LAS NOTICIAS SOBRE LA TRAMA VALENCIANA 

 

AÑO   2009

El Tribunal de Cuentas valenciano no audita las empresas salpicadas por el 'caso Gürtel'

La Sindicatura de Comptes, el equivalente al Tribunal de Cuentas en la Comunidad Valenciana, no auditó en el informe correspondiente al ejercicio 2008 ninguna de las empresas públicas de la Generalitat valenciana salpicadas por el caso Gürtel. La Sindicatura entregó ayer a las Cortes valencianas un trabajo que no incluye la fiscalización de las cuentas de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica de la Comunidad Valenciana -que otorgó a Orange Market un contrato de 450.000 euros por un evento en la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante-; ni fiscaliza la contratación de la Agencia Valenciana de Turismo -que adjudicó el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur a la firma que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, durante cinco años consecutivos-; ni la contratación de la Sociedad Circuito del Motor de Cheste -que participó del premio de fórmula 1 en el que Orange Market aspiraba a lograr contratos.

La Sindicatura tampoco audita entidades como la Fundación la Luz de las Imágenes, que contrató con Orange Market parte de un evento en el Club de Tenis de Valencia.

La fiscalización correspondiente al ejercicio 2008 de la Sindicatura de Comptes se inició en el primer trimestre de este año, cuando ya había estallado el caso Gürtel.

Gerardo Camps, vicepresidente económico y consejero de Hacienda del Gobierno valenciano, aseguró que la Generalitat es la institución autonómica que más rápido difunde la fiscalización de sus cuentas porque, "a diferencia de lo que dicen algunos", señaló, "aquí no se oculta nada".

La Sindicatura de Cuentas, por su parte, invocó su plan de trabajo selectivo para explicar que no todos los años se auditan todas las empresas públicas de la Generalitat.

Ángel Luna, portavoz socialista, comentó que el informe de la Sindicatura "confirma una vez más la opacidad del Gobierno de Francisco Camps en la contratación pública". "El informe", destacó Luna, "determina que dos de cada tres expedientes de contratación tienen problemas graves y muchos de ellos tienen que ver con la contratación arbitraria, con no publicar los concursos y con no justificar la contratación".

La Sindicatura seleccionó una muestra de 45 contratos públicos y detectó irregularidades en una treintena. El portavoz socialista apostilló: "La probabilidad de que sólo 30 expedientes de los 45 revisados sean irregulares es la misma que si tocara el euromillón seis semanas seguidas con una sola apuesta cada semana".

Las consideraciones generales sobre la ejecución de un presupuesto inicial de 14.100 millones de euros subrayan una caída de ingresos de mil millones y un recurso al déficit de 598 millones para cuadrar las cuentas.

www.elpais.es 24.12.09

EU reclama contratos y facturas de Orange Market

La coordinadora de EUPV y diputada autonómica, Marga Sanz, presentó el viernes a la presidenta de las Corts Valencianes un recurso en el que solicita la entrega de los contratos, adjudicaciones y facturas firmadas por la Generalitat, las consejerías y otros departamentos d con la empresa vinculada a la trama Gürtel, Orange Market, desde el mes de julio de 2005 hasta la actualidad. La presentación del recurso por parte de EUPV fue consecuencia de la "respuesta negativa" del Consell amparada en el secreto del sumario. Esquerra Unida consideró " un sumario es un conjunto de actuaciones judiciales, no los documentos ni las copias de estos que se envían para una investigación".

www.elpais.es 20.12.09

“Ha habido quienes se han prevalido del cargo para obtener beneficio”, dice el vicepresidente de los jueces, De Rosa, ex conseller de Camps

Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y amigo íntimo del presidente valenciano, Francisco Camps, se ha desmarcado de la línea mantenida por el PP sobre el caso Gürtel, y de sus propias declaraciones realizadas anteriormente, en las que incluso llegó a acusar al juez Baltasar Garzón de cometer una posible prevaricación.

En una entrevista en el diario Levante, De Rosa afirma ahora que Garzón “hizo lo que tenía que hacer” y que “su actuación fue correcta”. El ex conseller de Justicia del Gobierno de Camps considera que Gürtel no es un montaje político y sí “un hecho delictivo”. Según él, se trata de “unas personas que presuntamente han delinquido” y agrega que “hay datos suficientes para determinar que ha habido quienes se han prevalido de determinados cargos para obtener un beneficio”.

En febrero…
En febrero pasado, Fernando de la Rosa, que fue propuesto por el PP para el CGPJ, arremetió contra el juez Baltasar Garzón en la televisión autonómica Canal 9, al acusarle de "estar pasando una línea roja muy importante, que es la prevaricación" y defendió a Francisco Camps, a quien calificó como “un buen presidente de la Generalitat". La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial criticó entonces sus afirmaciones y exigió “el cese de cualquier declaración que pudiera perturbar el sereno ejercicio de la actividad jurisdiccional”.

“Nunca quise atacarle”
Ahora De Rosa insiste que si el “considerara que Garzón la voluntad de Garzón es influir en la política” le estaría deslegitimando como juez y esa no es en absoluto mi intención”. En cuanto a las manifestaciones que hizo sobre él en meses pasados afirma que “si se interpretó que dije que estaba prevaricando no fue mi intención. Nunca he querido atacarle, sólo respondí a una pregunta desde un punto de vista técnico y era que los asuntos con aforados hay que remitirlos a los órganos competentes para evitar problemas de nulidad”.

Un tema importante
A la pregunta de si la Fiscalía Anticorrupción está actuando dirigida por el Gobierno en el caso Gürtel, el vicepresidente del Consejo Genera del Poder Judicial cree “que ni Anticorrupción ni ningún fiscal esté actuando de forma ilegal a sabiendas”. Eso supondría –agrega- el mayor atentado al Estado de Derecho. Gürtel es un tema importante dentro de los asuntos judiciales españoles que espero que se resuelva pronto. El que es corrupto debe pagar y en absoluto creo que la Fiscalía actúe de forma sesgada”, aseguró.

Su propia decisión
Ante la posibilidad de que Camps, a quien considera su amigo personal, tenga que acabar sentándose en el banquillo y tal vez dimitir, De la Rosa opina que “la pena que le podría caer por el caso de los trajes es una multa sin inhabilitación por lo que la ley no le va a obligar en ningún caso a dimitir. A partir de ahí depende de su propia decisión”, según explicó.

"Se abrirá una nueva investigación"
Sin embargo, significativamente, el vicepresidente del CGPJ ve casi seguro que “se abrirá otro procedimiento y una investigación” a causa de un posible blanqueo de dinero por parte PP. “Hay un procedimiento –explica- concreto y determinado, que es el de la denuncia por los regalos de unos trajes que afecta al jefe del Consell. Y luego hay otro de presunta financiación irregular del PP, que es lo que se tiene que investigar ahora, pero nada tiene que ver una cosa con la otra porque son dos asuntos diferentes”.

Los trajes y la financiación irregular
De Rosa aclara que no sabe “si existe o no relación” entre una y otra causa. “Lo único que sé es lo que han dicho los tribunales, que en su momento incoaron un procedimiento y ahora han incoado otro. Si llegara a acreditarse que existe una conexión, pues se unirían”, concluye.

En resumen, ¿vuelco valenciano en el caso Gürtel?

www.elplural.com 20.12.09

EL PPCV MIMA A COSTA POR LO QUE SABE SOBRE GÜRTEL Y PREPARA SU REHABILITACIÓN 

El ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa está suspendido de militancia en el partido, tras el pulso desafiante que lanzó a la dirección nacional y tras resistirse a dejar el cargo, pero no es tratado como un apestado. En absoluto.  

El presidente del PP y de la Generalitat, Francisco Camps, aprovechó la tradicional comida de Navidad del grupo popular, celebrada el miércoles en un hotel de Valencia, para expresar su afecto a Ricardo Costa, a quien incluyó en la selecta terna a los que dedicó el brindis, junto con Antonio [Clemente] y Rafa [Blasco]". No habían pasado 24 horas cuando ayer, preguntado por los periodistas en los pasillos de las Corts Valencianes, el portavoz del grupo, Rafael Blasco, dedicó otro brindis, esta vez dialéctico, a Costa. Blasco afirmó ayer que su grupo "está con ganas de poner en evidencia el aprecio" que sienten por el ex número dos del PPCV y se mostró convencido de que su situación se resolverá "en breve".Fuentes del partido consideran que el grado de conocimiento que tiene Costa de todo el entramado de contrataciones con Orange Market, la franquicia valenciana de la trama Gürtel, y de las cuentas y facturas abonadas por el partido, hacen recomendable tratarlo con mucho afecto y por supuesto que sin humillarlo.

El ex secretario general del PP valenciano era el dirigente que llevaba directamente las relaciones con Álvaro Pérez "El Bigotes" en todas las contrataciones con Orange Market y apareció en múltiples grabaciones del sumario incluso en boca del cabecilla, Francisco Correa, quien lo veía como futuro presidente del Gobierno de España.  

No falta tampoco quien entiende que la promesa de Camps de situarlo en un cargo de responsabilidad podría hacerse efectiva en breve. Con todo, la "situación que se va a resolver en breve" a la que se refería Blasco sería el levantamiento de la suspensión de militancia de Ricardo Costa.  

Lo más sabroso de las declaraciones que ayer hizo el hombre fuerte del PP en la Cámara fue su sentencia de que se volverá "a la absoluta normalidad" cuando se resuelva una "cuestión que afecta exclusivamente a la relación del señor Costa con la dirección nacional del PP".  

Porque Costa "tiene el aprecio y el respaldo" del grupo y del partido. Blasco calificó de "chafarderismo" la comparación en el trato que Costa está recibiendo por parte de la dirección regional del PP, que le ha mostrado su apoyo, y de la dirección nacional, que le suspendió de militancia el pasado 29 de octubre cuando éste se reivindicó como secretario regional, a pesar de que había sido destituido del puesto.Interrogado sobre las declaraciones del presidente Camps, en la citada comida, donde reconoció que 2009 ha sido un año duro para él y para el partido por el caso Gürtel, Blasco indicó que el jefe del Consell "aprovechó la oportunidad de la relación que tuvo con el grupo parlamentario para expresar de una manera muy sentida lo que ha sido este año".  

Blasco señaló que es "objetivo reconocer" que se han pasado "unos meses difíciles como consecuencia de una campaña de difamación". El Partido Socialista, lamentó Blasco, "utiliza la infamia y la calumnia como la única forma de actuar en política, lo cual le sitúa cada vez más fuera de lo que debe de ser el debate sereno y transparente de la política, y más alejado de los intereses de los valencianos, es decir, muy cerca de la marginalidad política". 

(www.levante-emv.com, 18/12/09)

LA «QUIEBRA» DE ORANGE MARKET PONE EN LA PICOTA A EMPRESAS PROVEEDORAS 

Si la muerte de un ciudadano tiene lectura económica —un consumidor menos, salvo para el sector funerario—, la de cualquier empresa multiplica el efecto por cien. Si la firma que desaparece de la circulación (aunque esté viva en el registro mercantil) se llama Orange Market entonces el seísmo cobra enorme violencia. Porque Orange Market movía mucho, pero no fabricaba nada. Por eso, porque Álvaro Pérez era un intermediario e intérprete de los sueños glamourosos de sus clientes, necesitaba docenas de proveedores que le facilitaran desde currantes que descargaran el camión hasta firmas de interiorismo para crear esos escenarios cálidos que tanto ayudaron al PP a llevarse al huerto al electorado. Muchas de esas empresas son las otras víctimas del escándalo Gürtel.  

Diez meses después de aquel 6 de febrero en el que Baltasar Garzón ordenó a la policía registrar las dos sedes de la empresa de El Bigotes (en las calles Conde de Salvatierra y Colón), y decretó el bloqueo de las cuentas bancarias (en el Banco Santander, BBVA o Caja Madrid, entre otras), muchas de esas firmas siguen sin cobrar los últimos trabajos que hicieron o celebran que acaban de lograr el milagro de haber ingresado las cantidades pendientes, tras reclamarlas a los administradores judiciales designados. Desde una empresa de transporte y descarga de material cuentan, como si les hubiera tocado la lotería, que han cobrado estos días 39.000 euros que tenían pendientes. A esta firma le devolvieron un pagarés, que vencía justo unos días después de reventar el caso. Era el pago por trabajos en el congreso nacional del PP celebrado en la Feria de Muestras en junio de 2008. Ha estado a punto de ir al concurso de acreedores, antigua suspensión de pagos. Sí optó por acogerse a la ley concursal la sevillana Apogee Telecomunicaciones, la firma que, según la policía judicial, canalizó 957.000 euros en comisiones para Correa a cuenta del contrato de la constructora Teconsa —que la había subcontratado— con RTVV para dar cobertura a la visita del Papa a Valencia. La suspensión de pagos no es atribuible a las deudas de las empresas Gürtel, pero en un escenario de crisis como el actual este percance ha sido la puntilla.  

Una firma de logística tiene la suerte de que sólo se quedó colgada con unos 2.000 euros, pero una productora valenciana batalla, en cambio, por 70.000 euros que les adeuda Orange Market por algún servicio de alquiler de unidades móviles en mítines y congresos del PP. «Estoy seguro de que al final cobraremos pero esto es un marrón porque hemos tenido que reclamarlo judicialmente», explica su responsable, que, como casi todos los consultados por este diario prefiere el anonimato. Coinciden, eso sí, en subrayar que si había una firma solvente en el sector y fiable en los pagos era Orange Market. Las transferencias o los pagarés con vencimiento a los 90 días del servicio prestado eran las formas habituales de saldar deudas. 

A otros ni siquiera les dio tiempo de presentar las facturas. Aunque en algún caso, la cantidad no era significativa. Es el caso de una empresa líder en España en animación con globos, confeti y serpentina y de parques infantiles, que ha trabajado para varios partidos y clubes de fútbol y, durante años, para empresas de Correa. Con Orange Market, para el PP valenciano o en la Copa del América. El sábado 7 de febrero puso color al bautizo de la hija de Álvaro Pérez en Barcelona, donde el ex director de RTVV Pedro García suplió como padrino a Francisco Correa, que el día anterior fue encarcelado. La factura del acto familiar era modesta y en plena marejada, el empresario tuvo el detalle de ni siquiera intentar cobrarla. Fue su regalo a Álvaro Pérez por un acontecimiento tan especial. 

La congelación de las cuentas de la trama ha tenido un efecto paralizante sobre todo para las empresas, explica uno de los afectados. «Aquí ha cobrado antes que nadie la Seguridad Social, Hacienda y los trabajadores de las empresas y los últimos los proveedores», explica el empresario, de una firma de decoración. Lo cierto es que los empleados de Orange Market, que recibían a menudo bonificaciones bajo mano de la caja B, no han vivido estos meses su mejor época. Hasta el punto de que un Juzgado de lo Social de Valencia condenó esta semana a la empresa de Álvaro Pérez a indemnizar con 13.854 euros a un trabajador por despido improcedente y al que no puede readmitir porque la mercantil no tiene actividad. Son historia aquellas «gratificaciones» que cobraban algunos cuando llegaba Fitur, que eran los Reyes Magos de Orange Market, dado que por ese certamen ingresó 5,32 millones al ser adjudicataria de cinco ediciones consecutivas. 

En ocasiones no era el PP ni la Generalitat el cliente al que accedían las empresas dependientes del conglomerado Gürtel sino que trabajaban para eventos particulares de los propios cabecillas. Una de esas firmas fue llamada a montar una fiesta para el suegro de Francisco Correa, el constructor Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en el caso Malaya. El presupuesto fue bastante más elevado que el de la empresa del bautizo, dado que ascendió a 25.000 euros. Cuando se celebró la fiesta, Correa se llevaba de cine con su mujer y tenía una relación cordial con su suegro y dueño de Construcciones Salamanca. De hecho, el 16 de noviembre de 2007, el «dos» de la trama, Pablo Crespo, ordenó entregar a Bugallo 60.000 euros en negro.  

Eran tiempos de vacas gordas, en especial para los reyes de Gürtel, que cobraban dádivas en blanco y en negro. También para esos otros afectados por el escándalo que simplemente hacían su trabajo y figuran en la contabilidad legal que obra en el sumario. Para aquellos que al parecer ignoraban el tinglado que se escondía detrás de aquel campechano y triunfador bigote. 

(www.levante-emv.com, 14/12/09) 

MEDIO CENTENAR DE FIRMAS TRABAJABAN CON EL BIGOTES  

Son muchos los que se han percatado del vacío dejado por Orange Market. Desde el Quiosco Pepe o el de la Glorieta -donde adquirían la prensa- a la gasolinera Faitanar -lugar de repostaje habitual-o el Restaurante Sierra Aitana, pasando por las firmas estrictamente proveedoras, son un centenar largo las empresas de la ruta contable (la contabilidad A) de la franquicia valenciana Gürtel. Aproximadamente la mitad conforman el parque auxiliar de la factoría de eventos Orange Market.  

Empresas que facturaban habitualmente con esa mercantil como ADM Discomóvil, Vía Cultural, Apogee, Management Azafatas, SPS, APQ, Bat Producciones, Creativos de Publicidad, Dinámica Media, Bansalease, Caixarenting, Mediadge, Juan Sanz Interiorismo, Dimo Stand, Transdecor, AC Estudios, TV Siete, Tecnimagen, Transfira, Tecnosat, Hooping Publicidad, Rótulos Rotfer, Milenium Light o Termigo son sólo algunas de las que se han relacionado profesionalmente con Orange Market.

Una nómina que comprende desde la grabación de vídeos (TV Siete) hasta el alquiler de coches (Bansalease), de estufas (Termigo), serigrafía, lonas o traseras (SPS) o alquiler de lámparas (Milenium). No faltaba detalle en la organización de actos varios la Generalitat, por los que Álvaro Pérez facturó más de 8,2 millones de euros, o el PP. 

Varias de estas empresas están entre las que siguen esperando cobrar parte del trabajo, tras la intervención judicial del entramado societario. En la relación de las mercantiles que facturaban aparecen varias del propio conglomerado Gürtel, como Easy Concept, Down Town Consulting o Castaño Corporate. Se cruzaban facturas como fórmula para repartir beneficios, generar desgravaciones o compensar IVA, según conviniera fiscalmente.  

Uno de los pendrive incautado en el piso de la calle Martínez Campos revela un mapa preciso de esta forma de operar. A diferencia de las empresas de serie A, las que han sufrido realmente los efectos de la "quiebra" de Orange Market, las de la trama aparecen también en los apuntes de caja B. Y no con cantidades anecdóticas. Por ejemplo, el 13 de enero de 2006 entra una bolsa de dinero negro con 53.700 euros, recibidos por Crespo de Easy Concept, la firma que montaba realmente el pabellón valenciano en Fitur. El mismo día, sacaron 22.920 euros de los que ingresados. Esas entradas de dinero era el que servía para comprar regalos para sobornos (como joyas), para que El Bigotes cuidará a la familia, la sanguínea, con sobres de dinero (para la madre y la hermana) o incluso para que Francisco Correa y Pablo Crespo compraran lotería del Niño en enero de 2007, en el aeropuerto de Barajas. El cabecilla gastó 660 euros y Crespo, 330.  

De alguna forma se tiene que notar que ser el número uno de una banda organizada es el doble de importante que ser el dos.  

(www.levante-emv.com, 14/12/09)

BLASCO ASEGURA QUE FUE UN ERROR NO QUITAR ANTES A COSTA 

Rafael Blasco, portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, admitió ayer que el partido cometió errores en la crisis derivada por el caso Gürtel y debió destituir con anterioridad a su antecesor en el cargo, Ricardo Costa. "Sinceramente, hemos hecho algunas cosas mal y hemos cometido errores; prolongar más de la cuenta la presencia de Ricardo Costa en una situación de difícil encaje pudo generar en el grupo parlamentario durante un tiempo cierto desconcierto", aseveró el también consejero de Solidaridad y Ciudadanía en el transcurso de los desayunos de la agencia Efe. 

Sin embargo, el portavoz popular indicó que "algunos de los errores que él mismo cometió ya se han sustanciado en términos políticos de la forma más correcta y estatutaria dentro del partido". Blasco, no obstante, tuvo palabras de agradecimiento para la labor de Costa y señaló que hizo un "papel excelente". "Y espero que en breve se arregle su situación", añadió. El consejero resaltó la, según él, unidad y cohesión del grupo popular, "no hay fisura de ninguna clase", puntualizó. También admitió que en los últimos meses había algún diputado del PP "descentrado", según él, por el grado de crispación en los debates. 

En cuanto a un posible adelanto de las elecciones, Blasco recordó el mensaje lanzado por el presidente del Consell, Francisco Camps: "Ha dicho [Camps] que no es partidario de disolver las Cortes, aunque estatutariamente puede". Y añadió: "Personalmente yo no lo vería mal". Sobre el candidato del PP a la Generalitat, Blasco lanzó un aviso a navegantes: "Camps será el próximo candidato a la Generalitat en cualquiera de las circunstancias". 

(www.elpais.com, 13/12/09)

La caja B Gürtel revela compras de joyas relacionadas con la contratista de la visita del Papa

Pablo Crespo, cobrador del millón en comisiones por el contrato de Canal 9, ordenó adquirir alhajas por 13.135 euros la Navidad de 2006 en la Joyería Suárez - La contabilidad vincula ese pago a Teconsa - Correa decidió compras por 11.370 euros en la joyería de la "jet set" y en las fechas del evento papal

Conscientes de que los regalos no eran un gasto sino una inversión para captar o mimar clientes, los responsables de la trama Gürtel (Francisco Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez "El Bigotes") no fueron nada rácanos a la hora de quedar bien. La abundante contabilidad de las entradas y salidas de la caja B de Orange Market y de la sede central de la red Correa en Madrid revela compras por casi 25.000 euros en la prestigiosa Joyería Suárez, el establecimiento de referencia de la "jet set", entre el 16 de junio y el 22 de diciembre de 2006, el año de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia. En uno de los apuntes contables se hace constar que la caja B ha soportado un "pago a Suárez por Teconsa" que ascendía a 13.135 euros, sin especificar exactamente el motivo de la compra de esos artículos de lujo.

Teconsa fue la empresa elegida por Canal 9 para los trabajos de sonorización e instalación de pantallas para dar cobertura a la visita papal, los días 8 y 9 de julio, y por los que cobró más de 6,4 millones de euros. La Brigada de Blanqueo de la Udef de la policía judicial denunció en un informe que la trama se embolsó 957.300 euros en comisiones a través de la sevillana Apogee Telecomunicaciones, una de las subcontratistas de Teconsa junto con la alemana Sirius Showequipment. La persona de confianza de Correa que recibió bajo mano el dinero negro, siempre según la versión policial, fue Pablo Crespo Sabaris, el número dos de la organización y ejecutor de la voluntad del jefe.

La firma de la Preysler y Abascal

En el capítulo de observaciones del citado apunte de caja B donde consta la compra navideña en Joyería Suárez figura precisamente la anotación "Indicaciones de P. Crespo", como responsable de haber supervisado la adquisición de los detalles de lujo en un establecimiento que tiene locales en Madrid, Barcelona, Bilbao y Marbella. La imagen pública de la firma es, desde hace años, nada menos que Isabel Preysler, la quintaesencia del glamour. Para presentar algunas colecciones se fichó a Adriana Abascal, la ex de Juan Villalonga -quien recurrió alguna vez a los servicios de El Bigotes- y viuda del multimillonario mexicano Emilio Azcárraga. No figuran los beneficiarios de esos regalos relacionados con Teconsa pero cabe recordar que en otro documento con el sello de Orange Market, franquicia valenciana de Correa, se daba cuenta de un listado de políticos y cargos públicos agasajados por la trama. Ahí aparecía un reloj de 2.400 euros para la entonces consellera de Turismo Milagrosa Martínez, adquirido en Joyería Suárez. La esposa y la hija del presidente Camps también recibieron, en la Navidad de 2008, joyas de regalo, según se desprendía de la transcripción de una grabación de las conversaciones entre El Bigotes y la familia Camps. El jefe del Consell explicó ante el juez que esos regalos los devolvió.

Antes de la citada compra navideña ordenada por Crespo, la propia caja B consigna al menos otras dos adquisiciones en Joyería Suárez. La primera es del 16 de junio de 2006 y asciende a 6.000 euros. En esa ocasión fue el mismísimo Francisco Correa quien dio "instrucciones" para sacar esa cantidad de dinero negro de la bolsa de la red y con esa finalidad. El 1 de agosto, Joyería Suárez hizo de nuevo caja por cuenta de Correa. Fueron 5.370 euros, un pago "autorizado por PC", se especifica en la contabilidad clandestina de Orange Market.

Paralelamente a las compras de alhajas circulaban los últimos preparativos de la visita papal con motivo del V Encuentro de las Familias y diversos gastos con cargo a la trama, pese a que, sobre el papel, nada tuvo que ver ésta con la organización. Así, el mismo 16 de junio en que se fechó una de las compras en Suárez, se produjo una entrega de 6.000 euros -curiosamente la misma cantidad- para cubrir gastos de un viaje a Italia relacionado con el evento de Valencia. El 23 de marzo, Pablo Crespo ya le había dado otros 2.000 euros a Álvaro Pérez para gastos de otro "viaje a Italia" relacionado con el Papa. Es más, la víspera del aterrizaje del avión del Santo Padre en Manises, Crespo sacó de la caja B un total de 10.000 euros para "gastos de producción visita del Papa".

Pagos clandestinos entre la red de Correa y Teconsa

El día que se supo que la trama Gürtel cobró 957.300 euros en comisiones por intermediar en el contrato de 6,4 millones de euros entre Canal 9 y Teconsa, según la versión policial, desde la cadena autonómica se subrayó que ignoraban las subcontratas de las que echó mano Teconsa, así como sus relaciones con firmas de Correa. Pues los vínculos entre la trama y Teconsa existen y van más allá de los acontecimientos relacionados con la visita papal.

Al margen de la efeméride religiosa y social, las empresas de Correa tienen un amplio rastro de relaciones con Teconsa. En la contabilidad B de Gürtel figuran varios apuntes de salidas y entradas de dinero entre la constructora y las firmas del entramado, entre abril y junio de 2007, año electoral. Por ejemplo, el 14 de junio Pablo Crespo recibe 36.000 euros "de Teconsa" y los ingresa en la caja B. Al día siguiente, está registrado un traspaso a la constructora por esa misma cantidad con la anotación añadida "Reintegro x ent. a PC 14/06/07". El concepto de primer apunte era "obras El Embrujo", una urbanización de Marbella.

Exactamente la misma mecánica (recibe el dinero Crespo y luego lo traspasa a una cuenta de Teconsa) se había seguido el 17 de abril de 2007. La cantidad de esos primeros movimientos clandestinos ascendió a 24.000 euros.

El informe de la Udef sobre el pago de comisiones se basa en parte en las anotaciones de la caja B, donde constan hasta tres entregas de dinero a Pablo Crespo, quien viajó expresamente a Sevilla. El 21 de junio recibió 88.850 euros, al día siguiente otros 256.000 euros y, en un tercer desplazamiento el 30 de junio, Crespo recogió 612.450 euros.

Un pellizco de esas cantidades se habrían ingresado en cuentas personales de Correa y otra parte (60.000 euros) fue a parar a un firma gestionada por Jacobo Gordon, el administrador de patrimoniales del cabecillla Gürtel como Castaño Corporate, que cobró otros 230.000 euros dentro de un total de otros dos millones en extras por la visita del Papa, recibidos por subcontratas y comisionistas, según uno de los informes de la policía judicial.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2009/12/08/caja-b-gurtel-revela-compras-joyas-relacionadas-contratista-visita-papa/658801.html

La ex mujer de El Bigotes posa para Interviú y cuenta cómo éste le instó a prostituirse con un político de derechas

Esther del Prado, ex mujer del presunto cabecilla de la red Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez El Bigotes, protagoniza la portada de la revista Interviú esta semana. Del Prado, presentadora, bailarina y azafata, rompió su relación con el imputado después de que éste le ofreciera prostituirse con un influyente político de derechas. Al parecer, El Bigotes estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para satisfacer a sus amiguitos, del alma, como el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, o no. Antes que al semanario, la ex mujer del supuesto corrupto había confirmado estos extremos en el programa de Telecinco La Noria.


 

Tras su paso por La Noria, Del Prado ha concedido un posado y una entrevista a la revista Interviú, a la que ha contado cómo conoció a El Bigotes, un personaje que se cruzó en su vida “a finales de los ochenta” con quien mantuvo “diez meses de noviazgo y casi dos años de matrimonio”. “Yo era bailarina en el Café Berlín y él me ofreció trabajar en un espectáculo de Andrés Pajares, su tío político”, cuenta la artista. Entonces, el que llegaría a ser el cabecilla valenciano de la trama Gürtel no era más que “una especie de secretario”, convirtiéndose posteriormente en representante de artistas, incluida Del Prado.

Boda peculiar
La boda entre El Bigotes y la bailarina se celebró con inconvenientes –“diez días antes de casarnos, anulé la boda, pero Álvaro me rogó que no me echara atrás y acabé casándome”, admite ella-, pero con invitados de lujo como la musa del PP, Norma Duval, y su entonces marido, Marc Ostarcevic. También acudieron al enlace Andrés Pajares y Chonchi Alonso, tíos del novio. Del Prado resume su enlace como un evento con muchos “invitados de postín” y pocos amigos. “Había empresarios con los que él trabajaba, gente de la hostelería y del mundo de la farándula”, explica.





 

Prostitución con un político de derechas
La ruptura de la pareja se produjo en 1992, cuando el entonces marido invitó a su mujer prostituirse, poco después de posar en una revista. “Me ofrecieron un cheque en blanco para que yo pusiera la cifra”, cuenta. El compromiso era “pasar con esa persona un mes. No podía conocerlo hasta estar embarcados. Luego me quisieron convencer dándome su nombre, pero jamás diré quién es. Lo confieso, tengo miedo”. Preguntada por más detalles acerca del personaje y del intermediario de la transacción, un conocido periodista, Del Prado da más detalles sin precisar. El primero “era una persona influyente, un político”, “de derechas, “maduro pero no mayor, casado y padre de familia”, actualmente dedicado a los negocios. Del segundo, se limita a decir que era “un hombre de radio de toda la vida”.

Perfil de El Bigotes
“Me molestó que, cómo mínimo, Álvaro no se cabreara. Él no me coaccionó, pero pensó que yo podía caer en la tentación”, evidencia. Antes de llegar a este extremo, relata también los problemas de su ex esposo, a quien “le gustaba vivir por encima de sus posibilidades” con el dinero. Del Prado también traza un perfil de su ex marido. “Carece de estudios, pero su carisma le hace llegar adonde se proponga, tiene don de gentes y es muy listo. Cuando yo le conocí, no tenía bigote, y cuando se lo dejó me pareció espantoso, pero me dijo: ‘Algún día me conocerán por este bigote’”. En su opinión, al presunto cerebro valenciano de la red Gürtel, “más que el dinero le mueve el poder”. La última vez que Álvaro Pérez y su ex mujer coincidieron, “hace ocho años en un centro comercial”, este le contó que era el asesor de imagen de Aznar” y que la profesión de actriz “era de putas y de maricones”. Así las cosas, Del Prado dice que no se sorprendió al ver a El Bigotes en televisión como uno de los imputados en el gigantesco escándalo de corrupción.

www.elplural.com 08.12.09

Condenada Orange Market a indemnizar a un trabajador

La empresa del 'caso Gürtel', que está bajo control de dos administradores judiciales, no puede readmitir al afectado porque está "cerrada"

El Juzgado de lo Social número uno de Valencia ha condenado a la empresa Orange Market, implicada en el caso Gürtel, a pagar una indemnización de 13.854 euros a un trabajador que despidió de manera "improcedente", pero al que no puede readmitir porque la mercantil está "cerrada". La resolución judicial, dictada el pasado día 9 de noviembre y hecha pública hoy, responde a una demanda interpuesta por un trabajador contra la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, imputado en la trama corrupta como responsable en la Comunidad Valenciana de la red que lideraba Francisco Correa (en prisión).

La investigación del caso señala a Pérez como responsable del pago a través de la red de trajes a altos cargos del PP valenciano, entre ellos el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Además, la contabilidad de Orange Market sirvió supuestamente para financiar irregularmente al PP valenciano. La empresa se encargó de numerosos actos del partido y logró adjudicaciones millonarias de la Generalitat, entre ellas el stand de turismo de la Administración valenciana en Fitur. Orange Market y su responsable, Álvaro Pérez, también están implicados en el cobro de más de un millón de euros en comisiones ilegales por la sonorización de los actos de la visita del Papa a Valencia en 2006.

El despido del demandante, que se produjo en el 30 de junio de este año, se considera improcedente, pero "siendo imposible la readmisión por encontrarse la empresa cerrada", se la condena a pagar sendas cantidades en concepto de indemnización y de salarios de tramitación. Así el trabajador deberá recibir 4.687 euros como indemnización y 9.166 como salarios de tramitación, sin perjuicio de las prestaciones por desempleo que éste hubiera podido percibir. Esta resolución judicial no es firme, y por lo tanto cabe contra ella recurso.

El Juzgado de lo Social ha tenido que recurrir a la publicación en un boletín oficial de esta sentencia para notificársela a Orange Market, "que se encuentra en ignorado paradero". A mediados de noviembre, el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, que instruye parte del caso Gürtel, puso Orange Market bajo control de dos administradores judiciales que, además, se han hecho cargo de la intervención de pagos urgentes de la sociedad. De esta manera, Álvaro Pérez, imputado en la investigación de la trama corrupta, ha perdido la condición de presidente y consejero de Orange Market.

www.elpais.es 07.12.09

DEJA SU PUESTO EL SEGUNDO ALTO CARGO RELACIONADO CON LA VISITA DEL PAPA 

Enrique Pérez Boada se convirtió ayer en el segundo alto cargo de la Generalitat relacionado con la visita del Papa a Valencia en julio de 2006, cuya organización es objeto de una investigación judicial, que deja su puesto. Pérez Boada, que fue comisionado de la Generalitat para el quinto Encuentro Mundial de la Familia, explicó que antes de Navidad dejará la dirección del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), en la que lleva desde 2003. 

Aunque Pérez Boada atribuyó su marcha a una decisión profesional, se produce pocas semanas después de hacerse público que el juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, requirió a la Generalitat toda la información sobre la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia y sobre la organización del viaje papal, en el que la trama de corrupción liderada por Francisco Correa obtuvo ganancias.

Ya el pasado 28 de agosto, el director general de Ràdio Televisió Valenciana, Pedro García, dimitió sin más explicaciones. Posteriormente se ha sabido, gracias a un informe de la Brigada Policial contra el Blanqueo de Capitales, que la red corrupta cobró más de un millón de euros en comisiones ilegales de la sonorización y montaje de pantallas para la visita de Benedicto XVI contratadas por RTVV. 

La dimisión de Pedro García cobró una nueva luz cuando su sucesor al frente de RTVV, José López Jaraba, explicó en las Cortes, que el 11 de septiembre, como responsable en funciones de la empresa autonómica de radiotelevisión, envió al juez Pedreira el contrato que había solicitado con la constructora Teconsa por 6,4 millones de euros del que la trama de corrupción, según la policía, logró fraudulentamente más de un millón. 

Tras esa revelación, fue la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, quien explicó que la Generalitat había tenido que enviar al juez información sobre la organización de la visita del Papa y la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, formada por la Generalitat, el Ayuntamiento, la Diputación y el arzobispado de Valencia, una entidad que nunca ha explicado sus gastos ni el origen de su financiación. 

Pérez Boada, que ya era director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), tuvo, junto a otros miembros del Opus Dei y militantes del PP, un papel relevante en la organización de la visita como comisionado de la Generalitat, bajo la supervisión de Juan Cotino, ahora vicepresidente tercero del Consell. 

El director del IVF asume las tareas de supervisión de todas las entidades financieras que operan en la Comunidad Valenciana y dispone de información privilegiada sobre la situación real de los balances, entre otras, de las dos grandes cajas de ahorro valencianas. 

Su marcha coincide con la decisión del presidente de la Generalitat de impulsar personalmente una fusión entre Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM), la tercera y cuarta cajas de ahorro de España. 

El presidente de la Generalitat y su vicepresidente económico, Gerardo Camps, han sugerido que esa fusión debería acordarse antes del próximo verano para poder optar a las ayudas que ofrece el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) que gestiona el Banco de España. El FROB está diseñado para aliviar el peso de los activos más dudosos que acumulan bancos y cajas de ahorro. 

Pérez Boada, que aseguró desconocer quién le relevará en el cargo, deja a su sucesor una patata caliente en todo lo relativo a la tutela desde la Generalitat de un eventual proceso de fusión entre Bancaja y CAM. 

El todavía director del IVF, que fue padre de su segundo hijo hace unos días, insistió en atribuir su salida a razones familiares. "La política es efímera", sentenció. 

(www.elpais.com, 03/12/09

UNA DECENA DE JÓVENES INCREPA A CAMPS EN SU VISITA A PETRER 

Sobresalto para el presidente de la Generalitat en la localidad alicantina de Petrer. Lo que iba a ser una visita como tantas otras, se tornó inesperadamente ayer en una situación incómoda. Un grupo de alrededor de diez jóvenes que portaban un cartel en el que se podía leer "Antifascistas del País Valenciano" protagonizaron por la mañana una pitada dirigida al presidente del Consell, que en esos momentos inauguraba las dependencias municipales y la plaza del Derrocat de esta localidad del Vinalopó Mitjà. Y con gritos de "Camps dimisión", "cohecho" y "corrupto", el grupo optó por seguir a la comitiva oficial que presidía el jefe del Consell durante el recorrido que se realizó por las distintas dependencias municipales motivo de la visita. 

La de ayer es la segunda ocasión en la que el presidente Camps es increpado en la calle durante las últimas semanas. A mediados del pasado mes de noviembre, un joven llamó a Camps "ladrón", "corrupto" y "desgraciado" cuando el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) salía de un comité de dirección del partido en Valencia. En aquella ocasión, Camps se encaró al joven en la calle y le pidió aclaraciones mientras intentaba hablar con él sin éxito. "¿Por qué me dices eso?", o "no, no, ven y cuéntamelo", reclamaba Camps durante los metros que siguió al joven, mientras éste ignoraba la llamada y se alejaba de la zona. 

Ayer en Petrer, sin embargo, el presidente de la Generalitat optó por saludar con la mano al grupo que le increpaba en plena calle y a renglón seguido continuó la visita que le había llevado a la población como si nada hubiera ocurrido, según explicaron diversos testigos. 

El episodio fue un aviso para navegantes y el acto público que estaba previsto inicialmente en la plaza del Derrocat terminó por trasladarse al interior del Ayuntamiento de la localidad, donde finalmente el presidente Camps y el alcalde de Petrer, Pascual Díaz, realizaron sus intervenciones ante los presentes. Allí, el presidente de la Generalitat habló del Plan Confianza, al que no dudó en considerar "la mayor inversión de la historia para todos los municipios". 

(www.elpais.com, 01/12/09)

EL ALCALDE DE LA NUCIA COMPARTE UN BLOQUE CON VARIOS PROMOTORES 

Las excelentes relaciones comerciales que mantiene el alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, del PP, con los empresarios que tienen intereses urbanísticos en la localidad llegan hasta el extremo de compartir con ellos la propiedad de la práctica totalidad de un bloque de apartamentos frente al Club Náutico de Altea en el que incluso ha llegado a comprar una vivienda la madre del regidor. Ángela García Sáiz compró, casi al mismo tiempo que su hijo adquiría dos apartamentos, un piso con plaza de garaje en la finca donde también son propietarios de otras cinco viviendas Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme a través de diferentes sociedades.  

Ambos tienen cargos en las empresas que ostentan la condición de agente urbanizador de los planes urbanísticos de la Serreta y Pie de Monte, en La Nucia, además de haber sido agraciados con unas permutas de suelo que les permitieron doblar su valor en menos de un año, con un beneficio de más de 17 millones de euros. 

La promotora a la que Cano y su madre compraron casas en Altea es la sociedad Rotja 2000, Promociones SA, que tiene como administradores a Gerardo Martínez Riquelme y a José Ignacio de la Serna. Este último también tiene intereses en La Nucia y es el propietario de un chalé en el municipio conocido como "el Choco", donde diferentes empresarios y políticos de la comarca y algunos imputados en la trama Gürtel han acudido a celebraciones en las que no faltó el componente sexual. 

La madre de Cano ha invertido 303.502 euros en comprar al contado un piso de 72 metros cuadrados útiles, aunque, como en el caso de su hijo, la notaría que escrituró la vivienda anotó que 87.396 euros, pagados en tres plazos entre marzo de 2004 y diciembre de 2005, no habían sido acreditados, es decir, que no aportó los justificantes de un ingreso en efectivo y dos transferencias por ese importe ante la fedataria pública María Dolores Signes Verdera, que está obligada a advertirlo en la escritura pública. 

Bernabé Cano tampoco ha acreditado hasta ahora el pago de 215.302,78 euros por la compra de dos pisos en el mismo edificio, uno de ellos un ático dúplex de 247 metros con 116 útiles. El alcalde nuciero compró por 823.000 euros las dos viviendas, según figura en las escrituras, aunque diversas fuentes del sector inmobiliario han confirmado que sólo el precio del ático de su propiedad ya valía en el momento de comprarlo más de un millón de euros.  

Cano ha justificado el origen del dinero con una relación de cuentas bancarias de la familia y dos donaciones de su madre, pero no ha mostrado los justificantes de un ingreso en metálico y tres transferencias bancarias que les sirvieron para pagar un ático escriturado en casi 470.000 euros al contado. 

Otras cinco de las 12 viviendas del inmueble están escrituradas a nombre de las sociedades limitadas Zentimar, Gothouse, Spass Gestión y R&S Noción, vinculadas a Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme, ambos con intereses urbanísticos en La Nucia. Una de las empresas de estos dos empresarios -Saga Bonperal, SL- ya urbanizó en 2002 el sector La Favara, que era propiedad de la madre y el tío de Bernabé Cano. Allí se construyeron 400 viviendas, otros tantos garajes y decenas de locales comerciales. 

La relación de Rocamora y Riquelme con Cano ha continuado en el tiempo con fluidez. El 8 de junio de 2005 le compraron a Dragados a través de la sociedad Gestrumar 10 parcelas en los PAI de la Serreta y Pie de Monte con una superficie total de 362.866 metros. Dragados había permutado el mismo día al consistorio ese suelo a cambio de tres obras municipales. En menos de un año Gestrumar obtuvo unas plusvalías de 17.210.000 euros con la venta de 9 de las 10 parcelas, y aún se quedó la más grande, de más de 115.000 metros, en Pie de Monte. 

Esta operación les sirvió para tener el peso necesario en las empresas que obtuvieron la condición de agente urbanizador de ambos planes urbanísticos. Figuran con diferentes cargos en Cases del Pinar, SL, empresa liderada por Andrés Ballester para urbanizar la Serreta, de 2,7 millones de metros en los que se pretende construir 3.884 viviendas y un campo de golf, y Montemar la Nucia, SL, la concesionaria de la urbanización Pie de Monte. Allí está aprobada la construcción de casi 400.000 metros de techo en menos de un millón de metros de suelo. 

Las últimas informaciones referidas a las propiedades del alcalde de La Nucia ya indujeron al vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, a solicitar públicamente que Bernabé Cano diera explicaciones públicas, aunque no lo ha hecho. Cano fue elegido el 9 de noviembre presidente del PP de La Nucia.  

Allí estuvo la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, en representación del presidente provincial José Joaquín Ripoll. Cano no hizo esta vez en su discurso alusión alguna a Camps, con quien estuvo tan identificado en otros tiempos, y se deshizo en elogios hacia la dirección provincial alicantina, en un cambio de rumbo político evidente. El alcalde de La Nucia sigue siendo diputado provincial de Deportes. 

(www.elpais.com, 01/12/09)

JUAN COSTA: ´CAMPS DEBE ASUMIR LA RESPONSABILIDAD POR TODO SU EQUIPO EN EL CASO GÜRTEL´  

Diputado del PP y ex ministro. Pasó por Orihuela la semana pasada para lanzar sus propuestas económicas. El ex ministro, que estuvo acompañado de su hermano Ricardo, participó en un acto de la Diputación de Alicante junto a Joaquín Ripoll. Pero gran parte de los focos del Teatro Circo oriolano apuntaron al caso Gürtel

 ¿Hay alguna receta para salir de la crisis económica bajo el parámetro de la sostenibilidad, tal como usted plantea?

Sin duda. Tenemos que poner en marcha una nueva política económica. España, en momentos difíciles, es capaz de tener liderazgo. Y si hacemos las cosas bien saldremos de la crisis. Pero este Gobierno ni tiene política económica, ni proyecto y es incapaz de demostrarle a los españoles que puede echarse el país y la economía a la espalda y encontrar el camino correcto.

 Para crisis, los problemas de Camps y del PP en la Comunitat a raíz de la operación Gürtel...

Hay que reconocer que mi partido ha tenido y tiene un problema muy grave. Durante un periodo de tiempo ha trabajado con un grupo de empresas que forman parte de una trama corrupta y, en mi opinión, el PP tiene que dar una explicación. Algo se habrá hecho mal cuando durante seis años se ha trabajado con una trama de empresas que están vinculadas a un caso de corrupción. Hay que demostrar que se ha actuado correctamente en el ámbito de la Generalitat y garantizarle al conjunto de nuestros militantes y, sobre todo, a los valencianos que esto nunca más va a volver a producirse.

¿Coincide con Ripoll en que Ricardo Costa es un cabeza de turco?

No tengo ninguna duda de la honradez personal de Ricardo Costa. Es mi hermano pero también el secretario general del PP en la Comunitat. Creo que es una persona honrada y que lo ha demostrado. Y, en este sentido, pienso que no existía ninguna razón para suspenderle de militancia. Fue una decisión injustificada y que el PP tiene que demostrar que no ha actuado de manera arbitraria en el caso de Ricardo Costa.

¿Su partido aplica una doble vara de medir con el caso Gürtel?

Si lo que se le recrimina a Ricardo Costa es que se ha atribuyó funciones de secretario general cuando no lo era, eso es falso. Si alguien faltó a la verdad, alguien mintió o se produjo una declaración falsa, el partido debería investigarlo. Y me es igual de quién sea la responsabilidad.

No considera entonces que Camps haya resuelto la crisis en el PP.

Se resuelven cuando los ciudadanos confían. El PP tiene que aprovechar la crisis para salir fortalecido, trabajar más unido y superar cualquier tensión o conflicto pasado. Espero que mi partido tome nota y aprenda. Eso significa que nos dejemos de cuitas internas y nos centremos en trabajar todos unidos.

¿Camps ha gestionado mal la crisis originada por el caso Gürtel?

Aquí puedo tener una opinión personal afectada por ser Ricardo Costa mi hermano. Dicho eso, sí considero que la obligación del presidente del partido es asumir las responsabilidades por todos sus colaboradores. Y un presidente tiene que ser muy leal con los miembros de su equipo.

¿No lo ha sido Camps?

Tiene que ser leal con su equipo.

¿Tiene fecha de caducidad como líder del PP en la Comunidad?

Desearía que no. Creo que Camps ha hecho un buen trabajo y que puede ser un gran líder para los valencianos. Pero debe trabajar para recuperar cualquier confianza que se haya perdido o debilitado; y para reducir el impacto negativo que pueda haber tenido en el PP lo que hemos vivido en los últimos meses. Debe trabajar para superar esa situación. Hay que reconocer las cosas: al PP en la Comunidad esta crisis no le ha favorecido. Le ha hecho daño. Hay que reconocer siempre las cosas para construir un futuro mejor. En ese caso, espero que Camps pueda ganar muchas elecciones como presidente de la Generalitat.

Se queja Joaquín Ripoll de que no se tiene en cuenta al PP de Alicante ni desde la dirección regional ni desde el Consell. ¿Lo comparte?

Seguro que Joaquín Ripoll tendrá su parte de razón y, probablemente, también la dirección autonómica del PP y la Generalitat pueden tener, en ocasiones, la suya. Dicho eso, creo que Ripoll es un gran presidente de la Diputación y un muy buen presidente del PP. Me alegro muchísimo de que ganara el congreso provincial de hace un año. Lo que quiero es que el PP trabaje unido. Que no haya grupos ni familias. Y entiendo que esa es nuestra responsabilidad.

Usted trató de disputarle a Rajoy la presidencia del PP hace año y medio, ¿piensa que Camps puede acabar arrastrando a Mariano Rajoy?

Lo que pudo haber pasado hace un año y pico no es lo sustancial ahora. El PP es un buen partido. El PP es una gran alternativa. Nuestros éxitos nos fortalecen y nuestros fracasos y desaciertos nos debilitan. Y esto es una realidad en la política o en la empresa. Tenemos que salir fortalecidos de esta situación y Mariano Rajoy, en las últimas semanas, ha tomado decisiones que le van a permitir salir bien de la crisis. Pero, en todo caso, aquí lo importante no es lo que piense yo, sino demostrarle cada día a los españoles que somos la mejor alternativa, la alternativa en la que se puede confiar, la alternativa del cambio, la alternativa de futuro y eso sólo se consigue con el trabajo y el esfuerzo diario. 

(www.levante-emv.com, 30/11/09)

El PP confía en que se rechace la querella del 'caso Gürtel'

Llamazares (IU) avala la presentación de 13 medidas contra la corrupción

El debate sobre la corrupción está ya en la agenda de todos los partidos políticos, aunque cada uno arrima el ascua a su sardina. Ayer, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de pedir información al TSJ de Madrid, al PP y a las Cortes Valencianas para decidir si es o no competente para investigar la querella del PSPV por supuesta financiación irregular de los populares valencianos, cada partido hizo su propia lectura.

El delegado del Gobierno dice que los tribunales investigarán el caso

El secretario general del PPCV, Antonio Clemente, manifestó su confianza en que la querella presentada por el PSPV a raíz del caso Gürtel no sea admitida por el TSJ de la Comunidad Valenciana. La solicitud de información antes de pronunciarse sobre la competencia, según Clemente, "no supone nada que haga pensar que la querella va a ser admitida". Además, para el número dos de los populares valencianos el tribunal no ha atendido, de momento, varias de las pruebas solicitadas por los socialistas como información de la junta electoral, del Banco de España o de la Agencia Tributaria.

El secretario general del PP valenciano volvió a arremeter contra la decisión del PSPV de presentar la denuncia, que tildó de la "mayor equivocación política que ha cometido el PSOE desde que existe en la Comunidad Valenciana", y que incluyó como "una parte más de esa cacería que lleva contra el presidente Camps".

Menos beligerante estuvo la consejera portavoz, Paula Sánchez de León, que se limitó a señalar su "respeto absoluto a un procedimiento que está siguiendo su curso".

Por su parte, el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, se mostró convencido de que, "efectivamente", los tribunales van a investigar la trama de corrupción vinculada al caso Gürtel y lo harán "con todo rigor". "Bien los tribunales valencianos, bien los de Madrid, que en estos momentos pueden tener ya iniciadas actuaciones en relación con esta materia".

En este contexto, el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, calificó ayer de "contradictorio" que el PP proponga un pacto contra la corrupción por un lado y, por otro, "pida la impunidad de los corruptos".

Llamazares explicó ayer en Valencia las 30 medidas que planteará en el Congreso para luchar contra la corrupción que, en su opinión, "procede de un modelo económico, especulativo y de dinero negro, que afecta a una parte de la política y contamina al resto". Las medidas que defenderá Llamazares están relacionadas con la economía sumergida, la regeneración fiscal y la lucha contra la corrupción política. En ese contexto, la coordinadora general de Esquerra Unida, Marga Sanz, presentó ayer la proposición no de ley que defenderá en las Cortes Valencianas. Esta iniciativa insta al Consell a adoptar estas 13 medidas para "acabar con la corrupción y recuperar la credibilidad de los políticos y los mecanismos de participación".

Las 13 medidas se agrupan en cuatro bloques: funcionamiento de la Administración valenciana, medidas de control de contratación y de procedimientos urbanísticos, reformas legislativas y mejora de la transparencia.

Entre las propuestas más llamativas formuladas por Esquerra Unida figura la petición de reforma urgente de la Ley Urbanística Valenciana para dotarla de mecanismos de transparencia y limitación de las plusvalías; la creación de una comisión especial en las Cortes de seguimiento de los procedimientos de contratación; la creación de un registro público donde consten los ingresos y el patrimonio de los cargos públicos de la Generalitat y el incremento de medios de la Fiscalía.

Marga Sanz indicó que en el PP "no son capaces" de cumplir las propias propuestas lanzadas por Mariano Rajoy para combatir la corrupción.

www.elpais.es 28.11.09

El Tribunal Superior valenciano abre la vía para investigar la financiación irregular del PP

Pide información al TSJ de Madrid para decidir si acepta la querella socialista contra Camps.- La denuncia por financiación ilegal del PP se basa en un informe policial que investiga el juez Pedreira

La Sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) ha abierto una vía para investigar la financiación del PP, pese a que aún no ha decidido si es o no competente para investigar la querella presentada por los socialistas contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, los cabecillas de la trama Gürtel y varias empresas. La Sala ha dejado claro a través de una nota que los hechos relatados en la denuncia son objeto de una investigación penal. La incógnita es saber cuál es la instancia judicial competente.

Durante una reunión celebrada esta mañana, la sala de Lo Civil y Penal ha decidido solicitar información al Tribunal Superior de Madrid sobre sus investigaciones en relación con el caso Gürtel porque ese tribunal se hizo cargo hace casi dos meses del informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional que recoge indicios de la supuesta financiación irregular. Lo incorporó a la investigación sobre la trama Gürtel que abrió tras recibir la causa de la Audiencia Nacional.

El TSJCV pide también información a las Cortes valencianas sobre el aforamiento de las personas que aparecen en la querella de los socialistas, entre ellos: el presidente Francisco Camps, el vicepresidente del Consell Vicente Rambla, y el diputado y vicesecretario de Organización del PP valenciano, David Serra. Además, pide al Registro de Partidos que le ofrezca datos sobre el grado de autonomía o de dependencia orgánica y económica del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Y al propio PP que confirme las responsabilidades que en dicha organización tiene algunos de los querellados.

Los socialistas incluyeron en su querella a 17 personas: altos cargos del Gobierno autonómicos, del PP valenciano, varios implicados en la trama Gürtel y cinco empresas constructoras valencianas, una de ellas de la familia del también vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino. Por tanto, el tribunal, aún sin pronunciarse sobre su competencia, abre camino para investigar la financiación de los populares.

El informe policial de la brigada de blanqueo en el que se basa la querella revela, entre otras cuestiones, que la trama de corrupción liderada por Francisco Correa, actualmente en la cárcel, cobró más de un millón de euros de comisiones ilegales por actos de la visita del Papa a Valencia en 2006. También desvela que cinco empresas valencianas habrían financiado irregularmente al PP a través de una doble facturación de la empresa de la trama Orange Market.

El TSJ despreció ese informe cuando estaba en fase de deliberación sobre la causa abierta contra el presidente Francisco Camps por supuesto delito de cohecho impropio por aceptar trajes de la trama Gürtel. Ahora, y tras la querella de los socialistas, el tribunal que preside el magistrado Juan Luis de la Rúa pide información al TSJ de Madrid, al Ministerio del Interior, al PP valenciano, a las Cortes Valencianas y a la Junta Electoral Central. Según la nota del TSJ valenciano, el tribunal "quiere establecer, para el caso de que admita su competencia para estudiar la querella presentada, que los hechos a los que se refiere ésta no están siendo objeto de investigaciones judiciales simultáneas por órganos judiciales diferentes, pudiendo dar lugar a interferencias procedimentales, dada la interrelación existente entre los mismos y a la que expresamente se refiere el informe policial mencionado".

El informe policial que sustenta la querella dirigida contra 17 personas, entre ellas el propio Camps y el vicepresidente Vicente Rambla, fue remitido por la Brigada de Blanqueo de Capitales el pasado 31 de julio al TSJ valenciano, a la Fiscalía Anticorrupción y al TSJ de Madrid, donde se investiga la causa principal del caso Gürtel que inició el juez Baltasar Garzón desde la Audiencia Nacional.

www.elpais.es 26.11.09

EL PP EN EL ESPEJO DE LA CORRUPCIÓN 

La batalla de la transparencia suscita en el PP reacciones contradictorias. Ayer mismo, el consejo de dirección de los populares valencianos eludió cualquier acuse de recibo sobre la propuesta del líder nacional del partido, Mariano Rajoy, de implantar 50 medidas contra la corrupción. Se hizo eco, eso sí, de los ataques de Esteban González Pons contra la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega -el portavoz parlamentario y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, abundó en el argumento de que supuestamente "mintió a la opinión pública valenciana"-, pero no de la indicación del vicesecretario nacional de Comunicación del PP en el sentido de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y los diputados autonómicos habrán de hacer públicas sus declaraciones de bienes. 

Como es lógico, no pasó desapercibido el asunto a la oposición. Si el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, ya adelantó el sábado que asumía las medidas propuestas por Rajoy y le emplazaba a añadir otros aspectos relacionados con el control del urbanismo o la televisión autonómica (hoy intervendrá en la tertulia matutina Bon dia Comunitat Valenciana, de Canal 9, el portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna, ignorado durante mucho tiempo), ayer mismo movió ficha el grupo parlamentario. 

La diputada Carmen Ninet presentó una propuesta de resolución para que se hagan públicas las declaraciones de bienes y actividades de todos los diputados, del presidente de la Generalitat, de los miembros del Consell y de otros altos cargos. "Lo hemos planteado dos veces, en dos legislaturas y han dicho que no", explicó Ninet. "La última vez que lo rechazaron era portavoz parlamentario el señor González Pons".  

Tras recordar que los diputados socialistas hicieron públicas sus declaraciones a través de la página web del PSPV y que posteriormente hizo lo mismo Jorge Alarte, Ninet aseguró que su grupo tiene la intención de plantear todo tipo de iniciativas en las Cortes Valencianas relacionadas con las medidas propuestas por Rajoy. "Aquí fue diputado Carlos Fabra", señaló Ninet, "y no hemos visto nunca su declaración de bienes". Precisamente en alusión a Fabra, la diputada de Esquerra Unida Marina Albiol destacó lo contradictorio que resulta que el PP hable de "dignificar la vida pública" mientras un imputado en tráfico de influencias y fraude fiscal como Fabra mantiene su cargo público. 

Los socialistas, explicó Carmen Ninet, van a hacer de la exigencia de transparencia el eje de su política, ante los escándalos de corrupción que afectan al PP y al Consell, con el presidente Francisco Camps en primer término. "Vamos a presentar iniciativas sucesivas sobre las 50 medidas de Rajoy", anunció la diputada. 

Tras hacerse pública la propuesta del PSPV, el secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, emitió un comunicado en el que criticó a los diputados socialistas porque sus declaraciones de bienes, "sorprendentemente, han desaparecido de su página web" y los acusó de "haberse opuesto a que se investiguen públicamente las cuentas de los partidos políticos", en alusión a la negativa del PSPV a convertir su propuesta de investigar las contrataciones de la trama de corrupción de Francisco Correa y Álvaro Pérez con la Generalitat en una comisión sobre la financiación de todas las formaciones políticas. 

Según Clemente, "Camps hizo pública su declaración de bienes el pasado mes de abril, mientras la vicepresidenta De la Vega publicó en el Boletín Oficial del Estado unos datos ininteligibles". La "declaración de bienes" de Camps mencionada por el secretario general de su partido fue una breve nota de prensa que nadie consideró un documento formal. 

UNA PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Los socialistas presentaron ayer en las Cortes una proposición no de ley que, prácticamente con toda probabilidad, no se debatirá hasta el próximo periodo de sesiones, a partir de febrero. La iniciativa incluye dos puntos. 

- Hacer públicas las declaraciones de bienes y actividades de todas las diputadas y diputados, tanto en el Boletín Oficial de las Cortes como en la página web del Parlamento autonómico. 

-Instar al Consell de la Generalitat a "hacer públicas las declaraciones de bienes y de actividades de todos y cada uno de los cargos de la administración autonómica valenciana, así como las de los altos directivos de las empresas públicas y de los organismos públicos dependientes

(www.elpais.com, 24/11/09)

PROMOTORES LIGADOS AL ALCALDE INVIRTIERON EN LA NUCIA 19 MILLONES PARA UN PELOTAZO CON CORREA  

 "Tengo un tema gordo en Valencia, con un PAI prácticamente cerrado, el tío pide 1.000 kilos más. Compramos a 10.000 y vendemos a 20.000. Ganamos 12.000 kilos. Un empresario pone el 50% y yo otro 50%. De mi 50% yo reparto con Ramón Blanco, con Álvaro [Pérez, "El Bigotes"], con Pablo [Crespo] y con el alcalde [Bernabé Cano]. Hay un tema medioambiental que lo desbloqueo yo". Al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, le cuadraban las cuentas de la lechera expresadas en esta grabación del sumario Gürtel.  

De la mano del empresario José Luis Ulibarri -cuya empresa Mediamed se llevó 13 licencias de TDT del Consell- estaba a punto de comprar el PAI Pie de Monte y hacer un negocio de 72 millones de euros. Pero las negociaciones, a base de presionar a los propietarios, descarrilaron a última hora. En ese primer envite, uno de los negociadores, en representación de Correa, era Jacobo Gordon, amigo del yerno de Aznar, Alejandro Agag. Pero hubo un segundo intento, que sí fraguó. El que protagonizaron, a través de la sociedad Inerzia Sociedad de Gestión, S. L., Gerardo Martínez Riquelme y Antonio Rocamora, personas estrechamente vinculadas al alcalde de la Nucia, Bernabé Cano. Según documentación a la que ha tenido acceso este diario, Inerzia invirtió 19 millones de euros en la adquisición del 66% de Montemar la Nucia, la urbanizadora del PAI Pie de Monte, uno de los dos grandes proyectos urbanísticos del municipio de la Marina Baixa, junto con La Serreta.  

En su declaración judicial, Gordon explicó que lo único que Inerzia firmó fue una opción de compra con los propietarios, entre ellos el promotor Francisco Murcia Puchades, quien tras estallar el escándalo Gürtel declaró que Correa lo había presionado para que vendiera con la amenaza de que si no lo hacía el PAI -bloqueado por insuficiencia hídrica- no saldría adelante. "Lo mandé a la mierda", declaró Murcia Puchades.

Los empresarios dieron la cara, pero del intento de hacer negocio no había dimitido Correa. Los dos promotores iban de la mano de Correa y de Álvaro Pérez, el Bigotes, residente vacacional en la Nucia y también íntimo amigo del alcalde, Bernabé Cano. Fuentes conocedoras de la operación explicaron que Inerzia pretendía ceder un tercio del PAI a la firma Hator Consulting cuando el proyecto (aprobado en septiembre de 2004 por el consistorio) fuera desbloqueado, cosa que no ha sucedido. La consultora Hator es una de las sociedades más activas de la trama Gürtel en cuestión de negocios del sector del hormigón. El administrador único es Pablo Crespo -número dos de la organización-, quien sucedió en el cargo a Ramón Blanco Balín.

Los dos gestionaban también Castaño Corporate, la firma que, como contó Levante-EMV, blanqueó 756.240 euros en una parcela de 12.000 metros en el PAI del Algar tras cobrar comisiones vinculadas al contrato de Canal 9 y Teconsa por la visita del Papa.  

Martínez Riquelme y Rocamora son algo más que amigos de Cano. A través de Saga Bonperal, S. L., estos dos promotores urbanizaron diez parcelas a nombre de la madre -Ángeles García Sáiz- y tío -Gabriel García Sáiz- del alcalde Cano. La familia era la propietaria de los terrenos del sector la Favara y el ayuntamiento les otorgó, el 7 de octubre de 2002, la condición de agente urbanizador. Dos meses después, Saga Bonperal asumió el desarrollo del proyecto tras pagar más de 3 millones de euros por 10.551 metros y, posteriormente, adquirió otras siete parcelas de parecido tamaño. En la propiedad de Inerzia participaba también la firma Gestrumar 2001 SL, también de Martínez Riquelme y Rocamora.

La inversión en Pie de Monte se ha tragado las ganancias que dieron estos empresarios, vía Gestrumar 2001, en una permuta de suelo que propició Bernabé Cano en 2005. El ayuntamiento adjudicó a Dragados, por concurso, nueve parcelas municipales en el PAI la Serreta por un importe de 16,7 millones a cambio de la construcción de la Casa de Cultura, el auditorio e infraestructuras complementarias. El 8 de junio, Dragados escrituró los terrenos. Y ese mismo día en la misma notaría, Dragados vendió a Gestrumar 2001 las parcelas sin incrementar un céntimo el precio. Meses después, la sociedad de los amigos del alcalde revendió a Iberdrola y Capital Golf, S. L., nueve de estos bienes inmuebles por más de 34 millones. El pelotazo superó los 17 millones.  

Gestrumar se quedó la parcela más grande, tasada en 4,3 millones, y esta es una de las razones por las que Martínez Riquelme y Rocamora son también urbanizadores del PAI de la Serreta, un proyecto de 2,8 millones de metros y 3.884 casas con campo de golf, de cuya sociedad gestora -Cases del Pinar- son consejero delegado y vicepresidente, respectivamente. 

(www.levante-emv.com, 24/11/09) 

DÚPLEX A TOCATEJA Y ´UN POLLO DE PUTA MADRE CON TÍAS´

Los vínculos de Bernabé Cano con Gerardo Martínez Riquelme son estrechos. Cano adquirió en 2003 y 2005 sendas viviendas, en primera línea de mar en Altea, a la sociedad Rotja 2000 Promociones, S. L., uno de cuyos administradores es ese promotor. Según los diarios madrileños El País y El Mundo, Cano pagó al contado 470.000 euros que costó el ático dúplex de 247 metros construidos a la escritura. Después abonó 106.000 euros por transferencia por el piso, de 312.000 euros. Según El Mundo, Cano sólo tiene una hipoteca de 180.000 euros por los dos inmuebles.  

Este constructor es uno de los que montaron el "txoco" o club gastronómico en el que se celebraron fiestas sexuales durante las negociaciones de los PAI en las que participaron Correa, el alcalde y Jacobo Gordon, entre otros. En la transcripción policial de las cintas, Correa explica que se ha hecho "íntimo amigo del alcalde", que tiene un "choco montado allí de la hostia (...) que se lo han montado unos amigos constructores de la zona, que son muy sanos y campechanos". Correa cuenta que "cerraron un restaurante y luego montaron un pollo de puta madre con tías". Después describe una fiesta en el "choco". Entre otros invitaron a "Pedrito, de Canal Nou" [sic]. "Estaba Jacobo, que está negociando técnicamente el tema urbanístico", comenta Correa, que cuenta detalles: "Todos estaban allí en pelotas, cada uno con una tía".

Por otra parte, el instructor del caso Gürtel en el TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, impuso ayer una fianza de 750.000 euros al diputado de Madrid Alfonso Bosch y de 650.000 euros a Felisa Jordán, ex administradora de Easy Concept, la sociedad que montaba el pabellón valenciano en Fitur. Jordán elaboraba las ofertas que presentaba Orange Market en el concurso de Fitur, que se llevó durante cinco ediciones consecutivas. El juez quiere asegurar las responsabilidades económicas de ambos imputados. 

(www.levante-emv.com, 24/11/09)

DE LA RÚA ENCARA OTRA VEZ EL 'CASO GÜRTEL' ESTA SEMANA 

La piedra que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) empujó laboriosamente en verano para librar del banquillo a Francisco Camps por el caso Gürtel ha vuelto a caer monte abajo. Juan Luis de la Rúa, jefe interino del tribunal en espera de relevo y el juez a quien el presidente de la Generalitat definió como "más que amigo", ha topado de nuevo con el caso.  

De la Rúa tendrá que sentarse esta semana con otros cuatro magistrados para decidir si admite o no la querella planteada por el PSOE contra Camps y otros 16 posibles implicados en la presunta financiación irregular del PP. Entre ellos figuran cuatro diputados: Ricardo Costa, ex número dos del PP valenciano; Vicente Rambla, vicepresidente primero de la Generalitat; David Serra, vicesecretario de Organización regional del partido; y la tesorera, Yolanda García. Fuentes del tribunal valenciano confirmaron el viernes que las deliberaciones comenzarán el martes o el jueves, los días en que la sala celebra sus reuniones semanales. Los socialistas confían en una decisión rápida, pero nadie puede asegurar con certeza cuánto tardarán los magistrados valencianos en determinar, primero, si son competentes para investigar los hechos denunciados y, después, si esos hechos presentan visos de delito. Si el tribunal lo cree oportuno, adoptará ambas decisiones en la misma sesión. 

A diferencia de lo ocurrido con el caso de los trajes, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV no se enfrenta ahora a la tarea de dilucidar si, al aceptar regalos de la trama corrupta, el presidente de la Generalitat y líder del PP valenciano cometió un delito de cohecho impropio, la modalidad más leve de soborno.  

Encara algo mucho más grave: la querella del PSOE clava sus cimientos en el demoledor informe donde la Brigada de Blanqueo de la Policía destapó numerosos indicios de que el PP valenciano se había financiado ilegalmente gracias a una relación simbiótica con la trama corrupta y su principal marca valenciana, Orange Market, organizadora de los actos del PP y que recibió más de siete millones de euros en contratos de la Comunidad, entre ellos los relativos a la organización de los stands para ferias de turismo. Al frente de Orange Market, el hombre de confianza de Francisco Correa en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes.  

La Policía describe cómo funcionaba el reparto de papeles en el PP. Se confeccionaban, dice el informe, "facturas ad hoc con conceptos acordados al efecto entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez. David Serra participa eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de abono, y Yolanda García, librando los fondos a indicaciones de Ricardo Costa con conocimiento de la emisión de una factura por conceptos ficticios". 

Tanto de Costa como de Serra y García, el informe aporta numerosos indicios que adquieren casi el rango de pruebas. En lo que concierne a Camps y Rambla, parece menos clara su participación directa: el informe no incluye ninguna conversación en la que participe alguno de los dos, aunque sí referencias indirectas a que conocían lo que estaba sucediendo. Incluso hay alusiones directas de Álvaro Pérez a la posibilidad de enviarle mensajes a Camps a través de su mujer, Isabel Bas, dependiendo de "la cara que pusiera Vicente [Rambla]" en una de las reuniones que El Bigotes decía mantener con él para pedirle contratos y dinero. 

El Bigotes pactaba con la tesorera del partido qué concepto había que anotar en una factura, discutía amigablemente con Costa, Ric, sobre cómo desbloquear la deuda del PP con Orange Market y pedía con absoluta normalidad a Rambla que favoreciera a la empresa con contratos. 

Pérez también escuchaba a David Serra contarle cómo el "presi", Camps, estaba al tanto "de todo". El 2 de febrero de este año, cuatro días antes de que Baltasar Garzón cortara los primeros hilos de la red corrupta, El Bigotes adoptaba precauciones telefónicas.  

No las suficientes como para evitar que la Policía descifrara la conversación que a las cinco de la tarde de ese día mantuvo con Pablo Crespo, secretario de Organización del PP gallego entre 1995 y 1999 y número dos de la Gürtel. "Álvaro comenta se lee en la transcripción policial que le ha dicho Ricardo que le iba a pagar todo lo que se ha hecho en Alicante, que en Barcelona no le podía pagar nada". Alicante, dinero A, declarable a Hacienda; Barcelona, dinero B, negro.  

El código empleado por la trama sale a flote en el informe, que dibuja un escenario de colaboración amplísima de la trama con el PP valenciano. Un ejemplo: en la contabilidad B hay una anotación que dice "PP B (incluidos alcaldes)". 

En la financiación del PP valenciano también tuvieron un papel destacado las contribuciones, camufladas mediante facturas falsas, de empresarios que luego y siempre según los investigadores se vieron recompensados con millonarias adjudicaciones. El informe consigna un dato que ya mencionaba Garzón en uno de sus autos: que la factoría Correa entregó al PP valenciano 420.000 euros en 2002.  

"Existe dice el informe una financiación de actos del PP por parte de empresarios [que] tienen contratos vigentes, prestan servicios y realizan obras para las administraciones obtenidos como contraprestación a los favores realizados para la formación política". Los agentes de la Brigada de Blanqueo cifran en 837,7 millones de euros la cuantía total de las adjudicaciones obtenidas en la Comunidad Valenciana por los cinco empresarios que hicieron "aportaciones" al PP: Enrique Ortiz, Enrique Gimeno, Vicente Cotino, Antonio Pons y Luis Batalla.  

Las empresas del grupo Sedesa, propiedad de familiares del consejero de Urbanismo de la Generalitat, Juan Cotino, lograron 539 millones en contratos y, según la Policía, pagaron supuestas facturas "encubiertas" por 130.000 euros. Las de Enrique Ortiz, un relevante promotor inmobiliario que prosperó de la mano del ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, obtuvieron adjudicaciones por 205,2 millones y, como mínimo, abonaron facturas por 115.884 euros. 

El informe policial, el mismo que señala como implicados a los integrantes del núcleo duro del PP valenciano, llegó a manos de De la Rúa el 31 de julio, tres días antes de que su tribunal diera carpetazo a la acusación de cohecho impropio y exculpara tanto a Camps como a sus tres correligionarios entonces imputados: Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.  

El tribunal valenciano, el único con potestad para investigar y juzgar a los aforados (los diputados autonómicos), desdeñó las revelaciones policiales. Lo hizo con el doble argumento de que nadie había pedido a la Policía que elaborase ningún informe y de que, en todo caso, ya obraba una copia en poder del Tribunal Superior de Madrid, que investiga el grueso del caso. 

La situación de Camps ha empeorado ostensiblemente desde julio. El dossier policial ha resquebrajado su imagen de impecable presidente a quien un juez dudaría en arruinarle la carrera por un par de chaquetas. El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, que ni es el único ni el último, traza un retrato poliédrico de la relación amistoso-empresarial que mantenían la cúpula del PP valenciano y los dos principales lugartenientes de Correa en Valencia, El Bigotes y Crespo. 

Hace diez días, el mismo hombre que a las preguntas relativas al caso Gürtel solía responder con una parrafada sobre su felicidad como militante del PP perdió los nervios en un debate parlamentario. "A usted le encantaría coger una camioneta, venirse a mi casa de madrugada y que a la mañana siguiente yo apareciese boca abajo en una cuneta", espetó Camps al portavoz socialista, Ángel Luna. La deliberada evocación de los terroríficos paseos de la Guerra Civil ni siquiera fue subliminal.  

Para cuando Camps se remontó a 1936, del informe policial ya se conocían algunos extractos clave. Charlas comprometedoras, e-mails que muestran que la red endosó a boyantes empresarios locales facturas que en realidad se correspondían con actos del PP y un detallado análisis de la contabilidad secreta de la red de Correa: todo eso consta en sus 99 páginas y en sus cinco anexos, cuyo contenido y alcance intenta desacreditar ahora el PP con su ataque al sistema de vigilancia Sitel, comprado por Mariano Rajoy en 2001, cuando era ministro del Interior.  

Como ponente es decir, como responsable de proponer qué se hace con la querella y de dirigir la eventual instrucción que la admisión de la querella entrañaría, el tribunal ha designado a José Francisco Ceres. Magistrado de talante conservador, Ceres fue uno de los jueces que avaló el cerrojazo al caso de los trajes. Alineado con De la Rúa, Ceres también validó la resolución de la sala por la que acordaba no ya prescindir del informe policial sino excluirlo de la documentación obrante en el sumario de los trajes, sobre cuya reapertura deberá pronunciarse el Supremo a instancias de la Fiscalía y el PSOE. 

Si el tribunal evita nuevas fintas y admite la querella de los socialistas, será Ceres quien interrogue a Ricardo Costa. Defenestrado a trancas y barrancas por orden de Rajoy, es Costa el que peor parado sale en el informe de la Brigada de Blanqueo. De hecho, su caída en desgracia y su posterior suspensión como militante del PP fueron causa directa del contenido del dossier policial.  

Tomadas por separado, las charlas telefónicas intervenidas por la Policía a El Bigotes, a quien Camps llamaba "amiguito del alma", resultan bastante esclarecedoras de hasta qué punto la trama había establecido una alianza estratégica con el PP valenciano.  

Cruzadas con los datos de la contabilidad secreta de la red y con el intercambio de mails entre empleados de Orange Market y de la asesoría del imputado Ramón Blanco Balín, considerado el blanqueador de la trama, las conversaciones pierden ambigüedad y ganan relevancia. Y ya no se habla de trajes, sino de dinero.  

(www.publico.es, 23/11/09) 

CUATRO ESCENARIOS PARA CINCO MAGISTRADOS 

Cuestión de competencia

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana es el único con jurisdicción para encausar a aforados autonómicos. En principio, y al haber aforados en la querella, el tribunal valenciano debe declararse competente.  

La sombra de Madrid

Pero la sala que preside De la Rúa puede alegar, como ya hizo cuando desechó el informe policial, que los delitos que denuncia la querella del PSOE ya se están investigando en Madrid. De hecho, el tribunal valenciano se negó a encausar en el procedimiento de los trajes a los cabecillas de la trama corrupta. El argumento, refutado por la Fiscalía y el PSOE sin éxito práctico hasta la fecha, fue que todos ellos estaban ya imputados en la causa de Madrid. 

El peso de los indicios

Otra de las hipótesis es que el tribunal acepte la querella, pero sólo en lo relativo a algunos posibles implicados y no a otros. El informe aporta pruebas más contundentes en lo que se refiere, por ejemplo, a Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García que en lo que concierne a Camps o a Vicente Rambla. Pero, aun en el supuesto de que Camps quedara inicialmente fuera, una investigación que afectase a la cúpula del PP valenciano tendría consecuencias dramáticas para el presidente de la Generalitat.

No pasa nada

Quienes conocen el caso creen que la hipótesis menos verosímil –pero no descartable– sería la de que el tribunal alegase que el informe policial no ofrece suficientes indicios racionales para investigar si hubo delito.  

(www.publico.es, 23/11/09) 

UNA SALA DE MAYORÍA CONSERVADORA  

Juan Luis de la Rúa. El amigo interino

Presidente del tribunal desde 1999, el nombre de Juan Luis de la Rúa está ya indisolublemente ligado al de Camps, quien lo definió como “más que amigo”. Está en situación de interinidad. Se ha presentado a la reelección, pero sus posibilidades son remotas. En el Poder Judicial (CGPJ) ya nadie le defiende. 

José Flors. Primer intento

Flors también se adscribe al ala conservadora de la magistratura, pero su instrucción del ‘caso de los trajes’ le granjeó un amplio respeto. Quiso sentar a Camps en el banquillo por cohecho impropio.  

J. Francisco Ceres. El ponente

Ceres suscribió todas las decisiones impulsadas por De la Rúa en el ‘caso de los trajes’. Si se admite la querella del PSOE, será previsiblemente el instructor. 

Juan Montero. Voto particular

Fue el único miembro de la sala que se opuso al cerrojazo del caso de los trajes. En febrero, Montero exoneró de corrupción y sin practicar diligencias al ex alcalde de Alicante. 

Juan Climent. La incógnita

En teoría, es el único magistrado progresista de la sala. Con el ‘caso de los trajes’, estaba de vacaciones. Se le considera cercano a Rafael Blasco, consejero de Camps y ex militante del PSOE, partido que le expulsó por presunta corrupción.   

(www.publico.es, 23/11/09) 

PONS CONTRADICE AL CONSELL Y DICE QUE NO RECURRIRÁ GÜRTEL POR SITEL 

El vicesecretario de Comunicación del PP nacional, Esteban González Pons, enmendó ayer la plana al Consell de Francisco Camps. Si la portavoz Paula Sánchez de León advertía el pasado viernes que pedirán la nulidad del caso Gürtel si se demuestra que las grabaciones del presidente Camps con el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, se realizaron de manera ilegal con el sistema Sitel, ayer el portavoz nacional del PP aseguró que la única pretensión de su partido con respecto a Sitel es que se regule por ley orgánica. "Puedo asegurarles que el PP no tiene ninguna intención de recurrir el caso Gürtel por Sitel", dijo rotundo González Pons. 

El dirigente popular insistió en que su partido quiere que se depuren todas las responsabilidades: "Si el caso Gürtel tiene al final que hacernos algún daño, también tiene que servirnos para limpiarnos, por eso somos los primeros interesados en que ni por Sitel ni por sital, el caso Gürtel acabe siendo anulado", agregó. González Pons fue el primero en su partido en tachar de "ilegal e inconstitucional" el llamado Sistema de Interceptación de Comunicaciones (Sitel), contratado en 2001 por Mariano Rajoy cuando era ministro del Interior. 

El vicesecretario de Comunicación del PP anunció además que la Audiencia de Madrid ha confirmado la desestimación de la demanda presentada en 2008 por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, contra él por vulnerar el derecho al honor.La vicepresidenta demandó en enero de 2008 a Esteban González Pons, entonces portavoz del PP en las Cortes Valencianas y cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Valencia, por un supuesto atentado contra su honor y dignidad.  

El origen de la demanda fueron unas declaraciones efectuadas por González Pons, en las que acusó a De la Vega de empadronarse de forma fraudulenta en Beneixida, localidad de la que procede su familia. Además insinuó que se había beneficiado de un pelotazo urbanístico tras la reclasificación de unos terrenos que la familia de De la Vega tiene en el municipio. La vicepresidenta perdió la demanda en primera instancia y apeló la desestimación del caso. La Audiencia Provincial de Madrid tumbó hace unos días el recurso y confirmó el primer fallo. "Le he ganado el juicio y la apelación y por ello el tribunal le obliga a pagar las costas", subrayó el dirigente popular. "David ha vencido a Goliat", ironizó el dirigente popular que pidió a la vicepresidenta que pida disculpas y presente su dimisión. 

El tribunal reconoce que alguna de las expresiones de González Pons "carecían de rigor y de la precisión que hubiese sido deseable, pero ello no deja de ser usual en las contiendas políticas". Fuentes próximas a la vicepresidenta anunciaron ayer que el proceso judicial sigue adelante y se recurrirá el caso ante el Tribunal Supremo. 

El vicesecretario de Comunicación, que compareció en la sede del PP junto al secretario general valenciano, Antonio Clemente, aseguró, por otro lado, que una vez se consensúen las 50 medidas propuestas por Rajoy para la regeneración política, todos los diputados de España deberán hacer pública su declaración de bienes y patrimonio, también el presidente Francisco Camps y el resto de parlamentarios autonómicos. Camps ofreció hace unos meses un resumen de sus bienes pero no hizo público el documento oficial como si lo publicaron los diputados socialistas con su secretario general a la cabeza, Jorge Alarte. 

Antonio Clemente, secretario del PP valenciano, ironizó acerca de la elección esta semana de la socialista Leire Pajín como senadora territorial por las Cortes Valencianas. "Los socialistas verán cumplida su máxima preocupación", dijo. El dirigente acusó a Alarte y al portavoz parlamentario Ángel Luna de judicializar la vida política valenciana. 

(www.elpais.com, 23/11/09)

El PP, la trama, el arzobispo y la fundación

Quién era quién en la organización de la visita papal que investiga el juez

Con una concepción confesional de las relaciones de la Iglesia y las instituciones civiles, se constituyó el 21 de enero de 2005 en el Palau de la Generalitat la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, encargada de organizar la visita del Papa a Valencia, en julio de 2006. Esa fundación, que otorgó a Canal 9 la exclusividad de la imágenes del evento que después aprovechó la trama corrupta de Francisco Correa y Álvaro Pérez para obtener más de un millón de euros en comisiones ilegales, está siendo investigada por el jeuz Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, instructor del caso Gürtel.

La fundación, eclesiástica y a la vez civil, presidida por el tándem que formaban el jefe del Consell, Francisco Camps, y el arzobispo Agustín García Gascó, fue opaca en su funcionamiento e incorporó a una serie de figuras políticas y eclesiásticas del catolicismo más conservador.La Fundación V Encuentro Mundial de la Familia fue creada por la Generalitat, el Arzobispado, la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia. Era vicepresidenta la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, miembro fundador el presidente de la Diputación, Fernando Giner, presidente ejecutivo el obispo Esteban Escudero y secretario, el entonces vicepresidente del Consell Víctor Campos, implicado también en el caso Gürtel.

En esa primera reunión fueron designados dos comisionados para la coordinación del encuentro y la visita papal, ambos miembros del Opus Dei, Enrique Pérez Boada, también militante del PP y director del Institut Valencià de Finances (el banco de la Generalitat) y Antonio Corbí, secretario del arzobispo de Valencia. Tras la sesión fundacional Camps ya destacó la gran oportunidad para la "proyección puramente interior de nuestras propias familias". Barberá dijo: "Supone una gran confianza en las instituciones valencianas", Y el arzobispo García Gasco agradeció la "unión de todas las instituciones". Desde el inicio, se consagraba un maridaje entre Iglesia y poder civil con una abrumadora mayoría de destacados militantes del PP. Por si fuera poco, se reforzó la línea dura incorporando a Juan A. Reig, entonces obispo de Cartagena.

Dependientes de la fundación se crearon oficinas y áreas de trabajo, a cuyo organigrama, que se mantuvo en secreto, ha tenido acceso EL PAÍS. Esas áreas fueron ocupadas por destacados miembros del Opus Dei y militantes del PP, como Javier Arnal en comunicación, delegado en Castellón de Ràdio Televisió Valenciana, cuyo director general, Pedro García es otro de los implicados en la trama Gürtel; Manuel Lacomba, en acreditaciones; Francisco Borrás, en alojamiento, o el concejal Miguel Domínguez como responsable de seguridad. De infraestructuras se encargó José Selva; de congresos, el obispo auxiliar Enrique Benavent; de promoción pastoral, monseñor Salvador Giménez; de voluntariado, Luís Cervera; de arquitectura, Juan Pablo Mas; de logística, Antonio Puig, y de liturgia, el canónigo Jaime Sancho. Todos ellos fueron coordinados por el verdadero hombre fuerte del evento, el vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino. Llama la atención que se responsabilizase al concejal Domínguez de la seguridad y la policía y a Enrique Guillén del Ejército, invadiendo las competencias del Gobierno de España. Como secretaria general se designó a Henar Molinero, relacionada a la vez con la Curia y la Presidencia de la Generalitat, donde desempeña una subsecretaría. En la misma secretaría se integró Enrique Gómez. Por el contrario, se evitó cuidadosamente incorporar a ningún representante del Gobierno español, como el director general de la policía o el delegado del Gobierno, a fin de coordinar mejor los múltiples y delicados aspectos del viaje papal. Para el arzobispo García Gasco el Gobierno español había que excluirlo porque "ridiculiza, insulta e infunde miedo" a los católicos. Para acentuar el maridaje del PP y la Iglesia de Valencia, las sesiones y las ruedas de prensa se celebraron en el Palau de la Generalitat.

Contrasta esta forma de actuar con la del arzobispo Miguel Roca con motivo de la visita a Valencia del Papa Juan Pablo II el 8 de noviembre de 1982. Constituyó una Comisión Diocesana cuyo objetivo era la organización técnica y la "conveniente preparación espiritual, catequética y sacramental", a fin de que la visita papal "fuera fecunda en frutos espirituales", presidida por el vicario general Vicente Ferrando, e integrada por diez vocales, dos vicarios episcopales, el secretario de la curia, el rector del Seminario, un religioso de la FERE y cuatro seglares "católicos valencianos, nada significados políticamente, pero eficaces", un médico, un militar y dos economistas; de ellos dependía una simple oficina de prensa encargada a profesionales del periodismo. La discreción presidió los actos y el arzobispo Roca buscó en medios católicos la financiación de los gastos, de alrededor de 10 millones de pesetas, unos 60.000 euros.

www.elpais.es 22.11.09

El juez investiga a la Iglesia y a Camps tras el pelotazo de la visita del Papa

La trama Gürtel logró un millón en comisiones ilegales, según la policía

El magistrado Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, investiga la posible relación de la trama corrupta con la fundación auspiciada por la Iglesia y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que gestionó la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006.

La Generalitat pedirá la nulidad del caso si se grabó ilegalmente con Sitel

La consejera portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, reconoció ayer que "el juez ha requerido la documentación sobre la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia". Esta entidad está integrada por la Generalitat, la Diputación, el Ayuntamiento -administrados por el PP- y el Arzobispado de Valencia a partes iguales.

La fundación, en la que actuaba entonces de secretario el vicepresidente del Consell Víctor Campos -que figuró en la misma causa que Camps, Ricardo Costa y Rafael Betoret por recibir trajes de la trama que dirigía Francisco Correa-, se gastó en 2006 un total de 12,2 millones de euros sin que se sepa cómo, con quién y para qué. El Gobierno valenciano se ha negado sistemáticamente a dar explicaciones sobre el gasto realizado en la fundación que organizó el viaje del Papa a Valencia.

El juez Pedreira también investiga el contrato que Canal 9 realizó con la firma Teconsa para montar el equipo de sonido y las pantallas en Valencia durante la visita del Pontífice. Un contrato mediante el que la trama corrupta que dirigía Francisco Correa obtuvo más de un millón de euros en comisiones ilegales, según un informe de la Brigada Policial contra el Blanqueo de Capitales. El actual director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), José López Jaraba, desveló el pasado martes que el 11 de septiembre remitió toda la documentación que había solicitado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La fundación auspiciada por el arzobispado de Valencia y Camps acordó ceder a Canal 9 la gestión íntegra de la señal de televisión del viaje del Papa.

El Arzobispado de Valencia, donde está la oficina de la Fundación V Encuentro, no aclaró si el juez Pedreira también les ha requerido documentación.

Por otra parte, la portavoz del Gobierno valenciano advirtió que pedirán la nulidad del caso Gürtel si se demuestra que las grabaciones del presidente Camps con el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez El Bigotes, se realizaron de manera ilegal con el sistema Sitel.

"Si fuera motivo para suspender, por supuesto que pediríamos la nulidad de las actuaciones. Entendemos que no están suficientemente garantizados los derechos fundamentales con la forma en que [Sitel] se está aplicando", dijo Sánchez de León.

www.elpais.es 21.11.09

El Gobierno de Camps reconoce que pretende usar Sitel para invalidar Gürtel

El Consell valenciano ha asegurado que pedirá la nulidad del proceso que investiga el caso Gürtel si se comprueba que en las grabaciones telefónicas al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se utilizó el sistema Sitel. Así lo ha hecho la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, que alegó que el uso de ese sistema “vulneraría los derechos fundamentales". Hasta ahora, desde el PP insistían en la ilegalidad de SITEL pero cuidándose de relacionarlo con el proceso judicial de la Gürtel, incluso ayer el responsable de comunicación del partido, Esteban González Pons, insistía en que no quería que se anulara “porque eso dejaría una nube de sospecha injusta e innecesaria”.

Sánchez de León abordó en rueda de prensa la postura de la Generalitat valenciana ante una posible ilegalidad en el uso de SITEL, el sistema por el cual la policía puede intervenir teléfonos con autorización judicial. “Si fuera motivo para suspender, por supuesto que pediríamos la suspensión, la nulidad de actuaciones", explicó, añadiendo que en cualquier caso "no es una cuestión sobre la que en este momento pueda pronunciarme todavía".

“No hay suficiente regulación”

La portavoz del Consell entiende que "no hay una suficiente regulación" en torno a Sitel ni "están suficientemente garantizados los derechos fundamentales” no respecto al sistema en sí sino “con la forma en que se está aplicando". También en relación a la Gürtel, confirmó que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha solicitado a documentos a la Generalitat sobre algunos de sus organismos, como la fundación V Encuentro, que se encargó de organizar la visita del Papa a Valencia en 2006.

El PP negaba relación

Las declaraciones de Sánchez de León contrastan con la postura oficial mantenida por el PP hasta ahora, y que pasaba por reclamar una ley órganica para regular lo que consideran un sistema ilegal pero también por presentar sus ataques a Sitel como independientes de sus problemas con la Gürtel. El propio vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, declaró ayer que “no queremos que se anule el juicio del caso Gürtel por culpa de SITEL, porque eso dejaría una nube de sospecha injusta e innecesaria”.

www.elplural.com 20.11.09

EL JUEZ QUE ARCHIVÓ EL CASO CAMPS DECIDIRÁ LA ADMISIÓN DE LA QUERELLA SOCIALISTA CONTRA EL PP 

El magistrado José Francisco Ceres, que firmó el archivo de la parte de la trama Gürtel investigada en Valencia, será quien decida si la Sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) admite la querella presentada por los socialistas por, entre otros delitos, financiación ilegal del PP valenciano. Francisco Camps, presidente de la Generalitat, vuelve a estar en manos de quien le salvó de la imputación de cohecho pasivo impropio, contra el criterio del magistrado instructor, José Flors. 

Ceres tendrá que presentar un informe sobre la admisión o no, y será votado por la sala, que preside Juan Luis de la Rúa, a quien el propio Camps señaló públicamente como "más que amigo" y que permanece en su cargo en situación de prórroga dado que aún no se ha resuelto el concurso para la renovación de la presidencia que ocupa desde hace más de diez años. 

El magistrado Ceres, que ocupó responsabilidades en la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), tiene su nombramiento recurrido, por segunda vez. El Tribunal Supremo ya estimó en una ocasión la impugnación presentada por varios magistrados que concursaron a su misma plaza y entendieron que su elección no estaba fundamentada dado la diferencia curricular y de méritos. El Supremo obligó al TSJ a volver a pronunciarse y éste ratificó el nombramiento, que ha vuelto a ser recurrido y está pendiente de resolución. 

Ceres tuvo ayer la primera aproximación formal con la querella presentada por cuatro diputados socialistas: la ratificación de la misma. Ángel Luna, Joaquín Puig, Carmen Ninet y Cristina Moreno firmaron ante él y la secretaria de la sala de Lo Civil y Penal. La querella va dirigida contra dirigente el presidente Camps; el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, los diputados Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García; los cabecillas de la trama Gürtel Francisco Correa y Álvaro Pérez; y las constructoras valencianas Lubasa, Facsa, Sedesa, Grupo Piaf y Ortiz e Hijos. 

Los socialistas, en base al informe policial que el propio TSJ valenciano rechazó considerar cuando deliberaba sobre los trajes de Camps, presentan la querella contra un total de 17 personas por delitos de cohecho, malversación, financiación irregular, prevaricación, alteración contable y delito fiscal. Ángel Luna, portavoz socialista en las Cortes valencianas, afirmó tras el trámite: "Hemos cumplido con nuestra obligación". Y expresó su confianza en que "los jueces entiendan este tema de la misma forma y abran un procedimiento penal contra los querellados". 

(www.elpais.com, 20/11/09)

LA RED GÜRTEL PREPARÓ UN AÑO ANTES EL NEGOCIO QUE OBTUVO DEL VIAJE DEL PAPA 

Un año antes de la visita del Papa a Valencia, que se produjo los días 8 y 9 de julio de 2006, la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa ya estuvo estudiando sobre el terreno la instalación de pantallas y la sonorización para el acontecimiento, una actividad que Ràdio Televisió Valenciana -cuyo director general, Pedro García, era amigo de Álvaro Pérez-, tras obtener en exclusiva los derechos de emisión, otorgaría meses después, mediante contrato negociado sin publicidad, a la constructora Teconsa por 6,4 millones de euros y de la que la red de corrupción acabaría cobrando más de un millón en comisiones ilegales, según un informe de la policía. 

Álvaro Pérez, responsable de Orange Market, se afanó en los preparativos con grandes expectativas, según fuentes que participaron en la organización de la visita, ya que las Administraciones valencianas gobernadas por el PP anunciaron el V Encuentro Mundial de la Familia como un evento que reuniría en Valencia a más de dos millones de asistentes. Cifras muy hinchadas para una reunión que se quedó en la octava parte, ya que concentró a unas 250.000 personas. 

Orange Market, la empresa valenciana de la trama, comenzó a contactar con proveedores, a hacer localizaciones junto al Jardín del Turia y a preparar las actividades. Sin embargo, a mediados de 2005, la prensa local, en especial el diario Levante-EMV, publicó que los responsables de la firma dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, eran socios de la empresa Special Events, una firma vinculada también a las actividades del PP en otras comunidades autónomas, y que trabajaba en paraísos fiscales. Desde entonces, Orange Market pasó a un segundo plano. 

Y asumió protagonismo en la organización la empresa Trasgos, autora del logotipo del acontecimiento. De hecho, el director de la sociedad, Antonio Puig, participó en la visita que el enviado del Vaticano, el cardenal Antonio López Trujillo, hizo en julio de 2005 a Valencia para inspeccionar varios de los escenarios del viaje del Pontífice y recibir información sobre los preparativos. Sin embargo, Trasgos también tuvo que dar un paso atrás, ya que el comisionado para el Encuentro Mundial de la Familia, Enrique Pérez Boada, había sido consejero de la firma desde finales de 2003 a inicios de 2004. Pérez Boada, director entonces y ahora, del Instituto Valenciano de Finanzas, el banco de la Generalitat, era la cabeza visible de un equipo vinculado a Juan Cotino, entonces consejero de Bienestar Social, quien se hizo cargo desde el Gobierno que preside Francisco Camps, de la logística del acontecimiento. 

Para ello se creó la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, integrada por la Generalitat, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento y el Arzobispado, una entidad opaca que se ha negado a facilitar el destino de los fondos públicos que ha manejado. Se sabe que gastó hasta 12,2 millones de euros, según las cuentas de aquel ejercicio. Pero eso sólo es una parte del coste que tuvo el acontecimiento. 

El equipo formado al amparo de Cotino, constituido en buena medida por miembros o simpatizantes del Opus Dei, incluía, entre otros, a Henar Molinero, que fue secretaria general de la Fundación V Encuentro y ahora es subdirectora de organización del área de Análisis y Seguimiento en Presidencia de la Generalitat; Javier Jiménez, profesor de Derecho en la Universitat de València, que fue gerente y coordinador del V Encuentro Mundial de la Familia, y José Vicente Herrera, que fue subdelegado del Gobierno en Valencia en la época de Aznar, asesor de Cotino cuando era director general de la Policía y director de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios. Herrera ejerció de jefe de seguridad del V Encuentro Mundial de la Familia y, posteriormente, como director de Seguridad y Operaciones de la Copa del América. 

Fuentes próximas a los preparativos de la visita han asegurado a este periódico que el propio Francisco Correa asistió, aunque sin revelar su identidad, por lo menos a una de las primeras reuniones sobre los eventos, antes de que Orange Market pasara a una posición más discreta. En las conversaciones grabadas por la policía, dirigentes de la trama aluden a la visita del Papa y al papel relevante reservado en su organización a Álvaro Pérez. 

(www.elpais.com, 20/11/09) 

EL PP VALENCIANO SE NIEGA A PEDIR EXPLICACIONES A ÁLVARO PÉREZ 

El PP rechazó en las Cortes Valencianas reclamar la comparecencia de Álvaro Pérez, El Bigotes, ex gerente de Orange Market, para que explicara su intermediación en las actividades para la organización por parte de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia de los actos del Papa en Valencia. El diputado socialista José Camarasa dijo que Pérez debería explicar una participación de la trama Gürtel en la organización por la que habría obtenido "jugosos beneficios". Camarasa reclamó explicaciones del "pelotazo" de la trama en la adjudicación por Canal 9 de la sonorización de los actos. La diputada del PP Asunción Quinzá rechazó la propuesta porque los socialistas buscan "rédito político", y alegó que se trata de una cuestión "sub iudice". 

Hasta hace unos días, el PP sostenía que no había investigación judicial alguna en marcha sobre el escándalo, pero el actual director de Ràdio Televisió Valenciana, José López Jaraba, reveló el martes que el juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Madrid, reclamó el contrato de Canal 9 con la constructora Teconsa por el que la trama cobró comisiones ilegales. El propio secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, exigió ayer que el presidente Camps comparezca en el Parlamento para explicar "qué investigación, qué informaciones han sido requeridas y en qué situación judicial se encuentra". 

"Hemos cumplido con nuestra obligación", aseguró ayer el portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, después de acudir al Tribunal Superior de Justicia valenciano a ratificar la querella que él y otros tres diputados han presentado contra Camps, varios cargos de su Gobierno y cinco empresas por financiación ilegal del PP. El informe sobre la admisión a trámite le ha tocado al magistrado José Francisco Ceres, que firmó el sobreseimiento del caso de los trajes que afectaba a Camps. La decisión deberá tomarla, en todo caso, el pleno de la Sala de Lo Civil y Penal. 

(www.elpais.com, 20/11/09) 

UNA FIRMA DE CORREA INVIRTIÓ 756.240 EUROS EN UN PAI TRAS COBRAR COMISIÓN POR LOS ACTOS DEL PAPA

Para la trama Gürtel el cemento fue un medio y un fin. Promotoras y constructoras pagaron comisiones a la red a cambio de concesiones en ayuntamientos cuyos políticos eran comprados por Correa (Madrid) o abonaron a Orange Market facturas de servicios que en realidad fueron prestados al PP (Comunitat Valenciana). Pero, además, el urbanismo fue también un punto de destino, una inversión para blanquear parte del dinero negro utilizando sociedades patrimoniales gestionadas y a nombre de testaferros, pero bajo el paraguas del imperio mafioso de Correa, según Garzón y la Udef. Una de esas firmas pantalla es Castaño Corporate. El 19 de julio de 2006, esa sociedad compró un terreno de 12.605 metros en la Nucia (Marina Baixa) por 756.240 euros. La elección de la Nucia responde a la estrecha relación de Álvaro Pérez "El Bigotes", con el alcalde popular Bernabé Cano, quien dio contratos a la trama y ha aparecido en diversas grabaciones vinculado a los intentos de Correa de pegar un pelotazo en el municipio.  

La finca rústica, de matorral y olivos, se escrituró en la notaría de Ángel Puras, en Madrid, apenas dos semanas después de que esa firma ingresara 230.000 euros a cuenta del negocio que generó el contrato de la constructora Teconsa con Canal 9 para dar cobertura (sonorización, instalación de pantallas y servicios audiovisuales) a los actos de la visita del Papa a Valencia.  

Teconsa subcontrató a otras tres firmas, entre ellas la sevillana Apogee Telecomunicaciones. Mientras Valencia vivía consternada por el accidente del metro que segó la vida a 43 personas y aguardaba la llegada de Benedicto XVI, el número dos de la trama, Pablo Crespo, recogió en Sevilla dinero negro de comisiones por haber intercedido ante el anterior director general de RTVV, Pedro García, para lograr ese contrato para Teconsa y el resto de empresas, siempre según los informes policiales. El apunte de 230.000 euros para Castaño Corporate -dedicada a la compra-venta de inmuebles, que nada tiene que ver con luces y sonido- está en la contabilidad B incautada.  

El administrador único de esa empresa es Jacobo Gordon, amigo y testigo de la boda de Alejandro Agag con la hija de Aznar. Los dos apoderados de esa sociedad son Pablo Crespo y Ramón Blanco Balín, el número dos y el tres de la organización. Esto es, el hombre que ejecutaba las órdenes de Correa y el ingeniero financiero que diseñó el entramado societario internacional para la generación y blanqueo de capitales.  

Al poco de su adquisición, los terrenos pasaron a ser urbanizables. Tal día como hoy, el 20 de noviembre de 2006, la comisión territorial de urbanismo de Alicante aprobó el PAI del Algar, que prevé 2.501 viviendas y del que forma parte la parcela de Castaño Corporate. El pasado mes de junio, el TSJ valenciano bloqueó el proyecto por no garantizar la suficiencia hídrica, por lo mismo que se paralizaron los otros dos PAI de la Nucia: la Serreta y Pie de Monte. El primero logró finalmente luz verde en los tribunales. El ayuntamiento avaló el Plan del Algar, como los otros dos, y de hecho está intentando desatascarlo por la vía judicial. Gordon llevó las negociaciones de esa operación como también los contactos con los propietarios de los PAI Pie de Monte y la Serreta, donde Correa pretendía comprar, desbloquear -gracias a sus conexiones con terminales políticas- y revender. El pelotazo no salió, pero las negociaciones resultaron de lo más divertidas según las grabaciones incorporadas al sumario del TSJ de Madrid. El amigo de Agag, el alcalde Cano, Correa y algún empresario "se lo montaron de puta madre con tías en un restaurante que cerraron" en Valencia. Entre las comisionistas de la visita del Papa figura otra firma administrada por Gordon: Parque Logístico Montalbo, que cobró 60.000 euros.Castaño Corporate compró los terrenos a los administradores de la firma inmobiliaria Henk & kathy Invest SL, radicada en la Nucia.

El Tribunal Supremo (TS) prorrogó ayer por cuarta vez el secreto de las actuaciones en el caso Gürtel, lo que significa que las partes personadas, a excepción de la Fiscalía, seguirán sin tener acceso a las mismas. Lo acordó en un auto el magistrado instructor del caso en el TS, Francisco Monterde, quien el 17 de agosto prorrogó por primera vez el secreto de estas actuaciones. 

Monterde alegó que subsisten las razones que motivaron mantener el secreto. Entre ellas, el instructor señala las necesidades de la instrucción, la naturaleza de los delitos perseguidos y el carácter de las diligencias urgentes de prueba que se están practicando. A ello se une, añadía, la situación en que se encuentra el procedimiento seguido ante el TSJ de Madrid, del que procede esta causa especial, y donde las actuaciones también están "declaradas secretas". Recordó que la prórroga del secreto de actuaciones está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

El Constitucional dijo que tal laguna no impide al juez proteger el valor constitucional que justifica el secreto del sumario "si el plazo ha resultado insuficiente para hacer efectiva plenamente esa protección"El TS acordó en junio asumir la investigación de este caso sólo en lo que se refiere a los posibles delitos cometidos por el senador del PP, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Merino, y devolver el resto de la causa al magistrado del TSJM, Antonio Pedreira. efe Madrid 

(www.elpais.com, 20/11/09)

ULIBARRI PODRÍA INCURRIR EN UN DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES POR VENDER SU TELEVISIÓN EN VALENCIA 

Tal y como estaba previsto, el pasado miércoles el empresario leonés José Luis Ulibarri, imputado en la trama de corrupción de la operación Gürtel, se deshizo de todas sus acciones en la Televisión Municipal de Valencia (TMV) de la que era accionista mayoritario. La operación no ha estado exenta de polémica, ya que el comprador del 84 por ciento de los títulos, la empresa 123 Comunicaciones, se creó el pasado 6 de noviembre, aún no consta en el Registro Mercantil y se desconoce quién está detrás de ella. Además, al estar Ulibarri imputado por la Justicia, podría estar incurriendo en un delito de alzamiento de bienes, ya que no puede desprenderse de sus posesiones sin una autorización judicial previa. 

Desde este miércoles, el empresario José Luis Ulibarri ya no tiene ninguna acción en la Televisión Municipal de Valencia (TMV), de la que antes poseía a través de su empresa Producciones Digitales Audiovisuales de Alicante el 84 por ciento. Según recoge Levante, el consejo de administración de la televisión del Ayuntamiento de Rita Barberá dio su visto bueno a la venta de acciones, a pesar de las reticencias y dudas de los consejeros socialistas Juan Soto y Mercedes Caballero.

Posible delito de alzamiento de bienes 

Y es que, según advirtieron durante la reunión en la que se formalizó el traspaso de títulos, Ulibarri podría incurrir con esta venta en un delito de alzamiento de bienes estipulado en el artículo 257 del Código Penal. El empresario leonés está imputado en la trama de corrupción de la Operación Gürtel y su investigación judicial continúa abierta, por lo que no le está permitido desprenderse de ninguno de sus bienes sin previa autorización judicial.

Poner la venta en manos de la Justicia 

Por este motivo, Soto y Caballero recordaron al presidente del consejo de administración y primer teniente de alcalde de Valencia, Alfonso Grau, a través de una carta que debe poner en conocimiento de la autoridad judicial la transmisión de acciones que autorizó el consejo por si pudiera ser constitutiva de delito.

¿Qué es 123 Comunicaciones? 

Por otra parte, la polémica durante la reunión se extendió al comprador de las acciones de Ulibarri, que se convierte ahora en el principal propietario de la deficitaria cadena. Soto y Caballero se opusieron a la venta al desconocer quién está detrás de la empresa compradora, 123 Comunicaciones, que fue creada hace solo unos días, el pasado 6 de noviembre.

"Acuerdo privado entre empresas" 

Grau se negó a dar ninguna información sobre esta entidad y alegó que es lícito vender acciones a un comprador anónimo. El presidente del consejo dijo desconocer más datos sobre la sociedad, pero destacó que se trata de un “acuerdo privado entre empresas” y que aseguró sentirse seguro de la “seriedad” del proyecto.

"Una temeridad", según el PSPV 

Sin embargo, la empresa ni siquiera está aún inscrita en el Registro Mercantil, ni posee un domicilio social propio, sino que tiene su sede provisional en el despacho del abogado que gestiona las cuestiones legales de TMV. Además, se desconoce cuál es el objeto social de la entidad, la experiencia que tiene en el sector de las TDT o su solvencia económica. Por todo ello, Soto destacó que la operación “es una temeridad, sobre todo después de que Ulibarri haya salido por piernas”. 

(www.elplural.com, 20/11/09)

PEDREIRA PONE ORANGE MARKET BAJO CONTROL DE ADMINISTRADORES JUDICIALES 

El juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que instruye el denominado caso Gürtel, ha puesto la empresa Orange Market, terminal valenciana de la trama de corrupción que lideraba Francisco Correa, actualmente en prisión, bajo control de dos administradores judiciales que, además, se han hecho cargo de la intervención de pagos urgentes de la sociedad. De esta manera, Álvaro Pérez, imputado en la investigación de la trama corrupta, ha perdido la condición de presidente y consejero de Orange Market. 

El pasado día 7 de octubre se inscribió en el registro el cambio en Orange Market, empresa en la que, sin embargo, continúa como apoderado Cándido Herrero, también imputado en la investigación que inició el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que ha llegado a poner en serios apuros al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, salpicado por sus estrechas relaciones con Álvaro Pérez y por los regalos de trajes que habría aceptado. Los administradores judiciales designados por Pedreira también se han hecho cargo de otras empresas de la trama, como Easy Concept, Good and Better, Servimadrid Integral o Diseño Asimétrico. 

Orange Market y su responsable, Álvaro Pérez, están implicados en el cobro de más de un millón de euros en comisiones ilegales por el montaje de pantallas y altavoces para la visita del Papa a Valencia en 2006, en el que aprovecharon un contrato sin publicidad firmado por Ràdio Televisió Valenciana, según un informe policial que investiga también el juez Pedreira. Los socialistas calificaron ayer a Canal 9 de "tentáculo importante de la trama de corrupción" a través de su portavoz adjunta en las Cortes, Carmen Ninet.La diputada del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas se hizo eco de la revelación que realizó el martes el nuevo director general de RTVV, José López Jaraba, en una comisión parlamentaria. López Jaraba explicó que había remitido al TSJ de Madrid el contrato de los actos para la sonorización e instalación de pantallas en los actos de la visita del Papa, por 6,4 millones de euros. Carmen Ninet añadió: "Se han visto obligados a entregar esos contratos importantísimos porque han tenido que acatar la petición del juez". 

Por otra parte, el empresario leonés José Luis Ulibarri, también imputado en la trama de corrupción, ha abandonado la presidencia y el cargo de consejero de Mediamed Comunicación Digital, empresa que gestiona 13 de las concesiones de emisoras de televisión digital terrestre otorgadas por el Consell que preside Francisco Camps. El pasado día 30 de septiembre, la sociedad Mogar Media asumió la presidencia y el cargo de consejero que ocupaba Ulibarri junto a la Fundación Cardenal Herrera y Antonio Beaumont. Mogar Media pertenece a Andrés Selma Magdalena. Ulibarri habría vendido a Selma su participación en Mediamed, sociedad en la que poseía el 50% de las acciones. 

Ayer mismo, Ulibarri consiguió la autorización del consejo de administración de la televisión digital municipal de Valencia para desprenderse de una parte de su patrimonio: el 85% de las acciones de la empresa. Las acciones se valoran en 1.125.000 euros. La venta de las acciones de la televisión digital municipal de Valencia fue aprobada ayer por la mayoría del PP en el órgano y contó con la oposición de los miembros propuestos por el PSPV-PSOE. 

La sociedad de Ulibarri, Plataforma Audiovisuales Digitales Alicante, es la que se desprende de su mayoritaria participación en la televisión digital municipal de Valencia. La compradora es 123 Comunicaciones. Esta mercantil se constituyó el pasado día 6 de noviembre, por lo que no está aún en el Registro Mercantil. Juan Soto, representante socialista en el consejo de administración del organismo autónomo, explicó ayer que "no se ha podido verificar no sólo quién o quiénes forman esa mercantil sino su trayectoria profesional, su solvencia económica y su capacidad para hacer frente a la responsabilidad que se deriva de esa compra". 

Sobre Ulibarri, el juez que instruye en Madrid el procedimiento por la trama Gürtel no ha dictado medidas cautelares. Sin embargo, fuentes de la oposición socialista en el Ayuntamiento que preside Rita Barberá se preguntaban ayer si la actuación municipal no habría contribuido a una programada liquidación del patrimonio por parte de Ulibarri, a quien, en el caso de que se pruebe su implicación en la trama Gürtel, se le podrían exigir responsabilidades económicas importantes. 

(www.elpais.com, 19/11/09)

COSTA SE MUESTRA DISPUESTO A RECTIFICAR Y PIDE VOLVER A LA MILITANCIA DEL PP 

Casi un mes después, la rocambolesca historia de Ricardo Costa está lejos de quedar cerrada. El ex secretario general del PP valenciano, hasta hace bien poco mano derecha de Francisco Camps y su principal cortafuegos, ya que fue el encargado de tratar de explicar el escándalo del caso Gürtel mientras el presidente guardaba silencio, compareció ayer al fin ante el Comité de Garantías del PP. 

Costa llevaba semanas, desde que la dirección decidió suspenderle cautelarmente de militancia, reclamando audiencia. Ayer se la concedieron. Y la aprovechó para mostrarse durante la hora que duró la reunión dispuesto a rectificar las palabras que motivaron su expulsión, eso de "yo, como secretario general"... El que fuera mano derecha de Camps y fiel apoyo de Rajoy durante la época previa al congreso de Valencia, lo que le llevó a enfrentarse con su hermano Juan, sólo tiene un objetivo: recuperar la militancia que tenía desde los 16 años. 

Costa insistió, según fuentes del PP, en que él no tenía ninguna intención de establecer ningún pulso con la dirección nacional. Lo que pretendía era reclamar que se reivindique su gestión como secretario general, una vez que dejó voluntariamente de ejercer sus funciones, y que no se pusiera en duda su honradez. Sin embargo, su declaración se interpretó inmediatamente como una indisciplina grave, por arrogarse un puesto, el de secretario general, que no le correspondía, según la dirección nacional. 

En realidad, Costa nunca fue destituido. Camps evitó que se votara su destitución y trasladó a Rajoy una versión falsa de lo que había ocurrido dentro del Comité Ejecutivo regional en el que Costa se ofreció a dejar de ejercer las funciones de secretario general. 

Costa insistió ante el Comité, según fuentes del PP, en que está dispuesto a matizar, rectificar o aclarar cualquier malentendido por esas declaraciones que supusieron su expulsión. Además, evitó hacer declaraciones para no alimentar la polémica. 

Aún así, la situación es complicada para el ex secretario general valenciano. Su reincorporación a la militancia depende de Rajoy, que esta misma semana defendió en público su "honradez", pero sobre todo de Dolores de Cospedal. 

Por mucho que el PP insista en que el Comité de Garantías es un órgano independiente, todos los dirigentes consultados insisten en que está directamente controlado por la secretaria general. Y ella está enfrentada abiertamente a Costa, con quien ha entrado en contradicción varias veces en distintas ruedas de prensa, hasta el punto de que sus palabras "como secretario general" del PP valenciano se interpretaron como una desautorización de Cospedal, lo que provocó su fulminante suspensión de militancia. 

En realidad, esta drástica decisión vino precedida de una tensa negociación entre Camps y Rajoy. El valenciano, que al final dejó caer a Costa, intentó recuperarlo y hacerlo consejero de la Generalitat. Cuando lo consultó con Rajoy, Cospedal vetó esa posibilidad. 

En la dirección ha sentado además muy mal la carta que Costa ha enviado a los principales dirigentes, en la que reclamaba un trato justo para él, una persona, dice, siempre fiel a Camps y al propio Rajoy. A partir de ahora, Costa, que sigue siendo diputado del PP, puede ser readmitido o, más probable, puede continuar la tramitación de su expediente disciplinario. Fuentes de la dirección insisten en que, después del caos de las últimas semanas, Rajoy y especialmente Cospedal quieren ofrecer gestos de autoridad, y es difícil que sean indulgentes, aunque la decisión aún no está tomada. 

El Comité tiene también pendiente el expediente de Manuel Cobo, suspendido de militancia como Costa, aunque él no ha dejado sus cargos como vicealcalde de Madrid y portavoz municipal. 

(www.elpais.com, 19/11/09)

BLASCO TROPIEZA CON CAMPS 

Rafael Blasco, portavoz parlamentario y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, está empeñado en centrar el discurso del PP. Ayer, se reunió con los diputados del Grupo Popular y les pidió dos cosas: que dejen atrás la polémica por el nombramiento de Leire Pajín como senadora territorial -tras meses de bloqueo- y que no entren al trapo en el asunto de la querella interpuesta por el PSPV contra varios altos cargos y cinco constructoras por supuesta financiación irregular del PP. Luego les indicó que la decisión de no replicar a las diputadas de Compromís Mònica Oltra y Mireia Mollà, para hacerles el vacío, quedaba revocada. "Es una nueva etapa", sentenció Blasco. 

El consejero bicéfalo instó a los diputados populares a responder con contundencia en la confrontación con los socialistas pero, sobre todo, a hablar en positivo de la gestión del Consell. Y ahora toca hablar de los presupuestos de la Generalitat para 2010, que se tramitan en las Cortes Valencianas. 

Sin embargo, los esfuerzos de Blasco por trasladar una imagen moderada del PP han caído hasta ahora en saco roto. Los patinazos del Consell se han llevado por delante los esfuerzos del portavoz consejero. 

El estreno no pudo ser peor. Rafael Blasco se presentó como portavoz en la tribuna de las Cortes la semana pasada. Y lo hizo con un alegato al parlamentarismo, entendido como el intento de llegar a acuerdos desde la discrepancia. "Recalcar [mi] voluntad de llegar a acuerdos con los grupos de la oposición, de poner por delante el diálogo y el entendimiento y que sepan que tendrán una mano tendida, mía y del grupo parlamentario, porque el parlamentarismo es concordia desde la discrepancia", dijo Blasco. Las palabras del portavoz popular se convirtieron en un brindis al sol tan sólo 20 minutos después. El presidente de la Generalitat, en la réplica a la pregunta sobre el caso Gürtel formulada por el portavoz socialista, acusó a Ángel Luna de querer matarlo. 

El portavoz popular salió rápidamente en defensa del presidente y justificó el exabrupto del paseíllo por las provocaciones socialistas. ¿Cree usted que Camps debería pedir disculpas? le preguntaron a Blasco. "No", fue la respuesta contundente. Horas más tarde, el jefe del Consell pedía disculpas y volvía a poner de manifiesto la descoordinación con el nuevo portavoz parlamentario. 

Sólo tres días después, Blasco terció en la polémica por el bloqueo de la elección como senadora de Leire Pajín, secretaria de Organización del PSOE. El consejero de Ciudadanía acusó a los socialistas de ser los responsables de la demora, de seis meses, por no presentar los papeles correctamente. Y luego aseguró que, gracias al PP, Pajín podría ser elegida en el siguiente periodo de sesiones, que se inicia en febrero. 24 horas después, Blasco volvió a ser desmentido por Camps, que ordenó, presionado por Madrid, desbloquear cuanto antes el nombramiento, que tendrá lugar finalmente el próximo día 25. 

Las apelaciones al centrismo, además, se han visto puestas en entredicho por dos episodios desafortunados adicionales. Primero, la foto de Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a bordo de un Ferrari. "Me lo pasé bomba", dijo Barberá. Segundo, un vídeo en el que el presidente de la Generalitat se encara con un joven que lo llama corrupto. 

Aún así, Blasco está empeñado en lo que considera que es una cuestión crucial: moderar la imagen del PP y evitar la imagen de un Consell atrincherado frente a los escándalos del caso Gürtel. 

(www.elpais.com, 19/11/09)

EL JUEZ PEDREIRA INVESTIGA EL CONTRATO DE CANAL 9 PARA LOS ACTOS DEL PAPA 

"El 11 de septiembre, yo mismo, como director en funciones, remití toda la información al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que nos la había solicitado", explicó ayer José López Jaraba, director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), en su primera comparecencia en las Cortes Valencianas tras la dimisión de su predecesor, Pedro Garcia.  

Era una justificación para no atender la exigencia socialista de que aportara la documentación sobre el contrato de Canal 9 con la empresa Teconsa para la sonorización y la instalación de pantallas durante la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. Un contrato del que la trama de corrupción de Francisco Correa habría obtenido más de un millón de euros en comisiones ilegales, según un informe de la Brigada Policial contra el Blanqueo de Capitales. 

De esa manera, López Jaraba reveló que el juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, está investigando la contratación y se negó a explicar el expediente más allá de confirmar que se adjudicó mediante un concurso negociado sin publicidad al que concurrieron siete ofertas. La diputada socialista Núria Espí, que arremetió contra el anterior director general de RTVV, Pedro García, amigo de Álvaro Pérez, jefe de la trama en Valencia, y dimitido hace unos meses, reclamó información y recordó que Canal 9 pagó 6,4 millones de euros por un trabajo que, en realidad, costó la mitad. 

La revelación del director general de RTVV, que se escudó en la confidencialidad a que obligan los contratos a las empresas que se rigen por el derecho privado, como es el caso del grupo audiovisual, y en el secreto del sumario decretado por el juez, para no ofrecer detalles, contradice todo el discurso sostenido por el PP valenciano en los últimos meses en el sentido de que no hay ninguna investigación judicial abierta sobre los escándalos de corrupción que afectan a la Generalitat. 

Los grupos de la oposición aludieron reiteradamente al caso de la visita del Papa. Núria Espí, cuyo grupo había solicitado la comparecencia, le preguntó, sin obtener respuesta, qué medidas adoptará para esclarecer lo ocurrido tras haberse demostrado que "se ha utilizado una empresa pública para que hicieran negocio unos cuantos".  

Enric Morera, de Compromís pel País Valencià, le recriminó el flaco favor que se le hizo al Papa al permitir que se enredara "una pandilla de delincuentes" en la organización de los actos. Y Marga Sanz, de Esquerra Unida, denunció "un pelotazo increíble" del que se aprovecharon "unos señores corruptos". 

"MANIPULACIÓN OBSCENA" 

En una larga sesión de la comisión parlamentaria, López Jaraba, que había solicitado una comparecencia para hacerlo, explicó ayer sus intenciones al frente de RTVV, con reiteradas alusiones a la "austeridad" y al anuncio de crear la figura de un defensor de la audiencia, como existe en Canal Sur, de poner en marcha desconexiones de Canal 9 en Castellón y Alicante y de convertir Si Ràdio en una cadena de información durante 24 horas. 

Sin embargo, fue la manipulación informativa la que centró el debate. López Jaraba se enrocó en que la cadena pública cumple los criterios de "objetividad, veracidad e imparcialidad" que marca la Ley de Creación de RTVV, "aunque hay posiciones interesadas en desprestigiar a nuestros periodistas". 

Toda la oposición criticó la manipulación, aunque los socialistas, por boca de Núria Espí, de Carmen Ninet y de Vicent Sarrià, explicitaron que no están dispuestos a dar al nuevo director general ni el más mínimo margen. "Tras la defensa numantina que ha hecho aquí de la línea de manipulación obscena de un medio público", le dijo Ninet, "está claro que hará lo mismo que sus predecesores".  

Tanto Ninet como Marga Sanz, de EU, y Enric Morera, de Compromís, pusieron en duda un cambio de intenciones cuando siguen en cargos directivos dos figuras del equipo de Pedro García como Lola Johnson y Lluís Motes, una en Canal 9 y el otro en Ràdio Nou. López Jaraba consideró "desalentadoras" las "descalificaciones personales a compañeros". 

(www.elpais.com, 18/11/099 

SUBCONTRATISTAS DE LA VISITA DEL PAPA Y UNA FIRMA DE CORREA CONTABILIZARON 2 MILLONES EN EXTRAS  

Si las cifras de feligreses que asistieron al V Encuentro Mundial de las Familias, que motivó la visita del Papa a Valencia el 8 y 9 de julio de 2006, fueron motivo de controversia, las del coste del montaje audiovisual de esos actos siguen siendo un misterio que se va descifran?do a plazos. Diez días antes del evento, el número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, recogió en Sevilla 957.300 euros en comisiones por el contrato de sonorización e instalación de pantallas para la visita de Benedicto XVI.  

La mano derecha de Francisco Correa, cabecilla de la red corrupta, ingresó ese dinero en la caja B de la organización en Madrid, según consta en uno de los informes de la policía judicial. La comisión se percibió como premio a la trama por haber intermediado ante RTVV para que diera la cobertura audiovisual a la constructora Teconsa por 6,4 millones de euros.  

Esa sociedad subcontrató posteriormente a Apogee Telecomunicaciones -la que presuntamente intervino en el pago de la comisión- y a la alemana Sirius Showequipment, entre otras, para que se encargaran de la prestación efectiva de los servicios. Ese millón de euros no es el único apunte heterodoxo hallado en los registros del piso franco de la organización en la calle Serrano.  

La contabilidad de la trama revela diversos apuntes por "Extras del acto del Papa", en los que aparecen varias de las subcontratistas. En total suman 2,2 millones de euros, al margen de los citados 6,4 que pagó Canal 9 a Teconsa. Entre las mercantiles que aparecen con extras destacan la propia Apogee Telecomunicaciones (con dos apuntes por 363.000 y 644.690 euros), Montenegro Producciones, que figura con un millón en extras, y la patrimonial Castaño Corporate, como receptora de 230.000 euros.  

Esta última firma es una de las sociedades patrimoniales utilizadas por Correa para blanquear dinero a través de las inversiones inmobiliarias y las ampliaciones de capital, según la policía judicial. Inversiones Kintamani, Osiris Patrimonial, Cresva o Caroki son otras sociedades que servían como lavadoras de dinero B logrado, entre otros, por los actos organizados al PP valenciano, según la Brigada de Blanqueo de la Udef.  

En el consejo de administración de Castaño Corporate no figuraba Correa, pero sí Ramón Blanco Balín, el ingeniero financiero de todo el entramado internacional Gürtel. El inspector de Hacienda en excedencia aparece en otras cinco sociedades, a veces con Pablo Crespo, también apoderado de Castaño Corporate. El administrador único de esa firma es Jacobo Gordon, amigo de la infancia de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar. 

Gordon gestionaba esa empresa, como otras muchas relacionadas con el sector inmobiliario, entre ellas la Sociedad Parque Logístico Montalbo, dedicada a la gestión del suelo. Esta última aparece en la contabilidad B incautada como beneficiaria de una gratificación de 60.000 euros que la trama otorgó con cargo a la comisión de casi un millón. También se destinaron 15.500 euros a comprar un Jeep. 

(www.levante-emv.com, 18/11/099 

EL NUEVO DIRECTOR DE CANAL 9 CONFIRMA QUE EL TSJM INVESTIGA LOS CONTRATOS DE LA GÜRTEL EN LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA 

El nuevo director del Canal 9, José López Jaraba, que sustituye a Pedro García, vinculado con la trama Gürtel, compareció ayer ante Les Corts ante las peticiones de la oposición de que aclarase los contratos que el ente público valenciano hizo con Teconsa durante la visita del Papa a Valencia en 2006, por los que la trama de Francisco Correa se habría embolsado cerca de un millón de euros.  

Como ya es habitual en la Cámara regional, López Jaraba se negó a dar ningún dato sobre la adjudicación, aunque justificó su silencio asegurando que la información está en manos del juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, que la tiene bajo secreto de sumario. 

Aunque el PP ha reiterado en los últimos meses que no hay ninguna investigación judicial abierta sobre los escándalos de corrupción relacionados con la trama Gürtel que afectan a la Generalitat valenciana, el nuevo director de Canal 9, José López Jaraba, desmintió esta versión al reconocer que el juez instructor del caso en el TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, tiene en su poder la documentación sobre los contratos que la radiotelevisión pública valenciana hizo con Teconsa de cara a la visita del Papa a Valencia en 2006.

En manos del TSJM

En su primera comparecencia en Les Corts como sustituto Pedro García -gran amigo de El Bigotes, el hombre fuerte de la Gürtel en Valencia- López Jaraba se negó a informar sobre estos contratos alegando que se encuentran bajo secreto de sumario. “El 11 de septiembre, yo mismo, como director en funciones, remití toda la información al TSJM, que nos la había solicitado”, explicó, y matizó que no puede “vulnerar la ley” filtrando información que está e manos de la justicia. Cuando el juez decrete el levantamiento del secreto de sumario “aparecerá la información que se envió” sobre el polémico contrato, añadió.

"No puedo librar esa información" 

Según dijo, “hubo un requerimiento judicial del instructor de Madrid y se envió al juez, y esa documentación está bajo secreto de sumario”. “Me están ustedes pidiendo, señorías, que incumpla la ley (…). Yo no puedo librar esa documentación en esta Cámara porque la tiene el juez instructor y está bajo secreto de sumario. Yo no puedo librar esa información aquí ni en ningún sitio”, insistió. 

A petición de la oposición

López Jaraba comparecía ante la Cámara regional a petición de los grupos de la oposición, que le exigieron reiteradamente que explicara por qué pagó a Teconsa, según se desprende de los informes de la Brigada de Blanqueo de la Policía, 6,4 millones de euros por la retransmisión de la visita del Papa, cuando se calcula que los costes eran de la mitad de ese presupuesto. Según los datos recogidos en el sumario, cerca de un millón de euros habrían ido a parar a las empresas de Francisco Correa en forma de comisiones.

Que de explicaciones Teconsa 

El nuevo director de Canal 9 apuntó a este respecto que la televisión autonómica “pagó a Teconsa por unos servicios y Teconsa es quien paga las comisiones, por lo tanto, quien tiene que ser investigado por estas comisiones es Teconsa”. Además, aseguró que la constructora fue la única de las siete empresas que se presentaron al concurso de adjudicación que ofrecía recoger tanto el sonido como la imagen de los actos. 

Canal 9, "tentáculo" de la Gürtel 

Para la portavoz adjunta del PSPV en Les Corts, Carmen Ninet, el “lapsus” de López Jaraba al confirmar este proceso judicial vino a confirmar que Canal 9 es “un tentáculo importante en la trama de corrupción Gürtel”, y supone “una muestra más de las mentiras que hasta ahora ha contado el PP”. 

(www.elplural.com, 18/11/099

COSTA DEFENDERÁ SU HONOR ANTE EL COMITÉ DE DERECHOS DEL PP 

El ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa ha acudido a la sede nacional del partido para comparecer ante el instructor de su expediente en el Comité de Derechos y Garantías y defender su honor y su gestión. 

Fuentes del PP valenciano han informado de que ésta será la intención con la que acuda Costa ante el órgano disciplinario del PP a tenor de sus declaraciones más recientes y de sus manifestaciones en los órganos del partido en la comunidad autónoma, donde siempre ha defendido su honor y su gestión como número dos de la formación. 

Sin embargo, el Comité de Derechos y Garantías de los populares no abrió expediente disciplinario a Costa por haber detectado irregularidades en su gestión como secretario territorial, sino por haber declarado que se consideraba en posesión de su cargo a pesar de que la dirección nacional le había dado por cesado. 

Con todo, Costa ya ha enviado a su instructor profusa documentación sobre sus decisiones como secretario general del PP valenciano y su patrimonio personal 

(www.publico.es, 18/11/099

CAMPS SE ENCARA EN LA CALLE CON UN JOVEN QUE LE LLAMA ´CORRUPTO´  

El presidente del PPCV y de la Generalitat, Francisco Camps, se encaró ayer en plena calle, ante la sede regional de los populares, con un joven con aspecto de alternativo que le llamó "ladrón", "corrupto" y "desgraciado", y le soltó que "no representas a nadie". "No, no, ven y cuéntamelo", repetía Camps mientras seguía al increpante durante varios metros para que éste le explicara los insultos. No lo consiguió y, finalmente, el jefe del Consell se introdujo en su coche oficial. 

El incidente sucedió pasadas las 11 de la mañana. Camps, quien en contra de lo habitual acudió ayer al comité de dirección del PPCV, se encontró a la salida de la reunión con un joven que le llamó "ladrón". Entonces, el jefe del Consell se encaró con él. "¿Por qué me dices eso?", le preguntó mientras seguía por la calle al increpante, que se marchaba. "No, no, ven y cuéntamelo", le insistía el presidente. "Claro, ahí delante de Canal 9, que son los únicos a los que habláis", le respondió el joven. "No, dímelo, por favor", repetía Camps. "Toda España sabe que eres un corrupto", le soltó el joven. "¿Pero qué, qué es lo que sabe toda España?", inquiría el jefe del Consell. "No representas a nadie, ni a Valencia ni a nadie. ¡Desgraciado!", le gritó a lo lejos. "A ti, desde luego, no", replicó Camps. "¡Qué valiente!", le comentó alguien que parecía su guardaespaldas, mientras Camps añade: "¡Qué barbaridad!" "¡Sin gente no eres nadie!", aún se oyó a lo lejos. 

En la rueda de prensa, el secretario general, Antonio Clemente, y el vicesecretario, José Ciscar, no pudieron sugerir ni una sola aportación desde el PPCV a las medidas contra la corrupción de Rajoy. Clemente sí que dejó claro que se oponen a que el IRPF y el patrimonio de los políticos sea público, una medida que los populares celebraron cuando los ministros difundieron el suyo. El número dos tampoco contestó a si son partidarios de que se cree un registro de regalos institucionales. Sí avanzó que espera reunirse esta semana con los barones provinciales, Ripoll (Alicante), Rus (Valencia) y Fabra (Castelló).

En la rueda de prensa se presentó un mapa de los casos de supuesta corrupción urbanística de alcaldes y concejales del PP denunciados por los socialistas y que han sido archivados. Ciscar destacó que el PPCV en la Comunitat "no tiene ningún alcalde condenado por corrupción urbanística" y lamentó que el PSPV "no puede decir lo mismo". El popular consideró que lo más prioritario es la crisis y, en ese contexto, instó a "investigar por qué los sindicatos van de la mano de Zapatero" y todavía no han hecho una huelga general cuando, si gobernara el PP, habría hecho, "no una, sino tres". 

(www.levante-emv.com, 17/11/09)

RAJOY CONSIDERA A COSTA "UNA PERSONA HONRADA" 

El Partido Popular ha suspendido de militancia a una "persona honrada". Es la conclusión que se puede concluir después de que el presidente del PP, Mariano Rajoy, haya calificado de esta manera a Ricardo Costa en un chat en el diario ABC.  

El ex secretario general del PP valenciano, no fue suspendido pues por su su relación con el caso Gürtel. Rajoy ha agradecido su trabajo al ex secretario general del PP valenciano y ha aclarado que fue suspendido por "razones puramente políticas", por "unas declaraciones hechas en público que nunca debería haber hecho".  

Así ha tratado de justificar el líder de los populares el diferente trato que ha recibido Costa respecto al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. 

"Yo creo que Costa es una persona honrada, y así quiero que se sepa públicamente", ha subrayado Rajoy después de aclarar que no se le ha suspendido por "nada que afecte a su honorabilidad". 

Rajoy no descarta, por tanto, la vuelta de Costa, ya que asegura que tiene "una buena opinión" de su trabajo; un trabajo que el presidente Popular espera "que pueda seguir haciendo en el futuro". 

Preguntado sobre si se plantea exigir la dimisión de Camps si hubiera nuevas revelaciones en Valencia sobre el 'caso Gürtel', ha recalcado que el PP siempre exige a sus dirigentes que "adecúen sus comportamentos a las leyes", aunque ha añadido que hay que ver cada caso en concreto. 

Para Rajoy no hay ningún problema con la trama Gürtel en Valencia. "De momento, en Valencia no hay ni siquiera un sumario abierto ni ninguna acusación salvo las que hace el PSOE", ha apostillado, un mensaje que choca con la propuesta que realizó hace unos días de hacer un código ético contra la corrupción en el PP "más exigente que el recogido en las leyes".  

(www.publico.es, 16/11/09)

TECONSA SACÓ 900.000 EUROS EN BILLETES DE 500 TRAS LA VISITA DEL PAPA 

La Agencia Tributaria ha destapado una sospechosa retirada de fondos en billetes de 500 euros por parte de la constructora leonesa Teconsa, imputada en el caso Gürtel, en los meses inmediatamente posteriores a la visita del Papa a Valencia, en julio de 2006. 

Teconsa logró que la televisión pública valenciana le adjudicara el contrato para montar la sonorización de los actos del Papa en Valencia por 6,4 millones y subcontrató esos trabajos por 3,1 millones de euros a tres empresas especializadas en ese tipo de servicios, en los que no tenía ninguna experiencia. 

El director general de la televisión autonómica era Pedro García, que dimitió hace dos meses y que mantenía estrechos vínculos con algunos de los jefes de la red corrupta, entre ellos Álvaro Pérez, El Bigotes, que según la investigación regaló trajes por valor de varios miles de euros a García. El Tribunal de Cuentas valenciano también encontró múltiples anomalías en el contrato de los 6,4 millones de euros adjudicados a Teconsa. 

La constructora leonesa, según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, que depende de la Agencia Tributaria, retiró de sus cuentas 893.000 euros en dos operaciones registradas en octubre y diciembre de ese mismo año. 

La empresa Teconsa fue al banco a retirar estas cantidades para su uso propio, por lo que la Agencia Tributaria ignora el destino final que dio a esos fondos retirados en billetes de 500 euros. 

"Sería necesario investigar el destino final que se da a esos fondos", escriben los inspectores de Hacienda encargados de la investigación. "No parece razonable", agregan, "el manejo de efectivo en cantidades tan elevadas existiendo hoy en día alternativas mucho más seguras para efectuar pagos". 

Un informe policial, que forma parte del sumario del caso Gürtel, sostiene que Teconsa intervino en la adjudicación del contrato millonario de la visita del Papa como una empresa pantalla de la red corrupta que dirigía Francisco Correa. Y que esta red cobró, por su intermediación, al menos 900.000 euros, una cantidad similar a la que retiró Teconsa de sus cuentas en los meses inmediatamente posteriores al cobro de los servicios por la visita del Papa a Valencia. 

La investigación judicial descubrió en uno de los pisos que la trama corrupta tenía en Madrid documentación oficial que acreditaba su participación en todas las gestiones de Teconsa para conseguir el contrato de 6,4 millones de euros relacionado con la visita de Benedicto XVI a Valencia. 

La red corrupta guardaba documentación de la firma constructora leonesa y de las empresas a las que se subcontrató la prestación del servicio de sonorización de los actos de la visita del Papa. 

Además, las intervenciones de las comunicaciones telefónicas también pudieron acreditar la estrecha relación que mantenían el jefe de la red Gürtel, Francisco Correa, y el responsable de Teconsa, José Luis Martínez Parra, una de las personas que efectuó retiradas de efectivo en billetes de 500 euros. 

La investigación de las supuestas comisiones ilegales pagadas en relación con el contrato de la visita del Papa sigue abierta y se ha solicitado, tanto a Teconsa como a la televisión pública valenciana, distinta documentación para reconstruir lo ocurrido en torno al sospechoso contrato. 

Los servicios prestados para la sonorización de la visita del Papa costaron 3,1 millones, pero Teconsa cobró 6,4 millones por ellos. En el camino, la red Gürtel se quedó con, al menos, 900.000 euros. 

(www.elpais.com, 16/11/09)

HACIENDA ABRE UNA INSPECCIÓN POR EL TRASIEGO DE FONDOS DE LA CONSTRUCTORA 

La Agencia Tributaria recibió el 13 de mayo pasado el encargo judicial de investigar si las personas implicadas en la trama de corrupción masiva que dirigía Francisco Correa aparecían en el listado de operaciones con billetes de 500 euros. 

Los inspectores de Hacienda requirieron a las entidades financieras información sobre este caso y que les facilitaran la identificación "de las personas intervinientes tanto a los que aportaron billetes de 500 euros como a los que retiraron fondos". 

La Agencia Tributaria sólo pidió información de aquellos días de los años 2004, 2005, 2006 y 2007 en los que se produjo un relevante movimiento de fondos. Y por relevante entendía transportes de efectivo "iguales o superiores a 600 billetes de 500 euros -300.000 euros-, y la identidad de las personas que intervinieron en operaciones a partir de 100.000 euros". 

En el caso de Teconsa, una de las empresas investigadas por su vinculación con la red que dirigía Francisco Correa, la Agencia Tributaria detectó en los cuatro ejercicios analizados movimientos de grandes cantidades de dinero retiradas de las cuentas de la constructora leonesa en billetes de 500. 

Cuando la Agencia Tributaria arrancó su investigación, en el sumario sólo aparecía una vinculación clara de Teconsa con la red corrupta a través del pago de una supuesta comisión ilegal de 120.000 euros por la adjudicación de la construcción de una carretera en Castilla y León. De esa investigación, la policía ha deducido que entre las personas que cobraron comisiones, además de la red corrupta de Correa, están el presidente del Parlamento castellano-leonés y ex consejero de Obras Públicas, José Luis Fernández Santiago, y el ex tesorero nacional del PP Luis Bárcenas. 

Un informe policial de septiembre pasado precisaba que las siglas aparecidas en la caja b de la red corrupta, donde se podía leer "Toti", corresponden al apodo con el que se conoce al presidente de las Cortes de Castilla y León entre sus paisanos. 

Hacienda detectó que, entre 2004 y 2007, Teconsa sacó de los bancos casi siete millones de euros en billetes de 500. De ellos, casi 900.000 euros correspondían al ejercicio de 2006, en el que, según la investigación judicial, la constructora leonesa, experta en la construcción de carreteras y edificios, había logrado un suculento contrato para sonorizar los actos de la visita del Papa. 

Al final del informe de la Agencia Tributaria, remitido al Tribunal Supremo, donde se estudia la implicación del ex tesorero y senador del PP Luis Bárcenas, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude advierte que "se ha iniciado una actuación inspectora sobre estas operaciones de movimiento de efectivo" de Teconsa. 

(www.elpais.com, 16/11/09)

Gürtel contra los 'pretorianos'

El PP intenta implicar en la trama de corrupción catalana al PSPV - La reacción socialista deja en evidencia la actitud de los populares

"¿Por qué cuando un gobierno del PP hace una adjudicación a una empresa investigada, o denunciada, es corrupción y cuando lo hace el PSOE no lo es?". Éste es uno de los lamentos que, desde hace meses, expresan en voz alta varios dirigentes del PP.

La respuesta está en los autos judiciales y en los informes policiales del caso Gürtel. Documentos que ofrecen numerosos indicios acerca de la supuesta financiación irregular del PP y de la estrecha relación que existía entre Álvaro Pérez El Bigotes y la cúpula popular, incluido el propio Francisco Camps.

Sin embargo, guiado por esa supuesta injusticia, el PP ha decidido importar esta semana el caso Pretoria -en el que están implicados cargos socialistas y de CiU relacionados con el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet- a la Comunidad Valenciana.

El martes, la dirección popular denunció que el Ayuntamiento de Gandia, gobernado por el socialista José Manuel Orengo, había adjudicado una piscina y una residencia estudiantil a constructoras vinculadas con la trama de corrupción pretoriana. El asunto se empezó a convertir en humo cuando el PP reconoció que había votado en pleno a favor de las adjudicaciones. Aún así, los populares pidieron una comisión de investigación municipal y el alcalde socialista ha decidido aceptarla. El ejemplo ha puesto de relieve la distinta forma en que socialistas y populares han abordado el fenómeno de la corrupción.

Camps, desde que asumió la presidencia de la Generalitat en 2003, no ha articulado ninguna medida adicional contra la corrupción.

Es más, el jefe del Consell no ha tenido ningún reparo en arropar públicamente al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por delito fiscal y contra las Administraciones públicas. Un apoyo que también ha hecho extensivo a otros cargos públicos del PP imputados, sobre todo alcaldes.

Tras el estallido del caso Gürtel el pasado febrero, el PP ha rechazado todas las iniciativas de la oposición -pese a que ha recibido un varapalo del Constitucional por entorpecer la labor parlamentaria- para mejorar la transparencia y facilitar toda la documentación relacionada con las adjudicaciones a las empresas de la trama corrupta. La única víctima política del caso Gürtel ha sido el ex secretario general del PP Ricardo Costa, suspendido temporalmente de militancia, y apartado del cargo de portavoz parlamentario. Curiosamente, Costa es el único cargo popular que pidió excusas públicamente por su comportamiento y que en las primeras semanas del escándalo anunció un nuevo decálogo ético de contratación en la dirección regional del PP. El resto de cargos salpicados por el caso siguen en sus puestos.

El PP tan sólo ha aceptado crear una comisión de investigación en las Cortes acerca de la financiación de todos los partidos con representación parlamentaria. Una "tomadura de pelo" que ha sido ignorada por la oposición.

Por contra, en Cataluña los efectos del caso Pretoria han sido bien distintos. A la semana, el presidente catalán, José Montilla, había pedido disculpas públicamente por lo sucedido con los implicados ya suspendidos de militancia. A los 15 días, el Gobierno catalán anunciaba la puesta en marcha de un plan anticorrupción para devolver la tranquilidad a la ciudadanía. Un plan que incluye nuevas medidas de control y de transparencia.

Globos sin aire y desvaríos económicos

La decisión de contrarrestar el caso Gürtel con supuestos casos de corrupción que involucren a los socialistas no es nueva. La medida ya había sido puesta en marcha hace meses por los populares. Sin embargo, la remozada dirección regional del PP ha decidido esta semana ratificar la estrategia de embarrar todo el terreno de juego en vez de limpiar los trapos sucios.

"Iremos contra ellos [los socialistas] con las mismas armas y con más", afirmó Alfonso Rus, presidente provincial del PP de Valencia. "Tenemos información de que hay muchos más casos de corrupción en importantes ayuntamientos gobernados por el PSPV", ratificó el nuevo secretario general del PP, Antonio Clemente.

Sin embargo, los globos lanzados hasta ahora por el PP han acabado todos pinchados. A continuación, se detallan algunas de las últimas denuncias de los populares.

- La grúa de Alarte. Los populares denunciaron al Ayuntamiento de Alfafar por dar trato de favor a la empresa concesionaria del servicio de grúa, propiedad de la familia del secretario general del PSPV, Jorge Alarte. La denuncia se presentó el pasado mes de abril, al declararse el Tribunal Superior de Justicia competente para investigar los regalos a Camps y otros tres cargos de la Generalitat. Se archivó en septiembre.

- La abogada de Alaquàs. El PP cuestionó la contratación por parte del Ayuntamiento de Alaquàs, que presidía Alarte, de una abogada que desde el año 2000 presta defensa gratuita a las víctimas del maltrato. La Fiscalía rechazó todas las consideraciones hechas por el PP en julio.

- Los contratos de Quart. A la alcaldesa de este municipio y secretaria provincial del PSPV, Carmen Martínez, le cuestionan la adjudicación de varios contratos a personas vinculadas al partido. De muestra, un botón: el gasto de 2.400 euros en bocadillos para los integrantes de las mesas electorales de los comicios de 2007. El bar que hizo los bocadillos era de una persona que, al parecer, había sido militante socialista.

- El apocalipsis empresarial. El último anuncio es el de una querella por falsedad contra la denuncia del PSPV por supuesta financiación irregular del PP. La denuncia socialista incluye a 5 empresas que supuestamente realizaron pagos. Para el PP, si la querella del PSPV prospera, los socialistas serán responsables del despido de 32.000 empleados y la pérdida de 2.200 millones.


Los efectos del 'caso Pretoria' en Cataluña

- Disculpas públicas. José Montilla, presidente de la Generalitat catalana, pidió disculpas públicamente a los ciudadanos y a los votantes del PSC tan sólo una semana después de estallar el escándalo.

- Suspendidos de militancia. El PSC mantiene suspendidos de militancia a los socialistas implicados en la trama.

- Cambios legislativos. El Gobierno catalán se compromete a cambiar la legislación de la Sindicatura de Comptes y del Protectorado de Fundaciones. El objetivo es reforzar la fiscalización externa y evitar que las fundaciones que reciben subvenciones puedan desviar dinero a terceros.

- Más publicidad y transparencia. Se elaborará un registro público de convenios urbanísticos, se dará más visibilidad a los cambios de nombre de los terrenos y se cambiará la ley para que el beneficio de las recalificaciones recaiga también sobre los municipios y no sólo en los promotores.

- Ricardo Costa: El ex secretario general del PP es el único suspendido de militancia por el escándalo. Paradójicamente es el único cargo popular que ha pedido disculpas por los errores cometidos.

- Comisión de investigación: El PP ha propuesto una comisión de investigación sobre la financiación de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. La negativa de la oposición a participar en una comisión desvirtuada se ha traducido en el bloqueo a la elección de Leire Pajín como senadora territorial

www.elpais.es 15.11.09

CAMPS ACUSA AL PSOE DE QUERER DARLE EL 'PASEO' Y TIRARLE EN "UNA CUNETA" 

Precisamente el día antes de que Mariano Rajoy dé comienzo a una convención política en la que quiere pasar página, Francisco Camps le aguó la fiesta. El presidente de la Generalitat valenciana, cuyo estado anímico preocupa a muchos dirigentes del PP, perdió los papeles en la última sesión de control de las Cortes de este año. Camps llegó a acusar al portavoz socialista, Ángel Luna, de querer matarlo. El grosor de la acusación fue tal, que la oposición afirma ya que el presidente valenciano no está capacitado para seguir en su cargo. "A usted le encantaría coger una camioneta y venirse de madrugada a mi casa y que, por la mañana, apareciese yo boca abajo en una cuneta", soltó Camps en un estado de crispación evidente. Casi diez horas después, se disculpó. 

La afirmación fue aplaudida por la gran mayoría de la bancada popular, aunque el estupor y el disgusto afloraron en el rostro de varios diputados del PP. Contrariamente a lo que es habitual, ningún parlamentario salió a despedir al presidente una vez terminada su comparecencia. 

"En la anterior sesión de control le hablaba de enajenación política; tras su declaración casi tendría que plantear el adjetivo que le puse al sustantivo", replicó Luna. El portavoz socialista acusó a Camps de estar "de los nervios" tras la querella presentada por el PSPV-PSOE por supuesta financiación irregular del PP. Todo el debate quedó eclipsado por la acusación de Camps contra Luna de que, si pudiese, le daría el paseo. 

La acusación abrió el debate sobre la factura que el caso Gürtel empieza a pasar al presidente valenciano y que se produce justo cuando el PP se prepara para celebrar una convención política pacífica, y cuando el foco público se centraba en el Gobierno por su gestión de la crisis por el secuestro del Alakrana. 

"Camps no está capacitado para seguir como presidente", aseguró el portavoz adjunto socialista, Joaquim Puig, que tachó las afirmaciones de Camps de "propias de la mafia". "Hacen falta elecciones y que ningún implicado en el caso Gürtel sea candidato", explicó la portavoz de Compromís, Mònica Oltra. Para la coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz, las manifestaciones de Camps "son la muestra palpable de la pérdida de sentido común del presidente del Consell". "Ha sido un espectáculo vergonzoso que demuestra que Camps está incapacitado", dijo. 

Casi diez horas después, el presidente rectificó: "Me gustaría pedir disculpas si he herido la sensibilidad de alguien, que entiendo que pueda ser así, por la frase que esta mañana, en el calor del debate parlamentario, pueda haber dicho. De igual manera, me encantaría que los socialistas pidiesen perdón públicamente por la cantidad de insultos y de infamias que me han proferido a mi persona". 

(www.elpais.com, 13/11/09) 

LA DERIVA DE FRANCISCO CAMPS 

- 8 de julio, en un acto público. "Quedan uno o dos escaloncitos y esta cuestión absurda [el caso Gürtel] será pasado". "La fuerza de la democracia (...) se llevará por delante esta cuestión". 

- 5 de octubre, a los periodistas. "Nos apoyamos todos, que eso es lo importante, ¿no? Estamos todos contentísimos. Fraga es muy feliz. Nos apoyamos todos. Eso es muy bonito". 

- 22 de octubre. Cortes valencianas. "Los socialistas dejarán el Gobierno por dos G: GAL y Gürtel. Este caso les arrastrará". 

- 3 de noviembre. Comité Ejecutivo Nacional del PP. "Cuando estaba mal y sufría, pensaba en ti y me animaba. Mariano, eres mi escudo". 

- 12 de noviembre. Cortes valencianas. "A usted le encantaría coger una camioneta, venirse de madrugada a mi casa y por la mañana aparecer yo boca abajo en una cuneta". 

(www.elpais.com, 13/11/09) 

CAMPS PIDE DISCULPAS ATACANDO A LOS SOCIALISTAS 

"Me gustaría pedir disculpas si he herido la sensibilidad de alguien, que entiendo que pueda ser así,  por la frase que esta mañana , en el calor del debate parlamentario, pueda haber dicho". El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, pidió esta tarde "disculpas" por las declaraciones realizadas en la sesión de control en las Corts Valencianes, en la que estimó que al portavoz del PSPV, Angel Luna, "le encantaría coger una camioneta, venirse de madrugada a mi casa y, a la mañana siguiente, aparecer yo boca abajo en una cuneta". Unas declaraciones que indignaron a los socialistas.  

Pero pidió disculpas de una manera un tanto sui generis: "De igual manera, me encantaría que los socialistas pidiesen perdón públicamente por la cantidad de insultos y de infamias que me han proferido a mi persona y al PP durante estos meses", agregó el jefe del Consell, quien destacó que "el debate político tiene que enmarcarse en el entorno que corresponde". 

Camps se pronunció así en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la gala 'Valencianos en la Onda', tras ser preguntado por las afirmaciones hacia el portavozdel PSPV con las finalizó su exposición en la sesión de control celebrada en las Corts, en la que criticó la querella que los socialistas valencianos han presentado por financiación ilegal y otros seis delitos a raíz del caso Gürtel contra 17 personas, entre ellas el propio jefe del Consell, altos cargos 'populares' y varias empresas. 

"A mí no me duelen prendas en absoluto por pedir las disculpas que correspondan, creo que todo el mundo que me conoce sabe perfectmente que he oído las cosas más duras durante estos meses y he estado siempre callado y en donde me corresponde", continuó. 

Camps insistió, no obstante, en que le "gustaría" que "los socialistas, los de la Comunitat Valenciana y los de España, que tantas cosas han dicho de mi y de mi partido durante estos meses, apuntó, hiciesen exactamente lo mismo y que, a partir de ahora, comenzásemos una época y una etapa completamente diferente". "Creo que seria muy bueno para todos", sentenció. 

Por último, el presidente de la Generalitat indicó que, en su opinión, "es bueno reconocer en ciertas circunstancias qué es lo que puede haber ocurrido, y también es bueno pedir que los demás estén a la altura de las circunstancias y sepan también pedir perdón y pedir disculpas", concluyó. 

(www.publico.es, 13/11/09) 

EL PP, "PREOCUPADO" POR LA ESTABILIDAD EMOCIONAL DE CAMPS 

Las palabras de Francisco Camps tronaron ayer entre las filas conservadoras. A sus compañeros de partido les sorprendió la reacción del presidente de la Generalitat valenciana, quien acusó al portavoz socialista en Les Corts, Ángel Luna, de desear su muerte .  

En estos últimos meses, algunos habían visto a Camps ya tremendamente afectado por el caso Gürtel. Pero lo de ayer fue, según dirigentes del PP, algo "desmedido". Muchos se confesaron "muy preocupados" por su estabilidad emocional. 

En el partido admiten que está "mal" y creen que todo lo que ha ocurrido le está pasando "una importante factura". Hay quien cree que no supo encarar desde el principio el tema de los trajes, otros le reprochan que no pusiera distancia con su "amiguito del alma" Álvaro Pérez, El Bigotes, y algunos piensan que ha quedado "irremediablemente tocado" al mentir a la dirección nacional sobre la destitución de su mano derecha, Ricardo Costa. Para la mayoría, esta combinación de elementos agitados en la coctelera del PP valenciano tenía que acabar explotando inevitablemente.  

Varios diputados conservadores se mostraron ayer "estupefactos". Opinan que Camps "perdió los nervios" y que tendría que haber pedido disculpas de inmediato. Algo que hizo, finalmente, a última hora de la tarde. Rajoy no se pronunció sobre este asunto. Y, en esta ocasión, su silencio valía más que mil palabras porque siempre que Camps se ha tambaleado, él se ha lanzado al rescate. Esta vez le dejó solo. En el PP piensan que la relación entre ambos se ha deteriorado bastante. 

El líder del PP, que acudió a un acto con agricultores en Ciudad Real, prefirió centrarse en otros temas. Así, anunció que propondrá a Zapatero un acuerdo para defender el "campo español" en la Unión Europea. Y prometió que si llega al Gobierno, reactivará el Plan Hidrológico Nacional. 

Los colaboradores de Rajoy afirmaban ayer que este no le había dado instrucciones a Camps para que rectificara y que si lo había hecho, era porque habría "reflexionado" y visto que se había "equivocado". Algunos de los que rodean a Rajoy opinan que el político valenciano está "fuera de la realidad" desde hace tiempo.  

Pero también hubo quien quiso socorrer a Camps. "La presión está siendo muy fuerte y nos están insultando todos los días", explicaban ayer desde el PP valenciano. Desde su círculo insisten en que llevan meses "aguantando frases muy duras" y recuerdan que a Camps le recitaron en el Parlamento autonómico el artículo del Código Civil que habla sobre "la incapacidad".  

También denuncian que, en una comisión, la diputada de Compromís, Mónica Oltra, llamó "asesinos y torturadores" a los antepadados del PP, y que la misma parlamentaria se presentó con una camiseta con la cara de Camps estampada bajo el lema "Se busca. Sólo vivo". 

"No está loco dice la gente de Camps. Es que le están machacando continuamente, todo el día pidiendo su cabeza". Y aseguran que en la Comunidad Valenciana es imposible hablar de otra cosa que no sea la trama corrupta de Francisco Correa y El Bigotes. 

(www.publico.es, 13/11/09) 

GÉNOVA ADMITE QUE CAMPS SE EQUIVOCÓ 

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho hoy que la "metáfora" que ayer usó el presidente valenciano, Francisco Camps, en la sesión de control en Les Corts "no es en absoluto afortunada", pero ha destacado sus disculpas al ver que se había "equivocado". 

En una entrevista en TV3 recogida por Efe, la dirigente del PP se ha referido así a la respuesta de Camps al portavoz socialista en Les Corts, Ángel Luna, al que dijo que "le encantaría coger una camioneta, venirse de madrugada a mi casa y por la mañana aparecer yo boca abajo en una cuneta". 

Preguntada por si Camps había usado un símil propio de la Guerra Civil, ha comentado que la frase no tenía "nada que ver" con eso y que la "intención" de Camps no era "ofender, sino defenderse". 

Ha añadido que horas más tarde pidió perdón, un gesto que "por desgracia no es frecuente" en un presidente autonómico, ha destacado. 

Asimismo, la dirigente del PP ha lamentado que los socialistas valencianos no adopten un tono "constructivo", y ha afirmado: "Más vale que se dedicaran a apoyar y echar un mano ante la crisis".

A preguntas sobre los últimos conflictos internos en el PP, Sáenz de Santamaría ha asegurado que "todo el mundo" debería hacer "un ejercicio de responsabilidad". 

Ha asegurado que los dirigentes de su partido son "referente fundamental" para millones de españoles, y ha defendido "poner los intereses de la gente por encima" de los personales.

Respecto a las informaciones periodísticas que aseguran que la mayoría de miembros del Constitucional no avalan cuestiones clave del Estatut, la dirigente ha evitado entrar en valoraciones, y ha confiado en que la sentencia llegue "cuanto antes", según ha asegurado en declaraciones a Rac-1 recogidas por Efe.

Sáenz de Santamaría ha vuelto a justificar el recurso del PP al Estatut, ha alertado del "peligro de deslegitimar las instituciones" y se ha preguntado por qué el presidente catalán, José Montilla, no pide explicaciones a los presidentes de Aragón y Baleares por sus respectivos recursos al texto. 

(www.levante-emv.com, 13/11/09) 

EL PP DISUADE A COSTA DE IR A LA CONVENCIÓN DE RAJOY Y EL DIPUTADO ´PLANTA´ A CAMPS  

El ex número dos del PPCV Ricardo Costa no asistió ayer al pleno en el que Camps debía someterse a la sesión de control. En el pleno anterior, el 30 de octubre, el ex secretario general y ex portavoz popular aprovechó para acercarse a saludar a Camps, quien no le secundó en el intento de abrazo. Ayer, fuentes del entorno apuntaban que el diputado estaba enfermo. Sin embargo, el miércoles sí asistió a la sesión con normalidad. Otras fuentes aseguraban que su ausencia fue su forma de expresar su malestar con el presidente.

A esto se añade que el partido lo ha disuadido de asistir a la convención de este fin de semana en Barcelona, con la presencia de Mariano Rajoy. El popular tenía intención de ir pero le han recordado que está suspendido de militancia. Su presencia le crearía un problema a Rajoy. 

Ricardo Costa sigue esperando a que el Comité de Derechos y Garantías lo cite a comparecer para defenderse. Su entorno espera que lo llamen la próxima semana. Sin embargo, el comité que preside Alfonso Fernández Mañueco, según fuentes, no tiene interés en darle audiencia. Es más, indicaron que sería suficiente con enviarle un pliego de cargos para que presente alegaciones. También dejaron claro que la documentación sobre su patrimonio que ha remitido "no tiene nada que ver" con el expediente, que es por el desafío a Génova que supuso la rueda de prensa. Ayer, en su primera pregunta a Camps como portavoz del PP, el conseller Rafael Blasco aprovechó para hacer un reconocimiento a los síndicos que le han precedido, entre ellos, a Costa. También tendió la mano al PSPV para llegar a acuerdos. 

(www.levante-emv.com, 13/11/09) 

GUERRA 'A MUERTE' EN LAS CORTES 

La corrupción, o mejor dicho, la negativa cerrada a asumir cualquier responsabilidad por ella, ha llevado a una auténtica apertura de hostilidades en las Cortes Valencianas. La última sesión de control parlamentario de 2009 al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se convirtió ayer en una guerra a muerte. 

El propio presidente se vio sobrepasado por la tensión de la exigencia de explicaciones por los escándalos relacionados con el caso Gürtel que le implican personalmente y que reiteraron todos los grupos de la oposición. Y convirtió en una barbaridad dialéctica, con la acusación al portavoz socialista, Ángel Luna, de desear matarlo, la táctica del PP de negar la existencia misma de corrupción alguna y contraatacar a los socialistas con dureza. 

Si hace unos días el presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus, dejó clara la consigna cuando exclamó "¡A por ellos!", a lo que Luna respondió que, pese a no ser muy alto, hace tiempo que no teme a los "matones de discoteca", ayer el flamante portavoz parlamentario del PP, a la par que consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, se vio en la tesitura de defender ante los micrófonos de la SER que la grave acusación de Camps en el pleno -por la que horas después el presidente se disculpó- es "la respuesta adecuada al nivel de crispación, de tensión y de ofensas a una persona honesta como el presidente Camps y a un gobierno honesto y transparente". 

Blasco reiteró el argumento de que no hay pruebas "sustanciadas en clave judicial" y el portavoz socialista, también ante los mismos micrófonos, explicó que la opacidad del Consell les ha llevado a recurrir a los juzgados, con una querella basada en la investigación de la Brigada Policial de Blanqueo de Capitales. "Camps está literalmente de los nervios", dijo Luna, "por no aceptar la realidad de que ha tenido relaciones muy estrechas con una trama de corrupción que no puede explicar", una trama que ha hecho desaparecer "mucho dinero de todos los valencianos". 

Pero si Blasco se empeñó ayer en mantener una apariencia de normalidad en la radio en las relaciones entre el Consell y la oposición, en las Cortes Valencianas el PP y la oposición han roto todos los puentes.Camps se negó ayer a reconocer la legitimidad de los portavoces de la oposición. El presidente pidió explicaciones al socialista Ángel Luna y a la portavoz de Compromís, Mònica Oltra, por ocupar sus respectivas portavocías sin haber sido candidatos a la Presidencia de la Generalitat. Un argumento que causó estupor, incluso, en las filas del PP, que en lo que va de legislatura ya ha tenido tres portavoces parlamentarios distintos. 

Luna echó por tierra todos los cambios realizados por Camps en la cúpula del PP y en el grupo parlamentario popular. "Es un movimiento defensivo. Su único proyecto político es resistir", dijo el portavoz socialista, que preguntó a Camps si sigue sólo por la prerrogativa de ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en vez de por un juzgado ordinario. 

"Cuando se esconde tras una querella [presentada por el PSPV por supuesta financiación ilegal del PP] y el insulto, es que no tiene nada que decir a los ciudadanos", replicó Camps, que llegó a acusar al portavoz socialista de poner en peligro los 10.000 puestos de trabajo de las empresas que han sido denunciadas por haber financiado, supuestamente, de manera ilegal a los populares. Luna, lejos de perder la compostura tras ser acusado por Camps de querer matarlo, utilizó las repreguntas para mantener sus acusaciones de opacidad y corrupción. 

El presidente valenciano, visiblemente nervioso, asumió personalmente todas las réplicas para negar todas las acusaciones socialistas (aunque a primera hora de la noche pidió disculpas por acusar a Luna de desear su muerte). Mònica Oltra tampoco contribuyó a serenar el ánimo de Camps. "¿Si no tiene nada que ocultar por qué han destituido Costa?", dijo la portavoz de Compromís. Oltra acusó al presidente de llevar la política al ridículo. "Gürtel lo representa usted por mucho que cambie las sillas en el PP", sentenció. 

Para Camps, el caso Gürtel es "un hilo abierto, no se sabe bien por quién" para que los populares pierdan el Gobierno. El presidente insistió en que no hay ningún imputado valenciano, ninguna irregularidad detectada y que las encuestas les dan mayoría. 

(www.elpais.com, 13/11/09)

CAMPS ORDENA AL PP QUE SAQUE TRAPOS SUCIOS DEL PSPV EN TODOS LOS MUNICIPIOS  

La querella presentada por el PSPV ha sacado de sus casillas a los populares valencianos, quienes han visto como una vez más el caso Gürtel hace saltar por los aires su hoja de ruta. En esta ocasión, sin embargo, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no piensa quedarse esperando a que la tormenta escampe y ha ordenado a los suyos guerra total contra los socialistas. En concreto, el líder de los populares valencianos ha pedido al partido y al Consell que endurezcan su discurso contra el PSPV y saquen a la luz los supuestos trapos sucios de los socialistas en los ayuntamientos donde gobiernan.  

El contraataque se hará en todos los frentes: Corts, Consell y, sobre todo, en el partido. Para coordinar la estrategia,el presidente Camps mantuvo la misma tarde del lunes una reunión con sus primeros espadas en los tres ámbitos. En concreto, recibieron instrucciones el portavoz del grupo popular en las Corts, Rafael Blasco; el vicepresidente primero, Vicente Rambla, y el secretario general del PPCV, Antonio Clemente. Los tres, y cada uno en su terreno, tienen el mandato directo del jefe del Consell de tratar de mantener a raya a los socialistas en su estrategia de deteriorar al PP a cuenta del caso Gürtel. 

Así las cosas, el PPCV convocó ayer una rueda de prensa para seguir arrojando dudas sobre la contratación en el Ayuntamiento de Gandia con la empresa Proinosa, implicada en el caso Pretoria que ha destapado la corrupción urbanística en varios municipios de Cataluña. El portavoz del PP en Gandia, Arturo Torró, compareció junto con Antonio Clemente, el secretario provincial de Valencia, Vicente Betoret, y el secretario de Economía del PPCV, José Marí. Torró no aportó datos nuevos sobre los ya ofrecidos el día anterior, pero sí expresó sus sospechas de que este asunto sea "una forma de financiación ilegal del PSPV".  

En su intervención, Clemente dejó claro que los populares guardan más munición contra los socialistas y que esta se hará llegar por entregas. Así, envió una "cariñosa advertencia" al PSPV al asegurar que lo de Gandia "no es más que la punta del iceberg". Dijo tener "información de que hay muchos más presuntos casos de corrupción en ayuntamientos importantes gobernados por el PSPV de Alicante y Valencia que pone en tela de juicio la honradez de muchos representantes socialistas". El dirigente popular, sin embargo, no entró en detalles e indicó que la información se daría "conforme se fuera asimilando". Los populares han puesto a trabajar a sus representantes en los Ayuntamientos para sacar a la luz todas aquellas contrataciones que puedan resultar sospechosas al margen de la consistencia de las denuncias. 

De momento, el PP, a pesar de las acusaciones, no tiene previsto ir a los tribunales. Según Clemente prefieren "no tirarse a la piscina" y, a diferencia del PSPV, actuar "con seriedad y criterio". Eso sí, los populares anunciaron medidas jurídicas en el caso de que se desprenda de la querella socialista elementos constitutivos del delito de "acusación o denuncia falsa". Según Marí, el documento jurídico está plagado de inconsistencias. 

Además de poner en marcha el ventilador, Clemente endureció las críticas hacia líder del PSPV, Jorge Alarte, al que acusó de "cobardía política" por no firmar la querella, al tiempo que denunció que el PSPV "ha dado un salto cualitativo muy peligroso" al incluir a cinco empresas respetables. Y advirtió medidas contundentes en el terreno jurídico y político para defender el honor del presidente. A lo largo del día se sucedieron los comunicados en contra del PSPV. 

Aunque Clemente no lo dijo abiertamente, los populares dan prácticamente por rotas sus relaciones con el PSPV: el rodillo en la elección de los representantes de las cajas y el aplazamiento hasta febrero de la elección de Leire Pajín son las consecuencias a corto plazo de la ofensiva judicial de los socialistas. 

(www.levante-emv.com, 11/11/09)

LOS SOCIALISTAS DENUNCIAN AL JUEZ LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO 

Texto de la querella del PSPV contra el PP por la financiación irregular. DOCUMENTO (PDF - 1,91Mb) - 09-11-2009

El PP valenciano se financió con donaciones procedentes de empresas beneficiadas por la Generalitat en los procesos de adjudicación de contratos públicos. Francisco Camps, presidente de la Generalitat, estaba al corriente de todo. Éste es el núcleo argumental de la querella presentada ayer por los socialistas valencianos contra el propio Camps, cinco altos cargos del Gobierno y del PP valenciano, cinco de los cabecillas de la trama Gürtel, con Francisco Correa al frente, y cinco constructores locales.  

Los socialistas les acusan de los posibles delitos de cohecho, malversación, prevaricación, falsedad documental, delito tributario, alteración contable y financiación irregular. 

La querella también se dirige contra el ex director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) Pedro García por propiciar un pelotazo millonario a Correa con motivo de las adjudicaciones para retransmitir los actos de la visita del Papa a Valencia en 2006. Canal 9 adjudicó por 6,4 millones de euros la sonorización el acto a Teconsa, una empresa pantalla de la trama. Correa recibió una comisión de 957.300 euros, según la investigación policial en la que se basa la querella. 

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) será la encargada de decidir si esa querella se convierte en una investigación judicial. La sala que debe determinarlo está presidida por Juan Luis de la Rúa, magistrado a quien públicamente Francisco Camps señaló como un "más que amigo". De la Rúa archivó la causa abierta contra Camps por el escándalo de los trajes y rechazó investigar el informe policial que recoge indicios de una supuesta financiación irregular del PP valenciano. 

El portavoz socialista en las Cortes Valencianas y uno de los cuatro firmantes de la querella, Ángel Luna, explicó ayer que la investigación que instan "permitirá demostrar la estrecha vinculación de la cúpula del Consell y del PP con una gigantesca trama de corrupción internacional". Según su relato de los hechos, Camps estaba al corriente de los hechos y es el responsable "a quien se acude en última instancia para resolver los problemas derivados de las deudas, los pagos o los cobros".  

El ya ex secretario general del PP, Ricardo Costa, era "responsable de canalizar los pagos en B a Orange Market, SL", y el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, "tendría como función controlar las adjudicaciones de la Administración pública valenciana a las empresas del grupo Francisco Correa, entre las que está Orange Market, así como la financiación de empresarios". 

Según la querella, que se apoya en el informe de la Unidad contra el Blanqueo de Dinero (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, las constructoras se hacían cargo de facturas que Orange Market giraba por actos del PP valenciano. La investigación señala a Facsa, Lubasa, Enrique Ortiz e Hijos, Sedesa -vinculada a la familia del vicepresidente del Consell, Juan Cotino- y al Grupo Piaf. 

La facturación de Orange Market al PP se realizó bajo una doble facturación, una real identificada como Alicante y otra opaca bajo la denominación Barcelona (inicial de b). Según la querella, la operativa seguida consistía en que una factura emitida por el PP valenciano la transformaban, por ejemplo, en otra emitida a la sociedad Enrique Ortiz e Hijos. Esta mercantil sería la que pagaba realmente el acto del partido. O bien, se giraba una factura al PP de Castellón, luego se cambiaba por otra emitida a Facsa y ésta efectuaba el desembolso del evento del partido.  

En el documento se hace referencia a que en el anexo 1 del informe de la UDEF se da cuenta de un correo electrónico enviado desde Orange Market en el que hay una petición de cambio de cliente, del PP a Enrique Ortiz e Hijos. Y corroborándolo aparecen facturas emitidas por Orange Market en las que inicialmente estaba como cliente el PP, que se cambian por el citado empresario. 

Las empresas denunciadas "han sido adjudicatarias de contratos por la administración pública valenciana en compensación de los favores realizados para la formación política del PP, sufragando actos políticos", sostiene la querella. Estas empresas han sido beneficiarias de contratos públicos por parte de la Generalitat de alrededor de 1.000 millones. 

La investigación no está cerrada. Ángel Luna advirtió de que existe documentación que no ha sido analizada "por tanto, no es descabellado pensar que asistiremos a la descripción de más hechos delictivos". 

La patronal autonómica Cierval salió por la tarde en defensa de la honorabilidad de los empresarios valencianos. A este respecto, Ángel Luna reconoció que pudieron ejercerse presiones sobre los empresarios, pero agregó que "también hay que saber soportarlas". El vicepresidente del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, retó a los socialistas a que "citen con pruebas una sola adjudicación irregular de la Generalitat". 

(www.elpais.com, 10/11/09) 

UNA LARGA TEMPORADA MIRANDO AL JUEZ 

Después de la respuesta ofrecida por Mariano Rajoy en el Comité Ejecutivo, la dirección nacional del PP está convencida de que la estrategia política sobre el caso Gürtel está reenfocada con claridad. Sin embargo, todos los dirigentes de la calle Génova consultados admiten que lo que más les preocupa ahora no es la política, sino la justicia. 

El entorno de Rajoy, explican estos dirigentes, está especialmente preocupado por Francisco Camps. Creen que su agonía, o al menos su personal vía crucis político, aún está muy lejos de acabar. Lo que más inquieta en este momento es el Tribunal Supremo, ante el cual está recurrida por la fiscalía la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana -por dos votos a uno- de absolver a Camps en el caso de los trajes. 

En Génova dan por hecho que el Supremo admitirá a trámite en las próximas semanas el recurso. La decisión final del tribunal se espera para después de Navidades, aunque nadie lo tiene del todo claro. 

En cualquier caso, todos los dirigentes consultados asumen que si el Supremo le diera la razón a la fiscalía y aceptara el recurso, Camps, al que todos ven ya muy tocado, estaría acabado. Aún así, Rajoy sigue defendiéndolo incluso en privado. 

El otro frente que ahora se abre, y que también ha centrado las conversaciones internas de las últimas semanas, es el de la posible financiación irregular del PP valenciano, que también implica a Camps, amigo muy cercano del cabecilla de la red en Valencia, Álvaro Pérez. Muchos dirigentes temen en privado que el caso siga adelante y sea admitido a trámite por el mismo tribunal que absolvió a Camps por los trajes. Las pruebas acumuladas, admiten, hacen muy difícil que se rechace estudiarlo. 

Algunos dirigentes se quedaron ayer sorprendidos al comprobar que, cuando el juez José Flors le preguntó en mayo qué le debía Álvaro Pérez, Camps contestara "todos los valencianos me deben mucho". Muy pocas personas conocían el contenido exacto de la declaración judicial de Camps, que se ha mantenido en secreto, y algunos se sorprendieron ayer de que no hubiera preparado una respuesta más convincente. 

El otro frente abierto está en Madrid. Casi 33.000 de los 50.000 folios del sumario principal del caso Gürtel siguen declarados secretos. Los populares temen que en cualquier momento se hagan públicos y eso afecte a más dirigentes. Algunos incluso señalan en privado el temor de que se haga en estos días, lo que destrozaría la convención política programada este fin de semana en Barcelona, con la que Rajoy pretende relanzar su alternativa. Hay muchos dirigentes preocupados por lo que pueda aparecer en la parte del sumario relativa a Pasadena Viajes, la agencia de Francisco Correa, que hizo los viajes oficiales del partido en los noventa y también los viajes privados de los principales dirigentes de la época. 

José María Aznar, presidente de honor del PP, que era el jefe del partido cuando Correa hacía todo en la calle Génova, ha evitado hasta ahora darse por aludido. Ayer, al hacerse cargo de la cátedra de Ética Política en la Universidad Católica de Murcia, sentenció: "Se debe exigir que quienes ocupan cargos de responsabilidad acrediten algo más que su presunción de inocencia". "Es esencial que los partidos pongan el máximo celo en detectar" a los corruptos, sentenció. Pero ni una mención expresa a Correa, padrino en la boda de su hija. 

Citas pendientes

- Tribunal Supremo. Decidirá en las próximas semanas sobre el recurso del fiscal contra el archivo del caso de los trajes de Camps.

- Superior de Valencia. Debe tramitar la denuncia de los socialistas sobre posible financiación ilegal del PP.

- Superior de Madrid. Buena parte del sumario aún está declarada secreta. El juez Pedreira puede abrirla en cualquier momento. 

(www.elpais.com, 10/11/09)

CAMPS RECUERDA A FRAGA QUE ´RAJOY PIDIÓ QUE NO HABLÁSEMOS FUERA DEL PP´

El president de la Generalitat, Francisco Camps, afirmó ayer en Castellón que él es "un disciplinado y leal militante" del PP y por tanto asume la petición de Mariano Rajoy de que "nadie hable del partido fuera del ámbito del mismo". 

Camps realizó estas declaraciones tras el acto de celebración del cuadragésimo aniversario del Instituto Técnico Cerámico (ITC) en Castellón, tras ser preguntado por las manifestaciones de ayer del presidente fundador del PP, Manuel Fraga, quien sobre el líder del PPCV dijo desconocer "si repetirá como candidato porque, no en vano, ha habido trajes arriba y trajes abajo. Se ha trajinado demasiado".Asimismo, Fraga volvió a apostar por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para la dirección popular en la Comunitat Valenciana. 

El jefe del Consell explicó que "hace seis días el presidente nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, dijo que nadie hablase del partido fuera del ámbito y de los órganos del partido".

"Yo, que soy un disciplinado militante, voy a hacer exactamente lo mismo que el presidente del partido nos ha pedido a todos y que imagino incluye a todos los militantes del partido: no hablar de las cuestiones del partido fuera de los ámbitos del gobierno del mismo", aseveró. 

El presidente del PP en la Comunitat Valenciana reiteró que es "un militante leal y disciplinado" y que hará "exactamente eso". 

El presidente dijo también que tanto él como Castellón tienen "la enorme suerte" de tener a Carlos Fabra como presidente de la Diputación y del partido en la provincia y mostró su apoyo total al presidente del PP provincial. 

Camps aseguró que Carlos Fabra "es un hombre que lleva décadas peleando por esta provincia, que la ha puesto en valor, que ha hecho que las Administraciones nacional y autonómica hayamos invertido como jamás se había hecho en la provincia de Castellón". 

En este sentido, matizó que se refería a "a Administración nacional cuando gobernaba el PP, porque desde que llegó el Partido Socialista, ya no ha habido un sólo euro para la provincia de Castellón".Camps también dijo que es "algo excepcional que siga pidiendo por su tierra como yo hago por la Comunitat Valenciana", en referencia a Fabra, añadió. 

"Sería incoherente e incongruente que yo esté todo el día peleando por la Comunitat y no se permitiese que alcaldes y presidentes de las diputaciones hiciesen exactamente lo mismo", ha agregado.Sobre las peticiones de inversión para proyectos como la Ciudad de las Lenguas o Mundo Ilusión, Camps afirmó que "muchas de las cuestiones que ha planteado ya están resueltas" y las enmiendas que se presentarán por parte de la Diputación, afirmó, "estarán, seguro, aceptadas"."Hemos trabajado conjuntamente -según el jefe del Consell- y difícilmente se puede encontrar alguna reivindicación que la Administración autonómica no haya puesto en marcha en la provincia de Castellón", dijo. 

(www.levante-emv.com, 10/11/09)

CASTELLÓN INVESTIGARÁ SUS CONTRATOS CON EMPRESAS DE LA TRAMA GÜRTEL 

El Ayuntamiento de Castellón ha creado esta mañana a propuesta de los socialistas una comisión de investigación para analizar los contratos que ha adjudicado a empresas que han sido vinculadas en los informes policiales con la supuesta financiación ilegal del PP. 

El concejal del Bloc en el Ayuntamiento, Enric Nomdedéu, ha aceptado la presidencia, ofrecida por el equipo de gobierno del PP, de esta comisión de investigación.

Tanto Lubasa como Facsa y Piaf, tres de las cinco empresas que aparecen en la contabilidad de la trama Gürtel investigada por la policía, son concesionarias y adjudicatarias del Ayuntamiento de Castellón, cuyo alcalde es Alberto Fabra (PP). Las empresas han negado cualquier relación con la presunta financiación irregular del PP. 

La comisión, que se ha formado hoy por la mañana, ha designado una vicepresidencia, que estará ocupada por el concejal del PP Juan José Pérez Macián. 

Nomdedéu exigió, como condiciones para aceptar la presidencia de la comisión, la elaboración de un reglamento consensuado, el acceso libre a toda la documentación que se solicite, la ausencia de declaraciones durante el tiempo que dure la investigación y la redacción de un informe final consensuado. 

La comisión no tendrá una duración límite y, de momento, los integrantes detallarán los documentos a los que quieren tener acceso para, posteriormente, fijar una fecha para la próxima reunión. 

 (www.elpais.com, 10/11/09)

JUEZ: "¿QUÉ LE DEBE A USTED EL SEÑOR PÉREZ?" CAMPS: "LOS VALENCIANOS ME DEBEN MUCHO"

El 20 de mayo, el juez José Flors, instructor del caso por supuesto cohecho impropio contra cuatro dirigentes del PP valenciano, entre ellos el presidente Francisco Camps, tomaba declaración a los imputados. Durante el interrogatorio a Camps, el juez puso la grabación de una conversación incluida en el sumario. Hablaban, el 7 de enero pasado, Álvaro Pérez, El Bigotes, jefe de Orange Market, la empresa valenciana de la red Gürtel, y Francisco Camps:

Álvaro Pérez. ¿Has leído mi tarjetón?

Camps. Muchísimas gracias, ¿eh?

Á. Bueno, escucha, tu... ¿Has leído mi tarjetón?

C. Sí, sí, sí...

Á. Bueno, pues fíjate, fíjate si te debo...

El juez Flors quiso saber qué encerraba ese mensaje de El Bigotes y preguntó a Camps:

Juez. ¿Qué le debe a usted el señor Pérez?

Camps. Todos los valencianos me deben mucho porque he sacado adelante la Comunidad Valenciana. Los valencianos me gritan "presidente, presidente" cuando me ven por la calle.

Juez. No, señor Camps, lo que le pregunto es ¿qué le debe el señor Pérez?

Camps. Todos reconocen mi empuje como presidente.

Juez. Bien, es suficiente.

Esta conversación forma parte del interrogatorio grabado en vídeo que han reconstruido para EL PAÍS algunas de las partes que han tenido acceso al mismo.

El presidente valenciano evitó responder a una pregunta que iba directa al corazón del supuesto cohecho impropio cometido por Camps. En la conversación de éste con El Bigotes se hablaba de tres regalos, supuestamente muy caros, que el responsable de Orange Market había enviado a Camps, a su mujer y a su hija. Para entonces, Orange Market había conseguido de la administración valenciana numerosos contratos, muchos de ellos sin concurso, por un monto de siete millones. "Desconozco si se han concedido contratos a Orange Market desde Presidencia de la Generalitat", afirmó Camps.

En su declaración ante el juez sobre los regalos de El Bigotes, Camps se defendió así: "Devolvimos el reloj, la pulsera y una cinta de cuero con una medallita que había regalado a mi hija. Los devolvimos en la farmacia de mi esposa". En la conversación del 7 de enero, Camps le pasa el teléfono a su mujer para que hable con El Bigotes y se escucha lo siguiente:

Isabel (esposa de Camps). Con el [regalo] mío te has pasado 20 pueblos.

Álvaro Pérez. Si es un... si es un detallito, hazme caso.

I. Un detallito, ja, ja, ja.

Á. Qué dices...

I. Eso lo tenemos que hablar.

Á. Vale, va. Lo hablamos cuando tú quieras.

I. Detenidamente... no, en serio.

Á. Vale, vale. Oye, escucha, ¿le ha gustado a Isabel el suyo?

I. De eso también tenemos que hablar, es que le está pequeño.

Á. ¿Le está pequeña?

I. Es que [es de] tamaño de niña pequeña, y mi...

Á. Es que yo pensaba, que sería la muñequita como la tuya.

I. Mi niña... no.

Á. Ah... claro, es que he pensado en la muñeca de una chica muy joven, como tú.

I. Claro, claro, ja, ja, ja. Yo no me la he probado.

Á. No te preocupes que eso lo arreglamos. Pero... ¿Le ha gustado la medallita?

I. Sí, le ha gustado, le ha encantado.

Á. Vale, me alegro, vale, vale. Oye, pues entonces no te preocupes que yo mañana...

I. Y ahora hablamos, porque es que es muy fuerte, no en serio.

Á. ¿Quién está fuerte?

I. No, en serio, no me lo voy a quedar.

Á. ¿Quién está fuerte? Es que no te oigo bien, no te oigo nada.

El juez también preguntó a Camps por qué no guardaba facturas ni tiques de las prendas que, según la investigación, le regaló la trama corrupta.

Camps. El mejor justificante es el propio traje.

El presidente reconoció en su declaración que El Bigotes le puso en contacto con la tienda de Milano en Madrid en la primavera de 2003, donde al principio no compró nada. Posteriormente, le enviaron cuatro trajes que devolvió porque no le sentaban bien. A finales de 2006, sus encargos se trasladaron a la tienda Forever Young, adonde se había incorporado a su vez el sastre José Tomás. Allí encargó dos trajes que recibió a principios de 2007 y que pagó, según Camps, en efectivo. Después encargó otro en marzo de ese año, que también pagó en efectivo, como así hizo después con otros tres trajes y unos zapatos.

Juez. ¿Cómo puede explicar que no conservara ningún tique a efectos de posibles arreglos en las prendas?

Camps. El mejor justificante es el propio traje (...) No tengo por costumbre pedir tiques. El dinero para pagar los trajes lo sacó mi esposa del banco y de la caja de una farmacia que tiene en el centro de Valencia y de la que es copropietaria (...) En una ocasión, al ir a pagar en metálico, me faltó una pequeña cantidad y se la solicité a mi escolta.

El sastre José Tomás ha negado que el presidente se pagara sus trajes. Ningún empleado de Forever Young vio nunca pagar a Camps. Y en los registros de la tienda, los trajes de Camps aparecen como abonados por las empresas de la trama corrupta.

El juez le preguntó si El Bigotes le había prestado trajes para sesiones fotográficas -tal y como aseguraba Álvaro Pérez en una conversación telefónica con uno de sus socios-, pero el presidente lo negó. Camps admitió que llevó un frac y un chaleco, de la tienda de José Tomás, que devolvió después de usarlos.

Juez. ¿Por qué llamó usted al sastre José Tomás para hablar de las facturas de los trajes?

Camps. El diario EL PAÍS iba a publicar la factura de Milano. Yo hablé con un periodista de EL PAÍS y logré parar la edición. José Tomás me dijo que era un problema de contabilidad.

El juez Flors no dio mucho crédito al presidente valenciano y decidió sentarle en el banquillo para que fuera juzgado por un delito de cohecho impropio. Camps recurrió y la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia decidió, por dos votos a uno, archivar el caso. El fiscal recurrió ante el Supremo esta decisión.

www.elpais.es 09.11.09

LA IMPLICACIÓN DE UN PRESIDENTE

El domingo 8 de febrero, este periódico mantuvo un contacto telefónico con Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, sobre una conversación grabada a una directiva de la trama corrupta, Isabel Jordán, en la que ésta afirmaba que había pagado 30.000 euros a la tienda Milano por unos trajes para Camps.

El presidente valenciano aseguró que se pagaba los trajes y EL PAÍS decidió no publicar la información dado que, de lo conocido hasta entonces, no existían más pruebas del supuesto delito de cohecho. En su declaración ante el juez José Flors, el presidente valenciano aseguró que había conseguido parar la publicación de esa noticia.

No fue Camps sino EL PAÍS el que decidió no publicar la transcripción de la grabación que le implicaba y que consta en el sumario del caso, al entender que no había más pruebas para acreditar la denuncia y creer, en ese momento, en la palabra del presidente valenciano.

Sólo 11 días después, EL PAÍS adelantó la noticia de que el fiscal implicaba a Camps en la trama corrupta debido, justamente, al caso de los trajes regalados por Álvaro Pérez al presidente valenciano. Para entonces, la investigación ya había acumulado documentos y testimonios suficientes para sostener que existían indicios claros de un supuesto delito de cohecho impropio que se atribuía al presidente de la Generalitat.

www.elpais.es 09.11.09

EL DICCIONARIO CAMPS: MIL Y UNA MANERAS DE HACER EL RÍDICULO SIN HABLAR DE LA GÜRTEL 

Desde que estalló el caso Gürtel el pasado mes de febrero, Francisco Camps ha pasado de ser uno de los barones regionales con más peso en el PP nacional, a ser el líder más defenestrado de la derecha española. En vez de reconocer sus errores, el presidente de Valencia ha optado desde el principio por negar todas las vinculaciones de su Gobierno con la trama corrupta. Para ello, ha echado mano de frases rimbombantes e incomprensibles que sin duda pasarán a la historia. Esta es una selección de los disparates más sonados de El Molt Honorable.                                   

Citas a Churchill y Bretch

19 de febrero de 2009. Francisco Camps se vio obligado a comparecer ante la prensa para desmentir que tenga ninguna vinculación con la trama Gürtel después de las últimas investigaciones periodísticas. Arropado por su equipo de Gobierno y por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, Camps realizó una breve comparecencia en la que manifestó que está “profundamente indignado” con las informaciones publicadas y aludió a una frase de Winston Churchill que definía la democracia como el estado en que "a las seis de la mañana el único que podía llamar a la puerta era el lechero". Por si fuera poco, el presidente de Valencia echó mano a una frase atribuida al escritor alemán Bertolt Bretch, y afirmó: "Ayer un concejal, hoy un alcalde, mañana, el presidente de una Comunidad Autónoma".

Cosas horrorosas

El pasado 30 de abril, una vez más, el presidente valenciano consiguió salirse por la tangente y evitar contestar a las preguntas de la oposición socialista sobre su presunta implicación en la trama Corrupta vinculada al PP. Preguntado sobre el asunto en Les Corts, Camps se dirigió a los diputados socialistas y les dijo: "Se sabrá toda la verdad y que aquí no ha pasado absolutamente nada, pero nunca guardaré rencor de estos días cuando me han dicho estas cosas tan horrorosas".

Una fiesta en el juzgado

El 20 de mayo llegó el gran día. El PP valenciano tiró la casa por la ventana para apoyar a Camps en su declaración como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por un presunto delito de cohecho vinculado con la trama. El dirigente del PP llegó al tribunal acompañado de la alcaldesa de Valencia Rita Barberá y sus tres vicepresidentes en el Gobierno valenciano. Allí se congregaron  numerosos simpatizantes del Partido Popular para expresar su apoyo al president. Al salir, un Camps muy sonriente manifestó: "Estoy muy satisfecho y muy contento por poder explicar ante el juez la verdad". Éste, por cierto, le mantuvo la imputación.

“Es muy bonito, muy hermoso”

El 30 de mayo, la oposición no daba crédito. Contra todo pronóstico, Mariano Rajoy decidió elegir Castellón para continuar con su campaña electoral para las europeas. Un desafío, teniendo en cuenta que el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, tiene un proceso judicial abierto por fraude fiscal con petición de dos años de cárcel y otras muchas causas pendientes. Pero no conforme con ello, el líder del PP estuvo acompañado, además, por Francisco Camps, quien como acostumbra, pronunció frases para el recuerdo.

- Camps sobre Fabra: "Castellón y su presidente son un ejemplo".

 - Camps a Rajoy: "Es muy bonito, muy hermoso, eres la esperanza de millones de españoles. Es algo muy grande".

Cuestiones extrañas y estrafalarias

El pasado 7 de julio, Camps por fin realizó declaraciones después de que su más que “amigo” De la Rúa decidiera no archivar la causa y citarle para el próximo día 15 al considerar que puede haber cometido un delito de cohecho. Así, en la localidad de Algemesí aseguro que la verdad “está más cerca que nunca” y que quedaban "uno o dos escaloncitos y entonces toda esta cuestión tan extraña, absurda y estrafalaria habrá pasado al pasado".

“Si pudieran, me gasearían”

El 24 de septiembre, horas después de que El País desvelara que el Partido Popular se había financiado ilegalmente a través de las empresas de la trama liderada por Correa, el grupo parlamentario popular de Les Corts se reunió en Sant Vicent del Raspeig. Como era de prever, la explosiva noticia marcó el encuentro entre Camps y sus diputados. El presidente de la Generalitat, lejos de reconocer sus errores, atacó al Gobierno socialista con una dureza inusual. La reunión fue a puerta cerrada, pero se filtraron frases tan míticas como:

- “Si pudieran, me gasearían”.

- “Vosotros sois los representantes de la esperanza y la libertad”.

- “Zapatero es un radical, dogmático y fundamentalista que milita en un partido repleto de marxistas y relativistas”.

Dimisiones y Alonso

El 1 de octubre, Camps realizó las primeras declaraciones después de mantener una dura reunión con Mariano Rajoy en el parador de Alarcón. Preguntado por si hablaron de ceses, Camps reconoció haber hablado de dimisiones pero... ¡de la de Zapatero! Cabe recordar que después de su cita en Alarcón con Rajoy, el dirigente del PP participó en un acto en la Fundación Bancaja y volvió a desviar la atención hacía el fichaje de Fernando Alonso por Ferrari. "Estoy muy contento porque Fernando Alonso va a correr en Ferrari, y si usted -dirigiéndose a una de las periodistas que aguardaban su salida- es de Público y del grupo -de comunicación- que también lleva La Sexta, podrán retransmitir excepcionalmente el Gran Premio de Fórmula Uno del año que viene".

Disparates

El 5 de octubre, Camps habla con los periodistas, que no dan crédito a las afirmaciones que pronuncia el Molt Honorable:

- “Nos apoyamos todos, que eso es lo importante ¿no? Estamos todos muy contentos, la verdad. Nos apoyamos todos y eso es muy bonito. También lo apoyo a usted, que lo está haciendo muy bien durante estos días y estas semanas. Y la verdad es que nos apoyamos todos, porque esa es la mejor manera de poder llegar cuanto antes a lo que les decía antes".

- “El ambiente que se está respirando en el partido es excepcional, siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca”.

Por si fuera poco, Camps comentó las declaraciones que realizó el presidente de honor del PP, Manuel Fraga, en las que reconoció que la situación del partido en la Comunitat "no da la sensación de que vaya muy bien". Sin inmutarse, el president afirmó que Fraga "está muy feliz" y "está encantado con el partido en la Comunitat y con el partido en toda España".

Calvos y peludos

Tras varios días de presiones de la dirección nacional, el culebrón Costa parecía terminar con el descabezamiento del secretario general del PP valenciano como primera víctima en las filas de Camps. Sin embargo, las horas de confusión y declaraciones contradictorias sobre la expulsión de Costa dejaron un reguero de frases antológicas dignas de aparecer en una película de los Hermanos Marx.


- "Todos tenéis que ser felices, porque todos somos iguales, los calvos y los que tenéis pelo”.
- "Ahí fuera hay miles y miles de enemigos".

- "Son ustedes muy amables y muy agradables" (a los periodistas, el día después).

Amigos

El 22 de octubre, obviando las fuertes vinculaciones que la trama parece tener con importantes dirigentes del PP, incluido él mismo, Camps se defendió atacando y aseguró que, “al final, los socialistas dejarán el Gobierno por dos 'ges', los GAL y Gürtel, esta caso les arrastrará así que deje usted de difamar ”. Camps, quien aparece en conversaciones intervenidas por la Policía llamando al supuesto jefe de la filial valenciana de la red, Álvaro Pérez El Bigotes, “amiguito del alma”, se atrevió a desvelar que las empresas vinculadas al caso “son en realidad amigas de La Moncloa”.

La última

“Cuando yo estaba mal y sufría, pensaba en ti y me animaba. Mariano, tú eres mi escudo”. Esta es la última frase disparatada que ha pronunciado Camps. Lo hizo el pasado martes en el Comité Ejecutivo Nacional del PP. (Más frases en el blog de Ignacio Escolar, www.escolar.net).

 www.elplural.com 06.11.09

LA PENÚLTIMA SOLUCIÓN DE CAMPS 

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, adoptó el pasado lunes la penúltima solución que podía adoptar acuciado por los sucesivos escándalos relacionados con el caso Gürtel. Descartada, finalmente, la dimisión y la convocatoria de unas elecciones anticipadas, Camps ha decidido gastar sus últimos cartuchos para llegar en las mejores condiciones a los próximos comicios, previstos para mayo de 2011. Unos comicios que, de ganarlos, supondrán, para Camps, la absolución del pecado original. 

La solución adoptada en el último Comité Ejecutivo Regional supone un cambio de modelo. Hasta ahora, el jefe del Consell había delegado casi todo el poder en dos hombres: Ricardo Costa como secretario general y portavoz parlamentario, y Vicente Rambla, como vicepresidente político y coordinador de campaña. A partir de ahora, forzado por la necesidad, el presidente de la Generalitat recurre al consejero de Inmigración, Rafael Blasco, para librar la batalla de la opinión pública -desde el Consell y desde las Cortes- y remontar el enorme desgaste de los escándalos de los trajes regalados, las contrataciones atípicas y la supuesta financiación irregular del PP. 

En el frente interno, Camps recurre a un grupo de fieles incondicionales sin peso en el partido -Antonio Clemente, secretario general; José Ciscar, vicesecretario general; y Alberto Fabra, coordinador general del PP- para sofocar la rebelión de los barones provinciales. Y, en especial, los efectos generados por las desafecciones de Joaquín Ripoll en Alicante y Carlos Fabra, en menor grado, en Castellón. 

La elección de Blasco, que ha negociado hábilmente con Camps las condiciones para asumir el reto sin conocer el verdadero alcance del caso Gürtel, no es baladí. Blasco se ha revelado como el mejor estratega de un PP y un Consell desnortados, con tres vicepresidentes que durante la crisis no han respondido a las expectativas. El resultado del nuevo escenario es una pérdida de poder real -otra más- del vicepresidente primero, Vicente Rambla; y el alejamiento del vicepresidente segundo, Gerardo Camps, de la línea de sucesión de Camps. El vicepresidente tercero, Juan Cotino, obtiene nuevos galones como coordinador entre el Gobierno y el partido. Un nombramiento que recompensa su lealtad, pero que tiene pocos efectos prácticos. 

Por el contrario, Rafael Blasco -que durante meses ha trabajado conjuntamente con el presidente provincial de Valencia, Alfonso Rus- obtiene un nivel de poder equivalente al de una vicepresidencia ejecutiva. 

El consejero de Inmigración asumió ayer, entre ovaciones, el cargo de portavoz parlamentario. Y en los próximos días asumirá nuevas competencias del área de Presidencia, fundamentalmente la Dirección General de Relaciones con las Cortes -todavía dependiente de Rambla- y la de Cohesión Territorial -que ostenta la consejera portavoz Paula Sánchez de León-. 

Dos instrumentos potentísimos para un hombre capaz de jugar en varios tableros a la vez. Blasco, además, cuenta con el apoyo de la estructura provincial del partido en Valencia. Y Alfonso Rus ve recompensado su apoyo a Camps con el nombramiento de su secretario provincial, Vicente Betoret, como portavoz adjunto en las Cortes Valencianas. 

El talón de Aquiles del nuevo equipo de Camps es, sin embargo, el mismo del anterior: los elementos del caso Gürtel siguen presentes y los cargos salpicados por los escándalos permanecen en el PP y en el Consell. 

(www.elpais.com, 04/11/09)

EL PP NO EXIGE LA DIMISIÓN DE CARGOS VALENCIANOS IMPLICADOS EN LA 'GÜRTEL' 

La dirección del PP dio ayer por buenos y suficientes los cambios realizados por Francisco Camps en Valencia. La secretaria general, María Dolores de Cospedal, señaló que "las decisiones" adoptadas en el Comité Ejecutivo Regional estaban "totalmente respaldadas" por Rajoy.  

No importa que en el organigrama del partido sigan figurando los nombres del vicesecretario de Organización, David Serra, o el de la tesorera del partido, Yolanda García. O que en el Consell siga como vicepresidente Vicente Rambla. Todos ellos figuran en un informe policial que denuncia la financiación ilegal del PP valenciano. En dicho documento también se habla de una empresa familiar de Juan Cotino, vicepresidente de la Generalitat y hoy uno de los hombres fuertes de Camps. Ese informe fue determinante para la destitución de Ricardo Costa, pero no parece necesario que ellos deban dimitir de sus cargos.  

"El PP de Valencia tuvo su reunión y aprobó una nueva ordenación de la estructura de dirección con una amplísima mayoría", recordó Cospedal. El presidente de la Generalitat sustituyó a Costa por Antonio Clemente como secretario general y dio cargos a otras cinco personas más. No hay ninguna intención de exigirle que haga algo más de momento.  

Mariano Rajoy señaló ayer ante el Comité Ejecutivo Nacional que la corrupción le "preocupa". "Debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitarla y combatirla", señaló. Rajoy prometió que a la siguiente reunión llevaría un código de buenas prácticas 

Para el líder del PP, se debe "elegir bien" a los cargos públicos y "aumentar el nivel de exigencia"; si es preciso, "modificando la legislación". 

Rajoy prometió que a la siguiente reunión llevaría un código de buenas prácticas. También anunció que propondrá "a la sociedad española y al conjunto de partidos políticos un gran pacto por la transparencia y contra la corrupción".  

El PP siempre ha rehuido suscribir este acuerdo cuando el PSOE lo ha querido sacar adelante. Pero ahora Rajoy desea que se "perciba" al PP "como una fuerza nacional, unida y limpia".  

Durante su intervención en la reunión, Camps señaló que desde el primer momento él apostó por Rajoy como líder y que había sido una de las decisiones "más acertadas". La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se quejó de los ataques que están sufriendo y recordó que en su comunidad no hay ningún imputado por el caso Gürtel.  

www.publico.es 04.11.09

RIPOLL: "LA LEY DEL SILENCIO ES DEL PASADO" 

El presidente provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, acentuó ayer su pulso con el líder de los conservadores valencianos y presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por el acuerdo alcanzado en el comité ejecutivo regional de imponer la ley del silencio fuera de los órganos del partido. "Las leyes del silencio son propias de épocas pasadas", aseveró Ripoll en Elche. El coordinador regional del PP, Alberto Fabra, respondió a Ripoll de la siguiente forma: "Cuando tenga algo que decir, que lo haga en el partido, para enriquecer, y no fuera, creando polémicas estériles". 

Ripoll hizo estas declaraciones en un feudo netamente campista, con la portavoz del Grupo Popular municipal, Mercedes Alonso, a la cabeza. Alonso también replicó a Ripoll: "Quien no esté de acuerdo con las directrices del partido tiene las puertas abiertas". 

Ripoll y Alonso mantienen otro enfrentamiento por la dirección local del partido. La primera víctima de esta pugna fue el edil Emigdio Tormo, afín a Ripoll, expulsado del PP hace un mes a propuesta de Alonso. Ésta acusa a Tormo de "deslealtad". El presidente provincial ha respondido a la sanción al concejal asegurando que no convocará la asamblea local hasta que se revoque la expulsión del edil. 

Por otra parte, La Fiscalía General del Estado ha archivado la denuncia presentada por Iniciativa pel País Valencià contra Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por supuesta prevaricación a raíz de la exculpación de Camps en el caso Gürtel.

AJUSTES EN VALENCIA

Valencia cerró ayer también las heridas, aunque superficialmente, con los ajustes que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, hizo en su formación, entre los que destaca el nombramiento de Rafael Blasco como nuevo hombre fuerte en la portavocía parlamentaria tras la destitución de Ricardo Costa. Camps, en cambio, no fue más allá como se le venía pidiendo desde Génova, y descartó remodelar su Gobierno. Sin embargo, Cospedal ha asegurado hoy que las decisiones del partido en Valencia "las respalda la dirección".

Tampoco en la reunión de ayer se desautorizó el acta que demuestra que Costa no fue nunca cesado de sus funciones, ni se apartó a algunos de los colaboradores directos de Camps que quedaron salpicados por el caso Gürtel.

Pese a que los dos movimientos en Madrid y Valencia son interpretados por la mayoría de los dirigentes del PP como una victoria de Rajoy, la situación del partido se ha debilitado por la magnitud que la crisis ha alcanzado en las últimas semanas y el ambiente ha quedado bastante enrarecido. En Madrid, la renuncia de Aguirre y su mano derecha, González, en la batalla por Caja Madrid, no significa que haya terminado con las disputas entre la presidenta regional, que mantiene intacto su poder, y Rajoy. Incluso las diferencias con Gallardón, son ahora más notables puesto que Aguirre le responsabiliza de la entrevista a Cobo en EL PAÍS. En Valencia cunde la idea de que pese a los retoques en el partido auspiciados por Génova, Camps ha agotado su credibilidad.

www.elpais.es 03.1109

CAMPS ACATA LAS ÓRDENES DE RAJOY CON UN AJUSTE QUE DESPRECIA A LOS BARONES

El presidente mantiene a casi todos los cargos salpicados por el 'caso Gürtel'

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, cambió ayer la estructura el PP valenciano para aplacar la rebelión de sus barones y acallar las críticas internas a la gestión del caso Gürtel. En vez de limitarse a cubrir la vacante del defenestrado Ricardo Costa en la secretaría general -tal y como le exigía Génova- o de colegiar la gestión de la crisis -como le pedían los barones provinciales-, Camps recurrió a varios de sus fieles sin peso en el partido y al consejero Rafael Blasco (ex socialista) para blindar su liderazgo. Aunque ello no le soluciona los problemas del caso Gürtel.

El presidente valenciano presentó una propuesta que mantiene en sus puestos a todos los cargos salpicados por los escándalos del caso Gürtel. Tanto al vicesecretario de Organización, David Serra, y a la tesorera Yolanda García, como a los vicepresidentes Vicente Rambla y Juan Cotino. Todos ellos salpicados por el escándalo de la supuesta financiación irregular del PP en Valencia.

Camps optó por nombrar como nuevo secretario general del PP a Antonio Clemente, hasta ahora vicepresidente primero de las Cortes y sin ningún peso en el seno del partido. El delegado del Gobierno valenciano en Alicante, José Ciscar, es nombrado nuevo vicesecretario general. Un cargo que no existía y que tendrá como misión desmochar el bastión de los zaplanistas en Alicante.

El jefe del Consell también aprovechó los nombramientos para pasarle la factura al presidente de Castellón, Carlos Fabra, por sus devaneos con los hermanos Costa. Así, Camps decidió nombrar coordinador general del PP al alcalde de Castellón, Alberto Fabra. El munícipe es una persona muy próxima a Francisco Camps y con este nombramiento se consolida como un liderazgo alternativo al de Carlos Fabra.

Gobierno-partido

Los nombramientos incluyen también un nuevo puesto de coordinador entre el Gobierno y el partido para el vicepresidente tercero del Ejecutivo, Juan Cotino. Un cargo sin contenido específico, con el que Camps recompensa su lealtad. El consejero de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, se convierte en el nuevo hombre fuerte del Gobierno, por encima de los tres vicepresidentes. Blasco asume -según el modelo británico- el cargo de portavoz parlamentario y desplaza a Rafael Maluenda, que es enviado a la Mesa de las Cortes. Blasco, que fue consejero con el socialista Joan Lerma y con el popular Eduardo Zaplana y ahora con Camps, refuerza su poder con nuevas competencias de Presidencia.

La propuesta de Camps fue votada por todos los miembros del comité regional, a excepción de los cuatro de la dirección provincial de Alicante.

"Aquí hay dos presidentes provinciales que me quieren y uno que no me quiere", dijo Camps, que se mostró dispuesto a aguantar cualquier ataque a su liderazgo. El presidente recalcó que el caso Gürtel, por lo que se refiere a Valencia, "está archivado" y si aparecen nuevos escándalos los afrontará porque su intención es presentarse a la reelección en 2011.

El presidente del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, mostró su disgusto con el resultado de la reunión. "Creo que hoy no hemos resuelto lo importante. Lo importante no era sustituir a Ricardo Costa, sino atajar las causas"

Carlos Fabra, presidente del PP de Castellón, intervino para profesar la fe del converso, pese a que el acuerdo no le agrada. Fabra intervino para replicar a Ripoll, a quien le recordó que "las puertas del partido están abiertas, tanto para entrar como para salir, y que el presidente es el encargado de aprobar las listas electorales".

Para Alfonso Rus, presidente del PP de Valencia, el acuerdo es bueno, aunque lamentó que no tuviese unanimidad. Rus es el que más satisfecho sale de un acuerdo que se terminó de gestar en la madrugada del lunes.

"TODO EL QUE HABLE FUERA DEL PARTIDO NO TIENE CABIDA EN ÉL"

Francisco Camps impuso ayer la omertà, la ley del silencio, a todos los cargos del PP de la Comunidad Valenciana. Y lo hizo de manera formal, con votación incluida, para que conste en el acta de los acuerdos del Comité Ejecutivo Regional extraordinario del PP.

La propuesta partió del propio Camps, que en los últimos meses ha visto a los medios de comunicación como un elemento hostil, utilizado por sus adversarios para desestabilizarlo. "Yo nunca he hablado fuera de los órganos del partido, yo siempre he sido leal a mi presidente, y pido que se respete la estructura de mando, que ha de ser muy fuerte", argumentó el presidente valenciano. "Por eso hay un presidente, un secretario general, un presidente provincial, los alcaldes y nadie debería hablar fuera de los órganos del partido sin autorización".

"¡Que se vote, que se vote!", pidieron dos de los seguidores más entusiastas de Camps: el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, y el todavía portavoz del grupo parlamentario, Rafael Maluenda, que actuaron como movidos por un resorte.

Dicho y hecho. La cúpula del PP, con el único voto negativo de los cuatro miembros de la dirección provincial de Alicante, aprobó "dar poderes al presidente regional del PP para que quien hable en contra de la jerarquía del partido, fuera de los órganos de gobierno, pueda ser expulsado".

La propuesta fue interpretada por la cúpula de los populares valencianos como una demostración de fuerza del presidente valenciano tras comprobar que no todos en su partido aprueban su gestión.

Reforzar el liderazgo

La reunión de ayer permite a Camps reforzar su liderazgo en el interior del partido, aunque ya no por la vía de los afectos. La ruptura con la dirección provincial de Alicante se visualizó ayer con toda su crudeza. "Ya me intentaron echar en el congreso provincial", dijo Ripoll, "pero yo sigo siendo el presidente provincial". Los otros dos barones quedan a la expectativa, a ver si el caso Gürtel depara nuevas sorpresas.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, la principal alternativa a Camps, se mostró satisfecha por una reunión que alivia la presión interna. "El Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha cerrado el problema que tenía y sale mucho más unido y más fuerte tras los nombramientos", sentenció Barberá, que respira con la idea de no tener que pensar en la sustitución de Camps.

www.elpais.es 03.1109

RAFAEL BLASCO : Expulsado por corrupción

El consejero de Inmigración, Rafael Blasco, ha terminado por convertirse en el hombre fuerte del PP valenciano. Blasco (Alzira, 1945) llegó al primer Consell de la Generalitat en 1983 con el socialista Joan Lerma de presidente. Ocupó las carteras de Presidencia y de Urbanismo. El 27 de diciembre de 1989, Lerma le destituyó por su supuesta implicación en una recalificación irregular de terrenos. El PSOE lo expulsó, aunque fue absuelto por la justicia, que invalidó unas grabaciones que, supuestamente, lo incriminaban. Reapareció en el PP en 1995 de la mano de Eduardo Zaplana y se consolidó con Francisco Camps. Blasco ha ocupado varias carteras y ahora es imprescindible.

www.elpais.es 03.1109

CAMPS DESCARTA REMODELAR SU GOBIERNO Y DICE QUE RAJOY ESTÁ "ENCANTADO" CON LOS CAMBIOS

El presidente de la Generalitat se apoya en Rus y Fabra frente a los críticos de Alicante.- Antonio Clemente sustituye a Costa en la Secretaría General y el consejero de Inmigración, Rafael Blasco, nuevo portavoz en las Cortes

Francisco Camps, ha descartado acometer una remodelación en su Gobierno y ha asegurado que el presidente del partido, Mariano Rajoy, está "encantado" con los cambios introducidos hoy en su formación. Entre las novedades, Camps ha impuesto al vicepresidente primero de las Cortes Valencianas, Antonio Clemente, como nuevo secretario general del PP valenciano en sustitución de Ricardo Costa, suspendido de militancia la semana pasada por la dirección nacional del partido. Clemente ha sido diputado autonómico en las tres últimas legislaturas por Valencia y forma parte de la Mesa de las Cortes.

Pese a que Génova le exigió a Camps que propusiera formalmente el cese de Costa -aún pendiente-, el presidente valenciano ha señalado que las decisiones sobre su ex número dos dependen de la dirección nacional y ha manifestado su deseo de que este asunto se solucione "cuanto antes". En una rueda de prensa tras la reunióndel comité, Camps ha dicho que en relación con el caso Gürtel, en el que estuvo imputado por cohecho, ha permanecido "tranquilo desde el principio" de la investigación.

Camps, que ha convocado esta mañana al comité ejecutivo regional para intentar cerrar la crisis interna por el caso Gürtel, también ha designadovicesecretario general al ex diputado autonómico José Ciscar, ahora delegado del Consell en Alicante. Además, habrá dos coordinadores generales: el vicepresidente tercero y consejero de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo, Juan Cotino, y el alcalde de Castellón, Alberto Fabra. El primero será coordinador de la acción del Gobierno valenciano en el partido.

El hasta ahora portavoz del grupo popular en las Cortes, Rafael Maluenda, sustituirá a Clemente en la Mesa de las Cortes. Su fugaz puesto lo ocupará el consejero de Inmigración, Rafael Blasco, que no dejará sus actuales responsabilidades.

Camps, sin embargo, mantiene como vicesecretario de Organización del PP valenciano a David Serra, que figuraen las conversaciones del caso Gürtel. En una de ellas afirma que el presidente valenciano "lo sabe todo".

Alicante, en contra

La propuesta de cambios de Camps ha salido adelante con los cuatro votos en contra de la dirección provincial de Alicante, que encabeza el presidente de la Diputación provincial, José Joaquín Ripoll, que estos días se ha mostrado muy crítico con la gestión del presidente valenciano. Campsse apoya así en los otros dos presidentes provinciales del PP, Alfonso Rus (Valencia) y Carlos Fabra (Castellón), frente al heredero del zaplanismo, Ripoll.

De la remodelación sale reforzado el consejero Blasco, que toma las riendas del partido en las Cortes para hacer frente a las consecuencias del caso Gürtel. Blasco, que fue consejero socialista y hombre fuerte de los gobiernos de Joan Lerma, ha marcado las estrategias del PP en los momentos de dificultad, como en la primera fasedel caso Gürtel, cuando lo que se sabía es que la trama Gürtel habíaregalado trajes a Camps y otros altos cargos. Tanto Clemente como Ciscar carecen de peso específico en el partido.

Camps, además, ha impuesto también una mordaza a las críticas de dirigentes del partido en una votación en la que se le ha dado poderes para que pueda expulsar a aquellos que hablen públicamente en contra de la jerarquía del partido.

El intento de Camps de evitar las críticas públicas a su gestión no ha impedido que Ripoll afirmara tras la reunión que ha votado en contra de los cambios porque "el diagnóstico está mal hecho" y que ha recibido "amenazas" en el comité ejecutivo por su oposición a las "soluciones malas" que, a su juicio, ha planteado el presidente valenciano. "Creo que hoy no hemos resuelto lo importante. Lo importante no era sustituir a Ricardo Costa, sino atajar las causas" que han desembocado en esta crisis, ha afirmado Ripoll. "Me han amenazado con algunas cosas. Me han dicho que las listas se hacen dentro de año y medio. Y... ya saben lo que pasa", ha denunciado el dirigente alicantino. Ripoll ha criticado también que se haya marginado a Alicante en la reestructuración: "Creo que a mí, a Alicante, se me ha querido dejar fuera". A pesar de ello, y de los que según Ripoll le han señalado "la puerta" de salida del PP, el presidente provincial de Alicante afirma sentirse "muy cómodo" en el partido.

Por su parte, el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, ha calificado la remodelación de "confusa e improvisada". Luna mostró su preocupación por el grado de confusión entre Parlamento y Consell en la manera de funcionar de Camps. Y, sobre todo, criticó el nombramiento de Rafael Blasco como nuevo portavoz parlamentario del PP. "Camps sabe que tendrá más problemas con la Justicia. Por eso se ha buscado un experto en tener problemas con la Justicia, en eludir la acción de la Justicia y manejarse en unos terrenos resbaladizos que bordean la legalidad".

www.elpais.es 02.11.09

LOS BARONES DEL PP BUSCAN SOLUCIONES AL MARGEN DE CAMPS

Miles de personas se manifiestan en Valencia contra la corrupción

Los barones provinciales del PP en Valencia se han lanzado a buscar soluciones al margen del presidente valenciano, Francisco Camps, para intentar salir de la crisis en la que están inmersos desde que estalló el caso Gürtel. Una crisis agravada el pasado jueves con la decisión de Génova de suspender de militancia a Ricardo Costa, ex secretario general del PP y mano derecha de Camps.

  • La dirección nacional pide consenso para elegir al sustituto de Costa

La negativa de Camps a reconocer la gravedad de la situación -y la parálisis política e institucional en la que se encuentra- ha hecho que los presidentes provinciales hayan solicitado la mediación de Génova para desbloquear la situación. Los tres barones del PP, José Joaquín Ripoll (Alicante), Alfonso Rus (Valencia) y Carlos Fabra (Castellón), comparten el análisis de la situación, que Camps se niega a escuchar en una reunión formal con todos ellos.

Un análisis expuesto con claridad por Ripoll, que considera que de la crisis actual sólo se puede salir de dos modos: o bien los principales dirigentes se ponen de acuerdo y todos empujan; o bien una persona decide y todos lo secundan.

Sin embargo, a la vista de lo acontecido en las últimas semanas, Ripoll afirma: "La segunda opción ya no estamos en condiciones de aplicarla. No puede ser que uno [Camps] elija y todos nos pongamos detrás; sino que tendremos que ser muchos los que elijamos la solución y todos vayamos al mismo tiempo".

El primer escollo es la elección de un nuevo secretario regional en sustitución del defenestrado Ricardo Costa. La dirección nacional del PP ha emplazado a Camps a alcanzar una solución antes del martes, cuando Mariano Rajoy ha convocado al Comité Ejecutivo del partido. Pero, para desesperación de los barones provinciales, Camps insiste en proponer como secretario general a una persona de su confianza, sin peso en el PP y sin conexión con los líderes provinciales.

"Pido que nadie se invente ahora un secretario general del PP en la Comunidad Valenciana mirándose al espejo", apuntilló ayer Ripoll, el más crítico con Camps. Rus, más conciliador, pidió que se cierre "la brecha lo antes posible". Fabra, a quien le han recordado días su condición de imputado por delito fiscal y delitos contra la Administración, guarda silencio.

Mientras el PP debate, miles de personas clamaron ayer en Valencia contra la corrupción y exigieron la dimisión de Camps por "haber mentido reiteradamente", como señaló el comunicado de la plataforma No a la Corrupción, convocante de la manifestación. La marcha fue singular por la cantidad de gente que, sin conocer la convocatoria, realizada a través de Internet, se sumó a la protesta durante el recorrido. "No nos mires, a ti también te roban", alentaban los asistentes a quienes se quedaban en las aceras.

La policía autonómica (que habitualmente no aporta datos) cifró la asistencia en 2.200 personas, la Policía Local la aumentó a 2.500 y los organizadores, hasta 40.000. Cuando la cabecera de la marcha había llegado al destino, la plaza de la Virgen, el origen, la plaza San Agustín, a aproximadamente un kilómetro, aún estaba repleta de gente.

www.elpais.es 01.11.09

Miles de valencianos se manifiestan contra la corrupción

Los participantes, 70.000 según los organizadores, 2.200 según la policía, exigen la regeneración de la democracia y la dimisión de Camps

Alrededor 70.000 personas, según la organización, y 2.200 según la Policía de la Generalitat, han marchado en la tarde de hoy para exigir una regeneración de la democracia y la dimisión del President de la Generalitat, Francisco Camps. Los manifestantes, convocados por el colectivo No a la corrupción, han participado simbólicamente en una marcha fúnebre, en la que se ha "enterrado la democracia, maltratada por el PP", con algunas personas vestidas de negro y portando cirios rojos en señal de duelo.

La marcha, que ha circulado con lemas como "La corrupción acaba en la prisión" y "Por la ética en la política" ha arrancado a las 18.30 desde la plaza de San Agustín. Han acudido representantes políticos como la coordinadora de Ezquerra Unida, Marga Sanz, que ha declarado: "ahora más que nunca debemos levantar la voz en favor de la ética en la vida política". El PSPV también ha estado representado en el acto con la presencia de su secretario general, Salvador Broseta, el europarlamentario Andrés Perelló y la portavoz socialista Carmen Alborch, quien ha señalado que el partido "se suma así al amplio sector de la ciudadanía que quiere acabar con la corrupción y que asuman responsabilidades".

A la iniciativa se han adherido plataformas como Ja en tenim prou, Maulets, Centre Social Terra de Benimaclet, Salvem el Cabanyal i Canyamelar y Salvem Catarrosa.

www.elpais.es 31.10.09

El presidente del PP de Alicante cree que el 'caso Gürtel' no debería acabar en Costa

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, tiene a sus barones provinciales cada vez más enojados. La obcecación de Camps por hacer como si el caso Gürtel no existiese y el sainete montado con Ricardo Costa -suspendido finalmente de militancia por la dirección nacional del PP-, provocó ayer la airada reacción del presidente provincial de Alicante, el zaplanista José Joaquín Ripoll.

"Ricardo Costa no es la única persona que debería verse afectada" por el caso Gürtel, aseguró Ripoll, que no ocultó su sorpresa por el hecho de que Camps llegara a plantear la posibilidad de nombrar a Ricardo Costa miembro del Gobierno valenciano. "Es evidente que no encaja con el planteamiento que estamos haciendo", dijo Ripoll, que indicó que no hubiese respaldado tal decisión.

Camps se reunió ayer con el presidente provincial del PP de Valencia, Alfonso Rus, y conversó telefónicamente con Ripoll y con el presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra. Camps dejó entrever que no tiene ningún interés en reunirse con los tres barones, tal y como le exigen ellos, para consensuar una hoja de ruta con la que salir de la grave crisis política e institucional en la que se halla el PP valenciano.

Por el contrario, según fuentes de ese partido, el presidente autonómico insiste en aparentar normalidad y sólo está dispuesto a realizar retoques de carácter cosmético.

Con este planteamiento, Camps estaría sopesando la posibilidad de convocar un comité ejecutivo regional de trámite para elegir un nuevo secretario general del PP de su estricta confianza, pero sin peso alguno y al margen de la opinión de los presidentes provinciales. Sin embargo, antes de convocar a la cúpula del PP, Camps quiere asegurarse que no estará sentado sobre un polvorín. Ayer, Rus guardó silencio y Fabra evitó realizar cualquier crítica.

La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, descartó ayer que Camps vaya a remodelar el Gabinete. Sin embargo, fuentes populares explicaron que el presidente de la Generalitat todavía no ha descartado la posibilidad de sacar del Ejecutivo a uno de sus consejeros para nombrarlo portavoz del Grupo Popular, que dirige Rafael Maluenda, un diputado sin peso en el partido, en sustitución de Ricardo Costa.

www.elpais.es 31.10.09

Juan Costa cuestiona a Rajoy

El diputado critica que Camps no diera la cara por su hermano - Cospedal pide disculpas porque "los españoles no se merecen" lo que pasa en el PP

Juan Costa, diputado del PP y hermano del ex secretario general del partido en Valencia, avivó ayer el fuego del enfrentamiento entre los populares al cuestionar el liderazgo de Mariano Rajoy. A la misma hora, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, pedía en Telecinco disculpas a los militantes de la formación y al conjunto de los españoles porque "no se merecen" la forma de actuar del principal grupo de la oposición.

La 'número dos' del PP asegura que es más grave lo de Costa que lo de Cobo

En su opinión, las declaraciones del ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, son "más graves" que las del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, aunque calificó también éstas de "inaceptables". Cobo criticó el pasado lunes en EL PAÍS a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Pese a las disculpas de Cospedal, el cruce de declaraciones se mantuvo. Juan Costa, que barajó presentarse como alternativa a Rajoy en el congreso del partido en Valencia en 2008, criticó también la actitud del presidente valenciano, Francisco Camps, al no respaldar a su hermano, como sí ha hecho Alberto Ruiz-Gallardón con su número dos, Manuel Cobo.

Lo hizo un día después de que la dirección del PP hiciera público un comunicado en el que recordaba "a todos los militantes su obligación de abstenerse y de hacer manifestaciones o declaraciones que puedan perjudicar la imagen o disciplina interna del Partido y advierte que, de producirse, aplicará los Estatutos del mismo". Juan Costa aseguró en TVE que hay que plantear una "reflexión interna" y que Rajoy "tiene que demostrar que es una alternativa real de gobierno". Además, aseguró que Camps "no ha estado a la altura" y que podría haber gestionado "mejor" la crisis abierta con el caso Gürtel.

Afirmó que no discute el liderazgo de Rajoy, pero según él, "muchos españoles" se están planteando si el PP es "una alternativa creíble y capaz" y por ello el partido tiene que abrir una "reflexión interna, profunda". "Hay militantes y personas en la opinión pública que pueden pensar que existe una cierta crisis de liderazgo" y que se pueden hacer las cosas mejor. Tras asegurar que "los liderazgos fuertes son liderazgos fuertes frente a todo el mundo y no solamente con los más débiles", Juan Costa dijo que Rajoy "tiene la responsabilidad de estar a la altura de lo que esperan la sociedad española y los militantes" del PP y "demostrarlo con acciones concretas", pero "a veces lo que hacen es justo lo contrario". "Cuando el liderazgo fuerte se ejerce con los débiles, en el fondo, lo único que se está haciendo es manifestar y poner encima de la mesa una prueba de la debilidad de ese liderazgo", añadió. Sobre Camps, dijo que los líderes políticos deben "dar la cara" y ofrecer explicaciones.

www.elpais.es 31.10.09

EL PP NACIONAL SUSPENDE DE MILITANCIA A COSTA POR DESAFIAR A COSPEDAL 

La dirección nacional del PP ha suspendido cautelarmente de militancia a Ricardo Costa por su actitud esta mañana cuando, en su vuelta a las Cortes valencianas, se ha reafirmado en su condición de secretario general del PP valenciano y ha pedido a Génova que si no encuentran ninguna responsabilidad en su gestión, la "ratifique" y "ponga de relieve su honradez". Sin embargo, Costa todavía no ha sido informado de la suspensión, informa Carlos E. Cué. 

Ricardo Costa, que fuera número dos de Francisco Camps, presidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad Valenciana, hasta el pasado 14 de octubre, cuando fue defenestrado por orden de Génova, volvió esta mañana a las Cortes Valencianas para ocupar un escaño en la última fila de la bancada popular. En los pasillos, Costa pidió "como militante y secretario general" del PP en la Comunidad Valenciana -en una claro desafío Rajoy, ya que desde Génova se insistió en que Costa ha cesado en todos sus cargos- que la dirección nacional de su partido adopte las medidas correspondientes si considera que existe alguna responsabilidad en su gestión, informan Joaquín Ferrandis y Miguel Olivares. 

Costa ha dicho que ha remitido toda la documentación a la dirección nacional del PP. "Madrid no me ha citado ni me ha llamado; he cumplido mi compromiso de remitir toda la documentación", ha proseguido Costa. "Si no han encontrado ninguna responsabilidad, que ratifiquen la gestión hecha en el partido y mi gestión como secretario general y que pongan de relieve mi honradez", ha conminado. 

A su llegada al Pleno, Costa ha recibido saludos cariñosos de muchos de sus compañeros diputados mientras los socialistas hacían rechifla desde sus escaños. El abrazo que Rafael Maluenda, quien sustituyó a Costa como portavoz parlamentario, forzó con Costa desplazándose hasta su escaño fue acogido con aplausos y carcajadas desde los escaños de la oposición. La posterior entrada del presidente Camps interrumpió los aplausos de la oposición. Costa descendió hasta el banco azul para intercambiar un tímido abrazo con el presidente de la Generalitat, el gesto reveló una frialdad muy lejana de la calurosa vinculación entre ambos hasta hace apenas dos semanas. 

Ya comenzada la sesión de control al presidente, Camps ha reclamado ante el pleno de las Cortes, la sede de la soberanía popular, "más economía y menos política", una fórmula a la que ha recurrido a lo largo de la semana para intentar eludir las preguntas relativas al escándalo de financiación ilegal que salpica a su partido. El socialista Ángel Luna replicó: "Sólo nos faltaba oír que no debemos hablar de política. Hubo alguien en este país que recomendaba no hablar de política, se llamaba Francisco Franco". 

Además, Camps ha afirmado que cumplirá su compromiso con los ciudadanos "en los buenos momentos y en los malos momentos" y hasta "el final", porque las "legislaturas democráticas" duran cuatro años. El presidente de la Generalitat ha respondido a las preguntas de la oposición sobre las repercusiones del caso Gürtel en la gestión del Gobierno valenciano, ha dicho no entender por qué preguntan "continuamente cuándo va a terminar". 

La sesión arrancó tensa. Luna espetó: "¿Está usted en condiciones de garantizar el dinamismo de la Generalitat y la gestión de la Administración autonómica?". "Mucho dinamismo", replicó Camps, mientras nosotros seguimos gobernando, ustedes siguen leyendo la prensa en sus casas". Luna no alzó el tono, pero fue demoledor: "Yo no me dirijo a usted, que está enajenado políticamente, me dirijo a esos barones provinciales que antes no existían y que ahora le han declarado incapaz, han rechazado los cambios que ha introducido en su grupo y han reprobado a su gobierno. Los barones provincialdes se han puesto nerviosos. Su equivocada actuación en todo lo relativo al caso Gürtel ha instalado la perplejidad en su propio partido. Su apariencia de tranquilidad es una impostura. O miente o está fuera de la realidad. Su partido le ha retirado la condición de líder. Y nosotros no podemos esperar más, esperar otra historia, otra conversación, otro contrato, otra adjudicación,... Es usted un lastre para su partido y para toda la Comunidad Valenciana. Su partido decidirá hasta cuando arrastrarle". 

Camps bromeó: "Voy a llamar a Carlos Fabra [presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, e imputado en dos causas por fraude fiscal y falsificación de documento público, entre otros delitos] para comunicarle el cambio de actitud del señor Luna que le ha convertido en un referente político y social de primer orden". Luego sembró insidias: "El señor Luna, que cuando dejó la alcaldía de Alicante [en 1995], se fue a trabajar con una constructora. Ja, eso sí que es inteligencia!". Camps cerró con un ascenso a un terreno confuso: "Mientras usted como una cigarra insulta, nosotros seguimos trabajando. Más economía y menos política, menos hablar del aborto, de la memoria histórica y menos hablar de la destrucción de una España unida y fuerte. Mientras ustedes ponen en tela de juicio todo lo que ha conseguido la democracia, nosotros seguimos trabajando". Los aplausos de la bancada popular abrigaron por unos minutos al presidente. 

(www.elpais.com, 29/10/09) 

Juan Costa: ´No se puede actuar de manera arbitraria´

El hermano y ex ministro se muestra sorprendido y defiende que "en política hay cosas que no se pueden hacer"

El ex ministro y diputado 'popular' Juan Costa afirmó hoy que le ha "sorprendido profundamente" la decisión de la dirección del PP de suspender cautelarmente de militancia a su hermano, el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, y avisó a su partido de que cuando se toman decisiones políticas no se puede actuar "de manera arbitraria".

"A mí me ha sorprendido profundamente esa decisión y creo, honestamente, que en política hay cosas que no se deben y no se pueden hacer", declaró a los periodistas tras finalizar el Pleno del Congreso de los Diputados.

Costa señaló que su hermano, como cualquier otro militante, debe asumir las responsabilidades que le sean exigibles, sean políticas, legales, o estatutarias, pero acto seguido lanzó una advertencia a la dirección del PP: "Cuando se toman decisiones políticas hay que dar explicaciones, hay que ser transparente, y nunca en ningún caso hay que actuar de manera arbitraria".

Y en la misma línea, el diputado nacional del PP por Castellón dijo desear que su partido "esté a la altura, como siempre ha estado" y que respete "códigos como la honradez política, la lealtad, el compromiso, la cooperación y la unidad".

La decisión de Génova de suspender cautelarmente de militancia a Ricardo Costa se conoció mientras los diputados nacionales estaban votando en el Pleno del Congreso.

A su término, Costa fue de los últimos parlamentarios en abandonar el hemiciclo, se detuvo ante los periodistas para dar sus puntos de vista "francos" y "de forma sincera" y admitiendo que le "afecta" lo que "le pueda afectar" a su hermano. Tras su breve declaración, se marchó sin contestar preguntas.

Al Pleno de hoy no asistió el presidente del PP, Mariano Rajoy, pero sí otros miembros de la dirección nacional del partido, entre ellos la vicesecretaria de Organización, Ana Mato, y el vicesecretario de Comunicación y diputado por Valencia, Esteban González Pons.

www.levante-emv.com 29.10.09

COSTA SE DIRIGE AL PP "COMO SECRETARIO GENERAL" E INSTA A DISIPAR O CONFIRMAR LAS DUDAS SOBRE ÉL 

Ricardo Costa y Francisco Camps, cada uno a su manera y desde posiciones dispares, han plantado cara a quienes piden sus cabezas. El 14 de octubre Costa se vio obligado a dejar todos sus cargos en el PP valenciano a raíz de su implicación en el caso Gürtel, y desde entonces no había comparecido en las Corts Valencianes. Hasta esta mañana. En su retorno, el ex secretario general del PPCV ha reivindicado el cargo del que fue apartado y, "como militante y como secretario general", ha reclamado a la dirección nacional del partido que si cree que hay responsabilidad por su gestión en relación con el Gürtel tome las medidas que correspondan y, en caso contrario, que ratifique su gestión. 

"Lo único que solicito a la dirección nacional es que si cree que existe algún tipo de responsabilidad en mi gestión de estos años, tome las medidas oportunas desde el punto de vista estatutario o legal. [...] Creo que como militante y secretario general es importante que desde la dirección nacional se ratifique la gestión de estos años, mi gestión como secretario general, y se ponga en valor mi honradez como militante, ciudadano y secretario general", dijo en un breve comunicado.

El ex número dos de Camps y ex portavoz en las Corts asegura que Génova no le ha citado y que él ha cumplido con el compromiso establecido en el comité ejecutivo regional de remitir la documentación sobre sus bienes y las cuentas del partido en la Comunitat Valenciana.

Costa, que no comparecía ante los medios desde la rueda de prensa posterior al comité ejecutivo regional que desembocó en el cruce de comunicados entre las direcciones valenciana y nacional sobre su futuro político, señaló que con la petición que envía a Madrid no quiere entrar en ninguna polémica.
Esta misma mañana, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, libró su personal batalla. Recordó que las legislaturas duran cuatro años y dejó claro que no piensa dimitir. "En los buenos y en los malos momentos siempre hay que estar, y estaremos hasta el final, junto con nuestros conciudadanos para hacer posible que la Comunitat siga siendo la tierra en la que todos creemos".

Camps se pronunció así en la sesión de control en las Corts a preguntas de la oposicion sobre la relación de la ética pública y la actual situación de las instituciones de la Generalitat.

Ricardo Costa acudió al Parlamento valenciano para participar en un pleno después de cesar en sus funciones como secretario general del PPCV y ocupó el escaño 98, situado en la última fila del hemiciclo. 

Entró sonriente por la puerta principal acompañado de la tesorera del grupo parlamentario popular y diputada, Yolanda García, así como por personal del equipo de prensa. En el trayecto recibió el saludo de los escasos diputados que en ese momento estaban en el interior de la cámara. El actual portavoz parlamentario, Rafael Maluenda, se acercó a su escaño y le abrazó, gestó que provocó la reacción de diputados socialistas, que dijeron con sorna "qué bonito es el amor".

Al llegar Camps, Costa rompió a aplaudir, al igual que el resto de los diputados del PP. Sin embargo, tuvo que ser él quien bajara hasta la primera fila de la bancada popular para saludarlo. 

(www.lavanguardia.es, 29/10/09) 

'RIC' COSTA TODAVÍA SE SIENTE SECRETARIO GENERAL 

Por fin ha dado la cara. Sus palabras revelan una situación confusa. Desde Génova se lanza el mensaje de que la cabeza de Ric ya ha sido cortada. Sin embargo el diputado valenciano se resiste a caer. Hoy, tras el pleno en el que regresaba tras 16 días de ausencia- su partido asegura que preparaba su defensa ante el Comité de Garantías- ha dicho que "como militante y como secretario general" de este partido, lamenta que la dirección del PP aún no le haya citado al comité de derechos y garantías por su relación con el caso Gürtel. 

A parte de mostrar su malestar por no haber sido citado, Costa se ha autoproclamado de nuevo "secretario general", aferrándose de este modo al cargo. Lapsus o recado intencionado, lo cierto es que a fecha de hoy, sigue apareciendo como secretario general del Partido Popular en la página web del partido.

Era la primera comparecencia pública tras dos semanas de ausencia en Les Corts y Ric no ha defraudado. Como ya hizo en su día, ha vuelto a desafíar a Rajoy insistiendo a Génova que "ratifique" su confianza en él y "ponga en valor" su "honradez", en caso de no hallar ninguna irregularidad, claro.

Asimismo, el ex "número dos" de Camps ha asegurado que, tal y como se comprometió ante el Comité Ejecutivo Regional del pasado día 13, ha remitido ya a la dirección nacional toda la documentación sobre su gestión orgánica al frente del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV) y sobre su patrimonio personal. 

Ric ha llegado al Parlamento autonómico por todo lo alto para asistir al pleno de hoy y ha ocupado su nuevo escaño, en la última fila de la bancada conservadora, entre muestras de afecto de algunos compañeros

Costa ha llegado a la sede parlamentaria en torno a las 09.50 horas acompañado por la tesorera del PP de la Comunitat Valenciana, Yolanda García, y su equipo de prensa, y ha saludado a los numerosos periodistas que le aguardaban en la puerta principal de Les Corts. 

Costa, implicado en la investigación del caso Gürtel, no acudía a Les Corts desde el pasado día 14, cuando el líder del PPCV y president de la Generalitat, Francisco Camps, le comunicó en una reunión del grupo parlamentario que sería relevado en la portavocía por Rafael Maluenda. 

Precisamente Costa, a la llegada de Camps -que se ha producido entre aplausos del grupo popular-, ha bajado a saludar a su presidente, momento recogido masivamente por los medios gráficos que se agolpaban junto a la tribuna. 

Maluenda y consellers como Alejandro Font de Mora (Educación) y Manuel Cervera (Sanidad), por su parte, han subido hasta la última fila para darle la bienvenida a Costa. 

(www.publico.es, 29/10/09)

VALCÁRCEL: "CAMPS ADMINISTRÓ DE LA PEOR MANERA POSIBLE EL 'CASO GÜRTEL" 

El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, se atrevió ayer a decir lo que piensan muchos en el Partido Popular. "Camps administró de la peor manera posible el caso Gürtel", argumentó el presidente murciano. Valcárcel ha sido hasta la fecha el socio principal de Francisco Camps, tanto en el seno del PP como en sus reivindicaciones frente al Gobierno central, y con quien más veces se ha reunido en los últimos seis años. 

Valcárcel, que intervino ayer en un acto de El Mundo en Madrid, minimizó las implicaciones del caso Gürtel e insistió en la honestidad de Camps, y aseguró que cree "absolutamente en la decencia y honorabilidad" de su homónimo valenciano. Pese a ello, el presidente de Murcia reconoció que ha existido "torpeza y un cálculo desatinado en los tiempos y en las explicaciones" relacionadas con el caso Gürtel. El mandatario murciano pasó de puntillas sobre la defenestración de Ricardo Costa como secretario general del PP de la Comunidad Valenciana. "Nadie tiene hoy todavía el peso penal de la ley sobre sus espaldas, pero hay quien ya ha tenido que ser depurado en esas responsabilidades", indicó Valcárcel. 

Por otra parte, Camps optó ayer por mantener su mutismo acerca de la reunión que le exigen los presidentes provinciales del PP Carlos Fabra (Castellón), José Joaquín Ripoll (Alicante) y Alfonso Rus (Valencia), preocupados por la parálisis del Consell, la mala gestión de la defenestración de Ricardo Costa como secretario general y el nombramiento de Rafael Maluenda como nuevo portavoz en las Cortes Valencianas. 

"En estas circunstancias, siempre estoy con los presidentes provinciales y con todo el partido, constantemente, porque tenemos un gran partido", dijo Camps durante un acto público en Valencia en el que propuso un compromiso nacional "para dejar de hablar de política y concentrarse en la economía". Manifestaciones que provocaron un nuevo episodio de estupor en un buen número de cargos del PP. 

Los presidentes provinciales reconocieron que Camps no les ha dado fecha para celebrar ninguna reunión, aunque lamentaron que esté dejando pudrir la situación. 

Por su parte, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se quitó de en medio por segundo día consecutivo: "El presidente administra los tiempos como cree conveniente", sentenció Barberá. 

Por su parte, César Augusto Asencio, nombrado por Camps como secretario general del PP en funciones tras la defenestración de Ricardo Costa, asumió ayer su situación de interino después de que los tres presidentes provinciales hayan manifestado que no reconocen su autoridad. Fabra, Ripoll y Rus reclaman una reunión del Comité Ejecutivo Regional del PP para elegir nuevo secretario general. 

Asencio reconoció ayer que tiene "muy claro" que su función como sustituto provisional de Ricardo Costa es "ocuparse del día a día de forma temporal y provisional hasta que se provea el puesto definitivo". 

El también diputado popular no ha firmado ninguna de sus notas como secretario general del PP y se sigue presentando como vicesecretario general de Política Autonómica y coordinador del partido. 

César Augusto Asencio evitó ayer responder acerca de si se siente desautorizado por los tres presidentes provinciales del PP. "Yo estoy cumpliendo mis funciones, las que me corresponden, y sé que son provisionales y temporales. Estoy haciendo lo que me corresponde y cumplo estrictamente el cometido que tengo", contestó. 

Sobre la posible negociación del cargo orgánico que ostentaba Costa por parte de los presidentes provinciales de su partido, Asencio señaló que "nadie" se ha dirigido a él, ni él se ha dirigido a ninguno de ellos. La convocatoria del Comité Regional es competencia de Camps, indicó. 

(www.elpais.com, 29/10/09)

El Gobierno valenciano se niega a aclarar los gastos de la visita papal

Los gastos que generó la visita del Papa a Valencia en julio de 2006 siguen siendo un misterio. Por enésima vez, la portavoz de la coalición izquierdista Compromís, Mónica Oltra, preguntó al vicepresidente económico del Consell y máximo representante de las cuentas de la Generalitat, Gerardo Camps (en la foto), por los costes del evento. El dirigente popular miró hacia otro lado y se limitó a recordar los datos que ya había facilitado en 2007 el entonces vicepresidente Víctor Campos y que, según recordó Oltra, apenas alcanzan a cubrir las comisiones que cobró la empresa Teconsa, vinculada a la trama Gürtel, por la sonorización del evento. Al final de su intervención, Camps aseguró que llevarán el tema a los tribunales si se detectan irregularidades en los gastos.

Como ya es habitual, el Gobierno valenciano de Francisco Camps volvió ayer a guardar silencio sobre los gastos que asumió la Generalitat por la organización de la visita del Papa a Valencia en 2006. La portavoz del grupo de izquierdas Compromís, Mónica Oltra, solicitó una vez más estos datos, pero el responsable de Economía del Consell, Gerardo Camps, se remitió a la respuesta que ya había dado a este tema Víctor Campos, anterior vicepresidente. En 2007, Campos había cifrado los gastos de la Generalitat en 1,9 millones de euros, cifra que el vicepresidente económico da por buena como coste “directo para la Generalitat” por la organización del evento.

"Le falla la calculadora"
Oltra le advirtió de que “le falla la calculadora”, y le recordó que la Radio Televisión Valenciana cobró de la Generalitat 6,4 millones de euros por la sonorización de los actos. Además, Canal 9 dejó estos trabajos en manos de Teconsa, una de las empresas de la trama Gürtel, que a su vez hizo otras subcontratas quedándose con comisiones por valor de 1,5 millones de euros. La cifra aportada por Camps, apuntó, apenas cubre el coste de esas comisiones.

"Esto no tiene perdón de Dios"
La diputada izquierdista subrayó que la respuesta de Camps era una “burla” a los ciudadanos y lamentó que el gasto de la visita haya sido hasta ahora un “secreto de Estado”. Según los cálculos de Oltra, los costes de la visita ascenderían a unos 25 millones de euros. “¿Cuánto han gastado sus amigos mandantes y qué han recibido los dirigentes del PP? Esto no sé si tiene bula, pero lo que no tiene es perdón de Dios”, acusó.

Pedirán la "restitución" del dinero
Gerardo Camps, durante su turno de réplica, insistió en dar por buena la cifra facilitada por Campos, y lamentó que en Les Corts se debata lo que considera una “filtración” a la prensa, en referencia a las supuestas comisiones cobradas por Teconsa. Aún así, se atrevió a asegurar que “si alguien ha contratado con el grupo RTVV y con la Generalitat, y en los tribunales se demuestra que se han aprovechado, nosotros somos los perjudicados y nosotros seremos los primeros que demandaremos que se restituya ese dinero”.

www.elplural.com 29.10.09

Y COSTA SIGUE SIN APARECER 

 El ex secretario general del PPCV y ex portavoz del grupo popular en Les Corts Valencianes Ricardo Costa tampoco ha asistido hoy al pleno del Parlamento autonómico cuando se cumplen quince días de su sustitución, aunque las web nacional y regional del partido le mantienen aún en sus cargos. 

Costa, quien según fuentes próximas al diputado no acudirá a Les Corts previsiblemente hasta mañana, segunda jornada del pleno semanal, no ha vuelto a ocupar su escaño tras abandonar la Cámara el pasado día 14 tras la tensa reunión del grupo parlamentario donde Camps le comunicó su relevo "temporal" por el entonces portavoz adjunto Rafael Maluenda. 

Esa misma mañana, un comunicado del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV) anunciaba también que César Augusto Asencio asumía las funciones de Costa como secretario general y desde entonces, las notas de prensa oficiales presentan al vicesecretario de Política Local y Autonómica como "coordinador" regional del partido. 

Sin embargo, la web del PPCV sigue presentando al ex "número dos" de Camps como secretario general y portavoz del grupo parlamentario, tanto en su biografía como en el organigrama regional de la formación. 

Por su parte, la página del PP informa en el apartado "cargos" de que es "diputado en las Cortes Valencianas por Castellón", aunque en su biografía aparece aún como "secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana". Sobre Asencio y Maluenda, esta web no informa de sus nuevas y respectivas tareas de responsabilidad orgánica y parlamentaria tras la marcha de Costa. 

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha dicho en varias ocasiones desde la reunión del Comité Ejecutivo Regional del pasado día 13 que Costa ha dejado todos sus cargos a raíz de su relación con el caso "Gürtel", así como que es imposible una posible vuelta a los mismos una vez que el comité de garantías del partido escuche su versión y analice su gestión y patrimonio. 

Desde la citada reunión del Comité Ejecutivo Regional y el posterior cruce de comunicados entre las direcciones regional y nacional del partido sobre la resolución del futuro de Costa, los presidentes provinciales del PP en Alicante y Castellón, José Joaquín Ripoll y Carlos Fabra, han coincidido en señalar que no se ha producido un relevo real del ex "número dos" de Camps en el PPCV. 

La semana pasada, Fabra, Ripoll y su homólogo provincial de Valencia, Alfonso Rus, se reunieron para abordar la situación actual del partido y las divergencias que existen sobre qué medidas debe tomar Francisco Camps para afrontar las consecuencias orgánicas y parlamentarias del caso "Gürtel" en la Comunitat Valenciana 

(www.levante-emv.com, 28/10/09) 

LOS PRESIDENTES PROVINCIALES RECHAZAN A ASENCIO COMO SECRETARIO GENERAL DEL PP 

Los tres presidentes provinciales del PP, Carlos Fabra (Castellón), José Joaquín Ripoll (Alicante) y Alfonso Rus (Valencia) han invalidado ya a César Augusto Asencio como secretario general del PP en sustitución de Ricardo Costa. Y Asencio, que fue designado por Francisco Camps para sustituir a Costa tras la defenestración decretada por Génova, ya lo tiene asumido. Hasta el punto de que ayer salió a replicar al secretario general del PSPV, Jorge Alarte, con el título de "vicesecretario de Politica Autonómica y coordinador del PP". 

"Asencio no es el secretario general actual, sino el vicesecretario en funciones de secretario que provisionalmente se ha hecho cargo", aseguró ayer Carlos Fabra. El presidente de la Diputación de Castellón remarcó que "el Comité Ejecutivo Regional aún no ha decidido quién va a ser el secretario general". 

"En la actualidad nadie ejerce de secretario general", afirmó ayer el presidente provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, que añadió: "No está sancionado por los órganos correspondientes" del PP. 

Ripoll explicó que los tres presidentes provinciales están del lado de Camps, pero recalcó: "No somos tres locos que estamos reuniéndonos por ahí para arreglar el partido, sino que somos tres presidentes provinciales, tenemos nuestras competencias, tenemos nuestra representación territorial, muy importante, y queremos arrimar el hombro". Una idea que comparte el presidente provincial de Valencia, Alfonso Rus. Los tres estaban ayer a la espera de que Camps los reúna en cualquier momento para analizar la situación interna del PP. 

"La gente que tiene importancia dentro del partido, tendremos que, al menos, dar una opinión", insistió Fabra, que se declaró autor del comunicado de apoyo a Camps emitido el pasado domingo sin que Ripoll y Rus conociesen su contenido. 

En el entorno del presidente de la Generalitat insistieron ayer en que Camps maneja los tiempos y que está convencido de poder reconducir el malestar de los presidentes provinciales. Un malestar que se extiende no sólo al nombramiento de Asencio, sino al de Rafael Maluenda como portavoz parlamentario, y a la inacción del Gobierno valenciano. 

"No está concretada la fecha, ni si será comida o cena, ni dónde será, pero, en principio, está previsto que se celebre", dijo Fabra.La dirección del PP provincial de Valencia se vio obligada ayer a dar de baja su página web (www.ppval.org) de manera temporal tras el ataque de un pirata informático. El hacker, autodenominado Krono, imprimió sobre la página de inicio de la web un cartel con la imagen de Camps y la expresión Wanted only alive (se busca, sólo vivo), y distintas sentencias alusivas al caso Gürtel, a la manipulación informativa de Canal 9 y a la situación interna de los populares. 

Alfonso Rus explicó que el PP interpondrá una denuncia contra el autor del ataque informático, que tachó de "acto vandálico y reprobable" realizado durante la madrugada de ayer. Rus lamentó que un partido "serio" como el suyo "haya sido víctima de quienes practican actitudes antidemocráticas desde el anonimato". "Las agresiones ejecutadas no van a afectar al trabajo diario del PP provincial", sentenció. 

El portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Maluenda, lamentó el incidente igual que otros dirigentes populares. 

La portavoz del grupo parlamentario de Compromís, Mònica Oltra, que popularizó la imagen de Camps con la leyenda Wanted only alive, evitó condenar abiertamente el ataque informático. Oltra evitó calificar el tuneo realizado a la página web del PP de Valencia y se mostró partidaria de utilizar otros mecanismos para hacerse oír. 

Sin embargo, Oltra calificó el ataque informático como un modo de "resistencia pacífica frente a la vulneración diaria de los derechos fundamentales de los valencianos". 

Para la portavoz de Compromís, son los populares quienes diariamente vulneran los derechos de los valencianos, bien "pisoteando los derechos de los parlamentarios, bien con el uso que se hace de los medios de comunicación públicos, ya que todos los días se vulnera el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz". 

El PP, que ha decidido mantener en el ostracismo político a Mònica Oltra y la diputada de su grupo Mireia Mollà desde que compareció en el pleno de las Cortes con una camiseta con una imagen de Camps y la leyenda Wanted only alive, instó ayer a la portavoz de Compromís a condenar el ataque informático. 

(www.elpais.com, 28/10/09)

DIRIGENTES DEL PP PIDEN QUE CAMPS APARTE A RAMBLA Y COTINO PARA REVOLUCIONAR EL CONSELL  

"No podemos tener a [Ricardo] Costa de secretario general y a un secretario general [César Augusto Asencio] que no ejerce de secretario general". El trabalenguas es de un dirigente del PP próximo a uno de los barones provinciales que ayer mismo definía así, sin ocultar su desazón, el kafkiano panorama que vive la organización. Una situación que, recalcó, ha motivado el movimiento de los presidentes de Valencia (Alfonso Rus), Alicante (Joaquín Ripoll) y Castelló (Carlos Fabra) para pedir al máximo responsable del PPCV y de la Generalitat, Francisco Camps, que lidere los cambios en el partido, en el Consell y en las Corts que actúen de "revulsivo". Algo de lo que la organización está muy necesitada. ¿Y qué cambios? Hasta ahora los barones provinciales, directa o indirectamente, no habían puesto nombre y apellidos.  

Varios responsables populares, en la órbita de al menos dos de los barones, coincidieron que es preciso apartar a los consellers "contaminados" por el proceso, lo que no quiere decir de ninguna manera que se cuestione su labor. Tampoco de Costa se pone en duda su honradez, dicen, y ha sido apartado del cargo aunque, curiosamente, fue el único de los imputados que recabó la unanimidad de los jueces en el archivo. Pero un Gobierno no puede estar pendiente de sobresaltos en forma de nuevos documentos que salpiquen a sus miembros o del proceso judicial que va a reabrir el PSPV. En ese sentido, constatan que resulta sorprendente que sólo se hayan hecho sacrificios en el partido y no en el Consell. Los señalados en este punto son el vicepresidente y titular de Industria, Vicente Rambla, que aparece en las conversaciones por la relación que tuvo con los responsables de la trama, y el conseller de Medio Ambiente, Vicente Cotino, por la constructora de la familia que figura también citada. 

Pero además, se aboga por que Camps afronte la remodelación profunda que finalmente no quiso hacer en verano y diseñe un Ejecutivo más reducido del que salgan los consellers de perfil bajo como, entre otros, Trinidad Miró (Cultura), Mario Flores (Infraestructuras), Belén Juste (Turismo) y Angélica Such (Bienestar Social). Las mismas fuentes, no obstante, se apresuraron a augurar: "Los presidentes le pedirán estos cambios pero Camps no moverá ficha y no hará nada". Quizá en enero.  

En cuanto al partido, se pide que las riendas de la organización la lleven los barones, con tres coordinadores provinciales de la confianza de cada uno. Con todo, tras el comunicado del fin de semana puesto en boca de los barones de respaldo al jefe del Consell, ayer se cuestionaba incluso que la reunión con Camps -prevista para mañana- llegue a celebrarse. "Si se hace, se sabrá el mismo miércoles o jueves; si no, se cometerá un error muy grave", lamentan.

Anoche, la ejecutiva del PP de Alicante acordó rechazar los nombramientos que hizo Camps -que no fueron aprobados por la organización- de César Augusto Asencio para asumir las funciones de Ricardo Costa en el partido y de Rafael Maluenda como portavoz en las Corts. La dirección alicantina, que lidera Ripoll, aprobó elaborar una propuesta de consenso para estos puestos con Rus y Fabra, que trasladará a Camps.  

Ayer, el malestar en la organización era palpable. No en balde, el comunicado de los barones del fin de semana levantó ampollas. "Rus no conocía el comunicado", aseguraban anoche diversas fuentes mientras a Ripoll se le trasladó el contenido muy por encima. Ayer por la mañana, Ripoll declaró que tanto él como Rus y Fabra quieren que en la siguiente reunión que mantengan esté presente Camps para que pueda "tomar decisiones" de las "ideas" presentadas para que el partido "pueda salir de esta situación de impasse". 

(www.levante-emv.com, 27/10/09) 

GÉNOVA ACUSA A COSTA DE FABRICAR UN ACTA PARA SEGUIR EN EL PUESTO  

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, volvió a reiterar ayer que Ricardo Costa ha dejado de ser secretario general del PP valenciano y precisó que las actas de la reunión del pasado 13 de octubre aún "no son firmes", después de señalar que el citado documento "todavía no tiene ninguna definición". Argumenta que los presidentes regionales dan la información "de primera mano" para no tener que esperar a la "burocracia" de aprobar las actas. Fuentes de la dirección del PP de la calle Génova de Madrid acusaron directamente al ex secretario general de haber elaborado "un acta 'ad hoc' para su comunicación y para avalar su situación" en el partido. El entorno de Costa mantiene que él sigue de secretario general y que, simplemente, se ha apartado del ejercicio de estas funciones en tanto dure la investigación.  

Las fuentes citadas de Génova hicieron hincapié en que el documento hecho público como si fuera el acta no es tal sino un "borrador", y destacaron que éstos "nunca van firmados". Los borradores de acta, añadieron, se aprueban en la reunión siguiente y es entonces cuando se rubrican. Pero además, los firmantes son siempre el presidente y el secretario general, cuando en este caso aparece la firma de Costa y del vicesecretario de Política Autonómica y Local, César Augusto Asencio, quien a partir del día siguiente pasó a ejercer las funciones de coordinar el partido. Una irregularidad que tiene su trasfondo: "¿Qué problema tiene Costa que no pudo recabar la firma de Camps?", se preguntaron fuentes de Génova.  

Ayer, Cospedal se remitió a lo que Camps "trasladó a la dirección nacional" respecto a la decisión que había tomado el comité ejecutivo. Esto es, que Costa había sido destituido. También apuntó que en la reunión de la ejecutiva donde se trata el borrador, "todo el mundo puede opinar sobre las actas como es lógico". Esto es, que el documento se modificará.

Por su parte, el ex ministro de Ciencia y hermano de Ricardo Costa, Juan Costa, afirmó que cree que el PP debería dar "una explicación pública" sobre el caso Gürtel porque en política "hay que dar la cara". "Tengo todo el interés en que esto se resuelva y en que si existen responsabilidades de carácter político o de carácter legal en nuestro partido, se asuman", subrayó. Aseguró que el PP debe "reflexionar" y preguntarse "cómo ha sido" porque "si durante 15 años" el partido ha contratado a "empresas que forman parte de una trama supuestamente corrupta", significa que "probablemente algo no se ha hecho bien".

Sobre la implicación de su hermano, Ricardo Costa, con la rama valenciana de Gürtel y su destitución, aseguró que no le resulta "especialmente fácil" hablar de ello.

El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, afirmó ayer que al ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, "le ha tocado pagar la china gorda en este momento". Fabra hizo estas declaraciones tras presentar en la sala de prensa e indicar a los periodistas que quería hacer unas declaraciones. "Cuando se producen líos de este tipo siempre hay alguien que paga la gorda, la china gorda, y en este momento, le ha tocado a Ricardo Costa". Fabra manifestó que Costa es "un gran parlamentario, ha sido un gran secretario general y sabe que siempre tendrá el apoyo personal de su presidente Carlos Fabra", aunque añadió que esta situación, "cuanto menos la movamos mejor".

Al igual que Cospedal, la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, recalcó que Costa no sigue siendo secretario general del PPCV y que "todo el mundo" puede ver "dónde está situado cada cuál". 

(www.levante-emv.com, 27/10/09) 

RIPOLL DESAFÍA A CAMPS Y RECHAZA A ASENCIO COMO SECRETARIO GENERAL 

Otro desafío de Ripoll a Camps. El líder del PP de Alicante rechaza la propuesta de César Augusto Asencio como secretario general del PP valenciano y exige un comité ejecutivo regional antes de diciembre, "para consensuar y votar un candidato". El órdago de Ripoll al presidente del PP Valenciano se produjo ayer, a 48 horas del anunciado encuentro entre Camps y los tres dirigentes provinciales para abordar la crisis de los conservadores valencianos. 

José Joaquín Ripoll, presidente provincial del PP en Alicante y máximo valedor del zaplanismo, dio otra vuelta de tuerca a sus explícitas discrepancias con el presidente regional de los populares valencianos, Francisco Camps, para resolver la crisis por la implicación del partido en la trama corrupta del caso Gürtel. En un comité ejecutivo provincial extraordinario celebrado anoche, los populares alicantinos acordaron por unanimidad rechazar la propuesta de Camps de designar a Asencio como secretario general del PP en sustitución del destituido Ricardo Costa. "Evidentemente, el PP de Alicante no apoya la propuesta de Asencio ni la de Maluenda [éste ha sido el sustituto de Costa como portavoz en las Cortes]", dijo la secretaria general del PP de Alicante, Mónica Lorente, al término de la reunión. Ripoll, como habitualmente hace, no participó en la conferencia de prensa. 

Lorente fue nítida al detallar el punto de vista del PP de Alicante para solucionar la crisis. "Hasta ahora Asencio no es formalmente nada en el partido", dijo. "Nuestra propuesta es que antes del mes de diciembre el presidente Camps convoque un comité ejecutivo regional para debatir una candidatura a la secretaría general del partido, consensuada entre Castellón, Valencia y Alicante, y luego votarla", argumentó la número dos de Ripoll. Lorente se limitó a rechazar la propuesta de Asencio, actual alcalde de Crevillent, sin dar argumentos. Tampoco avanzó cuál será el candidato que avalarán. 

Asencio ha sido uno de los dirigentes del PP Alicante más identificados con el campismo en Alicante. Se implicó al máximo en la batalla de Camps por descabalgar a Ripoll de la cúpula provincial del PP en el congreso del 14 de diciembre de 2008 en Orihuela. Camps cosechó, por apenas cuatro votos, su primera derrota interna. Los ripollistas han convocado un acto para conmemorar su victoria el primer aniversario del congreso. 

(www.elpais.com, 27/10/09)

EL TEXTO DEL PP DE APOYO A CAMPS NO FUE CONSULTADO A DOS DE LOS FIRMANTES 

Dos de los tres presidentes provinciales del PP valenciano, que el domingo mostraron su "total apoyo" al presidente del PP valenciano y de la Generalitat, Francisco Camps, en un comunicado difundido por la organización regional del partido, en realidad no fueron consultados sobre la redacción del mismo. Los presidentes del PP en Castellón, Carlos Fabra; Valencia, Alfonso Rus, y Alicante, José Joaquín Ripoll, en teoría, hacían público el comunicado "ante la multitud de interpretaciones" que habían surgido tras su reunión del pasado jueves en la que lanzaron a Camps un ultimátum para que depurara responsabilidades por el caso Gürtel y diera un impulso a su Gobierno. 

Los implicados no quisieron confirmar ni desmentir públicamente si fueron consultados, pero este periódico pudo constatar que al menos dos de ellos no tenían noticia del contenido del comunicado. Además, Ripoll aseguró ayer que, tanto él como Rus y Fabra, han emplazado a Camps a asistir a una reunión con ellos mañana para que pueda "tomar decisiones" a partir de las ideas que ellos propugnan para que el partido "pueda salir de esta situación de impasse". Los tres impulsan un frente común para instar a Camps a introducir cambios en su Gobierno, cerrar la elección del secretario general del partido y poder influir en la elección del portavoz en las Cortes, cargos estos últimos que recaían en Ricardo Costa. El presidente no se ha pronunciado sobre la invitación.

La destitución de Ricardo Costa como secretario regional valenciano sigue siendo una auténtica pesadilla. Una pesadilla dentro de otra, la de la trama de corrupción que emerge en el denominado caso Gürtel. Sin el trasfondo del escándalo no puede entenderse la presión del equipo de Mariano Rajoy para que Camps cortase la cabeza de su número dos, y sin la necesidad del presidente valenciano de defenderse es imposible entender la guerra de interpretaciones que le enfrenta a los dirigentes nacionales del PP. Ayer mismo, tras la publicación en El Mundo de una supuesta acta del comité ejecutivo regional del 13 de octubre, según la cual Costa sigue en su puesto mientras la dirección nacional no abra una investigación, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, reiteró que "Costa ha dejado de ser secretario general del PP valenciano" y señaló que el documento publicado, con las firmas del propio Costa y de su supuesto sustituto, César Augusto Asencio, "todavía no es un acta", dado que ha de ratificarla el comité ejecutivo.

En su línea habitual de considerar evidente aquello que no lo es, Camps ayer dio por buena el acta y añadió que "se está cumpliendo en todos sus extremos". Según el documento, cuya validez es nula porque no incluye la firma de Camps, Costa pidió en su intervención que se apoyara su gestión y se defendiera su honradez, antes de solicitar a la dirección nacional del PP que, si tiene alguna duda, le abra una investigación interna y, "en caso de que ésta se realice, se apartará de forma voluntaria y temporal del ejercicio de sus funciones de secretario general el tiempo que dure dicha investigación para garantizar la independencia de la misma".

Carlos Fabra, que ha salido en su defensa varias veces, ya que opina que ha pagado "la china" del caso Gürtel, adelantó que Costa "tiene que tomar algunas decisiones en función de conversaciones que tiene que tener dentro de unos días".

No precisó Fabra a qué se refería con esas conversaciones, pero la misma Cospedal se desmintió al confirmar que Costa ya ha remitido documentación al Comité de Derechos y Garantías del PP y advertir que el partido no dará publicidad a la fecha en que el organismo se reunirá para que comparezca. Cuando hace dos semanas se produjo el pulso por el cese de Ricardo Costa, Cospedal negó que éste pudiera condicionar su destitución a la apertura de una investigación por parte de la dirección nacional del partido. 

(www.elpais.com, 27/10/09)

MATO Y COSTA SE VEN EN MADRID PERO GÉNOVA NO LE CITA A DECLARAR 

Ricardo Costa logra ser protagonista incluso cuando no se lo propone. Después de la bomba que soltó con su comunicado hace dos semanas, en el que preguntó en público por qué se le quería destituir, si él siempre obedeció órdenes de Francisco Camps y Mariano Rajoy, ha guardado silencio e incluso ha evitado acudir al Parlamento autónomo. Pero ayer, según la versión oficial, se encontró en un hotel de Madrid con Ana Mato, vicesecretaria de organización. 

Costa acude todos los lunes a Madrid porque está haciendo un máster, y acudió a ese hotel poco después de concluir las clases. Mato tenía allí una comida. Ambos se cruzaron y aprovecharon la circunstancia, siempre según la versión oficial, para una charla amistosa de unos minutos. 

Obviamente, aunque no era una reunión formal entre un secretario regional destituido y su jefa en la dirección nacional, se habló del asunto que ocupa al PP en las últimas dos semanas y tiene como protagonista a Costa. 

Fue una conversación relajada, con muchas bromas, según algunos dirigentes que supieron de ella. Costa explicó a Mato que ya ha enviado a la dirección nacional todos los papeles sobre su declaración de la renta, sus créditos o la forma en que compró su coche. Y aún está esperando que el Comité de Derechos y Garantías le reciba. Costa insiste en que, según pudieron comprobar más de 90 miembros del Comité Ejecutivo regional y quedó reflejado en el acta de la reunión, él sigue siendo secretario general y ha suspendido temporalmente sus funciones mientras la dirección nacional le investiga. 

Mato le explicó que, para la dirección nacional, suspender en sus funciones es lo mismo que dejar de ser secretario general. Hubo bromas con la interpretación semántica de todo el embrollo. Costa defendió su honorabilidad, su confianza en que la documentación que ha enviado resuelva todas las dudas, si las hubiera, de la dirección nacional, y la situación se pueda reorientar con el tiempo para que él pueda volver a la primera fila. Mato, que, como Javier Arenas, tiene una posición más suave en este asunto que la de Dolores de Cospedal, no descartó nada si al final el caso Gürtel queda judicialmente en nada. 

(www.elpais.com, 27/10/09)

RUS ADMITE 303.000 EUROS DE GASTOS EN LA VISITA DEL PAPA Y NO ENCUENTRA LAS ACTAS DE LA FUNDACIÓN  

Más de tres años después del evento sigue vivo el influjo de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, al menos por lo que respecta al rastro contable que dejó y la caja que hizo la red Gürtel a cuenta de la sonorización e instalación de pantallas, adjudicadas por RTVV a una constructora relacionada con la trama.  

Tras destaparse que las empresas del conglomerado que dirigía Francisco Correa cobraron presuntamente una comisión de un millón de euros de una de las contratistas y que de la caja B del piso de la calle Serrano -sede principal de la red en Madrid- salieron al menos 10.000 euros en negro para "gastos de producción", los socialistas pidieron en la Diputación de Valencia información sobre los gastos ocasionados por aquella visita, así como las actas de las reuniones del patronato de la fundación V Encuentro Mundial de las Familias, entidad constituida por la corporación provincial, la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia y Arzobispado. En respuesta al portavoz socialista, Rafael Rubio, la corporación que preside Alfonso Rus detalla las aportaciones al acontecimiento religioso y social, que en total se cifran en 303.000 euros.  

Respecto a las actas, la respuesta, que firma el vicepresidente primero, Juan José Medina, es chocante: "En este momento estamos recopilando las actas de las reuniones de la Fundación a las que asistieron representantes de esta diputación para poder remitirlas a su grupo lo antes posible para que tengan constancia de ello". Se han detallado todas las partidas y aportaciones que se hicieron desde la corporación entonces presidida por Fernando Giner para costear la visita del Papa, pero no se han podido facilitar las actas en los cuatro días discurridos entre la pregunta formulada desde la oposición y la respuesta de Medina.  

Fuentes próximas a Rus admitieron que el problema reside en que no se encuentran las actas de las reuniones de la fundación presidida por el cardenal Agustín García-Gasco y en la que el representante de la corporación era el propio Fernando Giner. 

Desde el actual gobierno de Rus se explica que las 70.000 sillas que se adquirieron para la multitudinaria Eucaristía celebrada en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias costaron 210.000 euros. El contrato se adjudicó, tras declararse desierto un concurso previo, por procedimiento negociado sin publicidad -a dedo- el 4 de mayo de 2006. La segunda aportación más cuantiosa fueron los 46.000 euros pagados al escultor Nassio Bayarri para realizar un "busto grande de Su Santidad Benedicto XVI en bronce patinado, más una copia". Una de las esculturas fue regalada al Sumo Pontífice y la otra se quedó en la propia diputación. 

(www.levante-emv.com, 27/10/09) 

JUAN COSTA INSTA AL PP A "DAR LA CARA" POR GÜRTEL 

Juan Costa, ex ministro, diputado nacional por el PP y hermano del defenestrado número dos de los populares valencianos Ricardo Costa, apeló ayer a su partido a "dar la cara" y ofrecer explicaciones sobre la relación que mantuvo durante 15 años con las empresas relacionadas en el sumario del caso Gürtel sobre supuesta financiación irregular del partido. "Si durante 15 años nuestro partido ha trabajado con empresas que forman parte de una trama supuestamente corrupta", dijo Costa en Telecinco, "creo que es necesario hacer esa reflexión, preguntarnos qué ha fallado, probablemente algo no se ha hecho correctamente, dar esa explicación a los ciudadanos". "En política hay que dar la cara", redondeó Costa, quien renunció a un cargo ejecutivo en una multinacional de auditoría para dirigir la última campaña electoral de Mariano Rajoy. 

Costa admitió que no le resulta "especialmente fácil" comentar la situación de su hermano, pero apuntó que Francisco Camps, presidente de la Generalitat, manifestó ante el Comité Ejecutivo Regional del PP el 13 de octubre que "no tenía ninguna duda sobre la honradez, sobre la capacidad y la gestión política" de Ricardo Costa.

Las palabras de Juan Costa no tuvieron réplica desde las filas de la organización nacional del PP, mientras que la autónomica se aferró a las adjudicaciones de obra pública que ha recibido la constructora leonesa Teconsa desde el Gobierno central para lanzar insidias contra los socialistas sin prueba alguna. Teconsa es una de las empresas relacionadas en el informe policial de la brigada contra el blanqueo de dinero como adjudicataria por 6,5 millones de euros del montaje de los equipos de sonido para la visita del Papa a Valencia. Teconsa subcontrató la sonorización y pagó la mitad de lo que había recibido de Canal 9, titular en exclusiva de los derechos de transmisión de los actos que protagonizó Benedicto XVI.

(www.elpais.com, 27/10/09)

LA DIPUTACIÓN COMPRÓ 70.000 SILLAS POR 210.000 EUROS PARA VER AL PAPA 

La contribución de la Diputación de Valencia a la fundación que organizó el V Encuentro Mundial de la Familia en julio de 2006 fueron 70.000 sillas, un busto del Papa en bronce, dípticos y DVD sobre la visita papal. En total, unos 300.000 euros. La corporación, en respuesta a una pregunta del portavoz socialista, Rafael Rubio, reconoce que gastó 210.000 euros en la compra de los asientos, a los que se añaden otros 4.814 euros por la termoimpresión del logotipo del encuentro en los respaldos. La Diputación cargó además con otros 18.000 euros que costó el transporte de las sillas. 

Para la contratación de sillas se convocó concurso, pero tras quedar desierto, la sociedad SP Berner Plastic Group se adjudicó el contrato por un procedimiento negociado sin publicidad. Según consultó ayer este diario en una empresa del sector, si hubiera optado por alquilar sillas de resina similares a las del V Encuentro, le habrían costado 0,50 euros por unidad frente a los 3 que pagó la corporación, entonces presidida por el popular Fernando Giner. En ese caso, las 70.000 sillas, hubieran costado 35.000 euros. 

La lista de gastos es más amplia. En 2004 la Diputación aportó otros 10.000 euros tras incorporarse a la fundación encargada de la organización de la visita del Papa. Un año después libró una subvención de 10.000 euros para la confección de 100.000 dípticos y 100.000 folletos informativos en cinco idiomas. En diciembre de 2005 y con cargo a los presupuestos del año siguiente, la institución consignó una segunda ayuda por 9.438 euros, que la fundación empleó en carteles y dossiers. 

Por último, también por un procedimiento negociado sin publicidad, el artista Nassio Bayarri consiguió otra contrata para realizar un busto en bronce de Benedicto XVI, una pieza de 100 kilos de peso que costó 45.000 euros a las arcas públicas. 

Además de las aportaciones dinerarias, Rubio ha pedido las actas de las reuniones de la fundación en las que participó la Diputación. "Estamos recopilándolas para remitírselas lo antes posible", le contestan. 

Por otra parte, la vertiente judicial del caso Gürtel sitúa a Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior valenciano, en primer plano. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le ha pedido explicaciones de por qué no se abstuvo en el caso que implicaba al presidente Camps, quien dijo de él que era su "más que amigo". Que De la Rúa, que opta a la reelección, acudiera a un acto electoral del PP ha sido clave para que la queja que presentó contra él un abogado no se archivara y la inspección técnica avance en la investigación, que podrá ser archivada o convertirse en expediente disciplinario. Respecto a la denuncia por supuesta prevaricación formulada contra De la Rúa por Iniciativa del Poble Valencià (IPV), será el teniente fiscal del Tribunal Supremo quien resuelva el asunto. 

Mientras los hechos se suceden a diario, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, mantiene una agenda oficial de perfil bajo y lo más alejada del escándalo que le rodea. Ayer estuvo, junto a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en la inauguración de un centro de educación especial en la capital. 

(www.elpais.com, 27/10/09)

JUAN COSTA: ´EL PP DEBE DAR LA CARA Y EXPLICAR GÜRTEL´ 

El diputado del PP Juan Costa ha dicho hoy que su partido debe "dar la cara" y ofrecer una explicación pública sobre la relación que mantuvo durante 15 años con las empresas del caso "Gürtel" y ha pedido que si existen responsabilidades de carácter político o legal en el PP, "se asuman".

"Si durante 15 años nuestro partido ha trabajado con empresas que forman parte de una trama presuntamente corrupta, creo que es necesario hacer esa reflexión, preguntarnos qué ha fallado, probablemente algo que no se ha hecho correctamente, darle esa explicación a los ciudadanos", ha manifestado el hermano del ex secretario general del PPCV Ricardo Costa.

En declaraciones a Telecinco recogidas por EFE, Costa ha insistido en que, "lo primero que debe haber es una reflexión y una explicación" porque "en política hay que dar la cara" y "preguntarse cómo puede haber ocurrido esto a lo largo de ese periodo de tiempo".

Preguntado por la información que hoy publica el diario "El Mundo" que afirma que su hermano Ricardo sigue siendo secretario general del PPCV, Juan Costa ha respondido que lo que él sabe es lo que ocurrió en la reunión del Comité Ejecutivo Regional del PPCV en la que "se respaldó su gestión".

Ha recordado que el president Francisco Camps, dijo allí que "no tenía ninguna duda de la honradez y la capacidad política" de Ricardo Costa y que lo que éste planteó fue que "se abstendría de ejercer sus funciones" como secretario general.

Juan Costa ha reconocido que no le resulta "especialmente fácil" hablar en un medio de comunicación sobre el secretario general de un partido que es su hermano, pero ha añadido que tiene "todo el interés en que esto se resuelva", en que "si existen responsabilidades de carácter político o legal" en el PP "se asuman" y en que el partido "dé una explicación pública".

Ha manifestado que su hermano "está bien" y ha recalcado que "lleva veinte años trabajando para el partido y, siempre, lo más importante ha sido poner su vida al frente del servicio público".

Costa se ha referido también a la polémica por la elección del presidente de Caja Madrid y, tras recordar que son los órganos de la entidad financiera quienes deben tomar la decisión y afirmar que no le "consta" quiénes son los candidatos, ha señalado que "sería un lujo" para la entidad financiera que fuera Rodrigo Rato.

Ha argumentado que, tanto como vicepresidente del Gobierno como director del Fondo Monetario Internacional o en el ámbito privado, Rato ha demostrado que es una persona "con una extraordinaria capacidad".

Preguntado por un posible veto del Gobierno a la candidatura de Rato, Costa se ha mostrado "seguro" de que "cuando se está hablando del cuarto banco del país "no se toman decisiones caprichosas" ni nadie "puede vetar" a una persona que tiene un currículum tan acreditado. 

(www.levante-emv.com, 26/10/09) 

LOS TRES BARONES DEL PP PROCLAMAN AHORA QUE ´APOYARÁN SIEMPRE´ A CAMPS  

Los tres líderes provinciales del PP de la Comunitat Valenciana -y presidentes de sus respectivas diputaciones- emitieron al mediodía de ayer un breve comunicado conjunto en el que, básicamente, mostraba su "total apoyo" al presidente de la Generalitat, Francisco Camps: "Los tres presidentes manifiestan que apoyarán siempre todas aquellas actuaciones que, tanto a nivel de partido como de gobierno, realice el presidente en cualquier momento".

El mensaje, enviado desde la sede de la dirección regional de la calle Quart, era la respuesta a las "interpretaciones aparecidas en los medios de comunicación -Levante-EMV entre ellos- tras la reunión de los tres presidentes esta semana".

Lo cierto es que la reacción de Carlos Fabra, Alfonso Rus y José Joaquín Ripoll -líderes del PP en Castelló, Valencia y Alicante, respectivamente- se produce varios días después del encuentro privado que mantuvieron sin la presencia del presidente Camps y con la intención, según señalaron algunas fuentes a este diario, de tomar las riendas del partido con el aliento de la dirección nacional de Mariano Rajoy. El objetivo: aclarar la línea a seguir por parte del partido ante la grave crisis generada por el caso Gürtel y pedir cambios ante la parálisis del Gobierno autonómico.

Acción-reacción del presidente

Y es que tanto el disgusto de Génova por la gestión de la salida de Ricardo Costa, como la impaciencia de unos líderes territoriales con quienes no se ha consultado ninguna decisión, ha animado a unos y otros a actuar para pedir contundencia al presidente y retomar la iniciativa política. Así, tras la reunión privada del jueves y los movimientos internos de las últimas semanas -Ripoll, último referente del zaplanismo, parece haber roto su aislamiento convirtiéndose en interlocutor de la dirección nacional; y, según algunas fuentes, Alfonso Rus llegó a ofrecerse a Génova como sustituto de Costa- el presidente Camps parece haber reaccionado. Así el gesto del viernes, cuando se plantó en Castelló para asistir a la reelección de Alberto Fabra como presidente local del PP con el fin de acallar las críticas. O el mismo comunicado de ayer, muy en la línea de las "salidas en tromba" organizadas durante las últimas semanas en apoyo de Camps o de Ricardo Costa, tras las revelaciones que iban apareciendo sobre el caso Gürtel. 

(www.levante-emv.com, 26/10/09) 

SEGÚN EL ACTA RICARDO COSTA ES AÚN EL SECRETARIO GENERAL 

No hubo cese, ni dimisión, ni, por supuesto, destitución. Ricardo Costa Climent sigue siendo el secretario general del PP de Valencia a todos los efectos, según refleja el acta del Comité Ejecutivo Regional que se celebró el pasado 13 de octubre.  

Ricardo Costa tomó la palabra y realizó una larga intervención en la que valoró su gestión, pidió disculpas por la imagen transmitida en las conversaciones grabadas por la Policía con Álvaro Pérez, El Bigotes, así como por haberse comprado un coche de lujo en plena crisis, pero, a la vez, defendió su honorabilidad y aportó las pruebas de que había pagado con su dinero el citado automóvil.  

Según el acta, al final de su intervención, el secretario general del PP valenciano «pide al presidente y al Comité, por tanto, que apoyen su gestión y defiendan su honradez.  

También pide que «traslade a la dirección nacional que, si tiene alguna duda sobre su gestión u honradez, que le realicen una investigación interna y que, en caso de que ésta se realice, se apartará de forma voluntaria y temporal del ejercicio de sus funciones de secretario general el tiempo que dure dicha investigación para garantizar la independencia de la misma».  

A continuación, según refleja el documento, tras Ricardo Costa tomó la palabra el presidente del partido, Francisco Camps: «En cuanto a la propuesta hecha por el secretario general, la acepta y destaca su honorabilidad y su gestión, y que no era necesario hacer nada, ya que todo está previsto en los estatutos».  

No hubo más intervenciones y la sesión se levantó sin que hubiera otra propuesta distinta a la del secretario general. De hecho, los aplausos taparon el final de la alocución de Camps y se abrieron las puertas de la sala para dar entrada a los periodistas con el objetivo de impedir un turno de palabra.  

El documento va firmado por el propio Costa y por el vicesecretario de Política Local, Cesar Augusto Asencio, quien, en estos momentos, ha asumido las funciones de secretario general.  

El PP aún no ha abierto ninguna investigación a Costa en relación al caso Gürtel. Es más, el Comité de Garantías del PP aún no le ha convocado formalmente.  

Costa remitió este fin de semana el acta de la reunión del máximo órgano del PP valenciano a la dirección nacional del PP (entre ellos a María Dolores de Cospedal, a Federico Trillo y al presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías, Alfonso Fernández Mañueco), así como copias de sus declaraciones de renta de los últimos años y documentos bancarios que incluyen sus cuentas y créditos.  

Según fuentes de la dirección del PP, Fernández Mañueco ya ha mantenido alguna conversación con Costa y piensa convocarle en breve.  

Como se recordará, la dirección nacional exigió a Camps que tomara medidas tras la publicación del informe policial en el que se hacía referencia a una posible financiación irregular del PP.  

Forzado por Rajoy, Camps ofreció a Costa, el pasado 9 de octubre, que presentara su dimisión como secretario general, aunque de forma temporal (le habló de tres meses), hasta que se aclarase la situación. Él se negó a dimitir y la dirección nacional del PP obligó a Camps a convocar una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo Regional que debía tener como único objetivo la destitución del secretario general.  

Antes de dicha reunión, según diversas fuentes, Camps y Costa pactaron una salida que consistía en que el secretario general presentaría una oferta de renuncia temporal a su cargo siempre y cuando la dirección nacional le abriera una investigación interna. El acta es fiel reflejo de ese pacto. Camps posiblemente pensó que esa solución sería suficiente para Génova. Sin embargo, la dirección del partido consideró que, tras la reunión del Comité Ejecutivo, Costa quedaba relegado de todas sus funciones, tanto en el partido como en el Grupo Parlamentario, donde ocupaba la portavocía.  

A pesar de la confusión creada, Costa fue destituido de su cargo como portavoz (lo que sí puede hacer el Grupo Parlamentario). Sin embargo, según los estatutos, sigue siendo secretario general del partido, ya que el único órgano que puede destituirle es el Comité Regional. Los barones del PP valenciano, Joaquín Ripoll (Alicante), Alfonso Rus (Valencia) y Carlos Fabra (Castellón), reunidos el jueves, han solicitado a Camps, entre otras cosas, la reunión de un Comité Ejecutivo para nombrar a un nuevo secretario general.  

Camps parece estar obligado a pactar. Mientras, en paralelo, la dirección nacional del PP tiene sobre la mesa la difícil papeleta de qué hacer con Ricardo Costa, que no está imputado en el Caso Gürtel y cuya relación con El Bigotes era similar a la que mantenían otros dirigentes del partido que, no obstante, siguen conservando sus cargos.  

De hecho, el modo en que se produjo la salida de Costa, los sustitutos elegidos por Camps y la permanencia en el cargo del vicepresidente primero, Vicente Rambla, a quien el informe apunta como el contacto de Álvaro Perez en el Consell, han abierto una brecha en el PP valenciano. Camps autogestionó la renuncia de su secretario general y pactó incluso con Fabra para evitar una revuelta en el Comité Ejecutivo. Al día siguiente, se presentó por sorpresa en las Cortes Valencianas y anunció a Costa que dejaba el cargo. Sin más consultas, lo comunicó al Grupo y ungió a su sucesor. Respecto al partido, la operación fue simétrica y al mismo tiempo. A espaldas de los presidentes provinciales se hizo público que Asencio sustituía a Costa en virtud de un acuerdo inexistente del Comité Regional y con una vaga alusión a los estatutos del partido. 

(www.elmundo.es, 26/10/09)

La rapiña valenciana de la trama

La investigación del 'caso Gürtel' apunta a la existencia de contratos ventajistas, comisiones ilegales, financiación irregular del PP y tráfico de influencias

Lo que hasta ahora se ha hecho público del sumario (quedan miles de folios bajo secreto sumarial) sobre el denominado caso Gürtel, la trama de corrupción que afecta al PP y a varias administraciones gobernadas por ese partido, es sólo una parte de una investigación con muchas más derivaciones. Uno de los volúmenes más llamativos de ese iceberg judicial de supuesta corrupción corresponde a la parte valenciana de la trama. Una parte que hasta ahora apunta, con el partido que lidera Francisco Camps y el Consell que preside en su epicentro, a la existencia de contratos y adjudicaciones obtenidos de manera ventajista; el cobro de comisiones ilegales, al menos en un gran evento como fue la visita del Papa a Valencia en julio de 2006; la financiación irregular del PP; intentos de soborno generalizados, mediante regalos a altos cargos, y maniobras en busca de negocio urbanístico a través del tráfico de influencias.

Lo que se ha hecho público sobre la red de corrupción es sólo una parte del iceberg

El informe policial que detecta indicios de financiación irregular del PP, con la trama de corrupción que lideraba Francisco Correa, actualmente en prisión, como intermediaria, y que destapa también el supuesto cobro de comisiones ilegales por más de un millón de euros, aprovechando la contratación en exclusiva de Ràdio Televisió Valenciana para la retransmisión de los actos de la visita del Papa, han confirmado algunas de las sospechas que las conversaciones telefónicas grabadas con autorización del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, impulsor inicial de la investigación, ya apuntaban.

De momento, la rapiña valenciana de la trama Gürtel le ha costado el cargo al secretario regional del PP, Ricardo Costa, en buena medida a causa de la estrecha relación que algunas de las grabaciones revelan con Álvaro Pérez, gerente de la empresa Orange Market, la terminal de trama en Valencia que ha organizado la mayoría de actos de los populares en los últimos años. El impacto sobre la opinión pública de esas grabaciones, sin embargo, no tiene sólo a Costa como protagonista. El mismo presidente de la Generalitat aparece en ellas como alguien que mantenía una amistad muy estrecha con Álvaro Pérez y, por otra parte, dirigentes del PP como el vicesecretario de Organización, David Serra, protagonizan algunas conversaciones que constan en el sumario en las que la fluida conversación con el jefe de la trama en Valencia alude de manera reiterada a figuras como el vicepresidente del Consell Vicente Rambla.

Corrupción: la parte valenciana del iceberg

El 'caso Gürtel' revela indicios de comisiones ilegales, financiación irregular, soborno y tráfico de influencias

La revelación, en un informe policial, de que la denominada trama Gürtel, la red de corrupción que afecta al PP y a varias administraciones gobernadas por ese partido, cobró más de un millón de euros en comisiones ilegales por los actos de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006, confirma la presencia de maniobras corruptas en los "grandes eventos" que han caracterizado la política del Consell presidido por Francisco Camps. Es la punta de un iceberg, del que se ha visto hasta ahora sólo una parte, ya que en el Tribunal Superior de Madrid aún hay miles de folios del sumario sobre los que el juez no ha levantado el secreto. La punta de la parte valenciana del iceberg, a su vez, sólo es un fragmento de un conjunto con ramificaciones geográficas y delictivas cada vez más amplias relacionadas con el tráfico de influencias, el soborno, la financiación irregular y el cobro de comisiones.

  • Canal 9 logró la señal del Papa, de donde sacó provecho la trama corrupta

  • Las cuentas de la trama registran pagos A y B de un congreso del PP

  • El Consell auspició la entrada de Ulibarri en el negocio de la TDT

Lo del Papa es muy sintomático porque había muchas sospechas de irregularidades. De una parte, por la cerrada negativa de la Generalitat a hacer públicas las cuentas de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, que este periódico publicó finalmente hace unos días para desvelar que esconden la mayoría del coste de la visita papal, más de 12 millones de euros, bajo el epígrafe genérico de "otros gastos". De otra parte, por la desmesura de todo cuanto rodeó el acontecimiento.

En los tiempos de la visita del Papa, precisamente, el empresario leonés José Luis Ulibarri, imputado en la causa por sus relaciones con la trama, se jactó ante numerosos testigos de haber instalado la mitad de los miles de urinarios que llenaron las calles de Valencia y que quedaron sin usar, en su mayoría, dado que las expectativas de asistencia que tenía la organización no se confirmaron.

Representantes de la Moncloa en los contactos con la Generalitat y con la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia todavía recuerdan la sensación de que había dinero de sobra y una resistencia numantina de la parte valenciana a colaborar con el Gobierno. "Aseguraban que no se trataba de la visita de un jefe de Estado sino de una visita pastoral", recuerda una de las personas de la delegación de Presidencia del Gobierno que, encabezada por el secretario general Nicolás Martínez Fresno, acudió en abril a Valencia a coordinar el protocolo y la seguridad de los actos y que todavía evoca con asombro cómo el entonces consejero de Relaciones Institucionales, Esteban González Pons, levantó la reunión bilateral porque el Gobierno pretendía "capitalizar la visita". Cuestiones de seguridad y protocolo aparte, el Consell se negó a que Televisión Española tuviera nada que ver con la retransmisión de los actos y la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia otorgó la señal en exclusiva a Canal 9, de donde acabó sacando provecho la trama corrupta.

Lo hizo mediante un procedimiento que aún no se había acreditado, por lo que se refiere a Valencia, en el modus operandi de la red que dirigía Francisco Correa, en prisión por el caso. Hasta ese momento se conocían adjudicaciones a Orange Market, la terminal valenciana dirigida por Álvaro Pérez, íntimo amigo de Camps, o a otras empresas de la trama, pero todavía no había surgido un ejemplo de la utilización de empresas tapadera para hacerse con adjudicaciones. Teconsa, una constructora que aparece varias veces en las pesquisas sobre la red de corrupción, recibió de RTVV el encargo de sonorizar los actos del Papa en Valencia por 6,4 millones de euros, casi el doble de lo que realmente la trama pagó a las empresas que efectivamente ejecutaron ese trabajo. Por el camino, Teconsa se quedó 200.000 euros y la red Gürtel, más de un millón. Otros 900.000 euros no se sabe todavía a manos de quién fueron a parar.

Por lo que se refiere a adjudicaciones y contratos, por tanto, lo que se conoce hasta ahora de la parte valenciana de la trama es lo siguiente:

Orange Market ha obtenido al menos 45 adjudicaciones de la Generalitat por las que ha facturado 7,1 millones de euros. Se incluyen los contratos del pabellón valenciano en la feria turística Fitur, correspondientes a cinco ejercicios, y contratos relacionados con grandes eventos como la Volvo Ocean Race o la Copa del America. En muchas de las adjudicaciones se habían troceado los contratos para evitar el concurso.

Otras cinco empresas de la trama han contratado con el Gobierno de Camps, dado que ellas mismas declararon a Hacienda 300.000 euros de facturación. Se trata de Easy Concept, Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral, Good and Better y TCM. El juez ya ha reclamado al Consell "los expedientes completos de contratación, facturas o cualquier tipo de contrato" con empresas de la red.

De lo vinculada que estaba Orange Market a la red corrupta da idea el hecho de que la contabilidad guardada en una unidad de memoria requisada al contable de la trama, José Luis Izquierdo, el "puto pen-drive" al que aludía Correa en una conversación, figuran abundantes entradas de dinero efectuadas desde Valencia y también pagos de asignaciones mensuales a Álvaro Pérez (su "sueldo", que incluía pagas extraordinarias, era de 6.000 euros), así como de otras cantidades a su madre y su hermana. En esa misma contabilidad hay un apartado dedicado al "Congreso Regional de la Comunidad Valenciana" celebrado por el PP en 2002, cuando Francisco Camps era secretario general.

Cobros A y cobros B del PP valenciano se reseñan en la contabilidad sobre ese congreso de 2002. De un coste del congreso de 240.582 euros, se facturaron 90.151 euros en A y 150.421 euros en "cobros B". En la documentación figuran diversos pagos del PP a Orange Market en dinero negro.

Dado que Orange Market obtenía contratos de las administraciones públicas y trabajaba en la organización de actos para el PP, la sombra de la financiación irregular planeaba desde el principio sobre el asunto. Una sospecha de la que la policía halló pruebas.

Cinco constructoras financiaron al PP valenciano a través de la trama de corrupción, según un informe de la Brigada Policial de Blanqueo. Las empresas se hacían cargo de facturas que Orange Market giraba por actos de los populares valencianos. Se trata de empresas tan conocidas como las castellonenses Lubasa y Facsa, la alicantina Ortiz e Hijos y la valenciana Sedesa, de la familia del vicepresidente del Consell Juan Cotino, así como de la concesionaria castellonense Piaf. Entre 2005 y 2008, esas empresas lograron contratos de la Generalitat por más de 800 millones de euros.

La querella contra Camps por financiación irregular anunciada por el líder del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, se basa, precisamente, en estas evidencias recogidas en el sumario del caso Gürtel.

Unas evidencias que podrían arrojar luz sobre el episodio más conocido de todo el escándalo de corrupción, el de los regalos a altos cargos, pero que no se incorporaron a la actuación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana porque, cuando llegaron al Palacio de Justicia de la Glorieta de Valencia, el último día del pasado julio, la Sala de lo Civil y Penal estaba dando carpetazo a la instrucción por cohecho pasivo impropio abierta a Camps y otros tres cargos del PP.

Los trajes regalados a Francisco Camps, al ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret, que el TSJ no consideró suficientes para juzgarlos por cohecho, como había propuesto el juez instructor, José Flors, costaron, según las cuentas de Orange Market, casi 12.000 euros en el caso de Camps, 7.325 en el de Costa, 4.850 en el de Víctor Campos, 9.950 en el de Betoret, y 6.835 en el de Pedro García, director general de RTVV cuando se otorgó el contrato que la red corrupta usó para obtener sustanciosas ganancias.

Hubo otros regalos, de acuerdo con la documentación recogida en el sumario. Unos figuran en la contabilidad, como prendas de ropa regaladas a consejeros y un bolso de Louis Vuitton a Rita Barberá. De las conversaciones grabadas se deduce que la trama hizo gestiones para que Ricardo Costa, que recibió un caro reloj del ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, se comprara un coche.

La conexión de Rita Barberá con el escándalo tiene otros dos frentes: la Federación Española de Muncipios y Provincias (FEMP) y las concensiones a Ulibarri.

La trama obtuvo contratos de la FEMP, cuando Barberá era presidenta. El juez Antonio Pedreira, del TSJ de Madrid, investiga, concretamente, un millón de euros contratados con empresas de la trama. Una parte importante se refiere a la celebración de la asamblea general del organismo en 2003.

Los contratos de Ulibarri con administraciones valencianas del PP son numerosos. Uno de ellos afecta a Barberá porque se trata de la gestión de la televisión municipal de Valencia.

En relación con el negocio televisivo, una de las ramas de las que se sabe poco, de momento, es la concesión de frecuencias de televisión digital terrestre (TDT).

Ulibarri consiguió 13 emisoras de TDT al hacerse con el control accionarial de Mediamed, la compañía que promovieron varios empresarios valencianos cuando se planteó el concurso en 2005. La entrada de Ulibarri en Mediamed, auspiciada por la Generalitat junto a la del empresario Andrés Selma, vino acompañada por la presencia en el proceso de Alberto Dorrego, letrado del Congreso que ha tenido que dejar su puesto, dueño del bufete Eius, para el que trabaja el ex ministro y ex diputado José María Michavila, y asesor del Consell precisamente en la redacción del concurso que adjudicó 42 emisoras de TDT.

El nombre de Ulibarri remite también a negocios urbanísticos, ampliamente citados en el sumario en relación con el municipio de La Nucia.

El urbanismo en La Nucia, cuyo alcalde es Bernabé Cano, del PP, fue objeto de deseo por parte de Correa. Las declaraciones del también imputado Jacobo Gordon, ex socio y vecino de pupitre de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar, revelan que Correa intentó con Ulibarri un negocio en un plan urbanístico que acabó cerrando con constructores próximos al alcalde. La Nucia, que en el sumario es epicentro de unas grabaciones sobre orgías sexuales apartadas de la documentación por el juez, puede ser sólo la punta de la vertiente especulativa de la trama. Jacobo Gordon confesó al juez Garzón, que abrió el caso desde la Audiencia Nacional: "Estudiábamos casi 400 terrenos al año para elegir en cuáles invertir".

RAMIFICACIONES DEL 'CASO GÜRTEL'

- Contratos con Orange Market. La Generalitat hizo 45 adjudicaciones con la empresa valenciana de la trama corrupta por un total de 7,1 millones de euros. Entre los contratos están los cinco pabellones para la feria turística Fitur entre 2005 y 2009 por 5,5 millones de euros, y la fiesta inaugural de la Volvo Ocean Race en Alicante por 445.000 euros. La empresa de Álvaro Pérez, que organizó actos y campañas del PP valenciano, con irregularidades en la facturación denunciadas por la Sindicatura de Comptes, contrató al menos con cinco consejerías del gobierno de Camps y con fundaciones como La Luz de las Imágenes, Agua y Progreso o Castelló Cultural. También lo hizo con la Feria de Valencia, que se ha negado a ofrecer datos de esa relación mercantil.

- Contratos con otras empresas de la trama. El juez investiga contratos de la Generalitat con, al menos, otras cinco empresas de la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa: Easy Concept, Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral, Good and Better y TCM. Ha pedido información sobre esas contrataciones al Consell.

- Comisiones ilegales por la visita del Papa. A través de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, en la que participaban la Generalitat, el Ayuntamiento y la Diputación, así como el arzobispado de Valencia, y de Ràdio Televisió Valenciana, la trama obtuvo sustanciosas comisiones ilegales. La fundación concedió a Canal 9 los derechos exclusivos de retransmisión de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. La cadena pública contrató por 6,4 millones con la constructora Teconsa la sonorización de los actos. En realidad, Teconsa, que recibió por ello 200.000 euros, hizo de pantalla para que la trama se embolsara más de un millón de euros. El coste del servicio que pagó RTVV fue casi el doble de lo que cobraron realmente las empresas que ejecutaron la sonorización.

- Financiación irregular del PP. La policía ha detectado que cinco constructoras valencianas han financiado supuestamente al PP a través de Orange Market. Son Lubasa, Facsa, Sedesa, Ortiz e Hijos y Piaf. En la contabilidad de la red figuran cobros en A y en B del congreso regional del PP de 2002. El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha anunciado una querella contra Camps por financiación ilegal del PP.

- Regalos a altos cargos. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el secretario general del PP valenciano, ahora cesado, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret y el ex director general de RTVV Pedro García recibieron trajes que pagó la trama corrupta. La imputación de los cuatro primeros fue archivada por el TSJ y está recurrida ante el Supremo. La trama hizo regalos a decenas de altos cargos.

- Maniobras urbanísticas. La Nucia aparece en la investigación como centro de una serie de maniobras urbanísticas de la trama. También se ha revelado la relación del alcalde, Bernabé Cano, del PP, con Álvaro Pérez y otros miembros de la red.

www.elpais.es 25.10.09

Golpe de mano de los barones del PP valenciano para controlar a Camps

Ripoll, Fabra y Rus le exigen cambios en la Generalitat y en la dirección del partido

Los tres presidentes provinciales del PP en la Comunidad Valenciana han decidido dar un golpe de mano para controlar al presidente de la Generalitat e imponer sus decisiones a Francisco Camps, paralizado desde hace meses por los escándalos del caso Gürtel. Carlos Fabra (Castellón), Alfonso Rus (Valencia) y José Joaquín Ripoll (Alicante) han esbozado ya la hoja de ruta para evitar que el presidente de la Generalitat arrastre a todo el PP valenciano a la situación de parálisis en la que se ha instalado. Una situación que, desde que se conoció su amistad con Álvaro Pérez, El Bigotes, se ha deteriorado progresivamente. Primero con el escándalo de los trajes pagados por la trama corrupta y ahora por la supuesta financiación irregular del PP y el sainete de la defenestración de Ricardo Costa.

  • El presidente no piensa cambiar a su equipo, según la consejera portavoz

Fabra, Rus y Ripoll se reunieron el pasado jueves en un campo de golf de Castellón, sin la presencia de Camps, y pusieron en común su malestar con la gestión realizada por el presidente valenciano. Los tres dirigentes exigen del jefe del Consell tres cosas: una remodelación de Gobierno; la convocatoria de un Comité Ejecutivo Regional para elegir un nuevo secretario general tras la defenestración de Ricardo Costa; y ser tenidos en cuenta en la elección de un nuevo portavoz parlamentario que rehaga la maltrecha moral de los diputados populares en las Cortes Valencianas.

La dirección nacional del PP, según fuentes del partido, fue consultada antes de la iniciativa. A Francisco Camps se la comunicaron.

Las presiones de los presidentes provinciales -que desde hace meses mantienen conversaciones telefónicas para analizar la situación- obligó a Camps el pasado martes a pedir a sus vicepresidentes Vicente Rambla -también salpicado por el escándalo- y Gerardo Camps que adquiriesen más protagonismo en la estrategia de defensa del caso Gürtel.

Fuentes del PP aseguraron que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, almorzó esta misma semana con Camps para trasladarle el malestar del partido por cómo se había deteriorado la situación. La reacción de éste el pasado jueves en la sesión de control de las Cortes valencianas, donde se tomó a burla el caso Gürtel, lejos de tranquilizar a Barberá aumentó su inquietud, según las mismas fuentes.

Los tres presidentes provinciales del PP quieren sumar ahora a su hoja de ruta a Barberá; al alcalde de Castellón, Alberto Fabra; y a la primera edil de Alicante, Sonia Castedo.

La alcaldesa de Valencia es vista por la mayoría de los cargos del PP como la alternativa más sólida a Camps; aunque Alberto Fabra, también diputado autonómico, es otra de las figuras ascendentes. Tanto los tres presidentes provinciales, como Barberá consideran que Francisco Camps aún está a tiempo de reaccionar y de retomar la iniciativa para enderezar la deteriorada situación.

Ripoll reconoció ayer que la reunión con sus homólogos de Valencia y Castellón fue "en el ámbito privado" y que los tres están de acuerdo en "arrimar el hombro para salir cuanto antes de la situación de impasse, que es mala para el partido".

La portavoz del Gobierno valenciano y consejera de Justicia, Paula Sánchez de León, aseguró que la reunión de los tres presidentes provinciales forma parte de "la más absoluta normalidad de trabajo dentro de cualquier partido". Fabra, Rus y Ripoll no se habían reunido desde hacía años al margen de Camps, y los tres mantenían hasta ahora diferencias irreconciliables entre ellos.

Sánchez de León aseguró que la posición del presidente de la Generalitat, que ha sido "muy claro y contundente", es la de no modificar su Gobierno.

En el seno del PP no ocultan su preocupación por la decisión de Camps de ignorar la gravedad del caso Gürtel y aguantar contra viento y marea y han empezado a consultar el calendario. Los cargos populares temen que si Camps no reacciona a tiempo, y acaba por caer víctima de nuevos escándalos tras una prolongada agonía, el partido no tendrá tiempo para reaccionar y afrontar con garantía las próximas elecciones autonómicas previstas para dentro de año y medio.

www.elpais.es 24.10.09

CAMPS TENSA LA CUERDA CON GÉNOVA AL AFIRMAR QUE COSTA SIGUIÓ SUS ÓRDENES Y LAS DE RAJOY 

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tensó ayer de nuevo la cuerda con la dirección nacional de su partido al asegurar que el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, actuó "bajo las directrices del PP de España y de la Comunitat". En su comparecencia en la sesión de control de las Corts -a la que no acudía desde hace cuatro meses-, Camps hizo una defensa cerrada del que era su mano derecha en el PP y mantuvo que había ejercido el cargo "con responsabilidad, legalidad, eficiencia y seriedad, como se está demostrando y se demostrará", apostilló, como si avalara su posible regreso a la primera línea. 

El pronunciamiento parece todo un desafío hacia Génova, que forzó el relevo de Costa como consecuencia del escándalo de las revelaciones del sumario del caso Gürtel que apuntan a una presunta financiación irregular del PP valenciano. La secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal, justificó en su día el cese de Costa en su falta de ética e indicó que veía imposible su vuelta por haber ido en contra del partido al leer un comunicado en el que afirmaba haber seguido órdenes de Madrid, unas palabras que Camps hizo suyas en las Corts. Tan lejos como ayer Cospedal reiteró que las decisiones sobre Costa no tienen marcha atrás. 

"Si realmente el PP valenciano no tiene nada que esconder, ¿por qué han mandado a Costa a las mazmorras?", se preguntó después la portavoz de Compromís, Mónica Oltra, poniendo el dedo en la llaga. El escaño número 98 del hemiciclo, que el PP ha asignado a Costa, seguía ayer vacío.

Camps, que dejó abiertos los interrogantes sobre la marcha de Costa, enfrentó un nuevo debate monográfico sobre el caso Gürtel mirando hacia otro lado y tratando de dar la vuelta a la tortilla: "No sigo muy de cerca esta cuestión", comenzó diciendo. "Esos pretendidos amigos-continuó- parece que son amigos de la Moncloa, hablan directamente con gente de la Moncloa y ésta les adjudica obras a lo largo de este año". La acusación al Gobierno central de haber concedido 45 millones de euros a la empresa Teconsa -que los vicepresidentes del Consell concretaron más tarde- fue la única bala que usó Camps en un debate a cara de perro en el que tuvo que escuchar incluso cómo el portavoz del PSPV, Ángel Luna, le acusaba de haber utilizado a su mujer en sus relaciones con los cabecillas de la trama.  

El presidente, que desde su escaño parecía acusar los golpes dialécticos de la oposición, se escudó en el sobreseimiento de la causa de los trajes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat y exigió a Luna que le pidiera perdón por las "infamias y los insultos" que, en su opinión, le profirió cuando el proceso estaba abierto. "Nadie puede decir en este mismo instante que ninguna adjudicación haya podido transgredir cualquier tipo de norma o de ley", aseguró, tras recordar que el TSJ-CV llamó a declarar a una treintena de altos cargos de la Generalitat. Sobre el partido, mantuvo que sus cuentas están financiadas "legal y regularmente" y que lo demostrará llevándolas a las Corts. "Paso a paso, proceso a proceso e instante a instante, he dicho la verdad y por eso los tribunales me han dado la razón", proclamó. 

Nada de esto sirvió para frenar las embestidas de la oposición, que insistió en que Camps debe dimitir. Luna mantuvo que el jefe del Consell es "el principal responsable" del escándalo porque mantenía "hilo directo con la trama", tal como, dijo, evidencian las conversaciones grabadas por la policía. Para Luna, el comportamiento de Camps ha generado una "fisura importante" en el PP. "Ha demostrado su talla de líder, ha hecho que todos sus compañeros fueran testigos mudos, y por lo tanto responsables involuntarios, de un asesinato político en primer grado y de la deslealtad cometida para salvar su cabeza, que no tiene salvación", espetó en alusión al sacrificio de Costa. 

También fue especialmente dura la portavoz de Compromís, Mònica Oltra, quien acusó a Camps de hacer dos cosas que un político no se puede permitir: "Mentir y hacer el ridículo". 

Camps, que llegó a lamentar tener portavoces "tan maleducados", se mostró convencido de que el partido saldrá "más fuerte e ilusionado de esta crisis". 

(www.levante-emv.com, 23/10/09) 

CAMPS SE BURLA DEL 'CASO GÜRTEL' 

Francisco Camps se burló ayer ante el pleno de las Cortes valencianas del escándalo de financiación irregular que azota al PP de esa comunidad. El presidente de la Generalitat responsabilizó al Gobierno socialista del caso Gürtel. En la primera sesión de control celebrada en la Cámara autónoma desde junio, Camps ninguneó el escándalo: "Yo, que no sigo muy de cerca esta cuestión, le diré que esos pretendidos amigos [El Bigotes y sus socios] parece que son amigos de La Moncloa, que hablan directamente con gente de La Moncloa y que La Moncloa, además, les adjudica obras a lo largo de este año". 

El nuevo portavoz popular, Rafael Maluenda se estrenó en los pasillos de las Cortes calculando en 300 millones las adjudicaciones del Gobierno a empresas de la trama Gürtel, esencialmente a la constructora Teconsa, desde cinco ministerios. 

Ante el estupor de la Cámara, Camps interpretó que el auto de archivo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por el caso de los trajes que El Bigotes le proporcionó a él y a varios dirigentes del PP es una sentencia exculpatoria en firme. Con ese argumento, exigió disculpas a los socialistas e instó a su portavoz, Ángel Luna, a subir a la tribuna a excusarse. "Yo estoy en la política", le espetó Camps a Luna, "usted está fuera. Es impresionante que intente mantener el asiento que arrebató a su anterior secretario general a base de infamias e indignidad. Todavía no le he oído pedir perdón después de que el TSJCV archivara aquella infame acusación contra mí que se sobreseyó libremente. Y todavía no ha pedido perdón". 

Tanto el PSPV como Compromís exigieron, sin éxito, explicaciones por el caso Gürtel. En concreto, por el informe policial acerca de la supuesta financiación irregular del PP en la comunidad, por el negocio hecho por la trama corrupta con la organización del viaje del Papa a Valencia y por la defenestración del secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa. 

"Le ha endosado la responsabilidad a Costa", acusó a Camps el portavoz socialista. La bancada popular respondió con cara de funeral, hasta el punto de que varios diputados populares evitaron aplaudir las intervenciones de Camps. El presidente valenciano replicó: "Costa, efectivamente, ha actuado bajo las directrices del PP de España y de la Comunidad Valenciana; es decir, con responsabilidad y con legalidad". 

La incómoda situación orgánica de Costa, separado temporalmente pero no depuesto como secretario general del PP valenciano, sigue generando polémica en la organización nacional. Javier Arenas, vicesecretario general del partido, afirmó ayer que "no se descarta en absoluto que [Costa] vuelva a tener responsabilidades de dirección en el PP valenciano". María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, ofreció otra versión, algo críptica: "Un secretario general de un partido lo es hasta que deja de serlo. La ambición de Costa era lo que era, y como ya no es, no hay mucho más que decir". 

Durante el debate en las Cortes valencianas, Mónica Oltra, portavoz de Compromís, pidió a Francisco Camps: "Deje ya esa sonrisa de Tita Cervera. "Usted ha mentido al pleno de las Cortes y ha hecho el ridículo". Camps replicó: "Los socialistas dejaron el Gobierno por el caso GAL y, ahora, dejarán el Gobierno por el caso Gürtel". 

(www.elpais.com, 23/10/09) 

DOS MANERAS DE ENCARAR EL 'CASO GÜRTEL' 

FRANCISCO CAMPS  

- Ayer: "Yo, que no sigo muy de cerca el asunto le diré que esos pretendidos amigos [El Bigotes y sus socios] parece que son amigos de La Moncloa, que hablan directamente con gente de La Moncloa y que La Moncloa, además, les adjudica obras a lo largo de este año". Luego, añadió: "Circunstancial y casualmente, el PSOE dejará el Gobierno de España por dos 'G', por los GAL y por Gürtel".  

- Al habla con El Bigotes (24 de diciembre de 2008, 21.43). 

Álvaro Pérez, El Bigotes. Presidente. 

Camps. Feliz Navidad, amiguito del alma. 

Á. Oye... que te sigo queriendo mucho. 

C. Y yo también... tenía que haberte llamado, te quería haber llamado, para contarte todo (...). 

Á. Vale, me alegro, pero me han ido informando de todo. 

C. Ya, ya lo sé, pero sobre todo para decirte que te quiero un huevo. 

Á. Bueno, qué... contarás durante muchos años con mi lealtad, ¿vale? 

C. Perdona, ¿durante muchos años? No, hijo de puta, durante toda tu vida. Ja, ja... 

RICARDO COSTA  

- Lo que dijo el día 13, antes de ser destituido como secretario general del PPCV. "Por las informaciones que conocemos, esta empresa [Orange Market] ha quebrado y defraudado la confianza del partido (...) Si alguno [colaborador suyo] hubiera cometido alguna irregularidad (...) asumiría plenamente la responsabilidad política de sus actuaciones (...) Las conversaciones aparecidas en medios de comunicación (...) pueden haber sido desafortunadas (...) quiero pedir públicamente disculpas (...) Me han avergonzado profundamente". 

- Al habla con El Bigotes (27 de diciembre de 2008) 

Álvaro Pérez. El martes he quedado para ir a su casa [de Camps] 

Ricardo Costa. Lo de este tema ya lo tienes claro, ¿no? (...) Yo como secretario general le puedo ser más útil si me pusiera en el Gobierno (...) Si me diese una labor un poco de coordinación política del partido del Gobierno podría arreglar mucho lo de Alicante. 

Á. P. Vale. 

R. C. Déjaselo caer, que lo tenga en la cabeza. 

(www.elpais.com, 23/10/09) 

'EL BIGOTES' IBA A HACER LA REFORMA DE LA FARMACIA DE LA MUJER DE CAMPS 

Al delfín de Francisco Correa en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez, El Bigotes, se le quedó pequeña la organización de actos y contrataciones que le confiaban el PP autonómico y el Gobierno valenciano. Su obsesión por ser imprescindible le empujó a tejer vínculos personales que, incluso, le llevaron a hacerse cargo de la reforma que iba a ejecutar la mujer de Francisco Camps, Isabel Bas, en su céntrica farmacia de Valencia.  

Eso fue en noviembre del año pasado, cuando la Policía y el juez Baltasar Garzón estaban a punto de prender la dinamita que haría saltar por los aires el negocio de Correa. La obra prevista no se ejecutó porque Gürtel se la llevó por delante. El 6 de febrero, llegaron las detenciones del cerebro de la trama y de su número dos, Pablo Crespo, por lo que muchos proyectos se quedaron en la cuneta.  

La filial valenciana del entramado societario de Correa, Orange Market, tenía previsto correr con los gastos de la remodelación de la botica. Un lavado de cara -únicamente se trataba de pintar la fachada ante la imposibilidad de realizar una obra mayor-, cuyo diseño quedó presupuestado en 600 euros, según confirmaron fuentes de toda solvencia.  

El boceto lo realizó un proveedor de Orange Market después de que El Bigotes le llevara a la farmacia en varias ocasiones para explicarle los pormenores del trabajo que, según estas mismas fuentes, él mismo había ideado.  

Álvaro Pérez ultimaba los detalles para remodelar la pared de la «farma», como él mismo se refiere al negocio de la esposa de Camps en las conversaciones telefónicas incorporadas al sumario, y todas las directrices las consultaba con Bas. El empresario realizó el diseño y se lo entregó. No hablaron de un pago inmediato, pues lo cobraría a principios de año junto con los trabajos de mayor envergadura que Orange Market le adeudaba de otros servicios.  

La intención de El Bigotes con el negocio de la mujer de Camps se plasmó en otra de las grabaciones policiales interceptadas. Se trata de una conversación en la que Pérez comenta a Pablo Crespo los entresijos de la obra que nunca se hizo. «Pasaré por la oficina a las 4.30 o 5, que quiero contarte una cosa, que he ido a la farma, para ver si podían quedar con -el proveedor que realizó el boceto-, para enseñarle el diseño definitivo de la farma, y estando ahí ha pasado El Curita para ver a su chica, luego te cuento». 

El proveedor que Álvaro Pérez llevó a la farmacia es el propietario de la empresa a la que Orange Market subcontrató para diseñar el escaparate de Fitur en 2008 y 2009. También se había encargado del diseño de una muestra de productos de la Comunidad Valenciana en Dallas (EEUU) que Camps visitó a mediados de noviembre de 2008 en viaje oficial a Texas. Los investigadores no vinculan a esta empresa con la trama Gürtel más allá de la relación profesional.  

Fuentes de la Generalitat valenciana explicaron que la reforma de la fachada de la botica nunca se hizo porque el edificio estaba protegido. Según precisaron dichas fuentes, Isabel Bas es copropietaria del negocio farmacéutico desde que compró una parte al padre de su socia antes de que éste se retirara. 

(www.elmundo.es, 23/10/09)  

ARENAS Y COSPEDAL DISCREPAN SOBRE EL FUTURO EN EL PP DE RICARDO COSTA 

Cumplida una semana del tumultuoso cese de Ricardo Costa al frente de la secretaría general del PP de Valencia, Génova volvía ayer a dar espectáculo político. Dos de sus dirigentes, Mª Dolores de Cospedal y Javier Arenas, protagonizaron un desencuentro a cuenta del expulsado número dos de Camps.  

Arenas tiró la primera piedra al declarar que la salida de Costa no es irreversible. «No se descarta en absoluto que vuelva a tener responsabilidades de dirección», afirmó en la Cope, y aún añadió que el PP «no ha puesto en cuestión» la honorabilidad del cesado ex dirigente del PP.  

Pero Cospedal no tardó en replicarle: «Un secretario general de un partido lo es hasta que deja de serlo». Y ante los empresarios que la escuchaban en la Cámara de Comercio Americana en Madrid, Cospedal añadió: «Un secretario general de un partido se tiene que someter a la disciplina de su partido, igual que los señores que están aquí se someterán a la jerarquía de su empresa». «La función del señor Costa era la que era y, como ya no lo es, no hay mucho más que decir», sentenció, antes de concluir, por si alguien aguarda acciones contra Camps, que, respecto al caso Gürtel, «las decisiones que había que tomar ya se han tomado».  

Se trataba del último choque de trenes entre Arenas y Cospedal. Ambos son los pesos pesados de la dirección nacional del PP. Ambos, a la vez, son el yin y el yan del equipo de Rajoy. Y es que su rivalidad -hasta ahora soterrada- amenaza con superar a la proverbial y vieja guerra política y personal entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón.  

Ella, la secretaria general, número dos de Rajoy y máximo exponente del ala renovadora del partido; él, vicesecretario autonómico, candidato popular a la Junta de Andalucía, alter ego, sin número, del mismo Rajoy, y máximo exponente de la estrategia de resistencia de los cargos del partido frente al acoso socialista.  

Así, casi una semana después de que la secretaria general liderara el golpe de mano de la dirección contra Ricardo Costa y que diera por irreversible su destitución, el vicesecretario autonómico ponía cataplasmas sobre la herida valenciana, y abría una nueva brecha en Génova.  

En sus declaraciones, Arenas insistió aún más en defender a Camps que a Costa. Dijo que el presidente de Valencia es una persona «muy honesta y muy decente» y a la que «le queda mucha vida política por delante». Y éste fue, según las fuentes más próximas a Arenas, que niegan la existencia de divergencias con Cospedal, su único y deliberado propósito: trasladar un mensaje de apoyo a Camps, dado que Rajoy no quiere, por ahora, alimentar la crisis interna en Valencia.  

Sea cual fuera su propósito, lo cierto es que Arenas nunca da puntada sin hilo y el cese de Costa del viernes pasado sigue arrojando dudas de calado a la luz de los Estatutos del partido. El próximo lunes, el ex secretario general remitirá a Génova toda la documentación en la que pretende apoyar su defensa ante los órganos de disciplina del partido; no sólo la que hace referencia a su patrimonio y a su gestión, sino también el acta del comité ejecutivo del PPCV que, con su firma, la de Camps y la del secretario general entrante, confirma que sus funciones en el cargo sólo se verían suspendidas por la investigación interna en curso. Una investigación, por cierto, cada día más incierta. El Comité de Derechos y Garantías no le ha citado todavía, y su intención es hacerlo en secreto. 

(www.elmundo.es, 23/10/09)

MOTÍN INTERNO EN EL PP DE ELCHE EXIGIENDO A SU PRESIDENTA QUE ACLARE “SI ESTÁ IMPLICADA O NO EN EL CASO GÜRTEL” 

Un militante de Elche, Juan Pedro Lozano, que fuera vicepresidente primero en la última Ejecutiva del partido, ha reunido 600 firmas de otros afiliados y simpatizantes exigiendo una investigación para saber las conexiones de su presidenta provincial, Mercedes Alonso, con la trama Gürtel. Alonso, que también es la portavoz del grupo municipal del PP en la capital ilicitana, es una de las dirigentes del PP valenciano que aparece en la contabilidad B de Orange Market -la empresa de eventos de El Bigotes- identificada como “la persona de contacto para tratar sobre la financiación”. La popular se llevó hace unos días un revés judicial después de que una juez archivara una querella suya contra el PSOE por haberle preguntado precisamente por sus vínculos con El Bigotes. 

Lozano, que lleva más de 20 años en el PP, ha llevado al Ayuntamiento 600 firmas de militantes y simpatizantes de su partido reclamando clarificar la relación entre Alonso y El Bigotes, así como la certificación de la declaración de bienes realizada por la popular desde su toma de posesión como concejal en 1991 y que ésta se haga pública.

“La semana que viene pueden ser 6.000”  

“Queremos saber si está implicada o no en el caso Gürtel”, explica Lozano en palabras recogidas por La Verdad, y es que “lo único que sabemos es lo que han publicado los medios de comunicación y ella no lo ha desmentido”. “No son seis firmas, como dijo, son 600 y puede que la semana que viene lleguen a ser 6.000”, apunta Lozano, quien alerta también de que el escrito será remitido a los órganos del partido oportunos, a la dirección provincial, regional y nacional.

Fracaso en intento de relevar a Costa  

El portavoz del equipo de gobierno de Elche, el socialista Alejandro Pérez, explicó la pasada semana que “militantes de base" del PP reclamaron una comisión de investigación sobre las "relaciones" entre la portavoz popular en Elche, Mercedes Alonso, y la empresa Orange Market. El socialista recordó que Alonso cesó la semana pasada de sus cargos en la Diputación Provincial, así como que ésta había “fracasado” en su intento de relevar a Ricardo Costa pese a "hacer despachos en Valencia” los días previas al descabezamiento del secretario general del PP valenciano.

“Contacto para la financiación”  

Alonso es una de las dirigentes del PP valenciano que aparece en la contabilidad B de Orange Market -la empresa de eventos de El Bigotes- identificada como “la persona de contacto para tratar sobre la financiación” en el marco de precampaña y la campaña de las municipales de 2007, según un informe de la Unidad contra la delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Una foto comprometedora  

La presidenta provincial ya se llevó un serio disgusto después de que se difundiera una foto suya con El Bigotes, imagen de la que dijo que no se avergonzaba pero que desapareció temporalmente de un sitio web, Flickr, en la que la había alojado para compartirla con otros usuarios. Hace unos días recibió un nuevo revés después de que la titular del Juzgado número 1 de Elche archivara su querella contra el alcalde Soler y el portavoz del grupo municipal socialista, Alejandro Pérez, por supuestas injurias relativas a sus relaciones con El Bigotes.  

(www.elplural.com, 23/10/09)

CAMPS AUGURA QUE EL 'CASO GÜRTEL' ARRASTRARÁ AL GOBIERNO DE ZAPATERO 

Francisco Camps ha optado por lanzar un furibundo ataque contra el Gobierno socialista y contra los portavoces de la oposición parlamentaria en la primera sesión de control parlamentario en las Cortes Valencianas que afronta desde el pasado 11 de junio y donde ha sido asaeteado con toda una serie de preguntas relativas al caso Gürtel. Camps ha augurado que este caso, como en su día los GAL, "arrastrará al Gobierno socialista" de José Luis Rodríguez Zapatero. También ha exigido al portavoz socialista, Ángel Luna, que le pidiera perdón por haber vertido toda "una serie de infamias" sobre un asunto sobre el que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana decretó el "sobreseimiento libre". 

Luna ha querido saber si el presidente tenía previsto modificar los criterios de contratación de la Generalitat a la vista de las adjudicaciones a una trama corrupta que desvela el sumario del caso Gürtel. Camps ha replicado que los miembros de la trama son "los amigos de La Moncloa", que los contratos de la Generalitat cumplen "todos los controles internos y externos" y que toda la legislación sobre contratación pública es de 1991, cuando gobernaban los socialistas, y de 2007, cuando gobernaba los socialistas". 

"Legislación que ustedes incumplen sistemáticamente", ha contestado Luna. "Como no contesta, nos va a oír. Actúa usted como los niños que se tapan la cara para no ver la realidad. Usted tenía hilo directo con la trama, sólo usted ha hecho posible que una empresa con cinco trabajadores tuviera contratos con todos los departamentos del Consell. Ha utilizado a su mujer como buzón de la trama, y me llama inmoral, pero yo no soy inmoral por decirlo, usted es el inmoral por hacerlo. No fui yo quién llamó a El Bigotes para que arreglara el marrón de su hermana en Benidorm. ¿Piensa contestar todas las preguntas que Costa dejó sobre la mesa? Sus compañeros son testigos mudos y por tanto responsables del asesinato político de su secretario general. ¿Cuál será la próxima cabeza? A estas alturas usted solo puede liderar su marcha de la política para dejar daño a su partido y a la Comunidad Valenciana". 

Camps ha salido desbocado. "Yo estoy en la política, usted está fuera. Es impresionante que intente mantener el asiento que arrebató a su anterior secretario general a base de infamias e indignidad. Todavía no le he oído pedir perdón después de que el TSJ archivara aquella infame acusación contra mí que se sobreseyó libremente. Y todavía no ha pedido perdón. Nadie puede decir que no cumplamos estrictamente la ley. Cuando no se puede atacar una ideología se ataca a las personas. Pero yo tengo la conciencia tranquila y sé que la sociedad valenciana no se merece un portavoz como usted". El delirio se ha extendido en forma de aplauso cerrada entre la bancada del PP. 

Mónica Oltra, portavoz de Compromís, ha exigido a Camps que aclarara las preguntas que Ricardo Costa, su subordinado directo, dejó sobre la mesa cuando dijo que se limitaba a cumplir órdenes y que nadie le advirtió sobre Orange Market. Camps ha contestado con cara de pocos amigos después de llama maleducada a Oltra. "Hemos pedido una comisión para investigar la financiación de los partidos y los socialistas y ustedes se han opuesto ¿Qué esconden ustedes? Parece mentira que siendo usted abogada no sepa que los abogados de toda España claman contra un procedimiento que atenta contra el Estado de Derecho, pero ya se sabe, cuando gobiernan los socialistas se acaba el Estado de Derecho". 

Oltra ha recordado al presidente que el auto del TSJCV no es una sentencia definitiva y ha vuelto a la carga: "Si estamos en esta situación es porque usted no responde. En dos semanas se ha cargado la imagen de partido centralista del PP y ha conseguido que en toda España y en toda Europa se rían de nosotros. Ha mentido y ha hecho el ridículo. Lo primero es grave, pero lo segundo no puede permitírselo. Dígame, ¿es usted el mister X del caso Gürtel?" 

El presidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad arrancó su última intervención con otro ataque personal: "De ridículo puede usted hacer una tesis doctoral, es usted la doctora". Luego defendió a su secretario general apartado del cargo: "Costa ha actuado con respeto a la legalidad y todo se demostrará. Pero usted ha intentado cargarse el Estado de Derecho.  

Hasta el día de hoy, los tribunales me han dado la razón. A día de hoy sólo hay una sentencia (sic) y es exculpatoria. Al hablarme del señor x me recuerda usted a los GAL. Al final, los socialistas dejarán el Gobierno por dos G. GAL y Gürtel, este caso les arrastrará así que deje usted de difamar". 

(www.elpais.com, 22/10/09) 

ARROPADO POR LOS VICEPRESIDENTES 

Vicente Rambla y Gerardo Camps, vicepresidentes del Consell, han arropado al presidente en la sesión de control y han asumido las respuestas dirigidas a Camps por los portavoces adjuntos. Gerardo Camps ha tirado por elevación cuando el socialista José Camarasa y ha vuelto sobre las preguntas que Costa había dejado sobre la mesa: "¿Quién miente, sus colaboradores inmediatos o usted?" 

"La única mentira que he oído hoy ha sido una mención a los requerimientos de la Sindicatura de Comptes", ha replicado Gerardo Camps, "nunca han señalado ni un sólo incumplimiento de la legalidad. Pero deje que le lea una conversación recogida en ese informe que tanto airean ustedes: Yo tengo un amigo en La Moncloa que nos puede echar una mano. Habla Correa: Este tipo de gente te ayuda más que la derecha". Unas risas se extendieron entre los diputados del PP. "La mano fue de 45 millones de euros a partir de ese momento", en adjudicaciones del Gobierno central. 

Mónica Oltrà, portavoz de Compromís, subió a la tribuna a continuación: "Si las diferencias entre unos y otos se cifran en la cantidad que se roba, mal va la democracia". 

(www.elpais.com, 22/10/09)

LOS BARONES PIDEN A CAMPS CAMBIOS EN EL PP Y EN SU GOBIERNO 

La situación de crisis en el PP valenciano no admite más la normalidad decretada por parte del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Ante su inacción, tras la abrupta salida de Ricardo Costa de la Secretaría General del PP y de la Portavocía del grupo parlamentario, los tres presidentes provinciales -Alfonso Rus (Valencia), José Joaquín Ripoll (Alicante) y Carlos Fabra (Castellón)- han hecho frente común para convencer a Camps de la necesidad de acometer cambios profundos.  

Por contra, el jefe del Consell prefiere dejar todo tal cual ha quedado tras el naufragio: con un secretario general interino promocionado por el propio Camps -César Augusto Asencio- y un veterano parlamentario -Rafael Maluenda- en la cúpula del grupo. En cambio, para los barones es necesario realizar nombramientos de más peso que permitan al PP afrontar una coyuntura política tan delicada. Desde hace semanas mantienen contactos casi diarios en esta línea. Su propósito es plantear al presidente, sí o sí, que nombre un nuevo secretario general y un nuevo portavoz en las Cortes, y que remodele su Gobierno.  

En el partido es un clamor el bajo perfil político del Consell y su falta de iniciativa para hacer frente a esta crisis. Pero, en los últimos días, tras la defenestración de Costa, se ha evidenciado además que Camps carece de línea de defensa. Sus tres vicepresidentes han dejado de ser un muro de contención por distintos motivos. Vicente Rambla, salpicado por los informes policiales del caso Gürtel; Juan Cotino, por su vinculación familiar con Sedesa -que supuestamente financiaba al PP a través de El Bigotes-, y Gerardo Camps fuera de juego por una dolencia crónica. Sin ellos, el presidente de la Generalitat está más expuesto.  

Además, la reubicación en el Parlamento autonómico de quien ha sido el principal cortafuegos de Camps en el caso Gürtel no ha dejado indiferente a nadie. Al otrora número dos, que no ha vuelto por las Cortes desde su defenestración la semana pasada, le han adjudicado el último escaño de la Cámara. En el PP insistieron ayer que esa ubicación es «temporal» y justificaron la ausencia del diputado en que «está recabando la documentación que le requerirá la Comisión de Derechos y Garantías del partido», para cuando decidan convocarla. El PP aprobó ayer en solitario crear una comisión de investigación para revisar las cuentas de todos los grupos. La oposición se niega a participar. 

(www.elmundo.es, 22/10/09) 

PONS DICE QUE COSTA ERA EL "RESPONSABLE ÚLTIMO" EN EL PPCV 

El vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, defendió hoy que el "responsable último" de lo que pasa "por dentro" de un partido es su secretario general, razón por la que justificó la dimisión de Ricardo Costa a raíz del 'caso Gürtel', y se mostró convencido de que "no va a ocurrir nada" respecto al presidente valenciano, Francisco Camps. En declaraciones a TVE, durante el programa 59 segundos, el dirigente popular señaló que Costa "no era indio, era jefe" del PPCV y, por tanto, al dejar sus cargos "asumió responsabilidad en su calidad de jefe, como secretario general del partido". "Ricardo Costa no cesa por lo que ha hecho o dejado de hacer. Cesa porque es el secretario general", manifestó. 

En la misma línea, defendió que el plus de exigencia en sus actuaciones que se le pide a un cargo político depende también del cargo que ostente. "Depende del cargo que tengamos, a veces tenemos que asumir responsabilidad política, con independencia de lo que hayamos hecho o hayamos dejado de hacer", explicó. 

Respecto a las responsabilidades que el presidente valenciano pudiera tener en este caso, González Pons reiteró que la confianza de Rajoy y la dirección nacional del partido en Camps "es completa" y enfatizó que en el PP están "convencidos de que no va a ocurrir nada" respecto al presidente de la Comunidad Valenciana. 

El dirigente popular también se refirió a la querella anunciada por el PSPV contra Camps y la cúpula del PP valenciano por presunta financiación irregular. En este sentido, pidió al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, que él y todos los fiscales que jerárquicamente dependan de él se abstengan "de actuar" en dicha querella porque es el marido de una diputada socialista en el Congreso de los Diputados, Juana Serna. 

"El PSOE ha presentado una querella en Valencia de un asunto que sabe que está sub iúdice en Madrid. Que o bien la fiscalía le ha dicho que en Madrid no va a conducir a ningún lugar, o bien la fiscalía le ha dado la orden de que se presente como marca blanca del fiscal en Valencia. Pero lo cierto es que aquí hablando de recusaciones, es hoy el Partido Socialista el que tiene que explicar su querella en Valencia", explicó. 

Asimismo, negó que exista financiación irregular en su partido y acusó al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, de haber "perseguido al PP por tierra, mar y aire" y de haber instalado "una presunción de culpabilidad de los 700.000 afiliados del PP". "Cuando se trata de casos que tienen que ver con el PP, basta, como en Palma Arena, una mera denuncia anónima para que el fiscal actúe. En el caso del Puerto de Gijón, que es igual que el caso Palma Arena, yo lo denuncio y verá usted como el fiscal no actúa", argumentó. 

Por otro lado, González Pons dijo no estar interesado en encabezar la candidatura del PPCV de cara a las próximas elecciones autonómicas. "Tenemos un candidato que se llama Francisco Camps y que será nuestro candidato en las próximas elecciones autonómicas, como ahora es el Presidente de la Generalitat", dijo. 

Por último, recordó que dentro del PP hay "muchas voces" que dicen "lo que en libertad quieren decir" pero negó la existencia de críticos en las filas populares. "No a todo el mundo le parece todo bien siempre. Eso no significa que haya un sector crítico. Significa que hay muchas personas que no comparten una decisión de la dirección o que no comparten una determinada línea programática del partido", concluyó. 

(www.publico.es, 22/10/09) 

LA PESADA LOSA DEL 'CASO GÜRTEL' 

El escándalo de financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana desatado a raíz de la difusión de parte del sumario del caso Gürtel pesa como una losa sobre cada intervención, cada declaración pública, incluso sobre cada gesto de los cargos públicos y representantes populares. El espeso silencio que se extendió ayer sobre el hemiciclo de las Cortes Valencianas cuando Ángel Luna, portavoz socialista, escenificó desde la tribuna alguno de los diálogos grabados por la brigada contra el blanqueo de dinero de la Policía Nacional "con autorización judicial" fue directamente proporcional al peso de esa losa. 

Rafael Maluenda, que ocupó ayer por primera vez el escaño que corresponde al portavoz del grupo parlamentario del PP, fue el único capaz de musitar "qué vergüenza" para intentar contrarrestar el castigo al que Luna sometía a sus diputados cuando recreaba una conversación grabada en la que se citaba a "la dama del laboratorio", en alusión a la esposa de Francisco Camps, presidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad Valenciana, que es copropietaria de una farmacia en Valencia. 

"Vergüenza es que el presidente de la Generalitat haya usado a su familiar como buzón de la trama de empresas corruptas", le espetó Luna. 

La tensión subió de tono cuando Luna recordó que el informe policial llegó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana "tres días antes" de que se archivara la causa contra Camps por supuesto cohecho impropio. Entonces no se tuvo en cuenta. Pero Luna auguró: "El TSJ tendrá que analizar el informe policial a raíz de la querella que presentaremos la semana que viene contra Francisco Camps, [el vicepresidente Vicente] Rambla, 

[el secretario general apartado del cargo Ricardo] Costa, [el vicesecretario de organización David] Serra y Yolanda García [la tesorera del partido]". "Ustedes tienen un problema", siguió Luna, "les han pillado, hagan las maniobras de distracción que quieran, pero esto no lo van a poder tapar. Yo, en su lugar, daría explicaciones y asumiría responsabilidades". 

Tal posibilidad no figura en el guión al que se aferró César Augusto Asencio en su primera intervención ante el pleno desde que ejerce las tareas de "coordinación del partido". Asencio subrayó que la "contabilidad del PP recoge asientos contables que responden a realidades fácticas" e intentó desmerecer "el informe de la policía de [el ministro de Interior Alfredo Pérez] Rubalcaba, que se gestó en una cacería, y contiene una serie de asertos que no reflejan la realidad". 

Luna explicó, en tono didáctico, que "el ámbito para investigar las cuentas de los partidos es el Tribunal de Cuentas, no las cámaras parlamentarias"; que "el Tribunal de Cuentas considera las cuentas de los partidos como un todo, de modo que no existe tal cosa como la contabilidad del PP de la Comunidad Valenciana ni del Partido Socialista del País Valenciano"; para concluir: "Quieren una comisión para investigar algo que no existe en un órgano que no tiene competencias para ello". 

"Ustedes pretenden desnaturalizar el papel de las Cortes, abusan de la mayoría absoluta para controlarnos a nosotros, que no manejamos fondos públicos", siguió Luna, "solo pretenden establecer una sospecha generalizada". 

Minutos antes, Mireia Mollà, diputada de Iniciativa en el grupo Compromís, había solicitado la creación de un comité antifraude que analizara la contratación de la Generalitat y el manejo de los fondos públicos. De acuerdo con el guión, el PP ninguneó a Mollà, ni siquiera intervino en el debate y rechazó su invitación a la transparencia. 

(www.elpais.com, 22/10/09) 

CUATRO PREGUNTAS SIN RESPUESTA 

Los diputados socialistas interpelaron ayer a cuatro miembros del Consell sobre asuntos relacionados con el escándalo de financiación irregular del PP desatado a raíz de la difusión de parte del sumario del caso Gürtel. Tres consejeros optaron por acogerse al guión para no contestar. El cuarto dio un par de pases, pero tampoco dejó nada en claro. 

Ni Trinidad Miró, consejera de Cultura, aclaró por qué la Fundación de La Luz de las Imágenes financió una exposición en un torneo de tenis; ni Juan Cotino, vicepresidente y responsable de Agua, Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, comentó la adjudicación a Sedesa, empresa que gestiona su sobrino, de contratos por valor de 830 millones de euros desde 1999; ni Belén Juste, consejera de Turismo, explicó si ha adoptado alguna medida ante la implicación de Orange Market, adjudicataria del montaje del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur durante cinco años, en la evasión de fondos hacia paraísos fiscales. 

Manuel Cervera, consejero de Sanidad, ofreció algún detalle sobre la cesión de Begar, la constructora de José Luis Ulibarri, a Ocide, de las obras del futuro hospital de Llíria y afirmó: "Yo no conozco al señor Ulibarri, que es amigo de José Luis Rodríguez Zapatero". 

Todos sus colegas se limitaron a leer un par de artículos de la ley de contratos públicos para defender la legalidad de sus gestiones. 

A primera hora de la mañana, el PP se permitió aprobar como proposición no de ley una propuesta de resolución que aprobó hace tres semanas para solicitar una rebaja fiscal a los profesionales autónomos que ingresen menos de 24.000 euros al año y tengan al menos dos hijos a su cargo. La rebaja fiscal representará un ahorro anual de 40 euros para todos los afectados. 

(www.elpais.com, 22/10/09) 

RICARDO COSTA SE CONVIERTE EN "EL DIPUTADO NÚMERO 98" 

Ricardo Costa, número dos del PP valenciano hasta que Génova (sede nacional del partido en Madrid) forzó su defenestración hace una semana, se convirtió en el diputado número 98. Costa abandonó ayer, forzado por su partido, el sillón de portavoz parlamentario del PP en las Cortes Valencianas que pasó a ocupar su compañero Rafael Maluenda. 

El nuevo portavoz, que aún insiste en que el cambio de estado de Costa es "provisional", asignó a su defenestrado compañero un escaño en la segunda fila tras la retahíla de responsables del grupo parlamentario. Sin embargo, Costa, convertido en chivo expiatorio del caso Gürtel por haber plantado cara a la dirección del PP, exigió que le ubicaran en el último escaño de la última fila de la bancada popular. En el escaño que lleva el número 98. 

Un escaño que quedó vacío, porque Costa estuvo ausente durante todo el pleno. El PP justificó el vacío en que Costa está preparando su defensa ante el Comité de Derechos y Garantías de la dirección nacional, que preside el diputado Alfonso Fernández Mañueco. 

(www.elpais.com, 22/10/09)

LOS SOCIALISTAS VALENCIANOS RECLAMAN QUE SE INVESTIGUE LA FINANCIACIÓN DEL PP 

Los socialistas valencianos se han apoyado en el informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía para anunciar la presentación en breve de una querella ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para que se investigue la financiación irregular del PP. La querella va dirigida contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por la comisión de los supuestos delitos de cohecho, prevaricación, malversación, falsedad, delito electoral, alteración contable y delito fiscal.  

El PSPV extiende estas acusaciones al vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla; al ex secretario general del PP Ricardo Costa, al vicesecretario general de ese partido, David Serra, y a la tesorera, Yolanda García. El anuncio fue hecho por el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, durante un encuentro con periodistas celebrado ayer en Madrid. 

La Brigada de Blanqueo de la Policía redactó el informe Orange Market. Sistema de facturación y financiación de los actos del PP de la Comunidad Valenciana, de 89 folios y cinco anexos, del que se concluía que la cúpula del PP valenciano amparó y dirigió una financiación irregular de esta formación durante los últimos años. Este informe fue el que la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, que preside Juan Luis de la Rúa -del que Francisco Camps llegó a decir que era más que amigo suyo-, se negó a investigar cuando se lo remitió el Tribunal Superior de Madrid, el 31 de julio pasado. 

 El PSPV tendrá que presentar su querella en esa misma sala, que ya archivó la causa contra Camps por presunto delito de cohecho pasivo impropio. 

La policía aporta en su informe una serie de documentos oficiales (cheques bancarios, facturas con IVA, etcétera) y las copias de los correos electrónicos enviados desde la sede de Orange Market a la asesoría que trabajaba para la trama corrupta. En esos correos electrónicos se solicitan cambios en la facturación de la empresa, de manera que ingresos procedentes del PP se convierten en servicios a constructoras valencianas. 

Jorge Alarte insistió en la voluntad de su partido de que el tribunal investigue "hasta las últimas consecuencias. Nadie debe quedar impune, y se ha de salvaguardar la figura institucional de la presidencia de la Generalitat, no la de [Francisco] Camps que", precisó, "la ha perdido hace tiempo". El secretario general de los socialistas valencianos criticó el modelo que denominó "Gürtel-Camps", subrayando que Álvaro Pérez, El Bigotes, se había convertido en "el gran asesor del presidente", como lo prueba el hecho de que en los últimos años no se ha celebrado ningún gran evento en la Comunidad Valenciana en el que no hayan participado las empresas de la trama Gürtel. 

Un portavoz de la dirección de los socialistas valencianos explicó que la decisión se adoptó durante la reunión de la comisión permanente de la ejecutiva realizada el pasado lunes. "Tras conocer el contenido de los 17.000 folios del informe policial no podíamos quedarnos sin hacer nada", relató Alarte. 

El PP, por su parte, replicó con el anuncio de otra querella contra el PSPV por denuncia falsa si los socialistas seguían adelante con su iniciativa para denunciar la financiación del PP y contra Camps. 

(www.elpais.com, 21/10/09) 

LA CÚPULA DEL PARTIDO NIEGA QUE COSTA SEA SECRETARIO GENERAL 

El limbo en el que se ha situado Ricardo Costa sigue generando debates internos e interpretaciones. El que fuera mano derecha de Francisco Camps no ha perdido ni su despacho ni su coche oficial, acude a la sede con normalidad y hoy se verá si se sienta en el mismo escaño de portavoz parlamentario. El PP de la Comunidad Valenciana asegura que Costa sigue siendo secretario general, pero ha dejado temporalmente de ejercer sus funciones mientras, teóricamente, le investiga la dirección nacional y se aclara el caso Gürtel. 

Pero fuentes oficiales de la dirección nacional aseguraron ayer que Costa "ya no es el secretario general del PP y tiene un sustituto, que se llama César Augusto Asencio". La dirección interpreta que Costa, según le comunicó Francisco Camps a Mariano Rajoy, dimitió el martes pasado ante el Comité Ejecutivo. No es eso lo que interpretaron los más de 90 dirigentes presentes en la reunión. Y no es eso lo que consta en el acta, según fuentes del PP, que han firmado tanto Costa como su sucesor, Asencio. Allí se deja claro que Costa no dimitió y sólo anunció que dejaba temporalmente de ocupar sus funciones mientras Génova le abría una investigación, algo que en realidad aún no ha sucedido, puesto que no le ha citado el Comité de Garantías. De hecho, el comunicado del PP valenciano en el que se dio cuenta del relevo de Ricardo Costa decía que Asencio se encargará de "la coordinación del partido", esto es, no sustituye a Costa en su puesto. 

Mientras, Rafael Maluenda, sustituto de Costa como portavoz parlamentario en las Cortes Valencianas, evitó precisar quién usa los dos coches oficiales asignados al grupo del PP por el Parlamento autonómico. Uno lo usa Costa, el otro David Serra, secretario del grupo y vicesecretario de Organización del PP de la Comunidad Valenciana. "No me preocupo de los coches oficiales. Tampoco he cambiado de despacho. Mi misión es defender los postulados del partido, defender la gestión del presidente Camps y velar por el buen funcionamiento del grupo", esquivó Maluenda. 

Sobre la autoridad que sigue ejerciendo Costa en el seno del PP de la Comunidad Valenciana, Maluenda también escurrió el bulto: "Asencio es el coordinador del partido, sustituye al anterior secretario general". ¿Quiere decir que el secretario general está destituido? "Asencio le sustituye en sus funciones", dijo. 

Los mismos diputados y cargos del PP valenciano que consideran que Costa se armó de razón el pasado martes por la mañana cuando puso en un brete a Camps y a Mariano Rajoy al exigir explicaciones sobre las razones para solicitar su renuncia, admiten abiertamente que, con los estatutos en la mano, Costa sigue siendo secretario general. De hecho, aún figura como tal en la web del partido. 

(www.elpais.com, 21/10/09) 

DOS EMPRESAS SE DESVINCULAN DE CORREA EN LA VISITA DEL PAPA 

La empresa Impacto Producciones, que cobró 1,7 millones por el montaje de pantallas de vídeo durante los actos de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006, se desvinculó ayer a través de un portavoz de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa. La policía asegura que Correa utilizó a la empresa Teconsa para hacerse con un contrato de 6,4 millones de euros y que esta empresa, sin experiencia en ese tipo de eventos, subcontrató a las firmas Apogee e Impacto. 

La investigación sostiene que Correa sacó más de un millón de euros en comisiones que, supuestamente, cobró en Sevilla durante su visita a la empresa Apogee. Impacto Producciones, con sede en Alcorcón (Madrid) niega cualquier relación con la trama y mucho menos que pagara comisiones. 

Por otro lado, la empresa Montenegro Producciones, que según el informe policial aparece en la caja B de la trama corrupta como receptora de un millón de euros del contrato por la visita del PP, aseguró ayer a través de una carta remitida a EL PAÍS que no está "participada, vinculada ni por supuesto ligada de ninguna manera con Francisco Correa o cualquier otra persona públicamente conocida como imputada en el caso Gürtel", ni tuvo "ninguna participación en los actos del Papa organizados por la televisión valenciana y, por consiguiente, no percibió cantidad alguna por tal concepto". 

(www.elpais.com, 21/10/09)

COSTA SIGUE EJERCIENDO COMO SECRETARIO GENERAL DE CAMPS 

Ricardo Costa sigue ejerciendo como secretario general del PP de la Comunidad Valenciana salvo a efectos públicos. "El cese temporal supone que no da ruedas de prensa ni participa en actos electorales", aclaró ayer su jefa de prensa. Pero nada más. Costa despachó ayer por la mañana en la sede del PP en Valencia, en la calle Quart. Poco antes de las dos de la tarde, su teórico sucesor César Augusto Asencio, responsable de "la coordinación del partido" mientras la gestión de Costa sea objeto de investigación por parte de la cúpula nacional del PP, abandonó la sede a pie en compañía de Rafael Maluenda, cuyo nombramiento como portavoz del grupo parlamentario del PP en el Parlamento autónomo fue publicado ayer en el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas. Cinco minutos después, salió de la sede David Serra, vicesecretario de Organización. ¿Sigue ejerciendo Costa? "En boca cerrada no entran moscas", concedió enigmático Serra. 

Otros cinco minutos más tarde, era el propio Costa el que salía de la sede del partido acompañado por Yolanda García. La tesorera del PP de la comunidad le acompañó hasta el coche oficial que las Cortes Valencianas ponen a disposición del Grupo Parlamentario Popular y le despidió. Costa partió en el coche oficial acompañado por su chófer y su escolta, y acudió con ellos al gimnasio a las 15.00. 

María Dolores de Cospedal, número dos de Mariano Rajoy, reclamó hace semanas la cabeza de Costa para intentar aplacar la presión sobre el partido a raíz de la difusión del sumario del caso Gürtel. 

La inacción de Francisco Camps, presidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad Valenciana, resultaba exasperante frente a las decisiones adoptadas por Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, quien forzó a renunciar a todos los cargos públicos y a dejar el partido a todos los diputados autonómicos y cargos municipales salpicados por el escándalo de corrupción vinculado al PP. 

El martes pasado, el Comité Ejecutivo Regional del PP valenciano se reunió de urgencia para dar una respuesta a Génova. Y Camps optó por engañar a Mariano Rajoy. 

El órgano de dirección del partido en la Comunidad Valenciana aprobó por asentimiento que Costa sería temporalmente apartado del cargo cuando el PP nacional anunciara una comisión de investigación sobre su gestión. Tanto como aceptar que había algo que investigar en la Comunidad Valenciana. 

La guerra de comunicados contradictorios que se emitieron esa noche desde las sedes de Génova y Quart provocó la más absoluta confusión. 

A primera hora del miércoles, Cospedal montó en cólera y declaró la destitución de Costa. Camps se desplazó a las Cortes y comunicó a su número dos en presencia de los diputados autonómicos que pudieron apiñarse en su pequeño despacho que quedaba relevado del cargo de portavoz parlamentario. 

Minutos después, un comunicado del PP valenciano convertía a Asencio en responsable de "la coordinación del partido" mientras Costa quedaba formalmente apartado del cargo de secretario general porque había sido llamado a declarar por el comité de garantías del partido, cita que se asimiló a una investigación en toda regla. Sin embargo, aún no hay fecha para esa cita. 

El hecho es que Costa sigue ejerciendo porque el comité ejecutivo regional, el órgano que le nombró secretario general, nunca acordó su relevo. ¿Por qué? Porque Costa contaba el martes pasado con el respaldo de 44 de los 62 miembros del comité en cuestión, según un alto cargo del Consell. La misma fuente estima que los diputados nacionales Esteban González Pons y Federico Trillo, valedores de las tesis de Cospedal, habrían sumado "una decena de votos". 

(www.elpais.com, 20/10/09) 

LA TRAMA GÜRTEL HIZO NEGOCIO EN URBANIZACIONES DE LA NUCIA Y ALTEA 

La trama de corrupción que dirigía Francisco Correa, actualmente en prisión, buscó negocio en dos planes urbanísticos de La Nucia y uno de Altea. En el programa de actuación integrada (PAI) de L'Algar, en La Nucia, compró en 2006 10.000 metros cuadrados de suelo. En otro, el PAI de Pie de Monte, de un millón de metros cuadrados, medió para la compra de terrenos por parte del empresario leonés José Luis Ulibarri, también imputado, que no fructificó, aunque sí lo hizo por parte de empresarios que promueven otra urbanización en La Nucia, el PAI de la Serreta. Finalmente, invirtió al menos 200.000 euros en una empresa del promotor de una urbanización de lujo en Altea. Así se desprende de las declaraciones que, ante el juez Baltasar Garzón, efectuó el pasado mes de febrero Jacobo Gordon, vecino de pupitre de Alejandro Agag en sus años escolares, ex socio del yerno de José María Aznar e imputado en la investigación de la red de corrupción que afecta a varias administraciones gobernadas por el PP. 

Las declaraciones de Gordon ante el juez de la Audiencia Nacional que emprendió la investigación de la trama Gürtel arrojan luz sobre las alusiones que ya se conocían de Correa en las grabaciones realizadas por la policía. En ellas se refería al alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, del PP, como un amigo de Álvaro Pérez, gerente de Orange Market, terminal valenciana de la trama, y al entonces consejero de Territorio, Esteban González Pons, en relación con un negocio urbanístico en la localidad de La Marina Baixa. "Lo desbloqueo yo con el hijoputa de Esteban Pons, me lo arregla con el pollo que está cayendo", decía Correa, aunque el proyecto quedó supeditado al informe de la Confederación del Júcar y no se aprobó. 

Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme, empresarios que se sitúan en el centro de la mayoría de las operaciones de La Nucia, que urbanizaron varias parcelas de la familia del alcalde en el PAI de La Favara y gestionan el agente urbanizador en el PAI de la Serreta, fueron, según el testimonio de Jacobo Gordon, los socios de Correa, a través de la empresa Inerzia, en la opción de compra sobre el PAI de Pie de Monte."Estuve negociando con el vendedor, con una empresa de allí, de Alicante, que se llama Murcia Puchades", declara Jacobo Gordon ante el juez Garzón tras haber explicado que Francisco Correa le contactó para que estudiara unos "terrenos grandes" en La Nucia, "en un sitio que se llama Pie de Monte". Actuó para ello por cuenta de Hator Consulting, una de las empresas de la trama Gürtel. 

Tras señalar que incurrió en muchos gastos, entre otras cosas porque contrató al despacho de abogados de Pérez Llorca, Jacobo Gordon describe la operación: "El señor Ulibarri estuvo interesado en la compra de los terrenos y de hecho a mí me contaba el señor Correa que iba a ir de socio con ese señor. Se frustró, no sé muy bien por qué. El señor Ulibarri no compró, aquello quedó muerto un tiempo, y luego el señor Correa apareció con otro socio, otro, digamos, posible inversor, que se llamaba del grupo Inerzia, Inerzia con z". 

A preguntas de la fiscalía -"¿Y esos sí que compraron?"-, Gordon responde: "Esos sí que compraron, esos lo compraron...". Después precisa que se trataba de una opción de compra que "no se ha ejercitado" porque estaba condicionada a la aprobación definitiva del PAI, que no se ha producido. El Grupo Inerzia Sociedad de Gestión, SL, es propiedad de Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme, y fue absorbido por Gestrumar, SL en mayo del año pasado. Gestrumar fue la empresa beneficiaria en junio de 2005 de unas permutas de terreno en La Serreta y Pie de Monte que el Ayuntamiento de La Nucia pactó con la empresa Dragados por un valor de 16,7 millones de euros a cambio de la construcción de la Casa de Cultura, el edificio de Urbanismo y una plaza pública con auditorio, expedientes de permuta que fueron fraccionados para eludir la necesidad de autorización del Consell. 

La relación de estos dos constructores con el alcalde Bernabé Cano se inició en 2002, cuando la familia de Cano cedió, dos meses después de aprobarse, la condición de agente urbanizador del PAI de 44.241 metros de su propiedad, el sector La Favara, a Saga Bonperal, SL, una de las empresas de Rocamora y Riquelme, que construyó 400 viviendas en el sector. 

Jacobo Gordon declara también ante el juez que a través de la empresa de la trama de la que era administrador, Castaño Corporate, y también bajo indicación de Correa, compró "un terreno muy pequeñito", de 10.000 metros cuadrados en otro PAI de La Nucia, el de L'Algar. "Ya le digo que esto es como comprar acciones de Telefónica", explica en la declaración, "es decir, los suelos van adquiriendo valor...". 

La tercera de las operaciones que revela Gordon en su declaración la reconoce a instancias de la fiscalía, que le pregunta sobre el tema, y consiste en el pago de 200.000 euros a Construcciones y Urbanizaciones San Rafael, de Altea, "para comprar un terreno allí". Se trata de una empresa de Mariano Pérez Pérez, que es también el presidente de Zontaga, SA, la sociedad que promovió Portosenso, una urbanización de 310 viviendas de lujo diseñada por Jean Nouvel, con una ampliación de 100 amarres en el puerto deportivo y un hotel, a cinco kilómetros del núcleo urbano de Altea. 

(www.elpais.com, 20/10/09) 

Declaraciones de Jacobo Gordon ante Garzón 

- Sobre el PAI de Pie de Monte: "El señor Ulibarri estuvo interesado en la compra de los terrenos y de hecho a mí me contaba el señor Correa que iba a ir de socio con este señor. Se frustró, no sé muy bien por qué. El señor Ulibarri no compró, aquello quedó muerto un tiempo, y luego el señor Correa apareció con otro socio, otro, digamos, posible inversor, que se llamaba del grupo Inerzia, Inerzia con z". 

- Sobre el PAI de L'Algar: "Esta me dice a mí el señor Correa que lo tiene todo estudiado, que es una operación buena y que yo voy a firmar, tampoco me sé mucho la historia. Era un terreno muy pequeñito, de 10.000 metros cuadrados, ya le digo que esto es como comprar acciones de Telefónica, es decir, los suelos van adquiriendo valor y, bueno, una posición así, de 10.000 metros, no tienes ni voz ni voto en la junta de compensación, vas un poco a rebufo del que esté allí". 

- Sobre Álvaro Pérez: "Sí, bueno, en aquella época, como estaba por ahí por Valencia le veía de vez en cuando, pero a lo mejor hablamos de esto (...) Pues, sí, yo le conocía, pero, vamos, de este tema en concreto, de si él estaba haciendo alguna gestión en la consejería, yo no he hablado con él de eso". 

(www.elpais.com, 20/10/09) 

EL BIGOTES TAMBIÉN HIZO CAJA EN LA HÍPICA Y EN LA VIU DEL CONSELL  

La Generalitat y el sector público valenciano en general debe de estar teniendo serios problemas de intendencia a raíz de la detención y encarcelamiento de Correa y Crespo y del estallido del tinglado Gürtel, cuyo comercial en la Comunitat Valenciana era Álvaro Pérez. Una de las conclusiones que se desprende de la revisión de la parte del sumario del TSJ madrileño cuyo secreto se levantó y de los informes de la policía judicial es que no ha habido un evento o iniciativa del Consell en la que las empresas Gürtel no se hayan llevado su parte, en dinero legal, en negro, por la vía de la comisión o del subcontrato. Cada día que pasa se encuentran nuevas huellas (facturas o apuntes de caja B) de Orange Market y otras firmas de Correa en campos en los que el Consell negó incluso la participación de El Bigotes.  

Si en la Fórmula 1 del mar Correa se llevó su parte, en la Fórmula 1 de la hípica, la Global Champions Tour, también prestó algún servicio para la organizadora Oxer Sport. El mundial de saltos hípicos se celebró en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias en mayo. El Consell patrocinó el evento, a través de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional, dependiente del vicepresidente Vicente Rambla, con al menos 377.000 euros. Por montar la presentación del torneo en el Hotel las Arenas, El Bigotes cobró a Oxer Sport 3.584,40 euros.  

La Universidad Internacional Valenciana (VIU) tampoco evitó la tentación de contratar a El Bigotes. El centro académico por Internet, impulsado por Camps y dirigido por el ex conseller José Sanmartín, abonó una factura a Orange Market que ascendía a 10.915,60 euros. Esta cantidad fue pasada al cobro el pasado 6 de febrero, el mismo día que el juez Garzón ordenó la operación policial para desmantelar el tinglado Gürtel y evitar la fuga de Correa a Panamá. El concepto apuntado es el de "trípticos y carteles", según presupuesto hecho anteriormente, y por un "servicio de azafatas durante el congreso de Alicante".
De no ser por la investigación judicial de la trama Gürtel, difícilmente se habría conocido la existencia de una factura que forma parte de la documentación incautada por la policía en la sede de Orange Market de la calle Conde Salvatierra de Valencia. Porque al tratarse de una fundación, la VIU tiene un nivel de fiscalización muy inferior al del resto de universidades públicas, pese a que se sostiene únicamente con los fondos que le transfiere la Generalitat. Por ejemplo, en este 2009, la VIU no está entre las seis fundaciones públicas de la Generalitat que será auditadas por la Sindicatura de Comptes, de las 37 entidades de este tipo adscritas a la Generalitat.  

Cuando Orange Market no logró directamente contratos, se los cedieron otras firmas de la trama. Así, Special Events le pasó un contrato de servicios de la apertura de las prerregatas, el Acto II del trofeo Louis Vuitton, organizada por Turismo Valentia Convention Bureau. 

(www.levante-emv.com, 20/10/09)

LA SANTA SEDE DICE QUE EL CASO DE VALENCIA "ES CIERTAMENTE FEO" 

¿Qué le parece al Vaticano que la trama corrupta del Partido Popular, su aliado natural en España, siempre tan atento a los deseos de la jerarquía católica, aprovechara la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006 para dar un jugoso pelotazo?  

El portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, conoce las noticias que llegan de España, y explica en primer lugar que le resulta "difícil comentarlas, dado que el Vaticano en esos casos [se refiere a los viajes del Papa] se limita a sugerir a los organizadores locales cuestiones de logística y de seguridad". 

En todo caso, añade el jesuita Lombardi, "aunque la Santa Sede no participe en la gestión, es importante que todo lo relativo a estos grandes eventos, que implican a diversas empresas y requieren esfuerzos económicos importantes, se hagan siempre con corrección". 

¿Está disgustado el Santo Padre por haber visto su nombre asociado a un negocio corrupto? "Es evidente que el Papa no tiene nada que ver en ese asunto. Pero, por principio general, todas las cosas poco claras e incorrectas nos disgustan", responde Lombardi midiendo las palabras. "Pueden suceder, porque son hechos administrativos, pero es un caso ciertamente feo. Los negocios sucios siempre son feos". 

La visita de Benedicto XVI a Valencia fue un negocio redondo para la red Gürtel, que facturó por los gastos de la sonorización de los distintos actos más del doble de lo que costaban realmente. La televisión pública autonómica, dirigida por un hombre de Francisco Camps, pagó por ellos 6,4 millones de euros, de los que la red obtuvo 3,3 millones. Esta última cantidad se la repartieron, según la investigación, Teconsa -constructora leonesa sin experiencia en ese tipo de trabajos, que a pesar de ello se hizo con el contrato- y la red que dirigía Francisco Correa. 

(www.elpais.com, 20/10/09) 

ANTICORRUPCIÓN NIEGA HABER PERJUDICADO A CAMPS 

La Fiscalía Anticorrupción difundió ayer un comunicado en el que considera «injustificado y no tolerable» afirmar que el Ministerio Público pidió separar del procedimiento fragmentos de conversaciones de imputados favorables al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, para perjudicar su derecho de defensa.  

En el caso Gürtel figura una conversación en prisión entre Pablo Crespo y sus abogados en la que el primero sostiene que «nunca podrán demostrar» que la trama Gürtel le pagó trajes a Camps «porque no es cierto».  

Según la Fiscalía, esa frase «ha sido sacada del contexto de un total de 11 folios de transcripciones, cuya lectura global varía absolutamente el sentido que se le ha dado», aunque no aclara qué otros fragmentos contradicen la exculpación de Camps.  

La Fiscalía precisa que solicitó el «desglose íntegro» de esa conversación «para proteger el derecho de defensa de los imputados» cuyas comunicaciones estaban interceptadas. A su parecer, en el caso Gürtel «se ha utilizado con excepcionalidad y prudencia, y como medio de investigación de criminalidad, la intervención de las comunicaciones» entre los encarcelados y sus letrados.  

«Ello se ha hecho», agrega, «bajo el amparo que la legislación procesal y jurisprudencia prevén, justificado en unos hechos concretos, bajo control judicial y por tiempo limitado». El Ministerio Fiscal «ha instado en sucesivos escritos que se excluyeran del procedimiento cuantas conversaciones pudieran suponer el más mínimo menoscabo del ejercicio del derecho de defensa, quedando tan sólo incorporado al sumario aquello que se ha considerado relacionado con la comisión u ocultamiento de delitos».  

El PP contestó anoche al comunicado diciendo que «los fiscales tendrán que explicar ante los Tribunales competentes la inconstitucionalidad, desproporción en las medidas [de intervención de comunicaciones] y el sectarismo en la utilización de las pruebas».  

«Ignorar declaraciones exculpatorias y sostener la acusación durante seis meses sin tenerlas en cuenta es especialmente grave, al igual que acusar a sabiendas de que existen pruebas que benefician al acusado y que el acusado no conoce», afirma el PP respecto a las frases beneficiosas para Camps.  

«Formular luego recurso de casación [contra el archivo de la investigación a Camps] es una gravísima irregularidad que no se resuelve con notas de prensa», añade el PP, que subraya que las afirmaciones de los imputados favorables a Camps «no fueron apartadas del procedimiento ni tenidas en cuenta por la Fiscalía». 

(www.elmundo.es, 20/10/09)

COSTA SIGUE COMO SECRETARIO GENERAL HASTA EN LA WEB DEL PPCV 

El PP valenciano continúa como si nada hubiera pasado. Para los conservadores, Ricardo Costa sigue como secretario general del partido en la Comunidad, según mantiene todavía en la página web del partido. 

La página web del PP de la Comunitat Valenciana mantiene a Costa como secretario general, a pesar de que fue destituido de sus funciones por la dirección nacional del partido la semana pasada por su supuesta relación con empresas vinculadas a la trama Gürtel. 

La web de los populares valencianos mantiene el currículum y varias fotografías de Costa, mientras que éste sí que ha desaparecido como portavoz en la página de Les Corts, donde ya ha sido sustituido por Rafael Maluenda, que es quien le reemplaza en estas funciones. 

Aunque ya no es portavoz del grupo conservador en Les Corts, sí que mantiene su escaño, por lo que tiene previsto acudir mañana al pleno, donde se sentará al laado del president Camps.  

El portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Rafael Maluenda, ha anunciado este martes, al ser preguntado sobre si el ex portavoz popular Ricardo Costa ocupará en el pleno de mañana el escaño que hasta ahora tenía, que cada diputado se sentará "en el lugar que le corresponde atendiendo a su representación". 

Maluenda se ha pronunciado así tras la Junta de Portavoces, preguntado varias veces sobre si el que hasta la pasada semana era el portavoz del grupo seguirá ocupando mañana su escaño habitual, justo detrás del president de la Generalitat, después de que en el pleno de la semana pasada se le mantuviera el mismo sitio. 

Tras varias preguntas sobre la misma cuestión, Maluenda ha reivindicado que en el grupo conservador hay "normalidad absoluta" y en el pleno cada diputado se sentará "en el lugar que le corresponde", según su "representación", a la vez que ha aseverado que no hay "ningún problema" y "ningún inconveniente con nada". 

Ha reivindicado que las "cosas se hacen a su debido tiempo" y que los "tiempos" de este grupo parlamentario los marca "el propio grupo", y ha asegurado a los periodistas que "verán que se cumplirá" lo que ha dicho. El hemiciclo mantenía hoy la misma distribución de escaños que hasta ahora. 

A Maluenda también le han preguntado si Costa mantiene el vehículo oficial del grupo, el despacho y el complemento de portavoz parlamentario, y ha insistido en que él sólo se ha ocupado del "buen funcionamiento" de su grupo, y "en ningún momento" se ha preocupado "ni de coches oficiales, ni despachos ni de otras cosas".

El nuevo portavoz conservador no ha aclarado si Costa mantiene sus privilegios 

"No sé si me corresponde percibir más, supongo que sí, pero no me preocupa ni me ocupa", ha manifestado Maluenda, quien ha asegurado que no renuncia "a nada", si bien "cuando llegue el momento de plantearse otras cuestiones" que ahora mismo no son su "prioridad" irá "avanzando". 

Ha insistido en que lo más importante ahora es seguir trabajando en beneficio de la sociedad valenciana, y no se ha "preocupado" ni la utilización del coche oficial, que como portavoz "sin duda alguna" le corresponde, ni de aumentar el personal a su servicio ni de cambiar de despacho, y "poco a poco irá avanzando" en otras cuestiones que ahora desconoce. 

Ha destacado que con Costa "no hubo ninguna destitución" en la portavocía del grupo, sino que el grupo conservador nombró a Maluenda como portavoz y lo es "a todos los efectos" y ejerce el cargo "con todas las consecuencias", mientras que en el PPCV César Augusto Asencio "sustituye en sus funciones" a Costa como secretario general.

 (www.publico.es, 20/10/09)

La Fiscalía niega haber querido perjudicar a Camps

La Fiscalía ha salido al paso de las acusaciones que se le han formulado sobre que ha eliminado frases de las escuchas telefónicas practicadas en los locutorios de la cárcel que beneficiaban al presidente valenciano, Francisco Camps. La Fiscalía hace referencia a una frase en la que Pablo Crespo niega a su abogado que la trama hubiera regalado trajes a Camps.

"El deber de informar a la opinión pública y el hecho de que, en relación con el proceso conocido como “caso Gürtel”, se hayan venido produciendo últimamente declaraciones incorrectas, hace necesario poner de manifiesto una vez más que el Ministerio Fiscal, a través de cualquiera de sus representantes y, en concreto, la Fiscalía Especial contra la Anticorrupción, se sujeta al más estricto respeto de la legalidad y su defensa", dice la Fiscalía en una nota hecha pública en la tarde este lunes.

La Fiscalía insiste en que las noticias aparecidas en diversos medios de comunicación al respecto hacen mención a la intervención de comunicaciones acordada judicialmente y a la solicitud de la Fiscalía de desglose de una concreta frase de tales conversaciones intervenidas.

A ese respecto, afirma que en el proceso del 'caso Gürtel' se ha utilizado con "excepcionalidad y prudencia, y como medio de investigación de criminalidad", la intervención de las comunicaciones del imputado
Francisco Correa con sus letrados. "Ello se ha hecho bajo el amparo que la legislación procesal y jurisprudencia prevén, justificado en unos hechos concretos, bajo control judicial y por tiempo limitado", dice la Fiscalía, quien argumenta que ha instado en sucesivos escritos que se excluyeran del procedimiento "cuantas conversaciones pudieran suponer el más mínimo menoscabo del ejercicio del derecho de defensa, quedando tan sólo incorporado al sumario aquello que se ha considerado relacionado con la comisión u ocultamiento de delitos".

Argumenta también que las actuaciones judiciales del Gürtel mantuvieron tan excepcional medida de intervención de comunicaciones para "avanzar en la investigación y comprobación de delitos" (se refiere a la interceptación de los vis a vis de los imputados con sus abogados. "Los hechos que lo fundaron y el derecho que se invocó ponen de manifiesto que no se obró con gratuidad o arbitrariedad. El Fiscal veló, en los términos que le corresponden, para que no quedara en la causa rastro alguno de lo que pudiera perturbar el derecho de defensa", dice la Fiscalía.

Negación de 'censura' sumarial

En ese sentido, dice la Fiscalía que "es injustificado y no tolerable afirmar que el Fiscal ha separado de las comunicaciones intervenidas algún fragmento para perjudicar el derecho de defensa de quien sería imputado en otro procedimiento, D. Francisco Camps. La frase que se publica ha sido sacada del contexto de un total de once folios de transcripciones, cuya lectura global varía absolutamente el sentido que se le ha dado en algunas informaciones".

El ministerio fiscal dice que solicitó el desglose íntegro de la referida conversación para proteger el derecho de defensa de los imputados, todos distintos del antes mencionado, solicitud que fue acordada por el Magistrado Instructor, es decir, por Baltasar Garzón.

Y finaliza señalando que será ante los Tribunales donde los representantes del Ministerio Fiscal, con hechos y derecho que tienen ahí su adecuado eco, podrá desarrollar cuanto aquí se expone sobre el fundamento de la exclusión de dicha conversación, en defensa de la legalidad y del interés público.

http://diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/178626/fiscalia-censura-trajes-camps.html

Si cae Camps, queda Barberá

El PP mira hacia otros liderazgos, como el de la alcaldesa de Valencia, ante la debilidad del presidente valenciano por el escándalo Gürtel

En el PP valenciano están encendidas todas las alarmas. Los escándalos relacionados con el caso Gürtel y la supuesta financiación irregular del partido han colocado al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, al borde del precipicio. El sainete de la destitución de Ricardo Costa como secretario general y portavoz parlamentario, la descoordinación con la dirección nacional del PP y la parálisis, desde hace más de medio año, en el Gobierno valenciano no han hecho sino agravar la situación de Camps. Un liderazgo granítico hasta el pasado otoño, que ahora tiene los pies de barro y un futuro incierto. Tanto, que en el PP ya han empezado a buscar posibles soluciones y a mirar hacia otros liderazgos, como el de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

  • Los populares no descartan un relevo a mitad de la legislatura

  • "Si Camps aguanta, está obligado a dar un impulso a su Gobierno"

Los escenarios que manejan los populares valencianos son tres: que Camps consiga recuperarse y concluir el año y medio que le resta de legislatura; que se desplome por el efecto de los escándalos políticos o que se vea obligado a dimitir si el Tribunal Supremo reabre el proceso judicial por un delito de cohecho impropio (por haber recibido trajes pagados por la trama corrupta que dirigía Francisco Correa). Si el jefe del Gobierno valenciano se ve obligado a dimitir, dos son las fórmulas posibles: la convocatoria de elecciones anticipadas o la elección de un sustituto que agote la legislatura.

"El partido ha vivido en los últimos días momentos de pánico, cuando pensábamos que Camps se derrumbaba y nos encontraba a todos desorganizados y sin capacidad de respuesta", explica un parlamentario valenciano. Ésa es la razón principal de que el pasado jueves, el PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, lanzara un aluvión de apoyos al presidente valenciano, argumenta la misma fuente. Ahora, en el PP valenciano existe el convencimiento, independientemente de cuál sea el escenario al que se enfrenten en las próximas semanas, de que ha llegado el momento de que los presidentes provinciales y las referencias fuertes del partido, como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, tomen cartas en el asunto.

"Paco [Camps] es una persona que mide mucho, pero está sobrepasado. Él tiene el convencimiento de que ha actuado correctamente, pero no sabemos realmente lo que hay en la parte que falta por conocerse del caso Gürtel", afirma un miembro relevante del PP, que añade: "De todos modos, hay que rectificar".

Los tres presidentes provinciales del partido: Alfonso Rus (Valencia), Carlos Fabra (Castellón) y el zaplanista José Joaquín Ripoll (Alicante) ya han mantenido varias conversaciones y han quedado emplazados para reunirse en privado y analizar la situación. Un compromiso entre líderes dispares que hace sólo unos meses hubiese sido imposible. Los tres reclaman ahora un mayor protagonismo en las decisiones de Camps y exigen medidas para remontar la situación. El grado de debilidad de Camps es de tal calibre que todos ellos han visto reforzado su liderazgo provincial y han logrado canales de comunicación directos con la cúpula del PP nacional.

Un extremo que asume ya el entorno del propio presidente de la Generalitat, que ha constatado cómo menguaba la influencia de Camps sobre Mariano Rajoy y cómo la cúpula del PP se dividía entre defensores y detractores del presidente valenciano. Una situación insólita para un Camps que sigue convencido de que él representa al PP de la Comunidad Valenciana y, por tanto, una pieza imprescindible para Rajoy.

"Si aguanta, Camps está obligado a dar un impulso a su gobierno", explica un dirigente popular: "Es muy complicado mantener la gestión en los municipios y en las diputaciones con la Generalitat paralizada". Un alto cargo del Gobierno valenciano va más allá: "La marcha de Ricardo Costa a dejado a Camps sin su principal escudo. Y es increíble que los tres vicepresidentes [Vicente Rambla, Gerardo Camps y Juan Cotino] hayan desaparecido del mapa dejando al presidente al descubierto frente a los escándalos". "Es imprescindible una remodelación que permita a Camps reordenar sus defensas si no le queremos ver caer", añade.

Lo cierto es que Camps ha visto cómo en las últimas semanas su entorno se desmoronaba. El viernes pasado le dejó su jefa de gabinete, Ana Michavila, hermana del ex ministro de Justicia José María Michavila. La semana pasada se sintió traicionado por su amigo Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del PP nacional, que acudió al Día de la Comunidad Valenciana con la instrucción de Génova de que había que destituir a Ricardo Costa de la secretaría regional del partido.

Los vicepresidentes han intentado mantener un perfil bajo durante toda la crisis. Rambla, salpicado por el escándalo de la supuesta financiación irregular del PP, ha evitado tener protagonismo. Gerardo Camps ha pasado días enteros de baja por una molesta dolencia de espalda. Y Cotino, uno de los hombres más próximos a Camps y activo miembro del Opus Dei, ha simultaneado la crisis con sus múltiples compromisos con la Iglesia.

Si Camps sigue sin reaccionar son muchos los que creen que habrá que pensar en el relevo del presidente valenciano. Y la alternativa más sólida es la de la alcaldesa Rita Barberá, especialmente si se trata de cubrir la presidencia a mitad de legislatura. Barberá es diputada autonómica y tiene una autoridad indiscutida en el PP, lo que permitiría reconducir la situación. "No podemos tener ningún vacío y Rita sería la mejor opción en caso de relevo, tanto si se convocan elecciones anticipadas como si no. Otra cosa es que ella quiera, que hasta ahora se ha resistido a cuantos le han sugerido la idea", indican en el PP.

En caso de que Camps cayera y Barberá se negara a sustituirlo, el abanico de posibles relevos se amplía con nombres como el de González Pons, Gerardo Camps o otros alcaldes, como el de Castellón, Alberto Fabra. Pero ese debate, hoy por hoy, sólo forma parte de la especulación.

www.elpais.es 18.10.09

El 'caso Gürtel' debilita la alianza de Camps con los empresarios

Los patrones consideran que la situación de paralización daña a la economía

"Estamos perplejos ante lo que está pasando, esa es la verdad", afirma un destacado empresario valenciano. Su impresión es un sentir general. El caso Gürtel, afirman, reclama toda la atención del Gobierno de la Generalitat. Anula reuniones comprometidas. Genera desconfianza en la gestión del Consell. Hipnotiza a la oposición. Y daña una imagen ya tocada por polémicas anteriores, como la que rodeó al modelo urbanístico, denunciado varias veces en Europa, o la que convirtió al Valencia CF en un culebrón. Si no tenían bastante con lidiar con la mayor crisis de su generación, cayó la bomba Gürtel y lo paró todo.

  • "La situación política no se está gestionando bien, claro que no"

  • "Las empresas valencianas son el pim, pam, pum" de las tertulias"

  • "La imagen del empresariado está saliendo mal parada"

"Estamos viviendo un momento económico muy difícil, que requiere discutir y buscar soluciones en común. Exige mucho trabajo. Y lo que está pasando, por decirlo suavemente, distrae la atención de los gobernantes. Tampoco facilita alcanzar acuerdos en cuestiones importantes... La situación política no se está gestionando bien, claro que no. Y, además, no da la sensación de que vaya a solucionarse a corto plazo", opina un empresario.

La preocupación entre los empresarios es triple. En primer lugar, está la crisis económica. En segundo, la incapacidad del Gobierno de Francisco Camps y su equipo de dirigir la búsqueda de soluciones a la situación que atraviesa la economía, ocupados como se encuentran en su propia supervivencia política. En tercer lugar, está la cuestión de la imagen.

Juan Eloy Durá, presidente de Fevec, la patronal valenciana de constructores, fue el primero en reconocer que el caso Gürtel inquietaba en las filas del empresariado. Y además, es uno de los pocos que lo ha admitido en público. Durá tenía argumentos para hacerlo. Cinco constructoras valencianas -Sedesa, Ortiz e Hijos Lubasa, Facsa y PIAF- aparecen señaladas en un informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía por haber financiado ilegalmente al PP en connivencia con Orange Market, la sucursal valenciana de la trama organizada por Francisco Correa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes.

El presidente de Fevec, en un acto junto al vicepresidente Juan Cotino (cuya familia controla Sedesa), hizo una matizada defensa de las sociedades implicadas, y pidió que las posibles conductas ilícitas de cinco empresas no mancharan la reputación del sector. Otro importante empresario contratista de obra pública comparte la inquietud de Durá. Tras el escándalo de la supuesta financiación ilegal del PP por parte de las constructoras citadas, "las empresas valencianas se han convertido en el pim, pam, pum de las tertulias de las radios y las televisiones de España", refiere con angustia. Desde su punto de vista, sería necesario un gran esfuerzo por parte de los partidos y los medios de comunicación para evitar un mayor deterioro de la imagen.

"La imagen del empresariado en general está saliendo mal parada en este proceso, y eso no es bueno. Si alguien ha hecho algo, tendrá que responder, pero a través de un procedimiento judicial normal y sin anticipar conclusiones", señalan fuentes empresariales de Alicante. "El foco se ha centrado en las turbulencias políticas y una situación económica como la actual exige tomar decisiones. Está claro que todo es importante, pero si se ponen en orden, la situación económica es vital. Y ahora está todo más o menos paralizado", añaden.

En las semanas que siguieron al 19 de febrero, el día que se reveló que el fiscal implicaba personalmente a Camps en el caso de corrupción, los empresarios fueron movilizados reiteradamente para asistir a actos supuestamente empresariales cuyo objetivo, a nadie se le escapaba, era justamente arropar al presidente en el trance. Desde entonces, a pesar del momentáneo respiro que implicó el archivo de la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la cosa no ha hecho más que empeorar. Y las movilizaciones han cesado. "Ahora no nos están llamando, pero tampoco tendría mucho sentido que lo hicieran. ¿Qué pintamos nosotros ahí otra vez?", cuenta un empresario, que añade: "Si mañana montan un acto de este tipo, yo no me puedo negar a ir, pero si no me llaman, mejor".

"Todos los partidos han sufrido problemas como estos", afirma otro, "que no son fáciles de gestionar". Y que pasan factura más allá de las personas implicadas. La valenciana era percibida no hace tanto tiempo, afirma, como una comunidad moderna, de vanguardia, que generaba envidia en otras zonas de España. El caso Gürtel, unido a polémicas previas, ha afectado a la imagen de marca del territorio. Y ha relegado a un muy secundario puesto el debate sobre el cambio de modelo productivo.

Los políticos, prosigue, aluden habitualmente al cambio, pero ninguno explica cómo se va a llenar, mientras llega, el vacío dejado por el hundimiento de la construcción, que puede implicar un retroceso de cuatro o cinco puntos en el Producto Interior Bruto autonómico. Ni con qué dinero va a hacerse. Para alcanzar un objetivo tan complicado es necesario elaborar una hoja de ruta a la que se sumen partidos, empresarios y demás agentes sociales, afirman. "Los tiempos son muy duros, y ya no nos valen los discursos vacíos de contenido", advierten.

Para afrontar ese reto hace falta, además, un poco de estabilidad institucional. Y como comenta otro empresario, de momento el caso Gürtel "no parece que vaya a escampar".

www.elpais.es 18.10.09

Martínez Pujalte: "Costa ha dimitido sin haber hecho nada"

Las reacciones al impacto del caso Gürtel en el PP valenciano siguieron goteando todo el día de ayer. El diputado nacional del PP Vicente Martínez Pujalte defendió que resulta "desconcertante" todo lo acontecido esta semana en Valencia en relación al caso Gürtel, y en concreto, respecto al cese en sus funciones del secretario general del PPCV y portavoz popular en las Corts, Ricardo Costa, de quien aseguró que "ha dimitido sin haber hecho nada, sin que los jueces hayan dicho nada de él".

En una entrevista en la Cadena SER, el diputado valenciano recordó que en la Comunidad Valenciana "no hay nadie ni imputado, ni ningún tema judicializado", por lo que calificó de "desconcertante" todo lo acontecido y confió en que todo se resuelva por "las vías ordinarias". Martínez Pujalte también recordó que Costa ya pidió perdón por el tono de unas conversaciones que, en su opinión, no son "adecuadas".

Otros dirigentes salieron en defensa del partido. Alfonso Rus, presidente del PP en la provincia de Valencia, animó en Ontinyent en un almuerzo con alcaldes y portavoces de su partido en La Vall d'Albaida a "no agachar la cabeza". Rus les conminó también a "plantar cara a quienes intentan echar basura contra los que ganan". "Me niego a que digan que somos todos iguales, que lo demuestren", esgrimió Rus, quien aseguró que en el PP "hay gente de todos los colores como en todos los lugares". Rus estuvo acompañado del consejero de Inmigración, Rafael Blasco, quien dirigió sus críticas al Gobierno. Blasco acusó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de haber "ocultado, a sabiendas, pruebas que exculpan a Camps".

La visita del Papa

La portavoz socialista en la Comisión de Control de Ràdio Televisió Valenciana, Nuria Espí, solicitó la dimisión del director del ente, José López Jaraba, a quien pidió explicaciones "inmediatas" sobre "la contratación millonaria con empresas de sonorización que retransmitieron la visita del Papa en Valencia". "Es intolerable que la televisión pública, que todos los valencianos pagamos, se haya gastado el doble del valor real con empresas interpuestas de la trama Gürtel", dijo Espí. Canal 9 pagó 6,4 millones de euros por un operativo que costó 3,1, según publicó ayer este diario. "Los valencianos", añadió Espi, "no nos merecemos una televisión manipulada y además corrupta".

www.elpais.es 18.10.09

La televisión valenciana pagó por los actos del Papa el doble del coste real

Correa preparó el pelotazo tres meses antes de la contratación del evento

La visita del Papa a Valencia resultó un colosal negocio para la trama de corrupción vinculada a gobiernos del PP. Los gastos de la sonorización de los distintos actos, por los que la televisión pública valenciana pagó 6,4 millones, fueron en realidad de apenas 3,1 millones, algo menos de la mitad. Así se desprende del resumen de gastos e ingresos del montaje por la visita del Papa que figura entre la documentación requisada en un piso que Francisco Correa, jefe de la trama, tenía en Madrid.

  • La Sindicatura de Cuentas alertó de irregularidades en la adjudicación

  • Los 3,3 millones de beneficios se los repartieron supuestamente Teconsa -constructora leonesa sin experiencia en ese tipo de trabajos, que a pesar de ello se hizo con el contrato- y la red Gürtel.

Los actos los montaron realmente tres empresas especializadas en el sector audiovisual -que pagaron comisiones a Correa para entrar en ese negocio, según un informe policial-. Dos de esas sociedades, Apogee e Impacto, apenas tenían relación con Teconsa, la empresa que las contrató, mientras que habían sido, desde 2000, subcontratas habituales de las firmas con las que Correa organizaba los actos del PP. Los informes de la Agencia Tributaria concluyen que Special Events, Easy Concept, Orange Market y Good&Better, todas ellas integrantes de la trama, habían pagado 1,5 millones por distintos servicios tanto a Apogee como a Impacto en los últimos siete años.

Apogee, según las cuentas de Teconsa que analiza la policía, cobró 1.050.000 euros por sus servicios para la visita del Papa, e Impacto facturó 1.747.000 euros. Otros gastos menores elevaron la factura final a 3,1 millones. Sin embargo, la televisión valenciana pagó 6,4 millones por el contrato.

El expediente para contratar la sonorización de los actos del Papa se hizo en abril, pero tres meses antes las empresas Apogee e Impacto, según la documentación requisada a Correa, ya se habían dirigido a Teconsa para ofrecer sus servicios ante un evento del que no sabían si se haría por concurso o no.

Los 3,3 millones de beneficios por el acto del Papa se repartieron así, según la policía:

- 1,2 millones de euros directamente a la red de Correa.

- Un millón a una empresa llamada Montenegro, ligada también a Correa, según la policía.

- 200.000 euros a Teconsa

- 900.000 euros de beneficio final cuyo reparto se ignora.

El delegado del Gobierno central en Valencia, Ricardo Peralta, lamentó ayer, en referencia al PP, que "los que defienden valores" convirtieran al Papa en "objeto de negocio". CC OO reclamó la "destitución" de todos los directivos de Radio Televisión Valenciana que intervinieron. "Las contrataciones externas", según el sindicato, "eran un cáncer que llevaba la televisión a la ruina, ya que tenía como objetivo favorecer a empresas amigas del PP".

Los socialistas exigen una comisión de investigación en el canal autonómico -hasta hace tres semanas dirigido por Pedro García, colaborador de la trama según el sumario-. La televisión pública valenciana aseguró, por su parte, que Teconsa -una constructora que hace carreteras y edificios- presentó un acta notarial donde aseguraba que su objeto social incluía "la ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas en general, en alta, baja y media tensión" y citaba "instalaciones de telecomunicación, instalaciones electrónicas e instalaciones de sistemas de señalización y balizamiento de puertos, aeropuertos y carreteras". El contrato para los actos del Papa tenía por objeto el "suministro en alquiler de equipamiento de pantallas de vídeo, sonido y megafonía".

La Sindicatura de Cuentas denunció en su informe de 2006 que, aunque el pliego de condiciones de ese contrato recogía claramente que los criterios de adjudicación no podían ser sólo económicos, sino que debían contemplar la fiabilidad técnica y operativa, Teconsa no cumplió con ese precepto. Y añadía: "En el expediente no constan las valoraciones específicas de las colaboraciones que el adjudicatario indica en su oferta para la ejecución del contrato, así como del cumplimiento de las estipulaciones al respecto previstas en el pliego".

www.elpais.es 17.10.09

Doce millones 'perdidos' bajo el epígrafe "otros gastos"

La Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, que gestionó la visita del Papa en julio de 2006, ocultó bajo el epígrafe "otros gastos" 12 millones de euros sin mayor especificación. Los gastos de la visita papal han sido prácticamente un secreto de Estado del Gobierno valenciano que, sistemáticamente, se ha negado a informar sobre el coste de una estancia que duró menos de 24 horas.

Las cuentas estaban pendientes de registrar desde el 28 de junio de 2007, cuando fueron aprobadas por el patronato del que formaban parte el entonces vicepresidente del Consell Víctor Campos -amigo íntimo de Álvaro Pérez, El Bigotes, y que recibió regalos de la trama-; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; el presidente de la Diputación, Fernando Giner; y el arzobispo auxiliar, Esteban Escudero. En la reunión del patronato se dejó claro que la fundación podía formular las cuentas anuales "de forma abreviada" y que no estaban obligados a "someter sus cuentas a una auditoría".

En septiembre de 2009, tres años después del evento y con mucho retraso sobre lo exigido por la ley, la Fundación presentó al fin su memoria económica y de actividades con algunas deficiencias y notables inconcreciones. Resulta imposible saber en qué se gastaron los 12 millones y resulta sorprendente el capítulo de ingresos que ascienden a 9,4 millones, justificados así: de "cuotas de usuarios y afiliados", 4 millones; de "convenios de colaboración", 2,6; de "donaciones declaradas", 2,1 y 436.000 de "donaciones anónimas y subvenciones".

Tres millones de déficit

El déficit entre ingresos y gastos se acerca a los tres millones de euros lo que, en opinión de la Consejería de Justicia, coloca a la fundación en riesgo de disolución a causa de sus deudas. A los 12,3 millones de gastos que, sin detallar, realizó la Fundación hay que añadir otros 11 millones que desembolsó Ràdio Televisió Valenciana para cubrir el evento, según una auditoría de Ernst&Young. Si a ello se suman partidas sin cuantificar de diversos departamentos de la Generalitat, se puede concluir que el coste de la visita del Papa a Valencia superó los 25 millones.

El depósito de las cuentas -a las que ha tenido acceso EL PAÍS- se autorizó por el Consell, que preside Camps, sin que se hubiesen subsanado las deficiencias detectadas por los funcionarios del Registro de Fundaciones. Entre estas deficiencias está la carencia de una memoria de actividades que debería incluir "el número de beneficiarios en cada una de las actuaciones realizadas".

www.elpais.es 17.10.09

El Gobierno valenciano anuncia una queja contra Garzón por ignorar datos favorables

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se deshizo de todo el caso Gürtel el pasado 6 de marzo, cuando envió una parte al Tribunal Superior valenciano y otra, al de Madrid para que investigaran a aforados de esas dos comunidades. Ayer, el Gobierno valenciano anunció que presentará una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por la actuación del magistrado en un caso que llegó a la imputación por cohecho de cuatro cargos del PP valenciano, incluidos el presidente de la Generalitat.

Para el Consell, Garzón no tuvo en cuenta una conversación grabada en la cárcel entre los cabecillas de la trama y sus abogados que podría ser favorable a Francisco Camps. Garzón ordenó retirar del sumario esas conversaciones, y muchas otras, que perjudicaban al presidente valenciano, y al propio partido por financiación ilegal, ya que afectaban al derecho de defensa. El PP ya presentó una denuncia en el Tribunal Supremo y una queja ante el CGPJ contra Garzón por prevaricación. Ambas fueron archivadas.

Mientras, en Madrid, dirigentes del PP como María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría apuntalaron las decisiones tomadas por Rajoy en Valencia. Rajoy no fue capaz de explicar el pasado jueves por qué Costa debía dimitir y Camps, no. Los dos estuvieron imputados y en ambos casos se archivó. Los dos eran amigos de El Bigotes y recibieron regalos. De los dos se ha publicado conversaciones embarazosas. Pero según Cospedal, secretaria general del PP, "de ninguna manera es igual la situación de Costa que la de Camps". En la Cadena SER, Cospedal dijo que a Costa se le exigía "un plus" en su comportamiento.

www.elpais.es 17.10.09

Pablo Landecho sucede a Ana Michavila como jefe de gabinete

La de Ana Michavila era una marcha anunciada. Ayer se hizo oficial, al nombrar el Consell, en su reunión plenaria, a Pablo Landecho Campos como nuevo jefe de gabinete del presidente de la Generalitat. Michavila, que ha estado al lado de Francisco Camps durante años y ha ejercido un papel de gran influencia en su entorno, deja paso a un hombre que desempeñaba hasta ahora el cargo de director general de Economía.

Landecho, una persona de confianza de Camps desde hace tiempo, ocupó anteriormente un puesto de asesor en el equipo de análisis de Presidencia de la Generalitat, desde donde fue promovido a su puesto en el área económica. Por tanto, en buena medida, vuelve a su departamento originario.

Del jefe de gabinete del presidente de la Generalitat dependen los departamentos de Análisis y Gestión y de Organización de Presidencia de la Generalitat. Su gran influencia ha generado a menudo roces con los equipos de comunicación de los portavoces del Consell.

www.elpais.es 17.10.09

LA TRAMA CORRUPTA COBRÓ MÁS DE UN MILLÓN EN COMISIONES ILEGALES POR LA VISITA DEL PAPA 

La investigación de las actividades de la trama corrupta vinculada al PP ha destapado el cobro de al menos un millón y medio de euros en comisiones ilegales por parte de varias empresas -principalmente de la red que dirigía Francisco Correa, que se habría embolsado más de un millón- como consecuencia del reparto de los beneficios logrados por la sonorización y montaje de pantallas de vídeo en Valencia durante la visita del papa Benedicto XVI los días 7 y 8 de julio de 2006. 

El Gobierno valenciano ha negado en todo momento la vinculación de la red Gürtel con este evento. Sin embargo, las cuentas de la visita del Papa, sobre las que el Gobierno de Francisco Camps se ha negado a informar repetidamente, incluso en el Parlamento valenciano, han sido siempre objeto de polémica. 

Un informe policial detalla cómo Correa y su lugarteniente en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, urdieron un plan para hacerse con parte de la organización de la visita del Papa y obtener beneficios millonarios. 

Para la celebración de este acto se creó una fundación en la que participaban el Arzobispado de Valencia, cuyo representante era el arzobispo de Valencia, el cardenal Agustín García Gasco; la Generalitat (Francisco Camps, presidente), el Ayuntamiento (Rita Barberá, alcaldesa) y la Diputación Provincial (Fernando Giner, presidente). 

Televisión valenciana

Esta fundación decidió adjudicar la exclusiva de la distribución de la señal institucional de televisión al ente público Radio Televisión Valenciana (RTVV), dependiente de la Generalitat y adscrito a Presidencia del Gobierno. El director general de RTVV era entonces Pedro García Jimeno, quien, según la investigación del caso Gürtel, recibió múltiples regalos en forma de trajes de Álvaro Pérez, El Bigotes, y realizó viajes privados en compañía de los miembros de la trama corrupta para preparar otros negocios. García Jimeno había llegado al cargo de la mano de Camps, después de ser su secretario de Comunicación. 

García Jimeno decidió contratar a una empresa externa para la sonorización de todo el acto y para el montaje de pantallas de vídeo por 6,4 millones de euros. Eligió para el trabajo a la constructora leonesa Teconsa, sin ninguna experiencia en ese tipo de montajes y que se dedicaba a la construcción de carreteras, edificios y viviendas y a la compraventa de inmuebles. Teconsa aparece directamente vinculada a la trama de corrupción que dirigía Correa por el pago de comisiones ilegales en la adjudicación de obras en Castilla y León, por numerosos apuntes en los libros de contabilidad de la red Gürtel y por conversaciones grabadas entre el presidente de la constructora y el líder de la trama. 

Como carecía de experiencia para la sonorización del acto, Teconsa subcontrató el servicio con tres empresas especializadas: la firma de ingeniería alemana Sirius Show Equipment SG y las españolas Apogee Telecomunicaciones e Impacto Producciones. La policía halló en un piso de seguridad que la trama de Correa tenía en la calle del General Martínez Campos, en Madrid, los contratos entre Teconsa y alguna de las empresas con las que subcontrató la constructora leonesa la sonorización de la visita del Papa. 

Entre los archivos hallados en el piso de seguridad se encontraron apuntes de la contabilidad que llevaba Correa, donde registró cobros por 957.000 euros en concepto de comisión por intermediar en favor de las citadas empresas sevillanas para que se encargaran de todo el montaje. "Es decir", explica el informe de la Brigada de Blanqueo, "la organización utilizó a la empresa Teconsa de pantalla, merced a su solvencia económica, para entregar finalmente el contrato a las empresas audiovisuales de las que recibió la comisión". Además de los 957.000 euros, la red de corrupción apuntó otro ingreso de 230.000 euros a favor de Castaño Corporate (sociedad de Correa gestionada por Jacobo Gordon) y 200.000 más para Teconsa, la empresa que había puesto su nombre para hacerse con el millonario contrato de RTVV. 

La investigación también señala que Pablo Crespo, número dos de la trama, viajó a Sevilla a recoger las comisiones ilegales, pues allí se encontraban radicadas las empresas subcontratistas del evento. El dinero de la comisión ilegal lo ingresó luego en una caja de seguridad y parte de ella pasó a engrosar la caja B que supuestamente utilizaba la organización de Correa para hacer sobornos a políticos del PP. Del dinero ingresado en la citada caja B por la comisión de la visita del Papa salieron además 15.000 euros para la compra de un vehículo modelo Jeep y otros 60.000 euros para una empresa de Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag, testigo en su boda con Ana Aznar (hija del ex presidente del Gobierno) e imputado en el caso Gürtel como una de las piezas clave en el entramado inmobiliario de Correa. 

El informe policial destaca que no sólo hay una relación directa entre Correa y El Bigotes con el ya ex director de Canal 9, sino también con miembros de la fundación que organizaron la visita del Papa a Valencia. 

(www.elpais.com, 16/10/09) 

LAS PRUEBAS DE LA RAPIÑA 

El Gobierno valenciano de Francisco Camps negó a la oposición cualquier información sobre las cuentas del viaje del Papa Benedicto XVI en julio de 2006, con la excusa de que las cuentas de la Fundación que organizó el acto no se encontraban depositadas en el Registro de Fundaciones. 

La policía, tras meses de investigación, ha logrado desentrañar el misterio de una conversación que grabó un ex concejal del Partido Popular, José Luis Peñas, imputado en el caso y autor de la denuncia que destapó el caso Gürtel. Esas conversaciones sólo son una parte de las pruebas que aporta el informe de la Brigada de Blanqueo para acreditar que la trama corrupta hizo negocio a cuenta de la visita del Papa. 

Conversaciones. Álvaro Pérez, el delegado de Correa en Valencia, habla con otros miembros de la trama sobre el viaje del Papa y su participación en la organización del mismo. 

Esta es la transcripción de una de las conversaciones: "Ahora mismo el presidente [Camps] está en el Consejo de Gobierno. A lo mejor dicen que me nombran coordinador general de sus muertos para lo del Papa y, entonces, así me puedo tirar todo el puto día en el río [en referencia a las consecuencias que tendría que se hiciera público ese nombramiento] porque es que yo no puedo aparecer. Si me hacen una foto la liamos, entonces estamos haciendo las gestiones necesarias..." 

- Piso de seguridad. Entre la documentación incautada a la trama corrupta en un piso de seguridad que tenían en la calle del General Martínez Campos de Madrid se hallaron contratos entre la constructora leonesa Teconsa y las empresas a las que subcontrató para que instalasen la sonorización y pantallas de vídeo del acto de la visita del Papa en Valencia. 

Además, encontraron actas redactadas por los directivos de la trama sobre reuniones mantenidas entre Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo con una de las empresas sevillanas que se encargó de la sonorización del acto. La policía sostiene que esas reuniones demuestran que fue el clan Correa quien puso en contacto a Teconsa, la constructora que logró los 6,4 millones de la televisión valenciana, y las empresas especializadas en el montaje que finalmente se encargaron del acto. Esas empresas ya habían trabajado anteriormente con las sociedades de la trama Gürtel en los eventos que organizaban para el PP. 

- Contabilidad. En los archivos informáticos encriptados que la policía encontró en los registros de las sedes de la trama corrupta se encontraban múltiples apuntes sobre supuestos ingresos relacionados con la visita del Papa a Valencia. 

Además, había otros misteriosos apuntes relacionados con ingresos de decenas de miles de euros por la visita de los directivos de la trama a Sevilla. Tras meses de investigación y el hallazgo de nuevos documentos, la policía concluye que ese dinero corresponde al pago de comisiones ilegales a la trama corrupta por parte de las empresas subcontratistas del acto del PP, con sede en Sevilla. 

- Relación con Teconsa. Grabaciones de conversaciones de Francisco Correa acreditan su relación con los directivos de Teconsa, la constructora leonesa que consiguió el millonario contrato para la sonorización de los actos de la visita del Papa a Valencia. Además, documentos incautados en las sedes de la red Gürtel acreditaron que Teconsa no sólo participó con Correa en el negocio de la visita del Papa, sino que pagó a la trama por su intermediación en la adjudicación de obras públicas. Una de ellas, en la comunidad de Castilla y León, está siendo investigada aún por la posible implicación del actual presidente del parlamento de esa comunidad y ex consejero de Fomento. 

(www.elpais.com, 16/10/09)

RAJOY RESCATA A CAMPS SIN EXPLICAR POR QUÉ NO LE DESTITUYE COMO A COSTA 

"No hay nada más injusto que tratar igual a los diferentes. Hay que dar una respuesta a cada caso". Esta idea, defendida ayer por Mariano Rajoy, resume la defensa de la dirección del PP ante una evidencia: la diferencia de trato entre Ricardo Costa, destituido como secretario general del PP valenciano, y su jefe, Francisco Camps, que tenía las mismas o superiores relaciones con la trama Gürtel en Valencia. 

Fuentes del partido aclaran cuál es el motivo real: la fuerza política de Camps, muy superior a la de su subordinado. Es mucho más difícil relevar a un barón regional, con el conflicto interno que eso supone, que a un cargo intermedio. Es lo que explica que mientras el PP justifica en la "ejemplaridad" la destitución de Costa, mantenga en su puesto a Carlos Fabra, todopoderoso barón castellonense imputado por varios delitos. 

Rajoy acudió al rescate de Camps, criticado sin contemplaciones por su gestión de la crisis, por engañar al líder -"no me ha engañado", desmintió- y por su amistad con El Bigotes, hasta el punto de que Manuel Fraga, presidente fundador, le lanzó una carga de profundidad desde la COPE. "En Valencia tenemos una persona libre de toda sospecha como Rita Barberá", sentenció. "¿Diría lo mismo de Camps?", le preguntaron. "No, no diría lo mismo. Le ha faltado moral para hacer las cosas con energía, ha habido que resolverlo desde Madrid". 

Rajoy respondió a Fraga y defendió a Camps varias veces: "Mantengo el mismo nivel de confianza en Camps. Mi deseo es que siga siendo presidente y sea candidato en 2011". Pero no logró explicar con claridad por qué habían destituido a Costa y no a Camps por los mismos motivos. 

"No tengo duda de la honradez del señor Costa. Ha trabajado mucho por el partido. Pero el nivel de exigencia a un secretario general es mayor que el de un militante de base", dijo Rajoy. La pregunta era lógica: ¿Y ese nivel de exigencia no sería aún mayor para el jefe de ese secretario general, el presidente del partido, responsable además de haber llevado a Valencia a la red Gürtel cuando Génova los echó? Rajoy dijo que en Valencia pensaban que El Bigotes ya no trabajaba para Francisco Correa, la tesis que defiende el entorno de Camps -que nunca ha explicado sus relaciones con la trama-, y defendió al valenciano: "Una vez archivado el caso que afectaba al señor Camps, no hay ningún elemento nuevo que le afecte ni ninguna actuación que le haga merecedor de ser cesado". 

¿Pero hay algún elemento nuevo con Costa, cuya implicación en el caso de los trajes también quedó archivada? Rajoy no lo explicó, pero fuentes oficiales aclararon después que el informe policial sobre financiación ilegal del PP valenciano tan criticado sí contiene novedades. Claro que éstas implican tanto a Costa como a Camps, ya que la red, según las conversaciones, utilizaba la relación personal de El Bigotes con Camps y su esposa para desbloquear el pago de algunas deudas. 

Génova pidió y obtuvo ayer -con la excepción de Fraga- el cierre de filas generalizado con Camps, a la espera de esos "elementos nuevos" que muchos temen. El líder no conocía aún, obviamente, las revelaciones sobre las jugosas comisiones que la red obtuvo de la organización de la visita del Papa a Valencia en 2006. 

Rajoy se defendió con firmeza de casi todos los golpes, pero falseó la realidad al vender una destitución como una dimisión: "Costa pidió su suspensión como secretario general y como portavoz y se aceptó". Nunca sucedió tal cosa. 

Después de seis meses -la última rueda de prensa en Génova fue el 13 de abril- Rajoy cogió al fin el toro por los cuernos y ofreció una detallada explicación, con una docena de preguntas, de su posición sobre el caso Gürtel, lo que pasó, lo que ha hecho y lo que hará el PP. Básicamente: aumentar los controles y endurecer el código ético que ya aprobaron en los 90, tras el caso Naseiro. 

Rajoy dejó claro que poco se ha hecho hasta ahora en cuanto a endurecimiento de controles: "Yo no sé qué empresa organizó el acto de Dos Hermanas (Sevilla), por ejemplo. A partir de ahora tendré que enterarme". 

(www.elpais.com, 16/10/09) 

RAJOY SE ESCUDA EN BÁRCENAS Y RENUEVA SU APOYO A CAMPS 

El líder del PP, Mariano Rajoy, compareció ayer para dar explicaciones sobre el cese de Ricardo Costa, su relación con Francisco Camps y los vínculos de su partido con la trama Gürtel. Hacía más de seis meses que no daba una rueda de prensa en la sede nacional y había mucha expectación por sus palabras. Pero esta se desinfló en cuanto volvió a profesar su confianza en el presidente de la Generalitat y vendió la salida del secretario general de la Comunidad Valenciana como una dimisión voluntaria.  

La única novedad fue el anuncio de que el PP elaborará "un código de buenas prácticas" para reforzar "la transparencia" de su sistema de gestión interna. Pero no habló de poner en marcha una comisión de investigación interna. Muchos dirigentes creen que no lo hace porque eso supondría reconocer en público que existe financiación ilegal. 

Rajoy arrancó su discurso aclarando cuál había sido el contacto de su partido con las empresas dirigidas por Francisco Correa. Contó que habían sido "proveedores de servicios" durante años y la colaboración se rompió en el 2004 porque estaban utilizando las siglas del PP en beneficio propio. El jefe de la oposición sostuvo que fue en febrero de ese año cuando se enteró de que esta red había iniciado "cierta actividad profesional con algunas autonomías y ayuntamientos". Y se lavó las manos afirmando que habían actuado "o bien ocultando su auténtica identidad, o bien a través de contactos no institucionales sino estrictamente personales". 

Al recordarle que Costa se defendió hace unos días diciendo que jamás recibió una orden directa de la dirección nacional para cortar con Orange Market, la empresa de la trama en Valencia, Rajoy recalcó que él había emitido una: "Yo he dado instrucciones a quien me corresponde darlas, que es al gerente y al tesorero nacional del partido, y se cumplieron". Rajoy obvió comentar que el gerente no era otro que Luis Bárcenas, a quien luego ascendió a tesorero y que ahora está imputado por el Supremo por recibir 1,3 millones en sobornos de la trama. 

Rajoy admitió que no se había avisado a las formaciones regionales una por una. "No he dado instrucciones a todas las personas que aparecen en el sumario de Madrid. Y en Valencia me han explicado ahora que creyeron que esa empresa [Orange Market] se había desgajado de la que yo había dicho", se defendió.  

En su discurso, el líder del PP repitió hasta en tres ocasiones que las cuentas del PP eran "legales". Y afirmó con solemnidad que no iba a consentir conductas que pudieran "avergonzar a ningún votante", fueran o no estas "sancionables desde el punto de vista penal". A su juicio, su formación ha dado una respuesta política "sin parangón en la vida pública española".  

"Ya se han tomado las medidas que había que tomar", destacó. Parecía que con el relevo de Costa se daba por satisfecho. Y ni se planteaba la posibilidad de que Camps siguiera el mismo camino. Al contrario, Rajoy insistió ayer en que seguía manteniendo en el presidente de la Generalitat "el mismo nivel de confianza" de los últimos años. Tanto que le quería seguir viendo al frente del partido valenciano y como candidato a las elecciones de 2011. "A mí Camps no me ha mentido", apuntó, despejando los fantasmas de una fractura interna que se originó después de que el presidente valenciano le transmitiera una versión del Comité regional muy diferente a la real.  

Sobre los motivos de la destitución de Costa, Rajoy señaló que no tenía "ninguna duda de su honradez personal" y reconoció su dedicación al PP. "Ha hecho grandes trabajos en el partido y estamos muy contentos", llegó a decir. En el PP algunos reconocían que el demoledor informe policial, que se filtró hace unas semanas, había influido mucho.  Pero Rajoy argumentó que lo había expulsado porque su cargo tiene "un plus de exigencia mayor que otros militantes". No quiso analizar si el presidente de una comunidad autónoma tiene ese mismo plus de responsabilidad. Y menos entrar a valorar si era éticamente reprobable que Camps fuera "el amiguito del alma" de Álvaro Pérez, El Bigotes.  

Rajoy piensa que "no hay ningún elemento nuevo" que afecte a Camps "ni ninguna actuación política" que "le haga merecedor de ser cesado". Es más, aprovechó para subrayar que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia había archivado el caso de los trajes, aunque el fiscal "ocultó" documentos "básicos" para su defensa.  

El líder del PP cree que en todo este asunto ha actuado "con prudencia", procurando "no ser arbitrario, ni injusto". Él no cree que afecte a su liderazgo.:"Estoy equilibrado", bromeó. Pero no se salvó de algunas críticas internas que creen que sólo ejerce su autoridad cuando "no queda más remedio" y que mientras ejerce la táctica del avestruz: meter la cabeza debajo del ala.  

(www.publico.es, 16/10/09) 

DE COSPEDAL CONSIDERA "MUY VALIENTE" LA INTERVENCIÓN DE RAJOY 

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha negado que la Gürtel sea su momento más difícil en el cargo, y ha asegurado que la mayoría de militantes del partido están "muy satisfechos con la gestión de Rajoy". "La intervención de Rajoy fue muy valiente", ha afirmado De Cospedal en referencia al "futuro candidato del PP en 2012" 

La mano derecha del líder del PP ha resaltado el anuncio de Rajoy de crear un nuevo código de buenas conductas, ya que "se ha demostrado que con todo lo que tenemos hasta ahora no ha sido suficiente".  

"Como no queremos que vuelva a pasar esto, seremos más cuidadosos", ha afirmado De Cospedal, quien ha matizado que "todas las personas imputadas por este caso, que han sido muchas, no están condenadas". 

La número dos del PP ha calificado de "ejemplificante" la actuación del PP en torno a la Gürtel, "aunque algunos estén insatisfechos porque no han logrado sus objetivos". "Yo no pongo en duda que haya gente que piense que la actuación de rajoy ha sido tardía, pero cuando empezaron los primeros hechos en Madrid se produjeron suspensiones de militancia", ha recordado la número dos del PP. 

"Con Camps no se ha demostrado nada en un tribunal". La secretaria general el PP ha diferenciado entre el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa y el presidente del Consell, Francisco Camps."No hemos oído a Camps hacer las declaraciones que ha hecho Costa" 

"No es lo mismo con Costa que con Camps, las actuaciones son distintas. No es igual la situación de Costa que la de Camps", ha afirmado sin demasiado entusiasmo De Cospedal, quien ha resaltado que "no hemos oído a Camps hacer las declaraciones que ha hecho Costa". 

De Cospedal ha recordado que "Rajoy mantiene su confianza en Camps y me parece muy bien", si bien ha reconocido que en el PP "ha habido comportamientos que no me gustan". "También es verdad que hay actuaciones que cuando salen publicadas son más vergonzantes que lo que puedan ser en el momento. Cualquiera de nosotros estaríamos comprometidos si se hacen públicas conversaciones privadas", ha argumentado De Cospedal, en referencia a Costa. 

La número dos del PP no ha desperdiciado la oportunidad de criticar las actuaciones del Gobierno en referencia a la Fiscalía, a la que "manejan", y a las filtraciones del sumario Gürtel. 

(www.publico.es, 16/10/09) 

COSPEDAL DICE QUE RAJOY NO VINCULA SU FUTURO POLÍTICO AL DE CAMPS 

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy horas después de que Mariano Rajoy compareciera ante los medios ante la gravedad de los hechos del caso Gürtel en la que no aclaró por qué se tomó la decisión de cesar a Ricardo Costa y no se adoptó la misma medida con Francisco Camps. Además, a la pregunta directa de Carles Francino sobre si Mariano Rajoy vincula su futuro político al de Camps, la número dos de los populares lo niega. 

Pese a que Rajoy no convenció a los medios en su comparecencia de este jueves, De Cospedal ha defendido plenamente la actuación de su presidente, calificándola de "valiente y sincera". Pese a las críticas sobre la tardía y titubeante acción de Rajoy, Cospedal afirma que su líder llegará a ser candidato en las próximas elecciones y asegura que las actuaciones se han tomado en su momento adecuado. 

Sobre la justificación para destituir a Costa y no a Camps, De Cospedal insiste en los argumentos de Rajoy, señalando que "un secretario general tiene que tener un comportamiento determinado hacia su militancia y que no ha cumplido en este sentido Ricardo Costa", algo que sí ha hecho en su opinión Francisco Camps. "Un secretario general tiene que saber muy bien dónde está. Son cargos de confianza y se les exige un plus de responsabilidad", al tiempo que ha criticado las declaraciones a la prensa de Ricrdo Costa. Camps, sin embargo, está haciendo una "gran labor" según la dirigente popular. 

Carles Francino ha pedido a la número dos del Partido Popular que describa en pocas palabras sus impresiones sobre diversos compañeros en el seno del PP: 

Ricardo Costa: "Se equivocó en su forma de actuar" 

Francisco Camps: "Seguirá siendo presidente de los valencianos" 

Manuel Fraga: "Tiene sus propias opiniones, muy respetables" 

Carlos Fabra: "Es el presidente de mi partido en Castellón y nada más" 

Educardo Zaplana: "Hoy no está en política" 

Esperanza Aguirre: Tras describir los cargos que ostenta Esperanza Aguirre, Cospedal afirma: "No tengo mucho más que decir" 

José María Aznar: "Fue un gran presidente y supo lidiar con una situación económica muy complicada" 

(www.cadenaser.com, 16/10/09) 

SÁENZ DE SANTAMARÍA: "COSTA ADMITIÓ SUS ERRORES, POR ESO NO SIGUE EN EL PUESTO" 

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha lamentado el papel del Gobierno con su  política de "oposición a la oposición".  Santamaría ha pedido al Gobierno que deje actuar a jueces y ficales y que el caso Gürtel "no sea un elemento de justificación del Gobierno para no hacer nada". "El Gobierno que haga lo suyo que para eso le pagan los españoles", ha sentenciado.

En su opinión el Gobierno y la Fiscalía han tenido comportamientos antidemocráticos y apunta a De la Vega  como culpable de la pérdida de confianza en la Fiscalía. La conservadora se ha atrevido a vaticinar que en el futuro "veremos más cosas, porque siempre que se acercan unas elecciones aparecen", explica sobre los casos de corrupción que acechan al PP.

Defiende que en el PP se da "trascendencia a estos temas y tomamos decisiones". Como ya avanzó Rajoy ayer, el PP llevará a cabo un código de buenas conductas "para que la contratación sea más trasparente.  Nosotros nunca hemos mirado hacia otro lado".  De esta forma considera que superan a "cualquier partido" ya que se trata de un "plus". Sobre los regalos  a políticos, Soraya ha dicho que no hay que aceptar regalos aunque "no es lo mismo unas flores que un yate". "En esta vida lo mejor es el sentido común", culmina.

Además, la portavoz del Gobierno justifica la actuación del PP en relación con el cese del secretario general del PP en Valencia. "El señor Costa ha reconocido sus errores, por eso no sigue en el puesto. Admitió unos comportamientos que no hizo bien. Tiene ese plus de ejemplaridad que se le exige a un político. No creo que todos los partidos puedan decir lo mismo".  

Sobre los patrimonios de los ministros, Soraya que ayer se mostró crítica al respecto, incidió en la trasparencia. Asegura que no tendría problemas en dar a conocer su patrimonio y que "parece que ahorra más que alguno de los ministros". Además, ha explicado que no le interesan este tipo de datos por el "cotilleo", sino porque pueden ser importantes para reconocer "los intereses económicos" que pueden tener los dirigentes.

Por otra parte, la portavoz asegura que llevarán a cabo una enmienda a la totalidad de los presupuestos porque sencillamente "no son buenos". Como ya ha dicho en reiteradas ocasiones, se trata, según ella, de unos presupuestos en los que se suben "los impuestos para tapar los agujeros". destruyen el empleo de hoy y ponen en peligro la pensiones de mañana. 

(www.publico.es, 16/10/09) 

FRAGA DUDA DE LA HONRADEZ DEL JEFE DEL CONSELL Y FABRA LE CONTESTA AL PRESIDENTE FUNDADOR QUE SE RETIRE

El presidente fundador y senador del PP, Manuel Fraga, alabó ayer la figura de Barberá, de quien dijo que es "extraordinaria y por encima de toda sospecha". Sin embargo, "no diría lo mismo", añadió, de Camps. En declaraciones a la Cope, expuso que un político debe tener una "moral indestructible", con "convicciones éticas muy profundas y la capacidad de ejercerlas". Señaló que "probablemente" a Camps le haya faltado moral "en uno de esos sentidos". "No entro en su moral privada y ante su confesor, pero es evidente que la moral para hacer las cosas con energía no da la impresión que la haya tenido, y ha tenido que ser Madrid quien resolviera el tema del señor Costa", destacó.  

Preguntado acerca de si Camps se verá salpicado por sus amistades con implicados en la trama, respondió que espera que "pueda superar eso", aunque también resaltó que si no lo logra, el presidente del PP, Mariano Rajoy, quien "confía profundamente en la presunción de inocencia, le aplicará la regla fundamental del derecho, que es que el que la hace la paga". Eso sí, dejó claro que él hubiera aplicado el principio de inocencia "con mayor discreción". 

La opinión laudatoria de Barberá no la compartía Fraga en 1989. Entonces, su regreso a la dirección de la AP tras la caída de Hernández Mancha conllevó que Barberá, presidenta del grupo popular en las Corts (había sido la candidata a la presidencia de la Generalitat en 1987), cayera en desgracia. En el mitin central de Fraga en las elecciones europeas de 1989, celebrado el 13 de junio, a Barberá no se le permitió intervenir. Para colmo, la dirección nacional designó a Pedro Agramunt, pese a que aún faltaban dos años para los comicios de 1991, como candidato a la Generalitat, dejando a Barberá a los pies de los caballos. El 4 de septiembre del 89 la hoy alcaldesa dimitió como presidenta del grupo ante la desautorización. Siete meses después, el 11 de abril de 1990, volvió al puesto, ya con Aznar en la dirección y tras un "sondeo" entre los diputados del "enviado" de Madrid, el actual Síndic de Greuges, José Cholbi. 

A Fabra le contestó ayer el presidente del PP de Castelló, Carlos Fabra. Éste dijo que respeta mucho al presidente fundador, pero que "en este partido uno se tiene que retirar cuando llega el momento".Según dijo, "respeto mucho al presidente Fraga, pues creo que es el presidente que más ha hacho por unir el centro-derecha en España, pero me parece que, desde la distancia, hacer este tipo de afirmaciones es una frivolidad". Al respecto, apuntó que pone "la mano en el fuego" por Rita Barberá y por Camps, "el cual ha sido respaldado por más votos que ningún presidente de ninguna comunidad autónoma gobernada por el PP". 

El líder popular, Mariano Rajoy, también tuvo que pronunciarse sobre la frase de Fraga referida a la honradez de Barberá, frente a las dudas que le genera Camps. Rajoy respondió: "Estoy totalmente de acuerdo, como no podía ser de otra manera, con las declaraciones del señor Fraga sobre doña Rita Barberá". Sin embargo, de la parte de Camps no dijo nada.


Preguntado por la misma frase el propio Camps, éste afirmó que tiene "un afecto muy especial" por el dirigente popular. "Yo lo único que puedo decir es que a don Manuel le tengo un afecto muy especial", manifestó Camps, que agregó que él es militante del PP "desde hace muchísimo tiempo". "A don Manuel hace muy poco tiempo le prologué un libro sobre su biografía y, por tanto, respeto, cariño y admiración por quien puso en marcha este proyecto político que ha gobernado España durante ocho años y que va a volver a gobernar España con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno". 

Por su parte, el presidente provincial del PP de Alicante, Joaquín Ripoll, se limitó a afirmar que "las opiniones de Fraga son las opiniones de Fraga y las tiene como todos, a veces acierta y otras se equivoca". La socialista Clara Tirado sostuvo que Fraga "ha dejado al descubierto que el PP al completo reniega y desconfía de Camps". 

(www.levante-emv.com, 16/10/09) 

FABRA INSINÚA QUE FRAGA DEBE RETIRARSE TRAS DUDAR DEL LÍDER VALENCIANO 

El presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, insinuó ayer que el presidente fundador de su partido, Manuel Fraga, debería retirarse. Lo hizo después de que el veterano senador manifestara sus dudas sobre la honorabilidad del presidente valenciano, Francisco Camps. Rita Barberá "es extraordinaria y está por encima de toda sospecha", había declarado Fraga. Pero sobre Camps precisó: "No diría lo mismo". 

Preguntado por estas declaraciones, Fabra respondió: "En ese partido uno se tiene que retirar cuando se tiene que retirar. Hacer ese tipo de afirmaciones me parece una frivolidad", añadió. En su deseo por defender a capa y espada al presidente valenciano frente a Fraga, llegó a decir: "Que se acuerde cuando él era presidente de Galicia, antes de recriminar a Camps, que está respaldado por muchos más votos". 

La actitud de Fabra -imputado por delito fiscal y varios delitos contra la Administración pública- en defensa de Camps se produce tras la destitución de Ricardo Costa como secretario general del PP valenciano y portavoz parlamentario. Fabra facilitó el pasado martes el acuerdo entre Camps y Costa en el Comité Ejecutivo Regional, que horas después fue dinamitado por la dirección nacional del PP. 

A pesar de este revés, Fabra se sumó ayer al coro de declaraciones de apoyo a Camps. Sin embargo, la mayor parte de los cargos populares considera, en privado, que la crisis del PP en Valencia se ha cerrado en falso. Pese a ello, los principales alcaldes y el presidente provincial del PP de Valencia, Alfonso Rus, emitieron comunicados con el mismo mensaje: renovar su confianza en Camps y afirmar que el partido sigue unido.

El presidente de la Diputación de Alicante, el zaplanista José Joaquín Ripoll, fue quien se atrevió a verbalizar lo que muchos otros piensan. Al ser interpelado sobre si cree que las responsabilidades acaban con la destitución de Ricardo Costa, afirmó: "Creo que no". Y luego apuntó hacia Camps: "Creo que no es la solución definitiva. Incluso en el propio Comité Ejecutivo Regional del PP era mayoritario que no era el único culpable o que no era culpable". Ripoll pidió que, si Costa está definitivamente destituido, se convoque de nuevo a la dirección para elegir un nuevo secretario general. 

El comité de derechos y garantías del PP escuchará al ex número dos del partido en la Comunidad Valenciana la próxima semana. 

(www.elpais.com, 16/10/09) 

RAJOY ESCONDE SU ENFADO CON CAMPS PARA EVITAR LA FRACTURA EN VALENCIA  

Mariano Rajoy tenía una deuda con el presidente valenciano, Francisco Camps. Gracias a él (y a Javier Arenas), en el 2008 consiguió renovar su liderazgo en el partido, pese a haber sufrido dos derrotas electores consecutivas. La cuenta pendiente quedó saldada ayer. El presidente del PP pronunció en un momento clave –los prolegómenos de otra guerra cainita en Valencia– una frase igualmente clave: «Sigo manteniendo en el señor Camps la misma confianza que he mantenido a lo largo de estos años». Y confirmó su voluntad de que repita como candidato en el 2011. 

El jefe de los conservadores maniobraba así frente a todos aquellos dirigentes del PP valenciano que, tras la crisis causada por el cese de Ricardo Costa, han criticado la gestión que ha hecho Camps del asunto. E, incluso, han llegado a poner en duda su capacidad para seguir haciéndose cargo de sus responsabilidades, dadas sus relaciones con los implicados en el caso Gürtel.  

Ayer mismo, el zaplanista José Joaquín Ripoll, presidente del PP en Alicante, aseveraba que Costa no podía convertirse en «el único culpable» del escándalo político ligado a la corrupción. Rajoy también tuvo respuesta para aquellos que, como Ripoll, puedan pensar que hay que apuntar más alto a la hora pedir cabezas políticas: «No hay ningún elemento nuevo que ponga en duda que Camps debe seguir», sentenció. 

A Rajoy, que se sometió ayer a una rueda de prensa en Madrid, se le preguntó en varias ocasiones por qué había forzado la dimisión de Costa por sus relaciones con sujetos como Álvaro Pérez (conocido como el Bigotes e imputado en el caso Gürtel) y no la del presidente de la Comunidad Valenciana, que consideraba al empresario citado su «amiguito del alma». El líder del PP trató de convencer a los periodistas de que son casos distintos, aunque no se esforzó demasiado en dar argumentos para sustentar su tesis. 

En primer lugar, ofreció una versión azucarada –por no decir contraria a la realidad– de lo que realmente había ocurrido con Costa, ese «señor» al que se ha echado desde Madrid porque se negaba a irse voluntariamente. «El señor Costa pidió la suspensión de sus funciones y se aceptó. En el Grupo Popular, pidió la suspensión como portavoz y se aceptó. Y pidió ser escuchado y se le escuchará», afirmó Rajoy.  

Pues ninguna de estas tres aseveraciones del presidente del PP son ciertas, y en la hemeroteca y en los archivos de imagen y voz está guardado el testimonio del propio Costa para comprobarlo: él se ofreció a dejar su cargo de secretario general en el PP de Valencia –jamás el de portavoz– si se le abría una investigación por parte de la dirección nacional. Y ha sido la propia dirección nacional la que se ha encargado de aclarar, en las últimas 48 horas, que una declaración ante el comité de derechos y garantías no es lo mismo que una investigación que, por cierto, no piensa llevar a cabo. Lo que ayer quedó en evidencia es que Rajoy, al igual que Camps, no tiene ningún interés en explicar con claridad a la opinión pública cuáles han sido los verdaderos motivos que han propiciado la salida de Costa. Visiblemente molesto, quiso despachar esta recurrente pregunta de los periodistas con un «el cargo de secretario general exige un plus de responsabilidad política». Eso sí, agradeció a su víctima política los servicios prestados al PP y resaltó su «honradez personal». 

El que no ve las cosas desde la misma óptica es el presidente fundador del partido, Manuel Fraga, quien admitió ayer en la Cope que ve a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fuera de toda sospecha, pero no así a Camps. «Estoy totalmente de acuerdo con las declaraciones del señor Fraga sobre Rita Barberá», se limitó a comentar Rajoy. El presidente valenciano esquivó el asunto manifestando «respeto» por quien le había dedicado tan polémicas palabras. 

En cualquier caso, el jefe de los conservadores quiere evitar que se dañe aún más la imagen del PP y anunció que, en el próximo comité ejecutivo, se aprobará un código de buenas prácticas. «¿No toma medidas un poco tarde?», se le planteó. Él se defendió. «He actuado con prudencia y sin precipitación, cuando he tenido suficiente conocimiento de causa. No me he dejado llevar por presiones de nadie y, como siempre, he tomado decisiones en los tiempos que he considerado oportunos», espetó.
Y, para no perder la costumbre, Rajoy cerró su intervención cargando contra el Gobierno por haber «manipulado» el caso Gürtel en prejuicio del PP.  

(www.elperiodico.com, 16/10/09) 

EL PP ELUDE EXPLICAR, PÚBLICAMENTE, EL MOTIVO POR EL QUE HA ECHADO A COSTA 

Ricardo Costa espera una llamada desde Madrid, la que servirá para comunicarle el día y la hora en la que habrá de presentarse en la sede del partido, a fin de ser escuchado por el comité popular de derechos y garantías. Allí se le permitirá un último pataleo, pero nada más. Su salida no tiene marcha atrás y nadie parece tener interés en ver sus declaraciones de la renta ni sus facturas.  

Costa cree que es víctima de algo parecido a un despido improcedente, ya que nadie le ha explicado a la cara qué motivos tiene su empresa política–esto es, el PP– para arrebatarle sus cargos de secretario general y portavoz a raíz del caso Gürtel. Ayer, el propio Rajoy quiso darle una pista: «No voy a consentir conductas que puedan avergonzar a votantes de nuestro partido, independientemente de que sean sancionables desde el punto de vista penal». 

Rajoy recalcó también que «la trama Gürtel no tiene nada que ver con la estructura orgánica del PP» y que todas sus cuentas «son legales». Pero, sin micrófonos delante, otros responsables del partido conservador no ocultan el daño que les ha hecho el informe policial sobre financiación ilegal en Valencia y, especialmente, las sospechas que sobre este extremo ha levantado con sus actuaciones el propio Costa. Por eso, y no por otra cosa, se va.  

El mencionado informe policial –en manos del juez que lleva el caso en Madrid– apunta directamente a Costa. «El propio PP, en la persona de Ricardo Costa, actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero, como se desprende de las conversaciones telefónicas (grabadas)». Costa tiene razón en que hay más gente señalada en el documento (el vicepresidente valenciano, Vicente Rambla), pero es él quien ha tenido la mala suerte de que le graben conversaciones telefónicas en las que, entre otras cosas, dedica insultos a compañeros o deja a las claras tejemanejes económicos con el Bigotes.  

«Entre mañana y el viernes te voy a dar todo lo que falta que te debemos, pero necesito que esto no lo sepa el presidente [Camps] y entonces que le digas que este [Rambla], es un hijo de puta», llegó a decir Costa en diciembre del 2008. Él insiste en que ese informe es falso y que fueron otros los que decidieron contratar a Orange Market en Valencia. Fue Camps. Además, agrega que el equipo de Rajoy tampoco le advirtió nunca de que tuviera que cortar las relaciones con dicha compañía. 

Pero el equipo del líder sostiene lo contrario y recuerda «la que montó Costa» para intentar que se concediera la organización del congreso nacional de Valencia al Bigotes y no a la empresa de la mujer de su hermano, Juan Costa. No lo logró. «Quizá haya que recordárselo cuando venga a Madrid a explicarse», indican desde la dirección nacional. Claro que quizá sea oportuno recordar que Costa también tenía un jefe.  

(www.elperiodico.com, 16/10/09) 

JUAN COSTA: LOS PARTIDOS SE CONSTRUYEN «SOBRE LA LEALTAD» 

El diputado del PP y hermano de Ricardo Costa, Juan Costa, aseguró ayer que los proyectos colectivos y los partidos «se construyen sobre la base de la lealtad y la confianza mutua». El político no quiso valorar la situación de su hermano, pero aseguró que «cuando llevas muchos años en política, dedicando muchas horas, esfuerzo y sacrificio, la lealtad y el compañerismo es una de las pocas gratificaciones que te llevas a casa cuando vuelves».  

Costa aseguró que cuando esa lealtad no existe, surge la tentación de «arrojar la toalla y pensar que algunas cosas no valen la pena», y advirtió de que un liderazgo sólo es fuerte cuando es capaz de «generar ilusión y confianza en la sociedad».  

El diputado popular calificó como «importante» la rueda de prensa de Rajoy y le animó a prodigarse más en sus escasos contactos abiertos con los medios: «Es un ejercicio que debe hacerse de manera permanente, recurrente y con normalidad en política, lo que no puede hacerse es no dar explicaciones».  

Costa participaba en una tertulia de RNE, recogida por Europa Press, en la que también estuvo el ex presidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El dirigente socialista defendió que el golpista Antonio Tejero fue «más decente» que lo que lo ha sido el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, al que acusó de haber «dejado tirada a su gente simplemente por salvar su cara», en alusión al ex secretario general de los populares valencianos y ex portavoz del partido en el Parlamento autonómico, Ricardo Costa.  

(www.elmundo.es, 16/10/09) 

MALESTAR CON GÉNOVA EN EL ENTORNO DEL DESTITUIDO 

La intervención del líder nacional del PP, Mariano Rajoy, generó malestar en el entorno del ya ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, al entender que ha evidenciado si cabe aún más la doble vara de medir con la que ha actuado Génova. En concreto, según las personas de confianza de Costa, Mariano Rajoy quedó ayer en evidencia al señalar que al ex portavoz del grupo popular había que exigirle un plus de responsabilidad en razón de su cargo y, en cambio, eximir al presidente de esta exigencia a pesar de ser el máximo responsable político de la Comunitat y de la formación de la gaviota. Estas fuentes entienden que si Costa debía dar ejemplo, con más razón debía hacerlo el presidente valenciano, cuya estrecha relación con El Bigotes está demostrada. Además, recuerdan que Costa pidió perdón por las conversaciones con responsables de la trama y por haber confiado en personas como Álvaro Pérez, responsable de Orange Market, quien tuvo contratos millonarios con la Administración valenciana. Tampoco gustó la afirmación de Rajoy de que Camps no le había mentido porque dejaba a Costa a los pies de los caballos. 

Ricardo Costa, que ayer no acudió al pleno de las Corts y que permanecerá alejado de la vida pública hasta el próximo lunes, tiene previsto acudir al comité de derechos y garantías del PP la semana próxima. Ayer, un teletipo de Europa Press fechado en Madrid narraba que el ex secretario general había pedido tiempo a la dirección nacional del partido antes de ser escuchado por encontrarse "muy afectado". Fuentes cercanas al ex portavoz parlamentario negaron tajantemente que esta petición se hubiera producido y mantuvieron que Costa está tranquilo esperando que Madrid lo llame. Costa, aseguraron, no ha recibido todavía la citación del órgano competente en Madrid, aunque la espera para la semana próxima. 

(www.levante-emv.com, 16/10/09)

RAJOY EXIME A CAMPS DE LA EXIGENCIA POLÍTICA QUE JUSTIFICA EL CESE DE COSTA 

El presidente del PP, Mariano Rajoy, considera que el partido ya ha tomado todas las medidas posibles con la destitución de Ricardo Costa de sus funciones y ha asegurado que mantiene su confianza en Francisco Camps. "El caso está archivado, no hay ningún elemento nuevo que le afecte ni ningún elemento que le haga ser cesado", ha afirmado el líder del PP. Sobre Costa, Rajoy ha defendido su honradez y ha asegurado que el cese se debe únicamente a que a un secretario general hay que pedirle un "plus de exigencia" porque su responsabilidad es mayor que la de un militante de base. 

"Camps no me ha mentido, mantengo en Camps el mismo nivel de confianza que en los años que he sido presidente del partido. Mi voluntad es que sea presidente y vuelva a ser candidato a la Generalitat", ha añadido Rajoy. "Una vez archivado el caso que afectaba a Camps y después de que la fiscalía ocultara datos no hay elemento nuevo que ponga en duda que Camps debe seguir". 

Tras la intervención de la dirección nacional del PP para apartar a Costa, varios dirigentes populares manifestaron su malestar con Camps por llevar al partido a una situación absurda y fuentes marianistas aseguraban que Rajoy se encontraba muy molesto con el presiente valenciano, quien ya no tiene el cortafuegos del que fue su número dos. Costa condicionó el pasado martes su renuncia a que se investigara su gestión, pero finalmente el partido se limitará a escucharle en el comité de derechos y libertades. Con su intervención de hoy, Rajoy ha respaldado a Camps y le ha liberado de cualquier responsabilidad política por el cese del ya ex secretario general del PP valenciano. 

Preguntado por si considera que ha manejado bien los tiempos de la crisis, Rajoy ha argumentado que ha actuado con "prudencia y sin precipitación". "No me he dejado llevar por las presiones de nadie, he tomado las decisiones en los tiempos que a mí me parecen oportunos, he procurado no ser arbitrario ni injusto, he actuado siempre por el interés general del partido. Tengo que hacer política con responsabilidad y otros pueden hacerla sin responsabilidad, todo es discutible pero estoy convencido de lo que hice bien", ha indicado. 

Lejos de plantear más medidas contundentes para atajar la crisis abierta, Rajoy ha dibujado las nuevas líneas de actuación del partido para intentar prevenir la corrupción. "Los ciudadanos pueden tener la tranquilidad que no voy a consentir en el PP conductas que puedan avergonzar a militantes del partido sean o no sancionables desde un punto de vista penal. Creo en la ejemplaridad de la vida pública, debemos ser ejemplares en la ejecutoria". El líder popular ha anunciado que propondrá un "código de nuevas prácticas" para mejorar la transparencia. "La auténtica imagen del PP no es la de unos pocos que no han sabido estar a la altura de las circunstancias y de las siglas. Todas nuestras cuentas son legales. No existe la menor sospecha, pero queremos mejorar la transparencia de nuestra gestión". 

Una vez que ha dejado claro que no habría más medidas, Rajoy ha vuelto a recurrir a la teoría de la persecución "No hay trama organizada en el seno del PP, estamos ante una trama externa". "Ha habido interferencia políticas, la más clara las instrucciones de la vicepresidenta desde Costa Rica al fiscal general del Estado. Hemos conocido con más escándalo el intento de la fiscalía de eliminar del sumario las grabaciones que demostraban la inocencia de Camps. Se ha querido dañar al PP y a militantes que se han visto sometidos a escándalo público sin figurar como imputados". 

Una hora antes de la comparecencia de Rajoy, Camps ha evitado polemizar sobre la destitución de Ricardo Costa impuesta desde Génova. "El PP ha actuado en la línea que correspondía, en perfecta coordinación en todas las instancias autonómica y nacional", ha asegurado antes de asistir a la presentación del Plan de Instalaciones Aeronáuticas de la Comunidad Valenciana. Preguntado por qué hay personas que le ven fuera del Gobierno, Camps ha eludido dar explicaciones y ha dejado la responsabilidad en Rajoy antes de que este rompiera su silencio ante los medios de comunicación. "Me remito a lo que dentro de muy poquito el presidente nacional del partido dirá en una rueda de prensa", ha asegurado el presidente de la Generalitat. 

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha negado que entre Rajoy y Camps haya malestar por la gestión de la crisis del presidente de la Generalitat. "Hay más que confianza, hay amistad y es muy difícil que se rompa. Se han ayudado en momentos difíciles y se han dado auxilio. Se equivocan quienes crean que puede haber quiebra", ha señalado el portavoz del PP, pese a que fuentes marianistas reconocen que el presidente del partido está muy molesto con Camps. 

González Pons ha justificado la destitución de Costa de todas sus funciones por la presión de la prensa. "Hay que atender al clamor de los medios de comunicación de que el partido tenía que asumir una responsabilidad. Es normal que el secretario general lo asuma", ha asegurado en una entrevista en Telecinco. Para González Pons, Costa no podía seguir en su cargo porque "muchos militantes no se veían representados", ante las noticias publicadas que le implican directamente con la trama corrupta. 

El portavoz popular ha dejado la puerta abierta a que Costa vuelva a desempeñar sus funciones. "Todas las noticias están por confirmar. Lo normal es que al conocerse esas noticias tenga que poner su cargo a disposición del partido. Es normal que ceda temporalmente su puesto o ceda su puesto hasta que se aclare la situación", ha subrayado. 

"Su responsabilidad política está cumplida. Costa puede volver a ser lo que él quiera con el paso del tiempo. No tiene ningún límite, no tiene ninguna sanción, el tiempo irá diciendo", ha insistido Pons. En esa línea, el nuevo portavoz del PP en Las Cortes Valencianas, Rafael Maluenda ha manifestado que "si las cosas salen bien", no tendrá "ningún inconveniente" en volver a ser portavoz adjunto para que Costa pueda asumir de nuevo la portavocía del grupo parlamentario. 

Maluenda ha asegurado que su nombramiento ha sido una decisión del grupo parlamentario y que ha llegado al cargo "por la gentileza o la colaboración del propio" Costa de dejar sus funciones a disposición del PP mientras se le investiga. "Estoy convencido de que el tiempo demostrará las realidades y cada uno estará en su sitio", ha aseverado Maluenda, quien desconoce cuál será la duración de su mandato, aunque en principio, ha dicho, la "renuncia" de Costa es hasta que "finalice la investigación". 

Sobre la exigencia primera de Costa, antes de que se impusiera la orden de destituirle desde Génova, de crear una comisión de investigación para ceder en sus funciones, Pons ha negado que vaya a abrirse. "No vamos a hacer una investigación interna. Costa ha pedido comparecer ante el Comité de Derechos y Garantías. Pero Costa es honrado", según el portavoz popular, que ha insistido en que la razón del cese es que "los militantes están alarmados por lo que sale en los periódicos y piden responsabilidades". Pons se ha remontado a situaciones pasadas del Gobierno del PSOE para hacer un paralelismo con el cese de Costa: "Es normal que el secretario general asuma responsabilidades. Antonio Asunción no tenía las llaves de la celda de Roldán pero tuvo que asumir la dimisión cuando era ministro del Interior". 

(www.elpais.com, 15/10/09) 

FRAGA DUDA DE LA HONESTIDAD DE FRANCISCO CAMPS 

El presidente fundador y senador del PP, Manuel Fraga, ha alabado hoy la figura de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de quien dijo que es "extraordinaria y por encima de toda sospecha" mientras que ha añadido que "no diría lo mismo" del presidente de la Generalitat Valenciana y del partido en la región, Francisco Camps. 

Camps ha respondido a Fraga en unas declaraciones previas a un acto institucional y ha expresado su afecto "muy especial" por el dirigente popular y ha recordado que "hace muy poco tiempo le prologué un libro sobre su biografía y por tanto, respeto, cariño y admiración, por quien puso en marcha este proyecto político que ha gobernado España durante ocho años y que va a volver a gobernar a España con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno". 

Acerca de si con el cese del ex secretario general del PP en Valencia, Ricardo Costa, se ha parado el golpe, Fraga ha planteado que él espera que sí. "En todo caso allí hay una reserva extraordinaria. Estoy pensando ahora mismo en la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que es extraordinaria y por encima de toda sospecha", ha indicado en una entrevista en la Cope. Preguntado sobre si diría lo mismo sobre Barberá que acerca de Camps, ha respondido que "no diría lo mismo". 

Asimismo, ha asegurado que un político debe tener una "moral indestructible", con "convicciones éticas muy profundas y la capacidad de ejercerlas" para sentenciar que "probablemente" a Camps le haya faltado moral "en uno de esos sentidos". 

Fraga siempre se ha mostrado muy crítico con la actuación de su partido en todo lo relacionado con la trama Gürtel, sobre todo en Valencia. El pasado día 5, por ejemplo, el presidente fundador fue la única voz crítica en un Comité Ejecutivo marcado por el escándalo de corrupción que afecta al partido y ya fuera de la reunión afirmó: "No da la sensación de que este asunto vaya muy bien, para además apuntar que las encuestas colocan a Zapatero por encima de Rajoy en popularidad. 

Él mismo se ha visto salpicado por el Caso Gürtel. Uno de los cabecillas de la trama, Pablo Crespo, que fue secretario de Organización del PP gallego durante parte del mandato de Fraga, apuntó en una conversación con su abogado a irregularidades en las cuentas del partido. 

Fraga reconoció implícitamente que algo hubo cuando declaró: "En cuanto supe algo, cesé inmediatamente a Pablo Crespo". 

En otra entrevista, publicada por La Voz de Galicia, Fraga asegura en relación al asunto Crespo que "no me enteré de lo que tenía que haberme enterado". Eso sí, ha reiterado que cuando se enteró "se acabó el asunto. Lo mandamos al diablo". 

No obstante, hoy el veterano político ha querido defender a su partido y ha asegurado que "para sacudir los cimientos del PP hacen falta más cosas" aunque ha reconocido que "es evidente que se ha intentado y nunca habíamos dado motivos para ello". 

Fraga ha asegurado que detrás de todo esto hay "intencionalidad política" y ha estimado "evidente" que se busque perjudicar a un partido, que ha crecido "de forma extraordinaria" y que está "arrasando en las encuestas". 

También ha precisado que "en este momento hay partidos que pueden jugar con los medios del Estado y presionar desde ellos" y, en el otro lado, hay "personas que se limitan a recibir los golpes, pero los estamos recibiendo bastante deportivamente". 

Fraga ha dicho que hubiera preferido que casos como este no hubieran ocurrido si bien ha señalado que "cuando los partidos crecen, y el PP lo ha hecho de forma extraordinaria" es fácil que "alguien se cuele y es imposible no reconocerlo". 

Preguntado por las declaraciones de Fraga, el nuevo portavoz del PP valenciano, Rafael Maluenda, ha manifestado su "máximo respeto" por el presidente fundador del partido, pero ha defendido que el PP y el Gobierno de la Generalitat están "muy bien dirigidos y presididos" por Camps. 

El pleno de las Cortes Valencianas continúa hoy con la ausencia de Costa y de Camps. Según fuentes populares, Costa se encuentra descansando y probablemente sí estará presente en el próximo pleno de la semana que viene. El grupo parlamentario popular en la Junta de Portavoces del pasado 7 de octubre excluyó la sesión de control a Camps, y al resto de conseljeros, del orden del día del pleno de esta semana. 

Por otro lado, el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, ha defendido hoy que en los temas de corrupción "hay que ser inflexible" y si "uno comete un error se le manda a casa y si comete un robo hay que mandarle una temporada a la sombra", sea cual sea el partido en el que milite. 

Además, León de la Riva ha asegurado "que se ha tardado mucho en tomar decisiones y todo lo que sea alargar estos temas nunca es bueno, se enquistan y van a peor". 

El regidor ha concluido: "Costa dice que ha sido la cabeza de turco, puede haberlo sido, yo no digo que no, pero las cosas había que haberlas resuelto antes". 

(www.elpais.com, 15/10/09) 

EL PRESIDENTE DEL PP DE ALICANTE CREE QUE LAS RESPONSABILIDADES "NO" SE ACABAN EN COSTA 

El presidente del PP en la provincia de Alicante, José Joaquín Ripoll, cree que las responsabilidades por el caso Gürtel "no" se acaban con el cese del secretario general del partido en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, y ha puesto como ejemplo al PP de Madrid, donde se ha actuado "con más contundencia". 

Al ser preguntado sobre si las responsabilidades se acaban en Costa, ha sostenido que "creo que no" y, tras evitar profundizar en el asunto, ha aclarado que se trata de una opinión "personal" y que no desea "entrar en confrontación con el resto de compañeros de partido". Ripio ha añadido que no cree que sea "la solución definitiva". 

En todo caso, Ripoll ha comentado que en la Comunidad de Madrid "se ha podido aislar más el problema" porque se ha actuado "con más contundencia" mientras que en la Comunitat Valenciana se ha hecho de forma menos firme y con "problemas para explicar lo que estamos haciendo". 

"Incluso en el propio Comité Ejecutivo Regional era mayoritario que no era el único culpable o que no era el culpable", ha comentado en rueda de prensa para presentar un manual contra la drogadicción, en su calidad de presidente de la Diputación. 

Sobre el sustituto de Ricardo Costa, Ripoll ha querido "precisar que César Augusto Asencio no es secretario general" sino que "se le ha nombrado otra cosa" ya que, en una decisión "provisional" de Francisco Camps, "pretende hacer las funciones de coordinador y sustituto hasta que se nombre secretario general". 

(www.elpais.com, 15/10/09) 

RAJOY CONGELA SU RELACIÓN CON CAMPS Y FULMINA A COSTA 

Hay quien define la situación de forma muy gráfica. "Es como cuando te ponen los cuernos... Tú puedes perdonar, pero no olvidas. Y a Mariano Rajoy no se le olvida nada", cuentan quienes le conocen. En la campaña de las europeas, Rajoy se presentó en la Plaza de Toros de Valencia para demostrar su lealtad a Francisco Camps. "Siempre estaré a tu lado, delante o detrás", dijo respaldándole ante el caso Gürtel. Cuatro meses más tarde, ha sometido a Camps y la relación es más que tensa. 

La grieta entre el PP nacional y el valenciano se ensancha día a día. Y más desde que ayer Rajoy decidió dar, por una vez, un puñetazo encima de la mesa e imponer al presidente de la Generalitat el cese de su mano derecha, Ricardo Costa. El líder conservador no lo quería ver ni como secretario general ni como portavoz en las Cortes autonómicas, y menos después del ridículo que había hecho el día anterior su partido con un cruce de comunicados sin precedentes, en el que la dirección nacional daba por destituido a Costa de todos sus cargos y la valenciana desmentía esa versión. 

María Dolores de Cospedal fue la encargada de transmitir el enfado de la cúpula. La secretaria general dijo a primera hora de la mañana en la Cope que si Costa se sentaba en su escaño parlamentario y se "encastillaba", se pondrían de inmediato en marcha "unos procedimientos disciplinarios". El coordinador de Presidencia del PP, Jorge Moragas, advertía que "mantener un pulso" con Rajoy era "físicamente imposible" para un secretario regional. Según algunos dirigentes del PP, ya para entonces Rajoy le habría dado a Camps un ultimátum: si Costa seguía resistiéndose, él se encargaría de suspenderle de militancia. 

En el PP creen que los acontecimientos de los últimos días han deteriorado "bastante" la amistad entre Rajoy y Camps. Algunos colaboradores dicen que su jefe de filas ha asistido a todo este "espectáculo chulesco" entre "atónito" y "decepcionado". Varios asistentes a la la reunión del Comité Ejecutivo valenciano del martes confirmaron a la dirección del PP nacional que Camps "les engañó claramente", cuando les dijo que había pedido a Costa que abandonara.  

Así que a Rajoy le quedaban dos opciones: "O cargarse a Camps o desautorizarlo haciendo realidad lo que no había ocurrido". "Optó por los hechos consumados", explican. Para quienes observan la situación desde fuera está claro que el presidente del PP "sabe ahora muy bien hasta dónde se puede fiar de Camps". Y creen que es una señal que ahora la dirección hable "a menudo" con los presidentes provinciales, cuando antes "todo" lo trataba con Camps.  

A pesar de todo lo ocurrido, los que rodean a Rajoy tratan de apaciguar este desencuentro. Hay quien recuerda que el jefe de la oposición le debe mucho al presidente de la Generalitat por su apoyo tras la derrota en las generales de 2008. Y también quien incide en que dada la falta de conexión con Madrid, Rajoy no se puede permitir el lujo de perder el respaldo valenciano. 

En las filas conservadoras se vivía ayer todo con preocupación. Había quien calificaba lo acontecido de "veneno" para el futuro del partido y quien se quejaba de que se había actuado "tarde". Con la cabeza de Costa sobre la mesa, algunos se daban por satisfechos, pero otros reconocían que "el problema" no estaba "resuelto". 

Creen que ahora el tiro se desvía directamente hacia Camps, quien ya no tiene ningún " blindaje" y está "en manos de Costa". Varios diputados creen que "los hermanos Costa se vengarán". Piensan que, como ahora Ricardo ha perdido su poder en la Comunidad Valenciana y Juan se mantiene en un segundo plano desde que rivalizó con Rajoy por la Presidencia del partido, ya "no tienen nada que perder". Pero desde su círculo dicen que no es "el estilo" de ninguno de los dos. Y que Costa, a pesar de estar "realmente dolido emocionalmente", sólo piensa en descansar y ver qué hace con su vida. 

Por lo visto, no le aguarda ningún futuro dentro del PP. Cospedal se mostró ayer tajante. Mientras los suyos seguían confiando en que fuese una salida "temporal", ella decía que veía "imposible" que Costa fuese restituido en sus cargos y le recriminó que hubiese utilizado "los medios de comunicación en contra de los intereses del partido". 

En la cúpula del PP creen que es importante adoptar decisiones ejemplares ante asuntos "éticamente inadmisibles". Pero algunos opinan que es igual de reprobable la conversación en la que Camps llamaba a Álvaro Pérez, El Bigotes, "amiguito del alma" y no se hizo nada. 

Ahora todos los ojos están puestos en Camps y dentro del partido no se descarta que le impute el Supremo o nuevas filtraciones que le pongan contra las cuerdas. Se duda de que llegue vivo a las elecciones de 2011. Si las cosas se tuercen, el PPCV piensa en Gerardo Camps como recambio. El PP nacional, en Rita Barberá, alcaldesa de Valencia. 

En la formación regional están nerviosos y muchos temen una "descomposición". Y los zaplanistas mueven ficha. Uno de sus representantes, José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, pidió ayer un gabinete de crisis porque con el caso Gürtel su partido tiene "un problema" y cuanto más tarde en resolverlo "más grande será".  

En plena campaña de las europeas, Mariano Rajoy muestra su respaldo a Francisco Camps. “Creo en ti, en lo que haces, te he visto actuar muchas veces, la inmensa mayoría de los españoles creen en ti… Y yo siempre estaré detrás de ti, delante o al lado, me es igual. Pero quiero que lo oigan todos”.  

Tras la victoria de las europeas, Rajoy vuelve a Valencia para agradecer el apoyo popular. “Gracias por estar aquí. Esto yo no lo voy a olvidar”, señaló emotivo. Francisco Camps, crecido por el resultado, describió el 7-J como el “desembarco de Normandía” que precederá la toma de la Moncloa. Rajoy acusa al PSOE de actuar “con crueldad infinita”. Camps le da las gracias: “La amistad es inmutable al tiempo, a la distancia y a las circunstancias”.  

(www.publico.es, 15/10/09) 

CAMPS CLAUDICA ANTE RAJOY AL SACRIFICAR A COSTA Y SIEMBRA EL DESCONCIERTO EN EL PP VALENCIANO  

La fiesta -o vodevil político- acabó ayer finalmente minutos después de las 10 de la mañana. El líder nacional del PP, Mariano Rajoy, sometió al presidente de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, y lo forzó a destituir a Ricardo Costa como secretario regional y portavoz en las Corts, después de que el día anterior los populares valencianos mantuvieran en el puesto al hombre de confianza de Camps (supeditando el cese temporal a que Madrid le abriera una investigación), en contra de las directrices de Rajoy. No sólo eso, sino que se designó al vicesecretario de Política Autonómica, César Augusto Asencio, para ocupar la secretaría general -cuando según el PPCV el cargo debía quedar vacante- y al portavoz adjunto Rafael Maluenda como síndic en las Corts, aunque el día anterior el partido de Camps había dicho -frente a Génova- que el cargo en la Cámara no estaba afectado. Costa acudió al Parlamento con intención de presidir la reunión del grupo y sentarse en su escaño de portavoz. Una imagen de rebeldía hacia Génova que habría dejado tocada para siempre la credibilidad de Rajoy.  

Ahora bien, la imposición de Génova no le sale gratis a Rajoy, cuya relación con Camps, una aliado interno clave, puede verse seriamente afectada. El más perjudicado es el presidente valenciano, que queda muy debilitado puertas adentro, con medio partido indignado con él al entender que ha engañado a todos. Dirigentes, consellers y diputados exteriorizaron ayer su malestar con Camps.
A las 8 de la mañana, la secretaria nacional, María Dolores de Cospedal, advertía que si Costa acudía a las Corts para ejercer la portavocía, lo expulsaría. Media hora después, Maluenda insistía en que el martes no se acordó ningún cese, que en todo caso no afectaba a Costa como portavoz y que, de haber abierto Génova la investigación a la que condicionaba el "número dos" su renuncia temporal, ésta tendría que "comunicarse".  

A las 10 de la mañana, media hora antes del inicio previsto del pleno, los diputados acudían a la reunión de grupo. Veinticinco minutos después los avisaron para que fueran al grupo. Allí ya estaba Camps. Había llegado a las 10:05. Tres minutos después se presentaba Costa. "Presidente, ¿no habíamos quedado ayer como habíamos quedado?", aseguraban ayer fuentes del PP que le inquirió Costa al recibir la noticia. "Ayer era ayer y hoy es hoy", dicen que le contestó Camps.

La noche anterior, el mismo Rajoy había conminado al presidente -tras el espectáculo de los comunicados de Génova y de la Secretaría Regional del PPCV contradiciéndose sobre el cese del "número" dos- a destituir a su mano derecha. Según varios dirigentes, casi se podían oír los gritos de Rajoy por el móvil de Federico Trillo. "O lo destituís vosotros o lo destituyo yo aquí", avisó el líder nacional. Algunas fuentes incluso apuntaban que, si no apartaba a Costa, el problema lo tendría el propio Camps.  

Sin embargo, ayer por la mañana Costa no sabía nada de esto. Cuando los consellers y diputados llegaron al grupo, los condujeron al despacho del portavoz. El "número" dos no estaba presente. En unos 20 metros se apretujó el medio centenar de autoridades, incluida la jefa de gabinete de Camps, Ana Michavila. Camps pidió que llamaran al portavoz. Costa entró, cabizbajo, con semblante muy sombrío. El presidente le tendió la mano. Éste se la dio pero apartando la mirada con un gesto de desagrado.  

El jefe del Consell comunicó a todos que Maluenda sería el portavoz. Entonces Costa se derrumbó y rompió a llorar. "A ver si terminamos con esta pesadilla", animó Camps. El jefe del Consell invitó a los presentes a tomar la palabra tras las críticas del día anterior en la ejecutiva -"me critican porque dicen que no dejo hablar...", apuntó-, ante lo que Costa, sin dejar de llorar, saltó: "¡Ya está bien, presidente!", para que cesara el tormento. Yolanda García, la tesorera, le dio un abrazo a Costa. Otros diputados se despidieron del ex "número" dos. Varios asistentes calificaron la escena de "humillante". 

Momentos después, diputados y consellers salían de las dependencias del grupo con cara de funeral para asistir al pleno. A las 11:05, un Camps con una sonrisa de oreja a oreja abandonaba la Cámara valenciana por la puerta que da al llamado "patio de la Olivera", por la parte de atrás del edificio, envuelto en una nube de periodistas. Sin dejar de andar, Camps ofreció una versión de la reunión de la ejecutiva que no fue la que el día anterior explicó Costa., "Como ya se acordó ayer [por el martes], el PP ha tomado las decisiones en relación a lo que se propuso por unanimidad" sobre Ricardo Costa. No admitió ninguna pregunta. 

Costa salió media hora después. Dejó claro a los periodistas que quiere que reluzca su "honradez" y que lo suyo "no es una cuestión de aferrarme a ningún cargo ni a ninguna posición", por lo que había aceptado la propuesta de Camps de apartarle también de su cargo como portavoz en las Corts hasta que concluya la investigación de Génova. Sin embargo, a la luz de las declaraciones de Cospedal, reprobatorias de su conducta, la sentencia está dictada y hoy Costa es ya un cadáver político. Hasta el lunes estará "ilocalizable". 

El pleno arrancó con retraso a las 10.55 horas, con el sillón de Costa vacío y con Rafael Maluenda como portavoz y el también portavoz adjunto Asencio en su escaño. El nuevo síndic ganó un puesto al intercambiar su sitio con el secretario, David Serra. La silla de portavoz de Costa se le guardará aunque quede como diputado raso. Maluenda no habló ante los periodistas. Sí lo hizo Asencio para apuntar que su responsabilidad es "provisional", hasta que se resuelva el expediente de Costa, cuyo retorno al cargo es "la situación de normalidad". La elección de Asencio se justificó por los estatutos pero algunas fuentes cuestionaron que, al no ser de los 22 vocales de la ejecutiva que eligió el congreso, no podía ser designado. 

 La indignación de los diputados era palpable. El alcalde de Castelló, Alberto Fabra, trasladó en privado a sus compañeros su indignación. La noche del martes se había empleado a fondo para mediar en busca de una solución. "Para acabar así, se tenía que haber hecho antes" y no prolongar la crisis cinco días o no resolverla ayer mismo, pusieron en su boca varios dirigentes. "Si no tienes la información, no puedes valorar la situación; el problema es que no sabíamos". "Esto no puede ser. Antes somos personas". Las frases contienen reproches implícitos a Camps. Otros diputados censuraban que el líder tomó las decisiones sin consensuarlas con los barones provinciales, Joaquín Ripoll (Alicante), Carlos Fabra (Castelló) y Alfonso Rus (Valencia). 

Ripoll criticó abiertamente a Camps y lo acusó de no afrontar el problema con firmeza. Carlos Fabra, en cambio, contradijo a Cospedal y desveló que en una conversación con Camps, lo ha visto "afectado porque piensa que, a veces, pagan justos por pecadores, pero Ricardo Costa en un gran valor del partido y no lo vamos a dejar de lado". Rita Barberá, aunque apoyó a Camps, reconoció su preocupación y pidió "recuperar el orgullo" de ser militante del PP. Responsables del PP conjeturaban sobre las consecuencias a medio y largo plazo del desenlace. Así, piensan que los zaplanistas podrían aprovechar la debilidad de Camps para aliarse con los Costa y Carlos Fabra, ubicándose en una posición crítica a Camps y, en un futuro, a Rajoy. "La única ganadora de todo esto es Esperanza Aguirre", sentenciaban. 

(www.elperiodico.com, 15/10/09) 

ESPERPENTO EN LAS CORTS Y LLANTO DEL EX ´NÚMERO DOS´ 

A las diez de la mañana, ante la puerta principal de las Corts, un grupo de ecologistas, disfrazados de pájaro, teatralizaba la muerte de las aves mediante el "parany" (un método de caza basado en la trampa, el engaño), mientras varias decenas de personas los increpaban. Todo un augurio. Los periodistas aguardaban a Costa y a Camps, pero éstos -otro ardid- accedieron al edificio por una calle cerrada por las obras.  

A esa hora, en la Sala Vinatea se concentraban diputados y consellers, a la espera de Costa. "Estamos en rebeldía ante Génova", confesaban varios parlamentarios, pensando que el ex "número" dos iba a ocupar su puesto de portavoz. No fue así. Costa ya estaba en el grupo recibiendo de Camps el certificado de defunción política. A las 10 y 25 minutos, los diputados abandonaron la Sala. "¡Al grupo, que vayamos al grupo!", decían, en referencia a los despachos del PP en el Palacio de Trénor, que está conectado con el de las Corts. En fila india, diputados y miembros del Consell peregrinaron, ante la mirada atónita de los periodistas, hacia el grupo.  

Al llegar al pasillo de acceso al Palacio de Trénor, el personal del grupo popular impidió el acceso a los periodistas, con el argumento de que todos no cabrían en las dependencias del PP. La presidenta, Milagrosa Martínez, se cruzó con el portavoz socialista, Ángel Luna, al que explicó que el pleno se retrasaría. ¿Cuánto? "Un café". Eran ya las 10:30 horas, hora prevista de inicio. La sesión no se iniciaría hasta las 10:55. En la reunión, Costa rompió a llorar al oír de Camps el relevo. No dejó de hacerlo durante la breve reunión. Y eso que el presidente todavía le "vendía", contra toda evidencia, que el cese es "temporal". 

A la salida de las Corts, el jefe del Consell habló a los periodistas sin dejar de caminar hacia el coche oficial. "Ahora, a seguir con nuestra tarea al servicio de los valencianos", dijo. Ante las preguntas, respondió: "Son ustedes muy amables y muy agradables, gracias", y se metió en el vehículo. Un diputado del PP aún sacaba fuerzas para una amarga ironía: "Íbamos a debatir sobre el 'parany' -una propuesta firmada, curiosamente, por Costa- y, qué cosas, el primer 'pardalet' que cae es él. C 

(www.levante-emv.com, 15/10/09) 

RAJOY Y CAMPS ECHAN A COSTA CON UNA RESOLUCIÓN INEXISTENTE 

El de ayer fue un día de los que marcarán a Rajoy y el paradigma de su peculiar impronta política: diletante en el manejo de los tiempos, impermeable en la enigmática resolución de los problemas y virulento -especialmente esta vez- en su desenlace.  

Un desenlace, el del relevo de Ricardo Costa en la Secretaría General del partido en la Comunidad Valenciana y en la portavocía del Grupo Popular en las Cortes regionales, con el que el presidente del PP veía restaurada su autoridad, pero por el que su formación pagaba un elevado precio político: el de pasar por alto la inexistente resolución del Comité Ejecutivo regional, preceptiva según los Estatutos.  

Rajoy renunció así a la alternativa -abortada el pasado viernes- de abrir a Costa un expediente disciplinario desde Génova -lo que le habría supuesto dar explicaciones sobre el relevo- y optó por avalar la versión de Camps de que destituía a Costa en cumplimiento del acuerdo del Comité Ejecutivo.  

Y es que, al cabo de dos semanas de sordo forcejeo con el barón valenciano para que hiciera dimitir a Costa; al cabo de unas horas de infarto, anteanoche, en las que la inacción de Camps comprometió públicamente su autoridad en todo el partido, el presidente del PP optó por imponerse y forzar directamente la destitución del secretario general valenciano.

Lo hizo la misma noche en que Ricardo Costa anunciaba que seguía siendo secretario general y portavoz parlamentario. Primero, con una nota en el que le dio por destituido en los dos cargos, apoyándose en lo que el propio Camps le había «comunicado», y contradiciendo lo que el partido en la Comunidad Valenciana esgrimía en su correspondiente nota: que Costa seguía siendo portavoz popular en las Cortes.  

Lo hizo, aún más, a través de su número dos, María Dolores de Cospedal, a la que envió primero a Telemadrid, y al día siguiente a la Cope, para, en el primer caso, afirmar «tajantemente» que Costa «ha sido destituido de todas sus funciones»; y advertir, ya de manera explícita ayer, de sanciones disciplinarias si aquél ejercía esa mañana de portavoz.  

No había hablado aún De Cospedal con Camps en la mañana de ayer cuando lanzó su reto a micrófono abierto: «En el partido hay unos procedimientos disciplinarios que se aplicarían inmediatamente».  

La advertencia de De Cospedal surtió pleno efecto, no tanto en Costa -que ayer insistió en negar que él se «aferre» a ningún cargo-, como en un Camps que, según fuentes de la dirección nacional, ayer se encontraba «abatido» por una situación que él juzgaba «inmerecida» y que se le había ido de las manos.  

Pero también a Génova se le había ido de las manos la gestión de la crisis. Y es que, una vez cobrada la pieza -el propio Costa- Rajoy se empeñó en disimular el tiro. Volviendo a encogerse de hombros, como hacía cuando exhortaba públicamente a Camps a actuar -sin concretar las medidas- frente a las revelaciones del caso Gürtel, el presidente del PP impuso también ayer el mensaje de que fue Camps quien gestionó el cese y que Génova sólo había tomado buena nota.  

Así, el argumento oficial, ayer, fue que con la destitución de Costa en los dos cargos no hacía sino cumplirse el acuerdo del Comité Ejecutivo regional de la víspera, tal como lo había remitido su presidente. Y ésas fueron también ayer las palabras del propio Camps, pese a los desmentidos de los presidentes provinciales y de una tribu de participantes que lo tildaban de mentiroso, vislumbrando con ello su debilidad interna.  

Oficiosamente, sin embargo, se interpretaba el empeño argumental de Rajoy en la necesidad -tras haberle puesto en evidencia- de salvar la cara a Camps en su peor momento. Se trataba de cumplir la exigencia del artículo 41.1 J) de los Estatutos, por el que compete al presidente del partido (nacional o regional) «proponer al Comité Ejecutivo el relevo de los cargos y funciones de cualquiera de los miembros, así como su sustitución de entre los miembros de dicho comité».

Lo cierto, según las fuentes consultadas, es que Génova disponía de otro instrumento para destituir directamente a Costa, a través del Comité Nacional de Derechos y Garantías, al que el artículo 49 de los citados Estatutos le confiere «competencia irrenunciable e indelegable sobre todos los afiliados» y «exclusiva, sobre los que pertenezcan [como Costa] a cualquier órgano nacional del partido».  

De hecho, ésta era la decisión que Cospedal y el presidente del comité habían concretado respecto de Costa, el pasado viernes, en Génova. Pese a que oficialmente se negó tal reunión, las fuentes consultadas aseguran que el acuerdo, finalmente postergado por Camps a la reunión del martes siguiente, adelantaba una posible falta muy grave del secretario general de entre las contempladas en el artículo 11 de los Estatutos.  

Pero, confirmado por completo el relevo a través del pretendido acuerdo del Comité Ejecutivo regional, Génova ya no sólo descarta abrir expediente a Costa, sino que el Comité de Garantías sólo le llamará para «escucharle». Las fuentes consultadas basan el relevo en sus «inapropiadas» conversaciones telefónicas reveladas por el sumario, y también en los mensajes indirectamente lanzados a los medios de comunicación contra otros dirigentes, como Vicente Rambla. Pero Génova descarta, de momento, dar públicas explicaciones. 

Las dos vías para el cese

>Artículo 41.1.J de los Estatutos. Compete al presidente del partido «proponer al Comité Ejecutivo el relevo de los cargos y funciones de cualquiera de los miembros de dicho comité».

>Artículo 49. 1. «El Comité Nacional de Derechos y Garantías tiene competencia genérica sobre todos los afiliados sin exclusión alguna, y exclusiva sobre aquellos que ostenten condición de diputados del Congreso, Senado, Parlamento Europeo, o pertenezcan a cualquier órgano nacional del partido». «Su competencia es irrenunciable e indelegable, y la podrá recabar en cualquier momento por circunstancias especiales que así se consideren». 

(www.elmundo.es, 15/10/09) 

«TRISTEZA» Y «VERGÜENZA» POR UNA «SUSPENSIÓN» INESPERADA 

Los detalles del ajusticiamiento político de Ricardo Costa dan buena prueba de cómo Gürtel está perturbando al PP valenciano, sus relaciones con Génova, la actividad de instituciones principales como el Parlamento autonómico y el equilibrio de poderes sobre el que Camps ha apuntalado su liderazgo.  

Lo de menos es que la atención de los periodistas se trasladara ayer del hemiciclo a los pasillos de las Cortes Valencianas a causa del sorpresivo cese de Costa, o que el Pleno comenzara con media hora de retraso porque el PP estaba parcheando sus problemas con la «suspensión temporal» de su portavoz parlamentario y secretario general, y la designación digital de los diputados Rafael Maluenda y César Augusto Asencio como sustitutos.  

Lo significativo fue el estado de conmoción que se apoderó de los populares por el modo irregular en que el presidente de la Generalitat llevó a cabo la defenestración de quien ha sido su principal cortafuego desde que «todo el lío éste» -que dice Camps- le estalló al PP en las narices hace siete meses.  

«Tristeza», «bochorno», «indignación» y «vergüenza» fueron las palabras más repetidas ayer en los corrillos populares; palabras que unieron bajo un mismo palio de frustración y rabia a fabristas, ripollistas y no pocos campsistas.  

En primer lugar, porque nadie se lo esperaba. Ni el propio Costa, que se hundió tras conocer su destitución, ni sus obligados sustitutos, ni más de un conseller, ni acaso el propio Camps; aunque éste es un extremo -el grado de inocencia o «culpa» del presidente- sobre el que algunos diputados discrepaban.  

Cabe reparar en que minutos antes de ser nombrado nuevo portavoz del grupo, Maluenda insistía en que el Comité Ejecutivo regional -«elegido en un congreso y órgano soberano», recordó- había ratificado la confianza en Costa.  

En cualquier caso, si el modo en que la dirección regional había gestionado su pulso con Rajoy -mediante una Ejecutiva precocinada en la que sólo pudieron hablar Camps y Costa- molestó a los barones provinciales, la forma en que Camps-Génova forzaron su salida unas horas más tarde no ha hecho más que aumentar varios grados ese malestar generalizado.  

Camps cruzó el zaguán trasero de las Cortes hacia las 10.00 horas y minutos más tarde lo hizo Ricardo Costa. Tras un encuentro brevísimo entre ambos, convocaron a los diputados para la reunión de grupo en el despacho de Costa, en lugar de en la sala donde suelen celebrar estas reuniones, más amplia y vulnerable a los informadores. Seguidos por una nube de periodistas, y tras un paseo por la Cámara que algunos diputados calificaron de «humillante», sus señorías del PP se agolparon como pudieron en el despacho del aún portavoz, donde les aguardaba el presidente en solitario. Costa se había ausentado mientras iban llegando sus compañeros. El propio Camps salió del despacho y volvió con él. Según varios testigos, «el aire se podía cortar con un cuchillo».  

En una breve intervención, Camps dijo que aquello era «muy duro y muy triste», pero que el portavoz iba a ser sustituido «temporalmente». En ese momento, Ricardo Costa rompió a llorar y el presidente ratificó su confianza en él, diciendo que le debía en buena medida «haber llegado a presidente». No obstante, presentó su sustitución como una «continuación» de la resolución adoptada la víspera por la dirección regional y animó a los diputados a hablar, «que luego dicen que no dejo».  

Nadie se atrevió a mover los labios, a excepción del propio Costa: «Ya vale, presidente, ya vale». Casi todos los diputados se acercaron a abrazar y consolar a su compañero antes de iniciar un «durísimo regreso» al hemiciclo. Media hora más tarde, mientras los periodistas aguardaban a los protagonistas del día en la puerta de salida, los diputados del PP se enteraban de que Asencio ocuparía «las funciones de coordinación» propias del secretario general. Muchos conocieron el relevo después que los periodistas, lo que abundó en su impotencia.  

«Ya está»

Al salir, Camps insistió en ahormar la resolución del Comité Ejecutivo Regional de la víspera -que garantizaba la continuidad de Costa- a su cese sumarial de ayer: «Ya está», dijo. «Como ya se acordó ayer, el Partido Popular ha tomado las decisiones en relación a lo que se propuso por unanimidad». Costa se despidió subrayando que su gestión ha sido «correcta». «No es una cuestión de aferrarme a ningún cargo ni a ninguna posición», concluyó. Sus compañeros de escaño regurgitaron la rabia y la impotencia en los pasillos de las Cortes junto a los periodistas. «Ya está», repetían. 

(www.elmundo.es, 15/10/09) 

EL FORTÍN DE CAMPS SE DESMORONA POR LA BASE 

El poder omnímodo de Francisco Camps se resquebraja. Las grietas son visibles desde hace meses, pero todos los referentes del PP en la Comunidad Valenciana -fieles a su disciplina presidencialista- decidieron ocultarlas. El caso Gürtel dolía, pero se sobrellevaba sin analgésicos. Ahora no hay terapia suficiente para tapar el déficit de confianza en el presidente de la Generalitat.  

El Comité Ejecutivo Regional del martes y la reunión de ayer con Ricardo Costa, que culminó con su defenestración, ponen en evidencia como nunca que Camps no es un mito. Ni para Génova ni para el PP valenciano. Sus decisiones son, por primera vez, contestadas en su núcleo duro, e incluso los críticos con Ricardo Costa -quienes piensan que debería haber dimitido el primer día que su nombre se mezcló con Gürtel- opinan que Camps lo ha sometido a un calvario político innecesario.  

Ayer, en los pasillos de las Cortes Valencianas, los diputados que asistieron a la guillotina de Costa en su propio despacho comentaban la incongruencia de apoyarlo sólo un día antes y liquidarlo a la mañana siguiente. De hecho, para muchos Camps «lo engañó» y también a Carlos Fabra, el único barón que ha apoyado públicamente al ex secretario general y quien medió para dar una salida a su, en principio, «cese temporal». Además, hay unanimidad interna en que todas las decisiones adoptadas han sido «erróneas».  

Por eso, en Castellón cayó como una bomba la rotura del pacto tácito entre Camps y Costa, que se ha saldado con su destitución. Fabra lamentó públicamente que «paguen justos por pecadores» y manifestó que «Costa es un gran valor del partido y no lo vamos a dejar de lado». Con sus palabras, el presidente provincial desafiaba a la secretaria general, María Dolores de Cospedal, que por la mañana había indicado que la vuelta de Costa a la Ejecutiva del PP de la Comunidad Valenciana es «imposible». Para Fabra, en cambio, la vuelta del joven político es factible porque «es un valor muy importante para el partido».  

El dirigente castellonense, según fuentes del PP, se siente traicionado por Camps y, al parecer, mantiene contactos con el presidente alicantino, José Joaquín Ripoll, para sellar una alianza común. De consolidarse, configurarían un contrapoder muy incómodo para el presidente de los populares valencianos.  

De momento, ante la tempestad, los acólitos al líder del PP en la provincia de Valencia, Alfonso Rus, prefieren no mojarse. El mandatario territorial se mantiene «fiel» a Camps, aunque su equipo duda que esa lealtad pueda ser eterna. De momento, Rus ha optado por callar y fue el único de los tres mandatarios provinciales que ayer no alzó la voz pese a no encajar con una sonrisa lo sucedido en el Comité Ejecutivo Regional. El dirigente provincial creía, como muchos otros, que Costa iba a ser destituido. Camps no le llamó para informarle de lo contrario ni menos aún le convocó a la reunión que mantuvo con Carlos Fabra en el Palau de la Generalitat.  

Con el encuentro en el Palau, el jefe del Consell esquivó el voto de castigo que iba a propinarle Castellón si finalmente planteaba la destitución de Ricardo Costa. Y para evitar esa votación, que habría evidenciado su debilidad, pactó con ellos a sabiendas de que Génova no avalaría ese acuerdo.  

Pero en el apoyo de Fabra a Costa también hay mucho de ventajismo. El dirigente, acosado por varios procesos judiciales, podría estar preparándose para vivir una situación similar a la del ex secretario general. Hasta ahora, a Fabra le ha sido muy útil el blindaje de su poder territorial en Castellón, pero ya ni Camps tiene bula en Génova.  

Sin embargo, el presidente sigue actuando como si nada sucediera. Cierra los ojos para no ver los recados de disgusto que le manda la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, evita convocar a los presidentes provinciales y mantiene que no hay ruptura con Rajoy.  

Del relevo de Costa y el nombramiento de César Augusto Asencio -sin que se haya pronunciado el Comité Ejecutivo- se enteraron antes los medios que los barones del partido. Ninguno fue consultado a la hora de elegir al nuevo secretario general y al portavoz parlamentario, Rafael Maluenda (ambos de Alicante). Esta circunstancia ha aumentado el malestar de Rus y soliviantado a Ripoll. Asencio es uno de sus enemigos en su provincia, de los primeros campsistas, y Maluenda, un convertido. Le reclaman consenso pero responde con silencio. Para algunos, un síntoma más de que resiste, pero «muy tocado».  

(www.elmundo.es, 15/10/09) 

TORMENTA DE DECLARACIONES  

>Barberá, preocupada por la imagen. La alcaldesa de Valencia se mostró ayer preocupada por la imagen dada por el PP tras la destitución de Costa y pidió a los suyos un esfuerzo para recuperar el «orgullo» de militar en el partido. «No sé si hemos dado una buena imagen o no», lamentó Barberá, que reconoció que cuando uno está en política sabe que estas cosas pueden pasar.  

>Fabra contradice a Cospedal . El hombre fuerte del PP en Castellón, la provincia de los Costa, contestó ayer a la 'número dos' del PP nacional, María Dolores de Cospedal, que «es posible» la restitución de Ricardo Costa en su cargo. El presidente provincial señaló que el joven político es un «gran valor del partido», por lo que aseguró que «no se le dejará de lado».  

>La madre de Costa defiende su «honor». «No debían haber pedido su cese», aseveró la madre de Ricardo Costa, María Dolores Climent, a EL MUNDO. La que fuera concejal del PP en Castellón indicó que va a defender la «honorabilidad». «No estoy dispuesta a que se manche su imagen. Él organizaba lo que le pedían», aseveró.  

>Ripoll dice que las cosas no funcionan. El presidente del PP de Alicante indicó que las cosas no funcionan. «Si uno ve las portadas de los periódicos, lo que sabe es que no sabe nada; incluso los que estuvimos en ese comité no tenemos muy claro lo que pasó», dijo. Ripoll fue contundente: «no se afrontan los problemas con determinación».  

>Arenas aplaude a Camps. El vicesecretario de Política Municipal del PP, Javier Arenas, señaló ayer que el presidente de la Comunidad «ha resuelto bien un asunto complejo» al tiempo que apuntillaba que el jefe del 'Consell' cuenta con el total respaldo de la dirección nacional. «Lo importante», matizó, es que el asunto «se ha resuelto».  

(www.elmundo.es, 15/10/09) 

LOS ENGAÑOS HACEN TAMBALEARSE A CAMPS 

Las risas y los aplausos de Francisco Camps y Ricardo Costa en la noche del martes, cuando pensaban que habían sorteado las exigencias de Génova de afrontar con contundencia los escándalos del caso Gürtel, se tornaron ayer crispación y lágrimas. La dirección nacional del PP desplegó toda su contundencia para acabar con la confusión generada por el presidente valenciano y forzar la destitución fulminante del secretario regional del PP. Ricardo Costa se convierte así en la primera víctima del caso Gürtel del PP en la Comunidad Valenciana. 

Además, la intervención de Génova para solucionar los enredos de Camps, coloca al presidente valenciano en la picota. Las críticas arreciaron ayer en público y en privado. Dirigentes valencianos y nacionales coincidían en el enfado por la gestión de la crisis. Camps, señalaban, ha llevado al partido a una situación absurda, casi ridícula. El futuro del líder valenciano, a quien pese a todo Mariano Rajoy, muy molesto con él, sigue apoyando, según fuentes marianistas, está en cuestión entre otras cosas porque los dirigentes consultados asumen que seguirá habiendo revelaciones del caso Gürtel y ahora las críticas irán directamente contra él, que ya no tiene el cortafuegos de Costa. 

Si durante toda la noche del martes, el PP valenciano y Génova emitieron mensajes contradictorios acerca de la situación de Costa -implicado en la supuesta financiación irregular del partido-; en la mañana de ayer se cercenaron todas las dudas. "Es imposible que Costa vuelva a sus cargos", aseguró la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. "La dirección nacional del PP no va a permitir que un secretario general autonómico decida lo que esta dirección tiene que hacer", dijo Cospedal, que dejó claro que no estaba dispuesta a que el PP valenciano pusiese en jaque a Mariano Rajoy. Cospedal fue durísima con Costa, pero evitó apoyar expresamente a Camps. La número dos explicó al fin por qué han echado a Costa: por sus "relaciones poco recomendables". Pero esas relaciones eran con El Bigotes, "amiguito del alma" de Camps. Cospedal no respondió a la pregunta de si el presidente valenciano debería dimitir por los mismos motivos por los que se va Costa. 

Acuciado por la dirección nacional del PP, Camps acudió ayer a primera hora de la mañana al despacho que Costa tiene en las Cortes Valencianas. Allí le comunicó que, so pena de que Génova lo expulsase de manera fulminante del PP, no tenía más remedio que destituirlo de todos sus cargos. Acto seguido, Camps hizo llamar al despacho a todos los diputados, que estaban convencidos de que Costa seguía siendo portavoz, y les comunicó su sustitución por la del adjunto Rafael Maluenda. 

"Ya está, como se acordó el martes, el PP ha tomado las decisiones en relación con lo que propuso [el Comité Ejecutivo Regional] por unanimidad", explicó a la salida de la reunión Camps. Fue el último engaño del presidente valenciano, que en las últimas 48 horas ha contado a cada uno lo que quería oír. 

"Ha engañado a todos. Al partido, a la dirección nacional, a los diputados, a los periodistas, y tal vez a sí mismo", sentencia un dirigente valenciano. El descubrimiento del engaño provocó la indignación de la dirección nacional. Cospedal, remachó: "Es imposible que Costa sea restituido en sus cargos". Aún así, Camps alimentó las esperanzas de Costa acerca de una destitución temporal. Una convicción que alentaron los sustitutos nombrados por Camps. El nuevo portavoz parlamentario, Rafael Maluenda se negó a ocupar el escaño de Costa, que quedó vacante. Y el nuevo secretario regional del PP, César Augusto Asencio, recalcó que sólo asumía de forma "temporal" las funciones. 

La forma en la que Camps gestionó la destitución de Costa fue calificada de "sádica" por varios diputados autonómicos, que no ocultaban su malestar. Un sentimiento que corre paralelo a la indignación y que tiene abierto en canal al PP de la Comunidad Valenciana. 

El presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, muñidor del acuerdo, se mostraba incrédulo con lo sucedido. Fabra argumentó que es "posible" la vuelta de Costa a la secretaría general. La indignación -y la sensación de ridículo- de varios cargos del PP castellonense por su papel en el conflicto era ayer evidente. 

El zaplanista José Joaquín Ripoll, presidente provincial de Alicante, habló directamente de "engaño". Ripoll pidió la creación de "un gabinete de crisis" que tome las decisiones necesarias para reconducir la situación creada por Camps. 

Otros destacados cargos, como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, también expresaron su malestar: "No sé si hemos dado la mejor imagen o no, pero ahora lo que me preocupa es recuperar, sin duda alguna, el orgullo de pertenecer al PP". 

(www.elpais.com, 15/10/09) 

EL ARTE DE LA MENTIRA POLÍTICA. LAS MANIOBRAS DE FRANCISCO CAMPS 

Francisco Camps ha echado un verdadero pulso a Abraham Lincoln, quien escribió aquel apotegma que ya es famoso en la politología: "Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo". Pero quizá le faltara agregar: "Salvo que se dejen". El presidente valenciano ha engañado a todos todo el tiempo hasta ahora. 

Convocó al Comité Ejecutivo, máximo órgano del PP valenciano entre congresos, para el pasado martes y anticipó al respetable público, bajo presión intensa de los lugartenientes de Mariano Rajoy, que su número dos, Ricardo Costa, sería cesado. 

Eran las seis y media en punto de la tarde, en el umbral mismo de la reunión del Comité Ejecutivo, cuando Camps y Costa llegaron finalmente a sellar un pacto. Camps le dijo que le parecía muy bien su idea, lanzada públicamente esa mañana, de que si Génova aceptaba formar una comisión para investigarle él dejaría temporalmente sus funciones, y también que apoyaba su permanencia como portavoz del partido en las Cortes. 

Momentos antes de comenzar la reunión se esparció la orden de que nadie debía hacer uso de la palabra. Costa explicó su propuesta. Siguió Camps, quien dijo que apoyaba lo que proponía Costa y a renglón seguido hizo lo que uno de los participantes ha calificado como una "arenga", a favor de la unidad del partido contra la cacería que, según el presidente, se impulsa contra el PP valenciano. Cuando alguna gente levantó la mano como para votar se le dijo que no, que no se iba a votar, que aplaudieran ya que llegaban los medios de comunicación y era necesario exhibir el clima de unidad y felicidad. 

En un texto cuya dudosa autoría se atribuye al escritor irlandés Jonathan Swift, El arte de la mentira política, se aborda, según evoca el profesor Jean-Jacques Courtine, la reflexión política de La República de Platón y de El príncipe de Maquiavelo: ¿Es necesario ocultar la verdad al pueblo por su propio bien, engañarle por su propia salud? Según el texto atribuido a Swift, "la mentira política es el arte de convencer al pueblo, el arte de hacerle creer falsedades saludables para un buen fin". 

La falsedad saludable que Camps transmitió a su Comité Ejecutivo requería ahorrarse las huellas. Por esa razón no quiso que se votara ni que hubiera debate. Eso le permitía mentir a discreción. Pero, he aquí un problema: Camps vació de contenido la reunión. El Comité no resolvió nada porque nada fue sometido a su consideración. 

Ayer Camps, al abordar la ejecución sumaria de Costa impuesta por Rajoy, dijo lo siguiente: "Cese en relación a lo que se propuso, por unanimidad. Cese en relación a lo que el partido decidió ayer". ¿Es que ninguno de las decenas de asistentes al Comité Ejecutivo va a levantar su voz para decir que se le hurtó el debate y que, por tanto, no pudo decidir lo que no se sometió a consideración? ¿Unanimidad cuando se pidió que nadie hiciera uso de la palabra y que debían limitarse a aplaudir ante los medios? Por orden e instrucción de Francisco Camps Stalin. 

El cuartel general de Génova ha ejecutado sumariamente a Costa cuando el padrino de la operación Gürtel valenciana ha sido el hombre que ha logrado convertir aparentemente en papel mojado el apotegma de Lincoln. Ha conseguido engañar a todos todo el tiempoaunque no sea más que de momento. Tal vez porque se hayan dejado  

(www.publico.es, 15/10/09) 

COSTA A CAMPS: "YA ESTÁ BIEN, PRESIDENTE" 

Francisco Camps, según los que le conocen, es un hombre que vive en un plano muy distinto al de la realidad que aprecian los demás a simple vista. Tanto que es capaz de decir, y forzar a su siempre fiel Canal 9 a que le siga, que en la reunión en el parador de Alarcón con Mariano Rajoy la semana pasada sólo se habló de una dimisión: la de José Luis Rodríguez Zapatero. 

La obsesión de Camps por difuminar la realidad hasta que coincida con sus deseos le ha llevado en la última semana, la más dura desde que lidera el PP valenciano, a engañar a todos, pero en especial a su número dos, Ricardo Costa, y a su presidente, Mariano Rajoy, en una huida hacia adelante que estalló definitivamente. 

Todo arrancó el jueves pasado. Camps creía que podía dejar pasar los días sin más. Incluso le había asegurado a Costa, con el que hablaba hasta 10 veces diarias, que Rajoy nunca le pidió su cabeza. En su afán por crear ese mundo paralelo, Camps llegó a decirle a Costa: "Para tu tranquilidad: si te vas tú, me voy yo". 

Pero el jueves todo se complicó. Mientras Rajoy seguía esperando a que su amigo Camps destituyera a Costa, y recibía críticas por su inacción, Esperanza Aguirre se adelantó. A media tarde expulsó del Grupo Popular a sus tres diputados imputados. Y Génova ardió. Rajoy quedaba de nuevo desairado por su gran rival. 

La presión a Camps se hizo más intensa. Y éste llamó a Costa, de noche. Por primera vez pronunció la palabra "dimisión", pero ni siquiera se la pidió expresamente. Simplemente se lo dijo como reflexión. Costa contestó que no dimitiría, que no había hecho nada, que le cesaran si querían. Le contó a su jefe que estaba destrozado, que quería irse de puente. "Vete tranquilo", le dijo aquél. 

El viernes, el presidente siguió engañando. A Génova -sede nacional del PP- le contó que ya había pedido la dimisión, a Costa que no se preocupara. Hasta que Rajoy ordenó un ultimátum. Génova amenazó con expulsar a Costa desde Madrid, y para evitar la humillación Camps le llamó a León, donde estaba ya de puente. "Yo no quiero, pero Génova me exige tu cese", le dijo. Y siguió llamando, una y otra vez, a Costa y a Rajoy para tratar de que nadie se enfadara con él, su gran obsesión. 

Costa rechazó dimitir y Camps intentó ganar tiempo. No le cesó, como le pedía Génova. Convocó el martes una reunión para cesarle "temporalmente". "Estoy muy preocupado por ti", le decía una y otra vez por teléfono. A partir de ese momento, Camps se puso manos a la obra para evitar lo que más temía: una reunión del Comité Ejecutivo en la que se viera finalmente que el Rey está desnudo, que ya no controla el partido, que su amistad con Álvaro Pérez, El Bigotes, y su empeño en no dar ninguna explicación -siempre mandaba a Costa a darlas- habían machacado su imagen. 

Camps pidió ayuda a Génova para controlar esa reunión -Dolores de Cospedal llamó a Carlos Fabra y al zaplanista José Joaquín Ripoll para pedirles calma- mientras pensaba en cómo contentar a Costa para evitar la ruptura. El martes, mientras su secretario general se defendía públicamente con un comunicado en el que recordaba que él llegó a la secretaría general cuando El Bigotes ya lo hacía todo en el PP -lo que apuntaba a Camps, que fue quien lo fichó-, el presidente volvía a llamarle para buscar un acuerdo y quedaba a comer con Fabra, el barón castellonense, imputado por varios delitos fiscales y de tráfico de influencias. 

Camps quería a toda costa evitar una votación. Sabía que la destitución de Costa podría contar con los votos en contra de los dirigentes de Castellón, liderados por Fabra, y que los zaplanistas de Alicante le dirían: "Si Costa se va por sus relaciones con El Bigotes, ¿por qué no se va también Camps, que era su "amiguito del alma?" Fabra estableció las condiciones de Costa. No habría dimisión, como quería Costa, y no se votaría nada, como quería Camps, ni hablaría nadie. El presidente no le dijo a Fabra que Costa debería dejar de ser portavoz. 

El truco funcionó. Pero sólo hasta que Rajoy se enteró. Camps le engañó. "Vamos a hacer un comunicado en el que le damos por cesado de los dos puestos", le dijo Rajoy. "Bueno", respondió Camps, ya fuera de juego. Costa redactó después un comunicado para desmentir a Génova, que supervisó Nuria Romeral, la jefa de prensa de Camps. 

Era demasiado. El cruce de llamadas fue durísimo, ya de madrugada. Camps seguía intentando aplacar a Costa. Federico Trillo hizo un último intento. Llamó a Juan Costa, que estaba con su hermano. "Pídele que dimita". "Este entuerto lo ha provocado Camps, debe resolverlo él", sentenció el ex ministro ratista. "Puedes conservar tu escaño de portavoz", ofrecía Camps, desesperado. 

Ayer, todo estaba hecho. Camps se fue a ver a Costa al Parlamento autonómico. Cospedal amenazaba con expulsarlo si seguía de portavoz. "Es temporal, volverás", insistía Camps, siempre en su mundo idílico. No quería aparecer, pero se vio forzado a explicárselo él a los 50 diputados. Los convocaron, apiñados, en el despacho de Costa. El presidente hizo una loa a su mano derecha, deshecho. "Y como me dicen que no dejo hablar, si alguien quiere hablar, que lo diga". El silencio fue terrible. "Ya está bien, presidente", cerró Costa, lloroso. La impostura ya no podía seguir más. 

(www.elpais.com, 15/10/09) 

CRONOLOGÍA DE UNA DESTITUCIÓN 

Viernes, día 9. El PP deja correr que la destitución de Costa es inminente. Se convoca el Comité Ejecutivo del PPCV para el martes. 

Martes, día 13. 13.00. Costa lee ante los medios una declaración exculpatoria y llena de advertencias, en la que condiciona su renuncia a que se investigue su gestión. 

- 19.00. Costa asegura que sigue siendo secretario general y que no está en cuestión su cargo de portavoz parlamentario. 

- 21.00. El PP nacional emite un comunicado diciendo que, según Camps, Costa ya no es ni secretario general ni portavoz. 

- 22.00. El PP valenciano insiste en la versión de Costa. 

- 23.00. Cospedal afirma "tajantemente" que Costa ha sido destituido de todos sus cargos. Costa insiste en su versión. 

Miércoles, día 14. 10.00. Camps se reúne con Costa y le comunica que se va a hacer lo que dice el PP nacional. 

- 11.00. El PP ya tiene nuevo secretario general y nuevo portavoz. Camps: "La decisión que tomamos ayer, ya está tomada". 

(www.elpais.com, 15/10/09) 

FRAGA: "BARBERÁ ES EXCEPCIONAL... NO PUEDO DECIR LO MISMO DE CAMPS" 

El presidente Fundador del PP, Manuel Fraga, ha mandado un mensaje al presidente del PP valenciano, Francsico Camps, en referencia a su actuación en la Gürtel.  "Barberá es excepcional... no puedo decir lo mismo de Camps", ha afirmado Fraga en la Cope, quien cree que al president del Consell "le haya faltado moral para hacer las cosas con energía". 

Fraga, quien cree que "algunas personas se han distraído en el PP, como el señor Costa", considera que la Gürtel no es suficiente para "sacudir los cimientos del PP".  "Sin duda se ha intentado, y nunca habíamos dado motivos para ello, eso también es verdad", ha destacado Fraga, a quien le gusta más "la palabra ética que estética".  

El presidente Fundador del PP ha recalcado que los políticos deben tener una "moral indestructible", algo que Fraga ve claramente en el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. "Tiene mucho futuro en el partido. Tiene gran capacidad de liderazgo", ha opinado Fraga. 

Para Federico Trillo, el lío formado en torno a la destitución de Costa es el resultado de “la nula capacidad de comunicación” que ha tenido el Partido Popular, como ha declarado esta mañana en Punto Radio. Trillo cree que el desconcierto “fue máximo”. El diputado por Alicante y ex ministro de Aznar considera que “el tema [Gürtel] merece ir aclarándolo ya”, en alusión al silencio informativo mantenido por Rajoy en los últimos días. 

Dice Trillo, además, que el “asunto irrita doblemente a los españoles” porque “sus problemas son otros”. No obstante, en línea con la nueva teoría de la conspiración alentada por la dirección del PP, cree “que hay que denunciar los abusos y sectarismos de una parte de la Fiscalía y de la Policía”. 

(www.publico.es, 15/10/09)

GÉNOVA OBLIGA A CAMPS A RELEVAR A COSTA COMO PORTAVOZ Y SECRETARIO GENERAL 

Después de intensas presiones de Génova, el presidente valenciano, Francisco Camps, ha decidido romper el pacto que había alcanzado ayer con Ricardo Costa y Carlos Fabra, que incluía que Costa seguía como portavoz en cualquier caso. Camps convocó a Costa en su despacho en las Cortes, donde se pudo ver a una Ana Michavila teóricamente destituida. La jefa del gabinete del presidente anunció su salida del cargo hace unas semanas pero aún continúa ocupándolo. Ana Michavila es hermana de José María Michavila, quien recientemente dejó su escaño por la relación de su despacho de abogados con la trama corrupta. 

Tras una conversación muy tensa, porque Camps había vendido una cosa a Génova y había pactado otra con Costa, que es la que se aprobó en el comité ejecutivo, Camps convocó a todos los diputados en el despacho de Costa, apiñados. 

El secretario general lloraba desconsoladamente. Camps defendió a Costa, dijo que era el presidente por gente como él, pero anunció que ya no sería portavoz, aunque insistió en que confiaba en que todo fuera temporal. "Y como la prensa dice que no dejo hablar a nadie, ¿alguien quiere hablar?", dijo Camps en medio de una gran tensión. "Presidente, ya está bien", le cortó Costa, destrozado. Camps se fue, y de nuevo esquivo a la prensa, a quien sólo acertó a decir: "Tal como acordamos ayer seguimos trabajando por todos los valencianos". El presidente de la Generalitat añadió: "Ya está, el PP ha tomado las decisiones en relación con lo que se propuso y que se aceptó por unanimidad". 

Camps ha sustituido también a Costa como secretario general del partido y ha designado al hasta ahora vicesecretario de Política Autonómica y Local, César Augusto Asencio. El PP valenciano anuncia esta medida en un comunicado y asegura que el cambio se produce hasta que se resuelva "la situación temporal" del hasta ahora secretario general del PPCV y "hasta la finalización del expediente de investigación abierto por la dirección nacional del PP" en relación con el caso Gürtel. 

Costa, que ayer salió desafiante del la reunión de la comisión ejecutiva regional del PP de la Comunidad Valenciana y anunció que esta mañana ocuparía su escaño de portavoz del grupo parlamentario en las Cortes, ha salido del Parlamento autonómico en torno a las 11.30 con otra actitud. "Ayer el comité ejecutivo aceptó un acuerdo que fue ratificar mi honradez y mi gestión y separarme temporalmente del cargo si se abría una comisión de investigación. Y eso es exactamente lo que ha pasado. He sido apartado temporalmente del cargo de portavoz y del cargo de portavoz parlamentario. Mi honradez no está en duda y no es cuestión de aferrarse a los cargos." 

Los periodistas han querido saber si la comisión de investigación se ha convocado ya, pero Costa se apresuró a subir al coche oficial al que, formalmente, tenía derecho hasta que esta mañana Camps ha comunicado su relevo al grupo parlamentario. 

La noticia ha surgido después de que el pulso abierto ayer entre el PP nacional y el valenciano a cuenta de la dimisión o no del secretario general de la formación regional, Ricardo Costa, subiera de intensidad a lo largo de la mañana Si el propio Costa aseguraba anoche, tras el comité regional que supuestamente iba a analizar su salida temporal de la cúpula del partido, que continúa como número dos y portavoz parlamentario del PP, hoy su homóloga a nivel nacional, María Dolores de Cospedal, ha negado la mayor y ha ido más lejos al afirmar que Costa nunca volverá a los órganos de dirección del partido. 

Cospedal, en una entrevista concedida a la Cope, ha insistido en que Costa "está cesado temporalmente" en todas sus funciones y ha asegurado que, en contra de lo que afirmó Costa anoche, hoy no puede asistir al Parlamento valenciano como portavoz del Grupo. Cospedal incluso ha llegado a amenazar a Costa: "Existen procesos disciplinarios en los estatutos" si incumple lo acordado ayer por el comité regional. 

La número dos del PP se ha mostrado muy enfadada y ha asegurado que no van permitir que "un secretario general autonómico decida lo que la dirección nacional tiene que hacer". Cospedal ha recordado a Costa que los puestos que ocupa no le pertenecen a él, sino al partido y ha sido tajante cuando le han preguntado por su futuro: Cuando alguien actúa en contra de los intereses de su partido y con publicidad, es imposible que vuelva". 

Sobre los motivos que han llevado a la dirección nacional del PP a exigir a Valencia la destitución de Costa, Cospedal ha asegurado que todo se debe a las "compañías poco edificantes" del aún secretario general, en referencia a las conversaciones telefónicas publicadas en diferentes medios de comunicación en las que Costa muestra su amistad con los implicados en la trama Gürtel. 

Sin embargo, en esas grabaciones Costa no es el único que aparece. El propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, aseguró a Álvaro Pérez, el bigotes: "Te quiero un huevo"

Cospedal, no obstante, ha tenido que reconocer que Costa no está imputado en ninguna causa y que quieren que su salida del PP "sirva para mostrarnos como alternativa de gobierno y como un partido que no tiene nada que esconder". 

(www.elpais.com, 14/10/09) 

CAE EL HERMANO QUE RECOGIÓ LOS AVALES PARA RAJOY 

Ricardo Costa y Mariano Rajoy se conocieron junio de 2008, cuando el líder del PP buscaba los avales que le permitieran hacerse con el triunfo en el Congreso que el partido organizó en Valencia tras perder las elecciones de marzo de ese mismo año. 

En la presentación ejerció de intermediario el presidente de la Generalitat, quien prometió a Rajoy en un mitin el apoyo del PP regional. Ese trabajo de recopilación lo tuvo que dirigir Ricardo Costa en su calidad de secretario general. 

La casualidad, sin embargo, quiso que fuera precisamente Ricardo quien el hermano menor de Juan Costa, único nombre que sonaba entonces como candidato alternativo a Rajoy, quien se convertiera en la mano derecha de Camps, el principal respaldo del presidente del partido. 

No contento con buscar los avales, el presidente de la Comunidad Valenciana quiso entregárselos en mano a su líder en una demostración de poder interno. Y por eso se fue con Ricardo Costa hasta Valladolid, se lo presentó a Rajoy, y fue el hermano del gran rival interno del líder quien se encargó de entregar al jefe de la oposición los más de 300 avales recogidos en una caja. "Son más del 90% de los compromisarios de la Comunidad Valenciana. Y van todos a nombre de Rajoy", ironizaba Costa con la prensa cuando le preguntaron cuántos avales había traído. 

(www.elpais.com, 14/10/09) 

CAMPS CEDE Y APARTA A COSTA DE SUS CARGOS 

El presidente del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV), Francisco Camps, ha sustituido a Ricardo Costa como secretario general del partido y ha designado al hasta ahora vicesecretario de Política Autonómica y Local, César Augusto Asencio, para "ejercer las funciones de la Secretaría General". 

Un comunicado del PPCV anuncia esta medida y afirma que esta sustitución se produce "hasta que se resuelva la situación temporal del hasta ahora secretario general del PPCV, Ricardo Costa, hasta la finalización del expediente de investigación abierto por la dirección nacional del PP" en relación con el "caso Gürtel". 

El comunicado se ha emitido después de que el grupo popular de Les Corts Valencianes haya acordado la sustitución de Ricardo Costa como portavoz parlamentario por el portavoz adjunto Rafael Maluenda.

Ricardo Costa ha sido sustituido por Rafael Maluenda como portavoz del PP de Les Corts Valencianes, según ha acordado esta mañana el grupo parlamentario popular en una reunión presidida por el president de la Generalitat, Francisco Camps, según informaron fuentes populares.

Esta medida ratifica la decisión anunciada anoche por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de que Costa ya no era secretario general del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV) ni portavoz en Les Corts Valencianes. 

Después de estas afirmaciones, ratificadas en un comunicado en la web oficial del PP, el PPCV emitió otro comunicado en el que se aseguraba que el Comité Ejecutivo Regional del partido mantenía a Costa como secretario general y portavoz parlamentario. Finalmente se ha impuesto la tesis defendida por la dirección nacional del PP. 

El president de la Generalitat y del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV), Francisco Camps, se ha reunido con Ricardo Costa en la sede de Les Corts Valencianes tras anunciar la dirección nacional del PP que Costa ya no es secretario general del PPCV ni portavoz parlamentario.

El encuentro entre Camps y Costa se ha desarrollado en los despachos del grupo popular, mientras que el resto del grupo parlamentario, incluida la presidenta de Les Corts, Milagrosa Martínez, esperaba en una sala anexa a que Camps y Costa se incorporasen a la habitual reunión previa al inicio de los plenos parlamentarios de los miércoles.

 (www.levante-emv.com, 14/10/09)

COSTA SE VA LLORANDO  

La reunión del grupo popular de las Cortes Valencianas en la que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha comunicado el cese de Ricardo Costa ha sido "muy triste", y el ya exportavoz estaba "muy afectado", hasta el punto de que no ha podido reprimir las lágrimas, según han explicado los asistentes a esa reunión. 

Al contrario de lo que es habitual en las reuniones del grupo popular, que cada miércoles se reúne en la sala Vinatea de las Cortes, la de hoy ha sido en el despacho de Costa en el grupo. Al encuentro han ido acudiendo los diputados después de que les avisaran del cambio de sitio y donde han seguido de pie el desarrollo de la breve reunión. 

De hecho, entre los diputados populares ha habido momentos de desconcierto, porque no sabían si se había suspendido la habitual reunión de las diez de la mañana --dado que había pasado casi media hora y aún no había empezado--, o si se había trasladado a otro sitio, todo ello mientras los fotógrafos se afanaban en buscar a los protagonistas del día. 

Según las mismas fuentes, en la reunión solo ha intervenido Camps, quien ha argumentado el recambio de Costa por el hasta ahora portavoz adjunto Rafael Maluenda como una continuación de lo acordado ayer en el Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. 

Las mismas fuentes han precisado que tras darse a conocer esta decisión se ha hecho un "silencio sepulcral" y que no ha habido ninguna intervención, ni de Costa, al que se veía "muy afectado", ni de ningún diputado, entre los que había una sensación de "estupor" por no esperarse la noticia. 

Al finalizar la reunión, Costa ha recibido los abrazos y el apoyo de sus compañeros, momento en el que se ha desmoronado en medio de un ambiente de tristeza en el seno del grupo mayoritario de las Cortes, tras lo que los parlamentarios se han trasladado al hemiciclo para asistir al pleno, que hoy ha empezado con retraso. 

Costa, que había llegado solo a Les Corts a las 10.08 de la mañana --apenas tres minutos después de que lo hiciera Camps, que también ha entrado solo por la puerta trasera de la Cámara-- ha abandonado finalmente el Parlamento hora y media después. 

(www.levante-emv.com, 14/10/09) 

COSTA GANA Y CAMPS ENGAÑA A RAJOY 

La dirección nacional quería una cabeza para aplacar la presión informativa y la dolorosa comparación de un Rajoy contemplativo con una Esperanza Aguirre en acción. La quería el viernes, y amenazó con expulsar desde Madrid a Ricardo Costa. Camps buscó una vía intermedia: anunció que ayer lo destituiría. Pero llegó el momento, y tampoco lo hizo. 

El presidente autonómico pactó a última hora con su mano derecha lo que Génova más temía: una componenda. Costa, según explicó ufano nada más terminar la reunión, no fue cesado. "Nadie ha pedido mi cese", insistió, "sigo siendo secretario general, si no, no estaría aquí arriba", en el atril. 

Después de varias llamadas de Camps para que Costa se aviniera a razones y evitara una crisis sin precedentes, el secretario general descartó por completo dimitir y sólo aceptó que, si la dirección nacional le abre una investigación interna, como había solicitado por la mañana, él renunciaría temporalmente a sus funciones como secretario general mientras trabaja esa comisión. 

Pero Costa lo dejó muy claro: si Génova no acepta las condiciones del PP valenciano y no abre esa investigación, él seguirá de número dos. Y además dio un detalle añadido: nadie le ha pedido que deje de ser portavoz parlamentario, ni siquiera aunque se abra esa comisión, con lo cual la cabeza que Génova pedía se quedaría, como mucho, a medias. 

Esta clara victoria interna de Costa, que se fue a la cama como secretario general y logró además que Camps defendiera públicamente ante todo el Comité Ejecutivo del PP regional su honorabilidad y su trayectoria, llegó pocas horas después de lanzar un desafío en toda regla, a través de la lectura de un durísimo comunicado público, tanto a Mariano Rajoy como a Francisco Camps. 

Costa dejó muy claro que él no está dispuesto a ser el "cabeza de turco" del escándalo del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana, y retó de forma muy evidente a Camps y Rajoy con una muy poco velada amenaza de tirar de la manta. Señaló que él no tomó la decisión de contratar con Álvaro Pérez, El Bigotes -todos los dirigentes saben que quien lo llevó a Valencia fue el propio Camps- y que nadie de la dirección nacional le dijo que no debía contratar con él. Dejó así de mentiroso a Rajoy, que hace meses afirmó que se dieron esas instrucciones. 

Pese a la dureza de esas declaraciones, Camps trabajó todo el día para encontrar un pacto y lo logró a última hora cediendo a las pretensiones de su número dos. Y cuando terminó la reunión, el presidente valenciano pidió un aplauso para Costa y rechazó otorgar las palabras que había pedidas "para reforzar la unidad". 

En la reunión, Camps recuperó el discurso de desafío a la dirección nacional que pronunció hace dos semanas. "Hemos aportado [desde la Comunidad Valenciana] mucho al PP nacional, votos, esperanza y opciones a un partido que está en la oposición". Costa, vencedor, buscó coser heridas internas. Si por la mañana había lanzado una pulla indirecta a Vicente Rambla, responsable de contratar desde el Gobierno con la red Gürtel, por la tarde defendió su gestión. 

Entonces, cuando acabó la reunión, comenzó la venta de ese pacto a la dirección nacional, que había pedido una destitución sin contemplaciones para dar un gesto de autoridad frente a los escándalos de corrupción. Camps engañó claramente a Rajoy. Los más de 70 dirigentes presentes en la reunión, que fue extraña y breve, con sólo dos intervenciones -Costa y Camps- y sin ninguna votación, entendieron que el secretario general no había sido cesado, que sigue en su puesto y sólo dejará de "ejercer sus funciones" si Génova le abre una investigación. Pero además, Costa dejó muy claro en la rueda de prensa posterior que nadie le ha pedido que deje de ser portavoz. 

A pesar de esta claridad -allí estaban tanto Esteban González Pons como Federico Trillo para contárselo a Rajoy- la dirección nacional emitió un comunicado pasadas las nueve de la noche con una interpretación bien diferente de una reunión oficial de su partido: "Francisco Camps, ha comunicado esta tarde a la dirección nacional que el Comité Ejecutivo ha acordado suspender temporalmente y a petición propia, en todas sus funciones en el partido como secretario general y, según esta misma comunicación, como portavoz del Grupo Parlamentario de Las Corts, a Ricardo Costa". Génova quiso dejar claro que la fuente era Camps, porque ya entonces había muchas dudas de que fuera verdad. 

"Yo mañana estaré sentado en Las Cortes como portavoz. Tengo reunión de grupo a las nueve de la mañana. Nadie me ha cesado, simplemente no ejerceré las funciones de secretario general si se me abre esa investigación interna. Un cese requiere una votación, y no se ha votado nada", señalaba a EL PAÍS a última hora de la tarde el propio Costa. 

Por si hubiera alguna duda del desafío del PP valenciano, este partido emitió otro comunicado de desmentido al texto de Génova a última hora de la noche: "Se ha aprobado por unanimidad el respaldo a la gestión de Costa. En ningún caso se ha puesto en tela de juicio su continuidad como portavoz del Grupo Parlamentario. El presidente ha aceptado la propuesta de Costa. El PPCV lamenta el malentendido provocado por otros comunicados". 

Mientras, en el programa Madrid Opina de Telemadrid, al filo de la medianoche la secretaria general, María Dolores de Cospedal, insistía "tajantemente" ante la confusión que "el señor don Ricardo Costa ha sido destituido de todas sus funciones". 

La dirección nacional había trabajado para evitar la ruptura del PP valenciano -de hecho la secretaria general, María Dolores de Cospedal, llamó a los zaplanistas- pero con la idea de que Camps destituiría a Costa sin contemplaciones. El comunicado de Génova ni siquiera aclara si abrirá esa investigación, la condición que Costa puso, sólo que el Comité Nacional de Derechos y Garantías le citará "en las próximas fechas con el fin de que éste pueda ser escuchado". Sólo entonces dejará sus funciones de secretario general temporalmente, pero seguirá de portavoz en un claro desafío, otro más, a Rajoy, que pierde de nuevo una batalla interna, al menos de momento. 

(www.elpais.com, 14/10/09) 

TRES VERSIONES DISTINTAS EN TRES HORAS 

- "Nadie ha pedido mi cese. Sigo de portavoz". Ricardo Costa dejó clara su situación tras la reunión. "Nadie me ha pedido mi cese. Me abstendré en mis funciones temporalmente si la dirección nacional abre una investigación interna" 

- Camps dice a Génova que Costa no será portavoz. La dirección nacional desmiente a Costa: "Francisco Camps ha comunicado esta tarde a la dirección nacional que el Comité Ejecutivo regional ha acordado suspender temporalmente y a petición propia, en todas sus funciones en el partido como secretario general y, según esta misma comunicación, como portavoz del Grupo de Las Corts, a Ricardo Costa". 

- El PP valenciano desmiente a Génova: "En ningún caso se ha puesto en tela de juicio su continuidad como portavoz del Grupo Popular en Les Corts Valencianes. El PPCV lamenta el malentendido provocado por otros comunicados". 

(www.elpais.com, 14/10/09) 

CAMPS NO SE ATREVE A ECHAR A COSTA PERO RAJOY LO CONSIDERA DESTITUIDO 

El secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, venció ayer a todo su partido. Pero, sobre todo, doblegó en público a Francisco Camps. Ni dimitió como Génova exige, ni cesó «temporalmente» del cargo en el Comité Ejecutivo, tal y como había prometido el viernes el entorno de Camps.  

En una reunión esperpéntica de la dirección regional del PP, fue Costa quien propuso apartarse del cargo que ocupa, pero sólo en el caso de que una comisión interna de investigación revise su gestión. Camps dio entonces la propuesta por aceptada, pero no se discutió ni se votó.  

A continuación, Génova emitió una nota en la que afirmaba que «Camps había comunicado la suspensión de Costa en todas sus funciones». Sin embargo, no era cierto.  

La doble cara de Camps, desesperado ante su partido y aparentemente firme ante Rajoy, provocó un cruce de comunicados. La dirección nacional publicaba que Camps había informado de la suspensión temporal de Costa «en todas sus funciones», incluida la de portavoz en las Cortes valencianas. Desde Valencia, no citaban este extremo y se subrayaba, además, que el compromiso de Costa de quedarse al margen de su puesto de secretario general quedaba ligado a la realización de una auditoría interna que él mismo instaba a Génova a realizar.  

Ricardo Costa defendió primero en un comunicado público y luego ante el Comité Ejecutivo del PP de la Comunidad Valenciana que demostrará que no ha existido financiación ilegal del partido. Camps accedió a otra de sus condiciones -el aval público a su gestión- y aseguró no tener dudas de la «honradez del secretario general».  

La hoja de ruta diseñada por Costa incluye también no dejar la portavocía de las Cortes valencianas aunque sea apartado de la Secretaría General con motivo de la investigación. De hecho, el comunicado que el PP valenciano hizo público tras la reunión informaba de que durante el Comité Ejecutivo «no se había producido ningún cese». Y así fue. Pero el presidente no trasladó esta realidad a Mariano Rajoy, a quien le comunicó, según fuentes del PP, que se suspendía a Costa. La mentira ahondó su distancia con la dirección nacional.  

Camps aceptó ayer todas estas prerrogativas ante la posibilidad de perder una votación en el Comité Ejecutivo del PP que le habría obligado a marcharse a él. Su secretario general le envidó con un comunicado matutino donde aseguraba que en la contratación de Orange Market, la empresa de El Bigotes, se había ceñido «a las directrices de la dirección regional». Y le ganó. Desde ese momento, el presidente valenciano sólo podía hacer una cosa: destituir a Costa con el aval de sus presidentes provinciales y acordar con ellos el nombramiento de un nuevo secretario general y un nuevo portavoz parlamentario. Pero no lo hizo. Le iba la vida en ello.  

La debilidad política mostrada en los últimos meses a raíz de la investigación del caso Gürtel se le manifestó ayer en forma de Santísima Trinidad cuando uno de sus barones, el castellonense Carlos Fabra, respaldó públicamente a Costa y recordó que «el que adjudica es el Gobierno y no el partido». Consciente en ese momento de que el Comité Ejecutivo regional podría convertirse en un juicio político contra su persona, Camps optó por pactar con Fabra y acceder a la expiación pública que exigía Costa. Fuentes del PP aseguraron que el presidente castellonense estuvo ayer en el palacio de la Generalitat antes de la convocatoria del Comité Ejecutivo.  

Al parecer, sólo se reunió con él. No hubo ni un solo contacto con el alicantino José Joaquín Ripoll, último reducto del zaplanismo y a quien Camps desprecia políticamente. Pero durante unas horas, a partir de las 16.00, empezó a circular que Camps podría dimitir al perder el apoyo de su partido.  

El pacto con Costa y Fabra cortocircuitó todos los movimientos internos y dio paso a un Comité Ejecutivo que emborrona la historia del PP valenciano. Camps se prestó a todas las peticiones de Costa, mientras el partido sigue sin entender por qué no le obligó a dimitir cuando fue salpicado por el informe policial o no ha sido capaz de destituirlo como prometió. Para evitar responder a estas cuestiones, el presidente valenciano fabricó para Génova un Comité Ejecutivo que no se produjo. En sus conversaciones con la dirección nacional, aseguró que Ricardo Costa había sido destituido de sus cargos. Pero la pérdida de confianza de Génova en la palabra de Camps obligó a la dirección nacional a meterse en harina. Sólo unas llamadas fueron suficientes para certificar que la versión de Camps no era cierta.  

Y para dejar clara su postura y obligar al presidente valenciano a rectificar, redactaron el siguiente comunicado: «El presidente del PPCV, Francisco Camps, ha comunicado esta tarde a la dirección nacional que el Comité Ejecutivo regional ha acordado suspender temporalmente y a petición propia en todas sus funciones, en el partido como secretario general y, según esta misma comunicación, como portavoz del Grupo Parlamentario en las Cortes valencianas, a Ricardo Costa». En el último párrafo, Génova escondía su bala de plata y señalaba: «Ha dado traslado del acuerdo al Comité Nacional de Derechos y Garantías para que, en las próximas fechas, cite a Ricardo Costa, con el fin de que éste pueda ser escuchado».  

Según fuentes del PP, la dirección nacional llegó a firmar la baja de Costa del partido el viernes pasado ante su resistencia a entregar su cabeza. Ahora, ante un escenario mucho más grave, podría anunciarse en las próximas horas.  

El tira y afloja entre Costa y Génova sumó ayer el penúltimo capítulo. Un nuevo comunicado de la sede valenciana del PP respondió a Génova y señaló que «se ha aprobado la propuesta del secretario general del PP de solicitar a la dirección que, si tiene la más mínima duda de su honestidad, se pone a disposición para ser investigado por el partido. Mientras, Costa se abstendría voluntariamente del ejercicio de sus funciones como secretario general». «El PPCV», prosigue, «lamenta el malentendido provocado por otros comunicados». El órdago no puede ser mayor para Génova, que ratificó ayer, a través de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que Costa cesaba también como portavoz parlamentario. Costa está técnicamente destituido, pero no se amilana (ayer dijo públicamente que seguirá sentándose en las Corts como portavoz) y obliga a Camps a seguirle por razones todavía desconocidas.  

Mientras tanto, el presidente se limita a entrar y salir de su castillo. Ante el Comité Ejecutivo recurrió al manido discurso del victimismo. Antes era Zapatero, ahora Génova y los medios de comunicación. «Esto es un transatlántico y nos quieren romper», aseguró. A su juicio, «quieren quebrar la unidad del partido». Sabedor de las disidencias, de que el poder se le escapa de las manos, señaló a los asistentes que «si alguien quiere saltar a la fama, que salga y ponga verde a quien quiera, a mí sólo se me ocurre salir de aquí todos juntos y contentos».

Camps «en esencia», decía ayer un diputado. Camps, víctima de Camps, dispuesto a enfrentarse con Rajoy, a seguir la estela de Churchill. Pero de su historia novelada se ha escapado un personaje, Ricardo Costa, que en 24 horas ha logrado que su dimisión sea un episodio de trámite. El PP está en otro debate y afecta directamente a Camps. Ya se lo dijo Correa a Costa, tú serás el próximo presidente del Gobierno. De estar fuera de la cárcel, ayer se lo habría repetido. 

(www.elmundo.es, 14/10/09) 

GÉNOVA DA POR CESADO A RICARDO COSTA Y PONE EN EVIDENCIA A CAMPS 

A todos los efectos, Ricardo Costa parecía haber ganado anoche su pulso a Francisco Camps y a Mariano Rajoy. Unos anotaban un «20 a cero» en el marcador, y otros, los más desconcertados, apenas reconocían que lo único que había ganado el popular valenciano era «tiempo» ante la dirección nacional.  

El caso es que ése era el veredicto en el PP, no sólo a la vista de lo sucedido en el Comité Ejecutivo del partido en Valencia, sino a la de las propias caras que desfilaban a la salida del Pleno del Congreso: los diputados más críticos con Rajoy, con una sonrisa de sarcasmo; los marianistas, con auténtico gesto de cabreo.  

Fue entonces, en medio aún de la mayor confusión, cuando la dirección nacional dio lo que quiso ser un golpe de autoridad. En un comunicado enviado a última hora, se aferró como a un clavo ardiendo a la versión que le «comunicó» Camps sobre el pretendido cese temporal de Costa al frente de sus cargos en el partido y en el Grupo Parlamentario.  

Es decir, dio por «suspendido» al secretario general y portavoz del PP en la Comunidad, pese a saber, a través de sus propios delegados en el Comité Ejecutivo del PP de Valencia, que el pretendido cese no se había producido formalmente y que de la portavocía ni siquiera se habló.  

Por dos veces, y precisamente por eso, el texto se refería a la versión recibida de Camps, de manera que, según fuentes próximas a la dirección, Génova ponía en evidencia al hasta ahora intocable barón de Rajoy: «El presidente del PPCV, Francisco Camps, ha comunicado esta tarde a la dirección nacional que el Comité Ejecutivo regional ha acordado suspender temporalmente, y a petición propia, en todas sus funciones en el partido como secretario general y, según esta misma comunicación, como portavoz del Grupo Parlamentario de las Corts, a Ricardo Costa».  

El enfado de Génova sólo trascendió a última hora. Las fuentes consultadas se quejaban de las dudas y largas del presidente valenciano. Aseguraban que el cese estaba «firmado» desde el viernes y que si Génova había esperado a la reunión del Comité Ejecutivo regional de ayer fue por expreso deseo de Camps. No daban crédito al hecho de que, una vez más, éste hubiera postergado la decisión acordada. Pero no querían esperar más.  

La conversación telefónica de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, con el presidente de la Diputación y el PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, no pudo ser más explícita. Según fuentes del PP valenciano, la número dos le dijo al dirigente zaplanista tras el Comité Ejecutivo lo que Camps dijo a Rajoy. Ripoll le contestó que no se había destituido a Costa y que éste sólo aceptaba la suspensión si Génova abría una comisión de investigación. La respuesta de Cospedal, -siempre según estas fuentes- fue: «De investigación interna, nada; como mucho, irá al Comité de Derechos y Garantías».  

El caso es que ése fue, ciertamente, el segundo mensaje del breve comunicado de Génova, en el que se venía a rechazar de plano la demanda explicitada por el propio Costa y se emplazaba a éste ante el citado Comité -que bien podría llamarse de disciplina- para que, una vez relevado en sus funciones, «pueda ser escuchado, y explicar su posición».  

El pretendido golpe de autoridad de Génova dejó, no obstante, claramente insatisfechos a los populares afines a Rajoy que, durante todo el día, sufrieron con evidente sonrojo la debilidad del aparato del partido.  

Los más marianistas se preocuparon durante toda la jornada de propagar la idea de una nueva conspiración interna. Aseguraban que la ensayada comparecencia pública de Costa estaba sostenida por su hermano Juan y por el actual directivo de Telefónica Eduardo Zaplana, en lo que entendían como una reedición de la brecha abierta en el Congreso de Valencia. Una teoría aderezada por las manifestaciones de Juan José Güemes, consejero de Esperanza Aguirre en el Gobierno de Madrid, en favor de ser «más cautos» en las decisiones: «Yo no defiendo a Costa», decía a este diario, «ni a ninguna persona, sino que pido principios de general aplicación para todos los casos, y lo hago a título exclusivamente personal».  

La teoría de la conspiración fue palideciendo, sin embargo, a medida que avanzaba la tarde: «Estoy avergonzado», decía un genovita, «porque en el fondo, hemos aceptado la estrategia de Camps, que está en el alambre, y Costa ha impuesto su solución». 

(www.elmundo.es, 14/10/09) 

«PIDIERON QUE NO HABLÁRAMOS NINGUNO Y QUE APLAUDIÉRAMOS» 

Con Francisco Camps a la cabeza, el PP se ha acostumbrado a sonreír y callar ante la adversidad. Es su terapia para la felicidad. Ayer volvió a suceder, aunque el silencio de los disidentes vino impuesto por el discurso del presidente regional -«una sola disensión aquí dentro y los de fuera habrán ganado», dijo- y por una maniobra que impidió el turno de preguntas. Todavía sonaba en el altavoz la última palabra del discurso de Camps, y el diputado Rafael Maluenda -toda una vida mostrándose fiel al líder que toque- arrancó en aplausos.  

Por mímesis, de acuerdo con la consigna que pasó discretamente de boca a boca, la mayoría secundó la ovación. Siguió un gesto cómplice de Camps a uno de sus colaboradores y se abrieron las puertas para que accedieran los periodistas en tromba. «Nos han pedido que no interviniéramos ninguno y que aplaudiéramos. Unos han aplaudido y otros no», confesó después el presidente del PP alicantino, José Joaquín Ripoll, que evitó aplaudir.  

El plan obtuvo su resultado. Nadie levantó la mano para pedir que se votara algo que ni siquiera se había propuesto oficialmente. «Camps, como hace siempre, ha pasado el trago, pero esta vez se atragantará», comentaba airado uno de los dirigentes críticos. 

La reunión más importante de los últimos años se quedó desierta de opiniones y sólo Camps y Costa pudieron hablar. Ripoll se quedó con las ganas.  

El dirigente zaplanista tenía intención de poner de manifiesto que hay un «evidente problema» dentro del partido y que no se puede estar de brazos cruzados. Además, iba a reprochar al presidente sus cantos a la unidad cuando, según él, las conversaciones destapadas con el levantamiento del secreto del sumario ponen de manifiesto que la dirección regional intentó destronarle en el congreso provincial del pasado año. Todavía duele en el entorno de Ripoll la conversación en la que Costa, irónicamente, le pide a El Bigotes un furgón policial para llevarse a sus partidarios.  

Con los aplausos, y silenciadas las voces críticas, la escenificación del «todos juntos y felices» -Ricardo Costa estaba exultante ayer- se había completado. Pero no todos salieron sonrientes. El vicesecretario de Organización del PP, Esteban González Pons, y el diputado nacional Federico Trillo-Figueroa salieron de manera apresurada y con semblante muy serio y se refugiaron en uno de los despachos desenfundando el teléfono. Los emisarios de la dirección nacional debían pasar el parte a Génova.  

Más tardó en salir Camps, que intentó esquivar a los periodistas sin éxito (la sala de prensa no tiene puerta trasera). Ante la insistencia de los medios, se paró tres minutos. Volvió a repetir la teoría de la cacería política y reiteró que los populares siguen «unidos, contentos y felices». 

(www.elmundo.es, 14/10/09) 

CAMPS SE PONE EN MANOS DE FABRA CON UN PARTIDO ROTO POR DENTRO 

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, optó ayer por ponerse en manos del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra —imputado por delito fiscal y varios delitos contra la Administración—, para salvar el órdago lanzado por el secretario general del PP, Ricardo Costa. 

El papel de intermediación realizado por Fabra entre el presidente valenciano y Ricardo y Juan Costa ofreció el resultado que Camps había perseguido, sin éxito, durante todo el fin de semana: entrar al Comité Ejecutivo Regional del PP de la Comunidad Valenciana con un acuerdo y con el dispositivo preparado para evitar cualquier intervención crítica. 

Fabra reconoció por la mañana que había hablado con la secretaria general del PP nacional, María Dolores de Cospedal, con Camps y con Costa. “Si el secretario general ha seguido las directrices del presidente Camps] y de los órganos superiores del partido ¿por qué tiene que presentar la dimisión si no ha hecho ninguna ilegalidad?”, dijo Fabra. Y así fue. 

Con el acuerdo alcanzado ayer entre el presidente valenciano y Ricardo Costa, Camps se mantiene al frente de un PP que está roto por dentro. No sólo porque el zaplanismo —enfrentado a Camps— todavía está esperando explicaciones, sino porque en el seno del PP está instalada la desconfianza en una solución que se ve provisional y en un presidente cada vez más debilitado. 

“Si alguien quiere saltar a la fama que salga ahí afuera [donde están los periodistas] a poner verde a quien quiera”, reconoció el propio Camps en su alocución a los miembros de la cúpula del PP valenciano, “Seguro que vosotros a título individual tenéis una solución. A mí sólo se me ocurre salir de aquí todos unidos y contentos”. “Sólo [con que haya] una disensión u observación en este comité y los de ahí fuera habrán ganado”, remachó Camps. Y así fue. Aunque si alguien pensaba pedir turnos de palabra, la clac presidencial irrumpió en aplausos y se abrieron las puertas para que entrasen las cámaras de televisión. 

Ahora Camps tiene que gestionar un partido con un secretario general que se le ha impuesto, un presidente provincial de Castellón fortalecido, un Gobierno dividido y unos cuadros escépticos de que la solución será duradera. 

(www.elpais.com, 14/10/09) 

“NUNCA HE ACTUADO AL MARGEN DE DIRECTRICES DEL PP VALENCIANO” 

El secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, se defendió así antes de la reunión: 

- “Nunca he actuado al margen de directrices del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (…). He leído y oído que algunos pretenden convertirme en un chivo expiatorio o cabeza de turco, y no me parece razonable. 

- (...) No estoy sometido a ninguna imputación, ni en el caso Gürtel ni en ningún otro. 

- (...) La decisión de trabajar con ella [Orange Market] es anterior a que yo tuviera cualquier tipo de responsabilidad orgánica en el partido. 

- (...) Nunca la dirección nacional ha pedido al PPCV ni a mí que dejase de trabajar con una empresa ni, en concreto, con Orange Market. 

- (...) Cuando he leído en medios de comunicación las conversaciones que afectan a mi persona, me han avergonzado profundamente. 

- (...) Como secretario regional no tengo ninguna responsabilidad en la adjudicación de contratos públicos. Tampoco he desarrollado ninguna gestión ante Administraciones públicas a favor de cualquier empresa. Por supuesto, ninguna en beneficio de la trama Gürtel. 

- (...) Nadie de la dirección nacional me ha llamado para darme una explicación sobre esta situación, su solicitud de dimisión o de expulsión del partido, ni para pedirme ninguna aclaración sobre cualquier presunta actuación incorrecta. 

- (...) Espero y deseo que el PP a nivel nacional defienda mi imagen y honradez de forma pública”. 

(www.elpais.com, 14/10/09) 

COSTA DICE HABER SEGUIDO LAS «DIRECTRICES» QUE LE MARCARON  

Las cartas sobre la mesa. Ricardo Costa no estaba dispuesto a aceptar el sacrificio exigido por la dirección del PP sin oponer resistencia, así que, apenas unas horas antes de acudir a la reunión de la ejecutiva regional del partido en Valencia, convocó a la prensa y se despachó a gusto. En un comunicado que él mismo leyó al borde de las lágrimas, aseguró que no veía ninguna razón para presentar la dimisión, argumentó que siempre ha cumplido las «directrices» que le han marcado sus superiores, reprochó a la dirección nacional del PP que no le haya dado ninguna explicación sobre las causas de su destitución y aclaró que la decisión de contratar a la empresa Orange Market se tomó antes de que él tuviera responsabilidades en el partido y que, en cualquier caso, ni Mariano Rajoy ni ningún otro dirigente dieron instrucción alguna para que se dejara de trabajar con ella. 

El alegato de Costa tuvo un efecto sísmico en la cúpula del partido conservador. Era previsible que el hasta ahora número dos del PP valenciano presentara batalla antes de abandonar su cargo, pero la magnitud del desafío superó las previsiones. 

El dirigente valenciano expuso su caso como si se tratara de un despido improcedente: «Mi dimisión solo podría producirse si hubiera incumplido mis obligaciones como secretario general o como militante del Partido Popular –subrayó–, y creo honestamente que eso no se ha producido». Costa fue incluso más allá e insinuó que la obediencia a sus jefes le ha llevado a hacer cosas con las que no estaba de acuerdo. «Nunca he actuado al margen de las directrices del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, aunque en algunos casos haya sido muy difícil desde el punto de vista personal –declaró–. He antepuesto mi compromiso con Francisco Camps y con Mariano Rajoy a cualquier otra consideración». 

El pulso con la dirección nacional se hizo especialmente duro en los párrafos que dedicó a las contrataciones con la empresa de la trama corrupta Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, el Bigotes. Costa destacó que la decisión de trabajar con Pérez no la tomó él y dejó en evidencia a Rajoy al afirmar que la dirección nacional del PP nunca pidió que se dejase de contratar a Orange Market. «Si la dirección nacional tenía otro criterio, nunca se materializó en una instrucción. Si se hubiera materializado, la habríamos cumplido, como siempre». Cuando el pasado febrero estalló el escándalo, Rajoy aseguró que en el 2004 había ordenado cortar las relaciones con las empresas de la trama.Pero no todo fue exculpatorio en el discurso de Costa. El dirigente valenciano admitió que algunas de las conversaciones que mantuvo con el Bigotes y que aparecen transcritas en la parte del sumario difundida fueron «desafortunadas» y pidió disculpas. «Debo reconocer –dijo– que cuando he leído esas conversaciones en los medios de comunicación me han avergonzado profundamente». También asumió que fue «un error» comprar un coche de lujo en plena crisis, pero reiteró que lo adquirió con su dinero.  

(www.elperiodico.com, 14/10/09) 

EL BIGOTES + CAMPS = COSTA 

El Partido Popular de Mariano Rajoy decidió aplicar un cortafuegos para sofocar el colosal incendio desatado en Valencia como consecuencia de las revelaciones del caso Gürtel, la trama de corrupción masiva que dirigía Francisco Correa con la colaboración de varias decenas de dirigentes del PP. Pero cuando un bosque arde por los cuatro costados, un cortafuegos en el centro del bosque, aunque se llame Ricardo Costa, apenas resuelve el problema. 

La destitución temporal del secretario general del PP valenciano, impuesta por la dirección nacional a Francisco Camps, no sólo provocó un nuevo fuego con los dirigentes provinciales de Castellón, Alicante y Valencia, divididos sobre una medida que pocos compartían, sino que puso a Mariano Rajoy en un brete mayor: explicar por qué se ha elegido a Ricardo Costa como chivo expiatorio cuando los datos del sumario apuntan también a otros responsables con poder dentro del partido y dentro del Gobierno valenciano. 

La documentación incautada, las conversaciones grabadas entre los jefes de la red y los dirigentes del PP valenciano, y las declaraciones judiciales dibujan un escenario en el que la participación de Costa en supuestas actividades ilegales es inviable sin la colaboración y el amparo del presidente de la Generalitat. 

- Financiación ilegal del PP. Los apuntes contables de la trama corrupta señalan a la financiación ilegal del PP, con pagos de actos del partido a través de constructoras o cobro por servicios a esta formación política en dinero B, desde finales de 2002 hasta 2009. Ricardo Costa es jefe del partido en Valencia desde mediados de 2007. Cuando llega al cargo, Álvaro Pérez, El Bigotes, ya tiene en exclusiva la organización de actos del partido y en el Gobierno valenciano le han adjudicado decenas de contratos, la mayoría sin concurso. 

- Conversaciones sospechosas. En 2008, Orange Market atraviesa dificultades financieras y exige el pago de distintas deudas al PP y al Consell. Y es entonces cuando El Bigotes despliega su diplomacia telefónica para cobrar bien del partido o bien del Gobierno valenciano. 

Costa. Entre mañana y el viernes te voy a dar todo lo que te falta, que te debemos nosotros, pero yo necesito que el presidente eso no lo sepa y entonces que le digas que éste [Vicente Rambla, vicepresidente del Gobierno valenciano] es un hijo de puta. 

Álvaro Pérez. No te preocupes... Sabes lo que me ha dicho hoy [Rambla] por teléfono. '¿Tú hablas con Ricardo, no?'. Y yo le he contestado que sí. 'Pues tú tranquilo que ya estoy intentando solucionarlo todo'. 

Costa le jura a El Bigotes fidelidad absoluta -"doy instrucciones hoy mismo de dónde tiene que estar el dinero, aunque me quede sin pagar el alquiler tres meses"- y le mendiga favores -"dile al presidente que me ponga en el Gobierno"-. El Bigotes le envía regalos caros a Camps por Navidad -"para que sepas lo que te debo", le dice- y el presidente le responde: "Amiguito del alma, tenemos que hablar de lo nuestro, que es muy bonito". 

- Regalo de trajes. El juez José Flors decidió sentar en el banquillo a cuatro altos cargos del PP, entre ellos Francisco Camps y Ricardo Costa, por aceptar trajes regalados por Álvaro Pérez, contratista de la administración valenciana y el hombre que organizaba los actos del PP valenciano en exclusiva. Ni Costa ni Camps pudieron acreditar el pago de los trajes, según el juez Flors. 

- Contratos públicos. Cuando la trama corrupta abrió en 2004 delegación en Valencia con Orange Market, el Gobierno de Francisco Camps le adjudicó por concurso la exclusiva del montaje del pabellón de Fitur y, sin concurso, otros 40 contratos menores en casi todas las consejerías. Durante todo ese tiempo, Ricardo Costa no tuvo responsabilidades de Gobierno pero El Bigotes logró casi ocho millones de euros en contratos públicos. 

- Facturas a nombre de constructoras. La policía localizó correos electrónicos enviados desde Orange Market a una asesoría fiscal en los que se daban indicaciones para endosar gastos del PP a empresas constructoras, a las que se remitían facturas por servicios supuestamente no prestados. Las empresas de la trama corrupta, algunas con sede en Madrid, registraron ingresos de esas constructoras valencianas desde 2006, según la Agencia Tributaria. Para entonces, Costa no era secretario general; Camps ya era presidente del partido. 

(www.elpais.com, 14/10/09) 

CAMPS SE BURLA DE LAS ÓRDENES DEL PP NACIONAL 

Ricardo Costa dijo ayer que la fiesta del PP no se acaba nunca. Y estaba en lo cierto. Pero más que una celebración, lo que ayer se vivió en las filas conservadoras fue toda una ceremonia de confusión que deja en muy mal lugar a Mariano Rajoy.  

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, había prometido el pasado viernes reunir a su Comité Ejecutivo Regional para proponer la destitución del secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, por su implicación en el caso Gürtel. Pero del encuentro, celebrado ayer, salió una auténtica rebelión frente a las órdenes de Madrid. Camps se olvidó de exigir el "cese temporal" y acordó que Costa "se abstendrá voluntariamente del ejercicio de sus funciones", siempre que la dirección nacional decida abrir una investigación interna sobre las actividades del secretario general valenciano.  

Además, Camps se negó a sustituir a Costa como portavoz en Les Corts. Y, por si fuera poco, se permitió el lujo de emitir a última hora de la noche un comunicado lamentando "el malentendido provocado" por la versión oficial que había ofrecido minutos antes el PP nacional y que daba por supuesto la destitución de Costa en todas sus funciones. 

En la reunión, que duró tan solo una hora, Francisco Camps defendió en público a su mano derecha: "Aquí no hay nada y no me cabe ninguna duda de su honradez y honorabilidad". El presidente valenciano mantuvo que algunas instituciones y medios de comunicación querían "quebrar la unidad" de la formación regional y que no se debía permitir. "Lo que tenemos que hacer es no decir nada, no votar nada y estar unidos", sentenció Camps.  

Y, efectivamente, no se votó el cese de Costa y lo que se impuso fue el silencio. Salvo Camps y Costa, no intervino ningún otro miembro de la dirección. Había órdenes directas de que fuera así. A la salida, el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, mostró su enfado por ello. El dirigente, del sector zaplanista, explicó que él llevaba un discurso preparado pero que no pudo leerlo. "Nos han pedido que no interviniésemos y que aplaudiésemos, unos lo han hecho y otros no. Yo no he aplaudido", indicó.  

Ripoll destacó que "cuando se pide unidad, hay que buscarla, no viene del cielo". Y no atinó a decir si el secretario general seguía o no en su cargo. Su confusión era la misma que reinaba ayer dentro del PP. Los dirigentes conservadores asistían con "perplejidad" al desarrollo de los acontecimientos y a las versiones contradictorias con las que les iban bombardeando.

A la mayoría le sorprendía mucho la versión ofrecida por Costa, que compareció en rueda de prensa tras la reunión de la dirección. El secretario general mantuvo tajante que Camps no había pedido su cese. "De hecho no se ha designado ningún sustituto", se jactó. "Si no dicen nada desde la dirección nacional, entiendo que sigo como secretario regional", defendía, al tiempo que aseguraba que hoy ocuparía su escaño en el Parlamento autonómico. 

Camps, por su parte, se quitaba de en medio a la salida señalando de forma lacónica que Costa "había cedido sus funciones durante el tiempo que la dirección nacional crea oportuno para saber exactamente qué es lo que puede haber sucedido". Quedaba claro que Camps y Costa habían llegado a una solución pactada.  

El PP nacional ofreció su versión pasadas las nueve de la noche en un breve comunicado, en el que mantenía que Camps le había informado de la decisión de suspender a Costa "temporalmente y a petición propia". Y explicaba que había dado "traslado" de este "acuerdo" al Comité Nacional de Derechos y Garantías para que en los próximos día cite a Costa y este pueda explicarse. No aclaraba si ello suponía abrir la investigación interna planteada por Valencia. 

Pero el PPCV contraatacaba pocos minutos después, manteniéndose en sus trece. Camps defendía que en la reunión del Comité Ejecutivo Regional se había aprobado "por unanimidad" el respaldo a "la gestión" de Costa y su "propuesta" de solicitar a la cúpula nacional que si tiene "la más mínima duda sobre su honestidad, se pone a su disposición para que sea de forma interna investigado". Sólo en ese caso y mientras dure la investigación, "Costa se abstendrá voluntariamente del ejercicio de sus funciones", explicaba el PP valenciano. 

Y el estoque final: "El PPCV lamenta el malentendido provocado por otros comunicados". Es decir, el difundido por el PP nacional. La única conclusión a la que llegaban ayer dirigentes del PP era que Costa había "plantado cara" a Rajoy y había ganado el pulso. Y que Camps, harto de las injerencias de Madrid, había querido demostrar quién manda en Valencia. Aunque con ello haya desatado la guerra.  

(www.publico.es, 14/10/09) 

LA EJECUCIÓN QUE TERMINÓ EN PACTO 

"Por eso le pido a la dirección nacional que si tiene la más mínima duda, la más mínima duda, sobre mi gestión y honradez, que abra una investigación interna sobre mi persona. Al menos debo tener derecho a defender mi nombre", enfatizó ayer, a punto de concluir su declaración de la mañana, el todavía secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa, siete horas antes de que se reuniera el cónclave que debía convertirse en su pelotón de ejecución, al mando del capitán Camps. Y que en lugar de una ejecución terminó en un pacto. 

¿Es todo esto una obra de teatro? Ayer, la reunión del Comité Ejecutivo del partido duró dos horas. "Cuarenta y cinco minutos de informe de Ricardo Costa y una hora de arenga de Camps. No se informó de ninguna propuesta. Camps dijo que había una cacería del PP, que era necesario permanecer unidos. Una arenga", dijo una fuente que participó en la reunión.  

La declaración de Costa, realizada durante la mañana con emoción contenida, le había convertido en testigo de cargo del montaje que habían fabricado Camps y Rajoy para encubrir las responsabilidades del caso Gürtel. ¿O es que Camps utilizó sus argumentos para mostrar a Rajoy que no era posible cortarle la cabeza lisa y llanamente y que era necesario pactar la salida temporal de Costa mientras se le investigue?  

Si en el filme de Alfred Hitchcock Testigo de cargo el testimonio sobre el asesinato que presta Marlene Dietrich en sede judicial es el que vale, según se demostrará al final de la historia, en la película de Gürtel el que tiene valor es el de Costa, ofrecido desde la sede del PP. 

Que el todavía secretario general implorase su derecho a la defensa no deja de ser una ironía. Aquellos que en el PP de Madrid alegan su indefensión frente a las investigaciones judiciales son los mismos que han ordenado la ejecución sumaria de Costa. ¿Es acaso denominar lo que ocurrió ayer como un intento de ejecución sumaria una exageración? ¿O una interpretación torcida? He aquí sus propias palabras: "Nadie de la dirección nacional me ha llamado para darme una explicación (...). Esto ha supuesto, implícitamente, una condena ante la opinión pública". 

Costa y Camps han pactado. Ayer mismo, como para que Camps no olvidara sus compromisos, el secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, recordaba la necesidad de tomar decisiones "ejemplarizantes" y en una descripción surrealista de lo que Camps ha decidido delataba todo el montaje: "No va a cesar a Ricardo, va a cesar al secretario general". ¿Puede que González Pons no estuviera al corriente de lo que se tramaba? 

Pero este desdoblamiento de personalidad del PP en el caso de Costa no es tampoco una excepción. Al abordar el tema de las intervenciones telefónicas a los acusados y sus abogados, por orden judicial, el PP acusa a los fiscales de una cosa y la contraria al mismo tiempo. Acusa de grabar conversaciones que vulnerarían el derecho de defensa y que, por tanto, no deberían estar en el sumario. Y al tiempo, cuando ha trascendido que entre esas conversaciones no excluidas finalmente del sumario aunque la Fiscalía así lo pedía hay una referencia de uno de los cabecillas de la trama a su abogado que podría ser instrumentalizada a favor de Camps, no vacilan en atacar a al Ministerio Público. ¿Pero no estábamos en que esas grabaciones constituyen un atropello? 

Hay que precisar, por otra parte, que esa presunta prueba de cargo tampoco lo es tal. Porque uno de los cabecillas, Pablo Crespo, dice a su abogado: "Yo creo que si Camps se hizo los trajes allí, los habrá pagado de su bolsillo". Es lo que "cree" Crespo. Para ver la credibilidad que puede tener esta afirmación basta ver lo que piensa Pedro J. Ramírez, director del diario que ha denunciado la supuesta manipulación y que proporciona los talkings points al PP: "A este tipo de truhanes siempre hay que creerles la mitad de lo que dicen. De ahí que no se puedan dar por buenas todas las majaderías y fantasías recogidas en las grabaciones del sumario", escribe en su carta del domingo pasado. El PP le cree a pie juntillas. En cambio, al que no le cree sin siquiera haberle preguntado nada es a uno de los suyos, nada menos que a Ricardo Costa. 

La ejecución sumaria de Ricardo Costa era una operación de encubrimiento del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana. Y en este montaje encubridor, la autoría intelectual estaba muy clara. Rajoy y la dirección nacional del PP han estado implicados. Lo que se antojaba una estocada florentina ha quedado expuesta como una chapuza al estilo de las bandas mafiosas rivales. 

Costa ha ganado la batalla para no ser el chivo expiatorio. Lo que pedía es, simplemente, que le investigasen. Al parecer, esa investigación se hará en el PP valenciano sobre la presunta financiación ilegal. Pero es precisamente a esta investigación a nivel nacional a la que Mariano Rajoy tiene miedo. 

Y quizá ya sea demasiado tarde para que Rajoy pierda el miedo, parafraseando aquella famosa frase de Roosevelt. Al propio miedo de formar una comisión de investigación dentro del PP para aclarar lo que ha ocurrido y acabar con el encubrimiento.  

 (www.publico.es, 14/10/09) 

MARÍA DOLORES DE COSPEDAL CONFIRMA EL CESE DE COSTA, CUYAS ACTITUDES "HAN SIDO MUY POCO EJEMPLARIZANTES" 

María Dolores de Cospedal ha dejado muy clara este miércoles la situación en la que se encuentra Ricardo Costa tras el esperpento producido. La secretaria general del PP, más clara y tajante que nunca en sus palabras, ha dicho en la Cope que "cuando una persona actúa como ha actuado hasta ahora Costa, es imposible que vuelva a ser restituido".

Al mismo tiempo, ha confirmado, después del lío de comunicados y desmentidos de ayer, que Costa ha sido cesado temporalmente de sus funciones, tanto como secretario general del PP como portavoz del grupo conservador en Les Corts. "Él no puede ejercer esta mañana, porque si pretendiera hacerlo no tendría la condición para poderlo ejercer, porque en el partido habría procedimientos disciplinarios", le ha advertido. 

El problema es que el PP valenciano no confirma este extremo, e incluso hoy han afirmado que no ha sido cesado, por lo que se trata de todo un pulso de Camps a Rajoy. "La dirección regional no le va a decir a la nacional lo que tiene que hacer" 

El día de ayer acabó sin saber si Costa ha sido destituido, y a día de hoy sigue sin estar claro, por más que De Cospedal se esfuerce.  "Yo me quedo con la palabra que Camps le dio a la dirección general del partido. Él trasladó a la dirección del PP el cese de todas las funciones de Costa". Pero Camps inmdiatamente después lo negaba. "Lo que no va a permitir la dirección del PP es este ahora sí ahora no, ni que la dirección regional diga lo que tiene que hacer la dirección nacional". 

De Cospedal ha sido muy dura con el ya ex secretario general del PP, e incluso con la dirección del PP valenciano, con la que se ha mostrado muy dolida. Ha criticado la rueda de prensa de ayer de Costa -"nada afortunada"- y le ha reprochado que quiera apropiarse del cargo. "Cuando se tiene un cargo público hay que tener claro que los puestos no le pertenecen a nadie. Costa no puede creer que el puesto es de su propiedad, porque eso puede llevar a usar un puesto en beneficio propio". 

(www.publico.es, 14/10/09) 

EL 25% DEL ´JURADO´, SALPICADO POR GÜRTEL  

Francisco Correa, Pablo Crespo, Cándido Herrero, Álvaro Pérez "El Bigotes" y otros miembros de la plana mayor de la trama Gürtel no forman parte del comité ejecutivo regional del PP, pero muchos de los que integran este órgano de dirección popular han tenido tanto o más trato con ellos o sus empresas que con sus propios compañeros de partido. Entre los que han adjudicado contratos a Orange Market, Special Events u otras firmas de la red de Correa -desde el PP o la Generalitat-, los que han recibido regalos o quienes han sido muy amigos, caso del alcalde de la Nucia, Bernabé Cano, son más de veinte los integrantes del comité ejecutivo que ayer se reunió para juzgar al secretario general, Ricardo Costa, que se han visto salpicados por el escándalo. En algunos casos, se trata de alcaldes o candidatos municipales que, según el informe de la policía judicial, aparecían como contactos de la trama para buscar financiación para actos de la campaña de las autonómicas y municipales de 2007 o de las generales de 2008.

El comité ejecutivo regional está conformado por casi cien integrantes, de los cuales 22 fueron elegidos por los compromisarios del congreso. El dominio del presidente Francisco Camps es absoluto. La mayoría de quienes forman parte del comité lo son como miembros natos por su cargo institucional -alcaldes de capital o presidentes de diputación- o por el que ocuparon, caso de los ex ministros. Uno de ellos, Juan Costa, tuvo ayer problemas para asistir a la reunión. Por la mañana, la dirección nacional del PP le prohibió acudir -a defender la actuación de su hermano, se sobreentendía-, pero, cuando el tema trascendió públicamente, Génova rectificó. Y Juan Costa pudo viajar. 

(www.levante-emv.com, 14/10/09) 

LA VERSIÓN IDÍLICA DE CANAL 9 

Reunión tranquila, unidad, fortaleza y honorabilidad. Esas fueron las claves de la información ofrecida Canal 9 en el Notícies 9 de las nueve de la noche de ayer sobre la reunión del Comité Ejecutivo Regional del PP de la Comunidad Valenciana en la que se afrontó el cese del secretario general de la formación, Ricardo Costa. Fue la noticia de apertura, hubo conexión en directo, imágenes de la entrada y la salida con el presidente Francisco Camps besándose y abrazándose con populares varios, declaraciones de Costa y declaraciones del propio Costa insistiendo en "la unidad" y la "fortaleza" del PP tras la reunión de ayer. Canal 9, en algo más de dos minutos, insistió en que Costa permanece como secretario general de los populares valencianos y en que cuenta con el apoyo de Camps. Fue la versión idílica de la peor crisis política del PP en la Comunidad Valenciana. Ni una referencia al pulso a Mariano Rajoy, ni a las declaraciones de José Joaquín Ripoll (quien aseguró que Camps les pidió que no hablaran y aplaudieran). 

Una hora antes, en el canal 24/9 de Radiotelevisó Valenciana (RTVV), los informativos recogieron en directo la comparecencia ante los medios de Ricardo Costa para dar cuenta de la decisión tomada en el Comité Ejecutivo. 

Pero por la mañana, las cosas fueron bien distintas. Una información sobre vivienda y economía fue la noticia de apertura del Notícies 9 de las dos de la tarde. La comparecencia de Ricardo Costa en la que advertía de que retó a Mariano Rajoy ante el posible cese anunciado para la tarde de ayer, se resumió en 45 segundos. En ellos, no hubo mención alguna al caso Gürtel, ni a las conversaciones y documental que relacionan a Ricardo Costa y otros responsables del PP valenciano con una supuesta financiación irregular. 

Canal 9 no sólo no priorizó esa información sobre otras sino que no envió una lanzadera (tiene seis) para conectar en directo. Ello supuso no poder dar servicio a la Forta (a la que pertenece como televisión autonómica) y a Intereconomía, que tuvieron, como Televisión Española, que contratar las imágenes con la empresa Overon. 

Los sindicatos criticaron ayer de nuevo la política informativa. CC OO calificó de "nuevo ejercicio tóxico" el que realizó la cadena autonómica. "La singularidad que supone que algo relacionado con la trama Gürtel sea noticia de apertura, queda inmediatamente neutralizada al comprobar la manipulación de la información y la no colaboración con otras televisiones". En términos parecidos se expresó la Intersindical Valenciana. 

(www.elpais.com, 14/10/09)

COMUNICADO DEL PP NACIONAL 

El Presidente del PPCV, Francisco Camps, ha comunicado esta tarde a la dirección nacional que el Comité Ejecutivo regional ha acordado suspender temporalmente y a petición propia, en todas sus funciones en el partido como secretario general y, según esta misma comunicación, como portavoz del Grupo Parlamentario de Las Corts, a Ricardo Costa 

La dirección nacional ha dado traslado del acuerdo del Comité Ejecutivo regional del PPCV al Comité Nacional de Derechos y Garantías para que, en las próximas fechas, cite a Ricardo Costa con el fin de que éste pueda ser escuchado y explicar su posición ante el citado órgano 

www.elpais.es 13.10.09. 21H 

COSTA NO DIMITE Y RETA A CAMPS Y RAJOY 

El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Ricardo Costa, ha rechazado hoy dimitir de su cargo y ha asegurado que siempre ha trabajado al servicio y con la "máxima lealtad" al president de la Generalitat, Francisco Camps, y al del partido, Mariano Rajoy. 

En un comunicado leído en la sede del PPCV, ha defendido que nunca tomó la decisión de trabajar con Orange Market -ya que fue una decisión anterior a que ocupara "cualquier tipo de responsabilidad" en el partido-, y que la dirección nacional del PP nunca ha pedido al PPCV o a él que dejara de trabajar con esa empresa implicada en el caso "Gürtel". 

"Si la dirección nacional tenía otro criterio, nunca se materializó en una instrucción", porque en ese caso la habrían cumplido, ha añadido Costa, quien ha recordado que, en cuanto se descubrió la trama, "de forma automática" se dejó de trabajar con una empresa que ha "quebrado y defraudado la confianza" del partido. 

Costa ha exigido a la dirección nacional, que no le ha llamado para darle explicaciones o pedirle aclaraciones, una explicación "clara" y que defienda "en todo momento" su "honradez" y su gestión como secretario general, y ha pedido que si existe "la más mínima duda" sobre su labor se abra una investigación interna, pues "al menos" debe tener derecho a defenderse. 

El todavía "número dos" del PPCV ha dicho que, si finalmente se acuerda su "cese temporal", lo aceptará, como siempre ha aceptado todas las decisiones del partido, y ha insistido en que nunca ha actuado al margen de las directrices del partido y siempre ha antepuesto su "compromiso" con Camps y Rajoy a cualquier otra consideración. 

Costa ha recordado que nunca ha tenido la responsabilidad de organizar o coordinar las campañas autonómicas y municipales en la Comunitat, y ha defendido que los proyectos colectivos, como el del PP, "se asientan sobre la base de la lealtad", y él siempre ha tenido "la máxima lealtad" hacia Camps, Rajoy y el PP. 

El dirigente popular ha aseverado que ha trabajado siempre con "absoluta dedicación, cumpliendo la ley" y ciñéndose "a las directrices que la dirección regional del partido" le ha marcado, y ha actuado "siempre con absoluta lealtad a los órganos del partido", a Camps y a Rajoy. 

"He actuado correctamente cumpliendo mis funciones como secretario general y como militante", ha indicado Costa, quien por ello ha pedido a Camps que traslade a Rajoy las razones por las que no ha presentado su dimisión. 

"Tengo la conciencia tranquila. Siempre he seguido, siempre, los estatutos del partido. Nunca he actuado al margen de las directrices del PPCV, aunque en algunos casos, tengo que reconocer, hayan sido difíciles desde el punto de vista personal", ha aseverado. 

A su juicio, su dimisión sólo debería producirse si hubiera incumplido sus obligaciones; ha afirmado que no le parece "razonable" ser un chivo expiatorio o cabeza de turco como se ha dicho en algunos medios, y ha indicado que está dispuesto a dar cualquier explicación pública sobre su gestión, a la vez que tiene derecho a exigir explicaciones. 

Ha insistido en que ha cumplido su labor conforme a los estatutos, y presentar su dimisión podría suponer "un perjuicio" a los intereses del PPCV, ya que estaría trasladando la idea de que el partido o su secretario han actuado de manera incorrecta o incumplido la legalidad, lo que es rotundamente "falso". 

Las personas que han trabajado con él lo han hecho de forma "leal" y con "absoluta corrección", y si alguno hubiera cometido alguna irregularidad -lo que no le consta- asumiría plenamente su responsabilidad política. 

Además, ha pedido públicamente disculpas por las conversaciones "en algún caso desafortunadas" con Álvaro Pérez, del que desconocía su vinculación con la trama y que fueron privadas, aunque le han "avergonzado profundamente" al leerlas. 

osta, que ha recordado que no está imputado en ningún proceso judicial, ha defendido que no le competen las responsabilidades en las adjudicaciones de contratos públicos y que nunca ha hecho gestiones en beneficio de las empresas de la trama "Gürtel". 

Sobre sus "responsabilidades como militante" ha admitido que la compra del coche Infiniti, que pagó en su totalidad y sin mediación de la trama, fue "desafortunada" en un momento de crisis y un "error" que lamenta, y ha defendido que puede parecer "inapropiado" aceptar el reloj de lujo que le regaló el ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, pero lo hizo por sus 15 años de amistad. 

También ha argumentado que ha pagado sus trajes y que siempre ha devuelto cualquier regalo "improcedente" y ha afirmado que su "único patrimonio" es su "honradez". 

Costa ha aludido finalmente a un "amigo" que dijo el viernes que "la fiesta acababa a las cuatro" -en referencia a Esteban González Pons- y ha asegurado que "la fiesta continúa mientras haya personas" como Camps y Rajoy que quieran defender un proyecto, y ha pedido a los dirigentes del partido que tengan "claro" que hay gente que actúa "con poses y con frivolidad". 

(www.levante-emv.com, 13/10/09) 

COSTA RETA A RAJOY A EXPLICAR SU CESE Y ASEGURA QUE SIGUIÓ DIRECTRICES DE CAMPS 

El secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, no dejará su cargo voluntariamente, pero si aceptará su cese cuando esta tarde, tal y como está previsto, sea destituido por la dirección regional del partido. Costa se va, pero antes ha dejado claro que nunca actuó al margen de Camps ni de Rajoy. "Siempre he cumplido mis responsabilidades y he trabajado con absoluta lealtad, cumpliendo la ley y ciñéndome a las directrices de la dirección regional del PP. He actuado con lealtad a Camps y a Rajoy", ha reiterado el dirigente mientras ha leído un comunicado en la sede del PP en Valencia. Costa ha insistido una y otra vez en que tiene la conciencia tranquila y en que no va a permitir que nadie lo utilice de chivo expiatorio: "Tampoco sería procedente que mi dimisión tuviera como única finalidad asumir presuntas responsabilidades de terceros, que no me constan". 

Costa ha retado a la dirección nacional del PP a que abra una investigación interna si tiene alguna sospecha. "Nadie de la dirección nacional me ha llamado para darme una explicación de esto. Espero que el PP nacional defienda mi honorabilidad y lo haga de forma pública", ha asegurado el secretario regional del PP valenciano. El dirigente valenciano ha recordado que lleva 20 años en el partido y que en ese periodo los populares han obtenido los mejores resultados de su historia. 

El todavía número dos del PP valenciano sí ha querido dejar claro tres aspectos: que nunca ha tenido responsabilidades en la dirección de las campañas electorales en la Comunidad Valenciana, que Orange Market, la empresa elegida por el PP para la organización de la mayoría de los actos de campaña, trabajaba con el partido antes de llegar él a la dirección del PP valenciano, y que él no tiene responsabilidad alguna sobre las adjudicaciones de la Generalitat a Orange Market. "Nunca tomé esa decisión. Además la dirección nacional nunca nos ha pedido que dejásemos de trabajar con Orange Market. Si la dirección nacional tenía otro criterio nunca se materializó en una instrucción", ha declarado. 

El secretario regional del PP ha pedido perdón a los militantes de su partido por las conversaciones con miembros de la trama Gürtel que ha visto reflejadas en los medios de comunicación. Costa ha asegurado sentirse avergonzado por su contenido y ha aclarado que su coche, marca Infiniti, se lo compró él y que la trama no tuvo nada que ver con la compra. También ha aludido al reloj Frank Müller, que le regaló a título personal el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, valorado en 20.000 euros. "Me lo hizo cuando no era ya alcalde. En otras circunstancias no lo habría aceptado. He pagado mis trajes y he aportado pruebas de ello", ha subrayado. Costa no hizo mención alguna a dejar de ser portavoz de su partido en las Cortes Valencianas. 

La redacción de Canal 9, la televisión pública autonómica, tuvo que seguir la comparecencia de Costa por TVE porque ninguno de sus canales lo dio en directo. 

En Castellón, el dirigente provincial del PP, Carlos Fabra, ha sorprendido con unas declaraciones en las que afirmaba que Ricardo Costa no tenía por qué presentar su dimisión porque el partido no tiene capacidad para adjudicar contratos y, por tanto, su cese no sería responsable. 

El Comité Ejecutivo de los populares valencianos se reúnen esta tarde para confirmar el anuncio que ya hiciera el partido el pasado viernes por la presión ejercida por el propio Mariano Rajoy. Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se ha empleado a fondo este fin de semana, ya sea directamente o a través de otros miembros del Gobierno valenciano, para hacerle llegar a su número dos que su retirada es temporal, que se lo ha exigido el propio Rajoy y que tiene toda su confianza. En el mensaje por teléfono móvil con el que Presidencia de la Generalitat comunicó el pasado viernes que Costa sería destituido, se evitó poner en entredicho a este dirigente: Su cese "no pone en entredicho ni la capacidad ni la trayectoria política desempeñada por Costa durante este tiempo al frente del partido". 

(www.elpais.com, 13/10/09) 

EL PP RECTIFICA Y AUTORIZA A SUS DIPUTADOS A ACUDIR AL COMITÉ REGIONAL 

Poco después de que el grupo popular en el Congreso de los Diputados negara a Juan Costa el permiso para ausentarse de la sesión plenaria de esta tarde y así poder acudir al Comité Ejecutivo Regional del PP de la Comunidad Valenciana, el PP ha rectificado y permitirá que el hermano del secretario general del PPCV, Ricardo Costa, esté presente en la reunión en la que se propondrá su cese temporal. 

El caso es que la "orden" de acudir al Congreso no sólo afectaba a Juan Costa sino también al secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, al diputado por Alicante, Federico Trillo, a la diputada Andrea Fabra, a Ignacio Gil Lázaro y a Marta Torrado, ya que todos ellos son parlamentarios y, a la vez, miembros del comité ejecutivo. 

(www.elpais.com, 13/10/09) 

EL PP SE ESCONDE ANTE LAS AMENAZAS DE COSTA 

El Partido Popular se funde en el silencio. Tras la comparecencia de Ricardo Costa, en la que ha asegurado que nunca actuó al margen del PP, el partido ha decidido cancelar todas sus comparecencias.

Para empezar se ha suspendido la habitual conferencia de prensa que, María Dolores De Cospedal, secretaria general del PP, suele ofrecer después de la reunión del Comité de Dirección. Tras las contundentes palabras de Costa, era la propia Oficina de Información del PP la que confirmaba que la 'número dos' no atendería finalmente a los medios.

Antes, la rueda de prensa del secretario general del PP en la Comunidad Valenciana se había limitado a la lectura de un comunicado con el que ha dejado claro que no va a dimitir y donde ha asegurado que no iba a permitir que le convirtieran en cabeza de turco. Sin embargo, no permitió que se hicieran preguntas y se excusó diciendo que, posteriormente, tras la reunión del comité ejecutivo regional, contestaría a todas las preguntas. Por su parte, el presidente del a Generalitat valenciana, Francisco Camps, también se ha negado a contestar, tras inaugurar un piscina en la localidad valenciana de Carcaixent, a las preguntas de los periodistas relacionadas con Ricardo Costa.  

A raíz las incendiarias declaraciones de Costa se han cancelado todas las comparecencias públicas de los pesos pesados del partido. La portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, tampoco ha ofrecido la habitual conferencia de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces.   

Por su parte, el vicesecretario de comunicación de los conservadores, Esteban González Pons, que tenía previsto realizar una entrevista en el programa La Palestra de la Cope a las 14.00 horas, tampoco ha dado señales de vida. Según fuentes del programa consultadas por Público.es, el conservador les ha asegurado que no podía intervenir en el espacio.  Dichas fuentes aseguran que "por nada en especial". 

De este modo, y aunque hace unos días aseguró el mismo líder del PP, Mariano Rajoy, que no iban a mirar hacía otro lado, lo cierto es que  nadie de la dirección nacional explicará, de momento, a los medios de comunicación, cuál es la situación.

La última vez que De Cospedal tuvo que cancelar sus habituales conferencias de prensa de los lunes -el Comité de Dirección se ha celebrado hoy por haber sido ayer el Día de la Hispanidad- sucedió en junio, cuando tuvo que interrumpir su actividad unos días a causa de una intervención quirúrgica. Asimismo, Rajoy lleva desde el 13 de abril sin ofrecer una rueda de prensa en la sede de su partido. 

En la agenda de hoy del PP -la Oficina de Información la reparte a diario- no figura evento o convocatoria de los más altos dirigentes que pudiera solaparse con la conferencia de prensa. Lo que sí figura, por ejemplo, en la página web del partido, es la (no) intervención de Pons en la Cope. 

(www.publico.es, 13/10/09) 

CAMPS INTENTA APLACAR A COSTA PARA EVITAR QUE CUENTE QUIÉN DIO LAS ÓRDENES 

Francisco Camps lleva siete meses actuando como si el caso Gürtel no existiera y, a pesar de haber vivido el fin de semana más conflictivo en el PP valenciano desde que él lo dirige, aún trata de mantener esa ficción. El viernes, Mariano Rajoy le obligó a anunciar que el Comité Ejecutivo convocado esta tarde destituiría a su secretario general, Ricardo Costa. Camps lo hizo in extremis, pero desde entonces no ha parado ni un minuto de trabajar para deshacer el problema interno que eso le ha provocado. 

Camps está moviendo, según fuentes del PP valenciano, todos los hilos a su alcance para tratar de aplacar la ira de su número dos. Le ha llamado personalmente varias veces y le ha hecho llegar todo tipo de mensajes para tratar de convencerle de que lo del cese es algo temporal, que no ha perdido la confianza en él, que está muy preocupado por su situación personal y que esto sólo se hace porque Rajoy lo exige, pero que se deshará en cuanto la situación judicial se aclare y, sobre todo, la presión mediática sobre el líder del PP se reduzca. 

A esos mensajes privados, Camps añadió ayer uno público. Obligó a Juan Cotino, hombre fuerte del entorno del presidente, a emitir una nota -ni Camps ni nadie de su Gobierno se someten a preguntas sobre el caso Gürtel; sólo Costa lo hacía-. En ella se deshace en elogios hacia la figura del secretario general y desmiente que le hubiera espiado a él y a Gerardo Camps, tal y como publicaba el domingo El Mundo. 

Cotino señaló que Costa es "una persona honesta, íntegra, que ha realizado una gestión intachable y que ha trabajado y trabaja incesantemente por defender los intereses de los valencianos". Después de leer esta frase, un dirigente del PP se preguntaba ayer: "¿Y entonces, por qué lo echan?". 

Todo este despliegue de medios y de buenas palabras de Camps y su entorno hacia Costa tiene un objetivo: evitar que el todavía secretario general rompa la fidelidad absoluta que ha mantenido hasta ahora con el presidente y cuente lo que la mayoría de los dirigentes ya conocen: que fue Camps quien llevó a Álvaro Pérez, El Bigotes, a Valencia; que fue él quien facilitó que obtuviera hasta siete millones de euros en contratos de la Generalitat, y que Costa sólo obedeció órdenes del presidente cuando decidió contratar a Orange Market para hacer prácticamente todos los actos del PP en esta comunidad, a pesar de que la dirección nacional había aconsejado dejar de trabajar con ellos. 

Costa, que estaba en la Comunidad Valenciana desde la noche del domingo -nunca hizo realmente el Camino de Santiago-, tiene varias horas para reflexionar sobre su posición en el Comité Ejecutivo. Lo cierto es que Camps ya le prometió la semana pasada que nada sucedería, e incluso llegó a decirle: "Si te vas tú, me voy yo". 

Costa, según varias personas que han hablado con él estos días, no está dispuesto bajo ningún concepto a aceptar una dimisión temporal voluntaria, la solución que Camps prefiere. Quiere que sea el Comité Ejecutivo quien lo destituya para garantizar que Camps tenga que explicar por qué lo decapita. 

El secretario general preparó ayer su discurso. En él defenderá su gestión, recordará que él no estuvo nunca en el Gobierno y por tanto no pudo adjudicar nada a ninguna empresa, y tratará de responder a las acusaciones de financiación ilegal. El PP valenciano no acepta que haya existido, por lo que es difícil explicar la destitución. Después será Camps quien hablará, por primera vez ante su ejecutiva, sobre el caso Gürtel. El presidente valenciano no ha ofrecido nunca una explicación, siquiera somera, sobre sus relaciones con El Bigotes, al que llamaba "amiguito del alma". En función de lo que él diga, Costa le responderá. 

Camps quiere reducir todo a una cuestión formal, descarta cualquier otra destitución e incluso plantea la posibilidad de que nadie releve a Costa, esto es, que la plaza se quede vacante, una forma de demostrarle que la cuestión aún se puede resolver. 

Sin embargo, la dirección nacional está dispuesta a presionar, como lo hizo el viernes, para evitar las componendas que busca Camps. En Génova existe la convicción de que, o se tapa el agujero del Gürtel, o la imagen de Rajoy puede quedar definitivamente tocada. Por eso desde Madrid se seguirán con detalle los pasos de Camps por si hay que reconducirlo de nuevo, por ejemplo si rechaza destituir a Costa como portavoz parlamentario, algo que le exige Génova. 

(www.elpais.com, 13/10/09) 

EL LÍDER VALENCIANO CONFIGURA UNA SOLUCIÓN A MEDIAS 

El PP valenciano canalizó ayer toda la tensión previa al Comité Ejecutivo convocado para destituir temporalmente a su secretario general, Ricardo Costa, con una eclosión de llamadas entre la conmoción y la indignación, que sumieron al partido en otra jornada de vacilaciones.  

Hasta conocerse el encuentro de ayer entre Costa y el presidente Francisco Camps, e incluso después de éste, los cuadros del PP manejaron distintos escenarios para hoy y ninguno con final feliz.  

La posibilidad de llegar al Comité Ejecutivo con una solución global pactada se consideraba incierta a última hora de ayer. Ni entre Camps y Costa. Ni tampoco entre el presidente y sus tres barones provinciales. Aunque hoy está convocada una reunión con ellos para intentar cerrar un acuerdo.  

A lo largo de la tarde, los dirigentes territoriales confirmaron la voluntad de Camps de mantener a Costa en la portavocía de las Cortes y nombrar como interinos al frente del partido a la vicesecretaria de Comunicación, Marta Torrado, y al de Política Municipal, César Augusto Asencio. Una salida con el aliño preferido de Camps de aquí no ha pasado nada, pero que entre bambalinas la organización consideró insatisfactoria por dos razones.  

Una, porque la continuidad de Ricardo Costa como portavoz parlamentario significa resolver el problema sólo a medias. Y dos, porque sus sustitutos -Torrado y Asencio- carecen del peso suficiente para ser interlocutores de José Joaquín Ripoll en Alicante, Alfonso Rus en Valencia y Carlos Fabra en Castellón, cuya influencia se ha multiplicado por la debilidad de Camps.  

El otro decorado previsto por Presidencia -si no logra que Costa siga en las Cortes- pasaría por situar a Asencio o a José Marí, responsable económico del grupo parlamentario, al frente de la portavocía.  

Ambos esquemas tropiezan con la imagen de cambios reales exigidos por Génova y con su propuesta sotto voce, trasladada a los referentes del PP valenciano, de que Gerardo Camps sea el secretario general y un consejero se convierta en el nuevo portavoz parlamentario. Pese a que este diseño es el deseado, la dirección nacional ha reclamado a los barones que dé la impresión de «que Paco lidera».  

Las distintas ecuaciones dan como resultado un Comité Ejecutivo insólito, sobre el que nadie se atreve a pronosticar. Ricardo Costa y sus palabras son el centro sobre el que pivotará el resto de discursos, fundamentalmente el de Camps. Se da por segura la presencia de su hermano, el ex ministro Juan Costa.  

Pero si el presidente no logra sumar sin ambages a Ripoll y Fabra, así como a Rus y Barberá -estos últimos más cercanos a él- sus intervenciones puedan ser otras bombas de relojería. Para desactivar explosiones incontroladas se ha convocado la reunión previa de hoy.  

A falta de confirmarse la escenografía y los nuevos protagonistas, el partido vive en absoluto duelo la ejecución pública de Costa que, aunque inevitable para todos, resulta absolutamente molesta por la incapacidad del president Camps de realizarla en solitario. 

(www.elmundo.es, 13/10/09) 

CAMPS OFRECE A COSTA DEJARLO EN «CUARENTENA» Y EL SECRETARIO GENERAL SE RESISTE A ACEPTAR

Una «cuarentena» hasta que escampe el temporal para dar satisfacción a Génova pero con billete de vuelta al cargo. El presidente Camps intentó ayer por todos los medios convencer a Ricardo Costa, su mano derecha estos años y conocedor de las «alcantarillas» del PPCV, para que acepte la propuesta que hoy propondrá a los 94 miembros del comité ejecutivo regional: Su destitución «temporal» como secretario general pero dejando vacante el cargo y manteniéndolo como portavoz en las Corts. La solución, según responsables campsistas, daría satisfacción a la exigencia de depuraciones de la dirección nacional sin segar la carrera política de Costa, a la espera de futuros acontecimientos.  

Costa, sin embargo, se resistía anoche a aceptar esta componenda al no fiarse de que no esté con ello cavando su tumba política y cargando con el mochuelo de la rama valenciana del caso Gürtel. De ahí la negativa a dimitir y el órdago a Camps de que, si quiere (o si se atreve), que lo destituya en el comité regional. Algunas informaciones apuntaban anoche que el número dos barajaba emitir un comunicado dejando claro que él no hizo sino cumplir órdenes de Camps. Fuentes cercanas al todavía «número»?dos recordaban que no fue él quien trajo a Orange Market a la Comunitat —vino de la mano del propio Camps— y que fue el único que logró la unanimidad de los jueces en el archivo del TSJ.
El presidente, que no acudió ayer al desfile de las Fuerzas Armadas, se empleó a fondo para convencer a Costa de que aceptara el arreglo. Camps —al igual que sus personas de confianza— alabará la gestión del «número» dos como coordinador del partido y su trayectoria «intachable». Un homenaje antes de la sentencia. Dirigentes populares resaltaban que no está imputado ni acusado de nada, y que tampoco, a la luz del sumario, ha metido la mano en la caja.

La propuesta de Camps, según las mismas fuentes, tendría el aval de Génova, que el viernes, a lo largo del 9 d´Octubre más tempestuoso que se recuerda, exigió al jefe del Consell la cabeza de Costa. Ante la negativa del secretario general a dimitir (al alegar que no ha cometido ninguna irregularidad), el presidente convocó para hoy el comité ejecutivo. La «cuarentena» de Costa sería una vía intermedia que Camps, demostrando su autonomía de decisión, habría arrancado a Madrid, según las citadas fuentes. El «acuerdo» serviría para acallar a todas las partes en un escenario que, recalcan, no es comparable al alcance del caso en Madrid, sino que es un «problema de estética» en los comportamientos.  

Habrá que ver si esa solución —un paripé, según los críticos, que subrayan que la destitución temporal «no existe»— es suficiente para Rajoy y también si Costa, quien intervendrá para leer su informe, asume ese papel o se defiende abriendo la caja de los truenos. Las mismas fuentes destacan el enfado con el vicepresidente Juan Cotino, a propósito de los supuestos informes del Consell sobre cargos del partido. De no haber solución negociada, se tendría que votar. El ex ministro Juan Costa, que está peleando para salvar la carrera de su hermano y que no sea el cabeza de turco, podría asistir al comité. Los zaplanistas propondrán que se pacte un grupo de notables para afrontar todos unidos la grave crisis, en lugar de ir poniendo «parches» a golpe de sobresalto judicial, como a su entender es el cese «temporal». En ese grupo estarían Camps, los tres presidentes provinciales, Rita Barberá y un miembro del Consell, probablemente Gerardo Camps. Los zaplanistas creen que el tiempo en que Camps hacía y deshacía sin contar con ellos ya ha acabado, si se quiere buscar soluciones a largo plazo. 

(www.levante-emv.com, 13/10/09) 

LAS PREGUNTAS QUE CAMPS NO QUIERE RESPONDER SOBRE LA TRAMA CORRUPTA 

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, afronta hoy una de las reuniones de partido más difíciles a las que ha asistido. Forzado por la dirección nacional del PP, Camps ha convocado esta tarde al Comité Ejecutivo Regional del partido para proponer la destitución "temporal" de su mano derecha y portavoz parlamentario, Ricardo Costa. Primero será el todavía secretario general del PP quien presente su informe y, posteriormente, Camps, como presidente, quien haga la propuesta de destitución y explique las razones. El jefe del Consell intentará, sin embargo, no responder a las principales preguntas que se hacen en el PP. Estas son algunas de ellas. 

- ¿Quién introdujo a Álvaro Pérez El Bigotes y a Orange Market como proveedores del PP en la Comunidad Valenciana? Ricardo Costa es secretario general del PP desde el 13 de junio de 2007, cuando la dirección regional de los populares ya llevaba, al menos, dos años contratando casi en exclusiva todos sus actos con Pérez. Costa entró en el equipo de Camps como vicesecretario general del PP en noviembre de 2004. 

- ¿Conoció Camps a los miembros de la trama como secretario regional del PP? El pen drive incautado por la policía al contable de la trama corrupta, José Luis Izquierdo, incluye dos apuntes referidos al décimo congreso regional del PP en la Comunidad Valenciana, celebrado en 2002. Uno en dinero A de 90.151 euros y otro en B de 150.412 euros. Camps, al que Eduardo Zaplana ya había nombrado secretario general, era el encargado de visar la contabilidad. 

- ¿Por qué negó Camps su estrecha amistad con El Bigotes? Las conversaciones grabadas a Álvaro Pérez con Francisco Camps, Ricardo Costa y David Serra, entre otros, demuestran la estrecha relación del responsable de Orange Market con la cúpula del PP. Pero, también, cómo este recibía encomiendas institucionales de Presidencia, se le atribuía capacidad de influir las decisiones de gobierno y tenía relación no sólo con Camps sino con su esposa, Isabel Bas. 

- ¿Sabía el presidente que Costa intentó arreglar el asunto de los trajes con Pedro García (director de RTVV) y Pérez? La investigación policial desvela que el número dos del PP intentó buscar una solución para justificar los trajes regalados por la trama corrupta. Unos trajes que Camps insiste en que pagó con dinero en metálico de la farmacia de su mujer. 

- ¿Quién facilitó a la trama corrupta contratos por valor de ocho millones de euros con la Generalitat desde 2005? Nadie ha dado una explicación convincente. Camps se remite siempre a que no se impugnó ninguna de las adjudicaciones. 

- ¿Qué papel ha jugado el vicepresidente Vicente Rambla? Responsable de la campaña electoral del PP en las elecciones autonómicas de 2007, Rambla ostentaba ya amplias responsabilidades en el Consell. A través de una de las empresas públicas, Rambla adjudicó a Orange Market un contrato superior al medio millón de euros. El Bigotes se queja en las conversaciones con Costa de que el vicepresidente se resiste a pagar lo que se les adeuda. En otras ocasiones, Pérez se felicita de que Rambla les ayudará a conseguir grandes eventos para la Generalitat. 

- ¿Quién puso en contacto a Orange Market con las constructoras que, supuestamente, financiaron actos del PP? 

Álvaro Pérez era, prácticamente, proveedor exclusivo de la dirección regional del PP y de la Generalitat. Aunque El Bigotes también compartía con Pedro García amistad con Vicente Cotino, responsable de la constructora Sedesa y sobrino del vicepresidente Juan Cotino, nadie ha explicado por qué esta constructora y otros grandes promotores como el alicantino Enrique Ortiz (Ortiz e Hijos) o los castellonenses Enrique Gimeno (Facsa) y Luis Batalla (Lubasa) contactaron con Orange. 

¿Qué garantías tiene Camps de que no habrá más escándalos? Nadie en el PP tiene hoy en día la seguridad de que no haya más escándalos. La confianza solicitada por Camps, que desde el pasado mes de febrero insiste en que no hay nada de nada, se ha volatilizado. 

(www.elpais.com, 13/10/09) 

EL MAL ROLLO DEL ESPIONAJE 

El vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, negó ayer categóricamente que hubiese auspiciado una investigación sobre el número dos del PP, Ricardo Costa, y sobre el vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps. Pero hizo tarde. El mal rollo ya llevaba horas instalado entre los cargos populares que, no sólo dieron credibilidad a las informaciones, sino que exteriorizaron su indignación. El malestar por el supuesto espionaje interno aumentó ayer la desconfianza en el seno del PP, donde va cobrando fuerza la idea de que se está ante un final de ciclo que, en un plazo más corto de lo previsto, podría abrir la batalla por la sucesión. 

En este contexto, los presidentes provinciales y los principales alcaldes estaban a la espera de que Camps les consulte cual será su propuesta de esta tarde al Comité Ejecutivo Regional. 

Los más allegados a Camps intentaron convencerlo ayer de que debe realizar una demostración de fuerza en el Comité Ejecutivo para evitar que siga creciendo la lista de cargos desafectos o de los que están a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos. 

En cualquier caso, Camps intentará limitar al máximo las repercusiones de la reunión. Es decir, no tiene previsto realizar una operación de gran calado que afecte al Gobierno valenciano. Situación que le abriría un nuevo frente de consecuencias desconocidas. 

Todo ello, siempre y cuando consiga pactar con Ricardo Costa las condiciones de la "destitución temporal". Fuentes de Presidencia especulaban ayer todavía con la posibilidad de que Costa se pueda mantener como portavoz parlamentario, una medida que la mayoría del PP considera inviable. En cualquier caso, el Comité Ejecutivo, con los zaplanistas al frente, espera hoy explicaciones claras. 

(www.elpais.com, 13/10/09)

EL PP PAGÓ AL MENOS 1,4 MILLONES A LA TRAMA DE CORREA CON FACTURAS Y EN NEGRO ANTES DE 2007  

La tradición del PP valenciano de contratar a las empresas de Francisco Correa y pagar una parte en negro se remonta al menos a 2002 -en concreto al congreso celebrado en septiembre- y se ha sostenido regularmente en el tiempo en los años previos a las autonómicas 2007, cuando el negocio de Orange Market se disparó. Los documentos encontrados por la policía judicial en el piso de la calle Serrano lo acreditaban y las declaraciones del contable José Luis Izquierdo en el juzgado corroboran la práctica del doble flujo contable. Entre el citado acto y diciembre de 2006, los populares pagaron al menos 1,4 millones a las firmas de la trama Gürtel, sobre todo a Special Events y a Orange Market.  

Entre 2004 y 2006, sin existir ninguna campaña autonómica de por medio, el partido abonó 46 facturas a la franquicia valenciana de Correa por un total de 905.504 euros, según las cuentas de este diario. A esa cantidad hay que sumar los 218.637 euros que el PP abonó en negro por organizar 26 actos en 2005, algunos de ellos con motivo de la campaña de las europeas. Antes, en noviembre de 2004, el "PP de Valencia" hizo una provisión de fondos en negro por 84.000 euros, según consta en el documento "Caja B de Orange Market" que figura entre los 17.000 folios del sumario cuyo secreto se ha levantado.  

Otros 240.582 euros se pagaron por el citado congreso de 2002, el que reeligió a Eduardo Zaplana como presidente por cuarta y última vez y a Francisco Camps, secretario general. Orange Market no había nacido y faltaban cinco años para que Ricardo Costa se convirtiera en secretario general. En una de sus declaraciones judiciales, José Luis Izquierdo apunta a Álvaro Pérez como la persona que gestionó el abono de 150.430 euros en negro, pero dice desconocer quién, por el PP, hizo el pago ilegal.

Álvaro Pérez:  

Magistrado: Vamos a ir terminando. Congreso Regional de la Comunidad Valenciana del año 2002 y 2003, son uno de los archivos que tiene usted en las carpetas, esto fue ¿Con Special Events?

José Luis Izquierdo: Ummm, seguramente...si me permite (...)

M: Oiga y...¿y esto que pone aquí?, sin IVA, sin IVA, sin IVA...cobros A 91.151, Cobros B 150.421 ¿Esto qué significa?

JLI: Pues mire, esto, para decírselo rápidamente, este congreso hubo una parte que se facturó en A y otra que se facturó en B.

M: ¿Y con quién se concierta ese congreso?

JLI: ¿Que con quién, perdón?

M: Sí...se pagó.

JLI: Pues en este caso yo creo pues que por la fecha, fue Special Events, porque esto es de 2002.

M: ¿Y quién le facturó a Special Events en B, con IVA y sin IVA? Si sabe el responsable del congreso que pagó a Special Events.

JLI: No, o sea, el responsable del congreso que se organizaba en la Comunidad de Valencia...

M: El que paga.

JLI: Por el PP, no sé quién, no se quién porque además aquí como figura Álvaro Pérez, pues sería Álvaro Pérez quien gestionó..

M: Sí, pero no sabe usted con quién gestionó el...

JLI: La persona del PP que tiene que ser...no sé qué persona (...), ese tipo de información, normalmente, a mí nunca me llegaba. Las personas de contacto allí y demás son exclusivas de ellos.

En su declaración judicial, Álvaro Pérez negó que el PP pagara en negro. Preguntado por los 90.151euros en A y los 150.421 en B contestó con una clara evasiva: "Pues no lo puedo justificar yo ¿De qué año me ha dicho, del 2000?".

Y una vez pagó la trama al PP

En el informe de la Udef ya se daba cuenta del pago de esos 150.430 euros en negro a una cuenta personal de Correa. Se da la circunstancia de que en ese mismo 2002, el 18 de diciembre, figura un apunte de salida de la Caja B de la trama en Madrid de 420.000 euros que va a parar a "PP VLC", según recogía ya el auto de Garzón y el informe de la policía judicial. "Esta entrega podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Correa", dice la policia. Esto es, una comisión al partido. Es el único flujo registrado, en negro, desde la trama de Correa hacia el PP. Que se sepa. 

(www.levante-emv.com, 13/10/09) 

EL 'ZAPLANISMO' PEDIRÁ EXPLICACIONES Y FABRA SE DISTANCIA DEL PRESIDENTE 

Si algo ha quedado claro en la crisis provocada por el caso Gürtel, es que Francisco Camps ha dejado de tener el control del partido en la Comunidad Valenciana. Los zaplanistas, a los que Camps parecía haber controlado en los últimos años, piensan aprovechar la reunión de hoy para buscar que no sólo Ricardo Costa, sino también el propio Camps asuma su responsabilidad por haber fichado a Álvaro Pérez, El Bigotes. El presidente provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, líder de este sector, tiene previsto pedir explicaciones a Camps. Los zaplanistas, que tienen una representación pequeña en el órgano de dirección del PP de la Comunidad Valenciana, no defenderán a Costa -quien llegó a bromear con El Bigotes con meter a todos los seguidores de Ripoll en un furgón policial-, pero tampoco se conformarán con su cese. 

Mientras, Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, imputado en varios casos de tráfico de influencias y delito fiscal, también se distanció de Camps. "Lo único lamentable" del caso Gürtel es que "algunos creyeran" en la "pandilla de mafiosos que se ha querido aprovechar del PP" y "les hicieran caso", sentenció. Aunque no citó expresamente a Camps, la conversación en la que éste mostraba su confianza en El Bigotes es muy conocida. 

(www.elpais.com, 13/10/09) 

UN SUMARIO SOBRADO DE PRUEBAS 

Numerosas conversaciones entre miembros de la trama Gürtel y dirigentes del PP y mucha documentación de las empresas de Francisco Correa que apuntalan la posible financiación irregular del PP valenciano no llegaron al juez José Flors, encargado de instruir la causa por supuesto cohecho impropio contra Francisco Camps, el presidente valenciano, y otros tres altos cargos del PP. Pese a no contar con las pruebas ahora conocidas, ni con las conversaciones en la cárcel de los jefes de la trama corrupta y sus abogados, donde sostienen que creen que Camps se pagó sus trajes pero no aportan una sola prueba para demostrarlo, el juez Flors encontró suficientes indicios de cohecho impropio en la actuación del presidente valenciano y tres altos cargos del PP. 

Hasta el punto de que Flors, con los datos de que dispuso, era partidario de sentar en el banquillo y ante un tribunal con jurado a Camps y a los otros aforados implicados. Y todo ello a pesar de que Álvaro Pérez, el Bigotes, declaró ante Flors (fue lo único que quiso decir) que no había pagado los trajes a Camps, en contra de lo que revela toda la documentación hallada en las empresas de la trama. 

Aunque en el sumario del caso Gürtel hay abundantes pruebas y conversaciones inculpatorias contra Camps y otros cargos públicos, la estrategia ahora del PP es expandir la sospecha de que las fiscales del caso han tratado de eliminar del sumario un diálogo entre imputados y sus abogados que beneficiaría al presidente Camps. En ese diálogo, Pablo Crespo, número dos de la trama, afirma a su letrado que cree que Camps se pagó los trajes. Esta grabación, al igual que otras muchas que han salido ahora a la luz tras levantarse en Madrid una parte del secreto del sumario, no fue enviada a Valencia. El PP se fija sólo en la que beneficia a Camps y obvia las otras para decir que las fiscales han tratado de ocultar pruebas favorables al presidente valenciano. Al pedir que se eliminasen las conversaciones entre los abogados y los principales implicados en la trama -el cabecilla Francisco Correa y su lugar teniente Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP de Galicia-, las fiscales también estaban renunciando -todo ello para "salvaguardar el derecho de defensa"- a la admisión implícita por parte de Correa de la validez del contenido del pen drive decomisado al contable de las empresas corruptas y que da cuenta de sobornos a numerosos cargos del PP. Y, también, a la admisión de otra grabación en la que el imputado Crespo deja entrever una supuesta financiación ilegal del PP de Galicia. La polémica que alimenta ahora el PP se refiere en concreto a un diálogo que mantienen en la cárcel Crespo y sus abogados. Los abogados le preguntan, entre otras cosas, por el regalo de trajes a Camps. Crespo se desahoga: "Nunca lo podrán demostrar porque no es cierto. Van a tener difícil sostener la acusación contra Camps, porque no es cierta". A otro de los letrados presentes le asegura: "Si Camps se hizo trajes allí, los habrá pagado de su bolsillo". 

Esta conversación no fue remitida a Valencia, al igual que otras muchas que sí le inculpaban. El juez Flors, lo mismo que otro de los magistrados de Valencia contrario a archivar el caso Camps, entendió que había pruebas suficientes para sentar a Camps en el banquillo. Y eso que, de entrada, el tribunal que preside Juan Luis de la Rúa (amigo declarado de Camps) limitó la investigación al asunto de los trajes y prescindió de indagar otros delitos. 

- Resolución judicial. El auto de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal de Justicia de Valencia (TSJV) declaró el sobreseimiento libre de la causa instruida contra Camps por el magistrado José Flors. Ese auto asume que las empresas de la trama corrupta pagaron trajes a Camps. Pero archiva el asunto porque entiende que Camps no recibió los trajes en virtud de su cargo público, sino fruto de la íntima relación de amistad que mantenía con Álvaro Pérez, El Bigotes, gerente de Orange Market, una de las empresas de la trama corrupta, que recibió del Gobierno de Camps casi ocho millones de euros en contratas, casi todas a dedo. 

- Adjudicaciones a El Bigotes. Un informe remitido por la Generalitat al TSJCV explica que la Consejería de Turismo contrató la instalación del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur, la feria de turismo, entre 2005 y 2008. 

- Alicante y Barcelona. La policía se incautó en las oficinas de Orange Market en Valencia de documentos que relacionaban una serie de ingresos bajo el epígrafe Alicante, que se refería a dinero justificado con facturas con IVA; y una segunda relación de ingresos bajo el epígrafe Barcelona, en referencia a dinero negro no declarado. El TSJV archivó el caso sin investigar este asunto. 

- Cuentas coincidentes. Documentos incautados en la sede central de la trama corrupta, en la calle de Serrano de Madrid, consignan ingresos de Orange Market que coinciden con los apuntes incautados en la sede de esta empresa en Valencia. 

- Constructores afines. Correos electrónicos encontrados en la sede de Orange Market probaban que se cambiaban facturas de actos del PP por otras de constructoras, de lo que se deduce un supuesto circuito de financiación ilegal de esa formación. 

- El Bigotes reclama. Conversaciones telefónicas grabadas con autorización judicial entre El Bigotes, Ricardo Costa (secretario general del PP valenciano), David Serra (vicesecretario general) y Yolanda García (tesorera). Ricardo Costa a Álvaro Pérez: "Entre mañana y el viernes te voy a dar todo lo que te falta, que te debemos nosotros, pero yo necesito que el presidente no lo sepa, y entonces que le digas que éste [en referencia a Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat] es un hijo de puta". 

- "Fíjate lo que te debo". El día de nochebuena, a las diez de la noche, El Bigotes telefoneó a Camps. 

Camps. Muchísimas gracias, ¿eh? 

Álvaro Pérez. Bueno, escucha, tú... ¿Has leído mi tarjetón? 

C. Sí, sí, sí... 

Á. Bueno, pues fíjate, fíjate si te debo... 

C. No, no, nada. 

Á. Sí, sí, sí. 

C. Bueno, yo quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro... que es muy bonito.

(www.elpais.com, 13/10/09)

LA TRAMA PARTICIPÓ EN LA VISITA DEL PAPA 

El sumario del caso Gürtel ha vuelto a desmentir al Gobierno de Francisco Camps. El 30 de marzo, el vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla, afirmó rotundo que el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes, no había tenido "nada que ver" con la organización de la visita que el Papa realizó a Valencia en julio de 2006 durante el V Encuentro Mundial de las Familias. Ahora, las cifras de la contabilidad B, que computa los movimientos de dinero negro, demuestran que Orange Market, la franquicia valenciana de la trama, sí tuvo que ver con ese pío cónclave. Formalmente lo organizó una fundación constituida por la Generalitat, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de la capital y el Arzobispado.  

En realidad, todavía no se sabe quién contrató a Orange Market pero los documentos que contenían el CD y el pen driveincautados por la Policía a José Luis Izquierdo, contable del grupo de Correa, acreditan que la compañía prestó servicios. Las cuentas consignan un apunte de 10.000 euros junto a la siguiente leyenda: "Ent. P. Crespo/ Gtos. producción Visita Papa". El concepto por el que se libran los 10.000 euros aparece en una columna encabezada por este epígrafe: "Pasado a Caja Pagos B". La presencia de la palabra "producción" sugiere, según fuentes valencianas conocedoras del caso, que la trama podría estar hablando de trabajos televisivos, aunque esa afirmación es sólo una hipótesis. 

La fecha de pago anotada es el 7 de julio de 2006. En la jornada siguiente, el Papa llegó a Valencia y el día 9 recibió en el Palacio Arzobispal a Camps, el "amiguito del alma" de Álvaro Pérez y a su esposa, Isabel Bas, la farmacéutica a quien el administrador de Orange Market se refiere en una conversación telefónica como "la dama". 

En la contabilidad hay un segundo apunte relativo a ese evento. Junto a la fecha 20 de marzo de 2006 figura una anotación por 2.000 euros. Se corresponde con el concepto "Ent. a Álvaro Pérez p/ Viaje a Italia". Una de las grabaciones policiales cazó a Francisco Correa hablando del viaje de El Bigotes a Roma en ese mes, marzo de 2006, para preparar la visita del Papa a Valencia.  

Las cuentas secretas de la red incluyen un tercer apunte que parece referirse igualmente a la visita del Papa. La anotación da cuenta de una entrega de 6.000 euros fechada en junio a un hombre cuya filiación nombre y primer apellido se corresponde con las iniciales M. T. Según fuentes cercanas al caso, se trata de una persona vinculada al viaje de Benedicto XVI, aunque este diario no ha podido confirmarlo.

M. T. se trata de una persona vinculada al viaje de Benedicto XVI 

No sólo Rambla desmintió la presencia de Orange Market en la logística del V Encuentro Mundial de las Familias. También el Arzobispado de Valencia negó de modo tajante que esa empresa hubiera sido contratada. Afirmar lo contrario clamó en febrero el prelado a través de una nota oficial constituye "una insidia y una falsedad absoluta".  

Dado que buena parte de las investigaciones que pudieran afectar al PP valenciano y al Gobierno de esa comunidad permanecen bajo secreto de sumario, no es posible dilucidar quién encargó los trabajos ni cuáles fueron exactamente.  

Durante la investigación judicial abierta para determinar si Camps y otros tres cargos del PP valenciano había recibido trajes se supo que Orange Market había recibido ocho millones en contratos públicos de la Generalitat.  

Fue el pasado 30 de abril cuando el vicepresidente primero de la Generalitat negó categóricamente la presencia de Orange Market en la visita del Papa. Vicente Rambla lanzó su mentís tras conocerse que un pinchazo policial había destapado cómo ‘El Bigotes’ se las prometía felices al dar por hecho que la Generalitat lo podía nombrar “por la cara” coordinador de la visita. 

“Lo que sí que conozco –prosiguió Rambla- es que la organización de la visita del Papa la llevó a cabo una fundación en la que estuvo presente el Arzobispado, el Ayuntamiento de Valencia, la Diputación de Valencia y la Generalitat valenciana y, desde luego, no esta persona”. La oposición valenciana lleva tres años reclamando que la Generalitat explique cuánto costó el viaje de Benedicto XVI.  

(www.publico.es, 13/10/09) 

RITA BARBERÁ EXIGE AL GOBIERNO Y A LA FISCALÍA DIMISIONES Y PIDE SUS DISCULPAS 

El PP vuelve a la conspiración. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como ya hizo ayer Soraya Sáenz de Santamaría, ha acusado este lunes al Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y al Gobierno central, de haber cometido un "abuso institucional" en la investigación de la trama Gürtel y ha exigido "explicaciones" al respecto y "dimisiones de los responsables de Justicia". 

En declaraciones a los periodistas, Barberá se ha referido a las informaciones que aseguran que la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que eliminase del sumario una conversación del 'número dos' de la trama, Pablo Crespo, en la que niega a su abogado que se hubiese regalado trajes al president de la Generalitat, Francisco Camps. 

La alcaldesa de Valencia, ha calificado de "indecentes" e "inmorales" estos hechos y ha exigido a los que lo han ordenado "que den explicaciones, asuman sus responsabilidades y pidan perdón". 

"El Fiscal Jefe y detrás de él, el Gobierno, son quienes tienen que dar explicaciones de estas barbaridades, de estos abusos institucionales y pedir perdón a las personas a las que públicamente se les ha hecho tanto daño", ha afirmado. 

Según la alcaldesa, "cuando encima se sabe que las declaraciones son absolutamente pruebas exculpatorias de quien han tenido siete meses sufriendo como si fuera parte de un caso delictivo, me parece indecente, cuanto menos inmoral". 

"Yo y todos los españoles tenemos que pedir, primero explicaciones, y luego dimisiones de los responsables de la Justicia", ha señalado.

Barberá ha evitado pronunciarse sobre el "cese temporal" del secretario general del PPCV, Ricardo Costa, pero ha insistido en que la grabación ilegal entre un acusado de la trama Gürtel y su abogado es "un tema de enorme alarma y gravedad institucional y de exigencia de responsabilidades inmediatas". 

"Mal servicio están prestando los responsables de la Justicia en España a la independencia judicial. Se la están cargando y se están cargando el Estado de Derecho, y hay pruebas", ha sentenciado. 

"Se están cargando la independencia judicial"

Para Barberá, ha habido "errores" pero "personas que hayan cometido errores o indeseables que se aprovechen de la confianza de amigos los hay en la política, las empresas y las familias, y evidentemente hay que explicarlo y reconocerlo". 

No obstante, considera que "es gravísimo que se hayan hecho grabaciones absolutamente ilegales ordenadas en el locutorio de una cárcel entre una persona detenida y su abogado, basándose en un artículo de la ley que sólo se permite en casos extremos de terrorismo", ha concluido. 

(www.publico.es, 13/10/09)

LA OPOSICIÓN ADVIERTE USOS MAFIOSOS EN "EL ESPIONAJE" DE CAMPS A COSTA

PSPV, Compromís y Esquerra Unida subrayan la debilidad del presidente

La supuesta "investigación" que ayer reveló El Mundo a la que Francisco Camps, presidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad Valenciana, sometió a Ricardo Costa, su número dos en el partido y cuya cabeza habría de ser servida en bandeja a Génova mañana para aplacar el escándalo desatado por la difusión del sumario del caso Gürtel, desató las más airadas reacciones de todos los partidos de la oposición parlamentaria. Un portavoz de la Generalitat negó cualquier credibilidad a la investigación y sugirió que la información respondería a una lectura sesgada de la auditoría externa sobre las cuentas del partido y la gestión de Costa como secretario general. O, tal vez, sobre la exigencia del PP a Costa para que justificara el pago de un vehículo por 65.000 euros, algo que ya hizo el secretario general y satisfizo al partido.

Pero Víctor Sahuquillo, secretario de Acción Electoral del PSPV, ofreció otra lectura del asunto. "Los métodos mafiosos de Francisco Correa, Álvaro Pérez y los otros hombres de Don Vito calaron tanto en la Comunidad Valenciana que hasta el propio Camps los ha puesto en práctica investigando a su número dos".

"Las divisiones internas del PP no sólo afectan a Alicante y a los grupos de campistas y ripollistas, sino que en la cúpula del partido, las disensiones también se dejan sentir", siguió Sahuquillo.

Según El Mundo, Camps habría ordenado investigar a Costa y a Gerardo Camps, vicepresidente económico del Consell, con el conocimiento de Juan Cotino, vicepresidente social y, en su día, director general de la Policía. Camps buscaría algún argumento definitivo que esgrimir ante el Comité Ejecutivo Regional del PP de la Comunidad Valenciana, que está convocado mañana, para "cesar temporalmente" a Costa y salvar la cara ante las presiones de Mariano Rajoy, presidente nacional del PP, para que tome decisiones "contundentes".

Costa ni ha dimitido ni parece tener ninguna intención de hacerlo. Su hermano, el ex ministro Juan Costa, que renunció a un cargo ejecutivo de relevancia en una gran empresa de ámbito internacional para dirigir la última campaña electoral de Rajoy, tampoco parece dispuesto a asumir que su hermano pague todas las culpas por el escándalo de financiación irregular del PP. Juan Costa ya ha hecho saber que su hermano se limitaba a seguir órdenes. De Camps, naturalmente.

La supuesta investigación del número uno al número dos del PP de la Comunidad Valenciana también provocó la fulminante reacción de Compromís y Esquerra Unida.

Mireia Mollà, diputada de Iniciativa en el grupo Compromís, dijo: "El espionaje de Camps para buscar trapos sucios de sus colaboradores demuestra el estilo facineroso en el que se ha instalado el PP. Es un hecho muy preocupante, una vuelta más de tuerca de la actitud antidemocrática de un PP en el que nadie se fía de nadie y todos sospechan de todos. Y es que el ladrón piensa que todos son de su condición". Mollà se preguntó: "¿Qué más busca Camps de Costa si con la lectura del sumario y de la información de la prensa es más que suficiente? ¿O lo que realmente estaba buscando era la información que le implica a él para eliminarla?"

Marga Sanz, coordinadora general de Esquerra Unida, apuntó que las supuestas investigaciones ponen de manifiesto la necesidad de "una limpieza interna de calado" en el seno del PP de la Comunidad Valenciana. Según Sanz, el único objetivo verosímil de la investigación "sería blindar a Camps".

Ayer fue imposible contactar con Ricardo Costa y con Gerardo Camps para que ofrecieran su versión sobre la información.

Los portavoces de la oposición subrayaron que la supuesta investigación revela la debilidad de Camps para desprenderse de Costa. "Parece que Camps no sentía lo mismo por Costa que por El Bigotes. Es un blanco fácil, la víctima que debía cargar las culpas de Gürtel para que él saliera impune", dijo el socialista Víctor Sahuquillo.

www.elpais.es 12.10.09

CAMPS NIEGA A COSTA QUE LE HAYA INVESTIGADO Y SE MUESTRA ´INDIGNADO´

El conseller Cotino fue quien pidió informes comprometedores a un profesor universitario sobre el secretario general

  El número dos aguanta el pulso y avisa de que no aceptará un cese temporal. Comunitat Valenciana

·         "Ricardo no se comerá solo el marrón" . Comunitat Valenciana

El actual conseller de Medio Ambiente y vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, fue quien pidió los informes sobre el secretario general del PP, Ricardo Costa -que mañana recibirá el "cese temporal"-, con el fin de obtener datos comprometedores sobre su persona.

Según ha sabido Levante-EMV, algunas personas han recibido en las últimas semanas la petición de datos sobre Costa que pudieran facilitar su destitución. Entre los preguntados figura un profesor - que ahora tiene cargo docente y que fue hombre de confianza durante la etapa de Joan Lerma al frente de la Generalitat-, visitado el viernes 2 octubre por el propio Cotino en busca de estos informes. Aunque el profesor aseguró desconocer los contactos, este diario, que le guarda el anonimato, ha podido saber que sí existieron.

Así, ante las informaciones aparecidas ayer -en estas mismas páginas, entre otras publicaciones-, el propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se puso en contacto telefónico con Ricardo Costa para desmarcarse de estas investigaciones, mostrarle su "sorpresa" e "indignación" y garantizarle que desconocía los informes. Según supo este periódico, Costa -que regresa hoy de vacaciones y era conocedor de que estaba siendo investigado- charló con el presidente sobre este asunto y sobre la reunión del Comité Ejecutivo regional de mañana, que abordará su destitución.

Al margen de la investigación a Ricardo Costa, el vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, también aparecería en los informes, publicó El Mundo. El nombre del vicepresidente podría formar parte de los planes alternativos de los populares en caso que el caso Gürtel acabara forzando la dimisión de Francisco Camps.

La revelación de las pesquisas internas enturbia todavía más la situación que vive el PP en unas horas de máxima tensión previas a la reunión de mañana que abordará la destitución de Costa: con Camps atrapado entre la dirección nacional -que le pide la cabeza del 'número dos' como gesto político ante el escándalo- y el propio Costa, su hombre de confianza en el PPCV que ahora se niega a dimitir.

Y es que Ricardo Costa es uno de los nombres más salpicados por el sumario del caso. Costa aparece señalado por la policía judicial y el TSJ madrileño como la persona que pactaba con El Bigotes los pagos en A y en B por los actos del partido. Sin embargo, el propio Costa y su entorno han defendido todo este tiempo que no se ha lucrado y que no actuaba por libre cuando contrataba con Orange Market. Es decir, que desde que accedió a la secretaría general del PP hizo lo mismo que se venía haciendo desde que Camps entró al Palau de la Generalitat: mantener a Orange Market como organizadora de eventos de cabecera.

El conseller Cotino, que pidió los informes sobre Costa, es uno de los referentes del Partido Popular que en las últimas jornadas había apremiado al jefe del Consell a tomar medidas. El pasado jueves, al mismo tiempo que otros dirigentes como Esteban González Pons, o Rita Barberá, Cotino opinó que habría que tomar decisiones en forma de destituciones o dimisiones. Igualmente, el propio conseller fue uno de los protagonistas del Nou d'Octubre, jornada que se precipitaron los acontecimientos con la presión ejercida por Génova para que Costa fuera destituido. Cotino, a primera hora, comenzó a generar el caldo de cultivo favorable a que ese mismo día se anunciara alguna destitución, al advertir que tras el puente de la Hispanidad podría haber alguna reunión para tomar decisiones.

Sedesa, en el informe policial

Al margen de esta situación, cabe recordar que el nombre de Juan Cotino -que fue director general de la Policía en tiempos de Aznar- ha aparecido vinculado al caso Gürtel de forma indirecta. La constructora de los Cotino, Sedesa, figura en el informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía judicial como una de las supuestas financiadoras del PP -junto a otras constructoras y una consultora urbanística- a través de la trama de Francisco Correa.

Este periódico trató de comunicarse ayer sin éxito con el conseller Cotino -en El Vaticano por la canonización de dos santos con vínculos valencianos- para recabar su parecer sobre los informes.

www.levante-emv.com 12.10.09

EL SASTRE INFORMATIVO DE CAMPS

El sumario revela que el ex director general de Canal 9 era clave para la trama

ser director de Canal Nou". La anotación que figura en la carpeta rotulada Temas Valencia, que incautó la policía en el piso de seguridad de la trama Gürtel, con fecha 6 de abril de 2004 como "asuntos a despachar por Paco Correa" resultó profética. Pedro García Gimeno, Peter en algunas grabaciones policiales, fue nombrado director general de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) dos meses después.

La misma carpeta contenía una orden: "Álvaro que se vaya para allá". Álvaro Pérez, El Bigotes, ya había registrado Orange Market en Valencia en julio de 2003, un mes después de que Francisco Camps ganara por primera vez las elecciones autonómicas con mayoría absoluta.

Peter y El Bigotes se conocían desde hacía tiempo. Cuando José María Aznar avanzaba hacia su primera victoria electoral en 1996, el Valencia CF cedió su estadio al PP para un apoteósico acto electoral. Eduardo Zaplana, Rita Barberá y Manolo Escobar actuaron como teloneros. "¡Sólo soy un hombre honrado con un proyecto para España!", proclamó Aznar ante 55.000 asistentes. En primera fila, Julio Iglesias. Y entre bambalinas El Bigotes y Peter, a la sazón, jefe de prensa de Zaplana.

Pedro García aseguró ayer que no coincidió con El Bigotes en Mestalla, pero no oculta su amistad con Álvaro Pérez. Fue padrino del bautizo de su hija el 8 de febrero, horas después de que la policía hubiera registrado por primera vez la sede de Orange Market en Valencia.

No era para menos. En diciembre de 2007, Vicente Cotino, presidente de Sedesa, una de las cinco constructoras que la brigada contra el blanqueo apunta como pagadoras de facturas que Orange Market había girado al PP de la Comunidad Valenciana, recogió a Pedro García, lo condujo a su jet privado y ambos volaron hasta Marrakech. Allí les esperaban El Bigotes; Miguel Perelló, un productor que ha recibido 12 millones de euros en subvenciones de la Generalitat para rodar películas sobre Blasco Ibáñez o Severo Ochoa, entre otros; o Arturo Blanch, empresario de comunicación, especialista en eventos y adjudicatario de contratos por cerca de dos millones de euros desde la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana. Celebraban el 40º cumpleaños de Peter. La fiesta se prolongó todo el fin de semana.

"Fue una sorpresa que organizó mi mujer, cada uno pagó lo suyo y todos los asistentes son amigos míos personales", justificó Pedro García cuando trascendió la noticia en marzo pasado.

Peter conocía tan bien a El Bigotes que se cuidó mucho de contratar nada con Orange Market durante los cinco años en los que ejerció como director general de RTVV. Apenas la disposición de unas mesas para un telemaratón que hicieron falta a última hora, y un detalle: la esposa de El Bigotes, Noemí Ramal, participó en una gala de Nochevieja emitida por Canal 9.

Eran colegas hasta en el sentido profesional. Ambos eran creadores de imagen. Uno le regalaba trajes al presidente valenciano y el otro era su sastre informativo. El jefe de prensa de Zaplana, director de comunicación de José Luis Olivas y director de la RTVV con Francisco Camps ha creado una realidad paralela. En los informativos de Canal 9, Camps jamás fue imputado por ningún juez: simplemente acudió al juzgado para aclarar unas cosas que nunca pasaron de ser dos o tres trajes y siempre con todo el respaldo de Génova, sede del PP nacional.

Pero, como en toda película, hay buenos y malos. El día en que Camps salía de la sede del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana acompañado de Rita Barberá y sus tres vicepresidentes, y decía estar muy contento porque por fin había aclarado todo con una turba de incondicionales blandiendo senyeres al fondo, Jorge Alarte, secretario general del PSPV, era objeto de "diligencias prejudiciales" por parte de la fiscalía por contratar a una abogada en el Ayuntamiento de Alaquàs sin respetar la bolsa de trabajo.

Pedro García es protagonista o aludido decenas de veces en el sumario del caso Gürtel. El 28 de agosto renunció al cargo.

www.elpais.es 11.10.09

Noticias que no existen para Canal 9

El 9 d'Octubre, día de la Comunidad Valenciana, todas las televisiones de España anticiparon a primera hora de la tarde que Ricardo Costa, secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, estaba en la cuerda floja. Francisco Camps anunció su destitución antes de las diez de la noche. En Canal 9 nadie se dio por enterado del asunto.Jaume Muñoz, miembro de Intersindical en el comité de empresa de RTVV, cuenta por qué la televisión autonómica sirve de esa manera a los intereses de Francisco Camps. "Han creado dos redacciones paralelas. Los fijos en plantilla, o colaboran o son arrinconados, y han contratado a mucha gente, muchas veces de forma irregular. En la radio, todos los editores de noticias tienen contrato de guionistas, no son ni siquiera periodistas".Ximo Clemente, presidente de la Unió de Periodistes, lamenta que "la televisión pública valenciana no cumpla su objetivo fundamental, que es informar". Y asegura que la información que ofrece Canal 9 "va contra los valores esenciales de un pueblo democrático que quiere ser moderno y avanzado".Nuria Espí, diputada autonómica socialista, ha exigido explicaciones a Pedro García no ya por la "falta de pluralidad" de Canal 9, sino por "la falta de veracidad" de sus informativosEl ex director general de la televisión autonómica pública siempre ha contestado ante la comisión parlamentaria de control de RTVV que las apreciaciones sobre los contenidos de los informativos son subjetivas. Ayer reiteró el mismo comentario y remitió a sus declaraciones previas.Espí recuerda que en Canal 9 "no hay ningún programa de debate, nunca hemos podido explicar a los valencianos nuestra postura sobre el agua, las infraestructuras ni sobre ningún otro asunto de interés". Y denuncia que la gestión es pésima. RTVV arrastra una deuda de 1.200 millones de euros. "El departamento de propaganda es la consejería más cara del Gobierno autonómico".Amadeu Sanchis, miembro de Esquerra Unida en el consejo de administración de RTVV, dice que "Canal 9 es la televisión privada del PP". "El nuevo canal que ofrece información 24 horas y emplea a 70 profesionales no informó sobre el cese de Costa". Sanchis reclamó, además, "una auditoría sobre los cinco años de gestión de Pedro García".

www.elpais.es 11.10.09

CAMPS SE QUEDA SIN CORTAFUEGOS

Dirigentes del PP temen que Ricardo Costa se vengue, que los zaplanistas se amotinen o que el presidente valenciano sea imputado por el Supremo

La crisis del caso Gürtel empieza a parecerse a una granada sin seguro. Todos los dirigentes del PP implicados saben que va a explotar en cualquier momento y se la pasan de uno a otro para estar lejos cuando eso suceda. Es lo que hizo el viernes Mariano Rajoy obligando a Francisco Camps a destituir a su número dos, Ricardo Costa. Horas después de que Esperanza Aguirre se adelantara a pasar la granada -expulsando de su grupo parlamentario a todos los implicados madrileños y dejando en evidencia a Rajoy-, el líder cortó al fin una cabeza y doblegó a su barón más querido, dando a sus críticos el gesto de autoridad que le pedían. "Lo que ha quedado al fin claro es que Mariano no va a pasar una con este tema, que está fuerte y dispuesto a tomar decisiones", sentencia un marianista.

"Que sepas que, si te vas tú, me voy yo", le llegó a decir Camps a Costa

Acebes vetó que Orange Market se encargara en 2008 del congreso del PP

El líder se libra así de la presión, sobre todo mediática, y de las comparaciones con Aguirre. Sin embargo, dentro del PP casi todos los dirigentes consultados asumen que la caída de Costa sirve para ganar tiempo pero conlleva un grave problema: deja a Camps sin cortafuegos, ante la evidencia de que el presidente fue el principal responsable de contratar a Álvaro Pérez, El Bigotes, al que él mismo llamaba en las Navidades de 2008 "amiguito del alma". "Bueno, pues fíjate, fíjate si te debo", decía Pérez en aquella conversación para justificar sus regalos; a lo que Camps sentenciaba: "Quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro... que es muy bonito".

"Este es el principio del fin de Camps", señala un dirigente. Otros confían en el trabajo de los políticos valencianos que, una vez muerto Costa, están tratando de echarle a él la culpa de todo para recobrar una unidad interna que no existe desde que Camps sucedió a Eduardo Zaplana. La mayoría teme que los zaplanistas, instalados en Alicante, puedan llegar el martes al Comité Ejecutivo que destituirá al secretario general con una pregunta: Si Costa se va por sus relaciones con El Bigotes, ¿por qué no se va Camps, que fue quien lo trajo a contratar con el PP valenciano y con la Generalitat?

"El principal problema de Camps se llama Ricardo Costa. Si habla, todo se va a complicar", apunta otro dirigente. Costa, destrozado tras una semana de gran tensión, se ha escapado a desconectar en el Camino de Santiago. Tiene motivos para estar molesto. Según distintas fuentes del PP valenciano, hasta última hora Camps evitó pedirle la dimisión. Incluso le dijo que Rajoy, en su cita en el Parador de Alarcón, no le había pedido ninguna cabeza.

La estrecha relación personal de Camps y Costa y el deseo del presidente valenciano de aguantar la presión y fingir públicamente que no pasaba nada llegó a tal extremo que, según fuentes del PP valenciano, el líder le llegó a decir a su mano derecha la siguiente frase: "Para tu tranquilidad, que sepas que si te vas tú me voy yo". Esa calma que Camps destilaba en su entorno, su intento de impedir a toda costa la caída de su cortafuegos y la decisión firme de Costa de no dimitir hicieron que el secretario general tomara la iniciativa, pactada con el presidente, de marcharse de puente confiando en que las aguas se calmarían. Pero Génova presionó tanto a Camps que él decidió salvarse a sí mismo destituyendo a Costa, antes de que Rajoy lo expulsara desde Madrid, lo que habría sido una humillación definitiva. Camps habló dos veces con Costa el viernes, según fuentes del PP valenciano, para decirle que él no quería destituirlo, pero que Génova le obligaba.

La preocupación en la sede del PP y en el resto del partido por el futuro de Camps tiene dos vertientes. Primero, la política. Fue el presidente valenciano quien, debido a su relación con El Bigotes cuando aquél aún no había sustituido a Zaplana en la Generalitat, le facilitó los contratos para los actos del PP valenciano. Fue también él quien, años después, cuando Génova rompió con Correa, siguió dando a El Bigotes todos los contratos del partido -a través de Costa- y quien en última instancia permitió que la Generalitat contratara -a través de Vicente Rambla y antes de Víctor Campos- hasta siete millones de euros con Orange Market.

El entorno de Camps señala que él creía que El Bigotes había roto con Correa, porque eso es lo que Pérez decía, pero fuentes de Génova aclaran que al valenciano le llegó muy claro desde 2004 el mensaje de que El Bigotes trabajaba para Correa y no era de fiar. Cuando el equipo de Camps intentó que el congreso nacional de Valencia de 2008 lo organizara Orange Market, la dirección del partido, cuyo secretario general era Ángel Acebes, lo vetó.

La otra preocupación del PP con Camps está en la vertiente jurídica. En Génova creen que aún podría acabar en el banquillo -imputado por el Supremo- por aceptar trajes regalados por la trama corrupta; pero sobre todo le temen a la investigación por la financiación ilegal. Aunque los expertos del PP sostienen que sería difícil una condena, sí temen que con las pruebas que se han conocido se pueda llegar a una imputación de Camps, máximo responsable en última instancia tanto de los contratos del PP valenciano como de la Generalitat, y que aparece en varias conversaciones como la persona a la que recurría El Bigotes para desbloquear cobros.

"Siento preocupación, pena y asco", resumió ayer el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti sobre la trama Gürtel en la Cadena SER.

www.elpais.es 11.10.09

A LA ESPERA DE UNA EXPLICACIÓN

En la dirección nacional del PP hay malestar porque Francisco Camps ni siquiera se ha dignado en estos meses a ofrecer una explicación pública de su relación con Álvaro Pérez, El Bigotes. Sólo Ricardo Costa llegó a decir que fue "un error" contratar con él. Nadie de la Generalitat ha asumido tal cosa, mucho menos su presidente.

Mariano Rajoy, según su entorno, va a apoyar a su barón hasta el final -no en vano se arriesgó a iniciar el curso político con él en la plaza de toros de Valencia-. Además, insiste en que si hubo financiación ilegal, el presidente valenciano no fue el culpable. Pero en la gestión de la crisis por parte de Camps, muy criticada en Génova, algo se ha roto. "En el tira y afloja, Rajoy ha perdido la confianza en Camps, eso es evidente", sentencia un marianista. En Valencia ya se habla de sucesores, y aunque hay muchos nombres en danza -Rita Barberá y Esteban González Pons entre ellos, aunque este último con la grave dificultad de que no es diputado autonómico- parece que el que genera más consenso es Gerardo Camps.

Ricardo Costa ha sido siempre fiel a Rajoy. Achicharrado por Gürtel a pesar de no tener poder para conseguir para El Bigotes contratos públicos -al contrario que Camps-, no sólo ha organizado durante años los actos del presidente valenciano, también preparó varios baños de masas para Rajoy, que siempre tuvo en Valencia sus mítines más multitudinarios. Su entrega a Rajoy y Camps llegó al punto de enfrentarse con su hermano mayor, el ex ministro Juan Costa. Mientras éste se planteaba presentarse contra el líder, en mayo de 2008, Ricardo se plantó en Valladolid en una reunión interparlamentaria para darle a Rajoy varias cajas con centenares de avales valencianos a su candidatura.

www.elpais.es 11.10.09

EL 'CAMPISMO' SE DESMORONA A GOLPE DE ESCÁNDALOS

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, tendrá que explicar el próximo martes a la cúpula regional del PP por qué destituye "temporalmente" a Ricardo Costa, su mano derecha en el partido y portavoz del grupo parlamentario. Será la primera vez que Camps ofrezca una explicación a los suyos desde que el pasado mes de febrero empezaron a estallar los escándalos relacionados con el caso Gürtel. Unos escándalos que salpican directamente al presidente valenciano por su estrecha amistad con Álvaro Pérez, alias El Bigotes -quien le obsequió trajes y otros regalos- y a su administración, que contrató con Orange Market y otras empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa.

Pero la comparecencia de Camps ante el comité ejecutivo regional del PP -como sus intervenciones anteriores en las Cortes y ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana- no será por voluntad propia. Camps convoca a la cúpula regional del partido a disgusto, tras verse obligado por la dirección nacional del PP a prescindir de Ricardo Costa, también amigo íntimo de El Bigotes e implicado en una supuesta financiación irregular del PP en Valencia, según la policía.

La dirección nacional del PP llegó a poner a Camps ante una difícil tesitura el pasado viernes. O destituía él mismo a su número dos o sería Génova quien diese de baja en el partido a Costa; al vicesecretario de Organización, David Serra, y a la tesorera, Yolanda García. Los tres figuran en las conversaciones grabadas a Pérez por la policía, que los relaciona con una supuesta financiación irregular del partido.

La cita pone al presidente valenciano en un brete porque ni quiere destituir a Costa, ni Costa quiere marcharse. De hecho, los allegados a Camps piensan que el presidente insistirá en que la destitución de su secretario general es estrictamente "temporal" y no afecta a nadie más, ni en el partido, ni en el gobierno.

Pero el hecho de verse obligado a dar la cara pone en evidencia que el estilo de gobernar de Francisco Camps -que ha concentrado todo el poder en el partido, en el Parlamento y en el Gobierno valencianos-, se desmorona.

El hermano de Ricardo, el ex ministro de Aznar Juan Costa, ya ha comparecido dos veces para advertir que es Camps quien tiene que dar explicaciones acerca de cómo se contrató en el PP valenciano y en la Generalitat con Orange Market y la trama corrupta. Ricardo Costa, según su hermano, se limitó a cumplir instrucciones y ahora lo sacrifican como un "chivo expiatorio".

El número dos del PP valenciano tampoco está dispuesto a ponérselo fácil a Camps y ofrecerá su propio informe a la dirección del PP local antes de que lo haga Camps, que tendrá que explicar por qué se marcha su secretario general si, como sostiene, todo va viento en popa y no hay ninguna irregularidad.

La salida de Ricardo Costa desmonta, además, la estructura que tenía el presidente valenciano. Camps tendrá que buscar sustituto para Costa en el partido y en el grupo parlamentario.Una cuestión en la que los presidentes provinciales del partido, satisfechos con la retirada de Costa, reclaman ser consultados. Pero independientemente de que Camps lo haga, éstos han empezado a coordinarse por su cuenta ante lo que intuyen como un final de etapa. Las encuestas -como la publicada por EL PAÍS el día 9- indican que el desgaste de los escándalos del caso Gürtel es para Camps y no para las siglas del PP. Eso alimenta la idea de quienes piensan que la hora del relevo está más cerca de lo que pensaban.

Ahora, en el PP especulan sobre las opciones que elegirá Camps para intentar recomponer su figura. Opciones que van desde una remodelación de gobierno -en la que podría prescindir del vicepresidente Vicente Rambla, también salpicado por el informe sobre la financiación irregular del PP, y colocar al incombustible Rafael Blasco de portavoz parlamentario- hasta un simple retoque para dejar las cosas lo más parecidas a lo que están. Una opción que siempre ha sido más del gusto de Camps.

www.elpais.es 11.10.09

LA RED MEDIÓ EN BENIDORM A FAVOR DE LA HERMANA DE CAMPS

de la supuesta trama corrupta en la que está implicado el PP valenciano llegaron incluso hasta el otrora popular Festival de la Canción de Benidorm. Una de las grabaciones del caso Gürtel recoge que el cabecilla de la red en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez, El Bigotes, medió en favor de Estrella Camps, hermana del presidente del Consell, para que el consistorio, presidido por el popular Manuel Pérez Fenoll, adjudicará el contrato del evento en 2008. Finalmente, no fue posible porque el festival no se llegó a realizar.

La grabación está fechada el día 10 de diciembre de 2008. El Bigotes concluye la conversación con el entonces director general de RTVV, Pedro García, así: "Hijo de puta el presidente, en vez de pagarme, me manda a su hermana para darme otro marroncito". No obstante, ayer el diario El Mundo reveló que el ex regidor Manuel Pérez Fenoll sí llegó a autorizar la utilización de la marca del Festival de Benidorm a José Gómez Plasencia, amigo personal de Estrella Camps. El ahora ex alcalde firmó la concesión en julio de 2008.

Pérez Fenoll ha negado a este periódico cualquier relación del consistorio con miembros de la trama corrupta. El ex alcalde reconoce que el Ayuntamiento intentó celebrar el festival. El evento llegó a presupuestarse, pero no se realizó porque ninguna televisión accedió a retrasmitirlo, argumenta Pérez Fenoll.

Reacción del PSPV

La posible implicación del PP de Benidorm en la trama ha provocado la reacción del PSPV local. A través de un comunicado, el secretario general de la agrupación local socialista, Rubén Martínez, ha "lamentado" que el anterior gobierno del PP en el consistorio benidormí "haya utilizado el nombre de nuestra ciudad como mercancía con la que traficar con los implicados de la rama valenciana del caso Gürtel, especialmente con su máximo responsable, Álvaro Pérez". En opinión de Martínez, el PP de Benidorm "demuestra una vez más la utilización de las instituciones públicas, en este caso el Ayuntamiento, en beneficio personal de destacados miembros del PP, como en este caso la hermana del presidente de la Generalitat". "El PP de Benidorm debe aclarar si tenía conocimiento de la adjudicación de la utilización de la marca Festival de la Canción a una persona relacionada con la trama del caso Gürtel", concluye Rubén Martínez.

www.elpais.es 11.10.09

CAMPS SACRIFICA A COSTA 'IN EXTREMIS'

El presidente valenciano se resistió durante todo el día a las presiones de la dirección nacional del PP para que tomara medidas - El cese "temporal" de su 'número dos' se confirmó a las 21.42

La dirección nacional del PP obligó ayer al presidente valenciano, Francisco Camps, a destituir como secretario general del PP y portavoz del grupo parlamentario en las Cortes Valencianas a Ricardo Costa, implicado en la trama Gürtel. Costa aparece reiteradamente en las conversaciones recogidas en el informe de la brigada policial, como íntimo de Álvaro Pérez, El Bigotes. La investigación policial ha puesto al descubierto una presunta financiación irregular del PP valenciano, del que Costa era el número dos.

Durante toda la jornada de ayer el presidente valenciano recibió constantes indicaciones desde la dirección nacional del PP para que tomara por fin una decisión y destituyera a Costa de sus cargos. Francisco Camps se resistió hasta el final, a pesar de que a primera hora de la mañana el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ya había dejado meridianamente clara cual era la postura de Génova. Pons dijo: "la fiesta- ayer se celebraba el Día de la Comunidad Valenciana- se acaba a las cuatro".

Pero la jornada se prolongó hasta cerca de las 22 horas. A las 21.42 un mensaje de teléfono móvil enviado desde la secretaría de Comunicación de Presidencia de la Generalitat confirmaba lo que venía a calificar "cese temporal" de Ricardo Costa. Una versión suavizada de la realidad. Francisco Camps, no sin resistencia, se había plegado a las presiones de Mariano Rajoy y de la dirección nacional del PP. El mensaje, claramente redactado para salvar la figura de Costa, afirmaba que la destitución de éste "no pone en entredicho ni la capacidad ni la trayectoria política desempeñada por Ricardo Costa durante este tiempo al frente del partido, ni la confianza depositada en su persona, que es total". El próximo martes la comisión ejecutiva regional del PP valenciano ratificará la que ya es una decisión firme, aunque se presente como "temporal".

Durante la mañana de ayer Costa se resistió a convertirse en el único cabeza de turco de los escándalos que azotan a los populares valencianos, hasta el punto que decidió quitarse de en medio antes el mediodía, anunciando que se marchaba a recorrer el camino de Santiago y que apagaba el teléfono móvil. Ante la resistencia de su número dos, Camps intentó ganar tiempo. Pasadas las tres de la tarde, convocaba para el martes a la Comisión Ejecutiva Regional del PP, pero no para cesarle sino con la intención de que Costa diera explicaciones.

El pulso que se dirimió ayer entre la calle Génova y el Palau de la Generalitat valenciana fue, según uno de los protagonistas "brutal". La entrada al Palau de la Generalitat de los distintos cargos populares para asistir al discurso institucional de Camps ya dejó entrever que las espadas estaban en alto y que al presidente valenciano le iba a costar mucho salir del enroque en que se halla desde que estalló el escándalo. Ricardo Costa, acompañado siempre por la tesorera del partido y diputada autonómica Yolanda García, no cruzó ni una palabra con el presidente valenciano durante todo el acto institucional.

De buena mañana, el ex ministro Juan Costa, cuya presencia en el Día de la Comunidad Valenciana no es habitual, disparó primero y apuntó bien alto. "Todos los militantes tienen que dar explicaciones por igual si se ven afectados o implicados", dijo el hermano de Ricardo en referencia a Camps. "Los españoles se hacen preguntas y es bueno intentar responder sobre si se tomó la decisión de contratar con algunas empresas de la trama Gürtel a lo largo de los últimos años; cuál es el origen de esa contratación; quién pudo tomar las decisiones para contratar con ellos, y de seguir trabajando con ellos y manteniéndolos". Más claro, agua. Costa defendía a su hermano tirando a la línea de flotación de Camps, que fue quien introdujo a El Bigotes en Valencia.

Por su parte, Ricardo Costa, más discreto, tampoco se quedaba callado. En conversación con algunos de los asistentes al acto institucional, tras recordar que no se encuentra imputado, sugirió que caso de que tuviera que abandonar sus cargos, él no sería el único en marcharse. En medio de esta tensa situación, se hacía aún más patente la soledad del vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, al que Ricardo Costa llegó a calificar de "hijo de puta" en algunas de sus conversaciones intervenidas con El Bigotes.

El clima de tensión avanzó con las horas. Camps se resistía y Madrid presionaba. Sólo a última hora se alcanzó un acuerdo. El cese de Costa se anunciaría como "temporal" y el presidente valenciano aparecería como la persona que tomaba la decisión.

La salida de Ricardo Costa de la secretaría general del PP amenaza con arrastrar al vicesecretario de Organización David Serra y a la tesorera. Serra en una de las conversaciones con Pérez afirma, refiriéndose a Camps, "Ése lo sabe todo".

Día de cuchillos

Esteban González Pons, portavoz nacional: "Es el momento de hacer algo o de hacer algo. La fiesta acaba a las cuatro de la tarde".

Juan Costa, hermano de Ricardo, secretario general del PP valenciano: Hay que conocer "quién tomó las decisiones de contratar y seguir trabajando con ellos. No se puede no dar explicaciones".

Joaquín Ripoll, presidente del PP de Alicante: "Ante los problemas, hay que tomar decisiones".

Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana: "La fiesta no termina nunca".

www.elpais.es 10.10.09

Camps destituye a Ricardo Costa tras las presiones de Génova

El presidente había reivindicado la libertad para decidir, pero finalmente la dirección nacional ha forzado la salida.- El comité regional ratificará el martes el cese.- Camps ya lo había decidido el jueves

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, propondrá el próximo martes al comité ejecutivo regional del PP la inmediata destitución de Ricardo Costa como secretario general del partido en la Comunidad Valenciana y como portavoz del grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas. Camps ha cedido tras una jornada intensa de presiones desde la dirección del PP en Madrid.

Formalmente la destitución de Ricardo Costa se plantea como una "medida provisional" y se comunicó mediante un mensaje de telefonía móvil a las 21.42 horas de este viernes desde Presidencia de la Generalitat.

El mensaje indica que la inmediata destitución del número dos de Camps no pone en entredicho "ni la capacidad, ni la trayectoria política desempeñada por Ricardo Costa durante este tiempo al frente del partido, ni la confianza depositada en su persona, que es total". La decisión, que ya había sido adoptada por Camps a primera hora de la mañana del jueves, tuvo que posponerse ante la negativa de Costa a convertirse en el único cabeza de turco de los escándalos que azotan a los populares valencianos. Costa había reconocido que mantener distintas conversaciones en las últimas horas con el presidente valenciano, pero que "en todas ellas, Camps me ha trasladado la confianza en mi persona y en mi gestión".

Antes del inicio del acto institucional celebrado a las diez de la mañana de este viernes con motivo del Día de la Comunidad Valenciana, el vicepresidente tercero, Juan Cotino, había dejado entrever que el secretario general de los populares valencianos y portavoz del Grupo Popular en las Cortes regionales tenía las horas contadas. La tensión durante el acto institucional, celebrado en el Palau de la Generalitat, ha sido enorme. De hecho, un buen número de cargos populares han intentado evitar a Costa, que ha aparentado normalidad entre un gentío de rostros agitados. La entrada del presidente valenciano también ha traslucido la situación y han sido pocos y tibios los aplausos que ha recibido en el 9 d'Octubre más tenso que se recuerda.

Tras el discurso, y en medio del patio del Palau de la Generalitat, el ex ministro Juan Costa ha vuelto a salir en defensa de su hermano Ricardo. El diputado del PP por Castellón ha insistido en que los que han de dar explicaciones son los que permitieron que los responsables de la trama Gürtel trabajasen en Valencia y contratasen con la Administración valenciana.

Fin de fiesta

El Día de la Comunidad Valenciana amaneció como había terminado la víspera, con declaraciones de políticos del PP reclamado a Francisco Camps que tomara alguna decisión. Por la mañana, el vicepresidente tercero del Consell y hombre de la absoluta confianza de Camps, Juan Cotino, manifestaba ante las cámaras de Tele 5 a lo largo del día podría "haber algún tipo de reunión para valorar que es lo más conveniente en este momento", añadiendo que las transcripciones que se han conocido de los miembros de la trama Gürtel con Ricardo Costa "no son conversaciones que queden muy bien en un político". El vicepresidente del Consell reconoció la existencia de "una reflexión abierta entre las personas que están en esa grabación y el presiente del partido [Francisco Camps]".

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, fue más claro cuando subrayó que había llegado el momento "de hacer algo o de hacer algo" y advirtió de que "la fiesta en Valencia se acaba a las cuatro de la tarde de hoy", insinuando que la decisión de destituir a Ricardo Costa se produciría pronto. Pons, sin embargo, quiso ser cauto, y añadió que en el PP "a las dimisiones no se les puede poner plazo".

Las noticias sobre la inminente destitución de Ricardo Costa de la secretaría general del PP han dejado en un segundo plano los actos institucionales que se celebraron con motivo del Día de la Comunidad Valenciana. Francisco Camps, en su discurso, hizo una llamada a la "unidad en un momento complicado desde el punto de vista económico. Necesitamos de toda la sociedad, trabajadores, empresarios y representantes públicos para que nuestro impulso tenga mayor efecto". Camps añadió que a los valencianos "nadie nos ha regalado nada y nadie nos podrá arrebatar lo conseguido".

Por su parte el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte lamentó que el Día de la Comunidad Valenciana se celebrara en un clima de "anomalía democrática" y volvió a pedir la dimisión de Camps y la convocatoria de elecciones anticipadas. "El PP, dijo, ha violado todos los límites que defienden los principios de libertad, justicia, igualdad y pluralismo".

www.elpais.es 09.10.09

Costa se va de VACACIONES sin dimitir mientras se aprieta el cerco contra él

Las novedades que ha sacado a la luz los 17.000 folios destapados del sumario del caso Gürtel han conseguido que caigan algunas cabezas en el PP de Madrid, pero no en Valencia, una de las comunidades donde la trama operó con más fuerza. Mariano Rajoy ha mostrado su confianza en que el presidente regional, Francisco Camps, tomará medidas, pero lo cierto es que de momento todos los altos cargos salpicados por el escándalo en la comunidad siguen en sus cargos. Al parecer, el president le había pedido a su portavoz en Les Corts y secretario general del PPV, Ricardo Costa, que presentara su dimisión temporal, algo que durante algunas horas diferentes medios han apuntado como consumado. Sin embargo, Costa ha declarado a los medios que se iba de vacaciones sin firmar su dimisión y contando con la "confianza" del presidente valenciano. Camps ha convocado este martes a la dirección del PP para decidir el futuro de su secretario general.

El Ejecutivo de Camps y altos cargos del PP valenciano se daban cita esta mañana en el acto institucional con motivo de la celebración de 9 de Octubre, fiesta de la Comunidad Valenciana. Las medidas que se adoptarán en la Comunidad ante las implicaciones de la Gürtel centraban las preguntas a los dirigentes, y aunque durante varias horas diferentes medios daban por consumada la dimisión de Costa, éste ha asegurado que se va de vacaciones sin dimitir y que lo último que le transmitió Camps fue su "confianza". Así lo recoge la cadena SER, que apunta que Camps ha convocado a la dirección general del PP valenciano para decidir sobre el futuro de su secretario general y portavoz en Les Corts.

Petición de responsabilidades
Ante el levantamiento parcial del secreto de sumario del caso Gürtel y las evidencias que vinculan las empresas de la trama corrupta con el PP, Mariano Rajoy aseguró esta semana que “
habrá responsabiliades para los que han hecho lo que no debían”, pero la realidad muestra que el líder popular no va a poner al presidente valenciano, Francisco Camps, entre la espada y la pared, sino que acepta las decisiones que tome el dirigente regional.

Abandono "temporal" del cargo
Al parecer, la dimisión de Ricardo Costa, secretario general del PPV y su portavoz en Les Corts,
estuvo ayer sobre la mesa, pero finalmente quedó en nada. Según publica Casimiro García Abadillo en El Mundo, un hombre de confianza de Camps le propuso a Costa dejar de manera “temporal” su cargo como secretario general del partido, aunque no la portavocía del grupo parlamentario, y volver a su puesto dentro de tres meses, cuando las turbias aguas de la supuesta financiación ilegal del PP a través de la Gürtel hayan vuelto a su cauce.

"Este marrón no me lo voy a comer solo"
“Este marrón no me lo voy a comer yo solo”, fue la respuesta que dio Costa, que dice haber actuado con “total lealtad” a Camps y que no piensa sacrificarse para dar gusto a “las pretensiones de Génova”. A su juicio, su dimisión sería difícilmente asumible sin que fuera interpretada como la confirmación de que hubo financiación irregular en el PPV. Además, Costa tiene a quien proponer como cabeza de turco: el también implicado Vicente Rambla, vicepresidente del Consell, y cuyas tiranteces ya han escenificado ambos dirigentes con anterioridad.

Que dimita Rambla o se convoque el Comité Ejecutivo
Según El Mundo, Costa ha propuesto que sea él quien dimita, ya que se ha encargado de organizar las últimas campañas electorales, algo que
ya había insinuado anteriormente. Además, el dirigente querría también que Camps hiciera una declaración pública para darle su apoyo. Y, si el president insiste en pedir su dimisión, Costa propone que la reivindique él mismo después de convocar al Comité Ejecutivo del partido. Por lo tanto, de momento no hay ningún movimiento en el PPV para asumir responsabilidades.

Disgusto en las filas populares
Y la ausencia de respuestas
no está cayendo demasiado bien entre las filas conservadoras. Esperanza Aguirre –que, a diferencia de Camps, se posicionó en contra de Rajoy en el congreso general de los populares que revalidó su liderazgo- en un gesto más bien oportunista, ha hecho dimitir a sus tres diputados regionales mezclados con la trama (aunque seguirán ocupando sus escaños en la Asamblea de Madrid). Y con ello pone aún más de manifiesto el inmovilismo valenciano y deja en evidencia la falta de intervención de Rajoy ante las evidencias de corrupción en la formación.

www.elplural.com 09.10.09

Canal 9 ve más importante la subida de precio del ketchup que el caso Gürtel

Actualidad, novedad, consecuencias, prominencia, proximidad y conflicto. Son, por ese orden, los principales criterios de selección de la información, un ejercicio que todos los medios de comunicación hacen para elegir y jerarquizar sus noticias. El concepto se entiende mejor con un ejemplo simple: un seísmo que acaba de ocurrir (actualidad y novedad) en España (proximidad) que ha destruido miles de edificaciones (consecuencias) incluida La Moncloa (prominencia) es, sin ninguna duda, portada en todos los periódicos y noticia de apertura en todos los telediarios. El ejemplo es deliberadamente exagerado pero cualquier observador coincidirá en que el escándalo de la presunta financiación ilegal del PP valenciano a través de la trama Gürtel y de la Generalitat valenciana incluido el mismísimo presidente cumple todos los criterios y es, necesariamente (y siempre que no ocurra el hipotético seísmo), la apertura de los servicios informativos regionales e, incluso, nacionales.Y, sin embargo, Canal 9, ente público de televisión valenciano, desconoce lo que cualquier estudiante de primer curso de periodismo sabe. Ayer, cuando todos los ojos estaban puestos en el sumario destapado parcialmente por el juez Antonio Pedreira y en las reacciones al respecto, los telediarios de esta cadena ni siquiera incluían la pieza en el sumario. Esta pieza fue relegada al undécimo lugar, detrás de la subida del precio del limón y el ketchup, y cubierta en... treinta segundos.

En Valencia los sindicatos y los partidos políticos de la oposición no han dejado de denunciar la manipulación e instrumentalización de RTVV (Radio Televisión Valenciana), pero este hecho se volvió más evidente cuando el Gürtel alcanzó a la Generalitat y al partido del Gobierno, PPCV.

Escaleta autoexplicativa

Para comprobarlo, un caso práctico extraído del telediario de ayer. Un día en el que la práctica totalidad de los rotativos nacionales abrían con el sumario del caso Gürtel y las reacciones de los dirigentes, ésta era la escaleta del informativo de Canal 9:

1. Detenidos de una banda latina en Torrevieja (2 minutos)
2. Desarticulación de una banda de rumanos (1’20”)
3. Ola de inmigrante ilegales en Alicante y Murcia (45”)
4. Enfrentamiento en el Senado por la subida de impuestos (55”)
5. Aumento del ahorro, descenso del consumo y aumento del paro (1’25”)
6. Subida del precio del limón, la naranja y el ketchup (20”)
7. Redada de la Policía a vendedores ilegales en Valencia (1’20”)
8. Descenso de la contaminación (15”)
9. Protestas en Estambul por la reunión del FMI (30”)
10. Amenaza del PP de romper el pacto antiterrorista por el caso Faisán (1’30”)
11. Levantamiento por parte del TSJ de Madrid de una tercera parte del caso Gürtel (30”)

Fuente: Público

Cuestión de prioridades
Es decir, la delincuencia común, la inmigración, el ahorro, las subidas del limón y la contaminación, entre otros, son más importantes que la corrupción en la Comunitat. Ni que decir que la noticia es la tercera más breve de la escaleta recogida por el diario Público. Claro que teniendo en cuenta que hace una semana el telediario de Canal 9 informó
del encuentro secreto entre Camps y Rajoy en el Parador de Alarcón (Cuenca) como una cita para hablar de economía en la que se habló de la dimisión de Zapatero, tampoco se puede esperar otra cosa.

Sin comentarios
El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, se ha referido a la enésima manipulación del ente público como un hecho “vergonzoso” y ha exigido la dimisión de José López Jaraba, director general de RTVV tras
la dimisión de Pedro García, precisamente forzado a dejar el pueso por sus nexos con la Gürtel. “No tengo nada que decir ni nada debo decir porque mi puesto es provisional” ha declarado López Jaraba para salir del paso.

www.elplural.com 09.10.09

LOS VALENCIANOS CREEN QUE CAMPS MINTIÓ 

El 53% de los valencianos cree que Francisco Camps, presidente del Gobierno autonómico, mintió cuando afirmó que se pagaba los trajes. Un 39% cree que los regalos son una forma de ganarse favores y que debería ser obligatorio declararlos, mientras que otro 33% se inclina directamente por prohibir los regalos a autoridades públicas. El 65% cree que el presidente del Tribunal Superior de Justicia valenciano, Juan Luis de la Rúa, debió abstenerse en el proceso que afectaba a su amigo Camps. Casi la mitad de los encuestados piensa que las acusaciones de corrupción del caso Gürtel son "graves y creíbles". El 61% da más credibilidad a los informes de la policía que a las críticas o réplicas del PP al respecto. Además, el 50% opina que existe alguna corrupción y el 33% opta por afirmar que existe "una gran corrupción". 

Los resultados de una encuesta realizada por Metroscopia para EL PAÍS (el trabajo de campo se realizó los días 5 y 6 de este mes, horas antes de que se levantara en Madrid parcialmente el secreto del sumario del escándalo de corrupción) con motivo del Día de la Comunidad Valenciana, que se celebra hoy, revelan la percepción negativa de la corrupción y la erosión de la imagen de Camps, a quien los entrevistados otorgan una valoración de aprobado justo, un 5 sobre 10, mientras que hace un año le daban un 5,8. 

El Gobierno que preside ve reducida su puntuación de 5,6 a 5,1. Uno de cada dos ciudadanos considera que a Camps le corresponde mucha o bastante culpa de lo que está ocurriendo con la trama Gürtel; y ha aumentado en más de 20 puntos el porcentaje de valencianos cuya confianza en el presidente ha disminuido (40%). Sin embargo, el PP volvería a ganar las elecciones autonómicas si se celebraran ahora, con unos niveles de voto del 53,4%, similares a los de los comicios de 2007. Y crecería en siete el número de escaños debido al descenso de los socialistas en casi tres puntos. Además, si las elecciones fuesen generales, el PP alcanzaría el 55,6% frente al 35,4% del PSOE. 

La identificación del PP como el partido que defiende mejor los intereses valencianos (44%) frente a un Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuya gestión perciben los encuestados como mala (31%) o muy mala (24%) y el bajísimo conocimiento público del líder de la oposición (al secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, sólo lo identifica el 20% de los entrevistados) explicarían los resultados. Éstos se matizan ante la lejanía de cualquier convocatoria electoral. No obstante, un 45% es partidario de adelantar las autonómicas, mientras un 50% se muestra en contra. 

(www.elpais.com, 09/10/09) 

EL PP EMPUJA A CAMPS PARA QUE CORTE CABEZAS 

Las presiones sobre Francisco Camps van en aumento teniendo en cuenta que pasan los días y no hace nada. Ayer fueron muchas las voces críticas del PP que abandonaron su anonimato y se alzaron para exigir algún tipo de actuación después de que Rajoy hubiese pedido "explicaciones" y María Dolores de Cospedal "medidas contundentes" sin ningún éxito. Su pasividad comienza a desatar la alarma en el partido. 

Muchos dirigentes aprovecharon sus comparecencias públicas para expresar su preocupación. "Aquel que comete un delito no tiene cabida en el PP", defendió el presidente de La Rioja, Pedro Sanz. El rostro económico de la oposición, Cristóbal Montoro, admitió que en su partido podían existir "unos cuantos chorizos" advirtiendo de que había que "extirparlos". Y Cospedal puso por la noche el punto final admitiendo que era posible que "personas relacionadas en su momento o actualmente con el PP" hubiesen tenido "comportamientos irregulares o ilegales".  

La secretaria general subrayó en el programa En noches como esta de TVE, que tendrían su sanción "penal, administrativa o como corresponda", . 

Todas las advertencias llegaron al PP valenciano pero las que peor sentaron fueron las de dos de los suyos: Rita Barberá y Esteban González Pons. Durante una rueda de prensa, la alcaldesa de Valencia mantuvo que su partido actuaría en relación con el caso Gürtel y al ser preguntada si consideraba que debían producirse dimisiones tras conocerse el contenido de parte del sumario, respondió que ella y sus compañeros estaban en política y eso requería "dar explicaciones y tomar decisiones sin duda alguna". 

El nombre del secretario general del PPCV, Ricardo Costa, volvió a barajarse como cese. Pero la regidora contestó que cuando le pidieran "consejo", ya lo daría. Y recordó que el pasado 27 de septiembre, cuando comenzó a reclamarse la cabeza de Costa, lanzó un comunicado mostrándole su respaldo. 

Sus palabras llamaron la atención, sobre todo tras varios días de un silencio elocuente. Ayer se mostró molesta porque eso se hubiese interpretado como una falta de apoyo a Camps. "No es verdad", defendió expresándole "su apoyo, cariño y lealtad". La alcaldesa sostuvo que "cualquiera" que hubiese cometido algún delito debía "ser juzgado" y destacó que estas situaciones no respondían tanto a un tema judicial "como político", visualizando el daño que le estaba causando a su formación esta "orgía de morbo y cotilleo" 

La intervención de Pons en Telecinco también molestó profundamente. El vicesecretario de Comunicación dijo que veía todo esto como una oportunidad para "demostrar que el PP es capaz de luchar contra la corrupción, depurarse por dentro y eliminar aquellas partes intoxicadas". No quiso pronunciarse sobre Costa. "Rajoy confía completamente en Camps", dijo en varias ocasiones, añadiendo que es al presidente de la Generalitat a quien le corresponde "adoptar las decisiones". Su intervención terminó con un símil futbolístico muy claro: "Los resultados de Camps son indiscutibles en la tabla de clasificación. Otra cosa es que pueda haber algún conflicto en el vestuario".  

A pesar de todos los avisos, la Generalitat sostuvo que no había que tomar "ninguna medida" ante "insinuaciones" y un "corta y pega de conversaciones". La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, dijo que "siempre" habían actuado con "absoluta responsabilidad, prudencia y de acuerdo con la legalidad".  

En el PP creen que, después de la comida de Rajoy y Camps en el Parador de Alarcón, este último debería reaccionar. La semana pasada algunos ya le reclamaban que lo hiciera "cuanto antes mejor". El equipo de Rajoy está tratando de forzarle, pero algunos dan por hecho que con el Día de la Comunidad Valenciana, que se celebra hoy, cualquier movimiento se aplaza, tal y como ya ocurrió con el debate de Política General en Les Corts. 

Algunos ven a Camps "noqueado" y comparan su actuación con la de Aguirre, que ha expulsado del Grupo Popular a tres diputados. Pons desechaba ayer que en el PP existiera una doble vara de medir explicando que "los dos cuentan con total apoyo de la dirección nacional" y diciendo que había que "tener en cuenta que en Madrid se había visto que hay muchos políticos imputados, mientras que en Valencia, no".  

"Nuestro apoyo inquebrantable a Camps", lanzó como mensaje para reconducir la tensa relación entre la sede nacional y la formación regional.  

(www.publico.es, 09/10/09)

EN VALENCIA "NO HAY NINGUNA MEDIDA QUE TOMAR" 

Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, se mantiene más enrocado si cabe que hace una semana, cuando todavía no se había levantado el secreto sobre una parte del sumario del caso Gürtel que instruye el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El silencio y la inmovilidad del presidente son tanto más evidentes a la vista de la inmediata reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ante la implicación de tres diputados autonómicos en la trama corrupta. Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco renunciaron ayer a la militancia en el PP y constituirán el Grupo Mixto. 

Paula Sánchez de León, portavoz del Gobierno valenciano, ilustró la posición defensiva adoptada por Camps cuando comentó que "no hay ninguna medida que tomar" tras el levantamiento de parte del sumario del caso Gürtel. Sánchez de León calificó las informaciones sobre el contenido del sumario como "insinuaciones, rumores y cotilleos". "No podemos basar nuestra actuación en interpretaciones y un corta y pega de conversaciones", apostilló. 

Rita Barberá, alcaldesa de Valencia y gran valedora de Francisco Camps cuando estuvo imputado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, rompió un silencio que prolongaba varios días para volver a mostrar su apoyo incondicional a Camps. Barberá aseguró que su silencio no significaba que hubiera retirado el apoyo a Camps. "Confío, apoyo y ayudo al presidente con la misma intensidad, cariño y lealtad que hace ocho meses", aseguró. Interrogada por Ricardo Costa, remitió a unas declaraciones de la semana pasada y eludió el asunto. 

Esteban González Pons, responsable de Comunicación del PP nacional y diputado por Valencia, dijo que el descubrimiento de la trama de Francisco Correa y Álvaro Pérez, aparte de ser "un problema", puede constituir "una oportunidad" para "luchar contra la corrupción" y "eliminar" lo que pueda estar "intoxicado". 

Juan Cotino, vicepresidente tercero del Ejecutivo autónomo, admitió el daño político que está sufriendo el PP. En declaraciones a la Cope, aseguró que "está convencido" de que, en el caso Gürtel, existe alguien que marca los tiempos informativos y que dirige las acciones para perjudicar al PP. 

Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia y presidente provincial del partido, aseguró a la misma emisora que Costa es absolutamente honrado, pero le acusó de dejarse engañar por El Bigotes, algo que no puede ocurrir cuando uno es el encargado de dirigir el partido de puertas adentro. 

(www.elpais.com, 09/10/09)

"CAMPS LE DIJO A MI MUJER: "LE QUIERO UN HUEVO" 

Aquel "amiguito del alma... lo nuestro es muy bonito" que el presidente valenciano, Francisco Camps, dedicó a Álvaro Pérez, El Bigotes, en las Navidades de 2008 -según una conversación grabada por la policía- no es la única muestra de amistad entre ambos que puede encontrarse en el sumario del caso Gürtel. 

El 20 de octubre de 2008 la policía había interceptado otra llamada entre El Bigotes y Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama. Correa le cuenta que está "mal, mal, mal", y añade: "Pero bueno, no peor que tú con lo que pasaste el sábado, ¿no?". Pérez está muy afectado por algo. Aunque el presidente Camps -según El Bigotes- le ha llamado la víspera para tranquilizarle. 

Pérez. Me dice el maricón de Paco Camps, que estuve ayer por la tarde pues más de media hora... habló con Noemí, se puso y le dije: "Es que está dándole el pecho a la niña"; y me dice: "Pero podrá ponerse al teléfono". Y le dice: "Quiero que sepas que quiero a tu marido un huevo". Luego habló con mi hijo y le dijo: "Quiero mucho a papá, que lo sepas, ¿eh?" En fin, ayer estaba absolutamente borracho de éxito, y entonces me dijo: "¿Sabes lo que pasa? Que me tienes acostumbrado a que todo salga tan bien y tan de puta madre que un día que falla algo, tío, pues nos llama la atención a todos, y tal, pero olvídate coño, olvídate de eso". Ayer estaba radiante, claro... Y Ricardo [supuestamente, Ricardo Costa, número dos del PP valenciano] estaba igual ayer, claro... 

Correa. Me alegro, tío. 

Pérez. Lo que pasa que... fueron la hostia, tío. 

La conversación se produce un lunes; ese fin de semana, Camps había sido reelegido presidente del PP valenciano con el 98% de los votos. 

JOSÉ TOMÁS: "CALCULO QUE CAMPS ME LLAMÓ ENTRE 40 Y 50 VECES" 

La preocupación que sentía Francisco Camps por que los trajes que no había pagado le terminasen pasando factura política llevó al presidente valenciano a telefonear "entre 40 y 50 veces" a José Tomás entre el 8 y el 11 de febrero, según relató ante el juez Garzón el sastre de referencia de El Bigotes. 

La noche previa a la declaración de Tomás ante la Policía, el sastre recibió cuatro llamadas en su domicilio. Camps insistía para asegurarse de que no hubiera factura alguna a su nombre pagada por otro. José Tomás declaró después al juez que se puso "muy nervioso" ante la insistencia del presidente de la Generalitat valenciana, que su mujer se echó a llorar y que le dijo a Camps lo que quería oír para "quitárselo de encima". Durante la declaración ante los agentes el día siguiente, lunes, el móvil de Tomás recibió otras "seis o siete" llamadas de Camps. 

El martes, el sastre tenía que comparecer ante Garzón, por lo que Camps no perdió el tiempo y comenzó a telefonearle a las siete y media de la mañana. Entre ese día y el siguiente, la pantalla del móvil del sastre parpadeó con la palabra "Camps" decenas de veces sin que nadie descolgara.  

(www.publico.es, 09/10/09)

COSTA PIDIÓ AYUDA A EL BIGOTES PARA ENTRAR EN EL GOBIERNO VALENCIANO 

En el teléfono móvil de Álvaro Pérez, El Bigotes, se registraron durante meses conversaciones sobre los regalos a altos cargos de la Generalitat, sus planes para organizar la carrera de Fórmula 1 o la fiesta de los Grammy latinos, sus angustias para cobrar los favores... Y también sobre los problemas del PP valenciano. Este personaje, el hombre de Francisco Correa en la Comunidad Valenciana, parece estar en el centro de todos los secretos y opina como tal. En realidad, se comporta como un dirigente más. 

Pérez tiene línea directa con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, como para que nada menos que el secretario regional del PP, Ricardo Costa, cuente con él para cumplir sus ambiciones políticas. El 27 de diciembre de 2008 la policía interviene esta conversación en el móvil de Pérez: 

Álvaro Pérez. El martes he quedado para ir a su casa [de Camps]. 

Ricardo Costa. Primero, lo de este tema ya lo tienes claro, ¿no? 

Á. P. Lo tengo clarísimo. 

Costa le pide que transmita la idea de que a él le "socarra" [achicharra]. 

Á. P. Lo tenía previsto. 

R. C. Segundo, que yo como secretario general le puedo ser más útil si me pusiera en el Gobierno. 

Á. P. Yo pensaba sacar la conversación de tu socarramiento a través de Javier Arenas. Y le pensaba decir: "Si desde luego piensas emplear a Ricardo en algún tema de gobierno [...] próximamente o en un futuro está tan achicharrado que deberías dejarle descansar". Eso es lo que pensaba decirlo (sic), porque le pasó a Arenas. Javier Arenas ahora causa rechazo por el socarramiento al que le sometió Aznar en los últimos tres años de Gobierno". 

R. C. Yo creo que lo que a él le interesaría es una posición institucional conjugada con el tema orgánico [...] Si me diese una labor un poco de coordinación política del partido del Gobierno podría arreglar mucho lo de Alicante. 

Á. P. Ya lo sé, lo que no está haciendo nadie ahora mismo. 

R. C. Que sería una cosa, un poco el papel de Fernández Mañueco que es consejero de Presidencia y secretario general del partido [en Castilla y León]. 

Á. P. Vale. 

R. C. Tú déjaselo caer y que lo vaya teniendo en la cabeza. 

Á. P. No te preocupes. Pensaba darle de lo lindo por varios sitios y ése era uno de ellos. 

Se corta la comunicación y la retoman: 

R. C. Lo que te estaba diciendo es que tiene sus pros y sus contras y como ya ha pasado todo esto si tú quieres que la Secretaría General la tenga Ricardo porque no hay ahora una persona que pueda hacer el mismo trabajo que hace él, pero lo deberías recubrir de un manto institucional. 

Á. P. Sí señor, lo deberías blindar. 

R. C. Exacto, que le permita hablar con Ripoll [el zaplanista que controla el partido en Alicante y torpedea a Camps] institucionalmente, en el mismo nivel. 

Á. P. Lo que hay que lanzarle a él es que tú vas a ver a Ripoll con una consejería de interés para Ripoll o vas a ver a Fabra con una consejería de su interés y a la vez que vas a arreglar eso te la tienen que comer porque les interesa. 

R. C. Exacto y luego que no hay nadie pensando en el Gobierno en clave de partido. 

Á. P. Son las dos vías fantásticas para incidir un poco en él. No hay nadie que esté haciendo eso desde el Gobierno. 

R. C. Muchos de los problemas que tenemos en Alicante son porque no hay nadie haciendo un trabajo de cohesión. 

Á. P. Hecho, no sabes cuánto me alegra poder servirte de algo, Ric. 

R. C. No, coño, me sirves de mucho. 

Un mes antes, El Bigotes había puesto todo de su parte para ayudar a quitar de la presidencia del PP de Alicante a José Joaquín Ripoll. El 9 de diciembre de 2008 tuvo esta conversación con alguien llamado Luis: 

Álvaro Pérez. Le estoy solucionando un marrón a Ricardo, que tiene el congreso este fin de semana en Alicante y hay hostias. 

Luis. A Ricardo Costa. 

Á. P. Sí, tío, pero hay hostias, se están matando los campistas y los zaplanistas, hay una liada de cojones [...]. 

L. Y cómo va a salir el tema, ¿quién crees tú que va a salir? 

Á. P. Yo creo que como no sea un poco hijo de puta Camps, que no lo es nunca, va a ganar Ripoll, el zaplanista [...] Y si no, va a morir como un campeón con las botas puestas. 

L. El Ripoll, ¿no? Y el de... 

Á. P. A Pérez Fenoll no le vota ni su puta madre. 

L. Al de Benidorm. 

Á. P. Sí, tío, ése es muy malo y no le quiere nadie, pero ha sido una apuesta de Paco, y claro. 

L. ¿Tú crees que va a dejar la alcaldía de Benidorm o no? 

Á. P. Pues no lo sé, tío, no tengo ni puta idea, te lo podría decir el miércoles, que ya habrá más pasos dados.

El 11 de diciembre, El Bigotes habla con el vicesecretario de Organización del PP valenciano, David Serra. Según un informe policial, Serra participaba en la supuesta financiación ilegal del partido a través de Pérez y otras empresas. Hablan de cómo promocionar a Pérez Fenoll, que ahora ha sido desbancado de la alcaldía por una moción de censura. 

David Serra. Te cuento una cosa para mañana. 

Álvaro Pérez. Sí. 

D. S. Mañana vamos a hacer una foto de Manolo Pérez Fenoll en Orihuela [...] Yo te voy a dar la persona de contacto en Orihuela, que es una concejal nuestra que se llama Eva Ortiz [...]. Te digo cuál es la idea. Vamos a convocar a doscientas personas para hacer una foto muy potente de doscientos compromisarios con Manolo Pérez Fenoll, de toda la provincia. Necesito que allí tengamos una tarima con tres escalones. 

Al día siguiente, Pérez le envió un SMS a Ricardo Costa: "Imagino que Castellón lo tienes controlado y Alicante Dios dirá, en todo caso más no puedes hacer y además Ric eres el mejor. Bs de tu amigo Álvaro". La operación falló. El 14 de diciembre de 2008 Ripoll ganó el congreso del PP de Alicante por sólo cinco votos. Sigue siendo el presidente provincial. 

(www.elpais.com, 08/10/09) 

´¿CUÁNTO QUIERES GANAR, UN MILLÓN? TE LO INGRESAMOS EN UNA CUENTA EN CAIMÁN´ 

La trama de presunta corrupción dirigida por Francisco Correa pretendía embolsarse una fuerte suma de dinero con la venta a la Generalitat de la gala de los premios Grammy Latinos. Las conversaciones incluso revelan la intención de estafar al Consell de Francisco Camps tratando de implicar a los distintos protagonistas para ocultar al jefe del Consell, Francisco Camps, el coste real del evento.  

En uno de los pasajes Francisco Correa habla con Álvaro Pérez para establecer una estrategia que les permita llevarse una jugosa comisión por hacer de intermediarios entre la Academia Latina de Grabación (organizadora de los Grammy) y la Generalitat. "Pues tienes que decir que son dieciocho. Claro, porque ellos van a decir cuatro, que es lo que te piden a ti, Álvaro, bueno a ti y a mí, que es lo que nos pidió Luis Felipe. Lo cierra Vicente Rambla, o es que te va a dejar Vicente Rambla que tú ganes diez millones de euros. Los cojones".

En otra conversación posterior, fechada el 17 de diciembre e 2008, Álvaro Pérez habla con otro interlocutor al que llama Fernando. Comentan la manera de conseguir que los representantes de la Academia, entre ellos el director de orquesta Luis Cobos, no revelen a Camps el precio real de la gala. Pérez afirma que pretende viajar a Miami para firmar antes de que los representantes de los premios visiten Valencia. El presidente de Orange Market le propone a su interlocutor: "Les tenemos que decir "¿tú también quieres ganar dinero, cuánto quieres ganar? ¿Un millón de dólares? Muy bien, pues un millón de dólares, ¿quieres que te lo ingresemos en una cuenta en Caimán?"".  

Pérez insiste en firmar antes del contacto entre los Grammy y la Generalitat. "Nosotros tenemos que tener algo firmado con vosotros, porque si no vamos a hacer el mierda todos aquí". Fernando dice que que los representantes de los Grammy no entrarían al trapo. "Ellos ya me lo dijeron que eso no lo aceptaban porque está penado en EEUU".

Pérez replica: "Buaa! Venga hombre Fernando no me digas cosas raras, qué te juegas a que yo me siento con este tío a cenar y me dice claramente cuánto quiere". 

(www.elperiodico.com, 08/10/09) 

CAMPS IGNORÓ A PÉREZ CUANDO CONCERTÓ SU CITA CON RICHARDSON 

Después de todos los esfuerzos que Álvaro Pérez, El Bigotes, hizo para conseguirle al presidente de la Generalitat una foto con el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, cuando por fin se confirmó la cita, se enteró de casualidad. Habían pasado de él, pero tuvo que mantener el tipo en varias conversaciones grabadas dentro de la investigación por corrupción. El 12 de diciembre de 2008, en plenas gestiones para organizar el congreso de Alicante y a la vez que arregla la compra del coche nuevo de Ricardo Costa, El Bigotes habla con Pedro García, director de la Televisión Valenciana, que le da una desagradable noticia: 

Pedro García. Oye, ¿tú sabes que el presi [Camps] se ve con Richardson la semana que viene, no? 

Álvaro Pérez. Está por confirmar. 

P. G. Qué va, si ya nos lo han confirmado a nosotros. 

Á. P. Pues a Manolo todavía no se lo han confirmado. 

P. G. Pues a ver si han hecho otra gestión, porque a nosotros nos lo han dado. ¿Qué día es el martes por la noche? 

Á. P. El martes, creo que es... Pero, vamos, que si te lo han dicho es una barbaridad, porque todavía no está confirmado por Richardson. Será otra cagada del señor Camps. 

P. G. No sé, a lo mejor se lo han dicho aquí a la gente de informativos para que... Bueno, pero el equipo sigue, ¿no? 

Á. P. No lo sé. 

P. G. A mí lo que me ha preocupado era si tú lo sabías. ¿Tú lo sabías? 

Á. P. Sí, sí. 

No era cierto. Inmediatamente después, Pérez llamó a su jefe en Madrid, Pablo Crespo, le dio la noticia y reconoció su estupor. Entonces comienza a tramar un plan: “Para mí lo más importante sería que cuando llegase, Camps me encontrara allí. Y yo le diría ‘qué pasa, presidente, cómo no me has llamado, es que si no vengo yo, no te reciben’. Eso es lo que yo querría decirle”. A Crespo le parece bien. 

A continuación, El Bigotes vuelve a hablar con García y se sincera: “Lo que voy a hacer es irme el martes a EE UU (...) para que cuando él [Camps] llegue allí, estar en la reunión, y para que no pueda entrar Nuria Romeral, ni Ana, ni nadie, nada más que él y yo. Y cuando esté allí la hija de puta esta decirle ‘¿cómo que si estoy aquí?, si viene por mí y lo va a ver por mí”. García le desaconseja ese movimiento. Pérez explota: “Entonces qué le digo. Si lo único que le puedo decir ‘oye Paco, eres un cerdo, ¿cómo coño haces esto sin decirme nada? (...) Va a conseguir la foto gracias a mí y el hijo de puta no me dice nada. Es un mierda”. 

(www.elpais.com, 08/10/09) 

LA HORA DE RICARDO COSTA  

Ricardo Costa vive en la cresta de la ola. Protagonista del informe policial que denuncia una trama de financiación ilegal del PP en Valencia, su nombre aparece también de forma destacada en la documentación revelada en la apertura parcial del secreto de sumario del caso Gürtel. Y no solo por la presunta mediación de los responsables de la trama corrupta en la adquisición de un coche y un reloj de lujo que pasaron a ser propiedad del secretario general del PP valenciano. Las conversaciones intervenidas por la policía entre Costa y su amigo Álvaro Pérez, el Bigotes, revelan una estrecha relación mercantil entre ambos, con derivaciones políticas que salpican al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y a la cúpula estatal de los populares. Costa, que niega por activa y pasiva todas las acusaciones, aguanta el chaparrón respaldado por el propio Camps, pero cada vez son más las voces que le apuntan desde dentro del partido como primer cabeza de turco. 

El presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Ripoll, no se anduvo ayer por las ramas. «Si hay manzanas podridas, lo que hay que hacer es quitarlas cuanto antes. Ahora ya no se trata de filtraciones, sino de algo recogido en un sumario que parece tener credibilidad», dijo. El alcalde de Castellón y peso pesado del PP valenciano, Alberto Fabra, se unió a esta tesis, y apuntó que, si se ha cometido alguna ilegalidad, «habrá que depurar las responsabilidades necesarias». Desde la sede central en la calle de Génova de Madrid se emitieron mensajes similares, pero Costa se limitó a defenderse de los presuntos regalos recibidos.  

El dirigente salió al paso de una llamada telefónica grabada al Bigotes y el número dos de la trama, Pablo Crespo, el 3 de noviembre del 2008, en la que hablaban de las gestiones para vender su antiguo Mercedes y comprarle un Nissan Infiniti. En un comunicado, tachó de «totalmente falso» que la operación se consumase y aseguró que adquirió el vehículo gracias a la venta de un turismo anterior, un préstamo de sus padres y dinero propio. Costa subrayó que ya aclaró ante el magistrado instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, José Flors, que vendió «personalmente» su coche a un particular por 29.000 euros, IVA incluido (número de factura f-000002) en enero del 2009.  

Con esa cantidad, un préstamo personal de sus padres –depositado en la Consejería de Hacienda de la Generalitat valenciana con número de registro TP-EH/200-2009/1402–, y con dinero propio compró un nuevo vehículo «directamente gestionado con el concesionario Infiniti en Valencia». El importe de la adquisición fue de 65.000 euros, IVA incluido, que fueron abonados mediante un cheque bancario número 4046362 de su cuenta personal. 

El comunicado no habla del reloj de 25.000 euros que, según Pérez le cuenta a Crespo, le regaló el exalcalde popular de Alicante Luis Díaz Alperi. «Ya le conoces, tío, con una cosa de estas se vuelve loco, Está como un niño con zapatos nuevos», comentan ambos en la misma conversación en la que hablan del coche de lujo. 

Tampoco se refiere Costa a otras conversaciones telefónicas entre él mismo y el Bigotes intervenidas por la policía el 22 de diciembre del 2008, cuando la empresa Orange Market presionaba a los políticos valencianos para reducir sus deudas y poder cerrar el ejercicio anual. El secretario general del PP en la comunidad le dice a Pérez que le va a dar «todo lo que le falta», pero que necesita que el «presidente», en lo que parece una alusión a Camps, «eso no lo sepa». «Que este es un hijo de puta», añade. 

Costa tranquiliza a su interlocutor asegurándole que dará instrucciones «hoy mismo» de «dónde tiene que estar el dinero». «Aunque me quede sin tener que pagar el alquiler tres meses», le indica. Unas horas después, mientras siguen discutiendo sobre los pagos pendientes, Costa le pide a Pérez «100 gramos de caviar» para la cena de Nochebuena, lo que confirma el rol de conseguidor del Bigotes y sus compañeros. 

 Los famosos trajes de Camps motivaron otra crisis, y las conversaciones intervenidas acreditan que Pérez, Crespo y Costa se reunieron el 22 de enero del 2009 para «buscar una solución consensuada» al asunto. El Bigotes fue quien citó al dirigente popular para informarle de la «cabronada» que les había hecho otra de las implicadas, Isabel Jordán, que les quería meter «en un lío», denunciándolos ante la fiscalía. Una de las estrategias que idean para su defensa es alegar que compraban los trajes a medida para Camps para usarlos en sesiones de fotos, pero que después el presidente siempre los devolvía. 

La buena relación entre Costa y el Bigotes llega al punto de conspirar entre ambos por el impulso de la carrera política del primero. El dirigente popular le pide en diciembre del 2008 a Pérez, que ha quedado a cenar con otro dirigente del PP valenciano, que está «socarrado» (quemado) y que, como secretario general del partido, puede ser «más útil» si le pone en el Gobierno. «Si me diese una labor un poco de coordinación política del partido del Gobierno podría arreglar mucho de lo Alicante», le dice. Según el sumario, en La Nucia (Alicante), la trama corrupta buscó ayuda política para especular con un plan urbanístico, con campo de golf incluido.  

(www.elperiodico.com, 08/10/09)

SERVICIOS 'EXTRA' DE CORREA: «CINCO TÍAS IMPRESIONANTES Y TODOS EN PELOTAS» 

«Todos los demás estaban allí en pelotas, cada uno con una tía». Francisco Correa aliñaba el ecuador de sus negocios corruptos con orgías, chicas de compañía y personas vinculadas a la trama. El cerebro de Gürtel detallaba, en una conversación intervenida por la Policía e incorporada al sumario, los pormenores de una fiesta en el chalé del alcalde de La Nucía (Alicante), Bernabé Cano, del que se consideraba «amigo íntimo», cuando intentaba hacerse con un plan urbanístico bloqueado por motivos medioambientales.  

«Bernabé nos dijo que él les iba a montar una [fiesta] de puta madre con tías en su pueblo, cinco tías impresionantes», dijo el líder de la trama. Al parecer, las mujeres que estuvieron presentes en esta fiesta eran de Europa del Este y entre ellas se encontraba una joven de «25 añitos, muy discreta, educada, calladita», según Correa.  

Además, las grabaciones que engrosan el sumario judicial evidencian que para el cerebro de la trama Gürtel cualquier lugar era bueno para hacer negocios. En un encuentro mantenido en un hotel de Madrid en 2006 con su hombre fuerte en Valencia, Álvaro Pérez El Bigotes, el ex edil de Majadahonda, Juan José Moreno, y el denunciante de la trama, José Luis Peñas, Correa les puso al corriente de su amistad con Bernabé Cano y del singular local en el que cerrarían la recalificación del PAI.  

El acuerdo se alcanzaría, según las grabaciones, en un establecimiento «cuasisecreto» al que denomina El Choco, situado en la propia La Nucía y dotado de «suite, salón y cocina». En la misma conversación, Correa dice que, «negociando en Valencia», él y su «amigo íntimo» -que es como se refiere a Cano- cerraron un restaurante, y montó con el primer edil nuciero un «tinglado con tías buenas». En la misma conversación, el ideólogo de Gürtel se refiere a una inmigrante ilegal de nacionalidad rusa. «Hablo con mi amigo Carlos Clemente y le soluciono el tema de los papeles», apunta.  

Pero ésta no es la única alusión a El Choco en las grabaciones interceptadas. Correa también se refiere a este local en otra conversación con Pablo Crespo en la que hablan de un viaje a Alicante al que asistirían Álvaro Pérez, el ex secretario de Organización del PP gallego y el ex vicepresidente de Repsol Ramón Blanco. En ese viaje, Crespo explica que irán al citado local del alcalde y que visitarán los terrenos con Bernabé Cano. Francisco Correa reconoce, en otra parte de la conversación incorporada al sumario judicial, que está «en fregados gordos importantes en Valencia».  

Finalmente, el PAI no se cerró porque los tribunales tumbaron el proyecto al no tener garantizado el suministro de agua.  

En la comarca alicantina de la Marina Baixa, en la que está ubicada La Nucía, El Choco es bastante conocido, sobre todo por empresarios y ejecutivos.  

El inmueble, propiedad del constructor José Ignacio de la Serna, es un punto de encuentro para reuniones privadas entre empresarios y políticos como el propio Cano. Unas citas que suelen ser de lo más animadas, según precisan testigos presenciales. A alguna de estas reuniones, también acudían «chicas» con las que los participantes de los ágapes compartían copas en una pista de baile improvisada en el amplio salón, con karaoke incluido.  

La mayoría de las señoritas que acuden «son sudamericanas, de buen ver y que los empresarios y demás clientes mantienen en pisos en Benidorm», explicaron las mismas fuentes consultadas. «Las tienen asalariadas en sus firmas y se las intercambian entre ellos, como un regalo cuando el negocio es redondo», indican. Por El Choco desfilan «directores de bancos, empresarios, políticos... se trata de cerrar negocios y pasarlo bien», señalan estas fuentes presenciales, destacando «la gran cocina» y «las habitaciones con jacuzzi incluido».  

Álvaro Pérez, El Bigotes, no sólo fue el pupilo de Correa en el mundo de los negocios, sino que también absorbió algunos de sus hábitos. «Mira, yo quería pagarle 600 euros a cada una, darte a ti todo el dinero y que luego tú negociases con tus amigas. Porque luego, a lo mejor, alguno de mis amigos quiere que se quede un rato, pero ya que les pague él, ¿sabes?», dice El Bigotes a una prostituta identificada como Micaela en una de las conversaciones. Hablaba de una reunión que iba a celebrarse en Barcelona.  

«Que vengan justo al café y que luego vengan andando al hotel (…) Lo que pasa es que yo quiero mujeres como tú, que sepan estar y que sean elegantes», añade. 

(www.elmundo.es, 08/10/09)

EL JEFE DE LA INMOBILIARIA DE LOS COTINO SE REUNIÓ CON EL BIGOTES Y CRESPO 

La policía siguió los pasos de los principales dirigentes de la trama corrupta para saber con quién se reunían. Y en esos seguimientos, según consta en el sumario, hicieron unas fotografías que prueban un encuentro en Madrid entre los principales dirigentes de la red y uno de los empresarios que, según un informe policial que está estudiando el juez Antonio Pedreira, habrían financiado ilegalmente al Partido Popular pagando a Orange Market por servicios inexistentes con el fin de que ese dinero sufragara actos de ese partido. Se trata de Vicente Cotino, presidente de Sedesa y sobrino de Juan Cotino, hombre fuerte del Gobierno valenciano y consejero de Obras Públicas. 

El pasado día 26 de enero, según las pruebas documentales de la policía, en el hotel Gran Fénix de Madrid, se reunieron Pablo Crespo, número dos de la trama dirigida por Francisco Correa; Pablo Collado, trabajador de la red, y Álvaro Pérez, El Bigotes, con Vicente Cotino. Según el parte policial, este último, al que se describe con gran precisión, entró en el hotel con un maletín y salió con el mismo maletín y una maleta, algo que los policías detallan con precisión como el hecho más relevante de la reunión, que duró casi una hora. 

"Un minuto más tarde se observa la salida del hotel de los tres individuos antes referidos [Pablo Collado, Álvaro Pérez y Vicente Cotino] permaneciendo durante unos segundos hablando en la puerta. Momentos después, Vicente Cotino Escrivá se despide de los otros dos y abandona a pie el lugar en dirección a C/ Serrano, portando un maletín de mano, así como una maleta", señala el informe. 

Vicente Cotino no recuerda exactamente si se reunió el 26 de enero en Madrid con Pablo Crespo, Pablo Collado y Álvaro Pérez, pero una portavoz de Sedesa explicó ayer a EL PAÍS que el señor Cotino "ha tenido reuniones con esos señores, tanto en Madrid como en Valencia, porque tenía relaciones comerciales con ellos", para cuestiones relativas al marketing de Sedesa. 

Sedesa, una de las seis empresas valencianas que dio dinero a Orange Market y supuestamente financió ilegalmente al PP, algo que sus responsables niegan, fue fundada por el padre de Juan Cotino, director general de la Policía en el Gobierno de José María Aznar y actual consejero de Agua, Territorio, Medio Ambiente y Vivienda del Gobierno que preside Francisco Camps. 

Sedesa, presidida por el sobrino de Cotino, es hoy una inmobiliaria con intereses en tratamiento de residuos, limpieza, inmobiliaria y depuración de aguas. Vicente Cotino Escrivá es además amigo del ex director general de Ràdio Televisió Valenciana Pedro García, que también recibió supuestamente ropa regalada por El Bigotes. 

La investigación policial de la supuesta financiación ilegal del PP valenciano ha acreditado que hay casos en los que para pagar las facturas legales con IVA, Orange Market recurrió en ocasiones al cambio de cliente, endosando una factura por servicios prestados al Partido Popular a dos empresas constructoras que tienen múltiples contratos con la Administración valenciana: Ortiz e Hijos y Facsa (Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA). 

En los pagos en dinero B por actos del PP, la policía ha recabado numerosos indicios de que en ocasiones se sufragaba con "aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana como Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino y Luis Batalla (Lubasa), enmascarando estas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justificar el pago realizado". 

(www.elpais.com, 08/10/09)

RIPOLL EXIGE A CAMPS MEDIDAS ANTE EL ESCÁNDALO DE LA TRAMA GÜRTEL 

El sector zaplanista del PP en la Comunidad Valenciana dio ayer un paso al frente. El presidente provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, pidió abiertamente que se adopten medidas para atajar los escándalos de corrupción que sacuden a los populares valencianos. 

"Si hay problemas o manzanas podridas lo que hay que hacer es quitarlas cuanto antes", aseguró Ripoll, que reconoció que "ahora ya no se trata de filtraciones sino de algo bien recogido en un sumario que parece que tiene credibilidad". El también presidente de la Diputación de Alicante, que está enfrentado al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, insistió en que los votantes están solicitando "que se tomen medidas ya". 

"Nuestros votantes nos lo están pidiendo, nos quieren seguir votando porque confían en nosotros y que eliminemos aquello que está estropeando el proyecto político que defiende una mayoría abrumadora de ciudadanos", recalcó Ripoll, que abogó, si es necesario, por convocar "a los responsables políticos de los territorios afectados" para fijar una hoja de ruta de acuerdo con la dirección nacional del PP para solucionar los escándalos. 

Ripoll reconoció haberse quedado "estupefacto" después de conocer que, en la parte del sumario del caso Gürtel hecha pública, hay una conversación del número dos del PP, Ricardo Costa, el vicesecretario de Organización, David Serra, y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes, en la que hablan de meter al presidente del PP alicantino en un furgón policial. 

El presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, fue el encargado de intervenir para lastrar el discurso de Ripoll, aunque los populares castellonenses tampoco ocultan su preocupación por los efectos de los escándalos que afectan a Camps y a varios miembros de la dirección regional y el Consell. 

Tras insistir en su respaldo al presidente de la Generalitat, Fabra -que está imputado por varios delitos contra la Administración y delito fiscal- admitió: "Cuando se demuestre que alguien tiene responsabilidades por alguna cuestión ilegal, es evidente que habrá que tomar las medidas adecuadas".Para el presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, si hay ilegalidades habrá que tomar medidas, "pero no porque lo digan cuatro conversaciones telefónicas, que no sabemos siquiera de su legalidad o si han sido no manipuladas". "Mientras tanto, yo presumo que todos son inocentes", insistió Fabra. 

"Las manipulaciones mediáticas me las creeré cuando haya un juicio, se condene a alguien y sea declarado culpable, y mientras tanto no me lo creeré. Y hablo por propia experiencia", sentenció el presidente de la Diputación de Castellón. 

Sin embargo, el malestar, como demostró la portavoz popular en Elche, la campista Mercedes Alonso, está generalizado. "El que haya hecho algo tendrá que asumir sus responsabilidades, sea quien sea y caiga quien caiga", afirmó Alonso, incluso cuando se le preguntó sobre si su afirmación incluía a Ricardo Costa. 

Aún así, el campismo dedicó parte de sus esfuerzos a intentar contrarrestar la andanada del zaplanismo para evitar que cundiese el ejemplo entre las filas populares. Y, mientras, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se dedicó a blindar sus posiciones frente a las presiones de la dirección nacional del PP. El jefe del Consell mantuvo contactos con otros dirigentes del PP nacional, miembros de su Gobierno y personas de su confianza, como la alcaldesa Rita Barberá. 

El pulso de la jornada se centró en la defensa del secretario general y portavoz parlamentario, Ricardo Costa, a quien María Dolores de Cospedal, secretaria nacional del PP, puso a los pies de los caballos al afirmar: "Con independencia de que sean punibles o no penalmente, no compartimos que se reciban ese tipo de regalos". 

Costa tuvo que pasar la mañana intentando convencer a propios y extraños de que el reloj exclusivo, de más de 20.000 euros, que le regaló el ex alcalde de Alicante Luís Díaz Alperi no tenía relación con la trama corrupta de El Bigotes. Igualmente, Costa aportó documentos para justificar que el coche de lujo Infiniti, para el que le hicieron gestiones algunos de los imputados del caso Gürtel, se lo pagó íntegramente de su dinero. 

Finalmente, el número dos del PP valenciano logró que Génova emitiese un comunicado, ex profeso, en el que le salvaban la cara y se daban por satisfechos con sus explicaciones. Costa logró por segunda vez en menos de una semana zafarse de la presión del PP nacional gracias al cierre de filas decretado por Camps. 

El Consell, a través de la portavoz Paula Sánchez de León, también emitió un comunicado para negar que el contenido de las conversaciones de El Bigotes referido a la gestión de la Generalitat sea verdad y tenga base probatoria. 

La estrategia de los populares volvió a consistir, un día más, en retrasar el listón de las responsabilidades políticas y éticas de la dirección regional y del Consell. Así, distintos cargos del partido se apuntaron a la teoría de la "orgía de cotilleos", a su falta de valor probatorio y a la inexistencia de sentencias judiciales en firme. 

Sin embargo, los escándalos ya hacen mella en los cargos populares, que intentan evitar que se les pueda confundir con los modos y maneras de sus jefes, salpicados por los escándalos del caso Gürtel. 

Tanto es así, que ayer un diputado del PP en las Cortes Valencianas reconoció que había guardado en un cajón el Rolex que le regaló su padre cuando logró la licenciatura y lo había sustituido por un reloj de plástico. Pocos se atreven a hacer ostentación de relojes de lujo estos días en las filas del PP. 

(www.elpais.com, 08/10/09)

LOS ZAPLANISTAS PIDEN QUE "SE QUITEN YA LAS MANZANAS PODRIDAS" 

El sector zaplanista del PP en la Comunidad Valenciana dio ayer un paso al frente. El presidente provincial del PP de Alicante, el zaplanista José Joaquín Ripoll, pidió abiertamente que se adopten medidas para atajar los escándalos de corrupción que sacuden a los populares valencianos. 

"Si hay problemas o manzanas podridas, lo que hay que hacer es quitarlas cuanto antes", aseguró Ripoll, que reconoció que "ahora ya no se trata de filtraciones, sino de algo bien recogido en un sumario que parece que tiene credibilidad". El también presidente de la Diputación de Alicante insistió en que los votantes están solicitando "que se tomen medidas ya". 

"Nuestros votantes nos lo están pidiendo, nos quieren seguir votando porque confían en nosotros y que eliminemos aquello que está estropeando el proyecto político que defiende una mayoría abrumadora de ciudadanos", recalcó Ripoll. Éste abogó por convocar, si es necesario, "a los responsables políticos de los territorios afectados" para fijar una hoja de ruta con la dirección nacional para solucionar los escándalos. 

El presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, también manifestó la preocupación por la situación creada a raíz del caso Gürtel, aunque intentó lastrar el discurso de Ripoll para restarle protagonismo en la crisis que viven los populares valencianos. 

Tras insistir en su respaldo al presidente Camps, Carlos Fabra -que está imputado por varios delitos contra la Administración y por delito fiscal- argumentó: "Cuando se demuestre que alguien tiene responsabilidades por alguna cuestión ilegal, es evidente que habrá que tomar las medidas adecuadas, pero no porque lo digan cuatro conversaciones telefónicas, que no sabemos siquiera de su legalidad. Mientras tanto, yo presumo que todos son inocentes". 

Por su parte, el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, resaltó de nuevo lo insostenible de la situación. "Que pongan un militante decente [del PP] al frente del partido y de la Generalitat que convoque elecciones anticipadas y pilote el periodo de transición", agregó el dirigente del PSPV-PSOE. Alarte reclamó la dimisión del director general de Ràdio Televisió Valenciana por esconder la información sobre el levantamiento del sumario del Tribunal Superior de Madrid en el telediario de la noche del pasado martes. 

(www.elpais.com, 08/10/09)

EL JUEZ DE MADRID INDAGA AHORA LAS CUENTAS DEL PP EN VALENCIA  

Suma y sigue. El juez Antonio Pedreira del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) indaga ahora la presunta financiación ilegal del PP en Valencia al aceptar la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que le ha pedido una batería de diligencias para aclarar si en esta comunidad los populares aceptaron que la trama que dirigía Francisco Correa les pagase actos de este partido. Paralelamente, el Tribunal Supremo, en cuanto reciba el permiso del Senado, intentará descubrir si Luis Bárcenas, extesorero del PP, solo buscó su enriquecimiento personal o también desvió dinero al partido que dirige Mariano Rajoy al relacionarse con la trama Gürtel. 

Fuentes de la investigación explican que Pedreira está pendiente del resultado de varias comisiones rogatorias (investigación judicial que se practica en el extranjero) a paraísos fiscales. Las fuentes consultadas sostienen que, de momento, con los datos que hay en el sumario es imposible imputar a más personas. Por ello, afirman que, salvo que lleguen otras pruebas, es poco probable que sean llamados a declarar, por ejemplo, Alejandro Agag, yerno del expresidente del Gobierno José María Aznar. «Si no ha sido imputado es porque no tenemos pruebas», puntualizan fuentes judiciales. 

 Otra cosa es la posible financiación del PP en la Comunidad Valenciana. Un informe de la brigada de blanqueo de capitales apunta que la empresa que dirigía Álvaro Pérez, el Bigotes, realizó una doble facturación por cada servicio prestado allí al PP. La Fiscalía Anticorrupción ha optado por que sea el TSJM el que lo investigue ante la negativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de abrir una investigación. Pedreira ha aceptado el reto y ha admitido una batería de diligencias para estudiar este extremo.

Además, el Tribunal Supremo debe iniciar su investigación contra el senador y extesorero del PP Luis Bárcenas, que ha percibido más de un millón de euros de la red corrupta. Correa explica, en la parte del sumario que ha sido revelada, que mantuvo una reunión con este para explicarle los «problemas que tenía para cobrar unos servicios prestados por sus empresas al partido».

También aseguró que había entregado a Bárcenas 1.000 millones de pesetas. «Se trataría –según su versión– de dinero derivado de comisiones por adjudicaciones de obras del Ministerio de Fomento cuando estaba al frente Francisco Álvarez Cascos». Además, reveló que el tesorero «ha sacado estos fondos de España y en qué paraíso fiscal los tiene».

El alto tribunal, una vez que reciba la autorización del Senado, analizará al detalle las cuentas de Bárcenas para intentar descubrir si el dinero que recibió de la organización de Correa se lo quedó para su uso o lo repartió con el partido. 

Esta práctica no es la habitual. Fuentes jurídicas han explicado que, de momento, no han observado «una financiación ilegal generalizada en el PP». Por contra, esas mismas fuentes sostienen que este caso deja en evidencia que el partido de Mariano Rajoy tiene manzanas podridas. «Han sacado dinero a paletadas de las administraciones públicas después de atender los caprichos de una pandilla de golfos», sostienen. 

Esta es la tesis que mantiene el PP, aunque su argumentario se viene abajo porque la instrucción judicial acredita que los «aprovechados» son desde cargos autonómicos y parlamentarios hasta dirigentes nacionales y alcaldes. La instrucción dirigida por el magistrado Baltasar Garzón –el juez de la Audiencia Nacional fue el primer instructor del caso– deja en evidencia que «hubo una pandilla de chorizos» que no tuvieron reparo en amañar las adjudicaciones de obras a cambio de coches de lujo, viajes de ensueño, trajes, televisiones y caviar. 

Otra parte de la investigación se centra en aclarar el papel desempeñado por algunos abogados que «han pasado la línea de defensa» al ofrecerse a colaborar con Correa para recuperar el dinero que este había escondido en Suiza. En unas intervenciones en la cárcel de Soto del Real (Madrid) que se iniciaron el 19 de febrero y cesaron el 6 de mayo, estos letrados también revelaron que se estaban afanando para quitar la instrucción a Garzón y mandarla al TSJM. «A los de allí los hemos puesto nosotros», dicen. Sus tejemanejes, parece, que no han tenido éxito.  

(www.elperiodico.com, 08/10/09) 

BOCHORNO EN EL PP VALENCIANO MIENTRAS CAMPS RESISTE INMÓVIL 

El caso Gürtel se ha convertido en un diapasón fatal tanto para el Gobierno valenciano como para el PP de la Comunidad Valenciana. Si el informe de la Brigada de Blanqueo puso en evidencia que en Gürtel subyace algo mucho más grave que el dudoso origen del fondo de armario de Francisco Camps, el levantamiento del secreto del sumario permite entrever hasta qué punto los desmanes de la banda de El Bigotes se escabechaban con regalos de lujo, facturas hinchadas, contratos a dedo, descaro y procacidad.  

La situación es insostenible para los cuadros intermedios del PPCV y no pocos cargos institucionales, que aguardan -de momento en vano- a que Camps reaccione mientras los titulares del día les atragantan el desayuno. Ayer, se pronunciaron a las claras los presidentes provinciales de Alicante y Castellón, José Joaquín Ripoll y Carlos Fabra.  

Ripoll, cuya opinión parece condicionada por su ya endémica rivalidad con Camps, dijo que «no se puede esperar mucho tiempo»; que «si hay manzanas podridas, habrá que quitarlas cuanto antes», y que «ya no se trata de filtraciones, sino de un sumario». Además, reclamó a Camps una reunión de dirigentes para abordar la crisis.  

Por su parte, Carlos Fabra -inmerso en varios procesos judiciales- matizó que, para depurar responsabilidades, «habrá que demostrar que se tienen».  

Las quejas son contundentes y recurrentes en el PPCV. Muchos alcaldes, concejales y diputados quieren que Camps les explique «de una vez qué hay de verdad en todo esto» para poder tranquilizar a sus votantes y conciudadanos; que convoque a los dirigentes provinciales, a los que no reúne desde hace tres meses; y que, en definitiva, «reaccione» ante un problema que lastra la acción del Gobierno desde hace ya siete meses.  

La sensación de dejación -e improvisación- es total y el descontento generalizado está alcanzando grados de desesperación. De hecho, no son pocas las voces que recurren a la tabla de Carnéades -el paradigma teórico que se utiliza en Derecho para explicar la legítima defensa- para pedir a Camps que haga dimitir a Costa y/o el vicepresidente Rambla, sean o no éstos responsables penalmente, para salvar al partido del descrédito y del bochorno.  

Sin embargo, quienes así piensan se topan con un muro cada vez que intentan hacer llegar su opinión a un presidente «secuestrado por su círculo más íntimo», y temen ser considerados quintacolumnistas o arribistas. Tal es el grado de paranoia que atenaza al Consell desde que estalló Gürtel. 

(www.elmundo.es, 08/10/09) 

EL GOBIERNO DE CAMPS CONTRATÓ CON OTRAS CINCO EMPRESAS DE LA TRAMA 

Un informe especial de la Agencia Tributaria sobre los ingresos declarados por las principales empresas con las que Francisco Correa operaba en España ha destapado nuevas relaciones del Gobierno de Francisco Camps con la trama corrupta. La Generalitat Valenciana no sólo contrataba con Orange Market, la firma de Álvaro Pérez, el directivo al que Correa envió a Valencia a abrir nuevo negocio, sino con hasta cinco empresas distintas de la trama -Easy Concept, Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral, Good and Better y TCM- con sede en Madrid, según los datos facilitados al juez por la Agencia Tributaria. Todas estas empresas han incluido en la relación de clientes de su declaración de ingresos entre 2004 y 2008 a la Generalitat Valenciana, con cerca de 300.000 euros de facturación. 

Como consecuencia de la investigación abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia contra cuatro altos cargos del PP por un supuesto delito de cohecho impropio, entre ellos el presidente Francisco Camps y el secretario general del PP, Ricardo Costa, el Ejecutivo autónomo informó al juez José Flors, instructor de la causa, de que había adjudicado casi ocho millones de euros a la empresa Orange Market en 44 contratos, la mayoría sin concurso. Como sólo se pidió información sobre esa firma, que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, "amiguito del alma" de Camps, el Gobierno valenciano no suministró datos sobre contratos con otras empresas de la trama. 

El juez Flors finalizó la instrucción del caso en junio y propuso abrir juicio con jurado al entender que había suficientes indicios del delito que se le imputaba a los cuatro dirigentes del PP. Pero dos de los tres magistrados que componían la Sala de lo Penal, entre ellos el presidente, Juan Luis de la Rúa, del que Camps habla en términos de íntima amistad, decidieron archivar el caso al entender que no había relación directa entre los regalos de la trama corrupta y la función que desempeñaban en la Administración valenciana los cuatro dirigentes beneficiados por los trajes. La Fiscalía Anticorrupción recurrió ante el Supremo el archivo del caso. 

La investigación sobre los regalos, primero en la Audiencia Nacional y luego en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, permitió acreditar que al menos tres empresas de la trama corrupta, Orange Market, Diseño Asimétrico y Servimadrid Integral, habían utilizado parte de sus fondos para abonar, bien mediante cheques o bien mediante transferencias bancarias, la ropa regalada a los dirigentes del PP valenciano entre los años 2005 y 2008. 

El informe de la Agencia Tributaria ha destapado que esas tres empresas, no sólo Orange Market, contrataron con la Comunidad Valenciana por mecanismos que, en muchos casos, permitían la total discrecionalidad de los departamentos que adjudicaban los trabajos, pues se hacía por cantidades inferiores a 12.000 euros, con lo que se evitaba el concurso. Las mismas empresas que pagaron los trajes a Camps y a otros tres dirigentes del PP recibieron contratos de la Administración valenciana durante los años en que se registraron las dádivas. 

El mismo informe de la Agencia Tributaria acredita, además, que entre los clientes de alguna de estas empresas de la red Gürtel figuraba una de las firmas contratistas de la Administración valenciana, Facsa, a la que la policía atribuye la financiación ilegal de actos del PP a través de la trama corrupta. Facsa, según la investigación judicial, pagaba a las sociedades de la trama corrupta, principalmente Orange Market, por servicios no prestados. Ese dinero, junto al de al menos otras cuatro constructoras, servía para financiar actos que Orange Market le montaba al PP valenciano. 

(www.elpais.com, 08/10/09)

´LOS TRAJES DE CAMPS ERAN UN TEMA DE ALVARITO Y PABLO Y NO SÉ SI TENÍAN PORCENTAJE´  

El levantamiento parcial del secreto del sumario por parte de Antonio Pedreira en el TSJ de Madrid ha aportado grabaciones, datos e indicios que avalan las estrechas relaciones entre los dirigentes de la trama Gürtel y la cúpula del PP valenciano y de la Generalitat, plasmada en las figuras del presidente Francisco Camps y el secretario general del partido, Ricardo Costa. Entre los 17.000 folios que ayer fueron descatalogados como secretos, hay espacio para los trajes regalados a Camps, a Costa y compañía. En una conversación con su abogado, el líder de la organización, Francisco Correa, dice que los trajes "son un tema de Alvarito y Pablo", en referencia al presidente de Orange Market, y Crespo. Correa confiesa al letrado que no sabe si tienen "un porcentaje de eso". 

Las intervenciones telefónicas reflejan que la trama medió a favor de la hermana del presidente en relación con el Festival de Benidorm, el 10 de diciembre de 2008. Álvaro Pérez llama al entonces director general de la RTVV, Pedro García. Le explica que acaba de reunirse con Estrella Camps y que le ha pedido que le ayude con el festival y las televisiones. Pérez aprovecha la conversación para explicarle a García que el tema del festival "es una mierda que no quiere nadie" y añade, refiriéndose a Camps: "El hijo puta del presidente, en vez de pagarme, me manda a su hermana para darme otro marroncito". 

El jefe del Consell quería hacerse "una foto" con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, según contó El Bigotes en una conversación de finales de 2008 con el abogado Manuel Delgado. Pérez le dice que está "aguantando el chaparrón, que a ver si se jubila y deja de aguantar políticos, porque es la hostia". Después asegura que el día anterior había advertido a Camps de que "sentarse con Obama, ahora es imposible, que hay en el planeta 500 tíos importantes o 500.000 importantes que se quieren sentar con Obama" y que le ofreció "intentarlo" con Bill Richardson, gobernador de Nuevo México.  

Delgado confirma que con Richardson "no hay problema" y Pérez dice entonces que se lo va a comunicar al presidente valenciano, "porque si tú y yo nos vamos con Paco Camps a ver a Richardson, yo sé que Paco es una de esas cosas que no olvidaría jamás en la puta vida, nunca, porque le conozco y entonces para mí sería la hostia y para nosotros en general". 

El abogado insiste en que concertar esa cita "es muy sencillo", que va a montar un despacho en Washington "de lobby puro y duro" y que cuando Camps viaje allí "vais a Nuevo México, os sentáis con Bill Richardson y ya está". El Bigotes reitera que Camps, "lo que quiere, que se lo dijo ayer, que a él, más adelante, lo que le gustaría es la foto de Obama" y Delgado responde "que eso cuente con ello también". "Para él es importantísimo", concluye Pérez. Al día siguiente, El Bigotes le cuenta a Crespo que "el curita" (se refieren a Camps) le ha llamado "por lo de Richardson". Camps no parece muy ilusionado, según Pérez, que cuenta que, ante sus reticencias, le ha dicho: "Vamos a ver ¿tú que te crees? ¿qué Richardson es un presidente como los de aquí, de cualquier autonomía?". 

(www.levante-emv.com, 07/10/09) 

"¿RICARDO SABE CÓMO QUIERE EL COCHE?" 

A finales del año pasado, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, quería cambiar de coche. Según las grabaciones del sumario del caso Gürtel, su amigo Álvaro Pérez, El Bigotes, gerente de la empresa Orange Market, proveedor en exclusiva de la escenografía del partido a la vez que adjudicatario de la Generalitat valenciana por más de ocho millones, fue quien hizo las gestiones para conseguir exactamente el modelo que Costa deseaba. Lo dice él mismo en varias conversaciones con sus jefes en Madrid que, según se deduce de la transcripción, están gestionando la compra de un determinado coche de lujo para ellos mismos y le ofrecen a Costa beneficiarse de la oferta, lo que revela la estrechísima relación entre ambos. 

El 3 de noviembre de 2008, Pérez habla del tema con uno de sus jefes en Madrid, Pablo Crespo, número dos de la trama de empresas corruptas, actualmente en prisión incondicional: 

Álvaro Pérez. [Dice Costa] que a ver si esta semana podemos ir, para ver a Eduardo [contacto para la compra del coche] y tal, que por favor que le venda el coche, digo, no te preocupes, que ya verás como te lo vendo. 

Pablo Crespo. Escucha una cosa... Eduardo, tienes que hablar con él para que haga la prueba. Yo lo he vuelto a llamar, que no me ha cogido el teléfono, para decirle que nos lo pida en firme, porque si no, igual tardan la hostia en venir los coches y después... 

Á. P. Ya, ya, ya. 

P. C. Nos está volviendo locos este hombre. 

Tan sólo media hora después, Pérez y Crespo mantienen esta conversación: 

P. C. Tú, ya... Ricardo ¿ya sabe cómo quiere el coche? 

Á. P. Sí, igual que tú, lo que no sabía era el color. 

P. C. Va... 

Á. P. Todavía no está muy decidido. 

P. C. El color externo, para hacer el pedido hay que saberlo. 

Á. P. Ya, por eso le voy a decir que entre ahora en internet y decida. 

P. C. Porque cuanto más tardemos... porque me están dando plazo de entrega ya en enero. A lo mejor, si tenemos suerte y lo pedimos ahora, que habrá que transferirle algo como señal a este hombre, a Eduardo, pues si lo pedimos ahora, joder, el coche igual, si hay suerte, igual lo tenemos antes. 

Á. P. En Navidad. 

P. C. Pero en principio está para enero. 

Á. P. Vale, vale, perfecto. 

P. C. Dile por favor que lo decida, anda. 

Á. P. No te preocupes, que se lo voy a decir ahora. 

P. C. Que si quiere otras llantas o lo que sea, el color interior, lo único que puede decir es el color exterior, color interior y las llantas si no quiere las mismas, yo puse las de ventilador. 

Al día siguiente, 4 de noviembre, Álvaro Pérez transmite las supuestas instrucciones de Costa a Pablo Crespo: 

Á. P. Escucha, Ricardo quiere el coche, tapicería negra. 

P. C. Joder. 

Á. P. O gris oscuro, no sé si hay gris oscuro. 

P. C. Espera que lo voy a mirar ahora mismo, que acabo de llegar a la ofi. (...) Color negro... como el que elegí yo, ¿no? 

Á. P. Sí, y tus llantas. 

P. C. Ah, las llantas de ventilador también, vamos a ver... 

La configuración definitiva del coche del secretario general del PP valenciano la cierran estos dos empresarios 20 minutos después. Según el informe de las transcripciones, "Crespo dice que él cree que queda mejor la madera, pero que bueno, en cuestión de gustos...". Unos meses después, el 2 de mayo de este año, Costa se estrelló con su nuevo coche, un vehículo de lujo de la marca Infiniti. Preguntado por el suceso, declaró: "El Infiniti me ha salvado la vida". 

Ricardo Costa ha puesto a disposición de varios documentos para demostrar que el coche en ningún caso es un regalo de la trama de empresarios corruptos. En enero de este año, Costa vendió un coche Mercedes Benz por 29.000 euros y después, pidió un préstamo personal por 30.000 euros. Finalmente compró un Infiniti FX50 por 65.000 euros, según consta en factura. También respondió sobre este asunto en las Cortes valencianas. Asimismo, Ricardo Costa asegura que él hizo personalmente todas las gestiones para adquirir su coche. El Infinity FX50, comprado nuevo, cuesta casi 80.000 euros. 

(www.elpais.com, 07/10/09) 

'EL BIGOTES' GESTIONÓ LA COMPRA DEL DEPORTIVO EN EL QUE SE ESTRELLÓ COSTA 

La trama corrupta podría haber mediado en la compra del Infiniti modelo FX50 que conducía el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, hasta el pasado mes, cuando sufrió un accidente y el coche quedó siniestro total. El mandatario popular niega la intervención del entramado y muestra las facturas y los movimientos bancarios que, supuestamente, acreditan que emitió un cheque de 65.000 euros para pagar el vehículo de alta gama.  

Pero la versión de Costa choca con la que se desprende del sumario. Según las conversaciones intervenidas por la Policía, El Bigotes tramitó el asunto con un hombre dedicado al mundo del motor, llamado Eduardo y apodado El Obama Blanco, y después amarró la operación con el número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo. Según una conversación entre El Bigotes y Eduardo del día 11 de diciembre de 2008, el plan era ayudar a Costa a vender su Mercedes para después comprar el Infiniti. «Escúchame, yo necesito quedar contigo, llevarte el coche de Ricardo para ver si lo vendemos y que hablemos del Infiniti. Yo estoy en Valencia y necesito que me llames y me digas 'Álvaro, tráete el Mercedes el lunes que viene' y yo te dejo el Mercedes, lo vendes y, mientras tanto, vas haciendo el pedido y ya está», dice El Bigotes. «Pues ya está, vente el lunes y ya está. Yo puedo tener ya a alguien en firme para el Mercedes. Lo vendemos, lo formalizamos y dejamos una señal para el tema del Infiniti y el resto se lo das a Ricardo. Ya cuando esté lo del Infiniti hacemos el pago», contesta.  

En una conversación anterior entre Crespo y Pérez, fechada el 3 de noviembre de 2008, el ex secretario de Organización del PP gallego comenta lo sumamente interesado que está Costa en adquirir el vehículo. En la conversación, El Bigotes afirma, refiriéndose a Costa, que éste le ha dicho «que a ver si esta semana podemos ir, para ver a Eduardo y tal, que por favor que le venda el coche», y que él le ha tranquilizado: «Digo, no te preocupes, que ya verás cómo te lo vende». El Bigotes dice entonces que va a pedir a Costa que elija el color, mientras Crespo le urge: «Dile por favor que lo decida, anda», y añade, «que si quiere otras llantas o lo que sea, el color interior. Lo único que puede decir es color exterior, color interior y las llantas. Si no quiere las mismas, yo las puse de ventilador». Al día siguiente, Costa ya se había decidido por el color negro y las llantas «de ventilador».  

Los datos de Costa niegan la mayor. Según el número dos del PP valenciano, él conoció al gerente de la marca Infiniti a finales del año pasado tras un acto con empresarios y enseguida se interesó por uno de los modelos. El pasado 27 de enero, Costa recibió un préstamo de su madre por valor de 30.000 euros para afrontar la compra. Un movimiento que incluso se plasmó en la Consejería de Economía. Un día después, el dirigente popular sacó un cheque por valor de 65.000 euros de su abultada cuenta personal para comprar un Infiniti kilómetro 0 (56.034 euros más 8.965 de IVA). La compraventa se materializó el 30 de enero. Un día después, Costa vendía su Mercedes Benz a su dentista por 29.000 euros para contrarrestar el desembolso del día anterior. 

(www.elmundo.es, 07/10/09) 

"RICARDO QUIERE EL COCHE, TAPICERÍA Y COLOR NEGRO" 

"¿Ricardo ya sabe cómo quiere el coche?", pregunta Pablo Crespo, número dos de Francisco Correa en la trama Gürtel. Al otro lado del teléfono responde Álvaro Pérez, El Bigotes, su conseguidor en Valencia: "Todavía no está muy decidido".  

Esta conversación se produjo el 3 de noviembre de 2008. Ni Crespo, que se encuentra ahora en prisión, ni El Bigotes sabían que la Policía tenía intervenidas sus llamadas por orden judicial. El rastro que dejan sus llamadas pone en un serio aprieto al tercer actor de la llamada, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, con quien las grabaciones policiales dejan clara una relación de total confianza.  

Los líderes de esta trama corrupta ligada al PP gestionaron la compra de un vehículo de lujo para Costa valorado en 80.000 euros, un Infiniti idéntico al que conducía el número dos del PP valenciano cuando sufrió un accidente de tráfico el pasado 6 de mayo. 

La minuciosidad con la que Crespo y El Bigotes prepararon el encargo queda reflejada en el sumario del caso, parcialmente levantado ayer. Costa no tiene claro el color del coche y El Bigotes comenta con Pablo Crespo que va a pedirle que entre "en Internet y decida". "Dile, por favor, que se decida", insiste Crespo, que fue secretario de Organización del PP gallego antes de convertirse en número dos de Correa . 

Crespo deja clara la cuidada atención que dispensan a Costa: "Que si quiere otras llantas o lo que sea, el color interior, lo único que puede decir es el color exterior, interior y las llantas si no quiere las mismas". Un día después, la gestión telefónica de El Bigotes da resultado: "Escucha, Ricardo quiere el coche, tapicería negra y color negro y tus llantas".  

El Bigotes y Crespo parecen conocer bien la inclinación de Costa por las aficiones caras, según se deduce de sus conversaciones intervenidas. El mismo día en el que ambos trataban de adecuar el color y los extras del coche de lujo a los gustos de Costa, El Bigotes le contaba a Crespo que Luis Díaz Alperi, ex alcalde de Alicante, "le ha regalado un Franck Muller" de acero al secretario general del PP valenciano. El reloj "vale 20.000 euros", según aclara El Bigotes ante la curiosidad de su interlocutor, que se muestra deslumbrado. "Lo ha flipao Ricardo, claro, entonces le han ajustado la correa y va como un niño, ya le conoces, tío, con una cosa de esas se vuelve loco, pero no se lo puede poner por Valencia, ya se lo he dicho". La razón parece sencilla y se la aclara a Crespo inmediatamente: "Es que es un cante de cojones". 

Costa es una referencia habitual en las conversaciones de los líderes de la trama. Su líder, Francisco Correa, llega a aventurarle un brillante porvenir: "Tú serás el futuro presidente del Gobierno de este país". Al otro lado del teléfono, el propio Costa responde: "Sí, sí, eso le toca al otro Costa", en referencia a su hermano Juan, ex ministro de Aznar. 

(www.publico.es, 07/10/09) 

COSTA ASEGURA QUE PAGÓ SU COCHE DE LUJO  

Compraventa unida a un préstamo personal

El secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, negó ayer que la ‘trama Gürtel’ haya tenido nada que ver en la compra de su coche –un Infiniti– y reiteró que lo pagó con la venta de su anterior automóvil y un préstamo personal.  

“Digan lo que digan”

El entorno del dirigente del PP valenciano negó cualquier favor por parte de la trama corrupta, “digan lo que digan” los supuestos cabecillas de la red.

Una operación particular

Costa afirmó que realizó la compra a un particular “personalmente”, como explicó en mayo, cuando sufrió un accidente con el coche que citan los imputados.   

(www.publico.es, 07/10/09) 

«'HIJOPUTA' EL PRESIDENTE, EN VEZ DE PAGARME ME ENVÍA A SU HERMANA» 

Las grabaciones de la Policía revelan con absoluta claridad no sólo la estrecha relación que el director de la Radio Televisión Valenciana, Pedro García, mantenía con la trama Gürtel, sino el papel de conseguidor que tenía Álvaro Pérez.  

El 10 de diciembre de 2008, El Bigotes le explica que la hermana de Francisco Camps, Estrella, se acaba de ir de su despacho y que estaba «cabreada» con él [Pedro] porque «había pasado de ella como de la mierda». Según esa transcripción, Álvaro Pérez relata: «Me ha dicho que la atendiste muy bien el día que te llamó su hermano y que la llamaste tú, pero que luego te ha llamado como 15 veces». Pérez explica que Estrella Camps le había presentado «la mierda del Festival de Benidorm». García responde: «¡Eso no lo quiere nadie, coño!». Y después le pregunta: «¿Esta hermana quién es?». El Bigotes le explica que es «la que va detrás de Paco, la que estaba trabajando con [Enrique] Bañuelos [entonces presidente de la constructora Astroc]».  

La negociación alude a la posibilidad de que Julio Iglesias pudiera implicarse en la promoción del evento. García dice que eso no le interesa a la Forta, que podría venderse a las televisiones nacionales. Álvaro Pérez responde: «Ésta debe haber hablado con su hermano [Francisco Camps], y su hermano le ha dicho que hable conmigo para que yo le ayude porque ella no quiere dar la cara, porque al ser hermana de quien es, hijoputa el presidente, en vez de pagarme me manda a su hermana para darme otro marroncito». 

(www.elmundo.es, 07/10/09) 

COSTA PIDIÓ A ÁLVARO PÉREZ QUE MEDIARA PARA QUE CAMPS LE HICIERA CONSELLER 

El sumario del caso Gürtel revela que los cabecillas de la trama, Francisco Correa y Álvaro Pérez, tenían una relación muy cercana con Ricardo Costa y que éste incluso recurrió a El Bigotes para intentar entrar en el Consell. El Bigotes se refiere a Costa como "un amigo de verdad", al que querría aunque fuera "un pobre de pedir". 

En una charla telefónica del 27 de diciembre de 2008, Costa le pide a Pérez que le transmita a Camps que le está "quemando" ("socarrando") y que le sería "más útil" si le diera una "labor de coordinación política del partido del Gobierno". Especifica que quiere ser como Alfonso Fernández Mañueco, consejero y secretario general del PP de Castilla y León y argumenta que ello le dará fuerza para "arreglar mucho" del PP de Alicante porque podrá hablar con su presidente, José Joaquín Ripoll, "institucionalmente en el mismo nivel". El Bigotes se muestra de acuerdo y adelanta que pondrá como ejemplo lo que le pasó a Javier Arenas, que "ahora causa rechazo por el socarramiento al que le sometió Aznar los últimos tres años de Gobierno". Pérez está de acuerdo en que estar en la Generalitat daría fuerza a Costa para controlar a Ripoll o al castellonense Carlos Fabra. 

"Tú vas a ver a Ripoll con una consejería de su interés o a ver a Fabra con una consejería de su interés y a la vez que vas a arreglar eso te la tienen que comer porque les interesa", argumenta Pérez.

Otras conversaciones abundan en la estrecha relación con Costa. Por las mismas fechas, Pérez informa a Crespo que le está resolviendo "un marrón a Ricardo" de cara al Congreso del PP de Alicante. Tres días después, el 12 de diciembre, le envía un sms al propio Costa y le dice que imagina que Castelló lo tiene controlado y "Alicante, Dios dirá" y termina diciéndole "que es el mejor y que le quiere". 

También Francisco Correa demuestra una relación estrecha con el "número dos" del PP valenciano.

Costa se encuentra con Pablo Crespo cuando éste recibe una llamada de Correa (el 12 de noviembre de 2008) y se pone también al teléfono

Correa: Pero tú pero tú serás el futuro presidente del Gobierno de este país. 

Costa: Sí, sí, tú eso, eso le toca a mi otro..., al otro Costa (en referencia a su hermano, el ex ministro de Ciencia y Tecnología Juan Costa), eso le toca... 

Correa: Correa: Ya lo verás, ya lo verás. 

Costa: Eso lo dices 

Correa: Dentro de unos años, tú eres el futuro presidente del Gobierno, porque si no, el que tenéis, el candidato que tenéis ahora, bueno, yo espero que no le... no le votéis en 2011, no, pero vamos, no vais a ganar nunca, y entonces tú dentro de poco tú eres el que vas a mandar ahí, macho. 

(www.levante-emv.com, 07/10/09) 

"HABLÓ CON CAMPS POR LO DE LA NUCIA" 

Una de las claves de las declaraciones de Francisco Correa al juez Garzón está en sus intereses en Valencia, gestionados por Álvaro Pérez, El Bigotes, gracias a su amistad con Francisco Camps. Correa habla en especial del plan de La Nucía, un municipio cuyo alcalde era amigo. "Conozco al alcalde de La Nucía porque es íntimo amigo de Álvaro, que tiene allí una casa. Este alcalde tenía un PAU por aprobar, allí enconado, y es verdad que Álvaro, hablando con Paco Camps, se lo aprobaron, que no sé si eso se llama tráfico de influencias, yo creo que no, que sí estaba para aprobar, pero que si falta el informe de Medio Ambiente... Pues yo creo que hablando con Camps, debió decir, 'oye, ocuparos de este pobre hombre', y entonces se aprobó". 

En realidad, el plan de La Nucía se paró. La consejería de Medio Ambiente, caso extraño, lo condicionó a la aprobación de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que controla el PSOE. Y ésta lo frenó 

(www.elpais.com, 07/10/09) 

CORREA: "EL TEMA AMBIENTAL LO DESBLOQUEO CON PONS" 

En una de las conversaciones grabadas, el empresario Francisco Correa da por hecho que el actual vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, le podía recalificar unos terrenos en La Nucía (Alicante) para cerrar un pelotazo inmobiliario. El negocio consistía en adquirir a bajo precio unos terrenos de suelo no urbanizable que, poco después, serían recalificados, según Correa, gracias a la intervención de Pons, exconsejero del Gobierno de Valencia. «Un tema medioambiental que lo desbloqueo yo con el contacto; el hijo puta de Esteban [González] Pons me lo arregla con el pollo que está cayendo en Valencia», afirma Correa.  

Estas palabras del empresario están incluidas en el sumario gracias a las conversaciones grabadas durante meses por José Luis Peñas, exconcejal del PP de Majadahonda, quien puso a la policía sobre la trama de corrupción en noviembre del 2007. Peñas se presentó con más de 17 horas de grabaciones de la quincena de reuniones a las que había acudido por ser, hasta entonces, amigo de Correa y de su mujer, antigua jefa de gabinete del alcalde de Majadahonda. 

(www.elperiodico.com, 07/10/09) 

LAS GRABACIONES REVELAN LA AMISTAD DEL ENTORNO DE CAMPS Y LA RED GÜRTEL 

Las grabaciones del caso Gürtel en Madrid que ayer destapó el juez Antonio Pedreira reafirman aún más la estrecha complicidad que mantenía la trama corrupta que dirigía Francisco Correa con la cúpula del PP de Valencia. Se tutean, se sueltan groserías e insultos cariñosos, se llaman por teléfono sin importar la hora ni el día y, supuestamente, la trama agasaja a políticos con regalos de superlujo... Así se deduce de conversaciones grabadas por orden judicial entre Álvaro Pérez, El Bigotes, y Pablo Crespo, número dos de la red Gürtel. 

Ya no son sólo, pues, los trajes que supuestamente regaló El Bigotes al presidente Francisco Camps y a su número dos, Ricardo Costa. En las grabaciones, Pérez, el hombre de confianza de Correa en Valencia, exhibe dotes de conseguidor de caprichos para ambos políticos. E incluso para familiares de éstos. Habla de un favor que le ha pedido Camps para su hermana, Estrella Camps, en relación con el Festival de Benidorm. "El hijo puta del presidente, en vez de pagarme, me manda a su hermana para darme otro marroncito", dice El Bigotes a Pedro García, entonces responsable de la televisión autonómica Canal 9. 

Son muchas horas de grabaciones entre El Bigotes y Crespo, y entre éstos y los dos máximos jefes del PP de Valencia, que muestran, en definitiva, un clima de complicidad insólito. El Bigotes habla de Costa como si fuera uno más de ellos. Y se jacta de su fluido contacto con Camps, a quien se refieren con el apelativo de El curita. La Administración valenciana de Camps otorgó contratos a dedo en los últimos cuatro años a las empresas Gürtel por casi ocho millones de euros. 

Según la parte del sumario destapada ayer en Madrid, Pérez y Crespo hablan en sendas conversaciones que mantienen los días 3 y 4 de noviembre del año pasado las gestiones que hacen para que Costa encuentre un coche de superlujo, modelo Infiniti, que el secretario general del PP adquirió y disfrutó durante meses hasta que quedó destrozado en un accidente. Crespo pregunta a El Bigotes: "Mira... eh, tú, ya. ¿Ricardo ya sabes como quiere el coche?". El Bigotes responde: "Eh, sí, igual que tú, lo que no sabía era el color (...)". Está acreditado que el vehículo lo pagó Costa de su bolsillo. 

Hasta ahora se conocían conversaciones entre El Bigotes y Costa, pero en la parte del sumario (17.000 folios) que ayer hizo pública el juez Pedreira figura un diálogo entre Costa y el mismísimo Correa en la que se saludan como si se conocieran de toda la vida: "Tú, cabrón", le suelta Costa a Correa, "eso de que tenía un futuro acojonante siendo portavoz y secretario general y tal, que te lo cambio sin inventario". "Dentro de unos años tú serás futuro presidente del Gobierno". replica Correa. 

Las grabaciones ordenadas por Garzón también muestran la amistad que se profesan El Bigotes y el presidente Camps. De hecho, hay dos entre ambos, que este periódico adelantó en abril, en la que Camps se dirige a él como "amiguito del alma" y le manifiesta que lo quiere "un huevo". 

El Bigotes también estaba al tanto de regalos de lujo que otros políticos hacían supuestamente a Costa. Sugiere que el ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi había regalado Costa un reloj de acero valorado en 25.000 euros. E incluso describe la satisfacción que le ha causado: "Ya le conoces, tío", dice El Bigotes a Crespo. "Con una cosa de estas se vuelve loco". 

"Una foto con Obama"

Álvaro Pérez, El Bigotes, asegura que Camps le pidió que organizara una reunión con Obama nada más ser elegido presidente de EE UU. El 7 de noviembre de 2008, la policía transcribe: "Álvaro dice que le advirtió ayer a Paco que sentarse con Obama ahora es imposible, que hay en el planeta 500 tíos importantes o 500.000, que se quieren sentar con Obama". El abogado le dijo que con Richardson [gobernador de Nuevo México] no habría problema. 

"Si tú y yo nos vamos con Paco Camps a ver a Richardson, yo sé que Paco es una de esas cosas que no olvidará jamás en la puta vida [...] y para mí sería la hostia". Pérez insiste sobre Camps: "Él lo que quiere [...] más adelante es la foto con Obama". Camps tuvo que conformarse con Richardson, con el que se entrevistó el pasado 16 de diciembre 

(www.elpais.com, 07/10/09) 

ALPERI: ´CON MI DINERO HAGO LOS REGALOS QUE YO QUIERO´ 

Se están rompiendo los principios mínimos de la democracia y de los derechos personales", declaró el ex primer edil tras destacar que el regalo lo hizo efectivo en febrero pasado. No obstante, la conversación intervenida que figura en el sumario judicial está fechada el 3 de noviembre de 2008.

"Yo con mi dinero puedo hacer los regalos que yo quiera y a quien considere oportuno", añadió Díaz Alperi, que precisó que él dejó la Alcaldía de Alicante en septiembre de 2008 "y que en ningún momento el Ayuntamiento ha tenido relación alguna con las empresas que aparecen en esa trama". 

El ex alcalde aseguró que el reloj que le regaló a Costa "ni de lejos" cuesta los 20.000 euros que dijo El Bigotes en la grabación. "Lo conseguí a buen precio en febrero porque no pude en diciembre, lo pagué de mi bolsillo y se lo regalé a un amigo, pero es que yo no tengo que dar ninguna explicación sobre lo que hago con mi dinero y a quién regalo cosas". Preguntado por el precio que pagó por el Franck Muller "Alicante 2008", lo cifró en unos 6.000 euros. Díaz Alperi calificó de "ridículo" que se le quiera relacionar con este sumario, "con el que no tengo nada que ver", y lo achacó "a un intento antidemocrático de enmerdarlo todo". "Es de locos", sentenció. 

Por otra parte, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quería hacerse "una foto" con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, según contó en una conversación telefónica Álvaro Pérez El Bigotes, que asegura que le convenció de que "sentarse con Obama, ahora es imposible". La conversación, que también figura en la parte del sumario del caso Gürtel sobre la que se ha levantado el secreto y a la que ha tenido acceso Efe, tuvo lugar a finales del año pasado entre Pérez y el abogado Manuel Delgado. 

(www.levante-emv.com, 07/10/09) 

EL PP BLOQUEA LA INVESTIGACIÓN DE LOS CONTRATOS CON LA TRAMA CORRUPTA 

El PP bloqueó ayer la comisión de investigación que había solicitado el PSPV para conocer los contratos de la Generalitat y sus sociedades públicas con todas las empresas de la trama Gürtel. La Mesa de las Cortes rechazó tramitar la solicitud a pesar de que la propia Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, reclamó ayer "transparencia" a sus compañeros valencianos. Rafael Maluenda, portavoz del PP, argumentó que la iniciativa socialista entrañaba "una modificación encubierta del Reglamento de las Cortes, el señor [Ángel] Luna pide que la comisión de investigación sobre los contratos con la trama Gürtel la presida un diputado de la oposición". Algo impensable para el PP. 

La paralela comisión de investigación sobre las cuentas de los tres partidos que lograron representación parlamentaria en mayo de 2007, que solicitó el PP el lunes, todavía no ha llegado a la Mesa de las Cortes. 

Luna, por su parte, sugirió que los socialistas no tienen ningún empacho en apoyar la comisión de investigación que plantea el PP siempre que la propuesta reúna dos condiciones, que la comisión en cuestión la presida un diputado de la oposición, algo que el PP ya demostró que no aceptará nunca; y que el órgano parlamentario pueda estudiar los contratos de la Generalitat y sus sociedades públicas con las empresas implicadas en la trama corrupta. "Si además quieren ver las cuentas del PSPV, nos parece perfecto. No tenemos nada que ocultar", añadió Luna, para recordar que "la policía investiga al PP y eso es lo que hay que aclarar". 

Maluenda deslizó que los socialistas pretenden impulsar "un juicio paralelo", como si el informe policial de la brigada para la prevención del blanqueo de dinero no permaneciera en el limbo jurídico al no estar vinculado a ninguna causa concreta. Un informe que detalla cómo varias empresas constructoras valencianas pagaron por servicios que Orange Market facturó al PP; cómo se falsificaron facturas para justificar ingresos de Orange Market; y cómo el PP de la Comunidad Valenciana barajaba una doble contabilidad con cuentas consignadas bajo el epígrafe Alicante, en blanco, o el epígrafe Barcelona, en negro, Sedesa, una de las constructoras citadas en el informe policial, emitió un comunicado para negar que haya participado "en ninguna operación que implicara financiación a partido político alguno"; que las adjudicaciones que ha recibido de la Generalitat no ascienden a 539 millones, sino a 97 millones, porque no se ha tenido en cuenta que optó a varios concursos públicos en UTE con otras constructoras, ni que la concesión de la CV-50 ha sido, hasta la fecha, de 161,5 millones de euros de los que sólo corresponden a Sedesa 56,5 millones. La constructora que preside Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente Juan Cotino, asegura, además, que "las relaciones mantenidas con Orange Market fueron de carácter estrictamente comercial, sin haber recibido indicación o sugerencia alguna de terceros". 

En Castellón, el socialista Mario Edo instó al alcalde Alberto Fabra a que explique "cómo financió la campaña electoral de 2007". La presentación de la candidatura de Alberto Fabra figura entre los apuntes de la caja B de Orange Market, según el informe policial. "La campaña electoral de Fabra está bajo sospecha", dijo Edo, "si se confirman la financiación ilegal del PP, tendríamos que empezar a hablar ya de fraude electoral". 

(www.elpais.com, 07/10/09)

LAS CONVERSACIONES DELATAN NUEVOS REGALOS DE LUJO A RICARDO COSTA 

El sumario del caso Gürtel, que ha levantado hoy parcialmente el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, delata supuestos regalos de superlujo al secretario general del Partido Popular valenciano, Ricardo Costa, implicado según la policía en una supuesta trama de financiación ilegal de su partido a través de Orange Market, la firma valenciana de la trama corrupta. 

En una de las conversaciones grabadas por la policía a Álvaro Pérez, el bigotes, con Pablo Crespo, número dos de la trama, se sugiere un regalo del ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, a Costa, un reloj de acero valorado en 20.000 euros. La transcripción literal es la que sigue: 

Álvaro Pérez. Escúchame un segundo, es que le ha regalado Luis Díaz Alperi, el que era alcalde de Alicante, un Frank Muller de la Volvo Ocean Race, que vale 20.000 euros.

Pablo Crespo. ¿Pero de oro o qué? 

Álvaro Pérez. No, no, de acero. 

Pablo Crespo. Ya. 

Álvaro Pérez. De acero, de acero, porque hemos llamado ahora, es de Rabat, para preguntar a ver qué valía, lo ha flipado Ricardo, claro...entonces se lo han ajustado, le han ajustado la correa y va como un niño, ya le conoces tío, con una cosa de estas se vuelve loco, pero no se lo puede poner en Valencia, ya se lo he dicho. Tío, ni se te ocurra, no, no, no, ni hablar, digo, es que es un cante de cojones, a parte de que es muy grande, ¿sabes? Pero va como un niño con zapatos nuevos. 

(www.elpais.com, 06/10/09) 

EL BIGOTES AFIRMA QUE CAMPS LE HABÍA PEDIDO QUE ORGANIZARA UNA REUNIÓN CON OBAMA 

Álvaro Pérez, El Bigotes, intentó montar una reunión entre Francisco Camps y Barack Obama al poco de ser éste elegido presidente de Estados Unidos, según costa en el sumario judicial del caso Gürtel. En una conversación fechada el 7 de noviembre de 2008 y grabada con autorización judicial, Pérez le dice a Pablo Crespo, número dos de Correa, que "está aguantando el chaparrón. Que a ver si se jubila y deja de aguantar a políticos".  

Según la transcripción de la policía, "Álvaro le dice a Manolo [Delgado, un abogado] que le advirtió ayer a Paco, hablanco por la noche, que sentarse con Obama, ahora es imposible, que hay en el planeta 500 tíos importantes o 500.000 importantes, que se quieren sentar con Obama, pero que con Richardson [gobernador de Nuevo México, y figura relevante de la campaña de Obama] le dijo que iba a intentarlo". 

El abogado le dijo que con Richardson no habría problema y Álvaro responde que ese día se lo iba a decir: "Si tú y yo nos vamos con Paco Camps a ver a Richardson, yo sé que Paco es una de esas cosas que no olvidará jamás en la puta vida, nunca, porque le conozco, y entonces para mí sería la hostia". 

Tras hablar de la posibilidad de intentar una entrevista con Richardson, Álvaro Pérez insiste sobre su supuesta conversación con Camps el día anterior: "Él lo que quiere, que se lo dijo ayer, que a él, más adelante, lo que le gustaría es la foto con Obama". Y luego recalca que "para él es importantísimo". 

(www.elpais.com, 06/10/09)

EL PSOE VINCULA A COSTA CON LOS PAGOS DE ORANGE MARKET AL PP 

El PSOE vincula a Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, con los pagos de Orange Market al partido que preside Francisco Camps en Valencia. Así consta en el recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo contra el archivo de la parte valenciana del caso Gürtel. Los socialistas, acción popular en el procedimiento, piden que se anule el sobreseimiento libre del asunto en el que estaban implicados Camps, presidente de la Generalitat, y otros tres altos cargos por un delito de cohecho pasivo impropio. El tribunal valenciano no estimó los indicios ni consideró las advertencias de un juez de Madrid sobre una documentación relevante ni apreció un informe policial que recogía una supuesta financiación irregular del PP en Valencia. De la lectura del informe "se desprende sin dificultad alguna" que "Costa es el responsable de las decisiones relativas a los pagos y cobros con la empresa Orange Market, SL". 

El recurso se interpone por: resolución gravosa y contraria a derecho; vulneración de un proceso con todas las garantías; vulneración del derecho a la tutela judicial y vulneración del derecho a no padecer indefensión. 

El tribunal valenciano, presidido por Juan Luis de la Rúa, al que Camps definió como "más que amigo", dijo que cerraba la investigación porque aunque Orange Market hubiese hecho regalos a los cuatro altos cargos imputados, no suponía que tuvieran posibilidad de devolver favor alguno. Más aún, no consideró que quedaba en Madrid documentación por leer y valorar, ni atendió el informe policial sobre la financiación irregular del PP en relación con Orange Market y otras sociedades. 

De hecho, el informe señala, y lo reproducen los socialistas en su recurso, "que el pago de 420.700 euros de Orange Market al PP sólo tiene explicación como comisiones participativas en las adjudicaciones de la Administración valenciana a la citada empresa, y de ahí también la entrega de regalos a los imputados por tales adjudicaciones". 

Los socialistas dicen que la interpretación del tribunal presidido por De la Rúa es contraria a la jurisprudencia del Supremo, es "irrazonable y arbitraria". Y el conjunto del auto, una "sentencia anticipada". El PSPV defiende que los indicios de criminalidad son palmarios y suficientes para continuar la investigación. Y entiende que se ha producido una "deslealtad procesal" que se ha convertido en "arbitrariedad". A su juicio, la actuación del tribunal es "meramente voluntarista". 

(www.elpais.com, 06/10/09) 

OTRAS DOS FIRMAS CONSTRUCTORAS PAGARON 178.000 EUROS A EL BIGOTES POR ESTUDIOS DE SU LOGO Y LONAS

Las cuatro constructoras (Sedesa, Lubasa, Enrique Ortiz e Hijos y Facsa) y la consultora urbanística (Piaf) que financiaron al PP valenciano y cobraron el favor en de contratos de la Generalitat, según la policía judicial, no son las únicas empresas del ladrillo que han pagado facturas a Orange Market.  

La franquicia valenciana de la trama Gürtel ingresó al menos 178.000 euros de otras dos firmas cementeras (Construcciones Hormigones Martínez y Pavimentos del Sureste) por tres facturas abonadas entre septiembre y noviembre de 2007. En el documento «Contabilidad2.xls», anexo al informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), consta la emisión de una factura a Hormigones Martínez el 22 de octubre por 69.600 euros en concepto de «estudio corporativo, adaptación de logo y estudio tipográfico».  

Esta empresa —radicada en Albatera y Alicante y propiedad del presidente de la patronal alicantina Coepa, Rafael Martínez Berna—es una de las constructoras de referencia en obra civil. CHM hizo frente a esa cantidad mediante pagaré de Barclays con vencimiento del 28 de noviembre.  

En la contabilidad A de Orange Market aparece una segunda factura por una cantidad similar (67.860 euros), que figura escrita al final de una hoja, justo después de la otra cantidad y con la misma fecha de 26 de septiembre. Tras esos asientos contables aparecen dos signos de interrogación, dado que no todavía no se habían emitido las facturas. De hecho, acabarían siendo libradas un mes (22 de octubre) o dos (12 de noviembre) después.  

El Bigotes también tuvo como cliente a Pavimentos del Sureste, que le abonó, mediante pagaré del Banco Guipuzcoano, un total de 40.600 euros a cuenta de una factura emitida el 10 de septiembre en concepto de «creatividad y diseño, fabricación e instalación de 8 lonas de 10x10». No se dice exactamente dónde se colocaron las lonas.  

En la misma relación contable en la que figuran estas empresas, se inscriben los cuatro encargos que abonó Facsa a Orange Market, todos ellos el 7 de agosto, por un total de 174.000 euros. Al contrario que en las tres facturas que pagó Facsa en abril de 2008 —después de la campaña de las generales— la policía judicial no ha encontrado ningún apunte de caja B en los documentos en papel e informáticos incautados a la trama que, como el «EG 200.000 euros» (Enrique Gimeno preside Facsa), le lleve a concluir que se trate de financiación del PP camuflada en facturas falsas por servicios al partido endosados a las constructoras. Una forma de infringir la ley electoral, al romper el límite de gastos y la de financiación de partidos, al no constar los ingresos en la cuenta popular. 

(www.levante-emv.com, 06/10/09) 

ORTIZ PACTÓ CON ORANGE MARKET UNA MINUTA DE 58.000 EUROS ANTES DE LAS GENERALES

Las facturas que cobró Orange Market a la constructora Enrique Ortiz e Hijos no llevaban todas como concepto unos trabajos concretos. La que se emitió el 31 de diciembre de 2008 respondía al pago de una minuta, pactada por contrato un año antes en la que se incluía la asistencia en materia de publicidad y mercadotecnia. El «importe correspondiente al pago de la parte fija del acuerdo de colaboración» ascendió a 58.000 euros (50.000 más IVA). Esa cantidad corresponde a la llamada «parte fija», estipulada en el citado contrato. Fuera de ese mínimo quedaban, por así decirlo, los extras.  

Como el que se abonó en otra factura del mismo día que ascendía a 20.752,40 euros en concepto de los «trabajos realizados en el primer semestre de 2008», que quedaban fuera de los servicios básicos. «Tótem en fórex y lonas impresas», es el desglose. En la «parte variable» fijada en el contrato —esto es, extras— se hablaba de «cada uno de los encargos sobre los soportes usados en acciones y campañas publicitarias y de marketing directo». El contrato de colaboración se firmó en la precampaña de las generales.  

En todo caso, ninguna de esas facturas se corresponde con las que aparecen en la relación del «Documento contabilidad2.xls», encontrado en el registro de la sede de Orange Market en la calle Conde de Salvatierra. Exáctamante dos. Una por 31.784 euros y la segunda factura por 84.100 euros, ambas emitidas el 1 de abril de 2008. Los cuatro agentes de la Brigada de Blanqueo que firman el informe sostienen que esos dos pagos no son otra cosa que una aportación de fondos para financiar la deuda B contraída por el PP valenciano con Orange Market, dado que excede en 16.000 euros el apunte «EO por importe de 100.000» de la caja registradora de dinero negro. Serían los 100.000 más el 16% de IVA.
Los 200.000 euros que, siempre según el informe policial, habría entregado Enrique Gimeno (de Facsa) en negro y después se blanquearon con tres facturas (de 2, 13 y 23 de abril de 2008), se englobaron en un presupuesto elaborado por El Bigotes, que comprendía «diseño, montaje y desmontaje de un stand en el 18 Salón Internacional del Agua» en Zaragoza, unas jornadas y la Ecofira de Valencia. 

(www.levante-emv.com, 06/10/09) 

«SE ADJUDICARON EL 95% POR CONCURSO PÚBLICO» 

La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, dijo ayer que las cuatro constructoras que aparecen en el informe policial del caso Gürtel han conseguido el 15% de las contrataciones de obra pública de la Generalitat a las que han optado, y ninguna se ha adjudicado individualmente más del 7%. Sánchez de León afirmó que de las adjudicaciones de obra pública conseguidas desde 2003 por Sedesa, Enrique Ortiz e Hijos, Lubasa y Facsa, el 95% lo lograron mediante concurso público, mientras que solamente el 5% se corresponde a obras de emergencia o contratos menores. 

El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, sentenció ayer que el informe policial «miente» sobre los pagos realizados por el PP de Castelló a la trama de Correa 

(www.levante-emv.com, 06/10/09)

EL PP EVITA QUE CAMPS COMPAREZCA EN LA PRÓXIMA SESIÓN DE CONTROL EN CORTES 

Los grupos de la oposición en las Cortes Valencianas, PSPV y Compromís, lamentaron este martes que el PP haya excluido la sesión de control al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al resto de consellers, del orden del día del próximo pleno ordinario que se celebrará el 14 y 15 de octubre en las Cortes Valencianas. 

El portavoz del PSPV, Ángel Luna, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, aseguró que la "cobardía política de Camps obliga al PP a vulnerar el Reglamento de las Cortes", concretamente el artículo 169, que señala que "semanalmente, cuando haya sesión ordinaria de Pleno, el presidente del Consell comparecerá ante el pleno para contestar preguntas de interés general para la Comunidad. Camps no comparece en pleno ordinario desde el pasado mes de junio. 

El portavoz adjunto del PP Rafael Maluenda apuntó que Camps "sólo puede comparecer cuando la Junta de Portavoces -en la que el PP tiene mayoría- determine incluir en el orden del día un punto que dé posibilidad a esta comparecencia". 

Luna consideró que Camps "no es capaz de mantener un cara a cara cada cierto tiempo" y tras el Debate de Política General, la semana pasada, apuntó que "Camps esconde la cabeza bajo el ala y no es capaz de venir a dar explicaciones". 

Para el síndic socialista, se trata de la "crónica de una muerte anunciada" y, al final, "vamos a llegar a un deterioro" de las instituciones que los valencianos "no se merecen", aseguró. 

Por su parte, el portavoz adjunto de Compromís, Enric Morera, aseguró que hay un "gravísimo problema democrático en la Comunidad Valenciana" y en el PP "se han encerrado" porque "tienen miedo al control democrático", apostilló. Así, criticó que el orden del día del próximo pleno de las Cortes "está lleno de paja". 

El próximo pleno ordinario llevará en el orden del día la comparecencia de los nuevos consellers para explicar las líneas de actuación que llevarán a cabo en su respectivas áreas; así como la modificación de la Ley de Caza para legalizar la caza con 'parany', o el debate a la totalidad de la Ley de Acceso Universal, de la Ley de Creación del Comité Valenciano para asuntos europeos; y la votación del dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado sobre los tres nuevos parlamentarios, entre otros puntos. 

(www.elmundo.es, 06/10/09) 

ESPERANZA AGUIRRE PIDE TRANSPARENCIA AL PP DE VALENCIA 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho hoy en un acto que recomienda "transparencia" al Partido Popular en Valencia en relación con su gestión del caso Gürtel. "Estoy convencida de que de la transparencia y de la investigación saldrá la luz", ha dicho Aguirre en referencia a la comisión de investigación que ha abierto el PP valenciano. 

Aguirre ha asegurado esta mañana que siente "una gran decepción" porque sólo se ha levantado un tercio del secreto del sumario del caso Gürtel en Madrid, y además el Gobierno regional recibirá estas copias el jueves. "Esperaba que se levantara íntegro", se ha quejado Aguirre. 

Por otra parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha asegurado que "el PP no está agujereado como un queso", ya que "está completamente a salvo de la corrupción", y aunque no atraviesa por "un momento dulce confía plena y absolutamente en el presidenta de la Generalitat Francisco Camps. 

En declaraciones a Telemadrid, González Pons se ha referido al levantamiento del secreto del sumario del caso Gürtel y ha precisado que sólo se va a conocer un tercio del total del sumario, lo que quiere decir que "dos tercios van a estar sometidos a secreto y el Gobierno va a seguir teniendo en su mano la posibilidad de filtrarlo por fascículos cuando crea conveniente". 

A juicio del vicesecretario de Comunicación, el Gobierno, con su actitud, está haciendo un "flaco favor a la democracia", que "tiene acceso a las actuaciones sumariales y las va filtrando en función de su interés de manera planificada y con el único interés de perjudicar al PP o distraer a la opinión pública". "En lugar de hablar de los problemas que tiene España estamos hablando de los problemas que el Gobierno quiere que tenga España a través de las filtraciones a los medios". 

González Pons ha resaltado que la dirección del PP confía "plena y absolutamente" en Camps y está convencido en que la decisión que haya que tomar la sabrá tomar él en el momento oportuno con justicia y desde luego con ecuanimidad", en relación a si debería cesar a su secretario general, Ricardo Costa, o a su vicepresidente, Vicente Rambla.

Por último, tras reconocer que el PP no vive "un momento dulce", ha asegurado que en Valencia el PP tiene a uno de sus "mejores hombres", y ha asegurado que el presidente del partido, Mariano Rajoy y Camps "se ven muy frecuentemente porque son muy amigos". 

(www.elpais.com, 06/10/09)

JUAN COSTA ADVIERTE DE QUE SU HERMANO HA ACTUADO SIGUIENDO LAS DECISIONES DEL PP  

El diputado nacional por la provincia de Castelló, Juan Costa, expresó ayer su convencimiento de que el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, "ha actuado siguiendo de una manera muy correcta la política y las decisiones" de su partido. 

Costa señaló que le parece de una "gravedad tremenda" que exista un informe que "puede sembrar dudas sobre actividades regulares o no regulares de ciudadanos concretos", y que éste "vaya circulando de mano en mano y de periódico en periódico".  

En cuanto a su hermano, dijo que está "absolutamente convencido" de que ha actuado "con absoluta corrección" y expresó su deseo de que "la iniciativa del PP para analizar la financiación de todos los partidos en Les Corts pueda ser una realidad", y así "todos tengamos la oportunidad de conocer de manera directa cómo se financian los partidos en la Comunitat". 

Por su parte, el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, que ayer no asistió al Comité Nacional del PP -se reunió con empresarios de Castelló- señaló que son "rotundamente falsas" las "insinuaciones" que se están realizando respecto a su supuesta implicación en la trama. 

Rambla dijo que se "puede decir más alto, pero no más claro: son rotundamente falsas todas las insinuaciones que en relación a mi persona se han hecho en esa información y se están haciendo a lo largo de estos días". 

"Tengo que decir que por parte del presidente Camps, jamás ha habido una sola insinuación en beneficio de ninguna de estas empresas, y por mi parte jamás ha habido ni una sola insinuación para que haya trato de favor a estas empresas, que, por cierto", añadió. "Llevan décadas trabajando en la Comunidad y en la administración valenciana", dijo. 

(www.levante-emv.com, 06/10/0

FRAGA CRITICA A RAJOY POR LA GESTIÓN DEL 'CASO GÜRTEL' 

Continúan apareciendo nuevas voces que piden a Rajoy un cambio de rumbo en la gestión de la crisis en el partido por el caso Gürtel. Si los pasados días eran De Cospedal, Arenas, González Pons o Martínez Pujalte quienes pedían contundencia -refiriéndose a dimisiones- por el caso Gürtel en Valencia, este lunes ha sido Fraga quien ha levantado la voz.  

El senador y presidente fundador del PP, Manuel Fraga, considera que con el almuerzo que celebraron en Cuenca el líder del PP, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se trata de "ganar tiempo para resolver los problemas importantes" que han provocado en Valencia las últimas revelaciones del caso Gürtel.  

A su entender, la situación del partido en la Comunidad Valenciana "no da la sensación de que vaya muy bien". 

Fraga hizo estas declaraciones antes de asistir a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional en Madrid, a la que no asistieron ni el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ni el vicepresdente del Gobierno valenciano, Vicente Rambla. El consejero de Economía, Gerardo Camps, sí que se desplazó esta mañana hasta Madrid. 

Al ser preguntado si consideraba que la dirección nacional del PP estaba actuando adecuadamente ante el caso Gürtel, Fraga aseguró que no iba a responder a esa cuestión aunque agregó que "definitivamente no da la sensación de que ese asunto vaya muy bien".  

Se le interrogó después si veía normal que Rajoy y Camps se reunieran en el Parador de Alarcón (Cuenca) en vez de hacerlo en el despacho que tiene el líder del PP en Madrid, el ex presidente de la Xunta recalcó: "El caso es ganar tiempo para resolver los problemas importantes, y ahí los hay". 

El presidente de honor del PP no ha querido profundizar en la tesitura del partido en la Comunidad Valenciana porque "quien tiene que decir" algo al respecto es "quien lo ha llevado", si bien no ha especificado de quién se trata.  

(www.publico.es,  05/10/09) 

EL COMITÉ EJECUTIVO DEL PP ESPERA RECIBIR HOY EXPLICACIONES 

Varios miembros de la directiva nacional del PP confían en que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, o el vicepresidente del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, acudan hoy a la reunión del Comité Ejecutivo para informar de las novedades en el caso Gürtel. 

Además de ellos, forman parte de este órgano otros dirigentes valencianos como Esteban González Pons, José María Michavila, Ignacio Uriarte, Gerardo Camps o Rita Barberá. 

Ante el "secretismo" del almuerzo entre Rajoy y Camps en el Parador de Alarcón (Cuenca), numerosos cargos del partido aseguraron ayer a EP que les gustaría saber si el líder del PP ha dado libertad al presidente valenciano para actuar en los tiempos que considere oportunos o si, por el contrario, le ha exigido medidas contundentes respecto al informe policial que apunta a una supuesta financiación ilegal del PPCV.La versión oficial es que Rajoy mantiene su plena confianza en Camps y que en ese almuerzo no le reclamó dimisiones ni le dio instrucciones o plazos.  

(www.publico.es,  05/10/09) 

CAMPS A EL BIGOTES: "AQUÍ NO HA DE FALTARTE TRABAJO" 

Los más esforzados intentos del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, por negar sus vínculos con la trama Gürtel son vanos cuando salen a la luz las promesas que dirigía a Álvaro Pérez El Bigotes en 2004: “Aquí no ha de faltarte trabajo”. Según el vicedirector de El Mundo, Casimiro García Abadillo, esas fueron las palabras con las que el dirigente recibió al presunto corrupto cuando éste marchó a Valencia con la clara misión de buscar nuevos nichos de mercado tras el batacazo del PP de Mariano Rajoy en las generales. Pérez, que conocía a Camps desde su etapa de alto cargo en el Ministerio de Administraciones Públicas de José María Aznar, cumplió sus objetivos con creces a juzgar por los datos: entre el año en cuestión y 2008, la Generalitat reportó a su empresa Orange Market 6’2 millones de euros, el PP regional otros 2’4 y el sector privado poco más de uno.  

Las carreras del Molt Honorable President y el hombre fuerte de Correa en Valencia han transcurrido, en cierta manera, en paralelo. En 2003, precisamente cuando Camps sustituyó a Zaplana en la presidencia de la Generalitat, El Bigotes aterrizó en Valencia y fundó junto a Pablo Crespo Orange Market. De acuerdo con datos publicados por El País, en 2004, la empresa ingresó 204.000 euros, y al año siguiente ya facturaba 2,4 millones de euros. 

El enchufado del President 

Si una conversación entre Camps y El Bigotes, ya había evidenciado la "amiguitos el alma” que eran, hoy siguen saliendo a la luz sus nexos. García Abadillo asegura que en cuanto Pérez le comunicó a Camps que quería establecerse como empresario independiente experto en la organización de eventos los contratos comenzaron a fluir a borbotones.

Toma de contacto con Costa 

El bautizo de El Bigotes tuvo lugar en el Congreso del PP Valenciano en el que Ricardo Costa fue elegido vicesecretario del partido (actualmente es secretario general y portavoz en las Cortes). Fue el entonces vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos, quien les presentó dándole instrucciones de contratar a Alvarito para los actos del partido porque “así lo quiere el presidente”. Campos, chivo expiatorio de la Gürtel en el Ejecutivo regional, también habría recomendado Orange Market a Enrique Gimeno, presidente de Facsa, una de las empresas acusadas de financiar ilegalmente al PP.

Mediación de los vicepresidentes  

Otra de las benefactoras del PP fue Sedesa, presidida por Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente tercero, Juan Cotino. La constructora habría conocido a El Bigotes a través del también vicepresidente Vicente Rambla. Este extremo consta en una conversación grabada por la Policía el 5 de diciembre de 2008 en la que Pérez da cuenta de esta mediación a Pablo Crespo, ex dirigente dirigente del PP Gallego y número dos de la red.

Dos veces más caro 

Algunos de estos empresarios, como Gimeno, admiten que contrataban a Orange Market a pesar de que era “muy cara” y de que en ocasiones cobraba “el doble de lo que podría cobrar una empresa de la competencia”. Según la Brigada de Blanqueo de la Policía, esto ocurriría porque las entidades aceptaban pagar facturas infladas a la red corrupta para financiar al PP Valenciano. El “canalizador” de estos fondos sería Ricardo Costa. El círculo se cerraba en la Generalitat, que luego otorgaba contratos a sus mecenas vía Gürtel.

El ejemplo de la Feria de Valencia 

Un ejemplo de este proceder tuvo lugar en la Feria de Valencia del 21 de enero de 2006. El PP habría pagado una factura de 42.718 euros por un acto en este evento; sin embargo, faltaban 251.000 para zanjar la deuda. La cantidad habría sido pagada en negro por el mismo partido y por los empresarios citados.

Pescando en Valencia 

Así las cosas, no es de extrañar el volumen de facturación de la trama en Valencia fuese millonarios (6’2 millones de la Generalitat, 2’42 del PP Valenciano y 1’03 del sector privado). Según la Policía, 3’4 millones los desembolsaron en B los populares de Castellón y la Comunidad Valenciana, es decir, que “el 52,2% de los gastos se pagan en efectivo con recursos en B, ajenos al circuito económico”. Costa ha negado estos puntos, asegurando que sus cuentas “están fiscalizadas y sometidas a auditoria”. “La contratación de Álvaro Pérez es una vergüenza para nuestro partido, a la luz de lo que ahora sabemos” ha declarado.  

(www.elplural.com, 05/10/09) 

CAMPS CONFUNDE A COSPEDAL 

Este mediodía, todos los ojos estaban puestos en la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien la semana pasada lanzó un órdago al presidente valenciano, Francisco Camps, indicando que esperaban sus “medidas contundentes” en relación a la presunta financiación ilegal de su grupo. Visto que sus recetas han sido papel mojado, no es de extrañar que hoy en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Ejecutivo del partido los periodistas se le lanzaran a la yugular. La número dos de Génova ha encajado las duras preguntas como ha podido, a golpe de confusiones, reiteraciones y, por supuesto, balones fuera. Cospedal incluso ha tenido un lapsus ante la simple pregunta de si había hablado con Francisco Camps desde el lunes pasado. “Pués claro que sí… Sí, supongo que sí… Sí, sí, claro, claro, yo suelo hablar con los presidentes autonómicos todas las semanas” ha contestado, mirando al cielo y tras unos segundos de incertidumbre.

La prensa ha vuelto a acorralar a la número dos del PP. En su comparecencia ante los medios de hoy, no ha habido ni una sola pregunta que no fuera comprometida. Así las cosas, Cospedal ha capeado el temporal malamente, quedando en evidencia las más de las veces.

Sin divagaciones 

Cuando un periodista le preguntó si al reiterar que confiaba en que Camps actuaría de la forma conveniente, confirmaba que el dirigente “todavía” no había adoptado las susodichas medidas “contundentes”, ella intentó mostrarse tan firme que sonó increíblemente poco convincente. “Lo que no voy a hacer es interpretarme a mí misma. En este aspecto ya he dejado clara mi postura y no voy a hacer más divagaciones. No les voy a interpretar lo que les acabo de decir. Les acabo de decir lo que les acabo de decir y a ello me remito. Es un asunto que no ha tenido más novedad, la última es que se va a aprobar una comisión de investigación pero no ha habido más novedades” ha repetido.

Confundida

Cospedal había eludido una pregunta del mismo periodista, quien quiso saber si había hablado con Camps desde la semana pasada. Cuando éste insistió, la número dos del PP se mostró entonces dubitativa e ironizó con tamaño “detalle de curiosidad” del informador. Un poco a regañadientes, acabó por contestar: “pues creo que sí… Sí, supongo que sí… Sí, claro, claro, yo suelo hablar con los presidentes autonómicos todas las semanas”, mirando hacia arriba y con un tenso silencio en medio.

Claridad ante todo

Llegados a este punto, sorprende poco que Cospedal asegurara que “la dirección del PP ha hablado alto y claro en numerosas ocasiones” del caso Gürtel en su vertiente valenciana, y “que se diga” lo contrario “no se corresponde a la realidad” aunque “cada uno es libre de decir lo que piensa”. O que dijese que al pedir medidas “contundentes” al valenciano en realidad quería manifestar “toda mi confianza en el presidente de la Generalitat. Y confirmo esa confianza y me remito a esas declaraciones”. O que negase que el presidente fundador del PP, Manuel Fraga, estuviera inconforme con los resultados de las encuestas y el tratamiento al PP valenciano porque “no ha dicho eso en el Comité Ejecutivo” y a la prensa “no le han informado bien”.

Negando a Fraga 

Cuando otro enviado le leyó textualmente las palabras de Fraga para quien “no da la sensación de que” el PP valenciano “vaya muy bien” y es “raro” que no haya más ventaja en las encuestas, ella se limitó a señalar que desconocía estas palabras y a reiterar que, en el seno de la reunión, no se había expresado de esta manera. Tal como ha apuntado, el asunto Gürtel apenas fue tratado “brevemente” por Rajoy. 

(www.elplural.com, 05/10/09) 

FRAGA ASEGURA QUE "NO DA LA SENSACIÓN" DE QUE EL PP VALENCIANO "VAYA MUY BIEN" 

El presidente de honor del PP, Manuel Fraga, ha reconocido hoy que la situación del partido en la Comunidad Valenciana "no da la sensación de que vaya muy bien". Fraga ha hecho esta afirmación antes de asistir al Comité Ejecutivo Nacional que los populares celebran hoy en la sede de la organización, y a la que no ha acudido el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. 

El presidente de honor del PP no ha querido profundizar en la tesitura del partido en la Comunidad Valenciana porque "quien tiene que decir" algo al respecto es "quien lo ha llevado", si bien no ha especificado de quién se trata. 

Sobre el almuerzo que tuvieron el líder de los populares, Mariano Rajoy, y el propio Camps el pasado miércoles, Fraga no ha comentado nada acerca de si ese encuentro debería haberse celebrado en la sede nacional del partido, ya que, a su juicio, lo principal consiste en "ganar tiempo para resolver los problemas importantes, que los hay". 

Además, preguntado por las últimas encuestas sobre intención de voto, que dan mayoría al PP, el mandatario ha señalado que efectivamente "hay un cambio de tendencia", aunque "lo raro es que no sea más profundo" debido a la situación económica y a los "testimonios nacionales e internacionales". 

(www.elpais.com, 05/10/09)

LAS EMPRESAS QUE FINANCIARON AL PP LOGRARON 800 MILLONES EN CONTRATOS DE LA GENERALITAT 

Las constructoras que supuestamente financiaron al Partido Popular en la Comunidad Valenciana a través de Orange Market -la empresa de la trama corrupta del caso Gürtel que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes- tenían motivos para estar agradecidas. 

El informe elaborado por la brigada antiblanqueo del Cuerpo Nacional de Policía, que rechazó investigar el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, indica que lograron cerca de 800 millones de euros en contratos del Gobierno que preside el popular Francisco Camps en concursos a los que se presentaron solos o junto a otras empresas. 

Así, el informe detalla que desde 2007 y hasta 2009, Sedesa -el grupo empresarial que dirige Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente tercero del Gobierno valenciano, Juan Cotino- recibió un total de 539 millones de euros en adjudicaciones. Vicente Cotino mantiene una estrecha relación de amistad con el responsable de la trama corrupta en Valencia, Álvaro Pérez, y con el ex director general de Ràdio Televisió Valenciana Pedro García. 

El informe policial señala que el responsable de Sedesa llegó a tratar con El Bigotes y sus socios, Pablo Crespo y Pablo Collado, la posibilidad de comprar Easy Concept, una de las empresas de la trama. 

En la operación estaba dispuesto a participar Pedro García, "que había manifestado su interés por colaborar" en el proyecto, según el informe policial. Una opción que fue desechada, relata el informe, al intuir Crespo y Álvaro Pérez que Easy Concept estaba siendo investigada por el fisco, por lo que recomendaron a Vicente Cotino que "lo mejor sería crear una empresa totalmente nueva". 

Otro importante constructor que abonó facturas a Orange Market para financiar presuntamente actos del PP valenciano es Enrique Ortiz. Su firma Ortiz e Hijos obtuvo 205 millones en contratos de la Administración de Camps, entre 2005 y 2008. 

La firma Lubasa, del empresario castellonense Luis Batalla, logró más de 77 millones en adjudicaciones entre finales de 2006 y principios de 2009, según la policía. 

Facsa, la firma que dirige Enrique Gimeno y también radicada en Castellón, logró 13,8 millones en solitario de adjudicaciones de la Generalitat. La policía tiene documentados pagos en dinero B por actos del PP de las citadas empresas y del presidente de la sociedad PIAF, Antonio Pons. Éste, además sustituyó en el cargo de administrador en la firma Patrimonio Millars XXI al entonces vicepresidente del Gobierno valenciano, Víctor Campos, en abril de 2004. 

(www.elpais.com,  05/10/09) 

LOS INGRESOS EN LA CAJA B DE ORANGE MARKET SE DISPARARON EN LAS AUTONÓMICAS DE 2007 

Los ingresos en la caja B de Orange Market, principal proveedor de eventos del PP de la Comunidad Valenciana, se dispararon en 2007. Ese año era crucial para el presidente valenciano, Francisco Camps, que se enfrentaba a sus segundas elecciones autonómicas, pero era la primera vez que no estaba tutelado por su antecesor y rival, Eduardo Zaplana. 

El informe de la brigada antiblanqueo de la policía da cuenta de la existencia de un fichero denominado Barcelona que, entre enero y noviembre de 2007, "contiene entradas y salidas de dinero ajeno a los circuitos económicos que se recogen en la contabilidad de Orange Market". 

En esa caja B aparecen ingresos atribuidos al PP de la Comunidad Valenciana por un importe cercano a los 2,8 millones de euros. Un extremo que la dirección regional del partido y su secretario general, Ricardo Costa, niegan. Los populares valencianos sólo reconocen haber facturado con Orange Market en 2007 un total de 900.000 euros. Cantidad que se abonó íntegramente. 

Sin embargo, el archivo incautado durante los registros policiales para desmantelar la trama de empresas que dirigía Francisco Correa ofrece más detalles. Así, en esta contabilidad B de Orange Market aparece un ingreso atribuido al PP para realizar la reserva de vallas electorales en precampaña por importe de 12.000 euros. Este apunte va acompañado de otro con el concepto de "vallas metro" por importe de 10.800 euros y otro con el epígrafe "vallas" por valor de 99.500. 

Este archivo contable incautado a Orange Market también incluye dos apuntes referidos a actos en los que participó el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy. El primero, referido al 2 de enero de 2007, menciona la cantidad de 30.000 euros por el concepto "resto acto Rajoy 29-9-2006". 

La fecha coincide con un acto multitudinario del PP celebrado en el Palau de Les Arts de Valencia, al que acudió el líder del PP para respaldar a Camps, que afrontaba una moción de censura de los socialistas. Entonces, Rajoy, preguntado por los casos de corrupción, manifestó: "El señor Camps respeta el código ético del PP. Cuando algún juez diga que hay un militante que incumple la ley, actuaremos en consecuencia; pero mientras tanto tiene poco sentido hacerlo". 

El segundo apunte es por importe de 60.000 euros entregados el 3 de octubre de 2007, atribuido al PP de la Comunidad Valenciana bajo el epígrafe "Rajoy 28-10-2007". Esa fecha coincide con otro acto fastuoso del PP en Valencia. El multitudinario evento, realizado en Feria Valencia, se organizó para presentar, ante miles de cargos populares venidos de toda España, a Mariano Rajoy como candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales de 2008. 

Junto a este último apunte del archivo incautado a Orange Market figura otro con fecha de 15 de octubre de 2007 por un importe de 50.000 euros y junto a la anotación "Gradas 27/10". Los apuntes demuestran que, pese a tratarse de un acto de la dirección nacional del PP, la empresa de El Bigotes realizó, como mínimo, labores auxiliares para lograr que el evento resultase un éxito. 

En el documento incautado, que forma parte del informe policial, figuran un buen número de epígrafes referidos a "campaña 2007". También consta un ingreso de 12.000 euros atribuido al vicesecretario de Organización del PP, David Serra, con fecha del 21 de mayo, y otro de 24.000 euros, del 26 de septiembre, atribuido a "Alicante Sonia", que presumiblemente alude a la actual alcaldesa, Sonia Castedo. 

El ejercicio de 2008, conseguidos ya los objetivos electorales, registró una menor actividad. De hecho, el informe apunta que "en 2008 se observa una reducción significativa de la entrada de fondos a la caja B procedente de eventos del PP en comparación con 2007". 

(www.elpais.com,  05/10/09)

EL BIGOTES: "¡ME ESTOY QUEDANDO SIN RESPIRACIÓN!" 

"Es que no... Me estoy quedando sin respiración", dice con aparente asombro Álvaro Pérez, El Bigotes. Son las ocho de la tarde del 12 de febrero, y en un despacho de la Audiencia Nacional el juez Baltasar Garzón está interrogando a Pérez por la contabilidad en dinero negro de la red Gürtel. El imputado ha dicho que no tiene "ninguna" relación con el contable -más tarde añadirá que jamás facturó en dinero negro-, pero el juez le va enumerando una serie de pagos a su nombre y Pérez se va quedando sin aliento: 12.000 euros, 42.000, 5.000, 33.000... "Según estas anotaciones tiene usted una deuda de 698.607,35 euros", concluye Garzón. "¿Yo tengo una deuda con ellos? ¡Dios mío!", suspira El Bigotes. 

El interrogatorio de ese día está salpicado de respuestas que no cuadran con el esquema de la trama corrupta que ha arrojado después la investigación policial y judicial. El hombre de Francisco Correa en Valencia a través de la empresa Orange Market, el "amiguito del alma" de Francisco Camps, declara, por ejemplo, que "nunca" ha falseado facturas y que jamás ha hecho regalos a un cargo público, a pesar de que conversaciones grabadas por la policía acreditan que hizo ambas cosas. 

"Nunca facturo con el PP en B", asegura Pérez. Y cuando el juez le pregunta cómo justifica entonces que, según la contabilidad de la trama, en 2002 Orange Market organizara el congreso regional del PP y facturase 90.151 euros en A (legal) y otros 150.421 en B (negro), él responde: "Pues no lo puedo justificar". "¿Qué sabe usted de unas anotaciones acerca de una caja B sobre Orange Market?", insiste Garzón. "Nada", insiste igualmente El Bigotes. 

Un personaje clave de la investigación es José Luis Izquierdo, contable de la trama, y los papeles en los que éste iba apuntando los ingresos y gastos de la red de Correa. "A mí no me pagó nunca nada el señor Izquierdo", afirma Pérez. "¿Entonces por qué vienen aquí estas anotaciones a favor de usted?", le inquiere el juez, siempre en vano. "No lo sé" y "no me acuerdo" son las respuestas recurrentes. Garzón no desiste, y esgrime las cuentas de Izquierdo incautadas por la policía. 

Garzón. ¿Quiere usted decirme que no tiene ni idea de todas estas relaciones de gastos y que han sido cubiertos por la organización de Pablo Crespo en la caja común que tiene en Madrid y cuya contabilidad es llevada por el señor Izquierdo? ¿No sabe nada de esto? 

Pérez. No, señor juez, no sé nada de eso. 

Garzón. ¿No será porque usted depende del señor Crespo de hecho, y por eso está en esta contabilidad hasta la saciedad? 

Pérez. No, señoría. No sé por qué me han puesto ahí, no sé por qué estoy reflejado ahí. 

Después el interrogatorio entra de lleno en el asunto de los trajes regalados supuestamente por Orange Market a cargos públicos valencianos, empezando por el presidente Francisco Camps. Pérez asegura que ni él ni su empresa le han pagado ropa "a nadie", y desde luego a ningún "funcionario". Garzón le presiona con un dato de la investigación: "Pablo Crespo pagaba facturas que había generado, y de otras personas, por encargo de usted. ¿Es verdad o no?". Y El Bigotes se defiende, a medias: "Yo le contesto, señoría, que yo cuando me hacía un par... dos, tres trajes en Milano, los pagaba yo". 

Garzón. ¿Le pidió en alguna ocasión al señor José Tomás [sastre de Milano y Forever Young] que se desplazara a Valencia a tomar medidas a distintas personas relacionadas con la Generalitat? 

Pérez. Por encargo mío, no. Le he presentado a mucha gente para que se hiciera la ropa allí, él me lo pedía. 

Garzón. ¿A quién? 

Pérez. Creo que fue, no sé si fue el vicepresidente de la Generalitat [...] y el Presidente. Pero creo que devolvió los trajes. 

Garzón. ¿Y el director de gabinete? ¿Y el director de Canal Nou? ¿No fue usted con estas personas y les acompañó a Madrid? 

Pérez. No. 

(www.elpais.com,  05/10/09) 

LAS 'LAGUNAS' DE ÁLVARO PÉREZ 

- NADA CON EL CONTABLE. Como Pérez acaba de decir que dejó de tratar con Izquierdo en 2005, el juez le suelta: "¿Me puede explicar por qué hay unas anotaciones en la contabilidad intervenida al señor Izquierdo que hacen referencia a usted en 2006, 2007, 2009...". El Bigotes explica: "En alguna ocasión he llamado a Pablo Crespo y le he dicho: 'Por favor, dale algo de dinero a mi madre que necesita dinero para gastos y tal'. A lo mejor Pablo, no lo sé, lo que habrá hecho con José Luis Izquierdo... pero como mucho puede ser ésa la relación. Pero yo, con José Luis, ninguna". 

- FACTURACIÓN 'EN B'. "¿Facturaron ustedes en B [en dinero negro] el congreso regional del PP en 2002?". "Nunca facturo en B con el PP". "¿Cómo justifica usted que en la contabilidad que se ha intervenido aparezca que ustedes facturaron en A 90.151 y en B 150.421?". "Pues no lo puedo justificar". 

- TRAJES DE REGALO. Abogada: "¿Usted ha dado a alguna persona que sea una autoridad o funcionario algún tipo de regalo o algún tipo de dádiva o alguna cosa en algún momento?". "No". (El auto del juez José Flors y los documentos facilitados por las tiendas Milano y Forever Young acreditan que Pérez pagaba con fondos de su empresa los trajes de, al menos, cinco cargos públicos del PP). 

- RELACIÓN CON CORREA. "¿Qué relación tiene, últimamente me refiero, con Francisco Correa?". "Sólo la sentimental". (Las grabaciones telefónicas acreditan que Correa era el jefe de Pérez. Éste le daba cuenta de cómo iba el negocio en Valencia). 

- TRATOS CON EL PP. "Pablo Crespo, en diciembre de 2008, ¿mantuvo con usted alguna conversación relacionada con David Serra?". "No lo recuerdo". "Relacionado con Orange Market y con algunas facturas pendientes de Orange Market con el PP de la comunidad valenciana, ¿recuerda?". "No lo recuerdo". (La conversación entre Crespo y Pérez fue grabada con autorización judicial y versaba sobre las deudas del PP con Orange Market cuyo pago tenía que resolver, entre otras personas, David Serra). 

(www.elpais.com,  05/10/09) 

DOS VICEPRESIDENTES DE CAMPS MEDIARON A FAVOR DE 'EL BIGOTES' 

Víctor Campos recomendó al empresario Enrique Gimeno que diera contratos a Orange Market y Vicente Rambla hizo la misma gestión ante el constructor Vicente Cotino - Los empresarios señalados por la Policía niegan haber pagado actos del PP pero admiten que Álvaro Pérez era «muy carero» y les cobraba, «a veces, el doble que la competencia» - El propio Campos informó a Ricardo Costa de que los actos del PP tenía que organizarlos 'El Bigotes': «Así lo quiere el presidente». Costa aclara que Camps nunca le indicó nada 

Álvaro Pérez, El Bigotes, llegó a Valencia a finales de 2004 con una mano delante y otra detrás, como suele decirse. Pero, en poco tiempo, se convirtió en un tipo conocido por todos los estamentos políticos y empresariales de la Comunidad gobernada con mayoría absoluta por el PP.  

La asunción de la dirección del Partido Popular por Mariano Rajoy tras el 14-M había supuesto un mazazo para Francisco Correa, organizador habitual de los actos del PP. El de Santiago decidió prescindir de sus servicios, ya que conocía su peculiar forma de actuar en Galicia.  

El Bigotes conocía a Francisco Camps desde que éste ocupó un alto cargo en el Ministerio de Administraciones Públicas, cuando Aznar era presidente del Gobierno.  

Álvaro, Alvarito, dicharachero y con don de gentes, se presentó en Valencia y fue recibido por su amigo Paco Camps, que ya era presidente de la Generalitat.  

El recién llegado le contó a Camps que había roto sus relaciones con Correa y que quería establecerse por su cuenta como experto en la organización de eventos.  

«Aquí no ha de faltarte trabajo», fue la respuesta que, según una fuente de toda solvencia, le dio el presidente de la Generalitat a su desamparado amigo. Y, en efecto, los contratos comenzaron a fluir como un torrente.  

Fue en el Congreso del PP de la Comunidad Valenciana cuando Ricardo Costa (actual secretario general y portavoz del PP en las Cortes valencianas) conoció a Álvaro Pérez. En aquel Congreso, Costa fue elegido vicesecretario general.  

Y fue nada más y nada menos que Víctor Campos, entonces vicepresidente de la Generalitat y número dos de Francisco Camps, quien le dijo a Costa que los actos del partido tenía que organizarlos Alvarito. «Así lo quiere el presidente», añadió.  

Campos no sólo recomendó a Álvaro Pérez en el seno del partido y le encargó numerosos y costosos actos de la propia Generalitat, sino que le abrió el camino en el mundo empresarial.  

Según ha reconocido Enrique Gimeno (presidente de Facsa) a este periódico, fue Víctor Campos, a quien conocía desde hacía años (ambos son de Castellón), quien le recomendó la empresa de El Bigotes: Orange Market, nombre muy propio para actuar en la comunidad de las naranjas.  

Según comentó Vicente Cotino (presidente del Grupo Sedesa y sobrino del conseller de Medio Ambiente y Urbanismo, Juan Cotino) a una fuente de toda solvencia, a él fue Vicente Rambla, actual vicepresidente de la Generalitat, quien le indicó el nombre de Álvaro Pérez para que le contratara.  

En una conversación grabada por la Policía el 5 de diciembre de 2008, Álvaro Pérez le comenta a Pablo Crespo (número dos de la trama Correa) que Vicente Rambla le indicó a un empresario que le gustaría que sus «proyectos los pudiera llevar a cabo una empresa valenciana llamada Orange Market».  

Con apoyos así no parece difícil hacer negocios. El caso es que Orange Market, entre 2005 y 2008, facturó más de 6 millones a la Generalitat, casi 3 millones al PP de la Comunidad Valenciana y más de un millón a empresarios privados.  

El estallido del caso Gürtel supuso un duro golpe para Camps y su equipo. Según las primeras investigaciones, El Bigotes había regalado diversos trajes a Campos, Costa y el propio Camps. El asunto llegó a la vía judicial, que lo instruyó con la curiosa figura de cohecho impropio. Es decir, un regalo del que no se espera contraprestación.  

Finalmente, el Tribunal Superior de Valencia decidió archivar el caso el pasado mes de agosto. Campos, que había pedido la baja en el partido, fue reintegrado al PP nada más conocerse la sentencia.  

Sin embargo, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, remitió al Tribunal el pasado 31 de julio un informe cuyos extremos se ha conocido hace unos días.  

Según la Policía, Orange Market funciona como una filial del Grupo Correa. De hecho, Pérez recibía un sueldo mensual de 6.000 euros.

Pero eso no era lo peor para el PP. Según el citado informe, el partido en la Comunidad Valenciana actúa con una doble contabilidad. Una parte de sus gastos los paga en A, con factura e IVA; y otra parte de ellos los desembolsa en B; es decir, en dinero negro.  

¿Cómo logra ese dinero opaco a Hacienda? Pues, según el informe, gracias a que un grupo de empresarios (todos ellos contratistas de la Generalitat) paga facturas falsas o que no se corresponden con servicios reales.  

Pongamos un ejemplo. El 21 de enero de 2006, el PP celebró un acto en la Feria de Valencia. Según el informe policial, el PP pagó una factura de 42.718 euros a Orange Market por su organización (mediante factura emitida el 2 de febrero de 2006). El coste no incluido en la factura fue de 251.000 euros (una parte de ellos se entregó a Special Events, otra sociedad del Grupo Correa, y el resto se ingresó en la Caja B).  

La Policía afirma que Enrique Gimeno (Facsa); Enrique Tomás Ortiz (Grupo Enrique Ortiz e Hijos); Antonio Pons (Grupo Piaf); Vicente Cotino (Sedesa), y Luis Batalla (Lubasa), hicieron aportaciones para financiar la cara oculta de los actos del PP y, para «enmascararlo», emitieron facturas falsas a Orange Market.  

Según el informe policial, 3,4 millones de euros fueron pagados en B por el PP de Castellón y el PP de la Comunidad Valenciana. La Policía afina hasta tal punto, que llega a cuantificar en «un 47,78% los gastos que se financiarían con fondos fiscalizables»; mientras que otra parte, «el 52,22% de los gastos se pagan directamente en efectivo, con recursos en B, ajenos al circuito económico».  

Preguntado por este periódico, Gimeno afirmó que Orange Market sí realizó trabajos para Facsa, aunque, eso sí, «muy caros». «A veces, el doble de lo que podía cobrar una empresa de la competencia. Por ello decidimos prescindir de sus servicios en 2008».  

Naturalmente, ninguno de los empresarios consultados por EL MUNDO admite haber pagado en negro actos políticos del PP, aunque todos reconocen que El Bigotes era «muy carero».  

Ricardo Costa, en conversación con EL MUNDO, también negó que hubiese una doble contabilidad en el PP: «Nuestras cuentas están fiscalizadas y sometidas a auditoría». Y se lamentó: «La contratación de Álvaro Pérez es una vergüenza para nuestro partido, a la luz de lo que ahora sabemos». Otro problema es hasta dónde se implicó Camps con El Bigotes. Según Costa, el presidente de la Generalitat nunca le dio instrucciones directas al respecto.  

Sin embargo, una fuente de solvencia comentó a este periódico que Camps hizo gestiones en Génova, primero con el entonces secretario general, Ángel Acebes y, posteriormente, incluso ante Rajoy, para que el Congreso de Valencia del PP de junio de 2008 lo organizara la sociedad Feria de Valencia (tras la cual se encontraba, ¡como no!, el amigo Alvarito).  

Finalmente, el acto fue organizado por la empresa Promedia, en la que figura como accionista la esposa de Juan Costa.  

Tanto la Policía como la Fiscalía Anticorrupción están convencidas de que la trama Correa representa para el PP de Valencia una especie de Filesa en la que hay financiación irregular del PP de dicha comunidad autónoma.  

Las empresas financiadoras lo harían a cambio de contratos con la Generalitat Valenciana, según la Policía.  

Algunas de las empresas implicadas (como Lubasa) ha multiplicado su facturación por dos en dos años.

Pero, a diferencia de Filesa, en este caso, la trama de Correa funciona como una red de evasión de capitales, con tentáculos en diversos paraísos fiscales, montada por el despacho del experto abogado José Ramón Blanco Balín.  

La propia estructura accionarial de Orange Market es una muestra de esa forma de actuar: su propietaria es la sociedad ubicada en la isla de Nevis Forevermore Inc.  

Una parte del dinero ingresado en B se remitía desde Valencia a la «caja madre» (ubicada en la sede del Grupo en la calle Serrano de Madrid), cuya contabilidad ha sido desbrozada por la Policía, y, desde allí, se destinaba a diversos paraísos fiscales y, por supuesto, a los bolsillos del jefe de la trama: Francisco Correa.  

La cuestión ahora es qué hará Francisco Camps y qué hará Mariano Rajoy.  

Según señaló Camps, «la Generalitat Valenciana no ha dado ni un solo contrato de forma irregular o a dedo, ya que ha cumplido escrupulosamente con las normas». «Ningún funcionario», añadió, «ha denunciado nunca que haya habido favoritismo hacia unas empresas en particular».  

Francisco Camps cree que todo es «un montaje destinado a erosionar al PP de Valencia y al PP de Rajoy». En la sede de Génova, sin embargo, creen que, aunque hay una intencionalidad clara tanto por parte del Ministerio del Interior como de la Fiscalía en atacar al PP, el informe recoge «algunos datos preocupantes».  

Mariano Rajoy es partidario de que sea el propio Francisco Camps quien determine qué decisiones debe tomar, pero que, en cualquier caso, deberían conllevar alguna destitución al más alto nivel político.  

Una fuente de la dirección del Partido Popular aseguró: «Camps no puede actuar bajo presión. Hay que dejar que sea él quien decida los pasos que hay que seguir. Pero Rajoy tiene claro que algo debe hacer. Puede suceder algo parecido a lo que pasó con Bárcenas. Al final, tuvo que dimitir».  

Desde luego, la solución no es nada fácil. Camps no sólo es el líder del Partido Popular en Valencia, sino que es presidente de la comunidad autónoma con una mayoría absoluta que, según las encuestas, podría volver a repetir.  

El partido, que era un desastre hasta la llegada de Eduardo Zaplana y que después, tras la ascensión de Camps, vivió una lucha interna que sigue larvada, se vería sometido a un auténtico terremoto si saltara por los aires el hombre que sigue representando no sólo a la fuerza más votada, sino a más de 100.000 militantes.  

Sin embargo, la opción de mirar para otro lado podría ser todavía peor. Los datos apuntan a que, en efecto, no solamente ha sido un error contratar a un personaje tan impresentable como El Bigotes, sino que el Partido Popular ha recibido dinero de forma irregular. 

(www.elmundo.es,  05/10/09) 

 LAS PRUEBAS DEL DELITO

- Prueba 1. En el registro del piso de Seguridad de la red corrupta se halló un ordenador que almacenaba documentación encriptada. Eran archivos informáticos con pagos de comisiones a dirigentes del PP; fichajes de altos cargos para conseguir contratos y documentos con apuntes estratégicos: "Temas Valencia. Pedro quiere ser director de la televisión de Valencia, que Álvaro se vaya para allá".

- Prueba 2. En una caja de seguridad que Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta, tenía en una sucursal de un banco en Pontevedra se hallaron documentos de la facturación al PP entre 1996 y 1999 (parte de ella en dinero negro) por unos 6 millones de euros.

- Prueba 3. En la documentación incautada en la sede central de la red, calle de Serrano, 40, se halló la contabilidad B donde aparecían pagos al alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. Las empresas del grupo lograron contratos del Ayuntamiento de Majadahonda que están en el sumario.

- Prueba 4. Al menos tres operaciones de suelo, una en Arganda del Rey (que generó unas plusvalías de decenas de millones de euros), otra en Boadilla del Monte (con tres millones de beneficio) y una obra pública en Castilla y León, aparecen documentadas en los registros de la trama y en diversas grabaciones que acreditan el pago de comisiones millonarias por parte de las constructoras beneficiadas gracias a la supuesta mediación de Correa.

- Prueba 5. El informe del Tribunal de Cuentas Valenciano de 2006 sobre el contrato adjudicado a Orange Market para el pabellón de Fitur señala: "La fórmula que la Agencia Valenciana de Turismo utiliza para ponderar la proposición económica no se adecua a los principios constitucionales de eficiencia y economía, porque la valoración de la oferta no alcanza la ponderación que en principio se establece en la licitación del contrato (50 o 60 puntos sobre 100)".

- Prueba 6. Informe remitido por la Generalitat Valenciana al Tribunal Superior de Valencia sobre contratos adjudicados a Orange Market entre 2005 y 2008, casi todos sin concurso público.

- Prueba 7. Declaración del sastre José Tomás ante la Fiscalía Anticorrupción y ante los jueces Garzón y Flors (este, último del Tribunal Superior de Valencia). Todos le dieron credibilidad y así lo expusieron en sus autos.

- Prueba 8. La documentación incautada a la trama corrupta acredita pagos de viajes al tesorero del PP, Luis Bárcenas; al diputado autonómico madrileño, Benjamin Martín Vasco, y a otros. Una de las directivas de la trama, Isabel Jordán, declaró al juez que regaló trajes al alcalde de Boadilla, que le adjudicaba contratos. La trama, en grabaciones judiciales, se jacta de haber regalado un coche al ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, y televisiones de plasma a otros cargos municipales.

- Prueba 9. La documentación solicitada a las tiendas Milano y Forever Young ratifica los encargos de trajes para Francisco Camps.

- Prueba 10. El pago de los trajes de Camps en la tienda Forever Young se hizo mediante transferencias o cheques de tres empresas de la trama corrupta: Orange Market, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico. El director de ventas de la tienda declaró que los directivos de la trama pagaban los trajes de Camps.

- Prueba 11. Declaraciones ante el juez de los altos cargos del PP que se beneficiaron de los regalos de Álvaro Pérez, el Bigotes.

- Prueba 12. Documentos incautados en la sede de Orange Market en Valencia y en poder del contable de esta empresa, Cándido Herrero. En la contabilidad había un apartado para los "ingresos en Alicante", en referencia a dinero justificado con facturas con IVA, y otro apartado para ingresos en "Barcelona", en referencia a dinero negro no declarado.

- Prueba 13. Registro de la sede principal de la red en la calle de Serrano. En su contabilidad B figuraban ingresos de Orange Market, que coincidían con el dinero negro que esta empresa valenciana consignaba en sus propias cuentas opacas.

- Prueba 14. Correos electrónicos encontrados en la sede de Orange Market probaban que se cambiaban facturas por actos del PP por otras de constructoras, de lo que se deduce un circuito de financiación ilegal de esa formación política. Un ejemplo: "Factura 118 del 1/04/2008 estaba como cliente PPCV cambiar a cliente Ortiz e Hijos Contratistas de Obras SA el importe sigue siendo 31.784. Factura 121 estaba como cliente PPCV cambiar a cliente Ortiz e Hijos Contratistas de Obras SA el importe sigue siendo 84.100".

- Prueba 15. Conversaciones telefónicas grabadas con autorización judicial entre Álvaro Pérez (jefe de Orange Market), Ricardo Costa (secretario general del PP valenciano), David Serra (vicesecretario general) y Yolanda García (tesorera). Ricardo Costa a Álvaro Pérez: "Entre mañana y el viernes te voy a dar todo lo que te falta, que te debemos nosotros, pero yo necesito que el presidente no lo sepa, y entonces que le digas que éste (en referencia a Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat) es un hijo de puta". David Serra a Álvaro Pérez: "El viernes tendrás un talón con lo que hemos dicho, lo de mañana, ya fetén. Lo tendrás listo a primera hora para cobrar el mismo viernes. El viernes está previsto que le presentéis al de las galletas la factura, igual que la otra".

- Prueba 16. Conversaciones grabadas con autorización judicial entre Álvaro Pérez y su contable, Cándido Herrero, donde le comunica que está comprando regalos de lujo para la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y la ex consejera de Turismo. Conversación entre Álvaro Pérez y Francisco Camps, presidente valenciano, grabada con autorización judicial el 7 de enero de 2009, un día después de la fiesta de Reyes Magos. Álvaro Pérez ha enviado regalos a toda la familia Camps, algunos de alto valor:

Camps. Muchísimas gracias, ¿eh?

Álvaro Pérez. Bueno, escucha, tu... ¿Has leído mi tarjetón?

C. Sí, sí, sí...

Á. Bueno, pues fíjate, fíjate si te debo...

C. No, no, nada.

Á. Sí, sí, sí.

C. Bueno, yo quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro... que es muy bonito.

La conversación continúa con la mujer de Camps, que le reprocha que le haya hecho un regalo tan caro y le comunica que se lo va a devolver

www.elpais.es 04.10.09

De cómo El Bigotes inventó la rueda... de su fortuna

La investigación judicial acumula decenas de pruebas sobre cohecho y financiación ilegal

Un piso de la calle del General Martínez Campos de Madrid encierra algunos secretos de un negocio que amenaza al Partido Popular en la Comunidad Valenciana (prueba 1, ver la información bajo esta pieza). El jefe del tinglado se llama Francisco Correa, un hombre que ha acumulado decenas de millones de euros gracias a sus poderosas amistades y a un amplio catálogo de delitos -trato de favor, tráfico de influencias, información privilegiada, cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales, fraude fiscal- con el que supuestamente alimentó el negocio. Su fortuna sigue a buen recaudo en paraísos fiscales a los que la investigación judicial aún no ha podido hincarle el diente.

  • Correa contactó con cargos populares que veían en él a alguien próximo a Aznar

  • Orange Market recibía contratos 'a dedo' para hacer los actos del PP

  • correos electrónicos revelan indicios de financiación ilegal del PP de Valencia

  • Álvaro Pérez alimentaba políticos a base de regalos

Francisco Correa creció a la sombra del PP, montando por toda España la escenografía de los actos públicos de José María Aznar (prueba 2). Aprovechó aquel trajín para repartir entre mitin y mitin su tarjeta de visita a un selecto grupo de políticos con cargo, con el mismo afán que quien siembra esperando la cosecha del siglo. Así logró poco a poco establecer contacto íntimo con decenas de dirigentes del PP que sabían que Correa era "amigo del jefe" (José María Aznar) y testigo en la boda de su hija. Se fijó en ellos porque tenían capacidad suficiente de adjudicar contratos con cargo al presupuesto público, un negocio redondo que nunca entraría en crisis.

Con el impulso de ese trampolín de inmenso poder político, Correa montó empresas, ninguna de ellas a su nombre, y logró cientos de contratos, la mayoría a dedo, de administraciones públicas gobernadas por los dirigentes a los que conoció en el ajetreo de los mítines de Aznar.

Sus relaciones comerciales eran tan íntimas que llegó a colocar a su mujer como jefa de gabinete de uno de los alcaldes a los que había captado para su causa, Guillermo Ortega (Majadahonda), y que también le adjudicaba contratos (prueba 3).

Con el viento a favor y el PP en expansión, Correa se aficionó a mediar ante sus conocidos con cargo público para favorecer a promotores inmobiliarios y constructores, que le llenaron de agradecimiento los bolsillos.

Una operación de suelo amañada le daba más dinero (negro) que cien actos institucionales juntos. Aunque el montaje de los cien actos institucionales le daba suficiente influencia para mediar en operaciones de suelo. Era la rueda de la fortuna (prueba 4).

En el piso de seguridad que Correa tenía en la calle General Martínez Campos se planificaba el futuro del negocio. Un día de abril de 2004, Correa decidió exportar su tinglado a Valencia aprovechando que uno de sus amigos, Pedro García, iba a ser nombrado director general de la televisión pública. Para abrir el nuevo negocio, Correa eligió a uno de sus fieles colaboradores, Álvaro Pérez, El Bigotes, quien conocía a Francisco Camps de la época en la que éste trabajó en el aparato de la dirección nacional de la calle Génova, en Madrid.

El Bigotes triunfó como empresario desde el mismo día que abrió negocio (Orange Market) en la Comunidad Valenciana. Muy pronto acumuló contratos públicos y se quedó con la exclusiva del montaje de todos los actos del PP valenciano. Los políticos para los que preparaba actos públicos eran los mismos que gobernaban en la administración que le adjudicaba contratos. Otra rueda de la fortuna.

El primer botín, un millón de euros, lo consiguió Pérez al ganar un concurso para montar el pabellón valenciano en la feria Fitur de Madrid de 2005. En los años sucesivos -2006, 2007, 2008 y 2009- el Gobierno de Camps le renovó la confianza del contrato millonario de Fitur en concursos sospechosos (prueba 5).

Insatisfecho con aquel negocio seguro, El Bigotes fue arañando contratos menores de casi todas las consejerías del Gobierno valenciano, que le adjudicaban los trabajos a dedo y, en muchos casos, troceando el proyecto en varias partes para no superar los 12.000 euros de importe en cada una de ellas (prueba 6). Era el límite que la ley fijaba para las adjudicaciones sin concurso.

Sin ninguna experiencia en la Comunidad Valenciana, El Bigotes se hizo, pocos meses después de abrir su empresa, con la elaboración de una Guía de la Comunicación (12.000 euros), la organización del segundo congreso de Software libre (cuatro contratos de 12.000 euros), el tercer Open de Tenis (11.900), una exposición de parques naturales (11.900). En plena fiesta del despilfarro, llegó a facturar ese año 150.000 euros a la Generalitat por un almuerzo multitudinario en Madrid.

Pérez cultivó la amistad de los políticos que le adjudicaban los contratos a base de trajes a medida. En uno de sus viajes a Madrid, convenció a su sastre particular, José Tomas, director de ventas en la tienda de Milano de la calle de Serrano, a sólo unos metros de la sede central de las empresas de Correa, para que viajase a Valencia a tomar medidas a varios políticos, todos ellos clientes-amigos, para confeccionarles trajes, pantalones y chaquetas.

El sastre aceptó el trato, y viajó a Valencia. Visitó la sede del PP y varios despachos de la Generalitat para tomar medidas a Ricardo Costa (entonces vicesecretario general del PP), Victor Campos (vicepresidente del Gobierno valenciano), Pedro García (director general de la radiotelevisión valenciana) y Rafael Betoret (jefe de gabinete en la Consejería de Turismo). José Tomás se llevó a Madrid un buen negocio, le habían pedido nueve trajes, seis pantalones y cinco americanas (prueba 7).

Los regalos a cargos públicos que adjudicaban contratos eran una práctica habitual de casa Correa. Mientras El Bigotes tiraba de chequera para vestir a los dirigentes valencianos, sus compañeros en Madrid regalaban coches, televisiones de plasma, viajes, relojes y trajes a alcaldes y diputados madrileños (prueba 8).

Francisco Camps también se enamoró de los trajes de El Bigotes y en abril de 2006 le pidió el teléfono móvil del sastre, al que llamó durante uno de sus viajes a Madrid para visitar la tienda.

Para entonces, Orange Market seguía acumulando adjudicaciones a dedo de la Comunidad Valenciana que presidía Camps (un acto de estrategias de comunicación, el cuarto Open de Tenis, unas jornadas de Educación, el Congreso Familia y Escuela, los Premios Salud y Sociedad, el Plan de Violencia doméstica...).

El presidente de la Generalitat se aficionó a los trajes del sastre José Tomás y encargó cuatro a medida en el primer semestre de 2006 junto a tres americanas. En noviembre de ese mismo año volvió a pedir otros cuatro trajes; en la primavera de 2007, dos americanas y algún pantalón; y en el verano de 2008, otros dos trajes (prueba 9).

Todos esos pedidos fueron supuestamente abonados por la trama corrupta mediante transferencias bancarias o cheques con fondos de Orange Market y otras dos empresas de la red empresarial de Francisco Correa (prueba 10).

Betoret, Campos, Costa y García, los otros amigos del PP a los que cortejaba El Bigotes, también recibieron durante ese tiempo más trajes de Milano y Forever Young, la tienda a la que se trasladó el sastre José Tomás.

Las excusas que todos estos dirigentes dieron al juez José Flors sobre cómo se pagaban toda esa ropa fue variopinta. Unos, como Camps, aseguraron que abonaron en la propia tienda el importe de los trajes (varios miles de euros) en metálico (que sacaba de la caja de la farmacia de su mujer), aunque ningún empleado lo vio ni quedó constancia escrita del supuesto pago. "Nunca me preguntó cuánto debía y nunca me pagó", recuerda el sastre.

Otros, como Ricardo Costa, aseguraron que se lo abonaron a Álvaro Pérez en Valencia. Y algunos, como Rafael Betoret, llegaron a esgrimir una libreta de ahorro de un banco para intentar demostrar que abonaba la ropa a El Bigotes -al que a la vez se adjudicaban contratos millonarios en el departamento donde trabajaba- en cómodos plazos de 500 en 500 euros (prueba 11). El prestamista era a la vez contratista.

Para entonces, Orange Market ya llevaba una doble contabilidad de sus negocios en Valencia, a imagen y semejanza de lo que hacía la trama empresarial de Correa en Madrid.

Parte de sus trabajos los cobraba mediante facturas con IVA; otra parte en dinero negro que engrosaba una caja B (prueba 12). Con esa caja B se pagaban los regalos a dirigentes políticos que tenían en sus manos la posibilidad de adjudicar contratos de la administración pública.

Francisco Correa controlaba el negocio de Orange Market en la distancia, a través de su contable en Madrid, José Luis Izquierdo, quien a su vez anotaba en la caja B de toda la red empresarial los ingresos de dinero negro de la firma que dirigía El Bigotes (prueba 13).

Aunque los principales clientes de Orange Market eran dos, el PP y la Generalitat Valenciana gobernada por el PP, en sus declaraciones a Hacienda comenzaron a aparecer en 2006 otros clientes, entre ellos, constructoras y empresas de servicios de la Comunidad Valenciana.

Cuando la policía echó el lazo a la trama corrupta, en febrero de 2009, y analizó la documentación incautada en sus sedes o en poder de los contables José Luis Izquierdo y Cándido Herrero, descubrió que esas constructoras y contratistas valencianas habían pagado cantidades que supuestamente correspondían al coste de actos electorales del PP que hacía Orange Market.

El nombre de alguna de esas firmas, que según la policía financiaron de manera ilegal al PP, apareció de manera comprometedora en correos electrónicos enviados desde la empresa de El Bigotes al despacho de abogados que le tramitaba las declaraciones fiscales (prueba 14). En esos mensajes, los trabajadores de Orange Market pedían a sus asesores fiscales cambiar facturas a nombre del PP por otras a nombre de las constructoras que supuestamente financiarían actos electorales.

Cuando Orange Market empezó a sufrir dificultades financieras, en otoño de 2008, El Bigotes llamó a todos sus amigos para arreglarlo. Toda la cúpula del PP (el secretario general, Ricardo Costa; el vicesecretario, David Serra, y la tesorera, Yolanda García) se pusieron manos a la obra para pagar las deudas que supuestamente mantenían con Álvaro Pérez (prueba 15).

En esos meses de tensas reuniones, El Bigotes no se olvidó de seguir alimentando a sus amistades con regalos especialmente caros (prueba 16). Hasta que la policía, tras una investigación de 14 meses, iniciada tras la denuncia de un ex concejal del PP que fue muy amigo de Correa, desarticuló el tinglado y pinchó la rueda de la fortuna.

www.elpais.es 04.10.09

El PP de Castellón pagó dinero en negro a las empresas de Correa

El PP de la Diputación de Castellón, que preside Carlos Fabra, pagó a las empresas de la trama Gürtel dinero en negro, al menos en los años 1999 y 2008, según los datos contables de la caja B de la red empresarial de Francisco Correa en Madrid y de su filial en Valencia, Orange Market, en poder de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef).

En el llamado "Archivo CajaPC.xls" del entramado Gürtel aparece la anotación de un ingreso, realizado por el PP de Castelló, por un importe de 450.000 pesetas, con fecha del 7 de junio de 1999, a la cuenta personal de Francisco Correa, el cabecilla de la red de corrupción que afecta al principal partido de la oposición.

Los pagos B, de Barcelona
En el registro de la sede de Orange Market se encontró un documento con el nombre "Barcelona eventos" y fecha de 2008, en el que figura un apunte como ingreso de caja B ( que la trama identifica con el eufemismo de "Barcelona") por un importe de 1.950 euros. La policía ha constatado que no existe factura relacionada, sólo ha encontrado un recibo.

Fabra: "No me consta..."
Hace unos días, el presidente de Castellón,
aseguró que no tenía ninguna preocupación” con la contabilidad B , “porque el PP no la lleva, y nuestras cuentas están auditadas por el Tribunal de Cuentas”, y que no le constaba que “haya habido actos en Castellón encargados por el PP a Orange Market”.

Alterar las facturas
Los investigadores han encontrado un email en la sede principal del entramado de Correa en la calle Serrano de Madrid, con fecha de 20 de junio de 2008, en el que desde Orange Market se pide a la asesoría que se alteren dos facturas del PP de Castellón (de 23 y 13 de abril) para cambiar el nombre del cliente y las cantidades, que pasan a ser de 55.369 y 68.925 euros, IVA aparte. Las facturas debían ser modificadas a nombre de Facsa, la empresa de Enrique Gimeno, al que en otras ocasiones, relacionadas con pagos en negro, se alude como EG, según el diario Levante.

"Paco Martínez"
En el informe policial sobre supuesta financiación ilegal del PP, que fue ignorado por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, se habla del vicepresidente de la Diputación de Castelló y alcalde de Vall d'Alba, Francisco Martínez.  En el documento "cajaBarcelona.xls", sobre la contabilidad en negro de Orange Market, y en el epígrafe titulado "alcaldes" figura un acto organizado por la empresa de Álvaro Pérez (El Bigotes), con fecha de 13 de enero de 2007, en Vila-real, que costó 18.460,32 euros a los populares, de los que sólo 16.000 se pagaron mediante factura con su correspondiente IVA. El nombre de "Paco Martínez" (Francisco Martínez, vicepresidente de la Diputación de Castelló y alcalde de Vall d'Alba) está inscrito, junto a su número de teléfono móvil, en una relación de alcaldes y portavoces que eran "las personas de contacto para tratar sobre la financiación del evento".

www.elplural.com 03.10.09

EL FISCAL CREE QUE LA TRAMA GÜRTEL PRETENDÍA PONER "EN NÓMINA" A CAMPS 

La Fiscalía del Tribunal Supremo presentó ayer el recurso de casación contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de enterrar el caso Camps. El fiscal aprecia que el presidente valenciano, Francisco Camps, y altos cargos del PP en esa comunidad, que se beneficiaron de trajes y prendas de vestir regalados por empresas, incurrieron en un delito de cohecho impropio recogido en el artículo 426 del Código Penal. 

Frente al argumento del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia de que no existió relación de causalidad entre el regalo de prendas de vestir y la adjudicación de contratos a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes -imputado como uno de los jefes de la trama corrupta-, la fiscalía asegura que, en muchas ocasiones, la dádiva o presente "no tiene por objeto una contraprestación inmediata por parte del receptor". 

"Lo que se pretende es 'poner en nómina' al beneficiario, colocándole en la situación de absoluto agradecimiento a su benefactor, de tal modo que cuando con posterioridad se le pida que realice actos a favor del donante, éste no tenga posibilidades físicas o morales para negarse", explica el recurso. 

El Tribunal de Valencia, que preside Juan Luis de la Rúa, archivó las diligencias del caso Camps al concluir que tanto éste como el secretario regional del PP, Ricardo Costa, y los otros altos cargos imputados carecían de competencias para adjudicar los contratos suscritos entre Orange Market y la Generalitat valenciana. Según dijo en agosto el Tribunal Superior, no hubo ninguna actuación a favor de Orange Market ni los regalos se entregaron como agradecimiento de ninguna actuación. Para la fiscalía, esta interpretación conlleva una "derogación tácita" del artículo 426 del Código Penal, que sanciona a la autoridad o funcionario "que admite dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente". 

De seguirse la interpretación formulada por el magistrado De la Rúa, no podrían perseguirse, según el fiscal, regalos a funcionarios tales como "un inmueble, un vehículo de lujo o un millón de euros" cuando no constase la realización de una contraprestación concreta por parte del funcionario. Es decir, sólo podría castigarse el cohecho cuando el regalo tuviera por objeto la recompensa a un acto realizado por un funcionario. Y, sin embargo, tanto la jurisprudencia del Supremo como los sucesivos Códigos Penales promulgados desde 1848 castigan al empleado público que admite regalos "en consideración a su oficio", o, como dice el actual, "para la consecución de un acto no prohibido legalmente". 

El fiscal de sala que firma el recurso, Juan Ignacio Campos, disprepa específicamente del archivo acordado respecto de Ricardo Costa, que se basó, dice, en su cargo de secretario general del PP "ignorando sus competencias en materia de contratación en el PP". 

El fiscal recurre también el "sobreseimiento libre y archivo" de las actuaciones, que considera "prematuro". A diferencia del sobreseimiento "provisional", el sobreseimiento "libre" y archivo impide reabrir la causa aun cuando aparezcan nuevos datos referidos al procedimiento. El Tribunal de Valencia acordó ese archivo "contrariamente a la práctica habitual" y cuando la fase de instrucción continuaba abierta. El fiscal recuerda que el caso Gürtel es una causa "enormemente compleja" en la que se ha recogido un "ingente volumen de documentación", también en la sede de Orange Market, y la actual situación "podría alterarse durante la instrucción". "No resulta ilógico pensar que pudieran encontrarse documentos relevantes para los hechos investigados en el procedimiento cuyo sobreseimiento se acuerda", dice el fiscal, en clara alusión al informe policial desechado por el Tribunal de Valencia, y que pudiera concretarse en "una diferente calificación de los hechos", es decir, en otros delitos distintos y más graves. 

El recurso concluye pidiendo al Supremo que revoque el archivo por ser "prematuro" y que continúe los trámites por el procedimiento del Tribunal del Jurado. 

(www.elpais.com, 02/10/09) 

LOS ARGUMENTOS DE LA FISCALÍA CONTRA EL AUTO DEL TSJ VALENCIANO 

- Errónea interpretación del delito. "El tribunal yerra en la interpretación dada al delito de cohecho impropio sancionado en el artículo 426 del Código Penal". La sala consideraba que la autoridad que recibe la dádiva debe hacer un acto concreto a cambio para que haya delito. Eso supone "la derogación tácita del precepto y conllevaría la atipicidad de la admisión de regalos por funcionarios o autoridades cualquiera que fuera el valor (por ejemplo, en un inmueble, un vehículo de lujo, un millón de euros) si no constara la realización de un acto concreto". 

- La contratación está acreditada. "El bien jurídico protegido, conservación de la confianza pública en los funcionarios (...) se ve gravemente dañado (...) en supuestos como éste en el que consta acreditada una contratación superior al millón de euros anuales entre la Administración pública a la que pertenecen los imputados y las empresas de los particulares que habrían entregado las dádivas". 

- Antecedentes del caso. "La jurisprudencia estima cometido el delito cuando el regalo se acepte por razón del cargo sin requerir la realización de acto ninguno por éste". 

- El objeto de la dádiva. "La experiencia demuestra que en muchas ocasiones la dádiva no tiene por objeto la contraprestación inmediata por parte del receptor. Lo que se pretende es 'poner en nómina' al beneficiario, colocándole en la situación de absoluto agradecimiento a su benefactor, de tal modo que cuando con posterioridad, en tiempo indefinido, se le pida que realice actos en favor del donante, sean éstos cuales sean, aquél no tenga posibilidades físicas o morales para negarse". 

- Aún pueden encontrarse datos relevantes. "Se ha optado por archivar el procedimiento cuando aún la fase de instrucción continuaba abierta (...) "Este procedimiento deriva de una causa enormemente compleja en la que se ha recogido un ingente volumen de documentación de distintos registros incluida la sede de Orange Market. No resulta ilógico pensar que en aquella pudieran encontrarse datos relevantes para los hechos investigados (...) que pudiera concretarse en una diferente calificación de los hechos. Al respecto, procede destacar que el cargo de uno de los imputados, Rafael Betoret Parreño, se desempeña en la Agencia Valenciana del Turismo, entidad con la que mantiene una elevada contratación la sociedad Orange Market, SL".

 - Falta documentación por investigar. "Igualmente, el elenco de figuras de cohecho recogidas en el Código Penal no permite descartar que de las diligencias pendientes de practicar (entre las que es de especial importancia el examen y análisis de la documentación intervenida) resulte la alteración del delito que finalmente se impute a los señores Camps, Costa, Campos o Betoret (...) No puede estimarse finalizada la instrucción del procedimiento". 

- El archivo de Ricardo Costa. "Tampoco resulta procedente el archivo de la causa respecto a Ricardo Costa Climent. La valoración de que la dádiva se entregue por su condición de diputado de las Corts o por el cargo (...) en el PP ha de llevarse a cabo tras concluir la instrucción". 

(www.elpais.com, 02/10/09) 

LA MATRIZ DE LA EMPRESA DE EL BIGOTES ESTÁ EN LA ISLA NEVIS 

La estructura empresarial de Orange Market, firma utilizada presuntamente para financiar ilegalmente al PP valenciano, termina en un paraíso fiscal: la isla Nevis, un microestado en las Antillas Menores, que vive del turismo y de los empresarios que quieren mantener su dinero opaco.  

La Brigada de Blanqueo de la Policía, en el informe que elaboró sobre las actividades fraudulentas de la empresa que dirige Álvaro Pérez, El Bigotes, desvela que las acciones de Orange Market son propiedad de una empresa del Reino Unido llamada Bangtone Limited y esta a su vez es una filial de la sociedad Forevermore Inc. ("Para siempre jamás", en castellano), cuya sede está en la isla Nevis. 

El objetivo de esta estructura es ocultar la identidad de los dueños de la compañía. Y, de momento, han tenido éxito. La Policía sabe que Orange Market tiene cinco propietarios, pero no conoce sus nombres, según indica en su informe: "La sociedad ubicada en Nevis tiene sus acciones divididas entre cinco accionistas, los cuales participan en el capital social con los siguientes porcentajes: 10, 14, 25, 25 y 26, respectivamente, sin que conste quienes son los mismos". 

En el informe policial se explica que esta estructura empresarial es idéntica a la montada por los jefes de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, con otras compañías y se cita expresamente a Caroki y Kintamani. Las sociedades en el exterior también servían a la organización para blanquear el dinero negro generado.

Orange Market ocupa un papel central en el caso Gürtel. La empresa se constituyó en Valencia para aprovechar las buenas relaciones de Álvaro Pérez, El Bigotes, con el círculo más próximo al presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Y ciertamente las aprovechó: Orange Market recibió más de siete millones de euros en contratos de la Administración autonómica, monopolizó la organización de actos del PP valenciano durante el último lustro y sirvió como instrumento para que cinco empresarios pagasen gastos del partido. 

Varios dirigentes del PP valenciano colaboraron en las actividades ilegales de Orange Market, según la Policía. Entre ellos, el secretario general, Ricardo Costa; el secretario de Organización, David Serra, y la tesorera, Yolanda García. 

En concreto, en el informe policial se describe en los siguientes términos la forma de funcionar de la trama corrupta: "La organización negocia el pago de la deuda con los responsables políticos valencianos, siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo, confeccionando facturas ad hoc con conceptos acordados al efecto entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez; David Serra participa eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de abono; y Yolanda García librando los fondos a indicaciones de Ricardo Costa con conocimiento de la emisión de una factura por conceptos ficticios".  

(www.publico.es, 02/10/09)

RAJOY NO RECLAMA DIMISIONES Y CAMPS EXHIBE SU TRIUNFO: "QUE DIMITA ZAPATERO" 

En sólo tres días, Francisco Camps ha pasado de ser un barón regional con problemas, presionado por la dirección para que corte cabezas, a un triunfador del pulso interno que exhibe su éxito. Ayer, unas pocas horas después del larguísimo encuentro con Mariano Rajoy en Alarcón (Cuenca), en el que según fuentes del PP el líder no reclamó ninguna cabeza, Camps dejó muy claro que no sólo no piensa tomar ninguna medida drástica, al menos de momento, sino que además está dispuesto a retar a cualquiera. 

El president esquivó todas las preguntas, y cuando los periodistas quisieron saber si Rajoy le había pedido alguna dimisión, contestó: "La dimisión que pediría es la de Zapatero, porque tenemos un mal Gobierno que ha perdido completamente el rumbo". 

Cuando le preguntaron por las medidas contundentes que el lunes le había pedido la secretaria general, Dolores de Cospedal, volvió a burlarse: "La medida más drástica es que Zapatero convoque cuanto antes elecciones". 

Fuentes del PP tanto en Madrid como en Valencia coinciden en que la reunión sirvió para que Camps expresara su malestar con Cospedal, y Rajoy tratara de aplacar su enfado. Además, tras la cita, los estrategas de la madrileña calle de Génova asumen que es imposible convencer al valenciano de que tome decisiones drásticas rápidas. No hará nada, aseguran, al menos hasta que haya una decisión judicial con imputados. 

Además, insisten, no sería fácil hacerlo antes porque Ricardo Costa y Vicente Rambla se niegan a dimitir -por lo que no se podría hacer una destitución pactada-. Ambos defienden su inocencia, pero, además, en el PP está instalada la idea de que el máximo responsable, en cualquier caso, es Camps, que era el amigo de Álvaro Pérez y quien decidió que se le contratara. Nadie ve factible la dimisión de Camps, pero algunos asumen que la caída de Costa y Rambla podría no resolver el problema precisamente por esa responsabilidad del presidente. 

Rajoy aceptó esas condiciones que expuso uno de los barones con los que, al menos hasta ahora, le unía una relación más estrecha. De hecho, algunos diputados y dirigentes, preocupados por la imagen externa e interna del líder, señalan que ha sido un error convocar la reunión a medio camino entre Madrid y Valencia. En otras crisis, Rajoy había convocado a los dirigentes en Madrid -María San Gil o Josep Piqué-. Al aceptar la cita a medio camino, acepta que Camps manda al menos tanto como él, algo impensable en época de José María Aznar, insisten. 

El encuentro ha tenido otro daño colateral. Cospedal, la secretaria general, que trató de dar una muestra de autoridad el lunes, ha salido tocada, según analizan varios dirigentes. Ayer mismo tuvo que reconocer públicamente que se enteró del encuentro por la prensa, a pesar de que estaba reunida con el líder en el Congreso unos minutos antes de que él saliera hacia Cuenca. Rajoy se limitó ayer a criticar la "saña" con la que la fiscalía trata, en su opinión, al PP en el caso Gürtel. 

(www.elpais.com, 02/10/09) 

RAJOY ACEPTA REBAJAR LA PRESIÓN SOBRE CAMPS A CAMBIO DE QUE TOME MEDIDAS  

Más tiempo y menos presión interna a cambio de que Francisco Camps adopte alguna decisión que pueda salvar la cara –o al menos maquillarla– del PP valenciano, salpicado por serias sospechas de financiación ilegal. Eso es lo que ofreció (o aceptó, según se mire) Mariano Rajoy el miércoles al presidente valenciano, según revelaron fuentes populares. Dicen los que suelen trabajar habitualmente cerca del líder conservador que este está «decepcionado e intranquilo» con el camino que lleva la rama valenciana del caso Gürtel, que lejos de quedarse en un asunto de trajes, tal y como vaticinaba el equipo de Camps, está mutando en un escándalo de dimensiones impredecibles, a tenor de los últimos informes de la policía. 

Pero si en las últimas horas Rajoy ha dado muestras a los suyos de estar defraudado con su organización en Valencia (que siempre le ha negado la existencia de un Filesa en el PP), Camps, por su parte, no oculta su malestar al sentirse presionado por la dirección nacional del partido para que fuerce dimisiones en su equipo: el líder valenciano quiere hacer gala de su independencia y no limitarse a «obedecer» las directrices de Madrid. Por eso, en el almuerzo que compartió con Rajoy el miércoles, se mostró dispuesto a hacer algún gesto, según las fuentes consultadas. Eso sí, marcando él los tiempos. 

¿Y qué podría hacer Camps para afrontar el problema que tiene entre manos, tal y como le ha solicitado Rajoy? Pues, según parece, convencer a dos de sus colaboradores –Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, y Vicente Rambla, vicepresidente del Ejecutivo autonómico– para que dimitan. Ambos son protagonistas del polémico informe policial que, entre otras cosas, apunta a que los conservadores valencianos habrían organizado una trama de financiación ilegal a través de la empresa Orange Market, vinculada al caso Gürtel. Lo que descartaría Camps sería forzar la salida de Costa y Rambla si no logra alcanzar un acuerdo con ellos.  

Según fuentes populares, las consecuencias de que los citados políticos abandonaran sus cargos obligados por Camps podría empeorar la situación. De momento, Costa se niega a dar voluntariamente el paso. Aún menos si Rambla no hace lo propio. Mientras, Camps apuesta por tomar oxígeno y dejar correr el reloj: el entorno del presidente valenciano, a diferencia de que lo opina Rajoy, cree que el paso del tiempo juega a su favor y que el levantamiento del secreto del caso Gürtel, la próxima semana, podría ayudar a que el informe de la policía sobre financiación pierda fuerza mediática.

Y a la espera de las ansiadas medidas, ayer salieron a la palestra varios dirigentes del PP. El propio Camps quiso teñir de normalidad la reunión que mantuvo en Cuenca con Rajoy y desviar la atención: a su juicio, el único que tiene que dimitir es el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. El vicesecretario autonómico, Javier Arenas, afirmó que la dirección popular apoyará «cualquier propuesta» de Camps –dando por sentado que habrá propuesta– al tiempo que el responsable de comunicación, Esteban González Pons, a la sazón valenciano, reivindicaba la autonomía del presidente autonómico para corregir posibles excesos. «Si alguien en la Comunidad Valenciana la ha hecho, no solo tiene que pagarla. La pagará», declaró a la Cope. 

Y si llovía poco sobre el debilitado tejado del PP, ayer la fiscalía recurrió el archivo de la causa contra Camps por los trajes que, supuestamente, le había regalado Álvaro Pérez, dueño de Orange Market. A juicio del ministerio fiscal, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana archivó este caso basándose en una interpretación errónea del tipo penal de cohecho impropio. Para Rajoy –que ayer se encontraba en Copenhague para apoyar la candidatura olímpica de Madrid–, la fiscalía ha actuado «con saña».  

Lo que no se puede negar es que al líder del PP no se le dan bien las citas olímpicas: está en Dinamarca con la cabeza puesta en el caso Gürtel. En el 2005, estando en Singapur para respaldar el fallido Madrid 2012, Rajoy se vio obligado a emitir desde allí un comunicado para mediar en una polémica mantenida por Josep Piqué con Eduardo Zaplana y Ángel Acebes. Ninguno de los tres está ya en la dirección popular.  

(www.elperiodic o.com, 02/10/09) 

“POR RARO Y SUICIDA QUE PAREZCA, MARIANO A LO DE SIEMPRE, LO QUE DICE PACO” 

“Resistir hasta el final sin mover un dedo”. Éste sería el acuerdo final al que habrían llegado Mariano Rajoy y Francisco Camps ayer por la tarde según el relato a El Plural de un dirigente del PP que prefiere mantenerse en el anonimato. De esta manera el líder del PP se ha llevado por delante la opinión de su secretaria general, María Dolores de Cospedal, y medio partido, que le piden a gritos que actúe en Valencia. “Por raro y suicida que parezca, Mariano ha hecho lo que viene haciendo desde hace años, lo que dice Paco”, añaden estas mismas fuentes. 

Aunque en público no expresan sus diferencias -salvo voces aisladas como la de Vicente Martínez Pujalte quien, dada la “preocupante” situación en Valencia, reclamó “medidas contundentes”-, la indignación en la familia popular crece por momentos ante este inexplicable apoyo incondicional de Rajoy al presidente valenciano. “Piensan que esto es cuestión de quince días y que, si cierran filas, se puede aguantar… ¡Es de locos!”, asegura un diputado del PP, cada vez más preocupado por el “revuelo” que está causando toda esta situación entre los diputados del Grupo Popular.

Agravio a Madrid

Muchos populares contemplan impotentes cómo Rajoy “desautoriza a su secretaria general, agravia a Madrid, donde sí habido dimisiones e ignora a la mitad del partido que reclaman cabezas en Valencia”. Para ellos es incomprensible y no encuentran explicación a los motivos que impulsan a su líder a jugársela de esta manera por Camps.

“No entiendo esa pregunta”

Mientras tanto, los dirigentes del PP se esfuerzan por dar normalidad a este vodevil popular. Así, han enmarcado el encuentro de Alarcón en las reuniones mensuales que mantienen ambos políticos, una reunión, por cierto, que no le constaba a María Dolores de Cospedal, enfrentada con Rajoy por su tibieza frente a Valencia. Preguntada por los periodistas sobre si se sentía desautorizada, ha eludido la respuesta con un “no entiendo esa pregunta”.  

(www.elplural.com, 02/10/09) 

LA FISCALÍA PREVÉ QUE HABRÁ NUEVOS DATOS QUE INCRIMINARÁN A CAMPS 

La Fiscalía pidió ayer al Supremo que revoque la decisión del Tribunal Superior de Valencia de archivar el proceso penal abierto al presidente valenciano, Francisco Camps, por recibir supuestamente regalos de la trama Gürtel. El fiscal considera «prematuro» el cierre del proceso sin haber acabado la investigación y afirma que «no es ilógico pensar» que entre la «ingente documentación» que queda por analizar aparezcan más datos que puedan incriminar a Camps.  

En un extenso escrito firmado por el fiscal de Sala Juan Ignacio Campos, la Fiscalía pide al Supremo que declare contrario a Derecho el archivo de la causa abierta al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, por haber aceptado prendas de vestir regaladas por Orange Market, la empresa de Francisco Correa en Valencia.  

El cierre del proceso contra Camps fue acordado el pasado 1 de agosto por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV), que estimó que no existía cohecho en esa conducta porque no consta ninguna actuación de Camps a favor de Orange Market. El TSJV consideró relevante la circunstancia de que Camps no tenía competencias en la adjudicación a esa empresa de contratos de la Generalitat Valenciana.  

El archivo fue acordado por dos votos a uno. El recurso de la Fiscalía se apoya, en parte, en el voto discrepante del magistrado valenciano Juan Montero. El Ministerio Público piensa, como él, que el tipo de cohecho que se imputa a Camps no exige necesariamente la realización de una actuación concreta por parte de la autoridad que recibe la dádiva, sino que ésta se le haya entregado en consideración a su función.  

De seguirse la interpretación del TSJV, sostiene la Fiscalía, quedaría impune «la admisión de regalos por funcionarios o autoridades cualquiera que fuera el valor de aquéllos (pensemos, por ejemplo, en un inmueble, un vehículo de lujo, un millón de euros, etc.) si no se constata la realización de un acto concreto». Y, sin embargo, «no cabe duda de que la confianza pública en que los funcionarios ejercen sus funciones sometidos exclusivamente al imperio de la ley se ve gravemente dañada con estas conductas».  

Según la Fiscalía, «la experiencia demuestra que en muchas ocasiones la dádiva no tiene por objeto una contraprestación inmediata», sino que se trata de «poner en nómina» a la autoridad o funcionario, «colocándole en una situación de absoluto agradecimiento».  

Por dos veces, el escrito recuerda que la Generalitat Valenciana adjudicó contratos superiores al millón de euros anuales a la empresa que hacía regalos a Camps, el cual, «de facto», podía «favorecer u obstaculizar» la contratación de Orange Market.  

Aparte de la interpretación jurídica del delito de cohecho, el recurso de la Fiscalía es especialmente contundente al argumentar que el archivo del proceso fue «prematuro» porque el Tribunal valenciano declaró la inexistencia de cohecho cuando la instrucción no había finalizado.  

Fue una actuación «contraria a la práctica habitual de los órganos jurisdiccionales» que impide a la acusación pública proponer las diligencias necesarias para determinar los hechos. Se trata de un proceso «enormemente complejo» en el que «se ha recogido un ingente volumen de documentación» procedente, entre otros sitios, de Orange Market y que aún no se ha terminado de analizar.  

Por ello, «no resulta ilógico pensar que pudieran encontrarse documentos relevantes para los hechos investigados», «relevancia que pudiera concretarse en una diferente calificación de los hechos».  

Dos párrafos más adelante, la Fiscalía insiste en que no es posible descartar que «de las diligencias pendientes de practicar resulte la alteración del delito que finalmente se impute a Camps», sugiriendo que podría agravarse el tipo de cohecho del que podría ser acusado el jefe del Gobierno valenciano. 

(www.elmundo.es, 02/10/09) 

RAJOY ACUSA AL MINISTERIO PÚBLICO DE PERSEGUIR «CON SAÑA» AL PP 

La noticia del recurso de la Fiscalía ante el Tribunal Supremo contra el sobreseimiento de la causa contra Francisco Camps por cohecho amargó la visita de Rajoy a Copenhague. En el mismo foro donde compartía un inédito buen rollito con José Luis Rodríguez Zapatero en torno a la candidatura olímpica de Madrid, el presidente del PP acabó por emprenderla sin ambages contra el jefe del Ejecutivo, al que responsabilizó del recurso interpuesto por el Ministerio Público.  

Rajoy afirmó, en declaraciones a Punto Radio, que la presentación del citado recurso para la reapertura de la investigación de los trajes es «una decisión que compete al Gobierno, porque nombra al fiscal General del Estado, y la Fiscalía funciona jerárquicamente, como todo el mundo sabe».  

Por su parte, afirmó que el recurso le parecía «fuera de lugar», pero insistió en que «era evidente» que se iba a producir y acusó en este sentido a la Fiscalía de «actuar con saña y absoluta diligencia» en los asuntos que afectan al PP.  

«No voy a andar con ningún eufemismo», subrayó el líder popular, quien sentenció que «no todos somos iguales ante la ley» y aprovechó para insistir en la recurrente denuncia de su partido sobre la parcialidad del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido.  

«No me sorprende en absoluto», insistió acerca de la noticia, «es decir, nosotros venimos anunciando que la Fiscalía, en todos aquellos asuntos que afectan al PP, actúa en algunas ocasiones con saña y siempre con absoluta diligencia, y en otros, como en el caso que hemos visto del señor Chaves en la Junta de Andalucía, pues mira para otro lado, con lo cual genera la duda sobre si un presidente de una comunidad le puede dar 10 millones de subvención a una empresa en la que la apoderada es su hija».  

En el mismo sentido, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, calificó de «deplorable» que la Fiscalía «actúe a las órdenes» del Gobierno, «con sólo 48 horas de diferencia» de la petición de inadmisión de la querella del PP contra Chaves.

Pons recordaba en un comunicado que la Fiscalía cumplía así con la instrucción hecha pública el pasado mes de agosto por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Además, reclamaba a Conde-Pumpido «ecuanimidad» para investigar la actuación del ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o el caso de Caja Castilla-La Mancha, así como que rectifique su posición sobre «el caso Chaves».  

«La Fiscalía ha puesto de manifiesto, una vez más, su escandalosa parcialidad, su doble vara de medir y su doble cara a la hora de investigar los casos que afectan a políticos del PP y del PSOE», denunció. 

(www.elmundo.es, 02/10/09) 

CAMPS SACA PECHO TRAS LA TREGUA CONCEDIDA POR RAJOY 

Francisco Camps paladeó ayer por unas horas la victoria. Exactamente, el tiempo que aconteció entre el final de su reunión con Mariano Rajoy y el recurso de la Fiscalía ante el Supremo al archivo del caso de los trajes.  

En este lapso se impuso la simulación de que el presidente valenciano había ganado su pulso con la dirección nacional. Pero lo que el miércoles logró Camps en Alarcón fue una tregua: una suspensión cautelar de hostilidades y la retirada de la exigencia de dimisiones urgentes. Rajoy concedía así una oportunidad a Camps para solucionar la crisis política provocada por el informe policial que sitúa a El Bigotes en el epicentro de una trama de financiación ilegal del PP valenciano, amparada por la cúpula del partido y alimentada con jugosos contratos de la Administración autonómica.  

Rajoy llegó a Alarcón con la petición de dimisión de Ricardo Costa en la cartera. El siguiente paso, según fuentes populares, era pedir a Camps el nombramiento de un nuevo secretario general de consenso, que gozara del respaldo de los tres presidentes provinciales. Pero, según estas fuentes, el líder valenciano se escudó en la tragedia para evitarlo.  

Sobre este punto hay dos versiones. Una, que Camps pidió a Costa la dimisión y éste se negó frontalmente. Y la segunda, que el jefe del Consell habría trasladado a Rajoy que si cae Costa y el vicepresidente Vicente Rambla, también implicado en el informe, inexorablemente debería dimitir él. Por solidaridad, mantienen algunas fuentes, o porque ambos, según otras, sólo se limitaron a obedecer.  

Entre los argumentos esgrimidos por Camps ante Rajoy también figura la creencia de que este asunto no tiene recorrido judicial; y, en todo caso, la conveniencia, a su juicio, de esperar a que el asunto se judicialice para pedir dimisiones. También jugó con el argumento de que la presión mediática sobre Valencia decrecerá la semana que viene tras el levantamiento del secreto de sumario del caso Gürtel en Madrid. La última versión sobre su posición es que el líder valenciano espera un milagro.  

Ayer, en su primer acto tras el encuentro en Alarcón, el presidente valenciano negó que hablara con Rajoy sobre este asunto y respecto a la posibilidad de dimisiones dijo con sorna que ambos están de acuerdo en la salida de Zapatero. Desde Génova eran conscientes de que la pillada in fraganti del parador de Alarcón, a medio camino entre Valencia y Madrid y en una suerte de pulso entre iguales, ha colocado al jefe del partido en una posición desairada ante la opinión pública y ante las propias filas del PP. De hecho, Rajoy se mostró molesto por la filtración, que algún miembro de su equipo situó en la propia Comunidad Valenciana.  

Pero el malestar quedó soterrado ante la determinación de preservar el mensaje conciliador inaugurado en las horas previas al almuerzo. Cerca de Rajoy se hacía hincapié en su buena y «sólida» relación con Camps. En el Comité de Dirección se decía que la «libertad» concedida a Camps en la comida justificaba su euforia, pero se insistía en que con ella, y siempre a la espera de decisiones, Rajoy sólo se había desentendido, por ahora, del problema de Paco. 

(www.elmundo.es, 02/10/09) 

'EL BIGOTES' INGRESÓ 153.000 EUROS EN 'B' DEL PP EN LA CUENTA PERSONAL DE CORREA 

El entramado societario que durante años engordó la trama Gürtel trasvasó el dinero que el PP valenciano le pagó en negro por la organización de actos a la cuenta personal de Francisco Correa. Así se desprende del informe de la Brigada Policial de Blanqueo, que establece una correlación «directa» y continuada en el tiempo entre la contabilidad B de las empresas Orange Market y Special Events y el patrimonio del cabecilla de la red a través de cobros al PP -entre otros- fuera de los circuitos legales.  

El documento recoge cómo la filial valenciana de Correa, Orange Market, ingresó en la cuenta personal del cerebro de la trama 153.000 euros que, según los investigadores, previamente cobró en dinero negro al PP autonómico por organizarle dos congresos en los años 2002 y 2004.  

Por el acto más reciente, el PP pagó en dos tandas a Álvaro Pérez El Bigotes, el lugarteniente de Correa en la Comunidad Valenciana y máximo responsable de Orange Market. Los investigadores fechan un primer pago en enero de 2005 por un importe de 50.000 euros. Los 30.000 restantes se ingresaron en el mes de marzo. El congreso provincial se había celebrado en noviembre de 2004. El dinero, certifica la Policía, fue a parar a la caja de Correa, encarcelado desde que estalló el escándalo.  

La Policía también recoge un episodio similar a propósito del X Congreso regional del PP celebrado en el año 2002 en Valencia en el que, además, especifica la cantidad que se pagó por los cauces legales. El valor total del acto se fijó en 240.582 euros de los que, según el informe, 90.151 se facturaron por los trámites ordinarios -con IVA- y se abonaron a través de un cheque de 10 de diciembre de 2002.  

El resto, 150.430 euros, se habría pagado en negro. Se distribuyen de la siguiente manera: un primer cobro en efectivo de 25.000 euros en septiembre de 2002 y otro de 30.000 al mes siguiente; ya en enero de 2003, el PP entrega a la red Gürtel 75.421 euros, y hubo, por fin, un último pago de 20.000 euros dos semanas después. En total, 150.421. Es decir, que existe una diferencia de nueve euros sobre el valor determinado inicialmente.  

Una de las entradas, la de 75.421 euros, no se anotó. Del pico, los 421 euros, nada se sabe. El resto «no llega a entrar en caja porque se dan 73.000 a Correa y 2.000 a Álvaro Pérez» para invitaciones de «cortesía», según la Policía. Es decir: el cabecilla de la red Gürtel recibió estos 73.000 del congreso de 2002 más otros 80.000 por el de 2004.  

La Brigada Policial de Blanqueo sostiene en el documento que ése dinero que nutría las cuentas de Francisco Correa servía para financiar los gastos de la propia organización, para desviarlo a fondos en el exterior, como por ejemplo Suiza o Ginebra, o para la entrega de dinero a cargos públicos entre los que cita al ex tesorero del partido Luis Bárcenas.  

«Una parte de las entradas (en la cuenta) corresponde a traspasos de cobros por actos realizados para el Partido Popular y las salidas al pago de gastos generados por el propio Correa y a la entrega de dinero a cargos públicos», especifica la Policía en su informe. Tras rastrear la cuenta personal del director de orquesta de la trama Gürtel, los investigadores localizaron también «entradas procedentes de comisiones pagadas por personas de empresas constructoras, de aportaciones de Álvaro Pérez o de cobros de procedencia desconocida».  

Este periódico ha tenido acceso a la contabilidad oficial del PP y ha constatado la dificultad para cuadrar los actos con las sumas pagadas por ser muy genéricas. 

(www.elmundo.es, 02/10/09)

EL PP SE RINDE Y DEJA QUE SEA CAMPS QUIEN MADURE CUÁNDO TOMAR MEDIDAS 

La dirección nacional del PP se rinde. Constatado que, tras 48 horas de presiones públicas y privadas, Francisco Camps no está dispuesto, al menos de momento, a cortar cabezas para atajar el escándalo de la posible financiación ilegal de su partido, los estrategas de la calle Génova (sede central del PP) han decidido dejar de empujar al presidente valenciano. La dirección nacional, según varias fuentes de Génova, está absolutamente convencida de que tarde o temprano esas cabezas tendrán que rodar, y prefería que fuera cuanto antes, pero ante la imposibilidad de convencer a Camps ha dejado que sea él quien madure esa compleja decisión. 

En el pulso mantenido durante 48 horas entre Madrid y Valencia, los papeles han quedado perfectamente definidos. Dolores de Cospedal, la secretaria general, ha ejercido el de mala de la película, con un choque dialéctico virulento con Camps el lunes, cuando le exigió por teléfono que tomara medidas "contundentes". Mariano Rajoy, por el contrario, ha ejercido de pacificador, hablando con el presidente valenciano constantemente para intentar aplacar su enfado por la actuación de Cospedal. 

Pero como las múltiples llamadas no eran suficientes, Rajoy y Camps quedaron ayer sin avisar a nadie en el parador de Alarcón (Cuenca), según confirmaron fuentes del PP después de que la cadena SER desvelara la noticia. La comida y sobremesa, de hasta cinco horas según varias fuentes, sirvió para pacificar definitivamente los ánimos entre Madrid y Valencia, aunque nadie sabía a última hora de la noche si se había tomado alguna decisión. 

Mientras, en el grupo parlamentario y en algunas direcciones regionales se instalaba ayer una cierta preocupación ante la evidencia de que Camps, y también Ricardo Costa y Vicente Rambla, los dos principales candidatos a la destitución, según todas las fuentes, han ganado la primera ronda del pulso con Madrid. 

"Rajoy ha demostrado una vez más que nunca mata a la primera; lo hace lentamente, como sucedió con Bárcenas, y eso tiene el problema de que transmite la sensación de falta de autoridad interna, pero es su estilo y nadie lo va a cambiar", sentencia un diputado. 

Algunos de los más fieles a Rajoy admiten esa lentitud a la hora de tomar decisiones en momentos difíciles, pero creen que eso le fortalece. "El camino de Rajoy a La Moncloa es una carrera de obstáculos, esperemos que éste sea el último. Pero a estas alturas todo el mundo sabe que Mariano consigue superarlos todos", sentencia otro. "Cada vez estamos mejor en las encuestas; Gürtel no tiene efectos electorales", repiten como un mantra varios marianistas. 

Con su estrategia de meter presión a Camps a través de Cospedal, Rajoy ha logrado, además, según otros miembros de la dirección, un objetivo importante: instalar en la opinión pública la idea de que éste es un problema de Valencia, que a él no le afecta. 

Varios marianistas analizan que Rajoy y Camps mantienen su estrecha relación personal, pero el apoyo cerrado en público que le brindó en el caso de los trajes ya no es posible. El líder del PP, que antes de la comida con Camps se reunió con Cospedal en el Congreso, no quiso hacer ningún tipo de declaración, tampoco de apoyo a su barón en apuros. Sólo aceptó hablar a la prensa de la candidatura de Madrid 2016, y cuando se le preguntó por posibles dimisiones en Valencia, hizo un quiebro: "En Valencia, como todos los españoles, apoyan la candidatura de Madrid 2016". 

Algunos miembros de la dirección están molestos por la actitud de Camps, que en lugar de ofrecer explicaciones claras sobre la posible financiación ilegal, se burló en el Parlamento de la oposición y de lo que él define como "el lío" en referencia al caso Gürtel. Muchos achacan su ausencia de reacción al hecho de que él no puede obligar a dimitir a Costa ni a Rambla tan fácilmente, puesto que el presidente está personalmente implicado en el escándalo, ya que Álvaro Pérez, El Bigotes, habla de él en varias de las conversaciones e incluso afirma que si tiene problemas para cobrar las deudas hablará con la esposa del líder, muy amiga suya. 

Sin embargo, otros dirigentes son mucho más comprensivos y confían en que el barón de la Comunidad Valenciana tardará un tiempo, pero sabrá resolver el asunto de la única forma que desde Madrid se entiende como posible: cortando cabezas. "Camps tiene que digerir el golpazo que se ha llevado. Eso no se hace en dos días. Cuando estalló el caso Gürtel en Madrid también hubo este desconcierto, y luego se tomaron decisiones. Camps ha sido leal con Rajoy, hay que dejarle margen de maniobra". 

Algunos dirigentes temen, sin embargo, que Camps esté dejando pasar los días a la espera de que el asunto, con el tiempo, abandone las portadas de los periódicos, y así poder hacer lo que más cómodo le resulta, esto es, insistir en que todo es un montaje y no tomar ninguna decisión. Camps confía, señalan varios diputados, en que el informe policial pueda acabar en el limbo jurídico. 

En cualquier caso, la crisis ha ahondado la fractura de Camps con Cospedal, que se fraguó con la polémica por el Estatuto de Castilla-La Mancha, que marca el fin del trasvase Tajo-Segura en 2015. Algunos diputados insisten en que a ella aún se la ve mucho más como dirigente territorial de Castilla-La Mancha que como secretaria general, y en ese campo Cospedal no puede vencer a Camps. "En Valencia gobernamos y ella está en la oposición. Camps aporta un millón y medio de votos en las generales, ella está por ver. No está en condiciones de exigirle nada", sentencia otro. 

(www.elpais.com, 01/10/09) 

RAMBLA Y COSTA COMPITEN EN BUSCAR APOYOS PARA REFORZARSE ANTE CAMPS 

La fractura entre el secretario general del PP y portavoz parlamentario, Ricardo Costa, y el vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, cobró ayer dimensiones abismales. Ambos, salpicados por el escándalo de la supuesta financiación irregular del partido, llevaron hasta el Grupo Popular de las Cortes Valencianas su duelo particular. 

En el segundo y último día del debate de política general -y en ausencia del presidente de la Generalitat, Francisco Camps-, ambos aprovecharon la larga jornada para recabar apoyos en el grupo parlamentario y blindar su posición. 

Costa buscó las adhesiones de los diputados, alguno de los cuales no dudó en hacer ostensibles las muestras de afecto hacia el secretario general del PP. Rambla, que a diferencia de Costa no ha pateado el partido desde abajo, optó por ganar apoyos en el Gobierno y en el círculo de confianza de Camps. Fundamentalmente, el del vicepresidente tercero, Juan Cotino, y el de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Una situación que levantó expectación e incredulidad entre los diputados del PP. 

Ambos son conscientes de que el distanciamiento y la frialdad con la que les obsequió Camps el pasado martes, en la primera jornada del debate de política general, es una muestra clara de su disgusto. Algo que detectaron un buen número de diputados populares. No obstante, el entorno de Camps reconoce que el presidente no les pedirá la dimisión, sino que, en todo caso, esperará a que sean ellos mismos quienes presenten la renuncia. "El presidente no va a hacer nada bajo presión, es posible que más adelante, pero no ahora", explicó un miembro de su equipo. La misma fuente reconoce que Camps sí estudia sus opciones para salir de la grave crisis en la que se halla a raíz del caso Gürtel. 

"Como dijo Santa Teresa, paciencia", afirmó por la mañana el vicepresidente Cotino, que apuesta por evitar las decisiones tomadas en caliente. 

Sin embargo, la sensación entre los diputados valencianos del PP traslucía nerviosismo. "Habrá que ver lo que hace Camps, pero esto parece ya el sálvese quien pueda. Lo de Rambla y Costa intentando que pague el otro [por el escándalo de la supuesta financiación irregular] es lamentable", señaló un parlamentario. 

Costa y Rambla, que durante toda la jornada de ayer hicieron ostensible su distanciamiento, desplegaron una intensa actividad dentro de la bancada popular para defender su decisión de mantenerse en el cargo. 

El número dos del PP logró durante el debate varias muestras de afecto de los diputados. "No puede dimitir porque ello supondría reconocer que el informe policial [sobre supuesta financiación irregular] es verdadero", argumentaba uno de sus partidarios. 

"Rambla sólo aparece mencionado en las conversaciones grabadas por la policía en boca de Costa y de El Bigotes. Si alguien tiene algo contra él debería denunciarlo. Pero él no era el responsable en el partido", indicaban los de Rambla. 

Sin dimisiones voluntarias, Camps ha decidido recurrir a su jugada favorita, el enroque, antes de moverse en el tablero.  

CAMPS ELUDE HABLAR DE DIMISIONES PERO PIDE LA DE ZAPATERO 

El Partido Popular sigue echando balones fuera sobre la presunta financiación irregular del partido en Valencia y Madrid.  Desde la persecución de Gobierno, jueces y Fiscalía al "montaje" y "chapuza" del informe policial. Esta vez ha sido Camps, quien se resiste a forzar dimisiones en el PP valenciano -exigidas por Génova-, pero pide la del presidente del Gobierno.

El presidente de la Generalitat valenciana ha eludido este jueves comentar si en el encuentro mantenido ayer con Mariano Rajoy hablaron de dimisiones en el PP valenciano y ha dicho que a quien pediría que dimitiera es al presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero. 

Camps ha sido preguntado por los medios de comunicación sobre si él y el presidente del PP, Mariano Rajoy, hablaron ayer, durante el almuerzo que mantuvieron en Tarancón (Cuenca), de dimisiones en el PP de la Comunitat Valenciana tras las investigaciones sobre presunta financiación ilegal del partido. 

El presidente de la Generalitat valenciana se ha limitado a contestar a la pregunta que él a quien le pediría la dimisión es al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, porque es necesario que convoque elecciones generales ya que España necesita "un cambio de rumbo urgente". 

En el encuentro de ayer, ha añadido, "estuvimos hablando del presente y del futuro de España porque estoy convencido de que ayer, como tantas veces, estaba hablando con el futuro presidente del Gobierno de España". 

Según Camps, Rajoy y él también conversaron sobre "las personas que no tienen trabajo, las familias que lo están pasando mal y también hablamos que no se pueden subir los impuestos para generar riqueza". 

Tras insistir en que el encuentro de ayer es "una constante desde hace muchos años", ha afirmado que durante la reunión le pidió a Rajoy que defendiera los intereses de la Comunitat Valenciana, porque "vuelve a salir mal parada" en los Presupuestos Generales del Estado para 2010. 

(www.publico.es, 01/10/09) 

LA PRESIDENTA DE LAS CORTES VETA UNA PROPUESTA DE REPROBACIÓN 

Las Cortes Valencianas, que preside Milagrosa Martínez, del PP, rechazaron tramitar una propuesta del grupo Compromís (una alianza de Iniciativa del Poble Valencià y el nacionalista Bloc) que solicitaba reprobar al presidente de la Generalitat por haber mentido ante el Parlamento autónomo en decenas de ocasiones. 

Francisco Camps aseguró ante las Cortes, por ejemplo, que alguna vez le habían presentado a Álvaro Pérez, El Bigotes, quien resultó ser uno de sus interlocutores telefónicos la noche de Nochebuena, según consta en una grabación policial que revela la íntima relación entre ambos. También reiteró que deseaba declarar ante el juez para aclarar que nadie le había regalado trajes, algo que no niega el auto de archivo de la causa por cohecho que instruyó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 

La iniciativa para reprobar a Camps es la única de las decenas de propuestas que se debatieron ayer en las Cortes que no fue tramitada. La presidenta de la Cámara argumentó que la iniciativa de Compromís entrañaba una moción de censura encubierta. Pero esa Cámara sí reprobó a la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, y a Emilia Caballero, que ejerció como Defensora del Pueblo de ámbito autonómico de forma interina durante dos años porque el PP y el PSPV no fueron capaces de acordar su relevo. 

Milagros Martínez, que fue consejera de Turismo durante la pasada legislatura, adjudicó en 2004 a Orange Market su primer contrato con la Generalitat valenciana para montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur. En una grabación policial realizada cuando Martínez asumió la presidencia de las Cortes, El Bigotes dijo: "Voy a comprar un reloj a la consejera actual de Turismo como se lo compré a la anterior, que se portó bien conmigo". 

(www.elpais.com, 01/10/09) 

RAJOY Y CAMPS SE REÚNEN EN PRIVADO EN PLENA TORMENTA DEL CASO CORREA  


El líder del PP, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se reunieron ayer en privado en el Parador de Alcorcón (Cuenca) en plena tormenta por las últimas revelaciones del caso Gürtel que apuntan a una supuesta financiación irregular en la formación popular. Horas después, durante la inauguración de la exposición de Sorolla en Bancaixa a la que llegó con una hora de retraso, el jefe del Consell confirmó a Levante-EMV el encuentro. En declaraciones a este periódico, el presidente aseguró que no se habló del escándalo político que azota a su partido. Según el jefe del Consell, el almuerzo, que se prolongó por espacio de cinco horas, se enmarca dentro de las reuniones habituales que mantiene con el presidente nacional. "Es una reunión entre amigos que se hace todos los meses desde hace cinco años", explicó Camps, quien además detalló que él y Rajoy firmaron autógrafos y se hicieron fotos con otros comensales del parador. La mesa de los populares estaba separada del resto por un simple biombo.

Con todo, pese a la normalidad con la que Camps se refirió a su comida con Rajoy, la cita está cargada de contenido. Se produce en un momento de gran tensión política y cuando algunas voces hablan de distanciamiento entre Rajoy y Camps por la resistencia de éste último a depurar responsabilidades por el caso Correa. El almuerzo, además, tuvo lugar el mismo día en que la Fiscalía Superior de Valencia dio a conocer el archivo de la denuncia presentada por el PP contra la policía por el informe que ha puesto sobre las cuerdas a la cúpula popular valenciana. La decisión supone un nuevo varapalo para la formación que lidera Francisco Camps y, en concreto, para Ricardo Costa, cuya defensa, centrada en desacreditar el informe policial, salta por los aires. De hecho, algunas fuentes consultadas ayer por este diario mantuvieron que Rajoy tenía previsto pedirle personalmente a Camps el relevo de su número dos.Otras fuentes mantienen que la dirección nacional del PP ha optado por rebajar la presión pública y dar manos libres a Camps para que ataje el escándalo y depure responsabilidades. De ser así, Rajoy le habría comunicado en persona que tiene margen de maniobra, pero que es necesario que actúe. En principio, se apunta a que el cese de Costa no sería suficiente y que tendría que sacrificar también al vicepresidente Vicente Rambla para que el cortafuegos sea efectivo y se traslade a la opinión pública una imagen contundente de que el PP actúa contra la corrupción. 

La negativa de los máximos referentes del PP a lo largo del día de ayer a hablar sobre lo que debe hacer Camps abona la teoría de que Génova quiere aliviar la presión sobre Camps. Rajoy, al ser preguntado sobre posibles dimisiones, se fue por la tangente. "En Valencia yo creo que, como todos los españoles, están apoyando la candidatura 2016, y que se van a llevar una alegría como todos".  

Sin embargo, en privado, dirigentes populares siguieron exigiendo medidas "ejemplarizantes" a Camps, a imagen y semejanza de la respuesta que tuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Según un teletipo de la agencia Efe, miembros del comité ejecutivo nacional precisaron que los ceses deben alcanzar también a Vicente Rambla y a David Serra, vicesecretario de organización del PP. En cuanto a Ricardo Costa, ayer se comparaba su "resistencia" en dejar el puesto con la que mostró el tesorero del partido, Luis Bárcenas.  

(www.levante-emv.com, 01/10/09) 

LA TRAMA GÜRTEL PARTICIPÓ EN LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA AUNQUE EL CONSELL LO NEGÓ  

A la trama corrupta dirigida por Francisco Correa no se le escapó ninguna oportunidad de pescar en nichos de negocio promovidos, patrocinados o amparados por la Generalitat y el Partido Popular. Orange Market, la marca con la que ha operado la red Gürtel en la Comunitat Valenciana, también participó en la organización de la visita que el Papa Benedicto XVI hizo a Valencia con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias. Los documentos que recogen el flujo de dinero negro entre la empresa de Álvaro Pérez y el resto del conglomerado empresarial presuntamente delictivo revelan que el número dos de la trama, Pablo Crespo Sabaris, hizo una "entrega" de 10.000 euros para sufragar "gastos de producción de la visita del Papa".  

La inscripción aparece en un apunte contable que lleva fecha del 7 de julio de 2006, exactamente un día antes de que el Papa aterrizara en el aeropuerto de Manises para protagonizar un fin de semana intenso, con la multitudinaria misa en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias como plato fuerte, y cuatro días después del accidente del metro.  

Esta información contable consta en las hojas guardadas en el pendrive incautado al contable José Luis Izquierdo en el piso del número 40 la calle Serrano de Madrid. El archivo se estructura en distintas columnas que recogen la fecha, el concepto, los pagos, ingresos y saldo de la caja B entre agosto de 2005 y enero de 2009 y exclusivamente en lo que respecta al trasiego de dinero "ajeno a los circuitos económicos " -observa la policía- entre Orange Market y la oficina de recaudación que tenía montada Francisco Correa para engordar su patrimonio.

La fundación lo desmintió

El citado registro de 10.000 euros sacados en metálico por quien fue cofundador de Orange Market constituye una prueba concluyente de la participación de esa firma en el montaje de la efeméride religiosa y rebate la versión del Consell, que, a través de su vicepresidente primero Vicente Rambla, ha negado reiteradas veces cualquier relación de Álvaro Pérez con el acontecimiento. La propia fundación V Encuentro Mundial de las Familias (en la que participaba la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia, la diputación y el Arzobispado) también fue tajante al asegurar que Orange Market no había tenido nada que ver con los actos de la visita papal. Esos desmentidos se produjeron cuando, al poco de estallar el escándalo Gürtel, se hicieron públicas unas grabaciones en las que cabecillas de la trama alardeaban de que Álvaro Pérez iba a ser designado por el presidente Francisco Camps "coordinador" de los actos de la visita, dada su experiencia en la organización de todo tipo de saraos. 

Entre las salidas de caja "B" -que suman un total de 450. 413 euros entre 2005 y 2007- constan dos entregas a Álvaro Pérez inscritas con el concepto "compra de apartamento". El primero de los apuntes asciende a 12.000 euros y es de 12 de abril. La segunda anotación, de 42.000, es del 13 de julio, seis días después del pago por la visita del Papa. También figuran en esa relación los 540 euros con los que el presidente de la franquicia valenciana de la trama compró una máquina de contar dinero. En esas fechas, Pablo Crespo -también cofundador de Orange Market- hizo varias entregas de 6.000 euros al delegado comercial de la trama en Valencia en concepto de "sueldo". También aparecen cantidades en negro que fueron a parar a empleados de la empresa. En unos casos, de apenas 1.350 euros y, en otro, de 6.000. Esta última cantidad es la que recibió la hermana del jefe, Álvaro Pérez, el 14 de febrero de 2006. La familia tira mucho. 

(www.levante-emv.com, 01/10/09) 

EL PP SE ESTRENÓ COMO CLIENTE CON 150.000 EUROS EN ´B´

Los pagos en dinero negro a la trama de Correa forman parte de una tradición del PP valenciano muy anterior al nacimiento de Orange Market como empresa, en julio de 2004. El primer servicio prestado por el cabecilla de la red Gürtel, como organizador de actos de los populares en la Comunitat Valenciana, fue sufragado casi en dos terceras partes del coste total en dinero de caja "B". Se trata del congreso regional, celebrado los días 28 y 29 de septiembre de 2002 y cuyo montaje corrió a cargo de Special Events, la entonces matriz de un conglomerado de empresas que no había alcanzado el desarrollo que después adquirió y firma de cabecera de la dirección popular de la calle Génova en la organización de campañas y actos.  

La contabilidad "Barcelona" de la trama en Madrid revela que por ese congreso, Special Events cobró 240.582 euros, IVA aparte. Los pagos se hicieron en cinco capítulos. El 10 de diciembre de 2002, el PP entregó un cheque por 90.151,82 euros, soportados en la correspondiente factura. El resto, nada menos que 150.430,95 euros, se abonó en cuatro pagos, todos ellos en dinero negro por importes de 25.000, 30.000, 75.421 y 18.500 euros. La primera cantidad fue entregada a cuenta una semana antes del acto (el 20 de septiembre) y las otras tres -el 23 de octubre, el 9 de enero y el 23 de enero de 2003- cuando ya se había celebrado la convención política. No fue un congreso cualquiera, sino el de la transición en el seno del partido, obligada por el salto de Eduardo Zaplana a la política nacional para convertirse en ministro de Trabajo. Francisco Camps, designado candidato a la Generalitat en 2003,accedió al cargo de secretario general y su mentor, el ministro, fue reelegido por cuarta y última vez presidente del PP en aquel congreso. Entre las competencias y obligaciones que los estatutos del partido otorgan al secretario general, entonces y ahora, figura la "autorización" última de los gastos y la certificación de los ejercicios contables. Así se recoge en el punto primero del artículo 42 de las reglas internas del PP. Por aquel entonces, Álvaro Pérez era en Special Events el responsable de las relaciones con el PP, cliente preferente. No por otra razón fue elegido por Correa para montar Orange Market en Valencia. 

(www.levante-emv.com, 01/10/09) 

RAJOY CITA A CAMPS EN CUENCA PARA PACTAR SU DEFENSA ANTE LA GÜRTEL 

La gravedad de lo que está ocurriendo en el PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) se escenificó ayer en un cara a cara entre el líder del PP, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Ambos se reunieron en un almuerzo para discutir cómo encarar la nueva crisis interna que se ha desatado tras salir a la luz el informe policial que aporta claros indicios de financiación ilegal en el PP valenciano.  

El encuentro, que se celebró en terreno neutral en el Parador de Alarcón (Cuenca), se prolongó durante varias horas. Desde el círculo de Rajoy confirmaron la cita, pero evitaron desvelar sus detalles bajo la excusa de que se trataba de una conversación privada. Camps, por su parte, llegó con casi una hora de retraso a la inauguración de una exposición de Sorolla y trató de mantenerse en todo momento "blindado" frente a los periodistas, informa Belén Toledo.  

Desde el PPCV trataban de quitarle importancia al encuentro insistiendo en que no había sido "secreto". "Forma parte de los encuentros habituales que mantienen una vez al mes", mantenían. A la salida del acto, Público preguntó a Camps si se habían barajado dimisiones. Este respondió con evasivas: "Estoy encantado porque Fernando Alonso va a correr en Ferrari y su grupo de comunicación podrá retransmitir excepcionalmente el Gran Premio de Fórmula1. Dele recuerdos a Roures de mi parte", dijo en referencia a Jaume Roures, socio de Mediapro y uno de los propietarios de este diario. 

Mariano Rajoy, por la mañana, tampoco aclaró nada. "En Valencia, como todos los españoles, apoyan la candidatura de Madrid 2016 y se van a llevar una alegría", señaló en el Congreso.  

Ante la incertidumbre, en las filas conservadoras se dispararon las especulaciones. La mayoría de dirigentes daba por hecho que Camps no iba a renunciar a su cargo. Todos pensaban más bien en la salida "ejemplarizante" del secretario general de la formación regional, Ricardo Costa, y del vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, ambos implicados en la trama Gürtel. Algunos incluso apuestan por una remodelación completa del Gobierno autonómico. En los próximos días se pondrán de manifiesto las medidas "contundentes" que Rajoy y Camps han cerrado.  

El nombre de Costa está en todas las quinielas al aparecer en la investigación como la persona que cerraba con Álvaro Pérez, El Bigotes, los pagos en negro por actos del partido. Que la Fiscalía rechazara ayer la denuncia que presentó contra los autores del informe policial, que él calificó de "montaje", le ha dejado todavía más en evidencia. 

Pero la mano derecha de Camps está resistiéndose. Según quienes le rodean, Costa está dispuesto a pelear con uñas y dientes para no convertirse en el chivo expiatorio de toda esta historia. Algunos cargos valencianos señalan, en su defensa y apuntando hacia arriba, que "el partido tiene una historia" y que él siempre ha sido "muy leal y ha actuado según le han dicho". 

Los conservadores valencianos, que han mantenido durante todos estos días que sus responsables habían hecho "las cosas bien", seguían defendiendo ayer que era "extraño que nadie se hubiese hecho cargo del informe". "Si hay irregularidades, los tribunales deberían actuar ¿no?", señalaban.  

La tormenta se barruntaba ayer desde primera hora de la mañana. La dirección del PP había asistido con estupefacción a la pasividad de Camps. El PPCV había anunciado que iban a adoptar cuatro iniciativas "excepcionales", entre las que se contaban una nueva auditoría o una comisión para fiscalizar las cuentas del PP y del PSOE, aunque los socialistas no están en el punto de mira. Pero en las filas conservadoras sonaron insuficientes. 

Por eso, en una entrevista en Veo7, María Dolores de Cospedal, mandaba un nuevo recado a Camps. Reiteraba la "confianza" que el partido mantiene en él y volvía a darle carta blanca para adoptar las decisiones que considerase oportunas, pero con un apunte. 

La secretaria general recordó que durante estos días se había venido celebrando el debate de política general en la Comunidad Valenciana y que, por tanto, Camps estaba inmerso en sus tareas "como presidente de todos los valencianos". Pero insistió en que esperaba que actuara "como tiene que actuar", realizando un especial hincapié en que "todo el mundo tiene sus tiempos". Con ello parecía estar emplazando a Camps a ocuparse de los asuntos internos en cuanto tuviese ocasión. Y ese momento arranca a partir de hoy, cuando, sin cita en Les Corts, no hay más excusas para posponer decisiones. 

La secretaria general del PP había asistido poco antes a un reunión de más de 40 minutos en el Congreso para marcar la estrategia. Fue una minicumbre del Comité de Dirección a la que asistieron también Esteban González Pons, Soraya Sáenz de Santamaría y Ana Mato.  

El lunes, Cospedal había dicho que la cúpula no iba a poner "plazos, ni condiciones" al PP de la Comunidad Valenciana, dando a Camps "libertad" para actuar "convenientemente". Pero ayer, todo se precipitó y hubo una nueva vuelta de tuerca. La mano derecha de Rajoy se mostró "absolutamente" dispuesta a depurar responsabilidades en su partido al recalcar que "quien haya hecho cosas que no se tienen que hacer, no estará en él".  

(www.publico.es, 01/10/09) 

RAJOY OCULTÓ A COSPEDAL SU REUNIÓN CON CAMPS 

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado hoy que se enteró por la prensa de la cumbre que ayer mantuvieron su líder, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. 

Si el hecho de que el presidente de un partido no informe a su número dos de una reunión de la trascendencia de la que se celebró ayer en Cuenca resulta sorprendente, lo es mucho más porque Rajoy y Cospedal mantuvieron una reunión de dos horas que concluyó pocos minutos antes de que el líder partiera hacia su encuentro con el presidente valenciano y en la que se abordaron los problemas del PP valenciano a cuenta del caso Gürtel. 

Cospedal se ha negado a responder a los periodistas sobre el carácter de la ocultación de esta información. Inquirida sobre si se sentía desautorizada por el líder de su partido se ha limitado a asegurar: "No entiendo la pregunta". 

(www.elpais.com, 01/10/09) 

LA FISCALÍA RECURRE EL ARCHIVO DEL 'CASO GÜRTEL' EN VALENCIA 

La Fiscalía Anticorrupción ha formalizado hoy el recurso ante el Tribunal Supremo contra el archivo de la trama valenciana del caso Gürtel que dictó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV). El Ministerio Público sustenta el recurso de casación en dos motivos: una interpretación errónea del artículo 426 del Código Penal, que recoge el cohecho pasivo impropio; y que la causa aún se estaba investigando y por tanto se ha hurtado un mayor conocimiento de los regalos que recibió Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, y otros tres altos cargos, así como las contrataciones de la administración autonómica con la empresa nuclear del entramado: Orange Market. 

La Fiscalía pide al Tribunal Supremo que anule el auto en el que el tribunal presidido por el magistrado Juan Luis de la Rúa, al que Camps se refirió públicamente como "más que un amigo". La sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Valenciano consideró que no existía delito porque interpretó que era necesaria una relación de causalidad. 

El artículo 426 del Código Penal considera delito la aceptación de dádivas o regalos por parte de cargo o funcionario público. Al presidente Camps, al secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa; a Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat valenciana; y a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la consejería de Turismo, se les imputó por ello. Y el juez instructor, José Flors, consideró que existían indicios para continuar investigando. 

Pero De la Rúa y José Francisco Ceres entendieron que no podía haber habido delito porque ninguno de los imputados tenía posibilidad de contraprestar a quien realizó los regalos. El tercer magistrado del tribunal, Juan Montero, emitió un voto particular en sentido contrario. Lo que sí firmaron los tres sin discusión fue la eliminación de la causa del informe de la policía que llegó un día antes del archivo y que recoge indicios de una posible financiación irregular del PP valenciano, en la que habría participado Orange Market. 

La acusación popular, los socialistas valencianos, presentaron su recurso de casación en términos similares el pasado lunes. 

(www.elpais.com, 01/10/09) 

GONZÁLEZ PONS: "SI ALGUIEN LA HA HECHO EN VALENCIA, LA PAGARÁ" 

El secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha asegurado este jueves que "haga lo que haga" el presidente valenciano, Francisco Camps, en el PPCV por el caso Gürtel, "va a contar con el respaldo" de la dirección nacional del partido. 

Pons ha hecho esta afirmación en unas declaraciones a la Cadena COPE, en las que ha recalcado que no tiene "ninguna duda" de que "si alguien en la Comunidad Valenciana la ha hecho, no sólo es que tenga que pagarla, es que la pagará". 

Se ha referido al encuentro que, durante cinco horas, mantuvo ayer el presidente del PP, Mariano Rajoy, con Francisco Camps, en el parador nacional de Alarcón (Cuenca), para analizar la situación ante las acusaciones de una supuesta financiación ilegal del partido.

Pons ha dicho que fue un encuentro "natural" entre dos personas que son colaboradores y amigos y que, por diversos actos políticos, no habían podido verse en estos días que, según ha dicho, "están siendo dificilísimos". 

"Muy secreto no debía de ser porque quedaron en un parador de turismo, como todo el mundo sabe, es administración del Estado, jerárquicamente depende del Gobierno socialista, y todo el mundo iba a acabar enterándose. Por lo tanto, ha sido un encuentro natural y discreto", ha manifestado. 

Ha denunciado la existencia de "una mano negra política del peor estilo" que "dosifica" las filtraciones sobre el caso Gürtel para perjudicar al PP y ocultar otros asuntos como la crisis, la aprobación de unos Presupuestos "mentirosos", la Ley del Aborto o la subida de impuestos y que, además, "está consiguiendo su objetivo". 

Pese a insistir en que, "si hay que tomar alguna decisión, en el sentido que sea", le corresponde al PP de Valencia y a Camps, el dirigente del PP ha recalcado que todas las informaciones sobre financiación ilegal de este partido se basan en un informe policial "que puede ser cierto o no".

Ha llamado la atención sobre el hecho de que nadie haya resaltado que el archivo de la denuncia presentada por el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, contra ese informe policial esté firmado por el marido de la diputada del PSOE en el Congreso Juana Serna. 

"Ese sumario se está filtrando a costa del partido de la oposición y en función de los intereses del Gobierno de España", ha insistido González Pons, quien ha añadido que ha habido momentos a lo largo de este año en los que ser del PP "era sentirse verdaderamente amenazado por el Gobierno". 

(www.publico.es, 01/10/09) 

RAJOY SOBRE LA GÜRTEL: "EN VALENCIA APOYAN A MADRID 2016" 

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha respondido con su típica ironía gallega  a una pregunta sobre si, a su juicio, deben producirse dimisiones en el PP de Valencia, acosado por las últimas informaciones sobre el 'caso Gürtel': "En Valencia, como todos los españoles, apoyan la candidatura de Madrid 2016 y se van a llevar una alegría". Nada más. Rajoy ha concluido su intervención en la sesión de control alrededor de las 09.15 horas, pero no ha salido del Congreso hasta poco antes de las 13.00 horas. 

Durante ese tiempo ha estado reunido en el despacho que tiene en el Congreso con algunos de los más destacados dirigentes de su partido, como la portavoz del grupo en la Cámara, Soraya Sáenz de Santamaría, o los vicesecretarios Ana Mato y Esteban González Pons. La secretaria general, María Dolores De Cospedal, se ha unido a dicha reunión sobre las 12.00 horas.

Por ello, cuando Rajoy se disponía a abandonar el Congreso ha recibido las preguntas de los periodistas, en concreto dos. La primera ha versado sobre las posibilidades de Madrid para acoger los Juegos Olímpicos de 2016 y si bien ha reconocido que "no es fácil", y más con la competencia del presidente de EEUU, Barack Obama, y del de Brasil, Lula da Silva, para defender las aspiraciones de Chicago y de Río de Janeiro, ha destacado que a la cabeza de la delegación española acude el Rey.

No obstante, ha recalcado que tiene confianza en las posibilidades de Madrid, toda vez que el trabajo hasta llegar a Copenhague, donde el próximo viernes se decidirá la sede olímpica, "se ha hecho muy bien". "Se ha dado la batalla y ojalá tengamos suerte", ha puntualizado.  

COSPEDAL DICE NO SABER NADA DE LA REUNIÓN ENTRE RAJOY Y CAMPS 

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró esta noche que no tiene "constancia" de la celebración de la reunión secreta entre el presidente del partido, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. "No tengo la constancia por ellos", dijo en referencia a sus compañeros de partido, "de que eso haya sido así o durante el tiempo que se dice que se ha hecho y, por lo tanto, no lo voy a comentar". 

En declaraciones a Telemadrid, Cospedal sostuvo que ella se había enterado a través de los medios de comunicación del encuentro celebrado en el parador de Alarcón (Cuenca). "La verdad de lo que sé es que el conocimiento que se ha tenido", especificó Cospedal, "ha sido por medios de comunicación. Esta tarde no he hablado ni con Rajoy ni con Francisco Camps". 

La secretaria general del PP, que reiteró su confianza en Francisco Camps -"Camps es el que tiene que decir lo que se tiene que hacer" , enfatizó--y en que el PP de la Comunidad Valenciana actúe con "contundencia" ante el último informe policial, aseguró que estaba en condiciones de negar la financiación ilegal. "Estoy en condiciones de asegurar, hasta dónde yo sé, que el PP no tiene trama de financiación que no sea la legal y auditada", dijo.  

Al ser preguntada por su excluía dimisiones en el seno del PP valenciano por este motivo, Cospedal respondió que el PP de la Comunidad valenciana "va a hacer lo que sea más conveniente para el PP valenciano y la gente de la Comunidad valenciana". "¿Lo cual no excluye dimisiones?", volvió a ser preguntada, ante lo que la secretaria general guardó silencio.  

Cospedal reclamó que no se eleve a "categoría de condena" el informe policial que apunta a financiación irregular. "No es todavía ni siquiera informe de la Fiscalía ni sentencia condenatoria", subrayó antes de insistir en que el PP valenciano "tiene que hacer las cosas con los tiempos" aunque los tiempos de los medios de comunicación sean "distintos". 

En este sentido, la 'número dos' del PP recordó que el informe policial coincidió con el debate del Estado de la Comunidad valenciana, un "momento lógico" para que el presidente Camps "se ocupe de las cosas de la gente de la Comunidad valenciana". 

(www.publico.es, 01/10/09) 

DE COSPEDAL CONVENCIDA DE QUE CAMPS "VA A ACTUAR COMO TIENE QUE ACTUAR" 

María Dolores de Cospedal, mostró su convencimiento de que el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, "va a actuar como tiene que actuar" en Valencia y expresó su "confianza más absoluta" en él. La secretaria general del PP añadió que se remite a las palabras del presidente del PP nacional, Mariano Rajoy que manifestó "toda la confianza" en los dirigentes valencianos. 

En declaraciones a Veo 7 se refirió a la polémica suscitada por la petición, tanto de la propia Cospedal como de Rajoy de "contundencia" a Camps, y, según explicó, puede interpretarse de diferentes maneras, pero ellos se referían a "actuar de manera firme y clara y tomar iniciativas" como las que han tomado ya. 

Preguntada por si está dispuesta a depurar responsabilidades en el partido, caiga quien caiga, respondió que "absolutamente" y advirtió que no estará en el PP el que "haya hecho cosas que no tiene que hacer", aunque también reclamó el derecho a la presunción de inocencia para todos los implicados. 

En su opinión, el PP "ha sido el primero en dar ejemplo" contra la corrupción porque "hay alcaldes en Madrid que no están en sus puestos" y no ve "lo mismo en otros partidos políticos". Añadió que en Valencia nadie ha dejado su puesto porque lo que hay es "un informe policial rechazado dos veces por los tribunales" y no una imputación judicial. 

Subrayó que las cuentas del PP son "impecables" y que "aunque algunos pretenden que tenga que ver con financiación ilegal, luego se demuestra que no". Agregó que el PP propuso una reforma de la normativa del Congreso para que las auditorías no afecten sólo a los partidos a nivel nacional, sino también a sus sedes provinciales y "fue rechazada por el PSOE". 

Arremetió contra la Fiscalía por actuar con "criterios claramente partidistas" y pidió que "deje de utilizarse para perseguir a la oposición" porque están siendo "objetivo de ataques muy virulentos". 

Por otro lado, aclaró que el PP no acusa a los Cuerpos de Seguridad del Estado de estar detrás del informe policial que demostraría que el PP se ha financiado ilegalmente, sino que están hablando de "los mandos políticos" y quiere "que quede bien claro". 

"Lo que quiere el ministro del Interior -Alfredo Pérez Rubalcaba- es parapetarse detrás de la Policía, y no se lo voy a consentir", apostilló. Justificó que el secretario general del PP de la Comunidad Valenciana haya presentado una denuncia, archivada hoy, contra los policías que elaboraron el informe contra los 'populares', aludiendo a que no saben quién lo encargó "y sólo se puede ir contra quien lo ha hecho físicamente, es una cosa diabólica", remachó. 

(www.publico.es, 01/10/09)

ARCHIVADA LA DENUNCIA DE COSTA CONTRA EL INFORME POLICIAL SOBRE LA FINANCIACIÓN DEL PPCV 

La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana ha archivado este miércoles la denuncia presentada por el secretario general del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV), Ricardo Costa, contra el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales sobre una posible financiación irregular de este partido.  

Según han informado fuentes del Ministerio Público, de los hechos descritos en esta denuncia no se desprende ningún acto delictivo. Costa denunció a los autores de este informe policial al considerar que en este documento aparecen "informaciones sesgadas, intencionadas y sin pruebas".  

El dirigente popular presentó una denuncia contra la Policía por el informe que ésta remitió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) un día antes de que se decretara el sobreseimiento libre de la rama valenciana del 'caso Gürtel'.

En una rueda de prensa, Costa definió este informe policial como "intencionado" e "instigado exclusivamente" por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba . Señaló que este escrito "no es nuevo, sino una recopilación y un montaje de varios informes incorporados al proceso de Madrid, con conclusiones no probadas mezcladas de forma intencionada a partir de conversaciones y pruebas que no tiene coherencia en el espacio ni el tiempo". También alegó que la presentación de este informe se hizo para "influir en los jueces", "alargar" la imputación y "dañar" al PP, lo que consideró "una actuación insólita en democracia". 

(www.publico.es, 30/09/09) 

LA FISCALÍA RECHAZA LA DENUNCIA DE RICARDO COSTA CONTRA LA POLICÍA 

La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana ha rechazado la denuncia que el pasado lunes presentó el secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa, contra la Policía por el informe que recoge supuestas irregularidades en la financiación del PP en Valencia. Con este trámite, el asunto queda definitivamente zanjado. 

La Fiscalía, después de estudiar la denuncia, ha concluido que de los expuesto por Costa, diputado en la cámara autonómica y secretario general del PP en Valencia, no se desprende ningún indicio de delito. 

Costa no precisaba cuáles podían haber sido las infracciones penales de la Policía sino que recogía una presunta intencionalidad de perturbación de la deliberación de la sala de Lo Civil y Penal sobre el caso al presentar el informe un día antes de que éstas, que se concretaron en un sobreseimiento libre, concluyeran. 

Costa, al que ese mismo informe señala como partícipe de la supuesta trama de financiación irregular en la que participaron empresas de la trama Gürtel e importantes sociedades del sector de la construcción en la Comunidad Valenciana, consideró el mismo lunes que era "víctima de una persecución política desde las más altas instancias del Estado". 

De lo que denunció no se deduce tal cosa, y por eso la Fiscalía Superior ni siquiera admite que pudieran haber indicios para investigar. 

(www.elpais.com, 30/09/09)

RAJOY Y CAMPS SE REÚNEN EN SECRETO 

El líder del PP, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, se han reunido en secreto en medio del escándalo por el caso Gürtel. Según ha sabido la Cadena SER, Rajoy y Camps se han citado esta tarde en el parador de Alarcón, en Cuenca, a medio camino entre Valencia y Madrid. La reunión ha durado al menos cinco horas y no figuraba en ninguna de las agendas públicas de los protagonistas. Para proteger la discreción de la cita, Rajoy y Camps se han resguardado tras un biombo intentando no ser vistos por el resto de huéspedes del establecimiento hotelero. El encuentro se ha celebrado en medio de la tensión entre el PP de Génova y el partido en Valencia tras los datos conocidos en el último informe policial sobre la presunta financiación ilegal del PP regional. Rajoy pidió contundencia a Camps y éste le recordó ayer que necesita al PP valenciano para ganar en España. 

La reunión se produce en medio de una tensión creciente entre el PP nacional y su grupo valenciano. Camps no dudó ayer en responder a "las medidas más contundentes" exigidas desde Génova para atajar el caso Gürtel. El presidente de la Generalitat recordó a su líder que sin el PP valenciano no va a lograr su objetivo de llegar a La Moncloa. 

Camps eludió así adoptar esas medidas contundentes para aclarar la rama valenciana de la trama de corrupción. Sus palabras tenían un claro destinatario: Mariano Rajoy. El líder regional, lejos de hacer autocrítica durante su intervención en el debate de política general de su Comunidad, reafirmó a todo su equipo: "Estoy rodeado de buena gente" insistió el president después de que el PSOE pidiera la disolución de las Cortes. 

Esas declaraciones han generado cierto malestar en algunos sectores de la dirección del PP. La advertencia entrelíneas de Camps a Mariano Rajoy en la que condicionaba el éxito de los 'populares' en unas elecciones generales al peso político de la Comunidad que él preside parece haber descolocado a más de uno en Génova. 

La 'número 2' de Rajoy, María Dolores de Cospedal, mantenía por la mañana un discurso más bien duro: "Quien haya hecho lo que no debe no estará en el partido". Sin embargo, por la tarde, ha cambiado las advertencias por el silencio. Hasta en cuatro ocasiones se ha negado a contestar a las preguntas de los periodistas en un acto en Toledo. 

(www.cadenaser.com, 30/09/09) 

EL 'CASO GÜRTEL' NO EXISTE PARA CAMPS 

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, decidió ayer ignorar el caso Gürtel, el que le tuvo imputado por recibir trajes regalados de la trama corrupta. Y lo hizo con todas las consecuencias. Por un lado aparentó desconocer las presiones del PP nacional, que le exige que adopte medidas para atajar el escándalo de la supuesta financiación irregular del partido en Valencia que los jueces de la comunidad no quieren investigar. Y, por otro, hizo caso omiso a las demandas de la oposición, que reclama elecciones anticipadas para acabar con el deterioro institucional provocado por los escándalos de corrupción ligados al PP en la Generalitat valenciana. "Aquí se está debatiendo el futuro de España, de ahí que haya una estrategia montada", zanjó Camps. Gürtel, para él, sencillamente no existe. 

El presidente autonómico acudió al debate de política general de las Cortes Valencianas en medio de un clima de crispación interna evidente. Tanto que, minutos antes del inicio, el número dos del PP valenciano y portavoz parlamentario, Ricardo Costa, compareció en pasillos para asegurar que no había pedido la dimisión del vicepresidente valenciano Vicente Rambla como condición para dimitir él. A ambos les salpica el escándalo de la supuesta financiación irregular del PP en relación con la trama de empresas del caso Gürtel, que se beneficiaron de sustanciosos contratos de todas las consejerías valencianas. Los saludos fríos, las miradas esquivas y los rostros de la bancada popular daban fe de que nunca antes el PP valenciano había afrontado una crisis semejante. 

En este clima, Camps apostó por articular en el hemiciclo un discurso de hora y media en el que no hizo ni una sola alusión a los escándalos que mantienen paralizado su gobierno desde primeros de año. Fue el portavoz socialista, Ángel Luna, quien puso el dedo en la llaga. "Aquí el sistema no funciona, no hay la más mínima transparencia", subrayó. "Tienen un aparato de actos propagandísticos y hoy sabemos cómo se financia y que algunos tienen beneficios colaterales". Y prosiguió: "Hoy son muchos los que se preguntan si en los últimos años ha habido igualdad en las convocatorias electorales. Hoy muchos se preguntarán sobre la legitimidad de las victorias electorales". 

El presidente valenciano, obligado a replicar, optó por negar cualquier evidencia y trazó su propia versión de la teoría de la conspiración. Acusó al Gobierno central y a los socialistas de ser los culpables de sus apuros, de haber montado una estrategia para desgastarle a él y al PP valenciano e impedir que Mariano Rajoy gane las próximas elecciones generales. Para Camps, que apostó por un tono humorístico, burlesco y desabrido en sus réplicas, el caso Gürtel sólo es un lío montado por los socialistas para acosarle. Un lío que contrasta con la realidad de la "buena gente" que le anima allá por donde va y con la opinión de la dirección nacional de su partido. "El PP de España ve en el PP de la Comunidad Valenciana un referente de buenas prácticas y buen gobierno", afirmó. 

Luna lamentó que "el único argumento [de Camps] para ocultar su ineficacia sea el malvado ZP" y auguró que no será capaz "de aguantar la presión de lo que se le viene encima", con el previsible rebote judicial del caso por la supuesta financiación irregular del PP. La portavoz de Compromís, Mónica Oltra, exigió elecciones anticipadas igual que Luna. Recordó a Camps sus mentiras a la Cámara acerca de su relación con El Bigotes -su "amiguito del alma"- y le pidió que "mantenga su nivel intelectual, ya que no puede mantener el moral". 

Camps, que descalificó a Luna y a Oltra como portavoces -del primero insinuó que no estaba legitimado; de la segunda, que era una tránsfuga- se negó a abrir un debate electoral -"que de antemano ganaría", dijo- porque lo importante es la crisis. 

Ni una palabra de aliento para Costa

El presidente valenciano, Francisco Camps, evitó ayer salir en defensa de sus hombres de confianza, tanto en el partido como en el gobierno. En más de dos horas de intervención no tuvo ni una palabra de aliento para el secretario general del PP y portavoz parlamentario, Ricardo Costa, supuestamente salpicado por las últimas revelaciones del caso Gürtel. Y tampoco para ninguno de los miembros de su gobierno, incluido el vicepresidente primero, Vicente Rambla, en similar situación a la de Costa. 

La situación es tal que Costa -que en las conversaciones grabadas llega a referirse en términos insultantes al vicepresidente al hablar con Álvaro Pérez, El Bigotes- pidió una reunión con Rambla a primera hora de la mañana para rebajar la tensión existente entre ambos. No tuvo éxito. Aun así, el portavoz utilizó su turno en el debate para alabar la gestión de Rambla -"el mejor director político que ha tenido la Generalitat"- y al resto de miembros del gobierno. El más elogiado fue Francisco Camps, como siempre. Pero los esfuerzos de Costa no fueron merecedores de ninguna muestra de afecto del presidente. De hecho, Camps hizo cuanto pudo por no coincidir, más allá de lo imprescindible, con su mano derecha en el partido. 

Las frases del debate

- Francisco Camps, presidente de la Generalitat. "Desde que empezó este lío, arrasamos democráticamente en las elecciones europeas y el Tribunal Superior de Justicia [de la Comunidad Valenciana] archivó el asunto". "Aquí se está debatiendo el futuro de España, de ahí que haya una estrategia montada". "A Luna [portavoz del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas] no le dan la razón ni los ciudadanos ni los jueces". 

- Ángel Luna, portavoz del PSPV-PSOE. "Es usted el que tiene que responder de todo esto. ¿Quién tenía si no autoridad sobre todas las consejerías, sobre toda la Administración, para conseguir que Orange Market contratara con todos a la vez habiendo aparecido de la noche a la mañana? Sólo usted podía hacerlo". "El Tribunal Superior no ha decidido absolverle, ha decidido no juzgarle, pero su argumento de que había pagado los trajes lo ha rechazado. Ha convertido a la Comunidad Valenciana en el patio de Monipodio [Rinconete y Cortadillo, de Cervantes] de la política española. Pero Monipodio es el señor Correa". 

- Mónica Oltra, portavoz del Compromís. "A juzgar por su contabilidad electoral, a su partido le salen gratis los carteles. Es más fácil ganar las elecciones si te pagan la campaña seis constructoras". "Mantenga su nivel intelectual ya que no puede mantener el moral". "Nos ha convertido en el hazmerreír de España". 

(www.elpais.com, 30/09/09) 

RAJOY SOBRE LA GÜRTEL: "EN VALENCIA APOYAN A MADRID 2016" 

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha respondido con su típica ironía gallega  a una pregunta sobre si, a su juicio, deben producirse dimisiones en el PP de Valencia, acosado por las últimas informaciones sobre el 'caso Gürtel': "En Valencia, como todos los españoles, apoyan la candidatura de Madrid 2016 y se van a llevar una alegría". 

Rajoy ha concluido su intervención en la sesión de control alrededor de las 09.15 horas, pero no ha salido del Congreso hasta poco antes de las 13.00 horas.

Durante ese tiempo ha estado reunido en el despacho que tiene en el Congreso con algunos de los más destacados dirigentes de su partido, como la portavoz del grupo en la Cámara, Soraya Sáenz de Santamaría, o los vicesecretarios Ana Mato y Esteban González Pons. 

La secretaria general, María Dolores De Cospedal, se ha unido a dicha reunión sobre las 12.00 horas. 

Por ello, cuando Rajoy se disponía a abandonar el Congreso ha recibido las preguntas de los periodistas, en concreto dos. 

La primera ha versado sobre las posibilidades de Madrid para acoger los Juegos Olímpicos de 2016 y si bien ha reconocido que "no es fácil", y más con la competencia del presidente de EEUU, Barack Obama, y del de Brasil, Lula da Silva, para defender las aspiraciones de Chicago y de Río de Janeiro, ha destacado que a la cabeza de la delegación española acude el Rey. 

No obstante, ha recalcado que tiene confianza en las posibilidades de Madrid, toda vez que el trabajo hasta llegar a Copenhague, donde el próximo viernes se decidirá la sede olímpica, "se ha hecho muy bien". "Se ha dado la batalla y ojalá tengamos suerte", ha puntualizado. 

El propio Rajoy se desplazará a la capital danesa el mismo viernes para formar parte de la delegación española y trasladar su apoyo. 

(www.publico.es, 30/09/09) 

CAMPS SE ATRINCHERA Y AVISA A RAJOY DE QUE LO NECESITA PARA GANAR EN ESPAÑA  

Ni destituciones, ni renuncia, ni elecciones anticipadas. El presidente Francisco Camps optó ayer por enrocarse ante la que le está cayendo por el caso Gürtel y descartó la convocatoria de comicios exigida por los socialistas porque, auguró, el PP "ampliaría su mayoría" y tiene "un compromiso para cuatro años", que concluye en 2011, y no está dispuesto a anteponer los intereses de la Comunitat a los "problemas" del PSPV. No sólo eso, sino que el jefe del Consell proclamó, en lo que muchos interpretaron como un mensaje velado a la dirección nacional del PP -que le está exigiendo medidas "contundentes"-, que la Comunitat "es fundamental y necesaria para que cambien las cosas en España". "Lo saben los grandes partidos nacionales", aseveró de forma significativa, incluyendo a su propia formación, para añadir: "Aquí no se está debatiendo la autonomía valenciana; se debate el futuro de España". "Todos -insistió- saben que si la Comunitat sigue fuerte, firme e ilusionada hay muchas posibilidades de que las cosas en España cambien a mejor", dijo en alusión a una victoria de Rajoy.  

Por ese motivo, hay una "estrategia montada para generar discrepancia y distorsión en la Comunitat". Cuando muchos en el PP sacan la conclusión de que el caso de Camps ya está afectando a las posibilidades de Rajoy para ganar las generales, el jefe del Consell le dio la vuelta al emplazar a que "todos juntos y unidos sigamos manteniendo el rumbo de una comunidad que puede cambiar el rumbo de España". Cerró su intervención con una cita: "Churchill dijo en los peores momentos del inicio de la Segunda Guerra Mundial que Alemania sabía que o ganaba su pequeña isla o perdería la guerra; Zapatero sabe que gana esta Comunitat o perderá la guerra. Las próximas generales las ganará el PP".  

En un debate sobre el estado de la Comunitat marcado por el caso Gürtel que fue menos bronco de lo esperado, el portavoz socialista, Ángel Luna, hizo a Camps responsable de que Orange Market pasara de la nada a lograr contratos de todas las conselleries, de la "corrupción generalizada" en la Administración y de haber llevado la "podredumbre moral" la política valenciana. Hasta el extremo, asestó, de haber "utilizado a su propia familia para una red", una referencia a la farmacia de su esposa para enviarse mensajes. La puya indignó a Camps, que lo tachó de "inmoralidad política". 

A la menor crispación influyó el que Camps apenas entró al trapo. El presidente recurrió en varias ocasiones a chascarrillos -"que levante la mano quien sepa quién manda en el PSPV", instó, o cuando preguntó quién trajo a Calatrava a Valencia y le contestó solícito el portavoz, Ricardo Costa, gritando "¡Lerma!"- e incluso empleó a menudo un aire desenfadado. El jefe del Consell dedicó su primera intervención a exponer sus anuncios, al autobombo, a reivindicarse exaltando con datos su labor desde 2003 y a atacar al Ejecutivo de Zapatero. "Hoy más que nunca no renuncio a mis sueños", remató.

Luna le fue directo a la yugular. Reclamó explicaciones ante el "colapso político institucional" de un Consell que actúa solo en clave Gürtel. "¿Por qué se marcha Pedro García [ex director de RTVV]? ¿Por qué le abandona su jefa de gabinete [Ana Michavila]? ¿Son daños colaterales?", lo acorraló. También le exigió transparencia para aclarar el coste real de la Fórmula 1 después de que el vicepresidente Vicente Rambla se negara a ello alegando que el contrato tiene "una cláusula de confidencialidad". "¿Cómo es posible esto en un contrato público? ¿Por quién toma a los valencianos", clamó. "Hasta Costa dice ahora que se equivocó al contratar con Orange Market. ¿Y la Generalitat, se equivocó también?", lo interrogó, para recordar que la trama "vino con usted como presidente".

La situación, dijo, es "insostenible", y Camps, que se había construido una imagen de "buen chico y de rigor", está "acabado" y es su propio partido el que le pide "explicaciones". Hizo un llamamiento a "los muchísimos militantes y cargos de PP honrados" porque la Comunitat no puede seguir así", y reclamó a Camps que renuncie, convoque elecciones y "dé un portazo al periodo más truculento de la historia de la Comunitat". El titular de la Generalitat replicó que el PP nacional "no solo confía" en los populares de la Comunitat Valenciana, sino que además ve en ellos "una referencia de buenas cosas, de buenas prácticas y de buen Gobierno". 

A las críticas del socialista sobre la falta de democracia en la Comunitat replicó el jefe del Consell que de los candidatos elegidos democráticamente como candidatos a la Generalitat sólo queda él tras la marcha del socialista Joan Ignasi Pla y Glòria Marcos (EU). "¡Yo, el único", clamó. La frase se la tomó después Luna, para afearle una supuesta megalomanía: "Se ha retratado; relea a Freud". El presidente también replicó a las críticas sobre la falta de democracia en la Comunitat con la moción de Benidorm, que le ha hecho al líder del PSPV, Jorge Alarte, la número tres del PSOE, Leire Pajín, "para colocar a su madre en el gobierno local". Camps aún tuvo tiempo de proclamar "la tranquilidad y felicidad de sentirme rodeado de muy buena gente, en el Gobierno, en el partido y en la Administración". Fue el preludio del aplauso efusivo de sus diputados. Camps incluso levantó los brazos. 

(www.levante-emv.com, 30/09/09) 

EL PP REDOBLA LA PRESIÓN PERO CAMPS SE QUEJA Y EVITA FORZAR DIMISIONES 

El propio Camps, según fuentes de la dirección, mantuvo contactos durante todo el día para mostrar ese malestar, especialmente con las palabras de Cospedal. Los dirigentes del PP valenciano están molestos porque creen que la secretaria general ha dejado entrever que efectivamente hay un problema de financiación ilegal y que deben rodar cabezas. Camps había marcado la estrategia de negarlo todo y denunciar a los policías que elaboraron el informe, por lo que esta presión de Génova, que ayer aparecía en las portadas de casi todos los periódicos, destroza su línea argumental, que consiste en no dar explicaciones y trabajar como si Gürtel no existiera, a la espera de que escampe. 

Los valencianos confían en una salvación judicial, esto es, que el informe quede en el limbo y no llegue a haber imputaciones. Los expertos de Génova están convencidos de que tarde o temprano acabará estallando el caso, y prefieren cortar cuanto antes la agonía para que no suceda lo mismo que con el tesorero Luis Bárcenas, que acabó dimitiendo después de meses de resistencia numantina. 

La tensión llegó a tal nivel que el propio Mariano Rajoy utilizó una técnica que se repite en su trayectoria. Con Bárcenas, envió a Cospedal a convencerle de que dimitiera, y cuando éste le pidió que no le enviara a nadie y se lo dijera él mismo Rajoy aseguró que la secretaria general actuaba por cuenta propia y que él no le iba a pedir que dimitiera. 

Rajoy, que sabía que Camps estaba muy molesto con Cospedal, llamó ayer al president, con quien le une una estrecha relación ?fue su gran aval en la guerra por el poder del partido y se ha mojado en el asunto de los trajes más allá de lo que nadie esperaba?. Rajoy aplicó la estrategia que siguió con Bárcenas y evitó presionar a Camps, de forma que éste podía entender que Cospedal actuó por cuenta propia y no por orden del líder. 

A pesar de esta conversación privada, varios dirigentes del PP, entre ellos Cospedal, redoblaron públicamente la presión a Camps. La secretaria general se mostró en Antena 3 convencida de que el presidente de la Generalitat va a actuar "con la contundencia, con la conveniencia y con la firmeza que exige el asunto, no sólo internamente sino también externamente". 

Más claro aún fue Alberto Núñez Feijóo, presidente gallego, muy molesto porque el caso también ha salpicado a su comunidad, ya que Pablo Crespo, número dos de la red de Francisco Correa, fue secretario de organización del PP gallego de 1996 a 1999. "Es bueno para un partido que gana las elecciones que no se deje llevar por la comodidad y aclare cualquier duda sobre su financiación", dijo ayer. Feijóo defendió al líder del PP: "Rajoy ya ha pedido que se tomen decisiones en Valencia y se tomarán. Cada palo debe aguantar su vela". Otros dirigentes interpretan que Rajoy, al pasar la responsabilidad a Camps, está intentando no verse afectado, dejar claro que el asunto de la posible financiación ilegal no es cosa suya. 

El PP valenciano trató de aplaca el debate señalando, por boca de Ricardo Costa, que ya había actuado "con contundencia" al proponer una comisión de investigación para estudiar las cuentas del PP, las del PSOE y que comparezca Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero no coló tan fácilmente. La propia Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz parlamentaria, no quiso dejar claro si consideraba que esa comisión de investigación era suficiente. "No soy quién para valorar la contundencia", sentenció. 

(www.elpais.com, 30/09/09)

CAMPS DESOYE A RAJOY: 'YO NO GOBIERNO PARA UN PARTIDO' 

Francisco Camps inició ayer una nueva etapa de relaciones con la dirección nacional del PP, muy alejada del mimo con que ha sido tratado durante meses por Rajoy.  

La negativa del presidente valenciano a tomar medidas disciplinarias en su partido tras el penúltimo escándalo de la trama Gürtel -el informe policial que vincula a El Bigotes con una presunta financiación ilegal del partido- ha dado lugar a una guerra fría entre la cúpula del PP valenciano y sus compañeros de Madrid.  

Parece que Camps ha decidido no sacrificar ni a su secretario general, Ricardo Costa, ni a su vicepresidente primero, Vicente Rambla, pese a que María Dolores de Cospedal le reclamó la cabeza de ambos en una dura conversación mantenida con y, horas después, le exigió públicamente que actuara con «contundencia».  

Pero las reconvenciones de la número dos de Rajoy no han surtido efecto. El lunes por la tarde, fue directamente el presidente del PP quien habló hasta en tres ocasiones con el líder valenciano, en un tono más distendido. Sin embargo, las llamadas sólo sirvieron para confirmar la resistencia de Camps a someterse a los dictados de Génova y acometer una limpia que considera injusta. El presidente valenciano tiene otra hoja de ruta. Y, por primera vez de forma pública, difiere de la de Rajoy.  

Mientras el partido está pidiéndole que depure responsabilidades, Camps opta por no hacer nada. Más aún, ayer su único paso fue ratificar el distanciamiento con Génova durante su discurso en el Debate de Política General de la Cámara autonómica.  

Una frase final, donde citaba a Churchill, se convirtió en el resumen de su defensa. En los peores momentos de la II Guerra Mundial, el entonces premier británico dijo que Alemania «sabía que, o ganaba su pequeña isla, o perdería la guerra». Zapatero sabe, emuló Camps, que, «o gana esta comunidad, o perderá la guerra». Y, según vaticinó, las próximas elecciones «las ganará el PP».  

De este modo tan poco sutil, el presidente valenciano se autoproclamó como la garantía para seguir ganando en la Comunidad y conseguir los votos necesarios que conduzcan a Rajoy a La Moncloa. Éste es su salvoconducto, o al menos así lo cree él, para mantener a Costa y Rambla en su puesto pese al criterio de Génova y de los más destacados barones del PP, como Esperanza Aguirre y Alberto Núñez Feijóo.  

Camps entiende que lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones generales pasa por que él siga al frente del partido en la comunidad y repita como candidato en las autonómicas. Por ello, exige un grado de autonomía respecto de la dirección nacional. Así se infiere de una de sus declaraciones más contundentes de ayer: «Yo no estoy gobernando para ningún partido, ni para los conciudadanos de hoy, sino para los valencianos del futuro».  

El presidente reforzó esta tesis recelando del hipotético impacto electoral del caso Gürtel: «Desde que empezó este lío, arrasamos democráticamente en las elecciones europeas y el TSJ archivó el caso».  

Con estas armas, Camps combatió los ataques de la oposición. Ante las acusaciones de corrupción del portavoz socialista, Ángel Luna, respondió: «Tengo conciencia, cumplo la ley». Ni la visión más apocalíptica procedente de las filas del PSPV -«es un político acabado»- logró que Camps retrocediera un paso en su línea de defensa. Si Luna mentaba a El Bigotes, él se refería al trasvase del Ebro; si aludía a contrataciones irregulares, Camps blandía los ataques a la identidad: «Nos quitaron el agua y ahora nos quieren quitar el orgullo de ser valencianos».  

El presidente salió airoso del lance parlamentario y la duda es si sobrevivirá al envite político con Rajoy. Con todo, quitó hierro al enfrentamiento, al subrayar que «el PP de España no sólo confía, sino que ve en el PPCV una referencia de buenas cosas, de buenas prácticas y de buen gobierno».  

Camps vino a pedir a sus compañeros que no caigan en la, a su juicio, trampa de aceptar el coste de una operación de acoso y derribo contra el PPCV instigada desde el Gobierno. En este sentido, señaló que saben que les han «puesto en medio del escenario nacional». «Eso es bueno y es duro, y asumo lo bueno y lo duro», dijo.  

Por la mañana, antes del debate, Camps había iniciado el pulso. Ricardo Costa, cuya dimisión reclaman incluso en Valencia, salía al paso de la información publicada por este diario, en la que se desvelaba que había advertido a Génova de que, para irse él, debía hacerlo también el vicepresidente del Gobierno valenciano. El secretario general del PP regional aseguró que «nunca había pedido la dimisión de ningún militante» y subrayó que tampoco la de Vicente Rambla.  

Costa insistió en su teoría de que «el informe es falso» y recordó que el PP en Valencia ha pedido «una auditoría externa de sus cuentas, enviado su contabilidad al Tribunal de Cuentas, denunciado a los agentes que elaboraron el informe y solicitado una comisión de investigación sobre la financiación delos partidos».  

«Éstas son las medidas contundentes que el PP ha pedido y éstas son las medidas contundentes que el PP nacional ha aceptado», concluyó. Sin embargo, Génova ya conocía todas estas actuaciones antes de que Cospedal reclamara a Camps que fuera contundente.

Con sus declaraciones, el número dos del PP valenciano levantó acta pública de que el partido desatiende las órdenes de Cospedal. El problema para el PPCV es que su enroque no es bien visto por algunos barones.  

Si el lunes Esperanza Aguirre cogía el testigo para señalar que «quien necesita apoyo es Camps», ayer, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, reforzaba la opinión de la dirección nacional asegurando que sería bueno que el PP de Valencia «no se deje llevar por la comodidad y clarifique cualquier sospecha».  

Otros dirigentes regionales del partido se sumaron a esta corriente. Así, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, reclamó a Camps que aclare las acusaciones, porque son «realmente graves», mientras que la líder de los populares en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, pidió al presidente valenciano que se explique «mejor». 

(www.elmundo.es, 30/09/09)

UN CONTRATO A LA MEDIDA DE 'EL BIGOTES' UNA DE LAS FACTURAS DE FITUR 

El hombre de Francisco Correa en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez, El Bigotes, tenía línea directa con cargos de la Generalitat y echó mano de ellos para amañar la concesión del escaparate de la Agencia Valenciana de Turismo en la feria Fitur 2009 por 915.000 euros. Varias conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía recogen cómo se gestó la quinta adjudicación que logró la empresa Orange Market.  

La licitación tuvo lugar el 28 de septiembre y se publicó el 2 de octubre. Finalmente, se le otorgó a Orange Market, pese a ser la oferta más cara, el 15 de enero: apenas tres semanas antes de que saltase el escándalo. Según las escuchas, antes de la adjudicación hubo reuniones entre Álvaro Pérez y el Consell.  

El Gobierno valenciano tenía querencia por Orange Market y la convirtió en su empresa de cabecera. A ella confió el PP la organización de todos sus actos y el diseño de su imagen en Fitur, convirtiendo este contrato en su principal negocio con Orange Market entre 2005 y 2009. En ese tiempo, la firma se embolsó 5,5 millones.  

Estas adjudicaciones motivaron las críticas al Consell, que siempre defendió que la organización era impecable. Sin embargo, el informe policial apunta en otra dirección. Una conversación desvela que el 22 de diciembre, cuando aún no se había producido la adjudicación, Orange Market negociaba con el Consell sobre el presupuesto de Fitur. Los interlocutores eran el gerente de la sociedad, Cándido Herrero, y El Bigotes. Según la transcripción policial, Herrero le dice a Pérez que había hablado con dos personas para abordar los «cambios de Fitur». «Me han dicho que habrá una reunión el 9 de enero, pero es imposible», plasma el documento.  

Al día siguiente, indica la Policía, El Bigotes le dice que está en el despacho de Ricardo Costa y Herrero contesta que acaba de salir de una reunión con un alto cargo: «Yo hablé y se va a modificar el proyecto para que se parezca más al inicial». El documento recoge cómo Herrero explica que le ha dicho a ese alto cargo que se volverán a reunir para ver el presupuesto. «Y si aún así lo sigue viendo caro lo irán reduciendo hasta que se ajuste al presupuesto que quiere», añade. «De todas maneras, creo que tú deberías hablar con quien tienes que hablar porque, a lo mejor, el presupuesto en vez de dárselo a ella se lo tendríamos que dar a otra persona, como al de esta mañana», le dice a El Bigotes. 

(www.elmundo.es, 30/09/09)

LA MUJER DE CORREA RECOGIÓ 18.000 EUROS EN ´B´ CON EL APUNTE COPA AMÉRICA

La plataforma de recaudación de fondos para la trama de empresas de Francisco Correa que era Orange Market funcionaba como un reloj suizo. El dinero negro que Álvaro Pérez y sus colaboradores recogían con una mano, lo entregaban con la otra a la organización en Madrid, a cambio de sustanciosas comisiones, sueldos en "B" y "bonus" de más de 30.000 euros en algun0s meses, según se constata en el informe de la la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la policía. Cuando el dinero en metálico no llegaba, alguien iba a por él. Y no un cualquiera.  

El 28 de junio de 2007, la primera dama del entramado corrupto, Mari Carmen Rodríguez, esposa de Francisco Correa, fue enviada por el número dos de la organización y mano derecha del jefe, Pablo Crespo, para que recogiera 18.000 euros en negro. Fueron ingresados, también "por indicación de Crespo" como "entrada" en la contabilidad intervenida por la policía en una de las cajas de seguridad de la trama. En las llamadas "cuentas consolidadas" del conglomerado societario -donde aparecen pagos cruzados entre firmas para amañar fiscalmente los resultados- y concretamente en el archivo "Barcelona" aparece un apunte -exactamente el número 29 de 2007- en el que se hace constar esa cantidad de 18.000 euros como aportada a la caja común que servía para sobornar políticos, engordar el patrimonio de Correa y mantener la estructura de la red.  

Esa anotación figura, asimismo, en los cuadros de contabilidad "B" del pendrive incautado al contable José Luis Izquierdo. Y en estos mismos documentos clandestinos -custodiados en el piso de la calle Serrano- figura curiosamente una anotación de dinero negro por esa misma cantidad de 18.000 euros, con fecha del día siguiente, el 29 de junio, y con el concepto "Puerto Cipa América" (sic). En los papeles que la policía intervino a Orange Market en su piso de la calle Conde de Salvatierra de Valencia, el 6 de febrero cuando el juez Garzón ordenó los registros, consta un documento "pagos hoja Madrid" con la misma anotación. El Consell no ha admitido, desde que estalló el escándalo, ninguna relación contractual con empresas de Correa, ni en la Copa del América ni en la Fórmula 1. Sólo se admite el contrato de la Volvo Ocean Race. 

(www.elpais.com, 30/09/09)

QUE ESTOS HABLEN DE CORRUPCIÓN ES PARA QUE SE TE CAIGAN LOS HUEVOS DEL SITIO" 

Carlos Fabra es inocente. O eso es, al menos, lo que defiende el presidente de la Diputación de Castellón, quien asegura que ni el consistorio provincial ni el PP de Castellón han tenido "nunca" ninguna relación con la empresa Orange Market. 

Fabra respondió así en el pleno ordinario de la Diputación a preguntas efectuadas por los portavoces del grupo socialista y del Bloc en el turno de ruegos y preguntas. 

En cualquier caso ha asegurado que "no va a dimitir" y se ha sorprendido de que "estos hablen corrupción", una situación que, a su juicio, es "para que se te caigan los huevos al suelo".  

El portavoz del grupo socialista, Francesc Colomer, indicó que "a las empresas se les ayuda con planes públicos y no haciendo que paguen actos de partido con contabilidad fraudulenta". Según dijo, "habrá tiempo para depurar responsabilidades, pero falta una respuesta porque lo contrario es una provocación". 

Colomer preguntó a Fabra "qué medidas ha tomado para poner orden o regenerar la normalidad" y si es conocedor de que "una empresa hacía contabilidad B del PP operando en Castellón, pues es importante saber si Orange Market ramifica en Castellón". Además, le cuestionó sobre si "conoce a Alvaro Pérez 'el Bigotes' o a alguno de sus compinches". 

Finalmente, el socialista afirmó que "ahora entiendo por qué la cúpula del PP en Castellón no puede liderar la recuperación económica, pues no tienen legitimidad y están enmarcados en una película de miedo". 

Carlos Fabra contestó que él no tiene "ninguna preocupación" con la contabilidad B "porque el PP no la lleva, y nuestras cuentas están auditadas por el Tribunal de Cuentas". Así mismo, señaló que no tiene noticias de que "haya habido actos en Castellón encargados por el PP a Orange Market", y reconoció que conoce a Alvaro Pérez "porque -dijo- me lo han presentado siete u ocho veces, pero él y su empresa no han trabajado nunca en Castellón, y si se habla de cuentas del PP, no se referirán a las de Castellón". 

El dirigente del PP instó a Colomer a informarse más sobre estos temas acudiendo al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "ya que es el principal actor de esta comedia, y si alguien quiere saber de las cuentas del PP, que vaya al Tribunal de Cuentas, que las ha auditado", y añadió que "en la historia reciente, corrupción y financiación irregular es sinónimo de PSOE, con casos como 'Filesa'". 

Así mismo, preguntado por los medios de comunicación sobre si cree que debería de dimitir alguien en el PPCV, explicó que "desde luego" él no va a dimitir, y añadió que "en este país dimite poca gente, porque es increíble que no haya dimitido el presidente de la Junta de Andalucía y que se atrevan a hablar de corrupción". 

Al respecto, manifestó que "los que inventaron la corrupción fueron los socialistas, que se les acabó la honradez cuando llegaron al Gobierno". 

(www.publico.es, 30/09/09)

CAMPS DEJA SOLOS A RAMBLA Y COSTA 

Francisco Camps, presidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad Valenciana, sabe que se encuentra en el ojo del huracán, sabe que un informe policial de la brigada para la prevención del blanqueo de dinero detalla la doble contabilidad del partido que preside: revela cómo Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, facturaba a seis constructoras valencianas pagos que debía haber afrontado su partido; y contiene grabaciones que evidencian que varios de los máximos responsables del PP de la Comunidad Valenciana y del Consell estaban al tanto de todo. Camps lo sabe todo pero finge que nada existe. Ni el escándalo ni la tensión entre sus íntimos colaboradores. Ayer no hizo ningún gesto a favor de o en contra del vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, ni a favor de Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano. Los dejó solos. Todavía tiene que despejar quién será el cortafuegos que le permita ofrecer el gesto de contundencia que le reclama Mariano Rajoy, presidente nacional del PP. 

Camps afrontó el debate sobre política general de la Comunidad Valenciana sometido a una triple presión. Por un lado, la que ejerce Génova para que dé explicaciones y frene el desgaste que sufre toda la organización por su silencio y su incapacidad para reaccionar.

Sus más íntimos colaboradores recelan unos de otros por temor a convertirse en cabezas de turco. El intento de Costa por abrazar a Rambla cuando llegó al hemiciclo, y el frío apretón de manos con que Rambla apartó a Costa, evidencian la tensión entre el número dos del Consell y el número dos del partido. 

El tercer frente que afrontó Camps fue el bloque constituido por la oposición en las Cortes. Ángel Luna por el PSPV, Mònica Oltra por Compromís y Marga Sanz por Esquerra Unida, exigieron su inmediata dimisión. 

Camps los ninguneó a todos para eludir su responsabilidad. Más histriónico frente a Luna, más enojado frente a Oltra y más condescendiente frente a Sanz, la táctica para escapar a su responsabilidad fue la misma en los tres casos. 

El ambiente en la tribuna de invitados era frío, muy alejado del interés que había despertado el mismo debate otras veces. Familiares de los nuevos diputados y algún cargo institucional como Marcela Miró, adjunta en la Sindicatura de Comptes, o Vicente Garrido, presidente del Consell Jurídic Consultiu, apenas pudieron disimular las ausencias de representantes de la patronal, de los sindicatos o de otras entidades de relevancia. 

Tampoco asistió al debate Gerardo Camps, vicepresidente segundo, que sufrió un oportuno enganchón en la espalda a primera hora de la mañana. Juan Cotino, vicepresidente tercero, se apresuró a ocupar su escaño vacante y todos los miembros del Consell que comparten el banco azul con el presidente se desplazaron un puesto para tapar huecos. 

Camps abrió la sesión cansino. Leyó durante hora y media larga y presentó tres propuestas. La primera, la rebaja del 10% en la cuota autonómica del IRPF para las familias de trabajadores autónomos con dos o más hijos a su cargo e ingresos inferiores a los 24.000 euros. Según Camps, la rebaja beneficia a 315.000 familias y supone un ahorro de 15,7 millones de euros, es decir, un ahorro de 49,8 euros por familia.La segunda gran propuesta del presidente fue un nuevo plan de infraestructuras, "el más ambicioso de la historia", que prevé la inversión de 25.000 millones de euros en diversas infraestructuras entre 2010 y 2020. Camps aseguró que aunará "las administraciones con la iniciativa privada", pero no fue más específico respecto a la financiación de los proyectos que desgranó. 

Finalmente, el presidente presentó un plan de austeridad para recortar el gasto público en 300 millones de euros. 

Ni una sola mención a la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos que Costa había presentado como la "respuesta contundente" al escándalo que rodea al PP valenciano. La creación de la comisión en cuestión ni siquiera se aprobará en el curso del debate de política general. 

Ningún portavoz de la oposición tomó siquiera en consideración los planes de Camps. 

El socialista Luna lamentó que Camps no hubiera dedicado una palabra a "la tormenta que azota a su partido y su Administración". "Sin usted, no habría existido Orange Market", le espetó. Luna reclamó la inmediata convocatoria de elecciones autonómicas para "dar portazo a uno de los periodos más truculentos de la historia de la Generalitat valenciana". 

El portavoz socialista defendió que los sistemas democráticos son los mejor preparados para superar las crisis económicas, para evitar la malversación de caudales públicos y para garantizar el bienestar de los ciudadanos. Y acusó a Camps de instaurar una "democracia de muy baja calidad". 

Luna, en una intervención demasiado elegante para la ocasión, acusó a Camps de haber dedicado toda su acción política a "construir su propia imagen" a través de un "obsceno control de los medios de comunicación públicos" o a través del impulso de grandes eventos. Según el socialista, Camps había conseguido labrarse una imagen de "buen chico y de rigor", pero al estallar el caso Gürtel "su imagen se ha venido abajo estrepitosamente y ha salido a relucir su falta de estrategia". 

Según Luna, la Generalitat está bloqueada y paralizada porque cualquier iniciativa del presidente responde a "la clave Gürtel". "¿Por qué se va Pedro García [ex director de Radio Televisión Valenciana]? ¿Por qué se va Ana Michavila [ex jefa del gabinete del presidente de la Generalitat]?", preguntó Luna, "¿son daños colaterales?" Y denunció la "opacidad impuesta en las Cortes Valencianas". Citó como ejemplo la imposibilidad de conocer el coste del acuerdo entre Camps y Bernie Ecclestone para que Valencia albergue un gran premio de fórmula 1 hasta 2014: "¿Cómo puede haber una cláusula de confidencialidad en un contrato público? ¿por quién nos toma, por quién toma a los valencianos?" "Hasta Ricardo Costa ha asegurado que el PP se equivocó al contratar con Orange Market", añadió, "¿se equivocó la Generalitat? Responda de una vez". 

Camps sorteó los requerimientos de Luna con una mención a la moción de censura en Benidorm y la implicación en el caso de la madre de Leire Pajín, "la número tres del PSOE". Y se perdió argumentando que él fue el único portavoz elegido por los ciudadanos puesto que Luna sustituyó a Joan Ignasi Pla y Oltra desplazó a Glòria Marcos como portavoz de Compromís. 

Oltra tuvo que aclararle que el presidente de la Generalitat es nombrado por las Cortes entre los 99 diputados electos. "Primero de Constitucional", dijo. 

Pero Camps sobrevolaba por encima del bien y del mal y acusó a Luna de intentar arrebatar a los valencianos el orgullo de serlo. Luna replicó: "Es su gobierno el que está quitando a la gente el orgullo de ser valencianos. Tenemos un presidente que no distingue la política del juzgado, que carece de la mínima ética política. La gente que actúa contra la ley de forma consciente no tiene problemas de conciencia. Tiene problemas cuando las cosas se saben. Por eso ustedes persiguen al mensajero y denuestan al que cumple su obligación. Todo menos afrontar los problemas". Y se aferró a la frase "yo, el único". "Se ha retratado. Pone de manifiesto su manera personalista de entender la política. Esta situación es insostenible y usted lo sabe. Usted está acabado, antes o después, pero está acabado. Siempre será el de los trajes y las dádivas y las adjudicaciones oscuras. Usted, el único, está llevando a la podredumbre moral la política en la Comunidad Valenciana". 

Camps cerró el intercambio con bromas sobre el liderazgo de los socialistas valencianos, con un gráfico inverosímil sobre la evolución de la deuda pública que cifró en el 2,9% del PIB cuando el Banco de España la eleva al 14% de la riqueza regional, la más alta entre todas las comunidades autónomas. Y concluyó con otra inverosímil exhibición de bienestar: "Tengo la felicidad y la tranquilidad de estar rodeado de muy buena gente. Y si hay algo que siempre seré, que siempre podré decir, es que yo fui presidente de la Generalitat. Sueño, a veces sueño con ser ex presidente..., no ahora, en su día". 

A primera hora de la tarde, Oltra se lanzó a degüello contra el presidente. "Nos ha mentido, nos mintió cuando negó que conocía al Bigotes, que nunca había recibido regalos de la presunta trama corrupta que encabezaba Francisco Correa, porque dijo que había pagado los trajes y ahora sabemos que se los regaló Orange Market". Oltra invitó a Camps a recuperar "la mínima dignidad política" y le tomó la palabra: "¿No dice que sueña con el día que sea ex presidente de la Generalitat? Pues háganos un favor, cumpla su sueño, disuelva estas Cortes, convoque elecciones y váyase a pasear". 

Camps tachó a Oltra de tránsfuga para desautorizar su discurso y lamentó que acudiera a un debate de política general sin propuestas. 

Marga Sanz, que se estrenó como portavoz de Esquerra Unida, también atacó a la yugular. "No es usted referencia de otra cosa que de una mancha de corrupción que se extiende sobre toda la vida política de la Comunidad Valenciana. Desde Carlos Fabra, a los trajes, al caso Gürtel y a un documento policial que contiene grabaciones y documentos que usted no puede negar. Señor Camps, debe dimitir y convocar elecciones". 

Camps agradeció la vuelta del discurso de la izquierda más extrema a las Cortes y se aferró a un error de Sanz para ningunear su intervención. 

El presidente se mostró distendido, pero su partido hace aguas. Así los prueban las declaraciones de Carlos Fabra cuando aseguró que "ni el PP de Castellón ni la Diputación han contratado nada con Orange Market". El presidente de la Diputación de Castellón rompió todas las previsiones. Francesc Colomer le preguntó si la trama de supuesta financiación ilegal del PP "se ramificaba en Castellón". Fabra marcó distancias con Camps y aseguró que ni Álvaro Pérez ni su empresa "han trabajado en Castellón". "Si hablan de cuentas del PP, no se referirán a las de Castellón", insistió. 

El tratamiento informativo del debate de política general en los informativos del mediodía de Canal 9 dio de nuevo pie a la protesta, informa Cristina Vázquez. Camps acaparó la práctica totalidad de la noticia frente a los escasos segundos que apareció el portavoz socialista Ángel Luna. Pero lo que denunciaron los sindicatos representados en la cadena de televisión autonómica fue que la dirección del ente público "tapara la boca a los partidos de la oposición" y ocultara el caso Gürtel. 

(www.elpais.com, 30/09/09) 

COSTA RECHAZA DIMITIR MIENTRAS CRECE LA PRESIÓN DEL PP NACIONAL PARA QUE SE VAYA 

El secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, en el ojo del huracán tras las revelaciones del informe policial del caso Gürtel, rechazó ayer dimitir a pesar de las muchas voces que se alzan en su partido reclamando su marcha. La presión desde la dirección nacional del PP fue en aumento a lo largo de la jornada de ayer, pero Costa no dio un paso atrás al considerar por tomadas las medidas «contundentes» que el día anterior le había reclamado la número dos del PP nacional, Maria Dolores de Cospedal, y en las que ayer se reiteró. 

A primera hora de la mañana, el también portavoz del grupo popular en las Corts compareció ante la prensa para reiterar que someterá de nuevo la contabilidad del partido al Tribunal de Cuentas y a una auditoría externa, medidas «excepcionales» que demuestran, dijo, que no hay nada que ocultar. También aseguró que propondrá la creación de una comisión de investigación en las Corts que fiscalice las cuentas del PP pero también las del PSPV y ofreció a los socialistas, antes de registrarla, negociar el plan de trabajo. Esto es, que la iniciativa tiene muy pocas opciones de ir en serio. 

Costa negó que fuera a irse y que haya condicionado su marcha a la salida del vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, cuyo nombre también figura en las conversaciones grabadas por la policía. De hecho, tuvo que dar explicaciones al también conseller de Industria para convencerle de que esa información no había partido de él. Fuentes cercanas a Costa insistían ayer que ninguna de las personas señaladas en las cintas (la tesorera del PP, Yolanda García; el secretario de organización, David Serra; Rambla y el propio Costa) deben de irse porque hacerlo sería dar credibilidad a las acusaciones de financiación irregular. 

Pese al aplomo que trató de mostrar ayer en las Corts, Costa no obtuvo el calor de los suyos, sino todo lo contrario. La frialdad que le mostró el presidente Camps fue comentada por muchos de los presentes. Camps apenas le estrechó la mano en un par de ocasiones y ni si quiera lo hizo por la tarde al finalizar su intervención. La relación con Rambla, fue aún más tensa. Al cruzarse en el hemiciclo, Costa trató de abrazarlo. El vicepresidente, muy molesto con Costa, se quedó quieto.  

Además, fueron contados los diputados que se acercaron a primera hora de la mañana a saludar al portavoz y mostrarle su respaldo.  Mientras tanto, desde Madrid se sucedían los avisos a navegantes. Aunque fuentes de Génova aseguraron que no habían pedido dimisiones y que Camps tenía margen de maniobra para tomar decisiones, dejaron claro que el presidente tiene que explicar «bien» lo que ha ocurrido y aclarar las cuentas del partido. Más diáfano fue el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, al recomendar a Camps que aclare sus vínculos con la trama, ya que «cada palo debe aguantar su vela» si surge «un problema» en una comunidad. Además, diputados de Madrid mostraron en privado su preocupación por la deriva del caso y la «pasividad» mostrada por Camps en el debate de la Comunitat. Por su parte, el líder del PP alicantino, José Joaquín Ripoll, se mostró confiado en que cuando los temas se aclaren se adoptarán las medidas correspondientes. 

(www.levante-emv.com, 30/09/09) 

EL PP PIDE A RAJOY QUE TOME MEDIDAS ANTE LA PASIVIDAD DE CAMPS 

Mariano Rajoy pidió al Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) que se explicase “bien”. María Dolores de Cospedal les exigió “contundencia”. Pero ni una ni otra solicitud han sido atendidas. No al menos como muchos dirigentes conservadores esperaban. Pensaban que se adoptarían medidas drásticas. Y estas no han llegado. 

Sin embargo, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, se esforzaba ayer por probar que habían cumplido las órdenes de la dirección nacional. Se defendió argumentando que habían puesto en marcha cuatro iniciativas “excepcionales”: una auditoría externa de las cuentas del partido, el envío de la contabilidad al Tribunal de Cuentas para que vuelva a revisarla, una denuncia contra los autores del informe policial y una comisión de investigación parlamentaria sobre las cuentas del PP y del PSOE. 

Pero ninguna de ellas supone realmente una novedad. Algunas ya las anunciaron la semana pasada, cuando se conoció el informe policial que acumula indicios de financiación ilegal del PPCV. Además, la comisión de investigación tiene trampa. El PP reclama que los socialistas, cuyas cuentas nadie ha puesto en duda, se sometan también a la fiscalización de Les Corts. 

Camps, por el momento, no va más allá. Y desde las filas conservadoras se critica su pasividad y se siguen exigiendo dimisiones. “Tendrían que pasar todos por la guillotina”, opina un diputado nacional. “Si Costa se fuera, parecería que, al menos, hacemos algo. Un golpe de efecto”, explica una dirigente territorial. La mano derecha de Francisco Camps está en el ojo del huracán desde que apareció señalado en la investigación como la persona que cerraba con Álvaro Pérez, El Bigotes, los pagos en negro por actos del partido.  

Costa desterró ayer ese tema y negó que él hubiese pedido la salida del vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, porque es “un puntal fundamental y amigo mío”.  

Dentro del PP creen que si Camps no fuerza la marcha de ambos, es porque sabe que él tendría que seguir el mismo camino como máximo responsable. El presidente de la Generalitat, por si acaso, comenzó ayer a autoprotegerse. “Por si hay alguna duda, el PP de España no sólo confía, sino que ve en el PPCV una referencia de buenas cosas, buenas prácticas y buen gobierno”, proclamó en Les Corts.  

Mientras, en la sede nacional medían sus declaraciones. Fuentes cercanas a Rajoy explicaban a este diario que el presidente del PP había sido muy claro expresando su confianza en Camps y dándole “libertad” para decidir qué hacer. “Y están haciendo cosas, ¿no?”, señalaban en su apoyo. Pero manteniendo cierta distancia y sin entrar en si les parecía satisfactorio. “La dirección no se ha reunido aún a valorarlas y no se hace un examen diario”, explicaban. 

Pero en las filas del PP son muchos los que consideran que no es suficiente y creen que si Camps no reacciona, Rajoy debe hacerlo. Todos los ojos comienzan a volverse de nuevo hacia él. “En mi casa quiero decisiones”, le reclaman. Algunos le reprochan que siempre se mantenga a la espera y otros, que lance balones fuera. Y lo que más temen, en conjunto, es que le baste con los pasos dados por Camps. Han perdido su fe ciega en el presidente de la Generalitat. Cuando saltó el escándalo de los trajes, le concedieron el beneficio de la duda, pero ahora se echan las manos a la cabeza. Y ya no hacen comparaciones con el presidente del PP canario, José Manuel Soria, absuelto en el caso Salmón: “Hay diferencias. Lo de Valencia afecta a los cimientos del partido”. 

En el Grupo Popular hay quien reconoce que Camps les está haciendo “mucho daño” y recuerdan que han pasado siete meses para que todo siga igual. Están convencidos de que no les afecta electoralmente, pero saben que el caso Gürtel no hace más que eclipsar sus mensajes de alternativa y su labor de oposición. 

Varios cargos se unieron ayer al debate. La portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, indicó que no le corresponde a ella “decir si debe haber dimisiones en Valencia” y defendió el “ejercicio de transparencia” de la comisión de investigación que propugna el PP valenciano.

El titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, entró de lleno apostando por que sea Camps quien lo resuelva. “Cada palo tiene que aguantar su vela”, indicó. Eso sí, aconsejó al PPCV que no se deje llevar “por la comodidad” de ganar elecciones y que clarifique “cualquier sospecha”. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dijo que esperaría a conocer qué personas están acusadas y de qué para tomar “las medidas que sean necesarias”.  

Desde Valencia también se elevó la voz de José Joaquín Ripoll, presidente del PP en Alicante y zaplanista acérrimo. Ripoll dijo que confiaba en que todo se aclarase ahora que Rajoy había intervenido y que se tomasen “las medidas correspondientes”. 

(www.publico.es, 30/09/09)

COSTA RESPONDE AL PP: "LAS MEDIDAS CONTUNDENTES YA SE HAN TOMADO" 

El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) y portavoz en las Corts Valencianes, Ricardo Costa, ha asegurado que las "medidas contundentes " que les han pedido desde la cúpula del PP ya se han adoptado.  

En declaraciones realizadas en los pasillos de las Corts, Costa detalló las cuatro medidas "excepcionales" que el PPCV ha tomado para defenderse de las acusaciones relacionadas con el caso Gürtel.

Al parecer, su partido "ha pedido una auditoría externa de una firma de auditoría internacional", y esta misma mañana ha presentado la contabilidad del PPCV con el objetivo de que "vuelva a ser auditada por el Tribunal de Cuentas de forma individual". 

Asimismo, los conservadores valencianos han presentado una denuncia por el informe policial que apunta una presunta financiación irregular del partido y, además, han "solicitado una comisión de investigación sobre las cuentas del Partido Popular y del Partido Socialista en las Corts Valencianes". 

"Esas son las medidas contundentes que el PP nivel nacional nos ha pedido", señaló, e insistió en que son "las medidas contundentes que el partido a nivel nacional ha aceptado". 

Por otra parte, ante las informaciones publicadas hoy en algunos medios que apuntaban a que habría pedido la dimisión de Vicente Rambla, Costa manifestó que Rambla es un "puntal fundamental del partido y del Gobierno" y su "amigo personal", y aseguró que nunca ha pedido su dimisión. 

Remarcó que nunca ha reclamado esta medida "por muchos motivos, pero en este caso también, concretamente, porque el informe de la Brigada Policial de Blanqueo de Capital sí es falso, y por tanto, el señor Rambla no tiene por qué dimitir". 

(www.elpais.com, 29/09/09)

ÁLVARO PÉREZ SE REUNIÓ CON CARGOS DE PRESIDENCIA ANTES DE QUE LE DIERAN FITUR 

­El presidente de Orange Market y jefe de la franquicia valenciana de la trama corrupta de Francisco Correa, Álvaro Pérez, se reunió con cargos de Presidencia de la Generalitat para tratar sobre la Feria Internacional de Turismo de Madrid antes de que le adjudicaran, por quinto año consecutivo, el «stand» valenciano en Fitur por 915.820 euros, IVA incluido. El «Acta de transcripción de conversaciones telefónicas de interés», que figura como anexo al informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, recoge una conversación, del pasado 6 de noviembre de 2008, entre el «El Bigotes» y Pablo Crespo, el número dos de Correa. La charla la interrumpe Pérez porque, dice, tiene que «entrar en el despacho ahora mismo pero está Dora Ibars con Arancha, que vamos a hablar de los [sic] de Fitur».  

El «los» debe tratarse de una errata, de manera que lo que Pérez y las dos personas aludidas tienen que abordar sería «lo de Fitur». Las interlocutoras de «El Bigotes» son altos cargos de Presidencia. Ibars es directora general de Promoción Institucional y forma para del consejo de administración de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat, que ya adjudicó la fiesta inaugural de la Volvo Ocean Race en Alicante por 516.000 euros con IVA. «Arancha», con toda probabilidad, es la directora de esa mercantil del Consell, Arantxa Vallés. 

El 6 de noviembre todavía no se había adjudicado el concurso público tramitado por la Agencia Valenciana de Turismo, que se publicó en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana el 2 de octubre de 2008. La fecha tope para presentar ofertas era la del 4 de noviembre. Pues bien, dos días después ya quedaban «El Bigotes» con Ibars y Vallés para tratar de Fitur. La adjudicación provisional de este contrato no se produjo hasta el 5 de diciembre, pero no sería hasta el 29 de diciembre cuando la mesa de contratación elevó la propuesta de adjudicación definitiva a Orange Market. La resolución de la concesión definitiva es del 30 de diciembre. 

Otra conversación, del 23 de diciembre —todavía sin adjudicación definitiva—, revela cómo los responsables de Orange Market y Dora Ibars negociaban sobre el presupuesto de Fitur. La directora general les presionó para que abarataran el presupuesto. 

La oferta más cara 

La propuesta de Orange Market fue la más cara de las presentadas, tal como reconoció la entonces consellera de Turismo, Angélica Such. Tanto Ibars como Vallés declararon en mayo ante el TSJCV y negaron haber recibido cualquier indicación para otorgar los contratos a la firma de «El Bigotes». Entre 2005 y 2009, Turismo pagó a la empresa 6,9 millones por todas las ferias de Fitur. De éstos, casi 1,5 millones fueron extras al margen de los precios de adjudicación. 

(www.levante-emv.com, 29/09/09) 

LOS POPULARES PAGARON 2,2 MILLONES EN B EL AÑO DE LAS AUTONÓMICAS 

El PP valenciano pagó con factura unos 1,8 millones de euros entre 2003 y 2007 a Orange Market. Solamente en el último año, el de la campaña de las autonómicas y municipales, esa firma ingresó casi 2,2 millones de euros por los actos que montó para el PP, según el informe de la Brigada de Blanqueo de capitales de la Udef. En esa cantidad se incluyen, por ejemplo, los 55.588 euros de diferencia entre los 72.000 que constan en la caja B de la empresa como ingresos del PP de Castelló «a cuenta» y los 16.412 que abonó con factura, el 5 de marzo. «Se desconoce la justificación contable de la diferencia», señala el informe policial. De igual forma, Orange Market cobró 12.000 euros por un acto de precampaña celebrado el 24 de febrero en Alicante, cuando costó realmente 74.495 euros. La diferencia (62.495 euros) no consta ni en la contabilidad del PP ni en la oficial de Orange Market, según el informe. Un documento en el que se reflejan curiosidades sobre las «personas de contacto». Por ejemplo, en Ontinyent, donde aparece el nombre de Inma Insa. Se refieren, dice la policía, a la alcaldesa, Lina Insa, o a la concejala de Cultura, Inma Martí. Este diario pudo comprobar que el móvil que se apunta es el de Lina Insa. 

En las generales de 2008, la firma de Álvaro Pérez ingresó partidas en negro por actos montados en los municipios. No existen apuntes contables regulares ni facturas libradas. En Gandia (8.129 euros), Crevillent (39.900 euros), Elda (9.745 euros) o Alcoi (5.067 euros) se dieron esas circunstancias anómalas, según la policía.  

(www.levante-emv.com, 29/09/09) 

LAS CINTAS APUNTAN QUE RAMBLA «APADRINÓ» A ORANGE MARKET PARA UN EVENTO CON 50.000 MUJERES 

La transcripción de las conversaciones telefónicas incluida como anexo en el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía apunta a que el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, «apadrinó» a Orange Market para un posible evento deportivo que finalmente no ha llegado a celebrarse. Al menos eso es lo que le cuenta el presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, al número dos de Francisco Correa, Pablo Crespo, al trasladarle la conversación que ha mantenido con el padre de uno de los compañeros de colegio de su hijo, que participó en una reunión con Rambla tras quedarse un fondo inversor en el que trabaja la empresa de ropa deportiva Kelme. El gran evento, de los que el Consell de Camps ha hecho uno de los pilares de su política, consistía en batir el récord Guiness de mujeres, 50.000, haciendo «fitness», con la Ciudad de las Artes y de las Ciencias como escenario.

Los cabecillas de la trama dan por hecha la participación de la empresa pública que gestiona el complejo levantado por Santiago Calatrava en Valencia en el proyecto. La conversación se produce el 5 de diciembre de 2008. Según explica «El Bigotes» a Pablo Crespo, el padre de un compañero de su hijo se dedica a temas económicos y está en un fondo de inversión que se ha quedado con Kelme. La crisis de esta firma deportiva valenciana, apunta «El Bigotes», la ha gestionado el director del Instituto de Finanzas, Enrique Pérez Boada.

Acto seguido, añade entonces que este padre «le dijo que ayer, en una reunión, estuvieron con el vicepresidente del Gobierno, Vicente Rambla», a lo que «El Bigotes» le apunta que el vicepresidente del Consell «es muy amigo suyo».

Un helicóptero desde el cielo 

El hombre de Francisco Correa en Valencia agrega que el padre «cuenta que quieren volcarse en el tema del fútbol y en el del ´fitness´, y que Vicente Rambla les dijo que para todos esos temas a él le gustaría que lo hiciera una empresa valenciana que se llama Orange Market, cuyo dueño es Álvaro Pérez».

«El Bigotes» señala que una de las ideas que le ha planteado el padre es que «50.000 mujeres batiesen el récord de fitness, con un helicóptero grabando desde el cielo y en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, con gente del Libro Guiness certificándolo». En ese momento, Pablo Crespo apostilla que la Ciudad de las Artes y las Ciencias «también lo patrocinaría». Habla como si fuera el director de Cacsa. La transcripción revela que el presidente de Orange Market quedó con el padre del niño, al que no se identifica en ningún momento, para hablar del asunto. Pérez asegura que ha llamado a Vicente Rambla «para decirle que ya ha hablado con el hombre ése». Añade que «aprovechó la circunstancia para decirle a Vicente que a ver si la semana que viene le echa una mano». «Vicente le respondió que ya quedarán para desayunar y hablar, ´No te preocupes que está ya a punto de caer´», zanjó, supuestamente sobre el proyecto.  

La actitud que Pérez le atribuye a Rambla se contradice, no obstante, con las pegas que en otras conversaciones el vicepresidente pone a las pretensiones de la trama y que provocan las iras de «El Bigotes» con la complicidad del secretario general , Ricardo Costa. 

(www.levante-emv.com, 29/09/09) 

RAJOY ESTÁ DISPUESTO A SACRIFICAR A COSTA Y ÉSTE QUIERE QUE RAMBLA CAIGA CON ÉL  

La dirección del PP en Madrid está dispuesta a dejar caer a una de las piezas implicadas en el informe policial sobre posible financiación irregular del PP y, según fuentes próximas al Consell, así se lo habría trasladado al jefe del ejecutivo valenciano. Ricardo Costa, secretario general del PP, sería la figura sacrificada para apaciguar la tormentosa situación desatada tras las últimas revelaciones del caso Gürtel, que implican a Costa, David Serra y el vicepresidente Rambla, entre otros. 

La solución de urgencia habría sido tomada de común acuerdo con el jefe del Consell y debatida en la sede de Presidencia de la Generalitat el domingo, donde se citó medio gabinete de Camps, además de Costa y David Serra. La reunión fue muy tensa. Costa, en algún momento, habría amenazado con no marcharse si el vicepresidente Rambla no seguía sus pasos. Según círculos del PP, su dimisión se habría aplazado hasta después del debate de política general.  

La tirantez entre Costa y Rambla, esto es, entre el partido y el Gobierno, ha sido una de las claves de esta legislatura. El hecho de que Costa haya echado un pulso en las espaldas de Rambla no ha?ce sino constatar la tensión entre ambos.  

Ayer, la secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal, se mostró convencida de que Camps con contundencia en este ca?so. Rambla, por su parte, anunció querellas contra los medios de comunicación por tergiversar el sentido de las grabaciones. 

El PP avanzó ayer que acepta la propuesta del PSPV de crear una comisión de investigación en las Corts sobre su financiación, si bien puso como condición que también se audite la de los socialistas, y señaló que su intención es que comparezca desde el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "hasta el último funcionario" responsable del informe de la Brigada Policial de Blanqueo de Capitales que apunta a una presunta financiación ilegal del PPCV.  

Así se pronunció el secretario general del grupo parlamentario popular en las Corts, David Serra, quien insistió en que las cuentas del partido "están absolutamente claras" e "impolutas"; "han estado supervisadas y han estado auditadas interna y externamente y han pasado el control del Tribunal de Cuentas", y, al respecto, incidió en que su grupo está dispuesto a que se cree una comisión de investigación pero para estudiar también la financiación del PSPV porque es "absolutamente legítimo". El PSPV pide elecciones la disolución de las Corts, la renuncia de Camps y el anticipo de elecciones. 

(www.levante-emv.com, 29/09/09)

LA TRAMA GÜRTEL COBRÓ AL PP EN NEGRO POR LAS PRINCIPALES CAMPAÑAS LOCALES DE 2007 

­La huella de Orange Market en el PP valenciano es omnipresente. La mano de Álvaro Pérez, corresponsal de Francisco Correa como recaudador en la Comunitat Valenciana, no sólo movía hilos en los despachos de casi todas las conselleries y de la sede regional del PP. La franquicia valenciana de la trama corrupta actuó desde Vinaròs a Pilar de la Horadada en numerosas campañas municipales de 2007. Y cobró muchos de los actos en dinero «B». Lo revela el informe de la Unidad contra la delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la policía en el que se destapa un entramado de financiación ilegal de los populares, a través de empresas de la red Gürtel, así como pagos del partido a Orange Market en dinero negro.  

En el citado documento, rechazado por el TSJ valenciano a petición del presidente Camps, Costa y Campos, aparecen numerosos apuntes contables como deuda de «Barcelona» (en referencia al dinero «B») por actos de precampaña y campaña de las municipales de 2007 en una veintena de ciudades.  

«En la mayoría de los actos no se localiza factura alguna justificativa, salvo cuando aparece la cantidad cobrada», señala la Brigada de Blanqueo como conclusión, tras escrutar tanto el libro de facturas de Orange Market como la contabilidad incautada a la trama. Junto a las cantidades fijadas como coste de los actos que se cobrarían en negro, en la documentación interna de la trama figuran en la mayoría de los casos los nombres de los alcaldes y dirigentes locales con un teléfono móvil personal.  

En su escrito de conclusiones, la policía señala que podría ser la «persona de contacto para tratar sobre la financiación para realizar el acto». Alcaldes como Lorenzo Agustí (Paterna), Adela Pedrosa (Elda), Manuel Corredera (Mislata), César Augusto Asencio (Crevillent) o José Ciscar (Teulada), entre otros, se encuentran en esa delicada condición de contactos según el informe. 

Todos ellos campsistas de pro y en varios casos dirigentes regionales y provinciales. También aparecen portavoces populares en importantes ayuntamientos como el de Elx (Mercedes Alonso), Quart (Amparo Mora) o Alcoi (Miguel Peralta). En este último caso, por un acto de las generales de 2008. 

Solamente en tres de los municipios investigados aparecen facturas pagadas con su correspondiente IVA a cuenta de esos actos. Y aún así, resultan cargos bastante heterodoxos. En Vila-real, por ejemplo, se abonó una factura de 16.000 euros, pero se quedaron sin pagar 2.640 euros, que se apuntan como pendientes en caja «Barcelona», siempre según el informe al que ha tenido acceso este diario.  

La persona encargada, según la policía judicial, de tratar sobre la financiación era Francisco Martínez, alcalde y vicepresidente de la Diputación de Castelló. Más estrambótico resulta el caso de Gandia. Orange Market emitió sendas facturas (las números 73 y 74 de 2007) por un montante 1.740 euros (1.500 más IVA) a nombre del candidato a alcalde Arturo Torró por una cena celebrada el 12 de febrero y un acto del 18 de mayo. 

En total, la ventanilla valenciana de Gürtel ingresó 3.480 euros. El coste total de los dos actos ascendía a 18.998 euros. Por eso en el llamado «Cuadro alcaldes» de toda la actividad en negro desarrollada por la firma de Álvaro Pérez por la geografía valenciana figura pendiente de pago 14.183 euros. La policía llega a una conclusión incómoda para Torró: «Se desconoce la justificación contable de la diferencia y el posible origen del dinero» que sirvió para satisfacer el pago.  

La ex secretaria general del PP Adela Pedrosa consta, como alcaldesa de Elda, en la documentación incautada. Como «hoja Pedrosa» se consignan cuatro actos de Orange Market en su municipio entre el 23 de enero y el 10 de mayo de 2007. El importe total asciende a 13.997 euros. Como en los otros casos, no hay factura, según el informe. 

(www.levante-emv.com, 29/09/09)

RAJOY EMPLAZA A CAMPS A QUE 'EXPLIQUE MEJOR' SUS CUENTAS

Los trajes de Camps aguantaron toda la presión política del caso Gürtel sobre el PP. Pero el informe policial sobre la presunta financiación irregular en Valencia está a punto de romper por las costuras la cúpula del partido regional. Tras días de confusión entre sus contraataques a Rubalcaba y los largos silencios de Madrid, Génova movió ayer ficha. Por primera vez, la dirección nacional ha protagonizado un tímido desmarque del barón que apadrinó a Rajoy en el Congreso de Valencia y le ha presionado para que actúe con «contundencia».  

En este súbito y aparente sálvese quien pueda, fue precisamente Rajoy el primero en emplazar a Camps a «explicarse» en relación con el mismo informe policial que, el viernes pasado, Federico Trillo desde Madrid y Ricardo Costa desde Valencia calificaron de «montaje».  

Se trató de un muy medido emplazamiento para que su gran aliado político haga «un esfuerzo» por «explicar mejor estas cosas, por lo menos de cara a la opinión pública, y para que no haya ninguna duda». Además, Rajoy no dejó de revalidar su «confianza en Camps». «Yo lo he apoyado, lo sigo apoyando», afirmó, sin renunciar a reseñar la situación en la que vive el PP de Valencia de «diabólica» porque «tiene que demostrar su inocencia sin que nadie demuestre su culpabilidad».  

El caso es que, en su entrevista con Félix Madero en Punto Radio, Rajoy se olvidó de la «chapuza» y el «montaje» denunciados el primer día por Federico Trillo y habló del contenido del informe dándole una inédita carta de naturaleza. Dijo que «lo que dice sustancialmente, la conclusión a la que llega la Policía, es que algunos actos del PP los ha podido financiar alguien ajeno al PP».  

A continuación, el presidente nacional del PP marcó límites regionales al problema, al dar la versión de los populares valencianos y afirmar que «el PP de Valencia dice que no, que han presentado sus cuentas y aquí nadie ha demostrado que eso sea así».  

Y desde esa escrupulosa distancia -no ya «estaré detrás de ti, delante, al lado, da igual, Paco», como le dijo en el último mitin de la campaña europea en la Plaza de Toros de Valencia- Rajoy añadió por su parte: «Yo tengo que confiar en la gente de mi partido y en cómo llevan las cosas». «Creo», puntualizó, «en la presunción de inocencia».  

Dicho lo anterior, no obstante, Rajoy lanzó su exhorto: «Espero que hagan un esfuerzo, por lo menos de cara a la opinión pública, para explicar estas cosas mejor y para que no haya ninguna duda».  

También Esperanza Aguirre contribuyó involuntariamente a caldear el ambiente al marcar distancias entre el Gürtel de Valencia y el que afecta a Madrid. Preguntada por si se había sentido discriminada por Rajoy por sus reiteradas manifestaciones de apoyo a Camps, la presidenta madrileña puntualizó en TVE que «a Esperanza Aguirre no le han acusado de nada y al señor Camps sí le han acusado. Como a mí no me han acusado de nada, no necesito que me apoyen». Eso sí, dejó dicho que «por suerte», «el TSJ de Valencia ha dicho que el señor Camps no ha cometido cohecho impropio».  

Pero el verdadero mensaje de Génova a Camps se visualizó con toda su crudeza en boca de María Dolores de Cospedal y desde la misma sede nacional del partido, minutos después de reunirse el Comité de Dirección. «Lo conveniente sería que el PP de Valencia actúe de manera libre y contundente», fueron las explícitas palabras de la secretaria general popular.  

Unas palabras que, desde el primer momento, fueron interpretadas como una clara presión de Génova a Camps para que corte cabezas y, en particular, como una amenaza clara a la continuidad en el cargo del propio secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa.  

Cospedal negó haber impuesto «plazos ni condiciones» para la adopción de medidas, pero dejó claro que su interlocutor en el velado emplazamiento de la dirección nacional había sido el propio Francisco Camps, con quien reconoció haber hablado, y no Ricardo Costa, pese a ser, como ella, número dos.  

Al igual que Rajoy, Cospedal puso cuidado en marcar fronteras y puntualizar que la solución del problema le compete al partido regional. Y, en este sentido, expresó el apoyo de la dirección «a todo el PP de Valencia». «Estamos convencidos», dijo, «de que el PP de Valencia actuará convenientemente en este asunto, como lo hace siempre».  

Más de cuatro y cinco veces repitió esta frase la número dos en su rueda de prensa con el claro propósito de no saltarse ni una coma del guión marcado por la dirección nacional del partido. A las primeras preguntas sobre la medida que sería «más conveniente» al partido, Cospedal contestó: «Si yo dijera cómo, no estaría confiando en el PP valenciano».  

Sólo cuando fue replicada sobre la posible «conveniencia» de que se produzcan ceses en la dirección regional, Cospedal improvisó con su reclamo de «contundencia» en la «libre» actuación del partido regional.  

La corrección del discurso popular de Cospedal le había llevado, igualmente, a afirmar al comienzo de la rueda de prensa que «quienes tienen que comprobar la veracidad del informe son los tribunales» y que, a falta incluso de constituir una actuación de la Fiscalía, no cabía «elevarlo» como se pretendía, «a la categoría de sentencia». Sin embargo, en el turno de preguntas se negó a calificarlo de «montaje», como, además de Trillo y, muy especialmente, hizo Ricardo Costa.  

Las fuentes consultadas en la dirección nacional confirmaron las dudas sobre la continuidad de Costa en su cargo, pero negaron haber exigido su destitución y no descartaron la de otros dirigentes. En el partido, en todo caso, se comentaba que pedir la cabeza de Costa sería «una pequeña broma», porque el informe implicaría a toda la organización, a Camps y «al propio Rajoy». 

(www.elmundo.es, 29/09/09) 

EL PP APRIETA A CAMPS PARA QUE REACCIONE ANTE EL ESCÁNDALO GÜRTEL 

Hace tres meses, en plena crisis por el escándalo de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, Mariano Rajoy decidió no mojarse y enviar a Dolores de Cospedal, su secretaria general, a empujarle para que dimitiera. No lo logró. Ayer, de nuevo, se repitió la estrategia marianista, esta vez en un asunto aún más delicado: convencer a Francisco Camps de que tiene que hacer algo para tapar la sangría de imagen que está provocando el caso Gürtel. Cospedal le llamó, y la conversación fue tensa, según diversas fuentes. Ella, sin reclamar expresamente dimisiones, le pidió "contundencia". Pero, al igual que sucedió con Bárcenas, tampoco le convenció. Camps está enrocado. 

Ante la evidencia de que por las buenas no lograba nada, Cospedal optó por las malas. Y las malas, casi siempre en política, son a través de la prensa. Pocas horas después de que Rajoy mostrara en Punto Radio que no piensa seguir tan a ciegas a Camps como hizo con el caso de los trajes -"creo que deberían hacer un esfuerzo por explicarlo mejor para que no haya ninguna duda", dijo- Cospedal lanzo un mensaje clarísimo en la rueda de prensa en la sede de la calle Génova: "Estamos convencidos de que el PP de Valencia actuará convenientemente". Era la frase pactada, para meter presión y dejar la responsabilidad en manos de Camps. 

Pero tras ocho preguntas, fue un poco más allá y soltó algo muy parecido a lo que le había dicho en privado al presidente valenciano. "¿Actuación conveniente es forzar ceses?", le preguntaron. "Lo conveniente es que el PP pueda actuar de manera libre y contundente. Queremos que se sienta apoyado para que pueda hacer lo que tiene que hacer". 

Todo el partido interpretó que Génova estaba pidiendo dimisiones. Se habla de Ricardo Costa, que aparece en las conversaciones, pero también de Vicente Rambla, vicepresidente y responsable de hablar con los empresarios que supuestamente habrían financiado ilegalmente al PP. 

Los dos se resisten a dimitir. Varios dirigentes comentan en privado que la negativa de Costa es razonable, puesto que a nadie se le escapa que era el propio Camps y su esposa quienes mantenían una estrecha amistad con Álvaro Pérez, El Bigotes, y fue el presidente quien le ayudó a instalarse en Valencia después de que Génova rompiera con él en 2004. Desde que llegó El Bigotes, mucho antes de que Costa fuera secretario general -llegó en 2007-, obtuvo todos los contratos del PP -al menos 2,7 millones de euros- y algunos muy jugosos de la Generalitat -al menos 7 millones-. 

En una reunión de maitines dominada por este asunto, fue Cospedal la que más claramente se mostró a favor de presionar a Camps, según fuentes del PP. Ella es una de los pocos miembros de la cúpula que no está manchada por Gürtel ya que no estaba en la estructura de Génova cuando Correa lo hacía casi todo en el PP. 

La distancia, que no ruptura, entre Génova y Valencia se hizo evidente. Mientras Cospedal rechazaba la palabra "montaje" para referirse al informe, los valencianos denunciaban a los policías. El entorno de Rajoy ha intentado convencerle de que el informe lo ha hecho una brigada muy profesionalizada. De momento Génova aparca la estrategia inicial, que consistía en buscar a los autores del texto para tratar de demostrar motivaciones espúreas. La contundencia de las pruebas y el goteo de informaciones parece haber convencido al líder para distanciarse poco a poco de la estrategia de Camps. 

Sin embargo, el mensaje era tan claro que, ante la gravedad del encontronazo entre Valencia y Madrid, durante toda la tarde hubo conversaciones cruzadas para buscar un punto de encuentro. Y a última hora, el PP valenciano emitió un comunicado en el que señala que ya ha tomado esas "medidas pertinentes": proponer una comisión de investigación en la que se investiguen las cuentas del PP y del PSOE y que comparezca Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior; denunciar a los policías -lo contrario de lo que pedía Génova- y abrir sus cuentas -las de dinero A- a una auditoría internacional. 

La piedra, sin embargo, ya estaba tirada y Cospedal no escondió la mano. Tras este cambio de tono está, según fuentes de la dirección, la convicción de que el asunto acabará en manos de los tribunales y habrá imputados, por lo que no ofrecer dimisiones sólo es retrasar la agonía. Además, las encuestas que tiene Rajoy son buenas, y quiere cerrar el caso Gürtel cuanto antes para concentrarse en lo que llama "construir la alternativa". Camps, sin embargo, no quiere hacer nada hasta que haya una decisión judicial. Y Rajoy, que siempre prefiere evitar las guerras, no puede obligarle, ya que fue su gran apoyo en la guerra interna de 2008. 

Mientras, Camps trató de aislarse de la olla a presión en la que se ha convertido su partido para intentar concentrarse en el debate de política general que hoy tendrá lugar en las Cortes Valencianas, al que acude en su momento de mayor debilidad. Hasta ahora, la estrategia de la resistencia funcionó. Génova cree que ya no da más de sí, pero hoy el presidente valenciano tratará de demostrar que aún es posible dar por buena la idea de que resistir es ganar. 

(www.elpais.com, 29/09/09) 

EL PP DEJA EN MANOS DE CAMPS LA PURGA POR EL ‘CASO GÜRTEL’  

La patata caliente de la presunta financiación ilegal del PP vinculada a la trama de corrupción del caso Gürtel no se mueve, de momento, de Valencia. Así lo decidió ayer la cúpula estatal del partido, que anunció que deja en manos del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, la resolución de la crisis en clave interna. Una salida que podría pasar, en formato de purga para frenar males mayores, por la destitución de algún cargo intermedio. 

La secretaria general de los conservadores, María Dolores de Cospedal, interpretó el papel de Poncio Pilatos ante la avalancha de preguntas de los periodistas sobre las razones por las que su formación no ha abierto una investigación interna tras la divulgación de un informe policial que concluye que la dirección del PP valenciano organizó una trama de financiación ilegal del partido a través de la empresa Orange Market. De Cospedal repitió una y otra vez que se trata de un «informe policial elevado a la categoría de condena» y, tras mostrar su apoyo incondicional a los afectados, se limitó a expresar su «convencimiento» de que actuarán «convenientemente». Es decir, «de manera libre y contundente». 

La dirigente popular evitó hablar de ceses o dimisiones, aunque fue especialmente elocuente al negar que hubiera hablado en los últimos días con el número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, señalado en la investigación como uno de los principales responsables de la trama. 

De Cospedal apuntó que la ejecutiva regional del partido tenía previsto reunirse en la tarde de ayer, lo que disparó las alarmas sobre un hipotético adiós de Costa que, finalmente, no se produjo. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), sin embargo, no se dio por aludido y su contundencia se redujo a emitir un comunicado en el que reitera que presentará una denuncia contra el informe policial por contener «informaciones sesgadas, intencionadas y sin pruebas». 

El PPCV añadió como única medida que podría interpretarse como una autocrítica el encargo de un informe sobre sus cuentas a una firma auditora internacional y la petición de que el Tribunal de Cuentas «vuelva a fiscalizar de forma individual» la contabilidad de la formación. «Estamos dispuestos a pasar de nuevo la prueba del algodón como ejercicio de transparencia», dijo el vicesecretario general del PPCV, David Serra. Este exigió, al mismo tiempo, que todos los partidos se sometan a idéntico examen y reclamó la creación de una comisión de investigación en el Parlamento valenciano que escrute también a los socialistas. 

Estos últimos replicaron pidiendo a Camps que disuelva las Cortes valencianas, convoque elecciones anticipadas, y presente su renuncia. Una reclamación que centrará el debate de política general que se vivirá hoy en el Parlamento autonómico. «Deben ser los valencianos quienes resuelvan en las urnas la implicación de los populares y de varios altos del Consell en el caso Gürtel», dijo el secretario general del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV), Jorge Alarte. 

Esta situación de cierre en falso de la crisis devuelve la pelota al tejado de la dirección estatal del PP, que se verá obligada a pronunciarse en las próximas horas de una forma más concreta ante el peligro de que la mancha de aceite se extienda y acabe llegando hasta las puertas de la sede central de la calle Génova 

(www.elperiodico.com, 29/09/09) 

COSPEDAL: "UN INFORME POLICIAL NO DEJA DE SER UN INFORME" 

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha reiterado su apoyo al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y se ha mostrado despreocupada por el informe policial que le acusa como uno de los cargos del PP vinculados a la Gürtel pues, en su opinión, "un informe policial no deja de ser un informe, y a partir de ahí hay que buscar pruebas".  

En una entrevista concedida a Antena 3, De Cospedal ha querido recordar "un asunto en Canarias sobre un informe policial", refiriéndose al caso Salmón, en el que se acusó de cohecho al presidente del PP en Canarias, José Manuel Soria, por haber aceptado un viaje en avión al que le había invitado un empresario para lograr sacar adelante uno de sus proyectos. Cospedal ha recordado este episodio porque el caso finalmente se archivó, al considerar que no se trataba de un soborno.  

"Hace poco hemos conocido un asunto en Canarias sobre un informe policial diciéndole barbaridades todos los días al presidente del PP en Canarias. Sobre ese informe policial, se detectaron más de diez irregularidades, y al final el caso se archivó". 

Con esto, la secretaria general del PP ha querido demostrar que "los informes policiales no son definitivos", y menos aún teniendo en cuenta que "el informe policial que acusa a Camps se ha presentado en dos ocasiones ante los tribunales, y nunca se vio en él la suficiente contundencia como para condenarle". "No se puede elevar un informe policial a la categoría de condena", concluyó.  

Cospedal ha hablado también de la reunión que tiene prevista hoy con el ministro de Educación, Ángel Gabilondo. La secretaria general del PP ha mostrado su predisposición ha conseguir un pacto con el ministro, pues "España necesita urgentemente un cambio en el modelo educativo". 

La política conservadora ha reconocido que la LOGSE "ha fracasado", y eso se ve "en las altas cifras de fracaso escolar, de abandono escolar y de paro entre la juventud". 

(www.elmundo.es, 29/09/09) 

EL 'MARRÓN' DE RIC  

Conocer a Ricardo Costa es una experiencia inolvidable. Todo el que haya pasado por ella me entenderá. Atrevido, hablador, con sus camisas ceñidas a los pectorales y las iniciales bordadas a la altura del estómago, el secretario general del PP valenciano es un auténtico actor sacado de las películas de Scary movie. Ricardo Costa conduce un espectacular Infiniti, se mueve como pez en el agua en Gabana y, para qué le vamos a dar más vueltas, es la quintaescencia del pijerío. Se siente poderoso y no lo oculta. Ha llegado más lejos que su hermano Juan, a pesar de que es más joven y menos reflexivo. Hizo una carrera política meteórica hasta que Francisco Camps le convirtió en su alter ego como secretario general. La vida de este joven tiene toda la pinta de haber sido un camino de rosas.  

Al margen del golpe que se dio con el Infiniti y que lo dejó bastante magullado. Es un buen relaciones públicas, el rey de los mundos de Yupi, y le pega muchísimo que sus amiguetes le llamen Ric, como hacía Alvarito. No es una sorpresa que se llevaba mal con Vicente Rambla -otro hombre de confianza de Camps- si bien que le llame «hijodeputa» rechina un poco. ¿Qué cara pondrá el susodicho cuando se crucen por la Generalitat? Las grabaciones del informe de la Policía, llevadas a cabo con autorización judicial, evidencian que en el entorno de Camps hay un ambientazo tremendo. 

Dirigentes, militantes, diputados, senadores, eurodiputados, miembros del Comité Ejecutivo y hasta simpatizantes del PP han sentido bochorno al leer las conversaciones de Ric y David Serra con El Bigotes. Puesto que la pesadilla de los trajes tuvo un final feliz, y que a su jefe Francisco Camps la amistad con Alvarito no le pasó factura, Ric dedujo que en su caso sería lo mismo. Y que con echar la culpa a Rubalcaba -lo que se tiene que estar riendo el ministro del Interior- lo tenía chupado. Pero hete aquí que Mariano Rajoy -loado sea Dios- ha despertado del sopor que le produce pensar en la trama Gürtel y esta vez reclama alguna cabeza para cortar un escándalo que está minando los cimientos de la oposición. No es por nada, pero Ric tiene todas las papeletas para ser el chivo expiatorio de este mes. El caso es que él ya se lo debía oler cuando le dijo a Alvarito: «Ya verás cómo me echarán el muerto a mí». Dice Rajoy que estas conversaciones son «interpretables».  

Desde el punto de vista penal, puede, pero desde el punto de vista político, son tumbativas. Nadie en el PP nacional va a llorar por Ricardo Costa, que, al parecer, no quiere comerse el marrón él solito, sino en compañía de otros. Ric tenía que haber escuchado la filosófica reflexión que le hizo El Bigotes a Correa: «Estar relacionado con un político importante siempre te trae problemas. Hay que quererlos, pero que estén lejos; con lo que sufres, con lo que lloras, con lo que luchas para hacer las cosas bien, al final tienes problemas y te llevas disgustos». 

(www.elmundo.es, 29/09/09) 

COSTA CREE QUE ANTES QUE ÉL DEBE SALIR RAMBLA 

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana entró ayer en una espiral de posibles dimisiones tras asumir como inevitable la marcha de su secretario general, Ricardo Costa, y abrir el debate sobre si es necesaria también la salida del vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, para depurar todas las responsabilidades. Ambos se han visto salpicados por el informe policial que apunta a una posible financiación irregular en el PP y sobre ellos se han centrado todas las presiones para intentar atajar una crisis que amenaza de lleno al presidente de la Generalitat, Francisco Camps.  

La dimisión de Ricardo Costa podría producirse en las próximas horas, posiblemente una vez finalice el debate de Política General que hoy comienza en las Cortes Valencianas y concluye mañana. Un debate que el PSPV va a aprovechar para pedir la renuncia de Camps y la convocatoria de elecciones anticipadas.  

Pero, según fuentes del PP, su cabeza no será la única. Costa condiciona su marcha a que dimita también Vicente Rambla y así lo ha transmitido a la cúpula del PP. Argumenta que él no tiene responsabilidad en las adjudicaciones. Su postura no es exclusiva. Algunos barones valencianos respaldan una solución drástica, que pasa por dejar fuera de la escena política a todos los afectados por el caso Gürtel -Costa, Rambla, David Serra (vicesecretario de Organización) y Yolanda García (tesorera del grupo parlamentario)-. De este modo, aunque con mucha más tardanza, copiarían el modelo seguido en Madrid por Esperanza Aguirre.  

En el partido hay cierta unanimidad sobre que Costa «no debe pagar él solo el pato», aunque también se considera «injusto» que Rambla abandone el Consell por este asunto. Pero ayer todo el debate interno se centraba en la continuidad del vicepresidente primero, una vez aceptado que Costa está políticamente «muerto».  

Francisco Camps, según fuentes de Presidencia, no descarta ninguna opción. En privado ha dado respaldo a su secretario general, y ayer su gabinete minimizó los mensajes de Génova pidiendo medidas contundentes. Presidencia pretende superar, como sea, el trámite del debate de Política General, en el que Camps anunciará una rebaja fiscal y desplegará su plan de austeridad.  

Pese a la dureza de las decisiones, algunos dirigentes mantienen que sólo con las dimisiones de Costa y Rambla se podría evitar que este asunto perjudique a Camps. Sin embargo, el presidente se resiste porque hacerlo significa dar por bueno el informe policial, sobre todo en lo referido a las adjudicaciones y al supuesto papel de su vicepresidente.  

Sus dudas no ocultan un mar de fondo en la organización, a todos los niveles, que ante el mutismo de Camps busca respuesta en los presidentes provinciales. Los tres dirigentes territoriales -Carlos Fabra (Castellón), Alfonso Rus (Valencia) y José Joaquín Ripoll (Alicante)- han mantenido intensos contactos en las últimas horas, en una extraña entente fruto de la necesidad de contrarrestar los silencios del presidente. Desde hace meses, los tres habían reclamado a Camps un encuentro conjunto que a estas alturas no se ha producido. Es una muestra más de la soledad con la que el presidente ha asumido la gestión de esta crisis y de la anterior -el proceso judicial del caso de los trajes-. 

(www.elmundo.es, 29/09/09) 

EL PP USÓ AL GRUPO PARLAMENTARIO PARA 'FABRICAR' UNA FACTURA PARA 'EL BIGOTES' 

El PP utilizó el presupuesto que las Cortes valencianas destinan a los grupos parlamentarios para pagar las deudas del partido con El Bigotes. La Brigada de Blanqueo de Capitales llegó a la conclusión de que los hombres de Francisco Correa en Valencia y los dirigentes del PP valenciano pactaban la elaboración de facturas «ad hoc» tras cotejar una decena de conversaciones telefónicas interceptadas entre los cabecillas de la trama y altos cargos del partido, e incautar un recibo por valor de 142.680 euros [123.000, más IVA] que la empresa Orange Market cobró al Grupo Parlamentario Popular por el concepto genérico de «servicios prestados al Grupo Parlamentario en el segundo semestre de 2008».  

Los investigadores sostienen que este documento se hizo a medida para sufragar la deuda del PP con Orange Market; esto es, que se trata de un recibo precocinado. La Policía fundamenta su acusación en el contenido de unas conversaciones telefónicas de El Bigotes con el secretario general del PP valenciano y director del grupo parlamentario, Ricardo Costa; el vicesecretario regional, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García. Y otras entre los cabecillas de la trama.  

Los políticos aludidos, sin embargo, consideran que existe mala fe en la interpretación que hace la Policía, insisten en que «en ningún caso se trata de una facturación ad hoc» y consideran «normal» que el Grupo Parlamentario Popular pagara esa cantidad tan elevada. Ante la sospecha de que se trata de una cifra desorbitada, arguyen que «se puede discutir, pero es una práctica habitual que los grupos parlamentarios sufraguen los actos de su partido porque, al fin y al cabo, se nutren de lo mismo». Los populares aseguran que con estos 142.680 euros «el PP en las Cortes Valencianas pagó la creación de una sala de prensa, la organización de unas jornadas parlamentarias y material de oficina».  

Los agentes recogen en su informe que, a finales de diciembre del año pasado, Álvaro Pérez, El Bigotes se reunió con distintos responsables políticos del PP y con el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, «con el fin de conseguir que estos desbloqueen los fondos para atender las deudas que tienen contraídas con Orange Market tanto la Comunidad Valenciana como el propio PP».  

Tras varias conversaciones en las que los hombres de Correa hacen referencia a las dificultades que tenían para cobrar, y a la resistencia de Rambla a «ayudar a Costa» -presumiblemente, a saldar la deuda del PP con Orange Market-, los agentes interceptan una llamada entre el secretario general del PP y El Bigotes en la que el dirigente popular le indica que esa misma semana le iba a dar todo lo que le faltaba.  

Con posterioridad, El Bigotes explica a Pablo Crespo, uno de sus socios en la red Gürtel, las negociaciones para el cobro de la deuda y que «han llegado a un acuerdo y que les iban a dejar a deber ciento y algo».  

Más tarde, inmediatamente después de salir del despacho de Ricardo Costa, El Bigotes ordenó a un colaborador que llamara a la secretaria del dirigente popular para obtener «los datos del grupo» -de lo que se puede inferir que no los tenían-, y añadió: «Haces una factura por los servicios prestados en el segundo semestre de 2008, poniendo como base imponible 123.000 euros, más el IVA». En otra conversación, David Serra y El Bigotes deciden verse «antes de determinar la cifra global, puesto que había dos conceptos que no querían que se pagaran». La Policía cree que amañaron la factura. 

(www.elmundo.es, 29/09/09) 

 

COSTA NO VE MOTIVOS PARA DIMITIR 

Ni un paso atrás. El secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, insistió ayer en Valencia en que no piensa dimitir por el escándalo de la supuesta financiación ilegal de su partido. No ve motivos para ello. Además, Francisco Camps, presidente del partido y del Gobierno autónomo, es el "único" que puede cuestionarle, y no lo ha hecho. "A los dirigentes del PP no hace falta que nos digan cuándo hay que dimitir. Como siempre, si se demuestra alguna irregularidad cometida por algún dirigente del PP, ese dirigente automáticamente abandonará sus responsabilidades", dijo Costa. 

El número dos de Camps en el PP intentó transmitir una imagen de normalidad ante varios artículos publicados ayer en los que, como también en el seno del partido, se pide su cabeza para frenar el deterioro de imagen por el caso Gürtel. Para ello aprovechó una rueda de prensa en la que presentó una encuesta de intención de voto e ignoró el cúmulo de indicios del informe policial que le señalan como uno de los responsables de maquillar la contabilidad del partido a través de cuentas en dinero negro de Orange Market, filial valenciana del caso Gürtel. 

Según Costa, todo está en orden en la contabilidad del PP y el partido es una balsa de aceite. "No existe" división por las últimas revelaciones sobre la financiación, aseguró a preguntas de los periodistas. "El único que puede cuestionar mi liderazgo es el presidente", remachó. Y por si quedaban dudas, los dirigentes del PP valenciano salieron en tromba para criticar "la campaña de acoso" contra su secretario general y reiterar su total "confianza" en él. 

Costa expuso los datos de una encuesta realizada entre el 1 y 12 de septiembre. El sondeo está hecho a medida del argumentario del PP, con preguntas sobre la subida de impuestos, que no se aprobó hasta ayer, y sobre la moción de censura de Benidorm. E incluso sobre el caso Gürtel, pero sólo para buscar el rechazo a las "filtraciones" de datos bajo "secreto del sumario" y atribuir una "finalidad política" a esa información. 

(www.elpais.com, 28/09/09)  

LOS POPULARES VALENCIANOS APOYAN SIN FISURAS A COSTA  

Las últimas revelaciones sobre el caso Gurtel no han hecho tambalear el apoyo del PP a sus dirigentes valencianos relacionados con la trama. Al contrario. Los responsables de todas las organizaciones provinciales del PP en la comunidad salieron ayer en defensa de Ricardo Costa, secretario de organización del partido en Valencia y uno de los protagonistas del informe policial que acusa al PP de financiarse ilegalmente. 

Costa reiteró ayer que no se plantea dimitir porque no hay ninguna razón para ello, y negó que su partido cuestione su idoneidad para seguir al frente del mismo y pida su relevo. «Nadie me ha dicho nada. El único que puede cuestionar mi labor es el presidente, por ser quien ostenta el liderazgo del partido». Lo dijo tras presentar los resultados de una encuesta interna sobre intención de voto que abre una brecha de 22 puntos entre el PP y PSPV, con medios millón de votos más.   

«A los dirigentes del PP no hace falta que nos digan cuándo tenemos que abandonar nuestras responsabilidades. Cuando se demuestre una irregularidad, ese dirigente, automáticamente abandonará», insistió Costa, el hombre de confianza de Francisco Camps tanto en el partido como en el parlamento autonómico, donde es el portavoz. 

«Ricardo Costa ha levantado las iras de los que intentan articular un campaña contra la imagen del PP y de la Comunidad», sentenció el vicepresidente del Govern, Gerardo Camps.  

Los socialistas valencianos ironizaron sobre la encuesta del PP y le reclamaron que enseñe la muestra real y no «la que han pagado con fondos de la caja B», en alusión a la presunta financiación ilegal de la formación popular.  

(www.elmundo.es, 28/09/09)  

EL INFORME POLICIAL INCITA A INVESTIGAR OTROS ÁMBITOS  

El último informe policial del caso Gürtel está desatando peticiones de información en otros ámbitos. El secretario general del Bloc, Enric Morera, anunció ayer que su formación pedirá que se investigue «a fondo» si las empresas del promotor Enrique Ortiz están vinculadas a la presunta trama de financiación ilegal del PP valenciano, tal y como apunta el informe policial. Morera destacó ayer que el plan urbanístico de Rabassa «se adjudicó muy rápido, tal vez para pagar favores a ese empresario que supuestamente contribuyó al PP».  

La auditoría derivada de la acusación del informe serviría, según Morera, para determinar si el plan de Rabassa «está dentro de la legalidad». Esquerra Unida apuntó el sábado que las empresas de Ortiz han obtenido 129 millones de euros en adjudicaciones de la Generalitat valenciana y el Ayuntamiento de Alicante entre el 2004 y el 2008.  

(www.elperiodico.com, 28/09/09)  

EL PP DISTRIBUYE UN ARGUMENTARIO SOBRE EL "MONTAJE ILEGAL DE LA POLICÍA" 

La cúpula del PP se reunirá hoy para tomar una decisión sobre cómo afrontar la nueva crisis del caso Gürtel, la de la financiación ilegal en la Comunidad Valenciana. A la espera de esa estrategia, Mariano Rajoy mantiene un silencio total -lo que se interpreta en el PP como un cierto distanciamiento frente al apoyo cerrado en el caso de los trajes de Camps-, pero ha ordenado repartir un argumentarlo a todos sus dirigentes de contenido muy agresivo. 

"El informe policial es un montaje, urdido y manipulado por la policía gubernativa con el fin de presentar al PP de la Comunidad Valenciana como un partido con financiación irregular", asegura el documento interno. El texto, elaborado el viernes, contiene acusaciones gravísimas englobadas en la teoría de la conspiración. "Sobreseído el asunto [de los trajes de Camps] se hace ahora ya descaradamente por la policía", sentencia. "El informe no se ha ordenado por ningún tribunal ni juzgado: actuación ilegal.  

Tampoco por la fiscalía. La policía lo elabora, por sí y ante sí, utilizando medios y actuaciones que sólo estarían autorizadas si un juez o tribunal lo hubieran ordenado. Se trata por tanto de una actuación ilegal de la policía, que depende directamente, como se ve en el membrete del encabezamiento, del Ministro del Interior", sentencia el argumentario, obviando que todos los datos contenidos en el informe se basan en grabaciones autorizadas por un juez o en documentos contables encontrados en el registro de la sede de Orange Market, también con autorización judicial. "Al haber sido rechazado dos veces por el Tribunal de Valencia, se filtra con el único objetivo de dañar", insiste. 

El texto concluye con un análisis sobre la relación de Orange Market con las constructoras que, según el informe, habrían financiado ilegalmente al PP. "Se trata de las cinco empresas más importantes en el sector de la Comunidad Valenciana, con muchos años de colaboración con las Administraciones valencianas, con independencia del partido que las gobierne. Los contratos que se relacionan en el informe han sido todos ellos adjudicados públicamente; de hecho, el informe se limita a relacionar las adjudicaciones publicadas en el Boletín Oficial.Ninguna de estas adjudicaciones ha sido impugnada. No se aporta ni un solo indicio de conexión o mediación para trato de favor alguno. Resulta ridículo pretender que empresas de la entidad, solvencia y antigüedad mencionadas recurrieran al Sr. Pérez [El Bigotes] para la obtención de concursos. La facturación que tales empresas tuvieran con la Empresa Orange Market es de su estricta responsabilidad empresarial y comercial". 

A pesar de este documento, la preocupación se extiende en el PP. El viernes se reunió la cúpula, en la que todos coincidieron en que este asunto era un ataque directo al corazón del partido y había que defenderse. Ése es un sentimiento generalizado, pero a medida que se conocen detalles del informe muchos dirigentes empiezan a pedir en sordina alguna decisión, al menos la dimisión de Ricardo Costa y David Serra, los dos más implicados junto a Vicente Rambla y el propio Camps, que aparecen en todas las conversaciones. "La gente no ve esto como los trajes, que a todo el mundo le parecía una chorrada.  

Lo que no puede ser es que en Madrid hayan dimitido todos los implicados en Gürtel, incluso antes de ser imputados, y en Valencia nadie", sentencia un dirigente. Rajoy, de momento, parece decidido a esperar alguna decisión judicial y no presionar a Camps, su apoyo fundamental en la batalla interna de 2008. El líder deja en el valenciano la responsabilidad de la gestión de la crisis, y éste parece enrocado en la resistencia numantina. 

"Costa no se va a inmolar por la causa, están todos en esto, él debe pensar que no tiene sentido que pague por todos", sentencia otro. En cualquier caso, hay coincidencia en una cosa: esto es un problema interno muy delicado para Rajoy, pero sin consecuencias electorales importantes. "Para los votantes, Gürtel está amortizado, sólo importa la crisis", sentencia un marianista. 

(www.elpais.com, 28/09/09)  

MÍTINES EN BLANCO Y NEGRO 

Orange Market se encargó del montaje y desmontaje de todos los actos del PP de la Comunidad Valenciana entre 2004 y 2009, hasta que el juez Baltasar Garzón desarticuló la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa. Desde que comenzaron los tratos de Orange Market con el PP, la empresa de la red corrupta ideó un curioso sistema de facturación. Una parte del servicio lo cobraban supuestamente con factura e IVA y el resto en efectivo y sin justificante. Así, según la investigación, defraudaron a Hacienda varios millones de euros en esos cinco años de relación. En la documentación incautada a Orange Market figuran decenas de actos con facturación doble. Las fotos que ilustran esta página muestran alguno de esos mítines donde la policía sospecha que existió financiación irregular. 

- Congresos regionales y provinciales: 20 y 21 de noviembre y 17 y 18 de diciembre de 2004.

'Dinero a': 76.000 euros. 'Dinero b': 176.000 euros. 

- Castellón de la Plana: 6 de febrero de 2005.

'Dinero a': 11.020 euros.'Dinero b': 4.300 euros. 

- Actos 14, 17 y 18 de febrero y 2 y 3 de marzo de 2005.

'Dinero a': 8.120, 8.120, 24.000 y 6.264 euros. 'dinero b': 5.000, 5.000, 20.000 y 445 euros. 

- Mesa de trabajo Palacio de Congresos de Valencia (29 de marzo de 2005).

'Dinero a': 8.120 euros. 'Dinero b': 5.500 euros. 

- Los ayuntamientos, la base de nuestra fuerza (24 de abril de 2005, La Pechina, Valencia).

'Dinero a': 5.021 euros. 'Dinero b': 2.000 euros. 

(www.elpais.com, 28/09/09)

RAJOY: "LOS DIÁLOGOS CON ORANGE MARKET SON INTERPRETABLES" 

El Presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha afirmado que el PP se encuentra en una "situación diábolica" por tener que demostrar en el caso Gürtel "su inocencia en vez de su culpabilidad, como debería ser en un Estado democrático". Rajoy ha hecho estas declaraciones en una entrevista concedida a Punto Radio, donde también ha hablado de las presuntas conversaciones, publicadas en algunos medios, entre los responsables del PP valenciano y el responsable de Orange Market. 

El líder de los conservadores ha asegurado que esos diálogos son "interpretables" y que espera que su partido sepa explicarse bien. Asimismo, ha lanzado acusaciones hacia el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y hacia el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por "permitir" el trato "humillante" que han recibido algunos miembros de su partido.  

"Yo afirmo -y no digo 'creo' o 'considero', sino 'afirmo'- que el fiscal general del Estado trata de forma diferente al PSOE y al PP. Afirmo que se han filtrado sumarios secretos por los tribunales y afirmo que no se puede detener con esposas, delante de televisiones y delante de su familia a gente que luego se pone en libertad,  humillándola sin saber si es inocente o culpable". 

La polémica de los impuestos

Asimismo, Rajoy ha aprovechado para reiterar su desacuerdo con la subida de impuestos aprobada el sábado, y ha reconocido no sentirse arrepentido por sus palabras en el acto celebrado ayer en Dos Hermanas -"la política de Zapatero es la quintaesencia de la chapuza"-. 

"Es que no se nos ha dicho la verdad, que es lo mismo pero dicho de una manera más educada. En su programa electoral prometió que no iba a subir los impuestos, incluso habló de reducirlos. Y ahora de repente los sube. Donde dije digo, digo Diego". 

Sin voluntad de llevarse bien

Por este motivo, entre otros, Rajoy ha reconocido que ve poco posible un entendimiento con el Presidente del Gobierno, a pesar de que una parte de la sociedad piensa que sería bueno un pacto entre fuerzas mayoritarias.  

El líder de los conservadores no se ve capaz de hacer un esfuerzo para que esto sea posible, pues el PP no está dispuesto a "ser cómplice de una política económica disparatada".  

Asimismo ha recordado "el apoyo" que su partido ha ofrecido al Gobierno en algunos temas, como la lucha antiterrorista o la reforma del sistema financiero, pero ha reiterado que no están dispuestos a apoyar "una política suicida" y que seguirán desempeñando su papel, que es el de hacer oposición. 

"Zapatero no hace caso a nadie, tego la sensación de que se cree en la posición absoluta d la verdad, y no sólo se lo digo yo, se lo dicen la OCDE, los servicios internacionales... esta politica es suicida, y yo no puedo apoyarla", concluyó. 

(www.publico.es, 28/09/09) 

RAJOY: "ES DIABÓLICO QUE EL PP TENGA QUE DEMOSTRAR SU INOCENCIA" 

El Presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha afirmado que el PP se encuentra en una "situación diábolica" por tener que demostrar en el caso Gürtel "su inocencia en vez de su culpabilidad, como debería ser en un Estado democrático". Rajoy ha hecho estas declaraciones en una entrevista concedida a Punto Radio, donde también ha hablado de las presuntas conversaciones, publicadas en algunos medios, entre los responsables del PP valenciano y el responsable de Orange Market. 

El líder de los conservadores ha asegurado que esos diálogos son "interpretables" y que espera que su partido sepa explicarse bien. Asimismo, ha lanzado acusaciones hacia el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y hacia el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por "permitir" el trato "humillante" que han recibido algunos miembros de su partido.  

"Yo afirmo -y no digo 'intuyo' o 'pienso', sino 'afirmo'- que el fiscal general del Estado trata de forma diferente al PSOE y al PP. Afirmo que se han filtrado sumarios secretos por los tribunales y afirmo que no se puede detener con esposas, delante de televisiones y delante de su familia a gente que luego se pone en libertad,  humillándola sin saber si es inocente o culpable". 

Asimismo, Rajoy ha aprovechado para reiterar su desacuerdo con la subida de impuestos aprobada el sábado, y ha reconocido no sentirse arrepentido por sus palabras en el acto celebrado ayer en Dos Hermanas -"la política de Zapatero es la quintaesencia de la chapuza"-. 

"Es que no se nos ha dicho la verdad, que es lo mismo pero dicho de una manera más educada. En su programa electoral prometió que no iba a subir los impuestos, incluso habló de reducirlos. Y ahora de repente los sube. Donde dije digo, digo Diego". 

Por este motivo, entre otros, Rajoy ha reconocido que ve poco posible un entendimiento con el Presidente del Gobierno, a pesar de que una parte de la sociedad piensa que sería bueno un pacto entre fuerzas mayoritarias.  

El líder de los conservadores no se ve capaz de hacer un esfuerzo para que esto sea posible, pues el PP no está dispuesto a "ser cómplice de una política económica disparatada".  

Asimismo ha recordado "el apoyo" que su partido ha ofrecido al Gobierno en algunos temas, como la lucha antiterrorista o la reforma del sistema financiero, pero ha reiterado que no están dispuestos a apoyar "una política suicida" y que seguirán desempeñando su papel, que es el de hacer oposición. 

"Zapatero no hace caso a nadie, tego la sensación de que se cree en la posición absoluta d la verdad, y no sólo se lo digo yo, se lo dicen la OCDE, los servicios internacionales... esta politica es suicida, y yo no puedo apoyarla", concluyó. 

(www.publico.es, 28/09/09) 

RAJOY PIDE A CAMPS QUE EXPLIQUE ´BIEN´ TODO EL CASO GÜRTEL 

El presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró hoy que tiene "mucha confianza" en el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tras las informaciones publicadas estos días sobre supuesta financiación irregular del PP valenciano. Eso sí, emplazó al partido en esta comunidad a hacer "un esfuerzo" para "explicar bien" a los ciudadanos lo que ha ocurrido y las conversaciones publicadas en los medios de comunicación con uno de los cabecillas de la presunta red de corrupción. 

Rajoy aseguró que habla "a menudo" con Camps y admitió que éste está "preocupado" porque el PPCV, dijo, se encuentra en una "situación diabólica" al tener que "demostrar su inocencia" cuando lo normal en un sistema democrático es tener que demostrar la culpabilidad. Dicho esto, afirmó que tiene que "confiar en la gente" de su partido, que en este momento debe "explicar las cosas mejor" para "que no haya ninguna duda". "Tengo mucha confianza en Camps, le he apoyado y lo sigo apoyando. Y espero que hagan un esfuerzo para demostrar no sé exactamente qué pero van a tener que demostrar su inocencia sin que nadie demuestre su culpabilidad", enfatizó. 

Al ser preguntado si cree que son "falsos" los informes que están apareciendo en la prensa, Rajoy subrayó que él cree en la presunción de inocencia y que le cuesta mucho hacer juicios de valor de una persona porque se puede "equivocar". "Creo en una democracia de respeto a las personas, a los que hacen las cosas bien e incluso a los que a lo mejor no pueden hacer las cosas bien, pero yo desde luego no me voy a erigir en juez de nadie", aseveró. 

Ante las conversaciones publicadas en los medios de comunicación entre los responsables del PP valenciano y el responsable de Organte Market, el líder del PP señaló que "los diálogos son interpretables" y recordó que el PP de Valencia ha asegurado que sus cuentas están claras. "Espero que esto se explique bien. Se está haciendo un gran esfuerzo por el PPCV y espero que quede claro pero tiene gracia que alguien tenga que demostrar su inocencia cuando nadie le está acusando", resaltó.

En cuanto a la información que publica el diario 'El País' acerca de que Álvaro Pérez, alias 'El Bigotes', le envió una carta cuando ocupaba un cargo en el partido, el presidente del PP replicó: "Ni la más remota idea". A renglón seguido, señaló que fue nombrado secretario general del partido en 2003 --en sustitución de Javier Arenas y que en su puesto recibe muchas cartas al día que él ni siquiera lee porque se encarga su equipo. "De la existencia de esa carta me enteré ayer", indicó. 

 Rajoy cargó contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, al que acusó de tratar "de forma diferente" al PSOE que al PP, y de no investigar las actuaciones sumariales declaradas secretas que se han filtrado. Esas filtraciones, prosiguió, provocan "juicios paralelos" en la opinión pública sin que después se pueda restituir el honor a esas personas cuando son declaradas inocentes. 

También censuró que se haya detenido "con esposas y con televisiones" a cargos del PP que luego son puestos en libertad por los jueces porque, a su entender, se "humilla a la gente" y la democracia, además de derechos y libertades, "también son las formas". "Y aquí no se están cumpliendo las formas", apuntó. 

Rajoy señaló que un día después de que se conocer el archivo de la causa contra Camps por los trajes, aparecieron las fotos de unos militantes del PP en Baleares esposados, que "luego el juez los dejó en libertad".Tras recordar que tanto el ministro del Interior como el delegado del Gobierno sostuvieron que había sido "un error", emplazó al ministro a "dar orden para que se respeten las formas fundamentales en una democracia y el honor de las personas", de forma que si alguien no cumple esa orden, se le abra un expediente. 

(www.levante-emv.com, 28/09/09)  

EL PP EXIGE A CAMPS UNA "ACTUACIÓN CONTUNDENTE" 

La dirección nacional del Partido Popular no investigará de manera interna el informe policial que desvela una trama de financiación irregular del partido en Valencia pero sí espera que su líder, Francisco Camps, actúe de manera "libre y contundente" para aclarar las informaciones aparecidas en los últimos días y "explicar mejor las cosas". 

Tras la reunión del comité de dirección, los periodistas han dirigido cerca de una decena de preguntas a la secretaria general, María Dolores de Cospedal, acerca de las repercusiones que tendrá para el PP la publicación de dicho informe. Cospedal ha negado que se vaya a abrir una una comisión interna de investigación para analizarlo, tal y como sucedió en el caso Naseiro o cuando se descubrió la trama de espionaje político en la Comunidad de Madrid. 

Cospedal tampoco ha dejado claro qué entiende el PP por "actuación contundente" pero, presionada por las preguntas de los periodistas, si ha lanzado expresiones que se podrían interpretar como una petición indirecta de dimisiones en el seno del partido en Valencia. "Lo que queremos es que se sientan apoyados para que puedan hacer lo que tienen que hacer", ha asegurado. 

La número dos del PP ha anunciado además que esta tarde está prevista una reunión de la dirección del grupo del partido en Valencia donde, según ha dado a entender, se tomarán las decisiones oportunas. Fuentes del PP explicaron más tarde que se trataba de un error, puesto que Cospedal se refería a la reunión de la dirección del grupo parlamentario del PP valenciano que se produjo por la mañana y que simplemente decidió proponer una comisión de investigación que estudie las cuentas del PP del PSOE y la actuación de la policía. 

Un informe "interpretable"

Por otro lado, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que los informes policiales son "interpretables" y ha pedido a su presidente y al partido en la región, Francisco Camps, que hagan un "un esfuerzo para explicar las cosas mejor" a la opinión pública. 

En una entrevista en Punto Radio, Rajoy, que en ningún momento ha entrado a analizar el fondo del contenido de los informes, ha asegurado que el tiene que confiar en su partido y en lo que le dice y que "la situación en la que se encuentra el PP en la Comunidad Valenciana es diabólica (...) Lo que sabemos es que hay un informe que no sabemos quién lo ha pedido y que el tribunal no atiende a ese informe". Para el líder popular, lo que se concluye en el documento es que algunos actos del PP los ha podido financiar alguien ajeno al partido, pero el partido en Valencia, ha subrayado, dice que no y recuerda que han presentado sus cuentas. "Aquí nadie ha demostrado que esto sea así. Tengo que creer en mi partido", ha remarcado. 

El líder del PP asegura que habla "a menudo" con Camps, y cree que es injusto que sea el PP el que tenga que demostrar su inocencia. "Tego confianza en Camps, lo he apoyado, lo sigo apoyando", ha concluido. 

Sobre la carta que Álvaro Pérez, El Bigotes, le envió en diciembre de 2003, dos meses después de que asumiese la secretaría general del partido, pidiéndole pagos en dinero b, Rajoy ha afirmado que no tiene "ni la más remota idea (...). Recibo al día no se cuántas mil cartas, muchas, no las leo, me las leen, conocí la existencia de esa carta ayer". 

Rajoy, que ha subrayado en varias ocasiones en que el juez Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), considerado "más que un amigo" de Camps, ya desestimó los informes, ha insistido en la teoría de la conspiración que maneja su partido desde verano y ha asegurado, en consonancia con el argumentario repartido por su partido, que "en este país se han infiltrado sumarios que han sido declarados secretos y son esas infiltraciones las que generan juicios paralelos". 

Preguntado por si se siente perseguido ha declarado: "Yo afirmo que el Fiscal General del Estado trata de forma diferente al PSOE que al PP, afirmo que en este país se han filtrado actuaciones sumariales declaradas secretas y ni el Fiscal ni la Policía han sido capaces de investigarlo (...) y afirmo que no se puede detener con esposas, con televisiones y delante de su familia a gente a la que luego los jueces ponen en libertad". 

(www.elpais.com, 28/09/09)  

ORANGE MARKET FACTURÓ A TURISMO 1,2 MILLONES POR CUATRO FERIAS DURANTE 2008  

La doble contabilidad de la empresa Orange Market -filial valenciana de la red corrupta del "caso Gürtel"- no sólo pone al descubierto el montaje de una presunta trama de financiación ilegal del PP regional, sino que también evidencia la privilegiada relación de la empresa de el Bigotes con la Agencia Valenciana de Turismo. Entre una amplia relación de actos organizados por Orange Market para el PP en las principales ciudades de Valencia, Alicante y Castelló, también figura un bloque de cinco facturas de la empresa por la gestión de la presencia promocional de Turismo en las principales ferias españolas en 2008: Fitur en Madrid, Bilbao, Valencia y Barcelona. Sólo en febrero y abril, la firma cargó al Consell por este concepto 1.089.250 euros, que con IVA asciende a 1.263.530 euros.

La parte del león se la llevó Fitur con un montante global sin IVA de 774.250 euros. La de 2008 fue la cuarta edición consecutiva en la que Orange Market se encargó de la instalación del pabellón valenciano en la feria de Madrid. La adjudicación del año pasado no estuvo exenta de polémica, ya que la propia consellera por entonces, Angélica Such, reconoció que el Consell otorgó el montaje y desmontaje del "stand" a el Bigotes pese a ser la oferta más cara.  

Llovía sobre mojado con ese contrato, ya que sólo en sobrecostes la citada mercantil se embolsó 1,5 millones no contemplados en los pliegos y que se cargaron mediante facturas a otras consellerias. Tras el "caso Gürtel" y la extinción del contrato con Orange Market por vía judicial, Turismo ha sacado a licitación el diseño, montaje y desmontaje del "stand" de Fitur 2010 y los demás certámenes nacionales del sector por un presupuesto total de 917.560 euros. 

Por otro lado, y en relación con los actos electorales organizados por Orange Market para el PP en Alicante con motivo de los comicios generales de 2008, la doble contabilidad de la empresa de Álvaro Pérez incluye los nombres de alcaldes y dirigentes populares de varias de las ciudades en las que se organizaron mítines junto a la cantidad facturada al partido. En este caso sólo figura una cifra y no dos, como en otros asientos contables que la policía achaca a la existencia de doble facturación con una parte en dinero negro. Así, en el acto de Almoradí del 26 de febrero se cita al alcalde Antonio Ángel Hurtado junto a un apunte de 2.180 euros. El 29 del mismo mes, al alcalde de Crevillent, César Augusto Asencio, y una cantidad de 39.900 euros. Junto a los 9.745 euros del acto de Elda del 5 de marzo se menciona a la alcaldesa Adela Pedrosa y, por último, en el acto de Alcoy del 3 de marzo (5.067 euros) se cita al secretario provincial del PP Miguel Peralta. 

(www.levante-emv.com, 28/09/09)  

LA OPOSICIÓN PIDE LOS CONTRATOS DE LA EMPRESA DE LOS COTINO QUE EL INFORME VINCULA A LA TRAMA  

La oposición socialista y del Bloc pretenden fiscalizar los contratos públicos adjudicados a algunas de las empresas constructoras que aparecen en el informe de la Brigada de Blanqueo como financiadoras del PP a través de la trama Gürtel. Según el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la policía judicial, la cúpula del PP amparaba y organizaba la financiación ilegal del partido a través de firmas de la red corrupta y con la participación de varias empresas constructoras: Lubasa, Sedesa, Enrique Ortiz e Hijos, Facsa y PIAF. Estas empresas supuestamente habrían pagado servicios realizados al PP. 

Ahora, el grupo socialista en las Corts solicitará copia de los expedientes de las adjudicaciones de los últimos diez años efectuadas por la Generalitat al grupo empresarial Sedesa, vinculada a la familia del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino. Como publicó Levante-EMV el pasado viernes, la construc?tora de los Cotino ha recibido desde 2000 casi medio centenar de adjudicaciones de obra pública -con socios o en solitario- por más de 825 millones de euros.
El parlamentario socialista, Francesc Signes, destacó la "necesidad de esclarecer los datos" que se desprenden del informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales sobre la supuesta financiación ilegal del PP valenciano. "El hecho de que la constructora Sedesa aparezca en el informe policial como financiadora del PPCV a través de la trama Gürtel, hace necesario poner luz y taquígrafos sobre estas adjudicaciones", remarcó. 

Por otro lado, el secretario general del Bloc, Enric Morera, informó ayer de que esta formación pedirá la intervención de la justicia para "auditar a fondo el plan urbanístico de Rabassa" a fin de "averiguar si ha servido para financiar al PP", puesto que "se adjudicó muy rápido al promotor Enrique Ortiz, ahora vinculado por un informe policial a una trama de presunta financiación ilegal del PP".En un comunicado, Morera señaló que este proyecto "destroza la ciudad de Alicante, está dentro de la más absoluta ilegalidad porque no se asegura el agua y también está en el punto de mira de la Unión Europea". 

(www.levante-emv.com, 28/09/09)  

LA FISCALÍA RECURRE AL SUPREMO EL ARCHIVO DE LA PARTE VALENCIANA DEL 'CASO GÜRTEL' 

La Fiscalía ha recurrido hoy ante el Tribunal Supremo la decisión del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) de archivar la parte del caso Gürtel que afecta al presidente de esa comunidad, Francisco Camps, y a otros altos cargos de la Administración regional y del PP valenciano. 

Así lo han informado fuentes del Alto Tribunal, que han señalado que en el registro de este órgano figuran, con fecha de hoy, la entrada del recurso de la Fiscalía y de otro interpuesto por el PSPV-PSOE. 

El pasado 3 de agosto, la sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV archivó la causa abierta contra Camps por un delito de cohecho al estimar que no había relación entre los "agasajos" que pudo recibir y la adjudicación de contratos públicos a Orange Market, una de las empresas de la trama dirigida por Francisco Correa. 

El auto contaba con el voto particular de uno de los magistrados, Juan Montero, que cuestionaba la interpretación que sus dos compañeros -entre ellos el presidente del tribunal, Juan Luis de la Rúa - habían dado al artículo 426 del Código Penal (cohecho impropio) y decía no estar "convencido" de que los hechos "no sean constitutivos de delito". 

No existe un "nexo de causalidad" entre estas "dádivas o regalos" 

En la resolución, la sala reconocía que tanto Camps como el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret podrían poseer diferentes prendas de vestir abonadas por Orange Market, empresa ligada a la trama Gürtel. 

No obstante, argumentaba que no existe un "nexo de causalidad" entre estas "dádivas o regalos" que podrían haber recibido los cuatro imputados y las adjudicaciones de contratos públicos obtenidas por Orange Market, lo que a su juicio anula la existencia de delito. 

Informe elevado a categoría de condena

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha criticado que el informe policial que apunta a supuesta financiación irregular del PP valenciano se haya "elevado a la categoría de condena" y se mostró convencida de que el PPCV "actuará convenienteente en este asunto como hace siempre". Dicho esto, precisó que la dirección nacional entiende por "conveniente" que el PPCV pueda actuar "de manera libre y contundente". 

En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, De Cospedal —que recibió más de media docena de preguntas sobre el caso Gürtel— expresó su confianza sin "plazos" ni "condiciones" en el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con el que, según dijo, ha hablado de este caso tras las informaciones publicadas estos días. 

(www.publico.ees, 28/09/09) 

LA POLICÍA HALLA EN UNA CAJA SECRETA DE LA 'RED GÜRTEL' OTRO 'AGUJERO NEGRO' DEL PP 

La Brigada policial de Blanqueo que investiga el caso Gürtel, y que ha destapado la supuesta financiación ilegal del PP valenciano en un informe que se niega a investigar el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, también sostiene que existen múltiples indicios de financiación ilegal de este partido a nivel nacional entre 1996 y 1999 a través de las empresas de la trama Gürtel que dirigía Francisco Correa. El sistema utilizado, de doble facturación, es similar al destapado en la Comunidad Valenciana, con la salvedad de que en esta ocasión la policía no ha encontrado constructoras que sufragaran gastos correspondientes al Partido Popular. 

En febrero pasado, la policía inició su investigación a raíz del hallazgo de documentos comprometedores sobre prácticas ilegales en una caja de seguridad que el ex secretario de Organización del PP gallego y número dos de la trama corrupta, Pablo Crespo, guardaba en una sucursal bancaria de Pontevedra. 

Esos documentos apuntaban, y así lo explicaba la policía en su primer informe, a una supuesta operación de emisión de facturas falsas por parte de la red empresarial que dirigía Correa para justificar gastos electorales del partido de Mariano Rajoy, entonces presidido por José María Aznar, que rondaban los 600.000 euros. 

En la caja de seguridad número 5 de una sucursal bancaria de Pontevedra, a nombre de Pablo Crespo, se conservaba la contabilidad de la empresa en relación a los servicios prestados al PP entre 1996 y 1999. En ese periodo, la red de Correa facturó más de seis millones de euros (1.027 millones de pesetas al PP). 

En otros dos documentos localizados dentro de la misma caja de seguridad se hacía el siguiente reparto de esos ingresos: 

-"Hoja número 1: resumen en B por importe de 536 millones de pesetas". 

-"Hoja número 2: relación de entregas con recibo en B de 439 millones de pesetas". 

-"Hoja número 3: recibos". 

-"Hoja número 4: relación de entregas sin recibo". 

En un primer momento, los investigadores sospecharon de la financiación ilegal y siguieron investigando. Como consecuencia del hallazgo de nuevos documentos, confirmaron sus sospechas, y así lo escribieron en el informe que le remitieron el pasado 31 de julio de 2009 al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Valencia: 

Sistema de doble facturación. "La forma de facturar los gastos generados por el PP es un sistema de doble facturación, una parte se factura en a (cantidades entregadas al representante legal) y otras en b (sin factura y sin reflejo en contabilidad formal), ajena a los circuitos financieros reales con lo que se intenta impedir el acceso a la misma". 

La mitad, en negro. "47,68% de los actos del PP se financiaron con fondos de la misma formación, y otra parte, 52% de los gastos se pagó en efectivo, con notas de recibí sin factura y otros sin nota. No existen facturas formales de dichos gastos y en el mejor de los casos hay notas de recibí. Se desconoce el conjunto de los recursos con los que la formación política ha hecho frente a ese conjunto de gastos". 

Recursos ajenos a los circuitos financieros. "Los fondos destinados al pago generado por esa formación política proceden de recursos ajenos a los circuitos financieros, que pueden proceder de terceros que financian los actos del partido con dinero ajeno a los circuitos económicos". 

Para justificar las cantidades sobre las que no había factura, la red corrupta intentó emitir documentos falsos a través de algunas de sus empresas, como Special Events o FCS. Sin embargo, con esas prácticas no llegaron a cubrir el agujero que carecía de justificación documental. 

(www.elpais.com, 28/09/09)  

EL BIGOTES EXIGIÓ POR CARTA A RAJOY 'DINERO B' POR ACTOS EN GALICIA 

El PP de Galicia no pagaba y El Bigotes se impacientaba. Desde que su secretario de Organización, Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, cayera en desgracia ante Manuel Fraga, en 1999, los encargos escaseaban y las deudas se acumulaban. Tanto es así que el propio Álvaro Pérez tomó las riendas del asunto y reclamó por escrito a Mariano Rajoy los compromisos pendientes por la campaña de las municipales gallegas de 1999. Según la policía, más de la mitad, en negro. 

La misiva, que permanecía depositada en la caja número 5 de un banco de Pontevedra, figura en la documentación aportada por la unidad policial de Delitos Económicos, según informó ayer la cadena SER. Está fechada el 18 de diciembre de 2003, tres meses después de que Rajoy fuera nombrado secretario general del PP. En la carta, El Bigotes le recuerda al hoy presidente del partido que Javier Arenas y Luis Bárcenas estaban informados del asunto. 

La etapa política de Pablo Crespo en el PP gallego dejó un sinfín de encargos a Special Events y las restantes empresas de la trama, en las que no tardó en encontrar trabajo tras su cese como número tres del partido. Con él cayó el ex delfín de Manuel Fraga, el fallecido José Cuiña, sustituido en la secretaría general del PP de Galicia por Xesús Palmou. Fue éste quien, tras revisar las cuentas del partido, cortó con las empresas de la Gürtel. Entre la documentación que cayó en sus manos estaba una declaración jurada que reconocía una presunta deuda de 50 millones de pesetas (300.000 euros) con Special Events. El documento carecía de concepto y de servicios prestados. 

En 2003, las presiones de la trama a Rajoy incluyeron un intento de chantaje con una supuesta cinta de vídeo, en la que el hoy líder del PP y Palmou criticaban a Manuel Fraga por los pasillos de una convención del partido. 

(www.elpais.com, 28/09/09)  

4 CONSTRUCTORAS ACUSADAS DE PAGAR MEDIO MILLÓN POR GASTOS DEL PP 

La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía interceptó en el registro efectuado el 6 de febrero en la sede de Orange Market nueve facturas libradas a nombre de cuatro constructoras que -según la Policía- pagaron, sólo en el ejercicio 2008, un total de 480.000 euros de la supuesta deuda oculta del PP con la empresa de El Bigotes. Los investigadores cotejaron los apuntes de tres archivos informáticos y de un documento impreso en los que la filial valenciana de la trama Gürtel registraba su contabilidad y, tras analizar y comparar los apuntes, concluyeron que estas facturas prueban que «existe una financiación de actos del PP por parte de empresarios, siendo para éste donaciones finalistas de dinero que no ingresan en la cuenta corriente» de la organización.  

La Policía cree que la supuesta deuda en negro del PP por los actos de 2008 se sufragó mediante «aportaciones directas de dos empresarios de la Comunidad Valenciana que ya se anotan en julio como cobradas y que posteriormente se enmascaran mediante la emisión de facturas de Orange Market para justificar el pago realizado», y también mediante otros ingresos efectuados por otras empresas con los que El Bigotes mantenía relaciones contractuales.  

Se supone que estas empresas declaraban a Hacienda estos conceptos, puesto que sus facturas incorporaban el IVA, si bien la Policía sospecha que aceptaban que El Bigotes hinchara artificialmente el coste de los servicios prestados para compensar la deuda del PP. A cambio, según los investigadores, las firmas implicadas obtenían contrataciones públicas a dedo de las administraciones populares de esa comunidad.  

En el informe, los investigadores sostienen que Orange Market «incrementa artificialmente sus ingresos» hinchando el coste de sus servicios, y que «actos realizados para el PP se transforman en facturas emitidas a nombre de empresarios que abonan el coste de la misma y por ende del acto».  

En el análisis de los ingresos de Orange Market en 2008, la Policía detecta que aportaciones de fondos B de los empresarios valencianos para sufragar la deuda secreta del PP estarían camufladas en las nueve facturas incautadas en el registro de Orange Market. Así, la Brigada de Blanqueo entiende que el ingreso en negro de 200.000 euros a nombre de EG [Enrique Gimeno, propietario de Facsa] podría estar encubierto por tres extractos a nombre de esta mercantil castellonense que ascienden a 199.714 euros sin IVA.  

Además, la Policía resalta que en dos de las tres facturas se cambió el importe y también el cliente, que pasó de ser el PP a la firma de Gimeno.  

La documentación también desvela la aparición de una factura a nombre de Enrique Ortiz e Hijos por valor de 116.000 euros -100.000 sin IVA- que la Policía cree que se usó para cubrir la aportación de la constructora alicantina para pagar la deuda del PP con El Bigotes.  

En la factura de Ortiz aparece el concepto «Diseño, Producción y material publicitario para un stand en Urbe 2008» -la feria de urbanismo de Valencia-. Fuentes del sector aseguran que «este concepto es tan ambiguo como para justificar un pago de 100.000 euros o de una cantidad muchísimo inferior».  

De este déficit contraído por los populares, Orange Market descontó 130.000 euros de una tercera empresa, el grupo Sedesa, que los agentes consideran camuflados en otras cuatro facturas de 40.600, 40.484, 34.800 y 34.800 euros. También encuentran paralelismo entre los 50.000 euros supuestamente aportados por la constructora Lubasa -la cuarta- y una factura redonda por ese mismo importe de agosto de 2008.  

Por otro lado, la asesoría técnica de urbanismo PIAF aparece citada en el informe de la Policía como receptora de una factura por 4.400 euros que debía desembolsar el PP.  

                                        

 

Orange Market organizaba casi en exclusiva los actos del PP de la Comunidad Valenciana y muchos de la Generalitat. Sobre todo desde que Francisco Camps llegó a la Presidencia, en 2003. El hombre de Francisco Correa en Valencia, Álvaro Pérez El Bigotes, cobraba una parte de lo que facturaba al PP de forma legal, a través de una caja bautizada como Alicante, y otra parte en B o «dinero fuera del curso legal» -según la terminología empleada por la Policía- a través de la caja Barcelona. En su contabilidad B, Orange Market registró una supuesta deuda oculta del PP de 547.948 euros por una veintena de eventos realizados en los tres primeros meses de 2008, coincidiendo con la campaña de las generales. De ser ciertas las sospechas de la Policía, buena parte de los actos celebrados por el PP en una veintena de pueblos fueron sufragados irregularmente.  

La Policía sostiene que estas empresas acabaron pagando la deuda irregular del PP con Orange Market a cambio de contratas públicas adjudicadas por la Generalitat, y cree que las facturas incautadas constituyen la clave de la supuesta financiación irregular del PP.  

Tras analizar la contabilidad en negro de Orange Market y las grabaciones y los correos electrónicos interceptados a los organizadores de la trama, la Policía detectó «alteraciones en las facturas», como el incremento de la base imponible o que el cambio de clientes, de tal modo que algunos recibos emitidos al PP pasaban a ser facturas de empresas privadas, lo que refuerza su sospecha de financiación ilegal.  

Sin embargo, el PP y las empresas señaladas por la Policía sostienen que jamás han participado en ninguna operación de financiación ilegal y se desentiende de los motivos por los que Orange Market llevaba una doble contabilidad. 

(www.elmundo.es,  28/09/09)

Documentos de la trama acreditan la financiación del PP

Correos electrónicos, cheques y facturas demuestran pagos de constructoras

Orange Market, una de las empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, cobró -por actos electorales que le montó al Partido Popular- de empresas constructoras de la Comunidad Valenciana que recibían contratos multimillonarios de la Generalitat presidida por Francisco Camps. Así lo sostiene la Brigada Policial de Blanqueo, que investiga el caso Gürtel, en su informe de 89 folios remitido al Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

Para acreditar lo que supone un grave delito de financiación ilegal que implica al primer partido de la Comunidad Valenciana y a media docena de empresas, la policía aporta en su informe una serie de documentos oficiales (cheques bancarios, facturas con IVA) y las copias de correos electrónicos enviados desde la sede de Orange Market a la asesoría que trabajaba para la trama corrupta.

En esos correos electrónicos se solicitan cambios en la facturación de la empresa, de manera que ingresos procedentes del PP por el montaje de distintos actos se convierten en servicios a constructoras valencianas. De esta manera, Orange Market cobra de constructoras el dinero que en realidad debería pagar el PP por actos que le montó la empresa de la red Gürtel que dirigía en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes.

Entre la documentación incautada por la policía en los diferentes registros efectuados con autorización judicial de las sedes de las empresas de la trama corrupta figura un juego de correos electrónicos (véase uno de ellos en esta misma página) donde se dan órdenes de cómo cambiar los conceptos de distintas facturas e ingresos de Orange Market.

Lo que sigue es una transcripción literal de uno de esos correos:

Correo enviado el 20 de julio de 2008 por Merche con la direccion de correo electrónico omarket@orangen.net para Juan A. Fernandez jafernandez@guillamot.com con los datos adjuntos contabilidadparajuan.xls (151kb):

"Hola Juan, qué tal? Supongo que harto de las declaraciones. Quería comentarte que el lunes salgo de vacaciones dos semanas. Volveré el 14 de julio. Lo que haya que presentar, el IVA, el depósito de cuentas anuales, etcétera, lo vemos si quieres a la vuelta. Te adjunto lo último que te pasé de apuntes contables más lo que ahora ha llegado. Estuve hablando con Ana de algunas dudas y me dijo que el número de factura contabilizada que se había quedado pues de ahí en adelante es lo que te mando. Te anoto también algunas correcciones que hay que hacer, recopilación de emails anteriores.

?Facturas emitidas por Orange Market Factura 118 del 1/04/2008 estaba como cliente PPCV (Partido Popular de la Comunidad Valenciana) cambiar a cliente Ortiz e Hijos Contratistas de Obras SA el importe sigue siendo 31.784

?Factura 121 estaba como cliente PPCV cambiar a cliente Ortiz e Hijos Contratistas de Obras SA el importe sigue siendo 84.100

?Factura 123 cliente FACSA, cambia el importe era de 231.668,24 euros y tiene que ser de base imponible 74.720 16% IVA igual a 12.067,20 total 87.487,20 euros

?Factura 127 cambia el cliente era el PP Castellón, tiene que ser FACSA. Cambia el importe, era de 14.198 euros y tiene que ser de base imponible 55.369 16% IVA igual a 8.859,04 total 64.228,04

?Factura 128 cambia el cliente era PP Castellón tiene que ser FACSA. Cambia el importe, era de 13.079 tiene que ser de base imponible 68.925 16% IVA igual a 11.028 total 79.953 Facturas recibidas. Quitar de la contabilidad factura de Tecnosat del 4/4/2008 337,56 euros. Corregir cuota renting del 21/5/08. Es un renting nuevo de material informático para la oficina. Le puse la cuenta del gasto del renting de los coches corregirlo si es otro nuevo o diferente. El importe es de 1.374,16 euros. Por otro lado, hay una nueva cuenta de crédito, la anterior se canceló quedando a cero el último punto que te pasé. Ahora en las hojas Excel que te envío en la pantalla en la que aparece Santander 2 están los movimientos bancarios de esta nueva cuenta. Cualquier cosa, lo puedes hablar con Cándido [contable de Orange Market]. Muchas gracias por todo. Un saludo. Merche."

El correo electrónico acredita como Orange Market lograba que empresas constructoras (Ortiz e Hijos o Facsa) asumieran el pago de cantidades correspondientes al costo de actos electorales del Partido Popular.

De todos los años investigados, sólo en 2008 Orange Market declara a Hacienda sus relaciones con estas constructoras. Justamente en 2008 es cuando Orange Market sufre graves dificultades financieras, hasta el punto de que su principal responsable, Álvaro Pérez, hace esfuerzos denodados para cobrar supuestas deudas con el PP valenciano y llama reiteradamente al secretario general de esta formación, Ricardo Costa, a la tesorera y al vicesecretario general, para buscar fórmulas que le permita ingresar todo lo que supuestamente no ha liquidado el partido.

Varias conversaciones grabadas por la policía, en las que están implicados Ricardo Costa o la tesorera del partido, Yolanda García, demuestran los intentos por maquillar las cuentas del PP para pagar las deudas de Orange Market en función de facturas preparadas ad hoc para disimular el posible fraude.

www.elpais.es 27.09.09

El Bigotes compró una máquina para contar dinero en 2006

Aunque los clientes principales y casi únicos de Orange Market, la empresa valenciana de la trama Gürtel que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, eran la Administración valenciana y el PP de esa comunidad, el dinero de procedencia desconocida, según la investigación policial y judicial, era una de sus principales fuentes de ingresos. Por eso, probablemente, El Bigotes adquirió en 2006 una máquina de contar dinero que le costó 540 euros, según figura en la documentación intervenida por la policía.

En el capítulo de los gastos de Orange Market, el contable de la trama corrupta, José Luis Izquierdo, apuntaba concienzudamente cada mes el sueldo correspondiente a El Bigotes, enviado por Francisco Correa, el cerebro de la trama, a hacer negocios en la Comunidad Valenciana gracias a sus magníficas relaciones de amistad con algunos de los dirigentes del PP con más poder en esa autonomía.

Álvaro Pérez recibía un sueldo mensual de 6.000 euros -algunas veces sacados de la caja B de la trama corrupta- y regularmente distintos pluses que iban desde los 3.000 a los 30.000 euros. En la contabilidad también figuran pagos a familiares de El Bigotes e incluso para sufragar el coste de parte de su propia boda.

www.elpais.es 27.09.09

Las cuentas apuntan al supuesto cohecho

La contabilidad de Orange Market, la empresa de El Bigotes, recoge apuntes concretos sobre los pagos a Milano y Forever Young y decenas de regalos más

El informe policial Orange Market. Sistema de facturación y financiación de los actos del PP de la Comunidad Valenciana, de 89 folios y cinco anexos, incluye nuevos documentos incautados a la firma valenciana de la trama Gürtel. Entre ellos se incluye la contabilidad de esta empresa, vital para apuntalar la investigación sobre el supuesto cohecho cometido por cuatro altos cargos del PP, entre ellos Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, y Ricardo Costa, secretario general del partido en esa comunidad.

  • El informe aporta nuevos documentos relacionados con la causa contra Camps

  • El tribunal mostró su desagrado por el envío del texto y lo despreció

En el capítulo de las salidas de los libros de contabilidad de Orange Market y en distintas fechas, el contable de Álvaro Pérez, El Bigotes, apunta el pago de diversas cantidades de dinero a Milano y Forever Young, las tiendas de ropa en las que El Bigotes compró trajes por más de 30.000 euros para regalárselos a Camps, el presidente autonómico, y a Ricardo Costa, secretario general del PP, entre otros.

Pese a ello, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, presidida por Juan Luis de la Rúa, amigo declarado de Camps, despreció el informe policial con un argumento falso. Las diligencias abiertas contra los aforados "están archivadas (cerradas) por el auto de sobreseimiento, refiriéndose el contenido de dicho informe a un objeto diferente", escribieron los magistrados en un auto que hicieron público el 10 de septiembre.

Sin embargo, cuando los magistrados recibieron el informe -31 de julio de 2009- estaban en plena deliberación sobre el recurso que Camps y el resto de imputados por cohecho habían presentado contra el auto del juez Flors, que decidió sentarlos en el banquillo al encontrar indicios suficientes de cohecho. Los magistrados no resolvieron archivar la causa hasta dos días después, pero no dijeron nada del informe policial hasta que pasaron un mes y ocho días.

El título del informe podría llevar a engaño a los magistrados, pues habla de financiación de los actos del PP, un asunto que no entraba dentro de la causa judicial abierta. Sin embargo, los magistrados leyeron el documento y así lo explican en su auto de 10 de septiembre: "Es la continuación de toda una serie de informes anteriores remitidos a las autoridades que la Comisaría estimaba competentes".

Esa continuación de informes anteriores incluía numerosos documentos nuevos relacionados con el supuesto cohecho y, por tanto, guardaban relación con el objeto de la causa abierta a Camps. Entre ellos, un listado de regalos de Navidad cuyos beneficiarios son todos los cargos imputados y sus familiares. Además, la lista de pagos a Milano y Forever Young, las tiendas de ropa donde se compraron los trajes para Camps y sus hombres de confianza en el PP valenciano.

Uno de esos apuntes hace referencia al pago de 4.821 euros, una cantidad que figura en parte de lo investigado hasta ahora como pagada por Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta y jefe de El Bigotes, a Milano por cuatro trajes para el presidente Camps.

Además de este apunte, aparece otro en Forever Young, la tienda a la que se fue José Tomás, el sastre de confianza de Camps y los dirigentes del PP, por valor de 12.000 euros, en fechas idénticas a las que se estaban produciendo los regalos de la trama corrupta a la cúpula popular valenciana.

La sala de lo Penal del Tribunal Valenciano no ocultó su malestar ante el envío por parte de la Policía Judicial de este informe -"sin que existiera petición al respecto, ni por parte de esta sala ni por el Magistrado Instructor", escribieron-, pese a que el trabajo de los investigadores ha sido el habitual en estos casos y el que se ha seguido desde que se inició el caso Gürtel. Los policías analizan toda la información que consiguen previa autorización judicial -registros, pinchazos telefónicos- y envían informes a los jueces instructores y a la Fiscalía.

www.elpais.es 27.09.09

RAJOY CALLA Y COSTA ANUNCIA UNA “AUDITORÍA INTERNACIONAL”

El presidente del PP, Mariano Rajoy, acudió ayer a Silleda, un pequeño municipio de Pontevedra. Era un día en el que la palabra Gürtel aparecía en todos los periódicos. Allí, Rajoy pronunció un discurso ante 12.000 simpatizantes de apenas 14 minutos, en el que no se pronunció ni una sola vez sobre la presunta trama de financiación irregular que salpica a la formación que preside.

En ese tiempo sólo habló sobre economía e impuestos. Ni una alusión —siquiera para defenderse— al caso. Al calor de los suyos, puso a Feijóo como ejemplo de lo que quiere hacer él con España. Por evitar los temas espinosos, evitó incluso saludar después a sus anfitriones, los miembros del PP de Silleda, donde seis concejales preparan un pacto con dos tránsfugas para arrebatar la alcaldía al PSOE.

Por su parte, el secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa, insistió en acusar al Gobierno de lanzar “falsas acusaciones sobre las cuentas populares” y anunció que presentará ante el Tribunal de Cuentas “toda la contabilidad del partido para que sea fiscalizada públicamente”. Según el dirigente popular, al que el informe policial sitúa en el centro de la supuesta trama de financiación irregular, Camps le ha pedido también que encargue “a una firma de auditoría internacional un análisis privado” de la contabilidad del partido.

En la misma línea, el vicesecretario de Organización del PP valenciano, David Serra, defendió que las conversaciones telefónicas incluidas en el informe “no corresponden a ninguna situación irregular”. Serra, que asegura en una de las grabaciones que Camps “lo sabe todo” de la financiación del PP, criticó que las escuchas se hayan sacado de contexto, con un “corta y pega” que no reflejaría la realidad.

http://www.elpais.com/articulo/espana/Rajoy/calla/Costa/anuncia/auditoria/internacional/elpepinac/20090927elpepinac_9/Tes/

'EL BIGOTES' PAGABA LA NÓMINAS EN 'NEGRO'

La empresa Orange Market, proveedora aventajada del PP y de la Generalitat Valenciana, pagaba en negro parte de los sueldos de sus ocho empleados, El Bigotes incluido. Así se desprende del examen que la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional hizo de la contabilidad incautada el pasado 6 de febrero.

En su informe, los agentes concluyen que «en las nóminas de los trabajadores se hace una división entre la remuneración registrada en la nómina y la entregada en especie». La partida en especie consta de dinero «fuera del circuito financiero legal» -según la terminología empleada por los agentes- que los responsables de la empresa entregaban directamente a sus trabajadores, más otra cantidad que se les daba en concepto de «vivienda» de procedencia igualmente desconocida. Una parte de la paga extra era legal y otra se pagaba en negro. Lógicamente, los ingenieros financieros de la trama registraban estos pagos en su contabilidad Barcelona.

Los salarios de El Bigotes y de quien fuera consejero delegado de la empresa en Valencia, Cándido Herrero, también se ceñían a esta doble contabilidad, en virtud de la cual los responsables de la trama corrupta eran a ojos de Hacienda sencillos asalariados. El Bigotes cobraba al mes 6.000 euros.

Herrero, sin embargo, sumaba una remuneración de 4.300 euros, de los cuales sólo 2.000 constaban en su nómina. Así, los contables distinguían en los apuntes referidos a los sueldos de cada trabajador los conceptos Nómina, Barcelona, Vivienda, Paga extra nómina y Paga extra Barcelona.

La Policía registra en su informe los casos de Adrián Senín y Cándido Herrero. Senín, por ejemplo, recibía 1.000 euros en su nómina, pero luego le redondeaban el sueldo con otros 1.000 euros en negro más otros 1.000 por «vivienda». Por lo que respecta a los bonus, Cándido Herrero recibió en mayo de 2005 una retribución extraordinaria de 30.000 euros y Senín, otra de 6.000.

http://www.elmundo.es/diario/espana/19492325.html

EL BIGOTES EXIGIÓ DINERO NEGRO A RAJOY

Según el informe policial el 52,22% de los gastos generados por el PP gallego a las empresas de la trama se pactó en B

Rajoy conocía perfectamente la relación de su partido con la trama dirigida por Correa. La documentación aportada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales contiene un documento en forma de carta remitida por Álvaro Pérez, 'El Bigotes', a Mariano Rajoy para ponerle en conocimiento del impago de una deuda del año 1999 por actos públicos de la campaña de las municipales en Galicia que habían sido organizados por las empresas de la trama

La deuda reclamada por el Bigotes se refiere a un periodo de tiempo en el que, según la policía, el pp y la trama pactaron que la mitad de los pagos se realizarían en dinero negro y por tanto sin posibilidad de ser fiscalizados.

Financiación irregular en Galicia

El informe de la UDEF habla de "facturación dual" para referirse a las relaciones de la trama con el pp entre 1996-1999. En esa época Pablo Crespo era el secretario de organización del PPdG y las empresas de Correa estaban detrás de todos los actos que organizaba el partido en Galicia.

La policía llega a esta conclusión tras el análisis del contenido de una caja de seguridad a nombre de Crespo en una entidad bancaria de Pontevedra. Se trata de la caja número 5 del banco de Santander en la calle Peregrina. La policía entró en esa entidad bancaria el pasado 19 de febrero de 2009.

Para los investigadores el análisis de la caja B de Pontevedra ofrece nuevos indicios sobre una presunta financiación ilegal.

De tal modo que la policía concluye en su informe "Los fondos destinados al pago de esos gastos generados por la formación política proceden de recursos existentes en los circuitos financieros y de recursos ajenos a los mismos pudiendo proceder estos últimos de terceros que financian los gastos del partido popular con dinero ajeno a los circuitos económicos".

Del análisis de esa documentación la policía concluye que: "un conjunto de los gastos generados (47,78%) se financiaría con fondos de la formación política existentes en el circuito financiero ya sean fondos propios o ajenos, por tanto fiscalizables. Y otra parte de los gastos (52,22%), los denominados B se pagan directamente en efectivo en unos casos con soporte documental (nota de recibí,no facturas) y otros sin ellos pero en todo caso con recursos B ajenos por tanto al circuito económico".

Bárcenas, Arenas y Lapuerta estaban informados

La carta que El Bigotes dirige al líder del pp reclamando el pago de la deuda gallega está fechada el 18 de diciembre de 2003. Rajoy había sido nombrado ya secretario general del pp y sucesor de Aznar. En esa misiva, El Bigotes se encarga de recordarle al hoy líder del pp que Javier Arenas, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas estaban informados del asunto.

No es la única carta que el número dos de Correa dirige a Génova exigiendo dinero. Ese mismo año 2003, en junio, El Bigotes ya había enviado otra misiva similar a Javier Arenas. En los archivos de la trama esa documentación se guardaba en un fichero con el título "CARPETA EMBOLADOS".

También Manuel Fraga fue objeto de este acoso postal por parte de los socios de Correa para exigirle el pago de deudas. A él se dirigieron en octubre de 2003. Esta tercera carta la firma Luis de Miguel Pérez en representación de Special Events y en ella le recuerda al expresidente gallego que esta empresa de la trama lleva organizando las campañas del pp de Galicia desde 1993.

Abrir en Génova el grifo gallego

Las presiones de los miembros de la trama tiene su explicación en las dificultades que éstos encontraban para cobrarle al pp de Galicia lo que le reclamaban. Tras la llegada de Xesús Palmou a la secretaría general del ppdeG en 1999 se cortó el grifo a las empresas de Correa y a los modos de proceder que hasta la fecha había impuesto Pablo Crespo. El hoy considerado uno de los cerebros de la "Gürtel" dejó la formación de Fraga y pasó a ocupar un cargo directivo en Special Events que compatibilizó con su cargo de vocal en el organismo público Portos de Galicia, en donde estuvo hasta 2005.

Según las fuentes consultadas Xesús Palmou se negó a abonar la deuda heredada de los tiempos en los que Xosé Cuiña era secretario general del pp gallego y Crespo su lugarteniente.

Corría el año 1999 y Luis Bárcenas era el gerente del partido popular. Según una información del diario El País, el propio Bárcenas medió para que el pp gallego volviera a contratar a Correa y al menos en cuatro ocasiones el hoy imputado por el Supremo se interesó por los motivos de la ruptura con Special Events.

La mediación de Bárcenas habría surtido efecto y las empresas de la trama volvieron a Galicia, tal y como avanzó la SER en Febrero.

El PP de Pontevedra, dirigido por el presidente de la diputación Rafael Louzán, encargó en 2001 un Sondeo de Opinión Pública sobre la actualidad política en Pontevedra. La empresa que el PP contrató para este trabajo era una sociedad que tenía como director gerente a Jesús Calvo, uno de los imputados por Garzón y en la que María del Carmen Rodríguez Quijano, la mujer de Correa, ocupaba el cargo de directora comercial.

Según los documentos a los que ha tenido acceso la Cadena SER, fue la mujer de Correa quien se encargó personalmente del seguimiento de este trabajo para en PP en Galicia. Fue la esposa de Correa quien supervisó personalmente los resultados antes de entregarlos al cliente final: el Partido Popular.

También durante la crisis de las "vacas locas" el por entonces consejero de Agricultura, Juan Miguel Diz Guedes, encargó a Special Events una campaña de promoción de la carne gallega.

En todo caso estas colaboraciones fueron puntuales, al margen de los deseos de la nueva dirección del ppdG encabezada por Palmou y nada comparable con el monopolio que las empresas de la trama ostentaron en la vida del partido popular entre 1996 y 1999.

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/bigotes-exigio-dinero-negro-rajoy/csrcsrpor/20090927csrcsrnac_1/Tes

IDA Y VUELTA DEL 'CASO GÜRTEL'

El Tribunal de Madrid tendrá que decidir si traslada al Supremo o a un juzgado de Valencia el informe de la financiación ilegal del PP

El Tribunal Superior de Valencia -que preside Juan Luis de la Rúa, amigo declarado del presidente Francisco Camps- ha rechazado en dos ocasiones investigar el informe policial que revela la presunta financiación ilegal del PP en esa comunidad. ¿Qué va a suceder ahora con ese informe? ¿Van a investigar los jueces su contenido o terminará en la papelera el trabajo policial? Fuentes jurídicas creen que el caso Gürtel, en su variante de la supuesta financiación ilegal del PP, volverá de nuevo a las manos de De la Rúa con parecidos implicados que en la causa por delito de cohecho impropio (los regalos de trajes a Camps y otros aforados) que archivó en agosto pasado.

Los motivos que alegó la Sala valenciana para desentenderse del citado informe policial eran que el delito de financiación ilegal del que da cuenta era diferente y no cabía subsumirlo en la causa por cohecho impropio que había tramitado contra los aforados y que, además, el caso ya estaba archivado.

Sorprende ese argumento por cuanto la Sala valenciana -a pesar de que Garzón avisó de que algunos aforados valencianos podían haber cometido varios delitos- limitó las pesquisas al de cohecho impropio. Y obvió los demás delitos. Otro argumento para rechazar el informe fue que nadie de la Sala valenciana lo había solicitado.

El informe (89 folios) lo entregó la policía el 31 de julio pasado en los tres órganos judiciales que tramitaban la trama Gürtel: el Supremo y los Superiores de Valencia y Madrid. Es decir, la Sala de Valencia lo tuvo en sus manos días antes de cerrar la causa contra Camps. Además, es absurdo el argumento de la Sala de que no había pedido ningún informe a la policía, puesto que es un deber de los agentes investigar y perseguir delitos y elevar informes sobre ellos a los jueces. Y más en este caso, en el que los autores del informe han actuado como policía judicial en el marco de las pesquisas de la trama Gürtel, con ramificaciones en Madrid y Valencia.

Pero no es sólo esto: ese informe también llegó al Superior de Valencia por otra vía. Le fue remitido este verano por el magistrado instructor del caso Gürtel en Madrid, que se inhibió de investigar su contenido en favor del Superior de Valencia al constatar que los supuestos implicados eran casi los mismos aforados que ya estaban siendo investigados en esa comunidad. Pero la Sala de De la Rúa devolvió el informe a Madrid y se escabulló de investigarlo, esta vez con el argumento, formalizado en un auto, de que Pedreira, en su condición de instructor, no podía per se plantear la inhibición ante una Sala. Eso sólo podía hacerlo, en su caso, su homónima del Superior de Madrid.

Por tanto, para que el informe no acabe en la papelera, el camino ahora es que Pedreira eleve a su Sala el informe que le devolvió Valencia, para que ésta decida qué hace con él. Dos son las posibilidades que pueden estar barajando la Fiscalía Anticorrupción y el Superior de Madrid, según expertos en derecho consultados. Una, elevar ese informe al órgano superior de ambos tribunales superiores, al Supremo, y que éste resuelva si se queda el asunto (al haber implicados en la trama Gürtel aforados de dos comunidades diferentes, Madrid y Valencia) o bien que dictamine quién debe investigar ese nutrido informe.

La otra alternativa, considerada la más factible, pasa porque el Tribunal de Madrid remita ese informe al juzgado decano de Valencia para su reparto. El juzgado al que le tocase iniciaría una investigación, de la que tendría que inhibirse en favor del Superior de Valencia en el momento en que viese indicios contra aforados. Y precisamente indicios contra aforados (contra Camps y algunos de sus hombres de confianza) es lo que sobran en el informe. Conclusión: el asunto puede volver a las manos de De La Rúa, el amigo de Camps.

http://www.elpais.com/articulo/espana/Ida/vuelta/caso/Gurtel/elpepinac/20090927elpepinac_7/Tes/

Dos pagarés bancarios demuestran la financiación irregular del PP

Estos dos pagarés de la entidad Banesto demuestran que empresas beneficiarias del Gobierno de Camps pagaban deudas contraídas con Correa por la organización de actos 

Lo relevante de esta documentación, fechada el 23 de abril de 2008, es que queda acreditado que estas empresas abonaban a la trama de Correa deudas del PP.

Así lo demuestra un correo electrónico enviado desde ORANGE MARKET al despacho del abogado Ramón Blanco Balín, ex asesor de Aznar y según la policía el cerebro de la ingeniería financiera que movía el dinero negro de Correa.En ese correo electrónico se solicita que esas dos facturas, que ya se habían emitidos por los mismos importes a nombre del PP, sufriesen una modificación para que el pago finalmente fuese revisado por la empresa constructora.

ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTA DE OBRAS, según los informes policiales, recibía contratos públicos a cambio de estos favores.

Estos dos nuevos documentos, dos pagarés de la entidad Banesto, demuestran que empresas beneficiarias del gobierno de Camps financiaban de forma ilegal al PP. Pagaban, por tanto, las deudas que Camps tenía con Correa por los actos organizados, de cuyo coste el partido de Rajoy sólo abonaba una pequeña parte

¿Quién es el empresario que firmó los pagarés?

Se trata del constructor alicantino Enrique Ortiz, muy ligado al ex-alcalde de alicante, Luis Díaz Alperi. Consigue prácticamente la adjudicación de todos los grandes proyectos de Alicante.Estuvo imputado junto a Alperi, la ahora alcaldesa y antes concejala de Urbanismo, Sonia Castedo, en el conocido como caso de los aparcamientos. Se investigaba un supuesto trato de favor a Ortiz por la construcción de tres aparcamientos. Casualmente, la sala del TSJV que archivó el caso ha sido la misma que ha desestimado el caso de los trajes de Camps.

Ahora tiene recurrido en los tribunales el plan parcial de Rabassa -4 millones de metros cuadrados-. Una amplísima extensión de terreno junto a la universidad de Alicante donde pretende construir más de 13.000 viviendas.Un plan que está tramitado al margen del plan general pese a ser la zona de la ciudad que mas crecerá en los próximos años -Esquerra Unidad, Delegación del gobierno y un colectivo ciudadano son los denunciantes-

Es propietario del Hércules F.C

www.cadenaser.com 26.09.09

Los 'pinchazos' apuntan a que Camps estaba al tanto de la trama de financiación

"Ése lo sabe todo", dice el vicesecretario de Organización sobre el presidente valenciano - Las grabaciones prueban la confabulación para falsear facturas

El PP desplegó ayer toda su maquinaria para tratar de desautorizar el informe policial que detalla la trama de financiación ilegal del partido en Valencia. Sin embargo, las conversaciones entre los principales miembros de la trama y dirigentes clave del PP, grabadas todas ellas con autorización judicial, muestran con claridad no sólo la intensa relación personal entre ellos, sino sobre todo sus esfuerzos por maquillar la contabilidad, organizar pagos en contabilidad opaca (llamada en clave Barcelona, por la inicial, en contraposición de Alicante, cuya inicial describe las cuentas legales). Las conversaciones que publicamos hoy demuestran, además, que el presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Francisco Camps, estaba al corriente de la situación. De hecho, Álvaro Pérez, máximo responsable de Orange Market y representante en Valencia de Francisco Correa, cabecilla de la trama, narra cómo ha hablado con Camps de estos asuntos, y en varias ocasiones alardea de que si Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat, y Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, no arreglan el problema de las deudas del PP con Orange Market, en cuentas A y B, él enviará un mensaje o hablará con Camps para desbloquearlo.

  • En bastantes conversaciones de la trama hay referencias a Camps

  • La tesorera del partido habla con El Bigotes de cómo preparar facturas

De las múltiples conversaciones que prueban la implicación de Camps y la existencia de extraños tejemanejes contables, la más clara sea tal vez la que mantienen David Serra, vicesecretario de Organización del PP, y Álvaro Pérez, El Bigotes, el 29 de diciembre de 2008, en plena negociación de Orange Market para recuperar su deuda con el PP.

En ella, Serra le dice a Pérez: "Yo necesito que el talón lo ingreséis hoy", esto es, en referencia a un pago de Orange Market al PP, algo extraño. Entonces ambos comienzan a hablar de una información que había publicado el diario Levante, sobre las dudas que tenía la Sindicatura de Comptes, organismo que fiscaliza los presupuestos, sobre algunos datos de la contabilidad del PP con Orange Market. Y Pérez, al que en una conversación Camps llegó a llamar "amiguito del alma", admite abiertamente que ha hablado con Camps sobre el asunto. "Luego, por la tarde, hablé con el presi, y le dije: 'Que sepas que Ricardo [Costa] tiene toda la documentación'. Y él me contestó: 'No sé ni de qué me hablas'. Y yo le dije: 'Ya, ya sé cómo me dices, pero bueno, que lo sepas". Por si había alguna duda de la implicación de Camps, es el propio Serra, alto cargo del PP valenciano, quien sentencia sin tapujos: "Ése lo sabe todo". "Ya, ya lo sé", cierra El Bigotes.

En otra conversación con Pablo Crespo, en la que también se habla del pago de la deuda, Álvaro Pérez es muy claro ante las reticencias del vicepresidente Rambla: "Yo voy a poner un mensaje al presi ahora. Porque he pactado una cosa con Ric [Ricardo Costa], me ha dicho Ric que le ayude, porque este hijodeputa, el [Vicente] Rambla, se hace el sueco. Así que voy a mandarle un mensaje al presi a ver si me llama y mañana desayuna con Rambla y me voy a hinchar, claro".

Son sólo algunas de las múltiples pruebas que contiene el informe sobre financiación ilegal del PP que los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, dirigidos por Juan Luis de la Rúa, declarado amigo de Camps, han decidido no investigar e incluso sacar del sumario, como había pedido el abogado del presidente de la Generalitat.

Otras conversaciones, en las que está directamente implicado Ricardo Costa o la tesorera del partido, Yolanda García, demuestran los intentos por maquillar las cuentas del PP para pagar las deudas de Orange Market en función de facturas preparadas ad hoc para disimular el posible fraude. A pesar de que en casi todas las conversaciones Pérez insiste en que no quiere hablar ciertos asuntos por teléfono, lo que indica que en las conversaciones en persona se trataban asuntos aún más delicados, en una de sus charlas con la tesorera, enviada a hablar con él por Ricardo Costa, es muy claro sobre la necesidad de ocultar el movimiento de dinero y señala: "Acabo de hablar con Pablo [Crespo, número dos de la trama, ex secretario de organización del PP gallego], que le gustaría pensar cómo hacemos el papel que te tengo que dar a cambio de lo otro". Y la dirigente del PP contesta: "Vale". "Le gustaría ver el concepto, qué concepto ponemos. Me gustaría hacerlo muy bien, como me están dando...", insiste Pérez.

www.elpais.es 26.09.09

El 'Bigotes' ingresó 6,3 millones en 'B' del PP

La Policía detalla hasta 31 entradas de dinero sin factura procedente de los 'populares'. La 'caja B' de Francisco Correa se nutría de fondos de la 'caja B' de Orange Market

El PP valenciano ingresó en dos años 6,3 millones de euros a la caja B de la empresa Orange Market en concepto de actos y otros servicios, según el informe de la Brigada Policial de Blanqueo correspondiente al análisis de la cuenta opaca bautizada como Barcelona, en la que no se cobraba el IVA. Los apuntes contables hallados por los investigadores tras rastrear las arcas de la filial valenciana de Francisco Correa proceden, según la documentación, de cantidades pagadas por el PP autonómico, algunas bajo el concepto de «a cuenta» y por actos celebrados en las tres capitales de provincia.

En el periodo de tiempo, comprendido entre enero y noviembre de 2007, la caja B de la empresa que comandaba Álvaro Pérez El Bigotes ingresó 2.856.000 euros del PP, mientras que en 2008 la suma ascendió a 3.446.985 euros. En total, casi 6,3 millones de euros. La contabilidad de 2007 procede de un archivo informático incautado por la Policía donde se reflejan distintas sumas de hasta 350.000 euros, con la fecha, el concepto y el nombre de la persona o la organización que realiza la entrega. En total, unas 31 entradas.

Algunas son especialmente significativas, como la del 23 de marzo de 2007. Se consignan 220.000 euros a cuenta del «acto feria» que abona el PP. Cuatro días después, el líder popular, Mariano Rajoy, era proclamado candidato a la Presidencia del Gobierno en la Feria de Valencia. Además, también aparecen dos apuntes más del 7 y del 28 de mayo por 223.000 y 350.000 euros, respectivamente. En ambos el pago se realizó por la campaña electoral y lo abonó el PP, según la Policía. En la documentación incautada también aparece un ingreso de «Alicante Sonia» de 24.000 euros -Sonia Castedo es la alcaldesa de esta ciudad- y otro de David Serra, vicesecretario del PP valenciano, de 12.000 euros por la campaña de Alicante.

La suma de todas las cantidades presuntamente abonadas por el PP a la caja B de Orange Market en 2007 asciende a 2,8 millones de euros. Esta contabilidad paralela refleja también salidas por importe de 2,6 millones destinadas, según el informe policial, a pagar los gastos de Orange Market. Entre ellos, figuran sendos abonos de 200.000 y 70.000 euros a la caja B de Serrano, la calle de Madrid en la que Francisco Correa, presunto cerebro de la trama Gürtel, tenía sus oficinas. Según la Policía, de esta caja salía el dinero que Correa pagaba a cargos públicos, especialmente de Madrid.

La investigación policial concluye que tanto Orange Market, la empresa de El Bigotes, como Easy Concept Comunicación, radicada en Madrid, eran las principales suministradoras de dinero negro a la trama.

Respecto al ejercicio de 2008, los ingresos supuestamente realizados por el PP en la caja B de Orange Market ascienden a 3.446.985 euros, según la documentación intervenida en la sede de la empresa. Aparecen, por ejemplo, entregas de dinero del PP regional y del PP de Castellón. En los anexos contables relativos a este año -documento llamado Barcelona Eventos- aparecen apuntes relacionados con actos y sus costes. Entre ellos, 6.390 euros por la visita, el 4 de abril de 2008, de Ángel Acebes y Francisco Camps a la Feria de Valencia. «Jornadas interparlamentarias», señala el apunte. Entre los meses de enero a abril, el PP abona en la caja B de Orange Market 90.420 euros por distintos servicios. En el informe policial se asegura que «no se localiza apunte contable ni factura emitida alguna en esas fechas y por esos importes o por la suma, que permitan inferir que esas cantidades de dinero formen parte del circuito financiero legal».

En 2008, los gastos de la caja B de Orange se elevaron a 3.479.456 euros. La Policía detalla que, pese a los ingresos descritos, el PP se demoraba a la hora de saldar sus deudas con El Bigotes. En este sentido, el informe recoge una conversación entre Álvaro Pérez y Pablo Crespo, mano derecha de Correa, en la que El Bigotes comenta que «le ha dicho Ricardo [Costa] que le iba a pagar todo lo que se ha hecho en Alicante, pero que en Barcelona no le podía pagar nada». En el lenguaje de la trama, Alicante era la caja A y Barcelona, la caja B, según la Unidad de Delitos Económicos, que añade que el dinero aportado a la caja B «tiene su origen en una financiación paralela de los actos del PP valenciano».

En otra de las conversaciones grabadas en diciembre de 2008, Álvaro Pérez vuelve a hablar con Crespo y le comenta una reunión mantenida con Ricardo Costa, en la que el secretario general del PP le había dicho que este año «las cosas estaban muy mal pero que no tenían que temer nada, que la semana que viene iba a quedar todo a cero».

www.elmundo.es 26.09.09

Orange Market mandaba por 'email' asignar facturas del PP a empresas

La Policía considera probado que las constructoras pagaban actos del partido

El informe de la Policía transcribe toda una serie de correos electrónicos en los que se reproducen las instrucciones dadas por Orange Market para asignar a diferentes empresas constructoras supuestos gastos del PP en congresos y actos electorales.

Estos apuntes son los únicos indicios que relacionan a los cinco empresarios citados con la trama, puesto que los nombres de Enrique Gimeno (dueño de Facsa); Enrique Ortíz (de Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras); Antonio Pons (Piaf); Vicente Cotino (Sedesa) y Luis Batalla (Lubasa) no aparecen, salvo de manera tangencial, en las conversaciones grabadas a Álvaro Pérez, El Bigotes.

Pese a ello, tras examinar la documentación incautada, la Brigada de Blanqueo de Capitales concluye que las constructoras son las «pagadoras reales» de varios actos del PP. A ello puntualizan de forma reiterada en el informe que las cinco empresas «han sido adjudicatarias de numerosos contratos públicos».

Como prueba, el documento policial transcribe un correo electrónico enviado el 5 de febrero de 2008 desde una dirección de Orange Market a una asesoría fiscal (Blanco-Guillamot & Asesores) en el que se pide que se corrija una factura y, en lugar de derivarse al PP, se ponga a nombre de la empresa Enrique Ortiz e Hijos.

«Estas dos facturas que están puestas al PP hay que corregirlas y ponerlas a Enrique Ortiz», se requiere en el texto localizado por la Policía tras el registro efectuado en la sede social de la asesoría. Los extractos referidos en el correo son del 1 de abril de 2008 y, sumados, ascienden a 115.884 euros.

La Policía también cita dos supuestas facturas emitidas por Orange Market (esta vez sin transcripción del correo) en las que se vuelve a demandar, de nuevo, que el pago de actos del PP se impute a un empresario: «Cambia el cliente (era el PP de Castellón) y tiene que ser Facsa», se remarca en el extracto realizado por los agentes. En otra, incluso se requiere que se cambie el importe y se rebaje de los 231.668 euros a sólo 87.487 euros.

Otra de las formas de actuar de Orange Market que descubre la Brigada de Blanqueo son los cambios de última hora al alza o a la baja en la base imponible de las facturas. Así, en uno de los correos enviados desde Orange Market que consta en el informe se explica: «Hay que modificar una cantidad de las facturas emitidas por nosotros, la del Partido Popular, en lugar de ser el importe 200.000 euros pasa a ser de 300.000».

Además de los e-mails que involucran a las empresas, el informe reproduce varios ejemplos del modus operandi que, según la Policía, emplearon los populares con Orange Market durante años. Uno de ellos se localiza en Castellón, en enero de 2007. Hay un ingreso de 72.000 euros por un acto realizado allí, por el que la Policía «únicamente» localiza en los libros de registro de contabilidad de la empresa de El Bigotes la emisión de una factura por 16.412 euros con fecha 5 de marzo de ese año en concepto de «Presentación Candidatos Alcaldía. Montaje, Azafatas, Auditorio, Varios». «Se desconoce la justificación contable-administrativa por la diferencia entre las dos cantidades -72.000 y 16.412 euros-, así como el posible origen de ese dinero», concluye el informe.

El documento policial recoge multitud de ejemplos de esta naturaleza. «La forma en la que se ocultan estas operaciones que permiten incorporar a la caja de la empresa esos fondos, así como su posterior empleo, son variadas habiéndose concretado en diferentes métodos», recalca la Policía.

www.elmundo.es 26.09.09

Las pagos del congreso regional

La Policía reproduce en el informe un texto muy gráfico que refleja cómo se desviaba el dinero de los circuitos legales y que hace referencia al X Congreso regional del PP que se celebró en Valencia en el año 2002. El coste total del acto se fijó en 240.582 euros de los que, según el informe, 90.151 se facturaron por los cauces legales -con IVA- mientras que 150.430 se pagaron 'en negro'. El dinero que sí se declaró se transfirió con un cheque el 10 de diciembre de 2002 mientras que la cantidad facturada en 'B' se pagó también 'en negro' a la empresa de Correa en cuatro cobros de 25.000, 30.000, 75.421 y 18.500 euros entre septiembre de 2002 y enero de 2003. Los investigadores establecen una correlación entre las cuentas del congreso y la 'Caja x PC', la cuenta personal de Francisco Correa.

El informe reproduce que tres de las entradas provenientes de los cobros de la organización de este acto de 2002 se anotan en la cuenta personal de Correa, una de ellas descontando ya el dinero entregado a 'El Bigotes' (20.000-1.500). La entrada que no se anota, la que hace referencia a la suma de 72.000 euros, «no llega a entrar en caja porque se da 73.000 a Correa y 2.000 a Álvaro Pérez», según la Policía. «El dinero recibido en efectivo correspondiente a los cobros en 'B' que se anota en el archivo 'Congreso regional de Valencia' se apunta como entrada de fondos en la cuenta del sistema de contabilización 'B' del grupo, concretamente en la cuenta personal de Correa, que se nutre con entradas procedentes de comisiones pagadas por personas de empresas constructoras, de aportaciones de Álvaro Pérez o de cobros de procedencia desconocida», recoge el informe.

www.elmundo.es 26.09.09

La farmacia, en el eje de la trama

La farmacia J. Escrig Olano, regentada por Isabel Bas, la esposa del presidente Francisco Camps, tiene una sorprendente presencia en la investigación por la financiación ilegal del PP valenciano.

El propio Camps puso el foco en la farmacia durante la investigación por el supuesto cohecho en trajes regalados por los empresarios corruptos. Camps declaró al juez que pagó los trajes en metálico con dinero cogido de la caja de la farmacia. El juez constató que esta versión era mentira.

En las nuevas revelaciones sobre financiación ilegal, en ocasiones los negocios parecen pasar de alguna manera por el establecimiento, situado en el centro de Valencia. Álvaro Pérez, El Bigotes, que en la Navidades de 2008 le hizo a Bas un regalo tan caro que la escandalizó (así figura en una grabación de una conversación entre ambos), parece utilizarla como intermediaria cuando tiene problemas. En una conversación del 8 de noviembre de 2008, Pérez le dice a su jefe, Pablo Crespo: "He pasado por el laboratorio para contarle a la dama cómo me ha ido". Se refiere a la farmacia, lo que le ha contado a "la dama" es una reunión que ha tenido con el vicepresidente Vicente Rambla para hablar de negocios.

En otra grabación, del 30 de enero de 2009, se produce este diálogo entre Pérez y Crespo:

P. C. ¿Te contó Cándido [empleado de Orange] lo que vamos a hacer?

Á. P. Sí, sí, me lo ha contado.

P. C. Te gusta, ¿no?

Á. P. Sí, yo le he pedido a Cándido que me firmara y me sellara un papelito de hoy, ¿sabes?

P. C. Para que pueda...

Á. P. Sí, porque se lo voy a enseñar, se lo voy a llevar hoy a Vicente [Rambla] y a Ricardo [Costa], y depende de la cara que me ponga Vicente, le voy a decir que se lo voy a mandar con Isabel

[la esposa de Camps, según los investigadores] vía farma [la farmacia].

P. C. Bueno, ya miras tú lo que tienes que hacer

Á. P. Sí, porque está bastante bien, ¿sabes? Estas dos cifras que me han puesto.

P. C. Bueno, yo estoy muy contento, porque el despacho en el que estuve ayer, se ve que el tío hizo bien las cosas y las vamos a dejar como tienen que estar.

www.elpais.es 26.09.09

El Bigotes: "Voy a poner un mensaje al 'presi' ahora mismo"

Las grabaciones realizadas por la policía por orden del juez muestran indicios de irregularidades en el partido

En el informe policial sobre la financiación irregular del PP valenciano se incluyen grabaciones que aportan indicios de posibles irregularidades. Reproducimos algunas de ellas.

UN TALÓN DE ORANGE MARKET LLEGA AL PP

Conversación entre David Serra, vicesecretario de Organización del Partido Popular valenciano, y Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, jefe de Orange Market (29 de diciembre de 2008).

Álvaro Pérez le dice que luego va a llevar Cándido Herrero, contable de Orange Market, la factura al partido.

David Serra. Que venga a la sede, yo me voy a la sede de Las Cortes. Yo necesito que el talón lo ingreséis hoy.

Álvaro Pérez. No te preocupes qué se va a hacer.

Hablan de artículo publicado en el periódico Levante.

Á. P. Luego por la tarde hablé con el presi, y le dije, 'que sepas que Ricardo [Costa, secretario general del PP valenciano] tiene toda la documentación'. Y él me contestó: 'no sé ni de qué me hablas'. Y yo le dije: 'Ya, ya sé cómo me dices, pero bueno que lo sepas.

D. S. Ese lo sabe todo

Á. P. Ya, ya lo sé, pero por si acaso alguna hijadeputa le ha calentado, ya sabes, pues que sepa que yo llevé toda la documentación al Sindic de Cuentas.

"LA REUNIÓN NO VA NADA BIEN"

Conversación entre Álvaro Pérez y Pablo Crespo, número dos de la trama (30 de enero de 2009).

Álvaro Pérez. Acabamos de salir Cándido [Herrero] y yo de la reunión y nada bien. Él su papel y yo el mío, y nada más

Pablo Crespo: Pero no habéis llegado a un acuerdo

Á. P. Si tío, me van a dejar a deber ciento y algo.

P. C. ¿Y todo de la misma forma?

Á. P.

P. C. No hay otra solución

Á. P. No tienen otra solución. Yo voy a poner un mensaje al presi ahora. Porque he pactado una cosa con Ric [Ricardo Costa], me ha dicho Ric [Costa] que le ayude, porque este hijodeputa, el Rambla, se hace el sueco. Así que voy a mandarle un mensaje al presi a ver si me llama y mañana desayuna con Rambla y me voy a hinchar, claro.

P. C. Ve despacio.

Á. P. Pero bien, Ricardo y David muy bien. Bueno, Ricardo diciéndome una locura que ya te contaré mañana por nuestro teléfono. Vamos una auténtica gilipollez.

Otra conversación entre Álvaro Pérez y Pablo Crespo.

Álvaro Pérez le dice que se va a hablar con Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat valenciana. Éste le dijo que no le comentase nada a Rambla ni al presidente de lo que habíamos hablado porque se había cabreado con David Sierra.

Pablo Crespo. ¿Por qué se había cabreado con David?

Álvaro Pérez. Pues porque dijo un par de gilipolleces que yo me había cabreado bastante. Pero no pasa nada, porque luego siempre hace lo que le dice Ric [Ricardo Costa].

P. C. Pero para qué, para darte caña con los precios.

Á. P. No, no, una cosa más gorda, que no te la quiero decir por aquí. Me voy a ver a Vicente [Rambla] ahora.

AMAÑAR FACTURAS

Y OCULTAR PAGOS

Dos conversaciones entre Álvaro Pérez y Yolanda García Santos, diputada autonómica del Partido Popular por Alicante, tesorera del PPCV, que mostrarían el intento por ocultar determinados pagos, por amañar facturas, que se traían entre la empresa y el partido (2 de febrero de 2009).

Álvaro Pérez. Hola, Yo.

Yolanda García. Que me ha dicho Ricardo [Costa] que te llame para una factura o algo.

Á. P. Sí, para que me pagues, me ha dicho que 100.000.

Y. G. ¿cien?

Á. P. Sí.

Y. G. Pero me ha dicho algo de una factura, que hay que hacer.

Á. P. Sí claro.

Y. G. Que me tendrás que hacer tú a mí, en todo caso.

Á. P. Claro, claro, reina mía, claro.

Y. G. Cuéntame.

Á. P. Mañana voy a verte.

Y. G. Vale.

ÁLVARO PÉREZ DICE QUE VA A HABLAR CON COSTA

Otra conversación entre Yolanda García y Álvaro Pérez (3 de febrero de 2009).

Y. G. Dime guapo.

Á. P. Acabo de hablar con Pablo [Crespo], que le gustaría pensar cómo hacemos el papel que te tengo que dar a cambio de lo otro.

Y. G. Vale.

Á. P. No quiero hablar por teléfono.

Y. G. Ya, ya.

Á. P. Entonces le gustaría ver el concepto, qué concepto ponemos... pero yo lo necesito, entonces voy a llamar al Ric [Ricardo Costa] y le voy a decir que te firme un recibe oficial y ya está, y que te hará lo otro pues... este fin de semana, o el lunes, o el martes de la semana que viene.

Y. G. Pues espera, si eso déjame que se lo diga yo.

Á. P. Vale, es por averiguar. Me gustaría hacerlo muy bien, como me está dando...

Y. G. Voy a ver si puedo acercarme y lo hablamos en persona.

Á. P. Vale, perfecto, es que necesitaría ingresarlo como sea, ¿vale?

www.elpais.es 26.09.09

Ricardo Costa acusa a Rubalcaba de fabricar los informes contra el PP

El Ejecutivo y el PSOE reclaman a Rajoy que deje de mirar hacia otro lado


El secretario regional del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, acusó ayer al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de auspiciar el informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía que investiga el caso Gürtel y que apunta a una presunta financiación ilegal de los populares en Valencia.

 

González Pons: "Hay muchas posiblidades de que este informe sea un montaje"

AUDIO - Cadena Ser - 25-09-2009

Desde el Partido Popular se afirma que quiere quitar credibilidad al informe de la policía que señala que los contactos de Correa y el Bigotes eran el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y la tesorera del partido -


El 'número dos' del PP valenciano admite que es el de las grabaciones

Costa compareció acompañado del vicesecretario de Organización, David Serra, para tachar el informe policial de montaje y asegurar que éste se hizo para impedir que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana archivase el proceso por el supuesto delito de cohecho impropio contra cuatro altos cargos del PP -entre los que figuran Costa y el propio Francisco Camps-.

"Cuando a [Alfredo Pérez] Rubalcaba [ministro de Interior] los jueces no le dan la razón utiliza a la policía", afirmó Costa, que argumentó que "lo que los jueces no le han dado lo quiere conseguir a través de los medios de comunicación".

Costa anunció que el PP presentará una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra quien ordenó el informe y lo redactó. En el documento policial no hay firmas pero sí figura el número de placa del autor. "Se trata de denunciar el objeto real de dicho informe: la necesidad de la Policía de influir en el procedimiento que se instruía en Valencia y que acabó con el archivo de la causa", señaló.

El número dos del PP valenciano, que admitió conocer el contenido del documento y reconoció sus palabras en la transcripción de las conversaciones grabadas con Álvaro Pérez, El Bigotes, insistió en que el partido "tiene las cuentas claras y auditadas". "Cuando la policía conoce un delito lo denuncia y no presenta un informe", remachó Costa, que añadió: "No se puede imputar a unas personas sólo por unas grabaciones".

Junto a Costa, un buen número de cargos del PP valenciano insistieron ayer en la teoría de la persecución policial -de la que responsabilizan al Ministerio de Interior- sin aportar un solo dato. Para los populares son elementos suficientes que el informe fuese rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y que fuese entregado el 31 de julio pasado en mano sin que nadie lo hubiese solicitado. "En el informe sólo hay indicios de doble contabilidad en Orange Market", insistió Costa, "y no se nos puede hacer responsables por haber trabajado con ellos". El número dos del PP, que insistió en que no piensa dimitir, reconoció que había sido "un error" tratar con Orange Market.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que el presidente nacional del PP, "Mariano Rajoy, no puede seguir mirando para otro lado". "Los responsables del PP deben dejar de arremeter contra todos los demás y dar explicaciones", dijo. En términos similares se expresó el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, que instó a Rajoy a tomar medidas. Los socialistas valencianos reclamaron ayer una comisión de investigación parlamentaria en las Cortes Valencianas. Compromís y Esquerra Unida exigieron la dimisión de los cargos del PP implicados.

Otra conspiración

- Esteban González Pons (PP): "El informe puede ser un montaje"

- Carlos Fabra (PP): "Pongo la mano en el fuego por Costa y Rambla"

- José Blanco (PSOE): "Tras la financiación del PP sí parece que hay una mano negra"

- Ángel Luna (PSPV): "Pedimos una comisión de investigación"

www.elpais.es 26.09.09

Camps se enroca con un Gobierno desestabilizado y un PP dividido

Rajoy respalda la estrategia del presidente valenciano frente al escándalo

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, optó ayer por enrocarse con un gobierno desestabilizado y un PP dividido frente a las denuncias de una supuesta financiación ilegal del partido en Valencia vinculada al caso Gürtel. El argumentario aprobado por Camps y transmitido a los cargos populares consistió en negar el contenido del informe policial y recurrir, de nuevo, a la teoría de la conspiración. La tesis la resumió el vicepresidente tercero del Gobierno valenciano, Juan Cotino: "La realidad es que se está creando un estado policial contra el PP dirigido por Rubalcaba".

Pese al escándalo, el líder nacional del PP, Mariano Rajoy, conversó ayer telefónicamente con el presidente valenciano y decidió respaldar la estrategia de Camps. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, rubricó la decisión de Rajoy al insistir en que la contabilidad de Valencia está "toda en regla".

Sin embargo, el desgaste por los escándalos del caso Gürtel empieza a hacer mella en el PP valenciano. Distintos cargos del partido se mostraron ayer sumamente inquietos con la pasividad de Camps y defendieron, en privado, la necesidad de tomar medidas "extraordinarias" tanto en el partido como en el Gobierno. Otros, como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se desmarcaron de una posible financiación irregular y negaron cualquier relación con Orange Market y El Bigotes.

El presidente valenciano, que ha decidido hacer oídos sordos a estas demandas, tuvo que salir en defensa del secretario general del PP, Ricardo Costa, cuya dimisión le empiezan a reclamar en el seno del partido. "El secretario general ha estado muy acertado en todo lo que ha dicho", afirmó Camps, que decidió avalar en un acto vespertino en Sagunto la comparecencia de Costa para replicar a las acusaciones de supuesta financiación ilegal.

Camps teme que un relevo en la cúpula de la dirección regional del PP sea interpretado como un signo de debilidad que pueda ser aprovechado por los zaplanistas para desestabilizarlo. De hecho, el presidente de la Diputación de Alicante y del PP provincial, el zaplanista José Joaquín Ripoll, manifestó ayer que si se demostrara la supuesta financiación irregular sería "un hecho muy grave y habría que tomar medidas".

Pero si las brechas empiezan a aflorar entre los populares valencianos, la debilidad del Gobierno valenciano -remodelado por Camps hace apenas tres semanas- parece evidente.

La consejera portavoz, Paula Sánchez de León, tuvo que salir en defensa de la "honorabilidad" del vicepresidente primero, Vicente Rambla, que aparece mencionado en las grabaciones de las conversaciones de El Bigotes con su jefe Pablo Crespo y con Ricardo Costa. En esas cintas, Álvaro Pérez se queja a Costa de que Rambla no le paga.

El vicepresidente primero, que eludió comparecer, emitió un comunicado para tachar de "falsas y ridículas" las conclusiones del informe policial que lo vinculan con la supuesta financiación irregular. Fuentes del PP reconocieron, además, el malestar de Rambla con Costa, que en sus conversaciones con El Bigotes llega a referirse a él como "hijo de puta".

En el PP se da por hecho que el escándalo ha tocado ya al presidente valenciano y a dos de sus tres vicepresidentes: el primero Vicente Rambla y el tercero, Juan Cotino. En este último caso, el informe policial relaciona el grupo empresarial Sedesa, que dirige su sobrino Vicente Cotino, con supuestos pagos para financiar al PP.

Éstos no son los únicos damnificados de las conversaciones grabadas al responsable de Orange Market. Álvaro Pérez alude también al ex director general de Ràdio Televisió Valenciana, Pedro García, y al presidente de Feria Valencia, Alberto Catalá, persona muy vinculada a la consejera de Turismo, Belén Juste, que fue directora general de la institución ferial donde Orange Market realizó actos para el PP y prestó distintos servicios.

La implicación en el escándalo deja también tocado al grupo parlamentario en las Cortes Valencianas, ya que el vicesecretario de Organización del PP, David Serra, y la tesorera, Yolanda García, tienen acta de diputados igual que Costa, Rambla, Cotino y el propio Camps.

Cinco nombres clave

- Ricardo Costa. Secretario general del PP en la Comunidad Valenciana y portavoz del grupo parlamentario en las Cortes. Amigo de Álvaro Pérez, El Bigotes, que a través de Orange Market era el principal proveedor de eventos

del PP regional, a la vez que adjudicatario de contratos de la Generalitat.

- David Serra. Vicesecretario de Organización del PP regional y portavoz adjunto en las Cortes valencianas. Hombre de confianza de Costa en la gestión diaria del partido. Según la policía, participaba en la decisión de los conceptos por los que facturaba Orange Market, preparaba los cheques y fijaba el cómputo total.

- Yolanda García. Tesorera regional del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y diputada autonómica por Alicante. El informe policial sobre financiación ilegal indica que libraba los fondos a indicación de Costa con conocimiento de que las facturas que le cobraban al PP eran por conceptos ficticios.

- Vicente Rambla. Vicepresidente primero del Consell y consejero de Industria y Comercio. Hasta el pasado agosto presidía la empresa pública Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Generalitat. Desde esta empresa se adjudicó a Orange Market parte de los eventos de las regatas Volvo Ocean Race por 450.000 euros.

- Juan Cotino. Vicepresidente tercero y consejero de Agua. La empresa de su sobrino Vicente Cotino Escrivá, Servicios de Excavaciones, SA (Sedesa), supuestamente participó en la financiación ilegal del PP valenciano. Sedesa lo niega. Vicente Cotino Escrivá es amigo del ex director general de Ràdio Televisió Valenciana Pedro García, que también recibió ropa regalada por El Bigotes.

www.elpais.es 26.09.09

Importantes empresas valencianas, en el punto de mira

Cuatro de las principales empresas valencianas de la construcción son señaladas en el informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía por haber financiado ilegalmente al PP con la cobertura de Orange Market, compañía de la trama corrupta del caso Gürtel. Se trata de las castellonenses Lubasa y Facsa, de la alicantina Ortiz e Hijos y de la valenciana Sedesa. A ellas se añade Piaf, una concesionaria de menor entidad. Facsa, Lubasa y Sedesa desmintieron ayer su relación con la trama.

El administrador de Servicios de Excavaciones, SA, (Sedesa) es Vicente Cotino Escrivà, sobrino de Juan Cotino, vicepresidente con Francisco Camps. Según cálculos de la oposición socialista, Sedesa ha facturado al Gobierno valenciano en 10 años más de 830 millones. Vicente Cotino llevó en su avión privado al ex director general de Ràdio Televisió Valenciana, Pedro García, dimitido hace un mes, a una fiesta en Marraquech en diciembre de 2007 con unos amigos entre los que estaba Álvaro Pérez, jefe de Orange Market.

Sedesa y Ortiz comparten negocio en el ámbito de las residencias de ancianos, a través de Savia, firma que recibió 15,9 millones del Ejecutivo autonómico en 2007. Ortiz, por su parte, es el urbanizador del plan Rabassa, que prevé construir en Alicante 13.503 viviendas sobre 3,6 millones de metros cuadrados.

Condenado por fraude

Lubasa explota la mayoría de los aparcamientos subterráneos de Castellón. Además, participa en la construcción del futuro aeropuerto y del circuito de Fórmula 1. Su propietario, Luis Batalla, fue condenado por un fraude fiscal de 2,2 millones. La condena le inhabilita para contratar con la Administración, pero el grupo presenta otras empresas a los concursos.

Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), cuyo responsable es Enrique Gimeno, es concesionaria del suministro de agua potable de la mayoría de municipios de Castellón. Una de sus últimas actuaciones fue la construcción de la ciudad deportiva del Castellón C. F., a cambio de la recalificación de los terrenos.

Finalmente, Piaf es la concesionaria del servicio de mantenimiento de edificios de la Diputación y del Ayuntamiento de Castellón, contratos que le reportan más de un millón de euros anuales, aunque facturó al margen de estos contratos, entre 2008 y 2009, más de 10 millones al ayuntamiento y 1,3 millones a la diputación. Su responsable, Antonio Pons Dols, fue socio de Víctor Campos, imputado con Camps, Costa y Betoret por los regalos de la trama Gürtel.

www.elpais.es 26.09.09

HOMBRES DE CONFIANZA DE CAMPS DIRIGIERON Y AMPARARON LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP 

La cúpula del PP valenciano ha amparado y dirigido la financiación ilegal de esta formación política durante los últimos años, según el informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía que investiga el caso Gürtel. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Valencia, que preside Juan Luis de la Rúa, amigo declarado del presidente autonómico, Francisco Camps, se niega a investigar estos hechos e incluso ha eliminado este informe policial del sumario sobre el supuesto cohecho impropio de cuatro altos cargos del PP. 

El vicepresidente valenciano, Vicente Rambla; el secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa; el vicesecretario, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García Santos, estaban al tanto de la operativa financiera irregular de esta formación política, según la policía. Entre los cuatro dirigentes del PP arreglaron los problemas financieros de Orange Market, la empresa valenciana de la trama Gürtel, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, abonando supuestas deudas con dinero de procedencia desconocida o con facturas por servicios no prestados endosadas a empresas constructoras beneficiarias de contratos de la Generalitat valenciana, según la policía. 

La Sala de lo Penal ha sostenido en un auto que estos hechos no guardaban relación con la investigación abierta por cohecho impropio contra cuatro altos cargos del PP, entre ellos Costa y Camps, que recibieron cuantiosos regalos de la trama corrupta. El informe policial, de 89 folios y cinco anexos, describe con detalle los mecanismos para la financiación ilegal del PP valenciano y el pago de regalos. 

- Doble facturación. "De cada acto ejecutado se realiza una doble facturación, una real plasmada con una factura formal emitida por Orange Market al PP valenciano por los servicios prestados con el correspondiente IVA, que se integra bajo la denominación Alicante [la A mayúscula se refiere a su origen legal] y otra sin factura, y por tanto sin reflejo contable y sin repercutir el IVA, bajo la denominación Barcelona [la B se refiere a dinero negro sin justificación legal]. En consecuencia, no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al PP de la Comunidad Valenciana". 

- Facturas de constructoras. "La investigación ha acreditado que hay casos en los que para pagar las facturas legales con IVA, Orange Market ha recurrido en ocasiones al cambio de cliente, endosando una factura por servicios prestados al PP a dos empresas constructoras que tienen múltiples contratos con la Administración valenciana: Ortiz e Hijos y Facsa (Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, SA). 

En los pagos en dinero b por actos del PP, la policía ha recabado numerosos indicios de que en ocasiones se sufragaba con "aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana como Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo empresarial Sedesa y sobrino del vicepresidente valenciano Juan Cotino, y Luis Batalla (Lubasa), enmascarando estas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justificar el pago realizado". 

- Costa, canalizador de los pagos. "Además, el propio PP en la persona de Ricardo Costa actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero como se desprende de las conversaciones telefónicas. 

Este sistema de doble facturación y de financiación irregular de los actos realizados para el PP por el conjunto de empresas dedicadas a la organización de eventos de Francisco Correa, suponiendo actuación sistemática en las relaciones que mantiene la organización con la formación política. La organización negocia el pago de la deuda con los responsables políticos valencianos, siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo (número dos de la trama corrupta), confeccionando facturas ad hoc, con conceptos acordados entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez. David Serra, vicesecretario general, participa eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de abono. Y Yolanda García, librando los fondos a indicaciones de Ricardo Costa con conocimiento de la emisión de la factura por conceptos ficticios". 

- Cobros en 'b' para pagar a cargos del PP. "Los fondos procedentes de los cobros en b derivados de los actos realizados para el PP valenciano pasan a engrosar la caja b de la empresa Orange Market de donde parte de ellos llegan a la caja b de la empresa matriz en la calle de Serrano [sede principal de la trama]. Este dinero se destina al pago de los gastos de funcionamiento de la propia organización y de las entregas de dinero que realizan a cargos del PP como Luis Bárcenas, Jesús Merino, Alberto López Viejo, Jesús Sepúlveda...". 

(www.elpais.com, 25/09/09) 

MARIANO RAJOY: "LO DE VALENCIA ES UN CASO QUE ESTÁ TERMINADO" 

Si hay algo que obsesiona a Mariano Rajoy desde que estalló el caso Gürtel, hace casi ocho meses, es negar que haya ningún tipo de financiación ilegal del PP detrás de la trama que dirigía Francisco Correa. El líder de la oposición ha querido siempre vincular el caso a algunas personas que han podido enriquecerse a costa del partido. "Lo que está claro es que no hay financiación ilegal", repitió Rajoy una y otra vez para ahuyentar el fantasma del caso Naseiro, que a finales de los ochenta tuvo al PP en vilo hasta que el juez anuló todas las grabaciones que probaban la financiación. 

Esta vez también los jueces poco a poco fueron dándole la razón a Rajoy, ya que ninguno ha investigado hasta ahora la posible financiación ilegal del PP. En Génova están tranquilos con la posible financiación ilegal del PP valenciano, porque saben que los jueces del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad, dirigidos por Juan Luis de la Rúa, amigo declarado de Francisco Camps, no reabrirán el caso. 

Rajoy estaba tan tranquilo que ayer, en Onda Cero, fue claro: "En Valencia hay un auto diciendo que Camps y otros no deben ser juzgados, y otro auto, con una documentación que había enviado la policía, diciendo que ellos no iban a entrar en ese asunto. Es un caso terminado". 

(www.elpais.com, 25/09/09)

LA RED DE ‘GÜRTEL’ FINANCIÓ AL PP DE VALENCIA CON DINERO NEGRO  

El caso Gürtel entró ayer en una nueva fase al difundirse el contenido del informe de la Brigada Policial de Blanqueo que examina un juez de Madrid desde hace dos semanas. El documento, de 89 folios y cinco anexos, desvela que la trama de corrupción encabezada por Francisco Correa financió irregularmente durante años al PP de Valencia a través de un sistema de doble contabilidad y facturas falsas, que le permitía canalizar pagos de empresas adjudicatarias del gobierno de Francisco Camps, según informó ayer la Cadena Ser. Los focos vuelven a proyectarse hacia el presidente valenciano, pocas semanas después de que se archivara el caso de los trajes regalados por la trama. 

El sistema de financiación funcionaba a través de la siguiente operativa: las empresas de Correa y Álvaro Pérez, el Bigotes, organizaban numerosos actos para el PP, pero este solo les pagaba una pequeña parte. El resto era abonado a la trama por una red de empresas que recibían a cambio adjudicaciones de la Generalitat. El dinero aportado por ellas tenía como destinatario último el Partido Popular, pero se lo entregaban a las empresas de Gürtel.  

La doble contabilidad figura en los libros incautados al administrador de Correa. «De cada acto ejecutado se realiza una doble facturación, una real plasmada con una factura formal emitida por Orange Market (la empresa de la trama en Valencia) por los servicios prestados con el correspondiente IVA, que se integra bajo la denominación de Alicante (sería la caja A) y otra sin factura, y por tanto, sin reflejo contable y sin repercutir el IVA bajo la denominación de Barcelona (caja B)», relata el informe que señala, además, al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, como «canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero». 

El documento policial cita numerosos indicios de que estos pagos en negro se sufragaban en ocasiones con «aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana como Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos) Antonio Pons Dolf, presidente de la constructora Piaf, Vicente Cotino, del grupo empresarial Sedesa y sobrino del vicepresidente valenciano Juan Cotino, y Luis Batalla (Lubasa), enmascarando esas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justiciar el pago realizado».  

(www.elperiodico.com, 25/09/09) 

EL PP DE VALENCIA MONTÓ SU 'FILESA' 

Un informe de la Brigada Policial de Blanqueo derivado de la investigación del caso Gürtel presenta a la cúpula del PP valenciano como el caldo de cultivo de una Filesa popular. El documento -que el Tribunal Superior de Justicia valenciano rechazó investigar- revela que el PP se financió a través del dinero negro entregado a la filial valenciana de Francisco Correa, Orange Market, por empresas que, a cambio, conseguían contratos con la Generalitat. Además, los trabajos que Orange Market hacía para el PP también se abonaban mediante adjudicaciones públicas del Consell.  

La investigación apunta la existencia de una doble facturación de la sociedad al PP autonómico que era conocida por su secretario general, Ricardo Costa, y otros altos cargos. Asimismo, las pesquisas involucran a importantes empresarios que, según el informe oficial, obtuvieron contratos de la Administración valenciana a cambio de los «favores» realizados al PP, básicamente la financiación de actos políticos.  

La Policía sitúa a Costa como «canalizador» entre la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, y el PP autonómico, y sostiene que el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, el vicesecretario de Organización de los populares valencianos, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García Santos, estaban al tanto.  

El informe revela que algunos miembros de la Generalitat Valenciana adjudicaban contratos públicos a Orange Market para compensar que el PP valenciano no hiciera frente a los pagos de los actos que le organizaba esta empresa. Según el informe, El Bigotes reclamaba esas adjudicaciones, a cambio de la deuda con el PP, tanto a Costa como a Rambla, con quien se llegó a reunir para solicitar contratos del Govern.  

El documento repara en que el PP satisfacía las deudas contraídas con Orange Market no sólo a través de contrataciones a dedo del Govern, sino también mediante aportaciones directas de varias empresas, a las que se compensaba, igualmente, mediante la licitación de contratos públicos.  

La Policía sostiene que Francisco Correa, cerebro de la trama, creó Orange Market en la Comunidad Valenciana para expandir el entramado de empresas que integran Gürtel y para aprovechar los contactos de El Bigotes con los políticos populares valencianos. La doble facturación consistía en una caja A, bautizada como Alicante -en la que se declaraba el IVA- y otra B, llamada Barcelona, que se nutría de las aportaciones de los empresarios, evidentemente sin factura. Entre los industriales que sufragaron la deuda del PP con Orange Market se encuentran, según la Policía, Enrique Gimeno Escrig, presidente de Facsa; Enrique Tomás Ortiz Selfa, administrador único de Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras SA; Antonio Pons Dols, presidente del grupo empresarial Piaf; Vicente Cotino Escrivà, del grupo empresarial inmobiliario Sedesa, y Luis Batalla Romero, de Lubasa.  

«Una factura de un acto realizado para el PP se transforma en otra emitida para empresas privadas como Ortiz e Hijos (...) o Facsa y cambios en la descripción del concepto de servicio prestado», refleja el informe. «Parte de los actos del PP de la Comunidad Valenciana son financiados por empresarios, siendo para éstos donaciones finalistas de dinero que no ingresan en la cuenta corriente del partido», añade. 

Costa: «Nos han cobrado todo»  

Valencia

Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, negó ayer que empresarios de la Comunidad Valenciana hayan pagado actos del partido y apuntó que estas empresas «trabajan con cualquier administración, sea cual sea su color político».  

Rebatía así una de las principales conclusiones del informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional sobre Orange Market, que revela la existencia de una doble contabilidad de los actos realizados para el PP valenciano, supuestamente sufragados en parte con aportaciones directas de empresarios mediante adjudicaciones de la Generalitat Valenciana a la empresa de Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.  

Costa tachó la contabilidad del partido de «impoluta». «Nos han cobrado todos los actos y bien cobrados», dijo. El dirigente del PP evitó pronunciarse sobre la doble facturación que llevaba 'El Bigotes' sobre los actos del PP valenciano. Además, indicó que lo mejor sería preguntárselo a Pérez, imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por un presunto delito de cohecho.  

Costa calificó el informe policial de «tendencioso» y recalcó la legalidad de las cuentas del partido que, según recordó, «están auditadas por diferentes instituciones».  

YOLANDA GARCÍA

La tesorera que facturaba al dictado

La Policía sitúa a la diputada regional y tesorera del PP, Yolanda García, en el epicentro de la trama, toda vez que -según el informe- habría sido la encargada de confeccionar facturas a medida, a partir de las indicaciones que le daban Ricardo Costa y David Serra. La modificación de conceptos, ampliación de importes y base imponible, y el cambio de los sujetos emisores eran prácticas habituales en la formalización de las relaciones contractuales entre el PP y la empresa Orange Market por la organización de eventos.  

DAVID SERRA

El cocinero de los recibos de 'El Bigotes'

La Policía acusa en su informe al vicesecretario de Organización del PP -hombre de la máxima confianza de Costa- de participar en la modificación de las facturas que el PP libraba a Orange Market «eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global del abono». Según se desprende del informe, Serra y Costa hacían de nexo entre la organización Gürtel y el Consell. Al menos así lo consideraba El Bigotes, que se dirigía a ambos para quejarse de que Rambla «no le ayudaba».  

RICARDO COSTA

El ingeniero de los pagos 'en negro'  

El secretario general del PP, Ricardo Costa, era la conexión de El Bigotes en el partido y con quien éste despachaba a diario. El informe refleja algunas de estas conversaciones y da fe de la confianza y la complicidad entre ellos. Según el resumen efectuado por la Policía, «actúa favoreciendo que el partido liquide sus deudas con Orange Market y pide expresamente a Álvaro Pérez que no se lo comente ni a Vicente Rambla ni al presidente». El número dos del PP ha sido absuelto de un delito de cohecho impropio por el TSJCV. 

(www.elmundo.es, 25/09/09)

COSTA A EL BIGOTES: "TE DOY LO QUE TE FALTA PERO QUE EL PRESIDENTE NO LO SEPA" 

Orange Market atraviesa dificultades económicas y tiene deudas que cobrar al PP valenciano. En ese contexto se producen las conversaciones que se transcriben a continuación. 

Álvaro Pérez. Salgo ahora del despacho de Vicente [Rambla, vicepresidente del Gobierno valenciano] y he pasado por el laboratorio para contarle a la dama cómo me había ido. 

[La dama, según la investigación policial, sería la mujer de Francisco Camps, y el laboratorio, la farmacia que regenta] 

Pablo Crespo. ¿Y qué tal te ha ido? 

Pérez. Le dije que yo tendría que morirme diez veces y volver a nacer para comerle la polla a un amigo, para pedirle curro. Porque creo que a los amigos no hay que pedirles nada, los amigos lo dan. Entonces, le dije, lo único que te pido es que ejecutes. Como puedes, pues que ejecutes. Nada más, te lo pido por favor, que ejecutes tío y me dejes estar. Que lo controles y que digas, tanto al año para que me dejes estar. 

Crespo. ¿Y él qué dice? 

Pérez. ¿Que qué dice? Qué quieres que te lo jure por mis hijos que lo voy a hacer. Le dije que quería que se preocupase por Ricardo [Costa, secretario general del PP] para que me pueda pagar todo lo que me debe. Me ha dicho que va a hablar hoy con él, eso ya está pactado con Ric [Ricardo Costa]. Y acabo de llamar a Ric y se ríe y me dice "a ver qué me cuenta hoy el hijo de puta, ya verás como me echara el muerto a mí". Le he dicho que me voy con Peter [supuestamente Pedro García, director de la televisión autonómica, a un viaje para negociar la organización de los Grammy en Valencia]. Me ha dicho que el presidente está muy ilusionado con esto. 

Crespo. Pero se lo has contado a Vicente, ¿no? 

Pérez. Sí, él lo sabe porque el presidente le hizo un comentario. Me ha dicho que él quería hacer lo mismo con la Volvo. Me ha dicho que en cuánto está. Le he dicho que por los 16 o 18 millones de euros. Me ha dicho que es una joya, que igualito que la Fórmula 1 de los cojones, que eso va a ser su cementerio y su lacra. Me ha dicho que la Volvo le salió gratis porque buscó una empresa de Barcelona que se dedica a buscar patrocinadores. Que le salió muy bien y que él quiere hacer con esto lo mismo, que hablaría con el presidente. 

Correa y Álvaro Pérez. 5 de noviembre de 2008. 

Pérez. Mañana tengo un desayuno con Rambla. Le voy a preparar la carta que ha dicho el presidente para dársela al presidente de la Academia. 

Correa. ¿Vienen Catalá y Pedrito? 

Pérez. Sí señor. 

Correa. Pedrito [García, director general de Canal Nou] se paga el billete por Canal Nou. 

Pérez. No puede. Catalá lo va a hacer de otra manera. Lo hace él pero por fuera de la feria. El presidente sabe que vamos, pero no lo sabe nadie más. 

8 de noviembre. Correa y Álvaro Pérez.  

Correa. ¿Has hecho ya la carta? 

Pérez. Sí, firmada por Vicente Rambla, que es el vicepresidente del Gobierno valenciano y quien dirige los grandes eventos. 

18 de diciembre de 2008. Álvaro Pérez y Pablo Crespo. 

Pérez. Quiero que hables con Ricardo. 

Crespo. Hay poco que hablar, las cosas son como son. 

Pérez. No quiero que tenga un problema por querer ayudarme. Le dije a Yolanda [tesorera del PP] y a David Serra [vicesecretario general del PP] que Rambla no me ayuda y esto hay que solucionarlo. 

Pablo. La solución es no meterlo todo en este ejercicio, hay que inventarse cosas. 

Conversación entre Álvaro Pérez y Ricardo Costa. 

Ricardo Costa. Entre mañana y el viernes te doy lo que te falta, que te debemos. Pero necesito que el presidente no lo sepa. Y que le digas que éste [en relación a Vicente Rambla] es un hijo de puta. 

Pérez. Me ha llamado hoy para ver si puedo hablar y desayunar con él. Y me ha dicho, ¿tú hablas con Ricardo no? Pues tú tranquilo que estoy intentando solucionarlo todo. 

Costa. Sí coño. ¿Pero esto cuánto tiempo lleva solucionándolo? 

Pérez. Es un jeta. 

Costa. Doy instrucciones hoy mismo de dónde tiene que estar el dinero. Aunque me quede sin pagar el alquiler tres meses. 

Pérez. Tampoco es eso, no vayas a hacer ninguna tontería por mí. Lo que me parece impresentable es que manden a empresas que no saben hacer nada a hacer cosas en el tenis. Es abominable que el marido de Nuria Romeral esté trabajando en todas las consejerías. Pero no te preocupes que he quedado mañana a comer con Isabel [la mujer de Camps]. 

(www.elpais.com, 25/09/09) 

EN SUS PROPIAS PALABRAS 

- Álvaro Pérez, a Pablo Crespo: "Entonces le dije [a Vicente Rambla], lo único que te pido es que ejecutes. Nada más. Que lo controles y que digas, tanto al año para que me dejes estar".-

Ricardo Costa a Pérez: "Entre mañana y el viernes te doy lo que te falta, que te debemos. Pero necesito que el presidente no lo sepa. Y que le digas que éste [Rambla] es un hijo de puta" (...) "Yo doy instrucciones hoy mismo de dónde tiene que estar el dinero. Aunque me quede sin pagar el alquiler tres meses". 

Pérez: "No te preocupes que he quedado mañana a comer con Isabel [la esposa de Camps]". 

(www.elpais.com, 25/09/09) 

COSTA Y RAMBLA DIRIGÍAN LA ´CAJA B´ DEL PP 

La dirección del PP valenciano organizó una financiación ilegal del partido a través de la empresa Orange Market, según un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía que hoy publican los diarios "El País" y "El Mundo". Este informe fue rechazado en su día por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que archivó la causa contra el presidente de esta comunidad, Francisco Camps, por un supuesto delito de "cohecho impropio" en el caso Gürtel.

La investigación policial, resumida en 89 folios y cinco anexos, describe con detalle los mecanismos para la financiación ilegal del PP valenciano.Según la Policía, el vicepresidente valenciano, Vicente Rambla, el secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa, el vicesecretario, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García Santos, estaban al tanto de la operativa financiera irregular.

Estos cuatro dirigentes del PP arreglaron los problemas financieros de Orange Market, la empresa valenciana de la trama Gürtel, abonando supuestas deudas con dinero de procedencia desconocida o con facturas por servicios no prestados endosadas a empresas constructoras que han recibido múltiples contratos de la Generalitat.

El informe policial revela la existencia de una facturación doble de Orange Market al PP valenciano, que era conocida por su secretario general, Ricardo Costa, y por toda la cúpula del partido. 

Así, la contabilidad de Orange Market -la empresa de Álvaro Pérez, 'El Bigotes'-, ha puesto de manifiesto que había dos contabilidades para facturar al PP, una oficial con IVA y con importes menores al gasto real y otra "en negro". 

La denominada "caja A" aparece denominada como "Alicante" y la "B" como 'Barcelona'.

"En consecuencia no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al PP de la Comunidad Valenciana", dice textualmente el informe que publica "El Mundo".

En los pagos "en dinero B" por actos del PP, la Policía ha recabado numerosos indicios de que en ocasiones se sufragaba con "aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana como Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo empresarial Sedesa, y Luis Batalla (Lubasa), enmascarando estas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justificar el pago realizado".  

(www.levante-emv.com, 25/09/09) 

EL JUEZ AMIGO DE CAMPS DESPRECIÓ EL INFORME 

El Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) decidió ignorar el informe de la Policía que destapa datos abrumadores sobre la financiación ilegal del PP valenciano. Juan Luis de la Rúa, presidente del tribunal, le hizo un favor impagable a su amigo Francisco Camps al meter en el cajón ese informe, que había llegado a la sede del TSJCV el 31 de julio. Tres días más tarde, el 3 de agosto, el tribunal daba carpetazo a la investigación sin tener en cuenta las revelaciones policiales. El informe quedó en tierra de nadie y Camps recibió eufórico su exculpación. 

En su auto de archivo, el tribunal ni siquiera mencionó la existencia de las prolijas investigaciones realizadas por la Unidad de Delitos Económicos de la Policía y que confirman lo que ya anticipó Baltasar Garzón en su auto del 5 de marzo: que la trama Gürtel había financiado al PP valenciano. Dicho de otro modo, el informe venía a destrozar la tesis impuesta por De la Rúa al juez instructor del caso, José Flors, desde el primer momento: que las indagaciones judiciales debían limitarse estrictamente a averiguar si Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret habían recibido regalos en forma de trajes. Y si eso era delito.  

De manera sorprendente, el tribunal no sólo se negó a examinar los contratos que por casi ocho millones de euros había adjudicado la Generalitat valenciana a la minúscula empresa Orange Market, franquicia regional de la trama Gürtel, sino que concluyó que los trajes habían sido un regalo ajeno a la condición de cargos públicos que ostentaban Camps y el trío Costa-Campos-Betoret. 

De ese resultado hubo un presagio el 21 de julio. Fue entonces, 13 días antes del cerrojazo al caso, cuando el TSJCV emitió auto en el que rechazaba la enésima petición del PSOE para investigar más allá de los trajes. En ese auto, cuyo ponente fue el también juez conservador Juan Montero, el tribunal lanzó gravísimas acusaciones. No contra Camps y los otros dirigentes conservadores imputados sino contra los socialistas, a los que acusó de impulsar una "batida de montería" contra el PP.  

En esos términos se pronunciaba la resolución, que incluía el siguiente párrafo: "Lo pretendido por la acusación popular es realizar una especie de batida de montería o, en términos menos cinegéticos y más jurídicos, hacer una pesquisa general". 

El dictamen abundaba en la voluntad férrea del tribunal para cortar la investigación: "No se trata ahora, pues, de salir a la búsqueda de lo desconocido en hechos y en personas". Lo desconocido era en realidad bastante previsible, dado que, amén del citado auto de Garzón, ya era de dominio público que la Generalitat se negaba como gato panza arriba a desvelar la génesis de los contratos públicos otorgados a Orange Market. 

Pero De la Rúa, de cuya amistad, esa para la que el diccionario no tenía palabras, se jactaba en público Camps, no había agotado aún el cupo de favores. El 10 de septiembre, el tribunal valenciano revela por fin la existencia del informe policial. Subraya que ha llegado a sus manos sin que nadie lo hubiera pedido y admite paladinamente que su contenido no se tuvo en cuenta. Pero decide mantenerlo junto al resto de documentación de la causa.  

Esta semana, el tribunal se ha retractado: el informe quedaba excluido del sumario. El último favor estaba servido, aunque el Tribunal Supremo ya tiene su propia copia. Qué pasará si el Alto Tribunal hace caso a su contenido es hoy la gran incógnita.  

(www.publico.es, 25/09/09)

El vicepresidente de Camps y la cúpula del PP valenciano dirigían la financiación ilegal

Rambla y Costa negociaban con 'El Bigotes' los pagos por servicios al PP

La cúpula del PP valenciano ha amparado y dirigido la financiación ilegal de esta formación política durante los últimos años, según el informe de la Brigada Policial de Blanqueo que investiga el caso Gürtel. La sala de lo Penal del Tribunal Superior de Valencia, que preside Juan Luis de la Rúa, amigo declarado del presidente autonómico Francisco Camps, se niega a investigar estos hechos e incluso ha eliminado este informe policial del sumario sobre el supuesto cohecho impropio de cuatro altos cargos del PP.

El vicepresidente valenciano, Vicente Rambla; el secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa; el vicesecretario, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García Santos, estaban al tanto de la operativa financiera irregular de esta formación política. Entre los cuatro dirigentes del PP arreglaron los problemas financieros de Orange Market, la empresa valenciana de la trama Gürtel, abonando supuestas deudas con dinero de procedencia desconocida o con facturas por servicios no prestados endosadas a empresas constructoras que han recibido múltiples contratos de la Generalitat Valenciana.

La Sala de lo Penal ha sostenido en un auto que estos hechos no guardaban relación con la investigación abierta por cohecho impropio contra cuatro altos cargos del PP, entre ellos Costa, que recibieron cuantiosos regalos de la trama corrupta.

La investigación policial, resumida en 89 folios y cinco anexos, describe con detalle los mecanismos para la financiación ilegal del PP valenciano.

Doble facturación. "De cada acto ejecutado se realiza una doble facturación, una real plasmada con una factura formal emitida por Orange Market al PP valenciano por los servicios prestados con el correspondiente IVA, que se integra bajo la denominación Alicante [la A mayúscula se refiere a su origen legal] y otra sin factura, y por tanto sin reflejo contable y sin repercutir el IVA bajo la denominación Barcelona [la B se refiere a dinero negro sin justificación legal]. En consecuencia no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al PP de la Comunidad Valenciana.

Pago de constructoras. La investigación ha acreditado que hay casos en los que para pagar las facturas legales con IVA, Orange Market ha recurrido en ocasiones al cambio de cliente, endosando una factura por servicios prestados al PP a dos empresas constructoras que tienen múltiples contratos con la administración valenciana: Ortiz e Hijos y Facsa (Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA).

En los pagos en dinero B por actos del PP, la policía ha recabado numerosos indicios de que en ocasiones se sufragaba con "aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana como Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo empresarial Sedesa y sobrino del vicepresidente valenciano Juan Cotino, y Luis Batalla (Lubasa), enmascarando estas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justificar el pago realizado".

Costa, canalizador de los pagos. "Además el propio PP en la persona de Ricardo Costa actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero como se desprende de las conversaciones telefónicas. Esta forma de actuación da opacidad a la verdadera naturaleza de la operación y por tanto no aporta transparencia a la actividad económica de la formación política.

Este sistema de doble facturación y de financiación irregular de los actos realizados para el PP por el conjunto de empresas dedicadas a la organización de eventos de Francisco Correa, Special Events y Orange Market, tiene una persistencia en el tiempo suponiendo actuación sistemática en las relaciones que mantiene la organización con la formación política como se deriva del conjunto de elementos aportados.

La organización negocia el pago de la deuda con los responsables políticos valencianos, siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo (número dosde la trama corrupta), confeccionando facturas ad hoc, con conceptos acordado entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez. David Serra, vicesecretario general, participa eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de abono. Y Yolanda García librando los fondos a indicaciones de Ricardo Costa con conocimiento de la emisión de la factura por conceptos ficticios.

www.elpais.es 24.09.09

La red de Correa y el Bigotes financió al PP de Valencia con dinero negro a través de una doble contabilidad

Lo hizo mediante facturas falsas emitidas desde el Partido Popular valenciano

La red de Francisco Correa y Álvaro Pérez 'el Bigotes' financió al PP de Valencia durante años con una doble contabilidad, una parte en dinero negro, y una trama de facturas falsas hechas en el propio PP valenciano. Así se recoge en un detallado y amplio informe policial que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia se negó investigar y al que ha tenido acceso esta redacción. Los contactos de la red Gürtel en el PP eran el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, el secretario general Ricardo Costa, el vicesecretario y la tesorera del partido

Según esa investigación policial, de los actos que el Partido Popular valenciano encargaba a la trama de Correa el PP sólo pagaba una pequeña parte. El resto era abonado por una red de empresas afines al gobierno de Francisco Camps que recibían, en contraprestación, contratos públicos de esa administración.

Por lo tanto el dinero aportado por estos empresarios tenía como destinatario al Partido Popular pero nunca llegó a entrar en ninguna cuenta corriente del partido liderado por Rajoy.

En los libros de contabilidad incautados al administrador de Correa figuran dos contabilidades: una Caja A, bajo el nombre Alicante y otra caja B, bajo la denominación Barcelona. En esta segunda caja, Correa apuntaba todas las cantidades cobradas y aquellas que se le adeudaban por los trabajos realizados para el PP de Valencia.

El uso de este doble sistema de facturación y financiación irregular del Partido Popular en Valencia tiene una persistencia en el tiempo lo que, según la investigación, denota que se trata de una actuación sistemática en las relaciones que mantiene la organización de Correa con la formación liderada por Camps en Valencia.

La cúpula de Camps, señalada

La investigación a la que ha tenido acceso la Cadena SER señala a Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, como el canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero.

La policía señala también a Vicente Rambla, vicepresidente del gobierno de Valencia. Su nombre sale a colación en una conversación intervenida por la policía en la que Álvaro Pérez el bigotes le cuenta a Pablo Crespo cómo le ha pedido a 'Vicente' que le asegure un porcentaje de las adjudicaciones que realice, que le permita presentarse y que controle la ejecución.

La trama liderada por Correa negociaba los pagos no con la red de empresas que abonan las facturas sino con los responsables políticos valencianos. Según la policía, en el PP valenciano se confeccionaron facturas 'ad hoc' con conceptos acordados entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez, 'el bigotes'. El vicesecretario general del PPCV, "David Serra, participaba eliminando determinados conceptos, preparando talones y fijando con 'el bigotes' las cifras totales de abono".

La tesorera del partido popular de Valencia, Yolanda García, era quien libraba los fondos por indicación de Ricardo Costa "con conocimiento de estar emitiendo facturas por conceptos ficticios".

Las cinco empresas que presuntamente financiaban al PP

Son cinco de las principales empresas constructoras que trabajan en la Comunidad Valenciana. El Grupo Ortiz -que preside Enrique Ortiz y con sede en Alicante-, Facsa, Lubasa, Piaf y Sedesa.

Su papel en la trama Gürtel es fundamental, según la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía. La investigación sostiene que el dinero de la caja B de Orange Market procedía de estas empresas y servía para sufragar una parte de los actos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Los pagos de estas empresas se camuflaban con facturas falsas que emitía Orange Market.

Facturas falsas en las que se manipulaba la base imponible e incluso el cliente. Por ejemplo, según la UDEF una factura original que tiene al PP de Valencia como cliente se convierte en una manipulada con el Grupo Ortiz como cliente.

La Cadena SER se ha puesto en contacto con estas cinco empresas. Sólo Lubasa ha contestado a esta redacción negando que haya participado en ninguna trama de facturas falsas.

www.cadenaser.com 24.09.09

EL INFORME POLICIAL DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP SEÑALA A VARIOS ALTOS CARGOS  

El alcance de la rama valenciana de la trama de empresas Gürtel no se agota, según la Brigada de Blanqueo de capitales de la policía judicial, en el fondo de armario del presidente Francisco Camps, del secretario general del PP, Ricardo Costa, del ex vicepresidente Víctor Campos y de Rafael Betoret, quien fue jefe de gabinete de la ex consellera de Turismo, Milagrosa Martínez. Un informe de casi 90 páginas, elaborado a partir de varias grabaciones e investigación de facturas y contabilidad de Orange Market y otras empresas de la trama presuntamente corrupta sostiene que el PP valenciano fue financiado irregularmente por varias constructoras a través de supuestos encargos que, según la policía, hacían a Orange Market y que les eran facturados por la franquicia valenciana de la red Correa. La firma de Álvaro Pérez fue desde que nació, al tiempo que Francisco Camps llegaba al Palau en julio de 2003, la contratista de cabecera del PP y de la Generalitat. No en balde, el 73% de sus ingresos le llegaron del partido y el Consell. En total, más de 8 millones de euros. 

El documento, que lleva por título "Informe sobre Orange Market SL. Sistema de facturación y financiación de actos del PP" y a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, recoge media docena de transcripciones de grabaciones realizadas por la policía al propio Francisco Correa o al presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, entre otros. En esos pasajes señalan a varios altos cargos del PP y la Generalitat, entre ellos el vicepresidente tercero y conseller de Industria, Vicente Rambla, o al propio secretario general del partido, Ricardo Costa. El vicesecretario de organización, David Serra, también aparece en el informe, al igual que el ex director general de RTVV, Pedro García. Este último cesó en su puesto el pasado 28 de agosto. Fue una destitución que se presentó como dimisión. Su marcha precipitada tiene que ver, segsegún algunas fuentes, con su relación con el escándalo Gürtel. 

Para el jefe de la trama, Francisco Correa, era de suma importancia que Pedro García estuviera en la dirección general de RTVV. Precisamente García sustituyó a Correa como padrino de una hija de Álvaro Pérez el pasado 7 de febrero, un día después de que el juez Baltasar Garzón desencadenó la operación de registro de empresas y detenciones de implicados, entre otras la de Correa. 

La elección del sustituto en el bautizo no fue casual. La amistad de Pedro García con Álvaro Pérez viene de lejos. El empresario organizador de Fitur y de otros eventos de la Generalitat y del PP -a este partido le facturó Orange Market prácticamente 1,8 millones de euros entre 2003 y 2007 por actos y campañas electorales- fue uno de los participantes en la fiesta sorpresa que un selecto grupo de contratistas y amigos le ofreció a Pedro García en Marrakech en diciembre de 2007 con motivo del 40 cumpleaños del ex director general de la televisión autonómica. Quien hizo de gancho de aquella sorpresa fue Vicente Cotino, que llevó a García en su jet privado. Este empresario es sobrino del vicepresidente tercero del Consell Juan Cotino y copropietario del Grupo Sedesa, una de las contratistas de la Generalitat que aparecen en el citado informe como presuntas financiadoras del PP. Junto a Sedesa, figuran otras constructoras como Lubasa, la alicantina Enrique Ortiz e Hijos o Facsa, la empresa de Enrique Gimeno.
El informe, que abarca un período comprendido entre 2007 y julio de 2009, aborda la contabilidad de la trama, tanto la oficial como la caja B, y recoge supuestos pagos efectuados al PP valenciano.  

Una información que ya aparecía en el primer auto de Garzón y que fue encontrado en las famosas hojas de excel del piso de la calle Serrano y la memoria USB cuyo depositario era el contable de la trama, José Luis Izquierdo. 

(www.levante-emv.com, 23/09/09)

AVIÓN PRIVADO Y FIESTA SORPRESA EN MARRAKECH PARA EL EX DIRECTOR DE CANAL 9, ÍNTIMO DE EL BIGOTES 

Era sabido que Pedro García, dimitido director del ente público Radiotelevisión Valenciana (RTVV), tenía amistades muy selectas, pero poco a poco se van desgranando los detalles de las mismas. En diciembre de 2007, un grupo de prestigiosos empresarios agasajó a García con una fiesta de cumpleaños sorpresa en Marrakech. Entre los participantes se encontraban el presunto cerebro valenciano de la trama Gürtel, Álvaro Pérez El Bigotes, y el empresario Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente tercero, Juan Cotino, que sirvió de gancho y llevó al ex alto cargo al otro lado del Estrecho en su jet privado. Vicente Cotino es copropietario de Sedesa, una de las constructoras a las que la Brigada de Blanqueo acusó de financiar irregularmente –a través de terminales Gürtel- al PP Valenciano.  

Los detalles del informe de la Brigada de Blanqueo sobre la presunta financiación ilegal del PP Valenciano a través de la trama Gürtel siguen saliendo a la luz. Si ayer se desveló que media decena de constructoras subvencionaron actos electorales de este partido con la mediación de la presunta terminal corrupta Orange Market, hoy han empezado a filtrarse los nombres citados en el escrito que encalló en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

Altos cargos de la Generalitat 

La Brigada de Blanqueo transcribe grabaciones en las que la red señala a altos cargos de la Generalitat y del PP regional como el vicepresidente tercero y consejero de Industria, Vicente Rambla, el secretario general del partido, Ricardo Costa, y el vicesecretario de organización, David Serra. También sale a colación el nombre de Pedro García, obligado a dimitir el pasado 28 de agosto. Tal como cuenta el diario regional Levante, García era un hombre clave para la red corrupta, que consideraba vital su presencia frente a RTVV.

El bautizo 

La amistad entre el ex director del ente público y el “amiguito del alma” de Francisco Camps, El Bigotes, ya quedó probada el pasado 7 de febrero, cuando el primero apadrinó a una hija del segundo en una ceremonia medio desierta por el estallido del caso Gürtel, que había salido a la luz precisamente un día antes. García sustituyó como padrino al supuesto patriarca de la Gürtel, Francisco Correa, pero su amistad con El Bigotes no sólo se constata en este punto.

La fiesta en Marrakech 

Un año antes de que el sumario del juez Garzón viera la luz, en diciembre de 2007, El Bigotes participaba en la fiesta sorpresa que varios empresarios prepararon a García en Marrakech. El gancho de la misma fue el sobrino del vicepresidente tercero, Vicente Cotino, quien es copropietario de Sedesa, empresa a la que la Brigada de Blanqueo acusa de financiar al PP vía Gürtel. Ayer el vicepresidente y también consejero de Medio Ambiente se defendía de estas acusaciones asegurando que respondían a la “persecución permanente que hay contra el PP y que, en este caso, pretende vincularme a mí”.  

Regalos Gürtel 

Y aunque, en principio, la participación de Álvaro Pérez en este evento fue más pasiva, a estas alturas nadie duda de que la organización de fiestas era, junto a los regalos de lujo, parte fundamental del sistema operativo de una trama que ganaba amigos a base de cortejos. Trajes para Camps, bolsos de Louis Vouitton para Rita Barberá, comuniones y jaguars para Jesús Sepúlveda, viajes a Sudáfrica para Luis Bárcenas, bodas y luna de miel para Martín Vasco o palcos VIP para Alejandro Agag y Ana Aznar… Cualquier detalle es poco. 

(www.elplural.com, 23/09/09)

EL TRIBUNAL VALENCIANO SACA DEL SUMARIO LA POSIBLE FINANCIACIÓN DEL PP AL PEDIRLO CAMPS 

Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, ha vuelto a conseguir el favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), presidido por Juan Luis de la Rúa, a quien considera más que un amigo. La Sala Civil y Penal ha eliminado de las diligencias, a petición de Camps, el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía en el que consta la supuesta participación de empresas como Sedesa, de la familia del vicepresidente Juan Cotino, y Lubasa, en la presunta financiación irregular del PP valenciano. 

El informe, de 89 folios y cinco anexos lo han eliminado de las diligencias los mismos tres magistrados que hace unos días lo incorporaron a la causa, los mismos que también archivaron el 3 de agosto la parte del caso Gürtel que se instruyó en Valencia: Juan Luis de la Rúa, Francisco Ceres y Juan Montero. Los argumentos son puramente formales, sin entrar a analizar el fondo de la información, que forma parte de las averiguaciones del caso Gürtel y que se basa en la actividad de distintas empresas que habrían financiado irregularmente al PP valenciano. 

El informe recoge que el PP valenciano supuestamente financió algunos de sus actos con dinero procedente de media docena de constructoras, que pagaban a una intermediaria, Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, hombre en Valencia del supuesto cabecilla de la red de corrupción, Francisco Correa. 

Este nuevo carpetazo se sustenta en que el informe policial, que llegó el pasado día 31 de julio (en plena deliberación sobre el archivo de la causa contra Camps), fue remitido "sin que existiera petición al respecto ni por parte de la Sala ni por el magistrado instructor". El tribunal superior agrega que no es ni un atestado ni una denuncia (y, por ello, no les obliga a considerarlo), que se excede del objeto por el que se aceptó la competencia de los hechos investigados (posible cohecho de los cuatro imputados) y que la causa está archivada. 

El tribunal que preside De la Rúa no sólo no atiende una posible financiación ilegal sino que estima una súplica de Camps que pedía que se retirase de las diligencias el informe policial. La Sala acuerda que el informe policial con los indicios de financiación irregular del PP valenciano no forme parte de las actuaciones y se devuelva al órgano que lo envió. Y dice más: considera que la fiscalía tuvo oportunidad de presentar un recurso y no lo hizo. 

"Tenemos caso Gürtel para rato", dijo Ángel Luna, portavoz de los socialistas en las Cortes Valencianas. Este partido seguirá adelante con el recurso contra el archivo de la causa e iniciará acciones legales para esclarecer si hubo financiación irregular. La portavoz de Compromís pel País Valencià, Mònica Oltra, agregó que el informe completa el rompecabezas. "Es la historia completa que todo el mundo ve menos el señor [Juan Luis] De la Rúa". 

Camps negó que exista "ningún problema" con la financiación del PP cuya economía está auditara por el Tribunal de Cuentas. Su vicepresidente tercero, Juan Cotino, dijo que los vínculos de la empresa de su familia con la del Bigotes son "comerciales". 

Según fuentes fiscales, la negativa del Tribunal de Valencia a admitir el informe de la Brigada de Blanqueo no significa que éste no pueda ser investigado por el juez de Madrid Antonio Pedreira que también lo tiene en su poder. Si aparecen racionales de delito, no podrán incorporarse a las diligencias archivadas por los trajes de Camps, pero si podría abrirse otro procedimiento distinto. 

(www.elpais.com, 23/09/09)

El tribunal valenciano devuelve a la Policía el informe sobre financiación del PP por la trama 'Gürtel'

Camps asegura que las cuentas del partido "están auditadas" y no tienen "ningún problema"

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha ordenado devolver un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales sobre Orange Market y la financiación de los actos del PP en esta Comunidad que, según estima, no guarda "relación alguna" con la vertiente valenciana del caso Gürtel. Con esta decisión, el tribunal acepta acepta el recurso del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el secretario general del PPCV, Ricardo Costa y el ex presidente del Gobierno valenciano Víctor Campos contra otro auto del 10 de septiembre de esta misma Sala que ya rechazaba el informe aunque se incluyó en las actuaciones.

De acuerdo con la información publicada por EL PAÍS, el tribunal valenciano recibió el informe el 31 de julio, pero ocultó su existencia y se negó a investigarlo. La documentación llegó a la Sala dos días antes de que decidiera archivar la causa contra Camps por delito de cohecho.

En un auto hecho público hoy, el tribunal confirma su anterior decisión y precisa que el "Informe sobre Orange Market. Sistema de facturación y financiación de los actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana" debe ser devuelto a la policía. "No todo lo que llega a unas actuaciones debe quedar necesariamente incluido físicamente en las mismas", ya que el sumario o las diligencias previas "se integran sólo por aquellas actuaciones que pudieran servir para hacer constar la perpetración de un delito".

Camps niega irregularidades

Camps ha rechazado hoy que exista "ningún problema" con la financiación del PP de la Comunitad Valenciana, partido que también preside, y ha recordado que las cuentas de esta formación están "auditadas" por el Tribunal de Cuentas, en respuesta a la información que revela hoy EL PAÍS de que seis constructoras financiaron al partido a través de la trama Gürtel.

En concreto, la empresa Sedesa, presidida por el hermano del vicepresidente Juan Cotino según el periódico, y otras constructoras pagaron actos del PP a través de Orange Market, la empresa de Alvaro Pérez, El Bigotes, por servicios supuestamente no prestados.

El propio Cotino ha salido al paso de las acusaciones y ha manifestado hoy que desconoce si Sedesa tiene vínculos con Orange Market pero interpreta que, en caso de haberlos, se trata de "una relación comercial". Según Cotino, en Sedesa hay familiares suyos, pero lo publicado hoy obedece a la "persecución permanente que hay contra el PP y que, en este caso, pretende vincularme a mí", pero ha añadido que la justicia "ya ha dicho que las cosas no son así". Además, según ha explicado, ni él tienen ningún cargo de responsabilidad en Sedesa, ni su hermano preside la empresa, por lo que ha calificado de "falsas" las informaciones publicadas.

Para el vicepresidente tercero, esas informaciones obedecen a un "montaje" que comenzó con "el señor Garzón", consistente en ofrecer "datos que van dosificándose" y que pretende desviar la atención de la moción de censura, "organizada por Leire Pajín", que tiene lugar hoy en el Ayuntamiento de Benidorm y que ha arrebatado la alcaldía al PP.

www.elpais.es 23.09.09

SEIS CONSTRUCTORAS FINANCIARON AL PP DE VALENCIA A TRAVÉS DE LA 'TRAMA GÜRTEL' 

El PP valenciano, dirigido por Francisco Camps, presidente autonómico, y Ricardo Costa, secretario general del partido en esta comunidad desde 2007, financió una parte de sus actos políticos con dinero de constructoras, según un informe policial. Estas compañías pagaban a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, por servicios supuestamente no prestados, según la investigación. A su vez, Orange Market se encargaba de todos los actos del PP, algunos de ellos financiados con dinero procedente de constructoras. Entre las empresas que figuran dentro de esta trama están Lubasa, una de las principales adjudicatarias de obra pública en la Comunidad Valenciana, y Sedesa, empresa vinculada a Juan Cotino, consejero del Gobierno Camps. Orange Market, la intermediaria de estas prácticas, recibió de la Administración valenciana al menos 45 contratos, la mayoría a dedo, por casi ocho millones de euros. 

La documentación que acredita estos hechos fue incautada a Orange Market, según fuentes próximas al Tribunal Superior de Justicia de Valencia conocedoras del informe elaborado por la Brigada Policial de Blanqueo. 

Lubasa es la primera constructora de Castellón. Especializada originalmente en obras públicas, ha diversificado sus actividades en el sector inmobiliario. Un portavoz de Lubasa aseguró ayer que habían contratado con Orange Market "alguna cosa de merchandising", y aclaró: "Evidentemente, no hemos financiado ningún acto del PP, ni del PSOE ni de ningún otro partido". 

Sedesa, otra de las empresas que dio dinero a Orange Market, fue fundada por el padre de Juan Cotino, ex director general de la Policía en el Gobierno de José María Aznar y actual consejero de Agua, Territorio, Medio Ambiente y Vivienda del Gobierno que preside Francisco Camps. Sedesa, presidida por un hermano de Cotino, es hoy una inmobiliaria con intereses en tratamiento de residuos, limpieza, inmobiliaria o depuración de aguas. Este periódico intentó, sin éxito, recabar la versión de Sedesa sobre la financiación del PP. 

El informe policial que acredita estas prácticas tiene 89 folios y cinco anexos. Llegó el pasado 31 de julio al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, pero los magistrados de la Sala de lo Penal, que preside Juan Luis De la Rúa, amigo declarado del presidente Camps, decidieron no investigar estos hechos con la excusa de que no guardaban relación con la causa abierta a cuatro dirigentes del PP por cohecho impropio (haber recibido múltiples regalos de la trama corrupta). 

En el auto que los magistrados firmaron el pasado 10 de septiembre, se quejaban de la forma en que recibieron el informe policial y contestaban: "El 31 de julio de 2009, y sin que existiera petición al respecto, ni por parte de esta sala ni por el Magistrado Instructor, tuvo entrada en la Sala un denominado Informe sobre Orange Market. Sistema de financiación de los actos del PP de la Comunidad Valenciana, remitido por el comisario Jefe de la Brigada de Blanqueo". 

Los magistrados lo leyeron y, aunque no explican su contenido en el auto, simplemente señalan que "es la continuación de toda una serie de informes anteriores remitidos a las autoridades que la Comisaría estimaba competentes". Tras su reflexión, los magistrados recuerdan que las diligencias que ordenaron incoar contra los aforados "están archivadas (cerradas) por el auto de sobreseimiento, refiriéndose el contenido de dicho informe a un objeto diferente". 

Es decir, la Sala de lo Penal presidida por De la Rúa considera un "objeto diferente" la supuesta financiación ilegal del PP valenciano, cuyos principales dirigentes gobiernan en la Comunidad que adjudica a dedo múltiples contratos a Orange Market, la empresa que les regala trajes por más de 30.000 euros y que monta todos los actos del partido. 

(www.elpais.com, 22/09/09)

EL TSJ DE VALENCIA RECHAZA INVESTIGAR PRUEBAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP 

El PP valenciano se financió ilegalmente gracias a una trama de empresas que giraban en torno a la red corrupta que dirigía Francisco Correa, según los indicios recabados por los investigadores del caso Gürtel que se han incorporado en un informe policial, oculto bajo el secreto de sumario, elaborado por la Brigada de Blanqueo. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que tiene ese informe desde el pasado 31 de julio, ha ocultado su existencia y se niega a investigarlo. 

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior valenciano recibió las nuevas evidencias de graves delitos dos días antes de que resolviera enmendar la plana al instructor y archivar la causa contra el presidente de la comunidad autónoma, Francisco Camps, y otros tres dirigentes del PP valenciano por supuesto cohecho. 

El informe, de 89 folios y cinco anexos, lleva por título Orange Market. Sistema de facturación y financiación de los actos del PP de la Comunidad Valenciana. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, que preside Juan Luis de la Rúa, amigo declarado de Francisco Camps, decidió despreciar el contenido de ese informe y no investigar si podía aportar nuevas pruebas contra los altos cargos del PP. En la nota pública que el tribunal valenciano redactó para dar cuenta de la resolución en la que rechazaba investigar la financiación ilegal del PP, ocultó la existencia de este informe elaborado por la Brigada de Blanqueo. 

La resolución judicial rechaza investigar los nuevos indicios aduciendo que se referían a "un objeto diferente" al del cohecho que analizaban. 

Hace cinco meses, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana recibió la causa de manos del juez Baltasar Garzón, que apuntaba no sólo indicios de cohecho sino también de tráfico de influencias e incluso de financiación irregular del PP, la sala que preside De la Rúa admitió el caso, pero sólo en lo referido al supuesto delito de cohecho. Lo investigó José Flors, el magistrado al que le tocó instruir la causa. 

Pese a los nuevos documentos de la investigación policial aportados el 31 de julio pasado, la sala mantuvo su criterio inicial, sin considerar la posibilidad de que los regalos a cargos públicos y los numerosos contratos a dedo adjudicados a la trama corrupta por parte de la Administración valenciana durante cuatro años pudieran tener conexión con los regalos a altos cargos del Gobierno de Camps y del PP valenciano, principales clientes de Orange Market. 

(www.elpais.com, 21/09/09)

EL TSJV RECHAZÓ INVESTIGAR UNA POSIBLE FINANCIACION ILEGAL DEL PP VINCULADA A LA GÜRTEL 

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia rechazó investigar la presunta financiación ilegal del PP regional a partir de la trama Gürtel denunciada por la Brigada de Blanqueo a finales de julio. Este departamento elaboró un informe de 89 folios y cinco anexos titulado “Orange Market. Sistema de facturación y financiación de los actos del PP de la Comunidad Valenciana” que llegó a la Sala de lo Penal del TSJV el pasado 31 de julio, pero ha permanecido oculto bajo el secreto de sumario hasta este momento. El órgano presidido por el "más que amigo" del presidente regional Francisco Camps, Juan Luis de Rúa, rechazó todos estos indicios, según se argumentó en la resolución judicial, por referirse a “un objeto diferente” al del cohecho de los trajes.  

El informe de la Brigada de Blanqueo llegó al TSJV dos días antes del archivo de la causa contra Camps, su número dos en el PP regional, Ricardo Costa, y otros dos dirigentes del partido.

Informe oculto 

De la Rúa y los suyos despreciaron su contenido y ni siquiera investigaron si aportaba pruebas novedosas, informa El País. Curiosamente, el tribunal emitió un comunicado explicando por qué se rechazaba investigar la presunta financiación ilegal del PPV sin mencionar el citado documento. En su resolución, el TSJV cerraba las vías a este proceso aduciendo que implicaba “un objeto diferente” al cohecho que analizaban. Este nuevo detalle sobre la investigación de las relaciones del PP valenciano con la trama Gürtel dejan en entredicho una vez más la objetividad del triubunal y ponen en evidencia una vez más el pacto instigado por De la Rúa para investigar sólo el affaire de los trajes.

Documentos sobre Costa 

El auto inicial del juez Baltasar Garzón, remitido hace cinco meses al TSJV, consignaba indicios de cohecho, tráfico de influencias y financiación ilegal. Estos datos constaban en el sumario que llegó a la Sala de lo Penal, que incluye documentos en los que los peritos aseguran textualmente: “En relación con Ricardo Costa Climent parece existir una relación comercial de origen desconocido entre él mismo y las sociedades objetos del presente procedimiento. Es el resultado de las conversaciones telefónicas intervenidas el 6 de noviembre de 2008 entre Álvaro Pérez Alonso y Pablo Crespo Sabaris”, dos directivos de la presunta red corrupta.

Indicios de financiación ilegal 

En el sumario del caso Gürtel también se informa de distintos pagos al PP registrados por la contabilidad de la trama: “El 18 de diciembre de 2002 figura un apunte en la contabilidad B de la sede de la trama corrupta en la calle de Serrano con un ingreso de un millón de euros sin contar la procedencia de la misma. Dentro de la distribución de esa cantidad y como primer concepto aparece PP VLC, con una cantidad asociada de 420.000 euros. El contable de la trama manifiesta que se ha distribuido ese dinero para algo relacionado con el PP de Valencia”. Además, se recogen otros pagos al PP con motivo del Congreso Regional de Valencia y de un acto en Mislata.

Irregularidades en el TSJV 

La Sala de lo Penal menospreció estos indicios, reduciendo el caso al presunto cohecho, sin cambiar de criterio ni ante las pruebas puestas encima de la mesa por la Brigada de Blanqueo ni ante los requerimientos del TSJ de Madrid, que pidió a su homólogo valenciano investigar conjuntamente a dirigentes y presuntos corruptores. Toda la documentación que el tribunal de Madrid envió a Valencia por aquella fecha se extravió, aunque parece improbable que la información de las cajas perdidas hubiese servido para cambiar la decisión de los jueces. El mismo 31 de julio en que llegaba al TSJV el informe de financiación ilegal De la Rúa, que no se inhibió a pesar de confesarse “más que amigo” de Camps, ya habría ultimado el carpetazo con sus tres compañeros conservadores de Sala

(www.elplural.com, 21/09/09)

EL PP RESTRINGE EL ACCESO AL EXPEDIENTE DE TDT DE GÜRTEL 

El secretario general adjunto del grupo popular, José Marí Olano, no sólo ha solicitado el regreso a su plaza como abogado del Estado, actividad que, según indica en un escrito a las Corts, es compatible con su labor como diputado, al renunciar a sus retribuciones periódicas del Parlamento. Otra consecuencia de esta decisión, o quizá la explicación de la misma, es la renuncia a su trabajo como colaborador del despacho Eius Abogados, del ex ministro del PP José María Michavila, un bufete que realizó trabajos para ayuntamientos de la trama Gürtel.  

La explicación que ha dado Marí Olano, según fuentes de su entorno, es que el popular pretende dedicarse más a la actividad política y parlamentaria. Las mismas fuentes indicaron que el nivel de exigencia del bufete privado es muy elevado y obligaba a un gran esfuerzo para compatibilizarlo con el trabajo en la Cámara. En cambio, como abogado del Estado, no se exige un horario, por así decirlo, de oficina. Cada uno se organiza para cumplir con el trabajo asignado, pero después, si hay que realizar cualquier trámite, cualquier miembro de la Abogacía del Estado puede sustituirlo. Esta labor, lógicamente, es incompatible con el bufete privado.  

Marí comunicará a las Corts la baja en el despacho y en el Colegio como abogado ejerciente a efectos de la declaración de actividades de los diputados. El popular, que ya ha iniciado su trabajo para la Administración central, ha solicitado la abstención para los asuntos que afecten a la Generalitat o a la delegación del Gobierno. Razones personales o políticas al margen, la permanencia de Eius podía traerle quebraderos de cabeza en el plano político, por las relaciones del bufete con ayuntamientos ligados al caso Gürtel. El mismo Michavila, cercado por estas relaciones, dejó a principios de septiembre su escaño en el Congreso, optando por su labor privada.

Cualquier documento que huela, siquiera remotamente a Gürtel, sigue siendo material sensible. El PP en la Mesa de las Corts ha declarado, a petición de la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, el carácter de "no público" de parte de la documentación que conforma el expediente de adjudicación de dos licencias de TDT autonómicas y 42 locales por parte de la Generalitat. En ese proceso, la principal adjudicataria -con 13 licencias- fue Mediamed Comunicación Digital, empresa de la que es presidente José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel de supuesta corrupción vinculada al PP. El despacho Eius Abogados, del ex ministro José María Michavila -hermano de la jefa de gabinete del presidente Camps-, facturó a Mediamed al menos 150.000 euros por asesoramiento legal y mercantil durante la fase de constitución de la empresa que obtuvo después las concesiones. 

Anteriormente, el jefe del despacho Eius y secretario de Mediamed, Alberto Dorrego, asesoró personalmente a Presidencia en la preparación del concurso, según manifestó públicamente Sánchez de León -siendo secretaria de Comunicación- en un acto en febrero de 2005. Para completar el panorama del polémico expediente, el actual secretario general adjunto del grupo popular en las Corts, José Marí Olano, era el jefe de los servicios jurídicos de la Generalitat cuando se tramitó el concurso, entre julio y diciembre de 2005. El popular asesoraba hasta ahora, a través de Eius, al constructor Andrés Selma, vicepresidente y socio de Mediamed. Selma y Ulibarri también son socios en negocios como el PAI de Xilxes, en el que asesoró Marí Olano. El diputado ha defendido que no intervino en el proceso de las adjudicaciones y que no auxiliaba a Selma en materia de televisiones sino en construcción. 

A raíz de estas informaciones, la parlamentaria socialista Núria Espí reclamó el acceso al expediente de las TDT. La diputada quiere verificar la corrección del procedimiento, comprobar si hay constancia de pagos a Eius y la cuantía, y verificar si la firma de Marí Olano aparece en algún expediente. 

Según comunicó la consellera a las Corts, el expediente está integrado por once documentos. De éstos, cinco, los más enjundiosos, son los que se han declarado "no públicos". Entre los otros seis figuran la resolución de convocatoria de los concursos, los pliegos o la publicación en el diario oficial de la adjudicación, aunque también están las actas de la mesa de contratación. Entre los no públicos, figuran los requerimientos de subsanación, las notificaciones a los licitadores excluidos, el informe técnico de valoración de las ofertas, el informe-propuesta de la dirección general de Comunicación y los requerimientos dirigidos a los adjudicatarios de licencias.

La declaración de "no públicos" lo justifica la consellera "con el fin de conciliar el derecho de su señoría a acceder a la información" y "la protección de los intereses económicos de las empresas que pudieran resultar perjudicados por la difusión de datos a los competidores". Por ello, el acceso a una parte de los papeles "no podrá comportar su reproducción". Esta restricción, introducida en la reforma unilateral del reglamento de las Corts que aprobó el PP en 2007, conlleva que el diputado podrá "tomar notas pero no obtener copias ni actuar acompañado de asesor".

Habrá que ver si, una vez la diputada acuda a Presidencia a ver los papeles, se añaden también restricciones sobre la difusión del contenido. Es la segunda vez que el PP de las Corts, a petición del Consell, declara no públicos documentos. El 10 de marzo pasado, se aprobó la misma declaración sobre 23 contratos de la Sociedad para la Imagen Estratégica de la Comunitat -la que adjudicó por 500.000 euros la fiesta de la Volvo Ocean Race a Orange Market-, de los que 11 además se calificaron de "confidenciales", con prohibición de difusión del contenido. 

(www.levante-emv.com, 21/09/09)

EL PP SE ESTRELLA CON EL 'CASO GÜRTEL' 

La función de las Cortes Valencianas es "controlar la acción del Consell" y "ejercer el control parlamentario sobre la acción de la Administración situada bajo la autoridad de la Generalitat", según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Pero el Partido Popular forzó el calendario parlamentario para convocar ayer la Comisión de Coordinación de las Instituciones con el afán de rescatar en las Cortes Valencianas la teoría de la persecución política que sus altos cargos aseguran sufrir desde las más altas instituciones del Estado. 

Ayer, los objetivos eran María Teresa Fernández de la Vega, la vicepresidenta primera del Gobierno, y Cándido Conde Pumpido, el Fiscal General del Estado. El PP impuso su mayoría y logró encomendar a Milagrosa Martínez, presidenta de las Cortes, para que requiera a ambos por escrito su comparecencia ante las Cortes. 

Ni la una ni el otro están obligados legal ni constitucionalmente a comparecer ante las Cortes. Ni lo harán. Pero el PP lanzó invectivas, exabruptos y sospechas sobre sibilinas conexiones entre ambos. David Serra, portavoz adjunto del PP, leyó aplicadamente su única intervención ante la comisión parlamentaria. Ricardo Costa siguió los primeros minutos del discurso y abandonó discretamente la sala. Serra, sabedor que los requerimientos de la presidenta de las Cortes a la vicepresidenta del Gobierno y al Fiscal General del Estado caerán en saco roto, cerró con un lapidario: "Quien calla, otorga". 

Después de un cuarto de hora de gloria que grabaron diligentes las cámaras de los medios afines, el teatrillo adquirió tintes más dramáticos. 

José Camarasa, por el PSPV; Mireia Mollà, por Compromís; y Lluís Torró, por Esquerra Unida, coincidieron al denunciar el absurdo empeño del PP al exigir la comparecencia de De la Vega y Conde Pumpido ante las Cortes Valencianas y al calificar como "una burda cortina de humo" para desviar la atención de las relaciones de Francisco Camps, presidente de la Generalitat con "una trama de conseguidores" que le regalaron trajes y provocaron que mintiera ante el pleno de las Cortes y ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 

El socialista Camarasa parafraseó a Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Interior, cuando el PP deslizó por primera vez la teoría de la persecución política de sus altos cargos. "En este país se persigue a los delincuentes", sentenció. Y no dudó en recordar las solicitudes de comparecencia de técnicos y expertos ferroviarios formuladas por la oposición cuando se creó una comisión de investigación del accidente registrado en el Metro en Valencia en 2006, y cómo el PP las rechazó sistemáticamente. 

El calibre y la consistencia de los reproches que vertieron los tres portavoces de la oposición contra el PP y Camps llevaron a Serra a renunciar a cualquier atisbo de réplica. Se había estrellado.El PP no tuvo ningún empacho en requerir con palabras gruesas la comparecencia de De la Vega y Conde Pumpido ante las Cortes Valencianas. "Son como unas bacterias que están socavando los fundamentos del Estado de Derecho", dijo Serra. Pero cuando el Parlamento de Galicia puso en marcha una comisión de investigación para intentar despejar las responsabilidades políticas en torno al naufragio del Prestige, la catástrofe que asoló las costas gallegas en noviembre de 2002, José María Aznar, entonces presidente del Gobierno, vetó personalmente las solicitudes de comparecencia que se habían cursado a Francisco Álvarez Cascos, ministro de Fomento, el delegado del Gobierno en Galicia y otros responsables de Marina Mercante. 

La realidad pierde consistencia en las Cortes Valencianas, acolchada sobre la amplia mayoría absoluta que disfruta el PP. Pero el socialista José Camarasa no renunció a la pedagogía. Apeló a la Constitución, al Estatuto de Autonomía, al Reglamento del Congreso de los Diputados y al Reglamento de las Cortes para ilustrar la vaciedad de la iniciativa del PP. 

José Marí Olano ocupaba el escaño que Ricardo Costa había dejado desierto cuando empezó la descarga. "Sólo les interesa estoquear a De la Vega, no que comparezca", dijo Camarasa, "la deriva autoritaria del PP es tal que no les importa el daño que hacen a las instituciones. Las Cortes usurpan el papel del Congreso. Violan todas las reglas del juego democrático con iniciativas circenses para confundir a los ciudadanos. El problema no lo tiene el Estado de Derecho, lo tiene ustedes, el PP, por relacionarse con una trama de conseguidores corruptos. En lugar de lanzar cortinas de humo, deberían buscar la verdad. Y la verdad es que Camps mintió, mintió ante las Cortes y mintió ante el juez". 

Mireia Mollà, de Compromís, calificó todo el debate como "una payasada, una freakada". "Dicen ustedes que el Gobierno no tiene voluntad política para explicarse ante el Congreso. Puede que al Gobierno le falte voluntad política, pero aquí, en las Cortes, lo que falta es política", añadió. "Hay mucha gente que sufre por la crisis económica y ustedes abren el curso con iniciativas que no les ayudan en nada", siguió Mollà, "como tres son más que dos nos arrastran a la denigración de la clase política". 

La diputada de Compromís deslizó que tal vez Álvaro Pérez, El Bigotes, el sastre del presidente, la toma de medidas en el hotel Ritz o a las fiestas del ex director general de RTVV en Marraquech influyeron más que la vicepresidenta del Gobierno sobre la decisión del fiscal de recurrir el archivo de la causa contra Francisco Camps en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 

Lluís Torró, de Esquerra Unida, no se quedó atrás: "El PP sospecha que la vicepresidenta influyó en una decisión del fiscal que afecta a una persona y estamos aquí inmiscuyéndonos en un proceso judicial. Eso no es precisamente respeto a la separación de poderes en un Estado de Derecho". 

(www.elpais.com, 18/09/09) 

EL PP CITA A DE LA VEGA Y AL FISCAL PERO REHÚYE EL DEBATE SOBRE LA IMPLICACIÓN DE CAMPS EN GÜRTEL 

El PP salió ayer en las Corts a buscar algo de lana en el fango político del caso Gürtel pero acabó con unos trasquilones que no esperaba al quedar en evidencia que el debate del fondo, la relación del presidente Camps y otros cargos populares con la trama valenciana de Correa, no le es nada propicio. Los populares aprobaron en solitario en la comisión de Coordinación sus propuestas para que comparezcan la vicepresidenta Fernández de la Vega y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para aclarar el anuncio que la primera hizo de que el ministerio público iba a recurrir el archivo del TSJCV. 

La oposición aprovechó para atizar en la Cámara a Camps con el caso, acusando al presidente de "mentir" sobre los trajes y de estar salpicado en la trama. Pese a los ataques, el PP renunció a su turno de réplica. La estrategia pretendía una "voladura controlada" del asunto ya que tampoco permitió a la oposición una segunda intervención, donde suele reservarse el grueso de la artillería. Pero esta línea dejó sin defensa al presidente y delató la incomodidad del PP ante un debate que él mismo forzó. El acuerdo es un brindis al sol ya que la Cámara carece de competencias para hacer comparecer a los cargos estatales. De la Vega ya dijo que no irá. 

El popular David Serra exigió que aclaren "si existe transmisión de órdenes entre el Gobierno y la Fiscalía" y de "dónde surge todo el entramado de filtraciones de secretos sumariales y de informes policiales" en el caso Gürtel. Acusó a De la Vega de ejercer de "pitonisa" al "acertar" con el anuncio de que el fiscal recurriría y señaló que, si para la vicepresidenta es lógico que el fiscal informe al Gobierno, "¿por qué instó, preguntó o informó sobre el presidente Camps y no lo hace con violadores, maltratadores, asesinos o demás delincuentes?". A su juicio, la vicepresidenta y Pumpido "liquidaron" aquel día a Montesquieu.

El socialista José Camarasa sostuvo que la pretensión real del PP con la iniciativa es "tapar la red de corrupción descubierta en la Comunitat", "soltar tinta de calamar" para que no se hable de si ha habido "un vaciado de las arcas públicas de 7 millones". Mantuvo que la solicitud de comparecencia es contraria a la Constitución y el Estatuto y supone una "invasión de competencias" de las Cortes Generales, a las que toca controlar al Gobierno. El PP destacó después que De la Vega votó en el Estatuto catalán a favor de que el delegado del Gobierno dé cuentas al Parlament.  

Para Camarasa, quien reiteró que la vicepresidenta quiso informarse de lo que iba a hacer la fiscalía al conocer el archivo, "no es el Estado de Derecho el que tiene un problema", sino "el PP y dirigentes del Consell, relacionados con una trama" cuyos "principales dirigentes se encuentran en la cárcel".  

El portavoz del PP, Ricardo Costa, ex imputado en el caso, asistió a la intervención de Serra pero se fue en el turno del socialista. Mireia Mollà (Compromís) acusó al PP de convertir las Corts en "el club de la comedia" de España y resaltó que no plantea esta petición en el Senado porque allí "no les comprarían esta 'fricada'". Recurrió a la ironía para ensañarse contra Camps. Así, soltó que fueron, entre otros, la esposa del presidente, con su conversación telefónica con "El Bigotes" en la que reconocía regalos; o Correa y Álvaro Pérez, "hablando de 'El Curita' y lo fácil que les era obtener trato de favor"; los que le ayudaron a creer en la "estrategia maquiavélica" de la que habla el PP. También Lluís Torró (EU) tachó la petición de "cortina de humo" ante la "presunta corrupción" del PP. Sin embargo, las críticas quedaron sin respuesta. 

(www.levante-emv.com, 18/09/09) 

EL BIGOTES SE PASEA CON BARBA Y... EL EX VICEPRESIDENTE VALENCIANO 

El presunto cerebro valenciano de la trama Gürtel, Álvaro Pérez El Bigotes, se ha dejado ver en una terraza de la capital levantina con el ex vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos, quien acabó siendo el único implicado del caso apartado del PP regional. La información la publica el diario El Mundo, que ha obtenido una imagen de la cita en la que cuesta reconocer a Pérez: el imputado ha cambiado su peculiar bigote por una meticulosa barba. A juzgar por la tranquilidad con la que se ve a ambos y por el sitio y hora elegidos para el encuentro, ni a El Bigotes ni a Campos, que sufrió un amago de infarto recientemente, les importa lo que se diga de ellos. O eso, o ambos se esmeran en transmitir una imagen de absoluta normalidad.  

El hombre de la Gürtel en Valencia y el que fuera hombre de confianza de Francisco Camps se dejaron ver juntos en actitud informal y en una terraza.

Campos, purgado 

Campos fue el único imputado del PP valenciano purgado del Gobierno regional. Su causa fue sobreseída al igual que la del propio Camps en agosto pasado; sin embargo, el ex vicepresidente nunca volvió a un Ejecutivo del que salió por la puerta trasera y supuestamente para dedicarse a la actividad privada. Sí fue readmitido en el partido, aunque ha pasado a un segundo y casi invisible plano.

El Barbas 

En cuanto a El Bigotes, quien hasta hace poco era “amiguito del alma” de Camps ha sustituido su peculiar mostacho por una barba más discreta. Pérez es la persona que supuestamente regaló costosos trajes a dirigentes de la Generalitat, incluidos Campos, Camps y Ricardo Costa, número dos del PP valenciano.  

¿Desvinculados del partido? 

De qué hablaron ayer imputado y absuelto sigue siendo un misterio, aunque el diario de Pedro J. se apresura a aclarar que los dos están “absolutamente desvinculados del PP” y que por ello no tienen reparos al dejarse ver juntos. Una explicación un tanto insuficiente para un encuentro que podría estar motivado por infinitas razones. 

(www.elplural.com, 18/09/09)

EL JUEZ DE MADRID EXAMINA LA FINANCIACIÓN DEL PP EN VALENCIA  

Una extraña pirueta jurídica ha permitido al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) evitar abrir una nueva causa sobre el presidente valenciano Francisco Camps. El TSJV reveló ayer que ha dejado en manos de Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), un informe policial que analiza la financiación del PP en Valencia por parte de Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes. 

Los jueces valencianos Juan Luis de la Rua, Juan Montero y José Francisco Ceres ratificaron ayer su decisión del pasado 3 de agosto de archivar el caso de los trajes en el que estuvieron imputados el presidente de la Generalitat, el secretario del PP en esta comunidad, Ricardo Costa y otras dos personas. 

En la resolución, los jueces revelan que el pasado 31 de julio recibieron un documento, «sin que existiera petición al respecto ni por esta sala ni por el instructor», denominado «informe sobre Orange Market, sistema de facturación y financiación de los actos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana». El dictamen, de 89 páginas y acompañado de cinco anexos, está firmado por el comisario jefe de la brigada de blanqueo de capitales. 

El TSJV explica que el texto recoge «toda una serie de informes anteriores, iniciados el 4 de diciembre del 2007». El dictamen fue remitido, además de al tribunal valenciano, al Supremo y al TSJM. También recibieron una copia la fiscalía del Tribunal Supremo y la fiscalía Anticorrupción.
Por este motivo, los jueces de Valencia consideran que ellos no tienen obligación de investigar su contenido porque el TSJM «ha recibido el original» y, por tanto, «tiene completo conocimiento y adoptará las decisiones oportunas».  

Además, la sala que preside Juan Luis de la Rua, amigo íntimo de Camps, asegura que el dictamen policial «no guarda relación alguna con los hechos» que ha investigado sino que «el contenido» del mismo responde a «un objeto diferente» de las diligencias que instruyó ese tribunal por los trajes que recibió Camps de la trama de Correa. 

De este modo, opta por no abrir un proceso con el contenido de este documento, como ocurre habitualmente. Esta decisión genera un problema procesal, ya que si el documento revela posibles delitos cometidos en la Comunidad Valenciana, el juez de Madrid deberá inhibirse o el fiscal se verá obligado a denunciar los hechos ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.  

Además, el TSJV decidió devolver sin respuesta a Pedreira su petición del pasado julio de que juzgaran en Valencia a Correa y otras dos personas por haber pagado los trajes de Camps. Los jueces de Valencia comunican a Pedreira que ni aceptan ni rechazan la demanda porque ya han archivado el caso. Si se hubieran negado a aceptar la petición, habría intervenido el Supremo y resuelto esta discrepancia antes de analizar el recurso presentado por la fiscalía contra la decisión del TSJV de archivar el caso de Camps. 

(www.elperiodico.com, 11/09/09) 

EL TRIBUNAL DE VALENCIA DESPRECIA LOS NUEVOS DATOS DEL 'CASO GÜRTEL' 

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha vuelto a eludir la investigación sobre la trama Gürtel en Valencia. Ayer, la Sala de lo Civil y Penal rechazó pronunciarse sobre la inhibición que le planteó el juez Antonio Pedreira, del tribunal equivalente de Madrid. Éste comunicó el 28 de julio al tribunal valenciano que consideraba más que oportuno que Francisco Correa, supuesto cabecilla de la trama; Álvaro Pérez, El Bigotes, y Pablo Crespo fueran imputados en la causa que mantenía abierta. Pero ayer el TSJCV se cerró en banda. 

Lo hizo amparándose en el procedimiento. Según el extracto que el tribunal facilitó del auto, el TSJCV "no puede pronunciarse sobre la inhibición" que le planteó el Tribunal de Madrid "ya que el procedimiento tramitado en Valencia se sobreseyó libremente el 1 de agosto". 

La petición del juez de Madrid tiene fecha del 28 de julio. Pero la Sala valenciana se encontraba entonces en plena deliberación sobre la continuidad o no de la investigación. Resolvió primero archivar y después afrontar la petición del magistrado. Petición a la que no puede hacer frente porque la causa ya no existe. La misma nota recoge: "El sobreseimiento del procedimiento seguido en el TSJCV significa que la causa se archivó y por lo tanto no puede ya realizar ningún acto procesal de continuidad. Por ello, no puede no aceptar ni rechazar la inhibición planteada por el instructor del caso Gürtel en el TSJM". 

La respuesta de la Sala valenciana va más allá. Sostiene que "el magistrado instructor de Madrid no puede inhibirse de parte del procedimiento, ya que esa competencia la tiene la Sala de lo Civil y Penal del TSJM", no el juez que investiga el asunto, Juan Luis de la Rúa, presidente del TSJCV, de quien Francisco Camps dijo que era más que un amigo, ha vuelto a desactivar desde la Sala que preside una posibilidad de averiguar qué relaciones tuvieron los empresarios supuestamente corruptos con la Generalitat. 

De haberse aceptado la petición de Pedreira, los tres empresarios que lograron adjudicaciones de la Generalitat valenciana por más de siete millones de euros, hubieran compartido la condición de imputado con Francisco Camps, presidente de la Generalitat; Ricardo Costa, secretario general de los populares valencianos; Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat valenciana, y Rafel Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y actual asesor de la Diputación de Valencia. 

(www.elpais.com, 11/09/09)

TURISMO ESCAMOTEÓ A LA INTERVENCIÓN EN 2008 TODOS LOS CONTRATOS MENORES 

La Conselleria de Turismo ocultó en su registro de expedientes de contratación relativos al ejercicio de 2008 los contratos por importes inferiores a 12.020 euros. La Intervención General de la Generalitat y la firma Iberaudit advierten en su informe de auditoría de la Agencia Valencia de Turismo que no pudieron revisar el cumplimiento de la legalidad de los contratos menores por la sencilla razón de que el departamento que entonces dirigía Angélica Such -ahora está en manos de Belén Juste- sólo le proporcionó los de mayor cuantía. En la muestra supervisada por la Intervención el informe sostiene que se ha cumplido con la ley excepto en el hecho en sí de que el registro de contratación excluyese las facturas de menor cuantía.

 

La Agencia Valenciana de Turismo fue durante varios años el principal cliente en volumen de facturación de Orange Market, la firma controlada por el comercial de Francisco Correa en Valencia, Álvaro Pérez. Desde 2005 hasta 2009 Orange Market se adjudicó el contrato de montaje e instalación de las principales ferias de Turismo, entre ellas la de Madrid (Fitur). Los importes de estos contratos superaron en su mayoría el millón de euros. Sin embargo, en algunos casos Orange Market facturó también a la AVT distintos extras ligados a la actividad ferial.  

Tal como publicó Levante-EMV la empresa que preside Álvaro Pérez pasó facturas paralelas a Turismo y otras conselleries en concepto de "extras" que llegaron a alcanzar 1,5 millones de euros. Esa cifra es distinta a los 5,5 millones de euros que la empresa se embolsó durante cuatro años por los contratos mayores de la organización de actos. Por poner ejemplos, en 2005 se cargó a Turismo una factura de 8.537 euros y otras por importe de 24.940 euros por la Feria de Bilbao, incluida en los contratos mayores y cuyo expositor valenciano tenía una extensión de 42 metros cuadrados. Orange Market también facturó 119.000 euros por organizar el almuerzo del día de la Comunitat Valenciana en Fitur. 

Turismo no fue la única conselleria en asumir algunas de estas facturas, que en la mayoría de los casos no superaban los 12.020 euros, cantidad a partir de la cual se requiere fiscalización previa y adjudicación con concurrencia de ofertas, como marca la Ley de Contratos Públicos. La conselleria de Territorio, en 2005 en manos de Rafael Blasco, o la de Infraestructuras asumieron facturas de 11.900 euros por gastos que en realidad correspondían a Fitur. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha requerido a la Generalitat una relación de todos los contratos y facturas con empresas de la trama, no sólo de Orange Market, sino de otras doce sociedades que controlaba el líder de la red Francisco Correa. Se trata de una información que la Fiscalía Anticorrupción venía reclamando hace tiempo y que la Generalitat no entregaba. 

(www.levante-emv.com, 11/09/09)

SANTAMARÍA DICE DESCONOCER LA AMISTAD ENTRE CAMPS Y EL JUEZ DE LA RÚA 

La portavoz parlamentaria del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho esta mañana que no le consta ninguna amistad entre Francisco Camps y el presidente del Tribunal Superior de Valencia, Juan Luis de la Rúa.  

Preguntada sobre la amistad entre Camps y el juez de la Rúa, a quien se encargó el caso de los trajes del presidente de la Generalitat Valenciana, Santamaría ha declarado "no me consta en absoluto esa amistad". Acto seguido la dirigente conservadora ha expresado que lo ideal en democracia es que "los jueces y los fiscales actúen conforme al derecho, si hay corrupción que se investigue y se actúe".  

No obstante, según publicó este diario el pasado mes de marzo, existen varias pruebas de esa amistad. La más destacable es una declaración del propio presidente valenciano el pasado mes de septiembre, en el acto de toma de posesión de la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León: "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a la de amistad que resuma y defina la íntima y sentida colaboración entre De la Rúa y el president de la Generalitat". Respondiendo Camps lo siguiente: "Me siento feliz de esa relación".  

Otra muestra de la amistad desconocida por Santamaría fue la presencia del juez De la Rúa en un acto electoral del Partido Popular en la precampaña de las autonómicas de 2007. El presidente del TSJ fue uno de los invitados de la presentación del programa del partido en materia de justicia. De la Rúa acudió al acto a pesar de que ostentaba la presidencia de la Junta Electoral. Desde el PP valenciano, justificaron así la presencia del juez valenciano: "En actos importantes siempre invitamos a representantes de la sociedad civil. Por poner un ejemplo, en el Congreso regional de octubre invitamos a representantes sindicales". 

Sin embargo, Santamaría sí se ha adelantado a insinuar que existe una relación entre la gestión del Gobierno y la supuesta falta de independencia judicial al expresar que "cuanto peor le va al Gobierno más presiona a la justicia" así ha continuado expresando que le preocupa que "se resquebrajen aspectos esenciales de la democracia".  

La portavoz parlamentaria del PP asegura que su partido mantiene la acusación respecto a las supuestas escuchas ilegales y que los datos sobre la misma van a ser constantemente actualizados.

Santamaría ha declarado que se ha pedido al Ministerio del Interior y a la Fiscalía pruebas al respecto. "Mantenemos la acusación, está denunciado y queremos que se investigue, la denuncia está admitida así que algún fundamento tiene que tener. El informe lo vamos a mantener en constante actualización", apostilló Santamaría. 

Respecto al asunto de la independencia judicial en España, la dirigente conservadora ha aclarado que "si hay corruptos que los persigan porque eso nos perjudica a todos y los partidos somos los primeros interesados en saber quién no actúa correctamente para que no exista un velo de sospecha sobre todos", senteciaba. 

(www.publico.es, 10/09/09)

LAS CAJAS DEL CASO GÜRTEL QUE EL TSJ DE MADRID REMITIÓ AL DE VALENCIA ESTÁN EN PARADERO DESCONOCIDO 

¿Dónde están las cajas con documentación del caso Gürtel que quedaban sin desprecintar a finales de julio y que debían remitirse de Madrid a Valencia, cuando la causa aún estaba abierta? El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid afirma que salieron en su momento, mientras que en el de Valencia dicen que aquí no están.  

La documentación afecta a los cabecillas de la trama en Madrid, Francisco Correa y Pablo Crespo, y al gerente de Orange Market, Álvaro Pérez. El juez madrileño consideró que debían ser imputados también en Valencia por los regalos de trajes a autoridades valencianas al tratarse de delitos conexos, como afirmaba la Fiscalía Anticorrupción. Las diligencias fueron archivadas por el TSJ valenciano cinco días después de esta decisión judicial. 

El asunto de las cajas siempre ha sido polémico en este caso que afecta al PP de Madrid y que provocó una investigación al presidente Francisco Camps y a otros tres altos cargos del PP valenciano por un delito de cohecho.  

Ya en su momento, el PP denunció ante el Consejo General del Poder Judicial que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se había ido de viaje sin remitir la causa a los tribunales autonómicos, cuando se inhibió en su favor porque la investigación afectaba a cargos aforados. Ello ocurría una semana después de que el juez dictara el auto de inhibición.  

En este caso, la remisión de la documentación también obedece a una inhibición parcial de la causa que sigue investigando el TSJ de Madrid, donde siguen imputados Correa, Crespo y Pérez por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.El pasado 28 de julio el juez instructor del caso Gürtel en el TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, remitió al TSJ de Valencia un auto por el que se inhibía a favor del TSJ de Valencia "para su unión al procedimiento del Tribunal del Jurado", de los hechos imputados a Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez "en relación con las eventuales entregas de prendas de vestir a Ricardo Costa, Francisco Camps, Rafael Betoret y Víctor Campos".  

Al tiempo que levantaba el secreto respecto de estas actuaciones, el juez madrileño acordaba la "remisión de testimonio de algunos documentos". Y añadía que "aún no se ha concluido el levantamiento de precinto de documentación intervenida".  

En este sentido, explicaba que "la documentación soporte de la inhibición que ahora se acuerda se encuentra incluida en el testimonio de las diligencias" que Baltasar Garzón remitió en su auto de inhibición del 5 de marzo. 

El juez añade que, "con posterioridad, al irse avanzando en el volcado y levantamiento de precinto de los diversos soportes intervenidos", se ha acordado la "remisión de algunos documentos" a Valencia.
Pedreira añadía que se comunicara esta resolución al magistrado instructor del caso en Valencia, José Flors, "mediante el oportuno testimonio".  

Fuentes oficiales del TSJ de Madrid manifestaron ayer que la documentación había salido hacia Valencia antes del verano, sin poder especificar la fecha porque el secretario de la Sala de lo Civil y Penal se encuentra de permiso. Mientras que en el TSJ valenciano siguen esperando esta documentación.  

De otro lado, la decisión del juez madrileño está a punto de ser resuelta por el TSJ de Valencia, que el pasado 30 de julio recibió esta resolución y la notificó a las partes para que presentaran alegaciones a favor o en contra. Defensas y acusaciones tenían un plazo de cinco días, que finalizó el pasado 3 de septiembre, para mostrar sus posturas.

La cuestión sobre la imputación a Correa, Crespo y Pérez será resuelta por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ valenciano presumiblemente esta semana. Aunque, ahora ha quedado huérfana de todo sentido lógico y jurídico tras haber muerto la causa madre con el archivo de las diligencias principales dictado el 3 de agosto.  

Cinco días después de que llegara esta resolución a Valencia, el TSJ dictaba el sobreseimiento libre del caso contra Camps, Costa, Campos y Betoret por un delito de cohecho, con lo que ya no hay nada a lo que deba adjuntarse.

(www.levante-emv.com, 10/09/09)

MÁS NOTICIAS

VOLVER

© Copyright. 1998 - 2013. www.losgenoveses.net. Ningún derecho reservado. Aquí es todo de gratis y sin comisiones
( Página diseñada para ver con Explorer 6 o superior  a 1024 x 768 píxeles )