde Madrid. El instructor de Madrid entiende que los principales miembros de la trama podrían haber cometido un cohecho activo al hacer regalos a los dirigentes valencianos.
La trama, al teléfono
- Pérez y Camps, 7 de enero de 2009. "Vamos a vernos para hablar de lo nuestro".
Pérez. ¿Has leído mi tarjetón?
Camps. Sí, sí, sí...
P. Bueno, pues fíjate, fíjate si te debo...
C. Bueno, yo quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro... que es muy bonito.
P. Cuando tú quieras y te dejen y puedas...
- Pérez a Cándido Herrero, contable de Orange Market. "Voy a comprar un reloj a la consejera actual de Turismo como se lo compré a la anterior, que se portó bien conmigo".
- Pérez a Correa, 21 de enero de 2009. "Ricardo [Costa] me ha dicho: 'Oye, arreglarlo así al único que perjudica es a mí. Yo por ayudarte hago lo que sea y además te lo demuestro cada día, pero si lo hacemos de esta manera al único que te cargas es a tu amigo Ricardo".
El tribunal de cuentas valenciano detectó anomalías en la adjudicación de Fitur
Diez de las 14 consejerías de Francisco Camps contrataron con la rama valenciana de la red empresarial dirigida por Francisco Correa. De hecho, por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) han desfilado para declarar 35 altos cargos nombrados por el presidente del Gobierno valenciano, imputado por cohecho impropio por aceptar trajes regalados por la red de Correa.
Sin embargo, de los más de 7 millones de euros captados de la administración valenciana por Álvaro Pérez, El Bigotes, a través de Orange Market (la filial valenciana de la trama), la inmensa mayoría, más de 5,5 millones de euros, proviene de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT).
Ya en 2005, Orange Market ganó el concurso por 1,32 millones de euros para instalar el pabellón de Fitur cuando la consejera de Turismo era Milagrosa Martínez, actual presidenta de las Cortes, y su jefe de gabinete era Rafael Betoret, imputado junto a Camps, Ricardo Costa, secretario general del PP, y Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat. Ahí comenzó el despegue de Orange Market, que también instaló los pabellones de 2006 y 2007, ambos bajo responsabilidad de Martínez, y de 2008 y 2009, ya con Angélica Such como consejera, tras el paso de su antecesora a la presidencia de las Cortes.
También ha trascendido, entre otras irregularidades, que en 2005 Orange Market facturó, además del pabellón del Fitur, otros 140.000 euros por un almuerzo para el Ejecutivo valenciano el Día de la Comunidad. A esa comida asistieron 800 personas; El Bigotes cobró el menú a 200 euros el cubierto.
Estas adjudicaciones no sólo han sido cuestionadas por la oposición. Hasta la Sindicatura de Comptes (el tribunal de cuentas valenciano) ha expuesto sus críticas. El informe de 2006 de ese órgano fiscalizador revela varias irregularidades en los contratos de Turismo con Orange Market, como adjudicar el pabellón de Fitur en un único contrato. "Al existir en este tipo de contratos prestaciones de servicios de distinta índole derivadas unas del arrendamiento de bienes (suministro) y otras del diseño, montaje y desmontaje de los mismos (servicio), cada una de ellas debe estar definida con independencia de las demás", argumentó ese organismo.
Asimismo, se destacan irregularidades en la tramitación de los expedientes, que deben contar con un informe de propuesta del servicio que pretende la contratación (iniciación del expediente) y otro de la presidenta de la agencia (resolución). Pero la Agencia Valenciana de Turismo resume en un único acto los dos documentos exigidos por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP). Además, en una durísima crítica, la sindicatura señala que "la fórmula que la Agencia Valenciana de Turismo utiliza para ponderar la proposición económica no se adecua a los principios constitucionales de eficiencia y economía", porque la valoración de la oferta "no alcanza la ponderación que en principio se establece en la licitación del contrato (50 o 60 puntos sobre 100)�.
Como los informes de la Sindicatura no son exhaustivos, ya que hace un muestreo sólo de parte de los contratos de cada organismo auditado, en informes de otros años se repiten las críticas a la AVT sin hacer referencia expresa a los contratos con Orange Market. Una empresa que, por otra parte, ha incumplido, al menos durante tres comicios, su obligación de declarar ante la sindicatura los contratos facturados por gastos electorales con el PP.
Suchs se ha negado reiteradamente a facilitar los contratos de su departamento con la empresa investigada. Las Cortes valencianas, con mayoría absoluta del PP, han derribado todas las iniciativas que pretendían dar luz a los expedientes. La respuesta ha sido muchas veces la misma: Orange Market �es una persona jurídica no relevante
www.elpais.es 02.08.09
Orange Market hizo regalos en Navidad a otros 14 cargos del PP valenciano
Otros 14 cargos del PP o del Gobierno valenciano -entre ellos, la ex consejera de Turismo y actual presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez- recibieron regalos de Orange Market, una de las empresas relacionadas con la trama de corrupción presuntamente dirigida por Francisco Correa. La lista de los regalos ha sido enviada por el juez del caso Gürtel en Madrid a su homólogo de Valencia.
El magistrado del Tribunal Superior de Madrid que investiga el caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha remitido a José Flors, el magistrado del Tribunal Superior de Valencia que investiga el regalo de trajes al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a otras autoridades, un listado con los nombres de otros 14 cargos del PP y del Consell que habrían recibido diversos regalos de Navidad enviados por Orange Market. Esta empresa, dirigida por Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, ha sido relacionada con la trama de corrupción presuntamente montada por Francisco Correa.
El nombre de Pérez figura en el listado, encabezado con el rótulo «Acto: regalos Navidad. Lugar: Valencia». Según el oficio enviado por Pedreira a Flors, la relación ha aparecido en la última documentación analizada de la que fue intervenida en la sede del grupo Correa.
Además de esos 14 cargos, en la lista figuran los nombres del ex vicepresidente Víctor Campos y del secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, que ya están imputados por haber recibido trajes y otras prendas de vestir supuestamente pagadas por Orange Market. Según el listado, en el que consta como fecha «diciembre-enero», pero no el año, Campos habría sido obsequiado con una corbata de 115 euros y Costa, con una maleta de unos 1.100 euros.
La esposa de Campos y la de Camps también aparecen como receptoras de agasajos navideños, en ambos casos un bolso de 780 euros. Bajo la rúbrica «hijos de Francisco Camps» se reseña el regalo «Aibo + maleta», sin precio. Aibo (amigo en japonés) es un robot mascota con forma de perro, uno de los juguetes más sofisticados del mercado. Está valorado en 1.800 euros.
Otros regalos habrían ido a parar a la secretaria de Ricardo Costa (erróneamente identificado en el listado como Víctor Costa), el sacerdote Antonio Corbí (ex secretario del arzobispo de Valencia y comisionado para la organización del Encuentro Mundial de las Familias celebrado en Valencia en 2006); el ex jefe de prensa de Campos Juan Manuel Vidal; el director de Radio Televisión Valenciana, Pedro García, y su esposa. En estos cinco casos, se trataría de presentes más modestos, cuyo valor oscila entre 100 y 290 euros.
Ninguno de los anteriores son cargos del PP ni tienen la condición de autoridad. Las 14 personas supuestamente obsequiadas por Orange Market que reúnen esa condición son las siguientes:
- Milagrosa Martínez, ex consejera de Turismo y actual presidenta de las Cortes valencianas. Habría recibido el regalo más caro de la lista, un reloj de 2.400 euros de una acreditada joyería de Madrid.
- Juan Cotino, consejero de Bienestar Social del Gobierno valenciano y vicepresidente tercero del Gobierno de Camps. Habrá sido obsequiado con un chaquetón de unos 300 euros.
- Cristina, identificada como gerente del PP de Valencia. Una cartera/monedero de 260 euros.
- Beatriz Sánchez, que fue jefa del gabinete del vicepresidente Campos. Un bolso de 270 euros.
- Ana Michavila, jefa del gabinete de Camps. Portafolios de 220 euros.
- Adela Pedrosa, ex secretaria general del PP valenciano y actual alcaldesa de Elda. Un pañuelo de 140 euros.
- Yolanda García Santos, ex jefa del gabinete del ex consejero de Cultura Alejandro Font de Mora y actual diputada autonómica. Un bolso de 290 euros.
- Nuria Romeral, jefe de prensa de Camps y secretaria autonómica de comunicación. Un portadocumentos de 230 euros.
- Alejandro Font de Mora, ex consejero de Cultura y actual consejero de Educación. Una corbata de 452 euros.
- Jorge Bellver, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia. Unos gemelos de 100 euros.
- David Serra, ex secretario autonómico de Deportes y actual número tres del PP valenciano. Unos gemelos de 100 euros.
- Enrique Pérez Boada, director general del Instituto Valenciano de Finanzas. Unos gemelos de 100 euros.
- César Sánchez, ex asesor de Camps. Actual diputado autonómico. Unos gemelos de 100 euros.
- José Marí, ex jefe de los servicios jurídicos de la Generalitat. Actual diputado autonómico. Unos gemelos de 100 euros.
Los regalos
>Ricardo Costa. Secretario general del PP valenciano. Maleta de Loewe. 1.100 E
>Isabel Bas. Esposa de Francisco Camps. Bolso de Loewe. 780 E
> Hijos de Camps. Robot juguete Aibo. 1.800 E
> Víctor Campos. 'Vicepresident' valenciano. Corbata de Hermés. 115 E
> Esposa de Campos. Bolso de Vuitton. 780 E
>Milagrosa Martínez. Presidenta de las 'Corts'. Reloj de la joyería Suárez. 2.400 E
>Juan Cotino. Consejero. Chaquetón de Milano. 300 E
>Ana. Secretaria de Costa. Monedero de Carolina Herrera (CH). 150 E
>Cristina. Gerente del PP regional. Bolso de CH. 260 E
>Beatriz Sánchez. Entonces jefa de Camps. Bolso de CH. 270 E
>Ana Michavila. Jefa de gabinete de Camps y hermana del ex ministro. Portafolios de CH. 220 E
>Adela Pedrosa. Alcaldesa de Elda. 'Foulard' de CH. 140 E
>Pedro García. Director de Radio Televisión Valenciana. Bufanda de CH. 180 E
>Lourdes Soriano. Mujer de Pedro García. Bolso de CH. 290 E
>Yolanda Gª Santos. Diputada regional. Bolso de CH. 290 E
>Nuria Romeral. Secretaria regional de Comunicación. Portadocumentos de CH. 230 E
>Antonio Corbí. Secretario del entonces arzobispo de Valencia, Agustín Gª Gasco. Libro antiguo. 200 E
>Alejandro Font de Mora. Consejero. Corbata. 452 E
>Jorge Bellver. Concejal. Gemelos de Loewe. 100 E
>David Serra. 'Numero tres' del PP valenciano. Gemelos de Loewe. 100 E
>Enrique Pérez Boada. Director del Instituto Valenciano de Finanzas. Gemelos de Loewe. 100 E
>César Sánchez. Vicepresidente de NNGG del PP nacional. Gemelos de Loewe. 100 E
> José Marí Olano. Diputado regional. Gemelos de Loewe. 100 E
>Juan Manuel Vidal. Fue jefe de prensa de Campos. Gemelos de Loewe. 100 E
www.elmundo.es 01.08.09
El 'caso Camps' llega a una encrucijada
La causa puede seguir en Valencia o acabar en el Supremo. El tribunal de Madrid advierte de que puede haber nueva documentación
Los dos "escalones" que Francisco Camps, presidente de la Generalitat, pensaba subir sin esfuerzo y con paso firme hacia el archivo de la causa en la que está imputado por recibir regalos de una trama corrupta son desde el viernes bastante más altos y complicados de superar. Camps y los otros tres imputados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Ricardo Costa, secretario general de los populares valencianos; Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, podrían tener como compañeros de banquillo al cabecilla de la trama, Francisco Correa, y a dos de sus hombres: Álvaro Pérez, El Bigotes, y Pablo Crespo, el hombre que pagó los trajes supuestamente regalados.
La sala ha recibido una invitación para seguir investigando los regalos a Camps
Están más cerca que hace solo dos días de verse todos juntos frente a un jurado popular. El auto del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) en el que se inhibe en favor del TSJCV para que incorpore a la causa a los empresarios corruptos ha introducido un elemento nuevo que puede desembocar en que la investigación prosiga con más imputados o en que se archive y el tribunal madrileño plantee un incidente de competencia ante el Supremo. Los jueces de la Sala de Lo Civil y Penal, Juan Luis de la Rúa, Juan Montero y José Francisco Ceres, tienen la palabra.La sala de Lo Civil y Penal tiene que resolver dos cuestiones que además están vinculadas. De una parte, los recursos presentados por los cuatro imputados contra el auto que el pasado día 6 de julio dictó el instructor José Flors y en el que convertía el procedimiento en jurado y dejaba claros los sólidos indicios que le servían para seguir adelante con la instrucción. Camps, Costa, Campos y Betoret solicitaron el archivo de la causa, negaron la existencia de delito alguno porque aseguraron no haber recibido regalos y sostuvieron que en el hipotético caso de que los hubieran recibido, habría sido por su relevancia en el PP y no por sus responsabilidades en la Administración pública. Además de esos recursos, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, que ejercen los socialistas valencianos, presentaron alegaciones a los escritos de las defensas.
La sala tiene que decidir si estima que los argumentos de los imputados frente al auto de José Flors son o no más creíbles, válidos y contundentes. Pero también tiene que decidir sobre la incorporación a la causa de Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo, todos ellos imputados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por delitos varios relacionados con la trama de corrupción que afecta a Valencia. En ocasiones previas, la respuesta de la sala a la petición realizada por las acusaciones fue negativa. Sin embargo, en este momento, no es una parte la que lo solicita. Se trata de un tribunal superior que estima conveniente que las tres personas que supuestamente realizaron los regalos sean juzgadas junto a quienes los recibieron. Y lo entiende oportuno porque cree que evidentemente existe una conexión, porque supone economía procesal (¿por qué juzgar por el mismo hecho en dos tribunales distintos pudiendo estar todos en uno?) y por seguridad jurídica, para evitar que se pudieran producir sentencias contradictorias sobre un mismo hecho.
Hay más. El tribunal de Madrid no solo esgrime esas razones: advierte de que puede haber más en el procedimiento en tanto quedan por desprecintar cajas con documentación.
Si la sala decidiera rechazar la competencia, mantener que asumió el caso solo para los cuatro imputados actuales y por el delito de cohecho pasivo impropio, el tribunal de Madrid podría presentar un incidente de competencia ante el Tribunal Supremo. Y si lo rechazara porque previamente archivara la causa al estimar los recursos de los imputados y por tanto planteara que al no haber caso no tiene nada que asumir, también acabaría en el Supremo: porque el Tribunal de Madrid presentaría el mismo incidente y porque las acusaciones recurrirán, como así han anunciado. Camps, por tanto, tiene una encrucijada. No parece fácil que la sala archive una causa en la que aún podrían incorporarse documentos nuevos sobre los hechos.
www.elpais.es 01.08.09
Orange Market facturó 872.208 euros al PP en 2007, el año de las autonómicas que ganó Camps
La Fiscalía dice que los regalos a Camps no fueron como presidente del partido porque la contratación con la Generalitat fue de mayor volumen. La firma controlada por Álvaro Pérez recibió hace dos años 1,2 millones del Consell, según la documentación de Hacienda
Orange Market fue durante la campaña de las elecciones autonómicas de 2007 la empresa de cabecera del Partido Popular en las Comunitat Valenciana. La contabilidad presentada a la Agencia Tributaria por la empresa presidida por el comercial de Francisco Correa en Valencia, Álvaro Pérez, refleja una facturación por valor de 8762.208 euros a la formación que preside Francisco Camps el año que fue reelegido jefe del Ejecutivo Valenciano.
La cifra supone el 70% del gasto efectuado por el PP valenciano durante la campaña de las autonómicas justificado ante la Sindicatura de Cuentas, que ascendió a 1,2 millones de euros, el máximo autorizado para la formación de la gaviota en virtud de la Ley Electoral Valenciana. Entre las facturas cobradas por la franquicia valenciana de la trama Gürtel a las que ha tenido acceso este diario figura una por 175.000 euros en la que aparece como concepto genérico el "diseño, desarrollo y ejecución de la campaña electoral". Tan inconcreto o más es la factura en la que con el epígrafe "diferentes actos" Orange Market pasa al cobro 348.000 euros a los populares valencianos.
Durante esa campaña, Orange Market fue la principal responsable del montaje y organización de actos electorales. Ejerció de intermediaria ante el resto de subcontratistas y se convirtió, con Álvaro Pérez, en el principal contacto para el resto de proveedores del partido. Una función similar a la desempeñada en el año 2006. Según las declaraciones de Orange Market ante Hacienda, la facturación con el PP el año anterior al de las elecciones de mayo ascendió a 342.743 euros.
Ambas cifras son, sin embargo, inferiores a las que Orange Market percibió de la Generalitat. Según los datos presentados ante la Agencia Tributaria, Orange Market contrató con la Administración autonómica por valor de 1,1 millones de euros en 2006 y de 1,2 millones en 2007. En ambos casos la documentación de Hacienda revela que la Agencia Valenciana de Turismo "es su cliente más importante en volumen de facturación", recoge el escrito de alegaciones de la Fiscalía Anticorrupción al recurso presentado por el presidente Francisco Camps contra el auto del juez José Flors de 6 de julio en el que se propone su procesamiento por cohecho.
Para la Fiscalía, el mayor volumen de contratación con la Generalitat en comparación con el del PP "desvirtúa" el argumento de Camps de que los regalos de trajes y prendas de vestir se habrían hecho en razón de su puesto de presidente del PPCV y no por el cargo de presidente de la Generalitat. Sólo en este último caso cabe el delito del cohecho.www.levante-emv.com 01.08.09
EL TSJ DE MADRID INSTA AL DE VALENCIA A JUZGAR A CORREA
Los presuntos cabecillas de la trama de corrupción desarticulada en el caso Gürtel deben ser también investigados y, en su caso, juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV), ya que regalaron, supuestamente, trajes al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y a otros tres dirigentes del PP de dicha comunidad. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira considera que “resulta ineludible” juzgar al que recibe una dádiva junto al que la entrega.
Por eso ha hecho suyas las alegaciones de la Fiscalía Anticorrupción y ha decidido inhibirse a favor del TSJCV en toda la documentación de la que dispone y vincula a los presuntos cabecillas de la trama corrupta con el pago de trajes a Camps; al secretario general del PP valenciano y portavoz del grupo popular en Les Corts, Ricardo Costa; al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos; y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.La decisión no supone que Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, ya no estén imputados en la causa que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el caso Gürtel, sino que también pueden serlo en Valencia por el delito de cohecho que presuntamente cometieron al pagar trajes a los dirigentes del PP valenciano.
La Fiscalía Anticorrupción intentó que el instructor del caso en Valencia incluyera en las diligencias a Correa, Crespo y El Bigotes, pero el magistrado José Flors se negó. En su resolución explicaba que la investigación se limitaba al delito de cohecho imputado a Camps, Costa, Campos y Betoret. Los cuatro están acusados de un delito de cohecho del artículo 426, que castiga con multa de entre tres y seis meses a “la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo en consideración a su función”.
El resto de delitos que se investigan en la causa, así como todo lo relativo a los demás imputados (salvo los que por aforamiento corresponden al Tribunal Supremo) se investigan en el TSJM. El juez Flors añadía que sin que este se inhibiera no le era posible hacer “actividad instructora alguna respecto de una parte de las conductas de esos tres sujetos (el pago del precio de las prendas con que, al parecer, fueron obsequiadas unas personas en Valencia), cuando todas las acciones realizadas por ellos forman parte, en principio y en su conjunto, del objeto más amplio de otro proceso en curso que se tramita” en Madrid.
La Fiscalía procedió a seguir la recomendación del juez Flors y el lunes pasado presentó un escrito en el tribunal madrileño solicitando la inhibición que se hizo pública ayer. Ahora la pelota vuelve a estar en el tejado del Tribunal valenciano, pues, una vez recibida la inhibición, debe decidir si acepta la competencia e imputa a los cabecillas de la Gürtel por un delito del artículo 423.
A diferencia de Camps y los dirigentes valencianos, a Correa, Crespo y El Bigotes se les acusaría en Valencia de un cohecho del artículo 423, que castiga a “los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas corrompieren o intentaren corromper a las autoridades o funcionarios públicos”. Su pena sería la misma que la que se imponga a los que intentaban corromper.
Es decir, si el TSJCV decide seguir adelante con el caso y acepta la inhibición de Madrid, Correa, su presunto lugarteniente en el grupo de empresas y el responsable de Orange Market, la filial valenciana de Special Events, estarán imputados en los tres tribunales que llevan el caso.
El Tribunal Supremo aceptó la competencia para investigar a los aforados nacionales del PP implicados –el senador por Cantabria Luis Bárcenas y el diputado por Segovia Jesús Merino–, así como a las personas relacionadas con los supuestos pagos que recibieron. Todo apunta a que entre los que pagaron estarán Francisco Correa y Pablo Crespo.
Al inhibirse a favor de Valencia, el juez Pedreira “hace suya la fundamentación invocada por el Ministerio Fiscal”. Los argumentos de Anticorrupción consistían en que el cohecho imputado a Camps y el que habría cometido Correa “son conexos”. En su opinión, el cohecho que se imputaría a los pagadores “no es sino el reverso del cohecho pasivo que se imputa a los cargos públicos de Valencia”.
Los delitos conexos deben investigarse “en un solo proceso” para evitar “resoluciones contradictorias”, que conculcarían el principio de seguridad jurídica y merma las posibilidades de defensa de los imputados.
“Dada la íntima relación entre las conductas de quienes aparecen como donantes de los regalos y quienes aparecen como perceptores de los mismos, su enjuiciamiento conjunto resulta ineludible”, dice el auto para justificar el envío de la documentación a Valencia.
El juez Pedreira precisa que todavía no ha terminado de revisar toda la documentación intervenida en el caso, pero que su “volcado” avanza.(www.publico.es, 31/07/09)
EL JUEZ DE MADRID ENVÍA A VALENCIA LA PARTE POR INVESTIGAR DEL 'CASO CAMPS'
El Tribunal Superior de Valencia está estudiando si archiva, o no, el caso de los regalos de la trama Gürtel al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, sin tener aún sobre la mesa toda la documentación policial sobre este caso. Así se desprende del auto que hizo ayer público el Tribunal Superior de Madrid, en el que se inhibe en favor de Valencia respecto de la implicación de los cabecillas de la trama en lo que se refiere a los trajes que éstos regalaron supuestamente a Camps y a otros tres cargos del PP valenciano. Lógicamente, esa documentación podría ser incriminatoria o, por el contrario, favorable al presidente valenciano. La Sala del Tribunal Superior de Valencia estudia un recurso de Camps contra la decisión del juez instructor de su caso, José Flors, de imputarle un delito de cohecho pasivo (recibir regalos en su condición de autoridad) susceptible de ser enjuiciado por un jurado popular. En ese recurso, Camps pide que se archive la causa porque sostiene que no existe tal delito. La Sala tenía previsto tomar una decisión ya, pero, tras recibir el auto del juez de Madrid, ha habilitado varios días de agosto para analizar la nueva documentación.
Aunque no la tendrá toda, ya que el magistrado del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira, instructor de la variante del caso Gürtel en Madrid, señala a sus colegas de Valencia, en el citado auto, que les ha ido remitiendo documentación intervenida por la policía, pero que aún queda por desprecintar otra parte. "Al irse avanzando en el volcado y levantamiento de precinto de los diversos soportes intervenidos", señala Pedreira, "se ha acordado la remisión de testimonio de algunos documentos. [Pero] aún no se ha concluido el levantamiento de precinto de [toda] la documentación intervenida".
El troceo en tres partes del sumario de la trama Gürtel está creando problemas. La causa se la reparten el Tribunal Supremo y los tribunales de Madrid y Valencia. El Superior de Valencia asumió inicialmente el caso Gürtel sólo en lo que respecta a los aforados de esa comunidad (entre ellos, el presidente Camps) y por un único delito, el de cohecho pasivo (que castiga a la autoridad que recibe dádivas, en este caso, trajes) aunque sea a cambio de nada.El juez Garzón, primer instructor de la causa, incluyó más delitos, entre ellos el de tráfico de influencias, pero el Tribunal Superior de Valencia redujo el asunto exclusivamente al cohecho pasivo y, además, limitó la investigación a sus aforados.
De hecho, el juez Flors se ha inhibido en favor de su colega de Madrid de tener que investigar a los cabecillas de la trama (Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, alias El Bigotes), que son precisamente quienes hicieron los regalos a los aforados valencianos: entre ellos Camps y su número dos, Ricardo Costa. Pero, en el auto de ayer, el Tribunal Superior de Madrid entiende que Correa, Crespo y Pérez, al menos en lo que respecta a los supuestos regalos de los trajes, deben ser juzgados en Valencia "para no romper la continencia de la causa".
Fuentes del Tribunal Supremo señalan al respecto: "¿En qué cabeza cabe que en Valencia sea juzgado Camps por recibir regalos y no quien se los da, El Bigotes y compañía, si se trata de una misma acción punible?" Estos expertos en derecho consideran una "barbaridad" que el caso Gürtel se haya troceado en tres partes.
El juez Flors se había negado a investigar a Correa, Crespo y Pérez en contra el criterio de la Fiscalía, que señala al respecto en un escrito: "Dada la íntima relación entre las conductas de quienes aparecen como donantes de los regalos y quienes aparecen como perceptores de los mismos, su enjuiciamiento conjunto resulta ineludible".
En su auto de ayer, Pedreira avala esa tesis: "La incoación de procedimientos distintos para la investigación y enjuiciamiento de unas y otras conductas por separado podría motivar que se dictaran pronunciamientos contradictorios, conculcándose la seguridad jurídica".
(www.elpais.com, 31/07/09)
EL TRIBUNAL ESTUDIA SI ARCHIVA EL 'CASO CAMPS' SIN TENER AÚN TODOS LOS PAPELES
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia está estudiando si archiva, o no, el caso de los regalos de la trama Gürtel al presidente valenciano, Francisco Camps, sin tener aún sobre la mesa toda la documentación policial sobre este caso. Así se desprende del auto que hizo ayer público el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que se inhibe en favor del de Valencia respecto de la implicación de los cabecillas de la trama en lo que se refiere a los supuestos trajes que éstos regalaron a Camps. Lógicamente, esa documentación podría ser incriminatoria o, por el contrario, favorable al presidente valenciano.
La Sala del Tribunal Superior valenciano estudia un recurso de Camps contra la decisión del juez instructor de su caso, José Flors, de imputarle un delito de cohecho pasivo (recibir regalos a cambio de nada) susceptible de ser enjuiciado por un jurado popular. En ese recurso, Camps pide que se archive la causa porque sostiene que no existe tal delito. La sala tenía previsto tomar una decisión ya, pero, tras recibir el auto del juez de Madrid, ha habilitado varios días de agosto para analizar la nueva documentación.
Aunque no la tendrá toda, ya que el magistrado del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira, instructor de la variante del caso Gürtel en Madrid, señala a sus colegas de Valencia, en el citado auto, que les ha ido remitiendo documentación intervenida por la policía, pero que aún queda por desprecintar otra parte. "Al irse avanzando en el volcado y levantamiento de precinto de los diversos soportes intervenidos", señala Pedreira, "se ha acordado la remisión de testimonio de algunos documentos. [Pero] aún no se ha concluido el levantamiento de precinto de [toda] la documentación intervenida", según el auto.
El troceo en tres partes del sumario de la trama Gürtel está creando problemas. La causa se la reparten el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de Madrid y Valencia. Este último asumió inicialmente el caso Gürtel sólo en lo que respecta a los aforados de esa comunidad (entre ellos, el presidente Camps) y por un único delito, el de cohecho pasivo (que castiga a la autoridad que recibe dádivas, en este caso, trajes) aunque sea a cambio de nada. El juez Garzón, primer instructor de la causa, incluyó más delitos, entre ellos el de tráfico de influencias, pero el Tribunal Superior de Valencia redujo el asunto exclusivamente al cohecho pasivo y, además, limitó la investigación a sus aforados. De hecho, el juez Flors se ha inhibido en favor de su colega de Madrid para no tener que investigar a los cabecillas de la trama (Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, alias El Bigotes), que son precisamente quienes hicieron los regalos a los aforados valencianos: a Camps y a su número dos, Ricardo Costa. Pero, en el auto de ayer, el Tribunal Superior de Madrid entiende que Correa, Crespo y Pérez, al menos en lo que respecta a los supuestos regalos de los trajes, deben ser juzgados en Valencia "para no romper la continencia de la causa".
Fuentes del Tribunal Supremo señalan al respecto: "¿En qué cabeza cabe que en Valencia sea juzgado Camps por recibir regalos y no quien se los da, El Bigotes y compañía, si se trata de una misma acción punible?". Estas fuentes consideran una "barbaridad" que el caso Gürtel se haya troceado en tres partes.
El juez Flors se había negado a investigar a Correa, Crespo y El Bigotes en contra del criterio de la fiscalía, que señala al respecto en un escrito: "Dada la íntima relación entre las conductas de quienes aparecen como donantes de los regalos y quienes aparecen como perceptores de los mismos su enjuiciamiento conjunto resulta ineludible".
En su auto de ayer, Pedreira avala esa tesis: "La incoación de procedimientos distintos para la investigación y enjuiciamiento de unas y otras conductas por separado podría motivar que se dictaran pronunciamientos contradictorios, conculcándose la seguridad jurídica".
LASSALLE: “EL COHECHO ESTÁ EN LA MENTE DE QUIEN REGALA”
El secretario de Estudios del PP e ideólogo de confianza de Mariano Rajoy, José María Lassalle, ha acuñado una teoría que podría permitir a sus compañeros de partido imputados por cohecho -como el presidente Francisco Camps- salir indemnes de sus problemas judiciales. “El cohecho está en la mente de quien regala”, asegura en una entrevista. Habrá que ver si los magistrados aceptan esta justificación o se ajusta a la definición clásica de cohecho recogida por la RAE: “Delito consistente en sobornar a un juez o a un funcionario en el ejercicio de sus funciones, o en la aceptación del soborno por parte de aquellos”.
Con la ligereza y trivialidad propia de las entrevistas veraniegas, en soitu.es sacan a colación durante una entrevista a Lassalle la comparación que hizo Rita Barberá entre los presuntos cohechos a Camps en forma de trajes y las anchoas que regala el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en sus encuentros institucionales.
El delito está en la mente
“¿Qué tiene que decir un cántabro de las anchoas, se pueden considerar cohecho?”, preguntan en el diario digital. “Es una cosa muy rica y absolutamente recomendable”, apunta el popular sobre la anchoa, para a continuación aclarar que “el cohecho está en la mente de quien regala”. Todo un mensaje tranquilizador para quienes afrontan imputaciones por recibir regalos a cambio de concesiones.
Incomprensión ante la pirotecnia
En cualquier caso, hay aspectos mundanos como la combustión del PP de Valencia que pueden resultar excesivos a la sensibilidad de un intelectual. “¿Es Valencia el parque temático del PP —lo digo por la profusión de actos y fuegos artificiales—?”, continúa la entrevista en el mismo tono críptico-festivo. Ahí Lassalle ensalza “la luz del Mediterráneo” y declara que “es algo alucinante para los sosainas del norte, y yo soy de Santander, a los que la lluvia y la niebla nos deja tan fríos por dentro que no somos capaces de entender lo que son —y significan— las Fallas...".
(www.elplural.com, 31/07/09)
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE VALENCIA SE DA MÁS TIEMPO PARA DECIDIR SOBRE CAMPS
No hay acuerdo. Los tres magistrados de la sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana necesitan más tiempo y habilitan los día 1, 2 y 3 de agosto para resolver los recursos presentados por Francisco Camps, presidente de la Generalitat; Ricardo Costa, secretario general de los populares valencianos; Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat; y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la consejería de Turismo, todos imputados por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio, contra el auto del magistrado José Flors. La Sala habilita pues tres días del mes de agosto para no dejar a septiembre el asunto.
Los cuatro imputados solicitaron el sobreseimiento libre de la causa por entender que no ha existido delito. Han negado la recepción de los supuestos regalos de la trama de corrupción encabezada por Francisco Correa, cuyo hombre en Valencia era Álvaro Pérez, El Bigotes. Y, en el supuesto "teórico" de que efectivamente hubieran sido agasajados, sería por su relación con el PP y no por sus cargos públicos. La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular que ejercen los socialistas valencianos solicitaron que no se estimaran esos argumentos.
(www.elpais.com, 30/07/09)
CAMPS, UN "POLÍTICO DE RAZA" Y "UN HOMBRE HONORABLE"
El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, tiene "plena confianza en la bondad y en la integridad de un político de raza y de un hombre honorable" como el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.
Valcárcel, que ha participado en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial, ha realizado las declaraciones al ser preguntado por unas palabras del diputado del Partido Popular Cristóbal Montoro, quien aseguró que Camps está acusado de un supuesto delito "con un valor muy pequeño".
El presidente de la comunidad murciana ha eludido hablar ni siquiera de delito, porque "hasta ahora nadie ha dicho que tenga que quedar imputado porque se advierta cualquier indicio delictivo", y ha reiterado que Camps es "un gran hombre y una persona de honradez a carta cabal".
En cuanto a si el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, debería dejar su puesto como senador tras su dimisión como responsable de las finanzas del partido, Valcárcel no ha querido pronunciarse al respecto, alegando que "no soy nadie" para recomendar una decisión de este tipo.
En su opinión, la decisión de Bárcenas demuestra "una actitud de lealtad al partido", y "ahora tiene un camino por delante para defender la inocencia que todos los días proclama a los cuatro vientos".
(www.publico.es, 30/07/09)
LA FISCALÍA DICE QUE CAMPS RECIBIÓ HASTA 2008 TRAJES QUE PAGÓ LA ´TRAMA GÜRTEL´
También cuentan los trajes de Milano, los que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, declaró ante el que juez que devolvió porque no le sentaban bien. La Fiscalía afirma que también esos trajes se los llevó sin pagar. "En el momento presente y mientras no se acredite la devolución del importe de los trajes, el fiscal considera que deben estimarse adquiridos". Y no sólo eso, sino que, hasta octubre de 2008 estuvo recibiendo trajes de la trama del caso Gürtel como regalo. Al menos, es lo que se desprende del escrito de la Fiscalía Anticorrupción, que impugna el recurso donde Camps pide el sobreseimiento de las diligencias que le imputan un delito de cohecho, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Para ello, la Fiscalía aporta como pruebas el documento número 71 y un fax de octubre de 2008. "Porque el pago de los trajes -de Milano- consta hecho mediante cheque", añade. Y explica que, "de haberse producido la devolución del importe por causa de la devolución de los trajes, se habría anotado en la tesorería de las empresas". Se refiere a Orange Market, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico, las empresas que lideraban Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, imputados en la trama de Madrid.
También hace alusión a la documentación hallada en Serrano 40 de Madrid, sede de Correa, donde, "en una lista relativa a las compras en Milano, menciona a ýFrancisco Cansý con las referencias cuantitativa de 5.400 y 7.650 euros en 2006". Y añade que "la primera de estas cifras coincide con las anotadas en el ordenador intervenido en la embarcación ýParapipiý perteneciente a Pablo Crespo". Se trata del famoso documento número 71.
En relación con los trajes de Forever Young, se trata de "encargos de cinco trajes a medida a nombre de Francisco Camps". De ellos, "cuatro serían los incluidos en los tiques 308 y 266", cuyo pago se incluye en el "documento de pago número 288". Según la fiscal, "este documento refleja el abono de los tiques" incluidos en él. Por tanto, este documento recoge "los cuatro trajes a medida y se emite el 4 de julio de 2007, para saldar su importe (2.880 euros)". Además, "en este documento de pago figuran las anotaciones ýCampsý y ýpago cheque bancarioý".
Entre la documentación enviada por Forever, se remitió este documento de pago relacionándolo con unas facturas emitidas en 2007 a Diseño Asimétrico y Servimadrid Integral. El abono de las facturas se efectuó "desde una cuenta de Diseño Asimétrico", empresa de Crespo.
Pero, además, "existen otros pagos pendientes relativos a trajes de Francisco Camps adquiridos en Forever Young en 2008 por valor de 2.840 euros", y que "se habrían facturado a Orange Market por indicación de Pablo Crespo", según declaró el sastre José Tomás a la policía.
Tomás aportó un fax "en el que figuran anotadas diversas prendas bajo el nombre de Francisco Camps por 2.680 euros". El "report" del fax es del 8 de octubre de 2008. La factura la abonó Orange Market. Para el fiscal, "las entregas reflejadas en el documento 71 y en el fax de 8 de octubre de 2008" parecen confirmadas. (...) Se trataría de prendas de vestir recibidas por Francisco Camps y pagadas por terceros".
(www.levante-emv.com, 30/07/09)
EL PP SE ESFUERZA EN DIFERENCIAR A CAMPS DE BÁRCENAS
El PP se afanó ayer en blindar al presidente valenciano, Francisco Camps, imputado en el caso Gürtel por un delito de cohecho, tras la dimisión de Luis Bárcenas como tesorero nacional del partido. La renuncia del ya ex tesorero y senador por Cantabria horas antes de que el Tribunal Supremo anuncie que pedirá un suplicatorio para proseguir la investigación contra él, deja en evidencia la situación de Camps y del secretario regional del PP y portavoz en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa, imputado en el mismo caso, que conservan sus cargos institucionales y en el partido.
Pese a la similitud, los populares insistieron en que los casos de Bárcenas y Camps no son comparables. Uno de los primeros en pronunciarse en este sentido fue el portavoz de Economía del PP en el Congreso, Cristóbal Montoro, quien tras asegurar que la marcha del tesorero es buena para él y para el partido, agregó en la SER que el presidente de la Generalitat valenciana está acusado de un supuesto delito "con un valor muy pequeño. No dudo para nada de la honestidad de Camps. Lo que se está valorando es la recepción de regalos con un valor muy pequeño. No es lo mismo lo que está detrás de un supuesto que de otro", se reafirmó.
El vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, se pronunció en parecidos términos. "No tienen nada que ver [las situaciones de Bárcenas y Camps], y es más que evidente las circunstancias personales, particulares y procesales de cada una de las personas, y los hechos a los que hacen referencia los dos procedimientos judiciales". El portavoz del PP, Esteban González Pons, repitió que en su partido están "completamente tranquilos" con respecto al presidente valenciano "por la inconsistencia de la imputación".
Y mientras el PP hacía oídos sordos a las críticas por su pertinaz defensa de Camps, los socialistas exigieron al presidente de los populares, Mariano Rajoy, que sea con el presidente valenciano igual de contundente que con Bárcenas y le haga dimitir.
Un dato jurídico trascendental sobre el alcance de la imputación lo conocerán Camps y el resto de imputados en breve. La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) se reunió el martes y lo hará también hoy para decidir sobre los recursos contra la intención del magistrado instructor, José Flors, de proceder contra Camps por cohecho. El magistrado José Francisco Ceres será el ponente del auto en el que la Sala debe responder si considera correcta la instrucción de Flors o estima las excusas sobre los regalos recibidos por Camps y los otros tres imputados y archiva la investigación.
En el caso de que tumbara la instrucción, la causa quedaría cerrada y en manos del Tribunal Supremo, que resolvería los previsibles recursos. Si no estima los recursos, el magistrado Flors, tras conocer la opinión de las partes, decidirá si procesa a los implicados y abre juicio oral.
(www.elpais.com, 30/07/09)
LA PRENSA MARIANISTA APUNTA AL VICEPRESIDENTE VALENCIANO RAMBLA COMO GESTOR DE LOS CONTRATOS GÜRTEL DE LA GENERALITAT, INCLUIDA LA F1
El periodista más marianista del reino, Francisco Quevedo, ha empezado a buscar un chivo expiatorio para evitar que Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana imputado en Gürtel, pague él solo los platos rotos por la supuesta corrupción. El digital en el que escribe Quevedo, El Confidencial, apunta a Vicente Rambla, vicepresidente primero y portavoz del Gobierno valenciano, como el máximo responsable de los contratos que la Generalitat hizo a la trama corrupta. Rambla es el máximo responsable de comunicación del Ejecutivo valenciano, por tanto, todos los contratos de marketing y comunicación han pasado por sus manos. Lo mismo ocurre con los trabajos encargados por la Oficina de Turismo a Orange Market, filial valenciana de los corruptos. El asunto más relevante de los gestionados por Rambla sería, no obstante, la Fórmula 1, por la que los corruptos esperaban llevarse “una pastuqui” –según las conversaciones intervenidas-. “Sólo Rambla conoce los entresijos de la organización de acontecimientos tan claves en la Comunidad”, asegura Quevedo.
Queda la posiblidad, no obstante, de que El Confidencial intente lavar la cara a Camps, muy a pesar de Rambla. Según este medio, el vicepresidente ha logrado ponerse de perfil en medio del escándalo quedando como el mejor posicionado para sustituir al jefe del Ejecutivo si procediese.
Interés en la F1
Ha sido Rambla, según la información de Quevedo, quien se ha encargado de acontecimientos tan suculentos para la red corrupta como la Fórmula 1 o la Volvo Ocean Race en Alicante. Es cierto que, según las conversaciones difundidas por la Ser, Correa y los suyos tenían mucho interés en participar del montaje de la competición de coches más famosa del mundo. “Aquí hay pelas y, si sale bien, hay pelas para todos. Una 'pastuqui' importante", se escucha a los cabecillas de Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, en una grabación en la que hablan del montaje de las gradas del evento.
Aspiraciones sucesoriasEl diario citado insiste en que la inmunidad de Rambla ha causado malestar entre sus filas pues “parece que (Gürtel) les afecta a todos menos a él”. El mismo Camps, dice Quevedo, ha tenido que maniobrar para librarse del yugo que ha cortocircuitado sus contactos en el exterior sometiéndole a un supuesto aislamiento. Las ambiciones de Rambla ya se perfilaron en 2007, cuando intentó que el consejero de Economía, Gerardo Camps, dejara el cargo en sus manos. Sus intentos fallaron, y ahora se estaría resarciendo con la crisis de los corruptos, a pesar de su posible implicación en la misma. O quizás simplemente haya medios a los que interesa que se mire a un vicepresidente antes que a un jefe de Ejecutivo y partido.
(www.elplural.com, 30/07/09)
EL CONGRESO PIDE AL CONSELL CONTRATOS SUYOS CON EMPRESAS DEL 'CASO GÜRTEL'
La Mesa del Congreso calificó ayer un escrito del diputado de ICV, Joan Herrera, en el que reclama a la Generalitat valenciana que le remita los contratos suscritos desde 2003 con las empresas de la trama de corrupción del caso Gürtel. Como consecuencia de esta decisión, el órgano de gobierno de la Cámara Baja remitirá la solicitud al Consell que preside Francisco Camps.
Según fuentes parlamentarias, la calificación del escrito de Herrera suscitó cierto debate en la reunión que la Mesa mantuvo ayer, puesto que, aunque existen precedentes, no es habitual que un diputado nacional solicite documentos a una Administración que no sea la central.
El artículo 7 del Reglamento del Congreso, al que ha recurrido Herrera para solicitar estos documentos, establece que cualquier diputado, previo conocimiento de su grupo parlamentario, podrá recabar "de las Administraciones Públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de éstas".
Así las cosas, habida cuenta de que el Reglamento de la Cámara lo permite y teniendo en cuenta los antecedentes, la Mesa del Congreso optó por calificar la solicitud de Herrera. Ahora, según establece el punto 2 del citado artículo, el presidente del Congreso, José Bono, enviará la petición a la Generalitat valenciana.
El Reglamento de la Cámara fija que en este caso el Gobierno de Francisco Camps deberá contestar en un plazo máximo de 30 días, bien remitiendo los contratos que ha suscrito con las empresas investigadas o bien explicando "las razones fundadas en derecho" que le impiden enviar esos documentos. La Presidencia del Congreso será la encargada de trasladar la información al diputado de ICV que, en el caso de que la Generalitat valenciana no le envíe la información, podría optar por solicitar amparo a Bono.
(www.elpais.com, 29/07/09)
"TE ENVÍO LAS COMPRAS. CAMPS: CINCO TRAJES A 950=4.750 EUROS"
Nuevos documentos incorporados al sumario del caso Gürtel en Valencia apuntalan que el presidente, Francisco Camps; el secretario general del PP regional, Ricardo Costa; el ex vicepresiente Víctor Campos; el ex asesor de Turismo Rafael Betoret y el director de la televisión autonómica, Pedro García, recibieron regalos de la trama corrupta. Los cuatro primeros están imputados por cohecho.
Los correos electrónicos que se cruzaron los principales dirigentes de la trama corrupta vinculada a Gobiernos del PP, el caso Gürtel, investigada por el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, acreditan el supuesto pago de varios miles de euros en regalos de ropa al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.
La trama corrupta logró a través de varias de sus empresas -Orange Market, Easy Concept, Down Town, entre otras- cerca de ocho millones de euros en contratos de la Comunidad Valenciana a partir del año siguiente de llegar Camps a la presidencia, en 2003.
La investigación abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha permitido recopilar los correos electrónicos que enviaba Pablo Crespo, el número dos de la trama corrupta y ex dirigente del PP en Galicia, a Álvaro Pérez, El Bigotes, cabeza visible de la empresa Orange Market, con la que la red que dirigía Francisco Correa hacía negocios en la Comunidad Valenciana.
Uno de esos correos electrónicos, incorporado el sumario que se instruye en el Tribunal Superior de Valencia, recoge el siguiente mensaje enviado desde la dirección de Pablo Crespo (pablogerencia@fcsgrupo.com) a la dirección de Álvaro Pérez: "Te envío la relación de compras de la Comunidad Valenciana". El correo electrónico, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se envió el 29 de marzo de 2007 a las 11.41 con una relación de la ropa adquirida para Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana:
"Cinco trajes a 950=4.750; 1 zapatos = 274,50; 1 zapatos = 184,50: 1 zapatos = 184.50; total: 5.392,50".
Junto a esta anotación aparecen otras referidas a Pedro García, el director general de la televisión autonómica valenciana, hombre de confianza de Francisco Camps y amigo personal de Pérez: "Dos zapatos, un abrigo, una chaqueta, cuatro sueter, un traje, total: 3.284 euros".
El correo electrónico de Crespo a Pérez copia el texto de otro correo que le envió José Tomás (Josetomas@foreveryoung.es), el sastre director de ventas de Forever Young, la tienda donde El Bigotes llevó a varios dirigentes del PP valenciano para que eligieran la ropa.
Tomás llegó a visitar la Comunidad Valenciana para tomar medidas y mostrar distintos tipos de tela a los dirigentes del PP para que eligieran el vestuario que, según la investigación, acabó pagando la trama a través de sus empresas Orange Market, Servimadrid Integral y otras.
Orange Market, según figura en un informe de la Agencia Tributaria que también tiene en su poder el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, incluyó como gastos para el funcionamiento de su empresa numerosas compras por más de 100.000 euros en las tiendas de Milano, justo el mismo establecimiento donde, según acreditan sus documentos internos y varios testimonios recabados por el juez, regalaban trajes a políticos y altos cargos de la Comunidad Valenciana.
La correspondencia entre los distintos integrantes de la trama prueba que la ropa que Camps y otros dirigentes del PP valenciano adquirían en las tiendas Milano y Forever Young era abonada por las empresas de la red corrupta que dirigían Correa, Crespo y, en Valencia, Álvaro Pérez. Esa documentación desmiente las declaraciones de Camps al juez sobre el supuesto pago en metálico de la ropa, de lo que no queda ni un solo rastro documental dentro o fuera de la tienda.
El director de ventas de la tienda donde Camps se vistió ha declarado en reiteradas ocasiones tanto al juez Baltasar Garzón, que inició la instrucción de este caso en la Audiencia Nacional, como al juez José Flors, que se encarga de la investigación en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que Camps nunca le pagó ni un euro por los trajes y el resto de ropa. El mismo José Tomás acreditó con distinta documentación de la tienda que el vestuario del presidente de la Comunidad Valenciana había sido abonado por las empresas de la trama corrupta.
En el sumario figuran talones bancarios de las empresas como justificante de la ropa para Camps y otros cuatro dirigentes del PP valenciano.
Los correos electrónicos que se cruzaron Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta, y Álvaro Pérez, jefe de la empresa valenciana de la red, constituyen nuevas pruebas para acreditar el sistema de pago de la ropa que se compraba para Camps y el resto de altos cargos de la Comunidad Valenciana.
Mientras Camps ha sostenido desde el primer momento que pagó toda la ropa de Forever Young en metálico, Álvaro Pérez ha buscado otra justificación. En una conversación mantenida con su jefe, Francisco Correa, sostuvo que él compraba los trajes, se los prestaba a Camps para sesiones fotográficas y, posteriormente, el presidente valenciano se los devolvía.
El juez Flors ha señalado en su último auto que la versión ofrecida por José Tomás, el director de ventas de Forever Young, era creíble mientras que ha cuestionado la veracidad de lo declarado por el presidente valenciano en relación con los trajes.
(www.elpais.com, 27/07/09)
EL BIGOTES: "LLEVO EL DÍA A DÍA DEL PP, LA FERIA DE VALENCIA Y POCO MÁS"
Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, declaró ante el juez Baltasar Garzón el 12 de febrero de este año a las 19.50 horas. En su extenso testimonio, Pérez intentó desvincularse de Francisco Correa, el jefe de la trama. Negó que hiciera regalos a dirigentes políticos del PP y aseguró que su relación con la Comunidad Valenciana se reducía al diseño y montaje de un pabellón en Fitur. La investigación judicial ha probado la falsedad de ese testimonio.
- Los contratos de la trama. En la declaración de la Audiencia Nacional, Garzón le pregunta a Pérez insistentemente por los contratos que mantiene la empresa Orange Market con la Comunidad Valenciana. Pérez se muestra esquivo: "No tengo prácticamente clientes, trabajo para el Partido Popular, me presentaban muchas campañas, y no me han dado nunca nada, ni de publicidad ni de ninguna otra cosa, porque siempre estoy señalado y en cuanto me presento a algo se me machaca. Trabajo para la Feria de Valencia, he intentado trabajar para la fórmula 1 y no lo he conseguido, intenté presentarme para hacer cosas para diseñar el escenario del Papa y no me dejaron tampoco. Muy pocos clientes señoría, me cuesta mucho salir adelante".
Garzón insiste: "¿Cuáles son los proyectos, los trabajos que ha tenido Orange Market?". Y Pérez contesta: "El día a día del PP. Trabajo para la Feria de Valencia y poco más". Ese poco más, según ha acreditado el propio Gobierno de la Generalitat son más de 40 contratos en cuatro años, muchos de ellos adjudicados a dedo y sin concurso.
- La relación con Correa. Cuando la Fiscalía le pregunta por la relación de Orange Market con las empresas de Francisco Correa, jefe de la trama corrupta, Pérez señala: "No tiene nada que ver". Sin embargo, las grabaciones telefónicas demuestran que Pérez despachaba con Correa los asuntos de Orange Market y los negocios futuros que podían hacer en la Comunidad Valenciana. Cuando Álvaro Pérez conoce las investigaciones abiertas en la tienda de ropa que dirigía José Tomás, se pone en contacto con Correa para comentarlo.
Algunos trabajos logrados por Orange Market en la Comunidad Valenciana los acababa haciendo personal de otras empresas de la red corrupta. "Desde que dejé de trabajar en su empresa, sólo mantengo una relación sentimental... de amigo", llegó a decir Álvaro Pérez cuando le preguntaron por Francisco Correa.
(www.elpais.com, 27/07/09)
"HICE ALGÚN TRAJE PARA LA BODA DE AGAG"
El sastre José Tomás, que confeccionaba la ropa del presidente valenciano, Francisco Camps, ha declarado que hizo algún traje para la boda de Ana Aznar y Alejandro Agag, específicamente para el ex diputado de la Asamblea de Madrid, Alfonso Bosch, imputado en el caso Gürtel, y que le fue presentado por Alvaro Pérez (El Bigotes).
En el programa Hora 25 de Cadena Ser, el sastre se muestra descontento por su situación actual, en la que se “encuentra apartado de sus atribuciones como director general de todas las sucursales” por parte de la dirección de la empresa Forever Young, que está “dirigida y manipulada", según Tomás por “Don Federico Trillo”, a quien califica del “Gran conquistador de este país”. El sastre explica que "el día 16, Trillo hizo unas declaraciones contra mí, injuriándome y calumniándome, y justo son las mismas palabras literalmente que utilizó el señor Hinojosa, que intentó desvincularse de mí”.
Los trajes pagados por la trama
Dice que guarda cariño por Francisco Camps, y que por eso le esperaba "hasta altas horas de la noche, a su regreso a Valencia, para tomarle las medidas de sus trajes”. José Tomás ha reiterado que Camps le llamó el día de su declaración ante el juez “muy preocupado” y que quería saber si él “tenía alguna factura a su nombre”, que las ropas fueron pagadas por la trama.
Pablo Crespo pagaba todos los trajes
El antiguo sastre de Camps confirma que hacía también los trajes para el número dos valenciano, Ricardo Costa, para el ex vicepresidente, Víctor Campos, a quien le tomó las medidas en "su palacio". También a Rafael Betoret, jefe de Gabinete, y a Pedro García, el director general de Radio Televisión valenciana, que ha sido "también cliente personal, que a veces pagaba él, y otras, le pagaban". José Tomás afirma de manera contundente que el que pagaba a todos era "Pablo Crespo", adminstrador de algunas empresas de la trama Gürtel.
El hombre de la pasta
José Tomás narra cómo en ocasiones llegaba a la tienda Alvaro Pérez (El Bigotes) con hasta dos millones de pesetas y lo gastaba en la tienda y que una vez le entregó un traje en el que había olivados dos mil euros.
Podría querellarse contra Camps
Preguntado por el periodista si es cierto la acusación de Camps de que él mismo pagó sus trajes y que el sastre pudo quedarse con el dinero, Tomás asegura que si es cierto que el presidente valenciano ha dicho eso, “tendrá una querella por su parte, por calumnias”, y se pregunta “hasta dónde puede llegar la ética de una persona hacia otra”.
(www.elplural.com, 27/07/09)
Un ex responsable de Orange Market como asesor del Consell
El PSPV exige a Camps "explicaciones urgentes" sobre por qué "da cobijo" a Ignacio Blanch, actual "asesor en la delegación del Consell en Valencia"
El PSPV reclamó hoy al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que dé "explicaciones urgentes" sobre por qué "da cobijo" a Ignacio Blanch, quien fue dirigente de la empresa Orange Market, vinculada al llamado 'caso Gürtel', y ahora es "asesor en la delegación del Consell en Valencia".
En un comunicado, el diputado del grupo socialista en las Corts Valencianes, José Camarasa, solicitó hoy a Camps que dé explicaciones "urgentemente" sobre "quién es Ignacio Blanch". Además, sostuvo que "también debe aclarar las acusaciones vertidas por el sastre implicado en la trama Gürtel, que le acusa de no haber pagado ni un solo traje".
"No sé cuáles son los motivos por los que Camps esconde y da cobijo a este señor --en alusión a Blanch--, que fue delegado de Canal 9 en Madrid, dirigente en Orange Market y ahora es asesor en la delegación del Consell en Valencia", afirmó Camarasa, quien instó al jefe del Consell a "dejar de esconderse y dar la cara".
El dirigente socialista aseveró que "los valencianos necesitan explicaciones del señor Camps que sean convincentes y que diga de qué personajes, que ahora son noticia, se rodea". "Que de una vez por todas, dé la cara", sentenció.
"Ya sabemos por qué Camps no lleva dinero en metálico. Al parecer otros pagan sus compras por él", añadió Camarasa en referencia a informaciones periodísticas que sostienen que Pablo Crespo le envió un correo electrónico a Álvaro Pérez "para pasarle la relación de gastos que debería de afrontar el entramado de la trama Gürtel para costear los cinco trajes de Camps y los tres pares de zapatos de lujo".
A su juicio, "cada día que pasa Camps está más acorralado por sus propias mentiras", dado que "cada día que pasa una nueva noticia apuntala la tesis del juez Flors de que el presidente de la Generalitat recibió regalos y prebendas de la trama corrupta de Correa", señaló.
El diputado socialista señaló que "la palabra de Camps cotiza a la baja, es más, si cotizase en bolsa no tendría más valor que el de un chicharro cualquiera". "Tal es el descrédito producido por sus patéticas y absurdas declaraciones, negando lo que día tras día confirma la evidencia de los hechos", lamentó Camarasa.
"CAMPS MINTIÓ"
"Camps mintió cuando dijo que había devuelto los trajes, se ha comprobado que no los devolvió o no los devolvió todos. Ahora ya admite que los recibió", denunció el socialista, quien aseveró que el jefe del Consell "siguió mintiendo cuando dijo que no conocía a los actores de la trama corrupta", sin embrago, "te quiero un huevo, Álvaro", recordó.
Además, criticó que Camps ha continuado "sin decir la verdad ante las Corts Valencianes, ante el juez y ante todo el mundo al intentar, sin éxito, desvincularse de los dirigentes de Orange Market, los cuales al ver interrumpidos sus negocios con el PP nacional, no tardaron en identificar un nuevo 'Patio de Monipodio', propicio para sus intereses particulares, en los aledaños de la administración autonómica valenciana", sentenció Camarasa.www.levante-emv.com 27.07.09
El instructor de Gürtel en Valencia deniega información sobre las empresas de Correa
El juez instructor del caso Gürtel en Valencia, José Flors, ha denegado a las abogadas de la acusación particular la documentación que solicitan sobre la contabilidad de las empresas del entramado Correa: Orange Market, Easy Concept, Good & Better, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico, así como informaciones bancarias y sobre las conversaciones telefónicas entre varios testigos e imputados, como Pablo Crespo y Álvaro Pérez o Felisa Jordán y José Luis Peñas.
El motivo por el que el juez instructor denegó las pruebas fue para delimitar el proceso en Valencia al delito de cohecho pasivo, sin entrar en el que cometieron los particulares al obsequiar presuntamente con regalos a los imputados, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, su número dos, Ricardo Costa, y otros altos cargos. José Flors ha alegado que "esas diligencias de investigación no pueden consistir en indagaciones de carácter general ni de tender al posible descubrimiento de nuevos hechos o daños, sino que deben ceñirse a la acreditación de los hechos concretos que hayan sido objeto de imputación a una determinada persona en el acto de la comparecencia", según el diario Levante.
El asunto de los trajes
El Plural ya adelantó que los magistrados valencianos habían pactado que la investigación se ciñera exclusivamente al asunto de los trajes, sin llegar más allá. Un más allá que ya señaló en su día el juez Garzón y que se materializa en las sospechas de financiación ilegal del PP valenciano.
“Batida de montería”
Los socialistas valencianos pidieron al tribunal que ampliase su instrucción a otros delitos más allá del cohecho que se le atribuye a Camps por los presuntos trajes regalados. El TSJV no se conformó con tumbar su recurso, sino que se atrevió a calificar el interés de los socialistas como “una especie de batida de montería” contra el PP y les acusó de “removerlo todo”.
Las curiosas relaciones de Flors
Curiosamente, como ya publicó El Plural, el juez José Flors, encargado de investigar al presidente de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, por su presunta vinculación con el caso Gürtel, trabaja en una empresa del marido de la abogada que representó a Alvaro Pérez (El Bigotes), cabecilla de la trama de corrupción en Valencia, cuando compareció en calidad de detenido ante el juez Baltasar Garzón, en la Audiencia Nacional, según reveló Levante.www.elplural.com 26.07.09
El PP no actúa contra Camps y Costa porque dice que no están imputados
"Póngase inmediatamente la presente resolución en conocimiento de los imputados". Así concluía el magistrado José Flors su auto del pasado 6 de julio en el que se ratificaba en su decisión de continuar el proceso contra Francisco Camps, Ricardo Costa y otros dos cargos del PP valenciano por un delito de cohecho. Sin embargo, el PP considera que Camps y Costa "no están imputados". Esta sorprendente interpretación fue lanzada ayer por Federico Trillo, ex presidente del Congreso y responsable de Justicia del PP, para justificar que su partido no actúe disciplinariamente contra el presidente valenciano y su múmero dos.
El PP "suspenderá de militancia a todo aquel sobre el que pese una imputación formal", dijo Trillo en la sede del PP, confirmando el criterio disciplinario de ese partido. Cuando se le hizo notar que eso no se ha producido en el caso de tres miembros del PP valenciano -Camps, Costa y Rafael Betoret- dijo que no están imputados porque "no hay un auto de imputación formal". En el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, explicó Trillo, dentro del mismo caso Gürtel ha habido un auto de imputación para cada uno de los implicados, que ha tenido como consecuencia su inmediata suspensión de militancia del PP.
En el caso de Valencia, al no haber autos de imputación "no hay imputación formal", opina Trillo. Por eso, el Partido Popular no les ha suspendido de militancia. Curiosamente, sí ha sido suspendido Víctor Campos, ex vicepresidente del Consell valenciano, imputado por los mismos hechos y con la misma fórmula. Campos se ha desmarcado de la estrategia de defensa de Camps y de Costa.
Cuando los informadores objetaron a Trillo ayer lo sorprendente de su argumento y las contradicciones que encierra, este contestó: "Bueno, éste es el tipo de dificultades y confusiones con las que nos encontramos en este caso".
www.elpais.es 25.07.09
EL JUEZ AMIGO DE CAMPS ACUSA A LOS SOCIALISTAS DE HACER UNA "MONTERÍA" CONTRA EL PP
La actuación del Tribunal Superior de Justicia de Valencia ya había causado controversia por su ceñimiento a investigar exclusivamente los trajes supuestamente regalados a Francisco Camps. Ahora, no sólo ha rechazado la petición de los socialistas para que se investigue más en profundidad, sino que también ha calificado la actitud del PSPV, acusándoles de realizar “una especie de batida de montería”. Los socialistas amenazan con recurrir al Tribunal Constitucional porque entienden que el TSJV se dedica a “limitar la causa”.
El Plural ya adelantó que los magistrados valencianos habían pactado que la investigación se ciñera exclusivamente al asunto de los trajes, sin llegar más allá. Un más allá que ya señaló en su día el juez Garzón y que se materializa en las sospechas de financiación ilegal del PP valenciano.
“Batida de montería”
Los socialistas valencianos pidieron al tribunal que ampliase su instrucción a otros delitos más allá del cohecho que se le atribuye a Camps por los presuntos trajes regalados. El TSJV no se conformó con tumbar su recurso, sino que se atrevió a calificar el interés de los socialistas como “una especie de batida de montería” contra el PP y les acuso de “removerlo todo”.
“PP VLC, 420.700”
Más allá de las impactantes imágenes de Camps entrando a declarar, lo cierto es que la investigación se limita a investigar sobre el cohecho impropio que supondría haber regalado los trajes. Nada hay sobre los presuntos bolsos de lujo de Rita Barberá ni sobre la posible financiación ilegal del partido, como señaló el juez Garzón. La sospecha tendría que ver con una anotación de la caja B de Correa que reza “PP VLC, 420.700 euros”.
Al Tribunal Constitucional
El PSPV ya ha asegurado que irá hasta el Tribunal Constitucional por entender que el TSJV “bloquea” el caso y que los indicios abordados por Garzón quedan en el “limbo jurídico”. Aunque el recurso al TC no podría modificar la actuación del tribunal valenciano, sí podría obligar a reabrir el caso.
(www.elplural.com, 23/07/09)
CARGOS DEL PP CORRIGEN A BARBERÁ Y NIEGAN QUE ACEPTEN REGALOS CAROS
La piña empieza a resquebrajarse. Pese a la consigna de la dirección del partido de cerrar filas en torno a Rita Barberá, ayer varios cargos relevantes del PP rompieron con el discurso impuesto desde Génova. El intento de la alcaldesa de Valencia de generalizar el intercambio de regalos a todos los políticos no ha sentado bien a muchos de sus compañeros. La rebelión interna ha tenido especial fuerza en Madrid, el principal foco de la trama Gürtel.
Pío García Escudero, portavoz del PP en la Cámara Alta, fue quien marcó diferencias de forma más clara. El senador madrileño reconoció que Rita Barberá "tiene toda la razón cuando dice que todos los políticos recibimos regalos", pero matizó: "Hay que saber donde está el límite de la obtención y el valor de esos regalos".
El propio García Escudero predicó con el ejemplo. A principios de 2003, el cerebro de la trama, Francisco Correa, le hizo llegar un paquete. Cuando comprobó que era un "reloj caro" dio la orden de que se devolviera. Su actitud contrasta con la que, según la conversación de Alberto Pérez recogida por El País, mantuvo la alcaldesa cuando desde la misma trama se le ofrecieron bolsos de Louis Vuitton. Casualmente, la alcaldesa se ha dejado ver en varias ocasiones con un bolso de esa misma marca valorado en más de 800 euros.
El político madrileño no fue el único que se esforzó por desmarcarse de los argumentos de Barberá. La presidenta Esperanza Aguirre aclaró que cuando le han ofrecido "cosas valiosas" las ha devuelto. Su actitud no incluye, sin embargo, los pequeños detalles que recibe durante las visitas, como las anchoas de Santoña que el presidente de Cantabaria regala a Rodríguez Zapatero, ejemplo al que se aferró Rita Barberá. "El otro día acepté unas picotas y, según me las comía, pensé: Uy, me van a sacar en la Gürtel", reconoció cargada de ironía. Ayer mismo, durante su visita al convento de la Clarisas de Chinchón, se llevó una pastas fabricadas por la monjas.
David Pérez, portavoz del PP en la asamblea madrileña, puso en el mismo sitio el límite de lo razonable. Aunque reconoció haber recibido algunos "productos de Madrid", nunca ha aceptado regalos valiosos.
Otras declaraciones mejor intencionadas tampoco contribuyeron a reforzar la posición de Barberá. El conseller valenciano de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, señaló que prohibir los regalos a los políticos a raíz del caso Gürtel, sería como "suprimir a los Reyes Magos de nuestra cultura".
Precisamente ayer, varios partidos, ERC y UPyD entre ellos, sugirieron la necesidad de regular de forma más restrictiva los obsequios. Otros, como IU o BNG, apelaron en cambio al sentido común para distinguir entre un detalle de cortesía y un soborno.
Mientras, en el PP se aferran a la acusación de filtraciones desde el Gobierno para evitar cualquier tipo de explicación sobre las informaciones aparecidas en los últimos días. Ayer, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Saenz de Santamaría, recurrió a esa misma estrategia para evitar aclarar si comparte las declaraciones de Barberá. La diputada se limitó a recordar la querella que la alcaldesa prepara y aseguró que su partido "va a defenderse de este tipo de filtraciones que atacan el derecho al honor, a la honorabilidad y a la presunción de inocencia de mucha gente".
El argumento del PP fue llevado hasta el extremo por el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, quien aseguró que el caso Gürtel "tiene toda la pinta" de ser una "conspiración" contra su partido.
(www.publico.es, 22/07/09)
BARBERÁ LAMENTA QUE SUS BOLSOS OPAQUEN LOS DATOS DEL PARO
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha lamentado hoy que los bolsos y los trajes "absoluta y perfectamente legales" hayan relevado de las portadas de los medios de comunicación al desempleo que afecta a cuatro millones de personas, lo que a su juicio supone "una vergüenza".
En rueda de prensa tras firmar un acuerdo con la Conselleria de Inmigración, Barberá ha criticado que el paro "desaparezca del primer nivel de la información" y se ha preguntado qué pensarán "los cuatro millones de parados" de que los medios "se ocupen de un bolso o un traje, cuando es -algo- absoluta y perfectamente legal, y no de que no pueden comer cuatro millones de españoles".
La alcaldesa aludía así a los trajes que supuestamente recibió como dádiva el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, por parte de la trama corrupta que se investiga judicialmente en el "caso Gürtel", así como a los bolsos de lujo que, según una grabación policial difundida esta semana, habría regalado a Barberá el responsable de Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez El Bigotes.
"El problema tremendo de todos los españoles es el Gobierno que tenemos, que ha consentido un país en el que se conculcan los derechos constitucionales fundamentales de los ciudadanos", ha sentenciado la alcaldesa, quien ha reiterado que no tenía intención de "incrementar el morbo" pero que tampoco se iba a callar.
A preguntas de los periodistas, ha señalado que "los regalos que se aceptan son los de Navidad, los normales" y que no sólo lo hacen los políticos sino también "otros muchos más colectivos con influencia en la sociedad".
"Se reciben regalos y los devolvemos o no en función de nuestro criterio", ha agregado Barberá, quien ha reiterado que no ha cometido ningún delito y ha dicho con ironía que seguirá llevando "los mismos bolsos" de todos los días para que le "hagan las fotos que quieran".
Además, la alcaldesa ha asegurado que le da "risa y pena" ver "las carreras de determinados dirigentes políticos -como Carmen Alborch, Rafael Rubio y Ricardo Peralta- para tomar la posición en la salida de la organización del Partido Socialista en la ciudad de Valencia".
(www.publico.es, 22/07/09)
BARBERÁ NO DESMIENTE REGALOS DE EL BIGOTES
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha pasado en 48 de horas de afirmar tajantemente que "jamás" en su vida ha recibido regalo alguno de Álvaro Pérez, El Bigotes, a manifestar que sólo hablará "en los tribunales". Un matiz sustancial. Barberá, ayer, no desmintió que el cabecilla de la trama corrupta del caso Gürtel en Valencia le hubiera comprado bolsos de la marca de lujo Louis Vuitton, a diferencia de lo que aseguraba en mayo cuando, preguntada por este periódico, dijo que "nunca" había obtenido presentes de Pérez.
En una larga comparecencia pública para responder a la publicación en EL PAÍS de una conversación grabada por la investigación de la trama en la que El Bigotes afirma que le compra bolsos, la alcaldesa echó balones fuera y arremetió contra el Gobierno, contra la "izquierda política, social y mediática" y contra aquellos que han "vinculado intencionadamente" su nombre al caso Gürtel. Pero no negó con claridad haber recibido regalos ni acusó a Álvaro Pérez de mentir.
"Hablaré en los tribunales", fue su respuesta a la pregunta de si aceptó presentes de El Bigotes. La alcaldesa, en cambio, volvió a insistir en que todos los cargos públicos reciben obsequios. "Todos los políticos de este país, desde el primero al último, reciben regalos y sospecho que los del presidente del Gobierno y ministros tienen que ser un poco más caros que los de la alcaldesa y los concejales", aseguró. Barberá ya justificó los regalos a políticos al comparar las anchoas que lleva a La Moncloa en sus visitas el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, con los trajes que supuestamente ha aceptado el jefe del Gobierno valenciano, Francisco Camps, que éste niega.
La alcaldesa, arropada por buena parte de su equipo de gobierno, defendió que es una persona "íntegra" que no ha tenido "nunca" problemas con la justicia. A su juicio, no le corresponde a ella aclarar una supuesta relación con la trama corrupta. "Soy yo, en plenitud de mi inocencia y mis derechos, la que va a pedir explicaciones", repitió varias veces. Lo hará en los tribunales, donde dijo que emprenderá "acciones judiciales" por la información de este periódico, aunque no concretó contra quién. "No tengo nada que hablar con EL PAÍS, más que en los tribunales", replicó a este periódico.
El Comité de Redacción de este diario, que representa a sus periodistas, respaldó ayer el derecho de Barberá a emprender acciones judiciales pero mostró su sorpresa por que considere responsable de calumnias al periódico "y no a Álvaro Pérez, que ha sido quién declaraba que le regalaba bolsos". Sobre la reiterada referencia del PP a la vulneración del secreto del sumario, el comité recuerda "que es doctrina constitucionalmente consolidada que la libertad de información ocupa una posición prevalente dentro del conjunto de derechos y libertades que defiende la Constitución".
(www.elpais.com, 21/07/09)
GONZÁLEZ PONS: "TODO EL MUNDO RECIBE REGALOS EN NAVIDAD"
El secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha acusado al Gobierno de ser el responsable de la filtración de una "pieza policial inservible" para dañar a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y al principal partido de la oposición. Además ha afianzado la tesis de Barberá, que en su momento apuntó a Zapatero por aceptar anchoas regaladas del presidente cántabro Revilla, al asumir como normal que los políticos reciban regalos. "Todo el mundo recibe regalos en navidad", ha explicado Pons.
En declaraciones a Punto Radio, González Pons ha recalcado que la información del diario El País -sobre una grabación en la que Álvaro Pérez, El Bigotes, uno de los supuestos cabecillas de la trama Gürtel en Valencia, dice que habría regalado bolsos de lujo a Barberá -, es "una pieza policial inservible".
Ha argumentado que esa conversación "no forma parte del sumario", ni ha dado lugar "a ninguna investigación" y ha dicho que estaba "guardada" hasta que "una mano negra", siete meses después de que se produjera, "la saca de un cajón y la filtra a un periódico" con la "intención" de "dañar" al PP.
González Pons ha explicado que se trata de una conversación telefónica grabada el 2 de enero, que da lugar a un informe policial del 23 de enero, que ha sido "filtrado parcialmente" a El País puesto que concluía afirmando que "no hay ningún indicio delictivo".
Preguntado por si efectivamente Barberá recibió regalos de responsables de la trama Gürtel , ha indicado que esa "supuesta" grabación se produjo "en plenas navidades" y ha dicho que "todo el mundo recibe regalos en navidad".
En ese sentido, ha dicho que si se tiene que abrir un debate sobre regalos "que se abra, pero no a costa de una información policial cerrada, probablemente incluso falsa, filtrada para perjudicar el buen nombre" de Rita Barberá.
"Dado que no hay ningún delito detrás de esa supuesta conversación telefónica, el único interés que puede tener es desprestigiar a uno de los principales valores del partido de la oposición, y ¿desde dónde?: desde el Gobierno", ha manifestado.
González Pons ha asegurado que el PP "está muy enfadado" y que "cuando el Gobierno filtra con intencionalidad política piezas policiales inservibles para dañar a la oposición, se está rompiendo algún consenso básico democrático".
"Nunca el Gobierno había utilizado a la Policía y a la Fiscalía para perseguir a la oposición, para conseguir que la oposición no tenga debate político", ha agregado.
Ha hecho hincapié en que las investigaciones policiales del caso Gürtel "no adelantan" y ha añadido que en su partido empiezan a pensar que "hay algún interés político" en "se eternice" porque "no llegan donde soñaban llegar al principio" o "les interesa que el PP se encuentre en esta situación de jaque".
Por último, se ha referido a la declaración del tesorero del PP, Luis Bárcenas, ante el Tribunal Supremo y le ha pedido "que hable de todo lo que tenga que hablar" porque "en cuanto hable va a aclarar cualquier acusación que se haya establecido contra él y va a poder salir libre de cargos"
"Nosotros, hasta que la justicia diga, o no, otra cosa, confiamos plenamente en nuestro compañero", ha concluido.
(www.publico.es, 21/07/09)
PONS ACUSA AL GOBIERNO DE FILTRAR UNA PRUEBA INSERVIBLE
El secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha acusado hoy al Gobierno de ser el responsable de la filtración de una "pieza policial inservible" para dañar a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y al principal partido de la oposición.
En declaraciones a Punto Radio recogidas por Efe, González Pons ha recalcado que la información del diario "El País" -sobre una grabación en la que Álvaro Pérez, "El Bigotes", uno de los supuestos cabecillas de la trama Gürtel en Valencia, dice que habría regalado bolsos de lujo a Barberá-, es "una pieza policial inservible".
Ha argumentado que esa conversación "no forma parte del sumario", ni ha dado lugar "a ninguna investigación" y ha dicho que estaba "guardada" hasta que "una mano negra", siete meses después de que se produjera, "la saca de un cajón y la filtra a un periódico" con la "intención" de "dañar" al PP.
González Pons ha explicado que se trata de una conversación telefónica grabada el 2 de enero, que da lugar a un informa policial del 23 de enero, que ha sido "filtrado parcialmente" a "El País" puesto que concluía afirmando que "no hay ningún indicio delictivo".
Preguntado por si efectivamente Barberá recibió regalos de responsables de la trama Gürtel, ha indicado que esa "supuesta" grabación se produjo "en plenas Navidades" y ha dicho que "todo el mundo recibe regalos en Navidad".
En ese sentido, ha dicho que si se tiene que abrir un debate sobre regalos "que se abra, pero no a costa de una información policial cerrada, probablemente incluso falsa, filtrada para perjudicar el buen nombre" de Rita Barberá.
"Dado que no hay ningún delito detrás de esa supuesta conversación telefónica, el único interés que puede tener es desprestigiar a uno de los principales valores del partido de la oposición, y ¿desde dónde?: desde el Gobierno", ha manifestado.
González Pons ha asegurado que el PP "está muy enfadado" y que "cuando el Gobierno filtra con intencionalidad política piezas policiales inservibles para dañar a la oposición, se está rompiendo algún consenso básico democrático".
"Nunca el Gobierno había utilizado a la Policía y a la Fiscalía para perseguir a la oposición, para conseguir que la oposición no tenga debate político", ha agregado.
Ha hecho hincapié en que las investigaciones policiales del caso Gürtel "no adelantan" y ha añadido que en su partido empiezan a pensar que "hay algún interés político" en "se eternice" porque "no llegan donde soñaban llegar al principio" o "les interesa que el PP se encuentre en esta situación de jaque".
Por último, se ha referido a la declaración del tesorero del PP, Luis Bárcenas, ante el Tribunal Supremo y le ha pedido "que hable de todo lo que tenga que hablar" porque "en cuanto hable va a aclarar cualquier acusación que se haya establecido contra él y va a poder salir libre de cargos""Nosotros, hasta que la justicia diga, o no, otra cosa, confiamos plenamente en nuestro compañero", ha concluido.
(www.levante-emv.com, 21/07/09)
CAMPS Y BARBERÁ COMEN JUNTOS PARA DARSE MUTUO APOYO
Mientras el cerco judicial se sigue estrechando en torno a la trama corrupta en Valencia, Francisco Camps y Rita Barberá han quedado a comer para hacer piña.
El presidente de la Generalitat, pendiente de la resolución de su recurso contra el auto en el que se que se apreciaban indicios de delito de cohecho, trasladó hoy su apoyo a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, durante un encuentro en un restaurante en la playa de la Malva-rosa de Valencia, donde almorzaron juntos sobre las 15.00 horas.
Fuentes municipales precisaron que este tipo de encuentros son habituales puesto que la alcaldesa y el presidente Camps se ven "casi todos los días" y remarcaron que, en todo caso, todos los días hablan, al tiempo que señalaron que aprovechan estas reuniones para tratar sobre temas que afectan a la Comunitat y a la ciudad.
Asimismo, señalaron que, en esta ocasión, el jefe del Consell ha podido escenificar su apoyo a la alcaldesa y la "unidad" del partido después de las informaciones aparecidas este domingo en la que se decía que Alvaro Pérez, imputado en el caso Gürtel, había hecho regalos a Barberá.
La reunión se produjo después de que la alcaldesa de Valencia ofreciera una rueda de prensa en la que no desmintió los regalos recibidos y afirmó que: "todos los políticos de este país, desde el primero al último, reciben regalos, y sospecho que los del presidente del Gobierno tienen que ser más grandes y más caros que los de la alcaldesa y los concejales".
La alcaldesa valenciana ha denunciado que dichas informaciones pretenden "dirigir intencionadamente" su nombre "para que los ciudadanos lo vean vinculado a una supuesta trama delictiva".
"Soy yo quien, en plenitud de mis derechos, va a pedir explicaciones del porqué", ha sentenciado Barberá, quien ha recordado que "hay que demostrar la culpabilidad, no la inocencia" y ha apuntado que emprenderá acciones judiciales ante los tribunales.
(www.publico.es, 21/07/09)
BARBERÁ SE DEFINE COMO "ÍNTEGRA" Y DICE QUE TODOS LOS POLÍTICOS RECIBEN REGALOS
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se ha defendido hoy de las informaciones que la relacionan con la trama del "caso Gürtel" al señalar que es una persona "íntegra" y que "todos los políticos reciben regalos", aunque los del presidente del Gobierno "tienen que ser más grandes y caros que los de la alcaldesa". Arropada por la mayoría de los concejales de su equipo de gobierno, Barberá ha comparecido en la sala de reuniones de Alcaldía, que se ha quedado pequeña con la presencia de más de medio centenar de periodistas gráficos y escritos que han esperado sus palabras con expectación durante casi dos horas.
Previamente, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha evitado dar explicaciones sobre los regalos recibidos por Barberá de los cabecillas de la trama corrupta, pero ha respondido con la petición de la comparecencia de los ministros de Justicia e Interior. "Es horrible y dramático que se produzcan filtraciones; el PP ha pedido la comparecencia de los ministros de Justicia e Interior en el Congreso". Cospedal ha mostrado su apoyo a Barberá. "La alcaldesa de Valencia ha anunciado una querella en defensa de su honor al igual que el PP de Valencia y las dos actuaciones cuentan con el respaldo del partido", ha añadido la número dos de los populares.
El diario El PAÍS publicó ayer una información en la que se recogía que la alcaldesa de Valencia, recibió regalos de la trama corrupta, de acuerdo con unas conversaciones intervenidas por la policía al cabecilla de la red en Valencia, Álvaro Pérez, alias El Bigotes. Éste compró un bolso de la firma Louis Vuitton, cuyo precio medio es de 900 euros y realizó regalos a la regidora durante al menos los últimos cuatro años. Según ha explicado esta mañana las Generalitat, Barberá dará las explicaciones "que tenga que dar" con "toda la naturalidad y toda la normalidad del mundo".
Cospedal ha comparecido ante los medios tras la reunión de la dirección del partido de todos los lunes y se ha expresado en un tono muy similar al comunicado emitido ayer por su partido en el que denunciaban una persecución para aniquilarles. "Hemos acordado iniciar las acciones que les hemos anunciado pero no quiere decir que no vayamos a utilizar todas las acciones para defendernos de quienes quieren hacer daño al PP", ha afirmado Cospedal, que ha calificado de planificada la actuación contra el PP. "No podemos consentir que se utilice los medios del Estado de derecho para hacer daño a un partido y menoscabar la labor de la oposición".
Cospedal ha explicado el porque del malestar de su partido con los titulares de Justicia e Interior. "Nos referimos a todos aquellos que tienen capacidad con autorización judicial, como para intervenir teléfonos, y aprovecharla políticamente dañando el buen nombre de algunas personas".
Las quejas de ayer del PP censurando al Gobierno y a un "determinado grupo de comunicación por tratar de desprestigiarle, han tenido continuidad desde primera hora de la mañana de este lunes con las declaraciones del vicepresidente tercero de la Comunidad Valenciana, Juan Cotino, que ha anunciado que "hoy mismo" su partido interpondrá una denuncia por las filtraciones del caso Gürtel. "Hacerlas públicas atenta contra la libertad en España, donde no se va escuchando a los ciudadanos en todas las esquinas", ha indicado en RNE Cotino, quien ha añadido que lo que está ocurriendo "no es serio un país democrático".
El vicepresidente de la Generalitat ha justificado que el PP no ha investigado si son ciertas las informaciones publicadas porque cuando un tema está judicializado "lo normal y lógico" es que las explicaciones "se le den primero al juez" y cuando haya terminado ese proceso "se informa a todos los ciudadanos". Según el comunicado emitido ayer por el PP, el partido está siendo víctima de "una campaña sistemáticamente programada y ejecutada de ataque y desprestigio de sus cargos públicos y del propio partido, en la que se utilizan de manera ilegítima los medios del Estado y, como instrumento de difusión, a un determinado grupo de comunicación -que se sitúa al margen de la libertad de expresión-". En esa línea, el vicepresidente tercero valenciano ha subrayado que las informaciones publicadas proceden de "alguien del Ministerio del Interior, de la Judicatura o de la Fiscalía" por lo que espera que tanto el ministro de Justicia como el ministro del Interior abran una investigación. "Si ellos no lo aclaran, irán al estamento siguiente", ha añadido Cotino.
Los populares recordaron que Barberá, ha anunciado "acciones judiciales por calumnia contra los responsables de la difamación publicada este fin de semana por los medios del Grupo PRISA, a raíz de la violación del deber de secreto de unas actuaciones que no forman parte del sumario y que están tan sólo a disposición de la Policía Judicial".
Los populares afrontan una semana complicada ante el avance de las investigaciones del caso Gürtel. El miércoles, el tesorero del partido, Luis Bárcenas, sobre quien el juez ve indicios de cohecho y fraude fiscal, acudirá a declarar al Tribunal Supremo, . Al día siguiente lo hará el diputado Jesús Merino, también imputado por haber recibido importantes sumas de la trama. Sobre estas comparecencias, Cospedal ha señalado que confía en que la Justicia actúe lo más rápidamente posible.
(www.elpais.com, 20/07/09)
BARBERÁ: "TODOS LOS POLÍTICOS DE ESTE PAÍS RECIBEN REGALOS
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se ha defendido hoy de las informaciones que la relacionan con la trama del "caso Gürtel" al señalar que es una persona "íntegra" y que "todos los políticos reciben regalos", aunque los del presidente del Gobierno "tienen que ser más grandes y caros que los de la alcaldesa".
Arropada por la mayoría de los concejales de su equipo de gobierno, Barberá ha comparecido en la sala de reuniones de Alcaldía y ha asegurado a los valencianos que "tienen una alcaldesa íntegra" y ha reiterado que lo seguirá siendo "para orgullo" de su equipo de trabajo, de su familia y de sus conciudadanos.
Preguntada sobre si ha recibido regalos, como supuestamente se le imputa en informaciones aparecidas el pasado fin de semana, Barberá ha afirmado: "todos los políticos de este país, desde el primero al último, reciben regalos, y sospecho que los del presidente del Gobierno tienen que ser más grandes y más caros que los de la alcaldesa y los concejales".
Barberá ha afirmado que es "una convencida absoluta de la bondad de la democracia" y ha asegurado que la va a ejercer "para denunciar las actitudes totalitarias del partido que gobierna" en el país. "No me van a callar ni me van a amedrentar", ha afirmado con contundencia Barberá.
La alcaldesa de Valencia ha denunciado que las informaciones que aseguran que supuestamente habría recibido regalos de uno de los imputados del "caso Gürtel" pretenden "dirigir intencionadamente" su nombre "para que los ciudadanos lo vean vinculado a una supuesta trama delictiva".
"Soy yo quien, en plenitud de mis derechos, va a pedir explicaciones del porqué", ha sentenciado Barberá, quien ha recordado que "hay que demostrar la culpabilidad, no la inocencia" y ha apuntado que emprenderá acciones judiciales ante los tribunales.
Ha recordado que durante sus dieciocho años como alcaldesa -por reiteradas mayorías absolutas-, "nunca" ha tenido problemas con la justicia aunque en ocasiones han intentado criminalizarla. "Nunca he sido judicializada y por eso gozo de la plenitud de la inocencia de cualquier ciudadano", ha aseverado.
Barberá ha acusado a la "izquierda política, social y mediática" de carecer de "convicción democrática" y de "vulnerar el respeto hacia las personas" porque "no pueden ganar en las urnas".
Ante la situación "extraña y difícil" que la alcaldesa admite haber vivido este fin de semana por las informaciones publicadas, ha asegurado que ha sido "enormemente emocionante recabar el cariño por parte de la familia, el partido, amigos, ciudadanos y hasta de algún socialista".
Ha agradecido las llamadas del presidente del PP, Mariano Rajoy, del ex presidente del Gobierno, José María Aznar, del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, o del embajador en la Santa Sede, Fernando Vázquez, entre otros.
Se ha mostrado contenta por las muestras de cariño recibidas en la calle de gente que le pedía "no amedrentarse" y ha resaltado el comunicado de apoyo del PP, que "marca un antes y un después en la historia del partido porque fue contundente, cierto y activo", y las declaraciones "magníficas y valientes" del vicepresidente social Juan Cotino, o del concejal Miquel Domínguez.
También ha puesto de manifiesto que cuando comparó las anchoas con los trajes como ejemplo de los regalos que pueden recibir los políticos le replicaron dos vicepresidentes, el ministro de Justicia y varios diputados del PSOE, lo que le llevó a preguntarse "cuánto daño" les había hecho. "Aquí está la respuesta a las anchoas", ha sentenciado.
(www.publico.es, 20/07/09)
El Bigotes afirma que hizo regalos a Barberá
Grabación al jefe de la trama corrupta de Valencia: "Estoy comprando un bolso de Louis Vuitton a la alcaldesa. No nos da nada, pero tampoco nos hace nada"
Álvaro Pérez, alias El Bigotes, cabecilla de la trama Gürtel en Valencia, revela en una llamada telefónica interceptada por la policía el pasado 2 de enero que en los últimos cuatro años ha hecho regalos a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP. En concreto, señala que le ha regalado bolsos de la marca de lujo Louis Vuitton.
El precio medio de un bolso de Louis Vuitton es de 900 euros
"Barberá recibe regalos desde hace cuatro años", según la policía
En la grabación, que la policía extracta en un informe, El Bigotes charla con una persona llamada "Cándido" y le comenta que en ese momento "está en [una tienda de] Louis Vuitton comprándole un bolso a la alcaldesa". "Como llevo haciendo desde hace cuatro años", subraya Álvaro Pérez. Según explica El Bigotes a Cándido, Barberá "no nos da nada, pero tampoco nos hace nada".
De esta conversación, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía concluye que "la alcaldesa de Valencia" ha recibido "regalos de la empresa Orange Market desde hace cuatro años". El citado informe del caso Gürtel tiene fecha del pasado 23 de enero y aclara que, en ese momento, los agentes policiales "están pendientes de obtener las facturas correspondientes a las compras efectuadas" por El Bigotes en una tienda de Louis Vuitton.
La alcaldesa indicó ayer a este periódico que "jamás en su vida" ha recibido regalos de El Bigotes. No es la primera vez que lo niega. Hace un mes hizo el mismo comentario al ser preguntada por una redactora de EL PAÍS sobre si había recibido regalos de Álvaro Pérez.
El presidente de la Comunidad de Valencia, Francisco Camps, también ha negado durante meses haber recibido regalos (trajes) de la trama corrupta que afecta a altos cargos del PP y ha insistido en que él se pagaba sus trajes y en que no conocía a El Bigotes. El juez del Tribunal Superior de Justicia de Valencia José Flors no cree a Camps y le imputa un delito de cohecho impropio, el que comete la autoridad pública que acepta regalos, aunque sean a cambio de nada.
Orange Market es la empresa filial en Valencia de la red de sociedades que dirigía del cabecilla del caso Gürtel, Francisco Correa. El hombre de confianza de Correa en Valencia y gestor de Orange Market es Álvaro Pérez, El Bigotes. El informe policial señala que Barberá es "diputada de las Cortes valencianas desde 1983" y "alcaldesa de Valencia desde 1991". Y razona: "Francisco Correa, a través de la empresa Orange Market, SL, en Valencia, concurre desde el año 2005 a los concursos para la adjudicación de los stands de la Comunidad Valenciana en distintas ferias de turismo, habiendo obtenido la adjudicación desde 2006 a 2009".
Un bolso de Louis Vuitton, como los que supuestamente regalaba El Bigotes a la alcaldesa, cuesta una media de 900 euros, según fuentes del citado establecimiento. "El más barato, 350 euros, y el más caro, 4.400", añadieron esas fuentes. Barberá suele exhibir habitualmente bolsos de esta marca de lujo. Cuando era presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), este organismo adjudicó a Special Events, una de las empresas del entramado de Correa, la organización de varias de sus asambleas, por un importe de total de 800.000 euros. La adjudicación fue suscrita por el entonces número dos de Barberá en la FEMP, Álvaro de la Cruz Gil, uno de los casi 80 implicados en el caso Gürtel entre cargos públicos y empresarios que se prestaron a pagar dinero o dádivas a políticos del PP a cambio de contratas y otras lucrativas operaciones.
En la contabilidad B, opaca al fisco, de las empresas del jefe máximo de la trama, Francisco Correa, hay una anotación que refleja una entrega de 30.000 euros a De la Cruz cuando éste era jefe del gabinete del ex ministro Francisco Álvarez Cascos. El primer evento encargado por la FEMP a las sociedades de Correa se celebró en 1999 y costó 232.305 euros, casi el doble que el anterior. El segundo, ya en 2003, volvió a duplicar la cifra: 570.000 euros, según adelantó EL PAÍS.
En la variante del caso Gürtel en Valencia, que investiga el juez Flors, no figura ni imputada ni implicada la alcaldesa de Valencia. A pesar de que, si lo que comenta El Bigotes en esa grabación es cierto, la acción de recibir dádivas, sería justamente la misma que imputa el juez Flors a Camps, un supuesto cohecho impropio. Flors sostiene que Camps debe ser juzgado por ese delito por el mero hecho de ser una autoridad pública y haber aceptado trajes pagados por la trama corrupta.
No obstante, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana subraya que los regalos que supuestamente recibió el presidente autonómico fueron a cambio de nada, ya que no ve una relación entre las dádivas y los más de siete millones de euros en contratas que ha recibido en los últimos cuatro años la trama Gürtel de distintas consejerías del Gobierno valenciano.
En el sumario del caso Gürtel existen dos conversaciones telefónicas entre El Bigotes y Camps que fueron grabadas por la policía con autorización judicial la pasada Nochebuena y el día de Reyes (6 de enero de este año). De ambas se desprende que entre el presidente valenciano y El Bigotes existía una estrechísima relación.
"Jamás en mi vida he recibido nada de El Bigotes"
Rita Barberá, a través de su jefe de prensa, señaló ayer a EL PAÍS que "jamás en su vida ha recibido ningún regalo de El Bigotes", y añadió: "No voy a dejar pasar así como así que se utilice mi nombre". La alcaldesa subrayó que había hablado con su abogado para que se querelle "contra quien corresponda".
La alcaldesa de Valencia ha salido en defensa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, imputado en la variante valenciana del caso Gürtel por haber recibido dádivas (varios trajes) supuestamente pagados por la trama societaria de Correa y su hombre en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes.
Barberá comparó los supuestos regalos que recibió Camps con las anchoas que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, regala al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "cada vez que visita La Moncloa". "Todo el mundo sabe que Revilla regala anchoas a Zapatero por agasajo o complacencia", señaló.
Y añadió: "Y vive Dios que las anchoas son un producto caro, bueno pero caro, por lo tanto, son dádiva. Haciendo un paralelismo con el caso del presidente Camps, también están incursos en este artículo [del Código Penal] algunos más. Yo también, probablemente por recibir un ramo de flores. Pero, desde luego, Zapatero por lo de las anchoas de Santoña del presidente Revilla", insistió la alcaldesa de Valencia.
www.elpais.es 19.07.09
Rita Barberá contrató al hermano de Bárcenas en la Federación Española de Municipios y Provincias
Nuevas informaciones sobre la relación de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, con implicados en la trama de corrupción Gürtel. Ahora se ha sabido que contrató, cuando estaba al frente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) nada más y nada menos que al hermano del tesorero popular, Luis Bárcenas.
Rita Barberá contrató en la FEMP a Pablo Bárcenas Gutiérrez pocas semanas después de que Aznar ganara las elecciones de 1996. Según los documentos a los que ha tenido acceso la SER, fue un contrato de asesor de 6 meses, que fue renovando hasta que, en enero del 98, le hizo un contrato indefinido.
Salario de 400.000 pesetas
El hermano del tesorero del PP empezó cobrando en la FEMP millón y medio de pesetas por seis meses y pasó a cobrar más de 400.000 pesetas al mes, a partir del 98. Pablo Barcenas sigue trabajando ahora mismo en la FEMP.
Barberá dió contratos a Correa
La firma que aparece en todos los contratos es la del número 2 de Rita Barberá en la FEMP, Álvaro de la Cruz, ex asesor de Alvarez Cascos. Durante la presidencia de Rita Barberá, la trama de Correa organizó varias de sus asambleas y se llevó contratos por valor de 800.000 euros. Estos contratos también los firmaba Álvaro de la Cruz, quien según la contabilidad de las empresas de Correa, recibió 30.000 euros cuando era jefe de gabinete del vicepresidente Álvarez Cascos.
El otro hermano de Bárcenas
Pablo Bárcenas no es el único hermano del tesorero del PP que aparece relacionado con este caso. También otro, Juan Carlos Bárcenas, había sido colocado en administraciones populares imputadas en la trama Gürtel. Juan Carlos era vocal de la sociedad del suelo del Ayuntamiento de Pozuelo cuando se le concedieron de manera irregular varios contratos a la empresa Constructora Hispánica. El alcalde de Pozuelo era en aquel momento Jesús Sepúlveda. El ex marido de Ana Mato aparece ampliamente en el sumario del caso. Sepúlveda, un hombre de plena confianza de Aznar, esta plenamente implicado en el caso Gürtel. Protagonizó el escándalo de haber recibido como regalo un Jaguar, vañlorado en 52. 192 euros, más de ocho millones de las antiguas pesetas.www.elplural.com 19.07.09
Amigos, conocidos y saludados
El PP aplaude las excusas de los imputados y parece que no le importa dejar en evidencia a Camps
Un argumento domina tres de los cuatro recursos presentados por los imputados de la trama valenciana del caso Gürtel contra al auto del instructor que asegura tener indicios suficientemente sólidos para continuar investigando: cada uno se pagó sus trajes y en el hipotético caso de que hubieran recibido regalos no sería por sus cargos públicos sino por su relación con el PP. Es decir, Francisco Camps, presidente de la Generalitat; Ricardo Costa, secretario general de los populares valencianos; y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y actual asesor de la Diputación de Valencia, pretenden que la Sala de Lo Civil y Penal crea que nada tienen que ver sus responsabilidades, relaciones y quehaceres en el PP con el ejercicio de sus cargos públicos.
La posibilidad de los regalos aparece en todos los recursos
El PP confía en que la Sala, de mayoría conservadora, le dé la razón
Aunque todos han admitido por fin algún tipo de relación -amigo, conocido, saludado-, con Álvaro Pérez, El Bigotes, hombre en Valencia del supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, ha sido Víctor Campos quien ha calificado de más íntima y personal una amistad en la que la asistencia a comidas, bodas y bautizos ha fraguado un contacto que va mucho más allá de los trajes, las corbatas y los eventos varios. Y el PP, que nunca pensó que el asunto tuviera el recorrido jurídico que ha tenido, aplaude esa estrategia de vincular los supuestos regalos a la relación con el partido. Lo hace sin atender a la posición en que queda Camps, quien por activa y pasiva, en las Cortes Valencianas varias veces y en actos públicos otras tantas, ha mantenido que los regalos nunca existieron y que él pagó en efectivo y no guarda factura ni recibo alguno. Es decir, aún en el supuesto de que Camps se librara de sentarse en el banquillo porque su argumento prosperara, quedaría en evidencia que el presidente de la Generalitat ha faltado a la verdad.
En los recursos, con la advertencia de que es como mero supuesto teórico, se reitera que de haber recibido esos regalos, serían precisamente por su vinculación al PP. Por supuesto, ponen en duda la documentación que hay en la causa, se pone incluso bajo sospecha una pericial policial. Según fuentes jurídicas, ciertamente la única escapatoria al preciso auto del magistrado-juez José Flors es la de desvincularse de la esencia del delito de cohecho pasivo impropio: ser funcionario público. Pero, ¿puede la Sala admitirlos y con ello archivar la causa cuando el pasado mes de abril aceptó la competencia del caso que le llegó de manos de Baltasar Garzón porque entendió que había indicios? ¿Puede ahora estimar unos recursos cuando los indicios iniciales se han convertido en más sólidos tras las diligencias practicadas por Flors? Poder, puede. Y eso es lo que espera el PP. Algunos piensan que para una Sala de clara mayoría conservadora, presidida por Juan Luis de la Rúa, de quien Camps ha dicho que es más que un amigo y que considera que no hay motivos para inhibirse, no sería demasiado difícil. Otros entienden que Flors ha hecho un trabajo de ingeniería fina como para no verse aplastado por quienes son sus compañeros. La Sala, en cualquier caso, recibirá visiones encontradas de los mismos hechos y personajes.
- José Flors. El juez instructor de la causa ha dado la medida de las expectativas a pesar de las muchas presiones que desde su entorno se señalan como incesantes. No forma parte de los corros próximos al poder. Pertenece a la asociación Francisco de Vitoria. Su investigación ha sido, dicen quienes conocen su trayectoria, un nuevo ejercicio de imparcialidad. Se ha visto constreñido por el auto de competencia de la Sala, que limitó las averiguaciones a los cuatro imputados y al cohecho pasivo impropio del artículo 426 del Código Penal. A pesar de esas limitaciones, en el auto del pasado día 6 deja claro que no hay prueba alguna de que alguno de los cuarto imputados se pagara sus trajes. Deja claro que hubo pagos a través de transferencias y cheques por parte de Pablo Crespo, socio de Álvaro Pérez en Orange Market. Y aunque también deja claro que no observa relación con los contratos y adjudicaciones desde la Administración a esta empresa, cosa que no se ha investigado en esta causa más allá de las preguntas realizadas a una treintena de funcionarios relacionados de una otra forma con las mesas de contratación, lo que no hace es separar la condición de funcionario de la del partido.
José Tomás. Con mayor o menor intensidad, los imputados cuestionan la versión de los hechos del testigo de cargo: el sastre José Tomás. Pero el juez dice que sus imprecisiones (declaró varias veces sobre hechos que ocurrieron desde 2005 a 2008) han sido lógicas y no existe atisbo de ánimo de vengaza en su testimonio. Tomás afirma claramente que nunca vio a Camps pagar los trajes, ni a los demás tampoco. Y con la misma contundencia asegura que había una práctica acordada con Álvaro Pérez por la que se abría una cuenta de pagos pendientes de diferentes encargos, entre los que estaban los realizados a Camps, Costa, Campos y Betoret. El sastre, que tuvo nueve encargos de Camps, según el auto, se encontraba con el presidente de la Generalitat en el hotel Ritz de Madrid y varias veces le recibió en las tiendas de Milano y Forever Young.- Francisco Camps. "Solo quedan dos escaloncitos", dijo el presidente de la Generalitat cuando conoció el auto del pasado día 6. Lo dijo como el que sabe que un final concreto y favorable le espera en un trámite muy determinado: el recurso ante la Sala de Lo Civil y Penal. De momento, ninguna de las pretensiones de su defensa ha prosperado: no se ha paralizado el procedimiento, no se estimó el recurso a la competencia del caso que dictó la propia sala y el juez ha rechazado su petición de archivo. Por si las cosas no son solo "dos escaloncitos", el presidente ya contempla, siquiera teóricamente, que de haber existido regalos serían por su condición de presidente del PP. De ser así, es tanto como admitir que aceptó las dádivas, las mismas que ha negado desde que estallara el caso.
- Ricardo Costa. "Conocía por referencias al Sr. Pérez porque venía realizando actos del Partido Popular". Así explica el secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa, su relación con quien supuestamente pagó facturas de unas prendas que el auto le atribuye y cuyo abono no consta a su nombre. Costa desvincula su condición de diputado de las dádivas en favor de sus cargos en el PP. Es más, Costa excusa la falta de pago en las continuas llamadas que su secretaria realizó a los establecimientos y que eran contestadas dándole largas por indicación de Álvaro Pérez, que era quien pagaba después.
- Víctor Campos. Es el único suspendido de militancia desde el pasado mes de abril por esta causa. Su intención era admitir los regalos y explicarlos por su estrecha relación con Álvaro Pérez. Las presiones le obligaron a dar un paso atrás. Sin demasiados detalles, niega las dádivas, afirma que le dio dinero a Pérez para pagar los trajes y que entre ambos existía "una amistad (comidas, asistencia a la boda del Sr. Pérez, invitación al bautizo de su hijo...) que no ha sido cuestionada por nadie".
- Rafael Betoret. Niega su condición de funcionario. Define, aunque hay interpretaciones jurídicas contrarias, su cargo de jefe de gabinete como de "relación laboral no regulada por el derecho administrativo". Asegura que se pagó los trajes y explica incluso que, en una ocasión, pidió que esperaran para cobrar a que llegara su paga extra de julio y que, en otra, acordó un pago diferido durante un año. No admite los regalos, pero si los tuvo, fue por su relación con el PP.
Las posiciones de las partes ante el magistrado José Flors
- Fiscalía Anticorrupción. Dos fiscales, las mismas que intervienen en la parte de la causa que se investiga en Madrid, defienden en Valencia la acusación popular. Su pretensión de que declararan ante Flors tres de los imputados de Madrid no ha prosperado. Formalmente, no pretenden ampliar el delito. Pero están atentas a cualquier indicio que dé pie a ir más allá del cohecho.
- Acusación popular. El PSPV-PSOE se personó en la causa después de que declararan los cuatro imputados. Su pretensión de que la información incluida en las diligencias de Madrid en relación con los contratos de Orange Market con la Generalitat se incorpore no ha prosperado. Tampoco ha logrado que declaren seis consejeros autonómicos y seis imputados en la causa de Madrid. El PSPV-PSOE solicita reiteradamente, de momento sin éxito, que se aporte documentación sobre las adjudicaciones y contratos, porque considera que los trajes no son regalos sin intención, sino una práctica perversa que demuestra que compensaban favores recibidos. Los socialistas creen que una investigación más profunda podría desvelar incluso financiación ilegal del PP.
- Ricardo Costa. "Si los inexistentes regalos que se afirman recibidos por el instructor [José Flors] hubieran tenido la finalidad de lograr el agasajo o provocar la complacencia de Ricardo Costa para contar con su gratitud o su favor, dicha finalidad no podía provenir por la condición de diputado a las Cortes Valencianas sino que únicamente tendría sentido por la condición del cargo que ha venido ocupando dentro del Partido Popular". Así lo recoge el recurso de la defensa del secretario general de los populares valencianos. - Víctor Campos. Niega que haya quedado probado que hubo dos encargos y asegura que todo lo que compró se lo pagó a Álvaro Pérez, su amigo, tal como habían quedado con José Tomás.
- Rafael Betoret. Defiende que no es cargo público y que en caso de haber recibido regalos, sería por su vinculación con el PP.
www.elpais.es 19.07.09
El 'caso Gürtel' mantiene paralizado al Consell de Camps
El presidente ha aplazado varias veces una posible crisis de su Gobierno
El Consell que preside Francisco Camps no atraviesa sus mejores momentos. Atenazado por el caso Gürtel, en el que se encuentra imputado el propio presidente de la Generalitat por un presunto delito de cohecho, el Gobierno valenciano vive prácticamente en la parálisis desde que el pasado 6 de febrero se produjeron las primeras detenciones a instancias del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Y aunque tanto Camps como los miembros de su Gabinete se han afanado durante estos meses en transmitir una imagen de normalidad, la crisis es innegable. Lo admitía hace unos días el consejero de Inmigración, Rafael Blasco, en una conversación con los nuevos accionistas del Valencia CF grabada sin su conocimiento: "Tenemos una crisis de Gobierno desde hace cuatro meses [sic] por un señor, que es presidente del Gobierno regional, que tiene que demostrar que ha pagado dos trajes que se ha llevado. No es que tengan que demostrar los demás que no los ha pagado. Llevamos cuatro meses intentando demostrar que ha pagado él sus trajes".
La crisis venía de lejos y antes de que estallara el caso Gürtel Camps ya rumiaba una remodelación del Consell, dos de cuyos miembros -Alejandro Font de Mora, titular de Educación, y Serafín Castellano, de Gobernación- estaban seriamente tocados. Pero a partir del 6 de febrero cambió todo. Desde ese día la actividad del Consell se ha centrado en la defensa cerrada del presidente, lo que se ha traducido en la parálisis de la acción de Gobierno.
Y es que Camps y el PP viven pendientes del caso Gürtel y de su devenir judicial, que esta semana ha cubierto un nuevo trámite con los recursos presentados por los abogados de los cuatro imputados valencianos contra el auto dictado por el magistrado del TSJ José Flors.
www.elpais.es 19.07.09
Llegó 'Gürtel' y paralizó el Consell
Los problemas judiciales de Camps impiden la salida a la crisis de su Gabinete
Quienes rodean a Francisco Camps aseguran que el presidente de la Generalitat defiende la buena gestión de los miembros de su Gabinete con la misma vehemencia con la que asegura que él se paga sus trajes. Una opinión que, sin embargo, no comparten los propios miembros del Consell. El pasado día 10 el consejero de Inmigración, Rafael Blasco, en una conversación con los nuevos accionistas del Valencia CF grabada sin su conocimiento, admitía: "Tenemos una crisis de Gobierno desde hace cuatro meses por un señor, que es presidente del Gobierno regional, que tiene que demostrar que ha pagado dos trajes que se ha llevado. No es que tengan que demostrar los demás que no los ha pagado. Llevamos cuatro meses intentando demostrar que ha pagado él sus trajes".
La ausencia de resultados del área económica se suma a la crisis educativa
Las vicepresidencias no han suplido la falta de impulso político de Camps
Blasco echó mal las cuentas. Son ya casi seis meses de crisis, desde que el pasado 6 de febrero se produjeron las primeras detenciones del caso Gürtel a instancias del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Previamente -y con independencia de los buenos sondeos demoscópicos y los excelentes resultados obtenidos por el PP valenciano en las elecciones al Parlamento Europeo del pasado 7 de junio- el Consell había cerrado 2008 con una de las huelgas más importantes del sector educativo en la historia de la Generalitat, a cuenta de la decisión de impartir Ciudadanía en inglés, cuando la gran mayoría de alumnos no tiene el nivel adecuado para ello. Un conflicto que, lejos de solucionarse, se ha enquistado y que el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, confía en ganar por la vía del agotamiento, aun a costa de que los perjudicados sean los alumnos y profesorado.
El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, es otro de los elementos que, según coinciden en señalar varios miembros del Consell, hubiese sido relevado en una situación de normalidad. El descubrimiento de que otorgó contratos menores, por importes de miles de euros, a un constructor amigo suyo y cuya esposa comparte una propiedad con el consejero y su mujer, causó un notable malestar en Presidencia. Sin embargo, los problemas de Camps con la justicia bloquearon cualquier posibilidad de relevo.
El área económica del Consell tampoco ha escapado a la parálisis. Con el plan confianza, el Ejecutivo que preside Camps ha intentado transmitir la imagen de que está pendiente de la crisis económica y de adoptar las medidas adecuadas para paliar los efectos de la misma. Lo cierto es que la falta de dinero y las tensiones de las cuentas de la Generalitat -con la deuda disparada, los ingresos cayendo en picado y la insuficiente financiación del Gobierno- han hecho que hasta la fecha no se haya visto la efectividad de las medidas adecuadas. Unas medidas que, en su mayor parte, no serán visibles hasta el año que viene.
La falta de impulso se ha notado de manera singular en las carteras de Infraestructuras, Industria y Agricultura, cuyos consejeros son prácticamente desconocidos para los agentes de los sectores sobre los que actúan. La sensación de crisis en el área económica se ha agravado en las últimas semanas con la constatación de que el nuevo modelo de financiación autonómica mantendrá a la Comunidad Valenciana en los puestos de cola de financiación per cápita, pese a los mayores recursos que llegarán del Estado.
En cualquier caso, si el vicepresidente económico ha ganado protagonismo en los últimos días a cuenta del nuevo sistema de financiación autonómica, las otras dos vicepresidencias -la política de Vicente Rambla y la de Bienestar Social de Juan Cotino- tampoco han tenido capacidad para dar un nuevo impulso a la acción de gobierno.
Fuentes del PP reconocen que los vicepresidentes, especialmente Juan Cotino y Gerardo Camps, han estado más pendientes del estado anímico y la situación procesal del presidente de la Generalitat que de intentar impulsar la acción de gobierno a través de los departamentos de carácter transversal que dirigen.
En este contexto, las presiones para que Camps dimita o que él mismo fije en qué momento de su situación procesal considera que debería renunciar tampoco han ayudado a impulsar la acción de un Consell que languidece por semanas.
De hecho, la agenda de la mayoría de los departamentos del Gobierno valenciano se ha ido trufando con el paso de las semanas de convenios, entregas de premios, primeras piedras y actos protocolarios. Y cuando no ha sido así, el resultado casi ha sido peor. Como cuando el titular de Inmigración, Rafael Blasco, fue sorprendido tratando en nombre del Consell con Vicente Soriano y el presidente del Grupo Dalport, Víctor Vicente Bravo para arreglar el Valencia. Y luego dirán que hay crisis.
La oportunidad perdida del 7-J
En el seno del PP se da por sentado de que al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no le gustan demasiado los cambios. Y que las remodelaciones del Consell, amplias sobre el papel, se van deshinchando hasta reducirse a la mínima expresión. Sobre todo si hay problemas para colocar a los salientes. Así sucedió en septiembre de 2008 cuando, tras varias semanas de repasar informes y combinaciones, tan solo se sustituyó a Fernando de Rosa, nombrado vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, por Paula Sánchez de León al frente de la cartera de Justicia y Administraciones Públicas, aunque sí se produjo una reordenación de competencias que tardó varios meses en ajustarse. El pasado mes de mayo, Camps estuvo a punto de realizar una remodelación de su Gobierno, aunque en el último minuto abordó la maniobra por presiones de su propio entorno y de la calle de Génova, sede nacional del PP.
En esa ocasión, Camps pretendía enviar al Parlamento Europeo a la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, y sustituirla por Gerardo Camps, lo que hubiese reforzado el peso de Vicente Rambla en el seno del Consell.
La operación se desbarató, pero, pese a ello, fuentes del PP nacional aconsejaron a Camps que si pretendía abordar una crisis del Consell para relanzar de manera seria la acción de gobierno, el momento más adecuado era antes de las elecciones al Parlamento Europeo del 7 de junio o, en su defecto, a las pocas semanas de estos comicios.
Nada de eso ha sucedido, pese a que desde el propio Consell se alimentaron los rumores de una remodelación para desviar la atención del proceso judicial que se instruye contra Camps por un posible delito de cohecho. En la situación actual, pocos creen ya que Camps vaya a mover el banquillo hasta que se resuelva su situación.
En cualquier caso, si se cumple el escenario deseado por Camps de que el TSJ archive su causa antes de acabar julio, no habría cambios hasta el mes de agosto. Como en 2004, cuando Camps afrontó una de sus peores crisis políticas, acosado por los zaplanistas con solo un año de gobierno.
www.elpais.es 19.07.09
El instructor Flors mantiene que un jurado juzgue a Camps
No han prosperado las propuestas de los abogados de los cuatro imputados en la parte de la trama del caso Gürtel que se investiga en Valencia. El juez José Flors insistió ayer en un nuevo auto en que la causa se seguirá instruyendo por Ley del Jurado. Es decir, que Francisco Camps, presidente de la Generalitat, podría ser juzgado por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio por un jurado popular.
El planteamiento es extensivo a los otros tres imputados: Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano; Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y actual asesor de la Diputación de Valencia. El juez desestima así nuevamente una posibilidad de ampliar los delitos, que es lo que solicitó la acusación popular ejercida por los socialistas valencianos. Se mantiene en los límites que fijó el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana (TSJCV) cuando aceptó la competencia sobre parte del caso, iniciado en la Audiencia Nacional.
Además, en ese auto, Flors explica que la instrucción no se suspende aunque haya pendientes de resolver recursos de apelación presentados ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, como pidieron las defensas. Los cuatro imputados aspiraban a una tregua del instructor en tanto sus recursos de apelación, en los que defienden su inocencia y solicitan el archivo por entender que no ha habido delito, fueran contestados.
El juez Flors señala que el plazo para practicar las diligencias solicitadas por las acusaciones, fiscalía y PSOE-PSPV, será de cinco días. Una vez se cumpla, según marca la ley, el juez concederá otros cinco días para nuevas diligencias y después convocar a las partes para comunicar, oyéndolas, la apertura de juicio oral o el sobreseimiento.
www.elpais.es 18.07.09
CAMPS INSISTE AL JUEZ EN QUE PAGÓ SUS TRAJES Y QUE NO GUARDA RECIBOS
No se aparta una línea de lo dicho hasta ahora, a pesar de los indicios argumentados por el juez. Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, imputado por un supuesto delito de cohecho en la parte valenciana de la trama del caso Gürtel, insiste en que pagó sus trajes en efectivo. Y en que no guarda recibo. Así consta en el recurso presentado contra el auto del pasado día 6 en el que el instructor José Flors rechazó archivar las diligencias y presentó un amplio catálogo de indicios racionales para seguir investigando al amparo de la Ley del Jurado.
Esos indicios, entre ellos nueve encargos de Francisco Camps al sastre José Tomás, principal testigo de cargo, tíquets, facturas, hojas de pedido y demás pruebas, son rechazados por el presidente de la Generalitat. Niega la mayor: no hubo regalos y él se pagó los trajes (a lo largo de las 36 páginas del recurso no se especifica cómo, cuánto y dónde), aunque no conserva resguardo alguno de ello. Pero va más allá en su alegato de defensa.
El escrito pone en duda no sólo las declaraciones del sastre José Tomás por supuestas contradicciones o imprecisiones que el juez no habría tenido en cuenta, sino también la prueba pericial de la policía sobre las distintas declaraciones de Tomás (ante el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, y ante el instructor de Valencia) en el mismo sentido. Sobre ese documento afirma que "realiza sus propias conclusiones, que el Sr. Instructor, sin crítica alguna, cual si de una actuación judicial probatoria se tratara, hace propias". Camps completa el relato sobre sus pagos en efectivo con un elemento adicional como coartada: "En una ocasión completó la cantidad en metálico un escolta en presencia del chófer", en relación con una adquisición en la tienda de Forever Young de Madrid.
El abogado de Camps asegura que el presidente nunca autorizó a terceras personas a que pagaran ninguna prenda que él encargara. Se refiere con ello a los abonos realizados por Pablo Crespo, socio de Álvaro Pérez, El Bigotes, en la empresa Orange Market, la principal firma de la trama de Francisco Correa en Valencia. "Mi mandante nunca autorizó a persona alguna para que en sustitución suya pagara con dinero de aquél prenda que él adquiriera. Ni lo autorizó, ni lo consintió, ni consta en la causa documento alguno que pruebe siquiera que lo conociera", asegura el letrado de Camps.
El abogado califica de "falta de lógica que el presidente de la comunidad autónoma entre en la dinámica de dejarse regalar determinadas prendas a los efectos que indica el auto, es decir, en consideración a su función". El argumento se sostiene en la presunta incapacidad del presidente de la Generalitat de influir en ninguno de los procesos de adjudicación o contratación a que optaran las empresas de la presunta trama. Son siete las consejerías que contaron con los servicios de Orange Market por un valor que supera los siete millones (Presidencia, Turismo, Educación, Infraestructuras, Sanidad, Medio Ambiente y Bienestar Social, además de Feria de Valencia).
En un plano teórico, el recurso plantea que si los regalos hubieran sido entregados a Francisco Camps como presidente del Partido Popular valenciano, y no como jefe del Gobierno, no habría habido delito: "No se encuentra ningún elemento fáctico que permita concluir que los supuestos regalos tengan que ver con la condición de autoridad de mi mandante y no con la que ostenta en el mencionado partido, más bien esto último sería más lógico y sería a lo que apuntarían las continuas referencias al mismo en las actuaciones".
Porque no hubo regalos; porque no hay, según el letrado de Camps, ningún testimonio que desmonte la versión del pago en efectivo; porque si hubiera habido regalos no serían por la persona que preside la Generalitat, sino por la que preside el PP, la defensa pide el sobreseimiento. Además, estima que ha habido diligencias que podrían llevar a la nulidad y que las escuchas no son legales (aunque las autorizó Garzón).
(www.elpais.com, 17/07/09)
CAMPS ALEGA QUE SI LE REGALARON LOS TRAJES SERÍA POR SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE DEL PP
Tres han sido los argumentos centrales del recurso presentado por el Presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para pedir de nuevo el sobreseimiento de la causa abierta por un delito de cohecho: la escasa relevancia del delito, la ausencia de potestad para firmar contratos y la falta de prueba de que la máxima autoridad valenciana aceptó unos trajes como regalo de una empresa con la que la Generalitat contrató por siete millones de euros.
Este argumentario se expone en el recurso sin aceptar la hipótesis de que el presidente Francisco Camps hubiera aceptado regalos. No obstante, "en el supuesto de que se consideraran probados los hechos", se presentan tres alegaciones esenciales, que han venido manteniendo desde la cúpula del PP cuando han salido en favor del presidente.
La primera se refiere a que, de haber recibido los trajes de Milano y Forever Young como regalo, "podrían ser debidos a su condición de Presidente del PP y no de la Generalitat". En este sentido se refirió la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, diciendo que, de haberlos recibido, "no son a cambio de favores políticos".
En segundo lugar, se resalta la "escasa relevancia" del regalo -que daría lugar al delito de cohecho-, teniendo el cargo institucional que tiene. En este caso, Cospedal también dijo que se trata de "dos o tres trajes, una situación bastante sorprendente para tener a todo un presidente de la Comunitat Valenciana en jaque por este asunto y haciéndole un juicio público".
Por último, se establece que no hay correlación entre el regalo y quien supuestamente lo hace, ya que el Presidente no interviene en las adjudicaciones de contratos. Para apoyar este argumento, la defensa de Camps refiere las declaraciones de los 35 funcionarios de la Generalitat que sí participaron en las mesas de contratación que aprobaron adjudicar los contratos a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez y otros imputados en el caso Gürtel que están en prisión.
Previamente, reitera la petición de que se anule el proceso -como ya alegó al abrirse las diligencias- porque el instructor no renovó el secreto del sumario levantado por el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional al inhibirse al TSJ de Valencia. En este sentido, abunda en la vulneración del "derecho al juez predeterminado por la ley", con la "doctrina del PP" de la prevaricación de Garzón por no inhibirse antes.
Por supuesto, niega que recibiera regalos y se afirma en la "lógica y el sentido común" del presidente al aseverar que nunca paga con tarjeta y que pagó los trajes en metálico. Cospedal defendió a Camps porque "no se ha acreditado" que no haya pagado los trajes".
Y, por último, al igual que el portavoz popular Ricardo Costa, rebate la declaración del sastre José Tomás, una de las once pruebas en que se basa el juez José Flors. Así, destaca las contradicciones, y que tiene dos procesos abiertos, obviando que uno ha sido fallado a su favor, el laboral. Además, destaca la confusión de facturas y pedidos en la contabilidad de Milano y Forever Young.
(www.levante-emv.com, 17/07/09)
EL INSTRUCTOR NO INVESTIGARÁ LOS CONTRATOS DE LA GENERALITAT CON LA 'TRAMA GÜRTEL'
El juez que indaga la variante del caso Gürtel en Valencia, José Flors, rechazó ayer el recurso del PSOE valenciano para que interrogue y amplíe la investigación a los responsables de las consejerías del Gobierno de Francisco Camps que dieron adjudicaciones a la trama corrupta de Francisco Correa por valor de casi ocho millones de euros.
Anteriormente, en otro auto, Flors imputó por cohecho impropio a Camps por aceptar dádivas (varios trajes) de la trama Gürtel pero con el matiz, según el juez, de que esos regalos no tenían por objeto conseguir contraprestaciones. Las empresas de la trama recibieron adjudicaciones y contratos de gran parte de las consejerías del Gobierno valenciano en los últimos años.
Por otro lado, el juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel en Madrid, ha enviado 15 comisiones rogatorias a al menos ocho países para averiguar el destino dado por la trama corrupta al dinero ilícito que supuestamente obtuvo de Ayuntamientos madrileños y distintas Administraciones gobernadas por el PP.
Pedreira ha remitido las comisiones a Suiza, Mónaco, Reino Unido, Estados Unidos, Colombia, Panamá, Portugal y las Islas Caimán y Antillas Holandesas (paraísos fiscales).
Los investigadores creen que José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol, es la persona que ayudó a Correa a blanquear "muchos millones de euros" en el extranjero.
Pedreira ha decidido prorrogar el secreto del sumario hasta comienzos de septiembre. Y la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Tribunal Supremo que imponga el secreto en las diligencias que afectan a Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular, y el diputado del PP Jesús Merino.
(www.elpais.com, 17/07/09)
ZAPLANA EVITA APOYAR A CAMPS Y DICE QUE LE ENTRISTECE LA SITUACIÓN ACTUAL DE BENIDORM
El expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana volvió el pasado martes a la Vega Baja, concretamente al pequeño municipio de Daya Vieja, para aceptar el cargo de pregonero en un acto previsto para el 29 de agosto. La visita demostró, sobre todo, que Zaplana sigue siendo Zaplana y que, aunque alejado de la política, sigue contando al menos para una parte importante del PP. Zaplana llego a Daya Vieja directamente desde el aeropuerto de Alicante y entró en el ayuntamiento fuertemente escoltado, como en sus mejores tiempos, por numerosos simpatizantes del PP, así como por concejales y alcaldes de Daya Vieja, Daya Nueva, Jacarilla, Orihuela, Formentera, Granja, Rafal, Bigastro, San Fulgencio, Callosa y Los Montesinos, entre otros. También estuvieron los diputados Macarena Montesinos, Gema Amor, María Asunción Prieto, Carlos Mazón, Antonio Trigueros o el senador Miguel Ortiz, entre otros.
"Ya era hora", "este hombre sí ha hecho por Alicante", fueron algunos de los halagos que recibió. Poco después una diputada afirmó que "a Zaplana le sientan mejor los trajes que a Camps". Ésta fue la única vez, si se exceptúan las preguntas de los periodistas, que se oyó el nombre de Camps. Zaplana ignoró totalmente a su sucesor e, incluso, a la pregunta "¿qué desea para el futuro de Camps tras ser imputado en el caso Gürtel?", eludió darle su apoyo o confiar en su inocencia, asegurando que "no me corresponde a mí hacer valoraciones políticas". Sobre la situación en Benidorm, el también ex alcalde de este municipio aseguró que "me produce cierta tristeza, pero no es mi papel opinar". Zaplana descartó de plano la posibilidad de volver a la política activa: "Para nada. Son decisiones meditadas y uno tiene que ser consciente y tomar las decisiones cuando tocan" y sobre su trayectoria política aseguró: "sólo veo una forma de hacer mediciones. Un político se mide por cómo encuentra la casa cuando entra y cómo la deja. En mi caso siempre la he mejorado, a pesar de los errores que he podido cometer".
(www.levante-emv.com, 16/07/09)
FEIJÓO SOBRE CAMPS: "TODOS COMETEMOS ERRORES"
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido la "honorabilidad" del presidente valenciano, Francisco Camps, imputado en el caso Gürtel. "Seguro que todos cometemos errores, pero de eso a no ser honorable hay un gran techo", enfatizó.
En declaraciones a Onda Cero, Feijóo aseguró que, a pesar de todo, él sigue pensando que el presidente de la Generalitat Valenciana "es una persona honorable".
Asimismo, el líder del PP gallego dijo confiar en que el senador y tesorero del partido, Luis Bárcenas, implicado en esta trama de corrupción liderada por Francisco Correa cumpla su palabra y presente su dimisión si finalmente el Tribunal Supremo solicita el suplicatorio para su imputación en el caso.
"En cuanto a Luis Bárcenas, yo he leído una frase suya diciendo que, si el Tribunal Supremo le imputa, presentaría su dimisión. A mí me parece muy esclarecedor ese posicionamiento y, en consecuencia, vamos a esperar a la decisión del Tribunal Supremo. Yo me atengo a los comentarios y a los compromisos del señor Bárcenas", explicó al respecto.
En la misma línea, Feijóo aseguró que él cree en "los tribunales" y que "hay que estar a lo que dicte" la justicia "sin ninguna duda". No obstante, precisó que en el caso de que finalmente sea condenado, él no acudirá a la puerta de una cárcel para prestarle su apoyo.
"Hay otros dirigentes políticos que acompañaban a personas juzgadas y condenadas a las puertas de las instituciones penitenciarias. Yo eso no lo haré. Espero que no haya ninguna necesidad, pero además no lo haría", señaló en relación a la presencia del ex presidente del Gobierno Felipe González en la puerta de la prisión el día en que el ex secretario de Estado Rafael Vera ingresaba en la cárcel por el caso de los fondos reservados.
(www.publico.es, 16/07/09)
CAMPS COMUNICA A SU ENTORNO QUE NO DIMITIRÁ AUNQUE HAYA JUICIO ORAL
El president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, imputado por un delito de cohecho, ha clarificado a las personas de su máxima confianza que no piensa dimitir, ni siquiera en el caso de que el TSJ valenciano abra juicio oral contra su persona. Así lo afirman a La Vanguardia fuentes próximas al president, que añaden que "ahora el único escenario que podría hacer variar su posición es que hubiera una sentencia condenatoria tras un juicio". Estas fuentes reconocen que Camps está "afectado y preocupado" por el caso, pero que "no tiene dudas de que debe mantenerse en el cargo y está confiado en que todo se resolverá para bien".
Tanto el pasado viernes, tras la reunión del Consell, como el pasado martes, tras su visita al Ministerio de Fomento, Camps mantuvo sendas reuniones con su círculo de máxima confianza. En ambas se valoró la evolución de la instrucción del TSJ valenciano y las repercusiones políticas. Camps, según estas fuentes, "transmitió que quiere seguir luchando por demostrar su inocencia". Y añaden que "reiteró su voluntad de aguantar a pesar de la presión mediática".
Entre tanto, el juez José Flors rechazó ayer la petición de la Fiscalía Anticorrupción de incorporar como imputados en la instrucción del TSJ valenciano a los cabecillas de la trama del caso Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, alias 'el Bigotes'. El instructor justificó su decisión en que estas personas ya son objeto de un proceso "más amplio" en el TSJ de Madrid.
La fiscalía Anticorrupción, no obstante, va a recurrir inmediatamente la decisión, porque estima que puede ser decisiva para el futuro del proceso. La tesis de los fiscales es que no hay oposición ni redundancia entre la investigación que se lleva a cabo en Madrid y la de Valencia, porque se refieren a hechos distintos.
Los cabecillas de Gürtel están imputados en Madrid, pero por supuestos intentos de soborno ocurridos en esta comunidad. La Fiscalía va a plantear al TSJ de Valencia que para el esclarecimiento de las relaciones que Camps hubiera podido tener con las empresas de la red y con sus ejecutivos es muy necesario que se cuente con el testimonio de los antiguos responsables de Gürtel.
La decisión del juez se produjo antes de que se iniciara la vista preliminar en el proceso sobre la rama valenciana del Caso Gürtel, en la que están imputados por cohecho Francisco Camps, su número dos Ricardo Costa y los ex altos cargos de la Generalitat Víctor Campos y Rafael Betoret. Los letrados de los imputados solicitaron, sin éxito, que se suspenda el proceso mientras se resuelven sus recursos ante el TSJ.
(www.levante-emv.com, 16/07/09)
EL JUEZ DEL ‘CASO CAMPS’ RECHAZA IMPUTAR A LOS JEFES DE LA TRAMA
Hace unos días, la fiscalía instó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) a imputar en la causa que instruye vinculada al caso Gürtel al cabecilla de esta trama, Francisco Correa; a su lugarteniente, Pablo Crespo, y al empresario Álvaro Pérez, más conocido como el Bigotes. Según la fiscalía, si el tribunal se plantea juzgar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a otros cargos del PP por un supuesto delito de cohecho impropio, se debería juzgar en la misma causa a los que hipotéticamente hicieron los regalos. Pero el juez instructor del caso, José Flors, no opina lo mismo y así lo hizo saber ayer en un auto: a su entender, Correa, Crespo y Pérez forman parte «en su conjunto, del objeto más amplio de otro proceso» que actualmente se está investigando en Madrid.
Despejada esta incógnita, siguió su curso el proceso abierto en Valencia contra Camps, en el que también están imputados Ricardo Costa, su número dos; Víctor Campos, exvicepresidente del Gobierno valenciano, y Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo. Están acusados de haber aceptado trajes regalados por empresarios corruptos y todos se declaran inocentes. Por ello han recurrido el auto inculpatorio del juez Flors y han solicitado la suspensión de la causa mientras no se dé una respuesta a dichos recursos, en los que se solicita el archivo del caso.Nuevamente, la pelota está en el tejado del tribunal, aunque entretanto continúa muy viva la controversia política. De hecho, ayer se le preguntó por el escándalo al líder de los populares, Mariano Rajoy, quien, según parece, mantiene intacta su confianza en Camps.
En el Foro ABC de Málaga, Rajoy aseveró que sigue creyendo en la versión del presidente valenciano, esto es, la que asegura que él mismo abonó sus trajes. «Yo creo que el señor Camps se pagó sus trajes. Es absurdo decir que un presidente de la Generalitat valenciana se puede vender por tres trajes», insistió.
En este contexto, el líder de los populares quiso insistir en que la pena por cometer ese cohecho impropio del que se acusa a Camps es una multa de 2.500 euros, una cantidad que, en su opinión, resulta insignificante si se compara con la presión vivida por el político valenciano. «La pena de cohecho impropio es de 2.500 euros y es evidente que Camps lleva ya cuatro meses con una pena mayor. La pena del banquillo es la más dura», concluyó.
(www.elperiodico.com, 16/07/09)
COSTA Y BETORET JUSTIFICAN LOS REGALOS PERO NIEGAN HABERLOS RECIBIDO
Ricardo Costa y Rafael Betoret, dos de los imputados en la parte valenciana del caso Gürtel, sostienen que, de haber recibido regalos de la trama corrupta, habría sido por su vinculación con el PP y no por sus cargos en la Generalitat valenciana. Así consta en los recursos presentados por ambos contra el auto dictado el pasado día 6 por el juez instructor, José Flors, en el que considera que hay indicios lo bastante sólidos como para proseguir la investigación por un delito de cohecho contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa; el ex vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret. Es previsible que, entre otros argumentos, también éste figure en los recursos de Camps y Campos.
Flors escuchó ayer las alegaciones de los cuatro imputados, que pidieron el archivo de la causa, y de la acusación y del fiscal, que pidieron nuevas investigaciones. Flors deberá decidir ahora si sigue con la causa y sienta en el banquillo a los imputados.
El presidente de la Generalitat, fiel a su estilo, volvió a eludir las preguntas sobre el caso. En un acto con policías locales en Valencia, Camps fue interrogado sobre si espera que prospere su recurso al auto del magistrado Flors. Y respondió: "Confío hoy en que la financiación [autonómica] sea una maravilla para el PP y, sobre todo, para la Comunidad Valenciana". Luego, rehuyó el resto de preguntas y se sumergió entre los cargos que asistían al vino de honor. Al acto también acudió Costa, que, como el resto de imputados, decidió no acudir al tribunal y delegar la representación en sus abogados.
Tanto Costa como Betoret niegan la mayor: no han recibido regalos. Pero consideran el supuesto teórico de que si así hubiera sucedido, no sería por sus responsabilidades en el Gobierno de la Generalitat sino por su vinculación con el PP. El recurso de Costa, entre otras cosas, afirma: "Si los inexistentes regalos que se afirman recibidos por parte del instructor hubieran tenido la finalidad de lograr el agasajo o provocar la complacencia de D. Ricardo Costa para contar con su gratitud o con su favor, dicha finalidad no podía provenir por la condición de diputado de las Cortes valencianas sino que dicha motivación, únicamente, tendría sentido por la condición del cargo que D. Ricardo Costa ha venido ocupando dentro del Partido Popular, dada la relación que la empresa Orange Market mantenía con el PP de la Comunidad Valenciana en la ejecución de actos, eventos y campañas que venía realizando para sí mismo". Y de ser así, concluye, no habría cometido delito alguno.
Betoret, por su parte, asegura que el auto debería haber sostenido la tesis de "considerar que los supuestos -e inexistentes- regalos guardan relación con la vinculación de los imputados al Partido Popular".
El instructor mantiene, de momento, la tesis recogida en el auto de que no hubo contraprestaciones por los regalos. Y ayer dio muestra de ello. Por la mañana notificó el rechazo a la petición de la fiscalía de imputar en la causa a Pablo Crespo, Francisco Correa y Álvaro Pérez, supuestos cabecillas de la red.
El juez explicó en su respuesta que la investigación está sujeta a un delito de cohecho sobre los cuatro imputados actuales, que hay otra investigación en Madrid sobre presuntos ilícitos de Correa, Pérez y Crespo, y que en todo caso debería solicitarse al tribunal madrileño que remitiera lo que que pudiera estar relacionado y que la sala del tribunal de Valencia lo admitiera.
La fiscalía, en la vista posterior para concretar la imputación, insistió en su propósito, aunque dejó claro que con ello no pretende ampliar el delito, aunque no lo descarta en función de cómo progresen las investigaciones.
El PSOE-PSPV acusó a los imputados de un cohecho y también reiteró su deseo de que declaren varios consejeros y otros imputados en Madrid. Las defensas solicitaron la paralización del proceso hasta que se resuelvan los recursos de apelación. Flors contestará en breve.
(www.elpais.com, 16/07/09)
CAMPS RECHAZA EN SU RECURSO LA IMPUTACIÓN DE COHECHO
Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, niega cualquier relación con los hechos que el magistrado José Flors le imputa en el auto dictado el día 6. Ése es el argumento central del recurso que ayer presentó en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Camps centra su recurso en intentar desmontar la argumentación de Flors por la que entiende que existen indicios racionales para mantener la imputación por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio en la investigación de la parte valenciana del caso Gürtel.
Camps insiste en la versión ofrecida en su declaración ante el juez. Su abogado trata de desmontar los indicios que relacionan a Camps con la recepción de regalos por parte de Álvaro Pérez, El Bigotes, hombre en Valencia del supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa. El auto de Flors relata hasta nueve encargos de trajes, pantalones, americanas, fracs y zapatos de Camps al principal testigo de cargo, el sastre José Tomás. Y afirma que la mayoría de esas prendas fueron pagadas por cheques y transferencias por Pablo Crespo, socio de Pérez en Orange Market. Pero no halla justificación a la explicación de Camps: que se pagó sus trajes.
Presiones y estrategias
También ayer, otros dos imputados presentaron recurso: Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo; y Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat. En el caso de Campos, que presumiblemente referirá entre sus argumentos la posible prescripción del delito, podrían haber hecho efecto las presiones de la Generalitat y el PP valenciano para que no modificara la estrategia inicial. Ésta consistía en negarlo todo frente a la otra opción que era admitir que recibió regalos, a título personal, nunca a cambio de nada, que pagó lo que encargó y que no hubo delito.
La negativa del resto de imputados y el entorno político a ese cambio de estrategia podría haber hecho que Campos se mantuviera en que no hubo regalos. Y que por tanto cada uno pagó las prendas encargadas a Tomás, que no son todas las que relata el juez, según precisó en su recurso Ricardo Costa, secretario general de los populares valencianos.
Hoy está previsto que Flors responda a la petición de la fiscalía de incluir como imputados en la causa a los ya imputados en la vertiente madrileña de la trama: Pablo Crespo, Francisco Correa y Álvaro Pérez. En función de ello, se hará o no la vista de concreción de imputación para Camps, Costa, Betoret y Campos.
(www.elpais.com, 15/07/09)
EL JUEZ DESCARTA INVESTIGAR A LOS CABECILLAS DE LA TRAMA 'GÜRTEL'
El magistrado-juez instructor del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que investiga la trama valenciana del caso Gürtel, en la que se imputa por supuesto delito de cohecho al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha desestimado el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción el pasado viernes en el que solicitaba que también sean imputados en esta causa Francisco Correa, supuesto cabecilla de la trama de corrupción, Álvaro Pérez, El Bigotes, hombre de Correa en Valencia, y Pablo Crespo, socio de Pérez en Orange Market. Estos tres están imputados en la causa abierta en el TSJ de Madrid.
Flors entiende, según un comunicado del tribunal, "que no es posible realizar ninguna actividad investigadora respecto de una parte de las conductas de las tres personas citadas (el pago de prendas con que, al parecer, fueron obsequiadas unas personas en Valencia) cuando todas las acciones llevadas a cabo supuestamente por ellos forman parte en su conjunto del objeto más amplio de otro proceso que se tramita en otro órgano judicial (la sala de los Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid)".
El instructor entiende así que "para atender la petición realizada por el Ministerio Fiscal, sería necesario, en primer lugar, que se pidiese y obtuviese del TSJ de Madrid la inhibición a favor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Comunidad Valenciana, y después que esta sala aceptase la competencia y acordase la acumulación de esos hechos a los que se investigan aquí".
El tribunal ha iniciado así la sesión en la que las acusaciones deben concretar sus imputaciones y las defensas alegar lo que estimen oportuno (incluida la petición de sobreseimiento del procedimiento), y todas las partes podrán solicitar nuevas pruebas, tal y como prevé la Ley del Jurado.
Tras escuchar a todas las partes, el tribunal decidirá si continua adelante con la causa contra los dirigentes del PP valenciano y abre juicio al o si la archiva.
El TSJ de Valencia investiga si el presidente de Valencia y otros tres altos cargos del PP en dicha comunidad recibieron una serie de regalos pagados por empresas que forman parte de la trama Gürtel, investigada en el propio tribunal valenciano, así como en el Tribunal Supremo como en el TSJ de Madrid y que implica a múltiples políticos y altos cargos del Partido Popular.
En un auto dictado el pasado 6 de julio, el propio juez Flor sostenía que existen"indicios racionales suficientes" de que, en contra de lo que ha declarado en múltiples ocasiones, Camps nunca pagó los trajes que la investigación asegura que abonaron la trama corrupta dirigida por Correa.
El texto del magistrado es meridianamente claro cuando, refiriéndose al pago de unos trajes, dice: "No existe constancia de que su precio fuera abonado en caja y en metálico en el momento de recoger cada uno de aquellos trajes como afirmó el Sr. Camps en su declaración, pues el contenido de los documentos del pago en efectivo que han sido aportados a la causa (...) no se corresponde ni con el número de prendas, ni con la cualidad de los trajes a medida, ni coinciden tampoco las fechas que aparecen en esos documentos con aquellas en que el expresado señor dijo haber efectuado los pagos".
Además, según mantiene el juez, a la trama también se cargaron los gastos del secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, del ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, y del ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret.
Todos estos hechos llevaron al magistrado a la conclusión de que los indicios que impulsaron a Baltasar Garzón a comenzar su investigación, no sólo están fundamentados, sino que además su "verosimilitud inicial ha alcanzado el grado de realidad muy probable".
"No a la corrupción, Camps dimisión"
Una veintena de activistas del Colectivo contra la Corrupción están concentrados esta mañana frente a la puerta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, coincidiendo con la presencia de los abogados de los cuatro imputados en la parte valenciana de la trama del 'caso Gürtel' para conocer el detalle de las acusaciones.
Con caretas que reproducen el rostro del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con una nariz de Pinocho y unas orejas de burro, el Colectivo contra la Corrupción pide la inmediata dimisión del presidente y califica "de intolerable y vergonzoso que alguien que ha mentido represente a los valencianos". Reyes Matamales, portavoz del colectivo, exige que la investigación se lleve hasta el final porque "esto es solo la punta del iceberg de una trama corrupta mucho más profunda".
Junto a ella, entre otros, están Isaura Navarro, ex diputada nacional de Iniciativa-Els Verds, Pasqual Mollà, ex diputado autonómico también de Iniciativa, y Carles Arnal, por Els Verds.
(www.elpais.com, 15/07/09)
CAMPS RECURRE EL AUTO DEL JUEZ QUE LE ACUSA DE COHECHO
Tras apurar el plazo legal hasta el último momento, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, presentó ayer un recurso contra el auto del juez José Flors que le acusa de un delito de cohecho. El magistrado inicia hoy, con una vista preliminar, el procedimiento para sentar a Camps y a otros tres dirigentes –su segundo en el partido, el diputado Ricardo Costa; el exvicepresidente del Consell Víctor Campos, y el jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret– ante un jurado popular. En la vista, el juez notificará su decisión sobre la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que llame a declarar a los empresarios Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, más conocido como el Bigotes, implicados en el caso Gürtel.
Camps se negó ayer a evaluar su situación procesal. En una comparecencia en Madrid junto al ministro de Fomento, José Blanco, el presidente valenciano se limitó a afirmar que «espera» seguir en su cargo hasta el final de la legislatura.
(www.elperiodico.com, 15/07/09)
PREGUNTAS SIN RESPUESTA PARA FRANCISCO CAMPS
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que en los últimos cuatro meses ha evitado responder sobre el caso Gürtel y no ha explicado sus relaciones con la trama, eludió ayer en Madrid, donde compareció con el ministro de Fomento, José Blanco, responder a varias preguntas sobre el asunto. Ésta fue la sucesión de preguntas y respuestas:
Periodista. Bárcenas se pone el listón de su dimisión en la imputación. Usted está imputado, ¿dónde se pone el listón para dimitir?
Francisco Camps. El listón de la Comunidad Valenciana está puesto muy alto, en la colaboración entre Administraciones.
P. ¿Se arrepiente de la confianza que depositó en Álvaro Pérez, al que concedió ocho millones de euros en contratos públicos? [Sin respuesta].
P. No ha contestado. ¿Cuál es el listón de su dimisión?
F. C. El listón de la Comunidad Valenciana no tiene límites. Por eso estoy aquí. Yo soy un soñador de mi tierra, sueño con una comunidad con AVE, autovías, carreteras...
P. ¿Va a presentar recurso contra el auto del juez Flors?
F. C. Hemos venido aquí a hablar de infraestructuras.
P. ¿Inaugurará usted el AVE a Valencia o habrá dimitido antes por el caso Gürtel?
F. C. ¿A quién pregunta de los dos?
P. Obviamente, a usted.
F. C. Espero que en 2010 esté el tren en marcha, por tanto, hasta 2011, como no hay elecciones, espero estar como presidente de la Generalitat valenciana.
Interviene José Blanco: "Lo que yo no sé es si estaré como ministro de Fomento
(www.elpais.com, 15/07/09)
CAMPS NO SE DA POR IMPUTADO Y ASEGURA QUE NO VA A DIMITIR
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, se ha mostrado seguro de que inaugurará en 2010 las nuevas infraestructuras en la comunidad presentadas junto al ministro de Fomento, pese a que con su imputación en el caso Gürtel podría verse obligado a dejar la presidencia.
Camps se ha mostrado seguro de que agotará su mandato que concluye en 2011 y que, por lo tanto, podrá estrenar las nuevas infrastructuras. Incluso, ha llegado a describir el día de inauguración, que imagina que comenzará dando los "buenos días" y "muchas gracias" a Blanco en la estación de Atocha, y terminará dando la bienvenida al ministro en el andén de Valencia.
A preguntas de los periodistas sobre el caso Gürtel, Camps no se dio por aludido sobre la investigación, pese a figurar como imputado por un presunto delito de cohecho.
"¿A quién le pregunta, a él o a mi?", dijo refiriéndose al ministro de Fomento, José Blanco.
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana José Flors decidió la semana pasada continuar la tramitación del procedimiento contra Camps, por un supuesto delito de cohecho y fijó la apertura de juicio oral para este miércoles, en el que no comparecerá.
Según anunció el TSJCV, Flors mantiene que no ha lugar al sobreseimiento libre ni al archivo de la causa por existir "suficientes indicios racionales" para estimar que los hechos investigados en el llamado caso Gürtel pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho.
Según las investigaciones desarrolladas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón antes de inhibirse en favor del tribunal valenciano, Camps adquirió trajes en diferentes tiendas por valor de 12.783 euros que fueron pagados por Orange Market, una de las empresas vinculadas a la trama supuestamente liderada por Francisco Correa.
El auto de inhibición señalaba que el president de la Generalitat recibió los trajes a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad entre 2005 y 2009 por valor de unos cuatro millones de euros.
Según concretaba ese auto de Garzón, Camps acudía a Madrid a instancias de Álvaro Perez, conocido como 'El Bigotes', con el fin de adquirir ropa en las tiendas de Milano y Forever Young, en las que trabajaba el testigo José Tomás.
La defensa del president de la Generaltat ha presentado un recurso de apelación contra el auto del magistrado instructor del caso Gürtel en Valencia que ordenó continuar el proceso abierto contra él y otros tres imputados al apreciar "indicios racionales" de un delito de cohecho.
Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), hoy también han presentado sendos recursos contra esta resolución el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, imputados por el mismo motivo.
El secretario general del PPCV, Ricardo Costa, implicado también en esta causa, recurrió el auto el pasado viernes.
En la resolución recurrida, el magistrado apreció "indicios racionales" de un delito de cohecho en la adquisición de trajes por parte de los cuatro imputados que supuestamente fueron pagados por la empresa Orange Market.
Además, el auto fijó para mañana una comparecencia preliminar con la citación de todas las partes personadas en el proceso, a la que no acudirán los cuatro imputados.
Por otra parte, según las citadas fuentes, el juez de la Sala de lo Civil y Penal encargado de la investigación, José Flors, notificará a primera hora de mañana su decisión sobre la imputación de los supuestos cabecillas de la trama de corrupción, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, la cual fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción.
El Ministerio Público considera que éstos deben comparecer como imputados en la audiencia preliminar de mañana, porque "la conducta de quienes entregan y reciben dádiva debe ser objeto de enjuiciamiento en el mismo procedimiento".
(www.publico.es, 15/07/09)
CORREA: "AQUÍ HAY PELAS PARA TODOS. UN PASTUQUI IMPORTANTE"
Las últimas grabaciones incluidas en el sumario del caso Gürtel, fechadas el 12 de diciembre de 2007 -y hechas públicas por la SER-, recogen las palabras del líder de la trama, Francisco Correa, dialogando con su socio Pablo Crespo.
Los dos implicados en la presunta trama corrupta revelan detalles sobre la instalación de 112.000 localidades para las 30 tribunas del circuito de Formula 1 de Valencia -en donde se celebró el Gran Premio de Europa el 24 de agosto de 2008-.
Las conversaciones dejan claro que la red corrupta utilizó sus contactos para conseguir que les encargasen el montaje del circuito, aún sin tener las infraestructuras necesarias. Correa y Crespo pretendían contratar a una multinacional del sector con el objeto de subcontratarla y cobrar una comisión.
"Aquí hay pelas para todos. Un pastuqui importante", afirma Correa, quien pide a su socio que contraten a los que montan "echando hostias".
- Pablo Crespo. "A Álvaro (El bigotes) le acaban de entregar ahora los planos de todo el tema de las gradas. Aquí sí hay espacio porque aunque es un circuito urbano la mayor parte está en la zona del puerto, zonas de escape... y -a Álvaro- le ha llamado el otro tío, el que ha apretado para que le dieran eso... y le han pedido como máximo diez días en la respuesta, le han dicho: oye lo tienes todo, ahora necesitamos una respuesta en diez días. Con lo cual....
- Francisco Correa. Hay que viajar ...
- Crespo. Un contacto, yo necesito un nombre, yo con el nombre localizo todo. Entonces habrá que llamar cerrar una cita o cogerse un avión e irse para allá.
- Correa. Claro... llámate a Randy -supuesto contacto de la red en el sector automovilístico- y pregúntaselo. Que lo investigue. Dile a Randy: necesito que investigues echando hostias el tío que monta las gradas en Estados Unidos de Indianápolis y los grandes eventos, un montaje de grada. Lo monta para la NBA y lo monta para toda esa gente. Dile Randy mira...
- Crespo. Si le voy a decir que aquí... si sale el tema bien... hay pelas.
- Correa. Aquí hay pelas y si sale bien hay pelas para todos. Una pastuqui importante vamos.
(www.publico.es, 14/07/09)
CORREA USÓ SUS INFLUENCIAS PARA CONSEGUIR CONTRATOS DURANTE LA FÓRMULA 1 EN VALENCIA
Una nueva grabación pone al descubierto la relación entre las empresas de la trama Gürtel y los eventos que se organizaban las administraciones controladas por el PP. En una conversación que consta en el sumario del caso, Francisco Correa y otro de los imputados, su socio Pablo Crespo, hablan sobre la posibilidad de negocio que se les ha abierto con la celebración en Valencia de un gran premio de Fórmula 1.
En concreto, Correa y Crespo ultiman detalles para instalar 112.000 localidades para las casi 30 tribunas del circuito urbano de Fórmula 1 de Valencia donde se celebró la competición el 24 de agosto del 2008. En la grabación, realizada el 12 de diciembre de 2007, se pone de relieve que la red utilizó sus contactos para conseguir que les encargasen el montaje de las gradas y las plataformas del circuito.
Sin embargo, informa la emisora, no poseían la infraestructura suficiente para hacerlo, por lo que Correa y su socio Crespo buscaron a una importante empresa multinacional del sector para subcontratarla y cobrar así una comisión por la intermediación.
En un momento de la conversación, Correa pide a Crespo que se contrate "echando hostias al que monta lo de Indianápolis y la NBA", y asegura: "aquí hay pelas y, si sale bien, hay pelas para todos. Una pastuqui importante". La primera vez que se tuvo conocimiento de la existencia de estas grabaciones, la empresa que gestiona el gran premio de Fórmula 1 negó toda relación con la trama.
Sin embargo, precisamente la empresa a la que buscaba Francisco Correa (la responsable del montaje de las gradas de Indianápolis) la multinacional Nüssli con sede en Suiza, fue quien se encargó finalmente del montaje de las gradas en el circuito de Valencia.
(www.elpais.com, 14/07/09)
CAMPS INSISTE EN SU INOCENCIA... Y UNA JUEZA AVALA LA VERSIÓN DEL SASTRE DE QUE PAGÓ CRESPO
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no variará un ápice en su recurso contra el auto de Flors la versión de los hechos que sostuvo el día en que prestó declaración ante el juez instructor. Ratificará su inocencia y rechazará de plano haber recibido regalos de Orange Market y empresas de la trama de Correa. Los trajes se los pagó él con dinero en metálico que cogió de la caja de la farmacia de su mujer, según ha mantenido desde que declaró ante el magistrado.
Al contrario que el secretario general del PP, Ricardo Costa, no sostiene que las cantidades las entregara a Álvaro Pérez para que éste a su vez, las pagará en las tiendas Milano y Forever Young. Camps ha apurado al máximo los plazos para recurrir y será hoy cuando su letrado, Javier Boix, formalizará la presentación del recurso. Fuentes cercanas al caso indicaron que Boix podría también echar mano dentro del argumentario de la defensa, de la versión aportada por la tienda Forever Young cuando, en un escrito al juez, defiende que el presidente "debió pagar al contado en la tienda o no compró".
Fuentes jurídicas apuntaron la posibilidad de que Boix haga uso de la conversación grabada en la que la esposa de Camps avisa a Álvaro Pérez de que se ha pasado varios pueblos en el agasajo en forma de regalos en joyas y deja caer que le devolverá el presente. Camps sostiene que efectivamente se devolvieron los regalos, lo cual sería una razón esgrimida a la hora de defender una rectitud en la forma de actuar incompatible con el cohecho pasivo impropio, esto es, los regalos a funcionarios o autoridad. La defensa intentará sacar petróleo de un planteamiento muy recurrente en el Consell y el PP desde que salió el auto, el de que no se ha demostrado que Camps no pagó los trajes. Boix tirará también de estrategia procedimental e intentará buscarle las vueltas a cualquier defecto de forma al que agarrarse. Ayer fueron llegando los recursos del resto de las defensas ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano. Uno de los primeros fue el de Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, también imputado por cohecho, que alegó que no es funcionario público.
También argumentó su falta de competencias para contratar con Orange Market - adjudicataria de cinco ediciones de Fitur-, cuyo presidente, Álvaro Pérez, es quien presuntamente le regaló los trajes. Betoret lo niega de plano. Los expedientes de los contratos de Orange Market podrán ser vistos por diputados socialistas a la carta y con visita anunciada. Es la respuesta del vicepresidente económico, Gerardo Camps, al diputado socialista José Camarasa.
El PSPV, que ejerce la acusación popular, han recurrido el pase de las diligencias al procedimiento del jurado, ya que ello supondría circunscribir el caso sólo al delito de cohecho, cuando lo que se pretende es que se amplíe a otros delitos, como el tráfico de influencias y la falsedad documental.
El "eje de la trama política y mediática contra el presidente", como bautizó el conseller Blasco al sastre José Tomás, recibió ayer el segundo aval a su palabra en una semana. Primero fue el juez instructor de la rama valenciana del caso Gürtel, José Flors, y ayer la magistrada del Juzgado de lo Social 8 de Madrid, Pilar Varas. La jueza ha condenado a Castellana Inmuebles y Locales SA, propietaria de la tienda Forever Young, a indemnizar al sastre con 232.000 euros o readmitirlo -algo impensable- tras declarar improcedente su despido. El sastre cobraba, como director de las tiendas, 90.000 euros al año, 10.452 más que su cliente Francisco Camps.
El 11 de febrero, un día después de declarar ante el juez Garzón, el dueño de las tiendas, Eduardo Hinojosa, envió la carta de despido a Tomás. Adujó excesivas devoluciones de prendas (que cifró en 446..660 euros y Tomás rebajaba a 153.681) y en la elevada morosidad consentida a los clientes (impagos 60.309 euros), pero, sobre todo, lo culpaba de haber "ordenado realizar una serie de facturas, cuyos conceptos son falsos", nada menos que la serie de 15 recibos a nombre de Orange Market, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico, justo las empresas de la trama que, según los jueces Garzón y Flors, abonaron los trajes de Camps. El primero señaló que en vez de trajes la trama mandaba apuntar metros de tela, más propio de la actividad de esas firmas. La jueza Varas exculpa al sastre y avala su versión sobre las facturas y los pagos: "No les consta a ninguno de los testigos que diera [José Tomás] las órdenes sobre el contenido de las facturas ni que las realizara", dice la sentencia.
"Bien al contrario, las facturas las ordenaban los directores de la tienda", añade, y cita a dos de los responsables. Otras veces, "se realizaban por las propias cajeras", incluso. Aunque, añade, "a petición de dichos clientes importantes (entre los que se encontraba Pablo Crespo) se emitían facturas por conceptos diferentes y a cargo de sus empresas, ajustándose no obstante, lo abonado con el precio de lo realmente adquirido". Lo realmente adquirido, según Garzón, Flors y el sastre eran los trajes del presidente Camps, Costa, Campos y Betoret.
(www.levante-emv.com, 14/07/09)
COSTA SE DESVINCULA DE LOS TRAJES: «NO SON DE MI TALLA»
Francisco Camps ha decidido retrasar al máximo la presentación de su recurso contra el auto en el que el juez instructor de la rama valenciana del caso Gürtel, José Flors, pide que se amplíe la investigación abierta contra el presidente de la Generalitat por un presunto delito de cohecho impropio.
Aunque fuentes próximas a Camps habían anunciado para ayer la presentación de su escrito de defensa, su entorno consideró como «algo dentro de la normalidad» que el president haya decidido apurar los tiempos legales para presentarlo.
En su texto de apelación, Camps insistirá en que pagó en metálico sus trajes y en desligarse de los hechos que se le imputan. Una línea argumental que también incluyó el único recurso que se presentó ayer, el del secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, que también pone el acento en que pagó la ropa en efectivo, en que nunca fue cliente habitual de Forever Young y en una cuestión que supone una novedad: la diferencia de medidas entre la ropa que figura como encargada para él en el sumario y las suyas. En el documento se sostiene que Costa no pidió ningún traje porque las tallas que aparecen en las hojas de encargo para la confección no se corresponden con las suyas.
Para respaldar esta apreciación, su abogado ha adjuntado en el recurso ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia la declaración del sastre habitual de Costa, quien ha verificado notarialmente verificó que no son las que utiliza en las prendas del mismo estilo que le ha confeccionado en los últimos 10 años, desde 1999.
Asimismo, la defensa insiste en que las hojas de encargo no cuadran con la ropa solicitada por Costa -aunque figure su nombre- puesto que, indica el recurso, «son documentos que han aparecido en el conjunto de una ingente documentación falsa relacionada entre sí».
El recurso también destaca que Costa sólo encargó un traje al entonces director de la tienda Forever Young, José Tomás. «El cliente no quedó satisfecho; intentando con posterioridad efectuar los correspondientes arreglos que nunca quedaron a gusto de Ricardo Costa, motivo por el cual se le confeccionó un nuevo traje que, dada la precariedad del trabajo, nunca se pudo poner. Únicamente adquirió dos pantalones vaqueros que pagó en el acto», señala.
(www.elmundo.es, 14/07/09)
DECLARADO IMPROCEDENTE EL DESPIDO DEL SASTRE QUE HIZO LOS TRAJES A CAMPS
La titular del Juzgado de lo Social número 8 de Madrid, Pilar Varas, ha declarado improcedente el despido del sastre José Tomás, que confeccionó los trajes del presidente valenciano, Francisco Camps, y otros implicados en el caso Gürtel, y ha condenado al propietario de Forever Young, el empresario Eduardo Hinojosa, a readmitirle o indemnizarle con los 232.500 euros que le faltaban por percibir del importe total de su contrato. Esta sentencia complica aún más el horizonte penal de Camps por cuanto desmonta la acusación de que Tomás falsificó las facturas a través de las que empresas de la trama de Correa pagaban los trajes de políticos del PP valenciano.
La sentencia establece que el sastre José Tomás no sólo no falsificó ninguna factura, sino que tampoco dio orden de hacerlo. La juez explica que las facturas en las que figuraban conceptos falsos como "metros de tela" en vez de "trajes de confección" fueron ordenadas por directores de tienda y se realizaban por el contable Javier García o por la responsable de una firma externa de asesoría, Raquel Vázquez, pero en ningún caso por José Tomás. Éste declaró ayer: "La mentira tiene las patitas cortas".
La defensa de Camps proyectaba utilizar las acusaciones del empresario Eduardo Hinojosa contra el sastre José Tomás para desacreditar el testimonio de éste ante la Policía Judicial, la Fiscalía Anticorrupción, el juez Baltasar Garzón y el instructor del Tribunal Superior de Valencia, José Flors. En todas estas instancias, Tomás declaró sin fisuras que Camps jamás pagó una factura y que el importe de sus trajes y ropa de representación o deportiva confeccionada a medida fue pagada por Pablo Crespo, uno de los empresarios de la trama, o a través de la empresa Orange Market, que gestionaba Álvaro Pérez, el Bigotes, amigo de Camps.
La sentencia viene a cimentar aún más la versión de Tomás y excluye que éste falsificase facturas, principal acusación utilizada por el empresario Eduardo Hinojosa para justificar el despido de Tomás al día siguiente de que éste declarase ante el juez Baltasar Garzón. Según la juez Pilar Varas, ha quedado acreditada la existencia de las facturas que figuran en la carta de despido y los conceptos falsos recogidos en ellas (metros de tela en vez de trajes), pero no que dichas facturas fueran ordenadas por Tomás.
Esas facturas, "a petición de clientes importantes", entre los que se encontraba Pablo Crespo, se emitían por conceptos diferentes y a cargo de sus empresas, ajustándose, no obstante, "lo abonado con el precio de lo realmente adquirido". Ninguno de los testigos que declararon en el juicio por el despido tuvo constancia de que Tomás "diera órdenes respecto al contenido de las facturas, ni las realizara físicamente, si supiera hacerlo". En concreto, uno de los directores de tienda, Antonio del Fresno, reconoció haber ordenado él mismo al menos dos facturas de las imputadas a Tomás a petición de clientes importantes porque "siempre se había hecho así, sin consultar a José Tomás".
Nada más ser despedido Tomás, el PP, con Federico Trillo a la cabeza, salió en tromba acusando al sastre de falsario y dando por buena la versión del empresario Hinojosa, ahora condenado a readmitir o indemnizar a José Tomás en una sentencia que desmonta radicalmente las acusaciones del PP contra éste.
La sentencia recoge las demás peticiones del abogado de Tomás, Luis Zumalacárregui, en el sentido de rechazar las demás imputaciones del empresario Hinojosa. Así, dice la juez que al sastre "no pueden imputársele irregularidades en las devoluciones de prendas, que no eran responsabilidad suya, ni no haber atendido el encargo de aclararlas, porque no se le permitió hacerlo".
En cuanto al montante de una venta a crédito sin cobrar, la sentencia señala que las cantidades impagadas (60.309 euros) "ni siquiera han sido probadas como reales".
(www.elpais.com, 14/07/09)
CAMPS "CONFÍA" EN SEGUIR DE PRESIDENTE CUANDO SE INAUGURE EL AVE A VALENCIA
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que después de cuatro meses aún no ha ofrecido ni una sola explicación detallada a la prensa sobre su implicación en el caso Gürtel, ha rechazado de nuevo responder a las preguntas de los periodistas. Esta vez estaba obligado al menos a escucharlas, puesto que el ministerio de Fomento convocó una rueda de prensa conjunta del ministro, José Blanco, y el presidente valenciano para hablar de infraestructuras.
Camps se escudó durante la comparecencia en eso para evitar las cuestiones. Aún así, cuando le preguntaron si cree que seguirá al frente de la Generalitat cuando se inaugure el AVE a Valencia, en 2010, o habrá dimitido, después de un desplante irónico: "¿Me lo pregunta a mí o al ministro?", ha sentenciado: "Espero que se inaugure en 2010, y hasta 2011 no hay elecciones, por lo que confío en seguir siendo presidente de la Generalitat". Blanco entró a la broma: "Yo no sé si seguiré de ministro de Fomento".
Sin embargo, antes de eso, Camps había evitado cualquier pregunta comprometida. "Bárcenas se pone el listón de su dimisión en la imputación, usted está imputado, ¿donde se pone el listón para dimitir?", fue una de las cuatro que rechazó. "El listón de Comunidad Valenciana está puesto muy alto, en la colaboración entre administraciones, que va a permitir que la Comunidad Valenciana siga siendo un motor de España", esquivó Camps.
Ante la insistencia, primero reclamó a los periodistas que se ciñeran al asunto, más tarde evitó incluso confirmar si había presentado un recurso (que sí ha presentado) y después optó por la lírica ante otra pregunta sobre el listón. "El listón de la Comunidad Valenciana no tiene límites, por eso estoy aquí. Yo soy un soñador de mi tierra, sueño con una comunidad con AVE, con mejores carreteras y puertos".
En su tierra, el presidente no responde habitualmente a ninguna pregunta sobre Gürtel y sólo hace breves declaraciones sin más aclaraciones. En las últimas dijo que sólo quedan "dos escalones" para que se resuelva su imputación.
(www.elpais.com, 14/07/09)
CAMPS Y VÍCTOR CAMPOS APURAN EL PLAZO DE RECURSO AL AUTO QUE SOSTIENE SU IMPUTACIÓN
Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, y Víctor Campos, ex vicepresidente, apuran el plazo para presentar recurso al auto dictado el pasado día 6 por el magistrado-juez José Flors por el que continúa la investigación por un supuesto delito de cohecho. Camps y su ex número dos serán los últimos, el plazo finaliza hoy a las tres de la tarde, en presentar recurso.
Detrás de la dialéctica puramente jurídica, hay una lucha de estrategias. Las presiones para que los cuatro imputados mantengan la misma tesis sostenida hasta ahora se han dejado sentir en los despachos de sus defensas: no hubo regalos y cada uno (incluidos Ricardo Costa, secretario general de los populares valencianos, y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo) pagó los que encargó en Milano y Forever Young. A pesar de que Víctor Campos cuenta con el respaldo de un sector importante del PP de Madrid para sostener que en efecto recibió regalos, que fueron personales, que otras prendas las pagó él, que nunca intervino en proceso de adjudicación o de contratación de las empresas sospechosas de la trama Gürtel y que no existe por tanto delito de cohecho, el PP valenciano ha hecho valer su cierre de filas a favor de Camps y su tesis.
Ricardo Costa ha introducido nuevos elementos en su recurso, presentado el viernes pasado. Según él, su relación con Álvaro Pérez, El Bigotes, siempre fue en virtud de sus responsabilidades en el PP y no por su condición de diputado autonómico. Costa afirma en su recurso que "dando como hipotéticos (a los meros efectos dialécticos) los hechos que describe el instructor en el auto que recurrimos, hay que afirmar que los hechos que en dicha resolución se describen respecto de Ricardo Costa carecen de trascendencia penal, sin que concurran, en los mismos, los elementos del tipo del denominado cohecho pasivo impropio previsto en el artículo 426".
Costa, además, niega ser cliente habitual, con ficha, en Milano y Forever Young. Y de hecho, desacredita la información aportada en la causa al respecto en tanto las medidas que figuran no coinciden con las suyas, para lo que adjunta en su recurso la declaración ante notario de quien asegura ser su sastre desde 1999. Según Costa, las diligencias practicadas hasta ahora han dejado claro que no existe base para su imputación.
Los recursos de Ricardo Costa y del PSOE-PSPV son los únicos que ayer, según fuentes del TSJCV, había recibido la Sala. Los socialistas sostienen una tesis bien distinta. Consideran que el magistrado-juez José Flors fundamentó en el auto la imputación. Y por ello entienden que dado el peso de los indicios racionales de delitos convendría ampliar el supuesto delito como mínimo a un cohecho más grave penalmente.
El juez tiene pendiente responder a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que sean incorporados como imputados a la causa de Valencia Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo. Si el magistrado resuelve afirmativamente, la vista prevista para mañana, día 15, podría verse aplazada para que las partes tengan tiempo previamente a responder a esa decisión.
(www.elpais.com, 14/07/09)
CAMPS RECURRE EL AUTO QUE MANTIENE SU IMPUTACIÓN POR UN DELITO DE COHECHO
La defensa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha presentado hoy un recurso de apelación contra el auto del magistrado instructor del caso "Gürtel" en Valencia que ordenó continuar el proceso abierto contra él y otros tres imputados al apreciar "indicios racionales" de un delito de cohecho.
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), hoy también han presentado sendos recursos contra esta resolución el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, imputados por el mismo motivo.
El secretario general del PPCV, Ricardo Costa, implicado también en esta causa, recurrió el auto el pasado viernes.
Campos, en principio, no iba a recurrir el auto del juez Flors ya que pensaba admitir los regalos recibidos e iba a basar su defensa en que fueron personales y no le pidieron nunca nada a cambio. Sin embargo, las fuertes presiones que ha recibido le han llevado, finalmente, a posicionarse contra la resolución del magistrado.
En la resolución recurrida, el magistrado apreció "indicios racionales" de un delito de cohecho impropio en la adquisición de trajes por parte de los cuatro imputados que supuestamente fueron pagados por la empresa Orange Market.
Además, el auto fijó para mañana una comparecencia preliminar con la citación de todas las partes personadas en el proceso, a la que no acudirán los cuatro imputados.
Por otra parte, según las citadas fuentes, el juez de la Sala de lo Civil y Penal encargado de la investigación, José Flors, notificará a primera hora de mañana su decisión sobre la imputación de los supuestos cabecillas de la trama de corrupción, Francisco Correa, Pablo Crespo y Alvaro Pérez, la cual fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción.
El Ministerio Público considera que éstos deben comparecer como imputados en la audiencia preliminar de mañana, porque "la conducta de quienes entregan y reciben dádiva debe ser objeto de enjuiciamiento en el mismo procedimiento".
(www.elpais.com, 14/07/09)
EL JUEZ DECLARA IMPROCEDENTE EL DESPIDO DEL SASTRE DE CAMPS
El Juzgado de lo Social de Madrid ha condenado al propietario de la tienda Forever Young a indemnizar con 230.500 euros por despido improcedente del sastre José Tomás. El despido se produjo después de que el sastre hablara con el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, cuando fue requerido por éste para que declarara en relación con los trajes que la trama supuestamente regalaba a dirigentes del PP, como el presidente valenciano, Francisco Camps.
Las regalías se anotaban mediante facturas falsas, que según el fallo no eran obra de Tomás. La sentencia dice: ""No les consta a ninguno de los testigos que el actor diera órdenes respecto al contenido de las facturas, ni las realizara físicamente".
Además, el juez indica que si alguien estaba al corriente de los regalos era, ante todo, la propia empresa. Además, sobre los supuestos fallos que Forever Young utilizó para justificar el despido de Tomás, el veredicto sostiene que no cabe imputar al sastre "ninguna responsabilidad".
"No nos hallamos ante faltas ocultas y continuadas dada la posibilidad real de su conocimiento por parte del empleador", recoge la sentencia.
Así, el juez obliga a la empresa a indemnizar al sastre con la cantidad arriba citada o, si no, a readmitirlo de nuevo en su local, situado en la lujosa calle Serrano.
(www.elpais.com, 13/07/09)
EL JUEZ DECLARA IMPROCEDENTE EL DESPIDO DEL SASTRE DE CAMPS
El juzgado de lo Social número 8 de Madrid ha admitido la demanda por despido presentada por el sastre José Tomás, que asegura haber hecho trajes para el presidente valenciano, Francisco Camps, y ha condenado a la empresa demandada a readmitirle o, en su caso, indemnizarle con 232.500 euros.
Forever Young, a través de la empresa Castellana Inmuebles y Locales, alegó al despedirle que José Tomás había elaborado facturas falsas que no se correspondían con la realidad, compras a crédito sin cobrar por valor de 60.309 euros, así como un importante número de devoluciones de prendas no justificadas.
En la sentencia queda acreditada la falsedad de algunas facturas, entre ellas algunas emitidas a nombre de Orange Market, una de las empresas ligadas a la trama de corrupción liderada por Francisco Correa y vinculada a cargos del PP, aunque no ha quedado demostrado que fueran ordenadas por el trabajador despedido.
De hecho, a ninguno de los testigos que testificaron en el juicio les consta que José Tomás diera órdenes respecto al contenido de las facturas, ni que las realizara físicamente, "ni supiera hacerlo".
Al menos dos de las facturas que contenían conceptos falsos fueron ordenadas por otro empleado, quien ha reconocido que se elaboraron a petición de los clientes, por cuanto eran "clientes importantes" y "siempre se había hecho así", y sin consultar además con Tomás.
Las facturas falsas se refieren a metros de tela blanca o de tela para tapizar, artículos que no se vendían en las tiendas en las que trabajaba José Tomás, dedicadas a la venta de ropa ya confeccionada.
En la sentencia, el juez considera además que la mayoría de las faltas disciplinarias que alega la empresa han prescrito, y que la carta de despido adolece de una "descripción clara y precisa de los hechos" que se imputan al trabajador, al que se le impidió además acudir a las diferentes tiendas para recabar la información necesaria para su defensa.
(www.publico.es, 13/07/09)
LA SOLEDAD DEL NÚMERO DOS
"Paco, Paco, estamos contigo", clamaban 20.000 personas en una plaza de Toros de Valencia reventada para el mitin central de la campaña de las europeas. Mariano Rajoy, el líder nacional de la formación de la gaviota, que ahora mantiene un discreto silencio tras el último auto del juez José Flors, se mojaba hasta las cachas: "Yo creo en ti, Paco, creo en lo que haces, porque te he visto actuar muchas veces y como la inmensa mayoría de los valencianos yo siempre estaré detrás de ti, delante y de lado. Que lo oigan todos".
El mitin fue un homenaje a Francisco Camps, dentro de la estrategia de "absolución electoral" planteada por los estrategas populares. Ni una palabra sobre sobre el resto de imputados: Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret. El primero de ellos, número dos del partido en la Comunitat Valenciana, escuchaba sentado. El pasado miércoles, Camps evitaba acudir al acto político organizado por el partido en Alaquàs para evitar enfrentarse a las protestas de colectivos de ciudadanos por la polémica judicial.
Ricardo Costa no pudo permitirse ese lujo, aunque se evitó el bochorno entrando por la cocina al auditorio de música acompañado del presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus. Costa no se defendió a sí mismo en el auditorio, aunque fue recibido con aplausos por los asistentes. Se refirió a Camps como el político "más honesto y más honrado".
El entorno del también portavoz del PP en las Corts sostiene que es comprensible que los gestos de apoyo se concentren por elevación hacia la figura de presidente de la Generalitat. "Ricardo recibe muchos gestos de apoyo en privado, eso no es algo que le preocupa"
Desde que estalló el escándalo, Costa se ha visto golpeado por grabaciones, informaciones sobre sus vínculos con la trama y revelaciones sobre su relación con el presidente de Orange Market.
El juez Flors apunta además al número dos de los populares valencianos como el introductor a Pérez y Orange Market en Valencia. Es verdad que Costa y Pérez han estrechado su amistad en los últimos años. Pero numerosos cargos en el PP sostienen que el comercial de la red de Francisco Correa en Valencia llegó a la Comunitat Valenciana de la mano del propio jefe del Consell.
En 2003, ya con Camps al frente de la presidencia de la Generalitat, Álvaro Pérez apareció en una comida de verano en Teulada. Según recuerdan los asistentes, charló largo tendido con Camps explicándole sus intenciones de trasladarse a Valencia. Para entonces, Mariano Rajoy ya había tenido los primeros encontronazos tanto con Pérez como con la red de Francisco Correa.
Es a partir del año 2004, con la pérdida del poder en la Moncloa cuando Rajoy sostiene que cortó relaciones con la trama, aunque Génova todavía siguió contratando con empresas de la red. El mismo Rajoy participó en la Comunitat Valenciana en actos de las generales de 2008 en cuya organización colaboró Álvaro Pérez.
(www.levante-emv.com, 13/07/09)
LAS OPERACIONES DE LA TRAMA QUE NO INVESTIGA EL TSJ VALENCIANO
La investigación de la rama valenciana de la trama Gürtel ha quedado coja. Encorsetado por el auto del 21 de abril en que el Tribunal Superior de Valencia (TSJV) aceptó la competencia de instrucción, pero sólo en lo relativo a los trajes de Camps y otros tres cargos de su entorno, el juez José Flors colocó orejeras a sus pesquisas: sólo han pasado el filtro aquellas pruebas tendentes a confirmar si el presidente valenciano y los otros tres imputados pudieron cometer un delito de cohecho pasivo impropio por aceptar regalos de Orange Market. Según esa tesis, con la que Flors inició y culminó sus diligencias sin variaciones, Orange Market no recibió contrapartidas.
Pero sobre los manejos de la franquicia levantina del grupo de Correa, nadie ha puesto el foco en el tribunal valenciano. Según el juez, la empresa que, con una plantilla de cinco empleados, recibió en cuatro años y medio contratos de la Generalitat por 6,9 millones, regaló los trajes a Camps y su equipo sólo para complacerlos. En realidad, el importe total de los contratos llegó a ocho millones, según la oposición: Flors sólo ha computado los del montaje de Fitur entre 2005 y 2009, pero no los contratos menores (dados sin concurso) ni los adjudicados por organismos como la Feria de Valencia. Por supuesto, nada se sabe tampoco de los otorgados por Canal Nou o por la fundación mixta que organizó la visita del Papa en 2006.
Ni se ha investigado la génesis de los contratos de Orange Market ni la acusación de Garzón sobre cómo esa empresa financió al PP valenciano. Aun así, la solicitud de Anticorrupción para que se impute al trío responsable de la trama valenciana Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez abre una rendija de esperanza para los dos grupos de oposición, PSOE y Compromís.
Personado como acusación, el PSOE ya había pedido que se pusiera fin a la paradoja de que los presuntos sobornadores estén libres de imputación. Solicitó también sin resultado que la instrucción siga abierta hasta que el juez que investiga la vertiente madrileña de la red levante el secreto de sumario.
Ese juez de Madrid, Antonio Pedreira, es el que tiene en su poder la contabilidad de Orange Market, así como los documentos incautados en sus oficinas de Valencia. Durante la instrucción valenciana, el TSJV denegó cualquier diligencia relativa a esos documentos. Según las fuentes consultadas, si, una vez levantado el secreto de sumario, se comprobara que tales documentos contienen indicios de nuevos delitos presuntamente cometidos por algún aforado valenciano, el Tribunal Superior de esa comunidad tendría que comenzar una nueva instrucción.
En espera de acontecimientos, hay un elemento que actúa en apoyo del requerimiento de la Fiscalía para imputar a los miembros de la trama en el mismo sumario que a Camps. Y ese elemento es el auto del Tribunal Supremo por el que acepta investigar a los aforados estatales del PP: el senador Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino. En ese auto, el Supremo asume también las indagaciones sobre quienes supuestamente sobornaron a los aforados.
Las expectativas, no obstante, son moderadas. Y nada garantiza que Flors o, en segunda instancia, la Sala Civil y Penal del TSJPV, acepten imputar a Correa, Crespo y Pérez. Y ni siquiera cabe excluir, que, presidida por el juez Juan Luis de la Rúa, amigo de Camps, la Sala decida archivar el caso bajo el argumento de que aceptar trajes no posee relevancia penal. "Pero si acaba alegado eso, tendría que haberlo dicho cuando aceptó la competencia y haber archivado entonces", argumenta una fuente cercana al caso.
Con la investigación cerrada en la práctica, sobre el escenario se alzan las dos grandes incógnitas antes enunciadas: la de los contratos de Orange Market y la financiación del PP. Lo primero afecta al nudo del asunto: porque nadie ha explicado de manera creíble cómo una empresa con cinco empleados logró tan abultada cartera de contratos.
Flors afirma que no hay indicios de que regalos y contratos estén vinculados, pero lo cierto es que ni siquiera ha aceptado examinar los expedientes de adjudicación. Y esos expedientes, donde figura el sistema de contratación, la identidad de todos los ofertantes, las plicas y los criterios de baremación, resultan clave para averiguar qué pasó. La única prueba practicada sobre esos contratos consistió en tomar declaración en dos mañanas a 35 altos cargos de la Generalitat. Ninguno de ellos reconoció alguna irregularidad. Hacer lo contrario habría equivalido a autoinculparse.
El segundo agujero del caso se relaciona con la más grave acusación contenida en el auto por el que Baltasar Garzón, primer instructor del caso, derivó el 5 de marzo al tribunal valenciano las investigaciones sobre esa comunidad: la acusación de que la trama financió con 420.000 euros al PP valenciano. Según Garzón, el partido habría pagado a Orange Market con dinero negro parte de la organización de su congreso regional de septiembre de 2002 . ¿Hay alguien tras esa pista? Se ignora.
Una vez difundido el auto que dictó Flors el pasado día 6 y que coloca a Camps en la antesala del banquillo, este periódico preguntó al Tribunal Superior valenciano quién investigará las zonas oscuras que quedan del caso en esa Comunidad. "El Tribunal Superior de Madrid", respondió una portavoz oficial. Pero en el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) se considera muy difícil que ese pronóstico se cumpla: "Se partió la causa precisamente porque había aforados en ambas comunidades y cada tribunal investiga lo concerniente a su territorio", dijeron fuentes del TSJM. El círculo vicioso está servido.
Pese a todo, en algunos ámbitos de Valencia un dato alimenta la idea de que no todo está perdido para la investigación: Anticorrupción no ha puesto especial énfasis en pedir pruebas para acreditar si, además del cohecho pasivo, hubo un soborno en toda regla, penado con cárcel. "Puede que se fíen más de la investigación de Madrid y que estén esperando a que se levante el secreto de sumario", dice un experto. Y sugiere una tercera opción: que el Supremo asuma todo el caso.
Pero, de momento, lo cierto es que la instrucción no ha esclarecido los manejos de la trama en Valencia. De cómo han marchado las indagaciones habla lo ocurrido el 30 de junio, seis días antes de que el juez Flors dictase su auto: el magistrado del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira interrogó como imputada a Felisa Jordán, cuyo testimonio ante Baltasar Garzón había resultado crucial para que el juez de la Audiencia Nacional concluyese que la red falsificó facturas con el objeto de ocultar los regalos de Valencia. Pedreira no le preguntó a Jordán por los trajes de Camps. ¿Por qué? Porque esa investigación correspondía al juez valenciano. Al final, ni declaró sobre los trajes en Madrid ni lo hizo en Valencia.
La vagoneta de la investigación ha ido exclusivamente por el carril de los trajes. Tanto es así que el auto de Flors ni menciona los otros regalos que recibieron la mujer y la hija de Camps (un reloj y una pulsera). El auto tampoco hace referencia a los contratos logrados por otras empresas de la trama, como Easy Concept. Según Mónica Oltra, de Compromís, también Rialgreen y Good and Better, empresas de la trama, obtuvieron contratos menores que se adjudicaron sin concurso y troceando el objeto real de contratación.
Exactamente ese método usaron la trama y sus cómplices para lograr contratos de la Comunidad de Madrid. Fuentes conocedoras del caso atribuyen la estrechez del marco de investigación a las directrices de la Sala Civil y Penal presidida por el jefe del tribunal valenciano, Juan Luis de la Rúa, y que deberá decidir sobre los recursos del presidente valenciano. “El gran favor que le hizo De la Rúa al PP fue circunscribir la investigación a los trajes”, apunta una persona cercana a la instrucción.
(www.publico.es, 13/07/09)
Las 126 negaciones de Francisco Camps
El presidente ha negado públicamente y en las Corts la más mínima anomalía o regalo en forma de trajes relacionados con la trama Gürtel. Más de un centenar de veces ha descartado en sede parlamentaria irregularidades o dádivas. En la dirección del PP, sin embargo, comienza a asumirse que quizá no dijo la verdad al juez.
"No hay nada de nada, nada de nada porque no hay nada. Es que no hay nada". "Y de lo otro -en referencia a los trajes-, tampoco". Desde que la policía requisó contratos en la Agencia Valenciana de Turismo y papeles en Orange Market, la filial valenciana de la red de Correa, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se ha desgañitado en las Corts, acosado por las preguntas de la oposición en las breves y tasadas sesiones de control, en negar cualquier tipo de irregularidad, las acusaciones contenidas en el auto de Garzón o, más concretamente, los presuntos regalos en forma de trajes y otras prendas de las empresas de la red que captaba contratos de las administraciones del PP y del partido, especialmente en la Comunitat. Hasta 126 veces ha rechazado Camps toda anomalía o dádiva en las ocho intervenciones en la Cámara. Una defensa numantina que contrasta con el hecho de que, en el cuartel general del PP en la calle Génova de Madrid, comienza a asumirse la posibilidad de que Camps no dijera la verdad ante el juez. Es decir, que no pagara los trajes. De ahí el supuesto "plan B" para quitar importancia al delito de cohecho impropio del que le acusa el juez del TSJ. El jueves, el presidente de la comisión de disciplina del PP, Alfonso Fernández Mañueco, públicamente, dijo no poder aclarar si Camps pagó o no los trajes.En las Corts, el presidente, envuelto entre los aplausos de los diputados del PP, se ha acorazado en la negación de cualquier irregularidad vía adjudicaciones a la firma, operaciones urbanísticas, financiación del PP o aceptación de dádivas. No por casualidad el "Negómetro" muestra sus picos más elevados conforme se agrava la situación judicial del jefe del Consell. En su primera comparecencia, el 12 de febrero -tres días después de la detención de "El Bigotes", cuando aún se mantenía que la relación con éste era testimonial-, Camps sólo negó dos veces (el contrato de Fitur está limpio, recalcó. El 19 de febrero, el mismo día en que se difundió que el fiscal Anticorrupción implicaba al jefe del Consell en la trama, necesitó emplearse hasta en 18 ocasiones para defender su labor y rechazar las acusaciones.
Garzón suma 34.900 euros
Sin grandes novedades judiciales, el termómetro parlamentario se enfrió: El titular de la Generalitat sólo tuvo que negar cinco veces en la sesión de control del 5 de marzo, a las 10 horas. Enric Morera, de Compromís-Bloc, ya preguntó a Camps sobre si había aceptado un regalo "en consideración a su función", el cohecho impropio tipificado en el artículo 426 del Código Penal que luego le atribuyó el juez del TSJCV José Flors. Camps lo negó. Tuvo fortuna porque ese día por la tarde se difundió el auto de Garzón en el que aprecia indicios de delito, detalla los trajes supuestamente regalados a Camps, Costa, Campos y Betoret por 34.908 euros y se inhibe en el TSJCV.
El 11 de marzo, en el Foro ABC en Madrid, por primera vez, alude directamente a los trajes: "Yo me pago mis trajes, claro que me pago mis trajes". La temperatura política ha subido bastantes grados y el 12 de marzo Camps se tiene que vaciar: Nada menos que 28 negativas. Entre ese día y el 30 de abril, la siguiente comparecencia, se suceden varios hechos graves para el jefe del Consell: el sastre José Tomás declara que los trajes los pagaba la trama, el TSJCV abre diligencias por cohecho y se difunde la conversación de Álvaro Pérez con la familia Camps en la que el jefe del Consell le llama "amiguito del alma". El 30 de abril es una jornada dura y Camps rechaza todo hasta 34 veces.
La tensión se mantuvo el 14 de mayo (Flors había tumbado la petición de nulidad de Camps), con 18 negaciones de cualquier irregularidades, y volvió al punto de ebullición el 21 de mayo, al día siguiente declarar como imputado en el TSJ. "No hay regalo alguno. No hay regalo alguno", proclamó. El 7 de junio el PP barrió en las europeas en la Comunitat. La goleada electoral hundió el "Negómetro". El 11 de junio, el jefe del Consell sólo necesitó negar cinco veces. "¿Se dan cuenta cómo al final es la nada sobre la que intentan pasar no sé qué tipo de acusación?", contraatacó Camps. Veinticinco días después, Flors veía indicios de delito e iniciaba el proceso para la apertura de juicio oral.www.levante-emv.com 12.07.09
El último cartucho de Camps
Presiones a los magistrados para que archiven la causa contra el dirigente valenciano
El PP juega su última carta en la partida de Francisco Camps. Su defensa presentará el lunes un recurso contra el auto del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV), José Flors, quien considera que hay "indicios racionales suficientes" de un delito de cohecho en la actuación del presidente de la Generalitat.
La mayoría de los dirigentes del PP valenciano están convencidos de que se archivará la causa. Desde que saltó este escándalo, repiten que es imposible demostrar que hubo regalos a cambio de una contraprestación. Pero, con el Código Penal en la mano, Camps habría cometido un delito simplemente por aceptar obsequios en condición de su cargo. Y eso es, precisamente, lo que sostiene el juez instructor de la causa contra él.
Así que, ante la díficil situación jurídica de Camps, desde el PP han lanzado su propia ofensiva. Hay fuentes conservadoras que reconocen que "las presiones" que se están ejerciendo sobre los magistrados de la Sala de lo Penal y de lo Civil del TSJCV son "como jamás se habían visto antes". Ya no es sólo que Camps confíe en que el pronunciamiento de estos jueces, que responden a un perfil conservador, le permita salir indemne del caso Gürtel.
Es que además desde su formación se les está haciendo llegar varios mensajes como que de ellos depende que se "desestabilice o no la Comunidad" y que "no tiene sentido poner fin a la carrera de un presidente por unos hechos que podrían suponer una multa de pocos miles de euros".
Evitar el escarnio público
Además piensan que no van a ver a Camps sentado en el banquillo porque el presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, le evitará ese escarnio público. Siempre se ha puesto en duda su objetividad teniendo en cuenta que en 2008 Camps dijo que habría que buscar en el diccionario otra palabra distinta a la de amistad para definir "la íntima y sentida relación" que les unía. Después de semejante declaración hay dirigentes del PP que afirman haber escuchado recientemente a De la Rúa comentar que él "no piensa acabar" con la trayectoría del presidente de la Generalitat.
Pero frente a este optimismo, algunos miembros del PP mantienen sus reservas. Son aquellos que han visto cómo su partido se equivocó cuando decía que el caso no iba a llegar a los tribunales, que Camps no iba a tener que ir a declarar en calidad de imputado y que, menos aún, se hablaría de juicio oral.
Desde el Partido Popular se pide al Tribunal que no "desestabilice la Comunidad"
Recuerdan que De la Rúa ha cumplido su mandato y que está a la espera de ser reemplazado en el cargo. Cuentan que sus aspiraciones son llegar a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y que, precisamente por eso, podría no aventurarse en decisiones que pudieran comprometer su ascenso.
Otros valoran que este asunto sólo se cerrará si la Sala entiende que existió durante el proceso algún tipo de irregularidad y no creen que eso vaya a ocurrir. Dentro del PP no olvidan que el caso Naseiro se archivó en el Supremo porque las escuchas telefónicas, que pusieron en alerta sobre una posible financiación irregular, se habían ordenado en el transcurso de una investigación por narcotráfico y, por tanto, su utilización no gozaba de supervisión judicial.
"Error inicial de estrategia"
A la espera del desenlace, un alto cargo del PP estima que todo lo que ha sucedido deriva de "un error inicial de estrategia". Piensa que desde el primer momento se le tenía que haber hecho una pregunta clave a Camps: "¿Tienes las facturas?" Y si la respuesta era que no, convocar una rueda de prensa y reconocer que el líder del PP valenciano había recibido una serie de trajes por parte de un amigo.
Son varios los que piensan en el PP que ahora todo se ha enredado y, lo que es peor, hay quienes se sienten "dolidos" porque Camps les ha engañado. "La mentira es lo peor de todo esto", señala un diputado Y no lo dicen tan sólo por que no les cuadra lo de los pagos, también le echan en cara que dijera que no conocía de nada a Álvaro Pérez, El Bigotes, uno de los cabecillas de la trama corrupta, cuando luego resultó ser su "amiguito del alma".
Pero Camps tiene pensado seguir adelante con su táctica. Al contrario que el ex vicepresidente del Gobierno valenciano, Víctor Campos quien, según El País, admitirá ante el TSJCV que recibió regalos de las empresas que dirigía Francisco Correa. Campos se desmarca así de la línea oficial remarcando que eran presentes que no se hicieron con la intención de lograr favores a cambio. Pero aunque trate de quitarle hierro al asunto, el auto del juez Flors deja claro que no existe "ninguna causa o razón diferente a la condición personal de los receptores de las prendas y a la función pública que desempeñaban que permita explicar por qué motivo Álvaro Pérez o las sociedades a las que el mismo estaba vinculado tuvieran que obsequiarles de aquel modo".
Sin plan B
Tras conocerse el lunes la resolución del TSJCV, en la sede nacional del PP se desataron los nervios. El equipo de Rajoy ha tenido que ir configurando sus respuestas sobre la marcha. Hace unos días, un periodista le preguntaba a uno de los responsables de marcar las líneas a seguir qué se iba a hacer si fallaba la apelación de Camps. "¿Hay un plan B?", quiso saber. No hubo respuesta. En el Comité de Dirección conservador simplemente no piensan que pueda haber apertura de juicio oral. "Es algo que no nos planteamos porque esto está mal resuelto en el fondo y en la forma", insisten.
En el PP han tenido que pasar de defender con uñas y dientes que Camps lo tenía todo en regla a minusvalorar la cuantía de los regalos. Incluso algunos dirigentes han minimizado el delito y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, llegó a pedir una reforma del Código Penal. También siguen manteniendo que se trata de una campaña de acoso y derribo orquestada por el juez Garzón y el Gobierno, pero ahora el mayor culpable es el sastre, José Tomás García. Insisten en desprestigiarle, obviando que el juez se apoya, además de en su declaración, en otros 10 indicios.
En lo que todos coinciden, dentro del PP, es en que Camps no debe enfrentarse a un jurado popular porque eso "achicharraría" su imagen y están convencidos de que hay más posibilidades de que se emitiera una sentencia condenatoria. En el PP insisten en que no hay precedentes y explican que, si se llega a ese extremo, y se entra en una "fase contradictoria", Camps llevará testigos que evidenciarán que saldó sus cuentas.
Para muchos Camps no podría soportar que el juicio se retransmitiera en abierto y que esta situación se dilatara en el tiempo. Dicen los que le rodean que está "hundido" aunque trata de aparentar que nada le afecta. Nadie quiere manejar la "hipótesis" de su dimisión. Algunos no saben si será capaz de soportar la presión aunque dicen que Rajoy le anima a resistir de cara al futuro. El líder del PP le ha prometido que estará con él "pase lo que pase". Algunos dirigentes del PP no comprenden el silencio de su jefe de filas y sus colaboradores confirman que lo está pasando mal. El día 15 se procede a la vista oral. Camps no irá. No quiere exponerse más mediáticamente
www.publico.es 12.07.09
Los trucos de la Generalitat y El Bigotes
Los contratos se troceaban para eludir el concurso público y adjudicarlos a dedo - La trama corrupta cobraba por distintos conceptos de un mismo acto
El Gobierno valenciano troceaba en pequeñas cantidades contratos públicos que adjudicaba a la empresa Orange Market, el núcleo valenciano de la trama Gürtel de corrupción vinculada a instituciones del PP. De esta forma, con contratos por debajo de 12.000 euros, eludía la obligación legal de convocar un concurso público y podía hacer la adjudicación a dedo a la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, muy vinculado al presidente Francisco Camps, a quien regalaba trajes a medida hechos en tiendas de Madrid, según la investigación.
Para un vídeo, Pérez cobró por un lado la imagen y por otro el sonido
La Presidencia valenciana encargó a la trama unos regalos de Navidad
Esta evidencia aparece reflejada en un informe que detalla todos los contratos adjudicados a Orange Market y que elaboró la propia Generalitat valenciana para enviarlo al Tribunal Superior de Justicia valenciano. En esa causa están imputados por un presunto delito de cohecho Camps, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; el ex vicepresidente Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret. Camps y Costa niegan los hechos. El juez ha convocado una vista el próximo miércoles (a la que los imputados no acudirán) para decidir si abre juicio contra ellos.
El informe no se refiere a otras sociedades de la trama. Pero refleja decenas de contratos obtenidos por Orange Market. La empresa organizadora de eventos se creó de la nada en Valencia en 2004, tras llegar Camps al Gobierno. Un año después ya facturaba 2,4 millones de euros, el 70% por contratos con la Consejería de Turismo, según la investigación que llevó el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional.
Aunque el contrato principal, el pabellón de la Comunidad Valenciana en la Feria de Turismo en Madrid (Fitur), lo logró por concurso (Orange Market ha obtenido esta adjudicación millonaria todos los años desde 2005, cuando ganó a pesar de presentar la oferta más cara), buena parte de los 47 contratos se hicieron a dedo. La mayoría de las consejerías, fundaciones y patronatos que contrataban a la empresa de Pérez optó por la fragmentación de un mismo trabajo en varios, justo por debajo de los 12.000 euros.
Esta misma argucia era utilizada por el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo (dimitido y suspendido de militancia en el Partido Popular) para adjudicar contratos en Madrid a las empresas de Francisco Correa, el supuesto cabecilla de la trama.
Por ejemplo, en Valencia la empresa de Pérez organizó en 2005 el Segundo Congreso de Sofware Libre. Costó 48.000 euros, pero se dividió en cuatro contratos distintos por conceptos como diseño exterior y montaje, alquiler de material, transporte, desmontaje y organización. El consejero de Educación era el mismo que hoy sigue ejerciendo el cargo, Alejandro Font de Mora.
En 2006, también se fragmentó la contratación para el Open de Tenis. Se hizo un contrato para el montaje y la organización y otro para pagar al personal auxiliar y las azafatas. Para los premios de Salud y Sociedad de aquel año se adjudicó un contrato para su diseño (11.510 euros) y otro distinto para pagar a las azafatas y la presentación del evento (4.808 euros). El responsable de Sanidad era Rafael Blasco, actual consejero de Inmigración y Ciudadanía.
Más ejemplos, citados por la propia Generalitat en su informe para el Tribunal Superior. Para el montaje de un acto en la Ciudad de la Justicia en 2007 se adjudicó a Orange Market por parte del director del gabinete del entonces vicepresidente Campos (hoy imputado) un contrato de montaje por 11.000 euros. Para el mismo acto, el director general de Interior de la Consejería de Justicia adjudicó otro contrato a la empresa por 8.000 euros para material audiovisual y personal técnico.
Para que Orange Market realizara un vídeo sobre la ampliación del Hospital Clínico se hicieron dos contratos. Uno adjudicado por el director general de Asistencia Sanitaria por importe de 11.884 euros para el alquiler del equipo y la realización; y otro, del secretario de Sanidad, por 11.930 euros para la producción y el sonido del mismo vídeo.
En la relación de contratos figura también la compra de 1.000 aparatos de radio y 2.000 pilas; el suministro de 1.000 carpetas portadocumentos para el Congreso Familia y Escuela (9.860 euros); la presentación de planes contra la violencia machista; un acto para promocionar un circuito de Golf; y otro gran contrato, por 516.000 euros, para un acto en la salida de las regatas en Alicante de la vuelta al mundo de Vela.
Los altos cargos que adjudicaron estos contratos a Orange Market y que han comparecido ante el juez lo han justificado diciendo que la empresa era conocida como uno de los proveedores de la Generalitat valenciana. Sin embargo, en 2005, cuando logró la mayor facturación por contratos de su historia, la empresa de El Bigotes, no había trabajado nunca antes para esa Administración.
La investigación judicial se ciñe a los contratos de Orange Market, aunque de las declaraciones de algún colaborador próximo a Camps se deduce que otras empresas de la trama corrupta también se beneficiaron. Por ejemplo, DownTown (nombre original de Easy Concept), otra sociedad de la red que dirigía Correa, se encargó de unos regalos de Navidad de la Presidencia de la Comunidad Valenciana. Empresas públicas, como Vaersa, o fundaciones de la Generalitat, como Agua y Progreso, también han contratado con El Bigotes.
Una comida de 150.000 euros
El informe que la Generalitat envió al Tribunal Superior valenciano también revela que el primer montaje del pabellón valenciano de Fitur que hizo Orange Market, en 2005, costó más de lo previsto por algunos extras. La Comunidad pagó 1.320.000 euros por ese pabellón y su utilización para otras cuatro ferias. Pero, además, El Bigotes facturó otros 149.035 euros por un almuerzo para el Gobierno valenciano (119.035 para la comida y 30.000 para la adaptación del local). Aparte, cobró 2.308 euros por un reportaje fotográfico, 11.995 por servicios extra y 102.000 por adaptar el pabellón para otra feria.
Angélica Such, consejera de Turismo desde junio de 2007, justificó el coste de la comida alegando que se sirvió con ocasión del Día de la Comunidad Valenciana en Fitur. Era tradición del Gobierno valenciano ofrecer una comida en el Palacio de Congresos de Madrid con tal motivo.
Ese año, recién llegada a la Consejería de Turismo Milagrosa Martínez (actual presidenta de las Cortes), con Rafael Betoret (imputado por cohecho) como jefe de gabinete, se decidió montar una carpa junto ala feria. En la comida, que contó con un espectáculo, participaron unas 800 personas, según testigos. De ser así, el cubierto habría salido por 200 euros.
www.elpais.es 12.07.09
"¡Amigo, gracias, qué buen trabajo me has hecho!"
Camps hizo hasta nueve encargos al sastre José Tomás entre 2006 y 2008
Tenía fijación por el largo de los pantalones, el punto de cierre de las trabillas en la cintura, los hombros elevados en las chaquetas y las pinzas delanteras de las americanas, que prefería un poquito más cortas de lo habitual. Costó sacarle del corte tradicional, los colores sobrios y un estilo demodé. Y de ahí pasó a las chaquetas de cuadro ventana, delicadas telas de Loro Piana (hasta de lana súper 180) y finos zapatos de anca de potro.
"¡Amigo, gracias! ¡Me has hecho un buen trabajo!". Así agradecía habitualmente Francisco Camps al sastre José Tomás, según cuenta este último, sus desvelos y dedicación extra (tomar medidas a la una de la madrugada, retocar un traje a dos horas de estrenarlo, abrir la tienda para él o atender incluso a cómo y dónde podía el presidente aparcar su coche oficial).
Hasta nueve encargos tuvo el sastre José Tomás de Francisco Camps. Y para ello se encontraron en distintas ocasiones en el hotel Ritz de Madrid y en las tiendas de Milano, en Serrano número 29, y en Forever Young, Paseo de la Castellana 124.
El auto dictado el pasado día 6 por el magistrado instructor de la parte del caso Gürtel que se investiga en Valencia da cuenta detallada de ellos. Se conocieron en 2006. Camps fue una primera vez a la tienda y Tomás le explicó, según confirmó ayer, qué tenían, qué telas trabajaban, cómo era el proceso de tomar medidas, elegir el mejor modelo, probar, retocar y finalmente entregar.
Ricardo Costa, secretario general de los populares valencianos; Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat valenciana; y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la consejería de Turismo y actual asesor de la Diputación de Valencia, todos ellos imputados en la causa junto a Camps por un supuesto delito de cohecho, ya conocían las habilidades de Tomás. El sastre afirma que Álvaro Pérez, el hombre en Valencia del supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, tenía especial interés en que Camps se hiciera cliente. Y lo consiguió.
Después de aquella primera vez hubo varios encuentros en fechas no precisadas de 2006, en la tienda de Milano y en el hotel Ritz, en los que el presidente, que citaba al sastre en ocasiones a la una de la madrugada para que le tomara medidas, encargó cuatro trajes y tres americanas.
En noviembre de ese mismo año, cuando José Tomás ya se había trasladado de Milano a Forever Young, el presidente Camps le visita en la nueva tienda. Tiene la ventaja para él, según cuenta el sastre, de que el emplazamiento del Paseo de la Castellana hace más fácil al chófer aparcar en la puerta sin consecuencias. La tienda de Serrano les daba dolores de cabeza porque delante de la entrada estaba el carril bus y porque el portero de la finca no aprobaba que se invadiera el acceso de los vecinos.
Esos trajes consolidaron, dice José Tomás, un estilo de cuello de americana muy abierto para que la camisa pudiera verse mucho más de lo habitual y una tendencia a nuevos colores, más modernos, más atrevidos. "Al principio le costó. Pero luego me contaba que en alguna ocasión le habían felicitado por el estilo de alguna prenda".
Antes de finalizar 2006 fue, según sigue relatando el auto de Flors, el propio Álvaro Pérez, El Bigotes, quien encargó por teléfono un esmoquin para Camps.
El acierto del sastre hizo que Camps le encargara, ya en 2007, un frac para acudir al Vaticano. El chaleco, negro, como manda el protocolo para visitar al Papa. Y el habitual blanco quedó desterrado también para otros dos chalecos que Camps encargó para el mismo frac. El presidente de la Generalitat dijo ante el juez que esas prendas en concreto las devolvió.
La primavera de 2007 Camps realiza varios encargos. E incluye más prendas. Además del ortodoxo traje, americanas, pantalones sueltos, alguna corbata y zapatos. Los zapatos fueron la joya de la corona: de piel de anca de potro, de Crockett and Jones. De hecho, un par se afeó tras un acto en el que le pisaron varias veces. José Tomás recibió los zapatos afectados, los restauró y con ellos de regreso envió a la esposa del presidente un kit para el especial cuidado que necesitaban. "Siempre gracias, siempre amable, siempre atento. Era una relación con una extraordinaria complicidad entre los dos, por eso me duele que digan las cosas que dicen", afirma José Tomás.
Justo antes del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia, en el verano de 2008 según José Tomás, aunque el auto no precisa la fecha, Camps encarga otros dos trajes. Son de finísima lana súper 180. Y un par de zapatos nuevos, no de anca de potro. El presidente acude a Madrid, pasa la noche en el Ritz y le pide a José Tomás que por la mañana, a primera hora, acuda a arreglarle el largo de las mangas. El sastre, a las ocho de la mañana, según su testimonio, empezó la compostura. Fue, dice, a escasas horas del estreno de las piezas.
Francisco Camps afirmó haber pagado varios precios, por un valor de 2.400 euros. Nadie, ni el sastre ni empleados de las tiendas, lo corroboran. Sin embargo, como señala el auto, sí consta que esas piezas fueron pagadas, junto a otras, por Pablo Crespo, responsable de Orange Market junto a Álvaro Pérez.
El auto de Flors desmonta la aparente excepcionalidad de los encargos de Camps. El presidente conocía bien las tiendas de Madrid, encargaba sin preguntar precio (así lo dice el sastre) y sin atender a calendario.
www.elpais.es 12.07.09
El precedente del Flamingo's
El artículo 426 del Código Penal -ése que el juez José Flors cree que es de aplicación al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y a otros tres altos cargos- ha sido muy raramente utilizado desde que entró en vigor, en 1995. Si bien el cohecho pasivo impropio ya estaba recogido en el Código de 1973. Es un precepto que castiga a la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo, o para la consecución de un acto no prohibido legalmente. La pena que le corresponde es una multa de tres a seis meses.
Esto significa que hay otras modalidades de cohecho, como por ejemplo el que reclama el regalo a cambio de algo en el ejercicio de su cargo, sea justa o injusta la acción a realizar. Pero el juez Flors y la Fiscalía consideran que los obsequios que se hicieron a Camps y a los suyos lo fueron únicamente en razón de la importancia de sus cargos, sin vincularlo a ningún acto concreto, ni a adjudicación de contrato alguno. En la causa no han aparecido, al menos hasta el momento, datos sobre adjudicaciones de Camps a cambio de los trajes.
Se trata de un artículo que se aplica poco porque normalmente los cohechos se suelen dar a cambio de algo: agilizar trámites, recalificaciones de terrenos, adjudicaciones favorables, etcétera. Aquí se hacen los regalos en función de que, en un futuro, ser amigo de la autoridad puede ayudar a decidir un contrato o a recibir un trato de favor que en otras circunstancias no se dispensaría.
La última sentencia que el Supremo confirmó por el artículo 426 se refiere a un caso de la Audiencia Provincial de Cuenca, en el que dos guardias civiles precisamente por razón de su función no abonaban las consumiciones ni los servicios sexuales que recibían de mujeres que trabajaban en el club Flamingo's, sito en el kilómetro 174,5 de la carretera N-301.
No deja de ser curioso que la sentencia señalara que no se constató que los agentes, pese a los servicios recibidos, hubieran tenido conocimiento de que en el local se ejercía la prostitución por mujeres introducidas ilegalmente en España, y a las que se exigía una cantidad de dinero que tenían que saldar con esa actividad. Los guardias fueron condenados a sendas penas de seis meses con una cuota diaria de 15 euros
www.elpais.es 12.07.09
El Consell pagó casi 1,5 milllones a Orange Market en extras de Fitur
Turismo y otras áreas como Infraestructuras o Territorio soportaron facturas de sobrecostes no contemplados en las adjudicaciones
La embajada que la presunta trama de corrupción dirigida por Francisco Correa abrió en la Comunitat Valenciana el 24 de julio de 2003, al mes de que Francisco Camps tomó posesión como presidente, ha engordado sus cuentas con recursos procedentes del PP valenciano (unos dos millones de euros) y, especialmente, de la Generalitat. Eran casi sus dos únicos clientes y no necesitaba más. La principal fuente de ingresos en dinero público era el contrato para montar el pabellón valenciano en la Fitur, que le fue adjudicado en cinco ediciones consecutivas como si fuera una exclusiva. Por ese concepto, la empresa de Álvaro Pérez cobró casi 1,5 millones en extras. Como si de una obra pública construida en cemento se tratara, el montaje y desmontaje de los expositores generaron sobrecostes.
El juez instructor de la pata valenciana del caso Gürtel, José Flors, ha elevado a casi siete millones de euros el monto de los pagos. El auto del magistrado Garzón, al principio de la investigación, refería los precios oficiales de las adjudicaciones: 5.530.000 euros. La diferencia se explica en los extras. Documentación a la que ha tenido acceso este diario demuestra que se centrifugaron costes para que diversas conselleries arrimaran el hombro asumiendo contratos menores, por debajo de los 12.000 euros, que por su cuantía no requieren siquiera expediente de contratación y, por tanto escapan a cualquier fiscalización. Tal es el caso de Infraestructuras o Territorio, que pagaron sendas facturas calcadas de 11.900 euros por una presunta participación en el pabellón genérico de la Comunitat Valenciana, como adelantó este diario.
Hasta ahora se desconocía, pero la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) también asumió sobrecostes. Pagó, por ejemplo, una factura de 8.537,89 euros a Orange Market por "extras" del expositor valenciano en la primera edición que supuestamente montó, la de 2005. En la práctica, según declaraciones de la ex directiva de la trama Felisa Isabel Jordán, era Easy Concept.
El precio por el que se adjudica el montaje y desmontaje del pabellón valenciano en Fitur incluye otras cuatro ferias nacionales: Expovacaciones (Bilbao), el certamen internacional de Turismo de la Comunitat Valenciana (TCV), el Saló Turístic Internacional de Catalunya (STIC) e Intur, que se celebra en Valladolid. Sin embargo, ello no fue óbice para que Álvaro Pérez presentara una factura por 24.940 euros en concepto de "diversos extras" relacionados con el montaje del expositor de 42 metros cuadrados con el que Turismo acudió en 2005 a Expovacaciones. Por la edición de la feria STIC de 2005 (del 26 al 29 de mayo), Orange Market percibió 15.270 euros.
Otro de los trabajos paralelos a Fitur de los que se encargó la franquicia valenciana de la trama ligada a PP fue el montaje del almuerzo del día de la Comunitat Valenciana en esa feria.Sólo la organización costó 119.035 euros.
Un portavoz de Turismo explicó que esta conselleria ha abonado los trabajos realizados en las ferias que le fueron adjudicadas, sin entrar en consideraciones sobre extras. Preguntado por en qué medida asumieron esos pagos el resto de consellerias, remitió a consultas a cada departamento.
Turismo y Álvaro Pérez siguen negociando
Al poco de estallar el escándalo Gürtel, la consellera de Turismo, Angélica Such, encargó un informe jurídico para que alumbrará la toma de una decisión respecto de su relación contractual con Orange Market. Turismo decidió resolver el contrato bastante antes de que, a principios de junio, le llegara una factura de medio millón de euros. Lo que quiere cobrar Orange Market por Fitur 2009.
La participación valenciana en las otras cuatro ferias no la ha organizado Álvaro Pérez porque ha tenido otros asuntos de los que ocuparse. Por eso, Turismo sostiene que Orange Market ha incumplido el contrato, argumento que usa en la negociación para intentar rebajar, según fuentes oficiales, la contraprestación por el trabajo que sí hizo. Se trata de peritar el coste de Fitur, ya que la adjudicación fue por cinco ferias. Las mismas fuentes, sostienen que aún no hay acuerdo y la factura sigue en el aire.
www.levante-emv.com 12.07.09
Campos admitirá haber recibido regalos de El Bigotes porque fueron personales
El ex vicepresidente se desmarca de la línea de defensa de Camps y Costa
El ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos cambia de estrategia de defensa y admitirá ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que recibió regalos de la trama corrupta de empresas que dirigía el empresario Francisco Correa y cuyo representante en Valencia era Álvaro Pérez, El Bigotes. Esos regalos fueron personales y no le pidieron nunca nada a cambio. Así lo aseguran fuentes del PP de Génova y del despacho que le defiende.
Campos, que fue 'número dos' de Camps, se retiró de la política en 2007
Costa, secretario general del PP, recurre el auto de su imputación
Campos, en principio, no recurrirá el auto del caso Camps, en el que el juez instructor José Flors rechazaba el archivo solicitado por los otros tres imputados -el presidente valenciano, Francisco Camps; su número dos, Ricardo Costa, y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret- y acordaba continuar con la investigación de un presunto delito de cohecho pasivo impropio, recogido en el artículo 426 del Código Penal.
La decisión de Campos, el único de los tres cargos del PP que fue dado de baja de militancia por la dirección nacional del partido y al que sus compañeros han dejado en el ostracismo, pone patas arriba la estrategia del presidente de la Generalitat y del secretario general de los populares valencianos. Ambos insisten en que no recibieron regalos de El Bigotes.
Campos defenderá ante el juez que recibió regalos, que lo hizo en razón de amistad y que nadie le pidió nada a cambio. Su defensa esgrimirá, además, que nunca interfirió en proceso de adjudicación alguno y que los hechos que se le imputan podrían haber prescrito. Campos sólo se plantea recurrir el auto del Tribunal Superior por considerar que parte de los hechos que se le imputan han prescrito.
La decisión de Campos supone un cambio en la estrategia mantenida hasta ahora en el proceso. El ex vicepresidente del Gobierno valenciano, en su declaración ante el juez instructor José Flors, había manifestado que había pagado los trajes recibidos -igual que los otros tres cargos-, recurrió su imputación y llegó a presentar una solicitud de archivo.
Ahora, después de que el auto le vincule con, al menos, un pedido de tres trajes, dos americanas y cinco pantalones, valorados en 4.850 euros y pagados por Pablo Crespo, copropietario de Orange Market y uno de los cabecillas de la trama, Víctor Campos ha decidido adoptar otra línea de defensa.
El auto del magistrado José Flors lo explica así: "[en 2005] Álvaro Pérez y José Tomás [sastre y principal testigo de cargo] acudieron al despacho oficial de Víctor Campos Guinot, que desempeñaba el cargo de vicepresidente del Consell de la Generalitat valenciana, en cuyas dependencias el señor Tomás [el sastre de Milano y Forever Young] le tomó medidas y le exhibió el muestrario de telas, recibiendo el encargo de varias prendas de ropa".
El cambio de rumbo de la defensa del Víctor Campos coloca a Camps y a Costa ante un nuevo aprieto. El ex vicepresidente de la Generalitat se retiró de la política en la primavera de 2007, justo antes de la campaña electoral autonómica. Campos, a diferencia de Camps y Costa, fue suspendido de militancia en el Partido Popular inmediatamente después de que el juez de la Audiencia Nacional lo incluyera como posible autor de un delito de cohecho en el auto redactado el pasado mes de marzo.
Es el único de los imputados en Valencia que ha sido suspendido de militancia. Ahora, Víctor Campos asume que puede ser condenado a una multa, aunque considere que los regalos fueron personales y que no ha cometido delito alguno. De hecho, el ex vicepresidente de la Generalitat nunca ocultó su relación con Álvaro Pérez, el responsable de Orange Market en Valencia.
La defensa de Campos, además, pone en duda que el supuesto delito todavía pueda ser perseguido. ¿Por qué? Porque si se toma como referencia la apertura de diligencias, 6 de agosto de 2008, dado que el delito de cohecho tiene tres años de prescripción, el encuentro en el despacho del ex vicepresidente, cuya fecha no se precisa, debería haberse producido con posterioridad al seis de agosto de 2005.
Las acusaciones entienden que el regalo no es efectivo, aunque los trajes se le hubiesen entregado antes, hasta que se abonó el coste de los mismos. Un pago que se hizo en el segundo semestre de 2006.
Sin embargo, en el auto del Tribunal Superior valenciano se señala que Campos "según manifestó José Tomás en la declaración que prestó ante este magistrado instructor, sobre la primavera de 2006 se presentó en la tienda de la calle de Serrano y se llevó un chaqué que confeccionó de la talla 48 y varias cosas más". Campos negó tal cosa en su comparecencia como imputado ante Flors.
Por contra, Francisco Camps, Ricardo Costa y Rafael Betoret, han decidido mantener la estrategia que han seguido hasta ahora. Esto es, negar que han recibido regalos y que pagaron en efectivo las prendas que aparecen referenciadas en la documentación de Milano y Forever Young.
Costa, en su recurso, ha decidido cuestionar los testimonios del sastre, poner en duda su credibilidad, minimizar la trascendencia de su relato y cuestionar el soporte de pagarés, facturas, hojas de pedido, de entrega y tiques varios. Eso es lo que argumentará, según fuentes próximas a Camps, el presidente valenciano. Las mismas fuentes argumentan que el jefe del Gobierno valenciano prefirió optar por negar la mayor antes que admitir que recibió los trajes.
Los trajes del ex vicepresidente Campos
En el auto del juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, José Flors, dictado el pasado lunes, refleja los siguientes encargos de ropa del ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos.
- En 2005, "Álvaro [Pérez, El Bigotes] y José Tomás [el sastre] acuden al despacho oficial de Víctor Campos, en cuyas dependencias el Sr. Tomás le tomó medidas y le exhibió el muestrario de telas, recibiendo el encargo de varias prensas de ropa: tres trajes, dos americanas y cinco pantalones por 4.850 euros". "No existe constancia de que los receptores de esas prendas abonaran su precio ni directa ni indirectamente, y sí la hay, en cambio, de que fueron satisfechas mediante dos cheques librados contra la cuenta de Orange Market".
- "En la primavera de 2006, D. Víctor Campos se presentó en la tienda de [Milano de] Serrano y se llevó un chaqué de confección de la talla 48 y varias cosas más (lo que el Sr. Campos negó en su declaración)". "La deuda fue finalmente saldada en metálico, y no por el señor Campos".
www.elpais.es 11.07.09
Los socialistas piden que declaren seis consejeros
El PSOE-PSPV quiere que seis consejeros autonómicos del Gobierno de Camps declaren por el caso Gürtel en Valencia. Los socialistas presentaron ayer recurso de reforma y apelación al auto dictado el pasado día 6 por el magistrado juez José Flors, instructor de la causa en la que está imputado Francisco Camps, para que amplíe los delitos y cite a declarar a seis consejeros autonómicos y a seis de los imputados en la parte de la trama que instruye el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Los socialistas, acusación popular en la causa abierta en Valencia, solicitan que declaren como testigos: Miguel Peralta, ex consejero de Justicia; Rafael Blasco, consejero de Inmigración y ex consejero de Urbanismo; Milagrosa Martínez, ex consejera de Turismo y actual presidenta de las Cortes valencianas; Vicente Rambla, vicepresidente primero de la Generalitat y ex consejero de Justicia; Alejandro Font de Mora, consejero de Educación y ex consejero de Presidencia; y Ramón García Antón, ex consejero de Infraestructuras y actual responsable de Medio Ambiente. El PSPV entiende que todos ellos deben dar explicaciones de contratos sustanciosos con Orange Market.
Los socialistas valencianos quieren, además, que sean citados a declarar como testigos, acompañados de abogado, seis de los imputados en la causa que se sigue por la trama corrupta en Madrid: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán y José Luis Izquierdo.
Por último, solicitan que se reclamen los contratos de la Generalitat con Orange Market y otras empresas de la trama por supuestas irregularidades en la adjudicación, que se averigüe si hay documentación relacionada en el Tribunal Superior de Madrid y que se amplíe la causa a otros delitos además del cohecho.
Costa, contra el sastre
Ricardo Costa, secretario general de los populares valencianos, presentó ayer también recurso contra el auto de Flors. Su argumentación para sostener su inocencia es que las acusaciones se sustentan en el testimonio del sastre José Tomás, que ese testimonio no ha sido contrastado y que las pruebas documentales son insuficientes, genéricas e imprecisas.
En los razonamientos jurídicos del auto, el propio Flors afirmó en relación con Tomás que "sus declaraciones coinciden, además, en buena medida con el contenido de otras diligencias de carácter documental aportadas a la causa, a las que se ha atenido el instructor para pronunciar la presente resolución".
www.elpais.es 11.07.09
Un consejero de Camps admite la crisis de Gobierno
"Tenemos una crisis de Gobierno desde hace cuatro meses por un señor, que es presidente del Gobierno regional, que tiene que demostrar que ha pagado dos trajes que se ha llevado. No es que tengan que demostrar los demás que no los ha pagado. Llevamos cuatro meses intentando demostrar que ha pagado él sus trajes". Quien habla, según publicó ayer el diario Levante-EMV, es Rafael Blasco, consejero de Inmigración del Gobierno presidido por Francisco Camps, imputado por cohecho.
Según el rotativo, Blasco participó el pasado jueves en una reunión con Víctor Vicente Bravo, presidente de Dalport Inversiones -firma uruguaya que se ha hecho con la mayoría de las acciones del Valencia CF- y con Vicente Soriano, el hombre de confianza de Bravo en el club de fútbol. Durante la conversación, que Blasco circunscribió ayer a su actividad privada, el consejero actuó como un asesor de Bravo y Soriano, a los que aconseja sobre los pasos que deben dar para que su proyecto al frente del club sea creíble.
www.elpais.es 11.07.09
EL PP EMPIEZA A ASUMIR PÚBLICAMENTE QUE CAMPS PUDO NO PAGAR LOS TRAJES
El PP ha dado un giro total a su estrategia frente al inesperado empeoramiento del caso Camps. Los populares, que hasta el lunes siempre defendieron que el presidente de la Generalitat dijo la verdad cuando aseguró en público y ante el juez que la trama de Francisco Correa nunca le regaló ningún traje, se están empezando a poner la venda antes de la herida.
Diversos dirigentes están preparando públicamente un colchón por si las cosas van a peor. Consiste en decir que, aunque haya regalos, son cosas menores, habituales, sin valor. Esto es, se empieza a asumir públicamente que Camps pudo haber mentido al decir "yo me pago mis trajes", algo a lo que los populares parecen no dar excesivo valor.
Comenzó Rita Barberá, alcaldesa de Valencia -también vinculada a la red de Correa, puesto que cuando era presidenta de la FEMP le concedió la organización de todos los actos, 800.000 euros en contratos- que ha comparado los trajes con las anchoas que regala a Rodríguez Zapatero el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y ha llegado a pedir una reforma legal para aclarar mejor el cohecho impropio.
Pero ayer, en esa estrategia de crear un colchón por si acaso queda probado que Camps recibió regalos, entró también la secretaria general, Dolores de Cospedal, la voz oficial del partido ante el silencio de Rajoy. Cospedal admitió la hipótesis de la mentira, aunque insistió en su confianza en Camps y aseguró que "no está probado que no haya dicho la verdad".
"En el hipotético caso de que estuviéramos hablando de algún tipo de regalo es algo muy discutible hasta dónde tiene que llegar el tipo penal o los límites en este asunto", aseguró en una entrevista en Radio Nacional. Cospedal no llegó a pedir una reforma legal pero sí aseguró que ve "muy complicado" dilucidar cuáles son esos obsequios que reciben los responsables públicos por razón de su cargo.
Le contestó el ministro de Justicia, Francisco Caamaño: "Frente a la ley no hay privilegios. No voy a entrar en interpretaciones del Código Penal, los jueces verán si hay delito de cohecho o no". Antonio Basagoiti, líder del PP vasco, en la misma línea pero más directo, sentenció: "La acusación contra Camps es una verdadera gilipollez".
Mucho más claro fue un personaje que, teóricamente, debería ser clave en esta historia y sin embargo aún no ha participado. Se trata de Alfonso Fernández Mañueco, presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP. Con su firma, el PP ha suspendido de militancia a todos los imputados en el caso Gürtel, menos a dos: Camps y Ricardo Costa. La doble vara de medir llega al extremo de que Víctor Campos, ex vicepresidente, imputado como Camps por los regalos de trajes, está suspendido de militancia y el presidente valenciano no.
Fernández Mañueco, hombre fuerte del PP de Castilla y León, dejó ayer muy claro en público que no descarta la hipótesis de que Camps haya recibido regalos. Preguntado sobre el asunto en Valladolid, señaló, según Efe: "No puedo aclarar este extremo. Una cosa es lo que podamos pensar o debatir... Desconozco absolutamente los extremos salvo la información que sale en determinados medios de comunicación, algunas veces sesgada", sentenció, demostrando que como presidente del Comité de Garantías no ha recibido ninguna información y no tiene claro qué versión creer.
(www.elpais.com, 10/07/09)
AGUIRRE COMPARA LOS TRAJES DE CAMPS CON “LAS PICOTAS” QUE LE REGALÓ “UN FRUTERO AMIGO”
A partir del año que viene, Federico Jiménez Losantos dejará de presentar La Hora de Federico en Libertad Digital Televisión para dedicarse “en cuerpo y alma” a esRadio. Para poner al punto y final a su programa de televisión, el polémico periodista entrevistó a su musa liberal, Esperanza Aguirre, y al presidente de su equipo de fútbol, el constructor Florentino Pérez.
Antes de empezar a charlar amablemente con Aguirre, el todavía locutor de la COPE alabó la política económica neoliberal (bajada de impuestos, reducción del gasto público…) que la líderesa del PP está llevando a cabo en la Comunidad de Madrid (la única región, por cierto, en la que aumentó el paro el pasado mes de junio).
Sin gordas
Cargando contra Keynes, y alabando la política económica de José María Aznar. Así empezó su intervención Esperanza Aguirre en el programa de Federico. Acto seguido, la presidenta del PP madrileño afirmó, emulando a su mentor, que “este gobierno es el peor gobierno de la democracia de la historia”, entre otras cosas, porque Zapatero tiene en cuenta las “cuotas” y “cesó a todas las gordas para poner a todas las flacas”.
Perfil más duroAguirre, también se posicionó en contra de la elección de Elena Salgado como ministra de economía (prefería para el cargo a Fernández Ordoñez), se posicionó a favor de la energía nuclear porque es “lo que el sentido común dicta” y se mostró partidaria de que “los bancos que estén bien gestionados sigan y los que no, caigan. Al igual que las cajas”.
Defensora de Cascos
En definitiva, Aguirre mostró su perfil más radical, hasta el punto que no tuvo reparos en afirmar que estaría “encantada” de que Álvarez Cascos volviera a la política porque “es un fantástico responsable de cualquier cosa”.
Las picotasY tras Cascos, llegó la defensa de Francisco Camps. “Ayer, un frutero amigo me mandó unas picotas impresionantes. Y cuando fui a comerme la picota dije ¡Dios mió, voy a cometer cohecho impropio!”, afirmó Esperanza Aguirre para defender al presidente de la Comunidad Valenciana y cargar contra leyes “poco serias” y “disparatadas” como las del cohecho impropio (delitó que comparó con el "asesinato impropio").
Las facturas
Eso sí, Aguirre dejó claro que ella sí podría demostrar que ha pagado todos sus trajes: “A mí si me piden las facturas de mis trajes puedo asegurar que no las tengo, pero creo que podría demostrar que los he pagado, como supongo que hará Camps”, puntualizó.
Telemadrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid tampoco desaprovechó la ocasión para descalificar a los periodistas de Telemadrid (muchos de ellos sindicalistas) que han realizado múltiples huelgas a lo largo de este año para luchar por sus derechos. Según la líderesa, “han firmado (el acuerdo con la dirección) porque como se tenían que ir de vacaciones, no se iban a poner en huelga”. Eso sí, Aguirre recordó que “casualmente” ese acuerdo acaba tres meses antes de las próximas elecciones autonómicas.
“Seguro que después del verano nos veremos y yo le escucharé a usted”, dijo Aguirre para despedirse de su amigo Don Federico.
(www.elplural.com, 10/07/09)EL FISCAL PIDE JUZGAR A CORREA Y ‘EL BIGOTES’ JUNTO A CAMPS
La ramificación del caso Gürtel en Valencia no para de complicarse, tanto como la estrategia de defensa de los populares: la fiscalía anticorrupción solicitó ayer al juez instructor del caso en esta comunidad, José Flors, que cite como imputados en su causa a los cabecillas de esta trama corrupta, los empresarios Francisco Correa y Pablo Crespo, además de a Álvaro Pérez, responsable de la compañía Orange Market y más conocido como el Bigotes. Si el magistrado acepta la sugerencia del fiscal y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) opta por seguir adelante con el caso (pese a que el PP se dispone a solicitar nuevamente su sobreseimiento), se podrían ver sentados juntos, en el mismo banquillo, al presidente autonómico, Francisco Camps; a su amigo el Bigotes y al que fue jefe de este último, Francisco Correa.
La instantánea podría ser demoledora para la imagen pública de los conservadores pero, en todo caso, no será inmediata, ya que el juez Flors permitirá que, el próximo miércoles, puedan librarse de la visita al tribunal el presidente Camps; su portavoz parlamentario, Ricardo Costa, y el consejero Víctor Campos para conocer la concreción de su imputación en este caso de corrupción. Bastará con que asistan sus abogados. Otra cosa será si se abre juicio oral con jurado popular.
Con este nuevo paso, la Fiscalía Anticorrupción refuerza la tesis de que Camps y sus colaboradores incurrieron en delito de cohecho impropio, esto es, que se dejaron regalar trajes por los citados empresarios sin pensar en los cargos que ocupan. La misma idea que defiende el magistrado Flors en su auto y que tanto ha molestado al entorno del presidente valenciano, que insiste en que él se paga su ropa.
«La fiscalía comparte plenamente el contenido de ese auto, si bien considera que la conducta de quienes entregan y reciben dádivas debe ser objeto de enjuiciamiento en el mismo proceso», se apuntó desde el ministerio fiscal. O sea, que cree conveniente que el mismo jurado juzgue a los que presuntamente regalaron los trajes y a los que supuestamente recibieron el obsequio.
Mientras, el PP sigue virando en lo que a su estrategia en torno a Camps respecta. En teoría, la dirección nacional del partido le sigue apoyando, pero en la práctica prepara el terreno por si se demuestra, tal y como señalan la fiscalía y el juez, que Camps mintió cuando dijo que él mismo había abonado sus prendas de vestir. Por si llega ese escenario, la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, insistió en la poca relevancia que, a su juicio, tiene el delito del que se acusa a Camps y, como Rita Barberá, abogó por cambiar el Código Penal para suprimirlo. El PSPV acusó al PP de querer eliminar los delitos en los que incurren, «igual que Berlusconi».
(www.elperiodico.com, 10/07/09)
EL FISCAL PIDE IMPUTAR A CORREA Y 'EL BIGOTES' EN LA CAUSA CONTRA CAMPS
La Fiscalía Anticorrupción considera que tanto el que recibe la dádiva o el regalo como el que lo entrega a una autoridad o funcionario público a cambio de su favor deben ser juzgados en el mismo procedimiento. Por eso, ayer mismo solicitó al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) José Flors que amplíe la citación como imputados para la vista del próximo miércoles a Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. Son los cabecillas de la trama Gürtel y las tres personas que aparecen como las que pagaron los trajes presuntamente recibidos por el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y los otros tres dirigentes del PP valenciano acusados.
Anticorrupción precisa que "comparte plenamente el contenido del auto" del juez Flors , que ve indicios de un delito de cohecho en los trajes recibidos por Camps. La propia resolución afirma que ha hallado evidencias de que las empresas de Francisco Correa –principal encausado y en prisión desde el pasado mes de febrero– pagaron los trajes, y se centra especialmente en Orange Market, en cuyo accionariado participa Pablo Crespo y de cuya gestión en Valencia se ocupa Alvaro Pérez, El Bigotes.
Pero ninguno de ellos aparece citado como imputado en el auto dictado el lunes pasado por Flors, que se centra en los cuatro aforados vinculados a la trama: Francisco Camps; el secretario general del PP autonómico y portavoz del Grupo Popular de Les Corts, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos; y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.
La Fiscalía considera que Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez deben ser también imputados en la trama valenciana del caso Gürtel por un delito de cohecho. Los tres adquirieron esa condición cuando declararon ante el juez Baltasar Garzón el pasado mes de febrero, pero sólo Álvaro Pérez ha declarado ante el TSJCV. Lo hizo el pasado 20 de mayo, el mismo día que comparecían Víctor Campos y Rafael Betoret.
El Tribunal Supremo, cuando aceptó la competencia para investigar parte del caso Gürtel –en concreto, al senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, y al diputado de este partido Jesús Merino– también aceptó investigar "a las personas que hubieran realizado las entregas de dinero". Es decir, aunque no asumió la totalidad de la causa que se investigaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sí se encargará también de los cohechos que Correa pudo pagarle a los aforados de su competencia.
El juez Flors debe decidir sobre la petición fiscal de ampliar el número de imputados en Valencia antes de la celebración de la vista prevista para el día 15. Es la única manera de que puedan comparecer y ser informados de la imputación que se formula contra ellos. Precisamente, los cuatro aforados imputados en esta parte de la trama lograron eludir su presencia en la comparecencia al alegar que ya conocen las acusaciones que pesan sobre ellos y considerar que su derecho de defensa está perfectamente garantizado a través de sus abogados. El juez Flors les ha eximido de asistir.
El magistrado atribuye a Camps la comisión de un delito de cohecho del artículo 426, que castiga con multa de tres a seis meses a "la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo en consideración a su función".
La resolución de Flors no atribuye ningún delito a Correa, Crespo y Pérez, aunque su conducta sería fácilmente encardinable en el 423, que pena a "los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas corrompieren o intentaren corromper a las autoridades o funcionarios públicos". La pena prevista para estas personas es la misma que la que corresponda a los que se intentaba corromper. En este caso multa.
(www.publico.es, 10/07/09)
UN TRIBUNAL EN ENTREDICHO
Que Francisco Camps se siente en el banquillo depende de tres hombres: los tres magistrados conservadores de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV). Ellos deben decidir sobre los recursos anunciados por el presidente valenciano y sus tres compañeros de militancia e instrucción judicial contra el auto del juez José Flors que ratifica la existencia de serios indicios de soborno en la aceptación de trajes pagados por la trama corrupta que dirige Francisco Correa. Los tres jueces mantienen en vilo a la oposición valenciana, temerosa –en público o en privado–de que, no tanto la adscripción conservadora de los magistrados, sino su trayectoria biográfica, haga tambalearse el principio de independencia.
Quien encabeza la tríada es Juan Luis de la Rúa, presidente del tribunal y juez para cuya relación con Francisco Camps resulta insuficiente la palabra amistad, según lo dicho por el propio Camps en septiembre de 2008. Pese a todo, distintos juristas consultados creen que el auto de Flors posee cimientos tan sólidos que difícilmente De la Rúa podría archivar el caso. Algunas fuentes apuntan a que el magistrado pretende mudarse a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y que, bajo esa premisa, evitará cualquier paso que pudiera comprometer su ascenso.
Pero, aun siendo el más conspicuo y el que mayor revuelo mediático levanta, el presidente del TSJV no aparece como el único cuya independencia genera dudas. El segundo miembro del trío judicial que decidirá si la causa sigue adelante o se archiva es Juan Montero Aroca, en cuyo currículum destaca un hito reciente: en febrero archivó, en una semana y sin practicar una sola diligencia, el caso contra el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, por su presunta participación en el también presunto saqueo de seis millones de euros en Mercalicante.
Integrado por más de 10.000 folios, el sumario siguió adelante, pero sin Alperi, gracias a la meteórica intervención del juez Montero, miembro, como De la Rúa, de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Alperi, que permanecía imputado desde 2005, dimitió como alcalde en septiembre de 2008, un año después de lograr el acta de diputado autonómico por el PP que le garantizaba el rango de aforado y, por tanto, que su imputación se viera en el Tribunal Superior. Ayer, la juez alicantina que instruye el caso sobreseyó también las diligencias respecto a los otros cuatro directivos de Mercalicante imputados.
El tercer componente de la tríada judicial es José Francisco Ceres, afiliado también a la APM y cuyo nombramiento como magistrado del TSJV fue anulado por el Supremo en julio de 2008 y reconfirmado por el Consejo General del Poder Judicial en febrero de 2009. La anulación se produjo por un defecto de forma: el Consejo no había justificado de modo suficiente el porqué de su elección. En febrero, se subsanó el error.
Los cinco años de mandato de Juan Luis de la Rúa como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) concluyeron el pasado día 6, pero la ley lo prorroga en el cargo automáticamente hasta que se nombre a su sustituto. Su reemplazo está en manos del Consejo General del Poder Judicial, cuya Comisión Permanente debe todavía sacar la plaza concurso. Aunque quedan tres reuniones de este órgano en julio, previsiblemente no convocará la presidencia del TSJCV hasta septiembre, según fuentes del órgano de Gobierno de los jueces.
Los magistrados dispondrán de entre 10 y 20 días para solicitar el puesto. Tras estudiar los currículos y entrevistarse con los candidatos, la Comisión de Calificación elaborará una terna que elevará al Pleno, donde el pasado mes de marzo se atascó el último nombramiento de estas características que se ha estudiado: el de presidente del TSJ del País Vasco, cargo que sigue ocupando en funciones Fernando Ruiz Piñeiro. Estos puestos requieren mayoría de tres quintos, por lo que deben ser consensuados entre los vocales conservadores y progresistas, lo que complica la elección de un candidato, informa Ángeles Vázquez.
(www.publico.es, 10/07/09)
EL ENCUBRIMIENTO DEL 'TRAJEGATE'
El encubrimiento de una acción, esta es la principal lección del escándalo del Watergate, termina siendo más grave que el presunto delito, error o incompetencia inicial. La estrategia del PP en el Trajegate, que tiene como protagonista principal al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, se ha deslizado, a partir del 6 de julio pasado, por el tobogán del encubrimiento.
Hasta entonces el PP podía alegar la presunción de inocencia para guiar su conducta. Ahora el PP ya sabe que, en un auto judicial, el juez José Flors desmiente que Camps hubiera pagado los trajes.
El PP ata a partir de dicho auto conscientemente su destino al de Camps, suscribiendo, contra todas las evidencias examinadas, lo que ya puede ser calificada como una coartada falsa, aquella según la cual el presidente de la Generalitat pagó los trajes en metálico con dinero retirado de la caja de la farmacia de su esposa.
El argumento de que este auto no es firme y que una sala de tres magistrados verá los recursos no justifica al PP. Porque lo que importa aquí son los hechos. Y aunque la calificación jurídica pueda teóricamente ser objeto de debate, los hechos que describe el juez Flors no pueden ser objeto de modificación. Son inamovibles aún cuando, como afirma el juez, nos estamos moviendo todavía en un nivel indiciario.
El encubrimiento es cualquier intento de ocultar evidencias de una conducta impropia, un error, incompetencia o cualquier información comprometedora. En cierto momento, esta estrategia implica al conjunto de la dirección de un partido u organización, aunque las personas que pudieran cometer el error o el delito hayan actuado a título individual. El PP había optado hasta ahora por defender formalmente la presunción de inocencia de Camps, pero ahora ha decido respaldarle más allá incluso del apoyo tácito. La anécdota de las anchoas revela que el encubrimiento llegará hasta donde sea necesario.
Pero la estrategia político-legal de Camps, a la que se ha visto arrastrado Rajoy, es aquella descrita en La tapadera, el thriller de John Grisham, por el abogado Mitchell Y. McDeere: "Negar. Negar. Negar. Su teoría de la defensa penal consistía simplemente en: ¡Negar!¡Negar!¡Negar! No admitir nunca ningún hecho ni ninguna prueba que pudiera ser indicio de culpabilidad".
(www.publico.es, 10/07/09)
JOSÉ FRANCISCO CERES MONTES, POLÉMICO NOMBRAMIENTO
José Francisco Ceres Montes (19-12-1962) es el más joven de los tres magistrados que decidirán sobre el recurso del presidente Camps y los otros tres imputados. Es el menos conocido en el ámbito de la judicatura y su número de publicaciones más modesto que el de sus otros compañeros. De la APM, su perfil ideológico también es conservador y quizás el más marcado. Según fuentes jurídicas tiene una sólida experiencia, pero su nombramiento fue polémico al ser anulado en 2007. Después fue confirmado el 13 de febrero de 2009. Las fuentes apuntan que existió un gran interés en situarlo en la sala de lo Civil y Penal, que juzga cuestiones que afectan a aforados. Por ello los partidos siempre tienen un interés especial en situar a magistrados muy afines.
A sus 46 años, su nombramiento definitivo se produjo el 13 de febrero de 2009. Entre los casos en los que ha tomado parte destaca el archivo del proceso abierto contra la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo y su antecesor, Luis Díaz Alperi por un presunto trato de favor al empresario Enrique Ortiz. La celeridad con que cerró el caso fue objeto de polémica.
(www.levante-emv.com, 10/07/09)
TRES O CUATRO ´ESCALONCITOS´ MÁS DE LOS QUE PREVÉ CAMPS
Quizá no sean 39, como en la película de Alfred Hitchcock, los escalones judiciales pendientes antes de que se resuelva la causa contra Camps y otros altos cargos del PP valenciano, pero desde luego son algunos más de los "uno o dos 'escalonets'" que, según el jefe del Consell, tiene que subir (o bajar) para que "toda esta cuestión tan absurda y estrafalaria" se convierta en "pasado", como afirmó el martes sobre el demoledor auto del magistrado José Flors. No sólo hay pendientes varios pasos más, sino que, incluso en la hipótesis de que la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV aceptara el recurso de las defensas y dictara el sobreseimiento libre, el PSPV podría recurrir al Supremo.
Aún habría otro peldaño más, la posibilidad -si el Supremo también apoyara el archivo- de que los socialistas acudieran al Constitucional apelando al derecho a la tutela judicial efectiva ante la denegación de las pruebas solicitadas a lo largo del proceso para que se amplíen las investigaciones y ante la evidencia de que en Madrid no se ha levantado el secreto de sumario, de forma que el TSJM puede reavivar la causa valenciana. Ahora bien, si el eventual recurso al Supremo está cantado, fuentes del PSPV no ocultaban ayer que el camino del Constitucional resultaría complicado.
En la "hoja de ruta" judicial, el primer peldaño está a la vuelta de la esquina, la presentación de los recursos de reforma contra el auto de Flors ante el propio juez -algo que el PSPV sí va a cumplimentar- y los de apelación contra la resolución del magistrado ante la sala de recursos del TSJ, conformada por tres magistrados conservadores. El plazo para presentar los escritos finaliza el lunes. A partir de ahí, se dará traslado a las partes para que hagan sus consideraciones.
Mientras la sala recibe los documentos, el miércoles, 15 de julio, tendrá lugar otro paso: La comparecencia prevista en la ley del tribunal del jurado para que las acusaciones concreten las imputaciones y en la que las defensas pueden solicitar el sobreseimiento. A partir de ahí, el juez tendrá que resolver. Las partes, con todo, tendrán 5 días para solicitar nuevas diligencias. Un proceso en el que se vuelve a notificar a las partes para que insten lo que estimen oportuno. Si el magistrado rechazara pedir más pruebas, dará nuevo traslado a las partes a fin de que se pronuncien, en el plazo de otros 5 días, sobre la apertura del juicio, formulando escrito de conclusiones provisionales. Después, aún vendría la "audiencia preliminar", antes del eventual juicio.
Paralelamente, sólo si la sala resolviera los recursos archivando se frenaría el proceso. En ese supuesto, cabría la opción del Supremo si el sobreseimiento es libre. En cambio, si la sala optara por el archivo provisional hay dudas, ya que algunas fuentes sostienen que no cabría apelar al Supremo -el asunto permanecería en "stand by" a la espera de datos que llevaran a abrirlo- mientras otras mantienen que sí. Quizá la primera opción -de no permitirse el recurso a Madrid- sería la baza más favorable para Camps. Por descontado, en el caso de que la sala del TSJ avalara el auto de Flors, se iniciaría un calvario. Un vía crucis al que no le quedan uno o dos escaloncitos, sino, al menos, entre tres y cinco actos judiciales en el mejor de los escenarios.
(www.levante-emv.com, 10/07/09)
EL RELOJ DE 4.000 EUROS DE RICARDO COSTA
Cuando el pasado miércoles el secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana se subió al atril del auditorio de Alaquàs vestido de sport con un polo y vaqueros hubo un detalle que no pasó desapercibido a algunos de los asistentes. Costa lucía en su muñeca derecha un lujoso reloj Panerai Luminor Marina valorado en algo más de 4.100 euros.
Se trata un de un complemento exclusivo que comenzó a ponerse de moda entre las clases pudientes de Madrid pero que por el ejemplo de Costa se ha extendido ahora a la Comunitat Valenciana. El coste del reloj contrasta con el estado de las cuentas que el número dos del PPCV, imputado por cohecho por el juez José Flors dentro de la Operación Gürtel, presentó en su declaración de bienes de las Corts. Costa hizo público que disponía de cinco cuentas corrientes en otras tantas entidades y que su saldo era de 1.435 euros negativos.
El gusto de Costa por los artículos de lujo es conocido. Se compró un coche marca Infiniti FX50S cuyas prestaciones en materia de seguridad le sirvieron para salir casi ileso tras un graves accidente en la AP7. El Infiniti de Costa tiene un precio de 80.000 euros y él sostiene que pidió un préstamo personal de 30.000 euros para poder adquirirlo.
Los relojes Panerai Luminor Marina comenzaron a fabricarse en la década de los cuarenta heredando y desarrollando la técnica del Radiomir que había nacido 1938 para la Marina italiana. Entre los principales modelos están los históricos y los contemporáneos. Hay incluso Luminor sumergibles. El de Costa es el contemporáneo. El número dos no quiso hacer comentarios a preguntas de este diario: Ni si el reloj era regalado o comprado de su bolsillo.
(www.levante-emv.com, 10/07/09)
EL SASTRE NIEGA HABER RECIBIDO DINERO DEL PRESIDENTE
Perplejidad y estupefacción de José Tomás, el sastre de Milano y Forever Young que hizo los trajes de los imputados en la trama valenciana del caso Gürtel, al saber que la defensa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, podría argumentar que fue él quien recibió el dinero de las prendas. Tomás niega haber recibido jamás dinero de Camps y muestra su sorpresa ante ese argumento. Según él, insinuar eso es no dar ninguna credibilidad a la investigación que durante dos años han realizado la Fiscalía y la Policía. Y añade: "¿Por qué el abogado de Camps no me preguntó nada al respecto durante un interrogatorio de dos horas ante el magistrado Flors de Valencia? ¿Por qué ninguno de los abogados durante siete horas me preguntó por ese dinero? ¿Por qué nadie durante todo este tiempo ha dicho una palabra a ese respecto? Camps no me ha dado jamás un euro", afirmó ayer el sastre. Y agregó que, a pesar de la "perplejidad y estupefacción", lo que diga Camps en ese sentido le "importa realmente un bledo".
José Tomás expresó también su sorpresa por las declaraciones de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, en las que le señala, y dijo que "tal vez sea porque tienen algo más que ocultar".
El presidente Camps y el resto de imputados, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, no acudirán el próximo día 15 a la vista preliminar en la que se concretarán las imputaciones y se solicitará la práctica de diligencias. Ese trámite, previsto en el artículo 24 de la Ley del Jurado, es un derecho. Los imputados han renunciado a él porque consideran que su derecho a la defensa está suficientemente garantizado con la presencia de procuradores y letrados. Además, porque las imputaciones ya las conocen. Desde la imputación al auto del pasado día 6, pasando por sus declaraciones como imputados, son sabedores de lo que se les acusa. El magistrado-juez José Flors ha aceptado los escritos presentados en los que renuncian a comparecer.Camps evita así una nueva imagen de entrada en los tribunales, en esta ocasión ya con indicios racionales de haber recibido regalos de la trama de corrupción de empresas dirigidas por Francisco Correa. Ese mismo día en el que Camps no estará, la Fiscalía Anticorrupción pidió ayer que sí estén Francisco Correa, supuesto cabecilla de la trama, y los también empresarios Álvaro Pérez y Pablo Crespo.
(www.elpais.com, 10/07/09)
CUANDO LOS TRAJES SÍ TENÍAN IMPORTANCIA PARA EL PP
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, está a punto de sentarse en el banquillo por un escándalo relacionado con la trama de corrupción de la Operación Gürtel: presuntamente habría recibido trajes de las empresas de la trama. Ante este escándalo, el PP ha pretendido minimizar la importancia del delito de cohecho impropio del que se le acusa e incluso cuestionar código penal. Esta actitud contrasta con la mantenida hacer 20 años, a finales de 1988, con respecto a la ropa que la entonces directora general de RTVE, Pilar Miró, compró con cargo a los presupuestos del ente. En aquella ocasión, el PP atacó sin tregua a la cineasta, provocó su dimisión y la llevó ante los tribunales pidiendo para ella una pena de entre 12 y 14 años de cárcel por malversación de caudales públicos. Fue absuelta dos años después, aunque dimitió nada más estallar el escándalo. Una actitud bien diferente a la de Camps y eso que según el Código Ético impuesto por Aznar en el PP en 1993 los cargos públicos que se vean envueltos en un proceso judicial y haya contra ellos indicios racionales de comisión de un delito, deben poner a disposición del partido su puesto.
“Quedan uno o dos escalones para que pase toda esta cuestión extraña, absurda y estrafalaria”, aseguraba esta semana Francisco Camps sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de seguir adelante con la investigación sobre los trajes que el presidente valenciano recibió supuestamente de las empresas de la trama de corrupción de la Operación Gürtel. Y en su partido, la dirección nacional en pleno cierra filas en torno a él, comparando los regalos de los trajes con las anchoas que el presidente de Cantabria regala en sus visitas oficiales, apelando a la presunción de inocencia, minimizando la importancia del delito de cohecho impropio del que se le acusa o simplemente guardando silencio. La idea de que vaya a dimitir parece que ni siquiera se le ha pasado por la cabeza a la dirección del PP.
Trajes con cargo a RTVE
Pero otros asuntos de trajes no provocaron en su día la misma reacción sosegada en el partido conservador. Salvando las distancias entre un escenario y otro, la actitud del PP en este caso podría compararse con la que mantuvieron cuando, en 1988, se supo que la entonces directora del RTVE, Pilar Miró, había comprado unos trajes de representación por valor de cerca de un millón de las antiguas pesetas (unos 6.000 euros) que cargó a los presupuestos del ente público. En aquella ocasión, a diferencia del caso de Camps, sí había facturas, ya que Miró nunca negó los hechos: consideraba que los trajes eran necesarios por el protocolo derivado de su cargo, y su intención era dejarlos en el guardarropa de la cadena cuando se marchara.
Una "obligación" por "dignidad"
Estas explicaciones –que dio en el Congreso de los Diputados a petición de los conservadores, entonces bajo las siglas de AP- no le sirvieron de nada; El diputado popular Luis Ramallo inició una operación de acoso y derribo contra la cineasta, a la que acusaba de un delito de malversación de caudales públicos. Nada más saltar el escándalo, Ramallo exigió su dimisión –que se produjo semanas después y previo pago del importe íntegro de los polémicos trajes- y denunció el caso en los juzgados asegurando que cumplía con una “obligación” que le imponía su “dignidad como español y como político”.
Mantenerse en el cargo era entonces "insostenible"No sienten ahora esa “obligación” los populares con respecto al caso Camps, pero tal vez las diferencias más acusadas entre su comportamiento actual y el de entonces está en las declaraciones. Frente a la tibieza de ahora, en octubre de 1988 Ramallo no dudó en asegurar que el mantenimiento de Miró en su cargo era “insostenible” puesto que la compra de los trajes le parecía un asunto “muy grave, por el talante que demuestra”. En su opinión, los ciudadanos no estaban “ante una malversación, sino ante un alcance, dado que se están destinando los caudales o efectos públicos a una aplicación para usos propios”. “Ante la existencia de un supuesto de responsabilidad contable, procede dar conocimiento al ministerio fiscal del Tribunal de Cuentas”, exigió en el Congreso el 19 de octubre del 88, y pidió a la Fiscalía poner “en su caso, todas estas actuaciones en conocimiento de la jurisdicción penal, si estima que puede haberse incurrido en delito”.
"Reprobación pública" y "pérdida de confianza"
La Fiscalía no lo consideró así, y sugirió el archivo del asunto, aunque la Audiencia Provincial de Madrid siguió adelante con él. Se pedían para Miró entre 12 y 14 años de cárcel y Ramallo insistía en la marcha de la cineasta “por la reprobación pública de su conducta y por la evidente pérdida de confianza de toda la Cámara, incluido el grupo socialista”. Y la campaña del popular continuó en el Congreso, donde era portavoz de su grupo: “El hecho de que la dimisión [de Miró] esté pendiente de una conversación con Felipe González [entonces presidente del Gobierno] es propio de una república bananera”, acusaba entonces.
"Su amigo Felipe González" y el "tráfico de influencias"Esta no fue la única ocasión en que trató de mezclar en el asunto al ex presidente socialista: “El único español que no considera condenable la conducta de Pilar Miró es su amigo, Felipe González, y eso es un claro caso de tráfico de influencias, aunque sea afectivo”, declaró el 21 de octubre de aquel año. Al final resultó que tampoco los tribunales encontraron condenable su conducta, y la absolvieron en 1993, dando por buenos sus argumentos.
La contundencia de Ramallo se desinfla
Realmente, para el momento de la vista, la contundencia de Ramallo ya se había desinflado un poco. Durante el juicio, el diputado aseguró: “No vi que Miró fuera consciente de que cometía delito”. Y años después, suspendido de militancia por el partido tras verse involucrado en el escándalo de Gescartera por haber recibido presuntamente costosos regalos de la empresa, incluso llegó a pedirle perdón por aquella campaña. Era tarde, pues la directora ya había fallecido.
Que tenga la misma "dignidad" que Miró
Cuenta la sección El run run de Público que algunos de los diputados más veteranos del Congreso, como el socialista Francisco Fernández Magurán, tienen ahora bien presente este episodio y ya han pedido a Camps que tenga la misma “dignidad” que tuvo Miró para marcharse sin esperar a tener una resolución judicial sobre su caso. No parece que vaya a hacerlo, como tampoco que la dirección del PP vaya a ponerse tan duro como entonces. Esta vez, claro, el damnificado está en casa.
(www.elplural.com, 10/07/09)
Anticorrupción pide al tribunal valenciano que impute a los cabecillas de la 'trama Gürtel'
La fiscalía quiere que además de Camps y Costa, declaren como acusados Correa, El Bigotes y Crespo
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez José Flors, que instruye el caso Gürtel en la Comunidad Valenciana, que amplíe su auto del 6 de julio, en el que indicaba que existen indicios racionales de la posible comisión de un delito por cohecho por parte del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el secretario regional del PP valenciano, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret.
El juez Flors les citaba para la comparecencia de imputación prevista en el artículo 25 de la ley del Jurado para el día 15. Esta comparecencia en la que la fiscalía y las acusaciones deben especificar los hechos y delitos por los que acusa a los imputados, es previa a la apertura del juicio oral. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción apreció que se había citado a los receptores de las dádivas, pero no a los que las ofrecieron; por ello, aunque está de acuerdo con el auto del juez en lo que se refiere a Camps y a los otros aforados, ha solicitado al juez instructor que amplíe la comparecencia de imputación a los principales responsables de la trama de corrupción cuya investigación inició el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón: Álvaro Pérez, Francisco Correa y Pablo Crespo.
La Fiscalía Anticorrupción señala textualmente que "comparte plenamente el contenido del auto, si bien considera que la conducta de quienes entregan y reciben dádiva debe ser objeto de enjuiciamiento en el mismo procedimiento". Esta posición del ministerio público rompe la argumentación de los dirigentes del PP, que han tratado de minimizar como un asunto de menor entidad que Camps haya recibido regalos en forma de trajes, ya que enlaza de una manera directa esos regalos o dádivas con una trama de corrupción investigada en los tribunales.
www.elpais.es 09.07.09
EL PP SE LO JUEGA TODO A LA IDEA DE QUE UNA SALA CONSERVADORA SALVARÁ A CAMPS
Dimisión es para el PP una palabra maldita, que en ocho años de Gobierno de José María Aznar, pese a multitud de escándalos, sólo pronunció Manuel Pimentel. Es una palabra que sólo se utiliza para exigírsela a los socialistas. Este año, con éxito, puesto que Mariano Fernández Bermejo dimitió de ministro de Justicia por cazar sin licencia con el juez Baltasar Garzón, y Alberto Saiz, por supuesta utilización fraudulenta de los medios del CNI.
Pero ayer esta palabra maldita empezó a circular en el PP asociada a uno de los suyos, uno de los más importantes, Francisco Camps, todopoderoso barón valenciano, gran aval de Rajoy en la lucha interna del partido.
Hasta la secretaria general, Dolores de Cospedal, evitó descartar esa posibilidad. ¿Si acaba en el banquillo dimitirá?, le preguntaron en la televisión de Castilla y León. "Dependería de muchas circunstancias y fundamentalmente de una opinión personal", aseguró para concluir que ella prefiere "esperar al procedimiento judicial y no tratar de presionar desde el punto de vista mediático a lo que pueden hacer los jueces".
En el PP empieza a instalarse la idea de que a Camps sólo le queda un cartucho, que ya no hay plan B. Si la sala acepta el recurso que va a presentar contra el auto del juez José Flors, que ve "indicios racionales" de cohecho y sobre todo trata de probar que mintió al decir que él pagó todos los trajes, ya no habrá salida, sentencian varios dirigentes. Camps seguirá teniendo el apoyo de Mariano Rajoy incluso entonces, pero los que le conocen creen que no resistirá la presión. Por responsabilidad y también por no hacerle pasar ese trago a su familia y a su gente, dicen, se irá.
Sin embargo, en el PP se ha instalado también la idea de que eso no va a suceder. Los populares, con la información que les llega desde los dirigentes de la Comunidad Valenciana, están absolutamente convencidos de que la Sala del Tribunal Superior de Justicia que decidirá sobre el recurso le dará la razón a Camps.
La sala, explican estas fuentes, estará con toda probabilidad compuesta por tres magistrados conservadores miembros de la APM -Flors es de la moderada asociación Francisco de Vitoria, pero ni mucho menos es un juez de los considerados próximos al PSOE o anti-PP- y por tanto la confianza en que les dé la razón es mucho mayor.
Diversas fuentes del PP hablan abiertamente incluso de las vinculaciones personales que hay entre algunos jueces y dirigentes populares que están sirviendo para que les hagan llegar el mensaje de la gravedad de lo que se está jugando y la importancia que para el partido y el Gobierno valenciano tiene una decisión como ésta.
Todos recuerdan en privado que Juan Luis de la Rúa, el presidente del tribunal -que ayer cumplía su mandato y está a la espera de que el Poder Judicial decida sobre su puesto- y probablemente de la sala que juzgue el recurso de Camps, es tan amigo de este político que dijo en público: "la palabra amistad no es suficiente para definir nuestra relación".
Camps y su entorno, por su parte, según fuentes de la dirección, están trasladando el mensaje tanto a Rajoy como a otros dirigentes de que el asunto está controlado. Pero no sólo en privado. Los valencianos están tan seguros que incluso se juegan en público todo a esta única carta. "Faltan dos escaloncitos", dijo Camps. Y ayer fue más claro aún el conseller de Inmigración, Rafael Blasco, que expresó su "convicción personal" de que su jefe "no va a tener que sentarse delante de la Justicia por estos hechos".
Mientras, el PP sigue intentando minimizar los hechos y, sobre todo, evitar que se hable de la posible mentira de Camps, que insistió varias veces, en público y ante el juez, en que él pagó todos los trajes en metálico en la tienda de Madrid. De hecho, es el único de los imputados que dijo eso, los demás aseguraron que se los pagaron a la red de Francisco Correa, algo más difícil de contrastar, por lo que Camps se ha metido en un embrollo jurídico peor que el de sus compañeros. "Estamos hablando de una multa como mucho de 2.000 euros", insistió Cospedal, lo que supondría asumir que pudo haber regalo y por tanto el valenciano pudo mentir.
Rajoy ha decidido creer a su fiel barón cuando dice que pagó los trajes, pero en la cúpula del partido se ha instalado ya una gran incredulidad con el optimismo de Camps, que primero dijo que los jueces no admitirían el caso, después que no lo imputarían, después que no habría juicio oral y ahora que la sala le dará la razón. Si ha fallado cuatro veces, ¿por qué no una quinta?, se preguntan en Génova.
Rajoy sigue callado
Mariano Rajoy no quiso hablar tampoco ayer sobre la imputación de cohecho contra Camps. Estas fueron las reacciones en la cúpula del PP.
- María Dolores de Cospedal: Camps es víctima de un "ataque directo y personal". "Se está hablando de una conducta como mucho sancionable con 2.000 euros".
- Javier Arenas: Camps es "un hombre extraordinariamente decente".
(www.elpais.com, 09/07/09)
EL PSPV EXIGE EL CESE DEL DIRECTOR DE CANAL 9 POR SU RELACIÓN CON LA TRAMA
"Don Pedro García, Peter para los amigos, no puede seguir al frente de la Ràdio Televisió Valenciana [RTVV] porque es asesor y amigo de la trama del caso Gürtel". Con estas palabras, la diputada socialista valenciana Nuria Espí abría fuego contra el director de la televisión pública valenciana tras la publicación ayer en El PAÍS de las conversaciones del número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, con Álvaro Pérez, responsable de Orange Market, y de éste con Francisco Correa, cabecilla de la trama cuando en enero eran conscientes de que estaban siendo investigados.
En ellas, Pérez reconoce ante Correa que "Costa y Peter [Pedro García], le han dado un par de ideas" para salir de un "problema muy complicado" por "una cosa" que había hecho "hace tiempo con el Curita [apodo de Francisco Camps]".
Lo que se desprende de esa conversación explica, sostuvo la socialista, que Canal 9 no haya informado todavía a los telespectadores de que el presidente valenciano, Francisco Camps, está imputado por un supuesto delito de cohecho. "No queremos más televisiones públicas vertedero", enfatizó la diputada.
El seguimiento informativo que la televisión valenciana ha hecho del caso Gürtel ha sido denunciado por sindicatos con representación en la televisión. A lo más que han llegado es a referirse a Camps como supuesto implicado y a reproducir los comunicados de respuesta del PP a las decisiones judiciales que se han ido sucediendo.
El PSPV puso ayer el foco sobre García -al frente de RTVV por decisión de Camps- y recordó que el director aparece en el auto del juez Garzón del pasado 5 de marzo como receptor de ropa pagada por la trama. En el material requisado en el yate Parapipi, aparece un apunte de 3.550 euros en prendas para García.
El partido que dirige Jorge Alarte anunció además que ha recurrido el último auto de José Flors, instructor del caso en el Tribunal Superior valenciano, que coloca al presidente Camps a un paso de ser juzgado. El PSPV insiste en que "hay más cosas" y por ello quiere que se amplíe la investigación por si se dieran otros delitos como financiación ilegal de partidos, malversación de caudales públicos, prevaricación o tráfico de influencias. Los socialistas pedirán que declaren varios consejeros, así como Correa y otros miembros de la trama.
CUMPLEAÑOS EN MARRAQUECH
"Es el perejil de todas las salsas que todo el mundo aparta", dijo ayer la socialista Nuria Espí sobre Pedro García, en su día jefe de prensa del ex presidente valenciano Eduardo Zaplana, que supo acomodarse a la era Camps en 2003. García, actual director de la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), no sólo aparece en el auto de Garzón como receptor de trajes supuestamente pagados por la trama Gürtel, sino que ha reconocido su amistad con Álvaro Pérez, El Bigotes. Fue precisamente éste uno de los invitados al 40 cumpleaños que el director de la RTVV celebró en Marraquech. "Todos los asistentes son amigos personales míos", dijo entonces. En marzo de 2008, el presidente, altos cargos del PP y el propio García asistieron a la boda de Pérez con Noemí Ramal, que hizo distintos trabajos para Canal 9, incluidos los dos últimos shows de fin de año. A los pocos meses, y con la Operación Gürtel en marcha, García sustituyó a Correa -ya en prisión- como padrino en el bautizo de la hija de Pérez.
(www.elpais.com, 09/07/09)
EL RECURSO DE CAMPS ALEGARÁ QUE EL SASTRE PUDO QUEDARSE CON EL DINERO
El abogado de Francisco Camps prepara un recurso contra el auto del juez José Flors que persevera en el argumento de que el presidente de la Generalitat pagó sus trajes y que el sastre José Tomás pudo quedarse el dinero. Además, intentará introducir las dudas sobre la falta de fundamento del delito de cohecho impropio en el Código Penal.
La argumentación del abogado defensor de Camps, Javier Boix, se centra en que, aunque la caja de la tienda Forever Young no refleje los pagos metálicos relatados por el presidente de la Generalitat Valenciana en su comparecencia, esto no prueba que no le diera el dinero al sastre, José Tomás. De hecho, recuerdan en su entorno, unas de las veces que se encontraron fue en el hotel Ritz y allí pudo entregárselo.
Para probar que el presidente valenciano no usa tarjeta de crédito y que siempre paga en efectivo, se habían recopilado sus movimientos bancarios de los últimos años pero, finalmente, el instructor no realizó esta comprobación.
Uno de los mayores reproches que Presidencia hace del auto es que no se haya intentado corroborar con ninguna diligencia la versión de Camps. Y cómo se otorga más credibilidad al testimonio del sastre que al del presidente. Su defensa tratará de poner en duda la solvencia de José Tomás como testigo.
Ésta sería otra de las líneas argumentales de un recurso que agotará el plazo y no será presentado hasta principios de la semana que viene. Desde que la ramificación valenciana del caso Gürtel vio la luz, el entorno del jefe del Consell ha mantenido que, debido a su relación con Álvaro Pérez El Bigotes, su nombre se había visto inmerso en una trama de facturas falsas. Ésta es una vía que, opinan, no ha sido suficientemente explorada.
El juez admite en el auto la existencia de la trama: «Se solicitaba y obtenía la emisión de facturas por conceptos diferentes de los adquiridos, pero por igual importe que el efectivamente satisfecho con la presumible finalidad de utilizarlas para justificar aquellos pagos en la contabilidad de las empresas que asumían el cargo», señala.
Sin embargo, sostienen fuentes del PP, el juez da validez a las facturas donde aparece el nombre de Camps, pese a que forman parte de una contabilidad controlada estrictamente por José Tomás.
Para el entorno del presidente, el sastre formaba parte de esta estafa y su implicación invalida su testimonio. Por ello, Boix reclamó que se adjuntara a la causa la denuncia de Eduardo Hinojosa, dueño de Forever Young, por presunta falsedad documental, pero el juez Flors no lo admitió, aunque sí alude a ella en su auto. Otro elemento que introducirá la defensa, según fuentes del PP, es que José Tomás se encuentra en tratamiento por depresión.
Además, en el auto se han detectado algunas incongruencias como la existencia de una hoja de pedido en Forever Young de un traje para Camps con fecha 4 de enero de 2007 y un recibo de venta pendiente de cobro de esta misma prenda -uno de los cuatro trajes que el presidente reconoció en su declaración haber adquirido y pagado en metálico- datado el 4 de noviembre de 2006.
Jurídicamente, Javier Boix pretende introducir la duda sobre el fundamento de un delito como el cohecho impropio y estudia volver a pedir la nulidad del proceso.
(www.elmundo.es, 09/07/09)
LOS TRES ESCENARIOS DEL PRESIDENT
La consigna lanzada desde la dirección nacional del PP es el silencio. El partido de Mariano Rajoy se aferra a una defensa sin fisuras del presidente valenciano. Al menos, hasta el próximo día 15, fecha prevista para la vistilla judicial. En función del desarrollo del caso, son tres los escenarios posibles para el futuro de Camps.
1. Resistencia
Es la opción por la que mayor número de dirigentes conservadores se inclinan. En el entorno de Camps no dudan de que ha optado por no dar marcha atrás. "Desde el primer momento ha exhibido una seguridad en sus argumentos que pretende llevar hasta el final", asegura un veterano diputado. No obstante, hay quien añade otro matiz: "Resistirá mientras se lo permita su estado de ánimo. Parece dispuesto a seguir, pero todo es muy relativo", explica otro parlamentario.
Quienes le animan a continuar se escudan en que la instrucción puede durar tiempo. Ven que "sería un error tirar la toalla". Y añaden que si aguanta y el caso termina en archivo o absolución, Camps saldría doblemente reforzado.
2. Abandonar
Es la segunda opción que más partidarios tiene dentro del partido, si llega el momento del juicio. "Un presidente autonómico no puede sentarse en el banquillo" coinciden varias fuentes. Preguntada ayer por esta cuestión, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, mantuvo que la dimisión de Camps, si se abriera el juicio, "dependería de muchas circunstancias y de una opinión personal".
Llegado este punto, las Cortes valencianas, donde el PP tiene mayoría absoluta, deberían elegir sustituto. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el vicepresidente primero, Víctor Rambla, tendrían posibilidades.
3. Convocar comicios
El president tiene la potestad de convocar elecciones, pero es el escenario más "descabellado", según las fuentes consultadas. "En un modelo parlamentario se tiende a prevenir cambios de mayorías", explica un dirigente.
(www.publico.es, 09/07/09)
LAS CINTAS DEMUESTRAN QUE COSTA TENÍA RELACIÓN CON EL NÚMERO DOS DE LA TRAMA
Como si de un thriller se tratara, la evolución del caso Gürtel depara cada día alguna sorpresa sobre el cuadro de relaciones personales y políticas que conforman esta presunta trama de corrupción ligada al PP. Igual que en la dirección nacional de los populares que comanda Mariano Rajoy quisieron lavarse las manos cuando estalló el escándalo proclamando que en 2004 rompieron amarras con Francisco Correa y sus empresas, en el PP valenciano siempre han mantenido que sus vínculos y relaciones comerciales se ceñían única y exclusivamente a Álvaro Pérez y Orange Market y nunca sospecharon que esa firma no era otra cosa que la pata de la trama de Correa en la Comunitat Valenciana.
Sin embargo, una de las grabaciones que constan en el sumario del caso demuestra que el secretario general del PP, Ricardo Costa, conocía perfectamente a Pablo Crespo, mano derecha del jefe del grupo. En una conversación entre el número dos del partido de Camps y el jefe de Orange Market, Álvaro Pérez, este último avisa a Costa de que Pablo Crespo quiere explicarle los problemas que están teniendo a raíz de la actuación de la Fiscalía por una denuncia de la ex directiva Felisa Isabel Jordán. Le habla de "Pablo" y de esta última y Costa replica: "¿Quién es Isabel?". "La que dirigía la ofician de Madrid, la rubia, ¿Te acuerdas de ella?", le apunta el otro. Sobre "Pablo" no pregunta porque con Crespo tiene relación y lo conoce perfectamente. El número dos de la trama -ejecutor, según Garzón, de todas las órdenes de Correa y encarcelado junto a éste-y ex secretario de organización del PP gallego, fue, de hecho, uno de los dos fundadores de Orange Market, el 23 de julio de 2003. Crespo Sabaris sigue hoy teniendo la acción simbólica con la que participó -el 0,04% de la propiedad de la empresa- en el capital social de una firma en la que Luis de Miguel Pérez controla la práctica totalidad de las acciones. Con todo, Álvaro Pérez ha sido quien, de facto, ha timoneado la actividad de esa sociedad, tanto en sus contratos con el PP como con el Consell.
Igual que los populares valencianos sí tenían relación con Pablo Crespo, Rajoy no se desvinculó totalmente del grupo de Correa. La colaboración de Álvaro Pérez en los dos principales mítines de las generales (en Elx y la plaza de toros de Valencia), como ha contado este diario, prueba que Orange Market también prestó servicios a Génova.
(www.levante-emv.com, 09/07/09)
EL PP ADMITE QUE CAMPS DEBERÁ MEDITAR LA DIMISIÓN SI VA A JUICIO
Si finalmente Francisco Camps tiene que ir a juicio, será él quien deberá analizar la conveniencia de continuar o no en la vida política. Ese es el mensaje que anoche trasladó la dirección popular, después de haber mantenido en las últimas 48 horas que no se contemplaba la posibilidad de llegar a esa situación. Pero unas declaraciones en Castilla y León Televisión de la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, evidenciaron que en el PP sí se baraja ese escenario. Se le preguntó si el hecho de que Camps llegase a enfrentarse a un jurado popular debería implicar su dimisión. «Dependerá de muchas circunstancias y, fundamentalmente, de una opinión personal», respondió.
En todo caso, el equipo de Mariano Rajoy insiste en que cree al presidente valenciano cuando garantiza que él paga su ropa y que, por tanto, no ha aceptado ningún cohecho en forma de trajes por parte de una red corrupta de empresarios. Además, la dirección de los conservadores reconoce que seguirá apoyando a Camps. «No tiene de qué preocuparse», enfatizó anoche Cospedal.
El entorno del propio Camps reitera que no tendrá que pasar el mal trago de ser fotografiado sentado en un banquillo, ya que cuenta con que la sala de lo penal y civil del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acepte su recurso contra el auto judicial que abre esta posibilidad. Estas fuentes confían en que la presencia en dicha sala del máximo responsable del tribunal, Juan Luis de la Rúa –amigo de Camps–, junto a otros dos jueces conservadores, sea una garantía para los intereses del presidente valenciano.
También recurrirán el auto los socialistas valencianos, con el objetivo de que se amplíe la investigación a los delitos iniciales que apuntó el primer instructor del caso Gürtel, Baltasar Garzón: financiación ilegal de partidos, malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias. El portavoz del PSPV en el Parlamento valenciano, Ángel Luna, quiere que se tome declaración a otros testigos como el cabecilla de la red, Francisco Correa; a su número dos, Pablo Crespo, y a la exdirectiva de Easy Concept Felisa Jordán, quien declaró ante Garzón que ella pagó, a través de la empresa de Correa, los trajes a Camps. Este último testimonio, clave para entender el entramado de los negocios de Correa y sus conexiones, no ha prestado declaración en Valencia porque el juez no lo ha considerado necesario.
Mientras, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, volvió a comparar las anchoas que regala el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, con los trajes que pudiera haber recibido Camps. Barberá consideró que ese tipo de obsequios no son un cohecho y llegó a sugerir un cambio en el Código Penal. Lo paradójico es que ella se refirió a los polémicos trajes también como obsequios, cuando Camps asevera que él los pagó. Al partido no le ha gustado la salida de la alcaldesa, incluso, hay quien piensa que podría haber «destapado» una «mentira» de su jefe.(www.elperiodico.com, 09/07/09)
LA AGENDA INSTITUCIONAL OCULTA DE CAMPS
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, mantuvo ayer una actividad pública alejado de los periodistas para evitar posibles preguntas acerca de su situación procesal en el Tribunal Superior de Justicia. Camps, en la imagen subiendo al coche oficial, aprovechó el encuentro del consejero de Infraestructuras, Mario Flores, con su homólogo murciano para hacerse una fotografía de la conversación mantenida con ellos en el Palau de la Generalitat. Posteriormente, Presidencia, que difundió una imagen oficial, explicó que Camps también mantuvo un almuerzo con los impulsores del proyecto de la Torre de la Música, cuya construcción está prevista en Valencia. Ninguno de los dos actos se había incluido el día anterior en la agenda oficial del presidente.
(www.elpais.com, 09/07/09)
CAMPS NO EVITARÁ LA VISTA DE IMPUTACIÓN PESE A SU RECURSO
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, aparenta tranquilidad en sus comparecencias públicas. Parece confiado en el recurso que presentará contra el auto en el que el juez José Flors detalló el lunes los 11 indicios racionales de criminalidad existentes contra él por un delito de cohecho.
La impugnación será resuelta por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Juan Luis de la Rúa del que Camps dijo que la palabra amistad se quedaba corta para definir su relación y otros dos jueces.
Pero su recurso, al igual que el de los otros tres dirigentes del PP valenciano imputados, no suspende la comparecencia que el juez Flors fijó en su resolución para el próximo miércoles, día 15.
Eso significa que, pese al recurso, Camps y los otros tres imputados tendrán que asistir a la vista y escuchar en persona cómo las acusaciones piden que continúe el procedimiento, concretan las imputaciones que pesan contra ellos o piden nuevas diligencias. A través de ellas tratarán de ampliar el delito que Flors concretó en un cohecho por aceptar dádivas de las empresas de Francisco Correa "en consideración a su función" de autoridad. En la vista, sus defensas volverán a solicitar el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, al entender que no existió delito.
En un procedimiento con jurado, en el que no está implicado un presidente de comunidad autónoma, lo habitual es que el magistrado que preside esta comparecencia dé a conocer su decisión en los días inmediatamente posteriores a la celebración de la vista.
Pero en la trama valenciana del caso Gürtel hay un "muy honorable señor presidente de la Generalitat" al que se acusa de haber recibido trajes, zapatos y corbatas. Y no está tan claro que el calendario se desarrolle así. Hay quien sostiene que Flors podría esperar a que De la Rúa y los magistrados Juan Montero y José Ceres confirmen su auto del pasado lunes o lo revoquen y archiven el caso.
Si, como es habitual, Flors se pronuncia antes de que lo haga la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, parece imposible que no siga dando pasos para acercar a Camps al banquillo.
No en vano, en su resolución citaba hasta 11 indicios contra el presidente de la Generalitat y sugería que le mintió cuando declaró que había pagado en efectivo algunas prendas. El juez no halló constancia de ese pago y sí, en cambio, de que los abonos los hicieron las empresas de la presunta trama de corrupción.
Fuentes del TSJCV señalaron que las defensas tienen hasta el lunes para recurrir el auto de Flors. A continuación se dará un plazo de otros cinco días hábiles a las acusaciones para que formulen alegaciones contra los argumentos de los imputados. De la Rúa y los otros dos magistrados de la Sala Civil y Penal del TSJCV dispondrán de seis días para pronunciarse, lo que anuncia que el auto que resuelva los recursos no estará antes del día 23. Las mismas fuentes señalaron que dado el tamaño de la causa (siete tomos) es previsible que hasta septiembre no se sepa si se confirma el auto de Flors o si se archiva la causa, decisión contra la que no cabe recurso.
La resolución que adopte el juez Flors, tras la vista, será recurrible, por lo que si es contraria a los intereses de Camps también será impugnada. La Sala puede entonces resolver los dos recursos de Camps juntos.
(www.publico.es, 09/07/09)
BARBERÁ PROPONE DESPENALIZAR LOS REGALOS A LOS POLÍTICOS
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, debió considerar ayer que no se había formado suficiente revuelo cuando equiparó los regalos que hizo supuestamente la trama Gürtel al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con las anchoas que recibe Zapatero de parte del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Y decidió ir un paso más allá y exigir una reforma del Código Penal, a la vista de lo que se está haciendo "sufrir" al líder del PP valenciano.
La dirigente conservadora planteó la necesidad de cambiar el artículo 426 del Código Penal para "poner las cosas claras". Este señala que "la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses".
Barberá, que ya cuestiona hasta el ordenamiento jurídico, solicitó que se aplique la legislación "a todos" con "el mismo rasero" o bien "cambiarlo si estamos en una espiral de locura, que es donde parece que estamos". Pero Rajoy no tiene previsto pedir una reforma de este texto legal. Desde la dirección nacional del PP explican que lo planteado por Barberá responde "a una opinión personal". Eso sí, que "comparten muchos ciudadanos y compañeros de partido". Algunos de ellos señalaban con desenfado que se trataba de "una ritada" y le quitaban hierro al asunto.
La que muchos consideran como la posible sucesora de Camps, si las cosas se complican aún más, no lo ve como una broma y ayer insistió en que le parecía una "barbaridad" actuar contra Camps aplicándole este artículo que se refiere al delito de cohecho impropio y que encaja, según ella, perfectamente con la analogía que había realizado.
Barberá, que había instado a que por "vía de oficio" se presentara una denuncia contra el presidente del Gobierno por los regalos de Revilla, insistió con el argumento de que la ley "no dice si el regalo tiene forma de traje o de anchoa y si vale 1 euro o 10.000 euros".
La polémica de la anchoa fue la protagonista del día de ayer. Revilla, el presidente que las regala, recordó de inmediato que también se las manda al rey, a Rajoy y al propio Camps por Navidad. El presidente cántabro, que se ha visto involucrado de forma indirecta, comentó que eran sólo "dos latas de anchoas" y que "no son tan caras como dice Barberá", ya que "valen 20 euros" y dan para seis personas.
Revilla cree que "hay mucha diferencia entre vestirse de forma clandestina e ir con bolsas en la mano a regalar a los presidentes y al rey". Destacó que Barberá "debe de comer bien, porque tiene pinta", y le agradeció "la publicidad".
En cualquier caso, no fue la única persona en lamentar las palabras de la alcaldesa. La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, preguntó ayer "qué teme" Barberá para reclamar dicha modificación y lograr así que "no sea delito" aceptar regalos. Y también le llovieron críticas desde su propias filas.
El líder del PP de Cantabria, Ignacio Diego, consideró "desafortunada" la declaración de Barberá. Y lo mismo hizo el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, quien manifestó que no le parecía "pertinente" el comentario de su compañera.
La dirección del PP, que ha ordenado silencio a sus dirigentes para que no opinen en público sobre el caso Gürtel, salió de la mano de María Dolores de Cospedal a defender de nuevo a Camps. La secretaria general rompió ese silencio para denunciar que el líder del PP valenciano está siendo objeto de un "ataque personal y directo". A su juicio, eso ha generado una "situación muy complicada" para él porque se ha formado un auténtico "circo mediático y político" a su alrededor.
En una entrevista en Castilla y León Televisión, Cospedal indicó que está segura de que Camps es inocente y, por tanto, que no se podrá probar que ha existido un "cohecho impropio", una "conducta sancionable como mucho con 2.000 euros". En la cúpula del PP han variado de estrategia. Sorprende descubrir como ahora hablan abiertamente de regalos y tratan de restarle importancia porque su cuantía no es muy elevada.
(www.publico.es, 09/07/09)
COSPEDAL SE SUMA A LA TESIS DE BARBERÁ DE DESPENALIZAR LOS REGALOS A LOS POLÍTICOS
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, afirmó este jueves que en el "hipotético" caso de que el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, hubiera recibido regalos es "muy discutible" hasta "donde tiene que llegar el tipo Penal" y "muy complicado" establecer "una línea divisoria" sobre los obsequios que reciben los cargos públicos.
En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, De Cospedal defendió que hasta el momento "no se ha acreditado" que Camps no haya pagado los trajes por los que se le implica en el caso 'Gürtel', y dijo dar más "credibilidad" a la palabra del presidente de la Generalitat que a la del sastre José Tomás, que "ha cambiado cinco veces de palabra".
En este sentido, mostró su "apoyo sin fisuras" a Camps , mientras que en el caso del tesorero del PP Luis Bárcenas confió en que haya algún escrito judicial lo antes posible porque "la Justicia para ser justa también necesita ser rápida".
Asimismo, defendió que una cosa es que los dirigentes 'populares' contesten "tres o cuatro preguntas" sobre la trama 'Gürtel' y otra que estén "todas las horas del día hablando de este tema, que es lo que algunos pretenden".
(www.publico.es, 09/07/09)
BÁRCENAS A PUJALTE: "CON COMPAÑEROS COMO TÚ NO NECESITO ENEMIGOS"
Parece ser que el comentario del portavoz del PP en la Comisión de Presupuestos del Congreso, que cuestionó el empeño del tesorero del partido en aferrarse a su puesto pese a su implicación en la trama Gürtel, no le ha sentado nada bien a este último. Bárcenas, "desengañado" por la actitud de algunos compañeros de partido, según relata El Confidencial, estalló el pasado 16 de junio cuando Vicente Martínes Pujalte le invitó a "reflexionar" sobre su "continuidad" en el cargo.
Pujalte fue el primer dirigente popular que se atrevió en público a desautorizar la actitud de Barcenas. Cuando, de buen rollito, le pidió una "reflexión personal" sobre su continuidad, ésta le llegó vía telefónica y cargada de indignación. "Soy Luis Bárcenas. Acabo de oír lo que has dicho en el Congreso, y sólo quería decirte que con compañeros como tú no necesito enemigos", le espetó el tesorero del PP.
Máxima tensión
La conversación, según el diario de Jesús Cacho, se prolongó durante un par de minutos. Aunque Pujalte trató de quitar hierro a sus palabras, la tensión fue máxima y Bárcenas cortó abruptamente la llamada.
Dolido con sus compañeros
Un dirigente del PP, muy cercano al tesorero, destaca al respecto que no resulta "fácil de digerir para alguien que está convencido de que puede demostrar su inocencia" que muchos compañeros le hayan dado la espalda. También subraya las palabras del líder del PP vasco, quien aseguró que si estuviera en su lugar ya habría dimitido. Bárcenas está dolido por la tibia reacción de la cúpula de su partido para defenderlo, en contraste con la que mantiene con Francisco Camps. Eso sí, salva a Rajoy de la crítica.
(www.elplural.com, 09/07/09)
BASAGOITI: "LA ACUSACIÓN CONTRA CAMPS ES UNA VERDADERA GILIPOLLEZ
El presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti, ha opinado este jueves que la acusación contra el presidente de la Generalitat de Valencia, Francisco Camps, "es una verdadera gilipollez".
Camps está imputado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por un presunto delito de "cohecho impropio" por aceptar el regalo de varios trajes realizado por empresas relacionadas con el caso Gürtel, la supuesta trama de corrupción y tráfico de influencias en la que están implicados varios miembros del Partido Popular.
"La acusación a Camps es una verdadera gilipollez y además la ha hecho un tipo que pasaba por allí, que dice que le ha llevado unos trajes, y que está condenado por otros delitos similares y no tiene ninguna credibilidad", ha manifestado Basagoiti en una entrevista en ETB.
El presidente del PP vasco ha considerado que el "problema fundamental" de Camps es que "arrasa en las elecciones al Partido Socialista y eso alguno no lo perdona".
Basagoiti ha diferenciado la situación del presidente valenciano de la de otros dirigentes y cargos del PP que han dimitido por el caso Gürtel porque éstos estaban "acusados de temas más importantes" y había contra ellos "pruebas más contundentes".
Aparte de la continuación del TSJCV de la investigación contra Camps, la polémica esta semana en relación al caso Gürtel se ha centrado en las declaraciones de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que comparó los trajes recibidos por Camps con las anchoas que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, da a Zapatero.
Camps y los otros imputados tenían que presentarse el próximo miércoles por el caso Gürtel, pero finalmente el juez ha admitido el recurso de estos para no comparecer.
(www.publico.es, 09/07/09)
CAMPS EVITA ACUDIR A LA COMPARECENCIA ANTE EL TRIBUNAL EL PRÓXIMO MIÉRCOLES
El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y los otros tres cargos populares, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, han renunciado a acudir el próximo miércoles a la audiencia preliminar fijada por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) José Flors al entender que están lo suficientemente informados de la trama Gürtel, que los imputa por cohecho. Quienes sí estarán son sus abogados. Así, los acusados evitarán el espectáculo mediático.
Flors, que este lunes dictó un auto en el que veía "indicios racionales" para continuar el proceso contra Camps, había fijado un acto de comparecencia de concreción de imputación para este miércoles. No será el último antes de decidir si juzga al presidente regional o si archiva el caso. No obstante, los cuatro dirigentes del PP esquivarán la vista enviando a sus letrados.
Por otro lado, uno de estos cuatro altos cargos del PP, el secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, ha anunciado que recurrirá mañana el auto del TSJV, que mantiene la tramitación del procedimiento por un supuesto delito de cohecho en el llamado caso Gürtel.
(www.elpais.com, 09/07/09)
EL PP SE ESFUERZA POR DESVIAR EL TIRO DE LA POSIBLE MENTIRA DE CAMPS
Después del impacto inicial de una noticia que sólo los más informados, entre ellos Francisco Camps, esperaban, el PP se concentró ayer en rearmar sus naves y buscar una estrategia. Ante la duda, optaron por un comunicado leído por el portavoz, Esteban González Pons, sin admitir preguntas, que tenía el objetivo de dar una orden tajante al partido para que cierre filas: "El PP mantiene plenamente su confianza en Camps, que cuenta con el apoyo de todo el partido, y confía en que la actuación de la justicia terminará con un pronunciamiento favorable. Ni el partido ni sus dirigentes van a entrar a comentar o a debatir su contenido por respeto a la acción de la justicia".
Era claramente una orden de silencio. Pero a partir de ahí, el partido comenzó a poner en marcha la maquinaria para concentrar el debate donde menos les perjudica, esto es, en la cuantía de los regalos, y no donde más daño puede hacer políticamente: en si Camps pagó o no los trajes. Este último debate lleva al presidente valenciano a un callejón sin salida: aunque finalmente no haya delito, del auto del juez José Flors se deduce claramente que cree que mintió en público cuando dijo en el Foro Abc "yo me pago todos mis trajes", y ante el juez cuando aseguró que los pagó en metálico en la tienda con el dinero de la farmacia de su mujer.
Prácticamente todos los dirigentes consultados coinciden en que Camps debió decir desde el principio que un amigo íntimo suyo como Álvaro Pérez le había regalado unos trajes y se habría evitado este viacrucis. "No tiene sentido. Incluso podría haber dicho que se los regaló como amigo íntimo que es, y no como presidente, y eso no es delito. El problema es la mentira, eso políticamente es una bomba", sentencia un miembro de la dirección en un análisis muy extendido.
Ante esta evidencia, el PP se concentró ayer en minimizar las cantidades supuestamente regaladas. La línea es la marcada por Mariano Rajoy: "Nadie se vende por tres trajes" (aunque el auto refleja que la relación de ropa encargada para el presidente es más amplia). Esto es, podría haber regalo, pero no corrupción. Incluso Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, se apuntó a esta línea al comparar los posibles regalos a Camps con las anchoas que todos los años regala el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, a José Luis Rodríguez Zapatero. Ninguno de los dos ha negado nunca esa dádiva, al revés, la exhiben.
En público no hubo explicaciones, pero en privado sí, y detalladas. Fuentes del PP insistieron en que el importe de los regalos a Camps está muy por debajo de los que reciben otros políticos o periodistas. "La cacería que le costó el puesto al ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo cuesta más que cuatro trajes", sentenciaron fuentes del PP que insistían en no aceptar los argumentos del auto del juez Flors y en ver el vaso medio lleno. "La cosa no va tan mal", llegaron a decir. La defensa fue cerrada con Camps pero no tan fuerte con el tesorero, Luis Bárcenas, a quien ya le ha llegado el malestar de buena parte de los dirigentes por su insistencia en no dimitir.
Los populares, que usarán el comunicado como excusa para que Rajoy evite pronunciarse sobre este delicado asunto -ayer volvió a su estrategia de escapar de los periodistas-, ahora se concentran en ganar tiempo.
En el partido se ha instalado la idea de que una sala compuesta por tres magistrados conservadores -Flors es miembro de la asociación moderada Francisco de Vitoria- tumbará el auto del instructor. Algunos temen que de nuevo el optimismo excesivo impida elaborar una estrategia, pero la mayoría admite que, llegados a este punto, no queda otra que confiar en que los jueces le den la razón en algún momento.
(www.elpais.com, 08/07/09)
EL JUEZ APUNTA A COSTA COMO INTRODUCTOR DE ÁLVARO PÉREZ EN VALENCIA
El secretario general PPCV, Ricardo Costa, no acudió al bautizo de la hija de Álvaro Pérez el siete de febrero de este año en Barcelona. Un día antes la Policía Judicial registraba la sede de Orange Market en Valencia y los agentes se presentaban en la Agencia Valenciana de Turismo para reclamar los contratos de las ferias de turismo adjudicados a la antena comercial de la rama de Francisco Correa en Valencia. Costa prefirió guarnecerse y se quedó en Valencia. Lo mismo hizo el jefe del Consell, Francisco Camps, que también estaba invitado. El director de RTVV, Pedro García, terminó haciendo de padrino. García, que según los documentos también pudo beneficiarse de los regalos de Álvaro Pérez, no ha sido imputado ni investigado.
Todos eran amigos, hasta el punto de que según algunas fuentes Camps y su esposa han llegado a compartir veladas con cenas frías en el domicilio de Álvaro Pérez en Porta de la Mar. Sin embargo, el auto emitido anteayer por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, José Flors, señala especialmente la amistad entre Costa y Álvaro Pérez sugiriéndola como origen del cruce de relaciones con Camps, Víctor Campos y Rafael Betoret.
Según explica Flors, Costa y Pérez entablaron "relación de amistad" debido a la condición de Orange Market de proveedor de servicios para el Partido Popular de la Comunitat Valenciana, organizando actos. Pero añade un matiz más: "Álvaro Pérez ya era conocido de Ricardo Costa desde el año 1996 porque, según dijo este último, aquel intervenía en la organización de numerosos actos del partido por todo el territorio nacional". El juez se remonta así a los tiempos en que la red de Francisco Correa (considerado el cabecilla del grupo) organizaba actos y viajes para el PP de José María Aznar. La relación se mantuvo estable hasta 2004, cuando ya con Rajoy al frente del partido se cortaron lazos, aunque Correa siguió contratando algún servicio.
(www.levante-emv.es, 08/07/09)
CAMPS DINAMITA LA ESTRATEGIA DE SU ABOGADO
El catedrático de penal de la Universitat de València y prestigioso abogado Javier Boix ha tenido en su larga trayectoria como defensor de políticos en apuros clientes difíciles. Desde el ex tesorero del PP Rosendo Naseiro al presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra. El jefe del Consell no está siendo de los más disciplinados a la hora de ajustarse a la estrategia de defensa marcada por Boix. Fuentes jurídicas coinciden con otras del PP en que Francisco Camps impuso su criterio sobre los consejos del letrado que lo representa cuando el pasado 20 de mayo declaró ante el juez instructor, José Flors, que abonó el importe de los trajes en la tienda Forever Young, en caja y en metálico con dinero que, según el jefe del Consell, había cogido de la farmacia de su mujer. En su auto, Flors afirma que no hay "constancia de que su precio [de las prendas de vestir] fuera abonado (...) en el momento de recoger cada uno de aquellos trajes, como afirmó Camps en su declaración".En su escrito, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano apunta, además, que los documentos de pago aportados p0r las tiendas en las que trabajaba el sastre José Tomás están fechados en días que tampoco coinciden con los que el testimonio del presidente dijo haber pagado la ropa. El juez extiende al resto de los imputados -Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret- su conclusión de que tampoco consta "que hayan procedido en todo caso al abono de su precio", en alusión a los trajes adquiridos. A diferencia de Camps, Costa y compañía defendieron en su declaración que entregaron el importe de las prendas al presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, con la intención de que éste abonará las facturas a la tienda. El malestar del letrado con su defendido es notable. Quizás por ello y en vista de que de momento el asunto se está torciendo para el presidente, tras conocer el auto Camps pidió auxilio a su abogado. El jefe del Consell mantuvo una reunión de urgencia con Boix para abordar el futuro de la causa.
El jefe del Consell ha antepuesto un planteamiento estrictamente político de su implicación en el caso Gürtel a un enfoque jurídico. Descartada la opción de mantener que entregó el dinero al comercial valenciano de Correa -versión sostenida por Ricardo Costa- incluso podía haber tenido recorrido jurídico aceptar que efectivamente recibió los trajes como regalo, dada la amistad con Álvaro Pérez. En ese caso, la defensa debería haberse articulado, apuntan fuentes jurídicas, sobre el argumento de que la amistad es previa a que Camps fuera una autoridad pública. Sin embargo, esta apuesta, efectividad jurídica al margen, tenía una más que complicada venta política. Aunque, a estas alturas, descartado el archivo por el juez Flors, en el PP se agarran a una tabla de salvación parecida, al quitar importancia a los regalos. Que cuatro trajes no son nada. f. a.valencia
(www.levante-emv.es, 08/07/09)
LAS DEFENSAS DEL 'CASO GÜRTEL' NO QUIEREN UN JURADO
Las defensas de los imputados en la parte valenciana del caso Gürtel no quieren un jurado. Lo primero que defienden es la inocencia del presidente de la Generalitat, Francisco Camps; de Ricardo Costa, secretario general de los populares valencianos; de Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat; y de Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Justicia y actual asesor de la Diputación de Valencia. Pero además de reclamar que se archive la causa, rechazan que la misma pueda derivar en un juicio con jurado.
La Ley del Jurado, en el artículo 1 de las disposiciones generales, incluye, sin excepciones, todas las posibilidades de cohecho que recoge el Código Penal entre los artículos 419 y 426. Pero las defensas consideran que se dan circunstancias extraordinarias que hacen improcedente que este asunto sea juzgado por legos en la materia.
La circunstancia extraordinaria principal es quiénes son y qué responsabilidad ostentan dos de los imputados. Consideran, y así harán constar en sus recursos, que corresponde a un tribunal de magistrados entender de la causa. Más aún, se acogen al acuerdo del plenario de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que defiende que el concepto aforado está ligado a dos únicas instancias judiciales en la literalidad de las leyes: las salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y la propia Sala Segunda del Supremo.
Otros juristas, en cambio, consideran que el espíritu de la Ley del Jurado no es sustraerse de juzgar aforados. Las defensas, en cualquier caso, esgrimirán entre otros estos argumentos en sus recursos contra el auto dictado el lunes por el juez instructor, José Flors, en el que rechaza el archivo solicitado por los imputados y convierte las diligencias previas en procedimiento de jurado, emplazándoles para el día 15. Para los letrados de los imputados, esencialmente, el delito de cohecho es muy complejo para un jurado y la condición de aforados merece y corresponde un tribunal de sala.
La sucesión de recursos que se prevé, la composición de la sala que los ve (mayoritariamente conservadora), la prolongación de la presidencia de Juan Luis de la Rúa (a quien públicamente Francisco Camps señaló como más que un amigo) preocupa a los magistrados del Tribunal Superior valenciano. Les preocupa por la debilidad de la apariencia de independencia. La contundencia del auto de Flors es el elemento que entienden puede resultar irreversible a pesar de las presiones.
(www.elpais.com, 08/07/09)
BARBERÁ PONE EN ENTREDICHO AL MOLT HONORABLE AL HABLAR DE REGALOS Y EN EL PP SE PREGUNTAN POR QUÉ MINTIÓ
Total, por unos trajes de nada.... La estrategia del PP desde que se supo que casi con toda probabilidad Francisco Camps será juzgado por cohecho, ha sido la de minimizar el problema. Sin embargo, ayer, al ver que el asunto se le estaba escapando de las manos, y, sobre todo, tras la metedura de pata de Barberá, quien, sin pretenderlo, puso en entredicho al Molt Honorable President al dar por hecho que había aceptado regalos -una circunstancia que él siempre ha negado, incluso ante el juez-, Rajoy ha impuesto el silencio. No habrá declaraciones públicas al respecto mientras termine el proceso judicial.
Eso de puertas afuera. Sin embargo, en el seno del PP no faltan los que critican con dureza la estrategia en todo este asunto. Según recoge el diario Público, altos cargos del PP que eludieron identificarse, reconocen abiertamente que "esto se está poniendo muy mal" y culpan al presidente valenciano de mentir. "Lo peor de todo es el modo en el que Paco ha gestionado el caso. Los datos conocidos ayer [por el lunes] ponen de manifiesto que mintió", mantiene un diputado del PP cpnsultado por el citado periódico. A los dirigentes del PP les resulta inaudito que Camps haya mantenido "por activa y por pasiva, que pagó su ropa en metálico con el dinero de la caja de la farmacia de su mujer".
"La mentira política es la bomba
Por otra parte, un miembro de la dirección del PP reconoció a El País que la "mentira política es la bomba". En su opinión, tenía que haber reconocido, desde el primer momento, los regalos de Álvaro Pérez, El Bigotes, "como amigo íntimo que es y no como presidente". Según las fuentes consultadas por este periódico, el partido, con la ley del silencio, pretende ganar tiempo. Considera que la sala del TSJ, compuesta por tres magistrados conservadores, tumbará el auto del juez instructor. Una idea que queda reforzada tal y como desvela hoy El Plural, el presidente de este tribunal valenciano, Juan Luis de la Rúa, íntimo de Camps, agotó su mandato el pasado lunes pero permanece en el cargo.
La defensa de Rita Barberá
"Yo pago mis trajes", clamaba en marzo Camps arropado por Rajoy y los suyos. Sin embargo en el PP no parecen creerle. Paradójica resultó la reacción que tuvo ayer Rita Barberá al dar por hecho y en público que había aceptado "dádivas" de los Correa. Su encendida defensa de Camps y la petición de que se juzgara a todo el mundo por cohecho, empezando por Zapatero que ha aceptado anchoas del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, además de no hacerle ningún favor, ha provocado malestar en el PP cántabro. En este sentido, su presidente ha tildado el comentario de "desafortunado".
(www.elplural.com, 08/07/09)
"RICARDO [COSTA] ME HA DICHO: "SI LO ARREGLAMOS ASÍ ME PERJUDICA A MÍ"
Era el mismo día, el 21 de enero de 2009, en que Álvaro Pérez, El Bigotes, le explicaba desesperado a su jefe, Francisco Correa, que había un problema "muy complicado" por "una cosa" que había hecho "hace tiempo con El Curita [apodo de Francisco Camps]". Pocas horas antes, El Bigotes había mantenido una conversación con Ricardo Costa, número dos del PP valenciano. Orange Market, la empresa de Pérez, obtenía prácticamente todos los contratos del PP valenciano, dirigido por Costa.
Ricardo Costa. ¿Hay algún problema? ¿Ha pasado algo?
Álvaro Pérez. No, pero a lo mejor puede pasar. Por una cabronada de Isabel Jordán [la administradora de Correa], te lo quiere explicar Pablo [Crespo].
R. C. ¿Quién es Isabel?
Á. P. La que dirigía la oficina de Madrid. La rubia. ¿Te acuerdas de ella?
R. C. ¿Os quiere meter en algún lío?
Á. P. Está haciendo la hijadeputa y te lo queremos contar. Te lo quiere contar Pablo sobre todo para que veas cómo lo va a arreglar más o menos.
R. C. Vale, luego.
Á. P. Luego te llamo.
Esa noche, El Bigotes llama a Correa, su jefe, para contarle la reunión que mantuvo con Costa y el problema de los trajes.
Álvaro Pérez. Los representantes de los Grammy llegan a Valencia a las nueve y los recogeré en una furgoneta de lujo que he alquilado para llevarles a ver en primer lugar la Ciudad de las Ciencias y las Artes, luego a la Feria de Valencia (...) quieren irse después de comer a Barcelona. Le he dicho a Guillermo y Fernando que estaría bien que se quedaran en Valencia para cenar y charlar pero como llevo todo el puto día hundido con la mierda esta... he estado hablando con Ricardo [Costa], con Peter [Pedro García, director de la televisión valenciana Canal 9], que me han dado un par de ideas. He estado con Ricardo, que me ha dicho: "Oye, arreglarlo así al único que perjudica es a mí. Yo por ayudarte hago lo que sea y además te lo demuestro cada día, pero si lo hacemos de esta manera al único que te cargas es a tu amigo Ricardo, que por cierto es el único que te ayuda siempre". Y yo le he dicho que tiene toda la razón, así que olvídate...
Unas horas después, Pérez y Correa vuelven a hablar.
Álvaro Pérez. El tema me dice que puede ser muy gordo, que [el sastre José] Tomás va como imputado, que ha hablado con su hijo que ya le ha dicho lo que va a decir, que soy amigo suyo desde hace un montón de años, que le he llevado un montón de clientes y que no sabe nada más, que le he llevado clientes porque soy muy amigo suyo y él me decía 'coño, échame un cable' y yo le he llevado clientes pero nada más...
Francisco Correa. ¿Qué han dicho la financiera y el otro?
Á. P. Tomás me dice que por lo visto están acojonados, que tienen miedo de cojones, que ha estado por allí, que ha ido con mucha gente, que con quien más relación tenían era conmigo y que luego iba Pablín que era con quien liquidaban y nada más
F. C. ¿A mí me han metido por en medio?
Á. P. No, no, no.
F. C. ¿Quién hace la denuncia?
Á. P. No lo sé, lo llevan dos fiscales el asunto, pero no sé.
F. C. Acuérdate que fuimos a declarar un montón de veces en Majadahonda y eso no tiene por qué salir para adelante.
Á. P. Eso espero, no hay motivo para que siga para adelante. No tenía ni que haber empezado. Es una soplapollez.
F. C. Qué ganas de joder.
Á. P. Lo que decías ayer, estar relacionado con un político importante, siempre te trae problemas, por muy legal que sea él y tú, siempre te trae problemas, hay que quererlos pero hay que estar lejos porque siempre te trae problemas, que con lo que sufres, con lo que lloras, con lo que luchas, con la cantidad de saliva que gastas para hacer las cosas bien, al final tienes problemas y te llevas disgustos.
Estas conversaciones son una de las múltiples pruebas utilizadas por el juez instructor, José Flors, para concluir que hay "indicios racionales" de cohecho. El magistrado señala en su auto: "La cadena de conversaciones telefónicas evidencia la patente preocupación de todos ellos por lo ocurrido, su intranquilidad porque se descubra lo que esos hechos significan, su afán por reunirse para buscar una salida".
(www.elpais.com, 08/07/09)
UNA RELACIÓN DE CONFIANZA Y UN PROBLEMA
- Álvaro Pérez, El Bigotes, responsable de Orange Market, a Francisco Correa, cabecilla de la trama: He estado con Ricardo [Costa, secretario general del PP de Valencia], que me ha dicho: Oye, arreglarlo así al único que perjudica es a mí. Yo por ayudarte hago lo que sea y además te lo demuestro cada día, pero si lo hacemos de esta manera al único que te cargas es a tu amigo Ricardo, que por cierto es el único que te ayuda siempre. Y yo le he dicho que tiene toda la razón, así que olvídate
- Álvaro Pérez habla con Ricardo Costa de una cabronada de Isabel Jordán:
Ricardo Costa: ¿Quién es Isabel Jordán?.
Álvaro Pérez: : La que dirigía la oficina de Madrid. La rubia. ¿Te acuerdas de ella?
(www.elpais.com, 08/07/09)
EL PRESIDENTE VALENCIANO EVITA ASISTIR A UN ACTO POR TEMOR A LAS PROTESTAS
Detractores y defensores de Camps se concentraron ayer frente al auditorio de la localidad valenciana de Alaquàs, donde se celebró un acto de los populares, al que finalmente Camps no asistió, pese a estar prevista su presencia. Se vivieron momentos de tensión, con abucheos, insultos y algún empujón entre quienes pedían su dimisión y sus seguidores. Varios consejeros tuvieron que ser escoltados. Ricardo Costa, número dos del PP valenciano, también imputado, clamó ante sus seguidores: "Os pido un sonoro aplauso al presidente Camps, el más honrado".
(www.elpais.com, 08/07/09)
BARBERÁ JUSTIFICA REGALOS QUE CAMPS NIEGA HABER RECIBIDO
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, intentó minimizar ayer la imputación por supuesto cohecho contra el presidente valenciano, Francisco Camps, con una declaración en la que viene a dar por hechos los regalos que Camps niega haber recibido:
"Todo el mundo conoce que cada vez que el presidente [de Cantabria, Miguel Ángel] Revilla va a La Moncloa le obsequia [al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero], por agasajo o por complacencia, con algunas cajas de anchoas. ¡Y vive Dios que las anchoas son unos productos caros! (...) Por tanto, yo pido en este momento, por vía de oficio, por vía de citación... el abogado que considere presente la denuncia. Porque me da la impresión de que haciendo un paralelismo con la situación del presidente Camps, también están incursos en este artículo [426 del Código Penal, relativo al cohecho] algunos más, yo también por las flores [que recibo] probablemente, no digo que no, pero también el presidente Revilla y Zapatero por las anchoas de Santoña que le regaló el presidente Revilla".
Barberá ignoró que Camps, en su defensa, niega haber recibido regalo alguno y afirma haber pagado los trajes objeto de investigación, algo que el Tribunal Superior de Justicia valenciano pone en duda. Revilla replicó: "Mal deben de tener el tema cuando el argumento para defenderse provoca la hilaridad nacional".
(www.elpais.com, 08/07/09)
"QUEDAN DOS ESCALONCITOS Y TODO HABRÁ PASADO"
Hace semanas vaticinó que el caso Gürtel duraría sólo "un ratito largo". Lo dijo para insuflar ánimos al PP y quitar hierro a su imputación por un supuesto delito de cohecho. Ayer, apenas unas horas después de que el Tribunal Superior valenciano le situara a un paso de ser juzgado, Camps intentó de nuevo minimizar el procedimiento judicial en el que está inmerso.
"Quedan uno o dos escaloncitos y entonces toda esta cuestión tan extraña, tan absurda y tan estrafalaria habrá pasado", declaró el presidente valenciano en un acto celebrado a mediodía en Algemesí, localidad valenciana en la que paradójicamente se registró la empresa Orange Market en el verano de 2003. Allí presentó un proyecto de reforma del mercado municipal y la construcción de un aparcamiento. "Estoy convencido de que la verdad está más cerca que nunca, por eso estoy muy contento", insistió el presidente.
(www.elpais.com, 08/07/09)
EL 'PARAPIPI' PIERDE EL NOMBRE
El yate que usaba el número dos de la trama del caso Gürtel, Pablo Crespo, está atracado en el club náutico de Altea, pero encontrarlo por su nombre, Parapipi, es una misión imposible. El rótulo que lo identificaba ha sido borrado. El barco está inscrito a nombre de una de las empresas de la trama corrupta. El Parapipi es un Astondoa 36, un modelo de yate que ya no se fabrica, que fue matriculado el año 2000. Esta embarcación tiene casi 12 metros de eslora y, según fuentes del sector, costaba entre 250.000 y 300.000 euros. La policía halló en un ordenador en el barco pruebas del supuesto cohecho en el que está imputado el presidente valenciano, Francisco Camps.
(www.elpais.com, 08/07/09)
RAJOY PIDE AL PP QUE APOYE A CAMPS PERO ELUDE A BÁRCENAS
Mariano Rajoy cree al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, cuando garantiza que él siempre se ha pagado su ropa y no ha aceptado regalos de ninguna red corrupta. Y le cree aunque el juez José Flors, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), haya encontrado indicios suficientes de que Camps se dejó querer por la trama Gürtel y aceptó trajes como obsequio. Rajoy pretende ahora que «todo» el partido comparta su fe y que se acallen las voces internas que apuntan a un posible «exceso de confianza». Y con ese fin ha impulsado una estrategia de defensa y de comunicación para salvar la imagen de Camps. Algo que no ha hecho por su tesorero, Luis Bárcenas, de quien la mayoría del partido espera la dimisión.
Fuentes de la dirección popular aseguran que se está dando a Bárcenas cobertura jurídica, y que se le ha hecho llegar que su continuidad causa recelos en la organización. «A veces hay que comentar a alguien lo que no quiere ver», puntualiza un dirigente del PP. De momento, se descarta forzar la salida del tesorero, aunque es evidente que el partido no ha cerrado filas en torno a Bárcenas como sí lo ha hecho con Camps. Por orden de Rajoy.
Esa orden llegó ayer a través de un comunicado del PP con la tesis de que Camps tiene el apoyo «de todos», ya que se confía en que la justicia «terminará por dar un pronunciamiento favorable hacia el presidente valenciano». El mensaje fue repetido una y otra vez por los dirigentes que ayer tenían previstas intervenciones ante la prensa.
Hasta el propio Camps subrayó desde Valencia que la verdad sobre este caso está «más cerca que nunca» y que solo le quedan «uno o dos escaloncitos» para librarse del proceso. «Y entonces toda esta cuestión tan extraña, tan absurda y tan estrafalaria habrá pasado al pasado», añadió el dirigente. Pero ¿en qué confía Camps, que se niega a dimitir, para subir con tanta rapidez los «escaloncitos» de la justicia? Pues básicamente en la estrategia jurídica que han diseñado sus abogados en colaboración con Federico Trillo.
Dicha estrategia pasa por recurrir el fondo y la forma del auto del juez Flors ante la sala de lo civil y penal del TSJCV. La forma, porque los populares no estiman necesario que Camps deba someterse al criterio de un jurado popular, llegado el caso. Y el fondo, porque sostienen que Flors ha elaborado una teoría sin pruebas y ha primado el testimonio del sastre José Tomás (denunciado por su empresa por fraude documental y estafa) sobre el del presidente.
Aquí, el quid de la cuestión está en probar quién pagó los trajes que Camps se hizo en las tiendas Milano y Forever Young de Madrid. Según el juez, fue la red corrupta. Según los conservadores, los abonó Camps delante de «testigos», aunque no descartan que fueran cobrados dos veces por el modisto.
Los abogados del presidente valenciano esperan que, en el peor de los casos –que sea finalmente sometido a un juicio oral con jurado–, se atienda su petición de que se llame a declarar a los supuestos «testigos» con los que cuenta su defendido. Y el equipo de comunicación del PP sigue poniendo la venda antes que la herida: insiste en que un delito de cohecho impropio conlleva una multa de alrededor de 2.500 euros.Pero la verdad es que el equipo jurídico popular, con Trillo a la cabeza, confía en que no haga falta llegar a ese punto y que la sala de lo penal del TSJCV dé la razón al recurso que, el próximo viernes, registrará en el tribunal. De todos modos, solicitará que dicha sala se pronuncie antes del día 15, la fecha prevista para la vista previa al juicio.
Evidentemente, el PP tiene prisa por resolver el tema en vía judicial. No tanta por abordar limpiezas caseras. ¿Quién debe dimitir en el partido y quién no? «Cada caso es un mundo. No hay regla general ni puede haberla», responde un importante dirigente popular. ¿Y puede alguien sentarse en un banquillo ante un jurado y ser presidente autonómico? «No contemplamos que llegue ese momento», concluye.
(www.elperiodico.com, 08/07/09)
CAMPS NO ASISTE A UN ACTO EN SU HONOR EN EL QUE PARTIDARIOS Y DETRACTORES ENTRECRUZAN IRONÍAS
Todos le aguardaban. Era el protagonista que estaba en todas las bocas, para bien o para mal. Pero no acudió. El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, fue el gran ausente de un acto que su propio partido le había organizado ayer como desagravio ante tanta marejada judicial.El lugar fue escogido a conciencia: Alaquàs (Valencia), un feudo socialista que dirigió hasta el sábado pasado –y llevaba 10 años– Jorge Alarte, el líder del PSPV y candidato a las autonómicas. Pero hace un mes, en las europeas, el PP derrotó a los socialistas. En realidad, era un homenaje a los 144 portavoces municipales que están en la oposición en ayuntamientos valencianos. Pero todos sabían que el tema era otro.
Por eso, hasta el lugar se acercaron unas 800 personas muy bien repartidas. Mitad y mitad. 400 seguían el mitin y 400 gritaban fuera. No hace falta precisar dónde estaban los partidarios y dónde los detractores. «Cambio traje por escuela digna», rezaba una irónica pancarta que ejemplificaba el resto. En lugar de escuela digna, póngase transporte público, ley de dependencia o ambulatorios. «Yo quiero ser jurado popular», repetía con sorna Paco Roque, un vecino de Xirivella (Valencia).Y es que la cita congregó a muchos foráneos. Como César Carrasco y Toni Palló, dos vecinos de Castellón que se desplazaron a propósito para montar su particular teatrillo. El primero se convirtió en Álvaro Pérez, el Bigotes. El segundo hizo de José Tomás, no el torero, sino el sastre de Camps. Ambos negaban pertenecer a partido alguno, pero aducían que, en tiempos de crisis económica, el trabajo escasea y tienen más tiempo libre para entretenerse.
Dentro del recinto, los abucheos se los llevó José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE en general. En ausencia de Camps, fue su número dos, Ricardo Costa, también imputado, quien se encargó de insuflar ánimo a los suyos. Entró por la puerta de atrás para esquivar el barullo y mostró una imagen más deportiva. No llevaba traje, sino un polo de marca de color verde.
De hecho, otro de los que intervino, el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, alentó a la masa a olvidarse de «trajes, camisas, calcetines y calzoncillos», pero siempre manteniendo el respeto por el funcionamiento de la democracia. «Todo son mentiras para echar al mejor presidente que ha tenido el PP», proclamó Rus.Y Costa, en una línea similar, aconsejó aplicar el principio de acción-reacción: «A cada insulto, una nueva propuesta; a cada agresión, un nuevo proyecto».
(www.elperiodico.com, 08/07/09)
EL PP CRITICA LAS ANCHOAS DE BARBERÁ
El presidente del PP de Cantabria, Ignacio Diego, ha opinado este miércoles que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, "ha estado desafortunada" en las declaraciones que hizo ayer sobre las anchoas que regala el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, aunque ha añadido que "todos somos humanos".
Barberá sostuvo ayer que si dimitiera el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, tendría que hacerlo también "todo el país, empezando por el presidente del Gobierno", José Luis Rodríguez Zapatero, ya que añadió que recibe anchoas como "dádiva" del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.
A preguntas de los periodistas sobre estas manifestaciones, el líder del PP en Cantabria ha dicho que la valía de Barberá la demuestran todos los valencianos que le otorgan, en las elecciones, la mayoría absoluta para gobernar, además de considerar que se aprecia también en "como está Valencia".
Pero ha reconocido que sus declaraciones fueron ayer "desafortunadas", aunque ha opinado que "hasta el mejor gestor" puede hacer una manifestaciones "no afortunadas". "Somos humanos", ha reiterado.
Diego ha aprovechado también esta pregunta para reiterar su "sincero aprecio" y "valoración" hacia Francisco Camps, de quien ha dicho que es "un extraordinario político y uno de los valores más importantes del PP".
Además, ha afirmado que es "un extraordinario gestor y una excelente persona".
(www.publico.es, 08/07/09)
EL JUEZ SITÚA A CAMPS EN LA ANTESALA DE SER JUZGADO POR UN DELITO DE COHECHO
José Flors, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), abrió ayer el camino para sentar en el banquillo de los acusados por primera vez en la historia a un presidente de la Generalitat Valenciana. Flors, en un auto demoledor, sostiene que hay "indicios racionales suficientes" para creer que Camps ha podido incurrir en un delito de cohecho por haber aceptado regalos de la trama corrupta ligada al PP y liderada por Francisco Correa. Flors ha convocado para el día 15 una vista previa para decidir si Camps acaba en el banquillo ante un jurado popular.
La noticia de la imputación de Camps provocó la inmediata reacción de la oposición. Los socialistas valencianos exigieron la dimisión inmediata del presidente valenciano. Esquerra Unida y Compromís, los otros dos grupos parlamentarios de la oposición en las Cortes Valencianas, reclamaron, además, la convocatoria de elecciones anticipadas.
El auto de Flors es contundente y deja en una posición muy desairada a Camps, del que dice que faltó a la verdad en sus declaraciones. El texto del magistrado es meridianamente claro cuando, refiriéndose al pago de unos trajes, dice: "No existe constancia de que su precio fuera abonado en caja y en metálico en el momento de recoger cada uno de aquellos trajes como afirmó el Sr. Camps en su declaración, pues el contenido de los documentos del pago en efectivo que han sido aportados a la causa (...) no se corresponde ni con el número de prendas, ni con la cualidad de los trajes a medida, ni coinciden tampoco las fechas que aparecen en esos documentos con aquellas en que el expresado señor dijo haber efectuado los pagos".
Esta no es la única referencia al escaso rigor del presidente valenciano en sus manifestaciones. El auto también señala que "en la primavera de 2007, Francisco Camps encargó [al sastre José Tomás] dos americanas a medida y algún pantalón, llevándose también en esa ocasión dos pares de zapatos de piel de potro (...). El Sr. Camps admitió haberse llevado un solo par de zapatos, cuyo precio de 120 o de 130 euros dijo haber pagado en el acto y en efectivo". Los hechos, según el juez, fueron de otra manera: "De los documentos de pago en efectivo (...) no se desprende la realidad de ese pago en metálico, pues no coinciden dichos documentos con la fecha, ni con el precio, ni con la clase de género correspondiente a dichos zapatos. Su precio, por tanto, debió ser incluido por José Tomás en la cuenta de Álvaro Pérez y satisfecho luego por Pablo Crespo, según el sistema convenido entre ellos".
Un sistema que consistía en que las compras que hicieran determinadas personas, tanto en las tiendas de Milano, primero, como en las de Forever Young después, no les fueran cobradas en caja y se anotaran en una cuenta de Álvaro Pérez.
En esa cuenta se cargaron también los gastos del secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, del ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, y del ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret. Todos estos hechos llevan al magistrado a la conclusión de que los indicios que impulsaron a Baltasar Garzón a comenzar su investigación, no sólo están fundamentados, sino que además su "verosimilitud inicial ha alcanzado el grado de realidad muy probable".
Todo este cúmulo de realidades, aparentemente, no ha alterado la hoja de ruta del PP, que no está dispuesto a dar un paso atrás ni para tomar impulso en la defensa numantina de Francisco Camps. Fuentes de la dirección nacional del PP señalaron que Camps no dimitirá de su cargo ni aún en el supuesto de que fuera condenado. "Recurriremos hasta Estrasburgo si es necesario", dicen, aunque no creen que sea necesario llegar tan lejos.
Sostienen los populares, con la fe del carbonero, que la Sala de lo Civil y Penal del TSJ va a aceptar los recursos de la defensa de los imputados. Una sala que estará compuesta por tres magistrados conservadores, José Francisco Ceres, Juan Montoro y el presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa, que intervendrá ante la ausencia del único juez progresista, Juan Climent, que se encuentra de vacaciones.
La unidad del PP valenciano es casi obligada. Aparte de Camps, y en ausencia de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no tienen un líder claro.
(www.elpais.com, 07/07/09)
Cinco meses de investigación judicial
- 6 de febrero. El juez Baltasar Garzón abre una investigación por una trama de corrupción ligada a cargos del PP. Es lo que se conocerá como el caso Gürtel (correa, en alemán). Una de las empresas implicadas es Orange Market, filial valenciana de Special Events, compañía del jefe de la red, Francisco Correa.
- 8 de febrero. El PP valenciano reconoce haber contratado los servicios de Orange Market.
- 9 de febrero. La policía detiene al responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes.
- 10 de febrero. Garzón imputa a Pérez y a otras 33 personas.
- 19 de febrero. EL PAÍS informa de que la Fiscalía Anticorrupción implica al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en la trama por haber recibido 30.000 euros en trajes.
- 5 de marzo. Garzón envía parte del caso Gürtel al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por la existencia de indicios contra Camps, Ricardo Costa (portavoz del PP en el Parlamento autónomo), Víctor Campos (ex vicepresidente del Consell) y Rafael Betoret (ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo).
- 17 de marzo. El magistrado José Flors es nombrado ponente de la causa.
- 23 de abril. EL PAÍS publica una conversación entre Camps y El Bigotes en la que el primero llama al segundo "amiguito del alma" y le pide quedar para "hablar de lo nuestro, que es muy bonito". Ambos aluden a regalos caros de Pérez a la esposa de Camps.
- 4 de mayo. El tribunal desestima la petición de Camps para anular las actuaciones de Garzón.
- 20 de mayo. Camps y El Bigotes declaran ante el juez.
- 21 de mayo. El sastre José Tomás declara como testigo que "todos" los trajes fueron pagados por Pablo Crespo, secretario de Organización del PP gallego hasta 1999 y en prisión desde febrero por este caso.
- 2 de junio. Rajoy muestra de nuevo todo su apoyo a Camps en un mitin multitudinario celebrado en la plaza de toros de Valencia.
(www.elpais.com, 07/07/09)
"NI LO CONOZCO, NI ME INTERESA, NI TENGO NADA QUE DECIR"
Tras un intento de eludir a los periodistas y un lacónico "no sigo ese tema", el presidente de la Generalitat, Francisco Camps (en la foto), dijo ayer respecto a las pruebas encontradas en un yate sobre los supuestos regalos recibidos por la trama corrupta: "Ni lo conozco, ni me interesa, ni tengo nada que decir". Minutos más tarde, el juez José Flors anunció que la causa contra él seguía adelante.
(www.elpais.com, 07/07/09)
"NO EXISTE CONSTANCIA DE PAGOS EN METÁLICO COMO DECLARÓ CAMPS"
Los regalos de trajes a Francisco Camps, presidente de la Generalitat, y a otros tres altos cargos del Gobierno popular autonómico valenciano por empresas implicadas en la supuesta trama de corrupción dirigida por Francisco Correa existieron. El auto dictado ayer por el magistrado del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana (TSJCV) José Flors recoge que "la verosimilitud inicial sobre su posible existencia ha alcanzado el grado de realidad muy probable". El presidente Francisco Camps y el secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa, junto al ex vicepresidente Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret, están más cerca de un juicio.
Flors ha cerrado las diligencias previas, entiende que hay indicios racionales de la comisión de un delito de cohecho tipificado en el artículo 426 del Código Penal (que se castiga con una pena de multa de tres a seis meses) y convierte las diligencias en procedimiento de jurado (porque el delito de cohecho está en el catálogo de delitos que deben juzgar los ciudadanos). Asimismo, emplaza a las partes a concretar el próximo día 15 de qué entienden que son responsables los imputados y qué consideran que debe investigarse, rechaza la petición de los imputados de archivar la causa y da, como establece la ley, la oportunidad de recurrir.
El auto de Flors deja algunas cosas claras y desmonta algunas de las explicaciones sostenidas por los imputados y su entorno político, el PP.
- Relaciones con El Bigotes. Camps, Costa, Campos y Betoret trataron de distanciarse de Álvaro Pérez, hombre de Francisco Correa en Valencia. Los hechos han sido tozudos. Flors afirma que no resulta posible "afirmar que en esos concretos hechos no hayan tenido ninguna participación las personas a las que se atribuyen". El juez dice que "todas ellas han tenido relación personal con Álvaro Pérez y con José Tomás [el sastre], han visitado los establecimientos que este último dirigía y le han realizado con alguna frecuencia encargos de prendas de vestir, en compañía o por indicación del primero de ellos, sin que conste que hayan procedido en todo caso al abono de su precio". Más aún, "existiendo, en cambio, una razonable base documental para poder inferir que el pago fue atendido, unas veces por una sociedad administrada por Álvaro Pérez, Orange Market, y otras veces por algunas sociedades vinculadas".
- Las excusas de Camps, al descubierto. El presidente de la Generalitat ha repetido que se paga sus trajes. Lo ha dicho en sede parlamentaria, en comparecencias públicas y en sede judicial. Dijo, ante el juez, que pagó en efectivo, con dinero de la caja de la farmacia de su esposa. Flors dice que, al menos con lo que consta hasta ahora, no ha sido así en lo que a los trajes bajo sospecha se refiere. Y lo explica de este modo: "No existe constancia de que su precio fuera abonado en caja y en metálico en el momento de recoger cada uno de aquellos trajes, como afirmó Camps en su declaración". Y agrega: "De los documentos de pago en efectivo que han sido aportados a la causa por la entidad propietaria del establecimiento no se corresponde ni con el número de prendas, ni con el género del tejido que aparece en las hojas de encargo, ni con la cualidad de los trajes a medida, ni tampoco las fechas que aparecen en esos documentos con aquellas en que el expresado señor dijo haber efectuado los pagos".
- Pablo Crespo. El juez no tiene ninguna duda respecto a su papel en la supuesta trama. Era dueño de parte de Orange Market, frecuentaba la tienda de Milano en Madrid, tenía relación comercial con el sastre José Tomás y era quien recibía periódicamente una lista de las prendas pendientes de cobro, a lo que respondía con pagos en efectivo o con cheques.
- Los indicios de cohecho. El auto señala los siguientes elementos para confirmar los "indicios racionales de que los hechos han podido ocurrir del modo que se han descrito".
- La declaración de José Tomás: "Dicho testigo relató de manera razonada todos los hechos en los que intervino, ofreciendo detalles singulares sobre algunos de ellos, y expuso con igual actitud tanto lo que era favorable como en lo que resultaba desfavorable para las personas a las que se refería. De su testimonio no se desprende ningún sentimiento de enemistad, odio o venganza hacia dichas personas, ni tampoco ningún dato que permita presumir que fuera prestado por malevolencia o por animadversión. Sus declaraciones coinciden, además, en buena medida con el contenido de otras diligencias de carácter documental aportadas a la causa".
- "Los tickets de caja de la tienda Milano, en los que se dejaba constancia en el sistema de contabilidad de la concreta prenda a medida suministrada y del pago que quedaba pendiente tras su entrega". No hay duda de lo que se pagaba y lo que no.
- Los inventarios semestrales de pagos pendientes hacen "expresa referencia en el listado del inventario de enero de 2006 a los apellidos de los señores Camps y Betoret y a los nombres y apellidos de don Víctor Campos y don Ricardo Costa". No sólo ahí. "Las hojas de encargo de sastrería cumplimentadas en Forever Young y remitidas a la empresa que confeccionaba los trajes contienen los nombres de los señores Camps, Costa y Betoret". Y en las hojas de confirmación de los pedidos "se hace referencia nominal a las prendas realizadas para los señores Camps, Costa, Campos y Betoret".
- La declaración de la cajera de Milano. Anotó los nombres en los inventarios semestrales de los pagos pendientes, y lo hizo "en atención a lo que constaba escrito en la copia de color de los resguardos que tenía a la vista, los cuales se destruían después de saldada la deuda".
- "El reconocimiento más o menos extendido que se tenía por parte de algunos empleados de Milano acerca de esa manera de suministrar prendas de vestir a determinadas personas de relevancia política relacionadas con la Comunidad Valenciana".
- La cadena de conversaciones telefónicas mantenidas entre José Tomás, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Ricardo Costa, "cuyo contenido evidencia la patente preocupación por lo ocurrido y su intranquilidad por que se descubran lo que esos hechos significan".
- Las conclusiones. El juez considera que los hechos podrían constituir un delito de cohecho:
- Todas las personas que "resultaron beneficiadas por la recepción de prendas de vestir cuyo precio pagó un tercero tenían la condición de autoridad (Camps, Costa y Campos) o la de funcionario (Betoret)".
- "Todas las prendas de vestir con las que fueron obsequiadas aquellas personas merecen la conceptuación de dádiva a los efectos de lo establecido en el artículo 426 del Código Penal (cohecho)".
- "No existe ninguna causa que permita explicar por qué motivo Álvaro Pérez o las sociedades a las que él mismo estaba vinculado tuvieran que obsequiarles de aquel modo".
- "Aunque el precio de estas prendas pudiera parecer a alguien escaso o aún ridículo en comparación con la magnitud de la función desempeñada por algunas de las personas obsequiadas, esa circunstancia no es excluyente del desvalor de su acción".
- "La finalidad perseguida" era "lograr el agasajo o provocar la complacencia de aquellas personas, obviamente para poder contar con su gratitud o con su favor, pero sin tender a la obtención de una determinada contraprestación".
(www.elpais.com, 07/07/09)
Las principales conclusiones del juez
Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos Rafael BetoreT “han visitado los establecimientos que dirigía José Tomás [el sastre] y han encargado prendas de vestir, en compañía o por indicación de Álvaro Pérez, sin que conste que hayan procedido al pago de su precio, existiendo una razonable base documental para poder inferir que el pago fue atendido unas veces por una sociedad administrada por Álvaro Pérez (Orange Market), que obtenía con asiduidad la adjudicación de numerosos contratos por diferentes organismos de la Generalitat Valenciana, y, otras, por algunas sociedades vinculadas con aquélla”.
Todas las prendas de vestir con las que fueron obsequiadas merecen la conceptuación de dádiva a los efectos de lo establecido en el artículo 426 del Código Penal [cohecho, penado con multa de tres a seis meses]”.
El cohecho existe “aunque el precio pudiera parecer a alguien escaso o aún ridículo en comparación con la magnitud de la función desempeñada por alguna de las personas obsequiadas”.
(www.elpais.com, 07/07/09)
RAJOY MANTENDRÁ HASTA EL FINAL SU APOYO PERO CRECE LA PREOCUPACIÓN
Cada día que pasa, más se ajusta a la realidad la definición que dio de Mariano Rajoy su jefe de gabinete, Jorge Moragas: "Tiene la piel de un rinoceronte". La preocupación se extiende por todo el partido, muchos dirigentes admiten en privado que la situación es gravísima, con un caso de corrupción, Gürtel, que no para de crecer, algunos incluso empiezan a pedir tímidamente una intervención del líder que resuelva la situación, pero Rajoy sigue impasible y confía en que todo se acabará resolviendo.
Cuando más complicado se ponía el frente madrileño, por el encausamiento de Luis Bárcenas, el tesorero del partido, y la presión interna para que Rajoy le obligue a dimitir, explotó el frente valenciano. El líder del PP respaldó tanto internamente como públicamente, a través de su secretaria general, Dolores de Cospedal, a los dos principales protagonistas: Francisco Camps y Luis Bárcenas. La situación de ambos es muy diferente, según el análisis instalado en la sede central de la calle Génova. Los marianistas señalan que, mientras el tesorero está acusado de llevarse casi un millón de euros en sobornos, lo de Camps es un asunto menor.
Sin embargo, Rajoy respaldó a los dos. De hecho, algunos dirigentes creen que el líder no puede forzar la dimisión del tesorero -que sigue empeñado en seguir porque cree que irse sería admitir su culpabilidad- porque no podría explicar por qué no se la pide también a Camps, que está en una situación procesal mucho peor, imputado y al borde del juicio oral.
Bárcenas seguirá al frente de las finanzas del PP -más de 80 millones de euros anuales, el 80% de subvenciones públicas- al menos hasta que el Tribunal Supremo pida el suplicatorio, según Cospedal, que ofreció explicaciones detalladas y respondió a todas las preguntas después de semanas de silencio en el PP.
Rajoy habló con Camps por la mañana y le animó, según fuentes de la dirección, a seguir adelante porque cuenta con el apoyo sin matices del presidente del partido. Un respaldo que seguirá hasta el final, señalan en el entorno de Rajoy, esto es, hasta que haya sentencia firme. Camps fue un puntal clave de apoyo a Rajoy durante la batalla interna que siguió a la derrota de las generales en 2008. Y el líder no lo olvida.
Sin embargo, en el PP hay cada vez más dirigentes molestos con la estrategia de Camps. Creen que su optimismo -no admitirán a trámite, no imputarán, no habrá juicio oral y ahora, la sala rechazará la decisión del juez- no está conduciendo a nada. Ya nadie se fía de las informaciones de la Generalitat, que sigue difundiendo que todo está bien, que no pasa nada.
(www.elpais.com, 07/07/09)
Lo que dijo Camps del 'caso Gürtel'...
- 19-2-09. "Es un proceso abierto contra todo un partido político".
- 10-3-09. "Yo me pago mis trajes".
- 15-3-09. "Cada semana hay una mentira nueva (...). Si se coteja mentira tras mentira, se verá que, al final, todo es una tremenda incoherencia".
- 30-4-09. "Tengo unas ganas locas, locas, de explicar públicamente todo lo que hay, que es nada. Pero todo tiene que ir con los pasos que corresponde".
- 23-5-09. "No nos quieren ni quieren que la Comunidad Valenciana funcione".
- 24-5-09. "Hemos aguantado como jabatos, y por eso venimos recuperando espacios".
... y lo que Rajoy dijo de Camps
- 19-2-09. "Es un político honrado, un dirigente ejemplar. Se encuentra en estado de indefensión. No sabemos si se le acusa y de qué. Tiene mi pleno apoyo".
- 16-3-09. "Vamos a defender la honorabilidad del PP y de sus militantes, inocentes mientras no se demuestre lo contrario".
- 23-4-09. "Mantengo mi plena confianza en el presidente Camps. Afecta a la inteligencia pensar que alguien se vaya a vender por tres trajes".
(www.elpais.com, 07/07/09)
"SON COSAS QUE HICIMOS HACE TIEMPO CON 'EL CURITA'. ES MUY COMPLICADO"
Era el 22 de enero de 2009. Quedaban dos semanas para que ambos fueran detenidos. Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, jefe de Orange Market y al que Francisco Camps calificó en una conversación privada de "amiguito del alma", llamó a su jefe, Francisco Correa. Estaba preocupado porque temía que Felisa Jordán, ex ejecutiva de la trama que dejó la empresa y les denunció meses antes de que estallara el escándalo, le hubiera delatado con el asunto de los regalos de trajes a políticos. La grabación figura en el sumario.
Francisco Correa. ¿Qué te pasa?
Álvaro Pérez. Nada. No te lo voy a contar por teléfono. No tiene nada que ver con nada de la ofi, nada. Tiene que ver con la Jordán.
F. C. ¿Que tiene que ver con la Jordán?
Á. P. Sí, creo que me han hecho un putadón.
F. C. ¿Con quién?
Á. P. Con Pa... [no termina de nombrarlo, se refiere a Paco Camps, el presidente valenciano] con el curita [apelativo con el que se referían a él].
F. C. ¿Con Fitur? [Orange Market recibió durante cuatro años la adjudicación del pabellón de Valencia en Fitur].
Á. P. No, con otra cosa más complicada, pero no hables por teléfono, tío, te lo pido por favor. Y entonces, nada, estoy un pelín preocupado.
F. C. ¿Y por qué crees tú que lo sabe el curita?
Á. P. No, no sabe el curita todavía.
F. C. Pero no tiene que ver con el trabajo, ¿o sí?
Á. P. No, tiene que ver con cosas que hemos hecho hace tiempo con el curita, pero es que es muy complicado. Por eso te digo que es muy complicado.
F. C. ¿Tiene que ver con Tomás [José, el director de ventas de Milano, primero, y Forever Young, después, donde la trama corrupta compraba ropa para políticos que les adjudicaban contratos, según declaró Isabel Jordán]?
Á. P. Sí. ¿Sabes quién es?
F. C. Sí, perfectamente. El que me presentaste un día.
Á. P. Sí, ¿Por qué lo sabes?
F. C. Porque yo me huelo lo único que hay.
Á. P. Pues sí...
F. C. Vamos a ver, Alvarito, el único tema que hay es ése.
Á. P. Ya lo sé, ya.
F. C. Y como yo sé perfectamente tu vida, pues está claro, es lo único que hay.
[Cambian de tema para hablar de negocios, pero vuelven]
Á. P. Entonces... yo mañana teprano me voy a ver a este personaje amigo mío [el sastre José Tomás] y le voy a decir, 'oye, tronco, tú verás lo que haces'.
F. C. Pero ¿Por qué te va a vender si te aprecia un huevo?
Á. P. Pues hombre, sí. Pero declara el viernes.
F. C. ¿Que declara el viernes?
Á. P. Sí, declara el viernes. Tiene una citación y han llamado a declarar a la cajera de Milano y al director financiero.
F. C. ¿Que han llamado a declarar?
Á. P. Sí, porque alguien ha dicho que yo hago regalos a una serie de señores, y entonces, tío, no tengo salida.
F. C. ¿Y cómo no ha habido un proceso y nadie se ha enterado?
Á. P. Pues ya lo ves tío. A mí me lo han dicho este mediodía. Pablo [Crespo, mano derecha de Correa] no te lo quiere contar por teléfono, claro.
F. C. ¿Y dónde van a declarar?
Á. P. Al fiscal Anticorrupción.
F. C. ¿Y tú por qué sabes que es la Jordán?
Á. P. ¿Quién va a ser si no?
F. C. No. No tiene por qué ser la Jordán.
Á. P. ¿Quién va a ser? Dímelo.
F. C. Pues los mismos que me están atacando a mí. No, no eso puede venir por El Albondiguilla [apodo del alcalde de Boadilla, Arturo González Panero. En este municipio madrileño, un concejal de la oposición, Ángel Galindo, denunciaba frecuentemente los negocios de la trama ante los tribunales].
Á. P. Hombre, cabe la... a Tomás le han citado y le han dicho que tiene que ver con una empresa que trabaja con el PP.
F. C. Bueno, pues está claro, pero puede ser por el tema de El Albondiguilla.
Á. P. Y claro, como a Pablo yo le cogí el otro día y le dije que no te tiene que llamar para preocuparte con cosas que tal... que te tienen que llamar con hechos concretos. Porque tú ya estás bastante jodido, bastante angustiado, y le di una bronca de la hostia, pues claro, Pablo ahora no te lo quiere contar por teléfono. Y claro, me ha llamado a mí para cubrirse el culo y me ha dicho tío tenemos que preparar esto y tal... y llevo todo el puto día hundido.
F. C. ¿Tomás te va a ayudar?
Á. P. Pues no lo sé, porque como lleva tres meses deprimido porque tiene problemas con Eduardo Hinojosa en Cortefiel. Y su hijo es juez.
F. C. Ya te digo a ti que sí.
Á. P. Yo me voy a verle mañana por la mañana.
F. C. Pues claro, lo que pasa es que habrá más temas ¿no?
Á. P. No tengo ni puta idea.
F. C. Claro, ahí estará el tema de Boadilla, ahí saldrá el tema mío, el de Pablo, el de todos. Esto es una denuncia amplia que han hecho nuestra [contra nosotros].
Á. P. No lo sé.
F. C. No es la Jordán ¿eh? Esto va por otra vía.
Á. P. No lo sé, pero es que llamar a Milano, tío...
F. C. Y Pablo se habrá reunido con Tomás.
Á. P. Sí, ha hablado con él.
F. C. Yo creo que no hay nada que ocultar ahí. Yo lo veo muy tranquilo, no tienes nada que ocultar ahí. Todo se ha hecho perfectamente. Lo único que has hecho ha sido presentar a un amigo.
Á. P. Sí, es lo único que he hecho. Y luego además, yo no le he regalado ningún traje a ese hombre, al curita. Yo he comprado trajes a su medida porque cuando hemos hecho una sesión de fotos se lo ha puesto y luego me lo ha devuelto. [Camps declaró al juez que compró los trajes y pagó en metálico en la tienda, en ningún momento ha alegado que se los prestaran para unas fotos].
F. C. Que ya lo sé, que no tienes nada que ocultar. Que eso es una gilipollez. Lo que pasa es que eso será el principio de un montón de cosas.
Á. P. Y Pabliño pues ya te digo, me decía hoy, 'claro tío, qué hago' porque esto es simplemente poner la tirita por si acaso. Y yo le dije, 'tú tranquilo, mañana le vas a ver, o pasado, cuando le veas le cuentas lo que hay con este gilipollas de Tomás y ya está, y no pasa nada, fuera'.
F. C. Pero el problema no es Tomás. Tomás es uno más. Esto es una cosa muy amplia.
Á. P. No lo sé, tío. Nosotros sólo sabemos lo de éste, porque luego ha quedado Pablo con él a mediodía y no se ha presentado.
F. C. Eso mosquea.
Á. P. Eso mosquea. Ten en cuenta que su hijo es juez.
F. C. Sí, pero no puede decir una cosa que no sea la correcta. Lo mismo él no conoce los temas de fondo, él no sabe de qué va, que va a contar él.
Á. P. Mañana voy a ir a decirle que le he ayudado en todo lo que he podido siempre, nada más, no le voy a decir nada más, que siempre que me ha pedido ayuda le he ayudado.
F. C. Bueno, tronco, de todas maneras has cometido un error grave ahora conmigo y has cometido error gravísimo.
Á. P. ¿Ahora?
F. C. Y a partir de mañana debes tomar medidas. Importantísimo. Estás en el punto de mira, tío.
Á. P. Por qué, por haberte...
F. C. Una locura lo que estás haciendo, Álvaro. Ya te lo he dicho. Estás en el punto de mira. No ves que trabajas para un político importante. Entonces estás en el punto de mira, tú no puedes tener ya libertad y tranquilidad.
Á. P. Ya.
F. C. Tienes que tomar medidas.
Á. P. Vale.
(www.elpais.com, 07/07/09)
CORREA Y PÉREZ, PREOCUPADOS POR LA INVESTIGACIÓN
- Álvaro Pérez: "Me han hecho un putadón. Alguien ha dicho que yo hago regalos a una serie de señores. Y entonces, tío, no tengo salida"
- Francisco Correa: "Has cometido un error gravísimo, Álvaro. ¿No ves que trabajas para un político importante? Entonces estás en el punto de mira, tienes que tomar medidas"
- Pérez: "A Tomás [el sastre] le han citado y le han dicho que tiene que ver con una empresa que trabaja con el PP"
- Correa: "Ahí estará el tema de Boadilla, ahí saldrá el tema mío, el de Pablo [Crespo, su mano derecha], el del todos. Esto es una denuncia amplia que han hecho nuestra [contra nosotros]
- Pérez: "Voy a hablar con este amigo mío [Tomás] y le voy a decir 'tú verás lo que haces'. Pero es que Pablo ha quedado con él y no se ha presentado. Eso mosquea"
(www.elpais.com, 07/07/09)
CAMPS, AL BORDE DEL BANQUILLO
El presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Francisco Camps, tiene desde ayer un pie en el banquillo de los acusados. En contra de las expectativas del Ejecutivo valenciano y del PP, el instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV), el magistrado José Flors, no ha archivado la investigación sino que, bien al contrario, ha hallado «suficientes indicios racionales» de criminalidad para imputar un delito de cohecho al «Muy Honorable Señor Presidente de la Generalitat Valenciana», como se refiere a Camps en una resolución.
Salvo que lo remedie la Sala de lo Civil y Penal del TSJV, ante la que cabe recurrir la decisión de Flors, Camps está abocado a un juicio ante el Tribunal del Jurado, competente para juzgar los delitos de cohecho. Nueve ciudadanos legos en derecho elegidos por sorteo decidirían si el jefe del Gobierno autonómico debe ser condenado por aceptar cuatro trajes a medida, tres americanas y un par de zapatos -todo ello por valor de 5.410 euros- que, «en un grado de realidad muy probable», le habría regalado el entramado empresarial de Francisco Correa durante 2006 y 2007.
Sería el primer juicio por Jurado de la historia en el ámbito de un Tribunal Superior de Justicia, ante el que están aforados los miembros del Gobierno regional y también los parlamentarios autonómicos. Ello quiere decir que, aunque Camps dimitiese como presidente de la Generalitat, seguiría siendo juzgado por un Jurado ante el TSJV si se mantiene como diputado en las Cortes valencianas.
Sólo la renuncia a todos sus cargos le haría perder el fuero. En ese caso, sería juzgado igualmente por un Jurado, pero ya en el ámbito de la Audiencia Provincial y sin desempeñar función política alguna, una especie de inhabilitación anticipada que, sin embargo, no está prevista como pena en el delito que Flors le imputa: el cohecho que describe el artículo 426 del Código Penal castiga únicamente con una sanción de multa de tres a seis meses a «la autoridad o funcionario que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función». En otras palabras, Camps está en trance de perder su carrera política por un delito que, de ser probado, supondría el pago de una multa y ni siquiera le inhabilitaría.
La resolución que el instructor emitió ayer contra Camps y tres de sus colaboradores -Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret- no es aún la apertura de juicio oral, pero la hace altamente previsible. La ley del jurado prevé una comparecencia de acusaciones y defensas -que se celebrará el próximo día 15- y una audiencia preliminar durante las que el juez puede todavía archivar el procedimiento. Es, no obstante, bastante improbable que lo haga si se tiene en cuenta que el auto de ayer, en el que Flors refleja claros indicios de criminalidad contra los cuatro aforados, ha sido dictado después de haber oído las explicaciones de los imputados y una vez conocidos los argumentos de sus defensores a favor del cierre del proceso.
De esta forma, sólo la eventual estimación de los recursos que van a interponerse ante el Tribunal Superior libraría del banquillo a Camps.
En ese banquillo, curiosamente, sólo estarían las autoridades que presuntamente recibieron regalos indebidos, pero no quienes se los dieron. Serían juzgados los corrompidos, pero no los corruptores. A diferencia de otros tipos de cohecho, el que está tipificado en el artículo 426 deja impune la conducta de quienes hayan ofrecido las dádivas, en este caso (según el auto del instructor) Álvaro Pérez, administrador de Orange Market, y Pablo Crespo, mano derecha de Correa.
Flors, que ha realizado una vertiginosa investigación en sólo dos meses, afirma que Pérez y Crespo acordaron con José Tomás, el director comercial de Milano (un establecimiento de Madrid especializado en prendas de vestir) abrir una cuenta en la que se iba anotando el precio de las compras que ellos, u otras personas introducidas por ellos, realizasen en ese comercio.
En 2005, Tomás se desplazó a Valencia por indicación de Álvaro Pérez con el fin de tomar medidas a Ricardo Costa, actual portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas; Víctor Campos, en aquel momento vicepresidente del Consell de la Generalitat, y Rafael Betoret, en aquel momento jefe del gabinete del consejero de Turismo.
Existe constancia documental de que, una vez tomadas las medidas, Costa se encargó tres trajes en 2005 por valor de 2.400 euros; tres pantalones, un traje y dos americanas en 2006, y un traje y seis pantalones en 2007, éstos últimos ya en el comercio Forever Young, en el que pasó a trabajar José Tomás.
Betoret encargó seis trajes a medida, un abrigo a medida, otro de confección, tres americanas y un pantalón en 2005, y una americana, cinco trajes y un abrigo entre finales de 2006 y principios de 2007.
Campos recibió tres trajes, dos americanas y cinco pantalones por valor de 4.850 euros en 2005 y un chaqué en 2006.
Por lo que se refiere a Camps, el instructor le atribuye haber recibido tres americanas por valor de 2.400 euros a principios de 2006, cuatro trajes a medida por valor de 2.880 euros tras el verano de 2006 y unos zapatos «de una reputada marca comercial» valorados en 130 euros que se llevó en una visita personal a Forever Young en la primavera de 2007.
El juez consigna sólo aquello que ha podido verificar documentalmente. Excluye, por esa razón, otras prendas de las que ha hablado José Tomás en sus declaraciones judiciales, como corbatas o un esmoquin.
«No existe constancia de que los receptores de esas prendas abonaran su precio ni directa ni indirectamente al establecimiento vendedor», señala Flors. Particularmente, en el caso del presidente de la Generalitat «no existe constancia de que fueran abonados en caja y en metálico en el momento de recoger cada uno de los trajes, como afirmó el señor Camps», subraya el instructor, dejando en entredicho que el Muy Honorable dijera la verdad en su declaración.
Aunque recuerda que Orange Market fue adjudicataria de contratos con la Administración valenciana por valor de siete millones de euros entre 2005 y 2009, Flors no ha encontrado indicios de que las empresas de Correa hicieran esos regalos a cambio de adjudicaciones. «La finalidad perseguida», dice, «no era otra que la de lograr el agasajo o provocar la complacencia de aquellas personas, obviamente para poder contar con su gratitud o con su favor, pero sin tender a la obtención de una determinada contraprestación».
A su juicio, no se trataba de regalos «admisibles» de acuerdo con los usos sociales. Aunque el precio de las prendas pudiera parecer «escaso o aun ridículo», señala, ello «no excluye» su carácter delictivo salvo que se «degraden los principios que deben regir en todo caso la actuación de quienes ejercen funciones públicas».
El Jurado
>Nueve más uno. El Tribunal del Jurado se crea en 1995 y tiene competencia sobre algunos delitos, entre ellos el cohecho impropio. Lo componen nueve ciudadanos y lo preside un magistrado.
>Candidatos. Se elige por sorteo a 36 ciudadanos. Pueden recusarse por causas tasadas. Se les convoca y se van sacando sus nombres de una urna para que las partes les hagan preguntas. Pueden rechazar a cuatro las acusaciones y otros tantos las defensas, hasta que se seleccione a nueve titulares y dos suplentes. Los que se nieguen serán multados, con alguna excepción.
>Siete votos. Celebrado el juicio, el juez someterá a votación cada uno de los hechos probados. A continuación, se vota sobre la culpabilidad: serán necesarios siete votos para condenar a un acusado y cinco para absolverle. Si al tercer intento no se obtiene esa mayoría,se repite el juicio con otro jurado.
Los 11 indicios de delito
>1. La declaración de José Tomás García, el director comercial de la tienda de Milano.
>2. Los 'tickets' de caja de la tienda de Milano.
>3. Camps, Betoret, Campos y Costa aparecen en los inventarios semestrales de pagos pendientes que hacía la cajera de Milano.
>4. La declaración de esta cajera, que dijo que los inventarios los hizo en función de los resguardos que tenía a la vista.
>5. Los 'tickets' de cancelación de pagos pendientes, donde aparece la operación saldada y corrobora su abono por un tercero.
>6. Este sistema de suministro de trajes a algunos políticos de la Comunidad Valenciana era conocido por empleados de Milano, tal y como se desprende de ciertos correos electrónicos internos.
>7. Camps, Costa y Betoret figuran en las hojas de encargo remitidas por Forever Young a la empresa que elaboraba los trajes.
>8. Los recibos de pagos pendientes de Forever Young, en alguno de los cuales figura el nombre del cliente, como en el referido a Camps.
>9. Camps, Costa, Campos y Betoret aparecen en las hojas de confirmación de pedidos de empresa que confeccionaba los trajes.
>10. Los medios de pago, que evidencian la identidad del pagador y que éste sabía a quién iba destinado el traje.
>11. Las conversaciones telefónicas entre José Tomás, Pablo Crespo, Manuel Delgado, Álvaro Pérez y Ricardo Costa, que evidencian su inquietud «por la trascendencia del hecho».
(www.elmundo.es, 07/07/09)
EL ENTORNO DE CAMPS LIGA SU FUTURO A QUE SE ADMITA SU RECURSO Y NO HAYA JUICIO
«Resistir es vencer», pero no siempre y no en todas las circunstancias. A Negrín no le valió la consigna. A Francisco Camps puede que tampoco. El presidente de la Generalitat Valenciana vivió ayer otro día en el infierno, pese al envío urgente del salvoconducto de Génova con la voz de Cospedal. Se encerró en su despacho rodeado de su entorno más directo, con su abogado Javier Boix muy cerca. Arropado en lo personal -se vio con la alcaldesa Rita Barberá-, respaldado en lo político, pero también solo en la decisión de hasta cuándo aguantar en el cargo.
La imagen de Camps sentado en el banquillo causa verdadero estupor en la Generalitat, hasta el punto de que dirigentes del PP creen que el presidente podría tirar la toalla antes de llegar ese momento.
Fuentes de su entorno más directo aseguraron ayer que tienen la esperanza de que pueda prosperar el recurso para evitar un desenlace precipitado. Se basan especialmente en la versión de José Tomás, conocido como El sastre, que se da en todo momento por buena pese a las denuncias de su ex empresa Forever Young.
Es conocido que Camps ejerce con devoción su cargo y que asume con entrega la representación. Su sentido institucional, mantienen algunos colaboradores directos, impediría que sometiera la Presidencia de la Generalitat a la tensión de un juicio.
En el Palau conviven en los últimos meses la indignación por lo que consideran una operación de acoso y derribo contra el presidente con la irritación de que «cuatro trajes» puedan dar al traste con una trayectoria política «intachable». Fuentes del entorno del presidente aseguran que su futuro está íntimamente ligado a que finalmente se celebre el juicio.
En el Partido Popular y en el Consell nadie se atrevía ayer a negar cuánto se han complicado las cosas judicial y políticamente para Camps. Y el horizonte se definía como incierto. Sin embargo, pese a admitir que el auto del magistrado José Flors es «duro», Presidencia no da nada por perdido y defiende con vehemencia su recurso, pues entienden que los supuestos regalos «no han sido probados documentalmente y además nunca se han producido». En un comunicado, la Generalitat resaltó ayer que se ha descartado cualquier ilegalidad en la Administración, financiación irregular o tráfico de influencias y que todos estos posibles delitos han sido desestimados. Todo se circunscribe a un posible cohecho.
Por eso Javier Boix se lo va a jugar todo a una carta: ¿Qué vale más la palabra del presidente o la de El sastre? En esta disyuntiva y en las lagunas que para la defensa presenta el auto basarán el recurso que pretende salvar el futuro de Camps. Todo, arguyen sus colaboradores, se ha quedado en un traje a medida, tres americanas y un par de zapatos. Tres meses después del auto de Garzón: «¿Dónde está el Barbour?».
(www.elmundo.es, 07/07/09)
EL JUEZ VE INDICIOS SÓLIDOS PARA LLEVAR A CAMPS ANTE UN JURADO POPULAR
Las expectativas del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, de salir bien librado de su imputación judicial, alimentadas en las últimas semanas por sus correligionarios, recibieron ayer un mazazo casi definitivo. Una vez finalizadas las diligencias previas y analizadas las nuevas pruebas y declaraciones, el juez de la trama valenciana del caso Gürtel no solo no archivó la causa, sino que confirmó la existencia de «suficientes indicios racionales» de un delito de cohecho cometido por Camps y otros tres altos cargos del Ejecutivo regional e inició el procedimiento para sentarlos en el banquillo ante un jurado popular. El dirigente puede convertirse en el primer presidente autonómico juzgado por un grupo de ciudadanos de su comunidad. Y junto a él, su mano derecha en el partido, el diputado Ricardo Costa; el exvicepresidente del ejecutivo, Víctor Campos, y el jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret.
El extenso auto dictado por el magistrado José Flors desmenuza con todo lujo de detalles las pruebas que finalmente le llevan a concluir que es «muy probable» que los cuatro altos cargos del Ejecutivo valenciano recibieran sin pago alguno por su parte trajes por un valor total de hasta 34.908 euros. Esta actuación sería constitutiva, según estima el juez, de un «delito de cohecho pasivo impropio, previsto y penado en el inciso primero del artículo 426 del Código Penal, en el que se tipifica como tal la conducta de la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo, que le fueren ofrecidos en consideración a su función».
En el cohecho impropio no es necesario que el funcionario público haya realizado una contraprestación a cambio de las dádivas o regalos, una actuación que en este caso no se ha podido probar, según el juez. Para cometer el cohecho impropio, penado con multa de tres a seis meses, basta con haber aceptado los regalos. «El modo de producirse los hechos, el tipo de relación existente entre Álvaro Pérez [el jefe de la trama valenciana] y las personas obsequiadas, así como la entidad y características de los regalos denotan que la finalidad perseguida no era otra que la de lograr el agasajo y la complacencia de aquellas personas, obviamente para poder contar con su gratitud y su favor, pero sin tender a la obtención de una determinada contraprestación», concluye el magistrado.
El paso siguiente en el procedimiento será la celebración el próximo 15 de julio, a las 10.30 horas, de una vistilla en la que debe confirmarse la decisión de optar por la vía del jurado y a la que deberán asistir los cuatro imputados. En el acto, que se celebrará a puerta cerrada, los implicados podrán solicitar nuevamente el sobreseimiento de la causa, pero fuentes judiciales explican que suele ser un «mero trámite» exigido por la ley del jurado que suele ratificar el procedimiento marcado por el juez.
Antes de que se produzca la vistilla, el procedimiento deberá salvar un primer escollo. La Generalitat Valenciana anunció ayer que la defensa de Camps recurrirá el auto y el recurso lo deberá sustanciar la sala de lo penal y lo civil del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, presidida por un íntimo amigo del imputado. La defensa de Camps alegará, según la nota hecha pública por el Ejecutivo autonómico, que «los supuestos regalos no han quedado probados documentalmente», pese a que en el auto se citan uno por uno los cheques y los pagos en efectivo llevados a cabo por la trama, así como los apuntes contables realizados por los vendedores.
En mayo, Camps tuvo la oportunidad de explicar cómo y cuándo pago los 12.773 euros –4.700 euros de ropa en la tienda Milano y 8.073 en Forever Young– que, según la Fiscalía Anticorrupción, le habría pagado Pérez, responsable de la empresa Orange Market, que se ha beneficiado de contratos con la Generalitat Valenciana por un valor de más de ocho millones, pero se limitó a decir que el pago lo hizo en efectivo con dinero de su esposa sin proporcionar ninguna factura. El juez certifica que la mayoría de los trajes los pagó la trama.
El magistrado responde incluso a aquella afirmación de Rajoy de que «nadie se vende por tres trajes». «El precio de la prendas puede parecer escaso, aun ridículo, en comparación con la magnitud de la función desempeñada por alguna de la personas obsequiadas, pero esa circunstancia –explica en el auto– no es excluyente del desvalor de su acción, objetivamente considerada».
(www.elperiodico.com, 07/07/09)
RAJOY MANTIENE EL APOYO A CAMPS PERO CRECEN LAS DUDAS EN EL PARTIDO
Mariano Rajoy ha decidido mantener contra viento y marea su apoyo al presidente valenciano, Francisco Camps, uno de sus principales valedores en el turbulento congreso del partido en el que, hace algo más de un año, se le ratificó como líder del PP. Y no le ha hecho cambiar de idea que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad confirmara ayer que existen «indicios de delito» de cohecho contra Camps y algunos de sus colaboradores. Pero una cosa es el reducido comité de dirección popular y otra la opinión latente en el resto de la organización, donde se está extendiendo la idea de que Rajoy podría estar pecando de exceso de confianza.
«Nosotros vamos a seguir apoyándole, confiando en la justicia, defendiendo su presunción de inocencia y esperando que termine cuanto antes este procedimiento», afirmó ayer en rueda de prensa la secretaria general de los populares, Dolores de Cospedal. Los colaboradores del presidente valenciano intentaban quitar hierro al asunto anunciando que este recurrirá el auto judicial que le convierte oficialmente en sospechoso.
El recurso de apelación de Camps se presentará ante la sala de lo civil y penal del tribunal valenciano, en cuyo criterio ha puesto todas sus esperanzas el PP de Valencia –y por extensión, el PP nacional–. ¿Se atreverán realmente los miembros de la sala a solicitar el sobreseimiento y archivo de la causa, en contra del criterio del juez instructor? La cúpula de los conservadores confía en ello, alega «falta de pruebas» y minimiza el escándalo mediático que podría conllevar esa polémica decisión.
En todo caso, los responsables de la defensa de Camps (que ayer estuvo en contacto continuo con Rajoy) están trabajando ya en ese recurso, ayudados y supervisados por el equipo jurídico de Madrid, que capitanea Federico Trillo.
Al mismo tiempo, en la sede central de los populares se preparan tiritas para la posible herida y se subraya que el delito que se achaca al presidente valenciano es «cohecho impropio» por haber aceptado, supuestamente, trajes regalados por los miembros de la trama corrupta investigada en el caso Gürtel. Y dicho delito, recuerdan, puede convertirse en una «falta leve».
Tampoco le gusta al PP que el juez valenciano José Flors quiera sentar a Camps en un banquillo frente a un jurado popular, por lo que están analizando si esa decisión tiene precedentes para intentar revocarla.
No obstante, hay muchos dirigentes populares que tienen dudas sobre si se puede seguir creyendo a ciegas en los optimistas pronósticos del PP valenciano, habida cuenta de que primero se auguró que no habría imputación para Camps y, cuando la hubo, se vaticinó que habría un archivo inmediato de la causa. No ha sido así y varios sectores del partido temen que se siga fallando en el pronóstico. A esa incertidumbre hay que sumar la que origina en esta organización que su tesorero, Luis Bárcenas, vaya a ser investigado por el Supremo. Según parece, Rajoy continúa haciendo oídos sordos a las voces que reclaman su dimisión. Tal vez no le interesa crear precedentes teniendo a Camps imputado.
(www.elperiodico.com, 07/07/09)
EL JUEZ CIFRA LOS CONTRATOS DE ORANGE MARKET CON EL CONSELL EN 7 MILLONES
La relación entre la Generalitat y Orange Market no fue esporádica ni casual. La Administración valenciana adjudicó desde 2005 a 2009 a la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, y a otras sociedades de la trama Gürtel, contratos por cerca de siete millones de euros, según recoge el magistrado instructor del caso en el auto conocido ayer. Esta red colaboró además con el PP valenciano en la preparación y diseño de actos de partido en varias campañas electorales. "Álvaro Pérez ya era conocido de Ricardo Costa [secretario general del PP e imputado] desde 1996", recoge.
Nada más estallar el escándalo Gürtel, el Consell negó que la Generalitat hubiera trabajado con las empresas de la trama de forma habitual. Sólo admitió -porque en su día se publicó en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana- la concesión mediante concurso público de contratos por un total de 5,5 millones de euros por el montaje y desmontaje del pabellón de la Comunidad Valenciana en la Feria del Turismo de Madrid (Fitur) de 2005 a 2009.
El magistrado instructor elevó ayer esa cantidad a 6,9 millones de euros. "Desde 2005 le fueron adjudicados a esta sociedad por diferentes organismos de la Generalitat numerosos contratos de muy variado objeto", que el auto concreta en la organización de Fitur y otras ferias como TVC, Expovacaciones, SITC e Intur.
El auto no precisa el resto de contratos con la Generalitat, pero entre los que han trascendido en los últimos meses está el encargo a Orange Market de la fiesta de inauguración de la Volvo Ocean Race por 445.000 euros. La Consejería de Bienestar Social le encargó dos actos de una de sus fundaciones por 32.000 euros y la de Cultura le entregó 100.000 euros por actos relacionados con el décimo aniversario de Castelló Cultural. El departamento de Medio Ambiente, a través de su empresa Vaersa, le encargó en 2004 un documental didáctico sobre los contenedores amarillos que no concluyó, aunque por él cobró el 50% del importe del contrato, cifrado en casi 70.000 euros. Hasta ocho consejerías encargaron trabajos a la red de empresas de Correa.
No fueron las únicas. Una serie de entidades controladas por el PP, como Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), Feria Valencia o la Fundación Agua y Progreso contrataron también con El Bigotes. De ellos, uno de los más costosos fue el adjudicado por la dirección ferial por un monto de 800.000 euros.
Orange Market era una habitual en la preparación de actos para el PP valenciano. Los populares trabajaron con Álvaro Pérez en actos celebrados con motivo de las campañas electorales de 1999, 2003 y 2007. Algunas fuentes elevan a 1,8 millones el importe de estos encargos.
Contratos públicos
Según el juez, la Generalitat adjudicó a Orange Market desde 2005 contratos por cerca de siete millones de euros:
- Año 2005: 1.748.839,19 euros
- Año 2006: 1.174.767,17 euros
- Año 2007: 1.325.741,44 euros
- Año 2008: 1.714.860,26 euros.
- Año 2009: 953.172 euros hasta el pasado mes de mayo.
(www.elpais.com, 07/07/09)
RTVV VUELVE A PASAR DE PUNTILLAS SOBRE EL 'CASO CAMPS'
Ni rastro de Francisco Camps y el caso Gürtel en los titulares del día en Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). Los informativos de las dos de la tarde en Canal 9 y Ràdio 9 volvieron ayer a esconder la imputación del presidente de la Generalitat en la investigación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por la trama corrupta de Francisco Correa, y tampoco explicaron el motivo de las diligencias abiertas contra Camps, Ricardo Costa (secretario general del PP valenciano), Víctor Campos (ex vicepresidente del Consell) y Rafael Betoret (ex jefe de gabinete de Turismo).
El tratamiento informativo del auto del magistrado José Flors, que ha encontrado "suficientes indicios racionales" de un supuesto cohecho por los regalos de la trama de corrupción a Camps y el resto de imputados, provocó la protesta de CC OO, que acusó a RTVV de "esconder la información" y presentarla con eufemismos para "camuflar" que se mantienen las imputaciones. También la Intersindical Valenciana denunció que "RTVV continúa infravalorando la investigación del caso Gürtel" y consideró "inaudito" que todos los medios abrieran sus informativos con el auto, y Canal 9 y Ràdio 9 lo hicieran con temas internacionales.
La noticia no se dio en la televisión valenciana hasta las 14.40, tras la media hora de noticias comarcales, y entre la visita del presidente estadounidense Barack Obama a Rusia y el relevo en la cúpula del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Y se dio después de destacar que los informativos estaban "muy pendientes" de la revuelta en China y las tormentas de verano, además de la situación en Honduras, la del Valencia CF, un asesino en serie en EE UU, los Sanfermines y un plan renove de bombillas.
Canal 9 habló de que Flors "ha decidido mantener la tramitación del procedimiento que sigue" contra Camps, Costa, Campos y Betoret "al apreciar indicios racionales de cohecho". A renglón seguido anunció que la resolución "será recurrida" y que las partes comparecerán el 15 de julio ante el juez. "La dirección nacional del PP ha reiterado su total respaldo a Francisco Camps", añadió para introducir declaraciones de apoyo de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Ni una palabra de la oposición, tampoco en Ràdio 9, destacaron los sindicatos. CC OO se sorprendió de que Canal 9 usara la palabra "cohecho" en castellano, una forma de "evitar la malsonante traducción al valenciano, que es suborn", y la Intersindical pidió dimisiones en RTVV.
El juez ve "indicios racionales" de delito para abrir un juicio contra Camps
El presidente de la Generalitat es investigado por un presunto delito de cohecho. Declarará el miércoles de la semana que viene
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana José Flors ha decidido continuar la tramitación del procedimiento contra el president de la Generalitat, Francisco Camps, por un supuesto delito de cohecho y ha fijado la apertura de juicio oral para el próximo día 15.
Según ha anunciado el TSJCV, Flors mantiene que no ha lugar al sobreseimiento libre ni al archivo de la causa por existir "suficientes indicios racionales" para estimar que los hechos investigados en el llamado caso Gürtel pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho.
En el auto del magistrado, al que no ha tenido acceso el gabinete de prensa del TSJCV, se mantiene que también siguen como imputados en esta causa el secretario general del PPCV y portavoz del grupo popular en Les Corts, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.
La resolución de Flors no es definitiva y puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV.
Pueden solicitar sobreseimiento
En el auto se señala que en la "comparecencia prevenida" en el artículo 25 de la Ley del Tribunal del Jurado, fijada para las 10.30 horas del próximo día 15 con presencia de los imputados y ante un jurado, las acusaciones deberán concretar la imputación y las defensas alegarán "lo que estimen oportuno, pudiendo solicitar nuevamente el sobreseimiento", mientras que todas las partes podrán pedir diligencias de investigación.Asimismo, desde el TSJCV se asegura que las actuaciones del proceso penal serán secretas para el público hasta el momento en que se abra el juicio oral, así como que la decisión de Flors puede ser recurrida por ambas partes en un plazo de cinco días hábiles.
Camps acudió a declarar el pasado 20 de mayo, después de haber sido imputado una semana antes.
Camps se mostró entonces "muy contento y satisfecho" de haber podido contar al juez instructor del caso Gürtel "la verdad" sobre su supuesta relación con una trama de corrupción en el PP y exprsó su confianza en que "esto vaya lo más rápido y lo mejor posible".
Los trajes
El jefe del Consell señaló que tenía "muchas ganas de poder contar la verdad". "Y ya la he contado", añadió.Camps adquirió trajes por 12.783 euros, pagados por Orange Market
Según las investigaciones desarrolladas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón antes de inhibirse en favor del tribunal valenciano, Camps adquirió trajes en diferentes tiendas por valor de 12.783 euros que fueron pagados por Orange Market, una de las empresas vinculadas a la trama supuestamente liderada por Francisco Correa.
El auto de inhibición señalaba que el president de la Generalitat recibió los trajes a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad entre 2005 y 2009 por valor de unos cuatro millones de euros.
Apoyo del PP
Según concretaba ese auto de Garzón, Camps acudía a Madrid a instancias de Álvaro Perez, conocido como El bigotes y que ha declarado en el Palacio de Justicia, con el fin de adquirir ropa en las tiendas de Milano y Forever Young, en las que trabajaba el testigo José Tomás.
"La dirección nacional sigue apoyando y confiando en el señor Camps"
Hasta ahora, el PP ha mostrado todo su apoyo al presidente de la Generalitat, e incluso no se le ha invitado a dejar su cargo, algo que no ha ocurrido con otros miembros del PP imputados en al caso Gürtel.
"La dirección nacional sigue apoyando y confiando en la inocencia del señor Camps", ha dicho la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
Camps recurrirá
El president de la Generalitat, Francisco Camps, "recurrirá en apelación ante la Sala de lo Civil y lo Penal" del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la decisión de continuar el procedimiento contra él por un supuesto delito de cohecho.
Según han confirmado fuentes de Presidencia de la Generalitat, Camps recurrirá la decisión del magistrado José Flors que mantiene que no ha lugar al sobreseimiento libre ni al archivo de la causa.
www.publico.es 07.07.09
La policía encuentra en un yate nuevas pruebas sobre los regalos a Camps
La Brigada Policial de Blanqueo aporta en su último informe más datos sobre el supuesto cohecho - Requisó un ordenador portátil en una embarcación en Altea
La investigación del caso Gürtel, la trama de corrupción masiva vinculada a Gobiernos en manos del PP, no cesa. La policía ha sumado nuevas pruebas para sustentar el posible cohecho por el que están imputados por el juez José Flors cuatro dirigentes de la Comunidad Valenciana, entre ellos el presidente Francisco Camps, que recibieron supuestamente más de 30.000 euros en supuestos regalos de la red que dirigía Francisco Correa.
El último informe de la Brigada Policial contra la Delincuencia Económica y el Blanqueo de Capitales incluye dos nuevas pruebas documentales. Una de ellas consiste en diversos correos electrónicos de las empresas corruptas y de sus dirigentes, así como de José Tomás, director de ventas de las tiendas de ropa donde se vistieron los dirigentes del PP y principal testigo de cargo contra Camps.
Esos correos acreditan, según el informe policial, las relaciones comerciales entre ambos y las facturas pendientes y pagadas correspondientes a ropa adquirida por cinco dirigentes valencianos: Francisco Camps, Ricardo Costa (número dos del PP en esta comunidad), Víctor Campos (ex vicepresidente autonómico), Rafael Betoret (ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo en la época en la que fueron adjudicados pabellones de turismo a Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta) y Pedro García (el máximo responsable del canal autonómico de televisión).
La otra prueba también es novedosa y refuerza la tesis del pago de regalos de la trama de Correa, que a través de Orange Market logró contratos de al menos ocho millones de euros de la Administración valenciana, un lugar donde nunca había trabajado hasta que Camps llegó al poder y Álvaro Pérez, amigo íntimo de Camps, se trasladó de Madrid a Valencia y pasó a lograr casi todos los contratos del PP valenciano y algunos de la Administración de esta comunidad.
Esta segunda prueba es aún más concreta. El informe policial señala que en la embarcación de recreo de la trama, de nombre Parapipi, fondeada en el puerto deportivo de Altea, la policía requisó un ordenador portátil. Al analizar su disco duro encontraron un archivo con el nombre "cuentasmilano".
El documento era en realidad un folio manuscrito y escaneado donde aparecía una relación de personas a las que se adjuntaban unas cantidades y una ropa determinada. Se trata, según la policía, de todas las prendas supuestamente regaladas al presidente valenciano y a alguno de sus colaboradores. En la lista están Álvaro Pérez (jefe de Orange Market), Pablo Crespo (número dos de la trama de Correa), Camps, Betoret, Costa y Pedro García. A cada uno de ellos se le asignan diversas prendas, trajes, pantalones o chaquetas, cada una de ellas con su precio. El documento manuscrito incluye con detalle cada una de las piezas que supuestamente se regalaron a los políticos.
En su nuevo análisis, los investigadores se remiten a sus informes anteriores, donde figuran declaraciones de los distintos empleados de los establecimientos, documentación sobre los pedidos y las ventas de las tiendas de ropa, así como correos electrónicos entre el personal, y pinchazos telefónicos. A esta acumulación de indicios, el informe añade el documento hallado en el Parapipi y los correos electrónicos.
En el relato policial se detalla cómo las cantidades que figuran en los distintos documentos imputadas a los dirigentes valencianos del PP han sido abonadas mediante transferencias bancarias y cheques librados por tres empresas de la trama corrupta: Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral y Orange Market. Las cantidades, coincidirían en parte, según la policía, con las anotadas en el folio manuscrito y escaneado que se había guardado en el disco duro de un portátil encontrado en el barco Parapipi.
Camps insiste en su inocencia y asegura que pagó los trajes en metálico con el dinero de la farmacia de su mujer, y lo hizo en la tienda. El diario Levante publicó el pasado sábado que Camps estaba en Valencia, según su agenda oficial, los días de enero y febrero de 2007 en que supuestamente debía estar en Madrid pagando los trajes. La Generalitat contestó que el presidente viaja a Madrid con frecuencia fuera de la agenda oficial y que podría haber estado en las dos ciudades en el mismo día, dado que la distancia es relativamente corta.
La nueva factura
- Francisco Camps (Presidente de la Comunidad Valenciana).- Tres trajes (2.400 euros).
- Tres americanas (1.800).
- Total: 4.200 euros.
El nuevo informe policial anota otro apunte en el manuscrito de 1.200 euros a favor de Francisco Camps, aunque sin explicar la prenda a la que se refiere.
Y concluye con una relación de precios:
- Trajes (800).
- Americanas (600).
- Pantalones (250).
- Total: 1.650 euros.
- Ricardo Costa (Secretario general del PPCV).
- Un traje (800).
- Tres pantalones (750).
- Total: 1.550 euros.
- Pablo Crespo (Presunto
número dos
de la trama corrupta y encargado de pagar la ropa con cheques a las tiendas donde vendía el sastre José Tomás).
- Álvaro Pérez (Jefe de Orange Market y amigo personal de Francisco Camps)
.- Cuatro trajes (3.200).
- Seis pantalones (1.500).
- Tres chaquetas (1.800).
- Total: 6.500 euros.
- Rafael Betoret
(Ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo de la Generalitat).
- Tres trajes (2.400).
- Una americana (600).
- Un pantalón (250).
- Total: 3.250 euros.
- Pedro García (Máximo responsable del canal autonómico valenciano).
- Siete pantalones (1.750).
- Total: 3.550 euros.
El miedo a acabar en el banquillo
Hacia el exterior, todo son sonrisas, especialmente de Camps. Pero en el PP se extiende una gran preocupación por el futuro procesal del caso en su rama valenciana. Todo está en manos de José Flors, el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad.Los populares, que conocen todo el sumario y las pruebas contra Camps -se levantó el secreto hace un mes, al contrario de lo que sucede en la parte madrileña del caso-, están preocupados ante la posibilidad de que Flors abra juicio oral.
Eso no implicaría ninguna condena para Camps, algo que los populares ven casi imposible, pero sí que el presidente de la Generalitat se sentaría en el banquillo, algo políticamente difícil de resistir pese a su insistencia en la inocencia y a su reciente éxito electoral -el PP valenciano sacó 15 puntos al PSOE en las europeas-. La decisión podría tomarse en los próximos días.
El caso ha avanzado lentamente. Los dirigentes valencianos estaban inicialmente tranquilos porque sólo había un testigo de cargo, el sastre José Tomás, y muchos de descargo: todos los funcionarios que declararon que nadie les forzó a contratar con Orange Market. Sin embargo, las nuevas pruebas y el cruce de documentos, como los correos electrónicos o las facturas en las tiendas, tienen muy preocupados a los dirigentes que están más encima de este asunto.
Pase lo que pase, lo único seguro es que Mariano Rajoy va a mantener hasta el final el apoyo a Camps, cuyo respaldo fue clave en su batalla frente a los críticos en 2008. Rajoy ha construido una tesis que incluso acepta la posibilidad de que a Camps le regalaran los trajes, pero lo ve como algo menor. "Nadie se vende por tres trajes", es la frase más contundente del líder.
El problema, explican otros dirigentes menos optimistas, es que si se demuestra que Camps ha mentido al decir que los pagó, puede que eso no pruebe que hubo cohecho, pero sí complicará su carrera.
www.elpais.es 07.07.09
Presidencia alega que Camps pudo ir más veces a Madrid de lo que recoge la agenda
El día es muy largo y Madrid está a poco más de tres horas en coche. Así que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, pudo viajar a la capital de España en cualquier momento para pagar los trajes en metálico. Es lo que responden las fuentes de Presidencia consultadas ayer después de que este diario publicara que la agenda oficial del jefe del Consell le situaba en Valencia el día en el que asegura que pagó los trajes en persona y en efectivo en la tienda de Forever Young en Madrid.
El presidente tiene una agenda que es oficial y otra que no es pública, dijeron. Además, añaden que Camps viajó "muchas veces" a Madrid durante los meses de enero y febrero de 2007, aunque sin concretar más. La hemeroteca recoge al menos tres desplazamientos oficiales. El 11 de enero a la Conferencia de Presidentes, el 1 de febrero a la celebración del día de la Comunitat Valenciana en Fitur y el 11 de febrero a la presentación de los candidatos del PP a las elecciones autonómicas de 2007. En Presidencia aseguran que son "muchas más", aunque no dan cifras y en la web institucional de la Generalitat no puede consultarse la agenda de 2007, sólo la del último mes. Según publicó ayer Levante-EMV y se hicieron eco numerosos medios nacionales, la agenda sitúa a Camps en actos oficiales en Valencia en las distintas fechas en las que fueron abonados los trajes en el establecimiento madrileño, entre enero y febrero de 2007.
Él mismo y en efectivo
El pago lo habría realizado él mismo y en efectivo según declaró el pasado 20 de mayo en su comparecencia ante el juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que investiga un presunto delito de cohecho. El juez quiere asegurarse si la agenda oficial le permitió estar en Madrid los días en que el presidente de la Generalitat aseguró que habría pagado los trajes. Sin embargo, lo que se desprende de la comprobación entre el arqueo de caja de Forever Young y la agenda es lo contrario.
La portavoz de Compromís en las Corts, Mónica Oltra, exigió ayer al presidente que "deje de mentir" ya que "lo único que consigue es alargar una agonía que sólo tiene un final posible, que es su dimisión, su renuncia a seguir en política y la convocatoria de nuevas elecciones".
Mientras, la coordinadora de EUPV, Marga Sanz, dijo que a Camps sólo le quedaría una salida, la dimisión irrevocable, en el caso de confirmarse que mintió ante el juez durante su declaración como imputado en el caso Gürtel el pasado 20 de mayo.www.levante-emv-com 05.07.09
Los nombres de Javier y Francisco Camps
Entre la numerosa documentación que figura en poder del juez del TSJCV, José Flors, que instruye el caso, aparece también el nombre de Javier Camps. Las fuentes consultadas ayer en Presidencia eludieron aclarar de quién se trata acogiéndose al secreto de sumario. Al parecer el nombre de Javier Camps figura en los resguardos de una empresa navarra de arreglos de los trajes de las tiendas madrileñas de ropa donde el presidente adquirió vestuario. También en las cuentas de Forever Young aparece el mismo nombre, Javier Camps.
www.levante-emv-com 05.07.09
La agenda de Camps desmiente que pagara él mismo sus trajes en Madrid
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, podría haber mentido ante el juez que investiga la trama Gürtel, cuando declaró que pagó personalmente sus trajes en Madrid, en la tienda de Forever Young, ya que su propia agenda da fe de que en esa fecha se encontraba en Valencia participando en actos oficiales.
Con la evidencia de esta prueba, se pone de manifiesto que en las fechas que fueron citadas para los supuestos pagos, entre enero y febrero de 2007, Camps no pudo abonar personalmente y en efectivo, como afirmó, los trajes que compró en Forever Young, en Madrid, ya que se encontraba en la Comunitat Valenciana participando en actos oficiales en las localidades de Villena y Alcoi, según el Levante.
¿En efectivo?
Camps había declarado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que no podía presentar la factura de los trajes porque los había pagado en metálico, con dinero que supuestamente cogió de la caja de la farmacia de su mujer, pues no quería utilizar la tarjeta de crédito oficial.
Los pagos de las empresas Gürtel
Otra de las pruebas pedidas por el instructor del caso Gürtel en Valencia, el juez José Flors, fueron las transferencias bancarias con que supuestamente se pagaron los trajes, que confirman que, contrario a lo que declaró Camps, se realizaron a través de las empresas de la trama de Correa, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico. Los abonos aparecen firmados por María Inmaculada Mostaza Corral, administradora de la primera de esas compañías.www.elplural.com 04.07.09
El Bigotes estuvo con Camps en el inicio del curso político 2006
Pese a que Mariano Rajoy asegura que el PP rompió relaciones con las empresas de Correa en el año 2004 tras descubrir irregularidades, se acumulan las evidencias de que entre los hombres de Correa y los populares valencianos había una gran amistad.
Rajoy miente cuando dice que desde 2004 el PP ya no trabajaba con Correa
El Plural les muestra el folleto de la Pontificia con el profesor Bigotes
El director de Canal 9, otro amiguito del alma de El Bigotes
Correa: "Es para descojonarse, cómo quiere Camps a Alvarito"
¿Necesita más pruebas, señor Rajoy, para destituir al presidente valenciano?
Camps pidió a El Bigotes lealtad absoluta: "Durante muchos años no, hijo de puta, durante toda...
La agenda de Camps desmiente que pagara él mismo sus trajes en Madrid
Según el diario Levante, Álvaro Pérez, más conocido como El Bigotes participó en 2006 en la tradicional fiesta con el que el PP valenciano inaugura el curso político. Lo demuestra esta fotografía en la que se puede ver en primer término a Camps, charlando con algunos miembros del partido y al fodo, marcado en rojo, a su amiguito del alma.
Organizador del evento
El Bigotes era el hombre fuerte de Correa en la Comunidad Valenciana y se encargó de organizar el evneto, igual que había hecho en el año anterior, en 2005, cuando se celebró una cena en la Cartuja de El Puig. Por esa conmemoración, según el Levante, Orange Market facturó al PP 105.378,75 euros.Aplausos al multimputado Fabra
En 2006 se trasladaron a Casas Viejas, un municipio valenciano de apenas 180 habitantes. Eran los tiempos en los que Camps confesaba su cariño hacia El Bigotes con ese tristemente célebre "te quiero un huevo". El caso Gürtel todavía no había estallado pero el PSPV de Igansi Pla presentó una moción de censura contra Camps, ante los numerosos escándlos que afectaban a cargos públicos del PP, en especial al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. En su discurso, Camps defendió la "honestidad y la honradez" de los cargos y la militancia del PP. Según asegura el diario valenciano, aplaudió tanto esas palabras como el propio Carlos Fabra.www.elplural.com 02.07.09
El Consell de Zaplana dio contratos por 51 millones a la firma del caso Bárcenas
Constructora Hispánica, investigada por pagos a Correa, recibió dos adjudicaciones desde 2003
Constructora Hispánica, una de las empresas investigadas en el procedimiento judicial abierto contra el senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, recibió 51 millones de euros en adjudicaciones de la Generalitat Valenciana entre 1999 y 2002. Por esos años la constructora realizó presuntamente pagos por valor de 1,6 millones de euros a empresas de la red que lideraba Francisco Correa. Ese dinero se utilizaba después, según la investigación de la rama madrileña de la trama Gürtel, para el pago de dádivas. Constructora Hispánica recibió el grueso de las adjudicaciones del Gobierno valenciano en los últimos años de Eduardo Zaplana como jefe del Consell.
Desde 2002, fecha en la que el ex presidente se marchó a Madrid como ministro de José María Aznar, el Consell sólo ha firmado con Constructora Hispánica dos contratos, ambos de la Conselleria de Infraestructuras por valor de 3,4 millones.
Entre los supuestos receptores del dinero que salió de Constructora Hispánica en dirección a las firmas de Correa estaría el senador Bárcenas, imputado ahora por el Tribunal Supremo. El guardián del dinero del PP habría recibido diferentes cantidades en efectivo del grupo del encarcelado Correa, que según el alto tribunal era "un entramado de sociedades que obtenían ilícitamente contrataciones de administraciones públicas a través de pagos a funcionarios".
El mayor de los contratos recibidos en la Comunitat Valenciana por Constructora Hispánica en estos años fue el de la construcción del Centro de Investigación para la Promoción de la Salud Pública, ubicado en la Avenida de Cataluña, y que fue adjudicado en septiembre de 2002 por 25,9 millones. Durante su construcción el edificio sufrió el derrumbe de parte de su estructura. El accidente, ocurrido en julio de 2005, causó dos heridos y obligó a rediseñar el edificio.
Ese mismo año la empresa se hizo con el contrato para construir el centro de salud de Natzaret por 4,1 millones y meses antes logró el de la rehabilitación del antiguo hospital Peset para centro de media estancia y atención a enfermos crónicos y larga estancia por 14,9 millones.
Imputado en el TSJ de Madrid
El presidente de Constructora Hispánica es Alfonso García-Pozuelo Asins quien está imputado por el supuesto pago de 1,6 millones de euros a la red de Correa. Según el informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario, la empresa justificaba los pagos de esas cantidades al entramado Gürtel a través de facturas falsas que a su vez realizaban otras firmas sin personal ni estructura o ilocalizables.
Constructora Hispánica también optó en marzo de este año a la construcción del edificio que acogerá la futura sede de los grupos políticos en las Corts. La firma también era una habitual en las contrataciones del Ministerio de Fomento en la época en que Álvarez Cascos dirigía ese departamento del Gobierno de Aznar, al que Zaplana se incorporó en julio de 2002 como ministro de Trabajo. Los numerosos contratos recibidos por esta firma causaron malestar en el resto de empresas e incluso la Sindicatura de Comptes halló anomalías en algunas contrataciones.www.levante-emv.com 30.06.09
La Generalitat saca a concurso 18 ferias por 600.000 euros, las cinco de Orange Market costaban casi un millón
La Agencia Valenciana de Turismo ha sacado a licitación el diseño, montaje y desmontaje del expositor de la Comunitat Valenciana en nueve ferias nacionales e internacionales durante los próximos ejercicios de 2010 y 2011 - o sea, un total de 18 ferias-, por un importe global de 610.160 euros. La convocatoria ha puesto en evidencia el coste de los cinco eventos que durante cinco años consecutivos se adjudicaron a Orange Market, la filial valenciana de la supuesta red corrupta del caso Gürtel, por un coste de 915.820 euros.
Un portavoz de Turismo justificó al diario Levante que las ferias "no son comparables", ya que, según aseguró, se trata de montajes de unos 120-140 metros cuadrados frente a instalaciones más amplias, en el caso de las contratadas con Orange Market, y que en el caso de la más importante, Fitur, ocupaba hasta 6.000 metros cuadrados y casi un pabellón completo en Ifema de Madrid.
La convocatoria de Turismo
La convocatoria hecha pública por la Generalitat asciende a 526.000 euros, más 84.160 euros en concepto de IVA, que se repartirán entre 2010 (324.800 euros) y 2011 (285.360 euros), según el expediente firmado por el subsecretario de la Conselleria de Turismo, Jorge Juan Muñoz. Los montajes corresponden a las ferias Turismur, que se celebra en Torrepacheco (Murcia); Madrid Golf; Tural, que se desarrolla en Alicante, y Agrotur, que tiene lugar en Cornellà del Llobregat (Barcelona), además de otras que se realizarán en el exterior, hasta sumar nueve eventos por cada año.
La adjudicación al Bigotes
La adjudicación a Orange Market incluía las ferias Fitur (Madrid), TCV (Valencia), Expovacaciones (Bilbao), SITC (Barcelona) e Intur (Valladolid). La adjudicación por año ascendía a 915.820 euros. Tras la celebración de Fitur, estalló el caso Gürtel, lo que impidió que Orange Market cumpliera con la totalidad del contrato. El imputado Álvaro Pérez (Bigotes), director de la empresa, reclama a la Generalitat el pago de 500.000 euros por el trabajo realizado. La Agencia de Turismo aún está en negociaciones.www.elplural.com 28.06.09
EL SASTRE DE CAMPS AFIRMA QUE USARON EL 'CASO GÜRTEL' PARA ECHARLE
A Eduardo Hinojosa, el propietario de Forever Young, ahora Castellana Inmuebles y Locales, más le hubiera valido pagar al sastre José Tomás los 232.500 euros de su contrato blindado y haberse ahorrado el bochornoso juicio por despido celebrado ayer, que lo único que dejó claro fue el desastre organizativo, informático y contable en que Hinojosa mantiene a su empresa.
Hasta el testimonio de sus propios directivos se volvió contra él. Más aún: hasta su propio testimonio se volvió contra él cuando, desde su cargo de "presidente del consejo de administración", pretendió hacer creer que no "tenía acceso" a los datos de ningún ordenador de ninguna de sus tiendas, porque "no sabía manejarlos".
El sastre José Tomás -que cortó los trajes que las empresas de la trama de Francisco Correa regalaron supuestamente al presidente valenciano Francisco Camps y al secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa, ambos imputados- ya ha demostrado que no da puntada sin hilo.
Ayer, su juicio por despido fue un desastre para su despedidor al que Tomás atribuye haber aprovechado el caso Gürtel para echarle. Tras el juicio, se permitió advertir a Camps que a la justicia "no se la puede engañar".
El abogado de José Tomás, Luis Zumalacárregui, demostró por qué está considerado como uno de los mejores laboralistas de Madrid. A Tomás le culpaba la empresa de las devoluciones de clientes por más de 446.000 euros. Los actuales directores de las tiendas de Hinojosa declararon como se espera de los directivos de empresa: que Tomás "hacía las cosas mal", que no se atenía a las instrucciones, que nunca fue degradado de director de todas las sucursales a director de la tienda de Serrano...
La sorpresa surgió cuando Zumalacárregui presentó a los testigos de la empresa el estadillo de las devoluciones. A los propios directores se les atribuían cantidades de prendas devueltas por valores de 10.000, 9.000 euros, etcétera. Para eso no habían sido aleccionados, así que empezó la letanía: "Oiga, esto no es mío", "Yo nunca he tenido esas devoluciones". "Esto está manipulado"... Así que los propios directivos de Hinojosa tiraron abajo una de las pruebas capitales de la empresa contra el sastre.
Pero hubo más: la acusación principal de la empresa contra el sastre era haber "falsificado" facturas a nombre de Orange Market, Servimadrid o Diseño Asimétrico, de la trama de Francisco Correa. La falsificación consistía en que los importes de los trajes -los que luego se regalaron presuntamente a Camps, Costa, y los demás- se consignaban como "metros de tela", "batista azul", "popelín inglés"... en vez de como "trajes a medida".
Tomás siempre ha asegurado que él "jamás" llevó la facturación, que las facturas las hacía el contable, Javier García, y que él nunca dio instrucciones de poner en las facturas "metros de tela" o conceptos similares.
Los testigos de Tomás corroboraron que éste no hizo nunca una factura y ninguno de los de Hinojosa pudo decir que le hubiera visto hacerla. Pero además, el ex director de una de las tiendas -uno de los 60 o 70 despedidos de Forever Young- aseguró que algunas facturas las había hecho él y no por indicación de Tomás, sino porque se lo pidieron Álvaro Pérez El Bigotes, o Pedro Crespo, dos de los empresarios de la trama: "Eran clientes importantes y me pidieron que imputara un 70% a un concepto y el 30% a otro, o que pusiera metros o batista. Como el importe era el mismo, no creí que tuviera importancia. Luego ya he visto que sí...", dijo en alusión a los trajes de Camps.
El testigo clave de la historia, Javier García, no fue citado. Fue la jugarreta magistral de un viejo zorro como Zumalacárregui. Éste lo propuso como testigo y el abogado de la empresa se limitó a esperar confiadamente su turno para interrogarle. Llegado el momento, Zumalacárregui no lo llamó.
El abogado de Hinojosa protestó, pero como no era su testigo, se quedó sin preguntar. En realidad, el testimonio de García era una incógnita: fue fichado por Tomás y durante 25 años fue su mano derecha. Pero sigue como empleado de Hinojosa. Así que el abogado lo tuvo claro: en un conflicto entre el amigo y el trabajo, mejor... salir por la tangente.
(www.elpais.com, 24/06/09)
UNA HIJA DEL DUEÑO DE FOREVER YOUNG TRABAJÓ PARA CORREA
El juicio por el despido del sastre José Tomás dejó a las claras las estrechas relaciones del propietario de Forever Young, Eduardo Hinojosa, con empresarios de la trama Gürtel. Relaciones que Hinojosa intentó diluir, pero que quedaron en evidencia por las declaraciones de los testigos.
Hinojosa reconoció a regañadientes que conocía al jefe de la trama corrupta, Francisco Correa, a Álvaro Pérez, El Bigotes, y a Pablo Crespo, el segundo de Correa. Les conocía "de una comida que me montó Tomás". Después, admitió que una hija suya había trabajado en una empresa de Correa. Tomás, fuera del juicio, puntualizó que la hija de Hinojosa estuvo un año como becaria en Easy Concept, una de las empresas de la trama Gürtel.
Hinojosa negó haber estado con ellos en las subastas de cuadros y otros objetos que organizaba en un local, aunque precisó que ellos podrían haber asistido, pero no con él. Sin embargo, el testimonio de Antonio del Fresno, el ex directivo de una de las sucursales que admitió haber puesto en las facturas "tejidos o metros de tela" a petición de Álvaro Pérez o Crespo, no dejó lugar a dudas: "Yo le he visto con Álvaro en las subastas, departiendo allí, hablando. Las subastas se hacían en el Paseo de La Habana. A Álvaro le gustaban mucho los relojes. Era un cliente importante".
La magistrada Pilar Varas, que se estrenaba ayer en su primera jornada como juez de lo social de Madrid, se topó con el juicio de año, plagado de periodistas y de decenas de cámaras a la entrada del edificio. Procede de la jurisdicción de Toledo pero es una veterana que llevó el juicio con paciencia -tres horas en lo social no es frecuente- y con autoridad. Ahora es ella la que tiene la palabra.
(www.elpais.com, 24/06/09)
FLORS INVESTIGA CUÁNTOS TRAJES SE HICIERON PARA CAMPS
José Flors, juez instructor del Tribunal Superior de Justicia para la trama valenciana vinculada al caso Gürtel, requirió ayer documentación a varias sociedades proveedoras de las tiendas Milano y Forever Young para intentar determinar cuántos trajes, cómo y en qué fechas sirvieron a Francisco Camps, presidente de la Generalitat, imputado por un delito de cohecho.
En la misma causa están imputados, también por cohecho, Ricardo Costa, secretario general del PP de la Comunidad Valenciana; Víctor Campos, vicepresidente del Consell hasta junio de 2007; y Rafael Betoret, jefe de gabinete de la consejera de Turismo hasta junio de 2007.
Las imprecisiones en las declaraciones de José Tomás, el sastre que tomó medidas para hacer el patronaje de los trajes a todos los imputados, y la confusa contabilidad de las tiendas de Milano y Forever Young han llevado a Flors a requerir la documentación adicional, tal como habían solicitado el fiscal y la acusación popular. Se solicitan albaranes y facturas a varios proveedores de ambas tiendas, desde confeccionadores hasta transportistas, para despejar dudas sobre los productos entregados a los imputados y supuestamente pagados por las empresas Orange Market o Easy Concept, vinculadas a la trama corrupta; o personalmente por Álvaro Pérez, El Bigotes, propietario de Orange Market e imputado en la misma trama.
El juez fija un plazo de cinco días para obtener la información, según una nota del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. Una vez analizados los nuevos documentos, "el instructor resolverá lo que proceda sobre las alegaciones realizadas por los letrados de Camps, Costa y Betoret", quienes han solicitado el archivo de la causa por falta de pruebas.
La nota del TSJ aclara que la Sala de lo Civil y Penal desestimó el recurso de apelación presentado por el PSOE, que ejerce la acusación popular, contra el auto que rechazaba ampliar la investigación más allá del delito de cohecho impropio. Cuando asumió la causa, Flors se declaró competente para investigar solamente un delito de cohecho. Por el mismo motivo, la sala del TSJ también rechazó toda una serie de pruebas adicionales por "no estar directamente relacionadas con el objeto de la investigación".
(www.elpais.com, 23/06/09)
EL SASTRE JOSÉ TOMÁS DICE QUE FOREVER YOUNG APROVECHÓ EL 'CASO GÜRTEL' PARA ECHARLE
El sastre José Tomás, que asegura haber hecho trajes para el presidente valenciano, Francisco Camps, pagados por la trama de corrupción que supuestamente dirigía Francisco Correa, ha negado hoy haber falseado facturas y ha dicho que la empresa Forever Young aprovechó el caso Gürtel, para despedirle.
Así lo ha asegurado hoy Tomás durante el juicio que ha tenido lugar en el Juzgado de lo Social número 8 de Madrid por la demanda por su despido de la empresa Forever Young -la cadena de ropa de lujo que supuestamente sirvió trajes pagados por Orange Market a Camps- después de haber declarado ante el juez Baltasar Garzón sobre el caso Gürtel.
A su salida del juicio, y preguntado por las afirmaciones de Camps respecto a que no hubo "regalo alguno" a su persona, el sastre ha dicho que "es su problema, a la Justicia no se la puede engañar". "Creo en la Justicia y desde el primer momento se ha hecho una muy buena instrucción, tanto por parte de los fiscales como del juez Garzón", ha indicado a los periodistas, a los que ha expresado su satisfacción por el desarrollo de la vista.
Durante el juicio, su abogado, Luis Zumalacárregui, ha sostenido que en el despido disciplinario que le fue comunicado el pasado 11 de febrero se pretendió aprovechar el caso Gürtel para librarse de él y hacerle "chivo expiatorio" de cualquier repercusión que esa investigación pudiera tener para la empresa.
Forever Young, a través de la empresa Castellana Inmuebles y Locales, alegó al despedirle que había compras a crédito sin cobrar por 60.309 euros, que firmó facturas que no se correspondían con la realidad y que existían devoluciones no justificadas. Según el letrado de la empresa demandada, se procedió al despido de Tomás, que había sido director de las sucursales de la empresa, por, además de las devoluciones no justificadas, la elaboración de facturas falsas o incorrectas.
Este extremo ha sido negado también por el letrado de Tomás, que ha dicho que está acreditado que era el responsable de compras y ventas, no de facturación, y que "no ha hecho una factura en su vida".
El presidente del Consejo de Administración de Forever Young ha afirmado que Tomás era el responsable de coordinar las facturas y que ocultó las devoluciones no justificadas.
(www.elpais.com, 23/06/09)
EL SASTRE ADVIERTE A CAMPS: "A LA JUSTICIA NO SE LA PUEDE ENGAÑAR"
El denominado sastre del caso Gürtel, José Tomás, advirtió hoy al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, de que "a la Justicia no se la puede engañar", y se mostró convencido de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y las fiscales Concha Segura y Miriam Sabadell han realizado "una muy buena instrucción".
Tomás realizó estas manifestaciones a su salida del juicio por su despido de la empresa Forever Young que se celebró hoy ante el Juzgado de lo Social número 8 de Madrid, y durante el que tres ex trabajadores corroboraron que el sastre nunca se encargó de elaborar facturas como las que, según obra en la instrucción del caso Gürtel, probarían que la presunta red corrupta de Francisco Correa habría regalado trajes a medida al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.
El sastre se mostró "cien por cien" convencido de que el caso Gürtel fue la "excusa" para justificar su despido que utilizó el propietario de Forever Young, Eduardo Hinojosa, al que ligó con la trama corrupta tres indicar que una de sus hijas trabajó un año como becaria en Easy Concept. "La metí yo", explicó.
Además, acusó al empresario de confeccionar junto al portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, una denuncia contra él que, tras ser publicada, "no aparece por ningún juzgado de Madrid". En esta línea, su defensa argumentó durante el juicio que Tomás fue despedido para poner fin al blindaje de su contrato y para ser utilizado como "chivo expiatorio" de cara a las "posibles consecuencias fiscales a las que podría enfrentarse la empresa".
El sastre, que ocupaba en realidad el cargo de director de sucursales de Forever Young, solicita una indemnización de 232.500 euros en concepto de las 31 mensualidades que le faltaban por cobrar en el contrato blindado de cinco años que firmó en 2006. La empresa, a través de la sociedead Castellana Inmuebles y Locales, justifica el despido en que falseó facturas y dejó un agujero financiero de más de 500.000 euros: 446.660 en concepto de devoluciones de productos que no se justificaron y 60.309 por créditos a clientes que se quedaron sin cobrar.
Durante el juicio, un ex director de sucursal de la empresa Forever Young aseguró que los imputados Álvaro Pérez, El Bigotes, y Pablo Crespo le pidieron falsear dos facturas para la empresa Servimadrid, investigada por formar parte del presunto entramado corrupto que lideraba el empresario Francisco Correa.
Durante su declaración, Antonio del Fresno, director de una de las tiendas de la cadena hasta noviembre de 2008, recordó que en dos ocasiones El Bigotes y Crespo pidieron que les hicieran facturas a nombre de Servimadrid, una de las empresas involucradas en la trama de Correa, y que en ambos casos solicitaron que se incluyera como concepto el de "tejidos" en lugar del de "trajes a medida".
Sin embargo, no dio "importancia" a esta petición porque, según dijo, ambos eran "clientes de confianza" y solían acudir en compañía de Correa a las subastas que organizaba el propietario de Forever Young, Eduardo Hinojosa. Además, indicó que José Tomás no dio la "instrucción" para hacer esta operación porque, entre otras cosas, "no sabe facturar".
Según explicaron Del Fresno y otras dos cajeras de la tienda, la elaboración de este tipo de facturas corría a cargo del responsable financiero de la empresa, que no compareció durante el juicio ya que su testimonio únicamente fue solicitado por la defensa de Tomás, que renunció a él en vista del desarrollo de los acontecimientos.
Hinojosa, sin embargo, aseguró que la contabilidad interna de la empresa corría a cargo de Tomás, al que advirtió de los errores en la numeración de las facturas en diciembre de 2008. De igual modo, aseguró conocer a Álvaro Pérez de "tres o cuatro días" y a Correa de "una comida". "No he vuelto a hablar con ellos nunca jamás", aseguró.
Su letrado defendió que el despido se produjo después de que, mientras declaraba ante Garzón, Tomás solicitara al abogado de la empresa unas facturas de Orange Market, lo que les hizo "descubrir que había facturas falsas".
En contra de la versión del sastre también declaró una empleada que actualmente ocupa el cargo de directora de otra de las sucursales de la empresa, que aseguró que éste "siempre incumplía las normas de devolución" a pesar de que había recibido un cursillo para hacerlo correctamente. En todo caso, aseguró no saber "si hacía o no facturas".
Sin embargo, el letrado de Tomás, Luis Zumalacárregui, defendió que los errores de contabilidad que se le atribuyen se habrían cometido antes del plazo de 60 días establecido por el Estatuto de los Trabajadores para considerar la procedencia del despido. Tomás, por su parte, indicó durante la vista que Forever Young "jamás daba facturas a nadie salvo que se las pidieran" y aseguró que él nunca se encargó de esta labor, como sostiene la empresa.
(www.publico.es, 23/06/09)
El sastre José Tomás envió facturas de los trajes de Camps a Pablo Crespo
El sastre José Tomás, conocido porque afirma haber confeccionado trajes para el presidente valenciano, Franciso Camps, que habrían pagado las empresas de Francisco Correa involucradas en la trama de corrupción de la Operación Gürtel ha vuelto a comparecer ante el juez, esta vez por la demanda interpuesta por su despido de la empresa Forever Young, una de las firmas donde el president adquirió sus polémicos trajes. Precisamente hoy se ha sabido que Tomás envió correos electrónicos al ex secretario de Organización del PP en Galicia, el también imputado Pablo Crespo, con facturas de los trajes de Camps.
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Camps vuelve a casa con su imputación intacta y sin presentar ni una factura
El sastre que supuestamente confeccionó trajes para Francisco Camps a cuenta de las empresas de Francisco Correa, José Tomás, ha vuelto a declarar hoy ante los tribunales, pero esta vez para denunciar que fue despedido por la firma Forever Young aprovechando el caso Gürtel. Según aseguró Tomás ante el juez, él no falsificó facturas, como se decía en su carta de despido, ni tampoco habría dejado sin cobrar, como se le acusaba, 60.309 euros en prendas de vestir por compras a crédito.
No se ocupaba de la facturación
En su opinión, la empresa en la que Camps pudo haber recibido algunos de los regalos de las empresas de Correa, aprovechó su declaración ante el juez Baltasar Garzón para despedirle, y recordó que él era el responsable de compras y ventas de la cadena, pero no se ocupaba de los temas de facturación, por lo que no pudo emitir facturas falsas.
"A la Justicia no se la puede engañar"
El sastre se mostró satisfecho de cómo ha transcurrido la vista. “Creo en la Justicia y desde el primer momento se ha hecho muy buena instrucción, tanto por parte de los fiscales como del juez Garzón”, afirmó. Preguntado por las afirmaciones de Camps de que no había recibido regalo alguno, Tomás aseguró que ese “es su problema, a la Justicia no se la puede engañar”.
Facturas por mail a Pablo Crespo
Precisamente hoy el diario Levante publica información sobre el documento número 71 incluido en el sumario del juez Baltasar Garzón sobre esta causa. Se trata de la prueba de cargo por las compras de cuatro trajes para Camps que habría pagado Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego. El documento sería una factura que José Tomás habría remitido por este concepto a Crespo, quien también está imputado en la trama. Esta prueba habría sido la que llevó a Garzón a inhibirse del caso y acusar de un presunto delio de cohecho a Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.
30.678,90 euros
En esta factura remitida por correo electrónico se incluye una relación de compras entre las que se expresa “a nombre de Francisco Camps (…) compras por importe de 5.393,50 euros”. En la misma factura se incluyen compras a nombre del director de la televisión valenciana, Pedro García, por algo menos de 3.300 euros, y de Rafael Betoret, por 6.700. Además, el nombre de Camps figura también en “varias hojas de Listado de Encargos de Sastrería” en referencia a “cuatro trajes (americana y pantalón)” de los que se habría hecho entrega como muestran sus números de pedido. Todas las entradas de este listado llevan un encabezamiento con el nombre de Pablo Crespo y tienen un importe total de 30.678,90 euros que se pagaron en su totalidad por transferencias bancarias y cheques de las empresas Servimad Integral y Diseño Asimétrico, gestionadas por Crespo.www.elplural.com 23.06.09
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