El Tribunal de Cuentas valenciano no audita las empresas salpicadas por el 'caso Gürtel'

La Sindicatura de Comptes, el equivalente al Tribunal de Cuentas en la Comunidad Valenciana, no auditó en el informe correspondiente al ejercicio 2008 ninguna de las empresas públicas de la Generalitat valenciana salpicadas por el caso Gürtel. La Sindicatura entregó ayer a las Cortes valencianas un trabajo que no incluye la fiscalización de las cuentas de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica de la Comunidad Valenciana -que otorgó a Orange Market un contrato de 450.000 euros por un evento en la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante-; ni fiscaliza la contratación de la Agencia Valenciana de Turismo -que adjudicó el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur a la firma que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, durante cinco años consecutivos-; ni la contratación de la Sociedad Circuito del Motor de Cheste -que participó del premio de fórmula 1 en el que Orange Market aspiraba a lograr contratos.

La Sindicatura tampoco audita entidades como la Fundación la Luz de las Imágenes, que contrató con Orange Market parte de un evento en el Club de Tenis de Valencia.

La fiscalización correspondiente al ejercicio 2008 de la Sindicatura de Comptes se inició en el primer trimestre de este año, cuando ya había estallado el caso Gürtel.

Gerardo Camps, vicepresidente económico y consejero de Hacienda del Gobierno valenciano, aseguró que la Generalitat es la institución autonómica que más rápido difunde la fiscalización de sus cuentas porque, "a diferencia de lo que dicen algunos", señaló, "aquí no se oculta nada".

La Sindicatura de Cuentas, por su parte, invocó su plan de trabajo selectivo para explicar que no todos los años se auditan todas las empresas públicas de la Generalitat.

Ángel Luna, portavoz socialista, comentó que el informe de la Sindicatura "confirma una vez más la opacidad del Gobierno de Francisco Camps en la contratación pública". "El informe", destacó Luna, "determina que dos de cada tres expedientes de contratación tienen problemas graves y muchos de ellos tienen que ver con la contratación arbitraria, con no publicar los concursos y con no justificar la contratación".

La Sindicatura seleccionó una muestra de 45 contratos públicos y detectó irregularidades en una treintena. El portavoz socialista apostilló: "La probabilidad de que sólo 30 expedientes de los 45 revisados sean irregulares es la misma que si tocara el euromillón seis semanas seguidas con una sola apuesta cada semana".

Las consideraciones generales sobre la ejecución de un presupuesto inicial de 14.100 millones de euros subrayan una caída de ingresos de mil millones y un recurso al déficit de 598 millones para cuadrar las cuentas.

www.elpais.es 24.12.09

EU reclama contratos y facturas de Orange Market

La coordinadora de EUPV y diputada autonómica, Marga Sanz, presentó el viernes a la presidenta de las Corts Valencianes un recurso en el que solicita la entrega de los contratos, adjudicaciones y facturas firmadas por la Generalitat, las consejerías y otros departamentos d con la empresa vinculada a la trama Gürtel, Orange Market, desde el mes de julio de 2005 hasta la actualidad. La presentación del recurso por parte de EUPV fue consecuencia de la "respuesta negativa" del Consell amparada en el secreto del sumario. Esquerra Unida consideró " un sumario es un conjunto de actuaciones judiciales, no los documentos ni las copias de estos que se envían para una investigación".

www.elpais.es 20.12.09

“Ha habido quienes se han prevalido del cargo para obtener beneficio”, dice el vicepresidente de los jueces, De Rosa, ex conseller de Camps

Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y amigo íntimo del presidente valenciano, Francisco Camps, se ha desmarcado de la línea mantenida por el PP sobre el caso Gürtel, y de sus propias declaraciones realizadas anteriormente, en las que incluso llegó a acusar al juez Baltasar Garzón de cometer una posible prevaricación.

En una entrevista en el diario Levante, De Rosa afirma ahora que Garzón “hizo lo que tenía que hacer” y que “su actuación fue correcta”. El ex conseller de Justicia del Gobierno de Camps considera que Gürtel no es un montaje político y sí “un hecho delictivo”. Según él, se trata de “unas personas que presuntamente han delinquido” y agrega que “hay datos suficientes para determinar que ha habido quienes se han prevalido de determinados cargos para obtener un beneficio”.

En febrero…
En febrero pasado, Fernando de la Rosa, que fue propuesto por el PP para el CGPJ, arremetió contra el juez Baltasar Garzón en la televisión autonómica Canal 9, al acusarle de "estar pasando una línea roja muy importante, que es la prevaricación" y defendió a Francisco Camps, a quien calificó como “un buen presidente de la Generalitat". La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial criticó entonces sus afirmaciones y exigió “el cese de cualquier declaración que pudiera perturbar el sereno ejercicio de la actividad jurisdiccional”.

“Nunca quise atacarle”
Ahora De Rosa insiste que si el “considerara que Garzón la voluntad de Garzón es influir en la política” le estaría deslegitimando como juez y esa no es en absoluto mi intención”. En cuanto a las manifestaciones que hizo sobre él en meses pasados afirma que “si se interpretó que dije que estaba prevaricando no fue mi intención. Nunca he querido atacarle, sólo respondí a una pregunta desde un punto de vista técnico y era que los asuntos con aforados hay que remitirlos a los órganos competentes para evitar problemas de nulidad”.

Un tema importante
A la pregunta de si la Fiscalía Anticorrupción está actuando dirigida por el Gobierno en el caso Gürtel, el vicepresidente del Consejo Genera del Poder Judicial cree “que ni Anticorrupción ni ningún fiscal esté actuando de forma ilegal a sabiendas”. Eso supondría –agrega- el mayor atentado al Estado de Derecho. Gürtel es un tema importante dentro de los asuntos judiciales españoles que espero que se resuelva pronto. El que es corrupto debe pagar y en absoluto creo que la Fiscalía actúe de forma sesgada”, aseguró.

Su propia decisión
Ante la posibilidad de que Camps, a quien considera su amigo personal, tenga que acabar sentándose en el banquillo y tal vez dimitir, De la Rosa opina que “la pena que le podría caer por el caso de los trajes es una multa sin inhabilitación por lo que la ley no le va a obligar en ningún caso a dimitir. A partir de ahí depende de su propia decisión”, según explicó.

"Se abrirá una nueva investigación"
Sin embargo, significativamente, el vicepresidente del CGPJ ve casi seguro que “se abrirá otro procedimiento y una investigación” a causa de un posible blanqueo de dinero por parte PP. “Hay un procedimiento –explica- concreto y determinado, que es el de la denuncia por los regalos de unos trajes que afecta al jefe del Consell. Y luego hay otro de presunta financiación irregular del PP, que es lo que se tiene que investigar ahora, pero nada tiene que ver una cosa con la otra porque son dos asuntos diferentes”.

Los trajes y la financiación irregular
De Rosa aclara que no sabe “si existe o no relación” entre una y otra causa. “Lo único que sé es lo que han dicho los tribunales, que en su momento incoaron un procedimiento y ahora han incoado otro. Si llegara a acreditarse que existe una conexión, pues se unirían”, concluye.

En resumen, ¿vuelco valenciano en el caso Gürtel?

www.elplural.com 20.12.09

EL PPCV MIMA A COSTA POR LO QUE SABE SOBRE GÜRTEL Y PREPARA SU REHABILITACIÓN

El ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa está suspendido de militancia en el partido, tras el pulso desafiante que lanzó a la dirección nacional y tras resistirse a dejar el cargo, pero no es tratado como un apestado. En absoluto.

El presidente del PP y de la Generalitat, Francisco Camps, aprovechó la tradicional comida de Navidad del grupo popular, celebrada el miércoles en un hotel de Valencia, para expresar su afecto a Ricardo Costa, a quien incluyó en la selecta terna a los que dedicó el brindis, junto con Antonio [Clemente] y Rafa [Blasco]". No habían pasado 24 horas cuando ayer, preguntado por los periodistas en los pasillos de las Corts Valencianes, el portavoz del grupo, Rafael Blasco, dedicó otro brindis, esta vez dialéctico, a Costa. Blasco afirmó ayer que su grupo "está con ganas de poner en evidencia el aprecio" que sienten por el ex número dos del PPCV y se mostró convencido de que su situación se resolverá "en breve".Fuentes del partido consideran que el grado de conocimiento que tiene Costa de todo el entramado de contrataciones con Orange Market, la franquicia valenciana de la trama Gürtel, y de las cuentas y facturas abonadas por el partido, hacen recomendable tratarlo con mucho afecto y por supuesto que sin humillarlo.

El ex secretario general del PP valenciano era el dirigente que llevaba directamente las relaciones con Álvaro Pérez "El Bigotes" en todas las contrataciones con Orange Market y apareció en múltiples grabaciones del sumario incluso en boca del cabecilla, Francisco Correa, quien lo veía como futuro presidente del Gobierno de España.

No falta tampoco quien entiende que la promesa de Camps de situarlo en un cargo de responsabilidad podría hacerse efectiva en breve. Con todo, la "situación que se va a resolver en breve" a la que se refería Blasco sería el levantamiento de la suspensión de militancia de Ricardo Costa.

Lo más sabroso de las declaraciones que ayer hizo el hombre fuerte del PP en la Cámara fue su sentencia de que se volverá "a la absoluta normalidad" cuando se resuelva una "cuestión que afecta exclusivamente a la relación del señor Costa con la dirección nacional del PP".

Porque Costa "tiene el aprecio y el respaldo" del grupo y del partido. Blasco calificó de "chafarderismo" la comparación en el trato que Costa está recibiendo por parte de la dirección regional del PP, que le ha mostrado su apoyo, y de la dirección nacional, que le suspendió de militancia el pasado 29 de octubre cuando éste se reivindicó como secretario regional, a pesar de que había sido destituido del puesto.Interrogado sobre las declaraciones del presidente Camps, en la citada comida, donde reconoció que 2009 ha sido un año duro para él y para el partido por el caso Gürtel, Blasco indicó que el jefe del Consell "aprovechó la oportunidad de la relación que tuvo con el grupo parlamentario para expresar de una manera muy sentida lo que ha sido este año".

Blasco señaló que es "objetivo reconocer" que se han pasado "unos meses difíciles como consecuencia de una campaña de difamación". El Partido Socialista, lamentó Blasco, "utiliza la infamia y la calumnia como la única forma de actuar en política, lo cual le sitúa cada vez más fuera de lo que debe de ser el debate sereno y transparente de la política, y más alejado de los intereses de los valencianos, es decir, muy cerca de la marginalidad política".

(www.levante-emv.com, 18/12/09)

LA «QUIEBRA» DE ORANGE MARKET PONE EN LA PICOTA A EMPRESAS PROVEEDORAS

Si la muerte de un ciudadano tiene lectura económica —un consumidor menos, salvo para el sector funerario—, la de cualquier empresa multiplica el efecto por cien. Si la firma que desaparece de la circulación (aunque esté viva en el registro mercantil) se llama Orange Market entonces el seísmo cobra enorme violencia. Porque Orange Market movía mucho, pero no fabricaba nada. Por eso, porque Álvaro Pérez era un intermediario e intérprete de los sueños glamourosos de sus clientes, necesitaba docenas de proveedores que le facilitaran desde currantes que descargaran el camión hasta firmas de interiorismo para crear esos escenarios cálidos que tanto ayudaron al PP a llevarse al huerto al electorado. Muchas de esas empresas son las otras víctimas del escándalo Gürtel.

Diez meses después de aquel 6 de febrero en el que Baltasar Garzón ordenó a la policía registrar las dos sedes de la empresa de El Bigotes (en las calles Conde de Salvatierra y Colón), y decretó el bloqueo de las cuentas bancarias (en el Banco Santander, BBVA o Caja Madrid, entre otras), muchas de esas firmas siguen sin cobrar los últimos trabajos que hicieron o celebran que acaban de lograr el milagro de haber ingresado las cantidades pendientes, tras reclamarlas a los administradores judiciales designados. Desde una empresa de transporte y descarga de material cuentan, como si les hubiera tocado la lotería, que han cobrado estos días 39.000 euros que tenían pendientes. A esta firma le devolvieron un pagarés, que vencía justo unos días después de reventar el caso. Era el pago por trabajos en el congreso nacional del PP celebrado en la Feria de Muestras en junio de 2008. Ha estado a punto de ir al concurso de acreedores, antigua suspensión de pagos. Sí optó por acogerse a la ley concursal la sevillana Apogee Telecomunicaciones, la firma que, según la policía judicial, canalizó 957.000 euros en comisiones para Correa a cuenta del contrato de la constructora Teconsa —que la había subcontratado— con RTVV para dar cobertura a la visita del Papa a Valencia. La suspensión de pagos no es atribuible a las deudas de las empresas Gürtel, pero en un escenario de crisis como el actual este percance ha sido la puntilla.

Una firma de logística tiene la suerte de que sólo se quedó colgada con unos 2.000 euros, pero una productora valenciana batalla, en cambio, por 70.000 euros que les adeuda Orange Market por algún servicio de alquiler de unidades móviles en mítines y congresos del PP. «Estoy seguro de que al final cobraremos pero esto es un marrón porque hemos tenido que reclamarlo judicialmente», explica su responsable, que, como casi todos los consultados por este diario prefiere el anonimato. Coinciden, eso sí, en subrayar que si había una firma solvente en el sector y fiable en los pagos era Orange Market. Las transferencias o los pagarés con vencimiento a los 90 días del servicio prestado eran las formas habituales de saldar deudas.

A otros ni siquiera les dio tiempo de presentar las facturas. Aunque en algún caso, la cantidad no era significativa. Es el caso de una empresa líder en España en animación con globos, confeti y serpentina y de parques infantiles, que ha trabajado para varios partidos y clubes de fútbol y, durante años, para empresas de Correa. Con Orange Market, para el PP valenciano o en la Copa del América. El sábado 7 de febrero puso color al bautizo de la hija de Álvaro Pérez en Barcelona, donde el ex director de RTVV Pedro García suplió como padrino a Francisco Correa, que el día anterior fue encarcelado. La factura del acto familiar era modesta y en plena marejada, el empresario tuvo el detalle de ni siquiera intentar cobrarla. Fue su regalo a Álvaro Pérez por un acontecimiento tan especial.

La congelación de las cuentas de la trama ha tenido un efecto paralizante sobre todo para las empresas, explica uno de los afectados. «Aquí ha cobrado antes que nadie la Seguridad Social, Hacienda y los trabajadores de las empresas y los últimos los proveedores», explica el empresario, de una firma de decoración. Lo cierto es que los empleados de Orange Market, que recibían a menudo bonificaciones bajo mano de la caja B, no han vivido estos meses su mejor época. Hasta el punto de que un Juzgado de lo Social de Valencia condenó esta semana a la empresa de Álvaro Pérez a indemnizar con 13.854 euros a un trabajador por despido improcedente y al que no puede readmitir porque la mercantil no tiene actividad. Son historia aquellas «gratificaciones» que cobraban algunos cuando llegaba Fitur, que eran los Reyes Magos de Orange Market, dado que por ese certamen ingresó 5,32 millones al ser adjudicataria de cinco ediciones consecutivas.

En ocasiones no era el PP ni la Generalitat el cliente al que accedían las empresas dependientes del conglomerado Gürtel sino que trabajaban para eventos particulares de los propios cabecillas. Una de esas firmas fue llamada a montar una fiesta para el suegro de Francisco Correa, el constructor Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en el caso Malaya. El presupuesto fue bastante más elevado que el de la empresa del bautizo, dado que ascendió a 25.000 euros. Cuando se celebró la fiesta, Correa se llevaba de cine con su mujer y tenía una relación cordial con su suegro y dueño de Construcciones Salamanca. De hecho, el 16 de noviembre de 2007, el «dos» de la trama, Pablo Crespo, ordenó entregar a Bugallo 60.000 euros en negro.

Eran tiempos de vacas gordas, en especial para los reyes de Gürtel, que cobraban dádivas en blanco y en negro. También para esos otros afectados por el escándalo que simplemente hacían su trabajo y figuran en la contabilidad legal que obra en el sumario. Para aquellos que al parecer ignoraban el tinglado que se escondía detrás de aquel campechano y triunfador bigote.

(www.levante-emv.com, 14/12/09)

MEDIO CENTENAR DE FIRMAS TRABAJABAN CON EL BIGOTES

Son muchos los que se han percatado del vacío dejado por Orange Market. Desde el Quiosco Pepe o el de la Glorieta -donde adquirían la prensa- a la gasolinera Faitanar -lugar de repostaje habitual-o el Restaurante Sierra Aitana, pasando por las firmas estrictamente proveedoras, son un centenar largo las empresas de la ruta contable (la contabilidad A) de la franquicia valenciana Gürtel. Aproximadamente la mitad conforman el parque auxiliar de la factoría de eventos Orange Market.

Empresas que facturaban habitualmente con esa mercantil como ADM Discomóvil, Vía Cultural, Apogee, Management Azafatas, SPS, APQ, Bat Producciones, Creativos de Publicidad, Dinámica Media, Bansalease, Caixarenting, Mediadge, Juan Sanz Interiorismo, Dimo Stand, Transdecor, AC Estudios, TV Siete, Tecnimagen, Transfira, Tecnosat, Hooping Publicidad, Rótulos Rotfer, Milenium Light o Termigo son sólo algunas de las que se han relacionado profesionalmente con Orange Market.

Una nómina que comprende desde la grabación de vídeos (TV Siete) hasta el alquiler de coches (Bansalease), de estufas (Termigo), serigrafía, lonas o traseras (SPS) o alquiler de lámparas (Milenium). No faltaba detalle en la organización de actos varios la Generalitat, por los que Álvaro Pérez facturó más de 8,2 millones de euros, o el PP.

Varias de estas empresas están entre las que siguen esperando cobrar parte del trabajo, tras la intervención judicial del entramado societario. En la relación de las mercantiles que facturaban aparecen varias del propio conglomerado Gürtel, como Easy Concept, Down Town Consulting o Castaño Corporate. Se cruzaban facturas como fórmula para repartir beneficios, generar desgravaciones o compensar IVA, según conviniera fiscalmente.

Uno de los pendrive incautado en el piso de la calle Martínez Campos revela un mapa preciso de esta forma de operar. A diferencia de las empresas de serie A, las que han sufrido realmente los efectos de la "quiebra" de Orange Market, las de la trama aparecen también en los apuntes de caja B. Y no con cantidades anecdóticas. Por ejemplo, el 13 de enero de 2006 entra una bolsa de dinero negro con 53.700 euros, recibidos por Crespo de Easy Concept, la firma que montaba realmente el pabellón valenciano en Fitur. El mismo día, sacaron 22.920 euros de los que ingresados. Esas entradas de dinero era el que servía para comprar regalos para sobornos (como joyas), para que El Bigotes cuidará a la familia, la sanguínea, con sobres de dinero (para la madre y la hermana) o incluso para que Francisco Correa y Pablo Crespo compraran lotería del Niño en enero de 2007, en el aeropuerto de Barajas. El cabecilla gastó 660 euros y Crespo, 330.

De alguna forma se tiene que notar que ser el número uno de una banda organizada es el doble de importante que ser el dos.

(www.levante-emv.com, 14/12/09)

BLASCO ASEGURA QUE FUE UN ERROR NO QUITAR ANTES A COSTA

Rafael Blasco, portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, admitió ayer que el partido cometió errores en la crisis derivada por el caso Gürtel y debió destituir con anterioridad a su antecesor en el cargo, Ricardo Costa. "Sinceramente, hemos hecho algunas cosas mal y hemos cometido errores; prolongar más de la cuenta la presencia de Ricardo Costa en una situación de difícil encaje pudo generar en el grupo parlamentario durante un tiempo cierto desconcierto", aseveró el también consejero de Solidaridad y Ciudadanía en el transcurso de los desayunos de la agencia Efe.

Sin embargo, el portavoz popular indicó que "algunos de los errores que él mismo cometió ya se han sustanciado en términos políticos de la forma más correcta y estatutaria dentro del partido". Blasco, no obstante, tuvo palabras de agradecimiento para la labor de Costa y señaló que hizo un "papel excelente". "Y espero que en breve se arregle su situación", añadió. El consejero resaltó la, según él, unidad y cohesión del grupo popular, "no hay fisura de ninguna clase", puntualizó. También admitió que en los últimos meses había algún diputado del PP "descentrado", según él, por el grado de crispación en los debates.

En cuanto a un posible adelanto de las elecciones, Blasco recordó el mensaje lanzado por el presidente del Consell, Francisco Camps: "Ha dicho [Camps] que no es partidario de disolver las Cortes, aunque estatutariamente puede". Y añadió: "Personalmente yo no lo vería mal". Sobre el candidato del PP a la Generalitat, Blasco lanzó un aviso a navegantes: "Camps será el próximo candidato a la Generalitat en cualquiera de las circunstancias".

(www.elpais.com, 13/12/09)

La caja B Gürtel revela compras de joyas relacionadas con la contratista de la visita del Papa

Pablo Crespo, cobrador del millón en comisiones por el contrato de Canal 9, ordenó adquirir alhajas por 13.135 euros la Navidad de 2006 en la Joyería Suárez - La contabilidad vincula ese pago a Teconsa - Correa decidió compras por 11.370 euros en la joyería de la "jet set" y en las fechas del evento papal

Conscientes de que los regalos no eran un gasto sino una inversión para captar o mimar clientes, los responsables de la trama Gürtel (Francisco Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez "El Bigotes") no fueron nada rácanos a la hora de quedar bien. La abundante contabilidad de las entradas y salidas de la caja B de Orange Market y de la sede central de la red Correa en Madrid revela compras por casi 25.000 euros en la prestigiosa Joyería Suárez, el establecimiento de referencia de la "jet set", entre el 16 de junio y el 22 de diciembre de 2006, el año de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia. En uno de los apuntes contables se hace constar que la caja B ha soportado un "pago a Suárez por Teconsa" que ascendía a 13.135 euros, sin especificar exactamente el motivo de la compra de esos artículos de lujo.

Teconsa fue la empresa elegida por Canal 9 para los trabajos de sonorización e instalación de pantallas para dar cobertura a la visita papal, los días 8 y 9 de julio, y por los que cobró más de 6,4 millones de euros. La Brigada de Blanqueo de la Udef de la policía judicial denunció en un informe que la trama se embolsó 957.300 euros en comisiones a través de la sevillana Apogee Telecomunicaciones, una de las subcontratistas de Teconsa junto con la alemana Sirius Showequipment. La persona de confianza de Correa que recibió bajo mano el dinero negro, siempre según la versión policial, fue Pablo Crespo Sabaris, el número dos de la organización y ejecutor de la voluntad del jefe.

La firma de la Preysler y Abascal

En el capítulo de observaciones del citado apunte de caja B donde consta la compra navideña en Joyería Suárez figura precisamente la anotación "Indicaciones de P. Crespo", como responsable de haber supervisado la adquisición de los detalles de lujo en un establecimiento que tiene locales en Madrid, Barcelona, Bilbao y Marbella. La imagen pública de la firma es, desde hace años, nada menos que Isabel Preysler, la quintaesencia del glamour. Para presentar algunas colecciones se fichó a Adriana Abascal, la ex de Juan Villalonga -quien recurrió alguna vez a los servicios de El Bigotes- y viuda del multimillonario mexicano Emilio Azcárraga. No figuran los beneficiarios de esos regalos relacionados con Teconsa pero cabe recordar que en otro documento con el sello de Orange Market, franquicia valenciana de Correa, se daba cuenta de un listado de políticos y cargos públicos agasajados por la trama. Ahí aparecía un reloj de 2.400 euros para la entonces consellera de Turismo Milagrosa Martínez, adquirido en Joyería Suárez. La esposa y la hija del presidente Camps también recibieron, en la Navidad de 2008, joyas de regalo, según se desprendía de la transcripción de una grabación de las conversaciones entre El Bigotes y la familia Camps. El jefe del Consell explicó ante el juez que esos regalos los devolvió.

Antes de la citada compra navideña ordenada por Crespo, la propia caja B consigna al menos otras dos adquisiciones en Joyería Suárez. La primera es del 16 de junio de 2006 y asciende a 6.000 euros. En esa ocasión fue el mismísimo Francisco Correa quien dio "instrucciones" para sacar esa cantidad de dinero negro de la bolsa de la red y con esa finalidad. El 1 de agosto, Joyería Suárez hizo de nuevo caja por cuenta de Correa. Fueron 5.370 euros, un pago "autorizado por PC", se especifica en la contabilidad clandestina de Orange Market.

Paralelamente a las compras de alhajas circulaban los últimos preparativos de la visita papal con motivo del V Encuentro de las Familias y diversos gastos con cargo a la trama, pese a que, sobre el papel, nada tuvo que ver ésta con la organización. Así, el mismo 16 de junio en que se fechó una de las compras en Suárez, se produjo una entrega de 6.000 euros -curiosamente la misma cantidad- para cubrir gastos de un viaje a Italia relacionado con el evento de Valencia. El 23 de marzo, Pablo Crespo ya le había dado otros 2.000 euros a Álvaro Pérez para gastos de otro "viaje a Italia" relacionado con el Papa. Es más, la víspera del aterrizaje del avión del Santo Padre en Manises, Crespo sacó de la caja B un total de 10.000 euros para "gastos de producción visita del Papa".

Pagos clandestinos entre la red de Correa y Teconsa

El día que se supo que la trama Gürtel cobró 957.300 euros en comisiones por intermediar en el contrato de 6,4 millones de euros entre Canal 9 y Teconsa, según la versión policial, desde la cadena autonómica se subrayó que ignoraban las subcontratas de las que echó mano Teconsa, así como sus relaciones con firmas de Correa. Pues los vínculos entre la trama y Teconsa existen y van más allá de los acontecimientos relacionados con la visita papal.

Al margen de la efeméride religiosa y social, las empresas de Correa tienen un amplio rastro de relaciones con Teconsa. En la contabilidad B de Gürtel figuran varios apuntes de salidas y entradas de dinero entre la constructora y las firmas del entramado, entre abril y junio de 2007, año electoral. Por ejemplo, el 14 de junio Pablo Crespo recibe 36.000 euros "de Teconsa" y los ingresa en la caja B. Al día siguiente, está registrado un traspaso a la constructora por esa misma cantidad con la anotación añadida "Reintegro x ent. a PC 14/06/07". El concepto de primer apunte era "obras El Embrujo", una urbanización de Marbella.

Exactamente la misma mecánica (recibe el dinero Crespo y luego lo traspasa a una cuenta de Teconsa) se había seguido el 17 de abril de 2007. La cantidad de esos primeros movimientos clandestinos ascendió a 24.000 euros.

El informe de la Udef sobre el pago de comisiones se basa en parte en las anotaciones de la caja B, donde constan hasta tres entregas de dinero a Pablo Crespo, quien viajó expresamente a Sevilla. El 21 de junio recibió 88.850 euros, al día siguiente otros 256.000 euros y, en un tercer desplazamiento el 30 de junio, Crespo recogió 612.450 euros.

Un pellizco de esas cantidades se habrían ingresado en cuentas personales de Correa y otra parte (60.000 euros) fue a parar a un firma gestionada por Jacobo Gordon, el administrador de patrimoniales del cabecillla Gürtel como Castaño Corporate, que cobró otros 230.000 euros dentro de un total de otros dos millones en extras por la visita del Papa, recibidos por subcontratas y comisionistas, según uno de los informes de la policía judicial.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2009/12/08/caja-b-gurtel-revela-compras-joyas-relacionadas-contratista-visita-papa/658801.html

La ex mujer de El Bigotes posa para Interviú y cuenta cómo éste le instó a prostituirse con un político de derechas

Esther del Prado, ex mujer del presunto cabecilla de la red Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez El Bigotes, protagoniza la portada de la revista Interviú esta semana. Del Prado, presentadora, bailarina y azafata, rompió su relación con el imputado después de que éste le ofreciera prostituirse con un influyente político de derechas. Al parecer, El Bigotes estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para satisfacer a sus amiguitos, del alma, como el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, o no. Antes que al semanario, la ex mujer del supuesto corrupto había confirmado estos extremos en el programa de Telecinco La Noria.

Vea la entrevista de Esther Prado en La Noria

Tras su paso por La Noria, Del Prado ha concedido un posado y una entrevista a la revista Interviú, a la que ha contado cómo conoció a El Bigotes, un personaje que se cruzó en su vida “a finales de los ochenta” con quien mantuvo “diez meses de noviazgo y casi dos años de matrimonio”. “Yo era bailarina en el Café Berlín y él me ofreció trabajar en un espectáculo de Andrés Pajares, su tío político”, cuenta la artista. Entonces, el que llegaría a ser el cabecilla valenciano de la trama Gürtel no era más que “una especie de secretario”, convirtiéndose posteriormente en representante de artistas, incluida Del Prado.

Boda peculiar
La boda entre El Bigotes y la bailarina se celebró con inconvenientes –“diez días antes de casarnos, anulé la boda, pero Álvaro me rogó que no me echara atrás y acabé casándome”, admite ella-, pero con invitados de lujo como la musa del PP, Norma Duval, y su entonces marido, Marc Ostarcevic. También acudieron al enlace Andrés Pajares y Chonchi Alonso, tíos del novio. Del Prado resume su enlace como un evento con muchos “invitados de postín” y pocos amigos. “Había empresarios con los que él trabajaba, gente de la hostelería y del mundo de la farándula”, explica.

Prostitución con un político de derechas
La ruptura de la pareja se produjo en 1992, cuando el entonces marido invitó a su mujer prostituirse, poco después de posar en una revista. “Me ofrecieron un cheque en blanco para que yo pusiera la cifra”, cuenta. El compromiso era “pasar con esa persona un mes. No podía conocerlo hasta estar embarcados. Luego me quisieron convencer dándome su nombre, pero jamás diré quién es. Lo confieso, tengo miedo”. Preguntada por más detalles acerca del personaje y del intermediario de la transacción, un conocido periodista, Del Prado da más detalles sin precisar. El primero “era una persona influyente, un político”, “de derechas, “maduro pero no mayor, casado y padre de familia”, actualmente dedicado a los negocios. Del segundo, se limita a decir que era “un hombre de radio de toda la vida”.

Perfil de El Bigotes
“Me molestó que, cómo mínimo, Álvaro no se cabreara. Él no me coaccionó, pero pensó que yo podía caer en la tentación”, evidencia. Antes de llegar a este extremo, relata también los problemas de su ex esposo, a quien “le gustaba vivir por encima de sus posibilidades” con el dinero. Del Prado también traza un perfil de su ex marido. “Carece de estudios, pero su carisma le hace llegar adonde se proponga, tiene don de gentes y es muy listo. Cuando yo le conocí, no tenía bigote, y cuando se lo dejó me pareció espantoso, pero me dijo: ‘Algún día me conocerán por este bigote’”. En su opinión, al presunto cerebro valenciano de la red Gürtel, “más que el dinero le mueve el poder”. La última vez que Álvaro Pérez y su ex mujer coincidieron, “hace ocho años en un centro comercial”, este le contó que era el asesor de imagen de Aznar” y que la profesión de actriz “era de putas y de maricones”. Así las cosas, Del Prado dice que no se sorprendió al ver a El Bigotes en televisión como uno de los imputados en el gigantesco escándalo de corrupción.

www.elplural.com 08.12.09

Condenada Orange Market a indemnizar a un trabajador

La empresa del 'caso Gürtel', que está bajo control de dos administradores judiciales, no puede readmitir al afectado porque está "cerrada"

El Juzgado de lo Social número uno de Valencia ha condenado a la empresa Orange Market, implicada en el caso Gürtel, a pagar una indemnización de 13.854 euros a un trabajador que despidió de manera "improcedente", pero al que no puede readmitir porque la mercantil está "cerrada". La resolución judicial, dictada el pasado día 9 de noviembre y hecha pública hoy, responde a una demanda interpuesta por un trabajador contra la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, imputado en la trama corrupta como responsable en la Comunidad Valenciana de la red que lideraba Francisco Correa (en prisión).

La investigación del caso señala a Pérez como responsable del pago a través de la red de trajes a altos cargos del PP valenciano, entre ellos el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Además, la contabilidad de Orange Market sirvió supuestamente para financiar irregularmente al PP valenciano. La empresa se encargó de numerosos actos del partido y logró adjudicaciones millonarias de la Generalitat, entre ellas el stand de turismo de la Administración valenciana en Fitur. Orange Market y su responsable, Álvaro Pérez, también están implicados en el cobro de más de un millón de euros en comisiones ilegales por la sonorización de los actos de la visita del Papa a Valencia en 2006.

El despido del demandante, que se produjo en el 30 de junio de este año, se considera improcedente, pero "siendo imposible la readmisión por encontrarse la empresa cerrada", se la condena a pagar sendas cantidades en concepto de indemnización y de salarios de tramitación. Así el trabajador deberá recibir 4.687 euros como indemnización y 9.166 como salarios de tramitación, sin perjuicio de las prestaciones por desempleo que éste hubiera podido percibir. Esta resolución judicial no es firme, y por lo tanto cabe contra ella recurso.

El Juzgado de lo Social ha tenido que recurrir a la publicación en un boletín oficial de esta sentencia para notificársela a Orange Market, "que se encuentra en ignorado paradero". A mediados de noviembre, el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, que instruye parte del caso Gürtel, puso Orange Market bajo control de dos administradores judiciales que, además, se han hecho cargo de la intervención de pagos urgentes de la sociedad. De esta manera, Álvaro Pérez, imputado en la investigación de la trama corrupta, ha perdido la condición de presidente y consejero de Orange Market.

www.elpais.es 07.12.09

Enrique Pérez Boada se convirtió ayer en el segundo alto cargo de la Generalitat relacionado con la visita del Papa a Valencia en julio de 2006, cuya organización es objeto de una investigación judicial, que deja su puesto. Pérez Boada, que fue comisionado de la Generalitat para el quinto Encuentro Mundial de la Familia, explicó que antes de Navidad dejará la dirección del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), en la que lleva desde 2003.

Aunque Pérez Boada atribuyó su marcha a una decisión profesional, se produce pocas semanas después de hacerse público que el juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, requirió a la Generalitat toda la información sobre la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia y sobre la organización del viaje papal, en el que la trama de corrupción liderada por Francisco Correa obtuvo ganancias.

Ya el pasado 28 de agosto, el director general de Ràdio Televisió Valenciana, Pedro García, dimitió sin más explicaciones. Posteriormente se ha sabido, gracias a un informe de la Brigada Policial contra el Blanqueo de Capitales, que la red corrupta cobró más de un millón de euros en comisiones ilegales de la sonorización y montaje de pantallas para la visita de Benedicto XVI contratadas por RTVV.

La dimisión de Pedro García cobró una nueva luz cuando su sucesor al frente de RTVV, José López Jaraba, explicó en las Cortes, que el 11 de septiembre, como responsable en funciones de la empresa autonómica de radiotelevisión, envió al juez Pedreira el contrato que había solicitado con la constructora Teconsa por 6,4 millones de euros del que la trama de corrupción, según la policía, logró fraudulentamente más de un millón.

Tras esa revelación, fue la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, quien explicó que la Generalitat había tenido que enviar al juez información sobre la organización de la visita del Papa y la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, formada por la Generalitat, el Ayuntamiento, la Diputación y el arzobispado de Valencia, una entidad que nunca ha explicado sus gastos ni el origen de su financiación.

Pérez Boada, que ya era director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), tuvo, junto a otros miembros del Opus Dei y militantes del PP, un papel relevante en la organización de la visita como comisionado de la Generalitat, bajo la supervisión de Juan Cotino, ahora vicepresidente tercero del Consell.

El director del IVF asume las tareas de supervisión de todas las entidades financieras que operan en la Comunidad Valenciana y dispone de información privilegiada sobre la situación real de los balances, entre otras, de las dos grandes cajas de ahorro valencianas.

Su marcha coincide con la decisión del presidente de la Generalitat de impulsar personalmente una fusión entre Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM), la tercera y cuarta cajas de ahorro de España.

El presidente de la Generalitat y su vicepresidente económico, Gerardo Camps, han sugerido que esa fusión debería acordarse antes del próximo verano para poder optar a las ayudas que ofrece el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) que gestiona el Banco de España. El FROB está diseñado para aliviar el peso de los activos más dudosos que acumulan bancos y cajas de ahorro.

Pérez Boada, que aseguró desconocer quién le relevará en el cargo, deja a su sucesor una patata caliente en todo lo relativo a la tutela desde la Generalitat de un eventual proceso de fusión entre Bancaja y CAM.

El todavía director del IVF, que fue padre de su segundo hijo hace unos días, insistió en atribuir su salida a razones familiares. "La política es efímera", sentenció.

Sobresalto para el presidente de la Generalitat en la localidad alicantina de Petrer. Lo que iba a ser una visita como tantas otras, se tornó inesperadamente ayer en una situación incómoda. Un grupo de alrededor de diez jóvenes que portaban un cartel en el que se podía leer "Antifascistas del País Valenciano" protagonizaron por la mañana una pitada dirigida al presidente del Consell, que en esos momentos inauguraba las dependencias municipales y la plaza del Derrocat de esta localidad del Vinalopó Mitjà. Y con gritos de "Camps dimisión", "cohecho" y "corrupto", el grupo optó por seguir a la comitiva oficial que presidía el jefe del Consell durante el recorrido que se realizó por las distintas dependencias municipales motivo de la visita.

La de ayer es la segunda ocasión en la que el presidente Camps es increpado en la calle durante las últimas semanas. A mediados del pasado mes de noviembre, un joven llamó a Camps "ladrón", "corrupto" y "desgraciado" cuando el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) salía de un comité de dirección del partido en Valencia. En aquella ocasión, Camps se encaró al joven en la calle y le pidió aclaraciones mientras intentaba hablar con él sin éxito. "¿Por qué me dices eso?", o "no, no, ven y cuéntamelo", reclamaba Camps durante los metros que siguió al joven, mientras éste ignoraba la llamada y se alejaba de la zona.

Ayer en Petrer, sin embargo, el presidente de la Generalitat optó por saludar con la mano al grupo que le increpaba en plena calle y a renglón seguido continuó la visita que le había llevado a la población como si nada hubiera ocurrido, según explicaron diversos testigos.

El episodio fue un aviso para navegantes y el acto público que estaba previsto inicialmente en la plaza del Derrocat terminó por trasladarse al interior del Ayuntamiento de la localidad, donde finalmente el presidente Camps y el alcalde de Petrer, Pascual Díaz, realizaron sus intervenciones ante los presentes. Allí, el presidente de la Generalitat habló del Plan Confianza, al que no dudó en considerar "la mayor inversión de la historia para todos los municipios".

Las excelentes relaciones comerciales que mantiene el alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, del PP, con los empresarios que tienen intereses urbanísticos en la localidad llegan hasta el extremo de compartir con ellos la propiedad de la práctica totalidad de un bloque de apartamentos frente al Club Náutico de Altea en el que incluso ha llegado a comprar una vivienda la madre del regidor. Ángela García Sáiz compró, casi al mismo tiempo que su hijo adquiría dos apartamentos, un piso con plaza de garaje en la finca donde también son propietarios de otras cinco viviendas Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme a través de diferentes sociedades.

Ambos tienen cargos en las empresas que ostentan la condición de agente urbanizador de los planes urbanísticos de la Serreta y Pie de Monte, en La Nucia, además de haber sido agraciados con unas permutas de suelo que les permitieron doblar su valor en menos de un año, con un beneficio de más de 17 millones de euros.

La promotora a la que Cano y su madre compraron casas en Altea es la sociedad Rotja 2000, Promociones SA, que tiene como administradores a Gerardo Martínez Riquelme y a José Ignacio de la Serna. Este último también tiene intereses en La Nucia y es el propietario de un chalé en el municipio conocido como "el Choco", donde diferentes empresarios y políticos de la comarca y algunos imputados en la trama Gürtel han acudido a celebraciones en las que no faltó el componente sexual.

La madre de Cano ha invertido 303.502 euros en comprar al contado un piso de 72 metros cuadrados útiles, aunque, como en el caso de su hijo, la notaría que escrituró la vivienda anotó que 87.396 euros, pagados en tres plazos entre marzo de 2004 y diciembre de 2005, no habían sido acreditados, es decir, que no aportó los justificantes de un ingreso en efectivo y dos transferencias por ese importe ante la fedataria pública María Dolores Signes Verdera, que está obligada a advertirlo en la escritura pública.

Bernabé Cano tampoco ha acreditado hasta ahora el pago de 215.302,78 euros por la compra de dos pisos en el mismo edificio, uno de ellos un ático dúplex de 247 metros con 116 útiles. El alcalde nuciero compró por 823.000 euros las dos viviendas, según figura en las escrituras, aunque diversas fuentes del sector inmobiliario han confirmado que sólo el precio del ático de su propiedad ya valía en el momento de comprarlo más de un millón de euros.

Cano ha justificado el origen del dinero con una relación de cuentas bancarias de la familia y dos donaciones de su madre, pero no ha mostrado los justificantes de un ingreso en metálico y tres transferencias bancarias que les sirvieron para pagar un ático escriturado en casi 470.000 euros al contado.

Otras cinco de las 12 viviendas del inmueble están escrituradas a nombre de las sociedades limitadas Zentimar, Gothouse, Spass Gestión y R&S Noción, vinculadas a Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme, ambos con intereses urbanísticos en La Nucia. Una de las empresas de estos dos empresarios -Saga Bonperal, SL- ya urbanizó en 2002 el sector La Favara, que era propiedad de la madre y el tío de Bernabé Cano. Allí se construyeron 400 viviendas, otros tantos garajes y decenas de locales comerciales.

La relación de Rocamora y Riquelme con Cano ha continuado en el tiempo con fluidez. El 8 de junio de 2005 le compraron a Dragados a través de la sociedad Gestrumar 10 parcelas en los PAI de la Serreta y Pie de Monte con una superficie total de 362.866 metros. Dragados había permutado el mismo día al consistorio ese suelo a cambio de tres obras municipales. En menos de un año Gestrumar obtuvo unas plusvalías de 17.210.000 euros con la venta de 9 de las 10 parcelas, y aún se quedó la más grande, de más de 115.000 metros, en Pie de Monte.

Esta operación les sirvió para tener el peso necesario en las empresas que obtuvieron la condición de agente urbanizador de ambos planes urbanísticos. Figuran con diferentes cargos en Cases del Pinar, SL, empresa liderada por Andrés Ballester para urbanizar la Serreta, de 2,7 millones de metros en los que se pretende construir 3.884 viviendas y un campo de golf, y Montemar la Nucia, SL, la concesionaria de la urbanización Pie de Monte. Allí está aprobada la construcción de casi 400.000 metros de techo en menos de un millón de metros de suelo.

Las últimas informaciones referidas a las propiedades del alcalde de La Nucia ya indujeron al vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, a solicitar públicamente que Bernabé Cano diera explicaciones públicas, aunque no lo ha hecho. Cano fue elegido el 9 de noviembre presidente del PP de La Nucia.

Allí estuvo la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, en representación del presidente provincial José Joaquín Ripoll. Cano no hizo esta vez en su discurso alusión alguna a Camps, con quien estuvo tan identificado en otros tiempos, y se deshizo en elogios hacia la dirección provincial alicantina, en un cambio de rumbo político evidente. El alcalde de La Nucia sigue siendo diputado provincial de Deportes.

JUAN COSTA: ´CAMPS DEBE ASUMIR LA RESPONSABILIDAD POR TODO SU EQUIPO EN EL CASO GÜRTEL´

Diputado del PP y ex ministro. Pasó por Orihuela la semana pasada para lanzar sus propuestas económicas. El ex ministro, que estuvo acompañado de su hermano Ricardo, participó en un acto de la Diputación de Alicante junto a Joaquín Ripoll. Pero gran parte de los focos del Teatro Circo oriolano apuntaron al caso Gürtel

¿Hay alguna receta para salir de la crisis económica bajo el parámetro de la sostenibilidad, tal como usted plantea?

Sin duda. Tenemos que poner en marcha una nueva política económica. España, en momentos difíciles, es capaz de tener liderazgo. Y si hacemos las cosas bien saldremos de la crisis. Pero este Gobierno ni tiene política económica, ni proyecto y es incapaz de demostrarle a los españoles que puede echarse el país y la economía a la espalda y encontrar el camino correcto.

Para crisis, los problemas de Camps y del PP en la Comunitat a raíz de la operación Gürtel...

Hay que reconocer que mi partido ha tenido y tiene un problema muy grave. Durante un periodo de tiempo ha trabajado con un grupo de empresas que forman parte de una trama corrupta y, en mi opinión, el PP tiene que dar una explicación. Algo se habrá hecho mal cuando durante seis años se ha trabajado con una trama de empresas que están vinculadas a un caso de corrupción. Hay que demostrar que se ha actuado correctamente en el ámbito de la Generalitat y garantizarle al conjunto de nuestros militantes y, sobre todo, a los valencianos que esto nunca más va a volver a producirse.

¿Coincide con Ripoll en que Ricardo Costa es un cabeza de turco?

No tengo ninguna duda de la honradez personal de Ricardo Costa. Es mi hermano pero también el secretario general del PP en la Comunitat. Creo que es una persona honrada y que lo ha demostrado. Y, en este sentido, pienso que no existía ninguna razón para suspenderle de militancia. Fue una decisión injustificada y que el PP tiene que demostrar que no ha actuado de manera arbitraria en el caso de Ricardo Costa.

¿Su partido aplica una doble vara de medir con el caso Gürtel?

Si lo que se le recrimina a Ricardo Costa es que se ha atribuyó funciones de secretario general cuando no lo era, eso es falso. Si alguien faltó a la verdad, alguien mintió o se produjo una declaración falsa, el partido debería investigarlo. Y me es igual de quién sea la responsabilidad.

No considera entonces que Camps haya resuelto la crisis en el PP.

Se resuelven cuando los ciudadanos confían. El PP tiene que aprovechar la crisis para salir fortalecido, trabajar más unido y superar cualquier tensión o conflicto pasado. Espero que mi partido tome nota y aprenda. Eso significa que nos dejemos de cuitas internas y nos centremos en trabajar todos unidos.

¿Camps ha gestionado mal la crisis originada por el caso Gürtel?

Aquí puedo tener una opinión personal afectada por ser Ricardo Costa mi hermano. Dicho eso, sí considero que la obligación del presidente del partido es asumir las responsabilidades por todos sus colaboradores. Y un presidente tiene que ser muy leal con los miembros de su equipo.

¿No lo ha sido Camps?

Tiene que ser leal con su equipo.

¿Tiene fecha de caducidad como líder del PP en la Comunidad?

Desearía que no. Creo que Camps ha hecho un buen trabajo y que puede ser un gran líder para los valencianos. Pero debe trabajar para recuperar cualquier confianza que se haya perdido o debilitado; y para reducir el impacto negativo que pueda haber tenido en el PP lo que hemos vivido en los últimos meses. Debe trabajar para superar esa situación. Hay que reconocer las cosas: al PP en la Comunidad esta crisis no le ha favorecido. Le ha hecho daño. Hay que reconocer siempre las cosas para construir un futuro mejor. En ese caso, espero que Camps pueda ganar muchas elecciones como presidente de la Generalitat.

Se queja Joaquín Ripoll de que no se tiene en cuenta al PP de Alicante ni desde la dirección regional ni desde el Consell. ¿Lo comparte?

Seguro que Joaquín Ripoll tendrá su parte de razón y, probablemente, también la dirección autonómica del PP y la Generalitat pueden tener, en ocasiones, la suya. Dicho eso, creo que Ripoll es un gran presidente de la Diputación y un muy buen presidente del PP. Me alegro muchísimo de que ganara el congreso provincial de hace un año. Lo que quiero es que el PP trabaje unido. Que no haya grupos ni familias. Y entiendo que esa es nuestra responsabilidad.

Usted trató de disputarle a Rajoy la presidencia del PP hace año y medio, ¿piensa que Camps puede acabar arrastrando a Mariano Rajoy?

Lo que pudo haber pasado hace un año y pico no es lo sustancial ahora. El PP es un buen partido. El PP es una gran alternativa. Nuestros éxitos nos fortalecen y nuestros fracasos y desaciertos nos debilitan. Y esto es una realidad en la política o en la empresa. Tenemos que salir fortalecidos de esta situación y Mariano Rajoy, en las últimas semanas, ha tomado decisiones que le van a permitir salir bien de la crisis. Pero, en todo caso, aquí lo importante no es lo que piense yo, sino demostrarle cada día a los españoles que somos la mejor alternativa, la alternativa en la que se puede confiar, la alternativa del cambio, la alternativa de futuro y eso sólo se consigue con el trabajo y el esfuerzo diario.

(www.levante-emv.com, 30/11/09)

El PP confía en que se rechace la querella del 'caso Gürtel'

Llamazares (IU) avala la presentación de 13 medidas contra la corrupción

El debate sobre la corrupción está ya en la agenda de todos los partidos políticos, aunque cada uno arrima el ascua a su sardina. Ayer, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de pedir información al TSJ de Madrid, al PP y a las Cortes Valencianas para decidir si es o no competente para investigar la querella del PSPV por supuesta financiación irregular de los populares valencianos, cada partido hizo su propia lectura.

El delegado del Gobierno dice que los tribunales investigarán el caso

El secretario general del PPCV, Antonio Clemente, manifestó su confianza en que la querella presentada por el PSPV a raíz del caso Gürtel no sea admitida por el TSJ de la Comunidad Valenciana. La solicitud de información antes de pronunciarse sobre la competencia, según Clemente, "no supone nada que haga pensar que la querella va a ser admitida". Además, para el número dos de los populares valencianos el tribunal no ha atendido, de momento, varias de las pruebas solicitadas por los socialistas como información de la junta electoral, del Banco de España o de la Agencia Tributaria.

El secretario general del PP valenciano volvió a arremeter contra la decisión del PSPV de presentar la denuncia, que tildó de la "mayor equivocación política que ha cometido el PSOE desde que existe en la Comunidad Valenciana", y que incluyó como "una parte más de esa cacería que lleva contra el presidente Camps".

Menos beligerante estuvo la consejera portavoz, Paula Sánchez de León, que se limitó a señalar su "respeto absoluto a un procedimiento que está siguiendo su curso".

Por su parte, el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, se mostró convencido de que, "efectivamente", los tribunales van a investigar la trama de corrupción vinculada al caso Gürtel y lo harán "con todo rigor". "Bien los tribunales valencianos, bien los de Madrid, que en estos momentos pueden tener ya iniciadas actuaciones en relación con esta materia".

En este contexto, el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, calificó ayer de "contradictorio" que el PP proponga un pacto contra la corrupción por un lado y, por otro, "pida la impunidad de los corruptos".

Llamazares explicó ayer en Valencia las 30 medidas que planteará en el Congreso para luchar contra la corrupción que, en su opinión, "procede de un modelo económico, especulativo y de dinero negro, que afecta a una parte de la política y contamina al resto". Las medidas que defenderá Llamazares están relacionadas con la economía sumergida, la regeneración fiscal y la lucha contra la corrupción política. En ese contexto, la coordinadora general de Esquerra Unida, Marga Sanz, presentó ayer la proposición no de ley que defenderá en las Cortes Valencianas. Esta iniciativa insta al Consell a adoptar estas 13 medidas para "acabar con la corrupción y recuperar la credibilidad de los políticos y los mecanismos de participación".

Las 13 medidas se agrupan en cuatro bloques: funcionamiento de la Administración valenciana, medidas de control de contratación y de procedimientos urbanísticos, reformas legislativas y mejora de la transparencia.

Entre las propuestas más llamativas formuladas por Esquerra Unida figura la petición de reforma urgente de la Ley Urbanística Valenciana para dotarla de mecanismos de transparencia y limitación de las plusvalías; la creación de una comisión especial en las Cortes de seguimiento de los procedimientos de contratación; la creación de un registro público donde consten los ingresos y el patrimonio de los cargos públicos de la Generalitat y el incremento de medios de la Fiscalía.

Marga Sanz indicó que en el PP "no son capaces" de cumplir las propias propuestas lanzadas por Mariano Rajoy para combatir la corrupción.

www.elpais.es 28.11.09

El Tribunal Superior valenciano abre la vía para investigar la financiación irregular del PP

Pide información al TSJ de Madrid para decidir si acepta la querella socialista contra Camps.- La denuncia por financiación ilegal del PP se basa en un informe policial que investiga el juez Pedreira

La Sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) ha abierto una vía para investigar la financiación del PP, pese a que aún no ha decidido si es o no competente para investigar la querella presentada por los socialistas contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, los cabecillas de la trama Gürtel y varias empresas. La Sala ha dejado claro a través de una nota que los hechos relatados en la denuncia son objeto de una investigación penal. La incógnita es saber cuál es la instancia judicial competente.

Durante una reunión celebrada esta mañana, la sala de Lo Civil y Penal ha decidido solicitar información al Tribunal Superior de Madrid sobre sus investigaciones en relación con el caso Gürtel porque ese tribunal se hizo cargo hace casi dos meses del informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional que recoge indicios de la supuesta financiación irregular. Lo incorporó a la investigación sobre la trama Gürtel que abrió tras recibir la causa de la Audiencia Nacional.

El TSJCV pide también información a las Cortes valencianas sobre el aforamiento de las personas que aparecen en la querella de los socialistas, entre ellos: el presidente Francisco Camps, el vicepresidente del Consell Vicente Rambla, y el diputado y vicesecretario de Organización del PP valenciano, David Serra. Además, pide al Registro de Partidos que le ofrezca datos sobre el grado de autonomía o de dependencia orgánica y económica del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Y al propio PP que confirme las responsabilidades que en dicha organización tiene algunos de los querellados.

Los socialistas incluyeron en su querella a 17 personas: altos cargos del Gobierno autonómicos, del PP valenciano, varios implicados en la trama Gürtel y cinco empresas constructoras valencianas, una de ellas de la familia del también vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino. Por tanto, el tribunal, aún sin pronunciarse sobre su competencia, abre camino para investigar la financiación de los populares.

El informe policial de la brigada de blanqueo en el que se basa la querella revela, entre otras cuestiones, que la trama de corrupción liderada por Francisco Correa, actualmente en la cárcel, cobró más de un millón de euros de comisiones ilegales por actos de la visita del Papa a Valencia en 2006. También desvela que cinco empresas valencianas habrían financiado irregularmente al PP a través de una doble facturación de la empresa de la trama Orange Market.

El TSJ despreció ese informe cuando estaba en fase de deliberación sobre la causa abierta contra el presidente Francisco Camps por supuesto delito de cohecho impropio por aceptar trajes de la trama Gürtel. Ahora, y tras la querella de los socialistas, el tribunal que preside el magistrado Juan Luis de la Rúa pide información al TSJ de Madrid, al Ministerio del Interior, al PP valenciano, a las Cortes Valencianas y a la Junta Electoral Central. Según la nota del TSJ valenciano, el tribunal "quiere establecer, para el caso de que admita su competencia para estudiar la querella presentada, que los hechos a los que se refiere ésta no están siendo objeto de investigaciones judiciales simultáneas por órganos judiciales diferentes, pudiendo dar lugar a interferencias procedimentales, dada la interrelación existente entre los mismos y a la que expresamente se refiere el informe policial mencionado".

El informe policial que sustenta la querella dirigida contra 17 personas, entre ellas el propio Camps y el vicepresidente Vicente Rambla, fue remitido por la Brigada de Blanqueo de Capitales el pasado 31 de julio al TSJ valenciano, a la Fiscalía Anticorrupción y al TSJ de Madrid, donde se investiga la causa principal del caso Gürtel que inició el juez Baltasar Garzón desde la Audiencia Nacional.

www.elpais.es 26.11.09

EL PP EN EL ESPEJO DE LA CORRUPCIÓN

La batalla de la transparencia suscita en el PP reacciones contradictorias. Ayer mismo, el consejo de dirección de los populares valencianos eludió cualquier acuse de recibo sobre la propuesta del líder nacional del partido, Mariano Rajoy, de implantar 50 medidas contra la corrupción. Se hizo eco, eso sí, de los ataques de Esteban González Pons contra la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega -el portavoz parlamentario y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, abundó en el argumento de que supuestamente "mintió a la opinión pública valenciana"-, pero no de la indicación del vicesecretario nacional de Comunicación del PP en el sentido de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y los diputados autonómicos habrán de hacer públicas sus declaraciones de bienes.

Como es lógico, no pasó desapercibido el asunto a la oposición. Si el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, ya adelantó el sábado que asumía las medidas propuestas por Rajoy y le emplazaba a añadir otros aspectos relacionados con el control del urbanismo o la televisión autonómica (hoy intervendrá en la tertulia matutina Bon dia Comunitat Valenciana, de Canal 9, el portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna, ignorado durante mucho tiempo), ayer mismo movió ficha el grupo parlamentario.

La diputada Carmen Ninet presentó una propuesta de resolución para que se hagan públicas las declaraciones de bienes y actividades de todos los diputados, del presidente de la Generalitat, de los miembros del Consell y de otros altos cargos. "Lo hemos planteado dos veces, en dos legislaturas y han dicho que no", explicó Ninet. "La última vez que lo rechazaron era portavoz parlamentario el señor González Pons".

Tras recordar que los diputados socialistas hicieron públicas sus declaraciones a través de la página web del PSPV y que posteriormente hizo lo mismo Jorge Alarte, Ninet aseguró que su grupo tiene la intención de plantear todo tipo de iniciativas en las Cortes Valencianas relacionadas con las medidas propuestas por Rajoy. "Aquí fue diputado Carlos Fabra", señaló Ninet, "y no hemos visto nunca su declaración de bienes". Precisamente en alusión a Fabra, la diputada de Esquerra Unida Marina Albiol destacó lo contradictorio que resulta que el PP hable de "dignificar la vida pública" mientras un imputado en tráfico de influencias y fraude fiscal como Fabra mantiene su cargo público.

Los socialistas, explicó Carmen Ninet, van a hacer de la exigencia de transparencia el eje de su política, ante los escándalos de corrupción que afectan al PP y al Consell, con el presidente Francisco Camps en primer término. "Vamos a presentar iniciativas sucesivas sobre las 50 medidas de Rajoy", anunció la diputada.

Tras hacerse pública la propuesta del PSPV, el secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, emitió un comunicado en el que criticó a los diputados socialistas porque sus declaraciones de bienes, "sorprendentemente, han desaparecido de su página web" y los acusó de "haberse opuesto a que se investiguen públicamente las cuentas de los partidos políticos", en alusión a la negativa del PSPV a convertir su propuesta de investigar las contrataciones de la trama de corrupción de Francisco Correa y Álvaro Pérez con la Generalitat en una comisión sobre la financiación de todas las formaciones políticas.

Según Clemente, "Camps hizo pública su declaración de bienes el pasado mes de abril, mientras la vicepresidenta De la Vega publicó en el Boletín Oficial del Estado unos datos ininteligibles". La "declaración de bienes" de Camps mencionada por el secretario general de su partido fue una breve nota de prensa que nadie consideró un documento formal.

UNA PROPOSICIÓN NO DE LEY

Los socialistas presentaron ayer en las Cortes una proposición no de ley que, prácticamente con toda probabilidad, no se debatirá hasta el próximo periodo de sesiones, a partir de febrero. La iniciativa incluye dos puntos.

- Hacer públicas las declaraciones de bienes y actividades de todas las diputadas y diputados, tanto en el Boletín Oficial de las Cortes como en la página web del Parlamento autonómico.

-Instar al Consell de la Generalitat a "hacer públicas las declaraciones de bienes y de actividades de todos y cada uno de los cargos de la administración autonómica valenciana, así como las de los altos directivos de las empresas públicas y de los organismos públicos dependientes

(www.elpais.com, 24/11/09)

PROMOTORES LIGADOS AL ALCALDE INVIRTIERON EN LA NUCIA 19 MILLONES PARA UN PELOTAZO CON CORREA

"Tengo un tema gordo en Valencia, con un PAI prácticamente cerrado, el tío pide 1.000 kilos más. Compramos a 10.000 y vendemos a 20.000. Ganamos 12.000 kilos. Un empresario pone el 50% y yo otro 50%. De mi 50% yo reparto con Ramón Blanco, con Álvaro [Pérez, "El Bigotes"], con Pablo [Crespo] y con el alcalde [Bernabé Cano]. Hay un tema medioambiental que lo desbloqueo yo". Al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, le cuadraban las cuentas de la lechera expresadas en esta grabación del sumario Gürtel.

De la mano del empresario José Luis Ulibarri -cuya empresa Mediamed se llevó 13 licencias de TDT del Consell- estaba a punto de comprar el PAI Pie de Monte y hacer un negocio de 72 millones de euros. Pero las negociaciones, a base de presionar a los propietarios, descarrilaron a última hora. En ese primer envite, uno de los negociadores, en representación de Correa, era Jacobo Gordon, amigo del yerno de Aznar, Alejandro Agag. Pero hubo un segundo intento, que sí fraguó. El que protagonizaron, a través de la sociedad Inerzia Sociedad de Gestión, S. L., Gerardo Martínez Riquelme y Antonio Rocamora, personas estrechamente vinculadas al alcalde de la Nucia, Bernabé Cano. Según documentación a la que ha tenido acceso este diario, Inerzia invirtió 19 millones de euros en la adquisición del 66% de Montemar la Nucia, la urbanizadora del PAI Pie de Monte, uno de los dos grandes proyectos urbanísticos del municipio de la Marina Baixa, junto con La Serreta.

En su declaración judicial, Gordon explicó que lo único que Inerzia firmó fue una opción de compra con los propietarios, entre ellos el promotor Francisco Murcia Puchades, quien tras estallar el escándalo Gürtel declaró que Correa lo había presionado para que vendiera con la amenaza de que si no lo hacía el PAI -bloqueado por insuficiencia hídrica- no saldría adelante. "Lo mandé a la mierda", declaró Murcia Puchades.

Los empresarios dieron la cara, pero del intento de hacer negocio no había dimitido Correa. Los dos promotores iban de la mano de Correa y de Álvaro Pérez, el Bigotes, residente vacacional en la Nucia y también íntimo amigo del alcalde, Bernabé Cano. Fuentes conocedoras de la operación explicaron que Inerzia pretendía ceder un tercio del PAI a la firma Hator Consulting cuando el proyecto (aprobado en septiembre de 2004 por el consistorio) fuera desbloqueado, cosa que no ha sucedido. La consultora Hator es una de las sociedades más activas de la trama Gürtel en cuestión de negocios del sector del hormigón. El administrador único es Pablo Crespo -número dos de la organización-, quien sucedió en el cargo a Ramón Blanco Balín.

Los dos gestionaban también Castaño Corporate, la firma que, como contó Levante-EMV, blanqueó 756.240 euros en una parcela de 12.000 metros en el PAI del Algar tras cobrar comisiones vinculadas al contrato de Canal 9 y Teconsa por la visita del Papa.

Martínez Riquelme y Rocamora son algo más que amigos de Cano. A través de Saga Bonperal, S. L., estos dos promotores urbanizaron diez parcelas a nombre de la madre -Ángeles García Sáiz- y tío -Gabriel García Sáiz- del alcalde Cano. La familia era la propietaria de los terrenos del sector la Favara y el ayuntamiento les otorgó, el 7 de octubre de 2002, la condición de agente urbanizador. Dos meses después, Saga Bonperal asumió el desarrollo del proyecto tras pagar más de 3 millones de euros por 10.551 metros y, posteriormente, adquirió otras siete parcelas de parecido tamaño. En la propiedad de Inerzia participaba también la firma Gestrumar 2001 SL, también de Martínez Riquelme y Rocamora.

La inversión en Pie de Monte se ha tragado las ganancias que dieron estos empresarios, vía Gestrumar 2001, en una permuta de suelo que propició Bernabé Cano en 2005. El ayuntamiento adjudicó a Dragados, por concurso, nueve parcelas municipales en el PAI la Serreta por un importe de 16,7 millones a cambio de la construcción de la Casa de Cultura, el auditorio e infraestructuras complementarias. El 8 de junio, Dragados escrituró los terrenos. Y ese mismo día en la misma notaría, Dragados vendió a Gestrumar 2001 las parcelas sin incrementar un céntimo el precio. Meses después, la sociedad de los amigos del alcalde revendió a Iberdrola y Capital Golf, S. L., nueve de estos bienes inmuebles por más de 34 millones. El pelotazo superó los 17 millones.

Gestrumar se quedó la parcela más grande, tasada en 4,3 millones, y esta es una de las razones por las que Martínez Riquelme y Rocamora son también urbanizadores del PAI de la Serreta, un proyecto de 2,8 millones de metros y 3.884 casas con campo de golf, de cuya sociedad gestora -Cases del Pinar- son consejero delegado y vicepresidente, respectivamente.

(www.levante-emv.com, 24/11/09)

DÚPLEX A TOCATEJA Y ´UN POLLO DE PUTA MADRE CON TÍAS´

Los vínculos de Bernabé Cano con Gerardo Martínez Riquelme son estrechos. Cano adquirió en 2003 y 2005 sendas viviendas, en primera línea de mar en Altea, a la sociedad Rotja 2000 Promociones, S. L., uno de cuyos administradores es ese promotor. Según los diarios madrileños El País y El Mundo, Cano pagó al contado 470.000 euros que costó el ático dúplex de 247 metros construidos a la escritura. Después abonó 106.000 euros por transferencia por el piso, de 312.000 euros. Según El Mundo, Cano sólo tiene una hipoteca de 180.000 euros por los dos inmuebles.

Este constructor es uno de los que montaron el "txoco" o club gastronómico en el que se celebraron fiestas sexuales durante las negociaciones de los PAI en las que participaron Correa, el alcalde y Jacobo Gordon, entre otros. En la transcripción policial de las cintas, Correa explica que se ha hecho "íntimo amigo del alcalde", que tiene un "choco montado allí de la hostia (...) que se lo han montado unos amigos constructores de la zona, que son muy sanos y campechanos". Correa cuenta que "cerraron un restaurante y luego montaron un pollo de puta madre con tías". Después describe una fiesta en el "choco". Entre otros invitaron a "Pedrito, de Canal Nou" [sic]. "Estaba Jacobo, que está negociando técnicamente el tema urbanístico", comenta Correa, que cuenta detalles: "Todos estaban allí en pelotas, cada uno con una tía".

Por otra parte, el instructor del caso Gürtel en el TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, impuso ayer una fianza de 750.000 euros al diputado de Madrid Alfonso Bosch y de 650.000 euros a Felisa Jordán, ex administradora de Easy Concept, la sociedad que montaba el pabellón valenciano en Fitur. Jordán elaboraba las ofertas que presentaba Orange Market en el concurso de Fitur, que se llevó durante cinco ediciones consecutivas. El juez quiere asegurar las responsabilidades económicas de ambos imputados.

(www.levante-emv.com, 24/11/09)

DE LA RÚA ENCARA OTRA VEZ EL 'CASO GÜRTEL' ESTA SEMANA

La piedra que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) empujó laboriosamente en verano para librar del banquillo a Francisco Camps por el caso Gürtel ha vuelto a caer monte abajo. Juan Luis de la Rúa, jefe interino del tribunal en espera de relevo y el juez a quien el presidente de la Generalitat definió como "más que amigo", ha topado de nuevo con el caso.

De la Rúa tendrá que sentarse esta semana con otros cuatro magistrados para decidir si admite o no la querella planteada por el PSOE contra Camps y otros 16 posibles implicados en la presunta financiación irregular del PP. Entre ellos figuran cuatro diputados: Ricardo Costa, ex número dos del PP valenciano; Vicente Rambla, vicepresidente primero de la Generalitat; David Serra, vicesecretario de Organización regional del partido; y la tesorera, Yolanda García. Fuentes del tribunal valenciano confirmaron el viernes que las deliberaciones comenzarán el martes o el jueves, los días en que la sala celebra sus reuniones semanales. Los socialistas confían en una decisión rápida, pero nadie puede asegurar con certeza cuánto tardarán los magistrados valencianos en determinar, primero, si son competentes para investigar los hechos denunciados y, después, si esos hechos presentan visos de delito. Si el tribunal lo cree oportuno, adoptará ambas decisiones en la misma sesión.

A diferencia de lo ocurrido con el caso de los trajes, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV no se enfrenta ahora a la tarea de dilucidar si, al aceptar regalos de la trama corrupta, el presidente de la Generalitat y líder del PP valenciano cometió un delito de cohecho impropio, la modalidad más leve de soborno.

Encara algo mucho más grave: la querella del PSOE clava sus cimientos en el demoledor informe donde la Brigada de Blanqueo de la Policía destapó numerosos indicios de que el PP valenciano se había financiado ilegalmente gracias a una relación simbiótica con la trama corrupta y su principal marca valenciana, Orange Market, organizadora de los actos del PP y que recibió más de siete millones de euros en contratos de la Comunidad, entre ellos los relativos a la organización de los stands para ferias de turismo. Al frente de Orange Market, el hombre de confianza de Francisco Correa en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes.

La Policía describe cómo funcionaba el reparto de papeles en el PP. Se confeccionaban, dice el informe, "facturas ad hoc con conceptos acordados al efecto entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez. David Serra participa eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de abono, y Yolanda García, librando los fondos a indicaciones de Ricardo Costa con conocimiento de la emisión de una factura por conceptos ficticios".

Tanto de Costa como de Serra y García, el informe aporta numerosos indicios que adquieren casi el rango de pruebas. En lo que concierne a Camps y Rambla, parece menos clara su participación directa: el informe no incluye ninguna conversación en la que participe alguno de los dos, aunque sí referencias indirectas a que conocían lo que estaba sucediendo. Incluso hay alusiones directas de Álvaro Pérez a la posibilidad de enviarle mensajes a Camps a través de su mujer, Isabel Bas, dependiendo de "la cara que pusiera Vicente [Rambla]" en una de las reuniones que El Bigotes decía mantener con él para pedirle contratos y dinero.

El Bigotes pactaba con la tesorera del partido qué concepto había que anotar en una factura, discutía amigablemente con Costa, Ric, sobre cómo desbloquear la deuda del PP con Orange Market y pedía con absoluta normalidad a Rambla que favoreciera a la empresa con contratos.

Pérez también escuchaba a David Serra contarle cómo el "presi", Camps, estaba al tanto "de todo". El 2 de febrero de este año, cuatro días antes de que Baltasar Garzón cortara los primeros hilos de la red corrupta, El Bigotes adoptaba precauciones telefónicas.

No las suficientes como para evitar que la Policía descifrara la conversación que a las cinco de la tarde de ese día mantuvo con Pablo Crespo, secretario de Organización del PP gallego entre 1995 y 1999 y número dos de la Gürtel. "Álvaro comenta se lee en la transcripción policial que le ha dicho Ricardo que le iba a pagar todo lo que se ha hecho en Alicante, que en Barcelona no le podía pagar nada". Alicante, dinero A, declarable a Hacienda; Barcelona, dinero B, negro.

El código empleado por la trama sale a flote en el informe, que dibuja un escenario de colaboración amplísima de la trama con el PP valenciano. Un ejemplo: en la contabilidad B hay una anotación que dice "PP B (incluidos alcaldes)".

En la financiación del PP valenciano también tuvieron un papel destacado las contribuciones, camufladas mediante facturas falsas, de empresarios que luego y siempre según los investigadores se vieron recompensados con millonarias adjudicaciones. El informe consigna un dato que ya mencionaba Garzón en uno de sus autos: que la factoría Correa entregó al PP valenciano 420.000 euros en 2002.

"Existe dice el informe una financiación de actos del PP por parte de empresarios [que] tienen contratos vigentes, prestan servicios y realizan obras para las administraciones obtenidos como contraprestación a los favores realizados para la formación política". Los agentes de la Brigada de Blanqueo cifran en 837,7 millones de euros la cuantía total de las adjudicaciones obtenidas en la Comunidad Valenciana por los cinco empresarios que hicieron "aportaciones" al PP: Enrique Ortiz, Enrique Gimeno, Vicente Cotino, Antonio Pons y Luis Batalla.

Las empresas del grupo Sedesa, propiedad de familiares del consejero de Urbanismo de la Generalitat, Juan Cotino, lograron 539 millones en contratos y, según la Policía, pagaron supuestas facturas "encubiertas" por 130.000 euros. Las de Enrique Ortiz, un relevante promotor inmobiliario que prosperó de la mano del ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, obtuvieron adjudicaciones por 205,2 millones y, como mínimo, abonaron facturas por 115.884 euros.

El informe policial, el mismo que señala como implicados a los integrantes del núcleo duro del PP valenciano, llegó a manos de De la Rúa el 31 de julio, tres días antes de que su tribunal diera carpetazo a la acusación de cohecho impropio y exculpara tanto a Camps como a sus tres correligionarios entonces imputados: Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.

El tribunal valenciano, el único con potestad para investigar y juzgar a los aforados (los diputados autonómicos), desdeñó las revelaciones policiales. Lo hizo con el doble argumento de que nadie había pedido a la Policía que elaborase ningún informe y de que, en todo caso, ya obraba una copia en poder del Tribunal Superior de Madrid, que investiga el grueso del caso.

La situación de Camps ha empeorado ostensiblemente desde julio. El dossier policial ha resquebrajado su imagen de impecable presidente a quien un juez dudaría en arruinarle la carrera por un par de chaquetas. El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, que ni es el único ni el último, traza un retrato poliédrico de la relación amistoso-empresarial que mantenían la cúpula del PP valenciano y los dos principales lugartenientes de Correa en Valencia, El Bigotes y Crespo.

Hace diez días, el mismo hombre que a las preguntas relativas al caso Gürtel solía responder con una parrafada sobre su felicidad como militante del PP perdió los nervios en un debate parlamentario. "A usted le encantaría coger una camioneta, venirse a mi casa de madrugada y que a la mañana siguiente yo apareciese boca abajo en una cuneta", espetó Camps al portavoz socialista, Ángel Luna. La deliberada evocación de los terroríficos paseos de la Guerra Civil ni siquiera fue subliminal.

Para cuando Camps se remontó a 1936, del informe policial ya se conocían algunos extractos clave. Charlas comprometedoras, e-mails que muestran que la red endosó a boyantes empresarios locales facturas que en realidad se correspondían con actos del PP y un detallado análisis de la contabilidad secreta de la red de Correa: todo eso consta en sus 99 páginas y en sus cinco anexos, cuyo contenido y alcance intenta desacreditar ahora el PP con su ataque al sistema de vigilancia Sitel, comprado por Mariano Rajoy en 2001, cuando era ministro del Interior.

Como ponente es decir, como responsable de proponer qué se hace con la querella y de dirigir la eventual instrucción que la admisión de la querella entrañaría, el tribunal ha designado a José Francisco Ceres. Magistrado de talante conservador, Ceres fue uno de los jueces que avaló el cerrojazo al caso de los trajes. Alineado con De la Rúa, Ceres también validó la resolución de la sala por la que acordaba no ya prescindir del informe policial sino excluirlo de la documentación obrante en el sumario de los trajes, sobre cuya reapertura deberá pronunciarse el Supremo a instancias de la Fiscalía y el PSOE.

Si el tribunal evita nuevas fintas y admite la querella de los socialistas, será Ceres quien interrogue a Ricardo Costa. Defenestrado a trancas y barrancas por orden de Rajoy, es Costa el que peor parado sale en el informe de la Brigada de Blanqueo. De hecho, su caída en desgracia y su posterior suspensión como militante del PP fueron causa directa del contenido del dossier policial.

Tomadas por separado, las charlas telefónicas intervenidas por la Policía a El Bigotes, a quien Camps llamaba "amiguito del alma", resultan bastante esclarecedoras de hasta qué punto la trama había establecido una alianza estratégica con el PP valenciano.

Cruzadas con los datos de la contabilidad secreta de la red y con el intercambio de mails entre empleados de Orange Market y de la asesoría del imputado Ramón Blanco Balín, considerado el blanqueador de la trama, las conversaciones pierden ambigüedad y ganan relevancia. Y ya no se habla de trajes, sino de dinero.

(www.publico.es, 23/11/09)

CUATRO ESCENARIOS PARA CINCO MAGISTRADOS

Cuestión de competencia

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana es el único con jurisdicción para encausar a aforados autonómicos. En principio, y al haber aforados en la querella, el tribunal valenciano debe declararse competente.

La sombra de Madrid

Pero la sala que preside De la Rúa puede alegar, como ya hizo cuando desechó el informe policial, que los delitos que denuncia la querella del PSOE ya se están investigando en Madrid. De hecho, el tribunal valenciano se negó a encausar en el procedimiento de los trajes a los cabecillas de la trama corrupta. El argumento, refutado por la Fiscalía y el PSOE sin éxito práctico hasta la fecha, fue que todos ellos estaban ya imputados en la causa de Madrid.

El peso de los indicios

Otra de las hipótesis es que el tribunal acepte la querella, pero sólo en lo relativo a algunos posibles implicados y no a otros. El informe aporta pruebas más contundentes en lo que se refiere, por ejemplo, a Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García que en lo que concierne a Camps o a Vicente Rambla. Pero, aun en el supuesto de que Camps quedara inicialmente fuera, una investigación que afectase a la cúpula del PP valenciano tendría consecuencias dramáticas para el presidente de la Generalitat.

No pasa nada

Quienes conocen el caso creen que la hipótesis menos verosímil –pero no descartable– sería la de que el tribunal alegase que el informe policial no ofrece suficientes indicios racionales para investigar si hubo delito.

(www.publico.es, 23/11/09)

UNA SALA DE MAYORÍA CONSERVADORA

Juan Luis de la Rúa. El amigo interino

Presidente del tribunal desde 1999, el nombre de Juan Luis de la Rúa está ya indisolublemente ligado al de Camps, quien lo definió como “más que amigo”. Está en situación de interinidad. Se ha presentado a la reelección, pero sus posibilidades son remotas. En el Poder Judicial (CGPJ) ya nadie le defiende.

José Flors. Primer intento

Flors también se adscribe al ala conservadora de la magistratura, pero su instrucción del ‘caso de los trajes’ le granjeó un amplio respeto. Quiso sentar a Camps en el banquillo por cohecho impropio.

J. Francisco Ceres. El ponente

Ceres suscribió todas las decisiones impulsadas por De la Rúa en el ‘caso de los trajes’. Si se admite la querella del PSOE, será previsiblemente el instructor.

Juan Montero. Voto particular

Fue el único miembro de la sala que se opuso al cerrojazo del caso de los trajes. En febrero, Montero exoneró de corrupción y sin practicar diligencias al ex alcalde de Alicante.

Juan Climent. La incógnita

En teoría, es el único magistrado progresista de la sala. Con el ‘caso de los trajes’, estaba de vacaciones. Se le considera cercano a Rafael Blasco, consejero de Camps y ex militante del PSOE, partido que le expulsó por presunta corrupción.

(www.publico.es, 23/11/09)

PONS CONTRADICE AL CONSELL Y DICE QUE NO RECURRIRÁ GÜRTEL POR SITEL

El vicesecretario de Comunicación del PP nacional, Esteban González Pons, enmendó ayer la plana al Consell de Francisco Camps. Si la portavoz Paula Sánchez de León advertía el pasado viernes que pedirán la nulidad del caso Gürtel si se demuestra que las grabaciones del presidente Camps con el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, se realizaron de manera ilegal con el sistema Sitel, ayer el portavoz nacional del PP aseguró que la única pretensión de su partido con respecto a Sitel es que se regule por ley orgánica. "Puedo asegurarles que el PP no tiene ninguna intención de recurrir el caso Gürtel por Sitel", dijo rotundo González Pons.

El dirigente popular insistió en que su partido quiere que se depuren todas las responsabilidades: "Si el caso Gürtel tiene al final que hacernos algún daño, también tiene que servirnos para limpiarnos, por eso somos los primeros interesados en que ni por Sitel ni por sital, el caso Gürtel acabe siendo anulado", agregó. González Pons fue el primero en su partido en tachar de "ilegal e inconstitucional" el llamado Sistema de Interceptación de Comunicaciones (Sitel), contratado en 2001 por Mariano Rajoy cuando era ministro del Interior.

El vicesecretario de Comunicación del PP anunció además que la Audiencia de Madrid ha confirmado la desestimación de la demanda presentada en 2008 por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, contra él por vulnerar el derecho al honor.La vicepresidenta demandó en enero de 2008 a Esteban González Pons, entonces portavoz del PP en las Cortes Valencianas y cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Valencia, por un supuesto atentado contra su honor y dignidad.

El origen de la demanda fueron unas declaraciones efectuadas por González Pons, en las que acusó a De la Vega de empadronarse de forma fraudulenta en Beneixida, localidad de la que procede su familia. Además insinuó que se había beneficiado de un pelotazo urbanístico tras la reclasificación de unos terrenos que la familia de De la Vega tiene en el municipio. La vicepresidenta perdió la demanda en primera instancia y apeló la desestimación del caso. La Audiencia Provincial de Madrid tumbó hace unos días el recurso y confirmó el primer fallo. "Le he ganado el juicio y la apelación y por ello el tribunal le obliga a pagar las costas", subrayó el dirigente popular. "David ha vencido a Goliat", ironizó el dirigente popular que pidió a la vicepresidenta que pida disculpas y presente su dimisión.

El tribunal reconoce que alguna de las expresiones de González Pons "carecían de rigor y de la precisión que hubiese sido deseable, pero ello no deja de ser usual en las contiendas políticas". Fuentes próximas a la vicepresidenta anunciaron ayer que el proceso judicial sigue adelante y se recurrirá el caso ante el Tribunal Supremo.

El vicesecretario de Comunicación, que compareció en la sede del PP junto al secretario general valenciano, Antonio Clemente, aseguró, por otro lado, que una vez se consensúen las 50 medidas propuestas por Rajoy para la regeneración política, todos los diputados de España deberán hacer pública su declaración de bienes y patrimonio, también el presidente Francisco Camps y el resto de parlamentarios autonómicos. Camps ofreció hace unos meses un resumen de sus bienes pero no hizo público el documento oficial como si lo publicaron los diputados socialistas con su secretario general a la cabeza, Jorge Alarte.

Antonio Clemente, secretario del PP valenciano, ironizó acerca de la elección esta semana de la socialista Leire Pajín como senadora territorial por las Cortes Valencianas. "Los socialistas verán cumplida su máxima preocupación", dijo. El dirigente acusó a Alarte y al portavoz parlamentario Ángel Luna de judicializar la vida política valenciana.

(www.elpais.com, 23/11/09)

El PP, la trama, el arzobispo y la fundación

Quién era quién en la organización de la visita papal que investiga el juez

Con una concepción confesional de las relaciones de la Iglesia y las instituciones civiles, se constituyó el 21 de enero de 2005 en el Palau de la Generalitat la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, encargada de organizar la visita del Papa a Valencia, en julio de 2006. Esa fundación, que otorgó a Canal 9 la exclusividad de la imágenes del evento que después aprovechó la trama corrupta de Francisco Correa y Álvaro Pérez para obtener más de un millón de euros en comisiones ilegales, está siendo investigada por el jeuz Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, instructor del caso Gürtel.

La fundación, eclesiástica y a la vez civil, presidida por el tándem que formaban el jefe del Consell, Francisco Camps, y el arzobispo Agustín García Gascó, fue opaca en su funcionamiento e incorporó a una serie de figuras políticas y eclesiásticas del catolicismo más conservador.La Fundación V Encuentro Mundial de la Familia fue creada por la Generalitat, el Arzobispado, la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia. Era vicepresidenta la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, miembro fundador el presidente de la Diputación, Fernando Giner, presidente ejecutivo el obispo Esteban Escudero y secretario, el entonces vicepresidente del Consell Víctor Campos, implicado también en el caso Gürtel.

En esa primera reunión fueron designados dos comisionados para la coordinación del encuentro y la visita papal, ambos miembros del Opus Dei, Enrique Pérez Boada, también militante del PP y director del Institut Valencià de Finances (el banco de la Generalitat) y Antonio Corbí, secretario del arzobispo de Valencia. Tras la sesión fundacional Camps ya destacó la gran oportunidad para la "proyección puramente interior de nuestras propias familias". Barberá dijo: "Supone una gran confianza en las instituciones valencianas", Y el arzobispo García Gasco agradeció la "unión de todas las instituciones". Desde el inicio, se consagraba un maridaje entre Iglesia y poder civil con una abrumadora mayoría de destacados militantes del PP. Por si fuera poco, se reforzó la línea dura incorporando a Juan A. Reig, entonces obispo de Cartagena.

Dependientes de la fundación se crearon oficinas y áreas de trabajo, a cuyo organigrama, que se mantuvo en secreto, ha tenido acceso EL PAÍS. Esas áreas fueron ocupadas por destacados miembros del Opus Dei y militantes del PP, como Javier Arnal en comunicación, delegado en Castellón de Ràdio Televisió Valenciana, cuyo director general, Pedro García es otro de los implicados en la trama Gürtel; Manuel Lacomba, en acreditaciones; Francisco Borrás, en alojamiento, o el concejal Miguel Domínguez como responsable de seguridad. De infraestructuras se encargó José Selva; de congresos, el obispo auxiliar Enrique Benavent; de promoción pastoral, monseñor Salvador Giménez; de voluntariado, Luís Cervera; de arquitectura, Juan Pablo Mas; de logística, Antonio Puig, y de liturgia, el canónigo Jaime Sancho. Todos ellos fueron coordinados por el verdadero hombre fuerte del evento, el vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino. Llama la atención que se responsabilizase al concejal Domínguez de la seguridad y la policía y a Enrique Guillén del Ejército, invadiendo las competencias del Gobierno de España. Como secretaria general se designó a Henar Molinero, relacionada a la vez con la Curia y la Presidencia de la Generalitat, donde desempeña una subsecretaría. En la misma secretaría se integró Enrique Gómez. Por el contrario, se evitó cuidadosamente incorporar a ningún representante del Gobierno español, como el director general de la policía o el delegado del Gobierno, a fin de coordinar mejor los múltiples y delicados aspectos del viaje papal. Para el arzobispo García Gasco el Gobierno español había que excluirlo porque "ridiculiza, insulta e infunde miedo" a los católicos. Para acentuar el maridaje del PP y la Iglesia de Valencia, las sesiones y las ruedas de prensa se celebraron en el Palau de la Generalitat.

Contrasta esta forma de actuar con la del arzobispo Miguel Roca con motivo de la visita a Valencia del Papa Juan Pablo II el 8 de noviembre de 1982. Constituyó una Comisión Diocesana cuyo objetivo era la organización técnica y la "conveniente preparación espiritual, catequética y sacramental", a fin de que la visita papal "fuera fecunda en frutos espirituales", presidida por el vicario general Vicente Ferrando, e integrada por diez vocales, dos vicarios episcopales, el secretario de la curia, el rector del Seminario, un religioso de la FERE y cuatro seglares "católicos valencianos, nada significados políticamente, pero eficaces", un médico, un militar y dos economistas; de ellos dependía una simple oficina de prensa encargada a profesionales del periodismo. La discreción presidió los actos y el arzobispo Roca buscó en medios católicos la financiación de los gastos, de alrededor de 10 millones de pesetas, unos 60.000 euros.

www.elpais.es 22.11.09

El juez investiga a la Iglesia y a Camps tras el pelotazo de la visita del Papa

La trama Gürtel logró un millón en comisiones ilegales, según la policía

El magistrado Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, investiga la posible relación de la trama corrupta con la fundación auspiciada por la Iglesia y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que gestionó la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006.

La Generalitat pedirá la nulidad del caso si se grabó ilegalmente con Sitel

La consejera portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, reconoció ayer que "el juez ha requerido la documentación sobre la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia". Esta entidad está integrada por la Generalitat, la Diputación, el Ayuntamiento -administrados por el PP- y el Arzobispado de Valencia a partes iguales.

La fundación, en la que actuaba entonces de secretario el vicepresidente del Consell Víctor Campos -que figuró en la misma causa que Camps, Ricardo Costa y Rafael Betoret por recibir trajes de la trama que dirigía Francisco Correa-, se gastó en 2006 un total de 12,2 millones de euros sin que se sepa cómo, con quién y para qué. El Gobierno valenciano se ha negado sistemáticamente a dar explicaciones sobre el gasto realizado en la fundación que organizó el viaje del Papa a Valencia.

El juez Pedreira también investiga el contrato que Canal 9 realizó con la firma Teconsa para montar el equipo de sonido y las pantallas en Valencia durante la visita del Pontífice. Un contrato mediante el que la trama corrupta que dirigía Francisco Correa obtuvo más de un millón de euros en comisiones ilegales, según un informe de la Brigada Policial contra el Blanqueo de Capitales. El actual director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), José López Jaraba, desveló el pasado martes que el 11 de septiembre remitió toda la documentación que había solicitado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La fundación auspiciada por el arzobispado de Valencia y Camps acordó ceder a Canal 9 la gestión íntegra de la señal de televisión del viaje del Papa.

El Arzobispado de Valencia, donde está la oficina de la Fundación V Encuentro, no aclaró si el juez Pedreira también les ha requerido documentación.

Por otra parte, la portavoz del Gobierno valenciano advirtió que pedirán la nulidad del caso Gürtel si se demuestra que las grabaciones del presidente Camps con el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez El Bigotes, se realizaron de manera ilegal con el sistema Sitel.

"Si fuera motivo para suspender, por supuesto que pediríamos la nulidad de las actuaciones. Entendemos que no están suficientemente garantizados los derechos fundamentales con la forma en que [Sitel] se está aplicando", dijo Sánchez de León.

www.elpais.es 21.11.09

El Gobierno de Camps reconoce que pretende usar Sitel para invalidar Gürtel

El Consell valenciano ha asegurado que pedirá la nulidad del proceso que investiga el caso Gürtel si se comprueba que en las grabaciones telefónicas al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se utilizó el sistema Sitel. Así lo ha hecho la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, que alegó que el uso de ese sistema “vulneraría los derechos fundamentales". Hasta ahora, desde el PP insistían en la ilegalidad de SITEL pero cuidándose de relacionarlo con el proceso judicial de la Gürtel, incluso ayer el responsable de comunicación del partido, Esteban González Pons, insistía en que no quería que se anulara “porque eso dejaría una nube de sospecha injusta e innecesaria”.

Sánchez de León abordó en rueda de prensa la postura de la Generalitat valenciana ante una posible ilegalidad en el uso de SITEL, el sistema por el cual la policía puede intervenir teléfonos con autorización judicial. “Si fuera motivo para suspender, por supuesto que pediríamos la suspensión, la nulidad de actuaciones", explicó, añadiendo que en cualquier caso "no es una cuestión sobre la que en este momento pueda pronunciarme todavía".

“No hay suficiente regulación”

La portavoz del Consell entiende que "no hay una suficiente regulación" en torno a Sitel ni "están suficientemente garantizados los derechos fundamentales” no respecto al sistema en sí sino “con la forma en que se está aplicando". También en relación a la Gürtel, confirmó que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha solicitado a documentos a la Generalitat sobre algunos de sus organismos, como la fundación V Encuentro, que se encargó de organizar la visita del Papa a Valencia en 2006.

El PP negaba relación

Las declaraciones de Sánchez de León contrastan con la postura oficial mantenida por el PP hasta ahora, y que pasaba por reclamar una ley órganica para regular lo que consideran un sistema ilegal pero también por presentar sus ataques a Sitel como independientes de sus problemas con la Gürtel. El propio vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, declaró ayer que “no queremos que se anule el juicio del caso Gürtel por culpa de SITEL, porque eso dejaría una nube de sospecha injusta e innecesaria”.

www.elplural.com 20.11.09

Ceres tendrá que presentar un informe sobre la admisión o no, y será votado por la sala, que preside Juan Luis de la Rúa, a quien el propio Camps señaló públicamente como "más que amigo" y que permanece en su cargo en situación de prórroga dado que aún no se ha resuelto el concurso para la renovación de la presidencia que ocupa desde hace más de diez años.

El magistrado Ceres, que ocupó responsabilidades en la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), tiene su nombramiento recurrido, por segunda vez. El Tribunal Supremo ya estimó en una ocasión la impugnación presentada por varios magistrados que concursaron a su misma plaza y entendieron que su elección no estaba fundamentada dado la diferencia curricular y de méritos. El Supremo obligó al TSJ a volver a pronunciarse y éste ratificó el nombramiento, que ha vuelto a ser recurrido y está pendiente de resolución.

Ceres tuvo ayer la primera aproximación formal con la querella presentada por cuatro diputados socialistas: la ratificación de la misma. Ángel Luna, Joaquín Puig, Carmen Ninet y Cristina Moreno firmaron ante él y la secretaria de la sala de Lo Civil y Penal. La querella va dirigida contra dirigente el presidente Camps; el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, los diputados Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García; los cabecillas de la trama Gürtel Francisco Correa y Álvaro Pérez; y las constructoras valencianas Lubasa, Facsa, Sedesa, Grupo Piaf y Ortiz e Hijos.

Los socialistas, en base al informe policial que el propio TSJ valenciano rechazó considerar cuando deliberaba sobre los trajes de Camps, presentan la querella contra un total de 17 personas por delitos de cohecho, malversación, financiación irregular, prevaricación, alteración contable y delito fiscal. Ángel Luna, portavoz socialista en las Cortes valencianas, afirmó tras el trámite: "Hemos cumplido con nuestra obligación". Y expresó su confianza en que "los jueces entiendan este tema de la misma forma y abran un procedimiento penal contra los querellados".

LA RED GÜRTEL PREPARÓ UN AÑO ANTES EL NEGOCIO QUE OBTUVO DEL VIAJE DEL PAPA

Un año antes de la visita del Papa a Valencia, que se produjo los días 8 y 9 de julio de 2006, la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa ya estuvo estudiando sobre el terreno la instalación de pantallas y la sonorización para el acontecimiento, una actividad que Ràdio Televisió Valenciana -cuyo director general, Pedro García, era amigo de Álvaro Pérez-, tras obtener en exclusiva los derechos de emisión, otorgaría meses después, mediante contrato negociado sin publicidad, a la constructora Teconsa por 6,4 millones de euros y de la que la red de corrupción acabaría cobrando más de un millón en comisiones ilegales, según un informe de la policía.

Álvaro Pérez, responsable de Orange Market, se afanó en los preparativos con grandes expectativas, según fuentes que participaron en la organización de la visita, ya que las Administraciones valencianas gobernadas por el PP anunciaron el V Encuentro Mundial de la Familia como un evento que reuniría en Valencia a más de dos millones de asistentes. Cifras muy hinchadas para una reunión que se quedó en la octava parte, ya que concentró a unas 250.000 personas.

Orange Market, la empresa valenciana de la trama, comenzó a contactar con proveedores, a hacer localizaciones junto al Jardín del Turia y a preparar las actividades. Sin embargo, a mediados de 2005, la prensa local, en especial el diario Levante-EMV, publicó que los responsables de la firma dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, eran socios de la empresa Special Events, una firma vinculada también a las actividades del PP en otras comunidades autónomas, y que trabajaba en paraísos fiscales. Desde entonces, Orange Market pasó a un segundo plano.

Y asumió protagonismo en la organización la empresa Trasgos, autora del logotipo del acontecimiento. De hecho, el director de la sociedad, Antonio Puig, participó en la visita que el enviado del Vaticano, el cardenal Antonio López Trujillo, hizo en julio de 2005 a Valencia para inspeccionar varios de los escenarios del viaje del Pontífice y recibir información sobre los preparativos. Sin embargo, Trasgos también tuvo que dar un paso atrás, ya que el comisionado para el Encuentro Mundial de la Familia, Enrique Pérez Boada, había sido consejero de la firma desde finales de 2003 a inicios de 2004. Pérez Boada, director entonces y ahora, del Instituto Valenciano de Finanzas, el banco de la Generalitat, era la cabeza visible de un equipo vinculado a Juan Cotino, entonces consejero de Bienestar Social, quien se hizo cargo desde el Gobierno que preside Francisco Camps, de la logística del acontecimiento.

Para ello se creó la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, integrada por la Generalitat, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento y el Arzobispado, una entidad opaca que se ha negado a facilitar el destino de los fondos públicos que ha manejado. Se sabe que gastó hasta 12,2 millones de euros, según las cuentas de aquel ejercicio. Pero eso sólo es una parte del coste que tuvo el acontecimiento.

El equipo formado al amparo de Cotino, constituido en buena medida por miembros o simpatizantes del Opus Dei, incluía, entre otros, a Henar Molinero, que fue secretaria general de la Fundación V Encuentro y ahora es subdirectora de organización del área de Análisis y Seguimiento en Presidencia de la Generalitat; Javier Jiménez, profesor de Derecho en la Universitat de València, que fue gerente y coordinador del V Encuentro Mundial de la Familia, y José Vicente Herrera, que fue subdelegado del Gobierno en Valencia en la época de Aznar, asesor de Cotino cuando era director general de la Policía y director de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios. Herrera ejerció de jefe de seguridad del V Encuentro Mundial de la Familia y, posteriormente, como director de Seguridad y Operaciones de la Copa del América.

Fuentes próximas a los preparativos de la visita han asegurado a este periódico que el propio Francisco Correa asistió, aunque sin revelar su identidad, por lo menos a una de las primeras reuniones sobre los eventos, antes de que Orange Market pasara a una posición más discreta. En las conversaciones grabadas por la policía, dirigentes de la trama aluden a la visita del Papa y al papel relevante reservado en su organización a Álvaro Pérez.

El PP rechazó en las Cortes Valencianas reclamar la comparecencia de Álvaro Pérez, El Bigotes, ex gerente de Orange Market, para que explicara su intermediación en las actividades para la organización por parte de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia de los actos del Papa en Valencia. El diputado socialista José Camarasa dijo que Pérez debería explicar una participación de la trama Gürtel en la organización por la que habría obtenido "jugosos beneficios". Camarasa reclamó explicaciones del "pelotazo" de la trama en la adjudicación por Canal 9 de la sonorización de los actos. La diputada del PP Asunción Quinzá rechazó la propuesta porque los socialistas buscan "rédito político", y alegó que se trata de una cuestión "sub iudice".

Hasta hace unos días, el PP sostenía que no había investigación judicial alguna en marcha sobre el escándalo, pero el actual director de Ràdio Televisió Valenciana, José López Jaraba, reveló el martes que el juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Madrid, reclamó el contrato de Canal 9 con la constructora Teconsa por el que la trama cobró comisiones ilegales. El propio secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, exigió ayer que el presidente Camps comparezca en el Parlamento para explicar "qué investigación, qué informaciones han sido requeridas y en qué situación judicial se encuentra".

"Hemos cumplido con nuestra obligación", aseguró ayer el portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, después de acudir al Tribunal Superior de Justicia valenciano a ratificar la querella que él y otros tres diputados han presentado contra Camps, varios cargos de su Gobierno y cinco empresas por financiación ilegal del PP. El informe sobre la admisión a trámite le ha tocado al magistrado José Francisco Ceres, que firmó el sobreseimiento del caso de los trajes que afectaba a Camps. La decisión deberá tomarla, en todo caso, el pleno de la Sala de Lo Civil y Penal.

UNA FIRMA DE CORREA INVIRTIÓ 756.240 EUROS EN UN PAI TRAS COBRAR COMISIÓN POR LOS ACTOS DEL PAPA

Para la trama Gürtel el cemento fue un medio y un fin. Promotoras y constructoras pagaron comisiones a la red a cambio de concesiones en ayuntamientos cuyos políticos eran comprados por Correa (Madrid) o abonaron a Orange Market facturas de servicios que en realidad fueron prestados al PP (Comunitat Valenciana). Pero, además, el urbanismo fue también un punto de destino, una inversión para blanquear parte del dinero negro utilizando sociedades patrimoniales gestionadas y a nombre de testaferros, pero bajo el paraguas del imperio mafioso de Correa, según Garzón y la Udef. Una de esas firmas pantalla es Castaño Corporate. El 19 de julio de 2006, esa sociedad compró un terreno de 12.605 metros en la Nucia (Marina Baixa) por 756.240 euros. La elección de la Nucia responde a la estrecha relación de Álvaro Pérez "El Bigotes", con el alcalde popular Bernabé Cano, quien dio contratos a la trama y ha aparecido en diversas grabaciones vinculado a los intentos de Correa de pegar un pelotazo en el municipio.

La finca rústica, de matorral y olivos, se escrituró en la notaría de Ángel Puras, en Madrid, apenas dos semanas después de que esa firma ingresara 230.000 euros a cuenta del negocio que generó el contrato de la constructora Teconsa con Canal 9 para dar cobertura (sonorización, instalación de pantallas y servicios audiovisuales) a los actos de la visita del Papa a Valencia.

Teconsa subcontrató a otras tres firmas, entre ellas la sevillana Apogee Telecomunicaciones. Mientras Valencia vivía consternada por el accidente del metro que segó la vida a 43 personas y aguardaba la llegada de Benedicto XVI, el número dos de la trama, Pablo Crespo, recogió en Sevilla dinero negro de comisiones por haber intercedido ante el anterior director general de RTVV, Pedro García, para lograr ese contrato para Teconsa y el resto de empresas, siempre según los informes policiales. El apunte de 230.000 euros para Castaño Corporate -dedicada a la compra-venta de inmuebles, que nada tiene que ver con luces y sonido- está en la contabilidad B incautada.

El administrador único de esa empresa es Jacobo Gordon, amigo y testigo de la boda de Alejandro Agag con la hija de Aznar. Los dos apoderados de esa sociedad son Pablo Crespo y Ramón Blanco Balín, el número dos y el tres de la organización. Esto es, el hombre que ejecutaba las órdenes de Correa y el ingeniero financiero que diseñó el entramado societario internacional para la generación y blanqueo de capitales.

Al poco de su adquisición, los terrenos pasaron a ser urbanizables. Tal día como hoy, el 20 de noviembre de 2006, la comisión territorial de urbanismo de Alicante aprobó el PAI del Algar, que prevé 2.501 viviendas y del que forma parte la parcela de Castaño Corporate. El pasado mes de junio, el TSJ valenciano bloqueó el proyecto por no garantizar la suficiencia hídrica, por lo mismo que se paralizaron los otros dos PAI de la Nucia: la Serreta y Pie de Monte. El primero logró finalmente luz verde en los tribunales. El ayuntamiento avaló el Plan del Algar, como los otros dos, y de hecho está intentando desatascarlo por la vía judicial. Gordon llevó las negociaciones de esa operación como también los contactos con los propietarios de los PAI Pie de Monte y la Serreta, donde Correa pretendía comprar, desbloquear -gracias a sus conexiones con terminales políticas- y revender. El pelotazo no salió, pero las negociaciones resultaron de lo más divertidas según las grabaciones incorporadas al sumario del TSJ de Madrid. El amigo de Agag, el alcalde Cano, Correa y algún empresario "se lo montaron de puta madre con tías en un restaurante que cerraron" en Valencia. Entre las comisionistas de la visita del Papa figura otra firma administrada por Gordon: Parque Logístico Montalbo, que cobró 60.000 euros.Castaño Corporate compró los terrenos a los administradores de la firma inmobiliaria Henk & kathy Invest SL, radicada en la Nucia.

El Tribunal Supremo (TS) prorrogó ayer por cuarta vez el secreto de las actuaciones en el caso Gürtel, lo que significa que las partes personadas, a excepción de la Fiscalía, seguirán sin tener acceso a las mismas. Lo acordó en un auto el magistrado instructor del caso en el TS, Francisco Monterde, quien el 17 de agosto prorrogó por primera vez el secreto de estas actuaciones.

Monterde alegó que subsisten las razones que motivaron mantener el secreto. Entre ellas, el instructor señala las necesidades de la instrucción, la naturaleza de los delitos perseguidos y el carácter de las diligencias urgentes de prueba que se están practicando. A ello se une, añadía, la situación en que se encuentra el procedimiento seguido ante el TSJ de Madrid, del que procede esta causa especial, y donde las actuaciones también están "declaradas secretas". Recordó que la prórroga del secreto de actuaciones está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El Constitucional dijo que tal laguna no impide al juez proteger el valor constitucional que justifica el secreto del sumario "si el plazo ha resultado insuficiente para hacer efectiva plenamente esa protección"El TS acordó en junio asumir la investigación de este caso sólo en lo que se refiere a los posibles delitos cometidos por el senador del PP, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Merino, y devolver el resto de la causa al magistrado del TSJM, Antonio Pedreira. efe Madrid

ULIBARRI PODRÍA INCURRIR EN UN DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES POR VENDER SU TELEVISIÓN EN VALENCIA

Tal y como estaba previsto, el pasado miércoles el empresario leonés José Luis Ulibarri, imputado en la trama de corrupción de la operación Gürtel, se deshizo de todas sus acciones en la Televisión Municipal de Valencia (TMV) de la que era accionista mayoritario. La operación no ha estado exenta de polémica, ya que el comprador del 84 por ciento de los títulos, la empresa 123 Comunicaciones, se creó el pasado 6 de noviembre, aún no consta en el Registro Mercantil y se desconoce quién está detrás de ella. Además, al estar Ulibarri imputado por la Justicia, podría estar incurriendo en un delito de alzamiento de bienes, ya que no puede desprenderse de sus posesiones sin una autorización judicial previa.

Desde este miércoles, el empresario José Luis Ulibarri ya no tiene ninguna acción en la Televisión Municipal de Valencia (TMV), de la que antes poseía a través de su empresa Producciones Digitales Audiovisuales de Alicante el 84 por ciento. Según recoge Levante, el consejo de administración de la televisión del Ayuntamiento de Rita Barberá dio su visto bueno a la venta de acciones, a pesar de las reticencias y dudas de los consejeros socialistas Juan Soto y Mercedes Caballero.

Y es que, según advirtieron durante la reunión en la que se formalizó el traspaso de títulos, Ulibarri podría incurrir con esta venta en un delito de alzamiento de bienes estipulado en el artículo 257 del Código Penal. El empresario leonés está imputado en la trama de corrupción de la Operación Gürtel y su investigación judicial continúa abierta, por lo que no le está permitido desprenderse de ninguno de sus bienes sin previa autorización judicial.

Por este motivo, Soto y Caballero recordaron al presidente del consejo de administración y primer teniente de alcalde de Valencia, Alfonso Grau, a través de una carta que debe poner en conocimiento de la autoridad judicial la transmisión de acciones que autorizó el consejo por si pudiera ser constitutiva de delito.

¿Qué es 123 Comunicaciones?

Por otra parte, la polémica durante la reunión se extendió al comprador de las acciones de Ulibarri, que se convierte ahora en el principal propietario de la deficitaria cadena. Soto y Caballero se opusieron a la venta al desconocer quién está detrás de la empresa compradora, 123 Comunicaciones, que fue creada hace solo unos días, el pasado 6 de noviembre.

Grau se negó a dar ninguna información sobre esta entidad y alegó que es lícito vender acciones a un comprador anónimo. El presidente del consejo dijo desconocer más datos sobre la sociedad, pero destacó que se trata de un “acuerdo privado entre empresas” y que aseguró sentirse seguro de la “seriedad” del proyecto.

Sin embargo, la empresa ni siquiera está aún inscrita en el Registro Mercantil, ni posee un domicilio social propio, sino que tiene su sede provisional en el despacho del abogado que gestiona las cuestiones legales de TMV. Además, se desconoce cuál es el objeto social de la entidad, la experiencia que tiene en el sector de las TDT o su solvencia económica. Por todo ello, Soto destacó que la operación “es una temeridad, sobre todo después de que Ulibarri haya salido por piernas”.

El juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que instruye el denominado caso Gürtel, ha puesto la empresa Orange Market, terminal valenciana de la trama de corrupción que lideraba Francisco Correa, actualmente en prisión, bajo control de dos administradores judiciales que, además, se han hecho cargo de la intervención de pagos urgentes de la sociedad. De esta manera, Álvaro Pérez, imputado en la investigación de la trama corrupta, ha perdido la condición de presidente y consejero de Orange Market.

El pasado día 7 de octubre se inscribió en el registro el cambio en Orange Market, empresa en la que, sin embargo, continúa como apoderado Cándido Herrero, también imputado en la investigación que inició el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que ha llegado a poner en serios apuros al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, salpicado por sus estrechas relaciones con Álvaro Pérez y por los regalos de trajes que habría aceptado. Los administradores judiciales designados por Pedreira también se han hecho cargo de otras empresas de la trama, como Easy Concept, Good and Better, Servimadrid Integral o Diseño Asimétrico.

Orange Market y su responsable, Álvaro Pérez, están implicados en el cobro de más de un millón de euros en comisiones ilegales por el montaje de pantallas y altavoces para la visita del Papa a Valencia en 2006, en el que aprovecharon un contrato sin publicidad firmado por Ràdio Televisió Valenciana, según un informe policial que investiga también el juez Pedreira. Los socialistas calificaron ayer a Canal 9 de "tentáculo importante de la trama de corrupción" a través de su portavoz adjunta en las Cortes, Carmen Ninet.La diputada del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas se hizo eco de la revelación que realizó el martes el nuevo director general de RTVV, José López Jaraba, en una comisión parlamentaria. López Jaraba explicó que había remitido al TSJ de Madrid el contrato de los actos para la sonorización e instalación de pantallas en los actos de la visita del Papa, por 6,4 millones de euros. Carmen Ninet añadió: "Se han visto obligados a entregar esos contratos importantísimos porque han tenido que acatar la petición del juez".

Por otra parte, el empresario leonés José Luis Ulibarri, también imputado en la trama de corrupción, ha abandonado la presidencia y el cargo de consejero de Mediamed Comunicación Digital, empresa que gestiona 13 de las concesiones de emisoras de televisión digital terrestre otorgadas por el Consell que preside Francisco Camps. El pasado día 30 de septiembre, la sociedad Mogar Media asumió la presidencia y el cargo de consejero que ocupaba Ulibarri junto a la Fundación Cardenal Herrera y Antonio Beaumont. Mogar Media pertenece a Andrés Selma Magdalena. Ulibarri habría vendido a Selma su participación en Mediamed, sociedad en la que poseía el 50% de las acciones.

Ayer mismo, Ulibarri consiguió la autorización del consejo de administración de la televisión digital municipal de Valencia para desprenderse de una parte de su patrimonio: el 85% de las acciones de la empresa. Las acciones se valoran en 1.125.000 euros. La venta de las acciones de la televisión digital municipal de Valencia fue aprobada ayer por la mayoría del PP en el órgano y contó con la oposición de los miembros propuestos por el PSPV-PSOE.

La sociedad de Ulibarri, Plataforma Audiovisuales Digitales Alicante, es la que se desprende de su mayoritaria participación en la televisión digital municipal de Valencia. La compradora es 123 Comunicaciones. Esta mercantil se constituyó el pasado día 6 de noviembre, por lo que no está aún en el Registro Mercantil. Juan Soto, representante socialista en el consejo de administración del organismo autónomo, explicó ayer que "no se ha podido verificar no sólo quién o quiénes forman esa mercantil sino su trayectoria profesional, su solvencia económica y su capacidad para hacer frente a la responsabilidad que se deriva de esa compra".

Sobre Ulibarri, el juez que instruye en Madrid el procedimiento por la trama Gürtel no ha dictado medidas cautelares. Sin embargo, fuentes de la oposición socialista en el Ayuntamiento que preside Rita Barberá se preguntaban ayer si la actuación municipal no habría contribuido a una programada liquidación del patrimonio por parte de Ulibarri, a quien, en el caso de que se pruebe su implicación en la trama Gürtel, se le podrían exigir responsabilidades económicas importantes.

COSTA SE MUESTRA DISPUESTO A RECTIFICAR Y PIDE VOLVER A LA MILITANCIA DEL PP

Casi un mes después, la rocambolesca historia de Ricardo Costa está lejos de quedar cerrada. El ex secretario general del PP valenciano, hasta hace bien poco mano derecha de Francisco Camps y su principal cortafuegos, ya que fue el encargado de tratar de explicar el escándalo del caso Gürtel mientras el presidente guardaba silencio, compareció ayer al fin ante el Comité de Garantías del PP.

Costa llevaba semanas, desde que la dirección decidió suspenderle cautelarmente de militancia, reclamando audiencia. Ayer se la concedieron. Y la aprovechó para mostrarse durante la hora que duró la reunión dispuesto a rectificar las palabras que motivaron su expulsión, eso de "yo, como secretario general"... El que fuera mano derecha de Camps y fiel apoyo de Rajoy durante la época previa al congreso de Valencia, lo que le llevó a enfrentarse con su hermano Juan, sólo tiene un objetivo: recuperar la militancia que tenía desde los 16 años.

Costa insistió, según fuentes del PP, en que él no tenía ninguna intención de establecer ningún pulso con la dirección nacional. Lo que pretendía era reclamar que se reivindique su gestión como secretario general, una vez que dejó voluntariamente de ejercer sus funciones, y que no se pusiera en duda su honradez. Sin embargo, su declaración se interpretó inmediatamente como una indisciplina grave, por arrogarse un puesto, el de secretario general, que no le correspondía, según la dirección nacional.

En realidad, Costa nunca fue destituido. Camps evitó que se votara su destitución y trasladó a Rajoy una versión falsa de lo que había ocurrido dentro del Comité Ejecutivo regional en el que Costa se ofreció a dejar de ejercer las funciones de secretario general.

Costa insistió ante el Comité, según fuentes del PP, en que está dispuesto a matizar, rectificar o aclarar cualquier malentendido por esas declaraciones que supusieron su expulsión. Además, evitó hacer declaraciones para no alimentar la polémica.

Aún así, la situación es complicada para el ex secretario general valenciano. Su reincorporación a la militancia depende de Rajoy, que esta misma semana defendió en público su "honradez", pero sobre todo de Dolores de Cospedal.

Por mucho que el PP insista en que el Comité de Garantías es un órgano independiente, todos los dirigentes consultados insisten en que está directamente controlado por la secretaria general. Y ella está enfrentada abiertamente a Costa, con quien ha entrado en contradicción varias veces en distintas ruedas de prensa, hasta el punto de que sus palabras "como secretario general" del PP valenciano se interpretaron como una desautorización de Cospedal, lo que provocó su fulminante suspensión de militancia.

En realidad, esta drástica decisión vino precedida de una tensa negociación entre Camps y Rajoy. El valenciano, que al final dejó caer a Costa, intentó recuperarlo y hacerlo consejero de la Generalitat. Cuando lo consultó con Rajoy, Cospedal vetó esa posibilidad.

En la dirección ha sentado además muy mal la carta que Costa ha enviado a los principales dirigentes, en la que reclamaba un trato justo para él, una persona, dice, siempre fiel a Camps y al propio Rajoy. A partir de ahora, Costa, que sigue siendo diputado del PP, puede ser readmitido o, más probable, puede continuar la tramitación de su expediente disciplinario. Fuentes de la dirección insisten en que, después del caos de las últimas semanas, Rajoy y especialmente Cospedal quieren ofrecer gestos de autoridad, y es difícil que sean indulgentes, aunque la decisión aún no está tomada.

El Comité tiene también pendiente el expediente de Manuel Cobo, suspendido de militancia como Costa, aunque él no ha dejado sus cargos como vicealcalde de Madrid y portavoz municipal.

Rafael Blasco, portavoz parlamentario y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, está empeñado en centrar el discurso del PP. Ayer, se reunió con los diputados del Grupo Popular y les pidió dos cosas: que dejen atrás la polémica por el nombramiento de Leire Pajín como senadora territorial -tras meses de bloqueo- y que no entren al trapo en el asunto de la querella interpuesta por el PSPV contra varios altos cargos y cinco constructoras por supuesta financiación irregular del PP. Luego les indicó que la decisión de no replicar a las diputadas de Compromís Mònica Oltra y Mireia Mollà, para hacerles el vacío, quedaba revocada. "Es una nueva etapa", sentenció Blasco.

El consejero bicéfalo instó a los diputados populares a responder con contundencia en la confrontación con los socialistas pero, sobre todo, a hablar en positivo de la gestión del Consell. Y ahora toca hablar de los presupuestos de la Generalitat para 2010, que se tramitan en las Cortes Valencianas.

Sin embargo, los esfuerzos de Blasco por trasladar una imagen moderada del PP han caído hasta ahora en saco roto. Los patinazos del Consell se han llevado por delante los esfuerzos del portavoz consejero.

El estreno no pudo ser peor. Rafael Blasco se presentó como portavoz en la tribuna de las Cortes la semana pasada. Y lo hizo con un alegato al parlamentarismo, entendido como el intento de llegar a acuerdos desde la discrepancia. "Recalcar [mi] voluntad de llegar a acuerdos con los grupos de la oposición, de poner por delante el diálogo y el entendimiento y que sepan que tendrán una mano tendida, mía y del grupo parlamentario, porque el parlamentarismo es concordia desde la discrepancia", dijo Blasco. Las palabras del portavoz popular se convirtieron en un brindis al sol tan sólo 20 minutos después. El presidente de la Generalitat, en la réplica a la pregunta sobre el caso Gürtel formulada por el portavoz socialista, acusó a Ángel Luna de querer matarlo.

El portavoz popular salió rápidamente en defensa del presidente y justificó el exabrupto del paseíllo por las provocaciones socialistas. ¿Cree usted que Camps debería pedir disculpas? le preguntaron a Blasco. "No", fue la respuesta contundente. Horas más tarde, el jefe del Consell pedía disculpas y volvía a poner de manifiesto la descoordinación con el nuevo portavoz parlamentario.

Sólo tres días después, Blasco terció en la polémica por el bloqueo de la elección como senadora de Leire Pajín, secretaria de Organización del PSOE. El consejero de Ciudadanía acusó a los socialistas de ser los responsables de la demora, de seis meses, por no presentar los papeles correctamente. Y luego aseguró que, gracias al PP, Pajín podría ser elegida en el siguiente periodo de sesiones, que se inicia en febrero. 24 horas después, Blasco volvió a ser desmentido por Camps, que ordenó, presionado por Madrid, desbloquear cuanto antes el nombramiento, que tendrá lugar finalmente el próximo día 25.

Las apelaciones al centrismo, además, se han visto puestas en entredicho por dos episodios desafortunados adicionales. Primero, la foto de Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a bordo de un Ferrari. "Me lo pasé bomba", dijo Barberá. Segundo, un vídeo en el que el presidente de la Generalitat se encara con un joven que lo llama corrupto.

Aún así, Blasco está empeñado en lo que considera que es una cuestión crucial: moderar la imagen del PP y evitar la imagen de un Consell atrincherado frente a los escándalos del caso Gürtel.

"El 11 de septiembre, yo mismo, como director en funciones, remití toda la información al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que nos la había solicitado", explicó ayer José López Jaraba, director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), en su primera comparecencia en las Cortes Valencianas tras la dimisión de su predecesor, Pedro Garcia.

Era una justificación para no atender la exigencia socialista de que aportara la documentación sobre el contrato de Canal 9 con la empresa Teconsa para la sonorización y la instalación de pantallas durante la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. Un contrato del que la trama de corrupción de Francisco Correa habría obtenido más de un millón de euros en comisiones ilegales, según un informe de la Brigada Policial contra el Blanqueo de Capitales.

De esa manera, López Jaraba reveló que el juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, está investigando la contratación y se negó a explicar el expediente más allá de confirmar que se adjudicó mediante un concurso negociado sin publicidad al que concurrieron siete ofertas. La diputada socialista Núria Espí, que arremetió contra el anterior director general de RTVV, Pedro García, amigo de Álvaro Pérez, jefe de la trama en Valencia, y dimitido hace unos meses, reclamó información y recordó que Canal 9 pagó 6,4 millones de euros por un trabajo que, en realidad, costó la mitad.

La revelación del director general de RTVV, que se escudó en la confidencialidad a que obligan los contratos a las empresas que se rigen por el derecho privado, como es el caso del grupo audiovisual, y en el secreto del sumario decretado por el juez, para no ofrecer detalles, contradice todo el discurso sostenido por el PP valenciano en los últimos meses en el sentido de que no hay ninguna investigación judicial abierta sobre los escándalos de corrupción que afectan a la Generalitat.

Los grupos de la oposición aludieron reiteradamente al caso de la visita del Papa. Núria Espí, cuyo grupo había solicitado la comparecencia, le preguntó, sin obtener respuesta, qué medidas adoptará para esclarecer lo ocurrido tras haberse demostrado que "se ha utilizado una empresa pública para que hicieran negocio unos cuantos".

Enric Morera, de Compromís pel País Valencià, le recriminó el flaco favor que se le hizo al Papa al permitir que se enredara "una pandilla de delincuentes" en la organización de los actos. Y Marga Sanz, de Esquerra Unida, denunció "un pelotazo increíble" del que se aprovecharon "unos señores corruptos".

En una larga sesión de la comisión parlamentaria, López Jaraba, que había solicitado una comparecencia para hacerlo, explicó ayer sus intenciones al frente de RTVV, con reiteradas alusiones a la "austeridad" y al anuncio de crear la figura de un defensor de la audiencia, como existe en Canal Sur, de poner en marcha desconexiones de Canal 9 en Castellón y Alicante y de convertir Si Ràdio en una cadena de información durante 24 horas.

Sin embargo, fue la manipulación informativa la que centró el debate. López Jaraba se enrocó en que la cadena pública cumple los criterios de "objetividad, veracidad e imparcialidad" que marca la Ley de Creación de RTVV, "aunque hay posiciones interesadas en desprestigiar a nuestros periodistas".

Toda la oposición criticó la manipulación, aunque los socialistas, por boca de Núria Espí, de Carmen Ninet y de Vicent Sarrià, explicitaron que no están dispuestos a dar al nuevo director general ni el más mínimo margen. "Tras la defensa numantina que ha hecho aquí de la línea de manipulación obscena de un medio público", le dijo Ninet, "está claro que hará lo mismo que sus predecesores".

Tanto Ninet como Marga Sanz, de EU, y Enric Morera, de Compromís, pusieron en duda un cambio de intenciones cuando siguen en cargos directivos dos figuras del equipo de Pedro García como Lola Johnson y Lluís Motes, una en Canal 9 y el otro en Ràdio Nou. López Jaraba consideró "desalentadoras" las "descalificaciones personales a compañeros".

SUBCONTRATISTAS DE LA VISITA DEL PAPA Y UNA FIRMA DE CORREA CONTABILIZARON 2 MILLONES EN EXTRAS

Si las cifras de feligreses que asistieron al V Encuentro Mundial de las Familias, que motivó la visita del Papa a Valencia el 8 y 9 de julio de 2006, fueron motivo de controversia, las del coste del montaje audiovisual de esos actos siguen siendo un misterio que se va descifran?do a plazos. Diez días antes del evento, el número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, recogió en Sevilla 957.300 euros en comisiones por el contrato de sonorización e instalación de pantallas para la visita de Benedicto XVI.

La mano derecha de Francisco Correa, cabecilla de la red corrupta, ingresó ese dinero en la caja B de la organización en Madrid, según consta en uno de los informes de la policía judicial. La comisión se percibió como premio a la trama por haber intermediado ante RTVV para que diera la cobertura audiovisual a la constructora Teconsa por 6,4 millones de euros.

Esa sociedad subcontrató posteriormente a Apogee Telecomunicaciones -la que presuntamente intervino en el pago de la comisión- y a la alemana Sirius Showequipment, entre otras, para que se encargaran de la prestación efectiva de los servicios. Ese millón de euros no es el único apunte heterodoxo hallado en los registros del piso franco de la organización en la calle Serrano.

La contabilidad de la trama revela diversos apuntes por "Extras del acto del Papa", en los que aparecen varias de las subcontratistas. En total suman 2,2 millones de euros, al margen de los citados 6,4 que pagó Canal 9 a Teconsa. Entre las mercantiles que aparecen con extras destacan la propia Apogee Telecomunicaciones (con dos apuntes por 363.000 y 644.690 euros), Montenegro Producciones, que figura con un millón en extras, y la patrimonial Castaño Corporate, como receptora de 230.000 euros.

Esta última firma es una de las sociedades patrimoniales utilizadas por Correa para blanquear dinero a través de las inversiones inmobiliarias y las ampliaciones de capital, según la policía judicial. Inversiones Kintamani, Osiris Patrimonial, Cresva o Caroki son otras sociedades que servían como lavadoras de dinero B logrado, entre otros, por los actos organizados al PP valenciano, según la Brigada de Blanqueo de la Udef.

En el consejo de administración de Castaño Corporate no figuraba Correa, pero sí Ramón Blanco Balín, el ingeniero financiero de todo el entramado internacional Gürtel. El inspector de Hacienda en excedencia aparece en otras cinco sociedades, a veces con Pablo Crespo, también apoderado de Castaño Corporate. El administrador único de esa firma es Jacobo Gordon, amigo de la infancia de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar.

Gordon gestionaba esa empresa, como otras muchas relacionadas con el sector inmobiliario, entre ellas la Sociedad Parque Logístico Montalbo, dedicada a la gestión del suelo. Esta última aparece en la contabilidad B incautada como beneficiaria de una gratificación de 60.000 euros que la trama otorgó con cargo a la comisión de casi un millón. También se destinaron 15.500 euros a comprar un Jeep.

EL NUEVO DIRECTOR DE CANAL 9 CONFIRMA QUE EL TSJM INVESTIGA LOS CONTRATOS DE LA GÜRTEL EN LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA

El nuevo director del Canal 9, José López Jaraba, que sustituye a Pedro García, vinculado con la trama Gürtel, compareció ayer ante Les Corts ante las peticiones de la oposición de que aclarase los contratos que el ente público valenciano hizo con Teconsa durante la visita del Papa a Valencia en 2006, por los que la trama de Francisco Correa se habría embolsado cerca de un millón de euros.

Como ya es habitual en la Cámara regional, López Jaraba se negó a dar ningún dato sobre la adjudicación, aunque justificó su silencio asegurando que la información está en manos del juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, que la tiene bajo secreto de sumario.

Aunque el PP ha reiterado en los últimos meses que no hay ninguna investigación judicial abierta sobre los escándalos de corrupción relacionados con la trama Gürtel que afectan a la Generalitat valenciana, el nuevo director de Canal 9, José López Jaraba, desmintió esta versión al reconocer que el juez instructor del caso en el TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, tiene en su poder la documentación sobre los contratos que la radiotelevisión pública valenciana hizo con Teconsa de cara a la visita del Papa a Valencia en 2006.

En su primera comparecencia en Les Corts como sustituto Pedro García -gran amigo de El Bigotes, el hombre fuerte de la Gürtel en Valencia- López Jaraba se negó a informar sobre estos contratos alegando que se encuentran bajo secreto de sumario. “El 11 de septiembre, yo mismo, como director en funciones, remití toda la información al TSJM, que nos la había solicitado”, explicó, y matizó que no puede “vulnerar la ley” filtrando información que está e manos de la justicia. Cuando el juez decrete el levantamiento del secreto de sumario “aparecerá la información que se envió” sobre el polémico contrato, añadió.

Según dijo, “hubo un requerimiento judicial del instructor de Madrid y se envió al juez, y esa documentación está bajo secreto de sumario”. “Me están ustedes pidiendo, señorías, que incumpla la ley (…). Yo no puedo librar esa documentación en esta Cámara porque la tiene el juez instructor y está bajo secreto de sumario. Yo no puedo librar esa información aquí ni en ningún sitio”, insistió.

López Jaraba comparecía ante la Cámara regional a petición de los grupos de la oposición, que le exigieron reiteradamente que explicara por qué pagó a Teconsa, según se desprende de los informes de la Brigada de Blanqueo de la Policía, 6,4 millones de euros por la retransmisión de la visita del Papa, cuando se calcula que los costes eran de la mitad de ese presupuesto. Según los datos recogidos en el sumario, cerca de un millón de euros habrían ido a parar a las empresas de Francisco Correa en forma de comisiones.

El nuevo director de Canal 9 apuntó a este respecto que la televisión autonómica “pagó a Teconsa por unos servicios y Teconsa es quien paga las comisiones, por lo tanto, quien tiene que ser investigado por estas comisiones es Teconsa”. Además, aseguró que la constructora fue la única de las siete empresas que se presentaron al concurso de adjudicación que ofrecía recoger tanto el sonido como la imagen de los actos.

Para la portavoz adjunta del PSPV en Les Corts, Carmen Ninet, el “lapsus” de López Jaraba al confirmar este proceso judicial vino a confirmar que Canal 9 es “un tentáculo importante en la trama de corrupción Gürtel”, y supone “una muestra más de las mentiras que hasta ahora ha contado el PP”.

El ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa ha acudido a la sede nacional del partido para comparecer ante el instructor de su expediente en el Comité de Derechos y Garantías y defender su honor y su gestión.

Fuentes del PP valenciano han informado de que ésta será la intención con la que acuda Costa ante el órgano disciplinario del PP a tenor de sus declaraciones más recientes y de sus manifestaciones en los órganos del partido en la comunidad autónoma, donde siempre ha defendido su honor y su gestión como número dos de la formación.

Sin embargo, el Comité de Derechos y Garantías de los populares no abrió expediente disciplinario a Costa por haber detectado irregularidades en su gestión como secretario territorial, sino por haber declarado que se consideraba en posesión de su cargo a pesar de que la dirección nacional le había dado por cesado.

Con todo, Costa ya ha enviado a su instructor profusa documentación sobre sus decisiones como secretario general del PP valenciano y su patrimonio personal

El presidente del PPCV y de la Generalitat, Francisco Camps, se encaró ayer en plena calle, ante la sede regional de los populares, con un joven con aspecto de alternativo que le llamó "ladrón", "corrupto" y "desgraciado", y le soltó que "no representas a nadie". "No, no, ven y cuéntamelo", repetía Camps mientras seguía al increpante durante varios metros para que éste le explicara los insultos. No lo consiguió y, finalmente, el jefe del Consell se introdujo en su coche oficial.

El incidente sucedió pasadas las 11 de la mañana. Camps, quien en contra de lo habitual acudió ayer al comité de dirección del PPCV, se encontró a la salida de la reunión con un joven que le llamó "ladrón". Entonces, el jefe del Consell se encaró con él. "¿Por qué me dices eso?", le preguntó mientras seguía por la calle al increpante, que se marchaba. "No, no, ven y cuéntamelo", le insistía el presidente. "Claro, ahí delante de Canal 9, que son los únicos a los que habláis", le respondió el joven. "No, dímelo, por favor", repetía Camps. "Toda España sabe que eres un corrupto", le soltó el joven. "¿Pero qué, qué es lo que sabe toda España?", inquiría el jefe del Consell. "No representas a nadie, ni a Valencia ni a nadie. ¡Desgraciado!", le gritó a lo lejos. "A ti, desde luego, no", replicó Camps. "¡Qué valiente!", le comentó alguien que parecía su guardaespaldas, mientras Camps añade: "¡Qué barbaridad!" "¡Sin gente no eres nadie!", aún se oyó a lo lejos.

En la rueda de prensa, el secretario general, Antonio Clemente, y el vicesecretario, José Ciscar, no pudieron sugerir ni una sola aportación desde el PPCV a las medidas contra la corrupción de Rajoy. Clemente sí que dejó claro que se oponen a que el IRPF y el patrimonio de los políticos sea público, una medida que los populares celebraron cuando los ministros difundieron el suyo. El número dos tampoco contestó a si son partidarios de que se cree un registro de regalos institucionales. Sí avanzó que espera reunirse esta semana con los barones provinciales, Ripoll (Alicante), Rus (Valencia) y Fabra (Castelló).

En la rueda de prensa se presentó un mapa de los casos de supuesta corrupción urbanística de alcaldes y concejales del PP denunciados por los socialistas y que han sido archivados. Ciscar destacó que el PPCV en la Comunitat "no tiene ningún alcalde condenado por corrupción urbanística" y lamentó que el PSPV "no puede decir lo mismo". El popular consideró que lo más prioritario es la crisis y, en ese contexto, instó a "investigar por qué los sindicatos van de la mano de Zapatero" y todavía no han hecho una huelga general cuando, si gobernara el PP, habría hecho, "no una, sino tres".

El Partido Popular ha suspendido de militancia a una "persona honrada". Es la conclusión que se puede concluir después de que el presidente del PP, Mariano Rajoy, haya calificado de esta manera a Ricardo Costa en un chat en el diario ABC.

El ex secretario general del PP valenciano, no fue suspendido pues por su su relación con el caso Gürtel. Rajoy ha agradecido su trabajo al ex secretario general del PP valenciano y ha aclarado que fue suspendido por "razones puramente políticas", por "unas declaraciones hechas en público que nunca debería haber hecho".

Así ha tratado de justificar el líder de los populares el diferente trato que ha recibido Costa respecto al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.

"Yo creo que Costa es una persona honrada, y así quiero que se sepa públicamente", ha subrayado Rajoy después de aclarar que no se le ha suspendido por "nada que afecte a su honorabilidad".

Rajoy no descarta, por tanto, la vuelta de Costa, ya que asegura que tiene "una buena opinión" de su trabajo; un trabajo que el presidente Popular espera "que pueda seguir haciendo en el futuro".

Preguntado sobre si se plantea exigir la dimisión de Camps si hubiera nuevas revelaciones en Valencia sobre el 'caso Gürtel', ha recalcado que el PP siempre exige a sus dirigentes que "adecúen sus comportamentos a las leyes", aunque ha añadido que hay que ver cada caso en concreto.

Para Rajoy no hay ningún problema con la trama Gürtel en Valencia. "De momento, en Valencia no hay ni siquiera un sumario abierto ni ninguna acusación salvo las que hace el PSOE", ha apostillado, un mensaje que choca con la propuesta que realizó hace unos días de hacer un código ético contra la corrupción en el PP "más exigente que el recogido en las leyes".

La Agencia Tributaria ha destapado una sospechosa retirada de fondos en billetes de 500 euros por parte de la constructora leonesa Teconsa, imputada en el caso Gürtel, en los meses inmediatamente posteriores a la visita del Papa a Valencia, en julio de 2006.

Teconsa logró que la televisión pública valenciana le adjudicara el contrato para montar la sonorización de los actos del Papa en Valencia por 6,4 millones y subcontrató esos trabajos por 3,1 millones de euros a tres empresas especializadas en ese tipo de servicios, en los que no tenía ninguna experiencia.

El director general de la televisión autonómica era Pedro García, que dimitió hace dos meses y que mantenía estrechos vínculos con algunos de los jefes de la red corrupta, entre ellos Álvaro Pérez, El Bigotes, que según la investigación regaló trajes por valor de varios miles de euros a García. El Tribunal de Cuentas valenciano también encontró múltiples anomalías en el contrato de los 6,4 millones de euros adjudicados a Teconsa.

La constructora leonesa, según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, que depende de la Agencia Tributaria, retiró de sus cuentas 893.000 euros en dos operaciones registradas en octubre y diciembre de ese mismo año.

La empresa Teconsa fue al banco a retirar estas cantidades para su uso propio, por lo que la Agencia Tributaria ignora el destino final que dio a esos fondos retirados en billetes de 500 euros.

"Sería necesario investigar el destino final que se da a esos fondos", escriben los inspectores de Hacienda encargados de la investigación. "No parece razonable", agregan, "el manejo de efectivo en cantidades tan elevadas existiendo hoy en día alternativas mucho más seguras para efectuar pagos".

Un informe policial, que forma parte del sumario del caso Gürtel, sostiene que Teconsa intervino en la adjudicación del contrato millonario de la visita del Papa como una empresa pantalla de la red corrupta que dirigía Francisco Correa. Y que esta red cobró, por su intermediación, al menos 900.000 euros, una cantidad similar a la que retiró Teconsa de sus cuentas en los meses inmediatamente posteriores al cobro de los servicios por la visita del Papa a Valencia.

La investigación judicial descubrió en uno de los pisos que la trama corrupta tenía en Madrid documentación oficial que acreditaba su participación en todas las gestiones de Teconsa para conseguir el contrato de 6,4 millones de euros relacionado con la visita de Benedicto XVI a Valencia.

La red corrupta guardaba documentación de la firma constructora leonesa y de las empresas a las que se subcontrató la prestación del servicio de sonorización de los actos de la visita del Papa.

Además, las intervenciones de las comunicaciones telefónicas también pudieron acreditar la estrecha relación que mantenían el jefe de la red Gürtel, Francisco Correa, y el responsable de Teconsa, José Luis Martínez Parra, una de las personas que efectuó retiradas de efectivo en billetes de 500 euros.

La investigación de las supuestas comisiones ilegales pagadas en relación con el contrato de la visita del Papa sigue abierta y se ha solicitado, tanto a Teconsa como a la televisión pública valenciana, distinta documentación para reconstruir lo ocurrido en torno al sospechoso contrato.

Los servicios prestados para la sonorización de la visita del Papa costaron 3,1 millones, pero Teconsa cobró 6,4 millones por ellos. En el camino, la red Gürtel se quedó con, al menos, 900.000 euros.

La Agencia Tributaria recibió el 13 de mayo pasado el encargo judicial de investigar si las personas implicadas en la trama de corrupción masiva que dirigía Francisco Correa aparecían en el listado de operaciones con billetes de 500 euros.

Los inspectores de Hacienda requirieron a las entidades financieras información sobre este caso y que les facilitaran la identificación "de las personas intervinientes tanto a los que aportaron billetes de 500 euros como a los que retiraron fondos".

La Agencia Tributaria sólo pidió información de aquellos días de los años 2004, 2005, 2006 y 2007 en los que se produjo un relevante movimiento de fondos. Y por relevante entendía transportes de efectivo "iguales o superiores a 600 billetes de 500 euros -300.000 euros-, y la identidad de las personas que intervinieron en operaciones a partir de 100.000 euros".

En el caso de Teconsa, una de las empresas investigadas por su vinculación con la red que dirigía Francisco Correa, la Agencia Tributaria detectó en los cuatro ejercicios analizados movimientos de grandes cantidades de dinero retiradas de las cuentas de la constructora leonesa en billetes de 500.

Cuando la Agencia Tributaria arrancó su investigación, en el sumario sólo aparecía una vinculación clara de Teconsa con la red corrupta a través del pago de una supuesta comisión ilegal de 120.000 euros por la adjudicación de la construcción de una carretera en Castilla y León. De esa investigación, la policía ha deducido que entre las personas que cobraron comisiones, además de la red corrupta de Correa, están el presidente del Parlamento castellano-leonés y ex consejero de Obras Públicas, José Luis Fernández Santiago, y el ex tesorero nacional del PP Luis Bárcenas.

Un informe policial de septiembre pasado precisaba que las siglas aparecidas en la caja b de la red corrupta, donde se podía leer "Toti", corresponden al apodo con el que se conoce al presidente de las Cortes de Castilla y León entre sus paisanos.

Hacienda detectó que, entre 2004 y 2007, Teconsa sacó de los bancos casi siete millones de euros en billetes de 500. De ellos, casi 900.000 euros correspondían al ejercicio de 2006, en el que, según la investigación judicial, la constructora leonesa, experta en la construcción de carreteras y edificios, había logrado un suculento contrato para sonorizar los actos de la visita del Papa.

Al final del informe de la Agencia Tributaria, remitido al Tribunal Supremo, donde se estudia la implicación del ex tesorero y senador del PP Luis Bárcenas, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude advierte que "se ha iniciado una actuación inspectora sobre estas operaciones de movimiento de efectivo" de Teconsa.

Gürtel contra los 'pretorianos'

El PP intenta implicar en la trama de corrupción catalana al PSPV - La reacción socialista deja en evidencia la actitud de los populares

Precisamente el día antes de que Mariano Rajoy dé comienzo a una convención política en la que quiere pasar página, Francisco Camps le aguó la fiesta. El presidente de la Generalitat valenciana, cuyo estado anímico preocupa a muchos dirigentes del PP, perdió los papeles en la última sesión de control de las Cortes de este año. Camps llegó a acusar al portavoz socialista, Ángel Luna, de querer matarlo. El grosor de la acusación fue tal, que la oposición afirma ya que el presidente valenciano no está capacitado para seguir en su cargo. "A usted le encantaría coger una camioneta y venirse de madrugada a mi casa y que, por la mañana, apareciese yo boca abajo en una cuneta", soltó Camps en un estado de crispación evidente. Casi diez horas después, se disculpó.

La afirmación fue aplaudida por la gran mayoría de la bancada popular, aunque el estupor y el disgusto afloraron en el rostro de varios diputados del PP. Contrariamente a lo que es habitual, ningún parlamentario salió a despedir al presidente una vez terminada su comparecencia.

"En la anterior sesión de control le hablaba de enajenación política; tras su declaración casi tendría que plantear el adjetivo que le puse al sustantivo", replicó Luna. El portavoz socialista acusó a Camps de estar "de los nervios" tras la querella presentada por el PSPV-PSOE por supuesta financiación irregular del PP. Todo el debate quedó eclipsado por la acusación de Camps contra Luna de que, si pudiese, le daría el paseo.

La acusación abrió el debate sobre la factura que el caso Gürtel empieza a pasar al presidente valenciano y que se produce justo cuando el PP se prepara para celebrar una convención política pacífica, y cuando el foco público se centraba en el Gobierno por su gestión de la crisis por el secuestro del Alakrana.

"Camps no está capacitado para seguir como presidente", aseguró el portavoz adjunto socialista, Joaquim Puig, que tachó las afirmaciones de Camps de "propias de la mafia". "Hacen falta elecciones y que ningún implicado en el caso Gürtel sea candidato", explicó la portavoz de Compromís, Mònica Oltra. Para la coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz, las manifestaciones de Camps "son la muestra palpable de la pérdida de sentido común del presidente del Consell". "Ha sido un espectáculo vergonzoso que demuestra que Camps está incapacitado", dijo.

Casi diez horas después, el presidente rectificó: "Me gustaría pedir disculpas si he herido la sensibilidad de alguien, que entiendo que pueda ser así, por la frase que esta mañana, en el calor del debate parlamentario, pueda haber dicho. De igual manera, me encantaría que los socialistas pidiesen perdón públicamente por la cantidad de insultos y de infamias que me han proferido a mi persona".

- 8 de julio, en un acto público. "Quedan uno o dos escaloncitos y esta cuestión absurda [el caso Gürtel] será pasado". "La fuerza de la democracia (...) se llevará por delante esta cuestión".

- 5 de octubre, a los periodistas. "Nos apoyamos todos, que eso es lo importante, ¿no? Estamos todos contentísimos. Fraga es muy feliz. Nos apoyamos todos. Eso es muy bonito".

- 22 de octubre. Cortes valencianas. "Los socialistas dejarán el Gobierno por dos G: GAL y Gürtel. Este caso les arrastrará".

- 3 de noviembre. Comité Ejecutivo Nacional del PP. "Cuando estaba mal y sufría, pensaba en ti y me animaba. Mariano, eres mi escudo".

- 12 de noviembre. Cortes valencianas. "A usted le encantaría coger una camioneta, venirse de madrugada a mi casa y por la mañana aparecer yo boca abajo en una cuneta".

"Me gustaría pedir disculpas si he herido la sensibilidad de alguien, que entiendo que pueda ser así, por la frase que esta mañana , en el calor del debate parlamentario, pueda haber dicho". El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, pidió esta tarde "disculpas" por las declaraciones realizadas en la sesión de control en las Corts Valencianes, en la que estimó que al portavoz del PSPV, Angel Luna, "le encantaría coger una camioneta, venirse de madrugada a mi casa y, a la mañana siguiente, aparecer yo boca abajo en una cuneta". Unas declaraciones que indignaron a los socialistas.

Pero pidió disculpas de una manera un tanto sui generis: "De igual manera, me encantaría que los socialistas pidiesen perdón públicamente por la cantidad de insultos y de infamias que me han proferido a mi persona y al PP durante estos meses", agregó el jefe del Consell, quien destacó que "el debate político tiene que enmarcarse en el entorno que corresponde".

Camps se pronunció así en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la gala 'Valencianos en la Onda', tras ser preguntado por las afirmaciones hacia el portavozdel PSPV con las finalizó su exposición en la sesión de control celebrada en las Corts, en la que criticó la querella que los socialistas valencianos han presentado por financiación ilegal y otros seis delitos a raíz del caso Gürtel contra 17 personas, entre ellas el propio jefe del Consell, altos cargos 'populares' y varias empresas.

"A mí no me duelen prendas en absoluto por pedir las disculpas que correspondan, creo que todo el mundo que me conoce sabe perfectmente que he oído las cosas más duras durante estos meses y he estado siempre callado y en donde me corresponde", continuó.

Camps insistió, no obstante, en que le "gustaría" que "los socialistas, los de la Comunitat Valenciana y los de España, que tantas cosas han dicho de mi y de mi partido durante estos meses, apuntó, hiciesen exactamente lo mismo y que, a partir de ahora, comenzásemos una época y una etapa completamente diferente". "Creo que seria muy bueno para todos", sentenció.

Por último, el presidente de la Generalitat indicó que, en su opinión, "es bueno reconocer en ciertas circunstancias qué es lo que puede haber ocurrido, y también es bueno pedir que los demás estén a la altura de las circunstancias y sepan también pedir perdón y pedir disculpas", concluyó.

Las palabras de Francisco Camps tronaron ayer entre las filas conservadoras. A sus compañeros de partido les sorprendió la reacción del presidente de la Generalitat valenciana, quien acusó al portavoz socialista en Les Corts, Ángel Luna, de desear su muerte .

En estos últimos meses, algunos habían visto a Camps ya tremendamente afectado por el caso Gürtel. Pero lo de ayer fue, según dirigentes del PP, algo "desmedido". Muchos se confesaron "muy preocupados" por su estabilidad emocional.

En el partido admiten que está "mal" y creen que todo lo que ha ocurrido le está pasando "una importante factura". Hay quien cree que no supo encarar desde el principio el tema de los trajes, otros le reprochan que no pusiera distancia con su "amiguito del alma" Álvaro Pérez, El Bigotes, y algunos piensan que ha quedado "irremediablemente tocado" al mentir a la dirección nacional sobre la destitución de su mano derecha, Ricardo Costa. Para la mayoría, esta combinación de elementos agitados en la coctelera del PP valenciano tenía que acabar explotando inevitablemente.

Varios diputados conservadores se mostraron ayer "estupefactos". Opinan que Camps "perdió los nervios" y que tendría que haber pedido disculpas de inmediato. Algo que hizo, finalmente, a última hora de la tarde. Rajoy no se pronunció sobre este asunto. Y, en esta ocasión, su silencio valía más que mil palabras porque siempre que Camps se ha tambaleado, él se ha lanzado al rescate. Esta vez le dejó solo. En el PP piensan que la relación entre ambos se ha deteriorado bastante.

El líder del PP, que acudió a un acto con agricultores en Ciudad Real, prefirió centrarse en otros temas. Así, anunció que propondrá a Zapatero un acuerdo para defender el "campo español" en la Unión Europea. Y prometió que si llega al Gobierno, reactivará el Plan Hidrológico Nacional.

Los colaboradores de Rajoy afirmaban ayer que este no le había dado instrucciones a Camps para que rectificara y que si lo había hecho, era porque habría "reflexionado" y visto que se había "equivocado". Algunos de los que rodean a Rajoy opinan que el político valenciano está "fuera de la realidad" desde hace tiempo.

Pero también hubo quien quiso socorrer a Camps. "La presión está siendo muy fuerte y nos están insultando todos los días", explicaban ayer desde el PP valenciano. Desde su círculo insisten en que llevan meses "aguantando frases muy duras" y recuerdan que a Camps le recitaron en el Parlamento autonómico el artículo del Código Civil que habla sobre "la incapacidad".

También denuncian que, en una comisión, la diputada de Compromís, Mónica Oltra, llamó "asesinos y torturadores" a los antepadados del PP, y que la misma parlamentaria se presentó con una camiseta con la cara de Camps estampada bajo el lema "Se busca. Sólo vivo".

"No está loco dice la gente de Camps. Es que le están machacando continuamente, todo el día pidiendo su cabeza". Y aseguran que en la Comunidad Valenciana es imposible hablar de otra cosa que no sea la trama corrupta de Francisco Correa y El Bigotes.

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho hoy que la "metáfora" que ayer usó el presidente valenciano, Francisco Camps, en la sesión de control en Les Corts "no es en absoluto afortunada", pero ha destacado sus disculpas al ver que se había "equivocado".

En una entrevista en TV3 recogida por Efe, la dirigente del PP se ha referido así a la respuesta de Camps al portavoz socialista en Les Corts, Ángel Luna, al que dijo que "le encantaría coger una camioneta, venirse de madrugada a mi casa y por la mañana aparecer yo boca abajo en una cuneta".

Preguntada por si Camps había usado un símil propio de la Guerra Civil, ha comentado que la frase no tenía "nada que ver" con eso y que la "intención" de Camps no era "ofender, sino defenderse".

Ha añadido que horas más tarde pidió perdón, un gesto que "por desgracia no es frecuente" en un presidente autonómico, ha destacado.

Asimismo, la dirigente del PP ha lamentado que los socialistas valencianos no adopten un tono "constructivo", y ha afirmado: "Más vale que se dedicaran a apoyar y echar un mano ante la crisis".

A preguntas sobre los últimos conflictos internos en el PP, Sáenz de Santamaría ha asegurado que "todo el mundo" debería hacer "un ejercicio de responsabilidad".

Ha asegurado que los dirigentes de su partido son "referente fundamental" para millones de españoles, y ha defendido "poner los intereses de la gente por encima" de los personales.

Respecto a las informaciones periodísticas que aseguran que la mayoría de miembros del Constitucional no avalan cuestiones clave del Estatut, la dirigente ha evitado entrar en valoraciones, y ha confiado en que la sentencia llegue "cuanto antes", según ha asegurado en declaraciones a Rac-1 recogidas por Efe.

Sáenz de Santamaría ha vuelto a justificar el recurso del PP al Estatut, ha alertado del "peligro de deslegitimar las instituciones" y se ha preguntado por qué el presidente catalán, José Montilla, no pide explicaciones a los presidentes de Aragón y Baleares por sus respectivos recursos al texto.

EL PP DISUADE A COSTA DE IR A LA CONVENCIÓN DE RAJOY Y EL DIPUTADO ´PLANTA´ A CAMPS

El ex número dos del PPCV Ricardo Costa no asistió ayer al pleno en el que Camps debía someterse a la sesión de control. En el pleno anterior, el 30 de octubre, el ex secretario general y ex portavoz popular aprovechó para acercarse a saludar a Camps, quien no le secundó en el intento de abrazo. Ayer, fuentes del entorno apuntaban que el diputado estaba enfermo. Sin embargo, el miércoles sí asistió a la sesión con normalidad. Otras fuentes aseguraban que su ausencia fue su forma de expresar su malestar con el presidente.

A esto se añade que el partido lo ha disuadido de asistir a la convención de este fin de semana en Barcelona, con la presencia de Mariano Rajoy. El popular tenía intención de ir pero le han recordado que está suspendido de militancia. Su presencia le crearía un problema a Rajoy.

Ricardo Costa sigue esperando a que el Comité de Derechos y Garantías lo cite a comparecer para defenderse. Su entorno espera que lo llamen la próxima semana. Sin embargo, el comité que preside Alfonso Fernández Mañueco, según fuentes, no tiene interés en darle audiencia. Es más, indicaron que sería suficiente con enviarle un pliego de cargos para que presente alegaciones. También dejaron claro que la documentación sobre su patrimonio que ha remitido "no tiene nada que ver" con el expediente, que es por el desafío a Génova que supuso la rueda de prensa. Ayer, en su primera pregunta a Camps como portavoz del PP, el conseller Rafael Blasco aprovechó para hacer un reconocimiento a los síndicos que le han precedido, entre ellos, a Costa. También tendió la mano al PSPV para llegar a acuerdos.

La corrupción, o mejor dicho, la negativa cerrada a asumir cualquier responsabilidad por ella, ha llevado a una auténtica apertura de hostilidades en las Cortes Valencianas. La última sesión de control parlamentario de 2009 al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se convirtió ayer en una guerra a muerte.

El propio presidente se vio sobrepasado por la tensión de la exigencia de explicaciones por los escándalos relacionados con el caso Gürtel que le implican personalmente y que reiteraron todos los grupos de la oposición. Y convirtió en una barbaridad dialéctica, con la acusación al portavoz socialista, Ángel Luna, de desear matarlo, la táctica del PP de negar la existencia misma de corrupción alguna y contraatacar a los socialistas con dureza.

Si hace unos días el presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus, dejó clara la consigna cuando exclamó "¡A por ellos!", a lo que Luna respondió que, pese a no ser muy alto, hace tiempo que no teme a los "matones de discoteca", ayer el flamante portavoz parlamentario del PP, a la par que consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, se vio en la tesitura de defender ante los micrófonos de la SER que la grave acusación de Camps en el pleno -por la que horas después el presidente se disculpó- es "la respuesta adecuada al nivel de crispación, de tensión y de ofensas a una persona honesta como el presidente Camps y a un gobierno honesto y transparente".

Blasco reiteró el argumento de que no hay pruebas "sustanciadas en clave judicial" y el portavoz socialista, también ante los mismos micrófonos, explicó que la opacidad del Consell les ha llevado a recurrir a los juzgados, con una querella basada en la investigación de la Brigada Policial de Blanqueo de Capitales. "Camps está literalmente de los nervios", dijo Luna, "por no aceptar la realidad de que ha tenido relaciones muy estrechas con una trama de corrupción que no puede explicar", una trama que ha hecho desaparecer "mucho dinero de todos los valencianos".

Pero si Blasco se empeñó ayer en mantener una apariencia de normalidad en la radio en las relaciones entre el Consell y la oposición, en las Cortes Valencianas el PP y la oposición han roto todos los puentes.Camps se negó ayer a reconocer la legitimidad de los portavoces de la oposición. El presidente pidió explicaciones al socialista Ángel Luna y a la portavoz de Compromís, Mònica Oltra, por ocupar sus respectivas portavocías sin haber sido candidatos a la Presidencia de la Generalitat. Un argumento que causó estupor, incluso, en las filas del PP, que en lo que va de legislatura ya ha tenido tres portavoces parlamentarios distintos.

Luna echó por tierra todos los cambios realizados por Camps en la cúpula del PP y en el grupo parlamentario popular. "Es un movimiento defensivo. Su único proyecto político es resistir", dijo el portavoz socialista, que preguntó a Camps si sigue sólo por la prerrogativa de ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en vez de por un juzgado ordinario.

"Cuando se esconde tras una querella [presentada por el PSPV por supuesta financiación ilegal del PP] y el insulto, es que no tiene nada que decir a los ciudadanos", replicó Camps, que llegó a acusar al portavoz socialista de poner en peligro los 10.000 puestos de trabajo de las empresas que han sido denunciadas por haber financiado, supuestamente, de manera ilegal a los populares. Luna, lejos de perder la compostura tras ser acusado por Camps de querer matarlo, utilizó las repreguntas para mantener sus acusaciones de opacidad y corrupción.

El presidente valenciano, visiblemente nervioso, asumió personalmente todas las réplicas para negar todas las acusaciones socialistas (aunque a primera hora de la noche pidió disculpas por acusar a Luna de desear su muerte). Mònica Oltra tampoco contribuyó a serenar el ánimo de Camps. "¿Si no tiene nada que ocultar por qué han destituido Costa?", dijo la portavoz de Compromís. Oltra acusó al presidente de llevar la política al ridículo. "Gürtel lo representa usted por mucho que cambie las sillas en el PP", sentenció.

Para Camps, el caso Gürtel es "un hilo abierto, no se sabe bien por quién" para que los populares pierdan el Gobierno. El presidente insistió en que no hay ningún imputado valenciano, ninguna irregularidad detectada y que las encuestas les dan mayoría.

La querella presentada por el PSPV ha sacado de sus casillas a los populares valencianos, quienes han visto como una vez más el caso Gürtel hace saltar por los aires su hoja de ruta. En esta ocasión, sin embargo, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no piensa quedarse esperando a que la tormenta escampe y ha ordenado a los suyos guerra total contra los socialistas. En concreto, el líder de los populares valencianos ha pedido al partido y al Consell que endurezcan su discurso contra el PSPV y saquen a la luz los supuestos trapos sucios de los socialistas en los ayuntamientos donde gobiernan.

El contraataque se hará en todos los frentes: Corts, Consell y, sobre todo, en el partido. Para coordinar la estrategia,el presidente Camps mantuvo la misma tarde del lunes una reunión con sus primeros espadas en los tres ámbitos. En concreto, recibieron instrucciones el portavoz del grupo popular en las Corts, Rafael Blasco; el vicepresidente primero, Vicente Rambla, y el secretario general del PPCV, Antonio Clemente. Los tres, y cada uno en su terreno, tienen el mandato directo del jefe del Consell de tratar de mantener a raya a los socialistas en su estrategia de deteriorar al PP a cuenta del caso Gürtel.

Así las cosas, el PPCV convocó ayer una rueda de prensa para seguir arrojando dudas sobre la contratación en el Ayuntamiento de Gandia con la empresa Proinosa, implicada en el caso Pretoria que ha destapado la corrupción urbanística en varios municipios de Cataluña. El portavoz del PP en Gandia, Arturo Torró, compareció junto con Antonio Clemente, el secretario provincial de Valencia, Vicente Betoret, y el secretario de Economía del PPCV, José Marí. Torró no aportó datos nuevos sobre los ya ofrecidos el día anterior, pero sí expresó sus sospechas de que este asunto sea "una forma de financiación ilegal del PSPV".

En su intervención, Clemente dejó claro que los populares guardan más munición contra los socialistas y que esta se hará llegar por entregas. Así, envió una "cariñosa advertencia" al PSPV al asegurar que lo de Gandia "no es más que la punta del iceberg". Dijo tener "información de que hay muchos más presuntos casos de corrupción en ayuntamientos importantes gobernados por el PSPV de Alicante y Valencia que pone en tela de juicio la honradez de muchos representantes socialistas". El dirigente popular, sin embargo, no entró en detalles e indicó que la información se daría "conforme se fuera asimilando". Los populares han puesto a trabajar a sus representantes en los Ayuntamientos para sacar a la luz todas aquellas contrataciones que puedan resultar sospechosas al margen de la consistencia de las denuncias.

De momento, el PP, a pesar de las acusaciones, no tiene previsto ir a los tribunales. Según Clemente prefieren "no tirarse a la piscina" y, a diferencia del PSPV, actuar "con seriedad y criterio". Eso sí, los populares anunciaron medidas jurídicas en el caso de que se desprenda de la querella socialista elementos constitutivos del delito de "acusación o denuncia falsa". Según Marí, el documento jurídico está plagado de inconsistencias.

Además de poner en marcha el ventilador, Clemente endureció las críticas hacia líder del PSPV, Jorge Alarte, al que acusó de "cobardía política" por no firmar la querella, al tiempo que denunció que el PSPV "ha dado un salto cualitativo muy peligroso" al incluir a cinco empresas respetables. Y advirtió medidas contundentes en el terreno jurídico y político para defender el honor del presidente. A lo largo del día se sucedieron los comunicados en contra del PSPV.

Aunque Clemente no lo dijo abiertamente, los populares dan prácticamente por rotas sus relaciones con el PSPV: el rodillo en la elección de los representantes de las cajas y el aplazamiento hasta febrero de la elección de Leire Pajín son las consecuencias a corto plazo de la ofensiva judicial de los socialistas.

El PP valenciano se financió con donaciones procedentes de empresas beneficiadas por la Generalitat en los procesos de adjudicación de contratos públicos. Francisco Camps, presidente de la Generalitat, estaba al corriente de todo. Éste es el núcleo argumental de la querella presentada ayer por los socialistas valencianos contra el propio Camps, cinco altos cargos del Gobierno y del PP valenciano, cinco de los cabecillas de la trama Gürtel, con Francisco Correa al frente, y cinco constructores locales.

Los socialistas les acusan de los posibles delitos de cohecho, malversación, prevaricación, falsedad documental, delito tributario, alteración contable y financiación irregular.

La querella también se dirige contra el ex director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) Pedro García por propiciar un pelotazo millonario a Correa con motivo de las adjudicaciones para retransmitir los actos de la visita del Papa a Valencia en 2006. Canal 9 adjudicó por 6,4 millones de euros la sonorización el acto a Teconsa, una empresa pantalla de la trama. Correa recibió una comisión de 957.300 euros, según la investigación policial en la que se basa la querella.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) será la encargada de decidir si esa querella se convierte en una investigación judicial. La sala que debe determinarlo está presidida por Juan Luis de la Rúa, magistrado a quien públicamente Francisco Camps señaló como un "más que amigo". De la Rúa archivó la causa abierta contra Camps por el escándalo de los trajes y rechazó investigar el informe policial que recoge indicios de una supuesta financiación irregular del PP valenciano.

El portavoz socialista en las Cortes Valencianas y uno de los cuatro firmantes de la querella, Ángel Luna, explicó ayer que la investigación que instan "permitirá demostrar la estrecha vinculación de la cúpula del Consell y del PP con una gigantesca trama de corrupción internacional". Según su relato de los hechos, Camps estaba al corriente de los hechos y es el responsable "a quien se acude en última instancia para resolver los problemas derivados de las deudas, los pagos o los cobros".

El ya ex secretario general del PP, Ricardo Costa, era "responsable de canalizar los pagos en B a Orange Market, SL", y el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, "tendría como función controlar las adjudicaciones de la Administración pública valenciana a las empresas del grupo Francisco Correa, entre las que está Orange Market, así como la financiación de empresarios".

Según la querella, que se apoya en el informe de la Unidad contra el Blanqueo de Dinero (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, las constructoras se hacían cargo de facturas que Orange Market giraba por actos del PP valenciano. La investigación señala a Facsa, Lubasa, Enrique Ortiz e Hijos, Sedesa -vinculada a la familia del vicepresidente del Consell, Juan Cotino- y al Grupo Piaf.

La facturación de Orange Market al PP se realizó bajo una doble facturación, una real identificada como Alicante y otra opaca bajo la denominación Barcelona (inicial de b). Según la querella, la operativa seguida consistía en que una factura emitida por el PP valenciano la transformaban, por ejemplo, en otra emitida a la sociedad Enrique Ortiz e Hijos. Esta mercantil sería la que pagaba realmente el acto del partido. O bien, se giraba una factura al PP de Castellón, luego se cambiaba por otra emitida a Facsa y ésta efectuaba el desembolso del evento del partido.

En el documento se hace referencia a que en el anexo 1 del informe de la UDEF se da cuenta de un correo electrónico enviado desde Orange Market en el que hay una petición de cambio de cliente, del PP a Enrique Ortiz e Hijos. Y corroborándolo aparecen facturas emitidas por Orange Market en las que inicialmente estaba como cliente el PP, que se cambian por el citado empresario.

Las empresas denunciadas "han sido adjudicatarias de contratos por la administración pública valenciana en compensación de los favores realizados para la formación política del PP, sufragando actos políticos", sostiene la querella. Estas empresas han sido beneficiarias de contratos públicos por parte de la Generalitat de alrededor de 1.000 millones.

La investigación no está cerrada. Ángel Luna advirtió de que existe documentación que no ha sido analizada "por tanto, no es descabellado pensar que asistiremos a la descripción de más hechos delictivos".

La patronal autonómica Cierval salió por la tarde en defensa de la honorabilidad de los empresarios valencianos. A este respecto, Ángel Luna reconoció que pudieron ejercerse presiones sobre los empresarios, pero agregó que "también hay que saber soportarlas". El vicepresidente del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, retó a los socialistas a que "citen con pruebas una sola adjudicación irregular de la Generalitat".

Después de la respuesta ofrecida por Mariano Rajoy en el Comité Ejecutivo, la dirección nacional del PP está convencida de que la estrategia política sobre el caso Gürtel está reenfocada con claridad. Sin embargo, todos los dirigentes de la calle Génova consultados admiten que lo que más les preocupa ahora no es la política, sino la justicia.

El entorno de Rajoy, explican estos dirigentes, está especialmente preocupado por Francisco Camps. Creen que su agonía, o al menos su personal vía crucis político, aún está muy lejos de acabar. Lo que más inquieta en este momento es el Tribunal Supremo, ante el cual está recurrida por la fiscalía la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana -por dos votos a uno- de absolver a Camps en el caso de los trajes.

En Génova dan por hecho que el Supremo admitirá a trámite en las próximas semanas el recurso. La decisión final del tribunal se espera para después de Navidades, aunque nadie lo tiene del todo claro.

En cualquier caso, todos los dirigentes consultados asumen que si el Supremo le diera la razón a la fiscalía y aceptara el recurso, Camps, al que todos ven ya muy tocado, estaría acabado. Aún así, Rajoy sigue defendiéndolo incluso en privado.

El otro frente que ahora se abre, y que también ha centrado las conversaciones internas de las últimas semanas, es el de la posible financiación irregular del PP valenciano, que también implica a Camps, amigo muy cercano del cabecilla de la red en Valencia, Álvaro Pérez. Muchos dirigentes temen en privado que el caso siga adelante y sea admitido a trámite por el mismo tribunal que absolvió a Camps por los trajes. Las pruebas acumuladas, admiten, hacen muy difícil que se rechace estudiarlo.

Algunos dirigentes se quedaron ayer sorprendidos al comprobar que, cuando el juez José Flors le preguntó en mayo qué le debía Álvaro Pérez, Camps contestara "todos los valencianos me deben mucho". Muy pocas personas conocían el contenido exacto de la declaración judicial de Camps, que se ha mantenido en secreto, y algunos se sorprendieron ayer de que no hubiera preparado una respuesta más convincente.

El otro frente abierto está en Madrid. Casi 33.000 de los 50.000 folios del sumario principal del caso Gürtel siguen declarados secretos. Los populares temen que en cualquier momento se hagan públicos y eso afecte a más dirigentes. Algunos incluso señalan en privado el temor de que se haga en estos días, lo que destrozaría la convención política programada este fin de semana en Barcelona, con la que Rajoy pretende relanzar su alternativa. Hay muchos dirigentes preocupados por lo que pueda aparecer en la parte del sumario relativa a Pasadena Viajes, la agencia de Francisco Correa, que hizo los viajes oficiales del partido en los noventa y también los viajes privados de los principales dirigentes de la época.

José María Aznar, presidente de honor del PP, que era el jefe del partido cuando Correa hacía todo en la calle Génova, ha evitado hasta ahora darse por aludido. Ayer, al hacerse cargo de la cátedra de Ética Política en la Universidad Católica de Murcia, sentenció: "Se debe exigir que quienes ocupan cargos de responsabilidad acrediten algo más que su presunción de inocencia". "Es esencial que los partidos pongan el máximo celo en detectar" a los corruptos, sentenció. Pero ni una mención expresa a Correa, padrino en la boda de su hija.

- Tribunal Supremo. Decidirá en las próximas semanas sobre el recurso del fiscal contra el archivo del caso de los trajes de Camps.

- Superior de Valencia. Debe tramitar la denuncia de los socialistas sobre posible financiación ilegal del PP.

- Superior de Madrid. Buena parte del sumario aún está declarada secreta. El juez Pedreira puede abrirla en cualquier momento.

El president de la Generalitat, Francisco Camps, afirmó ayer en Castellón que él es "un disciplinado y leal militante" del PP y por tanto asume la petición de Mariano Rajoy de que "nadie hable del partido fuera del ámbito del mismo".

Camps realizó estas declaraciones tras el acto de celebración del cuadragésimo aniversario del Instituto Técnico Cerámico (ITC) en Castellón, tras ser preguntado por las manifestaciones de ayer del presidente fundador del PP, Manuel Fraga, quien sobre el líder del PPCV dijo desconocer "si repetirá como candidato porque, no en vano, ha habido trajes arriba y trajes abajo. Se ha trajinado demasiado".Asimismo, Fraga volvió a apostar por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para la dirección popular en la Comunitat Valenciana.

El jefe del Consell explicó que "hace seis días el presidente nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, dijo que nadie hablase del partido fuera del ámbito y de los órganos del partido".

"Yo, que soy un disciplinado militante, voy a hacer exactamente lo mismo que el presidente del partido nos ha pedido a todos y que imagino incluye a todos los militantes del partido: no hablar de las cuestiones del partido fuera de los ámbitos del gobierno del mismo", aseveró.

El presidente del PP en la Comunitat Valenciana reiteró que es "un militante leal y disciplinado" y que hará "exactamente eso".

El presidente dijo también que tanto él como Castellón tienen "la enorme suerte" de tener a Carlos Fabra como presidente de la Diputación y del partido en la provincia y mostró su apoyo total al presidente del PP provincial.

Camps aseguró que Carlos Fabra "es un hombre que lleva décadas peleando por esta provincia, que la ha puesto en valor, que ha hecho que las Administraciones nacional y autonómica hayamos invertido como jamás se había hecho en la provincia de Castellón".

En este sentido, matizó que se refería a "a Administración nacional cuando gobernaba el PP, porque desde que llegó el Partido Socialista, ya no ha habido un sólo euro para la provincia de Castellón".Camps también dijo que es "algo excepcional que siga pidiendo por su tierra como yo hago por la Comunitat Valenciana", en referencia a Fabra, añadió.

"Sería incoherente e incongruente que yo esté todo el día peleando por la Comunitat y no se permitiese que alcaldes y presidentes de las diputaciones hiciesen exactamente lo mismo", ha agregado.Sobre las peticiones de inversión para proyectos como la Ciudad de las Lenguas o Mundo Ilusión, Camps afirmó que "muchas de las cuestiones que ha planteado ya están resueltas" y las enmiendas que se presentarán por parte de la Diputación, afirmó, "estarán, seguro, aceptadas"."Hemos trabajado conjuntamente -según el jefe del Consell- y difícilmente se puede encontrar alguna reivindicación que la Administración autonómica no haya puesto en marcha en la provincia de Castellón", dijo.

El Ayuntamiento de Castellón ha creado esta mañana a propuesta de los socialistas una comisión de investigación para analizar los contratos que ha adjudicado a empresas que han sido vinculadas en los informes policiales con la supuesta financiación ilegal del PP.

El concejal del Bloc en el Ayuntamiento, Enric Nomdedéu, ha aceptado la presidencia, ofrecida por el equipo de gobierno del PP, de esta comisión de investigación.

Tanto Lubasa como Facsa y Piaf, tres de las cinco empresas que aparecen en la contabilidad de la trama Gürtel investigada por la policía, son concesionarias y adjudicatarias del Ayuntamiento de Castellón, cuyo alcalde es Alberto Fabra (PP). Las empresas han negado cualquier relación con la presunta financiación irregular del PP.

La comisión, que se ha formado hoy por la mañana, ha designado una vicepresidencia, que estará ocupada por el concejal del PP Juan José Pérez Macián.

Nomdedéu exigió, como condiciones para aceptar la presidencia de la comisión, la elaboración de un reglamento consensuado, el acceso libre a toda la documentación que se solicite, la ausencia de declaraciones durante el tiempo que dure la investigación y la redacción de un informe final consensuado.

La comisión no tendrá una duración límite y, de momento, los integrantes detallarán los documentos a los que quieren tener acceso para, posteriormente, fijar una fecha para la próxima reunión.

JUEZ: "¿QUÉ LE DEBE A USTED EL SEÑOR PÉREZ?" CAMPS: "LOS VALENCIANOS ME DEBEN MUCHO"

El 20 de mayo, el juez José Flors, instructor del caso por supuesto cohecho impropio contra cuatro dirigentes del PP valenciano, entre ellos el presidente Francisco Camps, tomaba declaración a los imputados. Durante el interrogatorio a Camps, el juez puso la grabación de una conversación incluida en el sumario. Hablaban, el 7 de enero pasado, Álvaro Pérez, El Bigotes, jefe de Orange Market, la empresa valenciana de la red Gürtel, y Francisco Camps:

El juez Flors quiso saber qué encerraba ese mensaje de El Bigotes y preguntó a Camps:

Camps. Todos los valencianos me deben mucho porque he sacado adelante la Comunidad Valenciana. Los valencianos me gritan "presidente, presidente" cuando me ven por la calle.

Juez. No, señor Camps, lo que le pregunto es ¿qué le debe el señor Pérez?

Esta conversación forma parte del interrogatorio grabado en vídeo que han reconstruido para EL PAÍS algunas de las partes que han tenido acceso al mismo.

El presidente valenciano evitó responder a una pregunta que iba directa al corazón del supuesto cohecho impropio cometido por Camps. En la conversación de éste con El Bigotes se hablaba de tres regalos, supuestamente muy caros, que el responsable de Orange Market había enviado a Camps, a su mujer y a su hija. Para entonces, Orange Market había conseguido de la administración valenciana numerosos contratos, muchos de ellos sin concurso, por un monto de siete millones. "Desconozco si se han concedido contratos a Orange Market desde Presidencia de la Generalitat", afirmó Camps.

En su declaración ante el juez sobre los regalos de El Bigotes, Camps se defendió así: "Devolvimos el reloj, la pulsera y una cinta de cuero con una medallita que había regalado a mi hija. Los devolvimos en la farmacia de mi esposa". En la conversación del 7 de enero, Camps le pasa el teléfono a su mujer para que hable con El Bigotes y se escucha lo siguiente:

Á. Ah... claro, es que he pensado en la muñeca de una chica muy joven, como tú.

Á. No te preocupes que eso lo arreglamos. Pero... ¿Le ha gustado la medallita?

Á. Vale, me alegro, vale, vale. Oye, pues entonces no te preocupes que yo mañana...

El juez también preguntó a Camps por qué no guardaba facturas ni tiques de las prendas que, según la investigación, le regaló la trama corrupta.

El presidente reconoció en su declaración que El Bigotes le puso en contacto con la tienda de Milano en Madrid en la primavera de 2003, donde al principio no compró nada. Posteriormente, le enviaron cuatro trajes que devolvió porque no le sentaban bien. A finales de 2006, sus encargos se trasladaron a la tienda Forever Young, adonde se había incorporado a su vez el sastre José Tomás. Allí encargó dos trajes que recibió a principios de 2007 y que pagó, según Camps, en efectivo. Después encargó otro en marzo de ese año, que también pagó en efectivo, como así hizo después con otros tres trajes y unos zapatos.

Juez. ¿Cómo puede explicar que no conservara ningún tique a efectos de posibles arreglos en las prendas?

Camps. El mejor justificante es el propio traje (...) No tengo por costumbre pedir tiques. El dinero para pagar los trajes lo sacó mi esposa del banco y de la caja de una farmacia que tiene en el centro de Valencia y de la que es copropietaria (...) En una ocasión, al ir a pagar en metálico, me faltó una pequeña cantidad y se la solicité a mi escolta.

El sastre José Tomás ha negado que el presidente se pagara sus trajes. Ningún empleado de Forever Young vio nunca pagar a Camps. Y en los registros de la tienda, los trajes de Camps aparecen como abonados por las empresas de la trama corrupta.

El juez le preguntó si El Bigotes le había prestado trajes para sesiones fotográficas -tal y como aseguraba Álvaro Pérez en una conversación telefónica con uno de sus socios-, pero el presidente lo negó. Camps admitió que llevó un frac y un chaleco, de la tienda de José Tomás, que devolvió después de usarlos.

Juez. ¿Por qué llamó usted al sastre José Tomás para hablar de las facturas de los trajes?

Camps. El diario EL PAÍS iba a publicar la factura de Milano. Yo hablé con un periodista de EL PAÍS y logré parar la edición. José Tomás me dijo que era un problema de contabilidad.

El juez Flors no dio mucho crédito al presidente valenciano y decidió sentarle en el banquillo para que fuera juzgado por un delito de cohecho impropio. Camps recurrió y la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia decidió, por dos votos a uno, archivar el caso. El fiscal recurrió ante el Supremo esta decisión.

El domingo 8 de febrero, este periódico mantuvo un contacto telefónico con Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, sobre una conversación grabada a una directiva de la trama corrupta, Isabel Jordán, en la que ésta afirmaba que había pagado 30.000 euros a la tienda Milano por unos trajes para Camps.

El presidente valenciano aseguró que se pagaba los trajes y EL PAÍS decidió no publicar la información dado que, de lo conocido hasta entonces, no existían más pruebas del supuesto delito de cohecho. En su declaración ante el juez José Flors, el presidente valenciano aseguró que había conseguido parar la publicación de esa noticia.

No fue Camps sino EL PAÍS el que decidió no publicar la transcripción de la grabación que le implicaba y que consta en el sumario del caso, al entender que no había más pruebas para acreditar la denuncia y creer, en ese momento, en la palabra del presidente valenciano.

Sólo 11 días después, EL PAÍS adelantó la noticia de que el fiscal implicaba a Camps en la trama corrupta debido, justamente, al caso de los trajes regalados por Álvaro Pérez al presidente valenciano. Para entonces, la investigación ya había acumulado documentos y testimonios suficientes para sostener que existían indicios claros de un supuesto delito de cohecho impropio que se atribuía al presidente de la Generalitat.

EL DICCIONARIO CAMPS: MIL Y UNA MANERAS DE HACER EL RÍDICULO SIN HABLAR DE LA GÜRTEL

Desde que estalló el caso Gürtel el pasado mes de febrero, Francisco Camps ha pasado de ser uno de los barones regionales con más peso en el PP nacional, a ser el líder más defenestrado de la derecha española. En vez de reconocer sus errores, el presidente de Valencia ha optado desde el principio por negar todas las vinculaciones de su Gobierno con la trama corrupta. Para ello, ha echado mano de frases rimbombantes e incomprensibles que sin duda pasarán a la historia. Esta es una selección de los disparates más sonados de El Molt Honorable.

19 de febrero de 2009. Francisco Camps se vio obligado a comparecer ante la prensa para desmentir que tenga ninguna vinculación con la trama Gürtel después de las últimas investigaciones periodísticas. Arropado por su equipo de Gobierno y por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, Camps realizó una breve comparecencia en la que manifestó que está “profundamente indignado” con las informaciones publicadas y aludió a una frase de Winston Churchill que definía la democracia como el estado en que "a las seis de la mañana el único que podía llamar a la puerta era el lechero". Por si fuera poco, el presidente de Valencia echó mano a una frase atribuida al escritor alemán Bertolt Bretch, y afirmó: "Ayer un concejal, hoy un alcalde, mañana, el presidente de una Comunidad Autónoma".

El pasado 30 de abril, una vez más, el presidente valenciano consiguió salirse por la tangente y evitar contestar a las preguntas de la oposición socialista sobre su presunta implicación en la trama Corrupta vinculada al PP. Preguntado sobre el asunto en Les Corts, Camps se dirigió a los diputados socialistas y les dijo: "Se sabrá toda la verdad y que aquí no ha pasado absolutamente nada, pero nunca guardaré rencor de estos días cuando me han dicho estas cosas tan horrorosas".

El 20 de mayo llegó el gran día. El PP valenciano tiró la casa por la ventana para apoyar a Camps en su declaración como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por un presunto delito de cohecho vinculado con la trama. El dirigente del PP llegó al tribunal acompañado de la alcaldesa de Valencia Rita Barberá y sus tres vicepresidentes en el Gobierno valenciano. Allí se congregaron numerosos simpatizantes del Partido Popular para expresar su apoyo al president. Al salir, un Camps muy sonriente manifestó: "Estoy muy satisfecho y muy contento por poder explicar ante el juez la verdad". Éste, por cierto, le mantuvo la imputación.

El 30 de mayo, la oposición no daba crédito. Contra todo pronóstico, Mariano Rajoy decidió elegir Castellón para continuar con su campaña electoral para las europeas. Un desafío, teniendo en cuenta que el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, tiene un proceso judicial abierto por fraude fiscal con petición de dos años de cárcel y otras muchas causas pendientes. Pero no conforme con ello, el líder del PP estuvo acompañado, además, por Francisco Camps, quien como acostumbra, pronunció frases para el recuerdo.

- Camps a Rajoy: "Es muy bonito, muy hermoso, eres la esperanza de millones de españoles. Es algo muy grande".

El pasado 7 de julio, Camps por fin realizó declaraciones después de que su más que “amigo” De la Rúa decidiera no archivar la causa y citarle para el próximo día 15 al considerar que puede haber cometido un delito de cohecho. Así, en la localidad de Algemesí aseguro que la verdad “está más cerca que nunca” y que quedaban "uno o dos escaloncitos y entonces toda esta cuestión tan extraña, absurda y estrafalaria habrá pasado al pasado".

El 24 de septiembre, horas después de que El País desvelara que el Partido Popular se había financiado ilegalmente a través de las empresas de la trama liderada por Correa, el grupo parlamentario popular de Les Corts se reunió en Sant Vicent del Raspeig. Como era de prever, la explosiva noticia marcó el encuentro entre Camps y sus diputados. El presidente de la Generalitat, lejos de reconocer sus errores, atacó al Gobierno socialista con una dureza inusual. La reunión fue a puerta cerrada, pero se filtraron frases tan míticas como:

- “Si pudieran, me gasearían”.

- “Zapatero es un radical, dogmático y fundamentalista que milita en un partido repleto de marxistas y relativistas”.

El 1 de octubre, Camps realizó las primeras declaraciones después de mantener una dura reunión con Mariano Rajoy en el parador de Alarcón. Preguntado por si hablaron de ceses, Camps reconoció haber hablado de dimisiones pero... ¡de la de Zapatero! Cabe recordar que después de su cita en Alarcón con Rajoy, el dirigente del PP participó en un acto en la Fundación Bancaja y volvió a desviar la atención hacía el fichaje de Fernando Alonso por Ferrari. "Estoy muy contento porque Fernando Alonso va a correr en Ferrari, y si usted -dirigiéndose a una de las periodistas que aguardaban su salida- es de Público y del grupo -de comunicación- que también lleva La Sexta, podrán retransmitir excepcionalmente el Gran Premio de Fórmula Uno del año que viene".

Disparates

El 5 de octubre, Camps habla con los periodistas, que no dan crédito a las afirmaciones que pronuncia el Molt Honorable:

- “Nos apoyamos todos, que eso es lo importante ¿no? Estamos todos muy contentos, la verdad. Nos apoyamos todos y eso es muy bonito. También lo apoyo a usted, que lo está haciendo muy bien durante estos días y estas semanas. Y la verdad es que nos apoyamos todos, porque esa es la mejor manera de poder llegar cuanto antes a lo que les decía antes".

- “El ambiente que se está respirando en el partido es excepcional, siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca”.

Por si fuera poco, Camps comentó las declaraciones que realizó el presidente de honor del PP, Manuel Fraga, en las que reconoció que la situación del partido en la Comunitat "no da la sensación de que vaya muy bien". Sin inmutarse, el president afirmó que Fraga "está muy feliz" y "está encantado con el partido en la Comunitat y con el partido en toda España".

Calvos y peludos

Tras varios días de presiones de la dirección nacional, el culebrón Costa parecía terminar con el descabezamiento del secretario general del PP valenciano como primera víctima en las filas de Camps. Sin embargo, las horas de confusión y declaraciones contradictorias sobre la expulsión de Costa dejaron un reguero de frases antológicas dignas de aparecer en una película de los Hermanos Marx.

- "Todos tenéis que ser felices, porque todos somos iguales, los calvos y los que tenéis pelo”.
- "Ahí fuera hay miles y miles de enemigos".

- "Son ustedes muy amables y muy agradables" (a los periodistas, el día después).

El 22 de octubre, obviando las fuertes vinculaciones que la trama parece tener con importantes dirigentes del PP, incluido él mismo, Camps se defendió atacando y aseguró que, “al final, los socialistas dejarán el Gobierno por dos 'ges', los GAL y Gürtel, esta caso les arrastrará así que deje usted de difamar ”. Camps, quien aparece en conversaciones intervenidas por la Policía llamando al supuesto jefe de la filial valenciana de la red, Álvaro Pérez El Bigotes, “amiguito del alma”, se atrevió a desvelar que las empresas vinculadas al caso “son en realidad amigas de La Moncloa”.

“Cuando yo estaba mal y sufría, pensaba en ti y me animaba. Mariano, tú eres mi escudo”. Esta es la última frase disparatada que ha pronunciado Camps. Lo hizo el pasado martes en el Comité Ejecutivo Nacional del PP. (Más frases en el blog de Ignacio Escolar, www.escolar.net).

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, adoptó el pasado lunes la penúltima solución que podía adoptar acuciado por los sucesivos escándalos relacionados con el caso Gürtel. Descartada, finalmente, la dimisión y la convocatoria de unas elecciones anticipadas, Camps ha decidido gastar sus últimos cartuchos para llegar en las mejores condiciones a los próximos comicios, previstos para mayo de 2011. Unos comicios que, de ganarlos, supondrán, para Camps, la absolución del pecado original.

La solución adoptada en el último Comité Ejecutivo Regional supone un cambio de modelo. Hasta ahora, el jefe del Consell había delegado casi todo el poder en dos hombres: Ricardo Costa como secretario general y portavoz parlamentario, y Vicente Rambla, como vicepresidente político y coordinador de campaña. A partir de ahora, forzado por la necesidad, el presidente de la Generalitat recurre al consejero de Inmigración, Rafael Blasco, para librar la batalla de la opinión pública -desde el Consell y desde las Cortes- y remontar el enorme desgaste de los escándalos de los trajes regalados, las contrataciones atípicas y la supuesta financiación irregular del PP.

En el frente interno, Camps recurre a un grupo de fieles incondicionales sin peso en el partido -Antonio Clemente, secretario general; José Ciscar, vicesecretario general; y Alberto Fabra, coordinador general del PP- para sofocar la rebelión de los barones provinciales. Y, en especial, los efectos generados por las desafecciones de Joaquín Ripoll en Alicante y Carlos Fabra, en menor grado, en Castellón.

La elección de Blasco, que ha negociado hábilmente con Camps las condiciones para asumir el reto sin conocer el verdadero alcance del caso Gürtel, no es baladí. Blasco se ha revelado como el mejor estratega de un PP y un Consell desnortados, con tres vicepresidentes que durante la crisis no han respondido a las expectativas. El resultado del nuevo escenario es una pérdida de poder real -otra más- del vicepresidente primero, Vicente Rambla; y el alejamiento del vicepresidente segundo, Gerardo Camps, de la línea de sucesión de Camps. El vicepresidente tercero, Juan Cotino, obtiene nuevos galones como coordinador entre el Gobierno y el partido. Un nombramiento que recompensa su lealtad, pero que tiene pocos efectos prácticos.

Por el contrario, Rafael Blasco -que durante meses ha trabajado conjuntamente con el presidente provincial de Valencia, Alfonso Rus- obtiene un nivel de poder equivalente al de una vicepresidencia ejecutiva.

El consejero de Inmigración asumió ayer, entre ovaciones, el cargo de portavoz parlamentario. Y en los próximos días asumirá nuevas competencias del área de Presidencia, fundamentalmente la Dirección General de Relaciones con las Cortes -todavía dependiente de Rambla- y la de Cohesión Territorial -que ostenta la consejera portavoz Paula Sánchez de León-.

Dos instrumentos potentísimos para un hombre capaz de jugar en varios tableros a la vez. Blasco, además, cuenta con el apoyo de la estructura provincial del partido en Valencia. Y Alfonso Rus ve recompensado su apoyo a Camps con el nombramiento de su secretario provincial, Vicente Betoret, como portavoz adjunto en las Cortes Valencianas.

El talón de Aquiles del nuevo equipo de Camps es, sin embargo, el mismo del anterior: los elementos del caso Gürtel siguen presentes y los cargos salpicados por los escándalos permanecen en el PP y en el Consell.

EL PP NO EXIGE LA DIMISIÓN DE CARGOS VALENCIANOS IMPLICADOS EN LA 'GÜRTEL'

La dirección del PP dio ayer por buenos y suficientes los cambios realizados por Francisco Camps en Valencia. La secretaria general, María Dolores de Cospedal, señaló que "las decisiones" adoptadas en el Comité Ejecutivo Regional estaban "totalmente respaldadas" por Rajoy.

No importa que en el organigrama del partido sigan figurando los nombres del vicesecretario de Organización, David Serra, o el de la tesorera del partido, Yolanda García. O que en el Consell siga como vicepresidente Vicente Rambla. Todos ellos figuran en un informe policial que denuncia la financiación ilegal del PP valenciano. En dicho documento también se habla de una empresa familiar de Juan Cotino, vicepresidente de la Generalitat y hoy uno de los hombres fuertes de Camps. Ese informe fue determinante para la destitución de Ricardo Costa, pero no parece necesario que ellos deban dimitir de sus cargos.

"El PP de Valencia tuvo su reunión y aprobó una nueva ordenación de la estructura de dirección con una amplísima mayoría", recordó Cospedal. El presidente de la Generalitat sustituyó a Costa por Antonio Clemente como secretario general y dio cargos a otras cinco personas más. No hay ninguna intención de exigirle que haga algo más de momento.

Mariano Rajoy señaló ayer ante el Comité Ejecutivo Nacional que la corrupción le "preocupa". "Debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitarla y combatirla", señaló. Rajoy prometió que a la siguiente reunión llevaría un código de buenas prácticas

Para el líder del PP, se debe "elegir bien" a los cargos públicos y "aumentar el nivel de exigencia"; si es preciso, "modificando la legislación".

Rajoy prometió que a la siguiente reunión llevaría un código de buenas prácticas. También anunció que propondrá "a la sociedad española y al conjunto de partidos políticos un gran pacto por la transparencia y contra la corrupción".

El PP siempre ha rehuido suscribir este acuerdo cuando el PSOE lo ha querido sacar adelante. Pero ahora Rajoy desea que se "perciba" al PP "como una fuerza nacional, unida y limpia".

Durante su intervención en la reunión, Camps señaló que desde el primer momento él apostó por Rajoy como líder y que había sido una de las decisiones "más acertadas". La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se quejó de los ataques que están sufriendo y recordó que en su comunidad no hay ningún imputado por el caso Gürtel.

www.publico.es 04.11.09

RIPOLL: "LA LEY DEL SILENCIO ES DEL PASADO"

El presidente provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, acentuó ayer su pulso con el líder de los conservadores valencianos y presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por el acuerdo alcanzado en el comité ejecutivo regional de imponer la ley del silencio fuera de los órganos del partido. "Las leyes del silencio son propias de épocas pasadas", aseveró Ripoll en Elche. El coordinador regional del PP, Alberto Fabra, respondió a Ripoll de la siguiente forma: "Cuando tenga algo que decir, que lo haga en el partido, para enriquecer, y no fuera, creando polémicas estériles".

Ripoll hizo estas declaraciones en un feudo netamente campista, con la portavoz del Grupo Popular municipal, Mercedes Alonso, a la cabeza. Alonso también replicó a Ripoll: "Quien no esté de acuerdo con las directrices del partido tiene las puertas abiertas".

Ripoll y Alonso mantienen otro enfrentamiento por la dirección local del partido. La primera víctima de esta pugna fue el edil Emigdio Tormo, afín a Ripoll, expulsado del PP hace un mes a propuesta de Alonso. Ésta acusa a Tormo de "deslealtad". El presidente provincial ha respondido a la sanción al concejal asegurando que no convocará la asamblea local hasta que se revoque la expulsión del edil.

Por otra parte, La Fiscalía General del Estado ha archivado la denuncia presentada por Iniciativa pel País Valencià contra Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por supuesta prevaricación a raíz de la exculpación de Camps en el caso Gürtel.

AJUSTES EN VALENCIA

Valencia cerró ayer también las heridas, aunque superficialmente, con los ajustes que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, hizo en su formación, entre los que destaca el nombramiento de Rafael Blasco como nuevo hombre fuerte en la portavocía parlamentaria tras la destitución de Ricardo Costa. Camps, en cambio, no fue más allá como se le venía pidiendo desde Génova, y descartó remodelar su Gobierno. Sin embargo, Cospedal ha asegurado hoy que las decisiones del partido en Valencia "las respalda la dirección".

Tampoco en la reunión de ayer se desautorizó el acta que demuestra que Costa no fue nunca cesado de sus funciones, ni se apartó a algunos de los colaboradores directos de Camps que quedaron salpicados por el caso Gürtel.

Pese a que los dos movimientos en Madrid y Valencia son interpretados por la mayoría de los dirigentes del PP como una victoria de Rajoy, la situación del partido se ha debilitado por la magnitud que la crisis ha alcanzado en las últimas semanas y el ambiente ha quedado bastante enrarecido. En Madrid, la renuncia de Aguirre y su mano derecha, González, en la batalla por Caja Madrid, no significa que haya terminado con las disputas entre la presidenta regional, que mantiene intacto su poder, y Rajoy. Incluso las diferencias con Gallardón, son ahora más notables puesto que Aguirre le responsabiliza de la entrevista a Cobo en EL PAÍS. En Valencia cunde la idea de que pese a los retoques en el partido auspiciados por Génova, Camps ha agotado su credibilidad.

www.elpais.es 03.1109

CAMPS ACATA LAS ÓRDENES DE RAJOY CON UN AJUSTE QUE DESPRECIA A LOS BARONES

El presidente mantiene a casi todos los cargos salpicados por el 'caso Gürtel'

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, cambió ayer la estructura el PP valenciano para aplacar la rebelión de sus barones y acallar las críticas internas a la gestión del caso Gürtel. En vez de limitarse a cubrir la vacante del defenestrado Ricardo Costa en la secretaría general -tal y como le exigía Génova- o de colegiar la gestión de la crisis -como le pedían los barones provinciales-, Camps recurrió a varios de sus fieles sin peso en el partido y al consejero Rafael Blasco (ex socialista) para blindar su liderazgo. Aunque ello no le soluciona los problemas del caso Gürtel.

El presidente valenciano presentó una propuesta que mantiene en sus puestos a todos los cargos salpicados por los escándalos del caso Gürtel. Tanto al vicesecretario de Organización, David Serra, y a la tesorera Yolanda García, como a los vicepresidentes Vicente Rambla y Juan Cotino. Todos ellos salpicados por el escándalo de la supuesta financiación irregular del PP en Valencia.

Camps optó por nombrar como nuevo secretario general del PP a Antonio Clemente, hasta ahora vicepresidente primero de las Cortes y sin ningún peso en el seno del partido. El delegado del Gobierno valenciano en Alicante, José Ciscar, es nombrado nuevo vicesecretario general. Un cargo que no existía y que tendrá como misión desmochar el bastión de los zaplanistas en Alicante.

El jefe del Consell también aprovechó los nombramientos para pasarle la factura al presidente de Castellón, Carlos Fabra, por sus devaneos con los hermanos Costa. Así, Camps decidió nombrar coordinador general del PP al alcalde de Castellón, Alberto Fabra. El munícipe es una persona muy próxima a Francisco Camps y con este nombramiento se consolida como un liderazgo alternativo al de Carlos Fabra.

Gobierno-partido

Los nombramientos incluyen también un nuevo puesto de coordinador entre el Gobierno y el partido para el vicepresidente tercero del Ejecutivo, Juan Cotino. Un cargo sin contenido específico, con el que Camps recompensa su lealtad. El consejero de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, se convierte en el nuevo hombre fuerte del Gobierno, por encima de los tres vicepresidentes. Blasco asume -según el modelo británico- el cargo de portavoz parlamentario y desplaza a Rafael Maluenda, que es enviado a la Mesa de las Cortes. Blasco, que fue consejero con el socialista Joan Lerma y con el popular Eduardo Zaplana y ahora con Camps, refuerza su poder con nuevas competencias de Presidencia.

La propuesta de Camps fue votada por todos los miembros del comité regional, a excepción de los cuatro de la dirección provincial de Alicante.

"Aquí hay dos presidentes provinciales que me quieren y uno que no me quiere", dijo Camps, que se mostró dispuesto a aguantar cualquier ataque a su liderazgo. El presidente recalcó que el caso Gürtel, por lo que se refiere a Valencia, "está archivado" y si aparecen nuevos escándalos los afrontará porque su intención es presentarse a la reelección en 2011.

El presidente del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, mostró su disgusto con el resultado de la reunión. "Creo que hoy no hemos resuelto lo importante. Lo importante no era sustituir a Ricardo Costa, sino atajar las causas"

Carlos Fabra, presidente del PP de Castellón, intervino para profesar la fe del converso, pese a que el acuerdo no le agrada. Fabra intervino para replicar a Ripoll, a quien le recordó que "las puertas del partido están abiertas, tanto para entrar como para salir, y que el presidente es el encargado de aprobar las listas electorales".

Para Alfonso Rus, presidente del PP de Valencia, el acuerdo es bueno, aunque lamentó que no tuviese unanimidad. Rus es el que más satisfecho sale de un acuerdo que se terminó de gestar en la madrugada del lunes.

"TODO EL QUE HABLE FUERA DEL PARTIDO NO TIENE CABIDA EN ÉL"

Francisco Camps impuso ayer la omertà, la ley del silencio, a todos los cargos del PP de la Comunidad Valenciana. Y lo hizo de manera formal, con votación incluida, para que conste en el acta de los acuerdos del Comité Ejecutivo Regional extraordinario del PP.

La propuesta partió del propio Camps, que en los últimos meses ha visto a los medios de comunicación como un elemento hostil, utilizado por sus adversarios para desestabilizarlo. "Yo nunca he hablado fuera de los órganos del partido, yo siempre he sido leal a mi presidente, y pido que se respete la estructura de mando, que ha de ser muy fuerte", argumentó el presidente valenciano. "Por eso hay un presidente, un secretario general, un presidente provincial, los alcaldes y nadie debería hablar fuera de los órganos del partido sin autorización".

"¡Que se vote, que se vote!", pidieron dos de los seguidores más entusiastas de Camps: el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, y el todavía portavoz del grupo parlamentario, Rafael Maluenda, que actuaron como movidos por un resorte.

Dicho y hecho. La cúpula del PP, con el único voto negativo de los cuatro miembros de la dirección provincial de Alicante, aprobó "dar poderes al presidente regional del PP para que quien hable en contra de la jerarquía del partido, fuera de los órganos de gobierno, pueda ser expulsado".

La propuesta fue interpretada por la cúpula de los populares valencianos como una demostración de fuerza del presidente valenciano tras comprobar que no todos en su partido aprueban su gestión.

Reforzar el liderazgo

La reunión de ayer permite a Camps reforzar su liderazgo en el interior del partido, aunque ya no por la vía de los afectos. La ruptura con la dirección provincial de Alicante se visualizó ayer con toda su crudeza. "Ya me intentaron echar en el congreso provincial", dijo Ripoll, "pero yo sigo siendo el presidente provincial". Los otros dos barones quedan a la expectativa, a ver si el caso Gürtel depara nuevas sorpresas.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, la principal alternativa a Camps, se mostró satisfecha por una reunión que alivia la presión interna. "El Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha cerrado el problema que tenía y sale mucho más unido y más fuerte tras los nombramientos", sentenció Barberá, que respira con la idea de no tener que pensar en la sustitución de Camps.

www.elpais.es 03.1109

RAFAEL BLASCO : Expulsado por corrupción

El consejero de Inmigración, Rafael Blasco, ha terminado por convertirse en el hombre fuerte del PP valenciano. Blasco (Alzira, 1945) llegó al primer Consell de la Generalitat en 1983 con el socialista Joan Lerma de presidente. Ocupó las carteras de Presidencia y de Urbanismo. El 27 de diciembre de 1989, Lerma le destituyó por su supuesta implicación en una recalificación irregular de terrenos. El PSOE lo expulsó, aunque fue absuelto por la justicia, que invalidó unas grabaciones que, supuestamente, lo incriminaban. Reapareció en el PP en 1995 de la mano de Eduardo Zaplana y se consolidó con Francisco Camps. Blasco ha ocupado varias carteras y ahora es imprescindible.

www.elpais.es 03.1109

CAMPS DESCARTA REMODELAR SU GOBIERNO Y DICE QUE RAJOY ESTÁ "ENCANTADO" CON LOS CAMBIOS

El presidente de la Generalitat se apoya en Rus y Fabra frente a los críticos de Alicante.- Antonio Clemente sustituye a Costa en la Secretaría General y el consejero de Inmigración, Rafael Blasco, nuevo portavoz en las Cortes

Francisco Camps, ha descartado acometer una remodelación en su Gobierno y ha asegurado que el presidente del partido, Mariano Rajoy, está "encantado" con los cambios introducidos hoy en su formación. Entre las novedades, Camps ha impuesto al vicepresidente primero de las Cortes Valencianas, Antonio Clemente, como nuevo secretario general del PP valenciano en sustitución de Ricardo Costa, suspendido de militancia la semana pasada por la dirección nacional del partido. Clemente ha sido diputado autonómico en las tres últimas legislaturas por Valencia y forma parte de la Mesa de las Cortes.

Pese a que Génova le exigió a Camps que propusiera formalmente el cese de Costa -aún pendiente-, el presidente valenciano ha señalado que las decisiones sobre su ex número dos dependen de la dirección nacional y ha manifestado su deseo de que este asunto se solucione "cuanto antes". En una rueda de prensa tras la reunióndel comité, Camps ha dicho que en relación con el caso Gürtel, en el que estuvo imputado por cohecho, ha permanecido "tranquilo desde el principio" de la investigación.

Camps, que ha convocado esta mañana al comité ejecutivo regional para intentar cerrar la crisis interna por el caso Gürtel, también ha designadovicesecretario general al ex diputado autonómico José Ciscar, ahora delegado del Consell en Alicante. Además, habrá dos coordinadores generales: el vicepresidente tercero y consejero de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo, Juan Cotino, y el alcalde de Castellón, Alberto Fabra. El primero será coordinador de la acción del Gobierno valenciano en el partido.

El hasta ahora portavoz del grupo popular en las Cortes, Rafael Maluenda, sustituirá a Clemente en la Mesa de las Cortes. Su fugaz puesto lo ocupará el consejero de Inmigración, Rafael Blasco, que no dejará sus actuales responsabilidades.

Camps, sin embargo, mantiene como vicesecretario de Organización del PP valenciano a David Serra, que figuraen las conversaciones del caso Gürtel. En una de ellas afirma que el presidente valenciano "lo sabe todo".

Alicante, en contra

La propuesta de cambios de Camps ha salido adelante con los cuatro votos en contra de la dirección provincial de Alicante, que encabeza el presidente de la Diputación provincial, José Joaquín Ripoll, que estos días se ha mostrado muy crítico con la gestión del presidente valenciano. Campsse apoya así en los otros dos presidentes provinciales del PP, Alfonso Rus (Valencia) y Carlos Fabra (Castellón), frente al heredero del zaplanismo, Ripoll.

De la remodelación sale reforzado el consejero Blasco, que toma las riendas del partido en las Cortes para hacer frente a las consecuencias del caso Gürtel. Blasco, que fue consejero socialista y hombre fuerte de los gobiernos de Joan Lerma, ha marcado las estrategias del PP en los momentos de dificultad, como en la primera fasedel caso Gürtel, cuando lo que se sabía es que la trama Gürtel habíaregalado trajes a Camps y otros altos cargos. Tanto Clemente como Ciscar carecen de peso específico en el partido.

Camps, además, ha impuesto también una mordaza a las críticas de dirigentes del partido en una votación en la que se le ha dado poderes para que pueda expulsar a aquellos que hablen públicamente en contra de la jerarquía del partido.

El intento de Camps de evitar las críticas públicas a su gestión no ha impedido que Ripoll afirmara tras la reunión que ha votado en contra de los cambios porque "el diagnóstico está mal hecho" y que ha recibido "amenazas" en el comité ejecutivo por su oposición a las "soluciones malas" que, a su juicio, ha planteado el presidente valenciano. "Creo que hoy no hemos resuelto lo importante. Lo importante no era sustituir a Ricardo Costa, sino atajar las causas" que han desembocado en esta crisis, ha afirmado Ripoll. "Me han amenazado con algunas cosas. Me han dicho que las listas se hacen dentro de año y medio. Y... ya saben lo que pasa", ha denunciado el dirigente alicantino. Ripoll ha criticado también que se haya marginado a Alicante en la reestructuración: "Creo que a mí, a Alicante, se me ha querido dejar fuera". A pesar de ello, y de los que según Ripoll le han señalado "la puerta" de salida del PP, el presidente provincial de Alicante afirma sentirse "muy cómodo" en el partido.

Por su parte, el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, ha calificado la remodelación de "confusa e improvisada". Luna mostró su preocupación por el grado de confusión entre Parlamento y Consell en la manera de funcionar de Camps. Y, sobre todo, criticó el nombramiento de Rafael Blasco como nuevo portavoz parlamentario del PP. "Camps sabe que tendrá más problemas con la Justicia. Por eso se ha buscado un experto en tener problemas con la Justicia, en eludir la acción de la Justicia y manejarse en unos terrenos resbaladizos que bordean la legalidad".

www.elpais.es 02.11.09

LOS BARONES DEL PP BUSCAN SOLUCIONES AL MARGEN DE CAMPS

Miles de personas se manifiestan en Valencia contra la corrupción

Los barones provinciales del PP en Valencia se han lanzado a buscar soluciones al margen del presidente valenciano, Francisco Camps, para intentar salir de la crisis en la que están inmersos desde que estalló el caso Gürtel. Una crisis agravada el pasado jueves con la decisión de Génova de suspender de militancia a Ricardo Costa, ex secretario general del PP y mano derecha de Camps.

La dirección nacional pide consenso para elegir al sustituto de Costa

La negativa de Camps a reconocer la gravedad de la situación -y la parálisis política e institucional en la que se encuentra- ha hecho que los presidentes provinciales hayan solicitado la mediación de Génova para desbloquear la situación. Los tres barones del PP, José Joaquín Ripoll (Alicante), Alfonso Rus (Valencia) y Carlos Fabra (Castellón), comparten el análisis de la situación, que Camps se niega a escuchar en una reunión formal con todos ellos.

Un análisis expuesto con claridad por Ripoll, que considera que de la crisis actual sólo se puede salir de dos modos: o bien los principales dirigentes se ponen de acuerdo y todos empujan; o bien una persona decide y todos lo secundan.

Sin embargo, a la vista de lo acontecido en las últimas semanas, Ripoll afirma: "La segunda opción ya no estamos en condiciones de aplicarla. No puede ser que uno [Camps] elija y todos nos pongamos detrás; sino que tendremos que ser muchos los que elijamos la solución y todos vayamos al mismo tiempo".

El primer escollo es la elección de un nuevo secretario regional en sustitución del defenestrado Ricardo Costa. La dirección nacional del PP ha emplazado a Camps a alcanzar una solución antes del martes, cuando Mariano Rajoy ha convocado al Comité Ejecutivo del partido. Pero, para desesperación de los barones provinciales, Camps insiste en proponer como secretario general a una persona de su confianza, sin peso en el PP y sin conexión con los líderes provinciales.

"Pido que nadie se invente ahora un secretario general del PP en la Comunidad Valenciana mirándose al espejo", apuntilló ayer Ripoll, el más crítico con Camps. Rus, más conciliador, pidió que se cierre "la brecha lo antes posible". Fabra, a quien le han recordado días su condición de imputado por delito fiscal y delitos contra la Administración, guarda silencio.

Mientras el PP debate, miles de personas clamaron ayer en Valencia contra la corrupción y exigieron la dimisión de Camps por "haber mentido reiteradamente", como señaló el comunicado de la plataforma No a la Corrupción, convocante de la manifestación. La marcha fue singular por la cantidad de gente que, sin conocer la convocatoria, realizada a través de Internet, se sumó a la protesta durante el recorrido. "No nos mires, a ti también te roban", alentaban los asistentes a quienes se quedaban en las aceras.

La policía autonómica (que habitualmente no aporta datos) cifró la asistencia en 2.200 personas, la Policía Local la aumentó a 2.500 y los organizadores, hasta 40.000. Cuando la cabecera de la marcha había llegado al destino, la plaza de la Virgen, el origen, la plaza San Agustín, a aproximadamente un kilómetro, aún estaba repleta de gente.

www.elpais.es 01.11.09

Miles de valencianos se manifiestan contra la corrupción

Los participantes, 70.000 según los organizadores, 2.200 según la policía, exigen la regeneración de la democracia y la dimisión de Camps

Alrededor 70.000 personas, según la organización, y 2.200 según la Policía de la Generalitat, han marchado en la tarde de hoy para exigir una regeneración de la democracia y la dimisión del President de la Generalitat, Francisco Camps. Los manifestantes, convocados por el colectivo No a la corrupción, han participado simbólicamente en una marcha fúnebre, en la que se ha "enterrado la democracia, maltratada por el PP", con algunas personas vestidas de negro y portando cirios rojos en señal de duelo.

La marcha, que ha circulado con lemas como "La corrupción acaba en la prisión" y "Por la ética en la política" ha arrancado a las 18.30 desde la plaza de San Agustín. Han acudido representantes políticos como la coordinadora de Ezquerra Unida, Marga Sanz, que ha declarado: "ahora más que nunca debemos levantar la voz en favor de la ética en la vida política". El PSPV también ha estado representado en el acto con la presencia de su secretario general, Salvador Broseta, el europarlamentario Andrés Perelló y la portavoz socialista Carmen Alborch, quien ha señalado que el partido "se suma así al amplio sector de la ciudadanía que quiere acabar con la corrupción y que asuman responsabilidades".

A la iniciativa se han adherido plataformas como Ja en tenim prou, Maulets, Centre Social Terra de Benimaclet, Salvem el Cabanyal i Canyamelar y Salvem Catarrosa.

www.elpais.es 31.10.09

El presidente del PP de Alicante cree que el 'caso Gürtel' no debería acabar en Costa

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, tiene a sus barones provinciales cada vez más enojados. La obcecación de Camps por hacer como si el caso Gürtel no existiese y el sainete montado con Ricardo Costa -suspendido finalmente de militancia por la dirección nacional del PP-, provocó ayer la airada reacción del presidente provincial de Alicante, el zaplanista José Joaquín Ripoll.

"Ricardo Costa no es la única persona que debería verse afectada" por el caso Gürtel, aseguró Ripoll, que no ocultó su sorpresa por el hecho de que Camps llegara a plantear la posibilidad de nombrar a Ricardo Costa miembro del Gobierno valenciano. "Es evidente que no encaja con el planteamiento que estamos haciendo", dijo Ripoll, que indicó que no hubiese respaldado tal decisión.

Camps se reunió ayer con el presidente provincial del PP de Valencia, Alfonso Rus, y conversó telefónicamente con Ripoll y con el presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra. Camps dejó entrever que no tiene ningún interés en reunirse con los tres barones, tal y como le exigen ellos, para consensuar una hoja de ruta con la que salir de la grave crisis política e institucional en la que se halla el PP valenciano.

Por el contrario, según fuentes de ese partido, el presidente autonómico insiste en aparentar normalidad y sólo está dispuesto a realizar retoques de carácter cosmético.

Con este planteamiento, Camps estaría sopesando la posibilidad de convocar un comité ejecutivo regional de trámite para elegir un nuevo secretario general del PP de su estricta confianza, pero sin peso alguno y al margen de la opinión de los presidentes provinciales. Sin embargo, antes de convocar a la cúpula del PP, Camps quiere asegurarse que no estará sentado sobre un polvorín. Ayer, Rus guardó silencio y Fabra evitó realizar cualquier crítica.

La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, descartó ayer que Camps vaya a remodelar el Gabinete. Sin embargo, fuentes populares explicaron que el presidente de la Generalitat todavía no ha descartado la posibilidad de sacar del Ejecutivo a uno de sus consejeros para nombrarlo portavoz del Grupo Popular, que dirige Rafael Maluenda, un diputado sin peso en el partido, en sustitución de Ricardo Costa.

www.elpais.es 31.10.09

Juan Costa cuestiona a Rajoy

El diputado critica que Camps no diera la cara por su hermano - Cospedal pide disculpas porque "los españoles no se merecen" lo que pasa en el PP

Juan Costa, diputado del PP y hermano del ex secretario general del partido en Valencia, avivó ayer el fuego del enfrentamiento entre los populares al cuestionar el liderazgo de Mariano Rajoy. A la misma hora, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, pedía en Telecinco disculpas a los militantes de la formación y al conjunto de los españoles porque "no se merecen" la forma de actuar del principal grupo de la oposición.

La 'número dos' del PP asegura que es más grave lo de Costa que lo de Cobo

En su opinión, las declaraciones del ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, son "más graves" que las del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, aunque calificó también éstas de "inaceptables". Cobo criticó el pasado lunes en EL PAÍS a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Pese a las disculpas de Cospedal, el cruce de declaraciones se mantuvo. Juan Costa, que barajó presentarse como alternativa a Rajoy en el congreso del partido en Valencia en 2008, criticó también la actitud del presidente valenciano, Francisco Camps, al no respaldar a su hermano, como sí ha hecho Alberto Ruiz-Gallardón con su número dos, Manuel Cobo.

Lo hizo un día después de que la dirección del PP hiciera público un comunicado en el que recordaba "a todos los militantes su obligación de abstenerse y de hacer manifestaciones o declaraciones que puedan perjudicar la imagen o disciplina interna del Partido y advierte que, de producirse, aplicará los Estatutos del mismo". Juan Costa aseguró en TVE que hay que plantear una "reflexión interna" y que Rajoy "tiene que demostrar que es una alternativa real de gobierno". Además, aseguró que Camps "no ha estado a la altura" y que podría haber gestionado "mejor" la crisis abierta con el caso Gürtel.

Afirmó que no discute el liderazgo de Rajoy, pero según él, "muchos españoles" se están planteando si el PP es "una alternativa creíble y capaz" y por ello el partido tiene que abrir una "reflexión interna, profunda". "Hay militantes y personas en la opinión pública que pueden pensar que existe una cierta crisis de liderazgo" y que se pueden hacer las cosas mejor. Tras asegurar que "los liderazgos fuertes son liderazgos fuertes frente a todo el mundo y no solamente con los más débiles", Juan Costa dijo que Rajoy "tiene la responsabilidad de estar a la altura de lo que esperan la sociedad española y los militantes" del PP y "demostrarlo con acciones concretas", pero "a veces lo que hacen es justo lo contrario". "Cuando el liderazgo fuerte se ejerce con los débiles, en el fondo, lo único que se está haciendo es manifestar y poner encima de la mesa una prueba de la debilidad de ese liderazgo", añadió. Sobre Camps, dijo que los líderes políticos deben "dar la cara" y ofrecer explicaciones.

www.elpais.es 31.10.09

La dirección nacional del PP ha suspendido cautelarmente de militancia a Ricardo Costa por su actitud esta mañana cuando, en su vuelta a las Cortes valencianas, se ha reafirmado en su condición de secretario general del PP valenciano y ha pedido a Génova que si no encuentran ninguna responsabilidad en su gestión, la "ratifique" y "ponga de relieve su honradez". Sin embargo, Costa todavía no ha sido informado de la suspensión, informa Carlos E. Cué.

Ricardo Costa, que fuera número dos de Francisco Camps, presidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad Valenciana, hasta el pasado 14 de octubre, cuando fue defenestrado por orden de Génova, volvió esta mañana a las Cortes Valencianas para ocupar un escaño en la última fila de la bancada popular. En los pasillos, Costa pidió "como militante y secretario general" del PP en la Comunidad Valenciana -en una claro desafío Rajoy, ya que desde Génova se insistió en que Costa ha cesado en todos sus cargos- que la dirección nacional de su partido adopte las medidas correspondientes si considera que existe alguna responsabilidad en su gestión, informan Joaquín Ferrandis y Miguel Olivares.

Costa ha dicho que ha remitido toda la documentación a la dirección nacional del PP. "Madrid no me ha citado ni me ha llamado; he cumplido mi compromiso de remitir toda la documentación", ha proseguido Costa. "Si no han encontrado ninguna responsabilidad, que ratifiquen la gestión hecha en el partido y mi gestión como secretario general y que pongan de relieve mi honradez", ha conminado.

A su llegada al Pleno, Costa ha recibido saludos cariñosos de muchos de sus compañeros diputados mientras los socialistas hacían rechifla desde sus escaños. El abrazo que Rafael Maluenda, quien sustituyó a Costa como portavoz parlamentario, forzó con Costa desplazándose hasta su escaño fue acogido con aplausos y carcajadas desde los escaños de la oposición. La posterior entrada del presidente Camps interrumpió los aplausos de la oposición. Costa descendió hasta el banco azul para intercambiar un tímido abrazo con el presidente de la Generalitat, el gesto reveló una frialdad muy lejana de la calurosa vinculación entre ambos hasta hace apenas dos semanas.

Ya comenzada la sesión de control al presidente, Camps ha reclamado ante el pleno de las Cortes, la sede de la soberanía popular, "más economía y menos política", una fórmula a la que ha recurrido a lo largo de la semana para intentar eludir las preguntas relativas al escándalo de financiación ilegal que salpica a su partido. El socialista Ángel Luna replicó: "Sólo nos faltaba oír que no debemos hablar de política. Hubo alguien en este país que recomendaba no hablar de política, se llamaba Francisco Franco".

Además, Camps ha afirmado que cumplirá su compromiso con los ciudadanos "en los buenos momentos y en los malos momentos" y hasta "el final", porque las "legislaturas democráticas" duran cuatro años. El presidente de la Generalitat ha respondido a las preguntas de la oposición sobre las repercusiones del caso Gürtel en la gestión del Gobierno valenciano, ha dicho no entender por qué preguntan "continuamente cuándo va a terminar".

La sesión arrancó tensa. Luna espetó: "¿Está usted en condiciones de garantizar el dinamismo de la Generalitat y la gestión de la Administración autonómica?". "Mucho dinamismo", replicó Camps, mientras nosotros seguimos gobernando, ustedes siguen leyendo la prensa en sus casas". Luna no alzó el tono, pero fue demoledor: "Yo no me dirijo a usted, que está enajenado políticamente, me dirijo a esos barones provinciales que antes no existían y que ahora le han declarado incapaz, han rechazado los cambios que ha introducido en su grupo y han reprobado a su gobierno. Los barones provincialdes se han puesto nerviosos. Su equivocada actuación en todo lo relativo al caso Gürtel ha instalado la perplejidad en su propio partido. Su apariencia de tranquilidad es una impostura. O miente o está fuera de la realidad. Su partido le ha retirado la condición de líder. Y nosotros no podemos esperar más, esperar otra historia, otra conversación, otro contrato, otra adjudicación,... Es usted un lastre para su partido y para toda la Comunidad Valenciana. Su partido decidirá hasta cuando arrastrarle".

Camps bromeó: "Voy a llamar a Carlos Fabra [presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, e imputado en dos causas por fraude fiscal y falsificación de documento público, entre otros delitos] para comunicarle el cambio de actitud del señor Luna que le ha convertido en un referente político y social de primer orden". Luego sembró insidias: "El señor Luna, que cuando dejó la alcaldía de Alicante [en 1995], se fue a trabajar con una constructora. Ja, eso sí que es inteligencia!". Camps cerró con un ascenso a un terreno confuso: "Mientras usted como una cigarra insulta, nosotros seguimos trabajando. Más economía y menos política, menos hablar del aborto, de la memoria histórica y menos hablar de la destrucción de una España unida y fuerte. Mientras ustedes ponen en tela de juicio todo lo que ha conseguido la democracia, nosotros seguimos trabajando". Los aplausos de la bancada popular abrigaron por unos minutos al presidente.

COSTA SE DIRIGE AL PP "COMO SECRETARIO GENERAL" E INSTA A DISIPAR O CONFIRMAR LAS DUDAS SOBRE ÉL

Ricardo Costa y Francisco Camps, cada uno a su manera y desde posiciones dispares, han plantado cara a quienes piden sus cabezas. El 14 de octubre Costa se vio obligado a dejar todos sus cargos en el PP valenciano a raíz de su implicación en el caso Gürtel, y desde entonces no había comparecido en las Corts Valencianes. Hasta esta mañana. En su retorno, el ex secretario general del PPCV ha reivindicado el cargo del que fue apartado y, "como militante y como secretario general", ha reclamado a la dirección nacional del partido que si cree que hay responsabilidad por su gestión en relación con el Gürtel tome las medidas que correspondan y, en caso contrario, que ratifique su gestión.

"Lo único que solicito a la dirección nacional es que si cree que existe algún tipo de responsabilidad en mi gestión de estos años, tome las medidas oportunas desde el punto de vista estatutario o legal. [...] Creo que como militante y secretario general es importante que desde la dirección nacional se ratifique la gestión de estos años, mi gestión como secretario general, y se ponga en valor mi honradez como militante, ciudadano y secretario general", dijo en un breve comunicado.

El ex número dos de Camps y ex portavoz en las Corts asegura que Génova no le ha citado y que él ha cumplido con el compromiso establecido en el comité ejecutivo regional de remitir la documentación sobre sus bienes y las cuentas del partido en la Comunitat Valenciana.

Costa, que no comparecía ante los medios desde la rueda de prensa posterior al comité ejecutivo regional que desembocó en el cruce de comunicados entre las direcciones valenciana y nacional sobre su futuro político, señaló que con la petición que envía a Madrid no quiere entrar en ninguna polémica.
Esta misma mañana, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, libró su personal batalla. Recordó que las legislaturas duran cuatro años y dejó claro que no piensa dimitir. "En los buenos y en los malos momentos siempre hay que estar, y estaremos hasta el final, junto con nuestros conciudadanos para hacer posible que la Comunitat siga siendo la tierra en la que todos creemos".

Camps se pronunció así en la sesión de control en las Corts a preguntas de la oposicion sobre la relación de la ética pública y la actual situación de las instituciones de la Generalitat.

Ricardo Costa acudió al Parlamento valenciano para participar en un pleno después de cesar en sus funciones como secretario general del PPCV y ocupó el escaño 98, situado en la última fila del hemiciclo.

Entró sonriente por la puerta principal acompañado de la tesorera del grupo parlamentario popular y diputada, Yolanda García, así como por personal del equipo de prensa. En el trayecto recibió el saludo de los escasos diputados que en ese momento estaban en el interior de la cámara. El actual portavoz parlamentario, Rafael Maluenda, se acercó a su escaño y le abrazó, gestó que provocó la reacción de diputados socialistas, que dijeron con sorna "qué bonito es el amor".

Al llegar Camps, Costa rompió a aplaudir, al igual que el resto de los diputados del PP. Sin embargo, tuvo que ser él quien bajara hasta la primera fila de la bancada popular para saludarlo.

Por fin ha dado la cara. Sus palabras revelan una situación confusa. Desde Génova se lanza el mensaje de que la cabeza de Ric ya ha sido cortada. Sin embargo el diputado valenciano se resiste a caer. Hoy, tras el pleno en el que regresaba tras 16 días de ausencia- su partido asegura que preparaba su defensa ante el Comité de Garantías- ha dicho que "como militante y como secretario general" de este partido, lamenta que la dirección del PP aún no le haya citado al comité de derechos y garantías por su relación con el caso Gürtel.

A parte de mostrar su malestar por no haber sido citado, Costa se ha autoproclamado de nuevo "secretario general", aferrándose de este modo al cargo. Lapsus o recado intencionado, lo cierto es que a fecha de hoy, sigue apareciendo como secretario general del Partido Popular en la página web del partido.

Era la primera comparecencia pública tras dos semanas de ausencia en Les Corts y Ric no ha defraudado. Como ya hizo en su día, ha vuelto a desafíar a Rajoy insistiendo a Génova que "ratifique" su confianza en él y "ponga en valor" su "honradez", en caso de no hallar ninguna irregularidad, claro.

Asimismo, el ex "número dos" de Camps ha asegurado que, tal y como se comprometió ante el Comité Ejecutivo Regional del pasado día 13, ha remitido ya a la dirección nacional toda la documentación sobre su gestión orgánica al frente del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV) y sobre su patrimonio personal.

Costa ha llegado a la sede parlamentaria en torno a las 09.50 horas acompañado por la tesorera del PP de la Comunitat Valenciana, Yolanda García, y su equipo de prensa, y ha saludado a los numerosos periodistas que le aguardaban en la puerta principal de Les Corts.

Costa, implicado en la investigación del caso Gürtel, no acudía a Les Corts desde el pasado día 14, cuando el líder del PPCV y president de la Generalitat, Francisco Camps, le comunicó en una reunión del grupo parlamentario que sería relevado en la portavocía por Rafael Maluenda.

Precisamente Costa, a la llegada de Camps -que se ha producido entre aplausos del grupo popular-, ha bajado a saludar a su presidente, momento recogido masivamente por los medios gráficos que se agolpaban junto a la tribuna.

Maluenda y consellers como Alejandro Font de Mora (Educación) y Manuel Cervera (Sanidad), por su parte, han subido hasta la última fila para darle la bienvenida a Costa.

El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, se atrevió ayer a decir lo que piensan muchos en el Partido Popular. "Camps administró de la peor manera posible el caso Gürtel", argumentó el presidente murciano. Valcárcel ha sido hasta la fecha el socio principal de Francisco Camps, tanto en el seno del PP como en sus reivindicaciones frente al Gobierno central, y con quien más veces se ha reunido en los últimos seis años.

Valcárcel, que intervino ayer en un acto de El Mundo en Madrid, minimizó las implicaciones del caso Gürtel e insistió en la honestidad de Camps, y aseguró que cree "absolutamente en la decencia y honorabilidad" de su homónimo valenciano. Pese a ello, el presidente de Murcia reconoció que ha existido "torpeza y un cálculo desatinado en los tiempos y en las explicaciones" relacionadas con el caso Gürtel. El mandatario murciano pasó de puntillas sobre la defenestración de Ricardo Costa como secretario general del PP de la Comunidad Valenciana. "Nadie tiene hoy todavía el peso penal de la ley sobre sus espaldas, pero hay quien ya ha tenido que ser depurado en esas responsabilidades", indicó Valcárcel.

Por otra parte, Camps optó ayer por mantener su mutismo acerca de la reunión que le exigen los presidentes provinciales del PP Carlos Fabra (Castellón), José Joaquín Ripoll (Alicante) y Alfonso Rus (Valencia), preocupados por la parálisis del Consell, la mala gestión de la defenestración de Ricardo Costa como secretario general y el nombramiento de Rafael Maluenda como nuevo portavoz en las Cortes Valencianas.

"En estas circunstancias, siempre estoy con los presidentes provinciales y con todo el partido, constantemente, porque tenemos un gran partido", dijo Camps durante un acto público en Valencia en el que propuso un compromiso nacional "para dejar de hablar de política y concentrarse en la economía". Manifestaciones que provocaron un nuevo episodio de estupor en un buen número de cargos del PP.

Los presidentes provinciales reconocieron que Camps no les ha dado fecha para celebrar ninguna reunión, aunque lamentaron que esté dejando pudrir la situación.

Por su parte, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se quitó de en medio por segundo día consecutivo: "El presidente administra los tiempos como cree conveniente", sentenció Barberá.

Por su parte, César Augusto Asencio, nombrado por Camps como secretario general del PP en funciones tras la defenestración de Ricardo Costa, asumió ayer su situación de interino después de que los tres presidentes provinciales hayan manifestado que no reconocen su autoridad. Fabra, Ripoll y Rus reclaman una reunión del Comité Ejecutivo Regional del PP para elegir nuevo secretario general.

Asencio reconoció ayer que tiene "muy claro" que su función como sustituto provisional de Ricardo Costa es "ocuparse del día a día de forma temporal y provisional hasta que se provea el puesto definitivo".

El también diputado popular no ha firmado ninguna de sus notas como secretario general del PP y se sigue presentando como vicesecretario general de Política Autonómica y coordinador del partido.

César Augusto Asencio evitó ayer responder acerca de si se siente desautorizado por los tres presidentes provinciales del PP. "Yo estoy cumpliendo mis funciones, las que me corresponden, y sé que son provisionales y temporales. Estoy haciendo lo que me corresponde y cumplo estrictamente el cometido que tengo", contestó.

Sobre la posible negociación del cargo orgánico que ostentaba Costa por parte de los presidentes provinciales de su partido, Asencio señaló que "nadie" se ha dirigido a él, ni él se ha dirigido a ninguno de ellos. La convocatoria del Comité Regional es competencia de Camps, indicó.

El ex secretario general del PPCV y ex portavoz del grupo popular en Les Corts Valencianes Ricardo Costa tampoco ha asistido hoy al pleno del Parlamento autonómico cuando se cumplen quince días de su sustitución, aunque las web nacional y regional del partido le mantienen aún en sus cargos.

Costa, quien según fuentes próximas al diputado no acudirá a Les Corts previsiblemente hasta mañana, segunda jornada del pleno semanal, no ha vuelto a ocupar su escaño tras abandonar la Cámara el pasado día 14 tras la tensa reunión del grupo parlamentario donde Camps le comunicó su relevo "temporal" por el entonces portavoz adjunto Rafael Maluenda.

Esa misma mañana, un comunicado del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV) anunciaba también que César Augusto Asencio asumía las funciones de Costa como secretario general y desde entonces, las notas de prensa oficiales presentan al vicesecretario de Política Local y Autonómica como "coordinador" regional del partido.

Sin embargo, la web del PPCV sigue presentando al ex "número dos" de Camps como secretario general y portavoz del grupo parlamentario, tanto en su biografía como en el organigrama regional de la formación.

Por su parte, la página del PP informa en el apartado "cargos" de que es "diputado en las Cortes Valencianas por Castellón", aunque en su biografía aparece aún como "secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana". Sobre Asencio y Maluenda, esta web no informa de sus nuevas y respectivas tareas de responsabilidad orgánica y parlamentaria tras la marcha de Costa.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha dicho en varias ocasiones desde la reunión del Comité Ejecutivo Regional del pasado día 13 que Costa ha dejado todos sus cargos a raíz de su relación con el caso "Gürtel", así como que es imposible una posible vuelta a los mismos una vez que el comité de garantías del partido escuche su versión y analice su gestión y patrimonio.

Desde la citada reunión del Comité Ejecutivo Regional y el posterior cruce de comunicados entre las direcciones regional y nacional del partido sobre la resolución del futuro de Costa, los presidentes provinciales del PP en Alicante y Castellón, José Joaquín Ripoll y Carlos Fabra, han coincidido en señalar que no se ha producido un relevo real del ex "número dos" de Camps en el PPCV.

La semana pasada, Fabra, Ripoll y su homólogo provincial de Valencia, Alfonso Rus, se reunieron para abordar la situación actual del partido y las divergencias que existen sobre qué medidas debe tomar Francisco Camps para afrontar las consecuencias orgánicas y parlamentarias del caso "Gürtel" en la Comunitat Valenciana

LOS PRESIDENTES PROVINCIALES RECHAZAN A ASENCIO COMO SECRETARIO GENERAL DEL PP

Los tres presidentes provinciales del PP, Carlos Fabra (Castellón), José Joaquín Ripoll (Alicante) y Alfonso Rus (Valencia) han invalidado ya a César Augusto Asencio como secretario general del PP en sustitución de Ricardo Costa. Y Asencio, que fue designado por Francisco Camps para sustituir a Costa tras la defenestración decretada por Génova, ya lo tiene asumido. Hasta el punto de que ayer salió a replicar al secretario general del PSPV, Jorge Alarte, con el título de "vicesecretario de Politica Autonómica y coordinador del PP".

"Asencio no es el secretario general actual, sino el vicesecretario en funciones de secretario que provisionalmente se ha hecho cargo", aseguró ayer Carlos Fabra. El presidente de la Diputación de Castellón remarcó que "el Comité Ejecutivo Regional aún no ha decidido quién va a ser el secretario general".

"En la actualidad nadie ejerce de secretario general", afirmó ayer el presidente provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, que añadió: "No está sancionado por los órganos correspondientes" del PP.

Ripoll explicó que los tres presidentes provinciales están del lado de Camps, pero recalcó: "No somos tres locos que estamos reuniéndonos por ahí para arreglar el partido, sino que somos tres presidentes provinciales, tenemos nuestras competencias, tenemos nuestra representación territorial, muy importante, y queremos arrimar el hombro". Una idea que comparte el presidente provincial de Valencia, Alfonso Rus. Los tres estaban ayer a la espera de que Camps los reúna en cualquier momento para analizar la situación interna del PP.

"La gente que tiene importancia dentro del partido, tendremos que, al menos, dar una opinión", insistió Fabra, que se declaró autor del comunicado de apoyo a Camps emitido el pasado domingo sin que Ripoll y Rus conociesen su contenido.

En el entorno del presidente de la Generalitat insistieron ayer en que Camps maneja los tiempos y que está convencido de poder reconducir el malestar de los presidentes provinciales. Un malestar que se extiende no sólo al nombramiento de Asencio, sino al de Rafael Maluenda como portavoz parlamentario, y a la inacción del Gobierno valenciano.

"No está concretada la fecha, ni si será comida o cena, ni dónde será, pero, en principio, está previsto que se celebre", dijo Fabra.La dirección del PP provincial de Valencia se vio obligada ayer a dar de baja su página web (www.ppval.org) de manera temporal tras el ataque de un pirata informático. El hacker, autodenominado Krono, imprimió sobre la página de inicio de la web un cartel con la imagen de Camps y la expresión Wanted only alive (se busca, sólo vivo), y distintas sentencias alusivas al caso Gürtel, a la manipulación informativa de Canal 9 y a la situación interna de los populares.

Alfonso Rus explicó que el PP interpondrá una denuncia contra el autor del ataque informático, que tachó de "acto vandálico y reprobable" realizado durante la madrugada de ayer. Rus lamentó que un partido "serio" como el suyo "haya sido víctima de quienes practican actitudes antidemocráticas desde el anonimato". "Las agresiones ejecutadas no van a afectar al trabajo diario del PP provincial", sentenció.

El portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Maluenda, lamentó el incidente igual que otros dirigentes populares.

La portavoz del grupo parlamentario de Compromís, Mònica Oltra, que popularizó la imagen de Camps con la leyenda Wanted only alive, evitó condenar abiertamente el ataque informático. Oltra evitó calificar el tuneo realizado a la página web del PP de Valencia y se mostró partidaria de utilizar otros mecanismos para hacerse oír.

Sin embargo, Oltra calificó el ataque informático como un modo de "resistencia pacífica frente a la vulneración diaria de los derechos fundamentales de los valencianos".

Para la portavoz de Compromís, son los populares quienes diariamente vulneran los derechos de los valencianos, bien "pisoteando los derechos de los parlamentarios, bien con el uso que se hace de los medios de comunicación públicos, ya que todos los días se vulnera el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz".

El PP, que ha decidido mantener en el ostracismo político a Mònica Oltra y la diputada de su grupo Mireia Mollà desde que compareció en el pleno de las Cortes con una camiseta con una imagen de Camps y la leyenda Wanted only alive, instó ayer a la portavoz de Compromís a condenar el ataque informático.

DIRIGENTES DEL PP PIDEN QUE CAMPS APARTE A RAMBLA Y COTINO PARA REVOLUCIONAR EL CONSELL

"No podemos tener a [Ricardo] Costa de secretario general y a un secretario general [César Augusto Asencio] que no ejerce de secretario general". El trabalenguas es de un dirigente del PP próximo a uno de los barones provinciales que ayer mismo definía así, sin ocultar su desazón, el kafkiano panorama que vive la organización. Una situación que, recalcó, ha motivado el movimiento de los presidentes de Valencia (Alfonso Rus), Alicante (Joaquín Ripoll) y Castelló (Carlos Fabra) para pedir al máximo responsable del PPCV y de la Generalitat, Francisco Camps, que lidere los cambios en el partido, en el Consell y en las Corts que actúen de "revulsivo". Algo de lo que la organización está muy necesitada. ¿Y qué cambios? Hasta ahora los barones provinciales, directa o indirectamente, no habían puesto nombre y apellidos.

Varios responsables populares, en la órbita de al menos dos de los barones, coincidieron que es preciso apartar a los consellers "contaminados" por el proceso, lo que no quiere decir de ninguna manera que se cuestione su labor. Tampoco de Costa se pone en duda su honradez, dicen, y ha sido apartado del cargo aunque, curiosamente, fue el único de los imputados que recabó la unanimidad de los jueces en el archivo. Pero un Gobierno no puede estar pendiente de sobresaltos en forma de nuevos documentos que salpiquen a sus miembros o del proceso judicial que va a reabrir el PSPV. En ese sentido, constatan que resulta sorprendente que sólo se hayan hecho sacrificios en el partido y no en el Consell. Los señalados en este punto son el vicepresidente y titular de Industria, Vicente Rambla, que aparece en las conversaciones por la relación que tuvo con los responsables de la trama, y el conseller de Medio Ambiente, Vicente Cotino, por la constructora de la familia que figura también citada.

Pero además, se aboga por que Camps afronte la remodelación profunda que finalmente no quiso hacer en verano y diseñe un Ejecutivo más reducido del que salgan los consellers de perfil bajo como, entre otros, Trinidad Miró (Cultura), Mario Flores (Infraestructuras), Belén Juste (Turismo) y Angélica Such (Bienestar Social). Las mismas fuentes, no obstante, se apresuraron a augurar: "Los presidentes le pedirán estos cambios pero Camps no moverá ficha y no hará nada". Quizá en enero.

En cuanto al partido, se pide que las riendas de la organización la lleven los barones, con tres coordinadores provinciales de la confianza de cada uno. Con todo, tras el comunicado del fin de semana puesto en boca de los barones de respaldo al jefe del Consell, ayer se cuestionaba incluso que la reunión con Camps -prevista para mañana- llegue a celebrarse. "Si se hace, se sabrá el mismo miércoles o jueves; si no, se cometerá un error muy grave", lamentan.

Anoche, la ejecutiva del PP de Alicante acordó rechazar los nombramientos que hizo Camps -que no fueron aprobados por la organización- de César Augusto Asencio para asumir las funciones de Ricardo Costa en el partido y de Rafael Maluenda como portavoz en las Corts. La dirección alicantina, que lidera Ripoll, aprobó elaborar una propuesta de consenso para estos puestos con Rus y Fabra, que trasladará a Camps.

Ayer, el malestar en la organización era palpable. No en balde, el comunicado de los barones del fin de semana levantó ampollas. "Rus no conocía el comunicado", aseguraban anoche diversas fuentes mientras a Ripoll se le trasladó el contenido muy por encima. Ayer por la mañana, Ripoll declaró que tanto él como Rus y Fabra quieren que en la siguiente reunión que mantengan esté presente Camps para que pueda "tomar decisiones" de las "ideas" presentadas para que el partido "pueda salir de esta situación de impasse".

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, volvió a reiterar ayer que Ricardo Costa ha dejado de ser secretario general del PP valenciano y precisó que las actas de la reunión del pasado 13 de octubre aún "no son firmes", después de señalar que el citado documento "todavía no tiene ninguna definición". Argumenta que los presidentes regionales dan la información "de primera mano" para no tener que esperar a la "burocracia" de aprobar las actas. Fuentes de la dirección del PP de la calle Génova de Madrid acusaron directamente al ex secretario general de haber elaborado "un acta 'ad hoc' para su comunicación y para avalar su situación" en el partido. El entorno de Costa mantiene que él sigue de secretario general y que, simplemente, se ha apartado del ejercicio de estas funciones en tanto dure la investigación.

Las fuentes citadas de Génova hicieron hincapié en que el documento hecho público como si fuera el acta no es tal sino un "borrador", y destacaron que éstos "nunca van firmados". Los borradores de acta, añadieron, se aprueban en la reunión siguiente y es entonces cuando se rubrican. Pero además, los firmantes son siempre el presidente y el secretario general, cuando en este caso aparece la firma de Costa y del vicesecretario de Política Autonómica y Local, César Augusto Asencio, quien a partir del día siguiente pasó a ejercer las funciones de coordinar el partido. Una irregularidad que tiene su trasfondo: "¿Qué problema tiene Costa que no pudo recabar la firma de Camps?", se preguntaron fuentes de Génova.

Ayer, Cospedal se remitió a lo que Camps "trasladó a la dirección nacional" respecto a la decisión que había tomado el comité ejecutivo. Esto es, que Costa había sido destituido. También apuntó que en la reunión de la ejecutiva donde se trata el borrador, "todo el mundo puede opinar sobre las actas como es lógico". Esto es, que el documento se modificará.

Por su parte, el ex ministro de Ciencia y hermano de Ricardo Costa, Juan Costa, afirmó que cree que el PP debería dar "una explicación pública" sobre el caso Gürtel porque en política "hay que dar la cara". "Tengo todo el interés en que esto se resuelva y en que si existen responsabilidades de carácter político o de carácter legal en nuestro partido, se asuman", subrayó. Aseguró que el PP debe "reflexionar" y preguntarse "cómo ha sido" porque "si durante 15 años" el partido ha contratado a "empresas que forman parte de una trama supuestamente corrupta", significa que "probablemente algo no se ha hecho bien".

Sobre la implicación de su hermano, Ricardo Costa, con la rama valenciana de Gürtel y su destitución, aseguró que no le resulta "especialmente fácil" hablar de ello.

El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, afirmó ayer que al ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, "le ha tocado pagar la china gorda en este momento". Fabra hizo estas declaraciones tras presentar en la sala de prensa e indicar a los periodistas que quería hacer unas declaraciones. "Cuando se producen líos de este tipo siempre hay alguien que paga la gorda, la china gorda, y en este momento, le ha tocado a Ricardo Costa". Fabra manifestó que Costa es "un gran parlamentario, ha sido un gran secretario general y sabe que siempre tendrá el apoyo personal de su presidente Carlos Fabra", aunque añadió que esta situación, "cuanto menos la movamos mejor".

Al igual que Cospedal, la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, recalcó que Costa no sigue siendo secretario general del PPCV y que "todo el mundo" puede ver "dónde está situado cada cuál".

Otro desafío de Ripoll a Camps. El líder del PP de Alicante rechaza la propuesta de César Augusto Asencio como secretario general del PP valenciano y exige un comité ejecutivo regional antes de diciembre, "para consensuar y votar un candidato". El órdago de Ripoll al presidente del PP Valenciano se produjo ayer, a 48 horas del anunciado encuentro entre Camps y los tres dirigentes provinciales para abordar la crisis de los conservadores valencianos.

José Joaquín Ripoll, presidente provincial del PP en Alicante y máximo valedor del zaplanismo, dio otra vuelta de tuerca a sus explícitas discrepancias con el presidente regional de los populares valencianos, Francisco Camps, para resolver la crisis por la implicación del partido en la trama corrupta del caso Gürtel. En un comité ejecutivo provincial extraordinario celebrado anoche, los populares alicantinos acordaron por unanimidad rechazar la propuesta de Camps de designar a Asencio como secretario general del PP en sustitución del destituido Ricardo Costa. "Evidentemente, el PP de Alicante no apoya la propuesta de Asencio ni la de Maluenda [éste ha sido el sustituto de Costa como portavoz en las Cortes]", dijo la secretaria general del PP de Alicante, Mónica Lorente, al término de la reunión. Ripoll, como habitualmente hace, no participó en la conferencia de prensa.

Lorente fue nítida al detallar el punto de vista del PP de Alicante para solucionar la crisis. "Hasta ahora Asencio no es formalmente nada en el partido", dijo. "Nuestra propuesta es que antes del mes de diciembre el presidente Camps convoque un comité ejecutivo regional para debatir una candidatura a la secretaría general del partido, consensuada entre Castellón, Valencia y Alicante, y luego votarla", argumentó la número dos de Ripoll. Lorente se limitó a rechazar la propuesta de Asencio, actual alcalde de Crevillent, sin dar argumentos. Tampoco avanzó cuál será el candidato que avalarán.

Asencio ha sido uno de los dirigentes del PP Alicante más identificados con el campismo en Alicante. Se implicó al máximo en la batalla de Camps por descabalgar a Ripoll de la cúpula provincial del PP en el congreso del 14 de diciembre de 2008 en Orihuela. Camps cosechó, por apenas cuatro votos, su primera derrota interna. Los ripollistas han convocado un acto para conmemorar su victoria el primer aniversario del congreso.

EL TEXTO DEL PP DE APOYO A CAMPS NO FUE CONSULTADO A DOS DE LOS FIRMANTES

Dos de los tres presidentes provinciales del PP valenciano, que el domingo mostraron su "total apoyo" al presidente del PP valenciano y de la Generalitat, Francisco Camps, en un comunicado difundido por la organización regional del partido, en realidad no fueron consultados sobre la redacción del mismo. Los presidentes del PP en Castellón, Carlos Fabra; Valencia, Alfonso Rus, y Alicante, José Joaquín Ripoll, en teoría, hacían público el comunicado "ante la multitud de interpretaciones" que habían surgido tras su reunión del pasado jueves en la que lanzaron a Camps un ultimátum para que depurara responsabilidades por el caso Gürtel y diera un impulso a su Gobierno.

Los implicados no quisieron confirmar ni desmentir públicamente si fueron consultados, pero este periódico pudo constatar que al menos dos de ellos no tenían noticia del contenido del comunicado. Además, Ripoll aseguró ayer que, tanto él como Rus y Fabra, han emplazado a Camps a asistir a una reunión con ellos mañana para que pueda "tomar decisiones" a partir de las ideas que ellos propugnan para que el partido "pueda salir de esta situación de impasse". Los tres impulsan un frente común para instar a Camps a introducir cambios en su Gobierno, cerrar la elección del secretario general del partido y poder influir en la elección del portavoz en las Cortes, cargos estos últimos que recaían en Ricardo Costa. El presidente no se ha pronunciado sobre la invitación.

La destitución de Ricardo Costa como secretario regional valenciano sigue siendo una auténtica pesadilla. Una pesadilla dentro de otra, la de la trama de corrupción que emerge en el denominado caso Gürtel. Sin el trasfondo del escándalo no puede entenderse la presión del equipo de Mariano Rajoy para que Camps cortase la cabeza de su número dos, y sin la necesidad del presidente valenciano de defenderse es imposible entender la guerra de interpretaciones que le enfrenta a los dirigentes nacionales del PP. Ayer mismo, tras la publicación en El Mundo de una supuesta acta del comité ejecutivo regional del 13 de octubre, según la cual Costa sigue en su puesto mientras la dirección nacional no abra una investigación, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, reiteró que "Costa ha dejado de ser secretario general del PP valenciano" y señaló que el documento publicado, con las firmas del propio Costa y de su supuesto sustituto, César Augusto Asencio, "todavía no es un acta", dado que ha de ratificarla el comité ejecutivo.

En su línea habitual de considerar evidente aquello que no lo es, Camps ayer dio por buena el acta y añadió que "se está cumpliendo en todos sus extremos". Según el documento, cuya validez es nula porque no incluye la firma de Camps, Costa pidió en su intervención que se apoyara su gestión y se defendiera su honradez, antes de solicitar a la dirección nacional del PP que, si tiene alguna duda, le abra una investigación interna y, "en caso de que ésta se realice, se apartará de forma voluntaria y temporal del ejercicio de sus funciones de secretario general el tiempo que dure dicha investigación para garantizar la independencia de la misma".

Carlos Fabra, que ha salido en su defensa varias veces, ya que opina que ha pagado "la china" del caso Gürtel, adelantó que Costa "tiene que tomar algunas decisiones en función de conversaciones que tiene que tener dentro de unos días".

No precisó Fabra a qué se refería con esas conversaciones, pero la misma Cospedal se desmintió al confirmar que Costa ya ha remitido documentación al Comité de Derechos y Garantías del PP y advertir que el partido no dará publicidad a la fecha en que el organismo se reunirá para que comparezca. Cuando hace dos semanas se produjo el pulso por el cese de Ricardo Costa, Cospedal negó que éste pudiera condicionar su destitución a la apertura de una investigación por parte de la dirección nacional del partido.

(www.elpais.com, 27/10/09)

MATO Y COSTA SE VEN EN MADRID PERO GÉNOVA NO LE CITA A DECLARAR

Ricardo Costa logra ser protagonista incluso cuando no se lo propone. Después de la bomba que soltó con su comunicado hace dos semanas, en el que preguntó en público por qué se le quería destituir, si él siempre obedeció órdenes de Francisco Camps y Mariano Rajoy, ha guardado silencio e incluso ha evitado acudir al Parlamento autónomo. Pero ayer, según la versión oficial, se encontró en un hotel de Madrid con Ana Mato, vicesecretaria de organización.

Costa acude todos los lunes a Madrid porque está haciendo un máster, y acudió a ese hotel poco después de concluir las clases. Mato tenía allí una comida. Ambos se cruzaron y aprovecharon la circunstancia, siempre según la versión oficial, para una charla amistosa de unos minutos.

Obviamente, aunque no era una reunión formal entre un secretario regional destituido y su jefa en la dirección nacional, se habló del asunto que ocupa al PP en las últimas dos semanas y tiene como protagonista a Costa.

Fue una conversación relajada, con muchas bromas, según algunos dirigentes que supieron de ella. Costa explicó a Mato que ya ha enviado a la dirección nacional todos los papeles sobre su declaración de la renta, sus créditos o la forma en que compró su coche. Y aún está esperando que el Comité de Derechos y Garantías le reciba. Costa insiste en que, según pudieron comprobar más de 90 miembros del Comité Ejecutivo regional y quedó reflejado en el acta de la reunión, él sigue siendo secretario general y ha suspendido temporalmente sus funciones mientras la dirección nacional le investiga.

Mato le explicó que, para la dirección nacional, suspender en sus funciones es lo mismo que dejar de ser secretario general. Hubo bromas con la interpretación semántica de todo el embrollo. Costa defendió su honorabilidad, su confianza en que la documentación que ha enviado resuelva todas las dudas, si las hubiera, de la dirección nacional, y la situación se pueda reorientar con el tiempo para que él pueda volver a la primera fila. Mato, que, como Javier Arenas, tiene una posición más suave en este asunto que la de Dolores de Cospedal, no descartó nada si al final el caso Gürtel queda judicialmente en nada.

(www.elpais.com, 27/10/09)

RUS ADMITE 303.000 EUROS DE GASTOS EN LA VISITA DEL PAPA Y NO ENCUENTRA LAS ACTAS DE LA FUNDACIÓN

Más de tres años después del evento sigue vivo el influjo de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, al menos por lo que respecta al rastro contable que dejó y la caja que hizo la red Gürtel a cuenta de la sonorización e instalación de pantallas, adjudicadas por RTVV a una constructora relacionada con la trama.

Tras destaparse que las empresas del conglomerado que dirigía Francisco Correa cobraron presuntamente una comisión de un millón de euros de una de las contratistas y que de la caja B del piso de la calle Serrano -sede principal de la red en Madrid- salieron al menos 10.000 euros en negro para "gastos de producción", los socialistas pidieron en la Diputación de Valencia información sobre los gastos ocasionados por aquella visita, así como las actas de las reuniones del patronato de la fundación V Encuentro Mundial de las Familias, entidad constituida por la corporación provincial, la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia y Arzobispado. En respuesta al portavoz socialista, Rafael Rubio, la corporación que preside Alfonso Rus detalla las aportaciones al acontecimiento religioso y social, que en total se cifran en 303.000 euros.

Respecto a las actas, la respuesta, que firma el vicepresidente primero, Juan José Medina, es chocante: "En este momento estamos recopilando las actas de las reuniones de la Fundación a las que asistieron representantes de esta diputación para poder remitirlas a su grupo lo antes posible para que tengan constancia de ello". Se han detallado todas las partidas y aportaciones que se hicieron desde la corporación entonces presidida por Fernando Giner para costear la visita del Papa, pero no se han podido facilitar las actas en los cuatro días discurridos entre la pregunta formulada desde la oposición y la respuesta de Medina.

Fuentes próximas a Rus admitieron que el problema reside en que no se encuentran las actas de las reuniones de la fundación presidida por el cardenal Agustín García-Gasco y en la que el representante de la corporación era el propio Fernando Giner.

Desde el actual gobierno de Rus se explica que las 70.000 sillas que se adquirieron para la multitudinaria Eucaristía celebrada en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias costaron 210.000 euros. El contrato se adjudicó, tras declararse desierto un concurso previo, por procedimiento negociado sin publicidad -a dedo- el 4 de mayo de 2006. La segunda aportación más cuantiosa fueron los 46.000 euros pagados al escultor Nassio Bayarri para realizar un "busto grande de Su Santidad Benedicto XVI en bronce patinado, más una copia". Una de las esculturas fue regalada al Sumo Pontífice y la otra se quedó en la propia diputación.

(www.levante-emv.com, 27/10/09)

JUAN COSTA INSTA AL PP A "DAR LA CARA" POR GÜRTEL

Juan Costa, ex ministro, diputado nacional por el PP y hermano del defenestrado número dos de los populares valencianos Ricardo Costa, apeló ayer a su partido a "dar la cara" y ofrecer explicaciones sobre la relación que mantuvo durante 15 años con las empresas relacionadas en el sumario del caso Gürtel sobre supuesta financiación irregular del partido. "Si durante 15 años nuestro partido ha trabajado con empresas que forman parte de una trama supuestamente corrupta", dijo Costa en Telecinco, "creo que es necesario hacer esa reflexión, preguntarnos qué ha fallado, probablemente algo no se ha hecho correctamente, dar esa explicación a los ciudadanos". "En política hay que dar la cara", redondeó Costa, quien renunció a un cargo ejecutivo en una multinacional de auditoría para dirigir la última campaña electoral de Mariano Rajoy.

Costa admitió que no le resulta "especialmente fácil" comentar la situación de su hermano, pero apuntó que Francisco Camps, presidente de la Generalitat, manifestó ante el Comité Ejecutivo Regional del PP el 13 de octubre que "no tenía ninguna duda sobre la honradez, sobre la capacidad y la gestión política" de Ricardo Costa.

Las palabras de Juan Costa no tuvieron réplica desde las filas de la organización nacional del PP, mientras que la autónomica se aferró a las adjudicaciones de obra pública que ha recibido la constructora leonesa Teconsa desde el Gobierno central para lanzar insidias contra los socialistas sin prueba alguna. Teconsa es una de las empresas relacionadas en el informe policial de la brigada contra el blanqueo de dinero como adjudicataria por 6,5 millones de euros del montaje de los equipos de sonido para la visita del Papa a Valencia. Teconsa subcontrató la sonorización y pagó la mitad de lo que había recibido de Canal 9, titular en exclusiva de los derechos de transmisión de los actos que protagonizó Benedicto XVI.

(www.elpais.com, 27/10/09)

LA DIPUTACIÓN COMPRÓ 70.000 SILLAS POR 210.000 EUROS PARA VER AL PAPA

La contribución de la Diputación de Valencia a la fundación que organizó el V Encuentro Mundial de la Familia en julio de 2006 fueron 70.000 sillas, un busto del Papa en bronce, dípticos y DVD sobre la visita papal. En total, unos 300.000 euros. La corporación, en respuesta a una pregunta del portavoz socialista, Rafael Rubio, reconoce que gastó 210.000 euros en la compra de los asientos, a los que se añaden otros 4.814 euros por la termoimpresión del logotipo del encuentro en los respaldos. La Diputación cargó además con otros 18.000 euros que costó el transporte de las sillas.

Para la contratación de sillas se convocó concurso, pero tras quedar desierto, la sociedad SP Berner Plastic Group se adjudicó el contrato por un procedimiento negociado sin publicidad. Según consultó ayer este diario en una empresa del sector, si hubiera optado por alquilar sillas de resina similares a las del V Encuentro, le habrían costado 0,50 euros por unidad frente a los 3 que pagó la corporación, entonces presidida por el popular Fernando Giner. En ese caso, las 70.000 sillas, hubieran costado 35.000 euros.

La lista de gastos es más amplia. En 2004 la Diputación aportó otros 10.000 euros tras incorporarse a la fundación encargada de la organización de la visita del Papa. Un año después libró una subvención de 10.000 euros para la confección de 100.000 dípticos y 100.000 folletos informativos en cinco idiomas. En diciembre de 2005 y con cargo a los presupuestos del año siguiente, la institución consignó una segunda ayuda por 9.438 euros, que la fundación empleó en carteles y dossiers.

Por último, también por un procedimiento negociado sin publicidad, el artista Nassio Bayarri consiguió otra contrata para realizar un busto en bronce de Benedicto XVI, una pieza de 100 kilos de peso que costó 45.000 euros a las arcas públicas.

Además de las aportaciones dinerarias, Rubio ha pedido las actas de las reuniones de la fundación en las que participó la Diputación. "Estamos recopilándolas para remitírselas lo antes posible", le contestan.

Por otra parte, la vertiente judicial del caso Gürtel sitúa a Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior valenciano, en primer plano. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le ha pedido explicaciones de por qué no se abstuvo en el caso que implicaba al presidente Camps, quien dijo de él que era su "más que amigo". Que De la Rúa, que opta a la reelección, acudiera a un acto electoral del PP ha sido clave para que la queja que presentó contra él un abogado no se archivara y la inspección técnica avance en la investigación, que podrá ser archivada o convertirse en expediente disciplinario. Respecto a la denuncia por supuesta prevaricación formulada contra De la Rúa por Iniciativa del Poble Valencià (IPV), será el teniente fiscal del Tribunal Supremo quien resuelva el asunto.

Mientras los hechos se suceden a diario, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, mantiene una agenda oficial de perfil bajo y lo más alejada del escándalo que le rodea. Ayer estuvo, junto a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en la inauguración de un centro de educación especial en la capital.

(www.elpais.com, 27/10/09)

JUAN COSTA: ´EL PP DEBE DAR LA CARA Y EXPLICAR GÜRTEL´

El diputado del PP Juan Costa ha dicho hoy que su partido debe "dar la cara" y ofrecer una explicación pública sobre la relación que mantuvo durante 15 años con las empresas del caso "Gürtel" y ha pedido que si existen responsabilidades de carácter político o legal en el PP, "se asuman".

"Si durante 15 años nuestro partido ha trabajado con empresas que forman parte de una trama presuntamente corrupta, creo que es necesario hacer esa reflexión, preguntarnos qué ha fallado, probablemente algo que no se ha hecho correctamente, darle esa explicación a los ciudadanos", ha manifestado el hermano del ex secretario general del PPCV Ricardo Costa.

En declaraciones a Telecinco recogidas por EFE, Costa ha insistido en que, "lo primero que debe haber es una reflexión y una explicación" porque "en política hay que dar la cara" y "preguntarse cómo puede haber ocurrido esto a lo largo de ese periodo de tiempo".

Preguntado por la información que hoy publica el diario "El Mundo" que afirma que su hermano Ricardo sigue siendo secretario general del PPCV, Juan Costa ha respondido que lo que él sabe es lo que ocurrió en la reunión del Comité Ejecutivo Regional del PPCV en la que "se respaldó su gestión".

Ha recordado que el president Francisco Camps, dijo allí que "no tenía ninguna duda de la honradez y la capacidad política" de Ricardo Costa y que lo que éste planteó fue que "se abstendría de ejercer sus funciones" como secretario general.

Juan Costa ha reconocido que no le resulta "especialmente fácil" hablar en un medio de comunicación sobre el secretario general de un partido que es su hermano, pero ha añadido que tiene "todo el interés en que esto se resuelva", en que "si existen responsabilidades de carácter político o legal" en el PP "se asuman" y en que el partido "dé una explicación pública".

Ha manifestado que su hermano "está bien" y ha recalcado que "lleva veinte años trabajando para el partido y, siempre, lo más importante ha sido poner su vida al frente del servicio público".

Costa se ha referido también a la polémica por la elección del presidente de Caja Madrid y, tras recordar que son los órganos de la entidad financiera quienes deben tomar la decisión y afirmar que no le "consta" quiénes son los candidatos, ha señalado que "sería un lujo" para la entidad financiera que fuera Rodrigo Rato.

Ha argumentado que, tanto como vicepresidente del Gobierno como director del Fondo Monetario Internacional o en el ámbito privado, Rato ha demostrado que es una persona "con una extraordinaria capacidad".

Preguntado por un posible veto del Gobierno a la candidatura de Rato, Costa se ha mostrado "seguro" de que "cuando se está hablando del cuarto banco del país "no se toman decisiones caprichosas" ni nadie "puede vetar" a una persona que tiene un currículum tan acreditado.

(www.levante-emv.com, 26/10/09)

LOS TRES BARONES DEL PP PROCLAMAN AHORA QUE ´APOYARÁN SIEMPRE´ A CAMPS

Los tres líderes provinciales del PP de la Comunitat Valenciana -y presidentes de sus respectivas diputaciones- emitieron al mediodía de ayer un breve comunicado conjunto en el que, básicamente, mostraba su "total apoyo" al presidente de la Generalitat, Francisco Camps: "Los tres presidentes manifiestan que apoyarán siempre todas aquellas actuaciones que, tanto a nivel de partido como de gobierno, realice el presidente en cualquier momento".

El mensaje, enviado desde la sede de la dirección regional de la calle Quart, era la respuesta a las "interpretaciones aparecidas en los medios de comunicación -Levante-EMV entre ellos- tras la reunión de los tres presidentes esta semana".

Lo cierto es que la reacción de Carlos Fabra, Alfonso Rus y José Joaquín Ripoll -líderes del PP en Castelló, Valencia y Alicante, respectivamente- se produce varios días después del encuentro privado que mantuvieron sin la presencia del presidente Camps y con la intención, según señalaron algunas fuentes a este diario, de tomar las riendas del partido con el aliento de la dirección nacional de Mariano Rajoy. El objetivo: aclarar la línea a seguir por parte del partido ante la grave crisis generada por el caso Gürtel y pedir cambios ante la parálisis del Gobierno autonómico.

Acción-reacción del presidente

Y es que tanto el disgusto de Génova por la gestión de la salida de Ricardo Costa, como la impaciencia de unos líderes territoriales con quienes no se ha consultado ninguna decisión, ha animado a unos y otros a actuar para pedir contundencia al presidente y retomar la iniciativa política. Así, tras la reunión privada del jueves y los movimientos internos de las últimas semanas -Ripoll, último referente del zaplanismo, parece haber roto su aislamiento convirtiéndose en interlocutor de la dirección nacional; y, según algunas fuentes, Alfonso Rus llegó a ofrecerse a Génova como sustituto de Costa- el presidente Camps parece haber reaccionado. Así el gesto del viernes, cuando se plantó en Castelló para asistir a la reelección de Alberto Fabra como presidente local del PP con el fin de acallar las críticas. O el mismo comunicado de ayer, muy en la línea de las "salidas en tromba" organizadas durante las últimas semanas en apoyo de Camps o de Ricardo Costa, tras las revelaciones que iban apareciendo sobre el caso Gürtel.

(www.levante-emv.com, 26/10/09)

SEGÚN EL ACTA RICARDO COSTA ES AÚN EL SECRETARIO GENERAL

No hubo cese, ni dimisión, ni, por supuesto, destitución. Ricardo Costa Climent sigue siendo el secretario general del PP de Valencia a todos los efectos, según refleja el acta del Comité Ejecutivo Regional que se celebró el pasado 13 de octubre.

Ricardo Costa tomó la palabra y realizó una larga intervención en la que valoró su gestión, pidió disculpas por la imagen transmitida en las conversaciones grabadas por la Policía con Álvaro Pérez, El Bigotes, así como por haberse comprado un coche de lujo en plena crisis, pero, a la vez, defendió su honorabilidad y aportó las pruebas de que había pagado con su dinero el citado automóvil.

Según el acta, al final de su intervención, el secretario general del PP valenciano «pide al presidente y al Comité, por tanto, que apoyen su gestión y defiendan su honradez.

También pide que «traslade a la dirección nacional que, si tiene alguna duda sobre su gestión u honradez, que le realicen una investigación interna y que, en caso de que ésta se realice, se apartará de forma voluntaria y temporal del ejercicio de sus funciones de secretario general el tiempo que dure dicha investigación para garantizar la independencia de la misma».

A continuación, según refleja el documento, tras Ricardo Costa tomó la palabra el presidente del partido, Francisco Camps: «En cuanto a la propuesta hecha por el secretario general, la acepta y destaca su honorabilidad y su gestión, y que no era necesario hacer nada, ya que todo está previsto en los estatutos».

No hubo más intervenciones y la sesión se levantó sin que hubiera otra propuesta distinta a la del secretario general. De hecho, los aplausos taparon el final de la alocución de Camps y se abrieron las puertas de la sala para dar entrada a los periodistas con el objetivo de impedir un turno de palabra.

El documento va firmado por el propio Costa y por el vicesecretario de Política Local, Cesar Augusto Asencio, quien, en estos momentos, ha asumido las funciones de secretario general.

El PP aún no ha abierto ninguna investigación a Costa en relación al caso Gürtel. Es más, el Comité de Garantías del PP aún no le ha convocado formalmente.

Costa remitió este fin de semana el acta de la reunión del máximo órgano del PP valenciano a la dirección nacional del PP (entre ellos a María Dolores de Cospedal, a Federico Trillo y al presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías, Alfonso Fernández Mañueco), así como copias de sus declaraciones de renta de los últimos años y documentos bancarios que incluyen sus cuentas y créditos.

Según fuentes de la dirección del PP, Fernández Mañueco ya ha mantenido alguna conversación con Costa y piensa convocarle en breve.

Como se recordará, la dirección nacional exigió a Camps que tomara medidas tras la publicación del informe policial en el que se hacía referencia a una posible financiación irregular del PP.

Forzado por Rajoy, Camps ofreció a Costa, el pasado 9 de octubre, que presentara su dimisión como secretario general, aunque de forma temporal (le habló de tres meses), hasta que se aclarase la situación. Él se negó a dimitir y la dirección nacional del PP obligó a Camps a convocar una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo Regional que debía tener como único objetivo la destitución del secretario general.

Antes de dicha reunión, según diversas fuentes, Camps y Costa pactaron una salida que consistía en que el secretario general presentaría una oferta de renuncia temporal a su cargo siempre y cuando la dirección nacional le abriera una investigación interna. El acta es fiel reflejo de ese pacto. Camps posiblemente pensó que esa solución sería suficiente para Génova. Sin embargo, la dirección del partido consideró que, tras la reunión del Comité Ejecutivo, Costa quedaba relegado de todas sus funciones, tanto en el partido como en el Grupo Parlamentario, donde ocupaba la portavocía.

A pesar de la confusión creada, Costa fue destituido de su cargo como portavoz (lo que sí puede hacer el Grupo Parlamentario). Sin embargo, según los estatutos, sigue siendo secretario general del partido, ya que el único órgano que puede destituirle es el Comité Regional. Los barones del PP valenciano, Joaquín Ripoll (Alicante), Alfonso Rus (Valencia) y Carlos Fabra (Castellón), reunidos el jueves, han solicitado a Camps, entre otras cosas, la reunión de un Comité Ejecutivo para nombrar a un nuevo secretario general.

Camps parece estar obligado a pactar. Mientras, en paralelo, la dirección nacional del PP tiene sobre la mesa la difícil papeleta de qué hacer con Ricardo Costa, que no está imputado en el Caso Gürtel y cuya relación con El Bigotes era similar a la que mantenían otros dirigentes del partido que, no obstante, siguen conservando sus cargos.

De hecho, el modo en que se produjo la salida de Costa, los sustitutos elegidos por Camps y la permanencia en el cargo del vicepresidente primero, Vicente Rambla, a quien el informe apunta como el contacto de Álvaro Perez en el Consell, han abierto una brecha en el PP valenciano. Camps autogestionó la renuncia de su secretario general y pactó incluso con Fabra para evitar una revuelta en el Comité Ejecutivo. Al día siguiente, se presentó por sorpresa en las Cortes Valencianas y anunció a Costa que dejaba el cargo. Sin más consultas, lo comunicó al Grupo y ungió a su sucesor. Respecto al partido, la operación fue simétrica y al mismo tiempo. A espaldas de los presidentes provinciales se hizo público que Asencio sustituía a Costa en virtud de un acuerdo inexistente del Comité Regional y con una vaga alusión a los estatutos del partido.

(www.elmundo.es, 26/10/09)

La rapiña valenciana de la trama

La investigación del 'caso Gürtel' apunta a la existencia de contratos ventajistas, comisiones ilegales, financiación irregular del PP y tráfico de influencias

Lo que hasta ahora se ha hecho público del sumario (quedan miles de folios bajo secreto sumarial) sobre el denominado caso Gürtel, la trama de corrupción que afecta al PP y a varias administraciones gobernadas por ese partido, es sólo una parte de una investigación con muchas más derivaciones. Uno de los volúmenes más llamativos de ese iceberg judicial de supuesta corrupción corresponde a la parte valenciana de la trama. Una parte que hasta ahora apunta, con el partido que lidera Francisco Camps y el Consell que preside en su epicentro, a la existencia de contratos y adjudicaciones obtenidos de manera ventajista; el cobro de comisiones ilegales, al menos en un gran evento como fue la visita del Papa a Valencia en julio de 2006; la financiación irregular del PP; intentos de soborno generalizados, mediante regalos a altos cargos, y maniobras en busca de negocio urbanístico a través del tráfico de influencias.

Lo que se ha hecho público sobre la red de corrupción es sólo una parte del iceberg

El informe policial que detecta indicios de financiación irregular del PP, con la trama de corrupción que lideraba Francisco Correa, actualmente en prisión, como intermediaria, y que destapa también el supuesto cobro de comisiones ilegales por más de un millón de euros, aprovechando la contratación en exclusiva de Ràdio Televisió Valenciana para la retransmisión de los actos de la visita del Papa, han confirmado algunas de las sospechas que las conversaciones telefónicas grabadas con autorización del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, impulsor inicial de la investigación, ya apuntaban.

De momento, la rapiña valenciana de la trama Gürtel le ha costado el cargo al secretario regional del PP, Ricardo Costa, en buena medida a causa de la estrecha relación que algunas de las grabaciones revelan con Álvaro Pérez, gerente de la empresa Orange Market, la terminal de trama en Valencia que ha organizado la mayoría de actos de los populares en los últimos años. El impacto sobre la opinión pública de esas grabaciones, sin embargo, no tiene sólo a Costa como protagonista. El mismo presidente de la Generalitat aparece en ellas como alguien que mantenía una amistad muy estrecha con Álvaro Pérez y, por otra parte, dirigentes del PP como el vicesecretario de Organización, David Serra, protagonizan algunas conversaciones que constan en el sumario en las que la fluida conversación con el jefe de la trama en Valencia alude de manera reiterada a figuras como el vicepresidente del Consell Vicente Rambla.

CAMPS TENSA LA CUERDA CON GÉNOVA AL AFIRMAR QUE COSTA SIGUIÓ SUS ÓRDENES Y LAS DE RAJOY

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tensó ayer de nuevo la cuerda con la dirección nacional de su partido al asegurar que el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, actuó "bajo las directrices del PP de España y de la Comunitat". En su comparecencia en la sesión de control de las Corts -a la que no acudía desde hace cuatro meses-, Camps hizo una defensa cerrada del que era su mano derecha en el PP y mantuvo que había ejercido el cargo "con responsabilidad, legalidad, eficiencia y seriedad, como se está demostrando y se demostrará", apostilló, como si avalara su posible regreso a la primera línea.

El pronunciamiento parece todo un desafío hacia Génova, que forzó el relevo de Costa como consecuencia del escándalo de las revelaciones del sumario del caso Gürtel que apuntan a una presunta financiación irregular del PP valenciano. La secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal, justificó en su día el cese de Costa en su falta de ética e indicó que veía imposible su vuelta por haber ido en contra del partido al leer un comunicado en el que afirmaba haber seguido órdenes de Madrid, unas palabras que Camps hizo suyas en las Corts. Tan lejos como ayer Cospedal reiteró que las decisiones sobre Costa no tienen marcha atrás.

"Si realmente el PP valenciano no tiene nada que esconder, ¿por qué han mandado a Costa a las mazmorras?", se preguntó después la portavoz de Compromís, Mónica Oltra, poniendo el dedo en la llaga. El escaño número 98 del hemiciclo, que el PP ha asignado a Costa, seguía ayer vacío.

Camps, que dejó abiertos los interrogantes sobre la marcha de Costa, enfrentó un nuevo debate monográfico sobre el caso Gürtel mirando hacia otro lado y tratando de dar la vuelta a la tortilla: "No sigo muy de cerca esta cuestión", comenzó diciendo. "Esos pretendidos amigos-continuó- parece que son amigos de la Moncloa, hablan directamente con gente de la Moncloa y ésta les adjudica obras a lo largo de este año". La acusación al Gobierno central de haber concedido 45 millones de euros a la empresa Teconsa -que los vicepresidentes del Consell concretaron más tarde- fue la única bala que usó Camps en un debate a cara de perro en el que tuvo que escuchar incluso cómo el portavoz del PSPV, Ángel Luna, le acusaba de haber utilizado a su mujer en sus relaciones con los cabecillas de la trama.

El presidente, que desde su escaño parecía acusar los golpes dialécticos de la oposición, se escudó en el sobreseimiento de la causa de los trajes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat y exigió a Luna que le pidiera perdón por las "infamias y los insultos" que, en su opinión, le profirió cuando el proceso estaba abierto. "Nadie puede decir en este mismo instante que ninguna adjudicación haya podido transgredir cualquier tipo de norma o de ley", aseguró, tras recordar que el TSJ-CV llamó a declarar a una treintena de altos cargos de la Generalitat. Sobre el partido, mantuvo que sus cuentas están financiadas "legal y regularmente" y que lo demostrará llevándolas a las Corts. "Paso a paso, proceso a proceso e instante a instante, he dicho la verdad y por eso los tribunales me han dado la razón", proclamó.

Nada de esto sirvió para frenar las embestidas de la oposición, que insistió en que Camps debe dimitir. Luna mantuvo que el jefe del Consell es "el principal responsable" del escándalo porque mantenía "hilo directo con la trama", tal como, dijo, evidencian las conversaciones grabadas por la policía. Para Luna, el comportamiento de Camps ha generado una "fisura importante" en el PP. "Ha demostrado su talla de líder, ha hecho que todos sus compañeros fueran testigos mudos, y por lo tanto responsables involuntarios, de un asesinato político en primer grado y de la deslealtad cometida para salvar su cabeza, que no tiene salvación", espetó en alusión al sacrificio de Costa.

También fue especialmente dura la portavoz de Compromís, Mònica Oltra, quien acusó a Camps de hacer dos cosas que un político no se puede permitir: "Mentir y hacer el ridículo".

Camps, que llegó a lamentar tener portavoces "tan maleducados", se mostró convencido de que el partido saldrá "más fuerte e ilusionado de esta crisis".

Francisco Camps se burló ayer ante el pleno de las Cortes valencianas del escándalo de financiación irregular que azota al PP de esa comunidad. El presidente de la Generalitat responsabilizó al Gobierno socialista del caso Gürtel. En la primera sesión de control celebrada en la Cámara autónoma desde junio, Camps ninguneó el escándalo: "Yo, que no sigo muy de cerca esta cuestión, le diré que esos pretendidos amigos [El Bigotes y sus socios] parece que son amigos de La Moncloa, que hablan directamente con gente de La Moncloa y que La Moncloa, además, les adjudica obras a lo largo de este año".

El nuevo portavoz popular, Rafael Maluenda se estrenó en los pasillos de las Cortes calculando en 300 millones las adjudicaciones del Gobierno a empresas de la trama Gürtel, esencialmente a la constructora Teconsa, desde cinco ministerios.

Ante el estupor de la Cámara, Camps interpretó que el auto de archivo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por el caso de los trajes que El Bigotes le proporcionó a él y a varios dirigentes del PP es una sentencia exculpatoria en firme. Con ese argumento, exigió disculpas a los socialistas e instó a su portavoz, Ángel Luna, a subir a la tribuna a excusarse. "Yo estoy en la política", le espetó Camps a Luna, "usted está fuera. Es impresionante que intente mantener el asiento que arrebató a su anterior secretario general a base de infamias e indignidad. Todavía no le he oído pedir perdón después de que el TSJCV archivara aquella infame acusación contra mí que se sobreseyó libremente. Y todavía no ha pedido perdón".

Tanto el PSPV como Compromís exigieron, sin éxito, explicaciones por el caso Gürtel. En concreto, por el informe policial acerca de la supuesta financiación irregular del PP en la comunidad, por el negocio hecho por la trama corrupta con la organización del viaje del Papa a Valencia y por la defenestración del secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa.

"Le ha endosado la responsabilidad a Costa", acusó a Camps el portavoz socialista. La bancada popular respondió con cara de funeral, hasta el punto de que varios diputados populares evitaron aplaudir las intervenciones de Camps. El presidente valenciano replicó: "Costa, efectivamente, ha actuado bajo las directrices del PP de España y de la Comunidad Valenciana; es decir, con responsabilidad y con legalidad".

La incómoda situación orgánica de Costa, separado temporalmente pero no depuesto como secretario general del PP valenciano, sigue generando polémica en la organización nacional. Javier Arenas, vicesecretario general del partido, afirmó ayer que "no se descarta en absoluto que [Costa] vuelva a tener responsabilidades de dirección en el PP valenciano". María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, ofreció otra versión, algo críptica: "Un secretario general de un partido lo es hasta que deja de serlo. La ambición de Costa era lo que era, y como ya no es, no hay mucho más que decir".

Durante el debate en las Cortes valencianas, Mónica Oltra, portavoz de Compromís, pidió a Francisco Camps: "Deje ya esa sonrisa de Tita Cervera. "Usted ha mentido al pleno de las Cortes y ha hecho el ridículo". Camps replicó: "Los socialistas dejaron el Gobierno por el caso GAL y, ahora, dejarán el Gobierno por el caso Gürtel".

- Ayer: "Yo, que no sigo muy de cerca el asunto le diré que esos pretendidos amigos [El Bigotes y sus socios] parece que son amigos de La Moncloa, que hablan directamente con gente de La Moncloa y que La Moncloa, además, les adjudica obras a lo largo de este año". Luego, añadió: "Circunstancial y casualmente, el PSOE dejará el Gobierno de España por dos 'G', por los GAL y por Gürtel".

C. Y yo también... tenía que haberte llamado, te quería haber llamado, para contarte todo (...).

C. Perdona, ¿durante muchos años? No, hijo de puta, durante toda tu vida. Ja, ja...

- Lo que dijo el día 13, antes de ser destituido como secretario general del PPCV. "Por las informaciones que conocemos, esta empresa [Orange Market] ha quebrado y defraudado la confianza del partido (...) Si alguno [colaborador suyo] hubiera cometido alguna irregularidad (...) asumiría plenamente la responsabilidad política de sus actuaciones (...) Las conversaciones aparecidas en medios de comunicación (...) pueden haber sido desafortunadas (...) quiero pedir públicamente disculpas (...) Me han avergonzado profundamente".

Ricardo Costa. Lo de este tema ya lo tienes claro, ¿no? (...) Yo como secretario general le puedo ser más útil si me pusiera en el Gobierno (...) Si me diese una labor un poco de coordinación política del partido del Gobierno podría arreglar mucho lo de Alicante.

Al delfín de Francisco Correa en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez, El Bigotes, se le quedó pequeña la organización de actos y contrataciones que le confiaban el PP autonómico y el Gobierno valenciano. Su obsesión por ser imprescindible le empujó a tejer vínculos personales que, incluso, le llevaron a hacerse cargo de la reforma que iba a ejecutar la mujer de Francisco Camps, Isabel Bas, en su céntrica farmacia de Valencia.

Eso fue en noviembre del año pasado, cuando la Policía y el juez Baltasar Garzón estaban a punto de prender la dinamita que haría saltar por los aires el negocio de Correa. La obra prevista no se ejecutó porque Gürtel se la llevó por delante. El 6 de febrero, llegaron las detenciones del cerebro de la trama y de su número dos, Pablo Crespo, por lo que muchos proyectos se quedaron en la cuneta.

La filial valenciana del entramado societario de Correa, Orange Market, tenía previsto correr con los gastos de la remodelación de la botica. Un lavado de cara -únicamente se trataba de pintar la fachada ante la imposibilidad de realizar una obra mayor-, cuyo diseño quedó presupuestado en 600 euros, según confirmaron fuentes de toda solvencia.

El boceto lo realizó un proveedor de Orange Market después de que El Bigotes le llevara a la farmacia en varias ocasiones para explicarle los pormenores del trabajo que, según estas mismas fuentes, él mismo había ideado.

Álvaro Pérez ultimaba los detalles para remodelar la pared de la «farma», como él mismo se refiere al negocio de la esposa de Camps en las conversaciones telefónicas incorporadas al sumario, y todas las directrices las consultaba con Bas. El empresario realizó el diseño y se lo entregó. No hablaron de un pago inmediato, pues lo cobraría a principios de año junto con los trabajos de mayor envergadura que Orange Market le adeudaba de otros servicios.

La intención de El Bigotes con el negocio de la mujer de Camps se plasmó en otra de las grabaciones policiales interceptadas. Se trata de una conversación en la que Pérez comenta a Pablo Crespo los entresijos de la obra que nunca se hizo. «Pasaré por la oficina a las 4.30 o 5, que quiero contarte una cosa, que he ido a la farma, para ver si podían quedar con -el proveedor que realizó el boceto-, para enseñarle el diseño definitivo de la farma, y estando ahí ha pasado El Curita para ver a su chica, luego te cuento».

El proveedor que Álvaro Pérez llevó a la farmacia es el propietario de la empresa a la que Orange Market subcontrató para diseñar el escaparate de Fitur en 2008 y 2009. También se había encargado del diseño de una muestra de productos de la Comunidad Valenciana en Dallas (EEUU) que Camps visitó a mediados de noviembre de 2008 en viaje oficial a Texas. Los investigadores no vinculan a esta empresa con la trama Gürtel más allá de la relación profesional.

Fuentes de la Generalitat valenciana explicaron que la reforma de la fachada de la botica nunca se hizo porque el edificio estaba protegido. Según precisaron dichas fuentes, Isabel Bas es copropietaria del negocio farmacéutico desde que compró una parte al padre de su socia antes de que éste se retirara.

Cumplida una semana del tumultuoso cese de Ricardo Costa al frente de la secretaría general del PP de Valencia, Génova volvía ayer a dar espectáculo político. Dos de sus dirigentes, Mª Dolores de Cospedal y Javier Arenas, protagonizaron un desencuentro a cuenta del expulsado número dos de Camps.

Arenas tiró la primera piedra al declarar que la salida de Costa no es irreversible. «No se descarta en absoluto que vuelva a tener responsabilidades de dirección», afirmó en la Cope, y aún añadió que el PP «no ha puesto en cuestión» la honorabilidad del cesado ex dirigente del PP.

Pero Cospedal no tardó en replicarle: «Un secretario general de un partido lo es hasta que deja de serlo». Y ante los empresarios que la escuchaban en la Cámara de Comercio Americana en Madrid, Cospedal añadió: «Un secretario general de un partido se tiene que someter a la disciplina de su partido, igual que los señores que están aquí se someterán a la jerarquía de su empresa». «La función del señor Costa era la que era y, como ya no lo es, no hay mucho más que decir», sentenció, antes de concluir, por si alguien aguarda acciones contra Camps, que, respecto al caso Gürtel, «las decisiones que había que tomar ya se han tomado».

Se trataba del último choque de trenes entre Arenas y Cospedal. Ambos son los pesos pesados de la dirección nacional del PP. Ambos, a la vez, son el yin y el yan del equipo de Rajoy. Y es que su rivalidad -hasta ahora soterrada- amenaza con superar a la proverbial y vieja guerra política y personal entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón.

Ella, la secretaria general, número dos de Rajoy y máximo exponente del ala renovadora del partido; él, vicesecretario autonómico, candidato popular a la Junta de Andalucía, alter ego, sin número, del mismo Rajoy, y máximo exponente de la estrategia de resistencia de los cargos del partido frente al acoso socialista.

Así, casi una semana después de que la secretaria general liderara el golpe de mano de la dirección contra Ricardo Costa y que diera por irreversible su destitución, el vicesecretario autonómico ponía cataplasmas sobre la herida valenciana, y abría una nueva brecha en Génova.

En sus declaraciones, Arenas insistió aún más en defender a Camps que a Costa. Dijo que el presidente de Valencia es una persona «muy honesta y muy decente» y a la que «le queda mucha vida política por delante». Y éste fue, según las fuentes más próximas a Arenas, que niegan la existencia de divergencias con Cospedal, su único y deliberado propósito: trasladar un mensaje de apoyo a Camps, dado que Rajoy no quiere, por ahora, alimentar la crisis interna en Valencia.

Sea cual fuera su propósito, lo cierto es que Arenas nunca da puntada sin hilo y el cese de Costa del viernes pasado sigue arrojando dudas de calado a la luz de los Estatutos del partido. El próximo lunes, el ex secretario general remitirá a Génova toda la documentación en la que pretende apoyar su defensa ante los órganos de disciplina del partido; no sólo la que hace referencia a su patrimonio y a su gestión, sino también el acta del comité ejecutivo del PPCV que, con su firma, la de Camps y la del secretario general entrante, confirma que sus funciones en el cargo sólo se verían suspendidas por la investigación interna en curso. Una investigación, por cierto, cada día más incierta. El Comité de Derechos y Garantías no le ha citado todavía, y su intención es hacerlo en secreto.

MOTÍN INTERNO EN EL PP DE ELCHE EXIGIENDO A SU PRESIDENTA QUE ACLARE “SI ESTÁ IMPLICADA O NO EN EL CASO GÜRTEL”

Un militante de Elche, Juan Pedro Lozano, que fuera vicepresidente primero en la última Ejecutiva del partido, ha reunido 600 firmas de otros afiliados y simpatizantes exigiendo una investigación para saber las conexiones de su presidenta provincial, Mercedes Alonso, con la trama Gürtel. Alonso, que también es la portavoz del grupo municipal del PP en la capital ilicitana, es una de las dirigentes del PP valenciano que aparece en la contabilidad B de Orange Market -la empresa de eventos de El Bigotes- identificada como “la persona de contacto para tratar sobre la financiación”. La popular se llevó hace unos días un revés judicial después de que una juez archivara una querella suya contra el PSOE por haberle preguntado precisamente por sus vínculos con El Bigotes.

Lozano, que lleva más de 20 años en el PP, ha llevado al Ayuntamiento 600 firmas de militantes y simpatizantes de su partido reclamando clarificar la relación entre Alonso y El Bigotes, así como la certificación de la declaración de bienes realizada por la popular desde su toma de posesión como concejal en 1991 y que ésta se haga pública.

“Queremos saber si está implicada o no en el caso Gürtel”, explica Lozano en palabras recogidas por La Verdad, y es que “lo único que sabemos es lo que han publicado los medios de comunicación y ella no lo ha desmentido”. “No son seis firmas, como dijo, son 600 y puede que la semana que viene lleguen a ser 6.000”, apunta Lozano, quien alerta también de que el escrito será remitido a los órganos del partido oportunos, a la dirección provincial, regional y nacional.

El portavoz del equipo de gobierno de Elche, el socialista Alejandro Pérez, explicó la pasada semana que “militantes de base" del PP reclamaron una comisión de investigación sobre las "relaciones" entre la portavoz popular en Elche, Mercedes Alonso, y la empresa Orange Market. El socialista recordó que Alonso cesó la semana pasada de sus cargos en la Diputación Provincial, así como que ésta había “fracasado” en su intento de relevar a Ricardo Costa pese a "hacer despachos en Valencia” los días previas al descabezamiento del secretario general del PP valenciano.

Alonso es una de las dirigentes del PP valenciano que aparece en la contabilidad B de Orange Market -la empresa de eventos de El Bigotes- identificada como “la persona de contacto para tratar sobre la financiación” en el marco de precampaña y la campaña de las municipales de 2007, según un informe de la Unidad contra la delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Francisco Camps ha optado por lanzar un furibundo ataque contra el Gobierno socialista y contra los portavoces de la oposición parlamentaria en la primera sesión de control parlamentario en las Cortes Valencianas que afronta desde el pasado 11 de junio y donde ha sido asaeteado con toda una serie de preguntas relativas al caso Gürtel. Camps ha augurado que este caso, como en su día los GAL, "arrastrará al Gobierno socialista" de José Luis Rodríguez Zapatero. También ha exigido al portavoz socialista, Ángel Luna, que le pidiera perdón por haber vertido toda "una serie de infamias" sobre un asunto sobre el que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana decretó el "sobreseimiento libre".

Luna ha querido saber si el presidente tenía previsto modificar los criterios de contratación de la Generalitat a la vista de las adjudicaciones a una trama corrupta que desvela el sumario del caso Gürtel. Camps ha replicado que los miembros de la trama son "los amigos de La Moncloa", que los contratos de la Generalitat cumplen "todos los controles internos y externos" y que toda la legislación sobre contratación pública es de 1991, cuando gobernaban los socialistas, y de 2007, cuando gobernaba los socialistas".

"Legislación que ustedes incumplen sistemáticamente", ha contestado Luna. "Como no contesta, nos va a oír. Actúa usted como los niños que se tapan la cara para no ver la realidad. Usted tenía hilo directo con la trama, sólo usted ha hecho posible que una empresa con cinco trabajadores tuviera contratos con todos los departamentos del Consell. Ha utilizado a su mujer como buzón de la trama, y me llama inmoral, pero yo no soy inmoral por decirlo, usted es el inmoral por hacerlo. No fui yo quién llamó a El Bigotes para que arreglara el marrón de su hermana en Benidorm. ¿Piensa contestar todas las preguntas que Costa dejó sobre la mesa? Sus compañeros son testigos mudos y por tanto responsables del asesinato político de su secretario general. ¿Cuál será la próxima cabeza? A estas alturas usted solo puede liderar su marcha de la política para dejar daño a su partido y a la Comunidad Valenciana".

Camps ha salido desbocado. "Yo estoy en la política, usted está fuera. Es impresionante que intente mantener el asiento que arrebató a su anterior secretario general a base de infamias e indignidad. Todavía no le he oído pedir perdón después de que el TSJ archivara aquella infame acusación contra mí que se sobreseyó libremente. Y todavía no ha pedido perdón. Nadie puede decir que no cumplamos estrictamente la ley. Cuando no se puede atacar una ideología se ataca a las personas. Pero yo tengo la conciencia tranquila y sé que la sociedad valenciana no se merece un portavoz como usted". El delirio se ha extendido en forma de aplauso cerrada entre la bancada del PP.

Mónica Oltra, portavoz de Compromís, ha exigido a Camps que aclarara las preguntas que Ricardo Costa, su subordinado directo, dejó sobre la mesa cuando dijo que se limitaba a cumplir órdenes y que nadie le advirtió sobre Orange Market. Camps ha contestado con cara de pocos amigos después de llama maleducada a Oltra. "Hemos pedido una comisión para investigar la financiación de los partidos y los socialistas y ustedes se han opuesto ¿Qué esconden ustedes? Parece mentira que siendo usted abogada no sepa que los abogados de toda España claman contra un procedimiento que atenta contra el Estado de Derecho, pero ya se sabe, cuando gobiernan los socialistas se acaba el Estado de Derecho".

Oltra ha recordado al presidente que el auto del TSJCV no es una sentencia definitiva y ha vuelto a la carga: "Si estamos en esta situación es porque usted no responde. En dos semanas se ha cargado la imagen de partido centralista del PP y ha conseguido que en toda España y en toda Europa se rían de nosotros. Ha mentido y ha hecho el ridículo. Lo primero es grave, pero lo segundo no puede permitírselo. Dígame, ¿es usted el mister X del caso Gürtel?"

El presidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad arrancó su última intervención con otro ataque personal: "De ridículo puede usted hacer una tesis doctoral, es usted la doctora". Luego defendió a su secretario general apartado del cargo: "Costa ha actuado con respeto a la legalidad y todo se demostrará. Pero usted ha intentado cargarse el Estado de Derecho.

Hasta el día de hoy, los tribunales me han dado la razón. A día de hoy sólo hay una sentencia (sic) y es exculpatoria. Al hablarme del señor x me recuerda usted a los GAL. Al final, los socialistas dejarán el Gobierno por dos G. GAL y Gürtel, este caso les arrastrará así que deje usted de difamar".

Vicente Rambla y Gerardo Camps, vicepresidentes del Consell, han arropado al presidente en la sesión de control y han asumido las respuestas dirigidas a Camps por los portavoces adjuntos. Gerardo Camps ha tirado por elevación cuando el socialista José Camarasa y ha vuelto sobre las preguntas que Costa había dejado sobre la mesa: "¿Quién miente, sus colaboradores inmediatos o usted?"

"La única mentira que he oído hoy ha sido una mención a los requerimientos de la Sindicatura de Comptes", ha replicado Gerardo Camps, "nunca han señalado ni un sólo incumplimiento de la legalidad. Pero deje que le lea una conversación recogida en ese informe que tanto airean ustedes: Yo tengo un amigo en La Moncloa que nos puede echar una mano. Habla Correa: Este tipo de gente te ayuda más que la derecha". Unas risas se extendieron entre los diputados del PP. "La mano fue de 45 millones de euros a partir de ese momento", en adjudicaciones del Gobierno central.

Mónica Oltrà, portavoz de Compromís, subió a la tribuna a continuación: "Si las diferencias entre unos y otos se cifran en la cantidad que se roba, mal va la democracia".

La situación de crisis en el PP valenciano no admite más la normalidad decretada por parte del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Ante su inacción, tras la abrupta salida de Ricardo Costa de la Secretaría General del PP y de la Portavocía del grupo parlamentario, los tres presidentes provinciales -Alfonso Rus (Valencia), José Joaquín Ripoll (Alicante) y Carlos Fabra (Castellón)- han hecho frente común para convencer a Camps de la necesidad de acometer cambios profundos.

Por contra, el jefe del Consell prefiere dejar todo tal cual ha quedado tras el naufragio: con un secretario general interino promocionado por el propio Camps -César Augusto Asencio- y un veterano parlamentario -Rafael Maluenda- en la cúpula del grupo. En cambio, para los barones es necesario realizar nombramientos de más peso que permitan al PP afrontar una coyuntura política tan delicada. Desde hace semanas mantienen contactos casi diarios en esta línea. Su propósito es plantear al presidente, sí o sí, que nombre un nuevo secretario general y un nuevo portavoz en las Cortes, y que remodele su Gobierno.

En el partido es un clamor el bajo perfil político del Consell y su falta de iniciativa para hacer frente a esta crisis. Pero, en los últimos días, tras la defenestración de Costa, se ha evidenciado además que Camps carece de línea de defensa. Sus tres vicepresidentes han dejado de ser un muro de contención por distintos motivos. Vicente Rambla, salpicado por los informes policiales del caso Gürtel; Juan Cotino, por su vinculación familiar con Sedesa -que supuestamente financiaba al PP a través de El Bigotes-, y Gerardo Camps fuera de juego por una dolencia crónica. Sin ellos, el presidente de la Generalitat está más expuesto.

Además, la reubicación en el Parlamento autonómico de quien ha sido el principal cortafuegos de Camps en el caso Gürtel no ha dejado indiferente a nadie. Al otrora número dos, que no ha vuelto por las Cortes desde su defenestración la semana pasada, le han adjudicado el último escaño de la Cámara. En el PP insistieron ayer que esa ubicación es «temporal» y justificaron la ausencia del diputado en que «está recabando la documentación que le requerirá la Comisión de Derechos y Garantías del partido», para cuando decidan convocarla. El PP aprobó ayer en solitario crear una comisión de investigación para revisar las cuentas de todos los grupos. La oposición se niega a participar.

El vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, defendió hoy que el "responsable último" de lo que pasa "por dentro" de un partido es su secretario general, razón por la que justificó la dimisión de Ricardo Costa a raíz del 'caso Gürtel', y se mostró convencido de que "no va a ocurrir nada" respecto al presidente valenciano, Francisco Camps. En declaraciones a TVE, durante el programa 59 segundos, el dirigente popular señaló que Costa "no era indio, era jefe" del PPCV y, por tanto, al dejar sus cargos "asumió responsabilidad en su calidad de jefe, como secretario general del partido". "Ricardo Costa no cesa por lo que ha hecho o dejado de hacer. Cesa porque es el secretario general", manifestó.

En la misma línea, defendió que el plus de exigencia en sus actuaciones que se le pide a un cargo político depende también del cargo que ostente. "Depende del cargo que tengamos, a veces tenemos que asumir responsabilidad política, con independencia de lo que hayamos hecho o hayamos dejado de hacer", explicó.

Respecto a las responsabilidades que el presidente valenciano pudiera tener en este caso, González Pons reiteró que la confianza de Rajoy y la dirección nacional del partido en Camps "es completa" y enfatizó que en el PP están "convencidos de que no va a ocurrir nada" respecto al presidente de la Comunidad Valenciana.

El dirigente popular también se refirió a la querella anunciada por el PSPV contra Camps y la cúpula del PP valenciano por presunta financiación irregular. En este sentido, pidió al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, que él y todos los fiscales que jerárquicamente dependan de él se abstengan "de actuar" en dicha querella porque es el marido de una diputada socialista en el Congreso de los Diputados, Juana Serna.

"El PSOE ha presentado una querella en Valencia de un asunto que sabe que está sub iúdice en Madrid. Que o bien la fiscalía le ha dicho que en Madrid no va a conducir a ningún lugar, o bien la fiscalía le ha dado la orden de que se presente como marca blanca del fiscal en Valencia. Pero lo cierto es que aquí hablando de recusaciones, es hoy el Partido Socialista el que tiene que explicar su querella en Valencia", explicó.

Asimismo, negó que exista financiación irregular en su partido y acusó al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, de haber "perseguido al PP por tierra, mar y aire" y de haber instalado "una presunción de culpabilidad de los 700.000 afiliados del PP". "Cuando se trata de casos que tienen que ver con el PP, basta, como en Palma Arena, una mera denuncia anónima para que el fiscal actúe. En el caso del Puerto de Gijón, que es igual que el caso Palma Arena, yo lo denuncio y verá usted como el fiscal no actúa", argumentó.

Por otro lado, González Pons dijo no estar interesado en encabezar la candidatura del PPCV de cara a las próximas elecciones autonómicas. "Tenemos un candidato que se llama Francisco Camps y que será nuestro candidato en las próximas elecciones autonómicas, como ahora es el Presidente de la Generalitat", dijo.

Por último, recordó que dentro del PP hay "muchas voces" que dicen "lo que en libertad quieren decir" pero negó la existencia de críticos en las filas populares. "No a todo el mundo le parece todo bien siempre. Eso no significa que haya un sector crítico. Significa que hay muchas personas que no comparten una decisión de la dirección o que no comparten una determinada línea programática del partido", concluyó.

El escándalo de financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana desatado a raíz de la difusión de parte del sumario del caso Gürtel pesa como una losa sobre cada intervención, cada declaración pública, incluso sobre cada gesto de los cargos públicos y representantes populares. El espeso silencio que se extendió ayer sobre el hemiciclo de las Cortes Valencianas cuando Ángel Luna, portavoz socialista, escenificó desde la tribuna alguno de los diálogos grabados por la brigada contra el blanqueo de dinero de la Policía Nacional "con autorización judicial" fue directamente proporcional al peso de esa losa.

Rafael Maluenda, que ocupó ayer por primera vez el escaño que corresponde al portavoz del grupo parlamentario del PP, fue el único capaz de musitar "qué vergüenza" para intentar contrarrestar el castigo al que Luna sometía a sus diputados cuando recreaba una conversación grabada en la que se citaba a "la dama del laboratorio", en alusión a la esposa de Francisco Camps, presidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad Valenciana, que es copropietaria de una farmacia en Valencia.

"Vergüenza es que el presidente de la Generalitat haya usado a su familiar como buzón de la trama de empresas corruptas", le espetó Luna.

La tensión subió de tono cuando Luna recordó que el informe policial llegó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana "tres días antes" de que se archivara la causa contra Camps por supuesto cohecho impropio. Entonces no se tuvo en cuenta. Pero Luna auguró: "El TSJ tendrá que analizar el informe policial a raíz de la querella que presentaremos la semana que viene contra Francisco Camps, [el vicepresidente Vicente] Rambla,

[el secretario general apartado del cargo Ricardo] Costa, [el vicesecretario de organización David] Serra y Yolanda García [la tesorera del partido]". "Ustedes tienen un problema", siguió Luna, "les han pillado, hagan las maniobras de distracción que quieran, pero esto no lo van a poder tapar. Yo, en su lugar, daría explicaciones y asumiría responsabilidades".

Tal posibilidad no figura en el guión al que se aferró César Augusto Asencio en su primera intervención ante el pleno desde que ejerce las tareas de "coordinación del partido". Asencio subrayó que la "contabilidad del PP recoge asientos contables que responden a realidades fácticas" e intentó desmerecer "el informe de la policía de [el ministro de Interior Alfredo Pérez] Rubalcaba, que se gestó en una cacería, y contiene una serie de asertos que no reflejan la realidad".

Luna explicó, en tono didáctico, que "el ámbito para investigar las cuentas de los partidos es el Tribunal de Cuentas, no las cámaras parlamentarias"; que "el Tribunal de Cuentas considera las cuentas de los partidos como un todo, de modo que no existe tal cosa como la contabilidad del PP de la Comunidad Valenciana ni del Partido Socialista del País Valenciano"; para concluir: "Quieren una comisión para investigar algo que no existe en un órgano que no tiene competencias para ello".

"Ustedes pretenden desnaturalizar el papel de las Cortes, abusan de la mayoría absoluta para controlarnos a nosotros, que no manejamos fondos públicos", siguió Luna, "solo pretenden establecer una sospecha generalizada".

Minutos antes, Mireia Mollà, diputada de Iniciativa en el grupo Compromís, había solicitado la creación de un comité antifraude que analizara la contratación de la Generalitat y el manejo de los fondos públicos. De acuerdo con el guión, el PP ninguneó a Mollà, ni siquiera intervino en el debate y rechazó su invitación a la transparencia.

Los diputados socialistas interpelaron ayer a cuatro miembros del Consell sobre asuntos relacionados con el escándalo de financiación irregular del PP desatado a raíz de la difusión de parte del sumario del caso Gürtel. Tres consejeros optaron por acogerse al guión para no contestar. El cuarto dio un par de pases, pero tampoco dejó nada en claro.

Ni Trinidad Miró, consejera de Cultura, aclaró por qué la Fundación de La Luz de las Imágenes financió una exposición en un torneo de tenis; ni Juan Cotino, vicepresidente y responsable de Agua, Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, comentó la adjudicación a Sedesa, empresa que gestiona su sobrino, de contratos por valor de 830 millones de euros desde 1999; ni Belén Juste, consejera de Turismo, explicó si ha adoptado alguna medida ante la implicación de Orange Market, adjudicataria del montaje del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur durante cinco años, en la evasión de fondos hacia paraísos fiscales.

Manuel Cervera, consejero de Sanidad, ofreció algún detalle sobre la cesión de Begar, la constructora de José Luis Ulibarri, a Ocide, de las obras del futuro hospital de Llíria y afirmó: "Yo no conozco al señor Ulibarri, que es amigo de José Luis Rodríguez Zapatero".

Todos sus colegas se limitaron a leer un par de artículos de la ley de contratos públicos para defender la legalidad de sus gestiones.

A primera hora de la mañana, el PP se permitió aprobar como proposición no de ley una propuesta de resolución que aprobó hace tres semanas para solicitar una rebaja fiscal a los profesionales autónomos que ingresen menos de 24.000 euros al año y tengan al menos dos hijos a su cargo. La rebaja fiscal representará un ahorro anual de 40 euros para todos los afectados.

Ricardo Costa, número dos del PP valenciano hasta que Génova (sede nacional del partido en Madrid) forzó su defenestración hace una semana, se convirtió en el diputado número 98. Costa abandonó ayer, forzado por su partido, el sillón de portavoz parlamentario del PP en las Cortes Valencianas que pasó a ocupar su compañero Rafael Maluenda.

El nuevo portavoz, que aún insiste en que el cambio de estado de Costa es "provisional", asignó a su defenestrado compañero un escaño en la segunda fila tras la retahíla de responsables del grupo parlamentario. Sin embargo, Costa, convertido en chivo expiatorio del caso Gürtel por haber plantado cara a la dirección del PP, exigió que le ubicaran en el último escaño de la última fila de la bancada popular. En el escaño que lleva el número 98.

Un escaño que quedó vacío, porque Costa estuvo ausente durante todo el pleno. El PP justificó el vacío en que Costa está preparando su defensa ante el Comité de Derechos y Garantías de la dirección nacional, que preside el diputado Alfonso Fernández Mañueco.

LOS SOCIALISTAS VALENCIANOS RECLAMAN QUE SE INVESTIGUE LA FINANCIACIÓN DEL PP

Los socialistas valencianos se han apoyado en el informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía para anunciar la presentación en breve de una querella ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para que se investigue la financiación irregular del PP. La querella va dirigida contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por la comisión de los supuestos delitos de cohecho, prevaricación, malversación, falsedad, delito electoral, alteración contable y delito fiscal.

El PSPV extiende estas acusaciones al vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla; al ex secretario general del PP Ricardo Costa, al vicesecretario general de ese partido, David Serra, y a la tesorera, Yolanda García. El anuncio fue hecho por el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, durante un encuentro con periodistas celebrado ayer en Madrid.

La Brigada de Blanqueo de la Policía redactó el informe Orange Market. Sistema de facturación y financiación de los actos del PP de la Comunidad Valenciana, de 89 folios y cinco anexos, del que se concluía que la cúpula del PP valenciano amparó y dirigió una financiación irregular de esta formación durante los últimos años. Este informe fue el que la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, que preside Juan Luis de la Rúa -del que Francisco Camps llegó a decir que era más que amigo suyo-, se negó a investigar cuando se lo remitió el Tribunal Superior de Madrid, el 31 de julio pasado.

El PSPV tendrá que presentar su querella en esa misma sala, que ya archivó la causa contra Camps por presunto delito de cohecho pasivo impropio.

La policía aporta en su informe una serie de documentos oficiales (cheques bancarios, facturas con IVA, etcétera) y las copias de los correos electrónicos enviados desde la sede de Orange Market a la asesoría que trabajaba para la trama corrupta. En esos correos electrónicos se solicitan cambios en la facturación de la empresa, de manera que ingresos procedentes del PP se convierten en servicios a constructoras valencianas.

Jorge Alarte insistió en la voluntad de su partido de que el tribunal investigue "hasta las últimas consecuencias. Nadie debe quedar impune, y se ha de salvaguardar la figura institucional de la presidencia de la Generalitat, no la de [Francisco] Camps que", precisó, "la ha perdido hace tiempo". El secretario general de los socialistas valencianos criticó el modelo que denominó "Gürtel-Camps", subrayando que Álvaro Pérez, El Bigotes, se había convertido en "el gran asesor del presidente", como lo prueba el hecho de que en los últimos años no se ha celebrado ningún gran evento en la Comunidad Valenciana en el que no hayan participado las empresas de la trama Gürtel.

Un portavoz de la dirección de los socialistas valencianos explicó que la decisión se adoptó durante la reunión de la comisión permanente de la ejecutiva realizada el pasado lunes. "Tras conocer el contenido de los 17.000 folios del informe policial no podíamos quedarnos sin hacer nada", relató Alarte.

El PP, por su parte, replicó con el anuncio de otra querella contra el PSPV por denuncia falsa si los socialistas seguían adelante con su iniciativa para denunciar la financiación del PP y contra Camps.

El limbo en el que se ha situado Ricardo Costa sigue generando debates internos e interpretaciones. El que fuera mano derecha de Francisco Camps no ha perdido ni su despacho ni su coche oficial, acude a la sede con normalidad y hoy se verá si se sienta en el mismo escaño de portavoz parlamentario. El PP de la Comunidad Valenciana asegura que Costa sigue siendo secretario general, pero ha dejado temporalmente de ejercer sus funciones mientras, teóricamente, le investiga la dirección nacional y se aclara el caso Gürtel.

Pero fuentes oficiales de la dirección nacional aseguraron ayer que Costa "ya no es el secretario general del PP y tiene un sustituto, que se llama César Augusto Asencio". La dirección interpreta que Costa, según le comunicó Francisco Camps a Mariano Rajoy, dimitió el martes pasado ante el Comité Ejecutivo. No es eso lo que interpretaron los más de 90 dirigentes presentes en la reunión. Y no es eso lo que consta en el acta, según fuentes del PP, que han firmado tanto Costa como su sucesor, Asencio. Allí se deja claro que Costa no dimitió y sólo anunció que dejaba temporalmente de ocupar sus funciones mientras Génova le abría una investigación, algo que en realidad aún no ha sucedido, puesto que no le ha citado el Comité de Garantías. De hecho, el comunicado del PP valenciano en el que se dio cuenta del relevo de Ricardo Costa decía que Asencio se encargará de "la coordinación del partido", esto es, no sustituye a Costa en su puesto.

Mientras, Rafael Maluenda, sustituto de Costa como portavoz parlamentario en las Cortes Valencianas, evitó precisar quién usa los dos coches oficiales asignados al grupo del PP por el Parlamento autonómico. Uno lo usa Costa, el otro David Serra, secretario del grupo y vicesecretario de Organización del PP de la Comunidad Valenciana. "No me preocupo de los coches oficiales. Tampoco he cambiado de despacho. Mi misión es defender los postulados del partido, defender la gestión del presidente Camps y velar por el buen funcionamiento del grupo", esquivó Maluenda.

Sobre la autoridad que sigue ejerciendo Costa en el seno del PP de la Comunidad Valenciana, Maluenda también escurrió el bulto: "Asencio es el coordinador del partido, sustituye al anterior secretario general". ¿Quiere decir que el secretario general está destituido? "Asencio le sustituye en sus funciones", dijo.

Los mismos diputados y cargos del PP valenciano que consideran que Costa se armó de razón el pasado martes por la mañana cuando puso en un brete a Camps y a Mariano Rajoy al exigir explicaciones sobre las razones para solicitar su renuncia, admiten abiertamente que, con los estatutos en la mano, Costa sigue siendo secretario general. De hecho, aún figura como tal en la web del partido.

La empresa Impacto Producciones, que cobró 1,7 millones por el montaje de pantallas de vídeo durante los actos de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006, se desvinculó ayer a través de un portavoz de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa. La policía asegura que Correa utilizó a la empresa Teconsa para hacerse con un contrato de 6,4 millones de euros y que esta empresa, sin experiencia en ese tipo de eventos, subcontrató a las firmas Apogee e Impacto.

La investigación sostiene que Correa sacó más de un millón de euros en comisiones que, supuestamente, cobró en Sevilla durante su visita a la empresa Apogee. Impacto Producciones, con sede en Alcorcón (Madrid) niega cualquier relación con la trama y mucho menos que pagara comisiones.

Por otro lado, la empresa Montenegro Producciones, que según el informe policial aparece en la caja B de la trama corrupta como receptora de un millón de euros del contrato por la visita del PP, aseguró ayer a través de una carta remitida a EL PAÍS que no está "participada, vinculada ni por supuesto ligada de ninguna manera con Francisco Correa o cualquier otra persona públicamente conocida como imputada en el caso Gürtel", ni tuvo "ninguna participación en los actos del Papa organizados por la televisión valenciana y, por consiguiente, no percibió cantidad alguna por tal concepto".

Ricardo Costa sigue ejerciendo como secretario general del PP de la Comunidad Valenciana salvo a efectos públicos. "El cese temporal supone que no da ruedas de prensa ni participa en actos electorales", aclaró ayer su jefa de prensa. Pero nada más. Costa despachó ayer por la mañana en la sede del PP en Valencia, en la calle Quart. Poco antes de las dos de la tarde, su teórico sucesor César Augusto Asencio, responsable de "la coordinación del partido" mientras la gestión de Costa sea objeto de investigación por parte de la cúpula nacional del PP, abandonó la sede a pie en compañía de Rafael Maluenda, cuyo nombramiento como portavoz del grupo parlamentario del PP en el Parlamento autónomo fue publicado ayer en el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas. Cinco minutos después, salió de la sede David Serra, vicesecretario de Organización. ¿Sigue ejerciendo Costa? "En boca cerrada no entran moscas", concedió enigmático Serra.

Otros cinco minutos más tarde, era el propio Costa el que salía de la sede del partido acompañado por Yolanda García. La tesorera del PP de la comunidad le acompañó hasta el coche oficial que las Cortes Valencianas ponen a disposición del Grupo Parlamentario Popular y le despidió. Costa partió en el coche oficial acompañado por su chófer y su escolta, y acudió con ellos al gimnasio a las 15.00.

María Dolores de Cospedal, número dos de Mariano Rajoy, reclamó hace semanas la cabeza de Costa para intentar aplacar la presión sobre el partido a raíz de la difusión del sumario del caso Gürtel.

La inacción de Francisco Camps, presidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad Valenciana, resultaba exasperante frente a las decisiones adoptadas por Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, quien forzó a renunciar a todos los cargos públicos y a dejar el partido a todos los diputados autonómicos y cargos municipales salpicados por el escándalo de corrupción vinculado al PP.

El martes pasado, el Comité Ejecutivo Regional del PP valenciano se reunió de urgencia para dar una respuesta a Génova. Y Camps optó por engañar a Mariano Rajoy.

El órgano de dirección del partido en la Comunidad Valenciana aprobó por asentimiento que Costa sería temporalmente apartado del cargo cuando el PP nacional anunciara una comisión de investigación sobre su gestión. Tanto como aceptar que había algo que investigar en la Comunidad Valenciana.

La guerra de comunicados contradictorios que se emitieron esa noche desde las sedes de Génova y Quart provocó la más absoluta confusión.

A primera hora del miércoles, Cospedal montó en cólera y declaró la destitución de Costa. Camps se desplazó a las Cortes y comunicó a su número dos en presencia de los diputados autonómicos que pudieron apiñarse en su pequeño despacho que quedaba relevado del cargo de portavoz parlamentario.

Minutos después, un comunicado del PP valenciano convertía a Asencio en responsable de "la coordinación del partido" mientras Costa quedaba formalmente apartado del cargo de secretario general porque había sido llamado a declarar por el comité de garantías del partido, cita que se asimiló a una investigación en toda regla. Sin embargo, aún no hay fecha para esa cita.

El hecho es que Costa sigue ejerciendo porque el comité ejecutivo regional, el órgano que le nombró secretario general, nunca acordó su relevo. ¿Por qué? Porque Costa contaba el martes pasado con el respaldo de 44 de los 62 miembros del comité en cuestión, según un alto cargo del Consell. La misma fuente estima que los diputados nacionales Esteban González Pons y Federico Trillo, valedores de las tesis de Cospedal, habrían sumado "una decena de votos".

La trama de corrupción que dirigía Francisco Correa, actualmente en prisión, buscó negocio en dos planes urbanísticos de La Nucia y uno de Altea. En el programa de actuación integrada (PAI) de L'Algar, en La Nucia, compró en 2006 10.000 metros cuadrados de suelo. En otro, el PAI de Pie de Monte, de un millón de metros cuadrados, medió para la compra de terrenos por parte del empresario leonés José Luis Ulibarri, también imputado, que no fructificó, aunque sí lo hizo por parte de empresarios que promueven otra urbanización en La Nucia, el PAI de la Serreta. Finalmente, invirtió al menos 200.000 euros en una empresa del promotor de una urbanización de lujo en Altea. Así se desprende de las declaraciones que, ante el juez Baltasar Garzón, efectuó el pasado mes de febrero Jacobo Gordon, vecino de pupitre de Alejandro Agag en sus años escolares, ex socio del yerno de José María Aznar e imputado en la investigación de la red de corrupción que afecta a varias administraciones gobernadas por el PP.

Las declaraciones de Gordon ante el juez de la Audiencia Nacional que emprendió la investigación de la trama Gürtel arrojan luz sobre las alusiones que ya se conocían de Correa en las grabaciones realizadas por la policía. En ellas se refería al alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, del PP, como un amigo de Álvaro Pérez, gerente de Orange Market, terminal valenciana de la trama, y al entonces consejero de Territorio, Esteban González Pons, en relación con un negocio urbanístico en la localidad de La Marina Baixa. "Lo desbloqueo yo con el hijoputa de Esteban Pons, me lo arregla con el pollo que está cayendo", decía Correa, aunque el proyecto quedó supeditado al informe de la Confederación del Júcar y no se aprobó.

Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme, empresarios que se sitúan en el centro de la mayoría de las operaciones de La Nucia, que urbanizaron varias parcelas de la familia del alcalde en el PAI de La Favara y gestionan el agente urbanizador en el PAI de la Serreta, fueron, según el testimonio de Jacobo Gordon, los socios de Correa, a través de la empresa Inerzia, en la opción de compra sobre el PAI de Pie de Monte."Estuve negociando con el vendedor, con una empresa de allí, de Alicante, que se llama Murcia Puchades", declara Jacobo Gordon ante el juez Garzón tras haber explicado que Francisco Correa le contactó para que estudiara unos "terrenos grandes" en La Nucia, "en un sitio que se llama Pie de Monte". Actuó para ello por cuenta de Hator Consulting, una de las empresas de la trama Gürtel.

Tras señalar que incurrió en muchos gastos, entre otras cosas porque contrató al despacho de abogados de Pérez Llorca, Jacobo Gordon describe la operación: "El señor Ulibarri estuvo interesado en la compra de los terrenos y de hecho a mí me contaba el señor Correa que iba a ir de socio con ese señor. Se frustró, no sé muy bien por qué. El señor Ulibarri no compró, aquello quedó muerto un tiempo, y luego el señor Correa apareció con otro socio, otro, digamos, posible inversor, que se llamaba del grupo Inerzia, Inerzia con z".

A preguntas de la fiscalía -"¿Y esos sí que compraron?"-, Gordon responde: "Esos sí que compraron, esos lo compraron...". Después precisa que se trataba de una opción de compra que "no se ha ejercitado" porque estaba condicionada a la aprobación definitiva del PAI, que no se ha producido. El Grupo Inerzia Sociedad de Gestión, SL, es propiedad de Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme, y fue absorbido por Gestrumar, SL en mayo del año pasado. Gestrumar fue la empresa beneficiaria en junio de 2005 de unas permutas de terreno en La Serreta y Pie de Monte que el Ayuntamiento de La Nucia pactó con la empresa Dragados por un valor de 16,7 millones de euros a cambio de la construcción de la Casa de Cultura, el edificio de Urbanismo y una plaza pública con auditorio, expedientes de permuta que fueron fraccionados para eludir la necesidad de autorización del Consell.

La relación de estos dos constructores con el alcalde Bernabé Cano se inició en 2002, cuando la familia de Cano cedió, dos meses después de aprobarse, la condición de agente urbanizador del PAI de 44.241 metros de su propiedad, el sector La Favara, a Saga Bonperal, SL, una de las empresas de Rocamora y Riquelme, que construyó 400 viviendas en el sector.

Jacobo Gordon declara también ante el juez que a través de la empresa de la trama de la que era administrador, Castaño Corporate, y también bajo indicación de Correa, compró "un terreno muy pequeñito", de 10.000 metros cuadrados en otro PAI de La Nucia, el de L'Algar. "Ya le digo que esto es como comprar acciones de Telefónica", explica en la declaración, "es decir, los suelos van adquiriendo valor...".

La tercera de las operaciones que revela Gordon en su declaración la reconoce a instancias de la fiscalía, que le pregunta sobre el tema, y consiste en el pago de 200.000 euros a Construcciones y Urbanizaciones San Rafael, de Altea, "para comprar un terreno allí". Se trata de una empresa de Mariano Pérez Pérez, que es también el presidente de Zontaga, SA, la sociedad que promovió Portosenso, una urbanización de 310 viviendas de lujo diseñada por Jean Nouvel, con una ampliación de 100 amarres en el puerto deportivo y un hotel, a cinco kilómetros del núcleo urbano de Altea.

- Sobre el PAI de Pie de Monte: "El señor Ulibarri estuvo interesado en la compra de los terrenos y de hecho a mí me contaba el señor Correa que iba a ir de socio con este señor. Se frustró, no sé muy bien por qué. El señor Ulibarri no compró, aquello quedó muerto un tiempo, y luego el señor Correa apareció con otro socio, otro, digamos, posible inversor, que se llamaba del grupo Inerzia, Inerzia con z".

- Sobre el PAI de L'Algar: "Esta me dice a mí el señor Correa que lo tiene todo estudiado, que es una operación buena y que yo voy a firmar, tampoco me sé mucho la historia. Era un terreno muy pequeñito, de 10.000 metros cuadrados, ya le digo que esto es como comprar acciones de Telefónica, es decir, los suelos van adquiriendo valor y, bueno, una posición así, de 10.000 metros, no tienes ni voz ni voto en la junta de compensación, vas un poco a rebufo del que esté allí".

- Sobre Álvaro Pérez: "Sí, bueno, en aquella época, como estaba por ahí por Valencia le veía de vez en cuando, pero a lo mejor hablamos de esto (...) Pues, sí, yo le conocía, pero, vamos, de este tema en concreto, de si él estaba haciendo alguna gestión en la consejería, yo no he hablado con él de eso".

La Generalitat y el sector público valenciano en general debe de estar teniendo serios problemas de intendencia a raíz de la detención y encarcelamiento de Correa y Crespo y del estallido del tinglado Gürtel, cuyo comercial en la Comunitat Valenciana era Álvaro Pérez. Una de las conclusiones que se desprende de la revisión de la parte del sumario del TSJ madrileño cuyo secreto se levantó y de los informes de la policía judicial es que no ha habido un evento o iniciativa del Consell en la que las empresas Gürtel no se hayan llevado su parte, en dinero legal, en negro, por la vía de la comisión o del subcontrato. Cada día que pasa se encuentran nuevas huellas (facturas o apuntes de caja B) de Orange Market y otras firmas de Correa en campos en los que el Consell negó incluso la participación de El Bigotes.

Si en la Fórmula 1 del mar Correa se llevó su parte, en la Fórmula 1 de la hípica, la Global Champions Tour, también prestó algún servicio para la organizadora Oxer Sport. El mundial de saltos hípicos se celebró en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias en mayo. El Consell patrocinó el evento, a través de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional, dependiente del vicepresidente Vicente Rambla, con al menos 377.000 euros. Por montar la presentación del torneo en el Hotel las Arenas, El Bigotes cobró a Oxer Sport 3.584,40 euros.

La Universidad Internacional Valenciana (VIU) tampoco evitó la tentación de contratar a El Bigotes. El centro académico por Internet, impulsado por Camps y dirigido por el ex conseller José Sanmartín, abonó una factura a Orange Market que ascendía a 10.915,60 euros. Esta cantidad fue pasada al cobro el pasado 6 de febrero, el mismo día que el juez Garzón ordenó la operación policial para desmantelar el tinglado Gürtel y evitar la fuga de Correa a Panamá. El concepto apuntado es el de "trípticos y carteles", según presupuesto hecho anteriormente, y por un "servicio de azafatas durante el congreso de Alicante".
De no ser por la investigación judicial de la trama Gürtel, difícilmente se habría conocido la existencia de una factura que forma parte de la documentación incautada por la policía en la sede de Orange Market de la calle Conde Salvatierra de Valencia. Porque al tratarse de una fundación, la VIU tiene un nivel de fiscalización muy inferior al del resto de universidades públicas, pese a que se sostiene únicamente con los fondos que le transfiere la Generalitat. Por ejemplo, en este 2009, la VIU no está entre las seis fundaciones públicas de la Generalitat que será auditadas por la Sindicatura de Comptes, de las 37 entidades de este tipo adscritas a la Generalitat.

Cuando Orange Market no logró directamente contratos, se los cedieron otras firmas de la trama. Así, Special Events le pasó un contrato de servicios de la apertura de las prerregatas, el Acto II del trofeo Louis Vuitton, organizada por Turismo Valentia Convention Bureau.

¿Qué le parece al Vaticano que la trama corrupta del Partido Popular, su aliado natural en España, siempre tan atento a los deseos de la jerarquía católica, aprovechara la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006 para dar un jugoso pelotazo?

El portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, conoce las noticias que llegan de España, y explica en primer lugar que le resulta "difícil comentarlas, dado que el Vaticano en esos casos [se refiere a los viajes del Papa] se limita a sugerir a los organizadores locales cuestiones de logística y de seguridad".

En todo caso, añade el jesuita Lombardi, "aunque la Santa Sede no participe en la gestión, es importante que todo lo relativo a estos grandes eventos, que implican a diversas empresas y requieren esfuerzos económicos importantes, se hagan siempre con corrección".

¿Está disgustado el Santo Padre por haber visto su nombre asociado a un negocio corrupto? "Es evidente que el Papa no tiene nada que ver en ese asunto. Pero, por principio general, todas las cosas poco claras e incorrectas nos disgustan", responde Lombardi midiendo las palabras. "Pueden suceder, porque son hechos administrativos, pero es un caso ciertamente feo. Los negocios sucios siempre son feos".

La visita de Benedicto XVI a Valencia fue un negocio redondo para la red Gürtel, que facturó por los gastos de la sonorización de los distintos actos más del doble de lo que costaban realmente. La televisión pública autonómica, dirigida por un hombre de Francisco Camps, pagó por ellos 6,4 millones de euros, de los que la red obtuvo 3,3 millones. Esta última cantidad se la repartieron, según la investigación, Teconsa -constructora leonesa sin experiencia en ese tipo de trabajos, que a pesar de ello se hizo con el contrato- y la red que dirigía Francisco Correa.

La Fiscalía Anticorrupción difundió ayer un comunicado en el que considera «injustificado y no tolerable» afirmar que el Ministerio Público pidió separar del procedimiento fragmentos de conversaciones de imputados favorables al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, para perjudicar su derecho de defensa.

En el caso Gürtel figura una conversación en prisión entre Pablo Crespo y sus abogados en la que el primero sostiene que «nunca podrán demostrar» que la trama Gürtel le pagó trajes a Camps «porque no es cierto».

Según la Fiscalía, esa frase «ha sido sacada del contexto de un total de 11 folios de transcripciones, cuya lectura global varía absolutamente el sentido que se le ha dado», aunque no aclara qué otros fragmentos contradicen la exculpación de Camps.

La Fiscalía precisa que solicitó el «desglose íntegro» de esa conversación «para proteger el derecho de defensa de los imputados» cuyas comunicaciones estaban interceptadas. A su parecer, en el caso Gürtel «se ha utilizado con excepcionalidad y prudencia, y como medio de investigación de criminalidad, la intervención de las comunicaciones» entre los encarcelados y sus letrados.

«Ello se ha hecho», agrega, «bajo el amparo que la legislación procesal y jurisprudencia prevén, justificado en unos hechos concretos, bajo control judicial y por tiempo limitado». El Ministerio Fiscal «ha instado en sucesivos escritos que se excluyeran del procedimiento cuantas conversaciones pudieran suponer el más mínimo menoscabo del ejercicio del derecho de defensa, quedando tan sólo incorporado al sumario aquello que se ha considerado relacionado con la comisión u ocultamiento de delitos».

El PP contestó anoche al comunicado diciendo que «los fiscales tendrán que explicar ante los Tribunales competentes la inconstitucionalidad, desproporción en las medidas [de intervención de comunicaciones] y el sectarismo en la utilización de las pruebas».

«Ignorar declaraciones exculpatorias y sostener la acusación durante seis meses sin tenerlas en cuenta es especialmente grave, al igual que acusar a sabiendas de que existen pruebas que benefician al acusado y que el acusado no conoce», afirma el PP respecto a las frases beneficiosas para Camps.

«Formular luego recurso de casación [contra el archivo de la investigación a Camps] es una gravísima irregularidad que no se resuelve con notas de prensa», añade el PP, que subraya que las afirmaciones de los imputados favorables a Camps «no fueron apartadas del procedimiento ni tenidas en cuenta por la Fiscalía».

El PP valenciano continúa como si nada hubiera pasado. Para los conservadores, Ricardo Costa sigue como secretario general del partido en la Comunidad, según mantiene todavía en la página web del partido.

La página web del PP de la Comunitat Valenciana mantiene a Costa como secretario general, a pesar de que fue destituido de sus funciones por la dirección nacional del partido la semana pasada por su supuesta relación con empresas vinculadas a la trama Gürtel.

La web de los populares valencianos mantiene el currículum y varias fotografías de Costa, mientras que éste sí que ha desaparecido como portavoz en la página de Les Corts, donde ya ha sido sustituido por Rafael Maluenda, que es quien le reemplaza en estas funciones.

Aunque ya no es portavoz del grupo conservador en Les Corts, sí que mantiene su escaño, por lo que tiene previsto acudir mañana al pleno, donde se sentará al laado del president Camps.

El portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Rafael Maluenda, ha anunciado este martes, al ser preguntado sobre si el ex portavoz popular Ricardo Costa ocupará en el pleno de mañana el escaño que hasta ahora tenía, que cada diputado se sentará "en el lugar que le corresponde atendiendo a su representación".

Maluenda se ha pronunciado así tras la Junta de Portavoces, preguntado varias veces sobre si el que hasta la pasada semana era el portavoz del grupo seguirá ocupando mañana su escaño habitual, justo detrás del president de la Generalitat, después de que en el pleno de la semana pasada se le mantuviera el mismo sitio.

Tras varias preguntas sobre la misma cuestión, Maluenda ha reivindicado que en el grupo conservador hay "normalidad absoluta" y en el pleno cada diputado se sentará "en el lugar que le corresponde", según su "representación", a la vez que ha aseverado que no hay "ningún problema" y "ningún inconveniente con nada".

Ha reivindicado que las "cosas se hacen a su debido tiempo" y que los "tiempos" de este grupo parlamentario los marca "el propio grupo", y ha asegurado a los periodistas que "verán que se cumplirá" lo que ha dicho. El hemiciclo mantenía hoy la misma distribución de escaños que hasta ahora.

A Maluenda también le han preguntado si Costa mantiene el vehículo oficial del grupo, el despacho y el complemento de portavoz parlamentario, y ha insistido en que él sólo se ha ocupado del "buen funcionamiento" de su grupo, y "en ningún momento" se ha preocupado "ni de coches oficiales, ni despachos ni de otras cosas".

"No sé si me corresponde percibir más, supongo que sí, pero no me preocupa ni me ocupa", ha manifestado Maluenda, quien ha asegurado que no renuncia "a nada", si bien "cuando llegue el momento de plantearse otras cuestiones" que ahora mismo no son su "prioridad" irá "avanzando".

Ha insistido en que lo más importante ahora es seguir trabajando en beneficio de la sociedad valenciana, y no se ha "preocupado" ni la utilización del coche oficial, que como portavoz "sin duda alguna" le corresponde, ni de aumentar el personal a su servicio ni de cambiar de despacho, y "poco a poco irá avanzando" en otras cuestiones que ahora desconoce.

Ha destacado que con Costa "no hubo ninguna destitución" en la portavocía del grupo, sino que el grupo conservador nombró a Maluenda como portavoz y lo es "a todos los efectos" y ejerce el cargo "con todas las consecuencias", mientras que en el PPCV César Augusto Asencio "sustituye en sus funciones" a Costa como secretario general.

La Fiscalía niega haber querido perjudicar a Camps

La Fiscalía ha salido al paso de las acusaciones que se le han formulado sobre que ha eliminado frases de las escuchas telefónicas practicadas en los locutorios de la cárcel que beneficiaban al presidente valenciano, Francisco Camps. La Fiscalía hace referencia a una frase en la que Pablo Crespo niega a su abogado que la trama hubiera regalado trajes a Camps.

"El deber de informar a la opinión pública y el hecho de que, en relación con el proceso conocido como “caso Gürtel”, se hayan venido produciendo últimamente declaraciones incorrectas, hace necesario poner de manifiesto una vez más que el Ministerio Fiscal, a través de cualquiera de sus representantes y, en concreto, la Fiscalía Especial contra la Anticorrupción, se sujeta al más estricto respeto de la legalidad y su defensa", dice la Fiscalía en una nota hecha pública en la tarde este lunes.

La Fiscalía insiste en que las noticias aparecidas en diversos medios de comunicación al respecto hacen mención a la intervención de comunicaciones acordada judicialmente y a la solicitud de la Fiscalía de desglose de una concreta frase de tales conversaciones intervenidas.

A ese respecto, afirma que en el proceso del 'caso Gürtel' se ha utilizado con "excepcionalidad y prudencia, y como medio de investigación de criminalidad", la intervención de las comunicaciones del imputado Francisco Correa con sus letrados. "Ello se ha hecho bajo el amparo que la legislación procesal y jurisprudencia prevén, justificado en unos hechos concretos, bajo control judicial y por tiempo limitado", dice la Fiscalía, quien argumenta que ha instado en sucesivos escritos que se excluyeran del procedimiento "cuantas conversaciones pudieran suponer el más mínimo menoscabo del ejercicio del derecho de defensa, quedando tan sólo incorporado al sumario aquello que se ha considerado relacionado con la comisión u ocultamiento de delitos".

Argumenta también que las actuaciones judiciales del Gürtel mantuvieron tan excepcional medida de intervención de comunicaciones para "avanzar en la investigación y comprobación de delitos" (se refiere a la interceptación de los vis a vis de los imputados con sus abogados. "Los hechos que lo fundaron y el derecho que se invocó ponen de manifiesto que no se obró con gratuidad o arbitrariedad. El Fiscal veló, en los términos que le corresponden, para que no quedara en la causa rastro alguno de lo que pudiera perturbar el derecho de defensa", dice la Fiscalía.

Negación de 'censura' sumarial

En ese sentido, dice la Fiscalía que "es injustificado y no tolerable afirmar que el Fiscal ha separado de las comunicaciones intervenidas algún fragmento para perjudicar el derecho de defensa de quien sería imputado en otro procedimiento, D. Francisco Camps. La frase que se publica ha sido sacada del contexto de un total de once folios de transcripciones, cuya lectura global varía absolutamente el sentido que se le ha dado en algunas informaciones".

El ministerio fiscal dice que solicitó el desglose íntegro de la referida conversación para proteger el derecho de defensa de los imputados, todos distintos del antes mencionado, solicitud que fue acordada por el Magistrado Instructor, es decir, por Baltasar Garzón.

Y finaliza señalando que será ante los Tribunales donde los representantes del Ministerio Fiscal, con hechos y derecho que tienen ahí su adecuado eco, podrá desarrollar cuanto aquí se expone sobre el fundamento de la exclusión de dicha conversación, en defensa de la legalidad y del interés público.

http://diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/178626/fiscalia-censura-trajes-camps.html

Si cae Camps, queda Barberá

El PP mira hacia otros liderazgos, como el de la alcaldesa de Valencia, ante la debilidad del presidente valenciano por el escándalo Gürtel

En el PP valenciano están encendidas todas las alarmas. Los escándalos relacionados con el caso Gürtel y la supuesta financiación irregular del partido han colocado al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, al borde del precipicio. El sainete de la destitución de Ricardo Costa como secretario general y portavoz parlamentario, la descoordinación con la dirección nacional del PP y la parálisis, desde hace más de medio año, en el Gobierno valenciano no han hecho sino agravar la situación de Camps. Un liderazgo granítico hasta el pasado otoño, que ahora tiene los pies de barro y un futuro incierto. Tanto, que en el PP ya han empezado a buscar posibles soluciones y a mirar hacia otros liderazgos, como el de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Los populares no descartan un relevo a mitad de la legislatura
"Si Camps aguanta, está obligado a dar un impulso a su Gobierno"

Los escenarios que manejan los populares valencianos son tres: que Camps consiga recuperarse y concluir el año y medio que le resta de legislatura; que se desplome por el efecto de los escándalos políticos o que se vea obligado a dimitir si el Tribunal Supremo reabre el proceso judicial por un delito de cohecho impropio (por haber recibido trajes pagados por la trama corrupta que dirigía Francisco Correa). Si el jefe del Gobierno valenciano se ve obligado a dimitir, dos son las fórmulas posibles: la convocatoria de elecciones anticipadas o la elección de un sustituto que agote la legislatura.

"El partido ha vivido en los últimos días momentos de pánico, cuando pensábamos que Camps se derrumbaba y nos encontraba a todos desorganizados y sin capacidad de respuesta", explica un parlamentario valenciano. Ésa es la razón principal de que el pasado jueves, el PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, lanzara un aluvión de apoyos al presidente valenciano, argumenta la misma fuente. Ahora, en el PP valenciano existe el convencimiento, independientemente de cuál sea el escenario al que se enfrenten en las próximas semanas, de que ha llegado el momento de que los presidentes provinciales y las referencias fuertes del partido, como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, tomen cartas en el asunto.

"Paco [Camps] es una persona que mide mucho, pero está sobrepasado. Él tiene el convencimiento de que ha actuado correctamente, pero no sabemos realmente lo que hay en la parte que falta por conocerse del caso Gürtel", afirma un miembro relevante del PP, que añade: "De todos modos, hay que rectificar".

Los tres presidentes provinciales del partido: Alfonso Rus (Valencia), Carlos Fabra (Castellón) y el zaplanista José Joaquín Ripoll (Alicante) ya han mantenido varias conversaciones y han quedado emplazados para reunirse en privado y analizar la situación. Un compromiso entre líderes dispares que hace sólo unos meses hubiese sido imposible. Los tres reclaman ahora un mayor protagonismo en las decisiones de Camps y exigen medidas para remontar la situación. El grado de debilidad de Camps es de tal calibre que todos ellos han visto reforzado su liderazgo provincial y han logrado canales de comunicación directos con la cúpula del PP nacional.

Un extremo que asume ya el entorno del propio presidente de la Generalitat, que ha constatado cómo menguaba la influencia de Camps sobre Mariano Rajoy y cómo la cúpula del PP se dividía entre defensores y detractores del presidente valenciano. Una situación insólita para un Camps que sigue convencido de que él representa al PP de la Comunidad Valenciana y, por tanto, una pieza imprescindible para Rajoy.

"Si aguanta, Camps está obligado a dar un impulso a su gobierno", explica un dirigente popular: "Es muy complicado mantener la gestión en los municipios y en las diputaciones con la Generalitat paralizada". Un alto cargo del Gobierno valenciano va más allá: "La marcha de Ricardo Costa a dejado a Camps sin su principal escudo. Y es increíble que los tres vicepresidentes [Vicente Rambla, Gerardo Camps y Juan Cotino] hayan desaparecido del mapa dejando al presidente al descubierto frente a los escándalos". "Es imprescindible una remodelación que permita a Camps reordenar sus defensas si no le queremos ver caer", añade.

Lo cierto es que Camps ha visto cómo en las últimas semanas su entorno se desmoronaba. El viernes pasado le dejó su jefa de gabinete, Ana Michavila, hermana del ex ministro de Justicia José María Michavila. La semana pasada se sintió traicionado por su amigo Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del PP nacional, que acudió al Día de la Comunidad Valenciana con la instrucción de Génova de que había que destituir a Ricardo Costa de la secretaría regional del partido.

Los vicepresidentes han intentado mantener un perfil bajo durante toda la crisis. Rambla, salpicado por el escándalo de la supuesta financiación irregular del PP, ha evitado tener protagonismo. Gerardo Camps ha pasado días enteros de baja por una molesta dolencia de espalda. Y Cotino, uno de los hombres más próximos a Camps y activo miembro del Opus Dei, ha simultaneado la crisis con sus múltiples compromisos con la Iglesia.

Si Camps sigue sin reaccionar son muchos los que creen que habrá que pensar en el relevo del presidente valenciano. Y la alternativa más sólida es la de la alcaldesa Rita Barberá, especialmente si se trata de cubrir la presidencia a mitad de legislatura. Barberá es diputada autonómica y tiene una autoridad indiscutida en el PP, lo que permitiría reconducir la situación. "No podemos tener ningún vacío y Rita sería la mejor opción en caso de relevo, tanto si se convocan elecciones anticipadas como si no. Otra cosa es que ella quiera, que hasta ahora se ha resistido a cuantos le han sugerido la idea", indican en el PP.

En caso de que Camps cayera y Barberá se negara a sustituirlo, el abanico de posibles relevos se amplía con nombres como el de González Pons, Gerardo Camps o otros alcaldes, como el de Castellón, Alberto Fabra. Pero ese debate, hoy por hoy, sólo forma parte de la especulación.

www.elpais.es 18.10.09

El 'caso Gürtel' debilita la alianza de Camps con los empresarios

Los patrones consideran que la situación de paralización daña a la economía

"Estamos perplejos ante lo que está pasando, esa es la verdad", afirma un destacado empresario valenciano. Su impresión es un sentir general. El caso Gürtel, afirman, reclama toda la atención del Gobierno de la Generalitat. Anula reuniones comprometidas. Genera desconfianza en la gestión del Consell. Hipnotiza a la oposición. Y daña una imagen ya tocada por polémicas anteriores, como la que rodeó al modelo urbanístico, denunciado varias veces en Europa, o la que convirtió al Valencia CF en un culebrón. Si no tenían bastante con lidiar con la mayor crisis de su generación, cayó la bomba Gürtel y lo paró todo.

"La situación política no se está gestionando bien, claro que no"
"Las empresas valencianas son el pim, pam, pum" de las tertulias"
"La imagen del empresariado está saliendo mal parada"

"Estamos viviendo un momento económico muy difícil, que requiere discutir y buscar soluciones en común. Exige mucho trabajo. Y lo que está pasando, por decirlo suavemente, distrae la atención de los gobernantes. Tampoco facilita alcanzar acuerdos en cuestiones importantes... La situación política no se está gestionando bien, claro que no. Y, además, no da la sensación de que vaya a solucionarse a corto plazo", opina un empresario.

La preocupación entre los empresarios es triple. En primer lugar, está la crisis económica. En segundo, la incapacidad del Gobierno de Francisco Camps y su equipo de dirigir la búsqueda de soluciones a la situación que atraviesa la economía, ocupados como se encuentran en su propia supervivencia política. En tercer lugar, está la cuestión de la imagen.

Juan Eloy Durá, presidente de Fevec, la patronal valenciana de constructores, fue el primero en reconocer que el caso Gürtel inquietaba en las filas del empresariado. Y además, es uno de los pocos que lo ha admitido en público. Durá tenía argumentos para hacerlo. Cinco constructoras valencianas -Sedesa, Ortiz e Hijos Lubasa, Facsa y PIAF- aparecen señaladas en un informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía por haber financiado ilegalmente al PP en connivencia con Orange Market, la sucursal valenciana de la trama organizada por Francisco Correa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes.

El presidente de Fevec, en un acto junto al vicepresidente Juan Cotino (cuya familia controla Sedesa), hizo una matizada defensa de las sociedades implicadas, y pidió que las posibles conductas ilícitas de cinco empresas no mancharan la reputación del sector. Otro importante empresario contratista de obra pública comparte la inquietud de Durá. Tras el escándalo de la supuesta financiación ilegal del PP por parte de las constructoras citadas, "las empresas valencianas se han convertido en el pim, pam, pum de las tertulias de las radios y las televisiones de España", refiere con angustia. Desde su punto de vista, sería necesario un gran esfuerzo por parte de los partidos y los medios de comunicación para evitar un mayor deterioro de la imagen.

"La imagen del empresariado en general está saliendo mal parada en este proceso, y eso no es bueno. Si alguien ha hecho algo, tendrá que responder, pero a través de un procedimiento judicial normal y sin anticipar conclusiones", señalan fuentes empresariales de Alicante. "El foco se ha centrado en las turbulencias políticas y una situación económica como la actual exige tomar decisiones. Está claro que todo es importante, pero si se ponen en orden, la situación económica es vital. Y ahora está todo más o menos paralizado", añaden.

En las semanas que siguieron al 19 de febrero, el día que se reveló que el fiscal implicaba personalmente a Camps en el caso de corrupción, los empresarios fueron movilizados reiteradamente para asistir a actos supuestamente empresariales cuyo objetivo, a nadie se le escapaba, era justamente arropar al presidente en el trance. Desde entonces, a pesar del momentáneo respiro que implicó el archivo de la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la cosa no ha hecho más que empeorar. Y las movilizaciones han cesado. "Ahora no nos están llamando, pero tampoco tendría mucho sentido que lo hicieran. ¿Qué pintamos nosotros ahí otra vez?", cuenta un empresario, que añade: "Si mañana montan un acto de este tipo, yo no me puedo negar a ir, pero si no me llaman, mejor".

"Todos los partidos han sufrido problemas como estos", afirma otro, "que no son fáciles de gestionar". Y que pasan factura más allá de las personas implicadas. La valenciana era percibida no hace tanto tiempo, afirma, como una comunidad moderna, de vanguardia, que generaba envidia en otras zonas de España. El caso Gürtel, unido a polémicas previas, ha afectado a la imagen de marca del territorio. Y ha relegado a un muy secundario puesto el debate sobre el cambio de modelo productivo.

Los políticos, prosigue, aluden habitualmente al cambio, pero ninguno explica cómo se va a llenar, mientras llega, el vacío dejado por el hundimiento de la construcción, que puede implicar un retroceso de cuatro o cinco puntos en el Producto Interior Bruto autonómico. Ni con qué dinero va a hacerse. Para alcanzar un objetivo tan complicado es necesario elaborar una hoja de ruta a la que se sumen partidos, empresarios y demás agentes sociales, afirman. "Los tiempos son muy duros, y ya no nos valen los discursos vacíos de contenido", advierten.

Para afrontar ese reto hace falta, además, un poco de estabilidad institucional. Y como comenta otro empresario, de momento el caso Gürtel "no parece que vaya a escampar".

www.elpais.es 18.10.09

Martínez Pujalte: "Costa ha dimitido sin haber hecho nada"

Las reacciones al impacto del caso Gürtel en el PP valenciano siguieron goteando todo el día de ayer. El diputado nacional del PP Vicente Martínez Pujalte defendió que resulta "desconcertante" todo lo acontecido esta semana en Valencia en relación al caso Gürtel, y en concreto, respecto al cese en sus funciones del secretario general del PPCV y portavoz popular en las Corts, Ricardo Costa, de quien aseguró que "ha dimitido sin haber hecho nada, sin que los jueces hayan dicho nada de él".

En una entrevista en la Cadena SER, el diputado valenciano recordó que en la Comunidad Valenciana "no hay nadie ni imputado, ni ningún tema judicializado", por lo que calificó de "desconcertante" todo lo acontecido y confió en que todo se resuelva por "las vías ordinarias". Martínez Pujalte también recordó que Costa ya pidió perdón por el tono de unas conversaciones que, en su opinión, no son "adecuadas".

Otros dirigentes salieron en defensa del partido. Alfonso Rus, presidente del PP en la provincia de Valencia, animó en Ontinyent en un almuerzo con alcaldes y portavoces de su partido en La Vall d'Albaida a "no agachar la cabeza". Rus les conminó también a "plantar cara a quienes intentan echar basura contra los que ganan". "Me niego a que digan que somos todos iguales, que lo demuestren", esgrimió Rus, quien aseguró que en el PP "hay gente de todos los colores como en todos los lugares". Rus estuvo acompañado del consejero de Inmigración, Rafael Blasco, quien dirigió sus críticas al Gobierno. Blasco acusó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de haber "ocultado, a sabiendas, pruebas que exculpan a Camps".

La visita del Papa

La portavoz socialista en la Comisión de Control de Ràdio Televisió Valenciana, Nuria Espí, solicitó la dimisión del director del ente, José López Jaraba, a quien pidió explicaciones "inmediatas" sobre "la contratación millonaria con empresas de sonorización que retransmitieron la visita del Papa en Valencia". "Es intolerable que la televisión pública, que todos los valencianos pagamos, se haya gastado el doble del valor real con empresas interpuestas de la trama Gürtel", dijo Espí. Canal 9 pagó 6,4 millones de euros por un operativo que costó 3,1, según publicó ayer este diario. "Los valencianos", añadió Espi, "no nos merecemos una televisión manipulada y además corrupta".

www.elpais.es 18.10.09

La televisión valenciana pagó por los actos del Papa el doble del coste real

Correa preparó el pelotazo tres meses antes de la contratación del evento

La visita del Papa a Valencia resultó un colosal negocio para la trama de corrupción vinculada a gobiernos del PP. Los gastos de la sonorización de los distintos actos, por los que la televisión pública valenciana pagó 6,4 millones, fueron en realidad de apenas 3,1 millones, algo menos de la mitad. Así se desprende del resumen de gastos e ingresos del montaje por la visita del Papa que figura entre la documentación requisada en un piso que Francisco Correa, jefe de la trama, tenía en Madrid.

La Sindicatura de Cuentas alertó de irregularidades en la adjudicación
Los 3,3 millones de beneficios se los repartieron supuestamente Teconsa -constructora leonesa sin experiencia en ese tipo de trabajos, que a pesar de ello se hizo con el contrato- y la red Gürtel.

Los actos los montaron realmente tres empresas especializadas en el sector audiovisual -que pagaron comisiones a Correa para entrar en ese negocio, según un informe policial-. Dos de esas sociedades, Apogee e Impacto, apenas tenían relación con Teconsa, la empresa que las contrató, mientras que habían sido, desde 2000, subcontratas habituales de las firmas con las que Correa organizaba los actos del PP. Los informes de la Agencia Tributaria concluyen que Special Events, Easy Concept, Orange Market y Good&Better, todas ellas integrantes de la trama, habían pagado 1,5 millones por distintos servicios tanto a Apogee como a Impacto en los últimos siete años.

Apogee, según las cuentas de Teconsa que analiza la policía, cobró 1.050.000 euros por sus servicios para la visita del Papa, e Impacto facturó 1.747.000 euros. Otros gastos menores elevaron la factura final a 3,1 millones. Sin embargo, la televisión valenciana pagó 6,4 millones por el contrato.

El expediente para contratar la sonorización de los actos del Papa se hizo en abril, pero tres meses antes las empresas Apogee e Impacto, según la documentación requisada a Correa, ya se habían dirigido a Teconsa para ofrecer sus servicios ante un evento del que no sabían si se haría por concurso o no.

Los 3,3 millones de beneficios por el acto del Papa se repartieron así, según la policía:

- 1,2 millones de euros directamente a la red de Correa.

- Un millón a una empresa llamada Montenegro, ligada también a Correa, según la policía.

- 200.000 euros a Teconsa

- 900.000 euros de beneficio final cuyo reparto se ignora.

El delegado del Gobierno central en Valencia, Ricardo Peralta, lamentó ayer, en referencia al PP, que "los que defienden valores" convirtieran al Papa en "objeto de negocio". CC OO reclamó la "destitución" de todos los directivos de Radio Televisión Valenciana que intervinieron. "Las contrataciones externas", según el sindicato, "eran un cáncer que llevaba la televisión a la ruina, ya que tenía como objetivo favorecer a empresas amigas del PP".

Los socialistas exigen una comisión de investigación en el canal autonómico -hasta hace tres semanas dirigido por Pedro García, colaborador de la trama según el sumario-. La televisión pública valenciana aseguró, por su parte, que Teconsa -una constructora que hace carreteras y edificios- presentó un acta notarial donde aseguraba que su objeto social incluía "la ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas en general, en alta, baja y media tensión" y citaba "instalaciones de telecomunicación, instalaciones electrónicas e instalaciones de sistemas de señalización y balizamiento de puertos, aeropuertos y carreteras". El contrato para los actos del Papa tenía por objeto el "suministro en alquiler de equipamiento de pantallas de vídeo, sonido y megafonía".

La Sindicatura de Cuentas denunció en su informe de 2006 que, aunque el pliego de condiciones de ese contrato recogía claramente que los criterios de adjudicación no podían ser sólo económicos, sino que debían contemplar la fiabilidad técnica y operativa, Teconsa no cumplió con ese precepto. Y añadía: "En el expediente no constan las valoraciones específicas de las colaboraciones que el adjudicatario indica en su oferta para la ejecución del contrato, así como del cumplimiento de las estipulaciones al respecto previstas en el pliego".

www.elpais.es 17.10.09

Doce millones 'perdidos' bajo el epígrafe "otros gastos"

La Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, que gestionó la visita del Papa en julio de 2006, ocultó bajo el epígrafe "otros gastos" 12 millones de euros sin mayor especificación. Los gastos de la visita papal han sido prácticamente un secreto de Estado del Gobierno valenciano que, sistemáticamente, se ha negado a informar sobre el coste de una estancia que duró menos de 24 horas.

Las cuentas estaban pendientes de registrar desde el 28 de junio de 2007, cuando fueron aprobadas por el patronato del que formaban parte el entonces vicepresidente del Consell Víctor Campos -amigo íntimo de Álvaro Pérez, El Bigotes, y que recibió regalos de la trama-; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; el presidente de la Diputación, Fernando Giner; y el arzobispo auxiliar, Esteban Escudero. En la reunión del patronato se dejó claro que la fundación podía formular las cuentas anuales "de forma abreviada" y que no estaban obligados a "someter sus cuentas a una auditoría".

En septiembre de 2009, tres años después del evento y con mucho retraso sobre lo exigido por la ley, la Fundación presentó al fin su memoria económica y de actividades con algunas deficiencias y notables inconcreciones. Resulta imposible saber en qué se gastaron los 12 millones y resulta sorprendente el capítulo de ingresos que ascienden a 9,4 millones, justificados así: de "cuotas de usuarios y afiliados", 4 millones; de "convenios de colaboración", 2,6; de "donaciones declaradas", 2,1 y 436.000 de "donaciones anónimas y subvenciones".

Tres millones de déficit

El déficit entre ingresos y gastos se acerca a los tres millones de euros lo que, en opinión de la Consejería de Justicia, coloca a la fundación en riesgo de disolución a causa de sus deudas. A los 12,3 millones de gastos que, sin detallar, realizó la Fundación hay que añadir otros 11 millones que desembolsó Ràdio Televisió Valenciana para cubrir el evento, según una auditoría de Ernst&Young. Si a ello se suman partidas sin cuantificar de diversos departamentos de la Generalitat, se puede concluir que el coste de la visita del Papa a Valencia superó los 25 millones.

El depósito de las cuentas -a las que ha tenido acceso EL PAÍS- se autorizó por el Consell, que preside Camps, sin que se hubiesen subsanado las deficiencias detectadas por los funcionarios del Registro de Fundaciones. Entre estas deficiencias está la carencia de una memoria de actividades que debería incluir "el número de beneficiarios en cada una de las actuaciones realizadas".

www.elpais.es 17.10.09

El Gobierno valenciano anuncia una queja contra Garzón por ignorar datos favorables

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se deshizo de todo el caso Gürtel el pasado 6 de marzo, cuando envió una parte al Tribunal Superior valenciano y otra, al de Madrid para que investigaran a aforados de esas dos comunidades. Ayer, el Gobierno valenciano anunció que presentará una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por la actuación del magistrado en un caso que llegó a la imputación por cohecho de cuatro cargos del PP valenciano, incluidos el presidente de la Generalitat.

Para el Consell, Garzón no tuvo en cuenta una conversación grabada en la cárcel entre los cabecillas de la trama y sus abogados que podría ser favorable a Francisco Camps. Garzón ordenó retirar del sumario esas conversaciones, y muchas otras, que perjudicaban al presidente valenciano, y al propio partido por financiación ilegal, ya que afectaban al derecho de defensa. El PP ya presentó una denuncia en el Tribunal Supremo y una queja ante el CGPJ contra Garzón por prevaricación. Ambas fueron archivadas.

Mientras, en Madrid, dirigentes del PP como María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría apuntalaron las decisiones tomadas por Rajoy en Valencia. Rajoy no fue capaz de explicar el pasado jueves por qué Costa debía dimitir y Camps, no. Los dos estuvieron imputados y en ambos casos se archivó. Los dos eran amigos de El Bigotes y recibieron regalos. De los dos se ha publicado conversaciones embarazosas. Pero según Cospedal, secretaria general del PP, "de ninguna manera es igual la situación de Costa que la de Camps". En la Cadena SER, Cospedal dijo que a Costa se le exigía "un plus" en su comportamiento.

www.elpais.es 17.10.09

Pablo Landecho sucede a Ana Michavila como jefe de gabinete

La de Ana Michavila era una marcha anunciada. Ayer se hizo oficial, al nombrar el Consell, en su reunión plenaria, a Pablo Landecho Campos como nuevo jefe de gabinete del presidente de la Generalitat. Michavila, que ha estado al lado de Francisco Camps durante años y ha ejercido un papel de gran influencia en su entorno, deja paso a un hombre que desempeñaba hasta ahora el cargo de director general de Economía.

Landecho, una persona de confianza de Camps desde hace tiempo, ocupó anteriormente un puesto de asesor en el equipo de análisis de Presidencia de la Generalitat, desde donde fue promovido a su puesto en el área económica. Por tanto, en buena medida, vuelve a su departamento originario.

Del jefe de gabinete del presidente de la Generalitat dependen los departamentos de Análisis y Gestión y de Organización de Presidencia de la Generalitat. Su gran influencia ha generado a menudo roces con los equipos de comunicación de los portavoces del Consell.

www.elpais.es 17.10.09

LA TRAMA CORRUPTA COBRÓ MÁS DE UN MILLÓN EN COMISIONES ILEGALES POR LA VISITA DEL PAPA

La investigación de las actividades de la trama corrupta vinculada al PP ha destapado el cobro de al menos un millón y medio de euros en comisiones ilegales por parte de varias empresas -principalmente de la red que dirigía Francisco Correa, que se habría embolsado más de un millón- como consecuencia del reparto de los beneficios logrados por la sonorización y montaje de pantallas de vídeo en Valencia durante la visita del papa Benedicto XVI los días 7 y 8 de julio de 2006.

El Gobierno valenciano ha negado en todo momento la vinculación de la red Gürtel con este evento. Sin embargo, las cuentas de la visita del Papa, sobre las que el Gobierno de Francisco Camps se ha negado a informar repetidamente, incluso en el Parlamento valenciano, han sido siempre objeto de polémica.

Un informe policial detalla cómo Correa y su lugarteniente en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, urdieron un plan para hacerse con parte de la organización de la visita del Papa y obtener beneficios millonarios.

Para la celebración de este acto se creó una fundación en la que participaban el Arzobispado de Valencia, cuyo representante era el arzobispo de Valencia, el cardenal Agustín García Gasco; la Generalitat (Francisco Camps, presidente), el Ayuntamiento (Rita Barberá, alcaldesa) y la Diputación Provincial (Fernando Giner, presidente).

Televisión valenciana

Esta fundación decidió adjudicar la exclusiva de la distribución de la señal institucional de televisión al ente público Radio Televisión Valenciana (RTVV), dependiente de la Generalitat y adscrito a Presidencia del Gobierno. El director general de RTVV era entonces Pedro García Jimeno, quien, según la investigación del caso Gürtel, recibió múltiples regalos en forma de trajes de Álvaro Pérez, El Bigotes, y realizó viajes privados en compañía de los miembros de la trama corrupta para preparar otros negocios. García Jimeno había llegado al cargo de la mano de Camps, después de ser su secretario de Comunicación.

García Jimeno decidió contratar a una empresa externa para la sonorización de todo el acto y para el montaje de pantallas de vídeo por 6,4 millones de euros. Eligió para el trabajo a la constructora leonesa Teconsa, sin ninguna experiencia en ese tipo de montajes y que se dedicaba a la construcción de carreteras, edificios y viviendas y a la compraventa de inmuebles. Teconsa aparece directamente vinculada a la trama de corrupción que dirigía Correa por el pago de comisiones ilegales en la adjudicación de obras en Castilla y León, por numerosos apuntes en los libros de contabilidad de la red Gürtel y por conversaciones grabadas entre el presidente de la constructora y el líder de la trama.

Como carecía de experiencia para la sonorización del acto, Teconsa subcontrató el servicio con tres empresas especializadas: la firma de ingeniería alemana Sirius Show Equipment SG y las españolas Apogee Telecomunicaciones e Impacto Producciones. La policía halló en un piso de seguridad que la trama de Correa tenía en la calle del General Martínez Campos, en Madrid, los contratos entre Teconsa y alguna de las empresas con las que subcontrató la constructora leonesa la sonorización de la visita del Papa.

Entre los archivos hallados en el piso de seguridad se encontraron apuntes de la contabilidad que llevaba Correa, donde registró cobros por 957.000 euros en concepto de comisión por intermediar en favor de las citadas empresas sevillanas para que se encargaran de todo el montaje. "Es decir", explica el informe de la Brigada de Blanqueo, "la organización utilizó a la empresa Teconsa de pantalla, merced a su solvencia económica, para entregar finalmente el contrato a las empresas audiovisuales de las que recibió la comisión". Además de los 957.000 euros, la red de corrupción apuntó otro ingreso de 230.000 euros a favor de Castaño Corporate (sociedad de Correa gestionada por Jacobo Gordon) y 200.000 más para Teconsa, la empresa que había puesto su nombre para hacerse con el millonario contrato de RTVV.

La investigación también señala que Pablo Crespo, número dos de la trama, viajó a Sevilla a recoger las comisiones ilegales, pues allí se encontraban radicadas las empresas subcontratistas del evento. El dinero de la comisión ilegal lo ingresó luego en una caja de seguridad y parte de ella pasó a engrosar la caja B que supuestamente utilizaba la organización de Correa para hacer sobornos a políticos del PP. Del dinero ingresado en la citada caja B por la comisión de la visita del Papa salieron además 15.000 euros para la compra de un vehículo modelo Jeep y otros 60.000 euros para una empresa de Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag, testigo en su boda con Ana Aznar (hija del ex presidente del Gobierno) e imputado en el caso Gürtel como una de las piezas clave en el entramado inmobiliario de Correa.

El informe policial destaca que no sólo hay una relación directa entre Correa y El Bigotes con el ya ex director de Canal 9, sino también con miembros de la fundación que organizaron la visita del Papa a Valencia.

(www.elpais.com, 16/10/09)

LAS PRUEBAS DE LA RAPIÑA

El Gobierno valenciano de Francisco Camps negó a la oposición cualquier información sobre las cuentas del viaje del Papa Benedicto XVI en julio de 2006, con la excusa de que las cuentas de la Fundación que organizó el acto no se encontraban depositadas en el Registro de Fundaciones.

La policía, tras meses de investigación, ha logrado desentrañar el misterio de una conversación que grabó un ex concejal del Partido Popular, José Luis Peñas, imputado en el caso y autor de la denuncia que destapó el caso Gürtel. Esas conversaciones sólo son una parte de las pruebas que aporta el informe de la Brigada de Blanqueo para acreditar que la trama corrupta hizo negocio a cuenta de la visita del Papa.

Conversaciones. Álvaro Pérez, el delegado de Correa en Valencia, habla con otros miembros de la trama sobre el viaje del Papa y su participación en la organización del mismo.

Esta es la transcripción de una de las conversaciones: "Ahora mismo el presidente [Camps] está en el Consejo de Gobierno. A lo mejor dicen que me nombran coordinador general de sus muertos para lo del Papa y, entonces, así me puedo tirar todo el puto día en el río [en referencia a las consecuencias que tendría que se hiciera público ese nombramiento] porque es que yo no puedo aparecer. Si me hacen una foto la liamos, entonces estamos haciendo las gestiones necesarias..."

- Piso de seguridad. Entre la documentación incautada a la trama corrupta en un piso de seguridad que tenían en la calle del General Martínez Campos de Madrid se hallaron contratos entre la constructora leonesa Teconsa y las empresas a las que subcontrató para que instalasen la sonorización y pantallas de vídeo del acto de la visita del Papa en Valencia.

Además, encontraron actas redactadas por los directivos de la trama sobre reuniones mantenidas entre Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo con una de las empresas sevillanas que se encargó de la sonorización del acto. La policía sostiene que esas reuniones demuestran que fue el clan Correa quien puso en contacto a Teconsa, la constructora que logró los 6,4 millones de la televisión valenciana, y las empresas especializadas en el montaje que finalmente se encargaron del acto. Esas empresas ya habían trabajado anteriormente con las sociedades de la trama Gürtel en los eventos que organizaban para el PP.

- Contabilidad. En los archivos informáticos encriptados que la policía encontró en los registros de las sedes de la trama corrupta se encontraban múltiples apuntes sobre supuestos ingresos relacionados con la visita del Papa a Valencia.

Además, había otros misteriosos apuntes relacionados con ingresos de decenas de miles de euros por la visita de los directivos de la trama a Sevilla. Tras meses de investigación y el hallazgo de nuevos documentos, la policía concluye que ese dinero corresponde al pago de comisiones ilegales a la trama corrupta por parte de las empresas subcontratistas del acto del PP, con sede en Sevilla.

- Relación con Teconsa. Grabaciones de conversaciones de Francisco Correa acreditan su relación con los directivos de Teconsa, la constructora leonesa que consiguió el millonario contrato para la sonorización de los actos de la visita del Papa a Valencia. Además, documentos incautados en las sedes de la red Gürtel acreditaron que Teconsa no sólo participó con Correa en el negocio de la visita del Papa, sino que pagó a la trama por su intermediación en la adjudicación de obras públicas. Una de ellas, en la comunidad de Castilla y León, está siendo investigada aún por la posible implicación del actual presidente del parlamento de esa comunidad y ex consejero de Fomento.

(www.elpais.com, 16/10/09)

RAJOY RESCATA A CAMPS SIN EXPLICAR POR QUÉ NO LE DESTITUYE COMO A COSTA

"No hay nada más injusto que tratar igual a los diferentes. Hay que dar una respuesta a cada caso". Esta idea, defendida ayer por Mariano Rajoy, resume la defensa de la dirección del PP ante una evidencia: la diferencia de trato entre Ricardo Costa, destituido como secretario general del PP valenciano, y su jefe, Francisco Camps, que tenía las mismas o superiores relaciones con la trama Gürtel en Valencia.

Fuentes del partido aclaran cuál es el motivo real: la fuerza política de Camps, muy superior a la de su subordinado. Es mucho más difícil relevar a un barón regional, con el conflicto interno que eso supone, que a un cargo intermedio. Es lo que explica que mientras el PP justifica en la "ejemplaridad" la destitución de Costa, mantenga en su puesto a Carlos Fabra, todopoderoso barón castellonense imputado por varios delitos.

Rajoy acudió al rescate de Camps, criticado sin contemplaciones por su gestión de la crisis, por engañar al líder -"no me ha engañado", desmintió- y por su amistad con El Bigotes, hasta el punto de que Manuel Fraga, presidente fundador, le lanzó una carga de profundidad desde la COPE. "En Valencia tenemos una persona libre de toda sospecha como Rita Barberá", sentenció. "¿Diría lo mismo de Camps?", le preguntaron. "No, no diría lo mismo. Le ha faltado moral para hacer las cosas con energía, ha habido que resolverlo desde Madrid".

Rajoy respondió a Fraga y defendió a Camps varias veces: "Mantengo el mismo nivel de confianza en Camps. Mi deseo es que siga siendo presidente y sea candidato en 2011". Pero no logró explicar con claridad por qué habían destituido a Costa y no a Camps por los mismos motivos.

"No tengo duda de la honradez del señor Costa. Ha trabajado mucho por el partido. Pero el nivel de exigencia a un secretario general es mayor que el de un militante de base", dijo Rajoy. La pregunta era lógica: ¿Y ese nivel de exigencia no sería aún mayor para el jefe de ese secretario general, el presidente del partido, responsable además de haber llevado a Valencia a la red Gürtel cuando Génova los echó? Rajoy dijo que en Valencia pensaban que El Bigotes ya no trabajaba para Francisco Correa, la tesis que defiende el entorno de Camps -que nunca ha explicado sus relaciones con la trama-, y defendió al valenciano: "Una vez archivado el caso que afectaba al señor Camps, no hay ningún elemento nuevo que le afecte ni ninguna actuación que le haga merecedor de ser cesado".

¿Pero hay algún elemento nuevo con Costa, cuya implicación en el caso de los trajes también quedó archivada? Rajoy no lo explicó, pero fuentes oficiales aclararon después que el informe policial sobre financiación ilegal del PP valenciano tan criticado sí contiene novedades. Claro que éstas implican tanto a Costa como a Camps, ya que la red, según las conversaciones, utilizaba la relación personal de El Bigotes con Camps y su esposa para desbloquear el pago de algunas deudas.

Génova pidió y obtuvo ayer -con la excepción de Fraga- el cierre de filas generalizado con Camps, a la espera de esos "elementos nuevos" que muchos temen. El líder no conocía aún, obviamente, las revelaciones sobre las jugosas comisiones que la red obtuvo de la organización de la visita del Papa a Valencia en 2006.

Rajoy se defendió con firmeza de casi todos los golpes, pero falseó la realidad al vender una destitución como una dimisión: "Costa pidió su suspensión como secretario general y como portavoz y se aceptó". Nunca sucedió tal cosa.

Después de seis meses -la última rueda de prensa en Génova fue el 13 de abril- Rajoy cogió al fin el toro por los cuernos y ofreció una detallada explicación, con una docena de preguntas, de su posición sobre el caso Gürtel, lo que pasó, lo que ha hecho y lo que hará el PP. Básicamente: aumentar los controles y endurecer el código ético que ya aprobaron en los 90, tras el caso Naseiro.

Rajoy dejó claro que poco se ha hecho hasta ahora en cuanto a endurecimiento de controles: "Yo no sé qué empresa organizó el acto de Dos Hermanas (Sevilla), por ejemplo. A partir de ahora tendré que enterarme".

(www.elpais.com, 16/10/09)

RAJOY SE ESCUDA EN BÁRCENAS Y RENUEVA SU APOYO A CAMPS

El líder del PP, Mariano Rajoy, compareció ayer para dar explicaciones sobre el cese de Ricardo Costa, su relación con Francisco Camps y los vínculos de su partido con la trama Gürtel. Hacía más de seis meses que no daba una rueda de prensa en la sede nacional y había mucha expectación por sus palabras. Pero esta se desinfló en cuanto volvió a profesar su confianza en el presidente de la Generalitat y vendió la salida del secretario general de la Comunidad Valenciana como una dimisión voluntaria.

La única novedad fue el anuncio de que el PP elaborará "un código de buenas prácticas" para reforzar "la transparencia" de su sistema de gestión interna. Pero no habló de poner en marcha una comisión de investigación interna. Muchos dirigentes creen que no lo hace porque eso supondría reconocer en público que existe financiación ilegal.

Rajoy arrancó su discurso aclarando cuál había sido el contacto de su partido con las empresas dirigidas por Francisco Correa. Contó que habían sido "proveedores de servicios" durante años y la colaboración se rompió en el 2004 porque estaban utilizando las siglas del PP en beneficio propio. El jefe de la oposición sostuvo que fue en febrero de ese año cuando se enteró de que esta red había iniciado "cierta actividad profesional con algunas autonomías y ayuntamientos". Y se lavó las manos afirmando que habían actuado "o bien ocultando su auténtica identidad, o bien a través de contactos no institucionales sino estrictamente personales".

Al recordarle que Costa se defendió hace unos días diciendo que jamás recibió una orden directa de la dirección nacional para cortar con Orange Market, la empresa de la trama en Valencia, Rajoy recalcó que él había emitido una: "Yo he dado instrucciones a quien me corresponde darlas, que es al gerente y al tesorero nacional del partido, y se cumplieron". Rajoy obvió comentar que el gerente no era otro que Luis Bárcenas, a quien luego ascendió a tesorero y que ahora está imputado por el Supremo por recibir 1,3 millones en sobornos de la trama.

Rajoy admitió que no se había avisado a las formaciones regionales una por una. "No he dado instrucciones a todas las personas que aparecen en el sumario de Madrid. Y en Valencia me han explicado ahora que creyeron que esa empresa [Orange Market] se había desgajado de la que yo había dicho", se defendió.

En su discurso, el líder del PP repitió hasta en tres ocasiones que las cuentas del PP eran "legales". Y afirmó con solemnidad que no iba a consentir conductas que pudieran "avergonzar a ningún votante", fueran o no estas "sancionables desde el punto de vista penal". A su juicio, su formación ha dado una respuesta política "sin parangón en la vida pública española".

"Ya se han tomado las medidas que había que tomar", destacó. Parecía que con el relevo de Costa se daba por satisfecho. Y ni se planteaba la posibilidad de que Camps siguiera el mismo camino. Al contrario, Rajoy insistió ayer en que seguía manteniendo en el presidente de la Generalitat "el mismo nivel de confianza" de los últimos años. Tanto que le quería seguir viendo al frente del partido valenciano y como candidato a las elecciones de 2011. "A mí Camps no me ha mentido", apuntó, despejando los fantasmas de una fractura interna que se originó después de que el presidente valenciano le transmitiera una versión del Comité regional muy diferente a la real.

Sobre los motivos de la destitución de Costa, Rajoy señaló que no tenía "ninguna duda de su honradez personal" y reconoció su dedicación al PP. "Ha hecho grandes trabajos en el partido y estamos muy contentos", llegó a decir. En el PP algunos reconocían que el demoledor informe policial, que se filtró hace unas semanas, había influido mucho. Pero Rajoy argumentó que lo había expulsado porque su cargo tiene "un plus de exigencia mayor que otros militantes". No quiso analizar si el presidente de una comunidad autónoma tiene ese mismo plus de responsabilidad. Y menos entrar a valorar si era éticamente reprobable que Camps fuera "el amiguito del alma" de Álvaro Pérez, El Bigotes.

Rajoy piensa que "no hay ningún elemento nuevo" que afecte a Camps "ni ninguna actuación política" que "le haga merecedor de ser cesado". Es más, aprovechó para subrayar que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia había archivado el caso de los trajes, aunque el fiscal "ocultó" documentos "básicos" para su defensa.

El líder del PP cree que en todo este asunto ha actuado "con prudencia", procurando "no ser arbitrario, ni injusto". Él no cree que afecte a su liderazgo.:"Estoy equilibrado", bromeó. Pero no se salvó de algunas críticas internas que creen que sólo ejerce su autoridad cuando "no queda más remedio" y que mientras ejerce la táctica del avestruz: meter la cabeza debajo del ala.

(www.publico.es, 16/10/09)

DE COSPEDAL CONSIDERA "MUY VALIENTE" LA INTERVENCIÓN DE RAJOY

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha negado que la Gürtel sea su momento más difícil en el cargo, y ha asegurado que la mayoría de militantes del partido están "muy satisfechos con la gestión de Rajoy". "La intervención de Rajoy fue muy valiente", ha afirmado De Cospedal en referencia al "futuro candidato del PP en 2012"

La mano derecha del líder del PP ha resaltado el anuncio de Rajoy de crear un nuevo código de buenas conductas, ya que "se ha demostrado que con todo lo que tenemos hasta ahora no ha sido suficiente".

"Como no queremos que vuelva a pasar esto, seremos más cuidadosos", ha afirmado De Cospedal, quien ha matizado que "todas las personas imputadas por este caso, que han sido muchas, no están condenadas".

La número dos del PP ha calificado de "ejemplificante" la actuación del PP en torno a la Gürtel, "aunque algunos estén insatisfechos porque no han logrado sus objetivos". "Yo no pongo en duda que haya gente que piense que la actuación de rajoy ha sido tardía, pero cuando empezaron los primeros hechos en Madrid se produjeron suspensiones de militancia", ha recordado la número dos del PP.

"Con Camps no se ha demostrado nada en un tribunal". La secretaria general el PP ha diferenciado entre el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa y el presidente del Consell, Francisco Camps."No hemos oído a Camps hacer las declaraciones que ha hecho Costa"

"No es lo mismo con Costa que con Camps, las actuaciones son distintas. No es igual la situación de Costa que la de Camps", ha afirmado sin demasiado entusiasmo De Cospedal, quien ha resaltado que "no hemos oído a Camps hacer las declaraciones que ha hecho Costa".

De Cospedal ha recordado que "Rajoy mantiene su confianza en Camps y me parece muy bien", si bien ha reconocido que en el PP "ha habido comportamientos que no me gustan". "También es verdad que hay actuaciones que cuando salen publicadas son más vergonzantes que lo que puedan ser en el momento. Cualquiera de nosotros estaríamos comprometidos si se hacen públicas conversaciones privadas", ha argumentado De Cospedal, en referencia a Costa.

La número dos del PP no ha desperdiciado la oportunidad de criticar las actuaciones del Gobierno en referencia a la Fiscalía, a la que "manejan", y a las filtraciones del sumario Gürtel.

(www.publico.es, 16/10/09)

COSPEDAL DICE QUE RAJOY NO VINCULA SU FUTURO POLÍTICO AL DE CAMPS

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy horas después de que Mariano Rajoy compareciera ante los medios ante la gravedad de los hechos del caso Gürtel en la que no aclaró por qué se tomó la decisión de cesar a Ricardo Costa y no se adoptó la misma medida con Francisco Camps. Además, a la pregunta directa de Carles Francino sobre si Mariano Rajoy vincula su futuro político al de Camps, la número dos de los populares lo niega.

Pese a que Rajoy no convenció a los medios en su comparecencia de este jueves, De Cospedal ha defendido plenamente la actuación de su presidente, calificándola de "valiente y sincera". Pese a las críticas sobre la tardía y titubeante acción de Rajoy, Cospedal afirma que su líder llegará a ser candidato en las próximas elecciones y asegura que las actuaciones se han tomado en su momento adecuado.

Sobre la justificación para destituir a Costa y no a Camps, De Cospedal insiste en los argumentos de Rajoy, señalando que "un secretario general tiene que tener un comportamiento determinado hacia su militancia y que no ha cumplido en este sentido Ricardo Costa", algo que sí ha hecho en su opinión Francisco Camps. "Un secretario general tiene que saber muy bien dónde está. Son cargos de confianza y se les exige un plus de responsabilidad", al tiempo que ha criticado las declaraciones a la prensa de Ricrdo Costa. Camps, sin embargo, está haciendo una "gran labor" según la dirigente popular.

Carles Francino ha pedido a la número dos del Partido Popular que describa en pocas palabras sus impresiones sobre diversos compañeros en el seno del PP:

Ricardo Costa: "Se equivocó en su forma de actuar"

Francisco Camps: "Seguirá siendo presidente de los valencianos"

Manuel Fraga: "Tiene sus propias opiniones, muy respetables"

Carlos Fabra: "Es el presidente de mi partido en Castellón y nada más"

Educardo Zaplana: "Hoy no está en política"

Esperanza Aguirre: Tras describir los cargos que ostenta Esperanza Aguirre, Cospedal afirma: "No tengo mucho más que decir"

José María Aznar: "Fue un gran presidente y supo lidiar con una situación económica muy complicada"

(www.cadenaser.com, 16/10/09)

SÁENZ DE SANTAMARÍA: "COSTA ADMITIÓ SUS ERRORES, POR ESO NO SIGUE EN EL PUESTO"

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha lamentado el papel del Gobierno con su política de "oposición a la oposición". Santamaría ha pedido al Gobierno que deje actuar a jueces y ficales y que el caso Gürtel "no sea un elemento de justificación del Gobierno para no hacer nada". "El Gobierno que haga lo suyo que para eso le pagan los españoles", ha sentenciado.

En su opinión el Gobierno y la Fiscalía han tenido comportamientos antidemocráticos y apunta a De la Vega como culpable de la pérdida de confianza en la Fiscalía. La conservadora se ha atrevido a vaticinar que en el futuro "veremos más cosas, porque siempre que se acercan unas elecciones aparecen", explica sobre los casos de corrupción que acechan al PP.

Defiende que en el PP se da "trascendencia a estos temas y tomamos decisiones". Como ya avanzó Rajoy ayer, el PP llevará a cabo un código de buenas conductas "para que la contratación sea más trasparente. Nosotros nunca hemos mirado hacia otro lado". De esta forma considera que superan a "cualquier partido" ya que se trata de un "plus". Sobre los regalos a políticos, Soraya ha dicho que no hay que aceptar regalos aunque "no es lo mismo unas flores que un yate". "En esta vida lo mejor es el sentido común", culmina.

Además, la portavoz del Gobierno justifica la actuación del PP en relación con el cese del secretario general del PP en Valencia. "El señor Costa ha reconocido sus errores, por eso no sigue en el puesto. Admitió unos comportamientos que no hizo bien. Tiene ese plus de ejemplaridad que se le exige a un político. No creo que todos los partidos puedan decir lo mismo".

Sobre los patrimonios de los ministros, Soraya que ayer se mostró crítica al respecto, incidió en la trasparencia. Asegura que no tendría problemas en dar a conocer su patrimonio y que "parece que ahorra más que alguno de los ministros". Además, ha explicado que no le interesan este tipo de datos por el "cotilleo", sino porque pueden ser importantes para reconocer "los intereses económicos" que pueden tener los dirigentes.

Por otra parte, la portavoz asegura que llevarán a cabo una enmienda a la totalidad de los presupuestos porque sencillamente "no son buenos". Como ya ha dicho en reiteradas ocasiones, se trata, según ella, de unos presupuestos en los que se suben "los impuestos para tapar los agujeros". destruyen el empleo de hoy y ponen en peligro la pensiones de mañana.

(www.publico.es, 16/10/09)

FRAGA DUDA DE LA HONRADEZ DEL JEFE DEL CONSELL Y FABRA LE CONTESTA AL PRESIDENTE FUNDADOR QUE SE RETIRE

El presidente fundador y senador del PP, Manuel Fraga, alabó ayer la figura de Barberá, de quien dijo que es "extraordinaria y por encima de toda sospecha". Sin embargo, "no diría lo mismo", añadió, de Camps. En declaraciones a la Cope, expuso que un político debe tener una "moral indestructible", con "convicciones éticas muy profundas y la capacidad de ejercerlas". Señaló que "probablemente" a Camps le haya faltado moral "en uno de esos sentidos". "No entro en su moral privada y ante su confesor, pero es evidente que la moral para hacer las cosas con energía no da la impresión que la haya tenido, y ha tenido que ser Madrid quien resolviera el tema del señor Costa", destacó.

Preguntado acerca de si Camps se verá salpicado por sus amistades con implicados en la trama, respondió que espera que "pueda superar eso", aunque también resaltó que si no lo logra, el presidente del PP, Mariano Rajoy, quien "confía profundamente en la presunción de inocencia, le aplicará la regla fundamental del derecho, que es que el que la hace la paga". Eso sí, dejó claro que él hubiera aplicado el principio de inocencia "con mayor discreción".

La opinión laudatoria de Barberá no la compartía Fraga en 1989. Entonces, su regreso a la dirección de la AP tras la caída de Hernández Mancha conllevó que Barberá, presidenta del grupo popular en las Corts (había sido la candidata a la presidencia de la Generalitat en 1987), cayera en desgracia. En el mitin central de Fraga en las elecciones europeas de 1989, celebrado el 13 de junio, a Barberá no se le permitió intervenir. Para colmo, la dirección nacional designó a Pedro Agramunt, pese a que aún faltaban dos años para los comicios de 1991, como candidato a la Generalitat, dejando a Barberá a los pies de los caballos. El 4 de septiembre del 89 la hoy alcaldesa dimitió como presidenta del grupo ante la desautorización. Siete meses después, el 11 de abril de 1990, volvió al puesto, ya con Aznar en la dirección y tras un "sondeo" entre los diputados del "enviado" de Madrid, el actual Síndic de Greuges, José Cholbi.

A Fabra le contestó ayer el presidente del PP de Castelló, Carlos Fabra. Éste dijo que respeta mucho al presidente fundador, pero que "en este partido uno se tiene que retirar cuando llega el momento".Según dijo, "respeto mucho al presidente Fraga, pues creo que es el presidente que más ha hacho por unir el centro-derecha en España, pero me parece que, desde la distancia, hacer este tipo de afirmaciones es una frivolidad". Al respecto, apuntó que pone "la mano en el fuego" por Rita Barberá y por Camps, "el cual ha sido respaldado por más votos que ningún presidente de ninguna comunidad autónoma gobernada por el PP".

El líder popular, Mariano Rajoy, también tuvo que pronunciarse sobre la frase de Fraga referida a la honradez de Barberá, frente a las dudas que le genera Camps. Rajoy respondió: "Estoy totalmente de acuerdo, como no podía ser de otra manera, con las declaraciones del señor Fraga sobre doña Rita Barberá". Sin embargo, de la parte de Camps no dijo nada.

Preguntado por la misma frase el propio Camps, éste afirmó que tiene "un afecto muy especial" por el dirigente popular. "Yo lo único que puedo decir es que a don Manuel le tengo un afecto muy especial", manifestó Camps, que agregó que él es militante del PP "desde hace muchísimo tiempo". "A don Manuel hace muy poco tiempo le prologué un libro sobre su biografía y, por tanto, respeto, cariño y admiración por quien puso en marcha este proyecto político que ha gobernado España durante ocho años y que va a volver a gobernar España con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno".

Por su parte, el presidente provincial del PP de Alicante, Joaquín Ripoll, se limitó a afirmar que "las opiniones de Fraga son las opiniones de Fraga y las tiene como todos, a veces acierta y otras se equivoca". La socialista Clara Tirado sostuvo que Fraga "ha dejado al descubierto que el PP al completo reniega y desconfía de Camps".

(www.levante-emv.com, 16/10/09)

FABRA INSINÚA QUE FRAGA DEBE RETIRARSE TRAS DUDAR DEL LÍDER VALENCIANO

El presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, insinuó ayer que el presidente fundador de su partido, Manuel Fraga, debería retirarse. Lo hizo después de que el veterano senador manifestara sus dudas sobre la honorabilidad del presidente valenciano, Francisco Camps. Rita Barberá "es extraordinaria y está por encima de toda sospecha", había declarado Fraga. Pero sobre Camps precisó: "No diría lo mismo".

Preguntado por estas declaraciones, Fabra respondió: "En ese partido uno se tiene que retirar cuando se tiene que retirar. Hacer ese tipo de afirmaciones me parece una frivolidad", añadió. En su deseo por defender a capa y espada al presidente valenciano frente a Fraga, llegó a decir: "Que se acuerde cuando él era presidente de Galicia, antes de recriminar a Camps, que está respaldado por muchos más votos".

La actitud de Fabra -imputado por delito fiscal y varios delitos contra la Administración pública- en defensa de Camps se produce tras la destitución de Ricardo Costa como secretario general del PP valenciano y portavoz parlamentario. Fabra facilitó el pasado martes el acuerdo entre Camps y Costa en el Comité Ejecutivo Regional, que horas después fue dinamitado por la dirección nacional del PP.

A pesar de este revés, Fabra se sumó ayer al coro de declaraciones de apoyo a Camps. Sin embargo, la mayor parte de los cargos populares considera, en privado, que la crisis del PP en Valencia se ha cerrado en falso. Pese a ello, los principales alcaldes y el presidente provincial del PP de Valencia, Alfonso Rus, emitieron comunicados con el mismo mensaje: renovar su confianza en Camps y afirmar que el partido sigue unido.

El presidente de la Diputación de Alicante, el zaplanista José Joaquín Ripoll, fue quien se atrevió a verbalizar lo que muchos otros piensan. Al ser interpelado sobre si cree que las responsabilidades acaban con la destitución de Ricardo Costa, afirmó: "Creo que no". Y luego apuntó hacia Camps: "Creo que no es la solución definitiva. Incluso en el propio Comité Ejecutivo Regional del PP era mayoritario que no era el único culpable o que no era culpable". Ripoll pidió que, si Costa está definitivamente destituido, se convoque de nuevo a la dirección para elegir un nuevo secretario general.

El comité de derechos y garantías del PP escuchará al ex número dos del partido en la Comunidad Valenciana la próxima semana.

(www.elpais.com, 16/10/09)

RAJOY ESCONDE SU ENFADO CON CAMPS PARA EVITAR LA FRACTURA EN VALENCIA

Mariano Rajoy tenía una deuda con el presidente valenciano, Francisco Camps. Gracias a él (y a Javier Arenas), en el 2008 consiguió renovar su liderazgo en el partido, pese a haber sufrido dos derrotas electores consecutivas. La cuenta pendiente quedó saldada ayer. El presidente del PP pronunció en un momento clave –los prolegómenos de otra guerra cainita en Valencia– una frase igualmente clave: «Sigo manteniendo en el señor Camps la misma confianza que he mantenido a lo largo de estos años». Y confirmó su voluntad de que repita como candidato en el 2011.

El jefe de los conservadores maniobraba así frente a todos aquellos dirigentes del PP valenciano que, tras la crisis causada por el cese de Ricardo Costa, han criticado la gestión que ha hecho Camps del asunto. E, incluso, han llegado a poner en duda su capacidad para seguir haciéndose cargo de sus responsabilidades, dadas sus relaciones con los implicados en el caso Gürtel.

Ayer mismo, el zaplanista José Joaquín Ripoll, presidente del PP en Alicante, aseveraba que Costa no podía convertirse en «el único culpable» del escándalo político ligado a la corrupción. Rajoy también tuvo respuesta para aquellos que, como Ripoll, puedan pensar que hay que apuntar más alto a la hora pedir cabezas políticas: «No hay ningún elemento nuevo que ponga en duda que Camps debe seguir», sentenció.

A Rajoy, que se sometió ayer a una rueda de prensa en Madrid, se le preguntó en varias ocasiones por qué había forzado la dimisión de Costa por sus relaciones con sujetos como Álvaro Pérez (conocido como el Bigotes e imputado en el caso Gürtel) y no la del presidente de la Comunidad Valenciana, que consideraba al empresario citado su «amiguito del alma». El líder del PP trató de convencer a los periodistas de que son casos distintos, aunque no se esforzó demasiado en dar argumentos para sustentar su tesis.

En primer lugar, ofreció una versión azucarada –por no decir contraria a la realidad– de lo que realmente había ocurrido con Costa, ese «señor» al que se ha echado desde Madrid porque se negaba a irse voluntariamente. «El señor Costa pidió la suspensión de sus funciones y se aceptó. En el Grupo Popular, pidió la suspensión como portavoz y se aceptó. Y pidió ser escuchado y se le escuchará», afirmó Rajoy.

Pues ninguna de estas tres aseveraciones del presidente del PP son ciertas, y en la hemeroteca y en los archivos de imagen y voz está guardado el testimonio del propio Costa para comprobarlo: él se ofreció a dejar su cargo de secretario general en el PP de Valencia –jamás el de portavoz– si se le abría una investigación por parte de la dirección nacional. Y ha sido la propia dirección nacional la que se ha encargado de aclarar, en las últimas 48 horas, que una declaración ante el comité de derechos y garantías no es lo mismo que una investigación que, por cierto, no piensa llevar a cabo. Lo que ayer quedó en evidencia es que Rajoy, al igual que Camps, no tiene ningún interés en explicar con claridad a la opinión pública cuáles han sido los verdaderos motivos que han propiciado la salida de Costa. Visiblemente molesto, quiso despachar esta recurrente pregunta de los periodistas con un «el cargo de secretario general exige un plus de responsabilidad política». Eso sí, agradeció a su víctima política los servicios prestados al PP y resaltó su «honradez personal».

El que no ve las cosas desde la misma óptica es el presidente fundador del partido, Manuel Fraga, quien admitió ayer en la Cope que ve a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fuera de toda sospecha, pero no así a Camps. «Estoy totalmente de acuerdo con las declaraciones del señor Fraga sobre Rita Barberá», se limitó a comentar Rajoy. El presidente valenciano esquivó el asunto manifestando «respeto» por quien le había dedicado tan polémicas palabras.

En cualquier caso, el jefe de los conservadores quiere evitar que se dañe aún más la imagen del PP y anunció que, en el próximo comité ejecutivo, se aprobará un código de buenas prácticas. «¿No toma medidas un poco tarde?», se le planteó. Él se defendió. «He actuado con prudencia y sin precipitación, cuando he tenido suficiente conocimiento de causa. No me he dejado llevar por presiones de nadie y, como siempre, he tomado decisiones en los tiempos que he considerado oportunos», espetó.
Y, para no perder la costumbre, Rajoy cerró su intervención cargando contra el Gobierno por haber «manipulado» el caso Gürtel en prejuicio del PP.

(www.elperiodico.com, 16/10/09)

EL PP ELUDE EXPLICAR, PÚBLICAMENTE, EL MOTIVO POR EL QUE HA ECHADO A COSTA

Ricardo Costa espera una llamada desde Madrid, la que servirá para comunicarle el día y la hora en la que habrá de presentarse en la sede del partido, a fin de ser escuchado por el comité popular de derechos y garantías. Allí se le permitirá un último pataleo, pero nada más. Su salida no tiene marcha atrás y nadie parece tener interés en ver sus declaraciones de la renta ni sus facturas.

Costa cree que es víctima de algo parecido a un despido improcedente, ya que nadie le ha explicado a la cara qué motivos tiene su empresa política–esto es, el PP– para arrebatarle sus cargos de secretario general y portavoz a raíz del caso Gürtel. Ayer, el propio Rajoy quiso darle una pista: «No voy a consentir conductas que puedan avergonzar a votantes de nuestro partido, independientemente de que sean sancionables desde el punto de vista penal».

Rajoy recalcó también que «la trama Gürtel no tiene nada que ver con la estructura orgánica del PP» y que todas sus cuentas «son legales». Pero, sin micrófonos delante, otros responsables del partido conservador no ocultan el daño que les ha hecho el informe policial sobre financiación ilegal en Valencia y, especialmente, las sospechas que sobre este extremo ha levantado con sus actuaciones el propio Costa. Por eso, y no por otra cosa, se va.

El mencionado informe policial –en manos del juez que lleva el caso en Madrid– apunta directamente a Costa. «El propio PP, en la persona de Ricardo Costa, actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero, como se desprende de las conversaciones telefónicas (grabadas)». Costa tiene razón en que hay más gente señalada en el documento (el vicepresidente valenciano, Vicente Rambla), pero es él quien ha tenido la mala suerte de que le graben conversaciones telefónicas en las que, entre otras cosas, dedica insultos a compañeros o deja a las claras tejemanejes económicos con el Bigotes.

«Entre mañana y el viernes te voy a dar todo lo que falta que te debemos, pero necesito que esto no lo sepa el presidente [Camps] y entonces que le digas que este [Rambla], es un hijo de puta», llegó a decir Costa en diciembre del 2008. Él insiste en que ese informe es falso y que fueron otros los que decidieron contratar a Orange Market en Valencia. Fue Camps. Además, agrega que el equipo de Rajoy tampoco le advirtió nunca de que tuviera que cortar las relaciones con dicha compañía.

Pero el equipo del líder sostiene lo contrario y recuerda «la que montó Costa» para intentar que se concediera la organización del congreso nacional de Valencia al Bigotes y no a la empresa de la mujer de su hermano, Juan Costa. No lo logró. «Quizá haya que recordárselo cuando venga a Madrid a explicarse», indican desde la dirección nacional. Claro que quizá sea oportuno recordar que Costa también tenía un jefe.

(www.elperiodico.com, 16/10/09)

JUAN COSTA: LOS PARTIDOS SE CONSTRUYEN «SOBRE LA LEALTAD»

El diputado del PP y hermano de Ricardo Costa, Juan Costa, aseguró ayer que los proyectos colectivos y los partidos «se construyen sobre la base de la lealtad y la confianza mutua». El político no quiso valorar la situación de su hermano, pero aseguró que «cuando llevas muchos años en política, dedicando muchas horas, esfuerzo y sacrificio, la lealtad y el compañerismo es una de las pocas gratificaciones que te llevas a casa cuando vuelves».

Costa aseguró que cuando esa lealtad no existe, surge la tentación de «arrojar la toalla y pensar que algunas cosas no valen la pena», y advirtió de que un liderazgo sólo es fuerte cuando es capaz de «generar ilusión y confianza en la sociedad».

El diputado popular calificó como «importante» la rueda de prensa de Rajoy y le animó a prodigarse más en sus escasos contactos abiertos con los medios: «Es un ejercicio que debe hacerse de manera permanente, recurrente y con normalidad en política, lo que no puede hacerse es no dar explicaciones».

Costa participaba en una tertulia de RNE, recogida por Europa Press, en la que también estuvo el ex presidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El dirigente socialista defendió que el golpista Antonio Tejero fue «más decente» que lo que lo ha sido el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, al que acusó de haber «dejado tirada a su gente simplemente por salvar su cara», en alusión al ex secretario general de los populares valencianos y ex portavoz del partido en el Parlamento autonómico, Ricardo Costa.

(www.elmundo.es, 16/10/09)

MALESTAR CON GÉNOVA EN EL ENTORNO DEL DESTITUIDO

La intervención del líder nacional del PP, Mariano Rajoy, generó malestar en el entorno del ya ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, al entender que ha evidenciado si cabe aún más la doble vara de medir con la que ha actuado Génova. En concreto, según las personas de confianza de Costa, Mariano Rajoy quedó ayer en evidencia al señalar que al ex portavoz del grupo popular había que exigirle un plus de responsabilidad en razón de su cargo y, en cambio, eximir al presidente de esta exigencia a pesar de ser el máximo responsable político de la Comunitat y de la formación de la gaviota. Estas fuentes entienden que si Costa debía dar ejemplo, con más razón debía hacerlo el presidente valenciano, cuya estrecha relación con El Bigotes está demostrada. Además, recuerdan que Costa pidió perdón por las conversaciones con responsables de la trama y por haber confiado en personas como Álvaro Pérez, responsable de Orange Market, quien tuvo contratos millonarios con la Administración valenciana. Tampoco gustó la afirmación de Rajoy de que Camps no le había mentido porque dejaba a Costa a los pies de los caballos.

Ricardo Costa, que ayer no acudió al pleno de las Corts y que permanecerá alejado de la vida pública hasta el próximo lunes, tiene previsto acudir al comité de derechos y garantías del PP la semana próxima. Ayer, un teletipo de Europa Press fechado en Madrid narraba que el ex secretario general había pedido tiempo a la dirección nacional del partido antes de ser escuchado por encontrarse "muy afectado". Fuentes cercanas al ex portavoz parlamentario negaron tajantemente que esta petición se hubiera producido y mantuvieron que Costa está tranquilo esperando que Madrid lo llame. Costa, aseguraron, no ha recibido todavía la citación del órgano competente en Madrid, aunque la espera para la semana próxima.

(www.levante-emv.com, 16/10/09)

RAJOY EXIME A CAMPS DE LA EXIGENCIA POLÍTICA QUE JUSTIFICA EL CESE DE COSTA

El presidente del PP, Mariano Rajoy, considera que el partido ya ha tomado todas las medidas posibles con la destitución de Ricardo Costa de sus funciones y ha asegurado que mantiene su confianza en Francisco Camps. "El caso está archivado, no hay ningún elemento nuevo que le afecte ni ningún elemento que le haga ser cesado", ha afirmado el líder del PP. Sobre Costa, Rajoy ha defendido su honradez y ha asegurado que el cese se debe únicamente a que a un secretario general hay que pedirle un "plus de exigencia" porque su responsabilidad es mayor que la de un militante de base.

"Camps no me ha mentido, mantengo en Camps el mismo nivel de confianza que en los años que he sido presidente del partido. Mi voluntad es que sea presidente y vuelva a ser candidato a la Generalitat", ha añadido Rajoy. "Una vez archivado el caso que afectaba a Camps y después de que la fiscalía ocultara datos no hay elemento nuevo que ponga en duda que Camps debe seguir".

Tras la intervención de la dirección nacional del PP para apartar a Costa, varios dirigentes populares manifestaron su malestar con Camps por llevar al partido a una situación absurda y fuentes marianistas aseguraban que Rajoy se encontraba muy molesto con el presiente valenciano, quien ya no tiene el cortafuegos del que fue su número dos. Costa condicionó el pasado martes su renuncia a que se investigara su gestión, pero finalmente el partido se limitará a escucharle en el comité de derechos y libertades. Con su intervención de hoy, Rajoy ha respaldado a Camps y le ha liberado de cualquier responsabilidad política por el cese del ya ex secretario general del PP valenciano.

Preguntado por si considera que ha manejado bien los tiempos de la crisis, Rajoy ha argumentado que ha actuado con "prudencia y sin precipitación". "No me he dejado llevar por las presiones de nadie, he tomado las decisiones en los tiempos que a mí me parecen oportunos, he procurado no ser arbitrario ni injusto, he actuado siempre por el interés general del partido. Tengo que hacer política con responsabilidad y otros pueden hacerla sin responsabilidad, todo es discutible pero estoy convencido de lo que hice bien", ha indicado.

Lejos de plantear más medidas contundentes para atajar la crisis abierta, Rajoy ha dibujado las nuevas líneas de actuación del partido para intentar prevenir la corrupción. "Los ciudadanos pueden tener la tranquilidad que no voy a consentir en el PP conductas que puedan avergonzar a militantes del partido sean o no sancionables desde un punto de vista penal. Creo en la ejemplaridad de la vida pública, debemos ser ejemplares en la ejecutoria". El líder popular ha anunciado que propondrá un "código de nuevas prácticas" para mejorar la transparencia. "La auténtica imagen del PP no es la de unos pocos que no han sabido estar a la altura de las circunstancias y de las siglas. Todas nuestras cuentas son legales. No existe la menor sospecha, pero queremos mejorar la transparencia de nuestra gestión".

Una vez que ha dejado claro que no habría más medidas, Rajoy ha vuelto a recurrir a la teoría de la persecución "No hay trama organizada en el seno del PP, estamos ante una trama externa". "Ha habido interferencia políticas, la más clara las instrucciones de la vicepresidenta desde Costa Rica al fiscal general del Estado. Hemos conocido con más escándalo el intento de la fiscalía de eliminar del sumario las grabaciones que demostraban la inocencia de Camps. Se ha querido dañar al PP y a militantes que se han visto sometidos a escándalo público sin figurar como imputados".

Una hora antes de la comparecencia de Rajoy, Camps ha evitado polemizar sobre la destitución de Ricardo Costa impuesta desde Génova. "El PP ha actuado en la línea que correspondía, en perfecta coordinación en todas las instancias autonómica y nacional", ha asegurado antes de asistir a la presentación del Plan de Instalaciones Aeronáuticas de la Comunidad Valenciana. Preguntado por qué hay personas que le ven fuera del Gobierno, Camps ha eludido dar explicaciones y ha dejado la responsabilidad en Rajoy antes de que este rompiera su silencio ante los medios de comunicación. "Me remito a lo que dentro de muy poquito el presidente nacional del partido dirá en una rueda de prensa", ha asegurado el presidente de la Generalitat.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha negado que entre Rajoy y Camps haya malestar por la gestión de la crisis del presidente de la Generalitat. "Hay más que confianza, hay amistad y es muy difícil que se rompa. Se han ayudado en momentos difíciles y se han dado auxilio. Se equivocan quienes crean que puede haber quiebra", ha señalado el portavoz del PP, pese a que fuentes marianistas reconocen que el presidente del partido está muy molesto con Camps.

González Pons ha justificado la destitución de Costa de todas sus funciones por la presión de la prensa. "Hay que atender al clamor de los medios de comunicación de que el partido tenía que asumir una responsabilidad. Es normal que el secretario general lo asuma", ha asegurado en una entrevista en Telecinco. Para González Pons, Costa no podía seguir en su cargo porque "muchos militantes no se veían representados", ante las noticias publicadas que le implican directamente con la trama corrupta.

El portavoz popular ha dejado la puerta abierta a que Costa vuelva a desempeñar sus funciones. "Todas las noticias están por confirmar. Lo normal es que al conocerse esas noticias tenga que poner su cargo a disposición del partido. Es normal que ceda temporalmente su puesto o ceda su puesto hasta que se aclare la situación", ha subrayado.

"Su responsabilidad política está cumplida. Costa puede volver a ser lo que él quiera con el paso del tiempo. No tiene ningún límite, no tiene ninguna sanción, el tiempo irá diciendo", ha insistido Pons. En esa línea, el nuevo portavoz del PP en Las Cortes Valencianas, Rafael Maluenda ha manifestado que "si las cosas salen bien", no tendrá "ningún inconveniente" en volver a ser portavoz adjunto para que Costa pueda asumir de nuevo la portavocía del grupo parlamentario.

Maluenda ha asegurado que su nombramiento ha sido una decisión del grupo parlamentario y que ha llegado al cargo "por la gentileza o la colaboración del propio" Costa de dejar sus funciones a disposición del PP mientras se le investiga. "Estoy convencido de que el tiempo demostrará las realidades y cada uno estará en su sitio", ha aseverado Maluenda, quien desconoce cuál será la duración de su mandato, aunque en principio, ha dicho, la "renuncia" de Costa es hasta que "finalice la investigación".

Sobre la exigencia primera de Costa, antes de que se impusiera la orden de destituirle desde Génova, de crear una comisión de investigación para ceder en sus funciones, Pons ha negado que vaya a abrirse. "No vamos a hacer una investigación interna. Costa ha pedido comparecer ante el Comité de Derechos y Garantías. Pero Costa es honrado", según el portavoz popular, que ha insistido en que la razón del cese es que "los militantes están alarmados por lo que sale en los periódicos y piden responsabilidades". Pons se ha remontado a situaciones pasadas del Gobierno del PSOE para hacer un paralelismo con el cese de Costa: "Es normal que el secretario general asuma responsabilidades. Antonio Asunción no tenía las llaves de la celda de Roldán pero tuvo que asumir la dimisión cuando era ministro del Interior".

El presidente fundador y senador del PP, Manuel Fraga, ha alabado hoy la figura de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de quien dijo que es "extraordinaria y por encima de toda sospecha" mientras que ha añadido que "no diría lo mismo" del presidente de la Generalitat Valenciana y del partido en la región, Francisco Camps.

Camps ha respondido a Fraga en unas declaraciones previas a un acto institucional y ha expresado su afecto "muy especial" por el dirigente popular y ha recordado que "hace muy poco tiempo le prologué un libro sobre su biografía y por tanto, respeto, cariño y admiración, por quien puso en marcha este proyecto político que ha gobernado España durante ocho años y que va a volver a gobernar a España con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno".

Acerca de si con el cese del ex secretario general del PP en Valencia, Ricardo Costa, se ha parado el golpe, Fraga ha planteado que él espera que sí. "En todo caso allí hay una reserva extraordinaria. Estoy pensando ahora mismo en la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que es extraordinaria y por encima de toda sospecha", ha indicado en una entrevista en la Cope. Preguntado sobre si diría lo mismo sobre Barberá que acerca de Camps, ha respondido que "no diría lo mismo".

Asimismo, ha asegurado que un político debe tener una "moral indestructible", con "convicciones éticas muy profundas y la capacidad de ejercerlas" para sentenciar que "probablemente" a Camps le haya faltado moral "en uno de esos sentidos".

Fraga siempre se ha mostrado muy crítico con la actuación de su partido en todo lo relacionado con la trama Gürtel, sobre todo en Valencia. El pasado día 5, por ejemplo, el presidente fundador fue la única voz crítica en un Comité Ejecutivo marcado por el escándalo de corrupción que afecta al partido y ya fuera de la reunión afirmó: "No da la sensación de que este asunto vaya muy bien, para además apuntar que las encuestas colocan a Zapatero por encima de Rajoy en popularidad.

Él mismo se ha visto salpicado por el Caso Gürtel. Uno de los cabecillas de la trama, Pablo Crespo, que fue secretario de Organización del PP gallego durante parte del mandato de Fraga, apuntó en una conversación con su abogado a irregularidades en las cuentas del partido.

Fraga reconoció implícitamente que algo hubo cuando declaró: "En cuanto supe algo, cesé inmediatamente a Pablo Crespo".

En otra entrevista, publicada por La Voz de Galicia, Fraga asegura en relación al asunto Crespo que "no me enteré de lo que tenía que haberme enterado". Eso sí, ha reiterado que cuando se enteró "se acabó el asunto. Lo mandamos al diablo".

No obstante, hoy el veterano político ha querido defender a su partido y ha asegurado que "para sacudir los cimientos del PP hacen falta más cosas" aunque ha reconocido que "es evidente que se ha intentado y nunca habíamos dado motivos para ello".

Fraga ha asegurado que detrás de todo esto hay "intencionalidad política" y ha estimado "evidente" que se busque perjudicar a un partido, que ha crecido "de forma extraordinaria" y que está "arrasando en las encuestas".

También ha precisado que "en este momento hay partidos que pueden jugar con los medios del Estado y presionar desde ellos" y, en el otro lado, hay "personas que se limitan a recibir los golpes, pero los estamos recibiendo bastante deportivamente".

Fraga ha dicho que hubiera preferido que casos como este no hubieran ocurrido si bien ha señalado que "cuando los partidos crecen, y el PP lo ha hecho de forma extraordinaria" es fácil que "alguien se cuele y es imposible no reconocerlo".

Preguntado por las declaraciones de Fraga, el nuevo portavoz del PP valenciano, Rafael Maluenda, ha manifestado su "máximo respeto" por el presidente fundador del partido, pero ha defendido que el PP y el Gobierno de la Generalitat están "muy bien dirigidos y presididos" por Camps.

El pleno de las Cortes Valencianas continúa hoy con la ausencia de Costa y de Camps. Según fuentes populares, Costa se encuentra descansando y probablemente sí estará presente en el próximo pleno de la semana que viene. El grupo parlamentario popular en la Junta de Portavoces del pasado 7 de octubre excluyó la sesión de control a Camps, y al resto de conseljeros, del orden del día del pleno de esta semana.

Por otro lado, el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, ha defendido hoy que en los temas de corrupción "hay que ser inflexible" y si "uno comete un error se le manda a casa y si comete un robo hay que mandarle una temporada a la sombra", sea cual sea el partido en el que milite.

Además, León de la Riva ha asegurado "que se ha tardado mucho en tomar decisiones y todo lo que sea alargar estos temas nunca es bueno, se enquistan y van a peor".

El regidor ha concluido: "Costa dice que ha sido la cabeza de turco, puede haberlo sido, yo no digo que no, pero las cosas había que haberlas resuelto antes".

EL PRESIDENTE DEL PP DE ALICANTE CREE QUE LAS RESPONSABILIDADES "NO" SE ACABAN EN COSTA

El presidente del PP en la provincia de Alicante, José Joaquín Ripoll, cree que las responsabilidades por el caso Gürtel "no" se acaban con el cese del secretario general del partido en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, y ha puesto como ejemplo al PP de Madrid, donde se ha actuado "con más contundencia".

Al ser preguntado sobre si las responsabilidades se acaban en Costa, ha sostenido que "creo que no" y, tras evitar profundizar en el asunto, ha aclarado que se trata de una opinión "personal" y que no desea "entrar en confrontación con el resto de compañeros de partido". Ripio ha añadido que no cree que sea "la solución definitiva".

En todo caso, Ripoll ha comentado que en la Comunidad de Madrid "se ha podido aislar más el problema" porque se ha actuado "con más contundencia" mientras que en la Comunitat Valenciana se ha hecho de forma menos firme y con "problemas para explicar lo que estamos haciendo".

"Incluso en el propio Comité Ejecutivo Regional era mayoritario que no era el único culpable o que no era el culpable", ha comentado en rueda de prensa para presentar un manual contra la drogadicción, en su calidad de presidente de la Diputación.

Sobre el sustituto de Ricardo Costa, Ripoll ha querido "precisar que César Augusto Asencio no es secretario general" sino que "se le ha nombrado otra cosa" ya que, en una decisión "provisional" de Francisco Camps, "pretende hacer las funciones de coordinador y sustituto hasta que se nombre secretario general".

Hay quien define la situación de forma muy gráfica. "Es como cuando te ponen los cuernos... Tú puedes perdonar, pero no olvidas. Y a Mariano Rajoy no se le olvida nada", cuentan quienes le conocen. En la campaña de las europeas, Rajoy se presentó en la Plaza de Toros de Valencia para demostrar su lealtad a Francisco Camps. "Siempre estaré a tu lado, delante o detrás", dijo respaldándole ante el caso Gürtel. Cuatro meses más tarde, ha sometido a Camps y la relación es más que tensa.

La grieta entre el PP nacional y el valenciano se ensancha día a día. Y más desde que ayer Rajoy decidió dar, por una vez, un puñetazo encima de la mesa e imponer al presidente de la Generalitat el cese de su mano derecha, Ricardo Costa. El líder conservador no lo quería ver ni como secretario general ni como portavoz en las Cortes autonómicas, y menos después del ridículo que había hecho el día anterior su partido con un cruce de comunicados sin precedentes, en el que la dirección nacional daba por destituido a Costa de todos sus cargos y la valenciana desmentía esa versión.

María Dolores de Cospedal fue la encargada de transmitir el enfado de la cúpula. La secretaria general dijo a primera hora de la mañana en la Cope que si Costa se sentaba en su escaño parlamentario y se "encastillaba", se pondrían de inmediato en marcha "unos procedimientos disciplinarios". El coordinador de Presidencia del PP, Jorge Moragas, advertía que "mantener un pulso" con Rajoy era "físicamente imposible" para un secretario regional. Según algunos dirigentes del PP, ya para entonces Rajoy le habría dado a Camps un ultimátum: si Costa seguía resistiéndose, él se encargaría de suspenderle de militancia.

En el PP creen que los acontecimientos de los últimos días han deteriorado "bastante" la amistad entre Rajoy y Camps. Algunos colaboradores dicen que su jefe de filas ha asistido a todo este "espectáculo chulesco" entre "atónito" y "decepcionado". Varios asistentes a la la reunión del Comité Ejecutivo valenciano del martes confirmaron a la dirección del PP nacional que Camps "les engañó claramente", cuando les dijo que había pedido a Costa que abandonara.

Así que a Rajoy le quedaban dos opciones: "O cargarse a Camps o desautorizarlo haciendo realidad lo que no había ocurrido". "Optó por los hechos consumados", explican. Para quienes observan la situación desde fuera está claro que el presidente del PP "sabe ahora muy bien hasta dónde se puede fiar de Camps". Y creen que es una señal que ahora la dirección hable "a menudo" con los presidentes provinciales, cuando antes "todo" lo trataba con Camps.

A pesar de todo lo ocurrido, los que rodean a Rajoy tratan de apaciguar este desencuentro. Hay quien recuerda que el jefe de la oposición le debe mucho al presidente de la Generalitat por su apoyo tras la derrota en las generales de 2008. Y también quien incide en que dada la falta de conexión con Madrid, Rajoy no se puede permitir el lujo de perder el respaldo valenciano.

En las filas conservadoras se vivía ayer todo con preocupación. Había quien calificaba lo acontecido de "veneno" para el futuro del partido y quien se quejaba de que se había actuado "tarde". Con la cabeza de Costa sobre la mesa, algunos se daban por satisfechos, pero otros reconocían que "el problema" no estaba "resuelto".

Creen que ahora el tiro se desvía directamente hacia Camps, quien ya no tiene ningún " blindaje" y está "en manos de Costa". Varios diputados creen que "los hermanos Costa se vengarán". Piensan que, como ahora Ricardo ha perdido su poder en la Comunidad Valenciana y Juan se mantiene en un segundo plano desde que rivalizó con Rajoy por la Presidencia del partido, ya "no tienen nada que perder". Pero desde su círculo dicen que no es "el estilo" de ninguno de los dos. Y que Costa, a pesar de estar "realmente dolido emocionalmente", sólo piensa en descansar y ver qué hace con su vida.

Por lo visto, no le aguarda ningún futuro dentro del PP. Cospedal se mostró ayer tajante. Mientras los suyos seguían confiando en que fuese una salida "temporal", ella decía que veía "imposible" que Costa fuese restituido en sus cargos y le recriminó que hubiese utilizado "los medios de comunicación en contra de los intereses del partido".

En la cúpula del PP creen que es importante adoptar decisiones ejemplares ante asuntos "éticamente inadmisibles". Pero algunos opinan que es igual de reprobable la conversación en la que Camps llamaba a Álvaro Pérez, El Bigotes, "amiguito del alma" y no se hizo nada.

Ahora todos los ojos están puestos en Camps y dentro del partido no se descarta que le impute el Supremo o nuevas filtraciones que le pongan contra las cuerdas. Se duda de que llegue vivo a las elecciones de 2011. Si las cosas se tuercen, el PPCV piensa en Gerardo Camps como recambio. El PP nacional, en Rita Barberá, alcaldesa de Valencia.

En la formación regional están nerviosos y muchos temen una "descomposición". Y los zaplanistas mueven ficha. Uno de sus representantes, José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, pidió ayer un gabinete de crisis porque con el caso Gürtel su partido tiene "un problema" y cuanto más tarde en resolverlo "más grande será".

En plena campaña de las europeas, Mariano Rajoy muestra su respaldo a Francisco Camps. “Creo en ti, en lo que haces, te he visto actuar muchas veces, la inmensa mayoría de los españoles creen en ti… Y yo siempre estaré detrás de ti, delante o al lado, me es igual. Pero quiero que lo oigan todos”.

Tras la victoria de las europeas, Rajoy vuelve a Valencia para agradecer el apoyo popular. “Gracias por estar aquí. Esto yo no lo voy a olvidar”, señaló emotivo. Francisco Camps, crecido por el resultado, describió el 7-J como el “desembarco de Normandía” que precederá la toma de la Moncloa. Rajoy acusa al PSOE de actuar “con crueldad infinita”. Camps le da las gracias: “La amistad es inmutable al tiempo, a la distancia y a las circunstancias”.

CAMPS CLAUDICA ANTE RAJOY AL SACRIFICAR A COSTA Y SIEMBRA EL DESCONCIERTO EN EL PP VALENCIANO

La fiesta -o vodevil político- acabó ayer finalmente minutos después de las 10 de la mañana. El líder nacional del PP, Mariano Rajoy, sometió al presidente de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, y lo forzó a destituir a Ricardo Costa como secretario regional y portavoz en las Corts, después de que el día anterior los populares valencianos mantuvieran en el puesto al hombre de confianza de Camps (supeditando el cese temporal a que Madrid le abriera una investigación), en contra de las directrices de Rajoy. No sólo eso, sino que se designó al vicesecretario de Política Autonómica, César Augusto Asencio, para ocupar la secretaría general -cuando según el PPCV el cargo debía quedar vacante- y al portavoz adjunto Rafael Maluenda como síndic en las Corts, aunque el día anterior el partido de Camps había dicho -frente a Génova- que el cargo en la Cámara no estaba afectado. Costa acudió al Parlamento con intención de presidir la reunión del grupo y sentarse en su escaño de portavoz. Una imagen de rebeldía hacia Génova que habría dejado tocada para siempre la credibilidad de Rajoy.

Ahora bien, la imposición de Génova no le sale gratis a Rajoy, cuya relación con Camps, una aliado interno clave, puede verse seriamente afectada. El más perjudicado es el presidente valenciano, que queda muy debilitado puertas adentro, con medio partido indignado con él al entender que ha engañado a todos. Dirigentes, consellers y diputados exteriorizaron ayer su malestar con Camps.
A las 8 de la mañana, la secretaria nacional, María Dolores de Cospedal, advertía que si Costa acudía a las Corts para ejercer la portavocía, lo expulsaría. Media hora después, Maluenda insistía en que el martes no se acordó ningún cese, que en todo caso no afectaba a Costa como portavoz y que, de haber abierto Génova la investigación a la que condicionaba el "número dos" su renuncia temporal, ésta tendría que "comunicarse".

A las 10 de la mañana, media hora antes del inicio previsto del pleno, los diputados acudían a la reunión de grupo. Veinticinco minutos después los avisaron para que fueran al grupo. Allí ya estaba Camps. Había llegado a las 10:05. Tres minutos después se presentaba Costa. "Presidente, ¿no habíamos quedado ayer como habíamos quedado?", aseguraban ayer fuentes del PP que le inquirió Costa al recibir la noticia. "Ayer era ayer y hoy es hoy", dicen que le contestó Camps.

La noche anterior, el mismo Rajoy había conminado al presidente -tras el espectáculo de los comunicados de Génova y de la Secretaría Regional del PPCV contradiciéndose sobre el cese del "número" dos- a destituir a su mano derecha. Según varios dirigentes, casi se podían oír los gritos de Rajoy por el móvil de Federico Trillo. "O lo destituís vosotros o lo destituyo yo aquí", avisó el líder nacional. Algunas fuentes incluso apuntaban que, si no apartaba a Costa, el problema lo tendría el propio Camps.

Sin embargo, ayer por la mañana Costa no sabía nada de esto. Cuando los consellers y diputados llegaron al grupo, los condujeron al despacho del portavoz. El "número" dos no estaba presente. En unos 20 metros se apretujó el medio centenar de autoridades, incluida la jefa de gabinete de Camps, Ana Michavila. Camps pidió que llamaran al portavoz. Costa entró, cabizbajo, con semblante muy sombrío. El presidente le tendió la mano. Éste se la dio pero apartando la mirada con un gesto de desagrado.

El jefe del Consell comunicó a todos que Maluenda sería el portavoz. Entonces Costa se derrumbó y rompió a llorar. "A ver si terminamos con esta pesadilla", animó Camps. El jefe del Consell invitó a los presentes a tomar la palabra tras las críticas del día anterior en la ejecutiva -"me critican porque dicen que no dejo hablar...", apuntó-, ante lo que Costa, sin dejar de llorar, saltó: "¡Ya está bien, presidente!", para que cesara el tormento. Yolanda García, la tesorera, le dio un abrazo a Costa. Otros diputados se despidieron del ex "número" dos. Varios asistentes calificaron la escena de "humillante".

Momentos después, diputados y consellers salían de las dependencias del grupo con cara de funeral para asistir al pleno. A las 11:05, un Camps con una sonrisa de oreja a oreja abandonaba la Cámara valenciana por la puerta que da al llamado "patio de la Olivera", por la parte de atrás del edificio, envuelto en una nube de periodistas. Sin dejar de andar, Camps ofreció una versión de la reunión de la ejecutiva que no fue la que el día anterior explicó Costa., "Como ya se acordó ayer [por el martes], el PP ha tomado las decisiones en relación a lo que se propuso por unanimidad" sobre Ricardo Costa. No admitió ninguna pregunta.

Costa salió media hora después. Dejó claro a los periodistas que quiere que reluzca su "honradez" y que lo suyo "no es una cuestión de aferrarme a ningún cargo ni a ninguna posición", por lo que había aceptado la propuesta de Camps de apartarle también de su cargo como portavoz en las Corts hasta que concluya la investigación de Génova. Sin embargo, a la luz de las declaraciones de Cospedal, reprobatorias de su conducta, la sentencia está dictada y hoy Costa es ya un cadáver político. Hasta el lunes estará "ilocalizable".

El pleno arrancó con retraso a las 10.55 horas, con el sillón de Costa vacío y con Rafael Maluenda como portavoz y el también portavoz adjunto Asencio en su escaño. El nuevo síndic ganó un puesto al intercambiar su sitio con el secretario, David Serra. La silla de portavoz de Costa se le guardará aunque quede como diputado raso. Maluenda no habló ante los periodistas. Sí lo hizo Asencio para apuntar que su responsabilidad es "provisional", hasta que se resuelva el expediente de Costa, cuyo retorno al cargo es "la situación de normalidad". La elección de Asencio se justificó por los estatutos pero algunas fuentes cuestionaron que, al no ser de los 22 vocales de la ejecutiva que eligió el congreso, no podía ser designado.

La indignación de los diputados era palpable. El alcalde de Castelló, Alberto Fabra, trasladó en privado a sus compañeros su indignación. La noche del martes se había empleado a fondo para mediar en busca de una solución. "Para acabar así, se tenía que haber hecho antes" y no prolongar la crisis cinco días o no resolverla ayer mismo, pusieron en su boca varios dirigentes. "Si no tienes la información, no puedes valorar la situación; el problema es que no sabíamos". "Esto no puede ser. Antes somos personas". Las frases contienen reproches implícitos a Camps. Otros diputados censuraban que el líder tomó las decisiones sin consensuarlas con los barones provinciales, Joaquín Ripoll (Alicante), Carlos Fabra (Castelló) y Alfonso Rus (Valencia).

Ripoll criticó abiertamente a Camps y lo acusó de no afrontar el problema con firmeza. Carlos Fabra, en cambio, contradijo a Cospedal y desveló que en una conversación con Camps, lo ha visto "afectado porque piensa que, a veces, pagan justos por pecadores, pero Ricardo Costa en un gran valor del partido y no lo vamos a dejar de lado". Rita Barberá, aunque apoyó a Camps, reconoció su preocupación y pidió "recuperar el orgullo" de ser militante del PP. Responsables del PP conjeturaban sobre las consecuencias a medio y largo plazo del desenlace. Así, piensan que los zaplanistas podrían aprovechar la debilidad de Camps para aliarse con los Costa y Carlos Fabra, ubicándose en una posición crítica a Camps y, en un futuro, a Rajoy. "La única ganadora de todo esto es Esperanza Aguirre", sentenciaban.

A las diez de la mañana, ante la puerta principal de las Corts, un grupo de ecologistas, disfrazados de pájaro, teatralizaba la muerte de las aves mediante el "parany" (un método de caza basado en la trampa, el engaño), mientras varias decenas de personas los increpaban. Todo un augurio. Los periodistas aguardaban a Costa y a Camps, pero éstos -otro ardid- accedieron al edificio por una calle cerrada por las obras.

A esa hora, en la Sala Vinatea se concentraban diputados y consellers, a la espera de Costa. "Estamos en rebeldía ante Génova", confesaban varios parlamentarios, pensando que el ex "número" dos iba a ocupar su puesto de portavoz. No fue así. Costa ya estaba en el grupo recibiendo de Camps el certificado de defunción política. A las 10 y 25 minutos, los diputados abandonaron la Sala. "¡Al grupo, que vayamos al grupo!", decían, en referencia a los despachos del PP en el Palacio de Trénor, que está conectado con el de las Corts. En fila india, diputados y miembros del Consell peregrinaron, ante la mirada atónita de los periodistas, hacia el grupo.

Al llegar al pasillo de acceso al Palacio de Trénor, el personal del grupo popular impidió el acceso a los periodistas, con el argumento de que todos no cabrían en las dependencias del PP. La presidenta, Milagrosa Martínez, se cruzó con el portavoz socialista, Ángel Luna, al que explicó que el pleno se retrasaría. ¿Cuánto? "Un café". Eran ya las 10:30 horas, hora prevista de inicio. La sesión no se iniciaría hasta las 10:55. En la reunión, Costa rompió a llorar al oír de Camps el relevo. No dejó de hacerlo durante la breve reunión. Y eso que el presidente todavía le "vendía", contra toda evidencia, que el cese es "temporal".

A la salida de las Corts, el jefe del Consell habló a los periodistas sin dejar de caminar hacia el coche oficial. "Ahora, a seguir con nuestra tarea al servicio de los valencianos", dijo. Ante las preguntas, respondió: "Son ustedes muy amables y muy agradables, gracias", y se metió en el vehículo. Un diputado del PP aún sacaba fuerzas para una amarga ironía: "Íbamos a debatir sobre el 'parany' -una propuesta firmada, curiosamente, por Costa- y, qué cosas, el primer 'pardalet' que cae es él. C

El de ayer fue un día de los que marcarán a Rajoy y el paradigma de su peculiar impronta política: diletante en el manejo de los tiempos, impermeable en la enigmática resolución de los problemas y virulento -especialmente esta vez- en su desenlace.

Un desenlace, el del relevo de Ricardo Costa en la Secretaría General del partido en la Comunidad Valenciana y en la portavocía del Grupo Popular en las Cortes regionales, con el que el presidente del PP veía restaurada su autoridad, pero por el que su formación pagaba un elevado precio político: el de pasar por alto la inexistente resolución del Comité Ejecutivo regional, preceptiva según los Estatutos.

Rajoy renunció así a la alternativa -abortada el pasado viernes- de abrir a Costa un expediente disciplinario desde Génova -lo que le habría supuesto dar explicaciones sobre el relevo- y optó por avalar la versión de Camps de que destituía a Costa en cumplimiento del acuerdo del Comité Ejecutivo.

Y es que, al cabo de dos semanas de sordo forcejeo con el barón valenciano para que hiciera dimitir a Costa; al cabo de unas horas de infarto, anteanoche, en las que la inacción de Camps comprometió públicamente su autoridad en todo el partido, el presidente del PP optó por imponerse y forzar directamente la destitución del secretario general valenciano.

Lo hizo la misma noche en que Ricardo Costa anunciaba que seguía siendo secretario general y portavoz parlamentario. Primero, con una nota en el que le dio por destituido en los dos cargos, apoyándose en lo que el propio Camps le había «comunicado», y contradiciendo lo que el partido en la Comunidad Valenciana esgrimía en su correspondiente nota: que Costa seguía siendo portavoz popular en las Cortes.

Lo hizo, aún más, a través de su número dos, María Dolores de Cospedal, a la que envió primero a Telemadrid, y al día siguiente a la Cope, para, en el primer caso, afirmar «tajantemente» que Costa «ha sido destituido de todas sus funciones»; y advertir, ya de manera explícita ayer, de sanciones disciplinarias si aquél ejercía esa mañana de portavoz.

No había hablado aún De Cospedal con Camps en la mañana de ayer cuando lanzó su reto a micrófono abierto: «En el partido hay unos procedimientos disciplinarios que se aplicarían inmediatamente».

La advertencia de De Cospedal surtió pleno efecto, no tanto en Costa -que ayer insistió en negar que él se «aferre» a ningún cargo-, como en un Camps que, según fuentes de la dirección nacional, ayer se encontraba «abatido» por una situación que él juzgaba «inmerecida» y que se le había ido de las manos.

Pero también a Génova se le había ido de las manos la gestión de la crisis. Y es que, una vez cobrada la pieza -el propio Costa- Rajoy se empeñó en disimular el tiro. Volviendo a encogerse de hombros, como hacía cuando exhortaba públicamente a Camps a actuar -sin concretar las medidas- frente a las revelaciones del caso Gürtel, el presidente del PP impuso también ayer el mensaje de que fue Camps quien gestionó el cese y que Génova sólo había tomado buena nota.

Así, el argumento oficial, ayer, fue que con la destitución de Costa en los dos cargos no hacía sino cumplirse el acuerdo del Comité Ejecutivo regional de la víspera, tal como lo había remitido su presidente. Y ésas fueron también ayer las palabras del propio Camps, pese a los desmentidos de los presidentes provinciales y de una tribu de participantes que lo tildaban de mentiroso, vislumbrando con ello su debilidad interna.

Oficiosamente, sin embargo, se interpretaba el empeño argumental de Rajoy en la necesidad -tras haberle puesto en evidencia- de salvar la cara a Camps en su peor momento. Se trataba de cumplir la exigencia del artículo 41.1 J) de los Estatutos, por el que compete al presidente del partido (nacional o regional) «proponer al Comité Ejecutivo el relevo de los cargos y funciones de cualquiera de los miembros, así como su sustitución de entre los miembros de dicho comité».

Lo cierto, según las fuentes consultadas, es que Génova disponía de otro instrumento para destituir directamente a Costa, a través del Comité Nacional de Derechos y Garantías, al que el artículo 49 de los citados Estatutos le confiere «competencia irrenunciable e indelegable sobre todos los afiliados» y «exclusiva, sobre los que pertenezcan [como Costa] a cualquier órgano nacional del partido».

De hecho, ésta era la decisión que Cospedal y el presidente del comité habían concretado respecto de Costa, el pasado viernes, en Génova. Pese a que oficialmente se negó tal reunión, las fuentes consultadas aseguran que el acuerdo, finalmente postergado por Camps a la reunión del martes siguiente, adelantaba una posible falta muy grave del secretario general de entre las contempladas en el artículo 11 de los Estatutos.

Pero, confirmado por completo el relevo a través del pretendido acuerdo del Comité Ejecutivo regional, Génova ya no sólo descarta abrir expediente a Costa, sino que el Comité de Garantías sólo le llamará para «escucharle». Las fuentes consultadas basan el relevo en sus «inapropiadas» conversaciones telefónicas reveladas por el sumario, y también en los mensajes indirectamente lanzados a los medios de comunicación contra otros dirigentes, como Vicente Rambla. Pero Génova descarta, de momento, dar públicas explicaciones.

>Artículo 41.1.J de los Estatutos. Compete al presidente del partido «proponer al Comité Ejecutivo el relevo de los cargos y funciones de cualquiera de los miembros de dicho comité».

>Artículo 49. 1. «El Comité Nacional de Derechos y Garantías tiene competencia genérica sobre todos los afiliados sin exclusión alguna, y exclusiva sobre aquellos que ostenten condición de diputados del Congreso, Senado, Parlamento Europeo, o pertenezcan a cualquier órgano nacional del partido». «Su competencia es irrenunciable e indelegable, y la podrá recabar en cualquier momento por circunstancias especiales que así se consideren».

Los detalles del ajusticiamiento político de Ricardo Costa dan buena prueba de cómo Gürtel está perturbando al PP valenciano, sus relaciones con Génova, la actividad de instituciones principales como el Parlamento autonómico y el equilibrio de poderes sobre el que Camps ha apuntalado su liderazgo.

Lo de menos es que la atención de los periodistas se trasladara ayer del hemiciclo a los pasillos de las Cortes Valencianas a causa del sorpresivo cese de Costa, o que el Pleno comenzara con media hora de retraso porque el PP estaba parcheando sus problemas con la «suspensión temporal» de su portavoz parlamentario y secretario general, y la designación digital de los diputados Rafael Maluenda y César Augusto Asencio como sustitutos.

Lo significativo fue el estado de conmoción que se apoderó de los populares por el modo irregular en que el presidente de la Generalitat llevó a cabo la defenestración de quien ha sido su principal cortafuego desde que «todo el lío éste» -que dice Camps- le estalló al PP en las narices hace siete meses.

«Tristeza», «bochorno», «indignación» y «vergüenza» fueron las palabras más repetidas ayer en los corrillos populares; palabras que unieron bajo un mismo palio de frustración y rabia a fabristas, ripollistas y no pocos campsistas.

En primer lugar, porque nadie se lo esperaba. Ni el propio Costa, que se hundió tras conocer su destitución, ni sus obligados sustitutos, ni más de un conseller, ni acaso el propio Camps; aunque éste es un extremo -el grado de inocencia o «culpa» del presidente- sobre el que algunos diputados discrepaban.

Cabe reparar en que minutos antes de ser nombrado nuevo portavoz del grupo, Maluenda insistía en que el Comité Ejecutivo regional -«elegido en un congreso y órgano soberano», recordó- había ratificado la confianza en Costa.

En cualquier caso, si el modo en que la dirección regional había gestionado su pulso con Rajoy -mediante una Ejecutiva precocinada en la que sólo pudieron hablar Camps y Costa- molestó a los barones provinciales, la forma en que Camps-Génova forzaron su salida unas horas más tarde no ha hecho más que aumentar varios grados ese malestar generalizado.

Camps cruzó el zaguán trasero de las Cortes hacia las 10.00 horas y minutos más tarde lo hizo Ricardo Costa. Tras un encuentro brevísimo entre ambos, convocaron a los diputados para la reunión de grupo en el despacho de Costa, en lugar de en la sala donde suelen celebrar estas reuniones, más amplia y vulnerable a los informadores. Seguidos por una nube de periodistas, y tras un paseo por la Cámara que algunos diputados calificaron de «humillante», sus señorías del PP se agolparon como pudieron en el despacho del aún portavoz, donde les aguardaba el presidente en solitario. Costa se había ausentado mientras iban llegando sus compañeros. El propio Camps salió del despacho y volvió con él. Según varios testigos, «el aire se podía cortar con un cuchillo».

En una breve intervención, Camps dijo que aquello era «muy duro y muy triste», pero que el portavoz iba a ser sustituido «temporalmente». En ese momento, Ricardo Costa rompió a llorar y el presidente ratificó su confianza en él, diciendo que le debía en buena medida «haber llegado a presidente». No obstante, presentó su sustitución como una «continuación» de la resolución adoptada la víspera por la dirección regional y animó a los diputados a hablar, «que luego dicen que no dejo».

Nadie se atrevió a mover los labios, a excepción del propio Costa: «Ya vale, presidente, ya vale». Casi todos los diputados se acercaron a abrazar y consolar a su compañero antes de iniciar un «durísimo regreso» al hemiciclo. Media hora más tarde, mientras los periodistas aguardaban a los protagonistas del día en la puerta de salida, los diputados del PP se enteraban de que Asencio ocuparía «las funciones de coordinación» propias del secretario general. Muchos conocieron el relevo después que los periodistas, lo que abundó en su impotencia.

Al salir, Camps insistió en ahormar la resolución del Comité Ejecutivo Regional de la víspera -que garantizaba la continuidad de Costa- a su cese sumarial de ayer: «Ya está», dijo. «Como ya se acordó ayer, el Partido Popular ha tomado las decisiones en relación a lo que se propuso por unanimidad». Costa se despidió subrayando que su gestión ha sido «correcta». «No es una cuestión de aferrarme a ningún cargo ni a ninguna posición», concluyó. Sus compañeros de escaño regurgitaron la rabia y la impotencia en los pasillos de las Cortes junto a los periodistas. «Ya está», repetían.

El poder omnímodo de Francisco Camps se resquebraja. Las grietas son visibles desde hace meses, pero todos los referentes del PP en la Comunidad Valenciana -fieles a su disciplina presidencialista- decidieron ocultarlas. El caso Gürtel dolía, pero se sobrellevaba sin analgésicos. Ahora no hay terapia suficiente para tapar el déficit de confianza en el presidente de la Generalitat.

El Comité Ejecutivo Regional del martes y la reunión de ayer con Ricardo Costa, que culminó con su defenestración, ponen en evidencia como nunca que Camps no es un mito. Ni para Génova ni para el PP valenciano. Sus decisiones son, por primera vez, contestadas en su núcleo duro, e incluso los críticos con Ricardo Costa -quienes piensan que debería haber dimitido el primer día que su nombre se mezcló con Gürtel- opinan que Camps lo ha sometido a un calvario político innecesario.

Ayer, en los pasillos de las Cortes Valencianas, los diputados que asistieron a la guillotina de Costa en su propio despacho comentaban la incongruencia de apoyarlo sólo un día antes y liquidarlo a la mañana siguiente. De hecho, para muchos Camps «lo engañó» y también a Carlos Fabra, el único barón que ha apoyado públicamente al ex secretario general y quien medió para dar una salida a su, en principio, «cese temporal». Además, hay unanimidad interna en que todas las decisiones adoptadas han sido «erróneas».

Por eso, en Castellón cayó como una bomba la rotura del pacto tácito entre Camps y Costa, que se ha saldado con su destitución. Fabra lamentó públicamente que «paguen justos por pecadores» y manifestó que «Costa es un gran valor del partido y no lo vamos a dejar de lado». Con sus palabras, el presidente provincial desafiaba a la secretaria general, María Dolores de Cospedal, que por la mañana había indicado que la vuelta de Costa a la Ejecutiva del PP de la Comunidad Valenciana es «imposible». Para Fabra, en cambio, la vuelta del joven político es factible porque «es un valor muy importante para el partido».

El dirigente castellonense, según fuentes del PP, se siente traicionado por Camps y, al parecer, mantiene contactos con el presidente alicantino, José Joaquín Ripoll, para sellar una alianza común. De consolidarse, configurarían un contrapoder muy incómodo para el presidente de los populares valencianos.

De momento, ante la tempestad, los acólitos al líder del PP en la provincia de Valencia, Alfonso Rus, prefieren no mojarse. El mandatario territorial se mantiene «fiel» a Camps, aunque su equipo duda que esa lealtad pueda ser eterna. De momento, Rus ha optado por callar y fue el único de los tres mandatarios provinciales que ayer no alzó la voz pese a no encajar con una sonrisa lo sucedido en el Comité Ejecutivo Regional. El dirigente provincial creía, como muchos otros, que Costa iba a ser destituido. Camps no le llamó para informarle de lo contrario ni menos aún le convocó a la reunión que mantuvo con Carlos Fabra en el Palau de la Generalitat.

Con el encuentro en el Palau, el jefe del Consell esquivó el voto de castigo que iba a propinarle Castellón si finalmente planteaba la destitución de Ricardo Costa. Y para evitar esa votación, que habría evidenciado su debilidad, pactó con ellos a sabiendas de que Génova no avalaría ese acuerdo.

Pero en el apoyo de Fabra a Costa también hay mucho de ventajismo. El dirigente, acosado por varios procesos judiciales, podría estar preparándose para vivir una situación similar a la del ex secretario general. Hasta ahora, a Fabra le ha sido muy útil el blindaje de su poder territorial en Castellón, pero ya ni Camps tiene bula en Génova.

Sin embargo, el presidente sigue actuando como si nada sucediera. Cierra los ojos para no ver los recados de disgusto que le manda la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, evita convocar a los presidentes provinciales y mantiene que no hay ruptura con Rajoy.

Del relevo de Costa y el nombramiento de César Augusto Asencio -sin que se haya pronunciado el Comité Ejecutivo- se enteraron antes los medios que los barones del partido. Ninguno fue consultado a la hora de elegir al nuevo secretario general y al portavoz parlamentario, Rafael Maluenda (ambos de Alicante). Esta circunstancia ha aumentado el malestar de Rus y soliviantado a Ripoll. Asencio es uno de sus enemigos en su provincia, de los primeros campsistas, y Maluenda, un convertido. Le reclaman consenso pero responde con silencio. Para algunos, un síntoma más de que resiste, pero «muy tocado».

>Barberá, preocupada por la imagen. La alcaldesa de Valencia se mostró ayer preocupada por la imagen dada por el PP tras la destitución de Costa y pidió a los suyos un esfuerzo para recuperar el «orgullo» de militar en el partido. «No sé si hemos dado una buena imagen o no», lamentó Barberá, que reconoció que cuando uno está en política sabe que estas cosas pueden pasar.

>Fabra contradice a Cospedal . El hombre fuerte del PP en Castellón, la provincia de los Costa, contestó ayer a la 'número dos' del PP nacional, María Dolores de Cospedal, que «es posible» la restitución de Ricardo Costa en su cargo. El presidente provincial señaló que el joven político es un «gran valor del partido», por lo que aseguró que «no se le dejará de lado».

>La madre de Costa defiende su «honor». «No debían haber pedido su cese», aseveró la madre de Ricardo Costa, María Dolores Climent, a EL MUNDO. La que fuera concejal del PP en Castellón indicó que va a defender la «honorabilidad». «No estoy dispuesta a que se manche su imagen. Él organizaba lo que le pedían», aseveró.

>Ripoll dice que las cosas no funcionan. El presidente del PP de Alicante indicó que las cosas no funcionan. «Si uno ve las portadas de los periódicos, lo que sabe es que no sabe nada; incluso los que estuvimos en ese comité no tenemos muy claro lo que pasó», dijo. Ripoll fue contundente: «no se afrontan los problemas con determinación».

>Arenas aplaude a Camps. El vicesecretario de Política Municipal del PP, Javier Arenas, señaló ayer que el presidente de la Comunidad «ha resuelto bien un asunto complejo» al tiempo que apuntillaba que el jefe del 'Consell' cuenta con el total respaldo de la dirección nacional. «Lo importante», matizó, es que el asunto «se ha resuelto».

Las risas y los aplausos de Francisco Camps y Ricardo Costa en la noche del martes, cuando pensaban que habían sorteado las exigencias de Génova de afrontar con contundencia los escándalos del caso Gürtel, se tornaron ayer crispación y lágrimas. La dirección nacional del PP desplegó toda su contundencia para acabar con la confusión generada por el presidente valenciano y forzar la destitución fulminante del secretario regional del PP. Ricardo Costa se convierte así en la primera víctima del caso Gürtel del PP en la Comunidad Valenciana.

Además, la intervención de Génova para solucionar los enredos de Camps, coloca al presidente valenciano en la picota. Las críticas arreciaron ayer en público y en privado. Dirigentes valencianos y nacionales coincidían en el enfado por la gestión de la crisis. Camps, señalaban, ha llevado al partido a una situación absurda, casi ridícula. El futuro del líder valenciano, a quien pese a todo Mariano Rajoy, muy molesto con él, sigue apoyando, según fuentes marianistas, está en cuestión entre otras cosas porque los dirigentes consultados asumen que seguirá habiendo revelaciones del caso Gürtel y ahora las críticas irán directamente contra él, que ya no tiene el cortafuegos de Costa.

Si durante toda la noche del martes, el PP valenciano y Génova emitieron mensajes contradictorios acerca de la situación de Costa -implicado en la supuesta financiación irregular del partido-; en la mañana de ayer se cercenaron todas las dudas. "Es imposible que Costa vuelva a sus cargos", aseguró la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. "La dirección nacional del PP no va a permitir que un secretario general autonómico decida lo que esta dirección tiene que hacer", dijo Cospedal, que dejó claro que no estaba dispuesta a que el PP valenciano pusiese en jaque a Mariano Rajoy. Cospedal fue durísima con Costa, pero evitó apoyar expresamente a Camps. La número dos explicó al fin por qué han echado a Costa: por sus "relaciones poco recomendables". Pero esas relaciones eran con El Bigotes, "amiguito del alma" de Camps. Cospedal no respondió a la pregunta de si el presidente valenciano debería dimitir por los mismos motivos por los que se va Costa.

Acuciado por la dirección nacional del PP, Camps acudió ayer a primera hora de la mañana al despacho que Costa tiene en las Cortes Valencianas. Allí le comunicó que, so pena de que Génova lo expulsase de manera fulminante del PP, no tenía más remedio que destituirlo de todos sus cargos. Acto seguido, Camps hizo llamar al despacho a todos los diputados, que estaban convencidos de que Costa seguía siendo portavoz, y les comunicó su sustitución por la del adjunto Rafael Maluenda.

"Ya está, como se acordó el martes, el PP ha tomado las decisiones en relación con lo que propuso [el Comité Ejecutivo Regional] por unanimidad", explicó a la salida de la reunión Camps. Fue el último engaño del presidente valenciano, que en las últimas 48 horas ha contado a cada uno lo que quería oír.

"Ha engañado a todos. Al partido, a la dirección nacional, a los diputados, a los periodistas, y tal vez a sí mismo", sentencia un dirigente valenciano. El descubrimiento del engaño provocó la indignación de la dirección nacional. Cospedal, remachó: "Es imposible que Costa sea restituido en sus cargos". Aún así, Camps alimentó las esperanzas de Costa acerca de una destitución temporal. Una convicción que alentaron los sustitutos nombrados por Camps. El nuevo portavoz parlamentario, Rafael Maluenda se negó a ocupar el escaño de Costa, que quedó vacante. Y el nuevo secretario regional del PP, César Augusto Asencio, recalcó que sólo asumía de forma "temporal" las funciones.

La forma en la que Camps gestionó la destitución de Costa fue calificada de "sádica" por varios diputados autonómicos, que no ocultaban su malestar. Un sentimiento que corre paralelo a la indignación y que tiene abierto en canal al PP de la Comunidad Valenciana.

El presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, muñidor del acuerdo, se mostraba incrédulo con lo sucedido. Fabra argumentó que es "posible" la vuelta de Costa a la secretaría general. La indignación -y la sensación de ridículo- de varios cargos del PP castellonense por su papel en el conflicto era ayer evidente.

El zaplanista José Joaquín Ripoll, presidente provincial de Alicante, habló directamente de "engaño". Ripoll pidió la creación de "un gabinete de crisis" que tome las decisiones necesarias para reconducir la situación creada por Camps.

Otros destacados cargos, como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, también expresaron su malestar: "No sé si hemos dado la mejor imagen o no, pero ahora lo que me preocupa es recuperar, sin duda alguna, el orgullo de pertenecer al PP".

Francisco Camps ha echado un verdadero pulso a Abraham Lincoln, quien escribió aquel apotegma que ya es famoso en la politología: "Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo". Pero quizá le faltara agregar: "Salvo que se dejen". El presidente valenciano ha engañado a todos todo el tiempo hasta ahora.

Convocó al Comité Ejecutivo, máximo órgano del PP valenciano entre congresos, para el pasado martes y anticipó al respetable público, bajo presión intensa de los lugartenientes de Mariano Rajoy, que su número dos, Ricardo Costa, sería cesado.

Eran las seis y media en punto de la tarde, en el umbral mismo de la reunión del Comité Ejecutivo, cuando Camps y Costa llegaron finalmente a sellar un pacto. Camps le dijo que le parecía muy bien su idea, lanzada públicamente esa mañana, de que si Génova aceptaba formar una comisión para investigarle él dejaría temporalmente sus funciones, y también que apoyaba su permanencia como portavoz del partido en las Cortes.

Momentos antes de comenzar la reunión se esparció la orden de que nadie debía hacer uso de la palabra. Costa explicó su propuesta. Siguió Camps, quien dijo que apoyaba lo que proponía Costa y a renglón seguido hizo lo que uno de los participantes ha calificado como una "arenga", a favor de la unidad del partido contra la cacería que, según el presidente, se impulsa contra el PP valenciano. Cuando alguna gente levantó la mano como para votar se le dijo que no, que no se iba a votar, que aplaudieran ya que llegaban los medios de comunicación y era necesario exhibir el clima de unidad y felicidad.

En un texto cuya dudosa autoría se atribuye al escritor irlandés Jonathan Swift, El arte de la mentira política, se aborda, según evoca el profesor Jean-Jacques Courtine, la reflexión política de La República de Platón y de El príncipe de Maquiavelo: ¿Es necesario ocultar la verdad al pueblo por su propio bien, engañarle por su propia salud? Según el texto atribuido a Swift, "la mentira política es el arte de convencer al pueblo, el arte de hacerle creer falsedades saludables para un buen fin".

La falsedad saludable que Camps transmitió a su Comité Ejecutivo requería ahorrarse las huellas. Por esa razón no quiso que se votara ni que hubiera debate. Eso le permitía mentir a discreción. Pero, he aquí un problema: Camps vació de contenido la reunión. El Comité no resolvió nada porque nada fue sometido a su consideración.

Ayer Camps, al abordar la ejecución sumaria de Costa impuesta por Rajoy, dijo lo siguiente: "Cese en relación a lo que se propuso, por unanimidad. Cese en relación a lo que el partido decidió ayer". ¿Es que ninguno de las decenas de asistentes al Comité Ejecutivo va a levantar su voz para decir que se le hurtó el debate y que, por tanto, no pudo decidir lo que no se sometió a consideración? ¿Unanimidad cuando se pidió que nadie hiciera uso de la palabra y que debían limitarse a aplaudir ante los medios? Por orden e instrucción de Francisco Camps Stalin.

El cuartel general de Génova ha ejecutado sumariamente a Costa cuando el padrino de la operación Gürtel valenciana ha sido el hombre que ha logrado convertir aparentemente en papel mojado el apotegma de Lincoln. Ha conseguido engañar a todos todo el tiempoaunque no sea más que de momento. Tal vez porque se hayan dejado

Francisco Camps, según los que le conocen, es un hombre que vive en un plano muy distinto al de la realidad que aprecian los demás a simple vista. Tanto que es capaz de decir, y forzar a su siempre fiel Canal 9 a que le siga, que en la reunión en el parador de Alarcón con Mariano Rajoy la semana pasada sólo se habló de una dimisión: la de José Luis Rodríguez Zapatero.

La obsesión de Camps por difuminar la realidad hasta que coincida con sus deseos le ha llevado en la última semana, la más dura desde que lidera el PP valenciano, a engañar a todos, pero en especial a su número dos, Ricardo Costa, y a su presidente, Mariano Rajoy, en una huida hacia adelante que estalló definitivamente.

Todo arrancó el jueves pasado. Camps creía que podía dejar pasar los días sin más. Incluso le había asegurado a Costa, con el que hablaba hasta 10 veces diarias, que Rajoy nunca le pidió su cabeza. En su afán por crear ese mundo paralelo, Camps llegó a decirle a Costa: "Para tu tranquilidad: si te vas tú, me voy yo".

Pero el jueves todo se complicó. Mientras Rajoy seguía esperando a que su amigo Camps destituyera a Costa, y recibía críticas por su inacción, Esperanza Aguirre se adelantó. A media tarde expulsó del Grupo Popular a sus tres diputados imputados. Y Génova ardió. Rajoy quedaba de nuevo desairado por su gran rival.

La presión a Camps se hizo más intensa. Y éste llamó a Costa, de noche. Por primera vez pronunció la palabra "dimisión", pero ni siquiera se la pidió expresamente. Simplemente se lo dijo como reflexión. Costa contestó que no dimitiría, que no había hecho nada, que le cesaran si querían. Le contó a su jefe que estaba destrozado, que quería irse de puente. "Vete tranquilo", le dijo aquél.

El viernes, el presidente siguió engañando. A Génova -sede nacional del PP- le contó que ya había pedido la dimisión, a Costa que no se preocupara. Hasta que Rajoy ordenó un ultimátum. Génova amenazó con expulsar a Costa desde Madrid, y para evitar la humillación Camps le llamó a León, donde estaba ya de puente. "Yo no quiero, pero Génova me exige tu cese", le dijo. Y siguió llamando, una y otra vez, a Costa y a Rajoy para tratar de que nadie se enfadara con él, su gran obsesión.

Costa rechazó dimitir y Camps intentó ganar tiempo. No le cesó, como le pedía Génova. Convocó el martes una reunión para cesarle "temporalmente". "Estoy muy preocupado por ti", le decía una y otra vez por teléfono. A partir de ese momento, Camps se puso manos a la obra para evitar lo que más temía: una reunión del Comité Ejecutivo en la que se viera finalmente que el Rey está desnudo, que ya no controla el partido, que su amistad con Álvaro Pérez, El Bigotes, y su empeño en no dar ninguna explicación -siempre mandaba a Costa a darlas- habían machacado su imagen.

Camps pidió ayuda a Génova para controlar esa reunión -Dolores de Cospedal llamó a Carlos Fabra y al zaplanista José Joaquín Ripoll para pedirles calma- mientras pensaba en cómo contentar a Costa para evitar la ruptura. El martes, mientras su secretario general se defendía públicamente con un comunicado en el que recordaba que él llegó a la secretaría general cuando El Bigotes ya lo hacía todo en el PP -lo que apuntaba a Camps, que fue quien lo fichó-, el presidente volvía a llamarle para buscar un acuerdo y quedaba a comer con Fabra, el barón castellonense, imputado por varios delitos fiscales y de tráfico de influencias.

Camps quería a toda costa evitar una votación. Sabía que la destitución de Costa podría contar con los votos en contra de los dirigentes de Castellón, liderados por Fabra, y que los zaplanistas de Alicante le dirían: "Si Costa se va por sus relaciones con El Bigotes, ¿por qué no se va también Camps, que era su "amiguito del alma?" Fabra estableció las condiciones de Costa. No habría dimisión, como quería Costa, y no se votaría nada, como quería Camps, ni hablaría nadie. El presidente no le dijo a Fabra que Costa debería dejar de ser portavoz.

El truco funcionó. Pero sólo hasta que Rajoy se enteró. Camps le engañó. "Vamos a hacer un comunicado en el que le damos por cesado de los dos puestos", le dijo Rajoy. "Bueno", respondió Camps, ya fuera de juego. Costa redactó después un comunicado para desmentir a Génova, que supervisó Nuria Romeral, la jefa de prensa de Camps.

Era demasiado. El cruce de llamadas fue durísimo, ya de madrugada. Camps seguía intentando aplacar a Costa. Federico Trillo hizo un último intento. Llamó a Juan Costa, que estaba con su hermano. "Pídele que dimita". "Este entuerto lo ha provocado Camps, debe resolverlo él", sentenció el ex ministro ratista. "Puedes conservar tu escaño de portavoz", ofrecía Camps, desesperado.

Ayer, todo estaba hecho. Camps se fue a ver a Costa al Parlamento autonómico. Cospedal amenazaba con expulsarlo si seguía de portavoz. "Es temporal, volverás", insistía Camps, siempre en su mundo idílico. No quería aparecer, pero se vio forzado a explicárselo él a los 50 diputados. Los convocaron, apiñados, en el despacho de Costa. El presidente hizo una loa a su mano derecha, deshecho. "Y como me dicen que no dejo hablar, si alguien quiere hablar, que lo diga". El silencio fue terrible. "Ya está bien, presidente", cerró Costa, lloroso. La impostura ya no podía seguir más.

Viernes, día 9. El PP deja correr que la destitución de Costa es inminente. Se convoca el Comité Ejecutivo del PPCV para el martes.

Martes, día 13. 13.00. Costa lee ante los medios una declaración exculpatoria y llena de advertencias, en la que condiciona su renuncia a que se investigue su gestión.

- 19.00. Costa asegura que sigue siendo secretario general y que no está en cuestión su cargo de portavoz parlamentario.

- 21.00. El PP nacional emite un comunicado diciendo que, según Camps, Costa ya no es ni secretario general ni portavoz.

- 23.00. Cospedal afirma "tajantemente" que Costa ha sido destituido de todos sus cargos. Costa insiste en su versión.

Miércoles, día 14. 10.00. Camps se reúne con Costa y le comunica que se va a hacer lo que dice el PP nacional.

- 11.00. El PP ya tiene nuevo secretario general y nuevo portavoz. Camps: "La decisión que tomamos ayer, ya está tomada".

El presidente Fundador del PP, Manuel Fraga, ha mandado un mensaje al presidente del PP valenciano, Francsico Camps, en referencia a su actuación en la Gürtel. "Barberá es excepcional... no puedo decir lo mismo de Camps", ha afirmado Fraga en la Cope, quien cree que al president del Consell "le haya faltado moral para hacer las cosas con energía".

Fraga, quien cree que "algunas personas se han distraído en el PP, como el señor Costa", considera que la Gürtel no es suficiente para "sacudir los cimientos del PP". "Sin duda se ha intentado, y nunca habíamos dado motivos para ello, eso también es verdad", ha destacado Fraga, a quien le gusta más "la palabra ética que estética".

El presidente Fundador del PP ha recalcado que los políticos deben tener una "moral indestructible", algo que Fraga ve claramente en el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. "Tiene mucho futuro en el partido. Tiene gran capacidad de liderazgo", ha opinado Fraga.

Para Federico Trillo, el lío formado en torno a la destitución de Costa es el resultado de “la nula capacidad de comunicación” que ha tenido el Partido Popular, como ha declarado esta mañana en Punto Radio. Trillo cree que el desconcierto “fue máximo”. El diputado por Alicante y ex ministro de Aznar considera que “el tema [Gürtel] merece ir aclarándolo ya”, en alusión al silencio informativo mantenido por Rajoy en los últimos días.

Dice Trillo, además, que el “asunto irrita doblemente a los españoles” porque “sus problemas son otros”. No obstante, en línea con la nueva teoría de la conspiración alentada por la dirección del PP, cree “que hay que denunciar los abusos y sectarismos de una parte de la Fiscalía y de la Policía”.

Después de intensas presiones de Génova, el presidente valenciano, Francisco Camps, ha decidido romper el pacto que había alcanzado ayer con Ricardo Costa y Carlos Fabra, que incluía que Costa seguía como portavoz en cualquier caso. Camps convocó a Costa en su despacho en las Cortes, donde se pudo ver a una Ana Michavila teóricamente destituida. La jefa del gabinete del presidente anunció su salida del cargo hace unas semanas pero aún continúa ocupándolo. Ana Michavila es hermana de José María Michavila, quien recientemente dejó su escaño por la relación de su despacho de abogados con la trama corrupta.

Tras una conversación muy tensa, porque Camps había vendido una cosa a Génova y había pactado otra con Costa, que es la que se aprobó en el comité ejecutivo, Camps convocó a todos los diputados en el despacho de Costa, apiñados.

El secretario general lloraba desconsoladamente. Camps defendió a Costa, dijo que era el presidente por gente como él, pero anunció que ya no sería portavoz, aunque insistió en que confiaba en que todo fuera temporal. "Y como la prensa dice que no dejo hablar a nadie, ¿alguien quiere hablar?", dijo Camps en medio de una gran tensión. "Presidente, ya está bien", le cortó Costa, destrozado. Camps se fue, y de nuevo esquivo a la prensa, a quien sólo acertó a decir: "Tal como acordamos ayer seguimos trabajando por todos los valencianos". El presidente de la Generalitat añadió: "Ya está, el PP ha tomado las decisiones en relación con lo que se propuso y que se aceptó por unanimidad".

Camps ha sustituido también a Costa como secretario general del partido y ha designado al hasta ahora vicesecretario de Política Autonómica y Local, César Augusto Asencio. El PP valenciano anuncia esta medida en un comunicado y asegura que el cambio se produce hasta que se resuelva "la situación temporal" del hasta ahora secretario general del PPCV y "hasta la finalización del expediente de investigación abierto por la dirección nacional del PP" en relación con el caso Gürtel.

Costa, que ayer salió desafiante del la reunión de la comisión ejecutiva regional del PP de la Comunidad Valenciana y anunció que esta mañana ocuparía su escaño de portavoz del grupo parlamentario en las Cortes, ha salido del Parlamento autonómico en torno a las 11.30 con otra actitud. "Ayer el comité ejecutivo aceptó un acuerdo que fue ratificar mi honradez y mi gestión y separarme temporalmente del cargo si se abría una comisión de investigación. Y eso es exactamente lo que ha pasado. He sido apartado temporalmente del cargo de portavoz y del cargo de portavoz parlamentario. Mi honradez no está en duda y no es cuestión de aferrarse a los cargos."

Los periodistas han querido saber si la comisión de investigación se ha convocado ya, pero Costa se apresuró a subir al coche oficial al que, formalmente, tenía derecho hasta que esta mañana Camps ha comunicado su relevo al grupo parlamentario.

La noticia ha surgido después de que el pulso abierto ayer entre el PP nacional y el valenciano a cuenta de la dimisión o no del secretario general de la formación regional, Ricardo Costa, subiera de intensidad a lo largo de la mañana Si el propio Costa aseguraba anoche, tras el comité regional que supuestamente iba a analizar su salida temporal de la cúpula del partido, que continúa como número dos y portavoz parlamentario del PP, hoy su homóloga a nivel nacional, María Dolores de Cospedal, ha negado la mayor y ha ido más lejos al afirmar que Costa nunca volverá a los órganos de dirección del partido.

Cospedal, en una entrevista concedida a la Cope, ha insistido en que Costa "está cesado temporalmente" en todas sus funciones y ha asegurado que, en contra de lo que afirmó Costa anoche, hoy no puede asistir al Parlamento valenciano como portavoz del Grupo. Cospedal incluso ha llegado a amenazar a Costa: "Existen procesos disciplinarios en los estatutos" si incumple lo acordado ayer por el comité regional.

La número dos del PP se ha mostrado muy enfadada y ha asegurado que no van permitir que "un secretario general autonómico decida lo que la dirección nacional tiene que hacer". Cospedal ha recordado a Costa que los puestos que ocupa no le pertenecen a él, sino al partido y ha sido tajante cuando le han preguntado por su futuro: Cuando alguien actúa en contra de los intereses de su partido y con publicidad, es imposible que vuelva".

Sobre los motivos que han llevado a la dirección nacional del PP a exigir a Valencia la destitución de Costa, Cospedal ha asegurado que todo se debe a las "compañías poco edificantes" del aún secretario general, en referencia a las conversaciones telefónicas publicadas en diferentes medios de comunicación en las que Costa muestra su amistad con los implicados en la trama Gürtel.

Cospedal, no obstante, ha tenido que reconocer que Costa no está imputado en ninguna causa y que quieren que su salida del PP "sirva para mostrarnos como alternativa de gobierno y como un partido que no tiene nada que esconder".

Ricardo Costa y Mariano Rajoy se conocieron junio de 2008, cuando el líder del PP buscaba los avales que le permitieran hacerse con el triunfo en el Congreso que el partido organizó en Valencia tras perder las elecciones de marzo de ese mismo año.

En la presentación ejerció de intermediario el presidente de la Generalitat, quien prometió a Rajoy en un mitin el apoyo del PP regional. Ese trabajo de recopilación lo tuvo que dirigir Ricardo Costa en su calidad de secretario general.

La casualidad, sin embargo, quiso que fuera precisamente Ricardo quien el hermano menor de Juan Costa, único nombre que sonaba entonces como candidato alternativo a Rajoy, quien se convertiera en la mano derecha de Camps, el principal respaldo del presidente del partido.

No contento con buscar los avales, el presidente de la Comunidad Valenciana quiso entregárselos en mano a su líder en una demostración de poder interno. Y por eso se fue con Ricardo Costa hasta Valladolid, se lo presentó a Rajoy, y fue el hermano del gran rival interno del líder quien se encargó de entregar al jefe de la oposición los más de 300 avales recogidos en una caja. "Son más del 90% de los compromisarios de la Comunidad Valenciana. Y van todos a nombre de Rajoy", ironizaba Costa con la prensa cuando le preguntaron cuántos avales había traído.

El presidente del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV), Francisco Camps, ha sustituido a Ricardo Costa como secretario general del partido y ha designado al hasta ahora vicesecretario de Política Autonómica y Local, César Augusto Asencio, para "ejercer las funciones de la Secretaría General".

Un comunicado del PPCV anuncia esta medida y afirma que esta sustitución se produce "hasta que se resuelva la situación temporal del hasta ahora secretario general del PPCV, Ricardo Costa, hasta la finalización del expediente de investigación abierto por la dirección nacional del PP" en relación con el "caso Gürtel".

El comunicado se ha emitido después de que el grupo popular de Les Corts Valencianes haya acordado la sustitución de Ricardo Costa como portavoz parlamentario por el portavoz adjunto Rafael Maluenda.

Ricardo Costa ha sido sustituido por Rafael Maluenda como portavoz del PP de Les Corts Valencianes, según ha acordado esta mañana el grupo parlamentario popular en una reunión presidida por el president de la Generalitat, Francisco Camps, según informaron fuentes populares.

Esta medida ratifica la decisión anunciada anoche por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de que Costa ya no era secretario general del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV) ni portavoz en Les Corts Valencianes.

Después de estas afirmaciones, ratificadas en un comunicado en la web oficial del PP, el PPCV emitió otro comunicado en el que se aseguraba que el Comité Ejecutivo Regional del partido mantenía a Costa como secretario general y portavoz parlamentario. Finalmente se ha impuesto la tesis defendida por la dirección nacional del PP.

El president de la Generalitat y del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV), Francisco Camps, se ha reunido con Ricardo Costa en la sede de Les Corts Valencianes tras anunciar la dirección nacional del PP que Costa ya no es secretario general del PPCV ni portavoz parlamentario.

El encuentro entre Camps y Costa se ha desarrollado en los despachos del grupo popular, mientras que el resto del grupo parlamentario, incluida la presidenta de Les Corts, Milagrosa Martínez, esperaba en una sala anexa a que Camps y Costa se incorporasen a la habitual reunión previa al inicio de los plenos parlamentarios de los miércoles.

La reunión del grupo popular de las Cortes Valencianas en la que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha comunicado el cese de Ricardo Costa ha sido "muy triste", y el ya exportavoz estaba "muy afectado", hasta el punto de que no ha podido reprimir las lágrimas, según han explicado los asistentes a esa reunión.

Al contrario de lo que es habitual en las reuniones del grupo popular, que cada miércoles se reúne en la sala Vinatea de las Cortes, la de hoy ha sido en el despacho de Costa en el grupo. Al encuentro han ido acudiendo los diputados después de que les avisaran del cambio de sitio y donde han seguido de pie el desarrollo de la breve reunión.

De hecho, entre los diputados populares ha habido momentos de desconcierto, porque no sabían si se había suspendido la habitual reunión de las diez de la mañana --dado que había pasado casi media hora y aún no había empezado--, o si se había trasladado a otro sitio, todo ello mientras los fotógrafos se afanaban en buscar a los protagonistas del día.

Según las mismas fuentes, en la reunión solo ha intervenido Camps, quien ha argumentado el recambio de Costa por el hasta ahora portavoz adjunto Rafael Maluenda como una continuación de lo acordado ayer en el Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana.

Las mismas fuentes han precisado que tras darse a conocer esta decisión se ha hecho un "silencio sepulcral" y que no ha habido ninguna intervención, ni de Costa, al que se veía "muy afectado", ni de ningún diputado, entre los que había una sensación de "estupor" por no esperarse la noticia.

Al finalizar la reunión, Costa ha recibido los abrazos y el apoyo de sus compañeros, momento en el que se ha desmoronado en medio de un ambiente de tristeza en el seno del grupo mayoritario de las Cortes, tras lo que los parlamentarios se han trasladado al hemiciclo para asistir al pleno, que hoy ha empezado con retraso.

Costa, que había llegado solo a Les Corts a las 10.08 de la mañana --apenas tres minutos después de que lo hiciera Camps, que también ha entrado solo por la puerta trasera de la Cámara-- ha abandonado finalmente el Parlamento hora y media después.

La dirección nacional quería una cabeza para aplacar la presión informativa y la dolorosa comparación de un Rajoy contemplativo con una Esperanza Aguirre en acción. La quería el viernes, y amenazó con expulsar desde Madrid a Ricardo Costa. Camps buscó una vía intermedia: anunció que ayer lo destituiría. Pero llegó el momento, y tampoco lo hizo.

El presidente autonómico pactó a última hora con su mano derecha lo que Génova más temía: una componenda. Costa, según explicó ufano nada más terminar la reunión, no fue cesado. "Nadie ha pedido mi cese", insistió, "sigo siendo secretario general, si no, no estaría aquí arriba", en el atril.

Después de varias llamadas de Camps para que Costa se aviniera a razones y evitara una crisis sin precedentes, el secretario general descartó por completo dimitir y sólo aceptó que, si la dirección nacional le abre una investigación interna, como había solicitado por la mañana, él renunciaría temporalmente a sus funciones como secretario general mientras trabaja esa comisión.

Pero Costa lo dejó muy claro: si Génova no acepta las condiciones del PP valenciano y no abre esa investigación, él seguirá de número dos. Y además dio un detalle añadido: nadie le ha pedido que deje de ser portavoz parlamentario, ni siquiera aunque se abra esa comisión, con lo cual la cabeza que Génova pedía se quedaría, como mucho, a medias.

Esta clara victoria interna de Costa, que se fue a la cama como secretario general y logró además que Camps defendiera públicamente ante todo el Comité Ejecutivo del PP regional su honorabilidad y su trayectoria, llegó pocas horas después de lanzar un desafío en toda regla, a través de la lectura de un durísimo comunicado público, tanto a Mariano Rajoy como a Francisco Camps.

Costa dejó muy claro que él no está dispuesto a ser el "cabeza de turco" del escándalo del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana, y retó de forma muy evidente a Camps y Rajoy con una muy poco velada amenaza de tirar de la manta. Señaló que él no tomó la decisión de contratar con Álvaro Pérez, El Bigotes -todos los dirigentes saben que quien lo llevó a Valencia fue el propio Camps- y que nadie de la dirección nacional le dijo que no debía contratar con él. Dejó así de mentiroso a Rajoy, que hace meses afirmó que se dieron esas instrucciones.

Pese a la dureza de esas declaraciones, Camps trabajó todo el día para encontrar un pacto y lo logró a última hora cediendo a las pretensiones de su número dos. Y cuando terminó la reunión, el presidente valenciano pidió un aplauso para Costa y rechazó otorgar las palabras que había pedidas "para reforzar la unidad".

En la reunión, Camps recuperó el discurso de desafío a la dirección nacional que pronunció hace dos semanas. "Hemos aportado [desde la Comunidad Valenciana] mucho al PP nacional, votos, esperanza y opciones a un partido que está en la oposición". Costa, vencedor, buscó coser heridas internas. Si por la mañana había lanzado una pulla indirecta a Vicente Rambla, responsable de contratar desde el Gobierno con la red Gürtel, por la tarde defendió su gestión.

Entonces, cuando acabó la reunión, comenzó la venta de ese pacto a la dirección nacional, que había pedido una destitución sin contemplaciones para dar un gesto de autoridad frente a los escándalos de corrupción. Camps engañó claramente a Rajoy. Los más de 70 dirigentes presentes en la reunión, que fue extraña y breve, con sólo dos intervenciones -Costa y Camps- y sin ninguna votación, entendieron que el secretario general no había sido cesado, que sigue en su puesto y sólo dejará de "ejercer sus funciones" si Génova le abre una investigación. Pero además, Costa dejó muy claro en la rueda de prensa posterior que nadie le ha pedido que deje de ser portavoz.

A pesar de esta claridad -allí estaban tanto Esteban González Pons como Federico Trillo para contárselo a Rajoy- la dirección nacional emitió un comunicado pasadas las nueve de la noche con una interpretación bien diferente de una reunión oficial de su partido: "Francisco Camps, ha comunicado esta tarde a la dirección nacional que el Comité Ejecutivo ha acordado suspender temporalmente y a petición propia, en todas sus funciones en el partido como secretario general y, según esta misma comunicación, como portavoz del Grupo Parlamentario de Las Corts, a Ricardo Costa". Génova quiso dejar claro que la fuente era Camps, porque ya entonces había muchas dudas de que fuera verdad.

"Yo mañana estaré sentado en Las Cortes como portavoz. Tengo reunión de grupo a las nueve de la mañana. Nadie me ha cesado, simplemente no ejerceré las funciones de secretario general si se me abre esa investigación interna. Un cese requiere una votación, y no se ha votado nada", señalaba a EL PAÍS a última hora de la tarde el propio Costa.

Por si hubiera alguna duda del desafío del PP valenciano, este partido emitió otro comunicado de desmentido al texto de Génova a última hora de la noche: "Se ha aprobado por unanimidad el respaldo a la gestión de Costa. En ningún caso se ha puesto en tela de juicio su continuidad como portavoz del Grupo Parlamentario. El presidente ha aceptado la propuesta de Costa. El PPCV lamenta el malentendido provocado por otros comunicados".

Mientras, en el programa Madrid Opina de Telemadrid, al filo de la medianoche la secretaria general, María Dolores de Cospedal, insistía "tajantemente" ante la confusión que "el señor don Ricardo Costa ha sido destituido de todas sus funciones".

La dirección nacional había trabajado para evitar la ruptura del PP valenciano -de hecho la secretaria general, María Dolores de Cospedal, llamó a los zaplanistas- pero con la idea de que Camps destituiría a Costa sin contemplaciones. El comunicado de Génova ni siquiera aclara si abrirá esa investigación, la condición que Costa puso, sólo que el Comité Nacional de Derechos y Garantías le citará "en las próximas fechas con el fin de que éste pueda ser escuchado". Sólo entonces dejará sus funciones de secretario general temporalmente, pero seguirá de portavoz en un claro desafío, otro más, a Rajoy, que pierde de nuevo una batalla interna, al menos de momento.

- "Nadie ha pedido mi cese. Sigo de portavoz". Ricardo Costa dejó clara su situación tras la reunión. "Nadie me ha pedido mi cese. Me abstendré en mis funciones temporalmente si la dirección nacional abre una investigación interna"

- Camps dice a Génova que Costa no será portavoz. La dirección nacional desmiente a Costa: "Francisco Camps ha comunicado esta tarde a la dirección nacional que el Comité Ejecutivo regional ha acordado suspender temporalmente y a petición propia, en todas sus funciones en el partido como secretario general y, según esta misma comunicación, como portavoz del Grupo de Las Corts, a Ricardo Costa".

- El PP valenciano desmiente a Génova: "En ningún caso se ha puesto en tela de juicio su continuidad como portavoz del Grupo Popular en Les Corts Valencianes. El PPCV lamenta el malentendido provocado por otros comunicados".

El secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, venció ayer a todo su partido. Pero, sobre todo, doblegó en público a Francisco Camps. Ni dimitió como Génova exige, ni cesó «temporalmente» del cargo en el Comité Ejecutivo, tal y como había prometido el viernes el entorno de Camps.

En una reunión esperpéntica de la dirección regional del PP, fue Costa quien propuso apartarse del cargo que ocupa, pero sólo en el caso de que una comisión interna de investigación revise su gestión. Camps dio entonces la propuesta por aceptada, pero no se discutió ni se votó.

A continuación, Génova emitió una nota en la que afirmaba que «Camps había comunicado la suspensión de Costa en todas sus funciones». Sin embargo, no era cierto.

La doble cara de Camps, desesperado ante su partido y aparentemente firme ante Rajoy, provocó un cruce de comunicados. La dirección nacional publicaba que Camps había informado de la suspensión temporal de Costa «en todas sus funciones», incluida la de portavoz en las Cortes valencianas. Desde Valencia, no citaban este extremo y se subrayaba, además, que el compromiso de Costa de quedarse al margen de su puesto de secretario general quedaba ligado a la realización de una auditoría interna que él mismo instaba a Génova a realizar.

Ricardo Costa defendió primero en un comunicado público y luego ante el Comité Ejecutivo del PP de la Comunidad Valenciana que demostrará que no ha existido financiación ilegal del partido. Camps accedió a otra de sus condiciones -el aval público a su gestión- y aseguró no tener dudas de la «honradez del secretario general».

La hoja de ruta diseñada por Costa incluye también no dejar la portavocía de las Cortes valencianas aunque sea apartado de la Secretaría General con motivo de la investigación. De hecho, el comunicado que el PP valenciano hizo público tras la reunión informaba de que durante el Comité Ejecutivo «no se había producido ningún cese». Y así fue. Pero el presidente no trasladó esta realidad a Mariano Rajoy, a quien le comunicó, según fuentes del PP, que se suspendía a Costa. La mentira ahondó su distancia con la dirección nacional.

Camps aceptó ayer todas estas prerrogativas ante la posibilidad de perder una votación en el Comité Ejecutivo del PP que le habría obligado a marcharse a él. Su secretario general le envidó con un comunicado matutino donde aseguraba que en la contratación de Orange Market, la empresa de El Bigotes, se había ceñido «a las directrices de la dirección regional». Y le ganó. Desde ese momento, el presidente valenciano sólo podía hacer una cosa: destituir a Costa con el aval de sus presidentes provinciales y acordar con ellos el nombramiento de un nuevo secretario general y un nuevo portavoz parlamentario. Pero no lo hizo. Le iba la vida en ello.

La debilidad política mostrada en los últimos meses a raíz de la investigación del caso Gürtel se le manifestó ayer en forma de Santísima Trinidad cuando uno de sus barones, el castellonense Carlos Fabra, respaldó públicamente a Costa y recordó que «el que adjudica es el Gobierno y no el partido». Consciente en ese momento de que el Comité Ejecutivo regional podría convertirse en un juicio político contra su persona, Camps optó por pactar con Fabra y acceder a la expiación pública que exigía Costa. Fuentes del PP aseguraron que el presidente castellonense estuvo ayer en el palacio de la Generalitat antes de la convocatoria del Comité Ejecutivo.

Al parecer, sólo se reunió con él. No hubo ni un solo contacto con el alicantino José Joaquín Ripoll, último reducto del zaplanismo y a quien Camps desprecia políticamente. Pero durante unas horas, a partir de las 16.00, empezó a circular que Camps podría dimitir al perder el apoyo de su partido.

El pacto con Costa y Fabra cortocircuitó todos los movimientos internos y dio paso a un Comité Ejecutivo que emborrona la historia del PP valenciano. Camps se prestó a todas las peticiones de Costa, mientras el partido sigue sin entender por qué no le obligó a dimitir cuando fue salpicado por el informe policial o no ha sido capaz de destituirlo como prometió. Para evitar responder a estas cuestiones, el presidente valenciano fabricó para Génova un Comité Ejecutivo que no se produjo. En sus conversaciones con la dirección nacional, aseguró que Ricardo Costa había sido destituido de sus cargos. Pero la pérdida de confianza de Génova en la palabra de Camps obligó a la dirección nacional a meterse en harina. Sólo unas llamadas fueron suficientes para certificar que la versión de Camps no era cierta.

Y para dejar clara su postura y obligar al presidente valenciano a rectificar, redactaron el siguiente comunicado: «El presidente del PPCV, Francisco Camps, ha comunicado esta tarde a la dirección nacional que el Comité Ejecutivo regional ha acordado suspender temporalmente y a petición propia en todas sus funciones, en el partido como secretario general y, según esta misma comunicación, como portavoz del Grupo Parlamentario en las Cortes valencianas, a Ricardo Costa». En el último párrafo, Génova escondía su bala de plata y señalaba: «Ha dado traslado del acuerdo al Comité Nacional de Derechos y Garantías para que, en las próximas fechas, cite a Ricardo Costa, con el fin de que éste pueda ser escuchado».

Según fuentes del PP, la dirección nacional llegó a firmar la baja de Costa del partido el viernes pasado ante su resistencia a entregar su cabeza. Ahora, ante un escenario mucho más grave, podría anunciarse en las próximas horas.

El tira y afloja entre Costa y Génova sumó ayer el penúltimo capítulo. Un nuevo comunicado de la sede valenciana del PP respondió a Génova y señaló que «se ha aprobado la propuesta del secretario general del PP de solicitar a la dirección que, si tiene la más mínima duda de su honestidad, se pone a disposición para ser investigado por el partido. Mientras, Costa se abstendría voluntariamente del ejercicio de sus funciones como secretario general». «El PPCV», prosigue, «lamenta el malentendido provocado por otros comunicados». El órdago no puede ser mayor para Génova, que ratificó ayer, a través de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que Costa cesaba también como portavoz parlamentario. Costa está técnicamente destituido, pero no se amilana (ayer dijo públicamente que seguirá sentándose en las Corts como portavoz) y obliga a Camps a seguirle por razones todavía desconocidas.

Mientras tanto, el presidente se limita a entrar y salir de su castillo. Ante el Comité Ejecutivo recurrió al manido discurso del victimismo. Antes era Zapatero, ahora Génova y los medios de comunicación. «Esto es un transatlántico y nos quieren romper», aseguró. A su juicio, «quieren quebrar la unidad del partido». Sabedor de las disidencias, de que el poder se le escapa de las manos, señaló a los asistentes que «si alguien quiere saltar a la fama, que salga y ponga verde a quien quiera, a mí sólo se me ocurre salir de aquí todos juntos y contentos».

Camps «en esencia», decía ayer un diputado. Camps, víctima de Camps, dispuesto a enfrentarse con Rajoy, a seguir la estela de Churchill. Pero de su historia novelada se ha escapado un personaje, Ricardo Costa, que en 24 horas ha logrado que su dimisión sea un episodio de trámite. El PP está en otro debate y afecta directamente a Camps. Ya se lo dijo Correa a Costa, tú serás el próximo presidente del Gobierno. De estar fuera de la cárcel, ayer se lo habría repetido.

A todos los efectos, Ricardo Costa parecía haber ganado anoche su pulso a Francisco Camps y a Mariano Rajoy. Unos anotaban un «20 a cero» en el marcador, y otros, los más desconcertados, apenas reconocían que lo único que había ganado el popular valenciano era «tiempo» ante la dirección nacional.

El caso es que ése era el veredicto en el PP, no sólo a la vista de lo sucedido en el Comité Ejecutivo del partido en Valencia, sino a la de las propias caras que desfilaban a la salida del Pleno del Congreso: los diputados más críticos con Rajoy, con una sonrisa de sarcasmo; los marianistas, con auténtico gesto de cabreo.

Fue entonces, en medio aún de la mayor confusión, cuando la dirección nacional dio lo que quiso ser un golpe de autoridad. En un comunicado enviado a última hora, se aferró como a un clavo ardiendo a la versión que le «comunicó» Camps sobre el pretendido cese temporal de Costa al frente de sus cargos en el partido y en el Grupo Parlamentario.

Es decir, dio por «suspendido» al secretario general y portavoz del PP en la Comunidad, pese a saber, a través de sus propios delegados en el Comité Ejecutivo del PP de Valencia, que el pretendido cese no se había producido formalmente y que de la portavocía ni siquiera se habló.

Por dos veces, y precisamente por eso, el texto se refería a la versión recibida de Camps, de manera que, según fuentes próximas a la dirección, Génova ponía en evidencia al hasta ahora intocable barón de Rajoy: «El presidente del PPCV, Francisco Camps, ha comunicado esta tarde a la dirección nacional que el Comité Ejecutivo regional ha acordado suspender temporalmente, y a petición propia, en todas sus funciones en el partido como secretario general y, según esta misma comunicación, como portavoz del Grupo Parlamentario de las Corts, a Ricardo Costa».

El enfado de Génova sólo trascendió a última hora. Las fuentes consultadas se quejaban de las dudas y largas del presidente valenciano. Aseguraban que el cese estaba «firmado» desde el viernes y que si Génova había esperado a la reunión del Comité Ejecutivo regional de ayer fue por expreso deseo de Camps. No daban crédito al hecho de que, una vez más, éste hubiera postergado la decisión acordada. Pero no querían esperar más.

La conversación telefónica de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, con el presidente de la Diputación y el PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, no pudo ser más explícita. Según fuentes del PP valenciano, la número dos le dijo al dirigente zaplanista tras el Comité Ejecutivo lo que Camps dijo a Rajoy. Ripoll le contestó que no se había destituido a Costa y que éste sólo aceptaba la suspensión si Génova abría una comisión de investigación. La respuesta de Cospedal, -siempre según estas fuentes- fue: «De investigación interna, nada; como mucho, irá al Comité de Derechos y Garantías».

El caso es que ése fue, ciertamente, el segundo mensaje del breve comunicado de Génova, en el que se venía a rechazar de plano la demanda explicitada por el propio Costa y se emplazaba a éste ante el citado Comité -que bien podría llamarse de disciplina- para que, una vez relevado en sus funciones, «pueda ser escuchado, y explicar su posición».

El pretendido golpe de autoridad de Génova dejó, no obstante, claramente insatisfechos a los populares afines a Rajoy que, durante todo el día, sufrieron con evidente sonrojo la debilidad del aparato del partido.

Los más marianistas se preocuparon durante toda la jornada de propagar la idea de una nueva conspiración interna. Aseguraban que la ensayada comparecencia pública de Costa estaba sostenida por su hermano Juan y por el actual directivo de Telefónica Eduardo Zaplana, en lo que entendían como una reedición de la brecha abierta en el Congreso de Valencia. Una teoría aderezada por las manifestaciones de Juan José Güemes, consejero de Esperanza Aguirre en el Gobierno de Madrid, en favor de ser «más cautos» en las decisiones: «Yo no defiendo a Costa», decía a este diario, «ni a ninguna persona, sino que pido principios de general aplicación para todos los casos, y lo hago a título exclusivamente personal».

La teoría de la conspiración fue palideciendo, sin embargo, a medida que avanzaba la tarde: «Estoy avergonzado», decía un genovita, «porque en el fondo, hemos aceptado la estrategia de Camps, que está en el alambre, y Costa ha impuesto su solución».

Con Francisco Camps a la cabeza, el PP se ha acostumbrado a sonreír y callar ante la adversidad. Es su terapia para la felicidad. Ayer volvió a suceder, aunque el silencio de los disidentes vino impuesto por el discurso del presidente regional -«una sola disensión aquí dentro y los de fuera habrán ganado», dijo- y por una maniobra que impidió el turno de preguntas. Todavía sonaba en el altavoz la última palabra del discurso de Camps, y el diputado Rafael Maluenda -toda una vida mostrándose fiel al líder que toque- arrancó en aplausos.

Por mímesis, de acuerdo con la consigna que pasó discretamente de boca a boca, la mayoría secundó la ovación. Siguió un gesto cómplice de Camps a uno de sus colaboradores y se abrieron las puertas para que accedieran los periodistas en tromba. «Nos han pedido que no interviniéramos ninguno y que aplaudiéramos. Unos han aplaudido y otros no», confesó después el presidente del PP alicantino, José Joaquín Ripoll, que evitó aplaudir.

El plan obtuvo su resultado. Nadie levantó la mano para pedir que se votara algo que ni siquiera se había propuesto oficialmente. «Camps, como hace siempre, ha pasado el trago, pero esta vez se atragantará», comentaba airado uno de los dirigentes críticos.

La reunión más importante de los últimos años se quedó desierta de opiniones y sólo Camps y Costa pudieron hablar. Ripoll se quedó con las ganas.

El dirigente zaplanista tenía intención de poner de manifiesto que hay un «evidente problema» dentro del partido y que no se puede estar de brazos cruzados. Además, iba a reprochar al presidente sus cantos a la unidad cuando, según él, las conversaciones destapadas con el levantamiento del secreto del sumario ponen de manifiesto que la dirección regional intentó destronarle en el congreso provincial del pasado año. Todavía duele en el entorno de Ripoll la conversación en la que Costa, irónicamente, le pide a El Bigotes un furgón policial para llevarse a sus partidarios.

Con los aplausos, y silenciadas las voces críticas, la escenificación del «todos juntos y felices» -Ricardo Costa estaba exultante ayer- se había completado. Pero no todos salieron sonrientes. El vicesecretario de Organización del PP, Esteban González Pons, y el diputado nacional Federico Trillo-Figueroa salieron de manera apresurada y con semblante muy serio y se refugiaron en uno de los despachos desenfundando el teléfono. Los emisarios de la dirección nacional debían pasar el parte a Génova.

Más tardó en salir Camps, que intentó esquivar a los periodistas sin éxito (la sala de prensa no tiene puerta trasera). Ante la insistencia de los medios, se paró tres minutos. Volvió a repetir la teoría de la cacería política y reiteró que los populares siguen «unidos, contentos y felices».

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, optó ayer por ponerse en manos del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra —imputado por delito fiscal y varios delitos contra la Administración—, para salvar el órdago lanzado por el secretario general del PP, Ricardo Costa.

El papel de intermediación realizado por Fabra entre el presidente valenciano y Ricardo y Juan Costa ofreció el resultado que Camps había perseguido, sin éxito, durante todo el fin de semana: entrar al Comité Ejecutivo Regional del PP de la Comunidad Valenciana con un acuerdo y con el dispositivo preparado para evitar cualquier intervención crítica.

Fabra reconoció por la mañana que había hablado con la secretaria general del PP nacional, María Dolores de Cospedal, con Camps y con Costa. “Si el secretario general ha seguido las directrices del presidente Camps] y de los órganos superiores del partido ¿por qué tiene que presentar la dimisión si no ha hecho ninguna ilegalidad?”, dijo Fabra. Y así fue.

Con el acuerdo alcanzado ayer entre el presidente valenciano y Ricardo Costa, Camps se mantiene al frente de un PP que está roto por dentro. No sólo porque el zaplanismo —enfrentado a Camps— todavía está esperando explicaciones, sino porque en el seno del PP está instalada la desconfianza en una solución que se ve provisional y en un presidente cada vez más debilitado.

“Si alguien quiere saltar a la fama que salga ahí afuera [donde están los periodistas] a poner verde a quien quiera”, reconoció el propio Camps en su alocución a los miembros de la cúpula del PP valenciano, “Seguro que vosotros a título individual tenéis una solución. A mí sólo se me ocurre salir de aquí todos unidos y contentos”. “Sólo [con que haya] una disensión u observación en este comité y los de ahí fuera habrán ganado”, remachó Camps. Y así fue. Aunque si alguien pensaba pedir turnos de palabra, la clac presidencial irrumpió en aplausos y se abrieron las puertas para que entrasen las cámaras de televisión.

Ahora Camps tiene que gestionar un partido con un secretario general que se le ha impuesto, un presidente provincial de Castellón fortalecido, un Gobierno dividido y unos cuadros escépticos de que la solución será duradera.

El secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, se defendió así antes de la reunión:

- “Nunca he actuado al margen de directrices del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (…). He leído y oído que algunos pretenden convertirme en un chivo expiatorio o cabeza de turco, y no me parece razonable.

- (...) No estoy sometido a ninguna imputación, ni en el caso Gürtel ni en ningún otro.

- (...) La decisión de trabajar con ella [Orange Market] es anterior a que yo tuviera cualquier tipo de responsabilidad orgánica en el partido.

- (...) Nunca la dirección nacional ha pedido al PPCV ni a mí que dejase de trabajar con una empresa ni, en concreto, con Orange Market.

- (...) Cuando he leído en medios de comunicación las conversaciones que afectan a mi persona, me han avergonzado profundamente.

- (...) Como secretario regional no tengo ninguna responsabilidad en la adjudicación de contratos públicos. Tampoco he desarrollado ninguna gestión ante Administraciones públicas a favor de cualquier empresa. Por supuesto, ninguna en beneficio de la trama Gürtel.

- (...) Nadie de la dirección nacional me ha llamado para darme una explicación sobre esta situación, su solicitud de dimisión o de expulsión del partido, ni para pedirme ninguna aclaración sobre cualquier presunta actuación incorrecta.

- (...) Espero y deseo que el PP a nivel nacional defienda mi imagen y honradez de forma pública”.

Las cartas sobre la mesa. Ricardo Costa no estaba dispuesto a aceptar el sacrificio exigido por la dirección del PP sin oponer resistencia, así que, apenas unas horas antes de acudir a la reunión de la ejecutiva regional del partido en Valencia, convocó a la prensa y se despachó a gusto. En un comunicado que él mismo leyó al borde de las lágrimas, aseguró que no veía ninguna razón para presentar la dimisión, argumentó que siempre ha cumplido las «directrices» que le han marcado sus superiores, reprochó a la dirección nacional del PP que no le haya dado ninguna explicación sobre las causas de su destitución y aclaró que la decisión de contratar a la empresa Orange Market se tomó antes de que él tuviera responsabilidades en el partido y que, en cualquier caso, ni Mariano Rajoy ni ningún otro dirigente dieron instrucción alguna para que se dejara de trabajar con ella.

El alegato de Costa tuvo un efecto sísmico en la cúpula del partido conservador. Era previsible que el hasta ahora número dos del PP valenciano presentara batalla antes de abandonar su cargo, pero la magnitud del desafío superó las previsiones.

El dirigente valenciano expuso su caso como si se tratara de un despido improcedente: «Mi dimisión solo podría producirse si hubiera incumplido mis obligaciones como secretario general o como militante del Partido Popular –subrayó–, y creo honestamente que eso no se ha producido». Costa fue incluso más allá e insinuó que la obediencia a sus jefes le ha llevado a hacer cosas con las que no estaba de acuerdo. «Nunca he actuado al margen de las directrices del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, aunque en algunos casos haya sido muy difícil desde el punto de vista personal –declaró–. He antepuesto mi compromiso con Francisco Camps y con Mariano Rajoy a cualquier otra consideración».

El pulso con la dirección nacional se hizo especialmente duro en los párrafos que dedicó a las contrataciones con la empresa de la trama corrupta Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, el Bigotes. Costa destacó que la decisión de trabajar con Pérez no la tomó él y dejó en evidencia a Rajoy al afirmar que la dirección nacional del PP nunca pidió que se dejase de contratar a Orange Market. «Si la dirección nacional tenía otro criterio, nunca se materializó en una instrucción. Si se hubiera materializado, la habríamos cumplido, como siempre». Cuando el pasado febrero estalló el escándalo, Rajoy aseguró que en el 2004 había ordenado cortar las relaciones con las empresas de la trama.Pero no todo fue exculpatorio en el discurso de Costa. El dirigente valenciano admitió que algunas de las conversaciones que mantuvo con el Bigotes y que aparecen transcritas en la parte del sumario difundida fueron «desafortunadas» y pidió disculpas. «Debo reconocer –dijo– que cuando he leído esas conversaciones en los medios de comunicación me han avergonzado profundamente». También asumió que fue «un error» comprar un coche de lujo en plena crisis, pero reiteró que lo adquirió con su dinero.

El Partido Popular de Mariano Rajoy decidió aplicar un cortafuegos para sofocar el colosal incendio desatado en Valencia como consecuencia de las revelaciones del caso Gürtel, la trama de corrupción masiva que dirigía Francisco Correa con la colaboración de varias decenas de dirigentes del PP. Pero cuando un bosque arde por los cuatro costados, un cortafuegos en el centro del bosque, aunque se llame Ricardo Costa, apenas resuelve el problema.

La destitución temporal del secretario general del PP valenciano, impuesta por la dirección nacional a Francisco Camps, no sólo provocó un nuevo fuego con los dirigentes provinciales de Castellón, Alicante y Valencia, divididos sobre una medida que pocos compartían, sino que puso a Mariano Rajoy en un brete mayor: explicar por qué se ha elegido a Ricardo Costa como chivo expiatorio cuando los datos del sumario apuntan también a otros responsables con poder dentro del partido y dentro del Gobierno valenciano.

La documentación incautada, las conversaciones grabadas entre los jefes de la red y los dirigentes del PP valenciano, y las declaraciones judiciales dibujan un escenario en el que la participación de Costa en supuestas actividades ilegales es inviable sin la colaboración y el amparo del presidente de la Generalitat.

- Financiación ilegal del PP. Los apuntes contables de la trama corrupta señalan a la financiación ilegal del PP, con pagos de actos del partido a través de constructoras o cobro por servicios a esta formación política en dinero B, desde finales de 2002 hasta 2009. Ricardo Costa es jefe del partido en Valencia desde mediados de 2007. Cuando llega al cargo, Álvaro Pérez, El Bigotes, ya tiene en exclusiva la organización de actos del partido y en el Gobierno valenciano le han adjudicado decenas de contratos, la mayoría sin concurso.

- Conversaciones sospechosas. En 2008, Orange Market atraviesa dificultades financieras y exige el pago de distintas deudas al PP y al Consell. Y es entonces cuando El Bigotes despliega su diplomacia telefónica para cobrar bien del partido o bien del Gobierno valenciano.

Costa. Entre mañana y el viernes te voy a dar todo lo que te falta, que te debemos nosotros, pero yo necesito que el presidente eso no lo sepa y entonces que le digas que éste [Vicente Rambla, vicepresidente del Gobierno valenciano] es un hijo de puta.

Álvaro Pérez. No te preocupes... Sabes lo que me ha dicho hoy [Rambla] por teléfono. '¿Tú hablas con Ricardo, no?'. Y yo le he contestado que sí. 'Pues tú tranquilo que ya estoy intentando solucionarlo todo'.

Costa le jura a El Bigotes fidelidad absoluta -"doy instrucciones hoy mismo de dónde tiene que estar el dinero, aunque me quede sin pagar el alquiler tres meses"- y le mendiga favores -"dile al presidente que me ponga en el Gobierno"-. El Bigotes le envía regalos caros a Camps por Navidad -"para que sepas lo que te debo", le dice- y el presidente le responde: "Amiguito del alma, tenemos que hablar de lo nuestro, que es muy bonito".

- Regalo de trajes. El juez José Flors decidió sentar en el banquillo a cuatro altos cargos del PP, entre ellos Francisco Camps y Ricardo Costa, por aceptar trajes regalados por Álvaro Pérez, contratista de la administración valenciana y el hombre que organizaba los actos del PP valenciano en exclusiva. Ni Costa ni Camps pudieron acreditar el pago de los trajes, según el juez Flors.

- Contratos públicos. Cuando la trama corrupta abrió en 2004 delegación en Valencia con Orange Market, el Gobierno de Francisco Camps le adjudicó por concurso la exclusiva del montaje del pabellón de Fitur y, sin concurso, otros 40 contratos menores en casi todas las consejerías. Durante todo ese tiempo, Ricardo Costa no tuvo responsabilidades de Gobierno pero El Bigotes logró casi ocho millones de euros en contratos públicos.

- Facturas a nombre de constructoras. La policía localizó correos electrónicos enviados desde Orange Market a una asesoría fiscal en los que se daban indicaciones para endosar gastos del PP a empresas constructoras, a las que se remitían facturas por servicios supuestamente no prestados. Las empresas de la trama corrupta, algunas con sede en Madrid, registraron ingresos de esas constructoras valencianas desde 2006, según la Agencia Tributaria. Para entonces, Costa no era secretario general; Camps ya era presidente del partido.

Ricardo Costa dijo ayer que la fiesta del PP no se acaba nunca. Y estaba en lo cierto. Pero más que una celebración, lo que ayer se vivió en las filas conservadoras fue toda una ceremonia de confusión que deja en muy mal lugar a Mariano Rajoy.

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, había prometido el pasado viernes reunir a su Comité Ejecutivo Regional para proponer la destitución del secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, por su implicación en el caso Gürtel. Pero del encuentro, celebrado ayer, salió una auténtica rebelión frente a las órdenes de Madrid. Camps se olvidó de exigir el "cese temporal" y acordó que Costa "se abstendrá voluntariamente del ejercicio de sus funciones", siempre que la dirección nacional decida abrir una investigación interna sobre las actividades del secretario general valenciano.

Además, Camps se negó a sustituir a Costa como portavoz en Les Corts. Y, por si fuera poco, se permitió el lujo de emitir a última hora de la noche un comunicado lamentando "el malentendido provocado" por la versión oficial que había ofrecido minutos antes el PP nacional y que daba por supuesto la destitución de Costa en todas sus funciones.

En la reunión, que duró tan solo una hora, Francisco Camps defendió en público a su mano derecha: "Aquí no hay nada y no me cabe ninguna duda de su honradez y honorabilidad". El presidente valenciano mantuvo que algunas instituciones y medios de comunicación querían "quebrar la unidad" de la formación regional y que no se debía permitir. "Lo que tenemos que hacer es no decir nada, no votar nada y estar unidos", sentenció Camps.

Y, efectivamente, no se votó el cese de Costa y lo que se impuso fue el silencio. Salvo Camps y Costa, no intervino ningún otro miembro de la dirección. Había órdenes directas de que fuera así. A la salida, el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, mostró su enfado por ello. El dirigente, del sector zaplanista, explicó que él llevaba un discurso preparado pero que no pudo leerlo. "Nos han pedido que no interviniésemos y que aplaudiésemos, unos lo han hecho y otros no. Yo no he aplaudido", indicó.

Ripoll destacó que "cuando se pide unidad, hay que buscarla, no viene del cielo". Y no atinó a decir si el secretario general seguía o no en su cargo. Su confusión era la misma que reinaba ayer dentro del PP. Los dirigentes conservadores asistían con "perplejidad" al desarrollo de los acontecimientos y a las versiones contradictorias con las que les iban bombardeando.

A la mayoría le sorprendía mucho la versión ofrecida por Costa, que compareció en rueda de prensa tras la reunión de la dirección. El secretario general mantuvo tajante que Camps no había pedido su cese. "De hecho no se ha designado ningún sustituto", se jactó. "Si no dicen nada desde la dirección nacional, entiendo que sigo como secretario regional", defendía, al tiempo que aseguraba que hoy ocuparía su escaño en el Parlamento autonómico.

Camps, por su parte, se quitaba de en medio a la salida señalando de forma lacónica que Costa "había cedido sus funciones durante el tiempo que la dirección nacional crea oportuno para saber exactamente qué es lo que puede haber sucedido". Quedaba claro que Camps y Costa habían llegado a una solución pactada.

El PP nacional ofreció su versión pasadas las nueve de la noche en un breve comunicado, en el que mantenía que Camps le había informado de la decisión de suspender a Costa "temporalmente y a petición propia". Y explicaba que había dado "traslado" de este "acuerdo" al Comité Nacional de Derechos y Garantías para que en los próximos día cite a Costa y este pueda explicarse. No aclaraba si ello suponía abrir la investigación interna planteada por Valencia.

Pero el PPCV contraatacaba pocos minutos después, manteniéndose en sus trece. Camps defendía que en la reunión del Comité Ejecutivo Regional se había aprobado "por unanimidad" el respaldo a "la gestión" de Costa y su "propuesta" de solicitar a la cúpula nacional que si tiene "la más mínima duda sobre su honestidad, se pone a su disposición para que sea de forma interna investigado". Sólo en ese caso y mientras dure la investigación, "Costa se abstendrá voluntariamente del ejercicio de sus funciones", explicaba el PP valenciano.

Y el estoque final: "El PPCV lamenta el malentendido provocado por otros comunicados". Es decir, el difundido por el PP nacional. La única conclusión a la que llegaban ayer dirigentes del PP era que Costa había "plantado cara" a Rajoy y había ganado el pulso. Y que Camps, harto de las injerencias de Madrid, había querido demostrar quién manda en Valencia. Aunque con ello haya desatado la guerra.

"Por eso le pido a la dirección nacional que si tiene la más mínima duda, la más mínima duda, sobre mi gestión y honradez, que abra una investigación interna sobre mi persona. Al menos debo tener derecho a defender mi nombre", enfatizó ayer, a punto de concluir su declaración de la mañana, el todavía secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa, siete horas antes de que se reuniera el cónclave que debía convertirse en su pelotón de ejecución, al mando del capitán Camps. Y que en lugar de una ejecución terminó en un pacto.

¿Es todo esto una obra de teatro? Ayer, la reunión del Comité Ejecutivo del partido duró dos horas. "Cuarenta y cinco minutos de informe de Ricardo Costa y una hora de arenga de Camps. No se informó de ninguna propuesta. Camps dijo que había una cacería del PP, que era necesario permanecer unidos. Una arenga", dijo una fuente que participó en la reunión.

La declaración de Costa, realizada durante la mañana con emoción contenida, le había convertido en testigo de cargo del montaje que habían fabricado Camps y Rajoy para encubrir las responsabilidades del caso Gürtel. ¿O es que Camps utilizó sus argumentos para mostrar a Rajoy que no era posible cortarle la cabeza lisa y llanamente y que era necesario pactar la salida temporal de Costa mientras se le investigue?

Si en el filme de Alfred Hitchcock Testigo de cargo el testimonio sobre el asesinato que presta Marlene Dietrich en sede judicial es el que vale, según se demostrará al final de la historia, en la película de Gürtel el que tiene valor es el de Costa, ofrecido desde la sede del PP.

Que el todavía secretario general implorase su derecho a la defensa no deja de ser una ironía. Aquellos que en el PP de Madrid alegan su indefensión frente a las investigaciones judiciales son los mismos que han ordenado la ejecución sumaria de Costa. ¿Es acaso denominar lo que ocurrió ayer como un intento de ejecución sumaria una exageración? ¿O una interpretación torcida? He aquí sus propias palabras: "Nadie de la dirección nacional me ha llamado para darme una explicación (...). Esto ha supuesto, implícitamente, una condena ante la opinión pública".

Costa y Camps han pactado. Ayer mismo, como para que Camps no olvidara sus compromisos, el secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, recordaba la necesidad de tomar decisiones "ejemplarizantes" y en una descripción surrealista de lo que Camps ha decidido delataba todo el montaje: "No va a cesar a Ricardo, va a cesar al secretario general". ¿Puede que González Pons no estuviera al corriente de lo que se tramaba?

Pero este desdoblamiento de personalidad del PP en el caso de Costa no es tampoco una excepción. Al abordar el tema de las intervenciones telefónicas a los acusados y sus abogados, por orden judicial, el PP acusa a los fiscales de una cosa y la contraria al mismo tiempo. Acusa de grabar conversaciones que vulnerarían el derecho de defensa y que, por tanto, no deberían estar en el sumario. Y al tiempo, cuando ha trascendido que entre esas conversaciones no excluidas finalmente del sumario aunque la Fiscalía así lo pedía hay una referencia de uno de los cabecillas de la trama a su abogado que podría ser instrumentalizada a favor de Camps, no vacilan en atacar a al Ministerio Público. ¿Pero no estábamos en que esas grabaciones constituyen un atropello?

Hay que precisar, por otra parte, que esa presunta prueba de cargo tampoco lo es tal. Porque uno de los cabecillas, Pablo Crespo, dice a su abogado: "Yo creo que si Camps se hizo los trajes allí, los habrá pagado de su bolsillo". Es lo que "cree" Crespo. Para ver la credibilidad que puede tener esta afirmación basta ver lo que piensa Pedro J. Ramírez, director del diario que ha denunciado la supuesta manipulación y que proporciona los talkings points al PP: "A este tipo de truhanes siempre hay que creerles la mitad de lo que dicen. De ahí que no se puedan dar por buenas todas las majaderías y fantasías recogidas en las grabaciones del sumario", escribe en su carta del domingo pasado. El PP le cree a pie juntillas. En cambio, al que no le cree sin siquiera haberle preguntado nada es a uno de los suyos, nada menos que a Ricardo Costa.

La ejecución sumaria de Ricardo Costa era una operación de encubrimiento del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana. Y en este montaje encubridor, la autoría intelectual estaba muy clara. Rajoy y la dirección nacional del PP han estado implicados. Lo que se antojaba una estocada florentina ha quedado expuesta como una chapuza al estilo de las bandas mafiosas rivales.

Costa ha ganado la batalla para no ser el chivo expiatorio. Lo que pedía es, simplemente, que le investigasen. Al parecer, esa investigación se hará en el PP valenciano sobre la presunta financiación ilegal. Pero es precisamente a esta investigación a nivel nacional a la que Mariano Rajoy tiene miedo.

Y quizá ya sea demasiado tarde para que Rajoy pierda el miedo, parafraseando aquella famosa frase de Roosevelt. Al propio miedo de formar una comisión de investigación dentro del PP para aclarar lo que ha ocurrido y acabar con el encubrimiento.

MARÍA DOLORES DE COSPEDAL CONFIRMA EL CESE DE COSTA, CUYAS ACTITUDES "HAN SIDO MUY POCO EJEMPLARIZANTES"

María Dolores de Cospedal ha dejado muy clara este miércoles la situación en la que se encuentra Ricardo Costa tras el esperpento producido. La secretaria general del PP, más clara y tajante que nunca en sus palabras, ha dicho en la Cope que "cuando una persona actúa como ha actuado hasta ahora Costa, es imposible que vuelva a ser restituido".

Al mismo tiempo, ha confirmado, después del lío de comunicados y desmentidos de ayer, que Costa ha sido cesado temporalmente de sus funciones, tanto como secretario general del PP como portavoz del grupo conservador en Les Corts. "Él no puede ejercer esta mañana, porque si pretendiera hacerlo no tendría la condición para poderlo ejercer, porque en el partido habría procedimientos disciplinarios", le ha advertido.

El problema es que el PP valenciano no confirma este extremo, e incluso hoy han afirmado que no ha sido cesado, por lo que se trata de todo un pulso de Camps a Rajoy. "La dirección regional no le va a decir a la nacional lo que tiene que hacer"

El día de ayer acabó sin saber si Costa ha sido destituido, y a día de hoy sigue sin estar claro, por más que De Cospedal se esfuerce. "Yo me quedo con la palabra que Camps le dio a la dirección general del partido. Él trasladó a la dirección del PP el cese de todas las funciones de Costa". Pero Camps inmdiatamente después lo negaba. "Lo que no va a permitir la dirección del PP es este ahora sí ahora no, ni que la dirección regional diga lo que tiene que hacer la dirección nacional".

De Cospedal ha sido muy dura con el ya ex secretario general del PP, e incluso con la dirección del PP valenciano, con la que se ha mostrado muy dolida. Ha criticado la rueda de prensa de ayer de Costa -"nada afortunada"- y le ha reprochado que quiera apropiarse del cargo. "Cuando se tiene un cargo público hay que tener claro que los puestos no le pertenecen a nadie. Costa no puede creer que el puesto es de su propiedad, porque eso puede llevar a usar un puesto en beneficio propio".

Francisco Correa, Pablo Crespo, Cándido Herrero, Álvaro Pérez "El Bigotes" y otros miembros de la plana mayor de la trama Gürtel no forman parte del comité ejecutivo regional del PP, pero muchos de los que integran este órgano de dirección popular han tenido tanto o más trato con ellos o sus empresas que con sus propios compañeros de partido. Entre los que han adjudicado contratos a Orange Market, Special Events u otras firmas de la red de Correa -desde el PP o la Generalitat-, los que han recibido regalos o quienes han sido muy amigos, caso del alcalde de la Nucia, Bernabé Cano, son más de veinte los integrantes del comité ejecutivo que ayer se reunió para juzgar al secretario general, Ricardo Costa, que se han visto salpicados por el escándalo. En algunos casos, se trata de alcaldes o candidatos municipales que, según el informe de la policía judicial, aparecían como contactos de la trama para buscar financiación para actos de la campaña de las autonómicas y municipales de 2007 o de las generales de 2008.

El comité ejecutivo regional está conformado por casi cien integrantes, de los cuales 22 fueron elegidos por los compromisarios del congreso. El dominio del presidente Francisco Camps es absoluto. La mayoría de quienes forman parte del comité lo son como miembros natos por su cargo institucional -alcaldes de capital o presidentes de diputación- o por el que ocuparon, caso de los ex ministros. Uno de ellos, Juan Costa, tuvo ayer problemas para asistir a la reunión. Por la mañana, la dirección nacional del PP le prohibió acudir -a defender la actuación de su hermano, se sobreentendía-, pero, cuando el tema trascendió públicamente, Génova rectificó. Y Juan Costa pudo viajar.

Reunión tranquila, unidad, fortaleza y honorabilidad. Esas fueron las claves de la información ofrecida Canal 9 en el Notícies 9 de las nueve de la noche de ayer sobre la reunión del Comité Ejecutivo Regional del PP de la Comunidad Valenciana en la que se afrontó el cese del secretario general de la formación, Ricardo Costa. Fue la noticia de apertura, hubo conexión en directo, imágenes de la entrada y la salida con el presidente Francisco Camps besándose y abrazándose con populares varios, declaraciones de Costa y declaraciones del propio Costa insistiendo en "la unidad" y la "fortaleza" del PP tras la reunión de ayer. Canal 9, en algo más de dos minutos, insistió en que Costa permanece como secretario general de los populares valencianos y en que cuenta con el apoyo de Camps. Fue la versión idílica de la peor crisis política del PP en la Comunidad Valenciana. Ni una referencia al pulso a Mariano Rajoy, ni a las declaraciones de José Joaquín Ripoll (quien aseguró que Camps les pidió que no hablaran y aplaudieran).

Una hora antes, en el canal 24/9 de Radiotelevisó Valenciana (RTVV), los informativos recogieron en directo la comparecencia ante los medios de Ricardo Costa para dar cuenta de la decisión tomada en el Comité Ejecutivo.

Pero por la mañana, las cosas fueron bien distintas. Una información sobre vivienda y economía fue la noticia de apertura del Notícies 9 de las dos de la tarde. La comparecencia de Ricardo Costa en la que advertía de que retó a Mariano Rajoy ante el posible cese anunciado para la tarde de ayer, se resumió en 45 segundos. En ellos, no hubo mención alguna al caso Gürtel, ni a las conversaciones y documental que relacionan a Ricardo Costa y otros responsables del PP valenciano con una supuesta financiación irregular.

Canal 9 no sólo no priorizó esa información sobre otras sino que no envió una lanzadera (tiene seis) para conectar en directo. Ello supuso no poder dar servicio a la Forta (a la que pertenece como televisión autonómica) y a Intereconomía, que tuvieron, como Televisión Española, que contratar las imágenes con la empresa Overon.

Los sindicatos criticaron ayer de nuevo la política informativa. CC OO calificó de "nuevo ejercicio tóxico" el que realizó la cadena autonómica. "La singularidad que supone que algo relacionado con la trama Gürtel sea noticia de apertura, queda inmediatamente neutralizada al comprobar la manipulación de la información y la no colaboración con otras televisiones". En términos parecidos se expresó la Intersindical Valenciana.

El Presidente del PPCV, Francisco Camps, ha comunicado esta tarde a la dirección nacional que el Comité Ejecutivo regional ha acordado suspender temporalmente y a petición propia, en todas sus funciones en el partido como secretario general y, según esta misma comunicación, como portavoz del Grupo Parlamentario de Las Corts, a Ricardo Costa

La dirección nacional ha dado traslado del acuerdo del Comité Ejecutivo regional del PPCV al Comité Nacional de Derechos y Garantías para que, en las próximas fechas, cite a Ricardo Costa con el fin de que éste pueda ser escuchado y explicar su posición ante el citado órgano

El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Ricardo Costa, ha rechazado hoy dimitir de su cargo y ha asegurado que siempre ha trabajado al servicio y con la "máxima lealtad" al president de la Generalitat, Francisco Camps, y al del partido, Mariano Rajoy.

"Si la dirección nacional tenía otro criterio, nunca se materializó en una instrucción", porque en ese caso la habrían cumplido, ha añadido Costa, quien ha recordado que, en cuanto se descubrió la trama, "de forma automática" se dejó de trabajar con una empresa que ha "quebrado y defraudado la confianza" del partido.

Costa ha exigido a la dirección nacional, que no le ha llamado para darle explicaciones o pedirle aclaraciones, una explicación "clara" y que defienda "en todo momento" su "honradez" y su gestión como secretario general, y ha pedido que si existe "la más mínima duda" sobre su labor se abra una investigación interna, pues "al menos" debe tener derecho a defenderse.

El todavía "número dos" del PPCV ha dicho que, si finalmente se acuerda su "cese temporal", lo aceptará, como siempre ha aceptado todas las decisiones del partido, y ha insistido en que nunca ha actuado al margen de las directrices del partido y siempre ha antepuesto su "compromiso" con Camps y Rajoy a cualquier otra consideración.

Costa ha recordado que nunca ha tenido la responsabilidad de organizar o coordinar las campañas autonómicas y municipales en la Comunitat, y ha defendido que los proyectos colectivos, como el del PP, "se asientan sobre la base de la lealtad", y él siempre ha tenido "la máxima lealtad" hacia Camps, Rajoy y el PP.

El dirigente popular ha aseverado que ha trabajado siempre con "absoluta dedicación, cumpliendo la ley" y ciñéndose "a las directrices que la dirección regional del partido" le ha marcado, y ha actuado "siempre con absoluta lealtad a los órganos del partido", a Camps y a Rajoy.

"He actuado correctamente cumpliendo mis funciones como secretario general y como militante", ha indicado Costa, quien por ello ha pedido a Camps que traslade a Rajoy las razones por las que no ha presentado su dimisión.

"Tengo la conciencia tranquila. Siempre he seguido, siempre, los estatutos del partido. Nunca he actuado al margen de las directrices del PPCV, aunque en algunos casos, tengo que reconocer, hayan sido difíciles desde el punto de vista personal", ha aseverado.

A su juicio, su dimisión sólo debería producirse si hubiera incumplido sus obligaciones; ha afirmado que no le parece "razonable" ser un chivo expiatorio o cabeza de turco como se ha dicho en algunos medios, y ha indicado que está dispuesto a dar cualquier explicación pública sobre su gestión, a la vez que tiene derecho a exigir explicaciones.

Ha insistido en que ha cumplido su labor conforme a los estatutos, y presentar su dimisión podría suponer "un perjuicio" a los intereses del PPCV, ya que estaría trasladando la idea de que el partido o su secretario han actuado de manera incorrecta o incumplido la legalidad, lo que es rotundamente "falso".

Las personas que han trabajado con él lo han hecho de forma "leal" y con "absoluta corrección", y si alguno hubiera cometido alguna irregularidad -lo que no le consta- asumiría plenamente su responsabilidad política.

Además, ha pedido públicamente disculpas por las conversaciones "en algún caso desafortunadas" con Álvaro Pérez, del que desconocía su vinculación con la trama y que fueron privadas, aunque le han "avergonzado profundamente" al leerlas.

osta, que ha recordado que no está imputado en ningún proceso judicial, ha defendido que no le competen las responsabilidades en las adjudicaciones de contratos públicos y que nunca ha hecho gestiones en beneficio de las empresas de la trama "Gürtel".

Sobre sus "responsabilidades como militante" ha admitido que la compra del coche Infiniti, que pagó en su totalidad y sin mediación de la trama, fue "desafortunada" en un momento de crisis y un "error" que lamenta, y ha defendido que puede parecer "inapropiado" aceptar el reloj de lujo que le regaló el ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, pero lo hizo por sus 15 años de amistad.

También ha argumentado que ha pagado sus trajes y que siempre ha devuelto cualquier regalo "improcedente" y ha afirmado que su "único patrimonio" es su "honradez".

Costa ha aludido finalmente a un "amigo" que dijo el viernes que "la fiesta acababa a las cuatro" -en referencia a Esteban González Pons- y ha asegurado que "la fiesta continúa mientras haya personas" como Camps y Rajoy que quieran defender un proyecto, y ha pedido a los dirigentes del partido que tengan "claro" que hay gente que actúa "con poses y con frivolidad".

COSTA RETA A RAJOY A EXPLICAR SU CESE Y ASEGURA QUE SIGUIÓ DIRECTRICES DE CAMPS

El secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, no dejará su cargo voluntariamente, pero si aceptará su cese cuando esta tarde, tal y como está previsto, sea destituido por la dirección regional del partido. Costa se va, pero antes ha dejado claro que nunca actuó al margen de Camps ni de Rajoy. "Siempre he cumplido mis responsabilidades y he trabajado con absoluta lealtad, cumpliendo la ley y ciñéndome a las directrices de la dirección regional del PP. He actuado con lealtad a Camps y a Rajoy", ha reiterado el dirigente mientras ha leído un comunicado en la sede del PP en Valencia. Costa ha insistido una y otra vez en que tiene la conciencia tranquila y en que no va a permitir que nadie lo utilice de chivo expiatorio: "Tampoco sería procedente que mi dimisión tuviera como única finalidad asumir presuntas responsabilidades de terceros, que no me constan".

Costa ha retado a la dirección nacional del PP a que abra una investigación interna si tiene alguna sospecha. "Nadie de la dirección nacional me ha llamado para darme una explicación de esto. Espero que el PP nacional defienda mi honorabilidad y lo haga de forma pública", ha asegurado el secretario regional del PP valenciano. El dirigente valenciano ha recordado que lleva 20 años en el partido y que en ese periodo los populares han obtenido los mejores resultados de su historia.

El todavía número dos del PP valenciano sí ha querido dejar claro tres aspectos: que nunca ha tenido responsabilidades en la dirección de las campañas electorales en la Comunidad Valenciana, que Orange Market, la empresa elegida por el PP para la organización de la mayoría de los actos de campaña, trabajaba con el partido antes de llegar él a la dirección del PP valenciano, y que él no tiene responsabilidad alguna sobre las adjudicaciones de la Generalitat a Orange Market. "Nunca tomé esa decisión. Además la dirección nacional nunca nos ha pedido que dejásemos de trabajar con Orange Market. Si la dirección nacional tenía otro criterio nunca se materializó en una instrucción", ha declarado.

El secretario regional del PP ha pedido perdón a los militantes de su partido por las conversaciones con miembros de la trama Gürtel que ha visto reflejadas en los medios de comunicación. Costa ha asegurado sentirse avergonzado por su contenido y ha aclarado que su coche, marca Infiniti, se lo compró él y que la trama no tuvo nada que ver con la compra. También ha aludido al reloj Frank Müller, que le regaló a título personal el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, valorado en 20.000 euros. "Me lo hizo cuando no era ya alcalde. En otras circunstancias no lo habría aceptado. He pagado mis trajes y he aportado pruebas de ello", ha subrayado. Costa no hizo mención alguna a dejar de ser portavoz de su partido en las Cortes Valencianas.

La redacción de Canal 9, la televisión pública autonómica, tuvo que seguir la comparecencia de Costa por TVE porque ninguno de sus canales lo dio en directo.

En Castellón, el dirigente provincial del PP, Carlos Fabra, ha sorprendido con unas declaraciones en las que afirmaba que Ricardo Costa no tenía por qué presentar su dimisión porque el partido no tiene capacidad para adjudicar contratos y, por tanto, su cese no sería responsable.

Poco después de que el grupo popular en el Congreso de los Diputados negara a Juan Costa el permiso para ausentarse de la sesión plenaria de esta tarde y así poder acudir al Comité Ejecutivo Regional del PP de la Comunidad Valenciana, el PP ha rectificado y permitirá que el hermano del secretario general del PPCV, Ricardo Costa, esté presente en la reunión en la que se propondrá su cese temporal.

El caso es que la "orden" de acudir al Congreso no sólo afectaba a Juan Costa sino también al secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, al diputado por Alicante, Federico Trillo, a la diputada Andrea Fabra, a Ignacio Gil Lázaro y a Marta Torrado, ya que todos ellos son parlamentarios y, a la vez, miembros del comité ejecutivo.

El Partido Popular se funde en el silencio. Tras la comparecencia de Ricardo Costa, en la que ha asegurado que nunca actuó al margen del PP, el partido ha decidido cancelar todas sus comparecencias.

Para empezar se ha suspendido la habitual conferencia de prensa que, María Dolores De Cospedal, secretaria general del PP, suele ofrecer después de la reunión del Comité de Dirección. Tras las contundentes palabras de Costa, era la propia Oficina de Información del PP la que confirmaba que la 'número dos' no atendería finalmente a los medios.

Antes, la rueda de prensa del secretario general del PP en la Comunidad Valenciana se había limitado a la lectura de un comunicado con el que ha dejado claro que no va a dimitir y donde ha asegurado que no iba a permitir que le convirtieran en cabeza de turco. Sin embargo, no permitió que se hicieran preguntas y se excusó diciendo que, posteriormente, tras la reunión del comité ejecutivo regional, contestaría a todas las preguntas. Por su parte, el presidente del a Generalitat valenciana, Francisco Camps, también se ha negado a contestar, tras inaugurar un piscina en la localidad valenciana de Carcaixent, a las preguntas de los periodistas relacionadas con Ricardo Costa.

A raíz las incendiarias declaraciones de Costa se han cancelado todas las comparecencias públicas de los pesos pesados del partido. La portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, tampoco ha ofrecido la habitual conferencia de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces.

Por su parte, el vicesecretario de comunicación de los conservadores, Esteban González Pons, que tenía previsto realizar una entrevista en el programa La Palestra de la Cope a las 14.00 horas, tampoco ha dado señales de vida. Según fuentes del programa consultadas por Público.es, el conservador les ha asegurado que no podía intervenir en el espacio. Dichas fuentes aseguran que "por nada en especial".

De este modo, y aunque hace unos días aseguró el mismo líder del PP, Mariano Rajoy, que no iban a mirar hacía otro lado, lo cierto es que nadie de la dirección nacional explicará, de momento, a los medios de comunicación, cuál es la situación.

La última vez que De Cospedal tuvo que cancelar sus habituales conferencias de prensa de los lunes -el Comité de Dirección se ha celebrado hoy por haber sido ayer el Día de la Hispanidad- sucedió en junio, cuando tuvo que interrumpir su actividad unos días a causa de una intervención quirúrgica. Asimismo, Rajoy lleva desde el 13 de abril sin ofrecer una rueda de prensa en la sede de su partido.

En la agenda de hoy del PP -la Oficina de Información la reparte a diario- no figura evento o convocatoria de los más altos dirigentes que pudiera solaparse con la conferencia de prensa. Lo que sí figura, por ejemplo, en la página web del partido, es la (no) intervención de Pons en la Cope.

CAMPS INTENTA APLACAR A COSTA PARA EVITAR QUE CUENTE QUIÉN DIO LAS ÓRDENES

Francisco Camps lleva siete meses actuando como si el caso Gürtel no existiera y, a pesar de haber vivido el fin de semana más conflictivo en el PP valenciano desde que él lo dirige, aún trata de mantener esa ficción. El viernes, Mariano Rajoy le obligó a anunciar que el Comité Ejecutivo convocado esta tarde destituiría a su secretario general, Ricardo Costa. Camps lo hizo in extremis, pero desde entonces no ha parado ni un minuto de trabajar para deshacer el problema interno que eso le ha provocado.

Camps está moviendo, según fuentes del PP valenciano, todos los hilos a su alcance para tratar de aplacar la ira de su número dos. Le ha llamado personalmente varias veces y le ha hecho llegar todo tipo de mensajes para tratar de convencerle de que lo del cese es algo temporal, que no ha perdido la confianza en él, que está muy preocupado por su situación personal y que esto sólo se hace porque Rajoy lo exige, pero que se deshará en cuanto la situación judicial se aclare y, sobre todo, la presión mediática sobre el líder del PP se reduzca.

A esos mensajes privados, Camps añadió ayer uno público. Obligó a Juan Cotino, hombre fuerte del entorno del presidente, a emitir una nota -ni Camps ni nadie de su Gobierno se someten a preguntas sobre el caso Gürtel; sólo Costa lo hacía-. En ella se deshace en elogios hacia la figura del secretario general y desmiente que le hubiera espiado a él y a Gerardo Camps, tal y como publicaba el domingo El Mundo.

Cotino señaló que Costa es "una persona honesta, íntegra, que ha realizado una gestión intachable y que ha trabajado y trabaja incesantemente por defender los intereses de los valencianos". Después de leer esta frase, un dirigente del PP se preguntaba ayer: "¿Y entonces, por qué lo echan?".

Todo este despliegue de medios y de buenas palabras de Camps y su entorno hacia Costa tiene un objetivo: evitar que el todavía secretario general rompa la fidelidad absoluta que ha mantenido hasta ahora con el presidente y cuente lo que la mayoría de los dirigentes ya conocen: que fue Camps quien llevó a Álvaro Pérez, El Bigotes, a Valencia; que fue él quien facilitó que obtuviera hasta siete millones de euros en contratos de la Generalitat, y que Costa sólo obedeció órdenes del presidente cuando decidió contratar a Orange Market para hacer prácticamente todos los actos del PP en esta comunidad, a pesar de que la dirección nacional había aconsejado dejar de trabajar con ellos.

Costa, que estaba en la Comunidad Valenciana desde la noche del domingo -nunca hizo realmente el Camino de Santiago-, tiene varias horas para reflexionar sobre su posición en el Comité Ejecutivo. Lo cierto es que Camps ya le prometió la semana pasada que nada sucedería, e incluso llegó a decirle: "Si te vas tú, me voy yo".

Costa, según varias personas que han hablado con él estos días, no está dispuesto bajo ningún concepto a aceptar una dimisión temporal voluntaria, la solución que Camps prefiere. Quiere que sea el Comité Ejecutivo quien lo destituya para garantizar que Camps tenga que explicar por qué lo decapita.

El secretario general preparó ayer su discurso. En él defenderá su gestión, recordará que él no estuvo nunca en el Gobierno y por tanto no pudo adjudicar nada a ninguna empresa, y tratará de responder a las acusaciones de financiación ilegal. El PP valenciano no acepta que haya existido, por lo que es difícil explicar la destitución. Después será Camps quien hablará, por primera vez ante su ejecutiva, sobre el caso Gürtel. El presidente valenciano no ha ofrecido nunca una explicación, siquiera somera, sobre sus relaciones con El Bigotes, al que llamaba "amiguito del alma". En función de lo que él diga, Costa le responderá.

Camps quiere reducir todo a una cuestión formal, descarta cualquier otra destitución e incluso plantea la posibilidad de que nadie releve a Costa, esto es, que la plaza se quede vacante, una forma de demostrarle que la cuestión aún se puede resolver.

Sin embargo, la dirección nacional está dispuesta a presionar, como lo hizo el viernes, para evitar las componendas que busca Camps. En Génova existe la convicción de que, o se tapa el agujero del Gürtel, o la imagen de Rajoy puede quedar definitivamente tocada. Por eso desde Madrid se seguirán con detalle los pasos de Camps por si hay que reconducirlo de nuevo, por ejemplo si rechaza destituir a Costa como portavoz parlamentario, algo que le exige Génova.

El PP valenciano canalizó ayer toda la tensión previa al Comité Ejecutivo convocado para destituir temporalmente a su secretario general, Ricardo Costa, con una eclosión de llamadas entre la conmoción y la indignación, que sumieron al partido en otra jornada de vacilaciones.

Hasta conocerse el encuentro de ayer entre Costa y el presidente Francisco Camps, e incluso después de éste, los cuadros del PP manejaron distintos escenarios para hoy y ninguno con final feliz.

La posibilidad de llegar al Comité Ejecutivo con una solución global pactada se consideraba incierta a última hora de ayer. Ni entre Camps y Costa. Ni tampoco entre el presidente y sus tres barones provinciales. Aunque hoy está convocada una reunión con ellos para intentar cerrar un acuerdo.

A lo largo de la tarde, los dirigentes territoriales confirmaron la voluntad de Camps de mantener a Costa en la portavocía de las Cortes y nombrar como interinos al frente del partido a la vicesecretaria de Comunicación, Marta Torrado, y al de Política Municipal, César Augusto Asencio. Una salida con el aliño preferido de Camps de aquí no ha pasado nada, pero que entre bambalinas la organización consideró insatisfactoria por dos razones.

Una, porque la continuidad de Ricardo Costa como portavoz parlamentario significa resolver el problema sólo a medias. Y dos, porque sus sustitutos -Torrado y Asencio- carecen del peso suficiente para ser interlocutores de José Joaquín Ripoll en Alicante, Alfonso Rus en Valencia y Carlos Fabra en Castellón, cuya influencia se ha multiplicado por la debilidad de Camps.

El otro decorado previsto por Presidencia -si no logra que Costa siga en las Cortes- pasaría por situar a Asencio o a José Marí, responsable económico del grupo parlamentario, al frente de la portavocía.

Ambos esquemas tropiezan con la imagen de cambios reales exigidos por Génova y con su propuesta sotto voce, trasladada a los referentes del PP valenciano, de que Gerardo Camps sea el secretario general y un consejero se convierta en el nuevo portavoz parlamentario. Pese a que este diseño es el deseado, la dirección nacional ha reclamado a los barones que dé la impresión de «que Paco lidera».

Las distintas ecuaciones dan como resultado un Comité Ejecutivo insólito, sobre el que nadie se atreve a pronosticar. Ricardo Costa y sus palabras son el centro sobre el que pivotará el resto de discursos, fundamentalmente el de Camps. Se da por segura la presencia de su hermano, el ex ministro Juan Costa.

Pero si el presidente no logra sumar sin ambages a Ripoll y Fabra, así como a Rus y Barberá -estos últimos más cercanos a él- sus intervenciones puedan ser otras bombas de relojería. Para desactivar explosiones incontroladas se ha convocado la reunión previa de hoy.

A falta de confirmarse la escenografía y los nuevos protagonistas, el partido vive en absoluto duelo la ejecución pública de Costa que, aunque inevitable para todos, resulta absolutamente molesta por la incapacidad del president Camps de realizarla en solitario.

CAMPS OFRECE A COSTA DEJARLO EN «CUARENTENA» Y EL SECRETARIO GENERAL SE RESISTE A ACEPTAR

Una «cuarentena» hasta que escampe el temporal para dar satisfacción a Génova pero con billete de vuelta al cargo. El presidente Camps intentó ayer por todos los medios convencer a Ricardo Costa, su mano derecha estos años y conocedor de las «alcantarillas» del PPCV, para que acepte la propuesta que hoy propondrá a los 94 miembros del comité ejecutivo regional: Su destitución «temporal» como secretario general pero dejando vacante el cargo y manteniéndolo como portavoz en las Corts. La solución, según responsables campsistas, daría satisfacción a la exigencia de depuraciones de la dirección nacional sin segar la carrera política de Costa, a la espera de futuros acontecimientos.

Costa, sin embargo, se resistía anoche a aceptar esta componenda al no fiarse de que no esté con ello cavando su tumba política y cargando con el mochuelo de la rama valenciana del caso Gürtel. De ahí la negativa a dimitir y el órdago a Camps de que, si quiere (o si se atreve), que lo destituya en el comité regional. Algunas informaciones apuntaban anoche que el número dos barajaba emitir un comunicado dejando claro que él no hizo sino cumplir órdenes de Camps. Fuentes cercanas al todavía «número»?dos recordaban que no fue él quien trajo a Orange Market a la Comunitat —vino de la mano del propio Camps— y que fue el único que logró la unanimidad de los jueces en el archivo del TSJ.
El presidente, que no acudió ayer al desfile de las Fuerzas Armadas, se empleó a fondo para convencer a Costa de que aceptara el arreglo. Camps —al igual que sus personas de confianza— alabará la gestión del «número» dos como coordinador del partido y su trayectoria «intachable». Un homenaje antes de la sentencia. Dirigentes populares resaltaban que no está imputado ni acusado de nada, y que tampoco, a la luz del sumario, ha metido la mano en la caja.

La propuesta de Camps, según las mismas fuentes, tendría el aval de Génova, que el viernes, a lo largo del 9 d´Octubre más tempestuoso que se recuerda, exigió al jefe del Consell la cabeza de Costa. Ante la negativa del secretario general a dimitir (al alegar que no ha cometido ninguna irregularidad), el presidente convocó para hoy el comité ejecutivo. La «cuarentena» de Costa sería una vía intermedia que Camps, demostrando su autonomía de decisión, habría arrancado a Madrid, según las citadas fuentes. El «acuerdo» serviría para acallar a todas las partes en un escenario que, recalcan, no es comparable al alcance del caso en Madrid, sino que es un «problema de estética» en los comportamientos.

Habrá que ver si esa solución —un paripé, según los críticos, que subrayan que la destitución temporal «no existe»— es suficiente para Rajoy y también si Costa, quien intervendrá para leer su informe, asume ese papel o se defiende abriendo la caja de los truenos. Las mismas fuentes destacan el enfado con el vicepresidente Juan Cotino, a propósito de los supuestos informes del Consell sobre cargos del partido. De no haber solución negociada, se tendría que votar. El ex ministro Juan Costa, que está peleando para salvar la carrera de su hermano y que no sea el cabeza de turco, podría asistir al comité. Los zaplanistas propondrán que se pacte un grupo de notables para afrontar todos unidos la grave crisis, en lugar de ir poniendo «parches» a golpe de sobresalto judicial, como a su entender es el cese «temporal». En ese grupo estarían Camps, los tres presidentes provinciales, Rita Barberá y un miembro del Consell, probablemente Gerardo Camps. Los zaplanistas creen que el tiempo en que Camps hacía y deshacía sin contar con ellos ya ha acabado, si se quiere buscar soluciones a largo plazo.

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, afronta hoy una de las reuniones de partido más difíciles a las que ha asistido. Forzado por la dirección nacional del PP, Camps ha convocado esta tarde al Comité Ejecutivo Regional del partido para proponer la destitución "temporal" de su mano derecha y portavoz parlamentario, Ricardo Costa. Primero será el todavía secretario general del PP quien presente su informe y, posteriormente, Camps, como presidente, quien haga la propuesta de destitución y explique las razones. El jefe del Consell intentará, sin embargo, no responder a las principales preguntas que se hacen en el PP. Estas son algunas de ellas.

- ¿Quién introdujo a Álvaro Pérez El Bigotes y a Orange Market como proveedores del PP en la Comunidad Valenciana? Ricardo Costa es secretario general del PP desde el 13 de junio de 2007, cuando la dirección regional de los populares ya llevaba, al menos, dos años contratando casi en exclusiva todos sus actos con Pérez. Costa entró en el equipo de Camps como vicesecretario general del PP en noviembre de 2004.

- ¿Conoció Camps a los miembros de la trama como secretario regional del PP? El pen drive incautado por la policía al contable de la trama corrupta, José Luis Izquierdo, incluye dos apuntes referidos al décimo congreso regional del PP en la Comunidad Valenciana, celebrado en 2002. Uno en dinero A de 90.151 euros y otro en B de 150.412 euros. Camps, al que Eduardo Zaplana ya había nombrado secretario general, era el encargado de visar la contabilidad.

- ¿Por qué negó Camps su estrecha amistad con El Bigotes? Las conversaciones grabadas a Álvaro Pérez con Francisco Camps, Ricardo Costa y David Serra, entre otros, demuestran la estrecha relación del responsable de Orange Market con la cúpula del PP. Pero, también, cómo este recibía encomiendas institucionales de Presidencia, se le atribuía capacidad de influir las decisiones de gobierno y tenía relación no sólo con Camps sino con su esposa, Isabel Bas.

- ¿Sabía el presidente que Costa intentó arreglar el asunto de los trajes con Pedro García (director de RTVV) y Pérez? La investigación policial desvela que el número dos del PP intentó buscar una solución para justificar los trajes regalados por la trama corrupta. Unos trajes que Camps insiste en que pagó con dinero en metálico de la farmacia de su mujer.

- ¿Quién facilitó a la trama corrupta contratos por valor de ocho millones de euros con la Generalitat desde 2005? Nadie ha dado una explicación convincente. Camps se remite siempre a que no se impugnó ninguna de las adjudicaciones.

- ¿Qué papel ha jugado el vicepresidente Vicente Rambla? Responsable de la campaña electoral del PP en las elecciones autonómicas de 2007, Rambla ostentaba ya amplias responsabilidades en el Consell. A través de una de las empresas públicas, Rambla adjudicó a Orange Market un contrato superior al medio millón de euros. El Bigotes se queja en las conversaciones con Costa de que el vicepresidente se resiste a pagar lo que se les adeuda. En otras ocasiones, Pérez se felicita de que Rambla les ayudará a conseguir grandes eventos para la Generalitat.

- ¿Quién puso en contacto a Orange Market con las constructoras que, supuestamente, financiaron actos del PP?

Álvaro Pérez era, prácticamente, proveedor exclusivo de la dirección regional del PP y de la Generalitat. Aunque El Bigotes también compartía con Pedro García amistad con Vicente Cotino, responsable de la constructora Sedesa y sobrino del vicepresidente Juan Cotino, nadie ha explicado por qué esta constructora y otros grandes promotores como el alicantino Enrique Ortiz (Ortiz e Hijos) o los castellonenses Enrique Gimeno (Facsa) y Luis Batalla (Lubasa) contactaron con Orange.

¿Qué garantías tiene Camps de que no habrá más escándalos? Nadie en el PP tiene hoy en día la seguridad de que no haya más escándalos. La confianza solicitada por Camps, que desde el pasado mes de febrero insiste en que no hay nada de nada, se ha volatilizado.

El vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, negó ayer categóricamente que hubiese auspiciado una investigación sobre el número dos del PP, Ricardo Costa, y sobre el vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps. Pero hizo tarde. El mal rollo ya llevaba horas instalado entre los cargos populares que, no sólo dieron credibilidad a las informaciones, sino que exteriorizaron su indignación. El malestar por el supuesto espionaje interno aumentó ayer la desconfianza en el seno del PP, donde va cobrando fuerza la idea de que se está ante un final de ciclo que, en un plazo más corto de lo previsto, podría abrir la batalla por la sucesión.

En este contexto, los presidentes provinciales y los principales alcaldes estaban a la espera de que Camps les consulte cual será su propuesta de esta tarde al Comité Ejecutivo Regional.

Los más allegados a Camps intentaron convencerlo ayer de que debe realizar una demostración de fuerza en el Comité Ejecutivo para evitar que siga creciendo la lista de cargos desafectos o de los que están a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos.

En cualquier caso, Camps intentará limitar al máximo las repercusiones de la reunión. Es decir, no tiene previsto realizar una operación de gran calado que afecte al Gobierno valenciano. Situación que le abriría un nuevo frente de consecuencias desconocidas.

Todo ello, siempre y cuando consiga pactar con Ricardo Costa las condiciones de la "destitución temporal". Fuentes de Presidencia especulaban ayer todavía con la posibilidad de que Costa se pueda mantener como portavoz parlamentario, una medida que la mayoría del PP considera inviable. En cualquier caso, el Comité Ejecutivo, con los zaplanistas al frente, espera hoy explicaciones claras.

EL PP PAGÓ AL MENOS 1,4 MILLONES A LA TRAMA DE CORREA CON FACTURAS Y EN NEGRO ANTES DE 2007

La tradición del PP valenciano de contratar a las empresas de Francisco Correa y pagar una parte en negro se remonta al menos a 2002 -en concreto al congreso celebrado en septiembre- y se ha sostenido regularmente en el tiempo en los años previos a las autonómicas 2007, cuando el negocio de Orange Market se disparó. Los documentos encontrados por la policía judicial en el piso de la calle Serrano lo acreditaban y las declaraciones del contable José Luis Izquierdo en el juzgado corroboran la práctica del doble flujo contable. Entre el citado acto y diciembre de 2006, los populares pagaron al menos 1,4 millones a las firmas de la trama Gürtel, sobre todo a Special Events y a Orange Market.

Entre 2004 y 2006, sin existir ninguna campaña autonómica de por medio, el partido abonó 46 facturas a la franquicia valenciana de Correa por un total de 905.504 euros, según las cuentas de este diario. A esa cantidad hay que sumar los 218.637 euros que el PP abonó en negro por organizar 26 actos en 2005, algunos de ellos con motivo de la campaña de las europeas. Antes, en noviembre de 2004, el "PP de Valencia" hizo una provisión de fondos en negro por 84.000 euros, según consta en el documento "Caja B de Orange Market" que figura entre los 17.000 folios del sumario cuyo secreto se ha levantado.

Otros 240.582 euros se pagaron por el citado congreso de 2002, el que reeligió a Eduardo Zaplana como presidente por cuarta y última vez y a Francisco Camps, secretario general. Orange Market no había nacido y faltaban cinco años para que Ricardo Costa se convirtiera en secretario general. En una de sus declaraciones judiciales, José Luis Izquierdo apunta a Álvaro Pérez como la persona que gestionó el abono de 150.430 euros en negro, pero dice desconocer quién, por el PP, hizo el pago ilegal.

Álvaro Pérez:

Magistrado: Vamos a ir terminando. Congreso Regional de la Comunidad Valenciana del año 2002 y 2003, son uno de los archivos que tiene usted en las carpetas, esto fue ¿Con Special Events?

M: Oiga y...¿y esto que pone aquí?, sin IVA, sin IVA, sin IVA...cobros A 91.151, Cobros B 150.421 ¿Esto qué significa?

JLI: Pues mire, esto, para decírselo rápidamente, este congreso hubo una parte que se facturó en A y otra que se facturó en B.

JLI: Pues en este caso yo creo pues que por la fecha, fue Special Events, porque esto es de 2002.

M: ¿Y quién le facturó a Special Events en B, con IVA y sin IVA? Si sabe el responsable del congreso que pagó a Special Events.

JLI: No, o sea, el responsable del congreso que se organizaba en la Comunidad de Valencia...

JLI: Por el PP, no sé quién, no se quién porque además aquí como figura Álvaro Pérez, pues sería Álvaro Pérez quien gestionó..

JLI: La persona del PP que tiene que ser...no sé qué persona (...), ese tipo de información, normalmente, a mí nunca me llegaba. Las personas de contacto allí y demás son exclusivas de ellos.

En su declaración judicial, Álvaro Pérez negó que el PP pagara en negro. Preguntado por los 90.151euros en A y los 150.421 en B contestó con una clara evasiva: "Pues no lo puedo justificar yo ¿De qué año me ha dicho, del 2000?".

En el informe de la Udef ya se daba cuenta del pago de esos 150.430 euros en negro a una cuenta personal de Correa. Se da la circunstancia de que en ese mismo 2002, el 18 de diciembre, figura un apunte de salida de la Caja B de la trama en Madrid de 420.000 euros que va a parar a "PP VLC", según recogía ya el auto de Garzón y el informe de la policía judicial. "Esta entrega podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Correa", dice la policia. Esto es, una comisión al partido. Es el único flujo registrado, en negro, desde la trama de Correa hacia el PP. Que se sepa.

Si algo ha quedado claro en la crisis provocada por el caso Gürtel, es que Francisco Camps ha dejado de tener el control del partido en la Comunidad Valenciana. Los zaplanistas, a los que Camps parecía haber controlado en los últimos años, piensan aprovechar la reunión de hoy para buscar que no sólo Ricardo Costa, sino también el propio Camps asuma su responsabilidad por haber fichado a Álvaro Pérez, El Bigotes. El presidente provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, líder de este sector, tiene previsto pedir explicaciones a Camps. Los zaplanistas, que tienen una representación pequeña en el órgano de dirección del PP de la Comunidad Valenciana, no defenderán a Costa -quien llegó a bromear con El Bigotes con meter a todos los seguidores de Ripoll en un furgón policial-, pero tampoco se conformarán con su cese.

Mientras, Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, imputado en varios casos de tráfico de influencias y delito fiscal, también se distanció de Camps. "Lo único lamentable" del caso Gürtel es que "algunos creyeran" en la "pandilla de mafiosos que se ha querido aprovechar del PP" y "les hicieran caso", sentenció. Aunque no citó expresamente a Camps, la conversación en la que éste mostraba su confianza en El Bigotes es muy conocida.

Numerosas conversaciones entre miembros de la trama Gürtel y dirigentes del PP y mucha documentación de las empresas de Francisco Correa que apuntalan la posible financiación irregular del PP valenciano no llegaron al juez José Flors, encargado de instruir la causa por supuesto cohecho impropio contra Francisco Camps, el presidente valenciano, y otros tres altos cargos del PP. Pese a no contar con las pruebas ahora conocidas, ni con las conversaciones en la cárcel de los jefes de la trama corrupta y sus abogados, donde sostienen que creen que Camps se pagó sus trajes pero no aportan una sola prueba para demostrarlo, el juez Flors encontró suficientes indicios de cohecho impropio en la actuación del presidente valenciano y tres altos cargos del PP.

Hasta el punto de que Flors, con los datos de que dispuso, era partidario de sentar en el banquillo y ante un tribunal con jurado a Camps y a los otros aforados implicados. Y todo ello a pesar de que Álvaro Pérez, el Bigotes, declaró ante Flors (fue lo único que quiso decir) que no había pagado los trajes a Camps, en contra de lo que revela toda la documentación hallada en las empresas de la trama.

Aunque en el sumario del caso Gürtel hay abundantes pruebas y conversaciones inculpatorias contra Camps y otros cargos públicos, la estrategia ahora del PP es expandir la sospecha de que las fiscales del caso han tratado de eliminar del sumario un diálogo entre imputados y sus abogados que beneficiaría al presidente Camps. En ese diálogo, Pablo Crespo, número dos de la trama, afirma a su letrado que cree que Camps se pagó los trajes. Esta grabación, al igual que otras muchas que han salido ahora a la luz tras levantarse en Madrid una parte del secreto del sumario, no fue enviada a Valencia. El PP se fija sólo en la que beneficia a Camps y obvia las otras para decir que las fiscales han tratado de ocultar pruebas favorables al presidente valenciano. Al pedir que se eliminasen las conversaciones entre los abogados y los principales implicados en la trama -el cabecilla Francisco Correa y su lugar teniente Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP de Galicia-, las fiscales también estaban renunciando -todo ello para "salvaguardar el derecho de defensa"- a la admisión implícita por parte de Correa de la validez del contenido del pen drive decomisado al contable de las empresas corruptas y que da cuenta de sobornos a numerosos cargos del PP. Y, también, a la admisión de otra grabación en la que el imputado Crespo deja entrever una supuesta financiación ilegal del PP de Galicia. La polémica que alimenta ahora el PP se refiere en concreto a un diálogo que mantienen en la cárcel Crespo y sus abogados. Los abogados le preguntan, entre otras cosas, por el regalo de trajes a Camps. Crespo se desahoga: "Nunca lo podrán demostrar porque no es cierto. Van a tener difícil sostener la acusación contra Camps, porque no es cierta". A otro de los letrados presentes le asegura: "Si Camps se hizo trajes allí, los habrá pagado de su bolsillo".

Esta conversación no fue remitida a Valencia, al igual que otras muchas que sí le inculpaban. El juez Flors, lo mismo que otro de los magistrados de Valencia contrario a archivar el caso Camps, entendió que había pruebas suficientes para sentar a Camps en el banquillo. Y eso que, de entrada, el tribunal que preside Juan Luis de la Rúa (amigo declarado de Camps) limitó la investigación al asunto de los trajes y prescindió de indagar otros delitos.

- Resolución judicial. El auto de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal de Justicia de Valencia (TSJV) declaró el sobreseimiento libre de la causa instruida contra Camps por el magistrado José Flors. Ese auto asume que las empresas de la trama corrupta pagaron trajes a Camps. Pero archiva el asunto porque entiende que Camps no recibió los trajes en virtud de su cargo público, sino fruto de la íntima relación de amistad que mantenía con Álvaro Pérez, El Bigotes, gerente de Orange Market, una de las empresas de la trama corrupta, que recibió del Gobierno de Camps casi ocho millones de euros en contratas, casi todas a dedo.

- Adjudicaciones a El Bigotes. Un informe remitido por la Generalitat al TSJCV explica que la Consejería de Turismo contrató la instalación del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur, la feria de turismo, entre 2005 y 2008.

- Alicante y Barcelona. La policía se incautó en las oficinas de Orange Market en Valencia de documentos que relacionaban una serie de ingresos bajo el epígrafe Alicante, que se refería a dinero justificado con facturas con IVA; y una segunda relación de ingresos bajo el epígrafe Barcelona, en referencia a dinero negro no declarado. El TSJV archivó el caso sin investigar este asunto.

- Cuentas coincidentes. Documentos incautados en la sede central de la trama corrupta, en la calle de Serrano de Madrid, consignan ingresos de Orange Market que coinciden con los apuntes incautados en la sede de esta empresa en Valencia.

- Constructores afines. Correos electrónicos encontrados en la sede de Orange Market probaban que se cambiaban facturas de actos del PP por otras de constructoras, de lo que se deduce un supuesto circuito de financiación ilegal de esa formación.

- El Bigotes reclama. Conversaciones telefónicas grabadas con autorización judicial entre El Bigotes, Ricardo Costa (secretario general del PP valenciano), David Serra (vicesecretario general) y Yolanda García (tesorera). Ricardo Costa a Álvaro Pérez: "Entre mañana y el viernes te voy a dar todo lo que te falta, que te debemos nosotros, pero yo necesito que el presidente no lo sepa, y entonces que le digas que éste [en referencia a Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat] es un hijo de puta".

- "Fíjate lo que te debo". El día de nochebuena, a las diez de la noche, El Bigotes telefoneó a Camps.

C. Bueno, yo quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro... que es muy bonito.

El sumario del caso Gürtel ha vuelto a desmentir al Gobierno de Francisco Camps. El 30 de marzo, el vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla, afirmó rotundo que el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes, no había tenido "nada que ver" con la organización de la visita que el Papa realizó a Valencia en julio de 2006 durante el V Encuentro Mundial de las Familias. Ahora, las cifras de la contabilidad B, que computa los movimientos de dinero negro, demuestran que Orange Market, la franquicia valenciana de la trama, sí tuvo que ver con ese pío cónclave. Formalmente lo organizó una fundación constituida por la Generalitat, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de la capital y el Arzobispado.

En realidad, todavía no se sabe quién contrató a Orange Market pero los documentos que contenían el CD y el pen driveincautados por la Policía a José Luis Izquierdo, contable del grupo de Correa, acreditan que la compañía prestó servicios. Las cuentas consignan un apunte de 10.000 euros junto a la siguiente leyenda: "Ent. P. Crespo/ Gtos. producción Visita Papa". El concepto por el que se libran los 10.000 euros aparece en una columna encabezada por este epígrafe: "Pasado a Caja Pagos B". La presencia de la palabra "producción" sugiere, según fuentes valencianas conocedoras del caso, que la trama podría estar hablando de trabajos televisivos, aunque esa afirmación es sólo una hipótesis.

La fecha de pago anotada es el 7 de julio de 2006. En la jornada siguiente, el Papa llegó a Valencia y el día 9 recibió en el Palacio Arzobispal a Camps, el "amiguito del alma" de Álvaro Pérez y a su esposa, Isabel Bas, la farmacéutica a quien el administrador de Orange Market se refiere en una conversación telefónica como "la dama".

En la contabilidad hay un segundo apunte relativo a ese evento. Junto a la fecha 20 de marzo de 2006 figura una anotación por 2.000 euros. Se corresponde con el concepto "Ent. a Álvaro Pérez p/ Viaje a Italia". Una de las grabaciones policiales cazó a Francisco Correa hablando del viaje de El Bigotes a Roma en ese mes, marzo de 2006, para preparar la visita del Papa a Valencia.

Las cuentas secretas de la red incluyen un tercer apunte que parece referirse igualmente a la visita del Papa. La anotación da cuenta de una entrega de 6.000 euros fechada en junio a un hombre cuya filiación nombre y primer apellido se corresponde con las iniciales M. T. Según fuentes cercanas al caso, se trata de una persona vinculada al viaje de Benedicto XVI, aunque este diario no ha podido confirmarlo.

No sólo Rambla desmintió la presencia de Orange Market en la logística del V Encuentro Mundial de las Familias. También el Arzobispado de Valencia negó de modo tajante que esa empresa hubiera sido contratada. Afirmar lo contrario clamó en febrero el prelado a través de una nota oficial constituye "una insidia y una falsedad absoluta".

Dado que buena parte de las investigaciones que pudieran afectar al PP valenciano y al Gobierno de esa comunidad permanecen bajo secreto de sumario, no es posible dilucidar quién encargó los trabajos ni cuáles fueron exactamente.

Durante la investigación judicial abierta para determinar si Camps y otros tres cargos del PP valenciano había recibido trajes se supo que Orange Market había recibido ocho millones en contratos públicos de la Generalitat.

Fue el pasado 30 de abril cuando el vicepresidente primero de la Generalitat negó categóricamente la presencia de Orange Market en la visita del Papa. Vicente Rambla lanzó su mentís tras conocerse que un pinchazo policial había destapado cómo ‘El Bigotes’ se las prometía felices al dar por hecho que la Generalitat lo podía nombrar “por la cara” coordinador de la visita.

“Lo que sí que conozco –prosiguió Rambla- es que la organización de la visita del Papa la llevó a cabo una fundación en la que estuvo presente el Arzobispado, el Ayuntamiento de Valencia, la Diputación de Valencia y la Generalitat valenciana y, desde luego, no esta persona”. La oposición valenciana lleva tres años reclamando que la Generalitat explique cuánto costó el viaje de Benedicto XVI.

RITA BARBERÁ EXIGE AL GOBIERNO Y A LA FISCALÍA DIMISIONES Y PIDE SUS DISCULPAS

El PP vuelve a la conspiración. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como ya hizo ayer Soraya Sáenz de Santamaría, ha acusado este lunes al Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y al Gobierno central, de haber cometido un "abuso institucional" en la investigación de la trama Gürtel y ha exigido "explicaciones" al respecto y "dimisiones de los responsables de Justicia".

En declaraciones a los periodistas, Barberá se ha referido a las informaciones que aseguran que la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que eliminase del sumario una conversación del 'número dos' de la trama, Pablo Crespo, en la que niega a su abogado que se hubiese regalado trajes al president de la Generalitat, Francisco Camps.

La alcaldesa de Valencia, ha calificado de "indecentes" e "inmorales" estos hechos y ha exigido a los que lo han ordenado "que den explicaciones, asuman sus responsabilidades y pidan perdón".

"El Fiscal Jefe y detrás de él, el Gobierno, son quienes tienen que dar explicaciones de estas barbaridades, de estos abusos institucionales y pedir perdón a las personas a las que públicamente se les ha hecho tanto daño", ha afirmado.

Según la alcaldesa, "cuando encima se sabe que las declaraciones son absolutamente pruebas exculpatorias de quien han tenido siete meses sufriendo como si fuera parte de un caso delictivo, me parece indecente, cuanto menos inmoral".

"Yo y todos los españoles tenemos que pedir, primero explicaciones, y luego dimisiones de los responsables de la Justicia", ha señalado.

Barberá ha evitado pronunciarse sobre el "cese temporal" del secretario general del PPCV, Ricardo Costa, pero ha insistido en que la grabación ilegal entre un acusado de la trama Gürtel y su abogado es "un tema de enorme alarma y gravedad institucional y de exigencia de responsabilidades inmediatas".

"Mal servicio están prestando los responsables de la Justicia en España a la independencia judicial. Se la están cargando y se están cargando el Estado de Derecho, y hay pruebas", ha sentenciado.

Para Barberá, ha habido "errores" pero "personas que hayan cometido errores o indeseables que se aprovechen de la confianza de amigos los hay en la política, las empresas y las familias, y evidentemente hay que explicarlo y reconocerlo".

No obstante, considera que "es gravísimo que se hayan hecho grabaciones absolutamente ilegales ordenadas en el locutorio de una cárcel entre una persona detenida y su abogado, basándose en un artículo de la ley que sólo se permite en casos extremos de terrorismo", ha concluido.

La supuesta "investigación" que ayer reveló El Mundo a la que Francisco Camps, presidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad Valenciana, sometió a Ricardo Costa, su número dos en el partido y cuya cabeza habría de ser servida en bandeja a Génova mañana para aplacar el escándalo desatado por la difusión del sumario del caso Gürtel, desató las más airadas reacciones de todos los partidos de la oposición parlamentaria. Un portavoz de la Generalitat negó cualquier credibilidad a la investigación y sugirió que la información respondería a una lectura sesgada de la auditoría externa sobre las cuentas del partido y la gestión de Costa como secretario general. O, tal vez, sobre la exigencia del PP a Costa para que justificara el pago de un vehículo por 65.000 euros, algo que ya hizo el secretario general y satisfizo al partido.

Pero Víctor Sahuquillo, secretario de Acción Electoral del PSPV, ofreció otra lectura del asunto. "Los métodos mafiosos de Francisco Correa, Álvaro Pérez y los otros hombres de Don Vito calaron tanto en la Comunidad Valenciana que hasta el propio Camps los ha puesto en práctica investigando a su número dos".

"Las divisiones internas del PP no sólo afectan a Alicante y a los grupos de campistas y ripollistas, sino que en la cúpula del partido, las disensiones también se dejan sentir", siguió Sahuquillo.

Según El Mundo, Camps habría ordenado investigar a Costa y a Gerardo Camps, vicepresidente económico del Consell, con el conocimiento de Juan Cotino, vicepresidente social y, en su día, director general de la Policía. Camps buscaría algún argumento definitivo que esgrimir ante el Comité Ejecutivo Regional del PP de la Comunidad Valenciana, que está convocado mañana, para "cesar temporalmente" a Costa y salvar la cara ante las presiones de Mariano Rajoy, presidente nacional del PP, para que tome decisiones "contundentes".

Costa ni ha dimitido ni parece tener ninguna intención de hacerlo. Su hermano, el ex ministro Juan Costa, que renunció a un cargo ejecutivo de relevancia en una gran empresa de ámbito internacional para dirigir la última campaña electoral de Rajoy, tampoco parece dispuesto a asumir que su hermano pague todas las culpas por el escándalo de financiación irregular del PP. Juan Costa ya ha hecho saber que su hermano se limitaba a seguir órdenes. De Camps, naturalmente.

La supuesta investigación del número uno al número dos del PP de la Comunidad Valenciana también provocó la fulminante reacción de Compromís y Esquerra Unida.

Mireia Mollà, diputada de Iniciativa en el grupo Compromís, dijo: "El espionaje de Camps para buscar trapos sucios de sus colaboradores demuestra el estilo facineroso en el que se ha instalado el PP. Es un hecho muy preocupante, una vuelta más de tuerca de la actitud antidemocrática de un PP en el que nadie se fía de nadie y todos sospechan de todos. Y es que el ladrón piensa que todos son de su condición". Mollà se preguntó: "¿Qué más busca Camps de Costa si con la lectura del sumario y de la información de la prensa es más que suficiente? ¿O lo que realmente estaba buscando era la información que le implica a él para eliminarla?"

Marga Sanz, coordinadora general de Esquerra Unida, apuntó que las supuestas investigaciones ponen de manifiesto la necesidad de "una limpieza interna de calado" en el seno del PP de la Comunidad Valenciana. Según Sanz, el único objetivo verosímil de la investigación "sería blindar a Camps".

Ayer fue imposible contactar con Ricardo Costa y con Gerardo Camps para que ofrecieran su versión sobre la información.

Los portavoces de la oposición subrayaron que la supuesta investigación revela la debilidad de Camps para desprenderse de Costa. "Parece que Camps no sentía lo mismo por Costa que por El Bigotes. Es un blanco fácil, la víctima que debía cargar las culpas de Gürtel para que él saliera impune", dijo el socialista Víctor Sahuquillo.

El conseller Cotino fue quien pidió informes comprometedores a un profesor universitario sobre el secretario general

El número dos aguanta el pulso y avisa de que no aceptará un cese temporal. Comunitat Valenciana

El actual conseller de Medio Ambiente y vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, fue quien pidió los informes sobre el secretario general del PP, Ricardo Costa -que mañana recibirá el "cese temporal"-, con el fin de obtener datos comprometedores sobre su persona.

Según ha sabido Levante-EMV, algunas personas han recibido en las últimas semanas la petición de datos sobre Costa que pudieran facilitar su destitución. Entre los preguntados figura un profesor - que ahora tiene cargo docente y que fue hombre de confianza durante la etapa de Joan Lerma al frente de la Generalitat-, visitado el viernes 2 octubre por el propio Cotino en busca de estos informes. Aunque el profesor aseguró desconocer los contactos, este diario, que le guarda el anonimato, ha podido saber que sí existieron.

Así, ante las informaciones aparecidas ayer -en estas mismas páginas, entre otras publicaciones-, el propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se puso en contacto telefónico con Ricardo Costa para desmarcarse de estas investigaciones, mostrarle su "sorpresa" e "indignación" y garantizarle que desconocía los informes. Según supo este periódico, Costa -que regresa hoy de vacaciones y era conocedor de que estaba siendo investigado- charló con el presidente sobre este asunto y sobre la reunión del Comité Ejecutivo regional de mañana, que abordará su destitución.

Al margen de la investigación a Ricardo Costa, el vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, también aparecería en los informes, publicó El Mundo. El nombre del vicepresidente podría formar parte de los planes alternativos de los populares en caso que el caso Gürtel acabara forzando la dimisión de Francisco Camps.

La revelación de las pesquisas internas enturbia todavía más la situación que vive el PP en unas horas de máxima tensión previas a la reunión de mañana que abordará la destitución de Costa: con Camps atrapado entre la dirección nacional -que le pide la cabeza del 'número dos' como gesto político ante el escándalo- y el propio Costa, su hombre de confianza en el PPCV que ahora se niega a dimitir.

Y es que Ricardo Costa es uno de los nombres más salpicados por el sumario del caso. Costa aparece señalado por la policía judicial y el TSJ madrileño como la persona que pactaba con El Bigotes los pagos en A y en B por los actos del partido. Sin embargo, el propio Costa y su entorno han defendido todo este tiempo que no se ha lucrado y que no actuaba por libre cuando contrataba con Orange Market. Es decir, que desde que accedió a la secretaría general del PP hizo lo mismo que se venía haciendo desde que Camps entró al Palau de la Generalitat: mantener a Orange Market como organizadora de eventos de cabecera.

El conseller Cotino, que pidió los informes sobre Costa, es uno de los referentes del Partido Popular que en las últimas jornadas había apremiado al jefe del Consell a tomar medidas. El pasado jueves, al mismo tiempo que otros dirigentes como Esteban González Pons, o Rita Barberá, Cotino opinó que habría que tomar decisiones en forma de destituciones o dimisiones. Igualmente, el propio conseller fue uno de los protagonistas del Nou d'Octubre, jornada que se precipitaron los acontecimientos con la presión ejercida por Génova para que Costa fuera destituido. Cotino, a primera hora, comenzó a generar el caldo de cultivo favorable a que ese mismo día se anunciara alguna destitución, al advertir que tras el puente de la Hispanidad podría haber alguna reunión para tomar decisiones.

Al margen de esta situación, cabe recordar que el nombre de Juan Cotino -que fue director general de la Policía en tiempos de Aznar- ha aparecido vinculado al caso Gürtel de forma indirecta. La constructora de los Cotino, Sedesa, figura en el informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía judicial como una de las supuestas financiadoras del PP -junto a otras constructoras y una consultora urbanística- a través de la trama de Francisco Correa.

Este periódico trató de comunicarse ayer sin éxito con el conseller Cotino -en El Vaticano por la canonización de dos santos con vínculos valencianos- para recabar su parecer sobre los informes.

ser director de Canal Nou". La anotación que figura en la carpeta rotulada Temas Valencia, que incautó la policía en el piso de seguridad de la trama Gürtel, con fecha 6 de abril de 2004 como "asuntos a despachar por Paco Correa" resultó profética. Pedro García Gimeno, Peter en algunas grabaciones policiales, fue nombrado director general de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) dos meses después.

La misma carpeta contenía una orden: "Álvaro que se vaya para allá". Álvaro Pérez, El Bigotes, ya había registrado Orange Market en Valencia en julio de 2003, un mes después de que Francisco Camps ganara por primera vez las elecciones autonómicas con mayoría absoluta.

Peter y El Bigotes se conocían desde hacía tiempo. Cuando José María Aznar avanzaba hacia su primera victoria electoral en 1996, el Valencia CF cedió su estadio al PP para un apoteósico acto electoral. Eduardo Zaplana, Rita Barberá y Manolo Escobar actuaron como teloneros. "¡Sólo soy un hombre honrado con un proyecto para España!", proclamó Aznar ante 55.000 asistentes. En primera fila, Julio Iglesias. Y entre bambalinas El Bigotes y Peter, a la sazón, jefe de prensa de Zaplana.

Pedro García aseguró ayer que no coincidió con El Bigotes en Mestalla, pero no oculta su amistad con Álvaro Pérez. Fue padrino del bautizo de su hija el 8 de febrero, horas después de que la policía hubiera registrado por primera vez la sede de Orange Market en Valencia.

No era para menos. En diciembre de 2007, Vicente Cotino, presidente de Sedesa, una de las cinco constructoras que la brigada contra el blanqueo apunta como pagadoras de facturas que Orange Market había girado al PP de la Comunidad Valenciana, recogió a Pedro García, lo condujo a su jet privado y ambos volaron hasta Marrakech. Allí les esperaban El Bigotes; Miguel Perelló, un productor que ha recibido 12 millones de euros en subvenciones de la Generalitat para rodar películas sobre Blasco Ibáñez o Severo Ochoa, entre otros; o Arturo Blanch, empresario de comunicación, especialista en eventos y adjudicatario de contratos por cerca de dos millones de euros desde la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana. Celebraban el 40º cumpleaños de Peter. La fiesta se prolongó todo el fin de semana.

"Fue una sorpresa que organizó mi mujer, cada uno pagó lo suyo y todos los asistentes son amigos míos personales", justificó Pedro García cuando trascendió la noticia en marzo pasado.

Peter conocía tan bien a El Bigotes que se cuidó mucho de contratar nada con Orange Market durante los cinco años en los que ejerció como director general de RTVV. Apenas la disposición de unas mesas para un telemaratón que hicieron falta a última hora, y un detalle: la esposa de El Bigotes, Noemí Ramal, participó en una gala de Nochevieja emitida por Canal 9.

Eran colegas hasta en el sentido profesional. Ambos eran creadores de imagen. Uno le regalaba trajes al presidente valenciano y el otro era su sastre informativo. El jefe de prensa de Zaplana, director de comunicación de José Luis Olivas y director de la RTVV con Francisco Camps ha creado una realidad paralela. En los informativos de Canal 9, Camps jamás fue imputado por ningún juez: simplemente acudió al juzgado para aclarar unas cosas que nunca pasaron de ser dos o tres trajes y siempre con todo el respaldo de Génova, sede del PP nacional.

Pero, como en toda película, hay buenos y malos. El día en que Camps salía de la sede del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana acompañado de Rita Barberá y sus tres vicepresidentes, y decía estar muy contento porque por fin había aclarado todo con una turba de incondicionales blandiendo senyeres al fondo, Jorge Alarte, secretario general del PSPV, era objeto de "diligencias prejudiciales" por parte de la fiscalía por contratar a una abogada en el Ayuntamiento de Alaquàs sin respetar la bolsa de trabajo.

Pedro García es protagonista o aludido decenas de veces en el sumario del caso Gürtel. El 28 de agosto renunció al cargo.

El 9 d'Octubre, día de la Comunidad Valenciana, todas las televisiones de España anticiparon a primera hora de la tarde que Ricardo Costa, secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, estaba en la cuerda floja. Francisco Camps anunció su destitución antes de las diez de la noche. En Canal 9 nadie se dio por enterado del asunto.Jaume Muñoz, miembro de Intersindical en el comité de empresa de RTVV, cuenta por qué la televisión autonómica sirve de esa manera a los intereses de Francisco Camps. "Han creado dos redacciones paralelas. Los fijos en plantilla, o colaboran o son arrinconados, y han contratado a mucha gente, muchas veces de forma irregular. En la radio, todos los editores de noticias tienen contrato de guionistas, no son ni siquiera periodistas".Ximo Clemente, presidente de la Unió de Periodistes, lamenta que "la televisión pública valenciana no cumpla su objetivo fundamental, que es informar". Y asegura que la información que ofrece Canal 9 "va contra los valores esenciales de un pueblo democrático que quiere ser moderno y avanzado".Nuria Espí, diputada autonómica socialista, ha exigido explicaciones a Pedro García no ya por la "falta de pluralidad" de Canal 9, sino por "la falta de veracidad" de sus informativosEl ex director general de la televisión autonómica pública siempre ha contestado ante la comisión parlamentaria de control de RTVV que las apreciaciones sobre los contenidos de los informativos son subjetivas. Ayer reiteró el mismo comentario y remitió a sus declaraciones previas.Espí recuerda que en Canal 9 "no hay ningún programa de debate, nunca hemos podido explicar a los valencianos nuestra postura sobre el agua, las infraestructuras ni sobre ningún otro asunto de interés". Y denuncia que la gestión es pésima. RTVV arrastra una deuda de 1.200 millones de euros. "El departamento de propaganda es la consejería más cara del Gobierno autonómico".Amadeu Sanchis, miembro de Esquerra Unida en el consejo de administración de RTVV, dice que "Canal 9 es la televisión privada del PP". "El nuevo canal que ofrece información 24 horas y emplea a 70 profesionales no informó sobre el cese de Costa". Sanchis reclamó, además, "una auditoría sobre los cinco años de gestión de Pedro García".

Dirigentes del PP temen que Ricardo Costa se vengue, que los zaplanistas se amotinen o que el presidente valenciano sea imputado por el Supremo

La crisis del caso Gürtel empieza a parecerse a una granada sin seguro. Todos los dirigentes del PP implicados saben que va a explotar en cualquier momento y se la pasan de uno a otro para estar lejos cuando eso suceda. Es lo que hizo el viernes Mariano Rajoy obligando a Francisco Camps a destituir a su número dos, Ricardo Costa. Horas después de que Esperanza Aguirre se adelantara a pasar la granada -expulsando de su grupo parlamentario a todos los implicados madrileños y dejando en evidencia a Rajoy-, el líder cortó al fin una cabeza y doblegó a su barón más querido, dando a sus críticos el gesto de autoridad que le pedían. "Lo que ha quedado al fin claro es que Mariano no va a pasar una con este tema, que está fuerte y dispuesto a tomar decisiones", sentencia un marianista.

El líder se libra así de la presión, sobre todo mediática, y de las comparaciones con Aguirre. Sin embargo, dentro del PP casi todos los dirigentes consultados asumen que la caída de Costa sirve para ganar tiempo pero conlleva un grave problema: deja a Camps sin cortafuegos, ante la evidencia de que el presidente fue el principal responsable de contratar a Álvaro Pérez, El Bigotes, al que él mismo llamaba en las Navidades de 2008 "amiguito del alma". "Bueno, pues fíjate, fíjate si te debo", decía Pérez en aquella conversación para justificar sus regalos; a lo que Camps sentenciaba: "Quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro... que es muy bonito".

"Este es el principio del fin de Camps", señala un dirigente. Otros confían en el trabajo de los políticos valencianos que, una vez muerto Costa, están tratando de echarle a él la culpa de todo para recobrar una unidad interna que no existe desde que Camps sucedió a Eduardo Zaplana. La mayoría teme que los zaplanistas, instalados en Alicante, puedan llegar el martes al Comité Ejecutivo que destituirá al secretario general con una pregunta: Si Costa se va por sus relaciones con El Bigotes, ¿por qué no se va Camps, que fue quien lo trajo a contratar con el PP valenciano y con la Generalitat?

"El principal problema de Camps se llama Ricardo Costa. Si habla, todo se va a complicar", apunta otro dirigente. Costa, destrozado tras una semana de gran tensión, se ha escapado a desconectar en el Camino de Santiago. Tiene motivos para estar molesto. Según distintas fuentes del PP valenciano, hasta última hora Camps evitó pedirle la dimisión. Incluso le dijo que Rajoy, en su cita en el Parador de Alarcón, no le había pedido ninguna cabeza.

La estrecha relación personal de Camps y Costa y el deseo del presidente valenciano de aguantar la presión y fingir públicamente que no pasaba nada llegó a tal extremo que, según fuentes del PP valenciano, el líder le llegó a decir a su mano derecha la siguiente frase: "Para tu tranquilidad, que sepas que si te vas tú me voy yo". Esa calma que Camps destilaba en su entorno, su intento de impedir a toda costa la caída de su cortafuegos y la decisión firme de Costa de no dimitir hicieron que el secretario general tomara la iniciativa, pactada con el presidente, de marcharse de puente confiando en que las aguas se calmarían. Pero Génova presionó tanto a Camps que él decidió salvarse a sí mismo destituyendo a Costa, antes de que Rajoy lo expulsara desde Madrid, lo que habría sido una humillación definitiva. Camps habló dos veces con Costa el viernes, según fuentes del PP valenciano, para decirle que él no quería destituirlo, pero que Génova le obligaba.

La preocupación en la sede del PP y en el resto del partido por el futuro de Camps tiene dos vertientes. Primero, la política. Fue el presidente valenciano quien, debido a su relación con El Bigotes cuando aquél aún no había sustituido a Zaplana en la Generalitat, le facilitó los contratos para los actos del PP valenciano. Fue también él quien, años después, cuando Génova rompió con Correa, siguió dando a El Bigotes todos los contratos del partido -a través de Costa- y quien en última instancia permitió que la Generalitat contratara -a través de Vicente Rambla y antes de Víctor Campos- hasta siete millones de euros con Orange Market.

El entorno de Camps señala que él creía que El Bigotes había roto con Correa, porque eso es lo que Pérez decía, pero fuentes de Génova aclaran que al valenciano le llegó muy claro desde 2004 el mensaje de que El Bigotes trabajaba para Correa y no era de fiar. Cuando el equipo de Camps intentó que el congreso nacional de Valencia de 2008 lo organizara Orange Market, la dirección del partido, cuyo secretario general era Ángel Acebes, lo vetó.

La otra preocupación del PP con Camps está en la vertiente jurídica. En Génova creen que aún podría acabar en el banquillo -imputado por el Supremo- por aceptar trajes regalados por la trama corrupta; pero sobre todo le temen a la investigación por la financiación ilegal. Aunque los expertos del PP sostienen que sería difícil una condena, sí temen que con las pruebas que se han conocido se pueda llegar a una imputación de Camps, máximo responsable en última instancia tanto de los contratos del PP valenciano como de la Generalitat, y que aparece en varias conversaciones como la persona a la que recurría El Bigotes para desbloquear cobros.

"Siento preocupación, pena y asco", resumió ayer el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti sobre la trama Gürtel en la Cadena SER.

En la dirección nacional del PP hay malestar porque Francisco Camps ni siquiera se ha dignado en estos meses a ofrecer una explicación pública de su relación con Álvaro Pérez, El Bigotes. Sólo Ricardo Costa llegó a decir que fue "un error" contratar con él. Nadie de la Generalitat ha asumido tal cosa, mucho menos su presidente.

Mariano Rajoy, según su entorno, va a apoyar a su barón hasta el final -no en vano se arriesgó a iniciar el curso político con él en la plaza de toros de Valencia-. Además, insiste en que si hubo financiación ilegal, el presidente valenciano no fue el culpable. Pero en la gestión de la crisis por parte de Camps, muy criticada en Génova, algo se ha roto. "En el tira y afloja, Rajoy ha perdido la confianza en Camps, eso es evidente", sentencia un marianista. En Valencia ya se habla de sucesores, y aunque hay muchos nombres en danza -Rita Barberá y Esteban González Pons entre ellos, aunque este último con la grave dificultad de que no es diputado autonómico- parece que el que genera más consenso es Gerardo Camps.

Ricardo Costa ha sido siempre fiel a Rajoy. Achicharrado por Gürtel a pesar de no tener poder para conseguir para El Bigotes contratos públicos -al contrario que Camps-, no sólo ha organizado durante años los actos del presidente valenciano, también preparó varios baños de masas para Rajoy, que siempre tuvo en Valencia sus mítines más multitudinarios. Su entrega a Rajoy y Camps llegó al punto de enfrentarse con su hermano mayor, el ex ministro Juan Costa. Mientras éste se planteaba presentarse contra el líder, en mayo de 2008, Ricardo se plantó en Valladolid en una reunión interparlamentaria para darle a Rajoy varias cajas con centenares de avales valencianos a su candidatura.

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, tendrá que explicar el próximo martes a la cúpula regional del PP por qué destituye "temporalmente" a Ricardo Costa, su mano derecha en el partido y portavoz del grupo parlamentario. Será la primera vez que Camps ofrezca una explicación a los suyos desde que el pasado mes de febrero empezaron a estallar los escándalos relacionados con el caso Gürtel. Unos escándalos que salpican directamente al presidente valenciano por su estrecha amistad con Álvaro Pérez, alias El Bigotes -quien le obsequió trajes y otros regalos- y a su administración, que contrató con Orange Market y otras empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa.

Pero la comparecencia de Camps ante el comité ejecutivo regional del PP -como sus intervenciones anteriores en las Cortes y ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana- no será por voluntad propia. Camps convoca a la cúpula regional del partido a disgusto, tras verse obligado por la dirección nacional del PP a prescindir de Ricardo Costa, también amigo íntimo de El Bigotes e implicado en una supuesta financiación irregular del PP en Valencia, según la policía.

La dirección nacional del PP llegó a poner a Camps ante una difícil tesitura el pasado viernes. O destituía él mismo a su número dos o sería Génova quien diese de baja en el partido a Costa; al vicesecretario de Organización, David Serra, y a la tesorera, Yolanda García. Los tres figuran en las conversaciones grabadas a Pérez por la policía, que los relaciona con una supuesta financiación irregular del partido.

La cita pone al presidente valenciano en un brete porque ni quiere destituir a Costa, ni Costa quiere marcharse. De hecho, los allegados a Camps piensan que el presidente insistirá en que la destitución de su secretario general es estrictamente "temporal" y no afecta a nadie más, ni en el partido, ni en el gobierno.

Pero el hecho de verse obligado a dar la cara pone en evidencia que el estilo de gobernar de Francisco Camps -que ha concentrado todo el poder en el partido, en el Parlamento y en el Gobierno valencianos-, se desmorona.

El hermano de Ricardo, el ex ministro de Aznar Juan Costa, ya ha comparecido dos veces para advertir que es Camps quien tiene que dar explicaciones acerca de cómo se contrató en el PP valenciano y en la Generalitat con Orange Market y la trama corrupta. Ricardo Costa, según su hermano, se limitó a cumplir instrucciones y ahora lo sacrifican como un "chivo expiatorio".

El número dos del PP valenciano tampoco está dispuesto a ponérselo fácil a Camps y ofrecerá su propio informe a la dirección del PP local antes de que lo haga Camps, que tendrá que explicar por qué se marcha su secretario general si, como sostiene, todo va viento en popa y no hay ninguna irregularidad.

La salida de Ricardo Costa desmonta, además, la estructura que tenía el presidente valenciano. Camps tendrá que buscar sustituto para Costa en el partido y en el grupo parlamentario.Una cuestión en la que los presidentes provinciales del partido, satisfechos con la retirada de Costa, reclaman ser consultados. Pero independientemente de que Camps lo haga, éstos han empezado a coordinarse por su cuenta ante lo que intuyen como un final de etapa. Las encuestas -como la publicada por EL PAÍS el día 9- indican que el desgaste de los escándalos del caso Gürtel es para Camps y no para las siglas del PP. Eso alimenta la idea de quienes piensan que la hora del relevo está más cerca de lo que pensaban.

Ahora, en el PP especulan sobre las opciones que elegirá Camps para intentar recomponer su figura. Opciones que van desde una remodelación de gobierno -en la que podría prescindir del vicepresidente Vicente Rambla, también salpicado por el informe sobre la financiación irregular del PP, y colocar al incombustible Rafael Blasco de portavoz parlamentario- hasta un simple retoque para dejar las cosas lo más parecidas a lo que están. Una opción que siempre ha sido más del gusto de Camps.

de la supuesta trama corrupta en la que está implicado el PP valenciano llegaron incluso hasta el otrora popular Festival de la Canción de Benidorm. Una de las grabaciones del caso Gürtel recoge que el cabecilla de la red en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez, El Bigotes, medió en favor de Estrella Camps, hermana del presidente del Consell, para que el consistorio, presidido por el popular Manuel Pérez Fenoll, adjudicará el contrato del evento en 2008. Finalmente, no fue posible porque el festival no se llegó

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