El Grupo Socialista ha denunciado hoy ante la Junta de Portavoces del Senado la situación de "merma de representatibilidad" que está provocando el PP valenciano, presidido por Francisco Camps, al dilatar "intencionadamente" el nombramiento de Leire Pajín como senadora autonómica.

Los portavoces del Grupo socialista en parlamentos y asambleas denunciarán en la próxima sesión plenaria de sus respectivas Cámaras autonómicas el "bloqueo deliberado" por parte del PP en la designación de Leire Pajín como senadora. Así lo decidieron ayer durante la reunión de la Ejecutiva federal socialista.

De este modo, y coordinados por la secretaria federal de Política Autonómica, Mar Moreno; los portavoces pedirán al PP que "respete la voluntad de los ciudadanos de Valencia, que desde mayo tiene su representación parlamentaria en el Senado incompleta, y la normativa constitucional que regula la composición de la Cámara Alta".

A juicio de los dirigentes socialistas, la actitud del PP "escribe una página negra en la historia de la democracia española" y "sienta un precedente negativo en las relaciones entre los grupos parlamentarios".

Francisco Camps, presidente de la Generalitat, también quiere que el magistrado juez instructor de la parte valenciana del caso Gürtel, José Flors, considere la falta de pruebas en su contra y le libere de la imputación por delito de cohecho que pesa contra él. Es la respuesta del presidente a la invitación del magistrado para que las partes alegaran respecto del último informe de la policía judicial. En él, se contrastan las declaraciones de al menos cuatro de los testigos, que comparecieron ante fiscalía, juez y policía en Madrid antes de que el caso llegara a Valencia. Además, ese informe confronta también parte de esas manifestaciones y copias de alguna documentación con originales de albaranes, facturas y tiques de Milano y Forever Young, las tiendas en las que Álvaro Pérez, hombre en Valencia del cabecilla de la trama de corrupción entre varias empresas y varias administraciones, Francisco Correa.

Camps explica en su escrito que no existe ninguna prueba que demuestre que no pagara los trajes en una de las tiendas, del mismo modo que tampoco existe prueba alguna que le señale como destinatario de prendas pagadas por Álvaro Pérez o alguno de sus hombres. La alegación presentada por el abogado del presidente considera que el contenido del informe no aporta ninguna prueba relevante y, en consecuencia, solicita que se levante la imputación que tiene.

La alegación presentada ayer es la segunda que recibe el juez. Ricardo Costa, secretario general de los populares, aportó su versión exculpatoria el pasado martes.

Quedan pendientes de recibirse las respuestas de los otros dos imputados, Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la consejería de Turismo y actual asesor de la Diputación de Valencia

Ricardo Costa, secretario general de los populares valencianos, ha solicitado al magistrado juez instructor de la parte valenciana del caso Gürtel que archive su imputación por falta de pruebas. El escrito presentado por su abogado es la respuesta a la invitación que el juez hizo a las partes de que alegaran sobre el último informe requerido a la policía judicial y en el que se contrastaba información sobre la declaración de varios de los testigos y sobre documentos tales como facturas, albaranes y tickets. Costa está imputado -junto al presidente de la Generalitat, Francisco Camps; al ex vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos; y al ex jefe de gabinete de la consejería de Turismo Rafael Betoret- por haber aceptado supuestamente regalos -trajes- de la trama corrupta de empresas dirigida por Francisco Correa, cuyo hombre en Valencia era Álvaro Pérez, El Bigotes. Costa aseguró, sin embargo, desconocer el contenido exacto del escrito, aunque negó que en el texto se pida explícitamente el archivo de la causa. Y argumentó que en el escrito se realiza un relato de lo sucedido en la instrucción del caso.

La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, está hoy todavía más lejos que ayer de poder ocupar el escaño que ha reservado su partido para ella en el Senado. Sólo queda una sesión plenaria de las Cortes Valencianas, el órgano que debe nombrarla, y la mayoría absoluta del PP ignoró ayer por completo una nueva petición de los socialistas para que se formalice el nombramiento.

Ángel Luna, portavoz socialista en las Cortes, al que ya se le están acabando los calificativos para describir la situación, clamó contra la "deriva autoritaria" del PP de la Comunidad Valenciana. Esta comunidad tiene derecho a cinco senadores de designación (que no pasan por las urnas). De acuerdo con el principio de proporcionalidad que exige la Constitución, el PP tiene tres y el PSOE dos. Uno lo ocupa el ex presidente Joan Lerma. El otro lleva vacío un mes y medio, y a juzgar por la actitud el PP seguirá vacío todo el tiempo que quiera este partido.

La Mesa de las Cortes Valencianas (el órgano de gobierno de la cámara) convocó ayer el último pleno extraordinario antes de las vacaciones el próximo 25 de junio para aprobar tres iniciativas pendientes. En el orden del día no está el nombramiento de Pajín.

Antes hay que convocar una comisión que revise el expediente. No se ha convocado. Se reunió la semana pasada y el PP rechazó la petición por un detalle formal que no había impedido nunca nombrar a otros senadores. En esta situación, Pajín no será senadora al menos hasta septiembre.

"Bloquean el nombramiento y lo atribuyen a un error nuestro", dijo Luna. "Estos comportamientos son asimilables a la mafia de Chicago de los años veinte: como nosotros no dejamos de preguntar por el caso Gürtel, porque es nuestra obligación pedir explicaciones sobre el uso de fondos públicos, nos castigan en la persona de Leire Pajín, y encima se mofan de nosotros". Luna comunicó la situación al presidente del Senado el lunes. Sin embargo, la Cámara alta poco tiene que hacer en este asunto más que esperar a que resuelvan las Cortes.

Ricardo Costa, portavoz del PP e imputado por cohecho, bromeó sobre la insistencia de los socialistas valencianos. "Es la única iniciativa de los socialistas en los últimos tiempos, su única actividad parlamentaria".

Desde el Senado, la portavoz socialista hace días que ha dado por perdido al PP valenciano y apela a Mariano Rajoy, el presidente nacional, y a María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y senadora, para que exija a su rama valenciana "el cumplimiento de la legalidad vigente". "Resulta escandaloso este comportamiento antidemocrático, propio de gentes que no creen en los valores de la Constitución", dijo Silva.

Mientras, el PP ha ganado un senador más por el País Vasco gracias, precisamente, a los votos del PSOE de Euskadi. Así es siempre en este tipo de nombramientos, en los que los partidos no cuestionan a los otros candidatos. Por ejemplo, María Dolores de Cospedal y Javier Arenas, números dos y tres del PP respectivamente, son senadores designados por parlamentos con mayoría absoluta socialista. Y dejarían de ser senadores en el momento que lo decidieran esos parlamentos.

Las recibos de los trajes del caso Gürtel, en el que está imputado el presidente Camps y el portavoz del PP, Ricardo Costa, no aparecen por ningún lado, pero las facturas políticas sí se pasan al cobro en las Corts. Y de qué manera. Ayer, en una nueva junta de portavoces a la que asistió la oposición a título meramente informativo (las decisiones las toma el rodillo popular) y a la que no se molestó en acudir el Consell, el PP pasó la cuchilla parlamentaria: Consumó el bloqueo a la elección de Leire Pajín como senadora por la Comunitat, convocó un minipleno para el día 25 con asuntos de su exclusivo interés y sin sesión de control al Consell ni a Camps, y confirmó que copará todos los representantes de las Corts en los consejos sociales de las universidades. Ahí es nada.

El minipleno arrancará con la elección de los vocales de las universidades, luego con la ley del Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas y finalmente con la ley de protección a la maternidad que coló el PP sobre una iniciativa legislativa popular de grupos Provida. El PSPV reclamó que se convocara un pleno extraordinario para elegir a Pajín, pero los populares lo rechazaron alegando que no es posible mientras la comisión del Estatuto del Diputado no emita el dictamen favorable. La semana pasada, el PP rechazó tramitar la propuesta de Pajín con el mismo escrito exacto que sirvió para hacer senador a Zaplana en 2002 o, más recientemente, a Lerma en julio de 2007.

La arbitrariedad en la actuación quedó aún más patente cuando el síndic socialista, Ángel Luna, recordó que en mayo de 2008, al hacer senador en 30 horas a Alfonso Ferrada, el pleno se convocó antes de reunirse la comisión del Estatuto. Pero ayer el portavoz adjunto popular Rafael Maluenda dijo "no recordar" este dato. Maluenda sí reconoció que es posible que los miembros del PP en la comisión en 2007 y antes tuvieran una "apreciación distinta" a la de la actual dirección del grupo popular al exigir la documentación para ser senador. En julio de 2007 el representante popular era Antonio Clemente, actual vicepresidente. Mònica Oltra (Compromís) y Luna dedujeron que la designación queda relegada ahora a septiembre, pero Maluenda, para acabar de marear más el asunto, no descartó que, pese a todo, pudiera realizarse antes de finalizar junio o en julio.

Los populares siguen así con el juego de romper los nervios del PSPV para desquitarse de Gürtel y del bloqueo al Síndic de Greuges. Oltra consideró una "grosería democrática que se altere la representación democrática del Senado por un interés partidista". Luna, para quien los populares actúan "como la Mafia de Chicago en los años 20", reiteró que han comunicado la situación al presidente del Senado, Javier Rojo, para que adopte "las medidas oportunas".

Al respecto, el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, exigió ayer al presidente del PP, Mariano Rajoy, que ponga fin al "insólito bloqueo" de las Corts para impedir que la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, se convierta en senadora por esa comunidad. Alonso alertó a Rajoy de que con ese comportamiento el PP está "falseando la composición del Senado". Por todo ello, le pidió que reconvenga a sus compañeros de la Comunitat para que den luz verde.

La indignación de un vecino de Valencia, Cesar Martí, y la creación de un grupo en la red social Facebook tuvo ayer una consecuencia directa: la concentración de centenares de vecinos exigiendo, a voz en grito, la dimisión del president de la Generalitat, Francisco Camps. Y es que, cuando Cesar Martí escuchó la respuesta de Camps tras declarar como imputado en el caso Gürtel -y asegurar que "estaba colaborando con la justicia"- decidió pasar a la acción y crear algo tan sencillo como un grupo en Facebook con el nombre No a la corrupció, Camps dimissió. En tan solo tres semanas el grupo contaba con 9.300 miembros adscritos.

El grupo virtual se materializó ayer en centenares de valencianos "indignados" por las "mentiras de Camps, su política y su desvergüenza. Dijo que no conocía a El Bigotes y eran íntimos". Una vez formado el grupo, partidos políticos y asociaciones se adhirieron al mismo, aunque desde la organización recalcaron que "esta movilización surge de la indignación vecinal porque no todos los valencianos estamos con Camps".

A las 18.30 horas, en la plaza de Manises de Valencia, y al grito de "embustero", "Camps a Foncalent, Costa a Picassent" o "te quiero un huevo, hazme un traje nuevo", los manifestaron quisieron dejar claro que "tener mayoría absoluta no te legitima cometer acciones ilegales" porque la victoria en las urnas "no significa tener impunidad política". Y es que la implicación de Camps en el caso Gürtel fue "la gota que colmó el vaso". La protesta finalizó con una exigencia: "que Camps dimita y pida disculpas porque es el primer presidente autonómico imputado por un posible soborno".

TRAS CONOCER EL SUMARIO, EL PSPV ACUSA A CAMPS DE MENTIR A LAS CORTES Y AL PP

El sumario judicial que instruye el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por un supuesto delito de cohecho, demuestra que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, miente. Así, lo afirmó ayer el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, durante la séptima sesión de control a Camps relacionada con su implicación en el caso Gürtel. El Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE) está personado como acusación particular en el sumario que se instruye por supuesto cohecho contra Camps, su número dos, Ricardo Costa, y otros dos ex altos cargos de la Generalitat. Los cuatro, supuestamente, recibieron trajes pagados por empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa.

"Conozco el sumario y tengo más fuerza para reclamar la regeneración democrática", afirmó Luna en el Parlamento valenciano. "Usted sigue imputado como antes, pero yo ahora conozco el sumario", insistió el portavoz socialista, que acusó a Camps, sin ambages, de mentir a la Cámara. Luna también aseguró que a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, los propios imputados no le han contado la verdad acerca del contenido del sumario del caso Camps. El presidente acusó al socialista de haber tomado "una deriva incomprensible, absurda y fuera de tono".

Camps se escudó de las críticas socialistas tras la victoria del PP en las elecciones europeas, en las que su partido ha sacado 15 puntos de ventaja al PSPV-PSOE. Con este argumento eludió dar cualquier tipo de explicación sobre los contratos de la Generalitat con las empresas de la trama corrupta.

"No nos asustan sus maneras, ni sus gestos, porque nos apoyamos en el trabajo diario y en el respaldo de la mayoría de nuestros conciudadanos", dijo Camps. "Me habría extrañado que nos hubiese felicitado por el resultado", dijo Camps, que añadió: "Al final es la nada sobre la que intentan basar no sé que tipo de acusación".

El pleno de las Cortes Valencianas concluyó en escándalo al abandonar sus escaños toda la oposición. Tras la sesión de control, en la que hubo reiteradas alusiones a la corrupción, medio Gobierno y un nutrido grupo de diputados populares salieron del hemiciclo para felicitar a Camps. Lo que la oposición, en mayoría, aprovechó para pedir que se votase una de sus propuestas. La presidenta de las Cortes dilató la votación, entre gritos de "tongo, tongo", hasta que el PP recuperó la mayoría.

El PP de la Comunidad Valenciana, que preside Francisco Camps y que domina con mayoría absoluta las Cortes Valencianas con Ricardo Costa como portavoz, bloqueó ayer el penúltimo trámite para convertir en senadora territorial a Leire Pajín, secretaria de Organización del PSOE. La Comisión del Estatuto del Diputado de las Cortes, el órgano que examina los requisitos de los nombramientos, se reunió para comprobar si Pajín está empadronada en la Comunidad Valenciana y si incurre en incompatibilidad para ser designada senadora por las Cortes. Pero el PP rechazó la documentación que aportaron los socialistas porque aseguraba que cumple la ley autonómica sobre nombramientos pero no aludía a la Ley Electoral. Habría dado lo mismo. La primera es mera transposición de la segunda.

Los ex presidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y Joan Lerma fueron elegidos senadores con documentación muy similar a la de ayer.

"Un atropello más", sentenció Ángel Luna, portavoz socialista, "pero con especial inquina". "El presidente Camps pretende castigar a los socialistas en la persona de Leire Pajín por los problemas que él tiene con la justicia y que se ha buscado por sus malas compañías", concluyó.

El argumento del PP era tan nimio que Glòria Marcos, diputada de Esquerra Unida, solicitó un aplazamiento de 24 horas para que los socialistas pudieran "subsanar los errores" en su solicitud. El PP también rechazó esa posibilidad. El periodo ordinario de sesiones en las Cortes Valencianas está a punto de concluir y el nombramiento de Pajín podría retrasarse hasta octubre.

El PSOE en el Senado tiene un enfado monumental por la situación. "Yo no he visto nada igual", aseguró la portavoz, Carmela Silva. Los socialistas llevan más de un mes con un senador menos, que renunció para ser eurodiputado, esperando a Pajín. "La actuación del PP en las Cortes Valencianas no puede afectar a la composición de otra Cámara", se quejó. El PSOE, aunque ve "prevaricación", no quiere iniciar vías judiciales porque dilataría mucho más la cuestión. Para Silva, "hay que resolverlo políticamente. Rajoy tiene que hacer una llamada de orden a Valencia. Esto no se puede consentir".

El dirigente socialista Antonio Hernando puso palabras a una idea que está en el aire: Camps quiere "vender el acta de senadora [de Pajín] a cambio del silencio" de los socialistas sobre la trama Gürtel, en la que están imputados él y Costa.

CAMPS ELUDE RESPONDER SOBRE LOS CONTRATOS DE ORANGE MARKET

Altas temperaturas políticas hoy en las Corts valencianas, donde el presidente, Francisco Camps, ha eludido contestar al portavoz socialista si finalmente permitirá “que los diputados conozcan, sin engaños, los contratos y subvenciones que otorga la Generalitat, o si los va a seguir ocultando”. Camps se ha escudado en el "respaldo mayoritario" de los ciudadanos, que elección tras elección "piensan justo lo contrario". La sesión de control de esta mañana terminó con la escapada de la mayoría de los populares tras la intervención de su president, y una oposición impotente a la que no le quedó otra cosa que abandonar, en bloque, el hemiciclo como protesta, en medio de insultos por parte de un diputado del PP.

El portavoz socialista, Ángel Luna, le aseguró a Camps que los contratos con la empresa Orange Market y las razones por las que está imputado en el caso Gürtel "no se van a borrar con el resultado" de las elecciones europeas, y le avisó de que su Partido no va a cambiar de estrategia en esta materia, porque no se trata de "un tacticismo a corto plazo, sino de respetar las reglas de juego".

Camps se escuda en las elecciones

El president de la Generalitat reivindicó que el PP cuenta "con el respaldo mayoritario" de los ciudadanos, que elección tras elección "piensan justo lo contrario" y acusó a los socialistas de estar inmersos en una "deriva incomprensible" y "absurda". Camps les reprochó intentar "crear un telón de acero entre su incompetencia" y la forma de gobernar del PP, pero ese telón de acero, -dijo- basado en la mentira y en la insidia, los ciudadanos saben mirarlo por encima, y saben perfectamente que hay un Gobierno y un partido que de verdad está todos los días trabajando por el presente y el futuro de nuestra tierra, que es el PP", aseguró.

El sumario contra Camps

El portavoz socialista señaló que se ha equivocado quien pensaba que las elecciones permitirán al PP, a partir de ahora, "hacer más todavía lo que quieren", y ha destacado que la diferencia respecto a la anterior sesión de control es que ahora conoce el sumario de la imputación de Camps, ya que el PSPV se ha personado en la causa.

La estampida

Una vez terminada su intervención, el presidente Camps se ha marchado del hemiciclo, seguido por la mayoría de los diputados populares, aunque aún faltaba la votación de una moción del grupo Compromís sobre la política general del Gobierno valenciano sobre el sector audiovisual. Ante la posibilidad de que prosperara la iniciativa, por las ausencias en la bancada del PP, la presidenta de la Cámara, Milagrosa Martínez, impidió que se llevara a votación.

La oposición abandona

Los grupos de la oposición en Les Corts valencianes abandonaron entonces, en bloque, el hemiciclo. El portavoz adjunto de los populares, Rafael Maluenda, que había subido a la tribuna para defender la posición de su grupo frente a esta iniciativa, afirmó dirigiéndose a los diputados que salían de la sala que "los malos perdedores siempre abandonan".

"Degradación democrática"

El portavoz de los socialistas, Angel Luna, declaró que la "situación de degradación" democrática en que se halla la Comunitat ha tenido hoy un nuevo reflejo con este incidente, "¿A qué venimos aquí –preguntaba- simplemente a hacer el paripé, a que aplaudan al presidente y a ver cómo manipulan a la Cámara para que no pierdan votaciones?".

(www.elplural.com, 11/06/09)

FLORS CONTRASTA DECLARACIONES DE TESTIGOS ANTE LA POLICÍA Y ANTE GARZÓN

El juez instructor de la trama valenciana del caso Gürtel, José Flors, contrastará las declaraciones que han prestado ante él varios testigos con las que les tomaron previamente, en el marco de la investigación que desarrolló el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Ayer firmó una providencia que solicita a la policía judicial que compare las declaraciones que ha recibido de algunos testigos y de Álvaro Pérez, responsable de la empresa Orange Market, con las que realizaron en dependencias policiales y ante la Fiscalía Anticorrupción.

Álvaro Pérez, hombre en Valencia de Francisco Correa, cabecilla de una supuesta trama de corrupción vinculada al PP, declaró ante la policía y en la Audiencia Nacional antes de hacerlo en el TSJ. Su declaración en Valencia fue selectiva, ya que no respondió a la Fiscalía. Además de Pérez, imputado, han declarado testigos como el sastre José Tomás, la cajera de Milano y dos empleados de Forever Young, tiendas donde el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, compró los trajes que le habría pagado la trama corrupta.

Los abogados de los cuatro imputados por cohecho, Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, buscaron hasta la saciedad las contradicciones de los testigos.

(ww.elpais.com, 09/06/09)

EL JUEZ PIDE A LA POLICÍA QUE IDENTIFIQUE LA VOZ DE ÁLVARO PÉREZ EN LAS GRABACIONES

El juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha pedido a la Policía Científica que identifique la voz de Álvaro Pérez, imputado en Madrid por la trama de corrupción del PP, durante sus conversaciones telefónicas grabadas los días 21 y 24 de enero, poco antes de ser detenido junto a otros tres implicados que están en prisión. El objetivo es autentificar tanto su voz como las de sus interlocutores, por si se corresponden con las de los imputados en Valencia.

Precisamente, fue en enero de 2009 cuando la policía grabó una conversación entre el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y Álvaro Pérez en la que se hablaba de unos regalos a su mujer y a su hija. La esposa del presidente valenciano consideró que era un regalo excesivo hasta el punto de sugerirle que lo iba a devolver. Fue en esta grabación donde el presidente llamaba a Pérez «amiguito del alma» y le decía «te quiero un huevo».

Pero, el juez no sólo ha pedido la investigación de los pinchazos telefónicos ordenados por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. También rastreará las transferencias bancarias y los asientos contables de las tiendas Milano y Forever Young, de donde salieron unos trajes para Camps y otros altos cargos como supuestos regalos de la empresa de Álvaro Pérez, Orange Market, adjudicataria de la Generalitat.

Lo que el magistrado del caso Gürtel en Valencia, José Flors, intenta averiguar a través de una minuciosa y exhaustiva instrucción es si el presidente Francisco Camps y otros tres altos cargos cometieron un delito de cohecho en la supuesta recepción de unos trajes.

Así, según comunicó ayer el TSJCV, «el magistrado instructor de la causa abierta por supuesto delito de cohecho atribuido al presidente de la Generalitat, Francisco Camps; al portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Ricardo Costa; al ex conseller Victor Campos, y a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo», solicitó ayer «al laboratorio de la Policía Judicial que emita un informe, así como la aportación de documentación, para poder contrastar el contenido de las declaraciones prestadas ante él las pasadas semanas».

En este sentido, el magistrado Flors ha oficiado a la Policía Científica para que analice en su laboratorio nacional, con sede en Madrid, si la voz de Álvaro Pérez, El Bigotes, se corresponde con la que aparece en las conversaciones grabadas por la policía anticorrupción lo días 21 y 24 de enero de este año. Además, se intenta identificar en estos pinchazos telefónicos a todos los que hablaban con él y si sus voces pertenecen a algunos de los cuatro imputados en Valencia.

La petición del juez es extremadamente precisa. Por ejemplo, señala el día, 21 d enero, la hora, los minutos y los segundo (18h.13´8´´).

Estas conversaciones se produjeron en dos días de enero, 21 y 24, dos semanas antes de ser detenidos los miembros de la trama en Madrid, incluido Álvaro Pérez.

(www.levante-emv.com, 09/06/09)

´A LA GENTE NO LE PREOCUPA SI CAMPS ES CULPABLE´

El presidente provincial del PP, Carlos Fabra, aseguró hoy que "la gente está preocupada porque no puede llegar a final de mes o, a lo mejor, ni siquiera al día 5 de cada mes, pues somos cuatro millones de parados, y no les preocupa si Carlos Fabra o Paco Camps son culpables o inocentes, pues, --dijo-- si somos culpables, ya lo dirán los tribunales y asumiremos cada uno las responsabilidades que tenemos que asumir".

Fabra realizó estas declaraciones en una rueda de prensa que ofreció en la sede del PP de Castellón y tras ser preguntado por cómo valora los resultados electores tras una campaña con casos judiciales en marcha.

El dirigente popular manifestó que puede sacar "lo que no está escrito" en cuanto a la lista de imputados del PSOE, y añadió que es, "cuanto menos, una indecencia política, pedir que un imputado se vaya a su casa, y luego que el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, se vaya a la Vall d'Uixó a hacerse en plena campaña electoral una fotografía con el ex alcalde de esta población, que también está imputado".

"Yo no tengo que probar mi inocencia, pues el que tiene que probar la culpabilidad es el que me acusa, y, de momento, soy imputado como cientos y miles de casos que hay en España, y el presidente de la Generalitat, lo mismo", aseguró Fabra, quien aclaró que "la gente no es tonta y está harta de todo este procedimiento paralelo que se tiene como único argumento mientras obvian problemas importantes como el apoyo claro al aeropuerto, al AVE, al corredor mediterráneo, al agua del Ebro, a la financiación autonómica o a la A-68".

Tras ser preguntado si después de estos resultados se plantea si esta legislatura y el mandato en el partido serán los últimos, Fabra reiteró que "pienso mantener lo que ya he dicho, y no voy a volver a presentarme a ninguna candidatura".

Por otra parte, explicó que la Dirección del partido "ha iniciado una campaña" para conseguir que tanto el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, como el secretario general de los socialistas en Castellón, Francesc Colomer, y el portavoz de grupo socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, "sigan siendo cabeza de lista del PSOE para las próximas elecciones, lo cual nos satisface muchísimo".

En este sentido, señaló que Alarte, "que tenía 15 puntos de ventaja en Alaquàs, ha perdido; Colomer ha perdido en todas las mesas electorales de Benicàssim, y es que la gente de su municipio le ha dado la respuesta a lo que él estaba buscando; y la actitud de crispación permanente de Calles les ha hecho perder por más de diez puntos en la capital".

Según dijo, "ayer Alarte estaba pletórico y encantado de los resultados, y si él está encantado, pues todos estamos encantados, pero para siempre", mientras que indicó que Colomer "debe hacer una reflexión profunda y, ante la respuesta de la ciudadanía, debería plantearse presentar la dimisión como portavoz de la Diputación y, posiblemente, marcharse también de la alcaldía de Benicàssim, porque --apuntó-- los ciudadanos de su municipio de han dicho claramente qué es lo que quieren de él, es decir, que no le quieren".

Preguntado si el PP realizará más esfuerzos en el norte de la provincia para recortar las diferencias con el PSOE, indicó que "en Villafranca, donde los resultados eran favorables al PSOE, nos hemos quedado a seis puntos, y en Morella hemos perdido por poco más de cien votos, por lo que no son cifras muy significativas", aunque dijo que "desde hace tiempo tenemos previsto producir una profunda renovación en las listas de estos dos municipios".

Finalmente, manifestó que los eurodiputados del PP demandarán "agua, el corredor mediterráneo el apoyo a la agricultura y, sobre todo, llevaremos una imagen de España correcta, pues no entiendo las causas por la que los socialistas valencianos denuncian a la Comunitat Valenciana y envían comisiones que dejan la imagen de que todo esto es un desbarajuste, y eso -añadió- es una aberración política y una falta de honestidad".

RESULTADOS

Tras agradecer a los ciudadanos el "excelente" comportamiento "en una provincia donde las elecciones europeas son importantes porque tiene una vocación netamente exportadora", Carlos Fabra destacó que Castellón "ha sido una de las provincia españolas con mayor índice de participación".

Según comentó, "estamos muy satisfechos con los resultados, tras una campaña rigurosa y seria, en la que hemos llegado muy bien a la gente". Así, destacó que el PP ha ganado en la provincia con 110.652 votos, "lo que supone casi dos puntos más con respecto a las anteriores elecciones europeas", mientras que el PSOE ha obtenido 85.466 votos, "que supone una pérdida de 4,5 puntos".

Además, indicó que el PP ha ganado en 101 de los 135 municipios de la provincia, "lo que supone que hemos recuperado 11 municipios respecto a las últimas europeas", y resaltó la victoria en localidades como Castellón capital, Benicàssim, Vila-real, Onda, Vinaròs, Benicarló, Burriana, Nules, L'Alcora o Moncofa.

(www.levante-emv.com, 08/06/09)

EL TSJ PIDE A LA POLICÍA JUDICIAL DOCUMENTOS PARA CONTRASTAR LAS DECLARACIONES DEL CASO GÜRTEL

El magistrado instructor del denominado 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) solicitó hoy al laboratorio de Policía Judicial que emita un informe, así como la aportación de documentación, "para poder contrastar el contenido de las declaraciones prestadas ante él las pasadas semanas", según informó el TSJCV en un comunicado. El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV firmó hoy la providencia, que ha sido notificada a todas las partes personadas en la causa.

El instructor investiga un supuesto delito de cohecho atribuido al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, al portavoz del PP en las Corts Valencianes y secretario general del PPCV, Ricardo Costa, al ex conseller Víctor Campos, y a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia.

El magistrado investiga si recibieron regalos de las empresas de la supuesta trama dirigida por Francisco Correa, para captar negocios y adjudicaciones en Madrid y la Comunitat Valenciana, donde operaba la empresa Orange Market, presidida por Álvaro Pérez, imputado en la Audiencia Nacional.

En relación con Camps, en el caso de Milano, según el auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que inició la investigación, el coste acreditado hasta el momento de dictar la resolución era de 4.700 euros en dos pedidos de 3.300 y 1.400 euros, este último abonado mediante cheque bancario por Orange Market, mientras que el otro no podía acreditarse en esa fecha. La ropa adquirida en Forever Young ascendía a 8.083 euros, pago efectuado mediante cheque y/o transferencia bancaria desde Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral y Orange Market.

Por su parte, Rafael Betoret, habría recibido regalos consistentes en prendas de vestir por valor de 9.950 euros, tanto de la tienda de Milano como de Forever Young. Mientras que Costa, según el auto, gastó 7.325 euros en trajes, concretamente 2.400 euros en Milano y otros 4.925 euros más en Forever Young, cantidades pagadas con fondos de las empresas de Francisco Correa, imputado en la causa, Servimadrid Integral, Diseño Asimétrico u Orange Market. Asimismo, expone que Campos gastó en la tienda de Milano de Madrid 4.850 euros en trajes, que pagó la empresa Orange Market, cuyo propietario, Álvaro Pérez, está imputado en la causa.

Las declaraciones se iniciaron el martes 19 de mayo y el primero en acudir al TSJCV en calidad de imputado fue Víctor Campos, seguido por Ricardo Costa. Al día siguiente acudieron a prestar declaración Francisco Camps, Rafael Betoret y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes'.

El día 21 compareció ante el magistrado, en calidad de testigo, el sastre de Milano y Forever Young José Tomás; y a la semana siguiente, el día 26, otros 35 funcionarios y altos cargos --directores generales y secretarios autonómicos-- de la Generalitat valenciana por haber autorizado algún contrato con la empresa Orange Market, implicada en el 'caso Gürtel'.

Entre los funcionarios y altos cargos que declararon se encontraba la directora general de Promoción Institucional, Dora Ibars; la secretaria autonómica de Política Institucional, Isabel Villalonga; el ex secretario autonómico de Deportes y vicesecretario regional del PPCV, David Serra; la directora general de Deportes, Niurka Montalvo; la directora general de Evaluación, Auxiliadora Hernández; y el director general de Personas con Discapacidad y Dependencia, Pedro Hidalgo.

Al día siguiente, el 27, declararon ante el magistrado del TSJCV el perito contable de la tienda Forever Young y, por último, el día 1 de junio lo hicieron un trabajador de Forever Young, en cuya tienda llevaba más de 25 años, y dos empleados de la tienda Milano, uno de ellos persona de confianza del sastre José Tomás.

(www.levante-emv.com, 08/06/09)

CASTELLÓ PAGÓ 75.000 EUROS A LA FIRMA QUE SUBCONTRATÓ A ORANGE MARKET

La empresa Mediterránea de Música y Eventos, que subcontrató para celebrar el ascenso del C.D. Castellón en el ayuntamiento a Orange Market -firma implicada en la causa judicial Gürtel junto con altos cargos del PP-, también se benefició de un contrato municipal sin concurso público por valor de 75.000 euros para la celebración del Carnaval del Grau en 2009, según consta en los expedientes municipales.

Esta circunstancia revela que el Ayuntamiento de Castelló (PP) ha contratado de forma discrecional con una empresa que mantuvo vínculos empresariales con Orange Market y con la que trabajó durante aquel acto de junio de 2005, una jornada por la cual la firma Álvaro Pérez facturó 55.000 euros. La noche pasó a la historia por el triunfo del Club Deportivo Castellón, pero sus documentos gráficos también evidencian que Pérez no era ni mucho menos un desconocido en los círculos del Partido Popular del ayuntamiento. De hecho, una de las instantáneas del evento del ascenso del C.D. Castellón permite distinguir a Álvaro Pérez -conocido como "El Bigotes"- junto al alcalde de la capital de la Plana, Alberto Fabra, y la portavoz adjunta del PP, Marta Gallén.

Alberto Fabra sigue negándose a responder a las 199 preguntas que el pasado 10 de febrero presentó el grupo socialista sobre los posibles contratos del ayuntamiento con 201 empresas vinculadas a personas imputadas en la supuesta trama de corrupción que destapó el juez Baltasar Garzón. Su objetivo era conocer "hasta qué punto ha habido vínculos entre el Ayuntamiento de Castelló y la empresa que está siendo investigada en la operación contra la corrupción, tráfico de influencias y blanqueo de capitales".

Los meses han transcurrido y con ellos una investigación que ha sido asumida parcialmente por el TSJ de la Comunitat, el cual no ha dudado en imputar por presuntos delitos vinculados a la trama al presidente del Consell, Francisco Camps, al diputado Ricardo Costa y al ex vicepresidente Víctor Campos. La postura de Alberto Fabra respecto a las preguntas del caso Gürtel queda reflejada en un decreto que él mismo firmó y en el que argumenta que responder a las cuestiones del PSPV "implicaría una lesión de principio de eficacia administrativa y rompería la marcha normal del trabajo en las secciones del ayuntamiento".

La sombra de Álvaro Pérez también dejó su huella en la provincia de Castelló. No pasa desapercibido que Orange Market organizó eventos como el congreso provincial del PP que se celebró en 2004 en Peñíscola o la presentación del proyecto de la Ciudad de la Música de Benicàssim. En ambos actos fueron protagonistas activos altos cargos del PP que comparten imputación judicial con el más de medio centenar de personas presuntamente implicadas en el caso Gürtel. Entre ellos, Francisco Camps, Ricardo Costa y el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos.

(www.levante-emv.com, 08/06/09)

DIRIGENTES DEL PP INSINÚAN QUE EL RESULTADO ELECTORAL ABSUELVE A CAMPS

Varios dirigentes del PP se han referido a la contundente victoria electoral del PP en la Comunidad Valenciana para insinuar que supone una absolución popular del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, imputado en la trama Gürtel de corrupción y que durante la campaña fue arropado hasta en tres ocasiones por la plana mayor del partido.

Especialmente clara en ese sentido ha sido la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien declaró en rueda de prensa: "Quiero resaltar el resultado en comunidades donde hemos sufrido un ataque muy especial y agresivo del PSOE, donde han pretendido ganar no en las urnas, sino en los tribunales". Copedal se refirió a "toda una estrategia diseñada para perjudicar al PP le ha dado el resultado contrario al que quería el PSOE (...), con la publicación de conversaciones grabadas que no figuran en los sumarios". También hizo alusión a "las palabras de Pajín y Aguilar, que decían que daría igual lo que decidieran los tribunales, porque Camps ya estaba condenado". Al ser preguntada si quería decir que los jueces están a las órdenes del PSOE, proclamó: "Nadie más que el PP va a defender de manera más convencida la independencia de los tribunales".

El cabeza de lista del PP, Jaime Mayor Oreja, ha afirmado que los resultados son una muestra de que "cuando se ataca a políticos honestos como Camps se produce un efecto bumerán y la gente sale en su apoyo". Asimismo, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, afirmó que los valencianos han dado un mensaje muy claro a los socialistas: que "las elecciones se ganan en las urnas y no en los juzgados". Subrayó que los resultados electorales demuestran que Camps es un político "muy querido". También la directora de campaña del PP y vicesecretaria de Organización, Ana Mato, dijo que los resultados en Valencia "han demostrado" que Francisco Camps es un "magnífico gestor" y un "magnífico presidente" y que los valencianos "no están dispuestos a que se eche basura sobre su presidente".

A pesar de ello, Mayor Oreja afirma que el aplastante triunfo de los partidos conservadores en la mayor parte de Europa constituye un reflejo de que el socialismo europeo es el "reflejo de la crisis". "Ha habido una crisis de decencia", ha añadido. Para Mayor, los resultados de ayer abren una "nueva etapa" en la que la sociedad busca una nueva mayoría, según ha asegurado hoy en una entrevista en RNE.

Mayor Oreja ha agradecido al ex presidente José María Aznar y al ex vicepresidente económico Rodrigo Rato, que "se hayan volcado" en la campaña electoral y así ha indicado que "forman parte del éxito" del 7 de junio. Ha destacado también el "papel relevante" que "debe seguir teniendo" Mariano Rajoy pero al mismo tiempo defendió que el "pasado más reciente forme parte" de los "activos" del partido. "Tenemos que ser leales con nosotros, con nuestro pasado y nuestro futuro bajo el liderazgo de Rajoy pero, en mi opinión, cabe todo el reconocimiento a todos los que han hecho muchas cosas para que sea una alternativa en la democracia española", ha señalado.

"Tengo muy poca esperanza en el Gobierno de Zapatero", ha manifestado y ha instado al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a "entender que el esfuerzo político es esencial" y no se puede "buscar la lapidación del adversario".

(www.elpais.com, 08/06/09)

De los pagos de Camps, ni rastro

El 'caso Gürtel' avanza sin que nadie respalde la versión del presidente

Quedan pocas declaraciones, una pericial contable y el dictamen del magistrado juez instructor del TSJ, José Flors, para saber qué pasará con el caso Camps, la ramificación del denominado Caso Gürtel que afecta al presidente de la Generalitat. De lo que ha ocurrido hasta ahora dentro de la sala ha quedado constancia precisa en las grabaciones de cada sesión.

Zapatos de anca de potro y abrigo de cachemir, entre otras delicadezas

Han quedado claras contradicciones evidentes. La fundamental es que Francisco Camps, presidente de la Generalitat, aseguró haber pagado 2.400 euros por unas prendas que compró en julio de 2008, pocos días antes de la celebración de la Fórmula 1 en Valencia. Pero no hay constancia del gesto ni rastro del dinero. Alegó como coartada que estaba entonces de vacaciones el sastre José Tomás, principal testigo de la causa, quien mantiene que Camps no pagó. El presidente dice que es que no le vio porque no estaba. Pero nadie de los que ha declarado y supuestamente tenía que haberle visto ha dicho que pagara los trajes. Que pagó unos zapatos, sí. Lo dijo un empleado de Forever Young. Pero tampoco hay constancia documental de ello. Según la acusación, la cuenta de Camps, pagada por Álvaro Pérez, El Bigotes, representante en Valencia de Francisco Correa, el cabecilla de la trama de corrupción investigada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, superaría los 18.000 euros. Una cantidad que corresponde a siete u ocho trajes, cuatro o cinco americanas, un smoking, un chaleco, varios pantalones y tres pares de zapatos, al menos dos de una delicadísima piel de anca de potro, trabajada en Estados Unidos, para cuyo cuidado se envió un kit específico a la esposa del presidente. Los zapatos rondan los 400 euros el par.

Parece claro que Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, tuvo al menos la intención de pagar la ropa que encargó, aunque finalmente lo hiciera también Álvaro Pérez a través de Pablo Crespo, otro de los dirigentes de la trama. La secretaria de Costa intentó la gestión en varias ocasiones, pero El Bigotes neutralizó la tentativa y Costa no abonó esas prendas, aunque sí dos vaqueros en la primavera de 2008, uno de hombre y otro de mujer.

El gasto de trajes podría ser bastante más abultado de lo que hasta ahora se conoce. El que tiene la cuenta más alta es Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la consejería de Turismo. El sastre le tomó medidas, dos veces en Madrid y una en Valencia, para, al menos, cuatro trajes y un abrigo de cachemir. Cada pedido de Betoret alcanza entre 5.000 y 6.000 euros. Nunca, según consta en declaraciones del sumario, preguntó qué se debía. Tomás conocía las dependencias de la vicepresidencia de la Generalitat. Fue allí, según declaró, donde tomó medidas a Víctor Campos, ex vicepresidente del Consell, también imputado por cohecho.

El juez instructor José Flors es duro en los interrogatorios, se conoce la causa y pregunta sin admitir despistes ni digresiones. Dos horas, por ejemplo, empleó con el sastre José Tomás, al que dejó claro que se había aprendido cómo se registraban las compras, los pagos aplazados, los apuntes de los clientes ilustres y las facturas difusas. El juez ha puesto límites y ha desestimado peticiones de las dos representantes del ministerio público. "Las lleva firmes", comenta una persona próxima a la sala de Lo Civil y Penal del TSJ. "Pero no puede con ellas", afirma otra. Tampoco permite Flors a los abogados de los imputados que repregunten hasta el hartazgo, especialmente al letrado de Camps.

En la sala, en la primera planta del Palacio de Justica, ha habido problemas informáticos que han alargado sesiones y líos con carnés de identidad, especialmente el día que acudieron la treintena larga de testigos de la administración. El apellido Vidal coincidía en tres de los citados y hubo alguna que otra confusión. También sobre las responsabilidades de cada cual. José María Vidal dijo ser director de cuentas de Orange Market. Y de pronto el ministerio público paró máquinas. ¿Director de qué? ¿Qué cuentas? El pánico quedó despejado al aclarar que esa dirección nada tenía que ver con los números. Hubo algún olvido: uno de los empleados de Forever Young fue perseguido por un guardia civil porque no había completado algún trámite.

El magistrado dejó que dos de los testigos salieran por dependencias privadas del presidente del TSJ.

FRANCISCO CAMPS: Encuentros de madrugada

Se veían en el hotel Ritz de Madrid, tarde, muy tarde. José Tomás ha asegurado que tomó medidas a Camps incluso a la una de la madrugada.

El día de su declaración Francisco Camps llegó también temprano, a las 9.05 y estaba citado a las 10.00. Su anticipación no sirvió para adelantar la entrada en la sala. ¿Dónde esperó? ¿Se vio Camps con su más que amigo Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)? No. Camps esperó en el pasillo, durante una hora.

RICARDO COSTA: Un lío de fechas y cargos

Está convencido de que como sus responsabilidades últimas, como secretario general y como portavoz, son posteriores a los hechos porque las asumió en 2007 y 2008, no cometió cohecho. La fiscalía ignora esa excusa y busca en él al eslabón que pudo introducir desde el partido popular a la administración a un hombre con el que había tenido relaciones profesionales desde varios años antes, Álvaro Pérez. Costa dice que pagó sus trajes, no tiene tickets y nadie le vio hacerlo.

VÍCTOR CAMPOS: Explicaciones escasas

Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, fue escaso en sus repuestas ante el magistrado juez. No pudo negar que conocía a los principales actores de la trama, ni que se hizo trajes a medida de la mano de José Tomás. No pudo demostrar que pagara algunas de las piezas y dijo poco sobre la relación que pudo tener con Álvaro Pérez y sobre los contratos de sus empresas con la Generalitat. Campos fue, dicen algunas fuentes, poco explícito, ni siquiera para excusar la dádiva que le inculpa.

RAFAEL BETORET: De gusto exquisito

Al actual asesor de la Diputación de Valencia y ex jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo le recuerdan los empleados de Milano y Forever Young como un cliente "de gusto exquisito, caprichoso, fino en los más nimios detalles". De él, que dijo conocer mucho a Álvaro Pérez, es la más abultada facturación que la trama pagó supuestamente a los imputados valencianos. La consejería de la que fue alto cargo firmó algunos de los mayores contratos con la empresa de Pérez.

www.elpais.es 07.06.09

ORANGE MARKET COBRÓ 55.796 EUROS DEL ÚNICO CONTRATO DEL SECTOR PRIVADO EN DOS AÑOS

La especialidad de Orange Market, la franquicia valenciana de la trama Gürtel, es el sector público. Sus responsables, Pablo Crespo -que está en prisión acusado de ser el brazo ejecutor de Francisco Correa- y Álvaro Pérez pronto entendieron que su nicho de mercado estaba en la Generalitat y sus empresas públicas y en el PP. De los 72 encargos que Orange Market recibió en sus dos primeros años de actividad -los ejercicios de 2004 y 2005- solamente uno le llegó de una empresa privada en la Comunitat Valenciana. Fue el montaje de parte de los actos de celebración del ascenso del CD Castellón a Segunda División A en junio de 2005. De organizar la fiesta se encargó la empresa Mediterránea de Música y Eventos, pero subcontrató algunos servicios con Orange Market, que le facturó por ello 55.796 euros.

El club de la Plana eligió a Mediterránea de Música y Eventos porque esta empresa, también del gremio de los montadores de eventos, es de Héctor Olaria, por aquel entonces gerente de la entidad de Castalia, cuyo máximo accionista era Antonio Bonet, íntimo de Carlos Fabra y también ex vicepresidente del Valencia CF.

"Contratamos con Orange Market porque conocía a una persona que trabajaba allí y porque tenía una mayor trayectoria", explicó Olaria a este diario, tras indicar que ni tenían ni tienen ninguna relación con Álvaro Pérez ni su empresa. La ventanilla valenciana de la red de presunta corrupción liderada por Francisco Correa aportó la pantalla gigante que se instaló en la Plaça Major el lunes 27 de junio de 2005 para acompañar a los 10.000 orelluts que se dieron cita para aclamar al equipo y un cañón para lanzar confeti en el campo de fútbol el día anterior, tras la victoria sobre el Zamora.

Los servicios prestados en la fiesta del ascenso del CD Castellón son un oasis en un listado de clientes copado por la Generalitat y el PP en un 73% de los casos durante la primera legislatura de Francisco Camps como presidente de la Generalitat (2003-2007). En el resto se incluyen contratos con entidades semipúblicas como el Consejo de Cámaras o Feria Valencia o el de Torneos Deportivos Valencianos, la firma que monta el Open de Tenis de la Comunitat Valenciana, patrocinado por la Generalitat.
Empresas de Correa le cedieron siete contratos

Entre la poca actividad que desarrolló Orange Market, especialmente en los dos primeros años de su carrera, destacan los contratos que le cedieron empresas de la propia trama Gürtel. La primera Special Events, la sociedad matriz del conglomerado y organizadora de cabecera de todos los mítines, campañas y congresos del Partido Popular que presidía José María Aznar. En 2004, fueron cinco los encargos que Orange Market recibió de Special Events, una vez tomada la decisión, por parte de los responsables de la red, de mimetizarse con la Comunitat Valenciana.

El año 2005, fue el de la consolidación de una empresa que facturó 2,77 millones de euros, según la contabilidad presentada por la sociedad en el registro mercantil. La Generalitat -empezando por Turismo, que le dio el primer pabellón de Fitur de los cinco que montó- se convirtió en cliente preferente. Con todo, Boomerangdrive y Easy Concept le cedieron sendos contratos.

El PP movilizó ayer todo su caudal humano en defensa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, imputado por un delito de cohecho por el juez José Flors del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Y lo hizo con el pretexto de la campaña electoral al Parlamento Europeo y el auxilio de la sociedad de apoyos mutuos que gestionan al 50% Francisco Camps y el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy.

Una vista general de la plaza de toros de Valencia daba cuenta al observador de que algo extraño ocurría en el mitin central del PP en la Comunidad Valenciana. "Colombianos con Camps y con el PP", "Tots som Camps", "Ahora más que nunca, Torrevieja con Camps", "Paco, te queremos", "Paco, eres el más grande". ¿Se presenta Camps como candidato al Parlamento Europeo? La respuesta es evidente. No. Sin embargo, el PP ha decidido convertir lo que considera el martirologio de su presidente autonómico, Francisco Camps, en un elemento de movilización de su electorado. Una movilización que necesitan tanto Camps, que ve en las urnas las aguas del Jordán, como Rajoy, que requiere de una victoria electoral sobre el PSOE para seguir con la teoría del pim, pam, pum y premio. Esto es, trasladar que ayer fue la victoria en las elecciones gallegas, el domingo en los comicios al Parlamento Europeo y en un futuro próximo la victoria en unas generales.

"Es el principio del fin de Zapatero. No debe quedar ni un voto en casa", gritó la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. "Han faltado el respeto al presidente [Camps], a su familia, al PP, a las instituciones valencianas", tronó el presidente provincial de Valencia, Alfonso Rus, "Tenemos que ir a por ellos, son unos sinvergüenzas". "El cariño que le tenemos a Camps, se lo tendremos siempre", dijo Rus, temeroso de quedarse atrás en las adhesiones, tanto de oradores como de la militancia.

También el candidato al Parlamento Europeo José Manuel García Margallo se apuntó al carácter plebiscitario sobre la figura de Camps. "[Los socialistas] han pisado la raya. Nos han atacado al corazón, en la figura del presidente Camps y por eso le vamos a ofrecer el triunfo más grande que ha habido en la Comunidad Valenciana".

García Margallo hizo ayer una exhibición de galones y, también, de su estrecha amistad con Mariano Rajoy y Rita Barberá. El candidato valenciano se coló en el mitin pese a las resistencias del coordinador electoral del PP, el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla. "Vengo de un chat. Para que Rambla diga luego que estoy mayor", espetó García Margallo tan pronto como cogió el micrófono. Mientras, en la arena del coso un alto cargo del PP hacía su propia interpretación del asunto: "Rambla va de oficial de West Point, pero en lo del arte de la bayoneta tiene todavía mucho que aprender".

Tras García Margallo, que acusó a la policía de seleccionar al juez Baltasar Garzón para que instruyese el caso Gürtel y de filtrar datos "para hacer un linchamiento moral" a Camps, intervino el cabeza de lista del PP, Jaime Mayor Oreja. Y con él las apelaciones a la esencia del partido: Rita Barberá, José María Aznar y Juan Cotino, por su lucha contra la ley de reforma del aborto que propone el Gobierno central.

Y tras una alocución de adhesión a Camps y a las esencias de España y el PP, para sorpresa de todos intervino Mariano Rajoy. El horario había saltado por los aires y Rajoy tenía que adelantarse a Camps para ocupar la franja horaria contratada por el PP para retransmitir la intervención de Rajoy por satélite a las televisiones. Aunque el discurso de Rajoy no varió. Paco por aquí y Paco por allá. "Siempre estaré delante, detrás o a tu lado, quiero que lo oigan todos", sentenció Rajoy, que acusó a los socialistas de hablar mal de la Comunidad Valenciana "para jorobar al PP".

Y, al final, cerró Camps, el centro de atención del mitin. Y lo hizo con la camisa blanca con la que intenta transmitir imagen de limpieza y transparencia desde que empezó la campaña y lo imputaron por un supuesto cohecho. Y henchido de afectos, Camps proclamó: "Todo el mundo me dice: ánimo Paco, tenemos que continuar. Os lo prometo, voy a continuar. Lo hago por Valencia y por España".

Casi un año después de revalidar el poder dentro del partido tras su segunda derrota electoral, Mariano Rajoy ha regresado a la Comunidad Valenciana empujado por la ola de la campaña electoral europea y se ha abrazado sin escrúpulos aparentes a dos imputados, Carlos Fabra y Francisco Camps, sobre los que pesan graves sospechas de corrupción. Hace un año, cuando Rajoy venció por goleada en el congreso extraordinario que su partido celebró en Valencia, Fabra y Camps se convirtieron en dos de sus principales valedores. Ahora, Rajoy devuelve los favores prestados.

Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y líder del partido en esta provincia. Tiene varias causas pendientes con la justicia a cuenta de sus negocios privados con un fabricante de fitosanitarios. Los delitos son graves. El fiscal ya ha pedido dos años de cárcel para él por una burda falsificación documental en la que colaboró para conseguir permisos con los que vender fitosanitarios. Además, ingresó 600.000 euros que esparció por decenas de cuentas corrientes sin declarar ni un euro a Hacienda, que le abrió un expediente de infracción y que, ante el monto de lo defraudado, lo puso en conocimiento del fiscal por otro grave delito de evasión al fisco.

Su socio empresario, según ha denunciado ante el juez, le fue pagando por sus servicios religiosamente. Sus servicios consistían, según la investigación, en un tráfico de influencias que llegó a ministerios y direcciones generales. Y pese a todo ello, el PP le mantiene en el puesto pese a que decenas de dirigentes del partido, por hechos menos comprobados y con tan sólo unas semanas de imputación, han sido descabalgados de sus puestos, suspendidos de militancia y hasta expulsados del partido.

El PP siempre se ha sentido incómodo para responder por Fabra. En el último año y medio, tres dirigentes principales del partido han respondido a EL PAÍS sobre el caso Fabra con evasivas. Son éstas:

EDUARDO ZAPLANA (portavoz parlamentario del PP, ex ministro de Trabajo, ex presidente de la Generalitat Valenciana). Febrero de 2008

P. ¿Por qué el PP mantiene, pese a las evidencias, a Carlos Fabra en la presidencia de la Diputación de Castellón. Según la Agencia Tributaria, ha dejado de declarar cerca de un millón de euros, no ha justificado cómo los ingresó y tiene una causa abierta por tráfico de influencias?

R. Las evidencias se confirman cuando los tribunales se pronuncian. Mientras, estaremos hablando de presunciones, de posiciones de la fiscalía...

P. Y de los funcionarios de la Agencia Tributaria.

R. Sí. Me está hablando de una persona a la que le deseo lo mejor, sinceramente. Entre mis atribuciones no está tomar decisiones en ese ámbito y a Carlos, a pesar de los desencuentros, sigo teniéndole afecto personal.

R. Le deseo lo mejor, y parece ser que lo que se ha decidido es que los tribunales se pronuncien.

P. En ocasiones, su partido ha dado la sensación de ser complaciente con personas inmersas en procesos por corrupción. Hay nombres...

R. Ni demos nombres, ni presuntos. Es muy difícil erigirse en juez de conductas ajenas sin tener las pruebas. Es que ahora eres imputado para que puedas defenderte. Las cosas no son tan fáciles...

P. Hay casos y casos. Ustedes mantienen a un presidente de Diputación [Carlos Fabra, en Castellón] pese a estar imputado por múltiples delitos graves de corrupción. La Agencia Tributaria ha acreditado un presunto delito fiscal ¿Por qué le mantienen en el PP?

R. A mí no me gusta erigirme en juez y creo que es muy arriesgado imputarle a alguien algo porque luego puede ser absuelto

P. ¿Por qué no se abre un expediente siquiera informativo al presidente del PP en Castellón, Carlos Fabra, con un grave delito fiscal a sus espaldas, y quien se le imputan otros muchos delitos igualmente graves?

R. Porque correspondería al PP de Valencia y además porque no hay nada demostrado judicialmente. Cuando los tribunales hablen, actuaremos.

P. Hay algo acreditado por los funcionarios de la agencia tributaria, y es que hay ingresos millonarios que no se han podido justificar, no declarados a Hacienda.

Francisco Camps es el presidente de la Comunidad Valenciana en el que cree Mariano Rajoy. Y eso pese a que el líder valenciano acogió en su administración a una trama empresarial a la que Rajoy puso una cruz y con la que rompió relaciones nada más hacerse cargo del partido. Francisco Correa, el líder de una trama de corrupción masiva que hizo negocios en múltiples administraciones gobernadas por el PP gracias a los tratos de favor de alcaldes, concejales, directores generales, diputados autonómicos y hasta consejeros, mandó a Valencia a Álvaro Pérez para montar una empresa, Orange Market, que tardó muy poco en ser una de las preferidas del Gobierno de Camps. Los empresarios a los que Rajoy vetó en el partido, hicieron carrera en las administraciones autonómicas de Madrid, con Esperanza Aguirre, y Valencia, con Francisco Camps.

Rajoy cree que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia acabará archivando la causa contra Camps. Y ha convertido la mitad de su campaña electoral en un acto de desagravio al presidente valenciano, pese a las múltiples evidencias que existen en el sumario de que el Gobierno que presidía adjudicó a dedo decenas de contratos a la trama corrupta contra la que, supuestamente, actuó Rajoy dentro del partido.

Con una aplicación estricta del código ético del PP (que han sufrido ya decenas de dirigentes del partido) ni Fabra ni Camps ocuparían sus puestos actuales. Pero ambos piensan, y así lo han dicho, que los resultados electorales pueden absolverles de todos sus pecados. Fabra y Camps triunfaron en las últimas elecciones celebradas en Castellón y en la Comunidad Valenciana. Pero la administración de Justicia siguió adelante con las causas abiertas contra ellos. Ahora vuelven a insistir en que las urnas, y no las pruebas, son su mejor tabla de salvación.

Hay acontecimientos multitudinarios que han pasado a la memoria colectiva por una frase. Hace años, Lola Flores intentaba desalojar al personal que se agolpaba a las puertas de la iglesia donde iba a casarse su hija apelando a sus sentimientos. "Si me queréis, irse", ordenó entonces a sus fans la universal tonadillera con escaso éxito. Ayer, varios dirigentes del PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, llenaron la plaza de toros de Valencia y se atrevieron con una fórmula similar para pedir el voto; una exhortación que podría resumirse en la frase: "Si queréis a Paco Camps, votadnos". Esa es la aseveración que los más de 15.000 populares que acudieron al mitin se llevaron en sus cabezas, aunque sus dirigentes políticos apuntaron sus discursos "al corazón", según admitieron.

No hubo ningún tipo de disimulo: el acto más multitudinario jamás organizado por el PP en una campaña de las europeas se convocó a mayor gloria y loa del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, imputado por un delito de cohecho relacionado con el caso Gürtel. Y todos, incluido Rajoy, se prestaron a hacerle de teloneros, porque fue el presidente valenciano quien clausuró el mitin, en contra de lo habitual en este tipo de actos.

Rajoy se esforzó en exhibir su incondicional apoyo al homenajeado. "Querido Paco: ¡yo creo en ti!. Creo en lo que haces, te he visto actuar y ten la certeza de que yo estaré siempre detrás de ti, o delante, o al lado", proclamó. El público respondió al envite con aplicada entrega, gritos de "¡Paco, Paco" y "presidente, presidente" y secuencias de aplausos.

El propio presidente de la Generalitat Valenciana contestó a su jefe, unos minutos después, desde el atril. "Querido Mariano: he sentido tu cariño, tu afecto, tu cercanía. Como la de todo el partido y toda España", replicó Camps. Según explicó a los congregados, el respaldo de sus compañeros y su militancia le dan fuerza para "saltar" los obstáculos que se le pongan por delante, en clara alusión al desarrollo judicial del caso de corrupción que salpica al PP y le afecta a él personalmente. Se esforzó por mostrarse enérgico y por mofarse de los que envidian a su comunidad, señaló, por tener clara su vinculación con España.

Tan animado estaba y tan seguro de que el 7 de junio el resultado del PP en Valencia será bueno, que se animó a desvelar cuál será la estrategia para el día después. "Id a votar, votemos todos y ganemos las elecciones. Que gane la libertad y la democracia y, sobre todo, que el 8 de junio Zapatero sepa que tiene la obligación moral de convocar elecciones generales", enfatizó.

El multitudinario mitin --que comenzó con una vuelta al ruedo de los oradores-- tuvo más intervenciones. La alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, se vistió de rojo (siempre presume de que es su color de la suerte) y se dispuso a animar al personal. Especialmente, a su president. "Paco: que sepan los autores intelectuales y materiales de esta campaña vil y porcina, que ya dura más de tres meses, que cada segundo que te han hecho sufrir a ti o a tu familia lo vamos a convertir en miles y miles de votos", auguró. Barberá, como también harían otros intervinientes, insinuaron que criticar a Camps es criticar a la institución que representa.

El cabeza de lista en las elecciones europeas, Jaime Mayor Oreja, no quiso ser menos que los demás y también hizo su particular ofrenda al presidente de Valencia. "Frente a la mentira y la calumnia --afirmó--, tiene que ganar la decencia de Paco, el más honorable de todos los españoles y de toda Valencia".

Finalmente, Rajoy se manifestó "muy emocionado" por haber participado en el acto. Un acto que, por cierto, ya no organizó la empresa Orange Market del imputado Álvaro Pérez (también conocido como el Bigotes), pero que mantuvo intacto el estilo que él marcó, incluidos los fuegos artificiales y las espectaculares tracas como colofón.

Los socialistas valencianos son desde ayer acción popular en la investigación del caso Gürtel que dirige el magistrado-juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) José Flors. Sin embargo, son parte con limitaciones. Sus aspiraciones se han visto sustancialmente reducidas. El PSPV-PSOE se querelló contra Francisco Camps, presidente de la Generalitat; Ricardo Costa, secretario general de los populares valencianos; Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat; y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo. Lo hizo por el delito de cohecho, en su más amplia interpretación jurídica (aceptar regalos y compensar por ellos) y también por financiación ilegal de partidos, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. En esa misma querella, propuso una larga lista de responsables de distintas áreas del Gobierno valenciano para que declararan.

José Flors ha dicho no a casi todo. De entrada, les ha admitido la personación, sin requerir fianza alguna, por el supuesto delito de cohecho pasivo impropio, la versión más simple y reducida, la que se circunscribe a aceptar dádivas.

Pero además, el juez deja claro en su auto que las testificales quedan inadmitidas y que la acción popular no tiene carácter retroactivo, no es sobre lo que se ha actuado hasta el momento. Es decir, no podrá volver a citarse a declarar a quienes ya lo han hecho. Su actuación tendrá que ser a partir de lo que actúe desde el día de ayer. Tampoco admite nuevas imputaciones.

Ángel Luna, portavoz socialista en las Cortes Valencianas, afirmó ayer: "El tribunal estima que los socialistas estamos legitimados para defender el interés de los ciudadanos, que somos personas suficientemente representativas para defender el funcionamiento correcto, objetivo e imparcial de la Administración pública, que es de lo que se trata". El dirigente socialista explicó que su partido cree que "se ha utilizado dinero público para hacer contrataciones públicas que vienen precedidas de una serie de regalos que se han hecho a personajes muy destacados de la Administración pública valenciana, como el propio presidente Camps". Aunque así lo piensen, el juez ya ha dejado claro que no investiga, de momento al menos, las contrataciones supuestamente irregulares.

Los abogados de los imputados presentarán recursos contra la decisión de aceptar la personación de los socialistas, aunque ello no la paralice.

El tribunal tuvo ayer otras actividades. Tres testigos: dos trabajadores de Forever Young y una de Milano declararon como testigos. El que fuera mano derecha del sastre José Tomás, con el que estuvo en Milano más de una década y al que se llevó a finales de 2006 a Forever Young fue el primero en comparecer. Más de dos horas duró su interrogatorio. Mantuvo lo que ya dijo meses atrás ante la Fiscalía Anticorrupción: las facturas tienen conceptos genéricos por orden de Tomás y no coinciden con traje alguno. A preguntas de la Fiscalía y de los abogados, por más que se buscó en los documentos, los trajes como tales no aparecen en las facturas aportadas, pero se reconoce que fueron pagados. Este testigo explicó que los tíquets de caja so siempre reflejan quién ha sido el vendedor. Y, añadió, que las facturas que se hacían a empresas de fuera no tenían detalles sino conceptos imprecisos porque así lo decidía el sastre.

La segunda en declarar fue la que es cajera de la tienda de Milano en la calle de Serrano desde finales de los años ochenta. No vio pagar a los imputados ningún traje y explicó cuál era el recorrido de configuración de las facturas. Ninguno de los trajes sospechosos ni de los pagos que los imputados dijeron haber hecho está tampoco recogido en la documental propia de Milano que le fue exhibida. El último y más breve, 45 minutos y ya por la tarde, fue el que fuera jefe de tienda de Forever Young en la Castellana. Llegó a la tienda de la mano de José Tomás, con el que había trabajado antes en Milano. Ayer afirmó haber visto a los imputados en la tienda varias veces pero no pagar.

La constructora del empresario José Luis Ulibarri, el grupo Begar, ha comenzado a abandonar obras que tenía adjudicadas en la Comunitat Valenciana. José Luis Ulibarri está imputado en el caso Gürtel por el supuesto pago de sobornos en Madrid. Begar se encuentra en una situación financiera límite y ha parado sendos proyectos adjudicados por el Ivssa y Ciegsa en Albaida y Tavernes de la Valldigna. El Ayuntamiento de Valencia da por hecho que no va a continuar en el aparcamiento del Cabanyal. Los problemas económicos de la constructora de Ulibarri son consecuencia de la crisis del ladrillo y, sobre todo, del cierre del grifo en las concesiones de obra civil a raíz de su imputación en la trama Gürtel. La constructora se está desplomando en toda España. Ha dejado sin acabar obras en Segovia, León o La Rioja.

Begar tenía adjudicados proyectos en la Comunitat Valenciana por valor de setenta millones. Las dos obras que ha abandonado son 72 viviendas del Ivssa en Albaida y un instituto en Tavenes de la Valldigna. Además, el grupo Begar está construyendo el hospital de Llíria, que acumula un gran retraso, y tiene adjudicado un aparcamiento en el barrio del Cabanyal de Valencia, un colector junto al Parque de Cabecera y la reparación de varias carreteras en el norte de Castelló. Fuentes del Ayuntamiento de Valencia aseguraron anoche que Bertolín -que formaba una UTE con Begar en la obra del Cabanyal- ha garantizado que terminará el aparcamiento ante la situación de la constructora de Ulibarri.

Los 72 adosados de VPO promovidos por el Ivvsa en Albaida, según trascendió ayer, se han quedado a medio terminar. Las viviendas, que deberían haber sido entregadas en marzo, no pueden ser ocupadas por sus propietarios, la mayoría parejas jóvenes. La urbanización del nuevo barrio (aceras, pavimentación o alumbrado) ni siquiera se había iniciado antes de que desaparecieran los operarios de Begar y las empresas suministradoras se llevaran los materiales pendientes de cobro. Esta semana está prevista una reunión de directivos del Ivvsa con los responsables del Ayuntamiento de Albaida para encontrar la manera de que las obras concluyan y los propietarios puedan acceder a sus viviendas.

La Generalitat Valenciana se vio obligada hace dos semanas a adjudicar a una empresa de Alzira la finalización del instituto de Tavernes de la Valldigna. Begar abandonó la obra en marzo. Ciegsa, la empresa que gestiona la construcción de centros de enseñanza para la Generalitat, descartó empezar de nuevo el proceso de adjudicación y concedió la ejecución a la firma que quedó en segundo lugar en el concurso.

Begar se adjudicó el proyecto del hospital de Llíria por 26 millones. El centro se tenía que haber inaugurado a finales de 2008, pero los trabajos avanzan a un ritmo muy lento. La previsión es que esté en enero de 2010.

Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente aseguraron que las obras de Valencia del colector norte de Beniferri-Parque de Cabecera continúan a su ritmo. Este diario contactó ayer con la oficina de Begar en Valencia para conocer su versión pero no obtuvo respuesta alguna.

El dueño del grupo Begar, José Luis Ulibarri, tiene intereses en la construcción, la comunicación y los servicios en la Comunitat Valenciana. En el año 2006, la empresa tutelada por Ulibarri Mediamed Comunicación Digital se hizo con licencias para televisiones locales de TDT en 13 de las 14 demarcaciones en las que está dividida la Comunitat. La pauta general seguida en la concesión de las 13 licencias de TDT fue conminar a televisiones locales que estaban emitiendo ilegalmente a cederle a Mediamed el 51% de las sociedades que resultaron ganadoras de los concursos en sus respectivas demarcaciones. Ulibarri poseía inicialmente el 10% de las acciones de Mediamed, sociedad que compartía con un grupo de empresarios. Sus desavenencias sobre la forma de gestionar la TDT llevó a varios socios a venderle la participación. La marca de las emisoras es Tele 7.

Ulibarri también controla la Televisión Municipal de Valencia. La edil socialista Mercedes Caballero denunció el viernes que la gestora de la televisión, participada en un 80% por el empresario, no ha ingresado ni un euro en las arcas municipales a pesar de que está obligada a aporta el 5% de lo que recaude por publicidad.

La firma de servicios Seralia consiguió las contratas para limpiar dependencias de la Agencia Valenciana de Turismo y de edificios Prop.

EMPLEADOS DE FOREVER YOUNG DECLARAN QUE LOS TRAJES Y LOS CLIENTES NO COINCIDEN

El último testigo en declarar fue contundente al asegurar ayer ante el juez que instruye el caso Gürtel en Valencia, que los documentos internos de Forever Young no coinciden con la realidad y que no es posible imputar el pedido de un traje a un cliente, ni siquiera a un vendedor, aunque figure el número de referencia. Su declaración se produce dentro de la última testifical celebrada por el juez José Flors para averiguar si el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, cometió un delito de cohecho al aceptar presuntamente, junto a otros tres altos cargos del PP, unos trajes a medida como regalo de manos de Orange Market, empresa adjudicataria del Consell. Según el auto del juez Baltasar Garzón, Francisco Camps, adquirió trajes en estas tiendas por valor de 12.783 euros, y el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, por valor de 7.325 euros. El ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, compró trajes por valor de 4.850 euros en Milano. Mientras que el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, lo hizo en ambas tiendas, por 9.950 euros.

El juez Flors tomó declaración ayer a un antiguo empleado de Forever Young, a la cajera de Milano y a otro empleado de la primera tienda con el objeto de aclarar si los imputados compraron y pagaron los trajes, y si los pedidos se corresponde con las facturas y los clientes.

De la declaración de una de las imputadas en Madrid, Isabel Jordán, en la Audiencia Nacional, se llegó a la conclusión de que "se habían utilizado una o varias empresas para disimular facturas que ocultaban los productos reales, supuestamente entregados en forma gratuita a Camps, haciendo aparecer en las mismas conceptos falsos".

Ello coincide con lo que ayer declararon estos empleados. Así, el último de ellos, segundo encargado de Forever Young junto al sastre José Tomás, reconoció que "los documentos internos en los que se relaciona el número del cliente con el de la prenda era aleatorio" y que "ni siquiera relacionaba al vendedor". De esta forma, no era posible "imputar prendas a un cliente concreto".

Este encargado dijo conocer a Álvaro Pérez. Al preguntársele por el documento número 512 (71 en el sumario de Garzón), donde aparece la compra de Camps, explicó que el importe era "cierto", pero que no tiene por qué corresponder con el número de cliente ni con los trajes.

El primero en testificar fue el empleado de Forever Young que ayudó a realizar la auditoría interna utilizada como pericial. Manifestó que no vio comprar a los imputados, pero que las facturas se pagaron,"no sabe por quién", y que los conceptos que figuran son falsos.

En segundo lugar declaró la cajera de Milano, que explicó a lo largo de dos horas el funcionamiento interno de la tienda. Las fiscales Anticorrupción intentaron relacionar las prendas con los clientes. No obstante, la testigo dijo que no vio comprar a los imputados ya que no les conoce, y que no sabe quién hizo los pagos, ya que había varios turnos. La cajera explicó también que, en los encargos de sastrería, los pagos venían de tesorería porque se dejaban pendientes.

La causa sigue adelante. Los 37 testigos y el perito que hasta ayer han desfilado por el tribunal valenciano no parecen suficientes, al menos para la fiscalía. El ministerio público quiere que declaren, como mínimo, varios de los empleados de las tiendas de Milano y de Forever Young. Ellos deberían acreditar a quién vieron y qué les vieron hacer, si en efecto se realizaron entregas de dinero en efectivo, cuáles, a quién y cuándo. Y cómo se registraron. Esas declaraciones, sobre las que tiene que decidir el magistrado, podrían realizarse en breve.

Hasta ayer, está también pendiente la respuesta sobre la querella presentada por los socialistas valencianos con la intención de convertirse en parte del procedimiento en defensa de los intereses de los ciudadanos como acción popular. Los socialistas presentaron la querella el pasado martes también por supuesto delito de cohecho.

El juez que investiga el caso Gürtel en Valencia interrogó ayer a dos representantes de las tiendas en las que se vendieron los trajes que Francisco Camps, presidente autonómico, recibió presuntamente como regalo de la trama corrupta. La información aportada servirá al instructor para comprobar la veracidad del testimonio del sastre de Camps y ex director de ambas tiendas, José Tomás, que la pasada semana describió cómo los supuestos cabecillas de la trama Gürtel abonaban habitualmente la ropa que el presidente se probaba.

El primero en comparecer ayer fue el perito contable de la cadena de lujo Forever Young, que a la salida del tribunal rehusó hablar del contenido del interrogatorio. Sólo contestó con un "suficiente", cuando se le preguntó si el juez se había dado por satisfecho con la documentación que había traído sobre las cuentas del establecimiento. Fue entonces el turno del abogado de Milano. El letrado, obsesionado con evitar las preguntas de la prensa, salió del Palacio de Justicia por una puerta secundaria y corrió durante varias manzanas, sin poder evitar que los fotógrafos le dieran caza. Camps recibió más de 12.000 euros en trajes de ambas tiendas, según el juez Garzón.

Ambos testigos completaron la ronda de testimonios anunciada por el juez, José Flors. El martes, el magistrado intentó averiguar si la empresa que presuntamente regaló los trajes a Camps, Orange Market, recibió a cambio un trato de favor de la Generalitat en forma de contratos públicos. Para ello, Flors interrogó a 35 altos cargos y funcionarios de libre designación (aquellos cuya permanencia en su puesto depende del criterio del político que dirige su departamento). Cada uno compareció cinco minutos, en los que, según se publicó ayer en varios medios de comunicación, negaron ante el juez haber recibido presiones de sus superiores para contratara Orange Market.

La trama ha recibido al menos 5,5 millones de euros de la Generalitat. Es imposible conocer el montante total de las adjudicaciones, ya que el Gobierno de Camps se niega a facilitar la información a la oposición. El Ejecutivo remite a quienes preguntan a una plataforma de contratación en Internet, en la que es imposible acceder a los contratos porque no existe la opción de buscar por empresa adjudicataria.

Francisco Camps dijo al juez la pasada semana que los trajes que le han llevado a los tribunales por un supuesto delito de cohecho los pagó él personalmente en efectivo. El contable de Forever Young, una de las empresas que hizo esos trajes, no pudo ayer mostrar el apunte de contabilidad en el que quedaran registrados esos pagos. No dijo que no se hicieran, sino que no hay correspondencia acreditada en los libros de contabilidad de las entradas concretas en cantidad y fecha que dijo el presidente de la Generalitat ante el juez instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, encargado de investigar la trama valenciana del caso Gürtel.

El contable, que no quiso identificarse ante los periodistas y cuyo nombre tampoco quisieron facilitar ni el magistrado ni los abogados de las partes, confirmó, a preguntas de la Fiscalía, que las empresas Diseño Asimétrico y Servimadrid Integral, con las que está relacionado Pablo Crespo, realizaron pagos mediante transferencia o cheques. El sastre José Tomás señala a Crespo como pagador de los trajes del presidente autonómico y de los otros tres imputados. Y que los pagó por encargo de Álvaro Pérez, hombre del cabecilla de la trama, Francisco Correa, en Valencia.

Lo que sí hizo el contable fue decir que las cantidades que dijo el presidente en sede judicial no están registradas como tales. Y explicó que podrían quedar recogidas en partidas de entrada en efectivo mayores, en bruto. Al contable también se le preguntó por la relación con el sastre, sobre cómo se articulaban los pagos y cómo se registraban las facturas de los trajes realizados para Forever Young y para Milano. En este punto, los abogados de los imputados preguntaron por la supuesta doble contabilidad del sastre.

El primero que contradijo al presidente fue precisamente José Tomás, el sastre. Según aseguró en su declaración como testigo, los trajes del presidente y de los otros tres imputados los pagó Pablo Crespo por encargo a través de distintas sociedades relacionadas con Orange Market. Nunca vio a Camps abonar ninguno de los trajes que se encargó y que se le entregaron. El juez y la Fiscalía pretendieron ayer contrastar las afirmaciones realizadas hasta ahora tanto por Camps como por el resto de imputados populares: Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano; Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat; y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y actual asesor de la Diputación de Valencia. Las entradas en efectivo no aparecen registradas en ningún caso.

También la contabilidad de Milano fue ayer sometida a examen. Y el perito contable que acudió ayer también a declarar a propuesta del juez instructor tuvo que responder sobre cómo quedaron registrados pagos y facturas. El perito examinó además documentación obrante en la causa, fundamentalmente facturas, contratos y pagos de la firma de Álvaro Pérez, Orange Market. Para algunas de las cuestiones planteadas por la Fiscalía sería necesario aportar más documentación a la causa.

Tras declarar 37 testigos y un perito, la Fiscalía Anticorrupción considera oportuno seguir explorando y entiende que deberían acudir como testigos varios de los empleados de las firmas Forever Young y Milano, quienes tuvieron que ver, por ejemplo a Camps, abonar en efectivo los trajes que dijo haber pagado.

Una de las primeras decisiones que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón adoptó tras el estallido de la trama Gürtel el pasado 6 de febrero fue la intervención de las cuentas de las empresas relacionadas con el presunto cabecilla, Francisco Correa, entre ellas Orange Market, la rama valenciana de la trama de corrupción surgida en torno al PP. Como contratista habitual de la Generalitat que era, la empresa de Álvaro Pérez tiene desde entonces facturas pendientes de cobrar a varias consellerias que no han sido satisfechas y que no van a serlo al menos a corto plazo.

Fuentes conocedoras de la relación entre Orange Market y la Generalitat aseguran que se ha hecho llegar a los diferentes departamentos del Gobierno con facturas pendientes con la firma instrucciones para que se realicen los pagos a Álvaro Pérez cuando se levante la situación de bloqueo que pesa sobre las cuentas de Orange Market por orden judicial. Sin embargo, desde Presidencia aseguran que no se ha tomado ninguna decisión respecto a las facturas pendientes y que se hará cuando corresponda, pero que no es el momento ya que la empresa está intervenida judicialmente.

Uno de los trabajos que está en el aire es precisamente el último que Orange Market realizó para la Conselleria de Turismo, el stand de la Comunitat Valenciana en Fitur, el pasado mes de enero. Turismo adjudicó a Orange Market el escaparate para esa feria y otros cuatro certámenes por 789.000 euros, pero el pago no se realizó. Incluso el líder del grupo, Francisco Correa, andaba preocupado antes de su detención porque la Conselleria de Turismo todavía no había pagado. La de Orange Market, como se publicó, era la oferta más cara de las seis que se presentaron. Pero no es la única factura impagada. La Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional, dependiente de Presidencia, también adeuda 206.000 euros a Orange Market. Esa cifra corresponde al 40% del coste de adjudicación del diseño, producción y montaje de la ceremonia de inauguración de la Villa de Regatas de la Volvo Ocean Race. Ese contrato fue firmado por el también imputado Cándido Herrero y por la gerente de la sociedad, Arantxa Vallés, que el martes fue uno de los altos cargos que declaró ante el magistrado que investiga al presidente de la Generalitat y otros tres imputados por presuntos delitos de cohecho.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, criticó ayer que el PP quiera "hacerse unos trajecitos a costa del intachable rigor del Gobierno" en el uso de los recursos públicos y advirtió que "hacerse trajes a costa de otros es intolerable y lo pagarán en las urnas". De la Vega respondió en la sesión de control al Gobierno a la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, quien acusó al Gobierno del uso de aviones militares para desplazamientos no oficiales. Mientras, la portavoz de Compromís en las Corts, Mónica Oltra, afirmó ayer que las declaraciones de los 35 altos cargos de la Generalitat ante el TSJ por el caso Gürtel tienen "escaso valor probatorio". El secretario general del PPCV, Ricardo Costa, apuntó que el "tic judicial" que el PSOE "tiene siempre en las elecciones, aparece ahora con mayor fuerza". Además, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, acusó al PP de emprender campañas de amedrentamiento a jueces, fiscales y Policía cuando alguno de sus miembros "tiene problemas judiciales" y recordó las querellas contra Baltasar Garzón por la investigación del caso Gürtel. "¿Dónde están esas querellas?" preguntó Rubalcaba. "Archivadas -dijo- ¿Cree que las investigaciones de los tribunales de Madrid y Valencia también las he ordenado yo?, ¿cree que el señor Camps ha ido a declarar como imputado por orden mía?, ¿cómo se cree que funcionan la policía y los juzgados?", añadió.

El 70% del Gobierno valenciano adjudicó contratos a empresas de la trama corrupta que destapó el juez Baltasar Garzón, según se deduce de la identidad de los 35 cargos que desfilaron ayer ante el juez para hablar de las concesiones a las empresas de Francisco Correa. La actividad de Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, como organizador de la mayoría de los actos del PP de la Comunidad Valenciana se fue extendiendo como una mancha de aceite que alcanzó a casi todos los departamentos de la Generalitat.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana José Flors, que instruye la causa contra el presidente Francisco Camps por un supuesto delito de cohecho, tomó declaración ayer a 35 cargos y funcionarios de alto nivel de una decena de consejerías que adjudicaron contratos a Orange Market. El Consell que preside Camps tiene 14 consejerías.

Desfilaron ante el juez nueve directores o ex directores generales, cargos de confianza que en la Administración valenciana no tienen por qué ser funcionarios de carrera. Tres secretarios autonómicos y un subsecretario completaron la nómina de cargos de designación política. El resto fueron funcionarios de carrera que formaron parte de mesas de contratación que adjudicaron concursos públicos.

La fiscalía repitió la misma pregunta a todos los altos cargos y funcionarios, según fuentes judiciales. "¿Recibió usted alguna presión, indicación o insinuación para actuar en favor de Orange Market?". No hubo ninguna sorpresa en las respuestas: 35 veces la palabra fue no a distintas modalidades de pregunta.

Las citaciones tenían intervalos de un cuarto de hora y los interrogatorios se presumían cortos. Pero los altos cargos y funcionarios de las consejerías de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, e Infraestructuras tardaron más de lo previsto. Otros apenas declararon durante tres minutos.

Después de comparecer ante el juez, los comentarios a las puertas del Palacio de Justicia tuvieron el mismo tenor. Isabel Villalonga, secretaria autonómica de Política Institucional, dijo: "No puedo decir nada, pero estoy encantada, como todos". Auxiliadora Hernández, directora general de Evaluación Educativa, apuntó: "He salido tranquilísima, igual que entré". David Serra, que fue director general de Deportes durante la pasada legislatura y ahora es vicesecretario de Organización del PP valenciano, concluyó: "Fenomenal, mi declaración ha durado lo que estaba previsto".

Puertas adentro, la fiscalía se interesó por aquellos contratos de servicios que se adjudicaron a dedo por cantidades inferiores a 18.000 euros, los denominados contratos menores que se adjudican sin convocar concurso público. La fiscalía intentó identificar, además, adjudicaciones que aparentan ser independientes pero en realidad responden al mismo objeto.

Mientras los abogados de los imputados insistían en la ausencia de presiones para las adjudicaciones a Orange Market, el ministerio público reclamaba detalles sobre la ejecución de los servicios contratados.

Orange Market se adjudicó a través de concurso público el montaje y desmontaje del expositor de la Comunidad Valenciana en Fitur durante cinco años consecutivos, desde 2005 hasta 2009, por un total unos 5,5 millones de euros. Pero el resto de adjudicaciones que obtuvo fueron a través de procedimientos negociados, cuando se requieren ofertas a tres empresas; o por adjudicación directa en el caso de los contratos menores.

El Consell se ha negado sistemáticamente a ofrecer detalles sobre los contratos menores adjudicados a Orange Market y otras empresas de la trama corrupta. Todos los que se conocen han sido arañados por la oposición parlamentaria, singularmente por el grupo Compromís, o por los medios de comunicación. El monto de todos los contratos de la Generalitat valenciana con la empresa Orange Market suma unos ocho millones de euros.

"¿Ha recibido algún tipo de insinuación, comentario o presión para contratar a favor de Orange Market?". No era una pasarela de moda, pero los 35 altos cargos y funcionarios de la Generalitat desfilaron ayer ante el juez que investiga la trama de corrupción del PP en Valencia con la misma respuesta unisex: "No".

Las escaleras del Palacio de Justicia y los medios de comunicación iban recibiendo a los testigos a lo largo de toda la mañana, con la misma actitud evasiva, impropia de políticos aficionados a los micrófonos. "No puedo decir nada", "Estoy tranquilísima" o "Todo muy bien", fueron las escuetas respuestas al finalizar su declaración.

También fue parca su comparecencia ante el magistrado José Flors, que investiga la comisión de un "posible" delito de cohecho por parte del presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el número dos del PP, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret.

Directores generales, secretarios autonómicos o subsecretarios, altos y ex altos cargos, funcionarios..., todos parecían venir aleccionados desde la Generalitat, como insinuaron algunas lenguas. Rafael Blasco, conseller de Inmigración, negó haber hablado "absolutamente con nadie", aunque lo consideró algo "irrelevante" porque ya no tiene "ninguna relación directa o indirecta" con estos testigos.

Dora Ibars, Vicente Farnós, Isabel Villalonga, David Serra, Auxiliadora Hernández y Rafael Peset fueron de los primeros en llegar, hasta 35 en cinco horas. El juez les había citado para declarar a intervalos de cinco minutos con el fin de averiguar si habían recibido alguna instrucción a la hora de aprobar las contrataciones con Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez y Francisco Correa, imputados ambos en el caso Gürtel en Madrid.

Todos los testigos habían tenido alguna relación con la adjudicación de contratos a esta empresa, investigada por el TSJ de Madrid y el de la Comunitat.
El juez había preparado cinco preguntas muy simples: primero les preguntó el nombre, luego el cargo que ocupaban en el momento de las contrataciones y el actual, si conocían a los cuatro imputados (Camps, Costa, Campos y Betoret) y al Bigotes, y su dependencia jerárquica. Por último, la pregunta estrella: si habían recibido "algún tipo de insinuación, comentario o presión para contratar a favor de Orange Market".

Las dos fiscales anticorrupción venidas de Madrid fueron más expeditivas e interrogaron sobre los contratos menores a los directores generales, es decir, los que no necesitan pasar por la mesa de contratación formada por siete funcionarios. Porque también los funcionarios declararon ayer y su respuesta fue asimismo negativa.

Poder para contratar

Las respuestas de los directores generales, con poder para contratar sin concurso, fue idéntica: "por criterios de trabajos anteriores" y porque Orange Market "había funcionado muy bien". En este sentido, también se les preguntó si Rafael Betoret, que era jefe de gabinete en Turismo, pudo decidir la contratación de Orange Market. La respuesta fue que "no tenía posibilidad, por su cargo, de influir en la mesa de contratación ni respecto de sus funcionarios".

Esta prueba testifical puede servir al juez para afianzar la investigación por el delito de cohecho impropio, ya que ninguno de los declarantes respondió de forma afirmativa. De otro modo, habría reconocido la comisión de un delito de tráfico de influencias del que habrían sido coautores.
Para mañana, el juez ha llamado a declarar como perito al auditor de las cuentas de Forever Young y a otro testigo.

LA DECLARACIÓN DEL SASTRE DE CAMPS DA UN FUERTE IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN DEL 'CASO GÜRTEL'

Se reanudan las declaraciones ante el Juez que investiga el 'caso Gürtel' en Valencia. Por el Tribunal de Justicia desfilarán este martes 35 altos cargos de la Generalitat que han participado en alguna adjudicación a la empresa Orange Market que dirige Álvaro Pérez.

La semana pasada fueron interrogados, acusados de un presunto delito de cohecho, Francisco Camps y Ricardo Costa. También lo hizo en calidad de testigo el sastre José Tomás cuyo testimonio, según fuentes jurídicas consultadas por la CADENA SER, ha dado un importante impulso a la investigación y el caso está más lejos de archivarse.

José Tomás dijo a los periodistas después de prestar declaración durante casi 6 horas que le había contado al magistrado José Flors más cosas que a su compañero Garzón. Y así fue. Según fuentes jurídicas, el sastre recordó ante el Juez de Valencia los encargos de ropa que habría recibido del President Francisco Camps y de su número 2, Ricardo Costa, así como las fechas en las que éstos se produjeron. El último, hace menos de un año con motivo del Gran Premio de Fórmula 1 que se disputó en Valencia.

Tomás le explicó también al Juez que las compras de los trajes se apuntaban en la cuenta del número 2 de la trama, Pablo Crespo, quien periódicamente liquidaba los gastos. Según estas fuentes, los intentos de los abogados de Camps y Costa por poner en evidencia las contradicciones del sastre fueron en vano. Añaden que José Tomás ofreció detalles que difícilmente responden a una historia inventada y que el caso está ahora más lejos de archivarse.

Este martes 35 altos cargos y funcionarios del Gobierno de Francisco Camps prestarán declaración en calidad de testigos ante el juez instructor. El objetivo de estas citaciones es averiguar si se ha respetado la Ley en las adjudicaciones que la Generalitat ha concedido a Orange Market desde que Camps preside el Consell.

La empresa de Álvaro Pérez ha recibido en ese periodo entre 6 y 8 millones de euros en contratos públicos. La Fiscalía quiere averiguar si existe alguna relación entre los trajes que presuntamente Camps y Costa recibieron de las empresas de la trama y estos contratos.

El periplo profesional de José María Vidal, uno de los testigos que pasó ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana citado por el juez José Flors, que instruye la causa abierta contra Francisco Camps, resulta sorprendente.

o en 1991 por la consejera de Bienestar Social, Marcela Miró, para el departamento de prensa cuando Eduardo Zaplana era presidente, y siguió con ella cuando pasó a presidir las Cortes Valencianas, hasta 1999. Luego trabajó para el departamento de prensa de la Consejería de Administración Pública a las órdenes de Víctor Campos, uno de los cuatro imputados a los que investiga ahora el juez.

Campos se convirtió en vicepresidente del Consell y Vidal pasó a ser su jefe de gabinete. Campos anunció su voluntad de dejar la política semanas antes de las últimas elecciones autonómicas, celebradas en mayo de 2007. Vidal se convirtió entonces en jefe de gabinete de la Trinidad Miró, consejera de Cultura desde junio de 2007. Pero dejó el cargo antes de finales de ese año.

Después de 10 años largos al servicio de la Generalitat, Vidal volvió a la empresa privada y empezó a trabajar a las órdenes de Álvaro Pérez, El Bigotes, en Orange Market.

Tanto en la dirección nacional del PP como en el entorno de Francisco Camps se ha instalado un optimismo sin apenas matices sobre el futuro del caso Gürtel en la parte que afecta al presidente de la Comunidad Valenciana. Prácticamente todos los dirigentes consultados aseguran que sólo quedan unos pocos días, unas semanas como mucho, para que el caso sea archivado y Camps pueda así exhibirlo como un triunfo, aunque seguramente no sucederá antes de las elecciones europeas.

La estrategia del PP es obviar el hecho de que el presidente no haya podido demostrar que pagó los trajes. A efectos políticos, podría ser más relevante incluso la mentira -Camps ha asegurado que él pagó todos sus trajes- que el propio juicio. Pero los dirigentes valencianos están convencidos de que el juez no verá indicios de cohecho -esto es, que a cambio de esos trajes Orange Market recibió trato de favor- y preparan la estrategia para utilizar ese supuesto archivo inminente como una gran victoria política. El centro de la estrategia está, pues, como desde el principio, en los tribunales y no en las explicaciones políticas, más complejas y arriesgadas de manejar.

La declaración ayer de los 35 altos cargos de la Administración valenciana no ha hecho sino reforzar esa idea instalada en el PP. Los dirigentes están convencidos de que mientras el sastre José Tomás fue llamado como un testigo de cargo (esto es, como uno de los principales elementos probatorios de la tesis de la fiscalía), esos 35 cargos de libre designación (políticos dependientes del poder del presidente) son testigos de descargo. Es decir, que su declaración sirve para despejar la posibilidad del cohecho, creen los populares, porque uno tras otro han declarado que no hubo nada extraño en las adjudicaciones a Orange Market (más de ocho millones de euros a una empresa que antes de llegar Camps a la Generalitat no había trabajado nunca en la Comunidad Valenciana). Según esta tesis instalada en el PP, el instructor, José Flors, está haciendo un trabajo completo para evitar que prosperen los recursos de uno u otro lado, pero todo camina hacia el archivo definitivo.

Los dirigentes consultados, especialmente en Génova, la sede central del PP, demuestran tener una información detallada de las perspectivas del caso. Camps informa regularmente a Rajoy. Pero entre muchos cuadros se ha extendido la convicción de que el presidente valenciano no sólo tiene la información de su abogado. Varios coinciden en destacar algo que nadie desconoce en los ambientes políticos valencianos: la estrecha amistad de Camps con Juan Luis de la Rúa, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad y por tanto superior jerárquico de Flors, el instructor. Formalmente, Flors no tiene por qué informar del desarrollo del caso a su superior, pero todos los populares asumen que en privado le estará ofreciendo al menos una impresión.

La relación de Camps y De la Rúa, que aún no ha intervenido formalmente en el caso pero presidirá la sala que tenga que resolver los recursos de uno u otro lado que se presentarán con seguridad ante cualquier resolución, es tan estrecha que el pasado septiembre, en un acto institucional, el propio presidente autonómico llegó a decir en público: "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a la de amistad que resuma y defina la íntima y sentida colaboración entre De la Rúa y el president de la Generalitat". La respuesta del presidente del TSJCV fue definitiva: "Me siento feliz de esa relación".

Rajoy está tan convencido de que el caso Camps quedará judicialmente en nada que ha decidido concentrar esta campaña electoral en esa comunidad. Si el domingo estuvo en Alicante, donde denunció a los "inquisidores, Torquemadas del siglo XXI" que investigan a Camps, el viernes irá a Castellón, a un acto con Camps y Carlos Fabra, otro imputado para el que la fiscalía pide cárcel. Para el martes siguiente se prepara el acto más importante de la campaña: un mitin en la plaza de toros de Valencia que será la aclamación definitiva del president.

A pesar de toda la euforia que trasladan los dirigentes valencianos, otros muchos cuadros del PP, ya fuera de la doctrina oficial, recuerdan que el entorno de Camps ya se ha equivocado varias veces al trasladar un optimismo infundado sobre este asunto. Por eso no descartan que el juez acepte abrir juicio oral, algo que sin duda pedirá la fiscalía. Aunque finalmente el presidente acabara absuelto, sería después de un largo proceso de deterioro político.

"CANAL 9 SE HA CONVERTIDO EN EL PORTAVOZ DEL PARTIDO POPULAR Y DE FRANCISCO CAMPS”

Miguel Mazón lleva en el Consejo de Administración de la televisión pública valenciana 8 años. En todo este tiempo reconoce que la “política sectaria y partidista del Partido Popular en Canal 9 ha sido constante”. Sin embargo, cree que los manipuladores “han superado” todos los límites éticos a raíz del tratamiento que están realizando sobre el caso Gürtel.

“Canal 9 es una televisión pública que debería ser “objetiva, independiente y veraz, pero que se ha convertido en el portavoz del Partido Popular y de Francisco Camps”, lamentó a El Plural Miguel Mazón, uno de los cuatro representantes del Consejo de Administración de la televisión pública que eligió el Partido Socialista (el Consejo está formado por otro representante de Izquierda Unida y 6 más del PP).

Para Mazón, es escandaloso que Canal 9 haya informado “tarde y mal” sobre la trama de corrupción que salpica al Partido Popular y al propio presidente de la Generalitat Valenciana. “Primero negaron todos los hechos. Después, informaron de forma sectaria y sin coherencia”, agrega.

Incomprensible
Incluso, el representante del Consejo de Administración de Canal 9 se atreve a afirmar que si un valenciano sólo hubiese sintonizado este canal de televisión, le hubiese sido “prácticamente imposible entender” por qué Francisco Camps ha comparecido ante la Justicia.

Criticas…
Tal y como viene informando Elplural.com, la manipuladísima televisión pública valenciana está cosechando numerosas criticas por el tratamiento informativo que está realizando del caso Gurtel. Sin ir más lejos, este martes la Junta Electoral ha instado a la dirección de Canal 9 “a que durante este proceso electoral cuide escrupulosamente el cumplimiento de los principios contenidos en el artículo 66 de la LOREG” al considerar que Canal 9 no cumplió “plenamente las exigencias de neutralidad informativa” a la hora de informar sobre la comparecencia de Camps en los juzgados.

Los socialistas van más allá y acusan a Camps de utilizar la televisión pública para tapar su vinculación con el caso. Por su parte, los trabajadores criticaron a través de un comunicado de prensa "la censura”, “el servilismo obsceno” y “los abusos laborales” a los que les somete la dirección.

Ricardo Costa, portavoz del PP en las Cortes valencianas, comentó lacónico ayer que "no puede garantizar" que Leire Pajín, secretaria de Organización del PSOE, sea nombrada senadora territorial por esta comunidad antes del verano. Los socialistas solicitaron el nombramiento de Pajín el 14 de mayo. La Mesa de las Cortes se dio por enterada ayer. Milagrosa Martínez, presidenta de las Cámara, aseguró ante la Junta de Portavoces que el nombramiento de Pajín se hará "en tiempo y forma". Pero todavía no se ha convocado la Comisión del Estatuto del Diputado que debe refrendar que Pajín cumple todos los requisitos para ser senadora territorial y el pleno de las Cortes previsto para la próxima semana se ha desconvocado para que los diputados puedan implicarse en la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo.

La calma con la que las Cortes tramitan el asunto contrasta con la premura en el nombramiento de Alfonso Ferrada, ex alcalde de Burriana por el PP, que sustituyó a Andrea Fabra en el Senado, en apenas día y medio.

Los dos miembros socialistas presentes en la Mesa de las Cortes registraron ayer un escrito de protesta por la forma de actuar de la presidenta de las Cortes a la que exigieron que "rija sus actuaciones por la ecuanimidad".

Ángel Luna, portavoz del PSPV-PSOE, afirmó que "el PP intenta bloquear la elección de Pajín" y aseguró que toda la gestión del asunto "es inaceptable, impropio de actores democráticos y más propio de una mafia que practica la amenaza". Carmela Silva, portavoz del PSOE en el Senado, también denunció la "grave dilación" en los trámites del nombramiento de Pajín.

DECLARAN ANTE EL JUEZ 35 CARGOS DEL GOBIERNO VALENCIANO QUE AUTORIZARON CONTRATOS A ORANGE MARKET

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia retoma las declaraciones en la investigación del caso Gürtel. Un total de 35 cargos de la Generalitat que autorizaron contratos entre la administración y la empresa Orange Market, presidida por Álvaro Pérez, El Bigotes, testifican hoy ante el juez. La directora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, ha sido la primera en comparecer, tras llegar al tribunal minutos antes de las nueve y media de la mañana. A la entrada, no ha querido responder a las preguntas de los medios.

El Bigotes, quien mantiene una íntima amistad con el presidente valenciano, Francisco Camps, obtuvo contratos de la Generalitat vinculados directamente a la actividad del jefe del Ejecutivo. La mayor parte de las adjudicaciones estaban relacionadas con la Consejería de Turismo, si bien, el Bigotes también hizo negocios muy ligados a la esfera del presidente valenciano.

Entre los 35 altos cargos citados hoy por el magistrado instructor de la causa abierta por un supuesto delito de cohecho, no hay ningún consejero valenciano. Las declaraciones de los imputados en la rama valenciana del caso Gürtel se iniciaron la semana pasada con la comparecencia del ex vicepresidente y ex consejero de la Generalitat valenciana Víctor Campos, el portavoz popular en las Cortes y secretario general del PPCV, Ricardo Costa, el presidente Camps, y del ex jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo y actual responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, y el presidente de Orange Market, Álvaro Pérez.

Tras ser interrogado durante casi una hora por el juez, el tribunal mantuvo la imputación sobre el presidente Camps, quien declaró estar "contento y satisfecho" de haber podido contar lo que había ocurrido en los últimos meses. El presidente valenciano no aportó ninguna prueba en su comparecencia y se presentó sin las facturas de los trajes por valor de más de 12.000 euros, que supuestamente recibió de las empresas de la trama corrupta dirigida por Francisco Correa.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado hoy que la Abogacía de Estado está a la espera del informe que prepara la Agencia Tributaria para comprobar si se han puesto "en juego" intereses "importantes" para la Hacienda Pública en el caso Gürtel. "Si hubiese en juego intereses importantes para la Hacienda Pública de todos los españoles por supuesto. No lo dudo", ha respondido Caamaño en declaraciones a RNE, al ser preguntado si el Estado se personará en la presunta trama de corrupción.

Por otra parte, el presidente del PP en Alicante, José Joaquín Ripoll, ha pedido disculpas "a los periodistas que hayan podido sentirse aludidos" por sus palabras sobre la investigación de la trama corrupta, y ha subrayado que cuando dijo que "alguien debería estar en la cárcel" se refería "a quien de forma interesada" está "filtrando el sumario del caso". Ayer por la tarde, Ripoll ya se disculpó con el mismo argumento.

RIPOLL ADVIERTE A CAMPS DE QUE ´TENDRÁ UN PROBLEMA´ SI EL PROCESO JUDICIAL SALE MAL

El presidente provincial del PP en Alicante, José Joaquín Ripoll, afirmó ayer que el presidente regional del partido y presidente de la Generalitat, Francisco Camps, imputado por cohecho en el caso Gürtel, "no está cuestionado", y apuntó que "estará cuestionado desde el punto de vista judicial, si eso sale mal, entonces sí tendrá un problema, o tendremos un problema todos".
Ripoll remarcó que Camps "desde el punto de vista popular no está cuestionado", como tampoco lo está él ni "nadie en esta Comunitat Valenciana". "Creo que Camps no está cuestionado, estará cuestionado desde el punto de vista judicial, si desde el punto de vista judicial eso sale mal, entonces sí tendrá un problema, o tendremos un problema todos, pero solamente desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista popular no está cuestionado, ni estoy cuestionado yo ni está cuestionado nadie en esta Comunidad", señaló.Preguntado sobre si el caso Gürtel puede pasar factura al PP en las urnas, opinó que "electoralmente no", aunque "otra cosa es que tenga repercusiones judiciales, y eso será una factura más personal, pero desde luego creo que electoralmente no".

En este punto, insistió en que Camps "no tiene ningún tipo de contestación, a parte del tema concreto y personal", sino que cuenta con "el apoyo del cien por cien de todo el partido", tal y como se ha demostrado "en los actos importantes".

"Los únicos que se cuestionan la continuidad de Camps son los cuatro o cinco que siempre están al lado del poder, que estaban con Zaplana, que estaban con Agramunt y que ahora están con Camps y que estarán con el siguiente", reiteró.

En esta línea, recordó que "los que se cuestionan esas cosas son esos que siempre viven en el entorno del poder, que siempre están al lado de, a ver si el siguiente que viene es más espabilado y a estos cuatro o cinco los archiva de una vez", señaló. Para Ripoll, en su lugar debería haber "gente al lado que sea gente normal, y leal que trabaje por un proyecto y que esté vinculada a este proyecto, no vinculado siempre a los puestos del poder".

Angélica Such, consejera de Turismo, adjudicó a Orange Market el montaje y desmontaje del expositor de la Comunidad Valenciana en Fitur a finales de 2007 y a finales de 2008 a través de concurso público. Pero nada más. Ni un solo contrato menor con Orange Market "en esta legislatura", afirmó ayer ante la comisión de Industria y Turismo de las Cortes. Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, es considerada la terminal valenciana de la supuesta trama empresarial corrupta que destapó el juez Baltasar Garzón.

Enric Morera, portavoz de Compromís, solicitó explicaciones sobre dos adjudicaciones de la Agéncia Valenciana de Turisme a Orange Market en 2005 y 2007, cuando la consejera de Turismo era Milagrosa Martínez, actual presidenta de las Cortes. También citó otros dos contratos menores de las consejerías de Territorio y de Infraestructuras a Orange Market en concepto de "supervisión, coordinación y asistencia técnica" para el montaje de los espacios ocupados por ambas consejerías en el pabellón de la Comunidad Valenciana. Pero la consejera remitió a futuras respuestas por escrito porque, bajo su mandato, reiteró, no ha habido ningún contrato menor de Turismo con Orange Market.

La comparecencia de la consejera de Turismo vino precedida por un notable alboroto. La comisión empezó a las 16.00. El primer punto era una pregunta oral a la consejera que debía formular Morera. Y no estaba. La pregunta decayó. El segundo punto era la comparecencia que había solicitado Morera. Y no estaba. Los socialistas se preocuparon de organizar el ruido suficiente para dar tiempo a Morera a llegar a la comisión. El diputado de Compromís llegó a las 16.15. Y el debate se prolongó durante un cuarto de hora más. El PP se ceñía al reglamento y reclamaba que decayera la comparecencia. Los socialistas alertaban sobre los titulares del día después. Finalmente, se impuso el sentido común y la buena disposición de Angélica Such.

Los ánimos volvieron a caldearse cuando todos los portavoces de la oposición reclamaron todos los contratos menores de la consejería con Orange Market. Ricardo Martínez, del PP, recurrió al argumentario para acusar a la oposición de "erosionar las instituciones a través de juicios paralelos" a la imputación del presidente de la Generalitat por un supuesto delito de cohecho al aceptar unos trajes que pagaron Orange Market y otras dos empresas de la trama corrupta.

Pero la socialista Isabel Lloret puso las cosas en su sitio: "La Generalitat contrata con una empresa que monta todos los actos públicos del PP y ustedes hablan de la Inquisición. No es comparable la quema de brujas con el interés por conocer la verdad sobre el uso de fondos públicos".

DECLARAN ANTE EL JUEZ 35 CARGOS DEL GOBIERNO VALENCIANO QUE AUTORIZARON CONTRATOS A ORANGE MARKET

EL PRESIDENTE DEL PP DE ALICANTE ASEGURA QUE LOS "DE EL PAÍS DEBERÍAN ESTAR EN CÁRCEL"

El presidente provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, no sólo ha arremetido hoy contra el mensajero, sino que directamente pidió su encarcelamiento. "Los de EL PAÍS deberían estar en la cárcel", ha espetado el también presidente de la Diputación a la hora de valorar la información ofrecida por este periódico sobre la trama corrupta que afecta a los populares y que ha desembocado en la imputación por cohecho del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.

Ripoll, enfrentado a Camps por el control provincial del partido, ha hecho estas manifestaciones durante un desayuno de trabajo con los periodistas para comentar el arranque de la campaña para las elecciones europeas. A preguntas sobre el coste electoral que el caso Gürtel tendrá en la figura del presidente del Consell, Ripoll ha respondido con un ataque a EL PAÍS. "Nadie entiende que en un tema judicial nos enteremos todo el mundo antes que los interesados. Si estuviéramos en Estados Unidos habrían pasado cosas importantísimas y estarían directores de periódicos en la cárcel o las fuentes que lo publican. En Estados Unidos, un director de un periódico reconoce quien es la fuente que le ha filtrado o se va a la cárcel", ha explicado. "No cabe en cabeza humana que el caso Gürtel esté en EL PAÍS, los de EL PAÍS deberían estar en cárcel", ha añadido.

La descalificación de Ripoll a EL PAÍS por sus informaciones sobre el caso Gürtel se suman a las de las pasadas semanas de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, también del PP, aunque en este caso aliado con el bando del líder regional de los populares valencianos. Con motivo de la publicación de EL PAÍS de la grabación de una conversión privada entre Camps y uno de los cabecillas de la trama, Álvaro Pérez El Bigotes, Castedo dijo. "Que EL PAÍS publique lo que quiera, que yo leeré lo que me da la gana".

Además de este ataque frontal a EL PAÍS, Ripoll ha admitido que la imputación de Camps sí puede ser "un problema". "El apoyo popular a Camps no está cuestionado, pero si el proceso judicial a Camps sale mal, tendrá un problema", ha dicho, "o mejor, dicho, todos tendremos un problema", ha apostillado. El líder provincial del PP ha augurado que la investigación judicial acabará por perjudicar a Camps. "No se entiende que el caso Gürtel sólo nos vaya mal en España, y no en la Comunidad Valenciana", ha aseverado.

EL PRESIDENTE DEL PP EN ALICANTE QUIERE ENVIAR A LA CÁRCEL A LOS PERIODISTAS

Justo al día siguiente en el que Mariano Rajoy cargara contra los socialistas como “inquisidores del siglo XXI”, el presidente del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll ha pretendido matar al mensajero. En este sentido, ha considerado que los periodistas del diario El País, que “tendrían que estar en la cárcel”, por disponer de información privilegiada. No es el único torquemada popular que ha salido a la palestra. El senador del PP por la provincia de Castellón y portavoz adjunto en el Senado, Juan José Ortiz, salió en defensa de Carlos Fabra después de conocerse el escrito de la fiscalía anticorrupción, que pide 2 años de cárcel para él por falsificación de plaguicidas para comercializarlos y acusó a los socialistas de intentar desprestigiarle con una campaña de “descalificación personal y difamación". Por otra parte, al propio interesado, Carlos Fabra, no le gusta que los periodistas le pregunten sobre su imputación en varios casos que podría sentarle en el banquillo en los próximos meses y da la callada por respuesta. Así lo ha hecho esta mañana de forma reiterada.

Según ha podido captar los micrófonos de la cadena SER, el líder del PP en Alicante enviaría a prisión a los periodistas que han publicado las noticias comprometedoras para el presidente de la Generalitat. Para él, es más grave la divulgación del secreto sumarial que las revelaciones periodísticas que han puesto en jaque a su propio partido. “Tienen las grabaciones, tienen las filtraciones, lo que dice cada uno, en cada momento, cuando intervienen en los juzgados… lo tienen todo, incluso antes que el propio interesado. Eso no es el derecho de la información, lo que es, es secreto sumarial”, aseguró.

Y a Carlos Fabra le salió ayer un defensor de excepción, el senador Ortiz, quien dijo que era el "el político que más ha hecho por los ciudadano” de Castellón y que como los socialistas "no pueden derrotarlo en las urnas, se dedican a desprestigiarlo personalmente", criticó. "Los socialistas, que siempre enarbolan la bandera de la honradez y se califican a sí mismos como 'más demócratas que nadie', ni respetan la Constitución Española, ni el Estado de Derecho, ni mucho menos la presunción de inocencia, incluida la de Carlos Fabra y la de Ricardo Costa", manifestó Ortiz.

Esta mañana, el propio Fabra se negaba a responder hasta en tres ocasiones a las preguntas de los periodistas relacionadas con la petición de la Fiscalía Anticorrupción de dos años de cárcel por un supuesto delito de falsificación de documento oficial. Ha sido en el trancurso de una rueda de prensa en la Diputación provincial cuando le han cuestionado sobre las muestras de apoyo durante el fin de semana por parte de sus compañeros de partido y si esperaba alguna muestra pública de apoyo de los dirigentes del PP. Ha respondido con un escueto "siguiente pregunta". En varias ocasiones el colectivo de periodistas de la Comunidad Valenciana han protestado por el trato que da a la prensa.

El líder del PP, Mariano Rajoy, expresó ayer su respaldo sin fisuras al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, frente a los "inquisidores del siglo XXI" en su primer encuentro público, que sellaron con un abrazo, tras la imputación de Camps en el caso Gürtel. "Paco, estamos contigo, como siempre, y la historia será una historia feliz", proclamó Rajoy.

"Y la inmensa mayoría de los valencianos -continuó justo después de la afirmación anterior- se va a llevar una enorme alegría para disgusto de esos inquisidores del siglo XXI, que son de una crueldad infinita pues no tienen razón ni corazón; a esos les vamos a ganar el 7 de junio".

Éstas fueron las palabras del presidente del PP en el multitudinario acto que el PP celebró ayer en la zona portuaria creada para albergar la salida de la Volvo Ocean Race en Alicante, con la presencia de Camps y el secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa, ambos imputados para que declarasen ante el juez -lo hicieron esta semana pasada- por un supuesto delito de cohecho, todo en el marco del caso Gürtel. Al mitin asistió también el responsable de Justicia de los populares y diputado por Alicante, Federico Trillo, a quien Rajoy también ha mostrado su apoyo sin matices en un momento delicado por la sentencia del Yak-42; el presidente del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo.

Rajoy, que va a ofrecer tres mítines con Camps en una semana -uno de ellos en Castelló, con Carlos Fabra, otro imputado- no hizo alusiones directas a la investigación que en la Comunitat Valenciana instruye el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, José Flors, si bien no evitó referencias a lo que en el PP consideran es una campaña contra el partido, la del caso Gürtel.

Cuando los miles de asistentes le pedían que "diera caña" al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el líder del PP se manifestó de esta forma:

"Me dicen que le dé caña. ¿A quién? Ya sé a quién. Querido Paco -Camps-: Los 'torquemadas' del siglo XXI, que los hay en política, y muchos, aunque en el otro lado, y en sus aledaños, presumen de ser demócratas y liberales, pero tienen en verdad una mentalidad totalitaria y se van a llevar un gran berrinche el 7 de junio porque vamos a ganar las elecciones".

Más adelante sí se refirió sin ambages a Zapatero al afirmar que "lo está haciendo muy mal", pues, en su opinión, no ha defendido los intereses de España en Europa y no abandera soluciones para escapar de la crisis económica. "No sabe, no quiere y no puede", sentenció Rajoy.

A su juicio, el PP lo "puede hacer mucho mejor" e "irá a Europa a defender los intereses de los españoles".

También criticó a Zapatero por recurrir a "la fraseología y a las palabras ininteligibles", y de este modo, esconder "lo que pasa en a los cuarteles con la gripe" y "arremeter contra el PP o contra quien pasaba por allí".

En el tramo final de su intervención, Rajoy subrayó que el PP "dará la vuelta" a la situación que vive España, y en ello, tal y como ha señalado el presidente de los populares, Francisco Camps es importante."Volverá Paco a la Generalitat -en las autonómicas de 2011- y ganaremos las elecciones. Tenemos una gran capacidad de resistencia", concluyó el presidente del Partido Popular.

La condición de imputado por cohecho del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, no es motivo para que se ponga en duda su honorabilidad. Esta es la postura unitaria del PP y el argumento que ha defendido la portavoz conservadora en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría.

Sáenz de Santamaría, quien ha acusado a los medios de comunicación de hacer juicios paralelos, ha pedido que se respete la presunción de inocencia y ha restado importancia a que alguien te haga un "detallín".

"A lo mejor otro portavoz te regala algún libro, y nos regalamos productos típicos en Nochebuena. Yo suelo mandar vino de mi tierra, un buen Ribera del Duero, también hay aceites muy buenos, y las cosas hay que hacerlas en un ámbito de normalidad", ha afirmado.

Saénz de Santamaría ha vuelto a defender la memoria del ex líder del PP José María Aznar y su capacidad para "experiencia acreditada" para sacar a España de la crisis.

"Aznar sacó al país de la crisis y tiene mucho que decir. Nuestras propuestas son herederas de las de Aznar", ha asegurado Sáenz de Santamaría, quien cree que el PSOE mete a España en la crisis y el PP la saca.

La portavoz del PP ha defendido como líneas básicas para salir de la crisis la austeridad, una rebaja de impuestos y reformas básicas en energía y educación.

La portavoz conservadora ha lamentado la decisión del Tribunal Constitucional, que permite a la formación Iniciativa Internacionalista presentarse a las europeas.

"Se veía venir que ETA querría estar presente, y Otegi ha dejado en evidencia al Constitucional", ha opinado la portavoz conservadora, quien ha confiado en que "no se permita tener a un vocero de ETA en Europa".

"Hemos aguantado como jabatos, y por eso venimos recuperando espacios", aseguró ayer Camps arropado por el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy en Alicante, tras su semana más horrible. Camps, que sigue imputado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en un supuesto delito de cohecho, junto con su número dos Ricardo Costa, quiso convertir ayer el mitin popular de Alicante en un punto y aparte. "Nadie nos va a doblegar y vamos a ganar", repitió Camps en referencia a las elecciones europeas.

Fue un acto multitudinario para recargar pilas y lamerse las heridas. El día era el propicio y el público receptivo, pese a que el fuerte calor del mediodía en el puerto de Alicante pareció derretir por momentos el entusiasmo. El mitin -en el que Mariano Rajoy cerró filas con Camps frente a los "inquisidores del siglo XXI"- sirvió al PP para aventurar que el cambio de ciclo político en Madrid está cerca. Cambio que dejará atrás, según Camps, a un José Luis Rodríguez Zapatero sin convicción y que no era "imbatible" como alguno defendió.

El mitin arrancó tras una rápida visita al Museo Arqueológico (Marq) y a cuyas puertas un grupo de dirigentes populares aplaudieron la entrada de Camps y Rajoy, y contó con muchos cargos públicos valencianos. Entre los presentes estaba el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y buena parte del Consell. También acudió Federico Trillo, cabeza de lista del PP por Alicante (donde sólo se deja ver en campaña electoral), que fue un convidado de piedra. No se movió de su silla.

El mitin, organizado por la dirección provincial del PP por mandato de la calle Génova, no estuvo exento de tensión interna y hubo momentos de tensión protocolaria por el lugar asignado a Ricardo Costa. El éxito del acto, que contó con la asistencia de miles de personas -entre las que se dejaron sentir las de La Vega Baja- permite al presidente provincial, José Joaquín Ripoll, que ejerció de anfitrión, reabrir una vía de diálogo directa con la cúpula nacional del PP y aliviar la presión a la que lo tiene sometido la dirección regional del presidente Camps.

En el mitin intervinieron, además de Rajoy y Camps, Ripoll, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el eurodiputado José Manuel García Margallo.

SÁENZ DE SANTAMARÍA COMPARA LOS TRAJES PARA CAMPS CON UN “DETALLÍN” O CON REGALOS DE “PRODUCTOS TÍPICOS”

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha mantenido la línea de su partido de respaldo sin fisuras a Francisco Camps, imputado por un presunto delito de cohecho por la percepción de trajes valorados en 7.325 euros. Para la popular, este asunto no puede poner en duda “la honorabilidad de nadie, y menos la de Camps”, y restó importancia a que alguien te haga “un detallín”, poniendo como ejemplo que “nos regalamos productos típicos en Nochebuena, yo suelo mandar vino de mi tierra”. Por su parte, la secretaria de organización del PSOE advirtió del “descrédito” creciente del PP al cerrar filas con imputados como Camps y alertó de que esa formación pretende “la impunidad a través de la amenaza y la insidia”.

Sáenz de Santamaría restó importancia a que alguien te haga “un detallín”, según declaró en una entrevista a RNE y recoge Público. Así, puso el ejemplo de que “a lo mejor otro portavoz te regala algún libro, y nos regalamos productos típicos en Nochebuena, yo suelo mandar vino de mi tierra (…) también hay aceites muy buenos, y las cosas hay que hacerlosas en un ámbito de normalidad”.

Políticamente "ya están condenados"

No piensa igual la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, quien apunta que políticamente los dirigentes del PP “ya están condenados” por su comportamiento ante los casos de corrupción de los últimos meses y tampoco las urnas pueden exculpar los comportamientos delictivos. Considera que negar los hechos puede ser una estrategia de defensa jurídica como cualquier otra, aunque en el PP la “credibilidad se deteriore por momentos”, según recoge EFE. Pajín cree que la estrategia del PP es “intimidar mediante insultos y amenazas más o menos implícitas” a quienes tienen la misión de esclarecer los hechos.

“Ataque” de Rajoy a la Justicia

En este sentido, la socialista rechazó frontalmente las palabras del líder del PP, Mariano Rajoy, quien en su defensa de Camps tachó de “inquisidores del siglo XXI” a quienes le investigan. Pajín calificó de "desafortunada" estas palabras y advirtió de que “rebasan el límite que se puede tolerar en un dirigente político”. Denunció asimismo que el discurso del popular supone un “ataque” a quienes tienen que investigar los casos de corrupción en los que supuestamente están implicados dirigentes del PP. Así, resaltó que el PP es “el único partido democrático del mundo” que si tiene que elegir entre jueces, fiscales y policía, o los delincuentes, “ataca a los primeros y se pone del lado de los presuntos delincuentes”, y busca “la impunidad a través de la amenaza y la insidia”.

Los alrededores del puerto de Alicante están llenos de policías. Se prepara un acto masivo, con 10.000 raciones de arroz gratis preparadas para los militantes del PP que quieren arropar a Francisco Camps, y de paso ver cómo le apoya Mariano Rajoy. Pero el acto está a pocos metros de la playa, y allí la gente está a otra cosa. "¿Quién viene hoy, que hay tantos polis?", pregunta un cliente del quiosco de periódicos. "Rajoy y Camps, y creo que regalan trajes", se ríe el quiosquero.

El caso Gürtel sobrevuela todo lo que tiene que ver con Camps en estos días. Tanto que el PP no sólo quiere actos de desagravio, de apoyo cerrado al líder, como el que se montó ayer con la presencia de Rajoy y Camps en Alicante. Los populares buscan una victoria arrolladora en las europeas en esta comunidad que les serviría para concluir que el caso Gürtel no tiene efectos electorales, que los ciudadanos están con ellos, y para ofrecer una absolución electoral a Camps. El mismo criterio que siguió Carlos Fabra tras el éxito electoral en Castellón en las generales. Los tribunales lo imputan, el pueblo lo absuelve.

Lo dicen los dirigentes valencianos en privado. Pero en público lo dejan también muy claro. Y hasta Rajoy aseguró ayer a gritos que los "Torquemada del siglo XXI", los "inquisidores sin corazón y con crueldad infinita que atacan a Camps" se van a llevar "un gran berrinche" cuando el PP gane las europeas. No aclaró si se refería a jueces, fiscales o periodistas.

Está tan clara esa idea que, poco antes del mitin, el presidente valenciano, que suele esquivar preguntas incómodas, sí responde a EL PAÍS en los pasillos de un museo alicantino, adonde acude de visita con Rajoy.

Es una conversación informal sin micrófonos, y Camps se muestra amable, aunque cambia el tono cuando sale Gürtel a relucir. "Estoy muy tranquilo, muy bien", insiste varias veces. "Vamos bien. Si las encuestas dicen que el PP en toda España va a ganar por cuatro puntos [es lo que señalaba la de El Periódico de Catalunya publicada ayer] aquí tiene que ser el triple. Por lo menos 10 puntos sacaremos seguro", se ufana. "¿Eso quiere decir que Gürtel no tiene efectos electorales, presidente?", se le pregunta. "Claro que no, eso no interesa a la gente", sentencia el sucesor de Eduardo Zaplana.

La estrategia del PP es muy clara. Hace cuatro años, el partido a nivel nacional perdió las europeas, pero aquí, en la Comunidad Valenciana, le sacó 7,5 puntos al PSOE. Si ahora le saca 10 o más no sólo habrá logrado que el líder local, Jorge Alarte, saque peor resultado que Joan Ignasi Pla, su antecesor, y eso le meta presión interna, sino que habrá demostrado la tesis que manejan los estrategas: que el escándalo de corrupción de Gürtel puede complicar las cosas internamente, y afecta a la imagen en los medios de comunicación, pero no tiene ningún efecto electoral, es más, incluso anima a votar y movilizarse a los más fieles. Y Camps ya no será un dirigente quemado, dicen en su entorno, sino una garantía electoral. "Los mismos que dicen que Camps está quemado lo decían de Rajoy, y después de ganar las gallegas dejaron de decirlo. Esto de la política es cuestión de resultados", asegura un dirigente valenciano.

Rajoy está rodeado de imputados o implicados. Además de Camps, está el tesorero nacional del partido, Luis Bárcenas, o Carlos Fabra, a quien el fiscal pide dos años de cárcel por otro caso, y dirigentes afectados por otros escándalos como Federico Trillo, que ha evitado asumir responsabilidades tras la condena de sus subordinados por el Yak-42. Pero el líder del PP ha decidido seguir adelante como si nada. Ayer, Trillo estaba sentado en primera fila junto a Camps y Rajoy, aunque no subió al escenario. Y la próxima semana, el líder irá a Castellón para ofrecer actos conjuntos con Fabra. El sábado estuvo en Baleares, donde su partido también tiene problemas con la justicia por varios casos de corrupción. La resistencia a la adversidad sin tomar medidas, esperando que el tiempo y las urnas lo resuelva todo, es parte del estilo marianista.

Rajoy está tan convencido de que Gürtel quedará en nada, que ha decidido hacer tres actos con Camps en una semana. Y en el primero, el de Alicante, multitudinario, ya dejó muy claro que el presidente valenciano no sólo tiene su apoyo ahora, en los momentos difíciles, sino también más adelante. Buena parte de los dirigentes cree que Camps está tan quemado que no repetirá en 2011. Rajoy no lo tiene tan claro. "Paco, estamos contigo, como siempre, y la historia será una historia feliz. En Galicia comenzó el camino del cambio. Y ahora volveremos. Y volverá Paco a ser presidente de la Generalitat, y ganaremos las elecciones generales", sentenció ante un público entusiasmado con el sueño de echar a Zapatero de La Moncloa, un sueño que el líder del PP les ofrece como inmediato -Camps pronosticó un adelanto electoral- aunque en teoría quedan tres años para que suceda.

CAMPS ELUDIÓ A LAS CORTS CON UN VIAJE A BOSTON PARA RUBRICAR UN ACUERDO QUE YA ESTABA FIRMADO

El acuerdo que el presidente de la Generalitat firmó el pasado 6 de mayo en Boston para que Alicante repitiera como sede de la Volvo Ocean Race durante las próximas tres ediciones ya había sido rubricado semanas antes por representantes del Consell. El viaje de Francisco Camps se produjo en una de sus semanas más complicadas desde el estallido del caso Gürtel. El TSJ de la Comunitat Valenciana rechazó el 4 de mayo el recurso de nulidad de las actuaciones que había solicitado su abogado, Javier Boix, y esa decisión abría de par en par la puerta a su declaración como imputado, que se ha producido esta semana.

Ese día, 4 de mayo, Presidencia anunció el viaje a EE UU que permitía al presidente eludir la sesión de control del jueves 7. La oposición calificó de "huida" su ausencia y en ese pleno la síndica de Compromís, Mònica Oltra, exhibió la camiseta de "Wanted Camps".

Según fuentes conocedoras de los detalles del viaje, el presidente no firmó en Boston ningún documento relevante con los responsables de la Volvo. Y el anuncio del acuerdo pudo haberlo realizado en cualquier otro momento ya que en nada afectaba a la celebración de la prueba, cuya salida desde Alicante estaba acordada desde hacía semanas. Pero Camps eligió precisamente ese día. Los comunicados de prensa enviados por su departamento aquellos días se referían a que el viaje de Camps permitía cerrar la negociación.

El jefe del Consell, que en público ha admitido sus dificultades para expresarse en inglés, también mantuvo, según dijo entonces Presidencia, una "reunión de trabajo" con los responsables del Berklee College de Boston, un colegio musical privado que por primera vez tendrá en Valencia una sede fuera de EE UU. Pero ese encuentro con el presidente de Berklee no justificaba que Camps y sus acompañantes, entre ellos el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, viajaran a EE UU durante cuatro días. Hasta Punt Dos retransmitió un acto en directo y mostró imágenes de la firma con Volvo.Pero el contrato había sido firmado un par de semanas antes del viaje por el vicepresidente Rambla o por la gerente de la Sociedad de la Imagen Promocional, Arantxa Vallés, aunque desde la Conselleria de Presidencia se ha negado tanto el contrato como la información sobre qué alto cargo estampó su rúbrica en el contrato con la Volvo, alegando que es confidencial. El viaje formaba parte de la campaña para prestigiar la agenda de Camps en plena investigación judicial y que ha incluido varios baños de multitudes.

De que las cosas se estaban poniendo feas se percató Álvaro Pérez, el hombre de Francisco Correa en la Comunitat Valenciana, antes de que intuyera que podía tener pinchado el teléfono. De haberlo sabido quizá habría sido más prudente en una de las conversaciones que mantuvo con el secretario general del PP en la Comunitat antes de que estallara la operación Gürtel y que el secretario general del PP y portavoz popular en las Corts, Ricardo Costa, tuvo que escuchar el martes pasado durante su comparecencia ante el juez José Flors.

En la grabación se oye cómo Álvaro Pérez, El Bigotes, le pide a la mano derecha del jefe del Consell que vaya a su despacho para hablar porque, dibuja gráficamente, "tenemos un marrón". Frente al nerviosismo del responsable de Orange Market, Costa parece asumir la cuestión con calma e incluso le dice a su ahora compañero de proceso que no sabe a qué viene tanta preocupación.

Ésta es sólo una de las pruebas que forman parte de la investigación por cohecho que está llevando el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en la que están imputados el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, su mano derecha Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, además de El Bigotes.

8,2 millones en cinco años

Todos ellos han prestado declaración esta semana y han escuchado grabaciones dentro de una instrucción que pretende esclarecer si existe relación entre los trajes que presuntamente pagaron firmas del entramado empresarial de Francisco Correa -para regalárselos a los imputados- y las adjudicaciones a las empresas de la trama corrupta por parte de la Generalitat. Entre los contratos públicos y los firmados con el PP suman 8,2 millones sólo en los últimos cinco años.

Los testimonios que el magistrado ha escuchado esta semana son sólo una parte de la instrucción que ha de completarse con el análisis de numerosa documentación. Para ello, la Fiscalía Anticorrupción está valorando recurrir a la Agencia Tributaria o a censores de cuentas. Entre las grabaciones se encuentra la del ex director de ventas de las tiendas donde se adquirieron los trajes, José Tomás, quien ha ratificado en el TSJ que Camps nunca pagó y que lo hacían empresas de Correa.

A los papeles que ya obran en poder del juez Flors se sumarán también otros documentos que en la actualidad se encuentran bajo secreto de sumario en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dentro de la pieza principal de esta causa, que serán remitidos a Valencia para su análisis en cuanto se levante la medida.

A estas pruebas se unirá ahora la práctica de diligencias que plantee la nueva parte, en caso de que el magistrado acepte la personación en el proceso que el PSPV hará efectiva en los próximos días. Esto, sin duda, prolongará una investigación que, fuentes cercanas al caso, aventuraban rápida hace menos de quince días.

Tanto es así que incluso estaban convencidas de que las declaraciones de esta semana prácticamente iban a ser una antesala al fin del caso en lo que al jefe del Consell respecta, para quien se vaticinaba el archivo de unas actuaciones que habrían seguido abiertas para el resto de los imputados y de las que Costa sería el que peor parado saliera.

No obstante, la causa sigue viva a la espera de que Flors concluya sus indagaciones y opte por abrir juicio oral para uno, varios o todos los imputados o la archive.

Al menos, siete altos cargos comparecerán como testigos ante el juez que instruye la trama valenciana del caso Gürtel en Valencia, para explicar el sistema utilizado por la Generalitat en las adjudicaciones de contratos millonarios a la empresa Orange Market. David Serra, Isabel Villalonga, Dora Ibars, Rafael Peset, Auxiliadora Hernández, Silvia Caballer y Vicente Farnós forman parte de los 35 funcionarios y altos cargos que han sido llamados a declarar, a intervalos de cinco minutos, el próximo martes en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Los funcionarios que declararán forman parte de la mesa de contratación que adjudicó los contratos de Orange Market que se investigan por un posible delito de cohecho y en el que están imputados el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el secretario general del PPCV, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret.

El magistrado José Flors envió un oficio a la Generalitat Valenciana hace unas semanas para que le remitieran un listado con los nombres de los funcionarios y altos cargos que participaron en la adjudicación de 25 contratos públicos a la empresa Orange Market, propiedad de dos imputados en la trama del caso Gürtel en Madrid: Francisco Correa y Álvaro Pérez. En este listado figuran tres directores generales, tres secretarios autonómicos y el director ejecutivo de Castelló Cultural, dependiente de la Generalitat.

Contratos con Orange Market

Al parecer, un 80% de las adjudicaciones pudieron hacerse sin pasar por un proceso de concurso público al tratarse de contratos menores. Un ejemplo son la cinco adjudicaciones logradas por Orange Market para montar el pabellón valenciano en Fitur y cuatro ferias más que se otorgaron por concurso, aunque la Sindicatura de Comptes cuestionó las ofertas económicas.

Esta investigación deriva de la trama de corrupción del PP que descubrió el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional hasta que tuvo que inhibirse a favor de los TSJ de Valencia y del de Madrid por aparecer cargos aforados en la investigación. De los más de 40 imputados en la Comunidad de Madrid, tres de ellos siguen en prisión desde febrero: Pablo Crespo, Francisco Correa y Antoine Sánchez.

Francisco Correa es socio de Álvaro Pérez en la empresa Orange Market, también imputado en Madrid, y que esta semana ha declarado ante el juez en Valencia por ser el adjudicatario de contratos millonarios con la Generalitat Valenciana. Entre medias, hay un baile de trajes que, según el sastre que tomó medidas a los cuatro imputados, fueron encargados por intermediación de Pérez, y facturados a Pablo Crespo.

La confrontación entre populares y socialistas a cuenta del caso Gürtel -rebautizado ayer por el socialista Jorge Alarte como "caso Camps"- amplia horizontes para trasladarse a los juzgados. La decisión del PSPV de querellarse contra el presidente, el número dos del PP, Ricardo Costa, y los otros dos imputados valencianos (Víctor Campos y Rafael Betoret) provocó ayer la respuesta popular. Costa anunció en un comunicado que su partido emprenderá "acciones legales" contra el PSPV por "acusaciones y denuncias falsas". "Ya está bien de tener que escuchar cosas absurdas del imaginario socialista con la única meta de faltar a la verdad", añadió. El secretario general del PP, que ha declarado esta semana como imputado, dijo que esa querella era "una patochada más" de un partido que sólo pretende "lograr el protagonismo que no tiene en la Comunitat Valenciana". "Si este es el cambio en el PSPV...", soltó por el lema con el que Alarte ganó el congreso.

El vicepresidente Vicente Rambla valoró ayer la iniciativa judicial de los socialistas como un capítulo más en la estrategia de "intento de asalto al poder por la vía de las falsedades y no de la política". Pero "eso se está desvaneciendo", auguró.

El secretario general del PSPV compareció ayer con la plana mayor del PSPV en las Corts -Ángel Luna, Ximo Puig, Carmen Ninet y Cristina Moreno- para explicar la querella que presentará el grupo. El líder socialista justificó la iniciativa en la necesidad de esclarecer la gestión de los más de 8 millones de euros que el Consell, empresas públicas autonómicas y el PP valenciano han pagado a Orange Market y otras empresas de la red Gürtel, "una trama corrupta dedicada a la evasión de impuestos y al blanqueo de capitales". Alarte aseguró que es una decisión "en defensa del interés público" y que se produce después de que su partido haya intentado en balde tener la información sobre los contratos por la vía parlamentaria, pero la única respuesta "han sido mentiras".

"Hemos pasado de apenas dos contratos, a casi ocho millones de euros; de no conocer a Álvaro Pérez, a un amigo íntimo con el que hay muchas cosas bonitas de las que hablar; de que no había nada y era una operación de Garzón, a declarar como imputado en el TSJCV y a que el próximo martes altos responsables de todos los departamentos del Gobierno valenciano deban pasar por el alto tribunal para explicar los contratos", argumentó el socialista.

"El ratito largo se está haciendo demasiado largo", agregó en referencia a la expresión que usó el presidente en las Corts cuando dijo estar dispuesto a soportar la borrasca política y judicial, que duraría "un ratito largo". Preguntado por las declaraciones de Camps en el TSJ en las que dijo no haber guardado las facturas de los trajes, Alarte explicó que él las guarda "a veces y otras se me extravían, pero nunca dejo que me las pague ningún delincuente".
Mensaje envenenado

El secretario general del PSPV fue muy duro con el imputado Camps de quien dijo que desde que estalló el escándalo "ha mentido a todos y ha desprestigiado nuestras instituciones, sometidas a la mayor vergüenza de los últimos 30 años". "Camps ha quedado inhabilitado" y ya está "en el tiempo de descuento" de su "necesaria e imprescindible dimisión" tras haber perdido "su última oportunidad para dar explicaciones políticas" y "dar cuentas de por qué ha mentido". El líder de los socialistas avisó a la alcaldesa Rita Barberá de que "no debe tener mala conciencia si ha de sustituirle porque no pasa nada". Fue el recado envenenado del líder socialista en el corazón del PP.

Trabajadores de RTVV llevaron a cabo ayer una acción de protesta en el Centro de Producción de Programas de Televisión Valenciana para denunciar "la censura y los abusos laborales a los que les somete la dirección".

Según informaron CCOO y CGT en un comunicado, esta protesta tiene como objetivo pedir la dimisión del director de RTVV, Pedro García, y denunciar la actuación de toda su dirección.

Los trabajadores colgaron carteles por las instalaciones de Canal 9 con el fin de reprobar "la actuación de un director bajo sospecha que ha puesto la radio y la televisión públicas de los valencianos al servicio de la censura y la ocultación informativa", como lo demuestra "escondiendo la imputación del president de la Generalitat en el caso Gürtel".

Los representantes de CCOO y CGT criticaron que mientras la dirección muestra "un servilismo obsceno con el poder de la Generalitat, acorta los derechos de los trabajadores", ya que "continúa sin cumplir la reforma laboral" al mantener "la precariedad de más de la mitad de la plantilla". Fuentes de TVV consultadas no quiseron realizar declaraciones sobre la protesta y las críticas de ambos sindicatos.

www.levante-emv.com 23.05.09

La conspiración Gürtel cambia a Garzón por un sastre en taxi

Ni siquiera las conspiraciones escapan al darwinismo. El conseller de Inmigración y estratega de cabecera del PP valenciano, Rafael Blasco, aportó el jueves las muestras de campo que corroboran la capacidad de mutación de los montajes y tramas que pueblan la escena política para adaptarse a las circunstancias ambientales. Blasco y el vicepresidente Juan Cotino -ángeles de la guarda de Camps en el escándalo Gürtel- denunciaron la existencia de un "montaje" político y mediático" en una "trama" orquestada por el Gobierno socialista con apoyo de infantería en algunos medios de comunicación y con el sastre José Tomás como punta de lanza de esa "maquiavélica" estrategia de acoso al Consell.

La prueba del algodón, el símbolo de esa alianza sería, para el Consell, la llegada de Tomás en un taxi acompañado por un periodista y un cámara de la televisión Cuatro. Resulta que estos informadores aguardaron, junto a otros de La Sexta, en la Estación del Norte la llegada de quien acudía a declarar al TSJ valenciano como testigo. Una vez pisó suelo valenciano, los de Cuatro se montaron en el vehículo con el sastre a la caza de la exclusiva. Fue "una muestra de audacia por parte del medio", admitió Blasco. Pero acto seguido usó el hecho como una especie de prueba de cargo de la conspiración que está en "fase avanzada", según explicó. El sastre con el taxi acompañado de los informadores sustituye así como icono al juez Baltasar Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Filtraciones desde las alturas

Atrás han quedado los tiempos en que el magistrado cazador de venados junto con el ex ministro Bermejo era el estilete de una estrategia de acoso al PP con apoyo del Gobierno. Lo explicó Cotino antes que Blasco en esa misma rueda de prensa montada para desacreditar las declaraciones de José Tomás en las que reiteraba que Pablo Crespo, a través de Orange Market y otras empresas de la trama, pagó los trajes de Camps. "Hay personas que desde puntos muy altos del Gobierno están filtrando partes interesadas", dijo Cotino.

Otro de los vicepresidentes, Vicente Rambla, interpretó la llegada del sastre con los periodistas en el taxi como un prueba de que José Tomás está "tutelado por un grupo de comunicación".

Francisco Camps no pagó los trajes. Así lo dijo ayer José Tomás, ex responsable de tienda en Milano y Forever Young, ante el juez instructor del caso Gürtel en Valencia. Los trajes, que el propio Camps encargaba, según Tomás, los pagó siempre, entre 2006 y 2008, Pablo Crespo, hombre de Francisco Correa, en efectivo o a través de sociedades de Álvaro Pérez. Lo repitió varias veces a lo largo de un interrogatorio que duró más de cinco horas entre mañana y tarde.

Tomás ratificó la declaración que realizó en marzo ante el juez Garzón en la Audiencia Nacional y ante la Fiscalía Anticorrupción. En síntesis, que en las tiendas "jamás" pagaron en metálico ninguno de los políticos imputados en la investigación, ni el presidente de la Generalitat; ni Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano; ni Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat; ni Rafael Betoret, ex jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo. Añadió que sólo Costa, en una ocasión, pagó con Visa un par de vaqueros y que la secretaria de Costa se había interesado por la manera de hacer frente a los pagos.

Buena parte de la comparecencia se centró en el reconocimiento de facturas y tiques de caja aportadas al proceso por el propietario de Forever Young, Eduardo Hinojosa, que Tomás tuvo que identificar y relacionar con los artículos adquiridos para regalo por parte de los miembros de la trama. Se mostró muy prolijo en la descripción de las prendas adquiridos por la trama y pagados en efectivo por Crespo, y en alguna ocasión por transferencias de Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, también imputado.

El interrogatorio recayó preferentemente sobre el presidente, especialmente en las fechas de sus compras. Y los intentos de precisión provocaron la protesta del testigo. En un momento determinado, Tomás alegó que hacía casi cuatro años de los hechos y pidió que se hicieran cargo: "Yo intento recordar lo más que puedo...". De nada sirvió a las defensas de los imputados tratar de presionar al testigo sobre imprecisiones entre la declaración que realizara ante la policía primero y ante Garzón después. Tomás se mantuvo en que ni Camps ni los demás imputados pagaron los trajes. También fue interrogado por alguna de las conversaciones telefónicas aportadas por la policía al sumario, entre ellas la que mantuvo con Pablo Crespo para comentarle que le habían llamado declarar de la Fiscalía Anticorrupción. Además, confirmó que el presidente Camps le había estado llamando al móvil en reiteradas ocasiones en las fechas en que fue llamado a declarar por Anticorrupción, José Tomás aseguró estar contento y tranquilo, afirmó que no había recibido amenazas, que Camps había sido siempre muy correcto con él, que sabía hace cinco días -por razones que no explicó- lo que el presidente iba a declarar ante el juez y que aún así, sabiendo que Camps trataría de desacreditar su versión, él se había mantenido en "la verdad".

A unos metros de donde el sastre declaró, dos miembros del Gobierno de Camps salieron para denunciar "un montaje mediático". Rafael Blasco, consejero de Inmigración, calificó a Tomás de "auténtico desastre" porque además de ser el eje de "una calumniosa campaña de difamación contra el presidente Camps", llega a la declaración "acusado de haber falsificado facturas". Tomás, por su parte, aseguró que estudiará las querellas oportunas y que no está imputado en ninguna causa.

Orange Market, Diseño Asimétrico y Servimadrid Integral. Son tres de las empresas del entramado dirigido por Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama Gürtel, que pagaron los trajes que Francisco Camps, presidente de la Generalitat de Valencia imputado en el caso, adquirió en las tiendas Milano y Forever Young entre enero de 2006 y noviembre de 2007. Camps acudió a declarar al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, donde aseguró que él mismo pagó sus facturas en efectivo y con dinero de su mujer. Sin embargo, media decena de trabajadores de los establecimientos de ropa y varios documentos le contradicen. En este sentido, el testimonio más notorio es el del director de ventas de Milano, José Tomás, testigo del caso que ayer volvió a señalar que el presidente autonómico “jamás pagó” por sus trajes. Pero Tomás no es el único que ha hablado de esta forma: directores, administradores y cajeras corroboran sus palabras y dejan de evidencia al presidente popular.

Tal como cuenta hoy El País, la mecánica de la trama era siempre la misma: Camps encargaba los trajes, Tomás le tomaba medidas y despachaba la mercancía –se la hacía llegar al amigo íntimo de Camps y cerebro valenciano de la trama, Álvaro Pérez, El Bigotes, ante la dificultad de enviárselo directamente al popular- y, finalmente, los costes se facturaban a Pablo Crespo, directivo de la trama corrupta.

Las pruebas documentales

Crespo, a su vez, pagaba a partir de las tres empresas presuntamente corruptas antes citadas –Orange Market, Diseño Asimétrico y Servimadrid Integral-. Hay pruebas de estos pagos: cuatro talones de Orange Market a favor de Milano en una cuenta de Barclays Banks y un par de trasferencias bancarias de Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico a Forever Young.

Además de estas pruebas documentales, a Camps le dejan en evidencia las declaraciones de los trabajadores de los establecimientos de ropa. Así, el director de la sucursal del Paseo de la Habana ha admitido que tenía “pendiente de cobrar” 30.000 euros registrados en un documento de pagos pendientes que registraba trajes para Camps y su número dos, Ricardo Costa, entre otros cargos del PP. Tal como cuenta, recibió órdenes de “presionar” para saldar la deuda.

Director de sucursal

“Yo personalmente hice anotaciones a mano en ese documento donde se recogen las distintas fechas en las que se va liquidando la deuda, con un conjunto de transferencias bancarias y distintos talones, todos ellos de Diseño Asimétrico y Servimadrid Integral (…). Vi en una ocasión al señor Camps en la tienda recogiendo una prenda de ropa que le arreglaron (…)”, recoge el sumario del caso.
Administración único

Asimismo, el administrador único de la empresa propietaria de Forever Young corrobora que “Orange Market abonó mediante transferencia bancaria compras efectuadas entre noviembre de 2006 y septiembre de 2008 que quedaban pendientes de pago”. También ratifica que vio pedidos de tres trajes a nombre de Camps y que el presidente era atendido por Tomás.

Finalmente, las cajeras aseguran que “incluso fuera de la tienda era conocido que se vendían trajes a señores del PP. Las visitas de los señores de Orange Market a propósito de esta compra de trajes se sucedieron durante meses”. Según el sumario judicial, el pedido de Forever Young para el presidente valenciano ascendía a 5.393 euros, en tanto el de Milano equivalía 4.700 euros.

"Con la verdad se va a todas partes. Ese ha sido mi santo y seña". La frase pronunciada por Francisco Camps levantó ayer una ola de indignación entre los diputados de la oposición en las Cortes Valencianas, que pidieron su dimisión "por mentiroso". El presidente valenciano insistió en que "no hay regalo alguno", repitió varias veces que no existe "ninguna relación" con la trama corrupta que dirigía Francisco Correa y aseguró que "todos los contratos están a disposición" de la oposición.

"Todavía no sabemos cuántos contratos hay con Orange Market, ¿y tenemos que soportar que nos agredan y nos perdonen?", dijo el socialista Ángel Luna. "Como imputado tiene derecho a mentir, pero aquí [en las Cortes valencianas] no. Usted ha mentido cuando dijo que no conocía a Álvaro Pérez. Ha aceptado regalos y ha dado millones a esas empresas", remacharon los socialistas.

Luna acusó a Camps de "judicializar" sus supuestas relaciones con la trama corrupta al negarse a dar explicaciones políticas antes de acudir a declarar ante el juez y de "denigrar" a las instituciones al mantener su silencio. "Estamos hartos de mentiras, de manipulación y de miseria moral: me cuesta mucho seguir llamándole señor presidente", concluyó.

La portavoz de Compromís, Mònica Oltra, también reclamó sin éxito el derecho de la Cámara a saber lo que declaró Camps el pasado miércoles en el Tribunal Superior de Justicia, y afirmó: "Un mentiroso no puede ser presidente de la Generalitat".

"Usted negó la relación con Álvaro Pérez, El Bigotes, y luego supimos que le había declarado su amor ovoide [en referencia a la frase "te quiero un huevo" en la conversación del jefe de Orange Market con Camps], y tampoco ha explicado por qué llamó compulsivamente al sastre", prosiguió Oltra. "Algo hemos ganado, como hoy está aquí, no podrá llamar al sastre 40 o 50 veces mientras declara", añadió.

Oltra lamentó el cuadro que ofreció el miércoles el presidente de la Generalitat al acudir a declarar ante el juez acompañado por tres vicepresidentes y la alcaldesa de Valencia, "como si fuera a inaugurar un gran evento. ¿Hasta cuándo esta vergüenza?". Y reclamó todos los detalles de la declaración. El presidente de la Generalitat insistió: "Tenía ganas de decirlo todo y ya está dicho. No hay nada de nada".

Pero de su boca salieron, fundamentalmente, críticas a la oposición por su insistencia en preguntar una y otra vez lo mismo. En su réplica a Luna, Camps acusó al socialista de "explicarlo todo de forma variopinta, pintoresca, ridícula y absurda" para salvar un "único problema: que el PP gana las elecciones en la Comunidad Valenciana siempre".

Camps cerró su primera réplica con una alusión al caso GAL y una mención expresa del "único Gobierno que tomó el Estado para organizar una trama paralela y fue condenado por ello", un recurso que sólo había utilizado hasta la fecha alguno de sus adláteres. En medio del clima de tensión, el jefe del Consell fue recibido con aplausos a su llegada y a su salida.

Tres empresas de la trama corrupta dirigida por Francisco Correa, encarcelado desde hace varios meses, pagaron la ropa que adquirió Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, entre enero de 2006 y noviembre de 2007 en las tiendas Milano y Forever Young de Madrid. Parte de esa ropa, adquirida en Milano, fue devuelta porque al presidente valenciano no le gustó cómo le quedaban los trajes.

La mecánica era siempre la misma: Camps hacía los encargos, el director de ventas de la tienda, José Tomás, le tomaba medidas y se ocupaba de servir la mercancía, y luego se facturaba el importe a Pablo Crespo, uno de los directivos de la trama corrupta, quien procedía al pago a través de distintas empresas de la red: Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral y Orange Market. Para acreditar todos estos pagos hay cuatro talones de Orange Market a favor de Milano en una cuenta de Barclays Bank y varias transferencias bancarias a favor de Forever Young procedentes de las empresas de la trama Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico.

El sumario ha incorporado las declaraciones de varios trabajadores de ambas tiendas que avalan este procedimiento.

- Director de la sucursal del Paseo de La Habana. "José Tomás me comentó que teníamos pendiente de cobrar lo que figuraba en un documento [sobre pagos pendientes por 30.000 euros en trajes para Francisco Camps, Pedro García, Rafael Betoret, Ricardo Costa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo] y q ue presionara para cobrarlas. Yo personalmente hice anotaciones a mano en ese documento donde se recogen las distintas fechas en las que se va liquidando la deuda, con un conjunto de transferencias bancarias y distintos talones, todos ellos de Diseño Asimétrico y Servimadrid Integral [empresas de la trama corrupta]. (...) Vi en una ocasión al señor Camps en la tienda recogiendo una prenda de ropa que le arreglaron, con carácter de urgencia, de un día para otro. Creo recordar que era una americana".

- Administrador único de la empresa propietaria de Forever Young. "La empresa Orange Market abonó mediante transferencia bancaria compras efectuadas entre noviembre de 2006 y septiembre de 2008 que quedaban pendientes de pago. (...) En las hojas de medidas a nombre del señor Camps consta el pedido de tres trajes el 14 de noviembre de 2006 y uno el 4 de enero de 2007. (...) En una ocasión, vi al señor Camps en la tienda de Castellana 140, por la tarde. Estaba en el probador atendido por José Tomás".

- Cajeras. "Nunca vi al señor Camps en la tienda pero sé que se le han tenido que hacer cosas. José Tomás me comentaba que hacíamos trajes al señor Camps. Desconozco la forma de pago ni a nombre de quién se facturaba lo que compraba". "Incluso fuera de la tienda era conocido que se vendían trajes a señores del PP. Las visitas de los señores de Orange Market a propósito de esta compra de trajes se sucedieron durante meses".

CAMPS AFIRMA QUE LOS CONTRATOS CON ORANGE ESTÁN DISPONIBLES TRAS VETARLOS EN LAS CORTS

Si los partidos de la oposición tenían la esperanza de que la declaración ante el juez del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, daría vía libre a sus explicaciones en las Corts sobre los contratos con empresas de la trama Gürtel, ésta era en vano. Camps no se salió ni un momento del guión de las últimas sesiones de control y reiteró que todas las adjudicaciones del Consell se han realizado "desde la más estricta legalidad".

"Yo siempre digo la verdad", exclamó el presidente desde la tribuna. Camps aseguró que los contratos que le reclama la oposición con Orange Market están a su disposición, pese al veto a centenares de preguntas y a que no se sepa todavía cuántos son. Después, en pasillos, el síndic del PSPV, Ángel Luna, aseguró que el Consell le remitió a la web de la Generalitat pero que allí "es imposible encontrarlos". El síndic del PP, Ricardo Costa, aseguró que si los grupos de la oposición piden alguno en concreto lo tendrán. Camps alardeó de transparencia mientras la oposición exigía los contratos y negó cualquier relación con empresas y empresarios de la trama. "No hay nada de nada, no hay ningún regalo y le aseguro que se verá y se sabrá", dijo.Se mostró optimista respecto a la resolución a su favor de la investigación: "Sé perfectamente que las cosas están perfectamente bien encauzadas, desde el principio hasta el final", dijo. Camps sacó el terrorismo de Estado y los GAL para arremeter contra los socialistas y aseguró que "los ataques que sufro" responden a que el PP siempre gana en la Comunitat Valenciana. "Quieren parar al PP como sea", aseguró.

Cuando desde Compromís se le pidió que revelara su declaración ante el juez, Camps apeló a la imposibilidad de hacerlo por la existencia del secreto de sumario, aunque añadió que es el primero "que tiene todas las ganas de que se sepa la realidad". El síndic del PSPV, Ángel Luna, consideró que es difícil "conseguir" una condena por cohecho y le reprochó al presidente que emplee un discurso de "perdonavidas. Aún tendremos que darle las gracias por no guardarnos rencor".

Luna, que en pasillos llamó a Camps "mentiroso compulsivo", aseguró que la hoja de ruta del Consell es "legitimar sus desmanes el 7 de junio como los caudillos tercermundistas". "Si no hay condena penal porque es muy difícil que la haya y si gana las elecciones podrá seguir ocultando contratos a la oposición. Ustedes agreden el orden constitucional", lanzó. "No nos preocupa su futuro que no tiene, pero estamos hartos de sus abusos, manipulaciones y miseria moral. Me cuesta trabajo seguir llamándole presidente", aseguró Luna. El portavoz adjunto, Ximo Puig, acusó a Camps de "mentir cuando dijo que no conocía a nadie de la trama, cuando dijo que no recibió regalos y cuando se constata que ha dado millones de euros a empresas de la trama".

La portavoz de Compromís, Mónica Oltra, que leyó en dos tadas un poema del recientemente fallecido Mario Benedetti, también acusó al presidente de mentir. "Nos ha mentido y un mentiroso no puede ser presidente de la Generalitat". Oltra dijo que la imagen del Gobierno valenciano "está como nunca" y Camps respondió que es el "mejor valorado" por los ciudadanos en la historia autonómica.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, pudo ayer por fin ofrecer sus anunciadas explicaciones sobre los trajes que presuntamente le regaló la trama que dirigía Francisco Correa. Camps admitió ante José Flors, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que encargó tres trajes al sastre José Tomás (que declara hoy), pero aseguró que los pagó en efectivo y que su mujer es la que controla la economía familiar. También afirmó que la relación que mantiene con Álvaro Pérez, el Bigotes, el responsable de la rama valenciana de la red de Correa, es "estrictamente profesional".

Durante casi una hora, Camps contestó a las preguntas que le formularon el juez y la fiscala anticorrupción Concepción Sabadell, que se desplazó desde Madrid a Valencia para interrogar al imputado estrella de este proceso. El magistrado le sometió a una batería de cuestiones sobre los trajes que supuestamente le regaló Pérez por un importe total de 12.783 euros, según el auto de inhibición del juez Baltasar Garzón, primer instructor del caso Gürtel.

El presidente valenciano explicó que en una reunión que celebró el PP en Valencia alguien comentó que conocía a una persona que les podía arreglar trajes confeccionados. Por ello, cuando viajó a Madrid se acercó a la tienda Milano, pero no se llevó ningún traje porque no le quedaban bien. Esta operación, según sus explicaciones, se repitió en dos ocasiones. Después, el sastre le envió a Valencia otros cuatro trajes que tampoco le gustaron, a pesar de que intentó que se los arreglaran en una tienda de ropa ubicada cerca de su domicilio.

La situación cambió cuando el sastre se marchó a trabajar a Forever Young. Tomás le llamó para comunicarle que ahora disponía de una sastrería mejor. En sus viajes a Madrid pasó por la tienda donde le tomaron medidas. Más adelante, el sastre también se desplazó al hotel en el que se hospedaba para probarle las prendas. Esta vez --estamos en el 2007-- el trato cuajó y Camps compró tres trajes en efectivo porque no utiliza tarjetas de crédito para uso personal. Su mujer es la que se encarga de la economía doméstica.

El líder del PP valenciano también explicó que adquirió unos zapatos en el 2007, pero que que tuvo que devolverlos porque se le rompieron. El calzado lo pagó igualmente en efectivo. Por último, Camps adquirió una americana de color azul marino en el 2008 después de que Tomás le informara de que la tienda tenía unas buenas rebajas. En esta ocasión, el dirigente popular no llevaba dinero encima. Por ello, pidió a uno de sus escoltas que le prestara los 150 euros que costó la chaqueta.

Por contra, Camps negó que el sastre le regalara un esmoquin o un frac para ir a Nueva York o Roma, como afirmaba el juez Baltasar Garzón en su auto. Lo único que admitió es que el frac que vistió en una recepción en el Vaticano se lo proporcionó Tomás, pero de prestado. También aseguró que en las sesiones de fotos para las campañas electorales viste sus trajes y que nunca nadie le ha cedido otros para posar.

Las reiteradas llamadas efectuadas al teléfono móvil del sastre cuando este declaraba ante la policía las justificó del siguiente modo: él se había enterado de que un medio de comunicación iba a publicar que la trama de Correa le había pagado 30.000 euros en trajes y quiso pedirle explicaciones.Respecto a su relación con Álvaro Pérez, el Bigotes, aseguró que le conoció en el 2002 porque le encargó un acto para el partido con motivo de las elecciones autonómicas. Desde entonces su relación con él se ha limitado a la organización de acontecimientos del PP en Valencia. También sostuvo que solo conoció que Orange Market, la empresa del Bigotes, era una de las empresas adjudicatarias de la Generalitat Valenciana a raíz del procedimiento judicial. Asimismo, negó que Pérez le hubiera acompañado nunca en las compras de su vestuario.

El magistrado hizo escuchar a Camps dos intervenciones telefónicas. En una de ellas, Álvaro dice: "Hola, presidente, muchas gracias". Camps explicó que es habitual que los ciudadanos le agradezcan por la calle que haya colocado al PP como primer partido en Valencia. También oyó la charla que el Bigotes mantuvo con la mujer de Camps en la que esta le decía: "Te has pasado 20 pueblos". Camps explicó que el Bigotes le había regalado un reloj muy caro, y a su hija, una pulsera con un colgante, pero que su mujer se los devolvió unos días después.

La Fiscalía Anticorrupción centró su interrogatorio en las actividades de la Consejería de Presidencia, pero Camps derivó cualquier dato al respecto a la jefa de gabinete, Ana Michavila, hermana del exministro de Justicia, que es "la persona encargada de controlar la agenda".

Pérez negó ante el juez poco después que hubiese efectuado regalo alguno a funcionarios públicos como los cuatro imputados en esta trama. Y Rafael Betoret, exjefe de la Consejería de Turismo, el tercer imputado en declarar ayer en el TSJCV, admitió haber comprado al sastre unos siete trajes en las tiendas Milano y Forever Young por valor de 6.000 euros, pero aseguró que los había pagado a plazos.

Una de las primeras cosas que Francisco Camps hizo tras completar su declaración ante el juez José Flors fue llamar por teléfono a Mariano Rajoy, que se encontraba en la localidad vallisoletana de Peñafiel para participar en un acto con alcaldes del PP. Pocos minutos después de mantener esa conversación, Rajoy aseguró a los periodistas que se sentía "muy contento" de que el juez no hubiera adoptado ninguna medida cautelar respecto a Camps y añadió que ya "preveía" que el presidente valenciano saliese "sin ningún cargo". Lo cierto es que el procedimiento "sigue su curso" sin ninguna variación, aclaró el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), por lo que la imputación contra Camps se mantiene.

"Reitero mi apoyo y confianza total", dijo Rajoy. Y esas palabras son dogma de fe en el PP valenciano, donde, pese a la inminencia de las elecciones, nadie flaquea lo más mínimo a la hora de defender en público la honradez de Camps y la conveniencia de su continuidad. Al contrario. Cada aparición del dirigente imputado supera en grado de espectacularidad y manifestaciones de adhesión a la anterior. Lo de ayer constituyó un nuevo ejemplo.

El Palacio de Justicia de Valencia, que fue construido en el siglo XVIII como edificio de aduanas y albergó en tiempos una fábrica de tabacos, es lugar de paso del autobús turístico que recorre la ciudad del Turia, y esa circunstancia brindó a los usuarios del servicio la posibilidad de presenciar una estampa de folclorismo singular: apostados a uno y otro lado de la calzada, dos grupos de ciudadanos, equipados con banderas y pancartas y vigilados por agentes de la policía, se increpaban a gritos mientras, en el interior del edificio, el presidente del Gobierno autonómico, imputado por un delito de cohecho, respondía a las preguntas del juez sobre unos trajes que supuestamente le había regalado un hombre apodado el bigotes.

La pintoresca escena, más García Berlanga que Blasco Ibáñez, era un reflejo exagerado pero elocuente de la situación de tensa polarización que vive la Comunidad Valenciana a raíz del escándalo de corrupción. Un clima enrarecido que ha ido contaminando tanto la acción del Ejecutivo que preside Camps --"paralizado", según la oposición-- como la dinámica interna del PP valenciano --cohesionado de puertas afuera pero sacudido por las especulaciones en torno a una posible sucesión-- y la propia vida de los ciudadanos, que dan al asunto lugar de preferencia en las tertulias de sobremesa y las charlas de ascensor.

A todo ello ha contribuido el sentido algo fallero de la puesta en escena con el que los colaboradores de Camps han preparado las apariciones del dirigente desde que se hizo pública su imputación. Después de los homenajes y los actos de adhesión de los días previos, la comparecencia de ayer ante el juez tuvo aires de apoteosis en el sentido clásico. El magistrado había fijado la cita para las diez de la mañana, pero Camps decidió madrugar y presentarse con una hora y cuarto de antelación. No lo hizo solo, ya que les escoltaban los tres vicepresidentes de su Gobierno --Vicente Rambla, Gerardo Camps y Juan Cotino-- y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Juntos entraron en el Palacio de Justicia jaleados por una veintena de militantes que agitaban banderas valencianas.

Con el paso de los minutos, esa veintena fue creciendo hasta convertirse en un centenar largo, entre el que se contaban varios alcaldes y numerosos cargos y asesores de la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia. Frente a ellos, parapetado tras la marquesina de una parada de autobuses, fue formándose un grupo, notablemente más reducido, de detractores de Camps, con visible presencia de sindicalistas.

El intercambio de gritos entre ambas hinchadas estuvo marcado por el clasicismo --al "¡Camps, a la prisión!" de unos respondían "¡Camps, presidente!" los otros--, pero tuvo momentos de rara inspiración: "¡Yes, we Camps!", vociferó en alguna ocasión la militancia del PP; "¡Te quiero un huevo!", respondió, zumbona, la oposición, aludiendo a la expresión con la que Camps se dirige al Bigotes en una de las conversaciones entre ambos cuya grabación forma parte del sumario.

La confrontación estuvo a punto de pasar a mayores en un par de ocasiones. Un simpatizante del dirigente imputado arrebató a un grupo de sindicalistas una pancarta contraria a Camps y huyó corriendo. Poco después, un hombre con blusón y pañuelo fallero que agitaba una bandera valenciana con un crespón negro fue zarandeado por los militantes del PP cuando desplegó ante ellos un letrero con la frase "Camps, dimite ya". "Una cosa es la libertad de expresión y otra, la provocación", se justificó una mujer que participó en el acoso al crítico.

A las once y media, el presidente valenciano abandonó el Palacio de Justicia, acompañado por el cuarteto de la entrada (Barberá, Rambla, Gerardo Camps, Cotino) y entre un griterío ensordecedor. Un cuarto de hora después llegó el Bigotes. Solo y con la melancólica altanería del apestado que un día lo tuvo todo.

Hubo regalos. Eso quedó claro ayer en la declaración de Francisco Camps ante el juez que investiga en Valencia el caso Gürtel. El presidente de la Generalitat admitió haberlos recibido de su amigo Álvaro Pérez, El Bigotes, hombre de confianza en Valencia de Francisco Correa, supuesto jefe de la trama corrupta. Pero argumentó que fueron en condición de amigo, que Pérez nunca le pidió que interviniera en nada y que él no favoreció a la empresa Orange Market desde su cargo, según fuentes del PP conocedoras de la declaración. Pero los 12.783 euros que la empresa de Álvaro Pérez pagó por trajes a Camps siguen sin aclararse. Ni un papel ni una factura. Camps sólo explicó que él se paga su ropa en metálico y que no guarda comprobantes. Y Pérez, que también declaró ayer, admitió su amistad con el presidente y negó haberle pedido ningún favor a cambio de regalo alguno.

El compromiso de Camps en las Cortes valencianas de aclarar en el tribunal todo lo ocurrido se redujo ayer a un relato sin prueba alguna. Tampoco Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, despejó por qué Orange Market abonó trajes a su nombre. Camps, Betoret y El Bigotes salieron del Tribunal Superior de Valencia imputados por delito de cohecho, como entraron.

Camps entró acompañado de los tres vicepresidentes autonómicos y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y contó con el respaldo de otros alcaldes y varios asesores. Fue coreado a favor y en contra a las puertas del tribunal: los gritos de "¡Camps a prisión!" se mezclaron con los de "¡Hasta la muerte con nuestro presidente!". Senyeras valencianas frente a pancartas y carteles con lemas como: "Amiguito del alma, ¿y las privatizaciones?" o "Camps, dimite ya". Hubo tensión entre el público y la policía tuvo que intervenir.

Todo el despliegue no sirvió para que el presidente de la Generalitat aclarara por qué recibió trajes pagados por una empresa que logró contratos y adjudicaciones de la Generalitat por valor, al menos, de ocho millones de euros.

La estrategia de Camps fue la de pedir un acto de fe al juez y a la acusación pública. El presidente popular afirmó que su vestuario se lo paga él y normalmente en efectivo. Dijo que Pérez nunca le pidió que le favoreciera y que confía en la legalidad de las adjudicaciones de su Gobierno. Su abogado intentó enfrentar el testimonio con la declaración que en su día hizo José Tomás, el sastre que le tomó medidas y al que admitió conocer. Todo sin papeles.

La defensa de Camps trató de desacreditar al sastre, quien afirmó en la Audiencia Nacional que por encargo de Orange Market hizo trajes para el presidente autonómico. Tomás declarará hoy como testigo. Camps concluyó su paso por el juzgado con esta afirmación: "Estoy contento de haber podido dar mi versión de lo ocurrido estos meses, estoy satisfecho y espero que vaya rápido y lo mejor posible". Eso dijo al salir.

Las otras declaraciones de ayer no aportaron tampoco luz. Rafael Betoret admitió conocer a Álvaro Pérez, haberse reunido con él por razones de trabajo e ignorar cómo y porqué se le adjudicó durante varios años el stand de la Comunidad Valenciana en Fitur. Pero ni un papel sobre los trajes que él recibió de Orange Market. El Bigotes se negó a responder a la fiscalía y con ello evitó escuchar las grabaciones comprometidas que obran en el sumario. Dijo a la sala ser amigo de Camps y no haberle pedido nunca que le favoreciera. Admitió haber hecho regalos, pero negó que fueran en pago a beneficio alguno.

Mariano Rajoy ofreció una versión distinta de lo ocurrido ayer. El presidente de los populares dijo desde Valladolid que Camps saldría del tribunal sin ningún cargo, pero no fue así: Camps continúa imputado por cohecho. Lo que el líder del PP quería destacar es que no se le había impuesto medida cautelar o fianza de responsabilidad alguna, como sí se ha hecho con varios de los aforados imputados en Madrid.

Más distinta aún fue la versión de la televisión autonómica Canal 9. Un día más, casi clandestina. El texto de la noticia fue: "Segunda jornada de declaraciones sobre las investigaciones derivadas del caso Gürtel. Hoy [por ayer] lo ha hecho el presidente de la Generalitat, que ha llegado acompañado de la alcaldesa, Rita Barberá, y los tres vicepresidentes del Consell. Francisco Camps ha recibido muestras de apoyo de la gente que esperaba a las puertas del tribunal. El presidente siempre ha dicho que se demostrará que todas las acusaciones son falsas". Ni una palabra de imputación, ni una de cohecho. Sólo imágenes de respaldo y apoyo.

El presidente Francisco Camps carece ya de coartada para eludir las preguntas sobre la relación entre su Gobierno y la supuesta trama corrupta del caso Gürtel. Fue la posición inequívoca sostenida ayer por todos los grupos de las Cortes, con la excepción del PP. El debate en el hemiciclo quedó eclipsado por lo que estaba sucediendo en el Tribunal Superior de Justicia, donde Camps declaraba desde las diez de la mañana por un supuesto delito de cohecho. Y prueba de ello fue la ovación que la bancada del PP ofreció a Ricardo Costa -imputado como Camps- cuando accedió al hemiciclo al comienzo de la sesión. Fuera del hemiciclo, la pregunta más oída en los corrillos fue: "¿Ha salido ya Camps de declarar?"

"Si tenía unas ganas locas, locas, de contarlo todo en los juzgados, hoy ya puede hacerlo", ironizó el portavoz socialista, Ángel Luna, recordando las palabras pronunciadas tan solo unas semanas antes por Camps en las Cortes para zafarse de la oposición. "O nos explica su relación con la trama o que se vaya a casa", agregó Luna a 24 horas de la sesión de control al Consell de los jueves en el Parlamento.

Enric Morera, de Compromís pel País Valencià, no se apeó de la línea apuntada por su grupo desde hace semanas. Morera adelantó que su grupo pedirá hoy los contratos, mayores o menores, adjudicados por la Generalitat a la trama empresarial que dirigía Francisco Correa. "No puede ser que el TSJ acceda a los contratos de Orange Market y del resto de empresas de la trama y nosotros, no", Y fue más allá. Compromís entiende que tras el caso Gürtel puede esconderse una supuesta red de financiación de un partido político. En cuanto al futuro del presidente Camps, para Morera cualquier cargo público imputado en delitos gravísimos "debería de dimitir como representante de las instituciones públicas".

Glòria Marcos, diputada de Esquerra Unida, pidió directamente la dimisión del presidente Camps o la convocatoria de elecciones anticipadas. "No hay otra fórmula para solucionar la parálisis del Consell. Camps está más preocupado por ver a quién llama el juzgado y a quién salpica esta situación", apuntó.

Las reacciones a la comparecencia de Camps ante el tribunal trascendieron la frontera de la política valenciana. Desde Ferraz, sede del PSOE en Madrid, el dirigente federal Antonio Hernando metía el dedo en la llaga: "Esperamos que el señor Camps haya dicho la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, pero, sobre todo, que haya presentado las facturas".

El caso Gürtel también generó polémica en el frente municipal. Carmen Alborch, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, pidió una explicación a la alcaldesa, Rita Barberá, de por qué en su etapa al frente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se adjudicaron a dedo contratos por más de 800.000 euros a Special Events, empresa de la trama liderada por Francisco Correa, para organizar las asambleas de 1999 y 2003. "¿Acaso no conocía los contratos que se hacían en la federación que presidía?", preguntó Alborch, quien exigió a Barberá un ejercicio de transparencia porque "todo poder entraña una responsabilidad".

La alcaldesa, por su parte, rechazó en tono airado comentar las adjudicaciones formalizadas por el que fuera su mano derecha en la FEMP, Álvaro de la Cruz. Barberá minimizó su propio papel en la institución y marcó así distancias con el asunto: "La presidenta de la FEMP es una presidenta política, que va ahí a presidir las reuniones". Barberá, sin llegar a aceptar preguntas al respecto, acusó a este periódico de tener "muchas ganas" de vincularla al caso Gürtel y aseguró que ha contactado a un abogado por "si hay algún animus" de injuriarla en la información publicada.

Álvaro de la Cruz fue nombrado secretario general de la FEMP por Barberá, quien dirigió la institución entre 1999 y 2003. En esa etapa, Special Events logró el contrato para montar la asamblea general de 1999 por 232.305 euros, el doble de lo que había costado la anterior, en 1995, como publicó ayer este periódico. De la Cruz también encargó a la empresa de la trama la asamblea de noviembre de 2003, de nuevo por el doble que la edición anterior, ya que el contrato se firmó por un importe de 570.000 euros.

Enric Morera también terció en la polémica para asegurar que las adjudicaciones de contratos públicos a las empresas investigadas son "la yema del huevo". "Cuando sepamos por qué se ha pagado con dinero público a empresas vinculadas con la trama de corrupción y qué se ha pagado, sabremos realmente si ha habido un soborno impropio", añadió Morera al ser preguntado por los contratos de la Federación de Municipios.

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, compareció ayer como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, del que salió, 45 minutos después, con la confirmación de que sigue imputado. El tribunal facilitó una escueta nota en la que afirma que "el proceso sigue su curso". Esto significa que los indicios de delito de cohecho apreciados por el juez Garzón antes de inhibirse en favor del Tribunal Superior (por la condición de aforados de tres de los investigados) no han sido disueltos por la declaración del presidente, pese a lo que él mismo había dado a entender que ocurriría al manifestar que nada deseaba tanto como poder comparecer ante el juez para aclarar el asunto.

Los dirigentes populares habían pretendido confundir a la opinión pública presentando la condición de imputado como un mero detalle procesal derivado de la forma en que había instruido el caso el juez Garzón. Pero el juez valenciano no ha encontrado motivos para modificar esa condición, lo que en principio significa que aprecia los mismos indicios. Si de la declaración se hubiera deducido una posición más favorable para el reo, el juez tendría que haberlo traducido en alguna medida. No ha habido tal, aunque tampoco ha solicitado medidas cautelares, lo que habría indicado reforzamiento de los indicios contra el reo.

El empeño del PP en quitar importancia a la imputación estaba motivado por su negativa a adoptar con alguien tan relevante en el partido las mismas medidas (suspensión de militancia) aplicadas a otros imputados de menor nombradía.

El PP tiene cada día más difícil mantener esa actitud, contraria a lo establecido en su propio código de conducta y que supone aplicar dos criterios diferentes en Madrid y en Valencia. Porque, entretanto, Camps sigue sin presentar facturas que, desmintiendo la documentación que figura en el sumario, acreditasen su afirmación de que él se pagó los trajes que presuntamente le regaló el jefe de la trama corrupta en Valencia. Y sigue también sin ofrecer una explicación que reste verosimilitud a la de que trajes y regalos pagaban un trato de favor en adjudicaciones.

Desde que la Audiencia Nacional adoptó las primeras decisiones sobre el asunto, la dirección del PP ha ido cambiando de estrategia para, en último extremo, encontrarse en la actual situación: todas las medidas políticas que se ha resistido a adoptar contra los implicados se vuelven contra la totalidad del partido una vez que las actuaciones judiciales se han puesto en marcha. La instrucción, entretanto, sigue su curso, y las excusas que los populares han ido desgranando hasta ahora van perdiendo verosimilitud a medida que se van conociendo nuevos datos. Al contrario de lo que el comité de recepción a Camps ante las puertas del tribunal ha querido dar a entender, no se trata de un proceso por motivos políticos, sino de un proceso por corrupción en el que, eso sí, están implicados varios políticos.

La relación del presidente valenciano, Francisco Camps, con la tienda de Forever Young en la calle de Serrano (Madrid) no sólo se deduce del testimonio del director de ventas y de varios empleados; tiene además un amplio soporte documental. El sumario valenciano del caso Gürtel incluye kilos de documentos aportados por los dueños de Forever Young sobre sus relaciones comerciales con Álvaro Pérez y Pablo Crespo, directivos de la trama corrupta de Francisco Correa a la que se atribuye el pago de sobornos a políticos del PP. Hay decenas de facturas o notas de la tienda en las que figura el nombre de Camps.

El sastre José Tomás, que atendía personalmente al presidente valenciano en Forever Young, tenía un modo particular de tratar con él. Le tomaba medidas, rellenaba las hojas con los encargos de los trajes, los facturaba y, después, se los cobraba a Pablo Crespo o Álvaro Pérez. Lo hizo durante varios años, siempre que sus clientes pertenecían a la cúpula valenciana del PP. Ese modo de operar queda acreditado por documentos de Forever Young (algunos ilustran esta página) donde figura el nombre de Camps, Ricardo Costa (secretario general del PP), Rafael Betoret (jefe de gabinete de la Consejería de Turismo que adjudicó cuatro contratos millonarios a la trama corrupta) o Victor Campos (ex vicepresidente del Gobierno valenciano).

Las compras de estos políticos quedaban siempre pendientes de cobro, según declaró Tomás al juez y ratificaron algunos empleados de la tienda. Uno de ellos afirmó: "No recuerdo haber cobrado en ninguna ocasión ninguna cantidad en metálico o con algún otro tipo de tarjeta bancaria, nada, a estas personas".

Con las facturas pendientes de cobro no bastaría para acreditar que la trama pagó sobornos a dirigentes del PP. La investigación judicial llegó hasta la cuenta corriente de la empresa Castellana de Inmuebles, propietaria de Forever Young, y encontró los documentos que coincidían hasta la última cifra con las facturas y apuntes de los empleados. El propietario de Forever Young, que decidió despedir a José Tomás cuando éste testificó, ha denunciado a su ex empleado por, supuestamente, llevar una doble contabilidad.

En la denuncia, el propio dueño de Forever Young aportó los documentos que acreditan el pago por parte de la trama corrupta de los trajes vendidos a dirigentes del PP. Y escribe: "[De la documentación] parece desprenderse que las sociedades que compraban en Forever (Servimadrid, Diseño Asimétrico, Orange Market) en realidad estaban pagando en prendas de vestir o en dinero si las prendas eran devueltas a las personas que aparecen en los recibos de venta [dirigentes del PP]".

LA 'CAJA B' DE CORREA REGISTRA REGALOS DE 3.000 EUROS EN ENTRADAS DE CIRCO A CAMPS

El análisis de la contabilidad de la red empresarial corrupta que dirigía Francisco Correa registró unos gastos de 3.000 euros para entradas de circo destinadas a Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana. El autor del regalo fue, según la investigación policial y judicial, Álvaro Pérez, El Bigotes, directivo de la trama corrupta encargado de hacer negocios en la Comunidad Valenciana, donde facturó en cuatro años de actividad cerca de ocho millones de euros en contratos a dedo y en otros que ganó en distintos concursos. El regalo de los 3.000 euros, que adelanta hoy el periódico La Vanguardia, ha sido confirmado a EL PAÍS por fuentes de la investigación.

Camps ha reducido hoy su implicación en el caso Gürtel a una cuestión electoral en la sesión de control de las Cortes Valencianas. "El problema es que el PP gana siempre en la Comunidad Valenciana. Ese es el problema, que quieren pararlo", ha dicho Camps tras ser interpelado por los socialistas acerca de sus relaciones con El Bigotes, y las adjudicaciones a Orange Market y otras empresas de la trama corrupta que dirigía Correa. En una sesión muy tensa, Camps ha llegado a referirse, sin citarlo, al caso GAL para defenderse de las críticas del socialista Ángel Luna, que le ha recriminado el uso que ha hecho de la Generalitat en el proceso judicial. "Nos están convocando a la defensa del orden constitucional", ha sentenciado el portavoz socialista.

El presidente valenciano ha vuelto a refugiarse en el secreto de sumario para no dar cuenta de sus explicaciones ante el Tribunal Superior de Justicia. Camps ha repetido una y otra vez que no hay "ninguna relación" con la trama corrupta y que todas las adjudicaciones "se han realizado mediante el proceso administrativo previsto en la ley".

La oposición, que no ha dudado en llamar a Camps mentiroso, le ha recordado que ha negado repetidamente la relación con Álvaro Pérez, que no ha facilitado los contratos con Orange Market y el resto de empresas de la trama corrupta y que ha insistido siempre en que tenía "unas ganas, locas, locas de contarlo" y sigue sin dar explicaciones.

La tensión se ha elevado en el hemiciclo por el uso partidario que ha hecho del reloj la presidenta de las Cortes, la popular Milagrosa Martínez, que ha llamado al orden a un diputado socialista y a la portavoz de Compromís, Mónica Oltra, que ha sido abucheada por la bancada popular tras afirmar que Camps tiene todas las garantías procesales gracias a la lucha de sus antepasados ideológicos y no por los antepasados ideológicos del PP, que "torturaban en comisarías y hacían juicios sumarísimos". La bronca ha seguido en el pasillo, cuando el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, ha interrumpido unas declaraciones de Oltra ante las cámaras de televisión para gritar: "Mis antepasados no fueron torturadores".

Por otra parte, el sastre José Tomás ha declarado esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en condición de testigo y tendrá que volver esta tarde para responder a las preguntas del juez. "Estoy tranquilo voy a contestar a todas las preguntas. No traigo ninguna documentación porque no tengo por qué hacerlo", ha dicho al entrar. Tomás ha llegado en taxi al Tribunal Superior de Justicia.

A la salida, y tras prestar declaración durante dos horas y media, Tomás ha asegurado que "no sabe ni tampoco le importa" quien pagó los trajes que se investiga si se regalaron a los dirigentes populares. "He sostenido la verdad. He contestado a todas las preguntas", ha afirmado. Preguntado por si mantiene la tesis de que Camps no pagó sus trajes, Tomás ha afirmado que no sostiene "ninguna tesis".

Así lo ha dicho el sastre a los periodistas durante un receso de su declaración como testigo ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que instruye la supuesta trama de corrupción del PP, el denominado caso "Gürtel".

El sastre ha prestado declaración entre las 11.00 y las 13.45 horas, comparecencia que continuará a partir de las cuatro de esta tarde, según ha informado el propio testigo.

Preguntado por quién pagó los trajes que habría adquirido en diferentes tiendas por el president del Gobierno valenciano, ha contestado: "Ni lo sé ni me importa".

"Lo he contado todo, todo", ha manifestado José Tomás, quien afirma haber dicho "la verdad y nada más", y ha pronosticado que aún le quedan "muchas horas" por declarar ante el magistrado instrutor, José Flors.

El testigo ha llegado al Palacio de Justicia a las 10.45 horas en un taxi acompañado por un equipo de la cadena de televisión Cuatro, y se ha limitado a avanzar a los periodistas que le esperaban a las puertas del TSJCV que acudía "tranquilo" a esta declaración, que pensaba responder "a todo" y que no tenía por qué aportar al juez documentación alguna relacionada con este caso.

Francisco Camps se convirtió ayer en el primer presidente de la Generalitat que declara como imputado en el Tribunal Superior de Justicia. Y tras declarar durante 45 minutos abandonó el juzgado. "Estoy satisfecho y contento de haber podido dar mi versión sobre lo que ha ocurrido estos meses. Espero que vaya rápido y lo mejor posible", dijo.

Pero la satisfacción de Camps, en medio del griterío de partidarios y detractores, por lo que cree que acabará en archivo, no tuvo su correlato político en el PP.

"Peor no podemos estar", argumentó un dirigente del PP. Fuentes del partido reconocieron que las imágenes de Camps a las puertas del juzgado emitidas por las principales cadenas de televisión habían tenido un efecto demoledor. "En Madrid, aunque nadie lo dirá en voz alta, muchos lo dan ya [a Camps] por amortizado. Aquí en Valencia, todavía se confía en que pueda salir adelante, sobre todo si se ganan las elecciones europeas [que Camps abrirá oficialmente esta noche en la sede del partido] y se archiva finalmente la causa", explicó otro cargo.

El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, reiteró una vez más su confianza en el presidente de la Generalitat, con quien celebrará un mitin en Alicante el próximo domingo.

En el Gobierno valenciano tampoco había ningún sentimiento de alegría o de satisfacción tras la declaración de Camps ante el Tribunal Superior de Justicia. La palabra para calificar el estado de ánimo de Camps era la de "sereno". "El presidente está muy tranquilo y sereno", afirmó el consejero de Inmigración, Rafael Blasco, que dio por asumido que, lejos del archivo inmediato de la causa, el "ratito largo" todavía tiene recorrido.

"Los procesos judiciales son muy lentos, no van acompasados con las dinámicas políticas, pero desde la confianza en que va a haber una resolución favorable al presidente, lo que sí sabemos es que aquellos que están alrededor de este montaje van a intentar derivarlo hacia otras cuestiones políticas", señaló Blasco. Una opinión que coincide con el entorno de Camps, que considera que será difícil que el TSJ pueda acreditar que hay indicios suficientes para llevar el supuesto delito de cohecho a juicio.

Sin embargo, en privado, cargos populares no ocultaban su estupor por la estrategia de defensa de Camps, trufada de contradicciones. Un diputado reconoció su sorpresa por el hecho de que, en vísperas de la declaración del jefe del Consell, se publicase en el diario El Mundo una conversación en la que Álvaro Pérez, El Bigotes, se refería a Camps como El Curita e indicaba que tan solo le dejaba los trajes hechos a medida al presidente de la Generalitat. "¿Cómo es posible que estén contentos por ver cómo El Bigotes ningunea en sus conversaciones al presidente?", prosiguió este cargo público, "Una conversación donde dice que le dejaba trajes a medida, cuando ha dicho en el partido que los pagaba en metálico". Y de lo que no hay duda es de que la calle está al loro. Álvaro Pérez ayer fue reconocido y abucheado por los viandantes que se cruzaban con él con gritos de "ladrón" o "suelta la pasta".

El malestar por la situación creada era evidente en todo el PP. El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, no se pudo contener, y acusó de plantear el posible relevo de Camps a "los que siempre están al lado del poder, que estaban junto a [Eduardo] Zaplana o a [Pedro] Agramunt", anteriores presidentes regionales del PP. Una referencia explícita hacia el sector democristiano, que en Valencia tiene sus referentes en el vicepresidente Juan Cotino y el candidato al Parlamento Europeo, José Manuel García Gargallo.

Mientras los reproches y los cambios de humor hacían mella en las filas populares, el entorno de Camps insistía en redoblar el esfuerzo para arropar al jefe del Consell. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, volvió a primera línea, para arropar a Camps, al que acompañó en la audiencia de la Generalitat posterior a la declaración del TSJ. Por la tarde varios consejeros le acompañaron a su otro acto en el Puerto de Valencia. Y hoy los diputados del PP han diseñado su propia estrategia para evitar que la oposición achante a Camps en la sesión de control en las Cortes.

El lunes pasado, mientras su alma rezaba en capilla esperando el momento de visitar el Tribunal Superior de Justicia, el cuerpo mortal de Francisco Camps se organizó diversos homenajes, para ver si los ecos de los aplausos ablandaban al juez. Participó, por ejemplo, en las jornadas Pueblo gitano y educación.

Allí, decenas de gargantas agradecidas lo aclamaron al grito de ¡Tío Paco! (un apelativo elogioso para esta minoría étnica) y a punto estuvieron de coronarlo rey de los gitanos. ¿Quién es este hombre tímido, beato, pulcro y siempre bien vestido, aunque sus problemas tienen que ver, precisamente, con las dudas que suscita la manera que tiene de conseguir sus trajes?

Francisco Camps Ortiz nació en Valencia en 1962, esto es, el mismo año en que Joan Fuster publica Nosaltres els valencians y los Beatles divulgan Love me do, aunque él no parece concernido por ninguno de estos dos emblemas de modernidad: prefiere sin duda a Mesonero Romanos y Concha Piquer. Llegó a la política de la mano de Rita Barberá, que lo nombró concejal de Tráfico en 1991. Como Rita, Camps procede del núcleo duro de la derecha valenciana: ambos fueron militantes de AP.

Tras despegarse del regazo maternal de Barberá, la carrera de Camps emprendió el vuelo. En 1997 fue conseller de Cultura, cargo que abandonó tras ser designado secretario de Estado de Administraciones Territoriales en el Gobierno de Aznar. Con las elecciones de 2000 fue diputado al Congreso, y en 2002 delegado del gobierno en el País Valenciano. Su gran momento, sin embargo, estaba por llegar.

Cuando Eduardo Zaplana abandona la presidencia de la Generalitat tras haberle exprimido todo su jugo para hacerse cargo del ministerio de Trabajo, Camps es designado sucesor. En mayo de 2003 accede a la presidencia y entonces comienza una guerra sangrienta para acabar con la influencia de Zaplana en el PP valenciano. Las huestes del de Cartagena se atrincheran en Alicante y Camps, para compensar, ha de echar mano de otro clásico, Carlos Fabra, que se cobra muy caro su apoyo.

Tras salir vencedor de esa contienda, nada parecía hacer sombra al Tío Paco. En 2007 revalidó su cargo con el 53% de los votos y en esas seguiríamos de no ser porque el juez Baltasar Garzón ha ido olisqueando bajo la alfombra del PP en Valencia y en Madrid unos efluvios con aroma a cohecho y presunta financiación ilegal.

Los problemas para Camps comenzaron cuando conoció a Francisco Correa y Álvaro Pérez, esa pareja feliz. Con Correa ya tuvo tratos en 2002, cuando Camps, como secretario general del partido, se ocupa del congreso del PP local. Menos de un año después de los hechos, Correa fundó oficialmente Orange Market, aunque ya estaba ahíto de trabajar para los conservadores. A partir de ese momento, Correa y Álvaro Pérez se convirtieron en los factótums más o menos invisibles de la política de "grandes eventos" de los peperos valencianos. Pérez es el "amiguito del alma" que le regala trajes a Camps, y a quien éste le declara su amor por teléfono "Te quiero un huevo", sin saber que Baltasar Garzón está a la escucha.

En esta época el país de los valencianos y su capital se convierte en una tierra de promisión donde el arquitecto Santiago Calatrava edifica sin límite de gasto la Ciudad de las Artes y las Ciencias, una "disneylandia para adultos" en corrosiva definición del escritor Joan F. Mira. Nada es suficiente, sin embargo, y a la megalomanía de Calatrava pronto se le unen la Americas Cup o el circuito urbano de Fórmula 1. Mientras tanto, se recibía como a un superhéroe al papa Ratzinger (julio de 2006), en una fastuosa ceremonia metropolitana de la que aún hoy ignoramos los gastos que ocasionó.

Ahora se sabe que, para estos u otros "eventos", Francisco Camps tenía un traje a medida pagado por Orange Market y otras empresas de la trama. La crisis acabó con sus sueños de grandeza pagados con el dinero público. A cambio, sin embargo, le ha quedado un fondo de armario muy variopinto. Y el finiquito de su carrera política, si Dios no lo remedia.

El president de la Generalitat, Francisco Camps, se ha mostrado "muy contento y satisfecho" de haber podido contar hoy al juez instructor del "caso Gürtel" "la verdad" sobre su supuesta relación con una trama de corrupción en el PP y ha expresado su confianza en que "esto vaya lo más rápido y lo mejor posible".

Camps ha hecho estas declaraciones a los periodistas a su salida del Palacio de Justicia, donde ha declarado como imputado durante 45 minutos por un supuesto delito de cohecho relacionado con la trama de corrupción del "caso Gürtel", y ha estado acompañado por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y sus tres vicepresidentes. El jefe del Consell, quien ha abandonado la sede del Tribunal Superior de Justicia en su coche oficial después de que decenas de seguidores le rodearan y cortaran el tráfico, ha señalado que tenía "muchas ganas de poder contar la verdad". "Y ya la he contado", ha añadido.

Francisco Camps ha atendido brevemente a dos grupos de periodistas -por un lado los audiovisuales y por otro los escritos y radiofónicos- antes de volver a saludar a varios simpatizantes que han permanecido desde primera hora de la mañana frente al Palacio de Justicia coreando lemas de apoyo y enfrentándose verbalmente con un grupo de sindicalistas que exigía la dimisión del president.

Por su parte, Barberá y los tres vicepresidentes del Consell han coincidido posteriormente en señalar que han visto "fenomenal" a Camps tras su comparecencia ante el magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV.

La declaración de Camps se ha producido un día después de la fecha inicialmente fijada por el magistrado instructor del caso, José Flors, ya que el abogado del president tenía que estar ayer presente en otra declaración señalada con anterioridad por otro órgano judicial.

Según las investigaciones desarrolladas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón antes de inhibirse en favor del tribunal valenciano, Camps adquirió trajes en diferentes tiendas por valor de 12.783 euros que fueron pagados por Orange Market, una de las empresas vinculadas a la trama supuestamente liderada por Francisco Correa.

El auto de inhibición señalaba que el president de la Generalitat recibió los trajes a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad entre 2005 y 2009 por valor de unos cuatro millones de euros.Según concretaba ese auto de Garzón, Camps acudía a Madrid a instancias de Álvaro Perez, conocido como "El bigotes" y que se encuentra ya declarando en el Palacio de Justicia, con el fin de adquirir ropa en las tiendas de Milano y Forever Young, en las que trabajaba el testigo José Tomás.

EL PRESIDENTE VALENCIANO SALE COMO IMPUTADO PERO "MUY SATISFECHO Y CONTENTO" DE EXPLICAR LA "VERDAD"

El PP valenciano ha sacado la casa por la ventana para apoyar a su presidente, Francisco Camps en su declaración como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por un presunto delito de cohecho vinculado con la trama Gürtel. Ha llegado al tribunal acompañado de la alcaldesa de Valencia Rita Barberá y sus tres vicepresidentes en el Gobierno valenciano. Allí se congregaron asimismo numerosos simpatizantes del PP para expresar su apoyo al president. Al salir, un Camps muy sonriente (como marcan las instrucciones no escritas de la comunicación política para estos casos), se ha manifestado "muy satisfecho y muy contento" por poder explicar ante el juez "la verdad". Éste, por cierto, le ha mantenido la imputación, lo que no ha impedido que se dé baño de multitudes con los simpatizantes que allí seguían. Pero no todos eran afines, otro grupo que portaba como señal de identidad una pancarta con un bigote negro (en alusión a Álvaro Pérez), se ha acercado para escenificar su protesta. La tensión entre los del "¡president, president!" y los que reclamaban "trajes para todos" ha ido subiendo de tono hasta el punto que la policía ha tenido que intervenir para aislarlos ante el temor de que los altercados acabaran en una batalla campal.

Francisco Camps ha finalizado ya su declaración como imputado ante el TSJV en el marco de la Operación Gürtel. Tras unos 45 minutos de comparecencia, el presidente valenciano ha abandonado las instalaciones, asegurando a la prensa que se encuentra "muy satisfecho y contento" de haber podido explicar al juez "la verdad" sobre su imputación, y que espera que todo vaya "lo más rápido y mejor posible". El juez ve indicios de un presunto delito de cohecho, y apunta que el presidente valenciano podría haber recibido trajes por valor de 12.783 euros pagados por Orange Market, la empresa de Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama, en Valencia.

El presidente de la Generalitat valenciana ha llegado a la sede del tribunal a las 8:50 de la mañana, una hora antes de que comenzara su turno de declaración, y lo ha hecho acompañado de sus tres vicepresidentes (Vicente Rambla, Juan Cotino y Gerardo Camps), y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Juntos y sin hacer declaraciones han entrado en el tribunal. Diez minutos después, los vicepresidentes y han abandonado las instalaciones, pero ha permanecido Rita Barberá.

Numerosos simpatizantes y... detractores

A su llegada al tribunal un grupo de seguidores ha aplaudido y vitoreado a Camps al grito de “presidente, presidente”. Los alrededores de la sede del Tribunal Superior de Justicia se han convertido, mientras declaraba como imputado en el caso Gürtel el president de la Generalitat, Francisco Camps, en un hervidero de gente que ha coreado mayoritariamente frases de apoyo, aunque también se han oído lemas en contra: sobre las 10 de la mañana un grupo de la Intersindical Valenciana se ha congregado también frente al tribunal portando globos blancos y rojos y unos bigotes gigantes (en alusión a los de Álvaro Pérez, que también ha comparecido esta mañana como imputado). Allí han desplegado una pancarta con el lema “Amiguito del alma, ¿y las privatizaciones?”.

A partir de ese momento, con medio millar de personas congregadas, la calle ha quedado dividida entre los seguidores de Camps, que ocupaban las aceras junto a la puerta principal del TSJCV, y los detractores, que se han ubicado justo enfrente, en las isletas destinadas a las autobuses de la EMT, separados por la calzada por la que pasaban los coches. Uno de los simpatizantes del president se ha enfrentado con los sindicalistas y ha roto su pancarta, entre aplausos y frases de "Camps president".

La tensión dialéctica entre ambos "bandos" ha devenido en una ocasión en un forcejeo, cuando se ha presentado un hombre ataviado con un blusón y pañuelo fallero y el cartel "Camps dimite ya", o la expulsión al grito de "fuera, fuera" de una mujer que se ha mostrado poco adicta al PP. Así, se han sucedido los gritos de "caradura, caradura", apagados por los mayoritarios de "presidente, presidente" o "Yes, we Camps"; los reproches como "sindicatos vividores", "sois cuatro gatos" o "más trabajar, menos marear", respondidos con silbidos y los lemas "Camps a la prisión", "trajes para todos" o "fuera", e incluso el pinchazo de dos de los globos de los detractores del president. La tensión ha ido creciendo entre ambos bandos hasta el punto de que han tenido que ser separados y protegidos por la Policía, un bando, por la nacional y el otro por la local.

La salida de Camps ha sido anunciada con la llegada de la alcaldesa y los tres vicepresidentes para acompañarle, quienes han sido recibidos con aplausos y vítores. El presidente se ha podido dar un auténtico baño de multitudes antes de subirse al coche oficial en el que ha abandonado el lugar, mientras Barberá y los vicepresidentes se han marchado andando entre los saludos de la gente.

Hoy han prestado también declaración como imputados el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, y el director de Orange Market, Álvaro Pérez El Bigotes, a quien une una fuerte amistad personal con Camps. Todos están acusados de presuntos delitos de cohecho.

Si, cuando empezaron las declaraciones en el TSJCV de dirigentes del PP valenciano, los periodistas superaron con creces a los ciudadanos que se acercaron a mostrar su apoyo a Ricardo Costa, hoy la prensa ha quedado en clara minoría frente a las personas que han querido manifestar su apoyo y defensa del president.

Desde primera hora de la mañana, antes incluso de que Camps llegara al Palacio de Justicia acompañado por los tres vicepresidentes del Consell y por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, han empezado a congregarse seguidores del PP, entre los que se han repartido banderas con la señera, y se han organizado las consignas que iban a corear.

Pasadas las diez de la mañana, cuando se suponía que Camps estaba declarando ya, ha llegado una decena de miembros de Intersindical Valenciana portando cuatro globos blancos y rojos, de los que colgaba una saca roja, y han desplegado una pancarta en la que se podía leer "Amiguito del alma, ¿y las privatizaciones?".

A partir de ese momento, con medio millar de personas congregadas, la calle ha quedado dividida entre los seguidores de Camps, que ocupaban las aceras junto a la puerta principal del TSJCV, y los detractores, que se han ubicado justo enfrente, en las isletas destinadas a las autobuses de la EMT, separados por la calzada por la que pasaban los coches.

Un hombre trajeado ha arrancado inmediatamente la pancarta y la ha hecho pedazos, entre aplausos y frases de "Camps president", con lo que los sindicalistas se han quedado con sus cuatro globos y la saca, y han mostrado dos grandes bigotes, en alusión al apodo con que se conoce al dirigente de Orange Market, Álvaro Pérez.

Durante el tiempo que ha durado la declaración de Camps, en la calle se han vivido momentos de tensión dialéctica entre ambos "bandos", que incluso han devenido en una ocasión en un forcejeo, cuando se ha presentado un hombre ataviado con un blusón y pañuelo fallero y el cartel "Camps dimite ya", o la expulsión al grito de "fuera, fuera" de una mujer que se ha mostrado poco adicta al PP.

Así, se han sucedido los gritos de "caradura, caradura", apagados por los mayoritarios de "presidente, presidente" o "Yes, we Camps"; los reproches como "sindicatos vividores", "sois cuatro gatos" o "más trabajar, menos marear", respondidos con silbidos y los lemas "Camps a la prisión", "trajes para todos" o "fuera", e incluso el pinchazo de dos de los globos de los detractores del president.

Para entonces, la gente situada en las isletas de los autobuses estaba custodiada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, mientras la Policía Local se encargaba del bando de enfrente y de la prensa, situada detrás de unas vallas que hoy han sido atadas para que no se derribara ninguna, como ocurrió ayer en un momento de caos.

La salida de Camps ha sido anunciada con la llegada de la alcaldesa y los tres vicepresidentes para acompañarle, quienes han sido recibidos con aplausos y vítores, y se han empezado a oír frases como "hasta la muerte con nuestro presidente" frente a otras de "caradura" y "sinvergüenza".

Camps ha hecho unas breves declaraciones a la prensa -primero a las televisiones y luego al resto de medios, como se había acordado previamente- y a partir de ese momento se ha desbordado el público, que ha irrumpido en la calzada cortando el tráfico entre vítores y saludos, muy superiores a las críticas.

El president ha subido entonces a su coche oficial y ha abandonado el lugar, mientras Barberá y los vicepresidentes se han marchado andando entre los saludos de la gente. Cuando un cuarto de hora después ha llegado el siguiente imputado, Álvaro Pérez, sólo quedaban allí los periodistas, y un despistado que le ha gritado "mangante".

El presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró que ya sabía que el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, saldría "sin ningún cargo", tras declarar durante 45 minutos en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) como imputado en el denominado 'caso Gürtel'. Camps mantiene la condición de imputado porque el proceso continúa abierto.

Así lo aseguró Mariano Rajoy a preguntas de los periodistas antes de participar en un encuentro con alcaldes y concejales del PP celebrado en la localidad vallisoletana de Peñafiel. Al respecto, el máximo responsable del PP reiteró su "apoyo y confianza total" en el presidente de la Generalitat valenciana al tiempo que se mostró convencido de que este apoyo también es "total" por parte de "la mayoría de los valencianos, que no aciertan a ver lo que está ocurriendo"

Asimismo, Mariano Rajoy aseveró sentirse "muy contento" de que Francisco Camps saliese "sin ningún cargo" tras su declaración, cosa que él "ya preveía".

LA ALCALDESA DE VALENCIA PODRÍA VERSE TAMBIÉN SALPICADA POR LA TRAMA CORRUPTA

Álvaro de la Cruz, secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la época de Rita Barberá, quien presidió el organismo entre 1995 y 2003, adjudicó a Special Events, la principal empresa de la presunta red corrupta dirigida por Francisco Correa, dos contratos a dedo por valor de 800.000 euros, según revela hoy el diario El País. La FEMP encargo a la presunta trama corrupta la organización de dos Asambleas –hasta 1995 éstas las preparaba personal interno-, una en 1999 por valor de 233.305 y otra en 2003 por 570.000. Ya ayer, el diario de Prisa explicaba que De la Cruz está acusado de recibir presuntamente 30.000 euros en sobornos tal y como indica la supuesta Caja B de Correa.

Con el PP, Gürtel extendió sus tentáculos a la FEMP que vio como el coste de sus Asambleas se cuadriplicaba. Y es que si en 1995 cuando el cónclave era organizado con personal propio se gastaron 194.126 euros, en 2003 la cifra ya ascendió a 570.000 euros, sin incluir los gastos de alquiler del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid (15.000 al día) y los de alojamiento de los miembros de la comisión y personal de la Federación.
Gastos excesivos

La elevada cifra, que supera muy significativamente el presupuesto de la misma Special Events en la Asamblea de 1999 -233.305 euros- se explica porque la administración Barberá de la FEMP decidió contratar a la empresa corrupta servicios como seguridad, ADSL, arcos detectores de metal, audiovisuales, iluminación, faxes, impresoras, limpieza, mobiliario y servicio médico. Todas estas facilidades las presta el mismo pabellón en el que se celebra el cónclave habitualmente; a pesar de ello, la administración Barberá decidió contratárselas a Correa.

Cabe mencionar que antes de la llegada de la alcaldesa y su número dos a la cúpula de la FEMP, Special Events no organizaba actos para el organismo, financiado con cuotas municipales y fondos ministeriales. Asimismo, ya en la presidencia socialista del organismo a la empresa se le invitó a montar la Asamblea de noviembre de 2007, aunque finalmente no se le contrató.

En cuanto a De la Cruz, además de mano derecha de Barberá fue jefe del gabinete de Fransico Álvarez Cascos en su etapa de secretario general del PP. El ex diputado tiene, además, otro importante contacto en el partido: el tesorero Luis Bárcenas, quién podría haber recibido 1,35 millones de euros en sobornos de la Gürtel. Tal como ha reconocido De la Cruz, según explica El País, propietario de la empresa de seguridad Serygur, Bárcenas medió por él ante la Comunidad de Madrid en un concurso.

Pérez, conocido como "El bigotes", ha salido de la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a las 12.35 horas tras haber sido citado a las doce para el interrogatorio del magistrado que instruye la causa abierta en la Sala de lo Civil y lo Penal, José Flors.

El empresario, que entró en el edificio judicial asegurando que llegaba tranquilo y emplazó a los periodistas al término de su declaración para atenderles, se ha limitado a manifestar: "Sigo respetando al Tribunal y sigo respetando el secreto de sumario".

A continuación se ha marchado en solitario, aunque acompañado por una nube de periodistas que intentaban lograr alguna declaración más del quinto y último imputado que ha declarado entre ayer y hoy por el caso "Gürtel".

Pese a que ya no quedaba nadie del medio millar de personas que ha "tomado" la acera y aledaños del Palacio de Justicia, Pérez ha sido increpado por un ciudadano mientras se marchaba con los gritos de "ladrón, ladrón" y "devuelve la pasta".

Betoret llegó al Palacio de Justicia sobre las 10.50 horas para declarar en calidad de imputado en el denominado 'caso Gürtel', cuando todavía se encontraba en el interior el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y salió una hora más tarde andando y sonriente.

Rafael Betoret, quien salió del tribunal valenciano andando, no contestó a las preguntas de los periodistas y se limitó a sonreír hasta que, finalmente, se subió a un taxi en la plaza Alfons el Magnànim y abandonó las inmediaciones del TSJCV.

El único imputado que queda prestando declaración ante el magistrado instructor del 'caso Gürtel' es el responsable de la empresa Orange Market, Álvaro Perez, conocido como 'El bigotes', quien ya ha avanzado que atenderá a los medios a su salida.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) adjudicó a la empresa Special Events, pieza clave de la trama corrupta que lideraba Francisco Correa, la celebración de sus asambleas generales de 1999 y 2003 por un monto total de más de 800.000 euros. Los contratos -el segundo de ellos por el doble de dinero que el primero- fueron suscritos cuando el organismo estaba presidido por la popular Rita Barberá, alcaldesa de Valencia. Ambos fueron firmados por el entonces secretario general de la FEMP, Álvaro de la Cruz Gil, quien anteriorormente había sido estrecho colaborador de Francisco Álvarez Cascos. En la contabilidad B (dinero negro) de la red de Correa figura un supuesto pago de 30.000 euros a De la Cruz que está siendo investigado.

La trama corrupta que lideraba Francisco Correa halló un buen cliente en la FEMP -organismo financiado con cuotas municipales y fondos ministeriales- cuando esta institución estuvo bajo control del PP, entre 1995 y 2003. Special Events fue adjudicataria de la séptima asamblea de la FEMP, celebrada en Madrid en 1999, pero entonces sólo facturó 232.305 euros por la organización del evento. Dicha cantidad suponía duplicar el precio de la anterior, en 1995, cuyo costo total liquidado fue de 194.126 euros.

De la Cruz, nombrado por Barberá, fue el encargado de formalizar ese contrato y también el de la siguiente asamblea general, celebrada también en Madrid en noviembre de 2003. Este segundo contrato se firmó por un monto total de 570.000 euros, es decir, el doble del costo de la anterior asamblea. Special Events tuvo como representante a Pablo Crespo, que había sido dirigente del PP gallego y que hoy está imputado en el caso Gürtel y encarcelado.

Ya bajo presidencia socialista, Special Events fue invitada a organizar la novena asamblea, en noviembre de 2007, pero no fue contratada. No lo había sido tampoco antes de la llegada del PP y de Álvaro de la Cruz, quien fue jefe de gabinete de Francisco Álvarez Cascos cuando éste era secretario general del partido. Las anteriores asambleas (en 1993 y 1995) fueron organizadas con personal de la propia FEMP.

El contrato de 2003 no incluía dos partidas de gran importancia para la celebración del evento, como eran el alquiler del Palacio Municipal de Congresos de Madrid y los gastos de alojamiento de miembros de la comisión ejecutiva y del personal de la FEMP. ¿Qué incluía tal pago? Según el detalle del contrato pactado entre Special Events y la FEMP, se incluía desde el "diseño y construcción del escenario, fachada y banderas, iluminación, medios audiovisuales, sonido, diseño e impresión de cartelería y señalización interior" hasta la "construcción del stand del hall de la FEMP y seis stands políticos", pasando por "plantas y decoración floral". Por si el pago no era ya generoso, el contrato añadía: "Los gastos extra que se generen se facturarán aparte con sus correspondientes presupuestos".

Llama la atención que la FEMP encargase y pagase a Special Events servicios para su asamblea de 2003 como seguridad, ADSL, arcos detectores de metales, audiovisuales, iluminación, faxes, impresoras, limpieza, mobiliario o servicio médico cuando el lugar donde se celebró tal evento, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, disponía de todas esas prestaciones a disposición del cliente con una tarifa publicada en su página web. Actualmente, el alquiler completo del palacio cuesta 15.000 euros diarios.

De la Cruz, firmante de ambos contratos, se dedica al mundo de la seguridad con su empresa Serygur y ha reconocido que Luis Bárcenas, senador y tesorero del PP, medió a su favor ante la Comunidad de Madrid en un concurso. Álvaro de la Cruz figura o ha figurado en diversas sociedades: Ciudad 21 Foro de Innovación Local, Técnicas Audiovisuales Comunitarias, Internetxi Soluciones Técnologicas Avanzadas, Facilita Servicios Auxiliares, Protecny Segurity Alium Seguridad y Serygur.

De pronto, los trajes que supuestamente Orange Market pagó a Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret pasaron a segundo plano. En la comparecencia de los primeros imputados valencianos en el caso Gürtel, la fiscalía poco menos que se desentendió de los trajes y puso el foco en un aspecto que Garzón no había acabado de investigar: la financiación del PP a través de las empresas de la trama y, singularmente, de Orange Market, que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes.

Durante media hora, las dos fiscales anticorrupción preguntaron al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, por los contratos del partido con las empresas de la trama dirigida por Francisco Correa, por su intervención en alguna de las adjudicaciones de la Generalitat y por si él introdujo a El Bigotes en la Administración.

Antes de Ricardo Costa declaró el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos durante media hora. El juez mantuvo para ambos la imputación por un presunto delito de cohecho.

Ricardo Costa tuvo que escuchar la grabación de una conversación entre él y Álvaro Pérez en la que ambos hablaban de terceras personas y de una determinada reunión. Durante esa conversación ninguno de los dos se refirió ni una sola vez a los trajes ni a ningún tipo de regalo.

Las fiscales insistieron en la relación de Costa con Álvaro Pérez y de éste con el PP y con la Administración valenciana. ¿Favoreció Costa que el PP valenciano contratara a las empresas de Pérez? ¿Medió para que El Bigotes consiguiera contratos de la Generalitat? ¿Cuántas veces se reunió con él, para qué y en calidad de qué? Costa no eludió preguntas de ninguna de las partes. Al terminar su declaración dijo que había contestado a más de lo que le preguntaron.

Tras conocerse el interrogatorio de las fiscales sorprendió menos la enigmática afirmación de Costa a su salida del tribunal: "Todos los hechos que se me imputan son previos a mi elección como secretario general del PP [en 2007]". El dirigente popular se desmarcaba así de hipotéticos contratos con Orange Market hechos desde la Administración antes de ser elegido. En el momento de los hechos era vicesecretario general.

EL CONSELL INSTRUYE A QUIENES DECLARARÁN EN EL TSJ POR SU RELACIÓN CON 'EL BIGOTES'

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y su Gobierno han insistido reiteradamente en que todas las contrataciones con Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, han sido fruto de "un proceso limpio en su adjudicación". Quizá por eso, miembros del Consell han empezado a instruir a las personas que participaron en la adjudicación de los distintos contratos a Orange Market para "coordinar declaraciones" y que no haya testimonios disonantes que cuestionen la normalidad de los "expedientes administrativos". De hecho, ha sido personalmente un miembro del Consell quien ha contactado con un ex alto cargo de la Generalitat para aleccionarle acerca de una adjudicación a Orange Market a la vez que le transmitía la idea de que podrá ser recuperado para la Administración en un futuro próximo.

Fuentes del PP, en contraste con las declaraciones públicas de tranquilidad, no ocultan en privado su preocupación por la deriva que pueda tomar la investigación que realiza el Tribunal Superior de Justicia, que ha citado a declarar como testigos a más de 30 personas relacionadas con la adjudicación de contratos a Orange Market.

Ayer, el interrogatorio de la Fiscalía al secretario general del PP, Ricardo Costa, se centró fundamentalmente en su capacidad para contratar en la dirección regional del partido y su ámbito de influencia sobre determinados funcionarios que realizaron contrataciones con la empresa de Álvaro Pérez. Motivo por el cual Costa se encargó de recalcar que su nombramiento como secretario general del PP tuvo lugar en junio de 2007 y que accedió al puesto de portavoz del Grupo Parlamentario en abril de 2008. Fechas que son posteriores al periodo investigado por el juez instructor y la Fiscalía Anticorrupción. El auto remitido en su día al TSJ por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón hacía referencia a varios apuntes contables de la trama de empresas corruptas que dirigía Francisco Correa al PP de la Comunidad Valenciana.

Además de Ricardo Costa, ayer declaró también en calidad de imputado el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos. Aunque la solidaridad del PP con ambos fue bien distinta. Campos acudió a las 9.15 de la mañana tan solo acompañado por su abogado. Y salió de la misma manera, rodeado por una nube de cámaras y micrófonos. Campos no quiso hacer ningún comentario sobre su declaración. Dos horas más tarde hizo su entrada en el TSJ Ricardo Costa, que acudió acompañado de los vicesecretarios de Comunicación, Política Local y de Organización del PP valenciano. A Costa lo arroparon unas decenas de cargos y militantes del PP, mientras dos o tres viandantes, al advertir su presencia, lanzaron gritos de "trajes para todos".

La salida de Costa, que atendió a los medios de comunicación, fue jaleada por simpatizantes del PP, que, a las puertas del TSJ, lanzaron gritos de "esta es la checa [los locales en los que se interrogaba y juzgaba de forma sumarísima durante la Guerra Civil] de ZP".

Costa, cuyos abogados depositaron "elementos probatorios" del pago de los trajes, aseguró estar tranquilo y convencido de que actuó siempre "conforme a legalidad". A pesar de que es la primera vez que un portavoz del PP declara como imputado, Canal 9 omitió la información en el sumario de informativo de mediodía.

El secretario general del PP en Valencia, Ricardo Costa, y el exvicepresidente de la Comunidad Valenciana Víctor Campos admitieron ayer ante el juez José María Flors, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que encargaron trajes a la trama de Francisco Correa a través de su amigo Álvaro Pérez, el Bigotes, que dirigía en esta comunidad Orange Market. Costa también reconoció que se reunió con el Bigotes cuando el sastre José Tomás fue llamado a declarar por la Fiscalía Anticorrupción. Hoy, a las diez de la mañana, el TSJCV espera al presidente valenciano, Francisco Camps.

Costa, asistido por el catedrático Ramón Hermosilla, explicó que conoció al Bigotes en 1996 porque organizaba actos para el partido. Sin embargo, hasta el 2004, cuando empezó a ocupar cargos en el PP de Valencia, no empezó su amistad. Una relación, no obstante, en la que nunca se intercambiaron favores, según fuentes judiciales.

Pese a ello, aceptó conocer en el 2005 al sastre Tomás tras la insistencia de Pérez, quien le informó de que podía conseguir trajes bonitos y baratos. El sastre le tomó las medidas en Valencia, pero el traje no le quedó bien y se le cosió otro que tampoco pudo ponerse. Ante este situación, la secretaria de Costa pidió la factura al Bigotes, que alcanzaba los 1.400 o 2.000 euros. Costa abonó el importe a su amigo, según su versión.

El imputado también admitió que acudió a las tiendas de Forever Young en el 2007 y el 2008 junto a Pérez y que se compró unos vaqueros y unas corbatas que pagó en efectivo. Costa rechazó haber percibido más prendas de vestir de la trama de Correa. El juez Baltasar Garzón, en su auto de inhibición, explica que la red corrupta le pagó tres trajes a medida en Milano y un traje y dos pantalanes en Forever Young por un importe de 7.325 euros.

El secretario del PP también escuchó durante su declaración, que duró una hora, unas conversaciones que mantuvo con Pérez. En ellas, el Bigotes le pide que se vean después de que Anticorrupción llamase a declarar al sastre.

Costa acudió a su despacho hacia las once de la noche. El Bigotes, según fuentes judiciales, le informó de que tenía problemas con una de las empleadas, Isabel Jordán, proveedora del PP en Valencia y que ha resultado ser una pieza clave. Costa le contestó, según las mismas fuentes, que no conocía a Jordán y que estaba contento con los servicios prestados por las empresas de Correa.
Por su parte, el Bigotes comunicó al jefe de esta trama que Costa les había exigido que buscaran una solución tras la declaración del sastre en la fiscalía para evitar que él saliera perjudicado. El secretario general del PP se enredó en sus explicaciones, según fuentes jurídicas, ante las insistentes preguntas del magistrado. Además, el imputado admitió conocer a la mano derecha de Correa, Pablo Crespo, y al jefe de esta trama corrupta porque coincidió con él en la boda de el Bigotes. Pese a ello, el dirigente popular no fue capaz de reconocer ninguna de las empresas que trabajaban en esta trama.

El juez Garzón también reveló en su auto de inhibición que en unas intervenciones telefónicas quedó claro que Pérez y Crespo habían intermediado para Costa al encargarse de la venta de un vehículo y comprarle uno nuevo, realizando gestiones ante concesionarios de automóviles. Sin embargo, Costa explicó otra versión bien distinta al juez del caso.

El dirigente popular explicó que había comentado al Bigotes que quería vender un Mercedes de su propiedad, por si conocía a alguien que lo quisiera comprar. Sin embargo, finalmente lo adquirió un tercero y con este dinero y un préstamo que le dieron sus padres adquirió otro vehículo. Este crédito está declarado en el registro de bienes de altos cargos en el Parlamento valenciano. Costa aseguró que paga unas letras de 1.000 euros a sus progenitores.

Por su parte, Campos afirmó que conoció a Pérez en el 2003 porque su empresa trabajó en la campaña electoral. También que el Bigotes le presentó al sastre y que le encargó tres trajes, dos americanas y tres o cuatro pantalones que abonó a Pérez a plazos. Sin embargo, no pudo aportar facturas.

Asimismo, explicó al magistrado que no tenía competencia para contratar obras públicas. Tampoco admitió que hubiera contratado a las empresas de Correa para actos del partido y rechazó haber realizado encargos profesionales a Orange Market. Además, explicó que no comentaba con el Bigotes los contratos que este obtuvo de la Generalitat.

Hoy comparece el presidente de la Generalitat Valenciana, que está imputado por un delito de cohecho. Camps tiene previsto recibir al mediodía al vicepresidente de Asuntos Exteriores de Bulgaria, pues está convencido de que su declaración judicial será un trámite. Además, también declararán hoy el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo hasta julio del 2007, Rafael Betoret, y Álvaro Pérez, el ya archiconocido Bigotes.

Si algo le reconocen al PP todos sus adversarios es su capacidad para darle la vuelta a la tortilla en tiempos de escándalo o sacar rédito de situaciones en principio adversas para las filas conservadoras. Los populares presumen de esta habilidad y, si alguien osa ponerla en duda, sacan de inmediato a colación su último trofeo político: la cabeza del exministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, en pleno apogeo del caso Gürtel.

Varios cargos del partido se atrevieron ayer a augurar que, en apenas unas horas, habrá otra vuelta de tortilla en este caso de corrupción en la parte que atañe al valenciano Francisco Camps. "Él demostrará su inocencia y nosotros lograremos la cohesión del partido denunciando la operación de acoso y derribo", apuntaba ayer un dirigente popular tras conocer que el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y el exvicepresidente de la comunidad Víctor Campos abandonaron el juzgado sin medidas cautelares tras haber declarado como imputados.

En el día de hoy está previsto que Camps declare ante el juez. En la preparación de su defensa ha trabajado, además de su abogado, el actual responsable de justicia del partido, Federico Trillo (en boca de todos por su posible responsabilidad política en el caso del accidente del Yak-42). El exministro de Defensa tiene experiencia sobrada en estas lides, ya que, en los 90, también estuvo actuando entre bambalinas en el caso Naseiro, un asunto que afectaba de lleno a la financiación del PP de José María Aznar. Entonces, la estrategia de defensa de los populares logró la anulación de buena parte de las pruebas (en su mayor parte grabaciones): el partido consiguió dar su peculiar vuelta a la tortilla.Los populares confían de nuevo en su suerte y en que Camps y sus compañeros valencianos tengan preparado un golpe de efecto para presentar a los tribunales que, en vísperas de las elecciones europeas (el 7 de junio), dé un argumento a la dirección para poder cerrar filas.

"Esto de Camps se soluciona en 15 días", vaticinaban ayer diputados populares. Mientras, Mariano Rajoy procura hablar poco de los tribunales --ya sea en el caso Gürtel como en el caso Yak-42--. Al fin y al cabo, Camps le proporcionó avales y votos en el congreso de Valencia en el que fue reelegido. Días antes de ese congreso, Trillo le hizo a Rajoy el trabajo sucio de verse con algunos de sus críticos para reconducir la situación. No lo logró en todos los casos. Y no siempre fue bien recibido por sus interlocutores. Pero esa es otra historia.

El secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, ha declarado a su salida del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana donde ha declarado en calidad de imputado por un supuesto delito de cohecho que ha respondido a todas las preguntas que se le habían formulado en la sala tanto por parte de la fiscalía como del juez instructor. "Incluso a algunas que no me han preguntado", ha afirmado.

Costa ha manifestado que "las imputaciones que se me hacen no tienen ningún fundamento" y ha subrayado que él accedió al cargo de secretario general del PP valenciano con posterioridad a que se produjeran los hechos por los que ahora está imputado. El secretario general del PP valenciano, que a su entrada al TSJ fue abucheado por un pequeño grupo de personas que le llamaron "ladrón, ladrón", ha añadido que su abogado disponía de toda la documentación probatoria que demostraba la inexistente base para su imputación.

Costa ha manifestado que no podía contar nada más porque se encontraba bajo el secreto del sumario. El TSJ, en una nota oficial del pasado 2 de abril, comunicó que el secreto del sumario se había levantado en la pieza "Aforados de Valencia". Por su parte, Víctor Campos, ex vicepresidente del Consell, que fue el primero en declarar en el TSJ valenciano por el caso Gürtel, ha dicho encontrarse "muy tranquilo" al salir de la sala donde declaró en calidad de imputado por un supuesto delito de cohecho. El juez instructor, José Flors, no ha tomado medidas cautelares contra ninguno de los dos.

Aunque hoy estaba previsto inicialmente que fuera Camps quien comenzara las declaraciones ante el juez Flors, ayer se trasladó a mañana su comparecencia por problemas de compatibilidad horaria de su abogado, Javier Boix, que tenía otra cita en los tribunales a la hora fijada. Boix ha pasado esta mañana un momento por la sede del TSJ para cumplimentar alguna diligencia y ha abandonado el palacio de justicia.

El sumario del presunto cohecho por el que se investiga a cuatro cargos de la Comunidad Valenciana, entre ellos su presidente, Francisco Camps, incluye informes de la Agencia Tributaria en los que se certifica que las empresas de la trama Orange Market y Easy Concept efectuaron compras a la firma de ropa Milano. El importe declarado en 2005 fue de 86.155,38 euros y 34.336 euros, respectivamente. Otro informe acredita pagos similares en 2006.

En poder del juez instructor figuran los detalles de los encargos que Milano hizo para los imputados en la causa: el presidente Camps; el portavoz parlamentario, Ricardo Costa; el ex vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos y ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret. Algunos documentos se dirigían a Pablo Crespo, uno de los hombres de confianza de Francisco Correa encargado supuestamente de pagar los trajes.

Las declaraciones de los empleados de la tienda de Milano y del sastre que atendía personalmente al presidente Camps, José Tomás, certifican que quien pagaba los encargos "era un señor bajito y con bigote que se llamaba Álvaro [Pérez]", el responsable de Orange Market. Pérez "era el que llevaba todos los temas", se lee en alguno de los correos internos de la empresa aportados a la causa.

El respaldo de la dirección nacional del PP al presidente de la Comunidad Valenciana parece no tener marcha atrás. "El PP va a mantener su apoyo al presidente Camps", contestó ayer la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, al ser preguntada en rueda de prensa si su partido pretendía mantener "pase lo que pase" la militancia al líder de los conservadores valencianos. La número dos del PP abogó también por que "se conozca la verdad lo antes posible". Por la tarde, en un acto en Seseña (Toledo), fue más contundente. La continuidad de Camps, dijo, "no está en entredicho".

Camps, citado a declarar como imputado en el caso Gürtel, comparecerá mañana ante el juez. La cita estaba prevista para hoy, pero ayer fue suspendida atendiendo a una solicitud de su abogado. Javier Boix, letrado del líder del PP del País Valenciano, argumentó su petición en que "ha de estar presente en otra declaración señalada con anterioridad por otro órgano judicial". Sí comparecerán hoy el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el secretario general del PP de la Comunitat Valenciana, Ricardo Costa. Con esta decisión, Camps consigue no ser el primer dirigente del PP valenciano en declarar.

Pese a no querer precisar en qué basa el PP su confianza absoluta en que esta imputación "quedará en nada", De Cospedal insistió en que el partido no duda de Camps porque su defensa consistirá en "decir la verdad". "Está completamente tranquilo", recalcó. Y deseando defenderse de los "ataques e injurias" que ha recibido.

Reacia a desvelar cuál será la estrategia si la situación de Camps se complica, Cospedal sí señaló que el PP irá haciendo pronunciamientos "conforme se vayan produciendo los acontecimientos". Todo, en defensa de las "personas honorables del partido".

La dirección nacional del PP está convencida de que de la citación de Camps no se derivarán acusaciones más graves. Menos seguro tienen que el juez archive mañana la causa contra él. "Lo más lógico es que siga como imputado. Es difícil que se archive a la primera", explican fuentes del partido. Tampoco creen que el juez vaya a imponerle una fianza, como ha ocurrido en varios casos de la rama madrileña. "Por tres trajes nos parece impensable", recalcan.

La línea de defensa exhibida en los últimos días por destacados dirigentes del PP ha sido la de restar importancia a que Camps haya podido aceptar "dos o tres trajes" como regalo de Álvaro Pérez, El Bigotes, presunto cabecilla de la trama en el País Valenciano. La postura del partido respecto a estos trajes ha variado en los últimos meses. Al estallar el escándalo, a nadie en el PP se le pasaba por la cabeza que Camps no hubiera pagado sus trajes. Ahora, a la espera de que aparezcan las facturas, la opinión más extendida es que pudo haber aceptado los trajes "a cambio de nada". "Lo que hay en el sumario es una figura que se llama cohecho impropio", relatan en el entorno del líder del PP.

En la misma nota que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) informaba del cambio de día de comparecencia, se precisaba la citación de algunos testigos. Se trata de "todas las personas que han autorizado contratos entre la administración de la Generalitat Valenciana y la empresa Orange Market y a quienes formaron parte de las mesas de contratación". Nada más conocerse estas nuevas citaciones, el vicepresident del Consell, Vicente Rambla, recordó que esta disposición "corrobora una medida que ya sugirió el president en una de sus intervenciones públicas".

Pese a que en el PP desean que el caso no tenga efectos en los resultados electorales del 7-J, el equipo de Rajoy tiene "meridianamente claro" que van a tener Gürtel toda la campaña. En público, no obstante, se muestran optimistas: "Este caso es un acontecimiento periférico y no influirá en las europeas", señaló el diputado Miguel Arias Cañete.

Rajoy volvió a trasladar su apoyo a Camps mientras el ex presidente José María Aznar se mostraba convencido de que "todo se aclarará" y criticaba las filtraciones.

La defensa de Francisco Camps consiguió ayer ampliar su margen de maniobra después de que el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) José Flors, que investiga la rama valenciana del caso Gürtel, una red de corrupción vinculada al PP, aceptara aplazar un día la comparecencia del jefe del Ejecutivo autonómico. De este modo, Camps no será hoy el primero en declarar tal y como estaba previsto. Lo hará mañana, y con cierta ventaja, puesto que su hombre de confianza, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, ya se habrá enfrentado antes que él a las preguntas del juez.

Tanto Camps como Costa deberán responder a la acusación de la Fiscalía Anticorrupción de aceptar regalos --en concreto, trajes-- a cambio de adjudicar contratos de la Administración autonómica a las empresas de la trama dirigida por Francisco Correa, en prisión desde el pasado febrero. Por ese mismo delito están imputados otros dos altos cargos del Gobierno valenciano: el exvicepresidente Víctor Camps y el exjefe del gabinete de la Consejería de Turismo, y en la actualidad jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret.

Entre los cuatro, según Baltasar Garzón, primer instructor del caso Gürtel, habrían recibido 34.908 euros en vestuario confeccionado en las tiendas Milano y Forever Young, en Madrid, a cambio de favorecer a la empresa creada por Correa en Valencia, Orange Market, cuyo responsable es Álvaro Pérez, alias el Bigotes, amigo personal de Camps e imputado por Garzón y por el magistrado del TSJCV, que lo ha llamado a declarar mañana, dos horas después que al jefe de los conservadores valencianos y un día antes que al sastre de todos ellos, José Tomás, que acudirá ante el juez en calidad de testigo.

Pero aún hay más novedades. El juez Flors decidió ayer llamar a declarar a todas aquellas personas que han autorizado contratos entre la Generalitat Valenciana y la empresa Orange Market, así como a todos los que han formado parte de las mesas de contratación. Otra decisión del magistrado fue ordenar que se practique una prueba pericial contable. Con ella trata de averiguar algo que la oposición en el Parlamento valenciano lleva pidiendo desde que se conoció la implicación de Camps: saber la cantidad y la cuantía de los contratos que el Gobierno autónomo ha firmado con las empresas de la trama de corrupción.

Según Garzón, el 70% de la facturación de Orange Market procede de la Consejería de Turismo, para la que durante cinco años realizó el pabellón de Fitur, por un mínimo de un millón de euros en cada edición, la oferta más cara de todas las que se presentaban al concurso. Este fue el único dato confirmado en principio por el Gobierno valenciano, que negó que hubiera más relación con la compañía investigada. Sin embargo, días después el Ejecutivo de Camps tuvo que admitir que la empresa del Bigotes, con cuatro trabajadores en plantilla, había cobrado más de 500.000 euros por organizar la inauguración de la Vuelta la Mundo de Vela en Alicante.

La oposición ha denunciado "la falta de transparencia" y la "opacidad" del Gobierno autonómico en lo que respecta a sus contratos con la firma Orange Market, y asegura que esta ha facturado al Ejecutivo y al PP más de ocho millones.

Camps dice que tiene unas "ganas locas" de defenderse ante el juez, pero por ahora su abogado, Javier Boix, no ha hecho más que retrasar su declaración. Primero, intentó sin éxito anular las actuaciones de Garzón; ahora, ha ganado un día alegando que hoy tiene que estar presente en otra declaración fijada anteriormente.

Entretanto, el presidente valenciano va de homenaje en homenaje como un cantante camino de su retirada. Ayer, en dos actos públicos preparados para la ocasión, recibió el respaldo y la ovación de numerosos altos cargos, incluidos el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por varios delitos, y el zaplanista José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante.

Altos cargos del Gobierno valenciano tendrán que declarar ante el juez y explicar los contratos adjudicados por la Generalitat a Orange Market, una de las empresas de la trama corrupta dirigida por Francisco Correa. José Flors, instructor de la parte valenciana del caso Gürtel, dictó ayer una providencia en la que comunica que investigará todos los contratos de la Generalitat con esa empresa y con su responsable, Álvaro Pérez, El Bigotes, quien gozaba de la confianza de altos cargos de la administración autonómica, gobernada por el PP.

Dicha providencia, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), recoge específicamente que serán citadas a declarar las personas que autorizaron los contratos con Orange Market y aquellas que formaron parte de las mesas de contratación. Eso significa que tendrán que acudir ante el juez, en calidad de testigos, cargos de la máxima relevancia institucional y probablemente decenas de funcionarios.

En primer lugar, lo harán Milagrosa Martínez, presidenta de las Cortes y consejera de Turismo entre 2003 y 2007; Vicente Rambla, vicepresidente primero y consejero de Presidencia, responsable de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana; Angélica Such, actual consejera de Turismo; Alejandro Font de Mora, consejero de Educación; o Rafael Blasco, actual consejero de Inmigración, que era responsable de Territorio cuando la empresa pública Vaersa adjudicó a Orange Market una campaña publicitaria, en noviembre de 2004, por 138.678 euros en un procedimiento negociado sin publicidad.

Son sólo algunos de los cargos que podrán acudir. Orange Market ha conseguido, al menos, ocho millones de euros de la administración valenciana, una cuarta parte por adjudicación directa, sin concurso.

El instructor pretende así, con la pericial contable y los testimonios, comprobar la relación entre los apuntes de contabilidad, los regalos y los contratos, a través de documentos, declaraciones y grabaciones. Eso podría ampliar la investigación a tráfico de influencias y prevaricación. Vaersa ofreció el trabajo a tres empresas que tenían el mismo administrador único.

- El pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur durante cinco años consecutivos, entre 2005 y 2009. El primero, por 1.344.000 euros. El último, por 916.000 euros.

- Los conciertos y actos con ocasión de la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante el pasado mes de octubre por un total de 445.000 euros.

- Una campaña de publicidad para el uso del contenedor amarillo por 140.000 euros en noviembre de 2004. Orange Market incumplió el contrato y cobró la mitad.

EL JUEZ LLAMA A DECLARAR A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CARGOS QUE CONTRATARON CON ORANGE MARKET

El instructor del caso Gürtel ha llamado a declarar como testigos a todos los altos cargos y funcionarios de la Generalitat que han participado en la mesa de contratación y en las adjudicaciones de los contratos con Orange Market. En la misma providencia, pide una pericial contable y notifica el cambio en el orden de declaraciones de los imputados, por lo que se atrasa la comparecencia del presidente Francisco Camps un día.

Con esta nueva diligencia, el magistrado José Flors le ha dado un giro positivo e inesperado a la investigación sobre un posible cohecho cometido por el presidente Francisco Camps y los otros tres altos cargos del PP imputados en las diligencias abiertas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Según la nota oficial del gabinete de comunicación del TSJ, "el magistrado instructor de la causa abierta por supuesto delito de cohecho, atribuido a las cinco personas imputadas", acordó ayer por la mañana "llamar a declarar como testigos a todas las personas que han autorizado contratos entre la administración de la Generalitat Valenciana y la empresa Orange Market SL, y a quienes formaron parte de las mesas de contratación".

Ello supone que el juez deberá oficiar, si no lo ha hecho ya, a todas las consellerias que han adjudicado contratos a la empresa de Álvaro Pérez, Orange Market, para que les remita la relación de personas que decidieron estas contrataciones. El juez especifica que testifiquen "todas las personas", tanto cargos de responsabilidad -que serían en última instancia los directores generales correspondientes-, como los funcionarios que participaron en la "mesa de contratación", y entre los que figuran también miembros de los servicios jurídicos de la Generalitat.

Según declaraciones del diputado nacional del PP Esteban González Pons, realizadas ayer a la cadena de radio Onda Cero, el número de personas que serán interrogadas por el juez "puede ascender a unas 35", en vista de las consellerias implicadas.

Tanto estas testificales como la pericial contable que ha pedido el juez que se practique sobre los contratos adjudicados a Orange Market, hacen suponer una instrucción exhaustiva que permita fundamentar con pruebas testificales, periciales y documentales el resultado de la investigación. Éste podría ser tanto el archivo, como la imputación de otras personas que aparecieran implicadas, e incluso la ampliación a los ya imputados o a los nuevos en otros delitos. Hay que recordar que el juez Baltasar Garzón ya declaró imputados por los delitos de tráfico de influencias y falsedad los dos no aforados, Víctor Campos y Rafael Betoret.

De otro lado, la declaración del presidente de la Generalitat, prevista para mañana, "ha sido suspendida y trasladada al día 20", 24 días después de la fecha inicial, según el TSJ. La nota oficial explica que ello se debe a que lo ha solicitado "el abogado defensor de Francisco Camps al magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia". El motivo es que "el letrado -Javier Boix- tiene que estar presente en otra declaración señalada con anterioridad por otro órgano judicial", añade la nota. Esta petición retrasa el deseo repetido por el presidente Camps de hablar ante el juez.

DIEZ CONSELLERS, MEDIA DOCENA DE DIRECTORES GENERALES Y 25 CONTRATOS BAJO SOSPECHA

Como la colección de contratos de Orange Market con la Generalitat se ha hecho básicamente al menudeo, en su mayoría escapó a la fiscalización previa, a la publicidad, a la libre concurrencia, a la Sindicatura de Comptes y, en último término, a las Corts, al poder legislativo. El magistrado José Flors, que lleva la investigación de la rama valenciana de la trama Gürtel, no parece dispuesto a que los 25 contratos públicos adjudicados -en un 80% a dedo- a la franquicia valenciana de la red societaria de Correa, escapen también al control judicial. Hasta diez consellers son directa o políticamente responsables de contratar con la empresa de cabecera del Consell y el PP valenciano para organizar campañas, eventos y saraos.

Sólo las cinco adjudicaciones consecutivas logradas por la empresa de Álvaro Pérez para montar el pabellón valenciano en Fitur y cuatro ferias más se otorgaron por concurso. Y la Sindicatura de Comptes puso en solfa la valoración de las ofertas económicas. La propia consellera Angélica Such admitió que Orange Market presentó la propuesta más cara en Fitur 2009. Además de Such, con la empresa acusada de regalar 34.908 euros en trajes al presidente Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, han tenido tratos consellerias dirigidas por Milagrosa Martínez (también desde Turismo), Alicia de Miguel (Bienestar Social), Miguel Peralta (Justicia), Esteban González Pons (Presidencia), Rafael Blasco (Sanidad y Territorio), José Ramón García Antón (Infraestructuras), Víctor Campos (Vicepresidencia), Vicente Rambla (Conselleria de Presidencia) y Alejandro Font de Mora (Educación). Éste último era el máximo responsable de la Fundación La luz de las Imágenes y del Consell Valencià de l'Esport cuando abonaron facturas de organización del Open de Tenis de la Comunitat Valenciana, como contó Levante-EMV en exclusiva.

La ley establece que el conseller es quien, a propuesta de la mesa de contratación, rubrica la adjudicación salvo que el máximo responsable del departamento delegue en otro cargo según lo previsto en el reglamento de la conselleria. En el caso de los contratos de Orange Market sólo hubo mesa de contratación en los concursos de Fitur, dado que el resto o son concesiones directas o están hechas por empresas públicas.

En el caso de estas últimas o los contratos menores, es el director general quien rubrica. Por ejemplo, la de Promoción Institucional, Dora Ibars firmó el acuerdo con Orange Market para el montaje del acto inaugural de la Volvo Ocean Race. También firmó la gerente de la Sociedad para la Imagen, Arantxa Vallés. Pedro García (RTVV), Vicente Farnós (Proyecto Cultural de Castelló) o Juan Miguel Bellver (Vaersa), eran responsables de sociedades públicas las que facturó Álvaro Pérez. La directora general de Archivos e Innovación Tecnológica de Educación era Silvia Caballer cuando desde ahí se pagaron 48.080 euros, troceados en cuatro facturas de 12.020, por la organización de un congreso. Un fraude de ley en toda regla.

No todo en el PP es adhesión inquebrantable al presidente. Esa es la cara visible, la de los aplausos, pero hay otra que emerge en privado. Dirigentes del partido y algún miembro del Gobierno no están tan convencidos como Camps de que la nueva etapa que se inicia mañana con su declaración ante el juez vaya a ser un camino de rosas.

La inacción del presidente estos meses, la negativa tajante a dar explicaciones salvo en sede judicial e incluso la estrategia planteada para su defensa pública tiene detractores. Entre quienes marcan distancias respecto del discurso oficial, hay dirigentes que sostienen que será inevitable abrir el debate de la sucesión si la situación judicial de Camps se complica. Son los mismos que consideran que el Consell está paralizado y su pulso político bajo mínimos.

El debate está abierto, aunque en el círculo de confianza del presidente se haya instalado el optimismo y se considere que la hipótesis más razonable sea el archivo de la causa.

El nombre de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, está sobre la mesa como una firme opción si se tuercen las cosas. La alcaldesa es diputada en las Corts aunque sus ausencias en las últimas sesiones de control no han pasado desapercibidas pese a que los dirigentes del PP han enviado mensajes a los diputados para que acudieran al hemiciclo a aplaudir al presidente. La alcaldesa es uno de los primeros soportes morales del jefe del Consell y ya fue una de las primeras en acudir al Gabinete de crisis montado el 19 de febrero en el Palau de la Generalitat cuando trascendió la posible implicación del presidente en la trama corrupta. Siempre ha estado con Camps en los momentos complicados. Barberá aseguró el viernes que el relevo en la presidencia "ni se plantea", pero a nadie escapa que su ascendente sobre el partido, que le permitiría aunar a todos los sectores, y la relación de amistad con Mariano Rajoy la convierten en candidata ideal para la dirección de Madrid. Pero Barberá sólo daría el salto en circunstancias muy concretas y si Rajoy se lo pide.

El debate también está abierto en Génova donde no son pocos quienes piden un único criterio en cuanto a las suspensiones de militancia. En Madrid han sido suspendidos de militancia, entre otros, los aforados Alberto López Viejo, Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco.

Si finalmente no lograran convencerla, la sucesión natural sería el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, aunque las fuentes aseguran que el portavoz no se plantea esta situación porque da por supuesto que la situación judicial del presidente se solucionará y por eso en los planes inmediatos de los consellers no figura la sucesión de Camps porque, aseguran las fuentes, a nadie la cabe en la cabeza que Camps dimita.

La otra opción si las cosas se complican para el jefe del Consell es el adelanto electoral, aunque el presidente de momento lo descarta de plano e incluso lo ha calificado de "frivolidad".

El presidente del Gobierno valenciano, Francisco Camps, recibió ayer el apoyo de sus más próximos en un acto institucional convocado en el Palau de la Generalitat en vísperas de su declaración como imputado en un delito de cohecho en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Una declaración que estaba prevista para hoy y que se ha pospuesto hasta mañana por problemas de agenda del abogado que defiende al presidente de la Generalitat.

El Pacto Local por la Inmigración, un acuerdo menor de la Generalitat con ayuntamientos y diputaciones, fue el argumento utilizado por Presidencia de la Generalitat para convocar a los principales cargos del PP en la Comunidad Valenciana con el objetivo de animar y aplaudir a Camps horas antes de comparecer ante el juez. El acto se convocó, según reconocieron varios de los asistentes, a finales de la semana pasada, cuando ya se conocía que Camps estaba citado a declarar este martes.

Los diputados, alcaldes y altos cargos de la Generalitat, todos ellos del PP o nombrados a instancias de los populares, recibieron a Camps con una salva de aplausos que se prolongó durante cinco minutos. El presidente valenciano hizo su entrada acompañado de los presidentes de las diputaciones provinciales -con el castellonense Carlos Fabra a la cabeza, también imputado en varios delitos contra la Administración y delito fiscal- los alcaldes de las tres capitales y la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.El auditorio -pese a las caras de preocupación por la situación en la que se hallan el presidente de la Generalitat y el secretario general del partido, Ricardo Costa- ovacionó al presidente del Consell hasta en seis ocasiones. Y una vez concluido el acto, fue invitado a salir de su despacho para recibir el afecto de los cargos populares y los representantes de las organizaciones de inmigrantes convocadas por el consejero de Inmigración, Rafael Blasco.

Pero si la adhesión de los cargos populares fue estridente, la quiebra del apoyo monolítico que las organizaciones empresariales han prestado al jefe del Consell hasta hacerse pública su condición de imputado fue más silenciosa.

Al acto solo acudieron el presidente de la patronal autonómica Cierval, Rafael Ferrando; el de la Cámara de Comercio de Valencia, Arturo Virosque; el presidente del Puerto de Valencia, Rafael Aznar; y el de la Asociación Valenciana de Agricultores, Cristóbal Aguado.

La Confederación Empresarial Valenciana (CEV), y la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) excusaron su asistencia. La patronal alicantina, Coepa, admitió que había recibido la invitación la semana pasada, pero su presidente, Modesto Crespo, no acudió a la cita porque tenía que acudir a una reunión de la Institución Ferial de Alicante (IFA). La Cámara de Comercio de Alicante, por su parte, aseguró no haber recibido invitación alguna.

En Castellón, la Cámara de Comercio sí estaba invitada. Aunque no pudieron precisar qué día recibieron la convocatoria, explicaron que su presidente, Salvador Martí Huguet, no había ido porque tenía otra reunión sobre el Congreso de Calidad del Azulejo, Qualicer, que se celebrará en 2010. La Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) dijo que no había sido invitada.

Ni CC OO ni UGT asistieron al acto organizado por la Consejería de Inmigración. "Evidentemente, no era el momento de acudir, no nos podíamos sumar a una convocatoria que perseguía una fotografía de unidad en torno a Camps", apuntó un representante de Comisiones Obreras. Sí asistieron a la Generalitat los dirigentes del CSIF, USO y el Sindicato Independiente.

Tampoco acudieron al acto institucional las entidades que cuentan con una mayor trayectoria en el trabajo con los inmigrantes, como son las asociaciones y ONG integradas en la Mesa d'Entitats de Solidaritat amb els Inmigrants. En este caso porque no fueron convocadas, como las asociaciones de inmigrantes más reivindicativas. La mayor parte de las entidades de inmigrantes que acudieron tienen una buena relación con el Consell. La portavoz de los inmigrantes en el acto de la Generalitat fue Andrea Ruso, vicepresidenta de la Asociación de Empresarios Rumanos de Valencia.

Al acto asistieron un buen número de cónsules de países de la Unión Europea.

El PP lleva semanas restando importancia a los trajes que Francisco Camps, el presidente de la Generalitat Valenciana, aceptó de Álvaro Perez, El Bigotes, uno de los principales implicados en el caso Gürtel. Pero aunque los conservadores lo consideren un asunto menor, basándose en que la factura suma apenas 12.000 euros, expertos en Derecho Penal consultados por Público sostienen que los trajes en cuestión suponen valor económico suficiente como para ser considerados cohecho, siempre que se establezca que el regalo tenía como objetivo influir en las decisiones de Camps.

El delito de cohecho, precisa Jorge Vizueta, del departamento de Derecho Penal de la Universidad de Zaragoza, trata de penalizar tanto al que solicita o recibe un regalo o una dádiva por hacer algo como al que lo ofrece. El regalo es, precisamente, lo más característico del cohecho. Puede ser dinero en metálico, pago de servicios, viajes y, por supuesto, prendas de vestir.

Todos los expertos consultados coinciden en señalar que no todos los regalos son iguales. "Un bolígrafo", señala Vizueta, "no tiene gran valor" a estos efectos, pero "trajes de 12.000 euros, sí". El límite de los correcto no está escrito en ninguna parte; depende de la jurisprudencia y tiene que ver con los usos "socialmente admisibles". María José Rodríguez Puerta, profesora de Derecho Penal de la Autónoma de Barcelona, asegura que "cualquier regalo desborda la ética" pública, pero sólo los que tienen valor económico pueden dar lugar a un delito. Un billete de lotería, argumenta, puede estar dentro de lo socialmente tolerado, pero no una suma en metálico, da igual que sean "1.000 euros o 40.000".

Según Inés Olaizola, profesora de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra, lo importante no es la cuantía de la dádiva, sino el hecho de que se entregue para que un funcionario público cometa un delito. Por eso es irrelevante, subraya, cuando el regalo se entrega a alguien por "un acto propio de su cargo". Eso ocurre cuando "un médico opera a mi hijo y yo le hago un regalo", explica.

En la medida en que el regalo se entrega para que el funcionario público cometa un acto constitutivo de delito, siempre será cohecho, argumenta Olaizola. En el caso de los trajes de Camps, razona, "hay que demostrar" que se recibieron a cambio de un compromiso para favorecer a alguien, se trate de una persona física, de una empresa o de un partido. Con todo, Olaizola no es tan pesimista como algunos de sus colegas, que confirman la dificultad de probar el cohecho. Demostrar la conexión "no es lo más dificil. Es cuestión de indagar", asegura.

La recepción de regalos está prohibida bajo determinadas circunstancias. Si el regalo se entrega "en consideración a la función" que desempeña quien lo recibe, explica Vizueta, sí se puede castigar; pero si se da alegando sólo amistad, no sería perseguible.

Para Inmaculada Valeije, profesora de Derecho Penal de la Universidad de Vigo, regalar un jamón de jabugo, que puede tratar de "predisponer una decisión", "lamentablemente se considera un regalo sin más". En su opinión, la principal circunstancia para establecer que existe cohecho sería que "quien realiza el regalo tenga intereses que dependen de las competencias del funcionario público". El mero hecho de aceptar dádivas de quien solicita licencias o contratos ya "es sospechoso" y "pone en entredicho la ética" de quien lo hace.

Valeije llama la atención sobre la práctica de aceptar presentes de alguien, sean maletas de Vuitton o trajes de marca. "El que acepta regalos de los administrados, difícilmente permanece imparcial el día que tiene que tomar una decisión que les afecta", concluye.

En este punto, la opinión de los expertos es muy crítica. Rodríguez Puerta explica que la regulación española del cohecho "es muy compleja, poco clara y hace muy difícil la tarea de los tribunales. Las pruebas son complicadas porque todos están interesados en ocultar". "Es muy difícil establecer una vinculación entre la decisión del funcionario y el pago recibido", confirma Valeije.

En cambio, Olaizola sostiene que, "en principio, el delito está bien regulado". Y sólo observa algunos defectos relacionados con la confusión derivada de la redacción de algunos artículos. "Un problema importante en el cohecho", subraya, es que aun "probando los hechos y castigando al funcionario, es mucho más difícil castigar a la empresa que soborna". "Es más una costumbre de los tribunales", señala, que tienen "la mentalidad de sancionar al funcionario corrupto" y no toman en consideración "que hay empresas con gran poder económico capaces de ejercer unas labor corruptora enorme".

El vigente Código Penal, explica Valeije, "no responde a las formas refinadas que adopta la corrupción hoy en día". Las penas "son bajísimas" en relación con los tres delitos relacionados con este ámbito: las negociaciones prohibidas, los conflictos de intereses y el cohecho. Hoy en día, tiene más castigo robar 200 euros en la calle que aceptar un soborno desde un cargo público, asegura la profesora de la Universidad de Vigo.

Todos opinan que el proyecto de reforma del Código Penal, actualmente en preparación, no va a mejorar sustancialmente las cosas. "Algo se hace mal cuando el derecho penal no cumple su función y no ataja el delito", concluye Vizueta.

El penalista de Zaragoza es muy crítico con que en España se castigue más el cohecho, un "acto preparatorio" para la comisión de otro delito, normalmente de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es), que ese delito mismo.

De nuevo la mayoría de los expertos consultados están de acuerdo. Apuestan por la prohibición, porque la dificultad de probar el cohecho consagra una cierta impunidad de los funcionarios públicos que utilizan la administración al servicio de sus intereses personales. "Deberían prohibirse para evitar dudas" y poner fin la "tolerancia" que existe con las prácticas destinadas a "engrasar actos de la Administración", asegura Rodríguez Puerta.

La profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona sostiene además que sería muy conveniente "establecer un código ético y castigar como cohecho cualquier regalo con valoración económica". "Hay que atajar las prácticas corruptas" porque "el sistema no ha funcionado", afirma tajante.

COSPEDAL APUNTA QUE LA CONTINUIDAD DEL DIRIGENTE EN POLÍTICA NO ESTÁ EN DISCUSIÓN

El comité de dirección del PP se reunió ayer para analizar, entre otras cuestiones, la estrategia a seguir frente a la imputación del presidente de Valencia, Francisco Camps, en el caso Gürtel. Se insiste en exhibir cierre de filas y en recalcar que, en unas horas, se sabrá "la verdad" sobre este asunto de corrupción. En rueda de prensa, la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, apuntó que los populares mantendrán su apoyo al valenciano, que está siendo objeto, dijo, de "una operación de acoso y derribo".

"Esperamos acontecimientos favorables a la verdad", añadió por la mañana Cospedal, quien avisó de que el partido se va a defender de las acusaciones que está recibiendo. Y algo deben esperar de la declaración que Camps hará mañana ante el magistrado, porque todos los dirigentes del PP se muestran optimistas. Mucho. Hasta el propio Mariano Rajoy está en esa senda: aseguró ayer que está "deseando que acabe todo para poder hablar".

¿Qué aguardan los populares? Hace semanas, Federico Trillo insinuó que los trajes que, supuestamente, obtuvo Camps de la trama corrupta podrían haber sido abonados dos veces: una por el presidente y otra por los empresarios imputados en el caso. Y que las tiendas implicadas ayudarían a resolver el enigma. A ver.

EL PP VALENCIANO IMPROVISA UN ACTO DE DESAGRAVIO A CAMPS LA VÍSPERA DE SU DECLARACIÓN ANTE EL JUEZ

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, que está citado a declarar mañana como imputado por haber recibido supuestamente trajes de la trama corrupta de empresas destapada por el juez Baltasar Garzón, se ha rodeado esta mañana de decenas de altos cargos, alcaldes y otros responsables institucionales del PP para firmar un pacto por la integración local de los inmigrantes. El acto se improvisó a finales de la pasada semana, cuando se supo que Camps debía acudir a declarar mañana.

Representantes de diversas organizaciones de inmigrantes han aportado el color y la excusa para la ocasión. Rafael Blasco, consejero de Inmigración, ha ocupado un lugar protagonista como organizador del evento. Pero ha estado seguido de cerca por el traje blanco de Rita Barberá, alcaldesa de Valencia. El cierre de filas en torno al presidente de la Generalitat fue de tal calibre que han respondido a la invitación tanto Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y objeto de un procedimiento abreviado por el delito de falsedad documental, como José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante y máximo exponente del sector zaplanista del PP de la Comunidad Valenciana.

Los presidentes de la Cámara de Comercio de Valencia y de Cierval, la confederación empresarial de ámbito autonómico, han sido los únicos representantes de la sociedad civil que han acudido al acto junto al responsable de la Asociación Valenciana de Agricultores.

Francisco Camps no ha hecho ninguna declaración al margen de su discurso institucional, que fue ha sido aplaudido durante cinco minutos. Rita Baberá, alcaldesa de Valencia, ha sido la única que ha augurado que a partir de mañana, los socialistas se quedarán sin argumentos para atacar al presidente de la Generalitat.

No ha asistido ningún representante sindical ni de ningún partido de la oposición parlamentaria o municipal. Un portavoz socialista ha comentado que no se oponen a la integración de los inmigrantes, sino a los actos para "arropar" al presidente de la Generalitat y "debilitar al juez" la víspera de su declaración como imputado.

(www.elpais.com, 18/05/09)

EL TSJ DE VALENCIA RETRASA UN DÍA LA DECLARACIÓN DE CAMPS

La declaración del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, prevista para este martes, ha sido suspendida y trasladada al día 20, tal y como ha solicitado el abogado defensor de Camps al magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. Según ha informado el TSJ, "el letrado tiene que estar presente en otra declaración señalada con anterioridad por otro órgano judicial".

De esta forma, mañana martes, a la hora en la que debía declarar Camps, a las 10.30 horas, prestará declaración el ex vicepresidente del Consell Victor Campos. Sí se mantiene la comparecencia del secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, que acudirá a las 12.00 horas.

Tras el cambio de calendario, Camps acudirá al TSJ el miércoles a las 10.00 horas. A continuación, a las 11.00 horas, comparecerá Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, y a las 12.00 horas, Álvaro Pérez 'El Bigotes', responsable de Orange Market.

Por otra parte, José Flors, magistrado instructor de la causa abierta por supuesto delito de cohecho atribuido a las cinco personas imputadas, ha acordado también llamar a declarar como testigos a todas las personas que han autorizado contratos entre la Generalitat Valenciana y la empresa Orange Market y a quienes formaron parte de las mesas de contratación. También ha acordado que se practique una pericial contable.

(www.publico.es, 18/05/09)

EL COMITÉ ÉTICO DEL PP RESPALDA AL PRESIDENTE

El presidente del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, mantuvo ayer el discurso marcado por el líder del PP, Mariano Rajoy: confianza en la inocencia de Camps en vísperas de declarar en el TSJ. Preguntado por la imputación, Mañueco descartó cualquier actuación disciplinaria: "Lo primero es esperar a que Camps tenga la oportunidad de defenderse.

Va a tener la oportunidad de aclarar esta situación. En el PP estamos confiados en que lo va a poder realizar", declaró.

El órgano que preside Mañueco resuelve los procedimientos disciplinarios en el PP y aplica, en su caso, el régimen sancionador. Hasta ahora se ha expedientado o expulsado a ocho dirigentes y cargos públicos de Madrid y los ayuntamientos a los que también ha salpicado el caso. Varios alcaldes fueron obligados a dimitir y luego suspendidos de militancia; tres diputados autonómicos madrileños también fueron dados de baja. Sin embargo, en Valencia no se ha tomado ninguna medida contra Camps ni contra Ricardo Costa, secretario general y portavoz del grupo parlamentario popular en las Corts. Sólo Víctor Campos, ex vicepresidente del Consell y también imputado, fue presionado para pedir la baja voluntaria.

Cabe recordar que el código ético popular de 1993 contempla la imputación de un cargo público como motivo de apertura de expediente, en caso de "utilización del propio nombre, posición o relación dentro del partido o en un cargo público, para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para sí mismo o para terceros". Con todo, en los congresos nacional y regional de 2008, el PP modificó sus estatutos para que sólo se aparte del partido al afectado cuando haya "sentencia firme".

(www.elmundo.es, 18/05/09)

El PP duda entre relevar a Camps o adelantar elecciones si el caso se agrava

Las miradas del partido se dirigen hacia Rita Barberá, que por ahora se niega

Elecciones anticipadas o el relevo del presidente valenciano. Destacados miembros del PP han empezado a evaluar cuál es la salida menos dañina para el partido si el caso Camps se agrava. O un relevo por dimisión -como ha hecho en circunstancias bien distintas Manuel Chaves en la Junta de Andalucía-, o la convocatoria anticipada de elecciones a las Cortes Valencianas, una posibilidad que permite el nuevo Estatuto de Autonomía. Aunque el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, imputado por un presunto delito de cohecho, está convencido de que todo acabará en "nada de nada", en el PP ya hay quien piensa que se puede equivocar y que el asunto irá a peor. Como se equivocó cuando aseguraba que no lo iban a imputar.

Costa equipara su imputación a la de Campos, suspendido de militancia

El PP se ha esforzado estos días en evitar que se abra el debate sucesorio alrededor de Camps, justo en vísperas de la campaña electoral al Parlamento Europeo. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha sido tajante: "El relevo de Francisco Camps como presidente de la Generalitat ni se plantea, y estoy convencida de que el proceso acabará fenomenal". Pero pocos dudan de que el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, recurrirá en primera instancia a la alcaldesa si la situación del caso Camps se complica todavía más.

Otros referentes del PP en la Comunidad Valenciana, como el presidente provincial de Alicante, el zaplanista José Joaquín Ripoll, no dan por cerrada ninguna posibilidad y sólo se limitan a afirmar: "Camps siempre tomará las decisiones que sean mejores para el partido".

A alimentar el escenario de una posible sustitución ha dado pábulo el propio presidente valenciano, que estuvo a punto de poner en marcha, hace sólo dos semanas, una crisis de gobierno con la inclusión de la presidenta de las Cortes valencianas, Milagrosa Martínez, en la candidatura europea del PP. La operación, abortada finalmente, reforzaba el papel del vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, otro de los nombres que suenan como posible relevo de Camps.

Frente a la situación de incertidumbre política creada por las imputaciones de cohecho, el presidente valenciano ha vuelto a convocar para mañana a los principales cargos del partido a un acto institucional en el Palau de la Generalitat. Un acto que está previsto que se convierta en una muestra de adhesión a Camps en vísperas de que declare como imputado por un delito de cohecho en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

Camps ha insistido, desde que estalló en febrero el caso Gürtel, en que todo era un montaje, sin lograr rebatir el contenido del sumario y su estrecha relación con el jefe de la trama en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes. Por ahora, sólo ha apelado a creer en su honradez. Situación que no le ha impedido ser el primer presidente valenciano que resulta imputado.

Rajoy se pronunció ayer por primera vez tras conocerse la condición de imputados de Camps y Costa. En una entrevista en la cadena Cope, el presidente del PP se mostró "absolutamente convencido de que esta situación se va aclarar", aunque no explicó en qué elementos basa su convicción. "Tengo la total certeza de que Camps dice la verdad", remachó.

El secretario general del PP y portavoz en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa, optó ayer por copiar el discurso de Camps. Aunque, sorprendentemente, Costa no hizo distinción entre ninguno de los cuatro imputados en la causa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. "Tengo ganas de poder ir a contar la verdad y aclarar que las acusaciones que se vierten sobre Camps, sobre mí, sobre [el ex vicepresidente Víctor] Campos y [el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael] Betoret son absolutamente falsas e infundadas", dijo Ricardo Costa, pese a que la dirección nacional del PP sólo ha suspendido de militancia a Campos. Betoret no es militante.

www.elpais.es 17.05.09

El testigo no puede mentir; el imputado, sí

La citación a declarar del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, "en calidad de imputado" en un delito de cohecho, significa, en primer lugar, que Camps es la persona contra la que se dirigen las actuaciones y que gozará de todas las garantías.

Camps tendrá que comparecer asistido de abogado y tiene derecho a ser informado de la acusación, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Puede guardar silencio, contestar sólo a lo que le parezca, no contestar a nada e incluso mentir sin que se deriven responsabilidades por ello. Si hubiese sido llamado como testigo no podría estar asistido de abogado y estaría obligado a decir la verdad.

El delito de cohecho que en principio se le imputa parece corresponder al tipo del 426 del Código Penal, que castiga con pena de multa de tres a seis meses al funcionario que admitiere dádiva o regalo que le ofrecen en consideración a su función, o para conseguir un acto no prohibido legalmente.

www.elpais.es 17.05.09

Indicios de un supuesto cohecho

Grabaciones y facturas sustentan la investigación a Camps

Francisco Correa era un empresario con muchos contactos. Sus años de organizador de eventos para el PP de José María Aznar le habían regalado amigos en los confines más poderosos del partido. Correa llegó a ser uno de los testigos con frac en la boda de la hija de Aznar. Con esas conexiones era fácil hacer negocios: en muchos casos los amigos manejaban presupuestos multimillonarios y en otros mandaban sobre quienes tenían la caja del dinero público. ¿Quién se iba a fijar en unos pocos millones de euros en una Administración que adjudicaba cada año miles de millones?

La llegada de Mariano Rajoy a la presidencia del PP, a finales de 2003, amenazó de muerte el negocio de Correa, que terminó perdiendo los contratos para organizar los eventos del partido. Así que en 2004 planeó su expansión a otros territorios, aunque siempre relacionados con los resortes de poder del PP. Echó raíces en la Comunidad de Madrid, gobernada por Esperanza Aguirre, y en Valencia, presidida por Francisco Camps. Fue colocando a sus hombres en empresas que se dedicaban a arañar concesiones municipales para montar oficinas públicas, pabellones de turismo o campañas de imagen. Y de aquellos negocios surgieron otros más tentadores: Correa se convirtió en intermediario para cobrar comisiones de adjudicaciones supuestamente amañadas de suelo.

Toda esa estructura empezó a desmoronarse entre los disgustos o el arrepentimiento de quienes habían sido amigos de Correa. Uno de ellos, José Luis Peñas, ex edil del PP en Majadahonda (Madrid), libró una batalla silenciosa grabando conversaciones de los jefes de la trama. Así comenzó la crónica de una corrupción masiva. Y la crónica de un supuesto cohecho: el del presidente valenciano, Francisco Camps.

- "Los trajes los pagué yo". El 15 de octubre de 2007, Isabel Jordan, directiva de Easy Concept, una de las empresas de la red, se lamenta en una conversación de las dificultades que atraviesa pese a su ingente trabajo. "Incluso he pagado", cuenta a otros miembros de la trama, "una factura de 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagarle los trajes al presidente Camps. Yo tengo la factura y yo la he pagado". La grabación llegó a manos de la Fiscalía Anticorrupción.

- Consulta a la Agencia Tributaria. El 17 de junio de 2008, la Agencia Tributaria envía a Anticorrupción un informe sobre Easy Concept. Es la primera evidencia de que la frase grabada sobre los trajes para Camps tenía base: en los archivos de Hacienda figuraba un pago de Easy Concept a Milano por 34.336 euros.

- Preguntas a la tienda. A finales de año, la fiscalía pregunta a los responsables de Milano por esa factura que había declarado a Hacienda la empresa de Isabel Jordan. Los auditores de Milano no encuentran la factura por ningún lado, así que escriben a los directores de todas las tiendas preguntando por la factura. Dos de ellos identifican ese gasto con las ventas que hacía José Tomás -director de la tienda de Serrano en Madrid- a Álvaro Pérez, El Bigotes, para cargos del PP.

- "Lo que te debo". Entre diciembre de 2008 y enero de 2009, Álvaro Pérez, que ya está siendo investigado por Baltasar Garzón y tiene pinchados los teléfonos, habla en dos ocasiones con Camps. De las conversaciones se deduce una estrecha amistad. Pérez ha enviado a la familia de Camps regalos supuestamente muy cuantiosos y le comenta al presidente: "Para que sepas lo que te debo".

- Habla el sastre. En febrero, la declaración de José Tomás ante el fiscal, la policía y Garzón va haciendo encajar las piezas. Camps telefonea repetidamente a Tomás mientras éste está declarando, y ahí se produce una confusión: Tomás le tranquiliza: "No se preocupe, usted devolvió los trajes de Milano". Camps entiende que tiene coartada y la difunde; pero olvida que hay otros trajes que le sirvieron, por mediación de Pérez, desde la tienda Forever Young.

Papeles en un sótano

- El dueño de la tienda de ropa Forever Young colaboró con la justicia y un día se presentó en el juzgado con las facturas de los trajes de Francisco Camps que había encontrado en el sótano de la tienda. Esas facturas, según la documentación aportada, habían sido pagadas por tres empresas de la trama corrupta. Una de ellas, Orange Market, la dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, amigo íntimo de Camps.

- El Bigotes ha logrado para su empresa contratos por más de seis millones de euros en los cuatro años que lleva instalado en la Comunidad Valenciana.

www.elpais.es 17.05.09

Una empresa contrató a Orange Market en una obra millonaria que le dio el alcalde campsista de la Nucia

Cano, amigo de Álvaro Pérez, adjudicó a Altius Levante la construcción de la piscina por 2 millones y su gestión durante 25 años. La contratista pagó a la firma de la trama Gürtel 41.811 euros por una campaña

La empresa adjudicataria de la segunda fase de las obras de la piscina municipal de la Nucia (Marina Baixa), por dos millones de euros, y de la gestión de esas instalaciones durante 25 años tenía centenares de firmas del terciario avanzado donde elegir a la hora de contratar el plan de marketing del proyecto. Casualidades de la vida, Altius Levante, la beneficiaria de la concesión municipal, optó por hacerle el encargo a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, según revela la documentación en poder de Levante-EMV. El presidente de la firma fundada por Pablo Crespo, número dos de Francisco Correa, es amigo del alcalde Bernabé Cano, un político que ha sido punta de lanza del campsismo en las comarcas de Alicante y es persona de confianza del jefe del Consell.

La franquicia valenciana de la trama Gürtel cobró 41.811 euros por unos servicios que fueron pagados por Altius Levante apenas dos meses después de que el 10 de febrero de 2006 se firmó el contrato de obras de la piscina y la gestión de las instalaciones. El compromiso mercantil fue rubricado por el propio primer edil, Bernabé Cano, y el administrador único de Altius Levante S. L., Carlos Enrique Picó. Esta empresa se constituyó el 31 de julio de 2004, está domiciliada en Valencia y pertenece al Grupo Sorolla, que gestiona piscinas y complejos deportivos en municipios como Sedaví o Carlet.

Una verdad cogida con alfileres

El pasado 20 de febrero, el alcalde de la Nucia clonó el estilo del presidente Camps al comparecer ante los medios arropado por sus concejales (el PP tiene 14 de 17) para decir lo mismo que 24 horas antes había expresado su amigo el presidente de los populares valencianos y de la Generalitat, cuando convocó a la prensa rodeado de todo el Consell el día que fue implicado por primera vez en el caso. Cano proclamó que no tenía nada que ver con la trama Gürtel y que ni él ni el Ayuntamiento contrató con Orange Market. El consistorio no, pero, según ha podido saber este diario, la citada concesionaria sí ha alimentado la economía de una de las tres empresas acusadas de regalarles al jefe del Consell, al número dos del partido, al ex vicepresidente Campos y al ex jefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret, 34.908 euros en ropa, 12.783 de ellos, a Camps. Motivo por el que los cuatro declararán ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano, como imputados por cohecho. El Bigotes visitará el miércoles las dependencias judiciales, un día después que su "amiguito del alma".

Si hay un detalle simbólico revelador del triángulo amistoso existente entre Camps, Álvaro Pérez y Bernabé Cano ese es la presentación de las campanadas de Nochevieja en Canal 9, que en 2007 se emitieron desde la Plaça Major de la Nucia y, como en otras ediciones, fueron concelebradas por el incombustible Paco Nadal y Noemí Ramal, actriz, ex mamachicho y esposa de El Bigotes. Para el matrimonio que forman el emprendedor y la ex mamachicho, la Nucia no es un lugar extraño. Allí tienen un chalet en el que pasan las vacaciones.

Quizás por esa amistad que le une a Álvaro Pérez -como reconoció públicamente el alcalde- o porque supo de la profesionalidad de Orange Market a raíz de aquel encargó de la concesionaria de la piscina, el caso es que dos años después Cano echó el resto para que la Diputación de Alicante confiara a Álvaro Pérez la organización de la gala provincial del deporte. El alcalde afín a Camps perdió ese pulso con el zaplanista Ripoll, igual que otro alcalde campsista, el del vecino Benidorm, Manuel Pérez Fenolll, se estrelló contra el presidente de la corporación provincial en su intento de liderar el PP de Alicante.

La piscina cubierta es la joya de la corona del complejo polideportivo que lleva el nombre de Camilo Cano -que fue alcalde, como su hijo- y la inauguró el conseller Alejandro Font de Mora en enero de 2007, en precampaña electoral, en un acto que tuvo como estrellas invitadas al nadador superhombre David Meca y a la selección española de natación sincronizada. La piscina son tres piscinas (la convencional, la de iniciación y otra de aquafitness), dos jacuzzis o una zona de spa como parte de una amplia carta hídrica sobre 4.500 metros cuadrados, dentro del complejo de 100.000 metros. Cano comparte con su valedor, predecesor en la alcaldía y después enemigo del alma, Diego Such, esa querencia por hacer las cosas a lo grande. En total, las obras de la piscina cubierta costaron 4.808.096 euros.

Aquel viaje llamando al sastre

La última incorporación a esas infraestructuras deportivas fue el pabellón de deportes estrenado el pasado 9 de febrero. No fue un día de esos tontos, perdidos en el calendario. Justo ese lunes, el juez Garzón había detenido a Álvaro Pérez, dos días después de que el contratista de cabecera del PP y la Generalitat bautizó a su hija en Barcelona, apadrinada por el director general de RTVV, Pedro García, tras la incomparecencia por encarcelamiento de Francisco Correa, el padrino titular.

Ese lunes, tres días después de que las dos sedes de Orange Market en Valencia fueron registradas por la policía, Camps quiso aparentar normalidad acudiendo al estreno del citado pabellón con un España-Bélgica de fútbol sala, su primer acto público en plena efervescencia del caso. Estuvo acompañado por el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y por la consellera de Cultura y Deporte, Trini Miró.

De camino hacia la Nucia, Camps hizo varias llamadas al sastre de Milano y Forever Young José Tomás. Los pinchazos telefónicos dejaron constancia de las insistentes llamadas del presidente al sastre en esos primeros compases del escándalo, diez días antes de que un informe de la Fiscalía Anticorrupción implicó al jefe del Consell en el caso y cuando ni siquiera la ex directiva de Easy Concept Felisa Isabel Jordán había hecho la primera alusión a la ropa de Milano y a los "30.000 euros" supuestamente pagados en esa tienda. Nada más ser detenido José Tomás explicó en su declaración ante el juez Baltasar Garzón que Francisco Camps le había dicho que Álvaro Pérez era "un bocazas".

www.levante-emv.vom 17.05.09

Tres firmas Gürtel engordaron en la Nucia

Special Events, Pasadena Viajes y Orange Market cobraron 400.997 euros del consistorio y la adjudicataria municipal. Los jefes de la trama controlaban directamente esas empresas

Primero no lo conocía de nada, después resultó que le había pagado 354.866 euros y al parecer no se acordaba por unas de esas malas pasadas que a veces juega la memoria, y, finalmente, el alcalde Bernabé Cano admitió conocer a Álvaro Pérez, El Bigotes. Y toda esa evolución la experimentó Berna, como llaman los vecinos al primer edil, en menos de una semana. En los días que transcurrieron entre la publicación de unas grabaciones en las que Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, revelaba su intento de dar un pelotazo urbanístico en un PAI de la Nucia y la noticia de que el consistorio de la Marina Baixa encargó a Special Events la organización de la gala de los Premios periodísticos Luis del Olmo, que se celebró el 16 de junio de 2002.
La dotación económica de esos galardones era alta -607.000 euros- pero el coste del montaje alcanzaba el 58,4% de esa cantidad. Special Events, la empresa de cabecera de José María Aznar en el PP, recibió, en cierto modo, el premio gordo. El presidente de Special Events, Pablo Crespo, fundó, junto con Luis de Miguel Pérez, Orange Market el 24 de julio de 2003. Ese año facturó apenas 76.000 euros, pero a partir de 2004 fue creciendo como auténtica heredera de la firma que fue alumbrada en la calle Génova. De allí salió Crespo -ex secretario de organización del PP gallego- y fue el partido quien puso en órbita empresarial a Correa.

Cano no tuvo más remedio que admitir también dos facturas cobradas por Pasadena Viajes, otra de las mercantiles que forma parte de la lista de 23 sociedades consideradas por el juez Garzón como integrantes de la trama. En concreto, el consistorio abonó cargos por pernoctaciones en hoteles de Madrid en octubre de 2008 (920 euros) y en enero de 2009, por otros 3.400 euros.

La tercera de las empresas investigadas por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la policía y por los tribunales que ha engordado también gracias a contratos logrados en la Nucia es Orange Market, que recibió el referido plan de marketing del proyecto de piscina municipal Camilo Cano. Estas tres empresas con actividad demostrada en territorio municipal campsista no son sociedades de escaso peso en el escándalo. Pablo Crespo es administrador único de Pasadena Viajes y Special Events, la firma matriz del grupo de Correa, mientras que Álvaro Pérez preside Orange Market, junto con Easy Concept, las dos firmas que más dinero negro generaban (simulando gastos por pagos a proveedores) para nutrir una caja b de la que pagaban sobornos a políticos y funcionarios para lograr contratos, según Garzón.

Correa "daba instrucciones al resto de la organización"; Crespo "ejecutaba las órdenes y llevaba la dirección y el control de las empresas de eventos", además de ser el "responsable de la gestión del patrimonio personal de Francisco Correa" y "el control del dinero existente en la caja b" era cosa de José Luis Izquierdo, que fue secretario del órgano de gobierno de Special Events y Pasadena Viajes.

De ambas empresas fue consejera Mari Carmen Rodríguez, la ex mujer de Correa y ex jefa de gabinete del que fue alcalde de Boadilla Arturo González Panero. Nombres todos ellos clave en el caso Gürtel y que llevaban las riendas de las tres empresas que han pescado contratos en la Nucia, un lugar que se reveló bastante fértil para El Bigotes.

www.levante-emv.com 17.05.09

Teatro de un escándalo con dinero público y cemento

Si el juez Baltasar Garzón no hierra en las conclusiones de su investigación, los "regalos de lujo" con los que los responsables de la trama Gürtel -Correa, Crespo o Álvaro Pérez- sobornaron presuntamente a políticos y funcionarios no fueron un gasto, sino una inversión. A tenor de las investigación judicial y policial, "la organización" quiso sacar el máximo que, en clave de pelotazo, puede dar cada Administración: reclasificaciones de suelo y adjudicaciones de parcelas en el caso de los alcaldes y contratos públicos, saltándose todos los controles, por servicios relacionados con el montaje de eventos cuando son entidades supramunicipales.

El modus operandi en la Comunidad de Madrid se ciñó al urbanismo, de ahí que los imputados estén acusados de cobrar comisiones urbanísticas, empezando por los ex alcaldes de Majadahonda, Boadilla, Pozuelo y Arganda. En la Comunitat Valenciana, la rama Gürtel se dedicó, por lo que ha trascendido, a nutrise de contratos de la Generalitat, empresas púiblicas y fundaciones.

La Nucia es un ejemplo palmario de síntesis de las dos vertientes de la actuación: la de los contratos de servicios adjudicados a empresas de la trama y la que tiene que ver con el urbanismo, si bien esta última quedó en grado de tentativa. Que se sepa. En el municipio de la Marina Baixa se ha representado, como en un teatro a escala, la función del caso Gürtel. Las grabaciones realizadas por ex concejales de Majadahonda, entregadas al juez y difundidas por la Ser e Interviú, revelan cómo Correa quisó usar al "alcalde del pueblo", en alusión a Bernabé Cano, del que "nos hemos hecho íntimos" para hacer el negocio de su vida comprando el PAI Pie de Monte a un grupo de constructores liderados por Francisco Murcia Puchades, para desbloquear las trabas medioambientales mediante el presunto pago de sobornos y después revender 450.000 metros urbanizables.

"Reparto con Alvarito, el alcalde..."

"La operación son 8.000 millones de pelas y le ganamos 12.000 kilos. Yo he metido a un montón de gente ahí, he metido a Ulibarri [presidente de Mediamed, principal concesionaria de TDT del Consell e imputado en el caso Gürtel], que es el que pone la pasta...yo no la pongo y yo de mi 50% reparto con Alvarito, el alcalde, Ramón Blanco y Pablo Crespo", decía Correa. El jefe de la trama celebró dos reuniones en la Nucia, con Murcia Puchades y en presencia del alcalde, según adelantó este diario y después trascendió de las conversaciones grabadas, pero no hubo ningún acuerdo.

El promotor contó que mandó a Correa "a la mierda" porque quería "comprar por menos de los que a mí me había costado". Cano explicó en la citada revista que rompió "definitivamente" con Correa, con quien admitió haber coincidido en varios sitios, "después de que casi llegamos a las manos" durante una cena de gala de la Copa del América en 2007 y cuando el cabecilla de la trama "apareció con síntomas de haber bebido" y le recriminó "que no les habíamos dejado hacer nada en mi pueblo". Eso dijo el alcalde.

www.levante-emv.com 17.05.09

Camps critica ´a los que hacen de la insidia el único camino posible´

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, se presentó hoy por sorpresa en el acto-mitin celebrado en el Palau de la Música de Valencia, y aprovechó la ocasión para criticar "a los que hacen de la insidia el único camino posible". Asimismo, pidió a los militantes del PP que "sigan hablando de política y de las cuestiones que preocupan a la gente, como el empleo, los problemas económicos, las expectativas de futuro", y no de "otras cosas". En relación a su reciente citación como imputado en la trama de corrupción Gürtel, el presidente del PP, Mariano Rajoy, manifestó todo su apoyo y su confianza en el líder valenciano, mientras que el otro imputado, Ricardo Costa, aseguró que el PP tiene "las manos muy limpias".

Camps se presentó hoy por sorpresa en el acto que el PP estaba celebrando en Valencia, con motivo de los próximos comicios europeos. En él, donde entró y salió rodeado de aplausos y vítores, el presidente de la Generalitat valenciana aprovechó la ocasión para manifestar su apoyo a la candidatura popular a las elecciones europeas del 7 de junio, en lo que será un proceso "limpio y democrático". Su formación, dijo, "estará ahí, en la confrontación de ideas", y no en "otros lugares", insistió.

De esta forma quiso Camps centrar la atención de la sociedad y del resto de políticos, así como sus esfuerzos, en lo que, según dijo, importa de verdad, y no en la polémica suscitada en torno a la trama de corrupción Gürtel, en la que él se ha visto implicado y por la que ha sido citado a declarar como imputado. Asimismo, el presidente valenciano quiso hacer hincapié en la importancia de las elecciones europeas, y aseveró que los populares trabajarán en todas las elecciones de forma "legítima, leal y democrática" y no, como "otros", que "hacen del proceso una ensalada de discrepancia" y de la "insidia, el único camino posible", porque así "no se emociona ni al vecino de enfrente", lamentó.

En cambio, y según defendió, los populares siguen una senda diferente, por la que "continuarán caminando" ante unas elecciones "clave" para la historia. Asimismo, Camps agradeció a "los que van a hacer posible" que en esta campaña electoral "se hable de las cuestiones que preocupan a la gente", como son la "política o los proyectos de ilusión colectiva", así como también a quienes van a contribuir a que los comicios se desarrollen de forma "limpia y digna, a la altura de la Comunitat Valenciana, y a los que creen en la democracia, en las urnas y en el debate legítimo entre partidos".

"Continuaremos trabajando porque nada nos puede parar, ni las circunstancias más complejas, ya que tenemos la fuerza del convencimiento de la gente que sabe como somos, buena gente, comprometida, con vocación de servicio, y con ganas de hacer las cosas bien", resaltó el jefe del Consell.

Durante su breve intervención, acortada por un compromiso familiar, el presidente valenciano se vio rodeado de otros dirigentes populares, como el vicepresidente económico de la Generalitat, Gerardo Camps, el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, el presidente de la Diputación de Valencia y presidente provincial del partido, Alfonso Rus, o el candidato valenciano a las elecciones europeas, Enrique García-Margallo, entre otros.

EL APOYO DE RAJOY

En cuanto a su supuesta vinculación con la trama de corrupción Gürtel, el líder del PP, Mariano Rajoy, aseguró hoy que el presidente valenciano cuenta con su "plena, total y absoluta confianza", así como con todo el "apoyo del partido", porque está completamente seguro que de Camps "dice la verdad".

De esta forma, el líder popular se posicionaba a favor de Camps después de que el pasado jueves, el magistrado instructor decidiera citar al presidente de la Generalitat y al secretario general del Partido Popular de Valencia, Ricardo Costa, para que declaren como imputados.

Ricardo Costa, por su parte, que también se encontraba en el mitin de Valencia, coincidió en defender a los militantes de la formación, y señaló que, "aunque muchos han pensado que el corazón del PP se podía infartar con las mentiras y las calumnias, da igual contra quien vayan" porque los populares son "honestos, honrados, con las manos limpias y con el mejor presidente, Francisco Camps", sentenció. También aprovechó para agradecer las "muestras de cariño" recibidas por parte de sus compañeros.

CRÍTICAS AL GOBIERNO

En otro momento de su discurso, Costa criticó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y censuró que "habla de derechos sociales y de subsidios, pero no se da cuenta de que la mejor política social de un país es generar empleo".

Por su parte, Gerardo Camps, manifestó su total convicción de que en España y en la Comunitat Valenciana es necesaria la "confianza". Pero esta confianza no se puede alcanzar si no pasa por "creer que los problemas se pueden superar, cumplir con lo que se promete o tener respuestas a los problemas de los ciudadanos". Es más, esa confianza, dijo, "se escribe con C de Camps, y con C de Costa", que "miran de frente a los valencianos" a diferencia de Zapatero qutetee les "da la espalda", reprochó.

www.levante-emv.com 16.05.09

Aportan al TSJ grabaciones de Costa y ´El ´Bigotes´

Conversaciones grabadas entre el número dos del PP en la Comunidad, Ricardo Costa, y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, "El Bigotes". Esta nueva prueba, de cuya existencia nada había trascendido hasta el momento, ha sido incorporada a la instrucción que está llevando el magistrado José Flors por un delito de cohecho.

Las grabaciones entre Costa y el hombre de Francisco Correa en la Comunitat, de cuyo contenido no ha trascendido nada aún, se suman a las que ya forman parte del expediente del caso mantenidas entre Álvaro Pérez y Camps en las que, entre otras expresiones que evidencian el grado de amistad entre ambos, el jefe del Consell, Francisco Camps, le decía al empresario que le quería un huevo.

El único testigo

El sastre José Tomás, ex empleado de las firmas a las que supuestamente la trama corrupta de Correa compró los trajes con los que después obsequió a los cuatro imputados de la Comunitat, será el único de los citados por Flors que comparezca en calidad de testigo.

Si el calendario se cumple, no surge ningún imprevisto y no se amplía la ronda de interrogatorios con nuevas citaciones, Flors habrá finalizado la parte testifical de la instrucción en un tiempo record y horas antes de que dé comienzo la campaña electoral de los comicios europeos del 7-J.

Fuentes próximas al Tribunal Superior no descartan la posibilidad de que el magistrado pudiera tener clara una decisión sobre el asunto a lo largo de la última semana de este mes siempre y cuando, precisan, no aparecieran nuevas pruebas que obligaran a alargar la instrucción. En el caso de que el magistrado optara por archivar para uno o para todos los imputados, esta decisión sólo podría recurrirse ante el propio TSJ.

www.levante-emv.com 16.05.09

Rajoy expresa el ´pleno, total y absoluto apoyo´ del PP a Camps y a Costa

En una entrevista en la Cadena COPE, recogida por Efe, Rajoy ha añadido que tiene "plena, total y absoluta confianza" en ambos dirigentes.

A la pregunta de si había hablado con Camps en los últimos días, Rajoy ha confirmado que había hablado con el presidente autonómico "muchísimas veces en los últimos días" y ha añadido que tiene la "total certeza" de que dice la verdad, y así "lo aclarará con el juez la próxima semana".

Rajoy ha hecho hincapié en el "respaldo absoluto" al señor Camps y también se ha mostrado "absolutamente convencido" de que esta situación "se va a aclarar y se va a terminar pronto".

Ha añadido que ambos están deseando llegar ante el juez "y que esto termine" porque, en su opinión, se está convirtiendo en un juicio en los medios, que "no es el verdadero".

El líder popular ha recalcado que conoce a Camps desde hace muchos años, sabe cómo vive, "quién es y qué ha hecho y, desde luego, en este partido todos respaldamos a Camps y estamos convencido de su inocencia".

www.levante-emv.com 16.05.09

Costa asegura tener ganas ´de contar la verdad cuanto antes´ y de ´aclarar las acusaciones vertidas´

Así lo manifestó el dirigente popular en declaraciones a los medios de comunicación, antes de intervenir en un mitin del PP, que tuvo lugar hoy en el Palau de la Música de Valencia.

En el acto también participaron el líder del PP valenciano y presidente de la Generalitat, Francisco Camps, aunque no estaba previsto inicialmente, así como el vicepresidente económico y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, y el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus.

En relación con las imputaciones, Costa también destacó que el partido "ha mostrado, desde el primer momento, su respeto al proceso judicial y su voluntad de colaborar a todos los niveles con la Justicia". Asimismo, apostó por que la situación "se resuelva con la máxima brevedad posible".

"Desde el punto de vista personal, tengo ganas de poder contar la verdad", continuó el secretario general popular, quien además deseó "esclarecer los hechos de defensa y aclarar cuanto antes las acusaciones que se vierten tanto contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, como contra mí y otros compañeros", entre los que se refirió también al ex conseller, Víctor Campos, y al jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret. En relación con las acusaciones, precisó que son "absolutamente falsas".

www.levante-emv.com 16.05.09

El Bigotes, citado a declarar en Valencia tras Camps y Costa

Álvaro Pérez, más conocido como El Bigotes, responsable de la empresa Orange Market, ha sido citado a declarar en calidad de imputado por un delito de cohecho el próximo miércoles, 20 de mayo. La declaración de éste dentro del caso Gürtel ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se producirá un día después de las de Francisco Camps, presidente autonómico, y su mano derecha en el partido, Ricardo Costa.

El Bigotes declarará justo después del ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos (a las diez de la mañana del miércoles) y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret (a las once). La empresa Orange Market, dirigida por Pérez, es la filial en Valencia de Special Events, una de las sociedades de Francisco Correa, supuesto cabecilla de la trama, desde las que supuestamente se regalaron trajes valorados en varios miles de euros a los citados mandatarios valencianos.

www.elpais.es 16.05.09

El 'caso Camps' y la investigación de la corrupción desatan la inquietud en el PP

El equipo de Rajoy ignora la versión que el líder valenciano quiere contar al juez

La inquietud se ha desatado en el PP a raíz de la imputación, el pasado jueves, del presidente valenciano, Francisco Camps, y de los próximos acontecimientos en torno a la trama de corrupción masiva que lidera Francisco Correa y que, según fuentes conocedoras de la investigación, puede implicar a nuevos dirigentes de este partido. En abierto contraste con las decisiones adoptadas respecto de otros imputados en la misma trama en Madrid, el PP ha optado por dar, de momento, su apoyo ciego a Camps, citado a declarar como imputado el próximo martes en el Tribunal Superior de Justicia valenciano para explicar supuestos cohechos.

El líder valenciano, uno de los principales apoyos con los que contó Rajoy para su reelección como presidente del partido en el Congreso celebrado en Valencia en junio de 2008, lleva tres meses afirmando que espera este momento como su oportunidad para contar "la verdad" sobre su relación con una trama corrupta que se enriqueció con contratos de su Gobierno. El PP, que ha optado por destituir a alcaldes y a un consejero y por suspender de militancia a diputados autonómicos de Madrid imputados en la trama, se encomendó ayer por completo a ese supuesto as en la manga que Camps insinúa tener para demostrar que "no hay nada de nada", la única respuesta que ha dado hasta ahora a los ciudadanos.

Lo que hay en el sumario son facturas de la tienda de ropa que suministró trajes a Camps supuestamente pagados por Álvaro Pérez, El Bigotes, el líder de la trama en Valencia; talones bancarios y transferencias documentadas de dinero de las empresas de la trama corrupta para abonar la ropa regalada al presidente valenciano, y todo tipo de testimonios de los empleados del establecimiento que ratifican lo que ocurrió.

A falta de pronunciamiento público de Mariano Rajoy, la número dos del partido, María Dolores de Cospedal, asumió ayer como propio ese discurso de Camps según el cual es una ventaja haber sido imputado. "[Camps] va a poder acudir a la justicia, y va a poder hablar y va a poder defenderse personalmente de todas las insidias y acusaciones que se están vertiendo contra él", dijo Cospedal. "Por fin va a poder hablar en condición de igualdad y tener derecho a la defensa".

Hasta ahora, Camps ha intentado desvincularse de El Bigotes aunque después se ha demostrado que tenían una relación muy estrecha. También ha dicho que él paga sus trajes, pero no lo ha probado. La realidad es que nadie está seguro en el PP de cuál es esa "verdad" que Camps está deseando mostrar al juez. El propio Camps, que en tres meses no se ha explicado públicamente, ha convertido esa visita al juzgado en el todo o nada de este caso. El peso de Camps como baluarte de Rajoy en el partido, el contexto en el que se produce su imputación, y el apoyo ciego de la cúpula, lo convierten también en una prueba de fuego para la actual dirección del PP.

Los populares confían en que el caso contra el presidente se cierre sin pruebas de corrupción. La aspiración realista en el PP es que todo se pudiera quedar en un "cohecho impropio", es decir, que se demuestre que Camps ha recibido regalos de la trama corrupta para que les favoreciera, pero sin que se llegue a probar que efectivamente la haya favorecido. La dirección no tiene las mismas esperanzas para los demás cargos valencianos implicados, como el secretario general Ricardo Costa.

En cualquier caso, y ésta es la versión optimista que manejan en el PP, el golpe es demoledor para el presidente Camps, que seguramente dirá adiós a su carrera política.

Además, si Camps sale el martes con una imputación firme por corrupción, el PP incurrirá en una grave contradicción si no actúa disciplinariamente contra él. Tres diputados de la Asamblea de Madrid fueron suspendidos de militancia después de su paso por el juzgado por la misma trama, aunque el dinero recibido fue notablemente superior. El Comité de Garantías del partido (su órgano disciplinario) es el único que puede tomar esta decisión. Fuentes próximas al mismo aclaran que no hay un protocolo fijo y se estudia "caso por caso". El criterio político, reconocen, es el que más pesa a la hora de actuar. Y hay pocos con más peso que Camps.

El momento político más intenso del escándalo Gürtel se produce además en un contexto de decepción poco disimulada por el resultado del debate del estado de la nación. Rajoy no logró imponerse al presidente del Gobierno con cuatro millones de parados sobre la mesa. La dirección del PP se quiere convencer, tras los resultados en Galicia y Euskadi, de que el escándalo Gürtel no tiene consecuencias electorales, pero es una presión añadida que todo suceda en vísperas de la campaña electoral de las europeas del 7 de junio, aquellas en las que Rajoy se jugaba su derecho a mantenerse en el puesto hasta las próximas generales.

Dos fechas clave

- El 'caso Gürtel' implica a una serie de empresarios, en prisión incondicional, que supuestamente sobornaban desde los años 90 a cargos del PP para beneficiarse de contratos de sus Administraciones. En Valencia, el presidente Francisco Camps tiene una íntima amistad con uno de los líderes de la trama, Álvaro Pérez, que ganó seis millones de euros en contratos. Pérez, supuestamente, le hacía importantes regalos a Camps, entre ellos trajes a medida.

El calendario judicial para aclarar el supuesto cohecho es, por ahora, el siguiente:

- Martes 19 de mayo. Declaran en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa.

- Miércoles 20 de mayo. Declaran por los mismos hechos el ex vicepresidente valenciano Víctor Campos, el ex asesor de la Consejería de Turismo Rafael Betoret y Álvaro Pérez, El Bigotes, cabecilla de la trama empresarial en Valencia.

www.elpais.es 16.05.09

Penas a las que se puede enfrentar Camps

El TSJ de Valencia imputa a Camps y Costa

El president de la Generalitat, Francisco Camps, y el secretario regional del PP de la Comunitat Valenciana, Ricardo Costa, han sido citados a declarar como imputados el próximo 19 de mayo por su relación con la supuesta trama de corrupción en el PP, el denominado caso Gürtel.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha informado en un comunicado de que el magistrado instructor de la causa abierta para investigar un supuesto delito de cohecho también ha citado a declarar al ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.

En una providencia dictada esta mañana, el magistrado José Flors ha acordado citar a los cuatro en calidad de imputados, y ha previsto que Camps y Costa presten declaración el día 19 por la mañana (a las 10 y 12 horas, respectivamente) mientras que Campos y Betoret lo hagan la mañana del día siguiente.

La decisión llega después de que el pasado 21 de abril el tribunal valenciano se declarara competente para asumir las investigaciones del caso "Gürtel" en aquellos hechos que afectan a Camps, Costa, Campos y Betoret por "posible delito de cohecho".

La declaración de competencia tuvo lugar después de que el pasado 5 de marzo el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, aconsejado por la Fiscalía Anticorrupción, se inhibiera a favor del tribunal valenciano de parte del caso "Gürtel" y de que, once días más tarde, la causa llegara a la Ciudad de la Justicia de Valencia remitida desde el Juzgado Central número 5 de Madrid.

Anticorrupción solicitó además al TSJCV que fuera éste el órgano competente para tomar declaración al presidente de la Generalitat y al secretario regional del PP y también portavoz del PP en Les Corts Valencianes para esclarecer su supuesta relación con el caso, y que interrogara a ambos aforados.

Estos hechos, según concretaba en un auto, consisten en la "recepción de dádivas procedentes de alguno de los imputados" en la presente causa sin que, en el momento presente y sin perjuicio de lo que resulte de la posterior investigación, resulten "vinculados a una concreta actividad" del entorno de Francisco Correa.

www.levante-emv.com 14.05.09

Camps defiende que su gobierno es tan honorable ´como el que más´

El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha afirmado hoy que su gobierno y la administración valenciana son "como mínimo tan honorables como la que más en España" y se ha mostrado convencido de que cualquier instancia, incluida la judicial, así lo considerará.

Camps, que ha comparecido hoy en la sesión de control parlamentaria, donde el portavoz del PSPV-PSOE, Ángel Luna, le ha preguntado sobre la transparencia de los contratos del sector público, ha defendido una vez más su honorabilidad frente a los reproches de la oposición por su implicación en el caso Gürtel.

"No me dan miedo ni sus palabras ni sus insidias", ha respondido el president a Luna, quien le ha acusado de situar a la Mesa de Les Corts en una situación de "insumisión constitucional" para evitar que algunos temas puedan verse en la Cámara autonómica y de utilizar el secreto de sumario "como excusa" para evitar dar explicaciones.

Camps se ha preguntado "dónde está la línea ética de la oposición" y hasta donde tienen que llegar para "intentar justificar el escaño que ocupan", a la vez que ha insistido en que irá "donde haga falta para demostrar que el esfuerzo también ha tenido un correlato de dignidad y de honorabilidad".

Asimismo, ha insistido en afirmar que se siente "tranquilo" porque "no hay nada que ocultar" y ha afirmado que en "lo único" que piensa "cada mañana" cuando se levanta es en "hacer todo lo posible e imposible" para que el nombre de la institución que representa esté "lo más alto posible".

El portavoz del PSPV ha afirmado que la justicia le ha roto a Camps "la opacidad" que había impuesto en su gobierno y en Les Corts, "con la colaboración inestimable de la Mesa de la Cámara", y le ha criticado que a pesar de ello pretenda seguir "como si nada hubiera pasado".

"Nadie le cree", como máximo "algunos con la conciencia un poco laxa le perdonan", ha afirmado Luna, quien ha concluido que "la mayoría ni siquiera le respeta después de conocer el contenido de sus conversaciones", y si siguen votando al PP porque "las ideologías están por encima de las miserias humanas".

Ha preguntado a Camps si su proyecto político pasa por "rezar cada noche para que al día siguiente no se encuentre cosas nuevas en sus medios de comunicación" y le ha invitado a demostrar lo contrario respaldado la petición, presentada hoy por el PSPV, para convocar un pleno en el que se debatan las propuestas del presidente del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación y sobre cómo el Consell piensa complementarlas.

"El que reza todas las semanas es usted para que pase algo y usted tenga la más mínima posibilidad de llegar al corazón de los valencianos", ha respondido el jefe del Consell, quien ha admitido no saber de donde saca el socialista "tanto rencor y tanta maledicencia"
Ha celebrado que por "primera vez en tres meses" el PSPV hable de algo que tiene que ver con la política y ha defendido que es el Gobierno el que tiene que complementar las acciones del Consell con el trasvase del agua del Ebro, un tren de Alta Velocidad que llegue a las tres provincias y la financiación "para todos los valencianos".

Luna ha insistido en que su partido no va a parar hasta lograr evitar que Camps "siga regalando el dinero de los valencianos a sus amigos" y ha pedido a éste que haga "todo lo posible por privarle a la Comunitat Valenciana del oprobio que supone en estos momentos tener a un imputado como president de la Generalitat".

El president ha afirmado que si el portavoz socialista está tan seguro de lo que dice debe tomárselo con "tranquilidad", porque el tiempo "a lo mejor" puede "converger en la idea que usted tiene", aunque se ha mostrado convencido de que finalmente no será así.

www.levante-emv.com 14.05.09

Del ´no hay nada de nada´ a la imputación

Camps ha llegado a afirmar que tenía unas "ganas locas" de hablar en sede judicial del denominado "caso Gürtel" y hoy mismo, en el pleno de Les Corts Valencianes, y antes de que se conociera la citación, ha reiterado que no tiene "nada que ocultar".

Por sexta vez consecutiva la oposición le ha preguntado hoy sobre su relación con la red empresarial que, según investiga el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, podría haber pagado trajes a Camps y otros dirigentes del PP valenciano.

Desde que se hizo pública su condición de implicado el pasado 19 de febrero, Camps ha dicho a todo el que lo ha querido escuchar que el auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en el que se le acusaba de adquirir trajes por 12.783 euros pagados por la empresa Orange Market, no se ajustaba a la realidad.

"No hay nada de nada" es una frase que el jefe del Ejecutivo valenciano ha repetido hasta la saciedad, desde que en la mañana del 19 de febrero compareció en el Palau de la Generalitat, acompañado de su gobierno y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, mostrándose "profundamente indignado".

En aquella ocasión Camps reconoció haberse enterado de su implicación a las seis de la mañana -"en Democracia, a diferencia de la dictadura, quien llamaba al albor de la mañana era el lechero y no una falsa imputación"-.

Tanto Camps como el Gobierno valenciano y el PP en pleno han criticado las "filtraciones interesadas" que se han producido del sumario a los medios de comunicación, y ante las que la respuesta ha sido siempre pedir respeto al proceso judicial e insistir en que su falsedad se demostraría a su debido tiempo.

"Todo esto se caerá por su propio peso; lo que pasa es que todo tiene unos tiempos y unos plazos, y ya le he dicho que queda un ratito largo", pero "al final" se evidenciará que "nada es cierto de lo que se dice por ahí", se expresaba Camps en una sesión de control en el Parlamento valenciano.

La Cámara autonómica también ha sido protagonista de las "ganas locas, locas" que el president ha dicho que tenía de explicarse, porque "nadie" le debe "nada", y a nadie le debe "nada, excepto a los valencianos".

En estos tres meses, el máximo responsable del PP valenciano ha tenido que ver en los medios las declaraciones del sastre José Tomás, quien supervisó la confección de los trajes que supuestamente Orange Market le pagó, y al que, según el sumario, Camps llamó en varias ocasiones mientras éste declaraba ante Garzón.

De igual modo vio reproducidas unas conversaciones privadas de él y de su mujer con Álvaro Pérez, gerente de Orange Market e imputado en el caso Gürtel, y que han servido para que la oposición diera por confirmada su íntima amistad con esta persona, que organizó diversos actos para el partido y para la Generalitat.

La imputación de Camps, y su citación a declarar el próximo 19 de mayo, le dará la oportunidad de desmentir "en sede judicial" las informaciones conocidas, y que desde el PP se consideran que suponen un intento por parte de la oposición de lograr lo que las urnas no les concede.

www.levante-emv.com 14.05.09

Sáenz de Santamaría evita opinar sobre si Camps debería ser suspendido

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, no ha querido opinar sobre si el president de la Generalitat, Francisco Camps, debe ser suspendido de militancia al ser imputado en el caso Gürtel, como sí ha ocurrido con otros cargos, y ha insistido en que su partido considera la presunción de inocencia.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha citado a declarar el 19 de mayo como imputados al president de la Generalitat, Francisco Camps, y al secretario regional del PP de la Comunitat Valenciana, Ricardo Costa, por su presunta relación con la trama de corrupción que involucra a algunos cargos del PP.

Sáenz de Santamaría, que ha comparecido en una rueda de prensa en el Congreso, ha insistido en que el PP cuenta con un comité de garantías, que es el que analiza cada situación y que a la hora de tomar la decisión de si suspende o no de militancia a uno de sus cargos públicos, tiene en cuenta la presunción de inocencia y valora "las circunstancias" de cada caso.

Al ser preguntada si el PP tiene dos varas de medir en este caso, ya que los tres diputados madrileños imputados en la presunta trama que dirige Francisco Correa han sido suspendidos de militancia, la portavoz popular ha respondido que no, pero ha señalado que ha habido casos de imputados, absueltos posteriormente, y esto "ha generado mucho dolor".

En la causa abierta en el tribunal de Valencia para investigar un supuesto delito de cohecho también ha sido citado a declarar al ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.

La de hoy, tras ser Camps y Costa imputados, no es la primera manifestación de apoyo al presidente valenciano y a su número dos, Ricardo Costa, ya que cuando el juez Baltasar Garzón se inhibió de la causa y la remitió al Tribunal Superior valenciano la dirección nacional del partido que preside Mariano Rajoy expresó su total respaldo a los dirigentes autonómicos.

En público también se ha pronunciado el líder del PP, quien en una reciente visita a Barcelona dijo que Camps "no se vendería por tres trajes". Y cuando el presidente valenciano se desplazó a Madrid el pasado 10 de marzo para participar en un almuerzo informativo encontró el apoyo de la cúpula popular, que en pleno asistió al evento.

El llamado "caso Gürtel", que investigan ahora los tribunales superiores de Madrid y de la Comunidad Valenciana por estar implicados aforados de ambas comunidades, ha provocado ya, aunque sólo en Madrid, que tres diputados regionales del PP sean imputados.

Los tres -Alfonso Bosch, Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco- pidieron al partido que se les suspendiera de militancia y el PP procedió a ello en cuanto se supo que todos ellos o eran llamados a declarar como imputados -casos de Bosch y Martín Vasco- o estaban a punto de que así se les notificara -caso de López Viejo-.

Las suspensiones de militancia de estos tres diputados madrileños se unían de este modo a las de los cargos municipales que antes habían sido imputados, todos ellos cargos locales en la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, Camps y Costa no han solicitado la suspensión de militancia en ningún momento. El PP, de momento, da a ambos su total apoyo y confianza.

www.levante-emv.com 14.05.09

El Gobierno valenciano afronta las imputaciones con ´absoluta tranquilidad´

El vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, ha dicho hoy que la comparecencia del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, como imputado en el caso "Gürtel" servirá para "desmontar todas las falsedades" de "un montaje orquestado para desacreditar a una persona intachable".

Rambla ha hecho estas afirmaciones en un comunicado de Presidencia de la Generalitat hecho público tras conocerse la citación de Camps para que comparezca ante el juez como imputado el 19 de mayo por el supuesto delito de cohecho que se le atribuye en relación con la presunta trama de corrupción en el PP.

Según Rambla, "el Gobierno valenciano afronta con tranquilidad y con absoluta confianza el proceso judicial" que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El también portavoz del Ejecutivo valenciano ha señalado que con la citación judicial se acerca el momento de "desmontar todas las falsedades que se han dicho".

"Se va a demostrar que todo ha sido un montaje orquestado para desacreditar a una persona intachable como el president Camps, cuya única ambición es defender los intereses de los valencianos", ha añadido.

Vicente Rambla ha aludido a "la indefensión que se ha producido desde el principio en este proceso, ya que el secreto de sumario ha sido violado de forma reiterada e impune, provocando un juicio paralelo intolerable en un Estado de Derecho".

El vicepresidente ha asegurado que el Gobierno valenciano seguirá trabajando "con el mismo ímpetu porque ahora este gobierno tiene más ganas de trabajar que nunca para devolver el apoyo que la mayoría de los valencianos sigue depositando en nosotros".

"En esta situación de dificultad económica vamos a redoblar todos los esfuerzos para que la Comunitat Valenciana sea la primera en salir de la crisis", finaliza el comunicado.

www.levante-emv.com 14.05.09

“AQUEL QUE HA SIDO IMPUTADO POR PARTE DE LA JUSTICIA TIENE UNA SUSPENSIÓN DE MILITANCIA INMEDIATA”

Esta mañana, a las 9:57 horas, el portavoz del Partido Popular en el Senado y persona de máxima confianza de Mariano Rajoy, Pío García Escudero, decía “clarísimamente” en los Desayunos de Televisión Española que todo aquel que sea imputado por su relación en el caso Gürtel será suspendido de militancia de forma “inmediata”.

“Yo en el caso Gürtel se lo digo clarísimamente, como se ha dicho por parte de la dirección y de muchos responsables de mi partido: Aquel que se demuestre que es culpable, el partido es inflexible con él, y desde luego, aquel que ha sido imputado por parte de la Justicia tiene una suspensión de militancia inmediata”, afirmó literalmente García-Escudero.

Suspensión de militancia

Previamente, el portavoz del PP en el Senado recordaba que “a todos aquellos que se les ha imputado directamente, se les ha suspendido de militancia en el Partido Popular. Y luego –agregó Escudero-, habrá que esperar a ver que deciden los Tribunales”.

Imputados

Casualmente, tres horas después, la prensa desvelaba que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha citado a declarar a Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, y a Ricardo Costa, secretario regional del PP, como imputados en el caso Gürtel el próximo día 19 de mayo.

Pregunta sin respuesta

Cabe preguntarse si ante las últimas informaciones, Pío Garcia-Escudero seguirá defendiendo que el Partido Popular suspenda de militancia a todos aquellos que la Justicia ha imputado por su relación con la trama corrupta.

(www.elplural.com, 14/05/09)

LA FIRMA QUE ADEUDA EL PATROCINIO AL VALENCIA CF CONTRATÓ CON ORANGE MARKET UN ACTO DE RAJOY

Cuando no ha sido contratada directamente por el PP valenciano, alguna otra empresa de confianza le ha dado el pase a Orange Market para que la marca valenciana de la trama Gürtel facturara por acicalar mítines y actos populares. Una de las firmas que ha subcontratado a Álvaro Pérez -además de sociedades de la propia trama como Special Events- es la consultora y promotora de eventos Laterne Product Council, impulsora de la marca paraguas Valencia Experience, que firmó un contrato de patrocinio con el Valencia SAD por 6 millones de euros, no abonó un céntimo y el club de Mestalla le reclama la deuda en los tribunales.

Documentos mercantiles a los que ha tenido acceso Levante-EMV acreditan que Laterne Product Council pagó 22.900 euros a Orange Market a cambio de que la sociedad de la trama que dirigía Francisco Correa prestara servicios audiovisuales en el acto de presentación de las candidaturas de Rita Barberá, Alberto Fabra y Luis Díaz Alperi a las alcaldías de Valencia, Castelló y Alicante. El acto se celebró el 16 de febrero de 2007 en el pabellón de El Cabanyal y la estrella invitada fue el líder nacional del PP, Mariano Rajoy, junto con el presidente Camps. El mitin fue uno de los contados fracasos, un pinchazo en toda regla. No para la economía de Orange Market, que registró ese año un incremento del 78% en sus ingresos. Gracias a la campaña electoral, facturó 2.649.400 euros, casi todos salidos de las arcas de la Generalitat y del PP. El líder nacional popular rompió con Correa y con Pablo Crespo -número dos de la organización y rival de Rajoy en el PP gallego- pero cada vez que ha venido a Valencia se ha encontrado con Álvaro Pérez a pie de escenario, así fuera un congreso del partido o un mitin electoral, en Feria Valencia, en el velódromo Luis Puig o en el referido pabellón. En esta ocasión, Orange Market facturó a medias con Laterne Product Council está administrada por Vicente Sáez-Merino Tormo, primo del conocido empresario textil emparentado con el ex presidente provincial del PP y actual senador Pedro Agramunt.

Sáez-Merino Tormo negoció con el ex directivo del Valencia SAD, Jesús Wollstein, el suculento contrato de patrocinio que dejaba los 3,5 millones que ofrecía Toyota, el anterior patrocinador de las equipaciones, en una cantidad ridícula. Pero los 6 millones prometidos fueron castillos en el aire, como la intención de Valencia Experience de aspirar a poner nombre incluso al nuevo estadio. Una experiencia empresarial "compleja de explicar" la que puso en marcha el grupo de emprendedores en el que se encontraba Sáez-Merino Tormo, según contó él mismo en una entrevista en este diario. Esa marca paraguas pretendía actuar como empresa de servicios que aprovechara "el flujo de visitantes" a la ciudad atraídos por los grandes eventos. Más o menos era eso.
El negociador del contrato por el Valencia SAD, Jesús Wollstein, es el marido de la concejala Marta Torrado, ex director de Ràdio 9 y persona de la órbita del PP. Fuentes de este partido consideran que Wollstein fue animador del proyecto empresarial que acabó siendo fallido mecenas del club al que él estuvo ligado con un contrato de alta dirección, con Juan Soler.

El traje: ¿regalo o soborno?

Sarkozy usa yates o aviones de amigos mientras un político danés apenas puede recibir un libro o chocolate - La tolerancia al compadreo da la talla moral de un país

Recibir ciertos regalos de ciertos amigos puede acarrear el fin de una carrera política: la luna de miel que le pagó un empresario al ministro alemán de Baja Sajonia, Gerhard Glogowski, le costó el puesto. La cocina y el sistema de aire acondicionado que instalaron unos contratistas gratuitamente en el chalé del gobernador estadounidense de Connecticut, John Rowland, forzaron su dimisión. Los trajes que la trama de empresas corruptas de Francisco Correa presuntamente regaló al presidente valenciano, Francisco Camps, abren en España un debate que se dirime en dos planos: el judicial, actualmente en curso, y el moral, más difícil de atrapar. Pero importante: ¿Puede y debe un alto cargo seguir en su puesto tras recibir regalos de personas a las que su Administración adjudica contratos? Más allá de la voz de los jueces, la tolerancia de un país hacia esa promiscuidad también da el nivel de su talla ética.

En Francia, por ejemplo, Nicolas Sarkozy usa en sus vacaciones el avión privado y el yate del multimillonario Vincent Bolloré. El presidente Sarkozy, quien no tiene ningún reparo en exhibirse con sus amigos empresarios, no comprende el recelo que despierta su conducta entre sus compatriotas: "No veo dónde está la polémica. Esto no le cuesta nada a los contribuyentes", ha manifestado. A su ministra de Justicia, Rachida Dati, Dior le pone a su disposición sin coste alguno un amplio guardarropa, que le permite vestirse con conjuntos valorados en 15.000 euros. El salario de Dati es de 14.000 euros al mes.

Otros países, como Dinamarca, aplican una política de tolerancia cero. El país escandinavo sólo permite recibir regalos de cortesía y protocolo como "una tableta de chocolate, un libro, o una botella de vino con ocasión del 25 aniversario de servicio público de un determinado empleado", según los ejemplos que da la Autoridad del Empleo Público, un órgano que ha redactado un código ético común para los funcionarios daneses y que incentiva a los organismos públicos a ser aún más severos cuando lo crean necesario.

Por citar un caso singularmente estricto, los empleados de la Embajada danesa en Vietnam no pueden recibir regalos de más de 50 euros y, con todo, deben dar parte a su superior, ya que se entienden recibidos en nombre de la embajada y no a título personal. Dinamarca es el país menos corrupto del mundo, según el índice de percepción de la corrupción de la ONG Transparencia Internacional.

España, que ocupa el puesto 28 en ese listado, mejor posición que Italia, Portugal o Israel, aunque peor que Barbados, Chile o Uruguay, tiene normas taxativas: "Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía", rezan el Código de Buen Gobierno de 2005, aplicable a cargos electos de la Administración central, y para funcionarios, el Estatuto Básico de 2007.

Normas tan imprecisas siempre plantearán dudas ¿Es un décimo de Navidad un regalo de cortesía? Cuando era alcalde de L'Hospitalet, al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, le regaló uno un constructor adjudicatario de obra pública. Y tocó. 14 millones de pesetas, el segundo premio de 1995. El Tribunal Superior de Cataluña no le condenó por cohecho porque consideró que regalar lotería del Gordo es un hecho socialmente extendido.

El Código Penal castiga con multa la aceptación de regalos, como modalidad leve de cohecho, y la condena será de cárcel si el político o funcionario responde con una contrapartida al empresario dadivoso, como por ejemplo adjudicarle un contrato millonario para organizar eventos públicos (ver cuadro). La ley podría endurecerse en breve. El anteproyecto de reforma del Código Penal castiga la aceptación de regalos con cárcel de seis meses a un año y suspensión del cargo de uno a tres años. Esta pena no se impondría en el caso de Camps, por el principio de no retroactividad.

Ahora bien, la pandemia de la corrupción no se curará a golpe de Boletín Oficial del Estado. Más allá de las sanciones, hace falta prevenir y controlar, reclaman instituciones internacionales y ONG como Access Info Europe. El acceso a las declaraciones patrimoniales de funcionarios y altos cargos es un instrumento básico para detectar su enriquecimiento ilícito. En los últimos 20 años se han generalizado y los países más desarrollados han ampliado su contenido (ingresos, regalos, viajes), los obligados a presentarlas (cónyuges e hijos del cargo público) y su difusión (los más transparentes las publican en Internet).

El registro de regalos del Ayuntamiento de Londres puede ser consultado en la Red y cualquiera puede conocer que el teniente de alcalde, Richard Barnes, fue obsequiado el 19 de abril con un sombrero Panamá por la Cámara de Comercio de Ecuador, o que la Asociación de Fútbol inglesa invitó al concejal Kit Malthouse a un almuerzo y al derbi entre el Arsenal y el Chelsea del 18 de abril.

El Banco Mundial informa de que en 2009, de 175 países analizados, sólo 109 obligan a sus parlamentarios a presentar una declaración patrimonial, y de ellos únicamente 63 las ponen a disposición del público, en muchos casos con condiciones y sólo parcialmente, como hace el Parlamento español. De acuerdo con el nuevo Reglamento de la Ley de Conflictos de Interés, en octubre se conocerá el patrimonio de ministros y secretarios de Estado, que deberá ser publicado en el BOE. Aunque, de momento, no se ha comunicado si la información estará en Internet como el registro de regalos del Ayuntamiento de Londres.

"¿Por qué en España no pasa lo mismo?, ¿Cultura política made in Spain?" se pregunta Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos y experto en buena gobernanza. "Salimos perdiendo en casi todos los instrumentos de lucha anticorrupción si nos comparamos con los países de nuestro entorno. Nos acercamos más bien a un país como Italia, el peor modelo a seguir de Europa. Aunque al menos no tenemos un problema tan serio a la hora de regular los conflictos de interés porque allí el presidente, quien tendría que dar ejemplo, es a la vez el principal empresario del país".

Algunos expertos piden que se cree una agencia anticorrupción independiente y con amplios poderes, como la Oficina de Ética del Gobierno (OEG) estadounidense. La Casa Blanca la creó en 1978, con la resaca del mayor escándalo de corrupción de la historia de EE UU, el caso Watergate. La OEG examina las declaraciones de intereses privados de altos cargos del poder ejecutivo federal, elabora códigos de conducta y educa en valores a cerca de tres millones de funcionarios. A modo de exámenes, online o presenciales, éstos deben resolver una serie de casos prácticos en los que se les plantean dilemas éticos del tipo: "En una misma ocasión una persona que hace negocios con tu departamento te ofrece una camiseta de béisbol valorada en 15 dólares, una gorra de 10 dólares y un póster de 5 dólares, ¿podrías aceptar todos estos regalos?" La respuesta es "no", porque los tres regalos juntos superan el límite permitido de 20 dólares (15 euros) para una misma ocasión y una misma persona.

Hay un encargado de la OEG en cada uno de los 130 departamentos de la Administración que se dedica a resolver las dudas de los funcionarios sobre conducta ética, y 6.400 asistentes que trabajan a tiempo parcial. Su presupuesto es de 10 millones de euros. En 1991, este departamento investigó al jefe de gabinete de George Bush, John H. Sununu, por usar un avión y un coche oficial para sus escapadas desde Washington a una estación de esquí, o a sus citas con el dentista en Boston. Sununu acabó dimitiendo.

El órgano español que se aproxima más a las funciones de la OEG es la Oficina de Conflictos de Interés que, aunque no imparta clases de ética, sí examina las declaraciones de bienes e intereses de secretarios de Estado, ministros y presidente del Gobierno. Aún así, no tiene la independencia ni los poderes suficientes para esta función, reprocha Villoria: "La Oficina está muy politizada, a pesar de la profesionalidad de sus miembros. Su responsable depende directamente del Gobierno, que lo puede destituir a su antojo". En EE UU, el presidente no puede deponer al director de la OEG y puede darse la circunstancia de que no coincida el signo político del presidente con el del director, como ocurre ahora, porque el mandato de éste dura cinco años. Además de la OEG, existe un órgano ético para el poder legislativo, otro para el judicial, y muchos Estados y grandes ciudades han creado oficinas similares.

¿Es EE UU un país menos corrupto desde que se crearon estas agencias? Nadie lo puede asegurar con certeza. La corrupción no suele dejar huella, así que no sabemos cuántos delitos de este tipo se cometen. "Son delitos sin una víctima directamente perjudicada que acuda a denunciarlos, como ocurre en los delitos de sangre", explica el catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco, Norberto J. de la Mata Barranco. "Cuando estos casos llegan a los tribunales es gracias a la denuncia de un opositor político o de un competidor agraviado en una licitación. Por eso hay estudios de criminología que estiman que sólo es investigado el 10% de los casos, mientras que, por contraste, casi todos los homicidios acaban siendo conocidos".

"Contar con un departamento como la OEG es mejor que nada", valora Gerald Caiden, catedrático en la Universidad del Sur de California especializado en ética pública, quien opina que, sin embargo, es muy difícil conocer hasta qué punto está siendo eficaz. Caiden, como otros expertos, guarda sus reservas sobre la posibilidad de medir el fenómeno de la corrupción con índices como el de Transparencia Internacional. "Según la mayoría de estudios, EE UU es uno de los 20 países menos corruptos del mundo y los países nórdicos están en lo más alto de la lista de la integridad, pero ¿podemos creernos el milagro que dicen haber conseguido? Esos índices de corrupción no dejan de ser puras conjeturas".

Transparencia Internacional justifica que no hay otro método más fiable para medir la corrupción que comparar las percepciones de los residentes de un país y otro: "La comparación del número de procesos judiciales no reflejaría los niveles de corrupción reales. Más bien pondría de relieve la calidad de fiscales, tribunales y medios de comunicación para sacar a relucir la corrupción". El índice de corrupción de esta ONG reúne datos de 13 fuentes como el Banco Mundial o agencias de calificación de riesgos.

De todos modos, resignarse a aceptar la corrupción sin emplear todos los medios posibles para combatirla no parece la mejor receta. Muchos Ayuntamientos estadounidenses fomentan la integridad de sus concejales con códigos de conducta y talleres de ética. Y qué mejor profesor que alguien que ya estuvo expuesto a la tentación de la corrupción. Judy Nadler, ex alcaldesa de Santa Clara (110.000 habitantes), en California, transmite su experiencia a las nuevas generaciones. "Nada más llegar al cargo de concejal, en 1985, el propietario de un cine local me envió a mi correo un pase gratis ilimitado a su sala", relata Nadler. "Se lo devolví inmediatamente y le dije que mi deber era no aceptar regalos. La historia saltó a la prensa y mis compañeros concejales se vieron forzados a confesar que ellos sí habían aceptado los pases. No hace falta decir que no les caí muy simpática. Pero sirvió para protegernos de un conflicto de intereses venidero porque, al poco tiempo, la misma empresa solicitó al Ayuntamiento la licencia para construir un megacentro de ocio".

En España, donde la mayoría de los casos de corrupción conocida se da en el ámbito local, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) elabora actualmente un código de conducta para darlo a conocer a los 8.112 Ayuntamientos. La FEMP no tiene conocimiento de que ningún municipio, ni siquiera las grandes ciudades, haya elaborado un código ético específico para sus funcionarios. Es más, los delitos de corrupción están aún lejos de ser censurados, quizá porque se confunden con una falsa prosperidad económica. En Alcaucín (Málaga), el alcalde, José Manuel Martín Alba (PSOE), fue aclamado en marzo por sus vecinos cuando la Guardia Civil lo detuvo en su domicilio acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad.

Penas a las que se puede enfrentar Camps

- Si se demuestra adjudicación de contratos a cambio de regalos. Delito de cohecho (Art. 425.1 del Código penal). La autoridad o funcionario público que solicitare dádiva o presente o admitiere ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo o como recompensa del ya realizado, incurrirá en la pena de multa del tanto al triplo del valor de la dádiva y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años.

- Si no se prueba la contraprestación. Delito de cohecho en modalidad de aceptación de regalos (Art. 426 primer inciso del Código penal). La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses.

www.elpais.es 11.05.09

El sumario del caso Gürtel, la trama de corrupción masiva vinculada a Administraciones gobernadas por el PP, incluye una serie de documentos y facturas halladas en el sótano de la tienda de ropa Forever Young del Paseo de la Castellana, en Madrid, que ha facilitado a la justicia el propio dueño del establecimiento y que acreditan los regalos que hicieron al menos tres empresas al presidente de la Comunidad de Valencia, Francisco Camps.

La documentación registra el pago de trajes a Francisco Camps y a parte de la cúpula del PP en esa comunidad autónoma. Entre las facturas y documentos de que dispone el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (que levantó el secreto del sumario el pasado 3 de abril), figuran los talones bancarios y los certificados de transferencias de dinero de tres de las empresas de la trama corrupta: Servimadrid Integral, Diseño Asimétrico y Orange Market, que abonaron los trajes de Milano y Forever Young.

Orange Market recibió contratos millonarios de la Comunidad Valenciana. Su principal directivo, Álvaro Pérez, El Bigotes, mantenía una relación de íntima amistad con Camps.

El volumen principal de los contratos correspondía a la adjudicación durante los últimos cuatro años del pabellón valenciano en la feria de turismo FITUR. Hay decenas de contratos menores, algunos de los cuales correspondían a actos del propio presidente valenciano que montaba y cobraba Álvaro Pérez.

Respecto a los supuestos regalos recibidos por Camps y otros dirigentes del PP, el relato de hechos, supuestamente probados, que figura en el sumario es el que sigue:

- Las pruebas de los propietarios. Eduardo Hinojosa, administrador único de Castellana Inmuebles y Locales, S A, sociedad propietaria de la tienda Forever Young, entrega al juez una serie de documentos encontrados, según explica, en el sótano del establecimiento a raíz de una auditoría interna que él mismo encargó. Uno de los documentos incluye una relación de personas con unos importes asignados a cada uno de ellos:

- Rafael Betoret [jefe de Gabinete de la Consejería valenciana de Turismo]: 6.700 euros.

- Las facturas de los pagos. La documentación aportada por Hinojosa también incluye cinco facturas a nombre de Diseño Asimétrico y otras cinco a nombre de Servimadrid Integral que suman precisamente 30.678 euros, que se pagaron a la tienda entre mayo y julio de 2007 mediante transferencias bancarias o talones de Banesto.

Tanto Eduardo Hinojosa como el director de otra tienda de la misma sociedad radicada en Madrid han declarado ante la policía que han visto al presidente valenciano probándose ropa en el establecimiento en una ocasión y recogiendo una prenda de vestir en otra.

- Regalos en Milano. En el mismo sumario figuran otros documentos facilitados por Cortefiel, propietaria de las tiendas Milano, sobre "pagos a cuenta" registrados en 2005 y 2006. La tienda facilitó la siguiente relación:

- Los pagos de Orange Market. De toda esta relación, los documentos aportados a la causa acreditan que, salvo el apunte referido a una compra de 3.300 euros a favor de Camps, el resto se abonaron por la empresa Orange Market, que dirigía El Bigotes, mediante dos talones bancarios de Barclays Bank.

La investigación policial de estos hechos concluyó con un informe, que maneja el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en el que se sostiene que el importe de las compras achacables a los dirigentes del PP que aparecen en la documentación "no habrían sido abonadas directamente por los mismos, según la información facilitada" por las tiendas Forever Young y Milano, sino que fueron pagadas mediante transferencias bancarias y cheques por las empresas Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral y Orange Market. Estas tres empresas forman parte de la trama corrupta vinculada a Administraciones gobernadas por el Partido Popular.

Sobre la base de todos estos hechos, el juez que instruye la causa en Valencia, José Flor, y que ya ha citado a declarar a José Tomás, el sastre que tenía entre sus clientes a los dirigentes del PP, deberá decidir si cita como imputado al presidente Camps y a su mano derecha y secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. El presidente valenciano ha negado en reiteradas ocasiones su implicación en el caso Gürtel y ha indicado su deseo de aclararlo todo ante los jueces. Camps también ha reiterado que apenas conocía a El Bigotes, a pesar de que la policía dispone de una grabación en la que ambos hablan la víspera de Navidad y se muestran un gran cariño.

El PP de Mariano Rajoy ha suspendido de militancia a los tres diputados autonómicos de Esperanza Aguirre en el momento en que el juez de Madrid que instruye este caso los citó como imputados.

UN MICRÓFONO INDISCRETO REVELA QUE LA EXPULSIÓN DE OLTRA FUE POR UNA "CONTRAORDEN" DEL PP

El incidente de la camiseta de “Se Busca” a Camps debía haberse resuelto sin tanto revuelo según lo acordado en la Junta de Portavoces momentos antes del inicio del Pleno: la diputada de Compromís, Mónica Oltra, se había comprometido a abandonar la sala para cambiarse la polémica prenda tras una llamada a orden de la presidenta, Milagrosa Martínez, quien le daría la palabra al volver a la Cámara para ofrecer una explicación. Sin embargo, nada de esto sucedió debido a una “contraorden” del portavoz adjunto Rafael Maluenda por recomendación de Ricardo Costa. Todo ello quedó grabado gracias a que la presidenta tenía el micrófono abierto en los instantes previos a la sesión. Aunque apenas es audible, sí se puede escuchar con claridad la “contraorden” recibida y cómo, automáticamente la obediente presidenta expulsa a la diputada nada más abrirse la sesión.

Pese a lo acordado, Maluenda indicó a la presidenta que amonestara por tres veces a la diputada y que tras ello, tal y como marca el reglamento, la expulsara. La primera reprimenda se la lleva antes de llegar a su escaño. La sorprendida Oltra le indica por gestos que se disponía a salir pero al ver el empeño de la presidenta en seguir con las amonestaciones, optó por sentarse hasta la expulsión final, zanjada con un “pues le llamo al orden por tercera vez y la expulso del Pleno”.

La “contraorden” de Maluenda provocó, sin embargo, el efecto contrario, la amplificación del mensaje de la diputada de Comprimís, ya que su expulsión tuvo repercusión nacional. Según fuentes consultadas por el diario Levante, el incidente dejó un poso amargo en el PP y algunos diputados populares criticaron a la dirección del grupo y a la presidente por la gestión del conflicto. También se quejan de que no se le hubiera impuesto en ese momento la sanción de un mes de suspensión emparejada a la expulsión ya que a posteriori es más difícil tomar medidas disciplinarias.

Un trimestre de medias verdades : Camps ha querido descalificar la investigación del 'caso Gürtel' que empaña su futuro

El pasado 6 de febrero el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón puso en marcha la operación Gürtel para desmantelar una trama corrupta de empresas vinculada al Partido Popular. Y ese día empezó la peor pesadilla de Francisco Camps de sus seis años al frente del Consell de la Generalitat.

Las informaciones que el Consell dio por rebatidas siguen en pie
La imputación al presidente que parecía impensable ahora es probable

El presidente ha optado desde entonces por refugiarse, siempre que le ha sido posible, en el silencio y en el desmentido general. Un silencio roto por las informaciones referidas al contenido del sumario, las declaraciones de algunos de los principales actores -como el sastre José Tomás- del caso Gürtel y la insistencia de la oposición y los periodistas por obtener respuestas. El resultado ha sido un trimestre plagado de medias verdades por parte de Camps y los principales cargos del Consell y de la dirección regional del PP. A continuación se señalan algunos de los principales argumentos cuestionados.

- Amistades peligrosas. "Yo tengo la suerte de saludar a muchas personas a lo largo del año porque soy el presidente de la Generalitat y hay un montón de actos y actividades". Así se expresó el jefe del Consell el 12 de febrero pasado al ser interpelado por sus relaciones con Orange Market -la firma dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, en Valencia, que está imputado por Garzón- y José Luis Ulibarri, el empresario castellano-leonés de la construcción que ha conseguido 13 licencias de TDT en la Comunidad Valenciana y también imputado por Garzón. Las conversaciones grabadas demuestran que Camps mantuvo, hasta que estalló el escándalo, una estrecha amistad con Álvaro Pérez.

- Informaciones rebatidas. "Todas las filtraciones aparecidas en los medios de comunicación, todas, han sido rebatidas por su orden. Ni PAI, ni oficinas, ni adjudicaciones a no sé qué tipo de actividades", manifestó Camps el pasado 19 de febrero y repitió el 12 de marzo pasado. No ha sido así. Las informaciones publicadas en EL PAÍS se han ratificado una tras otra. El sumario incluye distintas grabaciones en las que algunos de los actores de la trama hablaban de PAI, de adjudicaciones y actividades que sí existieron.

- Imputación imposible. "¿Cree de verdad que yo puedo ser imputado por lo que se dice estos días? ¿Cree que hay alguna duda respecto a mi trabajo, mi responsabilidad y mis acciones?" La respuesta a las preguntas que se formuló Camps el 19 de febrero en el Parlamento estará en breve. La Fiscalía Anticorrupción implicó a Camps en la trama corrupta, junto a Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, por haber recibido, supuestamente, trajes pagados por la trama corrupta. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana investiga a Camps, Costa y a los otros dos imputados por un supuesto delito de cohecho. Y, previsiblemente, citará a declarar a Camps en breve, previsiblemente como imputado. El sumario constata que el jefe del Consell telefoneó repetidamente al sastre José Tomás -de Milano y Forever Young- al estallar el escándalo. Tomás, que ha declarado que la ropa la pagó la trama y que tendrá que volver a declarar ante el TSJ, le tomó las medidas para los trajes a Camps en un hotel de Madrid.

- Relación con la justicia. "Yo creo, lógicamente, en la independencia del poder judicial", ha insistido varias veces Camps. Según el responsable de la Generalitat, es la oposición quien ha decidido que él tiene una relación "de forma especial" con el presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa. Lo cierto es que fue Camps el que afirmó en un acto público: "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta de amistad que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat". Camps, que no niega su afirmación, indica que se trataba de reiterar "por activa y por pasiva, de forma personal e institucional" que el Consell estará a la altura de las circunstancias en sus competencias en materia de Justicia. Lo que no ha aclarado el jefe del Consell es por qué mantuvo, en pleno escándalo y antes de que la pieza del sumario de Garzón fuese transferida a Valencia, dos encuentros con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, ex consejero de Justicia.

- Transparencia absoluta. En opinión del Consell y del PP, desde que estalló el escándalo, se ha hecho "un ejercicio de transparencia como nunca antes se había hecho en la historia democrática" de la Comunidad Valenciana. Lo cierto es que los populares han rechazado la inmensa mayoría de las peticiones de información formuladas por los grupos de la oposición, pese a que el escándalo obligó a comparecer a todos los consejeros a petición propia, aunque fue flor de un día que no les ahorró nuevas críticas. Es cierto que el presidente Camps ha comparecido en sesión de control parlamentaria hasta en cinco ocasiones, pero no ha respondido a la gran mayoría de cuestiones directas planteadas.

- Ataque institucional. Camps y el PP consideran un "atentado" a la institución de Presidencia de la Generalitat las críticas de la oposición. Sin embargo, Camps, que ha llegado a plantearse la renuncia y ha pasado del rencor al perdón con aquellos que le han dicho cosas "horrorosas", insiste en plantear su defensa judicial como una cuestión personal que está desvinculada de su gestión al frente de la Generalitat y de la dirección regional del PP.

Nada de nada, pero cada vez afloran más contratos

"Se habló de tramas y se habló de adjudicaciones y de financiaciones irregulares. Y de eso, nada de nada, y de lo otro, tampoco". Ese es el resumen que hace el propio Camps del caso Gürtel después de que el TSJ haya decidido no incluir, por ahora, los supuestos delitos de tráfico de influencias y supuesta financiación ilegal del PP, que el juez Garzón apuntaba en el auto remitido.

Camps, que ya conoce el sumario en el que se le investiga por un supuesto delito de cohecho, y Ricardo Costa, que todavía no se ha personado, han querido desvincular la investigación judicial por cohecho del funcionamiento del Consell y el PP.

Sin embargo, desde los primeros días en los que el Consell negó que hubiese prácticamente contrataciones con Orange Market, los contratos relacionados con las empresas de la trama corrupta han aflorado lentamente a la opinión pública gracias a la investigación de la oposición y de los medios de comunicación.

La clave está no tanto en las adjudicaciones directas de grandes contratos de la Generalitat a las empresas de Correa -el mayor de los cuales ha sido la construcción del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur durante los últimos cinco años-, sino en los pequeños contratos. Aquellos sin publicidad ni libre concurrencia que, además, son los más difíciles de fiscalizar por la Sindicatura de Comptes y los auditores.

Ahí es donde ha mordido la oposición, que reclama que se le facilite la información pública sobre los mismos. El PP ha rechazado facilitar información sobre la gran mayoría de empresas que formaban parte de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa y de las que lo ha hecho, tan solo ha abierto la mano en las grandes adjudicaciones.

El grupo de Compromís presentó el pasado viernes más de 1.500 nuevas preguntas sobre los contratos menores de las consejerías a las empresas de la trama. Y ello, tras lo que consideran una broma de mal gusto del vicepresidente económico y consejero de Economía, Gerardo Camps, que les remitió a una página web, donde es prácticamente imposible obtener información comprensible.

El PSPV también ha decidido volver a la carga, tras la decisión del PP de rechazarles 440 de las 500 preguntas presentadas y remitirles a la misma web en algunas de las contestadas.

www.elpais.es 10.05.09

Orange Market cobró 60.615 euros a las cámaras y 74.000 a la Feria por un acto presidido por Camps

El órgano de representación cameral fue, junto con empresas de Correa, uno de los primeros clientes de la firma de Álvaro Pérez

Cuando el dinero que entraba en la caja de Orange Market no era estrictamente de la Generalitat procedía de instituciones semipúblicas, que se sostienen en buena medida con las subvenciones, o de entidades y organismos en los que el Consell de Francisco Camps tiene mano. En esos parámetros se ubican tres encargos del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana y de Feria Valencia a la empresa de Álvaro Pérez, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV sobre los contratos de diversas empresas de la trama dirigida por Francisco Correa. Las facturas por servicios prestados a las citadas instituciones económicas alcanzaron los 134.615 euros, de los que 60.615 fueron abonados por el órgano de representación de las cinco Cámaras de Comercio valencianas: Castelló, Valencia, Alcoi, Alicante y Orihuela.

La institución que representa a estas entidades semipúblicas pagó 6.095 euros en febrero de 2004 a Orange market por la creatividad de un logo para el llamado Observatorio Clusters, sobre la calidad empresarial, y 54.520 euros por la fabricación y montaje del stand en el que se instaló el Consejo de Cámaras en la feria "Soluciones para la empresa". En ambos casos fueron trabajos adjudicados por el entonces director general de ese organismo José Luis Colvée, hoy director general de Anetcom, una asociación sin ánimo de lucro dedicada al fomento del comercio electrónico empresarial y de las Nuevas Tecnologías. Anetcom también ha sido cliente de Orange Market. Fuentes conocedoras de la actividad de la empresa de la firma de la trama Gürtel indicaron a este diario que esos contratos del Consejo de Cámaras llegaron por recomendación del Consell y dada la buena relación de Colvée con Álvaro Pérez, al que conoció a través de Ignacio Blanch, que fue apoderado de Orange Market hasta el mes de diciembre de 2004.

Alberto Catalá, de confianza

La mayor de las dos facturas (de 54.520 euros) no llegó a abonarla el zaplanista Colvée. La autorización del pago fue firmada, en abril de 2004, por el presidente de las Cámaras, Arturo Virosque, y por Carmen de Miguel, nada más tomar el relevo como directora general de este órgano cameral recién llegada de Madrid, cuando el PP perdió el Gobierno. De Miguel cesó entonces su cargo en el Ministerio de Trabajo, donde fue llamada por Eduardo Zaplana. Tan zaplanista como ella eran Colvée y Miguel Peralta, conseller de Industria.

Peralta adjudicó tres años después, desde el departamento de Justicia, un encargo de 8.000 euros a Orange Market para confeccionar la trasera de cartón pluma que con la inscripción "Elecciones 2007" sirvió de decorado a las comparecencias en el centro de recepción de datos instalado en la Ciudad de la Justicia.

Otro de los clientes especiales de la contratista de cabecera de la Generalitat y del PP fue Feria Valencia, la institución presidida por Alberto Catalá, persona muy vinculada a Francisco Camps, a quien expresó públicamente y sin reservas todo su apoyo y admiración cuando se supo de la implicación del presidente en este escándalo. La Feria pagó 74.000 euros a Orange Market por montar el acto en el que se presentó el Plan de Internacionalización de la Feria, que se celebró el 30 de enero de 2007 en el Centro de Eventos del recinto ferial de Paterna. El jefe del Consell, Francisco Camps, presidió una ceremonia en la que estuvo acompañado por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y que sirvió para explicar el programa para exportar la Feria en misiones comerciales que se celebraron en Moscú o los Emiratos Árabes, entre otros destinos. Con este plan pretendían vender internacionalmente los distintos certámenes que celebra Feria Valencia y captar nuevos clientes para que acudan a Paterna.

Cuando la empresa creada por Pablo Crespo, el número dos de la organización puesta patas arriba por Garzón y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la policía, daba sus primeros pasos en el incipiente mercado de los eventos, el Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana ya era cliente. También fueron de los primeros en pagarle servicios Easy Concept, Special Events o Boomerangdrive, empresas del conglomerado de Correa que le cedieron contratos a Orange Market para oxigenarla económicamente al principio, según contó este diario.

Encargos de firmas ajenas al caso

Feria Valencia también encargó a Orange Market una campaña de publicidad de Hábitat en 2008, sin el conocimiento previo de los empresarios que organizan este certamen, como ya reveló en exclusiva este diario. Diversas fuentes consultadas indicaron que el importe de ese contrató alcanzó los 800.000 euros. Ese encargo llegó cuando Orange Market estaba ya muy asentada. No como en 2004, cuando facturó al Consejo de Cámaras. Al principio recibió también varias subcontratas de empresas del sector publicitario y organizadoras de eventos. Por ejemplo, de Mediterránea de Medios, que, lógicamente, no tiene ninguna relación con el caso Gürtel.

www.levante-emv.com

Álvaro Pérez, El Bigotes, amigo íntimo del presidente valenciano, Francisco Camps, y uno de los cabecillas de la presunta trama corrupta vinculada al PP, logró contratos del Gobierno valenciano ligados directamente a la actividad del jefe del Ejecutivo autónomo. Aunque el volumen principal de la facturación de Pérez con la Administración valenciana tenía que ver con la Consejería de Turismo -que le adjudicó los últimos cinco contratos de montaje de su pabellón en el certamen Fitur por más de cinco millones de euros-, el amigo de Camps hacía negocios también en la órbita más próxima al presidente.

El grupo parlamentario de Compromís pel País Valencià remitió ayer al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón una relación de contratos menores que Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, y otras de la trama, lograron de la Comunidad Valenciana. La información ha sido obtenida y recopilada por Compromís a pesar del oscurantismo del Gobierno de Camps, que ha rechazado la inmensa mayoría de las peticiones de información de la oposición. Sólo Compromís ha presentado más de 1.500 preguntas, que no han obtenido respuesta. El Grupo Socialista, cerca de 500, de las que se han rechazado 440 y no se ha dado información adecuada a las restantes.

Según la información suministrada por Compromís al juzgado, las empresas de la trama -Orange Market, Easy Concept, etcétera- recibieron, entre 2005 y 2007, contratos de Presidencia y de otros departamentos de la Generalitat por más de 500.000 euros. Entre ellos, por ejemplo, cita el montaje del decorado para actos institucionales de Camps en Estados Unidos.

Orange Market cobró 36.000 euros por el panel con el escudo valenciano que se colocó como escenario para un acto en Miami. La adjudicación no se hizo a través de un solo contrato, sino que se partió en varios para eludir el proceso de publicidad.

Otros servicios prestados a Presidencia y sufragados por este departamento y por el de Justicia fueron los relacionados con el montaje del acto Elecciones 2007 en el centro de datos del recuento electoral de aquellos comicios autonómicos. La factura ascendió a 34.500 euros. En 2005, Presidencia volvió a otorgar a la trama, por otros 12.020 euros, la coordinación y tratamiento de datos de la guía de la comunicación y un cuarto contrato, éste por 7.447 euros, se dio a dedo desde Presidencia para organizar la presentación en Madrid del Congreso Internacional de Nuevo Periodismo.

La estrecha relación entre la Generalitat y la red de empresas de Correa se extiende más allá de la Consejería de Presidencia. También en 2005, la sociedad promovida por el Consell Proyecto Cultural de Castellón asumió una factura de 64.403 euros de un congreso informático para la que, de nuevo, se fraccionó el importe total en cuatro contratos por valor de 12.020 euros, con objeto de evitar la publicidad a la que obliga la ley cuando las adjudicaciones superan ese importe.

Hasta la fecha está acreditado que Orange Market facturó a la Generalitat unos seis millones de euros en contratos adjudicados mediante concurso público o procedimiento negociado como los pabellones de la Feria de Turismo antes mencionados o los actos previos a la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante. Special Events también obtuvo contratos por 42.000 euros del Consorcio de la Copa del América para distintos actos de regatas a los que acudió Camps.

Es imposible, por el momento, conocer el dinero pagado a las empresas de la red a través de adjudicaciones menores o contratos de prestación de servicios por importe inferior a los 12.020 euros, que se otorgan directamente. La opacidad de la Generalitat en esta materia ha sido absoluta.

La portavoz de Compromís, Mónica Oltra, insiste ante el juez en que los contratos menores quedan "ocultos a cualquier análisis público" y considera que pueden "constituir un gasto más de la trama de financiación de las actividades del PP en la Comunidad Valenciana". Oltra fue expulsada ayer del pleno de las Cortes valencianas por llevar una camiseta con la foto de Camps y la inscripción Wanted only alive -Se busca vivo- como protesta por el oscurantismo de la Generalitat y la ausencia del presidente en la sesión de control. El PP acusó a Compromís de faltar el respeto judicial.

ORANGE MARKET COBRÓ EN 2007 A SANIDAD CUATRO VECES MÁS QUE UN AÑO ANTES POR EL MISMO ACTO

La Conselleria de Sanidad también forma parte de la nómina de clientes de Orange Market, la franquicia valenciana de la trama dirigida por Correa. La firma cuyas sedes fueron registradas el mismo 6 de febrero en que Garzón puso en marcha la operación policial, cobró por montar la entrega de los premios "Salud y sociedad" en 2006 y 2007, siendo Rafael Blasco titular de ese departamento. Pese a prestar los mismos servicios con apenas un año de diferencia, Orange Market cobró en 2007 cuatro veces más de lo que percibió el año anterior, según se desprende de las facturas. La primera ceremonia de entrega de los galardones que concede la Conselleria de Sanidad se celebró en julio de 2006 en l'Hemisfèric. Por "desarrollo, montaje y ejecución del acto de entrega" de los premios, la empresa de Álvaro Pérez pasó un cargo de 3.096 euros. La segunda edición de los premios fue en octubre de 2007. Los servicios de la empresa fundada por el número dos de Francisco Correa fueron los mismos ("desarrollo, montaje y ejecución del acto de entrega"). Lo que cambió sustancialmente fue el precio, que subió hasta los 10.900 euros, una inflación del 352%.

Se da la circunstancia de que el actual conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, repitió como cliente de Orange Market desde las conselleries de Territorio, primero, y después de Sanidad. En Territorio pagó gastos de la edición de Fitur en 2005.

A ello hay que sumar la adjudicación de la campaña sobre el uso del contenedor amarillo a la empresa pública Vaersa, en noviembre de 2004. Fue aquel paripé de procedimiento negociado sin publicidad -a dedo- en el que, como contó este diario en exclusiva, se consultaron tres firmas que eran del mismo administrador, el cofundador de Orange Market Luis de Miguel Pérez, también gerente de Down Town Consulting (después se llamó Easy Concept) y Boomerangdrive, las otras dos ofertas supuestamente invitadas.

El procedimiento estuvo plagado de irregularidades. Y la campaña nunca la hizo Orange Market, que cobró los 69.310 del primer plazo, la mitad del contrato de 138. 678 euros que le fue adjudicado.El auténtico ganador en las dos ediciones fue Álvaro Pérez, a quien los premios le salieron más a cuenta que a los galardonados. Honores y gloria aparte, los premiados fueron obsequiados con un diploma firmado por Camps y una escultura conmemorativa de unos premios que nacieron para "reconocer y difundir el trabajo de las instituciones sanitarias públicas, profesionales, empresas y organizaciones sociales en el ámbito de la salud".

Escándalo mayúsculo en las Corts. La presidenta de la Cámara, Milagrosa Martínez, expulsó ayer del pleno a la portavoz de Compromís, Mónica Oltra, por lucir una camiseta en la que se mostraba una foto del presidente Francisco Camps con el cartel de "Wanted (se busca), only alive (solo vivo)", para protestar por su ausencia en la sesión de control de ayer en la que debía responder a las preguntas sobre su implicación en el caso Gürtel. El incidente acarreará gravísimas consecuencias ya que el PP pidió a la Mesa que analice si sanciona a Oltra, un castigo que podría llegar a la suspensión de un mes como diputada (con pérdida de sueldo y parte de la subvención al grupo), ampliable por el pleno.

Nada más comenzar la sesión y con el socialista Adolf Sanmartín en la tribuna, Oltra entró al hemiciclo con la camiseta, lo que provocó la indignación del PP, que pidió la palabra a la presidenta. Martínez, tras indicarle a la síndica que ya había "conseguido el impacto mediático" que buscaba, le pidió que fuera "respetuosa con la Generalitat" y se quitara la prenda. "¿Pretende que me quede en ropa interior?", le soltó desde el escaño. Ante la negativa de Oltra a salir de la sala para cambiarse la camiseta, Martínez suspendió el pleno y allí mismo reunió a los portavoces. Se vio al síndic popular, Ricardo Costa, furioso, mantener una fuerte discusión con Oltra. Según afirmó ésta después, el portavoz del PP le dijo que iba "ridícula" y le pidió "por favor" que se quitara la camiseta.

Ella le respondió solicitándole "por favor" que el Consell entregue los contratos con la trama. En un momento dado, Costa la dejó con la palabra en la boca y se fue a su escaño. Pero finalmente dio la impresión de que había acuerdo y la presidenta reanudó la sesión. Sin embargo, cuando Oltra se dirigía a su escaño, Martínez optó por llamarla al orden por primera vez. La diputada, que explicó después que habían quedado en que se iría para cambiarse la camiseta, decidió entonces quedarse. Martínez consumó la expulsión. Tras Oltra, el resto del grupo abandonó el hemiciclo. Los populares aplaudieron la tarjeta roja a Oltra.

Durante el incidente, populares insultaron a la síndica de Compromís. La portavoz adjunta Marisol Linares la llamó "mona", a lo que Oltra le contestó: "Tú sí que estás mona con el vestido que llevas".

En pasillos, la diputada de Compromís anunció que recurrirá la expulsión al entender que no está fundamentada jurídicamente y sostuvo que la camiseta "no ofende a nadie" sino que significa que "se busca a Camps, que está prófugo de la política", ya que, 48 horas antes del pleno excusó su asistencia por un viaje a Boston (a propósito de la Volvo) y no habló ayer del caso Gürtel. Por contra, el PP considera que la actitud de Oltra provocó un "desorden parlamentario" y se "atacó a instituciones sagradas. No estamos hablando de Francesc Camps, sino del presidente de la Generalitat", explicó el popular Rafael Maluenda. "Se ha atentado contra la figura de Camps", sostuvo el propio Costa, quien consideró que Oltra, cuyo comportamiento tachó de "bochornoso", causó un "altercado".

La sanción no será fácil justificarla porque el reglamento habla de los diputados que "promuevan desorden grave con su conducta de obra o de palabra", pero el desorden se originó ante la respuesta del PP a la camiseta.

El portavoz socialista, Ángel Luna, lamentó el incidente pero consideró que el responsable es Camps porque el PP está en "insumisión constitucional" ya que no hay "manera humana ni divina" de que el Consell conteste a las preguntas sobre los contratos con empresas de la trama pese a una sentencia del Constitucional. Ante esta situación, "es muy difícil no perder los nervios y no venir aquí intentando llamar la atención de alguna manera", por lo que dijo "entender" la acción de Oltra aunque el PSPV "no actúa de esta manera". Lluís Torró (EU) también dijo que la diputada no violentó a nadie con la forma "pintoresca" de expresarse.

EL TRIBUNAL SUPERIOR EMPIEZA A CITAR A LOS TESTIGOS ANTES DE LLAMAR A CAMPS Y COSTA

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha comenzado a citar a los testigos del caso Gürtel antes de interrogar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a los otros tres imputados valencianos en el caso Gürtel. El magistrado instructor, José Flors, ha citado ya a declarar para el próximo 21 de mayo al sastre José Tomás para preguntarle por los trajes de Camps.

Al menos esto es lo que se desprende en estos momentos de la actuación judicial, ya que el Tribunal Superior comunicó ayer que aún no se ha dictado la resolución para citar a los cuatro imputados.

De esta forma, probablemente el primero en declarar en la sede valenciana sobre la trama de corrupción del PP será el sastre que tomó las medidas al presidente de la Generalitat, Francisco Camps; al número dos del PP, Ricardo Costa; al ex vicepresidente y conseller de Justicia, Víctor Campos, y al ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret.

Con ello, el juez se daría un margen para seguir pidiendo pruebas y, al tiempo, deja que transcurra el plazo de cinco días para que las defensas recurran, en su caso, el auto que desestimaba su petición de nulidad, pese a que este recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior no suspende la instrucción. También daría tiempo a que la Sala, que preside Juan Luis de la Rúa, resuelva sobre el recurso. La posible decisión del magistrado de preguntar antes a los testigos que a los imputados es correcta procesalmente, aunque no es la práctica habitual, según fuentes jurídicas consultadas.

Con ello, el juez estaría asegurándose de que tiene suficientes pruebas para citar como imputado al presidente de la Generalitat y al resto de altos cargos valencianos del PP. Ello colocaría a la dirección del PP ante el dilema de suspender o no de militancia a Camps y a Costa. De otro lado, de no haber suficientes indicios o pruebas para considerar que existe un delito de cohecho, que es el que se está investigando, al juez le queda la posibilidad de decretará el archivo de la causa.

Por último, hay que recordar que hay otros testigos en la trama valenciana que son citados por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en su auto del 5 de marzo, y que también podrían ser llamados a declarar antes o después del 21 de mayo. Dos preguntas habría para al sastre: "¿Quién le encargó los trajes?" y "¿Quién se los pagó?".

A continuación no quedaría más que llamar a declarar a Álvaro Pérez, administrador de Orange Market y mano derecha de su socio Francisco Correa (Special Events), este último en prisión, y ambos imputados por el caso Gürtel. En su auto, Garzón dice que "había un pedido a nombre de Francisco Camps correspondiente a dos trajes a medida" por importe de 1.400 euros. Este pedido fue abonado "mediante cheque librado por Orange Market".

El siguiente en declarar podría ser el dirigente del PP Pablo Crespo, cuyo nombre figura en el "Listado de Encargos de Sastrería" de Forever Young que se cita en el auto con un importe de 30.678 euros. En concreto, dice: "A./ATT. Pablo Crespo (Comunidad Valenciana)".

El portavoz del grupo popular en las Corts Valencianes, Ricardo Costa, aseguró ayer que a él no le ha llegado ninguna notificación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para declarar como imputado en el caso Gürtel. Sin embargo, aseguró, como ya hizo en su momento el presidente de la Generalitat Francisco Camps, que tiene "ganas" de declarar.

Costa se pronunció así en los pasillos de las Corts tras ser preguntado por la información de Levante-EMV que asegura que el TSJ lo citará a declarar como imputado y también al presidente de la Generalitat por el caso Gürtel. El número dos del PP señaló que no sabe "si lo han citado [a Camps] como imputado". "Yo puedo hablar por mí -dijo-, y no he recibido ninguna notificación". Ante la insistencia de los medios, subrayó: "A mí no me notifican las cuestiones que notifican al presidente" de la Generalitat. Asimismo, el síndic popular aseguró que tiene "ganas de poder contar la verdad, acudir a explicar cuál es la situación y demostrar que la acusaciones son falsas e infundadas".

Preguntado por la expulsión de los imputados en la trama en la Comunidad de Madrid, Costa respondió que "cada caso es diferente", como, según él lo afirman también la Fiscalía Anticorrupción y el juez.

De abajo arriba. El juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) José María Flors ha citado a declarar al sastre de Francisco Camps, José Tomás, para el próximo día 21 en la investigación que dirige contra una parte de la trama corrupta del caso Gürtel. Por su parte, Antonio Pedreira, instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), oirá hoy al exviceconsejero de Deportes de la Comunidad, Alberto López Viejo.
Flors ha decidido comenzar la instrucción que afecta al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps; al secretario general del PP en esta comunidad, Ricardo Costa, y a otras dos personas más, con el testimonio del sastre para que aclare las contradicciones en las que ha incurrido en las declaraciones que prestó ante el juez Baltasar Garzón, primer instructor del caso Gürtel.

Además, el juez ha pedido a su colega de la Audiencia Nacional que le remita información sobre la causa que incoó en el 2000 contra Privanza, la banca privada del BBVA que operó en paraísos fiscales. Asimismo, Flors también pide auxilio a su colega del TSJM para que le remita la transcripción de las intervenciones de dos móviles.

Mientras, Pedreira oirá hoy como imputado --como adelantó el martes este diario--, al parlamentario de la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo. Garzón le acusa de haber percibido 563.000 euros de la trama que dirigía Francisco Correa "por haberle beneficiado en diferentes eventos desde su posición oficial en la Comunidad de Madrid".

Para disimular estas maniobras, López Viejo no habría facturado a la red corrupta cantidades superiores a los 12.000 euros para evitar que la concesión del acto saliera a concurso público. También era la "persona que señalaba cómo realizar los eventos de presidencia", aunque él "no hablaba de facturación ni de contratación", según el auto de inhibición de Garzón. El juez también ha citado hoy a Antoine Sánchez, primo de Correa, y al empresario Plácido Ramón Vázquez.La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, explicó ayer que la decisión de suspender de militancia a los tres aforados de Madrid implicados en la trama corrupta fue tomada con "total unidad de criterio", ya que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, fue consultada al respecto.

La suspensión de militancia de López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco --al que se le ha impuesto una responsabilidad civil de 955.000 euros-- no implica que tengan que pasar al Grupo Mixto. Los parlamentarios permanecerán en el Grupo Popular, pero apartados de sus trabajos habituales, según el portavoz adjunto del grupo, Juan Soler.

Por su parte, Ricardo Costa confía en no ser suspendido de militancia. En su opinión, la trama de Madrid y la de Valencia son "diferentes". Además, explicó que quiere declarar para demostrar que "las acusaciones son falsas e infundadas".

EL PP CREE BOCHORNOSO QUE UNA DIPUTADA LUZCA UNA CAMISETA CON EL LEMA "SE BUSCA" A CAMPS

El portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Ricardo Costa, ha manifestado que el comportamiento de la portavoz del grupo de Compromís, Mónica Oltra, que ha lucido en el pleno de la Cámara una camiseta con el lema "Se busca" a Camps, ha sido "bochornoso y ridículo para los diputados y para Les Corts".

Oltra llevaba una camiseta en la que podían leerse las palabras "Wanted. Alive" (Se busca. Sólo vivo), y una imagen del president de la Generalitat, Francisco Camps, y por la que la presidenta de Les Corts, Milagrosa Martínez, la ha expulsado del hemiciclo.

Para Costa, "hoy se ha atentado" desde un punto de vista "político" contra el president de la Generalitat y contra la Cámara que recoge "la voluntad de los valencianos", un hecho que el portavoz popular en Les Corts ha calificado como "muy serio". Costa ha señalado que Les Corts "no son un concierto del FIB" y que Camps "no es el Che Guevara ni el cantante de moda", sino una institución que "marca el Estatuto de Autonomía y que es el president de la Generalitat".

Según el portavoz del grupo popular, el Reglamento de Les Corts "deja muy claro que no se pueden permitir altercados en el pleno que alteren el orden y que supongan faltas contra el decoro de la institución o las instituciones". El diputado popular ha añadido que el Reglamento ofrece "muchas posibilidades para poder expresar el malestar por una determinada situación, sin atentar contra la institución que representa la voluntad de los valencianos".

Además, Costa ha indicado que su grupo parlamentario, siguiendo los cauces reglamentarios, "solicitará a la Mesa de Les Corts que analice la actuación del grupo Compromís en general y de la diputada Oltra en particular", por si fuera susceptible de "alguna consecuencia reglamentaria".

Por otra parte, el portavoz del grupo socialista en Les Corts, Ángel Luna, ha lamentado "el incidente" de la expulsión aunque ha afirmado que el "responsable de las causas de crispación que se vive en Les Corts" es el president de la Generalitat, Francisco Camps.

"Nosotros actuamos de una manera más institucional, pero es entendible que otros busquen llamar la atención en la Cámara, ya que no hay manera, ni humana ni divina, de que el presidente conteste a las preguntas", ha manifestado Luna.

Para Luna, el president de la Generalitat "impone una mordaza absoluta a la institución de Les Corts", y ha añadido que Camps "está acabando con la función estatutaria" de la Cámara.

Compromís denuncia contratos de 570.000 euros entre la Generalitat y empresas de Gürtel

El grupo Compromís de Les Corts Valencianes ha denunciado hoy que existen contratos menores entre la Generalitat y empresas de la trama de corrupción del 'caso Gürtel' investigada por la Audiencia Nacional por al menos 574.873 euros y ha considerado que esa es "la trama" y por ahí hay que investigar.

La portavoz de Compromís, Mònica Oltra, ha explicado en una rueda de prensa que han pedido al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que reclame todos los contratos menores de la Generalitat con empresas investigadas en el denominado 'caso Gürtel', ya que "por ahí puede salir" la "presunta financiación ilegal" del PP.

Además, ha anunciado que plantearán en Les Corts 1.512 peticiones de documentación sobre los contratos menores adjudicados por las 14 Consellerias en los últimos seis años a 18 de las empresas que figuran en la trama investigada por el juez Garzón, al creer que la cantidad adjudicada "a dedo" por el Gobierno de la Generalitat a esas empresas "puede multiplicarse por diez" con estos contratos.

El escrito remitido por Compromís a Garzón incluye, además, las irregularidades que la Sindicatura de Cuentas detectó en las empresas implicadas en la trama, ha explicado Oltra, quien se ha puesto a disposición del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para remitirles la información que necesiten.

El portavoz adjunto de Compromís, Enric Morera, ha aseverado que las victorias electorales del PP "en gran medida se sustentan en base a una financiación pública de empresas afectadas en la trama de corrupción", y ha considerado que se está "asistiendo a una presunta trama de financiación colosal del PP".

En la carta remitida a Garzón, este grupo parlamentario, el tercero de Les Corts Valencianes por número de diputados e integrado por una escisión de Esquerra Unida (Iniciativa) y los nacionalistas del Bloc, expone que tienen "constancia" de que las empresas relacionadas en la trama investigadas han sido contratadas por el PP de la Comunitat Valenciana.

Además, según la misiva, estas empresas mantienen contratos con la Generalitat tanto mediante procedimientos de concursos como con contratos menores.

Compromís destaca que se trata de una relación que, "si bien no es ilegal a primera vista, constituye un indicio de presunta ilegalidad por la forma en que dichas contrataciones se realizan", como el fraccionamiento de los contratos menores para eludir la publicidad o la adjudicación a las empresas investigadas de contratos a pesar de ofertar las cuantías más elevadas.

Además, aseguran tener constancia de contratos que "no se ajustan a los gastos reales de las actividades por las que se adjudican", por lo que podría pensarse en una "compensación" o "especie de adelanto de los gastos que posteriormente supondrá la realización de actividades en beneficio del PP", que serían abonados por las empresas beneficiarias de los contratos públicos a cargo de aquella diferencia.

Compromís expone que un "indicio" de ese sistema de pagos sería "el pago de gastos de vestuario de los dirigentes políticos" del PP, y que la presunta inexistencia de facturas a nombre de los beneficiarios y sí de las empresas del entramado "podría ser extensible al pago de actividades políticas del PP, lo que situaría la investigación en una presunta financiación ilegal del PP".

Ha destacado que el "máximo responsable de este desaguisado" es el president de la Generalitat, Francisco Camps, quien debe dar explicaciones.

CAMPS Y COSTA PODRÍAN APARECER COMO IMPUTADOS EN LA OPERACIÓN GÜRTEL LA SEMANA PRÓXIMA

La próxima semana el presidente valenciano, Francisco Camps, y el secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa, podrían ser llamados a declarar como imputados por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad por su presunta implicación en la trama de corrupción de la Operación Gürtel. Así lo adelanta hoy el diario Levante, que apunta que el magistrado que instruye la rama valenciana de la trama, José Flors, está prácticamente decidido a imputar por cohecho a ambos dirigentes.

En plena pre campaña electoral de cara a las europeas del 7 de junio, el PP podría sufrir un varapalo importante relacionado con la corrupción: según publica hoy Levante, el presidente valenciano, Francisco Camps, y el portavoz popular en Las Corts, Ricardo Costa, podrían ser citados a declarar en el TSJV como imputados en la trama de corrupción de la Operación Gürtel.

Después de que el juez instructor del caso en Valencia, José Flors, desdestimara el recurso de nulidad presentado por Camps contra las actuaciones de Garzón y decidiera seguir adelante con la información, el diario regional asegura que el magistrado estaría barajando imputar a Camps y Costa para llamarles a declarar ante la justicia.

Camps y Costa están siendo actualmente investigados por presuntos delitos de cohecho: Garzón les acusa de haber aceptado regalos de trajes por parte de Francisco Correa –principal imputado- y las empresas que conforman la trama corrupta. La investigación fue asumida por el TSJV ya que ambos dirigentes tienen la condición de aforados.

Según la información de Levante, la imputación podría anunciarse durante la próxima semana, y se extendería también al resto de implicados en la vertiente valenciana de la trama, con lo que el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo, Rafael Betoret, también resultarían imputados en el caso.

Pese a estas informaciones, Costa aseguró ayer que no teme que su partido le suspenda de militancia como les ha ocurrido a los dirigentes madrileños Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, ya que, según dijo, los casos de Madrid y Valencia “judicialmente son completamente diferentes”. “Todas las personas del PP que están involucradas hemos mostrado nuestra máxima disposición a colaborar con la Justicia (…). Yo lo que tengo es ganas de poder aclarar donde corresponde la realidad, la verdad y demostrar que las acusaciones son falsas”, señaló.

EL TSJ CITARÁ A DECLARAR A CAMPS Y COSTA COMO IMPUTADOS EN EL CASO DE LOS TRAJES

Como imputado y a escasos días de la cita con las urnas. Así es como tendrá que comparecer el jefe del Consell ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) después de que el máximo órgano judicial de la Comunitat tenga ya prácticamente decidido citarlo para que preste declaración por su presunta implicación en la rama valenciana del caso Gürtel. Se investiga el presunto regalo de trajes al presidente de la Generalitat, a su número dos, Ricardo Costa, al ex vicepresidente del Consell Victor Campos y a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo. Habrían sido pagados por empresas de Francisco Correa, considerado cabecilla de la red corrupta en la que están implicados más dirigentes del PP.

La citación de Camps será cursada casi con toda seguridad a lo largo de la próxima semana para que el presidente se presente en el TSJ con su abogado en los días siguientes, lo que hará, de no alterarse estas previsiones, que su declaración como imputado coincida en el tiempo con la precampaña o incluso con el inicio de la campaña electoral de los comicios europeos del 7-J.La decisión del magistrado que instruye la causa, José Flors, se produce después de que a principios de semana resolviera no estimar la petición de nulidad de las actuaciones planteada por la defensa de Camps, el penalista Javier Boix, que alegó vulneración de derechos del jefe del Consell en lo instruido por el magistrado Baltasar Garzón antes de enviar la causa al TSJ. Un planteamiento que Flors ha rechazado de plano y prosigue la investigación por presunto cohecho que asumió dada la condición de aforados de Camps y Costa.

Pese a que el recurso a la decisión de desestimar la nulidad no paraliza el procedimiento, parece ser que la sala se ha inclinado por esperar, antes de comenzar a citar a los implicados, a que transcurran los cinco días hábiles en los que puede presentarse, lo que a últimas horas de la tarde de ayer no constaba que se hubiera hecho.

Acerca de la lectura que puede extrerse de la petición de nulidad planteada por Camps, habida cuenta de las ganas que, según sus palabras, tiene el jefe del Consell de poder aclarar su relación con la trama y el pago de los trajes de los que hasta el momento no ha aportado factura alguna, fuentes solventes aclararon que "procesalmente había que pedirla por si se había producido algún error en el procedimiento".

Las mismas fuentes precisaron que Camps había seguido las recomendaciones de su representante legal y que plantear esta solicitud también comportaba un riesgo de perjuicio para el presidente como es, en caso de no estimarse la nulidad, retrasar su comparecencia ante el TSJ acercándola aún más a las elecciones europeas.

La citación como imputados de los cuatro implicados en la vertiente valenciana del caso Gürtel se va a producir una vez que se ha analizado por parte del instructor toda la documentación que, hasta el momento, se ha incorporado a la causa. Al resultado del estudio de los documentos se unirá después el contenido de las declaraciones de Camps, Costa Campos y Betoret, momento en el que el magistrado Flors debe decidir si dispone de datos suficientes para tomar una decisión -archivar la causa o dictar la apertura de juicio- o ampliar la instrucción con otras pruebas, entre las que, casi con toda seguridad, estaría la declaración del sastre José Tomás.

El secretario regional del PP de la Comunitat Valenciana, Ricardo Costa, afirmó ayer que no teme que su partido lo suspenda de militancia por su relación con el caso Gürtel, al argumentar que "judicialmente son diferentes" los casos de Madrid y Valencia. Después de que el PP haya suspendido de militancia a tres diputados investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Costa dijo a los periodistas que respeta las decisiones tomadas en Madrid. Costa argumentó que, según el fiscal y el juez instructor, "las causas abiertas por los tribunales superiores de Madrid y de Valencia, judicialmente, son completamente diferentes". Asimismo, el también portavoz del PP en las Corts Valencianes ha destacado: "Todas las personas del Partido Popular que están involucradas hemos mostrado nuestra máxima disposición a colaborar con la justicia". "Yo lo que tengo es ganas de poder aclarar donde corresponde la realidad, la verdad y demostrar que las acusaciones son falsas".

El portavoz del PP en las Corts, Ricardo Costa, ironizó ayer en los pasillos de la Cámara sobre los que han mostrado «preocupación» por su vehículo, tras el accidente de tráfico que sufrió el pasado sábado con el vehículo de gama alta Infiniti que adquirió el pasado mes de enero. Costa, quien acudió al pleno a pesar de estar convaleciente, mostró su agradecimiento a todos aquellos que se han preocupado por su estado de salud y, en tono irónico, a los que «se han preocupado por mi vehículo» que, enfatizó, «me ha salvado la vida». Tan es así que, aseguró, si volviera a encontrarse en la misma situación «lo único que pediría es llevar el mismo coche porque, desde luego, con ése he pasado la prueba del algodón».Costa comentó que en política, «aunque cada uno esté a su lado de la trinchera, es muy bonito comprobar que podemos cruzar todos ese lado y encontrarnos en el centro y preocuparnos como personas y no como políticos y periodistas». También agradeció a los portavoces parlamentarios que le han llamado para preocuparse por su salud.

Preguntado sobre las exigencias de Compromís para que aclare los datos de la relación de bienes que hizo públicos la semana pasada, al entender que el saldo negativo de sus cuentas bancarias no cuadra con el hecho de que se haya comprado un coche que nuevo tiene un precio de 77.000 euros, Costa indicó que su Infiniti lo adquirió con el dinero que recaudó de la venta del coche anterior que tenía y con un préstamo personal de 30.000 euros de sus padres, así como ahorros a través de una transferencia bancaria. Fuentes cercanas precisaron que el coche no era nuevo, sino que lo compró de segunda mano, y que costó menos de 70.000 euros.

Sobre los saldos negativos de sus cuentas, el síndic del PP se preguntó por «cuántos españoles a final de mes tendrán un saldo negativo en sus cuentas con esta situación», en alusión a las crisis económica, por lo que consideró que «no es una situación tan extraña». «Muchas veces tiramos de tarjeta de crédito», apuntaron fuentes próximas.

Costa explicó que los motivos del saldo negativo en sus cuentas se deben a que tiene que pagar una hipoteca de un piso en Castelló, el citado préstamo personal para comprar este vehículo que «por desgracia ya sólo me queda el préstamo y no el vehículo» y una póliza de crédito para pagar su vivienda en Valencia. Con todo, algunas fuentes indicaron que el vehículo está cubierto por el seguro a todo riesgo del grupo popular aunque habrá que ver hasta qué importe le reconocen.

VECINOS DE CATARROJA ABUCHEAN Y LLAMAN ´CORRUPTO´ A CAMPS EN UNA INAUGURACIÓN

Tenía que hacer una entrada triunfal con ovación incluida para inaugurar la ampliación del Ayuntamiento de Catarroja pero, en lugar de eso, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, recorrió la alfombra roja entre silbidos y abucheos de la plataforma contra el proyecto Nou Mil.lenni, que le echaba en cara el caso Gürtel y le llamó "corrupto", y los gritos de otros vecinos que increpaban a los primeros.

"Stop corrupció, Camps: caso Gürtel, Chirivella: Nou Mil.lenni" se leía en el principal cartel que enarbolaba la veintena de manifestantes de Salvem Catarroja. "Fora polítics corruptes", "Camps dimissió", "PP=especulació" y "amiguitos del alma" eran otros de los rótulos. La protesta le acompañó al inicio del acto y en la despedida. El grupo también se dirigió al presidente de la Diputación, Alfonso Rus, al que coreó "aleshores" y "gairebé" mientras éste discutía con sus representantes, a punto de subir a su coche oficial.

La protesta pilló por sorpresa a la organización y el personal de seguridad ya que los componentes de la plataforma, camuflados entre los invitados, no la escenificaron hasta que el presidente avanzó por el pasillo que flanqueaban altos cargos de la Generalitat y alcaldes de la comarca, así como los invitados del alcalde Francisco Chirivella. Camps saludaba a la comitiva con gesto tenso, acompañado por Chirivella, Rus y Rambla. De fondo, la música del tabal i la dolçaina contratada por el consistorio se mezclaba con el "fora corruptes" y "no a Nou Mil.lenni" de los manifestantes, así como la respuesta airada de vecinos partidarios del presidente que gritaban: "Aneu a treballar" y "a callar y a treballar".

Un cordón policial aisló a los componentes de Salvem Catarroja y les impidió acceder al recinto. El grupo se quejó de que el resto de vecinos, incluso los que se habían enzarzado con ellos, pudieron entrar. Durante los discursos, Chirivella aprovechó para reiterar su apoyo al presidente -ya fue uno de los primeros en enviar un comunicado con membrete municipal cuando apareció la primera vinculación con la trama. "Siempre hemos estado contigo, en los momentos amables y en los difíciles: Hoy más que nunca te agradecemos que nos visites y que cuentes con nosotros", dijo. Camps, que se marchó entre abucheos y sin hacer declaraciones, habló de la "importancia" de construir equipamientos "educativos y sanitarios".

Mientras, el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, tachó de incoherente la postura de Camps al asegurar que tiene "unas ganas locas" de declarar, pero luego pide la nulidad del proceso precisamente para no hacerlo. Así, tachó de coherente la decisión del TSJCV de rechazar la nulidad.

COSTA MODIFICARÁ SU DECLARACIÓN DE BIENES EN LAS CORTS PARA DAR DE BAJA EL INFINITI FX

El Infiniti FX50 que Ricardo Costa adquirió el pasado mes de febrero y que el sábado le salvó la vida tras sufrir un grave accidente de tráfico mientras viajaba de Valencia a Castelló, será dado de baja en la declaración de bienes patrimoniales que el diputado del PP presentó en las Corts el pasado jueves.

Costa, que aún guarda reposo tras sufrir la rotura de un dedo de la mano izquierda y un esguince de cuello, tiene previsto solicitar esa modificación en los próximos días, aunque, según dijo ayer a través de un portavoz, deberá seguir pagando el préstamo con el que adquirió el vehículo. El Infiniti será probablemente declarado siniestro total, aunque este extremo sigue a expensas del peritaje de la compañía aseguradora. Sin embargo cuando se trata de vehículos asegurados a todo riesgo, según explican desde una conocida empresa del sector, lo habitual es que se abone al cliente el cien por cien valor del coche. A partir de los dos años desde la matriculación se paga el 80%.

Como ayer publicó este diario, las Corts, a través de los grupos parlamentarios, pagan a los diputados el seguro a todo riesgo de su vehículo, al menos la diferencia entre el mínimo (que se costea cada uno, incluyendo daños a terceros) y la máxima cobertura. La póliza de Costa podría oscilar entre 2.500 y 4.600 euros.

Costa dice que modificará su declaración de bienes en las Corts pese a que en el extracto de su patrimonio que hizo público la pasada semana no aparecía ninguna referencia al Infiniti y menos a su precio. El síndic del PP únicamente declaró un préstamo de 30.000 euros que según dijo le habían realizado sus padres con lo que daba a entender que el coche costó esos 30.000 euros frente a los 77.000 que pagó el diputado popular a la marca de superlujo de Nissan.

EDUCACIÓN TAMBIÉN DIO A DEDO A ORANGE MARKET CONTRATOS TROCEADOS PARA BURLAR LA LEY

La Conselleria de Educación también está entre los clientes que han hinchado las cuentas de Orange Market con dinero público. El departamento dirigido por Alejandro Font de Mora y la empresa Proyecto Cultural de Castellón S. A., 100% de la Generalitat, pagaron 112.483 euros a la franquicia valenciana de la trama Gürtel por servicios prestados en el montaje de la infraestructura de un congreso informático que se celebró en Castelló en mayo de 2005. Documentos que obran en poder de Levante-EMV revelan que la empresa de Álvaro Pérez recibió hasta cuatro encargos a dedo de la conselleria ya dirigida entonces por Font de Mora por un importe total de 48.080 euros, y un quinto de la entidad pública nacida para impulsar la vida cultural de Castelló.

La sociedad Proyecto Cultural de Castellón asumió 64.403 euros de los costes del II congreso sobre software libre, que se celebró en la capital de la Plana, y en el que Educación aprovechó para presentar y distribuir copias de su programa Lliurex, la aplicación que opera en los ordenadores de los centros de enseñanza públicos y concertados. Igual que ocurrió con el acto inaugural de la Volvo Ocean Race, el Consell optó aquí por utilizar una empresa pública para centrifugar costes y así repartir la carga, pero, sobre todo, para esquivar los controles de la contratación con Orange Market. Cuando no era una firma de la Generalitat, se recurría a una fundación pública, caso de La luz de las Imágenes en el Open de Tenis de la Comunitat Valenciana, como contó este diario en exclusiva.

La Conselleria de Educación fraccionó en cuatro contratos de importes calcados (12.020 euros) la factura para evitar la publicidad y concurrencia a las que obliga la Ley de Contratos. La actualmente vigente (la Ley 30/2007 de 30 de octubre) y la entonces aplicable, la 2/2000 de 16 de junio. Los cuatro pagos a la firma creada por Pablo Crespo, el número dos y brazo ejecutor de Francisco Correa -según el juez Garzón-, se fijaron en 12.020 euros, la cifra exacta, al céntimo de euro, que marcaba entonces el tope a partir del cual un contrato ya no pude considerarse menor y, en consecuencia, no cabe la adjudicación directa sin fiscalización previa. De esta forma, se evitó el concurso de empresas pretendientes a quedarse con los servicios y hasta se pudo prescindir de la preceptiva consulta a tres firmas invitadas a presentar presupuestos fijada en el llamado procedimiento negociado sin publicidad.

Con el abono de 64.403 euros son ya dos los encargos que han aflorado de Proyecto Cultural a la empresa de Álvaro Pérez, después de que trascendiera, al estallar el escándalo político y judicial el pasado 6 de febrero, que Orange Market resultó adjudicataria de una campaña conmemorativa del décimo aniversario de Castellón Cultural. La nómina de clientes de Álvaro Pérez alcanza ya a la práctica totalidad de consellerias, empezando por la propia Presidencia, y a un buen puñado de empresas públicas, según se desprende de las últimas revelaciones, que destapó la existencia de contratos de Territorio e Infraestructuras con la empresa de Álvaro Pérez para asumir parte de los costes de montaje de la edición de Fitur de 2005. Este diario también reveló, el pasado domingo, la adjudicación de contratos de servicios directamente desde el Palau de la Generalitat.

Para montar, entre otras cosas, el decorado de algunos de los actos protagonizados por Francisco Camps en un viaje oficial a Estados Unidos. Una expedición que se celebró, curiosamente, en las mismas fechas en las que Orange Market se hizo cargo de los preparativos del congreso informático, presentado, por cierto, por el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, junto a Font de Mora.

Sólo a través de las subcontratas podía hacer frente Orange Market, con sus cuatro empleados en plantilla, a tal volumen de encargos públicos, que le hacían ingresar, en determinadas fechas, dinero de la misma procedencia (la Generalitat) pero por distintos canales. Cuando el dinero no llegaba de la Administración autonómica, procedía del PP. De hecho, también a primeros de mayo la empresa de Álvaro Pérez estaba montando para el PP valenciano actos de celebración del segundo aniversario de su amigo Francisco Camps como presidente autonómico.

La ex directiva de Easy Concept Felisa Isabel Jordán declaró al juez Garzón que Orange Market no asumía en la práctica los trabajos de montaje del pabellón valenciano en la feria Fitur en Madrid, sino que requería los servicios de la propia Easy Concept, que sí contaba con una plantilla de casi treinta operarios para hacerse cargo de unos servicios por los que Orange Market ingresó 5,43 millones de euros en las cinco ediciones del certamen turístico que le han sido adjudicadas. El jefe de gabinete de la entonces consellera de Turismo, Milagrosa Martínez, y hoy responsable de protocolo de la diputación, Rafael Betoret, supervisaba, de parte de la Generalitat, la marcha de los trabajos, según indicaron fuentes conocedoras de la investigación.

El año 2005 fue, desde luego, de mucho ajetreo para una firma que pasó de facturar 204.706 euros a 2.397.350, gracias, básicamente, a que asumió casi en régimen de exclusiva la organización de todos los saraos del PP valenciano, como heredera de Special Events, y a que entró por la puerta grande -una adjudicación de 1,55 millones por montar el pabellón de Fitur- en el selecto club de los contratistas públicos de eventos.

Entre los ingresos de ese año se cuentan los 48.080 euros por prestar servicios de intendencia del congreso informático. Entre los conceptos que justifican los cobros están, según la documentación mercantil analizada por este diario, el "alquiler, transporte, montaje y desmontaje del mobiliario para 22 stands del congreso" o "el diseño, la impresión, montaje y desmontaje de toda la cartelería exterior del Palacio de Congresos de Castelló", donde se celebró un simposio en el que participó, entre otros, Richard Stallman, algo así como el gurú del movimiento a favor del software libre.

El atril para el escenario, la moqueta de 22 puestos habilitados para las firmas informáticas participantes fueron otras prestaciones por las que la empresa de Pérez cobró 12.020 euros. Con todo, la mayor de las facturas se la endosó a Proyecto Cultural de Castellón.

El "transporte, montaje y desmontaje de 11 stands de 3x3, 10 stands de 2x2 y uno de 9x6 metros", Orange Market cobró los referidos 64.403 euros. Al contrario que los pagos asumidos por Educación, la empresa pública no necesitó de fraccionar el encargo, dado que está sujeta al derecho privado en materia de contratación, al ser una sociedad anónima, aunque la totalidad del capital social esté suscrito por la Generalitat.

Precisamente el PSPV ha anunciado que preguntará al presidente Camps en las Corts por si piensa habilitar alguna fórmula para evitar que las empresas públicas sean territorio en el que el Consell se mueve con absoluta impunidad.

Las investigaciones sobre la trama de "dádivas y sobornos" a instituciones del PP a cambio de adjudicaciones fraudulentas y pelotazos urbanísticos que se siguen en los tribunales superiores de Madrid y la Comunidad Valenciana confirman, por el momento, los pasos dados anteriormente por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El instructor de la causa en Valencia, José Flors, rechazó ayer la petición del presidente valenciano, Francisco Camps, para que se anularan todas las diligencias realizadas por Garzón antes de inhibirse. Hoy declara como imputado en Madrid Benjamín Martín Vasco, el segundo diputado del PP en la Asamblea de Madrid señalado previamente por el juez de la Audiencia Nacional. Lo hará junto al presunto número dos de la red el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, en prisión provisional, y Adrián Senín, empleado de confianza de Álvaro Pérez, El Bigotes, en Orange Market, la filial valenciana de la trama.

La desestimación de la petición de Camps supone, según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que las diligencias abiertas por la Sala de lo Civil y Penal de ese órgano tras la inhibición del juez de la Audiencia Nacional "siguen su curso" normalmente.

La defensa del presidente valenciano y de los otros tres imputados por un supuesto delito de cohecho -el secretario regional del PP, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Fuentes y el ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret- habían alegado a finales de abril que la instrucción del caso adolecía de al menos dos defectos que la convertían supuestamente en nula.

El primero consistía, según el letrado, en que la investigación judicial previa había sido realizada por un juez -Baltasar Garzón- que carecía de competencias. El segundo vicio se basaba en el hecho de que hubiera decretado el secreto de sumario. Esa decisión del juez, según la defensa de Camps, habría supuesto un grave perjuicio para los afectados por haber vulnerado su derecho a defenderse.

El magistrado Flors, sin embargo, rechazó ambos motivos y concluyó que no se ha producido vulneración de derechos. Al mismo tiempo, advirtió que un hipotético recurso contra su decisión -la posible apelación ante la Sala de lo Civil y Penal- no paralizará la investigación.

En Madrid, la instrucción de Garzón también recibió un nuevo espaldarazo por parte del instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, por cuyo despacho pasará hoy el diputado regional y fugaz presidente de la comisión de investigación sobre el espionaje Benjamín Martín Vasco.

En el auto por el que se inhibió a favor de este tribunal, Garzón encontraba en la actuación del diputado madrileño indicios de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y asociación ilícita. Martín Vasco habría recibido de la trama la suma de 437.166 euros. Según la contabilidad b de la trama, parte de esas cantidades sirvieron para sufragar su boda y su viaje de novios a Polinesia. Además, recibió varias entregas en efectivo de manos del propio Francisco Correa o su chófer, Andrés Bernabé.

A cambio, el diputado madrileño y ex portavoz del PP en el Ayuntamiento de Arganda del Rey habría mediado en este municipio para conseguir adjudicaciones para la constructora Martinsa, cuyos gestores habían pagado previamente comisiones a Correa. Durante el tiempo en que Martín Vasco dirigió la empresa municipal Fomento de Arganda del Rey "se produjo la entrada de las empresas de Correa en dicho municipio", relató Garzón, "mediante la adjudicación de contratos públicos a Easy Concept", una de las compañías controladas por el cerebro de la trama.

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, manifestó ayer en un almuerzo organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) y El Derecho Editores, que el alto tribunal está preparado por si llegara el caso Gürtel. "Vaya que si está preparado, para ése y otros casos, los medios con que cuenta el Supremo son muy importantes y pueden producir resultados en muy poco tiempo. La Sala del artículo 61 ha resuelto recursos [sobre la Ley de Partidos] en 48 horas y hasta ahora, bastante bien".

Las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta vinculada al PP, también hicieron negocio con la Copa del América. Según confirmaron ayer fuentes del Consorcio Valencia 2007, el organismo creado por las tres administraciones -Generalitat, Ayuntamiento y Gobierno central- para organizar las regatas adjudicó dos contratos a Special Events en octubre de 2004 por un total de 42.020,24 euros. La firma de Correa logró por concurso público un contrato de servicios por 30.000 euros para la ceremonia de apertura de los actos 2 y 3 de la Copa del América, las primeras regatas previas a la gran final de 2007 que se celebraron entre el 5 y el 17 de octubre de 2004. El Consorcio no pudo precisar ayer qué servicios concretos ofreció Special Events por ese montante para un espectáculo de presentación de los equipos y sus barcos que incluyó fuegos artificiales en la dársena del puerto de Valencia. El segundo encargo a la empresa de la trama fue un contrato menor que no exige concurso por 12.020,24 euros para la colocación de gradas en la dársena donde se congregaron los invitados a la apertura de aquellas regatas, entre ellos, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el entonces ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla.

Fuentes del Consorcio subrayaron ayer que los contratos cumplieron estrictamente la legalidad y recordaron que las cuentas de la entidad se auditan anualmente. El organismo no llegó a contratar con la filial valenciana de la red, Orange Market, que se creó en 2003 y que logró contratos con la Generalitat por más de seis millones de euros de la mano de Álvaro Pérez, también imputado en el caso destapado por el juez Baltasar Garzón y por el que se investiga en el Tribunal Superior de Justicia a Camps y al secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa.El Consell ha intentado minimizar la relación de las empresas investigadas con organismos de la Generalitat y el PP valenciano, pero el goteo de informaciones sobre los contratos firmados en los últimos años no cesa.

Tras estallar el escándalo el pasado febrero, el portavoz de Presidencia, Vicente Rambla, admitió la contratación por medio millón de euros de Orange Market para la fiesta inaugural de la vuelta al mundo de vela en Alicante, la Volvo Ocean Race, pero negó encargos en los otros grandes eventos que impulsa la Generalitat, como son la Copa del América o la Fórmula 1. El Consell también rechazó que Álvaro Pérez, El Bigotes, consiguiera algún contrato para organizar la visita del Papa a Valencia en junio de 2006, como sí indican datos del sumario del juez Baltasar Garzón y conversaciones grabadas a los implicados.

En las Cortes, ante las constantes exigencias de la oposición, Vicente Rambla concretó las adjudicaciones realizadas a Orange Market a través de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Generalitat, como fue el caso de la ceremonia inaugural de la Volvo Ocean Race, y aseguró que no había más. En la lista no figuraban, entre otros acuerdos desvelados posteriormente, los contratos de la Copa del América, que fueron adjudicados a Special Events por el Consorcio en el que participa la Generalitat con el Ayuntamiento y el Gobierno.

Entre los numerosos encargos a Orange Market figura también el montaje de una carpa institucional de la Generalitat para una de las ediciones del Open de Tenis de la Comunidad Valenciana celebrado en el Club de Tenis Valencia, del que son socios asiduos el presidente Camps y el propio Rambla. La Generalitat es patrocinador del trofeo, y según publicó este pasado fin de semana Levante-EMV, endosó varias facturas relacionadas con el evento a la fundación pública La Luz de las Imágenes. El organismo creado para promocionar el patrimonio histórico habría pagado casi 40.000 euros en dos facturas a la empresa Orange Market. La fundación, siempre según la información publicada, abonó los recibos por la supuesta promoción de una exposición de paisajes sagrados en el torneo de tenis.

La vinculación de la empresa controlada por Álvaro Pérez con la Generalitat queda también de manifiesto en la participación de Orange Market en la organización de la visita que realizó Camps a Estados Unidos en 2005.

CAMPS ELUDE LA SESIÓN DE CONTROL AL VIAJAR A BOSTON PARA CERRAR LAS TRES PRÓXIMAS EDICIONES DE LA VOLVO

El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, eludirá su segunda sesión de control en poco más de un mes. Camps viaja el miércoles a Boston para cerrar el acuerdo para que Alicante sea sede de la salida las próximas tres ediciones de la Volvo Ocean Race, según informaron ayer desde Presidencia del Consell. Camps también acudirá a la salida de la etapa de la Volvo que une América con el continente europeo. Además, el jefe del Consell visitará las actividades de promoción de Alicante 2008-2009 que se celebran en el puerto de Boston durante quince días. Esta iniciativa, denominada Comunitat Valenciana The Start Region, aprovechará la plataforma de la regata para estar presente, tanto en el ámbito turístico como el económico, en algunas de las ciudades costeras más importantes del mundo como Boston, según las fuentes.

El presidente de la Generalitat ya eludió una sesión de control el pasado 2 de abril cuando se marchó a Alicante a participar en un acto con la Reina Sofía. Las cinco sesiones celebradas este año han girado sobre el mismo eje, la implicación del presidente en la trama de corrupción que investiga ahora el Tribunal Superior. La Volvo, que empezó en Alicante en octubre de 2008, ha generado en la Comunitat Valenciana un impacto económico de más de 70 millones de euros y 1.500 empleos, según el Consell, que ayer difundió los datos para remarcar la importancia de la visita del presidente.

El jefe del Consell se reunirá con los responsables de la Universidad de Berklee que por primera vez tendrá en Valencia una sede fuera de esta ciudad. Es el proyecto de enseñanzas musicales de Valencia, denominado la Torre de la Música.

Mientras, el portavoz del PSPV, Ángel Luna, lamentó ayer la "irresponsabilidad" de Camps al tratar de evitar dar explicaciones ante los valencianos y ante la Justicia. Luna dijo que era "curioso" que Camps anuncie un viaje a Boston el mismo día en que el TSJCV ha desestimado la petición de nulidad. "Este viaje no es más que otra huida en toda regla", manifestó Luna.

El ex presidente del Gobierno y del Partido Popular José María Aznar prefiere marcar distancias con el jefe del Consell, Francisco Camps, antes que reivindicar el legado político del implicado en el caso Gürtel. En una entrevista concedida al diario El Mundo, Aznar se muestra parco en palabras al valorar a Camps y simplemente se limita a constatar que el presidente valenciano "fue secretario de Estado en Administraciones Públicas; en Moncloa no estuvo".

El periodista le plantea al entrevistado, presidente de la Fundación FAES, el think tank del PP, que tras la pérdida del poder "no salieron bien ni sus compañeros de pupitre ni aquellos edecanes que tenía usted por Moncloa". Y responde Aznar: "A los jóvenes les ha ido muy bien a todos. Es una generación muy brillante, estoy muy orgulloso. No son perfectos, pero son buenos". "¿Camps estuvo en Moncloa?", repregunta el periodista. "Camps fue el secretario de Estado de Administraciones públicas; en Moncloa no estuvo", replicó Aznar. Y nada más. Sólo constató un verdad curricular incontestable sobre la persona que lidera el PP en una de las dos comunidades que más votos aportan a la cosecha nacional de apoyos del partido. Efectivamente, en 1999, Camps fue designado secretario de Estado de Administraciones Públicas de Aznar, cargo que ocupó hasta que, tras las elecciones de 2000, fue designado vicepresidente primero del Congreso. Dos años después, en abril, Francisco Camps fue nombrado delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana hasta que, el 9 de julio de ese 2002. Eduardo Zaplana emigró a Madrid para ser ministro y ungió a Camps como candidato a sucederle en el Consell.

Fue un flechazo a primera vista. El secretario general del PP, Ricardo Costa, se enamoró del Infiniti FX50 a principios de año. Corrían los últimos días de enero y Costa coincidía a la salida de un acto del PP con el responsable de la marca Infiniti, la gama de superlujo de Nissan, que acababa de aterrizar en Valencia. "Ese es el coche que yo quiero", le dijo el número dos del PP.

Aquel día, el Infiniti, una marca que compite con BMW, Mercedes o Cadillac por el segmento más alto del mercado, se quedó en la retina de Costa. Días después adquirió uno de la gama FX50 tras vender su antiguo Mercedes GLS. El gancho publicitario del modelo acabó por convencer al portavoz en las Corts. "¿Quieres atraer todas las miradas?" ¿Quieres romper todos los moldes?" "Este es el nuevo macho, el nuevo rey de la carretera", dice el folleto publicitario. El interior del coche no es menos deslumbrante. Sólo se echa de menos una cosa: "la alfombra roja delante de la puerta". El coche llega a ser considerado como el del "lujo infinito". "Un carácter que no se puede imitar, sólo admirar", explica el folleto.

Costa optó por el modelo de 390 caballos que le costó unos 77.000 euros y del que dice la propia marca que "poseer tanta fuerza interior equivale a conseguir todo lo que se proponga, aunque a veces tenga que tomar decisiones difíciles". Porque al fin y al cabo el modelo, el FX, "es una recompensa de lujo para los que se arriesgan y no tienen reparos en mostrar su superioridad".

El 9 de febrero, mientras Costa aún hacía el rodaje de su flamante coche color liquid platinum, el caso Gürtel removía los cimientos del PP y del Palau de la Generalitat. Álvaro Pérez, amigo de Costa en palabras del juez Garzón, y "amiguito del alma" del presidente Camps según su propia confesión, era detenido para que diera explicaciones de los regalos que presuntamente realizó, en forma de trajes, a cuatro altos cargos.

Se lo vendió a su dentista

El día 5 de marzo cuando Garzón hizo el minucioso relato de los hechos de la trama Gürtel para inhibirse ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano se refirió sin nombrarlo al Infiniti y al Mercedes. El juez aseguró que el imputado Pérez hizo de intermediario en la compra del primero y la venta del segundo. Pero Costa lo niega y asegura que no necesitó a nadie porque vendió directamente el coche a su dentista, de quien no quiso revelar su identidad.

Sin embargo, en la declaración de bienes que el propio Costa hizo pública el pasado día 28 se omite el precio total del Infiniti, matriculado en febrero y que figura a nombre del propio Costa. En la relación únicamente se recogía un préstamo personal de 30.000 euros "para la compra de un vehículo". El dinero se lo dieron sus padres y lo declaró en la conselleria de Economía. Costa hizo constar en su declaración patrimonial un saldo negativo de 1.500 euros.

El número dos del PP seguía ayer convaleciente y guardaba reposo en su casa de Valencia tras el grave accidente que sufrió con su Infiniti el sábado a media tarde. Sufre rotura de un dedo de la mano izquierda y lleva escayolado el antebrazo e inmovilizado el cuello. Pero espera volver en breve a su actividad pública. Anoche envió un comunicado para criticar al PSPV y ha convocado un acto para hoy. El miércoles irá al pleno de las Corts.

Pero el accidente pudo costarle la vida. El coche impactó contra la mediana de la AP-7 a la altura de Nules tras un descuido. El Infiniti, matriculado hace cuatro meses, dio cuatro vueltas de campana y Costa salió por la puerta del copiloto debido al impacto. La fortaleza del chasis y los 2.111 kilos de peso del vehículo le permitieron salir indemne. El coche será declarado probablemente siniestro total aunque está a la espera del peritaje. El sábado se encontraba en un depósito de Vila-real. Si finalmente pudiera ser reparado se trasladará a Valencia, pero el propio Costa se ha encargado de que tanto la estancia en el depósito como el posible traslado se realice sin que pueda ser fotografiado.

LA FIRMA DEL NÚMERO DOS DEL PP INGRESÓ 893.692 EUROS Y OBTUVO UNOS BENEFICIOS DE 126.464 EUROS EN 2007

La pasada semana el número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, hizo públicos todos sus bienes. En la lista que colgó en la página web de su partido asegura que es copropietario de la sociedad Cas-legis SL, fundada por su hermano Juan Costa. Esta empresa tiene 15 trabajadores y presta servicios legales de asesoramiento tributario, así como contables y financieros. En las últimas cuentas que hizo públicas, a fecha 31 de diciembre de 2007, la sociedad tuvo unos ingresos de explotación de 893.692 euros y obtuvo unos beneficios de 126.464 euros. Desde que fue creada en 1996, Cas-legis no ha dejado de incrementar sus beneficios ni tampoco sus ingresos de explotación. Así, en el año 2003 tan sólo disponía de siete trabajadores y facturaba 553.170 euros, mientras que cuatro años después incrementó su plantilla en 8 personas y aumentó sus ingresos de explotación en más de 300.000 euros. Una sociedad que navega viento en popa.

Vinculación en el caso Fabra

Pero no todo han sido días de vino y rosas para esta empresa creada a la sombra de la familia Costa. El empresario que denunció a Carlos Fabra por tráfico de influencias, Vicente Vilar, implicó a Cas-legis en el conocido caso Fabra. En su declaración ante el juez como imputado, Vilar aseguró que la sociedad de la que es copropietario Ricardo Costa asesoró en la venta de un paquete de acciones de Naranjax, principal empresa de la trama, a una firma portuguesa. José Gas, asesor fiscal de Naranjax, corroboró esta afirmación, lo que llevó al juez a llamar a declarar al pequeño de los Costa.

Vilar también aseguró que la consultora de Ricardo Costa le cobró 12.000 euros por un informe para ceder un registro y le tramitó la creación de Artemis 2000, la sociedad que une a las familias Vilar y Fabra en el negocio de los fitosanitarios. Cas-legis fue creada por Juan Costa y Emilio Álvarez Arjona en 1996. Tres años antes, el mayor de los Costa había sido elegido diputado a las Cortes Generales. Tras conocerse que compatibilizaba su cargo de diputado con un empleo tuvo que dejarla. Las acciones las heredó su hermano Ricardo, a quien en la actualidad las Corts Valencianes le pagan un seguro de autónomo de 940 euros mensuales.

COSTA COMPRÓ UN COCHE DE 80.000 EUROS PESE A DECLARAR QUE TIENE CUENTAS EN NÚMEROS ROJOS

El portavoz del PP en las Corts Valencianes, Ricardo Costa, ha adquirido un gran turismo, un híbrido entre un todoterreno y un turismo de alta gama, que cuesta cerca de 80.000 euros, lo que contrasta con la débil economía que dice tener. Cabe recordar, que el también diputado autonómico declaró la semana pasada que a fecha del pasado 28 de abril, el saldo de sus cuentas bancarias era de menos 1.435, 26 euros.

Por tanto, el parlamentario en las Corts Valencianes ha adquirido este todo camino de lujo con números rojos, según hizo constar en su declaración de bienes registrada en la cámara autonómica. Precisamente, las altas prestaciones en materia de seguridad del Infiniti FX50S permitieron al dirigente popular salir ileso. De hecho, fuentes conocedoras del caso explicaron a Levante-EMV que el accidentado salió por la puerta del copiloto, debido al terrible impacto sufrido.

La economía de Ricardo Costa le permite comprarse un coche de lujo valorado en cerca de 80.000 euros pese a que presenta un saldo negativo de cerca de 1.500 euros en sus cuentas, según reza en la declaración personal de bienes que presentó en las Corts Valencianes esta semana. Los recursos económicos con que cuenta el diputado valenciano, según su propia declaración son las cuentas bancarias en ING Direct, con un depósito de renta garantizada de 6.000 euros, y también en el Banco Sabadell Atlántico, Open Bank, Bancaja y Caja Rural.

Además paga una hipoteca de 120.000 euros por un piso de Castelló, otra de 25.000 euros por otro de Valencia, y un préstamo personal de 30.000 euros, declarado en la Conselleria de Economía y Hacienda, con la que adquirió un vehículo en enero.

Además, Costa se ha beneficiado de un privilegio que conceden las Corts a aquellos diputados que ejercen una actividad privada, al margen de la propia del cargo del parlamentario. El parlamento autonómico costea el seguro de autónomo del número dos del Partido Popular en la Comunitat Valenciana pero para ello tuvo que renunciar a la exclusividad en el ejercicio del cargo y, por tanto, a cobrar 365,60 euros mensuales.

A cambio, la Cámara le reintegra los más de 920 euros al mes del máximo de cotización como autónomo, y paralelamente, Costa puede seguir trabajando como asesor fiscal y económico en virtud de una reforma del reglamento auspiciada por su partido a finales del mandato pasado.

Por otro lado, el también portavoz del grupo popular en les Corts, dimitió recientemente como presidente de la comisión de Desarrollo Estatutario mediante un escrito en el que comunica su renuncia «dado que sus obligaciones orgánicas y parlamentarias le impiden dedicarle al cargo el tiempo que requiere». Aunque su intensa dedicación a la responsabilidad política y parlamentaria es innegable, resulta difícilmente justificable alegar trabajo en el partido para abandonar una responsabilidad parlamentaria —de donde se percibe el sueldo— mientras no se renuncia a la actividad privada y se solicita a les Corts que te costeen un seguro que la mayor parte de los ciudadanos se tienen que pagar de su bolsillo con gran sacrificio.

El turismo que conducía Costa el pasado sábado cuando sufrió el accidente se conoce en el mercado norteamericano por las siglas S.U.V, un turismo grande capaz de adaptarse a la carretera o la montaña con las máximas prestaciones de velocidad, potencia y comodidad. En 2008, se vendieron un centenar de unidades y en España solamente hay cuatro concesionarios, dos en Barcelona, uno en Madrid y uno en Valencia. El de la capital del Turia se inauguró hace un año y las ventas que realiza son muy contadas debido a los elevados precios de los distintos modelos.

El portavoz popular en les Corts y secretario general del PP, Ricardo Costa, atraviesa por una complicada situación personal tras su implicación por el juez Baltasar Garzón en la supuesta trama de corrupción vinculada al PP, a propósito de los trajes que pagaron presuntamente empresas de la red corrupta liderada por Francisco Correa, que obtuvo también contratos millonarios de la Generalitat Valenciana. Ahora tras el siniestro ocurrido el sábado, ha trascendido que Costa ha adquirido un coche de lujo valorado en cerca de 80.000 euros.

Precisamente, según el auto del juez Garzón del pasado 5 de marzo, las llamadas telefónicas entre otro imputado en la trama GÜRTEL, Álvaro Pérez y el encarcelado Pablo Crespo, ponen de manifiesto, según la autoridad judicial, que ambos realizaban presuntamente «labores de intermediación» para el numero dos del PP en la Comunitat Valenciana cuando dice textualmente el magistrado: «se encargan de la venta del vehículo que utiliza Costa y de la compra de uno nuevo, realizando gestiones ante concesionarios». Cabe recordar que se considera a Álvaro Pérez el cabecilla de la presunta trama de corrupción en la Comunitat Valenciana, a través de Orange Market, la marca autonómica del conglomerado de firmas que dirigía el empresario Francisco Correa, con fines presuntamente delictivos.

Por su parte, tras completar Garzón la instrucción del sumario e inhibirse del caso en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el Alto Tribunal investiga a Costa y a otros tres altos cargos del PP en calidad de imputados por un delito de presunto cohecho. Son el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el ex vicepresidente Víctor Campos y el ex director del gabinete de Turismo, Rafael Betoret. El TSJ deberá determinar si las acusaciones de Garzón sonciertas.

El juez acusó a Camps y Costa, supuestamente, de recibir regalos en especie, concretamente trajes a medida y otros artículos de vestir por 12.783 y 7.325 euros, adquiridos en dos tiendas de lujo de Madrid, pero pagados por empresas que, como Orange Market, han sido contratistas del PP y de la Generalitat. Sólo de esta última han recibido 6 millones en adjudicaciones, según deberá demostrarse en el juicio.

El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana salvó la vida el pasado sábado tras sufrir un grave accidente de tráfico gracias a que conducía el Infiniti FX50S, un vehículo con un resistente chasis y medidas de protección especiales.

El dirigente popular salió indemne del siniestro, con apenas algunas magulladuras, pero el vehículo, que resistió cuatro vueltas de campana y se empotró con la mediana en la A-7, quedó destrozado. Se salió de la calzada, hacia las 15 horas del sábado, cuando regresaba de Valencia de un acto en la sede de su partido. Al parecer, viajaba solo y sufrió un despiste que acabó con su gran turismo incrustado en la mediana de la A-7, en el kilómetro 452, a la altura de Nules. Afortunadamente, pudo salir del vehículo por su propio pie y fue rápidamente atendido por los servicios de emergencia que lo trasladaron al hospital la Plana de Vila-real.

Fuentes de la concesionaria Aumar explicaron que el coche quedó empotrado en mitad de la autopista, dificultando incluso la circulación en la vía rápida por lo que la intervención de la Guardia Civil de Tráfico y la grúa tuvo que ser casi inmediata para desalojar el vehículo de la vía.

Costa fue trasladado al hospital en ambulancia. Según fuentes del centro sanitario, no sufrió ninguna herida de gravedad, pero sí que fue atendido de varias magulladuras. Entró en el centro hacia las 16 horas y permaneció en observación hasta las 18.30, cuando fue dado de alta.
Ayer domingo se pasó el día en reposo en su domicilio particular. Debido al intenso impacto se le colocó un collarín para mantener el cuello recto y evitar lesiones cervicales posteriores. El Infiniti FX50S quedó «destrozado», y probablemente hoy será traído a Valencia, al concesionario de la marca filial de lujo de Nissan para proceder a sus diagnóstico pericial. Debido al conjunto de daños que presenta es poco probable que se aconseje su reparación.

El caso Gürtel, que relaciona al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con una supuesta red corrupta vinculada al PP, prácticamente no existe en la Ràdio Televisió Pública Valenciana (RTVV). Lo denunciaban hace unos días las secciones sindicales de UGT, CC OO y la Intersindical, con representación en el canal autonómico. Entonces lamentaron que se ocultaran a los telespectadores de Canal 9 las conversaciones entre Camps y Álvaro Pérez, El Bigotes, cabecilla de la trama en Valencia. "La realidad existe aunque nuestros directivos la censuren en una nueva muestra patética de servilismo", dijeron.

Los responsables de Canal 9 niegan cualquier manipulación, pero los sindicatos consideran que el tratamiento informativo de la radio y televisión públicas han dado a los acontecimientos relacionados con el caso instruido por el juez Baltasar Garzón adquiere tintes surrealistas. Sobran los ejemplos. Cuando se conoció que el Tribunal Superior de Justicia se hacía cargo de la investigación relacionada con Camps y con el secretario general del PP, Ricardo Costa, la noticia se dio como un breve y no se explicó por qué se investigaba a los dos dirigentes.

Frente a este tratamiento, las supuestas irregularidades detectadas a la ex alcaldesa de Dénia, la socialista Paqui Viciano, o la investigación que se sigue contra el regidor de Elche, el también socialista Alejandro Soler, no pasan desapercibidas. "Están destacadas en los arranques de los informativos y casi siempre van acompañadas de declaraciones del secretario regional del PP, Ricardo Costa", describen en la sección sindical de CC OO.

Las informaciones del caso Gürtel, cuando se dan, suelen ir acompañadas de imágenes del juez Baltasar Garzón o de imágenes de las puertas del TSJ. Ni rastro de Camps o de Costa.

En su blog, la sección sindical de la Intersindical va más allá y explica que de las escasas veces que Ràdio 9 ha informado del caso ha sido para asegurar que las conversaciones entre Camps y El Bigotes no son del sumario de Garzón y para dar a entender que el presidente no está siendo investigado. Con esta información dos cortas declaraciones de Juan Cotino y Ricardo Costa hablando del felipismo o del GAL.

Por el contrario, cuando las informaciones se refieren a supuestos casos de corrupción de los socialistas, las noticias en Canal 9 suelen acompañarse del protagonista de turno y, a ser posible, acompañado por algún alto cargo del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, o del PSOE, como la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega o José Blanco. "El caso más llamativo", explican en la Intersindical valenciana, es una noticia publicada en la web de Canal 9 sobre un apuñalamiento sucedido en Elche. En ella se cuenta el caso de un hombre que apuñala a su pareja sentimental, y la imagen que ilustraba la noticia era la del alcalde de Elche, el socialista Alejandro Soler.

El director general de RTVV, Pedro García, negó ayer que se oculte información sobre el caso Gürtel. "Se dan todas las novedades sobre el caso. Y en las tertulias en las que participan representantes de todos los medios se comentan las informaciones que publican todos los medios, sin cortapisas. Pero no es nuestro estilo. Cuando Joan Ignasi Pla fue atacado desde una emisora de radio [en referencia a la Cadena SER] nosotros no dimos ninguna información, sólo anunciamos su dimisión cuando la hizo pública".

Cobró 34.500 euros por el panel con el escudo de la Generalitat que el presidente se llevó a Miami, los de la sala de prensa del Palau y otros servicios

Camps: "Tengo unas ganas locas de explicar todo lo que hay, que es nada"

El presidente elude por quinta vez hablar de su relación con Álvaro Pérez

Quinta sesión de control en las Cortes Valencianas sobre el caso Gürtel. Quinta jornada sin respuestas. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps (PP), eludió ayer, nuevamente, responder a las preguntas de la oposición sobre su relación con Álvaro Pérez y las empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa.

La oposición tilda al líder valenciano de "políticamente agonizante"

Camps tampoco quiso comentar la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de investigarle por un presunto delito de cohecho, supuestamente cometido junto al secretario general del PP, Ricardo Costa; el ex vicepresidente Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret por aceptar trajes pagados por la trama corrupta.

"Tengo unas ganas locas, locas, de explicar públicamente todo lo que hay, que es nada. Pero todo tiene que ir con los pasos que corresponde", dijo el presidente valenciano, que se refugió en el secreto del sumario y repitió una y otra vez que "no hay nada de nada".

Aunque no respondió a las preguntas de la oposición, Camps sí recalcó que, en su opinión, "la Justicia ha dicho que de trama, corrupción y financiación ilegal [en el PP de la Comunidad Valenciana] nada. Y de lo otro [el supuesto delito de cohecho], también dirá que nada de nada".

Francisco Camps, arropado por sus diputados, volvió a presentarse como un mártir inocente ante la Cámara. Aunque esta vez, más entero que en jornadas anteriores, se mostró dispuesto, incluso, a perdonar. "Nunca guardaré rencor de estos días donde me han dicho estas cosas tan horrorosas", sentenció.

La oposición no ocultó su indignación por la actitud escapista del presidente de la Generalitat. El portavoz del Grupo Socialista, Ángel Luna, llegó incluso a dudar de que Camps quiera responder y dar explicaciones en el Tribunal Superior de Justicia, donde ha solicitado la nulidad de las actuaciones.

El representante socialista acusó a Camps de haber dado "orden de investigar" a la oposición por cumplir con el control parlamentario y se atrevió a pronosticar: "Ha llegado a ser una persona políticamente agonizante y va a salir muy mal de esta historia", sentenció Luna, cuyo grupo acusó al presidente de haberse "refugiado en el burladero del miedo pidiendo la nulidad de las actuaciones judiciales".

La portavoz del grupo Compromís pel País Valencià, Mónica Oltra, fue más dura. "No imaginaba que usted [Camps] situase esta institución al nivel de cloaca donde la acaba de situar. Ha convertido esto en un circo". Oltra interpeló sin éxito a Camps sobre sus conversaciones con Álvaro Pérez y los regalos que recibió de éste. "Ha conseguido que todos nos miren y se rían de los valencianos por el presidente que tenemos", lamentó.

www.elpais.es 01.05.09

EL BIGOTES' ASEGURABA QUE CAMPS LE OFRECIÓ UN CARGO PÚBLICO PARA QUE LA TRAMA DE CORREA HICIESE NEGOCIO CON LA VISITA DEL PAPA"

Correa: "Es para descojonarse, cómo quiere Camps a Álvarito"

Álvaro Pérez: "Camps me puede nombrar hoy mismo coordinador general"

En estas grabaciones a las que ha tenido acceso la Cadena SER Álvaro Pérez señala que la Generalitat puede nombrarle " por la cara" coordinador general de la visita papal a Valencia que tuvo lugar en 2006

Así se pone de manifiesto en las nuevas grabaciones que obran en el sumario del caso y a las que ha tenido acceso la SER. En ellas Álvaro Pérez, reconoce que la Generalitat puede nombrarle "por la cara" coordinador general de la visita papal a Valencia que tuvo lugar en 2006. En otro momento de las cintas Correa se ríe junto a sus socios de la amistad de el Bigotes con el presidente valenciano:"Como le quiere Camps, es para descojonarse"

En las grabaciones se puede escuchar a Álvaro Pérez, 'El Bigotes' hablando con sus socios apenas un mes antes de la vista del Papa Benedicto XVI a Valencia, en el verano de 2006. En ellas Álvaro Pérez asegura, en conversación telefónica con uno de sus socios, que el presidente Camps le puede nombrar "por la cara", ese mismo día, coordinador general del evento.

"Escúchame un segundo....ahora mismo el presidente (Camps) esta en el consejo de gobierno...¿vale? A lo mejor ahora me dicen que me nombran coordinador general de sus muertos para lo del papa... Es que yo no puedo aparecer porque si me hacen una foto la liamos... Entonces están haciendo las gestiones. Yo tengo que hablar con Pablo (Crespo) para consultarlo y lo vemos... vamos a comer en un reservado en Valencia pera que no nos vea nadie y lo hablamos"

La preocupación principal de "El Bigotes" era evitar que alguien le hiciese una foto organizando el evento en la explanada para el acto que se había habilitado en el Turia. Por eso sugería a sus socios que se le contratase a través de la Fundación tripartita (participada por la Generalitat, el Ayuntamiento y el Arzobispado de Valencia) para que su nombramiento fuera más discreto.

"joder... Víctor ( Campos) ...me pude nombrar ahora mismo por la cara coordinador....y mañana sale una nota y estoy todo el día en el río, pero...es que yo no puedo estar en el río (Interlocutor: tu no puedes ...se montaría un cristo de la hostia si tu aparecieses públicamente). Pero hombre...no televisión valenciana ... pero si a mi me coge la fundación de lo del papa y me nombra coordinador , la fundación ¿eh? no televisión, ni canal Nou, la fundación que está montando lo del papa ... es que Juan Cotino es conseller de agricultura y no pude estar todo el día en el río, que Víctor Campos es vicepresidente del Consell y lo mismo... El que lo coordina todo es Juan Cotino"

Álvaro Pérez se refiere familiarmente al dimitido Vicepresidente del Consell: Víctor Campos. Según el sumario del caso, Campos habría recibido, como Camps y como Ricardo Costa (secretario general del PP valenciano) varios trajes pagados por la red corrupta.

En otro momento de estas grabaciones puede escucharse al presunto líder de la trama corrupta Francisco Correa jactándose junto a sus socios de la amistad entre el bigotes y el presidente Camps "como le quiere Camps" dice Correa a su socio el también imputado Pablo Crespo entre carcajadas. Los miembros de la trama comentan la visita que el marzo de 2006 Álvaro Pérez realiza al Vaticano junto a Camps, para asistir a la imposición del anillo cardenalicio a Monseñor Cañizares:

Crespo: "Me llama el otro día Alvarito diciéndome, "estoy congelado de frío aquí de frac en la plaza de San Pedro" (risas)
Correa: "Es para descojonarse macho"
Crespo : "Y me dice que con uno de los que estuvo... el responsable de las relaciones con todas la universidades católicas del mundo (risas) ... Alvarito tiene la facultad que donde cae bien .. Cae de puta madre"
Correa: "Como dice las cosas no suena mal... yo digo lo mismo que él y no... aunque diga una barbaridad....Y como le quiere Camps!" (risas)

Los miembros de la trama comentan la reunión que Pérez ha mantenido con un responsable vaticano del ámbito universitario católico. 'El Bigotes' terminaría trabajando meses después en la Universidad Pontificia de Salamanca. Esta universidad católica le contrató como profesor en un seminario sobre asesoramiento de imagen y consultoría política. En la documentación del seminario figuraba la foto de Pérez, quien se presentaba como asesor de relaciones públicas en el gobierno de José María Aznar y presidente del Grupo The Orange Market.

(www.cadenaser.com, 30/04/09)

CAMPS DICE QUE "NADIE" LE DEBE "NADA" Y A NADIE DEBE "NADA"

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha asegurado que "nadie" le debe "nada", y a nadie le debe "nada", excepto a los valencianos". Ante las revelaciones publicadas en las últimas semanas, Camps ha asegurado tener unas "ganas locas de explicar públicamente lo que hay" sobre la supuesta trama de corrupción del PP, "que es nada".

Camps ha respondido así en Les Corts, en la quinta sesión de control del año, a las preguntas de la oposición sobre "las múltiples circunstancias que le relacionan con la trama" del caso Gürtel , y sobre la investigación de este asunto por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El president ha destacado que hace ya dos meses y medio que se habló de tramas, de adjudicaciones y de financiaciones irregulares, y ha sentenciado que "de eso, nada de nada, y de lo otro, tampoco", y ha tranquilizado a la oposición al asegurar que "nunca guardará rencor por estos días" en que se han dicho "cosas tan horrorosas".

Camps, que al igual que en todas las sesiones de control desde que se conoció la investigación de la Audiencia Nacional ha sido recibido con aplausos de los diputados del PP y los consellers puestos en pie, ha afirmado que en las elecciones europeas "se va duplicar" la diferencia entre PP y PSOE, que está aumentando "desde que empezó este lío".

Tras asegurar que es un "montaje político", Camps ha asegurado que "se sabrá la verdad, toda, porque aquí no ha pasado absolutamente nada", porque la Generalitat es la Administración "más transparente de toda Europa" y la financiación del PP es "absolutamente transparente".

El president ha recordado que en cuanto supo que los autos estaban en el TSJCV se personó, por lo que ya "sabe absolutamente todo lo que hay", mientras que la oposición sólo sabe "la parte que corresponde a la parte que les interesa", si bien ésa es "una parte subsidiaria de la parte sustancial y esencial del escrito".

Ha acusado a la oposición de buscar "los recovecos, las informaciones a medias, las insidias", pero no va a caer en "ese terrible error", porque la Justicia cumple sus plazos y "de momento" ha dicho que aquí de trama, de corrupción y de financiación ilegal del partido "nada, y dirá que, de lo otro, también nada de nada".

A lo largo de su intervención, Camps ha reprochado a la oposición por buscar una oportunidad para "derrocar sin elecciones", aunque se ha mostrado convencido de que, al final, "resplandecerá la verdad".

(www.publico.es, 30/04/09)

CAMPS QUISO USAR LA LISTA DEL PP A LAS EUROPEAS PARA HACER UNA CRISIS

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, intentó el pasado miércoles pilotar una crisis institucional de considerables proporciones a cuenta de la confección de la candidatura del PP al Parlamento Europeo. Camps insistió hasta última hora ante el presidente del PP nacional, Mariano Rajoy, para colocar a la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, en puesto de elección segura al Parlamento Europeo. "Yo siempre estoy a disposición del partido", reconoció ayer la presidenta de las Cortes.

La vacante de Martínez hubiese dejado expedito el camino al jefe del Consell para colocar en este puesto al vicepresidente económico, Gerardo Camps; reducir el número de vicepresidencias y acabar con el duelo que mantiene éste con el vicepresidente político, Vicente Rambla.

La maniobra, según fuentes del PP valenciano, se frustró porque Rajoy instó a Camps a incluir también a otras dos consejeras de su Gobierno -Angélica Such o Trini Miró por Alicante y Belén Juste o Maritina Hernández por Valencia-. Una operación que obligaba a Camps a abrir en canal su Gabinete y que rechazó. Rajoy se ofreció, según las mismas fuentes, a que Martínez fuese en el puesto número 24, de más que improbable elección. Oferta que hizo que el presidente de la Generalitat retirase la propuesta de Martínez y colocase en la lista a una edil oriolana afín.

Camps, que llegó a argumentar que José Manuel García Margallo -que repetirá en el número 6- no representa la cuota valenciana, se queda pues sin representación. Y ello sólo una semana después de criticar la poca influencia del PSPV -que coloca dos parlamentarios- en la lista europea.La maniobra de Camps para desplazar a la presidenta de las Cortes al Parlamento Europeo -y situar en su puesto al vicepresidente económico Gerardo Camps- hubiese reforzado al vicepresidente político, Vicente Rambla, como hombre fuerte del Consell y aspirante a la sucesión en la presidencia de la Generalitat.

Sin embargo, la fallida operación para colocar a Milagrosa Martínez en puestos de salida de la lista del PP al Parlamento Europeo no ha hecho más que aumentar el desconcierto de los populares ante unas bancadas opositoras que se muestran cada día más pizpiretas y risueñas. Hasta el punto de que los escándalos del caso Gürtel y la insólita operación para relevar a la presidenta de las Cortes e iniciar los cambios en el Consell han hecho aflorar el debate sucesorio. Un debate alimentado también por un Consell que está paralizado en la mayoría de sus carteras.

Los populares se dividen ahora entre quienes piensan que Camps aguantará la investigación por un supuesto delito de cohecho, que instruye el Tribunal Superior de Justicia, y los que consideran que por ahora solo se plantea ganar tiempo hasta que pasen las elecciones europeas del próximo mes de junio y ordenar su sucesión a medio plazo.

En este último caso, los corrillos populares especulan con la posibilidad de que Vicente Rambla, que ha ascendido en la cúpula del PP de la mano de Camps, o Rita Barberá, cuya autoridad en el partido es innegable y siempre ha mantenido su acta como diputada autonómica pese a ostentar la alcaldía de Valencia, son quienes más opciones tienen para tomar el relevo a Camps en caso de que no soporte el enorme desgaste generado por el caso Gürtel.

En este contexto, y con la evidencia de que los escándalos relacionados con la trama de empresas corruptas ha empezado a pasarle factura, el presidente de la Generalitat se desplazó ayer a Gandia para inaugurar una nueva sede del PP, informa Eva Batalla. En Gandia, Camps -que no se dejó preguntar ni en el acto de partido ni durante su visita al gasoducto construido por Gas Natural- recordó que el apoyo que los populares valencianos dieron a Rajoy en el congreso celebrado en Valencia en junio de 2008 se produjo en tiempos de "zozobra" y que este supuso el inicio de "una trayectoria ascendente, en la que el partido ha ido a mejor". Hoy en las Cortes le volverán a preguntar por el caso Gürtel.

(www.elpais.com, 30/04/09)

CAMPS PIDE LA NULIDAD DE LAS INVESTIGACIONES DEL JUEZ GARZÓN

La defensa del presidente valenciano, Francisco Camps (PP), así como de los otros tres imputados del caso Gürtel en la parte del caso que compete al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), ha pedido la nulidad de las actuaciones realizadas hasta el momento. El incidente de nulidad fue presentado inmediatamente después de que el tribunal se declarara en un auto competente para realizar la investigación sobre un presunto delito de cohecho cometido por Camps, por el secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa; el ex vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret.

Según los abogados, la instrucción adolece de al menos dos defectos que la convierten en nula: fue realizada por un juez que no tenía competencias y se decretó un secreto de la investigación que ha supuesto un grave perjuicio para los afectados, vulnerando, alegan, el derecho a la defensa.

Según fuentes próximas a la investigación, el recorrido jurídico del incidente de nulidad parece corto. Sin embargo, de momento retrasa la citación de los cuatro implicados hasta que el instructor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV lo resuelva. Su decisión no admite recurso.

Camps, Costa, Campos y Betoret, los cuatro implicados con estatus de imputado aunque formalmente no se les haya citado como a tales -según fuentes del tribunal, no se espera un auto que los declare como tales sino que será en la propia citación- ganan tiempo y retrasan un procedimiento recién iniciado en Valencia.

Las defensas de los imputados consideran que en tanto se ha declarado competente el Tribunal Superior, no debía entonces haber realizado instrucción alguna el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Y, en sintonía con el mensaje político que ha venido reiterando el PP desde que estalló el caso, esgrimen una lesión del derecho a la defensa, porque las actuaciones fueron declaradas secretas y ninguno pudo tener conocimiento de las diligencias que se realizaron desde el juzgado de Garzón hasta que el pasado 5 de marzo remitió el auto al TSJCV.

Al incidente de nulidad presentado por las defensas de los cuatro implicados en Valencia deberá responder la Fiscalía Anticorrupción, que ha defendido la instrucción previa y la partición de la causa en dos bloques, uno que investiga el Tribunal Superior de Madrid (TSM) y otro, el Tribunal Superior valenciano.

De momento, la causa que investiga el Tribunal valenciano por un supuesto delito de cohecho, declarada también secreta, ha podido avanzar bien poco en tanto los implicados han paralizado sus primeros pasos con un recurso que es preceptivo resolver para seguir.

(www.elpais.com, 29/04/09)

SECRETO ENCUBRIDOR

La primera decisión del Tribunal Superior de Valencia, tras asumir la competencia en la parte del caso Gürtel que le remitió el juez Garzón -dádivas en forma de trajes al presidente Camps, al secretario del PP valenciano Ricardo Costa y a otros dos ex altos cargos de la Generalitat-, no ha sido investigar el presunto delito de cohecho, sino el origen de las informaciones que lo han puesto al descubierto.

El juez instructor designado por el tribunal valenciano quiere saber cómo este periódico ha podido conocer unas conversaciones telefónicas que figuran en el sumario y que ponen en evidencia la estrecha relación de amistad y confianza entre Camps y Álvaro Pérez, El Bigotes, cabeza visible en Valencia de la trama de corrupción organizada por Francisco Correa.

Esas conversaciones deberán ser investigadas por el Tribunal Superior de Valencia y, posiblemente, también por el de Madrid en lo relativo a El Bigotes, pero el juez instructor valenciano da por sentado de entrada que la supuesta filtración se ha producido en el tribunal madrileño, eludiendo o ignorando que este último levantó el secreto que pesaba sobre las actuaciones sumariales el 3 de abril. Es posible, pues, que no haya habido violación del secreto sumarial respecto a conversaciones que, al margen de su posible dimensión penal, tienen el efecto de mostrar el grado de familiaridad existente entre quien preside la Generalitat valenciana y uno de los jefes de la trama investigada, que obtuvo más de cinco millones de euros en contratos públicos y organización de eventos del PP valenciano.

El Tribunal Superior de Valencia, presidido por un magistrado a quien Camps considera "más que un amigo", parece sintonizar con la única y máxima preocupación del PP en el caso Gürtel: impedir que lo investigado salga a la luz o, si sale, diluir las responsabilidades en un océano de sospechas sobre el origen de las informaciones, en una actitud que revela una voluntad de encubrir o relativizar los hechos. Dilucidar la eventual trascendencia penal de las conversaciones grabadas corresponde a los tribunales, pero no calibrar su trascendencia política, que es innegable. El secreto del sumario afecta a las partes que intervienen en el proceso pero, según reiterada doctrina del Constitucional, no a los periodistas. Si éstos conocen por medios lícitos conversaciones tan reveladoras como las de Camps y El Bigotes, ¿deberían ocultarla a la opinión pública? ¿O no tienen acaso el deber de publicarlas?

(www.elpais.com, 29/04/09)

LA GENERALITAT HA CONTRATADO A CINCO EMPRESAS DE LA TRAMA CORRUPTA

Orange Market es considerada la terminal valenciana de la trama de empresas corruptas que destapó el juez Baltasar Garzón en la investigación del caso Gürtel y ha logrado adjudicaciones de la Generalitat por unos seis millones de euros. Hasta el grupo parlamentario del Partido Popular asume que Orange Market tiene "trascendencia pública" y acepta preguntas sobre sus relaciones con la Generalitat. Pero la investigación del grupo parlamentario de Compromís pel País Valencià sobre los contratos menores de la Consejería de Presidencia ha detectado adjudicaciones directas por importes inferiores a 12.020 euros a Down Town Consulting, en 2005 y a Easy Concept en 2007. Down Town Consulting cambió de nombre para denominarse Easy Concept en marzo de 2005, un mes después de que se le recortaran las facultades en la sociedad a Isabel Jordán Goncet, cuya declaración fue clave para imputar a Camps.

Compromís ha detectado un tercer contrato con Boomerang Drive, una sociedad que Garzón no incluye en la relación de sociedades de la trama corrupta, pero que está vinculada a Orange Market y a Easy Concept. Boomerang Drive, Orange Market y Easy Concept tuvieron el mismo administrador único, Luis Miguel Pérez, que fue consejero secretario de Special Events y Pasadena Viajes. Boomerang Drive optó junto a Orange Market y Easy Concept -entonces, Down Town Consulting- a la adjudicación de una campaña publicitaria por parte de la empresa pública Vaersa en noviembre de 2004. El adjudicatario de aquella campaña fue Orange Market por un montante de 136.678 euros. Pero Down Town Consulting y Boomerang Drive obtuvieron dos adjudicaciones paralelas de la Consejería de Presidencia en 2005. La primera, un contrato de 10.500 euros por la "creatividad y serigrafiado de 1.200 unidades de memoria USB". La segunda, un contrato de 12.020 euros por el "montaje, manipulado y envío de 1.200 unidades de USB".

Easy Concept cobró otros 6.761 euros de la Consejería de Presidencia en 2007, pero es imposible determinar el concepto de la factura porque se cobró a través de la caja fija de la consejería, el fondo disponible para pagos menores de todo tipo de servicios, desde taxis hasta restaurantes.

Compromís ha comprobado, además, que la Generalitat tiene dados de alta los datos bancarios de las sociedades Rialgreen y Good and Better, que sí aparecen relacionadas en el auto de Garzón, lo que implica que han remitido facturas alguna vez a la Administración autonómica.

La difusión de los pagos a varias empresas de la trama corrupta coincide con la nueva negativa de los integrantes del PP en la Mesa de las Cortes a admitir a trámite 4.200 preguntas formuladas por el Grupo Socialista sobre posibles contratos de la Generalitat con empresas vinculadas al caso Gürtel.

Tanto Ángel Luna, portavoz socialista, como Mònica Oltra, portavoz de Compromís, subrayaron que el PP antepone el Reglamento de las Cortes a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que exige a la Mesa "una motivación expresa, suficiente y adecuada" para rechazar preguntas al Consell.

(www.elpais.com, 29/04/09)

EL CONSELL FRACCIONÓ UN CONTRATO EN FAVOR DE EMPRESAS DE LA TRAMA CON EL MISMO ADMINISTRADOR

El grupo Compromís pel País Valencià en las Corts Valencianes ha detectado al menos seis contratos menores de Presidencia de la Generalitat con empresas investigadas por la Audiencia Nacional dentro de la trama del caso Gürtel, según informó ayer en la rueda de prensa tras la junta de portavoces la síndica, Mònica Oltra. Los trabajos, entre 2005 y 2007, suman un total de 59.748 euros. Oltra enfatizó que los contratos menores son aquellos que, por su importe -hasta 30.050,61 euros en los contratos de obras y 12.020,24, en el resto-, están exentos de fiscalización previa y no requieren tramitación administrativa más que la orden y el pago de la cuantía. En caso de superarse estas cuantías, la ley exige seguir un "procedimiento negociado" para respetar al menos la concurrencia o la publicidad.

El dato no es baladí, ya que, según denunció la diputada, se "evidencia el fraccionamiento" de dos de los tres contratos de 2005, referidos al mismo encargo en torno a 1.200 memorias USB (ver apoyo). Las firmas beneficiarias fueron Boomerangdrive y Down Town Consulting (anterior denominación de Easy Concept Comunicación), que tenían el mismo administrador, Luis de Miguel Pérez. Estas mercantiles participaron también en el paripé de selección en 2004 tras el que Vaersa dio a dedo una campaña de reciclado de envases a Orange Market, la pata valenciana de la trama de Francisco Correa, presidida por Álvaro Pérez. Orange no llegó a hacer la campaña pero cobró la mitad por un guión (69.000 euros). Luis de Miguel Pérez era también administrador de Orange Market, además de fundador junto con Pablo Crespo, el hombre de confianza de Correa.

"Presunta financiación ilegal"

Los otros contratos son en favor de la propia Easy Concept -esta es la firma que realmente ejecutaba los stand de Fitur adjudicados a Orange Market- y de Orange Market. Compromís cree que hay "innumerables contratos menores" a empresas de trama, aunque de momento ha descubierto seis. En el caso del pago de caja fija, Oltra alertó de que el sistema de pago es como un "agujero negro, donde no se sabe lo que hay" y donde hay cosas que "escapan al control público". La parlamentaria, que recabará más información para remitírsela a Garzón con el fin de que "amplíe el caso", dijo estar "convencida de que la cuestión de los trajes de Camps es sólo la punta del iceberg de una presunta trama de financiación ilegal del PP".

(www.levante-emv.com, 29/04/09)

CAMPS BUSCA EL APOYO DEL PP EN PLENO ESCÁNDALO POR SUS TRAJES

La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, ofreció públicamente una versión muy dulcificada de lo que había sucedido ayer en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, la primera desde que EL PAÍS publicó una conversación entre el presidente valenciano, Francisco Camps, y Álvaro Pérez, El Bigotes, uno de los cabecillas de la supuesta red corrupta del caso Gürtel. Según Cospedal, Camps recibió el apoyo del partido. "Todos los miembros del comité le han extendido ese apoyo", sentenció.

Sin embargo, la realidad en la reunión, según cuentan varios de los presentes, fue algo diferente. Habló una decena de personas y, al contrario de lo que ha sucedido en otras ocasiones con las novedades del caso Gürtel, nadie quiso ofrecer explícitamente su apoyo a Camps. El asunto no había sido mencionado. Sólo Mariano Rajoy, en su discurso, había dicho, como siempre, que su partido se encargará de defender la "presunción de inocencia de todos sus miembros".

Pero entonces Camps pidió la palabra al final de la reunión, ya en el turno de ruegos y preguntas, cuando parecía que el tema no se iba a tratar porque la reunión se había centrado en hablar de las elecciones europeas, la crisis económica, la financiación autonómica y la epidemia de gripe porcina.

El presidente de la Generalitat valenciana hizo una breve mención al asunto que trae de cabeza a su Gobierno: el escándalo de los trajes que presuntamente, según el auto del juez Baltasar Garzón, le regaló Álvaro Pérez, El Bigotes.

"Agradezco al partido el cariño que he recibido en las últimas semanas", dijo Camps. Y después, como siempre muy en positivo, añadió: "Desde el congreso de Valencia [en junio de 2008, en el que fue reelegido Rajoy], el PP está en fase ascendente y el PSOE en fase descendente".

Esta última frase de aliento interno recibió un aplauso de sus compañeros. Ramón Luis Valcárcel, el presidente murciano, habló inmediatamente después para ironizar con la idea de que hay quien "se está intentando cargar el prestigio de personas honorables y algún molt honorable", en referencia a Camps. Los más cercanos al presidente valenciano entendieron este aplauso como un apoyo cerrado al presidente, y así lo interpretó Cospedal cuando fue preguntada por la prensa.

Sin embargo, en el PP son mayoría los dirigentes que, aun defendiendo la honradez de Camps, con la idea expresada por Rajoy de que "nadie se corrompe por tres trajes", ven al valenciano muy quemado políticamente, no tanto por las evidencias contra él como por su empeño en tratar de suavizar la realidad: esto es, su estrechísima amistad con un supuesto cabecilla de una red corrupta, que recibió más de seis millones de euros en concesiones públicas de la Generalitat que, en última instancia, dependen del presidente.

Camps tampoco quiso ofrecer a su partido mayores explicaciones, ya que su estrategia, según su entorno, es reservar todos los detalles para cuando le citen a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

En la reunión del Comité Ejecutivo, Rajoy también quiso explicar a los suyos que cuadrar la lista europea, que se dará a conocer hoy, "no es nada fácil", porque España ha perdido cuatro eurodiputados de los que tenía y además la lista debe ser paritaria. Varios hombres relevantes que querían repetir quedarán fuera de los puestos de salida.

(www.elpais.com, 28/04/09)

Camps tiene un piso, un coche, dos seguros de vida y dos cuentas bancarias

El presidente de la Generalitat y del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV), Francisco Camps, ha hecho pública su declaración de bienes, entre los que consta un piso en Valencia, un coche, dos seguros de vida, un plan de pensiones y dos cuentas corrientes en Bancaja.

También lo ha hecho el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, que dispone de cuentas bancarias en cinco entidades con un saldo neto total a fecha 28 de abril de 1.435,26 euros negativos, paga dos hipotecas de sendos pisos en Castellón y Valencia y un préstamo personal y es copropietario de la Sociedad "CASLEGIS, SL".

Según un comunicado del PP, de esta manera el PPCV "hace efectivo su compromiso" de hacer públicos los bienes de Francisco Camps y del secretario general del PPCV, Ricardo Costa.

Los bienes de Camps ascienden al 50% del domicilio familiar que comparte con su mujer y que está ubicado en la ciudad de Valencia y un vehículo marca SAAB que fue comprado en el año 1995.

Junto a estos bienes el presidente del PPCV es además titular de dos seguros de vida y un plan de pensiones así como de una cuenta corriente en Bancaja y otra que comparte con su mujer en la misma entidad bancaria, cuyos saldos no han sido precisados.

Por su parte, tal y como consta en la declaración de bienes registrada en las Cortes Valencianas con fecha de 28 de abril de 2009, Ricardo Costa tiene cuentas bancarias en ING Direct, con un depósito de renta garantizada de 6.000 euros, Banco Sabadell Atlántico, Open Bank, Bancaja y Caja Rural.

En total, el saldo neto total de las cuentas bancarias a fecha de 28 de abril es de 1.435,26 euros negativos, según las mismas fuentes.

Además, paga una hipoteca de 120.000 euros de un piso en Castellón, otra de 25.000 euros de un piso en Valencia, y un préstamo personal de 30.000 euros, declarado en la conselleria de Economía y Hacienda, con la que adquirió un vehículo el pasado mes de enero.

Por último, Ricardo Costa tiene un plan de pensiones en Bancaja y es también copropietario de la Sociedad "CASLEGIS, SL".

www.levante-emv.com 28.04.09

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE VALENCIA ORDENA INVESTIGAR "LAS FILTRACIONES"

José Flor, el magistrado del Tribunal Superior de Valencia que investiga las ramificaciones del caso Gürtel en esa comunidad, ha solicitado al juzgado decano de Madrid que se investiguen las supuestas "filtraciones a EL PAÍS de documentos que forman parte de la causa principal, declarada secreta por el Juzgado Central de Instrucción número 5". Asimismo, el alto tribunal valenciano ha pedido al Ministerio Fiscal "que le informe sobre qué acciones ha realizado" para averiguar las supuestas filtraciones. Así se indica en una nota que hizo ayer pública el gabinete de prensa del citado tribunal.

A juzgar por la nota, el instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia da por sentado que la supuesta filtración de documentos del sumario que afectan a los aforados que él investiga se ha producido en Madrid, motivo por el que ha enviado su petición a los juzgados de la capital.

En la citada nota de prensa se omite que este mismo tribunal ordenó levantar el secreto que pesaba sobre las actuaciones el pasado 3 de abril; es decir, en fecha anterior a las informaciones que ha venido publicando este periódico.

"Las informaciones publicadas por el periódico [EL PAÍS]", señala la nota, "reproducen documentos y recogen el contenido íntegro de actuaciones procesales sobre hechos que investiga la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana".

El gabinete de prensa destaca que "el pasado 21 de abril la Sala de lo Civil y Penal [del Tribunal de Valencia] dictó una resolución en la que recordaba la vigencia del secreto de sumario, exigible incluso a todas las partes intervinientes en el proceso".

(www.elpais.com, 28/04/09)

El TSJCV confirma que las conversaciones entre Camps y 'El bigotes' no son un montaje

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) solicitó este lunes al juzgado decano de Madrid que se investiguen las filtraciones del sumario del "caso Gürtel", sobre el que pesa el secreto de sumario, al periódico 'El País'

El TSJCV ha emitido un comunicado en el que viene a confirmar la veracidad de las conversaciones publicadas por el diario 'El País' entre el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el presunto responsable de la trama 'Gürtel' en Valencia, Álvaro Pérez, alias 'el Bigotes'.

El TSJCV asegura que "las informaciones publicadas por el periódico reproducen documentos y recogen el contenido íntegro de actuaciones procesales sobre hechos que investiga la sala de lo civil y penal del citado tribunal".

El magistrado instructor del "caso Gürtel" en el TSJCV, José Flors, solicitó además a la Fiscalía General del Estado que le informe "sobre qué acciones ha realizado para averiguar la identidad de la persona que ha filtrado los documentos" del sumario.

El TSJCV asegura que esta persona "podría haber incurrido en un delito de revelación del secreto de sumario". "Las informaciones publicadas por el periódico reproducen documentos y recogen el contenido íntegro de actuaciones procesales", señalan desde el tribunal.

"Esta reproducción literal evidencia que al periódico le ha sido facilitada una copia de la causa bajo secreto de sumario, tal como reconoce el propio medio al referirse en alguna de sus informaciones a los tomos que tiene a su disposición", indica el tribunal.

A la hora declararse competente para investigar la rama del 'caso Gürtel' en la que estarían implicados el presidente valenciano, Francisco Camps, y el secretario general del PP en esta comunidad, Ricardo Costa, el TSJCV dictó una resolución en la que, entre otras cosas, recordaba la vigencia del secreto de sumario, exigible incluso a todas las partes intervinientes en el proceso.

www.cadenaser.com 27.04.09

CAMPS AGRADECE A LA DIRECCIÓN DEL PP SU APOYO

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha agradecido a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PP, reunidos esta mañana en la calle Génova de Madrid, el apoyo y cariño recibido tras ser implicado en el caso Gürtel. Según la parte del sumario en poder del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Camps y otros tres cargos del PP recibieron, presumiblemente, varios trajes pagados por Orange Market -una de las empresas de la trama corrupta- que dirigía en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes y que logró contratos millonarios de la Generalitat.

Grabaciones telefónicas efectuadas por la policía a las que ha tenido acceso EL PAÍS acreditan la estrechísima relación entre El Bigotes y Camps. También según la investigación policial, El Bigotes, uno de los tres encarcelados por la trama, declaró a la Hacienda Pública entre 2003 y 2007 (los ejercicios de los que se tienen datos hasta el momento) que su empresa, Orange Market, había comprado a la tienda Milano ropa por valor de 121.683 euros.

Durante su discurso hoy en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, el líder del PP, Mariano Rajoy, ha defendido la presunción de inocencia para todos los implicados por la instrucción del caso Gürtel, aunque no ha hablado expresamente del presidente valenciano.

Sobre las listas europeas, Rajoy no ha aclarado si estará de nuevo Gerardo Galeote, eurodiputado también implicado por el juez de la Audiencia Nacional Balatasar Garzón durante su instrucció del caso. Según un auto de Garzón, Galeote ha recibido más de 600.000 euros y dos coches de la red corrupta que se investiga en el caso Gürtel. La mayoría de los dirigentes consultados, entre ellos cinco miembros de la cúpula, se muestran convencidos de que Galeote repetirá.

El presidente del PP sí ha hablado de lo difícil que es hacer las listas para las elecciones del 7 de junio porque no cabe todo el mundo. Ya en la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección del partido, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, ha afirmado que mañana se reunirá el comité electoral y "se tendrá conocimiento de la lista". Previamente, la secretaria general del PP ha resumido los tres aspectos que se han tratado en la reunión de esta mañana: la situación económica, que está dando paso a una "crisis social", las propuestas que va ir presentando el PP y la situación del Gobierno, que a juicio de la secretaria general del partido está "agotado" y "falto de credibilidad".

(www.elpais.com, 27/04/09)

EL BIGOTES DECLARÓ AL FISCO 121.000 EUROS EN ROPA REGALADA A CARGOS DEL PP

Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, amigo del presidente valenciano, Francisco Camps, al que regalaba trajes y otros objetos de alto valor, según la investigación policial, declaró a la Hacienda Pública entre 2003 y 2007 (los ejercicios de los que se tienen datos hasta el momento) que su empresa, Orange Market, había comprado a la tienda Milano ropa por valor de 121.683 euros.

Parte de esta ropa, según varios testimonios y numerosa documentación que consta en el sumario del caso, fue a parar a dirigentes del PP en la Comunidad Valenciana situados en puestos clave: al presidente Camps, que supuestamente devolvió los trajes de Milano pero no así los que le hicieron en otra tienda de Madrid llamada Forever Young; a un antiguo vicepresidente, Víctor Campos; al secretario general del PP y portavoz parlamentario, Ricardo Costa; y a un alto responsable en la Consejería de Turismo, Rafael Betoret.

La Agencia Tributaria ha elaborado varios informes solicitados por el juez Garzón sobre los movimientos de algunas sociedades que formaban parte de la trama corrupta vinculada al PP. La red de sociedades en las que trabajaba Álvaro Pérez -dirigidas por Francisco Correa, testigo en la boda de la hija de José María Aznar con Alejandro Agag y que se halla en prisión por orden de Garzón- facturó durante los 10 últimos años decenas de millones de euros no sólo por el montaje de actos del PP sino por cientos de contratos públicos que logró de Administraciones donde gobernaba este mismo partido.

La trama corrupta hizo sus grandes negocios en la Comunidad Valenciana (tras la marcha de Eduardo Zaplana y durante la presidencia de Francisco Camps), en la Comunidad de Madrid (tras la llegada de Esperanza Aguirre, que sustituyó a Alberto Ruiz-Gallardón) y en al menos cinco medianos municipios madrileños (Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Las Rozas, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón), todos ellos gobernados por alcaldes populares con mayoría absoluta.

El regalo de trajes a políticos que gobernaban en instituciones donde la trama corrupta lograba con facilidad contratos no fue sólo una práctica habitual de Orange Market, la empresa que Álvaro Pérez dirigía en la Comunidad Valenciana. También Easy Concept, otra sociedad de la red de Correa, pagaba trajes a alcaldes y concejales de los municipios madrileños donde había contratos y negocios en juego.

Según distintas resoluciones dictadas por Garzón antes de inhibirse de esta investigación, Isabel Jordán, directiva de Easy Concept, ha confesado que gastó casi 3.000 euros en Milano para regalar varios trajes al ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. La propia Jordán admitía, en una conversación grabada por el ex concejal del PP de que denunció a la trama, que desde Easy Concept se habían pagado 30.000 euros a Milano para trajes de Camps.

En la contabilidad de esta empresa registrada en la Agencia Tributaria figura este desembolso, aunque la investigación descubrió que Camps había devuelto los trajes de Milano porque no le gustó cómo le quedaban. Posteriormente, Álvaro Pérez siguió regalándole trajes de otra tienda de ropa, Forever Young, a la que fue a parar el director de la tienda de Milano.

Algunos empleados de la tienda Milano aseguraron a sus superiores a través de correos electrónicos, siempre según la investigación policial, que muchos de los pedidos que hacía Álvaro Pérez para "uniformes a cargos del PP", en relación al regalo de trajes, eran facturados como mantelerías, cristalerías o metros de tela, mercancías que no vendía ese establecimiento. Con este procedimiento, los empresarios de la trama corrupta hacían pasar sus regalos a políticos como compra de mercancía necesaria para su actividad. Eso les permitía aumentar su capítulo de gastos y reducir el pago de impuestos a la Hacienda Pública. La Abogacía del Estado está a la espera de un informe que ha solicitado a la Agencia Tributaria para decidir si, por grave perjuicio al Estado, se persona en la causa contra la trama corrupta vinculada al PP.

Según la información tributaria que consta en el sumario remitido al Tribunal Superior de Valencia, Orange Market, la empresa que Álvaro Pérez montó en la región mediterránea, pasó de facturar 88.000 euros en 2003 a más de tres millones de euros en 2007. Los clientes principales de la empresa, según su historial fiscal, siempre fueron los mismos: la Agencia Valenciana de Turismo, la Generalitat valenciana y el Partido Popular. En 2005, por ejemplo, de los 2,77 millones de euros declarados como ingresos por Orange Market, casi 2,4 pertenecían al Gobierno valenciano (1,57 millones de la Agencia Valenciana de Turismo y 103.000 euros de la Generalitat), y al PP de la comunidad autónoma (712.322 euros), ambos presididos por Camps.

La información de la Agencia Tributaria no incluye el ejercicio fiscal de 2008, ni los contratos conseguidos por Orange Market para 2009, antes de que el juez Garzón desarticulara la trama corrupta y encerrara en prisión a tres de sus principales directivos. Con la suma de todos estos conceptos, la empresa de Álvaro Pérez habría facturado en apenas cinco años de ejercicio más de 10 millones de euros.

En una de las últimas conversaciones que Pérez mantuvo con Francisco Camps antes de ser imputado por Garzón dentro de la trama corrupta, el jefe de Orange Market manifiesta al presidente valenciano su cariño y lealtad y le envía varios regalos con un tarjetón. Pérez le explica a Camps las razones de estos "detallitos", como llama a los regalos: "Para que sepas lo que te debo". El presidente valenciano se niega desde hace semanas a explicar sus relaciones con Álvaro Pérez, al que se dirige en las conversaciones grabadas por la policía como "amiguito del alma". La única versión que existe en el sumario, aparte de esas grabaciones, sobre esa amistad la aporta José Tomás, sastre de Francisco Camps. Tomás aseguró a la policía y al juez que habló por teléfono con Camps y que éste le dijo que Álvaro Pérez era amigo suyo y que era un bocazas.

(www.elpais.com, 27/04/09)

Los referentes del PP valenciano evitan arropar a Camps

Los presidentes provinciales y Barberá, ausentes de la recepción en las Cortes

El PP es un partido acostumbrado a arropar a los suyos en momentos de dificultad. Y eso lo saben bien los populares valencianos, de quienes partió el pasado 11 de febrero la idea de posar todos junto a Mariano Rajoy en medio de los escándalos del espionaje madrileño y las detenciones del caso Gürtel.

Los dirigentes valencianos del PP también acudieron en tropel a arropar a Francisco Camps a Madrid, tras conocerse que Orange Market, según la investigación del juez Baltasar Garzón, había pagado trajes al presidente de la Generalitat. Docenas de cargos se desplazaron el pasado 10 de febrero a la conferencia en la que Camps pronunció la frase: "Yo me pago mis trajes".

Ayer, en la celebración del Día de las Cortes Valencianas, uno de los actos institucionales más importantes de la comunidad, los principales referentes del PP evitaron acompañar a Camps en el que es, probablemente, el momento más duro de su carrera política. Un momento que llega tras difundirse su estrecha amistad con Álvaro Pérez, presunto jefe de la trama corrupta en Valencia. Camps, acompañado por su Gobierno y su grupo parlamentario, sintió ayer, por primera vez, una extraña sensación de soledad.

Ninguno de los tres presidentes provinciales, ni los principales alcaldes acudieron a la recepción para abrazarlo.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que también es diputada autonómica, no se acercó ayer para besar a Camps. Barberá, que ha guardado silencio desde la publicación de las conversaciones entre Camps y Pérez, tenía que presidir el pleno municipal, pero al acabar renunció a acudir a las Cortes. Sí lo hicieron los ediles socialistas, con Carmen Alborch a la cabeza.

Al tono desangelado de la recepción, en la que Camps fue el centro de atención, tampoco acudió el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, que hace unas semanas planteó la posibilidad de hacer un gran acto de desagravio a Camps. El presidente de la Diputación de Alicante, el zaplanista José Joaquín Ripoll, se quedó en su feudo para presentar una página web. Y desde allí se limitó a decir que cree en Camps y que "en ningún caso se ha planteado" su relevo.

Tampoco acudió el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, también imputado por varios delitos contra la Administración y delito fiscal, que hace días aseguró que ponía "la mano en el fuego" por Camps. La sensación de soledad la agrandó la ausencia de diputados nacionales y otros referentes de la sociedad civil valenciana habituales en el acto.

Cabe decir que Mariano Rajoy fue el único dirigente popular que salió ayer a defender -y de qué manera- a Francisco Camps. «Cuenta con todo mi apoyo», dijo en Barcelona el presidente del PP.

El líder popular fue asediado por el interés que suscitó la grabación de las conversaciones entre el presidente de la Generalitat Valenciana y el responsable de la empresa Orange Market, Alvaro Pérez, uno de los principales implicados en la trama Gürtel.«Nadie se complica la vida por tres trajes», añadió Rajoy por la noche en una entrevista en TV3.

Las afirmaciones de Rajoy, que en otro tiempo habían sabido a poco en Valencia, fueron ayer inequívocas: «Mantengo absolutamente mi confianza en Camps», llegó a decir Rajoy durante su participación en la recepción de Sant Jordi. «Es un presidente honesto», insistió en televisión.

Pero el abierto y hasta entusiasta apoyo de Rajoy a Camps contrastó ayer, y no poco, con el silencio de las baronías territoriales del PP y con los murmullos escuchados en los pasillos del Congreso de los Diputados.

Desde las primeras, todo eran excusas para no valorar un asunto que a todos los populares se les antojaba incómodo y desagradable porque, decían, la última filtración contra Camps parecía querer dañarle más en lo personal que en lo político o judicial.

El ánimo de los diputados era menos esquivo y nada indiferente. Se mostraban desconcertados, más por el tono que por el contenido de las grabaciones divulgadas por El País. Algunos, los más, hacían bromas jocosas y saludaban en voz baja con las frases cariñosas hacia Pérez atribuidas a Camps. No faltó quien se decía convencido de que las grabaciones eran falsas, y repetía, como el propio Camps, que todo era un montaje. Pero la mayoría de sus señorías las daban por ciertas.

Pero ni las bromas ni el desconcierto describió la reacción política de los populares, presidida, ayer, por el «escándalo» de la filtración, por «la vulneración del derecho a la intimidad» y por la primera rebelión -en absoluto orquestada- contra el propio Camps.

Del enfado por la filtración -que la Generalitat achacó a la Policía- participaban todos los populares: «Es un atentado a la intimidad. Falta el más mínimo respeto al ámbito personal, ¿qué necesidad había de meter en danza a la mujer y a la hija de Camps?», decían, no sin añadir, en un caso, su particular queja contra El País, «porque ha utilizado un chascarrillo típico de un programa como La Noria para abrir edición el día en que tocaba titular con la derrota de Zapatero en el debate parlamentario de la víspera frente a Rajoy».

Pero del enfado con Camps sólo respondían abiertamente unos cuantos: «Ya es hora de que salga a dar explicaciones. Por más que sea Camps, el partido no puede aguantar mucho más tiempo este desgaste; no basta con que suelte una frase negándolo todo, tiene que dar una rueda de prensa y someterse a un examen democrático, que es lo que hace cualquier político que no tiene nada que ocultar...».

Ninguno de estos comentarios se habían escuchado hasta ayer.Y tampoco hasta ayer habían coincidido tantos en afirmar que la culpa de la situación política que está viviendo Camps es suya. «Su error ha sido empecinarse en no decir desde el principio la verdad y, en lugar de negar su estrecha relación con López, haber declarado: 'Este señor era amigo mío, y a lo mejor me ha defraudado'». Y es que ayer ya casi nadie hablaba de si a Camps le habían regalado o no los trajes, sino de si era o no un político sin cintura y acorralado. «Es un jugador lesionado, pero aún no le han sacado tarjeta amarilla», decía ayer el más benévolo de los enfadados. «Rajoy está obligado a defenderle», decía otro diputado desde el flanco contrario, «porque él fue uno de los pilares del congreso de Valencia».

Curiosamente, desde la dirección del PP la reacción fue muy diferente.Cerca de Rajoy lo que explicaban es que el caso penal contra Camps está muerto y lo que se hizo ayer fue intentar resucitarlo extrajudicialmente. El contenido de las cintas no parecía representar en Génova ningún problema. Sin dejar de otorgarles credibilidad, argumentaban que de ellas se deducía que los Camps agradecían, pero parecían determinados a devolver los regalos. Y en cuanto a las superlativas muestras de cariño, la cúpula del PP las interpretaba como una muestra de la exaltación de la amistad propia de la Navidad.

Para Génova, nada había empeorado en la posición de Camps -«su conducta política no está bajo sospecha», sentenciaban-, mientras que mucho iba a cambiar en la respuesta política del PP al Gobierno.

Para empezar, desde ayer y en lo sucesivo, los populares piden explicaciones directamente al ministro del Interior por el funcionamiento de la Policía Judicial. Pero, además, el coordinador de Justicia, Federico Trillo, empezó a trabajar ya en dos iniciativas parlamentarias: una proposición de reforma para el endurecimiento de las penas por vulneración del secreto de sumario y una propuesta de subcomisión para estudiar y revisar la actual dependencia orgánica de la Policía Judicial respecto del Ministerio del Interior.

Declaración de 12 de febrero de 2009. Álvaro Pérez, presidente de Orange Market, la empresa de la trama corrupta que lideraba Francisco Correa y que supuestamente pagaba los trajes a dirigentes del PP. Lo que sigue es un extracto de su declaración ante el juez Garzón que obra en el sumario que instruye el Tribunal Superior de Justicia valenciano:

- Relación con Correa. "Desde que dejé de trabajar con Correa en Madrid [la única relación] es sentimental... sólo amigo. [Correa] no controla Orange Market".

- Pagos de ropa. "Orange Market no ha pagado a nadie ropa. Yo no he pagado a ningún funcionario ropa. Ni en Milano ni en ningún otro sitio. A mí, Pablo Crespo [otro jefe de la trama corrupta] nunca me ha pagado nada. Cuando me hacía dos o tres trajes los pagaba yo".

- Visitas a Valencia. "Por encargo mío [el sastre José Tomás] no fue a Valencia [a tomar medidas a dirigentes del PP]. Al principio de estar él [José Tomás] en Milano, no sé si fue el vicepresidente de la Generalitat a ver si se le hacía alguna ropa. Y el presidente. Pero creo que devolvió los trajes porque no le gustó nada".

- Dinero para la familia. "Cuando yo veía a Pablo Crespo le decía '¿cuánto le has dado a mi hermana?' y me decía, 'le he dado 2.800, le he dado 600...' y se lo daba yo a él. (...) Tengo una nómina que asciende a 2.000 euros creo".

- Congresos del PP. "Nunca facturo con el PP en B. No puedo justificar porque [en la contabilidad B de la trama aparecía un pago en B del PP]".

Nueva empresa. "Cuando yo me voy de Special Events [una de las firmas de la trama corrupta] y decido venirme a vivir a Valencia y decido instalar una pequeña empresa para salir adelante con mi familia, no podía hacerlo porque tenía una deuda con Hacienda. No podía montar la empresa yo solo y le pido ayuda a Pablo Crespo y por eso me la monta. Y a los pocos meses, hay un lío en los periódicos con el señor Correa y el señor Crespo que me perjudica mucho en Valencia. Es entonces cuando se decide que Pablo se tiene que ir. Hay un periódico en la Comunidad Valenciana, que es Levante, que en cuando saco la cabeza me machacan. No tengo prácticamente clientes, trabajo para el PP, me presentaba a muchas campañas, y no me han dado nunca nada, ni de publicidad ni de ninguna otra cosa. Trabajo para la feria de Valencia, he intentado trabajar para la fórmula 1, y no lo he conseguido. Intenté presentarme para diseñar el escenario del Papa y no me dejaron tampoco. Me presento y me presento y me dicen que no y que no siempre".

Soledad y desconfianza. El presidente de la Generalitat tuvo que afrontar ayer uno de sus días más amargos tras la publicación en EL PAÍS de una conversación grabada en la investigación del caso Gürtel que muestra la estrecha amistad que unía a Francisco Camps con el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez El Bigotes. Pérez, según esta grabación, no solo entregaba trajes a dirigentes del PP, sino que también hizo regalos a la esposa y la hija de Camps.

La publicación del contenido de la conversación telefónica dejó ayer al presidente y al PP en estado de shock. Camps tuvo que hacer de tripas corazón y acudió, casi sin dormir, a la romería de la Santa Faz en Alicante, arropado por los suyos y en un ambiente de funeral. Al finalizar la romería el jefe del Consell tuvo que asumir su propia defensa y, ante los medios de comunicación, argumentó que su implicación en el caso Gürtel es un "montaje" destinado a dañar su carrera política. "Es todo mentira y, si Dios quiere, en poco tiempo todo el mundo conocerá la verdad", afirmó al ser preguntado por su conversación con Álvaro Pérez. En la estructura nacional del PP la reacción fue de estupor y prudencia a la hora de salir en defensa de Camps.

Los populares valencianos, acostumbrados a salir en tromba a defender a su presidente, guardaron ayer un extraño silencio, probablemente fruto de la desconfianza que el contenido de la grabación ha provocado en el seno del PP. Tras más de dos meses de escándalos relacionados con el caso Gürtel, varios cargos del partido apuntaron ayer que se necesita algo más que la apelación a la confianza, la honradez y la buena gestión de Camps para mantener la cohesión en torno al presidente de la Generalitat.

A diferencia de semanas anteriores, la mayoría de consejeros, diputados y alcaldes -incluida la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y los presidentes de las diputaciones provinciales- guardaron silencio. En las filas populares no se ocultaba la preocupación por cómo puede afectar a Camps el hecho de que el escándalo alcance a su entorno familiar más próximo, aunque nadie se atrevía a vaticinar cómo se desarrollarán los acontecimientos en las próximas semanas.

La dirección regional del PP se limitó a mantener los comunicados de oficio contra el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, y los socialistas. Y sólo el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, y el vicepresidente de la Mesa de las Cortes, Antonio Clemente, salieron en defensa de Camps. Rambla recalcó su "total confianza en la honorabilidad" de Camps e instó a la Policía a aclarar el origen de las filtraciones del contenido del sumario que instruye el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Clemente tachó de "ruin que los socialistas valencianos tengan que recurrir a las difamaciones y a las filtraciones para hacer política".

El ambiente de desolación se dejó sentir también en el seno del Gobierno valenciano, que trasladó una jornada más una sensación de parálisis difícil de ocultar.

Por el contrario, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, pidió al jefe del Consell que dé cuenta de sus responsabilidades políticas en las Cortes Valencianas, que es donde tiene que "explicar por qué tenía una relación persistente, continuada y sistemática con Orange Market, con Álvaro Pérez y con los responsables de la trama de corrupción de la que algunos se encuentran en prisión".

"Ya sabemos la sisa del presidente, las medidas del traje, dónde va y quién es el sastre y pasamos un paso adelante. Hoy tenemos la constatación de que en esta trama el presidente tenía una relación íntima y confirmada [con Álvaro Pérez]".

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, por su parte, afirmó que "ni el peor enemigo de Camps podría imaginar un escenario más perjudicial para él mismo".

La coordinadora general de Esquerra Unida, Marga Sanz, tachó de "vergüenza" que Camps evite las Cortes Valencianas para contar "la verdad de la que presume". Sanz instó al presidente de la Generalitat y al portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa, a "abandonar sus cargos para garantizar la honorabilidad de las instituciones".

Canal 9, la televisión pública sufragada con los impuestos de los valencianos, demostró ayer nuevamente su capacidad para hacer caso omiso de todo aquello que pueda resultar perjudicial para los intereses del PP y del presidente de la Generalitat. Las secciones sindicales de UGT y Comisiones Obreras en Canal 9 denunciaron la ocultación de las conversaciones entre Camps y Álvaro Pérez, así como las manifestaciones del propio jefe del Consell sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de investigar si cometió un delito de cohecho. "La realidad existe aunque nuestros directivos la censuren en una nueva muestra patética de servilismo", afirmó ayer CC OO. "Lo que a nosotros se nos prohíbe ofrecer se puede seguir en otros medios", añadió el sindicato.

Este sindicato volvió a reclamar ayer la dimisión del director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), Pedro García, que mantiene una estrecha relación de amistad con Álvaro Pérez y que, según el auto del juez Baltasar Garzón, también recibió trajes de Orange Market.

EL CONSELL AFIRMA QUE CAMPS DEVOLVIÓ LOS VALIOSOS REGALOS DE EL BIGOTES A SU FAMILIA

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, habría devuelto los regalos que el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, envió a su familia las pasadas navidades. Los obsequios, los últimos conocidos, que el imputado en la trama de corrupción relacionada con el PP habría enviado a la mujer y a la hija de Camps se citan en una grabación que destapa, además, la íntima relación que existía entre el jefe del Consell y el presidente de Orange Market antes de que Pérez fuera detenido el pasado 6 de febrero en Valencia.

Todo ello aparece en una grabación telefónica realizada por la Policía en el transcurso de la investigación de la trama Gürtel y que ayer publicó el diario El País. En la conversación telefónica entre Camps y Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, también participa la mujer del jefe del Consell, Isabel Bas, quien da a entender que piensa devolver el regalo a Pérez por su alto valor. El diálogo pone de manifiesto la relación de amistad entre todos ellos y demuestra que el imputado hacía regalos al jefe del Consell, a su esposa y a su hija. Camps se refiere a Pérez como "amiguito del alma", le dice "te quiero un huevo" y le pide que se vean "con tranquilidad" para hablar de lo suyo, "que es muy bonito".

Desde el Consell aseguraron ayer que los regalos de los que se habla en la conversación intervenida han sido devueltos y que el resto de obsequios que recibe el presidente también son devueltos cuando tienen un alto valor.

El propio Camps insistió ayer en Alicante en que su implicación en el caso Gürtel "es un montaje". El presidente, en una breve comparecencia ante los medios tras la romería a la Santa Faz, indicó que "todo es mentira" al ser preguntado por la investigación judicial. "Es una cuestión que está bajo secreto de sumario y lo que corresponde es que cada uno sepa cuál es su responsabilidad", añadió Camps. "Mi responsabilidad es esperar el momento de decir lo que tengo que decir en el lugar donde corresponde", agregó el presidente de la Generalitat, quien ya ha asegurado en varias ocasiones que dará cuenta de su relación con la presunta trama de corrupción en sede judicial.

"En cualquier caso ya he dicho en muchas ocasiones que es un montaje y que todo es mentira", reiteró el presidente. "La verdad será la que, si Dios quiere, dentro de muy poco todo el mundo conozca", añadió. Las nuevas informaciones relacionadas con el caso Gürtel se producen la misma semana en la que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se declaraba competente para investigar al presidente y a su número dos en el Partido Popular, Ricardo Costa, también aforado.

Mientras, el vicepresidente político, Vicente Rambla, defendió ayer la "honorabilidad" de Camps y reclamó que la Policía aclare las filtraciones. El portavoz del Consell dijo que le gustaría que la Policía "investigara por qué las investigaciones de la Policía son conocidas antes que nadie por un medio de comunicación y siempre el mismo".

Diputados del PP creen que Camps debería dar una explicación clara, mientras que otros defienden su honradez. El contenido de la conversación publicada ayer ha sido acogido con división de opiniones entre dirigentes del PP. Mientras que unos siguen defendiendo la "honradez" de Camps, otros creen que ya es hora de que el presidente valenciano dé una explicación pública, clara y precisa sobre su relación con los imputados en esta trama y sus empresas. En general, la mayor parte de los diputados populares en el Congreso han acogido con malestar la publicación de conversaciones privadas entre el presidente y el cabeza visible de la supuesta trama en la Comunitat Valenciana en las que se revela la estrecha amistad que mantienen ambos.

Sin embargo, y pese a que ese malestar es generalizado, hay división de opiniones. Algunos destacan la "honradez" de Camps y consideran que esta nueva grabación persigue desgastar al PP antes de las europeas, aunque creen que lo que ha salido de este tema está ya "amortizado" en lo que se refiere a intención de voto. Incluso alguno señala que, más allá de lo "cursi" de los términos del diálogo, el contenido de la grabación no supone ningún delito en sí.

Otros consideran que Camps debería dar una explicación pública, clara y detallada de su relación con Alvaro Pérez y con la empresa de éste. Hay incluso quien tacha de "deplorable" que un presidente autonómico pueda tener una conversación en esos términos.Varios diputados critican que el presidente no haya dado la cara, ni haya comparecido ante los medios para eliminar cualquier sombra de sospecha sobre la implicación del PP valenciano. Estas fuentes censuran que el presidente de la Generalitat evite enfrentarse a las preguntas de la prensa sobre este asunto y se limite a sostener que todo es un montaje y una mentira como, de nuevo, hizo ayer.

Declaración del 13 de marzo de 2009 en la Audiencia Nacional. José Tomás, el director de la tienda donde se hacían los trajes para los dirigentes valencianos del PP, aporta al juzgado nuevos documentos del establecimiento "pasados por un notario" que prueban el sistema de pago por el que Orange Market, una de las empresas de la trama corrupta, se hacía cargo de las facturas. Además, el sastre Tomás explica ante el juez Baltasar Garzón el procedimiento utilizado. Lo que sigue resume su última declaración que obra en el sumario que instruye el Tribunal Superior de Justicia de Valencia:

- Camps no pagó. "Ni el señor Camps ni ninguno de los políticos que han sido citados [los dirigentes del PP Ricardo Costa, Rafael Betoret y Víctor Campos] han pagado jamás un solo euro, ni en Milano ni en Forever Young. Jamás (...) Siempre pagaba Pablo Crespo [directivo de la trama corrupta y ex dirigente del PP gallego]".

- Llamadas de teléfono. "Mientras declaró ante la policía, Camps me llamó ocho o diez veces. Luego siguió llamando cuando salgo de declarar incluso a mi domicilio por la noche. Al día siguiente por la mañana, a las siete de la mañana, a las siete y media, a las ocho...".

- Trajes a Pérez para que se los haga llegar a Camps. "[La práctica habitual era remitir los trajes] a sus domicilios, por ejemplo a Rafael Betoret siempre se lo mandé a su domicilio; y al único que no se lo solía mandar era al presidente Camps, porque era muy complicado, si la seguridad de su domicilio no tenía notificación, alguna vez me lo devolvieron, entonces se lo solía mandar a Álvaro Pérez [jefe de Orange Market, la empresa de la trama corrupta que recibió más de seis millones de euros en contratos de la Comunidad Valenciana y que supuestamente pagaba la ropa de Camps], a la sede suya, y él se los hacía llegar".

- Viaje a Castellón. "El segundo viaje que hago yo a la Comunidad Valenciana es a Castellón de la Plana, para verle los trajes a Ricardo Costa [secretario general del PP valenciano] porque dice que le hacen unas arrugas y me tengo que ir con el coche de Álvaro Pérez, que me lleva, y luego volverme en un tren, todo esto informado el que era mi jefe de ventas y el que era mi gerente de Milano".

La declaración de Tomás refuerza los indicios que la investigación judicial fue reuniendo sobre el pago por parte de Orange Market de 30.000 euros en ropa de Milano y Forever Young a cuatro altos cargos de la Administración valenciana, entre ellos el propio Francisco Camps. Esta Administración adjudicó contratos por más de cinco millones a Orange Market.

"Lo he tenido que leer dos veces. La primera pensé que era una broma. Pero no, es verdad, y es terrible que se publique eso". Esta reacción de un dirigente del PP resume el estupor y la desolación con la que recibió el partido la publicación en EL PAÍS de una conversación que demuestra la profunda amistad que mantenía Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, con el jefe de la trama corrupta del caso Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez, una relación que el entorno del presidente valenciano ha intentado minimizar, especialmente desde que Pérez fue detenido por orden del juez Baltasar Garzón.

Y sin embargo, tanto Camps como Mariano Rajoy, líder del PP, actuaron como si nada nuevo hubiera pasado. "Ya he dicho en muchas ocasiones que es un montaje y que todo es mentira y que la verdad, si Dios quiere, será lo que pronto sabrá todo el mundo", afirmó el presidente valenciano.

Cuando le preguntaron si la conversación en la que su mujer comenta con Pérez los regalos navideños que éste le mandó era falsa, Camps no contestó. El entorno del presidente insiste en que él devuelve todos los regalos y no quiere comentar la conversación. Sus portavoces aseguran que él hablará sólo ante la justicia, y que está deseando declarar.

Rajoy decidió arropar sin matices a un dirigente cuyo apoyo fue clave tras la derrota electoral de 2008. También contestó, como Camps, a una sola pregunta sobre el asunto. "Mantengo mi plena confianza en el presidente Camps", dijo en Barcelona, aunque cuando se le preguntó si pone la mano en el fuego por él se quedó mudo y esperó a otra pregunta. Después, en TV3, aseguró: "Afecta a la inteligencia pensar que alguien se vaya a vender por tres trajes".

La dirección del PP, preocupada por la imagen de un personaje muy importante en el partido, está convencida, según varios de sus miembros, de que este caso no les afecta electoralmente. "A la gente sólo le preocupa la crisis. Se ve en las encuestas, nuestras y ajenas. Se ha visto en Galicia y en todas partes. El caso Gürtel es grave internamente, pero para nuestros electores es irrelevante", sentencia un dirigente de Génova.

Sin embargo, tras el impacto inicial, -diputados y senadores comentaban ayer con sorpresa el lenguaje entusiasta de Camps con su "amiguito del alma"- llegaron los análisis políticos. La mayoría de los dirigentes de base consultados coincidían en que el presidente valenciano está muy tocado políticamente. "Si se demuestra que le regalaron los trajes, aunque no haya cohecho, habrá mentido a la gente y al partido", sentenciaba un diputado.

"Está quemado, por no decir muerto políticamente. La única duda es si cae ahora o simplemente aguanta y no vuelve a presentarse dentro de dos años", aseguraba otro dirigente en una opinión muy extendida.

De hecho, en Valencia, según varios dirigentes, ya se especula con posibles sucesores. Dos nombres que suenan siempre son los del campista Vicente Rambla, el vicepresidente, y Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia. También Gerardo Camps o Esteban González Pons, aunque este no es diputado autonómico, por lo que ahora no podría ser presidente.

Los dirigentes del PP consultados ayer se dividían a la hora de juzgar a Francisco Camps. Algunos eran duros; otros más suaves, con la idea de que nadie se corrompe por unos trajes, como dice Mariano Rajoy. Muchos estaban indignados por la publicación de una conversación privada en la que incluso habla la mujer del presidente valenciano, y se solidarizaban con él. Pero todos coincidían en algo: Camps no acierta con la estrategia de defensa ante el goteo de revelaciones contra él.

Nadie entiende por qué Camps no dijo claramente desde el principio que Álvaro Pérez era un gran amigo suyo -tanto que, cuando el equipo de Rajoy en la calle Génova expulsó a la red de Correa de Madrid, en 2004, ésta se refugió en Valencia, donde ha recibido más de seis millones de euros en contratos de la administración dirigida por su amigo-.

Esa amistad, explicaban algunos amigos de Camps, podría incluso justificar los regalos de los trajes, por lo que no habría ningún cohecho.

Sin embargo, el presidente ha decidido no ofrecer explicaciones detalladas y ha evitado el contacto con la prensa: casi siempre hace declaraciones sin preguntas o responde a una. "Tiene que decir la verdad, no es tan difícil de explicar. Cuanto más se enroque más fuerza tiene todo lo que salga, y va a salir", señala una persona que no es enemiga de Camps.

En la Generalitat explican que el presidente valenciano está concentrado en resolver la cuestión judicial, y sólo va a aclararlo todo cuando declare ante los jueces. No puede explicar más ante la prensa, insisten, porque eso mezclaría los dos planos y lo desaconsejan todos los asesores jurídicos.

Desde que estalló el caso Gürtel y se evidenció la amistad del responsable de Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez, con el presidente Francisco Camps y los dirigentes de la cúpula popular, la Generalitat ha intentado rebajar su relación con Pérez, El Bigotes, responsable de Orange Market en la comunidad.

Camps asistió a las segundas nupcias de Pérez, el 14 de marzo de 2008, en el reservado del edificio Veles e Vents, emblema de la Copa del América. La Generalitat argumentó que ese día Camps había mantenido su agenda con un acto en Alzira; presenció una mascletà en el balcón del Ayuntamiento de Valencia y luego pasó a felicitar al novio, encargado de montar la práctica totalidad de los actos del PP regional desde 2004.

La asistencia a la boda, presentada como un acto habitual del presidente hacia sus próximos, fue singular. También fue el secretario general del PP, Ricardo Costa, y el ex vicepresidente Víctor Campos (los tres, investigados por el Tribunal Superior valenciano). Acudió el director general de Ràdio Televisió Valenciana, Pedro García, y Francisco Correa, el presunto cabecilla de la trama corrupta. Los sindicatos CC OO y UGT criticaron ayer que la televisión autonómica Canal Nou "ocultó" las declaraciones de Camps y no informó sobre esas conversaciones. García, que también recibió trajes de Milano según el auto del juez Baltasar Garzón, sustituyó un año después a Correa como padrino de la hija de Pérez.

Un bautizo, el pasado 4 de febrero, al que también estaba invitado Camps, y que obligó al juez Garzón a precipitar las detenciones ante el riesgo de que Correa huyese al extranjero.

Según los asistentes al convite nupcial, el responsable de Orange Market, en el turno de brindis, tuvo palabras de elogio para el presidente de la Generalitat, a quien agradeció su amistad.

La Generalitat también ha minimizado las adjudicaciones a Orange Market, que superan los seis millones de euros con la Generalitat. El vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, indicó, tras estallar el escándalo, que la relación con la firma de Álvaro Pérez ha sido "tangencial", ya que hay más de 2.000 empresas proveedoras en la Administración valenciana.

Fuentes del PP intentaron ayer suavizar el contenido de las conversaciones entre Camps y Pérez al decir que el presidente es habitualmente afectuoso con sus colaboradores, especialmente en una conversación privada y en un ambiente navideño.

FEIJÓO: "LO OCURRIDO CON CAMPS NO ES PARA ESTAR CONTENTO. HAY QUE ACLARARLO"

El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se suma a la defensa de Francisco Camps que han hecho los principales dirigentes del PP, pese a las pruebas que demuestran la connivencia del jefe del Ejecutivo valenciano con los responsables de la trama corrupta. "Lo que espera Camps es que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia llegue hasta lo más profundo, que haya un juicio justo y no un juicio paralelo; yo lo comparto", ha afirmado Feijóo en una entrevista en la Cadena Ser.

El presidente gallego ha asegurado que ha conversado esta misma mañana con Camps. "Lo que ha ocurrido no es para estar contento. Tenemos que aclarar que es lo que hay, con independencia de quién sea el afectado, un compañero de partido o en otros casos un adversario político. Pero está situado en el TSJCV y hay que dejar actuar a los tribunales".

Para Feijóo, las amistosas charlas telefónicas entre Camps y Álvaro Pérez, El Bigotes, publicadas ayer por EL PAÍS , se han sobredimensionado, porque se trata de "conversaciones privadas" con "frases entrecortadas". "Si un pillo se ha beneficiado de determinados negocietes y se pretende inculpar a personas que de momento no han tenido una mancha en su expediente me parece doblemente grave que se hable de la honorabilidad de una persona", ha afirmado Feijóo.

Pese a la defensa pública de Camps que ha realizado la cúpula del PP, varios miembros del partido han reconocido que el presidente valenciano está "quemado" políticamente tras publicarse las últimas evidencias. A los datos ya conocidos que apuntan a Camps como supuesto autor de un delito de cohecho por admitir regalos en trajes de las empresas de la trama de Francisco Correa, se añaden nuevas pruebas como los documentos aportados por el sastre José Tomás, que demuestran que el vestuario de Camps lo pagaba la empresa Orange Market.

Junto a Camps, el TSJCV ha asumido la investigación del secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; el ex vicepresidente Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret, por su presunta implicación en la trama. Desde que saltó el escándalo, el presidente valenciano ha defendido su inocencia. Tras publicarse sus conversaciones con El Bigotes, grabadas por la policía, Camps manifestó ayer que se trata de "un montaje" y que todo es "mentira".
(www.elpais.com, 24/04/09)

"Ya tengo un sitio para contar la verdad y acallar tantas mentiras como he escuchado esta semana". Así reaccionó ayer el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de investigarle por un supuesto delito de cohecho.

Camps, que ha eludido en las últimas semanas las preguntas relacionadas con su implicación en el caso Gürtel, compareció ayer ante los medios de comunicación tras entrevistarse con el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, para hablar de financiación autonómica. Camps admitió una pregunta sobre la decisión del tribunal de investigar el supuesto cohecho y si será en sede judicial donde demostrará que pagó sus trajes. "El proceso continúa", dijo Camps, que confesó que espera compartir un "final feliz" con todas las personas que le han expresado su cariño desde que estalló el escándalo y que quieren que el asunto acabe cuanto antes.

El Tribunal Superior se declaró el pasado martes competente para instruir la parte del sumario instruido por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que afecta a Camps; al secretario general del PP y portavoz parlamentario, Ricardo Costa; al ex vicepresidente del Gobierno autonómico Víctor Campos, y al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret.

Según la parte del sumario que instruirá este tribunal, Camps y los otros tres cargos del PP recibieron, presumiblemente, varios trajes pagados por Orange Market -una de las empresas de la trama corrupta- que dirigía en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes y que logró contratos millonarios de la Generalitat.

RAJOY EXPRESA SU CONFIANZA EN EL PRESIDENTE VALENCIANO TRAS PUBLICARSE SUS CONVERSACIONES CON UN ENCARCELADO POR EL 'CASO GÜRTEL'

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha insisitido esta mañana en que su implicación en el caso Gürtel "es un montaje y todo mentira". Camps ha hecho estas declaraciones preguntado por el contenido de las conversaciones con uno de los imputados en prisión publicadas hoy por EL PAÍS. Rodeado de periodistas durante la romería de la Santa Faz en Alicante, Camps ha afirmado que su "responsabilidad" está en esperar a responder ante la justicia y que se trata de una "cuestión bajo secreto de sumario".

Las grabaciones telefónicas muestran como Camps mantenía una estrechísima relación con Álvaro Pérez, apodado El Bigotes, y presunto jefe valenciano de la red empresarial que dirigía Francisco Correa, también en la cárcel. "La verdad -ha continuado el presidente valenciano- será la que, si Dios quiere, dentro de muy poco todo el mundo conozca".

También en medio de una maraña de periodistas, en torno a unos 80, el líder del PP, Mariano Rajoy, en Barcelona por la festividad de Sant Jordi, solo ha respondido a preguntas sobre su visita a la capital catalana. Cuando se le ha preguntado por qué Camps ha mantenido esa amistad que reflejan las conversaciones con uno de los responsables de una red que el propio Rajoy expulsó, el líder del PP ha respondido lacónico: "Mantengo mi confianza en el presidente Camps".

Ante una repregunta, Rajoy se ha limitado a mirar a los periodistas sin responder y esperando a la siguiente pregunta tras la que ha dado por concluida su conversación con la prensa. Desde que estalló el escándalo por la red de corrupción liderada por Francisco Correa y que ha implicado a altos cargos del PP, la sede nacional del partido en Génova solo ha censurado a los imputados por el juez instructor de la causa Baltasar Garzón.

Ni Camps ni su número dos en el partido en Valencia, el secretario general, Ricardo Costa, están imputados aunque su nombre aparezca en el sumario. Esto solo podría hacerlo el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) que ha asumido ya la competencia de la causa por tratarse de aforados.

Las nuevas revelaciones incorporadas al sumario y publicadas hoy en El PAÍS se suman a las pruebas recabadas anteriormente sobre el pago por parte de la trama corrupta de 12.000 euros en trajes de las tiendas Milano y Forever Young para el presidente valenciano.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) da un trato de favor al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al resto de imputados en el caso Gürtel al advertir en el auto por el que asume la competencia de que existe un secreto sumarial y unas penas para quien revele información sobre el contenido del procedimiento. El texto alude expresamente a abogados, procuradores, funcionarios públicos y hasta al Ministerio Fiscal.

Según la nota de prensa remitida el martes por el TSJ referente al auto de competencia -que no se ha facilitado, como no se facilita ninguno que afecte a una causa penal en fase de instrucción-, la Sala "ha efectuado también un pronunciamiento sobre el secreto sumarial" a la vista de las "numerosas filtraciones que sobre el contenido del procedimiento se están conociendo a través de los medios de comunicación".

En este sentido, el auto recuerda que este secreto, "que afecta a todas aquellas personas que no sean parte", tiene una regulación clara y expresa en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este precepto señala textualmente: "Las diligencias del sumario serán secretas hasta que se abra el juicio oral con las excepciones determinadas en la presente Ley. El abogado o procurador de cualquier de las partes que revelare indebidamente el secreto del sumario, será corregido con multa de 250 a 2.500 pesetas (sic). En la misma multa incurrirá cualquier otra persona que no siendo funcionario público cometa la misma falta. El funcionario público, en el caso de los párrafos anteriores, incurrirá en la responsabilidad que el Código Penal señale en su lugar respectivo".

Esta responsabilidad, añade la Sala, "está recogida en el artículo 417 del Código Penal, cuyo artículo 466 tipifica como delito el hecho de revelar actuaciones declaradas secretas por la autoridad judicial, como lo ha sido la causa principal de este procedimiento".

Según la nota de prensa, "la Sala indica en su pronunciamiento que esta alusión expresa a la regulación del secreto sumarial podría parecer innecesaria, ya que su contenido es sobradamente conocido por quienes ejercen funciones públicas y profesiones jurídicas o periodísticas".

Y añade que, "ello no obstante, en consideración a que recientemente ha sido objeto de reproducción en diversos medios de difusión, previo su "scaneado" y remisión por medios electrónicos, algún escrito dirigido por el Ministerio Fiscal a esta Sala, que es la única destinataria del mismo, y han sido también objeto de publicación en diferentes medios, datos concernientes, bien a informes emitidos por dicho Ministerio Público, bien a supuestas intenciones decisorias de este tribunal, bien al contenido de actuaciones procesales cuya tramitación, en la parte que le corresponde, compete desde ahora únicamente a esta Sala, el tribunal se ve en la necesidad de recordar la vigencia de dichos preceptos y la exigibilidad del deber de su rigurosa observancia".

Fuentes jurídicas se preguntaban el por qué de esta advertencia en este auto y no en otros, y si se trata de un caso especial que se ha de tratar especialmente al pedir un trato especial. Por su pare, fuentes de la Fiscalía apelaban a la obligación que tiene el Ministerio Fiscal de informar a la opinión pública y que está recogida en su Estatuto Orgánico.

EL DIRECTOR DE EL MUNDO SALVA A CAMPS Y CARGA CONTRA GARZÓN, LA POLICÍA Y LA FISCALÍA

Para Pedro J. Ramírez, el periodista de investigación por excelencia, que ha dado en las páginas de su diario cabida a todo tipo de teorías alternativas, por ejemplo en el caso del 11-M, y ha publicado conversaciones y entrevistas con personas implicadas y condenadas por múltiples delitos, es “más importante para la salud democrática” la investigación de quién ha realizado la filtración al diario El País de las grabaciones de la conversación entre Francisco Camps y Álvaro Pérez que la investigación de los delitos por los que ambos están imputados en la trama de corrupción de la Operación Gürtel.

El director de El Mundo, que en los últimos tiempos publicado filtraciones de numerosos documentos e informaciones, especialmente relacionadas con las teorías de la conspiración a cerca de la autoría de los atentados del 11-M se ha rasgado esta mañana las vestiduras durante la tertulia de la COPE al conocer que alguien ha filtrado al diario El País una conversación que pone de manifiesto la fuerte amistad que unía a Francisco Camps con el principal imputado en la Operación Gürtel en su rama valenciana, Álvaro Pérez El bigotes.

Aún reconociendo que no le puede “hacer el menor reproche” al diario del Grupo Prisa porque “la relevancia informativa [de las conversaciones] es incuestionable”, Ramírez ha pedido la cabeza de quien ha proporcionado esta información al periódico y ha dado “por hecho” que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) “abrirá diligencias y pedirá responsabilidades”. A su juicio “desde el punto de vista penal” es “más relevante la averiguación de quién ha filtrado con intención política estas conversaciones, que el propio asunto de los trajes, cuyo alcance es limitadísimo”.

Pedro J. destacó que “la filtración solo ha podido venir de tres lugares”: “del juzgado del señor Garzón, enemigo político declarado del PP”; “de la Policía del Gobierno del PSOE”, o de “la Fiscalía, nombrada por el PSOE”. Por ello, a su juicio, es “más grave para la democracia que se puedan usar conversaciones privadas contra un político para hundirlo políticamente”, que el hecho de que un presidente autonómico mantenga una fuerte relación personal con un empresario imputado por la justicia por ser uno de los presuntos cabecillas de una trama de corrupción con dimensiones nacionales.

"Uno de los elementos de mayor honda vileza"

“Creo que la filtración (…) supone uno de los elementos de mayor honda vileza que se han producido y que hemos contemplado en los últimos tiempos en España”, criticó, y lamentó que la “consecuencia” de la publicación de esta información es que “el PP valenciano tiene a día de hoy menos posibilidades de revalidar su mayoría absoluta”.

Para el director de El Mundo, la importancia de estas conversaciones es escasa, ya que en su opinión es solo la llamada “típica” de Navidad entre “dos familias”. “Es verdad que es la familia del presidente de Valencia con un amigo personal, que ha resultado ser un hombre implicado en una trama de corrupción”. Dato irrelevante, al parecer, para Ramírez, que considera que estas grabaciones solo tiene un “contenido incómodo de carácter personal, muy embarazoso, y de carácter político”.

Además, Pedro J. calificó de “imprudente” la relación de Camps con Pérez, pero defendió que no hay “categoría delictiva” en esta relación, por lo que todo el contenido desvelado y los posibles delitos por los que están ambos implicados en al trama “se convierte en algo secundario”. Lo verdaderamente importante, aseguró, es que la publicación de las conversaciones “están suponiendo un claro desprestigio del presidente valenciano”, por lo que urge investigar el origen de esa filtración, “aunque solo sea para mantener los rituales de Estado de Derecho”. ¡Cosas veredes o manda huevos, Pedro Jota!

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, se negó hoy a comentar las conversaciones privadas del presidente valenciano, Francisco Camps, con Álvaro Pérez 'el Bigotes', uno de los principales implicados en la 'operación Gürtel'. "No seré yo quien comente algo que no debería haber salido por imperativo y decisión del propio tribunal", señaló.

Y es que, según recordó, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que se ha declarado competente para asumir el caso de los trajes supuestamente regalados a Camps, ya había advertido en su auto del secreto de sumario y había criticado "muy duramente" las filtraciones a la prensa.

Cuentan que el número dos y portavoz del PP en las Corts, Ricardo Costa, está permanentemente en casa de Álvaro Pérez, El Bigotes, presidente de Orange Market y uno de los imputados en la supuesta trama de corrupción vinculada a los populares que investiga el juez Garzón y el regalo de trajes al propio Costa, Camps, Betoret y V. Campos.

Por cierto que una gran foto de la mujer de Álvaro Pérez, Noemí Ramal, desnuda recibe a las visitas en el vestíbulo. El conocido también como Alvarito se encuentra que no puede ir por los despachos de la Generalitat como iba antes.

El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, asegura que su nieto será músico. Amen de que él toca la batería, un pariente del padre de la criatura fue el profesor, músico y compositor setabense Melchor Peropadre.

Los responsables del Palau de la Música tendrán que cuidar los programas de mano para no hacer el ridículo. En la versión en valenciano del concierto del martes dirigido por Gustavo Dudamel, el compositor venezolano Silvestre Revueltas -del que se interpretó "Sensemayá"- figuraba como Silvestre Revoltes.

El PSPV de las Corts ya tiene iaia por antonomasia. La secretaria del grupo y ex alcaldesa de Gandia, Pepa Frau, acaba de ser abuela por primera vez. Su hija Teresa ha dado a luz una niña que se llama Laia y que pesó al nacer 3.280 gramos.

Dos nuevas diputadas fueros ayer protagonistas en las Corts. Son Alejandra y Sofía, las mellizas que acaba de tener Marién, la secretaria de la vicepresidenta de las Corts María Fernanda Vidal. Ayer fueron el centro de atención en la Cámara de la calle Navellos.

Representantes del metro de Kuala Lumpur (capital legislativa de la Federación Malasia) visitaron ayer Metrovalencia para conocer la tarjeta inteligente Móbilis que quieren implantar en su red. La tarjeta incorpora un chip de forma que es permanente, con el consiguiente ahorro de papel.

Empleados de la tienda de ropa Milano apuntaron en diciembre de 2008, dos meses antes de que estallara el escándalo del caso Gürtel y se hiciera pública la posible implicación de dirigentes del PP, que los responsables de la trama empresarial corrupta habían pagado trajes de ese establecimiento al presidente valenciano, Francisco Camps. Al menos dos directores de esas tiendas informaron de ello en sendos correos electrónicos -incorporados al sumario y a los que ha tenido acceso EL PAÍS- dirigidos al responsable del departamento de auditoría del Grupo Cortefiel.

Ninguno de los trabajadores de Milano que habló de estas circunstancias era José Tomás, el sastre que atendía habitualmente a Camps y al que ha descalificado el PP en las últimas semanas. Tomás ha declarado al juez Baltasar Garzón que ni Camps ni ninguno de los políticos valencianos del PP a los que entregó trajes pagaron por ello, sino que lo hicieron los directivos de Orange Market, una las empresas de la trama corrupta que consiguió más de seis millones de euros en contratos de la Comunidad Valenciana.

En diciembre de 2008, Cortefiel (propietario de las tiendas Milano) recibió un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, que llevaba más de un año investigando una denuncia. Anticorrupción preguntaba por una factura pagada por Easy Concept -una de las empresas de la trama que operaba en la Comunidad de Madrid- por importe de 34.336 euros ("en una o varias facturas"). El responsable del departamento de auditoría no localizó la factura, por lo que remitió un correo electrónico a los directores de las tiendas Milano en España.

La inmensa mayoría contestó de manera negativa, pero hubo dos directores -el de la tienda de la calle Serrano (Madrid) y el de una de Sevilla- que ofrecieron los primeros datos sobre el supuesto pago de trajes por parte de la trama al presidente valenciano, Francisco Camps.

El responsable de la tienda de Sevilla respondió a la pregunta con una hipótesis basada en sus recuerdos: "Quizás los uniformes fueran de [José] Tomás", dijo en referencia al anterior director de la tienda de Serrano. El director sevillano aseguró en su correo electrónico que Tomás había hecho trajes a "gente del PP de Valencia". Y apuntó que la persona que se encargaba de todas esas gestiones era "Álvaro", en referencia a Álvaro Pérez, el amigo de Camps y directivo de una de las empresas de la trama corrupta.

El director de la tienda de Serrano, en Madrid, ofreció en su correo electrónico datos más precisos citando como fuente de su información a una compañera que trabajaba como cajera en la tienda. "Recuerda haber generado una factura por una cantidad parecida a una empresa llamada Orange Market [la que dirigía Álvaro Pérez] por un importe de 24.308 euros, factura abonada por talón el día 13-07-2005". La empresa, según el mismo correo electrónico, se dedicaba a montar los eventos del PP de la Comunidad Valenciana.

Los encargos a la tienda Milano, según la cajera, correspondían a unos uniformes que se realizaron a distintos cargos de este partido, incluido Francisco Camps".

"Posible delito de cohecho". Esta es la calificación jurídica que el magistrado José Flors atribuye a los trajes que Camps y Costa recibieron por parte de Orange Market. En un auto en el que asume la competencia para investigar los hechos derivados de la operación Gürtel, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) abrió diligencias previas contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y contra el número dos del PP en la Comunitat, Ricardo Costa.

Según informó el TSJ de Valencia, la Sala dictó en la mañana de ayer un "auto en el que se declara competente para conocer los hechos derivados de la resolución dictada por el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en el conocido como caso Gürtel". Estos hechos, añade en un comunicado, "son atribuidos al presidente de la Generalitat, Francisco Camps; al portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Ricardo Costa; al ex conseller Víctor Campos, y a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo y actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia".

En este mismo auto, que no se ha facilitado a los medios como el resto de los que han dictado la Sala y el juez ponente, "se ha acordado la apertura de diligencias previas, por posible delito de cohecho, para determinar la naturaleza de los hechos y la posible participación en los mismos de las personas mencionadas".

El magistrado José Flors, que ha actuado como ponente para asumir la competencia, ha sido designado también instructor de la investigación penal.

Con la apertura de estas diligencias, se inicia la fase de instrucción judicial en la que el juez llamará a declarar a los implicados como imputados -como garantía procesal o porque ya hay indicios contra ellos- por el delito que se investiga, en este caso, el de cohecho.

También puede solicitar otro tipo de pruebas documentales o declaraciones de testigos.En este sentido, la Fiscalía Anticorrupción ya solicitó la pasada semana al ponente que asumiera la competencia y tomara "declaración a los dos aforados". En su petición a la Sala, Anticorrupción explicaba que los hechos investigados se referían a la "recepción de dádivas procedentes de alguno de los imputados" en la presente causa, sin que en el momento presente y sin perjuicio de lo que resulte de la posterior investigación, resulten vinculados a una concreta actividad del entorno de Francisco Correa".

Ello significa que la causa puede quedar abierta por un tiempo determinado en el que se derivará que hay indicios suficientes de criminalidad o, por el contrario, que no los hay y, por tanto, se decida el archivo.

Los hechos por los que se investigará al presidente de la Generalitat, al número dos del PP y al resto de imputados se refieren a la entrega de trajes como "dádivas" a cambio de adjudicaciones de eventos públicos por parte de la Generalitat a la empresa Orange Market. Ésta es una filial de Special Events radicada en Valencia, de la que son consejeros Francisco Correa -en prisión- y otro imputado, Álvaro Pérez, conocido como "El Bigotes". Al menos, esto es lo que se desprende de la investigación realizada por el juez Garzón.

En su auto, Garzón aludía también al delito de tráfico de influencias y falsedad, declarando imputados a Víctor Campos y a Rafael Betoret.

De momento, el TSJ de Valencia sólo investigará el delito de cohecho "del artículo 426 del Código penal". Este delito se refiere a la "aceptación de regalos por parte de una autoridad o funcionario público para conseguir un acto no prohibido legalmente", que sería la adjudicación de contratos de distintas consellerias, como el "stand" de Fitur.

Garzón explicaba el 5 de marzo que Francisco Correa concurre desde 2005 a los concursos para la adjudicación de los "stands" de la Comunitat Valenciana en distintas ferias de turismo, a través de Orange Market.

Y añadía que Orange Market obtuvo desde 2006 la adjudicación del paquete de cuatro ferias de turismo que incluye Fitur, TCV, Expovacaciones, SITC e Intur.

La maquinaria de la justicia se ha puesto en marcha. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) decidió ayer investigar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a otras tres personas por haber percibido presuntamente sobornos de la trama que dirigía Francisco Correa.La investigación será asumida por el magistrado José Flors después de que la sala civil y penal del TSJCV decidiera abrir unas diligencias previas "por un posible delito de cohecho". La instrucción de este caso comenzó en el despacho del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Este juez remitió sus pesquisas el pasado 5 de marzo al tribunal superior. En el auto de inhibición, desveló que Correa sobornó a Camps al pagarle trajes confeccionados a medida en una sastrería de Madrid. También que la Generalitat de Valencia adjudicó a las empresas de esta trama los estands de la Comunidad Valenciana en las distintas ferias de turismo del 2006 al 2009 por un importe de casi cuatro millones de euros.

El TSJCV también investigará la actuación de Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano y portavoz parlamentario, que percibió más de 7.000 euros en trajes. La trama de Correa también medió para que comprara un coche. Los otros dos imputados son José Víctor Campos, exvicepresidente de la Generalitat, al que la trama corrupta pagó tres trajes, cinco pantalones y dos americanas a medida. El último investigado es Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la consejería de Turismo, al que también se le costeó la compra de cinco trajes, una americana y un abrigo.

La fiscalía anticorrupción ha pedido al TSJCV que llame a declarar a los imputados. También avanzó que la investigación está en pañales, ya que no se han podido revisar, por ejemplo, las cuentas de los aforados y sus propiedades. Tampoco se ha podido reclamar información a los bancos en España y en el extranjero sobre sus cuentas bancarias.

Paralelamente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid investiga a los parlamentarios Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch porque "se aprovecharon de sus cargos públicos para favorecer a alguna de las empresas" de la trama. Este tribunal les investiga por un delito de cohecho y de tráfico de influencias, y tiene previsto tomarles declaración antes de final de mes.

El caso acabará en el Tribunal Supremo cuando terminen las investigaciones de ambos tribunales. El Supremo ha establecido que es el tribunal competente cuando intervienen dos tribunales superiores. Además, la fiscalía anticorrupción sigue investigando si el tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el eurodiputado popular Gerardo Galeote han cobrado sobornos de la trama.

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha asumido la competencia sobre la causa que investiga la red de corrupción dirigida por Francisco Correa y que implica a altos cargos del PP en la Comunidad Autónoma como el presidente Francisco Camps, su número dos, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, el ex conseller Víctor Campos, y a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia.

En este mismo auto se ha acordado la apertura de diligencias previas por posible delito de cohecho para determinar la naturaleza de los hechos y la posible participación en ellos de las personas mencionadas, según ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. La sala ha adoptado esta decisión una semana después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara en un auto al TSJCV que tomara declaración a Camps y a Costa, aunque especificaba en el escrito que en el estado actual de la causa.

El sumario de la trama ha ido avanzando en estos últimos días aportando nuevos indicios contra los implicados. Los tomos del sumario del caso Gürtel que hacen referencia a supuestas conductas delictivas en la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, incorporan numerosas evidencias que, según la Fiscalía Anticorrupción, acreditarían la responsabilidad del secretario general del Partido Popular valenciano, Ricardo Costa, y la existencia de facturas que implicarían al presidente del Ejecutivo valenciano, el popular Francisco Camps.

El pasado 31 de marzo, la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó aceptar la inhibición planteada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la trama de corrupción destapada en la 'Operación Gürtel' que afectaba a aforados autonómicos del PP madrileño.

La inmensa mayoría de la ropa que vendieron las tiendas Milano y Forever Young a cinco altos cargos del PP en la Comunidad Valenciana -entre ellos el presidente autonómico, Francisco Camps, y el secretario general del partido en esa comunidad, Ricardo Costa- fue pagada por Orange Market, la empresa integrada en la trama corrupta de Francisco Correa, que dirigía en Valencia Álvaro Pérez. Ésa es la conclusión de los expertos policiales que investigaron durante varios meses la documentación aportada por Milano y Forever Young e interrogaron a directivos de ambas tiendas y a miembros del personal de las mismas.

Orange Market fue creada en Valencia unos meses después de que Francisco Camps ganara sus primeras elecciones autonómicas a presidente de esa comunidad. Durante los cinco años de existencia de Orange Market, esta empresa logró contratos de la Administración valenciana por seis millones de euros. Pérez ha presumido durante este tiempo de su amistad con Camps. El presidente valenciano, en algunas conversaciones mantenidas con personas vinculadas a la trama que se investiga, ha reconocido esa relación.

La Brigada de Blanqueo de Capitales del Cuerpo Nacional de Policía entregó el pasado 23 de febrero un "informe sobre ventas en las tiendas de la cadena Forever Young y Milano" al juzgado de Baltasar Garzón. Lo que sigue es un amplio resumen de ese informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS y que consta en el sumario que está instruyendo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana:

- Pagos a cuenta. "Una vez analizados los distintos pagos a cuenta y la forma de liquidación de los mismos, en cuanto al listado que se detalla (compras por más de 20.000 euros en ropa para Rafael Betoret, Francisco Camps, Víctor Campos, Ricardo Costa y Pedro García) se puede manifestar, siempre según los datos aportados por la empresa Cortefiel (matriz de Milano), que las compras efectuadas por todas esas personas, a excepción de uno de los [dos] pedidos a nombre de Camps, que todos ellos han sido abonados, junto con otros, mediante dos talones bancarios por importe de 10.672 euros y 16.936 euros, ingresados con fecha 20 de septiembre de 2006, en la cuenta del Banco Barclays Bank de la tienda, procedentes de la mercantil Orange Market".

- Facturas a gusto del cliente. "Es de destacar que no se disponen (sic) de las facturas que habrían elaborado al objeto de justificar los distintos pagos efectuados, puesto que Milano no elabora sistemáticamente las facturas de las ventas que efectúa, salvo petición expresa del cliente, no guardando copia de las mismas, y menos en el caso que nos ocupa, en que habrían generado una serie de facturas a gusto del cliente, con conceptos, fechas y números de las mismas inexistentes".

- Conclusiones. "Por parte de las personas que trabajaban en Milano y Forever Young, bien sea directamente por su responsable José Tomás, o bien por parte de personal a su cargo, dependiente del mismo, el cual seguía sus instrucciones, se elaboraban facturas, alterando el concepto de las mismas, siguiendo las instrucciones de Pablo Crespo y Álvaro Pérez [directivos de la trama corrupta], adaptando el contenido de éstas a distintos productos que nada tienen que ver con la prenda de vestir real que se vende, con el único fin de ocultar el verdadero destinatario de las ventas efectuadas, por lo que se trata de facturas falsas. El importe de las facturas achacables a Camps, Costa, Betoret, García y Campos, que no habrían sido abonadas directamente por los mismos, según información facilitada al respecto por dichos establecimientos asciende a 36.442 euros. Todas estas compras han sido saldadas mediante transferencias bancarias o cheques de las compañías Servimadrid, Diseño Asimétrico y Orange Market".

Las tres empresas están dirigidas por Francisco Correa y sus principales colaboradores, todos ellos imputados en el caso de la trama corrupta vinculada a Administraciones gobernadas por el PP.

COSTA, CON ACTIVIDAD PRIVADA, DIMITE DE PRESIDENTE DE UNA COMISIÓN PORQUE TIENE TRABAJO EN EL PP

El portavoz del grupo popular de las Corts Valencianes, Ricardo Costa, ha dimitido como presidente de la comisión de Desarrollo Estatutario mediante un escrito en el que comunica su renuncia "dado que sus obligaciones orgánicas y parlamentarias le impiden dedicarle al cargo el tiempo que requiere". La justificación resulta insólita, toda vez que las responsabilidades que tengan los diputados en sus respectivos partidos es una cuestión que afecta a las formaciones políticas pero que no puede alterar la marcha de la institución.

Pero además, Ricardo Costa es también uno de los seis diputados que no tiene la dedicación exclusiva del Parlamento, ya que realiza una actividad profesional (asesoría fiscal y económica) al margen de su responsabilidad en la Cámara y de su condición de número dos del PPCV como secretario general del partido. Aunque su intensa dedicación a la responsabilidad política y parlamentaria es innegable, resulta difícilmente justificable alegar trabajo en el partido para abandonar una responsabilidad parlamentaria -de donde se percibe el sueldo- mientras no se renuncia a la actividad privada. Costa ejerce en un despacho de asesoría fiscal y financiera radicado en Castelló.

El dirigente popular, quien atraviesa por una complicada situación tras su implicación por el juez Garzón en la supuesta trama de corrupción vinculada al PP -a propósito de los trajes que pagaron presuntamente empresas de la red corrupta liderada por Francisco Correa que obtuvo también contratos de la Generalitat-, se ha beneficiado de la última reforma reglamentaria de las Corts, ya que éstas han pasado a pagarle su seguro autónomo como consecuencia de su actividad privada. Hasta la legislatura pasada, el diputado que tenía otra ocupación como autónomo se tenía que abonar el seguro de su bolsillo.

Para rizar el rizo, la comisión a la que renuncia Costa no se ha reunido nunca en casi dos años desde su constitución, el 28 de junio de 2007. Ese día, los diputados adscritos a la misma designaron a Costa (entonces portavoz adjunto y no síndic) como presidente, mientras la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fue nombrada vicepresidenta. La socialista Josefa Frau fue elegida secretaria. En su intervención, Ricardo Costa prometió que la comisión se regiría por los mismos principios que presidieron la reforma del Estatuto y concluyó animando a "esperar la primera convocatoria de la comisión".

Desde entonces, si te he visto, no me acuerdo, porque los miembros de esta comisión permanente legislativa no se han vuelto a ver las caras. La creación de este órgano vino motivada en el nuevo reglamento de la Cámara tras la reforma del Estatuto por la conveniencia de crear un foro específico para abordar las normas de desarrollo de la Carta Magna valenciana. Su nula actividad es la prueba de la virginidad del Estatuto aprobado en marzo de 2006 y cuyo desarrollo es casi insignificante. La renuncia de Costa, sin embargo, coincide con la posible reactivación de la comisión con algunas leyes en preparación.

Los tomos del sumario del caso Gürtel que hacen referencia a supuestas conductas delictivas en la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, incorporan numerosas evidencias que, según la Fiscalía Anticorrupción, acreditarían la responsabilidad del secretario general del Partido Popular valenciano, Ricardo Costa, y la existencia de facturas que implicarían al presidente del Ejecutivo valenciano, el popular Francisco Camps.

El informe de la Fiscalía Anticorrupción, fechado el pasado 4 de marzo y donde rectifica algunas apreciaciones anteriores, se basa en distintas pruebas conseguidas durante la investigación para culpar a Costa y atribuirle la supuesta recepción de dádivas de la red de Correa por parte de algunos dirigentes de la trama que afecta a altos cargos del Partido Popular.

- La fiscalía modifica su criterio. "Examinada la nueva documentación aportada por la representación de los distintos establecimientos de venta de prensas de vestir y de sus declaraciones, el informe ha de ser modificado", escribe la Fiscalía Anticorrupción. El informe cita, entre las novedades descubiertas durante la investigación policial y judicial, las siguientes pruebas, que obran en el sumario del caso Gürtel:

-Documentación intervenida en el domicilio de José Luis Izquierdo [contable de la trama empresarial corrupta que presuntamente dirigía Francisco Correa] consistente en escritos relativos a recibos de dinero y su distribución.

-Documentación relativa a las ventas de trajes por parte de las tiendas de ropa Milano y Forever Young.

-Declaraciones ante la policía de Eduardo Hinojosa (el administrador de Forever Young) y de Javier García Fernández (director de la tienda que la citada firma posee en el Paseo de la Habana, 37 en la ciudad de Madrid).

- Regalos de ropa. El informe añade: "En cuanto a las prendas de vestir de la tienda Forever Young regaladas, al parecer, a Ricardo Costa [número dos del PP valenciano] por parte de alguno de los imputados, se aporta nueva documentación consistente en hojas de pedido número 54.464 de mayo de 2007 a nombre de aquél. El señor Hinojosa, en su declaración prestada ante la policía, afirmó que los apuntes del documento número 71, entre los que se incluía uno de Ricardo Costa por 4.925 euros, corresponden a compras efectuadas por esas personas entre finales de 2006 y julio de 2007, lo que coincide con la fecha de la hoja de pedido aportada".

- Culpabilidad del vicepresdente. "Todo ello", explica la Fiscalía Anticorrupción, "unido a la declaración prestada por José Tomás, director de la sucursal de Forever Young, constituyen indicios ya suficientemente claros de responsabilidad contra Ricardo Costa".

- Corrupción en la Administración. "En el momento actual del procedimiento, no puede descartarse una correlación entre las dádivas presuntamente recibidas [por los dirigentes del PP valenciano] y la concreta contratación de las empresas investigadas por parte de la Administración pública valenciana".

Orange Market, la empresa de la trama corrupta que operaba en la Comunidad Valenciana, logró contratos por más de cinco millones de euros de la citada Administración pública en cuatro años.

- Pinchazos telefónicos. "Así, la estrecha relación entre distintos imputados vinculados a la entidad Orange Market y Ricardo Costa se ha puesto de manifiesto en las intervenciones telefónicas obrantes en las actuaciones. En conversaciones mantenidas en noviembre de 2008 entre Pablo Crespo y Álvaro Pérez [dos de los principales directivos de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa], comentan dobre una deuda que ha de pagar Ricardo Costa y cuyo origen se desconoce".

- Facturas de Camps. "El informe policial", señala la Fiscalía Anticorrupción, "adjunta nueva declaración ante la Policía de José Tomás [el satre] y documentación requerida a la entidad Milano Difusión. Entre esta última documentación se encuentra copia del denominado inventario general de pagos a cuenta de enero 2006. Entre estos pagos se incluyen dos, con los números 187.706 y 187.729 a nombre de Camps por importe de 3.300 y 1.400 euros, respectivamente. El primero, de acuerdo con la documentación remitida por la entidad vendedora, se habría abonado en efectivo. El segundo, conforme a la misma documentación, se habría abonado junto con otros pedidos por sendos talones de 10.672 y 16.936 euros librados por la entidad Orange Market [la empresa de Valencia relacionada con la trama que dirigía Francisco Correa]".Ç

El sumario del caso Gürtel incluye cientos de facturas de las tiendas de ropa Milano y Forever Young de Madrid. En decenas de ellas aparecen los nombres de los principales dirigentes de la trama y de altos cargos de la Comunidad Valenciana.

La relación entre la tienda de ropa y los jefes de la trama, según declaró ante la policía José Tomás, director de uno de los establecimientos, se inició en mayo de 2005: "Álvaro Pérez [el jefe de la trama corrupta en Valencia] me comentó si me importaría bajar a Valencia a tomarle medidas a Ricardo Costa y a Víctor Campos [en aquella época vicepresidente del Gobierno valenciano], ya que quería que les hiciera ropa. Pasados unos días, me desplacé a Valencia. Fui a ver a Ricardo Costa a su despacho en la sede del PP, donde le tomé medidas y le enseñé un muestrario de tejidos para que escogiera. Me encargó dos trajes, una americana y dos o tres pantalones(...) A la mañana siguiente, me pasó a buscar Álvaro Pérez y nos fuimos al palacio del vicepresidente de la Comunidad Valenciana, Víctor Campos, y en su despacho le tomé medidas. Él mismo eligió los tejidos y me encargó tres trajes. Tras terminar, cogí el tren y volví a Madrid".

Esta relación se prolongó en los años siguientes, hasta 2009 cuando la investigación desarticuló la trama y el sastre José Tomás, tras declarar ante la policía y el juez, fue despedido por los dueños de la tienda.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad se inclina firmemente por asumir la denuncia contra el presidente de la Generalitat y contra el portavoz del Grupo popular en las Cortes que el pasado 5 de marzo envío el magistrado Baltasar Garzón a este órgano judicial, donde ambos políticos están aforados, bajo la imputación de haber recibido trajes pagados por la red corrupta que encabeza el empresario Francisco Correa, actualmente en prisión, y en la que están implicados dirigentes del PP.

Mes y medio ha tardado la sala de lo Civil y lo Penal del TSJ en asumir la competencia de la investigación de los hechos que afectan a Francisco Camps y a Ricardo Costa, una conclusión que en los próximos días será argumentada en un auto y notificada a las partes.

Los cinco magistrados de la sala, que preside el también titular del TSJ, Juan Luis de la Rúa, han estado de acuerdo en que el caso debe investigarse en Valencia despejando así la duda sobre si los hechos que se imputan a los dos aforados se habían producido en la Comunidad, interpretación por la que al final se han decantado, o en Madrid, donde se encuentran los dos establecimientos en los que se compraron los trajes y que habría obligado, de asumirse esta hipótesis, a remitir el caso al Tribunal Supremo (TS).

La asunción de la competencia no implica, de entrada, ninguna presunción por parte del TSJ que ahora debe nombrar un instructor encargado de dirigir la investigación. Una tarea que casi con toda seguridad recaerá en el magistrado José Flors, ponente del auto por el que se asume el caso y probablemente el magistrado de los cinco que componen la sala que mejor se conoce el asunto.

Una vez cumplido este trámite, el instructor puede entender que del análisis de la documentación remitida por Garzón no se desprenden indicios de delito y proceder al archivo de la causa sin tan siquiera citar a declarar a los implicados. Así ocurrió en el caso en el que se pretendía aclarar si el entonces alcalde de Alicante y ahora diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, había beneficiado al empresario Enrique Ortiz al modificar las condiciones en la construcción y explotación de tres aparcamientos subterráneos, o en el que también se acabó sobreseyendo en relación a Alperi eximiéndole de toda responsabilidad en el desfalco millonario de Mercalicante.

En el supuesto de que el instructor apreciara en los hechos que se imputan a los aforados algún tipo de responsabilidad penal, es de suponer que no sólo citaría a declarar a los ya a esas alturas imputados sino que podría solicitar la práctica de dililigencias que permitieran arrojar luz sobre los hechos.

La decisión de la sala de asumir la investigación se ha producido pocos días después de que la Fiscalía Anticorrupción enviara un auto al TSJ en el que pedía al máximo órgano judicial de la Comunidad que interrogara a Camps y a Costa por el caso de los trajes. La acusación pública mantiene que el jefe del Consell y el número del partido recibieron prendas ?el primero por valor de 12.773 euros y el segundo, entregadas en su propia casa? que fueron abonadas por empresas de Correa.

Aunque el fiscal asegura en el auto que aún existe «abundante documentación» pendiente de analizar, matiza que de lo investigado hasta ahora no se pueden establecer relaciones entre los regalos entregados a los dirigentes populares y la actividad de las mercantiles vinculadas a Francisco Correa.

La investigación sobre el ex vicepresidente del Consell Victor Campos y el funcionario Rafael Betoret se llevará en Madrid.

De ser llamado a declarar en relación a los hechos que se le atribuyen en la denominada «operación Gürtel», el presidente de la Generalitat no podrá librarse del mal trago que con toda seguridad le supondrá atravesar las puertas del TSJ, como habrá hecho en otras muchas ocasiones, pero esta vez para comparecer en calidad de imputado y responder a las preguntas de un magistrado. La posibilidad de que a una autoridad del rango de un jefe del Consell le sea tomada declaración en su despacho oficial, en este caso el Palau, en vez de desplazarse hasta un edificio judicial está reservada a que el interrogado sea requerido en calidad de testigo, condición que no se daría en este caso.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha solicitado a Compromís -grupo parlamentario del que forman parte Iniciativa del Poble Valencià y Bloc- que le envíe los informes de la Sindicatura de Comptes en los que basa su denuncia al Consell por ocultar información sobre el destino de 900 millones en el presupuesto de 2008 y la sospecha de que tal ocultación podría ser un indicio de financiación ilegal del PP. Garzón incorporará estos informes a las diligencias del caso Gürtel al señalar Mònica Oltra, portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, la coincidencia entre algunas de las empresas adjudicatarias de contratos por parte de la Administración valenciana y las que investiga el magistrado como parte de la trama que salpica al PP.

Compromís envió un escrito al juez el 27 de febrero denunciando la opacidad de la Generalitat y "la utilización abusiva" de contratos que escapan al control de la oposición.

"¿En qué se han gastado la partida de gastos diversos para asistencias técnicas que se han disparado hasta 1.627 millones de euros en los tres últimos años?", preguntó Oltra el 2 de marzo al Consell nada más estallar el caso Gürtel. La respuesta fue, una vez más, la utilización de la Sindicatura de Comptes como escudo defensivo de la legalidad administrativa.

Garzón contestó el 25 de marzo, cuando aún no se había inhibido del caso, y la respuesta llegó ayer al grupo parlamentario que lidera Oltra. La portavoz aseguró que esta petición, unida a la demanda de la fiscalía de que Camps y Costa sean interrogados por los trajes, supone que el juzgado "avanza en investigar" sus sospechas respecto a que "tanto Camps como Costa pueden estar implicados en una trama de financiación irregular".

En su escrito a Garzón, Compromís se queja de que el Consell no ha respondido, a pesar de las numerosas preguntas parlamentarias, sobre quién, cómo y en concepto de qué se han gastado 900 millones de euros en 2008. El grupo alude a la práctica extendida en la Administración del Consell de realizar numerosos contratos menores, cuyo límite en la legislación valenciana es de 30.050 euros para los contratos de obras y de 12.020 euros para los de suministros, servicios y otros. Este sistema exige de un control parlamentario exhaustivo para constatar el destino y uso de estos fondos, sostiene Compromís.

Las preguntas remitidas por Mònica Oltra al Consell se cuentan por decenas y van dirigidas a las distintas consejerías del Gobierno valenciano. En todas ellas se reclama información sobre la aplicación económica 226 (gastos diversos) y la 227 (trabajos realizados por otras empresas y profesionales) para conocer el destino dado por los distintos departamentos de la Generalitat a las partidas dirigidas a asistencias técnicas. Y en todos los casos, las solicitudes de información chocan una y otra vez con un muro infranqueable: la negativa del Consell a ofrecer información.

La falta de transparencia se ha convertido en una constante del Gobierno de Francisco Camps en su relación con los grupos de la oposición. El férreo apagón informativo al que el Consell somete a la oposición se ha convertido en su principal instrumento para impedir cualquier intento de control parlamentario.

No sucede lo mismo en otras autonomías, como Cataluña. Hace un año, el portavoz popular en el Parlament, Daniel Sirera, reclamó al Govern que preside el socialista José Montilla "los estudios, trabajos técnicos, documentos e informes encargados a personas ajenas a la Administración en 2007". En su contestación, el Ejecutivo catalán ofreció la información que se le reclamaba, lo que dio pie a un escándalo, porque la contestación desveló que más de un millar de informes fueron adjudicados a personas afines al tripartito que gobierna en Cataluña.

La misma pregunta que hizo Sirera la formuló hace unos meses el diputado socialista José Camarasa en el hemiciclo valenciano, pero con un resultado bien distinto. Tras una solicitud de prórroga, el Consell respondió que todos estos informes y documentos han sido objeto de fiscalización por parte de la Sindicatura de Comptes, que actúa por delegación de las Cortes, y dicha fiscalización ha sido rendida ante la Cámara a través de un informe. "Como bien sabe su señoría corresponde a la Sindicatura de Cuentas, por delegación de las Cortes", repite machaconamente el Consell en sus respuestas. De poco ha servido que informes del órgano fiscalizador aludan -tras una fiscalización aleatoria de estos contratos- a la falta de rectitud de algunos de ellos, recordó ayer Oltra.

Compromís insiste por último en su escrito a Garzón de finales de febrero en la coincidencia entre algunas empresas adjudicatarias de este tipo de contratos con las investigadas por la Audiencia Nacional y que también han trabajado habitualmente con el PP de la Comunidad Valenciana. La formación enviará en los próximos días los informes de la Sindicatura desde el año 2003, avanzó Oltra.

La petición de Garzón llega un día después del informe de la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido al Tribunal Superior de Justicia valenciano que interrogue al presidente Camps y a su número dos en el partido, Ricardo Costa, a cuenta de los trajes regalados por la red corrupta. Costa, que acompañó ayer portavoz del Grupo Popular Europeo y candidato del PP a las elecciones europeas, Jaime Mayor Oreja, en su visita a Valencia, dijo que tanto él como Camps están a disposición de los tribunales y que esperan que el caso se resuelva cuanto antes. "Las acusaciones que se vierten son absolutamente falsas e infundadas", subrayó el dirigente popular. Camps, que acompañó más tarde al cabeza de lista a las europeas del PP, no hizo declaraciones.

Mayor Oreja pidió que no se realicen juicios paralelos a los del sistema judicial. "Tengamos confianza en la Justicia para aceptar con normalidad las decisiones que adopte", dijo.

Para el delegado del Gobierno, que también habló ayer del caso, parece claro que el presidente Camps no pagó los trajes que supuestamente recibió de Orange Market, pues "todavía no ha presentado las facturas que acreditan su compra".

Los documentos de contabilidad B encontrados por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la policía en la ya célebre Serrano, 40 -sede de algunas de las sociedades del tinglado dirigido por Francisco Correa- y en el domicilio de uno de los empleados de la trama de presunta corrupción vinculada al PP tienen en su ADN parientes valencianos.

Tanto en las hojas de Excel en las que se detallaban los apuntes de salidas y entradas de dinero negro, como en la memoria USB hallada en la vivienda de José Luis Izquierdo -uno de los trabajadores de la consultora Technology Consulting Management (TCM)- aparece la sociedad Easy Concept Comunication como la firma con más presencia, junto con Servimadrid Integral, en los movimientos de facturas falsas para generar dinero negro. Easy Concept es la empresa que en realidad montaba el pabellón valenciano en la Fitur, según declaró Felisa Isabel Jordán, que fue apoderada de la empresa. Sin embargo, los contratos de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) se los adjudicaba Orange Market, la empresa presidida por Álvaro Pérez, según fue contando Levante-EMV durante estos años.

La contabilidad B estaba perfectamente centralizada y gestionada, según el juez Baltasar Garzón, principalmente por Pablo Crespo Sabaris, cofundador y ex directivo de Orange Market y de Easy Concept, entre otras. Esta empresa, en mayor medida que otras tres de la trama, simulaba pagar facturas a supuestos proveedores. El dinero se sacaba en efectivo de las cuentas y se ingresaba en la caja B. Y así se generaba una bolsa de efectivo de la que se echaba mano a la hora de pagar "regalos caros", como dijo Garzón en el auto, y sobornos a políticos y funcionarios. Era la fórmula elegida para amañar adjudicaciones de contratos. La trama generaba así un millón de euros al año aproximadamente, según publicó ayer El Mundo. En la relación de facturas falsas de 2006, aparecen al menos ocho supuestos pagos a proveedores por casi 200.000 euros sólo en el caso de Easy Concept, cantidad similar a la manejada por Servimadrid Integral.

El presidente Francisco Camps no estaba ayer a las diez de la mañana en el hemiciclo de las Corts, donde debía responder a las preguntas de la oposición sobre su presunta implicación en el caso Gürtel. Pero dos horas después, mientras acompañaba a la Reina en la inauguración en Alicante de una exposición sobre arte griego, acto con el que el miércoles a última hora de la mañana justificó su ausencia, muy probablemente le pitaran los oídos. Su incomparecencia en la Cámara protagonizó el arranque del pleno y motivó un duro rifirrafe entre el PP y la oposición. El síndic del PSPV, Ángel Luna, acorraló a los populares al evidenciar que, de haberse advertido el martes en la junta de portavoces, se habría cambiado la hora de la sesión de control. El popular Ricardo Costa recurrió entonces a un argumento real: "No pensaba que el grupo socialista pudiera tener tan poco respeto a una figura institucional como su Majestad la Reina, que está en Alicante".

Al inicio de la sesión, Luna puso en aprietos a los populares e incluso a la presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, al reclamar a ésta que, en aplicación del reglamento, convocara la junta para someter al pleno la alteración del orden del día con el fin de suprimir el punto de la sesión de control, consecuencia de la ausencia del jefe del Consell. No es posible, sostuvo, que el orden del día del pleno de la Cámara "se altere mediante un fax remitido por el vicepresidente del Consell" Vicente Rambla, excusando la ausencia de Camps.

Costa replicó que no había ninguna alteración del orden del día sino "una excusa de la principal autoridad de la Comunitat, que está con la Reina en Alicante defendiendo los intereses valencianos". O sea, no viene Camps, no hay punto, y amén. El socialista recordó entonces que el propio reglamento prevé la facultad de la presidenta de modificar la hora de la sesión de control si no es posible sustanciarla el jueves a las 10. Pero, la intención del jefe del Consell no era comparecer, asestó. "El presidente comparece cuando no tiene más remedio; trabaja, como los pilotos aéreos cuando quieren hacer huelga, a reglamento, pero mientras éstos la hacen contra quien les paga, su empresa, a Camps le paga el pueblo valenciano", aseveró. El PSPV presentó un escrito advirtiendo que no admitirá que a las juntas de portavoces vaya un director en representación del Consell y exigirá al menos un conseller.
No saben cuándo se enteró Camps

Ricardo Costa se escudó en la Corona para defender la incomparecencia y acusó al PSPV de provocar "disturbios políticos" y convertirse en "feriantes" para montar un "circo". El diputado popular aseguró desconocer con cuánta antelación sabía Camps que iría a ese acto, algo que los medios adelantaron el domingo mientras la asistencia de la Reina se conocía desde hace más de un mes. La diputada socialista Isabel Escudero tildó en su blog a Camps de "prófugo" y Clara Tirado pidió que "no se utilice el nombre de la Reina". Enric Morera (Compromís-Bloc) advirtió que la forma en que se ha ausentado el presidente "alimenta las sospechas" sobre su implicación. Mònica Oltra (Compromís-Iniciativa) sentenció que Camps "se esconde porque está pringado en las investigaciones ". "Yo soy republicana", le soltó Glòria Marcos (EU ) a Costa, para recalcar que la primera obligación del presidente es "dar cuentas a las Corts".

El discóbolo de Mirón es más atractivo que Ángel Luna, portavoz socialista en las Cortes, y tiene mucho menos que decir. También habla menos que Mònica Oltra, portavoz de Compromís. Y el presidente de la Generalitat ha preferido la compañía de una obra maestra del arte griego a la sesión de control en las Cortes, donde tendría que responder a preguntas sobre sus relaciones con la supuesta trama corrupta descrita por el juez Baltasar Garzón y sobre las adjudicaciones de licencias de Televisión Digital Terrestre.

A última hora de la mañana de ayer, Vicente Rambla, vicepresidente del Consell, registró un escrito para comunicar que el presidente de la Generalitat no podrá asistir al pleno de hoy por "compromisos ineludibles de carácter institucional", la inauguración de una exposición de arte griego en el MARQ de Alicante a la que asistirá la Reina.

Rambla envió el martes a uno de sus directores generales como representante del Consell en la Junta de Portavoces. El alto cargo no mencionó el compromiso del presidente. Si lo hubiera hecho, se podría haber alterado el orden del día del pleno. Gracias a su silencio, Francisco Camps evita las Cortes hasta el 30 de abril.

"Tiene miedo", dijo Ángel Luna. "No tiene la conciencia tranquila", disparó Mònica Oltra, "por eso no da la cara". "Solo aparece cuando tiene una comitiva para hacerle palmas", abundó Glòria Marcos, de EU.

Los portavoces de la oposición coincidieron al señalar que la "excusa" del presidente para evitar la sesión de control en las Cortes no se sostiene, puesto que una visita institucional de la Reina se cierra con mucha antelación. Y expresaron su indignación por la "burla" de Camps a los representantes de la soberanía popular.

Ricardo Costa, portavoz del PP, fingió sorpresa ante la reacción de la oposición: "Parece mentira que los socialistas hagan crítica cuando se trata de un acto ineludible como jefe del Consell y es un honor recibir a un miembro de la familia real". Y redondeó: "La nitidez del Consell le ha llevado a situarse como el Gobierno más transparente de toda la historia de la democracia".

La Mesa de las Cortes dedicó ayer una reunión monográfica a obstruir el control del Consell. No se admitió ningún recurso contra el bloqueo de centenares de preguntas en torno a las relaciones de la Generalitat con las empresas vinculadas a la trama corrupta que investiga el juez Baltasar Garzón. No se admitieron preguntas sobre proyectos urbanísticos de empresas de José Luis Ulibarri, imputado por el juez Baltasar Garzón. Se concedieron prórrogas al consejero de Gobernación para responder a preguntas sobre Construcciones Taroncher, la empresa gestionada por un íntimo amigo de Serafín Castellano que ha contratado siete millones de euros con diversas Administraciones desde 2000. Y se rechazó la constitución de una comisión de investigación que pedía Compromís sobre las relaciones de la Generalitat con empresas vinculadas a la Operación Gürtel.

"El asunto está sub iudice", argumentó Rafael Maluenda, portavoz del PP. "Se rechaza la comisión de investigación para no interferir la Justicia", dijo, "en este momento no corresponde".

Mònica Oltra, portavoz de Compromís, recordó que el PP impulsó sin problemas una investigación en la Asamblea de Madrid en torno a supuestos casos de espionaje mientras se cruzaban en los juzgados denuncias de varios afectados.

Ángel Luna, portavoz socialista, desconfió de la capacidad de las comisiones parlamentarias de investigación. Pero lamentó la actitud obstruccionista del PP. "El informe del fiscal al Tribunal Constitucional sobre vulneración de derechos parlamentarios en las Cortes no mueve un ápice los fundamentos morales de la presidenta", comentó Luna, "se deduce del informe un pronunciamiento claro y contundente, pero el PP parece adoptar la posición de Silvio Berlusconi, que considera molesto el régimen parlamentario".

Oltra, autora del recurso ante el Tribunal Constitucional como abogada de Esquerra Unida en noviembre de 2005, subrayó que la Mesa obstruye el control del Consell con el recurso a la escasa trascendencia pública de los afectados, uno de los argumentos que desmonta el fiscal.

Pero el PP hizo oídos sordos. La socialista Isabel Escudero, vicepresidenta segunda de las Cortes, hizo notar a sus compañeros de la Mesa que "las mayorías absolutas no pueden servir para dar por válidos razonamientos peregrinos para obstaculizar la labor de la oposición" y que "hay actitudes que no se pueden adoptar por mucha mayoría absoluta de la que se disfrute". Pero Milagrosa Martínez no se sintió aludida ni solicitó información al letrado.

Maluenda, portavoz adjunto del PP, explicó a los periodistas que el Reglamento de las Cortes es "imperativo" cuando establece que "la Mesa no tramitará preguntas que refieran a personas o empresas sin trascendencia pública" y explicó cómo se calibra esa trascendencia: "Yo, que me dedico a la vida pública, soy incapaz de darle el nombre de ninguna empresa de la trama al margen de Market Orange y Taroncher y Asociados".

José Ramón García Antón, consejero de Medio Ambiente, que debía comparecer en comisión, plantó a los diputados alegado una "indisposición sobrevenida".

LA TV MUNICIPAL DE VALENCIA QUE CONTROLA ULIBARRI NO HA INGRESADO EN EL AYUNTAMIENTO NI UN EURO POR PUBLICIDAD

El Ayuntamiento de Valencia no haya ingresado ni un solo euro por la publicidad emitida en la Televisión Municipal (TMV) durante el año pasado, según denunció ayer el PSPV tras conocer las cuentas. El contrato obliga a la gestora del canal -una de las empresas de comunicación de José Luis Ulibarri, imputado en el caso derivado de la operación Gürtel por asuntos relacionados con una sociedad promotora- a ingresar en las arcas locales el 5% del importe de sus ingresos publicitarios.

La concejala del PSPV Mercedes Caballero sostuvo que "nadie puede creerse que la televisión de la ciudad haya podido sobrevivir un año entero sin ingresos por publicidad". Sin embargo, en las contabilidad presentada en el consejo de administración celebrado ayer no consta que la TMV haya hecho efectivo ningún pago al ayuntamiento por este concepto. Caballero ha instado al equipo de gobierno a explicar dónde estaba el dinero correspondiente a la publicidad del ejercicio anterior y ha exigido al presidente del consejo, el primer teniente de alcalde y portavoz popular del gobierno de Rita Barberá, Alfonso Grau, la inmediata solicitud de los ingresos por publicidad para reclamar los cantidades a que hubiera lugar.

Por su parte, el también concejal y consejero socialista Juan Soto ha solicitado un informe que acredite que no se produce ninguna incompatibilidad con el hecho de que uno de los letrados del despacho de abogados Eius sea al mismo tiempo secretario del Consejo de Administración de Mediamed, empresa de la que es titular José Luis Ulibarri, quien controla además la empresa que gestiona la TMV desde que se produjo el cambio de accionariado.

La TMV decidió contratar a Eius para defender el recurso interpuesto por el grupo municipal socialista por ese cambio de accionariado.

El juez del caso Gürtel aún espera las transferencias bancarias de Milano

Camps tiene cinco días para replicar a la Policía Judicial

De los pagos de Camps, ni rastro

El 'caso Gürtel' avanza sin que nadie respalde la versión del presidente

FRANCISCO CAMPS: Encuentros de madrugada

RICARDO COSTA: Un lío de fechas y cargos

VÍCTOR CAMPOS: Explicaciones escasas

RAFAEL BETORET: De gusto exquisito

Rajoy dice ante Fabra y Camps que el PP "no se asusta"

El líder respalda al dirigente popular que lleva más tiempo procesado

El contable del sastre dice que ha aportado suficientes datos al juez

La Junta Electoral ratifica que Canal 9 ´no es neutral´ en el ´caso Gürtel´

EL BIGOTES : " Tenemos un marrón "

El PP duda entre relevar a Camps o adelantar elecciones si el caso se agrava

Las miradas del partido se dirigen hacia Rita Barberá, que por ahora se niega

El testigo no puede mentir; el imputado, sí

Indicios de un supuesto cohecho

Grabaciones y facturas sustentan la investigación a Camps

Papeles en un sótano

Una empresa contrató a Orange Market en una obra millonaria que le dio el alcalde campsista de la Nucia

www.levante-emv.com 17.05.09 Teatro de un escándalo con dinero público y cemento

Camps critica ´a los que hacen de la insidia el único camino posible´

Aportan al TSJ grabaciones de Costa y ´El ´Bigotes´

Rajoy expresa el ´pleno, total y absoluto apoyo´ del PP a Camps y a Costa

Costa asegura tener ganas ´de contar la verdad cuanto antes´ y de ´aclarar las acusaciones vertidas´

El Bigotes, citado a declarar en Valencia tras Camps y Costa

El 'caso Camps' y la investigación de la corrupción desatan la inquietud en el PP

El equipo de Rajoy ignora la versión que el líder valenciano quiere contar al juez

Dos fechas clave

Penas a las que se puede enfrentar Camps

El PP blinda a Camps y Costa tras ser implicados en el 'caso Gürtel'

El TSJV cita a declarar al presidente valenciano y su 'número dos' en el partido el día 19 de mayo

Álvaro Pérez: "Camps me puede nombrar hoy mismo coordinador general"

AUDIO - Cadena Ser - 30-04-2009

El TSJ de Valencia imputa a Camps y Costa

Camps defiende que su gobierno es tan honorable ´como el que más´

Del ´no hay nada de nada´ a la imputación

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El Gobierno valenciano afronta las imputaciones con ´absoluta tranquilidad´

"¿Qué son tres o cuatro trajes?"

Asencio alaba en las Cortes la profesionalidad de Álvaro Pérez, 'El Bigotes'

El traje: ¿regalo o soborno?

Sarkozy usa yates o aviones de amigos mientras un político danés apenas puede recibir un libro o chocolate - La tolerancia al compadreo da la talla moral de un país

Penas a las que se puede enfrentar Camps

Un trimestre de medias verdades : Camps ha querido descalificar la investigación del 'caso Gürtel' que empaña su futuro

Nada de nada, pero cada vez afloran más contratos

Orange Market cobró 60.615 euros a las cámaras y 74.000 a la Feria por un acto presidido por Camps

El juez citará a Costa y a Betoret como imputados antes que a Camps y a Campos

Generalitat y PP generaron el 73% de los ingresos de Álvaro Pérez

Camps: "Tengo unas ganas locas de explicar todo lo que hay, que es nada"

El presidente elude por quinta vez hablar de su relación con Álvaro Pérez

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Los presidentes provinciales y Barberá, ausentes de la recepción en las Cortes

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"Amiguito del alma. Vamos a hablar de lo nuestro, que es muy bonito"

Álvaro Pérez hizo regalos a la esposa del presidente valenciano

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El juez ponente propondrá asumir la investigación al presidente autonómico

El Consell prescinde del pabellón de Orange Market para Turismo

Such lo atribuye a "circunstancias sobrevenidas" a la adjudicataria

www.levante-emv.com 17.05.09

Teatro de un escándalo con dinero público y cemento