CASO GÜRTEL : CAMPS + EL BIGOTES = PICASSENT
ESPECIAL INFORMATIVO : CAMPS UN PIADOSO DE LO MAS TRAJEADO ( PDF )
LAS NOTICIAS SOBRE LA TRAMA VALENCIANA
EL PP VALENCIANO VETA UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE CASO EL 'GÜRTEL'
El grupo popular ha rechazado una propuesta del Compromís en la que pedía crear una comisión de investigación sobre el caso 'Gürtel' en Les Corts para evitar "un juicio paralelo" en la Cámara, y ha prorrogado la respuesta a dos preguntas del grupo socialista en relación a Orange Market y a Construcciones Taroncher.
Así lo ha acordado hoy la Mesa de Les Corts, con los votos del PP, que también ha rechazado los trece recursos planteados por los socialistas contra la decisión de la Mesa de vetar las cerca de 500 preguntas presentadas por su grupo sobre los contratos suscritos por las consellerias con las empresas investigadas por la Audiencia Nacional.
El portavoz adjunto del grupo popular Rafael Maluenda ha justificado el rechazo de la Mesa a abrir una comisión de investigación en la Cámara en que esta cuestión "se encuentra sub iudice" y que se debe evitar "un juicio paralelo" en Les Corts.
Maluenda, que ha comparecido en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, ha remarcado que "lo procedente en este momento" es que no se constituya esa comisión, sin perjuicio de que lo haga más adelante, cuando la Justicia ya haya resuelto sobre esta causa. Del mismo modo, ha respaldado el rechazo de la Mesa a los recursos del grupo socialista, en relación con las preguntas que ya fueron vetadas en su día porque este órgano "no tramita aquellas preguntas que se refieren a personas físicas o jurídicas sin trascendencia pública en la Comunitat", según recoge el Reglamento de Les Corts.
Por contra, ha remarcado que las empresas Orange Market -investigada en el marco del caso 'Gürtel'- y Construcciones Taroncher -propiedad de un amigo del conseller de Gobernación, Serafín Castelano- "sí que suenan" y "pueden tener trascendencia en la vida pública valenciana". Sin embargo, la Mesa ha acordado prorrogar las dos preguntas formuladas por el PSPV respecto a estas dos empresas sin que se haya argumentado esta demora, según ha indicado el portavoz del grupo socialista, Ángel Luna.
"No sé si tienen muchos contratos, son difíciles de clasificar o tienen problemas de existencias de máquinas trituradoras de papel en la Generalitat", ha ironizado Luna, quien considera que los populares, al igual que Silvio Berlusconi, "han empezado a pensar que el régimen parlamentario es un régimen molesto".
El socialista ha advertido a los populares de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha emitido un informe "a favor" de los derechos de los diputados y que defiende que se conteste a las preguntas de la oposición en la Cámara autonómica.
Respecto a la propuesta de Compromís para constituir una comisión de investigación, ha afirmado que no tiene "ninguna confianza" en este tipo de órganos en España, y que, a su juicio, "sólo sirven para hacer política", como la constituida en la Asamblea de Madrid para investigar una supuesta trama de espionaje vinculada al PP.
(www.publico.es, 31/03/09)
De la Rúa decidirá la causa contra Camps, a pesar de la amistad que les une
La Fiscalía Anticorrupcion no recusará al responsable del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Juan Luis de la Rúa, pese a la evidencia de su amistad con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. De la Rúa es quien deberá decidir, en última instancia, si se imputan o se archivan los cargos contra el político popular, formulados por el juez Baltasar Garzón en su investigación del caso Gürtel.
De la Rúa: presidente del TSJV y también de la Junta Electoral
Camps elude hablar de sus relaciones con los jueces y dice que sus "amigos" son los ciudadanos
Los socialistas valencianos piden al presidente del TSJV que no juzgue a Camps
Lo que faltaba: el juez que investigará a Camps está vinculado con la abogada de El Bigotes
Orange Market nació con la llegada de Camps a la Generalitat
Según la ley, si existe "amistad íntima o enemistad manifiesta" entre un juez que interviene en una causa y un implicado, el magistrado deberá abstenerse de actuar en el caso. De lo contrario, también podrá ser recusado por alguna de las partes, según publica el diario Levante.
"Intima y sentida relación"
El propio Camps ha reconocido y elogiado su amistad personal con el magistrado valenciano, cuando en 2008 durante un acto oficial confesó que “Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta [de amistad] que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat”.
Los cargos contra Camps
Pinchazos telefónicos, facturas y las declaraciones del sastre José Tomás son las pruebas que ha manejado el juez Baltasar Garzón, y que evidencian las vinculaciones del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, con las empresas de Francisco Correa, el principal imputado en la operación Gürtel En una de las grabaciones, una de las subordinadas de Correa, Isabel Jordán, aseguraba haber pagado personalmente una factura de 30.000 euros en trajes para Camps.www.elplural.com 28.03.09
Abuchean a Costa ante la sede del PP en Elx
La polémica por los trajes presuntamente regalados al presidente Camps y al secretario general del PP, Ricardo Costa, se trasladó ayer a la calle en Elx con una performance. Una quincena de manifestantes, que exhibieron pancartas alusivas a los trajes, incluso algunos con chaqueta y percha incluida, decidieron darle un recibimiento a Ricardo Costa y al vicesecretario David Serra, minutos antes del inicio de una rueda de prensa. Costa y Serra soportaron estoicamente, mientras los manifestantes mostraban lemas del estilo: "¿Se paga usted los trajes?" o "cambio traje por trabajo", y alguna viñeta humorística relacionada con la investigación del juez Garzón y el caso Gürtel.
"Gente del PSOE"
Los manifestantes, que se identificaron como "ciudadanos cabreados" con lo que está pasando en el PP y con el comportamiento de sus dirigentes, aguardaban a los representantes del PP. Este grupo de personas, que los concejales del PP ilicitano señalaron como "gente del PSOE" dedicaron sus gritos y arengas a los concejales y miembros de la gestora del PP que iban llegando de forma aislada a la sede del partido. También les lanzaron el "Cambio traje por trabajo" a la diputada autonómica Elena Bonet, así como a otros dirigentes del partido como la ex consellera Gema Amor. La acción provocó cierto nerviosismo en algún responsable del partido, que comunicó a los medios en plena calle, que la rueda de prensa se trasladaba a un hotel aunque finalmente se mantuvo en la sede.www.levante-emv.com 27.03.09
EL SASTRE INFORMATIVO DE CAMPS
Pedro García, director general de Ràdio Televisió Valenciana, se tragó un par de bostezos en la comisión de control del ente público en las Cortes mientras los diputados reclamaban su dimisión y aireaban todo tipo de trapos más o menos salpicados. García obvió los trapos, se ciñó al guión y explicó a quienes le acusaron de ser "el sastre informativo del señor [Francisco] Camps, quien le corta las noticias a medida" que la manipulación de los informativos de Canal 9 "es subjetiva".
García se explayó en su primera comparecencia sobre el contrato programa que regirá la gestión económica de Canal 9 para no decir nada. "Se encuentra en estudio". "Es una negociación a dos bandas". "Siento no poder ser más concreto". Apenas especificó que será trienal y obligará a la RTVV entre 2009 y 2011. También apuntó que el acuerdo aliviará la carga financiera que arrastra RTVV y que supera los 1.200 millones de euros. "La Generalitat asumirá la deuda y los intereses", reiteró.
La socialista Nuria Espí cargó en primer lugar para denunciar "la clara simbiosis entre lo público y lo privado" que revela la decisión de "bajarse al moro a celebrar un cumpleaños y negociar concesiones con contratistas de la Generalitat en la misma fiesta". Espí recordó que Álvaro Pérez Alonso, El bigotes, imputado por el juez Baltasar Garzón, participó en esa fiesta de cumpleaños en Marrakech en 2007, a la que García acudió en el avión privado de Vicente Cotino Escribá, sobrino del consejero de Bienestar Social y socio de residencias para mayores concertadas con la Generalitat. También aludió al repetidor de la televisión pública que usó de forma fraudulenta una radio de José Luis Ulibarri, otro de los imputados por el juez Garzón.
Glòria Marcos, de Esquerra Unida, lamentó la ausencia de información sobre el contrato programa y Enric Morera, portavoz de Compromís, cerró: "El traje que le han hecho a Televisió Valenciana es infame, tiene dos tallas menos. Yo no sé dónde se hacen los trajes, pero la televisión necesita uno nuevo".
García se escudó en la situación económica, en la revolución del panorama audiovisual y apenas lamentó algunas "acusaciones fuera de lugar" porque "buscan un titular en prensa".
Pero la cosa iba en aumento. "¿Es usted el Pedro García que aparece en el auto del juez Garzón [como uno de los clientes de la tienda Forever Young]?", preguntó Espí. "Díganos que lo de Marrakech fue un sueño, que no es cierto", añadió.
Marcos apuntó las dificultades de la televisión catalana para emitir en territorio valenciano mientras "le facilitan a un facineroso el uso de un repetidor de la televisión pública".
Y Morera cerró: "¡Claro que buscamos un titular! ¡Si tenemos que esperar a que nos saquen en Canal 9...!".
García fingió severidad para desmarcarse del uso fraudulento de un repetidor en Elda: "Detectada una anomalía, se interrumpió". Pero hizo caso omiso del resto y acometió desenvuelto la defensa de la calidad informativa de Canal 9: "Nuestro compromiso con la información de proximidad es definitivo".
La socialista Carmen Ninet le recordó que "la mayoría absoluta no le da derecho a manipular hasta la inmundicia", en alusión a la cobertura en Canal 9 de la manifestación contra la política educativa del PP que congregó en Valencia a 40.000 personas el 29 de noviembre pasado, según la Policía Nacional. "En 35 segundos la presentaron como una protesta contra el Consell y José Luis Rodríguez Zapatero; como un fracaso que reunió a 12.000 personas, muy por debajo de las expectativas; ofrecieron las protestas de los comerciantes contra el Delegado del Gobierno por permitir una manifestación el primer día de la temporada de Navidad; y la ilustraron con cuatribarradas y pancartas contra Bolonia. ¿Cabe más en 35 segundos?"
"Se informó", replicó García con media sonrisa, "¿de manera incorrecta? Eso es subjetivo. Son los profesionales los que deciden la escaleta. No conozco una televisión pública que no sea acusada de manipulación".
Ninet exigió a García que descendiera a la tierra: "Ustedes confunden las instituciones con sus personas, usted es el director general de Canal 9 nombrado a dedo por el presidente de la Generalitat, pero usted no es Canal 9. Un respeto a la soberanía popular. Ya tarda en presentar su dimisión".
García no se despeinó.
(www.elpais.com, 27/03/09)
EL FISCAL ACREDITA REGALOS DE AL MENOS 7.393 EUROS DE LA RED CORRUPTA A CAMPS
La fiscalía anticorrupción asegura en su escrito de conclusiones sobre la trama empresarial dirigida por Francisco Correa y vinculada a administraciones del PP que la investigación ha destapado la existencia, a través de diversa documentación, de unos pagos de al menos 7.393 euros en regalos de ropa al presidente de la Comunidad Valenciana, el popular Francisco Camps, por parte de la red corrupta. Así se desprende del escrito de 18 folios fechado el pasado 18 de febrero y que forma parte del voluminoso sumario remitido por el juez Baltasar Garzón al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el que debe decidir si admite a trámite la causa.
En el escrito, la fiscalía anticorrupción, que investigaba los hechos desde hace año y medio, señala que la sociedad propietaria del establecimiento donde la red corrupta adquiría ropa para el presidente valenciano ha aportado documentación que acreditaría el pago de al menos 7.393 euros.
La fiscalía añade a esta prueba la declaración prestada por José Tomás García, el responsable de ventas del establecimiento que se relacionaba directamente con Camps para tomarle medidas o mostrarle telas. Tomás, según el escrito de anticorrupción, confesó que Pablo Crespo, uno de los dirigentes de la trama corrupta -y ex alto cargo del PP gallego-, pagó a la tienda más de 2.000 euros por un esmoquin y un chaleco vendidos a Francisco Camps.
La documentación aportada por la tienda incluye otras facturas por 5.393 euros pagadas por Orange Market -empresa de la trama que hacía negocios con la Administración valenciana- donde se menciona expresamente a Francisco Camps. La fiscalía entiende que estos hechos, de acreditarse durante la instrucción judicial, serían constitutivos de un delito de cohecho sancionado en el artículo 426 del Código Penal: "La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses".
El escrito de anticorrupción explica asimismo que, "por el momento", los regalos a Camps "no aparecen vinculados con la actividad de ninguna de las empresas de la trama". Garzón, en su escrito de inhibición, relacionó los regalos con los contratos que la trama empresarial consiguió de distintas consejerías de la Comunidad Valenciana.
El mismo documento de la fiscalía anticorrupción, donde se detallan las conductas supuestamente irregulares de tres diputados autonómicos del PP en la Comunidad de Madrid (Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes en el Gobierno de Esperanza Aguirre; Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch), explica que la investigación ha recabado información de la Agencia Tributaria sobre estos implicados que sustentaría la acusación.
Además, el escrito de la Fiscalía remacha la intensa relación del Gobierno de Aguirre con la trama corrupta: "La información remitida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria pone de manifiesto la elevada facturación de empresas del entramado investigado con la Comunidad Autónoma de Madrid y con los Ayuntamientos de Majadahonda, Boadilla y Arganda del Rey en los años 2003 a 2007".
El PP ha destituido a los alcaldes de estos municipios -en el caso de Majadahonda, el imputado era ex alcalde y Aguirre le había colocado como gerente en una empresa autonómica-, aunque aún no ha tomado medidas contra los tres diputados autonómicos, que siguen ocupando su escaño en la Asamblea de Madrid. La Agencia Tributaria ha acreditado que la Comunidad de Madrid contrataba con hasta cuatro empresas distintas de la trama corrupta: Easy Concept, Good&Better, Servimadrid y Diseño Asimétrico.
(www.elpais.com, 27/03/09)
«CORREA DIJO: SALIMOS Y TE DOY DOS HOSTIAS»
Dos personajes públicos reconocieron su relación con el cabecilla de la trama de presunta corrupción, Francisco Correa, pero dijeron que eso había pasado a la historia. Fueron Alejandro Agag, el yerno de Aznar, y el alcalde de la Nucia, el popular Bernabé Cano.
Agag nunca ha revelado por qué rompió con quien fue uno de los 25 padrinos de su boda. Cano, que no tenía sobre el papel tanto apego a Correa, acaba de explicar los motivos que le llevaron a enemistarse con quien esté en prisión. «Rompí definitivamente con Correa después de que casi llegamos a las manos», ha explicado el alcalde a la revista Interviú. El incidente tuvo lugar, según cuenta, durante una cena de gala de la Copa del América, celebrada en 2007. «Apareció Correa con síntomas de haber bebido. Se me acercó y me dijo que era un hijo de puta. Cuando le dije que de qué iba, volvió a repetir que era un hijo puta porque, siendo amigo de Álvaro [Pérez, el bigotes], no les había dejado hacer nada en mi pueblo y me empujó», cuenta Cano. Y sigue el relato: «Fui a por él, pero me sujetaron, al tiempo que me decía: ´Vamos fuera, que te pego dos hostias que te mato´. Es la última vez que lo vi».En un pasaje de las grabaciones aportadas a la causa Correa explica que se había hecho «íntimo del alcalde del pueblo». Veía muy esperanzador el horizonte de hacer negocios en un PAI en la Nucia, concretamente en el Pie de Monte, un proyecto adjudicado en 2004, que contemplaba dos millones de metros entonces y con cuyos propietarios, un grupo de promotores liderados por Francisco Murcia Puchades, entablaron negociación Correa y José Luis Ulibarri. Este último, presidente de la principal adjudicataria de TDT del Consell, está imputado en el caso Gürtel dado que acusan a su constructora UFC de pagar 3 millones en comisiones por una adjudicación en Boadilla, epicentro de la trama como se aprecia en el cuadro de arriba.
Correa y Ulibarri pretendían, como avanzó este diario el 12 de febrero, adquirir los terrenos a un precio irrisorio, desbloquear el proyecto -embarrancado por los informes medioambientales negativos- y después revenderlo. Un pelotazo en toda regla. Mantuvieron dos reuniones antes de que los propietarios de Montemar la Nucia (la gestora del PAI) rompieran con Correa, al sentirse coaccionados. La citada revista aporta información en la línea de lo que contó este diario. «La primera vez lo recibo después de que él pasara por el ayuntamiento. Me dice que quiere comprar los terrenos que tengo en Pie de Monte, pero no da una cifra ni habla claro. Lo único seguro es que quería comprar por menos de lo que a mí me había costado», explica Murcia Puchades.
Hubo una segunda reunión: «Me levanté para terminar la reunión y me dice: Es que a ti este tema no te lo van a dar, esto sólo me lo aprueban a mí dos o tres comisiones antes de Territorialidad [en alusión a la Conselleria de Territori]. Le contesté que si la Generalitat no me lo aprobaban, era mi problema y que se marchara inmediatamente o llamaba a la policía. Este tío no era un empresario normal, vino a comprarme el suelo por una miseria y lo mandé a la mierda», zanja.
(www.levante-emv.com, 26/03/09)
UNA DE LAS EMPRESAS SALPICADAS POR EL CASO GÜRTEL OPTA A LAS OBRAS DE LAS CORTS
Una firma salpicada por la investigación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre la supuesta trama de corrupción vincualda al PP, Constructora Hispánica, SA, aspira a hacerse con la contrata de las Corts para la edificación de la futura sede de los grupos parlamentarios. La Cámara procedió ayer a la apertura de los sobres que identifican a los aspirantes a la adjudicación, que parte con un presupuesto de licitación de 10,5 millones, IVA incluido, un jugoso bocado en tiempos de crisis. No en balde, se han presentado 25 propuestas, elaboradas en solitario o en uniones temporales de empresas por un total de 37 firmas. La sorpresa es que, entre las aspirantes, figura Constructora Hispánica, SA, en UTE con Construcciones Evimaj, SL.
Constructora Hispánica es una empresa potente del sector que aparece citada en el auto de Garzón de inhibición en favor del TSJ de Madrid, aunque sus responsables -el presidente es Alfonso García-Pozuelo Asíns- no se encuentran imputados. Según el juez, el líder de la trama, Francisco Correa, diseñó una estrategia de captación de negocio urbanístico y se encargó de gestionar la búsqueda de empresas capaces de ejecutar los proyectos, con las que acordaba una comisión a repartir entre los participantes en la operación tras un concurso diseñado "a medida". Como ejemplo de este proceder, el auto cita, además de la adjudicación de una parcela en Boadilla del Monte a la empresa UFC, del empresario imputado José Luis Ulibarri -quien con la ayuda del Consell se ha hecho con el control de 13 TDT en la Comunitat, además de la del Ayuntamiento de Valencia- , "las actuaciones de la sociedad Constructora Hispánica en Pozuelo y Boadilla del Monte", entre otras empresas.
Entre los supuestos receptores de dádivas estarían Tomás Martín y Alfonso Bosch, ex consejero delegado y ex gerente de la empresa municipal del suelo de Boadilla, respectivamente. A Martín se le acusa de intermediar en favor de Hispánica y en detrimento de Sacyr para otorgarle en junio de 2007 la contrata del Parque del Deporte y la Salud de Boadilla del Monte, con un presupuesto de 30 millones. También Bosch habría favorecido a Hispánica en esta adjudicación. Garzón hacen referencia a la caja B que manejaba la trama para realizar los pagos. Entre los datos, alude a un apunte contable con fecha del 24 de abril de 2002 de una cantidad de 537.340 euros procedente de "Visita Alfonso García Pozuelo". La Policía Judicial recabó datos de la adjudicación del citado parque en la empresa municipal. La firma también ha logrado contratos por varios millones del Ayuntamiento de Pozuelo -siendo alcalde Jesús Sepúlveda-, otorgadas por la empresa municipal del suelo en la que figura como consejero Juan Carlos Bárcenas, hermano del tesorero del PP, Luis Bárcenas.
Al concurso de la sede de los grupos parlamentarios optan las principales constructoras. En la larga lista destaca también Romymar, quien tiene entre sus consejeros al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, imputado por Garzón por haber sido beneficiario de trajes pagados por empresas de la trama. También aparece Sedesa, empresa de los familiares del actual vicepresidente del Gobierno valenciano y titular de Bienestar Social, Juan Cotino.
La mesa de contratación se limitó a examinar la documentación, para verificar que todas cumplen los requisitos. Una de ellas será requerida para que aclare por qué aparece en otra UTE. No será hasta las próximas semanas cuando se abrirán los sobres con las ofertas económicas.
(www.levante-emv.com, 26/03/09)
EL CONSELL PRESIONA A LOS EMPRESARIOS PARA “HACER LA OLA” A CAMPS
Desde el empresariado valenciano desvelan presiones del Consell valenciano para que acudan a las numerosas convocatorias con la presencia de Francisco Camps, actos que, según denuncian, están vacíos de contenido pero que buscan una imagen de adhesión al popular en medio de sus problemas con el caso Gürtel. Segundos y terceros escalafones del Gobierno valenciano, según asegura un empresario, “te llaman y te dicen que hay que apoyar al presidente porque no se merece lo que está pasando” y “si no vas te llaman para decirte que no te han visto, cuando lo normal es que estemos trabajando”. Estas coacciones han provocado malestar, ya que además son conscientes de que les llaman para “hacer la ola al presidente”.
Estos días en la agenda de Camps figuran varios actos con el empresariado valenciano, como este lunes con la colocación, por tercera vez, de la primera piedra del barrio de Sociópolis, en Valencia, o este martes con Noche de las Finanzas, en el Centro de Eventos de Feria Valencia, mientras que la semana pasada presentó sus medidas contra la crisis.
“No ha habido toques de corneta”, desmienten en Cierval, la patronal valenciana, a El País. Sin embargo, varios empresarios han denunciado a ese mismo diario las presiones que están recibiendo para que comparezcan junto a Camps en esos actos, primero para movilizarles y luego para darles un toque telefónico si no asisten. A pesar de que, salvo los "adictos", se sienten "incómodos" en estos actos, un industrial apunta que “te ves forzado a ir a cosas que no puedes decir que no, aunque eres consciente de que te están utilizando para hacer la ola al presidente”.
“Sobreactuación” equivocadaEstos empresarios creen que se les instrumentaliza para buscar la imagen que arrope al presidente, ya que los actos en sí no son sino "planes vacíos", y denuncian "la falta de medidas serias de la Generalitat para ayudar a las empresas". Además creen que “con esta sobreactuación” en el PP “se están equivocando" y “están dando a entender que lo que tratan de negar es cierto".
El peor dato de toda España
El malestar es mayor puesto que algunos patronos piensan que en la Generalitat se preocupan por sus propios problemas en vez de preocuparse por los problemas reales de la economía, y es que la economía valenciana fue la que peor se comportó en toda España el año pasado, según el diario Levante. El PIB de la Comunitat creció en 2008 un 0,5% respecto al ejercicio precedente, el peor dato de todas las autonomías españolas, según los datos del INE. El dato valenciano está cuatro décimas por debajo de la media europea (0,9) y también siete décimas inferior al conjunto de España (1,2%).
(www.elplural.com, 26/03/09)
EL PP BLOQUEA LA INFORMACIÓN SOBRE LA TRAMA DE CORRUPCIÓN EN LAS CORTES
Cuestión de "trascendencia pública". La Mesa de las Cortes rechazó ayer tramitar centenares de preguntas formuladas por los grupos de la oposición parlamentaria sobre las relaciones de las diversas consejerías con todas y cada una de las empresas citadas por el juez Baltasar Garzón en la investigación de la denominada Operación Gürtel. Sí se tramitaron las preguntas relativas a las relaciones de la Generalitat con Orange Market, empresa de Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, imputado por el juez, y con Construcciones Taroncher, empresa gestionada por un "íntimo amigo" de Serafín Castellano, consejero de Gobernación, y adjudicataria de contratos públicos por unos siete millones de euros desde 2000.
¿Por qué? "Porque Taroncher y Asociados y Orange Market tienen relevancia, puede haber interés social en conocer las respuestas, han sido los medios de comunicación los que han dado trascendencia en la Comunidad Valenciana a unas empresas y a otras no", intentó justificar Rafael Maluenda, portavoz adjunto del PP, en defensa de la decisión de la Mesa de las Cortes.
La mesa también rechazó tramitar una interpelación del socialista José Antonio Godoy a Mario Flores sobre la política de licitaciones y adjudicaciones de la Consejería de Infraestructuras. Hace apenas dos semanas, Serafín Castellano respondió a una interpelación formulada en los mismos términos por Mireia Mollà, de Compromís. "Un buen ejemplo de transparencia", ironizó el portavoz socialista Ángel Luna, "parece que hay consejeros interpelables y otros que no lo son, tal vez tengan algo que ocultar".
Tanto Luna como Mònica Oltra, portavoz de Compromís, anunciaron sendos recursos ante el bloqueo de todas las preguntas relativas a las empresas vinculadas a la Operación Gürtel. Oltra anunció que acumulará todas las preguntas rechazadas durante los próximos tres meses para elevar un recurso al Tribunal Constitucional contra el proceder de Milagrosa Martínez, presidenta de las Cortes. "Tardará siete u ocho años en resolverse y no pasará de ser una censura moral", explicó Oltra, "pero no creo que a la presidenta de las Cortes le guste que el Tribunal Constitucional tenga que ponerla en su sitio aunque ya haya dejado el cargo".
Más prisas mostró Ricardo Costa, portavoz del PP, implicado junto al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la compra de unos trajes que habrían pagado empresas de la supuesta trama corrupta que investiga Garzón. "¿Se paga usted los trajes?", le espetó un redactor. "Efectivamente, sí", respondió Costa, quien apremió a la Justicia para que "cuanto antes, tome las decisiones adecuadas y demuestre que las acusaciones que se han vertido son falsas e infundadas".
Ayer el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano acordó mantener el secreto de las actuaciones recibidas de la Audiencia Nacional sobre la operación Gürtel. La Sala, antes de pronunciarse sobre la competencia del TSJ para asumir la investigación, pretende concretar los hechos específicos que se atribuyen a los aforados valencianos, Camps y Costa.
"Los tribunales van a tener trabajo", bromeó Luna. La diputada socialista Ana Noguera recibió ayer una citación para un acto de conciliación demandado por Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón. Fabra solicita a Noguera que se retracte del contenido de un artículo titulado Carlos Fabra, ¿inocente?, publicado por Levante-EMV en noviembre pasado. Según el relato de la procuradora, "es incuestionable el daño y la desazón" que ha sufrido Fabra, quien aparece como un "corrupto que se enriquece a costa de influencias" y al que Noguera "imputa delito de cohecho" entre otras "acusaciones falsas".
Noguera comentó que el artículo "es veraz, incluye alguna dosis de ironía pero ningún elemento inverosímil" y avanzó que no irá al acto de conciliación: "No tengo nada de qué retractarme".
(www.elpais.com, 25/03/09)
EL PP TUMBA 456 PREGUNTAS Y DEJA EN EL PUNTO DE MIRA ORANGE MARKET Y LA FIRMA DEL AMIGO DE CASTELLANO
Del "mayor ejercicio de transparencia en la historia de la Comunitat", como calificó el Ejecutivo las comparecencias de todos los consellers en las que debían informar sobre los contratos con empresas ligadas a la presunta trama corrupta del PP (aunque luego no lo hicieran) se ha pasado al veto masivo para impedir que la oposición conozca en las Corts los compromisos sellados con firmas bajo sospecha. Los representantes populares en la Mesa de la Cámara protagonizaron ayer la mayor censura de iniciativas parlamentarias en la historia de la institución al tumbar 456 de una tacada. De la crema sólo se salvó las que el Ejecutivo permite que queden en el punto de mira de la oposición: Orange Market, la empresa de El Bigotes, y Construcciones Taroncher, cuyo propietario es amigo del conseller de Gobernación, Serafín Castellano.
El argumento esgrimido es el odiado artículo 153.2 que faculta la Mesa a vetar las preguntas "que se refieran a persona física o jurídica que no tenga una trascendencia pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana". Con esta base se liquidan las preguntas sobre los contratos de todas las conselleries con 36 empresas, la mayoría incluidas en la investigación de Garzón en la Audiencia Nacional y otras que la oposición ve sospechosas. De este modo, no habrá información sobre, por ejemplo, Special Events, la sociedad matriz de la trama liderada por Francisco Correa, o las firmas del imputado José Luis Ulibarri, que controla 13 licencias de TDT en la Comunitat tras las presiones del Consell a las adjudicatarias y la del Ayuntamiento de Valencia.
A la pregunta de cuál era el criterio para distinguir entre estas firmas y Orange Market y Taroncher, ya que la mayoría de las vetadas también están implicadas en la investigación judicial, el portavoz adjunto del PP Rafael Maluenda señaló que no están pensando en el auto sino en las firmas que, a su juicio, tienen "trascendencia en este momento en la Comunitat" y las que no. "Son los medios de comunicación los que han dado trascendencia a unas empresas y a otras no. Nosotros hemos respetado ese criterio de los medios de comunicación", indicó, obviando que los contratos con otras sociedades han tenido similar eco.
Una victoria "pírrica"
Los populares hasta tumbaron una interpelación al conseller de Infraestructuras, Mario Flores, sobre su política general en materia de licitaciones y adjudicaciones alegando que no es materia de política general. El 23 de febrero, en cambio, Castellano tuvo que responder en el pleno a una interpelación sobre su política general en materia de contrataciones.Tanto el síndic socialista, Ángel Luna, como la de Compromís, Mònica Oltra, avanzaron que recurrirán en alzada los vetos y, de persistir el rechazo, ante el Tribunal Constitucional. Se trata de un "gran ejercicio de democracia participativa", ironizó Luna, mientras Oltra defendió que, aunque el TC tarde seis o siete años en darles la razón, vale la pena "poner en su sitio" a los responsables. Será una "victoria pírrica", dijo, ya que seguramente los firmantes de las iniciativas ya no serán diputados cuando el Constitucional resuelva, pero moralmente "será un desprestigio" para la presidenta de la Cámara, Milagrosa Martínez, por "vulnerar derechos de los diputados".
(www.levante-emv.com, 28/03/09)
EL TRIBUNAL SUPERIOR VALENCIANO MANTIENE EL SECRETO DE LAS ACTUACIONES EN LA CAUSA CONTRA CAMPS Y COSTA
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha acordado mantener el secreto de las actuaciones recibidas del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, derivadas del caso Gürtel, y tener como partes en el proceso al presidente de la Generalitat Francisco Camps, al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y al responsable de Orange Market, Álvaro Pérez Alonso.
Faltan por personarse el secretario general del PP de la Comunitat Valenciana, Ricardo Costa, y el ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turisme hasta julio de 2007, Rafael Betoret.
La Sala, antes de pronunciarse sobre la competencia de este tribunal para asumir la investigación, pretende concretar con amplitud todos los hechos específicos que se atribuyen a los aforados valencianos, según informó el Tribunal Superior.
La providencia, dictada por el magistrado ponente del TSJ, José Flors, recoge la asignación a este procedimiento de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, por acuerdo del Fiscal General del Estado.
La competencia de Anticorrupción responde a un decreto dictado por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en el que ordenaba a este departamento que continúe con las actuaciones que han llevado a cabo desde el comienzo de la instrucción las fiscales Concha Sabadell y Míriam Segura.
El pasado 17 de marzo, la sala de lo Civil y Penal, en cumplimiento estricto de las normas de reparto, designó al magistrado José Flors como ponente del auto que establecerá si el TSJCV es competente o no para asumir la causa, un día después de recibir las cinco cajas de las que constaba la investigación de Garzón.De otro lado, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer por unanimidad archivar las quejas que el PP y el senador de este partido, Luis Bárcenas, presentaron contra el juez Baltasar Garzón por la filtración de datos del sumario de la "operación Gürtel".
En su informe relativo tanto a ambas quejas, el Servicio de Inspección decía que han sido muchas las personas que, en un momento u otro, han tenido acceso a los datos publicados, por lo que no se pueden achacar las filtraciones a Garzón.
El síndic del PP reitera que paga sus trajes
Al igual que afirmó en su momento el presidente de la Generalitat, el síndic del grupo popular en las Corts, Ricardo Costa, reiteró ayer que, "efectivamente", se paga sus trajes, como dijo la semana pasada. Añadió que la investigación judicial por la operación Gürtel no afectará a los resultados del PP en las europeas y que espera que, "cuanto antes, la Justicia tome las decisiones adecuadas y demuestre que las acusaciones que se han vertido son falsas e infundadas".
(www.levante-emv.com, 28/03/09)
Camps, Campos y Pérez se personan ante el TSJCV
Francisco Camps, Víctor Campos y Álvaro Pérez se han personado en el caso, mientras que los representantes de Ricardo Costa y Rafael Betoret no se han personado aún ante el Tribunal Superior de Justicia
El president de la Generalitat, Francisco Camps, el secretario de organización del PP valenciano hasta abril de 2007, José Víctor Campos Guinot, y el administrador de Orange Market, Álvaro Pérez, se han personado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) después de que la Audiencia Nacional le haya remitido parte del caso "Gürtel".
Por el contrario, los procuradores del portavoz del PP en Les Corts, Ricardo Costa, y del actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, no han remitido de momento personación alguna en la causa al tribunal superior valenciano.
Así se desprende de una providencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, y difundida esta tarde en un comunicado por fuentes de ese tribunal, en la que el órgano judicial acuerda "tener como partes en el proceso" a Camps, Campos y Pérez pero no nombra ni a Costa ni a Betoret.
La personación supone tener acceso a las informaciones derivadas del procedimiento, aunque que éste todavía no ha las generado, según las fuentes.
La providencia de la Sala del TSJCV acuerda también "mantener el secreto de las actuaciones recibidas" del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional derivadas del caso "Gürtel".
El documento recoge, por otro lado, la asignación a este procedimiento de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, por acuerdo del Fiscal General del Estado.
Además, la Sala, antes de pronunciarse sobre la competencia o no del TSJCV para asumir la investigación de la causa remitida por la Audiencia Nacional, para lo que ha nombrado ponente al magistrado José Flors, "pretende concretar con amplitud todos los hechos específicos que se atribuyen a los aforados valencianos".www.levante-emv.com 24.03.09
EL PP RECHAZA 450 PREGUNTAS DE LA OPOSICIÓN SOBRE LAS ADJUDICACIONES DEL CONSELL
La Mesa de Les Corts Valencianes ha rechazado, por los votos del PP, tramitar 456 preguntas de los grupos de la oposición sobre adjudicaciones de la Generalitat a empresas relacionadas con el "caso Gürtel", y una interpelación al conseller de Infraestructuras sobre su política de contrataciones.
Los portavoces del grupo socialista y de Compromís han anunciado que recurrirán esta decisión y acudirán al Tribunal Constitucional, mientras que el PP ha defendido que en aplicación del reglamento parlamentario no se pueden tramitar preguntas que afectan a personas físicas o jurídicas sin trascendencia en la Comunitat.No obstante, el PP sí que ha tramitado las preguntas referidas a las empresas Orange Market y Construcciones Taroncher, debido, según ha dicho el portavoz adjunto del grupo popular, Rafael Maluenda, a que esas dos empresas sí que pueden trascendencia para la Comunitat y "puede haber interés social" por conocer las respuestas a esas preguntas.
La oposición también ha destacado el hecho de que recientemente se tramitara una interpelación al conseller de Gobernación, Serafín Castellano, sobre política general de su Conselleria en materia de contrataciones, y ahora se haya impedido una similar al conseller de Infraestructuras y Transporte.
Las preguntas de la oposición que el PP no ha tramitado pedían conocer, en cada una de las catorce Consellerias de la Generalitat, si existía algún contrato o relación con todas las empresas que figuran en el auto de la Audiencia Nacional que investiga una trama de corrupción que afecta supuestamente al PP.
El portavoz adjunto del PP Rafael Maluenda ha justificado la decisión de la Mesa de admitir las preguntas sobre esas dos empresas y rechazar las demás en que "en este momento" pueden tener trascendencia en la Comunitat, y ha argumentado que han sido los medios de comunicación "los que han dado trascendencia en la Comunitat a unas empresas y a otras no".
"Nosotros hemos respetado ese criterio de los medios de comunicación", ha añadido Maluenda, quien ha defendido el "buen criterio" de la Mesa en su decisión.
El portavoz socialista, Ángel Luna, ha lamentado que Les Corts no sean un "ejemplo" de transparencia y de "ejercicio de la democracia participativa", y ha señalado que como primer paso recurrirán la decisión de la Mesa, para a partir de ahí "buscar la vía del recurso de amparo" al Tribunal Constitucional.
También ha criticado que no se haya tramitado la interpelación al conseller de Infraestructuras sobre política de contrataciones, cuando sí se pudo interpelar a Castellano sobre lo mismo, y se ha preguntado si es que esta decisión "arbitraria" responde a que tiene "algo que ocultar".
La portavoz de Compromís, Mònica Oltra, ha lamentado que "es casi imposible" preguntar sobre una cuestión que "empieza a ser incómoda" para el PP, y por ello llevarán al Constitucional todas las preguntas que les rechacen en este trimestre, ya que, aunque la sentencia tarde varios años, no tienen "otra forma" de defenderse "de los continuos atropellos".
Oltra también ha anunciado que en la comisión de control de RTVV del jueves pedirán la dimisión del director general del ente, Pedro García, por "aparecer implicado en la trama del caso Gürtel, por su relación" con el empresario José Luis Ulibarri "al permitir el funcionamiento de una radio ilegal" en dependencias de RTVV, y por su "manifiesta falta de independencia".
Compromís también ha presentado un recurso a la decisión de la Mesa de no tramitar varias preguntas sobre un posible vertido tóxico en Mislata por parte de una empresa bajo el argumento de que esa empresa privada no tiene trascendencia pública.
(www.elpais.com, 24/03/09)
LAS PRUEBAS PARA EL TRAJE DE CAMPS
Federico Trillo, diputado del PP, ex ministro de Defensa y abogado, ha lanzado su artillería verbal contra un trabajador en paro, llamado José Tomás y recién despedido de la tienda de ropa Forever Young. Trillo le ha llamado mentiroso y ha dudado de su cualificación profesional para defender a su compañero Francisco Camps, el presidente valenciano, sobre quien recae la sospecha de haber aceptado vestuario por 12.000 euros de empresarios que recibieron contratos de la administración donde gobierna.
Tomás conoció la mala noticia de su despido a las 48 horas de declarar ante Baltasar Garzón para explicar sus relaciones comerciales con el clan empresarial de Francisco Correa (encarcelado), quien montó una extensa red de negocios a partir de su magnífica relación con el PP durante el mandato de José María Aznar. El sastre atendía, primero como jefe de ventas de Milano y luego, de Forever Young, a los mejores clientes, entre ellos, algunos jefes de la trama corrupta. Éstos pusieron en contacto a Tomás con Camps.
Antes de que Garzón llamara al sastre, el juez ya tenía pruebas para imputar a Correa y los suyos el supuesto delito de sobornar a políticos valencianos con regalos a cambio de contratos millonarios de esa administración autonómica. La trama se instaló en dicha comunidad en 2005, cuando Camps ya gobernaba y Mariano Rajoy, por desconfianza, había cortado relaciones con Correa.
Correa creó para operar en Valencia Orange Market y logró en cuatro años más de cinco millones de euros en contratos de consejerías del Gobierno de Camps. El delegado de la trama en Valencia, Álvaro Pérez, se hizo amigo íntimo de Camps, a quien llevó hasta el sastre Tomás. En la investigación judicial hay numerosas pruebas sobre las relaciones entre la trama corrupta y el Gobierno de Camps. Son éstas:
- Grabaciones. Un ex edil del PP de Majadahonda (Madrid) que trabajó para Correa grabó conversaciones comprometedoras con los directivos de la trama y las entregó junto a una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción. En una de ellas, Isabel Jordán, subordinada de Correa que planificó la expansión en Valencia, admitía: "He hecho trabajos reales para la [Comunidad Valenciana] tipo Fitur, el Open de Tenis... Hemos pagado incluso 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagar los trajes al presidente Camps. Vamos, que tengo yo la factura... que he pagado yo la factura". La investigación demostró que esta frase se basaba en datos reales. En la contabilidad de Easy Concept, otra firma de la red, figura un apunte de 63.220 euros bajo el título "entradas y salidas de Milano". Jordán explicó al juez que eran compras en Milano.
- Pinchazos telefónicos. Los pinchazos telefónicos que ordenó Garzón revelaron que Álvaro Pérez hacía gestiones, algunas privadas, para Camps y Ricardo Costa, el número dos del PP valenciano.
- Facturas. Garzón tiene en su poder documentos de empresas de la trama y de las tiendas Milano y Forever Young que dan pistas sobre lo ocurrido:
- Pagos a cuenta de Orange Market en Milano a principios de 2006 por vestuario para Camps.
- Pagos en Forever Young por compra de ropa para Camps (5.393 euros), Pedro García (3.284), Rafael Betoret (6.700), Ricardo Costa (4.925), Álvaro Pérez (5.798), Pablo Crespo (4.578). Se pagó con transferencias bancarias y cheques de Servimadrid y Diseño Asimétrico (ambas de la red corrupta) entre el 29 de junio de 2007 y el 24 de julio de 2007, según la documentación dada al juzgado por Forever Young. Entre éstos figuran notas de pedidos con números 54416, 54417 y 54418 a favor de Camps.
- Declaraciones de Tomás. En su escrito al servicio de conciliación y arbitraje por su despido, el sastre señala: "A través de los directivos de Orange Market (...) entré en contacto profesional con altos cargos de la Administración valenciana, y así confeccioné trajes para varios, entre otros, el presidente de la Comunidad de Valencia, Francisco Camps. Cada varios meses, y siguiendo la práctica habitual con clientes importantes, una persona de Orange Market se ponía en contacto con el responsable de facturación de la empresa y cuadraba los vales pendientes, que eran abonados por Orange Market mediante transferencias bancarias y, en algún caso, mediante pago en efectivo".
Ante el juez, Tomás explica: "Camps es el destinatario de otras compras en 2008 pagadas mediante transferencia bancaria de 4.040 euros de Orange Market (Documento 31) a cuyo nombre se realizó también la factura (documento 30). Cinco pantalones, un cinturón de piel, una deportiva, una chaqueta austriaca, una americana sport, una deportiva barbour y una chaqueta fantasía por 2.689 euros".
(www.elpais.com, 23/03/09)
A la caza del vendedor de trajes
El Partido Popular centra su estrategia en el caso Gürtel en desacreditar a José Tomás mientras Francisco Camps continúa sin mostrar las facturas que justifiquen que pagó los pedidos
El Partido Popular ha centrado su estrategia de defensa del presidente Camps en desacreditar al vendedor de trajes que reveló al juez Baltasar Garzón los supuestos pagos en las tiendas de Milano y Forever Young de la trama de Correa. El ex director de ventas de Forever Young, José Tomás, ha precisado esta semana en dos entrevistas a El País y La Gaceta de los Negocios detalles sobre los pedidos de trajes de Camps en Madrid y sobre las llamadas que recibió del presidente de la Generalitat cuando estalló el escándalo. Camps no ha mostrado las facturas que acrediten los pagos, pero su partido ha denunciado a Tomás ante la Fiscalía por revelación del secreto de sumario.
El dueño de Forever Young, Eduardo Hinojosa, ha cargado también contra su ex empleado, despedido el mismo día que declaró como testigo durante doce horas ante Garzón. Hinojosa ha denunciado ante un juzgado de Instrucción de Madrid a José Tomás, acusándole de falsificar las facturas que han llevado a Garzón -junto a otras cuatro evidencias- a remitir el caso al TSJ de la Comunitat Valenciana para que impute a Camps. Lo curioso es que Federico Trillo anunció antes de que se publicitara la denuncia de Forever Young cual iba a ser la línea argumental de la tienda.
Federico Trillo, portavoz de Justicia del PP, insinuó el 16 de marzo que Camps no tenía facturas y reclamó a la tienda que las buscara. A la pregunta de cómo se demuestra que el presidente de la Generalitat ha pagado la ropa, Trillo apuntó: "Pues lo tendrá que decir la empresa, porque tiene una contabilidad férrea, en la que no quiero anunciar cosas que les corresponden sólo a ellos, pero se llevaba una doble contabilidad, una en el sótano que es que la vigilaba especialmente el sastre, el señor Tomás, y otra la oficial".
En el punto de mira
La investigación del caso Gürtel tiene de momento en su punto de mira a Camps, Ricardo Costa (número dos del PP valenciano), Víctor Campos (ex vicepresidente del Consell) y Rafael Betoret (ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo). El problema empezó cuando la unidad de delitos económicos informó a Garzón el pasado 31 de enero de que tenía conversaciones que comprometían a dirigentes valencianos. Isabel Jordán -una de las empresarias detenidas el viernes 6 de febrero, día en el que trascendió el caso Gürtel- señaló en una conversación telefónica pinchada: "Hemos pagado incluso 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para los trajes del presidente Camps. Te lo digo así abiertamente. Vamos que tengo yo la factura. Que la he pagado yo". La conversación circula por internet después de que un medio de comunicación nacional la colgara en su página web.
El vendedor de trajes José Tomás está poniendo la puntilla a los dirigentes valencianos. Tomás ha declarado ante la Fiscalía Anticorrupción, ante la policía y dos veces ante Garzón aportando gran cantidad de indicios. Tras ser despedido y vilipendiado por los populares, ha pasado al ataque con dos entrevistas a sendos medios de difusión nacional. Mientras Camps continúa sin aportar ninguna evidencia, José Tomás ha detallado cómo era su relación con él y ha insistido en que jamás le vio pagar un euro en la tienda por los trajes.
Entrevistas
El vendedor de trajes indicó en la primera entrevista que recibió múltiples llamadas de Camps. "El domingo 8 de febrero, antes de mi declaración ante la policía, me llamó cuatro o cinco veces. Le noté muy nervioso. Me preguntó si habría alguna factura de Milano a su nombre. Yo le tranquilicé diciéndole que los cuatro trajes que encargó a Milano se habían devuelto y eso había sido antes de los encargos a Forever Young. Fue cuando me dijo que Álvaro -presidente de Orange Market- era un bocazas", según publicó El País.
Tomás precisó en la segunda entrevista: "Él me llama porque entonces sólo había salido a la luz lo de los trajes de Milano, y yo le digo: "los únicos trajes que yo le hice en Milano hubo que devolverlos porque no le quedaban bien". Él me preguntaba si había alguna factura hecha a su nombre en manos de alguien. Y de Milano no hay ninguna factura a su nombre porque él no ha comprado allí ni una sola prenda. Pero al día siguiente, la investigación descubre los trajes de Forever Young".
La respuesta del PP ha sido denunciar al supuesto sastre de Camps, pero ni rastro de las facturas que zanjarían el tema.www.levante-emv.com 22.03.09
El contrato blindado y la denuncia
La tienda Forever Young contrató al vendedor José Tomás en verano de 2006 para aprovechar los contactos y clientes importantes que había conseguido en Milano. La empresa le ofreció un contrato blindado con una duración de cinco años para que dejara voluntariamente Milano. Según José Tomás, el negocio no está funcionando bien y la firma ha aprovechado el escándalo para despedirlo y evitar pagarle una indemnización de 300.000 euros que figuraba en su contrato.
Hinojosa acusa a su antiguo director de ventas de inventarse las facturas que implican a Camps y Costa en la trama. El empresario reconoce que su firma recibió pagos por valor de más de sesenta y seis mil euros de las empresas Servimadrid y Diseño Asimétrico, que según Garzón forman parte del entramado de Francisco Correa.
Hinojosa refleja en la denuncia contra su empleado que lo despidió porque elaboraba facturas falsas. La empresa niega que haya vendido trajes a Ricardo Costa, salvo que pagara al contado. La tienda mantiene que el documento 71 que maneja Garzón es falso, aunque el auto del juez precisa que fue la firma la que se lo entregó. El documento 71, como destacó Levante-EMV hace dos semanas, recoge facturas, papeles de la tienda y un listado de clientes en el que el aparece el nombre de Francisco Camps junto a la cantidad de 5.393,50 euros. El nombre de Camps también figura en varias hojas del "listado de encargos de sastrería".www.levante-emv.com 22.03.09
El Consell admite ahora que una radio ilegal de Ulibarri usaba instalaciones de TVV
El vicepresidente reconoce que dio información "equivocada" a los periodistas y anuncia que la televisión pública abrirá una investigación
El Consell de Francisco Camps admitió ayer que una de las emisoras de radio ilegal que el empresario José Luis Ulibarri gestiona a través de una empresa en la que tiene participación, concretamente la ubicada en Elda de la marca Punto Radio, ha emitido para todas las comarcas del Vinalopó desde un centro emisor que es propiedad de Radio Televisión Valenciana (RTVV), empresa pública de la Generalitat.
El portavoz, Vicente Rambla, que justo el viernes anterior había negado que esa emisora sin licencia y vinculada a Ulibarri, empresario imputado por corrupción en la trama que investiga la Audiencia Nacional por un presunto pago de comisiones en una operación urbanística en Boadilla del Monte y cuyas empresas han recibido millonarios contratos del Consell, reconoció ayer que la información que ofreció la pasada semana fue "equivocada, que no falsa", matizó.
Según la versión de Rambla, RTVV trasladó la pasada semana a la Conselleria de Presidencia, que tiene las competencias sobre licencias de radio y televisión, que no era cierto que la emisora ilegal vinculada al empresario leonés usara sus instalaciones "y eso es lo que yo les trasladé", señaló el vicepresidente. Sin embargo, la emisora de Punto Radio sí emitía a través de ese repetidor al haberse "enganchado" a una emisora legal de televisión, que también emite a través de ese repetidor y que, según el conseller portavoz, abona a RTVV el canon correspondiente, aunque se negó a desvelar el nombre.
Una vez los técnicos comprobaron que la emisora ligada a Ulibarri estaba "colgada" a la de TV que opera legalmente se procedió "inmediatamente", según Rambla, al desmontaje de la infraestructura. Además, RTVV ha abierto una investigación para comprobar el tiempo que ha durado la situación de ilegalidad que fuentes del sector aseguran que supera los dos años. Desde RTVV no dieron más detalles sobre cómo se realizará esa investigación y remitieron a las palabras de Rambla. "Televisión Valenciana estudia acciones para reclamar una indemnización por la instalación ilegal y por el canon que debía de haber pagado esta emisora por el uso del emisor", añadió el portavoz. En la actualidad emisoras legales de radio y TV usan las instalaciones de RTVV tras llegar a acuerdos.
El empresario leonés controla a través de sus empresas 14 frecuencias de televisión digital en la Comunitat Valenciana tras hacerse con el control de 13 adjudicatarias de TDT, además de la del Ayuntamiento de Valencia.
Concursos millonarios del Consell
Ulibarri figura como consejero de Radio Publi SL, según el registro mercantil. Esta es la firma que gestiona la marca comercial Punto Radio, que a su vez también tiene emisoras sin licencia en Alcoi, Elx y Requena.
Firmas de Ulibarri han logrado unos 70 millones de euros en contratos públicos, entre ellos la concesión del hospital de Llíria y un colector en Valencia. Otra firma ligadas al empresario castellano-leonés, Limpiezas, Ajardinamientos y Servicios, Seralia SA,recibió de la Conselleria de Gobernación que dirige Serafín Castellano un contrato de limpieza el mes pasado por valor de 226.212 euros. Seralia también logró el contrato para limpiar las dependencias de la Agencia de Turismo, cuya sede fue registrada por orden del juez Garzón en busca de los contratos de Fitur, dentro de la investigación de la trama.
Mientras, el portavoz del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, aseguró ayer respecto a la negociación del nuevo modelo de financiación que no aceptará que Cataluña tenga "un trato preferente" en el nuevo sistema que debió entrar en vigor el 1 de enero a cambio de "servidumbres políticas". En su opinión se da "un claro privilegio en favor de alguna comunidad autónoma y discriminación a otra". Además, esa "discriminación" del Gobierno hacia la Comunitat Valenciana es "reiterada", según indicó.
"Un atentado a Camps y a todos los valencianos"
El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, aseguró ayer, tras ser preguntado por Levante-EMV sobre la situación judicial del presidente Camps, que "las incoherencias e infundios que estamos viviendo en los últimos días" constituyen "un grave atentado no sólo contra el presidente sino también contra las instituciones y el conjunto de la sociedad valenciana". Rambla volvió a identificar, como ya se ha hecho también el PP, el proceso judicial abierto contra Camps como un ataque a todos los valencianos. El portavoz criticó que el PSPV se haya sumado "a esos infundios" lo que demuestra que "tenemos la peor oposición que ha tenido la Comunitat Valenciana". El portavoz dijo tener total confianza en la Justicia y reclamó una pronta resolución del proceso judicial abierto. Respecto a si Camps tiene previsto comparecer ante los medios para atender a preguntas sobre su presunta implicación en la trama de corrupción, Rambla aseguró que el jefe del Consell "está todos los días en actos públicos, hablando con medios de comunicación".
Exige una investigación al Gobierno
En cambio sí exigió al Ministerio del Interior una investigación para dilucidar cómo un policía anónimo llamó al móvil del presidente Camps para informarle de que iba a remitirle el auto. Rambla criticó la "opacidad" del ministro del Interior, que es el responsable máximo de las fuerzas de seguridad.www.levante-emv.com 21.03.09
Orange Market aumentó sus ingresos un 78% el año de la campaña de Camps
La firma pasó de una cifra de negocios de 1,5 a 2,6 millones en 2007 gracias a los contratos del PP y del Consell
Casi al mismo ritmo en que se confeccionaban los trajes con destino, según el auto del juez Baltasar Garzón, a responsables políticos valencianos como el presidente, Francisco Camps, o su número dos en el partido y portavoz en las Corts, Ricardo Costa, la cifra de negocios de Orange Market, la marca valenciana de la supuesta trama corrupta vinculada al PP, se incrementó de forma exponencial. Según las cuentas de 2007 presentadas por la firma que preside el imputado Álvaro Pérez, disponibles desde hace unos días en las bases de datos mercantiles, la sociedad elevó ese ejercicio nada menos que un 78% sus ingresos, al pasar de 1.486.856 euros a 2.649.400 euros. Un espectacular aumento en el año de la campaña electoral autonómica de Francisco Camps, en la que Orange Market realizó numerosos servicios, y en el que la firma gozó igualmente de contratos de la Generalitat. Aquel 2007, un año verdaderamente de vino y rosas -culminó con la fiesta sorpresa en Marrakech que Pérez y otros contratistas del Consell dieron en diciembre al director general de RTVV, Pedro García-, tiene hoy su contrapunto en la imputación de todos los gestores de Orange Market y dos ex responsables del Consell -Rafael Betoret y Víctor Campos- mientras el TSJ decidirá si imputa a Camps y a Costa.
En 2006 la firma había logrado por segundo año la contrata del montaje del stand de Fitur y otras ferias, un encargo que supuso el 72% de todos sus ingresos de ese ejercicio. En 2007, además del stand por poco más de un millón de euros (contrata que ha mantenido hasta la última de 2009), Álvaro Pérez se ocupó de actos para la campaña electoral de Camps a la Generalitat. El importe no se conoce, pero la Sindicatura de Comptes censura que la empresa no le informara de servicios al PP por 175.000 euros. En la campaña de Camps de 2003 intervino Special Events, la matriz madrileña del jefe de la presunta trama Francisco Correa. Orange Market también participó en la presentación de la candidatura de Luis Díaz Alperi en Alicante en las últimos comicios locales de hace dos años.
Los contratos de 2007 conocidos y cuyo importe ha trascendido suman 1,4 millones, el 52% de la facturación de la firma en aquel ejercicio. La empresa, creada en julio de 2003, tuvo ese año ingresos por tan solo 76.170 euros. Nada que ver con los 2,6 millones de 2007. Su facturación se ha multiplicado por 34 en cinco años. O, lo que es lo mismo, se ha incrementado en un 3.378%.
Pese al volumen de negocio, la sociedad cerró el año con unos beneficios de sólo 4.971 euros, frente a los 13.374 de 2006. Claro que en 2003 los beneficios fueron 848 euros. La empresa, que cuenta con un capital social de 3.006 euros, aparece en informes comerciales con un endeudamiento considerado importante, de 483.816 euros, el 84% del total de su activo, que alcanza los 574.105 euros. El cuadro (abajo) muestra los ingresos y contratos hasta 2007, con lo que no se incluyen, además de los stands de Fitur de 2008 y 2009, trabajos como la fiesta de la Volvo Ocean (516.000 euros), la telemaratón de Canal 9 (2.500 euros), el congreso regional de 2008, una cena con Rajoy en Castelló, trabajos para la Fórmula 1, la Feria Hábitat (800.000 euros) o la despedida de Villalonga como gestor del Valencia CF, entre otros.
Las cuentas fueron presentadas por Cándido Herrero, consejero delegado e imputado también por Garzón. Los datos señalan la baja como consejero, reflejada con fecha 19 de febrero pasado, trece días después de saltar el escándalo, de Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol que fue imputado por Garzón. Lo ha sustituido Nuria Pérez Alonso.www.levante-emv.com 21.03.09
Sólo 151.000 euros en personal y 1,8 millones en ´otros´
La empresa que preside Álvaro Pérez Alonso, el Bigotes, facturó en 2007 la friolera de 2.644.953 euros, la mayoría, procedentes de encargos de la Generalitat y del PPCV. Sin embargo, con sólo 5 empleados, declaró unos gastos de personal de únicamente 151.516 euros, el 5,7% del total de sus costes. Si estos números parecen modestos, más lo fueron los de 2006, cuando los gastos de personal ascendieron a los escasos 104.581 euros. La explicación es que Orange Market, cuyo objeto social es la organización de eventos y trabajos de publicidad, no hacía gran cosa directamente, sino que, una vez logradas las adjudicaciones, subcontrataba.
Es el caso, por ejemplo, de los stands de Fitur, que según las declaraciones de algunos imputados, diseñaba y ejecutaba la sociedad Easy Concept, una de las firmas investigadas de la supuesta trama de Correa. La misma mercantil se ocupó de uno de los encargos para los Open de Tenis cuya adjudicación había obtenido Orange Market. La administradora de Easy Concept, Isabel Jordán, es una de las que habla de los pagos de trajes para Camps.
Si en personal hay poco, el capítulo más abultado es el de "Otros gastos de explotación", que supone casi el 70% de todos los gastos. Esta partida podría englobar buena parte del coste de las subcontrataciones así como remuneraciones en favor de los responsables de la firma cuyos honorarios debían superar con creces lo que resultaría de dividir el gasto en personal por los empleados.www.levante-emv.com 21.03.09
La Fiscalía confirma que Anticorrupción mantendrá la acusación ante el TSJ
Pumpido ordena que continúen las actuaciones
La Fiscalía Anticorrupción mantendrá la acusación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). La fiscalía pide que los tribunales autonómicos asuman la causa que ha instruido el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el caso de los dos aforados valencianos, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el secretario general del PP, Ricardo Costa, ambos implicados en la trama por haber recibido presuntamente regalos a cambio de adjudicaciones públicas. La Fiscalía reclama que la causa continúe dependiendo de la Fiscalía Anticorrupción. La representación del Ministerio Público en los dos tribunales defenderá este planteamiento, como ya avanzó este diario, después de que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, haya dictado un decreto en el que ordena a la Fiscalía Anticorrupción que continúe con las actuaciones, que han llevado a cabo desde el comienzo de la instrucción las fiscales Concha Sabadell y Miriam Segura.
Garzón se inhibió de la causa en favor del TSJCV en un auto dictado el pasado 5 de marzo. En la Comunitat Valenciana, el magistrado José Flors será el ponente del auto que establecerá si el TSJCV es competente o no para asumir la causa, tal y como decidió la Sala de lo Civil y Penal de este tribunal.
Una vez aceptada la causa, los tribunales designarán a un instructor -queda excluido el presidente y el ponente del auto de admisión- que será el que se ponga al frente de las diligencias. El instructor podrá pedir práctica de pruebas y tomar declaración a imputados y testigos.www.levante-emv.com 21.03.09
"Camps habla con los periodistas todos los días"
El Consell denuncia "infundios" en torno al trabajo judicial
Vicente Rambla, portavoz del Consell, sorprendió ayer al asegurar en la rueda de prensa posterior a la reunión plenaria del Ejecutivo que Francisco Camps, presidente de la Generalitat, "está todos los días en actos públicos, hablando con los medios de comunicación, trasladando el impulso del Gobierno de la Generalitat". "Recuerdo haberle visto el domingo por la mañana hablando con los medios", recordó Rambla a vuelapluma.
El chino será optativo desde 3º de ESO a partir del curso 2010-2011
El portavoz del Consell se refería a la participación del presidente de la Generalitat en la Romeria de les canyes, en Castellón. Camps ilustró entonces a los periodistas: "Yo ya dije en su momento lo que dije y, además, sigo diciendo lo mismo".
Unos metros más adelante, tras escuchar como varios romeros coreaban la frase "¡trajes para todos!", Camps se extendió: "La verdad resplandecerá sobre la mentira y la insidia. Las cosas se van aclarando. Cada semana hay una mentira nueva. Cien mentiras no hacen una verdad".
El presidente de la Generalitat evita las preguntas directas de los periodistas en actos públicos desde julio de 2006, cuando el metro de Valencia registró el peor accidente de un ferrocarril suburbano en Europa.
Con el paso del tiempo se fue relajando un poquito. Pero desde que su nombre aparece vinculado a la investigación de la supuesta trama de empresas corruptas que ha destapado el juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, el presidente de la Generalitat se ha limitado a hacer alguna breve declaración para subrayar que tiene la conciencia muy tranquila pero ha esquivado cualquier pregunta.
Pero el vicepresidente primero y portavoz del Consell insistió: "Si algún presidente de comunidad autónoma se caracteriza por tener contactos en la calle y con los medios de la comunicación, sin duda es el presidente de la Generalitat, a diferencia de otros presidentes que nunca pisan la calle ni visitan instalaciones fabriles o poblaciones, preocupándose de los problemas de la gente". También descargó que el trabajo judicial está rodeado de "incoherencias e infundios" a los que se "ha aferrado" la "peor oposición de la historia" en "un grave atentado no solamente al presidente de la Generalitat sino al conjunto de la sociedad valenciana".
www.elpais.es 21.03.09
FACTURAS DEL DUEÑO DE FOREVER YOUNG COINCIDEN CON PEDIDOS DE CAMPS Y COSTA QUE CITA GARZÓN
El presidente de Forever Young, Eduardo Hinojosa, ha aportado al juez una relación de facturas de la contabilidad de su empresa para desmentir al sastre José Tomás y mantener que no figuran compras a nombre del presidente Francisco Camps y del número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, aunque sí del que fue director de gabinete en la Conselleria de Turismo e imputado en la causa, Rafael Betoret, y del director general de RTVV, Pedro García, no imputado pero del que el auto afirma que Pablo Crespo, uno de los jefes de la trama liderada por Francisco Crespo, pagó o autorizó el abono de prendas en Milano y Forever Young. El escrito exculpatorio de Camps y Costa no es óbice para que varias de las facturas mantengan coincidencias en las fechas o los importes con supuestos pedidos del jefe del Consell y del secretario general del PPCV que Garzón cita en su auto y que habrían sido abonados por empresas de la trama corrupta vinculada al Partido Popular.
Cabe destacar que Garzón no relaciona los encargos con los responsables políticos únicamente por el llamado Documento 71 obrante en la causa y "elaborado/ordenado" por el sastre, en palabras del propietario de Forever Young, que acusa a José Tomás de haber falseado estos datos, sino que el magistrado alude también a hojas de pedidos y a patrones de medida de los cargos políticos.
Listado de Encargos de Sastrería
Hinojosa niega que consten compras de Camps y Costa -de haber existido, las pagaron "al contado" en el momento del encargo, "exactamente igual que quien compra en El Corte Inglés", pese a los arreglos posteriores-, pero entre sus facturas aparecen dos, con la referencia "Camps nuevo cliente", por importe de 720 y 2.160 euros, fechadas el 14 de noviembre de 2006. En el auto de Garzón se asegura que el nombre del presidente aparece en la relación de detalle de personas que figura en el Documento 71 "facilitado por la entidad Forever Young". Y añade: "Su nombre también figura en varias hojas de Listado de Encargos de Sastrería de las cuales se ha hecho entrega, en concreto en las Hojas con número de pedido 54.416, 54.417 y 54.418 (fecha pedido 14-11-2006, fecha entrega 27-11-2006), y el 54.468 (fecha pedido 04-01-2007, fecha entrega 16-01-2007). En total, dichas hojas de pedido hacen mención a 4 trajes (americana pantalón)".
Como se aprecia, tres de los pedidos coinciden en la fecha, 14 de noviembre de 2006, con dos facturas citadas por Hinojosa. El cuarto pedido, el 54.468, es del 4 de enero de 2007, la misma fecha que dos de las facturas que Hinojosa atribuye al imputado Álvaro Pérez, presidente de Orange Market, por 1.472 y 347,50 euros. Algunos pedidos, según Garzón, habrían sido abonados o autorizados por Crespo. En otro momento, el juez apunta que la ropa encargada "es a medida, requiriendo por tanto la toma de medidas de patronaje y la elaboración de la subsiguiente ficha para la empresa confeccionadora".
En cuanto a Costa, el presidente de la empresa niega que éste encargara nada y entre las facturas de Crespo incluye una de 4.925 euros, del 25 de mayo de 2007. El auto indica que Costa aparece en el Documento 71 con el importe de 4.925 euros, la misma cantidad.
"Constan las medidas" de Costa
Pero además su nombre "figura en varias hojas de Listado de Encargos de Sastrería donde constan las medidas de esta persona, de las cuales se ha hecho entrega, en concreto en la Hoja con número de pedido 54.464, que está asociada a más pedidos de fecha 25-05-2007". La fecha también coincide. En total, fueron un traje, dos pantalones y otras prendas no detalladas.
De este modo, el sastre, de ser falsa su declaración, no habría falsificado sólo facturas como le achaca Hinojosa, sino también las hojas de pedido e incluso los patronajes de los políticos. La comprobación de éstos se antoja factible. Por contra, Hinojosa, en su ampliación de la denuncia contra Tomás, afirma de Ricardo Costa que, "del estudio de toda la documentación obrante en la compañía, podemos afirmar que este señor no ha dejado jamás encargo alguno". El propietario, con todo, sólo alude a encargos hasta el 3 de julio de 2007, no hasta la actualidad.
En cuanto a los dos imputados, Betoret y el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, no hay un detalle que relacione sus supuestos encargos con las facturas citadas por el dueño de Forever Young.
(www.levante-emv.com, 20/03/09)
Los trajes que hicieron caer a Pilar Miró
Los populares forzaron a la cineasta a dejar su cargo por la compra de unos vestidos de protocolo
El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, no está siguiendo los pasos de Pilar Miró, que dimitió tras el escándalo de la compra de trajes con dinero público. La polémica provocó un ataque sin tregua del grupo popular. Pilar Miró devolvió los casi 24.000 euros que se gastó en vestuario, y dejó que los tribunales resolvieran sin presiones. La directora de cine resultó absuelta. El asunto guarda muchas similitudes, aunque también diferencias con el caso Gürtel ya que Pilar Miró nunca negó que había comprado los trajes y defendió que eran para uso protocolario. El problema era que en los presupuestos de la radiotelevisón pública no estaban previstos ese tipo de gastos de representación.Pilar Miró llegó a la dirección de RTVE en 1986 de la mano del presidente Felipe González. El asunto estalló a finales de 1988 y fue avivado por el ex diputado popular Luis Ramallo. La Audiencia Provincial de Madrid procesó a Miró por gastarse 23.465 euros en trajes de Jesús del Pozo y por entregar regalos pagados con dinero público valorados en casi treinta mil euros.
El caso Pilar Miró fue uno de los más llamativos de la cruzada popular contra la "corrupción socialista". Ramallo presentó en el juzgado la denuncia por un delito de malversación de fondos público. El político popular, que 10 años después se vio salpicado por el escándalo Gescartera, aseguró entonces que cumplía con una "obligación" que le imponía su "dignidad como español y como político".
Miró se vio obligada a renunciar a su cargo ante la presión del PP (que todavía se llamaba Alianza Popular), de algunos dirigentes socialistas y de profesionales de la corporación pública. El Gobierno, a través de la Intervención General del Estado, forzó a la directora de cine a devolver el dinero.
La dimisión se produjo en 1989 tras meses de tensiones. Miró no quería dimitir porque consideraba que no había errado. Dejó el cargo decepcionada con los socialistas que creían en ella y que al final la dejaron desamparada ante la presión mediática y de Alianza Popular, que pidió oficialmente su renuncia a través de una moción presentada en el Congreso.El fiscal solicitó el archivo del caso, pero la Audiencia de Madrid siguió adelante con el procesamiento de Miró y la sentó en el banquillo de los acusados al encontrar indicios de que había cometido un delito de malversación de fondos públicos.La Unión de Técnicos y Cuadros de RTVE se personó en la causa como acusación particular y pidió 14 años de prisión. El presidente de la mutualidad de trabajadores de RTVE también reclamó una condena de 12 años de cárcel.
Algunos dirigentes socialistas ironizaron con que se equiparaba el supuesto delito de la directora de RTVE con un homicidio, por la magnitud de las penas. Sin embargo, eran las previstas por el Código Penal para un delito de malversación de caudales públicos.
Luis Ramallo denunció inicialmente "obstruccionismo" en el control parlamentario. Ramallo sostuvo que el mantenimiento de Miró en su cargo era insostenible "por la reprobación pública de su conducta y por la evidente pérdida de confianza de toda la Cámara, incluido el grupo socialista". Sin embargo, cuando el caso llegó a juicio reconoció: "No vi que Miró fuera consciente de que cometía delito".
La Audiencia absolvió en 1993 a la ex directora general de RTVE al no encontrar probado que hiciera las compras para un uso personal. El tribunal incidió en que Miró adquirió la ropa por necesidades de "representación" en virtud de su cargo y que los vestidos se encontraban en un armario que mandó construir en su despacho. Miró falleció en 1997, cuatro años después de ver restituida su imagen.
(www.levante-emv.com, 20/03/09)Camps sigue sin dar explicaciones sobre los trajes
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, acudió ayer por segundo día consecutivo al balcón principal del Ayuntamiento de Valencia para asistir a la última mascletà de las Fallas 2009. Camps eludió responder a los medios de comunicación en el balcón municipal y evitó la pregunta sobre su situación judicial. Camps se limitó a responder que estaba "disfrutando de un magnífico día de Fallas". Tampoco la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quiso referirse durante su visita a varias comisiones falleras de la ciudad a la implicación del presidente en la presunta trama corrupta. También el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, evitó referirse directamente a la polémica en una rueda de prensa en Elx en la que reclamó a los fiscales la misma vara de medir para PP y PSOE y una Justicia "neutral". A Pons le respondió el responsable de Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, quien exigió al ex conseller que en vez de viajar a Valencia a pedir explicaciones a los socialistas se las reclame a los miembros de su partido investigados por supuesta corrupción.Hernando criticó que González Pons haya pedido explicaciones a la vicepresidenta y a la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín. "Lo que debería hacer es ir a Valencia a pedirle las facturas de sus trajes a Francisco Camps", aseguró.
(www.levante-emv.com, 20/03/09)
LOS VÍNCULOS DE PEDRO GARCÍA CON LOS IMPUTADOS
El director general de RTVV, Pedro García, fue agasajado en diciembre de 2007 con una fiesta sorpresa en Marrakech con motivo de su 40 cumpleaños por el imputado Álvaro Pérez, presidente de Orange Market, la pata valenciana de la supuesta trama corrupta del PP que investiga Garzón, y otros amigos y contratistas del Consell como Vicente Cotino, Arturo Blanch o Miguel Perelló. García voló en un jet privado de Cotino y el resto, en aerotaxi. En aquellos felices años 2000, donde no había atisbo de la crisis y parecía que en la Comunitat ataban los perros con las longanizas del presupuesto de la Generalitat, el responsable del ente público y el Bigotes hacían gala de su amistad.
Una relación con múltiples lazos personales y sustentados en las cuentas públicas que no alcanzan sólo a Pérez sino a otros implicados en la trama. Garzón no ha imputado a Pedro García, aunque sí lo cita en el auto en el que se inhibió en favor del TSJ valenciano al no poder imputar al presidente Camps y al número dos del PPCV, Ricardo Costa, cosa que sí ha hecho con el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y con el ex jefe de gabinete en la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret.
En el auto, el juez menciona a García cuando concluye que "las partidas que se imputan con cargo a Cuenta B y pagadas por o con autorización de Crespo Sabaris [uno de los jefes de la trama que lidera Francisco Correa] son: a) En Milano, a favor de Francisco Camps, Ricardo Costa, Rafael Betoret y Pedro García; y b) En Forever Young y The Taylor, (...), a favor de los mismos". El dueño de Forever Young eleva las facturas a nombre de Pedro García de 3.284 a 5.200 euros.
La citada fiesta privada es una muestra de la amistad entre García y el Bigotes que compartían con dirigentes del PP como Camps o Costa. Cuando saltó el escándalo, el responsable de RTVV negó que hubiera dado contratos a Pérez y sólo cuando lo denunció el PSPV admitió que el ente adjudicó el 23 de noviembre pasado por 2.178 euros, sin IVA, el alquiler de material para el telemaratón de Navidad.La esposa del responsable de Orange Market, la ex mamachicho Noemí Ramal, fue contratada por Canal 9 como presentadora de las Campanades de Nochevieja en 2007 en La Nucia y en 2009 en Paterna, así como de la Nit de la Cremà de 2007.
Ramal también ha presentado el espacio Tot per riure, un programa de cámara oculta, y Hora d'impacte. Igualmente, figuró como actriz de reparto en dos series del canal autonómico: Les moreres y Negocis de família, e incluso tuvo una participación en Singles. La relación personal es tan estrecha que el fin de semana del viernes 6 de febrero en que saltó el escándalo García fue al bautizo de la hija de Pérez y Ramal para ser el padrino. El padrino previsto, Francisco Correa, detenido por Garzón, no pudo asistir. Otros cargos del PP invitados optaron por no acudir a la celebración.
Las emisoras de Ulibarri
Otro de los imputados, José Luis Ulibarri, que controla 14 emisoras de televisión digital en la Comunitat tras hacerse con el mando de 13 adjudicatarias de TDT (previa presión del Consell) además de la del Ayuntamiento de Valencia, también tiene motivos para estar agradecido. Según la Ser, Punto Radio llegaba a las comarcas del Vinalopó a través del centro emisor de RTVV en Elda. El Consell, sin embargo, negó que se utilizara este centro emisor.
(www.levante-emv.com, 20/03/09)
RTVV "DESCONOCÍA" QUE LA RADIO ILEGAL DE ULIBARRI DE ELDA USABA SU CENTRO
Una de las cuatro emisoras de radio ilegales gestionadas en la Comunidad Valenciana por el empresario José Luis Ulibarri (implicado en la Operación Gürtel) bajo la marca Punto Radio, ubicada en Elda, ha dejado de emitir y ha desmontado las antenas que tenía instaladas en un centro propiedad de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), según informó ayer la Cadena SER. Ulibarri, que se hizo con el control junto con otros socios, de 13 televisiones digitales terrestres adjudicadas inicialmente a otras empresas por la Generalitat que preside Francisco Camps, la TDT del Ayuntamiento de Valencia o de Tele 7, gestiona también emisoras sin licencia, además de en Elda, en las localidades de Alcoi, Elche y Requena.
La SER explicó que pese a que el ente público y la propia Generalitat, a través del vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, negaron que esta radio ilegal emitiera desde el centro de RTVV cuando la emisora lo denunció hace una semana, han comprobado que los técnicos han desmontado sus antenas e interrumpido la emisión. El centro público está en la partida de los Chaparrales, en el término municipal de Petrer, y permitía la emisión para la comarca del Vinalopó.
Fuentes de RTVV insisten ahora en que no tenían conocimiento de que esta emisora sin licencia utilizara sus instalaciones de Petrer para sus emisiones -a pesar de que el equipo instalado por esta radio sin licencia es muy voluminoso y se estaba utilizando desde hace casi dos años-, aunque no han querido aclarar si tomarán algún tipo de medida contra sus responsables.
El empresario, desde Castilla-León, preside un holding de empresas (grupo Begar) con importantes intereses en los sectores de la construcción, los servicios y los medios de comunicación. Su actividad se ha extendido a la Comunidad Valenciana, donde su negocio más conocido es la empresa Mediamed, a través del cual ha logrado hacerse con el control de las citadas televisiones digitales.
(www.elpais.com, 20/03/09)
El juez que investigará a Camps trabaja con el marido de la abogada de Álvaro Pérez
José Flors es director de la revista jurídica de la editorial del administrador de Tirant lo Blanch
El magistrado José Flors es el encargado de decidir en los próximos días si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana es competente para investigar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps. El juez lleva años como director de la revista jurídica de la editorial Tirant lo Blanch, creada hace 32 años y que cuenta con una veintena de abogados. Salvador Vives López es el administrador único y director de la empresa. La mujer de Salvador Vives López incluso tiene el correo electrónico profesional vinculado a la cuenta genérica de Tirant lo Blanch, según se puede comprobar en la guía del Colegio de Abogados.
La editorial Tirant lo Blanch suministra los libros jurídicos de consulta de leyes que tienen en los juzgados los magistrados y fiscales de la Comunitat y que costea la Generalitat Valenciana, según confirmaron fuentes judiciales y de la Fiscalía.
Ángela Coquillat, que tiene su despacho en el centro de Valencia, asistió a Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, cuando compareció en calidad de detenido ante el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional. Álvaro Pérez, presidente de Orange Market, quedó en libertad con cargos tras prestar declaración y salió de la Audiencia Nacional acompañado por Coquillat sin hacer ningún tipo de declaración.
José Flors Matíes, que pertenece a la asociación Francisco de Vitoria, es uno de los magistrados de la sala de lo Civil y de lo Penal que fue designado a instancias del Consejo General del Poder Judicial y que, por tanto, quedó al margen de los nombramientos de las Cortes a propuesta de las fuerzas políticas. La sala de lo Civil y lo Penal se reunió el martes y, en cumplimiento estricto de las normas de reparto, designó a Flors magistrado ponente del auto que establecerá si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana es competente o no para asumir la causa remitida por el juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
El turno que se ha aplicado para elegir el ponente, que también será el instructor del procedimiento en el caso de que siga adelante, ha sido el de mayor a menor antigüedad. Después de que el magistrado Juan Montero se encargara del caso Mercalicante, el asunto ha correspondido a Flors por ser el más antiguo en lugar de a Juan Climent, que habría sido asignado de seguir el orden inverso, como inicialmente se había anunciado.
Libros desde 2001
La publicación que dirige Flors, que se llama Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana, contiene artículos y análisis de carácter judicial. La editorial Tirant lo Blanch ofrece en su página web libros de la publicación dirigidos por José Flors desde el año 2001.
La ramificación valenciana del caso Gürtel tiene dos aforados: el presidente Francisco Camps y el número dos del PP valenciano, Ricardo Costa. José Flors accedió a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior en octubre de 1995. Su designación había sido acogida de forma positiva en círculos políticos y jurídicos.
José Flors, que es moderadamente conservador, siempre ha estado vinculado a la jurisdicción penal e incluso fue presidente de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia antes de pasar al Tribunal Superior de Justicia.www.levante-emv.com 19.03.09
Camps y Campos comparecen en el TSJ para personarse en el caso GürtelTodavía no lo han hecho Rafael Betoret ni Ricardo Costa
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el ex conseller de Justicia, Víctor Campos, han comparecido en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana con el objeto de personarse en el caso Gürtel, una vez la causa ha llegado a Valencia. El próximo lunes, el magistrado José Flors, comenzará a estudiar la pieza principal, remitida por el juez Baltasar Garzón desde la Audiencia Nacional, para proponer a la Sala de lo Civil y Penal la competencia o no de este tribunal y su archivo o instrucción.
Tanto Camps como Campos se han personado como parte para facilitar al tribunal la notificación de todos los actos procesales a través de abogado y procurador. Aunque la Sala ya tenía constancia de sus domicilios a estos efectos, puesto que consta en las diligencias remitidas por la Audiencia Nacional el número de fax.
Hay que recordar que, precisamente, el PP denunció defectos en la notificación del auto de inhibición del juez Garzón, aludiendo a la llamada telefónica que el presidente Camps dijo que le había realizado un policía pidiéndole un número de fax para remitirle el auto el pasado 5 de marzo, al tiempo que le comunicaba que se diese "por notificado".
Secreto de sumario
El que Víctor Campos y Francisco Camps estén personados como partes en el procedimiento no significa que tengan acceso a todas las diligencias, es decir, a las cinco cajas con documentos, grabaciones y CD procedentes de la Audiencia Nacional, ya que Garzón aún no ha levantado el secreto de sumario.
El TSJ recordó el martes, tras la designación de ponente, que "la causa sigue afectada por el secreto de sumario acordado por el magistrado instructor de la Audiencia Nacional". En este sentido, las partes personadas sólo tendrán acceso a los autos y providencias dictados por el ponente.
Además de Campos y Camps, también se ha personado el administrador de Orange Market, Álvaro Pérez. Faltan por personarse Rafael Betoret y el portavoz del PP Ricardo Costa.www.levante-emv.com 19.03.09
El dueño de Forever Young dice al juez que el director de RTVV encargó al menos 5.200 euros en ropa
Hinojosa acusa al sastre y afirma que no constan pedidos del presidente y Costa aunque luego cita un apunte «Camps nuevo cliente, 2.880 euros»
El director general de Radiotelevisió Valenciana, Pedro García, realizó encargos de ropa en Forever Young, hasta el 3 de julio de 2007, por al menos 5.200 euros, según el recuento «realizado y revisado personalmente» por el presidente de la empresa, Eduardo Hinojosa. El dueño de la firma presentó el lunes al juzgado un escrito de ampliación de la denuncia contra el sastre José Tomás, tras la entrevista en la que éste insistía en que empresas de la trama corrupta que investiga el juez Baltasar Garzón -algunas de ellas contratistas de la Generalitat y del PP- abonaron los trajes y otras prendas encargados por el presidente Francisco Camps; el número dos del PPCV, Ricardo Costa; el ex jefe de gabinete en la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret; y el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, apartado de la política en abril de 2007.
El escrito, que acusa al sastre de falsificar facturas e inventarse pagos de trajes, viene a exculpar a Camps y a Costa al sostener que, en contra de lo que se mantiene en el «Documento 71» obrante en la causa y «elaborado/ordenado por José Tomás», no constan en las facturas existentes en la empresa compras a cargo del jefe del Consell y del portavoz del PP en las Corts. El citado «Documento 71» les atribuye prendas por 5.393,50 y 4.925 euros, respectivamente. De haber hecho compras, apunta Hinojosa, «es obvio que se habrían pagado en efectivo» y «al contado» en el momento del encargo, que es la única manera, añade, en que «no existen antecedentes», «exactamente igual que quien compra en El Corte Inglés». Unos trajes que no dejaron rastro, pese a los arreglos.
Sin embargo, en el nuevo cuadro con los «datos obrantes» en la firma -en el que Camps y Costa aparecen con cero euros-, Pedro García pasa de encargos por valor de 3.284 euros a 5.200. Además, las compras se avalan mediante dos documentos referidos a una única fecha, el 26 de junio de 2007. El director de RTVV no está imputado por Garzón aunque el auto afirma que Pablo Crespo -uno de los jefes de la trama que lideraba Francisco Correa- pagó o autorizó abonos de trajes de García. Éste tiene amistad con Álvaro Pérez, responsable de Orange Market e imputado por el juez. Tal como publicó Levante-EMV en su edición de ayer, Orange Market y otros contratistas del Consell dieron a García una fiesta sorpresa en Marrakech en diciembre de 2007.
Además de Pedro García, en el nuevo listado verificado por Hinojosa aparece también Betoret, aunque con una reducción del importe, de 6.700 a 4.000 euros. De Víctor Campos nada se dice. La mayoría de los encargos se achacan a Álvaro Pérez, 12.103 euros, y a Crespo, 38.746 euros.
Datos no aclarados
Pese a todo ello, en el mismo cuadro aparece una referencia, «Camps nuevo cliente», con 2.880 euros, que deben aludir, aunque no se aclara en el escrito de Hinojosa, al jefe del Consell. Sin embargo, acto seguido el responsable de Forever Young asevera que «no se puede imputar al sr. Costa ni al sr. Camps ninguna compra», salvo, precisa, que las pagaran en el momento del encargo. En su auto, el juez refiere que las facturas se cursaban a nombre de las empresas de la trama. En otro momento, el auto alude a ropa destinada a los responsables populares incluida dentro de pedidos de Pérez. Precisamente, la oposición ha emplazado al presidente a enseñar las facturas para demostrar que pagó los trajes. Como la existencia de las prendas no se ha negado, el escrito da pie a pensar que, al igual que se apuntó de Costa, el presidente pagaba al contado sus compras. Unos desembolsos que podían superar los 1.000 euros por traje.
Los importes en trajes atribuidos por Garzón superan los referidos en el «Documento 71», ya que suman 12.783 euros en el caso de Camps; 7.325, en el de Costa; 4.850, de Campos; y 9.950 euros, de Betoret. El recuento de Hinojosa alcanzaría hasta julio de 2007, lo que dejaría fuera supuestos encargos de Camps como los que hizo para la Fórmula 1. Garzón cita a Camps como «destinatario» de compras «a lo largo de 2008» por 2.689 euros.
La ampliación de la denuncia, avalada «espontáneamente» con su firma por seis empleados de la tienda -entre ellos, Javier García, de quien Tomás dice que era el responsable de la facturación y quien cuadraba los vales con Cándido Herrero, consejero delegado de Orange Market y uno de los imputados por Garzón-, intenta rebatir los hechos descritos por el sastre. Hinojosa no sólo desmiente que se trate de un sastre -es «un vendedor»-, sino que lo acusa de hacer «facturas falsas», motivo, según dice, del despido. De ser cierta la acusación, el empresario evitaría la importante indemnización que Tomás pactó en su día.www.elpais.es 19.03.09
El director de RTVV justifica su fiesta en Marrakech con Pérez y Cotino
Pedro García, director general de Ràdio Televisió Valenciana, calificó ayer como estrictamente "privada" la fiesta que compartió con ocasión de su 40 aniversario con un grupo de amigos en la ciudad Marrakech, en Marruecos. "Fue una sorpresa que organizó mi mujer, cada uno pagó lo suyo y todos los asistentes son amigos míos personales", sentenció García.
La fiesta en cuestión, cuyos detalles desgranó Levante-EMV ayer, congregó en diciembre de 2007 en Marrakech, entre otros, a Álvaro Pérez Alonso, el Bigotes, responsable de Orange Market, una de las empresas vinculadas a la supuesta trama de corrupción y blanqueo que investiga el juez Baltasar Garzón; Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente y Consejero de Bienestar Social y propietario del 38,7% de Gerocentros del Mediterráneo, empresa que gestiona 20 residencias de mayores que tienen concertadas con la Generalitat más de un tercio de sus plazas; Miguel Perelló, productor que ha recibido 12 millones de euros de subvenciones de la Generalitat a través de sus empresas Intercartel e Indigomedia para rodar películas sobre Blasco Ibáñez o Severo Ochoa, entre otros; o Arturo Blanch, empresario de comunicación, especialista en eventos y habitual contratista de la Generalitat desde hace años, adjudicatario de contratos por cerca de dos millones de euros desde la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana.
Los invitados viajaron a Marrakech en un aerotaxi fletado en el aeropuerto de Manises y se alojaron en el hotel Sofitel, cercano a la gran plaza de Jamaa el Fna.
Pedro García viajó a Marrackech en el avión privado de Vicente Cotino.
Según el relato de Levante-EMV, los asistentes recibieron a Pedro García con camisetas alusivas a su aniversario y compartieron cena en una jaima de lujo con tarta de cumpleaños y velas sorpresa incluidas.
La celebración se prolongó durante el fin de semana comprendido entre el 7 y el 9 de diciembre de 2007.
Pedro García nunca ha negado su amistad con Álvaro Pérez, uno de los imputados por el juez Baltasar Garzón, que ha copado a través de Orange Market la organización y gestión de los grandes actos electorales del PP de la Comunidad Valenciana desde 2004. Orange Market también ha sido adjudicataria de varios contratos públicos desde la Generalitat.
www.elpais.es 19.03.09
ORANGE MARKET Y OTROS CONTRATISTAS DEL CONSELL DIERON UNA FIESTA SORPRESA AL DIRECTOR DE RTVV EN MARRAKECH
En circunstancias difíciles se ve quién es amigo de verdad. Álvaro Pérez, presidente de Orange Market, la franquicia valenciana de la trama de presunta corrupción investigada por el juez Garzón, lo es del director general de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), Pedro García. Por esa sincera amistad, el imputado contratista de cabecera del PP valenciano y de la Generalitat no dudó en sumarse a la comitiva organizadora de una inolvidable fiesta en honor a García, como para espantar el peligro de la crisis de los cuarenta, una edad difícil. Pérez y otros contratistas del Consell montaron un exótico 40 cumpleaños del jefe de Canal 9 y persona de la máxima confianza del presidente Francisco Camps. Fue una fiesta sorpresa en la mítica Marrakech, el fin de semana del 7, 8 y 9 de diciembre de 2007.
El máximo responsable del ente público se desplazó a ciegas hasta la llamada perla del sur en el avión privado de Vicente Cotino, copropietario del Grupo Sedesa y sobrino del vicepresidente del Consell Juan Cotino. García no es hombre de grandes emociones, pero tampoco tiene el corazón de piedra. Cualquiera en su lugar también se habría emocionado cuando, estando en el vestíbulo del Sofitel -un cinco estrellas- vio aparecer como caídos de la torre de la mezquita Koutoubia un grupo de animadores de lujo luciendo una camiseta en la que se leía: "Peter's birthday 40". Como en las despedidas de soltero, pero con más clase. De aquí a Marrakech. Habían llegado en un aerotaxi fletado para la ocasión que voló desde Manises.
Los de la comitiva eran como de la familia. Para Pedro García y para los presupuestos de la Generalitat. Álvaro Pérez acudió, como casi todos, con su mujer, la ex mamachicho Noemí Ramal, que ha presentado las dos últimas campanadas de Nochevieja en Canal 9. Estaban los empresarios Miguel Perelló, Nicolás Terol (de Manterol) y Arturo Blanch, del grupo Mediterránea de Medios, entre otros. Fueron 72 horas intensas que nunca olvidará Pedro García. Quizás por ello, porque amor con amor se paga, el director de RTVV no dudó en aceptar ser el padrino en el bautizo de la hija de Álvaro y Noemí. El padrino titular se cayó del cartel por ingreso en prisión.
Era Francisco Correa, cabecilla de la trama. En Marrakech hubo cena en una jaima de lujo, con tarta también sorpresa con sus velitas y todo. Música y mucho espectáculo, a la altura de la especialidad de los presentes. Álvaro Pérez animó el sarao contando chistes que llevaba el copyright de su tío político Andrés Pajares, de quien fue representante artístico. No faltó el toque romántico, en forma de paseos en calesa. Y visita a la plaza Jemaa el Fna, en el corazón de Marrakech.
Estuvo el productor audiovisual Miguel Perelló, también amigo de Pérez. Tanto que éste le dejó subirse en su Cam-Am, un híbrido entre coche y moto que cuesta más de 20.000 euros. Perelló ha recibido, con sus productoras Intercartel y después Indigomedia, unos 12 millones de euros en subvenciones a proyectos cinematográficos desde Presidencia.También acudió Arturo Blanch, hermano de Ignacio Blanch, apoderado de Orange Market hasta el 22 de diciembre de 2004 y ex delegado de Canal 9 en Madrid. Empresas de Blanch contratan con la Generalitat.
El hotel y las visitas concertadas se contrataron a través de una agencia de viajes y cada cual se pagó su plaza y los gastos, según uno de los empresarios que viajó. También apuntó que fueron varios periodistas y un destacado empresario del motor, pero otra fuente indicó que finalmente no pudieron acudir por razones de trabajo.
En la organización del viaje participó muy activamente Vicente Cotino, que hizo de gancho de García. Es el hombre fuerte del grupo Sedesa, que, a través de Sedesa Concesiones, controla el 38,7% de Gerocentros del Mediterráneo, empresa que, con la marca Savia Centros Residenciales, lidera el sector de las residencias para la tercera edad. De las 22 que explota, 20 son concertadas. Tienen garantizadas más de un tercio de su ocupación con plazas subvencionadas.
En 2007, Gerocentros recibió 15,9 millones de euros del Consell. El contrato del plan gerontológico diseñado en 2001 por Rafael Blasco cuando era conseller del ramo fue cambiado, en enero de 2008, para mejorar las condiciones de las adjudicatarias, lo que motivó la denuncia del PSPV al acusar a Juan Cotino de favorecer los negocios de su familia.
Otro que no se perdió el evento de Marrakech fue el empresario Nicolás Terol, gerente de Manterol, empresa textil de Ontinyent. Pedro García conoce a Terol desde que ambos estudiaban en los franciscanos de la capital de la Vall d'Albaida. La mujer de García es Lourdes Soriano, hija del también empresario y presidente de Caixa Ontinyent, Rafael Soriano. La amistad entre lo dos matrimonios se ha cultivado durante años de militancia en la comparsa Kábilas. En 2005 les tocó capitanía mora a la filà. Y Terol fue el capitán. El boato estuvo a la altura del bolsillo de los insignes representantes de la burguesía local. Pedro García fue un escolta de lujo.
(www.levante-emv.com, 18/03/09)
EL MAGISTRADO FLORS, PONENTE DEL 'CASO CAMPS' EN EL TSJ
El magistrado José Flors Matíes es el encargado de dirimir si el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) es competente para investigar el caso Camps. La sala de Lo Civil y Penal, en la que descansan los asuntos que afectan a aforados, decidió , cumpliendo con las normas de reparto, que Flors se haga cargo de la causa. Juez de carrera, adscrito a la asociación Francisco de Vitoria, José Flors fue el instructor que archivó la querella presentada por Eduardo Zaplana contra dos diputados autonómicos socialistas por la difusión de unas conversaciones en relación con el caso Terra Mítica.
José Flors pertenece a la sala de Lo Civil y Penal desde octubre de 1995, responsabilidad a la que accedió desde la presidencia de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia. Es director de la Revista Jurídica, que publica la editorial Tirant Lo Blanc, y acumula decenas de libros publicados sobre distintos aspectos jurídicos, desde revisiones de leyes a programas de opositores. Cuenta con un amplio reconocimiento en la carrera judicial.
El magistrado, como ponente, tendrá ahora que evaluar si la causa enviada por el juez Baltasar Garzón desde la Audiencia Nacional, en la que implica en una trama de sobornos al presidente Francisco Camps, al secretario de los populares valencianos, Ricardo Costa, al ex consejero de Justicia Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret es competencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
La causa tiene dos aforados, Camps y Costa. Y por ello, en sentido estricto es el TSJ el tribunal correspondiente. Sin embargo, a tenor de los delitos (cohecho, tráfico de influencias y falsificación) deberá estudiar si correspondiera hacerse cargo del caso al tribunal del lugar en el que se cometieron o al primero que conoció de los hechos. Es decir, el caso podría ser enviado al Tribunal Supremo o devuelto a la Audiencia Nacional. Esas cuestiones técnicas, sin entrar a valorar el fondo de la cuestión, serán las que despejará. Su decisión será presentada a la sala, formada por cuatro magistrados más. Y si la sala considera que, en efecto, es el TSJ el tribunal competente, el siguiente paso será la instrucción, que debería igualmente corresponderle a él, tal y como ha funcionado la sala de Lo Civil y Penal hasta ahora.
La llegada del caso Camps al tribunal valenciano no ha hecho que los implicados desvelen más datos sobre los supuestos regalos que recibieron y los favores que en contraprestación pudieron hacer. La Generalitat mantiene que acudirá a la justicia para defenderse de quienes "ataquen al presidente". Por ello, la oposición insiste en pedir explicaciones.
Josefa Andrés, portavoz socialista de Justicia, exigió al presidente Camps que aclare "si va a utilizar los servicios jurídicos del Consell para fines privados", en relación precisamente a esas acciones legales anunciadas el pasado domingo.
Elena Martín, secretaria de organización del PSPV, reclamó a Camps que explique cómo paga sus gastos y por qué no puede justificar el pago de los trajes que niega haber recibido como dádiva. El diputado socialista Ximo Puig pidió "la comparecencia de Camps en las Corts".
Por su parte, el consejero de Bienestar Social, Juan Cotino, no quiso hacer declaraciones sobre el asunto y se limitó a decir: "Son milongas, una mentira del principio hasta el final".
(www.elpais.com, 18/03/09)
SÁENZ DE SANTAMARÍA VE NORMAL PAGAR TRAJES EN METÁLICO Y DEFIENDE LA INOCENCIA DE CAMPS
Dado que Francisco Camps sigue eludiendo a los periodistas -no ha ofrecido una sola rueda de prensa en un mes desde que estalló el escándalo de los trajes- fue Soraya Sáenz de Santamaría, la portavoz y la única dirigente del PP que se ha sometido a la prensa esta semana, la que tuvo que responder por él sobre la polémica de las prendas regaladas por la trama de Francisco Correa.
Sáenz de Santamaría defendió la presunción de inocencia de Camps hasta que haya una sentencia firme -que puede tardar años-. La portavoz atacó sin miramientos al sastre, José Tomás, que ha declarado a EL PAÍS, y antes al juez Baltasar Garzón, que la red de Correa pagó los trajes de Camps con billetes de 500 euros y el presidente no entregó ni un euro a la tienda Forever Young.
Santamaría respaldó la nueva tesis del PP, según la cual Camps pagó en metálico, -y por tanto no tiene el registro de la tarjeta de crédito- y tiró las facturas. Se le preguntó si ve normal que facturas de centenares de euros -Garzón ha constatado con facturas un mínimo de 12.000 euros en trajes de Camps- se paguen en metálico por un funcionario como el presidente valenciano, que tiene un salario público, y si ella misma también paga en metálico cuando se compra un traje. Sáenz de Santamaría se mostró muy sorprendida: "Nunca pensé que tendría que responder preguntas como ésta en esta sala de prensa, pero una está preparada para todo", trató de esquivar.
Ante la insistencia, protegió a Camps: "Pues depende de si ese día he ido al cajero. Hay cosas que se pagan en metálico, otras con tarjeta, otras con transferencias, la vida misma", sostuvo. El apoyo del PP a Camps es tan cerrado que Mariano Rajoy viajará hoy a Valencia para hacerse la foto con el presidente en el ayuntamiento durante la mascletá.
(www.elpais.com, 18/03/09)
EL PP PLANTEA EL 'CASO CAMPS' COMO UN ATAQUE A TODOS LOS VALENCIANOS
El presidente de Feria Valencia, Alberto Catalá, extendió ayer a toda la Comunidad Valenciana la sombra de sospecha que proyecta la operación Gürtel sobre el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. En un acto organizado por la Generalitat y celebrado ayer en el recinto ferial con unos 400 empresarios, Catalá afirmó que "quienes tratan de ofender y dañar" a Camps, "ofenden y dañan a todos los valencianos".
La manifestación de Catalá se ciñe a la estrategia del PP valenciano, para personificar en Camps al pueblo valenciano y diluir sus posibles responsabilidades en el caso, como ocurriera con el ex presidente catalán Jordi Pujol en el caso Banca Catalana, que Convergència presentó como un proceso a Cataluña. La intervención de Catalá, aunque no los términos, causó cierta sorpresa en algunos de los empresarios asistentes, que no acababan de entender la razón de la intervención del presidente de Feria Valencia en un acto para difundir la política del Consell.
En la misma línea, la presidenta de la Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, calificó de "campaña orquestada" tanto el auto del juez Baltasar Garzón como las informaciones sobre los supuestos trajes pagados por Orange Market para el jefe del Consell.La presidenta de las Cortes Valencianas aseguró, además, que "en su momento se demostrará quién tiene interés en que esto se orqueste". "En el momento y en el lugar que toque se demostrará su inocencia [la de Camps]", zanjó. Martínez adjudicó en 2005 el primer concurso del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur a Orange Market en sus días de consejera de Turismo. En ese momento, Rafael Betoret, implicado en el auto de Garzón por haber recibido trajes de la trama, fue su jefe de gabinete.
Por su parte, Feria Valencia, presidida por Alberto Catalá, adjudicó un contrato de 800.000 euros a Orange Market para una campaña de publicidad durante la última edición de Hábitat. La adjudicación se produjo al margen de los comités organizadores. En la institución ferial participan el Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat, a través de la Consejería de Industria y Comercio, las diputaciones provinciales, las Cámaras de Comercio y otras organizaciones empresariales.
La responsable de Economía del PSPV-PSOE, Cristina Moreno, afirmó ayer que Catalá "no representa a los empresarios valencianos, sino a quienes le colocaron a dedo en el cargo que ocupa". Moreno acusó a Catalá y otros "paniaguados" de haber hecho "un canto a la valencianía indecente".
Ayer Esquerra Unida acusó al PP de "utilizar las instituciones y los recursos públicos" para defender a Camps. La diputada Glòria Marcos criticó que el Consell saliera "a la defensa de conductas privadas", en relación con el anuncio hecho por el Gobierno valenciano de que emprenderá acciones legales para defender la honorabilidad de Camps.
El Grupo Parlamentario Compromís, por su parte, solicitó ayer la creación de una comisión de investigación en las Cortes para esclarecer las relaciones entre el presidente de la Generalitat, altos cargos y las empresas investigadas por el juez. La síndic de Compromís, Mònica Oltra, hizo una llamada para que no se confundiera la responsabilidad de Camps con la de la institución que preside.
El presidente del Consell protagonizó ayer otro acto a medida para sortear la embarazosa situación que vive con el escándalo de los trajes pagados por Orange Market, agudizado con la publicación de la entrevista a su sastre, José Tomás. Dentro de la estrategia de tratar de recuperar la iniciativa política, el Consell tocó a rebato a finales de la semana pasada entre los empresarios para presentarles las medidas especiales de apoyo al sector empresarial, enmarcadas en el Plan Especial de Apoyo a los Sectores Productivos.
Unos 400 empresarios, entre los que destacaban los presidentes de Cierval (Rafael Ferrando), CEV (José Vicente González), AVE (Francisco Pons), Cámara de Valencia (Arturo Virosque), Bancaja (José Luis Olivas) y CAM (Vicente Sala), acudieron a la presentación de unas medidas que ya fueron presentadas hace un mes a la cúpula empresarial por la consejera de Industria, Belén Juste.
Camps acudió arropado por buena parte de su gobierno. Además de Juste, que fue directora general de Feria Valencia hasta su entrada en el Consell, asistieron los vicepresidentes Vicente Rambla y Gerardo Camps, la consejera de Turismo, Angélica Such, y los consejeros de Medio Ambiente e Infraestructuras, José Ramón García Antón y Mario Flores. El número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, asimismo relacionado en la investigación judicial, también acompañó al presidente.
Camps, que fue recibido de pie por los empresarios y con aplausos, evitó someterse a las preguntas de los medios de comunicación en el refrigerio ofrecido tras finalizar el acto. Sin embargo, a diferencia de otros actos, en los que los empresarios se dan codazos para poder saludar al presidente, la mayoría abandonó la Feria en un ambiente frío sin acercarse.
(www.elpais.com, 17/03/09)
CAMPS CONVIERTE EN UN HOMENAJE A SU PERSONA LA PRESENTACIÓN DE UN PLAN ANTE 500 EMPRESARIOS
Las comparecencias públicas del presidente Camps desde que estalló el escándalo de la trama corrupta se están convirtiendo en actos de aclamación a su figura. Ayer le tocó el turno a los empresarios. En un acto organizado por la Conselleria de Industria y ante un auditorio abarrotado por unos 500 representantes de asociaciones empresariales, con sus máximos dirigentes a la cabeza, cámaras de comercio y parques tecnológicos, el jefe del Consell recibió tres entusiastas ovaciones en un acto de poco más de media hora.
Camps, implicado en la trama de corrupción que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por recibir presuntamente dádivas en especie por la adjudicación de contratos públicos, acudió a Feria Valencia a presentar el plan del Consell de apoyo a los sectores productivos.
Pero la polémica de los trajes y las declaraciones de José Tomás, el sastre de Milano y Forever Young, publicadas el domingo, flotaban en el ambiente. El presidente de Feria Valencia, Alberto Catalá, puso voz al sentir del auditorio: "Presidente, te necesitamos más que nunca. Y quienes en estos tiempos quieren ofenderte, nos ofenden a todos los valencianos, y los que te quieren dañar, nos hacen daño a todos los valencianos", dijo. Con esas palabras, Catalá identificaba las acusaciones a Camps como un ataque a los valencianos, un discurso que el Consell, el propio Camps y el PP han propagado durante las últimas semanas.
Catalá tampoco escondió el objeto de la convocatoria y aseguró que los sectores empresariales y el Consell de Camps deben estar ahora "más unidos que nunca". El responsable de Feria Valencia abogó por "un frente común" entre Gobierno autonómico y empresarios "ante cualquier circunstancia que afecte a la tranquilidad de los mercados". Precisamente Catalá sigue sin explicar los contratos de la institución que preside con Orange Market, una de las empresas que el juez Garzón tiene en el punto de mira y cuya sede en Valencia fue registrada el pasado 6 de febrero. Feria Valencia llevaba trabajando con la firma que dirigía el imputado Álvaro Pérez desde febrero de 2008 y su último encargo se produjo durante la feria Hábitat, el pasado mes de septiembre. En este mismo escenario, el de Feria Valencia, se celebró el pasado mes de octubre el congreso regional de los populares, también organizado por Orange Market, que permitió a Camps revalidar la presidencia del PPCV.
Tampoco en las Corts, la consellera de Industria, Belén Juste, ha querido proporcionar información sobre Feria Valencia. En su comparecencia de la pasada semana, Juste ofreció a la oposición incluso el teléfono del presidente de la Feria, Alberto Catalá, para que se dirigieran a él para obtener la información, toda vez que "no tenemos nada que ocultar", dijo. Sin embargo, Catalá ha eludido ofrecer más detalles pese a las llamadas de Levante-EMV. Feria Valencia recibe este año 26 millones de los fondos públicos.
Camps no hizo ninguna referencia a su situación judicial y tampoco aceptó preguntas de los periodistas. En su discurso destacó que el Consell ha realizado un esfuerzo económico "extraordinario, que jamás se había hecho antes y que no ha hecho ningún otro gobierno autonómico". Reclamó al Gobierno un acuerdo sobre la reforma del modelo de financiación autonómica para que lleguen a la Comunitat Valenciana mil millones más de fondos adicionales y recordó los 2.420 millones que el Consell invierte a través del Plan de Confianza.
Mientras, las declaraciones de José Tomás el domingo a El País y las afirmaciones de que el sastre tomaba medidas a Camps en el hotel Ritz de Madrid y que algunos de los envíos se realizaban directamente a la sede de Orange Market en Valencia, han caído como una bomba en Presidencia. Las fuentes consultadas aseguran que el presidente no se ha alojado en este establecimiento desde hace casi dos años. Desde que accedió al cargo, Camps ha visitado el lujoso establecimiento de la plaza de la Lealtad de Madrid en contadas ocasiones, dijeron. Además, las fuentes añaden que el Ritz es, entre los hoteles de su misma categoría, de los más económicos de la capital de España.
Los precios del hotel, según su página web, permiten alojarse por 262 euros (precio por noche, IVA incluido) con una oferta especial que ayer estaba disponible. Sin embargo, desde el entorno de Camps apuntan que la Generalitat Valenciana ha abonado un precio inferior a los 200 euros cada vez que el jefe del Consell se ha hospedado.
Camps estuvo ayer arropado por los tres vicepresidentes, Vicente Rambla, Gerardo Camps y Juan Cotino; los consellers de Turismo, Angélica Such; de Industria, Belén Juste; de Infraestructuras, Mario Flores y de Medio Ambiente, José Ramón García Antón. Desde el entorno del jefe del Consell dijeron que la presencia de Camps en el acto estaba prevista desde hace una semana. Reapareció el vicepresidente Gerardo Camps, después de que el vicepresidente primero, Vicente Rambla, asegurara el viernes que estaba "gravemente" afectado de su dolencia en la espalda.
(www.levante-emv.com, 17/03/09)
TOMÁS: "LE VENDÍ A TRILLO MÁS TRAJES QUE A CAMPS"
El sastre José Tomás se mostró ayer desconcertado al ser preguntado por este periódico sobre las acusaciones del responsable de Justicia del PP: "Trillo era cliente habitual mío y le he vendido más trajes que a Camps, pero siempre de Milano. Eran trajes de confección, no hechos a medida, de unos doscientos y pico euros. Se quedaba cinco o seis cada temporada. Trillo los pagaba incluso antes de llevárselos. Pasaba por caja, se le ticaban y los pagaba antes de recogerlos y hacerles los arreglos". Tomás aclaró: "Como Trillo es muy bajito, había que acortarle las mangas y el largo de las americanas. Pero siempre pagaba de su bolsillo". "Sólo en una ocasión me llamó desde el Congreso porque necesitaba una americana de cachemira azul marino y me mandó a un asistente o secretario a recogerla. Dijo que le quedaba bien, aunque hubo que subirle las mangas. Después pasó a pagarla. Dejó de ir por Milano cuando le hicieron ministro", señala. Preguntado por qué cree que Trillo niega conocerle, Tomás dijo: "No sé cómo dice que no me conoce. Él iba siempre con su mujer, habitualmente en rebajas, y tenía bastante amistad con él y su señora. Él es de Murcia y hablábamos de que yo iba a La Manga en verano...". Un ex trabajador de Milano declaró ayer a EL PAÍS: "Trillo iba por la tienda y le atendía Tomás, que era el que atendía al 90% de esos clientes. Iban políticos del PP y también del PSOE".
(www.elpais.com, 17/03/09)
EL PP INSINÚA QUE CAMPS NO TIENE FACTURAS Y EXIGE A LA TIENDA DE ROPA QUE LAS BUSQUE
Los trajes de Francisco Camps se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para la dirección del PP. Mientras el presidente valenciano, que apenas atiende a los medios de comunicación, se libra fácilmente de preguntas incómodas, los dirigentes populares tienen que hablar casi cada día sobre este asunto. Y en el relato oficial hay un hueco muy claro: si Camps pagó sus trajes, como dice, ¿por qué no tiene las facturas, ni siquiera el registro de la tarjeta de crédito con la que, por lógica, debería haber pagado varias cuentas que suman en total casi 12.000 euros? El PP ha buscado una respuesta a esta pregunta y ayer creyó haberla encontrado Federico Trillo, portavoz de Justicia de los populares.
Trillo insinuó en Onda Cero que Camps no tiene las facturas, y exigió públicamente a la tienda de ropa que hizo los trajes, Forever Young, que sea ella la que las enseñe. Trillo aprovechó además para atacar con dureza al sastre, José Tomás, quien en una entrevista en EL PAÍS el domingo aseguraba que la trama de Francisco Correa pagó todos los trajes de Camps con billetes de 500 euros.
El juez Baltasar Garzón, en su auto de inhibición ante el Tribunal Superior valenciano, aportó facturas y anotaciones en la contabilidad de las empresas de Correa y Álvaro Pérez, su socio y amigo de Camps, que probaban que éstos le regalaron los trajes, lo que para el juez es un soborno. Camps, por el contrario, no ha ofrecido hasta ahora ninguna evidencia para contrarrestar la documentación presentada por Garzón. Simplemente insiste en su inocencia -"yo me pago mis trajes", repite- sin aportar datos.
La dirección que encabeza Mariano Rajoy, agradecida por el apoyo que el valenciano le brindó en los momentos difíciles, tras la derrota electoral de 2008, ha decidido confiar en la palabra de Camps sin pedirle pruebas. Fuentes cercanas a Rajoy aseguran que el líder no ha reclamado las facturas al presidente valenciano.
Pero Trillo necesitaba ayer construir algo más que un acto de fe, y por eso redondeó el argumento sobre las facturas. Los periodistas le preguntaron por qué no conserva Camps, si no las facturas, al menos el registro en el banco del gasto de la tarjeta de crédito. "Conozco a Paco Camps hace muchos años y desde luego si él tiene que pagar algo, por ejemplo, al tomar algo en alguna gasolinera, paga en cash, es decir, este hombre no utiliza normalmente tarjetas de crédito", contestó Trillo.
Los dirigentes del PP preguntados estos días sobre las facturas de Camps siempre esquivan la cuestión con la idea de que "nadie guarda las facturas de los trajes que ha comprado". Claro que cuando se les recuerda que el banco sí guarda los movimientos de la tarjeta de crédito, aseguran sin más detalles que ellos creen a Camps. Sólo algunos, en privado, admiten que, a pesar de que ellos no ven el soborno por ninguna parte, sí es cierto que Camps ha mentido, porque dijo que Álvaro Pérez "nunca" le ha pagado un traje y Garzón ha demostrado con documentos lo contrario.
El PP, según fuentes de la dirección, está buscando la salida al embrollo en la tienda Forever Young. En su intento por exculpar al presidente valenciano, Trillo hizo un regate: si fue en cash, ¿cómo se demuestra que los ha pagado?, le preguntaron. Trillo dio muestras de haber hablado con la tienda. "Pues lo tendrá que decir la empresa, porque tiene una contabilidad férrea, en la que no quiero anunciar cosas que les corresponden sólo a ellos, pero se llevaba una doble contabilidad, una en el sótano que es la que vigilaba especialmente ese sastre, el señor Tomás, y otra la oficial".
Trillo utilizó sesgadamente las declaraciones de Tomás a EL PAÍS para tratar de desacreditarle. "Dice que sus relaciones con Camps eran de año y medio y de 2005 a 2008, que yo sepa, van tres años, exactamente el doble". Tomás aclaró a EL PAÍS que, efectivamente, en 2005 a Camps ni le conocía; que en 2006 se encargó los trajes de Milano que Camps devolvió por estar mal hechos, y que es entre 2007 y 2008 cuando, desde Forever Young, se relaciona durante año y pico con Camps.
Otra de las supuestas contradicciones se refieren a que Forever Young se constituyó en septiembre de 2006, "y el sastre ha dicho que hay una facturación de 2005 de la trama corrupta ente 60.000 y 70.000 euros". Tomás aclaró que la facturación de 2005 no correspondía a Forever Young, sino que se refiere a pagos que hizo Pablo Crespo por trajes comprados tanto por otros políticos valencianos -Costa, Campos, Betoret- como por Álvaro Pérez y el propio Crespo.
(www.elpais.com, 17/03/09)
SÁENZ DE SANTAMARÍA DEFIENDE A CAMPS: "UNO NO ADJUDICA CONTRATOS POR UNOS TRAJES"
Pocas cosas han propiciado tanta unidad en el seno del PP como la presunta vinculación del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, con la trama de corrupción liderada por Francisco Correa. La negativa tajante de Camps a los indicios recogidos en el auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón es motivo más que suficiente para que el PP arrope al president y, siguiendo la jerga manejada por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, pongan la mano en el fuego por él. Hoy le ha tocado el turno a la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha argumentado —en TVE— que "uno no adjudica unos contratos por unos trajes".
Sáenz de Santamaría ha matizado las diferencias entre Camps y "muchos aforados que han pedido la suspensión voluntaria de su militancia", ya que el presidente valenciano "lo ha negado todo, y eso hay que tenerlo en cuenta".
Por contra, la portavoz del PP en el Congreso ha atacado a Garzón y a sus autos, que "deben ser purgados por un tribunal imparcial". "A Paco Camps le está juzgando un juez que tiene abierta una causa por prevaricación por parte de nuestro partido, y merece un juez imparcial", ha afirmado la portavoz del PP en el Congreso, quien asegura que "todo el mundo tiene derecho a un juicio justo y a que se respete la presunción de inocencia".
(www.publico.es, 15/03/09)
Trillo: José Tomás no es sastre y sus declaraciones son mentiras y ridiculeces El responsable de Justicia del PP,
Federico Trillo, ha negado hoy que José Tomás sea sastre y ha señalado que los detalles que ha aportado sobre los trajes que confeccionaba para Francisco Camps, son "una sarta de mentiras, contradicciones y ridiculeces".En declaraciones a Onda Cero recogidas por EFE, Trillo se ha referido así a la entrevista publicada ayer por el diario El País a José Tomás para señalar que no es "ni testigo ni sastre", sino que está "imputado por falsedad y estafa" y ha sido "despedido disciplinariamente" de la empresa para la que trabajaba, Forever Young.
"Me consta que no es sastre, es jefe de ventas de la empresa Forever Young y, además, no es testigo, es imputado de Garzón", ha aseverado el dirigente del PP, quien ha recalcado que sus declaraciones pueden suponer una nueva violación del secreto del sumario.
Trillo ha desvelado que se ha puesto en contacto con Forever Young y que la empresa "está actuando" contra José Tomás, al que denunció el pasado 13 de febrero "como autor de falsificación de facturas dobles", y ha dicho que cree que la empresa ampliará hoy esta denuncia por las declaraciones que publicó ayer El País.
Ha insistido en que "hay una pretensión desde el principio" por parte del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de que haya "una especie de trama nacional del PP" en la causa y que, por eso, "encuentra al sastre, que cuenta cuentos, cuentos y mentiras".
Trillo ha recalcado además que "no hay ni un sólo contrato" con la empresa Orange Market que no haya sido revisado por el Tribunal de Cuentas, públicamente convocado, resuelto en mesa de contratación en concurrencia de audiencia y sin ninguna impugnación".
Asimismo, ha anunciado que su partido volverá a denunciar hoy a Garzón ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, y ha asegurado que "hay una deliberada voluntad de dañar al PP" en su actuación.
Trillo ha explicado que esta nueva denuncia contra Garzón se producirá después de que el diario El País publicara ayer la citada entrevista con José Tomás en la que, entre otras cosas, ofrecía detalles sobre los trajes que confeccionaba para Camps, cuyas facturas están siendo analizadas en la trama de corrupción que investiga Garzón.
Ha vuelto a criticar que Garzón saliera de España el pasado martes "con permiso de asuntos propios y sin haber enviado las causas" a los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunitat Valenciana y Madrid, así como la explicación del juez de que había "funcionado mal el servicio de reprografía".
"Es lo que le ha permitido justificar la ausencia durante una semana del territorio nacional, retener la causa y abundar en la indefensión del PP", ha manifestado Trillo, quien ha confiado en que los autos lleguen "hoy o mañana" para que, "de una vez, se pueda producir un proceso con todas las garantías debidas".www.levante-emv.com 16.03.09
ADMITE LA ÍNTIMA RELACIÓN CON EL BIGOTES Y LAMENTA NO HABER ADVERTIDO SU “CATADURA MORAL”
Mientras Francisco Camps proclamaba ayer que las acusaciones contra él, contenidas en la entrevista efectuada por El País a su sastre, eran una nueva sarta de mentiras, el PP valenciano lo pone en evidencia, al entonar un discreto mea culpa a través de El Mundo que deja más claro, si se puede, la estrecha relación de la Generalitat con el entramado del “caso Gürtel”, a través de Alvaro Pérez (El Bigotes). Con un nerviosismo evidente, los populares valencianos han declarado que Mariano Rajoy nunca les comunicó su decisión de dejar de contratar a la empresa de Francisco Correa ni, en las veces en las que participó en actos de de la Generalitat, puso reparos a que la organización la asumiera Alvaro Pérez, presidente de Orange Market.
Fuentes del Partido Popular han asegurado a El Mundo que, de haber recibido algún tipo de información sobre la decisión tomada en Génova o de haber conocido su “ligazón con Correa”, «Alvaro Pérez habría dejado de trabajar inmediatamente con nosotros». ¿Y no sabían Camps ni los populares valencianos de la relación de El Bigotes con Francisco Correa, siendo Orange Market una filial de Special Events, la compañía del cabecilla de la trama corrupta?
“Enviado por Génova”
Los populares declararon que en las elecciones de 2003 fue cuando El Bigotes "aterrizó" en la Comunidad enviado directamente por la cúpula del partido y que es cierto que Camps, sin ningún poder entonces dentro del grupo político, lo conocía desde los tiempos de Génova y que, después, una vez “tuvo mando”, quiso “exportar al PP valenciano la potencia de los actos que se organizaban para Aznar”.
El Bigotes “era muy bueno en lo suyo”
A partir de ahí –detallan las fuentes del PP valenciano a El Mundo- la relación con Pérez se intensificó por «pura inercia». “El presidente, que era capaz de estar viendo de madrugada un mitin de Tony Blair, le llamaba al día siguiente para pedirle un montaje similar”. Y es que Pérez era «resolutivo y muy bueno en lo suyo», recalcan.
Admiten su error
En estas declaraciones precipitadas, los populares explican que El Bigotes «reclamaba contratos con la Administración, y muchos de sus proyectos se echaron para atrás porque era el principal proveedor logístico del partido». Por eso, afirman “tanto el Gobierno valenciano como el partido” se consideran en estos momentos «víctimas» de Orange Market, y admiten un “doble error: estrechar tanto la relación y no intuir su catadura moral”.
(www.elplural.com, 16/03/09)
EL PP SE FÍA DE LA INOCENCIA DEL PRESIDENTE CAMPS
Inasequible al desaliento, el PP de Rajoy resiste a Jaguars, trajes de sastre y billetes de 500 euros. Bajo el lema de No nos moverán, la dirección nacional del PP se atrinchera, cada día que pasa, frente a las acusaciones de corrupción. ¿Qué es la palabra de un sastre comparada con la del barón popular de Valencia? ¿Qué supone la firma del imputado Correa en la compra del coche de un edil del PP si éste argumenta una permuta y, además, ya no está en la dirección nacional? Nada. Nada de nada.Génova resiste, callada pero firme, a los últimos embates de la Justicia y del papel. Y hoy celebra, como si nada empañara la victoria del 1-M, la primera Junta Directiva Nacional exitosa tras la derrota electoral de marzo del año pasado.
Cierto es que las palabras del sastre de Camps a El País ayer, en medio de la mascletá valenciana, retumbaron como un cohete en la sede del PP de Madrid. Cierto es que, a algunos miembros de la cúpula popular, los detalles contados por José Tomás sobre el reductor de cintura para el pantalón de Camps traído de Italia hasta la habitación del Ritz sonaron demasiado «verosímiles».Y cierto también que, para algunos de ellos, no quedaba ayer más salida que una querella formal contra ese sastrecillo valiente aparentemente capaz de hacer saltar las costuras del PP.
Pero cierto es, en todo caso, que Mariano Rajoy no se movió ayer de su castillo y que nadie en la corte popular osó ponerle cascabeles al gato de Camps.
Desde Valencia, la respuesta fue clara: primero, todo lo que cuenta el sastre Tomás es mentira. Y a los ojos de Génova, nada ha cambiado: Camps es inocente mientras no se demuestre lo contrario.Y si alguien lo demostrara, entonces ya se verá. Hoy, el presidente valenciano explicará su plan anticrisis ante 500 empresarios de su comunidad y no tiene previsto cambiar su agenda. No asistirá a la reunión de la Junta Directiva Nacional, que no protagonizará, por ello, ningún cierre de filas gráfico con Francisco Camps.Sí lo habrá, sin embargo, con Ana Mato.
Y es que el Jaguar del ex alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda ha rugido estos últimos días a las puertas de Génova, pero no las ha derribado. Al menos de momento. La cúpula del PP se ha desentendido como ha podido del primero de los escándalos relacionados con el caso Gürtel que podría afectar a la estructura nacional del partido. Se trata, dicen, de una época pasada y de una responsabilidad, si la hubiere, de carácter individual. Se trata, añaden, y en todo caso, de un asunto «injustamente» atribuido a la ex esposa del alcalde, Ana Mato. Argumentan que la actual vicesecretaria de Organización del PP siempre mantuvo una fuerte independencia económica pese a compartir los gastos familiares básicos.
Además, Mato no es una dirigente más en el partido de Rajoy.Mato es «importante» en la estructura actual. Y así lo pondrán hoy mismo de manifiesto ante el medio millar de personas que se reunirá en la Junta Directiva Nacional, con la que el PP dará su pistoletazo de salida a la carrera europea. Ana Mato, coordinadora de la campaña europea, de cuyo nombramiento no parece haberse arrepentido en absoluto Mariano Rajoy, desvelará su equipo y las claves de la «movilización» anunciada por el presidente del partido.
(www.elmundo.es, 15/03/09)
EL GOBIERNO VALENCIANO DEFIENDE A CAMPS
La Generalitat Valenciana emprenderá "todas" las acciones legales que estén a su alcance para defender "el honor y la dignidad" del presidente del Gobierno autonómico, Francisco Camps, "una vez termine el proceso principal en curso porque es lo que corresponde jurídicamente". Así lo anunció el Ejecutivo valenciano a través de un comunicado después de que el diario El País publicara una entrevista con el sastre José Tomás en la que, entre otras cosas, ofrecía detalles sobre los trajes que confeccionaba para Camps en Madrid y cuyas facturas están siendo analizadas en el caso Correa, trama de corrupción que afecta al PP y que investiga el juez Baltasar Garzón.
Tomàs confirmó que Camps, que la semana pasada declaró que él siempre paga sus trajes, le llamó el domingo 8 de febrero "cinco veces muy nervioso para saber si había facturas a su nombre" antes de que el sastre declarara ante la policía. El sastre también dijo a El País que el presidente valenciano le llamó "entre ocho y diez veces" mientras declaraba al día siguiente ante la policía, llamadas que no atendió y que, pese a insistir Camps "durante un par de días más", quedaron sin respuesta.
Según Tomàs --que fue despedido de la firma de sastrería en la que trabajaba el 11 de febrero, un día después de declarar ante Garzón--, el exsecretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, encarcelado por Garzón, "venía cada seis meses con un fajo de billetes de 500 euros y pagaba 30.000 o 35.000 euros".
Aunque en la carta de despido de su empresa --cuyo nombre, Castellana Inmuebles y Locales, guarda poca relación con las firmas de sastrería Milano y Forever Young para las que Tomàs hizo trajes a políticos y empresarios valencianos vinculados a la operación Correa-- le acusan de falsear las facturas, el sastre afirmó en la entrevista de ayer que él "nunca" las vio ni ordenó que se hicieran.
Con estas informaciones en el quiosco, Camps aseguró ayer durante su participación en la romeria de las Canyes de Castellón que cada semana se publica "una mentira nueva, que además se contradice con la mentira de la semana anterior", sobre su supuesta relación con el caso Correa.El presidente valenciano dijo que si los periodistas "cotejan mentira tras mentira, se darán cuenta de que al final todo es una tremenda incoherencia". Aseguró confiar en la justicia y en una verdad que "resplandecerá sobre la mentira y la insidia".
Pese a que algunos de los asistentes a la romería increparon a Camps con gritos de "trajes para todos", el presidente valenciano se mostró convencido de que "cuando todo se aclare" será "un gran día de felicidad para la mayoría de los valencianos". Fuentes de la dirección del PP aseguraron que siguen "apoyando y confiando" en el presidente valenciano mientras esperan que la Justicia resuelva "lo antes posible" el caso Correa que afecta al partido.
(www.elperiodico.com, 14/03/09)
"¡TRAJES PARA TODOS!"
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, no vistió ayer de traje sino que se atavió con un tradicional blusón negro para asegurar: "Yo ya dije en su momento lo que dije y, además, sigo diciendo lo mismo". Por ello, se negó otra vez a responder a las preguntas de los periodistas sobre su implicación en una supuesta trama de corrupción.
Camps participó en la Romeria de les canyes (Romería de las cañas) de Castellón. Durante el primer kilómetro de marcha escuchó gritos de "¡Trajes para todos!", procedentes de grupos de participantes. Fue entonces cuando optó por hablar para decir que "cada semana hay una mentira nueva" y añadir que "las cosas se van aclarando". Respondía así, sin hacer mención expresa, a la entrevista con el sastre José Tomás, publicada ayer por EL PAÍS, en la que explica cómo imputados por el juez Garzón en la trama de corrupción vinculada al PP pagaban sus trajes.
Como es habitual en él, Camps no aceptó preguntas pero aprovechó para manifestar su confianza en la justicia y en que "la verdad resplandecerá sobre la mentira y la insidia", aunque cinco semanas después de que se conociera su implicación en la trama desarticulada con la Operación Gürtel sigue sin aclarar si pagó o no los trajes o cuál es su relación con Orange Market y su responsable, Álvaro Pérez.
También acudió a la romería el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, quien acusó a Camps de haber sumido al Consell en "una crisis institucional sin precedentes" y le exigió que deje "que los grupos políticos le pregunten" para "aclarar qué está pasando". Añadió que Camps es responsable de permitir la creación de una red delictiva alrededor de la Generalitat.
(www.elpais.com, 14/03/09)
JOSÉ TOMÁS: "CAMPS Y LOS DEMÁS JAMÁS HAN PAGADO UN EURO EN LA TIENDA"
Yo sólo he dicho que Camps y los demás jamás han pagado un euro en la tienda". José Tomás, el que ha sido sastre de Francisco Camps en los últimos tiempos, aclaró ayer punto por punto su relación con el presidente de la Generalitat Valenciana: cómo le confeccionaba los trajes, quién le pagaba y cómo reaccionó el jefe del Consell ante su implicación. Todo ello tras comparecer en tres ocasiones -la última el pasado viernes-, ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
José Tomás es uno de los testigos y pieza clave para entender la rama valenciana de la operación Gürtel, la presunta trama de corrupción del empresario Francisco Correa supuestamente dedicada a obtener contratos de administraciones dirigidas por el PP. Dentro de la vía valenciana del entramado, Garzón acusa, entre otros, al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de aceptar ropa presuntamente pagada por Orange Market, filial de las empresas de Correa. José Tomás ya confeccionaba los trajes a Álvaro Pérez el Bigotes, responsable de Orange Market. Fue él, amigo personal de Camps, quien puso al presidente en la agenda de clientes del sastre. Y allí parece que se quedó: primero en Milano, y luego en Forever Young, donde se trasladó José Tomás.
En este sentido, las declaraciones del modisto son ciertamente comprometedoras para el jefe del Consell. Si hasta ahora las únicas explicaciones de Camps referidas a sus trajes eran un escueto "claro que me pago mis trajes" en el Foro ABC en Madrid y sin mencionar las tiendas Milano y Forever Young, José Tomás le desmintió ayer.
El modisto aseguraba ayer que era Pablo Crespo -en prisión-, uno de los cabecillas del entramado de Correa y fundador de Orange Market, el que "venía cada seis meses aproximadamente con un fajo de billetes de 500 y pagaba 30.000 o 35.000 euros. La última vez o las dos últimas veces pagó Orange Market mediante transferencias bancarias".
El sastre reconoció que ignoraba si Pablo Crespo y Orange Market le pasaban luego el cargo a Camps, pero afirmó que Camps y los demás "jamás han pagado un euro en la tienda". Según José Tomás, Crespo pagó a Forever Young entre 50.000 y 60.000 euros al año hasta 2008. En esos pagos estarían incluidos los costes de los trajes de Camps y del número dos del PP valenciano Ricardo Costa, los dos aforados valencianos a los que, como diputados autonómicos, Garzón no ha imputado. También incluirían los trajes del ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y Rafael Betoret, ex director de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, ambos imputados.
Las explicaciones del sastre aclaran la cuestión del "chaleco blanco" de Camps para la recepción en el Vaticano, uno de los puntos que generaban controversia en el auto de Garzón, en el que se detallaban las prendas que presuntamente recibió Camps. Según Tomás, el chaleco no era blanco, sino negro, un desliz en el auto que el sastre achaca a las explicaciones sobre moda que dio al juez durante su declaración. El fallo en el color era uno de los agujeros a los que se aferran los servicios jurídicos de la Generalitat.
Sin embargo, lo más comprometedor para Camps es que fue Álvaro Pérez, según el relato del sastre, quien encargó los chalecos, "uno para él y otro para el presidente Camps". Cabe recordar que el Bigotes, según afirma el cabecilla de la trama, Francisco Correa, en las grabaciones que desencadenaron la operación, estuvo en la visita a Roma con motivo del nombramiento como cardenal de Antonio Cañizares.
Aquel acto, celebrado en marzo de 2006, se produjo en las víspera de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, en julio de ese año. Pérez quería entrar en el reparto de los contratos por el montaje de la visita. La organización del Encuentro Mundial de las Familias no contrató a Orange Market, pero Pérez participó a través de Mediapro, que a su vez había sido contratada por Ràdio Televisió Valenciana, el ente público dirigido por Pedro García, también amigo íntimo de Álvaro Pérez.
"Álvaro ya tenía encargado un frac pero no había tiempo para cortar el de Camps, así que le envié uno de confección, de unos 300 euros, que fue el que utilizó y luego me devolvieron. Los chalecos se hicieron a medida y se encargaron al cortador de la fábrica de Satgor, S. A., en Navarra, que los envió directamente a la sede de Orange Market, en la calle Conde de Salobreña, en Valencia", revela José Tomás. La dirección correcta es Conde de Salvatierra -no Salobreña-, donde Orange Market tenía su sede antes de trasladarse a la calle Colón hace unos meses.
Además de aclarar la cuestión del polémico chaleco, el sastre explicó que los cuatro trajes que Camps reconoció haber encargado en Milano, estaban "mal confeccionados".
Por otro lado, Tomás confirma el nerviosismo que generó en el presidente de la Generalitat su declaración ante el juez: "El domingo 8 de febrero, antes de mi declaración ante la policía, me llamó cuatro o cinco veces. Le noté muy nervioso. Me preguntó si había alguna factura de Milano a su nombre. Yo le tranquilicé diciéndole que los cuatro trajes que encargó a Milano se habían devuelto. Fue cuando me dijo que Álvaro era un bocazas". Igualmente, José Tomás indicó que mientras estaba declarando tenía el móvil conectado y recibió entre ocho y diez llamadas de Camps que no contestó. "Todavía siguió llamándome un par de días más", añade.
José Tomás decía ayer que no ha vuelto a hablar con Francisco Camps tras aquellas llamadas. Sin embargo, la relación sastre-cliente se mantuvo hasta hace pocos meses. Al parecer, las últimas ocasiones en que coincidieron en persona fue en la tienda de Forever Young del Paseo de la Castellana. "Lo último que le hice fueron dos trajes de tejido fino, en agosto de 2008 para el Mundial de Fórmula 1 en Valencia", señaló.
Además, dijo que el presidente valenciano se llevó dos pares de zapatos de marca Crockett & Jones, de más de 500 euros cada par, aunque "estaban en oferta, rebajados a 200", detalló.
(www.levante-emv.com, 16/03/09)
UN SASTRE DESPEDIDO EN MEDIO DE LAS FACTURAS FALSAS
Las aclaraciones del sastre que aparecieron ayer en la prensa y ponen al presidente de la Generalitat en una situación comprometida se producen en determinado contexto. José Tomás, el modisto que vistió a Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret es testigo en la causa que investiga Baltasar Garzón, pero también ha sido despedido por su empresa precisamente al verse envuelto en el caso tras la citación judicial. Según parece, la carta de despido le atribuye haber ordenado hacer facturas falsas para justificar los pagos de los trajes.
Desde que se destapó el caso, el modisto ha declarado ante la Fiscalía Anticorrupción, la Policía y Baltasar Garzón. Tomás recibió la carta de despido el pasado 11 de febrero, justo después de haber declarado durante nueve horas ante el juez Garzón.
Así, el sastre, que también se ha visto salpicado, negó ayer no solo haber ordenado esas facturas sino haber intervenido incluso en el proceso de facturación. "Me limitaba a vender, a tomar medidas", dijo.Esas facturas cargadas a las empresas de la supuesta trama de Correa -Orange Market, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico- para justificar el pago de los trajes se referían a conceptos que la tienda Forever Young no comercializa, según Garzón. Se trata de elementos como "metros de tela blanca" o "tela para tapizar".
Según la investigación, la confección de las facturas buscaría ajustarse al objeto social de las empresas de Correa, para así justificar los pagos. Cabe recordar que estas empresas, como Orange Market, se dedican básicamente a la organización de eventos, y la compra de tela casa perfectamente con una empresa que entre otras cosas, monta decorados.
(www.levante-emv.com, 16/03/09)
´YO IBA A TOMARLE MEDIDAS AL RITZ, DONDE ÉL SE ALOJABA´
José Tomás, el sastre que confeccionó trajes a Francisco Camps y al resto de implicados valencianos en la operación Gürtel -Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret- , tomó medidas al presidente por primera vez en la tienda Milano, en la calle Serrano de Madrid.
No sería la última vez. El jefe del Consell, según el relato del testigo José Tomás, se convirtió en cliente habitual del que también era sastre de Álvaro Pérez, responsable de Orange Market. Tomás afirmaba ayer que cada vez que Camps viajaba a la capital por motivos políticos se alojaba en el Ritz. La relación se producía en el mismo hotel: "Él me llamaba por teléfono cuando salía de Valencia o desde el coche y me decía a la hora que llegaba al Ritz. A su llegada yo ya le estaba esperando en el hotel y subía a su habitación. La primera vez le tomé las medidas y las dos siguientes le mostré algunas telas o una americana que le había hecho".
De las palabras del sastre se desprende que el presidente valenciano cuida cada detalle de su vestuario. "Me hizo repetir bastantes trajes. Quería los pantalones con un ceñidor detrás y hubo que buscar una trabilla en Italia que tuvieron que traer de Italia".
Según José Tomás, la relación sastre-cliente se prolongó durante "un año y pico". "En total, le hice unos ocho trajes, tres americanas, pantalones...", explicaba el modisto. Con todo, el gasto no es muy elevado: los primeros trajes eran de 800 o 900 euros; los últimos algo más caros, con un coste de entre 1.000 y 1.200 euros, señaló en declaraciones a El País.
Cabe recordar que el juez Garzón concretó en 12.783 euros el montante total de los pagos recibidos por Camps "en especie", es decir, en ropa. Entre los posibles regalos que apunta Garzón aparecen cinco pantalones, un cinturón de piel, una deportiva, una chaqueta austriaca, una americana sport, una deportiva Barbour, una chaqueta de fantasía, el smoking que Camps lució en un acto en Nueva York, y un chaleco, el famoso chaleco de la visita del presidente al Vaticano.
Esos trajes, según dice el juez en su auto, habrían sido pagados a Milano y Forever Young por varias empresas de la presunta trama de Francisco Correa mediante cheque o transferencia. Concretamente, Orange Market, Diseño Asimétrico o Servimadrid Integral.
(www.levante-emv.com, 16/03/09)
"Camps me llamó muy nervioso para saber si había facturas a su nombre"
El sastre José Tomás García fue citado a declarar por la policía cuando alguien le sopló a la Fiscalía Anticorrupción que se estaban regalando trajes a políticos valencianos que luego pagaba Orange Market, una empresa vinculada a la trama de corrupción comandada por Francisco Correa. La policía interrogó a Tomás sobre sus clientes, tanto de Milano -tienda en la que había trabajado durante 32 años- como de Forever Young, una continuación de la primera dirigida por Eduardo Hinojosa, de la familia propietaria de la firma Cortefiel. Entre los clientes figuraba el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. A Camps y Tomás los presentó Álvaro Pérez, El Bigotes, otro de los empresarios de la trama.
"Me hizo repetir bastantes trajes. Quería pantalones con un ceñidor detrás que hubo que traer de Italia"
"Le hicimos unos oche trajes. Los primeros costaban 800 euros; los últimos, 1.200"
Después de declarar ante la policía, Tomás hizo lo propio ante el juez Baltasar Garzón, y un día después fue despedido de su empresa. El sastre, testigo en la causa que destapó Garzón y que afecta a altos cargos del PP valenciano y madrileño, ha concedido una entrevista a EL PAÍS. Éste es su relato de los hechos.
La primera vez que Tomás tomó medidas al presidente valenciano fue en la tienda de Milano, en la calle de Serrano de Madrid. Pero los cuatro trajes que encargó Camps los confeccionaron mal y los devolvió. Después continuaron la relación cuando Tomás ya estaba en Forever Young y Camps se desplazaba a Madrid por compromisos políticos.
"Siempre que venía a Madrid, Camps se alojaba en el Ritz", rememora el sastre. "Él me llamaba por teléfono cuando salía de Valencia o desde el coche y me decía a la hora que llegaba al Ritz. A su llegada yo ya le estaba esperando en el hotel y subía a su habitación. La primera vez le tomé las medidas y las dos siguientes le mostré algunas telas o una americana que le había hecho".
Francisco Camps era un cliente exigente. "Me hizo repetir bastantes trajes. Quería los pantalones con un ceñidor detrás y hubo que buscar una trabilla que tuvieron que traer de Italia. Pero era una persona amable, buena gente. Los trajes que le hice eran de unos 800 o 900 euros los primeros. Los últimos, de 1.000 o 1.200. En total le hice unos ochos trajes, tres americanas, pantalones... Tuvimos relación durante un año y pico".
El montante de las ventas de Tomás a Camps, según la contabilidad en poder de Garzón, ascendió a 12.783 euros. Para lo que se tarifa entre empresarios, políticos y famosos, Camps no era, según su sastre, de los más derrochadores. Nada que ver con su amigo el empresario Álvaro Pérez, El Bigotes. "Álvaro presumía de ser el tío mejor vestido de España, era un cliente compulsivo", cuenta. Las dos últimas ocasiones en que Tomás vio a Camps fue en la tienda de Forever Young, en el paseo de la Castellana, 140. "Iba a la tienda porque era más cómodo. Había probadores muy grandes y los guardaespaldas podían dejar el coche a la puerta. Lo último que le hice fueron dos trajes de tejido fino, en agosto de 2008, para el Mundial de Fórmula 1 en Valencia. Se llevó también dos pares de zapatos Crockett & Jones, de 500 y pico euros cada par, que estaban en oferta, rebajados a 200".
Pero donde el presidente valenciano puso a prueba a su sastre fue en la confección de un esmoquin para un acto oficial en Nueva York. Tomás no recuerda bien las fechas, si fue a finales de 2006 o en la primavera de 2007, pero sí recuerda que, como casi siempre, le vinieron con prisas. Se lo encargaron con pocos días de antelación y no daba tiempo a hacerlo ni Tomás tenía las medidas. "Por consejo del cortador de la fábrica le pedí a Camps que me enviase desde Valencia un traje que le quedase bien", prosigue Tomás. "Él lo envió y el patronista tomó las medidas y lo remitió todo a Satgor, una empresa de confección radicada en Caparroso [Navarra]. En ocho o diez días le enviaron el esmoquin a Valencia. Después me enseñaron una fotografía de una revista, en la que aparecía Camps en un acto oficial en Nueva York con el esmoquin".
Mucha tinta ha derramado también el famoso "chaleco blanco" para ir al Vaticano. El sastre conviene en que se trata de un error en el auto de Garzón. El chaleco era negro, no blanco. Lo explica así: "Yo le expliqué al juez que un frac va siempre con chaleco blanco, y de ahí el error. Tres o cuatro días antes del evento en el Vaticano, Álvaro Pérez me llamó y me dijo que el protocolo de la Santa Sede exigía chaleco negro, y me encargó dos chalecos: uno para él y otro para el presidente Camps. Álvaro ya tenía encargado un frac pero no había tiempo para cortar el de Camps, así que le envié uno de confección, de unos 300 euros, que fue el que utilizó y que luego me devolvieron. Los chalecos se hicieron a medida y se encargaron al cortador de la fábrica de Satgor, SA, en Navarra, que los envió directamente a la sede de Orange Market, en la calle Conde de Salobreña, en Valencia".
Éste era el tipo de relaciones que Tomás mantenía con Camps y los demás políticos valencianos clientes de Milano o Forever Young, entre los que se cuentan Ricardo Costa, secretario general del PP de Valencia; José Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, o Rafael Betoret, jefe del gabinete de la Consejería de Turismo. Tomás gozaba de prestigio y vestía a gente importante.
Hasta que Garzón destapó la Operación Gürtel. Al conocerse las primeras implicaciones, empezaron las llamadas de Camps a su sastre. "El domingo 8 de febrero, antes de mi declaración ante la policía, me llamó cuatro o cinco veces. Le noté muy nervioso. Me preguntó si habría alguna factura de Milano a su nombre. Yo le tranquilicé diciéndole que los cuatro trajes que encargó a Milano se habían devuelto y eso había sido antes de los encargos a Forever Young. Fue cuando me dijo que Álvaro era un bocazas".
Tomás ratifica lo que consta en el auto de Garzón. "Sí, es cierto, mientras estaba declarando [ante la policía] tenía el móvil abierto y me llamó entre ocho y diez veces. No cogí el teléfono y no he vuelto a hablar con él. Creo que ya estaba fuera de lugar. Todavía siguió llamándome un par de días más".
El día 11 le llegó la carta de despido. Las relaciones con su empresario, Eduardo Hinojosa, se habían deteriorado en los últimos años hasta el extremo de que sólo se comunicaban por fax. Tomás había dejado Milano después de 32 años para incorporarse al proyecto de Forever Young sin cobrar indemnización alguna, pero a cambio de perder toda su antigüedad exigió un contrato blindado para mantener su empleo un mínimo de cinco años.
En la nueva empresa empezó como director de sucursales, pero la creciente tirantez con el dueño culminó en su degradación a director de la sucursal de la calle de Serrano, en Madrid, y se le prohibió el acceso a las demás tiendas. Ahora la empresa ha aprovechado la declaración ante Garzón para despedirle cuando llevaba trabajando 29 meses.
La carta de despido le acusa de elaborar "facturas falsas". Tomás explica que la práctica habitual con los clientes importantes, como Antena 3, Tele 5 o la Comunidad Valenciana, era contabilizar los productos vendidos como "vales pendientes de cobro". Cada varios meses, una persona de Orange Market, Cándido Martínez, se ponía en contacto con el responsable de facturación de Forever Young, Javier García Fernández, con el que cuadraba los vales pendientes.
Los pagos en metálico los hacía el ex dirigente del PP gallego Pablo Crespo, número dos de Correa y administrador único de Orange Market. "Venía cada seis meses aproximadamente con un fajo de billetes de 500 y pagaba 30.000 o 35.000 euros. La última o las dos últimas veces pagó Orange Market mediante transferencias bancarias". Según Tomás, Pablo Crespo pagó a Forever Young en 2005, el primer año de sus relaciones con ellos, entre 60.000 y 70.000 euros. Después, hasta 2008, algo menos: entre 50.000 y 60.000 euros anuales. Esas cantidades incluirían los trajes no sólo de Camps y de los cargos valencianos señalados por Garzón, sino también los de Álvaro Pérez y otros miembros de la trama.
Para documentar esos pagos se emitían facturas que ahora han aparecido cargadas a Orange Market, Diseño Asimétrico o Servimadrid Integral, empresas todas de Francisco Correa. Los "conceptos falsos" que se utilizan para justificar el despido del sastre se refieren al detalle de las facturas: "metros de tela blanca", "tela para tapizar", "batista suiza", etcétera.
"Yo jamás participé en la confección de esas facturas", asegura Tomás. "El responsable era Javier García Fernández, las facturas no pasaban por mí. ¿Qué ganaba yo con poner que en vez de trajes eran telas, si el precio se pagaba lo mismo, fuera por Pablo Crespo o fuera por Orange Market? Yo sólo he dicho que Camps y los demás jamás han pagado un euro en la tienda. Yo he dicho quién pagaba, pero ni siquiera puedo afirmar que luego Pablo Crespo u Orange Market no le pasasen el cargo a Camps, a Ricardo Costa [secretario general del PP valenciano] o a los demás políticos. Eso no lo sé".
Entonces, ¿por qué las facturas de trajes enviadas a Orange decían que se trataba de "metros de tela" o "tela para tapizar"? Tomás dice no saberlo, pero fuentes de la investigación aventuran que, siendo Orange Market una empresa dedicada a montar ferias, decorados y eventos, tenía más difícil justificar, incluso fiscalmente, la compra de trajes y ropa ya confeccionada que la de telas para decorados o "ropa para personal". De ahí que, según esas fuentes, Orange pidiese a Forever Young que hiciese constar esos conceptos en las facturas.
El auto del juez Garzón mantiene también esa tesis: "La elaboración de las facturas se realiza por conceptos que la tienda de Forever Young no comercializa y por cuantías que no se corresponden con los pagos. La elaboración de las facturas responde a las necesidades que precisa la organización, y así es ésta la que, a través de Pablo Crespo, Álvaro Pérez o Cándido Martínez, da las instrucciones del contenido de las facturas".
Lo cierto es que, al día siguiente de declarar ante el juez, Tomás se quedó en la calle y tiene muy claro por qué: "El propietario, Hinojosa, conocía la situación personalmente porque al menos en una ocasión tuvo un almuerzo con la dirección de Orange Market, al que asistieron Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo. Las facturas falsas que me atribuyen desde mayo de 2007, además de que nunca han pasado por mis manos, no intenta nadie aclararlas hasta que declaro ante Garzón. Despidiéndome a mí se libran de un empleado con el que la empresa tiene problemas pero es muy caro de despedir porque tengo un blindaje. E intentan desvincularse de la Operación Gürtel haciéndome a mí el único responsable".
Trajes, pantalones, chaquetas y esmoquin
- Según el auto de Garzón, entre 2006 y 2008 Francisco Camps recibió "en especie" -en trajes- 12.783 euros de la trama corrupta comandada presuntamente por el empresario Francisco Correa. De esa cantidad, 4.700 euros corresponden a trajes a medida de la tienda Milano, y otros 8.083 euros a ropa de Forever Young, ambas en Madrid.
- La lista de regalos no está detallada, pero en ella figuran al menos dos trajes, cinco pantalones, una chaqueta deportiva, una chaqueta austriaca, una americana sport, una deportiva Barbour, una chaqueta fantasía y un cinturón de piel. También un esmoquin que el presidente valenciano lució en un acto oficial en Nueva York, y un chaleco para una recepción en el Vaticano.
- El juez sostiene que todos esos regalos fueron pagados a las tiendas por las empresas de Correa a través de cheque o transferencia bancaria, salvo un pedido de 3.300 euros cuya forma de pago se desconoce.
www.elpais.es 15.03.09
"Me despidieron tras declarar ante Garzón"
José Tomás García, de 54 años, ha sido despedido de la firma de sastrería en la que trabajaba por haber tenido que declarar ante la Fiscalía Anticorrupción, ante la policía y ante el juez Baltasar Garzón sobre sus clientes. Entre ellos se cuentan el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y otros importantes políticos valencianos y empresarios vinculados a la Operación Gürtel, la trama de corrupción del empresario Francisco Correa que afecta a políticos del PP. José Tomás es el sastre de Milano y Forever Young que vistió a Camps y al secretario general del PP en Valencia, Ricardo Costa, entre otros.
El 11 de febrero, un día después de declarar ante el juez, Tomás recibió una carta de despido en la que su empresa, que hoy se llama Castellana Inmuebles y Locales, le atribuye haber ordenado hacer facturas falsas para justificar los pagos de empresas de Correa, entre ellas Orange Market, Diseño Asimétrico y Servimadrid Integral. "Me despidieron tras declarar ante Garzón", protesta. Ha sido la excusa para justificar su destitución fulminante, pese a que las malas relaciones de Tomás con el dueño, Eduardo Hinojosa, vienen de lejos.
El 10 de febrero, Tomás testificó durante nueve horas y media en la Audiencia Nacional. La carta de despido del día 11 menciona sin tapujos las comparecencias del empleado ante la Fiscalía Anticorrupción y ante Garzón y afirma que, como consecuencia, se han percatado de la falsedad de esas facturas (aunque muchas de ellas tienen más de año y medio de antigüedad).
El sastre niega haber falsificado facturas: "Yo no tuve nunca nada que ver con la facturación. Me limitaba a vender, a tomar medidas a los clientes, a mandar confeccionar los trajes, pero nunca vi esas facturas ni ordené que se confeccionaran, ni había oído hablar en mi vida de firmas como Diseño Asimétrico o Servimadrid", asegura.
www.elpais.es 15.03.09
Camps: Cada semana se publica una mentira nueva que contradice otra anterior
El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha dicho hoy que cada semana se publica "una mentira nueva, que además se contradice con la mentira de la semana anterior", sobre su supuesta relación con la presunta trama de corrupción que afecta al PP y que investiga el magistrado Baltasar Garzón.
Camps ha hecho estas declaraciones en Castellón, donde, ataviado con el tradicional blusón negro y el pañuelo verde, ha asistido a primera hora de la mañana a la tradicional Romeria de les Canyes, con la que los castellonenses rememoran la fundación de la ciudad.
El president del Gobierno valenciano ha contestado así al ser preguntado por su supuesta relación con el caso "Gürtel", después de que el diario El País publique hoy una entrevista con el sastre José Tomás en la que, entre otras cosas, ofrece detalles sobre los trajes que confeccionaba para Camps y cuyas facturas están siendo investigadas en la citada trama de corrupción que afecta al PP.
El jefe del Consell ha dicho a los periodistas que si "cotejan mentira tras mentira, se darán cuenta de que al final todo es una tremenda incoherencia".
Camps ha asegurado que confía plenamente en la Justicia y en una verdad que, se ha mostrado confiado, "resplandecerá sobre la mentira y sobre la insidia".
"En este día de aquí de Castellón, después de tanta mentira, -quiero- decirles que estoy más ilusionado, más fuerte y más contento que nunca, y que veo que al final las cosas se van aclarando y que cada día dicen cosas contradictorias y diferentes", ha declarado.
"Es cuestión de esperar, de tener confianza, de tener paciencia, de tener ilusión, de seguir trabajando por el futuro de la Comunitat Valenciana, y de esperar que todo se aclare definitivamente", ha continuado Camps.
Asimismo, el president ha dicho estar convencido de que "cuando todo se aclare y resplandezca la verdad" será "un gran día de felicidad para la inmensa mayoría de los valencianos y castellonenses", y ha reiterado que ha recibido numerosos apoyos y muestras de ánimo de los ciudadanos.
Durante la Romería, algunos asistentes han increpado a Camps con gritos como "Trajes para todos".www.levante-emv.com 15.03.09
El coche que regaló Orange Market a un alto cargo de una empresa pública es un Mini descapotable
Un Mini Cooper modelo Cabrio y de color blanco. Ese fue el coche que recibió como regalo el máximo responsable de una empresa pública de la Generalitat de parte de Orange Market, la filial valenciana de la presunta trama de corrupción dedicada a obtener contratos de la administración pública. La empresa dirigida por Álvaro Pérez, imputado por el juez Baltasar Garzón en la operación Gürtel, regaló el vehículo de alta gama al directivo valenciano, del que disfrutó especialmente su mujer durante unos meses y que fue devuelto cuando saltó el escándalo, a principios de febrero.
Cabe recordar que la trama se destapó el 6 de febrero, cuando el juez aceleró la operación ante el riesgo de fuga de Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama. Ese día se produjeron varios registros en Valencia. Por un lado, en las oficinas de Orange Market; por otro, en la sede de la Agencia Valenciana de Turismo, de donde la policía judicial se llevó documentación correspondiente a los contratos de la Conselleria de Turismo con Orange Market para el montaje del pabellón valenciano en Fitur desde 2005 hasta 2009. El Mini Cooper descapotable fue devuelto a los pocos días.
La investigación que se inició en esos días ha salpicado al Consell y a varios dirigentes del PP valenciano durante las últimas semanas. El juez Garzón imputó a Víctor Campos, ex vicepresidente del Consell con Francisco Camps, y a Rafael Betoret, antiguo director de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia.
Además, el juez acusa en su auto al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al portavoz del grupo parlamentario popular en las Corts, Ricardo Costa, de los mismos hechos, esto es, aceptar ropa presuntamente pagada por Orange Market. Sin embargo, su condición de aforados como diputados autonómicos impide al juez imputarlos, por lo que ha remitido el caso al TSJ de Valencia, único competente para investigarles.
Relaciones con la cúpula del PP
Lo cierto es que el responsable de la firma, Álvaro Pérez, tiene una estrecha relación personal con altos dirigentes del Partido Popular. Francisco Camps, el número dos del Consell, Vicente Rambla, y el secretario general del PP, Ricardo Costa, estuvieron en la boda de Álvaro Pérez celebrada hace ahora un año en el edificio Veles e Vents de Valencia. Camps también estaba invitado al bautizo de la hija de Pérez en Barcelona, celebrado a los pocos días de que se destapase la operación. Este hecho, probablemente, motivó su ausencia. No así la de Pedro García, director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y también amigo personal del presidente de Orange Market, que acudió a la celebración.
Precisamente, las relaciones entre Pérez y el ente público televisivo han sido estrechas en los últimos años. Canal 9 contrató con Orange Market el alquiler de material para el telemaratón del pasado mes de noviembre. Concretamente, la supuesta filial valenciana de la trama de Francisco Correa se ocupó del "alquiler, transporte, montaje y desmontaje de 125 mesas vestidas con tela azul", para los centros desde donde se recogían las llamadas telefónicas de los telespectadores.
Con todo, la vinculación de Pérez con Canal 9 se hace extensiva a su esposa, Noemí Ramal. Allí, la actriz y bailarina ha realizado trabajos muy destacados. Entre ellos, ha sido la presentadora de las campanadas en los últimos dos años, uno de los momentos de mayor difusión del año.www.levante-emv.com 15.03.09
La empresa que controla las TDT del Consell prevé una ampliación de capital
La empresa Mediamed Comunicación Digital, S.A., que preside el imputado en la operación Gürtel, José Luis Ulibarri, y que controla trece TDT de las que repartió el Consell a finales de 2005, celebrará en abril una junta general extraordinaria para estudiar la posible ampliación de capital de la empresa. La ampliación de capital, un procedimiento habitual en empresas con problemas económicos, se realizará mediante aportaciones dinerarias.La convocatoria de la junta, que se celebrará el día 16 de abril, viene firmada por el vicesecretario del consejo, Fernando Gómez Martínez y no por el secretario, Alberto Dorrego de Carlos. Precisamente, Dorrego ha desempeñado cargos en empresas públicas como Comunitat Valenciana d´Inversions (VCI) y asesoró a Presidencia en el concurso de las TDT. Además, Dorrego ha coincidido con el diputado del PP José María Michavila en el despacho Eius Abogados, donde colabora el ex ministro y del que es administrador único el propio Dorrego.
www.levante-emv.com 15.03.09Presidencia se prepara para el asedio.
La hipótesis de la imputación del presidente cobra fuerza y se admite que el proceso se alargará. El jefe del Consell mantiene que saldrá reforzado pero su entorno teme el desgaste"Sé que queda un ratito, un ratito largo". La frase pronunciada cinco veces por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el jueves en las Corts ilustra el nuevo escenario que se abre en el proceso judicial en el que está inmerso el jefe del Consell y su número dos en el partido, Ricardo Costa. El procedimiento va para largo y desde el entorno del presidente se admite que el recorrido judicial puede convertirse en un campo de minas.
En el Palau de la Generalitat comienza a coger fuerza la posibilidad de que el presidente sea imputado por la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) una vez que la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón -sólo ha cedido la parte que afecta a los aforados- llegue al alto tribunal valenciano. Algunas fuentes dan por seguro que se producirá esa imputación, aunque nadie es capaz de concretar el plazo. El juez Garzón, que considera que los trajes y las prendas que Camps se habría llevado de las sedes madrileñas de Milano y Forever Young pudieron ser sobornos a cambio de adjudicaciones, atribuye al jefe del Consell y a Costa las mismas acusaciones que al ex vicepresidente Víctor Campos y al ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret ambos imputados ya por el magistrado.
Tampoco Camps ha sido capaz de acreditar que pagara los trajes, ni ha mostrado documentos que desmonten las acusaciones y se ha limitado a asegurar que lo hará ante el juez. Por eso, la hipótesis, que hace unas semanas parecía disparatada, está sobre la mesa y con ese escenario trabaja ya el círculo más reducido de confianza del presidente, su jefa de Gabinete, Ana Michavila, y el vicepresidente político, Vicente Rambla.
Se resentirá la imagen pública
Si finalmente se produce la imputación, el Gobierno y el partido que lo sustenta tendrán que aprender a convivir en los próximos meses con la nueva situación procesal del presidente y con el desgaste que provocará, ante una oposición envalentonada y dispuesta a sacar partido del peor momento de Camps desde que llegó a la Generalitat en junio de 2003. Tampoco juega a favor de Camps un proceso que se alargue en el tiempo y que tenga el foco mediático instalado permanentemente sobre su figura. En este caso la imagen pública se resentirá. En previsión, Presidencia ya ha impulsado esta semana dos actos de aclamación en Carlet y Castelló.
De sus dos últimas apariciones, el Foro Abc en Madrid y la sesión de control el jueves en las Corts, se desprende que Camps sigue aferrado al clavo ardiendo de su convicción personal de que todas las imputaciones son falsas pese a la imposibilidad de rebatirlas documentalmente. De puertas adentro se admite que el asunto de los trajes empieza a calar en la opinión pública y que será complicado revertir la situación.
Camps está convencido de que tanto él como su partido saldrán reforzados, pero en el Ejecutivo se teme un desgaste. ¿Y qué hará Camps si finalmente es imputado? Nada, a juzgar por la reacción del vicepresidente Rambla el jueves. Resulta sintomático que el jefe del Consell eludiera responder a la pregunta de la oposición sobre si dimitirá como presidente de la Generalitat en caso de ser imputado, en aplicación del código ético de su partido. Pero, la respuesta de Rambla no deja lugar a dudas. "Eso es lo que ustedes querrían", dijo airado.
Camps dice estar personal y políticamente preparado para aguantar. Está arropado por su partido e incluso Mariano Rajoy le llamó el día en que se conoció su implicación para darle su apoyo. Pero en su minucioso relato, el juez recoge numerosos indicios que apuntarían a la responsabilidad penal. A favor del presidente juega que el expediente que Garzón se llevó de Fitur no ha sido cuestionado por ninguna irregularidad y que el auto habla de falsedad en documentos por todas partes lo que, según las fuentes, podría acotar el escándalo a una trama de facturas falsas. El jueves, el síndic Ángel Luna afirmó que Camps ya está "moralmente imputado".www.levante-emv.com 15.03.09
EU preguntará al director de RTVV por qué deja a Ulibarri usar sus instalaciones. Sanchis lamenta la escasa información veraz y plural de Canal 9
Esquerra Unida (EUPV) pedirá en una próxima reunión del Consejo de Administración de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) explicaciones a su director general, Pedro García, sobre la posible utilización de instalaciones públicas por parte de una emisora de radio privada.En un comunicado, Amadeu Sanchis, miembro del Consejo de Administración de RTVV por EUPV, consideró ayer "inadmisible que en unos momentos de enorme competitividad, un medio de comunicación público valenciano deje sus instalaciones para que pueda emitir una radio privada" en lugar de "potenciar la audiencia de Radio 9".EU recordó que, pese a los últimos repuntes de audiencia, Radio 9 sigue muy por detrás de otras emisoras. "Si además se permite que las instalaciones sean utilizadas por otras emisoras, se está asumiendo por parte de Ràdio 9 un papel secundario" en el mapa radiofónico valenciano. Amadeu Sanchis exigirá también al director general de RTVV que explique por qué se le da esa facilidad a una emisora relacionada con el empresario José Luis Ulibarri, implicado en el caso "Gürtel" que investiga el magistrado Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional.EUPV lamentó también que en los últimos dos meses la sociedad valenciana asista "a un espectáculo donde la información veraz y plural brilla por su ausencia en la radio y la televisión públicas valencianas"?.www.levante-emv.com 15.03.09
Un Consell contra las cuerdas
El Gobierno autonómico del PP se acerca al meridiano de la legislatura con la mayoría de su equipo golpeado por casos de supuesta corrupción o por polémicas en su gestión
Nunca en la historia de una autonomía que lleva camino de las tres décadas, un presidente de la Generalitat había sido implicado por un juez en una supuesta trama de corrupción y de financiación del PP con epicentro en Madrid y Valencia. Francisco Camps, el principal barón territorial del PP y jefe del Consell, atraviesa el momento más delicado de sus veinte años de carrera política. No es el único de los miembros de su Ejecutivo que pasa por una situación complicada, bien por los efectos de la vinculación de la red corrupta con la Comunitat Valenciana; bien por aparecer ligados a otros escándalos; bien por una polémica gestión. Esta es la situación de un Consell contra las cuerdas.
Francisco Camps
Implicado por el juez Baltasar Garzón en la red corrupta que tenía como delegado en la Comunidad a Álvaro Pérez Alonso el Bigotes. El magistrado, en su auto, detalla cómo empresas de la trama con adjudicaciones millonarias de la Generalitat y del PP -Orange Market, la filial valenciana de la red de Francisco Correa- pagaron trajes y ropa tanto a Camps como a su número dos en el partido, Ricardo Costa. El camino judicial del asunto y el futuro político del presidente de la Generalitat están ahora en manos del TSJ de la Comunitat Valenciana que tendrá que revisar nueve cajas de documentos y miles de folios del sumario.
Vicente Rambla
El aspirante a convertirse en el delfín del jefe del Consell es, en gran medida, el inspirador de la política de opacidad en la que se ha instalado el Ejecutivo de Camps. Durante meses no cedió a las pretensiones de la oposición de acceder a documentación de la empresa -controlada por el propio Rambla- que gestiona los grandes eventos de la Generalitat, una de las mercantiles públicas que, precisamente, tiene contratos -la fiesta inaugural del "village" de la Volvo- con Orange Market, la filial valenciana de la trama de corrupción desmantelada por Garzón. Ha decretado la "confidencialidad" de una docena de contratos, entre ellos, el que sirvió para traer la Volvo a Alicante y que costó 5 millones.
Gerardo Camps
Junto a la crisis económica en la Comunitat, Gerardo Camps, rival político de Rambla, es el conseller de Economía que ha conducido a la Generalitat a la deuda más alta de toda su historia, según el último informe del Banco de España en el que, por vez primera, se rebasa la barrera de los 12.000 millones de euros -12.198 exactamente- de deuda, más de dos billones de las antiguas pesetas. El Consell de Camps arrastra el endeudamiento más alto de todo el Estado en relación a su PIB y espera al nuevo modelo de financiación autonómica para poder pagar los planes anticrisis que ha prometido.
Juan Cotino
En las últimas semanas, Juan Cotino, conseller de Bienestar Social y uno de los mentores de Camps, se ha visto salpicado por la relación de su departamento con 22 residencias de la tercera edad participadas por su familia. Los socialistas le acusan de primar las ayudas a la Dependencia de personas que están en residencias para favorecer a sus familiares. Esta es otra de las consellerias que contrató a empresas de la trama corrupta aunque en época de la consellera Alicia de Miguel.
Angélica Such
Ha tenido que hacer frente a uno de los momentos más oscuros de la breve historia de la conselleria de Turismo: el registro de sus oficinas en el marco de las investigaciones de la red de corrupción desmantelada por el juez Garzón. Turismo es uno de los epicentros de la ramificación valenciana de la trama. Venía adjudicando desde 2006 -con Milagrosa Martínez al mando- el millonario contrato del pabellón para Fitur a Orange Market, la filial valenciana de la red de Francisco Correa. Such tuvo que reconocer que 2009 adjudicó el contrato a la empresa que dirigía Álvaro Pérez Alonso el Bigotes -se trata del expediente requisado por Garzón- a pesar de que presentó la oferta más cara. Rafael Betoret, jefe de gabinete de la conselleria durante el mandato de Milagrosa Martínez, está imputado en la trama, junto al primer vicepresidente de Camps, por haber recibido pagos en especie de Orange Market.
SERAFÍN CASTELLANO
Ha reconocido de forma pública que Construcciones Taroncher, la empresa de unos íntimos amigos suyos, ha venido recibiendo decenas de adjudicaciones de la Generalitat -la mayoría de menor cuantía para evitar el concurso-, incluso, desde su propia conselleria. Castellano, pese al acoso de la oposición, se resiste a dimitir. Dice que no ha cometido irregularidad alguna y que todo es legal. El conseller juega a pelota con el dueño de la mercantil y contrató a la mujer de éste como asesora del grupo del PP en las Cortes la pasada legislatura.ALEJANDRO FONT DE MORA
Uno de los consellers de Educación más polémicos y con mayor contestación de la historia de la administración autonómica. A su ocurrencia de imponer las clases de Educación para la Ciudadanía en inglés, un intento que se quedó en agua de borrajas por la presión de la comunidad educativa, sumó hace unos días la propuesta de impartir chino mandarín en los colegios. El rechazo a su gestión es tan grande que esta misma semana han empezado a aparecer carteles con su fotografía "cap per avall", un gesto, entre la simbología valenciana, de profunda censura de una labor o de una persona.
GARCÍA ANTÓN Y TRINI MIRÓ
Se han encontrado de rebote con que el "caso Gürtel" les ha explotado en sus propias consellerias y han tenido que hacer frente a la explicación de contratos de sus departamentos con empresas ligadas a la trama. Como el resto del Consell, han pasado por encima del asunto sin ofrecer excesivos detalles sobre la gestión de sus áreas.
PAULA SÁNCHEZ DE LEÓN
A la última en llegar al Consell, en sustitución de Fernando de Rosa, le ha salpicado directamente la investigación abierta por el Congreso contra el bufete del diputado valenciano José María Michavila. Uno de sus abogados asesoró a De León, durante su etapa en la secretaria de Comunicación, en la adjudicación de las TDT.www,levante-emv.com 15.03.09
Orange Market: asalto a la Generalitat
El PP ha tratado de ocultar el fuerte arraigo de los hombres de Correa en Valencia
La vinculación de Orange Market con la Generalitat valenciana es una tupida red de intereses y relaciones personales que comenzó años antes de que Francisco Camps se hiciera cargo del Gobierno autónomo y se trasladó a Valencia a hacer negocios cuando Camps se hizo con la presidencia de la Generalitat. Al mismo tiempo, Mariano Rajoy cortaba toda relación con estas mismas personas en el PP nacional al darse cuenta de que no eran trigo limpio. Mientras surgen las pruebas y testimonios de las relaciones privilegiadas de los tres líderes de la trama, Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo, con la élite del PP valenciano, la Generalitat ha negado en todo momento que la relación vaya más allá de lo "testimonial" y lo "profesional", pero no puede evitar que una montaña de datos apunten a que el PP valenciano y la Generalitat tienen una relación casi orgánica, con unas empresas cuyos responsables están en prisión incondicional por exprimir ayuntamientos y consejerías administrados por el PP.
En 2004, la empresa ingresó 204.000 euros y en 2005 facturó 2,4 millones
Los tres cabecillas visitaban frecuentemente a los altos cargos de la Generalitat. Francisco Camps y Ricardo Costa (secretario general del PP valenciano, también investigado) coincidieron en la boda de Álvaro Pérez, El Bigotes, en la que también estaban los otros dos cabecillas de la trama. Fue en un reservado del restaurante del Veles e Vens de Valencia. El Gobierno valenciano tuvo que admitir este dato, pero matizando que Camps sólo fue "a saludar a los novios" y sin poder precisar si se quedó a cenar. Cuando estalló el escándalo, a Pérez le dio tiempo a organizar el bautizo de su hija antes de ser detenido. Camps no acudió. Estaban invitados Camps, Vicente Rambla (vicepresidente valenciano), Ricardo Costa y Pedro García, el director de la televisión valenciana, que sí acudió y fue el padrino.
Por su parte, la mujer de Álvaro Pérez, que trabaja en Canal 9 hace años, ha ascendido en la televisión valenciana hasta recibir el encargo de dar las campanadas de Nochevieja. La investigación de Garzón revela que el director de la televisión oficial también recibió trajes pagados por la empresa Orange Market. El Bigotes no llegó a Valencia por casualidad. Conoció a Camps en la sede del PP en Madrid, en el año 2000, cuando las empresas de Correa eran la tercera pata del PP. Camps trabajaba en el equipo de Ana Mato, coordinadora de participación por entonces y hoy responsable de organización. El ex marido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, alcalde dimitido de Pozuelo de Alarcón (Madrid), tenía tan estrecha relación con Correa que, según su versión, se intercambiaban coches de lujo. El actual tesorero, Luis Bárcenas, era el gerente que firmaba las facturas.
Camps se hizo con la presidencia de la Generalitat en el año 2003. Entonces Álvaro Pérez y Pablo Crespo fundaron Orange Market para concentrar sus negocios en Valencia. En 2004, la empresa ingresó 204.000 euros. Al año siguiente ya facturaba 2,4 millones de euros. Según la investigación de Garzón, el 70% de la facturación de esta empresa procede de contratos con la Consejería de Turismo. Álvaro Pérez ha sido su organizador clave en las dos campañas electorales en las que ha concurrido como candidato. También organizó el congreso del PP valenciano en 2005. Todavía en la campaña de las elecciones de 2008 se le ve en las fotos organizando los mítines de Rajoy. Orange Market ocultó a la Sindicatura de Cuentas las facturas electorales del PP entre 2003 y 2007.
Además de los contratos de Fitur (durante cuatro años seguidos por importes hasta de más de un millón de euros, la más cara de las ofertas presentadas), Orange Market ha obtenido contratos de la empresa pública Vaersa, de la televisión pública valenciana, contratos para la imagen de la comunidad autónoma, para el Open de tenis, la fiesta de la Volvo Ocean Race, una inauguración también de ese evento, un vídeo promocional de un hospital, contratos de la visita del Papa a Valencia o el montaje de las gradas de la fórmula 1.
Mientras, el PP valenciano ha evitado que Camps comparezca en las Cortes para explicar toda esta trama. El propio presidente ha evitado enfrentarse incluso a periodistas. La Generalitat ha amenazado con querellarse contra las "difamaciones", pero sólo ha podido defenderse diciendo que la relación con estas empresas es "estrictamente profesional", "tangencial", que "se ciñe a dos o tres pequeñas relaciones". La cúpula del PP valenciano niega ahora las relaciones personales con el detenido Pérez a pesar de las bodas y bautizos conjuntos y de los regalos en forma de trajes hechos a medida en Madrid. "Yo me pago los tajes" ha sido toda la defensa de Camps contra una montaña de información
www.elpais.es 15.03.09
Orange Market regaló un coche a un alto cargo de una empresa pública valenciana
La trama de presunta corrupción en la obtención de contratos públicos dirigida por Francisco Correa también tuvo detalles con algún político valenciano y directivo de empresas públicas de la Generalitat Valenciana. La franquicia valenciana de ese conglomerado de empresas, Orange Market, regaló un coche utilitario de alta gama al máximo responsable de una sociedad pública de la Generalitat Valenciana. El directivo en cuestión disfrutó del vehículo unos meses hasta que, al saltar el escándalo, decidió por precaución devolver el automóvil , con el que ha podido ser vista su mujer.
Hasta que el viernes 6 de febrero, el juez Baltasar Garzón aceleró la ejecución de la operación Gürtel ante el riesgo de fuga al extranjero de Correa, el cabecilla de la trama, alertado por algunas filtraciones sobre la investigación que llevaba a cabo la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef).
Día de registros
Ese mismo día, la policía judicial entró en las dos oficinas de Orange Market en Valencia y en la sede de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), de donde se llevó toda la documentación relativa a los contratos adjudicados a la empresa de Álvaro Pérez para montar el pabellón valenciano en Fitur desde 2005 hasta 2009. Setenta y dos horas después, ese lunes, Álvaro Pérez fue llamado a declarar ante el juez Garzón.
Orange Market había ocupado ya todos los titulares del fin de semana y el directivo en cuestión no tardó en tomar la decisión de devolver lo que no le había costado un euro. La trama de Correa ha comprado habitualmente coches en Madrid, donde también habría sido adquirido el que acabó en manos del responsable de la firma pública autonómica. La práctica de regalos caros como coches o televisores de plasma era moneda corriente en la forma de operar de la trama para conseguir contratos amañados mediante sobornos a políticos y funcionarios.
Lo dice el propio juez Garzón en el auto en el que imputa al ex vicepresidente Víctor Campos y al ex director de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, y acusa al presidente Francisco Camps y al secretario general del PP, Ricardo Costa, de aceptar ropa pagada por la firma de Álvaro Pérez, contratista del partido y de la Generalitat, y por otras dos sociedades de Correa.
En el auto también se señalaba que Álvaro Pérez intermedió por Costa. Como "ejemplo" habla de "cuando se encarga de la venta del vehículo que utiliza Ricardo y de la compra de uno nuevo, realizando gestiones ante concesionarios de automóviles". Costa declaró con posterioridad que no necesitó intermediario para vender su vehículo porque se lo compró directamente su dentista, del que no quiso revelar su identidad.
El propio Francisco Correa regaló al ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, un Jaguar valorado en 52.190 euros en el año 1999, cuando Sepúlveda era senador del PP por Murcia y secretario del área electoral de la dirección nacional del partido, entonces dirigido por José María Aznar. Según contó el diario El Mundo, el jefe de la trama pagó el 17 de diciembre de 1999 un total de 8.663.700 de pesetas (52.190 euros) a un concesionario. Ese vehículo fue matriculado en Madrid a nombre de Jesús Sepúlveda Recio, quien necesitó de 22 horas para negar que fuera una dádiva y que pagó el Jaguar a Correa con un BMW usado.
Por aquel entonces, el dirigente popular estaba casado en aquellos tiempos con la diputada y también miembro de la ejecutiva nacional Ana Mato y estaba considerado como un hombre de confianza del que era presidente del Gobierno, José María Aznar.
El ex alcalde de Orihuela
La relación de la política con los coches presuntamente regalados tiene antecedentes no muy lejanos en el tiempo ni en el espacio. El ex alcalde de Orihuela José Manuel Medina, fue acusado por el fiscal de disfrutar de dos coches a nombre de empresarios de la construcción. Un Audi A-8, propiedad de Automoción Oleza, concesionaria del promotor Francisco Marcos, y un Bentley, valorado en más de 200.000 euros, del constructor Joaquín Grau, dueño de la sociedad Villas y Bungalows El Cid S. A, mercantil que tenía a su nombre el chalé de medina.
El ex alcalde oriolano salió recientemente absuelto de la acusación de cometer varios delitos urbanísticos. En el procedimiento aportó, según la sentencia, facturas de haber pagado el Audi A-8.
Garzón interroga otra vez al sastre de CampsEl nombre de José Tomás García amenaza con convertirse en una auténtica pesadilla para el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón retomó ayer la investigación abierta en torno a la trama de corrupción en la que estaría implicado el jefe del Consell. A su regreso de Guatemala, el magistrado interrogó de nuevo a José Tomás.
Es la tercera vez que el sastre acude a dependencias judiciales o policiales para prestar declaración. En una de ellas, concretamente el pasado 9 de febrero, Tomás recibió a su número de móvil varias llamadas procedentes del número personal de Francisco Camps, que no atendió porque tenía el teléfono apagado.
Otras fuentes conocedoras del caso apuntaron que sería el cuarto interrogatorio. A través de José Tomás habrían adquirido diferentes trajes y piezas de vestuario Camps, el secretario general del PP, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, los dos últimos imputados en la causa.
José Tomás declaró ayer por espacio de una hora en el Juzgado Central de Instrucción número 5 y lo hizo, según las fuentes consultadas, en calidad de testigo. El juez implica a Camps en la presunta trama corrupta que dirigía el encarcelado Francisco Correa por aceptar presuntamente sobornos a cambio de adjudicaciones en concursos públicos. El juez Garzón, que se ha inhibido ante el TSJ valenciano en los casos de Camps y Costa, que son aforados, mantiene que Álvaro Pérez, el presidente de Orange Market, la empresa adjudicataria de millonarios contratos públicos en la Comunitat Valenciana, conocido entre los populares como El Bigotes, pagó al jefe del Consell vestimenta por importe de 12.783 euros.
Tanto José Tomás como su abogado rechazaron realizar declaración alguna a la salida de la Audiencia Nacional. Fuentes de Presidencia aseguraron que el sastre ya ha declarado varias veces y lamentaron que vuelva a ser requerido por el juez a pesar de que éste ya se ha inhibido ante el TSJ de la Comunitat Valenciana por la condición de aforados de Camps y Costa. Además dijeron que Tomás ya ha dado diferentes versiones por lo que Garzón le habría llamado de nuevo para "aclarar" algunos puntos. Camps estuvo en las tiendas de ropa madrileñas Milano y Forever Young y lo hizo por recomendación de Álvaro Pérez, administrador de Orange Market, que era persona de confianza de José Tomás.
El auto de Garzón señala que existe persistencia en la actuación y explica que en el momento de la adquisición de la ropa se genera un "a cuenta" que después se entrega al cliente y que las empresas de la trama abonan mediante transferencia, cheque y a veces en efectivo. Posteriormente Pérez solicita la emisión de una factura alterando el concepto para ocultar el verdadero titular, afirma en el auto.
Ropa en Milano y Forever Young
En el caso de la ropa adquirida en Milano, concretamente en la calle Serrano 29 de Madrid, el coste acreditado asciende a 4.700 euros (3.300 en una entrega y 1.400 en otra), dice el auto, mientras que la de Forever Young, en el Paseo de la Castellana 120 -firma a la que Tomás se traslada tras 20 años en Milano- es por valor de 8.083 euros y que en este caso el pago se hizo desde otras empresas de la trama como Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral y también Orange Market. Según el auto, la ropa es a medida, aunque desde Milano aseguraron ayer a Levante-EMV que no realizan trajes a medida, sólo arreglos y que el precio oscila entre los 175 euros y los 475, lo que no coincidiría con los precios que aparecen en el auto donde se asegura que hay un pedido del 26 de enero de 2006 a nombre de Camps por 1.400 euros y que se corresponde con dos trajes a medida. También consta un pedido de cuatro trajes que habrían sido devueltos. La implicación de Camps en la trama se basa en las declaraciones de Tomás y la imputada Isabel Jordán, además de facturas, documentos y anotaciones contables intervenidas.
Según el auto del juez Baltasar Garzón del pasado 5 de marzo, José Tomás aseguró en una de sus declaraciones que Camps le había dicho que el administrador de Orange Market, Álvaro Pérez, era un "bocazas".www.levante-emv.com 14.03.09
CAMPS : "ESTOY PREPARADO PARA AGUANTAR"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, los dos altos dirigentes del PP más directamente salpicados por la investigación de la trama corrupta en Administraciones del PP, tuvieron que afrontar ayer la cuestión en los plenos de sus respectivos Parlamentos. Y los dos respondieron de forma parecida: el valenciano, defendiendo su honorabilidad y confiando en que todo pasará pronto; la madrileña, atacando a la oposición. Ella dijo que asumirá "responsabilidades políticas", pero no dijo cuáles ni cuándo.
Camps se negó a dar explicaciones sobre su implicación en la trama corrupta de empresas que dirigía Francisco Correa y que, según el juez Baltasar Garzón, pagó parte de su vestuario. En una tensa sesión de control en las Cortes valencianas, Camps afirmó: "Todas estas cuestiones serán desmentidas en sede judicial, todas y cada una". No aclaró si su confianza se basa en que el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad no hallará elementos para procesarlo a él y a su portavoz parlamentario, o bien en que las explicaciones que negó al Parlamento las dará ante los tribunales para desmentir a Garzón.
El presidente valenciano se cerró en banda y aseguró, ante el estupor de la oposición, que "las filtraciones no han durado ni 24 horas en la opinión pública". Arropado por los diputados populares, insistió en que ya se han explicado "todos los procedimientos y todas las adjudicaciones" y negó haber recibido regalos a cambio de favores. Pese a todo, asumió la gravedad del asunto: "Queda un ratito largo pero estoy preparado personal y políticamente para aguantar". El presidente valenciano arremetió contra los socialistas y el grupo Compromís, a los que acusó de difamar por pedir explicaciones sobre el caso. El PP anunció al acabar la sesión que tomará "medidas" contra la "extralimitación" de la oposición.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró que "por supuesto" que va a "asumir responsabilidades políticas" derivadas del caso. Pero el anuncio quedó un poco vacío de contenido, porque no precisó más y porque a continuación pasó a la ofensiva. "En esta bancada no hay ningún diputado imputado y en ésa hay tres", espetó Aguirre señalando al graderío socialista. Se refería a la imputación de tres diputados socialistas por causas ajenas a la investigación del juez Garzón.
"No somos como ustedes", prosiguió la presidenta. "Al PP le ha bastado que se hicieran públicas algunas cuestiones de un sumario secreto para que aquéllos que estaban en ese sumario hayan decidido presentar su dimisión". Es cierto que la trama se ha cobrado ya varias dimisiones en cargos municipales del PP -entre ellos, tres alcaldes-, pero en la bancada de Aguirre hay tres diputados que están implicados en el caso, según Garzón. La presidenta jugaba con la baza de que aún no han sido imputados, porque eso lo tiene que decidir el Tribunal Superior de Madrid.
(www.elpais.com, 13/03/09)
EL PRESIDENTE NO DEJA QUE SE LE PREGUNTE
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, siguió su propia estela y evitó el cuerpo a cuerpo con los medios de comunicación durante su visita a Feria Valencia, donde inauguró Redivex'09. "No, no habrá preguntas: el presidente hará un parlamento y se irá", previno su gabinete de prensa. Y sucedió como fue anunciado.
Camps accedió al Centro de Eventos acorralado en su propio séquito y redoblado con un firme contrafuerte integrado por los presidentes de la Feria (Alberto Catalá), la Cámara de Valencia (Arturo Virosque), la Autoridad Portuaria de Valencia (Rafael Aznar) y la CAM (Vicente Sala). Con ellos, la directora del Ivex, Mar Casanova, y la consejera de Industria, Belén Juste. Muchos de ellos habían participado el martes en el masaje colectivo que recibió Camps del PP en Madrid para fortalecer su deteriorada imagen, después de que el auto del juez Baltasar Garzón revelara que uno de los imputados en la operación Gürtel, Álvaro Pérez, El Bigotes, le había regalado varios trajes.
Resguardado en este envoltorio, el presidente efectuó un recorrido por la instalación de la Feria de la Internacionalización, organizada por el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), y la oficialidad de su paseo sólo fue alterada por un vendedor espontáneo que le ponderó las virtudes de su producto, rico en omega 3: "Es bueno para el pelo, para las mujeres, para todo", exaltó. Luego, pronunció su alocución y desapareció.
El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, censuró ayer que Camps huyera a Madrid "para escaparse de la realidad y no dar la cara" por las investigaciones que lo relacionan con la trama de corrupción. Alarte calificó de "homenaje artificial" el acto organizado por la cúpula del PP y conminó a Camps a dar explicaciones en las Cortes Valencianas y a no esconderse y responder a los periodistas en el ejercicio de la libertad de expresión.
(www.elpais.com, 12/032/09)
CAMPS IGNORA UNA DOCENA DE ´IRREGULARIDADES´ EN EL PARIPÉ DE VAERSA CON ORANGE MARKET
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, proclamó solemnemente, al hilo de las relaciones con las empresas de la trama de presunta corrupción vinculada al PP, que en los contratos del Consell "no se ha podido demostrar una sola irregularidad en ninguna adjudicación". "Nadie ha encontrado la más mínima duda", recalcó.
En sus manifestaciones, en el Foro Abc en Madrid, Camps obvió un contrato, el de Orange Market con la empresa pública Vaersa, que viene a ser una representación a escala de todas las bofetadas que se le pueden pegar a la Ley de Contratos de la Administración Pública (LCAP), una síntesis de todas las irregularidades posibles. El paripé de selección de la firma Orange Market para adjudicarle a dedo una campaña sobre el uso del contenedor amarillo por 138.678 euros se hizo por procedimiento negociado sin publicidad. Sobre el papel se consultaron tres firmas. En realidad, eran la misma con tres caretas: la citada Orange Market, Easy Concept (entonces llamada Down Town Consulting) y Boomerangdrive. Las dos primeras están en el centro de la trama investigada. Las tres tenían al mismo administrador único, Luis de Miguel Pérez. Las ofertas supuestamente presentadas no pasaron por el registro de entrada ni estaban en el expediente cuando el Síndic hizo el informe.
No se levantaron actas de la apertura de ofertas ni de decisión de ninguna mesa de contratación. Pliego de condiciones no hubo, por lo que no constaba ni plazo de presentación ni criterios de valoración técnica de las ofertas. ¿Qué se publicó en el DOCV? Nada. ¿Cómo se justificó la adjudicación, entonces? Solamente en la experiencia que acumulaba la empresa. Que llevaba funcionando desde el 24 de julio de 2003. Puestos a comparar, una de las otras tarjetas de visita que presentó Luis de Miguel Pérez-concretamente Boomerangdrive- tenía más edad, dado que esa otra firma nació el 8 de octubre de 2002. A Orange Market tampoco se le pidió ningún aval, como es preceptivo. Ni siquiera el DNI que figuraba en el contrato se correspondía con el del representante legal de la empresa.
Una de las mayores irregularidades fue cobrar el 50% del contrato (69.310 euros) y no devolver esa cantidad pese a que la campaña nunca se hizo. Sobre toda esta ristra de anomalías, el conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, no ha dicho nada en las Corts. Más allá de escudarse en que el contrato, adjudicado siendo Rafael Blasco conseller, ha estado supervisado y avalado por los funcionarios de su departamento.
García Antón se esforzó en dar una explicación al pago de los 69.310 euros para despejar cualquier sospecha de presunta malversación. Dijo el conseller y apuntaló un portavoz de su departamento que se pagó el primer plazo de un contrato para hacer un guión y un vídeo para la citada campaña. Al entregar el "guión técnico y literario" y una especie de maqueta de imágenes de lo que sería el vídeo se pagó el 50% del contrato como estaba estipulado. La otra mitad nunca se pagó porque no hubo acuerdo sobre el perfil de una cinta didáctica para proyectarla a las visitas a dos plantas de Vaersa.
Pasó un año y Orange Market llegó a reclamar una indemnización y después renunció al contrato. Según esa versión, la firma elegida a dedo perdió 69.310 euros por falta de sintonía artística con Medio Ambiente. Una conselleria que se niega a dar documentación que respalde estas explicaciones.
(www.levante-emv.com, 12/032/09)
GARCÍA ANTÓN ELUDE RESPONDER LAS PREGUNTAS SOBRE ORANGE MARKET
El consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, realizó ayer en las Cortes Valencianas un ejercicio de sobriedad parlamentaria para evitar tener que explicar el paripé que se realizó en la empresa pública Vaersa para contratar a Orange Market. Una empresa que dirige en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes, y que según el auto del juez Baltasar Garzón forma parte de la trama corrupta relacionada con el PP.
García Antón hizo oídos sordos a las interpelaciones de la oposición sobre las irregularidades detectadas en la adjudicación del contrato, relacionado con la promoción del reciclaje del plástico. El consejero renunció en todo momento a explicar por qué Vaersa invitó a participar en el concurso a tres empresas que tenían el mismo administrador, Luis de Miguel Pérez, hoy imputado por el juez Garzón. Y por qué las ofertas de las tres empresas a las que recurrió Vaersa, Orange Market, Boomerangdrive y Down Town Consulting no formalizaron toda la documentación adecuadamente. Tal y como le pidió insistentemente el parlamentario socialista Francesc Signes.
García Antón, que ha heredado el espinoso asunto de la etapa de Rafael Blasco al frente de la Consejería de Medio Ambiente, buscó refugio en un relato lineal y plano. Así, el consejero explicó que Vaersa contrató a Orange Market en 2004 para la grabación y edición de documentales de una campaña de sensibilización en el reciclaje de envases de plástico. Una contratación que se hizo con la conformidad del director general de Vaersa y el jefe del área de comunicación. Un contrato por el que Orange Market presentó un primer guión y una maqueta, a partir de los cuales no hubo acuerdo sobre cuál debía ser el trabajo final. La situación se tradujo en una prórroga del contrato primero y en la extinción del mismo después. Aunque la firma de Álvaro Pérez se embolsó 69.310 euros por el trabajo inicial que había presentado. "Orange Market no incumplió el contenido del contrato", dijo García Antón, que aseguró: "No hay ningún problema".
El problema lo resaltó la portavoz parlamentaria de Compromís, Mónica Oltra: "¿Se cree que nos chupamos el dedo?". Para la diputada de Iniciativa del Poble Valencià, "[el Consell] ha enriquecido a cuatro aprovechados a costa del erario público". "Ustedes no resuelven [el contrato en su día] porque es Orange Market y todos los caminos conducen al entramado [de empresas corruptas]", sentenció. Y sólo en este punto, García Antón abandonó su relato para esgrimir las victorias electorales del PP como sinónimo de legalidad y veracidad.
(www.elpais.com, 12/032/09)
Orange Market cobró la mitad del contrato con Vaersa aunque lo anuló
El conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, ha defendido la legalidad del contrato suscrito entre Vaersa y Orange Market en 2004 por 138.678 euros para una campaña de comunicación sobre el uso del contenedor amarillo
El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, ha defendido la legalidad del contrato suscrito entre Vaersa y la empresa Orange Market, en noviembre de 2004 y por un importe de 138.678 euros, para el diseño de una campaña de comunicación y sensibilización sobre el uso del contenedor amarillo.
García Antón ha asegurado en el pleno de Les Corts que la actuación de Vaersa (empresa pública que actúa en proyectos de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca) fue correcta y que finalmente sólo se pagó la mitad de lo previsto al resolverse el contrato por falta de acuerdo.
"Ese contrato no fue para una campaña de comunicación, sino para la grabación y edición de documentales sobre el uso del contenedor amarillo. Tal y como se estipuló en el contrato, la mitad del pago se realizó a la presentación del guión técnico y de hecho se presentó el vídeo. El contrato se cumplió parcialmente y se abonó en función de las cláusulas previstas", ha asegurado.
"A pesar de que se prorrogó el contrato porque la empresa lo pidió y expresó su voluntad de cumplirlo, el 1 de enero de 2006 Orange Market renunció a ello y, de mutuo acuerdo, se rescindió el contrato", ha añadido el conseller.
Esas explicaciones han sido cuestionadas por el diputado socialista Francesc Signes, quien considera que se debería haber penalizado a la empresa por incumplir el contrato.
"Este expediente de contratación huele a muerto. Se abonó a la empresa 69.310 euros por presentar una maqueta y un borrador y se rescindió la relación contractual, pero en octubre 2005 se amplió el plazo del contrato hasta el 31 diciembre de 2005, según recoge un informe de la Sindicatura de Comptes", ha afirmado Signes.
En el mismo sentido se ha expresado Monica Oltra (Compromís) quien ha coincidido con Signes al asegurar que "hubo incumplimiento contractual por parte de Orange Market. "No nos dé por tontos, hay incumplimiento contractual y lo lógico es que la administración recuperase los 69.310 euros, que son de todos", ha dicho.
"¿Porqué no se resolvió el contrato después del incumplimiento? ¿Porque la empresa era Orange Market? No hay derecho a regalar dinero a empresas amigas. Estamos enriqueciendo a cuatro caprichosos a costa del erario público, algunos imputados, otros en la cárcel sin fianza", ha concluido.
Por otra parte, el diputado socialista Eduardo Vicente volvió a pedir la dimisión del conseller de Gobernación, Serafín Castellano, al considerar que no había cumplido la Ley de Contratos del Sector Público en las adjudicaciones realizadas a la empresa Taroncher y Asociados.
Según Vicente el conseller ha adjudicado a esta empresa obras por valor de siete millones de euros desde que forma parte del Consell pese a haber reconocido su amistad con los propietarios de la misma.
"Su situación política es insostenible, ha confundido la legalidad con la ética y es la viva imagen de la soledad política.
Le pedimos que deje el cargo, que dimita. No debería dejar usted que Camps aproveche una remodelación de Gobierno para prescindir de usted", ha dicho.
El conseller ha insistido en que tiene "la conciencia tranquila" y que ha cumplido la ley "a rajatabla" en todas las adjudicaciones.
"No sé de qué se me acusa, ustedes (al grupo socialista) sólo saben hacer ruido, insultar y mentir, les da igual que haya gestionado 13.000 millones de euros sin ningún reproche por parte del Tribunal de Cuentas ni por la Sindicatura de Comptes. Hacen ruido para sacar rédito político, pero ustedes no pueden hablar con la cara alta de gestión porque es tan negativa que les da vergüenza", ha concluido.www.levante-emv.com 11.03.09
EL PP RECHAZA QUE CAMPS ACLARE EN LAS CORTES SU RELACIÓN CON LA TRAMA
El PP rechazó ayer la posibilidad de que Francisco Camps, presidente del Consell, aclare ante el pleno de las Cortes su relación con la supuesta trama de empresas corruptas que investiga el juez Baltasar Garzón y en la que considera que existen indicios de responsabilidad penal del propio Camps y del secretario general de la organización regional del PP y portavoz popular, Ricardo Costa. El auto apunta que tanto Camps como Costa recibieron trajes confeccionados a medida por un sastre al que les introdujo Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, que fueron pagados con cargo a empresas de la supuesta trama corrupta.
La Mesa de las Cortes rechazó tramitar dos solicitudes formuladas por el PSPV y por Compromís en favor de la comparecencia de Camps. Rafael Maluenda, portavoz del PP, alegó que la Mesa rechazó las iniciativas "por respeto a la justicia". "Es un tema sub iudice", añadió Maluenda, "las Cortes no pueden constituirse en un tribunal paralelo. Aquí se da la cara siempre, pero nosotros respetamos la división de poderes".
"El que calla otorga", replicó el socialista Ángel Luna en román paladino, "y aquí se está callando mucho". "No entiendo que una persona que tuviera algo que decir para defenderse no lo diga salvo que no se atreva a hablar porque lo que diga puede ser objeto de contradicción con lo que contiene el sumario", siguió el portavoz socialista, "nadie con sentido común puede entender que no haya respuestas, que ante tan graves acusaciones el presidente se esconda, que no haya más que organización de homenajes y no respuestas".
Mònica Oltra, portavoz de Compromís, recordó que fue el propio Camps quien empujó a todos sus consejeros a comparecer en comisión para explicar "con transparencia, responsabilidad y sentido de la lealtad" todas las dudas de la oposición sobre la relación de cada departamento del Consell con la supuesta trama de empresas corruptas que investiga el juez de la Audiencia Nacional. Y se preguntó "por qué nadie desmiente las investigaciones detalladas por Garzón". "No entiendo por qué Camps y Costa no salen a la palestra a decir: 'He pagado los trajes'. No hace falta apelar a la limpieza de la justicia, solo hay que aclarar si se pagaron los trajes".
La Mesa de las Cortes admitió a tramite una serie de preguntas del Grupo Socialista relativas a las relaciones entre distintos departamentos de la Generalitat y las empresas Orange Market, la mercantil de Álvaro Pérez Alonso, y Construcciones Taroncher, empresa gestionada por un "íntimo amigo" del consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que ha sido adjudicataria de unos 200 contratos públicos por un coste de siete millones de euros desde 2000.
Sin embargo, rechazó tramitar 69 preguntas idénticas relativas al resto de empresas vinculadas a la supuesta trama corrupta. El PP alegó que referían a "personas jurídicas sin trascendencia en la Comunidad Valenciana". El socialista Luna expresó su perplejidad y sugirió: "El PP da por perdidos a Álvaro Pérez y a Serafín Castellano. Y cuando no aceptan preguntas sobre empresas de Francisco Correa o José Luis Ulibarri parece que quisieran ocultar algo".
(www.elpais.com, 11/032/09)
EL PP ARROPA A CAMPS, SEÑALADO EN LAS INVESTIGACIONES DEL 'CASO GÜRTEL'
La dirección nacional del PP, encabezada por Mariano Rajoy, y empresarios madrileños y valencianos acompañan hoy al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, señalado por el Juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en las investigaciones del 'Caso Gürtel', en la conferencia-almuerzo que ofrece en Madrid organizada por el Foro ABC.
Desde más de una hora antes de la llegada de los asistentes al almuerzo, numerosos periodistas aguardaban el inicio del acto, mientras que frente al lugar en el que se desarrolla, el Casino de Madrid, se han manifestado trabajadores de ABC por el ERE previsto por la dirección de este periódico.
Camps ha llegado poco antes de las 14.00 horas y, poco después, lo han hecho Rajoy y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
Hasta el Casino madrileño han ido acudiendo dirigentes como Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón, Soraya Sáenz de Santamaría, Pío García Escudero, Manuel Fraga, Ana Pastor, Ignacio González, Rita Barberá o Manuel Cobo.
Antes de comenzar la conferencia, ha habido una foto de familia en la que han posado Rajoy, Camps, Aguirre, Cospedal, Gallardón y Barberá.
Todos ellos han querido expresar con su presencia en el acto el respaldo a Camps después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón haya enviado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana parte del denominado "caso Gürtel" al implicar en él al presidente de la Generalitat valenciana.
El otro diputado regional citado en ese caso, Ricardo Costa, también ha acudido a la conferencia. Ninguno de los asistentes ha hecho declaraciones a los periodistas que se apostaban a las puertas entre fuertes medidas de seguridad, que se fueron redoblando a medida que se acercaba el inicio del acto.
Sólo Fraga se ha detenido unos momentos y, ante la insistencia de los representantes de los medios de comunicación, se ha limitado a expresar su total apoyo a Camps.
Numerosos empresarios y representantes del mundo financiero, entre ellos Fernando Fernández Tapias, José Manuel Machado (presidente de Ford España), José Luis Olivas (presidente de Bancaja) y Rafael Arias Salgado, así como los tres vicepresidentes del Gobierno valenciano arropan también con su presencia al presidente de la Generalitat.
En su intervención en el acto, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha defendido que es él quien se paga sus "trajes" y ha expresado su "tranquilidad absoluta y la de sus compañeros" por las cosas que hacen todos los días.
El presidente de la Generalitat, que ha expresado su agradecimiento por ese apoyo, ha respondido a varias cuestiones sobre la investigación del juez Baltasar Garzón que le implica en el denominado "Caso Gürtel", sobre una supuesta trama de corrupción. Ante la pregunta de si se paga él sus trajes, planteada por la duda que abre esa investigación, ha aseverado: "claro que me los pago; me pago mis trajes".
Tras expresar su tranquilidad por su actuación al frente del Gobierno valenciano, ha recordado que pese a las "sombras de dudas" que se han pretendido lanzar, "nadie ha demostrado que nada haya ocurrido en todos los procedimientos" de adjudicación por parte de su Administración autonómica.(www.lavanguardia.es, 11/032/09)
CAMPS SE CRECE RODEADO DE LA CÚPULA DEL PARTIDO: "YO ME PAGO MIS TRAJES"
Iba preparado para el aplauso, para el apoyo interno en un momento difícil, pero el día empezó bastante mal. El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, que atraviesa sus horas más bajas desde que Baltasar Garzón desvelara las facturas que prueban que Álvaro Pérez, imputado en el caso Gürtel, le regaló varios trajes, tuvo que tragar quina nada más llegar al Casino de Madrid para participar en el Foro Abc. Los trabajadores de este diario, que ha presentado un ERE de 238 empleados, la mitad de la plantilla, le abuchearon a la entrada, y tuvo que ser protegido por dos furgones de la policía. Pero él no perdió la sonrisa. Ni fuera, ni dentro. Incluso cuando tuvo que hablar de los trajes.
"¿Usted se paga sus trajes?", le preguntó el director de Abc, Ángel Expósito. "Claro, yo me pago mis trajes", se rió tenso Camps. El moderador del acto no hizo repreguntas sobre las facturas que ha presentado el juez Garzón. Pero sí sobre si se siente víctima de una "cacería". Y él aprovechó el capote: "Yo tengo una tranquilidad absoluta. Son los 20 años dedicados a la política los que me dan la fuerza e ilusión para seguir trabajando por mi comunidad y por España", clamó mientras se oía el ruido de fondo de las protestas en la calle.
El toque a rebato que hizo la dirección nacional del PP con los políticos y la Generalitat con los empresarios tuvo su efecto inmediato. El Casino, uno de los más lujosos edificios de Madrid, se llenó de enormes coches blindados de políticos y empresarios. Todos recibieron su dosis de abucheo, pero dentro, Camps se mostró ufano del éxito de convocatoria y lo interpretó rápidamente como una declaración de inocencia. "Hay muchas personas que he ido conociendo que hoy han venido aquí a decir: te he conocido, eres un buen tipo, vale la pena confiar en ti".
Había empresarios -el presidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez, o Fernando Fernández Tapias, entre ellos- pero sobre todo muchos políticos. Para que quedara claro de qué iba el acto, y de forma totalmente inusual, Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón, Dolores de Cospedal y Rita Barberá subieron al estrado para hacerse una foto oficial con Camps que es toda una declaración política de apoyo muy similar a la que hace tres semanas recibió Rajoy con todos los dirigentes del PP cuando estalló el escándalo de corrupción que afecta al partido.
Camps no fue preguntado directamente sobre el asunto clave. ¿Por qué han dimitido todos los cargos implicados en Gürtel, incluidos algunos aún no imputados porque son aforados, menos él y Ricardo Costa? Se da la paradoja de que Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, ahora en la empresa privada, ha sido suspendido de militancia del PP valenciano por unas pruebas muy similares -sobornos con trajes- a las de Camps y Costa. Campos, muy enfadado por este doble rasero, según fuentes del PP, evitó ayer sin embargo hacer sangre: "No voy a decir nada por recomendación de mi abogado hasta que todo esto acabe. Ahora estoy en la empresa privada, si estuviese en política igual actuaría de otra manera".
Sin embargo, cuando se le preguntó a Camps si había en el PP militantes de primera y de segunda, el presidente valenciano respondió: "Nunca ha habido militantes de primera y de segunda. Somos 800.000, y todos iguales".
Camps trató en todo momento de mantener la sonrisa y ofrecer una imagen tranquila, a pesar de que a las preguntas más incómodas respondió con algunos gestos nerviosos. Pero todo estaba pensado para que se convirtiera en un acto de cierre de filas, de desagravio. La dirección del PP le avaló con su presencia, y le presentó José Luis Olivas, que fue presidente circunstancial de la Generalitat desde que Eduardo Zaplana fue nombrado ministro hasta que Camps ganó las elecciones, en 2003, y pudo sucederle. Olivas, que ahora ha tenido un buen acomodo tras dejar la política, como presidente de Bancaja, aseguró: "Estoy convencido de que la amargura de este lamentable episodio le fortalecerá".
Y Camps también insistió en esa idea. "Cada piedra en el camino hace que uno siga trabajando con más fuerza e ilusión". El presidente recibió un aplauso tan largo de políticos y empresarios que el moderador les pidió que parasen: "Ya vale, ¿no?", ironizó. Después, el presidente recibió algunas preguntas amables, incluso sobre el posible fichaje de Villa por el Real Madrid, y se relajó.
Camps aseguró que no va a tocar su Gobierno, ni siquiera a Serafín Castellano, un consejero que ha concedido 200 obras a la empresa de un amigo. Insistió en que está tranquilo, aseguró que la gente le para por la calle para darle ánimos, dijo que eso es lo "más hermoso", y concluyó con una idea: que él sigue manteniendo lo que dijo cuando llegó a la presidencia en 2003, que con el PP "se ha acabado la España de los privilegios".
Y mientras Camps recibía este apoyo cerrado, la Mesa de las Cortes autonómicas, obedeciendo sus órdenes, rechazó tramitar dos solicitudes formuladas por los socialistas y por Compromís, que pedían la comparecencia del presidente para explicar el escándalo de los trajes. El PP argumentó que el asunto está sub iúdice. "El que calla otorga", replicó el socialista Ángel Luna, "y aquí se está callando mucho".
(www.elpais.com, 11/032/09)
Camps: "Yo me pago mis trajes"
La dirección del partido asiste a una conferencia del presidente valenciano para escenificar públicamente su respaldo al líder implicado en la trama
"Claro, yo me pago mis trajes y cuando vayan pasando los días iremos viendo cómo se resuelve esto", ha respondido el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, interrogado por la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa . Camps se ha defendido así de las acusaciones que le implican en el caso Gürtel durante una conferencia organizada por el foro Abc, su primer gran acto público en Madrid desde que surgiera el escándalo, donde ha estado respaldado por la plana mayor del PP, decidida a defender la inocencia del presidente valenciano.
Camps agradece el "abrumador cariño" de la gente
El presidente de la Generalitat valenciana da una conferencia en Madrid arropado por la cúpula del PP - AGENCIA ATLAS
Después de que la dirección del partido forzara la suspensión temporal de militancia de todos los miembros imputados en la investigación que lleva el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a excepción del presidente valenciano y su mano derecha, Ricardo Costa, secretario general del PP en esta comunidad, Mariano Rajoy, Manuel Fraga, Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz Gallardón, Rita Barberá, Soraya Sáenz de Santamaría, Pío García Escudero y el propio Costa, entre otros destacados dirigentes, han acudido hoy a la conferencia de Camps para escenificar públicamente la unidad de la formación en torno al líder valenciano. Junto a ellos, se han desplazado numerosos empresarios. Los asistentes han posado juntos para la prensa en una instantánea similar a la de hace un mes en la sede del partido en la calle Génova, en la que Rajoy defendió la honorabilidad del partido.
Tras un discurso, en la que ha reivindicado los logros del PP durante los dos gobiernos de José María Aznar, Camps ha respondido a las preguntas del director de ABC sobre una posible cacería contra él y contra el PP. "Tengo tranquilidad absoluta, llevo 20 años dedicados a la política y tengo la fuerza y la ilusión para seguir", se ha defendido Camps, que ha afirmado que "nadie ha demostrado que haya ocurrido nada en ninguna adjudicación de la Comunidad Valenciana y son más de 3.000 adjudicaciones cada año". "Nadie ha encontrado la más mínima duda", ha añadido.
Respecto a la existencia "militantes del PP "de primera y segunda", en relación a las sospechas de que los populares habían dado un trato favorable a Camps y a Costa a pesar de estar implicados en la operación Gürtel, el presidente ha asegurado que "son todos iguales".
El pasado 19 de febrero, al conocer la información publicada por EL PAÍS en la que se anticipaba que Camps estaba entre los implicados, el presidente valenciano compareció ante la prensa con carácter de urgencia para desmentir cualquier vinculación con la trama. Posteriormente recibió el aplauso de todos sus compañeros en el Parlamento de Valencia, tal y como había preparado el propio Costa.
Objeto de "gravísimos ataques"
La secretaria general del partido, María dolores de Cospedal, trasladó la semana pasada el "apoyo" de la dirección al presidente valenciano. "Está siendo objeto de gravísimos ataques con el fin de menoscabar su imagen pública e institucional", afirmó tras la decisión de Garzón de enviar al Tribunal Superior de Justicia de Valencia parte del caso Gürtel al involucrar a Camps y a Costa.
En opinión de Cospedal, los "ataques" no se corresponden "con la naturaleza de los hechos relatados por el juez en su auto", en referencia a los supuestos pagos en trajes por valor de 12.783 euros. Para Cospedal, las facturas no son prueba suficiente. "Yo no voy a dar por buenos hechos que no están comprobados. El Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana decidirá", afirmó la número dos del PP, al ser preguntada por si aceptar regalos de un empresario no es violar el código ético del PP. De todos dirigentes implicados en la trama, sólo Camps y Costa no han puesto su carné a disposición del partido. Al margen de los alcaldes que han abandonado su cargo, los tres diputados autonómicos de Madrid que aún no han sido imputados al ser aforados ofrecieron su salida, pero la dirección del PP no se la ha aceptado aún a la espera de que sean imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A parte del supuesto pago en trajes, la mayor preocupación para los populares es la acusación de financiación ilegal. Garzón considera que existen indicios al producirse pago de 420.000 euros en diciembre de 2002 además de haberse abonado con dinero negro parte de los gastos del congreso del PP valenciano en septiembre de 2002.
El PSOE ha censurado a través de su secretaria de Política Institucional y Autonómica del PSOE, Mar Moreno, el acto de hoy. "El homenaje a Camps denota lo poco que afectan al PP las acusaciones de corrupción y su manera de sacar pecho frente a actuaciones judiciales", ha indicado.
Por otra parte, el consejero de Gobernación valenciano, Serafín Castellano, ha insistido hoy en que tiene la conciencia "tranquilísima" respecto a las adjudicaciones de contratos realizadas desde sus responsabilidades de gobierno porque, ha reiterado que son "absolutamente legales y regulares". Preguntado si ha hablado recientemente con Camps, ha afirmado que habla con él "siempre que es necesario", puesto que cuestiones como "la seguridad, las emergencias, el desarrollo estatutario" hace que tengan que hablar "mucho", como es propio de un gobierno que funciona de manera "coordinada y eficaz".
www.elpais.es 10.03.09
LA PLANA MAYOR DEL PP VUELVE A POSAR UNIDA PARA APOYAR A CAMPS
Decidida a defender la inocencia del presidente valenciano, Francisco Camps, implicado en la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa, la plana mayor del PP le ha acompañado hoy en una conferencia organizada por el foro Abc, su primer gran acto en Madrid desde que surgiera el escándalo.
Después de que la dirección del partido forzara la suspensión temporal de militancia de todos los miembros imputados en la investigación que lleva el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a excepción del presidente valenciano y su mano derecha, Ricardo Costa, secretario general del PP en esta comunidad, Mariano Rajoy, Manuel Fraga, Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz Gallardón, Rita Barberá, Soraya Sáenz de Santamaría, Pío García Escudero y el propio Costa, entre otros destacados dirigentes, han acudido hoy a la conferencia de Camps para escenificar públicamente la unidad de la formación en torno al líder valenciano. Junto a ellos, se han desplazado numerosos empresarios. Los asistentes han posado juntos para la prensa en una instantánea similar a la de hace un mes en la sede del partido en la calle Génova, en la que Rajoy defendió la honorabilidad del partido.
El pasado 19 de febrero, al conocer la información publicada por EL PAÍS en la que se anticipaba que Camps estaba entre los implicados, el presidente valenciano compareció ante la prensa con carácter de urgencia para desmentir cualquier vinculación con la trama. Posteriormente recibió el aplauso de todos sus compañeros en el Parlamento de Valencia, tal y como había preparado el propio Costa.
Objeto de "gravísimos ataques"
La secretaria general del partido, María dolores de Cospedal, trasladó la semana pasada el "apoyo" de la dirección al presidente valenciano. "Está siendo objeto de gravísimos ataques con el fin de menoscabar su imagen pública e institucional", afirmó tras la decisión de Garzón de enviar al Tribunal Superior de Justicia de Valencia parte del caso Gürtel al involucrar a Camps y a Costa.
En opinión de Cospedal, los "ataques" no se corresponden "con la naturaleza de los hechos relatados por el juez en su auto", en referencia a los supuestos pagos en trajes por valor de 12.783 euros. Para Cospedal, las facturas no son prueba suficiente. "Yo no voy a dar por buenos hechos que no están comprobados. El Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana decidirá", afirmó la número dos del PP, al ser preguntada por si aceptar regalos de un empresario no es violar el código ético del PP. De todos dirigentes implicados en la trama, sólo Camps y Costa no han puesto su carné a disposición del partido. Al margen de los alcaldes que han abandonado su cargo, los tres diputados
autonómicos de Madrid que aún no han sido imputados al ser aforados ofrecieron su salida, pero la dirección del PP no se la ha aceptado aún a la espera de que sean imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A parte del supuesto pago en trajes, la mayor preocupación para los populares es la acusación de financiación ilegal. Garzón considera que existen indicios al producirse pago de 420.000 euros en diciembre de 2002 además de haberse abonado con dinero negro parte de los gastos del congreso del PP valenciano en septiembre de 2002.
El PSOE ha censurado a través de su secretaria de Política Institucional y Autonómica del PSOE, Mar Moreno, el acto de hoy. "El homenaje a Camps denota lo poco que afectan al PP las acusaciones de corrupción y su manera de sacar pecho frente a actuaciones judiciales", ha indicado.
Por otro lado, el consejero de Gobernación valenciano, Serafín Castellano, ha insistido en que tiene la conciencia "tranquilísima" respecto a las adjudicaciones de contratos realizadas desde sus responsabilidades de gobierno porque, son "absolutamente legales y regulares". Preguntado si ha hablado recientemente con Camps, ha afirmado que habla con él "siempre que es necesario", puesto que cuestiones como "la seguridad, las emergencias, el desarrollo estatutario" hace que tengan que hablar "mucho", como es propio de un gobierno que funciona de manera "coordinada y eficaz".
(www.elpais.com, 10/032/09)
Camps no explicará en las Corts las facturas de trajes de 30.000 euros
La Mesa de Les Corts ha rechazado, con los votos en contra del PP y a favor del PSPV, que el president de la Generalitat, Francisco Camps, comparezca en la Cámara para informar sobre la supuesta trama de corrupción investigada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón "por respeto a la justicia" y para que la Cámara no le someta a un "juicio paralelo".
Los socialistas han considerado que sospechan que esa decisión se debe a que "Camps es responsable de todos los hechos" de los que le acusa Garzón, mientras que al aceptar preguntas parlamentarias del PSPV sobre la empresa Construcciones Taroncher, el PP pretende que el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, termine por dimitir.
La Mesa de Les Corts ha rechazado hoy dos iniciativas del grupo socialista y del de Compromís en las que solicitaban la comparecencia de Camps, después de que el juez Baltasar Garzón haya encontrado indicios de su supuesta implicación en el caso "Gürtel".
Los socialistas exigían la convocatoria de un pleno monográfico el día 13 en el que el jefe del Consell se sometiera a las preguntas de la oposición, por un tiempo mayor que el previsto en la sesión de control.
El PP ha rechazado tanto esa propuesta como la de Compromís, que no concretaba una fecha para la comparecencia de Camps, "por respeto a la justicia", según ha explicado su portavoz adjunto Rafael Maluenda, al término de la Junta de Portavoces.
Maluenda ha recordado que la investigación se encuentra "sub iudice" y que "Les Corts no pueden erigirse en un tribunal paralelo" ni "hacer un juicio paralelo" al president de la Generalitat.
Además, ha puntualizado que el procedimiento de debate propuesto por el PSPV no está contemplado en el Reglamento de la Cámara, razón suficiente, según Maluenda, para rechazar su petición.
"Camps está compareciendo en cada pleno ordinario y respondiendo a sus cuestiones" en Les Corts, mientras que "el PSPV tiene una doble vara de medir", ha denunciado el portavoz popular.
Así,ha recordado que el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, pondrá a disposición del diputado socialista José Camarasa "toda la información requerida" sobre la Sociedad Imagen y Promoción Estratégica.
El portavoz del grupo socialista, Ángel Luna, ha manifestado su "íntima convicción de que Camps es responsable de todos los hechos que se contienen en el auto del juez Garzón", y de que ésta es "la única explicación" de la negativa de Camps a comparecer en Les Corts.
"No puedo entender que una persona que tenga algo que decir para defenderse, no lo diga, salvo que no pueda hablar por miedo a ser contradicho por pruebas contenidas en el sumario".
La Mesa también ha rechazado 69 preguntas del PSPV en relación con el auto, y únicamente ha aceptado dos en las que los socialistas preguntaban acerca de Orange Market y Construcciones Taroncher, propiedad de un amigo del conseller de Gobernación y adjudicataria de obras por su departamento.
Luna cree que el PP ha aceptado esas preguntas para "ahorrarle a Camps la desagradable tarea" de destituir al conseller y ha dicho que: "han decidido que se cueza en su propia salsa y abrir la veda para contestar a las preguntas, a ver si, en una de éstas, un día a Castellano se le cae la cara de vergüenza y decide marcharse a su casa".
La portavoz de Compromís, Mónica Oltra, ha criticado que "nadie está desmintiendo la investigación, que figura con mucho detalle en ese auto" y que Camps no "salga a la palestra a decir que ha pagado los trajes", en lo que el diputado Josep Maria Pañella considera un "telón de plomo" tendido por el PP.www.levante-emv.com 10.03.09
EL PP CONFIRMA QUE VÍCTOR CAMPOS SOLICITÓ EL SÁBADO LA BAJA EN EL PARTIDO
El vicesecretario del PP en la Comunitat Valenciana, David Serra, aseguró ayer que el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos pidió la baja voluntaria como militante del PP el sábado y que esa situación se mantendrá hasta que se resuelva el proceso judicial abierto. Sin embargo, desde la sede nacional del partido aseguraron por la tarde, a preguntas de este diario, que la suspensión de militancia fue solicitada el viernes. Campos está imputado por su supuesta relación con la trama al igual que el ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret Parreño, aunque éste no es militante del partido.
El portavoz de Iniciativa en Castelló, Carles Mulet, dijo ayer que Campos no puede ser la cabeza de turco y se preguntó si el líder provincial, Carlos Fabra, el presidente Camps y el propio Costa "tienen bula". La diputada de EU Marina Albiol exigió al presidente del PP, Mariano Rajoy, que aplique con Fabra, "la misma vara de medir" que con el ex vicepresidente de Consell Víctor Campos.
(www.levante-emv.com, 10/032/09)
La larga amistad de Camps y el Bigotes
El presidente estrechó lazos con Pérez en la sede de Madrid, años antes de ser jefe del ConsellEn el año 2000 Francisco Camps trabajaba en la sede central del PP, en el número 13 de la calle Génova de Madrid. Colaboraba con Ana Mato en al área sectorial, antes de ser nombrado secretario de Estudios y Programas. Allí es cuando el ahora presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, trabó relaciones con Álvaro Pérez, el Bigotes, responsable de Orange Market, la rama valenciana de la supuesta trama corrupta investigada por varios delitos, según contó ayer El Mundo.
Camps fue elegido vicepresidente del Congreso de los Diputados en el año 2000, cuando fue diputado como cabeza de lista por Valencia. Antes de aquel año, la empresa Special Events ya acaparaba la organización de la mayoría de actos del Partido Popular de José María Aznar, una relación consolidada a raíz de la "relación directa" del cabecilla de la supuesta trama destapada, Francisco Correa, y líderes del PP a nivel nacional, según dice Garzón en su auto del pasado jueves.
Pero en 2003, las empresas de Correa, que había estado en las campañas electorales de Aznar en 1996 y en 2000, comenzaron a perder predicamento en la dirección del PP. En ese momento, 2003, Camps se hizo con la presidencia de la Generalitat, lo que coincide en el tiempo con el asentamiento de el Bigotes en Valencia, donde montó Orange Market.
Desde entonces, la nueva empresa se convirtió en la firma de cabecera para los actos del PP de la Comunitat, obteniendo también algunos contratos de importancia con la administración autonómica, como el montaje de los pabellones valencianos para las ferias turísticas más importantes.
Pero, ¿a qué se debió la ruptura definitiva de la dirección nacional de Mariano Rajoy con Francisco Correa? Al parecer, Rajoy sufrió una extorsión con una supuesta cinta en la que la que el propio Rajoy criticaba a Manuel Fraga en una conversación con un dirigente gallego, según publicaba El País. A Rajoy le hicieron llegar que una cámara había captado sus palabras -"El viejo [Fraga] está gagá"- y, según parece, Correa le trasladó a Rajoy que conocía el asunto de la cinta e insinuó que podía solucionarlo. Rajoy no cedió y concluyó que era Correa quien organizó el chantaje.www.levante-emv.com 09.03.09
EL PP FUERZA LA BAJA DE VÍCTOR CAMPOS, EX VICEPRESIDENTE DE CAMPS, POR RECIBIR SUPUESTAMENTE TRAJES REGALADOS
Víctor Campos, ex secretario de Organización del PP valenciano y ex vicepresidente del Gobierno de Camps, ha sido forzado a pedir la suspensión de militancia en el partido por parte de la directiva nacional tras su imputación por el juez Garzón en relación con el caso Gürtel. El ejemplo dado con Campos no sirve para toda Valencia, donde Fabra sigue presidiendo el PP de Castellón pese a sus numerosas imputaciones. Por otra parte, el propio Camps y Ricardo Costa, secretario general del PPV, no sólo no han sido recriminados sino que el partido les ha dado sus muestras de apoyo.
Así lo contaba ayer el diario Levante. José Víctor Campos Guinot fue vicepresidente del Gobierno valenciano, además de hombre de confianza de Camps, desde 2004 hasta 2007. Fue en esa fecha cuando, de improvisto, se retiró de la política alegando motivos personales.
Trapos sucios
“Me voy con la conciencia muy tranquila. Podrán criticar mi gestión, si soy más listo o menos o si me he equivocado, pero trapos sucios no”, explicó en 2007 Víctor Campos en una entrevista en el diario Las Provincias. Ahora, un ironía del destino ha hecho que su nombre se vea empañado con unos trapos, pero más limpios: Los trajes que supuestamente Correa le regaló.
Desde arriba
A él se le atribuye la comisión de supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad por ello. Y ahora el Partido Popular le ha suspendido de militancia, pero de manera forzosa. A preguntas de Levante, Campos opinó que la decisión venía de la dirección regional. Así desvelaba que él no pensaba tomar esa medida. De hecho, El Mundo aseguraba que Campos ni se había dado de baja ni pensaba hacerlo.
De Cospedal toma cartas
Sin embargo, la secretaria general del PP de Castelló, Marisol Linares, decía no saber nada al respecto. Como continuaban las dudas de Campos, María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP nacional tomó cartas en el asunto y le reclamo la baja temporal.
El caso Fabra
Campos ha sido considerado como el delfín de Carlos Fabra. Él podría haber sido su sustituto al frente del PP de Castellón y de la Diputación, de donde también él procede. Sin embargo, la conexión entre ambos no tiene nada que ver en lo que ha recibir bajas del PP se refiere. Fabra sigue en su cargo a pesar de sus nueve imputaciones. Y es que el código ético del PP pide que los cargos públicos se pongan a disposición del partido "si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito".
Apoyo a Camps y CostaIndicios de delito es lo que vio Garzón en el caso del presidente valenciano, Francisco Camps y el secretario general del PP en la Comunidad y portavoz en las Corts, Ricardo Costa. Lejos de recibir reproches o analizar la suspensión de militancia, el PP ha dado todo su apoyo a los dos dirigentes.
(www.elplural.com, 09/03/09)
DE LA RÚA: PRESIDENTE DEL TSJV Y TAMBIÉN DE LA JUNTA ELECTORAL
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Juan Luis de la Rúa, es también la máxima autoridad de la Junta Electoral de esa región, según recuerda el diputado y secretario general del BLOC Nacionalista Valencià, Enric Morera. Esta dualidad de poderes puede jugar un papel muy importante en los acontecimientos que sobrevendrán al proceso contra Francisco Camps, vinculado con el Caso Gürtel, dada la manifiesta amistad entre el jurista y el jefe del Consell.
Para el portavoz del BLOC , esta dualidad “es una nueva muestra de la anomalía de una Ley electoral que es urgente modificar y que sobrevive con una clara intencionalidad política. Ahora, de nuevo, habrá que volver a interpretarla o poner un parche en un nuevo agujero legal”, afirmó el diputado.
Lo comunicarán a las Cortes Valencianas
El responsable del BLOC ha anunciado que “aunque este hecho es público y notorio se lo comunicaremos formalmente al Letrado mayor de la Cortes Valencianas que actúa como secretario de la Junta Electoral , para que procedan como mejor consideren. En nuestra opinión, no se puede estar en los dos lugares al mismo tiempo, aunque deseamos que este extremo lo diriman los técnicos”.
El caso está ya en el TSJV
La causa contra Francisco Camps y el secretario general del partido en la región, Ricardo Costa, está ya en manos del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) después que el juez Baltasar Garzón se inhibiera del caso, al tratarse de dos aforados de las Corts. Según el auto de Garzón, el Partido Popular en esa Comunidad se podría haber financiado ilegalmente a través de las empresas del principal implicado en la trama de corrupción del Caso Gürtel, Francisco Correa. Los delitos que barajó Garzón fueron cohecho y tráfico de influencias.
(www.elplural.com, 09/03/09)
Un asunto "políticamente letal"
Los excesos de la política de grandes eventos pasan factura a Camps y al PP La doctrina sobre el 'caso Fabra' ha dado cobertura a comportamientos irregulares
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, vive, desde hace un mes, su peor pesadilla. Ni los plantes zaplanistas de la primera legislatura, ni el mayor accidente de metro de España acaecido en Valencia, ni la moción de censura socialista de hace dos años le habían quitado el sueño como lo ha hecho la operación Gürtel. El sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha hallado indicios de delito en la actuación del jefe del Consell y de su portavoz parlamentario y secretario general del PP, Ricardo Costa -así como en Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, y en Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo. El auto asegura que ambos se hicieron trajes a medida que fueron pagados por Orange Market y que su presidente, Álvaro Pérez, El Bigotes, buscó ganarse el favor de estos políticos para obtener contrataciones. Garzón apunta además a una supuesta financiación irregular del PP en la Comunidad Valenciana. Extremos que niegan con rotundidad tanto el PP como la Generalitat.
El contagio masivo impide al presidente de la Generalitat pedir dimisiones
La política de fastos del Consell ha estado rodeada de opacidad y derroche
Aunque es difícil conocer cuál será el discurrir judicial del auto de Garzón remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la cúpula del PP no oculta que el asunto es "políticamente letal". Hasta el punto de que está en juego el futuro político del propio presidente.
Sin embargo, el jefe del Consell, un hombre de carácter afable, que ha tenido a gala esgrimir su honradez personal como enseña, llega cargado de lastres a su primer pleito judicial. A continuación se detallan algunas claves que explican su difícil situación.
- La doctrina Fabra. Desde su acceso a la presidencia de la Generalitat, Camps se vio en la necesidad de asegurarse el apoyo del presidente de la Diputación y del PP provincial de Castellón, Carlos Fabra, en la durísima disputa por el control del partido con Eduardo Zaplana. Fabra, que presume de sus prácticas caciquiles, pronto se vio imputado como supuesto autor de varios delitos contra la Administración pública, al que se sumaría después otro supuesto delito fiscal. La patente de corso otorgada por Camps a Fabra atrajo al campismo, como moscas a un tarro de miel, a otros dirigentes del PP con problemas con la justicia. Alcaldes (Alicante, Orihuela, Torrevieja), concejales, senadores... que se han asegurado la cobertura del partido y de la Generalitat hasta que haya una sentencia condenatoria en firme. Y aún más allá, como demuestra el caso del ex alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, condenado por el Supremo por prevaricación a prisión menor e inhabilitación y que hasta ayer mismo se mantuvo al frente del PP local.
- "Nunca pregunto por expediente alguno". La frase es del propio presidente de la Generalitat que, en sede parlamentaria, aseguró: "Lo que me interesa es que funcione el hospital y se haga la carretera". Esta actitud laxa del jefe del Consell respecto a sus subordinados -en los antípodas de la del ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana- ha provocado que el presidente no sepa con exactitud cómo ha funcionado su Administración. Camps se ha visto sorprendido en los últimos días salpicado también por el escándalo de las contrataciones de su consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que adjudicó obras a un empresario amigo. Las esposas de ambos comparten la propiedad de una finca en la que, además, hay un parany (arte de caza declarado ilegal por el Tribunal Supremo).
- La opacidad de los eventos. La política de fastos impulsada por Camps ha estado rodeada de opacidad y derroche, hasta el punto de que dos años y medio después de la visita del Papa a Valencia todavía no se sabe cuánto dinero se gastó la Administración valenciana en este evento. El escándalo desatado a raíz de la investigación de Garzón ha puesto de manifiesto algunas cuestiones relevantes: el principal organizador de eventos de la dirección regional del PP, Álvaro Pérez, siempre estuvo, como mínimo, en los alrededores de los grandes eventos de la Generalitat. Pérez se ganó la amistad de la cúpula del PP y de los responsables de importantes empresas públicas, como Pedro García, director general de Ràdio Televisió Valenciana. El Consell siempre ha fiado a la Sindicatura de Comptes la fiscalización de los contratos, aunque ha hecho caso omiso, reiteradamente, de sus advertencias acerca de las irregularidades detectadas; especialmente en materia de publicidad y transparencia.
- Contagio masivo. La investigación del juez de la Audiencia Nacional ha derivado en un contagio masivo que impide al presidente de la Generalitat pedir dimisiones, a modo de cortafuegos, como hace Esperanza Aguirre en Madrid. La endogamia de los populares valencianos, que concentran el poder del partido y la Administración en unas pocas manos, dificulta la capacidad de maniobra de Camps. El auto de Garzón remitido al TSJ vincula a la cúpula del PP con Orange Market. Sin embargo, la operación Gürtel, que sigue en manos de Garzón, apunta a una segunda red de la trama corrupta en la Comunidad Valenciana. Ésta tiene como protagonista al empresario José Luis Ulibarri, imputado por Garzón, que ha consolidado su presencia en el sector de la construcción y de los medios de comunicación en la Comunidad Valenciana. La aparición de Ulibarri ha revelado sus estrechas relaciones con el bufete de abogados Eius, para el que trabajan el ex ministro José María Michavila -hermano de Ana, jefa de gabinete de Camps- y el portavoz de Economía del PP en las Cortes Valencianas y ex responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat, José Marí.
- Una defensa errática. Desde que estalló el escándalo, ahora hace un mes, el desconcierto se ha apoderado del presidente y de su entorno, que no han aportado ningún documento que justifique que pagaron los trajes que confeccionó José Tomás, el sastre de Milano y Forever Young. Lo único que han dejado claro, tanto el Consell como el PP, es que están indignados y acudirán a los tribunales en su defensa.
'El Bigotes' pagó los trajes de Costa, dinero en mano
El 'número dos' del PP no ha justificado cómo los abonó
"La secretaria de [Ricardo] Costa me llamaba, me encargaba los trajes, me preguntaba cuánto había que pagar y, luego, venía Álvaro Pérez y pagaba. Si el dinero era suyo o no, eso, a mí, ya no me compete". La cita es de José Tomás, el sastre del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y del secretario general del PP, Ricardo Costa. Ambos figuran en el auto del juez Baltasar Garzón, junto a dos imputados, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret, que también se hicieron trajes con Tomás.
El PP valenciano ha anunciado una querella contra el sastre
Garzón relaciona el regalo de trajes con la adjudicación del 'stand' de Fitur
El sastre, al que fueron todos los cargos populares por recomendación de El Bigotes, confirmó el viernes a El Mundo que Álvaro Pérez, el presidente de Orange Market, pagó, dinero en mano, la ropa de Ricardo Costa.
Según fuentes del PP, el secretario general de los populares valencianos se puso el pasado jueves a buscar en sus cuentas bancarias algún apunte que pueda justificar el pago de los trajes al sastre. Éste, según las mismas fuentes, tendría dificultades para justificar el pago, ya que supuestamente habría sacado dinero de su cuenta en metálico para dárselo a Álvaro Pérez, que supuestamente recibió el dinero de la secretaria del número dos del PP valenciano para pagar la deuda con el sastre en uno de sus viajes a Madrid. Según el entorno de Costa, éste dispone de un extracto bancario que confirma que sacó dinero para pagar al sastre.
La versión, sin embargo, tiene contradicciones con la primera reacción de Costa tras conocer el sumario, que no supo explicar cómo abonó sus trajes. En el PP asumen ya que, al menos parte de los trajes mencionados por el juez Baltasar Garzón en el auto fueron pagados por Álvaro Pérez, aunque queda por aclarar el origen de ese dinero.
El auto del juez Garzón explica que en la relación de pagos a cuenta de Orange Market en Milano "consta un pedido de fecha 26/01/2006 por un importe de 2.400 euros a nombre del señor Costa que corresponde a tres trajes a medida". Y añade: "Se abonan junto con otros pedidos mediante dos talones de 10.672 y 16.936 euros declarados por la tienda el día 15/09/06 e ingresado en Barclays el día 20/09/06 con cargo a Orange Market".
Y en cuanto a la compra de trajes en Forever Young señala que el nombre de Costa figura relacionada con una cantidad de 4.925 euros. "Su nombre", añade el juez en referencia a Costa, "figura en varias hojas del listado de encargos de sastrería donde constan las medidas de esta persona" y que hacen mención a "un traje (americana pantalón) y a dos pantalones, así como a otros pedidos de prendas". El auto resume que Costa gastó en ambas tiendas madrileñas un total de 7.325 euros -2.400 en Milano y 4.925 en Forever Young. Por lo que respecta a Francisco Camps, el juez detalla compras por valor de 4.700 en Milano y de 8.083 euros en Forever Young, también pagados por empresas de la trama de corrupción de la que forma parte El Bigotes. También aparecen como beneficiarios de trajes Víctor Campos y Rafael Betoret, que desde el día que se hizo público el auto del juez de la Audiencia Nacional han guardado un silencio absoluto.
Y todo ello Baltasar Garzón lo relaciona con el hecho de que Orange Market se ha adjudicado desde 2005 los concursos para montar los pabellones de la Generalitat en Fitur por un importe total superior a los cuatro millones de euros.
La declaración de José Tomás parece haber sido determinante para que el juez Garzón implicara a Camps y Costa. De ahí que los populares valencianos se hayan apresurado a anunciar una querella contra el sastre, al igual que hicieran con otra implicada en la trama, Felisa Jordán, cuya declaración ante el juez también reveló numerosos detalles de la trama. Pero, a pesar de la presión, ni Jordán ni Tomás se han retractado de sus declaraciones a Garzón.
www.elpais.es 08.03.09
El documento 71 lastra al PP valenciano
Garzón basa su acusación contra Camps en cinco indicios que no han sido refutadosEl juez Baltasar Garzón se ha inhibido esta semana en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en la operación Gürtel tras encontrar evidencias que incriminan al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al número dos del PPCV, Ricardo Costa. Camps tiene en contra cinco pruebas a las que todavía no ha dado respuesta. El magistrado confirma en su auto de inhibición del jueves lo que apuntó cuando envió a prisión hace un mes a los tres principales responsables de la trama. El líder del grupo, Francisco Correa, montó un imperio entre 1996 y 2004 aprovechándose de sus contactos en la calle Génova. El entramado de Correa, formado por 23 empresas, dejó de trabajar para el PP nacional cuando Rajoy tomó el mando del partido. El grupo se adaptó a la nueva situación y trasladó sus negocios a la Comunitat Valenciana y a Madrid.
El magistrado sostiene que el grupo dio dádivas en forma de trajes a Francisco Camps, Ricardo Costa, al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret. Además, Baltasar Garzón sospecha que Francisco Correa entregó 420.000 al PP valenciano como comisión por adjudicaciones.
El problema para el PP valenciano es que la investigación policial está en sus inicios en la Comunitat y ya apunta a los dos principales responsables del partido. La unidad de delitos económicos de la policía informó a Garzón el pasado 31 de enero -hace apenas cuarenta días- de que tenía en su poder conversaciones que comprometían a dirigentes valencianos, según consta en las diligencias judiciales. El 19 de febrero, el juez ya tenía en mente imputar a Ricardo Costa tras haber tomado declaración a Álvaro Pérez (alias El Bigotes y presidente de Orange Market), a Isabel Jordán (que aseguró en una conversación intervenida que el grupo había pagado los trajes a Camps) y al sastre José Tomás.
La policía facilitó a Garzón el 24 de febrero el informe con las pruebas que supuestamente implicaban a los dirigentes populares valencianos.
El magistrado explica en su auto de inhibición en favor del TSJ de la Comunitat Valenciana que ha encontrado cinco indicios que apuntan a que el presidente podría estar implicado. El auto recoge que son esenciales las declaraciones del sastre José Tomás y de la imputada Isabel Jordán, las facturas y papeles entregados por Forever Young clasificados en la causa como documento 71, las anotaciones de la contabilidad B del grupo manejada desde la calle de Serrano, 40 de Madrid (donde el entramado tenía su sede central), la documentación intervenida a Orange Market y las llamadas de Camps el 9 de febrero a su sastre mientras declaraba ante la policía.
Prueba 71
El documento número 71 contiene gran cantidad de datos objetivos aportados por la tienda de ropa donde Camps encargaba los trajes que, siempre según argumenta Garzón en base a la investigación policial, supuestamente pagaba la trama de Correa. La documentación entregada por Forever Young recoge un listado de clientes. El nombre de Camps aparece en el listado junto a la cantidad de 5.393,50 euros. Su nombre también figura en varias hojas del "listado de encargos de sastrería".
El documento 71 está encabezado por la frase: a la atención de "Pablo Crespo (Comunidad Valenciana)", siempre según contiene el auto de Garzón. Las facturas de los trajes de Camps y de otros presuntos implicados como Ricardo Costa tenían un importe total de 30.678,90 euros y se pagaron en su totalidad, según los datos facilitados al juez por la empresa Forever Young, con transferencias bancarias y cheques de las firmas Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico del entramado de Correa.Según las declaraciones del sastre José Tomás, Francisco Camps es "destinatario de otras compras efectuadas durante 2008 cuyo pago se efectuó mediante transferencia de 4.040 euros de la empresa Orange Market -documento 31 de la causa- a cuyo nombre se realizó la factura -documento 30-". El PP ha anunciado que se va a querellar contra el sastre, aunque el presidente Camps todavía no ha aportado facturas que demuestren que él pagó de su bolsillo los trajes.
Ricardo Costa
El documento 71 también implica a Ricardo Costa. En plena era de las transferencias bancarias y los abonos electrónicos por tarjeta, un medio de comunicación nacional defendió ayer la teoría de que Ricardo Costa fue a su banco, sacó varios miles de euros en efectivo y se los entregó a Álvaro Pérez para pagar sus trajes en la tienda de ropa de Madrid. Garzón tiene otra hipótesis. El magistrado, recurriendo al documento 71, sostiene que los trajes de Costa los pagaron las empresas Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico.
Garzón incide en que los hechos relacionados con las conductas de Camps y Costa se apoyan en datos e indicios como "facturas, listas de clientes (de Forever Young), patronajes y declaraciones policiales y judiciales". El magistrado indica que "si bien es cierto que la valoración de las entregas presuntamente recibidas en especie no son elevadas""no puede eludirse la investigación penal en aras al cumplimiento de la legalidad".
Garzón ha remitido el caso al TSJ, aunque en las próximas semanas podría acabar en el Supremo ya que los supuestos delitos se habrían cometido en Madrid y el Estatut obliga a que lo instruya el Alto Tribunal.www.levante-emv.com 08.03.09
El juez atribuye a Orange Market unos pagos en 2002 cuando fue creada en 2003
El auto con el que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se inhibió el pasado jueves en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) al apuntar a dos aforados -el presidente de la Generalitat, Francisco Camps y el número dos del PPCV, Ricardo Costa-, contiene algunos errores. Garzón documenta cuatro apuntes contables en dinero negro por importe de 150.000 euros, aunque se atribuye la facturación a Orange Market. Los pagos se fechan en diciembre de 2002, aunque Orange Market no se constituyó hasta julio de 2003. Es de suponer que los pagos, en concepto del décimo congreso regional del PP, se realizaron a otra empresa de la trama de Francisco Correa, que ya había trabajado con Special Events en Valencia.
Los populares han apuntado otros errores del auto, como las cifras de las supuestas comisiones recibidas por el PP valenciano a cambio de adjudicaciones a Francisco Correa y sus socios. El auto asegura que en la contabilidad B de una de las empresas, aparece una hoja de ingresos y su distribución. Dentro de la distribución, aparece como primer concepto "PP VLC", con una cantidad asociada de 420.000 euros. A renglón seguido, cifra esa cantidad en 420.700 euros.
Garzón yerra cuando se refiere al Partido Popular de la Comunitat Valenciana como el "PPV" en lugar del "PPCV", y cita al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en lugar de al de la Comunitat Valenciana.
En el auto también destaca el uso de algunos condicionales a la hora de referirse al supuesto cobro de comisiones del PPCV. "Podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Francisco Correa", reza el auto. Aunque, a continuación, el propio juez justifica el uso del condicional al asegurar que "este extremo está pendiente de investigación".www.levante-emv.com 08.03.09
La trama mantuvo su nivel de negocio a partir de 2004 gracias al Consell y al PPCV
Garzón explica la «identificación» entre el partido y la filial valenciana de la redLa trama de corrupción liderada por Francisco Correa mantuvo el nivel de negocio a partir de 2004 gracias a su desembarco en el PP de la Comunitat y a las adjudicaciones que recibía de la Generalitat, según relata el juez Baltasar Garzón en el auto en el que implica en la red al propio jefe del Consell, Francisco Camps, y a su número dos en el PP, Ricardo Costa. El magistrado detalla cómo, a partir de que Rajoy cortó con las empresas de Correa en Madrid, la trama se instaló en Valencia y se produjo una «identificación» entre el partido y Orange Market, la filial autonómica de la red, que, a su vez, recibía adjudicaciones de la Generalitat «sin experiencia» como en el caso de los estands de Fitur.
El conglomerado de empresas de Francisco Correa -23 sociedades, entre ellas Orange Market- tenía entre sus clientes a entes pertenecientes a diferentes administraciones. Para la obtención de contratos públicos la cúpula de la trama se valía de las relaciones personales con cargos que ocupaban puestos de responsabilidad en las instituciones donde la red pretendía actuar «de tal forma que conseguía, sin que existiera una libre concurrencia, las adjudicaciones». A cambio del trato de favor y de obtener las contratas, cargos políticos del PP recibían «compensaciones», tal como detalla de forma gráfica el último auto de Garzón.La implicación de Camps y del secretario general del PP, Ricardo Costa, en la trama de corrupción así como la imputación del ex vicepresidente Víctor Campos y Rafael Betoret, ex alto funcionario de Turismo hasta 2007, encaja en ese patrón. Las sociedades de Correa habrían asumido pagos, de forma global, por más de 34.000 euros en trajes y ropa en dos franquicias de moda con tienda en Madrid. Durante los últimos años, empresas de la red corrupta han facturado millones de euros en contrataciones tanto del PP como del Consell.
Ese modus operandi fue el que el conglomerado de Correa, a través de Álvaro Pérez Alonso El Bigotes, utilizó en la Comunitat a partir de 2004 cuando, como reconoce Garzón, «los cambios dentro de la dirección del PP provocarían un cambio en la tendencia seguida hasta entonces y la organización a nivel nacional se desvinculó de las empresas de Francisco Correa». El auto apunta que, a partir de ese momento, la trama cambió de estrategia. «Se adaptó a la nueva coyuntura», define Garzón. ¿Cómo? Organizando una estructura propia en la Comunitat a través de Orange Market, creada tras la victoria de Camps en 2003.El Bigotes, según las investigaciones, se había curtido en Madrid en la organización de actos para el PP a través de Special Events, la empresa matriz del conglomerado de Correa.
El Bigotes, bien relacionado
Y tenía, subraya el auto, «buenas relaciones con las personas que ocupan cargos de responsabilidad en el partido y en los órganos de gobierno de la Generalitat». Camps y Costa junto a Rambla estuvieron en la boda de Pérez con la ex mamachicho Noemí Ramal, empleada en Canal 9. Es conocida la relación de amistad de El Bigotes con Costa -para el que ejerció de intermediario, por ejemplo, en la venta de su coche y en la compra de uno nuevo- pero también con otros cargos de la administración valenciana como Pedro García -director general de RTVV- que, como cita el auto judicial, también recibió trajes pagados por Orange Market, la filial de la trama corrupta desmantelada por el juez.
De esta manera, las empresas de la red consiguieron a partir de 2004 «abrir nuevas perspectivas» pero, sobre todo, «mantener un nivel de negocio» a través de los contratos que recibía tanto del PP como de la Generalitat. En el primer caso, el juez considera que existía una «identificación entre Orange Market y la organización de actos para el partido en la Comunidad Valenciana». La mercantil ha participado en las dos campañas electorales autonómicas de Camps sin rendir cuentas a la Sindicatura, viene organizando los últimos congresos regionales del PP y un sinfín de mítines y actos en los que siempre tomaba parte el jefe del Consell. A esto se suman los pagos de la red al PP de Valencia que Garzón cita en su auto, uno de ellos de 420.000 euros con Camps a cinco meses de su primera campaña tras su elección como secretario regional y sucesor de Eduardo Zaplana.
Y, en el caso de la Generalitat, el juez atribuye a los contactos entre cargos del PP y El Bigotes que Orange Market, «una sociedad sin experiencia», concursara y obtuviera la realización de los stands para Fitur, contratas superiores, salvo en 2009, al millón de euros a las que hay que sumar otras consellerias, incluidas adjudicaciones vinculadas a la Volvo en Alicante.www.levante-emv.com 08.03.09
Rajoy fuerza a Campos a pedir la baja en el PP por la imputación de Garzón
El ex vicepresidente del Consell y actual vocal de la dirección del PP en Castelló, Víctor Campos, ha sido la primera víute;ctima políte;tica valenciana por el caso Gürtel. El código ético obliga a poner el cargo a disposición del partido si hay indicios de comisión de delitoSegún confirmó ayer la dirección nacional del PP, todos los imputados por el juez Garzón que forman parte del partido "han pedido voluntariamente la suspensión de militancia". Esta afirmación señala directamente a Víctor Campos, puesto que el otro imputado valenciano, el ex director de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, no milita. A Campos se le atribuye la comisión de supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad, por aceptar trajes pagados por firmas de la trama corrupta.
Lo cierto es que esa renuncia voluntaria de Campos es más bien una imposición de la dirección de Mariano Rajoy. Preguntado por este periódico, Campos opinó que la decisión era de la dirección regional, de lo que no se desprende la voluntad de abandonar el partido. Precisamente, el viernes Campos ni se había dado de baja ni pensaba hacerlo, según recogía El Mundo. Por su parte, la secretaria general del PP de Castelló, Marisol Linares, aseguró no saber nada del caso. Ante las dudas de Campos, fue la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, la que tomó ayer cartas en el asunto y le reclamó la baja temporal.
Camps y Costa, respaldados
La imposición al ex vicepresidente de abandonar el partido supone un castigo al más débil de los implicados valencianos. Campos abandonó por sorpresa la política en abril de 2007, semanas antes de las elecciones autonómicas. Desde 2003 estuvo en elConsell junto a Francisco Camps. Víctor Campos, al que se consideraba el delfín de Carlos Fabra, fue repescado recientemente como vocal de la dirección provincial del PP.
Aun así, la suspensión de militancia aplicada por el PP sobre militantes afectados por presunta corrupción no siempre se ejecuta con los mismos criterios. El presidente de la Diputación, Carlos Fabra, nunca ha sido cuestionado en el partido, pese a su imputación por varios delitos contra la administración pública y fraude fiscal.
Mientras tanto, los otros valencianos implicados en el caso Gürtel, el jefe del Consell, Francisco Camps, y el portavoz del grupo popular en las Corts, Ricardo Costa, han recibido muestras de apoyo de la dirección. Su condición de aforados les excluye de esa norma impuesta en esta ocasión, que obliga a los implicados a pedir la baja.
Curiosamente, el código ético del PP dice que los cargos públicos deben ponerse a disposición del partido "si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito".
En este sentido, el auto del juez dice que los indicios de responsabilidad son suficientes contra las personas aforadas -Camps y Costa. "Si bien es cierto que la valoración de las entregas presuntamente recibidas en especie no son elevadas -en referencia a los trajes- al haber aparecido, después de las diligencias iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción y en esta causa aquellos indicios, no puede eludirse la investigación penal".www.levante-emv.com 08.03.09
De la Rúa podría ser recusado por «amistad manifiesta» con el presidente
«Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a ˝amistad˝ que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat». Estas palabras podrían ser la causa de recusación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, en caso de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, llegara a ser acusado en juicio.
Nunca una frase ha sido tantas veces repetida desde que se supo que el presidente de la Generalitat estaba en el punto de mira de la investigación judicial del juez Baltasar Garzón sobre una supuesta trama de corrupción en el PP. Las palabras eran de Francisco Camps y quien le tendrá que juzgar, en caso de que haya indicios de delito, es Juan Luis de la Rúa, presidente del TSJCV, órgano competente para enjuiciar a cargos autonómicos aforados.
Ocurrió el pasado 19 de septiembre, en la toma de posesión de la nueva consellera de Justicia Paula Sánchez de León. De la Rúa fue más discreto y, al ser preguntado por la palabra que podría definir su relación con Camps, manifestó sentirse «feliz con esa excelente relación», que ha permitido una «colaboración perfecta en la lucha para reclamar más órganos judiciales».
Ayer, el presidente De la Rúa manifestó a través del TSJCV que «mantiene una relación institucional, y no personal», con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Fuentes oficiales añadieron en declaraciones a la agencia Efe que «De la Rúa guarda con Camps una buena relación, al igual que con el resto de instituciones de la Comunitat Valenciana».
Desde la oposición, se han oido voces dudando de la parcialidad de De la Rúa, por esta relación de «amistad», en el sentido de que la investigación nunca terminaría o que, como en el reciente caso de Díaz Alperi (Mercalicante), se archivaría de plano.
Un equívoco
No obstante, hay que señalar el equívoco, ya que no es el presidente del TSJCV el que realiza la investigación judicial, sino uno de los cuatros magistrados restantes de la Sala de lo Civil y Penal que De la Rúa preside.
Así, como presidente de la Sala de lo Civil y Penal, Juan Luis de la Rúa está obligado a presidir todos los juicios que en ella se celebren y, por ello mismo, nunca sería el juez instructor, ya que estaría contaminado para juzgar.
Esta premisa está contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la que regula el funcionamiento y organización de los jueces. Pero también se contempla la posibilidad de abstención o recusación del juzgador en caso de «amistad íntima o enemistad manifiesta» con el procesado. De llegar a juicio, De la Rúa sería el presidente del tribunal y podía caber la posibilidad de que se abstuviera o de que las partes le recusaran, defensa y acusación. De momento, sólo hay una acusación, el fiscal, pero también cabría una acusación popular, que podría asumirla la oposición. Respecto a la acusación pública, su máximo exponente es Ricard Cabedo, Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, de quien no cabe que asuma esta función, dado que a su llegada a Valencia hace cuatro años fue recibido por una salva de ataques a su persona y a su cargo por parte del PP valenciano. Precisamente, uno de los investigados, Ricardo Costa, calificó al Fiscal Superior cuando fue nombrado como «árbitro comprado del Gobierno de Zapatero».
Dos magistrados conservadores y dos progresistas
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) es la que deberá juzgar, en caso de que haya imputación y posterior acusación, al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a cualquier otro miembro electo de Les Corts. Está formada por su presidente y, a la vez, presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, y los magistrados Juan Montero, Juan Climent, José Flor y José Ceres.
El primer paso es esperar a que llegue a Valencia el auto del juez Baltasar Garzón desde la Audiencia Nacional, lo cual puede tardar de dos semanas a dos meses. En principio, porque cabe que alguna de las partes presente algún recurso de reforma ante el juez Garzón. Si ello, ocurre, deberá resolverse. Pero, si nadie recurre y todas las partes han sido notificadas, el auto viajará por valija judicial.
Archivo o apertura
Cuando llegue al Palacio de Justicia de Valencia y se le ponga el sello de entrada y registro, la Sala designará un ponente que deberá estudiar la competencia y dictar un auto en el que se acepte o rechace la inhibición. También decidirá si archiva o abre diligencias penales contra los cargos aforados, es decir, Francisco Camps y Ricardo Costa.El ponente será uno de los miembros de la Sala de lo Civil y Penal, a excepción del presidente De la Rúa, ya que éste siempre preside los juicios y no puede estar contaminado, al igual que ocurre en la jurisdicción ordinaria.
Esta Sala está formada por cinco magistrados. Tres de ellos han sido elegidos por el Consejo General del Poder Judicial. Son los jueces de carrera Juan Luis de la Rúa, José Flor y José Ceres. Los dos restantes fueron elegidos por los partidos más representativos en Les Corts. Se trata de dos catedráticos de la Universitat de València, Juan Montero (PP) y Juan Climent (PSOE).
De los jueces de carrera, Juan Luis de la Rúa y José Ceres pertenecen a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mientras que José Flors es de «Francisco de Vitoria, de carácter más moderado y progresista. A quién le corresponda el asunto es algo que depende de las normas internas de reparto que aprueba cada Sala periódicamente, en este caso, en 2005. Se tienen en cuenta todos los asuntos de aforados desde 1979, que comenzó por Climent, por ser el más antiguo. Y se reparte por turno, del más moderno al más antiguo.www.levante-emv 07.03.09
Camps es íntimo amigo del presidente del tribunal que lo juzgará
El jefe del Ejecutivo alardea de su relación con el presidente del Tribunal Superior de Valencia, Juan Luis de la Rúa.
El auto del juez Baltasar Garzón que implica a Francisco Camps en una presunta trama de corrupción está viajando ya hacia Valencia. En unos días, los documentos que conforman la causa serán recibidos por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Dado que el presidente de la Generalitat es aforado, es este órgano el encargado de valorar los indicios que existen contra él, de decidir si se le imputa y de juzgarlo si hay evidencias suficientes.
La sala que se ocupará del caso se compone de cinco magistrados. Cuatro de ellos se turnan para instruir y juzgar los casos que van llegando al TSJ. Sólo uno de ellos, por razón de su cargo, tiene asegurada una plaza en todos los juicios y, por lo tanto, también en el que decidiría la suerte de Camps. Es el presidente del Tribunal Superior y su nombre es Juan Luis de la Rúa. Un magistrado al que todos en el mundo de la judicatura valenciana reconocen un gran prestigio profesional. Y un hombre del que toda la clase política y jurídica de la comunidad conoce, al menos, una amistad: la que le une al presidente Camps.
Las pruebas de la amistad
Hay varias muestras de esa amistad. La más importante es la propia declaración del presidente valenciano el pasado mes de septiembre, en el acto de toma de posesión de la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León: "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a la de amistad que resuma y defina la íntima y sentida colaboración entre De la Rúa y el president de la Generalitat". La respuesta del aludido no fue menos efusiva: "Me siento feliz de esa relación", afirmó.
Muestra de esa amistad es la presencia de De la Rúa en un acto electoral del PP. Fue en la precampaña de las autonómicas de 2007. El presidente del TSJ fue el invitado estrella de la presentación del programa del partido en materia de justicia. De la Rúa acudió al acto a pesar de que ostentaba la presidencia de la Junta Electoral. Desde el PP valenciano, justifican su asistencia: "En actos importantes siempre invitamos a representantes de la sociedad civil. Por poner un ejemplo, en el Congreso regional de octubre invitamos a representantes sindicales".
La excelente relación entre ambos presidentes ha sido glosada en la prensa regional. En los cinco años que Camps lleva al frente de la Generalitat -De la Rúa está desde hace diez a la cabeza del TSJ-, el protocolo institucional los ha llevado a coincidir en multitud de actos públicos. En uno de ellos, la colocación de la primera piedra del Palacio de la Justicia de Paterna celebrada en septiembre, el jefe del Ejecutivo autonómico agradeció la "compañía leal" de De la Rúa durante todo su mandato. La reunión estuvo plagada de elogios mutuos, según publicó el diario Las Provincias.
También De Rosa
Al acto también acudió Fernando de Rosa, protagonista de otro coqueteo del presidente valenciano con el Poder Judicial. De Rosa, vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, fue hasta hace cinco meses conseller de Justicia a las órdenes de Camps. El 20 de febrero atacó duramente al juez Garzón, acusándolo de rozar la prevaricación en la instrucción del caso Gürtel. Ese mismo día, había mantenido una reunión con su antiguo jefe que en reiteradas ocasiones se ha negado a comentar.
La sintonía entre el posible imputado y el posible juzgador podría ser un motivo para que el propio De la Rúa se apartara del caso. La "amistad íntima o enemistad manifiesta" será "causa de abstención y, en su caso, de recusación", según la Ley Orgánica del Poder Judicial. El propio Partido Popular ha insistido en las últimas semanas en la necesidad de que los jueces guarden apariencia de imparcialidad. Incluso han pedido la recusación del juez Baltasar Garzón por coincidir en una cacería con el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que se vio obligado a dimitir.
En el TSJ argumentaron ayer que De la Rúa mantiene una relación "institucional" y no personal con Camps "al igual que con el resto de instituciones de la Comunitat Valenciana". La oposición pidió el jueves en Las Cortes Valencianas que Camps explicara su relación con el presidente del TSJ. Él evitó hacerlo.
www.publico.es 07.03.09
Compromís exigirá imparcialidad a los jueces
La portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Mònica Oltra, anunció ayer que su grupo exigirá la "más exquisita imparcialidad" en el ámbito judicial tras la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de enviar parte del caso Gürtel al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. "Eso implica que ningún magistrado que mantenga una íntima amistad con el jefe del Consell, Francisco Camps, pueda tocar, ni tan solo acercarse, a esta causa", precisó Oltra a los periodistas tras la toma de posesión del nuevo síndic de Greuges, José Cholbi.
Según la parlamentaria de Compromís, el auto de Garzón "toca el corazón tanto del Gobierno valenciano como del Partido Popular valenciano", lo que tiende un "velo de sospecha muy importante sobre el presidente de la Generalitat y el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Costa".
"Exigimos al Gobierno valenciano esa transparencia de la que alardea, queremos la documentación que hemos pedido y una comisión de investigación en el Parlamento que depure las responsabilidades políticas que se deriven del auto", reclamó Oltra, quien agregó que tras el traslado de parte del proceso al Tribunal Superior de Justicia valenciano, su grupo parlamentario sigue "con los mismos interrogantes que antes".
www.elpais.es 07.03.09
Los presidentes de Castilla y León, Murcia y La Rioja salen en apoyo de CampsLa secretaria general del Partido Popular (PP), María Dolores de Cospedal, ha calificado de "insidiosas e injustificadas" algunas de las afirmaciones contenidas en los autos del juez Garzón, que no se justifican con los hechos y que tienen por objeto "causar grave daño a la imagen del Partido Popular".
También la secretaria de Organización del PP, Ana Mato, ha asegurado que los populares "no van a aceptar aceptar ni una sola lección de honradez por parte del PSOE, que ha sido condenado por temas de financiación ilegal", al tiempo que afirmó que tampoco consentirán "que nadie utilice los poderes del Estado para atacar al PP".
Por su parte, la presidenta de Madrid y de los populares madrileños, Esperanza Aguirre, ha aprovechado para señalar que la presunta trama de espionaje a altos cargos en la región y las "filtraciones interesadas" del sumario del 'caso Gürtel' "se han convertido en un estímulo" para que los votantes de la formación se hayan convencido de que el PP es un partido "honrado" y les ha permitido dar el triunfo a Alberto Núñez Feijoo en Galicia y la llave del Gobierno vasco a Antonio Basagoiti.
Sin embargo, De Cospedal, Mato y Aguirre no se han dirigido en la jornada de hoy explícitamente a Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, tal y como sí lo han hecho los presidentes autonómicos del Partido Popular Juan Vicente Herrera, Pedro Sanz y Ramón Luis Valcárcel, presidentes de Castilla y León, La Rioja y Murcia, respectivamente, a través de comunicados.
También lo ha hecho el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha defendido hoy la "honorabilidad" de Camps, del que aseguró que "siempre se ha guiado por la austeridad y por el bienestar de los ciudadanos".
Y el presidente del PP de la provincia de Valencia, Alfonso Rus, ha subrayado el "apoyo a muerte" de toda la militancia del PP al también presidente del PPCV y calificó de "inconsistente" la "campaña de acoso y derribo" a la Comunitat.
El presidente de la Comunidad Valenciana ha recibido también el apoyo de otros presidentes autonómicos del PP. Así, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, hizo una encendida defensa de la honorabilidad de su homólogo valenciano y no dudó al brindar al presidente valenciano todo su "apoyo, respeto y consideración política", al que además profesa un "especial cariño y afecto personal".
Herrera destacó de él su "capacidad de liderazgo, la visión de futuro y compromiso con una tierra, la valenciana, a la que ha convertido en un referente de la innovación, el desarrollo económico, la proyección exterior y la calidad de vida".
El presidente Popular de la Región de Murcia y jefe del Ejecutivo regional, Ramón Luis Valcárcel, también hizo público su firme apoyo al presidente Camps, "ante la insidiosa campaña que está sufriendo".
Valcárcel aseguró en un comunicado que Camps "es una persona honorable, justa y comprometida con el pueblo valenciano, de una trayectoria intachable. Un servidor del pueblo valenciano que no se merece ser tratado así".
El presidente de los populares riojanos y presidente de la Comunidad de La Rioja, Pedro Sanz, mostró su "apoyo" y "solidaridad". En un comunicado, expresó su "confianza en la honestidad y honorabilidad" del presidente de Valencia, ante las informaciones aparecidas en los últimos días.
Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha afirmado que asume con "absoluta tranquilidad y paz" su implicación, aunque ha admitido estar "indignado" con algunas informaciones que se están publicando.
Por último, el grupo socialista en Les Corts Valencianes ha anunciado que solicitará la convocatoria de un pleno "extraordinario, urgente y monográfico" sobre la trama de corrupción que investiga la Audiencia Nacional, conocida como caso "Gürtel", en el que comparezca el president de la Generalitat, Francisco Camps.
www.elmundo.es 07.03.09
La supuesta financiación ilegal del 10º congreso del PP salpica a Camps
El presidente de la Generalitat era el secretario general cuando, según Garzón, la trama de Correa cobró del evento 240.000 euros
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, aseguró ayer: "No hay ninguna cuestión, en absoluto, que pueda crear cualquier circunstancia de preocupación al respecto". Rodeado de una legión de micrófonos y cámaras, Camps -que acudió en las Cortes Valencianas a la toma de posesión del nuevo Síndic de Greuges, José Cholbi- desmintió "todas las informaciones" relacionadas con el auto del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que observa indicios de delito en su actuación y en la del secretario general del PP, Ricardo Costa. Un auto en el que, además, Garzón relata la existencia de apuntes contables en la trama de empresas que dirigía Francisco Correa que apuntan a una presunta financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana. Camps no admitió ninguna pregunta.
De la 'caja B' de la trama salieron 420.700 euros con el apunte "PP VLC"
La gravedad de los hechos relatados por Garzón se hizo ayer evidente entre los dirigentes del partido y, en especial, entre los miembros del Consell. Los consejeros acudieron al acto institucional de las Cortes en un ambiente de funeral.
El auto del juez Baltasar Garzón indica que en la memoria portátil de ordenador intervenida a José Luis Izquierdo, contable de la trama corrupta de empresas, aparecen los cobros realizados por el décimo congreso regional del PP, celebrado a finales de septiembre de 2002 en el recinto de Feria Valencia.
La memoria portátil incluye dos apuntes demoledores. Uno realizado correctamente por importe de 90.151 euros y otros cuatro, que suman 150.412 euros, en dinero B (fuera del control fiscal) abonados en efectivo y referidos al décimo Congreso del PP de la Comunidad Valenciana.
Las fechas en las que se celebró el décimo congreso regional del PP fueron las de máximo poder de Eduardo Zaplana, que tan solo dos meses antes había sido nombrado ministro de Trabajo por José María Aznar. En una operación política sin precedentes, Zaplana designó al vicepresidente del Consell y secretario general del PP, José Luis Olivas (hoy presidente de Bancaja), como su sustituto temporal al frente de la Generalitat. Y a Francisco Camps, entonces delegado del Gobierno, como secretario general del PP y candidato en las elecciones autonómicas de 2003. Cuando se celebró el décimo congreso, Camps era el secretario general del partido.El décimo congreso regional del PP se celebró según la voluntad de Eduardo Zaplana. Así, José Joaquín Ripoll, entonces miembro del Consell y ahora presidente de la Diputación de Alicante, presidió el cónclave. Y Juan Manuel Cabot, vicesecretario regional del PP, según anunciaba entonces la página web del partido "supervisó hasta el más mínimo detalle para que la apertura del Congreso se desarrollara tal y como estaba previsto".
Francisco Camps, flamante secretario general del PP por designación de Zaplana, fue reelegido en este cónclave. "Los temas contables los llevan los secretarios generales" argumentó ayer uno de los dirigentes de la cúpula popular de la época. "Nosotros todos los actos los montamos con ellos [las empresas de Correa] porque nos lo decía Madrid y nosotros nos ocupábamos del tema político, pero el que firmaba y pagaba era el secretario general", insistió el popular. Fuentes de la actual dirección del PP insistieron en que era Zaplana quien controlaba de forma férrea toda la organización "Todo el mundo sabe quién mandaba", indicaron.
El auto de Garzón, que contiene errores, documenta cuatro apuntes contables en dinero negro por importe de 150.000 euros, aunque se atribuye la facturación a Orange Market. Los pagos se fechan en diciembre de 2002, aunque Orange Market no se constituyó hasta julio de 2003. Es de suponer que los pagos se realizaron a otra empresa de la trama de Francisco Correa, que ya había trabajado con Special Events en Valencia.
Ningún responsable del PP quiso dar explicaciones sobre las otros dos referencias a una supuesta financiación irregular del partido. En la contabilidad de la caja B de la trama corrupta figura con fecha 18-12-2002 un apunte titulado "PP VLC" con una cantidad asociada de 420.700 euros "para algo relacionado con el Partido Popular de Valencia". Esta entrega está pendiente de investigar. El auto recoge, además, un apunte del 31-8-2005 con una "entrega de 15.000 euros al PP de Valencia procedente de la caja B de Orange Market".
Los informes de la Sindicatura de Comptes sobre los gastos del PP en las campañas electorales ponen de manifiesto que las empresas de la trama realizaron servicios que no justificaron ante el órgano fiscalizador de la Generalitat. Así, en la campaña de 1999 quedaron por explicar facturas de Special Events por unos 60.000 euros; en las autonómicas de 2003, la misma empresa no aclaró sus prestaciones al PP por 140.000 euros y Rialgreen, SL, por otros 82.339 euros. Ya en 2007, fue Orange Market la que no justificó facturas por 175.000 euros.
www.elpais.es 07.03.09
Pérez llamó al presidente para ofrecerle una entrevista de alto nivel en EE UU
El presidente de Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, llamó al presidente de la Generalitat para proponerle una entrevista con el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson. Así se recoge en el auto del juez Garzón que señala que en las intervenciones telefónicas se puso de manifiesto que "Álvaro Pérez realiza labores de intermediación para Francisco Camps, como por ejemplo cuando trata de conseguir una entrevista con un candidato a ocupar un puesto en el Gobierno americano, y, con ello, obtener una ventaja".
El candidato más accesible demostró ser Bill Richardson, el gobernador de Nuevo México y aspirante a ocupar la Secretaría de Comercio en la primera Administración de Barak Obama.
El ofrecimiento del responsable de Orange Market al presidente de la Generalitat tuvo lugar durante el viaje que éste realizaba a Dallas y Nueva York en noviembre del año pasado. Un viaje de carácter empresarial al que acudió acompañado de buena parte de los miembros del Consell. Sin embargo, problemas de agenda y la premura de la propuesta de Pérez hicieron que Camps no aceptara el ofrecimiento de Pérez.
La entrevista entre Camps y Richardson tuvo lugar, sin embargo, tan solo un mes después. Aunque en este caso, Presidencia de la Generalitat prefirió utilizar como contacto a Ramón de Miguel, ex secretario de Estado de Política Exterior en la etapa de José María Aznar y actual directivo de Iberdrola. La entrevista de Camps con Richardson se cerró con muy poca antelación y obligó al jefe del Consell a adelantar sus planes. Richardson renunció a entrar en el Gobierno de Obama semanas después por una supuesta asignación irregular de contratas. La dimisión frustró la promesa de Camps de volver a Estados Unidos con una delegación para entrevistarse con el Secretario de Estado de Comercio americano.
El portavoz del Consell, Vicente Rambla, negó ayer enfáticamente que Pérez hubiese intermediado para conseguir una entrevista en EE UU.
www.elpais.es 07.03.09
Feria Valencia se niega a explicar sus contratos con Orange Market
El PP ha celebrado en el recinto al menos siete actos y mítines desde 2002
"No tenemos nada que decir", respondió ayer un portavoz oficial de Feria Valencia. La institución no quiso desvelar los contratos y trabajos adjudicados a Orange Market durante el tiempo que ha permanecido como empresa de apoyo en servicios de publicidad y comunicación del recinto. "Nos relacionamos con 15.000 empresas y no tenemos por costumbre exhibir las relaciones que tenemos con ellas", añadió el citado portavoz.
La empresa de Pérez logró un contrato por 800.000 euros
La consejera Belén Juste afirmó que "es una empresa estupenda"
La empresa que preside Álvaro Pérez, El Bigotes, imputado por el juez Garzón en el caso Gürtel, se encargó, según ha trascendido, de trabajos relacionados con la web de Feria Valencia y con el diseño de folletos institucionales. Pero el contrato más sustancioso para Orange Market fue por su cuantía -unos 800.000 euros, según fuentes de la institución-, un plan de marketing para Hábitat elaborado a iniciativa del director general, Carlos Vargas. El comité organizador de Hábitat tuvo la primera noticia de la campaña en una reunión convocada en junio de 2008 por Vargas, en la que Álvaro Pérez distribuyó entre los organizadores un material gráfico que a algunos de los presentes les pareció pretencioso por su coste, pero pobre en diseño.
Feria Valencia se ha cerrado en banda desde que trascendió la implicación de Orange Market en la trama de corrupción vinculada al PP de Madrid y Valencia. Por estatutos, la institución, asociación privada de utilidad pública, está bajo la tutela de la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, cuya alcaldesa, Rita Barberá preside el patronato. A pesar de ello, el recinto apela a su funcionamiento como empresa privada para no proporcionar más datos sobre sus relaciones comerciales con Orange Market.
Belén Juste, directora de la institución ferial entre los años 2000 y 2006 y consejera de Industria y Comercio del Gobierno de Camps desde 2007, habló de Orange Market en un acto donde le preguntaron sobre posibles vinculaciones de esta empresa con el departamento que dirige. Juste negó cualquier relación de la consejería con Orange Market, pero añadió: "No puedo ni debo hacer ninguna valoración porque es una empresa estupenda".
La relación de Pérez con la institución ferial no se limita a trabajos publicitarios vinculados a los certámenes. La empresa Orange Market ha sido la principal proveedora de actos del PP valenciano y ha organizado numerosos mítines para el partido, entre ellos varios en Feria Valencia. Sin ir más lejos, la firma encabezada por Álvaro Pérez se encargó del congreso regional del pasado mes de octubre en el recinto ferial. También obtuvo un encargo menor en el congreso nacional del PP unos meses antes en las mismas instalaciones.
De hecho, Feria Valencia es uno de los escenarios preferidos del PP valenciano para sus actos. Allí celebró el partido su congreso regional de septiembre de 2002, meses después de que Eduardo Zaplana designara a Francisco Camps candidato del partido a la Generalitat y se marchara como ministro a Madrid. En noviembre de 2005, la Feria acogió la presentación de la campaña publicitaria del PP titulada Imagina más Comunidad, presentada por Camps ante 2.000 asistentes. Miles de afiliados asistieron también al mitin celebrado en enero de 2006, que convocó el PP valenciano bajo el lema Todos juntos para mantener y proyectar la imagen de Mariano Rajoy, que intervino en el acto.
A poco más de un mes de las elecciones autonómicas de 2007, Camps fue el protagonista de otro mitin en la Feria, una "fiesta" de arranque de la precampaña del PP. En octubre del mismo año, el partido organizó otro mitin multitudinario en el recinto con Rajoy y la plana mayor del partido.
La empresa de Pérez ha organizado otros tantos actos a los populares valencianos en otros escenarios como el Palau de les Arts, el Palau de la Música o el acto de arranque de campaña de Luis Díaz Alperi en febrero de 2007.
La feria y el PP
- Hábitat. Feria Valencia encargó a Orange Market una campaña de publicidad para el certamen de Hábitat.
- Congresos. La empresa de Álvaro Pérez organizó en Feria Valencia los congresos regionales del PP en 2002, y en 2008. En el congreso nacional del año pasado tuvo un encargo menor.
- Otros actos. El recinto ferial ha albergado numerosos actos del PP, entre ellos una convención en 2005 bajo el lema, Imagina más Comunidad; dos mítines con Mariano Rajoy en 2006 y 2007, y un acto de precampaña ese mismo año.
www.elpais.es 07.03.09
Un proceso contra la Generalitat
El Consell convierte el auto de Garzón en un ataque a la institución
El vicepresidente primero y portavoz del Consell, Vicente Rambla, subió ayer un peldaño más. Tras considerar, hace una semana, que el sumario que instruye el juez Baltasar Garzón era un proceso contra el Partido Popular, Rambla aseguró ayer que el auto que implica a Francisco Camps "es también un proceso a las más altas instituciones del gobierno de los valencianos".
La nueva valoración de la actuación judicial coincidió ayer con una nueva emisión de comunicados por parte de cargos del PP de apoyo a Camps y al secretario general, Ricardo Costa.
Rambla insistió ayer en la "indefensión de las personas citadas por el auto", expresó su malestar por cómo han conocido el contenido del mismo y reiteró que la Generalitat estudia "todas las acciones legales" para su defensa. En su alocución, el vicepresidente primero de la Generalitat quiso trasladar a los ciudadanos una imagen de que el Consell sigue trabajando con normalidad. Una imagen que no compartieron los periodistas, que tan solo preguntaron por la situación generada tras conocerse el contenido del auto de Garzón. Hasta el punto de que se llegó a interrogar al vicepresidente del Consell sobre si habían estudiado la posibilidad de que Camps tenga que dimitir y se convoquen elecciones anticipadas.
Rambla reiteró su confianza en la justicia y negó "todas las cuestiones a las que hace referencia el auto"
"No estamos en un proceso abierto donde los medios de comunicación han de decidir sobre cuestiones tan serias como un auto judicial", prosiguió Rambla, "no vamos a ponernos a discutir de este hecho o de otro". Rambla permaneció fiel a este guión y lo mantuvo cuando le preguntaron sobre la supuesta financiación irregular del partido; sobre su trato como jefe de campaña con el responsable de Orange Market; sobre la defensa del ex vicepresidente Víctor Campos y el ex cargo de Turismo Rafael Betoret; sobre la labor de Álvaro Pérez y sobre todas aquellas cuestiones que se le plantearon.
Por otra parte, el presidente del PP en Castellón, Carlos Fabra, insistió ayer en que pone "la mano en el fuego" por Francisco Camps, Ricardo Costa y Víctor Campos. "Los conozco muy bien y no tengo ninguna duda" de su actuación, afirmó. Fabra siguió la estrategia del PP de atacar al juez Garzón, de quien dijo que "conociendo sus antecedentes esto es solo pólvora, una mascletà en vísperas de Fallas y La Magdalena". Fabra aseguró que en el PP están "indignados pero tranquilos" y con "ganas de que haya celeridad en la tramitación" del caso porque "no tiene razón de ser". Por su parte, el diputado del PP por Castellón, Juan Costa, defendió la "honestidad" de su hermano Ricardo, "como político y como persona".
www.elpais.es 07.03.09
El director de RTVV también recibió trajes de la trama
Pedro García, director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y ex jefe de prensa del presidente Francisco Camps, también aparece en el auto del juez Baltasar Garzón sobre la trama financiera que podría haber servido para financiar ilegalmente al PP y en la que varios altos cargos populares, entre ellos el propio Camps, recibieron dádivas de las empresas implicadas. Pedro García no está imputado, pero también, como Camps, como Ricardo Costa (número dos del PP valenciano), como el ex consejero de Justicia Víctor Campos y como el ex jefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret, fue obsequiado con trajes.
Los sindicatos pidieron ayer explicaciones por el tratamiento del escándalo en RTVV. La Intersindical criticó que tanto Canal 9 como Ràdio 9 dieran a la noticia, especialmente escandalosa el jueves, tras conocerse el auto, en décimo lugar, sin salir en el sumario, camuflada en unas declaraciones de Costa sin antecedentes. El tratamiento informativo fue, afirmó el sindicato en un comunicado, un ejemplo de manipulación alejado de cualquier criterio profesional.
CC OO pidió la dimisión de los directivos de Canal 9 y Ràdio 9, calificó la manipulación informativa de ambos medios como de "actuación de censores" y desvinculó esa práctica de los trabajadores. También UGT criticó el tratamiento informativo del caso Gürtel en términos similares.
www.elpais.es 07.03.09
Such defiende la calidad del trabajo de Orange Market
"¿Cómo es posible que año tras año adjudicaran el stand de Fitur a Orange Market?" La diputada socialista Isabel Lloret interpeló a Angélica Such, consejera de Turismo, sobre las adjudicaciones desde 2006 hasta 2009 a la empresa de Álvaro Pérez Alonso, imputado en la supuesta trama corrupta que investiga el juez Baltasar Garzón. "Porque era la mejor", sentenció Such, "ya está bien de sembrar sospechas sobre la consejería cuando una investigación sobrevenida afecta a una empresa adjudicataria de un concurso".
Lloret recordó que Rafael Betoret, que era responsable del gabinete de la anterior consejera de Turismo, ha sido imputado por el juez y pidió los expedientes de los contratos con Orange Market.
Such quiso "poner las cosas en su sitio". "La consejería tramitó un expediente como cualquier otro para montar un stand en Fitur. Nadie impugnó el expediente. Se adjudicó a una empresa que está siendo investigada y cuando el juzgado lo solicitó se puso a su disposición. No es más que eso, no hay más".
Such comparecía ante la Comisión de Coordinación para aclarar las dudas de la oposición. Pero remitió a futuras respuestas por escrito los detalles de los expedientes de las sucesivas adjudicaciones a Orange Market.
O dimite o le dimiten
Serafín Castellano, consejero de Gobernación, abrió el desfile y cumplió el guión con rigor. Se extendió para detallar todos los planes y programas que desarrolla su consejería. Ni una sola palabra de los contratos con Construcciones Taroncher, la empresa que gestiona su amigo íntimo José Luis Pérez Taroncher, que durante dos años ha sido adjudicataria de obras menores por valor de 200.000 euros.
Glòria Marcos, de Esquerra Unida fue directa. "¿Cuándo va a presentar su dimisión por ese comportamiento nepotista reconocido abiertamente?" Y abandonó la comisión tras advertir que el Consell se desliza hacia "la impunidad por la prepotencia".
Mercedes Sanchordi, del PSPV, formuló la pregunta pertinente: "¿Por qué no se abstuvo en las adjudicaciones a su amigo?" Y sugirió a Castellano: "Tiene dos opciones, o dimite, o le dimiten".
Serafín Castellano fingió indignación y se aferró al papel: "Los ciudadanos nos han elegido para que las instituciones tengan la dignidad que necesitan. No tengo nada que ocultar".
www.elpais.es 07.03.09
"Urge que Camps aclare su relación con la trama"
El PSPV solicita un pleno extraordinario y posterga la petición de dimisiones
Los socialistas quieren oír de boca del presidente Francisco Camps y en sede parlamentaria que aclare su implicación en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón. "No aceptaremos ni que se vaya ni que se quede sin explicar lo que ha hecho", dijo el líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, tras solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario en las Cortes Valencianas. El secretario general compareció ayer tras la reunión de la ejecutiva socialista, convocada con urgencia la tarde del jueves tras hacerse público el auto de la Audiencia Nacional.
Los socialistas de Gandia lanzan una colecta para comprar un traje a Camps
Los socialistas, con Alarte al frente, no están por quemar etapas de un proceso político en el que están inmersos el PP valenciano y su líder, Francisco Camps. Cada cosa a su tiempo, sostienen en Blanquerías. En ese contexto, Alarte no pedirá la dimisión de Camps hasta que el presidente no comparezca. Tampoco está, "en este momento", por la convocatoria de elecciones anticipadas. "Si [Camps] considera que debe dimitir, que vaya al Parlamento y lo diga", enfatizó.
De momento, el PSPV-PSOE se queda con que el auto de Garzón desvela el pago por parte de la trama de sobornos en especie (al menos 30.000 euros en trajes) y apunta a la posible financiación ilegal del PP valenciano.
En este sentido, el secretario general exigió un debate "cierto y real", donde la oposición no esté maniatada por el Reglamento y pueda preguntar y repreguntar a Camps hasta dilucidar las responsabilidades políticas que procedan. El principal partido de la oposición solicita además a la dirección de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), cuyos servicios informativos han ignorado hasta la fecha el escándalo, que transmita en directo el pleno. Las sospechas verbalizadas por Alarte no acaban en los cuatro populares citados en el auto de Garzón, sino que salpican a la segunda autoridad institucional valenciana, la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez. Según Alarte, "también debe explicarse sobre el que fuera su jefe de gabinete [Rafael Betoret, uno de los cuatro implicados valencianos]".
A la vista de cómo el PP ha arremetido contra el instructor del caso Gürtel, el secretario general del PSPV hizo especial hincapié a Camps y a su Gobierno para que dejen de atacar a los órganos jurisdiccionales que investigan el caso.
"El Consell de Camps está colapsado y sumido en la sospecha y el presidente, investigado. No nos merecemos un Gobierno inmerso en sus propios escándalos", declaró Alarte. Y acabó con una reflexión de calado político, en la que el dirigente socialista recordó que la sociedad valenciana sufre una de las peores crisis económicas, con 415.000 desempleados, "y, desde ayer [por anteayer], una crisis institucional".
Por otra parte, el grupo municipal del PSPV en el Ayuntamiento de Gandia se ofreció ayer a realizar una colecta para comprar un traje a Camps, en una tienda de la ciudad, "y evitar así que tenga que pedir prestados trajes a nadie". El concejal socialista Vicent Mascarell lanzó la propuesta en el pleno ordinario y aseguró a este diario que los socialistas harán efectiva esta medida en los próximos días, mediante una colecta entre militantes y simpatizantes del partido "y todos los ciudadanos que quieran sumarse" para enviar el traje a la Generalitat. "No será un traje a medida, pero será comprado en una tienda conocida de Gandia, y el presidente no tendrá que recurrir a dádivas de empresas de dudosa solvencia", comentó Mascarell.
www.elpais.es 07.03.09
Such no se siente aludida por la causa pese a que Garzón señala a Fitur
El contrato del «stand» ferial pasa por las Corts sin que se aclare la acusación del juez de que se encargó a Orange Market antes de adjudicárseleEl auto del juez Garzón acusa al Consell de haber encargado el stand de la Comunitat para diversas ferias, entre ellas Fitur, a Álvaro Pérez, presidente de Orange Market, con el objetivo de adjudicárselo después, al tiempo que imputa al que fue jefe de gabinete de la Agencia de Turismo desde 1995 hasta julio de 2007, Rafael Betoret, en la trama corrupta. Sin embargo, la consellera de Turismo, Ángelica Such, no se siente concernida por el proceso, que es una «circunstancia sobrevenida a una empresa» adjudicataria de un concurso que, a su juicio, no salpica a la conselleria. «No tenemos que limpiar la imagen de una conselleria que no la tiene ensuciada, que no está bajo sospecha de nada», afirmó, para sostener que su departamento simplemente, a «solicitud» del juzgado, «puso el expediente a disposición» de éste. «No es más que eso lo que ocurrió», repitió.
Such, al igual que el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, y el de Inmigración, Rafael Blasco, titular de Medio Ambiente cuando se produjo el paripé de concurso de Vaersa en favor de Orange Market, comparecieron ayer en las Corts. Al igual que el resto de consellers, explicaron su gestión sin aportar los contratos ni dar datos sobre ellos. La acusación de Garzón sobre las adjudicaciones de Fitur -5 de los 6 millones a Orange son de los stands- no fue aludida por la consellera, que sostuvo que se trató de un proceso «perfectamente tramitado» y cumpliendo la ley, que recayó en una firma «que está sometida a un proceso judicial». Such indicó que, ante la «situación sobrevenida» de que una adjudicataria «está siendo investigada en un proceso penal», ha pedido a los servicios jurídicos que informen sobre si este hecho «afecta a la tramitación normal de este concurso». La Sindicatura no reflejó «ningún incumplimiento legal, ni salvedad» por los contratos de Fitur a Orange desde 2005, dijo. La oposición denunció que la situación de su conselleria es «dramática» y le emplazó a informar.Blasco dice que el auto es «político»
Blasco, por su parte, aseveró que «ningún juez de la Audiencia Nacional, y mucho menos, Baltasar Garzón, va a generar dudas sobre la honorabilidad de las instituciones valencianas», cuya dignidad, afirmó, «ha sido violentada por un auto que tiene una finalidad política», informa Efe.Castellano se negó a hablar de los contratos porque eso sería «hacerles el juego», contestó. Mercedes Sanchordi (PSPV) lo emplazó a «irse a su casa» por haber reconocido que contrató durante años a una empresa de un amigo y por tener un parany en una finca, ante lo que el conseller le replicó: «Dimita usted, porque dimite quien tiene algo que ocultar y yo no tengo nada que ocultar». Enric Morera (Compromís-Bloc) constató que bastaría con aportar las facturas para desacreditar la acusación a Camps por los trajes. Glòria Marcos (EU) abandonó la comisión al ver que Castellano no informaba. La última comparecencia, la de la titular de Industria, será el martes.www.levante-emv 07.03.09
Camps supervisó como número dos del PP los gastos del congreso del presunto dinero negro
El entonces delfín de Zaplana, que también validó las cuentas, estaba en la dirección nacional. Génova envió Special Events a montar el regional de 2002, el primero que organizó la tramaLa responsabilidad en la organización y en los pagos del congreso regional que el PP celebró el 28 y el 29 de septiembre de 2002, investigado por el juez Garzón y Anticorrupción por el dinero negro de ida y vuelta que presuntamente se manejó, es mancomunada. El entonces presidente del partido, Eduardo Zaplana, y el que era secretario general, Francisco Camps, supervisaron y certificaron la contabilidad de ese año, incluidos los gastos de un congreso situado bajo los focos de la sospecha. En su auto se refiere a 420.000 euros registrados en la caja "b" de Orange Market como ingresos al "PPVLC". Una cantidad supuestamente aportada como contraprestación de la trama de Correa por las adjudicaciones "amañadas" en Valencia.
En sentido de vuelta, en el archivo contable de la firma de Álvaro Pérez, aparece un registro de 150.430 euros supuestamente pagados en negro por el PP valenciano por haberle organizado el congreso. Eduardo Zaplana hacía dos meses que se había largado a Madrid, un 12 de julio de 2002, para ser ministro. En una junta directiva regional, Zaplana designó a dedo a José Luis Olivas presidente de transición por un año. Y a Francisco Camps, delegado del Gobierno desde abril, secretario general del partido en sustitución de Olivas. Era el delfín para ser candidato en 2003. El vicesecretario de organización era el zaplanista Juan Manuel Cabot.
Como número dos de la organización, Camps supervisó todas las cuentas del PP de ese ejercicio, incluida la organización del congreso regional. Al cargo de secretario general compete, entonces y ahora, la "autorización" última de los gastos y la certificación de los ejercicios contables. Queda establecido en el artículo 42 de los estatutos del partido. En el punto primero se dice que los "ejercicios económicos (...) se cerrarán a 31 de diciembre con el visto bueno del presidente, autorización del secretario general e intervención del responsable correspondiente de finanzas". Es una reproducción del artículo 55 de los estatutos nacionales. En el punto c del artículo 2 de los regionales, se fija la responsabilidad del secretario general en cuestiones de intendencia. Le corresponde, dice, "la dirección de todos los servicios del partido y la jefatura de personal". No en balde, es el secretario general quien presenta al congreso de la memoria económica.
Aquel congreso lo organizó Special Events, la firma con la que Francisco Correa recolectaba adjudicaciones del PP por toda España por obra y gracia de sus contactos directos en la dirección de Génova, donde está, según Garzón, el origen de toda la trama. Era el debut de la firma, de la que Álvaro Pérez era encargado, en congresos regionales valencianos. Igual que Zaplana, Camps estaba en la dirección nacional del PP, donde era secretario de estudios y programas.
Orange Market hizo el de 2004
El 25 de mayo de 2003, Camps se consagró en las urnas. Justo el día anterior, nació Orange Market. Fue la aclimatación corporativa de la trama a la Comunitat Valenciana para pescar contratos vía sobornos a políticos y funcionarios, según la investigación. Cobró importancia cuando en 2004, Aznar perdió el poder. El congreso de noviembre de ese año ya lo montó Orange Market como tal. Fue el primer congreso en el que Camps fue elegido presidente por los compromisarios. Ya lo era desde hacía unos meses, cuando Zaplana dimitió y le cedió el puesto. Orange Market se había llevado un contrato a dedo de Vaersa hacía unos días. Ese por el que cobró 69.310 euros como 50% de una campaña que nunca hizo.www.levante-emv 07.03.09
Los trajes de Milano investigados por Garzón se encargaron durante la semana de Fitur
El auto apunta que Camps pidió dos trajes en Madrid el día de la Comunitat en la feria de turismoLos trajes de Milano supuestamente pagados por la trama que investiga el juez Garzón a Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret fueron encargados en la tienda de Madrid durante la semana de la feria de turismo Fitur del año 2006, según recoge el auto de inhibición del magistrado en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat. Garzón explica en el auto de inhibición que el jefe del Consell, Francisco Camps, acudió a Milano a instancias de Álvaro Pérez, presidente de Orange Market. La Generalitat había concedido a Orange Market la instalación del stand de Fitur en 2006 por valor de 1.083.925 euros. Todos los trajes comprados en la tienda de Milano en Madrid entre el 24 y el 28 de enero de 2006 costaron 15.200 euros, casi la mitad de los 34.908 euros que supuestamente pagó la trama de Correa en ropa hasta 2008.
En la relación de pagos de la trama, siempre según el auto de Garzón, constan dos pedidos en Milano a nombre de Francisco Camps. El primero tiene fecha de 24 de enero (un día antes de la inauguración de Fitur) y el segundo de 26 de enero. Francisco Camps estuvo en Madrid el 26 de enero porque se celebraba el día de la Comunitat Valenciana. El juez precisa que, según la investigación policial, el pedido del día 26 de enero corresponde a dos trajes a medida de Camps que pagó la concesionaria del stand de Fitur por 1.400 euros.
El día de la Comunitat en Fitur también consta un pedido en la tienda de Milano en Madrid a nombre de Ricardo Costa. El encargo eran trajes a medida por un importe de 2.400 euros, que según Garzón pagó Orange Market.
El auto refleja que existe un pedido del 28 de enero de 2006, el penúltimo día de Fitur, a nombre del ex vicepresidente Víctor Campos. El encargo que le ha costado la imputación a Campos eran tres trajes a medida, cinco pantalones y dos americanas, que supuestamente fueron pagados por Orange Market ocho meses después. La factura ascendió a 4.850 euros.
Rafael Betoret, el cuarto político popular valenciano bajo sospecha, era jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo cuando supuestamente recibió los trajes regalados por Orange Market. Garzón precisa en el auto que en la causa figura una reserva a nombre de Rafael Betoret del 24 de enero de 2006, un día antes de la inauguración de Fitur. La compra son tres trajes a medida, una americana y un pantalón por valor de 3.250 euros. El juez explica en el auto que Rafael Betoret acudió al establecimiento de Milano en Madrid con Álvaro Pérez.
Baltasar Garzón acusa a Camps, Costa y Betoret de recibir otras tandas de regalos de trajes de la tienda Forever Young durante los años 2006, 2007 y 2008. Los trajes que supuestamente pagó la trama a los tres políticos populares en Forever Young costaron 19.708 euros.
Según el auto de Garzón, Camps recibió cinco pantalones, un cinturón de piel, una deportiva, una chaqueta austriaca, una americana sport, una deportiva Barbour, una chaqueta de fantasía, un smoking y un chaleco blanco. La segunda tanda de pedidos de Camps, siempre según Garzón, costó 8.083 euros y supuestamente fue abonada por las firmas Orange Market (que montó el stand valenciano en Fitur entre 2005 y 2009), Diseño Asimétrico y Servimadrid Integral.
La segunda máxima autoridad de la Comunitat Valenciana, la presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, era consellera de Turismo en 2006. Martínez manifestó ayer, en relación a las adjudicaciones del stand de Fitur a Orange Market durante los años en que ella fue consellera de Turismo (de 2003 a 2007), que "todo se hizo por concurso libre, abierto, con todo tipo de garantías, se ofertó a la mejor de las propuestas, con los preceptivos informes". "Luego, lo que cada uno hiciera, no voy a opinar al respecto", dijo, dejando claro que no pone la mano en el fuego por nadie más. El expediente que requisó la policía, el de 2009, se tramitó en cambio por procedimiento negociado sin publicidad. Martínez insistió en que "siempre se ha obrado con una transparencia exquisita y dentro del marco de la ley".
Sáenz de Santamaría asume el regalo de los trajes y le resta importancia
La portavoz del grupo popular en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que el comportamiento del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha sido "honorable" y criticó que el juez hable de "una trama generalizada de corrupción" "por unos trajes".
En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, Sáenz de Santamaría explicó que para que un ilícito penal se tendrían que haber recibido esos trajes "en contraprestación de algo" y añadió que en el auto de Garzón "no queda bien acreditado". Es más, señaló que en los autos de Garzón tampoco esta clarificada la recepción de tales trajes, "si se han recibido, si no y quién los ha pagado".
Por eso, la dirigente popular considera sorprendente que se hable de trama generalizada de corrupción "sencillamente por cambiar de vestuario". "Una trama, que dicen generalizada de corrupción, de adjudicación de grandes contratos, por unos trajes", recalcó.
Sáenz de Santamaría insistió en que Camps, ha tenido un comportamiento "honorable" durante toda su trayectoria política, y que para arremeter contra su honorabilidad son necesarias "más pruebas".www.levante-emv 07.03.09
Camps niega los hechos pero no ofrece ninguna explicación
El presidente y Rambla confían en la Justicia, ahora que la causa va el TSJ, cuando hace dos semanas hablaban de campaña contra el PPEl presidente de la Generalitat, Francisco Camps, compareció ayer ante los medios de comunicación, nada más concluir la toma de posesión del Síndic de Greuges, para negar los graves hechos que el auto de Garzón le achaca. Sin embargo, ni Camps, ni el portavoz del Consell, Vicente Rambla, ofrecieron ninguna explicación sobre los presuntos regalos en trajes recibidos de empresas de la trama de Correa, en especial Orange Market, contratistas de la Generalitat por al menos 6 millones de euros. Ni negaron haber adquirido las prendas ni aportaron justificantes de los pagos. Ni por cuenta propia ni del departamento de Protocolo. Camps terminó su declaración, dio media vuelta y se fue, dejando a un periodista con la pregunta en la boca.
«Obviamente estoy indignado por las cosas que se dicen y se proponen», fue el arranque de quien habría recibido, según el auto de Garzón, 12.783 euros en vestuario en pedidos de 2006 y de 2008. «Pero asumo con absoluta tranquilidad y paz el momento que corresponde», agregó para asegurar que confía «plenamente en la Justicia». «Estoy convencido de que hará justicia», proclamó solemne. La misma confianza expresó Rambla en su comparecencia.
Hace apenas dos semanas, cuando el 19 de febrero trascendió que Anticorrupción implicaba al presidente en la causa, éste habló de campaña orquestada contra el PP y citó la célebre frase que atribuyó a Brecht sobre la persecución de los nazis. Ahora que la investigación se traslada al TSJ valenciano, los populares han recobrado su fe en el poder judicial. Camps espera que al final «todo acabe como creo que tiene que acabar». «Porque obviamente no hay ninguna cuestión, en absoluto, que pueda suscitar cualquier circunstancia de preocupación», dijo. El presidente aseguró que en la vida «hay circunstancias que hacen a uno estar más fuerte», para añadir que está «con la conciencia tranquila, con la honorabilidad de 20 años al servicio de distintas administraciones y con la fuerza que me da sentir el cariño y el calor de tantas personas». Por eso confesó sentirse «más acompañado que nunca», concluyó.
Tanto Camps como el resto de los consellers y miembros de la dirección del PP que se dejaron ver ayer hicieron esfuerzos por aparentar normalidad, pero los rostros los delataban. Tras la reunión del Gobierno autonómico, el vicepresidente Vicente Rambla compareció para, en nombre del Consell, «negar los hechos a los que hace referencia el auto». ¿El asunto de los trajes o los supuestos pagos al PP en negro? «Por supuesto que no a las dos cuestiones», sentenció Rambla. El portavoz denunció que se ha abierto un «proceso público, un juicio sumarísimo» a «las más altas instituciones de los valencianos». Para combatir los «hechos falsos» que cuestionan la «imagen y honorabilidad del presidente» y de los otros implicados, anunció que interpondrán «cuantas acciones judiciales hagan falta». ¿Contra Garzón también? «No se ha concretado se están viendo las posibilidades y vamos a estudiar todas las acciones», reiteró.
Rambla permitió preguntas pero no dio respuestas. Se enrocó y en cada cuestión respondía que no pensaba entrar en aspectos de la causa para no alimentar un «proceso público abierto en la plaza pública». No contestó a nada. Tampoco a si Álvaro Pérez, de Orange Market, medió para lograr la entrevista con Bill Richardson, gobernador de Nuevo México.www.levante-emv 07.03.09
El presidente valenciano y su 'número dos' recibieron 20.000 euros en ropa
Implicados el diputado Ricardo Costa y los ex altos cargos Campos y Betoret
El juez Baltasar Garzón accedió ayer por fin a la petición del PP y de la fiscalía de inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que investigue presuntos delitos de cohecho (soborno), tráfico de influencias y falsedad que se imputan al presidente valenciano, Francisco Camps, que también lo es del PP en la región.
Garzón cuenta con testimonios sobre la utilización de la 'caja B'
La medida, sin embargo, conllevó que el juez desvelase los indicios documentales que acreditan que Camps aparentemente se lucró de unos pagos en especie procedentes de empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa por un valor total de 12.783 euros. Los pagos se hicieron en trajes. Hay 4.700 euros de Milano, aunque no se ha podido acreditar del pago de 3.300, y cuatro trajes hechos a medida fueron devueltos. El resto es de la firma For Ever Young. El pedido a ésta era de: "cinco pantalones, un cinturón piel, una deportiva, una chaqueta austriaca, una americana sport, una deportiva Barbour y una chaqueta fantasía, las cuales suman, según los recibos de venta, un importe total conjunto de 2.689,5 euros". Las dádivas se completan con un smoking confeccionado para ir a Nueva York y un chaleco blanco, para una recepción en el Vaticano, que el representante de la trama corrupta en la Comunidad Valenciana Álvaro Pérez encargó para Camps.
Los pagos los hacían empresas de la trama de Correa y los camuflaban con facturas falsas. Garzón destaca que la red de Correa obtuvo a través de la empresa Orange Market la adjudicación desde 2006 a 2009 de todos los concursos para montar los stands de la Comunidad en distintas ferias de turismo como Fitur, TCV, Expovacaciones, Sitc e Intur. En total, más de cuatro millones de euros.
Pero Camps no fue el único beneficiario de los pagos en ropa. Otro aforado, el diputado de las Cortes Valencianas y secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa Climent, aparece implicado en la misma operativa, y lo mismo ocurre con José Víctor Campos Guinot, que fue vicepresidente de la Generalitat y consejero de Justicia y Administraciones Públicas hasta 2007, y con Rafael Betoret Parreño, que fue jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, también hasta 2007.
Las pruebas existentes son abundantes, y Garzón dispone de la mayoría de las facturas, y la contabilidad de la caja B que utilizaba la trama para acreditar los pagos, pero por si ello no fuera suficiente, cuenta con las declaraciones del sastre que realizó los trajes, José Tomás, que incluso cuando estaba declarando ante la policía el 9 de febrero recibió múltiples llamadas de Camps, a las que no contestó. La que explica la operativa y detalla que las facturas se pagan con fondos de la caja B y que luego se disimulan con facturas falsas, es Isabel Jordán, en su declaración ante el juez.
Garzón lo explica así: "Una vez producidas las declaraciones de José Tomas e Isabel Jordán y analizadas las facturas y documentos presentados por la entidad Forever Young, así como las anotaciones contables intervenidas en la sede central del entramado y documentación de Orange Market, se puede afirmar que se habría utilizado a una o varias empresas para disimular facturas que ocultaban los productos reales supuestamente entregados en forma gratuita al Sr. Camps, haciendo aparecer en las mismas, como se dirá, conceptos falsos". "Así", dice el auto, "en lo que, según Isabel Jordán, era la caja B de Easy Concept, aparece un apunte sin fecha por el mismo importe en el debe y el haber de 63.220 euros y como concepto figura 'entradas y salidas de milan', que se referiría a las compras hechas en la empresa Milano. Asimismo, aparecieron sendas facturas números 1012 de fecha 15/12/2005, la factura 1013 de 11/10/05 y la 1014 de 8/10/2005, emitidas por Milano Difusión, en las dependencias de la entidad Easy Concept Comunicación, aparentemente falsas".
Los hechos se remontan a la etapa entre 1996 a 2004, cuando Correa desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que o bien le concedían la organización de eventos merced a su posición dentro del PP o bien, una vez que obtenían un cargo público facilitaban la entrada a sus empresas. Los cambios en la dirección del PP de 2004 le afectaron y Correa se refugió en Valencia y Madrid principalmente, por medio de Special Events, y su representante Álvaro Pérez.
La operativa fue similar. Así, una sociedad sin experiencia obtuvo la realización de los stands de la Comunidad Valenciana para cuatro ferias de turismo. Fue Isabel Jordán desde Madrid la encargada de preparar el proyecto técnico y de diseño que presentaría Orange Market como propio.
www.elpais.es 06.03.09
Cuatro figuras del PP regional con el mismo sastre
El auto de Garzón remitido ayer al Tribunal Superior de Justicia de Valencia considera que hay indicios de delito sobre cuatro altos cargos del PP en la Comunidad Valenciana.
- Francisco Camps. Licenciado en Derecho, casado y con tres hijos, Camps, el presidente de la Generalitat valenciana, de 46 años, accedió al cargo en 2003 y fue reelegido en 2007. Su primer mandato al frente de la Generalitat estuvo marcado por su enfrentamiento con Eduardo Zaplana, lo que no impidió que potenciase la política de grandes eventos heredada de su antecesor. Su afición por los "actos potentes" con gran escenografía le hizo congeniar con el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes, convertido en una especie de asesor de cámara. Pérez fue quien le recomendó al sastre José Tomás, empleado de Milano y Forever Young. Orange Market ha organizado todos los eventos del PP regional y ha recibido sustanciosos contratos de la Generalitat.
- Ricardo Costa. Secretario general del PP valenciano y portavoz en las Cortes Valencianas, Costa, de 36 años, permaneció fiel a Camps cuando su hermano, el ex ministro Juan Costa, planteó la posibilidad de presentar una candidatura alternativa a la de Mariano Rajoy en el PP. Costa contrató la mayoría de los eventos del partido y del grupo parlamentario con Orange Market. Es socio de una asesoría en Castellón, que medió en la compra de una de las empresas del caso Fabra.
- Víctor Campos. Representó la cuota del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en el Gobierno valenciano en la anterior legislatura. Ocupó los puestos de consejero de Justicia, primero, y vicepresidente, después. Dimitió en 2007 para dedicarse a los negocios. Como vicepresidente participó en la organización de la visita del Papa y los contactos para llevar la fórmula 1 a Valencia. Fabra lo repescó en octubre pasado para el PP provincial de Castellón.
- Rafael Betoret. Concuñado de Carlos Fabra, Betoret accedió al puesto de jefe de gabinete de la Consejería de Turismo con Milagrosa Martínez en la primera legislatura de Camps. En 2005, con Betoret ya en este puesto, Orange Market obtuvo el primer concurso para montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur. Al ser nombrada Milagrosa Martínez presidenta de las Cortes en 2007, Betoret pasó a jefe de protocolo de la Diputación de Valencia.
www.elpais.es 06.03.09
La investigación apunta a la supuesta financiación ilegal del PP valenciano
La contabilidad de la trama registra un pago de 420.000 euros
La investigación del juez Baltasar Garzón y de la Fiscalía Anticorrupción apunta a una supuesta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana a través de la trama corrupta de empresas liderada por Francisco Correa.
En las 'cuentas B' de Special Events aparece el pago a 'PP VLC'
Gastos del congreso regional se abonaron en dinero negro
Este grupo empresarial "se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de la calle de Génova y que convirtieron a su empresa, Special Events, en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política", según el relato de Garzón. "Durante ese tiempo, 1996 a 2004, Correa desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que o bien le concedían la organización de eventos merced a su posición dentro del partido o bien, una vez que obtenían un cargo público, facilitaban la entrada de las empresas de Francisco Correa en la Administración que gobernaban".
En el caso de Valencia, la financiación ilegal del PP llegaría a través de la adjudicación de contratos por parte de la Administración autónoma, gobernada por Francisco Camps, a la red de empresas de Correa. Éste, a su vez, devolvía supuestamente una parte del dinero recibido en forma de contratos mediante ingresos a favor del PP valenciano.
En el auto de inhibición que Garzón firmó ayer se relatan una serie de hechos, cuya investigación está sin concluir, que avalarían la tesis de la financiación ilegal del PP. Son los que siguen:
"En la contabilidad B de Serrano [la calle donde tenía su sede principal la red corrupta] aparece una hoja de ingresos y su distribución con un apunte de fecha 18 de diciembre de 2002. En dicho apunte figura una cantidad de 1.000.000 euros sin constar la procedencia de la misma. Dentro de la distribución de esa cantidad y como primer concepto aparece 'PP VLC', con una cantidad asociada de 420.000 euros".
- Algo relacionado con el PP. "El dinero recibido, 420.000 euros, se distribuyó para algo relacionado con el PP de Valencia. A partir de los datos anteriores se puede afirmar, de acuerdo con la información policial suministrada, que:
1. Consta una entrada de procedencia desconocida y en el reparto de la misma corresponde 420.000 euros hacia el Partido Popular de Valencia.
2. No existe lógica en dicho traspaso ya que un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas de Francisco Correa se deriva a una formación política que no tendría que participar en este tipo de operaciones.
3. Esta entrega podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Francisco Correa. Este extremo está pendiente de investigación".
- Clave Bruja. "En el archivo Caja B Orange [en relación a la empresa Orange Market que operaba en la comunidad valenciana y que dirigían Correa y su socio Álvaro Pérez] de la memoria externa intervenida al contable de la organización y con la clave "Bruja", aparecen entradas y salidas de la caja B. Se nutren con dinero de distintas procedencias, entre ellas consta el apunte de 31 de agosto de 2005 recibido de Pablo Crespo [otro socio de la red corrupta] entrada del PP de Valencia. El apunte del 23 de enero de 2007 refleja una entrega a Pablo Crespo para pago Milano [tienda de ropa] por 4.821 euros. Conclusión: figura un apunte de entrega de 15.000 euros al Partido Popular de Valencia procedente de la caja B de Orange Market".
- Congreso regional de Valencia. "En el pen drive [memoria portátil de almacenamiento de datos para su lectura en un ordenador] intervenido al contable aparece un archivo con el nombre Congreso regional de Valencia, desde septiembre de 2002 a enero de 2003, conteniendo los siguientes apuntes:
El 10 de diciembre de 2002 cobro en A por valor de 90.181 euros y cuatro cobros en B en efectivo por un importe de 150.421 euros recibidos en efectivo".
[El Congreso al que se refiere es el X Congreso regional del PP que se celebró en Valencia el 28 de septiembre de 2002].
- Conclusión. "El pago por los gastos de organización del congreso del Partido Popular en Valencia facturados por Orange Market y abonados por el Partido Popular valenciano se realizó, aparentemente, con dinero de procedencia A y B fuera del control fiscal y en efectivo".
Las relaciones de la trama de empresas de Correa con el PP valenciano fueron denunciadas por sendos informes del Tribunal de Cuentas en las últimas elecciones autonómicas. Los auditores públicos se quejaron en las conclusiones de su informe de que las empresas de Correa no entregaron al Tribunal de Cuentas las facturas que permitían justificar los gastos que el PP declaró durante la campaña electoral en la Comunidad Valenciana.
www.elpais.es 06.03.09
ANTICORRUPCIÓN ULTIMA EL INFORME SOBRE LA POSIBLE IMPLICACIÓN DE FRANCISCO CAMPS
La Fiscalía Anticorrupción ultima el informe que el juez Baltasar Garzón le pidió sobre el caso Gürtel y su posible inhibición, según dijo ayer el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien aseguró que se presentará hoy o, en todo caso, a lo largo de esta semana.
El pasado día 25 Garzón dio a la Fiscalía 48 horas para que informara de si, ante la presunta implicación en el caso de parlamentarios nacionales del PP, debía remitir la causa al Tribunal Supremo. También hay, al parecer, diputados autonómicos madrileños y valencianos, entre los que podría estar el presidente Francisco Camps, que aparece citado en las grabaciones aportadas al sumario.
El fiscal general recordó que el asunto depende de Anticorrupción y de sus profesionales "altamente cualificados, absolutamente imparciales y objetivos", por lo que, para emitir su dictámen sobre el caso, requieren el tiempo necesario.
(www.levante-emv.com, 04/032/09)
CAMPS CALLA Y ELUDE HABLAR DEL SUMARIO QUE INVESTIGA GARZÓN
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se refugió ayer en el silencio para no tener que pronunciarse sobre el sumario que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Camps prefirió incluso renunciar a valorar el buen resultado del PP en las elecciones gallegas y vascas para evitar verse en la tesitura de tener que responder a otras preguntas relacionadas con Orange Market; el informe de Fiscalía Anticorrupción que lo implica en la trama de corrupción por unos trajes mencionados en una grabación; o las reuniones mantenidas con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa.
El jefe del Consell se mantuvo ayer firme a la estrategia establecida por su equipo a finales de la semana pasada: hacer caso omiso de todo lo relacionado con el sumario que investiga el juez Garzón y transmitir imagen de un gabinete activo y preocupado por la crisis económica.
En este contexto se enmarcó ayer la presentación de la estrategia logística de la Generalitat 2008-2015. Un acto celebrado en el edificio del Reloj del puerto de Valencia que se volverá a repetir en los puertos de Castellón y de Alicante y, nuevamente, en Valencia.
En esencia esta estrategia puesta ya en marcha por el Consell consiste en constituir hasta 2015 un total de ocho plataformas logísticas de mercancías con conexión ferroviaria, cuatro de las cuales estarán vinculadas a los puertos de Valencia, Sagunto, Alicante y Castellón. Las otras cuatro está previsto que se ubiquen en Vinaròs-Benicarló, Utiel, Vallada y Villena.
Estas plataformas pretenden aprovechar la red ferroviaria convencional y el corredor mediterráneo. Camps volvió a recurrir a la grandilocuencia: "Decidir lo que es el centro del planeta le corresponde a cada sociedad y el lugar donde nos encontramos es nuestro potencial".
Aunque no hay presupuestos consignados para estas infraestructuras, la intención es que puedan conectar mediante vehículos pesados con los nodos principales de transporte en menos de una hora.
Camps resumió la propuesta de la Generalitat de manera muy simple: "Les proponemos un documento, un vídeo y un lugar donde discutir". Para Camps es importante que los agentes que, en la práctica, han de hacer posible el desarrollo de la Comunidad Valenciana como plataforma logística tengan claro el esquema que tiene en mente la Administración valenciana. En este sentido, volvió a reiterar su anuncio de crear un consejo de desarrollo estratégico, donde estarán representados los empresarios, las universidades, los institutos tecnológicos y todos aquellos sectores que tengan algo que aportar con relación a los planteamientos logísticos.
Durante el acto, Camps estuvo arropado por un buen número de consejeros y altos cargos, diputados, las cúpulas empresariales y ediles del equipo de gobierno popular. La Delegación del Gobierno no estuvo representada, pese a que las grandes infraestructuras aeroportuarias son competencia de la Administración central. El presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Aznar, no supo indicar por qué la Zona Logística de Valencia sigue sin poder ser utilizada.
(www.elpais.com, 03/032/09)
DE ROSA INCUMPLIÓ LA LEY SI EN SUS REUNIONES CON CAMPS LO ASESORÓ SOBRE SU IMPLICACIÓN
Ni cobrando, ni gratis. Ni en un despacho oficial ni en un domicilio particular, ni en el bar de la esquina. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por ejemplo Fernando de Rosa, como árbitros que son tienen la obligación legal de desarrollar su actividad con dedicación exclusiva y les está tajantemente prohibido desempeñar cualquier otra tarea, pública o privada, "por cuenta propia o ajena, retribuida o no", además de la propia de su cargo.
Así de contundente es la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando, en el artículo 117, establece el régimen de incompatibilidades de los integrantes del órgano de gobierno de los jueces. Para que no quede ninguna duda de que el asesoramiento en materia legal está claramente incluido entre las tareas proscritas, el apartado segundo del artículo 389 de la citada ley, lo subraya: "el cargo de juez o magistrado [incluye a los miembros del CGPJ] es incompatible con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido". Así pues, con la ley en la mano, el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, tendría un serio problema jurídico, al margen del político, si se demostrara que en las reuniones que mantuvo con el presidente Francisco Camps y varios consellers y altos cargos asesoró sobre el escenario judicial que podría plantearse si el jefe del Consell es implicado en la trama.
Esas citas en casa propia o en territorio institucional tendría al menos tanto recorrido que la rocambolesca estanmpa del juez, el ministro de justicia y toda la cornamenta de los muflones y venados abatidos en la cacería de Jaén que acabó costándole el cargo al ministro Fernández Bermejo. Aquello fue un desliz político en toda regla. De hecho, allí se especuló con el motivo de las conversaciones si las hubo. En los al menos dos encuentros mantenidos por De Rosa con Camps no hay, ni por la agenda ni por el escenario, orden del día lúdico que explique el encuentro entre dos amigos y unos cuantos agregados.
El primero de ellos, del que informó este diario, se produjo el 13 de febrero en el domicilio del magistrado y ex conseller de Justicia, en la Avenido Barón de Cárcer. El segundo tuvo lugar una semana después en el Palau de la Generalitat. Preguntado por este diario sobre el contenido de la reunión en su casa, De Rosa se limitó a contestar: "No voy a contar lo que hago en mi vida privada", tras señalar que ni confirmaba ni desmentía la reunión. Fuentes oficiales de Presidencia se instalaron en la misma versión, aunque destacaron que entre Camps y su ex subordinado De Rosa hay "una relación personal, que es muy conocida". No obstante, a esa reunión acudieron al menos dos consellers y algún otro alto cargo. El encuentro se celebró el día que los periódicos publicaron el auto del juez Baltasar Garzón en el que se desenmarañaba el entramado de 23 empresas montado por Francisco Correa, Pablo Crespo Sabaris y Antoine Sánchez, entre otros, para, a través del presunto soborno a políticos y funcionarios, lograr contratos de la Administracion y desviar los fondos a paraísos fiscales.
Ese mismo día trascendió, además, que el magistrado apreciaba "serios indicios" de que aforados del PP podrían estar implicados. En ese contexto se habría convocado, según fuentes solventes, el improvisado gabinete de crisis para evaluar la situación jurídica y política en casa de Fernando de Rosa. En un edificio propiedad de la familia del ex conseller en el que hace años estaba la sede del PP valenciano, concretamente en la primera planta. El jueves 19 de febrero, de buena mañana, en la tertulia de Canal 9, De Rosa soltó la traca al afirmar que si Garzón no se inhibía en la causa a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) "podríamos estar pasando una línea roja muy importante, que es la prevaricación". "Puedo decir que si yo fuera juez y en un procedimiento hubiera la más mínima sospecha de que hubiera un aforado, la responsabilidad del juez es paralizar el procedimiento y remitirlo al órgano competente". "Al presidente de la Generalitat sólo lo puede investigar el TSJCV", concluyó.
Al cabo de unas horas, De Rosa visitó el Palau. El número dos del CGPJ aseguró a este diario que había ido a recoger teletipos. Salió así al paso de las informaciones sobre una reunión, a la que también habría asistido el ex ministro Michavila, de un minigabinete de crisis. El vicepresidente Rambla también participó en el encuentro.(www.levante-emv.com, 03/032/09)
EL ALCALDE SE NIEGA A RESPONDER SI CONTRATÓ CON LAS 200 EMPRESAS DE IMPUTADOS EN LA TRAMA DE GARZÓN
El alcalde de Castelló, Alberto Fabra, se niega a responder por escrito y ha desestimado las 199 preguntas del grupo socialista sobre los posibles contratos del ayuntamiento con 201 empresas vinculadas a personas imputadas en la supuesta trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón en la operación Gürtel. La postura del primer edil queda reflejada en un decreto que él mismo firmó el pasado viernes y en el que argumenta que responder a las cuestiones del PSPV "implicaría una lesión del principio de eficacia administrativa y rompería la marcha normal del trabajo en las secciones del ayuntamiento".
Como contrapartida, el alcalde facilitó ayer al grupo socialista un tomo con un listado en papel de los 75.000 proveedores contratados por el ayuntamiento desde el año 2003. Eso sí, dicho listado no especifica ni la cantidad ni las cuantías de los contratos. Además, el PSPV no podrá cotejarlos a través de una base de datos digital y deberá repasar las empresas, una a una, en formato impreso.
La respuesta de Alberto Fabra llega una semana después de que el vicealcalde, Javier Moliner, ofreciera a la oposición en declaraciones públicas el "acceso a cualquier expediente de contratación del ayuntamiento".
El portavoz socialista, Juan María Calles, advirtió ayer que el alcalde "no ha dado la respuesta que pedíamos y sigue sin decir claramente si ha contratado a empresas vinculadas al caso Gürtel; si había una sospecha la semana pasada, ahora esta se amplía ante la negativa del señor alcalde. Y por eso mismo advertimos que vamos a seguir investigando y vamos a pedir más documentación, porque nuestras preguntas se presentaron en tiempo y forma".
A juicio de Calles, resulta importante para los ciudadanos "preservar las actuaciones municipales de toda sospecha" y descartar posibles vínculos con la investigación de la Audiencia Nacional que implica Orange Market S.L. -mercantil que organizaba actos del Partido Popular- por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos y tráfico de influencias.
Con este argumento en la mano, el portavoz socialista requirió que se informe a la oposición de los posibles contratos firmados con mercantiles vinculadas, los importes y las fechas de autorización de los mismos.
(www.levante-emv.com, 03/032/09)
EL CONSELL DESFILA POR LAS CORTES PARA NEGAR PAPELES A LA OPOSICIÓN
Los tres vicepresidentes del Consell coincidieron ayer al esgrimir la crisis económica para restar importancia a los requerimientos de la oposición sobre los contratos de la Generalitat con empresas implicadas en la supuesta trama de corrupción y blanqueo que investiga el juez Baltasar Garzón. Ninguno aportó ningún detalle al respecto ni respondió a ninguna pregunta.
Gerardo Camps dice que cumplirá todo lo que exije el Reglamento
El portavoz Vicente Rambla dibujó el esquema general a primera hora. Arrancó con una extensísima exposición de las líneas generales de gestión de su consejería.
Los tres portavoces de la oposición calificaron la presentación inicial como "una falta de respeto", una "tomadura de pelo" o "un cachondeo". Luego expresaron sus sospechas en intervenciones con el tiempo tasado. "¿Qué relaciones mantiene el Consell con Orange Market y el resto de empresas que investiga el juez?", preguntó Glòria Marcos, de Esquerra Unida. "¿En qué se han gastado la partida de gastos diversos para asistencias técnicas que se ha disparado hasta 1.627 millones de euros en los tres últimos años?", siguió Mónica Oltra, de Compromís. Y el socialista José Camarasa cerró: "Queremos el expediente completo del contrato con Orange Market para la fiesta de salida de la Volvo Ocean Race, cuándo se anunció, dónde, cuánto tiempo, ¿hay constancia documental de este hecho?"
"Piden los mismos papeles que ya tienen, los conocen mejor que las partes", respondió desafiante Rambla, "pidan lo que quieran pero no embarullen al Gobierno de la Generalitat". Camarasa replicó con una proposición de ley para constituir un registro de contratos menores que se adjudican sin concurso público, un registro que también ha pedido Compromís.El presidente de la Generalitat anunció las comparecencias de todos sus consejeros durante la última sesión de control a la que se sometió ante el pleno de las Cortes. Francisco Camps, que fue relacionado ese mismo día con la supuesta trama corrupta que investiga la Audiencia Nacional, aseguró que los consejeros responderían a todas las dudas de la oposición "con tranquilidad, transparencia, sentido de la lealtad y responsabilidad".
Pero las comparecencias sin una comunicación previa no cumplieron su cometido. Juan Cotino, vicepresidente tercero, llegó a invitar a los diputados a visitar la sede de su consejería: "Estamos a su disposición para ver el expediente que quieran". Una prueba flagrante del escaso contenido de toda su comparecencia.
Gerardo Camps, vicepresidente segundo y consejero de Hacienda, situó la escena en el mismo contexto que Rambla. "Estamos en un momento crucial de nuestra historia, no nos perdamos en cosas que no interesan a nadie, no es el momento de hablar de un sumario judicial que es secreto". Camps apeló a la Sindicatura de Comptes o a la difusión de la Cuenta General de la Generalitat para presumir de transparente. Pero hizo oídos sordos a la insistencia de Cristina Moreno, portavoz socialista, en conocer detalles sobre la adjudicación de "la acción Hospitality America's Cup" por parte de la sociedad pública Valencia Community Investments (VCI). "¿Tiene algo que ver con que Alberto Dorrego de Carlos fuera vicesecretario del consejo de VCI?" Alberto Dorrego es socio director del despacho de abogados Eius que ha trabajado para José Luis Ulibarri, titular de 13 de las 40 concesiones de Televisión Digital Terrestre adjudicadas por la Generalitat en 2005.
No obtuvo respuesta. La diputada socialista ilustró el absurdo de la situación al entregar a Rafael Maluenda, presidente de la Comisión de Coordinación ante la que comparecieron los consejeros, una relación de las empresas vinculadas a la supuesta trama que investiga el juez Garzón. Maluenda hizo saber que desconocía el sentido de aquel papel, "sin membrete ni fecha de registro", y aclaró que él no estaba autorizado para recibirlo ni para trasladárselo al vicepresidente económico.
Gerardo Camps lamentó "la interpretación burlesca" del Reglamento de las Cortes, invocó la necesidad de la norma "que determina cómo se deben hacer las cosas" y prometió: "Dígame qué expediente concreto le interesa que yo le responderé".
Pero Moreno recordó cómo había reclamado en varias ocasiones el mismo expediente adjudicado por la VCI con todo lujo de detalles y apenas recibió un informe sobre las atenciones a visitantes extranjeros.
Josep María Pañella, que sustituyó a Mònica Oltra cuando le tocó el turno al vicepresidente tercero Juan Cotino, fue sincero. "No sé qué hacemos aquí", le dijo al consejero de Bienestar Social tras la larga exposición de las líneas generales de su gestión.
El socialista Antonio Torres sí solicitó información sobre los actos contratados por la fundación semipública Tolerancia Cero a Orange Market. También requirió detalles sobre los conciertos con las 20 residencias de mayores en cuyo capital participa la familia Cotino.
El consejero de Bienestar Social reiteró que los conciertos con residencias de mayores se acordaron antes de su llegada y volvió al guión: "Repiten un estribillo porque creen que está de moda, pero todo son acusaciones basadas en falsedades".
(www.elpais.com, 03/032/09)
El Consell adjudicó sin concurso una obra de 8 millones en Vila-real
La Sindicatura considera injustificado el contrato del centro de tecnificación
La Generalitat Valenciana, a través de la sociedad pública Ciegsa, adjudicó sin concurso público la segunda fase de construcción de un centro de tecnificación deportiva por 8,2 millones de euros. El volumen de la adjudicación no sólo exigía que se convocara un concurso público al que pudieran acceder todas las empresas interesadas, sino que, además, exigía su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, donde tampoco se anunció el proyecto, tal como manda la ley.
La sociedad pública se limitó a pedir a tres empresas que aportaran presupuestos para, finalmente, adjudicar la II fase del centro de tecnificación deportiva de Vila-real a la UTE formada por Lubasa y Ocide. Esta UTE ya se había hecho, meses antes, con la construcción de la primera fase del centro que, por el contrario, sí fue adjudicada por concurso, por un importe de 11,4 millones de euros. La fórmula seguida para la II fase, la del procedimiento negociado sin publicidad, está permitida en los casos en los que las obras o servicios no exceden del millón de euros, cantidad que esta adjudicación sobrepasa con creces. Ocide ha salido en los últimos días a la palestra ya que fue adjudicataria, junto a José Luis Ulibarri, uno de los imputados en la presunta trama de corrupción que investiga el juez Garzón, del Hospital de Llíria.
La desmesura de la adjudicación irregular, dado el importe de la obra, llevó al Síndic de Comptes a incluir el contrato en su informe sobre las cuentas de 2008, en el que tan sólo se recoge una muestra de los contratos y formas de adjudicación, a partir de los datos facilitados por la propia Ciegsa, en el que la "importancia cuantitativa" y la "forma de adjudicación" son los criterios de selección.La adjudicación por procedimiento negociado y sin publicidad del centro de tecnificación deportiva de Vila-real no se limitó a la segunda fase de construcción. Ciegsa contrató también, de esta manera, la asistencia técnica del proyecto, es decir, la redacción de los proyectos básico y de ejecución de las obras de instalaciones, por un importe total de 605.000 euros. Esta adjudicación mereció también la atención del Síndic de Comptes que, en su informe de 2008 sobre las cuentas de la sociedad pública, revisó también el contrato de asistencia.
El informe de la sindicatura incide en las advertencias realizadas en años anteriores y que, sin embargo, continúan siendo desoídas por la administración autonómica. Así, expone cómo, pese a que la Ley de contratos así lo exige, la empresa pública Ciegsa no justifica, "debidamente", el porqué recurre a técnicos no funcionarios para la realización de este tipo de trabajos. El informe sostiene que, en los expedientes revisados, no se justifican "la insuficiencia, la falta de adecuación o la conveniencia de no ampliación de los medios personales y materiales con que cuenta la administración para cubrir las necesidades que trata de satisfacer a través del contrato".
Pero no es ésta la única cuestión que no justifica la sociedad pública sino que, además, el informe incide que, en el caso de los contratos por procedimiento negociado sin publicidad, como el caso de la asistencia técnica del centro de tecnificación deportiva de Vila-real, la previsión hubiera podido evitar este tipo de fórmulas. "Cabe señalar que no se considera justificada la utilización de dicho procedimiento porque el motivo alegado por la Consejería hubiera podido evitarse de realizarse a tiempo las debidas previsiones".
El proyecto de la segunda fase del centro deportivo de Vila-real consiste en la construcción de una residencia para 48 estudiantes de alto rendimiento y 12 monitores. Además, incluye una piscina climatizada de ocho calles. Estas instalaciones han de complementar el pabellón polideportivo cubierto que formaba parte de la primera fase del proyecto que se levanta sobre un suelo recalificado y cedido por el Ayuntamiento de Vil-real a favor de la Generalitat.
La adjudicación del centro de tecnificación es uno de los múltiples reparos que el informe de la Sindicatura de Comptes recoge sobre los contratos de Ciegsa, sociedad presidida por el Consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, que, por lo tanto, es el máximo responsable de la gestión de esta sociedad. La gestión de esta empresa pública no ha sido únicamente fiscalizada por la sindicatura, en lo referente no sólo a las adjudicaciones sino también a los precios que alcanzan las obras y a la selección de persona. La sindicatura, en su último informe, también destaca un problema contable detectado en Ciegsa, la sociedad constituida para construir colegios e institutos y otros centros públicos.
Por su parte, el PSPV, en múltiples ocasiones, ha denunciado en las Cortes la gestión ineficiente, los sobrecostes en las construcciones y la opacidad en la información.
www.elpais.es 01.03.09
El Consell no alimentará el "circo" de la trama corrupta
Rambla elude las preguntas sobre los últimos escándalos
"Nos vamos a dedicar a trabajar y no a generar dimes y diretes, filtraciones y comunicaciones en relación a un proceso que se está instruyendo y que, cuando se acabe de instruir tendrán las opiniones que correspondan al contenido de esa instrucción". Con esa sentencia, el vicepresidente primero y portavoz del Consell, Vicente Rambla, respondió ayer al rosario de preguntas relacionadas con la actuación de la Generalitat y de su presidente, Francisco Camps, en relación con la trama de empresas corruptas vinculadas al PP que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Rambla se refugió en el argumento popular que considera que el sumario que instruye el juez Garzón es "un proceso abierto" al PP y remachó que no se referirá a ningún aspecto del sumario hasta que se levante el secreto judicial.
Con este argumentario, repetido una y otra vez, Rambla eludió valorar las informaciones que indican que el presidente de la Generalitat llamó insistentemente a su sastre de Madrid mientras éste se encontraba declarando ante la policía sobre la supuesta relación de Camps con alguno de los implicados.
El vicepresidente primero tampoco quiso opinar sobre la reunión de Camps y otros altos dirigentes del PP en el Palau de la Generalitat con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y ex consejero, Fernando de Rosa. Un encuentro que tuvo lugar el día después de conocerse que el informe de la Fiscalía Anticorrupción menciona a Camps en relación con la trama corrupta.
El portavoz del Consell eludió pronunciarse sobre este encuentro y otro mantenido el día 20 en el domicilio del propio Fernando de Rosa, la misma semana en la que habían detenido en Valencia al responsable de Orange Market, SL, Álvaro Pérez Alonso, quien recomendó a Camps el sastre de Madrid.Tras tres semanas consecutivas de escándalos relacionados con el PP a raíz de la investigación del juez Garzón, el Consell optó ayer por refugiarse en la ley del silencio. El vicepresidente primero Vicente Rambla realizó un ejercicio de diplomacia para responder a todos los requerimientos de los periodistas sin dar respuesta alguna que no fuese la férrea voluntad del Consell de no contribuir a alimentar las filtraciones.
El portavoz del Ejecutivo valenciano tampoco quiso pisar ningún charco en el resto de escándalos que salpican al Consell. Rambla volvió a insistir en que no tiene constancia de más relaciones con Orange Market que las que ya se han hecho públicas.
Respecto a la situación del consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que tiene un parany (un arte de caza ilegal) en una finca de la que es copropietario y ha reconocido que adjudicó obras a un promotor amigo suyo, el vicepresidente fue escueto: "Se ha explicado adecuadamente. Nada que añadir".
Tampoco quiso Rambla hablar de la conversación en la que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, presumía de la cantidad de gente que había colocado y ponía como ejemplo al ex director territorial de Educación, Francisco Baila, que facilitó la matriculación de niños en un colegio concertado de la provincia.
"No tenemos constancia de esas supuestas regularidades. Si alguien lo hace se estudiarán dentro del imperio de la ley al que está sometido el gobierno", dijo Rambla. Comisiones Obreras denunció el caso de Baila al fiscal después de que la Consejería de Educación hiciese oídos sordos y ahora está pendiente de que la Audiencia Provincial decida si hay motivo para abrir juicio o no.
El vicepresidente tampoco aclaró si los servicios jurídicos de la Generalitat preparan la defensa del presidente Camps ante la hipótesis de una imputación.
Pero si el Consell optó ayer por refugiarse en la ley del silencio, los populares valencianos empezaron a preparar la contraofensiva en el terreno político. El secretario general del PP, Ricardo Costa -que el jueves aseguró desconocer la reunión que tuvo lugar el pasado día 20 en el Palau de la Generalitat con De Rosa, pese a que él mismo estuvo, según indicó ayer Público- mostró ayer su "indignación" con los ataques a Camps. El presidente de la Diputación y del PP provincial de Valencia, Alfonso Rus, indicó que propondrá a su equipo realizar un acto con militantes en apoyo del presidente de la Generalitat. Lo que supone el inicio de una movilización política en defensa de Camps.
www.elpais.es 28.02.09
Barberá dice que la cita con De Rosa y Camps no fue "una reunión como tal"
La alcaldesa asegura que fue a ver al presidente valenciano para darle su apoyo
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, admitió ayer que el jueves y viernes pasado fue "muchas veces" a estar con Francisco Camps pero que no es "consciente" de "ninguna reunión entendida como tal". Fue la respuesta de Barberá a las preguntas de los periodistas por el encuentro mantenido el pasado viernes entre Camps y otros dirigentes de su partido, entre los que se encontraba la regidora, justo un día después de que la prensa desvelara que la Fiscalía implica al presidente valenciano en el caso Gürtel.
Según adelantó ayer Público, al Palau de la Generalitat también acudió el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y ex conseller valenciano de Justicia, Fernando de Rosa. Ese mismo día, De Rosa atacó al juez instructor del caso, Baltasar Garzón, afirmando que el magistrado podría estar cometiendo prevaricación.
La Generalitat no hace valoraciones hasta que acabe la instrucción del caso
La alcaldesa, en declaraciones recogidas por Europa Press, defendió ayer que se entrevistó con el presidente para transmitirle su apoyo: "Sí fuí allí sin concretar cuándo, a estar lógicamente con el presidente, como cualquier persona a compartir la situación de indefensión en la que este proceso kafkiano nos ha introducido a todos los miembros del PP".
Barberá indicó que "allí había gente que se acercaba a darle un abrazo o le llamaban por teléfono", aunque afirmó no ser "consciente de ninguna reunión entendida como tal". La alcaldesa aludió al factor emocional para explicar sus encuentros con el presidente valenciano: "Somos personas que tenemos sentimientos", y añadió que esos sentimientos "tienen que aflorar siempre, pero sobre todo en los momentos más importantes".
La de Barberá fue la única explicación que el PP valenciano ha dado en los últimos dos días sobre la reunión del pasado viernes. Los otros dos dirigentes conservadores que también estaban en el Palau de la Generalitat, Vicente Rambla y Ricardo Costa, se han negado a hacer valoraciones. Rambla, vicepresidente del PP valenciano, se negó ayer a contestar a cualquier pregunta relacionada con la investigación de la presunta trama de corrupción. Anunció que esperará a que la instrucción esté terminada para hacer "todas las valoraciones que correspondan".
"El gran problema de Camps es ganar elecciones", afirma Vicente Rambla
"Proceso abierto al PP"
El vicepresidente valenciano repitió los argumentos que maneja el PP valenciano desde que se conoció la presunta implicación de Camps en la trama.
Rambla habló de un "proceso abierto al PP". Y se refirió al éxito electoral del PP en el País Valenciano como origen de la investigación judicial: "El gran problema de esta comunidad y del president Camps es ganar elecciones, tener el respaldo electoral de la sociedad valenciana de manera continuada y no ser cómodo para el gobierno de Rodríguez Zapatero", afirmó.
www.publico.es 28.02.09
CAMPS TELEFONEÓ OCHO VECES A SU SASTRE MIENTRAS ÉSTE DECLARABA SOBRE LA TRAMA
El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps (PP), telefoneó en numerosas ocasiones al sastre que le había recomendado Álvaro Pérez, El Bigotes, el jefe valenciano de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa y que montaba actos y viajes del PP durante los años de José María Aznar. Las llamadas se produjeron cuando el sastre José Tomás, que trabajaba en la tienda que la firma de moda Milano tiene en la calle de Serrano de Madrid, declaraba ante la policía antes de pasar a disposición del juez Baltasar Garzón.
Su teléfono estaba intervenido por orden judicial, lo que permitió a los investigadores conocer las llamadas que hacía y que recibía. Durante la declaración, el sastre tenía su teléfono apagado, pero quedaron registradas las insistentes llamadas de Camps, hasta ocho, según detalló ayer El Confidencial.com citando fuentes de la investigación. Un portavoz del Gobierno valenciano rechazó aclarar a EL PAÍS el motivo de las llamadas: "No vamos a comentar nada sobre ese asunto".
Camps negó desde el primer momento que hubiera recibido regalos en forma de trajes de la red corrupta que dirigía Álvaro Pérez en Valencia a través de la empresa Orange Market. Y llegó a amenazar con querellas a quien sugiriese que había tenido tratos con la trama.
El presidente valenciano visitó a su sastre en Madrid en varias ocasiones, incluso cuando éste cambió de empresa y fichó por la franquicia Forever Young. El Gobierno valenciano ha reconocido ya que el presidente Camps encargó cuatro trajes en la tienda Milano de Madrid en las fechas previas a la visita de Benedicto XVI a Valencia, en julio de 2006. Nunca llegó a pagarlos porque los devolvió debido a que no le gustaron los arreglos que le habían hecho, según la versión del Ejecutivo valenciano.
Una de las colaboradoras de Francisco Correa, Isabel Jordán, señaló en una conversación grabada y aportada al sumario que los miembros de la trama habían pagado 30.000 euros en trajes para el presidente Camps.
Orange Market, la empresa de Correa en la Comunidad Valenciana, ha recibido más de seis millones de euros en contratos de distintas consejerías del Gobierno de Camps, algunos de ellos sin publicidad y por procedimiento negociado. Además, ha montado la inmensa mayoría de los actos electorales del PP valenciano. Los responsables de la trama se ufanaban en conversaciones privadas, cuyas grabaciones por parte de un ex concejal del PP están incluidas en el sumario, que en la Comunidad Valenciana lograban contratos con suma facilidad por sus relaciones con los dirigentes del Gobierno autónomo.
La fiscalía, en contestación a un escrito del juez Baltasar Garzón, solicitó la semana pasada la inhibición total del magistrado en este caso al encontrar indicios de delitos en cargos políticos del Partido Popular que, por su calidad de parlamentarios, son aforados y tienen que ser juzgados en los tribunales superiores de Justicia de sus comunidades autónomas. Entre los cargos a los que la fiscalía implicó en las prácticas ilegales de la red corrupta de Francisco Correa estaba Francisco Camps, que calificó de falsas todas las imputaciones.
(www.elpais.com, 27/02/09)
EL SASTRE DE MILANO EN MADRID RECIBIÓ OCHO LLAMADAS DE CAMPS MIENTRAS DECLARABA ANTE EL JUEZ GARZÓN
Los nervios generados por la profusión de investigaciones en torno a la Operación Gürtel pueden haber llevado al jefe del Consell, Francisco Camps, a cometer un error de bulto, de esos capaces de dejar muy tocado políticamente a un cargo de alta relevancia pública. Según una información publicada ayer por el diario digital El Confidencial.com un empleado de la tienda Forever Young de Madrid y antiguo encargado de Milano en la capital de España recibió en su teléfono móvil ocho llamadas del presidente de la Generalitat mientras prestaba declaración ante el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. La información alude a una persona con la iniciales J. T. Todo indica que se refiere a José Tomás, el responsable de tienda que mantenía relación con el presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, y que la Fiscalía investiga después de que una de las imputadas aludiese en una grabación a que había pagado "una factura de 30.000 euros en trajes" para Camps, aunque después negó haber dicho eso.
José Tomás fue llamado a declarar en dos ocasiones. Tras su primera comparecencia alertó desde su teléfono móvil a algunos de los imputados e implicados en la trama sobre los asuntos en los que Garzón estaba interesado. Tomás no sabía que el aparato, al igual que el de muchos de sus interlocutores, estaba intervenido. Esas conversaciones han servido para ampliar las investigaciones de la policía sobre la trama.
Fue en su segunda declaración ante Garzón, cuando Tomás, que tenía el móvil apagado, recibió hasta ocho llamadas de Camps que quedaron registradas por el "pinchazo" de la Policía Judicial, según sostiene el diario digital. Fuentes de Presidencia ni confirmaron ni desmintieron estos datos: "No tenemos nada que decir". Otras fuentes de la Generalitat trataban de quitar trascendencia a las llamadas en el caso de que se hubieran producido. "Hablando contigo me acaban de entrar siete llamadas perdidas; eso no quiere decir nada", afirman. Otro cargo del PP que ha tratado con Camps sostiene lo siguiente: "Conociendo su carácter compulsivo no me extrañaría nada".
La Fiscalía ha implicado a Camps en su primer informe e investiga varias facturas de empresas controladas por Francisco Correa. Una de ellas por valor de 5.000 euros.
(www.levante-emv.com, 27/02/09)
CAMPS REUNIÓ A SUS FIELES Y AL NÚMERO DOS DEL CGPJ
El número dos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, se encontraba el viernes de la semana pasada en el Palau de la Generalitat cuando el presidente del Ejecutivo autonómico, Francisco Camps, se reunió también con el ex ministro de Justicia, José María Michavila, y tres miembros del núcleo duro del PP regional, confirmaron a Público fuentes del Ejecutivo valenciano. Los tres miembros del equipo de Camps que acudieron a la cita son el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; y el portavoz del PP en las Cortes autonómicas, Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano.
El jueves 19, un día antes de aquella ajetreada jornada en la sede de la Presidencia de la Comunidad, Camps se había enterado por la prensa de que el fiscal le implica en la trama corrupta que presuntamente operaba en instituciones gobernadas por el PP y que ha dado origen al caso Gürtel. El viernes 20, el mismo día en que se reunió con Camps, De Rosa insinuó públicamente que el juez Baltasar Garzón prevarica por no inhibirse en el caso pese a la presencia de aforados.
Los testigos que ya informaron el miércoles a este periódico de que el vicepresidente del Poder Judicial se había entrevistado con Camps ese viernes, relatan cómo De Rosa llegó al Palau a última hora de la mañana y aún permanecía en el edificio cuando ya avanzada la tarde, se marcharon Michavila, Rambla, Barberá y Costa.
Juez en excedencia, consejero de Justicia de Valencia hasta hace cinco meses y adalid de la “honorabilidad” de su antiguo jefe, De Rosa negó anteayer no sólo que se hubiera reunido con Camps sino, también, que ese día hubiera visto en el Palau de la Generalitat a Michavila o a algún conseller. El vicepresidente del órgano que vela por la independencia judicial mintió en su conversación con este periódico al negar que hubiera estado en el Palau. Tres horas más tarde, un portavoz que habló en su nombre sostuvo que De Rosa sí había ido al cuartel general del Gobierno valenciano, pero no para ver a Camps sino para “recoger teletipos”.
El vicepresidente del Poder Judicial ya se había visto justamente una semana antes con el presidente de Valencia. Pero, a diferencia de la reunión del 20 de febrero, la cita del viernes 13 se produjo en el domicilio de De Rosa, en una céntrica calle de la capital valenciana. En ese fecha ya se sabía que, en una conversación grabada por la Policía, la imputada Felisa Jordán aseguraba haber abonado una factura de 30.000 euros para “pagarle los trajes a Camps”. El presidente de la Comunidad Valenciana llegó a casa de De Rosa sobre las siete y media de la tarde.
Ayer, este periódico intentó de nuevo que De Rosa aportase una explicación sobre sus dos recientes contactos con Camps, ambos posteriores al momento en que el presidente de Valencia, que goza de aforamiento gracias a su condición de diputado autonómico, tuviera noticias de que está siendo investigado. “De Rosa no va a hablar de reuniones privadas en su casa porque forman parte de su vida privada”, respondieron fuentes oficiales del Poder Judicial.
Respecto a la reunión del viernes 20 en la sede de la Presidencia del Gobierno valenciano, De Rosa se limitó, a través de la misma fuente, a remitirse al “desmentido de Michavila”.
Aunque el vicepresidente del Poder Judicial se escudó en Michavila, el desmentido del ex ministro resulta vago. Porque, según Michavila, sí se vio con Camps pero -adujo ayer- lo hizo sólo para mostrarle su solidaridad. El bufete de Michavila asesoró al empresario José Luis Ulibarri, propietario de negocios inmobiliarios y de medios de comunicación e imputado en el caso Gürtel.
Hasta ahora, el Gobierno valenciano ha rehusado pronunciarse sobre la reunión de Camps con De Rosa. Se pidió a su gabinete de prensa que el presidente aclarase las circunstancias en que se produjo la presencia simultánea del vicepresidente del Poder Judicial y de los cuatro dirigentes del PP antes citados. Hasta ahora, la Generalitat ha rehusado comentar la reunión de Camps con el vicepresidente del Poder Judicial y se ha limitado, como De Rosa, a remachar que no existe el menor parecido entre este caso y el de la cacería de Bermejo y Garzón.
(www.publico.es, 27/02/09)
EL PODER JUDICIAL REITERA SU APOYO A GARZÓN Y LA CENSURA A SU VICEPRESIDENTE
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer, sin introducir modificación alguna, la declaración institucional hecha pública el pasado martes por su Comisión Permanente en defensa de la independencia del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, y en la que se pide "el cese de cualquier declaración que pudiera perturbar el sereno ejercicio de la actividad jurisdiccional".
La declaración se produce en respuesta a la entrevista ofrecida en Canal 9 por el vicepresidente del propio Consejo, Fernando De Rosa, quien manifestó que Garzón podría "estar pasando una línea roja muy importante, que es la prevaricación", en el caso de no inhibirse de la operación Gürtel.De esta forma, De Rosa apoyaba públicamente al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, cuyo nombre había saltado a los medios como posible imputado en la trama de corrupción. De Rosa fue conseller de Justicia en el Gobierno de Camps hasta el pasado mes de septiembre.
La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, explicó ayer que De Rosa había reiterado ayer el contenido del escrito que presentó el martes pidiendo disculpas por su actuación y explicando que sus declaraciones fueron realizadas a título personal.
El vicepresidente remarcó su "profundo respeto a la independencia judicial", según Bravo, que calificó de "constitucional" el tono del debate en el momento de decidirse sobre este punto del orden del día. Por otra parte, eludió pronunciarse sobre la información hecha ayer por el diario Público sobre una reunión que habrían mantenido De Rosa y el presidente valenciano, Francisco Camps, el pasado viernes, día en que realizó las declaraciones de apoyo al presidente de la Generalitat y la crítica a Garzón.
El texto, que responde a una iniciativa propia del CGPJ, pues Garzón no ha solicitado formalmente su amparo a este órgano, señala que "ni desde el Consejo General del Poder Judicial -en referencia a su vicepresidente, Fernando de Rosa- ni desde otros Poderes del Estado o de sus instituciones pueden dirigirse indicaciones a ningún juez o magistrado sobre el contenido de las resoluciones que haya de tomar o no en un procedimiento determinado, ni sobre la dirección de dicho procedimiento".
Hay que recordar que el PP le dio un ultimátum a Garzón para que dejara el caso y ya hay en los juzgados varias querellas por prevaricación.(www.levante-emv.com, 27/02/09)
EL 'NÚMERO DOS' DEL PODER JUDICIAL FUE A VER A CAMPS EL DÍA QUE ATACÓ A GARZÓN
El presidente de la Comunidad valenciana, Francisco Camps, se entrevistó en secreto el pasado viernes en el Palau de la Generalitat con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, según ha podido confirmar Público en fuentes del Gobierno autonómico. Ese mismo día, De Rosa insinuó públicamente que el juez Garzón estaba cometiendo prevaricación por no inhibirse en el caso Gürtel y definió al líder del PP valenciano como una persona "absolutamente honorable". La reunión se produjo cuando ya se sabía que Camps, también diputado autonómico, es uno de los aforados presuntamente implicados en la trama de corrupción que operaba en instituciones públicas donde gobierna el PP.
A través de un portavoz del Poder Judicial, Fernando de Rosa, consejero de Justicia valenciano hasta hace cinco meses, aseguró anoche a preguntas de este diario que el pasado viernes acudió al Palau de la Generalitat "para recoger los teletipos" de las reacciones provocadas por sus declaraciones. Tres horas antes, había mentido a Público, al negar que hubiera acudido al Palau de la Generalitat. Las fuentes que hablaron en nombre del vicepresidente del CGPJ pusieron especial énfasis en negar cualquier paralelismo entre este encuentro y la cacería en la que coincidieron Garzón y el ya ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, que terminó dimitiendo el lunes tras la campaña de acoso del PP.
Dos testigos de la Generalitat vieron al vicepresidente del Poder Judicial: en la sede del Palau y con Camps. Un dirigente del PP, que exigió el anonimato, corroboró luego el relato de ambos testigos: la reunión existió.
El vicepresidente del CGPJ admitió su visita a la sede de la Presidencia valenciana sólo después de que este diario le transmitiera, primero personalmente y luego a través de sus colaboradores, que la noticia estaba confirmada. Magistrado en excedencia, De Rosa intentó convencer a este periódico de que no había pisado la sede de Camps con el argumento de que por la mañana había estado ocupado con dos entrevistas y la presentación de un libro, y que luego había pasado la tarde en su casa de Valencia con su mujer.
La jefa de prensa de Camps, Nuria Romeral, se negó a lo largo de dos conversaciones telefónicas con Público a confirmar o desmentir si tal reunión se había producido y sobre qué tema había versado. En la primera conversación, Romeral dijo que, la tarde del viernes, Camps "estuvo en el Palau en reuniones privadas". Dos horas después, negó haber dicho eso. "No informo de la agenda privada del presidente", fue su disculpa para evitar pronunciarse al respecto.
A las diez y cuarto de la noche, finalmente, un portavoz del Poder Judicial admitió que Fernando de Rosa sí había estado en el Palau, pero insistió en que sólo para recoger "faxes porque en su casa de Valencia no tiene fax". Diez minutos después, el mismo portavoz sostuvo que, en realidad, De Rosa había ido al Palau por la tarde para "recoger teletipos".
Es "absolutamente falso" que se viera con Camps, había asegurado el propio De Rosa, con voz tajante y solemne, a las siete de la tarde. Por la noche, las fuentes del Consejo que hablaron en su nombre se aferraron a que no se había entrevistado con el presidente valenciano, sino que se había encontrado con su jefa de prensa, Nuria Romeral.
Pero, simultáneamente, se esforzaron por minimizar la importancia de que el número dos del órgano de gobierno de la judicatura se hubiera podido ver con quien durante años fue su jefe en el Gobierno de la Comunidad Valenciana. "Con sus declaraciones ya se retrató", adujo el citado portavoz.
(www.publico.es, 26/02/09)
PRESIDENCIA SE CONJURÓ CON LA VOLVO OCEAN PARA OCULTAR LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO
La Generalitat contrata con opacidad. La Sociedad para la Imagen Estratégica y Promocional de la Generalitat suscribió en julio de 2006 con la Volvo Event Manegement -propietaria de los derechos de la regata de la vuelta al mundo- un contrato confidencial donde se estipulaban las condiciones para que la Volvo Ocean Race saliera en octubre del año pasado del puerto de Alicante. Entre los documentos entregados la pasada semana por el Consell -dos años después de que lo solicitara el Grupo Socialista en las Cortes- no está el contrato suscrito por la sociedad de la Generalitat y la dueña de los derechos de la regata.
El Consell sólo entregó dos escuetos folios donde se explica que los firmantes no revelarán el contenido del contrato. "Ninguna de las dos partes, durante o después de la caducidad o terminación de este acuerdo, publicará, revelará o divulgará ninguna información confidencial de la otra parte a nadie...". Las dos partes se comprometen incluso a que "si cualquiera de las dos, debido a leyes obligatorias, es forzada a revelar información confidencial, aquella parte, antes de la revelación, avisará a la otra parte y ambas decidirán conjuntamente cómo minimizar las consecuencias del mismo".
Un portavoz de la vicepresidencia primera del Consell dijo ayer que la confidencialidad fue una condición impuesta por Volvo Event y que este contrato ha sido auditado por la Sindicatura de Comptes.
La organización de este evento de vela, que ha costado unos 20 millones de euros según Presidencia, arrancó el 28 de abril de 2006 con la firma por parte de la Generalitat de un acuerdo de intenciones con la propietaria de los derechos de la regata, el 6 de julio se firmó el acuerdo confidencial y el Consell lo convalidó el 14 de julio de ese año.
La falta de transparencia de la sociedad pública no se circunscribe solo al contrato suscrito con la Volvo Event. De los cerca de 70 contratos gestionados por la Sociedad para la Imagen de la Comunidad Valenciana, la práctica totalidad se otorgaron, según consta en la documentación entregada en las Cortes, por el sistema de procedimiento negociado o contrato menor, lo que evita el concurso público y, con ello, que empresas no invitadas presenten ofertas alternativas.
Un buen ejemplo es el contrato que la empresa de la Generalitat adjudicó a Orange Market, sociedad presidida por Álvaro Pérez, imputado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la supuesta trama de corrupción vinculada al PP. En menos de un mes, la sociedad presidida por el vicepresidente Vicente Rambla encomendó a la firma de Pérez la cabalgata con la que se festejó la salida desde Alicante de la vuelta al mundo a vela. Según el contrato, el 20 de agosto de 2008 la sociedad de la Generalitat acordó contratar la fiesta, el 1 de septiembre invitó a tres empresas a presentar ofertas, entre ellas Orange Market-. La empresa de Álvaro Pérez entregó su propuesta el 9 de septiembre y tres días después, el 12, se quedó con un contrato valorado en 445.000 euros más IVA. Los plazos fueron más que ajustados porque la fiesta de inauguración se celebró solo siete días después de la adjudicación del contrato.
El contrato de Orange Market para la Volvo Ocean Race es solo uno de la larga lista de encargos que ha logrado Álvaro Pérez Alonso desde 2004, cuando centró sus negocios en la Comunidad Valenciana tras perder el PP las elecciones generales. Desde entonces, la empresa de Pérez Alonso, El Bigotes, ha logrado contratos en la Generalitat valenciana por valor de más de seis millones de euros.
El número de contratos y la cuantía no están cerrados. Al estallar el escándalo, el gobierno que preside Francisco Camps sólo reconoció haber contratado con la empresa de Pérez los pabellones valencianos en Fitur entre 2005 y este año, por un montante global de unos 5,5 millones de euros. También admitió, tras destaparse la trama, que se había adjudicado por 445.000 euros la fiesta inaugural de la regata de la Volvo Ocean Race en Alicante. Pero posteriormente, los requerimientos de la oposición y las investigaciones periodísticas han sacado a la luz otros encargos.
Así, además de las consejerías de Presidencia y Turismo, Orange Market ha trabajado para las de Medio Ambiente, Cultura y Bienestar Social. En la primera de ellas, consiguió uno de sus primeros contratos a través de la empresa Vaersa, que le encomendó en 2004 un documental didáctico sobre los contenedores amarillos que no llegó a terminar, aunque cobró la mitad del contrato, un total 69.310 euros, por entregar un guión y una maqueta.
La empresa de Pérez también ha conseguido contratos con entidades controladas por el PP, como la Ràdio Televisió Valenciana -una cifra menor-, Feria Valencia -que no ha concretado la cantidad- y la Fundación Agua y Progreso, para la que organizó un acto de la campaña Agua para todos. La empresa también montó la carpa institucional de la Generalitat en Open de Tenis de Valencia, hizo un vídeo para el hospital Clínico de Valencia y es relacionada en el sumario que instruye Garzón con la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, la Copa del América y la Fórmula 1. La Generalitat ha negado que Orange Market participase en estos tres grandes eventos.
Orange Market es la principal proveedora de actos de la dirección regional del PP. La firma de Pérez ha organizado, entre otros, el congreso regional del PP el pasado mes de octubre; la última campaña electoral autonómica, y distintos mítines de partido.
Pérez desembarcó en la Comunidad Valenciana de la mano de Special Events, la empresa de Francisco Correa, supuesto jefe de la trama corrupta. Con esta firma y con Orange Market trabajó en las campañas electorales del PP en 1999, 2003 y 2007. La cuantía de los contratos con el PP no se ha concretado, pero el Síndic de Comptes menciona a las firmas de la trama en varios informes sobre los gastos electorales. Sobre Orange Market, afirma que dejó de justificar facturas por servicios prestados por valor de 175.000 euros. En 2003, Special Events dejó por aclarar recibos por 140.000 euros, y Rialgreen, SL, otra firma de la trama, por otros 82.339 euros.
Los contratos de Orange Market
- Consejería de Presidencia. La empresa se adjudicó con el ex consejero Esteban González Pons la Guía de la Comunicación. Con Vicente Rambla, logró por 445.000 euros la fiesta de inauguración de la Volvo Ocean Race.
- Consejería de Turismo. Adjudicación de los pabellones de Fitur entre 2005 y 2009, por un importe global que ronda los 5,5 millones de euros.
- Consejería de Medio Ambiente. A través de la empresa Vaersa, Orange Market cobró 69.310 euros, la mitad del contrato por el guión de un documental que no acabó.
- Consejería de Bienestar Social. Dos actos de una de sus fundaciones por cerca de 32.000 euros.
- Consejería de Cultura. Un contrato de 100.000 euros en el décimo aniversario de Castelló Cultural.
- Feria Valencia. Servicios de mercadotecnia y publicidad, así como trabajos en la feria Hábitat, de las que la institución no ha desvelado la cantidad.
- Fundación Agua y Progreso. Contrato de 13.502 euros para un acto de la campaña Agua para todos con Special Events, la empresa madre de Orange Market.
- RTVV. Un servicio de transporte y montaje de mesas por 2.178 euros.
- Partido Popular. La formación contrató con Special Events, Orange Market y Rialgreen campañas electorales en 1999, 2003 y 2007, así como numerosos actos de partido. La Sindicatura de Comptes, sobre las elecciones de 2003 y 2007, apuntó que no habían justificado facturas por 397.339 euros.
- Otros encargos. Orange Market trabajó para el Open de Tenis en Valencia e hizo un vídeo del hospital Clínico.
(www.elpais.com, 26/02/09)
CON LA JUSTICIA, PALO Y ZANAHORIA
El elevado número de cargos imputados en el Partido Popular en los últimos años, la mayoría de ellos con los casos archivados, ha condicionado la política del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, hacia la judicatura. Una política caracterizada por críticas durísimas hacia los fiscales que investigan presuntos casos de corrupción relacionados con el PP. La misma política que no ha dudado en colmar de elogios y gestos amables a los magistrados más influyentes de la judicatura.
El ejemplo más reciente son las críticas públicas de la cúpula de los populares valencianos hacia el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, cuya investigación implica, supuestamente, al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la trama de empresas que dirigía Francisco Correa. "El Estado de derecho se está pudriendo", asegura la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en referencia a la instrucción del sumario de la operación Gürtel. La dirección nacional del PP, bajo la batuta del diputado por Alicante Federico Trillo, ya tiene "redactada" una querella por prevaricación si el juez Garzón no se inhibe en las próximas horas en favor de tribunales superiores.
El Gobierno valenciano, por su parte, ha decidido congelar su decisión de personarse como acusación en el sumario que instruye Garzón tras el escándalo generado a raíz de las declaraciones del vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ex consejero de Justicia de la Generalitat, Fernando de Rosa. Unas declaraciones en las que De Rosa advirtió a Garzón de que podía incurrir en prevaricación y que ayer analizó el propio CGPJ.El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no ha sido el único blanco de los populares valencianos.
Ya en octubre de 2006, la dirección regional del PP llegó a anunciar la creación de una comisión para evaluar la legalidad de las decisiones del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Ricard Cabedo, ante la investigación de casos que afectaban al presidente de la Diputación de Castellón, los alcaldes de Alicante, Torrevieja y Orihuela y a Terra Mítica, el parque de atracciones impulsado por la Generalitat.
Los populares llegaron a incluir en esta comisión política, entre otros, al ex fiscal jefe del TSJ Enrique Beltrán, quien se desvinculó a las pocas horas de la maniobra, y al ex presidente de la Audiencia de Castellón Fernando Tintoré. Sin embargo, el escándalo montado puso de manifiesto que Fernando de Rosa, entonces secretario autonómico de la Consejería de Justicia, había hecho gestiones para constituir la comisión política encargada de fiscalizar las actuaciones de Cabedo.
La polémica -de la que el presidente de la Generalitat y del PP regional, Francisco Camps, se negó a dar explicaciones- no impidió que Fernando de Rosa accediese al puesto de consejero en esta legislatura y, posteriormente, fuese catapultado al puesto de vicepresidente primero del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial.
La carrera de De Rosa no ha evitado que periódicamente se le recuerde a Cabedo desde las filas populares que está casado con una diputada socialista. Relación con la que se sugiere poca parcialidad en sus actuaciones.
Al titular de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, tampoco le han ahorrado críticas en el PP. "Usted y yo nos ponemos de acuerdo mañana y hablamos con un fiscal de confianza e imputamos a quien nos da la gana", afirmó este fin de semana el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, imputado en dos causas archivadas por el TSJ.
Tan llamativa ha sido la presión de los afines del presidente de la Generalitat sobre los fiscales que el propio Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado, alertó en marzo de 2007 en el Palau de la Generalitat del riesgo de desprestigio que corren las instituciones a causa de "las conductas antijurídicas" impulsadas por unos pocos.
Pero si a los fiscales que han investigado casos relacionados con cargos del PP les han llovido críticas, a numerosos magistrados les han caído elogios.
En las Fallas de 2007, el entonces presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Francisco José Hernando fue -junto con otros miembros del órgano de gobierno de los jueces- invitado de honor de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia.
Elogios recibió también en septiembre del año pasado el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis de la Rúa. Y quien no se los escatimó fue el propio Francisco Camps: "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta [de amistad] que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat".
Esa muestra de afecto es una de las razones por las cuales el grupo de Compromís preguntó sin éxito a Camps la semana pasada. El portavoz adjunto, Enric Morera, pidió a Camps que diga si pedirá a De la Rúa que se inhiba en el caso de que Garzón remita la supuesta implicación del presidente de la Generalitat en la operación Gürtel al TSJ de la Comunidad Valenciana.
La relación entre el poder político y el judicial en Castellón también ha sido objeto de debate. El enorme retraso en la tramitación del caso Fabra ha enfrentado no solo a partidos políticos y Administraciones, sino a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Un órgano que ha llegado a discutir sobre la conveniencia de que el presidente de la Audiencia de Castellón, Carlos Domínguez, repitiera en el cargo, dada su relación manifiesta con el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado en varios delitos.
(www.elpais.com, 25/02/09)
LAS FRASES DEL PP SOBRE LA JUSTICIA
- Camps sobre De la Rúa. En un acto oficial en septiembre de 2008, el jefe del Consell exhibió su sintonía con Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia valenciano. "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta [de amistad] que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat", aseguró Camps.
- Barberá sobre la operación Gürtel. "El Estado de derecho se está pudriendo en España", afirmó la semana pasada la alcaldesa de Valencia tras arremeter contra las "filtraciones" del sumario de Garzón y culpar de la investigación al PSOE.
- Díaz Alperi sobre el 'caso Mercalicante'. "Usted y yo nos ponemos de acuerdo mañana y hablamos con un fiscal de confianza e imputamos a quien nos da la gana", aseguró el ex alcalde de Alicante tras exculparle el TSJ.
- Costa sobre el fiscal Cabedo. El secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, tildó al recién elegido fiscal jefe del TSJ Ricard Cabedo de "árbitro comprado del Gobierno de Zapatero".
(www.elpais.com, 25/02/09)
ORANGE MARKET SE EMBOLSÓ 69.310 EUROS POR UN GUIÓN Y UNA MAQUETA
Un total de 69.310 euros por un guión y una maqueta de un futuro documental sobre el uso de los contenedores de basura amarillos. Ésa es la ganancia que se embolsó Orange Market, una de las empresas de la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, tras adjudicarse en un concurso supuestamente ficticio y sin publicidad el encargo de realizar un documental de ocho minutos -más una versión reducida de tres- sobre los contenedores para envases de plástico. Orange Market no finalizó el trabajo y pidió la resolución del contrato por "falta de acuerdo sobre el producto final" con Vaersa (Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA), la empresa dependiente de la Consejería de Medio Ambiente que pidió el vídeo para mostrarlo en sus aulas medioambientales de las plantas de Alzira y Benidorm.
Al final no hubo vídeo didáctico, pero la empresa que preside ahora Álvaro Pérez Alonso, imputado en la trama por Garzón, logró cobrar la mitad del contrato, según publicó ayer Levante. El acuerdo estipulaba el pago del 50% a la presentación del guión técnico y literario del trabajo.
Orange Market firmó el contrato con Vaersa -lo rubricó el entonces gerente, Juan Miguel Bellver- por un total de 138.678 euros el 12 de noviembre de 2004, según confirmaron ayer fuentes de la consejería. La adjudicación se realizó mediante un procedimiento negociado sin publicidad, por lo que no fue necesario divulgar la oferta en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. En este proceso sin difusión, se invitó a tres empresas a presentar ofertas. Concurrieron al encargo Orange Market, Boomerangdrive, SL, y Down Town Consulting SL, todas ellas en esas fechas con un mismo administrador único, Luis de Miguel Pérez, uno de los principales imputados en el sumario del juez Garzón.
La singular selección entre tres empresas controladas entonces por la misma persona recayó en Orange Market, que había sido creada un año antes por el propio Luis de Miguel Pérez. La consejería rechazó ayer comentar la adjudicación, que con la normativa actual de contratos exigiría un pliego de condiciones específico. Medio Ambiente destacó que en el expediente figura la documentación requerida en estos casos y que la ganadora estaba al corriente de sus obligaciones legales, aunque no pudo concretar quién suscribió las tres ofertas o figuraba como persona de contacto. En la resolución final se destaca como mérito la "experiencia" de Orange Market, a pesar del escaso tiempo que llevaba operando en la Comunidad Valenciana. Orange Market aportó una relación de las actividades, pero sin concretar encargos.
El contrato con Vaersa expiraba el 20 de enero de 2005, fecha tope para que la empresa entregara el documental. No llegó a terminarlo. Según los datos de la consejería, el 22 de diciembre de 2004 Orange Market presentó "el guión y una maqueta del vídeo". A partir de ahí no consta otra entrega de trabajos. Superada la fecha de finalización del contrato, figura en la documentación una carta del 27 de septiembre de 2005 del departamento de comunicación de Vaersa a la dirección de la propia entidad pública en la que se pide la prórroga. Ésta se produjo, pero no sirvió para que el proyecto llegara a buen puerto. Orange Market cobró la mitad del contrato a principios de enero de 2005 - en fecha cercana al fin teórico del acuerdo- tras entregar el guión y la maqueta, como preveía el contrato, subrayó Medio Ambiente. Dos años después, el 17 de enero de 2007, la empresa pidió la resolución del contrato "por falta de acuerdo en el producto final".
La relación contractual se rompió oficialmente el 30 de enero de 2007. Vaersa se quedó sin documental. Pero los 69.310 euros que costó el asunto no los desembolsó la empresa pública. Según Medio Ambiente, la factura la ha asumido Ecoembes, una sociedad anónima sin ánimo de lucro compuesta por 57 empresas y asociaciones empresariales dedicadas a la gestión y reciclado de envases, papel y cartón. La comisión de seguimiento del convenio entre el Consell y Ecoembes para fomentar el reciclaje y la recogida selectiva decidió en agosto de 2004 que Vaersa se encargaría del documental. "La factura la ha pagado Ecoembes", aseguró ayer la consejería.
(www.elpais.com, 25/02/09)
BIENESTAR SOCIAL DIO DOS CONTRATOS A ORANGE MARKET Y SON YA CUATRO LAS CONSELLERIES CLIENTES DE LA FIRMA
No hubo departamento de la Generalitat que se le resistiera. La franquicia valenciana del conglomerado de empresas de Francisco Correa, investigado por el juez Baltasar Garzón por varios delitos económicos, también contrató con la Conselleria de Bienestar Social. Orange Market logró al menos dos adjudicaciones a dedo para montar sendos actos de la Fundación Tolerancia Cero, una entidad financiada al 50% por la Generalitat y Bancaixa y que tiene por objetivo la lucha contra la violencia machista y la realización de acciones de concienciación social para combatir esa lacra. Los encargos los recibió siendo consellera la entonces zaplanista Alicia de Miguel, quien siempre ha mantenido una buena relación personal con el presidente Francisco Camps.El primero de los contratos, que ascendió a 11.400 euros, se le concedió precisamente para que organizara y montara el acto de presentación de la Fundación Tolerancia Cero, que se celebró en el Museo Valenciano de la Ilustración (Muvim). Fue el 6 de marzo de 2006. Casi un año después -el 25 de enero de 2007-, Álvaro Alonso repitió como responsable de la organización de una especie de performance en la que participaron varias mujeres en un acto en el que se presentó la marca Punto final, una iniciativa de la citada fundación. Él escenario fue de nuevo el Muvim y en la presentación de esta campaña participaron la propia consellera De Miguel y el presidente de Bancaixa, José Luis Olivas. Por la actuación de ese día, la empresa Orange Market cobró 20.775 euros. El pago de los contratos se hizo con cargo al presupuesto de la Dirección General de la Mujer.
Fuentes de la Generalitat explicaron a este diario que la entonces titular del departamento de Bienestar Social contrató a Orange Market como gesto hacia la dirección de su partido y hacia el presidente de la Generalitat y con las elecciones autonómicas de 2007 en el horizonte y la posibilidad de repetir como consellera. Según las mismas fuentes, fue una contratación cuanto menos sugerida. Alicia de Miguel negó ayer este extremo. "Nadie me obligó a nada", sentenció. Y se explicó: "En los cuatro años que estuve en Bienestar Social organicé actos de todo tipo y contratamos a un montón de empresas. Esta hizo la propuesta y ya está. Pero no fue por indicación de nadie". "La verdad es que no quedamos descontentos, aunque creo que no nos hizo nada más", explicó De Miguel.
La relación entre Bienestar Social y Orange Market eleva ya a cuatro las conselleries que han contratado con la marca valenciana de la trama. Medio Ambiente, a través de la firma pública Vaersa; la Conselleria de Turismo, vía Agencia Valenciana de Turismo y la Conselleria de Presidencia, con la Sociedad de Promoción de la Imagen de la Comunitat Valenciana, o directamente. Y al margen de todas estos departamentos, está RTVV. Turismo le adjudicó a Orange Market el pabellón valenciano en Fitur, mientras que la sociedad pública de la promoción estratégica le concedió la fiesta de inauguración del Village de la Volvo Ocean Race. La Conselleria de Presidencia, con Esteban González Pons, encargó la Agenda de la Comunicación Valenciana a la empresa de Álvaro Pérez Alonso.
Las relaciones de la empresa que tiene a uno de sus dos fundadores -Pablo Crespo- en la cárcel por riesgo de fuga, se desarrolló unos meses antes de la campaña electoral de las autonómicas de 2007. Fue la primera cita electoral en la que el PP valenciano contrató con Orange Market, dado que las dos anteriores las hizo Special Events, empresa que estaba controlada por sociedades radicadas en los paraísos fiscales caribeños de Islas Vírgenes Británicas e Isla de las Nieves.
La campaña de 2007, la más cara de todas las organizadas por el PP valenciano, fue encargada directamente por Vicente Rambla, que fue coordinador de los actos de aquella contienda política. En Rambla concurre la particular circunstancia de ser uno de los pocos, si no el único, que ha contratado a la firma de Álvaro Pérez desde el partido y desde la Generalitat. Fue la Sociedad de Promoción de la Imagen de la Comunitat Valenciana, dependiente del vicepresidente primero del Consell, la que adjudicó el citado montaje de la Volvo Ocean Race por 516.000 euros, IVA incluido.
(www.levante-emv.com, 25/02/09)
El Poder Judicial pide a Fernando De Rosa que no hable más de Garzón
El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, arremetió el pasado viernes contra el juez Baltasar Garzón en Canal 9, manipuladísima televisión pública de Valencia. En concreto, el magistrado aseguró que “podríamos estar pasando una línea roja muy importante, que es la prevaricación" y defendió a Francisco Camps, a quien calificó como “un buen presidente de la Generalitat". Este martes, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha criticado duramente estas declaraciones y ha exigido “el cese de cualquier declaración que pudiera perturbar el sereno ejercicio de la actividad jurisdiccional”.
"Ni desde el Consejo General del Poder Judicial ni desde otros Poderes del Estado o de sus instituciones pueden dirigirse indicaciones a ningún juez o magistrado sobre el contenido de las resoluciones que haya de tomar o no en un procedimiento determinado, ni sobre la dirección de dicho procedimiento", ha señalado el órgano permanente del Consejo.
Apoyo de Carlos Dívar
La declaración en contra de las palabras de De Rosa ha contado con el voto a favor de cuatro de sus miembros (Carlos Dívar entre ellos), y solo con la oposición de la vocal Almudena Lastra.
Sin presiones
La Comisión Permanente del CGPJ destaca de forma especial la necesidad de “poner todos los medios a su alcance para evitar que los jueces y magistrados se vean sometidos a presiones que perturben el ejercicio de su función jurisdiccional que pretendan orientarla en un determinado sentido”.
Trabajó para Camps
Sin duda, esta declaración ha supuesto un duro revés a Fernando de Rosa, quien antes de ser vicepresidente del Consejo del Poder Judicial fue consejero de Justicia del Gobierno Camps.
Dimisión
Cabe recordar que este domingo, Jueces para Democracia (JpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) reclamaron la dimisión de Fernando de Rosa por haber protagonizado un "gravísimo ataque a la independencia judicial".
“Disculpas”
Por su parte, el ex consejero de Camps pidió “disculpas” a todos aquellos que hubieran podido sentirse “molestos o perjudicados” por unas declaraciones que realizó “a título exclusivamente personal”.www.elplural.com 24.02.09
EL CONSELL PAGÓ A ORANGE MARKET 69.310 EUROS POR LA CAMPAÑA DE VAERSA QUE NUNCA SE HIZO
Ni lo hizo Orange Market, ni ninguna de las múltiples subcontratas que utilizaba la marca valenciana del grupo de empresas investigadas por el juez Garzón por conformar presuntamente un tinglado de corrupción dedicado al blanqueo de dinero, fraude fiscal, falsificación de facturas y, al final de la cadena, evasión de capitales a paraísos fiscales. La "campaña de comunicación y sensibilización sobre el correcto uso del contenedor amarillo" no la hizo nadie. Jamás. Ni antes del 20 de enero de 2005, como fijaba el contrato, ni en febrero, ni en marzo, ni nunca.
La adjudicación de ese trabajo fue a dedo y pulverizó todas los récords de irregularidades posibles, como informó este diario el domingo. El contrato se firmó el 12 de noviembre de 2004 y Vaersa, sociedad 100% pública y entonces presidida Rafael Blasco, como conseller de Territorio, pagó la mitad del importe del contrato. Exactamente 69.310 euros, IVA incluido. El otro 50% debía abonarse, según el documento mercantil suscrito por las partes, al acabar el trabajo, el citado 20 de enero de 2005. Nunca se pagó ese segundo plazo porque, según documentación que obra en poder de este diario y admitió ayer un portavoz de la Conselleria de Medio Ambiente, la campaña no llegó a realizarse.
La firma entonces manejada ya por Álvaro Pérez Alonso, aunque administrada por el también imputado Luis de Miguel Pérez, presentó, según argumenta la Generalitat, varios proyectos pero ninguno se ajustó "a la idea del tipo de campaña que se quería". "Al final se decidió por mutuo acuerdo rescindir el contrato", explican las citadas fuentes. Entonces, si no se hizo, ¿por qué no se exigió a Orange Market la devolución de los 69.310 euros que había cobrado? Medio Ambiente esgrimió ayer como respuesta que la empresa había presentado "bocetos", había "hecho grabaciones, vídeos y trabajos que tenían sus gastos". Y los gastos se tasaron en justo la mitad del contrato. Ni más ni menos.
Resulta chocante que hubiese desavenencias entre Vaersa y la firma de Álvaro Pérez sobre la idea de campaña cuando la empresa pública no tuvo ninguna duda a la hora de adjudicarle a dedo el contrato. Es más, tan claro debían de tener el perfil de la campaña que querían que no hubo pliego de condiciones ni criterios previamente establecidos para valorar las ofertas "invitadas".
Tampoco era muy necesario si se considera que la "consulta" de los tres presupuestos que exige el procedimiento negociado sin publicidad -a dedo- era realmente un auténtico paripé. Porque los tres presupuestos, que ni siquiera constan en el expediente ni pasaron por registro de entrada, eran de empresas hermanas: Orange Market, Boomerangdrive S. L. y Down Town Consulting. Esta última es Easy Concept Comunication con su nombre anterior.
La tres estaban administradas por Luis de Miguel Pérez, imputado en la causa y uno de los expertos fiscales que, con Ramón Blanco Balín y Pablo Crespo, diseñaron la arquitectura financiera de la trama, según Garzón. Orange Market, nacida quince meses antes del contrato, fue la valencianización fashion de la marca Special Events, la empresa controlada por sociedades de paraísos fiscales caribeños con la que Correa y Álvaro Pérez habían trabajado para el PP en las campañas electorales autonómicas de 1999 y 2003. Orange Market sumó la Generalitat a su cartera de clientes.
El administrador único de las tres empresas que participaron en la simulación de procedimiento negociado sin publicidad convocado por Vaersa en 2004, Luis de Miguel Pérez, no pudo declarar ayer en la Audiencia Nacional como pretendía porque el juez sustituto de Garzón decidió aplazar los cinco interrogatorios previstos. Santiago Pedraz, el magistrado sustituto, decidió que los citados vuelvan el día 5, cuando en principio ya se habrá reincorporado Garzón, que está de baja por una crisis de ansiedad. Otro de los llamados a testificar ayer era Javier Nombela, quien fue apoderado de Easy Concept y, según la imputada Isabel Jordán, llevaba la contabilidad de esa sociedad hasta 2006. Nombela fue destituido por Gallardón al verse imputado por su presunta participación en la red de facturas falsas. El actual consejero delegado de Easy Concept (firma que montaba en la práctica el pabellón valenciano de Fitur), Pablo Collado, era otro de los llamados a declarar.
(www.levante-emv.com, 24/02/09)
CAMPS ACUDIÓ EN MADRID AL SASTRE QUE LE RECOMENDÓ ÁLVARO PÉREZ 'EL BIGOTES'
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, acudió en Madrid al sastre que le recomendó el responsable de Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez Alonso, conocido en el partido como El Bigotes. Pérez, que está imputado por el juez Baltasar Garzón por formar parte, presuntamente, de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, era el responsable de organizar los actos de la dirección regional del PP. En especial, aquellos actos en los que aparecía el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Orange Market logró, además, varios contratos de la Administración valenciana.
Fuentes de la Generalitat confirmaron ayer que Camps acudió recomendado por Álvaro Pérez a un sastre llamado José Tomás en la tienda que Milano tiene en la calle Serrano de Madrid. Una relación que mantuvo con el sastre cuando cambió de trabajo y fichó por la franquicia Forever Young en Madrid.
Presidencia ya ha reconocido que Camps estuvo en la tienda Milano de Madrid, donde encargó cuatro trajes. Sin embargo, según las mismas fuentes, no le gustaron cómo estaban los arreglos de los trajes y los devolvió sin llegar a pagarlos. La compra frustrada tuvo lugar en las fechas en las que se preparaba la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, que tuvo lugar en julio de 2006.
El presidente de la Generalita ha anunciado una querella contra la empresaria, imputada por el juez Garzón, Felisa Jordán, que en una de las grabaciones del sumario alude al pago de 30.000 euros en trajes para Camps.El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha investigado tres facturas, en especial una cuyo importe rondaría los 5.000 euros. Garzón también habría intentado averiguar si las empresas de la trama corrupta utilizaron facturas falsas para defraudar a Hacienda o blanquear dinero.
El sastre de Milano al que Álvaro Pérez acudía y que recomendó a Camps era el mismo al que le encargaba los uniformes de los grandes eventos, incluidos los de las azafatas del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur. Un pabellón que Orange Market se adjudicó por primera vez en 2005 por importe de más de 1,3 millones de euros y que, desde entonces, ha ganado ininterrumpidamente.
Álvaro Pérez se instaló en la Comunidad Valenciana después de que el PP perdiese las elecciones generales en el año 2004. Su capacidad para montar actos y eventos visualmente potentes fue una de las razones para que el presidente de la Generalitat lo eligiese como escenógrafo de cabecera. Orange Market ha organizado la gran mayoría de actos del PP en los que participaba Camps.
La tensión del jefe del Consell a raíz de difundirse el pasado jueves que el informe de la Fiscalía Anticorrupción lo implica en la trama corrupta se hizo patente ayer en la celebración del Día de Andalucía en la plaza de toros de Valencia.
Camps llegó alrededor de mediodía arropado por una impresionante comitiva en la que estaba la gran mayoría de los miembros del Consell, la dirección regional y provincial de Valencia del PP, diputados, secretarios autonómicos, diputados.
La entrada de Camps en la plaza registró, por primera vez en muchos años, una ostensible pitada, que se entremezcló con los aplausos de quienes querían expresar su apoyo al jefe del Consell.
Media hora antes de la entrada del presidente de la Generalitat había hecho su aparición la comitiva socialista, bastante menos numerosa y encabezada por el secretario general del PSPV, Jorge Alarte. La gran afluencia de cargos populares provocó una discusión entre los servicios de protocolo, ya que los populares querían desplazar a los socialistas que habían llegado antes. Finalmente la cuestión se solución con la incorporación de dos sillas más para otorgar a Camps la presidencia del acto.
El presidente de la Generalitat tan sólo cruzo un breve y frío saludo con el secretario general del PSPV, que evitó realizar comentarios sobre los problemas que afrontan los populares.
El reparto de sillas hizo que, finalmente, se sentase junto a Alarte el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, también inmerso en un escándalo por adjudicar obras de miles de euros a un constructor amigo suyo, con quien comparte la afición por el parany, un arte de caza declarada ilegal.
Bajo un sol de justicia, el jefe del Consell realizó una corta intervención ante los participantes del Día de Andalucía en la Comunidad Valenciana, festividad a la que también acudió la consejera de Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro.
Camps afirmó que lleva a Andalucía en su corazón y destacó las raíces comunes que unen a valencianos y andaluces. También recordó su vinculación afectiva con varias de las imágenes que se veneran en esa tierra, como la Virgen del Rocío o de la Estrella.
(www.publico.es, 23/02/09)
CUATRO DE LOS DIEZ CONTRATOS PARA GRANDES EVENTOS SE HICIERON A DEDO
Datos sobre nuevas irregularidades en la sociedad que gestiona los grandes eventos organizados por la Generalitat Valenciana. Las dos primeras auditorías que se realizaron en la Sociedad Pública de la Generalitat Valenciana en 2006 y 2007 critican la contratación a dedo de sus empleados, según reveló ayer la Cadena SER. En concreto, los informes señalan que el proceso de selección se hizo "sin publicidad, sin garantizar los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad y sin que haya ningún informe que recoja por qué debe ser elegido un candidato en detrimento del resto". Los auditores comprobaron en el año 2006 que cuatro de los diez contratos adjudicados por esta sociedad se hicieron a dedo.
Más llamativo todavía es el caso de las adjudicaciones. Los informes de auditoría subrayan que todos los informes están firmados por la gerente de la entidad, sin que exista un informe previo de una Comisión de Evaluación. Y añaden, "creemos conveniente que aquellas licitaciones de cuantías significativas deben ser objeto de suficiente publicidad". Los auditores llegan a esa conclusión después de comprobar en 2006 que cuatro de los diez contratos adjudicados por esta sociedad en ese mismo año se habían adjudicado a dedo por el procedimiento negociado sin publicidad. Entre ellos los dos más caros: el patrocinio de la película de Los Borgia, que costó 1 millón de euros y el de la salida de la Volvo Ocean Race de Alicante, que supuso un desembolso de 5 millones de euros.
Estas recomendaciones cayeron en saco roto al año siguiente porque ocho de los nueve contratos adjudicados por resta sociedad durante los mandatos de Camps se adjudicaron también a dedo y sin publicidad.
(www.elpais.com, 23/02/09)
UN PARIPÉ A FAVOR DE ORANGE MARKET
Orange Market logró en noviembre de 2004, tras perder ese año el PP las elecciones generales, uno de sus primeros contratos con la Administración valenciana. La empresa, que forma parte de la trama corrupta que investiga el juez Baltasar Garzón, logró adjudicarse una campaña publicitaria de 138.678 euros de la sociedad pública Vaersa, según publicó ayer el diario Levante. La sociedad pública de la Generalitat, dedicada al aprovechamiento energético de residuos, recurrió a un procedimiento negociado sin publicidad.
La empresa pública, que entonces dependía del consejero de Territorio Rafael Blasco, dedició adjudicar una campaña de comunicación y sensibilización sobre el uso del contenedor amarillo mediante un procedimiento negociado y sin publicidad. Es decir, la Administración reclama a tres empresas distintas que presente un presupuesto.
Las tres empresas invitadas a concursar tuvieron todas al mismo administrador único, Luis Miguel Pérez. Esta persona ostentaba entonces el cargo en Orange Market, Easy Concept Comunication y Boomerangdrive. Orange Market se había constituido apenas año y medio antes en la localidad de Algemesí por Luis Miguel Pérez, que suscribió la práctica totalidad de las acciones, a excepción de una que se quedó Pablo Crespo. Ambos han sido imputados por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón como supuestos cerebros de la trama de empresas corruptas.
Las propuestas económicas de las tres empresas a las que se invitó a participar, según indica Levante, ni siquiera fueron depositadas en el expediente del procedimiento de adjudicación.
La razón por la cual se eligió a Orange Market fue su experiencia en este tipo de trabajos, aunque su fecha de creación era reciente. Al parecer, en el criterio de selección se tuvo en cuenta que sus orígenes estaban en Special Events, la firma de Francisco Correa.
La adjudicación se realizó, presumiblemente, sin que se exigiese ningún tipo de garantía a Orange Market.
La coordinadora general de Esquerra Unida, Glòria Marcos, aseguró ayer que el actual consejero de Inmigración, Rafael Blasco, debería dimitir si se comprueba que bajo su mandato como consejero de Territorio la empresa pública Vaersa contractó con Orange Market incumpliendo todos los requisitos que marca la ley.
Marcos pidió al Consell que depure al máximo las responsabilidades y se refirió tanto a Blasco como al consejero de Gobernación, Serafín Castellano, también implicado en un escándalo de contrataciones a un empresario amigo. La responsable de Esquerra Unida también tachó de actitudes rechazables las de Carlos Fabra y Luis Díaz Alperi.
(www.elpais.com , 23/02/09)
FERIA VALENCIA CONTRATÓ CON ORANGE MARKET PARA HÁBITAT SIN AVISAR AL ORGANIZADOR
Feria Valencia contrató a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez implicada en el supuesto caso de corrupción que afecta al PP, para realizar una campaña de promoción de Hábitat al margen del presupuesto y sin el conocimiento previo de los empresarios encargados de la organización de este certamen, que integra a los sectores del mueble, la iluminación, la decoración y el textil y que es el más importante de los que se celebran en la institución. Orange Market empezó a trabajar con Feria Valencia hace algo más de un año, después de la llegada de Carlos Vargas a la dirección general en julio de 2006.
Según fuentes oficiales de la institución, ésta colaboraba principalmente con la agencia BSB (Sáez Merino) pero se le rescindió el contrato por disconformidad con su gestión. Entonces se "buscó" un sustituto y "se encontró" a "Orange Market, sin que llegara por instrucción de nadie". Lo cierto es que Feria Valencia buscó y halló fuera de la institución, ya que en esos momentos, como constata el citado portavoz, sus certámenes tenían contratadas a otras agencias. Curiosamente, afirma que sí se consultó con estas empresas para buscar a dos personas para el departamento de marketing que al final fueron contratadas por mediación de otra firma a la que también recurrió: Orange Market. Se trata de Miren Olcoz, directora, que acaba de anunciar su marcha, y Cristina Olmeda, jefa. La Feria ve normal este proceder, se negó a revelar la identidad del resto de consultoras y no contestó a la pregunta de si no habría sido más lógico tratar con alguna empresa de selección de personal.Sea como sea, tras este trabajo, Orange Market fue contratada para otro cometido más suculento: la promoción de Hábitat. Según fuentes presenciales consultadas por este diario, el pasado mes de junio, tres meses antes de la celebración de ese certamen, Carlos Vargas reunió a los empresarios que forman parte de la organización del evento y les comunicó la contratación de una empresa -"que nos dijeron que era muy importante, pero de la que no nos dieron información"- que llevaría a cabo la promoción de esta feria. Las citadas fuentes afirman que Orange Market no estuvo presente en la reunión, en la que les dieron a conocer hechos consumados.
Es tanto así que, en realidad, les expusieron la campaña diseñada por la firma de Álvaro Pérez. Sí les dijeron que se trataba de una iniciativa adicional a la de la propia Hábitat, es decir, que el presupuesto era suplementario al que estaba contemplado en las cuentas del certamen. "Esa contratación corría a cargo de Feria Valencia, no de Hábitat", explica una de las fuentes consultadas. La campaña no fue del gusto de todos los asistentes, pero nadie se quejó, porque el mayor gasto en promoción era una petición de los empresarios y porque "toda publicidad es buena".
Varias fuentes consultadas por este diario apuntan que el contrato llegó hasta los 800.000 euros, gestionados por el departamento dirigido por Miren Olcoz. Feria Valencia se ha negado a dar datos sobre contratos de clientes y se limitó a decir que la institución es al final la que lo paga todo, aunque un gasto esté presupuestado en un certamen y otro en la dirección de marketing. También afirma el portavoz de la institución que "se pagó lo que costaba" y especificó algunos de los servicios incluidos, como 50 monopostes durante dos meses, varias lonas gigantes o una falla que fue exhibida en diversos lugares del país. También precisó que, además de la campaña de marketing, Feria Valencia tomó otras medidas de apoyo al sector, como un descuento del 20% en el precio del suelo.
En cualquier caso, Orange Market es ya un proveedor del pasado para Feria Valencia. La institución asegura que la empresa no trabaja para ella desde enero. Ni se le ha encargado ningún nuevo cometido ni tiene ninguno pendiente de ejecutar.
(www.levante-emv.com, 23/02/09)
EL SÍNDIC DE COMPTES DENUNCIÓ EN 2004 IRREGULARIDADES EN LA ADJUDICACIÓN DE VAERSA A LA FIRMA INVESTIGADA
El informe de la Sindicatura de Comptes de 2004 puso de manifiesto numerosas irregularidades en los contratos de la empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa), de la Conselleria de Medio Ambiente, entonces dirigida por Rafael Blasco.
Uno de los contratos estudiados por el síndic fue, precisamente, la "campaña de sensibilización correcto uso del contenedor amarillo", de 138.000 euros, que la Generalitat adjudicó a dedo a Orange Market, la franquicia valenciana de la presunta trama de corrupción que investiga Garzón.
Vaersa otorgó aquella campaña en un simulacro de selección entre tres firmas vinculadas a la misma persona, Luis de Miguel Pérez, uno de los cerebros de la presunta trama de empresas de Francisco Correa. En la auditoría sobre la actividad contractual de la empresa de Medio Ambiente Vaersa, el síndic advierte de la insuficiencia en la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia exigidos en la ley de contratos de la Administración Pública (LCAP).
Respecto a las anomalías particulares, el síndic censura que en algunos expedientes no fueron registradas las ofertas económicas. Esta, concretamente, es una de las incidencias de la adjudicación a Orange Market, ya que las propuestas económicas ni siquiera fueron validadas en el registro de entrada.Por otro lado, la Sindicatura también denunció que en algunos expedientes de contratación no aparecía el pliego de condiciones o contenía deficiencias sobre los criterios de adjudicación o el baremo a aplicar. Precisamente, en el caso de la campaña encargada a Orange Market se aplicó como única razón su experiencia, cuando la mercantil sólo contaba con un año de existencia.
Respecto a la publicidad, los incumplimientos de Vaersa son manifiestos. Ninguna de las adjudicaciones estudiadas por la Sindicatura fue publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. En el caso del contrato con Orange Market, la licitación tampoco fue anunciada en el boletín, como obliga el reglamento de la entidad pública Vaersa.
EL CONSELL LICITÓ Y ADJUDICÓ A ÁLVARO PÉREZ EN 11 DÍAS EL CONTRATO DE LA VOLVO DE 516.000 EUROS
En tiempo récord. El contrato que la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat adjudicó por procedimiento negociado a Orange Market, la empresa presidida por Álvaro Pérez y presunta pata valenciana de la trama de supuesta corrupción en el PP que investiga el juez Garzón, se ventiló en tan solo once días. Y ello, a pesar del elevado importe de la contrata, 516.000 euros con IVA y de la complejidad de la propuesta, la producción y montaje de la ceremonia de inauguración de la Villa de Regatas de la Volvo Ocean Race en Alicante, que tuvo lugar el 19 de septiembre de 2008.
El contrato, entregado el jueves a las Corts por el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, refiere el proceso seguido. El 20 de agosto de 2008, la mercantil pública emite informe de aprobación del gasto y las bases que deben regir la contratación. El 1 de septiembre, se solicitan tres ofertas para presentar propuestas de adjudicación y ese mismo día se publica anuncio de licitación "para que cualquier interesado pudiera retirar en plazo el pliego de bases y presentar propuesta". El presupuesto, 500.000 euros.
En la comisión de las Corts, Rambla puntualizó que el anunció se publicó en la "web institucional", sin aclarar cuál, ya que la sociedad no tiene página en Internet. Según explicó Rambla, recogieron el pliego tres empresas: Orange Market, Inmotion y Concepto Alternativo. Sólo optó la firma de "El Bigotes". El contrato revela que la sociedad de Pérez presentó propuesta el 9 de septiembre, ocho días después de recibir la invitación y difundirse el anuncio. Su oferta fue de 445.000 euros sin IVA, 516.000 con el impuesto, una baja del 11%, resaltó el portavoz del Consell.
Tres días después, el 12 de septiembre, se emite el "Informe de selección y adjudicación" avalando la contratación. Ese mismo día, el 12, se firma el contrato entre Cándido Herrero Martínez, en representación de Orange Market e imputado también por Garzón, y por parte de la Sociedad Gestora, la gerente, Arantxa Vallés, y la directora general y secretaria del consejo, Dora Ibars.
Desde el 1 al 12 de septiembre, en once días, la mercantil del Consell solventó el proceso de licitación y adjudicación en favor de Orange Market para una contrata de medio millón de euros. La capacidad de reacción de la empresa fue espectacular, ya que la ejecución del contrato abarca "desde el día de su firma indicada en el encabezamiento [12 de septiembre], hasta el día 22 de septiembre de 2008". La ceremonia de inauguración tuvo lugar el 19 de septiembre, 18 días después de la invitación y 7 de la adjudicación.
Según el propio documento, la prestación de servicios "no se encuentra sujeta a regulación armonizada" por la ley de Contratos del Sector Público, de forma que "se regirá de acuerdo con las instrucciones internas de contratación". Estas instrucciones fueron informadas por la Abogacía de la Generalitat el 1 de agosto de 2008.
Tal como publicó el sábado este periódico, la Sociedad todavía le debe a Orange Market el 40% del precio de este contrato -206.000 euros con IVA-, que debía abonarle "antes del 15 de febrero de 2009", nueve días después de estallar el escándalo de la presunta trama de corrupción. El Consell no le ha pagado la cantidad, ya que, como estipula el contrato, la firma debe presentar una "Memoria gráfica y audiovisual de la ceremonia de inauguración", algo que todavía no ha hecho.
(www.levante-emv.com, 23/02/09)
CAMPS ACUDÍA A LA TIENDA FOREVER YOUNG RECOMENDADO POR ´EL BIGOTES´
El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, estuvo en las tiendas de moda madrileñas Milano y Forever Young, y lo hizo por recomendación de Álvaro Pérez El Bigotes. Empleados de Milano explicaron que Camps sólo compró una vez en la tienda, cuatro trajes concretamente, pero no llegó a pagarlos porque los devolvió, ya que estaban mal hechos.
Sin embargo, Camps también acudió a otra sastrería madrileña por consejo de Álvaro Pérez. Cuando José Tomás, a quien Pérez compraba los trajes desde quince años atrás, dejó Milano para encargarse de dirigir las sucursales de Forever Young, el presidente valenciano se convirtió en asiduo de esta tienda para hacerse los trajes. Acudía recomendado por Pérez, pero sin él. "Solía venir Camps solo con su guardaespaldas", afirmaba un empleado. Cabe recordar que las palabras de una de las imputadas en la trama vinculaban a Camps con la factura de unos trajes.
(www.levante-emv.com, 23/02/09)
CAMPS Y BLASCO GUARDAN SILENCIO
Justo el mismo día en que Levante-EMV revelaba que Orange Market, la franquicia valenciana de la trama de empresas de Francisco Correa que investiga la Audiencia Nacional por presunta corrupción, logró una adjudicación a dedo de la Generalitat en 2004, a través de la empresa pública Vaersa, que presidía el entonces conseller de Territorio, Rafael Blasco, el propio conseller y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, optaron por guardar silencio.
Todos los medios de comunicación, convocados ayer en la plaza de toros de Valencia donde se celebraba el Día de Andalucía, aguardaban la ocasión de poder preguntar a Camps o Blasco. Pero ni explicación sobre la adjudicación a dedo a Orange Market de una campaña de 138.678 euros saltándose la publicidad y concurrencia que exige la ley, ni sobre ninguna otra cuestión. Ni el actual conseller de Inmigración y Ciudadanía, ni el jefe del Consell, tenían previsto hacer declaraciones, aseguraban los responsables de comunicación del PP.
Pero es que acercarse a alguno de ellos para intentarlo era una misión imposible. Una hora antes de la llegada de Camps, un nutrido grupo de simpatizantes le aguardaba en la puerta de autoridades. "He venido porque me han dicho que es el momento de estar con el president", comentaban entre ellos. En cuanto llegó el jefe del Consell, una nube de seguidores le rodeó y, entre aplausos, le acompañó hasta la primera fila. Allí Camps saludó al secretario general del PSPV, Jorge Alarte, con quien era la primera vez que coincidía dese que estalló el caso Gürtel.
El Consell contrató a dedo a Orange Market entre tres ofertas del mismo gerente
Vaersa dio la campaña de 138.678 euros a la empresa de cabecera del PP tras consultar otras dos también gestionadas por Luis de Miguel. Se hizo con Blasco de conseller y sin la publicidad y concurrencia exigidas
La única razón esgrimida fue la experiencia, cuando sólo tenía un año
Un 33% de los imputados por Garzón está en dos de las sociedades del contrato de Vaersa
Orange Market, la franquicia valenciana de la trama de empresas de Francisco Correa que investiga la Audiencia Nacional por presunta corrupción, logró una adjudicación de la Generalitat en 2004 que dinamitó toda la arquitectura normativa. Vaersa le dio a dedo una campaña de 138.678 euros saltándose la publicidad y concurrencia que exige la ley. Se "consultaron" tres empresas y todas estaban gestionadas por el imputado Luis de Miguel, uno de los expertos fiscales de la trama.
La empresa Orange Market, contratista de referencia del PP valenciano y pieza clave en la tela de araña de presunta corrupción que tejió Correa, encontró en sus primeros pasos en el mercado la misma buena acogida en la Generalitat que la que tenía en el partido que la gobierna. La firma que hoy preside Álvaro Pérez y a la que entonces ya estaba ligado laboralmente, logró en noviembre de 2004 un contrato a dedo de la empresa Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa), una sociedad 100% pública presidida entonces por Rafael Blasco, por su cargo de conseller de Territori, departamento del que depende la firma.
Juan Miguel Bellver era gerente de la empresa que adjudicó por 138.678 euros una campaña de comunicación y sensibilización sobre el correcto uso del contenedor amarillo. Pese a que la Ley de Contratos de la Administración Pública (LCAP) y la propia normativa interna de esta empresa obligan a respetar los principios de publicidad y concurrencia de ofertas en el proceso, por la cuantía de ese contrato (disposición adicional sexta del Texto Refundido de esa ley), en este caso se saltaron todos los preceptos al optar por el llamado procedimiento negociado sin publicidad. La necesaria concurrencia de ofertas fue muy "sui generis". Porque la preceptiva invitación a tres empresas del sector para que presentaran propuestas fue técnicamente un paripé. Además de Orange Market, se pidió presupuesto a Boomerangdrive S. L. y a Down Town Consulting. El administrador único de la primera era Luis de Miguel Pérez. El de la segunda, también. ¿Y quién gestionaba la tercera? Pues el mismo. En el caso de Orange Market, el gerente era también cofundador de la sociedad -en escritura otorgada el 24 de julio de 2003- y prácticamente dueño único, al haber suscrito 3.005 acciones. Todas menos una, que se la quedó, por un euro, Pablo Crespo, quien ahora duerme en prisión.
Down Town Consulting no es otra cosa que el anterior nombre de Easy Concept Comunication. De Miguel, especialista en fiscalidad considerado como uno de los cerebros del entramado societario que ahora se investiga, administraba esta empresa desde hacía seis meses, según documentación mercantil a la que ha tenido acceso este diario.
Las propuestas económicas recabadas ni siquiera fueron validadas en el registro de entrada. Tampoco constan en el expediente del procedimiento, lo que abunda en las irregularidades de esta adjudicación. Y ahí no acaban las anomalías de una contrata que, en la lectura más laxa y amable de la normativa para el Consell, debería haber sido negociado con publicidad, según expertos consultados. Sin embargo, no hubo ninguna licitación publicada en el DOCV, como obliga el propio reglamento de la entidad pública Vaersa, ni siquiera un anuncio en prensa. Al Diario Oficial no acudió la Generalitat ni antes ni después porque la identidad de la contratista también se cubrió de un manto de silencio. Para justificar la adjudicación del contrato se argumentó, como única razón para elegir a Orange Market, la experiencia. Era difícil saber si esa variable pesaba poco o mucho porque los criterios establecidos para seleccionar la empresa no constaban en ningún pliego de condiciones ni en informe técnico alguno.
El propio contrato mercantil, firmado el 12 de noviembre de 2004, presentaba más anomalías, como para batir récords. Una de las más flagrantes: no constaba en ningún sitio que se le hubiera exigido fianza o garantía de cumplimiento del contrato a la empresa adjudicataria. El aval u otro tipo de garantía es uno de los requisito básicos en cualquier encargo de este tipo. En la letra gorda y en la pequeña hubo descuidos en la que fue una de las primeras experiencias de la empresa hoy presidida por Álvaro Pérez con la Generalitat del PP. Por ejemplo, el DNI que consta en el documento no se correspondía con el del representante legal de la empresa, sino con el de la apoderada de la mercantil dedicada al montaje de eventos, saraos y a la publicidad.www.levante-emv.com 22.02.09
El presidente del CEU es socio de Michavila y la fundación San Pablo forma parte de Mediamed
El rector Parejo impone el birrete a Aznar ante Camps y Dagnino. ferran montenegro
El secretario de la institución académica también asesora a Eius Abogados
La Fundación Universitaria San Pablo CEU está presente, de una u otra manera, en empresas y despachos vinculados a personas relacionadas con las ramificaciones de la trama del caso Gürtel. El presidente del CEU, Alfredo Dagnino Guerra, es uno de los socios de Eius Abogados, el bufete del diputado por Valencia y ex ministro José María Michavila. En este despacho coincide también con Alberto Dorrego de Carlos, secretario de Mediamed Comunicación Digital, la empresa de medios de José María Ulibarri -imputado por Garzón por cuestiones urbanísticas-. La propia fundación universitaria forma parte del consejo de Mediamed.
Según informaciones publicadas por El Periódico de Catalunya, Eius Abogados -en el que también trabaja el portavoz de Economía del PP en les Corts Valencianes José Marí Olano- ha defendido al consistorio de Boadilla del Monte -epicentro del sumario- en varias ocasiones. Y añade que concretamente los letrados fueron Alfredo Dagnino y Dorrego. El sindicato Manos Limpias entregó a la Fiscalía Anticorrupción un listado de supuestos "amigos" de González Panero "implicados" en sus negocios que incluía a Michavila pero éste negó tener negocios con el entonces alcalde de Boadilla.
Según el diario catalán el propio Dorrego habría reconocido sus trabajos en "ciertos pleitos de singular complejidad". Como ya informó Levante-EMV, Dorrego, que fue director general para la Modernización de la Administración de Justicia en la etapa de Michavila como ministro, es al mismo tiempo secretario del consejo de administración de Mediamed y de dos empresas públicas de la administración valenciana: Cabanyal 2010 y Comunitat Valenciana d'Inversions (VCI) ( en esta última como vicesecretario). En declaraciones a El Periódico, Dorrego quita importancia a su cometido en estas firmas. Cabanyal 2010 también encargó a Eius un informe jurídico sobre el plan del Cabanyal. Y la Televisión Municipal de Valencia ha contratado a este mismo bufete por 7.000 euros para defender a la sociedad participada mayoritariamente por otra sociedad de Ulibarri (a través de Begar) frente a un recurso del PSPV que cuestiona precisamente el desembarco del empresario en la emisora.
Mediamed Comunicación Digital es propiedad de Ulibarri se ha hecho con 13 licencias de TDT del Consell en la Comunitat Valenciana.
En el consejo académico de Eius Abogados figuran también Raúl Mayoral, secretario general de la Fundación San Pablo CEU y especialista en Derecho de las Telecomunicaciones que, como se ha informado, es una de las muchas especialidades del bufete. El propio Michavila y Dorrego de Carlos publicaron un número monográfico sobre las TDT.www.levante-emv.com 22.02.09
Nuevos chanchullos entre el Gobierno de Camps y la empresa de El Bigotes
Mientras el Partido Popular de Valencia se sigue rompiendo las manos apoyando a su presidente, Francisco Camps, los asuntos turbios de la Comunitat siguen saliendo a la luz. Y una vez más, la empresa implicada no es otra que Orange Market, la entidad presidida por Álvaro Pérez, alias El Bigotes. En 2004, el Govern de Camps le adjudicó a dedo una campaña de 138.678 euros en la que competían otras dos empresas, pero todas gestionadas por la misma persona: Luis de Miguel, imputado en la trama.
Orange Market organizó la visita del Papa, la Fórmula 1 y numerosos eventos en Valencia
Exigen a Camps que enseñe todas las facturas a Orange Market, no sólo las legales
Camps, contra las cuerdas: la oposición le reprocha sus contratos con Orange Market y Ulibarri
La empresa beneficiada millonariamente por Camps acoge a amigos de Aznar, Villalonga y Alejandro...
Así lo desvela hoy el diario Levante. La empresa Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa), adjudicó a Orange Market una campaña por la que compitieron, además de ésta, las empresas Boomerangdrive S. L. y Down Town Consulting. Todas implicadas en la trama de la Operación Gürtel.
Dependiente de Territorio
Vaersa es una sociedad 100% pública que depende directamente de la Consejería de Territorio. Por ello, el consejero de aquel entonces, Rafael Blasco, también presidía Vaersa. Esta compañía encargó en 2004, y a dedo, una campaña de concienciación sobre el uso del contenedor amarillo a la ya conocida Orange Market, que ahora preside Álvaro Pérez.
Récord de irregularidades
El proceso de adjudicación, por valor de 138.678 euros, es serio candidato a batir todos los récords de irregularidades. De todos los gazapos, el que más llama la atención es la competencia a la que se enfrentó Orange Market. La Generalitat pidió presupuesto también a Boomerangdrive S. L. y a Down Town Consulting. El administrador único de Orange Market era, entonces, Luis de Miguel Pérez. También lo era de la segunda. ¿Y en el caso de la tercera? Pues también. Un absoluto paripé administrativo.
Todas menos una
Curiosamente, este gerente, imputado en la operación Gürtel, era cofundador de Orange Market. Casi podría decirse que era el dueño único. A él pertenecían 3.005 acciones de la empresa. Todas menos una, que se había quedado, por sólo un euro, Pablo Crespo, ahora encerrado a la sombra.
Ni una sola notificación
Pero hay más. La Ley de Contratos de la Administración Pública (LCAP) y la propia normativa interna de Vaersa obligan a que sus adjudicaciones respeten los principios de publicidad y concurrencia de ofertas. Pero en este caso decidieron saltarse los procedimientos y optar por el procedimiento negociado sin publicidad. El resto de propuestas no fueron registradas, no hay expediente del procedimiento, no hubo publicación en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, ni anuncio en prensa…
Sin avales
Una de las irregularidades más escandalosas es que no consta en ningún documento que a Orange Market se le hubiera exigido fianza o garantía de cumplir el contrato. Este aval es un requisito básico en todos los encargos de este tipo. Finalmente, un dato curioso: el DNI que aparece en el documento no se corresponde con el del representante legal de Orange Market, sino con el de la apoderada de la mercantil dedicada al montaje de eventos, saraos y a la publicidad.www.elplural.com 22.02.09
La implicación de Camps en la trama siembra la desconfianza en su partido
"Ha sido un mazazo, sólo comparable al que tuvimos cuando perdimos las elecciones generales de 2004", reconoce un alto dirigente de los populares valencianos. La publicación por EL PAÍS el pasado jueves de que un informe de la Fiscalía Anticorrupción implica al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en la trama corrupta que investiga el juez Baltasar Garzón, ha hecho temblar los cimientos de uno de los bastiones del PP.
El mismo jueves por la noche, Camps instó a la Junta Directiva Regional del PP a dejar las cuitas internas para afrontar todos juntos una situación que amenaza seriamente la estabilidad del partido que gobierna la Comunidad Valenciana con mayoría absoluta desde 1999.
Sin embargo, la desconfianza se ha instalado entre los populares. En Alicante, los seguidores del presidente de la Diputación y del PP provincial, el zaplanista José Joaquín Ripoll, no se fían de los seguidores del presidente Camps, que tienen impugnado el congreso provincial y aspiran a barrerlos. El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado en varios supuestos delitos contra la Administración y presunto fraude fiscal, ha visto la oportunidad para equiparar su situación a la de Camps. Aunque Fabra, a quien el propio Mariano Rajoy calificó de "ciudadano y político ejemplar", nunca ha ocultado que él siempre se mueve en defensa de sus intereses.
El ambiente de desconfianza también se ha infiltrado en el propio Gobierno valenciano tras publicar este periódico que el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, adjudicó directamente contratos a una empresa propiedad de un amigo suyo. El entorno del consejero, que presumiblemente se ha salvado gracias al escándalo del propio Camps, sospecha que la filtración de su actuación fue interna.
El presidente de la Generalitat intenta mejorar la imagen de su gestión tras años de opacidad y un férreo control de Canal 9.
Pese a todo, Camps no ha explicado todavía su relación con Orange Market y su responsable, Álvaro Pérez, El Bigotes, que formó parte del círculo íntimo de la cúpula popular y a quien se contrató en la Generalitat y en el PP. Un PP que asegura estar "muy fuerte y con ganas de guerra".
www.elpais.es 22.02.09
El mapa valenciano de la trama
El presidente del Consell se probó varios trajes en la tienda de Milano en Madrid
El sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en relación con una trama corrupta vinculada al PP, no sólo amenaza con implicar a altos cargos de la Generalitat. También ha puesto en tela de juicio la gestión de la política de grandes eventos del Consell y ha evidenciado la confusión que un buen número de altos cargos del Partido Popular tienen para distinguir su ámbito privado, del partidario y el institucional.
Los letrados de Eius defienden los intereses televisivos de Mediamed
Una grabación en la que se habla de los trajes implica a Camps en la trama
Garzón investiga si Álvaro Pérez intervino para tener facturas falsas
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha tenido siempre entre sus fijaciones dos ideas: transmitir imagen de proximidad y de honradez. Dos elementos con los que buscó desmarcarse de su predecesor, Eduardo Zaplana, que tuvo en su gobierno a Luis Fernando Cartagena, condenado a pena de prisión por un delito de malversación. Sin embargo, nadie ha explicado todavía por qué, la dirección regional del PP, que preside el propio Camps, contrató con Orange Market, la empresa que dirigía en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, y que forma parte de la trama que dirigía Francisco Correa. Un personaje del cual el PP nacional se deshizo al saber que reclamaba contratos en nombre del partido al poco de llegar Mariano Rajoy a la presidencia.
Orange Market forma parte de la trama que investiga el juez Garzón. Esta empresa era la principal organizadora de actos de la dirección regional del PP y se ocupaba, especialmente, de la escenografía donde intervenía Francisco Camps. También logró a partir de 2005 de forma ininterrumpida el concurso de la Generalitat para montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur. Un concurso millonario al que hay que añadir otros contratos de empresas públicas e instituciones controladas por las Administraciones gobernadas por el PP, como Ràdio Televisió Valenciana y Feria Valencia. Al ámbito partidario e institucional, hay que sumar el privado, que hizo que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y parte de la cúpula regional del PP acudiese a las segundas nupcias de Álvaro Pérez hace ahora un año.
El juez Garzón ha investigado, al menos, el contenido de una grabación en la que una de las imputadas, la empresaria Felisa Jordán, se refiere al pago de una factura de trajes para Camps por importe de 30.000 euros en una sastrería de Madrid. Además, en las conversaciones grabadas se vincula a Álvaro Pérez y a las empresas de Correa con la celebración de grandes eventos como la visita del Papa a Valencia, la Copa del América o el gran premio de Fórmula 1.
El presidente de la Generalitat ha negado, desde que estallaron los primeros rumores, que ninguno de esos extremos fuese cierto. Al menos hasta ahora. El diario El Mundo asegura que, tras conocerse que el informe de la Fiscalía Anticorrupción implica al jefe del Consell en la trama, Camps admitió haber encargado trajes en la tienda de Milano en Madrid. Presidencia de la Generalitat, que insistió ayer en la rectitud de la actuación de Camps, confirmó que el jefe del Consell llegó a probarse los trajes en Milano y pidió que le realizasen varios arreglos, aunque finalmente optó por devolverlos.
"Álvaro Pérez nunca me ha pagado un traje", aseveró Camps. Según El Mundo, algunos de los encargos de sastrería investigados podrían haberse justificado en relación con la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. El juez Garzón investiga si Correa estableció algún sistema para generar facturas falsas, defraudar a Hacienda y obtener dinero negro con el que sobornar a funcionario. En ese marco, se habría investigado también la relación de Álvaro Pérez con personal de Milano y otras sastrerías.
Dos elementos de lo conocido hasta ahora son especialmente llamativos. La estrecha relación de los dirigentes del PP con Álvaro Pérez y la confianza depositada en su empresa, de apenas media docena de trabajadores, para proyectos de gran magnitud.
La Generalitat insiste en que sólo contrató con Orange Market el pabellón de Fitur -a través de la Agencia Valenciana de Turismo- y la cabalgata de la regata Volvo Ocean Race por importe de 445.000 euros -desde la empresa pública Sociedad para la Imagen Estratégica y Promoción de la Comunidad Valenciana que dirige el vicepresidente Vicente Rambla-. Esta misma empresa adjudicó también contratos de miles de euros a distintas empresas en relación con la organización de eventos como la visita del Papa o la carrera de Fórmula 1. Beneficiarios de estas importantes ayudas, como Valmor Sports que organizaron la carrera de Fórmula 1 niegan que subcontratasen con Orange Market. En una de las grabaciones se afirma que esta empresa se va a encargar del montaje de las gradas.
La otra red valenciana vinculada a la trama que investiga Garzón es la relacionada con el empresario castellano-leonés José Luis Ulibarri, también imputado por sus relaciones con Correa. Ulibarri, a través de la firma Mediamed, ha obtenido directa, o indirectamente, 13 licencias de Televisión Digital Terrestre otorgadas por el Consell. Ulibarri también ha penetrado con fuerza en el sector inmobiliario a través del Grupo Begar, Ulibarri proyecta una urbanización con campo de golf en Xilxes, el hospital de Llíria y varias promociones de vivienda protegida y otra obra pública. En las grabaciones en poder de Garzón también se menciona al ex consejero Esteban González Pons.
www.elpais.es 22.02.09
El bufete de Michavila y Marí asesoraron a Ulibarri en Xilxes
El bufete de abogados Eius, del que forman parte el ex ministro José María Michavila -hermano de la jefa de gabinete de Francisco Camps- y el portavoz de Economía del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, José Marí, asesoraron al empresario José Luis Ulibarri, imputado por el juez Baltasar Garzón en el sumario de la operación Gürtel.
Los letrados de Eius defienden los intereses televisivos de Mediamed
Marí Olano, responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat en la pasada legislatura, es abogado del Grupo Selma que junto a la empresa UFC de José Luis Ulibarri impulsa una urbanización con campo de golf en la localidad castellonense de Xilxes.
El parlamentario popular ha justificado su relación con el promotor Andrés Selma porque ambos son originarios de Segorbe, aunque no realizó labores de asesoramiento hasta julio de 2007, una vez cesó su incompatibilidad.
El Grupo Selma ha insistido en que la participación de Ulibarri en el proyecto urbanístico de Xilxes se estableció cuando ya se había logrado la adjudicación.
Ambos empresarios, Andrés Selma y José Luis Ulibarri, también son socios en Mediamed la empresa que se ha hecho con 13 licencias de televisión digital terrestre en la Comunidad Valenciana.
En esta empresa de comunicación figura como secretario Alberto Dorrego, antiguo subordinado de José María Michavila en el Ministerio de Justicia y ahora director del bufete de abogados Eius. Dorrego fue una de las personas que asesoraron en la licitación de las licencias de televisión digital terrestre en al Comunidad Valenciana. Y su bufete, Eius ha sido el bufete que ha contratado la Televisión Municipal de Valencia que gestiona José Luis Ulibarri para defenderse del recurso judicial presentado el grupo municipal socialista contra la venta de acciones que ha dado el control del medio al empresario castellano-leonés.
El secretario de Mediamed, Alberto Dorrego, también ostenta cargos en dos empresas públicas administradas por el PP. En la sociedad Cabanyal 2010, participada por la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, figura como secretario. Su participación en la firma se fraguó también a través del bufete de abogados Eius. La otra empresa pública en la que figura es de la la Generalitat. En esta firma, denominada Comunitat Valenciana d' Inversions (VCI), ostenta el cargo de vicesecretario. El presidente de la empresa pública es Antonio Lis y tiene como objetivo atraer inversiones a la Comunidad Valenciana.
José Luis Ulibarri también construye en la ciudad de Valencia un par de aparcamientos subterráneos y un colector, cuya obra ha sido licitada por la Generalitat.
Eius, el bufete en el que trabaja José María Michavila, también ha asesorado al municipio madrileño de Boadilla del Monte, cuyo dimitido alcalde Arturo González Panero es uno de los imputados en la trama de corrupción que investiga Baltasar Garzón.
www.elpais.es 22.02.09
El 'número dos' del Poder Judicial sale en defensa de su ex jefe, Camps
Para colaborar con la estrategia del PP contra el juez Garzón, ayer apareció en escena Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y hasta hace cinco meses miembro del Gobierno valenciano. De Rosa, que tendrá que deliberar sobre denuncias contra Garzón que han llegado al Consejo, criticó con dureza al magistrado e invocó el delito de prevaricación. Dijo en la televisión autonómica valenciana que si hay aforados y Garzón no se inhibe, "podríamos pasar una línea roja que es muy importante, que es la prevaricación".
El número dos del Consejo, que no conoce el contenido del sumario, hizo una cerrada defensa de Francisco Camps. "Es un gran presidente de la Generalitat Valenciana, es absolutamente honorable", dijo antes de declararse "orgulloso" de Camps. De Rosa era hasta septiembre consejero de Justicia de la Generalitat bajo las órdenes de Camps.
Fue el presidente valenciano quien pidió a Mariano Rajoy y a Federico Trillo que le propusieran para número dos del Poder Judicial. José Luis Rodríguez Zapatero aceptó y el PSOE hizo que los vocales que propuso votaran a De Rosa como vicepresidente, desoyendo las críticas. Quienes cuestionaron ese nombramiento sostenían que había un desequilibrio entre la posición más alejada del PSOE del presidente, Carlos Dívar, frente a la clara militancia de De Rosa al pasar de un cargo político al Consejo.
De Rosa pidió ayer también que Garzón levante el secreto del sumario, habló de "juicio paralelo" y criticó que fuera de cacería con el ministro Mariano Fernández Bermejo, porque eso, según dijo, "daña la imagen de la justicia". "Sólo faltaba la folclórica para que fuera una imagen del NO-DO", añadió.
"A título personal"
La portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, aclaró que "las declaraciones del vicepresidente del consejo han sido realizadas a título personal y no representan al Poder judicial, que tiene sus propios cauces para acordar cualquier posición". "En cualquier caso el consejo velará siempre por la independencia de los jueces y magistrados del país", comentó.
Según Bravo, el Poder Judicial podría adoptar la próxima semana, si corresponde, una decisión sobre si la independencia de Garzón está siendo lesionada, aunque no sobre el fondo.
www.elpais.es 21.02.09
CAMPS SE APUNTA A LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN Y SE ESCUDA EN EL PP
El presidente del Consell, Francisco Camps, se apuntó ayer a la teoría de la conspiración y movilizó a todo el PP tras conocer que el informe de la Fiscalía Anticorrupción lo implica en la trama que salpica a su partido de la que forma parte Orange Market.
Alertado de madrugada y conmocionado por el contenido de la información publicada en EL PAÍS, Camps organizó su estrategia de defensa ante lo que considera "un proceso abierto contra todo un partido político".
A primera hora de la mañana se reunió en el Palau de la Generalitat con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, los vicepresidentes Vicente Rambla y Juan Cotino y su equipo más cercano. En comunicación con Mariano Rajoy, Camps decidió montar una escenografía similar a la utilizada por el presidente nacional del PP para mostrar el rechazo del partido al sumario de la operación Gürtel que dirige el juez Baltasar Garzón y por el que ha imputado a los responsables de Orange Market.
Arropado por Barberá y todos los miembros de su Gabinete, a excepción del titular de Medio Ambiente que no llegó a tiempo, Camps leyó antes de las nueve de la mañana una declaración institucional en la sede de Presidencia. Allí, visiblemente conmocionado, aseguró estar "profundamente indignado", desmintió "de plano", pero sin dar un dato y sin entrar en el fondo de la cuestión, la información publicada por EL PAÍS que recogía el informe del fiscal anticorrupción en el que se le implicaba en la trama. El juez Garzón ha investigado tres facturas después de que una imputada aludiera al pago de 30.000 euros en trajes para el jefe del Consell
Camps se defendió asegurando que "esto más que una causa parece un proceso abierto contra todo un partido político", anunció medidas legales en defensa de su honor, el del PP y de la dignidad de su cargo. También aseguró que piensa citar a centenares de personas como testigos de su honradez en los puestos que ha ocupado.
Acompañado en todo momento por la alcaldesa de Valencia y su Gabinete, Camps se tomó un respiro antes de desplazarse a pie desde el Palau de la Generalitat hasta las Cortes Valencianas para asistir a la sesión de control parlamentario.
Casi simultáneamente, el secretario general y portavoz del Grupo Popular, Ricardo Costa, se reunía con sus diputados para anunciarles lo sucedido -en medio de un estado general de estupor- y les indicaba la necesidad de dar una imagen de unidad en torno al presidente.
Por primera vez en años, Camps llegó con un ligero retraso al hemiciclo, donde se encontró con la escenografía bien engrasada. Aplausos, aplausos, aplausos. Luego intentó mantener un guión que había saltado por los aires y habló, sin convicción, del paro.
La situación se tensó cuando el portavoz socialista, Ángel Luna, salió a interpelar a Camps sobre los controles en las contrataciones de la Generalitat. Y ahí Camps retomó el hilo de su declaración institucional. Volvió a apelar a sus mayorías electorales -sólo una hora antes había apelado a un nuevo sondeo que supuestamente ratificaría su mayoría en caso de elecciones, como si ello justificase toda su gestión-, criticó a los socialistas e hizo una concesión, forzado por el escándalo político. "Todos los consejeros han pedido comparecer [en las distintas comisiones parlamentarias] para todo aquello que ustedes les pregunten", prosiguió el jefe del Consell, "si ustedes han intentado elevar la sombra de la sospecha durante los días de las comparecencias se darán cuenta del terrible error que cometen".
Pero esa defensa ya estaba desbordada. Luna recordó que ha tenido que ser, esta misma semana, el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, el que ha demostrado cómo funciona el Consell, al reconocer que tiene amigos a los que ha adjudicado contratos.
"La diferencia es que él ha firmado y por usted han firmado otros", remachó Luna, que acusó al presidente valenciano de no controlar nada y de estar en una situación complicada. "Ustedes se han gastado dinero público en eventos que terminan donde terminan", sentenció.
En este punto del debate, Camps intentó primero la descalificación personal, luego defendió su tranquilidad de conciencia y negó todas las insidias. Y finalmente, optó por refugiarse en unos versos más propios de unos ejercicios espirituales que de un estadista defendiendo su gestión.
Con la portavoz de Compromís, Mònica Oltra, Camps tampoco tuvo ayer mejor suerte. Oltra se quejó del oscurantismo, le aireó los problemas con la justicia, las sospechas por el impago de los trajes (que se mencionan en una de las grabaciones del sumario de Garzón) y de la desfachatez con la que los consejeros reconocen que adjudican a los amigos.
Camps, en un momento de bajón, insistió en que todas las informaciones de irregularidades habían sido rebatidas y sentenció: "Redoblaré el esfuerzo para demostrar la decencia de un Gobierno que se siente respaldado por la democracia", manifestó Camps. Aplausos y más aplausos del PP.
La sesión de control también sirvió para constatar dos cosas. Dos vicepresidentes, Vicente Rambla y Gerardo Camps, se esforzaron en mostrarse agresivos con la oposición en la defensa del jefe del Consell. El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que ha reconocido adjudicar contratos a un amigo íntimo y que tiene una propiedad a medias en la que ha levantado un parany, constató como su posible destitución por el escándalo se diluía ante los nuevos hechos conocidos. De hecho, Castellano se presentó voluntario ayer para atizar también a la oposición en la sesión de control. Una sesión en la que la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez -que adjudicó el primer concurso de Fitur a Orange Market- dejó su supuesta imparcialidad para aplaudir a Camps. Un presidente arropado por todos sus diputados, especialmente por el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y el alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, ambos imputados. Cargos del PP imputados a los que, de manera genérica, el jefe del Consell mostró su solidaridad durante la declaración institucional.
Las horas siguientes no fueron mucho más relajadas. Tras el mazazo, los populares valencianos se dedicaron a intentar contrarrestar el efecto del informe de la Fiscalía Anticorrupción, tanto en la estructura del PP nacional como su repercusión mediática.
Por la tarde, el PP escenificó su apoyo a Camps en una junta directiva extraordinaria. Camps entró en la sede del brazo de Barberá, que anuló sus compromisos en la campaña electoral gallega, y tras fundirse en sonoros abrazos Ricardo Costa, David Serra y el vicesecretario de Comunicación del PP nacional, Esteban González Pons. Los aplausos y gritos de "¡president, president!" se escenificaron ante las cámaras. Al acabar, Costa explicó que el PP sale "más unido que nunca" y apoya sin fisuras "al mejor presidente". Aunque de momento la instrucción sigue adelante y apunta a otro alto cargo.
(www.elpais.com, 20/02/09)
CAMPS NIEGA SU IMPLICACIÓN EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN Y DENUNCIA UNA CAMPAÑA CONTRA EL PP
Eran las seis de la mañana y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, recibía una llamada en su teléfono móvil. Dos diarios, uno editado en Madrid y otro en Cataluña, informaban de que su nombre aparecía en el informe de la Fiscalía Anticorrupción como posible implicado en la presunta trama de corrupción dirigida por el empresario Francisco Correa, que salpica a cargos del Partido Popular. La cúpula del Consell no tardó en montar un gabinete de crisis con, al menos, los vicepresidentes Vicente Rambla y Juan Cotino. En apenas hora y media movilizaron a todo el Consell convocándolo en el Palau de la plaza de Manises y las 8 de la mañana citaron a a los medios de comunicación para las 9 horas.
La Generalitat podría haber optado por desmentir las informaciones aparecidas y dejar correr el asunto. Pero, ante el riesgo de que el contenido del informe de la Fiscalía derive en un auto del magistrado Baltasar Garzón inhibiéndose en favor del TSJ valenciano solicitando la imputación del jefe del Consell (aforado), Camps optó por organizar una ofensiva institucional. En uno de los patios del Palau, ante los numerosos medios de comunicación presentes, fueron apareciendo primero los consellers -a excepción del Medio Ambiente José Ramón García Antón- y minutos después (a las 9.15 horas) el presidente de la Generalitat acompañado de Rambla y Cotino. También de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a quien se atribuye la iniciativa de ofrecer una imagen de cierre de filas, al igual que hizo la semana pasada con Mariano Rajoy cuando comenzaba a tomar forma el escándalo judicial.
Contundente, pero con claros síntomas de cierto nerviosismo y los ojos vidriosos, Camps leyó un comunicado y no aceptó preguntas de la prensa. «Desmiento de plano la información aparecida hoy en un medio de comunicación», dijo en referencia a su posible implicación en el caso de corrupción a partir de unas grabaciones en las que una de las imputadas Isabel Jordán alude a un factura de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano. Las informaciones, publicadas por El País yEl Periódico de Cataluña, aluden a que Garzón ha investigado tres facturas sobre ese asunto. El diario del grupo Zeta añade que los incidicios contra Camps podrían ser insuficientes para su imputación. No obstante en medios judiciales se apunta a un segundo cargo valenciano implicado en la trama.
«Hoy recuerdo a todos mis compañeros perseguidos, acosados y con causas sobreseídas que han sufrido daños irreparables», dijo Camps. «Hoy recuerdo detenciones televisadas de compañeros de partido que han quedado en libertad sin cargos. Hoy recuerdo alcaldes, que ya no lo son, por falsas imputaciones, que hoy han quedado en nada». Parafraseó un poema sobre las persecuciones nazis que atribuyó a Beltolt Brecht, aunque en realidad su autor es el pastor luterano alemán Martin Niemöller: «Ayer un concejal, hoy un alcalde. Mañana el presidente de una comunidad autónoma». «Recuerdo cuando al principio de la democracia se me dijo que a diferencia de la dictadura al albor de la mañana quien llamaba era el lechero y no una falsa imputación», añadió. A continuación denunció una campaña contra el Partido Popular y dijo sobre la investigación abierta por Garzón que más que una causa «parece un proceso contra un partido político». «Desde el primer momento se ha buscado el ataque directo al partido, la incertidumbre y el ataque entre nosotros», añadió. «No lo han conseguido».
Camps insinuó que si Garzón sigue adelante pedirá la comparecencia de altos cargos, funcionarios, personas que han trabajado con él en su trayectoria política y presidente de empresas «para que digan si alguna vez insinué algún tipo de contraprestación». Y anunció que pondrá en marcha acciones legales «en defensa de mi honor, del honor del Partido Popular y de la dignidad y honradez del cargo que tengo encomendado por el pueblo valenciano».
Camps ya avanzó en su discurso parte de lo que a lo largo del día formó parte del argumentario extendido en las filas de PP: Que se están produciendo filtraciones interesadas de poco peso judicial con el objetivo de dañar al partido y que se está produciendo un proceso mediático paralelo sobre un sumario que sigue siendo secreto. En la defensa de sí mismo llegó a afirmar que la filtración de un sumario secreto de la que se desprende la investigación a un cargo aforado «podría anular todo el procedimiento y cuando lo que se busca es la persecución de un delito, un error de esas características tendría nefastas consecuencias judiciales». Así desvinculaba también su persona del grueso de los imputados, con el empresarios Francisco Correa a la cabeza o el presidente de Orange Market, de los que ahora reniega el PP.
El PP nacional se movilizó en defensa de Camps. El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, afirmó que Camps, es «un dirigente ejemplar». En un acto con medios de comunicación en A Coruña, Rajoy recordó que Camps no está imputado, pero sí «indefenso», pues no se sabe de qué se le acusa. Tras señalar que Camps es «un extraordinario dirigente» y «un político honrado». Sobre las filtraciones, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, anunció la presentación de una denuncia por violación del secreto de sumario. Pons apuntó al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, al afirmar que el Gobierno tiene en esas dos instituciones «presumiblemente al menos dos fuentes de acceso al sumario». Desde Presidencia dijeron que esperarán el auto de Garzón elaborado a partir del informe de la Fiscalía para decidir si emprenden acciones legales contra el propio magistrado o el proceso de instrucción. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dijo que si Garzón no se inhibe lo denunciarán por prevaricación.
(www.levante-emv.com, 20/02/09)
EL PP CIERRA FILAS PARA BLINDAR A CAMPS
No fue una noche tranquila en el PP. Desde que se conoció, de madrugada, que EL PAÍS de ayer contaba que el fiscal implica en la trama corrupta que investiga el juez Baltasar Garzón a Francisco Camps, gran barón valenciano, uno de los hombres más poderosos del PP y aspirante -hasta ahora- a la sucesión de Mariano Rajoy, los teléfonos se desataron. Camps consultó con Rajoy y marcó desde primera hora de la mañana la estrategia: cierre de filas total y escenificación de su poderío, sin fisuras, en el PP.
Todo estuvo diseñado al milímetro. Hasta el aplauso que recogieron las cámaras de televisión, lo más importante para los políticos, cuando entró el presidente en el Parlamento autónomo, estaba lejos de ser improvisado. Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, había reunido a sus diputados poco antes. "Vienen días y semanas muy duras, pero esto va a fortalecer al partido", les dijo. Puso la mano en el fuego por Camps, pidió a los suyos que vayan "con la cabeza alta" porque no hay nada, y terminó con una idea. Cada uno, explicó, que haga lo que quiera cuando entre el president en el hemiciclo. Pero sentenció: "Yo tengo muy claro lo que creo que hay que hacer".
Tampoco es que los diputados necesitaran muchas instrucciones para entender que ayer era un día de cierre de filas. Por si fuera poco, Camps convocó por la tarde de forma urgente la Junta Directiva del PP de la comunidad. Los convocados, muchos de ellos diputados nacionales que estaban lejos de Valencia, fueron advertidos de la "presencia inexcusable" a la foto para blindar a Camps.
Era de manual, como sucedió hace una semana cuando Rajoy compareció con todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PP para criticar al juez Garzón y pedir su recusación. Aunque esta vez el líder del PP, que habló ya por la tarde, fue más lejos de lo esperado. El líder, que el primer día que aparecieron escándalos sobre Esperanza Aguirre se mostró muy cauto, y se limitó a decir "yo la creo" cuando ella lo negaba todo, demostró ayer que Camps es de los suyos, uno de los que más le apoyó en el congreso de Valencia. "Es un político honrado, un dirigente ejemplar, se encuentra en estado de indefensión. No sabemos si le acusa y de qué. Tiene mi pleno apoyo", zanjó en A Coruña.
El primer paso de la estrategia de defensa de Camps consistió en comparecer ante la prensa. Con su estilo habitual, esquivo con los periodistas, no aceptó preguntas y leyó una declaración. Camps controla de manera férrea una televisión autonómica, Canal 9, que pese a las evidentes implicaciones valencianas, ocultó cualquier noticia de la trama durante días, y ni siquiera contó una rueda de prensa de Rajoy sobre el asunto.
Camps, sin entrar en el fondo de la cuestión -la ramificación valenciana de la trama corrupta- desmintió sin dato alguno y sin conocerlo el contenido del informe de la Fiscalía Anticorrupción y se solidarizó con sus compañeros de partido "perseguidos, acusados y con causas sobreseídas". En tono dramático, Camps llegó a recordar a Bertolt Brecht y lo intentó parafrasear: "Ayer, un concejal; hoy, un alcalde, y mañana, el presidente de una comunidad autónoma".
Sin respuestas
En el Parlamento autónomo, Camps se negó a responder a las preguntas de la oposición sobre la corrupción y tan sólo anunció que sus consejeros comparecerán para dar explicaciones en las comisiones parlamentarias.
La estrategia de contrataque del PP no se quedó ahí. Génova, la sede central, también se puso manos a la obra después de que Camps hablara con Rajoy. Primero presentaron una denuncia a la fiscalía por la supuesta filtración a EL PAÍS y después amenazaron a Garzón con una querella por prevaricación si no deja ya el caso a los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia. Todos los dirigentes nacionales del PP que hablaron centraron de nuevo el tiro en el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, para tratar de sacar balones fuera, y hablaron de nuevo de una conspiración contra el PP en la que está el Gobierno, la fiscalía, el juez, la policía y los medios.
El intento de contrataque llegó al extremo de que Esteban González Pons, portavoz del partido, dio una inusual rueda de prensa para denunciar un caso de presunta corrupción en la Junta andaluza con una empresa, Decoestudio, que montó el stand de Andalucía en Fitur. Lo hizo por un precio, según el PP, cinco veces superior al que le pagó la Generalitat valenciana a empresas de la trama corrupta. Pons exigió que el sumario se haga ya público. El PP pretende mitigar el goteo de noticias que afectan a cargos populares durante la campaña.
(www.elperiodico.com, 20/02/09)
DÍA DE CONMOCIÓN
- 6.00. Francisco Camps es alertado en su casa de que EL PAÍS publica el informe de la fiscalía que lo implica en la trama corrupta.
- 8.55. En Presidencia de la Generalitat valenciana, Camps comparece para leer una declaración institucional. Igual que hizo Mariano Rajoy días atrás, el presidente valenciano sale arropado por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y todo su Gabinete, excepto el consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, que no llega a tiempo.
- 9.45. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ricardo Costa, pide a los diputados que muestren su solidaridad con Camps.
- 10.10. Sesión de control en las Cortes Valencianas. Los aplausos de una bancada popular conmocionada reciben a Camps, que defiende su honradez pero no responde a la oposición. Camps anuncia que todos los consejeros comparecerán.
- 17.00. Con todo el Partido Popular valenciano movilizado para recabar apoyos y muestras de solidaridad con Camps, el vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, comparece en Cortes para explicar el contrato con Orange Market para la regata Volvo Ocean Race.
- 19.00. Camps habla ante el Comité Ejecutivo Regional del PP convocado de urgencia para apelar a la unidad del partido.
(www.elperiodico.com, 20/02/09)
EL DESPACHO DE MICHAVILA TIENE LAZOS CON DOS IMPUTADOS POR CORRUPCIÓN
El municipio madrileño de Boadilla del Monte, uno de los más ricos de la Comunidad, cuenta con un ayuntamiento que tiene una actividad casi frenética en los tribunales. Será por eso que Arturo González Panero, el exalcalde imputado en la trama de corrupción que investiga Baltasar Garzón, dio el visto bueno para que se contratara al despacho EIUS Abogados, donde presta sus servicios el exministro de Justicia José María Michavila, ahora diputado del PP en el Congreso. El director del bufete, antiguo subordinado de Michavila en el ministerio, Alberto Dorrego, también colabora en negocios de otro imputado, el empresario José Luis Ulibarri, beneficiado por González Panero con una adjudicación que investiga el juez.
Según los documentos obtenidos ha defendido al consistorio de Boadilla en varias ocasiones. Los letrados fueron Alfredo Dagnino y Dorrego, que fue director general para la Modernización de la Administración de Justicia en la etapa de Michavila como ministro. En el 2004, al perder el PP las elecciones, Dorrego fundó el bufete y contrató a quien fuera su superior jerárquico. Semanas atrás, el sindicato Manos Limpias entregó a la Fiscalía Anticorrupción un listado de supuestos "amigos" de González Panero "implicados" en sus negocios que incluía a Michavila. Este negó tener negocios con el entonces alcalde de Boadilla.
Quizás no los tenga directamente, pero sí el despacho para el que trabaja. Así se lo confirmó ayer a este diario el propio Dorrego. "Ciertos pleitos de singular complejidad se encomiendan a abogados en ejercicio. Es una práctica frecuentísima", enfatizó.
Dorrego aclaró que los casos que han llevado para Panero son de orden contencioso administrativo, y minimizó al hecho de que el consistorio tenga un letrado en nómina. A su juicio, un solo abogado no puede atender el número "ingente" de litigios de distintas especialidades judiciales. Al tiempo, resaltó que el suyo no es el único despacho que ha colaborado con Panero. Otros, como Galán y Asociados, que también se ha beneficiado de varios contratos del consistorio. Casualidad o no, Gustavo Galán defiende a otra imputada en la trama de corrupción, Felisa Isabel Jordán.
El caso es que Dorrego compagina la dirección de EIUS con otras atribuciones que le vinculan laboralmente con el empresario Ulibarri, otro imputado en el caso: es secretario en Mediamed Comunicación Digital, propiedad de Ulibarri y partícipe de las adjudicatarias de licencias de la TDT otorgadas por la Generalitat Valenciana. Idéntico cargo ostenta Dorrego en Cabanyal 2010, empresa pública valenciana al igual que Comunitat Valenciana d'Inversions, de la que es vicesecretario.
¿Qué implica ser secretario en esas firmas?. "Levanto las actas de los consejos y las llevo al registro mercantil", explicó Dorrego, restando importancia a su cometido. Pero una de ellas, Cabanyal 2010, ha solicitado varios informes al bufete que él dirige en relación a procesos de "expropiación", entre otros. "Temas menores", puntualizó el aludido. El director de EIUS encarna, así, el segundo punto de conexión entre dos de los imputados: González Panero y Ulibarri. El primero figura en el sumario que instruye el juez Garzón: el alcalde adjudicó al constructor una parcela en Boadilla para la construcción de 139 viviendas libres a un precio inferior en cuatro millones de euros a la cifra que ofrecía uno de sus competidores.
Dorrego es ahora el jefe de Michavila en EIUS, pero antes estuvo a sus órdenes. La carrera de ambos ha ido en paralelo: Dorrego entró a formar parte del cuerpo de letrados de las Cortes Generales desde 1991, llegando a ser secretario general adjunto del Congreso. De 1996 al 2000, Michavila fue el secretario de Estado de Relaciones con la Cortes, etapa en la que pudo trabar relación con él.En el 2002, Michavila fue nombrado secretario de Estado de Justicia, con Ángel Acebes como ministro. Meses después, Michavila le sustituyó al pasar Acebes a Interior. En esa etapa, el ministro confió a Dorrego uno de los planes estrella de su departamento: la modernización de la justicia, que, a tenor de la reciente huelga de jueces, quedó inacabada. El ministerio terminó concediendo a Dorrego la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort.
(www.elperiodico.com, 20/02/09)
LA FISCALÍA IMPLICA AL PRESIDENTE VALENCIANO, FRANCISCO CAMPS, EN LA TRAMA CORRUPTA
Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, está implicado en la trama de corrupción masiva que durante al menos los últimos diez años ha dirigido Francisco Correa, el hombre contratado para montar los actos del Partido Popular durante el mandato de José María Aznar y que seguía encargándose de los eventos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Así se deduce del informe que la Fiscalía Anticorrupción entregó ayer al juez Baltasar Garzón.
En ese informe, la Fiscalía pide al juez que se inhiba en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dado que Camps es aforado, y de la Comunidad de Madrid, donde hay implicados tres diputados regionales del PP: Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes; Benjamín Martín Vasco, ex responsable de la empresa de suelo de Arganda del Rey (Madrid), y Alfonso Bosch, gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla del Monte (Madrid).
El informe de la Fiscalía cita una pequeña ramificación de la red corrupta con el pago de supuestos sobornos por los negocios facilitados desde la Comunidad Valenciana. El aforado que estaría implicado en el caso que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón es el máximo cargo del Gobierno valenciano, su presidente, el popular Francisco Camps, según fuentes de la investigación.
En las grabaciones aportadas en la denuncia sobre la trama corrupta que dirigía Francisco Correa aparece una frase de una imputada que alude al pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano, Francisco Camps. Garzón ha investigado tres facturas sobre este punto. Es la única referencia al pago de sobornos a cambio de un trato privilegiado con la Administración valenciana.
Es un "tema menor" dentro de la trama corrupta, que salpica fundamentalmente a la Comunidad de Madrid, pero que afectaría a un cargo especialmente relevante, el presidente del Ejecutivo valenciano, que ha negado cualquier implicación en los hechos.
La investigación abierta en noviembre de 2007 a raíz de la denuncia de un ex concejal del PP ha hallado indicios de que los tres parlamentarios madrileños podrían haber cobrado "cientos de miles de euros" a cambio de favorecer los negocios de Correa y de su trama empresarial.
Por eso, la Fiscalía ha remitido un informe a Garzón en el que propone la inhibición total del magistrado para que sea el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que se encargue de la instrucción. Las implicaciones de los parlamentarios madrileños en los negocios turbios que investiga la Audiencia se explican así en la denuncia:
- Adjudicación de locales en Boadilla del Monte. Francisco Correa se ufanaba en diciembre de 2007 de la adjudicación de unos locales en Boadilla del Monte (Madrid), donde gobernaba una de las personas con las que había realizado negocios, el popular Arturo González Panero.
Correa, en una grabación aportada al sumario, consideraba que la adjudicación de los locales a un amigo suyo se había hecho "en unas condiciones muy ventajosas". El beneficiario fue José Ramón Blanco, ex consejero delegado de Repsol, colaborador de Correa y otro de los imputados.
Logró 32 locales y un aparcamiento de 180 plazas por un canon anual de 320.000 euros durante 75 años. Un negocio por el que podría ganar más de un millón de euros al año.
El gerente de la Empresa Municipal del Suelo, encargada de ese proyecto, es Alfonso Bosch, diputado regional por el PP, aludido por Correa en sus conversaciones e incluso implicado en un vídeo comprometedor donde se repartirían comisiones.
- Adjudicaciones a Martinsa. Los miembros de la red corrupta se refieren en sus conversaciones a supuestos pagos de una inmobiliaria. "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda; tardó seis meses y, golpe en mesa, febrero, abril, junio jodido y mayo liquidado. Me debe aún un millón de euros...".
En otra conversación, Correa y sus colaboradores implican a un ex alto cargo de Arganda del Rey (Madrid), Benjamín Martín Vasco, ex consejero delegado de la empresa pública de suelo de Arganda del Rey, que en noviembre de 2004 adjudicó a Martinsa un desarrollo urbanístico para levantar 300 viviendas. "Le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero".
Martín Vasco, diputado autonómico del PP, dimitió ayer forzado por Aguirre como presidente de la comisión que investiga el espionaje a cargos populares de Madrid. En la denuncia inicial se aludía a aumentos de edificabilidad en los planes parciales de Arganda como elemento clave para obtener plusvalías con la complicidad de miembros del consistorio.
- Contratos de la Consejería de Deportes. El ya ex consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, adjudicó en los últimos años contratos al entramado de empresas de Correa. Por ese motivo, Esperanza Aguirre decidió atajar el escándalo destituyéndole. La Comunidad contrató cerca de ocho millones con la trama, de los que cinco corresponden a la Consejería de Deportes y están pendientes de pago.
(www.elpais.com, 19/02/09)
EL FISCAL TIENE INDICIOS CONTRA CAMPS, EL PRESIDENTE VALENCIANO
Las ramificaciones de la trama de corrupción que investiga Baltasar Garzón alcanzan, con mayor o menor intensidad, a un dirigente de primer nivel del PP: el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Así lo entiende, al menos, la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito sujeto al secreto sumarial cita a Camps entre los cinco aforados --cargos públicos protegidos por el fuero parlamentario-- contra los que tiene indicios de delito. Por esta razón, el fiscal insta al juez a inhibirse en favor de los tribunales superiores de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, competentes para investigar a sus respectivos aforados.
De la relación de los cinco diputados autonómicos investigados solo han trascendido cuatro nombres: el de Camps y los de los parlamentarios de la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, recientemente dimitido como consejero autonómico de Deportes; Benjamín Martín Vasco, hasta ayer presidente de la comisión de investigación sobre la trama madrileña de espionaje; y Alfonso Bosch, gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Boadilla del Monte. El quinto, valenciano, no se conocía al cerrar esta edición.
Tampoco se han hecho públicos los indicios de delito concretos que pesan sobre cada uno de los aforados. De hecho, fuentes del ministerio público aclaran que las evidencias contra el presidente Camps podrían ser insuficientes para que sea objeto de una imputación formal.
La Fiscalía Anticorrupción centra la trama de corrupción en la Comunidad de Madrid. Por esta razón, el ministerio público apoya que la trama corrupta sea investigada "en su totalidad" por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), excepto determinados hechos, "perfectamente escindibles", que correspondería investigar a la misma instancia de la Comunidad Valenciana. En suma, ayer pidió ayer al juez que remita el grueso del sumario al tribunal madrileño, salvo una parte "escindible", que debería enviar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
La fiscalía, en una escueta nota de prensa, explica que entregó ayer al magistrado el informe que este le requirió el pasado viernes tras encontrar "serios indicios de que personas vinculadas o integradas" en el PP "podrían tener responsabilidad penal en esta causa". Estas personas, al ser aforadas, deben ser investigadas por los tribunales de justicia de sus respectivas comunidades autónomas.
Previsiblemente, el juez remitirá la causa al TSJM la próxima semana. Sin embargo, hasta que el tribunal competente no acepte el caso, él podrá continuar con la investigación. El magistrado aún espera los informes policiales de los documentos intervenidos en los registros. En ellos aparece una relación de cargos del PP que han recibido sobornos de Francisco Correa, el cerebro de esta trama.
(www.elperiodico.com, 19/02/09)
CAMPS PIDE EL CIERRE FILAS ANTE SU IMPLICACIÓN EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha hecho una llamada a rebato en defensa de su honorabilidad tras conocer que la Fiscalía Anticorrupción lo vincula con la trama de corrupción que, supuestamente, dirigía Francisco Correa e investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Tras varios años mirando al tendido en otros supuestos casos de corrupción, como los que afectan al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, a varios alcaldes y a empresas públicas de la Generalitat, Camps se encontró ayer en el epicentro del huracán. A primera hora de la mañana movilizó todos sus efectivos para mostrarse "profundamente indignado" con la información de EL PAÍS en la que se explica que el fiscal lo implica en la trama corrupta. Antes de las nueve de la mañana, Camps realizó una declaración institucional en la sede de Presidencia de la Generalitat arropado por todo su gobierno y por Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia, en la que desmintió, "de pleno, la infamia", en relación al supuesto pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano.
En la sede del Gobierno, Camps achacó su supuesta implicación en la trama corrupta a "un proceso abierto contra el PP" con el objetivo de dividir al partido. El presidente valenciano, que ignoró el hecho de que la empresa Orange Market, estrechamente relacionada con el PP y con su Gobierno, tiene a todos sus socios imputados, apuntó que ejercitará todas las acciones legales que considere necesarias y afirmó que "de la filtración [del contenido del informe de la Fiscalía Anticorrupción] se desprende la hipotética investigación a una persona aforada que podría anular todo el proceso".
Tras su declaración institucional, en la que no admitió preguntas, Camps se trasladó al hemiciclo de las Cortes Valencianas, siempre arropado por su gobierno en el que figura, al menos, un consejero que han reconocido haber adjudicado obras a un amigo íntimo. Allí, en sede parlamentaria, el presidente de la Generalitat volvió a escudarse en las amplias mayorías electorales obtenidas hasta ahora para justificar su gestión. Francisco Camps se negó a responder a las preguntas que le formuló con insistencia la oposición, tanto desde la filas socilaistas como del grupo de Compromís pel País Valencià. No quiso adelantar si dimitirá en caso de ser imputado, o pondrá su cargo a disposición de la dirección nacional del PP.
Camps tampoco quiso hablar sobre supuestas irregularidades en las contrataciones de distintas consejerías y, tras años de negar información a la oposición parlamentaria, anunció que todos sus consejeros comparecerán en las distintas comisiones parlamentarias para responder a las preguntas de la oposición. Camps, que tampoco quiso explicar si abrirá una investigación interna, se hizo arropar por dos de sus vicepresidentes, Vicente Rambla y Gerardo Camps, y el consejero de Gobernación, que esta semana ha reconocido que adjudicó a un amigo íntimo, distintos contratos. El discurso de los miembros del Gobierno valenciano fue para descalificar una y otra vez a la oposición. Al término de la sesión, Camps recibió la felicitación afectuosa de un nutrido grupo de diputados populares, entre los que estaban el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y el alcalde Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, ambos imputados en supuestos casos de corrupción.
(www.elpais.com, 19/02/09)
EL IMPUTADO FABRA SÍ QUE PONE LA MANO EN EL FUEGO POR CAMPS
El presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, ha afirmado este jueves que en la Comunitat Valenciana "nadie pone en tela de juicio la honestidad y honradez" del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y ha sentenciado que él sí pone "la mano en el fuego" por Camps.
Carlos Fabra ha hecho estas declaraciones en la localidad castellonense de Onda, al ser preguntado por las informaciones que anuncian que la fiscalía implica a Francisco Camps en la trama de corrupción que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Fabra ha afirmado: "Estamos en tiempo de cacería y la cacería continúa indiscriminadamente para todos, con gran satisfacción por parte del PSOE, por parte de aquellos que la han promovido".
"Como no tengo absolutamente ninguna duda, yo sí pongo la mano en el fuego por el presidente Camps, seguro", ha añadido en declaraciones a los periodistas.
Según Fabra, "uno puede estar de acuerdo con el presidente Camps -sobre- si hace grandes proyectos o no, si atiende más o menos a los municipios de la provincia, si su plan Camps va a ser más o menos efectivo. Se podrá estar, como yo a veces, más contento o más descontento de sus miembros del gobierno", pero "nadie pone en tela de juicio la honestidad y la honradez del presidente Camps".
Este asunto, ha añadido Fabra, "desde luego, quedará absolutamente aclarado. En cualquier caso esto se revolverá contra quienes lo han promovido, porque la impunidad de golferías de este tipo no suelen quedar impunes". Fabra, que fue reelegido líder del PP en Castellón con el 98,83%, está imputado por fraude fiscal, malversación de fondos, tráfico de influencias, falsificación de documento público y otros cinco delitos en una instrucción que dura ya cinco años.
(www.publico.es, 19/02/09)
RAJOY DICE QUE CAMPS ES "UN DIRIGENTE EJEMPLAR" QUE TIENE "PLENO APOYO" DEL PARTIDO POPULAR
El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha afirmado hoy que el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, es "un dirigente ejemplar que cuenta con el pleno apoyo del PP". En un acto con medios de comunicación en A Coruña, en donde ha estado hoy con motivo de la campaña electoral gallega, ha destacado que Camps, tras la publicación en el diario "El País" de una información que implica al presidente valenciano en la supuesta trama empresarial vinculada con los populares, no está imputado, pero sí "indefenso", pues no se sabe de qué se le acusa.
Rajoy, que ha recibido el apoyo incondicional de Camps en diversas ocasiones, especialmente durante su puja con Aguirre, no ha escatimado elogios hacia el político valenciano y ha dicho de él que es "un extraordinario dirigente" y "un político honrado", el líder del PP ha remarcado, en referencia al presidente de la Generalitat valenciana, que "está pasando ahora por un momento de indefensión porque no se sabe si se le acusa de algo".
Acompañado por el candidato del PPdeG por A Coruña, Carlos Negreira, el presidente popular ha asegurado respecto de la presunta implicación de Camps en esa trama empresarial que lideraba Francisco Correa, y que supuestamente se aprovechaba de sus vínculos con el Gobierno valenciano, que ni siquiera a fecha de hoy ni la Fiscalía ni el juzgado establecen "si está o no acusado, ni de qué". "Ese es el concepto de la democracia que tienen algunos represetantes de la Fiscalía", ha apostillado.
El presidente del PP ha alabado a Canos, pues tiene todo el apoyo, ya no sólo el suyo propio, sino también "de todo el partido", y ha destacado que ahora, tras las informaciones publicadas, vive en la "indefensión", la "peor situación en la que puede estar una persona" ante acusaciones como las conocidas. Tras aparecer la información sobre su hipotética implicación en el "caso Correa ", el propio Camps negó tal extremo, mientras que el PP, tal y como anunciara el responsable de Comunicación, Esteban González Pons, ha remitido al fiscal general del Estado una denuncia por considerar que la citada información vulnera el secreto sumarial.
(www.publico.es, 19/02/09)
"CLARO... YO TENGO EL CONTACTO... QUE ES EL HIJO DE PUTA DE ESTEBAN (GONZÁLEZ ) PONS"
Justo el día en que todo apunta que Camps podría estar implicado en la presunta trama de corrupción que investiga el juez Garzón, la Cadena Ser ha publicado el audio de parte de las grabaciones que han destapado la ola de corrupción que afecta al PP. Por su interés informativo, reproducimos a continuación el audio.
En su conversación, Correa dice: "Compramos el suelo a 10.000...la operación son 8.000 millones de pelas y le ganamos 12.000 'kilos'. Yo he metido a un monton de gente ahí ... he metido a Ulibarri, que es el que pone la pasta ... yo no la pongo.... y yo de mi 50% reparto con 'Alvarito'( El bigotes) , reparto con el alcalde (del PP), reparto con Ramón Blanco (ex vicepresidente de Repsol) y reparto con Pablo Crespo (ex secretario de organización del PP en Galicia) en fin...¡la polla!.
La conversación continúa así: "Ayer, estos tíos nos meten más edifica... no...más metros....que en el PAI luego no van a computar porque es agropecuario, en fin, ...un lío, y la operación estaba cerrada y nos hemos plantado hoy...Es un arma de doble filo porque este tío (el promotor) esta noche se puede encabronar y decir "ya no lo vendo" y el PAI tiene un tema medioambiental y el que lo desbloquea soy yo". (Álvaro Pérez le interrumpe diciendo: "¡Claro que tú tienes la llave!). "Claro ...yo tengo el contacto...que es el hijo de puta de Esteban (González ) Pons... que lo han nombrado Conseller de Obras Públicas y este antes era de Presidencia ...¿os acordáis que estaba en el Senado? Pues este es".
(www.elplural.com, 19/02/09)
GARZÓN DEJARÁ LA INVESTIGACIÓN EN UNOS DÍAS
El juez Baltasar Garzón se inhibirá en los próximos días de la causa sobre la trama de corrupción que investiga. El magistrado considera que la competencia para perseguir los delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de dinero, fraude fiscal y asociación ilícita presuntamente cometidos por personas aforadas corresponde al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, como le ha informado la Fiscalía, salvo un aspecto desgajable de la causa, según fuentes de la investigación, que correspondería al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
La inhibición de Garzón se produciría, según las citadas fuentes, a lo largo de la próxima semana, aunque el juez, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podrá seguir practicando las diligencias necesarias para comprobar la existencia del delito, identificar a los posibles culpables y proteger a los perjudicados hasta que ambos tribunales superiores no acepten su competencia.
Anticorrupción presentó ayer un dictamen en el juzgado en el que considera que el magistrado debe inhibirse de la totalidad de la causa en favor del TSJ de Madrid, "salvo determinados hechos, perfectamente escindibles, que correspondería investigar al TSJ de la Comunidad Valenciana".
Mientras, ayer declararon ante el juez Jacobo Gordon, amigo de Alejandro Agag con el que tenía negocios, y José Ramón Blanco, ex consejero delegado de Repsol y socio en Orange Market, la filial de Special Events en Valencia. El juez les dejó en libertad sin medidas cautelares de ningún tipo. A la salida, Blanco fue preguntado cómo se sentía. "Hasta los huevos", fue su gráfica respuesta. Luego explicó que en 25 años se ha dedicado sólo a realizar una actividad profesional y que no se ha llevado dinero de nadie. "No me gusta que mis hijos lean que su padre es un delincuente", afirmó.
(www.elpais.com, 19/02/09)
EL SECRETARIO DE LA EMPRESA DE MEDIOS DE ULIBARRI LO ES TAMBIÉN DE DOS EMPRESAS DE LA GENERALITAT
El plan urbanístico del Cabanyal en Valencia ha irrumpido en la escena del caso Gürtel. El secretario (no consejero) del consejo de administración de la sociedad inicialmente mixta y ahora 100% pública -Ayuntamiento de Valencia y Generalitat Valenciana- Cabanyal 2010 es, desde su constitución, Alberto Dorrego de Carlos, quien a su vez ocupa idéntico cargo en Mediamed, la firma de medios de José Luis Ulibarri, imputado en el sumario que instruye el juez Baltasar Garzón. No acaban aquí los nexos porque Dorrego es socio del despacho de abogados del diputado por Valencia José María Michavila, y ejerce de vicesecretario en otra sociedad pública de la administración autonómica, Comunitat Valenciana d'Inversions.
¿Cómo llega este colaborador de Michavila y de Ulibarri a la sociedad gestora del plan del Cabanyal? La empresa encarga a Eius Abogados un informe jurídico sobre el Pepri que firma Dorrego el 19 de diciembre de 2005. Casi a la vez, al constituirse los cargos del consejo (posiblemente a propuesta del presidente y primer teniente de alcalde de Valencia Alfonso Grau) es designado secretario. El puesto de vicesecretario lo ocupa otro socio del mismo bufete, sustituido luego por otro y, en febrero de 2008, por un tercero, Santiago Reyna, de Eius Valencia.
Dorrego, hijo del ex senador de UCD y CDS Manuel Dorrego, figura a la vez en más consejos de administración. En VCI, empresa de la Generalitat presidida por Antonio Lis para atraer inversiones externas, es vicesecretario. En Mediamed Comunicación Digital -firma que se hizo con 13 licencias de TDT en la Comunitat- entró como consejero en junio de 2006 y, desde mayo de 2007, ejerce de secretario. El sindicato Manos Limpias presentó un escrito a la Fiscalía en el que apuntaba a Eius, el despacho de abogados del ex ministro Michavila -hermano de la jefa de gabinete de Francisco Camps- como beneficiario de contratos del ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González, imputado en el caso Gürtel. Michavila, sin embargo, ha negado cualquier relación. Él y Dorrego comparten despacho con José Marí Olano, portavoz de Economía del grupo popular en les Corts.
El PSPV en el Ayuntamiento de Valencia ha presentado una batería de más de 200 preguntas sobre si hay contrataciones con empresas relacionadas con los imputados.
(www.levante-emv.com, 18/02/09)
LA RED DE CORREA COMPRÓ FIRMAS DORMIDAS A UN EMPRESARIO DE ONTINYENT PARA FACTURAR A MADRID
La trama liderada por Francisco Correa recurrió en enero de 2005 al empresario de Ontinyent Ramón Cerdà Sanjuán para adquirir una sociedad dormida y facturar contratos menores a la Comunidad de Madrid. Los actos inscritos en el Registro Mercantil reflejan que Cerdà Sanjuán constituyó en enero de ese año en el municipio madrileño de Coslada la mercantil Good and Better, una de las empresas investigadas por el juez Baltasar Garzón. Good and Better se creó con la compraventa e intermediación de fincas rústicas y urbanas y la construcción sobre las mismas de toda clase de edificaciones como objeto social. Apenas un mes después de su puesta en funcionamiento, la sociedad cambió tanto de objeto social como de administrador único. Cerdà Sanjuán cedió su puesto a Isabel Jordán, una de la imputadas por Garzón, y Good and Better pasó a dedicarse a la "organización, promoción y comercialización de convenciones, eventos, congresos y todo tipo de actos públicos".
Apenas un mes después de que Ramón Cerdà constituyese Good and Better, la sociedad comenzó a recibir contratos y pagos a dedo de la Comunidad de Madrid que preside Esperanza Aguirre por debajo de 12.000 euros, que no obligaban a convocar concurso público. El primero de ellos lleva fecha de 14 de febrero por valor de 9.158 euros. La factura se correspondía con la preparación de la presentación el 26 de enero del nuevo helicóptero Bescam (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid) que fue protagonizada por la presidenta madrileña Esperanza Aguirre. Good and Better se encargó, oficialmente, de colocar la carpa, el enmoquetado, la iluminación y el escenario del acto, según informó el diario Público. En esas fechas todavía no había modificado su objeto social. Hasta abril de 2005 Good and Better había facturado ya a la Comunidad Madrid 58.753 euros por un total de ocho contratos menores.
Isabel Jordán permaneció como administradora única de Good and Better hasta febrero de 2008, cuando fue sustituida por Francisco Javier Pérez Alonso. En otoño de 2007, Isabel Jordán había presentó tres denuncias por presuntas irregularidades contables en otra de las empresas de la trama, Easy Concept, de la que también era administradora.
Francisco Javier Pérez Alonso cesó a su vez en noviembre del año pasado. Entonces se incorporaron al consejo de administración Hator Consulting como presidente y Mónica Magariños y Pablo Collado como consejeros. Los dos están imputados por Garzón.
(www.levante-emv.com, 18/02/09)
EL CONSELL GANA TIEMPO AL NEGAR LOS PAPELES DE ORANGE MARKET AL PSPV Y PROMETER QUE LOS DARÁ
El Consell de Camps, envuelto en la polémica por sus contrataciones con Orange Market, una de las empresas investigadas por Garzón, se encuentra impotente para controlar la agenda política pero al menos puede ganar tiempo. Pese a las promesas de transparencia del vicepresidente Vicente Rambla y a que el presidente aseguró el jueves en las Corts que lo que hace la Generalitat es "público y notorio", ayer la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat, que depende de Rambla, no pasó la prueba del algodón al negarse a entregar a los diputados socialistas Ángel Luna y José Camarasa los contratos suscritos, entre ellos al menos uno con Orange Market. El Ejecutivo apeló a una cuestión formal para esconder los papeles pero Rambla ofreció garantías de que si vuelven a solicitar la documentación "por los cauces reglamentarios", la tendrán.
Esos cauces, sin embargo, ya estaban cumplidos. Los socialistas justificaron la reclamación de papeles en la solicitud sobre la Sociedad Gestora y sobre Proyectos Temáticos que la presidenta de las Corts amparó el 27 de noviembre de 2007. La negativa del Consell a respetar el amparo es lo que bloquea el Síndic de Greuges. Minutos antes de las 12, hora a la que el PSPV había comunicado que iría a la empresa a por la documentación, el Consell remitió un escrito en el que le adelantaba que no admitía la vía, apelando al reglamento aprobado en su día por el PP. El Ejecutivo da estas solicitudes por "contestadas en tiempo y forma", cuando la respuesta fue negar la información. No obstante, anuncia que las iniciativas futuras serán "atendidas adecuadamente".
La Sociedad Gestora está en Conde de Almodóvar, a dos callejuelas de las Corts y a quince metros de la sede de la Vicepresidencia primera. Los diputados, que se desplazaron a pie, coincidieron en la calle de Samaniego con Rambla, quien les garantizó que tendrán los contratos si los piden (otra vez) siguiendo los cauces y que el Ejecutivo es el mayor interesado en que los vean porque no hay nada que rascar. El encuentro fue casual,según les indicó Rambla.
Ayer, de momento, no se vio un papel. En un encuentro de diez minutos, la directora, Arantxa Vallés, reiteró el escrito remitido. Luna avanzó que volverán a pedir las actas y contratos de la Sociedad, que solicitó hace año y medio. Antes, en 2005, ya les vetaron preguntas sobre Orange Market. Ahora, con el mismo reglamento, el milagro es posible. Ya se verá. Al poner el contador a cero, el Consell puede ganar, si quiere, al menos 20 días, que es el plazo para responder. "Cuando en una situacion como en ésta se dan cita elementos como amigos íntimos, tan íntimos que el presidente Camps acude a su boda [de Álvaro Pérez, presidente de Orange Market]; contratos públicos; sociedades con ramificaciones en paraísos fiscales; un juez desentrañando una trama delictiva y, al mismo tiempo, opacidad y ocultación de documentos, es natural que la gente piense mal", aseveró Luna.
Antes, en declaraciones recogidas por Efe y Europa Press, Rambla insistió en que la única relación con Orange Market se ciñe al montaje del stand de Fitur y en el acto de la salida de Alicante de la Volvo Ocean Race (otorgado por la Sociedad Gestora a la firma de Pérez por 445.000 euros), "y son dos o tres pequeñas relaciones ya conocidas, que en este momento no recuerdo, y que aparecieron en los medios la semana pasada". "Vamos a seguir trabajando porque nada ha habido ni hay en relación al Consell"; de ahí, el deseo de evitar el "circo" que busca el PSPV con la "irrelevante" información que pide. Ricardo Costa (PP) instó al PSPV a seguir el cauce reglamentario y "dejar de hacer el número en busca de la foto".
(www.levante-emv.com, 17/02/09)
ORANGE MARKET OCULTÓ FACTURAS ELECTORALES DEL PP EN 2007 Y SPECIAL EVENTS, EN 2003
La Declaración sobre la regularidad de las contabilidades electorales derivadas de las elecciones a las Cortes Valencianas de 27 de mayo de 2007 que la Sindicatura de Comptes entregó a Milagrosa Martínez, presidenta de las Cortes, a finales de agosto de 2007 cita 10 sociedades que "no han cumplido con la obligación de comunicar a la Sindicatura de Comptes la prestación realizada" al partido político al que han ofrecido sus servicios durante la campaña. Una de ellas es Orange Market, empresa presidida por Álvaro Alonso Pérez, El Bigotes, que organizó actos públicos relevantes de la campaña del PP en las últimas elecciones autonómicas. Alonso Pérez es uno de los 37 imputados en la investigación abierta por el juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, contra una supuesta trama de empresas corruptas controladas por personas afines al PP.
Las facturas por servicios prestados que Orange Market dejó de justificar ante el órgano fiscalizador de la Generalitat suman 175.000 euros.
Cuatro años antes, el informe relativo a las elecciones autonómicas de 2003 cita a ocho empresas que no aclararon la "prestación realizada". Entre ellas, Special Events, que dejó de aclarar facturas por 140.000 euros, y Rialgreen, SL, que no justificó facturas por 82.339 euros.
Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP de Galicia y uno de los tres imputados en la trama corrupta que permanece en prisión preventiva, es presidente de Special Events desde 2002 y administrador único de Rialgreen, SL.
Orange Market se constituyó en julio de 2003, inmediatamente después de las elecciones autonómicas de mayo.
Enric Morera, secretario general del Bloc y portavoz de Compromís, solicitó ayer a la Generalitat la relación de posibles facturas pagadas a la mercantil Rialgreen. Morera solicitó la semana pasada las facturas pagadas a Orange Market.
(www.elpais.com, 17/02/09)
EL URBANIZADOR DEL PAI QUE ULIBARRI EJECUTA EN ROCAFORT NO AVALÓ LA OBRA
El Programa de Actuación Urbanística (PAI) El Bovalar de Rocafort, que construye una de las sociedades del empresario José Luis Ulibarri, investigado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, está en marcha pese a que la empresa urbanizadora, Urbanite, SL, no depositó en su día el aval al que obliga la legislación. La falta de este trámite impidió que el Registro de la Propiedad lo inscribiese en su día, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario. "En el proyecto no se acreditan los avales que debe prestar Urbanite, SL, al Ayuntamiento de Rocafort, garantizando la urbanización", dice la certificación del registro.
El plan residencial El Bovalar ha tenido, como tantos otros proyectos, una tramitación controvertida. El proyecto afectaba, de acuerdo con el planteamiento original, a unos 150.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable y preveía la construcción de 550 viviendas en un municipio de 6.000 habitantes. Urbanite, SL presentó el PAI al consistorio presidido por el PP en mayo de 2003, poco antes de los comicios locales. El coste se estimó en un principio en 7,7 millones de euros, que tras unas modificaciones se elevó a 9,1 millones. El agente urbanizador, Urbanite, SL, está participado por varias empresas vinculadas a la familia Serratosa Caturla. Entre los accionistas están Inmobiliaria Electra, la concesionaria Divesa, Bancolor o Serca Inversiones.
La corporación municipal surgida de las urnas, con el popular Sebastián Bosch al frente, lo aprobó provisionalmente dos meses más tarde y lo adjudicó a la sociedad de los Serratosa. Casi tres años después, el 6 de marzo de 2006, fue aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat, con Rafael Blasco todavía de consejero. El 28 de abril de ese año la corporación municipal de Rocafort, que gobierna el PP con mayoría absoluta, lo ratifica.
El grupo municipal socialista y el partido en Rocafort presentaron recursos de reposición y de alzada -en junio y julio de 2006- contra la aprobación del PAI ante la alcaldía y ante la consejería, que había pasado a manos de Esteban González Pons, ahora portavoz del PP nacional. Entre otros motivos, los socialistas denunciaron que el proyecto no reservaba suelo para la construcción de viviendas protegidas.
Ninguno de los dos salió adelante. La Declaración de Impacto Ambiental, preceptiva para que el proyecto recibiese luz verde de la Generalitat, se produjo en octubre de 2005, pero no se hizo pública hasta un año después, señalan fuentes municipales de Rocafort. Precisamente en ese periodo se aprobó y se adjudicó con carácter definitivo el PAI.
La única institución que logró paralizar el proyecto urbanístico promovido por Urbanite y que ejecuta la empresa de Ulibarri fue Ayuntamiento de Godella, que impugnó la reparcelación del proyecto ante el Tribunal Superior de Justicia por la canalización de un barranco.
Una parte de El Bovalar está sobre terrenos que hasta el año 1996, en que se efectuó el deslinde, pertenecían al término municipal de Godella. Ese Ayuntamiento alegó que la urbanización podría crear a Godella problemas de inundabilidad y además se veía afectado por las obras de encauzamiento en el barranco dels Frares.
En abril de 2008, la sala de lo contencioso-administrativo número 2 de Valencia adoptó como medida cautelar la paralización de las obras. El urbanizador recurrió y tras seis meses de parón, el tribunal permitió que se reanudasen los trabajos en parte del programa urbanístico.
(www.elpais.com, 17/02/09)
Un consejero de Camps da obras a una empresa con la que comparte un crédito
Construcciones Taroncher ha obtenido contratos menores de obras en la Consejería de Gobernación por unos 200.000 euros
Serafín Castellano Gómez (PP), consejero de Gobernación de la Generalitat valenciana por el PP ha adjudicado obras a dedo a la empresa Construcciones Taroncher y Asociados SL, cuya dueña es copropietaria con su mujer de unos terrenos rústicos en el término de Lliria (Valencia). Se trata de terrenos que también paga el político mediante un crédito compartido y solidario con su esposa y la dueña de la citada empresa. Construcciones Taroncher y Asociados SL es propiedad de María Ángeles Gónzalez García y de su hijo Daniel. El apoderado de la empresa es José Miguel Pérez Taroncher, de 57 años, amigo personal del consejero, compañero de cacerías y partidos de pelota.
La constructora tiene su sede en la Pobla de Vallbona, a 25 kilómetros de Valencia, cuenta con cinco empleados, y entre 2007 y 2008 ha obtenido contratos menores de obras en la Consejería de Gobernación por unos 200.000 euros. Las obras han tenido lugar en la sede oficial del consejero y en el Centro de Emergencias y Coordinación 112 de la Iliana, dependiente también de esa consejería. Algunas autorizaciones de obras llevan la firma del propio consejero Serafín Castellanos, un ex zaplanista alienado hoy con el presidente Francisco Camps. Desde el año 2000 la constructora ha facturado alrededor de 7 millones de euros, en su mayoría con el Gobierno del PP valenciano.
El 25 de abril de 2008 Nuria Fundamento Rioja Rioja, esposa del consejero de Gobernación, y María Ángeles Gónzález García, la dueña de la constructora, escrituraron ante notario la compra de una finca de naranjos de dos hectáreas y sesenta y dos áreas en el término de Lliria. Nuria Rioja está casada en régimen de gananciales, por lo que el político también es propietario de los terrenos, y María Ángeles González en separación de bienes, según señala la escritura.
El mismo día de la compra de estos terrenos el consejero del PP Serafín Castellano acompañó a su esposa a la notaría de Lliria donde se escrituraron. Y en esa misma notaría Castellano, su esposa Nuria Rioja y la dueña de la constructora María Ángeles González García firmaron los tres ante el mismo notario un préstamo hipotecario y la garantía de la finca de naranjos.
Serafín Castellano reconoce a EL PAÍS que ha otorgado obras a dedo a la citada empresa y se explica así: "Se ha reformado el edificio de la Consejería y habilitado despachos para los altos cargos, incluyendo el mío. Es posible que esa empresa haya hecho parte del trabajo, pero en absoluto la he beneficiado. También han participado otras empresas. No tengo nada que esconder. Sobre esto, ética y estéticamente cada cual puede dar su opinión".
www.elpais.es 16.02.09
UNA EMPRESA DE ULIBARRI CONSTRUYE EN VALENCIA SIN HABER PAGADO LOS AVALES OBLIGATORIOS POR LEY
El empresario José Luis Ulibarri (en la foto), uno de los imputados en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón es uno de los que ha llevado a que el escándalo se extienda hasta la Comunidad Valenciana, donde tiene numerosos negocios relacionados con las telecomunicaciones y con el urbanismo. Según publicó Levante, en este último campo Ulibarri está ejecutando con una de sus empresas un PAI (programa de actuación integrada) en el municipio de Rocafort para el que no ha presentado el aval al que obliga la ley. Pese a esta irregularidad, las obras están en marcha, aunque las parcelas para las nuevas viviendas no aparecen registradas.
Antes de su imputación en la trama de corrupción que desde hace 10 días investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, el empresario José Luis Ulibarri ya sonaba como uno de los grandes beneficiados en la Comunidad Valenciana. Sus empresas de medios de comunicación han conseguido trece licencias de TDT en la región, y sus constructoras agrupadas en el Grupo Begar tienen un enorme volumen de construcción en la zona.
Sin avales
Una de estas firmas de Begar, Urbanite S.L., es la encargada, según informó Levante de desarrollar un polémico programa de actuación integrada (PAI) en Bovalar en Rocafort, donde la sociedad no ha presentado el aval que exige la ley para llevar a cabo la construcción. La última ley sobre urbanismo obliga al agente urbanizador a depositar una fianza “por valor mínimo del 7 por ciento del coste de urbanización previsto” como garantía del cumplimiento de sus previsiones.
Estimación de 9,1 millones
Para este proyecto, se había estimado en un primer momento un coste de 7,7 de euros, que ha aumentado hasta alcanzar los 9,1 millones, pero Urbanite no ingresó el porcentaje establecido, por lo que el Registro de la Propiedad tiene paralizada desde hace algo más de año y medio la inscripción de la reparcelación del nuevo sector residencial de Bovalar.
Sin registrar
El proyecto está integrado por unas 500 viviendas, pero no ha sido registrado, según los informes del Registro de la Propiedad, porque en el proyecto de la constructora “no se acreditan los avales que debe presentar el agente urbanizador, Urbanite, al Ayuntamiento de Rocafort”.
Problemas para los propietariosPese a ello, las obras de la empresa de Ulibarri ya están en marcha, con el consiguiente problema para los propietarios de los terrenos, que han tenido que comenzar ya a pagar sus cuotas, pero no pueden solicitar hipotecas, dado que las nuevas parcelas no están registradas.
(www.elplural.com, 16/02/09)
ORANGE MARKET OPERABA CON EMPRESAS SUBCONTRATADAS EN LOS GRANDES EVENTOS
La empresa Orange Market, marca valenciana de la presunta trama de corrupción investigada por el juez Baltasar Garzón en varias autonomías, realizaba sus eventos en la Comunitat Valenciana a través de varias empresas, en las que se apoyaba para obtener el suministro de material técnico, por un lado, y el personal para el montaje de las producciones, por otro.
Se trata de firmas de confianza, aunque sin ninguna vinculación aparente con Orange Market más allá de la relación comercial, que en la práctica ejecutarían los montajes de los eventos encargados a Álvaro Pérez, detenido a los pocos días de destaparse la presunta trama y puesto en libertad. Y es que, según los datos que figuran en el registro mercantil correspondientes a 2006, Orange Market contaba con solo cinco empleados en aquellos momentos. Así, Orange realizaría esta especie de subcontratación.
Una de las empresas que supuestamente participaba en los actos que organizó Orange Market es Vía Cultural, según ha sabido Levante-EMV de fuentes conocedoras de las contrataciones. Esta empresa con sede en Valencia tiene en su objeto social la organización por cuenta de terceros de congresos, exposiciones, actos sociales y toda clase de eventos culturales, musicales, deportivos, de ocio y recreo.
Vía Cultural, según la relación de trabajos que figura en su propia página web, trabajó el año 2007 en el concierto Night of the Proms. Este festival, celebrado en el Velódromo Luis Puig de Valencia, estuvo organizado por Álvaro Pérez, presidente de Orange, que compró los derechos de la primera gira por España de este macroconcierto, como ya informó este periódico.Además, Vía Cultural estuvo presente en el congreso del Partido Popular de 2008 en Feria Valencia, aunque la información de la empresa no especifica si se trató del cónclave nacional o del regional, celebrados con unos meses de diferencia. Orange Market ha sido en los últimos años la empresa de cabecera del PP para la organización de mítines, congresos y todo tipo de eventos. El último congreso regional también contó con su organización.
Consultadas por su relación con Orange Market, fuentes de la dirección de Vía Cultural declinaron hacer valoraciones aunque no negaron la relación con la firma de Álvaro Pérez.
Vía Cultural se presenta en su web con "una experiencia que abarca más de 400 eventos anuales". Sus trabajos han coincidido en ocasiones en el espacio y en el tiempo con los intereses de Orange Market. En el marco de la salida de la regata Volvo Ocean's Race desde Alicante, por ejemplo, Orange recibió 445.000 euros de Presidencia de la Generalitat por el evento de inauguración del Village del Puerto de Alicante. En el mismo contexto, Vía Cultural realizó trabajos en la organización de conciertos de la Volvo.
Precisamente, entre los trabajos realizados en las últimos años destaca la gran cantidad de conciertos realizados por esta empresa. También participó en el concierto de la Fórmula 1 organizado en Valencia. Igualmente, Vía Cultural participó en el montaje de las gradas para la presentación del coche Fórmula 1 de Mc Laren Mercedes en la Ciudad de las Artes y las Ciencias en 2007.La misma empresa estuvo presente en la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia. Concretamente, participó en el montaje de las gradas y el escenario del Encuentro Mundial de las Familias 2006 (Cacsa, Valencia), según la información de la propia empresa. Recientemente, Vía Cultural ha participado en conciertos en el Palau de la Música, festivales musicales en la Ciudad de las Ciencias o espectáculos teatrales en varios escenarios valencianos.
(www.levante-emv.com, 16/02/09)
La grabación que reventó la trama
Un ex edil del PP registró 15 reuniones con implicados - El CD, de casi 18 horas, fue entregado a Anticorrupción y reactivó un antiguo sumario del juez Garzón
La denuncia vino de dentro. Un ex concejal del PP puso en conocimiento del fiscal la trama de supuestos cohechos a cargos públicos del partido. Los indicios sobre las "dádivas y sobornos" recogidos en el auto donde el juez Baltasar Garzón explicaba los motivos por los que mandaba a prisión al presunto cabecilla de la red, Francisco Correa, y a dos de sus testaferros, se contenían en un CD entregado a la fiscalía en noviembre de 2007. Catorce meses después, Garzón ha imputado a 37 personas relacionadas con la trama, abriendo una crisis de proporciones desconocidas en el PP. Se ha llevado por delante a un consejero de Esperanza Aguirre y dos ex alcaldes, pero amenaza con agravarse. El juez ha anunciado que en su sumario aparecen autoridades aforadas a las que él no puede investigar.
Media docena de colaboradores del partido ayudaron al denunciante
El PP considera sospechoso el momento en el que ha reventado esta investigación, en precampaña electoral gallega y vasca. Pero fue el riesgo de fuga de los implicados lo que precipitó las detenciones. Los sospechosos estaban al corriente de los pinchazos, destruían documentos y preparaban su salida del país. Una situación que estuvo a punto de dar al traste con una investigación que Garzón mantenía sobre alguno de sus integrantes desde hace cinco años. En concreto, investigaba al abogado Luis de Miguel, como presunto cerebro de una red de blanqueo. Su actuación sumarial languidecía cuando un impulso inesperado la dotó de un arsenal de pruebas. Tal regalo le llegó de manos de la Fiscalía Anticorrupción el pasado verano. Su aportación consistía en una explosiva denuncia presentada en noviembre de 2007 por este concejal, expulsado del PP por airear las corrupciones internas. Junto a ella entregó un CD de audio en el que había grabado 15 reuniones con miembros de la trama. Duraba 17 horas y 53 minutos. Junto a la grabación aportó la identificación de los sospechosos, una transcripción de las partes más jugosas e incluso un árbol de las empresas vinculadas a la trama.
El ex militante hizo el trabajo con un equipo integrado por media docena de colaboradores del partido de Madrid y Castilla y León. La UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) verificó los datos y, con la anuencia de Garzón, pinchó teléfonos.
Los resultados no difieren de los aportados por el denunciante. Las grabaciones presumariales y las sumariales han brindado un abanico de indicios de corrupción que salpican a distintas administraciones públicas gobernadas por el PP, tanto municipales como autonómicas. En muchos casos, Correa apunta a la connivencia con autoridades del partido para la concesión de contratos, la adjudicación de suelo o las recalificaciones urbanísticas precisas para grandes negocios inmobiliarios.
www.elpais.es 15.02.09
El coreógrafo de cabecera de Francisco Camps
Álvaro Pérez presumía de ser amigo de Aznar y logró grandes contratos con el PP, que ahora reniega de él
La estrella de Álvaro Pérez Alonso, conocido familiarmente como El Bigotes en el PP de la Comunidad Valenciana, comenzó a declinar el pasado viernes día 6. Fue justo en el momento en que dos agentes policiales entraron en la Consejería de Turismo de la Generalitat valenciana y reclamaron el expediente 33/08 de la adjudicación a Orange Market, SL, del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur, por un importe cercano al millón de euros.
Hacía de regidor en los mítines, llenaba las sillas vacías e imprimía camisetas
El Bigotes era el más caro, pero siempre estaba dispuesto
Esa mañana había empezado bien para Álvaro Pérez, que ronda los 45 años. Al día siguiente tenía previsto hacer de anfitrión en el bautizo de su hija, un acto social organizado en Barcelona en el que pensaba volver a exhibir sus poderosas amistades. Al fin y al cabo, saludaban con respeto en la sede del PP valenciano a este especialista en eventos que se ocupaba personalmente desde hacía varios años de la puesta en escena de todos los actos de partido en los que intervenía Francisco Camps. El bautizo iba a ser una nueva oportunidad de demostrar su habilidad para las relaciones públicas ante su amigo Francisco Correa, a quien había otorgado el honor de ser el padrino de su hija. Pero al poco de llegar al despacho, Pérez se percató de que las cosas se torcían de manera irremediable.
Antes de saber que el padrino de su hija, y supuesto cabecilla de la trama que investiga Garzón, había sido detenido, Pérez ya tenía en la puerta de Orange Market a un par de policías dispuestos a requisar hasta el polvo de las mesas. Los agentes comunicaron a Pérez y al consejero delegado de Orange Market, Cándido Herrero, su condición de imputados y se llevaron cerca de 25 cajas con documentación.
Tras salir los agentes por la puerta de Orange Market, ubicada en la céntrica calle de Colón de Valencia, a un tiro de piedra de su casa -una lujosa vivienda en la plaza de Porta de la Mar-, Álvaro Pérez tomó una decisión: mantener la celebración familiar y hacer una ronda telefónica para comunicar a sus ilustres invitados del Partido Popular lo sucedido. "Si no podéis venir, lo entenderé", les dijo. La mayoría optó por excusarse, aunque uno de sus más allegados, el director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), Pedro García, decidió ir y aceptó sustituir a Correa como padrino de la niña.
La celebración del fin de semana dio paso a la detención de Álvaro Pérez en Valencia el pasado lunes. El arresto confirmó que los cargos políticos que un año antes habían acudido a su boda con la modelo Noemi Ramal ahora le daban la espalda.
A este hombre de bigotes prusianos, fumador de puros habanos, amante de las motocicletas de lujo y los trajes de sastrería, la vida llevaba muchos años sonriéndole. Vinculado al mundo de la farándula -participa también en una sociedad con el actor Andrés Pajares-, Álvaro Pérez aterrizó en Valencia con Special Events, una de las firmas de Francisco Correa que organizaba campañas electorales y actos para el PP de José María Aznar.
Excelente relaciones públicas para unos y un "fantasma" para otros, Álvaro Pérez presumía constantemente de sus relaciones en el PP, con Aznar a la cabeza. En 1993 ya se hizo notar en el mitin de Mestalla, el mayor que han montado nunca los populares en Valencia. En 1999 y 2003 se ocupó de la campaña electoral autonómica del PP. Así se consagró. Ese último año se constituyó en Algemesí, una ciudad de interior de 30.000 habitantes, Orange Market, auspiciada por otro de los detenidos por Garzón, el ex dirigente del PP gallego y mano derecha de Correa, Pablo Crespo.
Y una cosa llevó a la otra. Pérez se compró un impresionante chalé para los fines de semana en La Nucia (Alicante), se estableció junto a las clases más pudientes de Valencia y se convirtió en una especie de asesor de cabecera del PP valenciano, que no ocultaba su satisfacción por el buen resultado mediático de sus puestas en escena. Álvaro Pérez era el coreógrafo más caro, pero siempre estaba dispuesto. Con una empresa de apenas media docena de trabajadores, hacía lo que se fuese necesario para que los actos del PP valenciano fuesen un éxito. Hacía de regidor en los mítines, daba paso a los aplausos, vigilaba la realización televisiva, llenaba las sillas vacías, completaba montajes de otros o imprimía camisetas. A menudo, se le veía en primera fila con los líderes.
En 2005 la Generalitat le otorgó su primer concurso para montar el pabellón de Fitur. Aunque Orange Market también ha logrado otros contratos con la Administración y ha sido proveedora de servicios de otras empresas que han trabajado para la Administración valenciana.
En 2007, Pérez llevó la campaña electoral de Francisco Camps. Una campaña que en el PP regional dirigió el vicepresidente del Gobierno valenciano, Vicente Rambla. El mismo que recientemente adjudicó, a través de una empresa pública, un evento a Orange Market para la salida de la Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo de vela, desde Alicante, por 445.000 euros.
El presidente Camps, su vicepresidente Rambla, el secretario regional del PP, Ricardo Costa, y el director general de RTVV, Pedro García, entre otros cargos, acudieron el 14 de marzo del año pasado al enlace matrimonial entre Álvaro Pérez y Noemi Ramal, una modelo que ejerció de mamachicho en Telecinco y que dio las campanadas en Canal 9 en el show del último fin de año.
Quienes compartieron mesa y mantel en las segundas nupcias de Álvaro Pérez en el edificio Veles e Vents -el icono de la Copa del América en el puerto de Valencia- y mantuvieron alegres conversaciones y reuniones de trabajo, ahora reniegan de él.
La dirección regional del Partido Popular ha cortado esta semana sus relaciones con Orange Market. Fuentes del PP regional dicen que desconocían sus relaciones con Francisco Correa, con quien pensaban que había roto hacía años. El Gobierno valenciano intenta desde hace días minimizar al máximo sus relaciones con Orange Market, pero sigue sin dar una relación de los contratos suscritos. Atrás quedan los años de vino y rosas de Pérez con la cúpula del PP.
www.elpais.es 15.02.09
Orange Market creó una productora de televisión hace tres meses
El responsable de Orange Factory declarará el jueves ante Garzón
Orange Market, la empresa investigada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en relación con una trama de corrupción vinculada al Partido Popular, creó hace apenas tres meses una empresa filial, con domicilio social en las oficinas de la firma en Valencia, dedicada a "la producción, el doblaje y la sincronización de reportajes de video, televisión y cine", así como a "la distribución y comercialización de películas de video, televisión y cine, para cadenas de televisión pública y privada, distribuidoras cinematográficas y agencias de publicidad".
La firma de Álvaro Pérez compartió administrador con Easy Concept
Esta nueva sociedad, constituida el 19 de noviembre del año pasado, tiene como administrador único al consejero delegado de Orange Market, Cándido Herrero Martínez, imputado en la investigación de la Audiencia Nacional y que esta semana, previsiblemente el jueves, ha sido citado a declarar por el juez Garzón.
Si Orange Market, la empresa que preside Álvaro Pérez -detenido por Garzón y puesto en libertad con la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado y la prohibición de salir del país-, es una empresa dedicada a la organización de eventos y a la publicidad, cuyos clientes eran el PP y administraciones gobernadas por ese partido, como la Generalitat valenciana, Orange Factory, SL, centra claramente sus objetivos en el ámbito de la televisión. Por lo que se conoce hasta ahora, su sociedad matriz, Orange Market, como desveló el portavoz socialista el las Cortes, Ángel Luna, el jueves pasado, trabajó para Canal 9 en el montaje del telemaratón que la cadena pública ofreció el 23 de noviembre.
Cándido Herrero, que estuvo presente en el registro de la sede de Orange Market en la calle de Colón, en Valencia el pasado día 6, es un empleado de la empresa. El pasado mes de octubre asumió el cargo de consejero delegado. Ese día, Álvaro Pérez asumió la presidencia y entró como consejero Ramon Blanco Balín, también imputado por el juez Garzón. Desde el despacho de Blanco Balín en Madrid había gestionado Orange Market hasta ese momento, como administrador único, Francisco Javier Pérez Alonso, junto a una una red de empresas vinculadas a Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP de Galicia e imputado también en la investigación de la trama que lideraba Francisco Correa, auténtico jefe de la organización.
Entre las empresas con las que compartía administrador único Orange Market estaba Easy Concept, SL, sociedad de la que el juez Garzón sospecha que inflaba los costes de los encargos que recibían de r el PP otras empresas que eran utilizadas como tapadera.
Los principales cargos populares se movilizaron ayer contra lo que consideran "una campaña de difamación" orquestada por los socialistas a raíz del sumario abierto por el juez Garzón. Lejos de aclarar los extremos de su relación con Orange Market, el PP optó por arremeter contra el Gobierno, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y el PSOE.
El presidente provincial del PP de Valencia, Alfonso Rus, aseguró que se trata de "una campaña de difamación puesta en marcha por el PSOE para esconder la inacción y la falta de propuestas de futuro del Gobierno central ante la crisis económica actual".
Junto a Rus, que organizó una reunión de alcaldes y portavoces populares en La Pobla Llarga, el consejero de Inmigración, Rafael Blasco, instó a los miembros del PP a "no dejarse engañar". "Es una campaña aforada e injustificable puesta en marcha por el Ejecutivo central", sentenció Blasco, que añadió: "El único objetivo del PSOE es dividir al PP".
El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, durante una visita a las instalaciones de la Volvo Ocean Race en Alicante, afirmó: "Siempre que hay unas antesalas electorales, el PSOE nos obsequia con campañas orquestadas mediáticas y, además, con comportamientos poco saludables democráticamente".
"Creo que en democracia se tiene que investigar todo y, evidentemente, quien la haga que la pague, pero lo que no se puede hacer es utilizar de manera partidista las instituciones para tener rendimiento político" aseguró el consejero de Gobernación. Y añadió: "Se tiene que investigar todo, pero un juez no puede marcar la agenda política de un país", argumentó Castellano en referencia al juez Baltasar Garzón. La arremetida de los cargos populares contra los socialistas de ayer se produce en un contexto de inquietud. Aunque el Consell que preside Francisco Camps se esfuerza por dar sensación de tranquilidad, lo cierto es que, por primera vez en mucho tiempo, no está consiguiendo marcar la agenda política.
De hecho, la cúpula popular confía en que la instrucción que sigue el juez Baltasar Garzón se limite finalmente a la Comunidad de Madrid y no haya ningún aforado valenciano. En el Consell son conscientes de que la relación con Orange Market, que ha instalado los pabellones de la Comunidad Valenciana en Fitur durante cinco años, y con su presidente, Álvaro Pérez, ha sido prolongada e intensa en el tiempo, lo que ha permitido a éste acceder al círculo de confianza de los populares valencianos.
La subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, aseguró ayer que el PP "siempre culpa a los demás de hechos que le afectan". Llinares tachó de "lamentable la "actitud que está teniendo el Partido Popular para tapar algunos hechos que se están investigando".
Por su parte, el secretario general del Bloc y diputado de Compromís, Enric Morera, exigió al Partido Popular que "cumpla escrupulosamente" con el reglamento de las Cortes Valencianas y en los plazos indicados -que son de 20 días- facilite copia de las facturas que se solicitaron el pasado jueves de la relación de la Generalitat con la mercantil Orange Market.
"No vamos a permitir que nos engañen mostrando contratos con informes de legalidad favorables. Queremos las facturas porque puede haber pagos a Orange Market sin fiscalización y por encargos de trabajos puntuales", advirtió Morera.
www.elpais.es 15.02.09
González Pons defiende la adjudicación de las TDT
Esteban González Pons, portavoz de la Generalitat y consejero de Relaciones Institucionales y Comunicación en 2005, cuando se adjudicaron 40 licencias de explotación de canales de Televisión Digital Terrestre (TDT) en la Comunidad Valenciana, aseguró ayer que el concurso en cuestión fue "estrictamente legal". González Pons salió al paso de las acusaciones vertidas por el presidente de la Federación Valenciana de Televisión, Alejandro Rodríguez, quien declaró al diario Levante-EMV que el concurso fue "un desmadre de prebendas y adjudicaciones descaradas".
Rodríguez arremete específicamente contra José Luis Ulibarri, que controla 13 de licencias de TDT en territorio valenciano a través de la empresa Mediamed y que es uno de los imputados por el juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, en la supuesta trama de empresas corruptas controladas por personas vinculadas al PP.
Rodríguez asegura en unas declaraciones difundidas el sábado que, en 2005, Ulibarri "ya sabía que le iban a adjudicar 13 licencias porque me lo dijo a mí". En una época en la abundaban los canales de televisión local al margen de cualquier regulación administrativa, Ulibarri "iba diciendo que lo tenía claro y que quien no le vendiera a él la emisora de televisión se iba a quedar sin concesión", sigue Rodríguez.
El presidente de la Federación Valenciana de Televisión subraya, además, que las bases del concurso establecían que se primaría a los empresarios locales en las concesiones y recuerda que Ulibarri es de Castilla-León.
El comunicado difundido por González Pons apunta que Mediamed "ha aclarado que, en el momento de la adjudicación del concurso, José Luis Ulibarri era parte del accionariado de una empresa en la que primaba el accionariado valenciano" y "un conocido empresario valenciano" presidía la sociedad.
González Pons anunció que presentará "inmediatamente" una querella y destacó que "ante los rumores o historias falsas que malintencionadamente se están recibiendo en algunos medios de comunicación aprovechando la investigación abierta por la Audiencia Nacional y que nada tiene que ver con ésta", ejercerá las acciones legales oportunas "contra toda aquella persona física o jurídica, profesional de la información o no, que publique o difunda o comunique hechos no veraces" que pongan en entredicho su honor o su honradez.
www.elpais.es 15.02.09
Orange Market despegó con Fitur
La empresa creció en facturación gracias al concurso de la Generalitat
Orange Market, la empresa que dirige Álvaro Pérez en Valencia, tuvo un importante salto en su facturación a partir de 2005, año en el que logró ganar por primera vez el concurso de la Generalitat para montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid.
La firma de Álvaro Pérez se constituyó en julio de 2003 con sólo un empleado. El ejercicio acabó con 76.169 euros de ingresos y 848 euros de beneficios, según el registro mercantil. El año siguiente no fue mucho mejor, apenas 9.500 euros de beneficio sobre una facturación anual cercana a los 200.000.
En 2004 el PP perdió las elecciones generales y fue al año siguiente cuando Orange Market dio un salto cualitativo en su facturación. Con una estructura mínima -cuatro empleados fijos-, la empresa de Álvaro Pérez logró adjudicarse, en competencia con otras tres firmas, el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur por un importe de 1.344.000 euros.
El contrato multiplicó casi por doce los ingresos de esta sociedad, que acabó el ejercicio con unos ingresos que rozaron los 2,4 millones de euros. Orange Market siguió adjudicándose en años sucesivos el contrato de Fitur, concretamente hasta 2009, y amplió la lista de eventos a organizar que la Generalitat le ha otorgado. A la adjudicación del pabellón valenciano en Fitur se han añadido los actos organizados para la Volvo Ocean Race, la sociedad Castellón Cultural de la Consejería de Cultura, publicaciones, vídeos institucionales y trabajos para Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y Feria Valencia, entre otros. La empresa de Álvaro Pérez montó también una carpa para la Generalitat en el Club de Tenis de Valencia, del que es socio el presidente valenciano Francisco Camps, durante la celebración del Open de Tenis en la ciudad.
Curiosamente, a pesar de su mayor actividad, esta sociedad apenas supera en la actualidad la decena de trabajadores.
www.elpais.es 15.02.09
El director de la televisión de Valencia es padrino de la hija de un imputado
El presunto cerebro de la trama de corrupción investigada por el juez Baltasar Garzón, Francisco Correa, estaba llamado a ser el padrino en el bautizo de la hija del presidente de Orange Market, Álvaro Pérez. Sin embargo, fue detenido el 6 de febrero, un día antes del bautizo, para evitar su huida de España, prevista según el auto para después de ese acto. Ese mismo viernes la policía registró las oficinas de Orange Market, lo que disuadió a varios cargos del PP en Valencia de asistir al bautizo que se celebraba el día siguiente en Barcelona. El director general de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), Pedro García, que fue el único que acudió, sustituyó a Correa en el encargo debido a la relación que mantiene con Pérez. El lunes siguiente Pérez ingresó en prisión. Anteayer fue liberado.
García confirmó ayer este hecho, que circunscribió al "ámbito privado" y a la "amistad de familia" que mantiene con Pérez, a quien conoció hace años, antes de ocupar su actual cargo, como producto de la relación profesional que Orange Market mantenía con el PP "en la organización de actos". El director general de RTVV admitió un contrato por 2.178 euros tras haber negado su existencia. Ayer fue la primera vez que el nombre de Álvaro Pérez fue pronunciado en un informativo de Canal 9 para anunciar su puesta en libertad.
www.elpais.es 14.02.09
"Ulibarri me dijo antes del concurso que el Consell le iba a adjudicar 13 licencias de TDT"
No sólo el imputado Álvaro Pérez Alonso, presidente de Orange Market, se jactaba de sus buenas relaciones con los dirigentes del PP valenciano y con el Ejecutivo de Francisco Camps. También el empresario leonés José Luis Ulibarri, imputado en la misma causa que investiga el juzgado número cinco de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, y que controla 13 emisoras de TDT en la Comunitat Valenciana, se vanagloriaba de tener influyentes contactos en la Administración valenciana.
Muy pocos en el sector audiovisual valenciano conocían a Ulibarri cuando desembarcó en Valencia en 2005 procedente de Castilla y León, donde había entablado relación con dirigentes del PP, como el ex presidente del Gobierno José María Aznar, o el ex ministro y ex número dos del partido, Ángel Acebes. En poco tiempo el también constructor logró 13 licencias en las 14 demarcaciones en que se dividió la Comunitat Valenciana para la conversión a la TDT.
Casi cuatro años después, el presidente de la Federación Valenciana de Televisión, Alejandro Rodríguez, recuerda muy bien a Ulibarri. "Él ya sabía que le iban a adjudicar las 13 licencias de TDT porque me lo dijo a mí. ¿Cómo lo sabía él de una forma tan fehaciente?", se pregunta Rodríguez, que preside la federación que aglutina a las tres asociaciones provinciales y a un centenar de empresarios.
En aquellos años Ulibarri no se escondía. "Él iba diciendo que ya lo tenía claro y que quien no le vendiera a él la emisora de televisión se iba a quedar sin concesión y se iba a comer los equipos con patatas", aseguró ayer Rodríguez a Levante-EMV. Se trataba de las televisiones locales de diferentes empresas que emitían de manera ilegal y a las que el Consell conminó a asociarse con el empresario castellano-leonés para garantizarse que se iban a adjudicar la licencia local.
"Comprar a un precio irrisorio"
Según Rodriguez, Florencio Carreras, mano derecha de Ulibarri, intentó aproximarse a los empresarios valencianos afirmando que tenían la adjudicación prácticamente concedida, e intentó "comprarles por un precio irrisorio" sus emisoras. Rodríguez explica las irregularidades que a su juicio se han cometido, "llevadas a cabo directamente por Esteban González Pons", entonces conseller de Presidencia.
Para el presidente de los empresarios valencianos de televisión las piezas del puzzle comienzan a encajar. "Esto es un desmadre de prebendas y adjudicaciones descaradas. Cuando tú ves que no se respeta la legalidad vigente y no hay equidad es decir que concurramos todos en igualdad de oportunidades pues pasa que los empresarios valencianos están quemadísimos. ¿Qué pasa que nosotros no les íbamos a dar nada?", afirma Rodríguez.
"Ulibarri viene de fuera, no conoce la idiosincrasia valenciana. La ley dice que se valorará la pertenencia al lugar y cuando ha montado las televisiones lo hace fuera de la ley porque no respeta el uso del valenciano. En cambio nosotros estamos trabajando en televisión desde hace 25 años, antes de que Canal 9 existiera"", añade el empresario valenciano.
El proceso está recurrido
Las licencias que el Consell concedió en 2005 están adjudicadas de forma provisional porque el proceso está recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) desde mediados de 2005 por parte de algunas de las empresas que participaron en el concurso y por la propia federación, cuyo presidente denuncia que hubo "manipulación de expedientes". "Hay un descaro y poca vergüenza cuando Camps dice que ha sido una concesión limpia e inmaculada y está en la sala tercera del contencioso-administrativo para beneficio de unos señores que han llegado aquí como paracaidistas para llevárselo calentito con González Pons de mano armada de Camps. Ni se publicó en el diario de la UE, es decir una serie de irregularidades y descaros", añade. Ahora, la Federación Valenciana de Televisión estudia personarse en la causa abierta por el juez Baltasar Garzón al sentirse perjudicados. Quieren saber cómo un empresario de Castilla y León llega a la Comunitat Valenciana y logra las licencias. "Actúan sin vergüenza porque si no, no le haría esto a los empresarios valencianos", añade.www.levante-emv.com 14.02.09
Cuando a Garzón le agasajaba el PP
Eran otros tiempos. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón fue el invitado "estrella" en las Fallas de 1993 del Ayuntamiento de Valencia presidido por la alcaldesa Rita Barberá, que ahora carga contra él -a coro con todo el Partido Popular- a cuenta de la instrucción del caso Gürtel, que salpica a dirigentes populares. A principios de los 90 Garzón llevaba entre manos el proceso por el secuestro de Segundo Marey, el sumario matriz de los GAL que retomaría tras su breve aventura política. Precisamente su visita del 93 se produjo apenas un mes antes de solicitar la excedencia en la Magistratura para presentarse a las elecciones en las listas del PSOE, alcanzar su acta de diputado y el cargo de delegado del Plan Nacional contra las Drogas.
Por entonces, Garzón llegó a coincidir en la ciudad con Mariano Rajoy y Javier Arenas aunque estos se marcharon antes de la cremà, en la que el juez fue el invitado más agasajado. Se le mostró un ninot que le representaba como un "caballero de causa nobles" y acudió a los toros.
Repetiría experiencia muchas veces, aunque de visita privada, de la mano del ex concejal y ex diputado provincial Vicente Martínez Marco y el ex concejal y ex director general de Salud Pública, Francisco Bueno. En 1999 coincidió en el balcón del consistorio con Barberá, Zaplana -entonces presidente de la Generalitat- y Ángel Acebes, a la sazón ministro de Administraciones Públicas.
En 2001 fue de nuevo invitado oficial pero en esta ocasión por la Diputación Provincial de Valencia presidida por Fernando Giner, junto con el entonces Defensor del Pueblo y ex ministro de Justicia Enrique Múgica. Ese mismo año recibió el premio Cotorra del Mercat Central. En 2002 también visitó las fallas y fue mantenedor de la Regina dels Jocs Florals, la esposa de Martínez Marco.www.levante-emv.com 14.02.09
"DADIVAS Y SOBORNOS A AUTORIDADES"
El juez Baltasar Garzón ha puesto por fin por escrito el objetivo de su investigación. En el auto por el que la pasada madrugada envió a prisión a los tres cabecillas de la trama de corrupción -Francisco Correa, Pedro Crespo y Antoine Sánchez-, explica que en la causa que instruye hay indicios suficientes de que un grupo organizado de personas en el que participaban los imputados, "establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas", como Madrid y Valencia. La finalidad de ese grupo era obtener beneficios utilizando "como norma común y frecuente, las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas". Por el momento han resultado implicados dos cargos públicos, pero Garzón especifica que se investiga a las autoridades y funcionarios que hayan sido receptores de esas dádivas y cuya voluntad haya podido ser corrompida para exigirles las responsabilidades penales correspondientes.
Según el juez, los imputados "entregaron regalos, presentes y cantidades de dinero para mover voluntades de quienes tenían responsabilidades en las áreas que coincidían con los intereses económicos del grupo organizado, y así obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no utilizaban las mismas prácticas".
Al mismo tiempo, el juez considera acreditado que se ha producido una "defraudación fiscal" y que ha habido movimientos de dinero en el extranjero por medio de sociedades que operan en paraísos fiscales para blanquear fondos. El magistrado especifica que los imputados utilizaron "técnicas de ingeniería financiera", de tal forma que al utilizar territorios como Panamá, las islas del Canal de la Mancha o las Antillas Holandesas, han buscado la opacidad y han impedido que la justicia alcance los fondos desplazados.
Además, para conseguir sus objetivos y disfrazar las contabilidades, el grupo no dudó en alterar y falsificar documentos, entre otros, facturas comerciales.
El auto destaca que Correa -cuyo nombre en alemán, Gürtel, da nombre a la operación policial-, montó una estructura de empresas en España a la que superponía otra estructura internacional con sociedades constituidas en Inglaterra y Holanda, que a su vez estaban participadas por sociedades creadas en paraísos fiscales. Precisamente, los fondos procedían de sociedades matrices con sede en Antillas Holandesas, Jersey y Guernsey, Suiza y otros territorios off shore, y llegaban a las sociedades españolas camuflando las aportaciones como si fueran ampliaciones de capital.
Se trata de un presunto delito de blanqueo de dinero cometido por españoles en el extranjero, lo que determina la competencia de la Audiencia Nacional en el caso.
Correa, según el auto del juez, utilizó testaferros y estructuras fiduciarias opacas, creadas por asesores fiscales y jurídicos en su estrategia de ocultación, mientras realizaba operaciones en países tan dispares como China, Azerbaiyán, Colombia, Panamá o Estados Unidos.
Entre otros hechos, el juez imputa a Correa haber dado "instrucciones para realizar dádivas a funcionarios públicos con el fin de obtener un provecho económico para él y el grupo que dirige o para conseguir la paralización de procedimientos sancionadores que afectan a su patrimonio".
El jefe de la trama ha intentado obtener la residencia en Panamá y tenía previsto abandonar en breve España, por lo que la policía aconsejó al juez que precipitase las detenciones. También dio instrucciones a su primo Antoine Sánchez -utilizado como testaferro al frente de las sociedades- para que obtuviera pasaporte y residencia en Senegal.
El lugarteniente de Correa, sin embargo, era Pablo Crespo Sabaris, que actuaba como gerente y consejero delegado de las empresas. Crespo es responsable de la gestión del patrimonio personal de Correa y "codiseña con éste la estrategia de ocultación de fondos del mismo".
Asimismo, Garzón le achaca el impartir "instrucciones para el pago de cantidades a funcionarios públicos y autoridades y pago en especie, por medio de objetos y enseres en distintas localidades españolas para obtener tratos de favor o la concesión de eventos a los que se dedica el grupo".
Uno de los aspectos que denotan el carácter delictivo del grupo es que "utilizan como canal de blanqueo el envío de transferencias a través de los fondos de que disponen en Suiza desvinculándolos de su origen".
La organización, según se describe en la resolución judicial, "dispone de un piso de seguridad [en la calle de Martínez Campos, 32, 7º, puerta sexta, de Madrid] donde, además de vivir una persona de su confianza y trabajador de una de sus empresas, guarda documentos sensibles que han sacado de la sede de Serrano, 40, 4º izquierda, de Madrid".
El juez destaca que en la causa hay elementos que determinan un riesgo de fuga "objetivo y real", puesto que fue precisamente la posibilidad de fuga de Correa el detonante de que se produjeran las detenciones. Además, Crespo dio órdenes de que se escondieran documentos y no se utilizaran los móviles porque los teléfonos estaban intervenidos.
El juez afirma también que "la trama parcialmente desvelada, en este momento, no alcanza a la totalidad de las actividades delictivas que se pueden imputar, pero extendiéndose a todas las personas que ya están imputadas, puede afectar a un mayor número". Es decir, la operación sigue abierta y va para largo.
Por otro lado, ayer declaró ante el juez, en calidad de imputado, Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, que fue detenido el lunes pasado por su presunta vinculación con la trama de corrupción en la Comunidad Valenciana. Las fiscales Miriam Segura y Concha Sabadell no solicitaron prisión ni fianza para él, según explicó su abogada, Ángela Coquillat. El juez, por tanto, le dejó en libertad, aunque con la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado más próximo a su domicilio.
(www.elpais.com, 13/02/09)
Camps estuvo en la boda de El Bigotes, uno de los imputados en la trama de corrupción
La trama de corrupción destapada la pasada semana en la localidad madrileña de Boadilla del Monte se ha extendido no sólo al PP de Madrid, sino también al de Valencia, donde la administración regional, en manos de los populares ha mantenido una relación muy cercana con una de las empresas investigadas, Orange Market. La relación era tan cercana como para que el máximo responsable de la misma e imputado en la causa, Álvaro Pérez, invitara al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a su boda en marzo de 2008. Al convite acudieron también otros cargos del Ejecutivo regional pero parece que al desatarse la trama, ahora nadie quiere vincularse con él: en el bautizo de su primera hija, celebrado el pasado sábado, sólo el director general del Canal 9 se atrevió a repetir su asistencia a la ceremonia.
La trama de corrupción vinculada al PP ha puesto a los políticos de la Comunidad Valenciana en el epicentro de la investigación, algo que no era de extrañar, dadas las buenas relaciones de la Generalitat con Orange Market, una de las empresas involucradas en el escándalo. Álvaro Pérez, El Bigotes, su máximo responsable, salió ayer en libertad después de pasar las últimas noches en prisión y ha comprobado cómo las amistades entre políticos y empresarios se disuelven cuando llegan dificultades.
Camps, en la boda de El Bigotes
El Bigotes contaba, antes de su imputación en la trama, con muy buena relación con importantes dirigentes del PP valenciano, como pudo comprobarse en su boda en marzo de 2008. Al banquete, celebrado en las instalaciones de la Copa del América, acudió un selecto grupo de personas, entre las que estaba el propio presidente regional, Francisco Camp, quien ayer fue preguntado en el pleno de la Cámara regional y se limitó a desvincularse de la trama. Eso sí, al igual que Esperanza Aguirre y otros dirigentes populares, aplicó la táctica del ventilador y en lugar de aclarar, apuntó hacia el presidente dle Gobierno. A´sí, mostó una foto de Zaptero saludando al también imputado José Luis Ulibarri, imputado en la trama, y otro de los grandes beneficiados por la Comunidad Valenciana, aunque Camps, de esto último, no dijera nada.
La foto de familia de Rajoy
Entre los invitados a la boda estuvieron también el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, y el portavoz parlamentario y secretario regional del PP, Ricardo Costa. El primero habría sido, según ha informado la prensa local, el ideólogo de la foto de familia de Rajoy el pasado miércoles, cuando el partido pidió la recusación de Garzón y anunció que rompía con el ministro de Justicia tras coincidir ambos en una cacería.
La familia Costa
Por su parte, Ricardo Costa es hermano del también popular Juan Costa, que tiene una significativa relación tanto con Valencia como con Boadilla: su mujer, Elena Sánchez Álvarez, es socia de la empresa Free Handicap, que ha organizado durante una década actos para el PP, entre ellos el congreso nacional del partido el pasado mes de junio y que se ha visto favorecida por numerosas adjudicaciones para organizar eventos en el Ayuntamiento de Boadilla, bajo el mandato de Arturo González Panero, también imputado en la trama y que se ha visto obligado a dimitir por ello.
Abandono en el bautizo
Ninguno de ellos ha arropado ahora a El Bigotes que, según informó la edición valenciana de El País, celebró el pasado sábado el bautizo de su primera hija en Barcelona. Un día antes habían comenzado los registros de las oficinas de Orange Market en Valencia, y el único alto cargo que fue a la boda y repitió en el bautizo fue Pedro García, director general de la Radio Televisión Valenciana. La amistad entre ambos es patente, y la esposa de Pérez, Noemí Ramal, ha realizado varios trabajos para Canal 9, entre ellos el show de fin de año. Con estos datos, no es de extrañar que la televisión pública regional no esté informando en sus telediarios sobre la trama de corrupción.www.elplural.com 13.02.09
UNA IMAGEN DE OTROS TIEMPOS
Era el 18 de abril de 2007, en Paterna (Valencia). La foto muestra el grado de cercanía de Álvaro Pérez, responsable de Orange Market, con la cúpula del Partido Popular. Por ello aparece sentado en el suelo, a la izquierda, justo delante de Juan Costa, y muy cerca, entre otros, de Francisco Camps, Mariano Rajoy, Rita Barberá y Carlos Fabra durante un acto del Partido Popular. Eran otros tiempos.
www.elpais.es 13.02.09
anual por el centro hospitalario. Ayuntamiento.
CASTILLA Y LEÓN Y VALENCIA, FEUDOS AMIGOS
José Luis Ulibarri es un hombre bien relacionado, sobre todo con gobernantes de comunidades autónomas regidas por el PP. Preside 23 empresas y ostenta diferentes cargos en otras 24. La mayoría tienen su sede en Castilla y León, donde está al frente de un holding (Grupo Begar) que también ha echado sus redes en la Comunidad Valenciana, donde tiene importantes intereses audiovisuales, inmobiliarios y de obra pública.
Trabaja para administraciones de distinto signo, como el Ministerio de Fomento, para el que construye varios tramos del AVE a Barcelona o parte de la Ronda Sur de Granada. Pero se ha hecho fuerte en tierras castellano-leonesas, donde gobierna el PP. Su empresa Begar Construcciones y Contratas, SA, ha recibido adjudicaciones para edificar viviendas, colegios públicos y mejorar algunas carreteras de la región. En Ponferrada y en Valladolid, con cuyo alcalde mantiene una buena relación, participa en numerosas obras, la mayoría relacionadas con los servicios de limpieza.
Su negocio más conocido en Valencia es Mediamed, empresa desde la que, con otros socios, se ha hecho con el control de 13 televisiones digitales adjudicadas por el Gobierno que preside Francisco Camps (PP). Begar también ha logrado en Valencia dos aparcamientos y un colector de la Generalitat. El Gobierno valenciano le concedió con la constructora Ocide la obra del hospital de Lliria por 25 millones.
(www.elpais.com, 13/02/09)
ORANGE MARKET TRABAJA CON LA TELEVISIÓN DE CAMPS
El portavoz socialista en las Cortes valencianas, Ángel Luna, denunció este jueves que Radio Televisió Valenciana (RTVV), organismo público que gestiona la televisión autonómica, mantiene contratos con Orange Market, cuyo responsable, Álvaro Pérez, está imputado por Baltasar Garzón. Pérez quedó ayer en libertad.
Luna aseguró que sabe "con certeza que hay contratos" con esta firma, investigada en el marco de la operación Gürtel. Por esa razón, el portavoz socialista pedirá la comparecencia en las Cortes del responsable del ente público para que "traiga los contratos y los explique". "Cuántos, para qué y por qué" son las preguntas que quiere aclarar Luna, quien añadió que la televisión de Camps "todavía le debe dinero a la empresa".
Un portavoz de RTVV aseguró que Orange Market sólo le prestó un servicio por un contrato de mobiliario para un telemaratón, por importe de 2.178 euros. La trama que investiga Garzón centró la comparecencia del presidente valenciano, Francisco Camps, en la sesión de control al Gobierno de ayer. Camps defendió la gestión "transparente y correcta" de las contrataciones que realiza la Generalitat.
Los socialistas, sin embargo, le instaron a aclarar por qué mantuvo relaciones con Orange Market a pesar de que el PP nacional las interrumpió en 2004 y por qué otro de los imputados, el empresario José Luis Ulibarri, consiguió en 2005 "todo tipo de contratos" en materia audiovisual. Una de sus firmas resultó favorecida en la adjudicación de licencias de Televisión Digital Terrestre.
Camps defendió la limpieza del proceso, aunque las sospechas del Partido Socialista les han llevado a pedir pruebas documentales que, de momento, el Gobierno valenciano no ha aportado.
En relación con otra empresa pública, el portavoz socialista anunció que visitará el lunes la sede de la Sociedad Gestora para la Imagen de la Comunitat Valenciana para que le muestren la documentación que "han estado ocultando hasta ahora". Esta compañía, creada cuando Esteban González Pons era el portavoz del Ejecutivo valenciano, no facilita información sobre las empresas a las que adjudica sus servicios.
(www.publico.es, 13/02/09)
CAMPS, NINGUNA RESPUESTA
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, volvió a presumir ayer en sede parlamentaria de gestión intachable. "Garantizo que el funcionamiento de la Administración autonómica es correcto. Garantizo que está fiscalizado por todas las instancias que corresponde", prosiguió Camps, "confío en todos los procesos de subasta y contratos que se hacen por concurso por la Generalitat".
El auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que investiga una trama de corrupción de personas próximas al PP, afirma que Francisco Correa, Pablo Crespo, Antoine Sánchez y otros imputados forman parte de un conglomerado empresarial, en el que figura Orange Market, que tenía como objetivo la "realización de operaciones y organización de eventos para captar negocios y por ende fondos en las comunidades autónomas de Madrid y Valencia". Según el auto, Crespo creó "empresas ad hoc" para dar cobertura a sus actuaciones, como Pasadena Viajes, Easy Concept u Orange Market, la empresa que dirige en Valencia Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, imputado por Garzón.
El juez ve indicios suficientes para establecer que se trata de "un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas para obtener un beneficio propio utilizando para ello, como norma común y frecuente, las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas, cuya identidad y cargos se está investigando".
"Para disfrazar tanto las contabilidades, como la operativa del grupo o las dádivas entregadas, no dudaron en alterar y falsificar documentos, especialmente facturas comerciales", indica el auto.
Ante esta situación, a Camps no le pareció necesario dar explicaciones en las Cortes Valencianas sobre las relaciones de Orange Market y Álvaro Pérez con su Administración. Tampoco le pareció necesario dar información sobre las 13 concesiones de televisión digital terrestre y los intereses urbanísticos de las empresas de José Luis Ulibarri en la Comunidad Valenciana.
Tampoco consideró Camps necesario contestar a ninguna de las numerosas preguntas que le formularon los grupos de la oposición. ¿Por qué no hicieron caso de las advertencias? ¿Cuántos contratos se han formalizado con Orange Market? ¿Por qué se dieron tantas concesiones de TDT a Ulibarri? No hubo ni una sola respuesta.Francisco Camps acudió ayer a la sesión de control de las Cortes Valencianas con la escenografía bien preparada. Con aplausos de la bancada popular adornando cada intervención del presidente y caras airadas y aspavientos de indignación cada vez que la oposición mencionaba alguna de las palabras malditas como amigos, trajes o corrupción. Pero información sobre el alcance de las relaciones de Orange Market y las sociedades de Ulibarri con la Generalitat, ninguna.
Y eso que la oposición socialista entró al debate humilde. "No venimos a dar lecciones, su obligación es dar explicaciones", aseguró el socialista Ángel Luna. Que formuló preguntas de catón. ¿Por qué la dirección nacional del PP (que rompió con las empresas de Correa, el supuesto jefe de la trama) no les avisó? ¿Por qué han suspendido las relaciones con Orange? ¿Cuántas personas que exhiben su familiaridad con ustedes tienen contratos?... "Usted ha estado por la opacidad, vamos a ver si a partir de ahora se atreve con la transparencia", dijo Luna, que anunció que el lunes acudirá junto al diputado José Camarasa a la sede de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana para ver la documentación de la empresa pública, que depende del vicepresidente Vicente Rambla. Y luego dio un paso al frente y aseguró que Canal 9 tiene contratos firmados con Orange Market, extremo que han desmentido tanto RTVV como el Consell. Y ahí lo dejó.
Camps replicó con la evasión, salió armado con una foto de Zapatero y el empresario Ulibarri en un acto celebrado en León y se presentó como un simple impulsor de su gestión. "Nunca pregunto por expediente alguno, lo que me interesa es que funcione el hospital y se haga la carretera". Luego se refirió a la concesión a Orange Market del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur (la oferta más cara) y, como si fuese Ana Botella, se puso a juntar peras con manzanas. Comparó el pabellón valenciano de Fitur con el de la Junta de Andalucía y luego con el de TurEspaña. Y, claro del injerto, salió una variante ciertamente extraña: "Aquí no se hace nada por capricho. Quien la haga, que la pague", prosiguió Camps, "Y de momento quienes la pagan son los socialistas".
La portavoz de Compromís, Mònica Oltra, también se puso el guante de seda para interpelar a Camps. Y como si pasase por allí preguntó por los reveses que los tribunales han propinado a la Generalitat en materia de sanidad (condenas a pagar con intereses las deudas a los proveedores), educación (en la asignatura de Educación para la Ciudadanía) y "otras investigaciones que afectan al Consell". Y Camps optó de nuevo por la evasión. Se hizo el sueco con los reveses en sanidad y educación y respecto a las "otras investigaciones" afirmó: "Hubo 2.000 licitaciones en 2008 y solo 150 impugnaciones que en la inmensa mayoría han sido ganadas por la Generalitat".
A estas alturas del debate, mientras en Canal 9-Ràdio Televisió Valenciana ya estaban redactando una nota para "puntualizar que la única prestación de servicios realizada por Orange Market" había sido una bagatela, la portavoz de Compromís ya se había sacado el guante de seda. Oltra esgrimía el guante de acero para recriminar a Camps que abandonase las Cortes para irse a Madrid a sostener a Mariano Rajoy en la sede del PP, elaboraba metáforas sobre los trajes y las camisas del presidente y se quejaba de su "retórica barata". Oltra le recordó a Camps que él es el responsable de su Gobierno y que está incumpliendo sentencias judiciales como la que le obliga a homologar los títulos de valenciano y catalán. En ese punto vio Camps la gatera del debate y se puso el traje de patriota indignado. "El día que este pueblo claudique en la homologación del valenciano y el catalán no será nuestro pueblo".
La sesión de control la remató el vicepresidente Rambla, de nuevo interpelado por si se facilitarán los contratos y las facturas de las empresas investigadas por Garzón. "Ustedes conocen el reglamento y sabrán a lo que tienen derecho o no. Y nosotros, lo que es nuestra obligación y lo que no". La opacidad estaba bendecida.
(www.elpais.com, 13/02/09)
ORANGE MARKET Y ULIBARRI, DOS REDES VALENCIANAS DE LA TRAMA CORRUPTA
La trama de corrupción destapada por el juez Garzón se bifurca en dos redes distintas en el ámbito valenciano. Una de ellas está centrada en las empresas de eventos, a través de Orange Market, vinculada a Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP en Galicia, a quien el juez ha enviado a la cárcel. Crespo contó con Álvaro Pérez, otro de los imputados por Garzón, como su representante en Valencia. La otra tiene que ver con intereses urbanísticos, inmobiliarios y de concesiones administrativas, y por ella está imputado el empresario José Luis Ulibarri, cuyos negocios se relacionan con Francisco Correa, supuesto jefe de toda la red de corrupción ahora desmantelada.
De Pablo Crespo, auténtico lugarteniente de Correa, dice Garzón en el auto por el que lo mandó a prisión que lleva "la dirección y el control del funcionamiento de las empresas de eventos", y añade que "imparte instrucciones para el pago de cantidades a funcionarios y autoridades y el pago en especies, por medio de objetos y enseres en distintas localidades españolas para obtener tratos de favor y la concesión de eventos a los que se dedica el grupo". La empresa valenciana Orange Market, SL, cuyo responsable, Àlvaro Pérez, declaró ayer en la Audiencia Nacional tras su detención, forma parte de ese grupo.
La vinculación de la firma, cuyos socios han sido todos imputados, queda en evidencia, sobre todo, porque hasta octubre del año pasado compartió administrador único con Easy Concept Comunicación, SL, Caroki, SL y Good and Better, SL, todas ellas gestionadas por Francisco Javier Pérez Alonso desde el despacho que comparten en Madrid Ramon Blanco Balín y Andrés Guillamot (calle de Guzmán el Bueno, 133). Blanco Balín, imputado por Garzón, es también socio de Orange Market
El despacho de Blanco y Guillamot es investigado en otra causa de la Audiencia Nacional por supuesta evasión fiscal a Liechtenstein. En muy pocos días, entre finales de septiembre y mediados de octubre del año pasado, Francisco Javier Pérez Alonso, también imputado, cuyos apellidos coinciden con los del presidente de Orange Market pero no tiene relación familiar con él, dejó sus cargos en las cuatro sociedades. La empresa ha gestionado la mayor parte de los actos organizados por la dirección regional del PP valenciano, ha ganado concursos de la Generalitat relacionados con el turismo y los grandes eventos y ha obtenido encargos de entidades como la Feria de Valencia y Ràdio Televisió Valenciana.
Por lo que se refiere a Ulibarri, sus negocios en la Comunidad Valenciana se centran en dos áreas de actividad, principalmente. Por un lado, este empresario castellano-leonés se ha hecho con el control de 13 emisoras de televisión digital terrestre, incluida la Televisión Digital Municipal de Valencia. Este entramado mediático lo ha logrado bien mediante concesión directa, con la firma Mediamed, o bien mediante la compra de la licencia a otras adjudicatarias.
Sin embargo, el mayor volumen de negocio está en la construcción y promoción inmobiliaria a través de las empresas del Grupo Begar. Una urbanización con campo de golf en Xilxes, el hospital de Llíria, varias promociones de vivienda protegida y obra pública le han sido tramitadas o adjudicadas por el Consell.
(www.elpais.com, 13/02/09)
Camps, contra las cuerdas: la oposición le reprocha sus contratos con Orange Market y Ulibarri
Los socialistas han exigido desde el pleno de las Cortes valencianas a Francisco Camps que aclare sus contratos con la Orange Market de Francisco Correa y con el empresario José Luis Ulibarri, ambos imputados en la investigación contra la corrupción del juez Garzón. El presidente regional conservador se ha limitado a mostrar una foto en la que Ulibarri aparece estrechando la mano de Zapatero, y a asegurar que en su Gobierno “se fiscaliza” cada euro y que “quienes pagan por la corrupción son los socialistas”. Como ha podido saber El Plural de fuentes cercanas a la investigación, el director de Canal 9, cuya comparecencia reclaman los socialistas valencianos para que dé explicaciones sobre los contratos del ente público, aparece en algunos documentos por sus posibles relaciones con algunos de los empresarios imputados.
El portavoz del PSPV en el Consell, Ángel Luna, denunció en el pleno que el empresario imputado José Luis Ulibarri consiguió de la Comunitat “todo tipo de contratos, fundamentalmente en materia audiovisual” y que sabe “con certeza” que también hay contratos con otra de las empresas en el punto de mira de las investigaciones, Orange Market. La socialista Carmen Ninet también ha pedido que se interrumpan todas las adjudicaciones a Ulibarri, quien ha conseguido por ejemplo varias licencias de TDT en la comunidad sobre las que ven “sospechas”.
PSPV reclama explicaciones sobre contratos
Además, Luna pedirá la comparecencia en la cámara del director general de Radio Televisión Valenciana (RTVV), Pedro García, para que “traiga” los contratos con Orange Market y explique “cuántos, para qué y por qué” son, advirtiendo que la televisión autonómica “todavía le debe dinero” a esa empresa, como recoge el diario Levante.
Relaciones del director de Canal 9 con imputados
Las investigaciones del juez Garzón sobre la presunta corrupción en torno al PP tienen de momento dos ejes principales en cuanto a las irregularidades en las adjudicaciones de contratos públicos: la Comunidad de Madrid y en Generalitat valenciana. Por otro lado, y como ha podido saber El Plural de fuentes cercanas a la investigación, el director de RTVV, Pedro García, aparece en el marco de las investigaciones por sus vínculos con los empresarios imputados; de hecho figura mencionado como invitado a algún “tinglado” para cerrar negocios.
Sin información autonómica sobre la trama
Si UGT ya había denunciado al Sindic que, a pesar de la dimensión que estaba alcanzando la Comunidad Valenciana en la trama investigada por Garzón, Canal 9 estaba ignorando en sus informativos esas noticias, esa sensación se extiende entre los profesionales. La plataforma mayoritaria de representación profesional de los periodistas en la Comunitat Valenciana, Unió de Periodistes, ha denunciado en un comunicado al ente público de RTVV Canal-9 por ocultar información de interés general para los ciudadanos.
La defensa de Camps
En su intervención en el pleno del Consell, Camps eludió dar respuestas sobre los vínculos con Ulibarri mostrando una foto de este empresario junto al presidente Zapatero. “Como sabía que me iban a preguntar de esto, hoy he pedido una foto de este señor”, dijo mostrando la imagen mientras los diputados populares le jaleaban con aplausos. El presidente valenciano insistió en que “todos los procesos de subasta y contratos se hacen por concurso por la Generalitat” y “se fiscaliza cada euro”, reclamando que “quien la haga, que la pague” y, de momento, en España “quienes pagan por corrupción son los socialistas”.
Bodas y adjudicaciones
La diputada socialista Carmen Ninet replicó que "el único conseller condenado de la democracia es del PP" y que la diferencia entre las relaciones del PPV con Orange Market y Ulibarri y las de José Luis Rodríguez Zapatero con éstos estriban en que el presidente del Gobierno “no fue a la boda de Álvaro Pérez” [responsable de Orange Market] mientras que algunos de los parlamentarios populares en las Corts “sí". No hay que olvidar, en todo caso, la relación privilegiada que Orange Market mantiene con la Generalitat de Camps: esta empresa fue contratada por casi un millón de euros para el montaje y desmontaje del pabellón valenciano de la Feria Internacional de Turismo, FITUR.www.elplural.com 13.02.09
GÉNOVA DICE QUE PÉREZ ESTABA EN EL MITIN DE RAJOY POR LA REGIONAL DEL PP
La dirección nacional del Partido Popular se esforzó ayer por cortar amarras de la presencia del presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, en el mitin central de campaña celebrado el 7 de marzo en Valencia protagonizado por el entonces candidato a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy. Tras la publicación de la fotografía de Levante-EMV en la que Pérez aparece en la trasera del escenario dirigiéndose a una de las "niñas de Rajoy", fuentes oficiales de la madrileña calle de Génova se pusieron en contacto con este diario para matizar que en ningún momento contrataron con Orange Market ni ninguna de las empresas relacionadas con Pérez. Los actos de Rajoy, dijeron, se encargaron durante toda la campaña a la firma Promedia, vinculada a Elena Sánchez, esposa del diputado por Castelló, Juan Costa. Este es a su vez hermano del secretario general del PPCV, Ricardo Costa. Fuentes de Promedia manifestaron que tampoco subcontrataron a Orange Market. Preguntados por la presencia de Álvaro Pérez dijeron: "No sabemos qué hacía ahí ese señor".
Es la misma versión que ofreció la dirección nacional, que atribuyó la responsabilidad de la presencia de Pérez Alonso en el mitin "a la dirección regional" del PP en la Comunitat Valenciana. Las mismas fuentes insistieron en Génova cortó con Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez en 2004. Algo que no hicieron los populares de Francisco Camps, que han mantenido a Orange Market y Álvaro Pérez como asesor de cabecera para actos de partido, al tiempo que la Generalitat lo ha contratado para diversos eventos.
El mitin de la Plaza de Toros de Valencia tuvo como punto álgido el momento en que un grupo de niñas subieron al escenario con una camiseta con el lema "Soy la niña de Rajoy". El presidente del PP había hecho referencia a una niña imaginaria en el debate televisivo con el candidato del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero.
Sobre la presencia de Pérez en el mitin, que aparece en la imagen organizando un grupo de niños, fuentes de la dirección regional negaron que lo hubieran contratado y dijeron que "podía tener una acreditación vieja". La versión es un tanto extraña, porque al mismo tiempo dijeron que Álvaro Pérez acostumbraba a participar en los actos y "ejercer de organizador". Algo que viene a demostrar que el presidente de Orange Market, detenido e imputado por el juez Baltasar Garzón en la operación tenía camino libre para moverse entre los bastidores del Partido Popular.
Génova no fue la única en desmarcarse de Pérez. La secretaria local del PP de Castelló, Carmen Amorós, aseguró que ni el ayuntamiento ni la agrupación local han contratado con Orange Market. Insistió en que es la dirección regional que preside Francisco Camps la que contrata con la empresa de Pérez. Amorós ofreció esta versión: "Tú contratas con una empresa para que te haga algo y resulta que en esa empresa son unos sinvergüenzas, y tú no lo sabes, y te encuentras con la indefensión".
Por su parte, Miguel Peralta, coordinador general del PP provincial de Alicante, dijo que "el partido en Alicante nunca contrató con Orange Market". "Siempre que ha habido algún acto ha sido porque la dirección regional lo organizaba con Álvaro Pérez", dijo Peralta. Fuentes de la ejecutiva provincial alicantina dijeron que el detenido al que ayer tomó declaración, Baltasar Garzón, pedía precios muy altos a las direcciones provinciales por organizar sus actos.
(www.levante-emv.com, 12/02/09)
ORANGE MARKET ORGANIZÓ LA CENA CON RAJOY
El presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, encontró en Castelló, de la mano del PP, el campo abonado para desarrollar su actividad organizadora de eventos. La secretaria general de los populares de la capital de la Plana, Carmen Amorós, confirmó ayer que el empresario investigado por Garzón también montó la cena de Rajoy en El Grau con militantes. Así mismo, estuvo detrás de un acto sectorial del partido con el ex ministro Cristóbal Montoro. El PP castellonense rebota los balones a Valencia y asegura que todos estos eventos fueron tutelados por la dirección regional.
El pasado 11 de julio, el Gran Casino de Castelló acogió la tradicional cena de verano del PP de Castelló, que congregó a más de 600 comensales. Como invitado de excepción, acudió el líder nacional del partido, Mariano Rajoy, además del presidente regional, Francisco Camps, y el provincial, Carlos Fabra. Rajoy aprovechó la visita para proclamar a Fabra ciudadano "ejemplar" y defender su inocencia.
En la sala de máquinas estaba Álvaro Pérez. Según la secretaria local del PP en Castelló, Carmen Amorós, "eso se organizó todo desde Valencia. Nosotros lo único que hicimos fue encargarnos de las mesas, los carteles, de nuestra gente para que se pudieran sentar, y lo de los pueblos y demás, pero todo lo demás se llevó desde allá, como es costumbre siempre".Orange Market también estuvo en Castelló en noviembre de 2006 en un acto sectorial del PP que contó con la presencia del ex ministro de Aznar Cristóbal Montoro. Además, acudieron el responsable económico del Consell Gerardo Camps, el secretario regional, Ricardo costa, el presidente provincial, Carlos Fabra, y el líder local, Alberto Fabra, entre otros. La presencia del empresario Álvaro Pérez no pasó desapercibida, por su imponente bigote y por un vistoso suéter rosa.
Carmen Amorós insistió en el mensaje del día anterior de Carlos Fabra y trasladó la responsabilidad a la calle Quart de Valencia (donde está la sede autonómica del PP). Manifestó que desde Castelló "nunca" se ha contratado a Orange Market.
"Cuando somos nosotros, Castelló, los que organizamos nuestros congresos, nunca hemos contratado con esta empresa, que quede bien claro", aseveró. Por ejemplo, el congreso provincial de 2004 en Peñíscola lo montó Orange Market, pero el encargo se hizo desde Valencia. Amorós negó que la ejecutiva regional haya recomendado o impuesto la contratación de la firma para la celebración de eventos al PP castellonense.
La dirigente popular restó importancia al hecho de que el PP haya contratado en numerosas ocasiones los servicios de Orange Market argumentando que "tú contratas con una empresa para que te haga algo y resulta que en esa empresa son unos sinvergüenzas, y tú no lo sabes, y te encuentras con la indefensión".
(www.levante-emv.com, 12/02/09)
ULIBARRI, UN EMPRESARIO MIMADO POR CAMPS
El empresario José Luis Ulibarri, imputado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la trama de corrupción que afecta al PP, preside desde Castilla y León un holding de empresas (Grupo Begar) que se ha extendido también a la Comunidad Valenciana en los sectores de la construcción, servicios y medios de comunicación.
Su negocio más conocido en tierras valencianas está ligado a Mediamed, empresa desde la que, con otros socios, se ha hecho con el control de 13 televisiones digitales (TDT) adjudicadas a otras empresas por el Gobierno autónomo que preside Francisco Camps (PP).
Ulibarri amplió su control en los medios en junio del año pasado, cuando se hizo con el 80% de Administración y Gerencia de Ondas 13, SL, la empresa con la que el Ayuntamiento de Valencia había suscrito sólo un año antes el contrato para la producción y gestión de la Televisión Digital Municipal de Valencia. El acuerdo del consejo de administración, presidido por el PP, que aprobó el traspaso de acciones a Ulibarri ha sido recurrido por la oposición socialista porque el empresario ya es dueño mayoritario de otra TDT en la misma demarcación, Tele 7, a cuya inauguración en 2007 en Valencia acudieron Camps y varios consejeros.
El pasado mes de diciembre, la apertura de Tele 7 en Alicante congregó de nuevo a altos cargos populares, como la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. El Grupo Begar también se ha adjudicado en Valencia dos aparcamientos y un importante colector de la Generalitat. José Luis Ulibarri participa, además, en la construcción del hospital de Llíria, adjudicado por el Gobierno valenciano.
Por otra parte, Presidencia de la Generalitat valenciana reconoció ayer que Francisco Camps acudió hace un año al banquete de boda del responsable de Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez, detenido el pasado lunes e imputado en la investigación que sigue el juez Baltasar Garzón.
Junto a Camps también asistieron a los festejos de las segundas nupcias de Pérez, celebrados en el recinto del edificio Veles e Vents de la Copa del América, el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla; el secretario regional del PP, Ricardo Costa, y el director general de Ràdio Televisió Valenciana, Pedro García. Canal 9 Televisió Valenciana empezó ayer a informar del caso.
(www.elpais.com, 12/02/09)
ULIBARRI Y CORREA QUERÍAN REVENDER EL PAI DE LA NUCIA TRAS DESBLOQUEARLO EN EL CONSELL
El grupo de empresarios vinculados a la trama de presunta corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón tenía olfato para los negocios en todas sus manifestaciones. Desde los tablados de última generación en mítines del PP y grandes eventos hasta los desarrollos de proyectos urbanísticos. El presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, no sólo se paseaba por la Nucia y la Marina Baixa de la mano de su jefe, Francisco Correa -presunto cabecilla del conglomerado de intereses- para montar el premio periodístico Luis del Olmo. Pusieron el ojo, sobre todo, en los terrenos rústicos con perspectivas de ser reclasificados a urbanizables.
Los dos intentaron adquirir los terrenos incluidos en el PAI Pie del Monte, uno de los dos grandes proyectos, junto con la Serreta que se desarrollan el municipio. El plan, que contempla casi dos millones de metros, fue adjudicado en 2004 y está bloqueado pendiente de los informes favorables de impacto ambiental y de suficiencia hídrica, que otorga la Conselleria de Territorio y la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Correa y el responsable de Orange Market pretendían asumir el control del proyecto, desbloquearlo y revenderlo, una práctica bastante habitual en este tipo de operaciones, según fuentes conocedoras de la negociación. Se reunieron al menos dos veces con responsables de la empresa Montemar La Nucia S. L, que tiene entre sus socios al conocido empresario Francisco Murcia Puchades, pero los contactos no derivaron en acuerdo alguno. Las gestiones las realizaron Correa y Álvaro Pérez, pero la financiación iba por cuenta del empresario José Luis Ulibarri, adjudicatario de 13 TDT repartidas por el Consell. Al menos eso se desprende de un pasaje de las cintas reproducidas por El País, en el que Correa asegura: "Ulibarri pone la pasta y vamos al 50%". "De mi 50% reparto con Ramón Blanco, Álvaro [Pérez], Pablo [Crespo] y el alcalde". Los impulsores del proyecto vendieron después la mitad de los terrenos del PAI que, por cierto, resultó afectado por el incendio del Puig Campana este mes de enero. El segundo de los grandes PAI, el de la Serreta, comprende 2,7 millones de metros, 3.884 casas y campo de golf y fue también paralizado por una sentencia del TSJ de marzo de 2007.
(www.levante-emv.com, 12/02/09)
GARZÓN INVESTIGA LOS VÍNCULOS DE LA RED CON UN 'PELOTAZO' EN CASTELLÓN
El juez Baltasar Garzón ha imputado al constructor José Luis Ulibarri, que aparece en múltiples conversaciones grabadas donde el cabecilla de la supuesta red corrupta, Francisco Correa, le cita para hablar de grandes pelotazos urbanísticos cuyos beneficios se iban a repartir a medias. Correa llega a comentar que en la adjudicación de una parcela en Boadilla del Monte a una empresa de Ulibarri se ganó una comisión. "Le he vendido mi barco a Ulibarri. En la parcela de Boadilla me ha dado unas pesetas por la parcela. Debemos ayudarle. Me interesa seguir haciendo negocios cuatro años en Boadilla", señala.
También habla de Ulibarri para comprar unos terrenos en un municipio alicantino y lograr unas plusvalías de "12.000 kilos". El proyecto no cuajó.
En la denuncia sobre la red corrupta también aparece un supuesto pelotazo en Xilxes (Castellón) que sí parece haberse consolidado. La empresa UFC, propiedad de Ulibarri, forma parte del accionariado de Xilxes Golf Resort. La sociedad presentó un programa para construir, sobre 1,7 millones de metros cuadrados, un campo de golf y 6.500 viviendas. El suelo afectado era, en su totalidad, rústico pero fue recalificado como urbanizable, al margen de las áreas reservadas como zona verde y suelo terciario.
El Plan de Actuación Integrada (PAI) pasó la tramitación y obtuvo el informe positivo sobre la declaración de impacto ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. En mayo pasado, la Comisión de Urbanismo, que es la que ha de dar el último aprobado a los proyectos y que depende del Gobierno de Francisco Camps, dio el visto bueno a la actuación aunque requirieron al Ayuntamiento para que realizara unas correcciones sobre la necesaria reserva de suelo para la construcción de viviendas de protección oficial y modificaran un aspecto de los accesos.
Aunque entonces fuentes del departamento calificaron las modificaciones de "no muy importantes", ayer se afanaron en señalar que el proyecto no tiene la aprobación definitiva, ya que ha de volver a pasar por la Comisión de Urbanismo. En cualquier caso, el aprobado, con condiciones, de la comisión se realizó pese a la existencia de un informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que señaló que no estaban garantizados los recursos hídricos para este desarrollo. Como en otras ocasiones, la Generalitat Valenciana consideró que los informes de la CHJ no son vinculantes.
El informe favorable a este PAI se incluyó en la primera tanda de resoluciones positivas que adoptó el Gobierno valenciano en 2008, después de que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, constructores y empresarios del golf, entre otros, arremetieran contra el Ejecutivo valenciano por los supuestos retrasos en la aprobación de programas urbanísticos.
La sociedad que inicialmente, en 2004, presentó el proyecto estaba formada por promotores de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, en 2006 comenzó a moverse el accionariado ya que algunos de los socios de Xilxes Golf Resort optaron por adquirir otra sociedad, Costa Malvarrosa, que había presentado una propuesta colindante a la primera, de 1,2 millones de metros cuadrados, otras 4.500 viviendas y un campo de golf.
El visto bueno de la Generalitat Valenciana, en mayo de 2008, se realizó de manera conjunta. Fue poco después cuando parte de los promotores se salió de Xilxes Golf Resort y entró UFC. La relación entre ambas sociedades llegó a través de Andrés Selma, un empresario inmobiliario que participa en grupos de comunicación con José Luis Ulibarri, presidente de UFC. Ambos, Ulibarri y Selma, son socios mayoritarios de Mediamed, firma concesionaria de 13 licencias de Televisión Digital Terrestre (TDT) en la Comunidad Valenciana.
(www.elpais.com, 11/02/09)
CAMPS SE PRESENTA COMO VÍCTIMA, PERO LA TRAMA NO EXISTE PARA CANAL 9
El presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Francisco Camps, ha decidido aparentar normalidad y minusvalorar las relaciones que distintos altos cargos de su entorno han mantenido con la empresa Orange Market. En lugar de dar explicaciones, prometer que investigará lo ocurrido o anunciar que depurará responsabilidades, se ha colocado como víctima de una campaña contra su honor.
Orange Market organiza desde hace años la práctica totalidad de los actos que convoca la dirección valenciana del PP, incluida la última campaña electoral de Camps en 2007 y el último congreso regional. Álvaro Pérez, su responsable en Valencia, fue detenido el lunes por orden del juez Baltasar Garzón.
A diferencia de Esperanza Aguirre, que ha aceptado dimisiones de varios cargos de su partido y crear una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid por el caso del espionaje, Camps tan sólo ha anunciado que interpondrá querellas contra todos aquellos que vinculen a altos cargos de la Generalitat o del partido en Valencia con los delitos que investiga la Audiencia Nacional.
Además, ni la trama de corrupción vinculada al PP ni sus ramificaciones valencianas existen para Canal 9. La televisión autonómica, controlada por Camps, no ha dedicado ni un segundo de sus informativos a abordar la investigación abierta por el juez Garzón y la Fiscalía Anticorrupción.
Ni una referencia
Ni una referencia a los 37 imputados, los cuatro detenidos o las dimisiones de altos cargos del PP en Madrid. Ni siquiera a la rueda de prensa de Mariano Rajoy del lunes, en la que anunció medidas excepcionales en su partido. Tampoco a las implicaciones valencianas, ya sea la referencia a un pelotazo urbanístico en la localidad alicantina de La Nucia en unas grabaciones ordenadas por Garzón. Ni mucho menos a la detención en Valencia de Álvaro Pérez, que mantiene una buena amistad con el director general de Ràdio Televisió Valenciana, Pedro García.
Sólo en el informativo de mediodía del domingo pasado se emitieron 25 segundos de declaraciones del secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa. Pero sólo los más despiertos pudieron relacionar estas palabras con el entramado de tráfico de intereses vinculado al PP, al que no se aludió. En un corte de voz descontextualizado, Costa embestía contra el "uso" de la Fiscalía General del Estado por parte del PSOE y recordaba la dimisión del anterior secretario de los socialistas valencianos Joan Ignasi Pla, por no pagar unas obras de su casa.
(www.elpais.com, 11/02/09)
LA FLOJA MEMORIA DEL ALCALDE DE LA NUCIA
El alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, del PP, dijo primero no conocer a Álvaro Pérez, responsable de Orange Market. Sin embargo, en esta imagen, del 15 de junio de 2002, aparecen los dos hablando y supervisando la instalación del escenario de la gala de los Premios Luis del Olmo de periodismo, dotados con más de 607.000 euros. Ahora el alcalde admite conocer a Pérez "como a otras muchas personas", pero intenta desvincularse y evita contestar a las preguntas de los periodistas. Ayer el Bloc pidió un pleno extraordinario para que Cano explique las relaciones de la empresa con el municipio y la relación de la trama de corrupción con un plan urbanístico en la localidad
(www.elpais.com, 11/02/09)
UN HERMANO DE ÁLVARO PÉREZ DIRIGIÓ CUATRO EMPRESAS DE LA TRAMA
El actual responsable de Orange Market, SL, Álvaro Pérez Alonso, fue detenido la noche del lunes en Valencia por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Además, todos los socios de la firma y sus fundadores han sido imputados por Garzón en relación con una trama de corrupción política.
La vinculación que ha tenido Orange Market con el PP valenciano ha sido tan estrecha que, aparte de organizar la mayoría de sus actos públicos, gestionaba incluso su publicidad en los medios de comunicación para convocatorias más o menos eventuales. Basten dos ejemplos: en octubre de 2007 fue esa empresa la que gestionó las órdenes de publicidad del mitin que ofreció en la Feria de Valencia Mariano Rajoy, entonces candidato a la presidencia del Gobierno. Unos meses antes, en marzo de 2007, contrató la publicidad de las concentraciones convocadas por el PP en Alicante, Vall d'Uixó y Valencia para protestar contra la excarcelación del preso de ETA José Ignacio de Juana Chaos.
Aunque la cara visible de Orange Market es Álvaro Pérez Alonso, el representante oficial de la empresa para todas esas gestiones publicitarias era su hermano, Francisco Javier Pérez Alonso, entonces administrador único de la empresa y de otras tres sociedades vinculadas a Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de organización del PP en Galicia, detenido por orden del juez Garzón, y a Ramón Balín Blanco, también imputado en la misma investigación.
Francisco Javier Pérez Alonso, que ofrecía un domicilio social, en el número 133 de la calle de Guzmán el Bueno, en Madrid, distinto del de Orange Market en Valencia, era también administrador único de Easy Concept Comunicación, SL; de Caroki, SL, y de Good and Better, SL, todas ellas empresas de la trama que investiga el juez de la Audiencia Nacional. Pero Francisco Javier Pérez Alonso dejó sus cargos en las cuatro sociedades hace poco y casi simultáneamente, entre el 24 de septiembre y el 16 de octubre del año pasado. El denominador común de todas estas empresas, aparte de que sus consejos de administración agrupan a más de una decena de los 37 imputados por Garzón, es la vinculación al ex secretario de organización del PP en Galicia Pablo Crespo Sabaris, bien personalmente, bien a través de Hator Consulting, SA, empresa que comparte con Juan Ramón Balín Blanco y cuyo domicilio social estuvo precisamente en la calle de Guzmán el Bueno, número 133, en Madrid.
Pablo Crespo Sabaris fue una de las cinco personas inicialmente detenidas por Garzón, como también lo fue Felisa Isabel Jordán Goncet, a quien Francisco Javier Pérez Alonso sucedió en la dirección de Easy Concept y de Good and Better en el cargo de administrador único (el 19 de diciembre de 2007 y el 20 de febrero de 2008, respectivamente). Tras declarar el lunes ante el juez, Jordán Goncet fue puesta en libertad con cargos y a Pablo Crespo le fue prorrogada la orden de detención.
También está detenido Álvaro Pérez Alonso, presidente de Orange Market, la persona que se ha hecho habitual en los actos organizados por el partido que preside Francisco Camps y del que es secretario general Ricardo Costa. Álvaro Pérez fue apoderado de una empresa, Technology Consulting Management, SL, de la que Pablo Crespo es, precisamente, administrador único.
Del nivel de implicación de Orange Market en la trama de corrupción política que se está investigando, cuyos organizadores habrían aprovechado supuestamente la relación con el PP para contratos y concursos de administraciones gestionadas por ese partido, da una idea el hecho de que el juez Garzón ha imputado a todos los miembros del consejo de administración de la sociedad, el propio Álvaro Pérez, Cándido Herrero Martínez y Ramón Blanco Balín, así como a sus anteriores administradores, Francisco Javier Pérez Alonso y Luis de Miguel Pérez.
ORANGE MARKET Y LAS INSTITUCIONES
- Fitur. Ha organizado el pabellón valenciano en la feria de turismo de Madrid los últimos cinco años por cantidades en torno al millón de euros. También en otros certámenes.
- Vaersa. Campaña de publicidad en 2004 por 130.00 euros.
- Volvo Ocean Race. Organiza actos para la salida de la vuelta al mundo de vela por valor de 445.00o euros.
- Castelló Cultural. La Consejería de Cultura le adjudicó en 2007 un contrato por 100.000 euros para el décimo aniversario.
- Open de Tenis. Montó una carpa de la Generalitat en el Club de Tenis Valencia.
- Feria Valencia. La empresa ha sido contratada en diversas ocasiones para lo que la institución ferial califica como "apoyo externo".
- FEMP. Organizó en 2003 la última asamblea convocada por Rita Barberá.
- Visita del Papa. El cabecilla de la trama asegura en las grabaciones que Álvaro Pérez viajó a Roma para prepararla.
(www.elpais.com, 11/02/09)
EL JEFE DE LA TRAMA DE CORRUPCIÓN QUISO COMPRAR UN PAI EN LA NUCIA
Francisco Correa, supuesto jefe de la trama de corrupción vinculada al PP, puesta al descubierto por el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción, intentó comprar el Programa de Actuación Integrada (PAI) Pie de Monte de La Nucia a los promotores del proyecto. "Tengo un tema gordo en Valencia, con un PAI prácticamente cerrado. El tío pide 1.000 kilos de más. Compramos a 10.000 [el metro cuadrado] y vendemos a 20.000. Ganamos 12.000 kilos", recoge una de las numerosas grabaciones incorporadas al sumario del caso, donde Correa se refiere a un negocio urbanístico que, como se ha sabido después, tiene que ver con el citado PAI de La Nucia. "De mi 50%", alardea Correa en las grabaciones, "reparto con Ramón Blanco, con Álvaro [Pérez], con Pablo y con el alcalde. Hay un tema medioambiental que desbloqueo yo".
Para que el supuesto negocio del que habla el jefe de la trama se cerrara era imprescindible que el PAI Pie de Monte, aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de La Nucia en 2004, fuera aprobado por la Generalitat. Sin ese permiso la recalificación de parte de estos terrenos era imposible. Correa visitó al menos tres veces la localidad.
El proyecto, promovido entre otros por Francisco Murcia Puchades, se había atascado en la Consejería de Territorio porque carecía de los preceptivos informes, confirmaron ayer a este diario fuentes de este departamento. El propio Correa alardea en otro fragmento de las conversaciones registradas de que cuenta con un as en la manga para desbloquear el proyecto. "Lo desbloqueo yo con el hijoputa de Esteban [Gonzálezs", en alusión al ex consejero de Territorio, cuyo departamento estableció varias condiciones para aprobar el PAI, entre ellas contar con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), una barrera prácticamente insuperable.
El PAI no pasó el examen de la Comisión de Urbanismo de Alicante a finales de octubre del año pasado. Sus responsables dejaron el expediente encima de la mesa a la vista del informe negativo de la CHJ por la falta de suficientes recursos hídricos. Tampoco contaba con el informe de la Entitat de Sanejament de la Generalitat, corroboró la misma fuente oficial.
La actuación afecta a más de un millón de metros cuadrados de suelo urbanizable y no urbanizable, donde los promotores querían levantar 3.900 viviendas.Del millón largo de metros cuadrados que abarca el plan urbanístico, unos 450.000 son urbanizables y algo más de 600.000, no urbanizables, detalló una portavoz de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo. La mercantil Montemar La Nucia, SL, es la sociedad promotora del PAI y en su accionariado se encuentra el promotor alicantino Francisco Murcia Puchades. También figuran Jaime Febrer Rovira o Juan Vicente Hermosilla. El proyecto de Pie de Monte no es el único que se promueve en esta localidad. En proceso están también los de La Serreta y Algar.
Este proyecto sigue en tramitación en la consejería que dirige José Ramón García Antón, pero, contrariamente a lo que defiende el alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, no tiene un informe favorable de impacto medioambiental. Así lo confirmó ayer una portavoz de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo. Tan lejos como el domingo, el consistorio alicantino aseguraba en un comunicado que este departamento se lo había concedido en 2007. "Es rotundamente falso que tenga un informe de impacto negativo", dijo el gabinete de prensa de La Nucia, que amenazó con emprender acciones jurídicas contra los medios de comunicación.
Desde que la operación de Garzón saltara a las portadas de los diarios, Cano ha repetido que no tiene relación con Álvaro Pérez, a pesar de que numerosos testimonios, y el propio hecho de que éste tiene un chalé en L'Alfàs del Pi, municipio vecino de La Nucia, indican lo contrario. También hay testimonios que aseguran que Francisco Correa, el supuesto jefe de la trama de corrupción vinculada al PP, se paseó varias veces -al menos tres- por esta localidad de La Marina Baixa. Fue precisamente Cano quien contrató a la empresa Special Events de Correa para que organizara la primera edición de los Premios Luis del Olmo de Periodismo en La Nucia. Correa estuvo en la presentación de los premios y también en la entrega. Después de este evento, se le vio una vez más por La Nucia. Correa y Álvaro Pérez -que se refería al primero como su jefe- aparcaron su vehículo a las puertas del Ayuntamiento, donde se reunieron con el alcalde.
(www.elpais.com, 10/02/09)
CAMPS ELIGIÓ A ORANGE MARKET PESE A SER LA OFERTA MÁS CARA
La Generalitat valenciana adjudicó a Orange Market un contrato de 915.000 euros a pesar de que la oferta de esta empresa, una de las investigadas en la Audiencia Nacional por la presunta trama de corrupción ligada a distintas administraciones del PP, era la más cara de las siete que se presentaron a concurso. Orange Market recibió en diciembre el encargo de crear, montar y desmontar el pabellón de la Comunidad en cuatro ferias de turismo, entre las que se encuentra Fitur, durante el año 2009. La compañía se benefició del mismo contrato en las cuatro ediciones anteriores.
La consellera de Turismo, Angélica Such, explicó este lunes que la empresa fue escogida por su "buenísima creatividad" y porque conseguía "conectar el stand de Fitur con la campaña Te doy todo de la Comunidad". Sin embargo, como ella misma reconoció minutos más tarde, estas capacidades -la creatividad y la creación de un elemento unificador- sólo suponían el 45% de la nota final que recibieron las empresas candidatas, según las condiciones que puso la propia administración.
El criterio más importante era, precisamente, el precio, con un 50%. A pesar de que en este aspecto, la de Orange Market era la peor oferta, obtuvo la máxima puntuación: "Veinte sobre veinte puntos", según Such. La consellera se presentó ante los medios de comunicación para, según dijo, preservar la "honradez y honorabilidad del Gobierno" presidido por Francisco Camps.
En su comparecencia, Such rehusó detallar qué empresas compitieron con la investigada. Tampoco aclaró quiénes componían la mesa de contratación que la eligió con la máxima puntuación. Insistió en que la investigación judicial no afecta a su departamento, sino "a una de las más de 40 empresas que a lo largo de 2008 han sido adjudicatarias de los distintos concursos públicos de la Conselleria de Turismo".
Such reconoció que su conselleria recibió el viernes la visita de dos agentes judiciales, que pidieron el contrato firmado con Orange Market. El Gobierno valenciano señaló este martes en un comunicado que las investigaciones no se dirigen contra sus funcionarios o altos cargos. El PSOE regional recordó que el PP se niega desde hace cuatro años a dar explicaciones sobre sus relaciones con esta empresa. Los socialistas pidieron información ya en 2005 sobre esta cuestión. La pregunta fue rechazada por las Cortes valencianas con el argumento de que la compañía no tenía "trascendencia pública". El PSOE y el resto de la oposición anunciaron que volverán a intentar obtener información.
(www.publico.es, 10/02/09)
UN ENCARGO DE CAMPS A ORANGE MARKET ERA EL MÁS CARO DEL CONCURSO
El Gobierno de Francisco Camps (PP) optó por la oferta más cara, la presentada por la empresa Orange Market, una de las firmas vinculadas a la trama que investiga el juez Baltasar Garzón, a la hora de diseñar y montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).
Al concurso se presentaron otras seis empresas con ofertas más bajas. Fue adjudicado por un total de 915.000 euros a Orange Market, que siguió así con su buena racha en la adjudicación de contratos con el Gobierno valenciano, que desde el 2005 le viene concediendo a la empresa investigada los contratos de Fitur, además de otras adjudicaciones que la consejera de Turismo, Angélica Such, dijo ayer desconocer pese a ser de su competencia.
Este es el caso de la ceremonia de inauguración de la Vuelta al Mundo de Vela que se celebró en Alicante, que también organizó Orange Market y por la que cobró medio millón de euros. En este caso el contrato se realizó a través de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, una entidad pública que depende del vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, Vicente Rambla, y cuya directora general es Arantxa Vallés, su exjefa de gabinete.
Las actuaciones de esta sociedad han sido cuestionadas por la Sindicatura de Cuentas, institución que fiscaliza las empresas públicas, por el excesivo número de contratos adjudicados sin procedimiento concursal.
(www.elperiodico.com, 10/02/09)
PRESIDENCIA PAGÓ 445.000 EUROS A ORANGE MARKET POR ORGANIZAR LA FIESTA DE LA VOLVO
Orange Market obtuvo un suculento bocado de su participación en los fastos de la Volvo Ocean Race, la vuelto al mundo de vela que salió de la ciudad de Alicante. Fuentes de la conselleria de Presidencia admitieron ayer que la empresa de Álvaro Pérez investigada por el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, fue contratada a través de la Sociedad para la Promoción y la Imagen Estratégica de la Comunitat Valenciana, dependiente del vicepresidente del Consell, Vicente Rambla. Desde su departamento aseguraron que Orange Market se encargó de organizar el evento de inauguración de Village del Puerto de Alicante, que incluyó un castillo de fuegos artificiales, representaciones teatrales y el desfile de los equipos participantes. La Sociedad de Promoción tramitó el concurso por procedimiento negociado con publicidad, según las mismas fuentes, con un presupuesto de licitación de 500.000 euros. Tres empresas recogieron la documentación, pero sólo una, Orange Market, se presentó. El contrato se adjudicó finalmente por 445.000 euros. "Se ha utilizado un procedimiento de contratación estrictamente dentro de la legalidad", dijeron desde la conselleria de Presidencia al facilitar los datos.
El mismo portavoz del Consell aseguró ayer en una entrevista a Radio Nacional de España que la Generalitat tiene previsto finiquitar su relación con la empresa. "Nos sentimos victimas de una actuación de personas nada respetables", dijo Rambla en tono críptico. Desde su entorno manifestaron que Rambla no conoce ni ha mantenido nunca contactos con el considerado cabecilla del grupo de la trama investigada por Garzón, Francisco Correa.
Desde que estalló el caso de la trama de presunta corrupción investigada por Baltasar Garzón, los distintos responsables de la Administración autonómica se han esforzado por lanzar el mensaje de que Orange Market trabaja con profesionalidad y es uno más de los 2.000 proveedores de la Generalitat. Ayer la consellera de Industria, Belén Juste, dijo que Orange Market es "una empresa estupenda", aunque negó que su departamento hubiese contratado con ella. Juste fue directora general de Feria Valencia antes de acceder al Consell.
La institución que preside Alberto Català tiene a Orange Market como contratista en cuestiones de marketing. En Feria Valencia celebró al Partido Popular de la Comunitat Valenciana su congreso regional el pasado otoño, en el que resultó reelegido presidente Francisco Camps. Un cónclave que montó la empresa de Álvaro Pérez. Con este congreso Álvaro Pérez consolidaba su posición como personaje clave en el devenir de la vida del PP. tras disfrutar de las mieles del poder cuando José María Aznar ocupaba la Moncloa. Quien se lo iba a decir a alguien que empezó su carrera como técnico del periodista José María García en la radio.
(www.levante-emv.com, 10/02/09)
Una de la imputadas pagó una factura de 30.000 euros en trajes para Camps
La figura del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha salido a relucir en las grabaciones que investiga el juez Garzón sobre la trama de corrupción destapada en Boadilla del Monte. En una de estas conversaciones a la que ha tenido acceso El Plural, una de las detenidas, Isabel Jordán, asegura haber “pagado una factura de 30.000 euros” para “pagarle los trajes al presidente Camps”.
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El diálogo registrado en la grabación refleja la preocupación de Jordán por las “presiones” sufridas, y por las deudas contraídas por la empresa Orange Market: “Ahora son 600.000, antes eran 900.000 euros de deuda, he hecho trabajo para la Comunidad de Valencia, Máster Open, FITUR y que no le he facturado. Incluso hemos adelantado las nóminas”.
Aparece Camps
Por si esto fuera poco, Jordán saca a relucir la figura de Camps al afirmar lo siguiente: “Incluso he pagado una factura de 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagarle los trajes al presidente Camps, tengo yo la factura, yo la he pagado”.
Orange Market
La empresa Orange Market forma parte del entramado investigado por Garzón. En Valencia, Orange Market ha resultada adjudicataria, como empresa organizadora, de algunos de los principales eventos que se han realizado en Valencia bajo el mandato de Francisco Camps, entre ellos la visita del Papa en 2006 o la Copa América en 2007. Además el pasado 26 de enero, El Plural del escándalo que supuso que el Gobierno regional valenciano hubiera concedido a Orange Market –cuyos principales gestores mantienen vínculos con Aznar- el diseño, montaje y desmontaje del pabellón valenciano en la Feria Internacional de Turismo, FITUR. Tal adjudicación se produjo por un importe cercano al millón de euros. El escándalo de corrupción sigue expandiéndose.www.elplural.com 09.02.09
RAJOY CORTÓ CON CORREA PORQUE EXIGÍA CONTRATOS EN NOMBRE DE LA TESORERÍA
Álvaro Lapuerta hizo cortar las relaciones del PP a nivel nacional con su principal proveedor electoral, Francisco Correa, presunto jefe de la trama corrupta desarticulada el pasado viernes. Sucedió en junio de 2004, cuando Lapuerta era tesorero nacional del partido. Lapuerta tomó esa decisión, que avaló Mariano Rajoy, tras conocer que Correa estaba exigiendo, en nombre de su departamento, la adjudicación de contratos a sus empresas a alcaldes madrileños populares, según confirman altos cargos del partido. Ésa es, precisamente, la sospecha que alimenta la investigación que ha culminado ahora el juez Baltasar Garzón al desarticular la presunta trama corrupta que dirigía Correa: que captaba contratos públicos mediante tráfico de influencias en municipios del PP.
De hecho, la información inicial sobre la trama fue brindada por cargos del PP, que en noviembre de 2007 aportaron a la policía y a la Fiscalía Anticorrupción su denuncia y pruebas sobre los manejos de esta red. La investigación se alargó durante más de un año y acumula abundantes grabaciones. Ese material aporta abundante información sobre las maniobras de Correa, pero también aparentes datos comprometedores que dice conocer de otros personajes.
Así, en diciembre de 2007 afirmó en una conversación lo siguiente sobre Luis Bárcenas, entonces gerente y hoy tesorero del PP. "A Bárcenas yo le he llevado, yo, vamos a sumarlo, 1.000 millones de pesetas, yo Paco Correa, a Génova y a su casa". No aportó ninguna prueba de tal acusación. Bárcenas tacha la declaración de "absolutamente falsa y calumniosa". Y sus colaboradores explican cuál puede ser la razón de tal inquina: Bárcenas formaba parte del equipo de Lapuerta que forzó que se le cortara el grifo de contrataciones para las campañas del PP en junio de 2004. Tras conocer la denuncia de que presionaba a alcaldes madrileños para exigir contratos en nombre de la tesorería nacional del partido, Lapuerta organizó en Génova, 13 una reunión con los regidores susceptibles de haber sido tocados. Todos confirmaron la información recibida en la dirección del partido. A partir de ese momento, Correa fue declarado persona no grata y sus empresas dejaron de prestar servicios electorales al PP nacional.
Obviamente, como gerente, Bárcenas ha tenido una "relación fluida" con Correa durante los más de doce años que éste monopolizó la prestación de servicios al partido. Pero hay algo que avala la versión del entorno de Bárcenas: Correa, en sus conversaciones grabadas, denigra con frecuencia a cargos del partido susceptibles de haber chocado con sus intereses. Así, se jacta de poseer informaciones comprometedoras, que niegan los afectados, sobre el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, o el ex regidor de Majadahonda Guillermo Ortega. Casualmente, dos municipios donde ha tenido contratos y donde debería haber dejado de captarlos desde 2004, tras el veto del PP nacional, año en que Correa se convirtió en un apestado para el equipo de Rajoy. Hasta el punto de que cuando el PP iba a celebrar su congreso en Valencia, en junio de 2008, donde se debatía el liderazgo por el partido entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, el equipo de Lapuerta y Bárcenas fueron tajantes: Correa no podía organizar el acto. Y no le permitieron ni concursar, con el pleno respaldo de Ángel Acebes, secretario general. A partir de ahí, las empresas de Correa siguieron funcionando gracias a contratos en Administraciones donde aún les quedaban contactos de su etapa de esplendor, bajo el paraguas aznarista en el partido y en el Gobierno: en Madrid, en la Comunidad Valenciana y en Galicia. En sus conversaciones grabadas, Correa también arremetió contra Esteban González Pons, actual vicesecretario de Comunicación del PP y persona que apoyó decididamente su defenestración, según altos cargos de ese partido. En relación con un negocio urbanístico que gestionaba en La Nucía (Alicante) y topaba con restricciones legales, Correa manifestó a fines de 2006: "Lo desbloqueo yo con el contacto, con el hijoputa de Esteban González Pons, me lo arregla con el pollo que está cayendo en Valencia".
González Pons, entonces consejero de Territorio en la Comunidad Valenciana, nunca desbloqueó tal plan, según personas de su entorno. Incluso, según recuerdan sus colaboradores, el proyecto fue sometido al dictamen favorable de la Confederación del Júcar, que dependía del Gobierno de Zapatero. Nunca tuvo luz verde, por lo que nunca salió adelante, afirman colaboradores de González Pons. "El proyecto era y es inviable", aseguran.
Lo llamativo de la historia de Correa es que mientras era ya un apestado en Génova 13, sede central del PP, aún siguió siendo contratado por Gobiernos autónomos de ese partido, según demuestran las grabaciones realizadas por orden del juez. Así, en noviembre de 2006, dijo lo siguiente: "Estoy haciendo la campaña a Paco Camps (...) Le hacemos todo". Y añadió su convicción de que le iban a adjudicar más contratos, como Fitur...
Felisa Jordán, miembro de la trama, se quejó de que Orange Market, empresa que controlaba para Correa, le estaba dando problemas: "La deuda de Orange Market de Valencia es del grupo. He hecho trabajo real para la Comunidad de Valencia que no he cobrado, Master Open, Fitur y que no le he facturado. Incluso hemos adelantado las nóminas. Los 300.000 euros de la deuda con Orange son cosas que hemos facturado pero que yo no les he hecho, las hizo Orange, pero las facturé yo".
Correa también halló cobijo en el Gobierno de Esperanza Aguirre, a tenor de sus conversaciones grabadas. En febrero de 2006, Felisa Jordán habló de una demanda que interpuso Pablo Crespo, ex secretario general del PP gallego detenido como miembro de la trama, contra la Comunidad de Madrid por falta de pago a FCS (Formación Comunicación y Servicios), una firma de la red. Jordán le pidió que la retirara para que no le quitaran a ella sus negocios con la Comunidad que preside Esperanza Aguirre.
En noviembre de 2007 Correa ya sabe que algunos miembros del partido amenazan con denunciarlo a Hacienda. Según sus propias conversaciones grabadas, una destacada consejera del Gobierno de Aguirre, Paloma Adrados, responsable de Empleo y Mujer, había elaborado una "carta" en la que había participado "todo el PP". En efecto, para entonces Correa ya se hallaba bajo el foco de una conjura de al menos media docena larga de concejales y cargos del PP que acabarían sacando sus turbios negocios a la luz.
Entretanto, pasarán hoy a disposición judicial Francisco Correa, Pablo Crespo Sabaris y Antoine Sánchez. La esposa del primero, María del Carmen Rodríguez Quijano, y Felisa Jordán, fueron puestas en libertad con cargos el sábado. Presumiblemente, serán citados a continuación una treintena de personajes vinculados a sus negocios de Correa que aparecen en las grabaciones. En este contexto, el sábado fue registrado en Madrid un despacho contiguo al de Alejandro Agag, yerno de Aznar. El de Agag no fue inspeccionado. Los policías se centraron en un ex compañero de negocios suyo que aparece en las grabaciones presumariales.
(www.elpais.com, 09/02/09)
LAS ALUSIONES GRABADAS DE CORREA A ALTOS CARGOS DEL PP
Lo que sigue es una selección de las abundantes acusaciones, sin aportar detalles, formuladas en las conversaciones grabadas a Francisco Correa, jefe de la trama corrupta vinculada al PP, contra dirigentes de dicho partido. La totalidad de los afectados ha restado veracidad a sus palabras. Algunas de esas acusaciones, conocidas antes de abrirse el sumario, tienen como objetivo cargos del PP, singularmente dirigentes afines a Mariano Rajoy, que se han interpuesto en sus negocios.
(www.elpais.com, 09/02/09)
Sobre el presidente valenciano: "Estoy haciendo la campaña de Camps"
Francisco Correa: "Estoy haciendo la campaña a Paco [Francisco] Camps [presidente de la Comunidad Valenciana, del PP] y la presentamos el miércoles. Al vicepresidente, el director de campaña y al secretario general del partido se les presenta mañana la creatividad porque le hacemos todo. Él tiene [Álvaro Pérez Alonso, responsable en la Comunidad Valenciana de la empresa Orange Market] una reunión con el tema de Fitur [Feria Internacional de Turismo] que le van a adjudicar".
Sobre el portavoz del PP: "Yo lo desbloqueo con González Pons"
Tras exponer la situación de un negocio urbanístico en La Nucía (Alicante), Correa se jacta de que tiene un as para desbloquear el proyecto. "Lo desbloqueo yo con el hijo puta de Esteban [González] Pons, me lo arregla con el pollo que está cayendo". González Pons, entonces consejero de Territorio valenciano, supeditó la aprobación del proyecto a la Confederación del Júcar, en manos del PSOE, y el plan no fructificó.
(www.elpais.com, 09/02/09)
EL PP BLINDA LOS DATOS SOBRE ORANGE MARKET
"Es una persona jurídica no relevante". Ésta es una de las fórmulas que, de forma habitual, utiliza el Gobierno de Francisco Camps para no contestar a las preguntas que formula la oposición sobre determinadas subvenciones, ayudas o contratos. Las relaciones entre los adjudicatarios de servicios o proveedores y la Administración autonómica deberían ser públicas y expeditas pero, en la práctica, el Consell utiliza todas las argucias legales posibles no sólo para poner trabas, sino para impedir que la oposición fiscalice su tarea en este ámbito.
El caso de Orange Market no ha sido distinto. El oscurantismo del PP ha planeado, desde el principio, sobre esta empresa, incluida en el entramado de sociedades que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ante posibles delitos de soborno, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y evasión fiscal. Ni la insistencia ni el interés de la oposición han servido, de momento, para que la Generalitat aporte la información sobre todos los contratos adjudicados a esta empresa. Dos días después de que se conocieran las detenciones y la investigación de la trama, ni el PP de la Comunidad Valenciana ni sus representantes en la Generalitat han ofrecido algún tipo de explicación o aclaración sobre el caso. El silencio, como cuando la oposición ha tratado de obtener información sobre Orange Market, es absoluto. Ni siquiera el secretario regional de los populares valencianos, Ricardo Costa, ha mentado el nombre de la firma. Aunque ayer a últim hora la dirección de los populares valencianos anunció que rompe con Orange Market.
Las únicas adjudicaciones a Orange Market publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana son las realizadas por la Consejería de Turismo por la creación y montaje del expositor de varias ferias de turismo, entre ellas, Fitur, a partir de 2005. La documentación de la última de ellas, el expediente 33/08 sobre el contrato para el diseño y montaje del pabellón de la Comunidad Valenciana de este año, fue requisada el pasado viernes, por orden del juez Garzón, cuando la policía judicial acudió a las sedes de la mercantil y de la Agencia Valenciana de Turismo en Valencia.
Los negocios entre el PP valenciano y las firmas investigadas empiezan hace ya una década, en la época de Eduardo Zaplana cuando Orange Market, ahora filial de Special Events, aún no había nacido: era la matriz la que realizaba los servicios.
El bloqueo del PP a ofrecer información sobre la relación de la Generalitat comenzó en 2005. El diputado socialista José Camarasa remitió seis cuestiones al Consell en las que se preguntaba por la relación de Orange Market con la Generalitat. "¿Ha mantenido alguna relación contractual?", pidió saber. En el caso de que la respuesta a esta cuestión fuera positiva, el socialista quería saber qué contratos habían adjudicado la Generalitat, las empresas públicas y/o organismos autónomos a la empresa, desde 1995 hasta 2005, cuál era el objeto de estos contratos y a cuánto ascendía cada uno de ellos.
La información detallada que exigía el parlamentario incluía también las fechas de adjudicación de cada uno de los contratos y las fechas en las que éstas fueron publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el caso de que se hubieran publicado.
El PP no optó por admitir las preguntas y responder con evasivas o ambigüedades, como en otras ocasiones. En este caso, ni siquiera tramitó las cuestiones. La decisión del PP provocó que Camarasa presentara un recurso, que también fue desestimado. El interés de los socialistas por la firma comenzó después de que el entonces consejero de Relaciones Institucionales y Comunicación, Esteban González Pons, adjudicara a Orange Market la elaboración de la guía de la comunicación, tal como recuerda el propio Camarasa.Desde 1999 la Sindicatura de Comptes incluye los nombres de las sociedades Special Events y Orange Market (desde 2003) en sus informes por incumplir la obligación de comunicar los trabajos realizados en campañas electorales, todos ellos para el PP. Los tres últimos procesos electorales autonómicos, 1999, 2003 y 2007, fueron fiscalizados por la Sindicatura de Comptes, entidad encargada de revisar los ingresos y gastos electorales derivados de la participación de formaciones políticas en las elecciones.
En los tres últimos informes de la Sindicatura aparecen las firmas de la trama que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, ante la posible comisión de presuntos ante posibles delitos de soborno, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y evasión fiscal. En total, son 375.000 euros los que el PP facturó a estas empresas. Pero las firmas no comunicaron, tal como obliga el Régimen Electoral General, la prestación de los servicios realizados. La fiscalidad sobre los trabajos que el PP contrata a las empresas se limita al proceso electoral. Así, los demás encargos realizados por los populares no están sujetos a ninguna otra condición que las propias de la ley.
La adjudicación directa de la Generalitat y la contratación por el PP no son las únicas vías en la relación de los populares valencianos y las empresas sometidas a investigación. El PP ha utilizado también sociedades públicas para realizar contratos de los que luego, alegando que se trata de firmas que están participadas por otras entidades, no rinde cuentas. Ésa es una de las principales batallas de la oposición a la que, de forma sistemática, se niega cualquier tipo de información sobre los trabajos que contratan sociedades como Cacsa, Ciegsa o la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana (SGIEP). Ésta última fue creada en la época en la que Esteban González Pons era el portavoz del Gobierno valenciano. La Sindicatura de Comptes también fiscaliza su funcionamiento y recoge el objeto de los contratos, pero no tiene acceso a las empresas adjudicatarias de los servicios.
Aún así, el informe del Síndic indica que esta sociedad "no justifica y motiva la determinación del precio contratado". Entre los proyectos de esta sociedad figura la organización del gran premio de España de Hípica, que se celebrará en mayo en Valencia. Orange Market, que participó el pasado verano en los actos de la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante, opta a organizar el evento.
(www.elpais.com, 09/02/09)
LAS PREGUNTAS A LAS QUE EL GRUPO SOCIALISTA NO OBTUVO RESPUESTA
- Contratos: ¿Ha mantenido la Generalitat valenciana alguna relación contractual con la empresa Orange Market?
- Cuántos: ¿Qué contratos han adjudicado la Generalitat valenciana, empresas públicas y/o organismos autónomos a la empresa Orange Market desde 1995 hasta la fecha?
- Para qué: ¿Cuál era, detalladamente, el objeto de los contratos adjudicados a Orange?
- Cuánto: ¿A cuánto asciende, detalladamente, cada uno de los contratos adjudicados a Orange Market?
- Cuándo: ¿Cuáles han sido las fechas de adjudicación de cada uno de los contratos?
- Publicidad: ¿Se han publicado en el DOGV las adjudicaciones de los contratos?
(www.elpais.com, 09/02/09)
EL PP ROMPE CON ORANGE MARKET
El PP valenciano ha decidido romper toda relación mercantil con Orange Market, la empresa que dirige Álvaro Pérez vinculada a la trama de corrupción de este partido. Fuentes de la dirección regional aseguraron a este periódico que no seguirán trabajando con esta sociedad, pese a reconocer su satisfacción por los trabajos que ha realizado para los populares. "Con lo que está ocurriendo no podemos seguir con ellos", afirmaron. Los populares reconocieron a través de un comunicado haber contratado "puntualmente" los servicios de Orange Market.
El desmarque de la dirección popular llega tras una jornada intensa en la que volvió a reflejarse la división interna en el PP valenciano. Fuentes próximas al ex presidente Eduardo Zaplana insistieron en relacionar a Álvaro Pérez con Francisco Camps. "Llegó de su mano. Fue él quien lo trajo y del que es amigo. También mantiene muy buena relación con Gerardo Camps", vicepresidente segundo y consejero de Economía. Hay quien llega más lejos y asegura que Pérez ha afirmado en una reunión en Madrid que está trabajando para "preparar el desembarco de Paco [Camps] en Madrid para sustituir a Mariano Rajoy".
Los actuales responsables del PP discrepan. "Cuando nosotros llegamos, Álvaro Pérez ya estaba. Él participó en las elecciones de 2003 y todo el mundo sabe que aquella campaña fue controlada por Eduardo Zaplana. Además, en 2004 organizó el congreso regional del partido, cuyo responsable político fue Juan Manuel Cabot [ex secretario general y persona vinculada a Zaplana]. Pensar o insinuar que Ricardo Costa [actual secretario general del PP valenciano] conocía a Álvaro Pérez antes de ser elegido no se corresponde con la realidad".
La bronca entre zaplanistas y campistas tiene derivaciones singulares en la provincia de Alicante. Los primeros dicen que Ricardo Costa quiso imponer a Orange Market en la organización del congreso provincial en el que fue reelegido José Joaquín Ripoll como presidente provincial. Los segundos lo niegan, preguntándose de forma retórica: "¿Alguien puede afirmar eso en serio? Pero si Ripoll no hizo otra cosa que atacar a Ricardo. Cómo se puede pensar que éste iba a pedirle nada al presidente de la Diputación de Alicante, tal y como estaban las relaciones?".
Por otra parte, fuentes de Bancaja aseguraron que su presidente, José Luis Olivas, "no conoce" a Álvaro Pérez, que supuestamente propició la entrevista de Juan Villalonga con aquél el pasado julio.
(www.elpais.com, 09/02/09)
ORANGE MARKET ORGANIZÓ EL INICIO DE CAMPAÑA DEL PP EN ALICANTE CON ALPERI Y LA ACTUAL ALCALDESA
La rama valenciana del entramado empresarial que investiga el juez Baltasar Garzón, organizó el arranque de campaña de Luis Díaz Alperi en las municipales de 2007, al que también asistió la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, quien el sábado dijo que no le sonaba el nombre de la empresa que preside Álvaro Pérez. Una firma que también organizó el congreso regional del PP en 2004, el de la elección directa de Camps como líder popular.
Una de las empresas vinculadas a la trama que investigan el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción trabajó para la campaña de Luis Díaz Alperi en las pasadas elecciones municipales de 2007, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Orange Market, la empresa cuyas oficinas registró el viernes la Policía Judicial y de la que fue fundador uno de los detenidos en la operación contra la corrupción, no ha trabajado, hasta ahora, para la dirección provincial del PP pero sí lo hizo, por indicación de la cúpula regional que preside Francisco Camps, en la última campaña electoral de Díaz Alperi.
La mercantil organizó el sábado 24 de febrero de 2007 el acto de presentación de la candidatura electoral del entonces alcalde que se celebró en la Estación Marítima del Puerto de Alicante. El rastro de Orange Market -sociedad implicada en la investigación del juez Baltasar Garzón- quedó marcado en un correo electrónico que a las 11,56 horas de la mañana del viernes 23 de febrero de 2007 -un día antes de la convocatoria-la actual delegada de Presidencia, Sonia Alegría, remitió con los datos de la empresa a efectos de facturación de los gastos de las instalaciones. El mensaje, escueto y enviado desde la cuenta de correo de Alegría en el consistorio, incluye el nombre de Orange Market, su CIF y la antigua dirección de la sociedad en la calle Conde de Salvatierra de Valencia, sede que la mercantil dejó poco después para trasladarse a la actual de la Calle Colón, donde el pasado viernes se produjeron los registros policiales.
Sonia Alegría, una de las personas de máxima confianza de Alperi, también figura como representante de la agrupación local del PP en la autorización que expidió el Puerto de Alicante -firmada por el hoy conseller Mario Flores- para poder celebrar el acto en la Estación Marítima. El documento, por cierto, revela que la concesión de las instalaciones era a favor del Ayuntamiento de Alicante a pesar de que el acto era organizado por el PP como partido y, en ningún caso, tenía que ver en modo alguno con la institución pública. Desde la Presidencia del Puerto también se dirigían los correos electrónicos -uno, por ejemplo, fechado el 21 de febrero de 2007 a las once menos veinte de la mañana- a cuentas electrónicas del Ayuntamiento de Alicante aunque la convocatoria corría a cargo del PP.
Entre la documentación del acto que organizó y preparó Orange Market también figura, en uno de los escritos de asunción de responsabilidades, el nombre de la actual alcaldesa y entonces responsable de Urbanismo, Sonia Castedo. La primer edil, que sustituyó a Alperi tras el pasado verano y que ocupó el número tres de la candidatura electoral, aparecía como peticionaria en un documento en el que también figura como persona responsable del montaje. Sin embargo, el pasado sábado, a preguntas de los periodistas, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, informa Alejandro Fernández, evitó la polémica y dijo, incluso, no conocer la empresa. Tras presidir el día de la Policía de la Generalitat, Castedo se limitó a señalar que «aún no he leído los periódicos, pero ni tan siquiera me suena -en alusión a la empresa- ese nombre». Orange Market, la sociedad que dirige Álvaro Pérez y que fue fundada por uno de los detenidos por la trama de corrupción, ha recibido contratas millonarias desde el Consell y es la mercantil que más encargos recibe para organizar actos de la dirección regional del PP. Tres empresas vinculadas a la trama trabaron para Camps en sus dos campañas.
(www.levante-emv.com, 09/02/09)
LA FIRMA INVESTIGADA MONTÓ EL PRIMER CONGRESO DE CAMPS EN 2004
Los dirigentes del PP valenciano pasan; Orange Market permanece. La empresa que preside Álvaro Pérez y que fue objeto de un registro judicial el viernes, en sesiones de mañana y tarde, ya organizó el congreso regional de los populares en Castelló, el 20 y 21 de noviembre de 2004. La sociedad dedicada al montaje de eventos recibió aquel encargo de una dirección del partido de alma dual: el presidente era Camps, porque Zaplana le cedió el testigo, y José Joaquín Ripoll y Juan Manuel Cabot eran secretario y vicesecretario.
Fue precisamente en ese cónclave donde se materializó el relevo por la vía congresual entre el ex ministro de Trabajo y quien ganó las elecciones autonómicas de 2003 y era presidente del PP pero no por elección directa de los compromisarios. Camps consagró esa presidencia al lograr el 78% de los votos de delegados. La batalla interna entre campsistas y zaplanistas ya se había destapado. Hubo hasta gritos de «pucherazo» en el debate de la ponencia de estatutos.
Orange Market montó ese acto año y medio después de nacer en una notaria de Algemesí, el 24 de julio de 2003. En la escritura de constitución figuraban Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de organización del PP gallego y diputado por Pontevedra y Luis de Miguel Pérez. Crespo es administrador único de Special Events, la sociedad matriz de Orange, que se encargó de organizar las campañas electorales del PP valenciano en 1999 y 2003. En esas dos campañas, Special Events y su filial Realgreen no declararon al Tribunal de Cuentas 282.239 euros facturados al partido. Crespo fue detenido el viernes en la operación desplegada como consecuencia de la investigación de Anticorrupción, el juez Garzón y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF).
Hoy mismo pasarán a disposición judicial los detenidos, entre los que no se encuentra ya la esposa de Francisco Correa, el cabecilla de la trama, según el juez. Carmen Rodríguez, también vinculada a Special Events, fue puesta en libertad el sábado. Fue jefa de gabinete del ex alcalde popular de Majadahonda, uno de los focos de la investigación. El vicesecretario regional del PP, David Serra, emitió ayer un comunicado en el que reconoce haber contratado «puntualmente» los servicios de Orange Market. «El PP ha actuado como cualquier otra persona física o jurídica que contrata un servicio y al quedar satisfecho vuelve a contratarlo», dijo de una empresa de la que destacó «la perfección del servicio que presta».
Serra aseguró que su partido «colaborará con la justicia» y arremetió contra el PSOE por «la insistencia en relacionar las empresas que investiga Garzón con el PP». «A no ser que su relación con las empresas que contrata el Gobierno central sea de ese tipo; cree el ladrón que todos son de su misma condición», concluyó el dirigente regional.
(www.levante-emv.com, 09/02/09)
EL GOBIERNO VALENCIANO CONSIDERA ´TESTIMONIAL´ SU RELACIÓN CON ORANGE MARKET
En declaraciones a Radio Nacional de España, el vicepresidente primero del Consell ha insistido en que la relación de la Generalitat con la empresa investigada es "tangencial", ya que sólo ha organizado "un evento", el del expositor valenciano en Fitur, y otro el año pasado con motivo de la salida de la vuelta al mundo de vela desde Alicante.
Rambla ha destacado que la Generalitat cuenta con 2.000 proveedores y que la organización del acto de Alicante tuvo 160, y ha insistido en que el Ejecutivo valenciano está "muy interesado" en que haya "toda la transparencia" y una "claridad informativa" sobre esa "supuesta relación".
Ha asegurado que van a poner a disposición de la justicia toda la información de que disponen, y ha alertado de que no van a "tolerar que nadie ponga en duda el nombre del PP ni mancille el nombre de la Generalitat", por lo que actuará con "contundencia" y llevarán ante la Justicia a "todos aquellos que pongan en duda la actuación de la Generalitat".
"Nos sentimos como una víctima colateral de unas investigaciones que en otros sitios se están llevando" a cabo, ha manifestado Rambla, quien ha insistido en que "se depuren todas las responsabilidades" y que "lleguen hasta donde tengan que llegar", pero que haya también "responsabilidad".
Rambla ha recordado que la investigación está bajo secreto de sumario, por lo que "la responsabilidad de todos exige que se digan las cosas que están contrastadas, y no las valoraciones de personas nada respetables por lo que estamos leyendo estos días".
Según ha dicho, en cuanto han tenido conocimiento de que puede haber sospechas en relación con la actuación de personas relacionadas con la dirección de esta empresas, han dado instrucciones para que en todos los organismos que dependen de la Generalitat y del PP "no haya ninguna contratación".
No obstante, Rambla ha resaltado que por parte de la Generalitat "prácticamente no había ninguna, y por tanto poco hay que parar".Preguntado por el hecho de que Orange Market y Special Events aparezcan ya en algunos informes de la Sindicatura de Cuentas por impagos a la Generalitat, Rambla ha dicho que no tiene conocimiento de eso, y que la única empresa que conoce que haya trabajado con la Generalitat es Orange Market.
Ha destacado que en Fitur se ha recibido este año una mención de la organización como uno de los mejores 'stands', y ha recordado que este año se ha reducido el presupuesto para ese fin.Rambla ha negado además que esa empresa trabajara en la visita del Papa a Valencia y en la Fórmula Uno, o que esté preparando un gran premio de hípica, y ha reclamado que "se ciñan las cosas a sus términos exactos" y no se ponga en duda el nombre de la Generalitat.Preguntado sobre si el president de la Generalitat irá a Les Corts a informar de esta cuestión, Rambla ha dicho que Francisco Camps estará en el Parlamento el jueves hablando de este tema, "y en todos los sitios que haga falta", porque tienen "mucho interés en dejar claro que la única relación" con esa empresa , de "acreditada solvencia" en la organización de actos, se circunscribe a los dos citados.
(www.levante-emv.com, 09/02/09)
EL BENEFICIARIO DE 13 TDT DEL CONSELL TIENE 60 MILLONES EN CONTRATOS PÚBLICOS EN LA COMUNITAT
La operación anticorrupción abierta el viernes por el juez Baltasar Garzón contra una presunta trama de empresarios por media docena de presuntos delitos económicos y urbanísticos, salpicó el sábado a otro hombre de negocios vinculado a la Generalitat Valenciana. Los agentes que acudieron al Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), uno de los focos de la investigación, también pidieron información sobre la adjudicación de una parcela a UFC, empresa inmobiliaria del Grupo Begar, propiedad de José Luis Ulibarri.
Este magnate leonés de la construcción y los medios de comunicación lleva varios años ganando terreno en la contratación pública valenciana. Un espacio consolidado en el ámbito de los servicios y la construcción de hospitales, aparcamientos, colectores y carreteras. Sólo con algunos contratos, la suma supera los 60 millones. Entre los intereses empresariales de Ulibarri en la Comunitat destacan las trece licencias de TDT del Consell que controla a través del grupo Mediamed. Además, Ulibarri participa en la construcción del hospital de Llíria, que la Conselleria de Sanidad adjudicó por 25 millones a una UTE en la que se integra su empresa Begar Construcciones y Contratas.
Pero otras empresas de Ulibarri también han encontrado mercado en la administración autonómica. La firma Limpiezas, Ajardinamientos y Servicios Seralia, presidida por Ulibarri, logró el contrato para limpiar los centros de la Agencia de Turismo los años 2007 y 2008 por casi 1,3 millones.
Precisamente, la Agencia Valenciana de Turismo fue registrada el viernes por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, que requisaron el contrato de Turismo para el montaje del stand de Fitur con Orange Market, la marca valenciana de la trama investigada por Garzón.
Por otro lado, Bienestar Social le adjudicó a Seralia en 2008 la limpieza de algunos centros de Valencia por medio millón de euros; y Justicia le encargó en 2007 la limpieza, desinfección y desratización de cuatro edificios del Prop en Valencia, Castelló y Requena por casi un millón.
Ulibarri también tiene a la Conselleria de Infraestructuras entre sus clientes. Además del desdoblamiento en 2006 del colector norte del parque de Cabecera de Valencia, adjudicado a una UTE por más de 7 millones, Infraestructuras ha vuelto a confiar en Begar este mandato. Infraestructuras ha encargado a Begar, también como parte de una unión de empresas, la "conservación, reparación y adecuación de las carreteras de Castelló norte". El importe de la adjudicación supera los 15 millones. Y en Valencia, Begar -en unión con Bertolín- recibió en 2007 la construcción y gestión del aparcamiento de Eugenia Viñes y el depósito de tormentas del Cabanyal, por unos 12,6 millones.
Ulibarri también tiene entre manos proyectos urbanísticos en la Comunitat. El empresario es el consejero delegado de Xilxes Golf Resort SL, uns mercantil que promovió el verano de 2004 el proyecto para construir un PAI de 1, 7 millones de metros, campo de golf incluido, en la costa de Castelló. UFC, la firma de la parcela investigada en Boadilla, está en el accionariado de Xilxes Golf Resort Golf.
(www.levante-emv.com, 09/02/09)
Garzón también investiga al empresario al que el Consell concedió 13 licencias de TDT
La operación anticorrupción que abrió el pasado viernes el juez Baltasar Garzón y que tiene ramificaciones en Valencia, donde investiga a Orange Market, ofreció ayer nuevas conexiones con la Comunitat. Varios agentes requisaron contratos en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), entre ellos, la adjudicación de una parcela a la empresa inmobiliaria UFC. José Luis Ulibarri, presidente de UFC, se hizo en 2006 con trece licencias de TDT otorgadas por el Consell.
La operación anticorrupción que mantienen abierta la Fiscalía y el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que se desarrolla de forma paralela en Madrid, Andalucía y la Comunitat Valenciana, salpicó ayer a José Luis Ulibarri, otro empresario con conexiones con la Generalitat Valenciana.
Agentes de la investigación acudieron ayer al ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) para pedir varios documentos: entre ellos, los papeles sobre la adjudicación por 35 millones de euros de una parcela a la empresa del sector inmobiliario UFC, según la Cadena Ser. Esta empresa, UFC, está presidida por José Luis Ulibarri, y es la rama inmobiliaria del grupo Begar, el imperio de la construcción de este empresario castellano-leonés.
Tanto estas actuaciones como el registro el viernes en Valencia de Orange Market, firma de cabecera del PP en organización de actos y contratista millonaria de la Generalitat, se enmarcan en una operación contra presuntos casos de corrupción. La investigación tiene ramificaciones en la ciudad de Valencia, en las localidades gaditanas de Marbella y Sotogrande, y en los municipios madrileños de Boadilla y Majadahonda.
Ulibarri es un viejo conocido en la Comunitat Valenciana. Este empresario ha conseguido consolidar un imperio económico basado en la construcción, la obra pública y los medios de comunicación; un imperio radicado en Castilla y León, pero con cada vez más presencia en la Comunitat Valenciana.
Ulibarri irrumpió el año 2006 en el mapa televisivo valenciano. Una de las empresas que dirige, Mediamed Comunicación Digital, se hizo con trece licencias de televisión digital (TDT) otorgadas por el Consell. Mediamed, a través de sus firmas asociadas, consiguió obtener representación en trece de las catorce demarcaciones locales en que se dividió el espacio televisivo valenciano para el reparto de las licencias de TDT. En 2007, Ulibarri escenificó su buena sintonía con la administración autonómica durante la presentación de Tele 7, el proyecto audiovisual de Mediamed. En el acto celebrado en Feria Valencia, Ulibarri estuvo arropado por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y por los entonces consellers de Sanidad, Rafael Blasco, de Territorio, Esteban González Pons, de Bienestar Social, Alicia de Miguel, y el portavoz del Consell, Vicente Rambla. Con todo, la presencia de Ulibarri en la Comunitat Valenciana no se circunscribe únicamente al negocio de la comunicación. En los últimos años, el empresario de Castilla y León también ha ganado terreno como adjudicatario de obra pública que se licita en la Comunitat Valenciana.
Begar Construcciones y Contratas recibió en enero de 2007 la adjudicación del contrato de construcción del hospital de Llíria, en unión temporal con otra firma, al igual que la construcción del colector norte entre Beniferri y el Parque de Cabecera.
En el año 2006, el instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) ya adjudicó a Begar Construcciones y Contratas el proyecto de urbanización y construcción de 72 viviendas en Albaida. También logró la adjudicación de dos aparcamientos subterráneos en Valencia, uno en la Plaza de Neptuno y otro en Tomás de Montañana. Precisamente, el último movimiento de Ulibarri en el mapa comunicativo valenciano está vinculado a la capital valenciana. En junio pasado, otra empresa controlada por Ulibarri, Producciones Audiovisuales Digitales Alicante, se hizo con el control de la Televisión Municipal de Valencia (TMV), al comprar el 80% de las acciones a la adjudicataria original, Canal 13.
www.levante-emv.com 08.02.09Francisco Correa contactó con una empresa de seguridad para proteger un megayate en alta mar
El empresario Francisco Correa, detenido junto a otros cuatro sospechosos por su supuesta implicación en una trama de corrupción urbanística, en una operación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, contactó hace unos tres meses con una empresa de seguridad internacional para contratar los servicios de protección de un megayate en alta mar.
Al parecer, Francisco Correa -presuntamente vinculado a una empresa que organizaba eventos para administraciones municipales gobernadas por el Partido Popular-, junto a otra persona no implicada en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y que obedece a las iniciales J. P., entró en contacto con una empresa dedicada a la protección personal y la seguridad al más alto nivel.
Esa empresa está formada por expertos en alta tecnología, operadores, especialistas en táctica militar y personal y ex miembros de cuerpos especiales con contactos en 15 países europeos. Además, utilizan todo tipo de armamento de última generación.
El objetivo, según fuentes confidenciales, era custodiar y proteger un megayate y a sus ocupantes durante una larga travesía por aguas internacionales en alta mar. No ha trascendido el itinerario exacto, ya que la operación no fraguó al haber dudas sobre el motivo por el que se requería esta especial protección y pese a que había mucho dinero en juego.
No era problema de dinero
En este sentido, las mismas fuentes insistieron en que la tercera persona que contactó con la organización en nombre de "Don Francisco Correa" y J. P. nunca discutió por el precio de la operación, dejando claro que no era un problema de dinero.La Fiscalía Anticorrupción inició hace un año la investigación de la supuesta trama de corrupción urbanística y tráfico de influencias, que desembocó en las detenciones de cinco personas por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.La investigación coloca en el centro de la trama al empresario detenido Francisco Correa, a quien calificaron como "el conseguidor" de los contratos municipales por su cercanía a altos cargos del PP en Majadahonda y Boadilla del Monte.
www.levante-emv.com 08.02.09Del escándalo de las presuntas comisiones y favores urbanísticos y en concesiones de contratos a la trama de empresas ligadas al PP que investiga Garzón no ha informado un segundo Canal 9. No será porque Álvaro Pérez es un desconocido en la televisión autonómica. Ni él, ni su mujer, la actriz y bailarina Noemí Ramal, quien llegó al centro de producciones de Burjassot de la mano de su marido.
Y ha progresado. Presentó programas como Tot per riure y la pasada Nochevieja retransmitió, junto al veterano Paco Nadal, las campanadas. Desde la ermita de Paterna, municipio que queda al otro lado de la autovía de Ademuz, pero cuya proximidad física a Canal 9 fue descubierta por los directivos de la cadena después de que un popular, Lorenzo Agustí, ganó la alcaldía del municipio vecino.
Actuó en "El amor brujo"
Además de acompañar a los telespectadores mientras tomaban las doce uvas, Noemí Ramal, fue "mamachicho" en los inicios de Tele 5 y ha participado, con el Ballet de Teatres de la Generalitat, en el montaje de El amor brujo, en el Teatre Principal. Con coreografía de Ramón Oller y en su segunda temporada, la actriz recitó, entre otros, textos del llamado Romance del pescador. Tarea, la pesca de contratos de la Generalitat y del PP valenciano, en la que su marido es un consumado especialista.www.levante-emv.com 08.02.09
La regional del PP hace de comercial de Orange Market
La dirección popular y Presidencia han llevado a la empresa de la mano para que instituciones y las provinciales del PP le dieran contratos
Álvaro Pérez Alonso, el hombre de prominente bigote, es viejo conocido del PP valenciano y amigo de la casa. Pero de unos más que de otros. Su empresa Orange Market, la marca valenciana de la trama que está siendo investigada por el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción por media docena de presuntos delitos urbanísticos y económicos, y su firma paralela Special Events han sido contratistas de lujo del Consell y del PP, partido al que le han montado las campañas autonómicas desde 1999.
Special Events la adoptó Eduardo Zaplana porque llegaba de la mano de José María Aznar. El presidente Camps la convirtió en empresa de cabecera y desde Presidencia y la dirección regional del partido siempre han intentado que la hoja de servicios de Orange Market trascendiera los encargos hechos desde el cap i casal. Tanto institucionalmente como en clave de partido. Los tres presidentes provinciales del PP y de las diputaciones pueden dar fe de que Álvaro Pérez tiene buenos padrinos.
La mano de Víctor Campos
El incombustible Carlos Fabra comprobó en 2004 el interés que el entonces vicepresidente del Consell y secretario provincial del PP, Víctor Campos, tenía en que Orange Market organizara el congreso de Peñíscola. El virrey de Castelló aceptó, pero no consintió que el siguiente cónclave de exaltación de su figura lo montara de nuevo la firma que desde 2005 diseña el expositor valenciano de Fitur. Porque a él no le tose ni el presidente Camps. El homólogo de Fabra en Valencia es Alfonso Rus. La empresa de Álvaro Pérez montó un acto sectorial de la provincial, pasó la factura, al alcalde de Xàtiva le pareció pelín cara, pagó y nunca más lo volvió a contratar. En Alicante, ese sur indomable para Camps, el presidente de la diputación, José Joaquín Ripoll, no se doblegó ante los intentos del diputado de deportes, el campsista alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, de darle a Pérez el contrato de 30.000 euros para organizar la gala anual del deporte. Tampoco le encargó a Orange Market el congreso provincial de Orihuela en el que Pérez Fenoll se estrelló contra Ripoll.
Más éxito tuvo Álvaro Pérez en los espacios del partido y de las instituciones afines a la dirección regional que lideran el jefe del Consell y Ricardo Costa. Así, de la campaña municipal de Luis Díaz Alperi se encargó la firma de la que es consejero Ramón Blanco Balín, persona vinculada al gerente de Special Events y cofundador de Orange Market, Pablo Crespo, uno de los detenidos en la operación abierta en Madrid, Andalucía y la Comunitat Valenciana.
En un ayuntamiento tan campsista como Paterna, Álvaro Pérez se ofreció para gestionar un punto de atención ciudadana como el que le fue adjudicado a la filial Easy Concept en Boadilla del Monte (Madrid) y cuyo contrato ha sido reclamado por el juez Garzón. Aunque algunas fuentes apuntaron que Pérez también se llevó la adjudicación en Paterna, fuentes del PP indicaron que el alcalde rechazó la propuesta. Entre otras razones, porque en Paterna han optado por prestar este tipo de servicio a través de una empresa pública.
Special Events montó el mitin de Mariano Rajoy en el velódromo Luis Puig en las europeas de junio de 2004. La empresa, de la confianza de Génova 13 en tiempos de Aznar, cobró un contrato de relaciones públicas en la asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en noviembre de 2003, la última presidida por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. En los aledaños campsistas del Consell, navega la fundación Agua y Progreso, altavoz del Consell en políticas protrasvase. En 2004, abonó a Special Events una factura de 13.502 euros por servicios prestados.www.levante-emv.com 08.02.09
Una de las firmas investigadas es la principal proveedora del PP valenciano
Orange Market, la empresa que dirige Álvaro Pérez y que figura en el organigrama de la presunta trama investigada por el juez Baltasar Garzón, es la principal proveedora de servicios de la dirección regional del Partido Popular valenciano. La firma organiza mítines, congresos y toda clase de eventos para los populares, según reconoce el partido. Y esa estrecha relación con la dirección del PP ha contribuido a que Orange, pese a su reducida dimensión empresarial, se haya adjudicado importantes contratos.
El Ejecutivo autónomo que preside Francisco Camps sostiene que sólo ha adjudicado a Orange Market en 2005, 2006, 2007 y 2008 el concurso para montar el pabellón institucional valenciano en las ferias de turismo de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. En todos esos ejercicios la adjudicación se hizo por importes en torno al millón de euros. El Gobierno admite también que se encargó a esta empresa parte de los festejos de la salida de la regata Volvo Ocean Race en Alicante, aunque no desvela por cuánto dinero. El Ejecutivo que preside Francisco Camps se ha negado a facilitar la relación de contratos con Orange Market.
Pero la presencia de Orange Market en la Comunidad Valenciana es mucho mayor. Con una estructura mínima de capital y sólo cinco personas contratadas, esa firma ha obtenido también jugosos contratos de empresas públicas de la Generalitat, por ejemplo para fomentar el reciclaje de vidrio, o de instituciones públicas como Feria Valencia, que el año pasado le adjudicó la promoción de Hábitat, el mayor de los certámenes que organiza esta institución ferial dependiente de las Administraciones gobernadas por el PP.
Volumen de negocio
Según el Registro Mercantil, Orange Market tuvo en 2005 un volumen de negocio de 2,4 millones de euros, y de 1,5 millones en 2006. De los años 2007 y 2008 aún no hay resultados depositados. También la influencia de Orange Market es mayor de lo que sugeriría su pequeña dimensión. El pasado verano su responsable abrió las puertas de la Generalitat y de Bancaja al financiero Juan Villalonga en su pretensión de hacerse con el control del Valencia CF. En cuestión de horas, Villalonga logró entrevistarse con el vicepresidente del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, y el presidente de Bancaja, José Luis Olivas.
Orange se presenta asimismo como colaboradora de firmas que quieren organizar eventos con apoyo de la Generalitat, como el gran premio de España de Hípica, de mayo en Valencia.
www.elpais.es 08.02.09
"Ganamos 12.000 kilos. De mi 50%, yo reparto con Ramón, Álvaro y el alcalde"
Correa tramaba con sus socios negocios urbanísticos en municipios valencianos
Entre las numerosas grabaciones que forman parte del voluminoso sumario sobre la trama corrupta vinculada al Partido Popular, hay una donde Francisco Correa, el organizador durante 20 años de los eventos de esa formación política, trata de negocios con Álvaro Pérez. En ella, Correa detalla sus gestiones para lograr un gran negocio urbanístico.
Correa: "Tengo un tema gordo en Valencia, con un PAI prácticamente cerrado, el tío pide 1.000 kilos de más. Compramos a 10.000 y vendemos a 20.000. Ganamos 12.000 kilos. Un empresario pone el 50% y yo otro 50%. De mi 50% yo reparto con Ramón Blanco, con Álvaro (Pérez), con Pablo y con el alcalde... Hay un tema medioambiental que lo desbloqueo yo".
Los PAI (Programas de Actuación Integrada) de la Comunidad Valenciana han sido largamente cuestionados, por su supuesta ilegalidad, desde el Parlamento Europeo. Hasta el punto que el Gobierno del PP en Valencia modificó la Ley Urbanística para intentar salvar esos reparos europeos, que aún continúan.
"Álvaro" es supuestamente Álvaro Pérez, el responsable de Orange Market en Valencia, mientras que "Ramón" es supuestamente Ramón Blanco Balin, secretario de esa sociedad, y "Pablo", supuestamente es Pablo Crespo, ex número 3 del Partido Popular gallego, socio de Special Events.
Orange Market es una filial de Special Events, la sociedad con la que Correa empezó su carrera empresarial vinculada al Partido Popular.
En sus conversaciones, Correa citaba a empresarios a los que Garzón también ha imputado en relación con esta red de corrupción política en las comunidades autónomas de Madrid y Valencia.
Los denunciantes de la trama también han investigado la supuesta relación de Francisco Correa con el actual consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo. Los denunciantes mantienen que López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para adjudicárselos supuestamente a una sociedad denominada Down Town Consulting, de la trama empresarial de Correa por un valor superior a los cuatro millones de euros. La Comunidad de Madrid lo negó ayer a través de un portavoz.
Las instituciones 'contaminadas'
La investigación del juez Garzón se dirige contra un grupo de empresas dedicadas a lograr contratos públicos y organizar campañas electorales, siempre del PP. Se les achacan delitos como cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Un amplio abanico de administraciones, siempre bajo mando del Partido Popular, aparecen salpicadas por la investigación, al ser aquellas con las que trabajaban esas empresas.
- Agencia (Consejería) Valenciana de Turismo. Sus dependencias fueron registradas ayer.
- Ayuntamientos de Madrid. La trama salpica también los contratos de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid como Las Rozas, Boadilla del Monte o Majadahonda.
- Partido Popular. Es el cliente principal de las empresas de Francisco Correa dedicadas a organización de eventos y viajes durante los años noventa.
- Comunidad de Madrid, Xunta de Galicia y Comunidad Valenciana. También son clientes principales de las empresas de la trama de corrupción, especialmente a raíz de que dejan de trabajar para el PP nacional, alrededor de 2003.
- FEMP. Bajo la presidencia de Rita Barberá, hasta 2003.
www.elpais.es 07.02.09
www.elplural.com 08.02.09
Un asesor clave en las campañas autonómicas de Camps
Álvaro Pérez, presidente de Orange Market, se ha convertido en apenas unos años en un personaje conocido por la práctica totalidad del Partido Popular. Va y viene de despacho en despacho y hace gala de sus múltiples y variadas relaciones. Con el PP mantiene una relación especial. Ha participado activamente en las dos campañas en las que Francisco Camps ha sido aspirante a presidir la Generalitat Valenciana. Trabajó en la campaña de 2003 a través de Special Events, mercantil dirigida por Pablo Crespo, ahora detenido en la operación anticorrupción puesta en marcha por Baltasar Garzón. Por esta tarea Special Events facturó al PP valenciano 140.000 euros ese año. Una de sus filiales Realgreen percibió 83.239 euros. También en 1999 participó en la campaña autonómica de Eduardo Zaplana. En esta ocasión Special Events cobró 60.000 euros.
Pero la campaña con la que Álvaro Pérez se consagró como proveedor del PPCV fue la de las autonómicas de 2007. Para entonces Pérez ya trabajaba a través de Orange Market, que se había constituido en 2003 tras la salida de José María Aznar de Génova y la llegada de Mariano Rajoy. Por sus trabajos para la campaña de 2007, Orange Market facturó al PPCV al menos 175.00 euros, según figura en los informes de fiscalización de cuentas electorales de los partidos elaborado por la Sindicatura de Cuentas. En el mismo informe se reprocha a Orange Market que no cumpliera con su obligación de comunicar al Síndic los trabajos realizados. Sobre esta cuestión, Álvaro Pérez sostiene que ya ha regularizado su situación documental.
La mejor empresa
Desde el Partido Popular valenciano manifestaron ayer que Orange Market es una de las empresas que hace los mejores actos de España. "Se presentan las facturas y se pagan". También desde la Generalitat restaron importancia a la operación policial. Fuentes de Presidencia dijeron que es "habitual" que los juzgados soliciten información a la Administración en sus procedimientos. Además manifestaron que la adjudicación de Fitur se produjo porque era la empresa que realizó mejor oferta económica y que es la que mejor trabaja. De esta forma intentaban rebajar la polémica de la investigación abierta por Garzón. Presidencia dice que los contratos públicos no son muchos.www.levante-emv.com 07.02.09
Ripoll se negó a encargar actos a Orange Market en Alicante
El presidente de la Diputación de Alicante se enfrentó con los afines a Francisco Camps por el congreso provincial y la gala del deporte
Las adjudicaciones de contratos desde la Generalitat y el PP a la empresa valenciana Orange Market -inmersa en la investigación iniciada ayer por el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción- ha tenido en los últimos meses implicaciones evidentes en la batalla que libra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con el titular de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, por el control del Partido Popular en la provincia de Alicante. De hecho, los campsistas intentaron imponer a Ripoll que adjudicara a la mercantil investigada la última gala del deporte de la Diputación y el congreso provincial que los populares celebraron en diciembre en la ciudad de Orihuela.
Como ha ido informando este periódico, en plena batalla entre ripollistas y campsistas por el control del Partido Popular, Ripoll mantuvo un duro enfrentamiento con el alcalde de La Nucia y diputado de Deportes, Bernabé Cano, por la organización de la velada. En el transfondo de la disputa estaba quién organizaba la gala del deporte, un contrato de alrededor de 30.000 euros. Si Orange Market, como pretendían los campsistas; o Publiasa como, finalmente, decidió el presidente de la Diputación con el criterio de que la corporación debe primar a las empresas alicantinas en el reparto de las contratas provinciales. Finalmente, Bernabé Cano, en medio de una intensa polémica y entre acusaciones de «dictador» contra José Joaquín Ripoll, no sólo no acudió a la gala que tenía como escenario la localidad de Petrer sino que se desvinculó del jurado de los premios.
Unas semanas más tarde, la dirección autonómica del Partido Popular, explicaron fuentes populares, remitió a Orange Market a Orihuela para la organización del congreso provincial de Alicante, como había ocurrido con los correspondientes a Valencia y Castelló. El propio José Joaquín Ripoll rechazó de plano la intervención de la cúpula autonómica en el cónclave alicantino -no dejó entrar a trabajadores de la empresa en el recinto- y optó, nuevamente, por conceder la contrata a la sociedad Publiasa.concretadas las necesidades administrativas, ni su ejecución podía recaer en manos privadas", explica la edil centrista.
Una empresa ligada a la trama de corrupción organiza eventos para el PP
La policía registra por orden del juez Garzón la Consejería de Turismo y requisa el expediente sobre la concesión a Orange Market del pabellón valenciano en Fitur
Funcionarios judiciales, por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, se desplazaron ayer hasta la sede que tiene en la avenida de Aragón la Agencia Valenciana de Turismo, que dirige la consejera Angélica Such, para reclamar y requisar toda la documentación relacionada con la adjudicación a la empresa Orange Market del concurso para montar los pabellones de la Comunidad Valenciana en las ferias del turismo de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
Agentes policiales registran la sede de Orange Market en Valencia
La empresa ha participado en la Volvo Ocean Race y otras campañas
El registro, que también se realizó en la sede que tiene Orange Market en la céntrica calle de Colón de Valencia, forma parte de la desarticulación de una trama de personas afines al PP que, presuntamente, prestaba distintos servicios al partido a cambio de un trato de favor en las Administraciones gobernadas por este partido. La trama se extiende por distintas provincias españolas.
Los dos funcionarios judiciales que se presentaron en la Agencia Valenciana de Turismo requisaron toda la documentación relacionada con el expediente 33/08, un concurso para montar los estands de las ferias de turismo en las que participa la Generalitat a lo largo de 2009. El concurso se adjudicó a Orange Market, frente a seis competidoras, con una baja sobre el presupuesto base de licitación del 14%. El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publicó el pasado 29 de enero la adjudicación a esta empresa del pabellón de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid por importe de 916.000 euros. Orange Market se ha adjudicado ininterrumpidamente estos concursos desde hace casi un lustro.
Presidencia de la Generalitat se limitó ayer a reconocer que unos funcionarios judiciales habían solicitado una información en la Agencia Valenciana de Turismo. "Se les ha dado y se han marchado", sentenciaron.
Orange Market, la empresa que dirige Álvaro Pérez Alonso en Valencia, también se adjudicó la organización de una parte de los festejos de la salida de la Volvo Ocean Race (la regata de veleros alrededor del mundo) en Alicante. Esta empresa aspira a participar en el Gran Premio de España de Hípica que se celebrará la próxima primavera en el recinto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La firma que dirige Álvaro Pérez ha recibido otros contratos de empresas públicas de la Generalitat como Vaersa para realizar campañas de publicidad. Es además una de las empresas que trabaja para Feria Valencia.
Orange Market se creó en julio de 2003 en Algemesí por Pablo Crespo, presidente de Special Events -firma que participó en las campañas electorales autonómicas de 1999 y 2003 del PP, en las que el Tribunal de Cuentas detectó distintas irregularidades.
La vinculación de Orange Market con la Generalitat también tiene ramificaciones personales. Ignacio Blanch, que fue apoderado de Orange Market, entre octubre de 2003 y diciembre de 2004 -año en el que fue delegado de Canal 9 en Madrid- es asesor de Presidencia con Francisco Camps, desde hace años.
Pero donde Orange Market se mueve realmente como pez en el agua es en la sede del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Su responsable, Álvaro Pérez, mantiene una estrecha amistad con el secretario general, Ricardo Costa, y otros miembros de la dirección regional. De hecho, Orange Market es la empresa que organiza la mayor parte de los actos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y aquellos en los que participa su presidente regional, Francisco Camps. La firma de Álvaro Pérez fue la encargada de organizar el último congreso regional del PP celebrado en el recinto de Feria Valencia el pasado mes de octubre.
En la sede del PP ha sido habitual en los últimos años ver entrar y salir a Álvaro Pérez, conocido como El bigotes. En círculos populares es elogiada, con frecuencia, su capacidad para organizar grandes actos y sus contactos a alto nivel. El presidente de Orange Market asesoró a Juan Villalonga en su pretensión de hacerse con el control del Valencia CF. A Orange Market se deben la mayoría de los mítines multitudinarios del PP o la organización de la escenografía de los actos públicos del partido.
Fuentes de la dirección popular indicaron que, desde 2003, se ha contratado con esta firma por su capacidad para organizar los actos del partido. La eficiencia de Orange Market ha hecho que también haya organizado las jornadas parlamentarias del Grupo Popular en las Cortes Valencianas. Las contrataciones del PP regional con Orange Market están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, que revisa la contabilidad de los partidos. "Estamos muy tranquilos", indicaron estas fuentes.
Sin embargo, en el seno del partido reconocieron ayer que la fluidez de Orange Market con la dirección regional del PP no es la misma con las direcciones provinciales del partido, con las que no existe el mismo nivel de colaboración con la firma de Álvaro Pérez.
Por otra parte, la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, en la que participa el Arzobispado de Valencia, negó ayer que Orange Market participase en la organización de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. El desmentido, provocado por el temor del Arzobispado a verse involucrado en un escándalo de corrupción, no se acompañó de la presentación de las cuentas, que son opacas desde hace años.
www.elpais.es 07.02.09
Los trabajos de Orange Market para el PP y el Consell
Álvaro Pérez con el Secretario General del PP Ricardo Costa
- Fitur: La firma de Álvaro Pérez se ha adjudicado el concurso de la Agencia Valenciana de Turismo para montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en las ferias de turismo españolas ininterrumpidamente desde 2005.
- Volvo Ocean Race: Organización de parte de los festejos realizados con motivo de la salida de los veleros desde el puerto de Alicante para dar la vuelta al mundo.
- Campañas publicitarias: La empresa ha logrado el concurso de distintas empresas públicas vinculadas a la Administración, como Vaersa.
- Feria Valencia: La compañía es uno de los principales proveedores de la institución ferial.
- Partido Popular: Orange Market es la principal empresa con la que trabaja la dirección regional del PP. A ella se debe la organización de mítines, convocatorias de prensa y otros actos de partido. El Grupo Popular en las Cortes Valencianas también la ha contratado para la realización de jornadas
www.elpais.es 07.02.09
Registran en Valencia la empresa Orange Market por el caso de corrupción urbanística de Madrid
La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en una operación contra la corrupción, el tráfico de influencias y el blanqueo de capitales desarrollada en las localidades madrileñas de Boadilla del Monte y Majadahonda, así como en Valencia, Marbella (Málaga) y Sotogrande (Cádiz). Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial han llevado a cabo varios registros en domicilios, despachos profesionales y empresas de estas localidades.
Los arrestados, cuyas identidades se corresponden con las iniciales F.C.S., P.C.S., F.J.G., R.Q. y A.S., están acusados de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita.
REGISTRO EN ORANGE MARKETLa Policía realizó esta mañana un registro en la empresa valenciana Orange Market S.L. Según indicaron a Europa Press fuentes conocedoras del caso, los agentes inspeccionaron el local, ubicado en la calle Colón, pero desconocen si se llevaron algún tipo de material. Los policías se presentaron en la mercantil a primera hora de esta mañana, y realizaron un registro, después de que detuvieran a seis personas en esta operación, acusadas de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita.
Durante la tarde no se encontraba ningún trabajador en la mercantil valenciana, aunque posiblemente seguían allí policías haciendo diferentes registros, indicaron las mismas fuentes. El portero de la finca comentó que los empleados eran personas "normales" y "agradables" y que "nunca habían armado ningún tipo de escándolo". AsImismo, afirmó que "nunca había venido la policía para nada".
La empresa, que en la actualidad cuenta con unos seis o siete trabajadores, fue constituida en el año 2003 con un capital de 3.006 euros, y su sede inicial, según figura en el registro mercantil, se localizaba en la calle Conde Salvatierra de Valencia. No obstante, a finales de verano, trasladaron la sede a la calle Colón, número 18. Esta entidad tiene como objeto la creación, el diseño, la investigación, la ejecución y el control de campañas publicitarias y agencia de publicidad; la implantación, creación y realización de campañas de márketing; y proyectos de organización, planes de negocio y planificación.
Entre sus actividades, según informaron a Europa Press, ha organizado diferentes eventos para el Partido Popular (PP), sobre todo en la época de campaña electoral, así como para la Generalitat, ya que se encargó del desfile inicial de la Volvo Ocean Race, en Alicante, y le fue adjudicado el 'stand' donde la Comunitat ha presentado su oferta turística para Fitur. Según consta en el registro mercantil, el presidente de la mercantil es Álvaro Pérez Alonso; el consejero delegado, Cándido Herrero; y el consejero, Ramón Blanco Balín.
Respecto a sus ventas, en el año 2004 registró 204.694 euros; en 2005 un total de 2.395.289; y en 2006 1.483.489 euros. Fuentes de la investigación han confirmado a Efe que uno de los detenidos es Francisco Correa, responsable de Special Events, una de las empresas investigadas, fuertemente vinculada al Partido Popular. Esta empresa tiene su representación en Valencia a través de Orange Market, como publicó Levante-EMV. Entre los actos organizados por esta empresa destacan el acto 'Parlem' del presidente Camps y los últimos cuatro stands de la Comunitat Valenciana en Fitur.
El gerente de Orange Market, Alvaro Pérez, es amigo personal de Alejandro Agag, yerno del ex presidente del Gobierno, José Maria Aznar. En Special Events trabaja Antonio Cámara, que fue secretario personal de Aznar.
La empresa que dirige Álvaro Pérez facturó 175.000 euros a los populares en las autonómicas y figura en el listado de mercantiles que incumplieron con la obligación que marca la ley de Régimen Electoral General de comunicar al órgano fiscalizador las prestaciones realizadas a los partidos políticos en campaña electoral.
Tal como publicó Levante-emv, la mercantil negocia ahora su participación como proveedor del Global Champions Tour, la denomina fórmula 1 de la hípica, que ha alcanzado un acuerdo con la Ciudad de las Artes y las Ciencias y la Generalitat, a través de la Sociedad de Promoción Estratégica de la Comunitat Valenciana, para que Valencia sea una de las sedes del campeonato. El acontecimiento deportivo se celebra en los lagos de Cacsa del 8 al 10 de mayo de este año.
www.levante-emv.com 06.02.09
LA EMPRESA BENEFICIADA MILLONARIAMENTE POR CAMPS ACOGE A AMIGOS DE AZNAR, VILLALONGA Y ALEJANDRO AGAG
La concesión millonaria de la Generalitat de Camps a la empresa Orange Market, que, por cerca de un millón de euros, se va a encargar de montar y diseñar el pabellón valenciano en la próxima Feria Internacional del Turismo (FITUR), tiene detrás más razones y conexiones que las reveladas en un principio por El Plural, que describió el lunes cómo en el organigrama de la entidad concesionaria destaca la cercanía de uno de sus consejeros, Ramón Blanco Balín, con el ex presidente José María Aznar.
La amistad que Blanco Balín mantenía con Aznar –ambos, por cierto, inspectores fiscales en excedencia- influyó probablemente en el nombramiento del primero como vicepresidente corporativo y después consejero delegado de la empresa Repsol bajo la presidencia de Alfonso Cortina. Balín participó activamente en los acuerdos que llevaron a la adquisición de la argentina YPF por la compañía entonces con más facturación de la economía española. Era un momento en el que las galopantes privatizaciones pilotadas por el PP en el Gobierno colocaron a muchas personas afines al presidente conservador al frente de las grandes ex empresas públicas. En este sentido, Blanco Balín también fue consejero de la empresa Gas Natural, otro puesto de designación política.
“Infracción grave”El largo recorrido de Balín por la empresa privada nos lleva también al consejo de administración de Ercros, en el momento en que la entidad estaba presidida por el financiero Javier de la Rosa. Balín figuró, a su vez, como apoderado de las entidades Real Estate Equity Portfolio e Inversiones Kintamany. Sin embargo, su paso como consejero de NH Hoteles se saldó con una sanción por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2005. Blanco Balín fue multado con 6.000 euros por “infracción grave”, al no haber comunicado a tiempo la adquisición de acciones de la propia empresa, de cuyo consejo de administración formaba parte.
Y los Albertos…
No se quedan los Albertos fuera del círculo de influencia de Balín, que constituyó con estos una fundación, OI Jogi, en 2007, en la que figura como secretario.
VillalongaPero Orange Market da mucho más de sí. Fundada en 2003, casualmente, por el ex diputado popular en el Parlamento gallego Pablo Crespo, cuenta como presidente con Álvaro Pérez Alonso, antiguo asesor de imagen y colaborador del ex presidente de otra gran empresa como Telefónica, Juan Villalonga –por cierto, gran amigo de Aznar-. El diario Levante informó en su momento de la aparición conjunta de Pérez y Villalonga en la breve luna de miel que el ejecutivo valenciano mantuvo con el Valencia C.F.
El mordisco
Según este diario, “el asesor Álvaro Pérez permaneció en un lateral superior del escenario, a donde Villalonga dirigió su mirada constantemente buscando la aprobación a su gestualidad”. Como ya informó en su momento El Plural, la brevísima relación de Villalonga con el club ché se saldó con una nada despreciable indemnización de diez millones de euros para el bolsillo del compañero de pupitre de José María Aznar.
Más vínculos
Pero queda mucho más por contar: Álvaro Pérez, amigo personal de Alejandro Agag el conseguidor, estuvo vinculado a la firma Special Events, uno de los principales proveedores de PP a nivel nacional. Sin embargo, tras perder las elecciones generales en 2004 y tomar Mariano Rajoy el control del partido, Pérez perdió influencia en Génova y decidió instalarse en la Comunitat Valenciana, donde, como se ha podido comprobar, está haciendo camino.
Todo queda en casa
Orange Market constituye, por tanto, un nido de antiguos colaboradores y puestos de confianza del Partido Popular. Sus trabajos para la Generalitat de Camps no se quedan en el FITUR de este año, pues se trata de la quinta edición de la feria que cuenta con esta entidad como concesionaria de la Comunidad valenciana. Las mayorías absolutas y la opacidad del régimen regional de Francisco Camps parecen permitir que, por ahora, todo quede en casa. De la oposición progresista y de ciertos medios independientes depende el desenlace final.
(www.elplural.com, 28/01/09)
ORANGE MARKET NEGOCIA PARTICIPAR EN EL MONTAJE DE LA FÓRMULA 1 DE HÍPICA
Orange Market, la empresa de organización de eventos que preside Álvaro Pérez, sigue abriéndose hueco en el complejo mercado valenciano. La mercantil negocia ahora su participación como proveedor del Global Champions Tour, la denomina fórmula 1 de la hípica, que ha alcanzado un acuerdo con la Ciudad de las Artes y las Ciencias y la Generalitat, a través de la Sociedad de Promoción Estratégica de la Comunitat Valenciana, para que Valencia sea una de las sedes del campeonato. El acontecimiento deportivo se celebra en los lagos de Cacsa del 8 al 10 de mayo de este año.
La empresa promotora del evento, Oxer Sport, ha suscrito un convenio con la Generalitat, el Ayuntamiento de valencia y RTVV, para que Valencia sea una de sus sedes durante tres años consecutivos (2009-2011) prorrogables hasta 2013. Es la primera vez que la Global Champions Tour llega a España. El acuerdo pasa básicamente por una cesión de espacios por parte de Cacsa, cuyo arrendamiento estaría valorado entre 300.000 y 500.000 euros al año.
La empresa de Álvaro Pérez no ha tardado en moverse. Ya trabajó con Oxer Sport en la presentación pública del proyecto prestando servicios audiovisuales. Ahora negocia con la firma promotora participar en el montaje de gradas y escenografía. Fuentes de Oxer afirmaron no obstante que "el contrato no está cerrado" y que conversa con varias empresas valencianas.
La Global Champions Tour cuenta entre sus patrocinadores con firma como Repsol y NH Hoteles. Se da la circunstancia de que en otoño del año pasado se incorporó al consejo de Orange Market, Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente corporativo de Repsol en la etapa de la presidencia de Alfonso Cortina y actualmente consejero de NH Hoteles. Orange Market es una de las empresas de cabecera del PPCV Facturó al partido 175.000 euros en las autonómicas de 2007.
(www.levante-emv.com, 28/01/09)
Camps pagará casi un millón de euros a una empresa con un consejero amigo de Aznar
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Sociedades y agencias de valores
El Gobierno de Camps ya ha decidido qué empresa se encargará de diseñar, montar y desmontar su pabellón de Turismo en la feria madrileña de Fitur. Será la empresa Orange Market, una empresa amiga del Partido Popular valenciano para el que ha trabajado en la gestión de muchos de sus congresos y actos públicos. Las relaciones entre Orange Market y el Partido Popular llegan hasta dentro del organigrama empresarial, donde aparece como consejero Ramón Blanco Balín, amigo personal de José María Aznar y vicepresidente ejecutivo de Repsol durante su etapa de Gobierno.
Los datos hablan por sí solos de la estrecha relación entre Orange Market y el Partido Popular valenciano, que gobierna en la Generalitat. En las pasadas elecciones locales, en 2007, las que confirmaron a Camps al frente del Govern, el PPCV facturó a Orange Market alrededor de 175.000 euros por los servicios prestados. La concesión de Turismo de esta vez se acerca al millón de euros.
Vieja conocida
El pasado 15 de enero, la Conselleria de Turismo resolvió el concurso para el suministro de diseño, montaje y desmontaje de los stands que la Comunitat Valenciana presentará en la feria Fitur de Madrid, la Feria Internacional de Turismo de valencia (TCV), Expovacaciones en Bilbao, SITC en Barcelona y la feria INTUR en Valladolid. Según informa Levante, la empresa que recibió la concesión fue Orante Market, una vieja conocida del PP valenciano.
Experta en Fitur
En total, el importe que recibirá Orange Market será de 789.500, que junto al IVA del 16% llega a superar los 900.000 euros. Este es el quinto año consecutivo en que esta empresa se hace con el contrato. Un éxito que se repite desde 2005 y que se acrecienta teniendo en cuenta que la empresa era por entonces una recién llegado, que constituyó Álvaro Pérez en otoño de 2003 cuando llegó de Madrid.
Adjudicación precipitada
Cabe destacar, eso sí, que la adjudicación este año se ha realizado de una manera un tanto precipitada. Apenas 13 días antes de la celebración de Fitur se ha ejecutado la resolución. El pasado día 22 se publicó en el BOE, donde se asegura que la adjudicación tiene fecha de 30 de diciembre. Pérez alega, en todo caso que los responsables de Turismo le comunicaron "por teléfono" una adjudicación provisional en diciembre a la espera de cumplir el plazo de alegaciones, por eso su empresa llevaba trabajando en el pabellón de Fitur desde hace varias semanas.
Colaboración en las elecciones
La labor de Orange Market se centra en la gestión de actos públicos, como congresos, mítines, ferias… Y el PP valenciano necesito de muchos de estos servicios en las pasadas elecciones locales de 2007. Tanto es así, que llegó a facturar alrededor de 175.000 euros a esta empresa, según los datos recogidos por la Sindicatura de Cuentas en su último informe de fiscalización de gastos electorales.
Organizadora del Congreso
Orange Market también trabaja prestando servicios de marketing a Feria Valencia, donde realiza labores en calidad de colaborador externo. Es en Feria de Valencia donde el PP valenciano ha decidido celebrar muchos de sus actos. Un ejemplo es el Congreso regional celebrado el pasado mes de otoño, con un despliegue de medios que incluía un macro complejo en forma de “coliseo” erigido en torno de los ponentes y 70 metros cuadrados de pantallas. La empresa encargada del montaje del escenario, y de otras labores, fue Orange Market.
Íntimo de Aznar
La extensión de esta buena relación entre PP y Orange se extiende al organigrama de la empresa. Es ahí donde se encuentra el nombre Ramón Blanco Balín, amigo íntimo del ex presidente José María Aznar, con el cargo de consejero. Balín tiene experiencia en los negocios. Fue vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Repsol durante el Gobierno del PP, en la época de Alfonso Cortina. También fue consejero en aquella época de Gas Natural.www.elplural.com 25.01.09
El Síndic reprocha a Orange Market que no informe de su labor para el PP
La Sindicatura de Cuentas incluyó en su último informe de fiscalización de gastos electorales de los partidos en las elecciones autonómicas a la empresa Orange Market. La empresa que dirige Álvaro Pérez figura en el listado de mercantiles que incumplieron con la obligación que marca la ley de Régimen Electoral General de comunicar al órgano fiscalizador las prestaciones realizadas a los partidos políticos en campaña electoral. La sociedad domiciliada en Valencia facturó 175.000 euros al Partido Popular de la Comunitat Valenciana por sus trabajos relacionados con la organización de actos políticos, mercadotecnia y comunicación. La información forma parte del expediente de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas y las cantidades incluyen también el IVA.
Pérez estuvo vinculado a la firma Special Events, uno de los principales proveedores de PP a nivel nacional y en cuyo consejo de administración figuraban sociedades ligadas a paraísos fiscales. Sin embargo, tras perder las elecciones generales en 2004 y tomar Mariano Rajoy el control del partido, Pérez perdió influencia en Génova y decidió instalarse en la Comunitat Valenciana. Su relación con Rajoy y sus asesores nunca fue buena.
Empresa registrada en 2003
En otoño de 2003, ya con Rajoy como aspirante a la Moncloa, Pérez registró en Valencia la firma Orange Market. Sus buenas relaciones con el Partido Popular valenciano le han permitido abrirse un hueco en el siempre complejo mercado valenciano. Se ha convertido en la empresa de referencia de la dirección regional y fue uno de los responsables de montar la escenografía del congreso regional del pasado mes de octubre en Feria Valencia en el que salió reelegido Francisco Camps.
A principios de este año Orange Market se hizo con un contrato de servicios de apoyo en materia de marketing con Feria Valencia. Fuentes de la entidad que preside Alberto Català confirmaron a Levante-EMV que Orange Market figura entre sus proveedores para prestar «apoyo» como empresa externa.
Feria Valencia es uno de los escenarios preferidos por la dirección regional del PP para montar grandes actos de partido. Orange Market también es adjudicataria desde hace varios ejercicios del montaje del expositor de la Comunitat Valenciana en Fitur, contrato adjudicado por la Generalitat por con un presupuesto que ronda los 750.000 euros.www.levante-emv.com 28.12.08
Dos empresas ligadas al PP ocultan a tres tribunales de cuentas sus facturas electorales
Special Events y Rialgreen, proveedores de los populares, no justifican sus servicios al partidoSpecial Events, firma controlada por accionistas radicados en un paraíso fiscal cuya contratación con la Comunidad de Madrid intenta esclarecer el PSOE, ha sido proveedora electoral del PP. Esta empresa, en la que han participado dirigentes del PP, ha ocultado a tres tribunales de cuentas autonómicos sus facturas de servicios prestados al partido en las elecciones autonómicas valencianas de 1999 y de 2003; y en las madrileñas de 2003 y en las andaluzas de 2004 por parte de Rialgreen, empresa con idéntico domicilio y presidente, Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP en Pontevedra. En su informe sobre las elecciones autonómicas valencianas de 13 de junio de 1999, la Sindicatura de Cuentas denunció diversos incumplimientos del PP en materia de gastos electorales. Por ejemplo, que ninguna de las 13 empresas que le habían facturado por un monto superior a los 6.000 euros había cumplido con su obligación de comunicar la prestación realizada. Esa documentación es esencial en toda fiscalización de campañas electorales para comprobar que los gastos declarados por los partidos se corresponden con pagos realmente realizados y que se ajustan a precios de mercado. El fin es evitar donaciones en especie. Entre dichas firmas sobresalía Special Events, a quien el PP declaraba haber abonado 60.000 euros para dicha campaña.
En el informe sobre las elecciones a las Cortes Valencianas de 25 de mayo de 2003, dicho órgano fiscalizador denuncia idéntica anomalía. Special Events figura como perceptor de 140.000 euros del PP a cambio de una contraprestación que no declara. Igual ocurre con Rialgreen, empresa con igual presidente y domicilio, que tampoco aporta documentación alguna sobre los servicios que por un monto de 82.000 euros realiza.
En esa misma fecha, en las autonómicas madrileñas de 25 de mayo de 2003, donde la suma de IU y PSOE daba una mayoría absoluta que frustrarían dos diputados socialistas tránsfugas, reaparece como proveedor electoral del PP la firma Rialgreen por 48.080 euros. En esta ocasión, tampoco aporta facturas ni documentación alguna a la Cámara de Cuentas madrileña.
Obligación incumplida
En las elecciones al Parlamento andaluz de 2004, Rialgreen es el principal proveedor electoral del PP, que incumple su obligación de detallar ante la Cámara de Cuentas los servicios publicitarios prestados a dicho partido. El monto de la labor, de imposible contraste, el PP lo cifró en 520.491 euros.El PSOE ya denunció en su día las contrataciones irregulares de Special Events en 2001 por el entonces alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, del PP. En concreto, destacaba un vídeo promocional contratado en junio de 2001 y elaborado antes de noviembre de 2001. Desde su fundación en 1994 y hasta noviembre de 2001, la administradora única de Special Events era María del Carmen Rodríguez Quijano, nombrada asesora del gabinete de Ortega en la alcaldía en julio de 2001, y esposa de Francisco Correa, amigo íntimo de Alejandro Agag, yerno del ex presidente José María Aznar, según denuncia el PSOE.
En septiembre de 2001, se efectuó un primer pago de 28.571 euros, y un segundo en diciembre de otros 28.510. El PSOE no sólo denunció que se había producido un irregular fraccionamiento de contrato, aspecto que censuró el propio interventor del Ayuntamiento, sino que se habían eludido todas las reglas esenciales de la contratación administrativa. La denuncia socialista incluía a TCM (Technology Consulting Management), empresa que comparte varios administradores con Special Events, en relación con un contrato de 612.551 euros aprobado en diciembre de 2002 para desarrollar una oficina de atención al ciudadano. El propio secretario del Ayuntamiento consideró que había anomalías en el pliego de condiciones técnicas de dicha firma: ni estaban concretadas las necesidades administrativas a satisfacer, ni su ejecución podía recaer en manos privadas; ni el presupuesto estaba suficientemente desglosado ni estaba acreditada la experiencia en esa tarea por parte de la empresa.
Entre las entidades regidas por el PP que han contratado algunas de estas empresas figuran la Federación Española Municipal de Municipios, cuya presidenta hasta 2003 fue la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, también del PP. El Consejo Superior de Deportes, durante el Gobierno de Aznar, contrató en 1998 con una unión temporal de empresas en la que estaba Pasadena -compañía que también preside Crespo- por un monto de 69 millones de pesetas. Y en 1997, fue contratada Special Events por el Ayuntamiento de Las Rozas, gobernado por el PP, por un monto de 17 millones de pesetas para unas actuaciones publicitarias de sus fiestas patronales. El PSOE intenta averiguar si esta empresa, cuya versión reclamó ayer este diario sin éxito, o firmas afines, han recibido contratos del actual Gobierno madrileño, algo que no ha tenido respuesta oficial.
Sede en la calle de Serrano y accionistas en un paraíso fiscal
En junio de 2002 se produce un hecho singular en Special Events: eleva el capital social en 39.997 euros, a sumar a los 3.000 con los que se fundó en 1994. Todas las nuevas acciones quedan en manos de un solo propietario: Windrate Limited, domiciliada en Londres, y cuyos accionistas se hallan, según datos del PSOE, en un paraíso fiscal. Pablo Crespo Sabaris, administrador único de Rialgreen, preside Special Events, Pasadena Viajes y Technology Consulting Management. Todas, salvo la última, comparten sede en el número 40 de la madrileña calle de Serrano, una de las más caras de la capital.
Crespo ha sido secretario de Organización del PP en Pontevedra y hombre de confianza del dirigente gallego popular Xosé Cuiña. En Special Events han trabajado Antonio Cámara, antiguo secretario personal del ex presidente José María Aznar, y Francisco Correa, íntimo del yerno del ex líder popular.
Special Events, con sólo cuatro empleados fijos, consiguió en 2003 unos ingresos de 4,4 millones de euros, un millón más que en el ejercicio precedente. Todo ello le dio unos beneficios cercanos a los 23.000 euros en 2003.
www.elpais.es 19-05-2005
Special Events y una filial no declararon 282.239 euros de las campañas de Zaplana y Camps
Special Events, la firma cuyos propietarios radican en paraísos fiscales y en la que ha trabajado el ex secretario de Aznar, trabajó para el PP en las campañas autonómicas de Eduardo Zaplana en 1999 y Francisco Camps de 2003. La mercantil figura en los informes de la Sindicatura de Cuentas en los que se denuncia que ni Special Events ni una filial denominada Rialgreen declararon prestaciones realizadas por valor de 282.239 euros en las dos citas electorales
No sólo Orange Market ha prestado sus servicios a los populares valencianos. Special Events, la mercantil cuyos propietarios radican en paraísos fiscales y que tuvo como empleado al que fue ex secretario de José María Aznar durante sus ocho años de estancia en la Moncloa, Antonio Cámara, trabajó en las campañas autonómicas del PP en 1999 y 2003. Los responsables de Orange Market y Special Events comparten puestos en sociedades y empresas y el gerente de la primera, Álvaro Pérez Alonso, ha llegado a trabajar para la segunda. Pérez Alonso es amigo personal de Alejandro Agag (yerno de Aznar) y del director general de RTVV, Pedro García, uno de los responsables de la campaña de Francisco Camps en los comicios de 2003.
La relación de Special Events con los populares valencianos se remonta al menos a la cita autonómica de 1999, cuando el candidato a la presidencia de la Generalitat era Eduardo Zaplana. En esa ocasión, según el informe de fiscalización de las contabilidades electorales de ese año de la Sindicatura de Cuentas, Special Events no cumplió la Ley de Régimen Electoral y no comunicó el Síndic prestaciones realizadas por un valor de 60.000 euros. Otras doce empresas que también trabajaron para el PP en la campaña que ganó Zaplana por mayoría absoluta figuran en epígrafe del informe de la Sindicatura denominado «Incumplimiento de terceros».Cuatro años más tarde, Special Events volvió a aparecer en la lista negra de la Sindicatura. Francisco Camps era en esta ocasión el cabeza de lista de los populares. La cantidad sin declarar por parte de la mercantil en 2003 es notablemente superior: 140.000 euros. En esa misma cita electoral, Rialgreen, otra empresa de la cual es administrador único el presidente de Special Events y ex diputado del PP en Galicia Pablo Crespo, ocultó 82.339 euros por sus servicios al PP. En conjunto, la cantidad sin justificar de las empresas comandadas por el también ex secretario de organización del PP de Pontevedra asciende a 282.239 euros.
Special Events y sociedades en su órbita han trabajado de manera habitual en las campañas nacionales del PP y ha sido contratada por ayuntamientos populares para actuaciones publicitarias
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