CASO GÜRTEL :  LAS NOTICIAS

NOTICIAS DIVERSAS SOBRE LA TRAMA EN GENERAL  2009

 

LA CONTABILIDAD B DE CORREA SUMA 20 MILLONES ENTRE SOBORNOS Y 'MORDIDAS'

La investigación de la trama de corrupción vinculada a Gobiernos del PP ha llegado al corazón mismo de los manejos financieros del cabecilla de la red, Francisco Correa. Un total de 105 archivos almacenados en una memoria digital y una carpeta llena de documentación que tenía en su poder el contable de la red, José Luis Izquierdo, donde apuntaba los movimientos de dinero que le ordenaban sus jefes, acreditan al menos 20 millones de euros que la trama ingresó en dinero negro y que gastó en parte en sobornos. 

La información de los 105 archivos, incorporada al sumario que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recoge numerosas anotaciones sobre sobornos a dirigentes del PP (alcaldes, diputados y un consejero de la Comunidad de Madrid), el cobro de comisiones ilegales a constructoras y promotoras a las que Correa había favorecido con sus tareas de intermediario ante Gobiernos del PP, y la facturación a este partido por actos electorales. 

Además, en la carpeta con documentación escrita hallada en poder del contable aparecen consignados pagos a la trama corrupta por más de ocho millones de euros que hicieron distintos constructores, promotores y contratistas, favorecidos por concesiones de Gobiernos del PP. 

Parte de ese dinero -los ocho millones corresponden sólo a dos años de actividad, entre 2002 y 2004- sirvió para pagar favores a dirigentes del PP (en el sumario se citan, entre otros, a Luis Bárcenas, ex tesorero nacional; Gerardo Galeote, ex eurodiputado; Alberto López Viejo, ex consejero madrileño, y varios ex alcaldes). 

Los archivos encontrados al contable en su dispositivo de almacenamiento portátil (pen drive) prueban algunas relaciones anómalas entre la trama corrupta y el Partido Popular, según un informe policial que figura en el sumario del caso. 

- Cohechos. Los archivos incautados al contable de la trama (véase el gráfico) reflejan pagos de cientos de miles de euros a Alberto López Viejo, ex consejero de Esperanza Aguirre, a Benjamín Marín Vasco (diputado autonómico), a Ginés López (ex alcalde de Arganda del Rey), a Arturo González Panero (ex alcalde de Boadilla del Monte) y a Gerardo Galeote (ex eurodiputado), entre otros. 

Además, los archivos registran al menos tres cuentas abiertas por la trama corrupta a nombre de Alejandro Agag, ex eurodiputado del PP y yerno del ex presidente José María Aznar. 

El contable José Luis Izquierdo declaró al juez que creía que las deudas que Agag mantenía con una de las empresas de la trama, Pasadena Viajes, habían sido canceladas. Hay un apunte de 127.000 euros por un viaje de Francisco Correa a Venezuela en mayo de 2008. En ese viaje, según la documentación incautada, estuvo presente Alejandro Agag con un gasto de 6.072 euros facturado al PP. 

- Financiación ilegal. Entre los 105 archivos que guardaba el contable de la trama corrupta figura uno, al que el sumario ha dado el número 45, donde se refleja una supuesta financiación ilegal del PP valenciano. 

El contable registra un movimiento de fondos de 240.000 euros, de los que 150.000 son supuestamente abonados por el PP valenciano en dinero negro. Otro de los archivos refleja un gasto de 50.000 euros en viajes para Luis Bárcenas (ex tesorero del PP) y Gerardo Galeote, pendientes de cobro por parte de la trama corrupta. 

El contable apuntaba detalles nimios en las relaciones de Correa con el PP. En uno de esos detalles se daba cuenta de la negativa de Unión del Pueblo Navarro (UPN, marca electoral del PP en Navarra hasta hace un año) a pagar a la trama corrupta por un acto electoral. En los apuntes se reflejaba que lo abonaría el PP de Madrid. 

(www.elpais.com, 22/12/09) 

EL CONTABLE DE LA RED CORRUPTA: "CAJA B ES DINERO NEGRO" 

José Luis Izquierdo, contable de la red corrupta bautizada como Gürtel, confesó al juez que llevaba una contabilidad secreta, al margen de las distintas sociedades de la red, donde apuntaba numerosos ingresos cuyo origen desconocía y pagos a políticos del PP. "Caja B es dinero negro", declaró Izquierdo al juez. 

Estaba explicando las características de la contabilidad que llevaba por su cuenta de algunos negocios de Francisco Correa, aquellos que generaban dinero negro que se repartía por cajas de seguridad y que servía para pagar sobornos a políticos o para enriquecer a los jefes de la trama con la compra de inmuebles y otros bienes. "Se trata de una contabilidad opaca, independiente de las sociedades, yo soy un mero instrumento de las órdenes que me dan", declaró Izquierdo. 

En una segunda confesión al juez, Izquierdo detalló ingresos millonarios procedentes de constructores y promotores inmobiliarios. El contable explicó estos ingresos sobre la documentación incautada por la policía: 

15 de febrero de 2002. "Se trata de la recogida de 50 millones de pesetas (300.000 euros) en casa de Plácido Vázquez (propietario de empresas de asesoría). 45 millones se entregaron en un paquete a Correa para dárselos a José Galeote y otros cinco en un sobre a Correa". 

19 de febrero de 2002. "Hay una entrega de Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica) de 925.560 euros en dos cajas. Junto con la distribución del dinero en cada una de ellas hay siglas. LB interpreto que puede tratarse de Luis Bárcenas (ex tesorero nacional del PP) sin tener la certeza absoluta. GG puede tratarse de Gerardo Galeote (ex eurodiputado) sin tener la certeza absoluta". 

14 de junio de 2002. "Retirada de 420.708 euros de la casa de Plácido Vázquez, de los que éste se queda con 90.708 euros, otros 120.000 van para L. B., que yo interpreto que puede tratarse de Luis Bárcenas". 

6 de septiembre de 2004. "Recibimos 900.000 euros, el origen lo desconozco. 480.000 fueron para Correa; 30.000 fue para cancelar deudas de Benjamín Martín [alto cargo en Arganda del Rey] y Ginés López [alcalde]. Figura una entrega de 90.000 euros a Antonio Cámara [ex secretario de José María Aznar] que fue empleado de Special Events [empresa de la trama corrupta]". 

(www.elpais.com, 22/12/09)

RAJOY APRUEBA UN CÓDIGO ÉTICO 'ANTI GÜRTEL', PERO DEFIENDE A CARLOS FABRA 

Casi 11 meses ha tardado el PP en aprobar definitivamente un nuevo código ético más duro que el que promovió en 1993. Ana Mato, una persona que ha estado en los equipos de organización del PP desde que José María Aznar llegó a la cúpula del partido en 1990 se ha encargado de elaborar un texto pensado para que no vuelva a haber un caso Gürtel. 

Uno de los principales problemas de este escándalo, para el PP, es que Francisco Correa llegó a ser el proveedor prácticamente único de la dirección. Para lograrlo llenó de regalos y atenciones, según consta en el sumario, a buena parte del equipo de organización del PP. Y cuando Génova rompió con él, logró los contratos casi en exclusiva del PP valenciano y allí también llenó de regalos y atenciones a sus responsables, en especial a Francisco Camps, según el auto del juez José Flors. 

Con estos antecedentes, Mato presentó y sometió a votación del Comité Ejecutivo -fue aprobado por aclamación con un gran aplauso- un texto que incluye para todos los cargos del partido "la prohibición de aceptar cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales". Esto supone una clarísima enmienda a la actitud de los cargos del PP que aceptaron regalos de la red Gürtel. Sin embargo, Mato se negó a concretar en qué cantidad se marca "los usos y costumbres sociales". 

¿12.000 euros en trajes -lo que recibió Camps según el auto del juez Flors- es un uso social?, se le preguntó. Ella no contestó, y se limitó a señalar que la cantidad permitida la fija "el sentido común", y puso algunos ejemplos. "Unos turrones por Navidad, unas naranjas de Valencia, un vino de La Rioja, un ramo de flores, un regalo de boda, cosas que son normales, regalos no muy caros, costumbres admitidas por todo el mundo". 

Para analizar el cumplimiento del código se crea la figura del "auditor interno". Mariano Rajoy ha seleccionado al veterano José Manuel Romay Beccaria, ex ministro de Sanidad. También se encargará de que los contratos del PP, que en un 90% se financia a través de subvenciones públicas, se hagan de manera similar a los de la administración: con un concurso público, al menos tres ofertas y preferencia por la más barata. Hasta ahora, el PP -y el PSOE- eligen a sus proveedores como cualquier empresa privada y no dan explicaciones a nadie de por qué los han elegido. 

Aún así, en la excepción hay hueco para evadir esta norma: "En el caso de urgencia justificada, podrá hacerse la adjudicación sin convocar a la mesa". En un partido, donde muchos actos se improvisan, la urgencia es la norma. También se aprobó que habrá una auditoria externa anual que se publicará en la web del PP. 

¿Qué consecuencias prácticas tendrá el código? De momento, ninguna. El partido no ha enviado siquiera una comunicación interna para que sus cargos rechacen estas Navidades los regalos demasiado caros. 

El código incluye la creación de una "carta de compromisos" que firmarán todos los candidatos del PP y cargos internos, que les obliga a contarle al partido qué bienes e intereses tienen. En ella prometen "actuar públicamente de acuerdo con los principios de integridad, responsabilidad, transparencia, ejemplaridad y honradez". 

Sin embargo, el PP mantiene su defensa cerrada de Carlos Fabra, el todopoderoso presidente provincial de Castellón, imputado en varios delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal. Fabra tiene 600.000 euros en 70 cuentas corrientes distintas que no logra justificar ante Hacienda. ¿Cumple Fabra con esa ejemplaridad de la que se habla en el código?, se le preguntó. "Nosotros creemos en la presunción de inocencia", se limitó a responder Mato, avanzando así que la aplicación del código no supondrá ningún problema para el polémico barón castellonense. 

(www.elpais.com, 22/12/09) 

LA POLÉMICA DE LOS REGALOS DE GÜRTEL 

- Lo que dice el nuevo código ético del PP: "Prohibición de aceptar cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales. Las empresas proveedoras no podrán realizar atenciones a favor de miembros del PP". 

- Lo que Orange Market regaló, según el sumario, a altos cargos valencianos que siguen en sus puestos. A Francisco Camps, 12.000 euros en trajes. A Isabel Bas, esposa del presidente, un bolso de Loewe de 780 euros. Al hijo de Camps, un robot de 1.800 euros. A Milagrosa Martínez, presidenta de las Corts valencianas, un reloj de la joyería Suárez de 2.400 euros. A Juan Cotino, vicepresidente, un chaquetón de Milano de 300 euros. A Alejandro Font de Mora, consejero de Educación, una corbata de 452 euros. En Madrid hubo regalos hasta de coches. 

(www.elpais.com, 22/12/09) 

EL MUNDO DESCONFÍA DEL NUEVO CÓDIGO ÉTICO DEL PP Y ACUSA A RAJOY DE TENER “MIEDO” A LOS PRESUNTOS CORRUPTOS 

El Mundo se ha negado a romperse las manos aplaudiendo el nuevo código ético que ayer aprobó el Partido Popular, y así lo ha expresado en un editorial en el que asegura que lo importante no es el código en sí, sino como se aplica. Aunque asegura que es una buena decisión tener este tipo de documentos en un partido político, son muchas las pegas: que lo presente Ana Mato, que una hora después de la presentación se pacte una moción de censura con dos condenados por corrupción o la falta de aplicación del código ya existente, creado por Aznar en 2003. 

“Hay que señalar, en primer lugar, que nos parece correcto que los partidos incorporen este tipo de códigos que imponen unas exigencias éticas más estrictas a los cuadros de los partidos que a cualquier ciudadano, puesto que se entiende que el hecho de dedicarse a la política exige un plus de ejemplaridad”, inicia el editorial de El Mundo. Pero ahí acaban los elogios.

El error de Ana Mato 

“Difícilmente puede aspirar el PP a que sus mensajes de regeneración calen en la opinión pública cuando la persona encargada de presentar este código fue Ana Mato, que todavía no ha explicado sus vínculos con la trama Gürtel y por qué aceptó determinados regalos de algún de sus miembros”, sigue el editorial, señalando directamente al Jaguar que Francisco Correa regaló al matrimonio de Ana Mato y Jesús Sepúlveda y al pago de la comunión de su hijo.

“Ya lo dice todo” 

En su editorial en vídeo, Pedro J. Ramírez ya incidía ayer en este asunto, señalando que el hecho de que sea Mato la presentadora del texto, “ya lo dice todo”. “Puede que su conducta fuera intachable, pero no lo parece. Debería haber dimitido y no lo ha hecho porque la protegen Arenas y Rajoy”. Además, Pedro J, añade: “Es como lo de la Generalitat Valenciana pidiendo a los funcionarios que no acepten bolsos y jamones, cuando después de que El Bigotes regalara trajes y complementos a sus jefazos, el único que ha perdido el cargo ha sido Ricardo Costa”.

Defensa de Costa 

En este extremo también incide el editorial, al señalar que Rajoy pretende que no se repita el caso Gürtel, “aunque sus buenos propósitos tendrían más credibilidad si el PP no se hubiera limitado a saldar este asunto con la cabeza de un chivo expiatorio como era Ricardo Costa, sin responsabilidad en las adjudicaciones de Correa y Álvaro Pérez”.

El miedo de Rajoy 

Pero frenar un nuevo Gürtel ser difícil con este código, que es más flojo que el que Aznar impulsó en 1993. Y es que, esa ética anterior “hubiera permitido apartar antes a Luis Bárcenas, exigir explicaciones coherentes a Ana Mato, cesar a los responsables de las contrataciones de Gürtel en Valencia e incluso suspender de militancia a Carlos Fabra”. ¿Y por qué no se hizo? Según El Mundo, porque “Rajoy no ha actuado no por falta de reglamentación sino por miedo a tocar intereses sensibles o a enfrentarse con sectores poderosos del partido”. 

(www.elplural.com, 22/12/09)

ANA MATO, SALPICADA POR LA 'GÜRTEL', PRESENTA EL CÓDIGO ÉTICO DEL PP...  

Ana Mato y Cospedal presentan el nuevo Código Ético del PPEl Partido Popular contará con un auditor de prácticas internas, cuyo primer responsable será el ex ministro de Sanidad José María Romay Beccaría, y exigirá a sus miembros una carta de compromiso. 

Tales son las dos principales novedades del Código de Buenas Prácticas que incorporará el PP a sus estatutos y que presentaron hoy su secretaria general, María Dolores de Cospedal, y su vicesecretaria de Organización y Electoral, Ana Mato, que llegó a conducir un Jaguar que la trama Gürtel regaló a su ex marido, Luis Sepúlveda, implicado en la red de corrupción. 

Según explicó Mato, la Carta de Compromiso será una declaración jurada que habrá que realizar antes de acceder a una responsabilidad pública en nombre del PP o bien dentro del partido mismo. El candidato tendrá que asegurar que no existe riesgo de confusión entre su interés privado y familiar y el interés público. Además, hará una declaración de bienes ante el partido aunque el cargo no lo exija. 

Igualmente, el militante que aspire al cargo tendrá que firmar un compromiso de integridad, transparencia, responsabilidad, transparencia y ejemplaridad; que comunicar cualquier acción judicial que le implique y pueda acarrear alguna sanción, y que comparecer ante el Comité de Derechos y Garantías cada vez que sea requerido. 

Cospedal precisó que esta Carta de Compromiso será de firma obligatoria de ahora en adelante, pero que los miembros de la dirección la rubricarán también el próximo mes de enero. 

A su vez, el Auditor de Prácticas Internas, que, según Mato, ya existe en otras empresas y países, custodiará la Carta de Compromiso de los militantes y exigirá su cumplimiento por sí mismo o en el Comité de Derechos y Garantías. 

Por otra parte, la dirigente popular anunció que el PP modificará sus procedimientos de contratación, equiparándolos a los de las administraciones, por lo que se realizarán por concurrencia y con transparencia. Se constituirán mesas de contratación que adjudicarán los trabajos a las propuesta más ventajosa según varios criterios, uno de ellos el económico. Las empresas adjudicatarias no podrán realizar tareas para ningún miembro del partido. 

Por otra parte, y como ya advirtió el PP al anunciar su Código de Buenas Prácticas, sus militantes no aceptarán regalos que se salgan de los usos y costumbres sociales. Finalmente, el partido se compromete a someterse a una auditoría externa cada año, que se publicará en su página web 

(www.publico.es, 21/12/09) 

UN IMPUTADO DEL PP HIZO EL CÓDIGO ÉTICO MUNICIPAL 

El código local de buen gobierno, aprobado hace una semana por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y presentado este mediodía por Ana Mato con el objetivo de frenar la corrupción, ha nacido marcado por la paradoja.  

Uno de sus cinco redactores, Luis Manuel Partida, representante del PP en la ponencia y alcalde de Villanueva de la Cañada (Madrid), está imputado por presunto soborno. Sobre Partida pende una investigación judicial desde septiembre de 2007 por el llamado caso Porto, una oscura operación urbanística que reportó cuatro millones de euros a Enrique Porto, director general de Urbanismo del Gobierno de Esperanza Aguirre entre 2004 y 2006. 

Según la Fiscalía, la esposa de Partida recibió pagos que procedían de promotores con intereses en Villanueva de la Cañada y para los que Porto efectuaba trabajos privados. Fue el mismo Partida, sostiene el fiscal, "el encargado personalmente de efectuar los diversos ingresos de estas cantidades" en "sus propias cuentas corrientes". 

El martes, después de que la FEMP anunciase la aprobación del código y difundiera los nombres de los comisionados de cada partido PSOE, PP, IU, CiU y PAR que habían participado en su elaboración, Público preguntó al PP sobre el asunto. "El juez le ha levantado ya la imputación", respondió primero una portavoz del PP de Madrid citando como fuente al propio Partida.  

En realidad, la juez de Móstoles que instruye las diligencias del caso Porto ha levantado sólo la imputación de prevaricación urbanística, una de las cinco que pesaban sobre Partido, su esposa y Porto, entre otros. La magistrada entiende que, al computar suelo rústico protegido los llamados montes preservados para calcular los aprovechamientos urbanísticos de un sector de planeamiento, Partida no prevaricó, es decir, no adoptó una decisión injusta a sabiendas de que lo era.  

Pero las restantes imputaciones siguen vigentes: cohecho (soborno), tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsedad. De hecho, tanto el propio Partida como fuentes de la dirección estatal del PP terminaron por reconocer el miércoles que, en efecto, la imputación por cohecho sigue vigente. "Pero le vamos a pedir a la juez que la levante", dijo Partida, quien sostiene que su comportamiento como alcalde en sus 30 años de mandato ininterrumpido ha sido "transparente" y siempre ajustado a la ley.  

El código local, de cumplimiento voluntario, señala, por ejemplo, que los ediles harán públicos sus bienes y retribuciones, algo que ya venía preceptuado por la Ley del Suelo. A la pregunta de si en Villanueva de la Cañada se hacen públicos los bienes de los munícipes, Partida respondió que no. "La Ley [del Suelo] no dice cómo hay que hacerlo, pero la próxima legislatura serán públicos", respondió. 

¿Por qué el PP eligió a un imputado para sumarse a la comisión que debía articular el código local de buen gobierno? Sólo en la comisión ejecutiva de la FEMP, el máximo órgano de dirección de la federación municipalista, el PP dispone de diez representantes. Y, de esos diez, sólo pesa imputación sobre Partida.  

Pero, según los conservadores, la decisión de que el alcalde de Villanueva de la Cañada se incorporase a la ponencia redactora del código de buen gobierno no fue del partido. "Lo decidió la ejecutiva de la FEMP, y por unanimidad", dice Partida. La FEMP no ha podido aclarar qué habría sucedido si el PP hubiera pedido que ese puesto lo ocupase otro alcalde de sus filas.  

(www.publico.es, 21/12/09)

Bájate completo el reportaje de Interviú

EL PP Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE CONTROLABA FACTURARON MÁS DE 26 MILLONES DE EUROS A LAS EMPRESAS DE CORREA EN LA ÚLTIMA LEGISLATURA DE AZNAR 

• El PP era el principal cliente de Francisco Correa y sus hombres. Las empresas de la trama ‘Gürtel’ facturaron casi 39 millones de euros al partido y a los organismos de la Administración que controlaba, en mayor proporción durante la mayoría absoluta de Aznar.  

El Partido Popular era un cliente muy rentable para Francisco Correa. Tanto que el principal imputado en la operación Gürtel facturó en los últimos siete años más de 38 millones de euros a la formación de Mariano Rajoy y a distintos organismos e instituciones públicas controlados por el PP. El grueso del dinero llegó cuando José María Aznar estaba en La Moncloa. Durante el último gobierno popular (2000-2004, con mayoría absoluta), el PP nacional entregó a Correa más de 15 millones de euros por la organización de actos, según los datos de la Agencia Tributaria. A eso hay que sumar los contratos de ayuntamientos, parlamentos y gobiernos regionales controlados durante los años de mayoría absoluta. En total, Correa recibió 26 millones de euros en cuatro años durante el último periodo de Aznar. Y eso en dinero legal. Los informes policiales señalan que algunos actos del PP fueron abonados con más de un 50 por ciento en negro.

El flujo de dinero procedente de Génova –el tesorero era Luis Bárcenas– para Correa se frenó en seco tras la salida de Aznar de la presidencia. Cayó hasta un 80 por ciento. Pero el volumen de ingresos de la red no se resintió. El holding mantuvo un torrente constante de entrada de dinero público hasta el estallido de la operación Gürtel. En los últimos dos años, eso sí, el grueso del dinero llegó desde organismos oficiales de la Comunidad Valenciana: como media, las sociedades atribuidas a Correa recibían 2,5 millones de euros al año en dinero declarado a Hacienda.

Special Events fue durante años la joya de la corona. Ella fue la encargada de organizar los principales actos del PP, varias campañas electorales y hasta la boda de la hija del ex presidente Aznar. Álvaro Pérez, el Bigotes, era el titular de la cuenta del PP y el encargado de tratar con la familia Aznar. La empresa recibió durante los años de mayoría absoluta –además de los 15 millones de euros directos de Génova– 165.000 euros del Grupo Parlamentario Popular –encabezado entonces por Eduardo Zaplana–, un millón de euros de Aena –presidida por Pedro Argüelles y José Eladio Seco en ese periodo–, 267.450 euros del Ayuntamiento de Madrid –dirigido por Alberto Ruiz Gallardón– y fundaciones de la esfera del PP, como Fundescam, presidida por Pío García Escudero, o la Fundación Popular Iberoamericana, que contrataron servicios por 700.000 euros entre ambas.

Nada se escapaba a la red de Correa. En 2001, el consejero de Agricultura de la Xunta de Galicia, Castro Gago (PP), recurrió a los servicios de Special Events. El organismo le encomendó un plan de estudio y coordinación contra el mal de las vacas locas. Special Events –sin experiencia alguna en la materia– subcontrató después varios estudios a científicos y profesionales. Y cobró su porcentaje por la mediación. Al final, la maniobra costó 1,4 millones de euros a los gallegos.

La influencia del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reportó también 728.409 euros a los hombres de Correa. En aquellas fechas, 2002 y 2003, la entidad estaba presidida por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. La contabilidad B de la empresa, localizada por la policía, refleja un año después un supuesto pago de 30.000 euros a Álvaro de la Cruz, número dos de la FEMP. La tesis policial contempla esta partida como porcentaje para garantizar a la trama Gürtel la organización de la VII Asamblea General de la entidad. El precontrato ascendía a casi 600.000 euros.

La cuenta de Special Events se redondeó con los contratos que suscribieron con él varios alcaldes populares de la Comunidad de Madrid: Guillermo Ortega (Majadahonda), por 142.000 euros; Bonifacio de Santiago (Las Rozas), por 43.000 euros; y Ginés López Rodríguez (Arganda), por 3.000 euros. Sin embargo, el primer edil que más dinero aportó en un solo ejercicio fue Bernabé Cano, alcalde de La Nucía (Alicante), localidad de poco más de 15.000 habitantes que contrató en 2002 los servicios de Special Events por 524.435 euros. El dinero fue destinado a organizar los Premios Luis del Olmo, pero el Ayuntamiento declaró ante Hacienda el pago de una cantidad mucho menor: 184.702 euros.

Los datos de Hacienda sobre la red empresarial se remontan únicamente hasta el 2000, ya que los delitos fiscales prescriben a los cinco años. Los únicos documentos sobre la contabilidad del grupo de años anteriores a ese año se encontraron ocultos en una caja de seguridad del Banco de Santander en Pontevedra. En ellos, los agentes localizaron apuntes manuscritos sobre al menos 367 actos organizados para el PP; y dedujeron que más de la mitad del dinero por dichos actos, hasta 536.566 euros, se pagó en B.

Entre los principales proveedores aparece ante Hacienda un particular llamado Eduardo Jaussi. También imputado, Jaussi era el encargado de diseñar y construir los decorados para los actos del PP y otros organismos oficiales. El empresario facturó a Special Events 848.923 euros hasta el abandono de José María Aznar como máximo responsable popular, en 2004. La contabilidad legal de Correa muestra gastos anuales de más de 25.000 euros en una joyería y constantes transferencias entre sociedades del grupo. Otro proveedor que figura en la contabilidad de Correa es el restaurador madrileño José Luis, especializado en servicios de cáterin y que fue el encargado de elaborar el menú de la boda de Ana Aznar.

La mayoría de las sociedades del grupo presentan facturas a nombre de Pasadena Viajes, la agencia fundada por el principal imputado. La empresa organizó incluso en 2005 un viaje personal para la familia Aznar, declarado a Hacienda por Famaztella, la sociedad que aglutina los derechos de autor del matrimonio. Fue un leve apunte, ya que el grueso de su facturación se debe al Partido Popular (2.275.043 euros), la Fundación Popular Iberoamericana (415.004 euros) y el Ministerio de la Presidencia, que pagó hasta 912.405 euros a Pasadena. La empresa fue la elegida para organizar los desplazamientos diplomáticos de la cartera controlada entonces por Mariano Rajoy.

La caída de José María Aznar como presidente del Gobierno supuso un descalabro económico para los acusados, tal y como reflejan sus apuntes contables y las declaraciones de Correa. El empresario aseguró al juez Garzón que la elección de Rajoy al frente del PP y un reportaje de interviú sobre sus negocios en Madrid le cerraron las puertas de Génova. Las cuentas de Special Events se resintieron tanto que la sociedad quedó muerta. Pero los ingresos del grupo incluso crecieron. A partir de 2005, la sociedad Orange Market, encargada de organizar actos para el PP de la Comunidad Valenciana tomó el peso de la facturación. Y comenzó a requerir los servicios como proveedores de otras sociedades del grupo, lo que trasladó parte de los dividendos de nuevo a Madrid. La ruptura del grupo con el PP de la capital fue tal que incluso lo llevaron al juzgado para cobrar una deuda. Al final, el problema se resolvió con un acuerdo extrajudicial.

En 2007, la empresa Orange Market declaró unos ingresos brutos de 3,8 millones de euros. Ese mismo año, y según los informes policiales, la misma sociedad percibió otros 2,8 millones de euros en dinero negro por actos organizados para el PP. “Dicha cantidad tiene su origen en una financiación paralela del Partido Popular”, explican documentos judiciales. Con ese dinero se abonaron según la contabilidad, actos en Villarreal, vallas en el metro de Valencia, actos de campaña en Alicante e incluso mítines de Mariano Rajoy. Al año siguiente, los ingresos en B de Orange Market ascendieron, según los mismos documentos, a 3,4 millones de euros.

Las cuentas declaradas ante Hacienda muestran que la mayoría de sus ingresos oficiales procedían de la Agencia Valenciana de Turismo, con más de un millón de euros al año; la Generalitat Valenciana –presidida por Francisco Canps desde 2003–, que gastó hasta 103.094 euros, y el Partido Popular regional, que gastó 872.208 euros en los servicios de Orange Market en el año 2007. 

(www.interviu.com, 14/12/09)

El abogado de Ulibarri se querella contra Garzón

Ignacio Peláez denuncia un presunto delito de prevaricación por las grabaciones en prisión de los cabecillas de la trama

El abogado Ignacio Peláez, defensor de un empresario imputado en el "caso Gürtel", ha presentado ante el Tribunal Supremo (TS) una querella contra el juez Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación por ordenar la grabación de las comunicaciones en prisión de los cabecillas de la trama.

En la querella se recuerda que el 19 de febrero de 2009, el magistrado de la Audiencia Nacional dictó un auto secreto, que prorrogó el 20 de marzo, para ordenar la intervención de las comunicaciones que mantuvieran en prisión Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez con sus abogados, especialmente con José Antonio Rubal, también imputado en la causa.

El letrado querellante denuncia que Garzón autorizó de forma genérica e indiscriminada la intervención de las grabaciones de cualquier letrado, siendo "perfectamente conocedor de la ilicitud e ilegalidad que estaba cometiendo".

Peláez, que representa al empresario José Luis Uribarri, indica que Garzón continúo adelante con su actuación pese a que el Ministerio Fiscal le requirió varias veces para que corrigiera dichas conductas ante la manifiesta ilegalidad de las mismas.

En una de las comunicaciones grabadas por orden de Garzón, que trascendió una vez que el pasado mes de febrero se levantó el secreto de parte del sumario, se recoge una conversación entre Peláez y Pablo Crespo, ex secretario general del PP gallego, en la que éste dice que cree que el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, "se habrá pagado él, de su bolsillo" los trajes.

El mismo día en el que se grabó esa conversación, el pasado 6 de marzo, el letrado también mantuvo una comunicación como abogado con el presunto líder de la trama, Francisco Correa, que habló de que habían salido "unos temas nuevos" sobre el alcalde de Arganda del Rey, Ginés López.

"Como consecuencia de la ilegítima intervención, se han escuchado y transcrito conversaciones que contienen nuestra estrategia de defensa", afirma la querella, en la que se considera que con la intervención de comunicaciones se ha provocado una situación de indefensión.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2009/12/09/abogado-ulibarri-querella-garzon/659216.html

LA FISCALÍA SUIZA INSTA EL ADMINISTRADOR DE CORREA EN EL PAÍS COLABORE CON SUS ABOGADOS 

La Fiscalía de Suiza insta a Arturo Fassana, administrador de las cuentas bancarias de Correa en aquel país, a colaborar con sus abogados para defenderse de la comisión rogatoria remitida por las autoridades españolas para averiguar el origen de los fondos con los que cuenta en el país helvético. 

La Justicia de Suiza tiene abierto un procedimiento sobre el 'caso Gürtel' debido a la Comisión Rogatoria que enviaron las autoridades españolas solicitando información de las cuentas bancarias que tanto Francisco Correa como su lugarteniente Pablo Crespo tienen en aquel país. 

Correa designó un abogado en Suiza para que defendiera sus intereses y éste solicitó la colaboración de Arturo Fassana, el encargado de administrar estas cuentas y que también se encuentra imputado por este caso de corrupción que salpica al PP. Ante su negativa, solicitaron a la Fiscalía Suiza que se pronunciara y ya lo ha hecho. 

El Ministerio Público del país helvético insta a Fassana a colaborar con la defensa de Correa para garantizar un proceso con todas las garantías que será el que determine si Suiza facilita o no información a los tribunales españoles. Fuentes jurídicas estiman que Correa podría contar con más de 20 millones de euros en las cuentas que tiene en Suiza. 

(www.cadenaser.com, 26/11/09)

EL PP NO PEDIRÁ LA NULIDAD DE GÜRTEL 

El Partido Popular anunció ayer su intención de bajar el tono de sus intervenciones sobre Sitel y esperará a que CiU y PNV presenten la proposición de ley que ambos partidos anunciaron el martes en el Congreso para regular las escuchas.  

Ayer, no obstante, el asunto siguió dándole a los populares munición para una de las más crispadas sesiones de control al Gobierno de la legislatura. El diputado del PP Carlos Floriano preguntó al ministro del Interior si escucha todo lo que dice y ve todo lo que él hace, en referencia al enfrentamiento verbal a cuenta de Sitel en los pasillos del Congreso la pasada semana entre él y Alfredo Pérez Rubalcaba. "Si le gusta bromear sobre estos temas no está en condiciones de dirigir las Fuerzas de Seguridad del Estado", dijo Floriano. 

Rubalcaba defendió la legalidad de Sitel, como ha hecho el Supremo; negó la versión del PP sobre el incidente y añadió: "Les voy a ofrecer a mis compañeros de grupo un consejo: cuando vayáis a hablar con Floriano y González Pons, nunca vayáis solos, siempre acompañados, al menos dos, y con notario". Y sentenció: "Sitel es por Gürtel", en alusión a la portavoz de la Generalitat valenciana que anunció que va a pedir la nulidad del caso.  

(www.elpais.com, 26/11/09)

EL RASTREO DEL DINERO DE LA GÜRTEL ALCANZA A 10 PAÍSES

Los investigadores de la trama Gürtel comenzaron en el verano de 2008 a buscar los millones de euros que Francisco Correa y otros miembros de la red sacaron de España para ocultar su verdadera procedencia. Desde agosto del año pasado y hasta mediados de este septiembre, policías y jueces han enviado 24 comisiones rogatorias a un total de 10 países solicitando datos sobre cuentas bancarias o empresas pantalla vinculadas a los imputados.  

Los destinos de estas comisiones rogatorias son paraísos fiscales ubicados en el Caribe, como las Islas Vírgenes y San Cristóbal y Nieves; otros en Europa, en el caso de Mónaco y Suiza; así como países pertenecientes a la Unión Europea Reino Unido, Países Bajos y Portugal y otros de Latinoamérica, como Colombia y Panamá.  

La trama urdida por Francisco Correa y Pablo Crespo obtenía importantes beneficios de los contratos que los gobiernos autonómicos del Partido Popular en Madrid y Valencia le adjudicaban por organizar eventos y actos publicitarios. Su otra fuente de ingresos procedía de la especulación inmobiliaria, para lo que también se valían de su relación con alcaldes y concejales del partido conservador.  

Ingeniería financiera

A partir de ese momento entraba en juego una complicada ingeniería financiera que permitía borrar el rastro del dinero. Esta práctica incluía la creación de múltiples sociedades por las que poner a circular su botín. Estas tienen su sede en países cuya legislación es tan laxa que facilita las operaciones opacas. Las sociedades tapadera están, a su vez, constituidas por otras sociedades de similar constitución, lo que dificulta enormemente conocer la identidad de las personas que están detrás de las mismas. 

El laberíntico recorrido del dinero es tal que los investigadores han solicitado información sobre un mismo grupo de sociedades pantalla a lugares tan dispares como Países Bajos, Estados Unidos, Reino Unido, San Cristóbal y Nieves y las Islas Vírgenes.  

El contenido de todas las comisiones rogatorias está incluido en los dos tercios del sumario que aún permanecen secretos. Público ha tenido acceso a algunas de ellas. En una fechada el 7 de septiembre de 2009, el juez de Madrid Antonio Pedreira cursó la petición de la Fiscalía Anticorrupción para facilitar a las autoridades suizas información complementaria que les facilitase la búsqueda de los datos que se les habían solicitado previamente. Así, la comisión rogatoria incluye el nombre, la fecha y el lugar de constitución de cinco sociedades creadas por la red en Panamá entre abril de 2005 y diciembre de 2007.  

También adjunta la filiación de Francisco Correa, y la de su primo, Antoine Sánchez, al que el presunto jefe de la trama habría utilizado para desvincularse de las sociedades que la Fiscalía Anticorrupción ya investigaba. En la comisión rogatoria también aparece Pablo Crespo, aún en prisión y segundo en el escalafón de la trama; la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, imputada igualmente por Garzón; y el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega. Se da la circunstancia de que Rodríguez Quijano fue jefa de Gabinete de Ortega cuando este era regidor de la localidad madrileña.  

En otra de las comisiones rogatorias, el juez Garzón solicita información sobre la sociedad Bellavita Holding BV, tal como su historial, socios, capital, domicilio social, administradores, apoderados, relación de empleados, declaraciones tributarias y dirección a la que era enviada su correspondencia bancaria. 

Asimismo, el magistrado pregunta si esa sociedad está domiciliada en un centro de negocios. Una respuesta negativa confirmaría que se trata de una sociedad meramenteinstrumental. 

Aún queda una decena de países por los que también habría pasado el dinero de la trama de Correa y a los que ni siquiera se ha empezado a enviar los cuestionarios, algunos tan exóticos como Azerbayán, Sri Lanka o China.  

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) son conscientes de la lentitud del proceso de las comisiones rogatorias, aunque el país objeto de la consulta pertenezca a la Unión Europea. En el caso de los paraísos fiscales o de Estados que tienen la corrupción adherida a todos sus estamentos, el éxito de las requisitorias es prácticamente nulo.  

A pesar de las dificultades, la Policía y los jueces españoles han recibido ya más de 35 contestaciones a las comisiones rogatorias enviadas. Según las fuentes consultadas, muchas de ellas simplemente transmiten que han remitido a las instancias oportunas del país las peticiones de datos cursadas por los investigadores españoles.  

De todos los países a los que se han pedido datos de la trama destaca Suiza, con cuatro comisiones rogatorias enviadas hasta el momento. La primera de ellas no solicitaba información sobre cuentas o sociedades sino la declaración por videoconferencia ante el juez Garzón de Arturo Gianfranco Fasana, Fafa, a quien la investigación señala como pieza clave en el desvío de dinero al exterior para su blanqueo y posterior reingreso en España.

Fafa gestionaba cuentas en Suiza con fondos pertenecientes a Francisco Correa y otros implicados en la trama de corrupción. El mismo Fasana está imputado por varios delitos, entre ellos asociación ilícita, al sospechar el juez que era miembro activo de la banda de Correa. Finalmente, la videoconferencia no tuvo lugar porque Garzón se inhibió en favor de los tribunales de Madrid y Valencia. Fasana fue detenido en el aeropuerto de Barajas dos meses después. Prestó declaración ante el juez Pedreira, quien lo dejó en libertad por colaborar "estrechamente" en la investigación.  

El Supremo alarga el secreto 

Precisamente ayer, el instructor del caso Gürtel en el Tribunal Supremo, Francisco Monterde, prorrogó por un mes más el secreto del proceso abierto contra el senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas y el diputado del mismo partido Jesús Merino. Se trata de la cuarta prórroga de secreto sumarial decretada por este órgano desde que decidiera asumir la investigación a los dos aforados. 

Entre los motivos de la ampliación del secreto están las gestiones internacionales que están realizando los investigadores para localizar fondos de Bárcenas y Merino en el extranjero, también a través de comisiones rogatorias que habrían sido cursadas muy recientemente.  

(www.publico.es, 20/11/09)

RAJOY ENCOMIENDA A COSPEDAL LA GESTIÓN DE LAS CUENTAS DEL PP  

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha encargado a su secretaria general que supervise personalmente las cuentas del partido para, en lo posible, evitar sorpresas desagradables o tentaciones como las que han quedado al descubierto con la trama Gürtel. Así, desde que se viera obligado a dimitir el extesorero Luis Bárcenas por su vinculación con el citado caso de corrupción, Dolores de Cospedal vigila de cerca cada proceso de contratación que inicia el PP y, especialmente, los pagos que conlleva, según explicaron a este diario fuentes populares.  

Los conservadores –que manejan un presupuesto anual que ronda los 80 millones de euros–, han decidido también disminuir su dependencia de empresas especializadas en organización de eventos, después de las consecuncias políticas que les ha acarreado su nefasta relación comercial con Francisco Correa, máximo responsable de la red Gürtel. La explicación oficial es que, favoreciendo que sea un equipo del PP en vez de terceros los que monten grandes eventos del partido–así ha sucedido en la convención de Barcelona– se ahorra dinero y «se gana en independencia». 

La dirección popular aprovechó el cónclave que celebró en Catalunya, el pasado fin de semana, para estrenar este nuevo modelo de trabajo basado en la autogestión. El área electoral del partido se encargó del diseño de la convención y hasta de la elaboración de los vídeos que allí se proyectaron, dejando en manos ajenas únicamente la producción y suministro de fondos, decorados y luz y sonido. El equipo de Rajoy, según parece, está bastante contento con el resultado obtenido en Barcelona, por lo que está decidido a que «este modo de organizar actos tenga continuidad en el tiempo, salvo cuando se trate de campañas electorales». 

Para afrontar esas campañas, el PP se plantea recuperar las mesas de contratación, esto es, elegir a varios cargos de la organización que compartan con el gerente, Cristóbal Paez, la responsabilidad de seleccionar y facturar a empresas externas. Así se hizo ya en las semanas previas a las elecciones europeas, en junio, cuando el caso Gürtel y las dudas sobre la gestión del entonces tesorero Bárcenas ocupaban gran parte de las páginas de los periódicos. 

Es más que probable que el código ético y de buenas prácticas que está preparando la dirección popular, y que será presentado en breve ante la opinión pública, obligue a todas las organizaciones regionales y provinciales del partido a formar este tipo de mesas cuando, en vísperas de campaña electoral o un gran acto político, haya que organizar un concurso para elegir empresas. Según el PP, Rajoy quiere imponer a los suyos unas normas de conducta basadas en los principios de «publicidad y transparencia» a la hora de contratar y, por lo tanto, de poner el dinero del partido en manos de extraños.  

Ese código ético que está ultimando la vicesecretaria de organización, Ana Mato, prohibirá a los dirigentes del PP aceptar regalos de aquellas empresas que se conviertan en proveedoras del partido. Al tiempo, se baraja agrupar en un listado a aquellas compañías no consideradas aptas para trabajar con el partido, bien por haber usado las siglas populares en beneficio propio o bien por haber incumplido, en alguna ocasión, la legalidad vigente. O sea, las empresas asociadas a la trama Gürtel, esas que en los últimos años fueron favorecidas por cargos populares que, actualmente, están imputados o salpicados por la causa judicial. 

Pero Mato –que está siendo asesorada por Federico Trillo, el responsable del código ético que, en tiempos de José María Aznar, elaboró el PP para contrarrestar el escándalo del caso Naseiro–, está empeñada en ir un poco más allá. Fuentes populares recalcan que se buscan fórmulas para, de ahora en adelante, forzar a todos los dirigentes conservadores a acreditar su patrimonio antes de aceptar un cargo, así como acatar solemnemente las férreas normas que piensa poner sobre la mesa Rajoy, escarmentado por el caso Gürtel. Y a esta ley interna con la que piensa dotarse el PP, hay que sumar el pacto de Estado contra la corrupción que, en las próximas horas, van a ofrecer al resto de fuerzas políticas. Todo con tal de lavar la imagen.  

(www.elperiodico.com, 20/11/09)

EL SUPREMO PRORROGA POR CUARTA VEZ EL SECRETO DEL SUMARIO DEL 'CASO GÜRTEL' 

El Tribunal Supremo ha prorrogado un mes más, y por cuarta vez, el secreto de las actuaciones en el caso 'Gürtel', en el que se investiga una supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP. Esta nueva prórroga significa que las partes personadas, a excepción de la Fiscalía, seguirán sin tener acceso a las mismas. Así lo ha acordado en un auto el magistrado instructor del caso en Supremo, Francisco Monterde, quien el pasado 17 de agosto prorrogó por primera vez el secreto de estas actuaciones. 

El magistrado alega que subsisten las razones que motivaron mantener el secreto en la primera ocasión. Entre los argumentos, como en los autos de prórroga anteriores, Monterde señala las necesidades de la instrucción, la naturaleza de los delitos perseguidos y el carácter de las diligencias urgentes de prueba que se están practicando. A ello se une, añade, la situación en que se encuentra el procedimiento seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), del que procede esta causa especial, y donde las actuaciones también están "declaradas secretas". "Es necesario continuar manteniendo el secreto total de las actuaciones también para las partes, en los mismos términos", concluye. 

También recuerda el magistrado que la prórroga del secreto de las actuaciones no está prevista como tal en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha reseñado que tal laguna no impide al juez de instrucción proteger el valor constitucional que justifica el secreto del sumario "si el plazo ha resultado insuficiente para hacer efectiva plenamente esa protección". "Resulta inaceptable -añade- que la prórroga del plazo máximo del secreto sumarial ocasione, por sí sola y sin más condicionamiento, un resultado de indefensión". 

El Tribunal Supremo acordó el pasado mes de junio asumir la investigación de este caso sólo en lo que se refiere a los posibles delitos cometidos por el senador del PP, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Merino, y devolver el resto de la causa al magistrado del TSJM, Antonio Pedreira. 

(www.elpais.com, 19/11/09)

CORTINA PAGÓ LA EXCURSIÓN A VENEZUELA DE CORREA, AGAG Y ARRIOLA ORGANIZADA POR AZNAR 

Más de 21 millones de las antiguas pesetas (unos 127.500 euros) se embolsó la agencia de viajes de Francisco Correa, Pasadena Viajes, por organizar un viaje a Venezuela para el asesor estrella de Aznar, Pedro Arriola y el entonces futuro yerno del ex presidente, Alejandro Agag. Aznar les había encargado viajar al país sudamericano para apoyar la candidatura a las elecciones de Irene Sáez, la oponente a Hugo Chávez en 1998, pero no fue el ex presidente quién pagó el viaje, y tampoco lo hizo el PP o el Gobierno: fue la petrolera Repsol quien habría respondido de los gastos. 

Cuando en 1998 José María Aznar encargó a Correa que viajara a Venezuela junto a Pedro Arriola y Alejandro Agag para asesorar a la rival política de Hugo Chávez, no se olvidó de recabar también un pagador para la excursión. Según informa El confidencial, los más de 21 millones de pesetas (unos 127.500 euros) que cobró Pasadena Viajes (la agencia del presunto cerebro de la trama no salieron de las arcas del PP y tampoco de las del Estado, sino que Aznar convenció a su íntimo amigo Alfonso Cortina, entonces presidente de Repsol, para que se hiciera cargo de los costes).

Íntimo de Aznar y de Agag 

Cortina no sólo era íntimo de Aznar, sino que también tenía una gran amistad con Agag a quien, en la víspera de su boda con la hija del ex presidente en septiembre de 2002 el empresario le ofreció una cena privada de despedida en su domicilio particular.

Reunión con Cortina y Blanco Balín 

Según publica el digital, en la primavera del 98, antes de cerrar el viaje, Aznar se reunió con Cortina y con José Ramón Blanco Balín, ahora imputado en la Gürtel. Blanco Balín, presunto testaferro de Correa en la trama corrupta e íntimo amigo del ex presidente, era entonces presidente del comité de Auditoría del Consejo de Administración de Repsol. Aznar les persuadió de la importancia de asesorar a Irene Sáez, ya que la llegada a la presidencia de Chávez podía perjudicar a las inversiones de empresas españolas en Venezuela, entre las que se encontraba Repsol.

De petición a orden 

La petición de Aznar habría sido interpretada como una orden por Cortina y Blanco Balín, que contactaron con Correa para cerrar todos los detalles del viaje, y le abonaron los costes de la estancia que aparecen referidos en el sumario del caso Gürtel. 

(www.elplural.com, 16/11/09)

LA TRAMA CORRUPTA DE CORREA INGRESÓ 3 MILLONES Y MEDIO A LA CAJA B EN DOS AÑOS

Más de un tercio de los ingresos llegaban de la Comunidad Valenciana

Los años 2006 y 2007 fueron muy productivos para la trama de corrupción que lideraba Francisco Correa. Los ingresos que registró su caja B, de acuerdo con la documentación requisada por la policía al contable de la red, José Luis Izquierdo, alcanzaron la cifra de 9,8 millones de euros. De ellos, al menos 3,5 millones eran de procedencia valenciana. En efecto, la contabilidad registra casi 2,5 millones procedentes de Valencia: 454.335 euros en 2006, en siete entregas, y poco más de dos millones de euros en 2007, en 20 entregas. Pero también apunta la entrada, en tres entregas a finales de julio de 2006, de 957.300 euros procedentes de Sevilla, donde la trama cobró la comisión ilegal conseguida por la sonorización y el montaje de pantallas para los actos de la visita del Papa a Valencia, que se produjo ese mismo mes.

El contable anotaba las entradas y salidas, que eran autorizadas por Pablo Crespo, uno de los principales personajes de la trama de corrupción, salvo cuando era el propio Francisco Correa, Don Vito en las anotaciones, quien ingresaba o retiraba fondos. La vinculación de Álvaro Pérez con el entramado corrupto vinculado a administraciones del PP resulta evidente en esas cuentas, donde hace ingresos y de donde recibe fondos. Algunos de los movimientos son sistemáticos y se anotan como "sueldo", de 6.000 euros mensuales en 2006 y de 9.000 en 2007. Otros, bastante regulares, hacen referencia a pagos a la madre y a la hermana del gerente de Orange Market e, incluso a la entrega de cantidades destinadas a la compra de apartamentos de Álvaro Pérez en Valencia y Barcelona ("a cuenta de bonus", apunta el contable). Otros movimientos de las cuentas se justifican como viajes de Pablo Crespo a Valencia o Alicante o no se especifica cuál es su destino.

La contabilidad incluye apartados propios dedicados a la cuenta de Álvaro Pérez cuando se instaló en Valencia, entre finales de 2004 y abril de 2005 (abierta con 84.000 euros de provisión de fondos del PP valenciano, según la anotación del contable), a la caja B de Orange Market, a la deuda del propio Álvaro Pérez, al detalle de pagos de Orange Market y al congreso regional del PP de 2002, que registra 90.000 euros cobrados en A y 150.000 efectuados en B. En relación con el PP, la contabilidad incluye una referencia del 26 de enero de 2006 al "acto 21/01/06". Se refiere a un mitin celebrado en la plaza de toros de Valencia en el que intervinieron Mariano Rajoy y Francisco Camps. La trama ingresó en su caja B 110.000 euros por ese acto político.

Por otra parte, la contabilidad revela la actividad de la trama alrededor de la visita del Papa. Así, el 23 de abril de 2006 se registran 2.000 euros para un viaje de Álvaro Pérez a Roma y el 7 de julio, la víspera de la llegada del pontífice, se anotan 10.000 euros entregados a Pablo Crespo para "gastos de producción de la visita del Papa".

Aún hay otra anotación, de octubre de 2007, apenas dos meses posteriores a la final de la Copa del América, que recoge una salida de 23.000 euros como "pago José Osuna / 50% presupuesto gradas Valencia". Previamente, durante las regatas, a finales de junio de ese año, la contabilidad anota una entrega de 18.000 euros en Valencia para la que Pablo Crespo envió a María del Carmen Rodríguez, la esposa del propio Correa.

www.elpais.es 09.11.09

RAJOY VIAJÓ CON LA EMPRESA DE CORREA

El presidente del PP, Mariano Rajoy, disfrutó de un viaje de tres días en Canarias con su familia tras la derrota electoral de marzo de 2004. Ese viaje lo gestionó Pasadena Viajes, la empresa de la trama de Francisco Correa que, como otras empresas de la red Gürtel, era proveedora casi en exclusiva de servicios para el PP. Según publicó ayer la web elconfidencial.com, el viaje fue un regalo para Rajoy de parte del líder de la trama, hoy en prisión incondicional. La información cita "fuentes cercanas a Correa" como origen de la información.

Un portavoz del PP nacional desmintió ayer que se tratara de un regalo de Correa. Fue, dijo, un regalo del partido a su candidato después de la tensión a la que estuvo sometido durante los meses de campaña electoral. El partido hizo el encargo a su proveedor habitual. Sin embargo, el partido no estaba ayer en condiciones de probar o asegurar con certeza que hubiera pagado el viaje. Según esta versión, pocos meses después el PP dejó de contratar con la trama corrupta de Correa. Si no se pagó sería, según la versión del PP, porque después de rotas las relaciones la agencia de viajes no reclamó el importe.

Desde que estalló el caso Gürtel, el pasado mes de febrero, Rajoy ha sostenido que él cortó con las empresas de la trama en 2004. Estas empresas, con Correa al frente, comenzaron a trabajar para el PP a principios de los noventa y acabaron convertidas en los proveedores exclusivos de todo tipo de servicios para el partid

www.elpais.es 03.1109

EL BIGOTES FACTURÓ CASI 100.000 EUROS AL PP EN EL CONGRESO DEL AÑO PASADO

La policía acredita que la trama Gürtel cobró el trabajo en 'dinero B'

Álvaro Pérez, El Bigotes, hizo negocios en el XVI Congreso Nacional que el PP celebró en Valencia en junio del año pasado. Con su empresa Orange Market, una de las que integraban la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, facturó casi 100.000 euros por dos días de trabajo relacionados con ese evento. El PP de Mariano Rajoy ha negado siempre que Correa y El Bigotes tuvieran algo que ver con el ese acto, que supuso la ratificación de Rajoy como presidente nacional.

El PP de Rajoy negó que Orange Market tuviera relación con aquel acto

La trama corrupta de Correa, que llevaba más de cinco años, según la versión oficial, sin trabajar para la dirección nacional (antes, durante diez años, había organizado todos los actos durante el mandato de José María Aznar) volvió a trabajar con el PP de Rajoy en Valencia, un feudo donde El Bigotes se había instalado en 2004. Allí se había quedado en exclusiva con casi todos los actos del PP en esa región, la organización del pabellón valenciano en Fitur y decenas de pequeños contratos de todas las consejerías del Gobierno de Francisco Camps, quien también ha salido muy salpicado en el escándalo Gürtel por su estrechísima amistad con El Bigotes.

Así, del 20 al 22 de junio de 2008 se celebró en Valencia el XVI Congreso Nacional del PP, que encumbró de nuevo a Rajoy como presidente de esta formación política con el 84% de los votos. Contrariamente a lo manifestado por Rajoy, la investigación del caso Gürtel revela que la trama de Correa hizo caja. No obstante, el montaje escenográfico del evento fue adjudicado a la firma Free Handicap, presidida por Elena Sánchez, esposa del ex ministro de Ciencia y Tecnología y diputado Juan Costa.

Entre la documentación hallada por la policía en los ordenadores de Orange Market, la empresa que dirigía El Bigotes, se encontró un archivo con una hoja de cálculo sobre los servicios facturados en 2008, que lleva el nombre de "COBROS2008bis.xls hoja octubre: Actos".

En ese archivo, según la Policía, "se hace un resumen de los actos que se realizan en 2008 presentando el coste de ellos en dos grandes partidas, una que es Deuda A y otra que es Deuda B" (ésta segunda modalidad está cobrada sin factura ni IVA, fuera de los circuitos legales del dinero).

En el apartado correspondiente a los "últimos actos", aparecen los siguientes apuntes correspondientes al Congreso Nacional:

20-06-2008. "Stand PP congreso... 24.000".

"Stand Congreso sin/presupuesto... 2.800".

21-06-2008. "Fiesta PP congreso... 20.350".

"Catering fiesta... 51.681".

Además, existe otro apunte del 11 de julio de 2008 por 3.200 euros por un vídeo de una cena de Rajoy con militantes en Castellón.

La policía sostiene que esta relación de actos, supuestamente montados por Orange Market, la empresa de El Bigotes, para el Congreso Nacional del PP, reflejan unas fechas, conceptos e importes de los que "no se ha localizado ninguna factura emitida en esas fechas y por esos importes" que les permita deducir que "esas cantidades de dinero que aparecen en esos apuntes formen parte del circuito financiero legal".

Según fuentes del PP, El Bigotes no organizó el congreso, pero la dirección nacional sí le pidió a Camps que montara una fiesta tras la elección de Rajoy, a última hora de la tarde. Y como era costumbre, Camps decidió que se encargara a la empresa de su amigo. No consta que Génova opusiera ninguna resistencia. La fiesta consistió en un stand a la entrada del recinto de la Feria de Valencia donde Rajoy y Camps, ya anocheciendo, dieron unos discursos de agradecimiento a los compromisarios, y después hubo comida y bebida para todos, una manera de evitar que, como es habitual en los congresos, la gente se fugue después de votar.

Después de esa fiesta, Camps contrató unos fuegos artificiales para celebrar la victoria de Rajoy -contra nadie, porque no hubo candidato alternativo-, pero éstos no se le encargaron a la empresa de El Bigotes.

www.elpais.es 02.11.09

LA ORDEN QUE NO LLEGÓ

El PP nacional ha mantenido desde el principio que la trama corrupta que dirigía Francisco Correa no fue contratada para ningún acto del partido durante el mandato de Rajoy. Pero al menos en Valencia, según la documentación incautada por los agentes policiales del caso Gürtel, se hizo una excepción. La trama, a través de El Bigotes, trabajó el año pasado para el XVI Congreso Nacional.

Tras destaparse el escándalo, el presidente del PP Mariano Rajoy afirmó que su partido había roto relaciones en 2003 con las empresas de la red. Y que el PP lo hizo así, según explicó el propio Rajoy, a raíz de conocer que las empresas de la trama corrupta iban "por algunos municipios del noroeste de Madrid utilizando el nombre de la dirección del partido".

Tras aflorar el caso Gürtel, que ha puesto entre las cuerdas al PP por la cantidad de altos cargos implicados, Rajoy ha explicado que la orden de no volver a contratar con Francisco Correa se la dio al tesorero, entonces Álvaro Lapuerta, y también al entonces gerente del partido, Luis Bárcenas (imputado ahora en el Tribunal Supremo por el supuesto cobro de al menos un millón de euros en comisiones ilegales de Correa). Y que les dio la orden para que éstos la trasladaran a algunas organizaciones territoriales. Aun así, ni en Madrid ni en Valencia se dieron por enterados y, de hecho, contrataron millones de euros con la trama. Los dirigentes madrileños y valencianos del PP han argumentado que la orden nunca les llegó.

El Bigotes era el hombre de Correa en Valencia, donde la trama hacía sus negocios bajo el nombre de Orange Market.

www.elpais.es 02.11.09

RAJOY VIAJÓ A CANARIAS TRAS LA DERROTA DE 2004…¡POR CORTESÍA DE CORREA!

Mariano Rajoy viajó el 19 de marzo de 2004 de Madrid a Las Palmas de Gran Canaria junto a su mujer y su hijo para pasar tres días de descanso en un hotel de lujo de la zona turística de Maspalomas. Acababa de perder las elecciones del 14-M, las primeras a las que se presentaba como líder del PP. Según el PP fue un regalo del partido como recompensa por su esfuerzo durante la campaña electoral. Del viaje se encargo Pasadena S.L., la agencia de Francisco Correa, el supuesto cerebro de la trama Gürtel y, según revela El Confidencial, el PP nunca pagó la factura. Según ha podido saber El Plural, uno de los imputados en la trama, conocedor de este asunto, lo puso en conocimiento de la Justicia.

Según un portavoz oficial del PP consultado por El Confidencial, el viaje fue encargado “probablemente por orden del tesorero o del gerente”, en referencia a Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas respectivamente, que eran los que ocupaban dichos cargos en 2004. “No sabemos si Pasadena le cobró este viaje al PP, pero si no envió la factura, el problema es de la agencia, no nuestro”, añaden esas mismas fuentes.

Ni Rajoy ni el PP pagaron

Sin embargo, ni Rajoy ni el PP pagaron esas minivacaciones. El entorno ce Correa habría confirmado al diario de Jesús Cacho que hay asientos contable que acreditarían el impago de la factura en la documentación sobre las empresas de la Gürtel que se haya en poder del juez Antonio Pedreira. Al parecer, Correa corrió con “todos los gastos de muchos viajes privados que hicieron algunos dirigentes del PP, y eso, antes o después, saldrá a relucir en el sumario”.

"A ver si se restablece del susto"

El Plural ha podido saber que efectivamente, uno de los imputados en el caso, relató ante la Justicia que Correa había abonado este viaje. Según esta fuente, Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego y número dos de la supuesta trama corrupta fue el que organizó todo. "A este h.d.p. de Rajoy le vamos a regalar un viaje, a pesar de haber perdido las elecciones, a ver si se restablece del susto", comentó a sus allegados el propio Crespo. Según las fuentes consultadas por este periódico, Rajoy no fue el único dirigente del PP que pudo beneficiarse de este tipo de obsequios y se apunta, además, que podría haber ex dirigentes del partido en su mismo caso.

Rompe con Correa pero permite que siga en Madrid y Valencia

Según Rajoy, en junio de 2004 cortó todo tipo de relaciones con las empresas de Correa cuando el entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, le informó de que el empresario utilizaba el nombre del PP para obtener contratos. Sin embargo, permitió que la trama continuara operando en Valencia y en numerosos municipios madrileños y la propia comunidad.

www.elplural.com 02.11.09

EL PP PIDE QUE LOS PERIODISTAS QUE DESVELARON DETALLES DE 'GÜRTEL' DÉN LOS INFORMES 

El PP ha registrado en el juzgado de instrucción número 1 de Madrid su escrito de ampliación de la denuncia que ya formularon el pasado 24 de julio por un presunto delito continuado de revelación de actuaciones secretas en el llamado 'caso Gürtel'. En esta ampliación, este partido solicita que los periodistas que han recibido las filtraciones aporten a la causa los informes policiales "que dicen manejar" alegando que esa documentación podría ser "tremendamente efectiva" para "identificar" a los responsables de esas filtraciones. 

El Comité de Dirección del PP acordó el pasado lunes hacer esta ampliación de su denuncia argumentando que se siguen produciendo filtraciones sobre cuestiones que aparecen en la parte del sumario cuyo secreto no se ha levantado todavía, según explicó la propia secretaria general, María Dolores de Cospedal. 

En su nuevo escrito, el PP incluye varios artículos publicados en el diario 'El País' sobre la trama de corrupción liderada por Francisco Correa en los que, según los 'populares', "hacen referencia expresa" a contenidos de informes policiales o a conversaciones de la causa. 

Sin embargo, recalca que esos informes de los que dan cuenta los periodistas no figuran "entre los folios de las actuaciones que se hicieron públicos" el pasado 28 de septiembre de 2009 a través de un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid levantando parte del secreto del sumario. 

Por eso, el PP propone como diligencia de investigación que "se acuerde requerir a los periodistas la aportación a la causa de tales informes que dicen manejar, así como de todos los demás documentos vinculados a los que hayan tenido acceso". 

Según los 'populares', esa documentación constituye "cuerpo material de los delitos objeto de denuncia" y de los mismos se podrían extraer "determinados datos (fecha de emisión, originales o copias, foliados o no, transmisión por fax, correo...) que ayudarían al total esclarecimiento de los hechos que aquí se investigan". 

"La incorporación de tal documentación a requerir pudiera ser tremendamente efectiva a los fines pretendidos de localizar o identificar a los responsables de las filtraciones", dicen, para recalcar que esas filtraciones requieren una respuesta "energética y efectiva de los tribunales de justicia a fin de procurar erradicar en el menor plazo posibles tales actuaciones". 

(www.elmundo.es, 29/10/09)

CORREA INVIRTIÓ EL 'BOTÍN' DE LA VISITA DEL PAPA EN NEGOCIOS CON EL EX SOCIO DE AGAG 

El informe policial del caso Gürtel sobre los negocios de la trama corrupta durante los actos de la visita del Papa a Valencia -se cobró más de un millón de euros en comisiones ilegales- acredita que buena parte del dinero fue a parar a una de las sociedades de inversión inmobiliaria del líder de la red, Francisco Correa. 

Jacobo Gordon, imputado en el caso Gürtel y ex socio de Alejandro Agag, yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar, es el empresario que defendía los intereses urbanísticos de Correa y con el que compartía la propiedad de varias sociedades. Entre ellas, Parque Logístico Montalvo, la sociedad a la que la trama corrupta derivó parte de los beneficios obtenidos durante la visita del Papa. 

La documentación incautada por la policía a la trama corrupta acredita que Pablo Crespo, principal lugarteniente de Francisco Correa, ingresó en la caja B del grupo 951.300 euros entre el 22 y el 30 de junio de 2006. Sólo cinco días después, según la contabilidad interna de la red Gürtel, por orden de Don Vito (apodo con el que el contable José Luis Izquierdo registraba las instrucciones de Francisco Correa) se entregaron 600.000 euros a Jacobo Gordon. Dos días después, Don Vito entregó otros dos sobres por 60.000 euros a Gordon con la referencia "Montalvo". 

El juez Baltasar Garzón, primer instructor del caso Gürtel, interrogó en la Audiencia Nacional a Jacobo Gordon sobre estos apuntes. El imputado explicó así el significado de la referencia Montalvo: "Es la sociedad a través de la cual formalizamos opciones de compra de suelo con los propietarios". Se refería Gordon a la adquisición de terrenos para un polígono industrial situado a 50 kilómetros de Tarancón (Cuenca) y que, según su confesión ante el juez, supuso un fracaso. "Es un proyecto que lleva muerto, bueno, paralizado, casi dos años o año y medio". 

Gordon formaba parte de la sociedad Parque Logístico Montalvo por el pago de una supuesta deuda de Correa. "Yo desarrollé unos trabajos para el señor Correa y por diferentes razones no salió ninguno y nunca me pagó. Yo no tenía intención de seguir haciéndole el trabajo y, entonces, en Montalvo me dijo que me pagaría en acciones. Yo tengo ahí creo que un 15% o un 10% de esa sociedad", explica Gordon. 

Otro de los apuntes de la caja B de Correa recoge un pago de 200.000 euros a la sociedad inmobiliaria Castaño Corporate, también dirigida por Gordon. Esos 200.000 euros también son parte de los beneficios cosechados por el acto del Papa, en el que la red Gürtel actuó como intermediaria para que el montaje de la sonorización y equipos de vídeo se adjudicara por 6,4 millones de euros a Teconsa, una constructora leonesa con la que mantenía relaciones. Los costes de los trabajos de sonorización y montaje de pantallas de vídeo no llegaron ni a la mitad de lo que pagó por ellos la Radiotelevisión Valenciana, dirigida entonces por Pedro García, un íntimo amigo de los jefes de la red corrupta, a quien regalaban trajes de la tienda donde se vistió también el presidente valenciano, Francisco Camps. 

Castaño Corporated es, según explicó Gordon al juez Garzón, una sociedad para hacer negocios urbanísticos que se creó a finales de 2005, sólo unos meses antes de la visita del Papa. 

"Había una oportunidad en Getafe (Madrid)", recuerda Gordon, "con una parcela grande para hacer 300 viviendas. Hablé con una empresa, Procasa, con la que tengo cierta relación, y les interesa, pero la operación es muy grande y me dicen que están dispuestos a ir con el 50%, y me dicen que encuentre a alguien que invierta el otro 50%. Se lo comento a Correa y trae a Provinsa como inversor y, además entramos nosotros mismos con el 20%, creando una nueva sociedad que se llama Castaño". 

Durante su declaración ante Garzón, Jacobo Gordon reconoció que en ocasiones Correa le llevaba dinero en efectivo: "En una ocasión, 300.000 euros o así, pero yo siempre le daba recibo. Lo llevaba a mi despacho, yo le firmaba un recibo". 

(www.elpais.com, 26/10/09)

LA CÚPULA DEL PP SEÑALA A ZAPLANA 

Ocho meses. Ese es el tiempo que el PP lleva buscando enemigos externos para dar respuesta al caso Gürtel. Primero fue el juez Baltasar Garzón, después el ex ministro Mariano Fernández Bermejo y su cacería, a continuación "las escuchas ilegales" de Interior y, tras eso, la "doble vara de medir" de la Fiscalía. Todo un "complot" que terminó desembocando en una nueva "teoría de la conspiración".  

El 11 de febrero, Rajoy salió en Génova, rodeado por la plana mayor de su partido, para defender el honor de los suyos: "No hay una trama del PP, hay una trama contra el PP". Y algunos dirigentes conservadores creen que, a lo mejor, no hace falta salir de casa para dar con el adversario. Es otra vuelta de tuerca. Más fácil que la de aplicar medidas contundentes. 

Hay quien cree que las heridas del Congreso de Valencia no han cicatrizado. Y que, aunque las elecciones gallegas y las europeas concedieron un respiro al líder del PP, los críticos siguen en pie de guerra. 

Todo lo ocurrido en la Comunidad Valenciana en estas últimas semanas ha desenterrado viejos fantasmas. Para más de uno detrás de todo lo que le está ocurriendo a Francisco Camps se oculta la mano de Eduardo Zaplana, su antecesor en el cargo. Algunos recuerdan que el odio entre ambos es evidente y creen que el ex ministro no ha olvidado cómo, desde que dejó su tierra en 2002, Camps se encargó de aniquilar a sus fieles.  

No sólo los campistas han sembrado las sospechas. También algún que otro miembro de la dirección nacional ha sucumbido. En las filas conservadoras cuentan que Zaplana ha mantenido reuniones con Rubalcaba y Juan Costa, hermano del ex secretario general valenciano. Y atan cabos. Dan por hecho que con el dirigente socialista habló de la situación en su partido y del informe policial que apunta a la financiación ilegal del PP valenciano. Con el segundo, orquestó la estrategia de defensa y resistencia de Ricardo Costa, que no dimitió de su cargo hasta que Rajoy se lo exigió a Camps por las malas. "No me extrañaría que estuviera enredando", comenta un diputado. 

Pero Zaplana, que ahora es delegado para Europa de Telefónica, no ha querido entrar a desmentir ni a confirmar estas afirmaciones. En su círculo aseguran que está fuera de la política porque "así lo decidió" y que quiere seguir así. En cualquier caso, si esos dos encuentros se hubieran producido, responden a la "amistad" que mantiene con ellos desde hace mucho tiempo. Defienden que él está asistiendo a todo lo que está pasando no como actor sino como espectador, "dolido" por la crisis de su partido. Un dirigente que le conoce bien se ríe de lo que él califica de "delirio": "Ya sólo falta que digan que Zaplana controla a la policía de Rubalcaba".  

Pero lo cierto es que en las últimas semanas ha vuelto a reaparecer y con más fuerza que nunca. El 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, asistió a una crispada celebración institucional. Allí pronunció las únicas palabras que le ha dedicado al caso Gürtel en público. "Espero que todo el mundo tenga claro que los intereses de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana están por encima de cualquier otro interés", señaló ante los periodistas. Y expresó su deseo de que el PP actúe: "Ustedes saben perfectamente que, al margen de discrepancias, deseo fervientemente que mi partido actúe como siempre ha hecho para que sus militantes puedan seguir sintiéndose orgullosos de contar con un partido como este". Para algunos su respuesta fue diplomática, otros lo interpretaron como un toque de atención. La mayoría coincide en que, en cualquier caso, Zaplana no quiso "hacer sangre".

Poco después volvía a ser noticia por unas declaraciones sobre la reforma de la ley del aborto. Zaplana afirmó que él apuesta por "una regulación de plazos lo más limitada y pequeña posible" que permita "el derecho de una mujer a poder abortar". 

Zaplana añadió que cuando su formación llegó al poder "no cambió" la Ley del Aborto porque "es normal" que un nuevo Ejecutivo "no se ponga a revisar" todo lo que hizo el anterior. Sus palabras sentaron mal en el núcleo duro del PP y también entre miembros del Grupo Popular.  

El ex ministro hablaba sobre ese asunto como tertuliano. Desde que arrancó el nuevo curso político, participa en algunos coloquios de Esradio con Luis Herrero. El pasado 7 de septiembre instalaba una máxima: "Yo lógicamente no voy en estos momentos a opinar sobre mi partido. Yo siempre diré que lo que hace me parece bien, en genérico, y no entraré en detalles". 

Y es que su resistencia a hablar se ha ido relajando con el tiempo. Además de mostrar abiertamente su postura sobre el aborto, también presumió hace unos días de que fue el primer presidente de una comunidad autónoma en regular las uniones de hecho.  

Y también se vuelve a hablar de Zaplana porque sus fieles están aprovechando la debilidad de Camps para volver a plantarle cara. El reducto zaplanista, liderado por José Joaquín Ripoll, trata de ganar peso territorial. El presidente de la Diputación de Alicante fue uno de los primeros en exigir "medidas" para afrontar el caso Gürtel y reclamar rapidez para quitar "las manzanas podridas" en el PP. 

En el partido en Valencia algunos creen que los zaplanistas quieren cobrarse su venganza. Aún recuerdan como en diciembre de 2008 los campistas presentaron una candidatura alternativa a la de Ripoll como presidente provincial. Al final éste ganó sólo por cinco votos. Por eso ahora creen que están "haciendo palmas con todo lo ocurrido".

 En el PP valenciano creen que lo único bueno que puede salir de toda esta historia es que las relaciones de Zaplana en la Comunidad se normalicen porque hasta ahora estaba "vetado" por Camps. "A lo mejor ahora los empresarios vuelven a invitarle a los actos", apuntan.  

(www.publico.es, 26/10/09)

Botella: “Si, yo creo que sí [la Gürtel se está convirtiendo en una pesadilla]”

“Mi hija y mi yerno están tranquilísimos. Estamos acostumbrados a las calumnias”, afirma Ana Botella, preguntada por la periodista Virginia Drake en el diario ABC en su edición de hoy. Botella se defiende así de las alusiones del sumario Gürtel respecto a miembros de su familia. Se trata de su propio esposo, el ex presidente del Gobierno, José María Aznar -quien según subraya Botella que también está “muy tranquilo”- y de Alejandro Agag.

La esposa de Aznar confirma su relación con Álvaro Pérez el Bigotes, aunque asegura que esa relación fue “muy pequeña”. Niega asimismo que se hubiera “enamorado de él en el buen sentido”, contradiciendo de este modo la declaración del número 1 de la trama, Francisco Correa. En todo caso, el Bigotes fue el principal colaborador logístico de Aznar durante su época de presidente.

La boda: volvería a ser igual
Era pues uno de sus hombres de confianza. Recuérdese que el introductor de Pérez en el ámbito Aznar-Botella fue Agag, siempre a tenor de lo que narra el sumario. Por otra parte, muchos indicios apuntan a que el Bigotes pudo ser el organizador o uno de los organizadores de la magna boda escurialense, de la que tan satisfecha se muestra en la entrevista Botella, a pesar de los numerosos invitados que ahora han sido imputados judicialmente. La madre de la entonces novia dice ahora que volvería a celebrar el matrimonio de su hija “de igual modo y en el mismo lugar”.

"Sí", una pesadilla
Afirma Botella afirma que ella y su familia están muy tranquilos. “Pero cuando se le pregunta si la trama se está convirtiendo en una pesadilla” –puntualiza la entrevistadora-, la mujer de Aznar contesta: “Pues sí, yo creo que sí”. En todo caso, Botella aprovecha una sentencia favorable respecto a una denuncia de Aznar cuando circulaba el rumor de que se habría separado de Botella por presuntas infidelidades conyugales de él, para advertir: “Quieren destruirnos”. Evidentemente no se refería Botella sólo al caso de la no probada infidelidad de su marido, sino al caso Gürtel, su pesadilla.

www.elplural.com 25.10.09

FISCALES Y ABOGADOS, ENFRENTADOS POR EL 'CASO GÜRTEL' 

La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera fiscal, expresó ayer su apoyo a las fiscales del caso Gürtel y lamentó que se ponga en tela de juicio su actuación en la persecución de graves delitos. La asociación respondió así al anuncio del Colegio de Abogados de Madrid de que presentará una querella contra el juez Baltasar Garzón y las fiscales del caso Gürtel por la intervención de las comunicaciones mantenidas en prisión entre Francisco Correa y los demás implicados en la trama corrupta con sus letrados. 

La Asociación de Fiscales lamentó que se ponga en tela de juicio "la actuación de las instituciones del Estado en la persecución de conductas presuntamente constitutivas de delitos graves, y en el intento de recuperar lo que, al parecer, pueden ser cantidades importantes de dinero defraudado a las administraciones públicas y, en definitiva, a todos los ciudadanos". 

Por su parte, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid calificó la intervención de las conversaciones de los imputados en la trama Gürtel como "intolerable para el derecho de defensa" y se quejó a los presidentes del Poder Judicial, de la Audiencia Nacional, del Tribunal Superior de Madrid y al fiscal del Estado. 

El Colegio autorizó la presentación de una querella contra el juez Baltasar Garzón y las fiscales del caso Gürtel por delitos de prevariación y quebrantamiento del secreto de las comunicaciones. Es la primera vez que el Colegio de Abogados se querella contra un juez y sólo se recuerda que ejerciera la acusación en el juicio por los asesinatos de los laboralistas de Atocha. En casos de asesinatos de abogados por ETA, como Fernando Múgica y Fernando Buesa, el decano del Colegio de Madrid, a la sazón Luis Martí Mingarro, representó a sus respectivos colegios. 

(www.elpais.com, 22/10/09)

LA POLICÍA DETALLA AL MENOS 15 COBROS EN 'NEGRO' DE ERASO 

El presunto comisionista Eduardo Eraso -acusado por la Policía de ser el enlace que colocaba en Suiza las comisiones irregulares cobradas por la red Gürtel- habría recibido de la trama dirigida por Francisco Correa al menos 15 entregas de dinero negro por sus servicios entre 2002 y 2005, según detalla el sumario, aunque podrían ser bastantes más. Por ese motivo está imputado por blanqueo de capitales y fraude fiscal. EL MUNDO localizó ayer a Eraso, que aseguró que las inculpaciones contra él que sostienen los informes policiales son falsas y que así lo acreditó cuando declaró ante el juez Baltasar Garzón el pasado 30 de marzo.  

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) argumenta en un informe fechado el 23 de marzo -una semana antes de la declaración del supuesto comisionista en la Audiencia Nacional- que «Eraso recibiría dinero directamente de las comisiones percibidas por la organización como consecuencia de la intermediación para la adjudicación de proyectos o servicios a empresas afines por parte de las distintas administraciones, que [Eraso] se encarga de remitir [los fondos] a las sociedades Rustfield o Windrate».  

Rustfield y Windrate son dos de las empresas que, según la Agencia Tributaria, formarían parte de las estructuras de blanqueo diseñadas por el experto financiero Luis de Miguel para desviar los fondos obtenidos de manera ilícita por Correa.  

Según la Policía, Eraso sacaba ese dinero de España a través del llamado sistema de compensación: buscaba personas con cuenta en Suiza que deseasen invertir en España y les entregaba en nuestro país los fondos en mano y en metálico, y esos inversores realizaban luego una transferencia a la cuenta que tenían abierta en Ginebra las sociedades de Correa. Por esa mediación, Eraso percibiría una comisión en metálico del 1,5%. EL MUNDO publicó ayer que, sólo en 2004, habría recibido 270.000 euros, lo que significaría que habría lavado hasta 18 millones de euros de la trama.  

La sociedad Rustfield, domiciliada en Londres, pertenece a su vez a la empresa Pacsa -acrónimo, según la Policía, de Paco Correa Sánchez-, cuya sede está en el paraíso fiscal de la Isla de Nieves. Pacsa recibiría el dinero en su cuenta de Suiza y lo transferiría a Rustfield, que a continuación suscribiría ampliaciones de capital de las firmas de Correa en España Inversiones Kintamani y Caroki -que sería el acrónimo de Carmen Rodríguez Quijano, la esposa de Don Vito-.  

El dinero, ya blanqueado por este sistema, se reinvertiría en propiedades en nuestro país: casas en Las Rozas de Madrid, Sanchinarro, Málaga, Marbella, Sotogrande y Tarifa, e incluso un yate.  

Una estructura calcada blanquearía el dinero a través de Windrate. La sociedad matriz sería, en este caso, Fountain Lake, domiciliada también en Nieves. Los fondos fluirían de manera opaca desde la cuenta de esa empresa en Suiza hasta Windrate, con sede en Londres, que a su vez suscribiría ampliaciones de capital de las firmas de Correa en España.  

Las 15 entregas de dinero detalladas en el sumario que habría recibido Eraso se reparten en una horquilla de tiempo que abarca desde abril de 2002, la primera, y septiembre de 2005, la última. Precisamente en ese mismo mes y fecha Francisco Correa dejó de trabajar con el experto financiero Luis de Miguel y comenzó a hacerlo con el ex vicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín.  

Todos esos apuntes se contienen en el pen drive que le fue intervenido al contable de Gürtel, José Luis Izquierdo, en el registro policial del piso que la trama tenía en la calle de Serrano de Madrid. El primero se refiere a la distribución de una supuesta comisión irregular de 537.340 euros que habría realizado en abril de 2002 el constructor Alfonso García Pozuelo, presidente de Hispánica, presuntamente beneficiado por adjudicaciones en municipios controlados por Correa.  

De ese dinero, se habría entregado un sobre con 120.200 euros a Eraso, y otro de 2.400 como comisión. La mayor entrega se produjo en marzo de 2004: 650.000 euros, de una supuesta comisión de 1.018.000 euros bajo la rúbrica «cobro sin referencias».  

La mayoría de los apuntes se presentan con el título «envío por Eduardo Eraso» en una cuenta denominada «Barclays Rustfield». 

(www.elmundo.es, 20/10/09)

EL BLANQUEADOR DE CORREA

 Entre 1995 y 1996 (año de la victoria de Aznar), Francisco Correa Sánchez montó una estructura empresarial en paraísos fiscales a través del despacho de Luis de Miguel Pérez y Asociados.

 El objetivo estaba muy claro: ser invisible a la Hacienda pública.  En el informe de la Agencia Tributaria (4 de febrero de 2009) que figura en el sumario, se dice textualmente: «Francisco Correa no ha presentado declaración de IRPF desde 1999, no ha percibido rendimientos de ningún tipo como pudieran ser rendimientos de trabajo, de capital, mobiliarios o inmobiliarios o de actividades económicas; tampoco se advierten alteraciones patrimoniales. No consta como socio o administrador de sociedades. Únicamente figura como autorizado de las cuentas bancarias de una sociedad, FCS, Formación Comunicación y Servicios, cuyas tres primeras siglas de su denominación corresponden a las primeras letras de su nombre y apellidos. FCS es una sociedad carente de actividad económica. El señor Correa es titular desde 1999 de un piso y una plaza de parking en la calle Húmera número 46 de Madrid».

 A la luz de este párrafo podemos afirmar que, efectivamente, Correa logró su objetivo: fue invisible a Hacienda durante 10 años.

 Pero en esos dos lustros logró amasar una fortuna que, según fuentes cercanas a la investigación, supera los 34 millones de euros.

 ¿Cómo funcionaba esa red exterior? Una serie de sociedades, fundamentalmente: Kintamani, Karoki (que se corresponde también con el nombre y apellidos de su segunda mujer, Carmen Rodríguez Quijano), Osiris y Hator, radicadas en el extranjero, invertían en España en el capital de las empresas que constituyen la red de Correa. Éstas se dedicaban a organizar actos y viajes para el PP, como Special Events, Orange Market, Good and Better, Pasadena Viajes, etcétera. Además de ser las nutridoras de capital de las empresas que sí tenían actividad, dichas sociedades patrimoniales invertían en España, en Miami o Colombia en inmuebles y en objetos de lujo, como yates.

La técnica consistía en colocar unas sociedades detrás de otras para ocultar a su verdadero propietario. Osiris, por ejemplo, estaba participada mayoritariamente por la holandesa Clandon, que, a su vez, estaba participada por Lubag NV, domiciliada en Antillas Holandesas.

De esta forma, Correa no aparecía nunca como accionista de sus empresas.

 La red exterior también nutría de fondos a otras sociedades (como Golden Chain, Almenara o Chalmi) que tienen cuentas en bancos suizos. Al margen del despacho de abogados español, el arquitecto de la trama es Arturo Fasana (conocido por Correa y su gente como Fafa). Fasana es un conocido gestor que, a través de Rhone Gestion, mueve fondos por un total de 2.500 millones de euros, procedentes de cuentas en Ginebra del banco Credit Suisse.

 A partir de 2003, según relata el informe de la Agencia Tributaria, aparece una nueva sociedad con domicilio en Gran Bretaña: Rustfield Trading. A partir de esa fecha, otra empresa fantasma, domiciliada en Nevis (islas del Caribe) y llamada Pacsa -de nuevo a Correa le pierde el ego, ya que su denominación se corresponde con su nombre y apellidos, Francisco (Paco) Correa Sánchez-, se convierte en la cabecera de toda la red exterior oculta a Hacienda.

 Detengámonos un momento en el dinero que movían estas sociedades en el extranjero. Según fuentes de toda solvencia, Kintamani tiene un patrimonio superior a 10 millones de euros (constituido por inmuebles en Las Rozas, Sanchinarro, Málaga, Marbella, Sotogrande y Tarifa). Dichos inmuebles estaban, en su mayoría, alquilados.

Karoki tiene un patrimonio de unos 4,5 millones de euros, constituido por una embarcación y una vivienda en Sotogrande.

 Osiris posee un patrimonio similar, de unos cinco millones de euros, constituido por viviendas en Ibiza, Sotogrande y la embarcación Montecristo (a nombre de la sociedad gibraltareña Blue Horizon).

 Hilgart Investment es, a su vez, propietaria de cuatro condominios en Miami, valorados en unos tres millones de dólares.

 Hator es una pequeña sociedad, con un capital social de 100.000 euros, cuyos activos los constituyen acciones de Orange Market e Easy Concept.

 Además, Correa es propietario de un apartamento en Cartagena de Indias, valorado en 500.000 dólares, y dispone de diversas cuentas en bancos domiciliados en Ginebra: dos en Merrill Lynch (de las sociedades Chami y Almenara) y otras dos en Credit Suisse. En dichas cuentas, Correa tiene unos 12 millones de euros.

 Todo ese dinero procedía, según los informes de la Udef, de las comisiones que cobraba Correa en la recalificación de terrenos (sobre todo de los municipios cercanos a Madrid), y, por otro lado, del dinero negro que pagaban los empresarios para financiar los actos del PP, que se ingresaba directamente en la caja B localizada en la contabilidad secreta de sus empresas, gestionadas desde un piso de la calle de Serrano.  

Así pues, el dinero negro obtenido de forma ilegal salía de España, recalaba en sociedades domiciliadas en paraísos fiscales y volvía en gran parte a España blanqueado a través de inversiones inmobiliarias.

¿Cómo se sacaba el dinero de España?

Se hacía por el sistema de compensación. Alguien quiere invertir en España desde Suiza. Correa le facilita el dinero en metálico en España y el inversor, desde su cuenta en Suiza, le transfiere la misma cantidad a Correa en otra cuenta en Suiza.

¿Quién era el encargado de hacer la compensación? Según la Policía, Eduardo Eraso Campuzano, imputado en la causa por blanqueo de dinero.  

Eraso cobraba el 1,5% del dinero que compensaba y que ingresaba en las cuentas de Rustfield, manantial de Pacsa y, por tanto, de toda la red exterior de Correa.  

Eraso hizo ese trabajo, al menos, desde 2002. En una anotación de la contabilidad B, con fecha 6 de septiembre de 2004, puede leerse: «270.000 euros entregar a E. Eraso». En 2005 también aparece: «Entregas a E. Eraso 30.000 euros», con la especificación: «Para transferencia a Rustfield».  

Eraso pudo, según la Udef, haber transferido al extranjero de forma ilegal decenas de millones de euros en pocos años. Sólo en 2004, habría sacado de España 18 millones de euros. No está nada mal. 

(www.elmundo.es, 19/10/09)

TODAS LAS CLAVES DE LA CAJA NÚMERO 52 

Las investigaciones policiales y judiciales comienzan a desenredar la madeja económica montada por Correa y a contabilizar el dinero que movieron los hombres de don Vito. La caja de seguridad número 52 que tenía Pablo Crespo, socio de Francisco Correa, en Caja Madrid y en la que figuraba una serie de nombres en clave como Chiquitín, Cial, Gibr, Ibiza, Benj y Venere, empieza a arrojar luz: sobornos a políticos, barcos, residencias de lujo y millones de euros, dólares y francos suizos en el extranjero gestionados por dos testaferros.  

Entre esos alias o nombres en clave figuran, según las investigaciones de los agentes de la Udef, políticos del PP, operaciones inmobiliarias y la adquisición de un barco en Italia por parte de Correa. La mayoría de esas operaciones fueron gestionadas por los testaferros del grupo en el exterior, el suizo Arturo Fasana y el norteamericano Randall Lew.  

EL MUNDO publicó el pasado lunes que con las notas y apuntes encontrados en esa caja 52 la Agencia Tributaria pudo determinar el sistema que utilizaba la organización de Correa: «Una serie de sociedades constituidas en el Reino Unido y Holanda, que a su vez estaban participadas por entidades domiciliadas en las Islas del Canal y en Las Antillas Holandesas […], que se han utilizado como vehículo de entrada de fondos de las sociedades patrimoniales ubicadas en España»,  

En esa caja 52 también había dos apuntes contables del Credit Suisse de Ginebra por un «valor liquidativo» de 15.421.767 euros y 6.745.872 francos suizos.  

Pero las gestiones económicas realizadas por Arturo Fasana (Fafa) y Randall Lew (Ran) para Correa y sus amigos fueron más y mucho más cuantiosas. Los policías de la Udef están convencidos de que la anotación Benj. que aparece en la caja 52 corresponde al diputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco. Se da la circunstancia de que este dirigente del PP, que recientemente ha sido apartado del Grupo Popular, tiene un ingreso en sus cuentas personales en julio de 2005 de 150.000 euros; la misma cantidad y fecha que aparece en los apuntes que Crespo tenía en su caja de seguridad. La gestión de esos 150.000 euros fue realizada, según los apuntes contables, por Arturo Fasana, Fafa.  

El siguiente apunte que figura en la misteriosa caja corresponde a la palabra Venere y está acompañado de una cantidad de 255.000 dólares. Se ha podido averiguar que esa cifra y ese nombre en clave corresponden al modelo de un barco de la marca Riva que Correa adquirió en Italia y al que le puso bandera inglesa para no pagar el correspondiente IVA.  

El barco es un Riva modelo Venere 75, de 22 metros de eslora, con un precio de tres millones de euros. Correa puso a la venta el Venere 75, y los 255.000 dólares corresponden a uno de los pagos que efectuó el nuevo propietario, Javier T.  

Las anotaciones Gibr. e Ibiza, con cantidades de 491.803 y 450.000 dólares, corresponden a una serie de desembolsos que realiza Correa desde sus cuentas y sociedades en el extranjero para la compra de propiedades en Sotogrande y en Ibiza.  

Los movimientos económicos que figuran junto a la anotación Gibr. se llevaron a cabo a través de la gestión de Ran, el testaferro norteamericano, y el de Ibiza por medio del suizo Fafa.  

En los informes y estudios de Hacienda también figura que Correa tiene varias propiedades en Sotogrande y dos amarres en su puerto deportivo. Con respecto al patrimonio de don Vito en Ibiza, los inspectores de Hacienda reflejan la «compra de un inmueble en Punta Grosa, cala San Vicente (Ibiza)».  

Los movimientos de Correa a través de Gibraltar se hacen con la gestión de Fafa y por medio de las sociedades Kintamani y Caroki. Los agentes de la Udef llegaron a localizar diversos movimientos desde Gibraltar a España por valor de 700.000 y 135.000 euros.  

Sobre las anotaciones Chiquitín y Cial que aparecían en la caja número 52 de Crespo, los agentes de la Udef y de Hacienda continúan con serias dudas. Fuentes cercanas a Correa han indicado a EL MUNDO que la anotación Chiquitín: 12.000.000, puede corresponder a fechas anteriores a la formación del Grupo Correa, y que Radin sería un gestor que Correa utilizó en su primera etapa, entre 1996 y 2000. Por lo que respecta a la anotación Cial y a la cantidad 405.256 dólares, los agentes de la Udef consultados por este periódico se inclinan por señalar que puede ser el diminutivo de Comercial y referirse a algunas de las últimas operaciones realizadas por Correa.  

Fuentes próximas al entramado del grupo también han señalado a este diario que «a Correa le entró la fiebre de comprar e invertir en el extranjero después de que el PP perdiera las elecciones de marzo de 2004». A esos años y actividad puede corresponder la anotación Amp Capital…1.825.265…Fafa, que también figura en la contabilidad y notas de la caja número 52. Antes de la detención de Correa (6 de febrero de 2009), los hombres de don Vito estaban llevando a cabo inversiones en Senegal y Uruguay.

 (www.elmundo.es, 19/10/09)

La fiscalía pide la libertad bajo fianza para Antoine Sánchez

El primo de Correa, imputado por un delito de blanqueo y varios de falsedad, es uno de los tres dirigentes de la trama Gürtel encarcelados

La fiscalía ha pedido libertad bajo fianza para Antoine Sánchez, uno de los tres encarcelados por la trama corrupta -junto al cabecilla, Francisco Correa, y su lugarteniente, Pablo Crespo-. Antoine Sánchez, primo de Correa, estuvo empleado en varias de sus empresas y está imputado por un delito de blanqueo y varios de falsedad.

a petición de la Fiscalía fue formulada la semana pasada al instructor encargado del caso, Antonio Pedreira, que deberá tomar una decisión en los próximos días, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Anticorrupción considera que Sánchez no estaba tan implicado en el entramado empresarial de la red como los otros dos encarcelados y no se le acusa de los mismos delitos.

600.000 euros de fianza

La fiscalía pide una fianza de 600.000 euros para el número tres de la red corrupta por la falta de arraigo, dado que es de Senegal. El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, ha precisado que la petición de libertad se basa en las circunstancias que rodean la actuación de Sánchez dentro de la trama, el tiempo que ha transcurrido en la prisión y los delitos que se le imputan.

Desde que el pasado mes de febrero fue detenido, Sánchez permanece en la prisión de Soto del Real (Madrid). Fue administrador de la constructora Catalunya Nord Recor y de Inversiones Kintamani. Si se decreta su puesta en libertad, de la trama Gürtel sólo quedarían en la cárcel el propio Correa y el ex secretario general del PP en Galicia Pablo Crespo.

De acuerdo con los informes policiales incluidos en la parte del sumario sobre la que se ha levantado el sumario, Sánchez era uno de los testaferros de la organización y está considerado como pieza clave en la estrategia de desvinculación de Correa de las sociedades que gestionaba.

Según algunos reclusos de la prisión de Soto del Real, la relación entre los tres detenidos de la trama es bastante difícil. Antoine se siente traicionado por Correa y habla continuamente mal de Pablo Crespo, de acuerdo con el testimonio de los presos.

El Supremo prorroga otro mes el secreto del sumario

El Tribunal Supremo ha prorrogado un mes más el secreto de las actuaciones en el caso Gürtel, por lo que las partes personadas, a excepción de la Fiscalía, seguirán sin tener acceso de momento a las mismas. El magistrado instructor del caso, Francisco Monterde, lo ha comunicado hoy en un auto, después de que el pasado 17 de agosto ya prorrogara el secreto hasta el 17 de septiembre, día en el que lo volvió a extender un mes.

Monterde alega en su auto que subsisten las razones que motivaron mantener el secreto en la primera ocasión. Entre ellas, el juez señala las necesidades de la instrucción, la naturaleza de los delitos perseguidos y el carácter de las diligencias urgentes de prueba que se están practicando. A ello se une la situación en que se encuentra el procedimiento seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), "actuaciones declaradas secretas".

El Supremo acordó el pasado mes de junio asumir la investigación de este caso sólo en lo que se refiere a los posibles delitos cometidos por el senador del PP Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino y devolver el resto de la causa al magistrado del TSJM Antonio Pedreira.

La ramificación del caso Gürtel que se investiga en el TSJM cuenta con 71 imputados, entre ellos la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, según el auto de Pedreira en el que el pasado 29 de septiembre acordó levantar parcialmente el secreto de la causa.

www.elpais.es 19.10.09

ENTREVISTA: LA INVESTIGACIÓN DEL 'CASO GÜRTEL'. "CORREA ERA EL SÉPTIMO HOMBRE CON MÁS PODER EN EL PP". JOSÉ LUIS PEÑAS, EX CONCEJAL DEL PP QUE DENUNCIÓ EL 'CASO GÜRTEL'  

El autor de la denuncia que ha levantado el maremoto judicial contra Administraciones del PP asegura que tuvo que elegir entre "mirar para otro lado" o acumular grabaciones contra la trama corrupta durante dos años 

José Luis Peñas, de 41 años, con su acreditación de ordenanza al cuello, parece un funcionario más del Ayuntamiento de Madrid. Su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en 2007, acompañada de dos años de grabaciones a la trama de Francisco Correa, ha destapado el llamado caso Gürtel y ha puesto contra las cuerdas al PP -del que dice ser militante al coriente de pago- en Madrid, Valencia y su aparato central, por ahora. Peñas, que cobra 1.500 euros, ha puesto en jaque a presuntos blanqueadores de dinero, conseguidores y empresarios corruptos. "¿Cuánto habrían pagado por mis cintas?", fantasea ahora. Él también está imputado en el caso por cobrar de Correa, pero asegura que lo destinó al partido que fundó en Majadahonda (Madrid) como alternativa al PP local. 

Pregunta. El PP le acusa de manipular la venta de unas parcelas en 2004 en Majadahonda, cuando era concejal, con Guillermo Ortega de alcalde. 

Respuesta. Las acusaciones de que quise vender unas parcelas municipales a bajo precio a unos empresarios determinados son absolutamente falsas. La ley me impedía adjudicar directamente. Además, todo el expediente de venta de esas parcelas lo informó, valoró y autorizó el mismísimo vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Todo el PP de Majadahonda votó a favor de los pliegos, de las valoraciones, del expediente completo, que luego avaló la Comunidad de Madrid. Hubo una investigación en Anticorrupción para aclarar la venta en la que declararon Esperanza Aguirre [presidenta de Madrid], Ricardo Romero de Tejada [ex secretario general del PP de Madrid] y Narciso de Foxá [actual alcalde]. Y nadie me acusó de nada. 

P. Esa venta originó una guerra civil en el PP y la intervención de Aguirre contra Guillermo Ortega. Usted y otro concejal se fueron del grupo. 

R. No me fui. Me echaron del grupo municipal del PP. ¿Qué guerra había? Yo la sé, pero a día de hoy no la puedo revelar porque hay una parte del sumario que sigue secreta. Pero el tema que había ahí era lo de siempre: captar dinero y repartirlo. 

P. ¿Ya operaba con Correa? 

R. Yo con Correa tenía entonces una relación transversal por su mujer, Carmen Rodríguez, que era jefa de gabinete del alcalde. Y con ella trabajaba 12 o 14 horas al día. Era íntimo de ella. 

P. ¿Cómo llegó hasta Correa? 

R. Me lo presentó el alcalde, Guillermo Ortega. Lo conocíamos en el PP todo el mundo, no sólo en Madrid. Era el que hacía todos los actos del presidente José María Aznar, el que iba con Aznar. Era el séptimo hombre del PP con mayor poder. No hay más que verlo en las fotos de la boda. Y en la despedida de novios. Cuando nos expulsan del grupo municipal, Carmen Rodríguez, a través de su marido, Francisco Correa, nos intenta echar una mano y es ahí cuando veo su tinglado. Me doy cuenta de la trama en septiembre de 2005. Y decido que o miro para otro lado, como ha hecho Mariano Rajoy, o debo seguir ahí y dedicar dos años de mi vida a obtener pruebas. Porque no quiero quedarme otra vez como con las parcelas, sin pruebas, y que encima me echen las culpas. 

P. Y arranca su labor de topo. 

R. Al principio no me atrevo. Estoy indeciso. Pero cuando ya oigo un cabreo de miembros de la trama, que exigen cobrar dinero, al día siguiente empiezo a grabar. Es diciembre de 2005. 

P. ¿Qué le evidenció que estaba ante una red de corrupción? 

R. Yo ya lo tenía claro. Había visto un fotograma de un vídeo. Decía mucho: era una mesa llena de dinero con políticos alrededor. Podía parecer una timba, pero no era eso. Me dio tanto miedo que casi lo olvidé. Pero luego oí una conversación de un miembro destacado del PP de Madrid, imputado ahora en la causa, que exigía dinero a Correa por no hablar de una operación en Arganda del Rey. Vi por dónde iban los tiros y que, posiblemente, lo que pasó en Majadahonda fue algo parecido. 

P. Cuando Correa le financió su partido, ya sabía usted que le estaba apoyando un corrupto. ¿Declaró ese dinero a Hacienda y al Tribunal de Cuentas? 

R. Mi partido lo declaraba todo a Hacienda. El dinero se metía en las cuentas del partido y era para financiar la pequeña estructura. Pero entre septiembre y diciembre de 2005 yo veo que no es una red de colegueo, que es una red para conseguir mucho dinero. Si yo hubiera querido estar en la trama, habría estado en el entramado internacional, habría formado parte de alguna de las empresas como administrador o socio, pero no he estado nunca en nada de eso. Correa no daba nunca nada gratis. Creyó que, teniéndonos controlados, podía hacer alguna presión en Majadahonda o en pueblos vecinos. A mí Correa no me pidió nada al principio. Luego, sí. Que había que presionar a ciertas personas en varios municipios para que no hicieran o denunciaran determinadas cosas. 

P. ¿Le obedeció? 

R. En ningún momento. 

P. Usted ha acabado imputado por la denuncia que presentó. ¿Por qué no negoció usted la condición de arrepentido? 

R. En primer lugar, no soy ningún arrepentido, ni ningún chivato. Simplemente soy una persona que toma una decisión en su vida y va para adelante con ella. ¿Y por qué estoy imputado? Porque en el famoso pen drive de la contabilidad secreta hay entregas de dinero a mi nombre y las fiscales han creído oportuno que todo el que apareciera por haber recibido una cantidad esté imputado. Hay cantidades que reconozco que recogí, las de mi partido, y otras que niego haber aceptado. 

P. Correa se quejó de que el PP de Madrid le debía dinero por actos que realizó y no cobró. Lo denunció en los tribunales y luego hubo un acuerdo. ¿Cómo se pagó esa deuda? 

R. Para ese juicio fuimos llamados a declarar Juan José Moreno [otro edil del PP de Majadahonda que ratificó la denuncia de Peñas] y yo como testigos y es en ese momento cuando la ejecutiva regional decide negociar. Y negocia Pablo Crespo con el secretario del Consejo de Gobierno de Aguirre, cosa que me resulta extraña. Luego me dijeron que era miembro del comité. No tengo constancia de cómo se pagó. Pero sé que se pagó. Crespo me comentó cómo hacían facturar, en lugar del PP, a la Comunidad de Madrid. Hacían un acto del PP y la factura en vez de ir al PP iba a la Comunidad, y como ahí estaba Alberto López Viejo, pues no había ningún problema. 

P. ¿Pudo montar López Viejo 358 contratos desde diversas consejerías sin consentimiento o conocimiento de Aguirre? 

R. No entiendo que el consejero de Deportes fuera haciendo los actos de todas las consejerías. O los consejeros eran unos ineptos y no merecen ser consejeros o había una orden de que quien hacía todos los actos era López Viejo. Más que nada porque se le contrató para eso. Aguirre fichó a López Viejo y a Alfonso Bosch [ambos imputados], las dos personas que durante muchos años habían montado los actos de Aznar. Ella lo que quiere, por ejemplo, es para mañana un acto en el Metro para inaugurarlo. Y para eso tiene a fontaneros como López Viejo. Y, al final, de la tarta se llevan un trozo importante. Desde que ha salido la Gürtel, ¿cuántos actos públicos ha hecho Aguirre, que antes nos tenía acostumbrados a uno por la mañana y otro por la tarde? Hacía dos actos al día. Lleva unos meses que sale de vez en cuando. ¿Por qué? Porque no hay nadie ahora que haga lo que hacía López Viejo. 

P. ¿Quiénes son los responsables en el PP del nacimiento de esta trama de corrupción? 

R. Rajoy es el más culpable. Me parece un poco candoroso que diga que en 2004 Luis Bárcenas [ex tesorero nacional del PP, imputado] le dijo que estos muchachos estaban pidiendo contratos en nombre del PP y que él lo único que hizo fue expulsarles de Génova. ¿Por qué no fue a un juzgado? Y Aguirre es la segunda responsable de Gürtel y la principal en Madrid. Y Camps no ha podido demostrar que se pagó los trajes. Y es evidente que Ricardo Costa ha seguido siempre las indicaciones de sus superiores. La trama estaba antes de que llegara él. Y Aznar... Un día me dijo Correa: 'El presidente me ha llamado porque se va a ir y quiere que contrate a Antonio Cámara', que era su edecán. Los responsables políticos son todos ellos y espero que a algunos las investigaciones puedan atribuirles responsabilidades de otro tipo.  

P. ¿Prevé un final en el que usted sea condenado por cohecho y Camps y otros beneficiarios del PP sean absueltos? 

R. Ja, ja. Cosas peores se han visto. Espero que no. No le deseo mal a nadie, ni una condena, pero los hechos son muy tozudos. El PP se queja de que se hable de la Gürtel y no de la crisis económica, que claro que es muy grave. Pero asegurar que esto no fue grave es decir que no tiene importancia la democracia. Mucha gente cree que no le afecta el delito económico. Pero el delito económico nos afecta a todos. Te puedes caer y morir un día porque no hay una ambulancia cerca y, a lo mejor, con el dinero que se llevó determinado alcalde por la adjudicación de una parcela podíamos haber tenido una ambulancia al lado. O vas un día a un hospital y necesitas un riñón y no se puede porque no hay dinero en ese hospital... No pensemos eso de que todos haríamos lo mismo si estuviéramos ahí. El delito económico nos puede suponer cosas muy graves. Y aquí parece que mientras roben los míos... bueno.

"Gano 1.500 euros netos al mes"

José Luis Peñas milita en el PP desde 1999. Fue edil en Parla y Majadahonda, donde, tras enfrentarse en 2005 con Esperanza Aguirre por la venta de unas parcelas públicas, fue expulsado del grupo municipal, pero no del partido. Hoy, con su carné de abogado y un máster en Gestión de Recursos Humanos y Organización en el bolsillo, trabaja de ordenanza municipal. 

Pregunta. ¿Cuánto cobra como ordenanza? 

Respuesta. Gano 1.500 euros netos al mes. 

P. ¿Cuánto le habrían pagado sus víctimas por silenciar sus dos años de grabaciones? 

R. ¿Cuánto podría haber pedido? Bueno, teniendo en cuenta que hay empresas que facturaban más de 1.500 millones al año, teniendo en cuenta que solamente Correa tiene dinero en fincas, casas, coches... por más de 40 millones, que estamos hablando de 71 imputados... si a cada uno le ponemos una media de 10 millones, 700 millones de euros. Con que hubiera pedido un pellizquito, pues eche la cuenta. Para que hubieran vivido varias generaciones de Peñas fenomenal, pero no quise. Fue una decisión. Me puede creer la gente o no. Pero lo que digo es: crean a su policía, crean a sus jueces, a sus fiscales. ¿Cómo no vamos a creer en nuestro sistema? 

(www.elpais.com, 19/10/09)

La trama saqueó millones de las arcas públicas

El dinero, como la energía, no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. La misma ley que rige la termodinámica explica también el flujo de gasto que lucró los bolsillos de la trama Gürtel transformando en fondos opacos, elementos de ostentación y sobornos dinero de origen público que no fue creado de la nada, sino que nació del esfuerzo fiscal que obliga a todos.

Los impuestos alimentaron al Partido Popular y a las administraciones públicas que favorecieron que esos tributos, destinados a mejor fin, duerman ahora en paraísos fiscales o desmejoren atracados en un puerto deportivo una vez convertidos es sólo un ejemplo en yates de lujo.

¿Qué recorrido hace el dinero desde que nace del bolsillo de un contribuyente hasta que muere en los de, al menos, los 19 políticos que, según la investigación, se lucraron con los sobornos de la trama?

01. Impuestos. Hacienda somos todos

El punto de partida es siempre el mismo: la Hacienda pública. Los ingresos de un solo año dan cuenta de la magnitud de las cifras. El Estado prevé recaudar en 2009 un total de 160.753 millones de euros a través de la recaudación de impuestos. A partir de esa gran bolsa común de tributos aportados por todos, el dinero comienza su viaje hacia la red corrupta hasta desembocar en el bolsillo de los sobornados al tiempo que engorda las arcas de la trama.

Desde esta estación inicial, el dinero público sigue dos trayectos. El primero es la subvención que recibe directamente el PP de la cantidad que los Presupuestos Generales del Estado consignan para el funcionamiento del partido conservador fondos que también reciben el resto de formaciones. La segunda ruta es el trasvase que Hacienda realiza a las administraciones territoriales: la previsión es de 60.119 millones de euros este año. Con esta cantidad se alimentan las finanzas públicas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos que, a su vez, tienen capacidad para recaudar impuestos.

02. Las cuentas del PP. El dinero público alimenta al partido

"Los partidos políticos se nutren, además de la financiación privada, de tres tipos de financiación pública: electoral, que puede ser directa o indirecta esto es, en función de los votos y escaños obtenidos o con espacios en medios de comunicación públicos; parlamentaria y ordinaria", explica María Holgado, titular de Derecho Constitucional de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y autora del último texto de referencia publicado sobre la materia: La financiación de los partidos políticos en España (Ed. Tirant Lo Blanch, 2003).

El 90% de la financiación del PP procede de fondos

"Los partidos políticos viven en un 90% de fondos públicos, porque la ley establece que las aportaciones privadas sólo pueden llegar al 10%", completa Holgado. Esta financiación tan mayoritariamente pública tiene una doble justificación: "Garantiza la necesaria subsistencia de los partidos y asegura independencia frente a grupos económicos que podrían exigir contraprestaciones a cambio de beneficiar económicamente a una formación".

Esas aportaciones públicas nunca se expresan en pequeñas cantidades. Las cuentas públicas asignan en 2009 más de 34 millones de euros al PP. Además, el Estado aporta otros 1,7 millones al partido para sus gastos de seguridad. Pero la cifra crece si se tienen en cuenta también las partidas que financian los grupos parlamentarios del PP en el Congreso y el Senado que suman más de 3,7 millones de euros,los parlamentos regionales más tocados por el caso Gürtel, Madrid y Comunidad Valenciana otros 3,7 millones, y los ayuntamientos madrileños donde se ubica el epicentro de la red corrupta: Boadilla, Pozuelo, Majadahonda y Arganda, con asignaciones que rondan los 40.000 euros cada uno.

En total, estas ayudas suman casi ocho millones de euros que, añadidas a la subvención ordinaria aportada por los Presupuestos, eleva la cifra a casi 44 millones sólo en un año y únicamente en los territorios contaminados por la trama. Teniendo en cuenta que la red liderada por Francisco Correa, alias Don Vito, comenzó a operar hace al menos 13 años en 1996, la cantidad de dinero público en manos del partido que lucró a la trama se multiplica hasta alcanzar una dimensión inabarcable.

03. Negocios con el PP. Don Vito, el maestro de ceremonias del PP

El entramado empresarial ligado al caso Gürtel organizó los actos públicos del PP nacional entre 1996 y el año 2004, bajo la presidencia de José María Aznar. Sólo entre los años 2000 y 2007, diferentes firmas del grupo admitieron haber facturado casi 18 millones de euros al PP. La red ha seguido trabajando para los conservadores ya con Rajoy al frente del partido hasta este mismo año.

El PP recibe casi 44 millones en 2009 sólo en los territorios a los que llegó la red

El mismo dinero de raíz pública que pagó estas facturas de Correa se ramifica por toda la estructura territorial del PP y sostiene su organización en todas las comunidades, incluidas Madrid, Valencia y Galicia, donde hay fundadas sospechas de financiación irregular, según los datos que figuran en el sumario del caso.

El número dos de Correa, Pablo Crespo, admite estas irregularidades en Galicia, donde fue secretario de Organización del PP, y lo revela así en conversaciones grabadas por la Policía. Los investigadores sostienen que la trama también financió ilegalmente al PP valenciano y, en Madrid, el partido de Esperanza Aguirre pagó a la red corrupta de Correa con dinero recaudado a destacados empresarios, encabezados por el líder de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, a través de la fundación Fundescam, según desveló Público en mayo.

04. Modus operandi. Contratos públicos con un fin muy privado

Dinero de naturaleza pública sostiene también a las comunidades y ayuntamientos del PP que favorecieron a la trama con centenares de contratos hasta hacer rebosar su caja. La trama se lucraba con tres actividades fundamentales: organización de eventos, adjudicación de servicios públicos y mediación para conseguir de contratos a cambio de sobornos. Sus fondos le permitían, además, diversificar inversiones y jugar a la especulación urbanística en territorios controlados por políticos conservadores con la voluntad comprada.

Las administraciones que operaron con la trama también viven de los tributos

Es en este punto cuando estos fondos nacidos de los impuestos dejan de ser abstractos y se convierten en apuntes contables para la trama desde las administraciones regionales y locales que trabajaron con la red Gürtel. La mancha de Correa contamina especialmente a Madrid y a la Comunidad Valenciana. Todas las consejerías del Gobierno que preside Esperanza Aguirre adjudicaron contratos públicos, casi siempre a dedo, a las empresas de la red corrupta desarticulada por la Audiencia Nacional.

Los contratos adjudicados en esta comunidad son en total 342, por un importe que supera los tres millones de euros. En la Comunidad Valenciana, son al menos 45 las concesiones públicas, con una cuantía de ocho millones. La red extendió sus prácticas también a Castilla y León. Según consta en el sumario levantado parcialmente el pasado 6 de octubre, varios políticos se repartieron 73.655 euros de la comisión que la trama exigió a una constructora a cambio de adjudicar una obra pública en León, gracias a su relación de privilegio con el PP.

05. Los ayuntamientos. El gran negocio de los pequeños municipios

Al menos cuatro ayuntamientos de Madrid gobernados por el PP cebaron las arcas de la trama Gürtel con adjudicaciones basadas en sobornos. Son Boadilla, Pozuelo y Majadahonda, en el adinerado noroeste de Madrid, y Arganda, al sur de la comunidad. Los cuatro municipios han vivido con especial voracidad la expansión urbanística acelerada que precedió a la crisis. Al calor de esos negocios inmobiliarios creció también la red corrupta.

La cuantía total de sus operaciones en este capítulo es aún una incógnita, pero las primeras cifras son multimillonarias. En Arganda, por ejemplo, el Grupo Municipal Socialista las cifra en más de 50 millones de euros. Los pelotazos inmobiliarios son también multimillonarios en la adjudicación de suelo público. En Boadilla, por este concepto, la red embolsó al menos otros 50 millones y en Pozuelo la cifra supera los 20.

En estos casos, los responsables municipales no consideraban la mejor oferta para su localidad, sino la que más favorecía a la trama. Los presupuestos municipales dinero público eran así malbaratados para favorecer intereses privados. En no pocos casos, el presupuesto final abonado por el ayuntamiento duplicó el proyectado inicialmente. El beneficiado era, claro, el entramado de Correa y el político local que apadrinaba su red a cambio de sobornos en metálico o en especie. Dinero y coches de lujo eran la dádiva estrella que conquistó la voluntad de algunos cargos públicos del PP que aparecen imputados en la trama.

06. Dinero evaporado. Hacienda éramos todos, menos Correa

Gracias al favor de estas administraciones regionales y municipales gobernadas por el PP, los principales cabecillas de la trama Gürtel amasaron una fortuna ingente transformando fondos de naturaleza pública en beneficio estrictamente privado a través de un magma empresarial compuesto por una treintena de sociedades. Buena parte de ese dinero se encuentra por ahora evaporado en una decena de paraísos fiscales, donde la Justicia sigue la pista de, al menos, 40 millones de euros.

El patrimonio estimado de Correa se eleva a 50 millones. El de su número dos asciende a 12 millones. Ambos acumulan un enorme patrimonio inmobiliario a nombre de sus sociedades. Hacienda, sin embargo, no existió para Correa: "No ha presentado declaración del IRPF desde 1999", señala un informe de la Agencia Tributaria. La cantidad defraudada sólo entre 2003 y 2007 supera los 5,1 millones de euros.

El dinero público acabó en manos de una trama jalonada de todo tipo de fetiches ostentosos: mansiones, yates y un parque móvil tan abultado como reñido con la discreción: 49 vehículos de alta gama valorados en 1,3 millones de euros.

07. Los sobornos. Una relación de favor a cambio de 6,4 millones

Es el final de viaje. El dinero de todos creció en el bolsillo de unos pocos. Al menos 19 cargos del PP cobraron 6,4 millones de euros de la red dirigida por Don Vito, según los informes remitidos al juez Garzón por la Policía y las anotaciones contables de la trama. Luis Bárcenas, ex tesorero del PP y senador por Cantabria, fue el más beneficiado, con más de 1,3 millones de euros. El origen de esta cantidad es tan público como pública es la responsabilidad de la que se valieron los sobornados para transformar este dinero en beneficio únicamente privado.

www.publico.es 18.10.09

CÓMO EL BOTONES CORREA LLEGÓ A SER DON VITO 

Francisco Correa Sánchez es ahora un apestado. No tiene amigos. Fuera de la cárcel nadie se atreve a reconocer que tuvo relación con él, que le trató con asiduidad, y mucho menos que le acompañó en algunas de esas fiestas que tan bien organizaba. Claro está, nadie disfrutó de los servicios de la mujer que le acompañaba con frecuencia, una belleza eslava cuyo disfrute él ofrecía generosamente. Para ser un hombre que agasajó con regalos y atenciones a tanta gente, sus pasos no han dejado huella, fuera de un voluminoso sumario judicial. Nadie quiere hablar de Don Vito, como parece gustarle que le llamen. Dado el apodo, tampoco es de extrañar la ley del silencio a su alrededor. 

Del hombre de quien más se ha escrito en el último medio año, el que ha hecho temblar los cimientos del PP, todavía amenazados por la persistencia de actividad sísmica a corto plazo, predomina una sola imagen fotográfica. Es la foto de su presencia en la boda de Alejandro Agag y la hija de Aznar, como si Correa no hubiera hecho otra cosa en la vida que asistir a ese enlace. La misma escasez de imágenes suyas es toda una evidencia: quien tenga una foto suya, no la muestra en público. No se atreve. 

No tiene amigos. Ni conocidos. Nadie alza la voz en su defensa. Incluso su actual mujer alegó ante el juez que apenas tenían relación en los últimos tiempos. Si acaso, hablaría en su favor su fiel acompañante, Andrés Bernabé Nieto, su chófer, el hombre que todavía se ocupa de algunos menesteres fuera de la cárcel. Andrés vigila que nadie moleste a sus ancianos padres y a su hermano mayor, aquejado de una parálisis cerebral. Su padre (José Francisco, 98 años, zapatero en su juventud; de él hay una referencia en la prensa de 1933 por pegar unos pasquines en su pueblo alentando a la revolución comunista) vive en una residencia y su madre (Concepción, 91 años) es la única persona que llora por su hijo Paquito, a quien todavía no han permitido visitar en la cárcel. Concepción desconocía sus actividades, salvo que las cosas le estaban marchando muy bien en los últimos años: los padres se habían mudado de un modesto piso en el barrio de Carabanchel a un lujoso inmueble relativamente próximo a la antigua estación de Príncipe Pío, el lugar donde comenzó la vida de los Correa cuando se desplazaron de Casablanca a Madrid a primeros de los 60. Allí, enfrente de la estación, trabajó el señor Correa como encargado de la lavandería de un hotel. Y allí empezó a trabajar Paquito a los 13 años como botones. 

Concepción está asustada por lo que ve en la tele y lo que lee en los periódicos. "La política", dice entre sollozos, "¡por qué mi Paquito se metió en política!", se lamenta. Concepción no repara que vive en un piso que no parece acorde con el estatus de una pensionista que ha de mantener a un hijo incapacitado. Se advierte en los detalles (paredes blancas, despejadas, macetas poliédricas también blancas perfectamente alineadas en el suelo, un cuadro abstracto en la pared, una cocina moderna) que el piso está decorado por un profesional. Concepción disfrutaba de esas comodidades hasta la mañana del 6 de febrero pasado cuando tres policías llamaron a la puerta. Aquella mañana fue muy confusa: la pidieron la clave de la caja fuerte instalada dentro del armario de su dormitorio. La clave era tan simple que no parecía aventurar ningún hallazgo: "1-2-3-4-5-6-7-8-9". Y, efectivamente, así fue: joyas de escaso valor y algo de dinero. Poco. La policía se fue y no ha vuelto. Por ahí, sólo pasa el chófer de Correa, que se ocupa, junto a la asistenta, de que nadie moleste a esta mujer, que ha despertado en medio de una pesadilla que probablemente le acompañe hasta el final de sus días. 

Aquella mañana, la policía registró otras cajas de seguridad. En algunas no encontró otra cosa que sobres vacíos y gomas elásticas, las mismas gomas que, en otras cajas, abrazaban fajos de billetes. El pequeño imperio que presuntamente había creado Francisco Correa se manifestaba sin pudor en los registros: dinero, joyas, relojes, documentos y cuadernos con anotaciones manuscritas, simples y modestas libretas de tapa azul, eso sí algunas recogidas en una carpeta de cuero de Louis Vuitton. Correa tenía muy claro cómo funciona la condición humana. Quienes se han atrevido a intervenir en este reportaje, aunque sea bajo la protección del anonimato, así lo atestiguan. 

Y es que los inicios de la carrera de Francisco Correa determinan cómo fue su aprendizaje. De aquel botones de 13 años que trabajaba en uno de los hoteles frente a la estación de Príncipe Pío, convertida desde hace unos años en centro comercial, no hay un recuerdo definido, salvo que hubo en tiempos un tal Paquillo, "que era muy espabilado". Posiblemente, ése era el pequeño Correa que hizo carrera haciendo disfrutar de su estancia a los turistas. De esa dedicación al ocio ajeno hizo una profesión, porque Francisco Correa entró a trabajar en una sucursal de Viajes Meliá próxima al hotel. Tenía a su favor una ventaja: dominaba perfectamente el francés, consecuencia de los años vividos en Casablanca, donde nació y se crió. De hecho, el francés fue en aquellos tiempos su lengua materna; tanto es así, que su hermano Miguel todavía se comunica con su madre en esa lengua. En uno de los viajes a Palma de Mallorca organizados por el joven Correa conoció a su primera mujer, María Antonia. Ella tenía 16 años y disfrutaba de un viaje de fin de estudios. 

Los primeros pasos de Correa se desarrollaron en un entorno muy próximo a la estación, pero de aquello quedan pocas huellas por razones coyunturales. Viajes Meliá desapareció y fue adquirida por Viajes Halcón. Como también se cerró la sede central de Wagons Lit, sita en la calle Marqués de Urquijo, donde dirigió sus pasos después. Allí llegó a ser director comercial. Correa se había casado con María Antonia, viajaba mucho, comenzaba a tener éxito en una nueva rama de la industria turística: la organización de convenciones para empresas y los viajes de incentivos para ejecutivos. Tan bien le iban las cosas que decidió establecerse por su cuenta y montó una agencia, FCS (responde a las iniciales de su nombre) con sede en la calle Blasco de Garay. Uno de sus mejores momentos fue asistir a una entrevista con Luis del Olmo en el programa Protagonistas: Correa era por entonces un experto a la hora de hablar sobre las condiciones de vida de los ejecutivos. 

Los ejecutivos eran su mercado. Cómo entenderlos, cómo entretenerlos, cómo satisfacerlos, como hacerles disfrutar del escaso tiempo que les deja su estresante vida. Conocía la noche, tenía las llaves para abrir la coraza bajo la que el ser humano esconde sus miserias. Y tenía un pico de oro. 

Había tenido un hijo, que nació con una dolencia incurable (fibrosis quística). Le pronosticaron un año de vida, pero vivió 13. Su ex mujer, María Antonia, se atrevió a dirigir una carta al diario El Mundo en la que expresaba su dolor por aquellos años y aquella ausencia reiterada de un padre que no quiso saber nada del sufrimiento de su hijo: "Durante esos años, su padre no se ocupó un solo segundo de su hijo", escribió en esa carta María Antonia: "No voy a consentir que este hombre vuelva a dar pena ni fuera ni dentro de la cárcel como al parecer ha hecho estos años". "Mi hijo murió en 1996", añadió, "una persona que pierde lo que más quiere en esta vida no tiene ánimo de dedicarse a hacer esa gran fortuna, yo estuve con una depresión profunda durante cinco años y por ello dejé hasta mi trabajo, no podía resistir su falta, no así él, que aprovechó bien el momento para hacerse con dinero y, en cuanto su hijo murió, no dudó en aceptar el importe de la mitad de la casa donde vivíamos su hijo y yo, y que todavía estoy pagando, no le remordió para nada coger ese dinero después de no haberse ocupado de su hijo enfermo durante trece años". 

En 1996, la vida de Francisco Correa ya había dado un vuelco. Mantenía por entonces una relación sentimental con otra mujer, María del Carmen Rodríguez Quijano, con la que se casaría en 1997 en Marbella. Los casó la alcaldesa Marisol Yagüe, luego imputada por el caso Malaya.

Marbella. Correa había empezado a transitar por el entorno marbellí con todo lo que ello significa: conducía coches de alto standing, comenzaba a relacionarse con el lujo y con el tipo de amistades que te pueden abrir puertas. Había fracasado en un negocio inmobiliario en Pozuelo, uno de sus primeros pasos en este tipo de actividad tan lucrativa, pero tenía un soporte: su mujer. Mejor dicho, quien iba a ser su suegro. Porque María del Carmen era hija de Emilio Rodríguez Bugallo, un conocido constructor en Madrid, propietario de Construcciones Salamanca. Algunos amigos de Emilio recuerdan que no veía con buenos ojos la relación de su hija con Correa, una relación que había nacido de una forma un tanto particular: ella era la cuñada de la vecina de arriba en el piso donde vivía Correa con su primera mujer. A su fama de pico de oro, Correa añadía la de mujeriego, pero esa relación en concreto fue interpretada de otra manera por alguna gente: "Correa dio un braguetazo". 

Su nueva mujer tenía un perfil muy diferente: educada en colegio caro, pija y dispuesta para colaborar en las actividades de su marido. Cuando años después entró a trabajar como jefa de gabinete del alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, recibió un sobrenombre entre los empleados municipales: La Barbie. Por ese nombre se la conocía en la sierra madrileña. 

A partir de su segundo matrimonio, la estrella de Correa comienza a brillar. Coincide esta fase de su vida con la mayoría absoluta que disfruta el PP en el Gobierno central, en el autonómico de Madrid y en buena parte de los municipios de la sierra. En este momento se produce uno de los momentos más oscuros de la biografía de Correa, momentos que esconden algunas de las claves de su ascenso que no han sido resueltas todavía por el sumario en el que está imputado y que lleva su apellido en alemán (Gürtel), idioma que precisamente él no conoce (a lo largo de los últimos años hizo considerables esfuerzos por manejarse en inglés). 

El nivel de contactos que va atesorando Correa junto a su mujer, le llevan a introducirse en la sede central del Partido Popular en Madrid. Correa tiene entrada en la calle Génova y desde ahí tiende sus redes hacia la periferia. Es un movimiento centrífugo. Amigos que le recomiendan. Amigos que imponen sus servicios en el exterior. ¿Cómo y a través de quién entra en Génova con esa fuerza? En este punto hay más especulaciones que documentos probatorios, entre otras cosas porque el sumario no va más atrás de sus actividades a partir del año 2005, cuando el PP ha perdido el poder en el Gobierno central. Es evidente que tuvo una buena relación con Alejandro Agag, con los políticos populares del llamado clan de Becerril, que tenían entre otras características la de estar educados en colegios de pago y ser asiduos a pasar jornadas en Marbella y Sotogrande. Pero es larga la lista de populares que visitan ambas localidades y no está del todo claro quién, verdaderamente, le apadrinó. 

En la última legislatura del PP, Correa ya era considerado como el gran organizador de eventos, de mítines, de actos públicos del partido. "Era el más caro, pero organizaba muy bien", recuerda un político popular, "contrataba a los mejores y sabía vender el producto". Nada extraño hubiera pasado si Correa no hubiera llegado demasiado lejos, si no hubiera compartido su actividad como organizador de eventos con la mera y harto conocida tentación de hacer mucho dinero con la especulación urbanística. Correa llevaba años moviéndose como intermediario, recibiendo y repartiendo comisiones en gestiones de compra y venta de terrenos. Había probado la dulce sensación del dinero fácil. Y es evidente que parecía saber cómo comprar voluntades y cómo hacer amigos. Dominaba el arte de la seducción. Manejaba los bajos fondos de la condición humana. 

No tenía un despacho fijo. Vivía entre Madrid y Sotogrande. Viajaba por motivos de negocio a Panamá, Colombia, Reino Unido y Holanda, lugares donde estaban domiciliadas algunas de las sociedades que figuran a nombre de testaferros. Buscaba nuevas inversiones. Se movía mucho. Eso sí, siempre atildado, con ropa cara. Era muy narciso Correa (dedicaba mucho tiempo en arreglarse, confiesa un conocido), frecuentaba la peluquería. Estaba orgulloso de su porte y lo lucía. Sabía ser educado y déspota, dependiendo de quién fuera su interlocutor. Seguía siendo mujeriego, con un punto misógino: hablaba de las mujeres como de objetos de uso, tanto es así que las ofrecía o que organizaba como nadie ese tipo de fiestas privadas donde el elemento femenino suele ofrecerse para algo más que hacer compañía. 

Correa sabía que estaba siendo investigado. Tomaba precauciones. Lo hacía con sus móviles o a la hora de encomendarle ciertos encargos a su fiel Andrés. Viajaba con frecuencia y parecía buscar un permiso de residencia en algún lugar donde no existiera tratado de extradición con España, caso de Panamá. Así lo atestigua el sumario y así también lo explican las autoridades judiciales cuando se toma la decisión de poner en marcha las detenciones a primeros de febrero. Existía el riesgo de que abandonara España con carácter definitivo. 

Cuando fue llevado a ser interrogado por el juez Garzón, Francisco Correa se quejó de que no quería ser trasladado en el furgón policial por sufrir claustrofobia. Así lo afirma un informe médico: "No puede entrar en un ascensor aunque sí puede viajar en avión". Curioso: ninguno de sus conocidos recuerda este problema, ni que evitara los ascensores, así como tampoco le es conocida afición alguna por las novelas de la Cosa Nostra. Quizás sea cierto que pocos llegaran a conocer verdaderamente a Francisco Correa, alias Don Vito por propia decisión. 

(www.elpais.com, 18/10/09)

El 'caso Gürtel' pasa factura al PP

El 72% de los votantes de Rajoy cree que el escándalo está afectando a sus posibilidades de ganar las próximas elecciones - El PSOE recorta un punto la distancia con el PP

Si había un solo dato tranquilizador para el Partido Popular sobre el caso Gürtel era que parecía no tener consecuencias electorales. Hasta hoy. El sondeo flash de Metroscopia realizado el pasado jueves, sólo 48 horas después de la grave crisis de autoridad que desató la resistencia de Ricardo Costa a dimitir como secretario general del PP valenciano, refleja un deterioro de la confianza en Mariano Rajoy y una erosión de sus posibilidades electorales. El PP ha tardado cinco años en sacarle tres puntos de ventaja al PSOE en intención de voto. En las últimas dos semanas ha perdido más de uno.

• Casi el 80% de los españoles considera que el caso es un asunto grave

• La tendencia ascendente de los populares se ha frenado en seco

A pesar de reiterados intentos del PP por minimizar el caso y que el PSOE apenas lo ha utilizado políticamente, el 78% de los españoles considera que el caso Gürtel, una trama de corrupción que se nutría de Administraciones gobernadas por el PP en el ámbito nacional, autonómico y local, es un asunto más que grave.

El PP sigue por delante en intención de voto, pero los acontecimientos del mes de octubre han invertido la tendencia. El PSOE ya no baja, sino que sube (del 38% al 39% de estimación de voto en las últimas dos semanas). El PP deja de subir. Su estimación de voto está estancada desde el mes de julio (registró un 41,8%) y empieza a bajar ligeramente (41,3% esta semana). Estos datos deben ser tenidos en cuenta como tendencia, ya que no hay ninguna convocatoria electoral y, por tanto, no hay movilización electoral.

El pasado 28 de septiembre, el juez Antonio Pedreira levantó el secreto de 17.000 folios del sumario del caso Gürtel que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Una semana después, la información estaba en todos los medios de comunicación. En estos 15 días los ciudadanos han podido conocer conversaciones bochornosas de la cúpula del PP valenciano con los empresarios corruptos, los detalles de más de 300 contratos de la Comunidad de Madrid con la trama, algunos de 2009, y la asombrosa cantidad de dinero que movían por medio mundo unos tipos que sólo eran supuestos timadores y comisionistas que se aprovecharon del PP.

Siete de cada diez votantes del PP aseguran en el sondeo que se trata de un asunto, como poco, grave, y el 72% cree que está afectando a las posibilidades de Rajoy de llegar a La Moncloa. Sólo un 21% de votantes populares le quita importancia al caso. Se ha invertido además la percepción general sobre los resultados electorales. Hace dos semanas el 54% pensaba que el PP ganaría las elecciones. Ahora es el 45%. El desánimo llega a los votantes del PP y un 20% de ellos dice que volverá a ganar el PSOE.

Quizá sean los acontecimientos de la Comunidad Valenciana los que han quebrado la confianza en el PP. Las estrechas relaciones entre la cúpula del PP valenciano y la trama se han hecho más obvias si cabe con la publicación de algunas conversaciones. Los hechos le han costado a Ricardo Costa su cargo como secretario regional del PP y como portavoz parlamentario. Sin embargo, su destitución no fue fácil. El martes, Costa desafió a Camps en televisión, éste engañó a Rajoy pactando una dimisión en falso. Finalmente, el miércoles, lo que debía ser un sacrificio personal de Costa para frenar el escándalo se convirtió en un violento golpe de autoridad desde Madrid que ha traumatizado al PP valenciano y ha debilitado la imagen pública de Francisco Camps. El sondeo fue realizado dos días después de estos hechos.

El sondeo refleja descontento con Camps y con Rajoy. Respecto al presidente valenciano, nada menos que un 42% de los votantes del PP pide elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana (también el 57% de los socialistas, que no ganan allí desde hace 13 años) y cuatro de cada diez opinan que el presidente Camps debería dimitir.

Lo que los ciudadanos parecen no perdonar a Camps es haber mentido. El presidente valenciano ha faltado a la verdad varias veces desde que se le relacionó con Álvaro Pérez, El Bigotes. La encuesta recuerda concretamente la ocasión en que dijo que él se pagaba sus trajes. Hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que archivó la causa por cohecho en relación a estos hechos, reconoció que los regalos sospechosos se produjeron.

La mitad (48%) de los votantes del PP no le cree ahora cuando dice que su Gobierno no favoreció a la trama corrupta (son más que el 44% que cree sus palabras). El porcentaje total de los que creen que mintió es del 68%.

En cuanto a Rajoy, el 62% de encuestados es crítico con la gestión del líder del PP. Cuatro de cada diez (38%) de sus propios votantes están insatisfechos con su actuación. El 50% del público del PP, además, cree que Rajoy no posee la autoridad suficiente para solucionar esta crisis. Ese porcentaje sube hasta el 63% en el total de encuestados. El desafío de Costa a su autoridad no es el primero que se encuentra Rajoy. Ya el alcalde de Boadilla, imputado por el caso, hizo caso omiso en febrero cuando Rajoy le ordenó que dimitiera.

El envés de Camps es Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha afrontado el caso de manera opuesta. Aunque se ha demostrado que parte de su Gobierno hacía adjudicaciones a la trama, ha forzado destituciones y hasta la salida del Grupo Popular de la Asamblea de tres diputados autonómicos imputados.

Para la amplia mayoría de españoles en general (70%) y de votantes populares en particular (67%) Mariano Rajoy debería expulsar del partido al ex tesorero y senador del PP, Luis Bárcenas, tal y como ha hecho Esperanza Aguirre con aquellos diputados regionales implicados en la trama.

www.elpais.es 18.10.09

MANUEL FRAGA Presidente fundador del Partido Popular y senador

"Dudo que Luis Bárcenas pueda volver a ser tesorero del PP"

Faltaban unos minutos para que Ricardo Costa se negara a dimitir y dejara en evidencia a Francisco Camps y a Mariano Rajoy. Pero el pasado martes, antes de esa destitución en falso que ha abierto una grave crisis de autoridad en el PP, el senador Manuel Fraga tenía muy claro que Camps y Rajoy habían pactado prescindir de Costa. "Si se resiste, él sabrá por qué", avanzaba. ¿Puede ser porque es inocente? "O por otras cosas", contestaba misteriosamente. Fraga (Villalba, Lugo, 1922), fundador del PP, admite que ésta es la crisis más grave que ha vivido su partido. Además, no le parece algo menor "los cuatro trajes" del presidente Camps.

"No es lo mismo que te regalen una empanada a que te regalen unos trajes"

¿Se ha manipulado a la policía? "¡Sin duda alguna! ¡Lo afirmo!"

Pregunta. Quisiera pedirle una reflexión general sobre las consecuencias del caso Gürtel.

Respuesta. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para que la política española, que es joven todavía, la forma política que estamos haciendo, tome las mayores dimensiones éticas posible. Siempre habrá alguna excepción, pero yo sí le puedo decir que las campañas sistemáticas, empezando por su periódico, que se están montando, me parecen muy mal porque no son en modo alguno equiparables los tratamientos de unos y de otros.

P. Usted mismo ha sido señalado.

R. Lo que se refiere a lo que se ha dicho de mí yo no sabía quién era ese señor [Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta y secretario de Organización del PP gallego con Fraga de presidente]. Sabía que me lo había recomendado un hombre de gran valía y una gran pérdida para nosotros [Xosé Cuiña, secretario general hasta 1999].

P. Por la información que se ha visto en todos los periódicos...

R. No en todos por igual. Un periódico del que yo fui fundador, como EL PAÍS, lo da como algo obligado todos los días. Tiene su nombrecito y todo.

P. ¿Conocía a Correa?

R. No sé ni quién es. Lo veo entrar por esa puerta y no sé quién es. Jamás he tenido contacto ninguno. Creo que hay una foto de la boda de la hija de Aznar en la que salimos juntos, pero no hemos hablado una palabra en toda nuestra puñetera vida.

P. ¿Y Álvaro Pérez?

R. Menos todavía. No sé quién es. No he tenido ningún contacto con ellos.

P. Pero parece que sí tenían contacto con la gente que gobierna su partido.

R. Parece ser que sí.

P. Rajoy dice que cortó las relaciones con esta gente.

R. Yo confío en que eso termine pronto, aunque la actual situación no lo permite. Ya ve usted lo que pasa en Valencia.

P. Hay un contraste muy evidente en cómo se ha actuado en Valencia y en Madrid. ¿Qué le parece lo que ha hecho Aguirre?

R. Creo que lo ha hecho bien.

P. ¿Y Camps, en comparación?

R. Yo no hago comparaciones. Yo creo que [Aguirre] lo ha hecho bien. Y creo que Camps definitivamente ha sido maltratado. Es posible que él haya dado lugar con alguna cuestión como los famosos trajes. Evidentemente, lo de los regalos es un tema que hay que medir mucho. No es lo mismo que le regalen a uno una empanada, como hacemos en Galicia, a que le regalen unos trajes de primera categoría. Pero, en definitiva, yo creo que Camps se salvará.

P. ¿Y por debajo de Camps?

R. Repito que yo no conozco suficiente... Yo ahí apuesto por Rita Barberá.

P. Entiendo que le parece que los medios estamos exagerando en el caso Gürtel.

R. EL PAÍS está recibiendo alguna que otra bofetada del Gobierno. Se va a enterar de con quién se está jugando los cuartos. Pronto se va a enterar.

P. ¿Se refiere al PP?

R. Me refiero al Gobierno. Ya le ha dado alguna zancadilla.

P. ¿El Gobierno a EL PAÍS?

R. Claro. Naturalmente. Una muestra de gratitud.

P. ¿Es esta la crisis más grave que ha vivido el PP?

R. Bueno, supongo que sí. Sobre todo por la disposición de ciertos órganos de comunicación a hacer una campaña sistemática, incluyendo EL PAÍS.

P. Da la sensación de que las medidas disciplinarias en su partido se aplican a capricho.

R. Pregúnteselo a Rajoy, no tengo nada que decir sobre eso.

P. Le pongo como ejemplo el caso de su compañero del Senado Luis Bárcenas, que...

R. ¿Compañero del Senado? Yo no le vi nunca por el Senado. Era el tesorero del partido y de paso le hicieron senador. Pero no es de los que están aquí todos los días, como yo.

P. Desde luego. Pero, ¿le parece que puede volver a ser tesorero del PP, un cargo que exige una confianza inmaculada?

R. Personalmente, lo dudo.

P. ¿No cree que este caso evidencia una falta de cultura de dar explicaciones a los ciudadanos?

R. Es posible que sí. Sobre todo cuando hay campañas organizadas y sospechosas, empezando por la de ustedes.

P. Su partido ha reaccionado atacando las instituciones.

R. La fiscalía y los jueces han estado muy manipulados en este asunto por el poder establecido. Es evidente que muchos de los datos que se han manejado en este asunto ha sido retorcidos e interpretados como convenía.

P. ¿Usted también cree que se ha instrumentalizado a la policía?

R. ¡Sin duda ninguna! ¡Lo afirmo! Y no tengo nada más que decir.

P. Incluso aceptando esa hipótesis...

R. No es una hipótesis, es una realidad.

P. Incluso así, eso no anula los datos sospechosos.

R. No los invalida, pero los sitúa en una zona de gran conflictividad. Es evidente que han sido utilizados para hurgar en ciertas cosas. Dando ciertos datos y ocultando otros han hecho mucho daño. Pero esto se aclarará en su día.

P. ¿En un juzgado?

R. No, no. Me refiero a las próximas elecciones. No tengo nada más que decir.

P. ¿Hay una cuestión estética en las decisiones que se han tomado en Valencia?

R. Sería mucho mejor que esto no pasara, evidentemente. Ahora aparece un señor que yo ni me acordaba de que había existido y sale mi nombre por ahí. Con todas las vueltas que yo he dado en el partido para hacerlo evolucionar de la manera que ha evolucionado. Yo me he dedicado a trabajar en serio, muy en serio. Aquí tiene mi último trabajo sobre el Estado autonómico. Yo me dedico a temas serios y no a mangancias.

P. Los ciudadanos pueden pedir medidas más contundentes.

R. En todos los partidos se deberían hacer más cosas. El PP en este momento no se va a dejar llevar por ninguna prisa. Lo que está haciendo Rajoy está bien hecho.

P. Puede parecer que sólo está dejando pasar el tiempo.

R. Él sabe de sobra que el tiempo... termina. Pero lo que no puede uno es apresurarse para tomar medidas impuestas por un cierto ambiente creado desde el Gobierno. Eso no se puede hacer.

P. Pero habrá que tomarlas.

R. Supongo que sí, pero no las que algunos creen.

P. ¿Cree que al PP se le está...?

R. Haciendo la puñeta.

P. Aparte. Digo que quizá se le acusa de cosas que pueden pasar en otros partidos.

R. Yo no diría eso. Es complicado el tema, evidentemente. No estamos en el mejor momento los partidos, en ninguna parte.

P. ¿Y esto exige alguna consecuencia en la legislación?

R. Posiblemente se pudiera reforzar la legislación sobre partidos. Siempre es difícil hacerlo. Lo importante es que las personas tengan un sentimiento moral profundo antes de dedicarse a la política, como algunos hemos hecho.

www.elpais.es 18.10.09

EL PP TEME QUE EL APOYO DE RAJOY A CAMPS CIERRE EN FALSO LA CRISIS 

Buena parte de los cargos del PP valenciano confesaron ayer en privado su temor a que el respaldo público de Mariano Rajoy a Francisco Camps -tras la destitución del secretario general y portavoz Ricardo Costa-, sea solamente un cierre en falso de la crisis abierta por los escándalos del caso Gürtel. Pese a ello, la dirección nacional del PP y el equipo del presidente valenciano movilizaron ayer a cuantos alcaldes y presidentes provinciales pudieron para que expresaran su apoyo a Camps y apelaran a la unidad del partido. 

En privado, las opiniones de los cargos del PP eran bien distintas. "De momento tenemos que apoyar a Camps para que no se derrumbe e intentar reordenar la situación", afirmó un parlamentario. "No podemos permitir que haya un vacío. Se trata de ganar tiempo para ver qué hacemos", insistió. 

En medio de este clima de escepticismo respecto a la resolución de la crisis, otros apostaban por una remodelación amplia del Consell, paralizado desde hace meses pese a la reorganización de finales de agosto, que permitiese a Camps contar con una nueva defensa. 

Fuentes del PP argumentaron ayer que la destitución de Ricardo Costa, y los improvisados relevos de Rafael Maluenda y César Augusto Asencio, han dejado al presidente de la Generalitat sin su principal escudo para defenderse de los escándalos relacionados con el caso Gürtel. "¿Dónde están los vicepresidentes? ¿Qué hacen que no dan la cara y están intentando pasar lo más desapercibido posible?", exclamó este cargo.Con el PP valenciano abierto en canal, el presidente del PP en Alicante, el zaplanista José Joaquín Ripoll, volvió a criticar a la dirección regional del partido por su falta de contundencia en la gestión del caso Gürtel. En opinión de Ripoll, las responsabilidades políticas van más allá de la destitución de Ricardo Costa: "No creo que las responsabilidades acaben en el cese de Costa". 

Ripoll acusó a la dirección regional de "falta de contundencia y cohesión" a la hora de afrontar la crisis. "En Madrid, el partido se ha podido aislar más del problema porque se ha actuado con más contundencia. Aquí, se ha actuado con menos firmeza y con problemas para explicar lo que estamos haciendo", añadió. 

El líder del PP alicantino insistió en la contradicción entre lo aprobado en el Comité Ejecutivo Regional del martes y la destitución de Costa el miércoles. 

En este sentido, Ripoll valoró la decisión de Camps de otorgar al diputado César Augusto Asencio las funciones de secretario regional del PP. "Hay una propuesta coyuntural para que provisionalmente coordine el partido, pero la designación como secretario general compete al Comité Regional", explicó Ripoll, que evitó desvelar si daría su apoyo a Asencio. Ripoll señaló que es en este órgano, del que reclamó una nueva reunión, "donde se tiene que resolver la crisis". 

No obstante, Ripoll matizó que, en su opinión, la crisis no es tan grave como para la convocatoria de un congreso regional extraordinario. "Personalmente, creo que no es el momento. Hemos hecho un congreso hace un año y hay mecanismos suficientes para tomar la decisión que corresponda", aseveró. 

Por su parte, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se desmarcó sin que nadie le preguntase de José Joaquín Ripoll: "El PP no necesita ningún gabinete de crisis". 

Carlos Fabra hizo una defensa cerrada del presidente de la Generalitat. Hasta el punto de descalificar al presidente de honor del PP, Manuel Fraga, por sus críticas a Camps. Fabra calificó ayer de "frivolidad" las declaraciones de Fraga, en las que puso en duda la honorabilidad del presidente Francisco Camps. "Me parece que, desde la distancia, hacer estas afirmaciones, es una frivolidad", dijo el presidente de la Diputación de Castellón. 

Fabra no sólo habló de frivolidad, sino que apeló a la edad del presidente de honor del PP. "Uno se tiene que retirar cuando se tiene que retirar", sentenció. En su deseo por defender a capa y espada al presidente del PP valenciano, Fabra llegó a recordar que Camps "ha sido el presidente autonómico respaldado por un mayor número de votos" y le espetó: "Que se acuerde cuando él era presidente de Galicia", antes de recriminar a Camps "que está respaldado por muchos más votos". La actitud de Carlos Fabra en defensa de Camps se produce tras la destitución de Ricardo Costa como secretario general del PP valenciano y portavoz parlamentario. Fabra facilitó el pasado martes el acuerdo entre Francisco Camps y Ricardo Costa en el Comité Ejecutivo Regional que horas después fue dinamitado por la dirección nacional del PP. 

A pesar de este revés, Fabra se sumó ayer al coro de declaraciones de apoyo a Camps, realizadas por el presidente provincial del PP de Valencia, Alfonso Rus, y un buen número de alcaldes. 

En Elche un grupo de militantes zaplanistas pidió en el Ayuntamiento una comisión de investigación para esclarecer las relaciones de la portavoz municipal del PP, Mercedes Alonso, con Álvaro Pérez, El Bigotes. 

(www.elpais.com, 16/10/09)

EL MINISTERIO DE ARENAS CONTRATÓ A LA TRAMA PARA EL FUNERAL DEL 11-M

Presidencia encargó a Easy Concept el montaje de los estrados para cámaras en la Almudena

La página perteneciente al informe de la Agencia Tributaria sobre Easy Concept, muestra cómo la empresa facturó desde su inicio (15 de octubre de 2003) a distintas Administraciones del PP. En el listado figura el contrato otorgado por el Ministerio de Presidencia.

Easy Concept, una de las empresas del núcleo duro de la trama Gürtel, trabajó para el Ministerio de Presidencia en marzo de 2004, cuando el entonces titular del departamento y vicepresidente segundo del Gobierno, Javier Arenas, estaba ya en funciones tras la victoria electoral de Zapatero. Según ha sabido Público, A Easy Concept, entonces denominada Down Town Consulting, se le adjudicó a dedo el montaje de los estrados para las televisiones en el funeral de Estado por las víctimas del 11-M, celebrado el 24 de marzo en la catedral de la Almudena. La agencia Efe anunció la fecha del funeral el 16 marzo.

Por ese encargo, la compañía cobró 11.647,15 euros. Así consta en un informe de la Agencia Tributaria sobre Easy Concept incluido en el sumario Gürtel. Como en la mayoría de las ocasiones, también aquí se trató de un contrato menor, que no requiere concurrencia pública ni más justificación contable que las facturas.

Cuando se adjudicó el servicio, Easy Concept no tenía ni medio año de vida

Al empeorar las cosas para el PP con la apertura de una parte del sumario, Arenas, secretario general del PP hasta septiembre de 2003 y líder del partido en Andalucía, ha reaccionado prometiendo querellas contra cualquiera que lo vincule a la red corrupta. "No tengo absolutamente nada que ver", contestó rotundo el martes pasado. "No aceptamos ni media lección de ética", se jactó a renglón seguido.

"Correa no era un desconocido"

Ayer, fuentes próximas a Arenas en la dirección estatal del PP aseguraron que nadie de su antiguo equipo ministerial recuerda aquel contrato. "Como eran unas tarimas para cámaras y fotógrafos es muy posible que contratase la Secretaría de Estado de Comunicación, que depende de Presidencia", dijo una portavoz.

El equipo de Arenas no recuerda el contrato y subraya su bajo importe

A la pregunta de por qué la elección recayó sobre Easy Concept, la misma fuente respondió así: "Correa no es un desconocido ni Álvaro [Pérez]. Quien fuera [que hiciese el encargo] dijo: Oye, llamad a Álvaro o a Correa. No es nada extraño. Y son 11.000 euros".

Pero la clave no es aquí el importe sino la fecha. En marzo de 2004, Easy Concept ni siquiera había cumplido medio año de vida. La empresa se constituyó el 15 de octubre de 2003, con un capital social de 3.006 euros. La cercanía entre la constitución de Easy Concept y la encomienda del Ministerio de Presidencia para un acto de tal relevancia denota la familiaridad con que el grupo de Correa se movía en las aguas del PP. En el momento en que la sociedad recibió el encargo de Presidencia tenía como administradora única a Isabel Jordán, una de las primeras imputadas en el caso.

Amenazas al PSOE

Empeñado desde febrero en marcar distancias con la trama y en presentar a su partido como la víctima de una conspiración y, en todo caso, de unos cuantos desaprensivos, Arenas anunció la semana pasada el inicio de acciones judiciales contra el secretario de comunicación del PSOE andaluz, Miguel Ángel Vázquez. Vázquez había exigido a Arenas explicaciones sobre su relación con los miembros de la red.

Por el encargo, la compañía cobró 11.647,15 euros

La dirección del PP andaluz pretende también querellarse contra el secretario de Estado de Cooperación, Gaspar Zarrías, por "ensuciar" el nombre de Arenas. En este caso, la amenaza llegó después de que Zarrías recordase que Arenas había sido secretario general del PP. ¿Cuándo? "En los tiempos en que estos señores campaban por sus respetos y extorsionaban, chantajeaban y se llevaban el dinero a espuertas y de paso regaban a múltiples dirigentes del PP", dijo Zarrías.

El informe de la Agencia Tributaria que consigna el pago del Ministerio de Presidencia a Easy Concept muestra el amplio abanico de trabajos con Administraciones del PP que declaró a Hacienda. La Comunidad de Madrid, la Generalitat, varios organismos autónomos y ayuntamientos figuran en el listado.

Las cartas del archivo de "embolados"

El PP andaluz se ha prodigado en anuncios de querellas tras difundirse el informe policial de la UDEF que destapa la existencia de unas comprometedoras cartas incautadas a la trama y que se se archivaban en una carpeta con la leyenda “embolados”. Las firma Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’. Y la más relevante de todas, por el rango de su destinatario, es la enviada a Mariano Rajoy el 18 de diciembre de 2003. En ella, el delegado de la red corrupta en Valencia exigía a Rajoy el pago de la deuda pendiente por la campaña de las elecciones gallegas de 1999. A lo largo del texto, Pérez recordaba a Rajoy que Javier Arenas estaba al tanto del problema. ‘El Bigotes’ ya había cursado a Arenas una carta en junio de ese año. En ella, lamentaba tener que contactar de nuevo con él por el asunto de la deuda.

www.publico.es 12.10.09

SIETE CONSTRUCTORAS FAVORECIDAS POR EL PP EN MADRID PAGARON 10 MILLONES EN SOBORNOS

La trama se repartía las comisiones ilegales con políticos populares, según la policía

Diez millones de euros en comisiones ilegales pagadas durante los últimos años por siete constructores y contratistas a cambio de adjudicaciones de importantes negocios inmobiliarios o de prestación de servicios en municipios de Madrid donde gobierna el PP. Un negocio perfecto; el más lucrativo de los que, según lo conocido hasta ahora, hizo la trama de corrupción de Francisco Correa.

Con la ayuda de alcaldes y altos cargos del PP, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid -y mayoritariamente de la confianza de la dirección del partido a cuyo frente está Esperanza Aguirre-, Correa y los suyos se embolsaron cerca de 10 millones de euros en muy pocos años: la trama recibía el dinero -a cambio de intermediar- y lo repartía después con los políticos del PP implicados en las adjudicaciones.

Así se desprende del informe policial elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica sobre "vinculaciones de la organización con empresas adjudicatarias de proyectos o servicios públicos", que el Tribunal Superior de Madrid sigue investigando: ha imputado a la mayoría de los empresarios aludidos.

La investigación policial está basada en tres elementos: documentos incautados en las Administraciones sospechosas de adjudicaciones irregulares; conversaciones grabadas a los miembros de la trama (en algunos casos, con los empresarios beneficiados por las concesiones), y la contabilidad de la red Gürtel.

Las empresas salpicadas por el supuesto pago de comisiones ilegales a la trama de corrupción son FCC/Aqualia, Sufisa, Persontrade, Constructora Hispánica, Martinsa, UFC y Teconsa.

- Gonzalo Naranjo (Sufisa). "Ha tenido entre 2001 y 2007, y aún hoy sigue teniendo, una estrecha vinculación con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Majadahonda y Alcalá de Henares [todos en Madrid y gobernados ahora por el PP], así como con municipios de otras autonomías como Castilla y León. En compañía de la sociedad Aqualia (FCC) puso en servicio en 2002 la estación de bombeo y estación depuradora de aguas residuales de Boadilla del Monte (la obra costó 12 millones de euros), cuyo cliente principal es el Canal de Isabel II (que dirige el Gobierno de la Comunidad de Madrid)".

En los libros de contabilidad de la red Gürtel, la policía halló unas entregas de 157.800 euros efectuadas supuestamente por Gonzalo Naranjo, empresario "vinculado a la administración de Sufisa". La policía sostiene que entre los beneficiarios de esa comisión ilegal, además del propio Correa, estaba Tomás Martín, un dirigente local del PP.

- Enrique Carrasco (FCC). Esta empresa logró en 2001 la gestión de la limpieza, mantenimiento, conservación y reparación del arbolado urbano de Boadilla por ocho años, con posibilidad de dos prórrogas de tres años. El 8 de enero de 2002, según la documentación incautada, Enrique Carrasco, trabajador de FCC, pagó 105.000 euros en comisiones que se repartieron Correa, Álvaro Pérez y los dirigentes del PP Gerardo Galeote (GG) y Luis Bárcenas (LB).

- Plácido Vázquez (asesorías e inmobiliarias). El nombre de este empresario vinculado a cuatro empresas (Persontrade y Backtrade, de asesoría; Teninsa, de adquisición, venta y alquiler de inmuebles; y Degremont, de tratamiento de agua y residuos) figura en los apuntes de cobro de comisiones ilegales que hizo el contable de Correa. La policía cree que Plácido Vázquez actuó de intermediario en la adjudicación durante 2002 a la Unión Temporal de Empresas formada por SUFI y FCC para la gestión de las basuras por 12 años -"de gran envergadura de medios y costes de adjudicación", según los investigadores-. Entre enero de 2002 y julio de ese año, Vázquez habría entregado 1,7 millones de euros a la red delictiva para que Correa repartiera el dinero entre dirigentes del PP como José Galeote (ex concejal en Boadilla del Monte) o Luis Bárcenas, según los documentos incautados a la banda de Correa.

- Constructora Hispánica. El recuento realizado por los policías que han investigado el caso Gürtel apunta seis pagos que suman 4.192.000 euros de Constructora Hispánica a la trama corrupta entre el 19 de febrero de 2002 y el 12 de marzo de 2004. Sería, según el informe policial, la constructora que más ha enriquecido a la trama corrupta con mucha diferencia respecto al resto. La policía señala que Alfonso García Pozuelo, presidente de Constructora Hispánica, aparece en los apuntes de la contabilidad b (en dinero negro) de las empresas de Francisco Correa.

En el reparto de esos más de cuatro millones de euros, según la documentación, uno de los principales beneficiarios es Luis Bárcenas (ex tesorero nacional del PP y senador por Cantabria), que tiene apuntes en las cuentas de Correa por casi un millón de euros. La policía cita, entre los contratos logrados por Constructora Hispánica, diversas obras del aeropuerto de Barajas y del Tren de Alta Velocidad adjudicadas por organismos dependientes del Ministerio de Fomento; obras municipales en Pozuelo de Alarcón (cuyo ex alcalde Jesús Sepúlveda también está imputado en el caso Gürtel); modernización de regadíos de la comunidad de usuarios del Alto Vinalopó (Alicante); adjudicación de instalaciones deportivas en Majadahonda y construcción de la ciudad del deporte en Boadilla del Monte (el ex alcalde Arturo González Panero está igualmente imputado).

- Teconsa. Empresa de origen leonés implicada en el caso por el pago de al menos 72.000 euros a Correa en relación con la adjudicación de una obra por parte de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León a Teconsa por 2.847.959 euros. Aunque la oferta de Teconsa empató a puntos en el concurso con FCC, la consejería le adjudicó la obra a la primera porque su precio era mejor. En la ejecución se produjo una modificación que elevó los costes de la autovía en 284.000 euros.

La policía concluye que el ex consejero de Fomento José Luis Fernández Santiago, hoy presidente de las Cortes de Castilla y León, podría estar implicado en esta adjudicación irregular e incluso baraja que las iniciales TO, aparecidas en el reparto de los 72.000 euros de comisiones que hizo Correa, correspondan a Toti, apodo con el que se conoce a Fernández Santiago. Desde el fax de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León se envió a la sede central de la trama corrupta el escrito de adjudicación de la obra a Teconsa.

El informe policial detalla que el Gobierno castellano-leonés ha adjudicado a Teconsa 23 obras entre 2000 y 2009; algunas por concurso, otras por subasta, otras por procedimiento negociado sin publicidad y otras en contratos menores.

- UFC. La constructora de José Luis Ulibarri logró la adjudicación de una promoción de chalés de lujo sobre suelo municipal en Boadilla del Monte. Ganó el concurso pese a que ofrecía tres millones de euros menos que la mejor oferta, con la excusa de que finalizaría la construcción de los chalés tres meses antes (cláusula que nunca cumplió). Correa se ufana en conversaciones con sus colaboradores de que esos tres millones de euros que se ahorró Ulibarri los pagó en comisiones ilegales. Y que Correa repartió el dinero en una reunión que grabó en vídeo y donde estaban tanto el entonces alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP), como alguno de sus altos cargos que favoreció esa adjudicación.

- Martinsa. La adjudicación de una parcela para levantar cientos de viviendas en Arganda del Rey a favor de Martinsa es la operación urbanística que menos documentada está en los libros de la red corrupta, aunque fue denunciada en su día por la oposición socialista en ese ayuntamiento. Tanto el ex responsable de la empresa municipal que se encargaba de la gestión del suelo de Arganda, el diputado autonómico Benjamín Martín Vasco, como el ex alcalde de la localidad Ginés López han sido imputados. Las conversaciones entre los miembros de la trama apuntan a comisiones millonarias (más de un millón para el clan Correa y al menos un millón para los dirigentes municipales que supuestamente hicieron posible la adjudicación) pagadas por Martinsa para hacerse con el suelo.

www.elpais.es 12.10.09

EL PP VUELVE A CARGAR CONTRA LA FISCALÍA

Sáenz de Santamaría apoya a Camps y acusa a Conde-Pumpido de perseguirles

La dirección del PP salió ayer en defensa de Francisco Camps y recuperó la estrategia de arremeter contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por supuesta persecución a su partido en el caso Gürtel.

Los populares reclaman que el fiscal comparezca en el Congreso

Esa estrategia del PP se basa en la supuesta petición de la fiscalía para que se eliminen del sumario conversaciones que favorecen al presidente de la Generalitat valenciana. Esas grabaciones se refieren a la parte que ya archivó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sobre los trajes que, presuntamente, le regaló la trama corrupta a Camps. No afectan a la investigación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ni a la acusación de supuesta financiación irregular del PP de Valencia. Tampoco afectan a la estrecha relación entre Camps y los miembros de la trama, que queda probada en el sumario y que ha provocado la exigencia de responsabilidad política al presidente valenciano.

La conversación la mantuvieron en la cárcel Pablo Crespo, presunto número dos de la trama, y su abogado. No está en el sumario porque la Fiscalía Anticorrupción pidió que se eliminaran las transcripciones y el juez Baltasar Garzón emitió un auto el 27 de marzo en el que ordenaba excluir "las transcripciones de las conversaciones mantenidas entre los imputados (...) y sus letrados y que se refieren en exclusiva a estrategias de defensa". No obstante, en la parte del sumario que se ha hecho pública han quedado algunas de estas conversaciones, por un error. De hecho, en esos folios figura la anotación manuscrita "quitar".

El PP se agarró a este episodio ayer y la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, acusó a la fiscalía de tratar de eliminar pruebas. La dirigente del PP hizo estas manifestaciones a través de un comunicado distribuido por el partido, sin posibilidad de ser preguntada.

Según Sáenz de Santamaría, el contenido de esas conversaciones "no ha estado nunca" en los autos que la Audiencia Nacional remitió a Valencia, donde se continuó el procedimiento, y por ello cree que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tiene que comparecer con carácter urgente en el Congreso y explicar "estos intentos de manipulación".

Sin embargo, fuentes del Congreso recuerdan que nunca se ha tramitado en la Mesa de la Cámara la petición de comparecencia del fiscal general para dar cuentas de una actuación sobre un caso judicial concreto que esté abierto. Fuentes del PSOE aseguran que su intención es frenar dicha petición cuando llegue a los órganos correspondientes de la Cámara.

Añaden que, además, es la Fiscalía Anticorrupción la que actúa directamente en el caso.

Sin embargo, la portavoz del PP da por hecho en su comunicado que Conde-Pumpido conocía la existencia de estas conversaciones. Y vincula esta decisión con la de recurrir ante el Tribunal Supremo el archivo de la causa.

Sáenz de Santamaría tira por elevación, y del fiscal Anticorrupción pasa al fiscal general del Estado y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. "En estos días en que la señora De la Vega va de televisión en televisión y de radio en radio pretendiendo dar lecciones de ética política y democracia, que dice ella, le digo que hay dos cosas muy claras: que en democracia el Ejecutivo no tiene que dar instrucciones ni a la justicia ni al fiscal general del Estado, y que no es ético ordenar el archivo de una actuación, cosa que no puede hacer por vulnerar la justicia y la independencia judicial". Añade que "tampoco es ético cuando se trata de eliminar unos datos del sumario, que sabían que no había ninguna responsabilidad por parte del presidente Camps porque pagaba sus trajes".

A Conde-Pumpido le acusa de "atacar" al PP y defender los intereses del PSOE.

www.elpais.es 12.10.09

LAS PREGUNTAS QUE RAJOY SIGUE SIN RESPONDER

El presidente del PP no ha explicado aún sus relaciones con Correa y Crespo, negó desde el principio que existiera una trama de corrupción y se empeñó en defender a Luis Bárcenas y Francisco Camps

Ocho meses después de que la operación Gürtel saltase a los medios de comunicación (la investigación, dirigida por el juez Baltasar Garzón, comenzó mucho antes), el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, sigue sin dar respuesta a muchas de las incógnitas acerca del verdadero alcance de la relación entre la trama y el PP.

Las seis principales son las siguientes:

1. ¿Por qué no cortó con la trama antes de 2004?

Rajoy ocupa cargos de relevancia en el PP nacional desde el año 1990, cuando fue elegido vicesecretario general en la primera dirección de José María Aznar. En 2004 se convirtió en secretario general y después en su presidente. Durante ese tiempo tuvo no sólo una responsabilidad colegiada con lo que se decidía en la sede de la calle Génova, sino que fue el responsable directo de las campañas electorales de los años 1996 y 2000, en pleno apogeo de las relaciones entre la trama Gürtel y el PP.

Sin embargo, Rajoy sostiene que la primera noticia que tuvo de lo que estaba pasando le llegó en 2004. Fue entonces cuando, según su propio testimonio, puso fin a la relación del partido con la trama siguiendo las indicaciones del entonces tesorero del partido, Álvaro Lapuerta.

"A mi me planteó el tesorero del partido que estas personas estaban utilizando el nombre de la dirección del PP y decidimos, por eso, dejar de contratar con ellos", declaró el 24 de febrero. Rajoy sostuvo entonces que "lo único que hacían en Génova era poner las traseras", en referencia a los paneles que se colocan en los escenarios donde los dirigentes del partido tienen previsto protagonizar intervenciones públicas.

La realidad, según las conclusiones de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, es algo diferente. Special Events, la matriz de la red gobernada por Francisco Correa y Pablo Crespo, se convirtió en la empresa que acaparaba "la mayor parte de los actos promocionales de los conservadores", algo que no se consigue colocando únicamente "las traseras".

Correa, que adoptó el nombre en clave de Don Vito, "acudía con asiduidad a la sede del partido". En la que también prestaba servicios el propio Rajoy. Y la investigación ha demostrado que la forma de operar de la trama se basaba en la "relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional que tienen su puesto de trabajo en la calle Génova".

En esa época, el principal interlocutor de Correa era el entonces gerente del partido, Luis Bárcenas, hombre de la máxima confianza de Francisco Álvarez-Cascos, secretario general del PP hasta el año 1999.

Lo que Rajoy nunca ha explicado es por qué, siendo él el máximo responsable de las campañas electorales de 1996 y 2000, no supo hasta 2004 que la principal beneficiaria de los contratos del partido (Special Events) era el buque insignia de un trama de corrupción, financiación ilegal y blanqueo de dinero. De hecho, Rajoy no se atreve a negar haber tenido relación con el cabecilla de la trama. "No tengo claro que conozca a Correa. Es probable que me haya encontrado con él en alguna reunión, pero no hemos tenido ningún encuentro", señaló el 12 de marzo.

La ignorancia de Rajoy es especialmente llamativa porque el PP de Galicia, en cuya secretaría general había situado a Jesús Palmou, uno de sus más estrechos colaboradores tras la defenestración de Pablo Crespo, supuestamente ya conocía las actividades irregulares de la trama, al menos desde el año 1999, según han confirmado casi al unísono Manuel Fraga y Alberto Núñez Feijóo, los dos últimos presidentes del partido en la comunidad gallega.

2. ¿Por qué no advirtió al partido y a sus cargos?

Mariano Rajoy asegura que, cuando llegó a la Presidencia del partido, la única medida que adoptó contra la trama corrupta fue poner fin a sus contratos. Según él mismo ha reconocido, en la decisión de no volver a contar con las empresas de la trama pesó el hecho de que los responsables de la red iban "sobre todo por algunos municipios del noroeste de Madrid utilizando el nombre de la dirección del partido".

Lo que no ha explicado es por qué, si sabía lo que la trama estaba haciendo, especialmente en municipios de la Comunidad de Madrid, no lo puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción. O, como mínimo, por qué no se lo advirtió al Partido Popular madrileño o a los alcaldes de los ayuntamientos afectados, así como a los dirigentes del partido de toda España para evitar que la red se extendiese como mínimo por Madrid, la Comunidad Valenciana y Castila y León, como acabó sucediendo.

3. ¿Por qué ascendió a tesorero a Bárcenas?

Mariano Rajoy afirma que fue Álvaro Lapuerta, tesorero del PP desde la época de Aznar, el que le advirtió sobre la trama de Francisco Correa. Pero lo que no ha aclarado todavía es por qué en 2008 eligió para sustituirle a Luis Bárcenas, que en su condición de gerente del PP había sido el principal interlocutor de la trama. Bárcenas, según las conclusiones de la investigación policial, es el político del PP que más dinero ha recibido de las empresas de Correa, que a su vez se enriquecieron con los suculentos contratos que se decidían en la calle Génova. El máximo responsable de la trama aseguró, en una conversación incluida en el sumario, que había entregado 1.000 millones de pesetas (seis millones de euros) a Bárcenas, tanto en la sede del PP como en su casa.

A pesar de estas evidencias, que han acabado en el Tribunal Supremo (Bárcenas es senador por Cantabria), Rajoy siempre ha defendido a su tesorero. "La gente" de Francisco Correa "no ha entregado ni un solo euro al PP. Eso lo digo con absoluto conocimiento de causa", subrayó en marzo a una emisora de radio. "Nunca nadie podrá probar" que Bárcenas y Galeote, otro de los imputados, "no son inocentes", añadió, tajante, el pasado mes de abril.

4. ¿Por qué cerró filas y ordenó atacar a Garzón?

Mariano Rajoy no ha explicado todavía por qué sabiendo lo que sabía, hasta el punto de que cuando llegó a la Presidencia del partido ordenó romper con las empresas de la trama, cuando estalló el escándalo optó por el cierre de filas y por intentar desacreditar al juez instructor, Baltasar Garzón. El PP llegó a presentar 15 querellas, denuncias o quejas (todas fracasadas) contra el juez Garzón por su instrucción del caso Gürtel. La comisión disciplinaria del Consejo General del PoderJudicial (CGPJ) aún dio carpetazo a la última de ellas el pasado 15 de septiembre.

El pasado 11 de febrero, el propio Rajoy, acompañado por la plana mayor del PP, compareció para defender el honor de su partido y presentarlo como la víctima de una conspiración del Gobierno y del juez encaminada a desgastar a los conservadores de cara a las autonómicas vascas y gallegas que se celebrarían dos semanas más tarde.

Aunque Rajoy insistió en repetidas ocasiones en su convencimiento de que todo quedaría "en nada", el sumario del caso, hecho público parcialmente esta semana, ha demostrado que las acusaciones contra los cabecillas de la trama y numerosos dirigentes y cargos públicos del PP tienen como base conversaciones grabadas por orden judicial y numerosos soportes documentales, además de algunos testimonios clave, como el ofrecido por el contable de la red.

5. ¿Por qué niega que haya financiación ilegal?

Desde que se hizo público el caso, Mariano Rajoy ha señalado en numerosas ocasiones que "no hay financiación ilegal en el PP". Lo dijo nada más conocerse la investigación, lo repitió el 3 de marzo ("todo el mundo debe tener la tranquilidad de que el partido no se financió con aportaciones de los imputados"), lo repitió en julio (el PP "no se ha financiado ilegalmente") y lo ha vuelto a decir en septiembre ("las cuentas del PP son claras y están auditadas; Gürtel no constituye una trama de financiación ilegal").

Sin embargo, el sumario del caso incluye numerosas evidencias y testimonios de todo lo contrario, tanto en relación con la vida ordinaria del partido como en lo que se refiere a las campañas electorales. Y no sólo en una comunidad sino en tres: Valencia, Madrid y Galicia.

6. ¿Por qué ha optado por la pasividad?

Frente al caso Gürtel, Mariano Rajoy ha impulsado una estrategia que consiste, básicamente, en actuar como si no pasase nada. La sensación de inhibición inquieta cada vez más a los miembros de la dirección del partido, incómodos ante la proliferación de pruebas que ponen de manifiesto la connivencia de algunos cargos con los corruptos.

Las dificultades de Rajoy para imponerse se han revelado también a la hora de abordar las responsabilidades en la Comunidad Valenciana, donde Francisco Camps se ha resistido una y otra vez a tomar decisiones. Especialmente humillante para Rajoy fue tener que reunirse con Camps en un parador a medio camino de Madrid y Valencia, lo que ha hecho a muchos preguntarse el motivo por el que el presidente del PP es incapaz de actuar con mayor contundencia para reforzar su liderazgo.

www.publico.es  11-10-09

EL 'PEN DRIVE' QUE HUNDIÓ AL PP

Un pequeño dispositivo de almacenamiento de datos, incautado por la policía a un contable de Francisco Correa, delató a la trama corrupta

José Luis Izquierdo, administrativo con ciertos conocimientos de contabilidad, algunas acciones de Telefónica y una nómina mensual de 2.000 euros más un sobresueldo de 500, dedicó su última etapa profesional a trabajar a las órdenes de Francisco Correa, presunto jefe de la trama de corrupción masiva vinculada a gobiernos del PP. Izquierdo intentó poner orden en un caótico negocio formado por más de una decena de pequeñas empresas que generó unos beneficios de al menos 50 millones de euros en los últimos diez años.

Cuando el pasado 13 de febrero la policía se presentó en su despacho, en un edificio situado en el número 40 de la madrileña calle de Serrano, el contable de Correa guardó en una de sus manos un pequeño dispositivo de almacenamiento de datos (pen drive). No le sirvió de mucho, porque la policía descubrió el movimiento, requisó el pen drive y procedió a leer su contenido: 107 archivos que han puesto al PP contra las cuerdas en el mayor caso de corrupción que ha sufrido esta formación política en toda su historia.

Un diputado, un senador -y entonces tesorero del partido-, varios diputados autonómicos, un consejero del Gobierno madrileño, alcaldes y concejales de Madrid, Valencia, Galicia y Castilla y León han sido imputados, han dimitido o están a punto de hacerlo ante las revelaciones del pequeño dispositivo de almacenamiento masivo de datos.

Los 107 archivos del pen drive resumían los 13 años de historia de la trama empresarial fundada por Francisco Correa en 1996. Durante todo este tiempo, Correa practicó supuestamente el cohecho, el tráfico de influencias, la falsedad documental y el fraude fiscal para alimentar un negocio sobre el que José Luis Izquierdo intentaba llevar cierto control, informando a sus jefes de los ingresos y los gastos. Aunque, como el contable declaró a la policía, ignoraba en muchos casos el origen del dinero y sólo lo anotaba porque se lo mandaban. Izquierdo no preguntaba: hacía montones que iba guardando en distintas cajas de seguridad de sucursales bancarias repartidas por Madrid.

Tras ser detenido, la policía le interrogó en la tarde del pasado 13 de febrero. Fue una declaración larga en la que Izquierdo dejó sin contestar algunas preguntas pero respondió a otras que permitieron a los investigadores hacerse una primera idea de la trama de corrupción que habían desarticulado. Sus prácticas delictivas quedaron impresas en alguno de los 107 archivos que Izquierdo explicó a la policía.

- Pago de comisiones ilegales. El contable, por orden del número dos de la red, Pablo Crespo, anotó el pago de dinero a una decena de dirigentes del PP que tenían capacidad para adjudicar contratos millonarios. Entre ellos estaban el tesorero nacional del partido, Luis Bárcenas; el consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo -ambos dimitieron de esos cargos después-, dos diputados autonómicos y cuatro alcaldes.

- Financiación irregular del partido. Varios apuntes delataban cobros en dinero B al PP por el montaje del congreso regional de Valencia, el 10 de diciembre de 2002; o por la organización de actos para los populares en las elecciones gallegas de 1997.

- Blanqueo de capitales. Izquierdo reflejó también el trasiego de grandes cantidades entre sociedades patrimoniales y algunos paraísos fiscales.

- Implicación de constructores. Al menos tres de los archivos analizados por la policía incluían el pago de cantidades importantes de dinero por constructoras a la trama corrupta.

Los datos almacenados en el pen drive que probaba la corrupción masiva vinculada al PP se correspondían con ingresos de las empresas de la trama que la policía ha logrado acreditar durante los 14 meses que ya dura esta investigación.

"Aquí tenemos un problema..."

Durante una conversación mantenida en la cárcel con su abogado el pasado 6 de marzo, el presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, se lamenta de su suerte. Es consciente de que, aunque se enroque y niegue todas las acusaciones, no puede borrar los cientos de datos sobre pagos en dinero negro que aparecen en el pen drive del contable de las empresas. "El puto pen drive, macho [...] Es que sin ese pen drive no tendrían nada, me pongo malo", dice Correa. El abogado coincide: "Aquí tenemos un problema que es el pen drive, que está expresado con toda claridad. [El juez] Garzón se ha ocupado, la policía mejor dicho, de hacer cuadros de lo que cobra cada uno"

En ese archivo de memoria USB, que el contable José Luis Izquierdo trató de esconder cuando fue detenido, están registrados los ingresos de las distintas empresas de la red de Correa durante varios años, y también, con detalle, los supuestos pagos en comisiones ilegales realizados a políticos del PP que beneficiaban a esas empresas. Izquierdo, además, confirmó punto por punto esos datos en su declaración ante la policía primero y ante Garzón después. "Más o menos tenemos controlados a todos. Excepto a Izquierdo", le cuenta el abogado a Correa cuando están barruntando qué declararán los otros imputados al juez

El letrado, a pesar de todo, mantiene una esperanza: que los sobornos revelados por el pen drive no puedan ser vinculados a favores concretos de los políticos sobornados. Si ese vínculo no se prueba, asegura, no hay delito

www.elpais.es 11.10.09

LA CONJURA UNIVERSAL SE DESPLOMA

Uno por uno han caído todos los argumentos defensivos improvisados por el PP - El partido buscará ahora la nulidad de las pruebas como en el 'caso Naseiro'

Uno tras otro han ido cayendo los argumentos defensivos que el PP ha improvisado sobre la marcha para hacer frente al caso Correa. Mariano Rajoy ha puesto voz a los argumentos servidos por el equipo jurídico del partido que ha encabezado Federico Trillo.

A cada paso se respondía con ruido y con la estrategia del vaquero que, al entrar en la cantina, dispara al pianista y no al forajido. Disipado el ruido, los 17.000 folios de sumario cuyo secreto ha levantado el juez han sepultado la conspiración universal por la que desfilaron Garzón, la fiscalía, policías, jueces, periodistas.... Ahora el PP recupera la posibilidad de buscar una nulidad de pruebas, tal y como baraja desde hace meses en las reuniones de estrategia.

Todo empezó el 11 de febrero cuando Rajoy, con todos sus dirigentes detrás, incluido Francisco Camps, en una imagen insólita, dijo: "No hay una trama del PP, hay una trama contra el PP".

- 1. Baltasar Garzón. "Garzón es socialista, ha pertenecido al partido socialista y debe abstenerse en la causa contra el PP, no puede juzgar a la gente de un partido y lo que está haciendo es realmente injusto", dijo Rajoy el 26 de febrero. Le siguió una querella contra el juez, al que se acusaba de actuar por venganza. El caso ahora lo llevan otros jueces y el sumario tiene pruebas materiales, testimonios coincidentes y escuchas incriminatorias. La querella fue rechazada.

- 2. Bermejo cazador. "La cacería liquida cualquier apariencia de división de poderes y de imparcialidad de la justicia y extiende un velo de sospecha sobre el ministro y sobre el juez". "Es obscena, bochornosa y degradante". En febrero ésa era la defensa de Rajoy: el juez, el ministro y el policía urdieron todo en un día de caza. Mariano Fernández Bermejo dimitió como ministro de Justicia, pero el caso sigue y crece.

- 3. Relación terminada. "A mí me planteó el tesorero del partido -Álvaro Lapuerta- que estas personas estaban utilizando el nombre de la dirección del PP y decidimos, por eso, dejar de contratar con ellos, aunque lo único que hacían en Génova era poner las traseras". Rajoy explicó así a mediados de febrero que cuando llegó al partido en 2004 ordenó romper las relaciones con las empresas de Correa. Sin embargo, el sumario incluye facturas de trabajos de 2005, en la campaña del referéndum de la Constitución europea.

- 4. Ni un euro al PP. "Ni hay trama, ni hay financiación ilegal del PP". "Todo el mundo debe tener la tranquilidad de que el partido no se financió con aportaciones de los imputados". "La gente de Correa no ha entregado ni un solo euro al PP". "El partido no se ha financiado ilegalmente ni ha recibido un euro de las personas que están detenidas". Encabezan la lista de grandes éxitos en los argumentarios del PP y Rajoy ha intentado así dejar al partido al margen. Dolores de Cospedal, la secretaria general, le ha seguido con frases como: "Esto no es Filesa" y "No estamos hablando de financiación irregular, de ninguna manera. Estamos muy tranquilos". Pero un informe de la policía acaba de demostrar que la trama pagó actos del PP en Valencia. Y, además, con dinero negro y facturas sin IVA, según consta en el sumario. Se investiga si esta práctica se extendió.

- 5. Son inocentes. Rajoy no ha cesado de poner las dos manos en el fuego por los acusados. Sobre todo por Camps y los suyos, con los que se ha montado varios homenajes públicos, especialmente en la campaña de las europeas. El 24 de febrero, sin esperar a conocer detalles, el líder del PP ya dijo: "Estoy seguro de que muchas de las personas que salen en los periódicos no aparecen en el sumario, ni van a ser imputados, ni van a ser inculpados. Y a esas personas, ¿Quién les repara el daño causado?". Luego, sobre Bárcenas y Galeote dijo: "Nadie podrá probar que no son inocentes". Ahora, los dos están imputados. El 23 de abril, Camps dijo: "Todo es un montaje y una mentira y la verdad, si Dios quiere, es lo que pronto sabrá todo el mundo". Sin invocar a Dios, Rajoy se rindió un mes después ante el presidente valenciano: "Paco, estamos contigo, como siempre. Y la inmensa mayoría de los ciudadanos se van a llevar una enorme alegría para disgusto de esos inquisidores del siglo XXI que son de una crueldad infinita, pues no tienen razón ni corazón".

En junio, en presencia de Ricardo Costa y miles de simpatizantes, Rajoy se entregó definitivamente: "Yo creo en tí, creo en lo que haces. Paco, siempre estaré detrás de ti, o delante o al lado, me es igual. Quiero que lo oigan todos". Hoy Camps mantiene una batalla con Rajoy, que incluye intercambio de golpes en la cara de Costa y que apenas ha empezado. El paroxismo llegó con Jaime Mayor Oreja en la plaza de toros de Valencia: "Frente a la mentira y la calumnia tiene que ganar la decencia de Paco Camps, el más honorable de todos los valencianos y de todos los españoles".

- 6. Tres tristes trajes. "Lo de los trajes no me lo creo. Es imposible que se haya vendido por tres trajes". Cuando Camps sólo tenía encima la acusación de recibir trajes, Rajoy sostuvo que era poco obsequio para comprarle, como si la honestidad fuera inversamente proporcional al precio. El valenciano no ha justificado aún los pagos, y todo el PP se lanzó a criticar el llamado cohecho impropio y a justificar los regalos a políticos. Rita Barberá, que, según Álvaro Pérez, El Bigotes, recibió de la trama un carísimo bolso de Louis Vuitton, quiso que se actuara contra Zapatero por recibir anchoas del presidente cántabro Miguel Ángel Revilla. Ahora, exculpado Camps por los trajes, el sumario ha mostrado que esos regalos eran lo de menos, porque el líder valenciano y su entorno mantenían una relación estrecha con la trama que dirigía quien se hacía llamar Don Vito. Tanto, que Costa les pedía que intercedieran ante Camps para que le hiciera consejero.

- 7. Escuchas ilegales. Cospedal tiró la bomba atómica en agosto, desde un chiringuito de playa: "Me consta que se están produciendo escuchas ilegales a personas que no tienen que ver con los sumarios". Se refería a que, según ella, dirigentes del PP tenían el teléfono pinchado. Por muchas preguntas que se han hecho a Cospedal y a otros dirigentes del PP nunca se ha sabido a qué se refería. Tampoco hubo querella y el PP intenta hacer olvidar sus palabras.

- 8. Persecución. "Es evidente que el Gobierno persigue al PP". "Que la fiscalía tiene un trato diferente entre el PP y el PSOE es un hecho objetivo, no un juicio de valor", aseguró Rajoy para poner el foco sobre la fiscalía. Como si los 17.000 folios de pruebas, testimonios y escuchas fueran fruto de la inquina de Cándido Conde-Pumpido.

- 9. Informe apócrifo. "Sabemos que hay un informe, pero no sabemos quién lo ha pedido", dijo el líder del PP para restar valor al informe de la Brigada contra el Blanqueo que daba por probada la financiación irregular del PP de Valencia. Incluso la factoría de denuncias de los populares aseguró que los policías que lo hicieron fueron condecorados por Interior. El informe ha sido avalado por las pruebas.

- 10. Escuchas a abogados. De los productores de las otras nueve estrategias llega ahora la de la anulación de todo el sumario por grabaciones de conversaciones entre imputados presos y sus abogados. Hace meses que se planteó en reuniones internas del PP, aún está en marcha y pretende ser el remake de la nulidad del caso Naseiro que sepultó judicialmente aquella financiación ilegal del PP. Ocurrió en Valencia y en el equipo jurídico-político estaba también Trillo.

www.elpais.es 11.10.09

LA MUJER DE CORREA ERA TITULAR DE 14 COCHES Y CRESPO DE 10

 

La cúpula de la 'red Gürtel' poseía un total de 49 vehículos de lujo por importe de 1,3 millones de euros

La cúpula de la 'red Gürtel' poseía un total de 49 vehículos de alta gama o lujo de marcas de reconocido prestigio por valor de 1,3 millones de euros, excluyendo los que regalaron supuestamente a diversos políticos como sobornos a sus exigencias, según un informe que consta en el sumario elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal.

BMW 735, Range Rover Sport, Mercedes SLK, Audi S6, Audi All Road, Mercedes E300, Audi A8, Mercedes SL500 son algunas de las marcas de los lujosos vehículos con precios superiores a los 35.000 euros que lucían los cabecillas de la trama de blanqueo de capitales.

La palma se lo llevaba la mujer de Correa, la imputada Carmen Rodríguez Quijano, quien poseía un total de 14 vehículos de estas características, entre ellos dos Land Rover, un Chrysler Jeep Wranger y un Lincoln Town Car.

En cambio, su marido sólo era titular de una motocicleta de gran cilindrada, una Suzuki GSX 600F. No obstante, en el listado de vehículos de la trama consta que anteriormente era titular de otros tres.

Según el informe policial, el ex secretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo poseía 12 coches. En la actualidad, era titular de un Seat Ibiza 1.9 y de un Opel Ascona 2.0. Además, figuró como propietario de otros tres vehículos, actualmente transferidos a terceros.

El responsable de Orange Market, Álvaro Pérez Alonso, 'El Bigotes', tenía cuatro vehículos de alta gama. En la actualidad, consta como titular de dos coches de la marca Bombardier, uno modelo CAM AM y otro DS650X, según el documento.

El restante de los vehículos, un total de 15, estaban a nombre de las empresas del entramado corrupto: Pasadena Viajes, Orange Market, Special Events Technology Consulting Management (TCM). Entre las marcas destacan Mercedes, Land Rover Discovery y Bombardier.

El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales especifica que la compra de los vehículos se efectuó, en la mayoría de los casos, aproximadamente, entre el periodo de tiempo comprendido entre 2000 y 2008, figurando a nombre de los investigadores por un periodo que oscila entre varios meses y dos o tres años, momento en el que son transferidos a terceros.

Los investigadores señalan que en algunos casos se detectó que los vehículos se transferían entra las distintas personas físicas y jurídicas que engloban el grupo empresarial que dirigía Correa. También hicieron hincapié en el considerable volumen de compra-venta de vehículos de alta gama en casos como la mujer de Correa y Pablo Crespo, siendo Correa sólo titular de una moto.

REGALOS A POLÍTICOS

El sumario incluye otros vehículos regalados a los participantes de la red corrupta. Por ejemplo, Correa compró en 1999 con dinero de la 'Caja B' un Mercedes valorado en 33.000 euros que se puso a nombre de Lourdes Semprun, la mujer del ex eurodiputado Gerardo Galeote, imputado en la trama. Este vehículo estuvo en un principio a nombre de la empresa mercantil Pasadena Viajes S.L.

El sumario destapa también que 'El Bigotes' y Crespo realizaron gestiones para conseguir un coche de lujo Infiniti para el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. El dirigente popular siniestró este coche el pasado mes de mayo.

Por otro lado, la relación entre Correa y los coches del ex alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda se refleja en una declaración del líder de la trama, en la que Correa mantiene que Sepúlveda "le debía 14 millones de pesetas de un Range River y que le iba a pagar con una obrita, y no le ha pagado ni el coche ni los viajes de los dos últimos años".

El documento precisa que el concesionario emitió dos facturas por el mismo Range Rover, una a favor de Correa por 83.000 euros y otra para la empresa ALD Automotive SAU referida al mismo vehículo donde consta un sello a nombre de Jesús Sepúlveda.

De la documentación se desprenden los tres coches de alta gama que Sepúlveda también imputado en la trama, adquirió por un valor total que supera los 175.400 euros.

Primero, compró un BMW modelo 523 I en abril de 1996 por el que pagó en efectivo 39.000 euros (6,5 millones de pesetas). Tres años más tarde se hizo con un Jaguar S-TYPE V.8. valorado en 53.400 euros, que él, por entonces pagó en pesetas (8,9 millones) en dos plazos: la entrada de 250.000 pesetas y mediante cheque bancario. Posteriormente, en 2004, compró para después alquilar un vehículo Range Rover Vogue 4.4. V8 por un valor total de 83.000 euros.

www.levante-emv.com 11.10.09

CORREA . UN VANIDOSO ENTRE LOS MILLONARIOS

La investigación sólo ha hallado por ahora unas pocas de las casas de Francisco Correa, ninguna a su nombre, que están en los lugares más exclusivos de España

Francisco Correa vivía como un millonario. Con toda seguridad, acabó siéndolo. Pero la fortuna que amasó durante más de diez años a través de su red de empresas todavía no se ha calculado de una manera oficial. Ni la policía ni los tres jueces que han instruido el caso Gürtel han llegado aún a una conclusión, y son muy prudentes en sus informes. Extraoficialmente, basándose en estimaciones y testimonios, la sospecha es que Correa pudo amasar una fortuna cercana a los 50 millones.

·         El cofre del tesoro marbellí de la esposa de Correa

Los investigadores saben, porque se lo han preguntado a Hacienda, que nunca ha hecho una declaración de la renta. Que en el registro de la propiedad no aparece nada a su nombre. Que en la oficina del catastro sólo figuran apuntes de dos locales en la calle de Húmera, en Madrid. Por las dimensiones (36 y 5 metros cuadrados), uno debe de ser un garaje y el otro un trastero.

Lo que se sabe de su fortuna lo ha contado él, en conversaciones grabadas bajo autorización judicial. Dice que tiene una casa en Sotogrande (con dos atraques para barcos en el puerto), otras en Pozuelo y Majadahonda, una finca en Tarifa y problemas para construirse una casa en Ibiza. También habla de negocios en Estados Unidos, Brasil, Colombia y Panamá, que los jueces, en la parte desclasificada, aún no han conseguido descifrar. Por la frecuencia con la que viaja, parece que tiene casas en esos lugares.

Según los documentos judiciales, las propiedades de Correa están a nombre de al menos tres empresas de gestión patrimonial (Kintamani, Osiris y Caroki), en las que él no figura. Las propiedades de las que disfrutaba Correa están en el lujo más inalcanzable de España.

Por ejemplo, su residencia habitual, en la Urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Se trata del complejo residencial más exclusivo del pueblo con la renta per cápita más alta de España. Carmen Rodríguez, la esposa de Correa, que ahora utiliza ese domicilio, es vecina de poderosos y famosos, desde el ex presidente del Gobierno José María Aznar hasta la estrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. El ex alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda estaba en nómina de la trama.

El criterio de Correa y Rodríguez para elegir casa parece ser buscar la más grande, en la construcción más exclusiva, en el lugar más caro y más privilegiado. Valga de ejemplo la casa de la urbanización Valgrande, en Sotogrande, San Roque (Cádiz). Se trata de un ático en medio de la exclusiva zona. La empresa Kintamani también es propietaria de una finca de 3.000 hectáreas en El Hondón, Tarifa.

En las grabaciones, Correa habla de ciertas dificultades para construir una mansión en Ibiza. De sus conversaciones con un contacto en Ibiza se deduce que el Gobierno insular ha denunciado la obra por exceso de edificación. "El dormitorio nuestro está abierto, y al estar abierto no computa", se queja Correa. La solución que se le ocurre a Correa denota cierto estilo: "Si al tío le llevamos ya un Rólex, un buen regalo, el tío dirá bueno, venga ya". Se refiere al aparejador. En conversaciones posteriores, Correa habla directamente de sobornarlo con un jamón y 6.000 euros.

La investigación concluye que se trata de un inmueble con tres plantas y un torreón, situado al borde de un acantilado en la zona norte de la privilegiada isla. La construcción está sin terminar. Pero si se le echa un vistazo en Google Maps (la dirección es calle Punta Grossa, 76, en Sant Joan de Labritja), sobran las explicaciones.

Según constaba en la denuncia inicial contra Correa, también eran suyos varios inmuebles de unos 200 metros cuadrados en la urbanización El Embrujo, en Marbella. Esos chalés provienen de su suegro, Enrique Rodríguez Bugallo. Este abogado fue imputado en la operación Ballena Blanca, en la que se desactivó una gigantesca red de blanqueo de dinero con sede en Marbella. Según las grabaciones del sumario, Correa prestó 300 millones de pesetas a su suegro a cambio de cinco inmuebles de El Embrujo, comprados muy por debajo de su valor para sacarles una rentabilidad del 100%.

De las grabaciones se deduce también que posee al menos dos barcos de lujo, uno llamado Carmen XI y otro llamado Parapipi y localizado en el puerto de Altea.

Correa sólo ocultaba su fortuna al fisco. Todo lo que se conoce de sus propiedades lo contó él mismo cuando se jactaba de sus millones ante sus colaboradores en las grabaciones. Sin su vanidad, todo este lujo seguiría siendo un misterio. Se movía por Madrid en un Audi A8 con chófer, y disponía de varias plazas de garaje alquiladas en el Hotel Fénix, en plena plaza de Colón, a medio camino de su oficina, en la calle de Serrano, y la sede del PP, en la de Génova. Allí se grabaron algunas de las conversaciones que, dos años después, tumbarían su imperio.

Éste es el acta matrimonial de Francisco Correa y Carmen Rodríguez. Los casó Marisol Yagüe, alcaldesa tránsfuga de Marbella, el 23 de diciembre de 1997. En 2006, Yagüe fue encarcelada por el caso Malaya, que investigaba una trama de corrupción generalizada en el Ayuntamiento. Está pendiente de juicio.

AGUIRRE SE LANZA Y DESAIRA A CAMPS Y RAJOY 

Sucedió de nuevo. En pleno debate interno por la lentitud de Mariano Rajoy a la hora de tomar decisiones, y sobre todo por el empeño de Francisco Camps en no hacer absolutamente nada ante las revelaciones del escándalo del caso Gürtel, Esperanza Aguirre volvió a dejarlos en evidencia, trasladando así toda la presión al presidente valenciano. 

Apenas unas horas después de recibir el sumario del caso Gürtel, en el que la Comunidad de Madrid se ha personado, Aguirre optó ayer por levantar un cortafuegos para evitar que las implicaciones políticas de la trama afecten aún más a su imagen. Y por ello expulsó del Grupo Popular en la Asamblea a los tres diputados autonómicos imputados. A los dos ex alcaldes que seguían como concejales también los echó de sus grupos municipales. Ella incluso está dispuesta a forzar el reglamento de la Asamblea para evitar que se los diputados vayan al Grupo Mixto y cobren un plus. En cualquier caso, la mayoría absoluta de Aguirre no corre ningún riesgo, puesto que contará ahora con 64 de los 120 diputados. 

Los afectados son el ex consejero Alberto López Viejo, muy cercano a Aguirre; el ex portavoz Benjamín Martín Vasco el diputado Alfonso Bosch, el ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, y el de Boadilla, Arturo González Panero. Ninguno renunció a su acta. 

Sepúlveda, un histórico del PP que organizaba todos los actos de José María Aznar, ha sido reintegrado por Rajoy a su puesto como funcionario del partido en Génova, con sueldo de asesor. La dirección del PP señala que es un trabajador y su despido sería improcedente. 

La decisión drástica, que la oposición venía reclamando hace meses, se produjo en medio de una gran tensión y un forcejeo interno, ya que Aguirre y su entorno intentaron sin éxito que entregaran el acta. "¿Quién les va a contratar? ¿De qué van a vivir?", se preguntaban fuentes populares. Los diputados temían, además, que el caso volviera al juez Baltasar Garzón si renunciaban al aforamiento. Una vez asumido que no cederían, la reunión en la que se decidió su expulsión fue tranquila porque estaba todo claro. 

Oficialmente, la decisión se justifica por el levantamiento parcial del secreto del sumario. Pero en éste no hay apenas datos nuevos sobre la rama madrileña de la trama. Las pruebas que imputan a los diputados y concejales ya estaban el auto del juez Baltasar Garzón de marzo. Lo que realmente pesó en una decisión madurada el miércoles, en una reunión de Aguirre con sus fieles, entre ellos Ignacio González y Francisco Granados, fue el regreso ayer del caso Gürtel a las primeras planas de los periódicos y el hecho de que Aguirre debía someterse a la sesión de control. Era su imagen la que estaba en juego, y la que le hizo decidirse. 

Pesaba mucho, según los aguirristas, el hecho de mantener la línea de actuación rápida y contundente. Porque la presidenta madrileña no dudó en destituir como consejero a López Viejo en cuanto comenzó a salir a la luz el caso, mucho antes de que estuviera imputado. A él le siguieron el resto de cargos.

A nadie se le escapaba ayer en el entorno de Aguirre que la decisión deja en muy mal lugar a Camps y a Rajoy, que tiene un senador, el ex tesorero Luis Bárcenas, y un diputado, Jesús Merino, imputados. La dirección nacional se puede acoger al hecho de que para ellos no ha sido levantado aún el secreto del sumario, pero la presión crece hacia Rajoy en un momento de dificultad, cuando recibe críticas de todos lados por su gestión de la crisis de Gürtel. La noticia sentó muy mal en el entorno de Rajoy. 

La imagen de un líder que está en manos de Camps, al que Rajoy no consigue convencer de que tome medidas, está haciendo mucho daño, según admiten varios dirigentes. Y esta decisión unilateral de Aguirre, que no consultó, viene a agravar la situación interna. "Se ha precipitado; estamos defendiendo la presunción de inocencia y ella hace esto, es muy insolidario", sentenciaba un dirigente. El portavoz del PP, Esteban González Pons, intentó hacer equilibrios en una comparecencia en Génova. Dijo que la dirección "apoya" la decisión de Aguirre, pero trató de salvar a Camps: "en Valencia no hay ningún político imputado". 

(www.elpais.com, 09/10/09)

UNA CAJA DE SEGURIDAD DA LA PISTA DE 14 MILLONES INVERTIDOS EN EL EXTRANJERO 

El entramado de empresas presuntamente controlado por Francisco Correa y Pablo Crespo, y diseñado por el asesor Luis de Miguel, movía millones de euros en operaciones financieras en el extranjero. Una de las cajas de seguridad bancarias intervenidas en la investigación es prácticamente un banco en sí misma. Se trata de la caja número 52 de la oficina de Caja Madrid en la calle Velázquez número 96 de Madrid, cerca de la sede principal de la trama, en la calle de Serrano. 

El titular de la misma es Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego y número dos de Correa. En el registro, según el informe que figura en el sumario, fueron hallados documentos sobre cuentas de valores a nombre de "FAFA" y "RAM" que suman 2.676.581 euros. "FAFA" ha sido identificado como Arturo Gianfranco Fasana, ciudadano suizo que aparece como el gestor de los fondos de Correa y Crespo en el exterior. "FAFA" también aparece en otra hoja con anotaciones de movimientos por un total de 6.742.001 euros. 

En otro taco de folios se registra una serie de contactos en Holanda y documentos sobre una cuenta en ese país y posibles inversiones. Adjunto hay un correo electrónico de una entidad holandesa a la secretaria de Ramón Blanco Balín, fichado en 2007 por Correa. En la caja había también unos títulos de inversión de la cuenta "RAM" con un saldo de 4.356.877 euros. 

Un documento revela la existencia de una cuenta en Merrill Lynch Bank en Suiza a nombre de Pablo Crespo. Ahí estaban también correos electrónicos de los contactos de la trama en Estados Unidos para invertir en Miami. O un documento de Merrill Lynch en Caimán con autorizaciones de cobro y una nota que dice "Albóndiga" (al alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, lo llamaban El Albondiguilla). 

En otros documentos, Crespo compra bonos a través de una cuenta en Mónaco por valor de 100.000 dólares y vende por un nominal de 190.000 dólares. En un fax, Crespo y Correa envían al director de la sucursal de Bancaja en Miami, Guillermo Martínez Lluch, un poder firmado para vender acciones. 

La colección de documentos bancarios continúa, incluido un reportaje de una revista sobre el secreto bancario suizo. Junto a ellos, se encuentra una bolsa de plástico de El Corte Inglés con 15 joyas dentro, además de un fajo de billetes de 500 euros. 

En total, en los primeros días de la Operación Gürtel se abrieron por orden judicial nueve cajas de seguridad en distintas entidades bancarias. 

(www.elpais.com, 09/10/09)

EL PP EMPUJA A CAMPS PARA QUE CORTE CABEZAS 

Las presiones sobre Francisco Camps van en aumento teniendo en cuenta que pasan los días y no hace nada. Ayer fueron muchas las voces críticas del PP que abandonaron su anonimato y se alzaron para exigir algún tipo de actuación después de que Rajoy hubiese pedido "explicaciones" y María Dolores de Cospedal "medidas contundentes" sin ningún éxito. Su pasividad comienza a desatar la alarma en el partido. 

Muchos dirigentes aprovecharon sus comparecencias públicas para expresar su preocupación. "Aquel que comete un delito no tiene cabida en el PP", defendió el presidente de La Rioja, Pedro Sanz. El rostro económico de la oposición, Cristóbal Montoro, admitió que en su partido podían existir "unos cuantos chorizos" advirtiendo de que había que "extirparlos". Y Cospedal puso por la noche el punto final admitiendo que era posible que "personas relacionadas en su momento o actualmente con el PP" hubiesen tenido "comportamientos irregulares o ilegales".  

La secretaria general subrayó en el programa En noches como esta de TVE, que tendrían su sanción "penal, administrativa o como corresponda", . 

Todas las advertencias llegaron al PP valenciano pero las que peor sentaron fueron las de dos de los suyos: Rita Barberá y Esteban González Pons. Durante una rueda de prensa, la alcaldesa de Valencia mantuvo que su partido actuaría en relación con el caso Gürtel y al ser preguntada si consideraba que debían producirse dimisiones tras conocerse el contenido de parte del sumario, respondió que ella y sus compañeros estaban en política y eso requería "dar explicaciones y tomar decisiones sin duda alguna". 

El nombre del secretario general del PPCV, Ricardo Costa, volvió a barajarse como cese. Pero la regidora contestó que cuando le pidieran "consejo", ya lo daría. Y recordó que el pasado 27 de septiembre, cuando comenzó a reclamarse la cabeza de Costa, lanzó un comunicado mostrándole su respaldo. 

Sus palabras llamaron la atención, sobre todo tras varios días de un silencio elocuente. Ayer se mostró molesta porque eso se hubiese interpretado como una falta de apoyo a Camps. "No es verdad", defendió expresándole "su apoyo, cariño y lealtad". La alcaldesa sostuvo que "cualquiera" que hubiese cometido algún delito debía "ser juzgado" y destacó que estas situaciones no respondían tanto a un tema judicial "como político", visualizando el daño que le estaba causando a su formación esta "orgía de morbo y cotilleo" 

La intervención de Pons en Telecinco también molestó profundamente. El vicesecretario de Comunicación dijo que veía todo esto como una oportunidad para "demostrar que el PP es capaz de luchar contra la corrupción, depurarse por dentro y eliminar aquellas partes intoxicadas". No quiso pronunciarse sobre Costa. "Rajoy confía completamente en Camps", dijo en varias ocasiones, añadiendo que es al presidente de la Generalitat a quien le corresponde "adoptar las decisiones". Su intervención terminó con un símil futbolístico muy claro: "Los resultados de Camps son indiscutibles en la tabla de clasificación. Otra cosa es que pueda haber algún conflicto en el vestuario".  

A pesar de todos los avisos, la Generalitat sostuvo que no había que tomar "ninguna medida" ante "insinuaciones" y un "corta y pega de conversaciones". La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, dijo que "siempre" habían actuado con "absoluta responsabilidad, prudencia y de acuerdo con la legalidad".  

En el PP creen que, después de la comida de Rajoy y Camps en el Parador de Alarcón, este último debería reaccionar. La semana pasada algunos ya le reclamaban que lo hiciera "cuanto antes mejor". El equipo de Rajoy está tratando de forzarle, pero algunos dan por hecho que con el Día de la Comunidad Valenciana, que se celebra hoy, cualquier movimiento se aplaza, tal y como ya ocurrió con el debate de Política General en Les Corts. 

Algunos ven a Camps "noqueado" y comparan su actuación con la de Aguirre, que ha expulsado del Grupo Popular a tres diputados. Pons desechaba ayer que en el PP existiera una doble vara de medir explicando que "los dos cuentan con total apoyo de la dirección nacional" y diciendo que había que "tener en cuenta que en Madrid se había visto que hay muchos políticos imputados, mientras que en Valencia, no".  

"Nuestro apoyo inquebrantable a Camps", lanzó como mensaje para reconducir la tensa relación entre la sede nacional y la formación regional.  

(www.publico.es, 09/10/09) 

COLLADO FIRMÓ EL ALQUILER DEL PISO DE SEGURIDAD DE LA TRAMA GÜRTEL 

Los pasajes del sumario del caso Gürtel son riquísimos en referencias a Pau Collado, ex alto cargo del Govern de Jaume Matas. El papel del anterior director de la Fundación Balears Sostenible en la presunta trama de corrupción no es secundario, como quiso hacer ver hace meses cuando estalló el escándalo. La Policía Nacional le sitúa como "subordinado" de los cabecillas, Francisco Correa y Pablo Crespo, con acceso directo al "piso de seguridad" de la organización. 

Pau Collado, relata la Brigada de Blanqueo de Capitales, firmó el contrato de alquiler de la vivienda emplazada en la calle General Martínez Campos, de Madrid. Allí los investigadores encontraron archivos encriptados, el grueso de la contabilidad B, facturas falsas o las cartas que Álvaro Pérez, El Bigotes, enviaba al PP de Galicia para reclamar el pago de una deuda. La versión de la Policía la corrobora un empleado de Collado en la sociedad Easy Concept. El testigo admite ante el juez instructor Baltasar Garzón que el mallorquín disponía de una llave del piso de General Martínez Campos. 

Cuando el caso Gürtel salta a los medios de comunicación, este diario se pone en contacto con Pau Collado. "Salvo a un par de personas, una secretaria y un comercial y poco más, no conozco a ninguno de los otros [integrantes de la lista de imputados]", dice el 10 de febrero. El sumario recoge la grabación de cerca de un centenar de conversaciones que mantiene con Pablo Crespo y Francisco Correa, supuestos corruptores de dirigentes del PP. 

La Policía afirma que Collado es el "captador" de contratos públicos en la Comunidad de Madrid; dirige un buen número de empresas de la organización; da cuenta a Crespo de las actuaciones que realiza; y participa en proyectos de inversión inmobiliaria de Francisco Correa en Colombia. Y además, negocia la inclusión de presupuestos superiores a los reales en adjudicaciones del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

Por otra parte, Correa no llamó por teléfono al actual conseller de Vivienda y Obras Públicas, Jaume Carbonero, para que resolviera los problemas urbanísticos de su vivienda de Sant Joan de Labritja (Eivissa), como sostiene la Policía en el sumario. El cabecilla de la trama dejó varios mensajes al concejal de de Turismo de la localidad, Jaume Marí, tal como reconoció el edil del PP a este diario. Marí dijo que conocía a Correa porque era cliente de su restaurante Can Gat. Según Marí, el empresario imputado se quejaba de la paralización de las obras cuando acudía a comer, pero en ningún momento medió en su favor. Las obras del chalé siguen empantanadas. 

(www.diariodemallorca.es, 09/10/09)

JOSÉ LUÍS PEÑAS : “Mariano Rajoy puede poner al PP a la altura de HB”

¿Qué le parece la estrategia del PP de atacar al Gobierno, a la Fiscalía… para eludir responsabilidades en relación al caso Gürtel?

Es la huída hacia delante. Es muy difícil decir que en el cesto hay manzanas podridas. Más difícil es sacarlas y limpiar todo el cesto. Normalmente el que tiene que limpiar también está podrido. Es un gravísimo problema y de ahí arrancan todos los males. Si son dos alcaldillos y un presidente de la empresa no pasa nada pero cuando subes hacia arriba y son los que te han apoyado, tus amiguitos, claro, el tío que ha manejado todo el dinero y que sabe lo que ha pasado en ese partido, cuando tú no tienes la conciencia muy tranquila porque sabes que tenías que haber hecho algo más... Es lógico que tengas que hacer esta huída.

Aguirre presume de haber actuado con contundencia. ¿Ha sido así?

Esperanza Aguirre, conocida en el PP como la tránsfuga –abandonó el Partido Liberal, que sigue existiendo, por Alianza Popular-, sabía perfectamente quién era Paco Correa, sus empresas, para quién trabajaba Isabel Jordán [una de las imputadas], a la que llamaba a diario… Siempre decía que no quería a otra persona para sus actos que no fuera Isabel Jordán y decir eso era decir Correa. Hubo un juicio en 2007 porque le reclamaban unas cantidades que tuvieron que pagar. Claro, cuando una empresa tiene mucha información sobre ti tienes que actuar con cuidado. Cuando se produce la intervención de Garzón y se empiezan a saber cosas, esta señora hace lo de siempre, sacrificar peones. ¿Alguien se va a creer que López-Viejo actuara por su cuenta?

El archivo de la causa contra Camps se ha interpretado como un triunfo ¿está de acuerdo?

Yo lo veo como lo que es. Un tejemaneje absoluto. No puede ser que haya un amiguito del alma de un presidente que sea el que lo juzgue. Me parecería indignante que De la Rúa acabara en el Supremo. Espero que sea una victoria efímera. Yo he estado allí, he oído las conversaciones y es de justicia que se reabra el caso que nunca se debió archivar. Toda la familia de Camps tiene que decir algo. Su señora tiene que dar explicación.

¿Era generoso Correa con la gente?

Sí, interesadamente. Aunque a veces era capaz de hacer cosas por altruismo. Él, en el fondo, sabía que su dinero era de procedencia ilícita. Quizá ello le llevara a hacer buenas acciones, me consta que ayudó a una persona en un tratamiento contra el cáncer. Creo que lo hizo para satisfacción personal y para poder contarlo.

¿Le hizo algún regalo?

Sí, estuvo en mi boda y me regaló un viaje. Más tarde, cuando dejé de ser concejal del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda y pasé a concejal no adscrito, él se acercó a mí. Yo ya sospechaba de sus tejemanejes y me extrañó porque de mí no podía sacar nada porque no tenía ninguna capacidad de decisión. Tuvo la idea de formar un partido independiente y ése fue mi banderín de enganche. Montamos a final de 2005 el partido, una pequeña infraestructura que lógicamente era pagada por el señor Correa.

¿Está imputado en esta causa?

Sí. Se ha dicho que yo fui a la Fiscalía y pedí un trato. Fui a la Policía y denuncié. No sé si se pueden hacer tratos o no con la Fiscalía. Desde luego yo no pedí nada para mí.

¿Ni nadie se lo ha ofrecido?

No, nadie. No lo pedí porque no lo necesito. Para hacer esto hay que tener, como dice un amigo mío, cierta parte corporal muy limpia. Y yo la tengo. Desgraciadamente para todos ellos, desde el señor Correa hasta el último imputado, la tengo superlimpia. ¿Por qué estoy imputado? Porque en el famoso pen drive que le cogieron al señor de los dineros de Correa había unas entregas de dinero de 2005, dos o tres meses que nos entregaba unos 2.000 euros para financiar el partido que habíamos creado. Teníamos una oficina, una secretaria… y ese dinero iba para eso. Yo no tenía intención de sacar ningún concejal, como he dicho antes, era mi banderín de enganche para averiguar los tejemanejes que se traía con el PP.

¿Actuó con sangre fría con la intención de pillarle?

Me preguntaba por qué quería un partido, no era lógico que quisiera financiarnos. Empiezo entonces a verle con asiduidad y en diciembre de 2005, en el hotel Fénix -él se había ido de su casa había dejado a su mujer y tenía dos habitaciones alquiladas-, estaba hablando por teléfono con Benjamín Martín Vasco y lo tenía puesto en manos libres. Oí a Martín Vasco exigir una cantidad al señor Correa para no delatar no sé qué negocio en Arganda. Ese día pensé ‘aquí está el entramado, el quid de la cuestión’. En enero de 2006 empecé a grabar todos los encuentros que pude.


Peñas: "Oí al diputado Martín Vasco exigirle una cantidad de dinero a Correa"

Tras la denuncia y hacerse público su nombre como la persona que puso en marcha toda esta operación ¿alguien le ha llamado?
No, nadie.

¿Ha temido por tu vida en algún momento?

Por supuesto que sí. He pasado miedo. No soy un superhéroe. Tengo una familia. No estamos hablando de un trapicheo. Estamos hablando de la segunda organización política de este país, afectada hasta la médula. Miles de millones de euros. Cómo no iba yo a estar intranquilo. Yo sabía dominar ese miedo pero ha habido muchas veces que me sentía desolado, muy intranquilo. He oído cosas muy duras en conversaciones. Afortunadamente, tengo el apoyo de toda mi familia.

¿Le sigue dando miedo?

No, ahora no. Ahora mi intranquilidad es esa que si al final no hay condena todo habrá quedado como agua de borraja.

¿Le ha decepcionado el PP?

Sigo siendo miembro del PP. Me ha defraudado. Yo ya era mayor cuando entré en política, tenía 37 años. Pensaba que era una opción limpia, clara y que me convenció totalmente. Era cuando lo de Miguel Ángel Blanco y me sentía muy orgulloso de pertenecer al Partido Popular.

¿Y ahora?

No me arrepiento de nada de lo que hice con el PP, igual que no me arrepiento de haber hecho la denuncia. El PP tiene que deshacerse de esta gente corrupta. Y me gustaría hacerle la siguiente reflexión a Mariano Rajoy: usted puede poner al PP a la altura de HB. Una de las imputaciones es por asociación ilícita, que es una de las causas para ilegalizar un partido político. Si esto acaba en condena, estaría en la misma situación de ilegalidad que HB, según la ley de Partidos que tanto invoca el señor de “los chuches”.

¿Qué le gustaría decirles a aquellos a los que no ha conseguido convencer?

Yo realmente a quien espero convencer es a los jueces. Sé que hay muchos ciudadanos que han podido estar en mi misma situación. Que denuncien. La gente que pueda pensar que actúo por venganza es muy difícil que les convenza de todo lo contrario. Pueden ver mis cuentas corrientes. No era una vendetta ya que para eso, tendrían que haberme hecho antes algo. Simplemente estaba en el lugar oportuno en el momento oportuno. Podía haberme vuelto a mi trabajo y no habría pasado nada. De hecho podría haberles sacado cualquier cosa por esos audios. Nunca se me pasó por la cabeza. Ésta es la verdad, no puedo decir otra cosa.

¿Todo esto le ha perjudicado personal y/o profesionalmente?

Yo tenía una carrera política por delante, en un municipio muy rico de Madrid, que con hacer lo que me dijeran ya bastaba. Era un concejal joven y posiblemente tenía por delante una carrera política halagüeña. Pero Dios me ha venido a ver porque podía haber acabado como uno más de la secta o en la cárcel. Todo esto me ha servido para crecer mucho personalmente y ser mejor. En lo que respecta a mi familia también me ha venido muy bien: a mi hija mayor la veía minutos en sus primeros años de vida. Aunque me haya perjudicado un poco profesionalmente, prefiero tener menos desde un punto de vista económico y ser mejor persona.

¿Cuándo pase todo esto, le gustaría seguir participando en política con un PP regenerado?

Sería muy difícil. La política para mí es un caso cerrado ya. Me gustaría ayudar a la gente que pudiera estar en la situación que yo he pasado, a concejales o a partidos independientes, que los hay, que luchan por su municipio… En esa área del derecho me interesaría poder trabajar, no por el hecho de lucrarme pero creo que tengo detrás un bagaje que creo que puedo ayudarles.

www.elplural.com 09.10.09

JOSÉ LUÍS PEÑAS : “Recuerdo nítidamente cómo Correa alardeaba de su amistad con Aznar y con los cachorros de Becerril”

José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda, es la persona que denunció a la Policía el caso Gürtel. De él se han publicado muchas cosas, entre otras, que sus fines nunca fueron altruistas y que actuaba por despecho. Le han tildado de arrepentido, de traidor e incluso trataron de colgarle el sanbenito de corrupto, todo por denunciar una oscura operación urbanística en Majadahonda que finalmente fue archivada por falta de pruebas. Aquella primera denuncia le costó su expulsión del Grupo Popular pero, al mismo tiempo, le puso sobre aviso de las turbias relaciones entre sus compañeros del PP y el “octavo hombre de Génova” [Francisco Correa, presunto cerebro de la red corrupta], sin carnet de militante pero con mucho poder. El destino le sitúa a finales de 2005 muy cerca de él y decide grabar con cámara oculta sus tejemanejes. No quería que se repitiera la historia y necesitaba pruebas. A finales de 2007 se presentó con estas grabaciones ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Era sólo el principio de un terremoto de proporciones desconocidas que amenaza con destruir los cimientos de Génova. José Luis Peñas ha permanecido callado durante todo este tiempo y jamás ha concedido una entrevista a un medio de comunicación. Hoy rompe por fin su silencio en El Plural.

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En los últimos meses ha provocado una auténtica tormenta en el seno del PP. Se podría decir, en lenguaje popular, la que ha liado…
Yo soy un mero intermediario, aquí quien la ha liado es el que ha metido la mano en la caja, el que ha querido aprovecharse de su cargo, el que ha querido mentir a los ciudadanos… El PP, en vez de reconocer que había manzanas podridas y retirarlas, se dedica a decir que lo podrido está fuera. Soy el mensajero de una mala noticia para un determinado partido político que debería haber pensado las cosas antes de hacerlas y haberme escuchado. El gran responsable de Gürtel tiene un nombre: Mariano Rajoy. Les rogué que me escucharan, tanto a Mariano Rajoy como a Esperanza Aguirre y lo que me encontré fue el silencio, el desprecio e intentar señalarme como lo que no soy. A partir de ese momento quise demostrarme a mí mismo y a la gente que me quería, que no tengo nada que ocultar y que siempre he ido por delante.

¿Actúa por justicia o por venganza?
Es curioso que se haga esta pregunta y no se pregunte a los delincuentes por qué delinquen. Esa misma pregunta me la hizo la Policía, las fiscales de Anticorrupción y los jueces. Cuando ves a una persona que nada contracorriente es lo que extraña. Siempre intentas ver algo oscuro detrás. Hay varias razones, la primera porque creo en la democracia y nos dice que tenemos que defender el orden constitucional. Y esto nos lleva a la dignidad de una persona, que es muy importante y me la enseñó mi padre de pequeño. Era carnicero y jamás pesaba ni un gramo de más, quitaba el papel de estraza al pesar. Yo siempre he querido ser como él. Podía haber vuelto a mi puesto de funcionario, hubiera sido muy fácil para mí, pero no hubiera dormido tan tranquilo.

¿Por qué fue expulsado del Grupo Popular de Majadahonda? ¿Se podría llegar a la conclusión de que era el ‘malo’ de la película?
Yo era concejal de urbanismo y sintetizando, porque es un caso muy complicado, había una parcela que se la quería llevar una persona por ocho millones de euros. Yo la saqué a concurso por 56 millones y me dicen que quiero trincar. No lo entiendo. Claro que lo que no sabía entonces es que había una trama corrupta dentro del partido que, en connivencia con determinados personajes, se dedicaba a dar concesiones, contratos, etc. Cuando lo supe es cuando me decidí a grabar. No estamos hablando de dos euros ni de tres. A día de hoy están implicadas dos de las principales constructoras de este país, gente con muchísimo dinero y muchísimo poder están cayendo o en entredicho. Yo estoy muy tranquilo de conciencia y en mis cuentas corrientes, a pesar de que estoy recibiendo presiones en mi entorno. Ha habido, por ejemplo, inspecciones de Hacienda a mi entorno, a mis padres, a mis suegros… A mí no porque no tengo nada. No digo que no se tenga que investigar, pero qué curioso que en los últimos tiempos se hagan a personas a las que nunca habían inspeccionado.

¿Qué le parecen los apelativos que le han puesto: el arrepentido, el topo, el traidor, el chota…?
Te ponen apellidos con una impunidad absoluta. Pensé que el periodismo en este país era serio. No pretendo con ello cargarme al mensajero pero mi teléfono está en la guía y hay periodistas que me han llamado incluso de Alemania. Pero no lo han hecho los que me han insultado, que se han dedicado a crear una imagen horrorosa en torno a mí: arrepentido es un mafioso, el chota se dice en ambientes carcelarios... Ninguno de ellos me ha permitido dar mi versión, aunque hubiera sido sólo para decir ‘José Luis Peñas lo niega’. Espero que algún día, la Justicia diga algo al respecto.

¿Ha denunciado a algún periodista?
Estoy en ello.

Casimiro García-Abadillo, en concreto, ha publicado que antes de ir a la Fiscalía había intentado chantajear a Correa para que le pagara una cantidad a cambio de tu silencio
Insisto, podía haberme llamado. Es un periodista solvente, que participa en tertulias continuamente, trabaja en uno de los periódicos más importantes de este país. Yo puedo mentir o no, pero al menos podía haberme dado la oportunidad de dar mi versión. Me imputa un delito que a su vez es un delito. Jamás pedí dinero a Correa. No se sostiene por una cuestión de lógica y por algo que yo sé. Antes de acabar mi relación con Correa, en diciembre de 2007 ya había mucha gente al tanto de la denuncia y de lo que había hecho. Entonces yo temía por mi vida. Estamos hablando de miles de millones de euros, de gente que puede ir a la cárcel y que puede salir muy mal parada políticamente. Por mucho menos te pueden dar una puñalada. ¿Cómo se entiende que vaya al señor Correa, le trate de chantajear con unos audios en noviembre de 2007 y en diciembre él me haga un encargo, el de cobrar a Alberto López-Viejo dos millones que le debía? Ahí chirría toda esta historia, le podía haber evitado al señor García-Abadillo el ridículo tan espantoso que ha hecho desde su periódico.

Jose Luis Peñas: "Jamás pedí dinero a Correa"

¿De quién se siente más víctima, de los medios o de sus compañeros del PP?
Me siento mucho más atacado por el PP. El señor Rajoy tenía que conocer toda la trama, creo recordar que en alguna ocasión viajó con esta gente. Se ha explayado diciendo que los echó él pero algo más tenía que haber hecho como presidente del PP, como diputado y como persona que aspira a presidir este país. ¿Cómo que les echó de Génova? Eso es mentira, porque en 2005 seguían trabajando para él, por ejemplo, en la campaña del referéndum de la Constitución Europea y la recogida de firmas contra la reforma del Estatut de Cataluña. ¿Por qué les deja seguir trabajando en Valencia y en los municipios de Madrid? ¿Cómo no denunció eso? Me hubiera ahorrado dos años de calvario. Tiene que explicar su responsabilidad, que la tiene y él lo sabe.

Algunos de los imputados están directamente relacionados con Agag y eso nos lleva a Aznar. ¿Hasta qué punto su círculo más cercano pudo ser permisivo?
Eso lo tendrán que determinar los jueces, pero es evidente que el caso Gürtel es el caso de los amigos de Aznar y el clan de Becerril con Agag a la cabeza. Se dice que a la Fiscalía se le va la mano hacia un determinado partido. Creo que en los últimos ocho años han sido los años de mayor lucha contra la corrupción política. Me gustaría saber qué investigaciones de este calado se hicieron con Aznar. La de Gil y Gil y punto. Eso sí, hubo algunos indultos por parte del Consejo de Ministros, de gente del PP como el alcalde de Burgos. Eso me lleva a pensar si no por activa, sí por pasiva, ha habido responsabilidad. En la boda estuvieron todos los amiguitos de Agag ahora imputados: Correa y su mujer, El Bigotes, Jacobo Gordons, Alberto López Viejo, Alfonso Bosch... por no decir Flavio Briatore. Si ahora no quiere saber nada de ellos es su problema pero me consta que fueron amiguitos hasta 2007. No solamente estuvieron en la boda sino que la organizaron ellos. Habrá que saber quién la pagó, cómo la pagó y qué medios públicos se utilizaron. Lo de el Escorial fue la demostración empírica de lo que era España en ese momento. La España del pelotazo. La España del vamos a vivir por encima de nuestras posibilidades y con los recursos de los demás. Mientras los demás ganan mil, voy a hacerme multimillonario. Yo y mis amigos. Tampoco conviene olvidar que Ramón Blanco Balín, el cerebro a escala internacional de la trama, es íntimo amigo de Aznar.

¿Alardeó en alguna ocasión Correa de su amistad con Aznar?
Recuerdo nítidamente cómo Correa alardeaba de su amistad con Aznar y con los cachorros de Becerril. Tanto él como su mujer, con la que trabajé varios años. No sólo de Aznar, también de la que mantenía con un sinfín de los cachorros de Becerril. Decenas de militantes del PP y cargos del partido pasaron por su casa, por sus cenas, por su agencia de viajes... Alardeaba de ello y se quejaba a veces. Unas veces se le ayudaba. Otras no. En el año 2002, 2003, 2004, 2005 si me apuras, era un privilegio cenar con Correa, para la gente que quería claro. Era business seguro. Había tortas por cenar con él. Hubo un tiempo en el que, no te voy a decir que era el cuarto hombre de Génova, pero sí el séptimo o el octavo que más mandaba. No era miembro del PP pero todo el mundo se apartaba cuando él pasaba. Era el que hacía todas las campañas del presidente… todo todo, una persona con un poder inmenso. Ahora sus grandes amigos, cuando está entre rejas, le dedican perlas. Fernando Martín, señor de Martinsa-Fadesa, dice que le propuso un negocio. Creo que más de uno. Unos salieron y otros no.

José Luis Peñas: "Cenar con Correa era bussines seguro"
 

¿Qué relación tenía con Correa? ¿Hasta qué punto formó parte de ese grupo privilegiado?
Le conocí el día de mi boda. Mi jefe, que era Guillermo Ortega, me propuso que lo invitara y cómo no iba a invitar el número ocho del PP. Yo estaba trabajando en Majadahonda como personal de confianza y Guillermo a quien quería que conociera era a su mujer, a Mari Carmen que iba entrar en el Ayuntamiento, como jefa de prensa. Luego a posteriori me enteré de que se encargaba de muchas otras cosas. Entre otras facilitar la entrada de las empresas del marido. Al principio era con ella con la que mantuve una relación muy estrecha. Con Correa es a partir de 2005, cuando él se acerca a mí. Fue una relación de amor odio. Nos veníamos un mes diez veces y luego en tres meses no. Veía algo en mí que le gustaban, cosas que no veía en otras personas. Creo que soy la única persona que me he quedado con su hija en su casa. Tenía una idea muy suya de mí. Y yo la tengo de él.

¿Qué idea tiene de él?
Creo que se ha equivocado. Es una persona muy inteligente que podía haber hecho mucho dinero, aunque no tanto como el que quería tener, por medios absolutamente legales. Cayó precisamente en lo que criticaba de otros pero no en él. A veces hablábamos de la avaricia, de la codicia y se quejaba de que la gente siempre quería más. En la cárcel, con él debía haber muchas más personas.

¿No era consciente de estar cometiendo delitos?
No. Lo máximo que me llegó a reconocer que no declaraba a Hacienda pero que eso era sólo una sanción.
 

José Luis Peñas: "Correa no era consciente de estar haciendo algo delictivo"
 

¿Alguna vez le intentó meter en el negocio?
No. Su idea con nosotros era hacer el partido político. Pretendía que ganáramos en Majadahonda, que no sé de dónde se sacó esto. Era el business, como él decía, que pretendía tener con nosotros. Nunca me propuso nada, ni siquiera cuando era concejal, él tenía a mi superior que era Guillermo Ortega. Era padrino de uno de sus hijos, intercedió por su mujer para que entrara en una universidad. Siendo concejal, con Correa sólo he tenido una conversación o dos con él.

Se ha publicado que vivió en su casa cuando se separó de su mujer…
No es cierto que viviera aquí en mi casa. Ha estado aquí cenando pero jamás ha dormido en mi casa. Quien vivió aquí fue otro concejal de Majadahonda que se separó de su mujer. Cuando se fue de su casa se fue al hotel Fénix donde tenía alquilada dos suites. Una para su ropa y otra para él.

¿Conoció también a Álvaro Pérez, El Bigotes?
Era un peón de lujo, pero un peón. No hacía nada si no era con el consentimiento de Correa o Crespo. Empezó en Madrid y precisamente su primer acto con Correa fue en Majadahonda, donde yo trabajaba con la mujer de Correa. Se habían cogido CD’s pirata y quisimos hacer algo para dar publicidad al municipio. Aplastamos todos los CD’s con una apisonadora. Con Álvaro es con la persona que menos afinidad he tenido de todos estos. Nunca nos gustamos mutuamente. Era chulesco, quería resaltar siempre, todo apariencia. Éramos totalmente incompatibles.

Sí conquistó a Camps. ¿Correa le ha contado algo al respecto?
Lo de amiguito del alma lo he leído en los periódicos pero sí he sido testigo de cómo decía con sorna ‘hay que ver cómo quiere Camps a Alvarito, es que te cagas’. También he tenido la oportunidad de oír hablar de su actitud en Valencia, donde alardeaban de que allí lo que quisieran. Tenía una actitud de prepotencia absoluta, total… Recuerdo mi última conversación con Correa, me ofreció un puesto de trabajo en Valencia para llevar la Fitur cobrando 6.000 euros al mes. Por supuesto, le dije que no. Yo ya había denunciado la trama. Les he oído hablar de lo que hacían, de los programas que iban a colar a televisión, a Canal 9… Era una prepotencia tan absoluta la que tenían tanto en Valencia como en algunos municipios de la Comunidad de Madrid y en la propia Comunidad de Madrid.

(Continuará)

Marisu Moreno es subdirectora de elplural.com

DON VITO TAMBIÉN TRABAJÓ PARA COSPEDAL 

María Dolores de Cospedal, secretaria General del PP, tiene muy claro que hay una persecución contra el PP orquestada por el Gobierno, pero “no tiene ni idea” de los dos contratos que su Consejería de Transportes de Madrid otorgó a la trama Gürtel. En el sumario destapado parcialmente por el juez del TSJM, Antonio Pedreira, consta que, mientras Cospedal gestionaba los Transportes de la región (2004-2006), Metro de Madrid, empresa pública dependiente de su Consejería, otorgó dos contratos a dedo a las empresas de Don Vito que es como le gustaba que le llamaran el jefe de la trama, Francisco Correa. No existe ningún expediente de contratación de estos trabajos, tan solo hay reconocimiento de los gastos y facturas emitidas… 18 meses después de prestar los servicios. El entorno de la número dos de Génova se ha apresurado en remarcar que ella no tuvo nada que ver con aquello.  

A María Dolores de Cospedal no le tiembla la voz si tiene que acusar sin pruebas al ministro de Interior, a la vicepresidenta, y al fiscal General del Estado, de acosar al PP. Sin embargo, otro gallo canta cuando se trata de asumir responsabilidades propias.

“Ni idea”

Así, su entorno ha asegurado que “no tiene ni idea” de los contratos otorgados desde la que fuera su Consejería. Sus voceros no han dudado en culpar a Metro de Madrid de los negocios con Francisco Correa, presunto cabecilla de la Gürtel, apuntando que “siempre ha tenido independencia a la hora de contratar”, recoge Público citando a fuentes de su equipo. “Esos contratos no los ha visado ningún consejero ni director general ni antes ni después de ella”, han indicado estas mismas fuentes.

Contratando corruptos

Faltan explicaciones convincentes, pero el sumario de Pedreira es inclemente. En el documento consta que Servimedia Integral, una de las empresas corruptas favoritas del Gobierno de Esperanza Aguirre, se embolsó 21.480 euros por montar la presentación de una Cumbre Flamenca en septiembre de 2005. Una cantidad sensiblemente superior a los 7.758 que cobró Diseño Asimétrico, otra terminal de Correa, por organizar una rueda de prensa para firmar un convenio con Baleares el 3 de mayo del mismo año.

Aguirre presente

Huelga decir que en 2005 Correa ya había sido vetado formalmente desde Génova por usar “indebidamente” el nombre del partido en beneficio propio; sin embargo, el mismo Mariano Rajoy, que se arrogó la excomunión de los corruptos, volvió a contratarle incluso en 2008. Además de este factor, es de destacar que los dos actos organizados por Gürtel tienen un común denominador: que ambos fueron protagonizados por la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y que ninguna de las facturas se emitió hasta 2007.

Intervención de López Viejo

Este último punto es curioso: las facturas se remitieron 18 meses después de los actos y la Dirección General de Comunicación de Metro tuvo que hacer una “propuesta regularizadora” para justificar los gastos. El caso de la Cumbre Flamenca tenía además otra particularidad: la Consejería de Cospedal no tramitó expediente de contratación a pesar de que el acto excedía ampliamente el tope para eludir el concurso (12.000 euros). Los costes no se pagaron hasta marzo de 2007, cuando intervino Alberto López Viejo, dimitido consejero de Deportes y entonces viceconsejero de Presidencia. López Viejo, imputado en el caso Gürtel, remitió una carta a Metro de Madrid confirmando que la Cumbre Flamenca “fue realizado (sic) por la empresa Servimadrid”. La Consejería de Transportes, ya sin Cospedal, arregló aquello sin demoras.  

(www.elplural.com, 08/10/09) 

AENA ADJUDICÓ MÁS DE DOS MILLONES A TRES SOCIEDADES DE CORREA 

Francisco Correa se especializó en la organización de eventos. Primero, para el PP de José María Aznar; luego, para las organizaciones territoriales de ese partido en Galicia, Madrid y Valencia y, como consecuencia de las amistades que logró en ese negocio, logró cientos de contratos en numerosas administraciones públicas donde gobernaban los populares. Además, según explicó el propio Correa al juez Garzón, como tenía "cierta relación" con Francisco Álvarez Cascos, ministro de Fomento entre 2000 y 2004, el dirigente popular le dio "la cuenta de AENA". 

Los informes de la Agencia Tributaria incorporados al sumario del caso Gürtel acreditan que al menos tres empresas de Francisco Correa, TCM, Special Events y Pasadena Viajes, facturaron 2,2 millones de euros a AENA entre 2000 y 2003. El Gobierno, en una respuesta al diputado de ICV Joan Herrera, informó de que AENA había facturado 1,2 millones de euros con dos empresas de la trama por "contratos de expedientes adjudicados". El resto del dinero (un millón) correspondería a otras operaciones que no precisan la formalización de un contrato. Cascos desmintió ayer que favoreciera a Correa y acusó de un delito de filtración del sumario a jueces, fiscales y policías. 

(www.elpais.com, 08/10/09)

CORREA NO DECLARA SU INMENSA FORTUNA A HACIENDA DESDE 1999 

La parte del sumario Gürtel (17.000 folios) destapada por el juez incluye un informe de la Agencia Tributaria sobre los bienes de Francisco Correa que no tiene desperdicio. Correa -Don Vito, como exigía que le llamasen- no ha declarado a Hacienda desde 1999. Sin embargo, todas las sospechas apuntan a que él es el auténtico dueño de una treintena de sociedades, gran parte de ellas radicadas en el extranjero (paraísos fiscales), en los que se calcula que esconen decenas de millones de euros. Dinero que habría obtenido ilícitamente de Administraciones autonómicas y locales en las que supuestamente sobornó y agasajó con regalos a sus representantes políticos, del PP. Hay una grabación de Correa, cuando notaba que la policía pisaba sus talones, en la que confiesa: "Como Hacienda me investigue, termino en el trullo". 

Según el sumario, Correa tejió, con ayuda de uno de los abogados implicados en la trama, una extensa red de sociedades en países extranjeros, que dependían de otras radicadas en paraísos fiscales y constituidas por despachos de abogados extranjeros que le garantizaban total opacidad fiscal. 

En busca del dinero evadido hay en la actualidad una decena de comisiones rogatorias a más de una decena de países de varios continentes. Como testaferros de sus bienes tenía a terceras personas, e incluso a su esposa. Se le han embargado, en España, cinco vehículos de gran cilindrada. Y su patrimonio inmobiliario es espectacular. 

(www.elpais.com, 08/10/09)

FINANCIAL TIMES CONSTATA LA "DAÑADA REPUTACIÓN" DEL PP Y ADVIERTE DE QUE LA GÜRTEL LES PUEDE "MUTILAR" 

La dimensión alcanzada por la Gürtel lleva a diarios de todo el mundo a hacerse eco de la investigación y a alertar no sólo de las repercusiones judiciales que puede tener para el PP sino también de las consecuencias prácticas que está teniendo a la hora de desarrollar en la actualidad su labor de oposición. El Financial Times constata como el líder del PP, Mariano Rajoy, “ha restado importancia al escándalo a pesar de las perjudiciales filtraciones de la investigación” pero ahora “que se sabe que el escándalo ha llegado a regiones de Galicia y Castilla y León, además de Madrid y Valencia” dentro de su partido le reclaman medidas “para restablecer la dañada reputación del partido”, que les impide presentarse como alternativa económica al Gobierno de Zapatero. Otro prestigioso diario británico, The Guardian, informa de la figura de “Don Vito” Correa que lideraba “una trama de corrupción en el seno del principal grupo de la oposición del país”. Otro prestigioso diario europeo, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, habla de "nubarrones negros" sobre el PP y advierte de que "la tendencia de Rajoy a encoger la cabeza" le puede costar cara al partido que preside. 

El corresponsal de Financial Times en España firma la crónica El Partido Popular golpeado por un escándalo de corrupción, donde recoge como el “creciente escándalo” de la Gürtel amenaza “con mutilar al PP de la oposición, mientras sus dirigentes se quejan de que el partido está perdiendo la oportunidad que le brinda la crisis económica de atacar a los socialistas del Gobierno”. El cronista recoge asimismo las presiones internas que está recibiendo Rajoy para que tome medidas “para restablecer la dañada reputación del partido”.

The Guardian recoge sospechas de financiación ilegal  

Otro diario de Reino Unido, The Guardian, dedica una noticia a raíz de la apertura parcial del sumario, y señala que “Correa se enfrenta a penas de prisión como presunto cabecilla de una trama de corrupción en el seno del principal grupo de la oposición del país, el Partido Popular”. El cronista Giles Tremlett se detiene en la figura de Correa y apunta que “sus conexiones en el interior del partido le permitieron extender sus influencias y obtener contratos de organismos públicos controlados por el partido” así como “dinero de constructoras a las que las administraciones locales adjudicaban contratos, en lo que, según los investigadores, podría ser una prueba de sobornos o financiación ilegal”.

“La vinculación Correa-familia Aznar ha fascinado”  

También recoge The Guardian como “la vinculación de Correa con la familia Aznar ha fascinado a muchos españoles” y que aunque “nada indica que la familia Aznar pueda estar implicada en el caso de corrupción” el cabecilla de la trama “estuvo invitado a la suntuosa boda de la hija del ex presidente”.

Alemania: “La geografía de la corrupción del PP se extiende”  

Otro presitigioso diario,esta vez alemán, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, advierte en una crónica de que “el escándalo de corrupción del Partido Popular español se extiende” y “la geografía de la extorsión, que hasta ahora se limitaba a Valencia, a Madrid, al tesorero del PP provisionalmente suspendido, y a un puñado de alcaldes desenmascarados y apartados de sus funciones, se ha extendido ahora a otras regiones gobernadas por el PP, como Galicia y Castilla León”.

Aznar, el yerno y un ex ministro  

Además, “a esto cabe añadir que las investigaciones han alcanzado entretanto el círculo más estrecho de Aznar” como “su yerno Alejandro Agag” quien “supuestamente habría introducido al Bigotes en la familia”. El rotativo también recoge en este punto como Correa y su grupo asistieron a la boda de la hija de Aznar en El Escorial y aluden a Francisco Álvarez Cascos para decir que “también uno de los ministros de Aznar estuvo involucrado en la ampliamente ramificada empresa de Correa, Orange Market, tal y como indica el sumario”.  

“Oscuros nubarrones sobre el PP”  

“Los oscuros nubarrones que se ciernen ahora sobre Correa y sus amigos políticos parecen corresponder al panorama que se le plantea al conjunto del partido en la oposición española”, advierte el diario alemán. Y es que creen que aunque la crisis juega a favor del partido de la oposición, “la tendencia de Rajoy a encoger la cabeza, así como la resistencia de las principales figuras del PP en las provincias a la hora de dimitir, aún pueden costarle muy caro al partido”. 

(www.elplural.com, 08/10/09)

RAJOY SE PREOCUPA POR EL DETERIORO DE IMAGEN PERO SE PONE EN MANOS DE CAMPS 

Durante unas cuantas horas, casi 24, Mariano Rajoy intentó actuar como Francisco Camps, y hacer como si el caso Gürtel no existiera. Pero duró poco. Lo que tardó en encontrarse en su despacho no sólo con las caras de preocupación de algunos dirigentes, sino sobre todo con los periódicos y las tertulias de radio y televisión, que apuntaban en un mismo sentido: la exigencia al líder del PP para que reaccionara ante el escándalo. 

Rajoy reunió a una especie de gabinete de crisis de urgencia en su despacho y, después de mucho cavilar, llegó a una conclusión: había que decir algo, pero no se pueden tomar decisiones drásticas hasta que haya nuevos imputados. En Génova se está instalando la idea de que tanto Francisco Camps como Ricardo Costa y Vicente Rambla acabarán imputados en poco tiempo por el asunto de la financiación ilegal del PP valenciano. Pero hasta que eso suceda, Rajoy está, dicen en su entorno, en manos de la voluntad de Camps. 

A pesar de sus recomendaciones de "indiferencia" del miércoles, el líder, aseguran varios dirigentes, es plenamente consciente del enorme desgaste de imagen del partido y de su figura que está provocando este caso, pero no tiene ni las ganas ni la fuerza para empujar a Francisco Camps a tomar decisiones, entre otras cosas porque todos los dirigentes asumen que destituir a Costa o a Rambla no arreglaría el problema, ya que es Camps quien tenía la relación más estrecha con El Bigotes, y quien decidió que el PP le diera los contratos. 

Ayer se produjo una nueva demostración de la fuerza de Camps, claro vencedor del pulso que mantuvo con la dirección nacional, especialmente con Dolores de Cospedal, la secretaria general. Ella ofreció una rueda de prensa en la sede central en la anunció que no habrá más medidas hasta que haya nuevos imputados: "Hemos hecho lo que podíamos. No se puede pedir más. Todos los imputados están suspendidos de militancia", dijo después de que Rajoy anunciara que el PP "actuará". 

Cospedal defendió a todo el partido, pero lanzó un claro mensaje contra Ricardo Costa: "No es nada ejemplarizante que se reciban ciertos regalos", sentenció. "No hemos recibido ninguna explicación" de Costa, remató. Ante el enfado de los valencianos, Génova tuvo que rectificar rápidamente y enviar otro comunicado. "El PP ha recibido la documentación enviada por [...] Costa, que acredita la venta del coche Mercedes Benz y la compra del vehículo Infinity. El PP se da por satisfecho con estas explicaciones". 

Esta nueva demostración de fuerza del PP valenciano confirma la idea instalada en el partido: que el líder está en manos de Camps, que se resiste a tomar ninguna decisión e incluso a ofrecer explicaciones públicas de sus relaciones con El Bigotes, que sostiene en algunas grabaciones que el presidente le pidió favores para su hermana, Estrella Camps. 

Después de la reunión de crisis, entre las múltiples posibilidades, Rajoy descartó ofrecer una rueda de prensa en la sede nacional, algo que no sucede desde el 13 de abril pasado. Prefirió hacer una breve declaración, preparar un comunicado y mandar a Cospedal a atender a los periodistas. 

En medio de un ambiente de gran tensión, la intervención de Rajoy en una reunión convocada para analizar los Presupuestos, que se retrasó una hora a la espera de que concluyera el gabinete de crisis, vino precedida por un dramático desmentido de Ana Mato sobre la posibilidad de que Correa le hubiera regalado un coche: "Nadie me ha regalado nunca nada. Todo lo que tengo es fruto de mi trabajo". 

Después, Rajoy remató: "Ha quedado acreditado que no estamos ante una trama de financiación irregular del PP, sino de una trama de corrupción para aprovecharse del PP". Era una declaración muy parecida a la que pronunció cuando se destapó el caso. Y, como entonces, Rajoy ha decidido esperar y ver. 

(www.elpais.com, 08/10/09) 

RAJOY RETRATA AL PP COMO VÍCTIMA DE LA TRAMA Y RETRASA ADOPTAR MEDIDAS  

El PP no es responsable de la red corrupta del caso Gürtel, sino su víctima principal. Ese es el mensaje que quiso lanzar ayer Mariano Rajoy a la opinión pública, 24 horas después de que se levantase, parcialmente, el secreto de sumario de este caso. En la escueta referencia que Rajoy hizo a tan grave asunto, se arriesgó y sentenció que ha quedado «acreditado» que no existe financiación ilegal en su organización –pasó por alto que aún se desconocen dos tercios de la investigación judicial instruida en Madrid– y, como ha venido haciendo en estos meses, garantizó que exigirá responsabilidades «a quien haya hecho lo que no debía». 

Dicha advertencia no tuvo mayores consecuencias en el día de ayer y, según parece, no las tendrá en el futuro más próximo. Y es que, como se encargó de matizar después su número dos, María Dolores de Cospedal, el PP considera que «ya ha actuado» y que «no se le puede pedir más» hasta que se dé la siguiente situación: que haya nuevos imputados o que quede claramente demostrado que se cometió, por parte de dirigentes populares, «cualquier comportamiento irregular», incluida la aceptación de regalos, si hay pruebas.  

Pero el PP pensó durante horas qué respuesta dar a la sociedad tras hacerse público un tercio del sumario del caso Gürtel, un documento de 17.000 folios que está estudiando con detalle un equipo del partido, capitaneado por Federico Trillo. ¿Qué decir? Eso es lo que consultó ayer Rajoy a sus colaboradores habituales –Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Esteban González Pons, Ana Mato y el propio Trillo– cuando, a primera hora, los citó en su despacho para redactar entre todos un comunicado oficial.  

Tardaron más de lo previsto. Cuando por fin se colocaron ante los micrófonos, fue la vicesecretaria Ana Mato la primera en tomar la palabra. Y en aludir al sumario Gürtel en el que, entre otras cosas, hay conversaciones grabadas a los imputados en las que se asegura que pusieron un coche a su nombre. Mato, ante sus compañeros y la prensa, negó la mayor: « A mí nadie me ha regalado nada», señaló. Recibió aplausos. Unas horas después, su exmarido, Jesús Sepulveda (exresponsable de organización del PP en tiempos de José María Aznar, exalcalde de Pozuelo e imputado en el caso), remitió un comunicado a los medios en el que desvinculaba a Mato de la compra del vehículo aludido en el documento y, de paso, aseveraba que también es falso que a él le pagase la red de Correa 6.000 euros al mes. Después de Mato, habló Rajoy y, además de amagar y no dar con posibles medidas a tomar, insistió en la «honradez» de la gran mayoría de militantes del PP. A continuación, Cospedal se prestó a protagonizar una rueda de prensa. Primero, leyó el comunicado del partido: negó la financiación ilegal, recordó que no hay nuevas imputaciones, exigió conocer todo el secreto de sumario, resaltó que serán «contundentes» a la hora de exigir responsabilidades y denunció una persecución por parte del Gobierno y la fiscalía. 

También hizo hincapié en que el caso Gürtel «no es Filesa», aunque ella, a diferencia de Rajoy, aconsejó prudencia para negar tajantemente la financiación ilegal hasta que se conozca en su totalidad la investigación. Asimismo, Cospedal creyó oportuno referirse específicamente a la información sobre posibles pagos irregulares del PP en Galicia: indicó que el sumario hace referencia a hechos que se podrían haber producido hace más de 10 años y que tanto Manuel Fraga como Alberto Núñez Feijóo han recordado que ya se expulsó del partido a su posible responsable, Pablo Crespo, actualmente imputado en el caso. 

Dicho esto, recibió varias preguntas sobre regalos que habrían recibido, según los implicados en la red de corrupción, algunos dirigentes del PP. Y se hizo especial mención a Ana Mato y a Ricardo Costa. De la primera, sostuvo que ya había dado las explicaciones oportunas y que la creía. De Costa, reconoció no saber nada. Una hora después, el aludido enviaba a Madrid toda la documentación ligada a su coche para intentar demostrar que lo compró y pagó él, y no los empresarios corruptos. La dirección se dio por satisfecha. 

No obstante, Cospedal dejó una frase en el aire que muchos interpretaron como un misil, más o menos disimulado, directo al PP valenciano: «No es algo oportuno ni ejemplarizante y no comparto que se reciban este tipo de regalos. También tengo que decir que esas cosas hay que demostrarlas». 

Ya por la tarde y desde Valencia, el presidente Francisco Camps entró en el juego de las declaraciones y, con mucha brevedad, recordó que, «hasta ahora», la justicia ha dado la razón al partido. 

(www.elperiodico.com, 08/10/09) 

RAJOY 'EXIGIRÁ RESPONSABILIDADES' POR GÜRTEL PERO NO ACLARA CUÁLES 

El PP quedó ayer atrapado en la retórica para reaccionar al último vendaval del Gürtel. Rajoy y Cospedal prometieron «contundencia» en la adopción de medidas, pero no aclararon cuáles.  

La jornada en que los titulares de prensa, radio y televisión escupían los últimos datos revelados por el levantamiento del secreto del sumario, comenzó con la promesa del presidente nacional del PP de que su partido «actuará» y «exigirá responsabilidades a aquéllos que han hecho lo que no debían hacer». Por su parte, la número dos dio un paso más y anunció: «Vamos a actuar con toda contundencia, con independencia de que las actuaciones sean o no punibles».  

La secretaria general fue especialmente explícita en lo que se refiere a los regalos recibidos por dirigentes o ex dirigentes del PP de manos de la trama de Correa. Así, y justo después de referirse a los comportamientos «no punibles», sentenció en nombre de la dirección del PP: «No nos parece oportuno o ejemplar que se reciban ese tipo de regalos».  

Pese a la clara e implícita advertencia lanzada en relación, entre otros, con el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, Cospedal redobló la prudencia y emplazó a que dichos «hechos hay que demostrarlos».  

En realidad, fue tal el tiento con el que Cospedal trasladó su mensaje que, al cabo de una expectante rueda de prensa, quedó disimulado bajo una retahíla de afirmaciones de auténtico sesgo inmovilista: «El PP ya ha actuado. Hemos hecho todo lo que podíamos y teníamos que hacer. Mucho más no se nos puede pedir», afirmó, para apuntalar dos ideas básicas: que no hay nuevos imputados en la investigación y que el PP ya ha suspendido de militancia a los que ya lo estaban.  

Y es que la secretaria general salió ayer al ruedo de la prensa con el claro objetivo de estoquear y templar al mismo tiempo para, según las fuentes consultadas, evitar una nueva escalada de pública tensión con Francisco Camps como la coprotagonizada la semana pasada.  

Según las mismas fuentes, «en el PP van a pasar cosas», pero «Rajoy quiere que las haga Valencia» y «está pretendiéndolo, pero de puertas adentro». Desde la dirección, se recibió ayer con satisfacción el que Alberto Núñez Feijóo respondiera a lo publicado con el mensaje de que el PP gallego echó a Pablo Crespo hace 10 años, y que Esperanza Aguirre venga anunciando que cortará más cabezas si del sumario se extraen nuevas responsabilidades, mientras que desde Valencia, ironizaban, «todo siue siendo muy bonito».  

Lo cierto es que, en la tarde de ayer, el propio Camps devolvió a Génova un mensaje proactivo y conciliador. «Tanto la dirección nacional como la regional» están trabajando para «resolver y tomar las decisiones que correspondan», declaró.  

Sea o no finalmente cierto que «en el PP van a pasar cosas», lo cierto es que el ambiente de confusión se apoderó ayer, una vez más, de Génova. Más de una hora estuvieron esperando periodistas y dirigentes populares, convocados en la sede a un acto sobre Presupuestos, hasta que el núcleo duro de Génova pergeñó un comunicado.  

El propio Rajoy adelantó en el mismo acto sus dos principales mensajes. Primero, solemnizó que «ha quedado acreditado que no estamos ante una trama de financiación irregular, que es lo más importante para nosotros, sino ante una trama de corrupción para aprovecharse del PP y utilizarlo en su contra». Luego, con un énfasis nuevo y sin giros condicionales de por medio, comprometió las acciones del PP contra los que «han hecho» algo indebido. «Seremos firmes y contundentes a la hora de exigir responsabilidades por cualquier comportamiento irregular», rezaba el comunicado.  

Pero en su lectura, Cospedal, denunció, en tercer lugar, un contraataque político al Gobierno, por primera vez, con nombres y apellidos: «Jamás se había producido un comportamiento tan parcial y sectario contra una formación política como el que han protagonizado, por acción u omisión, Cándido Conde-Pumpido, María Teresa Fernández de la Vega y Alfredo Pérez Rubalcaba», afirmó.  

Ya en el turno de preguntas, Cospedal confirmó la decisión de la dirección de no abrir una investigación interna a propósito de las últimas revelaciones del Gürtel. Y es que, pese a la enorme preocupación que ayer se detectaba en todo el PP, las fuentes consultadas en Génova aseguraban que lo desvelado hasta ahora por el juez Pedreira sólo es «barro», y que lo que verdaderamente sigue preocupando -más allá de esos dos tercios de la causa aún no desvelados- es el informe policial sobre Valencia. 

(www.elmundo.es, 08/10/09) 

RAJOY INTENTA SIN ÉXITO DESHACERSE DE COSTA PARA FRENAR EL CASO GÜRTEL 

"Hemos hecho todo lo que podíamos hacer". Esta frase, pronunciada por la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, en una rueda de prensa en la que dio a conocer la postura del PP ante el contenido del sumario del caso Gürtel, demuestra la impotencia con la que la dirección del PP, en general, y Mariano Rajoy, en particular, se enfrentan al contenido de las investigaciones realizadas hasta ahora.  

FINANCIACIÓN DEL PARTIDO

"Ha quedado acreditado que no estamos ante una trama organizada de financiación irregular del PP, y eso para el PP es muy importamos. Estamos, en todo caso, ante una trama de corrupción para aprovecharse del PP y utilizada en su contra".

REACCIÓN DEL PP

"Ante las denuncias de corrupción, el PP no mira para otro lado ni lo hará nunca. Seremos firmes y contundentes a la hora de exigir responsabilidades por cualquier comportamiento irregular".

GENTE HONRADA

"Somos conscientes de la responsabilidad que implica ser depositarios de la confianza de más de 10 millones de españoles. Garantizamos a todos los españoles que la inmensa mayoría de los dirigentes y cargos del PP son gente honrada que cumple con su trabajo fijándose en la defensa del interés general".  

OVEJAS NEGRAS

"En toda organización puede haber personas que hagan cosas que no se deban hacer. El PP actuará contra ellas y exigirá responsabilidades a aquellos que hayan hecho lo que no debieran hacer nunca".

 Impotencia con la que la número dos del PP expresaba también, aunque no lo dijera, el fracaso de las gestiones que durante toda la mañana había hecho la dirección nacional del PP para poder presentarse ante la opinión pública con la cabeza del secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, como ejemplo de que quien la hace la paga, o como dijo el propio Rajoy horas antes en un acto a puerta cerrada en la sede del partido: "El PP actuará y exigirá responsabilidades a todos aquellos que hayan hecho lo que no debieran".

Era un clamor, dentro y fuera del PP, que Rajoy debía hacer algo, que no podía reaccionar con la tibieza del martes a los datos, delictivos y no delictivos que se iban conociendo sobre la trama Gürtel y cómo afectaba a miembros del PP. No podía limitarse a pedir a los suyos que se olvidaran de todo. Por ello, el martes por la noche al volver de su visita a Garoña y Álava, convocó una reunión del comité de dirección del PP para ayer a primera hora, ampliada a Federico Trillo, como experto jurista que se ha encargado del caso desde el principio, con el fin de analizar la situación en la que queda el PP ante el contenido del sumario.

Un sumario que está analizando con lupa un equipo de ocho dirigentes del PP a los que se ha eximido de cualquier otro trabajo, para que conozcan todos los detalles y el partido pueda anticiparse a lo que todavía les queda por conocer. Y es que todavía no se ha levantado el secreto de la totalidad del sumario. Una información en la que han buceado para conocer hasta qué punto puede estar involucrado el PP como partido en toda la trama y que permitió decir a Rajoy, a De Cospedal, y plasmar en un comunicado que "ha quedado acreditado que no estamos ante una trama organizada de financiación irregular del PP. (...) Estamos en todo caso ante una trama de corrupción para aprovecharse del PP y utilizada en su contra".

Porque lo que más le preocupa a Rajoy es que el caso derive en una presunta financiación irregular del PP durante su mandato. Eso no existe, insisten y De Cospedal lo proclamó: "Aquí no hay una Filesa".

De los tres frentes abiertos en el caso Gürtel, a Rajoy le preocupa uno: Valencia. Si en Galicia hubo financiación irregular, fue en la época de Xosé Cuiña, fallecido, y no afecta a Alberto Núñez Feijóo, ni a Rajoy. Madrid tampoco preocupa, "es un caso de corrupción y enriquecimiento personal" y los responsables "están suspendidos de militancia en la organización o renunciaron a sus cargos de responsabilidad".

Se refieren a los tres alcaldes y tres diputados que dimitieron o fueron suspendidos de militancia, además del ex eurodiputado Gerardo Galeote y el ex tesorero Luis Bárcenas. "No podemos hacer más", dijo De Cospedal, aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quiere, según las fuentes consultadas, que la dirección expulse del partido y del grupo en la Asamblea de Madrid, a los tres parlamentarios implicados.

Una decisión que sólo puede adoptar la dirección popular, y que no se ha ejecutado porque, confiesan las fuentes consultadas, "no se entendería que hiciésemos eso y que en Valencia no se hiciera nada".

Así, todos los ojos están puestos en Valencia ante una posible financiación irregular del partido, que habría tenido lugar cuando Rajoy ya estaba al frente del PP, y con Francisco Camps, uno de sus principales valedores, como máximo responsable del Gobierno valenciano y del partido de la comunidad.

Por eso, ayer la dirección empleó la mañana en intentar convencer a Ricardo Costa de que dimitiera. Una dimisión que incluso llegó a darse por hecha, aunque después Costa se enrocó.Según las mismas fuentes, a Costa le sentó mal que De Cospedal "salvara" a Ana Mato de la tormenta periodística y diera por buenas sus explicaciones, y dijera que "de otros no ha habido aclaración". Inmediatamente envió por fax a Génova copia de las facturas de su coche y el partido se vio obligado a hacer un comunicado en el que "se da por satisfecha con estas explicaciones".

Eso no impidió que De Cospedal dejara claro que determinadas actuaciones "no son oportunas ni ejemplarizantes y no compartimos que se reciban esos regalos". 

(www.publico.es, 08/10/09) 

AUMENTA EL MALESTAR EN EL PP POR LA "RESIGNACIÓN" DE RAJOY 

El malestar entre los dirigentes del PP está creciendo ante la ausencia de medidas en el caso Gürtel por parte de Mariano Rajoy, al que acusan de comportarse con "resignación" ante la implicación de cargos del partido en la presunta trama de corrupción de Francisco Correa. 

Diputados, senadores, altos cargos del partido y barones territoriales criticaron hoy que la dirección nacional del PP siga sin actuar contra personas como Ricardo Costa a pesar de los datos que aparecen en el sumario judicial de su relación con los cabecillas de la trama corrupta.

Una de las cosas que crispa internamente es que Rajoy pida tranquilidad una y otra vez en la reuniones del partido, como volvió a hacer el lunes en una convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional. 

La calma de Rajoy se interpreta como una muestra de "resignación", sobre todo después de que la Audiencia Nacional haya levantado el secreto sobre una tercera parte del sumario del caso Gürtel y se hayan conocido nuevos datos de la trama. 

Además, no se entiende que Rajoy insista en defender al PP de la Comunidad Valenciana cuando en el caso del PP de Madrid se forzó a dimitir a alcaldes como Jesús Sepúlveda y Arturo González Panero o al caso del ex consejero Alberto López Viejo, en este caso antes incluso de que fuera imputado. 

Varios miembros de la Junta Directiva Nacional se han dirigido personalmente a Rajoy para que tome medidas 

Un amplio sector cuestiona que Rajoy asegure a menudo que actuará contundentemente contra quienes hayan obrado de forma fraudulenta, pero luego se quede sin adoptar medidas drásticas y permita que la imagen pública del partido se ponga en cuestión por la vinculación a la red empresarial de Correa. 

El enfado es especialmente notable fuera de estas dos comunidades, ya que están "hartos" de tener que dar la cara por sus compañeros de otras regiones que supuestamente se han enriquecido con regalos de lujo y traspasos de dinero en efectivo. 

Esta situación ha provocado que varios miembros de la Junta Directiva Nacional del PP, entre ellos algunos barones territoriales, se hayan dirigido personalmente a Mariano Rajoy para que tome medidas. Sin embargo, creen que él sigue inhibiéndose. 

En Valencia también hay un amplio sector que califica de "complcado" el momento actual y que reconoce que en esta comunidad están "expectantes" ante el posible cese de la cúpula regional del partido, ya que considera que hay un "clamor" interno para poner fin a la situación. 

(www.lavanguardia.es, 08/10/09)

EL PAPEL DE COLLADO 

 Por otra parte, las diligencias del caso Gürtel mencionan en numerosas ocasiones a Pau Collado, antiguo presidente de la asociación Joves Empresaris y ex alto cargo en la etapa del Govern de Jaume Matas. Tras analizar diversa documentación y los extractos de conversaciones telefónicas, la Brigada de Blanqueo de Capitales define a Collado como un "captador" de contratos públicos para la organización empresarial que presuntamente corrompió a dirigentes del PP. 

Collado, administrador de varias empresas de la trama, figura como un "subordinado" de Francisco Correa y Pablo Crespo, a los que informa de la evolución de los negocios y del cobro de los trabajos. Entre las tareas desarrolladas por el ex director gerente de la Fundación Balears Sostenible, la Policía explica que se encarga de alertar a Pablo Crespo cuando un jefe de área de la Administración Pública quiere contratar a una empresa ajena a la trama. Avisado, Crespo hace gestiones para reconducir la situación.  

En las conversaciones captadas por los agentes se constata la intervención de Collado en adjudicaciones como la de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla del Monte (Madrid), entre otras.  

Por otra parte, las pesquisas del caso Gürtel señalan que el mallorquín daba instrucciones de cómo confeccionar los servicios para la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de la localidad madrileña, con hoja de costes "sin presupuesto y sin importe", para conseguir la firma del también imputado Alfonso Bosch y negociar la inclusión de un precio superior al real. Bosch, diputado de la Asamblea de Madrid e imputado en este asunto por cohecho, era el director de la citada empresa municipal.  

Asimismo, Collado aparece como firmante del alquiler del piso en Madrid donde se depositaba información sensible del entramado empresarial. También se expone que el ex director de la Fundación Baleares Sostenible participa en proyectos de inversión inmobiliaria en Colombia con el líder de la presunta trama corrupta. 

(www.diariodemallorca.es, 08/10/09)

RAJOY DIXIT: "HEMOS HECHO TODO LO QUE PODÍAMOS HACER" 

La llamada a la "indiferencia" efectuada ayer por Mariano Rajoy no ha tenido el efecto deseado. El líder del Partido Popular, que hoy ha convocado a la cúpula de su partido en la sede de Génova para analizar las consecuencias del levantamiento parcial del secreto sumarial del caso Gürtel, ha negado la financiación ilegal del Partido Popular y ha apuntado a una "trama corrupta" que ha intentado aprovecharse de su partido. 

Rajoy ha comunicado a su dirección, en una reunión sobre los Presupuestos Generales televisada para los medios de comunicación -no concede una rueda de prensa en Génova desde el 13 de abril- que "la inmensa mayoría de los cargos públicos del PP son gente honrada" y ha alegado que "a veces cometen errores, pero fijándose siempre en la defensa del interés general". El líder popular ha incidido en que "ésa es la trayectoria del PP. En toda organización puede haber personas que no actúen como deben, pero, en esos casos", ha asegurado, "el partido actuará". 

Para Rajoy, "ha quedado acreditado que no estamos ante una trama de financiación irregular del PP, sino de una trama de corrupción para aprovecharse del PP". Según él, "el PP no mira para otro lado ante las denuncias de corrupción. Cualquier persona que haya hecho cosas que no debía tendrá que asumir su responsabilidad". No obstante, el líder del PP no ha aclarado a quiénes se les iba a exigir responsabilidades. 

En la misma línea se ha expresado la secretaria general del PP, María Dolores del Cospedal, que ante las denuncias de corrupción "el PP no mira hacia otro lado ni lo hará nunca. Seremos firmes y contundentes a la hora de exigir responsabilidades". Al igual que Rajoy, la secretaria general del PP ha denunciado que "este partido está siendo víctima de una actuación sectaria y partidista del Gobierno y del Fiscal General del Estado". Cospedal ha insistido en que "ha quedado claro que ni Correa ni sus socios son dirigente del PP. Las sociedades no eran creadas por el PP, sino que eran creadas para enriquecerse por estas personas y es lo que se desprende del sumario". 

Preguntada por la forma de actuación de su partido, Cospedal ha respondido que "hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Hay que demostrar esos hechos y no compartimos que se reciban ese tipo de regalos, pero esas cosas primero hay que demostrarlas". También ha especificado que "el cómo, el cuándo y contra quién lo venimos haciendo desde que se produjeron las primeras imputaciones. Las personas imputadas ya están suspendidas de militancia o relevadas de sus cargos en el partido y no hay nuevos imputados. El partido se ha comportado de una forma ejemplar". 

Asimismo, la secretaria general ha argumentado que "no estamos ante una Filesa del PP porque aquí estamos ante personas privadas que han montado un entramado para aprovecharse del PP, pero no para enriquecer al PP", y ha corroborado las declaraciones de la vicesecretaria general de Organización y Electoral del PP, Ana Mato, que ha manifestado que "nadie me ha regalado nunca nada. Todo lo que tengo es fruto de mi trabajo y estoy orgullosa de este partido". Mato ha mantenido la línea del discurso de Rajoy y ha reiterado que "la inmensa mayoría de militantes somos gente honrada. Nunca he hecho ni haré nada que perjudique al partido". 

A su llegada a la sede nacional del PP, la ex ministra de Sanidad y actual diputada Celia Villalobos se ha mostrado igual de rotunda. "Si se tiene que interpretar que un regalo de cualquier naturaleza, normal, sea un libro o unos vinos, es comprar a un político, entonces tienen que estar en la cárcel todos los políticos". Villalobos ha hecho hincapié en que "hay que demostrarlo primero" y ha matizado que "lo único que está claro" en el sumario es que EL PAÍS tenía acceso a la información de la Polícia Judicial que ha servido para implicar "de forma absolutamente arbitraria a algunas personas". 

Antes, a primera hora de la mañana, la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado en una entrevista concedida a Telecinco que ellos son "parte perjudicada" porque hay "gente" que se ha enriquecido a costa de sus militantes, aunque ha descartado por completo la existencia de financiación irregular tanto en el PP Nacional como en las federaciones regionales. 

Sáenz de Santamaría ha recurrido, una vez más, a las acusaciones de conspiración política y ha asegurado que la Fiscalía "parece que está a las órdenes" de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. Sobre las revelaciones que aparecen en los 17.000 folios del sumario desclasificados por Antonio Pedreira, Sáenz de Santamaría ha defendido que el juez mantiene la lista de imputados que publicó hace una semana pese a que dos tercios del sumario todavía son secretos. 

(www.elpais.com, 07/10/09)

"TENEMOS UN PROBLEMA QUE ES EL 'PEN DRIVE' DEL CONTABLE". "SI NO EXISTIERA..." 

Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama Gürtel, se lo resume sin paños calientes a su abogado: "El puto pen drive, macho". Ambos saben que la memoria USB que guarda años de contabilidad en dinero negro es la prueba clave que no pueden negar. Y Baltasar Garzón ya la tiene en su poder. La conversación entre Correa y su letrado, registrada el 6 de marzo en un vis a vis en la prisión de Soto del Real (Madrid), fue grabada por orden del juez e incorporada al sumario. En ella, el presunto jefe de los corruptos busca salidas para su defensa: puede inculpar a Pablo Crespo, Isabel Jordán y Alberto López Viejo de haberlo organizado todo a sus espaldas, o acusar al contable de mentir a la policía para salvarse a sí mismo... Pero una y otra vez vuelve a escena el archivo USB: "Es que sin ese pen drive no tendrían nada, me pongo malo". 

El letrado está contando a Correa que lo más seguro es que en unos días tenga que declarar de nuevo ante el juez, ya con una línea de defensa sólida. Correa le expone entonces su defensa: "Yo, en Valencia, no tengo ni idea. No tengo nada que ver, cero, estoy fuera, todo esto lo ha llevado Pablo con Álvaro", asegura, en referencia a su número dos, Pablo Crespo, y a Álvaro Pérez (responsable de Orange Market, el tentáculo en Valencia). "En lo de Alberto López Viejo [diputado del PP en Madrid y ex consejero de Esperanza Aguirre] y Easy Concept, cero, lo ha llevado Isabel Jordán [otra de las directivas de la red] con Pablo. Yo hace años que no voy por la oficina", prosigue el reo. Y se lamenta de su infortunio: "Pero si es que me están imputando como si todo esto tuviera que ver conmigo y, vamos, yo no tengo nada que ver. Yo creé en el año 95 esta historia, luego me quité de en medio [...]. Lo que pasa es que yo aparezco como cabecilla de la trama, la televisión dice burradas, aquí no hay ninguna trama, hemos trabajado para un partido político y punto". 

El abogado parece dejar que su cliente se desahogue, pero pronto le hace volver a la realidad: el contable de la red de empresas, José Luis Izquierdo, fue detenido con un apetitoso archivo USB en las manos. "Aquí tenemos un problema que es el pen drive, que está expresado con toda claridad. Garzón se ha ocupado, la policía mejor dicho, de hacer cuadros de lo que cobra cada uno", subraya. Luego, intenta tranquilizarlo explicando que, en cualquier caso, para que exista delito hay que probar una relación entre "los pagos realizados a determinados cargos públicos" y "una decisión administrativa contraria a Derecho". 

Abogado. Esa asociación todavía no se ha establecido [...]. Ése es el debate que tenemos que dar [...]. Lo único que tenemos es la aplicación a un pen drive. 

Correa. El famoso pen drive es el lío famoso, si no existiera... [...] Sin este pen drive todo esto no hubiera ocurrido. 

Cuando el letrado apunta que "Isabel Jordán quiere asumir el rol de colaboradora con la Justicia, e Izquierdo también", el cabecilla plantea otra salida: 

Correa. En un momento determinado se puede decir que ese pen drive es un montaje que ha hecho Izquierdo con Pepe Peñas, ahí en el pen drive tienen que aparecer los pagos a Peñas cuando era concejal de Majadahonda. Él cobraba, todos los meses le pagábamos [Peñas, ex colaborador de Correa, acabó traicionándole y presentó en 2007 la denuncia que dio origen a la investigación]. 

Abogado. Nosotros en ningún caso vamos a reconocer que los pagos que aquí se documentan estén asociados a una decisión administrativa. 

Correa. Si me preguntan "¿Usted le ha dado el dinero a estos señores?", ¿yo qué les digo? 

Abogado. Yo negaría la realidad. Que lo acrediten. 

Correa. Habrá que ver qué contestan el día 18 Sepúlveda, Ginés... [ex alcaldes madrileños imputados en el caso]. 

Abogado. Más o menos tenemos controlados a todos. Excepto a Izquierdo. 

(www.elpais.com, 07/10/09)

'DON VITO' CORROMPÍA A LÍDERES DEL PP CON DINERO Y CAPRICHOS 

Francisco Correa era El Padrino de una estructura mafiosa que primero se valió de su habilidad en las relaciones públicas para corromper con dinero, regalos y caprichos a algunos líderes del PP y luego utilizó esas relaciones para seguir medrando a través de la extorsión y el chantaje. El partido y alguno de sus cargos más importantes se sirvieron de él, pero, sobre todo, él se sirvió del partido para obtener unas ganancias fabulosas.  

El levantamiento del secreto de sumario del caso Gürtel dibuja a un personaje orgulloso de su poder, tanto como para usar el nombre en clave Don Vito en la contabilidad B de la trama.  

Y sobre todo, los más de 17.000 folios cuyo contenido se desveló ayer retratan la dudosa moralidad pública de un buen número de políticos que habrían aceptado las lisonjas de Correa y quedaron atrapados en la red Gürtel. Significativamente, el cargo con el que el cabecilla de la trama parece haber cultivado una relación más estrecha es Jesús Sepúlveda, ex coordinador electoral del PP nacional. Al amparo de sus campañas creció la organización.  

Según los documentos incautados, Sepúlveda habría recibido los sustanciosos regalos que ya reveló EL MUNDO -un Jaguar en 1999 y un Range Rover en 2004- y entregas de unos 6.000 euros mensuales desde 2002. Cuando ganó las elecciones en Pozuelo de Alarcón en 2003, ese Ayuntamiento empezó a contratar a Correa. Así funcionaba la red, de la que después era difícil salir. La amistad entre ambos puede venir de lejos: en 1994, la esposa de Don Vito transfirió su pequeño utilitario a la entonces mujer de Sepúlveda: Ana Mato, actual vicesecretaria general del PP.  

La organización siguió una estrategia muy similar en la Comunidad Valenciana. Allí agasajó al secretario general del PP autonómico, Ricardo Costa -«serás el futuro presidente de este país», le decía-, para hacerse con los actos electorales del partido y con adjudicaciones de la Generalitat. Su hombre de confianza, El Bigotes, gestionó para él la compra de un Infiniti, un lujoso coche japonés.  

En esa comunidad, la organización tenía un papel intermediador privilegiado: Correa declaró ante el juez Baltasar Garzón que sus buenas relaciones con «Paco Camps» sirvieron para «desbloquear» una operación urbanística en La Nucia (Alicante) y el mismísimo presidente de la Generalitat enviaba a su hermana para que El Bigotes le prestase ayuda.  

En Madrid, la administradora de las sociedades de Correa señaló en su declaración a cientos de cargos como perceptores de regalos. La documentación del sumario probaría las entregas a los alcaldes de Majadahonda, Boadilla del Monte y el citado de Pozuelo, los Ayuntamientos donde la red habría recibido más adjudicaciones o habría actuado como mediadora ante constructoras a cambio de comisiones. En esta comunidad, «el gran muñidor» del operativo habría sido, según Don Vito, el ex consejero Alberto López Viejo, gran beneficiario y benefactor de la trama. Al menos 17 cargos del PP habrían recibido dádivas.  

El sumario pone de manifiesto los caminos que escogió Correa para acercarse al centro del poder en España. El yerno del ex presidente José María Aznar, Alejandro Agag, aparece en numerosos apuntes de la caja B de la trama Gürtel. Por ejemplo, como perceptor de un «regalo de cortesía» de 500 euros. El concejal que denunció la red corrupta, José Luis Peñas, declaró a la Policía que, en la época en que Aznar era el jefe del Ejecutivo, decir «Correa era sinónimo de decir presidente».  

En total, Correa habría invertido en política unos 5,5 millones de euros. Los investigadores calculan que las ganancias sumarían ocho veces más. Buena parte se habría desviado a través de un complejo entramado societario a paraísos fiscales como la Isla de Nieves, Suiza, Sri Lanka, Gibraltar y Panamá.  

Pero la mafia tiene otra cara. El Bigotes amenazaba a Costa con destapar en la prensa los pagos irregulares para que la bola siguiese creciendo. Correa presumía de tener al alcalde de Boadilla «comiendo de su mano» porque le presionaba con un vídeo en el que se le veía cogiendo dinero. Con sólo mentar ese episodio, el teniente de alcalde «se hace caca», decía. El verdadero Don Vito era más elegante para cobrarse sus deudas: «Me debes un favor». 

(www.elmundo.es, 07/10/09) 

SPECIAL EVENTS MONTÓ PARA RAJOY LA CAMPAÑA DEL REFERÉNDUM EUROPEO 

Special Events, una de las empresas de la red montada por Francisco Correa, facturó al PP nacional un total de 52.923,84 euros por cuatro actos relacionados con la campaña de este partido a favor del sí en el referéndum sobre la Constitución Europea.  

Los actos se celebraron en enero y febrero de 2005, cuando Mariano Rajoy llevaba varios meses como máximo dirigente del Partido Popular. El propio Rajoy participó en uno de ellos, que tuvo lugar el 29 de enero de 2005 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.  

Tras estallar el caso Gürtel el pasado febrero, Rajoy declaró que «a mediados de 2004» él cortó la contratación de eventos con las sociedades de Francisco Correa porque «utilizaban indebidamente el nombre del PP».  

Los documentos que desmienten al líder del PP -al menos, en esa ocasión del referéndum sobre la Constitución Europea- estaban en un pendrive que la Policía halló en poder del contable de Correa, José Luis Izquierdo.  

Son 20 folios referidos a cuatro eventos: el que protagonizó Rajoy en Madrid (29 de enero de 2005), el que se celebró en un hotel de Salamanca el 9 de febrero de 2005, el que tuvo lugar en un hotel de Sevilla el 14 de febrero de ese mismo año y un acto similar en Granada el 17 de febrero de 2005.  

Si se cree en la autenticidad de esos papeles, todos ellos presentan varios puntos en común: en los cuatro actos se hizo una doble y, en un caso, hasta triple facturación; se cambiaron los importes; se incluyeron conceptos distintos y se dio cuenta mediante notas manuscritas a Luis Bárcenas, tesorero nacional del PP hasta el pasado julio. Ello explica que las facturas iniciales aparezcan atravesadas por una anotación de cambiada (ver reproducción en esta misma página).  

El acto de Rajoy en el Círculo de Bellas Artes, que genera la factura de Special Events 05/004 de fecha 31 de enero de 2005, tiene dos importes: el primero por 10.428,40 euros y el segundo por 13.184,56 euros. En esta segunda factura se añadió el concepto Viaje prospección y coordinación acto. Otro documento sobre este evento aclara que su coste real fue de 3.301,80 euros.  

El acto en Salamanca también tuvo doble facturación. De 10.648,80 euros pasó a 13.404,96. A Bárcenas se le habría remitido una nota con el primero de los importes. De acuerdo con la contabilidad interna, el coste real ascendió a 2.674,09 euros.  

Con el evento de Sevilla sucedió algo parecido. La factura inicial, de cuyo importe se habría dado cuenta a Bárcenas, se elevó a 9.744 euros. Luego se incorporó el concepto Viaje prospección y coordinación acto y la cuantía pasó a ser de 12.500,16 euros. No obstante, el coste no habría pasado de 3.075,99 euros. El acto en Granada presenta una triple facturación. Siempre con el mismo número de factura e idéntica fecha, el importe fue, sucesivamente, de 9.744, 11.078 y 13.834,16 euros. En realidad, su coste para Special Events habría sido de sólo 3.460,79 euros. En esta ocasión se enviaron al PP notas manuscritas en las que aparecían los dos primeros importes.

(www.elmundo.es, 07/10/09) 

«DECIR CORREA ERA SINÓNIMO DE DECIR AZNAR EN COSA DE EVENTOS» 

Los nombres del ex presidente del Gobierno José María Aznar y de su yerno, Alejandro Agag, surgen en la investigación del caso Gürtel prácticamente desde el principio. El ex concejal del PP en Majadahonda José Luis Peñas, que fue el origen del procedimiento al presentar una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, declaró que en la época en la que Aznar dirigía el PP y era presidente del Ejecutivo «Francisco Correa era sinónimo de decir presidente». «Y era íntimo de Alejandro Agag», añadió.  

Peñas indicó que Correa «estaba junto a la Presidencia y hacía las grandes campañas y todos los grandes eventos del PP. Por ende, lo que hacía era conseguir las campañas tanto de las comunidades como de los municipios pequeños».  

La organización de eventos para el PP «le dio la oportunidad de conseguir contratos administrativos y de todo tipo e inmobiliarios, pues fue su relación con la gran cúpula del PP, en concreto con el presidente».  

El rastro de Agag es más extenso. Su nombre aparece en la contabilidad B de la trama Correa como supuesto perceptor de un «regalo de cortesía» por valor de 500 euros el 18 de septiembre de 2003. Asimismo, el contable de la red empresarial, José Luis Izquierdo, confirma la existencia de tres archivos localizados en el pendrive que se le intervino: el primero, con facturas de avión, hotel y coche por valor de 874.471 pesetas «que presume que dicha persona habrá abonado»; el segundo, con facturas pendientes por 1.080.000 pesetas del período 98-99; y el archivo «Gastos Venezuela» que asciende a 21,2 millones de pesetas y se refiere a los «gastos generados ante la posibilidad de hacer determinados actos en Venezuela». En este último archivo consta un apunte de un vuelo Madrid-Caracas-Bogotá-Madrid de Correa y Agag por importe de 1.012.000 pesetas facturado al PP y un reembolso de 98.000 pesetas.  

Agag aseguró ayer que no ha participado en «ningún negocio» relacionado con la trama Gürtel y que «nunca ha recibido ningún pago». 

(www.elmundo.es, 07/10/09) 

EL CONTABLE DESVELÓ SOBORNOS Y LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP 

En su declaración ante el juez Baltasar Garzón, el contable de la trama corrupta, José Luis Izquierdo, negó tener cualquier responsabilidad y trató de responder a todas las preguntas que se le hicieron. Izquierdo hizo lo que sus jefes esperaban de él. Aprovechó los tres o cuatro minutos de retardo con los que se abría la puerta del piso de la calle Serrano de Madrid para ocultar la contabilidad B del grupo de empresas de Francisco Correa. Estaba en un lápiz de memoria que se llevó a casa, escoltado por la Policía para realizar un registro, escondido en el puño dentro del bolsillo. Cuando iba a ser cacheado, lo sacó.  

Gracias a esa memoria externa se vislumbraba ya en febrero el verdadero alcance de la trama de corrupción que afecta al PP y a varias de las comunidades en las que gobierna, sobre todo, Valencia y Madrid. En estos ocho meses, los datos que aportó Izquierdo en su primera declaración ante Garzón, el 13 de febrero, se han ido confirmando y ampliando. Conocía los nombres de las personas que aparecían en la caja B del grupo y que acabaron siendo imputadas, y los de las empresas de la trama, incluidas las ubicadas en paraísos fiscales, con las que se blanqueaba el dinero cobrado y pagado en comisiones. 

En la Audiencia Nacional, Izquierdo explicó que el presunto número dos de la trama, Pablo Crespo, le pidió que se lo llevara a casa por seguridad. Por el mismo motivo, el contable justificó los 60.000 euros que se encontraron en su domicilio: "Me limito a hacer lo que me dicen, lo que mandan". 

Quizá por eso, todos los apuntes de la caja B pasaban por sus manos y conocía a los ex concejales de Majadahonda (Madrid) que cobraban 3.000 euros mensuales de la trama, aunque luego acabaran denunciando a Correa. También el entonces alcalde, Guillermo Ortega, y el ex regidor de Boadilla Arturo González Panero. Señaló a Antonio Cámara, que había sido secretario personal de Aznar. Y hasta dijo que L. B. debía ser el ex tesorero del PP Luis Bárcenas.  

Según Izquierdo, en cierta ocasión Correa le dijo que se refiriera a él como "don Vito", y como no sabía si se lo decía en broma o en serio, lo hacía constar como "D.V.I.T.O." en la contabilidad. Por si quedaban dudas, el juez le preguntó si se refería al "don Vito de la película", por El padrino. 

Superando la anécdota, en la memoria aparecían los tres aforados por los que luego Garzón terminó inhibiéndose a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los diputados del PP Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. Y también el ex eurodiputado del PP Gerardo Galeote y su hermano Ricardo. 

En el lápiz de memoria aparecen cuentas por distintos eventos: campañas electorales de Madrid y Galicia, actos de NNGG y hasta congresos, como el celebrado por el PP en Valencia. Izquierdo dijo ignorar quién era el que pagaba por el PP con dinero negro, pero admitió la práctica. 

De la memoria, la policía infirió "un sistema de contabilización de operaciones con fondos de una caja paralela". Se nutre con dinero que presuntamente "procede de comisiones por la adjudicación de obras urbanísticas y la consecución de un elevado número de adjudicaciones públicas irregulares".  

(www.publico.es, 07/10/09)

LA RED ENVIÓ REGALOS A POLÍTICOS COMO AGUIRRE  

Cualquier ocasión era buena para tener un pequeño detalle con los políticos. Esa era la filosofía de las empresas ligadas a Correa, según explicó Felisa Jordán --una de las imputadas en el caso Gürtel-- ante el juez Garzón. ¿Con qué fin? Eso corresponderá a los tribunales aclararlo. Por el momento, hay que conformarse con el testimonio de Jordán, que trabajó para Correa y afirmó ante los tribunales que se llegaron a enviar presentes «a ciento y pico personas», todas ellas relacionadas con la Administración, entre las que incluyó a la presidenta madrileña Esperanza Aguirre. No aclaró cuál fue el regalo con el que, supuestamente, se agasajó a la lideresa, aunque sí apuntó que Aguirre envió una carta de agradecimiento. 

Según Jordán, se repartieron coches, pantallas de plasma, trajes, albornoces con invitaciones para spa y «bolsos de mil y pico euros», además de dinero en efectivo para personajes como el madrileño Benjamín Martín Vasco. Sin embargo, el propio Correa relató a Garzón que el verdadero «muñidor» de toda el operativo en la comunidad fue el consejero López Viejo.  

(www.elperiodico.com, 07/10/09) 

TRES REGISTROS DIERON CON LAS EMPRESAS DE CORREA 

Tres entradas y registros, un mismo domicilio, el del asesor fiscal Ramón Blanco Balín, y un gran resultado: «Dentro de la documentación incautada, tanto en soporte informático como en soporte papel, se han encontrado numerosos documentos relacionados con diversas sociedades que tienen un nexo común: todas ellas parecen ser propiedad de don Francisco Correa Sánchez».  

Ésa es la conclusión a la que llegan el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y la Agencia Tributaria después de que fuera registrado en tres ocasiones (30 de noviembre de 2005, 15 de julio de 2008 y 6 de febrero de 2009) el despacho profesional del que fuera alto ejecutivo de empresas como Repsol, Gas Natural, Barclays, Banco Zaragozano, NH y Ercros.  

Blanco Balín, de profesión inspector de Hacienda, trabó una buena amistad con Francisco Correa y terminó organizándole todo el entramado societario, tanto en España como en diferentes paraísos fiscales.  

La Agencia Tributaria y el Juzgado Central 5 consideran que Blanco Balín montó un gran entramado de sociedades para que el grupo Correa y sus socios consiguieran la opacidad que buscaban. Osiris Patrimonial era una de las piezas fundamentales y operativas del binomio Correa-Blanco. El ejemplo más directo de cómo trabajaba Blanco y evadió capital para Correa es la sociedad Osiris Patrimonial. La matriz de esa sociedad era otra denominada Lubag y estaba radicada en Curazao (Las Antillas). Y para que nadie pudiera llegar a Lubag, y muchos menos a Osiris, aparecía como intermediaria o interpuesta de la segunda, Clandon, que a su vez estaba radicada en Holanda.  

Entre la documentación incautada en el despacho de Blanco había un archivo informático con el título Grupo Correa y allí se relacionaban las siguientes sociedades: Osiris Patrimonial, Caroki, Inversiones Kintamani, Orange Market, Artas Consultorias, Hator Acinipo y Fillmore.  

Pero las sociedades, empresas y patrimonio de Correa no acaban en Osiris Patrimonio, ni en «Grupo Correa». El entramado montado por Blanco Balín iba más lejos.  

Correa había dividido su grupo de la siguiente manera: sociedades de publicidad, inmobiliarias, patrimoniales, otras colocadas en paraísos fiscales y por último se servía de una serie de sociedades de gestión para administrar a todas las anteriores.  

En el campo de la publicidad y eventos destacaba Easy Concept Comunicación, Special Events y Orange Market. Entre las inmobiliarias, Consultoría y Gestión de Inversiones; y en patrimoniales, Inversiones Kintamani. En cuanto a las empresas radicadas en paraísos fiscales hay que contar con Osiris, como principal, y otras 25 más.  

Y para gestionar, administrar y llevar la contabilidad de todas esas sociedades estaba «R. Blanco Asesores Fiscales», entre otras. 

(www.elmundo.es, 07/10/09)

CORREA: "AGAG ME PIDIÓ QUE 'EL BIGOTES' LLEVARA ACTOS DE AZNAR" 

Que Francisco Correa, el jefe de la trama Gürtel, había tenido una estrecha relación con Alejandro Agag –el yerno del expresidente José María Aznar– era conocido e indisimulable: no en vano fue testigo de su boda con Ana Aznar Botella. Las fotografías de aquella pomposa cita nupcial así lo acreditan. Lo que no era tan conocido por la opinión pública es que fue Agag quien introdujo al empresario Álvaro Pérez, más conocido como el Bigotes, en el círculo de quien fue jefe del Ejecutivo. O, al menos, eso es lo que le contó Correa al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, según reza en el sumario que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

«Alejandro [Agag] me presentó a ese chico, a Álvaro [el Bigotes], que es el sobrino de Pajares. Se puede imaginar... el mundo de Pajares, la noche, el espectáculo... lo que era este chico para trabajar en una empresa, la disciplina... y entonces me dijo Alejandro: ponle a que lleve los actos del presidente y yo... ¿pero estás loco? Uno que viene del mundo de Pajares... bueno, pues lo pusimos y Ana Botella se enamoró de él, en el buen sentido, le encantó y empezó a trabajar con él y tuvo un éxito tremendo, hasta que llegó Mariano [...]», relató Correa a Garzón mientras este caso estaba siendo instruido en la Audiencia Nacional. 

No obstante, el líder de la red corrupta también se encargó de aclarar al magistrado que, desde hacía seis años, no tenía relación con Agag, pese a haber sido amigos. Igualmente, especificó que Pérez terminó su relación con el PP en Madrid cuando Aznar decidió abandonar el partido y dejar como sucesor a Mariano Rajoy. 

Claro que, además de las declaraciones del propio Correa, la parte del sumario que se hizo pública ayer incluye un dosier de la policía que recoge información de la caja B de la trama de corrupción, en la que constan anotaciones contables a Agag. 

 El empresario y yerno de Aznar difundió por la tarde un comunicado en el que negó haber recibido dinero o haber hecho negocios con esta trama corrupta. En la nota también recuerda que no ha sido imputado ni es parte del proceso judicial.  

(www.elperiodico.com, 07/10/09) 

"AGAG ME PIDIÓ QUE ÁLVARO LLEVARA LOS ACTOS DE AZNAR, Y A BOTELLA LE ENCANTÓ" 

Las declaraciones de Francisco Correa, el cabecilla de la trama, ante el juez Baltasar Garzón, constituyen un elemento definitivo para comprobar cómo operaba la trama, qué contactos de altísimo nivel político mantenía en el PP y cómo se creó a la sombra de Aznar y después se trasladó a Valencia, al entorno de Francisco Camps. Éstas son algunas de sus declaraciones: 

"¿Sabe qué pasa? Que esta gente [Álvaro Pérez, El Bigotes, y Pablo Crespo] me quiere mucho. Bueno, yo iba a ser el viernes el padrino, cuando me detuvieron iba a Barcelona a ser el padrino de la hija de Álvaro. Son gente que yo he recuperado, por ejemplo este muchacho [El Bigotes], que me lo presentó Alejandro Agag, con el que yo tuve una excelente amistad y ahora no me hablo hace seis años. [Álvaro] piensa que soy íntimo de Alejandro porque fui padrino de su boda, fui amigo, le conocí hace muchísimos años. Alejandro me presentó a Álvaro, que es sobrino de Pajares.  

Se puede usted imaginar el mundo de Pajares, la noche y el espectáculo, lo que era este chico para trabajar en una empresa, la disciplina, y llevar un tema serio empresarial. Y entonces me dijo Alejandro [Agag], ponle para que lleve los actos del presidente [Aznar] y yo... '¿Pero tú estás loco?' Uno que viene del mundo de Pajares... Bueno, pues lo pusimos y Ana Botella se enamoró de él, en el buen sentido, le encantó, y empezó a trabajar con él [Aznar] y tuvo un éxito tremendo hasta que llegó Mariano [Rajoy], y entonces ese muchacho, Álvaro, dice que yo le debo toda su vida, porque efectivamente le hemos ayudado a centrarse, a llevar un tema serio. Cuando dejó de trabajar para Rajoy, Paco Camps se lo llevó a Valencia, y trabaja [allí] y le hace las campañas a Camps". 

Correa también implica a Francisco Álvarez Cascos, secretario general del PP en la época de Aznar y ex ministro de Fomento, de quien dependía AENA. "Una de las cuentas que teníamos entonces era la de AENA, porque Paco Cascos, con el que yo tenía cierta relación, me dio la cuenta de AENA y era una prenda muy importante porque se hacía FITUR y se hacían un montón de eventos". Cascos siempre ha desmentido cualquier relación con la red y señala que él no decidió esos contratos. Pero lo cierto es que, según datos oficiales, Correa recibió contratos de AENA por cinco millones de euros mientras Cascos fue ministro. 

(www.elpais.com, 07/10/09)

LA TRAMA COLOCÓ DINERO EN CASI 20 PAÍSES CON TESTAFERROS 

trama se movía por todo el mundo utilizando toda la ingeniería financiera que permite un planeta globalizado con empresas representadas por testaferros a miles de kilómetros de distancia del verdadero jefe. El levantamiento parcial del sumario no afecta aún a las comisiones rogatorias, pero ya aflora la trama global, con operaciones económicas en casi 20 países y tentáculos en Europa, América y Asia siempre con el doble fin de maximizar las ganancias, disponer de liquidez cuando se requiera y borrar todas las huellas. 

Francisco Correa y el resto de cabecillas de la trama nunca aparecen directamente en las múltiples sociedades constituidas en todo el mundo para mover el dinero. Siempre se sitúa delante a testaferros sin ningún poder autónomo y la sociedad busca una sede social en un país lejano y especializado en operaciones opacas. La constitución de Pacsa Limited, una de las muchas empresas de la trama en el extranjero, ejemplifica cómo funcionaba. Se registró en 1997 en Isla Nevis, en el Caribe, un paraíso fiscal. Y consta como director fiduciario el contable José Luis Izquierdo.  

El documento aportado al fiscal por la Agencia Tributaria explica el poder real de Izquierdo, según la escritura: "Reconozco que no tengo ninguna clase de derechos sobre cualquier activo de la sociedad (...) Declaro que no tengo ningún poder o responsabilidad comercial o financiera y que actuaré únicamente de acuerdo con las instrucciones del beneficiario (...) Reconozco que la totalidad de las participaciones registradas actualmente a mi nombre no es de mi propiedad".  

La trama creó con este mismo esquema muchas empresas en el extranjero con la finalidad de mover el dinero o de burlar un eventual seguimiento de las autoridades. Rustfield Trading LTD, por ejemplo, se creó en Reino Unido, aunque la supuesta dirección recaía en Mollyland Inc., con base en las Islas Vírgenes. Y su finalidad, según el sumario, era únicamente enredar y borrar huellas: "[Su función] es complicar la estructura societaria a través de otra sociedad interpuesta controlada por las mismas personas". Su compañía matriz era Pacsa Limited. 

El dinero se sacaba de España directamente o a través de estas empresas rumbo a paraísos fiscales o países que garantizan grandes beneficios y no preguntan de donde sale el dinero: se sigue el rastro en Mónaco, Panamá, Islas Caimán, Antillas Holandesas, Azerbayán un punto central del blanqueo de capitales, Islas Vírgenes, Islas Caimán, Gibraltar, Sri Lanka y Suiza. Sólo este último país se estima que puede albergar hasta 23 millones de euros de la trama. 

Las empresas creadas fuera servían también para canalizar inversiones en el extranjero, sobre todo inmobiliarias y en América: en Miami (EEUU), en Panamá, en Cartagena de Indias (Colombia)... Se trata a menudo de empresas constituidas en países de la UE: la mayor actividad se registra en Reino Unido sede de Grosvenor y Windrate, por ejemplo, Portugal Freetown y Holanda Bellavita Holding o Clandon BV. También hay pagos registrados desde Francia y Alemania. 

El sumario muestra cómo estas pantallas facilitaban el reingreso a España de dinero evadido cuando se necesitaba para un nuevo negocio. Según la investigación, las dos empresas más utilizadas para ello eran Inversiones Kintamani y Caroki SL. 

"Según va haciendo falta, capitalizan a la sociedad residente en España desde las sociedades extranjeras a fin de acometer las inversiones inmobiliarias", subraya el informe de la Agencia Tributaria. El mismo documento detalla cómo Caroki SL, cuyo objeto social es la compraventa de bienes inmuebles, va recibiendo ingresos desde la cuenta de Pacsa la sociedad creada en 1997 en la isla caribeña de Nevis por cuenta de Rustfield, dependiente de Pacsa pero sin otro fin que enredar, según la misma investigación. "No se sabe si el origen es Francia o, más seguramente, Suiza", se apunta en el informe. 

Inversiones Kintamani, controlada al 100% por Pacsa Limited, también se beneficiará de "sucesivas ampliaciones de capital suscritas por socios domiciliados en Suiza, Reino Unido y EEUU". Al final, son las operaciones de estas empresas en España, a menudo a través de nuevos intermediarios, lo que permite cerrar el círculo de la red.  

De las comunicaciones intervenidas a las tres personas encarceladas por la trama se deduce que algunas de las claves para desentrañar el entramado internacional se esconden también en Washington: los presos trataron de comunicarse a través de intermediarios con el broker estadounidense Randall Lew Caruso.  

MÁS DE CINCO MILLONES DE FRAUDE FISCAL 

Un piso y una moto

Correa sólo tenía un piso y una plaza de garaje, y para desplazarse, una motocicleta. Al menos, eso es lo que trataba de hacer creer al fisco el jefe de la ‘trama Gürtel’, quien no declaraba el IRPF desde 1999. Pero la realidad es bien distinta y apunta a que aún amasa una fortuna en paraísos fiscales, amén de haber disfrutado de un Audi A8 y un chófer. 

Cuatro tramas societarias

La Agencia Tributaria ha concluido que Correa se sirvió de hasta cuatro entramados societarios para defraudar a Hacienda al menos 5,1 millones de euros, entre los años 2003 y 2007. La abundante documentación incautada en el despacho madrileño de los abogados Andrés Guillamot y Ricardo Blanco Balín, este último también imputado por Garzón, así lo acredita. Y aún no ha concluido el análisis de la misma. 

Miami y las Islas Vírgenes

El bufete se habría servido de sus contactos internacionales para crear sociedades fantasma ubicadas en paraísos fiscales, donde es fácil ocultar el nombre de su verdadero propietario. Una de esas estructuras estaba compuesta por empresas con domicilio en Miami, que a su vez pertenecían a una o varias sociedades residentes en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.Las primeras sociedades de esta cadena disponían de fondos que luego invertía en lujosas residencias de la citada ciudad.  

(www.publico.es, 07/10/09) 

LA INVESTIGACIÓN DE LA RED GÜRTEL DESTAPA LA CORRUPCIÓN GENERALIZADA EN EL PP 

La corrupción amenaza al corazón, al cerebro y al bolsillo del Partido Popular. La trama Gürtel, una red empresarial dirigida por Francisco Correa, envenenó con prácticas ilegales durante los últimos 10 años a algunas de las principales instituciones donde gobierna el PP y facilitó durante ese tiempo la financiación ilegal de esta formación política. En el camino, numerosos dirigentes populares, con cargo público y presupuesto suficiente, se enriquecieron con el negocio de Correa. Así se desprende del aluvión de indicios recogidos durante 14 meses de investigación judicial y recogidos en los 17.000 folios del sumario sobre los que se ha levantado el secreto. 

Mariano Rajoy, presidente del PP, mostró ayer "indiferencia" ante las nuevas revelaciones de un caso que ha costado el cargo ya a cuatro alcaldes, un eurodiputado y un consejero autonómico, además de la retirada del tesorero del partido. 

Muchas de las pruebas que sostienen la acusación sobre una decena de cargos del PP y otras 60 personas que continúan imputadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y por el Supremo, se conocieron ayer tras la decisión del juez Antonio Pedreira de facilitar copias de una parte del sumario a todos los implicados. 

La acumulación de pruebas sólo recoge una parte de la instrucción del caso, la que va de agosto de 2008 a abril de 2009, momento en que el juez Baltasar Garzón decidió inhibirse en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia. La documentación de las investigaciones sobre financiación ilegal del PP valenciano; el pago de comisiones ilegales por parte de diversas constructoras a Correa para que lo distribuyera entre políticos del PP y otros detalles del caso aún permanecen bajo secreto de sumario en el Tribunal Superior de Madrid. 

Los indicios conocidos ahora proceden de fuentes de investigación diversas, desde conversaciones telefónicas grabadas a los principales miembros de la trama corrupta, hasta declaraciones judiciales de los implicados y numerosa documentación oficial, tanto de las Administraciones gobernadas por el PP como de las empresas de la trama, que tenían una contabilidad B con la que pagaban a los políticos por los favores prestados. 

Las pruebas afectan a los Gobiernos del PP en Valencia, Madrid, Castilla y León e incluso al Ejecutivo de José María Aznar; a los ayuntamientos de Arganda del Rey, Majadahonda, Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón, gobernados por el PP, y a las organizaciones territoriales de este partido en Madrid, Valencia y Galicia, con sospechas documentadas de financiación ilegal que siguen siendo investigadas. 

Lo que sigue es un resumen de la parte del sumario analizada ayer por este periódico con las pruebas recabadas por la policía para sustentar la acusación sobre los imputados: 

- 'El Bigotes de Valencia'. El tomo del sumario que recoge las transcripciones de las conversaciones telefónicas grabadas a los miembros de la trama destapa las íntimas relaciones de Álvaro Pérez, El Bigotes, jefe de la empresa Orange Market, organizadora de todos los actos del PP y contratista de la Administración valenciana (ocho millones de euros en cuatro años, cuarenta contratos a dedo sin concurso) con el presidente valenciano, Francisco Camps, y con el secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa. En las conversaciones de Álvaro Pérez con el número dos de la trama corrupta, Pablo Crespo, hablan de las gestiones para la adquisición de un vehículo de alta gama que Costa se compró; de un regalo de 20.000 euros con forma de reloj de acero que le hizo el ex alcalde de Alicante a Ricardo Costa y de los consejos que le daba El Bigotes para que no se lo pusiera cuando paseaba por Valencia; de las gestiones para conseguir que Camps se entrevistara con Barack Obama; y de un viaje secreto a Estados Unidos para gestionar la celebración de los Grammy en la Comunidad Valenciana para lo que contaban con el impulso del presidente autonómico. 

Para cerrar el círculo, el jefe de la trama corrupta, Francisco Correa, declaró ante el juez Baltasar Garzón que El Bigotes era íntimo amigo del alcalde popular de La Nucia, un municipio alicantino, y que medió ante Camps para que el Gobierno valenciano desbloqueara un proyecto urbanístico con problemas medioambientales. 

- La financiación gallega. Las cuentas del PP gallego entre 1996 y 1999 están bajo sospecha. Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta que fue durante esos años secretario de Organización del PP en Galicia, se lamenta en una conversación que mantiene en la cárcel sobre una caja de seguridad que la policía ha descubierto donde guardaba documentación comprometida. En esos documentos aparecen las cuentas de la trama corrupta con el PP por los actos que le organizó durante tres años. Muchos de esos actos se habían hecho y cobrado, pero no existían facturas que lo justificaran. Crespo reflexiona sobre el delito y llega a la conclusión de que probablemente haya prescrito. "Si lo sacasen esta semana", cuenta Crespo en relación a los documentos de su caja de seguridad sobre la financiación del PP, "el lío sería morrocotudo". 

- Los negocios de Madrid. La estructura empresarial de Francisco Correa se soportaba en gran parte con los negocios de Madrid, donde no sólo se quedó casi en exclusiva con los actos institucionales de la presidenta Esperanza Aguirre, gracias a las gestiones del consejero de Deportes Alberto López Viejo, al que pagaban abundantes comisiones. Además, Correa logró el trato de favor de cuatro ayuntamientos gobernados por el PP, Boadilla del Monte, Majadahonda, Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, que le adjudicaron diversos contratos, además de permitirle intermediar ante constructores y promotores inmobiliarios en operaciones de suelo muy lucrativas de las que obtuvo jugosas comisiones. 

- Las obras de Castilla y León. Uno de los tomos de la parte del sumario sobre la que se levantó ayer el secreto incluye todas las gestiones del juez Baltasar Garzón para aclarar una adjudicación de obra pública en Castilla y León que aparecía reflejada en la contabilidad B de la trama corrupta con el cobro de 72.000 euros en comisiones. La obra en cuestión fue adjudicada a una constructora de origen leonés, Teconsa, pese a que empató con otra empresa que se presentó al concurso. Esa constructora está bajo sospecha de pagar comisiones ilegales y de sacar grandes cantidades de dinero del banco en billetes de 500 euros. El consejero que adjudicó la obra, José Manuel Fernández Santiago, es hoy presidente de las Cortes de Castilla y León. 

- El Gobierno Aznar y la trama. Francisco Correa relató al juez Baltasar Garzón cómo eran sus relaciones, desde muy joven, con Alejandro Agag, el yerno de José María Aznar. Hasta el punto de que, en un momento dado, Agag le presentó a Álvaro Pérez, El Bigotes, y le pidió que le encargase de llevar los actos del presidente del Gobierno. Correa obedeció y el resultado fue óptimo. "Ana Botella se enamoró de él, en el buen sentido de la palabra, le encantó", declaró Correa al juez Garzón. El negocio de la trama corrupta se inició a la sombra de Aznar, al que montó todos los actos de partido durante sus ocho años como presidente. 

La investigación judicial tiró de un hilo que dejó Correa suelto en una conversación privada donde presumía de haber pagado "1.000 millones de pesetas" a Luis Bárcenas, entonces gerente del PP nacional y hasta hace unas semanas tesorero, de adjudicaciones de la etapa de Francisco Álavarez-Cascos al frente del Ministerio de Fomento. 

Correa dio algún detalle sobre este asunto en su declaración judicial en la Audiencia. Cuando detallaba cómo fichó a Pablo Crespo para dirigir sus empresas, recordó los años en que trabajó para Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). "Una de las cuentas que teníamos entonces era de AENA [organismo dependiente del Ministerio de Fomento], porque Paco Cascos, con el que yo tenía una cierta relación, me dio la cuenta de AENA y era una prenda muy importante porque se hacía Fitur [Feria Internacional de Turismo] y se hacían un montón de eventos". 

Francisco Álvarez-Cascos ha negado que su departamento ordenase favorecer a las empresas de Francisco Correa en AENA y ha esgrimido que en ese organismo estatal se cumplían las normas vigentes sobre contratación administrativa. 

(www.elpais.com, 07/10/09) 

CONFESIONES GRABADAS 

- Francisco Correa."Alejandro [Agag] me presento a Álvaro [Pérez, El Bigotes], y Álvaro es un chico que es el sobrino de Pajares. Te puedes imaginar el mundo de Pajares, la noche y el espectáculo, lo que era este chico para trabajar en una empresa, la disciplina, y llevando un tema serio empresarial. Y entonces me dijo Alejandro, 'ponle para que lleve los actos del presidente', y yo le dije: '¿pero tú estás loco? uno que viene del mundo de Pajares'... Bueno, pues lo pusimos y Ana Botella se enamoró de él, en el buen sentido, le encantó, y empezó a trabajar con él y tuvo un éxito tremendo". 

- Álvaro Pérez. "El ex alcalde de Alicante le ha regalado un reloj Frank Muller de 20.000 euros a Ricardo [Costa]. De acero. Hemos llamado ahora, es de Rabat, para preguntar a ver qué valía, lo ha flipado Ricardo, claro... Entonces se lo han ajustado, le han ajustado la correa y va como un niño, ya le conoces tío, con una cosa de estas se vuelve loco, pero no se lo puede poner en Valencia, ya se lo he dicho. Tío, ni se te ocurra, no, no, no, ni hablar, digo, es que es un cante de cojones, aparte de que es muy grande, ¿sabes? Pero va como un niño con zapatos nuevos". 

(www.elpais.com, 07/10/09) 

CORREA: "PACO CASCOS ME DIO UNA CUENTA EN AENA" 

En un instante del largo interrogatorio, cuando Francisco Correa estaba explicando el momento en que contrató a Pablo Crespo, exalto cargo del PP de Galicia, deslizó una confesión que sugiere un supuesto trato de favor al exministro de Fomento y exsecretario general del PP Francisco Álvarez-Cascos. 

El jefe de la trama corrupta reveló al juez Baltasar Garzón que había hecho negocios con AENA, organismo dependiente de Fomento, durante el mandato de José María Aznar. «Paco Cascos, con el que yo tenía una cierta relación, me dio una cuenta de AENA, y era una prenda muy importante porque se hacía Fitur y se hacían un montón de eventos», declaró Correa. 

La relación de la trama con Cascos también abarca su etapa como secretario general del PP, cuando era el número dos de Aznar. Crespo detalló que organizó viajes para el partido cuando Cascos y Javier Arenas ocupaban la secretaría general, pero añadió que esta relación terminó con la llegada del equipo de Mariano Rajoy, en el 2004. Cascos cedió a Arenas la secretaría general del PP en 1999 tras 10 años en el cargo.  

(www.elmundo.es, 07/10/09)

LA INVESTIGACIÓN DE LA 'TRAMA GÜRTEL' COMPROMETE AL PP EN MEDIA ESPAÑA  

Con las manos en la caja. El sumario del caso Gürtel desvela la estrecha relación del jefe de esta red, Francisco Correa, con dirigentes del PP durante el mandato de José María Aznar. También apunta a una posible financiación ilegal del partido conservador en Galicia y en la Comunidad Valenciana y a un trato de favor en Madrid, Castilla y León y Estepona (Málaga). Los 17.000 folios del sumario, un tercio de la investigación, están plagados de documentos que ponen en serios aprietos a los populares, que ayer prefirieron guardar un prudente silencio después de la algarabía del pasado verano, cuando acusaron al Estado de conspirar contra ellos. 

El magistrado Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), decidió levantar parcialmente el secreto de este sumario el 30 de septiembre. Sin embargo, la parte más jugosa aún no ha sido revelada. Este caso sufrió un vuelco tras la detención del gestor de Correa en Suiza, Gianfranco Fasana, que decidió colaborar estrechamente con la justicia e informó de que su antiguo jefe tenía escondidos en Ginebra más de 10 millones de euros. Su comparecencia permitió al juez descubrir parte de la mecánica de esta red en el extranjero.  

Correa, según consta en el sumario hecho público ayer, «diseñó una estructura de circulación de fondos hacia el exterior que le permitía desvincularlos de su origen ilícito, reintroducirlos de nuevo en España y reinvertirlos en bienes de naturaleza inmobiliaria preferentemente». Por ello, tiene escondido su dinero en Miami, Londres, Amsterdam, las Antillas holandesas, las islas del Canal y Mónaco. La organización que dirigía dispuso de dos brokers y una «persona integrante de una entidad financiera» para manejar los fondos. 

La justicia ha logrado identificar a algunos de los políticos que colaboraron con Correa gracias a la información que encontraron en el domicilio del contable, José Luis Izquierdo. La mecánica aparentemente era muy simple: todos ganaban. Correa lograba las adjudicaciones de las administraciones públicas gobernadas por el PP y las cedía a una empresa que le pagaba una comisión, que era repartida entre las personas que habían intervenido en el negocio.  

De este modo, no solo compraba voluntades, sino que también lograba su silencio. La trama hizo regalos a más de un centenar de dirigentes del PP por importes que oscilaban entre los 1.000 y los 20.000 euros. En concreto, 17 mandos conservadores cobraron un total de 5,5 millones de euros de la red corrupta en especies y efectivo, entre ellos el senador y tesorero de los conservadores, Luis Bárcenas, que percibió 1,05 millones de euros. 

Correa comenzó a trabajar con el PP en la década de los 90. Y negó haber sobornado a cargos del PP. «¿Pagar yo a funcionarios?» fue la respuesta que dio al magistrado Baltasar Garzón –el primer instructor del caso Gürtel– en su declaración judicial. En esta comparecencia también confesó que sus negocios con los populares terminaron cuando llegó Mariano Rajoy, en el 2004, después de una campaña de descrédito en la prensa. «Salió que yo era el Aznar de turno», explicó al juez de la Audiencia Nacional. 

La instrucción judicial deja en evidencia la seguridad con la que operaban Correa y sus secuaces, Pablo Crespo, Álvaro Pérez –más conocido como el Bigotes– y su primo Antoine Sánchez. Sus conversaciones telefónicas están plagadas de apodos y de palabras malsonantes. Ricardo Costa, secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, es uno de los más mencionados. También hay referencias al fundador del PP, Manuel Fraga; a la esposa y al yerno de Aznar, Ana Botella y Alejandro Agag –que aparece en la caja B– ,y al exministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos. 

Quizá por estas amistades, a Correa le cuesta asumir su situación de preso preventivo en la cárcel madrileña de Soto del Real. Ante Garzón admitió que había cometido «algunas irregularidades», pero no parece que quiera enmendarse. Desde la prisión ha organizado una «estrategia de protección» de su patrimonio y ha tratado de «influir» sobre «las personas responsables de dirigir la instrucción» en el Tribunal Superior de Madrid. 

Por ello, según un informe policial, daba órdenes directas a su chófer, Bernabé Nieto, cuando le visitaba en la prisión y al abogado Carlos Pardo. Las comunicaba por escrito y las debían cumplir una relación de personas de confianza y «un responsable político». Lo dicho: el culebrón continuará.  

(www.elperiodico.com, 07/10/09)

LA 'TRAMA GÜRTEL' TRABAJÓ PARA EL PP AL MENOS HASTA 2005 

Pese a las afirmaciones de Mariano Rajoy, la trama Gürtel contrató con el Partido Popular al menos hasta 2005, según se desprende de las facturas que figuran en la parte del sumario que instruye el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira. 

Con motivo del referéndum para la aprobación del Tratado Constitucional de la UE que se celebró en febrero de 2005, Génova contrató a Special Events para que organizara determinados actos de la campaña a favor del 'sí'. En concreto, según informa la SER, entre los 17.000 folios cuyo secreto se ha levantado hoy figura una factura emitida a favor de Special Eventos por la que Génova paga 8.400 euros a la trama de los cuales, según se deduce después de su propia contabilidad, se embolsó 5.300. 

Esas facturas están sometidas a constantes correcciones para ampliar importes e incluir nuevos conceptos como "gastos de prospección sobre el terreno". Los cambios en cada una de las facturas le eran comunicados en documentos manuscritos enviados por fax, al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, imputado en el Tribunal Supremo. 

De los 17.000 folios que Antonio Pedreira ha entregado hoy a las partes se desprende, además, que los cabecillas continuaron maniobrando desde la cárcel bajo las órdenes de Pablo Crespo, quien utilizó a su mujer como correo. 

Con Ramón Blanco Balín, asesor fiscal de la trama, se coordinaron las actuaciones con las empresas patrimoniales de Correa para la obtención de fondos que sirvan de sustento a las familias del propio Correa, de Pablo Crespo y de Antoine Sánchez. Según la policía es el propio Crespo quien desde la cárcel ordena la ejecución de fondos depositados en una cuenta en Suiza. 

La policía destaca también el papel de los abogados Manuel Delgado Solís Y José Antonio López. De ellos dice el auto que procuraron ventajas en el desarrollo del procedimiento tras contactar a través de terceros con cargos de la Audiencia Nacional. 

En concreto, Crespo contactó con Álvaro Pérez, el bigotes, uno de los líderes de la trama que no ha ingresado en prisión. En una carta enviada en febrero, Crespo mostraba su preocupación por el estado de ánimo de El Bigotes, a pesar de que solo pasó tres días en prisión. Le recordaba en la carta que "tiene dos amigos incondicionales" en las figuras del propio Crespo y de Francisco Correa, máximo responsable del entramado. Además, en la misiva Crespo calificaba la investigación de "gran montaje político". 

En una carta posterior, tras extrañarse por no recibir respuesta de Álvaro Pérez, Crespo le recordaba lo importante de que su apariencia sea "de fortaleza". 

De las escuchas que la Policía ha realizado a los cabecillas los investigadores deducen que los presos trataron de proporcionar dinero a las familias de los imputados a través de cuentas establecidas en bancos extranjeros. 

Además, con la mediación de sus abogados, buscaron tratos de favor ante la Audiencia Nacional para ellos mismos con la ayuda de terceros.

(www.elpais.com, 06/10/09)

Correa: "Paco Cascos, con el que tenía cierta relación, me dio la cuenta de AENA"

El jefe de la trama corrupta confesó al juez Garzón que había hecho negocios con un organismo dependiente de Fomento durante el mandato del PP

El día 9 de febrero de 2009, Francisco Correa, jefe de la trama corrupta, compareció ante el juez Baltasar Garzón para explicar los negocios por los que había ingresado en la cárcel. En un momento del largo interrogatorio, cuando Correa estaba explicando el momento en qué contrató a Pablo Crespo, ex alto cargo del PP de Galicia, se refirió al anterior hombre de confianza que tenía en su grupo de empresas, llamado Rafael de León. Al explicar qué hacía en aquellos años, Correa deslizó una confesión que sugiere un trato de favor de Francisco Álvarez-Cascos, entonces ministro de Fomento. La confesión textual es la que sigue:

"Pablo Crespo se empezó a quedar con este tema en 2000, pero previamente a Pablo Crespo yo contraté a Rafael de León, un amigo mío, y lo puse también a llevar (...) Era director general del Grupo Terrates con Ofrisa Padrós, y le dije, aunque no tenga nada que ver con el tema tuyo de obra de cemento, vente y dirige un poco este tema de (...) y le das un poco de forma a esto, y estuvo un par de años este chico, que luego me llevé un gran disgusto porque (...) una de las cuentas que teníamos entonces era de AENA [Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, organismo dependiente del ministerio de Fomento], porque Paco Cascos, con el que yo tenía una cierta relación, me la dio la cuenta de AENA y era una prenda muy importante porque se hacía Fitur y se hacían un montón de eventos".

Francisco Álvarez-Cascos aseguró a este periódico cuando se publicaron todos los contratos de AENA con las empresas de la trama corrupta que en ningún caso se había dado ningún trato de favor a las empresas de Correa y que las adjudicaciones de los distintos trabajos se había hecho respetando la legalidad vigente y las normas sobre contratos del Estado.

www.elpais.es 06.10.09

FRANCISCO CORREA, EN PRISIÓN: "¿QUÉ HAGO YO AQUÍ ENTRE DELINCUENTES?" 

Llegó aterrorizado, y aún hoy, a Francisco Correa le cuesta salir de su celda y relacionarse con alguien que no sea su socio Pablo Crespo. Los dos jefes de la trama Gürtel comparten celda en el módulo nueve de la cárcel de Soto del Real y, según el relato de un preso que ha compartido varios meses con este grupo, no son especialmente ordenados. Ambos mantienen una relación claustrofóbica, tensa, a la espera de que el juez les deje salir bajo fianza o convoque el juicio por la trama de corrupción. 

Correa y Crespo comparten celda desde el día que ingresaron en prisión incondicional, el pasado febrero. Fueron los primeros detenidos del escándalo junto con Antoine Sánchez, primo de Correa. Los dos primos no se soportan. Un recluso que compartió ratos con él relata que se siente una víctima de la trama, que se puso a trabajar para su primo en el negocio de la organización de actos y viajes por necesidad económica. Además, Sánchez afirma que es el único de los tres que no se ha hecho rico con el negocio, que los ha llevado a todos a la cárcel y ha provocado un escándalo de primer orden. 

Nunca les ha faltado el dinero. Los presos tienen una tarjeta que se puede recargar con 80 euros a la semana para gastar en el economato de la prisión. La tarjeta de Correa siempre ha tenido dinero, gracias a una cuenta corriente que no le han bloqueado. En las últimas semanas, relata un preso que conoce su situación, empieza a temer que se le acabe ese dinero. Correa vivió su peor día en la cárcel cuando le comunicaron que le habían bloqueado las cuentas bancarias en Suiza. "Correa estaba blanco", asegura este recluso. Con ese dinero pretendía pagar su defensa.

Con esos 80 euros semanales, que se gastaba íntegramente, Correa nunca se ha privado de nada, dentro de las posibilidades de un centro penitenciario. Chorizo y jamón nunca le han faltado. Aunque el líder de las empresas que se hicieron de oro trabajando para el PP se ha pasado meses sobreviviendo con latas de atún, a veces con mayonesa. Bebe siempre Coca-Cola Zero. 

Los tres principales imputados del caso Gürtel discuten a menudo, asegura este preso que los ha conocido en Soto del Real. Todos hablan mal de todos por la espalda prácticamente desde el primer día. Antoine se siente traicionado por Correa. Éste pone a caldo cada dos por tres a Crespo. Le pone enfermo, por ejemplo, que Crespo coleccione todos los tiques de compra del economato. Después de siete meses, la celda está llena de esos papeles. El ex secretario general del PP de Galicia, extrañamente, aguanta impasible el humor de su socio. De hecho, su sangre fría, su semblante inalterable, son las principales características que citan de él quienes lo han visto en la cárcel. Mientras Correa ha vivido meses recluido en la celda, Crespo se dedicaba a leer novelas y escribir. 

En la cárcel, los presos tienen calado a Pablo Crespo, según el relato que hace F. G., un preso que ha compartido charlas con los tres imputados. La tranquilidad lo delataba en el módulo uno, donde se juntan preventivos de todo tipo de delitos económicos y de narcotráfico. "Ése es el que tiene el dinero, por eso está tan tranquilo". Ésa es la verdad del caso Gürtel que corre por el maco. Crespo tiene el dinero, porque está de lo más tranquilo. A sus compañeros de módulo, que algo saben de esto, no les hacen falta más pruebas 

Correa, más temperamental, vive alterado desde que entró en prisión. Está fuera de sitio, con una actitud miedosa. Pidió que le pusieran, con Crespo, en una celda interior del módulo de preventivos, para que no le diera el sol directamente. Correa no soporta el sol. Tardó tres meses en empezar a relacionarse con unos pocos presos. Habla abiertamente de sus propiedades en Ibiza y Sotogrande, de su finca de Tarifa, por ejemplo, pero apenas menciona su relación con cargos del PP. En confianza, alguno de los tres se suelta a hablar de "LB", el misterioso receptor de más de un millón de euros en sobornos apuntados en la caja B.

Cuenta F. G. que Correa, el empresario que ha dado nombre a uno de los casos de corrupción más sonados de la democracia, alguna vez ha comentado en grupo: "¿Qué hago yo aquí entre delincuentes?". Se hizo esta pregunta una vez en alto, de forma retórica, y a continuación aseguró: "Yo no soy un delincuente". Dijo que todo era un problema de papeleo con Hacienda. Los que estaban alrededor se echaron a reír. 

Correa se encuentra muy afectado psicológicamente por su situación familiar. Pidió al juez dos veces que le dejara salir bajo fianza para ocuparse de su padre, muy mayor, y de un hermano minusválido. Se lo denegaron por el peligro de destrucción de pruebas. Según el relato de F. G., en una de las pocas llamadas de teléfono que ha hecho Correa habló con su hija. No paró de llorar. 

Además, según este recluso que ha sido testigo directo de sus primeros meses en prisión, Correa se desenvuelve muy mal. Era Pablo Crespo quien tenía que enseñarle, por ejemplo, cómo se marca un número de teléfono exterior desde la cárcel. Crespo también le comenta las noticias. Correa no quería al principio ver las páginas de los periódicos sobre él. Crespo se las seleccionaba. 

En una celda aparte, que ha compartido ya con varios reclusos, se encuentra Antoine Sánchez. El primo de Francisco Correa prácticamente no tiene relación con él. Al poco tiempo de estar en prisión, se unió a un grupo de música del centro. Su ilusión es montar un negocio en Senegal, según ha relatado a otros presos. Uno de ellos asegura que padece de asma y tiene que acudir a menudo a la enfermería. 

Los tres fueron trasladados en mayo del módulo uno, donde están los preventivos, al módulo nueve. La razón fue que se corrió el rumor de que les estaban buscando para grabarlos con un teléfono móvil y vender las imágenes. Hubo cacheos, registros de celdas. El rumor era cierto, el móvil finalmente apareció. En el módulo nueve la mayoría de los presos trabajan en las distintas ocupaciones de la prisión y no están durante el día. Correa, más solo que en su destino anterior, ha empezado a ir al gimnasio. 

(www.elpais.com, 06/10/09) 

LOS TRES ACTORES PRINCIPALES 

El 6 de febrero quedará para siempre como un antes y un después para la corrupción en España y para el Partido Popular. Aquel día fueron detenidos los perfectos desconocidos Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. Los tres fueron presentados como empresarios y jefes de una trama de corrupción que sobornaba a cargos públicos a cambio de contratos. La excitación respondía a su relación con cargos municipales del PP. El juez Baltasar Garzón los envió a prisión incondicional el 12 de febrero, de la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ahora ha asumido la causa, no les ha querido sacar. Estos son los delitos que se les imputan: 

Francisco Correa. Supuesto jefe de la trama, con todos los demás a sus órdenes, desde las empresas Special Events y Pasadena Viajes, que organizaba todos los actos del PP. Se le imputa un delito de blanqueo de capitales, otro de fraude fiscal, varios de falsedad, varios de cohecho, uno de asociación ilícita y varios de tráfico de influencias. 

Pablo Crespo. El ex secretario de Organización del Partido Popular gallego, está imputado por los mismos delitos. 

Antoine Sánchez. Primo de Correa y empleado en sus empresas, está imputado por un delito de blanqueo y varios de falsedad. 

(www.elpais.com, 06/10/09)

CRESPO DIO INSTRUCCIONES DESDE LA CÁRCEL PARA MOVER LOS FONDOS DESVIADOS A SUIZA 

El sumario del caso Gürtel desvela que el ex secretario de organización del PP Pablo Crespo, segundo de la trama corrupta, dio instrucciones desde la prisión de Soto del Real para ejecutar los fondos de la organización en Suiza. 

Crespo, que asegura ser víctima de un montaje, comenta con su abogado que existían gastos e ingresos sin justificar en las cuentas del partido en Galicia entre 1996 y 1999, según se extrae de  una charla que mantuvieron en prisión el 24 de febrero de este año y que fueron intervenidas policialmente por mandato judicial.  

"Esto va a traer cola cuando se levante el secreto del sumario", se teme Crespo, a lo que su abogado, José Antonio López Rubal, responde que si es un problema de financiación irregular puede conducir "a un delito electoral". 

En la parte de las escuchas, la documentación recoge varias comunicaciones, de marzo de 2009, del 'cerebro' de la red Francisco Correa y Crespo con sus respectivos abogados. Las conversaciones destapan que el abogado José Antonio López Rubal recibe "instrucciones de Pablo Crespo para que ejecute los fondos que tiene la organización en Suiza". Mónaco, Reino Unido, Estados Unidos y Panamá son otros de los países donde se investiga el paradero del dinero. 

El sumario recoge que este letrado controla "las declaraciones de los imputados para que no haya fugas" y que se relaciona con el ex vicepresidente de Repsol José Ramón Blanco Balín, imputado en la trama, para coordinar las actuaciones con las empresas patrimniales de Correa. "Estamos metidos en una especie de maremágnum político y somos el muñeco al que todo el mundo le da estacazos", se queja Crespo 

Según las diligencias, el letrado se ocupa de "obtener el dinero de las empresas administradas por Blanco Balín para el sustento de las familias de Correa y Crespo". Así, se recoge que el imputado "sigue desempeñando un papel activo para la organización". 

Además, recoge diferentes cartas intervenidas al segundo de la trama, Pablo Crespo, en las que éste se dice "víctima de un montaje político" y reclama el desbloqueo de las cuentas de las sociedades de la presunta red corrupta. Así, la parte del sumario sobre la que se ha levantado el secreto incluye entre sus 17.000 folios, una decena de misivas que Crespo envió a diferentes personas cercanas durante su estancia en la cárcel de Soto del Real, donde ingresó el 12 de febrero, así como las cartas recibidas. 

En una de las cartas, del 25 de febrero, dirigida a la también imputada Mónica Magariños, apoderada de Orange Market y consejera de Easy Concept, Crespo señala: "Todo esto acabará en algún momento. Estamos metidos en una especie de maremágnum político y somos el muñeco al que todo el mundo le da estacazos".Así, intenta tranquilizarle y le pide que no tema por su futuro. "En primer lugar, tú no has cometido delito o falta de ningún tipo y ahí estaré yo siempre para decirlo donde haga falta", escribe Crespo. 

En otra misiva dirigida a Alvaro Pérez, el 'Bigotes', Crespo afirma: "Si todo este asunto es un gran montaje de carácter político, en tu caso la injusticia y el trato que te han dado es, si cabe, más grave todavía". 

Asimismo, le señala que a través de sus abogados ha insistido mucho en "la necesidad de que se centren en el desbloqueo económico" de las sociedades, aún antes de en su propia libertad. "Nos parece tremendo que en todo este asunto se fuerce a dejar sin recursos a unas compañías con tantos empleados, proveedores, trabajos por ejecutar y sobre todo teniendo en cuenta que realizan un actividad absolutamente legal, al margen de las imputaciones que pretendan realizarse", señala.  

(www.publico.es, 06/10/09) 

AMENAZAS, CHANTAJES Y TUTEOS: LAS CARTAS DE EL BIGOTES A RAJOY, ARENAS Y FRAGA 

Tuteos, amenazas sutiles de acudir a los juzgados (que por supuesto no se cumplen), deudas multimillonarias… Son algunos de los detalles que incluyen las cartas que Álvaro Pérez, El Bigotes, y otros cargos de la trama Gürtel enviaron a Mariano Rajoy, Javier Arenas y Manuel Fraga. En 2003, la presunta red corrupta desplegó todas sus oscuras armas para cobrar una deuda contraída con el PP gallego, lo que le acabó costando la cacareada expulsión de Génova en 2004 y su mudanza a tierras más amistosas, como Valencia o Madrid. Dichas misivas, en las que Pérez tutea a Rajoy, están estrechamente relacionadas con el supuesto chantaje que Correa hizo al dirigente popular, a finales de 2003. 

“El viejo está gagá” 

En marzo de este año, un mes después de destaparse el caso Gürtel, se daba a conocer que Francisco Correa había chantajeado a Mariano Rajoy, amenazándole con dar a conocer un vídeo en el que el líder popular y el secretario general del PP gallego, Jesús Palmou, se burlaban de Fraga y comentaban: “El viejo está gagá”. En su crónica para El País, Carlos E. Cué asegura que “nadie pudo saber (…) qué era lo que pretendían obtener los chantajistas”.  

La versión oficial 

Aquel desconocimiento se debió a que, supuestamente, Mariano Rajoy no cedió ante el chantaje y expulsó a Correa de Génova. Desde entonces, el PP nacional no volvió a contratar a los chicos Gürtel. Esa es, al menos, la versión oficial del PP.

120.000 euros 

Ahora, lo que sí se sabe, es qué pretendía Correa con aquel chantaje: cobrar 120.000 euros. Exactamente la cantidad que le debía el PP gallego por los actos de la campaña electoral de 1999. Pero antes de llegar a amenazar con aquel vídeo, los gürtelianos movieron Roma con Santiago a base de cartas.

“Estimado secretario general” 

El último en recibir la carta fue Rajoy, el 18 de diciembre de 2003. En ella, El Bigotes comenzaba: “Estimado secretario general”, pero en seguida pasaba al tuteo para “solicitar tu intervención en un asunto” y declararse “maltratados” por el PP gallego.

Recordatorios 

Además, se permite recordarle a Rajoy que fueron ellos quienes organizaron la campaña electoral gallega de 1999, “así como el multitudinario acto en el Monte de Faro y el Congreso Regional de Octubre (sic)”. También avisa El Bigotes de que ya “están puntualmente informados” Javier Arenas, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.
Intervención de Arenas 

Y es que, Javier Arenas había recibido otra carta en junio de 2003, cuando era él el secretario general. También se le tutea y se le informa del problema. Además, se le agradece que gracias a su mediación, la trama haya conseguido recaudar otros 150.000 euros que también le debía el PP gallego, aunque lamentan que sigan faltando 120.000 por cobrar.

Amenazas veladas 

Los gürtelianos no dudaron en acudir a todos los estamentos. Cronológicamente, entre las cartas a Arenas y a Rajoy, se encuentra la misiva enviada a Manuel Fraga, el 2 de octubre de 2003. Esta vez ya no la firma El Bigotes, sino Luis de Miguel, abogado de Special Events y, aunque el trato ya es de usted, se sube el tono y empiezan a verse amenazas veladas. 

Entre caballeros 

A Fraga le recuerdan que llevan organizando sus actos desde 1993 y se asegura: “Recurro a su persona en calidad de Presidente (sic) del Partido en Galicia y a los valores que usted representa como última alternativa amistosa de solucionar este grave asunto”. Las amenas de acabar en los tribunales también funcionó en Madrid, donde la deuda era con Fundescam, la fundación que presuntamente le sirvió a Aguirre para financiar ilegalmente sus campañas. Pero ya se sabe que, entre caballeros, nadie se denuncia. Como mucho se chantajea.  

(www.elplural.com, 06/10/09)

CORREA ORGANIZÓ LA CAMPAÑA DEL PP A FAVOR DE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA EN 2005 

Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, se ha llenado la boca asegurando que fue él quien “decidió que Francisco Correa saliera de Génova” en 2004; sin embargo, las últimas informaciones apuntan a que la red siguió organizando actos para el PP nacional al menos hasta 2005. Según facturas emitidas por Special Events al grupo de Rajoy recopiladas en el sumario recién destapado por el juez Antonio Pedreira, Special Events, una de las empresas de la trama corrupta, organizó los actos populares para pedir el sí a la Constitución Europea.  

Y no se trata de un acto aislado sino de una verdadera campaña: el 25 de enero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el 14 de febrero en el Hotel Occidental de Sevilla, el 17 de febrero en el Hotel Rallye de Granada, en Salamanca o en Sevilla… El partido pagó 8.400 euros por estos actos, una cantidad que dejó a la red beneficios netos de 5.300 euros. 

“Yo fui el que decidió que Francisco Correa saliera de Génova”. Es lo que dijo Rajoy en marzo pasado entrevistado en Radio Nacional. Claro que, antes de arrogarse este mérito, el líder pasó por “no tengo claro que conozca a Correa” y por “es probable que le conozca”…

Supuesta defenestración  

Con o sin dudas, en ese momento la versión oficial fechaba alrededor de junio de 2004 la proscripción de los Correa en Génova. El motivo de esta purga, según Rajoy, fueron las denuncias del ex tesorero Álvaro Lapuerta, quien pidió la excomunión de la red tras conocer que se estaba utilizando el nombre del partido para obtener contratos en administraciones locales. Lapuerta confirmó este extremo tras citarse con una serie de alcaldes que ratificaron el extremo y, en conseucencia, vetó a la red con el aval del presidente.

Rajoy sí conocía a Correa 

Claro que, aunque lo olvidase discrecionalmente, en 2003, un año antes de este incidente, Rajoy ya sabía qué clase de persona era Francisco Correa: el presunto corrupto le había amenazado con difundir un vídeo en el que se le escuchaba decir que Manuel Fraga, el presidente fundador del partido, “está gagá”. Hasta ayer no se supo qué es lo que perseguía Correa con este chantaje, pero las últimas informaciones apuntan a que intentaría cobrar una deuda del PP gallego por 120.000 euros. Para ello, el supuesto cerebro de la red les carteó a él, a Javier Arenas y al mismo Fraga. El número uno del PP, sin embargo, aseguró que conoció esta misiva por la prensa. “Recibo muchas cartas a diario y no las leo”, declaró a la SER.

Excomunión permisiva 

Este periódico ya ha informado de que, a pesar del supuesto veto, Correa siguió montando actos para Rajoy, como un mitin celebrado en Elche en 2008 de cara las generales, una muestra más de que Rajoy faltó a la verdad cuando hablaba de que él personalmente lo expulsó de Génova. También permitió a la red que siguiera trabajando para administraciones gobernadas por el PP, y no solo a nivel local (principalmente en el eje Noroeste de Madrid, sobretodo en Boadilla del Monte y Majadahonda). Así lo prueban grabaciones de noviembre de 2006 en las que el presunto cerebro de los corruptos se jacta de estar “haciendo la campaña a Paco Camps (…). Le hacemos todos”. En estas mismas cintas se le oye mostrar su convicción de que obtendrá más adjudicaciones, por ejemplo, la de Fitur, recuerda El País.

Refugios de la red

La red también siguió operando en Madrid, o así consta en las grabaciones policiales. En febrero de 2006, era Felisa Jordán, miembro de la trama, quien hablaba de una demanda del número dos de la red y ex dirigente del PP Gallego, Pablo Crespo, contra la Comunidad de Madrid por impago de una deuda adquirida con FCS (Formación Comunicación y Servicios), otra terminal de la red. Jordán pide que se retire esta querella para conservar sus negocios con la Comunidad de Esperanza Aguirre. Su ex protegido y ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, había sido uno de los principales baluartes en esta región. 

(www.elplural.com, 06/10/09)

EL 'NÚMERO DOS' DE CORREA ORDENÓ A UN ABOGADO QUE SACASE EL DINERO ESCONDIDO EN SUIZA ANTES DE QUE EL JUEZ LO BLOQUEARA 

La intervención de las comunicaciones de las tres personas que hay encarceladas por la trama corrupta (el cabecilla Francisco Correa, su lugarteniente, Pablo Crespo, y su primo Antoine Sánchez) revela los manejos de éstos para intentar controlar el procedimiento judicial que entonces instruía el juez Baltasar Garzón. De las conversaciones, la policía concluye que la esposa de Crespo, Consuelo Margarita Vázquez, "actúa como intermediaria con personas de la organización para recibir o transmitir mensajes de su marido" y que, de hecho, es la que contacta "con el broker norteamericano Randall Lew Caruso" y con Álvaro Pérez, El Bigotes, para solucionar los problemas.  

De las conversaciones se desprende que es la organización, la urdida por Correa, la que "sustenta económicamente a la familia de Antoine Sánchez mediante la aportación de fondos que son transferidos (...) utilizando una gestora de transferencias (Wester Union)". 

Lo que revela es que, tras ingresar en prisión, una de las preocupaciones es conseguir el dinero que la trama tiene escondido en países extranjeros. Hay más de una decena de comisiones rogatorias enviadas al paraísos fiscales y países extranjeros. 

En las diligencias de la trama Gürtel salen salpicados los abogados Manuel Delgado Solís y José Antonio López Rubal, según el sumario. La policía asegura, a juzgar por las conversaciones interceptadas en la cárcel a los cabecillas, que estos abogados "llevan de forma directa el control de las declaraciones de los imputados en sede judicial, y que la organización transmite [a los demás]" a través de ambos, "la idea de que les va a seguir ayudando para evitar disensiones" entre los implicados y que las declaraciones deben estar concertadas. Según la policía, López Rubal y Delgado "han contactado con abogados que poseen vinculaciones con personas que ocupan puestos en los órganos judiciales de la Audiencia Nacional para tratar de obtener ventaja en el desarrollo del procedimiento"; y además, ellos van a tratar de "controlar las comisiones rogatorias mediante la búsqueda de despachos que planteen pleitos para impedir la ejecución de las mismas". 

Según la policía, también se infiere de las conversaciones grabadas en la cárcel a los principales implicados que López Rubal "controla las declaraciones de los imputados para que no haya fugas", y que éste "se relaciona con José Ramón Blanco Balín [otro de los imputados en la trama y supuesto artífice de la estructura financiera que ayudó a Correa colocar en el extranjero muchos millones de euros de comisiones] para coordinar las actuaciones de las empresas patrimoniales de Correa". Algunas empresas de Correa estaban administradas por Blanco Balín. Por eso el abogado López Rubal, según la policía, está coordinado con Balín para tratar de recuperar dinero del extranjero y mantener a las familias de los encarcelados. 

Pablo Crespo ha pedido, además, a López Rubal que "que ejecute los fondos que tiene la organización en Suiza". En el país helvético, la trama de Correa oculta supuestamente cerca de 23 millones de euros, que el actual juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, pidió bloquear. Siempre según estas conversaciones telefónicas, Blanco Balín seguía desempeñando entonces, en la fecha de las conversaciones, "un papel activo para la organización". En concreto controla los fondos de dos sociedades en las que figura como administrador, Rústicas MBS, SL, y Artas Consultoria, SL, que iban a ser "utilizadas por la organización para el pago de las necesidades de las familias de Correa y Crespo". Y también de la familia de Antoine Sánchez, su primo. 

La parte del sumario sobre la que se ha levantado el secreto incluye entre sus 17.000 folios una decena de misivas que Crespo, número dos de Correa, envió a diferentes personas cercanas durante su estancia en la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde ingresó el 12 de febrero, así como las cartas recibidas. En una de las cartas, del 25 de febrero, dirigida a la también imputada Mónica Magariños, apoderada de Orange Market y consejera de Easy Concept,  

Crespo señala: "Todo esto acabará en algún momento. Estamos metidos en una especie de maremágnun político y somos el muñeco al que todo el mundo le da estacazos". Así, intenta tranquilizarle y le pide que no tema por su futuro. "En primer lugar, tú no has cometido delito o falta de ningún tipo y ahí estaré yo siempre para decirlo donde haga falta", escribe Crespo. En otra misiva dirigida a Álvaro Pérez, El Bigotes, Crespo afirma: "Si todo este asunto es un gran montaje de carácter político, en tu caso la injusticia y el trato que te han dado es, si cabe, más grave todavía". Asimismo, le señala que a través de sus abogados ha insistido mucho en "la necesidad de que se centren en el desbloqueo económico" de las sociedades, aún antes de en su propia libertad. 

(www.elpais.com, 06/10/09)

CORREA: "AGAG ME PIDIÓ QUE EL BIGOTES LLEVARA LOS ACTOS DE AZNAR Y A BOTELLA LE ENCANTÓ" 

El líder de la trama corrupta, Francisco Correa, aseguró sobre Álvaro Pérez, El Bigotes: "Agag me pidió que El Bigotes llevara los actos de Aznar y Ana Botella se enamoró de él". Su testimonio ante el juez, en el que menciona en las operaciones de la red al yerno del ex presidente del Gobierno, se encuentra en la parte del sumario del caso Gürtel que se ha levantado hoy. 

"La verdad es que Álvaro Pérez es el dueño de Orange Market, ¿sabes qué pasa?, que esta gente aunque sea feo decirlo me quiere mucho, bueno yo iba a ser el viernes el padrino, cuando me detuvieron, iba a Barcelona a ser el padrino de la hija de Pablo, de, Álvaro, la hija, y entonces son gente que me quiere mucho porque son gente que yo he recuperado. Por ejemplo este muchacho, que me lo presentó Alejandro Agag con el que yo estuve una excelente amistad y que ahora no me hablo desde hace seis años y piensa que soy el íntimo de Alejandro porque fui padrino de su boda. Alejandro me presento a Álvaro, y Alvaro es un chico que es el sobrino de Pajares. Te puedes imaginar el mundo de Pajares, la noche y el espectáculo, lo que era este chico para trabajar en una empresa, la disciplina, y llevando un tema serio empresarial. Y entonces me dijo Alejandro, ponle para que lleve los actos del presidente, y yo le dije ¿pero tú estas loco? uno que viene del mundo de Pajares... Bueno, pues lo pusimos y Ana botella se enamoro de él, en el bueno sentido, le encanto, y empezó a trabajar con él y tuvo un éxito tremendo hasta que llegó Mariano, y entonces este muchacho, Álvaro, dice que yo le debo toda su vida, porque efectivamente le hemos ayudado a centrarse, a llevar un tema serio. Cuando dejo de trabajar para Mariano Rajoy, Paco Camps (presidente autonómico) se lo ha llevado a Valencia y trabaja y le hace las campañas a Paco Camps y la empresa es de Álvaro". 

(www.elpais.com, 06/10/09) 

ALEJANDRO AGAG FIGURA EN LAS ANOTACIONES DE LA 'CAJA B' DE LAS EMPRESAS DE CORREA 

El empresario Alejandro Agag, yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar, aparece en las anotaciones contables de la 'caja B' de las empresas de Francisco Correa, cerebro de la trama 'Gürtel', junto a otras personas como Alvaro Pérez, Gerardo Galeote, Ricardo Galeote y 'L.B.'. 

El nombre del que fuera asesor de Aznar aparece en las anotaciones que realizó José Luis Izquierdo López, empleado de confianza de Correa y de Pablo Crespo, 'número dos' de la trama, para controlar el dinero existente en la 'caja B' de las empresas. 

Así se desprende de un informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional sobre la participación de cargos públicos en las actividades de Francisco Correa, que forma parte del sumario del caso Gürtel que se tramita en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La lista con las personas físicas y empresas relacionadas con la Caja B salió a la luz tras la detención de Izquierdo López, quien en sus declaraciones a la Policía confirmó que el sistema de archivo de los apuntes contables lo realizó él mismo para llevar un control de los mismos y poder dar cuenta a Pablo Crespo de la situación. 

El empleado de Correa explicó que, para este control, había abierto una cuenta por cada persona física, jurídica o evento de los que tuviera que realizar alguna anotación contable. 

Alejandro Agag aparece en esta lista junto a Alvaro Pérez, Antaine Sánchez, Alberto López Viejo (ALV), Arturo González Panero, Gerardo Galeote, L.B., Ricardo Galeote, Benjamín Martín, Ginés López, F.Torres, Jacobo Gordon, Luis López Salvador, Milagros Zapatero, Pablo Crespo, Pau Collado, Araceli, Rocío y Sabio Martine. 

También están recogidas las personas jurídicas Inversiones Kantamani, Rustfield, Windrate, Begar, Orange Market, Caroki, Easy Concept, De Miguel Abogados, Montalbo, Osiris, TCM y Teconsa. También aparecen cuentas individualizadas de distintos eventos, como actos de nuevas generaciones, diversas campañas electorales, congresos y convenciones. 

En su declaración a la Policía, Izquierdo López manifestó que ese sistema de anotación de apuntos correspondía a pagos realizados con el dinero de la 'caja B' existente en las oficinas de la calle Serrano de Madrid, donde se encontraba el centro de decisión del conglomerado empresarial creado por Correa. 

Según explicó, los datos de los apuntes se los facilitaba directamente Pablo Crespo. La caja, indicó, se nutría de dinero entregado por Crespo, Javier Nombela (de Easy Concept Comunicación)) y Alvaro Perez (de Orange Market), o de efectivo recogido de cajas de seguridad a las que tenía acceso. 

(www.publico.es, 06/10/09)

RAJOY: 'EL PARTIDO POPULAR VA BIEN' 

"El Partido Popular va bien". Ajeno al revuelo que se ha armado por el levantamiento del secreto de sumario del 'caso Gürtel' en Madrid y con los coletazos de la trama corrupta en la Comunidad Valenciana, Mariano Rajoy ha eludido cualquier referencia al tema. 

El presidente del PP ha dado esta mañana en Santa Gadea del Cid (Burgos) un discurso sin referencias al 'caso Gürtel' y con duras críticas al Gobierno. En el almuerzo con simpatizantes, el líder de la oposición se ha congratulado por los buenos resultados que le otorgan las encuestas electorales publicadas recientemente. 

Rajoy también se ha referido al proyecto de presupuestos presentado por el Ejecutivo y a la anunciada subida de impuestos. "Rodríguez Zapatero engaña a la gente porque prometió no tocar los impuestos. Da la puntilla a las clases medias y trabajadoras", ha explicado. "Lo único que hace es pensar en el corto plazo", ha añadido. 

Rajoy también ha cargado contra la decisión de la Fiscalía de solicitar el archivo del 'caso Faisán'. "No aceptaremos este uso sectario, antidemocrático y partidista de la institución", ha asegurado en relación a la presunta implicación del ex director del Cuerpo Nacional de Policía, Víctor García, en un 'chivatazo' al responsable del aparato financiero de ETA. 

"El problema de España no es de ideología, es que hay un Gobierno que no está a la altura", ha concluido entre los aplausos de los simpatizantes del PP. Posteriormente, Rajoy se ha trasladado a Vitoria para inaugurar la sede local del PP junto al presidente de la formación en el País Vasco, Antonio Basagoiti. 

(www.elmundo.es, 06/10/09) 

RAJOY PIDE AL PP QUE SE OLVIDE DE 'GÜRTEL' 

El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy ha reaccionado ante el levantamiento del secreto del sumario del caso Gürtel', ante la implicación de varios dirigentes del PP, pidiendo a su partido que se olvide del asunto. "Lo importante es escuchar a los ciudadanos, gobernar bien, hacer buena oposición y olvidarse de todo lo demás. Hay que estar con lo que preocupa a los ciudadanos, que no suele coincidir con lo que preocupa a otros", ha señalado el presidente del PP, en clara referencia a las informaciones de la prensa sobre el caso Gürtel, ante un grupo de militantes en un pueblo cercano a Garoña (Burgos), adonde ha acudido a reclamar que no se cierre la central nuclear. 

Como colofón de su discurso, Rajoy volvió a insistir en esa recomendación de pasotismo o indiferencia. Después de recordar que el PP va bien en las encuestas, sentenció: "Vamos bien, estamos con fuerza, ganas, ilusión, espíritu deportivo y un cierto sentido de la indiferencia ante algunas cosas, que nunca viene mal". En realidad, no llegó citar la trama corrupta, ni a ningún dirigente en especial, ni siquiera a las vinculaciones de Castilla y León con el caso y que hoy publica EL PAÍS, pero en su discurso quedó clarísimo a qué se estaba refiriendo: se trataba de un mensaje dirigido al PP. 

Pizarro pide claridad

Manuel Pizarro, número dos de la candidatura del Partido Popular por Madrid en las elecciones legislativas de 2008, ha declarado hoy respecto al caso Gürtel y las implicaciones de su partido en Valencia que "es necesario que se sepa lo que está pasando". Añadió que cuando se conozca, "si hay que premiar a alguien, que se haga; y si hay que castigar, que se castigue". 

La intervención de Pizarro se ha producido dentro del Foro Madrid, organizado por el PP regional en Parla, en la que el que fuera estandarte de las políticas económicas del PP ha reflexionado extensamente sobre "la corrupción, el cáncer de los sistemas de mercado". Pizarro ha expuesto que el PP "tiene que desterrar de sus filas la corrupción", recordando que "en cualquier grupo humano hay prácticas que no son las adecuadas". 

Junto a estas declaraciones, que pueden ser interpretadas como autocríticas, Pizarro ha arremetido contra el gobierno socialista, oponiéndole en todo momento la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para la que no escatimó alabanzas.  

Los dos principales blancos de los ataques del ex presidente de Endesa y actual diputado nacional han sido la política económica de Zapatero, y la "manipulación de la justicia" que identifica en los procesos abiertos contra el PP. "Los países que funcionan son los que, cuando llaman a las seis de la mañana, es el lechero y no los fiscales mandados por el Gobierno para amedrentar a la oposición", ha afirmado. 

En una intervención centrada en la economía, Pizarro ha atacado la corrupción argumentando que entraña distorsiones en el mercado y un debilitamiento económico. Ha dedicado furibundos ataques a la política social del Gobierno del PSOE ("tener a la gente en casa cobrando el subsidio envilece a las personas" y "la mejor políttica social es crear empleo", han sido dos de sus declaraciones) y planteado una bajada de impuestos. En numerosos momentos ha insistido en que no piensa abandonar la política y ha desestimado la posibilidad de presidir Caja Madrid. 

(www.elpais.com, 06/10/09) 

PREOCUPADOS POR LOS PARAÍSOS DE LIECHTENSTEIN 

Parte del dinero que la trama ha desviado al extranjero podría estar cerca de los paraísos fiscales de Liechestein. Según revelan numerosas conversaciones intervenidas por la policía, Ramón Blanco Balín, Pablo Crespo y el propio Francisco Correa mostraban su preocupación ya en noviembre del pasado año por el listado de 67 españoles que denunció la Fiscalía Anticorrupción por blanqueo y fraude de cantidades millonarias. En una de las conversaciones, Blanco Balín le dice a Crespo que "ha comprobado que no hay ninguna autorización de escuchas -refiriéndose a la instrucción del juez Grande-Marlaska -, ni informes de la Agencia Tributaria'. En otro momento Correa le pregunta a Crespo sobre el listado de Liechestein 'si tienes buenas noticias para celebrarlo por la noche'. A lo que Crespo responde que el informe de fiscalía no ha localizado el entramado de sociedades en el despacho de Blanco Balín y tampoco les imputa. Dice además que Blanco Balín se hará con el sumario ese mismo día. 

Sobre estas conversaciones los agentes de la UDEF incluyen informe en el sumario sobre la 'estrategia de desvinculación de los imputados de Liechestein de Blanco Balín, al cual le habían registrado el despacho. 

Buena parte de las pesquisas del juez Pedreira está orientada precisamente al resultado de 15 comisiones rogatorias emitidas en ocho países. 

(www.cadenaser.com, 06/10/09)

RAJOY PIDE PACIENCIA AL PP, RESPALDA A CAMPS Y SE AFERRA A LAS ENCUESTAS 

Si hay una tesis instalada a sangre y fuego dentro del PP, especialmente en el entorno de Mariano Rajoy, es la de que el caso Gürtel no tiene efectos electorales. Se dice en sordina, nunca en público, pero ayer fue el propio líder quien, indirectamente, se apuntó a esa tesis durante su discurso ante el Comité Ejecutivo, la dirección del partido donde están todos los líderes regionales. 

Rajoy, según varios de los presentes, exhibió las buenas encuestas del fin de semana en diversos medios, que le sitúan hasta cuatro puntos por encima del PSOE, se olvidó de su mala valoración en esos mismos sondeos, y entró sólo de refilón en el asunto del que más se habla en los corrillos del PP y menos en las reuniones, el caso Gürtel. 

Algunos dirigentes esperaban que ayer acudiera Francisco Camps a explicar a sus compañeros una situación que está afectando a la imagen y el discurso de todo el partido. Sin embargo, ni Camps ni Vicente Rambla, su vicepresidente, afectado directamente por el caso, acudieron a Madrid. Tampoco lo hizo Rita Barberá. El silencio de la alcaldesa de Valencia en torno a la supuesta financiación ilegal del partido contrasta con el apoyo que dio a Camps en el caso de los trajes y ha sido comentado también internamente en el PP. 

A falta de las explicaciones de Camps, fue Rajoy quien pidió a los suyos paciencia. Lo hizo a su manera: "Apoyamos a Camps. Tiene toda nuestra confianza para decidir lo que crea conveniente en el momento adecuado". Génova no se conforma con la comisión de investigación promovida ayer por el PP valenciano, y espera otras medidas, pero ha renunciado a intentar convencer a Camps. Dolores de Cospedal, que la semana pasada pidió medidas "contundentes", se reafirmó ayer, aunque en un tono mucho más suave. 

Consciente de que muchos dirigentes esperan dimisiones, el líder, que tardó tres meses en forzar la caída de su tesorero, Luis Bárcenas, sentenció: "Es más fácil opinar cuando no se tiene la responsabilidad de tomar decisiones. No es fácil tomarlas". 

Fue Manuel Fraga, fuera de la reunión, quien puso el dedo en la llaga: "No da la sensación de que este asunto vaya muy bien. Ahí tenemos problemas importantes", dijo sobre la crisis valenciana. 

Mientras, Camps, en Valencia, valoró esa reunión a la que no había acudido: "Rajoy me ha dado todo su apoyo". "Nos apoyamos todos y eso es muy bonito". Y llegó incluso a desmentir las palabras que Fraga ante la prensa: "Don Manuel está encantado, yo hablo con él con mucha frecuencia y está encantado con el partido en la Comunidad Valenciana y en toda España". "Don Manuel está feliz con lo que está pasando", dijo. 

(www.elpais.com, 06/10/09)

Gürtel, la 'crisis' que Rajoy no quiso ver

La dirección popular tenía desde agosto indicios de financiación ilegal del PP valenciano - El líder pide firmeza, pero algunos temen que sea tarde

Fue a mediados de agosto. Francisco Camps y su entorno conocían ya el demoledor informe policial que trata de demostrar la financiación ilegal del PP valenciano. Federico Trillo, principal estratega de la defensa del PP en el caso Gürtel, también lo conocía, al menos en parte, según fuentes de la dirección. Mariano Rajoy supo así cuál era el siguiente escándalo de este macroproceso con 71 imputados que afecta al corazón del PP. Aun así, confió en las promesas de Camps de que todo quedaría en nada, y decidió inaugurar el curso político en septiembre en la plaza de toros de Valencia, vinculando su futuro al de Camps, que ese día gritó en el albero contra el "régimen de terror" del PSOE que, según él, se dedica a perseguirle.

• Aun sabiendo de la magnitud del caso, abrió el curso político en Valencia

• ¿Por qué se arriesgó tanto? "Es inexplicable", según un diputado popular

• Da credibilidad a la policía, pero piensa que Camps no sabía nada sobre la trama

• Está convencido de que, con el tiempo, la presión mediática por el caso bajará

¿Por qué arriesgó tanto Rajoy, un hombre siempre precavido? Es una pregunta que se repite estos días en los corrillos del PP. "No ha llegado a decir 'tendréis dos por el precio de uno', como Felipe González con Alfonso Guerra, pero casi. Es inexplicable", se sorprende un diputado. "Gürtel se está convirtiendo en la crisis que Mariano no supo o no quiso ver. La imagen de Zapatero está hundida no tanto por su mala gestión, sino sobre todo por haber negado la crisis durante tanto tiempo. A Rajoy le pasa algo parecido: siempre minimizó Gürtel, y ahora, cuando parece que intenta reaccionar, es tan grande que puede que sea tarde", sentencia un veterano.

El análisis más extendido entre los cuadros medios del PP se centra en dos ideas. Por un lado, señalan, Rajoy es un hombre que evita las medidas drásticas, "no sabe luchar a campo abierto". Por eso le costó casi tres meses hacer con su tesorero, Luis Bárcenas -imputado junto a su mujer en el caso- lo que Esperanza Aguirre hizo en tres días con su consejero de Deportes y hombre de máxima confianza, Alberto López Viejo: destituirlo.

Pero hay otro componente: la estrecha vinculación de Rajoy con Camps, que tanto le ayudó cuando perdió sus segundas elecciones. "El que no vea la comida del miércoles como un encuentro de amigos se equivoca", sentencia un marianista, refiriéndose al encuentro a medio camino entre Madrid y Valencia, en el que el líder dejó en manos del valenciano cualquier medida para hacer frente al mayor escándalo de supuesta financiación ilegal en el PP desde el caso Naseiro, en 1989.

Asesorado por Trillo, Rajoy siempre ha optado por la misma estrategia con dos ejes ante cada novedad. Primero, ponerse en lo mejor: el caso no llegará al Supremo, Camps no será imputado... Y segundo, en lugar de abrir una investigación y cortar cabezas, contraatacar culpando al exterior: primero el juez Baltasar Garzón, luego la fiscalía, después la prensa, después otro juez, José Flors, que se atrevió a imputar a Camps, y por último la policía, denunciada con la autorización de un hombre como Rajoy, que fue ministro del Interior y otro, Juan Cotino, mano derecha de Camps, que fue director de la Policía.

Algo ha cambiado, sin embargo, desde el pasado viernes. Con el escándalo en la prensa, el PP actuó como siempre. En la reunión de emergencia de la cúpula, se tomó el asunto como un "ataque contra todo el PP, no contra Camps". Se elaboró rápidamente un argumentario distribuido a todos los dirigentes en el que se decía que el informe era un "montaje" y que todo obedecía a una "actuación ilegal descarada de la policía".

Unas horas después, sin embargo, Rajoy empezó a recibir llamadas de dirigentes regionales muy preocupados. Algunos le señalaban que no se podía atacar así a un cuerpo de élite de la policía como la Brigada Antiblanqueo. Otros le decían, según fuentes de Génova, que había que hacer algo para impedir que Gürtel tape todo el discurso del PP e impida su remontada en el mejor momento posible, con el Gobierno con problemas y las encuestas favorables a la oposición.

El líder guardó silencio. Pero el domingo estalló la crisis. Génova había dado la orden de parar todo el partido para concentrar la atención en Dos Hermanas, la mayor movilización en mucho tiempo, más de 20.000 personas en el santuario socialista cercano a Sevilla.

Pero Camps ordenó a Ricardo Costa que ofreciera una rueda de prensa para presentar una encuesta muy favorable a los populares, la forma en la que el valenciano responde a las acusaciones judiciales: exhibiendo sus resultados electorales. Igual que Carlos Fabra, el todopoderoso barón de Castellón.

El entorno de Rajoy estalló en cólera contra el PP valenciano. Costa compitió en los telediarios con el líder en la fiesta sevillana. Así que el lunes, en la reunión de maitines -la cúpula del PP- la cosa estaba ya muy clara. Dolores de Cospedal llevó la voz cantante con gran dureza, según fuentes de la dirección. Ella estaba dispuesta a hacer el papel de mala y dejar a Rajoy el de bueno. Además, está muy enfrentada con Camps por el trasvase Tajo-Segura. Rajoy y Arenas, muy amigos de Camps, aceptaron pedir contundencia siempre que se respetara la autonomía del líder valenciano.

Pero Camps se ha rebelado, no acepta órdenes de Cospedal -"él da 1,5 millones de votos a Rajoy, ella está por ver", señalan en su entorno- y no quiere hacer nada hasta que no haya imputados. Además, está convencido, dicen los suyos, de que la presión mediática bajará, porque ningún periódico puede llevar el asunto todos los días a la primera página.

Rajoy ya ha asumido que el informe de la policía contiene datos ciertos, según diversas fuentes. Pero insiste en privado en que él cree a Francisco Camps cuando le dice que no sabía nada. Por eso el líder se conformaría, dicen, con que cayera algún segundo. "No valdría de nada que dimitieran Ricardo Costa o Vicente Rambla. Todo el mundo ha leído cómo Camps llamaba amiguito del alma a El Bigotes, todos saben que llegó a Valencia por él. Por eso este lío no se puede arreglar, porque tendría que dimitir Camps. Y él confía en una salvación divina, se lo toma como un martirio, y así no se puede hacer política", sentencia un hombre cercano a Rajoy.

El asunto de la fe en su figura que Camps reclama preocupa a algunos dirigentes como cuestión de fondo. "A los líderes políticos no se les sigue por fe religiosa, no son profetas. En un partido con 700.000 militantes hay mucha gente que puede hacerlo tan bien o mejor que Camps, que lo ha hecho muy bien. Esto es un partido, no una secta. La gente vota al PP porque le gustan sus ideas, no por fe. Nadie es imprescindible", concluye otro diputado.

"Vamos bien en las encuestas, pero con el desastre que es Zapatero tendríamos que estar a 15 puntos. El PP tenía que estar en una situación que forzase unas elecciones anticipadas, meter tanta presión que el PNV no se atreviese a apoyar los Presupuestos. Y Gürtel nos lo impide. Hay que pararlo ya", se indigna otro dirigente.

Otros están también muy preocupados porque creen que se ha trasladado la imagen de que el líder no controla la situación. Los marianistas, sin embargo, creen que ha quedado muy claro que el problema es de Camps, y no de Rajoy. Y todos ellos insisten en que las cosas de fondo van muy bien, las encuestas que trabaja Pedro Arriola y que se analizaron el lunes son muy buenas.

Así lo resume uno de ellos: "La crisis se llevará al PSOE por delante. Hace un año, Gürtel habría sido un problema muy grave. Pero ahora la gente está a otra cosa. Es un conflicto interno que Rajoy tendrá que resolver, y lo hará, pero no es un problema para nuestro electorado. Además, habéis informado tanto de esto que habéis agotado a la gente, ya no tiene efecto".

www.elpais.es 04.10.09

EL SUPREMO PRORROGA OTRO MES EL SECRETO "TOTAL" DEL SUMARIO DEL 'CASO GÜRTEL' 

El Tribunal Supremo decidió hoy prorrogar un mes más el secreto de sumario que pesa sobre su instrucción del caso Gürtel, unas diligencias en las que se investiga la posible implicación del senador del PP Luis Bárcenas y del parlamentario popular Jesús Merino en la trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa 

El instructor del caso en el Supremo, Francisco Monterde, decidió a instancias de la Fiscalía prorrogar el secreto "total" del sumario al entender que todavía subsisten los motivos por los que fue decretado en un primer momento, según el auto dictado. Estas circunstancias que según Monterde hacen necesaria la prórroga del secreto sobre las actuaciones del Tribunal Supremo son "la naturaleza de los delitos perseguidos y el carácter de las diligencias urgentes de prueba que se están practicando". 

Hoy vencía el plazo de la primera prórroga del secreto de sumario, que fue aprobada por el magistrado Monterde el pasado 17 de agosto. Consecuentemente, la nueva prórroga del secreto se mantendrá, si Monterde no decide lo contrario, hasta el próximo 17 de octubre. 

El magistrado del Alto Tribunal también tiene en cuenta a la hora de decretar la prórroga "la situación en la que se encuentra el procedimiento seguido en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)". El pasado 2 de septiembre, el instructor del caso Gürtel en el TSJM, Antonio Pedreira, decidió a su vez prorrogar el secreto que pesa sobre su parte del sumario. 

Fuentes del TSJM señalaron que Pedreira tiene previsto levantar a finales de este mes de septiembre el secreto de sumario que pesa sobre su parte de la investigación, y que afecta a varios ex alcaldes y ex parlamentarios regionales del PP en Madrid. 

La prórroga decretada por Monterde llega después de que el pasado martes el Pleno del Congreso de los Diputados diese luz verde al suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para investigar al parlamentario popular Merino por su relación con el "caso Gürtel". 

Por su parte, está previsto que la Cámara Alta apruebe la semana que viene el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para actuar contra el senador Bárcenas, ex tesorero del PP. De hecho, el propio Bárcenas pidió esta semana a la Comisión de Suplictorios de la Cámara Alta que agilice en lo posible la concesión del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo. 

Una vez sean concedidos los preceptivos suplicatorios por el Congreso y el Senado, el juez Monterde podrá tomar declaración a Merino y Bárcenas e imputarles formalmente en la causa. En concreto, la Fiscalía Anticorrupción acusa a ambos de un delito de cohecho, mientras que a Bárcenas le atribuye un delito adicional de fraude fiscal. 

(www.publico.es, 17/09/09)

EL CGPJ ARCHIVA LA ÚLTIMA QUEJA DE LOS POPULARES CONTRA GARZÓN POR EL CASO GÜRTEL

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer archivar la última queja presentada por el PP contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por la filtración de datos del sumario de la "operación Gürtel", así como por su actuación en este caso. Así lo ha decidido la Comisión Disciplinaria por unanimidad y siguiendo la propuesta del Servicio de Inspección del CGPJ, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces. 

Los vocales de la citada comisión son Pío Aguirre, Gemma Gallego, Miguel Carmona, Margarita Uría y la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, en sustitución de José Manuel Gómez Benítez, quien se ha abstenido en este asunto por haber ejercido anteriormente como abogado de Garzón. Para la Comisión Disciplinaria, los hechos a los que se refiere la nueva queja del PP carecen de relevancia disciplinaria, pues se trata de "consideraciones subjetivas que los denunciantes deducen de cada actuación judicial" del juez de la Audiencia Nacional. 

El pasado 24 de marzo el CGPJ archivó otras quejas que el PP y el senador de este partido Luis Bárcenas habían presentado contra Garzón por los mismos hechos. 

El PP presentó el 12 de marzo en el órgano de gobierno de los jueces la queja que fue archivada ayer y en ella denunció las "irregularidades" cometidas por Garzón al ausentarse de España sin cumplimentar el escrito de remisión a los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia del "caso Gürtel". Además, denunciaba la utilización del secreto sumarial "como instrumento de publicidad" del juez "en contra de las garantías de las partes y afectados". 

(www.levante-emv.com, 16/09/09)

LA ÚLTIMA QUEJA DEL PP POR LA GÜRTEL SE ESTRELLA EN EL CGPJ 

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial se ocupará hoy de la última queja presentada por el PP contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por su instrucción del caso Gürtel. El servicio de Inspección del órgano de Gobierno de los jueces propone el archivo al entender que de los hechos denunciados por el PP "no se desprende irregularidad alguna susceptible de reproche disciplinario" al juez. 

Según Inspección, la queja "se trata, en definitiva, de consideraciones subjetivas expresadas por los interesados (el PP), que deducen de cada actuación judicial la finalidad perseguida" por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. El partido que preside Mariano Rajoy achacaba a los autos de Garzón que éste quería "darse publicidad, originar especulaciones sobre la existencia de nuevos aforados, perjudicar al Partido Popular o conseguir dilatar la inhibición" a favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia. 

"Por ello, al tratarse de cuestiones carentes de relevancia disciplinaria, se propone el archivo de la presente información previa", concluye la propuesta de Inspección. El PP denunció a Garzón, cuando era instructor del caso Gürtel, por hacer públicos ciertos autos, al entender que su objetivo era perjudicar al partido.  

También criticaba que un policía llamara al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, para informarle del procedimiento que iba a abrirse contra él. La queja le acusaba, además, de marcharse de viaje al extranjero y retrasar las notificaciones del auto de inhibición a los dirigentes del PP valenciano que estuvieron imputados. 

El informe de Inspección deja poco margen para la discusión en la Comisión Disciplinaria, que componen los vocales Gemma Gallego, Pío Aguirre, Miguel Carmona, Margarita Uría y José Manuel Gómez Benítez, aunque este último será sustituido en este asunto previsiblemente por Gabriela Bravo, al haber sido abogado de Baltasar Garzón. 

El magistrado Luciano Varela, instructor de las querellas presentadas contra Garzón en el Tribunal Supremo por abrir una causa penal sobre los crímenes del franquismo, acordó pedir a Fiscalía, defensa y acusaciones Manos Limpias y la asociación, también de corte ultraconservador, Libertad e Identidad que propongan las pruebas que entiendan oportunas para continuar con el procedimiento. Ayer las partes no tenían aún la providencia.  

(www.pubico.es, 15/09/09)

RAJOY NO SE PLANTEA ABRIR UNA INVESTIGACIÓN INTERNA DEL 'CASO GÜRTEL' 

El PP no tiene intención de dar ningún paso atrás en su estrategia de las últimas semanas para enfrentarse al goteo de decisiones judiciales e informaciones que desvelan los vínculos del partido con la trama supuestamente corrupta del caso Gürtel. 

Los populares evitan colocarlo como el principal asunto en su agenda, pero cuando se les pregunta saltan. Ayer Esteban González Pons insistió con las supuestas escuchas ilegales para defender la tesis de su secretaria general, Dolores de Cospedal. "En el PP hoy no se habla por teléfono con seguridad", concluyó en Radio Nacional. Al responder a una pregunta sobre la información de EL PAÍS en la que se señala que hay tres veces más procesados por corrupción del PP que del PSOE desde 2004, el portavoz popular sentenció: "Eso quiere decir que la policía y la fiscalía investigan tres veces más a los dirigentes del PP que a los del PSOE". 

Pocas horas después, en presencia de González Pons, la propia Cospedal ratificó sus palabras. Pero contó algo más. Preguntada sobre la posibilidad de que el PP abra una investigación interna para saber por qué los cabecillas de Gürtel pudieron llegar a introducirse en el corazón del partido y beneficiarse de sus finanzas -en un 90% derivadas de subvenciones públicas- la secretaria general admitió que eso ni siquiera está encima de la mesa. "El caso Gürtel está en los tribunales, y mientras esté allí ellos tienen prioridad. Además, ellos tienen más medios que el PP para investigar", sentenció. 

Sin embargo, Cospedal sí abrió una investigación interna hace pocos meses, por el caso del espionaje en Madrid. Poco después, quedó "en suspenso", aunque nunca se ha vuelto a abrir, ni siquiera cuando una juez ha imputado a cuatro funcionarios de la Comunidad de Madrid, todos ellos nombrados a dedo, por este supuesto espionaje. 

Cospedal criticó que mientras algunos jueces se han puesto en marcha para investigar las revelaciones periodísticas del sumario secreto de Gürtel, la fiscalía no actúe. 

Mientras, el ministro de Fomento, José Blanco, aseguró en Los Desayunos de TVE que el PP busca "un espacio de impunidad" a través de "una campaña de insinuaciones", y recordó que el caso Gürtel se inició por una denuncia de un ex concejal del PP, no porque actuara la fiscalía. 

(www.elpais.com, 08/09/09)

El mal negocio del 'Gürtel'

Varias de las empresas salpicadas por la trama corrupta acumulan problemas financieros

Cuando nadie mira, es más fácil hacer negocios. El caso Gürtel desveló prácticas corruptas en Administraciones gobernadas por el PP. Seis meses después de que estallase, varias de las empresas salpicadas por la trama tienen dificultades financieras.

La última pieza que se ha cobrado el huracán Gürtel ha sido Teconsa. Esta constructora, perteneciente al grupo Martínez Núñez, solicitó el pasado jueves el concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos). La compañía acumula deudas por unos 30 millones y tiene dificultades para pagarlas. La crisis en la construcción y el impacto del caso Gürtel han terminado por doblegarla. La investigación del caso desveló prácticas sospechosas. Uno de sus directivos, José Ramón Blanco Balín, es uno de los más de 100 imputados por participar en la red. Según un informe de la Agencia Tributaria, Teconsa retiró más de siete millones de euros en billetes de 500. La constructora pagó supuestamente comisiones al cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, por hacer de intermediario en la concesión de una obra en una carretera de Castilla y León.

El grupo Begar fue otro al que le cambió la suerte tras destaparse su participación en la trama. El grupo, perteneciente al empresario José Luis Ulibarri, imputado en el caso, entregó una comisión de tres millones de euros a cambio de adjudicarse un solar en Boadilla del Monte, según consta en la denuncia del caso. El ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero adjudicó a la filial de promoción del grupo Begar, UFC, una parcela para construir pisos de lujo a pesar de que su oferta era tres millones de euros inferior a otra. Ulibarri se hizo con el concurso porque se comprometió a terminar las viviendas en menos tiempo, pero no fue así. Las grabaciones aportadas a la investigación revelan el pago de tres millones en comisiones a Francisco Correa. Desde entonces, las cosas no marchan bien en el grupo. El pasado junio, la división de construcción solicitó el concurso de acreedores. Begar Construcciones y Contratas debe 297 millones y no puede pagarlos. La dificultad para renegociar su deuda ha provocado que el Santander se haya quedado con la promoción de viviendas que Ulibarri había construido en la polémica parcela de Boadilla, a cambio de cancelar una deuda de cerca 50 millones. Son 139 viviendas que ahora están en manos de Altamira Santander, la filial inmobiliaria del banco. Los grandes carteles de UFC que anunciaban pisos de lujo han dado paso a otros más escuetos del Santander: "Se vende desde 336.000 euros".

www.elpais.es 05.09.09

CORREA SEGUIRÁ EN PRISIÓN AL SER SUS DELITOS "CONTINUADOS" 

Francisco Correa, jefe de la trama Gürtel, debe seguir en prisión porque aún puede destruir pruebas, porque existe riesgo de fuga y porque los delitos de los que se le acusa son continuados y no puntuales. La sala de vacaciones (o de guardia) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid utilizó estos tres argumentos el pasado día 28 para rechazar la pretensión del letrado de Correa de que saliera de la cárcel. El auto de confirmación de la prisión fue divulgado ayer, al tiempo que el juez Antonio Pedreira, instructor de la causa en Madrid, anunciaba que levantará el secreto del sumario a finales de este mes. 

La sala entiende que Correa tiene intereses, dinero y casas en varias partes del mundo, e incluso sospecha que, de haber quedado en libertad, habría huido a Panamá (donde había intentado obtener la residencia, como también lo intentó en Senegal) o Colombia. El principal acusado efectivamente había hecho negocios, además de en esos territorios, en países como China, Azerbaiyán, EE UU o Suiza, entre otros. El juez Baltasar Garzón lo encarceló precisamente al entender que se iba a fugar de manera inmediata. 

Los magistrados explican que los delitos que supuestamente ha perpetrado -"blanqueo de capitales, fraude fiscal, varios de falsedad, múltiples de cohecho, asociación ilícita y diversos delitos de tráfico de influencia", escriben- "pueden tener la consideración de delito continuado", por la que la pena que podría recaer por ellos sería superior a los dos años que supone el abogado del encarcelado, José Antonio Choclán. El hecho de que pudieran ser delitos continuados, además, rompe la prescripción (de 10 años y la investigación parte de 1999), ya que comienza a computarse desde el día en que se cometió la última infracción. 

La causa en Madrid ya abarca 119 tomos, de los que 46 son de prueba principal y los otros 73 son de piezas, que constituyen hasta el momento la totalidad del procedimiento que se instruye. Todos están siendo pasados a soporte informático, un proceso que se espera que esté concluido en la última semana de septiembre, cuando se entregarán a las partes. Entonces se levantará el secreto del sumario, sin perjuicio del respeto a la resolución que en este mismo sentido haga efectiva el Tribunal Supremo, explica el TSJM. 

(www.pais.com, 03/09/09)

DE COSPEDAL QUITA CREDIBILIDAD A RUBALCABA PORQUE "ES EL MISMO MINISTRO QUE DIJO QUE NO EXISTÍA EL GAL" 

La Secretaria General del PP, Maria Dolores de Cospedal, ha contestado hoy a las palabras de Rubalcaba en las que insistió en que "las escuchas las ordenan los jueces" declarando que Rubalcaba "es el mismo ministro que dijo mirando directamente a la televisión que el GAL no existía". "Lo que tiene que hacer es investigarlo en vez de descalificar", ha aclarado. 

De Cospedal ha insistido, en una entrevista en Telecinco, que el PP " no ha hablado de actuaciones ilícitas de los jueces, sino de la utilización antidemocrática del Gobierno de los aparatos del estado para hacer esas escuchas". La Secretaria de los conservadores ha recordado que "no es la primera vez que ocurre en España, ya cayó un ministro por los mismo en otras épocas y, que casualidad, también fue con el partido socialista". 

"Yo no se si las escuchas se ordenan desde el Ministerio de Interior o desde otra institución del Estado, pero alguien tiene que haberlo organizado" ha aclarado, y reitera que "cuando se producen atropellos contra las personas, sean o no del PP, se tiene la obligación de denunciarlo". 

Preguntada por las declaraciones en que Ana Mato, Vicesecretaria del PP, aclaraba que la denuncia era de tipo genérica, De Cospedal ha enfatizado que "las denuncias, por su propias naturaleza, son genéricas, porque sino son querellas contra personas determinadas". Aun así, ha aclarado que "hay muchísimos indicios" de que las escuchas han existido, "se ha publicado en muchos medios".  

Según la Secretaria del PP, hay pruebas claras: "Tenemos indicios de que se han producido filtraciones de conversaciones de imputados, que deberían haber sido destruidas después de cerrarse el sumario".  

"Hay muchas clase de delitos aquí y el juez tendrá que delimitarlos", pero "cuando una persona denuncia un delito, quien tiene la obligación de investigarlo es la Fiscalía y el juzgado. Nosotros hemos hecho una denuncia política porque somos un partido político, pero no podemos dar datos concretos, eso datos se los damos a la Fiscalía". 

La portavoz en el Congreso de lso conservadores, Sáenz de Santamaría, ha hablado hoy del  informe que el PP está elaborando para demostrar "la doble vara de medir" del Ejecutivo y en relación a las supuestas escuchas ilegales a miembros de su partido. Sáenz de Santamaría ha dicho que lo tienen "muy avanzado" y en el mismo se "demuestra que el PSOE y el Gobierno han hecho un uso ilegítimo de las instituciones, especialmente de la fiscalía". 

(www.publico.es, 02/09/09)

RAJOY INSISTE EN LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN CONTRA EL PP 

El presidente del PP, Mariano Rajoy, arranca el curso político con un discurso insistente sobre la supuesta persecución orquestada por el Gobierno contra su partido. Durante un acto ante los máximos dirigentes de la formación en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, Rajoy ha asegurado que quiere un país de "ciudadanos libres e iguales" ante la ley y ha denunciado las "detenciones televisadas impropias de un país democrático", en referencia a los arrestos de ex altos cargos del PP balear implicados en el caso Palma Arena. 

Para desplegar su tarea de oposición e intentar desgastar al Gobierno, el PP va a organizar un acto cargado de símbolos el próximo 27 de septiembre. Rajoy ha anunciado una gran convocatoria para protestar contra la subida de impuestos que planea el Gobierno, que se celebrará en el velódromo de Dos Hermanas (Sevilla), con capacidad para 20.000 personas. 

El acto pretende ser una demostración de fuerza en un feudo socialista, dado que en esta localidad tanto el ex presidente del Gobierno Felipe González, como el actual, José Luis Rodríguez Zapatero, han celebrado mítines electorales multitudinarios. 

Disparatada subida de impuestos

Rajoy ha criticado la pretendida subida de impuestos por "disparatada" y ha anunciado que su partido planteará "una batalla a fondo" para evitarla. En su opinión, las subidas de impuestos sólo servirán para retrasar la salida de la crisis y para penalizar el ahorro y la inversión. "Va a crear más paro, penalizará el consumo y la inversión, reducirá la renta disponible de las familias, reducirá los ingresos del Estado por la contención de la actividad y será un nuevo engaño", ha asegurado el líder popular para quien Zapatero ha hecho "lo contrario de lo que decía el programa del PSOE y en el debate de investidura. "Una vez más se va a engañar a los españoles", ha afirmado. 

Antes del discurro de Rajoy, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que levantó este verano la polémica de la "persecución" con sus acusaciones de escuchas ilegales, se ha reafirmado en sus teorías. "Rubalcaba es la misma persona, que mirando a la televisión y delante de toda España, dijo a todos los españoles que aquello de el GAL no existe; la obligación de un ministro del Interior, en un Estado democrático si la oposición está denunciando actuaciones ilícitas, es investigarlo en lugar de insultar y descalificar", ha afirmado la número dos del PP. 

(www.elpais.com, 02/09/09)

EL PP MANTIENE VIVA LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN CON NUEVAS DENUNCIAS 

La enrevesada madeja en la que se ha convertido la estrategia defensiva del PP sobre el caso Gürtel sigue marcando la agenda de este partido. Desde múltiples frentes, varios dirigentes introdujeron elementos confusos para reforzar la tesis de las escuchas ilegales con una línea común: la de consolidar la nueva teoría de la conspiración, según la cual no hay un grave caso de corrupción ligado a Administraciones del PP sino un intento del Gobierno, la Fiscalía, la policía y algunos jueces de acabar con el PP. 

Los populares no sacan el asunto directamente, pero en cuanto son preguntados confirman y amplían sus tesis más extremas. Dolores de Cospedal, que abrió en agosto la espita que nadie consigue cerrar, se reafirmó ayer en Telemadrid en su acusación sobre las escuchas ilegales a dirigentes del PP: "Yo no voy a dar nombres y apellidos porque creo que no lo debo hacer, pero vuelvo a reiterar: altos dirigentes". 

Esteban González Pons, portavoz del PP, que ayer compareció tras la reunión de la cúpula del partido -Mariano Rajoy ha convocado para hoy al Comité Ejecutivo, la dirección ampliada-, protegió hasta el final a su secretaria general, y aseguró que no es el PP quien debe ofrecer pruebas, sino el Gobierno quien debe investigar el asunto: "En un país democrático, cuando alguien sufre un delito no se le dan mamporros. Hemos denunciado que nos sentimos espiados. Es la Fiscalía y la policía quien debe aportar pruebas. El Gobierno debería preguntarnos por qué nos sentimos perseguidos, en vez de insultarnos". 

González Pons trazó un panorama dramático de la supuesta persecución al PP, asociándolo a un régimen dictatorial. "En una democracia, tan terrible es que la oposición no sea libre como que no se sienta libre", sentenció. 

Pons ahondó aún más en el embrollo al detallar, como prueba de esas supuestas escuchas ilegales, que una de las dos conversaciones de Francisco Camps con Álvaro Pérez, El Bigotes, que publicó EL PAÍS, no está en el sumario. "Pudo ser grabada legalmente pero debió ser también legalmente destruida, y en vez de eso apareció en un medio de comunicación", apuntó Pons. 

En medio de la confusión, Esperanza Aguirre retiró su acusación de que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, era autor de las escuchas ilegales: "Rectifico", dijo. Ambos hablaron antes por teléfono. Rubalcaba agradeció el gesto e insistió: "En España no hay escuchas ilegales; lo saben Rajoy y Cospedal, sólo se escucha a delincuentes con autorización judicial". 

Mientras, Ricardo Costa, secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, denunció haber sido objeto de persecución desde "las más altas instancias del Estado" y a través de "filtraciones de pruebas que debían estar custodiadas por funcionarios a un determinado medio de comunicación". 

A pesar de todo, la Justicia sigue trabajando y el caso Gürtel sigue su lenta marcha, con más de 100 imputados. Ayer, la Mesa del Congreso aceptó tramitar el suplicatorio del diputado Jesús Merino, que ya dimitió como portavoz adjunto del PP. 

(www.elpais.com, 02/09/09)

HACIENDA DESTAPA CONTRATOS ILEGALES DE GOBIERNOS DEL PP CON LA TRAMA GÜRTEL

Un informe de la Intervención del Estado apunta "diversas irregularidades" - La fiscalía defiende ante el Supremo la necesidad de investigar más actuaciones

Las empresas de Francisco Correa no sólo hicieron caja gracias al trato de favor de Gobiernos del PP que concedieron cientos de contratos, muchos de ellos adjudicados sin ningún tipo de concurso, por los que facturaron varias decenas de millones de euros en los últimos ocho años. Además, la trama corrupta investigada en el caso Gürtel intervino, y cobró millonarias comisiones por ello, como intermediaria en operaciones inmobiliarias para favorecer a determinados constructores en concursos de suelo o en la concesión de obras públicas cuya aprobación dependía de dirigentes del PP situados en puestos claves de distintos organismos, según apunta la investigación judicial.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, remitió el pasado 8 de junio a la Fiscalía Anticorrupción un exhaustivo informe sobre contratos de determinadas administraciones públicas gobernadas por el PP y que tuvieron tratos con la trama corrupta. En ese informe se apuntan "diversas irregularidades" en contratos adjudicados por dirigentes del PP "tanto a empresas de eventos vinculadas a Francisco Correa, como a determinadas empresas constructoras".

Un escrito de la fiscalía destaca, citando expresamente el informe de la Intervención General del Estado, "las irregularidades detectadas en las obras adjudicadas por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en fechas en que se encontraba en el mismo Jesús Sepúlveda Recio (PP), quien aparece en las hojas de reparto [de comisiones ilegales] como receptor de fondos [de la red de empresas de Francisco Correa]".

La Intervención General del Estado se encarga de verificar que la actividad económico-financiera del sector público se adecua a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia. Su informe pone de manifiesto cómo las administraciones del PP investigadas por sus relaciones con Francisco Correa adjudicaron múltiples contratos sin adecuarse a esos principios de legalidad.

No es el único organismo que ha observado esas deficiencias. El Tribunal de Cuentas valenciano ya advirtió hace varios años que el concurso por el que se adjudicó el montaje del pabellón de Fitur a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, lugarteniente de Correa en Valencia, estuvo plagado de irregularidades.

La fiscalía ha defendido en un escrito remitido al Tribunal Supremo la necesidad de seguir investigando dado que "las actuaciones administrativas a comprobar son ahora algunas más" y señala que habría que "analizar algunos expedientes de contratación en particular".

Lo investigado hasta ahora por la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha permitido dibujar un triángulo de supuesta corrupción donde figuran, en cada uno de sus lados, los siguientes actores:

1.- Dirigentes del Partido Popular que gobiernan en instituciones que adjudican contratos, obras o suelo.

2.- La trama empresarial de Correa, que logra contratos de servicios de ayuntamientos y comunidades del PP e intermedia para que otros empresarios del sector inmobiliario logren obras o suelo para viviendas.

3.- Constructores o promotores que pagan a Correa para conseguir el trato de favor de dirigentes del PP en la adjudicación de obras o suelo.

De la actividad conocida donde se han puesto de acuerdo esos tres supuestos actores de la corrupción, la relación que sigue está siendo investigada por los tribunales.

UNA SUPUESTA COMISIÓN DEL 3%

El primer auto del juez Baltasar Garzón donde implicaba al tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, citaba un fax -hallado entre la documentación requisada al contable de la trama-, de la Consejería de Fomento de Castilla y León, dirigida entonces por José Manuel Fernández Santiago (conocido entre sus íntimos como Toti), ahora presidente de las Cortes. El fax daba cuenta de la concesión definitiva de la variante de Olleros de Alba (León), por 2,45 millones, en noviembre de 2002, a TECONSA. La documentación de la trama corrupta incluía anotaciones con el cobro de un supuesto 3% de comisión de aquella obra que habría pagado TECONSA a Correa y que éste, a su vez, habría repartido entre dirigentes del PP que habrían favorecido la adjudicación.

La Agencia Tributaria investigó las cuentas de TECONSA, una constructora de origen leonés y descubrió que esta firma manejó entre 2004 y 2007, hasta 5,5 millones de euros en billetes de 500. Este hecho, llevó a los inspectores de Hacienda a una conclusión: "No parece razonable el manejo en efectivo de cantidades tan elevadas, existiendo hoy día alternativas mucho más seguras para efectuar pagos. Llama la atención la secuencia temporal de las operaciones, todas en un mes".

Los responsables de la Junta de Castilla y León, del PP, han insistido en que el expediente de adjudicación de la obra por la que TECONSA pagó supuestamente comisiones cumple con todos los requisitos legales. 

IMPUTADO EL PRESUNTO PAGADOR

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid mantiene imputado por cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad a un directivo de FCC cuyo nombre aparece anotado en los registros de la trama corrupta como pagador de comisiones por adjudicación de obras. Dichas comisiones fueron repartidas por Francisco Correa entre algunos políticos del PP, entre ellos podría estar Luis Bárcenas, al que se refieren en la anotación del pago como L. B.

La empresa FCC resultó entre 2001 y 2002 adjudicataria de los servicios de recogida de basura y limpieza viaria de Majadahonda y Boadilla. Los alcaldes de estos dos municipios cuando ocurrieron los hechos están ahora imputados por diversos delitos y fueron destituidos de sus cargos públicos cuando estalló el escándalo.

FACTURAS FALSAS Y BILLETES DE 500

Alfonso García Pozuelo, presidente de Constructora Hispánica, entregó supuestamente 1,6 millones de euros a Francisco Correa según los libros de contabilidad de la trama corrupta. Parte de ese dinero, según las anotaciones incautadas por la policía, también llegó al tesorero del PP, Luis Bárcenas. La investigación judicial, que mantiene imputado a García Pozuelo, intenta aclarar si ese pago corresponde a comisiones por obras públicas que Constructora Hispánica consiguió de Gobiernos del PP gracias a la intermediación de Correa.

La empresa de García Pozuelo es adjudicataria desde hace años de gran cantidad de obras públicas, entre ellas, varios tramos del AVE que recibió entre 2000 y 2004 por casi 100 millones de euros; y equipamientos municipales adjudicados por alcaldes del PP imputados en el caso Gürtel, como el Parque del Deporte de Boadilla del Monte (Madrid) por 30 millones de euros.

La Agencia Tributaria analizó las cuentas de Constructora Hispánica y el manejo de billetes de 500 euros y llegó a la conclusión de que esta empresa había sacado grandes cantidades de dinero para defraudar o pagar cohechos.

Esta investigación arrancó por una conversación privada que grabó un ex colaborador de Correa donde el jefe de la trama decía: "Le he llevado a Bárcenas 1.000 millones de pesetas. Se lo he llevado a Génova [sede del PP] y a su casa. Todo de adjudicación de obras de Fomento, cuando estaba Cascos, 1.000 kilos. Sé dónde los tiene, cómo los saca de España y el paraíso fiscal".

El informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario señala que Constructora Hispánica justificaba los pagos con facturas falsas que emitían empresas que carecían de personal o de estructura suficiente para prestar servicios o, en algunos casos, ilocalizables para Hacienda.

UNA MORDIDA PARA EL ALCALDE

El ex alcalde de Boadilla Arturo González Panero, uno de los cargos públicos del PP que cobró más comisiones ilegales de Francisco Correa, según la investigación, adjudicó suelo para viviendas de lujo a UFC [promotora propiedad del empresario José Luis Ulibarri]. El concurso de suelo que se convocó fue adjudicado a Ulibarri pese a que ofrecía tres millones de euros menos que la mejor oferta económica. Se resolvió a favor de UFC porque, supuestamente, iba a terminar la construcción de los chalés de lujo tres meses antes que la empresa que competía por el suelo. Las grabaciones aportadas a la causa citan el pago de tres millones de euros de comisiones a Francisco Correa en el despacho del empresario en Valladolid. Correa pagó a su vez en metálico al alcalde de Boadilla una parte de esa mordida.

"MARTINSA SE PORTÓ CONMIGO"

La presunta vinculación del diputado autonómico del PP Benjamín Martín Vasco con la trama corrupta surgió al conocerse que, en una de las grabaciones realizadas en 2006 e incorporadas a la causa, el supuesto cabecilla Francisco Correa afirmaba: “Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda, tardo seis meses y, golpe en mesa, febrero, abril, junio jodido y mayo liquidado. Me debe aún un millón de euros...”.

Correa parecía aludir así a que él había intercedido para lograr que Martinsa obtuviera un contrato en Arganda; a cambio, claro, de una comisión de la que aún quedaba por pagar “un millón de euros”. El nombre de Martín Vasco, que fue 12 años concejal del PP en el Ayuntamiento de Arganda, aparecía en otra grabación en la que hablaba Isabel Jordán, empresaria de la red corrupta también imputada por el juez: “Le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero”.

Martín Vasco era consejero delegado de la empresa pública Fomento y Desarrollo Municipal cuando ésta adjudicó a la empresa Martinsa, en noviembre de 2004, un importante desarrollo urbanístico con 300 viviendas en pleno centro de la localidad, junto a la estación de metro. El precio de la adjudicación era cerrado (no sujeto a mejora): 77 millones de euros, incluido el coste de varios equipamientos. Al concurso se presentaron tres empresas: Alcosto, Sacresa y Martinsa. El Ayuntamiento, a la hora de valorar las ofertas, no confió sólo en las opiniones de sus técnicos sino que delegó parte de la baremación en dos empresas privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Esta última había sido la empresa de Enrique Porto antes de ser nombrado director general de Urbanismo por Esperanza Aguirre en 2003 (dimitió en 2006 por aprobar planes urbanísticos diseñados por su antigua empresa).

Cada uno de los tres grupos de baremadores —técnicos, Aguirre Newman y Plarquin— se ocupaban de aspectos diferentes. Y entregaron sus puntuaciones de forma sucesiva. Cuando Aguirre Newman entregó su parte, iba ganando Sacresa; cuando los técnicos presentaron la suya, también. El último en entregar la baremación fue Plarquin, que debía valorar la “solución técnica y propuesta estética”. Y dio tantos puntos de más a Martinsa frente a Sacresa que la primera se puso por delante y ganó el concurso.

TROCEAR CONTRATOS A 12.000 EUROS

Las empresas de Correa organizaron decenas de actos institucionales en los que intervenía la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Esperanza Aguirre, y que pagaban distintas consejerías sin que para adjudicar esos trabajos celebrasen concursos públicos. A veces se troceaba el motivo del contrato para evitar esos concursos. Todo lo ordenaba Alberto López Viejo, consejero de Deportes y hombre de confianza de Aguirre.

En la contabilidad de la trama corrupta, aparecen múltiples pagos a López Viejo por varios cientos de miles de euros. Esta manera de operar también se extendió a Valencia, donde el Gobierno de Francisco Camps adjudicó 40 contratos por distintos servicios a Orange Market sin que mediara concurso alguno y, en algunos casos, troceados en varias partes, todas inferiores a 12.000 euros, lo que evitaba la concurrencia de otras empresas.

EL PP VUELVE A LA CARGA CON LAS ESCUCHAS ILEGALES 

Aunque el líder del PP, Mariano Rajoy, y la portavoz popular en el Congreso, Soraya Saénz de Santamaría, habían dejado a un lado las denuncias sobre el supuesto espionaje que sufren los miembros del PP para centrarse en la teoría de la conspiración, los populares no renuncian a la estrategia de los supuestos pinchazos ilegales. Hoy mismo Ricardo Costa, González Pons y Cospedal han vuelto a insistir en que las filtraciones a la prensa proceden de escuchas ilegales y en que el Gobierno ha orquestado una persecución contra los populares. 

Ricardo Costa, secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, ha asegurado hoy haber sido objeto de persecución desde "las más altas instancias del Estado" y a través de "filtraciones de pruebas que debían estar custodiadas por funcionarios a un determinado medio de comunicación", en alusión al Grupo PRISA, editor de EL PAÍS. Esta denuncia ha sido avalada por el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, que ha afirmado que hay "indicios suficientes" para suponer que "en la persecución de que está siendo objeto el partido, ha habido utilización en distintos grados y de distintas formas de conversaciones telefónicas". 

Costa ha revelado que "a finales de julio" denunció ante el juez decano de Madrid que el 23 de febrero un escrito del fiscal anticorrupción desaconsejaba su procesamiento por el juez Baltasar Garzón; que "horas más tarde" la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) aportó nuevas pruebas al sumario de caso Gürtel que implicaban de nuevo al secretario general del PP valenciano; que el 3 de marzo el fiscal anticorrupción modificó su criterio; y que el 5 de marzo, un auto del titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional efectivamente le imputó un supuesto delito de cohecho pasivo. El mismo auto imputaba también a Francisco Camps, presidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad Valenciana; a Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat; y a Rafael Betoret, que fuera jefe de gabinete de la Consejería de Turismo hasta julio de 2007. 

Según Costa, el cambio de criterio del fiscal anticorrupción habría sido instado por el Gobierno. "El PSOE ha hecho buena la frase de Alfonso Guerra cuando dijo que la separación de poderes ha muerto", sentenció. Costa no ha entregado copia de la denuncia. Su abogado y también diputado, José Marí Olano, aseguró no haber guardado ninguna copia de la denuncia. Ningún juzgado se ha pronunciado todavía sobre la oportunidad de admitir a trámite la denuncia. 

El también portavoz del grupo parlamentario del PP ha aprovechado la ocasión para anunciar que el PP exigirá la comparecencia ante las Cortes Valencianas de María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno, y de Cándido Conde Pumpido, fiscal general del Estado, para que "aclaren si hay algo que aclarar o desmientan, si hay algo que desmentir" si el PP ha sido objeto de persecución política desde las más altas instituciones del Estado. La solicitud de comparecencia no tiene ninguna fuerza jurídica, pero Costa ha reivindicado la importancia política que tendría el gesto. Olvidó el portavoz del PP valenciano que todos los grupos político rechazaron una solicitud similar en una reunión de la Diputación Permanente del Congreso hace apenas dos semanas. 

Antes de afrontar la primera reunión del PP después del verano, la secretaria General del partido, María Dolores de Cospedal, se ha ratificado en sus acusaciones de espionaje orquestado por el Gobierno. Preguntada en Telemadrid por si se han producido pinchazos ilegales a altos cargos de su grupo, la número dos del PP se ha reafirmado: "Está en sede judicial. No voy a dar nombres y apellidos pero reitero, altos dirigentes". Casi simultáneamente, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho censuraba en una entrevista en la Cadena Ser la actitud del Partido Popular. "Cuando alguien recibe envites intensos su ánimo se ve afectado. No sé si es intención del Partido Popular afectar a los cuerpos de seguridad, pero no lo van a conseguir. Deben dejar una estrategia que atenta contra el Estado de derecho", ha afirmado. 

Cospedal ha insistido, como ya hiciera en sus primeras acusaciones de este verano, en que el Gobierno utiliza las instituciones para perseguir a la oposición. "Ahora saltan diciendo que presentemos pruebas, pero las pruebas las tenemos en la actuación de la Fiscalía, de los mandos del Cuerpo Nacional de Policía o de la vicepresidenta", ha afirmado la secretaria General del partido. "Claro que nos ratificamos, hay datos objetivos de persecución", ha manifestado Cospedal. "Estamos viendo detenciones en directo por faltas que, cuando salen de declarar, los acusados se van a casa". 

Las declaraciones de Cospedal se han producido después de que ayer la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, apuntara directamente al ministro del Interior como el organizador de las presuntas escuchas ilegales. Aguirre ha rectificado hoy en el mismo momento en el que Cospedal era entrevistada. "No quería yo decir eso, rectifico, y lo que quiero decir es que las escuchas siempre son a miembros del PP, siempre aparecen en el mismo medio de comunicación filtradas y habrá que saber quién hace las escuchas, por orden de quién, si las ponen en el sumario, quién las quita del sumario si es que están fuera del sumario y quién las filtra siempre al mismo medio de comunicación", ha asegurado la presidenta de Madrid. 

Tras lanzar las acusaciones de espionaje en una entrevista a Efe en Marbella, Cospedal había rebajado la dureza de las manifestaciones. En una comparecencia pública hace dos semanas, tras la reunión de la dirección del PP en la sede de Génova, Cospedal habló de persecución pero no de escuchas. El propio Rajoy y la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, durante su intervención en la Diputación Permanente en la que las solicitudes de comparecencia de los ministros fueron rechazadas, hablaban de persecución pero dejaron de citar los pinchazos. Ayer, Aguirre rompió esa línea con unas declaraciones que hoy ha rectificado, mientras que Cospedal ha insistido en las escuchas. 

(www.elpais.com, 01/09/09) 

AGUIRRE REAVIVA LA GUERRA DE LAS ESCUCHAS QUE RAJOY APARCÓ 

Lo ha intentado en los últimos días, pero el PP no logra quitarse de encima el fantasma de las escuchas ilegales a dirigentes de la oposición que, sin que aún haya aparecido ninguna prueba, denunció la secretaria general, Dolores de Cospedal, al inicio del verano. El propio Mariano Rajoy, después de respaldar a su número dos, había aparcado este asunto en los últimos días para concentrarse en denunciar el supuesto trato desigual que la policía da a los detenidos del PP. Ayer mismo, Cospedal evitó las preguntas de los periodistas en Toledo para no reavivar el asunto. Pero fue Esperanza Aguirre quien recuperó con fuerza la polémica. 

Primero dijo sobre las escuchas que "haberlas, haylas", dando pábulo a la teoría de Cospedal. Aunque enseguida introdujo matices que no aclaran si se refería a los supuestos espionajes a dirigentes del PP o a conversaciones grabadas por orden judicial que han publicado diversos medios de comunicación, en especial, este diario. "Nos encontramos todos los días en los medios de comunicación con transcripciones de conversaciones escuchadas siempre en el mismo medio de comunicación", explicó Aguirre, "y esas escuchas siempre se le hacen a miembros del PP o a personas afines al PP. Eso son escuchas. ¿Que son legales y las ha mandado el juez? Estarán en el sumario; ¿Que son legales, las ha mandado el juez, están en el sumario y las han quitado del sumario? ¿Quién las ha quitado y por qué? y si es así, ¿Quién las ha filtrado a los medios de comunicación?", se preguntó. 

Sin embargo, cuando le preguntaron quién habría ordenado esas supuestas escuchas ilegales -no lo son si están autorizadas por un juez- Aguirre fue incluso más lejos que Cospedal al apuntar directamente al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. "El que las ha hecho, claramente, es el Gobierno, el señor Rubalcaba, con cumpleaños y sin él", sentenció. 

La presidenta de Madrid se refería a que hace sólo un mes, ella misma le cantó al ministro el "cumpleaños feliz" tras una reunión entre ambos que acabó con todo tipo de parabienes, y en la que también se habló de las filtraciones. Ese día, en un tono muy distinto al que utilizó ayer, Aguirre aseguró que el ministro le había explicado que él no tenía nada que ver con las informaciones periodísticas y ella creyó la versión de Rubalcaba. 

Mientras, el PP sigue trabajando en un informe para demostrar el supuesto trato diferente y la "persecución" de la fiscalía y la policía, ambas a las órdenes del Gobierno, contra los populares. 

Soraya Sáenz de Santamaría, que también evitó cualquier referencia a las escuchas ilegales, un asunto del que el PP ha asumido que no tiene pruebas y por tanto debe abandonar cuanto antes, explicó ayer en la Cope que ya tiene ultimado el informe que concluye que el 90% de las detenciones espectaculares por corrupción de cargos del PP en los últimos años "han acabado en nada". 

El propio Mariano Rajoy, en un vídeo grabado por el PP con el que despedía el verano paseando por una playa gallega, insistía en que seguirá pidiendo explicaciones por este asunto. 

Rajoy, que ha apurado sus vacaciones y las de su equipo, reúne hoy de nuevo a su cúpula, el Comité de Dirección. Ya lo hizo en pleno verano, y el asunto central fue la polémica abierta por Cospedal y la necesidad de ofrecer un contrataque frente al goteo de decisiones judiciales que incriminan a cargos populares, especialmente en Baleares, en casos de corrupción. 

Esta vez también se hablará previsiblemente de eso, con el informe de Sáenz de Santamaría encima de la mesa. Pero el líder del PP también tiene pensado, según fuentes de la dirección, hablar de la estrategia de las próximas semanas para intentar que en el mensaje del PP, absolutamente sepultado por el caso Gürtel, comiencen a verse algunas propuestas, especialmente en asuntos como la crisis. Los populares creen que la opción del Gobierno por una subida de impuestos les deja ahora mucho margen para hacer oposición y vender sus propuestas, con permiso de los jueces. 

(www.elpais.com, 01/09/09) 

Nueva polémica

- Aguirre apunta al ministro del Interior: "Las escuchas, haberlas haylas. El que las ha hecho [las escuchas], claramente, es el Gobierno, el señor Rubalcaba, con cumpleaños y sin él"

- Los socialistas exigen una rectificación: "Es totalmente inaudito que Aguirre, señalada por sus propios compañeros por espiar, se permita sembrar dudas sobre el ministro del Interior sin que se le caiga la cara de vergüenza o al menos se ruborice por ello", señaló Leire Pajín en un comunicado. 

(www.elpais.com, 01/09/09)

RAJOY ENTIERRA AHORA LA ACUSACIÓN SIN PRUEBAS DE COSPEDAL DE ESCUCHAS AL PP

Los populares se centran en "la saña" de la fiscalía contra sus cargos públicos

El Partido Popular ya no sabe cómo poner distancia de las supuestas escuchas ilegales a sus dirigentes. Hasta Mariano Rajoy evita ahora respaldar la acusación que hizo su secretaria general, Dolores de Cospedal. Ayer, al ser preguntado de forma directa en la radio pública gallega si en España hay escuchas ilegales, el presidente de los populares respondió: "Bueno, lo que hay es un trato diferente a distintos grupos políticos. Hemos visto cómo se ha detenido a muchos militantes del PP esposados y cómo se ha avisado a las televisiones para que salieran en ellas. La inmensa mayoría de estas personas, y Soraya Sáenz de Santamaría dio información muy cumplida, fueron absueltas sin ni siquiera pasar por los tribunales".

• El PP rectifica y decide no preguntar a Zapatero por la persecución
• "Del circo que han montado no se sale con el silencio", asegura el PSOE

Un día antes fue su portavoz parlamentaria la que omitió en el Congreso la denuncia de escuchas ilegales. Ambos sí insistieron en la línea de la supuesta persecución, es decir, de mencionar casos en los que supuestamente se ha producido un trato más duro de la fiscalía y la policía con cargos del PP implicados en casos de corrupción, pero eludiendo las escuchas ilegales.

El propio Rajoy aseguró ayer que "muchas de estas personas han salido absueltas sin ni siquiera ser juzgados por los tribunales; hemos visto cómo el fiscal procede con saña contra militantes del PP y, sin embargo, no hace nada en contra de Manuel Chaves, ni contra el director del CNI. Pedimos un trato igual para todos".

Hace diez días Rajoy sí respaldó la acusación de Cospedal al recordar en una entrevista con Europa Press la investigación judicial en la década de los 80 al Gobierno socialista por presunto espionaje a los partidos y en la de los 90 la dimisión de Narcís Serra como vicepresidente del Gobierno por las escuchas de los servicios secretos.

Sin embargo, fuentes de la dirección del Partido Popular aseguran que su intención es mantener la tesis de la persecución y la distinta vara de medir con el PP por parte de la fiscalía y la policía, pero sin incidir en las supuestas escuchas, sobre las que carecen de pruebas. Por ejemplo, el partido insistirá los próximos días en acusar de pasividad a la fiscalía por no actuar contra los gestores de la Caja Castilla-La Mancha, tras las actuaciones reveladas por el Banco de España.

Otro ejemplo será la denuncia de la actuación de la fiscalía y la policía en la Región de Murcia contra cargos del PP, cuando el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, era candidato por esa circunscripción. Según los populares, esos casos quedaron en nada.

Hace una semana, Rajoy dijo también que su primera pregunta a José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso se referiría a la supuesta persecución. Ayer, rectificó y aseguró que pedirán explicaciones a la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, por anticipar el recurso de la fiscalía a la exculpación de Francisco Camps y al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por el trato a los detenidos en Baleares. Es decir, que lo harán otros diputados de su grupo.

El PSOE, a través del número dos del Grupo Socialista, Eduardo Madina, aseguró que han notado un cambio en el PP, pero advirtió: "Que no piensen que del circo que han montado este verano se sale con el silencio, tienen que explicar porqué lo han hecho". Añadió que Rajoy "debe afrontar los casos de corrupción, más allá de las cortinas de humo para tapar los 110 imputados de la trama Gürtel".

www.elpais.es 27.08.09

AGUIRRE ACUSA AL GOBIERNO DE UTILIZACIÓN PARTIDISTA DE LAS INSTITUCIONES

"El Gobierno de España ha dejado de ser el Gobierno y es el del PSOE", afirma la presidenta madrileña

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha cargado con dureza contra el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. En su primera intervención pública tras sus vacaciones de verano ha hecho un repaso sobre los "graves asuntos" que a su juicio han ocurrido durante agosto. La presidenta madrileña ha criticado la "utilización partidista del Gobierno de la nación". Y ha precisado: "El Gobierno de España ha dejado de ser el Gobierno y es el del PSOE".

Aguirre: "¿Quién permite que se hagan esas escuchas? (27/8/2009)

AUDIO - Cadena Ser - 27-08-2009

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha eludido pronunciarse sobre la denuncia de escuchas ilegales al PP realizada por los máximos dirigentes del partido -

Aguirre se ha sumado a la teoría de la persecución que sufren los populares y ha asegurado que "todos los días aparecen en los medios de comunicación las escuchas que se hacen siempre a miembros del PP o a personas relacionadas con el PP", escuchas que, a su juicio, son de una legalidad dudosa. La presidenta madrileña ha respaldado así las acusaciones sobre el supuesto espionaje al Partido Popular ordenado por el Gobierno, posición que contrasta con la actitud adoptada por el presidente del PP, Mariano Rajoy, que ayer quiso poner distancia y eludió responder una pregunta directa al respecto.

La dirigente popular ha recordado las visitas que los ministros del Gobierno realizaron a municipios madrileños para comprobar el estado de las obras del plan E. "En esos actos se ha excluido a la Comunidad de Madrid. No sólo se excluye a la Comunidad de Madrid, sino que se invita al secretario general del PSM, Tomás Gómez", ha señalado Aguirre. "Es insólito es un desprecio a la Comunidad de Madrid". La presidenta olvidó decir que las obras que visitaron los ministros las realizan los ayuntamientos con el Fondo Estatal de Inversión Local aprobado por el Gobierno nacional.

La presidenta regional ha criticado que "el Gobierno le haya dado una televisión de pago a sus amigos". Y ha cargado contra la ayuda de los 420 euros a los parados a los que se les ha acabado la prestación. "Es una maniobra para maquillar los datos del desempleo. Zapatero evita realizar reformas para no convertirnos en los campeones mundiales del paro que es lo que somos", ha señalado. "Es una utilización política del dinero público para despilfarrar en sus intereses políticos", indicó durante una rueda de prensa

Por otra parte, Esperanza Aguirre evito concretar si abrirá una nueva investigación sobre el supuesto espionaje político en Madrid tras conocerse que tres de los imputados han implicado a otros tres colaboradores de la consejería de Presidencia, Justicia e Interior. "Se ha demostrado que todo el personal de la Comunidad de Madrid encargado de realizar labores de avanzada y seguridad lo han realizado correctamente, pero si alguien ha hecho algo incorrecto somos los primeros interesados en saberlo", concluyó.

www.elpais.es 27.08.09

GONZÁLEZ PONS DESCALIFICA A LA POLICÍA Y A LA FISCALÍA 

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, dio ayer un paso más en el argumentario elaborado por la dirección nacional de su partido para acusar al Gobierno de acosar a los populares. "Habrá que replantearse seriamente reprofesionalizar la Fiscalía", aseguró González Pons en Valencia. "Si te dedicas a la política y eres del PP tienes más posibilidades de tener problemas con la Policía y con la Fiscalía", insistió.

El dirigente popular acusó a la Fiscalía de actuar por criterios políticos y aseguró que en otras circunstancias ésta habría abierto una investigación en casos como el de la caja de ahorros de Castilla La Mancha; la ayuda otorgada por la Junta de Andalucía a la multinacional minera donde trabaja una hija de Manuel Chaves o por la dimisión del anterior director del CNI. "Si no lo ha hecho es por razones políticas", sentenció el responsable de Comunicación del PP.

González Pons, que eludió aclarar qué pruebas tiene su partido para acusar al Gobierno de auspiciar supuestas escuchas ilegales a dirigentes populares, no quiso valorar la advertencia socialista de que el PP podría estar incurriendo en un delito de calumnias. "La oposición no sólo tiene que ser libre, tiene que sentirse libre. Me da la sensación de que cuando la oposición no se siente libre algo ocurre en este país", prosiguió. Y añadió: "Cuando la oposición denuncia que no se siente libre y el Gobierno, en lugar de preocuparse, se siente aludido y ataca a la oposición da la sensación de que las convicciones democráticas se han agotado".

El secretario de Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando instó a González Pons a "limpiar el PP de corruptos".

http://www.elpais.com/articulo/espana/Gonzalez/Pons/descalifica/Policia/Fiscalia/elpepinac/20090822elpepinac_5/Tes/

EL PSOE ADVIERTE A RAJOY QUE ESTÁ COMETIENDO UN DELITO DE CALUMNIAS

Un argumentario interno cita expresamente el artículo 205 del Código Penal

El PSOE se prepara para hacer frente a la ofensiva del PP sobre la supuesta existencia de escuchas ilegales a dirigentes populares ordenadas por el Gobierno. Para eso, la dirección socialista ha distribuido un argumentario entre los miembros de la Ejecutiva en el que se acusa directamente a Mariano Rajoy de cometer un delito de calumnias.

El texto del PSOE cita expresamente el artículo 205 del Código Penal, que asegura que "es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad". Y añade: "Eso es exactamente lo que el PP está haciendo durante este verano". Obviamente, los socialistas no tienen ninguna intención de llevar a Rajoy a los tribunales, como tampoco la dirección del PP prevé denunciar ante la justicia las supuestas escuchas ilegales.

La tesis del argumentario es la de equiparar las denuncias sin pruebas del PP con su estrategia sobre el 11-M en la anterior legislatura. En este caso, aseguran los socialistas, se trata de tapar sus responsabilidades en casos de corrupción, especialmente el caso Correa. "Para tapar un escándalo, fabricar un escándalo mayor. Ésta es la estrategia del PP: consiste en calumniar a otros para tapar las propias vergüenzas", sostiene el PSOE.

El paralelismo con el PP de la anterior legislatura lo argumentan asegurando que "lo que están haciendo ahora es la repetición de lo que hicieron con la famosa teoría de la conspiración del 11-M". "Entonces intentaron justificar el engaño masivo de la ciudadanía tras el 11-M, ahora ha sido el caso Gürtel y similares: grandes escándalos que afectan al PP y a sus dirigentes. Entonces se trataba de camuflar a toda costa la gran mentira del 11-M. Ahora se trata de camuflar a toda costa una trama corrupta dedicada a conseguir contratos millonarios de los gobiernos del PP a cambio de regalos y recompensas".

El objetivo del PP, según los socialistas, es "consolidar un espacio de impunidad política y jurídica para sí mismo y sus dirigentes. Lo que el PP está diciendo a los jueces, a los fiscales, a la policía, a los medios informativos es que dejen de hacer su trabajo. Es un plan de disuasión basado en la difamación, la calumnia y en la amenaza".

El primer dirigente socialista en interpretar este guión ha sido el vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, quien se refirió ayer en la Cadena SER a la "campaña de engaño masivo" que ha emprendido el PP denunciando una "cruzada" contra sus dirigentes y alertó de que su objetivo es intentar "camuflar un gran escándalo que salpica" a su partido.

Blanco aseguró que esta campaña le recuerda a la emprendida tras los atentados del 11-M y señaló que en ambos casos los populares "carecen de pruebas".

"Plan de disuasión"

"Lo que el PP está haciendo y diciendo a jueces, fiscales y policías es lo que tantas veces hemos oído en las películas: 'yo que tú no lo haría, forastero'. Pretende un plan de disuasión basado en la difamación y la amenaza, pretende buscar la inmunidad a través de este plan", afirmó el número dos de los socialistas.

Por su parte, fuentes del PP aseguraron ayer que trabajan en la recopilación de datos para elaborar un informe que será remitido en breve al Parlamento Europeo. El informe incluye lo que el PP considera como actuaciones que prueban la persecución a su partido por parte de la fiscalía y el Gobierno. El informe será entregado a todos los parlamentarios europeos y está por decidir si promoverán algún tipo de actuación o resolución de la Eurocámara coincidiendo con el inicio de la presidencia española de la UE el próximo 1 de enero.

http://www.elpais.com/articulo/espana/PSOE/advierte/Rajoy/cometiendo/delito/calumnias/elpepinac/20090821elpepinac_7/Tes/

EL PP CREE NECESARIO "REPROFESIONALIZAR" LA FISCALÍA PARA QUE LA OPOSICIÓN SE SIENTA LIBRE

El PSOE pide a los populares que miren lo que sucede en "Génova" y en "el despacho del tesorero del PP" antes de atacar a otros partidos

El PP ha vuelto este viernes a la carga en su estrategia de denunciar la persecución a la que se encuentra sometido su partido por parte del Gobierno. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha asegurado que cuando la oposición política "no se siente libre, algo grave ocurre en ese país", para lo cual considera necesario "reprofesionalizar la Fiscalía" General del Estado. González Pons ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa al ser preguntado por las escuchas ilegales que denuncia su partido, y ha afirmado que en estos momentos ser político y del PP supone tener "muchas más posibilidades de tener problemas con la Policía y la fiscalía" que si se es del PSOE.

"Eso desgraciadamente es así, y habrá que plantearse seriamente reprofesionalizar la fiscalía", ha manifestado el portavoz popular, quien ha indicado que la oposición "no solo tiene que ser libre", sino que también "tiene que sentirse libre" para que "no se autocensure". "Si Caja Castilla-La Mancha hubiera estado en una comunidad gobernada por el PP, si Chaves cuando dio la subvención de diez millones a la empresa de su hija hubiera sido presidente de una comunidad del PP, o si el director del CNI hubiera sido un alto cargo del Gobierno de Aznar, ¿alguien en España tiene alguna duda de que la Fiscalía habría abierto una investigación?", se ha preguntado.

Según González Pons, cuando la oposición "denuncia que no se siente libre" y el Gobierno "en lugar de preocuparse", se dedica a "atacar a la oposición", da la sensación de que las convicciones democráticas de ese Gobierno y su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, "agotaron su reserva y están en número rojos".

Frente a la acusación de los populares de que el Gobierno instrumentaliza a la fiscalía para atacar al PP, el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando ha pedido a González Pons que "en vez de mirar a otros partidos, debería mirar a la calle Génova, en el despacho del tesorero del PP y revisar todos los cajones y todas las cajas".

http://www.elpais.com/articulo/espana/PP/cree/necesario/reprofesionalizar/fiscalia/oposicion/sienta/libre/elpepinac/20090821elpepunac_11/Tes

RAJOY RESCATA EL PASADO PARA DENUNCIAR LAS ESCUCHAS Y ZAPATERO LE PIDE RESPETO

Ningún grupo apoya en el Congreso las peticiones de comparecencias del PP

Mariano Rajoy se puso ayer al frente de las denuncias de escuchas ilegales a su partido para encabezar la ofensiva contra el Gobierno y, además, anunció que centrará en este asunto su actuación como líder de la oposición.

El líder popular cita como prueba contra el Gobierno hechos de 1985 y 1995

Así, el líder del PP anunció en una entrevista a Europa Press que su primera pregunta en el Congreso en septiembre al presidente del Gobierno se referirá a lo que él llama "persecución" contra su partido. Ni crisis económica ni paro.

A falta de pruebas o datos, Rajoy utilizó como referencia lo que ocurrió en 1985, cuando un juez investigó al Gobierno de Felipe González por espionaje a partidos, y en 1995, cuando dimitió el entonces vicepresidente Narcís Serra por escuchas ilegales a diversas personalidades, incluido el Rey.

No mencionó que ambos sumarios se abrieron por pruebas documentales de las que ahora él carece. En un caso fue la constatación de que dirigentes socialistas manejaban discursos de la oposición antes de pronunciarse, y en el otro fue la aparición de un listado de grabaciones de los servicios secretos.

Con esos antecedentes, Rajoy asegura que "no hay por qué rasgarse las vestiduras" por las denuncias del PP.

Al líder de la oposición le respondió ayer mismo desde Lanzarote el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, apelando a la "responsabilidad, y la prudencia" del PP. "Deben tener prudencia porque las posiciones extremistas casi nunca conducen a nada. Y respetar el Estado de derecho y las instituciones, que afortunadamente en España funcionan bien".

El PP formalizó su petición para que la Diputación Permanente del Congreso debata la próxima semana la comparecencia de la vicepresidenta primera, el ministro del Interior y el fiscal general del Estado para que "expliquen las directrices que se han dado desde el Gobierno a la Fiscalía y a otras instituciones del Estado para la persecución de militantes y dirigentes del PP" y la "constante utilización partidista y sectaria de la policía" contra sus militantes.

El dirigente socialista Antonio Hernando ha contactado con los demás portavoces y ninguno se ha mostrado dispuesto a apoyar las peticiones del PP. Es decir, los populares se quedarán solos en su denuncia y sus peticiones.

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EL INSTRUCTOR DEL SUPREMO PRORROGA HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE EL SECRETO DEL 'CASO GÜRTEL'

El magistrado instructor del caso Gürtel en el Tribunal Supremo, Francisco Monterde, ha prorrogado el secreto de las actuaciones por un mes, hasta el 17 de septiembre, según un auto conocido ayer. El Supremo ha solicitado autorización para proceder contra el senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas (que se apartó temporalmente del cargo), y contra el diputado Jesús Merino, para poder imputarles delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública.

El instructor del Supremo justifica la prórroga del secreto en la subsistencia de las razones que lo motivaron, entre las que cita "las necesidades de la instrucción, la naturaleza de los delitos perseguidos y el carácter de las diligencias urgentes de prueba que se están practicando".

El magistrado menciona también la situación en que se encuentra el procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que está en el origen de la causa especial que sigue el Supremo y que también está declarado secreto.

El auto del instructor añade que es necesario "continuar manteniendo el secreto total de las actuaciones, también para las partes", y a excepción del Ministerio Fiscal.

Monterde explica que la prórroga del secreto de las actuaciones no está prevista como tal en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero el Tribunal Constitucional ha señalado que esa laguna legal no impide al juez de instrucción proteger el valor constitucional que justifica el secreto del sumario si el plazo ha resultado insuficiente.

Sin embargo, esa misma sentencia del Constitucional también considera "inaceptable" que la prórroga del plazo máximo del secreto sumarial "ocasione, por sí sola y sin más condicionamiento, un resultado de indefensión".

Fuentes del alto tribunal han señalado que ese problema puede darse en hipótesis si las respectivas Cámaras atienden el suplicatorio cursado por el Supremo sobre una causa bajo "secreto total", incluso para Bárcenas y Merino y sus defensores.

Los diputados y senadores de las respectivas comisiones que tienen que estudiar los suplicatorios conocerían documentos de una causa secreta que en principio no conocen ni los propios "imputados provisionales".

http://www.elpais.com/articulo/espana/instructor/Supremo/prorroga/septiembre/secreto/caso/Gurtel/elpepinac/20090820elpepinac_5/Tes/

EL PP DECIDE SEGUIR DENUNCIANDO ESCUCHAS AUNQUE CAREZCA DE PRUEBAS

El comité de dirección avala a la 'número dos' y pide al Gobierno que investigue

Sin marcha atrás, sin ni siquiera pisar el freno y sin temor a estrellarse. El PP huye hacia adelante y no se apea de la denuncia de persecución política, incluida la denuncia de escuchas ilegales del Gobierno a sus dirigentes, aunque admita que carece de pruebas. Diez días después de que su secretaria general, María Dolores de Cospedal, imputara al Ejecutivo el delito, el comité de dirección del PP acordó ayer seguir adelante con la estrategia. El órgano, que incluye a los principales dirigentes del partido, trató expresamente de las supuestas escuchas, y hubo unanimidad en proseguir con la denuncia pública y política, aunque no haya pruebas para ir a los tribunales.

• Cospedal: "Todo lo que tenía que decir lo he dicho y me reafirmo"

• Los populares instan a buscar las pruebas del delito en los artículos de prensa

El propio Mariano Rajoy intervino ayer para respaldar esa estrategia iniciada por su secretaria general. Los dirigentes populares acordaron insistir en la estrategia defensiva de denunciar una supuesta persecución y doble vara de medir de la Fiscalía y la policía con los casos de corrupción que afectan a su partido.

El catálogo tratado en el comité de dirección para sustentar esa estrategia incluye el seguir insistiendo en que se han publicado conversaciones del caso Correa o Gürtel que aseguran que no figuran en el sumario; la filtración de detalles de las investigaciones y el supuesto tratato a detenidos del PP por casos de corrupción en Baleares y Canarias. En ese catálogo incluirán ahora el de la acusación genérica de escuchas, una vez que Cospedal hizo la denuncia pública.

Sobre las escuchas se habló poco en la reunión de ayer, según varios asistentes. En la reunión admitieron que carecen de pruebas para concretar su denuncia, más allá de confidencias que aseguran haber recibido desde la policía y la fiscalía. Utilizarán otros indicios paralelos que no se refieren a escuchas a dirigentes del PP, que fue lo que denunció Cospedal. Por ejemplo, que dos conversaciones publicadas no están en el sumario del caso Gürtel en Valencia, según les explicó ayer Esteban González Pons.

Se habló lo suficiente del asunto para decidir que seguirán adelante, según acordaron sin que nadie objetara esa estrategia, ni en el comité de dirección ni en la larga comida posterior. Cospedal admitió de forma implícita en rueda de prensa la imposibilidad de aportar dato alguno que sustente su acusación. "Todo lo que tenía que decir ya lo he dicho y me reafirmo". Después de siete preguntas, no se movió de ahí en su primera comparecencia tras haber acusado desde Marbella al Gobierno de hacer escuchas ilegales a sus dirigentes.

Y si hace diez días imputó al Gobierno un delito, ayer, sin aportar ningún dato y ni siquiera dar el nombre de los supuestamente espiados, la número dos del PP exigió al Ejecutivo que lo investigue e instó a buscar las pruebas en lo publicado en la prensa. Mantuvo la imputación del delito genérico, pero de ahí no se movió. "Hay muchas conversaciones que se han publicado en los medios de comunicación y, con echarles un vistazo, sería suficiente", dijo.

La estrategia del PP llegará la próxima semana a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, donde el PP forzará un debate para pedir la comparecencia de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, el ministro del Interior y el fiscal general del Estado. El PSOE cuenta con apoyos de sobra para rechazar las peticiones de comparecencia, pero el PP habrá conseguido el ruido de la bronca en el órgano que sustituye al Pleno. Se debatirá de la presunta persecución y no del fondo del caso Correa.

La dirección del PP sigue teniendo sobre la mesa la posibilidad de llevar esa supuesta persecución a las instituciones europeas, coincidiendo con la Presidencia española de la UE que se inicia el 1 de enero. Ayer no se trató expresamente en la reunión de la cúpula del PP, pero destacados dirigentes son partidarios de forzar una resolución del Parlamento Europeo. La propia Cospedal insistió ayer en la rueda de prensa en que mantienen esta opción de acudir a la Eurocámara.

Las siete evasivas de Cospedal

La número dos del PP respondió ayer con evasivas a siete preguntas sobre las supuestas escuchas:

- "Todo lo que tenía que decir ya lo he dicho y me reafirmo".

- "En cualquier país democrático, si la oposición dice que se siente observada y se le está espiando, lo que se hace por parte del Gobierno es abrir una investigación".

- "Hay muchas conversaciones que se han publicado en los medios de comunicación y, con echarles un vistazo, sería suficiente".

- "En los ocho años que gobernó el PP, nunca en España se produjo este intento de corrupción de las instituciones democráticas".

- "Los jueces son los que tienen que investigar. Vamos a llegar hasta el final".

- "Que el Gobierno respete las instituciones, que siempre quede a salvo el principio de independencia judicial y que la Fiscalía funcione en beneficio de todos los ciudadanos".

- "Cualquier actuación que no sea ésa tenemos la obligación de denunciarla tanto si va en contra de nuestro partido como en contra de cualquier otro ciudadano".

http://www.elpais.com/articulo/espana/PP/decide/seguir/denunciando/escuchas/carezca/pruebas/elpepinac/20090819elpepinac_2/Tes/

DE COSPEDAL INSISTE EN ACUSAR AL PSOE DE ESCUCHAS ILEGALES, PERO SIGUE SIN APORTAR PRUEBAS 

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se reafirmó esta semana en sus acusaciones contra el Gobierno y el PSOE, a quienes acusa de haber intervenido de manera ilegal conversaciones de miembros de su partido. Igual que hiciera ayer la número tres del partido, Ana Mato, De Cospedal no aportó ninguna prueba de esas supuestas escuchas, ni tampoco dio nombres de los supuestos afectados. Insistió, eso sí, en apuntar que existe una campaña de acoso contra los populares. 

Ya lo dijo hace unas semanas y lo ha vuelto a repetir este mediodía: María Dolores de Cospedal insiste en acusar al PSOE de hacer escuchas ilegales contra miembros del PP pero, como siempre, sin dar nombres de los afectados y sin aportar pruebas de tan grave acusación. Ante la petición de los periodistas, una vez más, de dichas pruebas, la secretaria general del partido de Mariano Rajoy se limitó a señalar que “hay muchas conversaciones publicadas en medios de comunicación, basta con echarles un vistazo”.

El Gobierno debería investigar

Lejos de suavizar este discurso, que ayer también repitió Ana Mato quedando en evidencia ante la prensa, De Cospedal aseguró que “lo que debería haber hecho el Gobierno es abrir una investigación y no insultar y ponerse a la defensiva”.

"Lo que teníamos que decir, ya lo hemos dicho"

Ante la insistencia de los periodistas para arrancarle algún tipo de prueba sobre sus duras acusaciones, la número dos de los populares se limitó a comentar: “Lo que teníamos que decir, ya lo hemos dicho, vamos a seguir hablando de este tema en el Parlamento”.

"Corrupción de las instituciones democráticas"

Además, De Cospedal subrayó que "la única prueba evidente" de presión a la Justicia es por parte del Gobierno y destacó que “en los ocho años que gobernó el PP nunca en España se produjo este intento de corrupción de las instituciones democráticas". Según denunció, “en cualquier país democrático si la oposición dice que se siente observada y se le está espiando lo que se hace por parte del Gobierno es abrir una investigación y no insultar a la oposición".

Investigaciones judiciales

Sobre si el PP piensa presentar más denuncias judiciales o piensa revelar al Gobierno los nombres de quienes supuestamente habrían sido espiados para que se inicie una investigación, la dirigente se limitó a señalar que las denuncias “ya están presentadas” ante los tribunales y que “los jueces son los que tiene que investigar” este asunto.

www.elplural.com 18.08.09

EL PP AMENAZA CON ENTURBIAR LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UE

Mato insiste, sin pruebas, en que los populares están sometidos a escuchas ilegales

El PP insiste: el Gobierno de Zapatero utiliza todos los instrumentos del Estado para llevar a cabo una "cruzada de persecución" contra ellos, que incluye las escuchas ilegales a dirigentes populares, una acusación de la que este partido sigue sin aportar pruebas que sustenten una denuncia ante los tribunales. Los populares continúan con su estrategia para intentar convertir la investigación de la trama corrupta vinculada a su partido con un caso de persecución política. El guión lo ejecutó ayer la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato. Ahora amenazan con llevar esa supuesta persecución, que Mato calificó de "cruzada", a las instituciones europeas y, más concretamente al Parlamento Europeo.

Si el PP lo hiciera finalmente, la tramitación de su denuncia coincidiría con el inicio el 1 de enero de la presidencia española de la UE. Es decir, España presidiría la UE con el Parlamento Europeo indagando si hay una persecución ilegal contra el principal partido de la oposición y si, por tanto, el Gobierno conculca derechos fundamentales.

La amenaza la hizo ayer Ana Mato y hoy el Comité de Dirección del partido, que se reúne presidido por Mariano Rajoy, decidirá si sigue adelante.

Fuentes de la dirección del PP aseguran que se estudia aprovechar la mayoría que los conservadores tienen en la Eurocámara para propiciar una declaración contra el Gobierno español o, en el caso más extremo, una comisión de investigación. Aseguran que hay un precedente de declaración institucional contra un Gobierno de Austria por un acuerdo con la ultraderecha.

Esa denuncia, en todo caso, se referiría a la actuación de la Fiscalía, incluyendo la investigación sobre Francisco Camps y de otros casos como los de Canarias y Baleares que, según el PP, han supuesto persecuciones a miembros de su partido que finalmente han sido sobreseídas. Inicialmente no estaba previsto que se incluyeran las supuestas escuchas ilegales que denunció la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

De hecho, varios dirigentes del PP han asegurado a este periódico que se sorprendieron cuando oyeron a Cospedal hacer una denuncia pública sobre esas supuestas escuchas. En ninguna reunión del partido se tomó la decisión de hacer esa acusación, aunque sí se había hablado de los supuestos pinchazos en comentarios informales entre ellos. Admiten que no disponen de pruebas para presentar ninguna denuncia, más allá de referencias o informaciones que han recibido sobre esas supuestas escuchas desde la Fiscalía o la policía.

Habían decidido explotar la estrategia de la persecución, pero en ningún caso tenían previsto incluir las supuestas escuchas hasta que no las mencionó públicamente su número dos. No obstante, la cúpula del partido mantiene la denuncia pública, aunque ayer Mato, a falta de pruebas, las redujo a una cuestión de fe: "Todo el mundo en España sabe que hay una persecución contra el PP"; "los ciudadanos saben perfectamente que el PP está sufriendo escuchas telefónicas". "No puedo dar nombres", añadió la dirigente del PP, al admitir que tampoco puede aportar pruebas.

Al ser preguntada sobre la información publicada ayer en este periódico sobre los pagos de la trama corrupta por servicios al PP sin facturas, Mato se limitó a criticar las filtraciones y a asegurar que las cuentas del partido han sido revisadas por el Tribunal de Cuentas.

Desde el PSOE, el secretario de Política Municipal, Antonio Hernando, lamentó que el PP insista en su "cruzada contra el Estado", en lugar de iniciar una "cruzada a favor de la honradez, la limpieza y en contra de la presunta corrupción de algunos de sus dirigentes".

www.elpais.es 18.08.09

600.000 EUROS SIN FACTURAS POR SERVICIOS AL PP

La investigación apunta indicios de un nuevo fraude tras analizar la contabilidad de la red encontrada en una caja de seguridad de un banco de Pontevedra

La investigación del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada a una decena de gobiernos del PP, mantiene una vía abierta sobre una supuesta operación de emisión de facturas falsas por parte de la red empresarial que dirigía Francisco Correa para justificar gastos electorales del partido de Mariano Rajoy que rondan los 600.000 euros.

Hay miles de folios en cajas que aún no ha analizado ningún tribunal

En los registros de las distintas sedes y domicilios particulares de los miembros y empleados de la trama corrupta, la policía encontró algunos indicios de una supuesta facturación irregular por servicios prestados al Partido Popular. El sumario del caso incluye un informe donde se hace referencia al contenido de la caja de seguridad de Pablo Crespo Sabaris, un ex dirigente del PP gallego que se convirtió en el número dos de la trama corrupta liderada por Correa.

Crespo, según la investigación, era la persona que se encargaba de liquidar con las tiendas de ropa Milano y Forever Young las cuentas correspondientes a los trajes regalados a dirigentes del PP valenciano.

En la caja de seguridad número 5, a nombre de Crespo, ubicada en una sucursal bancaria de Pontevedra, figuraba documentación sobre la facturación de la trama corrupta con el PP entre los años 1996 y 1999, cuando se encargaban casi en exclusiva de los actos electorales del partido que entonces presidía José María Aznar.

El importe de lo facturado en ese periodo, según la documentación incautada en la caja de seguridad, ascendía a 1.027 millones de pesetas (más de seis millones de euros).

En otros dos documentos localizados dentro de la misma caja de seguridad se hacía el siguiente reparto de esos ingresos:

- "Hoja número 1: resumen en B por importe de 536 millones de pesetas".

- "Hoja número 2: Relación de entregas con recibo en B de 439 millones de pesetas".

- "Hoja número 3: recibos".

- "Hoja número 4: relación de entregas sin recibo".

La investigación interpreta que estos documentos "hacen referencia a partidas de gastos del PP entre abril de 1996 y septiembre de 1999". Del análisis de la documentación se desprende que, de la primera cantidad de 536 millones de pesetas, la trama corrupta registró "entregas con recibo" por valor de 439 millones mientras que no consta recibo en otros 97 millones de pesetas, es decir, los casi 600.000 euros citados. La trama apuntó que, de esa cantidad sin justificar, se intentaba localizar los justificantes de tres empresas:

"A-UNO ASOCIADOS por 20 millones de pesetas. FCS 4 por 21 millones de pesetas y SPECIAL EVENTS por 19 millones de pesetas, mediante seis recibos que sumarían 60 millones".

"Con el fin de concretar la posible emisión de facturas falsas por dichas sociedades", señalan los documentos de la investigación, "habría que analizar la documentación recogida en los registros practicados por si entre la misma se encuentran dichas facturas". Hay miles de folios almacenados en cajas que aún no han sido analizados por ninguno de los tribunales que investigan la trama corrupta.

La trama llevaba una contabilidad detallada de todos los movimientos de su caja B, con anotaciones en clave. Esta hoja, incorporada al sumario, fue hallada en la caja de seguridad de Pontevedra e incluye el detalle de los pagos e ingresos del entramado empresarial que dirigía Correa.

www.elpais.es 17.08.09

LAS ENTRAÑAS DE LA 'CAJA B' DE CORREA

El contable de las empresas que dirigía Francisco Correa intentaba registrar todas las entradas y salidas de dinero que se producían en la red corrupta. Había una caja B que recogía la entrada de fondos por aportaciones de las distintas empresas de la trama y la salida de efectivo para cuestiones personales (como entregas de dinero a familiares de los directivos o a los propios directivos) o para el pago de sobornos a políticos que, a su vez, tenían suficiente autoridad para adjudicarles contratos de las administraciones públicas donde mandaban.

En la hoja que se reproduce en esta página figura la historia de un año de movimientos en esa caja B donde, por un lado, se recogen los ingresos de fondos por parte de empresas de la trama (entra disasi significa una aportación de Diseño Asimétrico; entra easy se refiere a la empresa Easy Concept, que hacía la mayoría de los actos institucionales de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre... y así sucesivamente).

En la salida de fondos, el contable registraba quién pagaba y a quién, todo con iniciales:

- IJG ALV. En la contabilidad de la caja B, IJG es Isabel Jordan, la jefa de Easy Concept, empresa que durante años se encargó de montar los actos institucionales de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. El consejero de Deportes, Alberto López Viejo, era el contacto que la trama corrupta tenía para conseguir todos los contratos de la Comunidad de Madrid. En la caja B aparece bajo las siglas ALV recibiendo grandes cantidades de dinero, en pago supuestamente a sus favores. Tanto Isabel Jordan como el contable de Correa han admitido ante el juez que ALV es Alberto López Viejo.

- PCS a Boch. Francisco Correa era PCS en las siglas que el contable apuntaba en la caja B cada vez que el jefe de la trama ordenaba pagar a alguien un dinero. Boch es en realidad Alfonso Bosch, diputado autonómico del PP en Madrid.

- Orden ijtmm pp. Isabel Jordan, según este apunte, pagaba dinero a Tomás Martín Morales, dirigente del PP en Boadilla del Monte.

www.elpais.es 17.08.09

LA VIEJA Y FLEXIBLE CONSPIRACIÓN DEL PP

La acusación genérica a los poderes del Estado comenzó al día siguiente de la detención de Correa y evolucionó hasta culminar en las escuchas de Cospedal

Esta todo ahí, en ese vídeo. Mariano Rajoy, en la sede del PP, rodeado por los máximos dirigentes de su partido, el 11 de febrero de 2009, se coloca frente a un atril y dice: "Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden. Esto es una trama contra el PP". Rajoy se centra en las informaciones periodísticas y describe una trama en la que están el fiscal general del Estado, el juez Baltasar Garzón y el Gobierno. Pide la comparecencia del fiscal general en el Congreso para que explique "el diferente trato que la Fiscalía da a los partidos políticos". "Nunca en España, ni con Suárez, ni con Calvo-Sotelo, ni con González, ni con Aznar, se había hecho un uso tan partidista de la fiscalía como hasta ahora". Exactamente igual lo dijo Arenas este jueves, seis meses después. "El 100% de los casos afectan al PP. Nunca afectan al PSOE". Rajoy también lanza la idea de que lo que está ocurriendo es propio de dictaduras: "Creíamos que estas cosas estaban superadas hace tiempo". Como ahora.

A los populares les consta que gente de su partido tiene el teléfono pinchado

Acusan al Gobierno de utilizar jueces, fiscales y policías para acosarles

Los dirigentes del PP que llevan dos semanas de agosto denunciando un supuesto acoso de las instituciones contra su partido no se basan en ninguna actuación judicial, policial o política de los últimos seis meses. Todo lo dijo ya Rajoy ese 11 de febrero cuando sólo habían pasado cinco días de la detención de Francisco Correa, el jefe de la trama corrupta que logró decenas de millones de euros en adjudicaciones de Gobiernos del PP. No se podía sospechar todo lo conocido después. Sin embargo, la conspiración, la acusación genérica a todos los poderes del Estado, estuvo ahí desde el minuto uno. Aunque se ha adaptado a las circunstancias.

- Estalla el escándalo. En el primer fin de semana, los periódicos publican información a mansalva sobre Correa y sus negocios, incluidas las grabaciones en las que salen mencionados muchos dirigentes del PP. Ese mismo sábado, Esteban González Pons marca el tono de la estrategia a seguir: dice que el Gobierno utiliza la fiscalía y la policía "en una estrategia de eliminación del PP".

El domingo, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal hace público el argumento completo: "No vamos a consentir que se nos implique en ninguna campaña de financiación ilegal o de corrupción porque el PP no reconoce absolutamente como partido ninguna responsabilidad en los asuntos que están apareciendo en diversos medios. Esto es una operación de acoso y derribo contra el PP. El PSOE, que no nos puede dar lecciones porque es el partido de los GAL y de Filesa, está utilizando de forma escandalosa al Ministerio del Interior, la fiscalía y otros poderes del Estado en beneficio propio".

Para entonces sólo había dos cargos del PP imputados. Dos alcaldes, que dimitieron. A pesar de que el PP está en supuesta "indefensión absoluta" porque no conoce el sumario, la presidenta de la Comunidad de Madrid cesa fulminantemente a un consejero muy cercano a ella sólo tres días después de la detención de Correa. Nadie seguirá su ejemplo.

- Denuncia contra Garzón. El 12 de marzo, el PP presenta su segunda denuncia contra Garzón ante el Poder Judicial. En ella relata una misteriosa llamada de teléfono de un policía a Camps, el 5 de marzo, el día en que Garzón se inhibió en favor del Tribunal Superior de Valencia. El policía le comunica este hecho al presidente. El escrito da muchos detalles de la llamada y lo califica de "maniobra irregular del juez". El Consejo General del Poder Judicial archiva la denuncia.

- Una decena de imputados. Han pasado seis meses y el sumario ya no es uno, sino tres. Garzón ya no se ocupa del caso, y tres fiscales, tres jueces y una sala del Supremo han visto material suficiente para seguir adelante con la "trama contra el PP". Han sido imputados cuatro cargos del PP valenciano, incluido el presidente (el caso está archivado y recurrido al Supremo). Han sido imputados tres diputados autonómicos del PP de Madrid, un diputado nacional y un senador y tesorero nacional del partido, que dimitió.

- Las grabaciones. Con este panorama se llega a la segunda parte de la conspiración. El 19 de julio, EL PAÍS publica una grabación en la que El Bigotes, líder de la trama en Valencia, afirma que hace regalos a Rita Barberá. Él mismo dice que la alcaldesa de Valencia no le da nada a cambio. El PP monta en cólera. Considera que la conversación no tiene ninguna relevancia penal y que se ha utilizado exclusivamente dentro de una campaña de filtraciones para "tratar de aniquilar" al partido. Al día siguiente, igual que seis meses antes, Cospedal carga de nuevo contra el Gobierno, la fiscalía y la policía. Elude contestar sobre la corrupción. Las declaraciones de dirigentes del PP poniendo el grito en el cielo por las filtraciones y apuntando a la policía se suceden hasta el punto de que, el día 21, Cospedal se tiene que reunir con los sindicatos policiales, que se sienten atacados. Cospedal les tranquiliza e indica que su acción política va contra la fiscalía y los ministros de Justicia y de Interior, como responsables de los órganos del Estado con acceso al sumario. Igual que en febrero, anuncia que pedirá su comparecencia para que se expliquen. Les comunica también que van a presentar una denuncia.

Esa denuncia llega el 24 de julio. La presenta Federico Trillo, que repite frases que colean desde febrero, como la persecución al PP o una referencia a la dictadura. La denuncia es por un "delito continuado de revelación de secretos", una "revelación de actuaciones secretas" y "una interceptación ilegal de las comunicaciones". De las filtraciones ya no puede acusar a Garzón, pero en vez de acusar a los jueces de Madrid, de Valencia o del Supremo, señala expresamente como sospechosos a todos los policías que hayan participado en la investigación. Cospedal queda en evidencia ante los sindicatos policiales.

- De la prevaricación de Garzón al espionaje del Gobierno. La denuncia, además, recupera un dato antiguo para sostener las supuestas escuchas ilegales. La conversación de un policía con Camps el 5 de marzo ya no es una chapuza del juez Garzón atribuible a sus prisas sino una prueba de que el presidente valenciano está siendo grabado ilegalmente por la Policía Judicial. En la denuncia no se dice nada parecido. En su encuentro con la prensa ese día, Trillo alardea de haber escuchado esa conversación, aunque se niega a decir que esté grabada. Eso lo dice Trillo después.

- El recurso de la fiscalía. El lunes 3 de agosto, el Tribunal Superior de Valencia archiva la causa contra Camps. Ese día, la vicepresidenta anuncia sorpresivamente que la fiscalía recurrirá al Supremo. Cospedal se agarra a este nuevo dato para relanzar la conspiración a un nivel superior. El martes, en un comunicado en vídeo, acusa al Gobierno de utilizar a la fiscalía para perseguir al PP más que a ETA. Dos días despúes, en una entrevista desde la playa, acusa al Gobierno de utilizar a jueces, fiscales, policías y servicios secretos (esto es nuevo) para acosar al PP. Y añade que le consta que dirigentes de ese partido tiene pinchados los teléfonos.

Ese día, el desconcierto en el PP es palpable. Los días posteriores, la poca gente del partido que atiende a los medios sólo sabe decir que "algo saldrá" y que si Cospedal lo ha dicho es porque "algo hay". Queda claro que sólo ella sabe a qué se refiere. El 11 de agosto, Trillo reitera lo que ha dicho en días anteriores en algunas entrevistas: tiene una grabación de la llamada de Camps. Pero no aclara por qué en la denuncia del día 24 ni siquiera se dice que esa conversación está grabada. Rajoy avala la acusación, pero se niega a hablar de ella en detalle. Otros dirigentes van añadiendo elementos estilo 11-M a la historia: "Que se investigue", "que se demuestre que no es así". Todavía no han dicho "queremos saber".

www.elpais.es  16.08.09

"ZAPATERO ES LA PERSONA MÁS DICTATORIAL DEL MUNDO" 

El Partido Popular sigue escalando en su particular estrategia de crispación. La última en subirse al carro ha sido Ana Mato: “Zapatero es la persona más dictatorial del mundo”. La vicesecretaria de Organización y Electoral del PP se sitúa así al nivel de su compañero Javier Arenas, mostrando su afinidad, después de que el andaluz asegurase que "solamente en las dictaduras, en los regímenes no democráticos se persigue a la oposición con policías y fiscales". Mato ha concedido una entrevista a Europa Press en la que ha confirmado que su partido está manteniendo contactos con otros grupos y cargo contra el PSC por acusarles de estar manteniendo reuniones secretas con CiU.

El más dictatorial

“Zapatero ha pasado de ser la persona del talante a convertirse en la persona más dictatorial del mundo”. Ni más ni menos, así se ha referido al presidente del Gobierno, Ana Mato, la número tres oficial del Partido Popular, que ha también ha querido sumarse a la campaña de acusaciones sin prueba y comparaciones con dictaduras en la que se ha sumido el principal partido de la oposición para huir hacia adelante del caso Gürtel.

Lo habitual

Mato ha puesto como ejemplo de su idea las acusaciones que esta semana se hicieron desde el PSC acerca de reuniones secretas entre dirigentes de CiU y del PP. La popular ha confirmado que están teniendo “contactos” con diferentes partidos pero, según ella, es algo que se enmarca en la normalidad de las relaciones parlamentarias. "Son encuentros habituales en democracia, pero algunos se creen que la democracia sólo funciona cuando estás en el Gobierno y para los que están en el Gobierno", explicó.

“Una carga pesada”

Además, según Mato, estos contratos son aún más normales si se tiene en cuenta que "muchos grupos parlamentarios saben que la situación económica está mal" y "ya no confían en Zapatero". Incluso quienes han apoyado normalmente al Gobierno "saben que es una carga pesada llevar a Zapatero detrás y por tanto le están dando la espalda", según la popular.

Poder absoluto

A su juicio, Zapatero "utiliza todo con fines partidistas y tiene que darse cuenta de que es el presidente del Gobierno de todos los españoles, no solamente de su partido". "Por tanto -subrayó-, como presidente de su partido puede tener los contactos que quiera para que su partido vaya bien, pero como presidente del Gobierno tiene que tener contactos para que España vaya bien". Para la ex eurodiputada, Zapatero "confunde lo propio con lo de todos" y ahora "se ha apropiado del poder y parece que tiene un poder absoluto sobre todo". 

www.elplural.com 15.08.09

VALCÁRCEL ACUSA AL GOBIERNO DE USAR A PERIODISTAS COMO "FRANCOTIRADORES" CONTRA EL PP

El presidente de Murcia, el popular Ramón Luis Valcárcel, acusó ayer al Gobierno de querer "manipular a la Justicia" y afirmó que la "persecución al PP" llevó en su día en la región de Murcia a "tomar literalmente un pueblo", en referencia a los municipios de Totana, Librilla y Torre Pacheco. Sin citar al Ejecutivo pero con alusiones implícitas, Valcárcel arremetió contra la "parafernalia mediática" que acompaña a las detenciones de cargos del PP, y añadió que en Murcia esos arrestos se produjeron con la presencia, "como si fueran francotiradores", de medios de comunicación "avisados la noche antes".

El presidente se refería a las detenciones que llevaron a cabo Guardia Civil y Policía Nacional en Totana, Librilla y Torre Pacheco, donde fueron arrestados y encarcelados sus respectivos alcaldes y algunos ediles por su presunta implicación en casos de corrupción urbanística.

"Luego todo ha quedado en libertad sin cargos, en libertad con pequeños carguitos y sin fianza alguna...", añadió Valcárcel, a pesar de que sobre el alcalde de Totana, José Martínez Andreo -que pasó dos meses en prisión-, sobre el ex alcalde y diputado autonómico Juan Morales y sobre otros 10 imputados pesan delitos como malversación, prevaricación, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, infidelidad en custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.

El alcalde de Librilla, José Martínez García, y su edil de Urbanismo, Pedro Martínez, encarcelados más de un mes, están acusados de cohecho, prevaricación y negociación prohibida. "Claro que respeto a la Justicia, yo soy muy respetuoso con ella, pero no con quien quiere manipularla", concluyó Valcárcel.

Zapatero, "dictatorial"

Por otra parte, la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, sostuvo ayer que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha pasado de ser "la persona del talante" a convertirse en "la persona más dictatorial del mundo". Un ejemplo, según Mato, son las acusaciones que esta semana hizo el PSC acerca de supuestas reuniones secretas entre CiU y PP. Confirmó que el PP está teniendo "contactos" con diferentes partidos, pero lo enmarcó en la absoluta normalidad de las relaciones parlamentarias.

"Muchos grupos parlamentarios saben que la situación económica está mal y ya no confían en Zapatero", dijo Mato. Según ella, Zapatero "confunde lo propio con lo de todos" y ahora "se ha apropiado del poder".

www.elpais.es 15.08.09 

“ZAPATERO ES RESPONSABLE DE UN COMPLOT DE ESTADO” 

El secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa, ha acusado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de ser el "responsable de un complot de Estado" contra el PP y sus dirigentes. “Más que un complot –ha añadido- es una conspiración utilizando los resortes del Estado”. 

En una entrevista a Europa Press, el portavoz popular en las Corts criticó duramente la actuación de la Fiscalía del Estado en el caso Gürtel, en el que el propio Costa ha estado imputado, y en la causa por malversación del Palma Arena. El secretario general del PP valenciano censuró también lo que calificó de "instrucciones" dadas por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para que se recurra el sobreseimiento de la instrucción contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros altos cargos de esa Comunidad.

"Persecución política"

"Vivimos en una época de clara persecución política”, acusó Costa, según él basándose en "hechos empíricos" como las "imágenes de las detenciones en Baleares", donde los imputados en el caso'Palma Aren' fueron esposados en su traslado a los juzgados. "Esto hace que te preguntes si es lo habitual por parte de la Policía", aseveró.

Las "instrucciones" de De la Vega

El número dos del PP valenciano dijo, además, que ver a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, "dando instrucciones a Fiscalía sobre lo que tiene que hacer" consigue que "se ponga en tela de juicio la independencia de un organismo del Estado tan importante", por lo que su grupo político en las Corts -afirmó- estudia la posibilidad de pedir su dimisión, a través de una iniciativa parlamentaria.

"El Tribunal ya no decide sobre mí"

Acerca del sobreseimiento de la causa contra la cúpula de la Generalitat en el caso Gürtel, Ricardo Costa subrayó que los jueces "ya han tomado una decisión sobre Camps o sobre mí" y han concluido que "no hay ningún tipo de delito". Ahora –añadió- "el Tribunal Supremo no tiene que decidir sobre mí o sobre el presidente, sino sobre un recurso que va a presentar la Fiscalía y los socialistas valencianos".

"Me guardo las facturas...

Preguntado sobre si ahora se cuida de guardar todas las facturas, Costa señaló que "sólo me guardo aquellas que me puedan servir como garantía. No suelo ser excesivamente escrupuloso con ese tema". 

www.elplural.com 15.08.09

“CADA VEZ QUE GOBIERNA EL PSOE HAY PROBLEMAS DE ESCUCHAS TELEFÓNICAS”

Javier Fernández Lasquetty se confiesa admirador de Esperanza Aguirre y de José María Aznar. No en vano, antes fue secretario general de FAES y ahora es consejero de Inmigración de Aguirre. Con estos antecedentes, es de extrañar que haya tardado tanto en sumarse a la campaña de acusaciones del PP contra el Gobierno, pero ya ha acudido al toque a rebato: “Siempre que gobierna el PSOE termina habiendo problemas de escuchas telefónicas".

Lasquetty se ha remontado a los años en los que el vicepresidente del último gobierno socialista de Felipe González, Narcís Serra, tuvo que dimitir tras el escándalo de las escuchas telefónicas del Cesid, en una operación que también le costó el puesto al entonces ministro de Defensa Julián García Vargas.

Cada vez que gobierna el PSOE…

"Yo no sé qué es lo que pasa, pero cada vez que gobierna el PSOE termina habiendo problemas de escuchas telefónicas, porque al final -ha considerado- es lo mismo: Narcís Serra organizó un servicio de escuchas y aquí fue escuchado hasta el Rey de España".

Persecución popular

No podía faltar la acusación contra el Gobierno de perseguir al PP: “Lo que hoy estamos viendo es cómo el gobierno, más allá de escuchas en concreto, está centrando todo su esfuerzo en perseguir a la oposición, contando para ello con todos los resortes y aparatos del estado, en vez de dedicarse a lo que se tendría que dedicar, que es pensar qué es lo que vamos a hacer con los centenares de miles de personas que se van a ir al paro el próximo otoño".

Los esposados

Tampoco ha olvidado Lasquetty criticar las detenciones de sus compañeros de Palma, acusados de corrupción: "Lo que le preocupa es que se vean bien claras las imágenes de un concejal del PP esposado a otro, o que salga bien claro en una portada, cualquier historia que se van inventando".

Campaña contra Granados

Igualmente, cree que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha sufrido una campaña en su contra que, en realidad, pretendía golpear a Esperanza Aguirre, para "atacar la imagen prestigio y solvencia del gobierno regional". Afirma que "nada le hace pensar" que la presidenta de Madrid planee una remodelación de su gobierno, y menos a causa de Granados.

www.elplural.com 13.08.09

ARENAS ACUSA AL GOBIERNO DE PERSEGUIR AL PP COMO EN LAS DICTADURAS

Los populares insisten en hacer a Zapatero responsable del supuesto acoso

Los dirigentes del PP se turnan cada día para mantener vivas sus acusaciones y preparar un otoño parlamentario en el que pretenden llevar la conspiración al Congreso. Ayer fue Javier Arenas, vicesecretario general de Política Autonómica, el encargado de alimentar la conspiración. "Solamente en las dictaduras se persigue a la oposición, a los adversarios, con fiscales y policías. Esta situación no debe continuar". Fue la aportación política del día.

Arenas se preocupó de que sus declaraciones llegaran a todas las redacciones a través de las agencias de noticias y de un vídeo producido por el PP. El dirigente popular ha avalado expresamente las acusaciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de que el Gobierno utiliza los medios del Estado para espiar a dirigentes del PP y que tiene sus teléfonos pinchados. La acusación, una de las más graves realizadas en democracia por el principal partido de la oposición, aún no ha sido probada, ni denunciada en un juzgado, ni rectificada.

El discurso de los populares se centra ahora en insistir en una teoría conspirativa y, sobre todo, en intentar que José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del Gobierno en persona entre en la guerra de declaraciones. "Creo que estamos viviendo en los últimos tiempos un clima político irrespirable cuyo máximo responsable es Zapatero", dijo ayer Arenas. El día anterior lo había intentado Mariano Rajoy también haciendo a Zapatero responsable de una supuesta "inquisición" contra el PP. Arenas añadió, invocando el espíritu de la Transición, que "lo que ocurre no ha sucedió con Suárez, ni con Calvo Sotelo, ni con González ni con Aznar".

La estrategia tiene una traducción parlamentaria que ya ha comenzado y promete un otoño de máxima tensión. En lo que para el PSOE se trata de un ataque en toda regla al Estado de Derecho, el PP pedirá que antes de que termine el mes de agosto la Diputación Permanente del Congreso vote la comparecencia de dos miembros del Gobierno y del Fiscal General del Estado.

El PP recibió ayer el primer apoyo externo a sus gravísimas acusaciones. En un debate en la Cadena SER, el presidente de Canarias, Paulino Rivero, que Gobierna en coalición con los populares, afirmó: "¿Que si hay escuchas telefónicas ilegales? Sí, yo creo que sí las hay. No he dicho con rotundidad que tenga constancia de esas escuchas, pero han ocurrido muchos caos en España donde a través de escuchas no sé si procedentes o improcedentes se ha imputado a ciudadanos honorables que luego la Justicia ha dejado en libertad sin ningún tipo de cargo y ese daño no ha sido reparado".

www.elpais.es 13.08.09

BLANCO: "LOS DEL PP SE ESPÍAN ENTRE ELLOS Y CREEN QUE TODO EL MUNDO HACE LO MISMO"

se mantenían ayer al acecho de los movimientos del PP por si este partido "había recapacitado" y establecía una tregua en la escalada de acusaciones y denuncias. O incluso confiando en que entraran en un tiempo de silencio. Pero pronto salieron de dudas al conocer los durísimos juicios del vicesecretario general de política autonómica del PP, Javier Arenas. Y, de nuevo, los dirigentes del PSOE sacaron su arsenal de argumentos en contra.

La línea de réplica de los socialistas se mueve en el contraataque de que "esta desmesura" supone una "huida hacia adelante" del PP ante la perspectiva de que sigan aflorando casos de corrupción, según fuentes de la ejecutiva federal. "El señor Rajoy no debe desviar sus problemas acusando sin pruebas a los demás", señaló José Blanco, vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento. Y añadió: "Tras lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, el PP tiene el síndrome del espionaje: se espían entre ellos y creen que todo el mundo hace lo mismo". El ministro hizo estas declaraciones después de reunirse con una delegación de EE UU interesada en la red ferroviaria española. En un tono moderado, quizá porque estaba en la sede de su ministerio y en su papel de ministro, agregó: "Le pido al señor Rajoy que no cuestione el Estado de derecho cuando se investigan actuaciones que afectan a su partido".

Fue Blanco, como vicesecretario general del PSOE, quien emplazó a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a que denuncie que el Gobierno ha ordenado investigar a dirigentes del PP o dimita. Este asunto ya ha quedado superado toda vez que Rajoy ha avalado a Cospedal. Ahora bien, Blanco pide al PP que no aplauda a la Justicia si le va bien y la censure si no le gustan las decisiones que adopta.

A este respecto, la responsable de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, en declaraciones a Onda Cero, se preguntó ayer si los populares quieren "que la policía y la fiscalía hagan una excepción y no investiguen cuando se trata de casos que puedan afectar al PP".

EL PSOE BUSCA APOYOS EN EL CONGRESO PARA EVITAR LAS COMPARECENCIAS

ngreso cuenta con dos semanas por delante para sondear y, si se dan las condiciones, tratar de convencer al resto de los grupos de la oposición para que no sustenten la estrategia del PP "de cuestionar al Estado de derecho". Ésta es la intención de la dirección del grupo ante la evidencia de que el resto de la oposición tendrá que retratarse en la reunión de la Diputación Permanente, cuando el PP exija las comparecencias de ministros y del fiscal general del Estado para interrogarles sobre "la persecución" a la que el Gobierno somete al PP, como ha proclamado su líder, Mariano Rajoy.

Casi con seguridad, el presidente del Congreso, José Bono, convocará la Diputación Permanente -órgano que sustituye al pleno del Congreso en tiempo de vacación parlamentaria- la última semana de agosto.

Hasta entonces, los grupos de la oposición tienen tiempo para decidir si comparten con el PP el criterio de que la policía y la fiscalía persiguen a ese partido y, por tanto, tienen que comparecer con urgencia en el Congreso la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Los socialistas reconocen que preguntarán a los grupos que les parece esta estrategia y estas peticiones.

Interpelaciones futuras

No obstante, si el PP no consiguiera su objetivo de que una mayoría fuerce estas comparecencias, nada podrá impedir que los ministros citados y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sean interpelados por el PP cuando comience el período ordinario de sesiones y utilice libremente sus turnos de control al Gobierno.

En este clima, el presidente del Gobierno ha descartado absolutamente comparecer hoy después del Consejo de Ministros. Había alguna duda sobre si, después de esta reunión, el Zapatero saldría para dar cuenta de los acuerdos y avanzar planes para el otoño, pero al final lo harán las dos vicepresidentas De la Vega y Elena Salgado. La próxima comparecencia del presidente se producirá el 28 de agosto, tras una nueva reunión del Consejo de Ministros. El líder del PP, Mariano Rajoy, exigió el pasado viernes a Zapatero que compareciera hoy para explicar el trato "vejatorio" que, en su opinión, se dio a los cargos de su partido detenidos en Baleares por presunta prevaricación, al ser esposados y "expuestos públicamente" ante los periodistas.

www.elpais.es 13.08.09

FRACTURA TOTAL ENTRE EL GOBIERNO Y EL PP

Rajoy, sin pruebas, avala la acusación de Cospedal contra las instituciones - Rubalcaba denuncia las "gravísimas e intolerables infamias" de la oposición

Una de las más graves fracturas en las relaciones institucionales entre PP y PSOE, los dos partidos que se han alternado en el Gobierno de España en los últimos 27 años, está servida. El líder del PP, Mariano Rajoy, avaló ayer en su primera comparecencia pública tras cinco días de inquietante silencio, todas las acusaciones sin pruebas de su cúpula directiva contra el Gobierno, la fiscalía, los jueces, los policías y los servicios secretos sobre la supuesta instrumentación de estas instituciones para espiar a dirigentes del PP y de persecución a este partido por parte de los poderes del Estado.

RUBALCABA: "EL DISPARATE DEL VERANO LO HA PRONUNCIADO COSPEDAL"

 

El ministro del Interior acusa al PP de hacer "acusaciones falsas" contra las instituciones del Estado

• "En el juzgado y con pruebas, no en la playa", reclamó el ministro
• Rajoy no aclaró si el PP presentará una denuncia formal por los hechos
• Rajoy cortó a los periodistas cuando le preguntaron qué pruebas tiene
• Dijo desconocer las declaraciones de Cospedal sobre la fiscalía y ETA

La respuesta del Gobierno fue especialmente contundente. "Es falso, es una infamia y es gravísimo; lo que pretende el PP es amedrentar a jueces, fiscales y policías para que no investiguen la corrupción de este partido", declaró el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba. Éste, en tono solemne, dijo que el Gobierno había sido "prudente" tras las explosivas declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, desde Marbella. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero pidió "respeto" el viernes. "Quiero quedarme ahí", añadió, y aclaró que no había hablado con Rajoy. El líder del PP acusó ayer directamente a Zapatero de ser el "responsable de todo" el supuesto acoso a su partido.

Tras la confirmación de que la teoría conspirativa viene de la máxima autoridad del PP, Rubalcaba fue el encargado de expresar la indignación del Gobierno: "Es el disparate del verano, Cospedal acusando al Gobierno de espiar a la oposición... Un disparate monumental. Hemos esperado una prueba o una rectificación. Ni lo uno ni lo otro. Más bien una ratificación. Y a estas alturas, seis días después sin presentar pruebas, la conclusión es que es una acusación rotundamente falsa y una infamia gravísima. No puede quedar sin respuesta".

Como han hecho jueces, fiscales y policías antes, Rubalcaba reclamó una denuncia formal. "Este tipo de acusaciones gravísimas, con pruebas y en el juzgado, no en una playa y sin pruebas. Y luego llamando a Rajoy, que está en un chiringuito. Y después de Rajoy, 'oiga, déjeme, que ya he dicho la barbaridad del verano y voy a darme un chapuzón", caricaturizó el ministro.

Rubalcaba ya estaba lanzado y los periodistas apuntaban frenéticamente: "¿Por qué hace esto el PP? Para tapar lo que está pasando, para no hablar de los presuntos casos de corrupción que se dan en sus filas. Si lo que hay que tapar es muy grande, se dice una barbaridad muy grande. Para tapar un barco de juguete, te basta una cortinita de humo, pero para tapar el Titanic tienes que decir una barbaridad muy grande".

El ministro quiso desenmascarar lo que considera la "estrategia del mundo al revés" del PP, es decir, "que los policías y los jueces den explicaciones, en vez de los corruptos". "Con toda rotundidad, el Estado no investiga al PP, sino a presuntos corruptos que hay en el PP", dijo. Rubalcaba aún se refirió a que se trataba de la acusación "más infamante de la democracia", aunque él no es partidario de ir a los tribunales.

La contundente réplica del ministro se produjo minutos después de Rajoy respondiera preguntas por primera vez desde que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana archivara la causa por cohecho contra el presidente autonómico, Francisco Camps. El recurso de la fiscalía a esta decisión, anunciado sorprendentemente por la vicepresidenta del Gobierno desde Costa Rica, fue lo que desató las acusaciones conspirativas de Cospedal. Rajoy la avaló desde Pontevedra donde pasa sus vacaciones.

¿Cree que el Gobierno ha pinchado su teléfono?, fue lo primero que le preguntaron a Rajoy. "El mío me tiene sin cuidado porque yo no tengo nada de qué arrepentirme, me preocuparía como ciudadano porque es un principio básico de cualquier democracia. Me remito a las declaraciones que ha hecho la secretaría general de mi partido que todos los miembros de mi partido compartimos".

Rajoy evitó, no obstante, respaldar una de las más graves imputaciones lanzadas por Cospedal cuando dijo que el Gobierno dedica más esfuerzos a perseguir al PP que a los terroristas de ETA. El líder dijo desconocer la frase, pero refrendó la mayor: "Es evidente que el Gobierno persigue al PP". Después de dar carta de naturaleza a las graves acusaciones de su partido, el líder de la oposición evitó confirmar lo que le han reclamado todas las instituciones.

-¿Presentarán denuncia por las escuchas ilegales? -inquirió un periodista.

-Ya veremos lo que hacemos, de momento ya tenemos tres denuncias presentadas en Madrid, en Valencia y en Canarias.

-Dicen ustedes que tienen pruebas -replicó el redactor.

-No voy a entrar en más detalles -despachó el líder del PP.

-Discúlpeme...

-No le disculpo más.

-¿No presentan denuncia porque no confían en las instituciones ante las que deberían presentarla? -terció otro periodista.

-Yo confío en las instituciones, en la justicia y en las fuerzas de seguridad del Estado, no desde luego en el ministro del Interior y en el fiscal general del Estado (...) ni en la vicepresidenta Fernández de la Vega, que llama a la fiscalía para dar instrucciones de que presente denuncia.

El presidente del PP no esgrimió pruebas. Incluso dijo desconocer la cinta de la que horas antes había hablado Federico Trillo, una supuesta grabación de la llamada que un inspector de policía de Madrid hizo al móvil del presidente Camps para informarle de que su parte del caso Gürtel se juzgaría en Valencia. Para Trillo, según declaró ayer en Onda Cero, ésa es una de las pruebas de que los dirigentes del PP, en este caso Camps, tienen los teléfonos pinchados. Trillo no ha aportado la grabación, ni ha dicho quién la realizó. Por parte del PSOE, Elena Valenciano consideró ayer a Trillo "la mano que mece la cuna" y a Rajoy el "autor intelectual".

Tras lanzar su andanada, Rajoy anunció que su partido votará a favor de los suplicatorios para que el Supremo pueda imputar al tesorero de su partido, el senador Luis Bárcenas, y al diputado Jesús Merino. "Nosotros votamos a favor de todos los suplicatorios, de todos, siempre lo hemos hecho y volveremos a hacerlo". Será uno de los primeros asuntos parlamentarios después del verano en el que el caso Gürtel parece haber roto definitivamente todos los puentes entre PP y Gobierno.

Desde el ámbito parlamentario, José Luis Ayllón, portavoz adjunto del PP en el Congreso, ahondó en esta ruptura cuando dijo que si al Gobierno le parece una "infamia", como dijo Rubalcaba, el PP está "en el camino de la verdad". Según Ayllón, el PSOE ya calificó de infamias el caso GAL y el caso de las escuchas del CESID, a finales de los ochenta, por lo que el supuesto espionaje debe de ser verdad, como aquéllos.

El enfrentamiento más grave de la legislatura

Según dijo ayer Alfredo Pérez Rubalcaba, el Gobierno ha sido prudente ante las acusaciones de María Dolores de Cospedal, quien dijo el pasado jueves desde su lugar de vacaciones que el Ejecutivo ha ordenado espionaje ilegal contra dirigentes del PP. Ayer, cuando Mariano Rajoy avaló estas palabras, el Gobierno respondió:

- Mariano Rajoy: Cospedal hizo "declaraciones que apoyamos y respaldamos todos dentro del partido".

- "El Gobierno está persiguiendo a los miembros del Partido Popular", lo que está generando "muchas dudas y muy poca confianza en las instituciones".

- "Confío en la justicia. En quien no confío es en el ministro del Interior y en el fiscal general del Estado. Y confío en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otras cosas, porque yo he mandado sobre ellas, pero yo nunca les he dado instrucciones para hacer cosas que no debieran hacer. Por tanto, no confío en los responsables políticos de esas instituciones".

- Alfredo Pérez Rubalcaba: "Es una acusación rotundamente falsa y una infamia gravísima. No puede quedar sin respuesta"

- "Este tipo de acusaciones gravísimas, con pruebas y en el juzgado, no en una playa y sin pruebas".

- "Con el líder de la oposición de chiringuitos y la 'número dos' en la playa... la propia escenografía mediática es la que demuestra que ni se lo creen".

- "¿Por qué hace esto el PP? Sencillamente, para tapar lo que está pasando, para no hablar de los presuntos casos de corrupción que se dan en sus filas".

- "Es un intento no explícito de amedrentar a los policías, jueces y fiscales y eso en democracia tampoco vale".

- "El PP pretende que el mundo vaya al revés, que sean los policías y el Gobierno y no los presuntos corruptos los que den explicaciones sobre la presunta corrupción en el PP".

www.elpais.es 12.10.09

ARENAS CONFIRMA QUE "TODO EL PP" ACUSA AL GOBIERNO DE PERSEGUIRLES

Todos somos Cospedal. Ya no hay duda de que la secretaria general del PP hablaba en nombre del partido cuando hace cinco días acusó al Gobierno de ordenar escuchas ilegales a dirigentes populares no incursos en procedimientos judiciales. De corrobarlo se encargó ayer el vicesecretario general de Política Autonómica, Javier Arenas. "Lo que ha dicho María Dolores de Cospedal lo piensa el cien por cien del partido", aclaró Arenas, que repitió algunos de los argumentos utilizados por la secretaria general de los populares contra el Gobierno.

"Nunca en 30 años de democracia hemos vivido una situación peor de utilización política por parte del Gobierno, de la policía y la fiscalía para agredir al Partido Popular", señaló Arenas. Además, el dirigente del PP asocia la actuación de ambas con "lo mediático y la absoluta impunidad, con el fiscal de brazos cruzados, ante la filtración de sumarios secretos".

La presunta implicación de altos cargos del Partido Popular de Baleares en una trama de corrupción y su detención el pasado fin de semana es otro motivo que sirve a la dirección del PP para acusar al Gobierno de instigar a la fiscalía y a la policía contra su partido. "Basta ya de tanta desproporción, de tanta discriminación y de tanta doble vara de medir", clamó Arenas.

No había muchas dudas de que la cúpula del partido pensaba lo mismo que su secretaria general, ya que un día después de sus denuncias se registró en el Congreso la petición de comparecencias del Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, y del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Al primero se le pedirá que explique la supuesta diferencia de actuación de la fiscalía ante imputados del PP y del PSOE. Los populares sostienen que a los suyos se les trata con una dureza que no se aplica a los socialistas.

Ayer se reafirmaron en esta convicción tras las detenciones durante 72 horas de altos cargos del PP, puestos el domingo en libertad con cargos y tras abonar fianzas de distintas cuantías. "Denunciaremos tanto en tribunales españoles como en instancias jurídicas comunitarias la actuación del Gobierno" anunció Arenas. Éste desveló que su partido estudia más iniciativas de denuncia. No obstante, señaló que su partido ya ha acudido a los tribunales. Se refiere a la denuncia presentada el pasado 24 de julio para encontrar a las fuentes de EL PAÍS sobre la trama de corrupción que dirigía el encarcelado Francisco Correa.

Por su parte, la responsable internacional del PSOE, Elena Valenciano, animó a los populares "a llevar a Europa el caso Gürtel".

www.elpais.es 11/08/2009

EL PSOE REPLICA QUE, CUATRO DÍAS DESPUÉS, COSPEDAL NI APORTA PRUEBAS NI DIMITE

Si todo el PP apoya a su secretaria general, María Dolores de Cospedal, todo el PSOE sigue a su vicesecretario general, José Blanco, en su exigencia a la dirigente popular de que presente pruebas de sus acusaciones o abandone la vida política. Blanco dio a Cospedal el pasado 6 de agosto "24 horas" para que presentara una denuncia "fundamentada ante los tribunales" sobre las acusaciones al Gobierno de ordenar escuchas ilegales a dirigentes del PP. Ya han pasado cuatro días desde que Cospedal lanzara tan graves acusaciones, recordó la socialista Elena Valenciano, y Cospedal "ni ha presentado pruebas, ni ha dimitido". "Por un mínimo de sentido común y de decencia democrática", opinó Valenciano, Cospedal debería "formalizar su denuncia en los tribunales o asumir responsabilidades y dejar la vida pública".

Los socialistas no abandonaron su postura a pesar de la irrupción en escena del vicesecretario general del PP, Javier Arenas, sumándose a las acusaciones lanzadas por Cospedal. "Javier Arenas debe ir a los tribunales a los que su compañera De Cospedal todavía no ha ido con las pruebas correspondientes que sustenten la denuncia sobre supuesto espionaje ilegal", le insta Elena Valenciano, en declaraciones a este periódico.

La dirección del PSOE considera que asiste a los prolegómenos de una batalla política de enorme envergadura con la que se iniciará el curso político. Y no piensa "bajar la guardia" en la exigencia al PP de que "presente pruebas" de que el Estado se utiliza para "perseguir" al primer partido de la oposición.

La dirección socialista tiene la certeza de que el Grupo Popular utilizará las primeras sesiones de control al Gobierno del otoño para interpelar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y al titular de Justicia, Francisco Caamaño, sobre la "doble vara de medir" de la fiscalía. La réplica de los socialistas será "durísima", anticipan en el PSOE.

www.elpais.es 11/08/2009

RAJOY: "ES EVIDENTE QUE EL GOBIERNO PERSIGUE AL PP"

El líder de los populares amenaza con denunciar en el Tribunal Europeo los "ataques de las instituciones" a su partido

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha refrendado, con un tono más tibio, las acusaciones que su partido viene lanzando las últimas semanas contra el Gobierno por "utilizar el Estado de Derecho para perseguir al Partido Popular". El argumento sobre el que ha basado su explicación ha sido la detención "televisada" de dos altos cargos de Jaume Matas en Baleares "a los que el juez a las pocas horas dejó en libertad". Rajoy no ha llegado a entrar en el fondo del asunto, otro caso de presunta corrupción que salpica a su partido en Baleares. Se quedó en la forma que le sirvió de una tacada para pedir la comparencia del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al que ha exigido ceses dentro de la policía y al fiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido.

El presidente del PP ha anunciado que hoy mismo su partido registrará la petición para que se reúna la Diputación Permanente en el Congreso de los Diputados y apruebe las citaciones a Rubalcaba y Conde Pumpido. El líder del PP también ha pedido que la vicepresidente primera, María Teresa Fernández de la Vega, acuda a la Cámara a explicar "si dio o no instrucciones a la Fiscalía para recurrir el auto de archivo contra Camps en Valencia".

Rajoy ha hecho "responsable de todo porque es el máximo" al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y le ha pedido que ordenase a Rubalcaba, De la Vega y Conde Pumpido comparecer en el Parlamento. "Puede que no se haya enterado porque él está en un palecete de Patrimonio en Lanzarote pero se lo pido a través de los medios". De lo contrario, amenazó Rajoy, el PP acudirá a denunciarlo al Parlamento Europeo. "A mí no me gusta", aseguró el líder de los populares, quien ha considerado "grave y evidente la persecución del Gobierno al PP".

"¿Cree usted que su teléfono está pinchado?, le preguntado un periodista". "Eso a mí no me preocuparía lo más mínimo, no tengo nada que ocultar, me preocuparía como ciudadano". "¿Comparte usted que está habiendo escuchas ilegales por parte del Gobierno a dirigentes del PP como ha dicho Cospedal?".
"Yo comparto las declaraciones que ha hecho mi partido". "¿Cree usted también que el Gobierno persigue más al PP que a ETA?, volvió a inquirir un redactor. "Esa declaración no la conozco", ha zanjado Rajoy. A pesar de dar carta de naturaleza a las graves acusaciones que han lanzado dirigentes del PP contra el Gobierno y la Fiscalía, Rajoy evitó explicar si su partido iba a presentar denuncia por estos hechos supuestamente delictivos. "Ya veremos lo que hacemos", evitó así las sucesivas preguntas de un periodista.

Por último, ha citado "juicios paralelos anteriores como en el caso de Canarias, donde el presidente Soria fue absuelto después de meses de duras acusaciones contra él". El líder del PP volvió a acusar a los "inquisidores y torquemadas del siglo XXI" -los medios que publican informaciones sobre la trama Gürtel- e instó a la prensa "a pensar también en las personas". Todo lo anterior sirvió al máximo responsable del PP para denunciar "la situación actual del Estado de derecho y de la democracia". Horas antes de que compareciera Rajoy, el portavoz del PP en materia de Justicia, Federico Trillo, ha dado un paso más y ha afirmado que posee la grabación de una conversación telefónica del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que a su juicio demostraría las escuchas ilegales.

Las "pruebas" de Trillo

Trillo ha asegurado que esta grabación demuestra los supuestos pinchazos. El propio Trillo ya aludió a esta conversación el pasado 24 de julio, aunque entonces solo especificó que la había escuchado, no que estuviera en posesión de la grabación.

Trillo ha explicado en Onda Cero que el PP posee la grabación de la conversación telefónica a través de la que un inspector de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) notificó a Francisco Camps la inhibición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para investigar la presunta trama de corrupción del caso Gürtel.

El dirigente popular no ha desvelado cómo había sido grabada esa conversación, aunque ha manifestado sus dudas de que lo hiciese el propio Camps porque "es bastante manazas". "No vamos a revelar las fuentes pero sí vamos a aportar las cintas", ha apuntado Trillo antes de denunciar que este tipo de notificaciones judiciales "jamás se hacen por teléfono y jamás las hace la policía".

Esta grabación, según Trillo, se incluye en la denuncia presentada por el PP el pasado mes de julio contra diferentes filtraciones de secretos sumariales. En la querella también se denuncia otra grabación de una conversación "de un presunto implicado" en el caso en el año 2006, mientras que el sumario comenzó en agosto de 2008. "Esa grabación es clara, manifiesta y rotundamente ilegal y sin autorización judicial", ha recalcado el ex ministro.

Otra de las pruebas con las que el responsable de Justicia del PP ha asegurado contar para demostrar las escuchas ilegales son las informaciones que apuntaban a presiones suyas al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Valencia Juan Montero a favor del presidente valenciano. Trillo ha asegurado no conocer al magistrado mientras que sí habla a diario telefónicamente con el abogado del PP, también apellidado Montero. "Todavía estoy esperando a que quien tiene las pruebas de esas llamadas me explique cómo sabe que yo telefoneo a diario a un señor Montero que ellos confundieron con el magistrado", ha concluido. El pasado día 7 de agosto, fuentes del PP ya declararon a la agencia Efe que conocían dichas grabaciones.

www.elpais.es 11/08/2009

RUBALCABA ACUSA AL PP DE INTENTAR AMEDRENTAR AL ESTADO DE DERECHO

El ministro del Interior califica de "gravísimas e intolerables en democracia" las palabras de Cospedal sobre supuestos espionajes

del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha respondido con contundencia a las acusaciones del PP de supuesto espionaje y persecución a miembros de su partido. "Hay un intento no explícito de amedrentar al Estado de Derecho", ha afirmado Rubalcaba, para quien declaraciones como las realizadas la semana pasada por Cospedal son "gravísimas, intolerables y las más infamantes en democracia".

En opinión del titular de Interior, el objetivo del PP al acusar al Gobierno es ocultar los escándalos que afectan a su partido. "Si lo que se tiene que tapar es muy grande, como el Titanic hay que decir una barbaridad muy grande". Según Rubalcaba, las acusaciones de supuestos pinchazos a dirigentes del PP lanzadas por Cospedal son "irresponsables" y ha censurado la forma en que las hizo (en un rueda de prensa desde Marbella donde pasa las vacaciones de verano). "Dijo la irresponsabilidad del verano y después se fue a dar un chapuzón; el jefe de la oposición estaba en el chiringuito y ella en la playa", ha asegurado el ministro.

"Seis días después [de las declaraciones de Cospedal], sin aportar pruebas, podemos concluir que es rotundamente falso, una infamia de las más graves que se pueden decir en democracia", ha insistido Rubalcaba, quien considera que si el PP tuviera pruebas hubiera ido "corriendo a los tribunales".

Persecución al PP

Horas antes de que compareciera Rubalcaba en rueda de prensa, el líder del PP, Mariano Rajoy, había anunciado que su partido iba a pedir la comparecencia en el Congreso del ministro para que explique las detenciones de miembros del PP en el caso de corrupción del velódromo Palma Arena. El presidente del PP ha asegurado además que "comparte todo lo que dice la secretaria general" de su partido, sobre la "persecución" al PP.

El PSOE ha pedido a Cospedal en las últimas semanas que rectifique o deje su cargo. La dura respuesta de hoy de Rubalcaba ha abundado en la falta de evidencias. "Ni pruebas ni rectificación, lo único que ha habido ha sido una ratificación", ha indicado el responsable de Interior, en relación con las declaraciones de Rajoy de esta mañana.

Sobre las detenciones a dirigentes del PP en Palma, Rubalcaba ha respondido que está investigando la actuación policial porque "alguien" de la cadena de mando incumplió la orden expresa del delegado del Gobierno de actuar con "prudencia". Rubalcaba ha detallado que el delegado del Gobierno, Ramón Socías, "dio una instrucción que no se ha cumplido", y ésta era "justamente lo contrario", es decir, proceder "con mesura".

Pero el ministro ha continuado al ataque: "Se está intentado instalar la idea de que se persigue al PP y es falso", ha respondido Rubalcaba. "El Estado de Derecho no está investigando al PP; los jueces, los fiscales y los policías investigan a presuntos corruptos que también existen en el PP, como en otras formaciones políticas, porque ese es su trabajo", ha asegurado Rubalcaba.

www.elpais.es 11/08/2009

EL 'CASO GURTEL' SE EXTIENDE A LA ETAPA DE RITA BARBERÁ AL FRENTE DE LA FEMP

El juez reclama los contratos firmados con la trama bajo mandato del PP

Dos funcionarios de la Policía Judicial se presentaron ayer a las 11.30 en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en Madrid, con un papel que abre una nueva vía de investigación en el caso Gürtel. Los agentes entregaron un requerimiento del juez Antonio Pedreira, instructor de la parte madrileña del caso, en el que se reclama la relación de contratos firmados con 11 empresas de la trama de corrupción durante cuatro años (2000-2004) en los que la Federación estuvo presidida por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP. Esos contratos suman cerca de un millón de euros, según fuentes de la asociación que agrupa a los ayuntamientos.

El ex secretario de la federación de alcaldes figura en los papeles de Correa

El actual presidente de la FEMP, Pedro Castro (PSOE), aseguró que habrá una "colaboración total con la justicia" y que los expedientes serán entregados al Tribunal Superior Madrid en los próximos días. No llegó a haber registro policial, a pesar de que las primeras informaciones en ese sentido convocaron rápidamente a los medios de comunicación en la sede. Muebles agrupados en el patio del edificio alimentaron el rumor hasta que se supo que todo se debía a una mudanza.

Los contratos que busca el juez Pedreira fueron firmados por Álvaro de la Cruz, que era secretario general de la FEMP cuando Barberá la presidía; y a él lleva el caso Gürtel porque el nombre de De la Cruz aparece en la caja B -la contabilidad de pagos en dinero negro- donde la trama dirigida por el empresario Francisco Correa apuntaba los supuestos sobornos que pagaba a políticos del PP a cambio de favores.

Esa caja B recoge "un apunte el día 14 de marzo de 2004 por importe de 30.000 euros, en el que consta como concepto Pago Álvaro de la Cruz por P. Crespo y autorizado por P. Correa", según explicaba la Agencia Tributaria el pasado junio en un informe. El pago, por tanto, se habría realizado pocos meses después de que De la Cruz dejara el cargo de secretario general de la FEMP, porque el equipo de Barberá dio paso al del socialista Francisco Vázquez tras la asamblea general de noviembre de 2003.

La organización de esa asamblea fue adjudicada por la FEMP a Special Events, una de las empresas de Correa y epicentro de toda la trama empresarial que ahora investiga la justicia. La Federación pagó por el montaje del evento 570.000 euros, el doble de lo que había costado la asamblea de 1999 -también adjudicada a Special Events y que ya, a su vez, había duplicado el coste de la de 1995-. Los dos contratos, el de 1999 y el de 2003, fueron formalizados por De la Cruz y la adjudicación fue a dedo, sin concurso, según fuentes de la Federación. Algo supuestamente legal porque la FEMP es jurídicamente una asociación privada y no está obligada a sacar a concurso los contratos.

Además, durante el mandato de Barberá la FEMP contrató con otra de las empresas de la trama, Pasadena, decenas de viajes que suman casi 300.000 euros. Esas facturas, cuya existencia confirmó hace meses Pedro Castro, forman parte de los expedientes que serán entregados a Pedreira.

Pero el requerimiento judicial no se refiere sólo a Special Events y Pasadena Viajes; añade a la lista otras nueve empresas: Orange Market -dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, que hizo negocio principalmente en la Comunidad Valenciana-, Down Town Consulting, Easy Concept, Servimadrid, Diseño Asimétrico, Technology Consulting Management, Boomerang Drive, Rial Green y Good&Better. El magistrado solicita también la "certificación de toma de posesión y cese de Álvaro de la Cruz Gil como secretario general de la Federación" y una copia de los estatutos.

Barberá subrayó ayer que en el requerimiento judicial no se la menciona e insistió en que jamás ha tenido "la más mínima relación con ningún personaje de la trama Gürtel". También negó, por primera vez, que El Bigotes le regalara bolsos. En una conversación grabada por la policía el pasado 2 de enero al empresario, él cuenta que en ese momento está "en Louis Vuitton comprándole un bolso a la alcaldesa". "Como llevo haciendo desde hace cuatro años", dice Pérez. Y añade: "[Barberá] no nos da nada, pero tampoco nos hace nada".

"Dinero procedente de fondos de la 'caja B"

- El informe de la Agencia Tributaria.

A petición primero del juez Garzón y después del instructor Antonio Pedreira, la Agencia Tributaria realizó el pasado 4 de junio un informe que recoge algunas de las actividades de la presunta trama de corrupción ligada a gobiernos del PP y encabezada por el empresario Francisco Correa. En ese informe figura el nombre de Álvaro de la Cruz en relación con un supuesto soborno de 30.000 euros. El informe dice así:

- "En la contabilidad que recoge las entradas y salidas de fondos con origen o destino en la caja B del grupo, consta un apunte relativo a Álvaro de la Cruz, que recibe dinero procedente de fondos de la caja B de Serrano. Concretamente en la cuenta Caja Pagos B.xls consta un apunte el día 14 de marzo de 2004 por importe de 30.000 euros, en el que consta como concepto Pago Álvaro de la Cruz por P. Crespo y autorizado por P. Correa".

- "En las hojas de distribución de fondos encontradas en el domicilio de José Luis Izquierdo [el contable de la trama] consta la recepción en concepto de cobro sin referencias [es decir, de una persona no identificada] el día 14/03/2004 de un importe de 1.018.560 euros. De ese importe se distribuyen 30.000 euros a Álvaro de la Cruz, en concreto, se indica, P. CRESPO-ALVARO DE LA CRUZ. Esta cantidad podría ser la misma que se indica en el párrafo anterior".

www.elpais.es 11/08/2009

LA ALCALDESA: "EL GOBIERNO Y EL PSOE QUIEREN ENSUCIARME"

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se siente víctima de una conspiración del Gobierno y del PSOE que tendría como finalidad ensuciar su nombre porque los socialistas han sido incapaces de ganarle en las urnas en 18 años, aunque en realidad el PSOE lograra 40.000 votos más que ella en 1991. Barberá, con la contundencia que le caracteriza cuando se siente atacada, afirmó que "ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ni la Policía Judicial han pedido ningún documento de la FEMP" relacionado con ella y advirtió de que no tiene "el más mínimo inconveniente" en ampliar sus "querellas contra medios de comunicación y personas".

La alcaldesa de Valencia, que se sepa, no ha presentado ninguna querella contra Álvaro Pérez, El Bigotes, que fue quien dijo que le regalaba bolsos de la marca de lujo Louis Vuitton. "Jamás he recibido un euro de nadie, jamás he tenido la más mínima relación, ni he recibido ningún bolso de ningún personaje de la trama Gürtel". Barberá acusó a los socialistas de querer "ensuciar" su nombre porque son incapaces de ganarle en las urnas. "Les volveré a ganar y por más votos, porque los valencianos siguen confiando en mí y rechazan las malas artes de los socialistas", remachó.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, recordó que "todos los contratos, todos los que se hicieron durante aquella época, fueron tramitados, refrendados y aprobados por unanimidad en el seno del Comité Ejecutivo de la FEMP". Fuentes de la entidad supramunicipal dijeron ayer que "no consta" que la ejecutiva refrendara ninguno de esos contratos.

Petición de explicaciones

Por su parte, los portavoces socialistas en el Ayuntamiento de Valencia y en las Cortes Valencianas emplazaron a Barberá para que explicara porqué durante su presidencia en la FEMP se adjudicaron contratos a empresas vinculadas a la trama. Carmen Alborch, ex ministra de Cultura y portavoz de la oposición en el consistorio, preguntó a la alcaldesa porqué no impidió esas contrataciones, exigiéndole que dijera si aceptó regalos de personas o empresas de la red Gürtel. "Barberá no puede eludir por más tiempo responder a los interrogantes sobre su mandato al frente de la FEMP". Ángel Luna, portavoz del PSPV en la Cámara autonómica, subrayó que los contratos "tienen que ver con miembros de una trama corrupta que ha realizado regalos a la alcaldesa y al presidente de la Generalitat, entre otros, y que ha obtenido contratos de la Administración valenciana".

www.elpais.es 11/08/2009

El PP prende la mecha de la crispación

Las acusaciones sin pruebas de Cospedal contra el Gobierno por espionaje irritan a Zapatero, ponen en tensión al PSOE y amenazan con una quiebra institucional

Agosto ha dinamitado las relaciones institucionales entre las dos grandes formaciones políticas de España, PP y PSOE, envueltas en una guerra sorda a cuenta de las tramas de corrupción que salpican a los populares. Este partido ha desencadenado esta semana una virulenta e inaudita escalada verbal contra el Gobierno, que los socialistas interpretan como una reacción de defensa ante las investigaciones judiciales que ponen bajo sospecha a algunos dirigentes del partido de Mariano Rajoy.

Impulsado por la victoria electoral de las europeas, animado por los últimos datos de las encuestas y aliviado por el archivo de la causa abierta por cohecho contra Francisco Camps, uno de sus principales barones, a Rajoy se le presentaba un inmejorable arranque de sus vacaciones. Tanto que celebró eufórico ante los periodistas la exculpación provisional -el archivo está recurrido- de Camps, ironizó sobre el negocio que harían los vendedores de tila a cuenta de los que esperaban la condena del presidente valenciano y exigió cuentas a "la Inquisición" que denunció las andanzas de la trama corrupta en Valencia. Después habló de un agosto ideal para visitar "chiringuitos".

Pero el recurso de la Fiscalía ante el Supremo, que tendrá el efecto de mantener bajo sospecha al presidente valenciano durante al menos ocho meses con la amenaza de un traumático regreso al banquillo de los acusados, sumado a una inquietante redada judicial contra otra trama corrupta desarticulada en Baleares que afecta a ex altos cargos populares, ha devuelto a Rajoy y los suyos a los peores tiempos de la crispación.

Desde Marbella, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, se encargó de agitar la vida política con algunas de las acusaciones más graves hechas nunca en democracia contra un Gobierno. Cospedal aseguró el martes que la Fiscalía persigue a la oposición más que a ETA. Le debió de parecer poco y al día siguiente aseguró que los socialistas han ordenado escuchas ilegales a la oposición. Hasta los jueces, fiscales y policías conservadores se mostraron escandalizados por las asombrosas declaraciones. La cuestión de si esta es una estrategia meditada y razonada en el PP para el próximo curso político sigue aún en el aire. Ni siquiera el rango de quien lanzó esa acusación (nada menos que la número dos del partido) despeja esa duda.

A pesar de que las acusaciones cuestionan el sistema mismo, Rajoy calla. Nadie avaló a Cospedal el primer día. Incluso algún dirigente ha expresado en privado su estupor. El departamento de prensa del partido tardó varias horas en deslizar la idea de que estos hechos ya habían sido denunciados, aunque la denuncia del pasado día 24 que trata de hallar las fuentes periodísticas de EL PAÍS no decía nada parecido.

Después, todavía sin presentar pruebas, Cristóbal Montoro y José Luis Ayllón avalaron las acusaciones. El más explícito fue, ayer, Esteban González Pons. "Hay gente en la justicia y en la policía que está empezando a darnos muchas claves", dijo en la Cope. Se entiende que la afirmación deja fuera a la Asociación Profesional de la Magistratura, al miembro del Poder Judicial Fernando de Rosa, nada menos que ex consejero de Camps, y a la CEP, sindicato policial que suele sintonizar con el PP. Todos ellos salieron el jueves, junto a todos los profesionales de la justicia y las Fuerzas de Seguridad a los que indirectamente Cospedal acusó de corruptos, a defender la honorabilidad de las instituciones y a exigir una denuncia formal si el PP tiene constancia de tales hechos.

El Gobierno recibió indignado y desconcertado estas andanadas verbales. Hubo miembros del Ejecutivo que pensaron que lo mejor sería ningunear a Cospedal para rebajar la tensión: "Le ha dado demasiado el sol", ironizan. E incluso barajaron la idea de que, tras la tormenta desatada por esas palabras, el PP echaría el freno. Reflexionaron sobre la necesidad de establecer un contacto discreto con Federico Trillo, al que consideran "la mano que mece la cuna", en palabras de Elena Valenciano, pero lo descartaron. Al final, los socialistas concluyeron que había que ser contundente en la respuesta por una denuncia tan calumniosa. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero, de vacaciones en Lanzarote, consideraba muy grave que alguien pudiera acusar a su Gobierno de crear en España un estado policial; y, aunque optó por una reacción templada e institucional -pidió "responsabilidad" al partido de Rajoy-, dio vía libre a su partido para responder sin miramientos.

"El PP está corroído por la corrupción", declaró la diputada Elena Valenciano. "El PP teme que algunos casos de corrupción, y el último de Mallorca, tengan graves consecuencias penales. Están preparando el terreno para que, si les va mal en los tribunales, instalar la idea de que son víctimas de la persecución ordenada por el Gobierno", señalaron otros dirigentes socialistas a este periódico. "El PP reedita la crispación como forma de hacer política ante la evidente ausencia de alternativas", señaló José Blanco, el vicesecretario general del PSOE.

Pero el PP no se arredra y quiere que desfilen por el Congreso de los Diputados los supuestos culpables de tan graves delitos: el fiscal general del Estado -para que explique si hay un trato desigual a los imputados por corrupción del PSOE y del PP-, el Ministerio del Interior -para que aclare quién filtro el sumario sobre la corrupción del caso Gürtel y diga si ha pinchado los teléfonos de dirigentes populares- y la vicepresidenta primera del Gobierno -para que responda si ha presionado al fiscal contra el PP y si sus viajes por Latinoamérica son un despilfarro innecesario-.

Aún hay otro frente para alimentar la cizaña. Las Cortes valencianas, con mayoría absoluta del PP, boicotea desde mayo el nombramiento de la socialista Leire Pajín como senadora. Esta semana ha sugerido que obligará a Pajín a pasar un examen de valencianidad -nunca realizado a ningún candidato- antes de votarla. El PSOE ha perdido la paciencia. Por boca de su vicesecretario general, José Blanco, amenazó con tomar represalias haciendo algo también insólito: vetar al PP en la dirección de varios organismos públicos que deben designarse a partir de septiembre. La ruptura institucional, la reedición de la crispación, está servida.

 

Una semana de alta tensión

- Mariano Rajoy (lunes 3 de agosto). El presidente del PP se entera en medio de un mitin en Santiago de Compostela del sobreseimiento de la causa contra Francisco Camps: "Y ahora, ¿qué digo yo? En realidad quien debería hablar es la Inquisición que hemos vivido [...] Los otros, que dedican sus energías a perseguir a los demás en lugar de hablar de la crisis. No voy a decir quiénes son, lo sabe todo el mundo". Evita las preguntas y añade: "De cara al futuro, algo tendremos que hacer y algo plantearemos, porque fueron seis meses de juicios paralelos".

- María Dolores de Cospedal (martes 4 de agosto). Tras conocer que María Teresa Fernández de la Vega había anunciado que la Fiscalía recurriría el archivo del caso Camps, la número dos del PP declara: "Es una vergüenza que la vicepresidenta haya dado instrucciones al fiscal general para decirle que tiene que seguir con la persecución del presidente de la Generalitat valenciana. Es la primera vez en la historia que un Gobierno utiliza a la Fiscalía General, no para darle instrucciones para perseguir, como tendría que hacer e hizo en otras ocasiones, a ETA, sino para perseguir a la oposición, al PP. Es muy peligroso que el Gobierno de Zapatero utilice las instituciones del Estado para hacer política partidista, no para garantizar la seguridad y la libertad de los españoles. Con el Gobierno de Zapatero la democracia está en un serio peligro".

- José Blanco (miércoles 5 de agosto). El vicesecretario general del PSOE tacha de sonrojante la intención del PP valenciano de someter a un examen de valencianidad a la socialista Leire Pajín para darle un escaño de senadora. Blanco pide al PP que deje de "jugar con las instituciones". "Si el PP persiste en esta actitud, el PSOE bloqueará cualquier negociación en la participación del PP en los órganos que corresponde negociar en el próximo periodo de sesiones".

- María Dolores de Cospedal (jueves 6 de agosto). Al PP "le consta que desde las autoridades judiciales y policiales se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que no tienen nada que ver con los sumarios y a destacados dirigentes nacionales". España vive, según De Cospedal, "un Estado policial".

- José Blanco (jueves 6 de agosto). "El PSOE da a la señora Dolores de Cospedal 24 horas para que presente denuncia fundamentada o abandone la vida política. Una acusación de esta gravedad no la puede lanzar un dirigente político si no la sustenta en pruebas fehacientes".

- Elena Valenciano (viernes 7 de agosto). "El PP es un partido corroído por la corrupción y, para desviar la atención, la señora Cospedal ha llegado a un grado de infamia intolerable que sólo le debe conducir a probar las acusaciones o a abandonar la vida política", protesta la secretaria de Política Internacional del PSOE.

- María Teresa Fernández de la Vega (sábado 8 de agosto). La vicepresidenta tilda de "irresponsables e incluso jurídicamente punibles" las acusaciones de Cospedal. "La acusación de un falso delito es un delito", advirtió. "Puede constituir un delito de calumnias".

- Esteban González Pons (sábado 8 de agosto). "Mucha gente del Gobierno, de la Fiscalía, de la Policía,

está empezando a darnos muchas claves sobre cómo se han gestado algunas de las operaciones que se han llevado este año contra el PP".

www.elpais.es 09.08.09

Cospedal incendia la policía y la justicia

Jueces, fiscales, policías y guardias civiles exigen al PP que "pruebe o rectifique" sus acusaciones - Las tildan de "falsas" e impropias de un partido "de gobierno"

"Falsas", "torticeras", "impropias de un partido de gobierno", "que lanzan sospechas sobre uno de los poderes del Estado". Asociaciones de jueces, fiscales y guardias civiles y sindicatos policiales de distinta sensibilidad política salieron ayer en tromba contra las declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal -de profesión abogada del Estado-, que el jueves acusó al Gobierno y a esos colectivos de crear un "Estado policial" que organiza "escuchas telefónicas ilegales" a dirigentes de su partido. Esas asociaciones dejaron de lado sus diferencias y exigieron al unísono a la número dos del PP "que pruebe o rectifique" esas acusaciones que atribuyen "delitos graves" a esas instituciones.

La APM recuerda que denunciar un delito es "una obligación legal"

Una de las primeras manifestaciones de rechazo llegó del Consejo del Poder Judicial (CGPJ). Su vicepresidente, Fernando de Rosa, ex consejero valenciano de Justicia con Francisco Camps, uno de los cargos del PP investigados en los últimos meses por su relación con la trama Gürtel, tuvo que salir en defensa de los jueces. "Yo respondo por todos los jueces, que actúan de forma legal", afirmó. "Las escuchas que se puedan haber efectuado son bajo el control de los jueces y magistrados", añadió el vicepresidente del gobierno de los jueces, que animó al PP a "poner en manos de la justicia" el asunto.

En esa misma línea se pronunció la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), entre cuyos miembros suele pescar el PP para cubrir sus cargos judiciales. "Cospedal tiene la obligación legal de denunciar esos hechos no ante periodistas, sino ante el juez, fiscal o funcionario policial más próximo" porque sus manifestaciones "implican delitos de extraordinaria gravedad", afirmó Antonio García Martínez, el portavoz del colectivo. "Plantear que las garantías constitucionales no tienen ningún valor incita a la gente a pensar que el sistema está corrupto y degenerado", añadió.

Desde la moderada Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero tachó de "mendaces y torticeras" las acusaciones, y advirtió de que, si no se prueban las acusaciones, "se podría incurrir en calumnias". "Los jueces, por el hecho de ser jueces, no pueden ordenar escuchas ilegales", subrayó Sexmero, que instó al PP a "rectificar cuanto antes".

"Cospedal ha lanzado acusaciones gravísimas sin aportar ni un solo indicio", afirmó desde la progresista Jueces para la Democracia (JpD) Miguel Ángel Gimeno. Y añadió que esas declaraciones lanzadas desde "un partido de gobierno" ponen en duda "la independencia judicial e imputan la comisión de delitos a un poder del Estado".

Entre los fiscales, el portavoz de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales (AF), Guillermo García-Penasco, dijo: "Si el PP no lo ha denunciado, que lo haga. La acusación es muy grave y lo que tiene que hacer es demostrarla. Si no, estaría incurriendo en calumnias". Algo similar afirmó el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Emilio Sánchez Ulled: "Si Cospedal tiene pruebas, que denuncie", porque "lanzar acusaciones de este calibre pone en tela de juicio las investigaciones judiciales".

Los sindicatos policiales también cargaron contra Cospedal. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, señaló que ningún policía interviene teléfonos sin autorización judicial. "Esas gravísimas acusaciones sin respaldo probatorio y sin determinar cuáles de sus miembros [de la policía] habrían sido protagonistas de las mismas sólo contribuye a erosionar la imagen de 61.000 policías", afirmó en una nota la Confederación Española de Policía (CEP), que suele apoyar al PP. La Asociación Unificada de Guardias Civiles coincidió con ambas centrales sindicales en subrayar "los daños morales y de prestigio" que Cospedal ha causado al instituto armado. "Si ahora se desdice no basta; debería dimitir", afirmó su portavoz, Juan Antonio Delgado.

El PP cree que la 'número dos', Trillo y Camps tienen el teléfono pinchado

El PP cree que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, el responsable de justicia, Federico Trillo, y el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, pueden tener los teléfonos pinchados. Así lo manifestado a Efe fuentes del partido, que creen que las escuchas se han producido especialmente desde que se destapó el caso Gürtel.

El PP sigue sin aportar pruebas sobre tan graves acusaciones. Sin embargo, fuentes del partido aseguran que tienen "comprobado" que Cospedal ha sido objeto de escuchas ilegales y que Trillo tiene el teléfono pinchado. El partido justifica sus acusaciones en las informaciones publicadas por algunos medios el pasado fin de semana, en las que se acusaba al responsable de justicia del PP de haber presionado al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Juan Montero, para asegurarse de que se archivara la causa por cohecho contra Camps.

Las conversaciones que tuvo Trillo, según fuentes del PP, no fueron con el juez Montero sino con el abogado del mismo apellido que "lleva los pleitos" del partido en Madrid, por ejemplo, el caso Gürtel.

Respecto a Camps, fuentes del PP recalcan que el pasado 5 de marzo, el mismo día que el juez Garzón remitió la investigación del caso Gürtel a las instancias judiciales autonómicas, un miembro de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la policía telefoneó a Camps para informarle del propósito del magistrado. Trillo relató este episodio a los periodistas horas después de presentar en Madrid una denuncia para que se investigara el origen de filtraciones en el caso Gürtel.

Zapatero pide "responsabilidad" al partido de Rajoy

"El PP sabe muy bien que en España la justicia funciona conforme a Derecho; lo saben muy bien". Esta certeza expresada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en Lanzarote, donde se reunió con los socialistas canarios (en la foto, con Juan Fernando López Aguilar), fue el colofón de una petición "de responsabilidad" al PP, que acusa a policías, jueces y fiscales de espiar a sus dirigentes. "En España el funcionamiento de las instituciones es correcto; y me quiero quedar aquí", sentenció.

El PSOE acusa al PP de estar "corroído por la corrupción"

Zapatero deja que su partido replique a los populares

La contención del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la respuesta contundente del PSOE a las acusaciones del PP están en el mismo guión estratégico, a pesar de la posible apariencia de contradicción, según aseguran fuentes socialistas del entorno del presidente. Zapatero pidió "responsabilidad" al PP, porque ese partido "sabe" que en España no se espía ilegalmente desde las instituciones del Estado. "Y aquí me quiero quedar", dijo Zapatero tras pedir varias veces "responsabilidad" al primer partido de la oposición.

Ahora bien, desde el PSOE la respuesta fue contundente y Zapatero sabía que así iba a ser. Elena Valenciano, miembro de la comisión permanente del partido y responsable de Política Internacional, declaró: "El PP es un partido corroído por la corrupción y para desviar la atención, la señora Cospedal ha llegado a un grado de infamia intolerable que sólo la debe conducir a probar las acusaciones o a abandonar la vida política".

Esta invitación a la dimisión la formuló el día anterior el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, que tras las acusaciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de que el Gobierno espía a dirigentes nacionales de su partido, le dio 24 horas para que presentara demanda fundamentada en un Juzgado o abandonara la política.

"Pedimos al PP que abandone la barricada y pase a la cordura institucional", pidió Valenciano en declaraciones a la Cadena SER. En la dirección del PSOE, tras las palabras de Cospedal se dudó de si sus acusaciones habían sido fruto de una declaración apresurada. Ahora, ya no tienen duda de que fue premeditada, según señaló Valenciano a este periódico. El responsable de Economía del PP, Cristóbal Montoro, reiteró todo lo dicho por Cospedal e instó al Gobierno a que probara que las acusaciones "son falsas".

Aunque el presidente del PP, Mariano Rajoy, guarda silencio - "yo respeto sus días de descanso", ha dicho Zapatero- el PSOE no le considera ajeno a las acusaciones de Cospedal de que el presidente del Gobierno ha hecho de España "un Estado policial" que espía ilegalmente a dirigentes del PP ajenos a cualquier sumario y "corrompe las instituciones".

No obstante, Zapatero prefirió ayer no entrar al cuerpo a cuerpo en su brevísima comparecencia ante los medios de comunicación en Lanzarote. Sólo quiso dejar claro, por su gesto y por su tono, que considera de extraordinaria gravedad las acusaciones de Cospedal, explican fuentes gubernamentales. "En España hay un funcionamiento adecuado de todas las instituciones y gracias a eso funciona el Estado de derecho", señaló Zapatero.

El presidente tampoco quería tapar con este asunto el objetivo de su reunión en Lanzarote con la ejecutiva del PSOE de Canarias, encabezada por su secretario general, Juan Fernando López Aguilar. Zapatero anunció que en octubre celebrará una reunión del Consejo de Ministros en Canarias, gobernada por Coalición Canaria y el PP, para aprobar un plan integral de desarrollo para las islas.

Un examen "inasumible"

El presidente dedicó la mayor parte de su tiempo a hablar de Canarias y para los canarios y tan sólo hubo dos menciones a la política nacional: las acusaciones de Cospedal y de las trabas que el grupo popular en Valencia pone para que la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, pueda tomar posesión de su escaño de senadora por esa comunidad. Se preguntó a Zapatero qué le parecía que el PP quiera someter a Pajín a una examen de "valencianidad". "Es una actitud insólita, inasumible y espero que se corrija inmediatamente". Más contundente resultó Elena Valenciano a la misma pregunta: "¿La valencianidad para el PP es la de la trama Gürtell; la de Correa; la del Bigotes?".

www.elpais.es 08.08.09

Blanco exige a Cospedal que abandone la política si no prueba sus acusaciones

De la Vega: "No hay conspiración contra el PP, sino investigación por indicios de delito"

¿Hasta dónde quieren llegar? Ésa es la pregunta que ayer se hacían los dirigentes del PSOE y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ante la escalada de acusaciones del PP. La última ya ha superado "lo tolerable democráticamente", según proclama el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, que lanzó un ultimátum de gran envergadura. "El PSOE da a la señora Dolores de Cospedal 24 horas para que presente denuncia fundamentada o abandone la vida política; una acusación de esta gravedad no la puede lanzar un dirigente político si no la sustenta en pruebas fehacientes".

• Ofensiva total del PSOE por el boicoteo del PP al escaño de Leire Pajín

• La número dos del PP imputa delitos al Gobierno

• Cospedal asegura que el Gobierno ha ordenado espiar a dirigentes del PP

Cospedal denuncia que se están realizando escuchas telefónicas ilegales

AUDIO - Cadena Ser - 06-08-2009

La secretaria general del PP ha insistido, en una entrevista a la Agencia Efe, en que están produciendo escuchas ilegales que nada tienen que ver con el sumario - EFE

Ésta es la exigencia del número dos del PSOE y ministro de Fomento, en declaraciones a EL PAÍS, después de escuchar a la secretaria general del PP afirmar que dirigentes nacionales de su partido, ajenos a los sumarios en marcha, sufren escuchas telefónicas "de policías y jueces", incluidos dirigentes nacionales del partido de Mariano Rajoy. Cospedal opina, además, que España se ha convertido en un "Estado policial" desde que gobierna el PSOE.

La secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, se ha manifestado esta mañana en una entrevista en la Cadena Ser en la misma línea que Blanco. "Vamos a insistir en que Cospedal vaya a los tribunales o abandone la política", ha asegurado Valenciano, para quien el PP "se ha subido a la barricada para tapar la corrupción que les está llegando a las orejas". En su opinión, en la medida en que nadie en el PP se desmarca de las declaraciones de Cospedal se están haciendo correponsables de lo manifestado por su número dos. Para Valenciano, Cospedal se encuentra ahora en la disyuntiva de acudir a los tribunales o dejar su cargo, porque "una dirigente de un partido tan importante no puede hacer esas afirmaciones sin consecuencias".

Denunciar o retractarse

Denunciar o retractarse. Ésta es la petición enfática que también le hizo desde Asunción, la capital de Paraguay, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. "Si tiene conocimiento de algún delito la señora Cospedal debe denunciarlo inmediatamente y si no, debe retractarse de inmediato", dijo. Esa misma petición la realizó ayer el Sindicato Unificado de Policía (SUP). "No hay conspiración contra el PP, sino funcionamiento normal del Estado de derecho y cuando hay indicios de delito se persigue", señaló Fernández de la Vega.

Pero tanto la vicepresidenta como el vicesecretario general, José Blanco, y los dirigentes de la ejecutiva federal del PSOE, Antonio Hernando y Elena Valenciano, llaman la atención sobre la actuación del PP desde que el pasado lunes el Tribunal Superior de Justicia de Valencia archivara el caso Camps. "El PP debería serenarse y tomar conciencia de la gravedad de lo que dice al cuestionar el trabajo de policías, jueces y fiscales; el primer partido de la oposición no debe lanzar sombras sobre nuestro Estado de derecho", pidió De la Vega.

No obstante, José Blanco, sí aventura alguna explicación a la "deslealtad institucional", que es la misma que barajan internamente los socialistas. "El PP trata de reeditar la crispación en la vida política con el único objetivo de encubrir la corrupción que le acosa por todas partes", interpretó Blanco. Este dirigente mencionó expresamente la última operación en Mallorca que afecta personas de ese partido.

Es la misma línea que tomó Elena Valenciano: "El PP trata de desviar la atención sobre la multitud de casos de corrupción que se ha instalado en el PP y dificultar e incluso impedir la investigación de la trama". Después ironizó: "De tanto espiarse entre ellos empieza a afectarles el síndrome". El caso Gürtel está en el centro de la decisión del PP de revolverse contra el PSOE de todas las formas posibles, según creen los socialistas.

Por eso, Cospedal acusó al Gobierno de perseguir al PP más que a ETA. "Pedimos al PP que vuelva a la cordura institucional", dijo Valenciano. Blanco se dirige a Mariano Rajoy para que abandone "su sorprendente silencio y dé la cara".

www.elpais.es 07.08.09

Cospedal asegura que el Gobierno ha ordenado espiar a dirigentes del PP

La 'número dos' de Rajoy acusa sin pruebas al Ejecutivo de realizar escuchas ilegales y de "intentar corromper las instituciones de la democracia"

La secretaria general del primer partido de la oposición acusó ayer sin pruebas al Gobierno de espiar a dirigentes del PP utilizando a la Fiscalía General del Estado y a la policía. La senadora María Dolores de Cospedal aseguró, en una entrevista con la agencia Efe desde su lugar de vacaciones en Marbella, que a su partido "le consta que desde las autoridades judiciales y policiales se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que no tienen nada que ver con los sumarios [de la trama de corrupción que afecta al PP] y a destacados dirigentes nacionales", según el teletipo de la agencia. Cospedal se reafirmaba en sus palabras del miércoles, en las que acusó al Gobierno de usar los medios del Estado para perseguir a la oposición, en vez de a ETA. Semejante acusación la hizo en un comunicado grabado en vídeo y nadie pudo preguntarle a qué se refería. Ayer se explayó.

• Blanco exige a Cospedal que abandone la política si no prueba sus acusaciones

Cospedal denuncia que se están realizando escuchas telefónicas ilegales

La secretaria general del PP insiste en que están produciendo escuchas ilegales que nada tienen que ver con el sumario

El PP insiste en que los hechos ya están denunciados en el juzgado

Según la número dos del PP, que en la entrevista habla de forma genérica y sin poner ejemplos, se están interviniendo teléfonos "de manera ilegal, nos consta". Precisó que "altos dirigentes nacionales" del PP tienen el teléfono "pinchado". No dijo quiénes.

Senadora por Castilla-La Mancha, número dos del PP y ex alto cargo del Ministerio del Interior, María Dolores de Cospedal considera que España vive en "un Estado policial", que comparó con el franquismo, en el que el Gobierno "utiliza a las instituciones, a la Fiscalía General, a la policía judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al CNI". Ni durante la entrevista, ni después, a lo largo del día, Cospedal explicó a qué se refería por lo que varios dirigentes socialistas exigieron que presente una denuncia por estos hechos o se retracte.

El departamento de prensa del PP explicó que esa denuncia ya existe y es la que el 24 de julio presentó el coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo, a fin de encontrar a las fuentes de EL PAÍS en el caso Gürtel. La denuncia era, entre otras cosas, por interceptación ilegal de las comunicaciones, y apuntaba a la Policía Judicial como responsable.

La denuncia, que ayer el PP volvió a distribuir a los medios de comunicación, pone en duda que algunas de las conversaciones grabadas relacionadas con el caso Gürtel que han sido reproducidas en los medios fueran interceptadas con todas las garantías legales. Concretamente, se refiere a varias conversaciones que tienen como elemento común al empresario imputado Álvaro Pérez, El Bigotes, quien, obviamente, está en el centro de la investigación, independientemente de quiénes fueran sus interlocutores. Las posibles irregularidades que ve Trillo en esas grabaciones le sirvieron para acusar a la policía de estar suministrando información a la prensa. Fuentes del PP citaron, como una evidencia más, una información de la Cadena SER del 31 de julio en la que, basándose en fuentes judiciales, se hablaba de conversaciones privadas de Trillo supuestamente con uno de los magistrados del Tribunal Superior valenciano que archivó el caso de cohecho contra Camps. Al dejar caer esta idea, se insinúa que el PP cree que es Trillo quien tiene el teléfono pinchado, pero nadie quiso ayer decirlo así.

En la comparecencia de prensa en la que anunció la presentación de esta denuncia, Trillo tuvo cuidado de descartar expresamente la implicación del ministro del Interior en lo que él consideraba una utilización política de la Policía Judicial, responsable de la investigación, por parte de las fuentes de EL PAÍS y de la SER. Ayer, Cospedal fue mucho más lejos y amplió considerablemente esas acusaciones.

Las denuncias de Cospedal son el último derrape en la estrategia del PP, liderada por Trillo, de poner todo el acento en las informaciones periodísticas sobre la corrupción en su partido para eludir el fondo del asunto. Llegan, además, en un momento de supuesto relajo de la tensión en torno a la corrupción, tras el archivo de la causa contra Camps, el lunes. La interpretación sui géneris del delito de cohecho que hizo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana será recurrida por la Fiscalía Anticorrupción y por el PSOE valenciano al Tribunal Supremo, que puede reabrir la causa en unos meses si no está de acuerdo con la decisión.

Ese recurso, anunciado por la vicepresidenta del Gobierno desde Costa Rica sin esperar a que lo hiciera la Fiscalía, es lo que dio pie a una catarata de declaraciones de líderes del PP acusando al Gobierno de haber dado orden al fiscal de perseguir judicialmente a su partido. Entre ellas, la frase de Cospedal sobre ETA, en la que se reafirmó plenamente ayer, y que lleva la tensión política al borde de la ruptura institucional.

El Estado según Cospedal

María Dolores de Cospedal es la secretaria general del PP, senadora y ex alto cargo del Ministerio del Interior. Ayer, en una entrevista acusó al Gobierno de espiar a la oposición. Además, dijo esto:

- "Vamos a seguir denunciando la utilización de la Fiscalía General del Estado para perseguir a la oposición".

- "Vamos a seguir denunciando las filtraciones que se están produciendo de actuaciones realizadas por la Policía Judicial, bien por los mandos políticos del Ministerio del Interior bien por la Fiscalía".

- "Se están produciendo, a veces de manera ilegal, escuchas telefónicas de personas que nada tienen que ver en ningún sumario y que nos consta que se están produciendo de manera ilegal".

- "El partido socialista está intentando corromper a las instituciones de la democracia".

- España es un "Estado policial" en el que el Gobierno "utiliza a las instituciones, a la Fiscalía, a la Policía Judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Inteligencia".

- El Gobierno "persigue a la oposición", como en "un sistema antidemocrático".

- "Esto es lo que practica el Gobierno aunque al PSOE no le guste oírlo; pero es así y así está poniendo en grave riesgo

a la democracia, en grave riesgo a las instituciones de la democracia".

- El PSOE y el Gobierno "intentan corromper las instituciones".

www.elpais.es 07.08.09

EL PP DENUNCIA ESCUCHAS ILEGALES A DIRIGENTES QUE NO ESTÁN EN LOS SUMARIOS

Cospedal asegura que el comportamiento del Gobierno es "propio de un sistema antidemocrático"

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores De Cospedal, ha afirmado hoy que a su partido le consta que desde las autoridades judiciales y policiales se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que "no tienen nada que ver con los sumarios" y a destacados dirigentes nacionales de su formación. "En España se vive un Estado policial como hace muchos años, desde antes de la Constitución, no se vivía", se ha lamentado Cospedal, que ha criticado al Gobierno por "utilizar a las instituciones, a la Fiscalía General, a la policía judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Inteligencia".

"Perseguir a la oposición", como el PP cree que hace el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, resulta "propio de un sistema antidemocrático", ha recalcado. "Esto es lo que practica el Gobierno, aunque al PSOE no le guste oírlo; pero es así y así está poniendo en grave riesgo a la democracia, en grave riesgo a las instituciones de la democracia", ha asegurado acto seguido. Cospedal ha advertido de que tanto el Partido Socialista como el Gobierno "intentan corromper a las instituciones de la democracia", incurriendo así en un caso de "corrupción política".

Asimismo, ha asegurado que "los fiscales están muy molestos con la actuación del Gobierno" en la instrucción del caso Gürtel, ya que pertenecen a una institución que, tal y como estipula la Carta Magna, ha de ser "garante de la ley y del Derecho para todos los ciudadanos". Ese malestar, ha dicho, se ha acrecentado después de que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, anunciase desde Costa Rica que el ministerio público recurriría el auto que archiva la causa contra Francisco Camps.

Lejos de retractarse, Cospedal se ha reafirmado en las declaraciones que hizo hace dos días en un vídeo de su propio partido, cuando pidió al Gobierno que persiguiera a ETA antes que al PP. "La Fiscalía está para perseguir a los delincuentes, los delitos y a los etarras, y no para perseguir o aniquilar a la oposición como pretende el PSOE", ha apostillado Cospedal, quien ha asegurado que a los ciudadanos les gustaría ver a la Fiscalía "persiguiendo a ETA en muchas ocasiones", y sin embargo han visto hace poco a De la Vega dando instrucciones al ministerio fiscal para perseguir al presidente valenciano.

El PP, en esta tesitura, seguirá denunciando "la utilización del Gobierno de Zapatero de todas las instituciones" y las filtraciones de las actuaciones policiales por parte de los mandos políticos del Ministerio de Interior o de la Fiscalía, ha aseverado Cospedal.

El primero en reaccionar a las declaraciones de Cospedal ha sido el responsable de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, que ha asegurado hoy que la Fiscalía "persigue todos los tipos de delitos: los de terrorismo, de corrupción o de guante blanco". En un comunicado, Hernando ha dicho que cuando la Fiscalía "persigue y detiene a presuntos delincuentes lo hace sin tener en cuenta si son militantes de un partido o si tienen cargos públicos o no".

www.elpais.es 06.08.09

EL PSOE EXIGE A RAJOY QUE SE RETRACTE DE QUE EL GOBIERNO NO PERSIGUE A ETA

De la Vega reconoce que quiso saber si el fiscal recurriría en el 'caso Camps'

Los socialistas buscaron ayer la revancha de los ataques del PP a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Se la brindó la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, al acusar al Gobierno de perseguir con ahínco a su partido y al presidente la Generalitat, Francisco Camps, a través de la Fiscalía General del Estado, en lugar de a ETA. La dirección del PSOE exigió al líder del PP, Mariano Rajoy que "desautorice inmediatamente" a Cospedal por la "indignidad" de recurrir a la "enloquecida estrategia de mezclar la política antiterrorista, con la lucha política", según un comunicado del partido.

La secretaria general del PP reaccionó el martes de esta manera ante el anuncio desde Costa Rica de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de que la fiscalía iba a recurrir el auto por el que se archiva la causa por presunto cohecho contra Francisco Camps. Lo anunció ella antes que la fiscalía.

Esa información sirvió al PP para proclamar que con esa declaración quedaba probado que el Gobierno había ordenado al fiscal que recurriera. De la catarata de descalificaciones posterior, que continuó ayer, la invectiva de María Dolores de Cospedal sobrecogió a los socialistas. "Sólo tres días antes Mariano Rajoy había ido con el presidente del Gobierno en el mismo avión a la capilla ardiente de los dos guardias civiles asesinados por ETA; creíamos que la utilización del terrorismo ya estaba descartada para el PP", señalaron fuentes de la dirección socialista. "Con la lucha de los demócratas unidos frente al terrorismo ni se juega ni se frivoliza".

Lo cierto es que las acusaciones de Cospedal han contribuido decisivamente a que los socialistas olviden la contrariedad que sintieron al escuchar a la vicepresidenta. No porque pensaran que había dado instrucciones al fiscal, sino por la interpretación que supieron que el PP iba a hacer.

Desde Brasil, segunda etapa de su gira por América Latina, la vicepresidenta, tras reunirse con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, trató ayer de aclarar las circunstancias de su declaración, con la máxima naturalidad posible. Primero, ella no llamó a la fiscalía sino su equipo, informa Rosario G. Gómez "Lógicamente nos interesamos por lo que iba a hacer la fiscalía; después me preguntaron en conferencia de prensa y yo respondí", relató. "Ni conspiración, ni persecución. Actuación judicial y Estado de derecho". De la Vega estima que el PP "tiene un problema con la Justicia". De la Vega se prepara para que el asunto siga en otoño en el Parlamento. "Yo voy al Parlamento siempre que me pidan, otra cosa es que me parezca más o menos eficaz". El PSOE también prepara su estrategia, con incursiones al fondo del asunto: "Camps mintió y recibió regalos de manera continuada de una trama corrupta", subraya el PSOE.

www.elpais.es 06.08.09

"CRESPO ME DIO UN SOBRE CON 120.000 EUROS PARA ENTREGAR AL (DIPUTADO) BOSCH"

"Vi en las listas de regalos de Navidad el nombre de Luis Bárcenas".- "A.L.V. es Alberto López Viejo; se le dieron 286.000 euros".- "Galeote tiene efectivo y viajes"

Cuando el juez Baltasar Garzón ordenó la detención de los principales integrantes de la trama corrupta vinculada a gobiernos del PP que dirigía Francisco Correa y también un registro en la sede principal de la red empresarial, la policía encontró en poder del contable de la misma, José Luis Izquierdo, un pen drive (una memoria donde almacenaba datos reservados, que ocultaba en su mano, cerrada) y numerosa documentación donde se reflejaban los ingresos y los pagos.

• Izquierdo apuntaba todas las entradas y salidas de fondos de la 'caja B'
• Por indicación de los jefes de la trama abrió cuentas a nombre de políticos

Analizado el material, la policía halló decenas de apuntes contables referidos al supuesto pago de sobornos, en especie y en metálico, a 17 dirigentes del PP, que gobernaban en ayuntamientos y dos comunidades, por parte de la trama corrupta. El contable había apuntado durante cuatro años hasta seis millones de euros en pagos a diferentes políticos.

Cuando declaró ante Garzón, José Luis Izquierdo, a diferencia del resto de integrantes de la trama que han negado los hechos, explicó con cierto detalle todo lo que recordaba sobre esos pagos irregulares y confirmó los supuestos sobornos. En un principio trató de ocultar todo, pero cuando los agentes le sorprendieron con el pen drive escondido en su mano, optó por contar lo que sabía. Lo que sigue es un resumen de su declaración ante el juez Garzón, que se incluye entre las diligencias del caso Gürtel. Izquierdo, según su propio relato, estaba encargado de los apuntes en la caja B de la red empresarial, domiciliada en la calle de Serrano, 40 (Madrid).

Esa caja B se nutría con aportaciones de dinero que traía Pablo Crespo (número dos de la trama) procedente de otras cajas de seguridad de la organización con aportaciones de las distintas empresas adjudicatarias de obras de administraciones gobernadas por el PP o del dinero conseguido de contratos públicos. Izquierdo apuntaba todas las operaciones de entrada y salida de fondos de dicha caja. Para llevar el control de esas operaciones, había confeccionado un sistema de cuentas gestionado mediante archivos de Excel. Pablo Crespo, según Izquierdo, le indicó que abriera cuentas a nombre de determinadas personas o empresas donde se registraban automáticamente los apuntes que se realizaban. "Las indicaciones me las daba Pablo [Crespo] verbalmente, por teléfono o en el despacho". Baltasar Garzón, tras requisar la documentación que detallaba los sobornos millonarios a políticos del PP, preguntó a Izquierdo sobre cada uno de esos apuntes contables.

- Luis Bárcenas. El tesorero del Partido Popular, imputado por supuesto cohecho y delito fiscal, ha negado ante la Sala Penal del Tribunal Supremo que correspondan a él las siglas L. B., con múltiples apuntes en la caja B con entrega de diversas cantidades que suman 1,3 millones de euros. "El archivo con el nombre "cuentas L. B." puede referirse a Luis Bárcenas, pero no lo puedo asegurar con total certeza porque ha pasado mucho tiempo. En la época en la que Correa iba con asiduidad a la calle de Génova [sede del PP], vi en las listas de regalos de Navidad, en Serrano, 40, el nombre de Luis Bárcenas".

- Gerardo Galeote. El ex eurodiputado del PP perdió su plaza en las últimas europeas como consecuencia de su supuesta implicación en el caso de corrupción masiva. La contabilidad de la trama adjudica unos pagos de 245.000 euros en efectivo. Izquierdo señala: "El archivo de Galeote tiene una mezcla de unas entregas hechas en efectivo, según datos que me daban, y servicios de viajes, bien para él o bien para su familia".

- Alberto López Viejo. El ex consejero madrileño de Deportes y uno de los hombres de confianza de Esperanza Aguirre adjudicó a dedo dos centenares de contratos a la trama corrupta para organizar actos de todas las consejerías de la Comunidad de Madrid en los que intervenía la presidenta autonómica. A cambio, según la caja B de Correa, cobró al menos 286.000 euros en efectivo. "ALV", declara al juez Izquierdo para explicar sus propios apuntes, "es Alberto López Viejo. Esta persona era acreedora en 240.000 euros y al final se le dieron 286.000 euros. Las fechas son clavadas". López Viejo sigue siendo diputado autonómico y, aunque está suspendido de militancia a petición propia, el PP no le ha solicitado que entregue el acta.

- Benjamín Martín Vasco. Ex concejal de Arganda del Rey (Madrid), sigue siendo diputado autonómico pese a que la investigación judicial ha detectado que la trama le pagó más de 345.000 euros en comisiones ilegales a cambio, supuestamente, de sus gestiones para concursos de suelo que beneficiaron a Martinsa, una empresa para la que trabajaba supuestamente Francisco Correa como intermediario. Izquierdo declara sobre los apuntes referidos a Martín Vasco: "Hay viajes donde figuran estancias en hoteles, billetes de avión, gastos en joyería Suárez y dinero en efectivo. El dinero entregado en efectivo y los gastos de la joyería Suárez salen de la caja B. Si ha devuelto el dinero que se le dio, no ha pasado por mí. En cuanto a los viajes, hasta la fecha que pone el archivo, no se hicieron efectivos".

- Alfonso Bosch. Diputado autonómico al que el PP no ha solicitado que entregue el acta, aparece en la caja B con pagos de al menos 250.612 euros. El contable declara: "Conozco a Alfonso Bosch, me suena que es un amigo de Pablo. Lo he visto un par de veces por la oficina. Crespo me dio un sobre con 120.000 euros para que se le entregara a este señor".

- Arturo González Panero (ex alcalde de Boadilla). Los apuntes de pagos al ex alcalde suman 642.942 euros. De algunos de esos apuntes, Izquierdo habló así al juez: "La cuenta en la que figuran 48.900 euros a nombre de Arturo González Panero son movimientos en efectivo que se le han dado a este señor, si no recuerdo mal". A González Panero le echó el PP de la alcaldía, pero sigue de concejal.

- Ginés López, alcalde de Arganda. "Es del alcalde de Arganda, en el archivo figuran viajes y alguna entrega en efectivo. Hay un sobre de 30.000 euros que me dijeron que preparara, que lo recogería Andrés (el conductor de Correa) que supuestamente hacía las entregas".

- Jesús Sepúlveda (ex alcalde de Pozuelo). En la caja B figuran pagos que suman 542.992 euros a favor del ex alcalde de Pozuelo, al que también se investiga por el supuesto cobro de regalos en especie (coches). Izquierdo habló de uno de esos apuntes preguntado por el juez: "Hay un asiento de cancelación facturas Pasadena Viajes. Es el mismo sistema, pagado por caja B". Sepúlveda dimitió de su cargo y sigue de concejal.

- Guillermo Ortega (ex alcalde de Majadahonda). "Hay un apunte de Pasadena Viajes 19.850 euros es la cancelación del expediente de un servicio que se pagó con la caja B. Pablo Crespo me pidió también que preparara un sobre con 50.000 euros y que lo pusiera a nombre de Guillermo Ortega", señala Izquierdo. A Ortega le quitó Esperanza Aguirre de alcalde pero le dio un cargo en la Comunidad, del que salió tras estallar el escándalo Gürtel, al comenzar las detenciones de implicados.

EL TESTIMONIO DE JOSÉ LUIS IZQUIERDO SOBRE PAGOS A CARGOS POPULARES

Luis Bárcenas, tesorero

- "El archivo L. B. puede referirse a él". "El archivo con el nombre 'cuentas L. B'. puede referirse a Luis Bárcenas, pero no lo puedo asegurar con total certeza porque ha pasado mucho tiempo".

Alberto López Viejo, diputado

- "Se le dieron 286.000 euros". Izquierdo asegura: "A. L. V. es Alberto López Viejo. Esta persona era acreedor en 240.000 euros y al final se le dieron 286.000. Las fechas están clavadas".

G. Galeote, ex eurodiputado

- Mezcla de cosas. "El archivo de Galeote tiene una mezcla de unas entregas hechas en efectivo, según datos que me daban, y servicios de viajes, bien para él o bien para su familia".

B. Martín Vasco, diputado

- "Si ha devuelto el dinero, no ha pasado por mí". "El dinero entregado en efectivo y los gastos de la joyería Suárez salen de la caja B. Si ha devuelto el dinero, no ha pasado por mí".

Arturo G. Panero, ex alcalde

- "Movimientos en efectivo que se le han dado". "La cuenta en la que figuran 48.900 euros son movimientos de efectivo que se le han dado a este señor, si no recuerdo mal".

Alfonso Bosch, diputado

- "Lo he visto por la oficina". "Me suena que es un amigo de Pablo. Lo he visto un par de veces por la oficina. Crespo me dio un sobre con 120.000 euros para entregar a este señor".

www.elpais.es 06.08.09

El SUP recomienda al PP que "investigue en sus propias filas"

El PP pidió que se investigue a varios mandos del Cuerpo Nacional de Policía en relación con el origen de las filtraciones

Al Sindicato Unificado de Policía (SUP) le parece bien que el PP se defienda de las filtraciones del caso Gürtel, pero no atacando a los suyos.

La Comisión Ejecutiva Nacional del sindicato ha lanzado un comunicado en el que destaca que “quienes exigen presunción de inocencia ante personas sobre las que hay sólidos indicios de implicación” deben “predicar con el ejemplo antes de poner en la picota a un Cuerpo de Seguridad del Estado”.

Por eso aconseja al PP “realizar una investigación previa”, que no afecte sólo a policías, jueces o fiscales, sino que incluya también a “sus propias filas”. El SUP cree que esa investigación es lo procedente antes de “disparar a ciegas” y exclusivamente contra los policías. Además, por los datos de los que dispone, el sindicato afirma que las filtraciones en el caso Gürtel “no proceden de ningún policía”.

Esta ha sido la reacción a la denuncia que interpuso el pasado viernes el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, ante el juzgado 43 de Plaza de Castilla en Madrid.

El sindicato lamenta que los conservadores "pongan en la picota" a la Policía

En ella se pide que se tome declaración al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho; al comisario de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, José Luis Olivera, y al comisario jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González, además de a varios funcionarios policiales, por “revelación y violación de secretos” e “interceptación ilegal de las comunicaciones”.

Después de que el PP se quedara sin argumentos para seguir cargando contra el juez Baltasar Garzón, buscó nuevo objetivo. Trillo puso en el punto de mira a González porque, tal y como recordó, fue una de las personas que participaron en la “escándalosa” cacería a la que acudieron el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el juez Garzón. A juicio de Trillo, ambos habían terminado por pagarlo caro, pero no así el jefe de la Policía Judicial, quien no había respondido “a nada y pervive al frente de su cargo como perviven las filtraciones”.

“Incoherentes”

En la nota de prensa del SUP se señala que la denuncia “es una acusación directa que no es coherente” con lo que les manifestó la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en una reunión que mantuvieron pocos días antes. Además, el sindicato recuerda que hay una trama corrupta en la que están implicados dirigentes del PP y que echarle la culpa a los demás no les “exime de su responsabilidad ante los ciudadanos”.

El SUP deja claro que las filtaciones son “delito y deben ser perseguidas” pero creen que los conservadores “se equivocan” de estrategia. Y recuerdan que, si intervenir contra grupos terroristas era sinónimo de “asumir denuncias de torturas o malos tratos”, a partir de ahora saben que cada vez que investiguen delitos de corrupción con políticos, también serán “objeto de otras” denuncias.

www.publico.es 26.07.09

Trillo exige una 'caza de brujas' contra los policías que han investigado al PP

Presenta una denuncia para descubrir a las fuentes de EL PAÍS sobre Gürtel

El portavoz del PP en materia de Justicia, Federico Trillo, presentó ayer en los juzgados de Madrid una denuncia por varios delitos relacionados con la revelación de información supuestamente contenida en los sumarios secretos del caso Gürtel, que ya se reparte por tres tribunales (superiores de Madrid y Valencia y Tribunal Supremo). En su denuncia, el PP cita cinco informaciones del diario EL PAÍS y una de la Cadena SER, que reproducen el contenido de documentación que supuestamente obra en los sumarios.

El Superior de Madrid rechaza que el PP sea parte perjudicada del caso

Para aclarar el presunto delito de revelación de secretos, el PP quiere que desfilen ante un juez todos los policías que hayan participado en la investigación del caso Gürtel. Pide también que declaren el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, el comisario de Policía Judicial y el comisario de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales.

El PP no ha presentado ninguna denuncia contra quienes se aprovecharon supuestamente de instituciones gobernadas por ese partido o de la propia formación. "Lo que realmente interesa a este partido es localizar a los responsables de la filtración", dijo Trillo rodeado de una veintena de periodistas en la sede central del PP. La denuncia no considera sospechosos a jueces ni a fiscales.

Mientras denunciaba las filtraciones, Trillo reveló, sin ningún género de dudas, que una conversación en la que El Bigotes asegura que hacía regalos a la alcaldesa Rita Barberá no figura en el sumario de Valencia.

Trillo llegó a afirmar ayer que "todas las filtraciones han sido al Grupo PRISA". A pesar de que varios medios escritos han reproducido con todo detalle actuaciones secretas del caso Gürtel, sólo se cita a EL PAÍS, dijo Trillo, porque este diario "es el que ha tenido mayor protagonismo". Trillo se esforzó por aclarar que considera al periódico un "instrumento" que utiliza el delincuente, pero no quien comete el delito. En la denuncia cita por su nombre a los periodistas que firmaban las informaciones. "Aquí no se acusa a la libertad de expresión, a periodistas o a medio alguno", añadió en otro momento.

En la parte madrileña del caso Gürtel, el PP no podrá presentarse ya como acusación particular en la causa que instruye el Tribunal Superior de Madrid. El pasado 23 de mayo, el magistrado instructor aceptó esta personación del PP, que ayer rechazó la Sala Civil y Penal. La sala considera, que el PP no es parte perjudicada por la trama Gürtel, "por no ser titular de los bienes jurídicos afectados". El tribunal, además, no ve "admisible" como perjuicio al PP las noticias sobre el caso en los medios de comunicación.

www.elpais.es 25.07.09

EL TSJ DE MADRID INVESTIGA SI CORREA PAGÓ 420.000 EUROS AL PP VALENCIANO 

¿Dónde estaban los 420.000 euros del PP VLC que habían salido de la Caja B de Correa, según el juez Garzón? Ésta era la pregunta que subyacía en el ambiente desde que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) asumió la competencia de la investigación de la Audiencia Nacional respecto a Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret por un delito de cohecho. Hay que recordar que el auto de 5 de marzo del juez Baltasar Garzón aludía a importantes cantidades de dinero que relacionaban a la trama del caso Gürtel con el PP valenciano.  

El TSJ valenciano excluyó de su investigación expresamente "los hechos referidos a apuntes sobre, aparentemente, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana", explica el tribunal en una respuesta a la Fiscalía denegándole varias pruebas relacionadas con el Grupo Correa. 

En otra respuesta, en esta ocasión a la acusación popular, también el TSJ de Valencia deja claro que se le deniega la prueba porque es "objeto de la causa principal que se sigue ante otro órgano jurisdiccional", la que investiga el TSJ de Madrid, y que "estaban pendientes de investigación" por el Juzgado Central de Instrucción número 5. 

Lo que estaba "pendiente de investigación", como refiere el TSJ de Valencia y como figura en el auto del juez Baltasar Garzón, del pasado 5 e marzo, era una salida de 420.000 euros, de la "contabilidad B de Serrano", es decir de la caja B del despacho de Francisco Correa en la calle Serrano. en un apunte contable del 18 de diciembre de 2002, "figura una cantidad de 1.000.000 de euros sin constar la procedencia" y, dentro de la "distribución de esa cantidad" aparece "PP VLC", con una cantidad asociada de 420.000 euros". Y añadía que "el dinero recibido, 420.700 euros, se distribuyó para algo relacionado con el Partido Popular de Valencia".

A continuación, el juez Garzón afirmaba que "consta una entrada de procedencia desconocida y en el reparto de la misma corresponden 420.700 euros hacia el Partido Popular de Valencia". Continúa diciendo que "no existe lógica en dicho traspaso, ya que un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas por Francisco Correa se deriva a una formación política , que no tendría que participar en este tipo de operaciones". Y, por último, señalaba Garzón "esta entrega podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Francisco Correa. Este extremo está pendiente de investigación". Con ello, Garzón estaba poniendo en conexión el cobro de comisiones del PP valenciano con la adjudicación de contratos. 

No obstante, de esta investigación poco se puede conocer porque el TSJ de Madrid aún no ha levantado el secreto de las actuaciones. Y ante el temor de la acusación a que "se quede sin investigar algún hecho" de las diligencias del juez Garzón, el TSJ de Valencia responde que el TSJ de Madrid tiene "perfecto conocimiento de lo que fue asumido por esta Sala y de lo que no fue asumido". De ello se deriva, que Madrid está investigando todo lo que no tiene que ver con los trajes.  

Dentro de la maraña de recursos presentados por las acusaciones y las defensas ante el instructor y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), queda pendiente por resolver el definitivo, el que plantea ante la Sala bien el archivo o bien la ampliación de diligencias fuera del procedimiento del jurado, respecto al auto de 6 de julio. En su recurso, la acusación popular ejercida por los socialistas, plantean ante el TSJCV la necesidad de investigar la conexión entre los regalos y las adjudicaciones de contratos a Orange Market.  

En este sentido, insisten en pedir los expedientes de contratación de esta empresa respecto a las adjudicaciones de la Generalitat, al estimar que hubo irregularidades. Para ello se basan en un informe que consta en la actuaciones y que "informa sobre la concurrencia de irregularidades en los procesos de contratación efectuados por la Agencia Valenciana de Turismo, entre los que se encuentran los contratos de Fitur". Se trata del informe de la Sindicatura de Cuentas, que cita once irregularidades.  

Entre ellas, se habla de que "se realizan cuatro contratos con el mismo objeto", y "se omiten los dos trámites preceptivos de iniciación y aprobación del expediente". No "se justifica la necesidad" ni se aprueba "el pliego de prescripciones técnicas". Tampoco "se aprueba el cuadro de características básicas". Además, "el pliego de prescripciones técnicas incluye materias que deberían figurar en el pliego de cláusulas administrativas particulares". Tampoco consta el "requisito de justificación" y "se contrata conjuntamente proyecto y ejecución". Señala que "se efectúan contratos por el procedimiento negociado" y no se publica la adjudicación". Y, a veces, la empresa adjudicada no ha sido invitada. 

(www.elperiodico.com, 24/07/09)  

EL PP PRESENTA LA DEMANDA POR LAS ÚLTIMAS FILTRACIONES 

El Partido Popular ha presentado hoy a primera hora de la mañana en un juzgado de instrucción de Plaza Castilla de Madrid una demanda por las filtraciones del caso Gürtel publicadas en las últimas semanas, informaron en fuentes populares.  

Según las mismas fuentes, la denuncia pide entre otras diligencias que se tome declaración al comisario jefe de la Policía Judicial, José Antonio González.
La denuncia en sus aspectos fundamentales pide que se investiguen tanto las intervenciones telefónicas como las violaciones del secreto sumarial en el caso Gürtel. Hace especial hincapié en distintos episodios como la reciente difusión de las conversaciones de un miembro de la trama, en la cual decía que iba a comprar un bolso para la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. 

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ya avanzó el pasado lunes que el PP presentaría una denuncia en los tribunales por "la campaña sistemática y planificada de filtraciones" y recalcó que cuando se trata de piezas policiales, el deber de custodia recae en la Policía Judicial, el Ministerio Fiscal o en quién corresponda esa custodia en el juzgado. 

Además, Cospedal expresó el apoyo de la dirección nacional del PP a la querella anunciada por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para la defensa de su honor y a la denuncia del PP de Valencia con el objetivo de que se investiguen las filtraciones de la causa judicial abierta en Valencia. 

El pasado martes, la Fiscalía Anticorrupción señaló que tiene previsto denunciar ante un juzgado de instrucción de Madrid las filtraciones del sumario del caso Gürtel, una denuncia que hasta el momento no se materializado. 

(www.publico.es, 24/07/09)

FRANCISCO CORREA, EN PRISIÓN: "¿QUÉ HAGO YO AQUÍ ENTRE DELINCUENTES?" 

Llegó aterrorizado, y aún hoy, a Francisco Correa le cuesta salir de su celda y relacionarse con alguien que no sea su socio Pablo Crespo. Los dos jefes de la trama Gürtel comparten celda en el módulo nueve de la cárcel de Soto del Real y, según el relato de un preso que ha compartido varios meses con este grupo, no son especialmente ordenados. Ambos mantienen una relación claustrofóbica, tensa, a la espera de que el juez les deje salir bajo fianza o convoque el juicio por la trama de corrupción. 

Correa y Crespo comparten celda desde el día que ingresaron en prisión incondicional, el pasado febrero. Fueron los primeros detenidos del escándalo junto con Antoine Sánchez, primo de Correa. Los dos primos no se soportan. Un recluso que compartió ratos con él relata que se siente una víctima de la trama, que se puso a trabajar para su primo en el negocio de la organización de actos y viajes por necesidad económica. Además, Sánchez afirma que es el único de los tres que no se ha hecho rico con el negocio, que los ha llevado a todos a la cárcel y ha provocado un escándalo de primer orden. 

Nunca les ha faltado el dinero. Los presos tienen una tarjeta que se puede recargar con 80 euros a la semana para gastar en el economato de la prisión. La tarjeta de Correa siempre ha tenido dinero, gracias a una cuenta corriente que no le han bloqueado. En las últimas semanas, relata un preso que conoce su situación, empieza a temer que se le acabe ese dinero. Correa vivió su peor día en la cárcel cuando le comunicaron que le habían bloqueado las cuentas bancarias en Suiza. "Correa estaba blanco", asegura este recluso. Con ese dinero pretendía pagar su defensa. 

Con esos 80 euros semanales, que se gastaba íntegramente, Correa nunca se ha privado de nada, dentro de las posibilidades de un centro penitenciario. Chorizo y jamón nunca le han faltado. Aunque el líder de las empresas que se hicieron de oro trabajando para el PP se ha pasado meses sobreviviendo con latas de atún, a veces con mayonesa. Bebe siempre Coca-Cola Zero. 

Los tres principales imputados del caso Gürtel discuten a menudo, asegura este preso que los ha conocido en Soto del Real. Todos hablan mal de todos por la espalda prácticamente desde el primer día. Antoine se siente traicionado por Correa. Éste pone a caldo cada dos por tres a Crespo. Le pone enfermo, por ejemplo, que Crespo coleccione todos los tiques de compra del economato. Después de siete meses, la celda está llena de esos papeles. El ex secretario general del PP de Galicia, extrañamente, aguanta impasible el humor de su socio. De hecho, su sangre fría, su semblante inalterable, son las principales características que citan de él quienes lo han visto en la cárcel. Mientras Correa ha vivido meses recluido en la celda, Crespo se dedicaba a leer novelas y escribir. 

En la cárcel, los presos tienen calado a Pablo Crespo, según el relato que hace F. G., un preso que ha compartido charlas con los tres imputados. La tranquilidad lo delataba en el módulo uno, donde se juntan preventivos de todo tipo de delitos económicos y de narcotráfico. "Ése es el que tiene el dinero, por eso está tan tranquilo". Ésa es la verdad del caso Gürtel que corre por el maco. Crespo tiene el dinero, porque está de lo más tranquilo. A sus compañeros de módulo, que algo saben de esto, no les hacen falta más pruebas. 

Correa, más temperamental, vive alterado desde que entró en prisión. Está fuera de sitio, con una actitud miedosa. Pidió que le pusieran, con Crespo, en una celda interior del módulo de preventivos, para que no le diera el sol directamente. Correa no soporta el sol. Tardó tres meses en empezar a relacionarse con unos pocos presos. Habla abiertamente de sus propiedades en Ibiza y Sotogrande, de su finca de Tarifa, por ejemplo, pero apenas menciona su relación con cargos del PP. En confianza, alguno de los tres se suelta a hablar de "LB", el misterioso receptor de más de un millón de euros en sobornos apuntados en la caja B. 

Cuenta F. G. que Correa, el empresario que ha dado nombre a uno de los casos de corrupción más sonados de la democracia, alguna vez ha comentado en grupo: "¿Qué hago yo aquí entre delincuentes?". Se hizo esta pregunta una vez en alto, de forma retórica, y a continuación aseguró: "Yo no soy un delincuente". Dijo que todo era un problema de papeleo con Hacienda. Los que estaban alrededor se echaron a reír. 

Correa se encuentra muy afectado psicológicamente por su situación familiar. Pidió al juez dos veces que le dejara salir bajo fianza para ocuparse de su padre, muy mayor, y de un hermano minusválido. Se lo denegaron por el peligro de destrucción de pruebas. Según el relato de F. G., en una de las pocas llamadas de teléfono que ha hecho Correa habló con su hija. No paró de llorar. 

Además, según este recluso que ha sido testigo directo de sus primeros meses en prisión, Correa se desenvuelve muy mal. Era Pablo Crespo quien tenía que enseñarle, por ejemplo, cómo se marca un número de teléfono exterior desde la cárcel. Crespo también le comenta las noticias. Correa no quería al principio ver las páginas de los periódicos sobre él. Crespo se las seleccionaba. 

En una celda aparte, que ha compartido ya con varios reclusos, se encuentra Antoine Sánchez. El primo de Francisco Correa prácticamente no tiene relación con él. Al poco tiempo de estar en prisión, se unió a un grupo de música del centro. Su ilusión es montar un negocio en Senegal, según ha relatado a otros presos. Uno de ellos asegura que padece de asma y tiene que acudir a menudo a la enfermería. 

Los tres fueron trasladados en mayo del módulo uno, donde están los preventivos, al módulo nueve. La razón fue que se corrió el rumor de que les estaban buscando para grabarlos con un teléfono móvil y vender las imágenes. Hubo cacheos, registros de celdas. El rumor era cierto, el móvil finalmente apareció. En el módulo nueve la mayoría de los presos trabajan en las distintas ocupaciones de la prisión y no están durante el día. Correa, más solo que en su destino anterior, ha empezado a ir al gimnasio. 

(www.elpais.com, 24/07/09)

LOS TRES ACTORES PRINCIPALES 

El 6 de febrero quedará para siempre como un antes y un después para la corrupción en España y para el Partido Popular. Aquel día fueron detenidos los perfectos desconocidos Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. Los tres fueron presentados como empresarios y jefes de una trama de corrupción que sobornaba a cargos públicos a cambio de contratos. La excitación respondía a su relación con cargos municipales del PP. El juez Baltasar Garzón los envió a prisión incondicional el 12 de febrero, de la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ahora ha asumido la causa, no les ha querido sacar. Estos son los delitos que se les imputan: 

Francisco Correa. Supuesto jefe de la trama, con todos los demás a sus órdenes, desde las empresas Special Events y Pasadena Viajes, que organizaba todos los actos del PP. Se le imputa un delito de blanqueo de capitales, otro de fraude fiscal, varios de falsedad, varios de cohecho, uno de asociación ilícita y varios de tráfico de influencias. 

Pablo Crespo. El ex secretario de Organización del Partido Popular gallego, está imputado por los mismos delitos. 

Antoine Sánchez. Primo de Correa y empleado en sus empresas, está imputado por un delito de blanqueo y varios de falsedad. 

(www.elpais.com, 24/07/09)

RAJOY: "EL GOBIERNO MACHACA AL PP" 

El líder del PP, Mariano Rajoy, que no había aparecido en un acto público desde el pasado sábado, rompió ayer su silencio en un mitin de su partido celebrado en la localidad gaditana de Chipiona para señalar a terceros como responsables de los efectos del caso Gürtel. 

Sin citar expresamente la investigación en curso en el Tribunal Supremo, el líder del PP señaló al Gobierno como promotor de un intento para "machacar inmisericordemente al principal partido de la oposición". Rajoy advirtió que "no lo conseguirán" porque, dijo, "ya tenemos mucho callo". 

El presidente el PP afirmó que su formación "va bien, e irá mejor en el futuro, a pesar de los estratosféricos esfuerzos de algunos para hacer lo posible, y si pueden lo imposible, para que eso no sea así, pero no lo van a conseguir". 

En este caso, Rajoy no apreció a quién estaba dirigida la sentencia. Rajoy no hizo ninguna mención expresa de apoyo a su tesorero, Luis Bárcenas, al contrario de lo que hizo tras la declaración de Francisco Camps, imputado por cohecho. 

En una alocución sin preguntas de los medios de comunicación, el presidente popular llamó a los suyos a "actuar como periodistas" para "transmitir el mensaje del partido". "Ha sido un año que no ha sido fácil, pero vamos a sobreponernos a todas las dificultades que tengamos en el camino", animó a los militantes del PP gaditano. 

(www.elpais.com, 24/07/09)

RAJOY ACUSA AL GOBIERNO DE INTENTAR "MACHACAR INMISERICORDEMENTE" AL PP 

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado esta mañana que su fuerza política va bien y va a ir mejor aún en el futuro aunque el Gobierno esté intentando "machacar inmisericordemente" al principal partido de la oposición. En un acto en la localidad gaditana de Chipiona, Rajoy ha subrayado que el PP ha sabido sobreponerse a sus dificultades y ganar las elecciones europeas del pasado 7 de junio y las gallegas del 1 de marzo. 

"Vamos bien y nos va a ir mejor en el futuro a pesar de los estratosféicos esfuerzos de algunos para hacer lo posible y, si pueden, lo imposible para que esto sea así, pero no lo van a conseguir", ha señalado Rajoy, que ayer guardó silencio respecto a la declaración de Luis Bárcenas ante en el Tribunal Supremo y que hoy en ningún momento de su intervención ha hecho referencias explícitas al caso Gürtel. En esa línea, ha acusado al Gobierno de preocuparse sólo de que "le saquen bien en televisión" y de ver qué puede hacer "para machacar inmisercordemente" al PP, aunque ha insistido en que no lo conseguirá porque este partido "tiene mucho callo". 

Rajoy ha pedido que cada uno de los militantes del PP se convierta en un periodista que transmita el mensaje del partido, ya que eso contribuirá a hacer realidad las buenas expectativas de que goza. Por otra parte, ha reiterado que el PP va a llevar al Congreso en septiembre la necesidad de reformar la Ley del Menor, por entender que la actual normativa "protege más al menor delincuente que al menor normal". Se ha referido a los casos "dramáticos" que han ocurrido recientemente en Baena y en Huelva, en los que están implicados menores, para señalar que es necesario tomar muchas medidas para prevenirlos. 

En este contexto, ha defendido que el sistema educativo se reforme "de arriba abajo" para que proporcione "principios y valores" a los jóvenes y para que éstos aprendan a distinguir, desde pequeños, lo que es bueno y lo que es malo. Ha reiterado también su intención de plantear en el Congreso que se agraven las penas de todos aquellos mayores que cometan delitos acompañados de menores, así como la rebaja de la edad penal en casos de delitos especialmente graves y en los de reincidencia. 

(www.elpais.com, 23/07/09)

LA INSTRUCCIÓN DEL CASO GÜRTEL SUMA YA 101 IMPUTADOS 

Los tres tribunales que se han repartido la instrucción del caso Gürtel ya han alcanzado los 101 imputados. Además, se prevé que esta cifra aumente al estar la investigación aún en un estado incipiente y no haber habido prácticamente una semana en la que no ha aparecido una nueva persona identificada como receptora de pagos por parte de las empresas de Francisco Correa. Por eso, es más que probable que la causa se convierta en la más importante de corrupción política investigada en España en número de imputados. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) es el que más imputados tiene a su cargo, al ser el encargado de la totalidad de la causa, salvo la trama valenciana y lo que afecta a los dos aforados nacionales del Partido Popular de momento implicados. El instructor del caso Gürtel en el TSJM, Antonio Pedreira, tiene imputadas a un total de 95 personas, a las que va interrogando de forma pausada a un ritmo de seis a la semana.  

Tomar declaración a todas puede durar todavía meses, porque, de hecho, las ha intercalado con testigos de la parte del caso en las que más ha profundizado: la relativa a las irregularidades detectadas en el ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) y en su gestión del suelo municipal. El ex alcalde de esta localidad Arturo González Panero es el único de los cuatro ex regidores del PP imputados que ya ha comparecido en el tribunal madrileño. También lo hicieron los diputados conservadores imputados y, en concreto, Alfonso Bosch, que se encargó de la gestión de suelo municipal, así como varios ex concejales del municipio madrileño, como el padre del ex eurodiputado del PP Gerardo Galeote. 

Al encargarse de la totalidad de la causa, el TSJM es el que heredó los imputados que declaró el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, cuyo listado provisional ascendía ya a 60 el pasado mes de marzo, cuando se inhibió a favor de los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia. Pedreira les ha sumado aquellos que han ido apareciendo a medida que ha avanzado la investigación, como Arturo Gianfranco Fasana, al que el juez de la Audiencia Nacional citaba en sus autos, pero que compareció por primera vez como imputado en el TSJM. 

Mientras en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el número de imputados tras las últimas decisiones del juez José Flors permanecerá limitado al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres dirigentes del PP valenciano, en el Tribunal Supremo todo está abierto. 

El Alto Tribunal todavía no ha podido ampliar la investigación realizada por el juez Pedreira, porque todavía no ha cursado los suplicatorios con los que las Cámaras a las que pertenecen el senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Medina, deben autorizar las averiguaciones. 

Antes de solicitar la preceptiva autorización a las Cortes, el instructor del caso en el Supremo, Francisco Monterde, escuchará las explicaciones que Bárcenas le ofrecerá mañana en la declaración que ha solicitado voluntariamente y que prestará en calidad de "imputado provisional". Merino está citado para el jueves, pero podría ver retrasada su citación por un viaje de su abogado.  

(www.publico.es, 21/07/09) 

EL PP TIRA CONTRA EL GOBIERNO Y EVITA EXPLICAR SUS RELACIONES CON LA TRAMA 

Después del comunicado del domingo, en el que el PP denunciaba una campaña para "tratar de aniquilar" a este partido, Mariano Rajoy reunió ayer a su dirección y, según fuentes de la calle de Génova, la sede central, todo regresó al mismo lugar en el que empezó hace unos meses. 

Los populares se dedicaron, como en febrero, a compartir su indignación y a buscar un enemigo exterior. Esta vez no es el juez Baltasar Garzón, sino el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el de Justicia, Francisco Caamaño, que sustituyó a Mariano Fernández Bermejo, que dimitió precisamente por la presión que el PP ejerció contra él por el caso Gürtel. 

En la dirección se ha extendido la preocupación por el hecho de que el caso implique cada vez a más dirigentes. Rajoy, sin embargo, está muy tranquilo, según algunas personas que pudieron comprobar ayer su estado de ánimo, y cada vez más convencido de que el caso acabará judicialmente en nada o casi nada. Aun así, el líder ordenó a su equipo, y en especial a la secretaria general, Dolores de Cospedal, que compareciera en tono duro -anunció una denuncia por las "filtraciones" y llegó a decir que lo que está pasando es "dramático" y propio de "tiempos pasados", esto es de la dictadura-. 

Los populares estallaron, según varios dirigentes, al ver que el caso se extiende y afecta a un icono del PP, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, posible sustituta de Francisco Camps en el caso de que éste tuviera que dimitir por su implicación en Gürtel. 

La extensión del caso a Barberá ha provocado el mismo efecto que tuvo en febrero la aparición de la vinculación de Camps. "Con las cosas de comer no se juega", dijo entonces la ex ministra Celia Villalobos en una reunión interna, para dejar claro que en el PP puede haber distintas corrientes y varios enfrentamientos, incluso personales, pero cuando los dirigentes sienten que es la imagen del partido la que está en juego, se cierran sobre sí mismos para defender la formación a la que en la mayoría de los casos han dedicado su vida profesional. 

El próximo martes, Rajoy ha convocado al Comité Ejecutivo, la dirección del partido, y sin duda el asunto Gürtel será uno de los ejes. Para entonces ya habrá declarado ante el Supremo el tesorero, Luis Bárcenas, y la dirección confía en que este caso se resuelva antes de septiembre. 

De momento, la dirección ha decidido, después de semanas de silencio, salir al contraataque y hablar de una conspiración contra el PP en la que estarían el Gobierno, la fiscalía y la policía. Con dos objetivos: primero, unir a los propios y cerrar filas contra el enemigo exterior; y segundo, evitar hablar del fondo del asunto. 

Cospedal, que sufrió una dura rueda de prensa con 12 preguntas sobre el caso Gürtel, siguió un guión muy claro: atacó al Gobierno, anunció que el PP pedirá que comparezcan los ministros de Interior y Justicia, insistió en que su partido está siendo víctima de una persecución, pero sobre todo evitó responder cualquier pregunta sobre el fondo del asunto. ¿Van a abrir una investigación por los siete millones de euros en contratos que la Comunidad Valenciana concedió a la trama? ¿Y los que concedió Barberá como presidenta de la FEMP? ¿Van a explicar por qué esta trama pudo penetrar tanto en el PP? Fueron algunas de las preguntas que dejó sin responder mientras insistía una y otra vez en que Interior tiene la responsabilidad de custodiar los documentos del sumario. 

(www.elpais.com, 21/07/09)

GARCÍA-ESCUDERO ASEGURA QUE EN 2003 DEVOLVIÓ UN RELOJ A CORREA 

La contabilidad B de la trama de Francisco Correa, una de las bases del caso Gürtel, tenía un gran nivel de detalle. Hasta el punto de que en ella figuran incluso cantidades muy pequeñas. Hay una, de 500 euros, que consta en el sumario como si fuera una entrega en 2003 a la secretaria de Pío García-Escudero, actual portavoz en el Senado del PP y entonces presidente del partido en Madrid, por lo que tenía relación con las empresas de la red, que montaban casi todos los actos. 

El apunte, según García-Escudero, podría deberse a un teléfono móvil que le regaló Álvaro Pérez, El Bigotes, cuando estaban organizando la campaña de las municipales y autonómicas de 2003, que coordinó García-Escudero. El miembro de la cúpula del PP sostiene que ese regalo se produjo en el contexto del trabajo, porque se le había estropeado el suyo, y lo engloba en una relación profesional normal. 

García-Escudero se relacionaba con El Bigotes directamente, pero también admite que el propio Francisco Correa, el jefe de Álvaro Pérez y máximo responsable de la trama, al final de una comida de trabajo, también en 2003, le dio una bolsa con un regalo. El portavoz en el Senado recuerda que intentó no aceptarlo en ese momento, pero ante la insistencia de Correa se lo llevó a su despacho. Al abrirlo, comprobó que se trataba de un reloj "muy caro, de mucho más de 500 euros", según su propio relato, y decidió que no podía aceptar ese regalo. Por eso cerró el paquete y ordenó a su chófer que lo entregara en las oficinas de Correa, en la calle de Serrano 40 de Madrid. García-Escudero sostiene que no volvió a saber nada de ese regalo. 

Correa tenía la costumbre de realizar costosos regalos a prácticamente todas las personas responsables de alguna manera de sus contratos. En el PP, los más veteranos recuerdan perfectamente los carísimos regalos -bolsos, casi siempre de Louis Vuitton, para las mujeres, relojes caros para los hombres- que llegaban a la sede de la calle de Génova cada Navidad. 

García-Escudero fue el responsable de varias campañas y sobre todo del PP de Madrid, que contrataba todo con Correa hasta el punto de que el congreso de 2004, en el que Esperanza Aguirre sucedió a García-Escudero al frente del PP de Madrid, también lo organizó la red. Después de 2004 Correa buscó refugio en la Comunidad Valenciana y en el Gobierno de Aguirre, a través de Alberto López Viejo. 

(www.elpais.com, 21/07/09) 

EL EX SECRETARIO DE AZNAR NIEGA HABER COBRADO COMISIONES 

Antonio Cámara, secretario del ex presidente José María Aznar, remitió ayer una carta a este periódico en la que indica que su relación con Special Events [una de las empresas de la trama Gürtel] fue "puramente laboral, con alta en la Seguridad Social", y que duró "apenas ocho meses". Cámara subraya que de Special Events cobró "sus emolumentos por los ocho meses de relación laboral". "Pero nunca he cobrado comisiones de ningún tipo", señala. 

EL PAÍS publicó ayer que en la caja B de la red de sociedades del caso Gürtel figura una anotación de 90.000 euros a su nombre, pero no se le atribuye ningún cobro de comisiones. Cámara señala: "La noticia publicada (...) tiene como finalidad difamarme no sólo de manera directa, sino también mediante insinuaciones maliciosas, haciendo primar la difamación y la insidia frente a cualquier contenido informativo aparente". Y agrega: "No se han molestado ustedes en hacer una mínima labor de comprobación y contraste, ni de lo publicado ni de lo insinuado. Antes al contrario, hacen ustedes una confusión maliciosa e innecesaria de personas, de actividades y de periodos temporales, que nada tienen que ver entre sí". 

EL PAÍS intentó durante dos días recabar su versión a través del gabinete de prensa del PP, que indicó que estaba ilocalizable. 

(www.elpais.com, 21/07/09)

LA 'CAJA B' DE CORREA REFLEJA UNA ENTREGA DE 90.000 EUROS AL EX SECRETARIO DE AZNAR 

Los tentáculos de la trama corrupta vinculada al PP que dirigía Francisco Correa son largos. La caja B de las sociedades de la red, profusamente nutrida de dinero negro procedente supuestamente de comisiones ilegales y de turbios negocios especulativos en Administraciones controladas por ese partido, refleja una entrega de 90.000 euros a Antonio Cámara Eguinoa, secretario personal durante ocho años del ex presidente del Gobierno José María Aznar. Cámara entró a trabajar para una de las sociedades de Correa, Special Events, justo después de abandonar Aznar La Moncloa, en abril de 2004, tras perder las elecciones. 

La anotación de esa entrega de 90.000 euros en dinero negro está fechada el 6 de septiembre de 2004. Cámara trabajó apenas unos meses para Correa. Poco después de que Génova rompiera con éste, Cámara también se enfrentó con él y dejó la empresa. Lo recogió Esperanza Aguirre, que le dio su actual puesto: miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid. Allí ha votado siempre con el grupo afín a la presidenta de Madrid en la batalla que ésta mantiene con el alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz-Gallardón. En medio de la pelea, el ex secretario llegó a presidir de manera temporal ese órgano de la caja. Cámara es una persona muy cercana a la familia Aznar, tanto al ex presidente como a su esposa, Ana Botella, teniente de alcalde de la capital. 

La anotación de los 90.000 euros en la caja B de Correa la descubrió la policía entre la documentación intervenida en un piso de seguridad que la trama tenía en madrileña calle de Serrano y en la vivienda particular del contable de las empresas de Correa, José Luis Izquierdo. El informe no especifica en concepto de qué se le abona esa cantidad ni por qué el dinero se extrae de las cuentas opacas de las sociedades de la trama. Pero sí está en el mismo archivo contable en el que constan las comisiones que recibe Correa de empresarios que han obtenido contratas de Administraciones locales y autonómicas gobernadas por el PP y donde también figuran pagos en especie o en metálico que la trama corrupta hizo supuestamente a los políticos y altos cargos populares que hacían posibles esos lucrativos negocios. Es llamativa la abultada cantidad de dinero, 90.000 euros, que supuestamente percibe Cámara si se tiene en cuenta que apenas trabajó unos meses para Special Events. 

El contable de la trama corrupta, José Luis Izquierdo, admitió ante la policía la entrega de ese dinero a Cámara. Izquierdo declaró que Cámara había trabajado unos meses para Special Events y que se trataba de una persona que "con anterioridad", explicó, "había trabajado para Presidencia del Gobierno, en el entorno de Aznar". 

EL PAÍS intentó el sábado y el domingo, sin éxito, contactar con Cámara para conocer su versión sobre la anotación de 90.000 euros que refleja a su nombre la caja B de la trama. Fuentes del PP señalaron que Cámara estaba ilocalizable. Hasta ahora (el sumario sigue secreto), el ex secretario no figura entre los imputados del caso Gürtel. Pero lo que sí tiene claro la policía es que la procedencia de los 90.000 euros que supuestamente acabaron en manos de Cámara tienen un "origen desconocido". Fuentes cercanas a la investigación dudan de que se trate de honorarios profesionales. Por dos motivos: "son unos honorarios excesivamente abultados, 90.000 euros, y, además, las nóminas no se pagan en dinero negro". 

En la misma caja B figuran anotados pagos y supuestos sobornos a Bárcenas, a tres diputados de la Asamblea de Madrid (entre ellos, el ex consejero del Gobierno de Madrid Alberto López Viejo y el diputado regional Alfonso Bosch) y a cuatro ex alcaldes de grandes municipios madrileños: Arganda, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte. Éstos dimitieron el pasado mes de abril tras saltar el escándalo y ser forzados por la presidenta Esperanza Aguirre a dejar sus alcaldías. 

Durante los registros que efectuó la policía por orden del juez Garzón, los agentes se dieron cuenta de que el contable Izquierdo, que estaba presente, siempre mantenía cerrada una de sus manos. Parecía ocultar algo. La policía le pidió que la abriese. Y, efectivamente, en ella ocultaba un pen drive, que fue requisado y analizado. En ese archivo fueron descubiertos gran parte de las comisiones y nombres o iniciales de los altos cargos del PP que habrían recibido dinero. 

Izquierdo, según el informe policial, comentó que él mismo había redactado esos "apuntes contables" y que había abierto "una cuenta por cada persona física o jurídica o evento de los que tuviera que realizar alguna anotación contable". Entre las personas que se hallan relacionadas en la contabilidad del pen drive hay altos cargos del PP y personas conocidas, como el yerno del ex presidente Aznar, Alejandro Agag. Izquierdo tenía instrucciones precisas de Correa y de su lugarteniente en las sociedades, Pablo Crespo, de tener siempre oculta esa información y de no mostrarla a ningún otro empleado de las sociedades de la trama. Agag no está imputado en las diligencias del caso Gürtel ni hay ninguna anotación de que haya recibido dinero. Al menos no consta en ese archivo. Pero fuentes cercanas a las pesquisas destacan que tenía fuertes lazos de amistad con Correa, quien fue testigo de su boda con la hija de Aznar. 

La supuesta desmemoria de Izquierdo, uno de los casi 80 imputados en la trama Gürtel, ha contribuido a que se dilate el proceso judicial que pesa sobre el senador por Cantabria y tesorero nacional del PP Luis Bárcenas. Durante su interrogatorio, afirmó "no estar muy seguro" de si las siglas "LB o Luis el Cabrón", anotadas por él mismo en la contabilidad B, pertenecen a Bárcenas. Hasta que afloró el informe de la Agencia Tributaria que relaciona al tesorero del PP con la trama de Correa, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a que el caso Gürtel fuese elevado al Tribunal Supremo. La fiscalía se basó en las dudas de Izquierdo para esgrimir que no había indicios criminales sólidos contra él. Ahora sí los tiene claros. 

(www.elpais.com, 20/07/09) 

CORREA ENTREGÓ 90.000 EUROS A UN CARGO DE CONFIANZA DE AZNAR Y AGUIRRE 

La trama corrupta vinculada al Partido Popular parece no tener techo. Las últimas informaciones relativas al caso reflejan una entrega por valor de 90.000 euros a Antonio Cámara, el que fuera secretario personal durante ocho años del ex presidente Aznar.

Según el diario, Cámara trabajó en Special Events, una de las sociedades de Correa, inmediatamente después de terminar su etapa con Aznar en La Moncloa, tras abandonar el poder en 2004. La entrega de dinero, que salió de la caja B de Correa, se produjo el 6 de septiembre de 2004. Su periodo en Special Events fue efímero y a los pocos meses abandonó su puesto en la empresa.  

A la vez que el PP rompió con Correa, también desapareció el vínculo del supuesto cabecilla de la trama y el secretario de Aznar. Fue justo después cuando empezó a desenpeñar el cargo que actualmente ocupa en el gobierno de Esperanza Aguirre: miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid. 

Cámara es una persona muy cercana, tanto de Aznar, como de su esposa Ana Botella. El pago de 90.000 euros fue descubierto por la Policía  mediante la documentación intervenida en la vivienda particular del contable de Correa, situada en la madrileña calle de Serrano.  

(www.publico.es, 20/07/09)

EL PP ACUSA AL GOBIERNO Y A "UN DETERMINADO GRUPO DE COMUNICACIÓN" DE TRATAR DE ANIQUILARLE 

El Partido Popular difundió ayer un largo comunicado en el que afirma que, con motivo de las investigaciones judiciales del caso Gürtel, está siendo objeto de "una campaña sistemáticamente programada y ejecutada de ataque y desprestigio de sus cargos públicos y del propio partido, en la que se utilizan de manera ilegítima los medios del Estado y, como instrumento de difusión, a un determinado grupo de comunicación". 

El PP se queja de que a las informaciones sobre actuaciones sumariales secretas "vienen a unirse, en las ultimas semanas, filtraciones de conversaciones telefónicas realizadas por la Policía Judicial" y que se utilizan para dañar personal y políticamente a algunas personas. 

Los populares señalan que el respeto al honor de las personas y al secreto de las comunicaciones son derechos fundamentales, que están obligados a respetar el Ministerio del Interior, la Policía Judicial "y los medios de comunicación que respeten las reglas de la sociedad democrática". A continuación, el PP acusa sin pruebas al Ministerio del Interior de "abuso perverso y abusivo de los instrumentos con los que cuenta un Estado de derecho". 

Tras opinar que en ese terreno se están registrando conductas "constitutivas de graves delitos y no menos graves responsabilidades políticas", el PP acusa a los medios de comunicación que informan sobre el caso Gürtel de situarse "al margen de la libertad de expresión". "Quienes de forma concertada, y amparándose en la libertad de expresión, colaboran dando publicidad a estas conductas, sin dar valor a los desmentidos previos y ampliando así los efectos dañosos, se sitúan al margen de la libertad de expresión que dicen defender, y de cualquier regla deontológica de la profesión periodística". 

El PP acusa al Gobierno "de connivencia y aprovechamiento político de estas conductas, [que] nos devuelven a épocas pasadas con métodos propios de un Estado policial". Y hace un llamamiento "a la opinión pública española e internacional sobre las tremendas consecuencias (...) de tratar de aniquilar al primer partido de la oposición usando los instrumentos del Estado". 

El PP reclama, en especial al Poder Judicial, "la especial vigilancia de cualquier conducta que tenga por objeto menoscabar de forma sectaria los derechos de los ciudadanos con la utilización de forma ilegítima de los medios del Estado de derecho". 

El PP señala que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha anunciado "acciones judiciales por calumnia contra los responsables de la difamación publicada este fin de semana por los medios del Grupo PRISA, a raíz de la violación del deber de secreto de unas actuaciones que no forman parte del sumario y que están tan sólo a disposición de la Policía Judicial". Desde el PSOE, contestó Antonio Hernando: "Primero acusaron al juez Garzón, después a los policías, después al Ministerio Fiscal y ahora a Interior. Ninguna de estas instituciones es responsable del comportamiento del tesorero del PP, de su diputado ni de alcaldes como Rita Barberá". 

(www.elpais.com, 20/07/09) 

EL PP SE CREE VÍCTIMA DE UN PLAN DEL GOBIERNO PARA DESTRUIRLE 

La filtración de una grabación telefónica de la trama Gürtel en la que uno de sus cabecillas dice haber regalado bolsos de una marca de lujo a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, dio ayer pie al PP a hacer público un comunicado sin precedentes.  

En él, la formación presidida por Mariano Rajoy, denuncia que está siendo objeto de un conspiración dirigida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuyo objetivo es destruir al partido conservador.  

"La actitud del Gobierno, y de otras instituciones del Estado como la Fiscalía General, de connivencia y aprovechamiento político de estas conductas, nos devuelven a épocas pasadas con métodos propios de un Estado policial", reza el comunicado, difundido desde la dirección nacional del PP. 

Aunque no es la primera vez que el partido de Mariano Rajoy ve en la investigación judicial de la trama corrupta una operación de desgaste político auspiciada por el Gobierno y sus resortes en la Administración de Justicia, sí es la primera ocasión en la que advierten que su objetivo es barrer del mapa político al partido conservador.  

Así, el PP aprovecha el documento para "hacer un llamamiento a la opinión pública española e internacional sobre las tremendas consecuencias que para una democracia tiene tratar de aniquilar al primer partido de la oposición usando para ello los instrumentos del Estado". 

Y es que los conservadores entienden que con el caso Gürtel están siendo objeto de "una campaña sistemáticamente programada y ejecutada" para desprestigiar a sus cargos públicos y al propio partido "en la que se utilizan de manera ilegítima los medios del Estado y, como instrumento de difusión, a un determinado grupo de comunicación". 

El partido de Mariano Rajoy culpa directamente de esta supuesta estrategia al Ministerio del Interior, al que responsabilizan de "abuso perverso y abusivo" de los instrumentos con los que cuenta un Estado de Derecho. Y por ello, demandan la comparecencia urgente de los ministros de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y Justicia, Francisco Caamaño, en el Congreso. El PP quiere que expliquen las filtraciones del caso Gürtel, en especial las relativas a las conversaciones telefónicas que afectan a sus dirigentes. 

Los conservadores aprovechan para hacer un recorrido sobre la evolución del caso de corrupción que les salpica. A las primeras filtraciones de las actuaciones sumariales secretas, "nunca investigadas pese a nuestras reiteradas denuncias, en las que se conculcaba el derecho a la defensa y la presunción constitucional de inocencia", han venido a unirse en las ultimas semanas, recuerdan, "filtraciones de conversaciones telefónicas realizadas por la Policía Judicial" que no forman parte "en algunos casos de las actuaciones sumariales".  

El comunicado pone al Grupo Prisa en la diana, cuya cabecera El País publicó ayer el contenido de una conversación telefónica en la que Álvaro Pérez, El Bigotes, cabecilla de la rama valenciana de la trama corrupta, admitía hacer regalos a la alcaldesa de Valencia. "No nos da nada, pero tampoco nos hace nada", decía, para justificar la supuesta compra de un bolso de Louis Vuitton. 

El PP argumenta que esas filtraciones son constitutivas de graves delitos y "no menos graves responsabilidades políticas". Y manifiesta que "la utilización de funcionarios públicos para realizar tan graves actuaciones, no hace sino agravar aún más las consecuencias, tanto para los que dan las órdenes, como para los que las ejecutan, arrojando injustamente dudas de manera indiscriminada sobre la conducta honrada de la mayoría de todos ellos".  

(www.publico.es, 20/07/09) 

DEFENSA DEL PARTIDO "EN TODAS LAS INSTANCIAS" 

Dignidad de las siglas

En su comunicado, el PP mantiene que “defenderá la dignidad de sus siglas, a sus dirigentes y militantes, que representan legítimamente a más de 10 millones de españoles por todos los medios a su alcance y en todas las instancias nacionales e internacionales que fuera preciso”.

Toque al poder judicial

Los conservadores reclaman de todas las instituciones públicas y sociales, y en especial del Poder Judicial, “la especial vigilancia de cualquier conducta que tenga por objeto menoscabar de forma sectaria los derechos de los ciudadanos con la utilización de forma ilegítima” de los medios del Estado de Derecho.

Explicaciones de Rubalcaba

Los conservadores exigen la “comparecencia conjunta y urgente” de los ministros del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y Justicia, Francisco Caamaño, para que den cuenta de las filtraciones, “en particular de las intervenciones telefónicas”.

Apoyo a Rita Barberá

El partido de Mariano Rajoy muestra, por último, su apoyo “unánime” y rotundo a las acciones legales que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha anunciado que va a dirigir contra los medios que informaron de sus regalos.  

(www.publico.es, 20/07/09)

EL ‘CASO GÜRTEL’ SALPICA A BARBERÁ Y SUSCITA UNA AIRADA RESPUESTA DEL PP  

La mancha de la sospecha de corrupción vertida sobre el PP por el caso Gürtel se extiende por las principales instituciones valencianas. Después de la imputación por un delito de cohecho impropio del presidente de la comunidad autónoma, Francisco Camps, y de su mano derecha, Ricardo Costa, así como de otros dos altos cargos de la administración valenciana, ha sido ahora la alcaldesa de la capital del Turia, Rita Barberá, la que ha visto su nombre tocado por la sombra de la trama corrupta. La noticia de la posible vinculación de Barberà, la figura más rutilante del municipalismo popular junto con el madrileño Alberto Ruiz Gallardón, con el caso Gürtel provocó ayer una oleada de indignación en las filas del PP, que salió en defensa de la alcaldesa con un florido ramillete de reacciones encolerizadas y un durísimo comunicado de denuncia. 

En el origen de este nuevo escándalo está, una vez más, una conversación telefónica interceptada por la policía el pasado 2 de enero y de cuya existencia dio ayer noticia el diario El País. En ella, Álvaro Pérez, alias el Bigotes, responsable de la empresa Orange Market y presunto cabecilla de la trama corrupta vinculada al PP en Valencia, asegura que durante años ha estado haciendo regalos a Rita Barberá. De hecho, en el momento de la conversación, el Bigotes dice estar en una tienda de Louis Vuitton «comprándole un bolso a la alcaldesa». En otro momento, refiriéndose a Barberá, Pérez afirma: «No nos da nada, pero tampoco nos hace nada». 

Cuando el sábado por la noche apareció la primera información sobre este caso, el jefe de prensa de la alcaldesa de Valencia se aprestó a responder que esta «jamás en su vida ha recibido ningún regalo del Bigotes». Ayer, Barberá hizo saber a través de un portavoz que «solo hablará de este asunto ante la justicia» y que «se querellará contra todos los que su abogado crea oportuno».

Durante todo el proceso que ha conducido a la imputación de Francisco Camps y de otros altos cargos, la alcaldesa se ha distinguido siempre por su cerrrada defensa de la inocencia del presidente autonómico, al que incluso acompañó personalmente el día en que este tuvo que declarar ante el juez. En aquella ocasión, Barberá lucía un llamativo bolso de Louis Vuitton de color rojo. En otro momento, la regidora sugirió que habría que modificar el artículo del Código Penal referente al delito de cohecho impropio (en el que incurre el alto cargo que acepta dádivas aunque no exista contraprestación por su parte) y comparó los trajes con que la trama corrupta supuestamente obsequió a Camps con las anchoas que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, regala a José Luis Rodríguez Zapatero. 

La publicación de la conversación del Bigotes, que no forma parte del sumario judicial, soliviantó a los dirigentes del PP, que, en un comunicado de dureza inusitada difundido ayer por la oficina de información del partido, calificó la filtración de «gravísima conculcación» y acusó directamente al Ministerio del Interior de estar detrás «de tan flagrante vulneración de los derechos fundamentales».  

En su nota, el PP denunció el uso «ilegítimo» de conversaciones telefónicas que no forman parte de las actuaciones sumariales «para menoscabar el honor de las personas y hacerles daño personal y político con fines claramente partidistas» y, tras recordar que este tipo de actuaciones pueden constituir un delito grave, añadió: «La actitud del Gobierno y de otras instituciones del Estado, como la Fiscalía General, con su connivencia y aprovechamiento político de estas conductas, nos devuelven a épocas pasadas con métodos propios de un Estado policial». 

En consonancia con su denuncia, los conservadores exigieron la comparecencia «conjunta y urgente» de los ministros de Interior y de Justicia para que respondan por las filtraciones y depuren responsabilidades.  

(www.elperiodico.com, 20/07/09)

EL PP NO DENUNCIARÁ A EL BIGOTES 

El PP presentará tres denuncias por la trama Gürtel. Una que va a presentar la dirección nacional del Partido Popular por las filtraciones de las piezas policiales, otra del PP valenciano por las filtraciones que afectarían a la parte que se instruye en el TSJV y otra de Rita Barberá por las informaciones en las que se afirma que recibió regalos de esta trama. Una denuncia que el PP no descarta incluso llevar hasta instancias internacionales. Para la número dos del PP es "intolerable" que se estén usando los instrumentos del estado de derecho para tratar de que el PP deje de hacer oposición al Gobierno. 

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, así lo ha anunciado este mediodía en una rueda de prensa en la que ha denunciado las filtraciones "planificadas" del caso Gürtel que, a su juicio, sólo persiguen "hacer daño" a su partido. 

Cospedal añade que el deber de custodia de esos documentos corresponde a la Policía Judicial o al Ministerio Fiscal, por lo que pedirán la comparecencia del ministro de Justicia y del Interior, pero señalan al ministerio de Rubalcaba como el responsable. 

Sin embargo, no van a denunciar de momento a Álvaro Pérez, El Bigotes ni prejuzan que pueda haber hechos delictivos. Tampoco explican por qué miembros de la trama entraban en la sede del PP de Génova con total normalidad. 

Además, Cospedal ha asegurado que espera que la Justicia "actúe lo más rápidamente posible" y que "los procesos judiciales sigan su curso", ante la declaración que este miércoles realizará ante el Tribunal Supremo el tesorero nacional y senador del partido, Luis Bárcenas. 

Cospedal ha advertido que el partido utilizará todas aquellas acciones que considere oportunas para defenderse ante esas filtraciones "constantes, continuas y planificadas" que se están llevando a cabo para "hacer daño al PP", "con independencia de que luego haya personas que hayan podido cometer o no actuaciones que sean irregulares o ilegales". En su opinión, "la forma de llevar a cabo este asunto" y "la actuación por muchas entidades del Estado vulneran los principios básicos del Estado de Derecho y producen una gran indefensión". 

(www.cadenaser.com, 20/07/09)

Las lágrimas de Correa

El líder de la trama corrupta rompió a llorar cuando las fiscales le preguntaron por sus operaciones económicas

El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, está desesperado en la cárcel. Dos veces ha pedido la libertad provisional y dos veces se la ha negado el juez. Visiblemente desmejorado y con algunos kilos de menos, su alegato es que siente claustrofobia en la cárcel y que, además, debe cuidar de su padre, muy mayor, y de su hermano, que padece una minusvalía. El juez Pedreira ha decidido mantenerle preso, informó ayer el Tribunal Superior.

• El juez le ha denegado por segunda vez la libertad provisional por riesgo de fuga

El juez ve inconsistentes sus alegatos: Correa se ha ausentado muchas veces de España dejando la asistencia debida a sus familiares. La supuesta claustrofobia tampoco convence al juez. Es verdad que un psicólogo ha certificado que Correa se siente incapaz de subir a un ascensor, pero, en cambio, no tiene ningún problema para coger un avión. Hay, pues, riesgo de fuga.

Más de una vez ha estado tentado Correa de tirar de la manta. Sabe que ello aceleraría su acceso a la libertad provisional. Pero en su entorno le recuerdan que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Además, rompería la estrategia de defensa con vistas al juicio: quien acusa, debe probarlo. Por eso resiste Correa, pero su desesperación en la cárcel alguna vez le ha tentado a cantar, según fuentes penitenciarias.

Cuando fue detenido por el juez Garzón, un conocido le preguntó qué tal estaba. "Bien jodido", respondió, cabizbajo.

Desde la cárcel, está al tanto del despliegue mediático sobre sus supuestas fechorías. Defenderle de la retahíla de delitos que se le imputan, respaldados por kilómetros de conversaciones grabadas por la policía, no está resultando fácil a sus asesores.

"Si cae Balín, caigo yo", dice en una de las grabaciones. Se refiere a José Ramón Blanco Balín, otro de los implicados, ex vicepresidente de Repsol. No le falta razón. Balín es la persona que supuestamente urdió en el extranjero todo el entramado societario del que se sirvió Correa para blanquear "los muchos millones de euros" que oculta en al menos ocho países. Un dinero procedentes de comisiones, contratas y chollos inmobiliarios que, tras ser lavado, habría vuelto a España para sobornar a alcaldes y altos cargos del PP.

Pero son tantas las pruebas que han acopiado contra él la policía y la Fiscalía Anticorrupción que casi hacen innecesario que Balín le delate o no. Ahora lo sabe Correa. En un interrogatorio se puso a llorar cuando las dos fiscales de Anticorrupción empezaron a preguntarle, papeles y grabaciones en mano, por sus chanchullos. Agachó la cabeza y lloró. Luego se repuso y siguió negando las imputaciones.

Balín también sabe que no son pocas las pruebas incriminatorias que se ciernen sobre él. Y por su mente también ha pasado la idea de contarlo todo, a sabiendas del beneficio penal que puede suponerle colaborar con la justicia. Sabe que si tirase de la manta, la fiscalía sería clemente. Pero si Balín canta, más que Correa, que lo tiene casi todo perdido, son otros altos cargos del PP los que deben temblar. Balín sabe demasiado, y no sólo de Correa.

www.elpais.es 18.07.09

CORREA MONTABA FIESTAS PRIVADAS PARA AGASAJAR A LOS ALCALDES 

No eran velinas pero sí chicas de lujo. No estaban en Cerdeña, sino en restaurantes y clubes de alterne de la costa valenciana. Francisco Correa, el líder de la trama Gürtel, montaba habitualmente fiestas privadas, con los locales cerrados, para agasajar a los alcaldes con los que la trama quería trabajar, y que ya tenía "contactados". Algunos de esos festejos terminaron en auténticas bacanales. El propio Correa se pavonea del nivel de esos festejos y de la clase de las chicas en varias de las conversaciones grabadas incorporadas al sumario y que Noticias Cuatro revelará esta noche (00.15 horas) en un programa especial titulado Caso Gürtel: cerco al PP. 

"Vino el alcalde... Bernabé [Bernabé Cano, alcalde de La Nucia]... Vino el otro día en Valencia [sic] y se lo pasó tan bien que dijo: 'Oye, yo te monto un tinglao... y es verdad que las tías eran muy guarrindongas... las de Valencia... las del restaurante..." Cano es el regidor de La Nucia, en Alicante, donde la trama Gürtel quería levantar 3.824 viviendas y un campo de golf. 

(www.elpais.com, 17/07/09) 

"LAS TÍAS ERAN MUY GUARRINDONGAS... LAS DE VALENCIA... LAS DEL RESTAURANTE..." 

"Vino el alcalde... Bernabé [Bernabé Cano, alcalde de La Nucia]... Vino el otro día en Valencia [sic] y se lo pasó tan bien que dijo: 'Oye, yo te monto un tinglao... y es verdad que las tías eran muy guarrindongas... las de Valencia... las del restaurante..." Así presumía Francisco Correa, el cabecilla de la presunta trama de corrupción asociada al PP, de las fiestas que montaba para agasajar a los políticos. La conversación, a la que ha tenido acceso la cadena Cuatro, forma parte del sumario que investigan los jueces.  

Cuatro emite esta noche un programa especial Caso Gürtel: cerco al PP, en el que da cuenta de estas bacanales organizadas por Correa. El alcalde de La Nucia, según se desprende de la grabación, estuvo en una de ellas y quedó encantado. En esta localidad alicantina colindante con Benidorm, la trama Gürtel quería quería levantar 3.824 viviendas y un campo de golf. 

(www.elplural.com, 17/07/09) 

EL LÍDER DE LA 'TRAMA GÜRTEL' ALARDEABA DE LAS CHICAS DE LUJO QUE ASISTÍAN A SUS FESTEJOS 

Seis meses después de que se iniciara el caso Gürtel, los altos dirigentes del PP implicados en la trama están más cerca que nunca del banquillo. El juez instructor de Valencia considera que hay indicios más que suficientes de cohecho en la actuación del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Al mismo tiempo, el juez instructor de la causa en el Tribunal Supremo ve indicios de delito en el caso del senador y tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas. 

Francisco Correa, 'El Bigotes, Pablo Crespo. Nombres comunes que hace unos meses no eran conocidos por el gran público y que hoy día se han convertido en todo un torbellino de noticias. Sobre todo ello habla el reportaje que esta noche emite Noticias Cuatro. 

La investigación afecta a más de 30 personas, desde el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, al número dos del PP en esa comunidad además de un ex vicepresidente y un ex alto cargo, un ex consejero madrileño y dos diputados regionales, cuatro alcaldes del PP de los municipios más ricos de Madrid, un ex eurodiputado, su padre, concejal y su hermano, ambos ex concejales del PP, el senador y tesorero nacional del partido y un diputado nacional miembro de la dirección del grupo parlamentario del PP. 

Las bacanales de Correa 

Segun revela este reportaje Correa organizaba asiduamente fiestas privadas para agasajar a los alcaldes y cargos políticos con los que quería trabajar. El propio Correa solía presumir del nivel de esas fiestas y de la clase de las chicas que acudían a ellas. Todo esto y mucho más podrá ser visto en Noticias Cuatro. Se emitirá a las 00.15 horas en un programa especial titulado Caso Gürtel: cerco al PP. 

(www.cadenaser.com, 17/07/09)

Correa montaba fiestas privadas para agasajar a los alcaldes

Cuatro emite en la noche del viernes al sábado un reportaje que prueba que el supuesto líder de la 'trama Gürtel' alardeaba de las chicas de lujo que asistían a los festejos

No eran velinas pero sí chicas de lujo. No estaban en Cerdeña, sino en restaurantes y clubes de alterne de la costa valenciana. Francisco Correa, el líder de la trama Gürtel, montaba habitualmente fiestas privadas, con los locales cerrados, para agasajar a los alcaldes con los que la trama quería trabajar, y que ya tenían "contactados". Algunos de esos festejos terminaron en auténticas bacanales. El propio Correa se pavonea del nivel de esos festejos y de la clase de las chicas en varias de las conversaciones grabadas incorporadas al sumario y que Noticias Cuatro revelará la noche del viernes al sábado (00.15) en un programa especial titulado Caso Gürtel: cerco al PP.

"Vino el alcalde... Bernabé [Bernabé Cano, alcalde de La Nucia]... Vino el otro día en Valencia [sic] y se lo pasó tan bien que dijo: 'Oye, yo te monto un tinglao... y es verdad que las tías eran muy guarrindongas... las de Valencia... las del restaurante..."

Cano es el regidor de La Nucia, en Alicante, donde la trama Gürtel quería quería levantar 3.824 viviendas y un campo de golf.

Noticias Cuatro reproduce también otras relevantes conversaciones de protagonistas de la trama. El sumario del caso Gürtel contiene más de 26 horas de grabaciones. La mayoría tienen como protagonista a Francisco Correa, el cabecilla de la red corrupta.

www.elpais.es 16.07.09

TRES TRIBUNALES PARA JUZGAR UNA ÚNICA TRAMA 

La decisión de repartir entre tres tribunales el caso Gürtel no sólo resulta sorprendente para los legos. También genera conflictos entre los juristas, como se demostró ayer en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Mientras la Fiscalía defiende que las personas que presuntamente pagaron los trajes a Francisco Camps deben ser juzgados junto al presidente valenciano en un mismo proceso, el instructor de la causa, José Flors, cerró de momento esta vía. El juez sostiene que a los presuntos cabecillas de la trama ya se les investiga en el TSJ de Madrid y que su instrucción queda reducida a sus aforados, como estableció el TSJ valenciano al asumir la competencia para investigar a Francisco Camps y otros tres dirigentes del PP. 

01 quién investiga. Una trama troceada

La Fiscalía considera que los pagos concretos pueden investigarse en los tres tribunales que se ocupan del caso. Es decir, los pagos que Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, pudieron hacer a Camps pueden investigarse en Valencia, mientras que los que hicieron a los aforados nacionales corresponden al Supremo. Este tribunal así lo entendió cuando se declaró competente para investigar al tesorero del PP, Luis Bárcenas, y al diputado de este partido Jesús Merino. 

La Fiscalía espera que el recurso de Francisco Camps no prospere

El resto de los sobornos pagados a los tres diputados y cuatro ex alcaldes madrileños imputados se investigarán en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El juez Flors entiende, en cambio, que los sobornos supuestamente pagados por Correa, Crespo y El Bigotes sólo pueden investigarse en Madrid salvo que el TSJM le envíe esa parte de la causa porque "forman parte en su conjunto del objeto más amplio de otro proceso". 

02 dos delitos. El que da y el que recibe

El delito que el juez Flors imputa a Francisco Camps y los otros imputados en Valencia es el cohecho previsto en el artículo 426 del Código Penal, que castiga con multa de tres a seis meses a "la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función". De momento, el juez no ha encontrado pruebas que vinculen los trajes con adjudicaciones concretas de contratos por parte de la Generalitat a las empresas de Correa, algo que podría cambiar a medida que avance la investigación sobre los expedientes, como sostiene la acusación que ejerce el PSOE valenciano. 

Aunque no hay una doctrina unánime al respecto, el que paga también puede ser castigado con el artículo 423 en la mano, en casos de cohecho impropio, como han establecido las últimas sentencias del Tribunal Supremo. Este precepto sanciona a "los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas corrompieren o intentaren corromper a las autoridades o funcionarios públicos".  

03 el recurso. 11 indicios sólidos

Quien soborna también puede ser juzgado en caso de cohecho impropio 

La última ficha movida por la defensa de Camps es el recurso presentado contra el auto del juez Flors que da continuidad a la causa por el trámite de la ley del jurado. La Fiscalía confía en que no pueda ser revocado, porque, además de la declaración del sastre José Tomás, enumera otros diez indicios sólidos de la imputación que pesa sobre el presidente de la Generalitat. De hecho, Anticorrupción no dejó pasar la oportunidad de mostrarse de acuerdo con su contenido en el escrito en el que pedía que se ampliara la imputación a los pagadores. 

04 secreto sumarial. Crítica del PP 

En lo que sí parecen coincidir jueces y fiscales, al menos en Madrid, es en la necesidad de mantener el secreto de las actuaciones, medida que el PP sostiene que le provoca indefensión. El fiscal pidió el viernes al Supremo que mantenga el secreto decretado por el TSJM, para evitar, al estar dividido el sumario en tres tribunales, que lo que se envíe al Alto Tribunal se haga público y entorpezca las diligencias que el juez Antonio Pedreira sigue realizando. En los documentos sobre Bárcenas y Merino que se enviarán al Supremo pueden aparecer datos sobre otras personas. 

Fuentes del TSJM señalan que el instructor pretende mantener el secreto del sumario hasta septiembre. Cuando se retire la medida, concretará los hechos que se imputan a los encausados 

(www.publico.es, 16/07/09)

JOSÉ LUIS PEÑAS - EX CONCEJAL DE MAJADAHONDA Y DENUNCIANTE DEL 'CASO CORREA' VIENE DE PRIMERA PÁGINA... EL 'CASO GÜRTEL': "NI SE SABE TODO NI SE SABRÁ" 

Fue el primer aleteo que desencadenó el efecto mariposa que acabó en el terremoto político y judicial del caso Correa. 

Todo empezó un día del año 2007 en el que José Luis Peñas acudió a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía con una denuncia bajo el brazo y con más de 20 horas de grabación sin editar que él mismo había hecho durante meses. 

Grabó, entre otros, a Francisco Correa y a su mujer, Carmen Rodríguez Quijano, y aportó la prueba a la policía para que tirara del hilo de la investigación y luego acudió en numerosas ocasiones a la Fiscalía Anticorrupción para seguir aportando datos. 

En febrero de este año, el caso estalló. Ha marcado la agenda política de los últimos meses y aún se desconoce hasta dónde puede llegar. Peñas está convencido de que "ni se sabe todo, ni se sabrá", pero, según asegura estos días a sus próximos, se siente satisfecho porque su compromiso "con la democracia, su país y la libertad está más que saldado" a su favor. 

Si no hubiera sido por él, Francisco Camps no estaría camino del banquillo, Luis Bárcenas no estaría pendiente del Tribunal Supremo, no hubieran dimitido media docena de cargos autonómicos y municipales del PP y Francisco Correa no estaría en la cárcel. Explica a sus allegados que "las cosas no se hacen en función de si compensan o no, se hacen porque se deben hacer". Les explica que está orgulloso de poder mirar de frente a su familia y, sobre todo, de estar dispuesto a "mirar de frente a todos los golfos que han de pasar delante de él en el banquillo". Peñas, de 41 años, empezó en política en 1999 como concejal del PP en Parla y entabló relación con Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda, que dimitió por su relación con la trama, y con Carmen, la esposa de Correa. Llegó a tener tal nivel de confianza, que el presunto jefe de la trama de corrupción confiaba el cuidado de su hija de pocos meses a Pepe Peñas cuando tenían que viajar. Peñas fue concejal de Planificación Urbana de Majadahonda, pero fue expulsado del PP cuando se rebeló contra una recalificación de terrenos que él consideró turbia. A pesar de eso, mantuvo su amistad con Correa y con su mujer. 

Luego, Peñas hizo el segundo gesto de rebeldía: el de acaparar pruebas, incluso a costa de su "tranquilidad, tiempo y dinero", para denunciar lo que había constatado como red política corrupta, muy compleja, y con alcance a varias comunidades autónomas. 

Constató de primera mano que en el PP casi todo el mundo conocía a Correa y su gente. Recuerda que Correa era íntimo de José María Aznar y de los máximos responsables del PP (de Javier Arenas, de Gerardo Galeote, de Jesús Sepúlveda, de Luis Bárcenas...); que había tortas por estar con él y que cenar con él era sinónimo de realizar un buen negocio amparado por la cúpula. Eran los días de vino y rosas de Correa, de Álvaro Pérez (El Bigotes) y de todos los cargos del PP que disfrutaban de regalos. La trama movía los hilos de sus marionetas en los ayuntamientos de los municipios más ricos del noroeste de Madrid. Pozuelo, Majadahonda y Boadilla eran el epicentro de la trama, y Peñas se dedicó a registrar con una modesta grabadora de bolsillo las conversaciones con sus amigos en las que se hablaba de comisiones, paraísos fiscales, regalos y cajas b. 

Nunca se sintió un agente secreto y, por eso, mientras grababa las reuniones con los implicados para hacer acopio de pruebas, confesaba a su familia que pasaba "mucho miedo". Los datos que recabó en secreto durante meses han sido ratificados luego con pruebas materiales y con testimonios directos por el juez Baltasar Garzón y por magistrados instructores de los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia. Y aún queda mucho por salir. 

Ahora, Peñas es funcionario del Ayuntamiento de Madrid y acaba de terminar la carrera de Derecho. Intenta ser lo más discreto que puede para pasar lo más inadvertido posible. Se limita a observar los efectos del terremoto que ha provocado y sigue colaborando con la investigación. 

(www.elpais.com, 15/07/09)

Una ex directiva de Correa reitera el pago a cargos del PP

El juez Pedreira imputa seis delitos a Isabel Jordán

La investigación judicial del caso Gürtel avanza en Madrid. El caso se ha convertido en una hidra de tres cabezas y la ramificación que salpica a diputados y alcaldes de la región parece cada vez más clara. Felisa Isabel Jordán, ex administradora de tres de las empresas de Francisco Correa -el cerebro de la trama- y una de las principales implicadas en el caso, testificó ayer ante el juez del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira. Tras cuatro horas de interrogatorio, el magistrado le imputó los delitos de participación en una trama, cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad por su participación en la trama.

La directiva de Easy Concept ratifica la declaración que hizo ante Garzón

Jordán ratificó la declaración que realizó el 11 de febrero ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Entonces, la imputada reconoció que la trama que dirigía Correa pagó a políticos del PP. Durante aquella comparecencia, señaló al tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas. "Estaban siempre hablando de los cabrones de Génova, y hablaban del señor Bárcenas. En algunas conversaciones sí salía el señor Bárcenas, del dinero que le habían dado, que era un cabrón, que no les estaba dando trabajo, que le cortaron el flujo de trabajo", dijo entonces. También apuntó a la supuesta implicación del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. La declaración de Jordán sirvió para que Garzón concluyera que "la trama de Correa utilizaba el conglomerado de empresas para ocultar facturas de productos entregados de forma gratuita al presidente de la Comunidad Valenciana". Esos productos eran trajes. En una conversación, la administradora de Easy Concept, una de las principales firmas de la trama, asegura: "Incluso he pagado. Una factura de 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagarle los trajes al presidente Camps. Tengo la factura y la he pagado". Tras su declaración ante Garzón, Jordán negó estas declaraciones.

Jordán también apuntó entonces a políticos del PP de Madrid, entre los que se encuentran el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo. "Una vez que ganamos el primer concurso, los técnicos de Presidencia [de la Comunidad de Madrid] ya nos llamaban y nos preguntaban si nos íbamos a presentar...", dijo ante Garzón. El nombre de Jordán aparece en la contabilidad B de la trama. La referencia PCSABOSCH aparece en uno de esos apuntes junto a una cantidad de dinero. Jordán reveló que esa clave se refiere a Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de organización del PP gallego, y Alfonso Bosch, diputado de Madrid. Jordán también reconoció ante Garzón que gastó 3.000 euros en Milano para regalar varios trajes al ex alcalde de Boadilla Arturo González Panero. También reveló la relación de Correa con el ex alcalde de Arganda Ginés López y con el diputado de Madrid Benjamín Martín Vasco.

www.elpais.es 01.07.09

Felisa Jordán reitera que la trama de Correa entregó dinero a políticos del PP

El juez le imputa delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, bloqueo de capitales y falsedad documental

Felisa Isabel Jordán, una de los principales personajes en el caso Gürtel, ha comparecido esta mañana ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira. Jordán, que hasta febrero era administradora de tres empresas de la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa, ha confirmado ante el magistrado la declaración que realizó ante el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, el pasado 11 de febrero. Entonces, Jordán confirmó que políticos del PP recibieron dinero y regalos del "conglomerado empresarial" de Correa.

Pedreira ha imputado a Jordán los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, bloqueo de capitales y falsedad documental, tras interrogarla durante cerca de cuatro horas. El juez ha evitado imponer alguna fianza y no ha dispuesto ninguna medida cautelar. Jordán, cuyo nombre aparece en la contabilidad B de la trama, ha abandonado las dependencias del TSJM por una puerta trasera para evitar a los periodistas.

Fuentes del tribunal han asegurado que "la imputada se ha ratificado en sus dos declaraciones anteriores ante Garzón y ante la policía". En aquellas comparecencias anteriores la administradora de Good&Better, una de las principales firmas implicadas en la trama, apuntó al Tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, de quien aseguró que su nombre salía en algunas conversaciones, "del dinero que le habían dado, que era un cabrón, que no les estaban dando trabajo, que le cortaron el flujo de trabajo que tenían".

La imputada también confirmó que uno de esos apuntes que aparece con la referencia PCSABOSCH se refiere a entregas de dinero de Pablo Crespo Safaris, otro de los miembros de la trama, y Alfonso Bosch., diputado del PP en la Asamblea de Madrid. De esa contabilidad se deduce supuestas entregas de dinero de las empresas de Correa al ex consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo.

Jordán también aludió a la presunta relación del ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, con Correa y a la entrada de las empresas del cabecilla de la trama de corrupción en Arganda del Rey durante el mandato del alcalde, Ginés López, imputado también en el caso.

Jordán fue arrestada el pasado 6 de febrero cuando Garzón inició el procedimiento del caso Gürtel. Ese día también fueron detenidos Francisco Correa, Pablo respo Sabaris, Antoine Sánchez y a María del Carmen Rodríguez Quijano. Tras declarar ante Garzón el 11 de febrero durante más de tres horas Jordán quedó en libertad con cargos.

www.elpais.es 30.06.09

El PP mantiene en el cargo a ocho imputados en la Gürtel

La geometría variable de Rajoy ha permitido a los implicados de mayor relevancia política conservar sus actas parlamentarias o municipales pese a dar a algunos de baja en el partido

Baja, baja fingida y actividad plena. Por analogía, en esas tres situaciones cabe encuadrar hoy a los 18 imputados en el caso Gürtel en total hay más de 70 directamente vinculados al PP. Cinco meses y medio después de que estallara el escándalo y en espera de que el Supremo se pronuncie sobre el tesorero Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino, la geometría variable aplicada aquí por el partido de Rajoy ha alcanzado tal elasticidad que ocho de esos imputados, los de mayor relevancia política, se mantienen en cargos públicos sujetos a la disciplina del mismo partido que en teoría, y exceptuando a Francisco Camps y Ricardo Costa los ha suspendido cautelarmente de militancia.

La explicación del PP ante esta multiplicación de raseros pivota sobre dos argumentos: cada caso es distinto y la presunción de inocencia prima sobre todo lo demás. Y, como cada caso es distinto, los dos polos del arco de posibilidades coinciden en Valencia, donde el citado Camps continúa al frente del partido y de la Generalitat arropado por la cúpula de Mariano Rajoy mientras que Víctor Campos, vicepresidente de la Comunidad Valenciana y consejero de Justicia hasta 2007, se dio de baja en cuanto el juez Baltasar Garzón lo señaló como implicado en la presunta trama de corrupción. Campos aparece como el imputado que menos recibió de la trama: según Garzón, 4.850 euros en trajes.

Camps y Costa viven arropados por su partido, que ni se plantea apartarlos

En Madrid, la paradoja tiene el nombre de tres diputados autonómicos y de los ex alcaldes de Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón. Los cinco están imputados y los cinco han sido apartados "temporalmente" del partido, pero los cinco mantienen sus cargos electos y actúan fieles a las directrices del partido.

El ardid otras veces usado por siglas de todo color despojar del cargo público al sospechoso pero sin expulsarlo se ha invertido aquí. El PP no sólo no ha exigido la devolución del escaño a los parlamentarios autonómicos Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco sino que ni siquiera los ha arrojado de la bancada conservadora. Los quiere en su grupo.

¿Independientes?

A la pregunta de por qué el PP considera que hay elementos para apartarlos de la vida interna del partido pero no para que dejen de representarlo en la Cámara autonómica, las respuestas son confusas. "Están en el grupo parlamentario como la concejal Alicia Moreno, que es independiente, está en el equipo de gobierno del ayuntamiento de Madrid", dice una fuente del PP madrileño al tiempo que subraya que sobre ninguno de los tres diputados pesa ahora un "mandato imperativo" para que voten en la Asamblea siguiendo las directrices del partido.

Y todos ellos pidieron su baja "voluntariamente", remacha el PP obviando que la suspensión cautelar de militancia de los tres diputados no se produjo hasta que, el 5 de mayo, el Tribunal Superior de Madrid impuso a Martín Vasco una fianza de 950.000 euros.

Habían transcurrido tres meses desde que el 9 de febrero, tres días después de que el juez Garzón ordenara las primeras detenciones del caso, López Viejo dimitió como consejero de Deportes. Ese día, Público había informado de cómo el dirigente del PP madrileño adjudicó 76 contratos a dedo en un año a dos empresas de la trama, Easy Concept y Good and Better. Según Garzón, la red corrupta compensó con 563.000 euros a López Viejo por sus adjudicaciones.

Los tres diputados de Madrid siguen sujetos a la disciplina de partido

Fuentes del grupo parlamentario del PP sostienen, por el contrario, que López Viejo, Bosch y Martín Vasco ex portavoz adjunto de los conservadores y que presidió la fallida comisión de investigación del espionaje pertenecen al grupo con todas las de la ley. Enfatizan que "no existe la figura del independiente". E ilustran su afirmación con un ejemplo: "Si no acudieran a una votación se les sancionaría como a cualquier otro diputado".

Con 67 diputados frente a los 53 que suman PSOE e IU, el PP no vería en riesgo su mayoría absoluta si prescindiera de los tres imputados. No lo hace porque "no están expulsados del partido, sólo suspendidos temporalmente", alega la fuente parlamentaria mientras subraya que el PSOE "también tiene parlamentarios imputados" y si no los ha suspendido de militancia, vienen a decir los conservadores, es su problema.

A tenor de los hechos, para el PP no constituye ningún problema que los ex alcaldes de Boadilla y Pozuelo, Arturo González Panero y Jesús Sepúlveda, prosigan como concejales adscritos a los respectivos grupos municipales del PP. "Sepúlveda ni aparece por los plenos", asegura indignada Eva Izquierdo, portavoz socialista en Pozuelo y cuyo partido ha pedido con reiteración y nulo éxito al PP que reclame el acta al imputado que supuestamente recibió un lujoso Jaguar como regalo, amén de recibir cantidades en metálico hasta superar los 422.000 euros.

Sepúlveda es edil, pero ni aparece por los plenos. El PSOE ha pedido su relevo

El PP corroboró a Público que Sepúlveda no tiene en la práctica actividad municipal. El contrapunto lo pone el ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, sobre quien pesa la fianza más alta del caso: 1,8 millones de euros.

Reprobación fallida

Panero, que se negó a declarar ante Garzón y luego ante el instructor designado por el Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, está perfectamente integrado en el grupo municipal del PP. Su sucesor en la Alcaldía, Juan Siguero, le encomendó representar al partido en dos comisiones municipales, la de Personal y la de Hacienda.

"Se montó tal cisco que lo quitaron de la de Hacienda", cuenta Pablo Nieto, portavoz del PSOE en Boadilla y autor de una infructuosa iniciativa para que el pleno reprobase a González Panero. La moción se votó en el pleno celebrado el 24 de abril. El PP que tampoco aquí necesita al ex alcalde para preservar su mayoría absoluta la derrotó. Se abstuvo González Panero, quien según Garzón se habría repartido con el también imputado Tomás Martín Morales 510.000 euros procedentes de la red corrupta.

www.publico.es 28.06.09

Una red de corrupción a la sombra del PP

Correa hizo fortuna contratando con instituciones gobernadas por los populares

Todas las consejerías del Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre (previa imposición del que fue su consejero de Deportes y antes viceconsejero de Presidencia, Alberto López Viejo) y más de la mitad de las del Ejecutivo valenciano de Francisco Camps; la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) durante el mandato de Rita Barberá, alcaldesa de Valencia; Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), dependiente del Ministerio de Fomento, durante el mandato de Francisco Álvarez-Cascos; los ayuntamientos madrileños de Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Majadahonda y Arganda del Rey bajo gobiernos del PP; y las organizaciones del PP en Madrid y en la Comunidad Valenciana. Todos permitieron a la red empresarial corrupta de Francisco Correa hacer negocios millonarios con distintos tratos de favor.

El jefe de la trama encargó a un experto que moviera el dinero por todo el mundo

Los tentáculos de Correa, que hizo carrera en los negocios a la sombra de José María Aznar (al que organizó todos los eventos del PP en los que participaba durante su mandato), se extendieron por numerosas instituciones donde mandaban dirigentes populares y obtuvo contratos por varias decenas de millones de euros durante casi diez años. Hasta que las denuncias de José Luis Peñas, un antiguo amigo y colaborador, ex concejal del PP en Majadahonda que fue expulsado tras anunciar su rebeldía ante un concurso de suelo supuestamente amañado, acabaron con un imperio que había dispersado sus millonarios beneficios por Cádiz, Málaga, Madrid, Colombia, Miami o Panamá, además de abrir cuentas en distintos países para evitar el pago de impuestos al fisco español.

Correa contrató los servicios de un experto, Arturo Gianfranco Fasana, para que le moviera su capital por el mundo, por lo que le cobraba un 0,3% de la cartera anual. Fasana ha declarado ante el juez Antonio Pedreira, instructor del caso en el Tribunal Superior de Madrid, que conoció a Correa hace ocho años y que éste se mostró interesado en que le traspasara unos fondos de Mónaco a Suiza. Fasana explicó que Correa era muy conservador a la hora de invertir el dinero de sus negocios en España: sólo quería obligaciones de categoría AAA, que garantizan un beneficio razonable con un mínimo riesgo. Cuando llegó la crisis, Correa preguntó a Fassana dónde podía invertir tres o cuatro millones de euros y éste le recomendó el Banco Europeo de Inversiones. Fassana gestionó alguna operación inmobiliaria de la red corrupta en el extranjero, como la compra de dos pisos en Cartagena de Indias (Colombia).

Rutsfield, sociedad domiciliada en la isla de Man, también la creó Fasana para Correa. A través de ella se hicieron transacciones de dinero que acabaron en una promoción inmobiliaria en Majadahonda (Madrid), que investiga el juez, ya que en algún documento requisado a los asesores jurídicos de la red se han hallado apuntes que vinculan el dinero de esta sociedad con Luis Bárcenas, tesorero nacional del PP.

El Supremo considera insuficientes de momento estos indicios para investigar a Bárcenas por blanqueo de capitales. La policía, según adelanto Interviú, mostró a Fasana extractos de cuentas hallados en cajas de seguridad que la trama tenía en un banco de la calle de Velázquez. Esos extractos hacían referencia a fondos en sociedades extranjeras que Fasana le había creado a Correa con hasta 15 millones de euros en su balance a febrero de 2007. Cuando Correa fue detenido y Fasana lo supo, ordenó el bloqueo de las cuentas en Suiza en las que él estaba como administrador mientras Correa y su socio Pablo Crespo figuraban como apoderados.

www.elpais.es 28.06.09

LOS AMIGOS DE AGAG IMPUTADOS EN GÜRTEL SIGUEN HACIENDO NEGOCIOS 

No hay imputación en Gürtel que impida a Jacobo Gordon, amigo íntimo del yernísimo de José María Aznar, Alejandro Agag, seguir haciendo negocios o, al menos, intentarlo. Y es que Proyecto Twain Jones, promotora presidida por Gordon que comparte sede registral con empresas vinculadas a la red corrupta, no ha sido intervenida judicialmente es intenta vender el excedente de Residencial Adriático, una promoción de 16 viviendas de lujo levantada en Monte Pilar (Majadahonda). La citada entidad aún tiene en el mercado cuatro de estas viviendas con costes que van desde 500.000 a 1.100.000 euros. Precisamente, en una de las grabaciones interceptadas por la policía anticorrupción, Correa daba cuenta de una promoción en Majadahonda impulsada por Gordon con un precio “desorbitado”.  

Salones de cinco metros de altura, bajos con jardín, terrazas con jacuzzi y pisos de 180 m². Son algunas de las características de las viviendas que, hoy por hoy, sigue ofertando Proyecto Twain Jones, promotora presidida por Gordon y participada en un 75% por Real Estate Equity Portfolio, también presidida por el que fuera uno de los amigos más cercanos de Agag.

Misma sede 

Esta última entidad, cuyo objeto social es la promoción inmobiliaria y la participación en otras sociedades, ostenta la paternidad de cinco empresas más. Estas seis compañías -incluida Twain Jones-, al igual que su madre, tienen sede registral en la madrileña calle Príncipe de Vergara número 128. Ello significa que comparten domicilio legal con Castaño Corporate SL, sociedad a la que el juez Baltasar Garzón enmarcó en la constelación Gürtel.

Conversaciones vinculantes 

Si hasta aquí los vínculos con la trama empiezan a dibujarse, las conversaciones grabadas por la policía toman el relevo. En una de ellas, el mismo Correa se refiere a una promoción propulsada por Gordon en Majadahonda con un coste “desorbitado”, apunta Público. Además de las cintas recogidas en el sumario judicial, las grabaciones realizadas por un ex concejal de Majadahonda consultadas por el rotativo desvelarían que el amigo y testigo de boda de Agag también había llevado en Valencia distintos temas urbanísticos de Correa.

Amistad Gordon – Agag 

Los vínculos de Gordon y Agag son difíciles de negar. Ambos compartieron negocios en Natko, una sociedad dedicada al paintball, y en Columela Gestion, una asesoría inmobiliaria. El grado de intimidad de su relación quedó patente en la boda de Agag y Ana Aznar en El Escorial, en la que el ex socio fue testigo. Además de Gordon, una persona muy cercana al ex presidente Aznar ha sido imputado en Gürtel: José Ramón Blanco Balín quien, precisamente, ha sido consejero de Real Estate. Este cargo también lo ha ostentado José Luis Martínez Parra, vicepresidente e hijo del propietario de Teconsa, también implicada en la trama Gürtel.

De Teconsa al tesorero y el bodorrio 

Según Garzón, la Junta de Castilla y León adjudicó a Teconsa la construcción de una carretera a través de un concurso “amañado” y previo pago de la constructora a Correa, quien posteriormente “repartió a otras personas, entre las que se encontraría, según la investigación policial, Luis Bárcenas”, tesorero del PP que podría ser imputado en breve por el Supremo. Este círculo corrupto-empresarial acabaría en Boadilla, donde Teconsa ha sido la principal beneficiaria de la EMSV. Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch, directivos de la citada empresa municipal de suelo, también han sido imputados en Gürtel. Curiosamente Bosch, diputado regional de Madrid, fue quien organizó el bodorrio de El Escorial en 2002, cuando era concejal de aquella localidad. 

(www.elplural.com, 22/06/09)

El PP fracasa en su intento de tumbar el sumario de Garzón

Los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia revalidan la investigación previa del caso Gürtel

Con quince denuncias del PP a sus espaldas y tras cuatro meses sometido a fuego graneado desde cada esquina del partido de Mariano Rajoy, el juez Baltasar Garzón ha visto cómo su sucesor en Madrid al frente del caso Gürtel, el magistrado Antonio Pedreira, suscribe las principales conclusiones de su investigación inicial. Mientras, el Tribunal Superior de Valencia mantiene imputado al presidente autonómico, Francisco Camps, aunque, al menos de momento, ha pasado de largo por el espinoso asunto de la supuesta financiación ilegal del PP.

Y, salvo viraje inesperado, el Tribunal Supremo llamará a declarar como imputado bajo sospecha de blanqueo y fraude fiscal a Luis Bárcenas, tesorero del PP y a quien, el 31 de marzo, en su auto de remisión de la causa a los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia, Garzón ya atribuía el cobro de 1,35 millones de euros.

• Uno de cada tres imputados en la causa pertenece al partido de Rajoy

De los 60 imputados (tres de ellos en prisión) que acumula ya el caso, 17 pertenecen al PP. Y otros tres presuntos implicados Bárcenas, el eurodiputado Gerardo Galeote y el diputado en el Congreso Jesús Merino alcanzarán previsiblemente ese rango en cuanto el Supremo asuma la instrucción total o parcial de las diligencias, donde las investigaciones practicadas por Garzón resultaron clave. Las esperanzas conservadoras de que un cambio de jurisdicción dejase limpios de polvo y paja a sus militantes bajo sospecha se han hecho añicos, aunque, en privado, hay quien admite que el PP espera mayor benevolencia del Tribunal Superior madrileño y el valenciano. Pero la predicción lanzada por Rajoy en referencia a Bárcenas y Galeote "Nadie podrá probar que no son inocentes", dijo cojea hoy más que ayer.

Lo sucedido desde el 6 de febrero, cuando tras meses de investigación se produjeron los primeros arrestos, constata que las diligencias abiertas por el "juez socialista" definición común en boca de Esperanza Aguirre reflejaban indicios reales y no un intento de "aniquilación del adversario", fórmula que los conservadores han elevado a la categoría de estribillo. En sus esfuerzos por castigar a Garzón, el PP ha llegado incluso a poner en solfa la independencia de los tribunales, posteriormente elogiada cuando el Supremo aceptó la querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias contra el juez por haber investigado los crímenes del franquismo. "En Españaafirmó el ex ministro Cristóbal Montoro siete días después de las primeras detenciones de la operación Gürtel queda mucho por recorrer para garantizar el principio de igualdad ante la ley".

El gran mazazo

El TSJM ha hecho suyas las tesis de Garzón sobre Bárcenas

La más que presumible imputación del senador Bárcenas se alza en el escenario del caso como el gran mazazo que golpea a la cúpula del PP y, de modo simultáneo, invalida sus protestas contra Garzón, a quien acusaron de apuntar hacia el tesorero con el objetivo único de presentar la trama corrupta como una trama de partido. Pero no ha sido ese el único gran varapalo quedesacredita las andanadas del PP contra Garzón. El 14 de mayo, el partido ya se había visto zarandeado por la imputación, por parte del Tribunal Superior de Valencia, de Francisco Camps, presunto receptor de trajes regalados por la trama a cambio de contratos. Así, se reafirmaba las tesis de Garzón, quien en su auto del 5 de marzo ya mencionaba al presidente de Valencia como presunto implicado e introducía el elemento de la financiación ilegal del partido.

Para entonces ya erigido en bestia negra del PP y enemigo a derribar, aquel auto le costó que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, lo tachase de lanzar acusaciones "insidiosas e injustificadas". "Camps está siendo perseguido y amenazado", proclamó Cospedal en la junta directiva del PP celebrada el día 6 de ese mes. Cuando los periodistas preguntaron por qué, a diferencia de otros involucrados en el caso, Camps y su número dos, Ricardo Costa, no habían sido suspendidos de militancia, Cospedal pronunció tres palabras: "No están imputados".

Dos meses más tarde, el 14 de mayo, la frase había quedado vieja: el magistrado del Tribunal Superior de Valencia José Flors los citaba a ambos así como al ex vicepresidente de la Generalitat, Victor Campos, y al ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret a declarar en calidad de imputados, condición en la que permanecen todos ellos. Los ataques contra Garzón quedaron, de nuevo, sin retractación y Rajoy acudió a las Fallas para arropar con su presencia a la víctima Camps.

• Aguirre mantiene en su grupo parlamentario a tres implicados

Tampoco corrigió Cospedal su afirmación de que el auto del 5 de marzo del juez Garzón había hecho "todo el daño mediático que quería hacer contra el PP". Para el recuerdo quedó el "amiguito del alma" que en una conversación telefónica intervenida por la Policía había dedicado a Camps el comisionado de la trama y cara visible de la múltiples veces contratada Orange Market , Álvaro Pérez, El Bigotes. Orange Market recibió de la Generalitat adjudicaciones por un importe cercano a siete millones de euros. Camps mantiene su militancia y sus cargos. Bárcenas, de momento, también.

En su estrategia de desgaste contra el titular del juzgado central número 5, el PP apoyó comprensivo a los imputados que se negaron a declarar, bajo el argumento de que la falta de "imparcialidad" de Garzón y las constantes filtraciones del sumario los situaban en clara "indefensión" . Entre los imputados reacios destaca uno de los primeros arrestados en la operación, el silencioso Arturo González Panero, hasta febrero alcalde de Boadilla del Monte. Entre gestos de comprensión de su partido, González Panero se negó a declarar ante Garzón con el argumento, transmitido por su abogada, de que no abriría la boca "hasta conocer de forma definitiva cuál será el tribunal encargado de instruir la causa". Cuando, tras un cerco de casi dos meses, Garzón se inhibió y la investigación recayó sobre el magistrado del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, González Panero volvió a negarse. El ex alcalde de Boadilla, a quien Pedreira imputa seis delitos y contra quien pesa la fianza más alta del caso 1,8 millones de euros, invocó en esta ocasión el artículo 24 de la Constitución, que consagra el derecho de cualquier acusado a no declarar contra sí mismo. La fianza era "muy elevada", opinó Mariano Rajoy.

La incógnita de la acusación

La personación del PP aparece como el mayor revés sufrido por Garzón

Pero el mutismo de González Panero no constituye una excepción. Los tres diputados autonómicos madrileños imputados en el caso Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco han seguido sus pasos, tanto ante Garzón como ante Pedreira. Su silencio abre una incógnita de relevancia política: la de qué les habría preguntado el letrado del PP, que batalló contra Garzón para lograr que se le permitiera ejercer la acusación y consiguió finalmente que el Tribunal Superior de Madrid aceptara la personación en lo que supone el mayor revés judicial sufrido por el juez de la Audiencia Nacional en este caso. La incógnita no es baladí, dado que el PP mantiene a los tres imputados en su escaño. Esperanza Aguirre ni siquiera los ha expulsado del grupo parlamentario.

La decisión de Garzón de no aceptar la personación del PP desencadenó uno de los más furibundos ataques tras el desatado por el episodio de la cacería. Por ejemplo, a la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, le parecía inadmisible que el juez hubiera ofrecido a la Abogacía del Estado ejercer la acusación mientras cerraba la puerta al PP. "Es una doble vara de medir", dijo obviando el hecho de que las investigaciones policiales dejan entreabierta la posibilidad de que parte del dinero recibido por los imputados hubiera terminado en las arcas del partido. Finalmente, la Abogacía del Estado se personará. Con otro juez. Sin Garzón. Pero el sumario sigue adelante.

www.publico.es 21.06.09

'SÓLO PONGO LA MANO EN EL FUEGO POR MI FAMILIA'

María Dolores de Cospedal, por un lado; Javier Arenas, por otro. Nunca hasta ahora, a propósito de la estrategia sobre Bárcenas en el caso Gürtel, se había evidenciado con tanta claridad la recurrente disparidad de criterios entre los dos miembros clave del Comité de Dirección del PP. La secretaria general, siempre proclive a soltar lastre cuando se trata de defender la marca y el equipo; el vicesecretario, mucho más partidario de resistir y no dar una sola baza al adversario político. La primera, abanderada de la renovación; el segundo, de las esencias del partido.

De Cospedal fue quien forzó la apertura de la Comisión de Investigación sobre el espionaje en la Asamblea de Madrid, y Arenas fue quien pilotó toda la réplica del PP al caso Gürtel, en contra del juez Garzón y el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo.  

Ambos ejercen influencia sobre Rajoy y actúan entre bambalinas. Pero ayer, De Cospedal se destapó al negarse a poner «la mano en el fuego» por la inocencia del tesorero del partido. La número dos dijo en Los Desayunos de TVE: «Este tipo de expresiones las utilizo con mi familia y con muy pocas personas más».  

Y aún dijo más De Cospedal, hasta el punto de apostar por que Bárcenas dimitirá motu proprio si finalmente es imputado por el Tribunal Supremo. «Estoy convencida de que el tesorero del partido tomará las decisiones oportunas», dijo, refiriéndose a una eventual resolución judicial. «En este tema hay que actuar con la máxima contundencia y con actuaciones ejemplarizantes», añadió quien, de común acuerdo con Esperanza Aguirre, propició la suspensión de militancia de los imputados en la trama Gürtel en Madrid.  

Eso sí, mientras llega o no el referido momento, la secretaria general dedicó el resto de su discurso a defender a Bárcenas. Denunció la «completa indefensión» en que se encuentra porque, pese a lo publicado y pese a la personación de la Abogacía del Estado -«un intento de politizar esta cuestión»-, todavía no ha recibido «ninguna comunicación». Además, insistió en que «hay que demostrar la culpabilidad y no la inocencia».  

Precisamente, ésta fue la única parte del discurso que hizo suya, en declaraciones a Europa Press, la vicesecretaria popular Ana Mato. No por casualidad, declaró que «es triste» que ni Bárcenas ni los demás implicados por la exposición razonada del juez Pedreira conozcan todavía las acusaciones dirigidas contra ellos, y fue muy clara al sentenciar que «lo que toca es esperar y confiar» en ellos.  

Si bien todos ellos niegan la existencia de fricciones o de meras diferencias, lo cierto es que las más solventes fuentes consultadas apuntan, con respecto a este asunto, a un alineamiento político de Mato con Arenas, y de Sáenz de Santamaría con Cospedal. La portavoz en el Congreso recurrió anteayer al argumentario para escabullirse del asunto: «No puedo pronunciarme sobre hechos que desconozco».  

Por su parte, Arenas, quien también repitió este argumento, no dudó el viernes pasado en denunciar el «uso partidista» que hace el Ejecutivo de «algunos fiscales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». En su opinión, se trata de una actitud que no se había visto nunca «en los últimos 30 años de democracia». 

(www.elmundo.es, 18/06/09)

AGUIRRE: "LOS CIUDADANOS ME TIENEN POR UNA PERSONA HONRADA Y TRABAJADORA" 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, consideró este jueves "complicado" decidir si dimitiría de su cargo si estuviese en el lugar del senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, supuestamente implicado en la trama de corrupción del caso Gürtel. 

A la pregunta de 'si usted fuera Barcenas ¿dimitiría?', la presidenta se quedó en silencio durante unos segundos y respondió: "Uy qué complicado, es que yo no puedo pronunciarme sobre eso". 

Tras terminar su balance de los dos años de esta legislatura, la presidenta aseguró que todos los que supuestamente están relacioados con la trama 'Gürtel' tienen que saber "de qué se le acusa a uno". 

"También al señor Bárcenas porque a mí me sorprende profundamente que se le acuse de cohecho cuando cohecho es un delito para autoridades y funcionarios, y que yo sepa, él nunca ha sido funcionario ni autoridad", indicó Aguirre, al tiempo que exigió de nuevo que se levante el secreto de sumario del caso. 

En este sentido, destacó que lo puede decir "más alto pero no más claro", asegurando que si "todo esto" (en referencia a las investigaciones sobre Bárcenas) va al Tribunal Supremo "vamos a tener otros dos meses en los que ni siquiera se considerarán levantar el secreto". 

Así, señaló que esta exigencia no la hace "para defender a nadie", sino que lo que defiende es que hay que presumir la inocencia de todos "y que en un Estado de Derecho lo primero de todo, lo que dice la Constitución, es que todos los españoles tienen que saber de qué se le acusa, y el señor Bárcenas, igual que los demás". 

Preguntada por si teme que los casos de corrupción y la supuesta trama de espías en la Comunidad de Madrid haya podido dañar su imagen como presidenta, Aguirre se limitó a decir: "Creo que la imagen que los ciudadanos tienen de mí es que soy una persona que me puedo equivocar, como se equivoca todo el mundo, pero que soy trabajadora y honrada". 

(www.publico.es, 18/06/09)

EL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' ELEVA LA CAUSA AL TRIBUNAL SUPREMO 

El magistrado instructor del denominado caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha elevado una exposición razonada a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la que solicita que se haga cargo de la totalidad del caso Gürtel al resultar afectados en el curso de las investigaciones los diputados Luis Bárcenas Gutiérrez y Jesús Merino Delgado, y el todavía eurodiputado Gerardo Galeote. 

Antonio Pedreira ha solicitado el pronunciamiento del Tribunal Supremo toda vez que los avances en la investigación, fruto de las últimas comparecencias y de los informes de la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria, han descubierto nuevos hechos y han puesto de manifiesto la posibilidad veraz de que Luis Bárcenas Gutiérrez y Jesús Merino Delgado hayan podido incurrir en infracciones de naturaleza administrativa y penal y sean responsables de la comisión de un delito de cohecho y de un delito contra la Hacienda Pública en el caso de Bárcenas, y de cohecho en el caso de Merino. El Tribunal Supremo, según se afirma en la exposición razonada, tiene plena competencia para asumir el proceso penal contra los aforados sin que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ni la Audiencia Nacional puedan oponerse a sus decisiones. 

El informe emitido por la Fiscalía Anticorrupción recoge el contenido de las declaraciones y de la prueba documental, y suministra los indicios suficientes que justifican la obligada remisión al Tribunal Supremo de las actuaciones, teniendo en cuenta que el juez Pedreira no es competente para citar a los aforados y tomarles declaración. En relación al informe facilitado por la Hacienda Pública, el magistrado instructor lo incorpora a la exposición razonada por ser la base del escrito remitido por la Fiscalía Anticorrupción. 

En la misma línea, Antonio Pedreira solicita a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que se declare competente para evitar la posible prescripción del delito fiscal, llamando a declarar con carácter de urgencia a los aforados Luis Bárcenas Gutiérrez, Jesús Merino Delgado y Gerardo Galeote Quecedo. La remisión al Tribunal Supremo de la exposición razonada supone una garantía para los aforados, que disfrutan de este privilegio procesal por ley. En todo caso y mientras no resuelva el Tribunal Supremo, el magistrado instructor seguirá practicando las diligencias necesarias para evitar perjuicio al servicio público y al funcionamiento de las instituciones. 

La investigación tiene una grabación en la que el cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, afirma que ha entregado mil millones de pesetas a Luis Bárcenas. 

Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón implicó al tesorero del PP, Luis Bárcenas, en el cobro de 1,35 millones de euros en sobornos de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa. 

Además, la contabilidad B de Correa también registró pagos a Jesús Merino, ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León y ahora diputado nacional por Segovia. En los documentos requisados a la trama corrupta figura al menos un pago de 50.000 euros asignado a "Jesús Merino" y otras entregas de dinero que suman 170.000 euros a "J. M.", siglas que, según la investigación policial, corresponderían al mismo parlamentario popular. 

La Sala de Admisión del Supremo, que debe decidir si asume la investigación del caso Gürtel, está compuesta en la actualidad por el presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Miguel Colmenero. Al tratarse de una causa especial con aforados,se añadirán previsiblemente otros dos magistrados. 

A partir de mañana, la Sala dictará una providencia en la que pedirá informe al Ministerio Fiscal sobre la competencia del Supremo y sobre si existen indicios delictivos relevantes, y nombrará al ponente que redactará la decisión sobre la admisión. Una vez informe el fiscal, si el Supremo asume la causa, nombrará al nuevo instructor del caso Gürtel de entre un turno predeterminado. 

(www.elpais.com, 15/06/09) 

“Rajoy no puede seguir mirando al tendido, dando excusas y perdiendo tiempo”

Los últimos e importantes avances en el periplo judicial del caso Gürtel, que ya ha llegado al Supremo, y la timorata respuesta de Rajoy han provocado las reacciones inmediatas de los dos principales partidos de izquierda, PSOE e IU, que han salido a la palestra para exigir “responsabilidades políticas de forma inmediata” a Mariano Rajoy, como ha hecho el secretario socialista de Política Municipal, Antonio Hernando.

• Pajín recuerda al PP que "el supuesto caso Chaves" no está en los "tribunales" y la Gürtel...

• La implicación Bárcenas, Merino y Galeote en la Gürtel llega al Supremo

• "Si algún militante ha hecho cosas que no son aceptables, actuaremos en consecuencia"

• ...Y solidaria con Bárcenas: "Una imputación no es una acusación"

Por su parte, en Izquierda Unida ha tomado la palabra José Antonio García Rubio, secretario federal de Economía y Trabajo, quien ha exigido al PP que no eche “un manto de impunidad” sobre sus miembros investigados a base de “recurrir” a sus resultados electorales”.

Mirar al tendido
El socialista Antonio Hernando ha dado hoy una rueda de prensa para mostrar la postura de su partido tras la llegada al Supremo de la implicación del senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, el diputado Jesús Merino y al eurodiputado en funciones Gerardo Galeote. Hernando ha avisado a Mariano Rajoy de que “ya no puede seguir mirando al tendido, dando excusas y perdiendo tiempo”.

Despachos en Génova
Hernando ha recordado que el líder del PP avaló en su día a dos de los implicados, asegurando que “nadie podrá probar que Bárcenas y Galeote no son inocentes”. Además de este juego dialéctico, Rajoy tiene “la pelota en el tejado”, según Hernando, porque ambas personas fueron “nombradas por él” y “tienen despachos en la calle Génova”.

Ganar tiempo
Por parte de Izquierda Unida ha hablado José Antonio García Rubio, quien ha exigido a Rajoy que “se deje de victimismos, dé explicaciones políticas claras y empiece a colaborar con la Justicia”. “La dirección del PP no puede seguir buscando ganar tiempo” ha asegurado, apuntando al hecho de que el caso haya llegado al Supremo con “carácter urgente”, al saber que los presuntos delitos de Bárcenas prescribirán a finales de este mes.

Campaña contra Garzón
García también ha criticado la actitud del PP contra los miembros de la Justicia: “Ahora se ve con nitidez cómo el PP ha quedado manifiestamente en evidencia tras la desmesurada campaña de ataques y desprestigio lanzada contra el magistrado Baltasar Garzón cuando empezó a instruir esta trama desde la Audiencia Nacional”

www.elplural.com 15.06.09

EL EX VICEPRESIDENTE DE AZNAR TILDA EL CASO GÜRTEL DE “POLÍTICA DE NAVAJEO, PROTAGONIZADA POR LAS CLOACAS DE RUBALCABA, CONDE-PUMPIDO Y GARZÓN” 

El ex vicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez-Cascos, en su línea habitual de distinguirse por sus salidas de tono, convirtió un acto institucional en Avilés (Asturias) en un mitin personal, en el que arremetió contra la administración del Principado y el Gobierno central, que según dijo mantiene una «lamentable política de navajeo, burdamente protagonizada por las cloacas del Ministerio de Interior, de la Fiscalía General y del instructor de cámara de la Audiencia Nacional [en alusión al juez Garzón]”. 

Cascos era uno de los tres galardonados con el reconocimiento «Sardinas de oro» que otorga la asociación Sabugo, junto al ex secretario general del PCE Santiago Carrillo y el ex ministro de Defensa y de Educación y Ciencia, el socialista Gustavo Suárez Pertierra, quienes, como es lo habitual en estos casos, agradecieron la distinción y se centraron en sus recuerdos de infancia en Asturias y en los treinta años de la Constitución Española. El ex presidente popular, en cambio, cambió radicalmente el tono de la ceremonia, celebrada en el Teatro Palacio Valdés, en Avilés, al empezar despotricar contra la administración autonómica y sus “retrasos en obras claves”.

Críticas al Principado  

«Las obras ferroviarias de la variante de Pajares marchan retrasadas; la conexión de Asturias a la red de Alta Velocidad queda retrasada para mucho más allá de 2010, contrariamente a la planificación que otros dejamos en marcha; y por si fuera poco, Asturias es la única comunidad autónoma de la Cornisa que se opone al AVE del Cantábrico, la gran salida ferroviaria hacia Europa y hacia el Ebro», afirmó Cascos caldeando la sala donde se celebraba la ceremonia.

Cascos, ¿inspector de obras?  

El ex ministro de Fomento en la era Aznar se refirió, también, a la Autovía del Cantábrico: «En 2004 estaban todos los proyectos técnicos y las previsiones presupuestarias listas para que, entre 2004 y 2005, se licitaran las obras de los cinco tramos pendientes entre Muros de Nalón y Barres. Y, sin embargo, las inversiones cayeron a la mitad y los plazos apuntan a 2011. Cuatro años más de lo previsto. ¡Casi nada!», exclamó indignado.

Recetas para el Gobierno  

A continuación, Alvarez Cascos comenzó su diatriba contra el Gobierno central al que ofreció tres recetas para hacer frente a la crisis: la reedición de los pactos de Estado de la Moncloa, un plan acelerado de inversiones en infraestructuras y equipamientos, y nuevas medidas de apoyo a los sectores empresariales no financieros.  

“Política de navajeo”  

En su ataque contra el Gobierno, el ex ministro de Fomento y ex vicepresidente de Aznar no dejó de aludir a la trama Gürtel . Lo hizo acusando al Gobierno Zapatero de la «lamentable política de navajeo, burdamente protagonizada por las cloacas del Ministerio de Interior, de la Fiscalía General y del instructor de cámara de la Audiencia Nacional, e inspirada por móviles sectarios y nada democráticos».

La reacción del Principado  

La consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del Principado, Ana Rosa Migoya, le reprochó horas después al ex vicepresidente Alvarez Cascos el no haber respetado que estaba en un acto institucional, porque, según dijo, no se puede hacer una “utilización tan burda” de un evento institucional, y a continuación le recordó al ex ministro de Fomento que aún hay "tremendos borrones" de su actuación política en el Principado.  

(www.elplural.com, 15/06/09)

Rajoy entra en compás de espera

El líder popular esperará a que su tesorero sea imputado para decidir si lo echa - Buena parte del PP cree que debe irse, pero teme la comparación con Camps

La semana del mayor éxito de Mariano Rajoy en los últimos meses, la victoria holgada en las elecciones europeas, acabó con un muy mal trago para el líder del Partido Popular. Aunque el partido se empeña en transmitir tranquilidad, en actuar como si los avances judiciales del caso Gürtel no existieran, en privado todos los dirigentes reconocen que tener al borde de la imputación por cohecho y fraude fiscal al senador y tesorero nacional, Luis Bárcenas, el hombre que controla todo el dinero del PP, y que ha sido gerente durante casi 20 años, es un problema "muy grave".

El partido está tranquilo tras ver que el caso no tiene efectos electorales

No lo es desde el punto de vista electoral -la dirección está muy tranquila al ver el gran resultado de las elecciones europeas en la Comunidad Valenciana-, sino interno. "Esto es algo de lo que se entera un 10% de los ciudadanos, los que siguen la política muy de cerca. La opinión pública y la publicada aquí son muy distintas. Las elecciones europeas demuestran que el caso Gürtel no tiene ningún efecto electoral, o incluso que es positivo porque une a la militancia popular. El problema es de gestión política, Rajoy tendrá que resolverlo por una cuestión de imagen no ya pública, sino interna", analiza un miembro de la dirección.

La mayoría de los dirigentes consultados cree que Bárcenas debería haber dimitido hace tiempo, cuando el juez Baltasar Garzón redactó un auto demoledor en el que le atribuía haber cobrado 1,3 millones de euros en sobornos de la red de Francisco Correa. El cabecilla de la trama era amigo de Bárcenas, según recuerdan varios dirigentes. Pero el tesorero traslada a todo el que quiere escucharle que es inocente y no piensa dimitir. Desde ese auto se han publicado noticias comprometedoras para él, como los detalles de su patrimonio de más de tres millones de euros, algo que ha sentado muy mal a otras personas que han hecho el mismo recorrido que él: un funcionario del partido con un buen sueldo y teóricamente poco más.

También se ha publicado que Hacienda investigó un sospechoso ingreso de 330.000 euros en billetes de 500 euros que Bárcenas hizo en 2003, en la época en la que aparecían pagos similares a L. B. en la contabilidad B de Francisco Correa. El tesorero asegura y prueba con documentos bancarios que pidió un crédito para comprar un cuadro y que reingresó el dinero al frustrarse la operación.

Rajoy, que apenas ofrece ruedas de prensa y por tanto no puede ser preguntado por este asunto, ha colocado a su partido en el papel de víctima de unos fiscales, periodistas y jueces que le acosan, a los que llama "Torquemadas del siglo XXI".

El líder está sobre todo tranquilo porque el caso no ha derivado, como se temía al principio, en una investigación de financiación irregular del PP. Ante cada novedad judicial, el líder habla con los implicados y les traslada, según fuentes de Génova, que deben estar tranquilos mientras no haya una imputación formal. Es lo que hizo el viernes, cuando quedó claro que el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira va a enviar el caso al Tribunal Supremo al encontrar indicios de cohecho y delito fiscal contra Bárcenas y el diputado Jesús Merino, miembro de la dirección del grupo parlamentario y próximo a Soraya Sáenz de Santamaría.

Rajoy, aseguran en su entorno, no hará nada hasta que el Supremo dé el paso de imputar a Bárcenas. Sólo entonces decidirá si lo echa o no. "Saldrá de él, dimitirá si llega ese momento", sentencian varios dirigentes que conocen bien al tesorero, y que aseguran que pese a su apariencia exterior de tranquilidad, está sometido a una gran presión.

El problema, explican, no es sólo Luis Bárcenas. El problema se llama Francisco Camps. Una vez más, el doble rasero. Si el tesorero fuera destituido -aunque se vendería como una dimisión- por estar imputado, ¿cómo se explicaría que Camps no haya asumido ninguna responsabilidad por su imputación en el mismo caso?, se preguntan algunos dirigentes, aunque todos asumen que las acusaciones contra el tesorero son mucho más graves -1,3 millones de euros frente a 24.000 en trajes regalados-.

La dimisión de Bárcenas si llega a ser imputado tendría otra consecuencia. Si dejara el acta de senador, y con él dimitiera también Jesús Merino -el otro aforado nacional, Gerardo Galeote, está a punto de dejar de ser eurodiputado-, el Supremo dejaría de tener competencia sobre el asunto, que volvería al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los populares consideran a este último un tribunal más favorable a sus intereses, y Bárcenas, si no dimite, estaría arrastrando a todos los imputados del PP, también los ex alcaldes y el ex consejero madrileño, al Supremo.

Otro motivo más para forzar la caída del tesorero, que ya casi todos en el PP asumen, pero que Rajoy insiste en retrasar hasta el último minuto por si ocurre algo -que el Supremo no vea suficientes esos indicios y no impute, por ejemplo- que haga que el problema se resuelva solo, la fórmula preferida, y muchas veces exitosa, del líder para seguir adelante sin asumir demasiados riesgos.

Exceso de optimismo continuado

El día anterior a que EL PAÍS publicara que la fiscalía pedía que el caso se elevara al Supremo tras analizar un nuevo informe de la Agencia Tributaria, todos los miembros de la dirección del PP consultados se mostraban absolutamente convencidos de que Bárcenas quedaría limpio. Esta falta de previsión ha estado en el centro de muchas conversaciones estos días en el partido. Todos ven un principal responsable: Federico Trillo, el gran urdidor, con Rajoy, de la estrategia del PP con el caso Gürtel -primero tratar de convertirlo en un caso Garzón, y ahora cargar contra la fiscalía, la policía, Hacienda, los periodistas o cualquiera que vaya en contra de sus intereses-. El líder consulta con él, que es quien mantiene amistades entre jueces y fiscales conservadores, para saber qué va a pasar. Su exceso de optimismo empieza a ser criticado. Es la segunda vez que el PP se equivoca gravemente.

Durante semanas, basaron su estrategia en que Camps nunca sería imputado por el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Cuando lo fue, improvisaron diciendo que la imputación no tiene valor con la nueva legislación, y que "nadie se vende por tres trajes" que fue lo que dijo Rajoy. Ahora vuelve a pasar: la realidad supera las previsiones optimistas.

Algunos miembros de la dirección dicen que sí hay estrategia fijada, que todos los escenarios están contemplados desde el primer momento, incluido el de la imputación de Bárcenas, y que hay decisiones tomadas para cada uno de ellos. Sin embargo, la mayoría de los que no están en el corazón de la estrategia -este asunto no se trata ni en las reuniones de la cúpula- creen que el PP debería ponerse ya en lo peor y decir qué hará en cada supuesto.

www.elpais.es 14.06.09

Políticos del PP pudieron recibir miles de euros a través de una cuenta suiza de Francisco Correa

Al menos 150.000 euros. Esa es la cantidad que el presidente de la Comisión del Espionaje, el popular Benjamín Martín Vasco, pudo recibir por parte del entramado corrupto que lideraba Francisco Correa. Estos casi 25 millones de pesetas habrían salido del Credit Suisse, banco que tiene su sede en Ginebra (Suiza).

• Las cuentas en Suiza de la trama Gürtel quedarán bloqueadas

Pero quizás Martín Vasco no fue el único dirigente del Partido Popular que pudo recibir importante cuantías de dinero provenientes de paraísos fiscales como Suiza, Panamá, la isla de Man, las Antillas Holandesas, Senegal… Tal y como informa la revista Interviú en su último número, la Justicia trabaja sin cesar para saber si esas cuentas sirvieron para pagar a más políticos del PP.

Récord
Y es que Francisco Correa y sus socios Pablo Crespo y Antoine Sánchez consiguieron tejer en tiempo récord una enorme red de cuentas bancarias destinadas a mover los miles de millones obtenidos, siempre presuntamente, mediante técnicas tan despreciables como el cohecho o el tráfico de influencias.

El hombre claro
Para conocer la verdad, es vital la declaración que el pasado mes de mayo realizó Gianfranco Fasana, el broker que supuestamente gestionó en Suiza dinero de las empresas de Francisco Correa.

Colaboración
Tras tres horas y media de declaración ante el juez Antonio Pedreira, Gianfranco Fasana fue imputado por seis delitos (entre ellos, evasión fiscal y cohecho). Sin embargo, el juez no le aplicó ninguna medida cautelar gracias a su actitud colaboradora.

Más nombres
Se sospecha que Fasana habría facilitado a Antonio Pedreira nombres de integrantes de la red corrupta y cuentas bancarias utilizadas por la trama en el extranjero para blanquear el dinero. En su afán por colaborar con la Justicia, Fasana también habría bloqueado el dinero que haya en las citadas cuentas.

21 millones
En total, la Justicia calcula que la red corrupta vinculada al Partido Popular guarda más de 21 millones de euros. Quizás, parte de ese dinero lo utilizaban para hacer pagos a políticos del Partido Popular

www.elplural.com 11.06.09

EL CEREBRO DE LA GÜRTEL PODRÍA HABER CANTADO ANTE EL JUEZ 

El presunto cerebro de la Gürtel, Francisco Correa, y el ex dirigente del PP Pablo Crespo, ambos encarcelados en Soto del Real por su implicación en la trama de corrupción vinculada al PP, habrían empezado a cantar ante el juez todo lo que saben, según publica hoy el digital ExtraConfidencial.com. Al parecer, han decidido cambiar de estrategia y han pasado de negarlo todo ante el juez Garzón a reconocer los hechos y colaborar con la Justicia.  

Reproducimos por su interés lo publicado en ExtraConfidencial.com 

"Francisco Correa y Pablo Crespo están imputados por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad en la conocida como Operación Gürtel que instruyó el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Ahora, comparten celda en la madrileña cárcel de Soto del Real. Fuentes penitenciarias aseguraron a este periódico que Correa podría tener tendencias suicidas y es su compañero Crespo el encargado de tranquilizarle.

Pero tanto Correa como Crespo podrían haber decidido cambiar la estrategia de su defensa. Y así lo han hecho en su segunda declaración ante el juez Antonio Pedreira, instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM): variar su primera estrategia, la que siguieron ante Baltasar Garzón de negar todos los hechos que se les imputaban. Ahora, la mecánica ha sido diferente. En la mencionada segunda declaración manifestar todo su conocimiento con respecto a todos los hechos de los que son imputados en una clara colaboración con la Justicia.

Malas experiencias  

Pablo Crespo no ha sido indiferente al hecho. En concreto, sufrió en sus carnes la angustia que provoca el quedarse en la calle sin apenas ingresos y las maniobras de algunos políticos cuando trabajas con ellos, como le ocurrió a él tras ser cesado como jefe de Gabinete de José Cuiña, ex consejero de Obras Públicas de la Xunta de Galicia. Pablo Crespo conoce los vaivenes de la política desde su padre que fue brazo derecho del ministro de Información y Turismo, Pío Cabanillas, en Galicia. Casualidades de la vida. Ahora, no quiere que le pille dos veces el mismo toro.

El caso es que, según ha podido saber este periódico de fuentes de absoluta solvencia, tanto Crespo como Correa, este por influencia de aquel, tras prestar una primera declaración ante el magistrado Baltasar Garzón en la que no aceptaron ninguno de los delitos que se les imputan, habrían decidido contar toda su verdad. Y ¿quién es el artífice de este milagro? Un misterio que desvelaremos en nuestra edición de mañana.  

(ww.elpais.com, 09/06/09)

UNA EMPRESA DE CORREA OPERÓ COMO AGENCIA DE VIAJES OFICIAL DE LA FEMP 

Pasadena Viajes SL, una de las empresas adscritas a la trama corrupta que presuntamente dirigía Francisco Correa, operó como agencia oficial de viajes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) durante el mandato de la alcaldesa de Valencia y dirigente del PP Rita Barberá. Según los documentos a que ha tenido acceso Público, Pasadena facturó a la FEMP 283.000 euros entre junio de 2000 y diciembre de 2003, un mes después de que Barberá cesara como presidenta de la federación.  

En esos dos años y medio, la empresa, cuyo administrador único era el ex dirigente del PP gallego Pablo Crespo, endosó a la FEMP 216 facturas, muchas de ellas emitidas por conceptos múltiples es decir, distintos viajes o alojamientos en hotel, lo que ilustra la fortaleza de su relación comercial con la entidad municipalista, que entonces tenía como secretario general y mano derecha de Barberá a Álvaro de la Cruz. Según el diario El País, en la contabilidad B de Correa figura anotada una entrega de 30.000 euros a De la Cruz, que desembarcó en la FEMP en noviembre de 1995 tras haber sido jefe de gabinete con Francisco Álvarez Cascos en su etapa como número dos del PP. 

Las fuentes consultadas por Público subrayan que Pasadena fue ganando peso en la FEMP desde finales de los noventa bajo los auspicios de Barberá y De la Cruz. La Federación, que históricamente había encargado los desplazamientos y estancias de sus representantes a Viajes El Corte Inglés, abrió su mercado a Pasadena, como también lo hizo con Special Events, otra sociedad del grupo de Correa que recibió a dedo el encargo de organizar las asambleas generales de la FEMP celebradas en 1999 y 2003. 

El crecimiento de la cuota asignada por el equipo de Barberá a Pasadena fue tal que, al final de su etapa, la compañía llegó a copar el 30% de la tarta presupuestaria destinada a viajes. A través de la alcaldesa de Valencia, el PP controló la FEMP entre 1995 y 2003.  

Meses antes de las elecciones municipales de ese último año, celebradas el 25 de mayo, los encargos de la FEMP a Pasadena se disparan de modo extraordinario. Un ejemplo: en los once días transcurridos entre el 20 de diciembre y el 31 de diciembre de 2002, la empresa emitió 45 facturas por importe global de 86.637 euros, lo que representa un tercio del monto total facturado a la FEMP en dos años y medio. 

Aunque Pasadena también recibió encargos del PP madrileño, su principal cliente dentro del partido fue la organización valenciana que ahora dirige el imputado Francisco Camps. En Madrid, recibió contratos del ayuntamiento de Boadilla, cuyo ex alcalde fue el primer detenido en la operación Gürtel. Ayer, el Tribunal Superior confirmó que el PP podrá seguir ejerciendo la acusación en el caso. Tres de los imputados continúan en el grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid.  

(www.publico.es, 29/05/09)

EL PP DECLARA LA GUERRA SIN CUARTEL AL PSOE PARA TAPAR EL 'CASO GÜRTEL' 

El PP puso ayer de manifiesto de la forma más ruidosa posible su estrategia respecto a los casos de corrupción que salpican a este partido político: el contrataque total. Ha ocurrido otras veces; la más reciente, en las elecciones gallegas, cuando trató de contrarrestar el caso Gürtel con el despacho y el coche oficial del ya expresidente Emilio Pérez Touriño y con la cacería del exministro Mariano Fernández Bermejo. Ayer, la sesión de control al Gobierno fue el escenario idóneo para que los populares retomaran esta senda.

Desde el líder del partido, Mariano Rajoy, hasta el último de los diputados populares intervinientes, todos arremetieron con casos como el del uso de un avión militar por parte del presidente del Gobierno para ir a un mitin del PSOE, la gestión de la gripe A en un cuartel militar de Madrid y la subvención que dio la Junta de Andalucía a una empresa en la que trabaja la hija del entonces presidente, Manuel Chaves.

La respuesta del Gobierno es la de no dar tregua: minimizar estos temas respecto al caso Gürtel y acusar a los populares de diseñar deliberadamente estos supuestos escándalos del Ejecutivo para practicar el juego sucio en campaña. Así lo puso de manifiesto el ministro de Industria, Miguel Sebastián, al advertir que el PP registró en el Congreso el jueves pasado una pregunta sobre las ayudas del Gobierno a la minería en Andalucía, días antes de que el diario El Mundo difundiera el caso de la hija de Chaves, que trabaja en una empresa del sector minero. Sebastián felicitó irónicamente al Partido Popular por tener "olfato, porque el jueves ya conocía que esta semana se iban a publicar algunas cosas en la prensa". 

El choque frontal entre ambas estrategias lo abrió Rajoy al acusar a Zapatero de vulnerar el "código del buen Gobierno" al usar un avión Falcon de las fuerzas armadas para desplazarse a un mitin del PSOE en Dos Hermanas (Sevilla) el domingo pasado. Rajoy vinculó esta circunstancia a la denuncia del PP de que el Gobierno no está aplicando las medidas que anuncia contra la crisis. Rodríguez Zapatero, a diferencia de otros miembros del Ejecutivo, optó por no entrar al trapo e invitó al líder del PP a "no usar determinadas cosas por respeto a la institución de la Presidencia del Gobierno" y por "seriedad y responsabilidad". 

El PSOE afirma que José María Aznar también utilizó aviones militares para ciertos desplazamientos. El expresidente lo ha desmentido y ha asegurado que usaba un avión comercial, pagado por el partido, para acudir a los actos o mítines del PP. 

Horas después de la sesión de control parlamentario, en un mitin en Bilbao, Rajoy también pidió que Chaves comparezca en el Congreso para dar explicaciones respecto a la empresa donde trabaja su hija y advirtió de que el PP no va a dejar de castigar al Gobierno con este tema.La ofensiva popular incluyó asimismo un episodio de enfrentamiento respecto a Canarias. Tras el archivo de una denuncia contra el vicepresidente del Gobierno autonó-mico, el popular José Manuel Soria, la dirección del PP en Madrid ha decidido también ahí jugar al contragolpe. El diputado popular Arturo García-Tizón acusó al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de urdir una estrategia para dar difusión a operaciones contra presuntos casos de corrupción del PP en Canarias, filtrar los sumarios judiciales a medios afines y hacerlo siempre en plena campaña electoral. 

Rubalcaba sí entró al trapo, como también lo hicieron la titular de Defensa, Carme Chacón, y la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega. El ministro de Interior reprochó al PP que despliegue campañas de amedrantamiento a jueces, fiscales y policías cuando "los presuntos delincuentes son los suyos". Chacón recordó el caso Yak-42 para tachar al PP de "cobarde". La vicepresidenta primera entró también en la escalada verbal y recordó a los populares que "hacerse trajes a costa de otros es moralmente intolerable". Incluso el cabeza de lista del PSOE en las elecciones europeas, Juan Fernando López Aguilar, que en el debate con el candidato popular, Jaime Mayor Oreja, decidió no usar la corrupción como arma dialéctica, ayer sí aludió a ella. López Aguilar acusó al PP de defender "la especulación, la corrupción y la impunidad" e incluso de regocijarse y envalentonarse respecto a sus propios casos de corrupción con el objetivo de fomentar la abstención el próximo día 7 de junio.

La ofensiva popular incluyó también referencias por parte de la portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, a casos de presuntas irregularidades vinculadas directa o indirectamente a ayuntamientos o ediles socialistas en Elche, Collbató o Arrecife. Todo ello recuerda a la operación desplegada al inicio de la reciente campaña electoral gallega. En esa ocasión los populares iniciaron la recta final cara a los comicios en pleno estallido del caso Gürtel y con la dimisión de uno de sus cabezas de lista. Y acabaron centrando la campaña en el precio del coche oficial y de los muebles del despacho del presidente gallego, el socialista Emilio Pérez Touriño. Los socialistas admitieron, posteriormente, que había sido un error restar importancia a esos asuntos sobre los gastos del presidente y que debería haberse producido una reacción inmediata y contundente. 

(www.elperiodico.com, 28/05/09)

El juez bloquea cuentas en Suiza tras declarar un imputado del 'caso Gürtel'

El magistrado del caso Gurtel en Madrid, Antonio Pedreira, imputó ayer por seis delitos (entre ellos, evasión fiscal y cohecho) a Gianfranco Fasana, el broker que supuestamente gestionó en Suiza parte del dinero opaco al fisco proveniente de la trama corrupta que dirigía el empresario afín al PP Francisco Correa. Tras tres horas y media de declaración, el juez le dejó en libertad sin aplicarle ninguna medida cautelar, según el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Madrid. Supuestamente, Fasana colaboró con la justicia y por eso el juez, aunque le mantiene la imputación, no adoptó contra él ninguna medida cautelar.

Fasana habría facilitado al magistrado nombres de integrantes de la red corrupta y cuentas bancarias utilizadas por la trama en el extranjero para blanquear el dinero. Por este motivo, el juez habría enviado ayer mismo, tras la declaración, comisiones rogatorias a los lugares indicados por Fasana para bloquear el dinero que haya en las citadas cuentas.

Fasana fue detenido por la policía el pasado jueves en el aeropuerto de Barajas cuando se disponía a salir de España. Un apunte en la contabilidad B de las empresas de Correa revela que fue Fasana quien gestionó en Suiza el blanqueo de distintas cantidades de dinero de la trama corrupta. 150.000 euros del dinero blanqueado pudo acabar, según la investigación, en las manos del diputado de la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco.

Pedreira también interrogó ayer, en calidad de testigo, al ciudadano de origen italiano Dante Jacues Canónica, quien supuestamente, y a las órdenes de Fasana, ayudó a éste en sus tareas. Jacues también colaboró con la justicia.

"Desprecio y mentiras"

En Valencia, el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, confirmó ayer que en unos días presentará una querella contra Francisco Camps y el resto de imputados en la trama valenciana del caso Gürtel, informa Cristina Vázquez. "Hemos sido excesivamente responsables. Pero hay veces que no actuar es no cumplir con nuestras responsabilidades", dijo Alarte para justificar la querella que, de prosperar, permitirá al PSPV- PSOE personarse en el caso y acceder al sumario.

Según Alarte, el partido ha esperado a que Camps declarase ante el tribunal y luego compareciese en las Cortes para explicar su relación con la supuesta trama corrupta. "Su respuesta ha sido desprecio y mentiras. Por eso no vamos a esperar más", concluyó.

www.elpais.es 23.05.09

EL 'NÚMERO DOS' DE RITA BARBERÁ EN LA FEMP ADJUDICÓ DOS ACTOS A CORREA 

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) adjudicó a la empresa Special Events, pieza clave de la trama corrupta que lideraba Francisco Correa, la celebración de sus asambleas generales de 1999 y 2003 por un monto total de más de 800.000 euros. Los contratos -el segundo de ellos por el doble de dinero que el primero- fueron suscritos cuando el organismo estaba presidido por la popular Rita Barberá, alcaldesa de Valencia. Ambos fueron firmados por el entonces secretario general de la FEMP, Álvaro de la Cruz Gil, quien anteriorormente había sido estrecho colaborador de Francisco Álvarez Cascos. En la contabilidad B (dinero negro) de la red de Correa figura un supuesto pago de 30.000 euros a De la Cruz que está siendo investigado. 

La trama corrupta que lideraba Francisco Correa halló un buen cliente en la FEMP -organismo financiado con cuotas municipales y fondos ministeriales- cuando esta institución estuvo bajo control del PP, entre 1995 y 2003. Special Events fue adjudicataria de la séptima asamblea de la FEMP, celebrada en Madrid en 1999, pero entonces sólo facturó 232.305 euros por la organización del evento. Dicha cantidad suponía duplicar el precio de la anterior, en 1995, cuyo costo total liquidado fue de 194.126 euros. 

De la Cruz, nombrado por Barberá, fue el encargado de formalizar ese contrato y también el de la siguiente asamblea general, celebrada también en Madrid en noviembre de 2003. Este segundo contrato se firmó por un monto total de 570.000 euros, es decir, el doble del costo de la anterior asamblea. Special Events tuvo como representante a Pablo Crespo, que había sido dirigente del PP gallego y que hoy está imputado en el caso Gürtel y encarcelado. 

Ya bajo presidencia socialista, Special Events fue invitada a organizar la novena asamblea, en noviembre de 2007, pero no fue contratada. No lo había sido tampoco antes de la llegada del PP y de Álvaro de la Cruz, quien fue jefe de gabinete de Francisco Álvarez Cascos cuando éste era secretario general del partido. Las anteriores asambleas (en 1993 y 1995) fueron organizadas con personal de la propia FEMP. 

El contrato de 2003 no incluía dos partidas de gran importancia para la celebración del evento, como eran el alquiler del Palacio Municipal de Congresos de Madrid y los gastos de alojamiento de miembros de la comisión ejecutiva y del personal de la FEMP. ¿Qué incluía tal pago? Según el detalle del contrato pactado entre Special Events y la FEMP, se incluía desde el "diseño y construcción del escenario, fachada y banderas, iluminación, medios audiovisuales, sonido, diseño e impresión de cartelería y señalización interior" hasta la "construcción del stand del hall de la FEMP y seis stands políticos", pasando por "plantas y decoración floral". Por si el pago no era ya generoso, el contrato añadía: "Los gastos extra que se generen se facturarán aparte con sus correspondientes presupuestos". 

Llama la atención que la FEMP encargase y pagase a Special Events servicios para su asamblea de 2003 como seguridad, ADSL, arcos detectores de metales, audiovisuales, iluminación, faxes, impresoras, limpieza, mobiliario o servicio médico cuando el lugar donde se celebró tal evento, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, disponía de todas esas prestaciones a disposición del cliente con una tarifa publicada en su página web. Actualmente, el alquiler completo del palacio cuesta 15.000 euros diarios. 

De la Cruz, firmante de ambos contratos, se dedica al mundo de la seguridad con su empresa Serygur y ha reconocido que Luis Bárcenas, senador y tesorero del PP, medió a su favor ante la Comunidad de Madrid en un concurso. Álvaro de la Cruz figura o ha figurado en diversas sociedades: Ciudad 21 Foro de Innovación Local, Técnicas Audiovisuales Comunitarias, Internetxi Soluciones Técnologicas Avanzadas, Facilita Servicios Auxiliares, Protecny Segurity Alium Seguridad y Serygur. 

(www.elpais.com, 20/05/09) 

CORREA APUNTÓ PAGOS A OTRO DIPUTADO DEL PP Y AL EX JEFE DE GABINETE DE CASCOS 

La investigación de la trama de corrupción masiva vinculada presuntamente a administraciones gobernadas por el PP sigue avanzando con el material que proporciona la contabilidad de las empresas de Francisco Correa y que implica a nuevos dirigentes del partido de Mariano Rajoy. Los apuntes de la caja B (contabilidad en dinero negro) de la trama, que registraba pagos a políticos a cambio de favores, han implicado hasta ahora a cuatro ex alcaldes, tres diputados autonómicos madrileños, dos valencianos (entre ellos, el presidente Francisco Camps), el tesorero nacional del PP y senador Luis Bárcenas, y el eurodiputado Gerardo Galeote. 

Esa contabilidad también registró pagos a Jesús Merino, ex vicepresidente, con Juan José Lucas al frente, de la Junta de Castilla y León -una comunidad también afectada por el caso Gürtel por adjudicaciones sospechosas de obras de carreteras- y ahora diputado nacional por Segovia y miembro de la dirección del grupo parlamentario; y a Álvaro de la Cruz, que fue jefe de gabinete con Francisco Álvarez Cascos en los primeros años noventa, cuando éste desempeñaba el cargo de secretario general del PP. 

En los documentos requisados a la trama corrupta figura al menos un pago de 50.000 euros asignado a "Jesús Merino" y otras entregas de dinero que suman 170.000 euros a "J. M.", siglas que, según la investigación policial, corresponderían al mismo parlamentario popular. 

Merino es un veterano dirigente muy conocido en la sede central del PP, en la calle Génova de Madrid. Unos años después de abandonar la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León, en 2002 fue nombrado -en la época de Javier Arenas como secretario general- responsable de Política Autonómica del PP. 

En aquellos años, en la dirección del partido coincidieron algunas de las personas implicadas ahora en el caso Gürtel: Francisco Camps era secretario de Estudios y Programas; y Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo (Madrid) era, como secretario de Política Electoral, el responsable de la organización de los actos del partido y el que tenía mayor vinculación personal con Correa, cabecilla de la trama. 

De hecho, muchas de las investigaciones policiales del caso Gürtel parecen seguir lentamente la pista de las relaciones personales fraguadas en aquella época por el equipo de personas que controlaba el aparato de organización del PP y que, por tanto, contrataban y tenían una estrecha relación con la red de Francisco Correa. 

A Merino lo relevó en 2004 en la dirección del PP Soraya Sáenz de Santamaría, y él pasó a un segundo plano. Sin embargo, ambos establecieron una buena relación y Sáenz de Santamaría decidió recuperarlo en 2008, cuando Mariano Rajoy la nombró portavoz parlamentaria. Ella incorporó a Merino a la dirección del grupo parlamentario, como portavoz adjunto, y allí sigue desde entonces, en una reducida cúpula de diputados que toman las decisiones más relevantes sobre la estrategia de la oposición. 

Rajoy ha concentrado especialmente sus fuerzas en el Congreso, donde el PP ha llegado a ganar alguna votación, por lo que Merino es un dirigente destacado en ese contexto actual. Merino, que la semana pasada -cuando La Vanguardia publicó que estaba siendo investigado por este asunto- negó cualquier relación con Correa, no pudo ser localizado ayer por el equipo de prensa del PP para ofrecer su versión sobre estas investigaciones policiales. 

En el caso de Álvaro de la Cruz, ex jefe de gabinete de Francisco Álvarez Cascos, la caja B de Correa apunta un pago de 30.000 euros que está siendo investigado. Álvaro de la Cruz se dedica al mundo de la Seguridad con su empresa Serygur. De la Cruz reconoció en enero pasado al diario El Mundo que Luis Bárcenas, tesorero del PP y presuntamente implicado en el caso de corrupción -recibió 1,3 millones de la red, según un auto del juez Baltasar Garzón-, intermedió a su favor ante la Comunidad de Madrid en varios concursos de seguridad. 

"Luis Bárcenas es amigo mío y me preguntó si podía ayudar a Serygur. Le dije que estábamos interesados en el contrato de la seguridad de la Ciudad de la Justicia y se ofreció a llamar a Alfredo Prada [entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid]. Fue un acto de buena voluntad y por pura amistad", declaró entonces De la Cruz. 

Su empresa consiguió el contrato de la Ciudad de la Justicia por 400.000 euros. Sin embargo, el contrato que generó más polémica interna fue el de la seguridad de la sede del Gobierno autonómico en la Puerta del Sol. Al llegar el equipo de Esperanza Aguirre, que sustituyó a Alberto Ruiz-Gallardón, la empresa de De la Cruz temió perder el contrato, que debía renovarse. Entonces entró en liza el ex concejal del PP en Madrid Ignacio del Río, socio de De la Cruz en esta empresa. Entre los dos, y con el apoyo de Bárcenas, trataron de convencer al entorno de Aguirre para que renovara el contrato. Fracasaron, y Serygur perdió ese suculento pastel de seguridad. 

Bárcenas y De la Cruz trabajaron juntos en la dirección nacional del PP, uno como mano derecha del entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, y otro como jefe de gabinete del secretario general, Francisco Álvarez Cascos. 

De la Cruz ocupó, entre septiembre de 1989 y octubre de 1992, ese puesto de máxima confianza de Cascos, el que fuera número dos del PP en la década de los 90. Después recaló en Andalucía, donde llegó a ser diputado autonómico por Cádiz, pero durante un periodo muy breve, entre 1994 y 1995. 

(www.elpais.com, 19/05/09)

LA DOCTRINA DEL DOBLE RASERO 

Seguramente es el vicio más extendido de la política. Censurar desde la oposición comportamientos poco edificantes de un partido en el Gobierno para luego olvidar esa ética una vez que se toca el poder. O lo que es lo mismo, tener dos varas de medir, y aplicar una u otra según los intereses. Con el presidente valenciano, Francisco Camps, a punto de declarar como imputado por una trama de corrupción, el PP no está aplicando la doctrina que enunció su actual presidente de honor, José María Aznar, hace más de dos décadas. Aquella que sostiene que un cargo público envuelto en un proceso judicial debe dimitir, y su partido tiene que suspenderlo de militancia. 

"Le doy 24 horas para dimitir". Este tajante ultimátum lleva el sello de Aznar y se remonta a 1986. El receptor era el presidente de Castilla y León a la sazón, el socialista Demetrio Madrid. Recién estrenada la aventura autonómica de la comunidad, Madrid había llegado a la política tras vender una pequeña empresa textil que regentaba a un antiguo empleado. Pero 11 trabajadoras le implicaron en una querella criminal por presuntas irregularidades. 

 El asunto era estrictamente laboral y no guardaba relación con su gestión política. Pese a todo, Aznar, líder autonómico de la oposición desde las filas de Alianza Popular, diseñó una concienzuda campaña de furibundos ataques contra Madrid. Enarboló la bandera de la honestidad y de la lucha contra la corrupción. "Me señalaba con el dedo con muy mal estilo porque decía que no podía estar ni un solo día más en la presidencia, que aquella imputación era incompatible con el cargo", recordó Madrid años después. 

Aznar fue estrechando el cerco alrededor de su contrincante hasta llegar al mencionado ultimátum de 24 horas. Y efectivamente, su rival dimitió el 26 de octubre de 1986 "para no dañar a las instituciones ni al PSOE". Una decisión que, además, Aznar sabía que estaba tomada cuando proclamó su alegato a favor de la honradez, pues un auto de procesamiento en contra del dirigente socialista no le dejaba otra salida. 

Nadie pidió perdón por ello. Ni tampoco cuando el juez dictaminó la inocencia de Madrid. Era ya 1990. Con la presidencia castellano-leonesa como trampolín, Aznar acababa de heredar el Partido Popular de manos de Manuel Fraga, paso previo para llegar a la Moncloa. 

La doctrina del expresidente del Gobierno se fue contagiando. La usó en 1989 el diputado popular Luis Ramallo contra la entonces directora de RTVE, Pilar Miró. Ella, como Madrid, se vio forzada a dimitir por unos controvertidos gastos en trajes, como Camps. La justicia también la absolvió. Ramallo sí pidió perdón, pero tarde --Miró ya había fallecido-- y tras probar la misma medicina --se vio envuelto en el caso Gescartera, del fue absuelto pero tras ser (en este caso sí) suspendido de militancia--. 

El propio Aznar recuperó su efectista bandera con su "¡Váyase, señor González!". Fue en la crispada legislatura 1993-1996, la misma durante la cual el PSOE aplicó las recetas de Aznar con algunos de sus cargos, siguiendo el camino que inició Alfonso Guerra en 1991. Narcís Serra, Carlos Solchaga y Vicente Albero renunciaron a ministerios o escaños al verse salpicados por la corrupción. 

"Cuando un juez diga que algún militante incumple la ley actuaremos en consecuencia", proclamó en el 2006 Mariano Rajoy ante Camps en Valencia. "¿Hasta cuándo resistirán los dobles raseros en la política?", se preguntaba el viernes pasado el expresidente Felipe González. Todavía no hay respuesta. 

(www.elperiodico.com, 18/05/09) 

EL PP NO APLICA A CAMPS LA TESIS QUE AZNAR IMPLANTÓ EN 1986: "LE DOY 24 HORAS PARA DIMITIR" 

En 1986 Aznar incició toda una estrategia de acoso y derribo contra el entonces presidente de Castilla y León, el socialista Demetrio Madrid, que se había visto implicado en un proceso judicial que nada tenía que ver con su cargo público. Al líder de la oposición, José María Aznar, no le importó este detalle y cuando 11 trabajadores de la empresa textil que vendió Madrid cuando inició su carrera política, lo acusaron de irregularidades en la venta, inició una furibunda campaña contra él enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción. El diputado popular Luis Ramallo siguió su doctrina y fue el verdugo de Pilar Miró, quien tuvo que dimitir en 1989 por adquirir con dinero de Radio Televisión Española unos trajes cuando estuvo al frente del ente público. Tanto Madrid como Miró fueron absueltos por la justicia. Él todavía está esperando las disculpas de Aznar y ella no puedo escuchas las de Ramallo porque llegaron demasiado tarde, ya había fallecido. 

El Periódico de Catalunya publica una información en la que denuncia el escandaloso doble rasero de los populares al no aplicar en el caso Camps la tesis que José María Aznar acuñó en 1986 para forzar la salida del entonces presidente de Castilla y León. No sólo consiguió su marcha sino también sustituirlo en el cargo y, posteriormente, dar el salto a la política nacional. Se echa ahora de menos que esa encendida lucha contra la corrupción que enarboló el presidente de honor del PP no se aplique con el presidente valenciano, Francisco Camps, imputado en la trama Gürtel. 

(www.elplural.com, 18/05/09)

El 'caso Camps' y la investigación de la corrupción desatan la inquietud en el PP

El equipo de Rajoy ignora la versión que el líder valenciano quiere contar al juez

La inquietud se ha desatado en el PP a raíz de la imputación, el pasado jueves, del presidente valenciano, Francisco Camps, y de los próximos acontecimientos en torno a la trama de corrupción masiva que lidera Francisco Correa y que, según fuentes conocedoras de la investigación, puede implicar a nuevos dirigentes de este partido. En abierto contraste con las decisiones adoptadas respecto de otros imputados en la misma trama en Madrid, el PP ha optado por dar, de momento, su apoyo ciego a Camps, citado a declarar como imputado el próximo martes en el Tribunal Superior de Justicia valenciano para explicar supuestos cohechos.

El líder valenciano, uno de los principales apoyos con los que contó Rajoy para su reelección como presidente del partido en el Congreso celebrado en Valencia en junio de 2008, lleva tres meses afirmando que espera este momento como su oportunidad para contar "la verdad" sobre su relación con una trama corrupta que se enriqueció con contratos de su Gobierno. El PP, que ha optado por destituir a alcaldes y a un consejero y por suspender de militancia a diputados autonómicos de Madrid imputados en la trama, se encomendó ayer por completo a ese supuesto as en la manga que Camps insinúa tener para demostrar que "no hay nada de nada", la única respuesta que ha dado hasta ahora a los ciudadanos.

Lo que hay en el sumario son facturas de la tienda de ropa que suministró trajes a Camps supuestamente pagados por Álvaro Pérez, El Bigotes, el líder de la trama en Valencia; talones bancarios y transferencias documentadas de dinero de las empresas de la trama corrupta para abonar la ropa regalada al presidente valenciano, y todo tipo de testimonios de los empleados del establecimiento que ratifican lo que ocurrió.

A falta de pronunciamiento público de Mariano Rajoy, la número dos del partido, María Dolores de Cospedal, asumió ayer como propio ese discurso de Camps según el cual es una ventaja haber sido imputado. "[Camps] va a poder acudir a la justicia, y va a poder hablar y va a poder defenderse personalmente de todas las insidias y acusaciones que se están vertiendo contra él", dijo Cospedal. "Por fin va a poder hablar en condición de igualdad y tener derecho a la defensa".

Hasta ahora, Camps ha intentado desvincularse de El Bigotes aunque después se ha demostrado que tenían una relación muy estrecha. También ha dicho que él paga sus trajes, pero no lo ha probado. La realidad es que nadie está seguro en el PP de cuál es esa "verdad" que Camps está deseando mostrar al juez. El propio Camps, que en tres meses no se ha explicado públicamente, ha convertido esa visita al juzgado en el todo o nada de este caso. El peso de Camps como baluarte de Rajoy en el partido, el contexto en el que se produce su imputación, y el apoyo ciego de la cúpula, lo convierten también en una prueba de fuego para la actual dirección del PP.

Los populares confían en que el caso contra el presidente se cierre sin pruebas de corrupción. La aspiración realista en el PP es que todo se pudiera quedar en un "cohecho impropio", es decir, que se demuestre que Camps ha recibido regalos de la trama corrupta para que les favoreciera, pero sin que se llegue a probar que efectivamente la haya favorecido. La dirección no tiene las mismas esperanzas para los demás cargos valencianos implicados, como el secretario general Ricardo Costa.

En cualquier caso, y ésta es la versión optimista que manejan en el PP, el golpe es demoledor para el presidente Camps, que seguramente dirá adiós a su carrera política.

Además, si Camps sale el martes con una imputación firme por corrupción, el PP incurrirá en una grave contradicción si no actúa disciplinariamente contra él. Tres diputados de la Asamblea de Madrid fueron suspendidos de militancia después de su paso por el juzgado por la misma trama, aunque el dinero recibido fue notablemente superior. El Comité de Garantías del partido (su órgano disciplinario) es el único que puede tomar esta decisión. Fuentes próximas al mismo aclaran que no hay un protocolo fijo y se estudia "caso por caso". El criterio político, reconocen, es el que más pesa a la hora de actuar. Y hay pocos con más peso que Camps.

El momento político más intenso del escándalo Gürtel se produce además en un contexto de decepción poco disimulada por el resultado del debate del estado de la nación. Rajoy no logró imponerse al presidente del Gobierno con cuatro millones de parados sobre la mesa. La dirección del PP se quiere convencer, tras los resultados en Galicia y Euskadi, de que el escándalo Gürtel no tiene consecuencias electorales, pero es una presión añadida que todo suceda en vísperas de la campaña electoral de las europeas del 7 de junio, aquellas en las que Rajoy se jugaba su derecho a mantenerse en el puesto hasta las próximas generales.

Dos fechas clave

- El 'caso Gürtel' implica a una serie de empresarios, en prisión incondicional, que supuestamente sobornaban desde los años 90 a cargos del PP para beneficiarse de contratos de sus Administraciones. En Valencia, el presidente Francisco Camps tiene una íntima amistad con uno de los líderes de la trama, Álvaro Pérez, que ganó seis millones de euros en contratos. Pérez, supuestamente, le hacía importantes regalos a Camps, entre ellos trajes a medida.

El calendario judicial para aclarar el supuesto cohecho es, por ahora, el siguiente:

- Martes 19 de mayo. Declaran en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa.

- Miércoles 20 de mayo. Declaran por los mismos hechos el ex vicepresidente valenciano Víctor Campos, el ex asesor de la Consejería de Turismo Rafael Betoret y Álvaro Pérez, El Bigotes, cabecilla de la trama empresarial en Valencia.

www.elpais.es 16.05.09

La Fiscalía recurre la personación del PP en el 'caso Gürtel'

El juez del TSJM permitió que los populares se presentaran como acusación en la causa lo que les daría acceso al sumario

La Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la personación del PP como acusación particular en la causa por la que han sido imputados tres diputados regionales de Madrid, por su implicación en el caso Gürtel. El Ministerio Público considera que el PP no puede llevar adelante la acusación, dado que existiría una colisión de intereses al pertenecer a este partido los tres diputados de la Asamblea -Alfonso Bosch, Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco- y los alcaldes y concejales imputados, informa José Antonio Hernández. El juez que instruye el caso en el TSJM, Antonio Pedreira, tendrá que decidir ahora sobre esta petición y, en caso de rechazarse, la Fiscalía podrá volver a presentar recurso ante la Sala de lo Penal del tribunal.

El pasado viernes, Pedreira admitió la personación de los populares, previo pago de una fianza de 1.500 euros, lo que les permitiría acceder a los datos del sumario. El PP considera que figura en la causa como acusador -y no como acusado- contra las empresas Especial Events S.L., Easy Concept S.L. y Good & Better S.L. en las personas de Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez como administradores de hecho y de derecho. La decisión de Pedreira se fundamentaba en una "interpretación amplia del artículo 24 de la Constitución", que indica que todos "tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".

Nuevos interrogatorios

Pedreira acusa de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho, tráfico de influencias y falsedad a los diputados del PP en la Asamblea de Madrid Bosch, López Viejo y Martín Vasco, así como al ex concejal de Boadilla del Monte José Galeote, entre otros implicados en la trama. Martín Vasco y López Viejo son los aforados madrileños con medidas cautelares impuestas.

La pasada semana, Pedreira impuso a Martín Vasco una fianza de 955.000 euros para asegurar las responsabilidades que se deriven del procedimiento penal y una fianza de 750.000 euros para López Viejo. Según el TSJM, ninguno de ellos ha recurrido todavía la fianza establecida. El pasado martes, el instructor fijó una fianza de un millón de euros para Galeote, a quien Garzón le atribuye la percepción de la trama de Correa de más de 600.000 euros durante los doce años que estuvo como edil.

El magistrado toma además hoy declaración como imputado a Christian Rodríguez Maza, vinculado a la trama porque se ofreció a llevar las cuentas de las sociedades de Correa, y a los también imputados Eduardo Jaussi por videoconferencia desde Barcelona y a Juan José Moreno. Es previsible que Pedreira impute a los tres los seis delitos de corrupción genéricos de la causa.

www.elpais.es 14.05.09

RAJOY SUSPENDE A TODOS LOS IMPLICADOS EN GÜRTEL MENOS A CAMPS Y BÁRCENAS 

Después de varias semanas de dudas, y ante el goteo de noticias complicadas de digerir del caso Gürtel, y ya no provenientes del denostado juez Baltasar Garzón, sino del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el PP decidió ayer cortar por lo sano. Alberto Bosch, Benjamín Martín Vasco y Alberto López Viejo, los tres diputados autonómicos madrileños implicados -los dos primeros ya imputados, y el tercero a la espera- dejaron temporalmente de ser miembros del PP por decisión del Comité de Garantías, esto es, por decisión de la dirección comandada por Mariano Rajoy. 

La suspensión cautelar de militancia es la medida más extrema en un partido, y además estos tres diputados no son dirigentes cualquiera. López Viejo, ex consejero de Deportes de Madrid, ha sido una de las personas de máxima confianza de Esperanza Aguirre durante muchos años, y Martín Vasco era el número dos del PP en la Asamblea de Madrid. 

Rajoy toma así medidas drásticas para evitar que el caso Gürtel le complique la campaña europea. Ya ha dejado fuera de las listas a otro implicado, Gerardo Galeote. Sin embargo, mantiene en su puesto al único implicado que es miembro de su dirección y por tanto que le toca directamente, porque él le nombró: el tesorero, Luis Bárcenas. 

Los tres diputados habían pedido su suspensión voluntaria hace dos meses, pero hasta que fueron imputados dos de ellos no se tomó la decisión. Los tres seguirán como diputados, para no perder el aforamiento, lo que les devolvería a que les investigara Garzón. 

La suspensión complica aún más la situación interna de Francisco Camps, el único dirigente, con su mano derecha, Ricardo Costa, que pese a estar formalmente implicados a través de un auto judicial no han pedido la suspensión temporal de militancia. Si resulta imputado, será muy difícil de explicar interna y externamente que no sea suspendido cautelarmente. 

Negativa a declarar

Unas horas antes de esta decisión drástica, el juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, había impuesto una fianza de 955.000 euros en concepto de responsabilidad civil a Martín Vasco. Le imputa delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. Martín Vasco se negó a declarar ante el magistrado instructor. Lo mismo hizo la semana pasada Alberto Bosch, otro diputado aguirrista. Ambos se han negado a declarar hasta que se levante el secreto del sumario, según informó ayer el Tribunal Superior de Madrid. 

Aún no hay fecha para que preste declaración el tercer aforado madrileño implicado, López Viejo, a quien Garzón atribuye haber cobrado de la trama de Correa, a cambio de lucrativos favores de la Administración, casi 500.000 euros. Todo parece indicar que los tres aforados habrían establecido la estrategia de no declarar, amparándose en el artículo 24 de la Constitución, hasta que se levante el secreto sumarial. 

El juez impuso la fianza a Martín Vasco, pero no había decretado ninguna medida contra Bosch, pese a que el juez Garzón atribuye a ambos la percepción de dinero de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa. Bosch habría obtenido 250.000 euros y Martín Vasco, 430.000, según Garzón. En el caso de Martín Vasco ha sido la fiscalía la que ha pedido que se le imponga esa fianza. Si Martín Vasco no abona esa cantidad, el juez podría decretar el embargo de bienes. El diputado regional, que tampoco quiso hablar con los periodistas, dispone de cinco días para recurrir ante la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior, que puede mantener o reducir la cuantía. 

Asimismo, el magistrado instructor, Antonio Pedreira, mantuvo ayer la situación de prisión provisional del ex secretario de Organización del PP en Galicia Pablo Crespo, lugarteniente de Correa en sus empresas. 

(www.elpais.com, 06/05/09)

LA POLICÍA BUSCA NUEVAS PRUEBAS EN LA CELDA DE FRANCISCO CORREA 

Novedades sobre la investigación del caso Gürtel. La policía busca nuevas pruebas en la celda del considerado cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa. 

Esteo ha ocurrido el mismo día que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha imputado a Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes de Madrid, en la trama Gürtel. 

El instructor del caso Gürtel en el TSJM, Antonio Pedreira, interrogará este jueves en calidad de imputado al diputado del PP en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, por su presunta implicación en la trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa. 

(www.cadenaser.com, 06/05/09) 

COSPEDAL: LA TRAMA DE CORRUPCIÓN DEL PP "NO ES UN FILESA" 

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha manifestado que su partido es el primer interesado en que se sepa la verdad en el denominado 'caso Gürtel', pero ha dejado claro que "aquí no estamos ante un Filesa" ni ante una trama de corrupción generalizada.

Cospedal, que ha participado en Toledo en el Foro Cope, se ha pronunciado así al ser preguntada por los asistentes por los casos de presunta corrupción que afectan a tres miembros de su partido, diputados de la Asamblea de Madrid. 

El PP ha suspendido de militancia a los dos diputados madrileños imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, y ha hecho lo mismo con Alberto López Viejo, que no está aún imputado, aunque en la investigación se han apreciado indicios de delito en su contra. 

La dirigente del PP, que ha recordado el derecho a la presunción de inocencia, ha indicado que si hay personas que han actuado "irregularmente, ilegalmente", su partido es "el primer interesado en que se sepa, en que se asuman responsabilidades y en que la Justicia actúe lo más rápidamente posible". 

Sin embargo, aunque ha subrayado su respeto por las actuaciones judiciales que se guíen por el principio, ha manifestado que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón inició este caso con "un claro afán e interés de persecución política", pues se planteó como "una especie de trama de corrupción generalizada del PP" y se ha demostrado -ha dicho- que "aquí no estamos ante un Filesa". 

(www.publico.es, 06/05/09)

EL PP SIGUE DEBATIENDO SI ECHA DEL PARTIDO A LOS IMPUTADOS 

El caso Gürtel, del que trascienden cada día nuevos datos, cada vez ocupa menos tiempo en las reuniones de estrategia del PP. Los populares insisten en que el caso, por mucho interés periodístico que despierte, no tiene efecto electoral, y cada vez les interesa menos. Tal vez por eso, casi dos meses después, los tres aforados de Madrid que pidieron su suspensión de militancia voluntaria para no hacer daño al partido aún no han recibido respuesta. 

El Comité de Garantías, presidido por Alfonso Fernández Mañueco, quería esperar a que fueran imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sin embargo, hace más de una semana que Alfonso Bosch fue imputado, y el comité aún no ha resuelto nada. Ayer entró en esa categoría Benjamín Martín Vasco, ex número dos del PP en la Asamblea de Madrid y ex presidente de la comisión de investigación del espionaje. Y de momento, aunque su actividad es prácticamente clandestina, no hay constancia de que el comité se haya siquiera reunido. 

Dolores de Cospedal, la secretaria general del Partido Popular, aseguró ayer que el comité está "estudiando caso por caso, porque cada tema es distinto" y dará su contestación en breve. El PP asume que el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo también será imputado. Los populares no van a pedir a los imputados que dejen el escaño -"Para eso sirve el aforamiento, para que les juzgue un tribunal superior, si dimitieran lo perderían y carecería de sentido", explicó Cospedal la semana pasada- pero sí es posible que tengan que abandonar temporalmente el partido. 

(www.elpais.com, 05/05/09)

LA TRAMA CORRUPTA DESTINÓ DINERO DEL BLANQUEO EN SUIZA A PAGAR A CARGOS DEL PP 

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que cursen ocho comisiones rogatorias para investigar en otros tantos países de Europa e Iberoamérica la fortuna amasada (y no declarada al fisco) por Francisco Correa, cabecilla de la trama de corrupción masiva vinculada al PP que implica a 57 personas, entre las que hay un presidente autonómico, cuatro diputados regionales, cuatro ex alcaldes, el tesorero nacional del PP y un eurodiputado del partido. 

Las dos fiscales que investigan esta trama, Miriam Segura y Concepción Sabadell, sostienen en su último informe, fechado a finales de marzo, que Correa desviaba a paraísos fiscales el dinero que recaudaba de los lucrativos favores económicos que recibía de administraciones públicas en manos del PP. 

El negocio de Correa, según Anticorrupción, se basaba en el trato de favor de gobiernos del PP a cambio de dinero y regalos que daba a alcaldes y altos cargos del partido. La fiscalía cree que lavaba el dinero obtenido en sus chanchullos en las Islas Caimán, Reino Unido, Colombia, Suiza, Antillas Holandesas y Panamá. 

Eventos e inmuebles

El pasado jueves Correa negó ante el juez que instruye el caso haber sobornado a políticos del PP y sólo admitió ser autor de un delito contra la Hacienda pública, aunque aseguró estar dispuesto a devolver el dinero. 

Anticorrupción sostiene que el grupo de sociedades que dirigía Correa actuaba en tres direcciones: unas empresas se dedicaban a realizar actos y eventos del PP; otras, a inversiones en "patrimonio inmobiliario" y un tercer grupo acaparaba el dinero, ya lavado, que regresaba desde el extranjero a España. 

Ese dinero opaco, según la fiscalía, procedía de "las contratas y adjudicaciones" que recibía la trama de Correa, "por sus regalos y dinero que entregaba a autoridades". "Los beneficios se ocultan a Hacienda. Son llevados al extranjero y luego se devuelven", señala el informe. Con ese dinero, la trama compraba en España propiedades inmobiliarias que se ponían a nombre de sociedades a cuyo frente Correa colocaba testaferros. Y con el dinero de la caja b de la contabilidad de estas sociedades, se pagaba a alcaldes y altos cargos del PP de Madrid por sus favores. 

Según Anticorrupción, el 4 de abril de 2005, desde las empresas de Correa se dio la orden a Lucas Bagchus para que hiciese una ampliación de capital de 1,8 millones de euros en la sociedad Osiris, radicada en Suiza. Parte de ese dinero más tarde retornó a España y, según la fiscalía, terminó en manos del diputado madrileño del PP, Benjamín Martín Vasco. 

Otro ejemplo es el pago con dinero opaco al fisco a José Luis Peñas, ex concejal del PP de Majadahonda (Madrid) que posteriormente destapó el escándalo al denunciar las actividades de Correa a la fiscalía. La trama entregó a este ex edil, según Anticorrupción, sobres mensuales con 3.500 euros entre marzo y noviembre de 2005, así como otros 18.000 euros en abril de ese año. 

Que grandes cantidades de dinero acaban en manos de políticos lo han declarado ante el juez Garzón empleados de la trama de Correa como José Luis Izquierdo, el contable, e Isabel Jordan, una de las directivas. En la cuenta B descubierta en un piso de seguridad de Correa figuran pagos al diputado autonómico de Madrid, Alfonso Bosch, identificado en esa cuenta como "pcsabosch", y al ex consejero Alberto López Viejo, hombre de confianza de Esperanza Aguirre. Jordan ha declarado que entregó a este último "un sobre con 40.000 euros". 

El ex concejal José Luis Peñas (a quien Correa llama "traidor" en su declaración) entregó en la fiscalía una denuncia con grabaciones en la que el cabecilla de la trama, Correa, se jactaba de haber dado dinero a altos cargos del PP; habla de 1.000 millones de las antiguas pesetas al tesorero nacional Luis Barcenas. Lo recibido de la trama por Barcenas sumaría 1,3 millones de euros, según la investigación. 

En otra de las grabaciones, Correa y uno de sus lugartenientes, Pablo Crespo, aluden a dinero que han entregado a López Viejo. "De cada acto que hacíamos de la Comunidad de Madrid, se llevaba una pasta Alberto, lo sabes tú", refiere Correa. En la misma conversación se queja de que López Viejo le adeuda un millón de euros de actos de la Comunidad. Crespo, por su lado, comenta a Correa que López Viejo es "el muñidor de toda la operativa". López Viejo fraccionó el importe de algunos contratos para supuestamente poder adjudicárselos directamente a sociedades de Correa, quien, a cambio, le dio casi 500.000 euros, según el sumario. Un informe de la Agencia Tributaria destaca que las sociedades de Correa disponen de "una elevada facturación" con cargo a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos de Arganda del Rey, Majadahonda, Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón, todos ellos gobernados por alcaldes del Partido Popular con mayoría absoluta. 

El PP les ha forzado a dimitir por su implicación en la trama. Garzón les imputa el cobro de grandes sumas de dinero a cambio de adjudicaciones y contratas de sus ayuntamientos. Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad donde la trama corrupta hizo más negocios, asegura que a los implicados o no los nombró ella o la engañaron. 

(www.elpais.com, 04/05/09) 

CORREA FINANCIÓ UN MUSICAL CON DINERO DE 'GÜRTEL' 

Malena Gracia, Marlene Mourreau y Rosanna Walls. Tres mujeres del espectáculo y tres amigas de Francisco Correa. El cabecilla de la trama Gürtel, que según el magistrado Garzón compró durante varios años las voluntades de algunos dirigentes del PP de Valencia y Madrid con regalos, prebendas y otros detalles más personales, invirtió unos 80 millones de pesetas (481.000 euros) en un espectáculo musical que llevaba por título Las corsarias y que se estrenó en Barcelona en diciembre de 2005.  

Ninguna de ellas, Malena, Marlene y Rosanna, está imputada en la operación Gürtel, pero las tres trabajaron para Correa durante un tiempo en una sociedad llamada Apasionadda, cuyo objeto social era «espectáculos, cine y deportes». Esa empresa, que fue constituida en junio de 2005 en Madrid, tenía como administrador único a un ejecutivo de Special Events, la sociedad matriz del grupo de Correa, y fue la que financió a las tres vedettes.  

Y como socio capitalista de la misma sociedad también aparecía Alvaro Pérez, El Bigotes. Pérez está imputado por el juez Baltasar Garzón por haber pagado una serie de trajes al actual presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. El Bigotes tenía relación con el mundo del espectáculo a través de su tío, el actor Andrés Pajares.  

Las corsarias fue estrenada en el teatro Apolo de Barcelona el 15 de diciembre de 2005 y tenía previsto estar en cartel durante un mes. La baja calidad del espectáculo obligó a echar el telón tres días después de su estreno. Ricard Reguant, director del musical, calificó la obra como una «zarzuela tipo revista [ ] donde la belleza femenina se muestra tal como es».  

Junto a las tres vedettes actuaban 14 bailarinas y seis de ellas tenían como mérito artístico haber participado en el concurso de Miss Interviú.  

En el auto de prisión que el pasado 6 de febrero dictó el magistrado Baltasar Garzón contra Francisco Correa se indicaba que «dirigía un grupo organizado de personas y empresas que llevaba 10 años repartiendo dádivas y sobornos a funcionarios y personas de las actividades públicas para captar negocios». Garzón también recordaba en su escrito judicial que la organización de Francisco Correa «se gestó a partir de una relación directa con responsables del PP a nivel nacional [...] que convirtieron a su empresa, Special Events, en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política».  

Francisco Correa, que entre otras imputaciones tiene la de blanqueo de capitales, siempre ha utilizado para sus intereses personales a amigas de su entorno. El pasado 6 de abril, EL MUNDO reveló que «una amiga de Correa le ayudó a sacar de España dinero de la trama» y que «el jefe de la red Gürtel abrió cuentas en Londres a nombre de Cristina Colman».  

Esa amiga de Correa, que en la actualidad se encuentra en Londres estudiando inglés, también está imputada en el caso Gürtel por blanqueo de dinero y defraudación fiscal. Colman no trabajaba en ninguna de las empresas de Francisco Correa, pero era una persona de la total confianza del jefe de la trama.  

Francisco Correa, ex legionario, ex bancario, ex agente de viajes y ex organizador de eventos políticos, se ha caracterizado en los últimos años por llevar un alto ritmo de vida -tenía tres barcos y residencias veraniegas en Marbella, Sotogrande e Ibiza- y presumir de amistades femeninas de alto standing.

www.elmundo.es 04.05.09

"Correa grabó un vídeo para extorsionar"

Un ex concejal del PP puso hace año y medio a la fiscalía sobre la pista de una trama que hacía negocios gracias a los favores de dirigentes populares

José Luis Peñas, ex concejal del PP de Majadahonda (Madrid) y amigo de Francisco Correa desde 2001 hasta 2008, se presentó el 6 de noviembre de 2007 ante la Fiscalía Anticorrupción y entregó el material que, durante meses, había grabado en numerosas reuniones para denunciar el mayor caso conocido de corrupción vinculada al Partido Popular (dos Gobiernos autónomos, media docena de alcaldes, el tesorero nacional del partido y un eurodiputado están implicados). Peñas denunció la existencia de una trama empresarial, cuyo jefe y cerebro era Correa, que durante 10 años aprovechó sus amistades en el PP para lograr contratos de Gobiernos populares e intermediar para lograr adjudicaciones de suelo para empresarios amigos.

• Las revelaciones de Peñas costaron el cargo a un consejero y a tres alcaldes

• El denunciante llevó a la fiscalía la grabación de sus citas con Correa

Año y medio después, la denuncia de José Luis Peñas, tras la investigación judicial y policial de los hechos que detallaba, ha forzado ya la dimisión de un consejero autonómico de Esperanza Aguirre, tres alcaldes madrileños y numerosos cargos municipales. Además, amenaza la continuidad en sus cargos del presidente valenciano, Francisco Camps, su mano derecha, Ricardo Costa; el tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, y el eurodiputado Guillermo Galeote, que ya ha perdido su puesto en la lista europea de su partido.

En uno de los escritos de la Fiscalía Anticorrupción se da cuenta de algunos pagos de Correa a Peñas, que no está imputado en la causa. El ex edil explicó esta semana al juez instructor del Tribunal Superior de Madrid, en una ampliación de declaración, que Correa le ayudó a pagar los gastos de un partido independiente que fundó: abonaba el alquiler, dos nóminas, secretarias, publicidad, campañas... Según Peña, le aportaba 3.000 euros al mes en sobres.

Lo que sigue, resume el contenido principal de la declaración más amplia de José Luis Peñas que consta en el sumario, efectuada ante la Fiscalía Anticorrupción en mayo de 2008.

- El origen de una amistad. "Conocí a Francisco Correa a través de su mujer [que trabajó como jefa de gabinete del alcalde de Majadahonda cuando el denunciante formaba parte de ese equipo de gobierno]. Correa se dedica a organizar eventos para ayuntamientos dirigidos por el PP y para el propio PP. También se dedica a la actividad inmobiliaria mediante la compra y venta de terrenos. Aunque no esté en los registros oficiales como administrador, es él quien controla la actividad de las empresas. En mi presencia, Correa ha revelado la capacidad que tiene para reclamar la contabilidad o las facturas de algunas de estas empresas".

- Los motivos de la denuncia. "Estoy desencantado del PP. Al conocer los hechos irregulares que he conocido de Paco Correa y de su entorno, tenía la opción de no denunciarlo e intentar hacer negocio con lo que sabía, o bien denunciarlo. Opté por denunciarlo, y por eso mantuvo el contacto con Correa y su entorno, pero grabando algunas conversaciones".

- Facturas falsas. "La actividad de la empresa tenía lugar en Serrano, 40, en la cuarta planta puerta izquierda. Allí se lleva la contabilidad de la empresa y hay dinero negro del que dispone Correa. En esta oficina se dirige la actividad de [las empresas de la trama] Inversiones Kintamani, Orange Market, Easy Concept y otras. La confección formal de la contabilidad y facturación se lleva a cabo por Asesoría Galher, que también les facilita facturas falsas. Esas facturas iban para Easy Concept por servicios no prestados, según supe porque me lo contó Isabel Jordan [directiva de Easy Concept]".

- Una comisión de tres millones. "El alcalde de Boadilla adjudicó suelo para viviendas de lujo a UFC [promotora propiedad del empresario José Luis Ulibarri] porque este empresario pagó tres millones de euros de comisiones a Paco Correa en el despacho del empresario en Valladolid. Correa pagó a su vez en metálico al alcalde de Boadilla. Correa suele hacer entregas de dinero en efectivo que lleva en una caja de zapatos. Ulibarri pagó a Correa y no directamente al alcalde de Boadilla porque era a quien conocía y con quien trataba profesionalmente. Y Correa, a su vez, era el que tenía relación directa con el alcalde".

- Extorsión por vídeo. "He visto unas imágenes en vídeo que me enseñó Correa donde salen el alcalde de Boadilla, [el diputado autonómico] Bosch y otro alto cargo municipal en torno a una mesa de la casa de Correa. El alcalde de Boadilla está contando dinero. Correa me dijo que hizo esta grabación para protegerse y extorsionar al alcalde de Boadilla".

- Propiedades del jefe de la trama. "Correa tiene un chalé adosado y otro piso en Sotogrande, una vivienda en Pozuelo, otra en Ibiza, varias fincas en Cádiz, un barco y cuatro coches de lujo".

- Deudas de la Comunidad de Madrid. "Correa me pidió que me pusiera en contacto con Alberto López Viejo [consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y hombre de confianza de Esperanza Aguirre, presidenta regional, a la que montaba los actos institucionales contratando a las empresas de Correa] para cobrar una deuda de dos millones de euros a la Comunidad. Me dijo que amenazara a López Viejo con que si no pagaban iba a contar que la Comunidad de Madrid había pagado facturas por servicios no prestados para financiar actos del PP. Correa quería que yo fuera en condición de letrado pero cuando supo que me quedaba una asignatura de la carrera de Derecho, me dijo que se lo iba a pensar".

Tras esta declaración, Peñas ha colaborado en otras ocasiones con la justicia para ampliar detalles de su denuncia inicial. El jefe de la trama corrupta, Francisco Correa, considera un traidor a Peñas. Así lo ha hecho saber en la declaración que prestó el pasado jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Sobre las grabaciones de sus conversaciones que han sido aportadas por Peñas, Francisco Correa mantuvo ante el juez que José Luis Peñas sacó de contexto los comentarios hechos en las distintas reuniones que grabó.

• "Me habló en Navidad de Bárcenas..."

El ex concejal José Luis Peñas, en una ampliación de su declaración judicial, efectuada esta misma semana ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dio nuevos detalles sobre cómo pudo acceder al centro de la trama. Así, relata que tuvo "una estrechísima relación laboral con la mujer de Correa" con la que coincidió en el gabinete de Guillermo Ortega, quien entonces alcalde de Majadahonda. Esa relación se convirtió "en una gran amistad que le dio acceso directo a Correa". Éste incluso llegó a admirar al ya ex concejal, porque el supuesto jefe de la trama "compraba a todo el mundo menos a él", que nunca aceptó "integrarse en sus negocios".

Peñas se atrevió a denunciar la corrupción en Majadahonda, pero fue expulsado del PP "porque Esperanza Aguirre no quiso escucharle", según la declaración. Por ello, decidió continuar para recabar pruebas para la justicia. "En este contexto de total confianza y cercanía", Correa se desnudó ante Peñas y le fue relatando detalles de sus negocios. Y así ambos pasaron una Navidad juntos en la que Correa "le habla de Luis Bárcenas [senador y tesorero del PP], Alberto López Viejo [ex consejero de Deportes de Madrid], de Arturo González Panero [ex alcalde de Boadilla del Monte], de Guillermo Galeote [eurodiputado]...".

www.elpais.es 02.05.08

Correa afirma que hizo ricos a Bárcenas y a los alcaldes porque era el más barato

El cerebro de la trama corrupta admite que pudo haber cometido un delito fiscal pero niega ante el juez el pago de sobornos a dirigentes del Partido Popular

Francisco Correa, jefe y cerebro de la trama corrupta vinculada al PP, declaró ayer ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira durante cerca de tres horas. En un momento del interrogatorio, Correa respondió: "He hecho ricos a [Luis] Bárcenas [senador y tesorero nacional del PP] y a alcaldes del PP". La frase parecía sugerir que, como figura en la contabilidad de la red empresarial corrupta, Correa pagaba sobornos a estos dirigentes populares a cambio de que le facilitasen contratos en las Administraciones públicas gobernadas por el PP. Pero el abogado de Correa corrigió el malentendido con una pregunta que permitió al cerebro de la trama corrupta explicar al juez que sus empresas habían prestado servicios al PP por un menor coste, con las ofertas más baratas, lo que había propiciado un beneficio al partido, que se había ahorrado mucho dinero gracias a su gestión.

Francisco Correa llega al TSJM

El supuesto cerebro de la trama de corrupción del 'caso Gürtel' Francisco Correa, llegó hoy a las 11.05 horas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para testificar por primera vez ante el magistrado Antonio Pedreira.

Parte del dinero llegó al tesorero del Partido Popular, según el sumario

Correa negó que hubiera cometido los delitos que se le imputan y tan sólo admitió que, como mucho, podría haber cometido delito fiscal y, por ello, estaba dispuesto a devolver el dinero. El líder de la red corrupta, que durante años contrató millones de euros con Administraciones gobernadas por el PP, cargó en su declaración contra el ex concejal popular de Majadahonda que destapó la trama al denunciarla ante la Fiscalía Anticorrupción. Correa aseguró que las frases de las grabaciones que el ex concejal popular aportó a la fiscalía estaban sacadas de contexto y que el denunciante le había traicionado después de que él le hubiera metido en su casa.

Correa, que llegó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid desde la cárcel con aspecto muy desmejorado, es el primero de los principales imputados que declara tras inhibirse el juez Baltasar Garzón en la causa ante la existencia de aforados (tres diputados autonómicos madrileños, el presidente valenciano, Francisco Camps, el senador y tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, y el diputado autonómico valenciano Ricardo Costa).

La voz de Correa se escucha en distintos momentos de las grabaciones aportadas al sumario. En una de ellas, presume de haber pagado "1.000 millones [de pesetas] a Bárcenas" en relación con supuestas adjudicaciones de la etapa de Francisco Álvarez-Cascos al frente del Ministerio de Fomento. En otra sostiene que ha repartido comisiones millonarias al alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, por un concurso de suelo para viviendas de lujo que ganó el constructor José Luis Ulibarri. Pese a que ofreció tres millones de euros menos por el suelo que la mejor oferta, se llevó el concurso porque prometió construir las viviendas tres meses antes que su principal competidor. Las viviendas, finalmente, no se construyeron en el plazo prometido.

El magistrado Antonio Pedreira implicó ayer en la trama corrupta a dos directivos de empresas que lograron contratos municipales y de obras del AVE. El juez imputó seis delitos (cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad) a los empresarios Alfonso García Pozuelo-Asins y Enrique Carrasco Ruiz de la Fuente. Ambos, según la investigación judicial, habían aportado dinero a la caja b de la red de Francisco Correa, el jefe de la trama. Parte de ese dinero, según el sumario del caso que ahora instruye el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, llegó al actual tesorero del PP, Luis Bárcenas, al que la policía identifica con las siglas L. B. que aparecen en la contabilidad de la trama corrupta.

Carrasco, ingeniero de Caminos de 63 años, trabajaba en 2002, año en el que se cometieron los actos que se le imputan, en la filial de gestión de agua de FCC. En el auto de Garzón consta que el 8 de enero de ese año figura un apunte en la contabilidad b de la trama corrupta de 17.500.000 pesetas (105.000 euros) recibidos de un sobre de Enrique Carrasco con una anotación: "4,5 [millones de pesetas] sobre LB". LB es, según el juez Garzón y la policía que ha investigado el caso, Luis Bárcenas.

Por aquellas fechas, FCC resultó adjudicataria de los servicios de recogida de basura y limpieza viaria de varios ayuntamientos cuyos alcaldes están implicados en la trama: el 5 de diciembre de 2001 obtuvo el contrato de Majadahonda y el 4 de febrero de 2002, el de Boadilla del Monte. Los alcaldes de ambos municipios en aquellos momentos están implicados en la trama y han sido destituidos de sus cargos públicos por la dirección madrileña del PP.

García Pozuelo-Asins es presidente de Constructora Hispánica. Garzón apunta una entrega de casi un millón de euros a su nombre el 19 de febrero de 2002. Parte de ese dinero también llegó a Bárcenas, según el sumario. La empresa de García Pozuelo-Asins es adjudicataria desde hace años de gran cantidad de obras públicas, entre ellas, varios tramos del AVE que recibió entre 2000 y 2004.

www.elpais.es 01.05.09

EL PP ACEPTA LA VERSIÓN DEL TESORERO SOBRE SU INGRESO DE 330.000 EUROS 

Un día después de dejar fuera de la lista para el Parlamento Europeo al eurodiputado Gerardo Galeote por su implicación en el caso Gürtel, el PP decidió no tomar de momento ninguna medida ni pedir explicaciones especiales a su tesorero, Luis Bárcenas, que además de tener la misma implicación, o superior, en este caso -según la versión del juez Garzón-, fue investigado en 2008 por la Agencia Tributaria al encontrar sospechoso un ingreso, que hizo en 2003, de 330.000 euros en billetes de 500. Unos meses antes, según el auto de Garzón, la contabilidad b de la red de Francisco Correa registró un envío de esa misma cantidad a L. B, identificado por el juez como Luis Bárcenas. 

El PP decidió ayer aceptar la versión dada por el tesorero a Hacienda, y a EL PAÍS, con documentos indicativos de que ese ingreso se produjo como consecuencia de un crédito que había pedido un mes antes para comprar unos cuadros. Cuando la operación se frustró, según Bárcenas, volvió a ingresar el dinero que le habían dado y eso hizo que Hacienda le interrogara. 

Fuentes de la dirección del PP insisten en que Rajoy no hará nada con su tesorero -que en ningún momento ha presentado su dimisión, se declara inocente y ha aportado a sus jefes documentos para demostrar cómo ha logrado su patrimonio- hasta que no esté imputado por el Tribunal Supremo, el único competente. 

Jorge Moragas, jefe de gabinete de Mariano Rajoy y responsable de Relaciones Exteriores del PP, insistió ayer en dar por buena la explicación del tesorero y en atacar a EL PAÍS por publicar la noticia. "Yo enmarcaría esta información, por llamarla de algún modo, dentro de una estrategia legítima por parte de algunos medios de comunicación y del Partido Socialista de acosar de forma injustificada al PP y a aquellos que puedan representar al PP", declaró Moragas. 

José Luis Ayllón, secretario general del Grupo Popular, sentenció que la situación de Galeote y la de Bárcenas "son distintas, porque una cuestión es que el PP presente su candidatura, y otra muy distinta son todas y cada una de las informaciones que han ido saliendo sobre miembros del PP". 

El PSOE, por su parte, cargó con dureza contra Bárcenas. El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, aseguró que "le huele a chamusquina" la "coincidencia" entre el importe del crédito pedido por el tesorero del PP, Luis Bárcenas, y los presuntos pagos de Correa. 

(www.elpais.com, 30/04/09) 

EL PP EMPLEA UN DOBLE RASERO PARA BÁRCENAS Y GALEOTE 

El europarlamentario Gerardo Galeote, fuera. El tesorero del partido, Luis Bárcenas, dentro. Mariano Rajoy, se ha quitado un problema de encima al decidir que el portavoz del PP en el Parlamento Europeo no vaya en la lista del 7-J, pero mantiene a otro de los implicados en el caso Gürtel en el corazón del partido.  

Según los conservadores hay varias razones para ello. En el auto del juez Baltasar Garzón se señala que Bárcenas podría haber cobrado más de 1.350.000 euros procedentes de la trama de Francisco Correa. Pero la Fiscalía Anticorrupción no ha encontrado por el momento indicios suficientes para elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo, órgano competente para investigarle al ser senador por Cantabria. Es el primer argumento que esgrimen para defenderle. No está imputado. Galeote tampoco lo estaba. 

Recogiendo la versión oficial del partido, cuentan también que fue el eurodiputado quien se lo pidió a Rajoy para no dañar al PP. Bárcenas no ha tenido ese gesto. De hecho en la sede nacional creen que si hubiese presentado su dimisión al líder del PP, este la habría aceptado. Pero no ocurrió y, por tanto, los marianistas insisten en la presunción de inocencia. Consideran injusto que alguien se deba ver abocado a marcharse por la presión de algunos sectores del partido y, sobre todo, por "la mediática".  

En el PP comentan, además, que son dos casos muy "diferentes": "Mientras a uno hay que renovarle, al otro hay que echarle". Y destacan que es mayor el coste electoral si en vez de apuntar hacia un cargo interno, el nombre de Galeote se cae finalmente de la candidatura. "Está limpia", resaltan. El eurodiputado contaba además con una serie de "hándicaps" que no le ven a Bárcenas. Por ejemplo, Galeote se iba a pasear por medios y mítines. Y todos daban por hecho que le iban a "freir" por su relación con el presunto cabecilla de la trama de corrupción. Los conservadores saben que en campaña, el PSOE seguirá "utilizando" el caso Gürtel pero mantienen que con esta decisión se ha "reducido" la fuerza del impacto. 

Tras conocerse que Bárcenas ingresó 330.000 euros en billetes de 500, tal y como publicó El País, algunos en el partido ponían ayer el grito en el cielo. Sin embargo hay quien seguía protegiéndole: "Lleva años comprando arte y jugando en valores". 

La mayoría en el PP piensa que Rajoy ha actuado "bien" al no incluir a Galeote. Algunos le ven ahora como "un killer". Otros resaltan que "está demostrando que sabe medir bien sus tiempos". Pero la lista no convence. En el partido son varios los que critican que no haya gente joven y que muchos sean familiares: el yerno de Pizarro, el cuñado de Rajoy, la hija de Fraga, el hermano de Mato...  

Tampoco entienden que vaya de número dos Luis de Grandes. En su círculo se dice que es una "recompensa" por su trabajo y que era la figura adecuada frente a Ramón Jaúregui. Pero hay quien recuerda que es de Castilla- La Mancha y que la secretaria general del PP, María Dolores es de Cospedal, insistió en su inclusión. También ha chocado la entrada de Rosa Estarás, que compaginará su escaño con la presidencia del PP balear. Su círculo lo vende como un "refuerzo". Pero sus compañeros no comprenden que deje de ejercer la oposición en su tierra.  

(www.publico.es, 30/04/09)

HACIENDA INVESTIGÓ AL TESORERO DEL PP POR INGRESAR 330.000 EUROS EN BILLETES DE 500 

Mucho antes de que estallara el escándalo del caso Gürtel, en el que está implicado el tesorero del PP, Luis Bárcenas, la Agencia Tributaria ya le había investigado por un ingreso de 330.000 euros en billetes de 500 que consideró sospechoso. Los bancos tienen la obligación de dar a conocer a la agencia cualquier ingreso superior a los 3.000 euros, especialmente en billetes de 500. 

Los inspectores del fisco decidieron interrogar a Bárcenas por ese sospechoso ingreso, realizado el 22 de enero de 2003. El senador del PP, que entonces era el gerente del partido -mano derecha del tesorero, un cargo que ocupó durante 20 años hasta que Mariano Rajoy lo ascendió a la cúpula en 2008-, ofreció a Hacienda la misma explicación a través de un portavoz. 

Según la versión de Bárcenas, que no recuerda si hizo el ingreso en billetes de 500 euros pero sí que lo hizo en efectivo, ese dinero correspondía a un crédito que había pedido el 9 de diciembre de 2002 al mismo banco donde luego lo ingresó, la oficina del Banco Popular de la calle de Cedaceros. 

Bárcenas sostiene que pidió un préstamo de 330.000 euros para comprar unos cuadros, que después retiró el dinero en efectivo para realizar la transacción con el vendedor y que, en el último momento, la operación se truncó. Por ello decidió cancelar el crédito un mes después de haberlo pedido. Por tanto, fue al banco con ese dinero para ingresarlo y saldar su deuda. Fue ese ingreso de 330.000 euros de golpe el que llamó la atención de la Agencia Tributaria, que abrió una investigación el 15 de febrero de 2008 y, aparentemente, dio por buenas las explicaciones del tesorero el 24 de marzo. 

Bárcenas ofreció con detalle las pruebas de la apertura y la cancelación de ese crédito tanto a la Agencia Tributaria como a EL PAÍS, al dar lectura a los documentos, con firma de notario incluida -Enrique José Rodríguez Cativiela-, que atestiguan la apertura y cancelación de la deuda. Bárcenas no explica cuánto le costó cancelar ese crédito en sólo un mes, aunque en los documentos figura una cifra de cancelación de 5,5% (17.500 euros). El crédito se hizo a tipo fijo (6,236%), con liquidaciones trimestrales.

En lo que no quiere entrar Bárcenas, siempre a través de su portavoz, es en el motivo por el que una operación de ese calibre, tan importante como para pedir un crédito de 330.000 euros, se truncó en el último momento de forma que, después de que él hubiera sacado el dinero -para hacer una transacción en metálico-, tuviese que cancelar la deuda y reingresar esa cantidad. 

La operación se inició en 2002. Bárcenas insiste en negar que él recibiera ningún tipo de cantidad de la red de Correa. Pero, según el auto de Garzón, precisamente en ese año 2002, el tesorero -a quien la policía identifica como la persona a la que corresponden las iniciales L. B. que figuran en los apuntes de la contabilidad secreta de la red- habría recibido varios ingresos entre enero y junio en concepto, según el juez, de sobornos. 

Uno de los seis apuntes que corresponden a paquetes de dinero para Bárcenas es precisamente de 330.000 euros. Figura en la contabilidad B de la red de Correa el 19/02/2002 con el concepto "paquete PC (20MM+15MM+25MM -5MM a paquete LB", y una cantidad asociada de 330.000 euros ingresados en Caja Madrid. 

Ese mismo día, según la documentación que Garzón aporta en el auto, hay otro concepto que señala "1 paquete LB (25MM +15MM+5m de paquete PC)". PC sería Paco Correa, y LB Luis Bárcenas, según Garzón. 

Ese año 2002 Bárcenas recibió, según los apuntes a los que hace referencia el juez, 780.000 euros, y en total el magistrado le acusa de percibir 1,3 millones de euros de la red. 

El conocimiento del importante patrimonio inmobiliario de Luis Bárcenas, según él logrado gracias a herencias y compras y ventas exitosas, ha sentado muy mal entre algunos compañeros, que recuerdan que, al menos oficialmente, durante 20 años el tesorero no ha tenido otro ingreso que el sueldo de un funcionario cualificado del partido.

(www.elpais.com, 29/04/09)

El secretario personal de Aznar trabajó para Correa

Este martes, El País desveló que el imputado y ex segundo teniente de alcalde de El Escorial, Alfonso Bosch, envío una misiva al que fuera secretario personal del ex presidente José María Aznar, Antonio Cámara Eguinoa, para organizar (utilizando medios públicos), la famosa boda entre Ana Aznar y Alejandro Agag. Hoy, El Plural muestra nuevas evidencias que acercan la trama Gürtel al entorno del ex presidente del Gobierno.

• Los eventos especiales de Correa y la cúpula del PP

• El imputado Bosch explicó por carta al secretario de Aznar en Moncloa los preparativos del...

Una vez que el Partido Popular perdió las elecciones generales del año 2004, Antonio Cámara empezó a trabajar en Special Events, sociedad dirigida por Francisco Correa que ha organizado en los últimos años numerosos actos para el Partido Popular y que está siendo investigada por la Justicia al formar parte de la trama de corrupción vinculada al PP.

Paraíso Fiscal
Special Events tiene sus principales acciones en el paraíso fiscal de la Isla de las Nieves, territorio que se independizó del Reino Unido en 1983 y que está situado entre Puerto Rico y Trinidad y Tobago. Esta isla Caribeña prevé fuertes multas y hasta penas de prisión si se revela el nombre o los datos de los empresarios extranjeros que operan allí.

Sin respuesta
En 2005, el Departamento de de Estado americano señaló a la Isla de la Nieves como un paraíso fiscal convertido en “centro de blanqueo y narcotráfico”. La Cadena Ser se hizo eco por aquel entonces del informe emitido por el Gobierno de Estados Unidos. Fue entonces cuando la citada emisora Prisa se puso en contacto con el ex secretario de Aznar, para indagar sobre Special Events, a la que el PP confiaba la mayoría de sus actos de partido. Cámara aseguró no conocer la identidad de los verdaderos dueños de la empresa para la que había trabajado durante casi un año.

El origen de la empresa
Special Events se constituyó, con un capital social de 500.000 pesetas, en septiembre de 1994 por José Luis Izquierdo López y Victoria Romero (ambos están imputados en el caso Gürthel). La administradora única de esta empresa era María del Carmen Rodríguez Quijano, ex mujer de Francisco Correa.

Ampliación de capital
En junio de 2002, la empresa que tantos eventos ha organizado en los últimos años para el Partido Popular elevó su capital social en 39.990 euros, que fueron suscritos por una sociedad domiciliada en Londres denominada Windrate Limited, y cuyos misteriosos accionistas están radicados en la Isla de Nieves.

Más empresas
Según desveló el pasado mes de febrero Europa Press, la empresa para la que trabajó el secretario de Aznar no es la única sociedad del entramado Gürtel vinculada a este paraíso fiscal.

Inyecciones de capital
Al igual que Special Events, Inversiones Kintamani y Welldone 2002 también recibieron fuertes inyecciones de capital mediante sucesivas ampliaciones de capital provenientes de accionistas radicados en la citada isla del Caribe.

Inversiones Kintamani
Desde su creación en 1994, Inversiones Kintamani ha tenido varios administradores únicos, entre los que destaca José Luis Izquierdo y el también imputado en el caso Gürtel, Ramón Blanco Balín.

Welldone 2002
Por su parte, Welldone 2002, empresa dedicada a la promoción inmobiliaria, se creó en 2002. El ex secretario de organización del PP Gallego, Pablo Crespo, era su representante cuando sufrió una ampliación de capital de 151.465 euros que, como no podía ser de otra forma, fue suscrita íntegramente por una sociedad radicada en la Isla de las Nieves.

Conexiones
En definitiva, nos encontramos ante una cadena de sociedades opacas interpuestas que hacen prácticamente imposible averiguar quienes son los verdaderos dueños de estas empresas. Lo que está claro es que gente muy ligada a la cúpula del Partido Popular jugó un papel muy activo en este gigantesco entramado de corrupción.

Con Aguirre en Caja Madrid
aEstas más que sospechosas relaciones del entorno de Aznar con la trama Correa son denunciadas hoy por Enric Sopena en su Cabos sueltos, donde añade además otra significativa coincidencia: en la actualidad, Antonio Cámara es presidente de la Comisión Permanente de Control de Caja Madrid. En la durísima batalla entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón, el ex secretario de Aznar defiende los intereses de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

www.elplural.com 29.04.09

GERARDO GALEOTE NO IRÁ EN LA LISTA DEL PP A LAS ELECCIONES EUROPEAS 

El eurodiputado popular, Gerardo Galeote, implicado en el caso Gürtel, no irá en las lista del PP a las elecciones europeas del próximo 7 de junio. Según la versión oficial, ha sido el propio Galeote el que ha pedido al líder de los populares, Mariano Rajoy, no ser incluido en las listas, aunque le seguirá asesorando en asuntos europeos. 

La presión de los medios de comunicación en los últimos días ha sido muy intensa, con preguntas sobre la candidatura de Galeote en todas las ruedas de prensa del PP. Ante el temor de que los socialistas centraran buena parte de la campaña de las europeas en Galeote, fuentes de la dirección señalan que ha pesado más la idea de no ofrecer una baza tan fácil a sus rivales políticos que el criterio interno de que no se puede condenar por adelantado a un compañero como Galeote, que es un dirigente muy destacado y cercano a Jaime Mayor. Además, los populares deberían haberse pasado toda la campaña pendientes de las novedades del caso Gürtel, una tortura que ya vivió Mariano Rajoy en los pasados comicios gallegos y que no ha querido repetir. 

Galeote no perderá sus cargos orgánicos y seguirá siendo miembro del Comité Ejecutivo. Bárcenas, el otro aforado implicado por el juez Baltasar Garzón, también mantiene su puesto como tesorero del partido y no ha dimitido como senador. 

Las elecciones europeas son para Mayor Oreja el "primer test" que pasará el Gobierno ante la grave situación económica. "No sólo hay una elección a Europa; además de su carácter específico es la primera ante la crisis", ha indicado el candidato del PP, volcado en hacer una lectura nacional de la que puede obtener rédito. 

Las encuestas le son favorables al PP, pero Mayor Oreja desconfía porque no son "determinantes". "He aprendido a no saber nada de las encuestas, dependemos de los españoles que piensan que hay que cambiar", ha asegurado insistiendo en su visión en clave interna. "Las elecciones son una oportunidad para demostrar que este ciclo económico ha terminado, que el exceso de maquillaje de Zapatero está abocado al fracaso", ha añadido Mayor Oreja. 

El número uno del PP para Europa ha cargado contra la campaña del PSOE, que contrasta el mundo con George W. Bush con la nueva situación tras las últimas elecciones en EE UU . "A Obama le deseo lo mejor, pero hay cosas que suenan a paletada cuando oigo decir que tenemos que hablar de Obama en estas elecciones", ha concluido. 

(www.elpais.com, 28/04/09) 

EL PP DEJA FUERA DE LAS EUROPEAS A GALEOTE, IMPUTADO POR EL CASO GÜRTEL 

El PP ha dejado fuera de su lista para las próximas elecciones europeas a Gerardo Galeote, uno de los cargos del partido supuestamente relacionado con el "caso Gürtel". 

Fuentes del PP han confirmado a EFE este extremo después de unos días en los que la mayoría de la cúpula dirigente del partido se mostraba convencida de que repetiría, aunque no como número tres como en la lista de las anteriores elecciones europeas, en 2004, sino en un puesto más retrasado. 

Galeote es uno de los cargos del PP supuestamente implicados en relaciones con la trama empresarial corrupta de Francisco Correa; el juez Baltasar Garzón, mientras instruyó la investigación, estableció en uno de sus autos que podría haber recibido de dicha trama más de 600.000 euros, algo que el eurodiputado negó. 

(www.publico.es, 28/04/09) 

GERARDO GALEOTE NO IRÁ EN LA LISTA DEL PP A LAS EUROPEAS  

Gerardo Galeote, dirigente histórico del PP al que el juez Baltasar Garzón ha acusado de haber recibido “directa o indirectamente” 625.000 euros y varios coches de lujo por parte de de la trama de corrupción que lideraba Francisco Correa, no irá finalmente en las listas del Partido Popular a las elecciones europeas.  

Así lo ha decidido Mariano Rajoy, que este miércoles se reunió durante varias horas con los miembros que componen el comité electoral del Partido Popular.

División interna

Hasta ahora, existían dos corrientes internas en Génova 13. Varios dirigentes del PP defendían la presencia de Galeote en listas para evitar un problema interno y no condenar previamente al eurodiputado. Por el contrario, otro importante sector se negaba a que los socialistas exprimieran la baza de que en las listas del Partido Popular figura una persona que podría haber recibido más de 600.000 euros por parte de Correa 

(www.elplural.com, 28/04/09)

LA MAYORÍA DEL PP ASUME QUE GALEOTE IRÁ EN LA LISTA EUROPEA 

Quedan ya unas horas para que Mariano Rajoy desvele la lista del PP para las europeas, y muy pocos dirigentes esperan grandes sorpresas. Resuelto en enero el enigma fundamental, el del candidato, que vuelve a recaer en Jaime Mayor, el interés de los mentideros populares está en saber qué dirigentes de segunda línea encontrarán acomodo en una especie de retiro temporal muy deseado -la dirección tiene más de 100 peticiones para una lista con 25 puestos de salida- y en conocer si finalmente Gerardo Galeote repetirá en la lista. El eurodiputado ha recibido, según un auto del juez Baltasar Garzón, más de 600.000 euros y dos coches de la red corrupta que se investiga en el caso Gürtel. 

La mayoría de los dirigentes consultados, entre ellos cinco miembros de la cúpula, se muestran convencidos de que Galeote repetirá. Eso, asumen en privado, dará una baza a los socialistas, pero resuelve un grave problema interno. Rajoy, aseguran en su entorno, no se puede permitir el lujo de dejar fuera a Galeote, portavoz de los eurodiputados populares y número tres en las últimas elecciones, porque sería una especie de condena previa. 

El PP se aferra a los tres escritos de la Fiscalía Anticorrupción en los que se recomienda no llevar de momento el caso al Tribunal Supremo e investigar más a Galeote y a Luis Bárcenas, tesorero del PP y senador, que según Garzón recibió 1,3 millones de la red como sobornos. 

No poner a Galeote en la lista, según los dirigentes consultados, sería, además, incongruente con la decisión de mantener en su puesto al tesorero, que está participando intensamente en todas las reuniones de preparación de la campaña electoral. 

Bárcenas ha detallado en una reunión con Rajoy y Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP, cómo ha logrado acumular su importante fortuna familiar, especialmente en inmuebles de lujo, e insiste, como Galeote, en que todas las acusaciones son falsas. 

Esta situación sólo cambiaría, según fuentes de la dirección, si alguno de los dos fuera imputado. Rajoy sí le pediría entonces que dimitiera, tanto a Bárcenas como a Galeote. El PP asume así el riesgo de que en plena campaña electoral tenga que pedir a Galeote que deje la lista, como sucedió en Galicia con el cabeza de lista por Ourense, acusado de ocultar dinero en paraísos fiscales. 

(www.elpais.com, 27/04/09) 

RAJOY APUESTA POR LOS POLÍTICOS BAJO SOSPECHA: SE DA POR HECHO QUE GALEOTE IRÁ EN LAS LISTAS A LAS EUROPEAS 

A poco más de un mes para las próximas elecciones europeas del 7 de junio, la lista que presentará el PP es todavía un misterio. Después de desvelarse que Jaime Mayor Oreja será de nuevo el cabeza de lista de los conservadores, la principal intriga se centra ahora en si Gerardo Galeote, implicado en la trama de corrupción de la Gürtel, estará incluido en las listas. Por el momento, todo parece indicar que así será, al menos mientras el eurodiputado no aparezca directamente imputado en el caso. Mayor Oreja no quiso confirmar ayer si Galeote repetirá puesto, pero sí lo defendió, presentándolo como “un gran parlamentario en el seno del Grupo Popular”. 

Aunque habrá que esperar hasta el próximo domingo para que el PP presente oficialmente a los candidatos que conformarán la lista a las elecciones europeas, la mayoría de las voces dentro del partido apuntan ya que Gerardo Galeote volverá a integrar la candidatura. Ello pese a que el actual eurodiputado es uno de los implicados en la Operación Gürtel y, según un auto de Baltasar Garzón, recibió de las empresas de la trama corrupta más de 600.000 euros y dos coches.

Seguirá en la lista

No obstante, parece bastante seguro que Galeote irá en la lista de Mayor Oreja puesto que, en caso contrario, se haría muy difícil de justificar su permanencia en el cargo durante este tiempo, así como la de el tesorero del partido, Luis Bárcenas, también implicado en la trama, y que sigue colaborando de forma activa en la campaña para las europeas.

"Un gran parlamentario", según Oreja

El cabeza de lista, Jaime Mayor Oreja, no concretó ayer si Galeote le acompañará en la carrera hacia la Eurocámara, pero sí rompió una lanza a su favor al definirlo como “un gran parlamentario en el seno del Grupo Popular español, en el seno del Grupo Popular Europeo y en las instituciones europeas”. Mayor insistió en que Galeote “ha hecho y hace muchísimo” por el partido, y recordó que no será él, sino el Comité Electoral del PP, quien configurará las listas, algo para lo que los populares se reunirán mañana.

Condena previa

Según una información de El País, el PP no puede permitirse dejar fuera de la lista a Galeote, puesto que sería una especie de condena previa por su implicación, cuando el discurso mantenido por Rajoy consiste precisamente en respaldar a los dirigentes de su partido salpicados por esta trama hasta que se demuestre su imputación en el caso. El PP justifica esta postura aferrándose a los últimos escritos de la Fiscalía, que recomiendan no llevar aún el caso al Tribunal Supremo, que investigaría a Galeote y a Bárcenas por se aforados nacionales, sino que pide que se siga investigando la posible implicación de ambos dirigentes.

¿Qué pasaría con Bárcenas?

Además, la exclusión de Galeote obligaría también a destituir a Bárcenas, algo que miembros del propio PP han pedido ya, pero a lo que la dirección se niega de momento. Su inclusión en las listas conlleva en cambio el riesgo de que, en plena campaña electoral, el nombre de Galeote apareciese como uno de los imputados, lo que obligaría a que Mariano Rajoy le pidiera su dimisión.

"Nada que temer"

No obstante, Mayor Oreja insistió ayer en que el PP no teme que los flecos de la Operación Gürtel vayan a dañar al partido de cara a los comicios, y advirtió que tiene la conciencia “tranquila” y que su “única” preocupación es por la situación económica y los datos del paro. “Nosotros no tenemos nada que temer”, aseguró, después de criticar que hay quien quiere que la crisis llegue también al PP.

Cospedal se remite al Comité

Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha remitido la decisión sobre la repetición de Galeote al Comité Electoral del PP que se reúne mañana. Preguntada por el tema este mediodía tras la Ejecutiva del partido, la número dos de Génova se ha limitado a contestar que “mañana, imagino, podremos tener conocimiento” de quién será el segundo de las listas y de si el actual eurodiputado reaparecerá en las listas del PP. 

(www.elplural.com, 27/04/09)

LA TRAMA CORRUPTA GASTÓ 200.000 EUROS EN ROPA PARA REGALAR A CARGOS DEL PP 

Los directivos de la trama empresarial creada por Francisco Correa para lucrarse con contratos de administraciones gobernadas por el PP solían hacer regalos de agradecimiento a los cargos públicos vinculados a esas adjudicaciones. 

En unos casos, según la investigación judicial y policial, se trataba de vehículos; en otros, de joyas; en algún supuesto, de inmuebles y, en muchos, de simples trajes de entre 600 y 1.000 euros la pieza. Esos regalos aparecían reflejados en la contabilidad de las distintas empresas como gastos propios de su actividad. 

Un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario que se está instruyendo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al que ha tenido acceso EL PAÍS, acredita que en sólo dos años (2005 y 2006) las empresas Easy Concept, Good anb Better, Servimadrid Integral y Orange Market han declarado compras de material a la empresa Milano por casi 200.000 euros. 

Directivos de alguna de estas empresas han declarado al juez que hacían regalos en forma de trajes a alcaldes y concejales de ayuntamientos donde habían logrado distintos contratos. 

Entre esos directivos figura Isabel Jordán, despedida de la trama empresarial corrupta a finales de 2007, quien confesó al juez y a la policía que compró en dos ocasiones trajes para quien era entonces alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Y también sugirió que compró otros regalos a concejales de la misma corporación. 

Jordán aseguró que eran regalos por Navidad, pero el juez le preguntó entonces por qué se habían comprado los trajes en la tienda Milano en el mes de octubre. La ex directiva de la trama corrupta argumentó entonces que entre que se encargaba el traje, se confeccionaba y se entregaba, pasaban dos meses, justo para el regalo de Navidad. El jefe de ventas de esa tienda de ropa, José Tomás, negó ante el juez que la compra de los trajes se hubiera hecho en fechas próximas a las navidades. 

"Igual que le regalo a él [Arturo González Panero], regalo a otras personas", declaró Jordán a la policía: "Son regalos por propia iniciativa mía, al igual que he hecho a muchos concejales de Boadilla del Monte. Es habitual en el sector de la publicidad". 

Boadilla del Monte es un municipio de la Comunidad de Madrid donde gobierna el PP con una amplísima mayoría absoluta y donde, supuestamente, la trama corrupta había echado raíces para sus negocios. Tanto es así, que la investigación judicial destapó el supuesto pago de una comisión de tres millones de euros por la adjudicación de suelo para viviendas de lujo a un promotor inmobiliario para el que trabajaba Francisco Correa como conseguidor e intermediario. 

Las empresas de la trama corrupta camuflaban los gastos en regalos de todo tipo para cargos públicos del PP, como adquisición de material necesario para la actividad de la sociedad, de manera que pudieran declararlo a la hacienda pública y ahorrarse mucho dinero, pues les esa fórmula les permitía reducir el monto de los beneficios por los que tendrían que pagar al fisco. 

Durante la investigación, la policía interrogó a varias cajeras que trabajaron durante el tiempo en que ocurrieron los hechos en las tiendas Milano y Forever Young. 

Una de esas trabajadoras relató así el procedimiento utilizado en relación con los trajes que la trama corrupta compraba a cargos del PP: "Elaborábamos las facturas poniendo el concepto que deseara el cliente o nos dijera el encargado [José Tomás], poniendo un número a la factura sin ningún tipo de control o registro para que las mismas fueran consecutivas, y no quedaba registrada ni almacenada en ningún sitio". 

"Recuerdo", continúa la empleada de Milano en su declaración ante la policía, "que el entonces director de la tienda, José Tomás, me propuso que una venta de trajes de chaqueta que iban a hacer a personas que ostentaban cargos en el PP, entre ellos Francisco Camps, se facturaría como venta de mantelerías o cristalerías. Lo propusieron las personas que iban a comprar los trajes. Una de estas personas era un hombre con bigote que se llamaba Álvaro [en relación a Álvaro Pérez, directivo de Orange Market, empresa que contrataba con la administración valenciana]". 

La empresa Orange Market se encargaba de montar los eventos del PP en la Comunidad Valenciana, donde, en algunos casos, se trataba de organizar almuerzos con numerosos asistentes, por lo que podrían hacer pasar los regalos de trajes a cargos públicos populares como gastos para montar los actos políticos a la empresa, en este caso el PP, que se los encargaba. 

(www.elpais.com, 21/04/09)

"TENGO LA OFICINA LLENA DE TRAJES PARA DEJÁRSELOS A PERSONALIDADES" 

- Primera visita tras la citación. José Tomás, jefe de ventas de Milano y de Forever Young, donde los altos cargos del PP adquirían sus trajes por encargo de Álvaro Pérez y Pablo Crespo (dos de los directivos de la trama corrupta), recibió a mediados de febrero la citación de la Fiscalía Anticorrupción. Tomás, según su propio relato ante la policía, se vio con Crespo antes de acudir a la fiscalía, y éste -afirma en su declaración el jefe de ventas- elucubró sobre los motivos de la misma: "Puede estar relacionado con algo del alcalde de Boadilla porque ha podido decir algo Isabel Jordán porque la hemos despedido. Pero no hay ningún problema, lo tenemos todo muy bien, no tenemos nada que ocultar fiscalmente". Dos días después, se presenta en la tienda Álvaro Pérez y habla con José Tomás: "Tranquilo, no tenemos nada que ocultar". 

- Un café con el sastre. Al día siguiente, Tomás declaró ante la Fiscalía Anticorrupción y, 24 horas después, Pablo Crespo le invitó a tomar un café en un establecimiento comercial próximo a la tienda. En ese lugar le pregunta qué ha pasado con el fiscal y Tomás contesta que le ha preguntado por dos empresas de la trama corrupta y sobre la facturación de la tienda de ropa en la que trabajaba.

- La explicación de Pérez. Una semana después, Álvaro Pérez acude a la tienda de Tomás y le cuenta su versión de los hechos: "El tema de los trajes y la fiscalía me dan exactamente igual. Tengo en la oficina una barra [sic] de trajes llena y puedo decir que los tengo para dejárselos a determinadas personalidades. Que los compré yo y que yo los dejo y luego me los devuelven. Estoy supertranquilo, no tengo nada que ocultar". 

(www.elpais.com, 21/04/09) 

EL SASTRE: "CAMPS ME LLAMÓ ENTRE 40 Y 50 VECES" 

Durante su declaración ante la policía, según consta en uno de los tomos del sumario, José Tomás García, ex director de ventas de las tiendas Forever Young y Milano, recibió en varias ocasiones llamadas telefónicas del presidente valenciano, Francisco Camps. El sastre mostró a los agentes la pantalla de su móvil, donde se podía leer "CAMS [sic]" y el teléfono del dirigente popular. Ninguna de las seis llamadas que recibió en ese momento fueron contestadas. 

El domingo 8 de febrero, tras insistir reiteradamente, Camps consigue que Tomás le coja el teléfono: "Me llamó a mi casa cuatro o cinco veces, la última a las doce menos algo de la noche. Me preguntó si alguien había pagado una factura de Milano, y yo le dije, 'no, no presidente, en Milano usted nunca ha comprado ningún traje, compró cuatro y los devolvió y punto'. Hasta entonces sólo se había hablado de Milano. Yo me lo quité de encima como pude porque estaba muy nervioso. Luego, posteriormente, hasta el miércoles me estuvo llamando, calculo que entre 40 y 50 veces. Ya no le cogí el teléfono". 

José Tomás se convirtió a primeros de febrero en una persona muy importante para el PP y para los dirigentes de la trama empresarial corrupta de Francisco Correa. Cuando la Fiscalía Anticorrupción fijó su mirada en José Tomás para aclarar algunas cuestiones relacionadas con la compra de trajes para diversos altos cargos del PP, el director de ventas habló con los clientes que le hacían los encargos, que eran directivos de empresas de la trama corrupta. 

Uno de esos directivos, Pablo Crespo, le pidió que cuando acudiera a la fiscalía lo hiciera con un abogado de ellos y le dio el nombre. "Es un lince, y de los más prestigiosos que hay en España", le cuenta Crespo, según el relato del sastre a la policía. "Decliné la oferta, no me pareció adecuado utilizar el abogado de otra persona que pudiera estar investigada", explicó Tomás. 

(www.elpais.com, 21/04/09)

EL SUPREMO CONFIRMA EL ARCHIVO DE LA QUERELLA CONTRA GARZÓN POR COHECHO 

El Tribunal Supremo ha confirmado este martes el archivo de la querella por cohecho que un abogado presentó contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por haber recibido supuestamente, durante su estancia en Nueva York, 1,7 millones dólares del Banco Santander. 

En un auto notificado hoy, la sala de lo penal del Alto Tribunal rechaza el recurso de súplica interpuesto por el letrado Antonio Panea contra la decisión que este órgano tomó el pasado 9 de marzo de archivar la querella al considerar que los hechos no constituyen delito. 

Panea se querelló contra Garzón en junio del año pasado al estimar que pudo cometer delitos de cohecho y prevaricación al recibir 1,7 millones de dólares del Santander para actividades del Centro Rey Juan Carlos I de España de la Universidad de Nueva York y después archivar con "inusitada celeridad" una querella interpuesta contra los responsables del banco. 

El Supremo reitera ahora que, en su opinión, los hechos no constituyen delito "tanto por la falta de vinculación directa del patronazgo a la persona del querellado, cuanto porque nada hace sospechar que el patronazgo tuviera por finalidad el ilícito propósito que el recurrente denuncia con más voluntad que aval probatorio". 

El Alto Tribunal, sin embargo, sí acordó deducir testimonio de su resolución y de la documentación recibida de la Universidad de Nueva York al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque Garzón no comunicó al órgano de gobierno de los jueces las cantidades que cobró en concepto de sueldo a través de nómina. 

El CGPJ abrió a continuación una investigación sobre los ingresos de Garzón durante su estancia en Nueva York entre 2005 y 2006 que, una vez archivada definitivamente la causa penal en el Supremo, seguirá ahora adelante para ver si el juez incurrió en alguna falta disciplinaria. 

(www.publico.es, 21/04/09)

ANTICORRUPCIÓN PIDE QUE DECLAREN POR EL 'CASO GÜRTEL' VARIOS EMPRESARIOS 

El caso Gürtel sigue su imparable marcha. La Fiscalía Anticorrupción ha propuesto la declaración de media docena de personas vinculadas a la trama corrupta entre las diligencias de prueba solicitadas a los tribunales superiores de Madrid y Valencia, según fuentes fiscales. Entre estas personas, cuya identidad se reserva por no haber salido aún a la luz pública dado que el procedimiento sigue secreto, figuran algunos empresarios. Según las fuentes consultadas, estas declaraciones son complementarias a las del presidente Francisco Camps y los demás aforados, cuya declaración como imputados en un delito de cohecho ya ha interesado el fiscal Anticorrupción de los respectivos tribunales superiores. 

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró ayer en los desayunos informativos de Europa Press que el momento de enviar el caso al Supremo "aún no ha llegado" y que aún "quedan muchos años de procedimiento". Conde-Pumpido explicó que la remisión de la causa al Supremo "dependerá de la evolución del procedimiento" y reveló que Anticorrupción empezó a investigar muchos meses antes de la judicialización del caso, que se produjo el año pasado. El propio fiscal general recordó que él era magistrado de la Sala Penal del Supremo cuando se instruyó allí el caso Filesa, el proceso a la Mesa Nacional de Herri Batasuna y el caso Marey, y fue en este último en el que recayó la jurisprudencia sobre el momento en que las causas deben llegar al Supremo. 

El fiscal general recordó entones que el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, -presente en el desayuno informativo-, fue el fiscal que acusó en el caso Filesa sobre financiación irregular del PSOE y por lo tanto, "conoce perfectamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo" y el momento en que los casos deben ser enviados al alto tribunal. 

Preguntado por la contradicción de que el juez instructor, Baltasar Garzón, vea indicios de delito en los aforados Luis Bárcenas y Gerardo Galeote, y el fiscal no, Conde-Pumpido afirmó: "Lo anómalo es este caso, porque en los demás países suele ser al revés. Si el Ministerio Fiscal aprecia que los indicios no tienen las circunstancias que el Tribunal Supremo exige, se debe a que la Fiscalía Anticorrupción conoce mejor la jurisprudencia del Supremo". 

La implicación de varios dirigentes importantes del PP en el caso Gürtel trae de cabeza a los populares y les dificulta colar sus mensajes de oposición. Aunque la dirección se aferra a la decisión de la fiscalía, que por tres veces ha rechazado enviar aún el caso al Supremo, la preocupación es evidente. Y tres de los implicados, presentes ayer en unas jornadas interparlamentarias en un hotel de Sevilla, no pudieron evitar esta vez a la prensa. 

Lo intentó Luis Bárcenas, el tesorero, que después de responder esquivo que está "absolutamente" tranquilo, se escapó de los periodistas por una puerta trasera. Gerardo Galeote aseguró a la carrera que considera que su inocencia "ya está probada" (se le acusa de recibir 600.000 euros y él lo niega sin más datos) y no descartó repetir como eurodiputado. "No depende de mí", se limitó a señalar. Las listas se tienen que cerrar antes del 4 de mayo. Rajoy, según fuentes de la dirección, está retrasando la decisión para ver si hay novedades. Y si Galeote no es imputado antes del 4, según los miembros de la dirección consultados, es muy posible que repita -posiblemente como número tres- porque de lo contrario se le estaría condenando antes de tiempo, señalan las mismas fuentes, y sobre todo dejaría en evidencia la negativa de Bárcenas a presentar su dimisión. 

(www.elpais.com, 17/04/09) 

EL PP EXHIBE SU TRIADA GÜRTEL EN SEVILLA  

Al parecer Mariano Rajoy no sólo cobija sino que además exhibe a Luis Bárcenas, tesorero del PP que ayer sorprendió a propios y extraños al llegar a la XIV Unión Interparlamentaria del partido celebrada en Sevilla. Nadie le esperaba: no suele acudir a este tipo de eventos, y rehúye a la prensa desde que el juez Baltasar Garzón le señaló como presunto beneficiario de 1,35 millones de euros en sobornos de la trama Gürtel. Y, sin embargo, el responsable de las finanzas del grupo se presentó y se sentó en primera fila, un gesto con alta carga simbólica. Le acompañaron en su gesta otros dos implicados en el proceso judicial: el eurodiputado del grupo, Gerardo Galeote, y el secretario general de la formación en Valencia, Ricardo Costa. Con mayor o menor profusión, la triada del PP vinculada al caso Gürtel intentó exhibir “tranquilidad”. En defender su inocencia ni se molestaron: en palabras de Galeote, “ya está demostrada”.  

Bárcenas fue la sorpresa de ayer. Pocas horas antes de que apareciera, sus compañeros de filas ya habían empezado a excusar su ausencia indicando que él no suele ir a estos eventos, informa Público. No contaban con que, al parecer, a Génova no le basta con cobijar a los implicados: quiere exhibirlos para dar la apariencia de normalidad.

Bárcenas, “absolutamente tranquilo”…

Sólo así se explica que el tesorero, un hombre poco dado a estos eventos –de hecho, ni siquiera estuvo el martes pasado en la cita de Rajoy con el Grupo Parlamentario- acudiera a la Interparlamentaria y se sentara en primera fila. Bárcenas continúa siendo, sin embargo, parco en palabras: a su llegada se limitó a declararse “absolutamente tranquilo”, y a su salida optó por una maniobra evasiva y se dirigió al a puerta trasera.

…y Galeote también

Algo parecido ocurrió con Gerardo Galeote, acosado por la prensa al entrar al recinto semivacío donde se celebraba la reunión. Preguntado sobre si estaba tranquilo, el eurodiputado redundó en palabras pero no en detalles: “Sí, sí, sí…”, dijo. Sobre su inocencia fue contundente: “Ya está demostrada”, aseguró.

Coordinador de mesa redonda

Por la tarde, el europarlamentario acudió a una mesa redonda sobre la Unión Europea como coordinador. Más relajado y más accesible, aprovechó para elogiar al número uno de las listas del PP a las europeas, Jaime Mayor Oreja, aunque trasladó la decisión sobre su repetición en dichos comicios a Génova y al presidente del Comité para estos fines, Miguel Arias Cañete.

Repetición probable

Según las fuentes de El País, Rajoy piensa incluir a Galeote en las listas y podría ir de número tres, pero el líder está esperando por si hay alguna novedad judicial antes del día 4 de mayo, fecha tope para cerrar las candidaturas. La repetición disgusta a las bases y no entusiasma ni al mismo Mayor Oreja, dicen los informantes del marianista diario La Razón, pero según explica el rotativo de Prisa tras el aparente cierre de filas estaría el temor a mostrar a eurodiputado y tesorero como culpables y, sobretodo, a dejar en evidencia la negativa de Bárcenas a dimitir,

Costa, confiado

El tercer tenor, Ricardo Costa, ha sido más prolífico en declaraciones. “Que yo sepa no se nos ha implicado en la trama Gürtel. Es un caso abierto. Esperamos que el tribunal competente asuma la causa con rapidez y se demuestre que todas las acusaciones son falsas. Confío en la justicia”, ha señalado, obviando, no obstante, que la Fiscalía sí ha visto indicios en su contra y que . Para el secretario general del PP valenciano, las acusaciones en su contra son “infundadas y falsas” al tiempo que se le somete a un “juicio paralelo y mediático”.

Rapidez
Costa ha enfatizado en que Gürtel es un proceso judicial “abierto, para el que el partido pide máximo respeto y ofrece la máxima colaboración”, mostrándose esperanzado en que los tribunales asuman “la causa con rapidez” y en que esta “se resuelva cuanto antes”. En el último extremo discrepa el fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien ayer vaticinó que al caso le quedan “muchos años” por delante. 

(www.elplural.com, 17/04/09)

UNO DE LOS IMPLICADOS COORDINA UNA MESA EN UNAS JORNADAS DEL PP 

Gerardo Galeote ha sido acusado por Baltasar Garzón, en un detalladísimo auto, de haber recibido más de 600.000 euros de la red de Francisco Correa como soborno, incluidos dos coches de lujo regalados. Con implicaciones similares, compañeros suyos de Madrid han dimitido de sus cargos -alcaldes, consejeros y portavoces parlamentarios- "para defenderse mejor y no dañar al partido" en palabras de Mariano Rajoy. 

Galeote, uno de los más conocidos eurodiputados del PP, histórico de la casa y aún portavoz del grupo parlamentario en Estrasburgo, que tiene además a su padre y a un hermano imputados, no sólo no ha dimitido, sino que ni siquiera está aún descartado que repita en las listas de las europeas, aunque la mayoría de los dirigentes consultados lo ven poco probable. 

De momento, lejos de pedirle que dimita, Rajoy ha decidido encumbrarlo internamente como coordinador de una mesa de trabajo en la reunión interparlamentaria, una cita anual de diputados y senadores, que se celebra hoy y mañana en Sevilla. Galeote hará un discurso -aunque sin cámaras que lo graben- sobre "La Unión Europea y el futuro de la Política Agraria Común" y coordinará esa mesa. Otro de los implicados, Ricardo Costa, acusado por Garzón de haber recibido sobornos en forma de trajes regalados por la trama, también estará en una mesa, aunque como ponente, en este caso en la económica. 

(www.elpais.com,  16/04/09) 

BÁRCENAS CREA EL DESCONCIERTO EN LA INTERPARLAMENTARIA DEL PP 

La presencia del tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, en la XIV reunión interparlamentaria del partido celebrada en Sevilla, no ha dejado indiferente a nadie. Bárcenas, presuntamente implicado en el caso Gürtel, ha sido el principal tema de conversación en los corrillos de la reunión, que el partido considera como "pistoletazo" de salida de la precampaña para las elecciones europeas del 7 de junio.

"Tiene coraje por haber dado la cara", comentaban algunos, en oposición a quienes criticaban su presencia.   Bárcenas no ha sido el único implicado por Garzón que se ha dejado car por Sevilla.  

El eurodiputado Gerardo Galeote coordinará una mesa de trabajo sobre política agraria en la UE, y el portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Ricardo Costa, será ponente en otro grupo de trabajo sobre la crisis. 

El secretario de Política Autonómica y Local del PP andaluz, Juan José Matarí, ha sido el encargado de inaugurar este cónclave de parlamentarios populares, y a su alocución seguirán la de la vicesecretaria de Organización, Ana Mato, y la del responsable de Comunicación, Esteban González Pons, entre otros. 

La reunión interparlamentaria del PP se celebrará entre hoy y mañana. El presidente del PP, Mariano Rajoy, llegará al cónclave a lo largo de la jornada, ya que antes debía acudir a la localidad jienense de Martos, e intervendrá mañana, en la clausura. 

Le acompañarán en la sesión de cierre la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y el presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, así como el cabeza de lista para las europeas, Jaime Mayor Oreja. 

(www.publico.es,  16/04/09)

JUECES Y FISCALES SOSTIENEN QUE EL 'CASO GÜRTEL' ACABARÁ EN EL SUPREMO 

El caso Gürtel, la trama corrupta que afecta al PP, acabará en el Tribunal Supremo, según sostienen fuentes judiciales y fiscales consultadas por este periódico, aunque aún no parece ser el momento idóneo para remitirlo. En el actual estado de la causa, aseguran, la Sala Penal difícilmente aceptaría tener que practicar una instrucción tan complicada y que podría prolongarse durante dos o tres años. 

El Supremo no es un tribunal diseñado para practicar largas y complejas instrucciones, por lo que tiende a admitir los procesos cuando ya están individualizadas las responsabilidades de los aforados respecto de los demás imputados en el proceso. La Sala Penal ha establecido que el instructor "puede y debe investigar hasta alcanzar indicios fundados que justifiquen la imputación", lo que implica que hay que apurar la instrucción antes de elevar una causa al Supremo. 

Esa idea ya fue exprimida por el alto tribunal, en el caso Segundo Marey en el que fueron condenados por secuestro el ex ministro del Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera. Garzón realizó una extensa investigación y sólo cuando faltaba llamar a declarar a Barrionuevo como imputado elevó el asunto a la sala Segunda, sin perjuicio de que el nuevo instructor, Eduardo Móner, repitiese la mayoría de las diligencias. Lo que entonces se predicó para Garzón vale también hoy, para él y para los demás instructores de los tribunales superiores de Madrid y Valencia. 

Durante el tiempo que Garzón ha instruido el caso Gürtel ha imputado a 55 personas, aunque el total es de 62 implicados incluyendo a Francisco Camps (presidente de la Comunidad Valenciana, del PP), Luis Bárcenas (senador y tesorero del PP), Gerardo Galeote (eurodiputado del PP) y demás aforados, y ha acumulado nueve cajas de 2.000 folios cada una. Si se remitiesen en este momento todas las actuaciones a la Sala Penal del Supremo, el fuero del tesorero del PP, Luis Bárcenas, y del eurodiputado Gerardo Galeote arrastraría al alto tribunal a todos los demás implicados. Y en la Sala Penal aún se recuerda con horror el caso Filesa sobre financiación irregular del PSOE, y la polémica y accidentada instrucción del juez Marino Barbero, empeñado en tomar declaración a los primeros banqueros del país, las decenas de miles de folios acumulados durante años y la espantada final del magistrado, que abandonó la carrera judicial cuando no supo qué hacer con todo el material acumulado. 

Por eso, parece que de momento la estrategia de la Fiscalía Anticorrupción está orientada a cimentar los indicios existentes contra Bárcenas y Galeote antes de instar una exposición razonada para elevar la causa al Supremo. Según las fuentes consultadas, si el proceso se remitiese ahora en bruto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, éste se expone a que el Supremo le devuelva la causa, con la indicación de que desbroce el procedimiento y al menos investigue a los aforados madrileños. Lo mismo ocurriría si el de Valencia hiciese lo propio con Francisco Camps y Ricardo Costa. 

Con todo, los mismos problemas de infraestructura para instruir procesos de complejo contenido económico, o más agravados aún, los tienen los tribunales superiores de justicia, que tampoco verían con malos ojos poder remitir cuanto antes el caso Gürtel al Tribunal Supremo. 

Aunque todas las fuentes consultadas coinciden en que lo más probable es que a medio plazo el caso pase al Supremo, desde el punto de vista procesal el PP tiene cierto margen de maniobra para que el debate jurídico tenga lugar en algún tribunal más favorable a sus intereses. Ya lo hizo en el denominado caso Zamora, cuando instó la dimisión del diputado José Manuel Peñalosa y el senador Dionisio García Carnero (hoy es de nuevo senador) y el asunto, que salpicaba de cerca a Aznar, salió del Supremo para acabar pudriéndose en un juzgado de Zamora donde fue archivado un par de años después. 

Si el PP se viera en la necesidad, podría forzar la dimisión de sus aforados Bárcenas y Galeote y el caso pasaría automáticamente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por el momento el PP ha optado por mantener el aforamiento de los dimitidos Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch para evitar que el caso pueda volver a manos del juez Baltasar Garzón. 

(www.elpais.com,  16/04/09) 

EL FISCAL GENERAL AUGURA ´MUCHOS AÑOS´ PARA EL CASO GÜRTEL 

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha asegurado hoy que al "caso Gürtel" le quedan "muchos años" y que, por ello, desconoce si el procedimiento, que no es "contra políticos", acabará en el Tribunal Supremo (TS).Así se ha pronunciado hoy el fiscal general en un encuentro informativo organizado por Europa Press, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya considerado que en el estado actual de la causa no procede elevarla al Tribunal Supremo y que, por tanto, los Tribunales Superiores de Madrid y la Comunitat Valenciana son competentes para asumir la investigación sobre la supuesta trama de corrupción.

Respecto a la razón por la que la Fiscalía Anticorrupción no ve indicios contra aforados nacionales mientras que el juez Baltasar Garzón sí lo ha hecho, Conde-Pumpido ha recordado que el fiscal no aprecia que los indicios tengan las circunstancias que el TS exige y ha señalado que el Ministerio Público conoce mejor la jurisprudencia del TS.

La Fiscalía Anticorrupción -ha recordado- empezó con este trabajo muchos meses antes de que se judicializara y ha insistido en que se trata de una trama muy difícil de investigar y que está en una fase inicial.

También ha dicho que si la Abogacía del Estado decide personarse en la causa será para ejercer su derecho y que estaría perfectamente justificada mientras que, sobre la negativa de Garzón a aceptar la personación de PP en el caso, ha indicado que una institución tiene que acreditar para ello un perjuicio que no sea puramente político y que desconoce si ese partido tiene otras razones para ello.

Conde-Pumpido ha insistido en que la Fiscalía no adapta sus procedimientos a las corrientes mediáticas ni los fondos de sus resoluciones a las mayorías políticas, sino que actúa solo de acuerdo con la legalidad.

Durante su intervención, el fiscal general ha apostado por una reforma de la ley procesal penal que establezca un modelo verdaderamente acusatorio, en el que el Ministerio Público sea el responsable de dirigir la investigación para decidir si procede o no el ejercicio de la acción penal y en el que el juez sea el encargado de garantizar que no se vulneren los derechos de nadie, "esquema universal" que funciona en muchos países.

Conde-Pumpido ha asegurado que el modelo penal actual, al que ha calificado de último reducto del siglo XIX en la Justicia española, provoca problemas como, por ejemplo, que los ciudadanos acudan al fiscal denunciando que el juez, al investigarles, está vulnerando sus derechos, lo que "ha pasado hace poco".

Por ello, se ha preguntado si "queremos quedarnos solos" con la vieja divisa de "Spain is different" y ha destacado la necesidad de que los fiscales no sean "representantes del botijo español".

El fiscal general ha insistido que el problema de la Justicia penal no está en si la decisión de investigar o no, de enjuiciar o no, deba quedarse en manos del juez "cuya independencia nos ofrece absoluta confianza hasta que deja de gustarnos lo que alguno concreto hace, o pasa a un fiscal que es tremendamente sospechoso de parcialidad, salvo cuando nos conviene la decisión que adopta".

Conde-Pumpido ha recordado que el 75 por ciento de los procedimientos judiciales en España pertenecen a la jurisdicción penal y que sólo un 10 por ciento de ellos terminan en sentencia.

Ante estas cifras, el fiscal general ha considerado necesario un pacto de Estado para una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que aporte seguridad jurídica al sistema. 

(www.levante-emv.com,  16/04/09)

La Fiscalía recomienda seguir investigando a Bárcenas y Galeote

Anticorrupción considera que no existen indicios suficientes para imputar al tesorero del PP y al eurodiputado pero recuerda que todavía hay "abundante documentación por examinar"

La Fiscalía Anticorrupción considera que no existen indicios suficientes que permitan imputar al tesorero del PP y senador Luis Bárcenas y al eurodiputado Gerardo Galeote en el caso Gürtel por lo que recomienda que se prosiga con la investigación, "especialmente teniendo en cuenta la abundante documentación aún por examinar". Según la Fiscalía no procede, por tanto, elevar todavía la causa de corrupción que salpica a miembros del PP al Tribunal Supremo. Los TSJ de Madrid y Valencia, competentes en la causa, deberán tomar la decisión sobre si asumen o no la investigación iniciada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

En el informe remitido hoy por Anticorrupción al TSJ de Madrid, la Fiscalía subraya que no puede demostrarse que "las siglas LB, L o el nombre de Luis el cabrón", que aparece en la documentación intervenida, correspondan a Luis Bárcenas, por lo que resulta "más oportuno esperar al avance de la investigación". No obstante, la Fiscalía recuerda que "en el último informe policial se indica que hasta la fecha no aparece persona alguna, diferente de Luis Bárcenas, cuyas iniciales sean LB y que se encuentre relacionada con los demás miembros de la organización".

La Fiscalía tampoco encuentra indicios suficientes de criminalidad para imputar al eurodiputado Gerardo Galeote y considera que "resulta imprescindible una más profunda instrucción que se extienda a, entre otras cuestiones, el motivo de los pagos eventualmente percibidos por los aforados". El fiscal no cierra, sin embargo, la puerta a una futura remisión de la causa al Tribunal Superior de Justicia al recordar que "la instrucción sólo acaba de comenzar y resulta procedente continuar con el examen de la documentación intervenida".

Los informes de la Fiscalía contradicen al juez Garzón, que remitió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid todos los indicios de criminalidad existentes contra Bárcenas y Galeote (Lee el auto). Según la investigación del magistrado, "sin género de dudas", Bárcenas, senador por Cantabria, se habría enriquecido por pagos de la trama corrupta en 1.353.000 euros y Galeote habría recibido otros 652.310. Además, el juez considera probado que las siglas "L.B." se corresponden con las de Luis Bárcenas.

Con respecto al informe enviado al TSJ de Valencia, el fiscal recomienda que se deben investigar "los hechos atribuidos a Francisco Camps Ortiz [presidente de la Generalitat de Valencia] y Ricardo Costa [secretario general del PP valenciano]", que consisten en "recepción de dádivas procedentes de alguno de los imputados" en el caso Gürtel, y solicita que se tome declaración a los dos políticos valencianos.

www.elpais.es 14.04.09

EL BIGOTES ORGANIZÓ UN MITIN DE MARIANO RAJOY EN ELCHE EN LA CAMPAÑA PARA LAS GENERALES DEL 9-M

Mariano Rajoy aseguró que había roto en 2004 relaciones con las empresas de Correa porque le habían comunicado que estaban utilizando "indebidamente" el nombre del partido. Sin embargo, después de esa fecha, empresas de la trama corrupta siguieron organizando actos del Partido Popular. El Plural les muestra las obtenidas en un mitin del propio Rajoy en Elche, celebrado el 28 de febrero de 2008, en plena campaña para las elecciones generales del 9 de marzo.

 Según el blog Trajes para todos, El Bigotes organizó el mitin que Mariano Rajoy celebró en la Institución Ferial Alicantina situada en el municipio de Elche el jueves 28 de febrero de 2008. En concreto, Álvaro Perez, imputado en el caso Gürtel, habría organizado todo el entramado que conllevó este mitin y mantuvo contacto con importantes dirigentes del PP. Así lo demuestran varias fotografías.

                                                          

                                                          

¿Más actos?

Este blog también apunta que El Bigotes pudo organizar una parte del almuerzo-mitin que se celebró en un restaurante del Parque Municipal el jueves 29 de marzo de 2007 o el acto celebrado en el Centro de Congresos de Elche el sábado 19 de abril de 2008.

Estrechas relaciones con el PP ilicitano

Hace unos días, salió a la luz una imagen en la que aparecía Mercedes Alonso, presidenta del PP de Elche y portavoz del grupo municipal popular en la capital ilicitana, con Álvaro Perez. Ahora, estas nuevas fotografías demuestran la estrecha relación que existió entre El Bigotes y el Partido Popular de Elche.

 Hombre fuerte de Correa en Valencia

Los tentáculos del Bigotes se extendieron no sólo en Elche, sino en toda la Comunidad Valenciana. Como contó El Plural el pasado 30 de marzo, Correa le hizo responsable del negociado valenciano, aprovechando sus habilidades para las relaciones públicas. Y no se equivocó al convertirle en su hombre fuerte en la zona ya que se granjeó muy buenas relaciones en la cúpula del PP.   El propio Camps llegó a asistir a su boda junto al vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, el portavoz parlamentario y secretario regional del PP, Ricardo Costa y el director general de Canal 9, Pedro García.

(www.elplural.com, 14/04/09)

GARZÓN OFRECE AL GOBIERNO PERSONARSE CONTRA LA TRAMA CORRUPTA LIGADA AL PP 

El juez Baltasar Garzón dictó una providencia el pasado 17 de febrero en la que ofrecía a la Administración central, a través de la Abogacía del Estado, personarse en la causa abierta contra la trama de corrupción masiva que dirigía Francisco Correa, el hombre que montó todos los actos del PP cuando mandaba José María Aznar. Los negocios ilícitos que supuestamente perpetró esta red corrupta durante años estuvieron en su mayoría vinculados a decisiones políticas adoptadas en instituciones gobernadas por el PP. 

La Administración central del Estado sería parte perjudicada en esta causa si se probase, como apuntan indicios que han aparecido durante la investigación, que la trama corrupta ha llevado a cabo blanqueo de capitales y otros delitos fiscales que han ocasionado perjuicios importantes a la Hacienda Pública.  

En tal caso, la administración pública se habría visto dañada por la actuación de la red corrupta que dirigía Correa y tendría derecho a defender sus intereses ante los tribunales, como ha ofrecido el juez a la Abogacía del Estado. El pasado 13 de febrero, Garzón rechazó la personación del PP en la causa al considerar que "ningún perjuicio existe [...] para el Partido Popular sino, en su caso, para las administraciones o instituciones a las que pertenecen las personas afectadas". 

El Gobierno no ha respondido aún a la invitación. Cuando se recibió la providencia de Garzón había dudas respecto al órgano judicial que se iba a encargar de la causa, que de momento ha recaído en los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Comunidad Valenciana, tras la inhibición de Garzón.  

En sus autos, el juez sugiere que la competencia real para instruir este caso corresponde al Tribunal Supremo, debido a que los delitos se cometieron en varias comunidades y hay posibles implicados que ocupan cargos en el Senado (Luis Bárcenas, tesorero nacional del PP) y en el Parlamento Europeo (Gerardo Galeote, europarlamentario popular). 

Además, será la Agencia Tributaria la que deba examinar si, a la vista de los datos conocidos, es conveniente la personación del Estado en la causa. Entonces, debería indicarle a la Abogacía del Estado que iniciara los trámites para llevar a cabo esta acción. 

Durante toda la investigación judicial, la Agencia Tributaria colaboró con la Audiencia Nacional mediante la elaboración de distintos informes sobre los supuestos implicados. También la brigada para prevenir el blanqueo de capitales trabajó en la causa. "Después de Semana Santa habrá una decisión respecto a si hay personación del Estado en la causa", indicaron a este periódico fuentes gubernamentales. 

El primer auto de Garzón sobre esta causa apunta múltiples indicios de "defraudación fiscal y el movimiento de dinero en el extranjero y un entramado de sociedades para colocar el importe en territorios offshore (paraísos fiscales) o cuya falta de transparencia fiscal o cooperación impide, gracias a las técnicas de ingeniería financiera, alcanzar los fondos desplazados". 

La investigación policial y judicial de la trama corrupta se inició en agosto de 2008 y ha detectado un conglomerado de sociedades de "inversión especulativa" cuyo objetivo era "la búsqueda de operaciones inmobiliarias o la gestión del patrimonio personal de Francisco Correa". 

La trama había montado una estructura internacional con sociedades en paraísos fiscales con el objetivo de blanquear dinero. Durante la instrucción, el juez Garzón ordenó comisiones rogatorias internacionales para recabar distintos datos a Reino Unido, Italia, Holanda, Suiza y Antillas Holandesas.  

La red también tejió numerosos negocios basados en facturas falsas y, por tanto, en la evasión al fisco de muchos de los beneficios que obtenían por su actividad ligada al tráfico de influencias y el cohecho. Más de una decena de cargos públicos del PP han sido imputados en una causa que ahora instruyen los tribunales superiores de justicia de Madrid y la Comunidad Valenciana. 

Durante la investigación, Garzón ordenó numerosas intervenciones telefónicas a los principales implicados de la red empresarial que fueron prorrogadas a petición del fiscal. Entre el 4 de septiembre de 2008 y el 12 de febrero de 2009, las conversaciones de los principales sospechosos a las órdenes de Correa estaban siendo escuchadas por la policía por orden de Garzón. 

(www.elpais.com, 13/04/09)

La Abogacía acusó en el 'caso Filesa' en tiempos de González

La personación del Estado en causas judiciales donde se investigan delitos que han perjudicado a las arcas públicas es algo habitual, incluso cuando los sospechosos de haber cometido irregularidades son políticos del partido que gobierna en ese momento. Uno de los ejemplos más significativos, por la relevancia social y política que adquirió el caso, fue el de la financiación ilegal del PSOE a través de Filesa en los años noventa.

La Abogacía del Estado ejerció la acusación en ese sumario judicial. Lo formalizó en un escrito fechado el 7 de octubre de 1995, cuando todavía gobernaban los socialistas.

Los servicios jurídicos del Estado acusaron a distintas personas de la trama de financiación ilegal. El abogado del Estado pidió 12 años y ocho meses de cárcel y 767 millones de pesetas de indemnización para el ex diputado socialista Carlos Navarro y sus socios Luis Oliveró y Alberto Flores. La acusación se fundamentaba en la existencia de indicios de delitos en los que el Estado había resultado perjudicado económicamente.

También solicitó el abogado del Estado ocho años de cárcel por delitos fiscales y falsedad en documento mercantil para Aída Álvarez, responsable de las empresas proveedoras de la trama de financiación ilegal.

www.elpais.es 13.04.09

El Supremo archiva la querella del PP contra Garzón

El Tribunal Supremo ha archivado la querella que el Partido Popular interpuso contra el juez de la Audiencia Nacional por considerar que había prevaricado en la instrucción del caso Gürtel. En un auto notificado hoy, el Alto Tribunal justifica el archivo de la querella, que fue presentada el pasado 25 de febrero y ampliada en dos ocasiones, en la "falta de indicios suficientes de la comisión de un hecho delictivo", coincidiendo así al entender que los hechos no constituían delito alguno. El PP se querelló contra Garzón por las filtraciones a la prensa de datos del sumario, por la negativa del magistrado a tenerlos como parte en el procedimiento, por haber implicado implícitamente al senador Luis Bárcenas en el caso al no desmentir -como sí hizo con el diputado Esteban González Pons- que hubiera indicios contra él, y por no inhibirse cuando la investigación afectó a personas aforadas.

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En la resolución, el Supremo rechaza uno a uno los argumentos esgrimidos por el PP, al que critica por haber basado su querella en hechos conocidos a través de los medios de comunicación. "Los datos o hechos transmitidos están extraídos de fuentes ajenas a la instrucción y por ello no es posible basar en los mismos la existencia de indicios consistentes de delitos", señala el auto.

No hay indefensión
El tribunal añade que, si bien es cierto que el conocimiento por los imputados de la instrucción a través de la prensa "puede generar una situación de aparente indefensión", eso sólo podrá verificarlo  "la sala de lo penal de la Audiencia Nacional". En cualquier caso, el Supremo recuerda que su propia jurisprudencia establece "que la declaración del secreto del sumario no constituye en principio indefensión material alguna para los imputados, inculpados o procesados cuando éstos han tomado conocimiento del mismo y han podido intervenir y ejercitar el derecho de defensa una vez levantado el mismo".

Rechazo a la personación
Sobre el rechazo a la personación del PP en la causa, la sala afirma que esta decisión "no constituye un evidente despropósito jurídico, ajeno a la opinión jurídica común, para constituir el tipo objetivo del delito de prevaricación". Tampoco ve el tribunal nada objetable en la nota de prensa con la que Garzón desmintió la existencia de indicios contra González Pons, ya que "su finalidad no es otra que preservar la indemnidad del diputado mencionado y por ello nunca concurriría el dolo de revelar el secreto sumarial".

Inhibición correcta
Aunque el Supremo considera que todo esto sería ya "suficiente para el archivo de la querella", examina también la imputación que el PP hace al juez de retener la instrucción de la causa siendo incompetente para ello porque habían aparecido "indicios de responsabilidad" respecto de personas aforadas. En este sentido, el tribunal enumera varias sentencias en las que se explica que el juez de instrucción debe seguir investigando hasta que haya quedado "individualizada" la actividad delictiva concreta que se impute al aforado, teniendo sólo vedada "la realización de actos procesales que en sí mismos determinen ya la sujeción de un parlamentario a un procedimiento penal".

Deber de seguir investigando
"De ello se desprende que no basta la mera imputación personal del aforado para que el instructor suspenda inmediatamente la instrucción y remita la causa al órgano competente, sino que puede y debe investigar hasta alcanzar indicios fundados que justifiquen dicha imputación", dice el Supremo. En el "caso Gürtel", añade, "ello no es posible determinarlo conforme al contenido de la querella, es más, en el auto de 13 de febrero -que el PP citó en su denuncia y en el que Garzón advertía de la existencia de "serios" indicios contra aforados- se admite que el análisis policial/pericial de los documentos y datos obtenidos en la investigación todavía no había concluido".

Muchos intentos
Cabe reseñar que antes del portazo de hoy en las puertas del Supremo, el PP había presentado otras tres denuncias en el Consejo General del Poder Judicial. Ante el órgano de control de los jueces llevaron la coincidencia del magistrado con el ya ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en un cacería, una querella que luego ampliaron añadiendo el supuesto uso fraudulento del secreto de sumario y una queja por retraso “injustificado” en la tramitación de la causa. El día 24 de marzo, no obstante, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial decidió por unanimidad archivar las quejas del PP y de su tesorero, Luis Bárcenas.

Críticas de la prensa
La famosa querella también había cosechado las críticas de la prensa progresista para la cual ha sido un "chantaje", y de columnistas conservadores como el juez Javier Gómez de Liaño, colaborador de El Mundo y, precisamente, condenado por prevaricación en el caso Sogecable. El ex magistrado aseguró que era un "brindis al sol" carente de “técnica jurídica" y de "fundamento”. Las dudas sobre las posibilidades de que el texto legal prosperase se confirmaron el 27 de febrero, cuando el mismo Supremo halló defectos de forma y falta de poderes para el pleito. Entonces fue Federico Jiménez Losantos quien descalificó a Federico Trillo, encargado de presentar el texto, asegurando que era "más malo que el virus de la malaria recuperado" además de "tonto".

www.elplural.com 07.04.09

Una amiga de Correa le ayudó a sacar de España dinero de la trama

Se llama Cristina Colman. Es amiga de Francisco Correa y el pasado 30 de marzo fue imputada por el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el denominado caso Gürtel bajo los cargos de blanqueo de dinero, defraudación fiscal, cohecho y tráfico de influencias. Colman no trabajaba en ninguna de las empresas que Correa había montado para recaudar fondos del Partido Popular, pero era una persona de total confianza del jefe de la trama.

En los dos últimos años, Cristina Colman compartió muchas cosas con Correa y se convirtió en la tercera mujer en orden de importancia dentro del entramado empresarial.

Durante un tiempo fue Carmen Rodríguez Quijano, la esposa de Correa, la que figuró como administradora de varias de las sociedades.Más tarde fue relevada por Felisa Jordán, que estuvo al frente de Special Events, la empresa matriz de todo el grupo de Correa, y de Orange Market. Y, finalmente, Cristina Colman fue utilizada por Correa para mover importantes cantidades de dinero desde Madrid a Londres y, más tarde, a diversos paraísos fiscales.

Según ha podido saber EL MUNDO de fuentes policiales de la investigación, Correa abrió varias cuentas a nombre de Cristina Colman en Londres aprovechando que ésta se encontraba en la capital británica estudiando inglés.

Según las mismas fuentes, parte de los gastos de Cristina Colman en Londres eran sufragados por Francisco Correa. El jefe de la trama se veía con su amiga con cierta asiduidad en los dos últimos años, tanto en Londres como en París.

Se da la circunstancia de que Cristina Colman tiene una página en Facebook y entre sus amigos se encontraba Correa. Después de las primeras detenciones en la operación Gürtel, que se llevaron a cabo el pasado 6 de febrero en Madrid contra Correa, Carmen Rodríguez Quijano y Pablo Crespo, el jefe de la trama desapareció automáticamente de la página de amistades de Cristina Colman.

A través de esa misma web de Facebook y de otras amistades, la tercera mujer en importancia de la operación Gürtel fue recibiendo avisos de la situación y del momento procesal del caso.

El 8 de febrero, tras ser detenido Correa, Cristina Colman recibió la primera alerta procedente de una de sus amigas de Madrid: «Hola nena, qué tal todo. Espero que estés mejor... bueno ya te llamo hoy y te cuento... nena necesito que tengamos muchísima buena energía vale?».

El siguiente aviso se produce días antes de que Cristina Colman comparezca ante el juez Baltasar Garzón. Está fechado el 24 de febrero y la interlocutora es la misma persona: «Nena. Qué tal te va todo. Espero que bien. Te cuento que aquí ya casi no se habla del tema, pero andante PY [sic], es lo que mejor que podes hacer».

Cristina Colman, joven y morena, ha estado muy cerca de Correa en los últimos años. Colman no se parece a ninguna de las mujeres que anteriormente habían estado en el entorno del jefe de la trama. Correa siempre se ha rodeado de mujeres rubias, natural o tintadas, y con un estilo totalmente diferente.

EL MUNDO ha intentado ponerse en contacto con Cristina Colman en los últimos días para conocer su versión de los hechos, pero no ha respondido a ninguna de las llamadas.

El total de imputados en el 'caso Gürtel' asciende ya a 55. Los últimos 10, entre los que se encuentra Cristina Colman, eran parte o habían trabajado para el entramado empresarial de Francisco Correa, Antoine Sánchez, Pablo Crespo y Alvaro Pérez Alonso, los principales encausados de esta trama de tráfico de influencias y lavado de dinero.

EL MUNDO ha podido saber que Correa está teniendo serios problemas económicos porque el magistrado Baltasar Garzón ha intervenido sus empresas y, en la actualidad, no dispone de dinero en efectivo para hacer frente a los pagos de sus abogados y de los letrados de las personas afines a él. El jefe de la trama también tiene serias dificultades para afrontar deudas familiares.

Garzón aún no ha podido llegar a los documentos que Correa tenía en varias cajas de seguridad ubicadas en diferentes entidades bancarias que fueron vaciadas antes de las primeras detenciones por personas cercanas al jefe de la trama.

Eso ha motivado que el magistrado haya tenido que basarse en los aspectos societario y empresarial, en una pieza del sumario que está instruyendo el juez Santiago Pedraz sobre blanqueo de capitales de 170 empresarios españoles en Liechtenstein y que está declarada secreta.

En esa instrucción judicial también se encuentra imputado Ramón Blanco, que formaba parte de varias de las sociedades del grupo de Francisco Correa. La otra pieza utilizada por Garzón y que ha resultado fundamental en la investigación han sido las declaraciones de la ex administradora de Special Events, Felisa Jordán

www.elmundo.es 06.04.09

Agag “presumía entre sus amigos de que iba a participar en un negocio llamado Orange Market”

Alejandro Agag, empresario y yerno del ex presidente José María Aznar, “en 2000, un tanto ingenuamente, presumía entre sus amigos de que iba a participar en un negocio llamado Orange Market, que uno de sus interlocutores imaginó como una especie de mercado de futuros de cítricos a través de Internet”. Es lo que cuenta Casimiro García-Abadillo, vicedirector de El Mundo, en un artículo publicado hoy en este diario. A estas alturas, es sabido que Orange Market es una de las empresas de Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama corrupta vinculada al PP, dirigida por Álvaro Pérez El Bigotes, otro de los principales imputados en el caso Gürtel; y aunque ahora nadie quiera reconocerlo y el mismo Agag pierda la memoria cuando se le pregunta por la cuestión, otro gallo cantaba hace algunos años cuando “Correa fue testigo de su boda y El Bigotes acudió al evento (que, por cierto, organizó él mismo) acompañado de una linda joven retratada por Interviú”.

• Una historia que incluye a Agag y su alegre muchachada sin olvidar a Romero de Tejada, entre...

• Temor en el entorno de Aznar: sospechan que Agag y algún ex ministro podrían acabar declarando...

• Correa invitó al matrimonio Ana-Agag a su palco VIP del Master Series

• Se estrecha el cerco sobre Agag: hasta cinco de los caídos en la trama de corrupción estuvieron...

• Agag alega "amnesia" y "sordera" para no hablar de su relación con Correa

• Detienen al hombre al que Aznar confió la boda de su hija y Alejandro Agag

• Garzón acusa al tesorero del PP de cobrar 1,35 millones en sobornos y al eurodiputado Galeote...

• El eurodiputado Galeote abrió una cuenta para el PP en un paraíso fiscal

El número dos de El Mundo asegura que “en su día, estos hechos fueron puestos en conocimiento de Javier Arenas (cuando era secretario general) y del propio Aznar, cuando era casi como un Dios. Nada se hizo. Todo siguió igual”. Quizás ello explique el nerviosismo en el entorno de Agag, conocido como el abrepuertas, cuando se imputó a Correa, con quien se codeaba eventualmente.

Agag y Gordon
El vínculo más inmediato de Agag con la trama sería el también imputado Jacobo Gordon, su amigo, compañero de universidad en Cunef –el centro de los banqueros-, ex socio y también testigo de su boda. El nombre de Gordon asoma reiteradamente en el sumario judicial del juez Baltasar Garzón: se le vincula a una promoción inmobiliaria en Majadahonda y al tema valenciano. En las grabaciones que investiga el juez Correa destaca su cercanía con el ex presidente del Gobierno: “Jacobo, todo el verano con Aznar y no es capaz de pedirle que nos eche una mano para desbloquear la licencia”, sostiene en una de las conversaciones grabadas por la Policía.

Galeote, su fundación…
El vicedirector de El Mundo, no obstante, centra su artículo en Gerardo Galeote, el eurodiputado presuntamente relacionado con la red corrupta de la que, además de 625.000 euros en comisiones, habría recibido tres coches de lujo. El periodista recuerda que en 2003, cuando Aznar decidió fusionar todas las fundaciones del PP en FAES –incluida la Fundación de Estudios Europeos que, además de estar dirigida por quien ha sido señalado por Garzón, recibía un diezmo mensual de los eurodiputados de su grupo guardado en un paraíso fiscal-, “ideó la creación de una nueva figura: la Asociación de Estudios Europeos, con los mismos fines y propósitos que la extinta fundación”.

…y las gabelillas
Según Casimiro, los eurodiputados callaron todos porque cobraban más del doble de lo que precibe un parlamentario en el Congreso de los Diputados. En este sentido destaca que las "gabelillas que se obtienen de la euroburocracia no son pocas. Además de los elevados ingresos, el Europarlamento paga los viajes en tarifa business a sus miembros. Si uno viaja con tarifa reducida, se embolsa la diferencia, que puede ser de hasta 1.000 euros por vuelo. Además, hay una asignación para gastos de prensa de unos 1.500 euros que casi nadie utiliza para los fines a los que está destinada la partida (…)”, una forma de actuar “reveladora” de alguien que llegó a presumir “de haber ganado ya más de 200 millones” como eurodiputado.

Explicaciones endebles
El eurodiputado, no obstante, “se equivocó al limitar en su comunicado del 1 de abril sus relaciones económicas con Correa a la contratación de viajes a través de Pasadena” porque el presunto cabecilla de la trama fue, además, “el encargado de organizar diversos actos para el eurogrupo del PP. Actos a los que acudía, naturalmente, Alejandro Agag”. A pesar de todo esto, para García-Abadillo esta trama no es Filesa porque “no aparece por ningún lado la financiación del partido. Ni siquiera la Policía (…) ha conseguido poner sobre la mesa de Garzón un solo dato que lleve a pensar que la organización con su retahíla de facturas falsas incluida, haya financiado actos o campañas del PP”.

Bárcenas
¿Qué pasa entonces con el tesorero del PP, Luis Bárcenas, que habría obtenido 1,3 millones de euros en comisiones y con quien la trama habría llegado al corazón de las finanzas popular? La respuesta del número dos de El Mundo es que “100.000 euros al año” no son "moco de pavo", pero no como "para pringarse en un asunto de corrupción". ¿Qué diferencia, entonces, a Bárcenas de Galeote? Habrá que esperar a una nueva entrega de El Mundo para saberlo.

www.elplural.com 06.04.09

RAJOY SE LA JUEGA CON SU TESORERO: "NADIE PODRÁ PROBAR QUE NO ES INOCENTE" 

La mayoría de los dirigentes del PP que han hablado estos días con Mariano Rajoy estaban convencidos de que el jefe de la oposición iba a apoyar sin matices a su tesorero, Luis Bárcenas, al menos hasta que el Tribunal Supremo decida imputarlo, si es que eso llega a suceder. Sin embargo, la contundencia con la que el líder del PP se la jugó ayer en Vitoria por Bárcenas y el eurodiputado Gerardo Galeote, acusados por el juez Baltasar Garzón de recibir sobornos de 1,3 millones de euros y 652.000 euros, respectivamente, de la red de Francisco Correa, sorprendió incluso a algunos marianistas. "Ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes", sentenció ayer Rajoy en Vitoria. 

Hasta ahora, en el entorno del líder del PP se atacaba la instrucción de Garzón, pero al final de cada conversación los dirigentes siempre terminaban con la misma idea: "Y si todo se complica, Rajoy puede prescindir de Bárcenas y no pasa nada, porque este asunto no le toca al presidente, que rompió con Correa en 2004". Sin embargo, esta seguridad de Rajoy en que ningún juez podrá probar la culpabilidad de su tesorero le vincula, efectivamente, al desarrollo del juicio. 

Rajoy desoye así el clamor interno levantado entre diputados y senadores populares partidarios de la renuncia de Bárcenas. Ayer, el futuro presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, manifestó de forma ambigua: "Cada uno tendrá que hacer lo que considere oportuno y cumplir con sus responsabilidades". 

En la decisión del líder de mojarse con su tesorero, en contra de su estilo habitual, han pesado dos cosas, según fuentes de la dirección. Por una parte, las pruebas que sobre todo Bárcenas, aunque también Galeote, han presentado ante Rajoy y Cospedal para demostrar cómo han hecho su patrimonio. El tesorero ha explicado con detalle a sus superiores cada venta y compra de pisos, cada herencia recibida por su mujer, cada jugada exitosa en la Bolsa. Cospedal y Rajoy han decidido creer su versión y obviar, al menos de momento, las numerosas pruebas ligadas a la contabilidad B de la trama de Correa que el juez Garzón ha hecho públicas. 

A este respecto, Bárcenas volvió ayer a difundir un comunicado en el que niega "relación ilícita alguna" con Correa y sus empresas. También niega haber recibido dinero y haber mediado ante administraciones. Bárcenas niega "categóricamente" que las referencias bajo las siglas L. B. "tengan algo que ver" con su persona. En su auto, Garzón dice que los corruptos se referían al tesorero como "L. B.", "L.", "L. Barc" y "L. Bárcenas". El senador anunció nuevas querellas contra el juez y contra periodistas. 

Por otra parte, pesa la convicción, instalada en la cúpula del PP, de que los defectos de forma de la instrucción, la opinión contraria de la fiscalía, dependiente del Gobierno, y las mayores garantías que les merecen tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (tanto el instructor como el presidente son magistrados conservadores, de la APM, cercana al PP) como el Tribunal Supremo pueden dejar las acusaciones de Garzón en nada. De ahí la expresión de Rajoy, que no dice estar convencido de su inocencia, sino de que no se podrá probar su culpabilidad. 

Aún así, todo estaba muy medido. Después de huir de la prensa en Madrid, Rajoy aceptó una sola pregunta del caso Gürtel en Vitoria, tras una visita al Parlamento vasco. A la segunda pregunta, que le interrogaba por la diferencia entre el caso de Bárcenas y las dimisiones de los tres diputados de Madrid que, al ser aforados, tampoco están imputados, ya no quiso responder. 

(www.elpais.com, 03/04/09) 

LA CAUSA SE ACERCA AL SUPREMO 

El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, sugirió ayer que la causa abierta por una trama de corrupción masiva vinculada a numerosos cargos públicos del PP en las comunidades de Madrid y Valencia podría acabar en el Tribunal Supremo. 

El caso está actualmente desgajado en dos tribunales superiores de Justicia, el de Madrid y el de Valencia, dado que hay implicados que son diputados autonómicos -tres de Madrid- o miembros de Gobiernos autónomos, como Francisco Camps y Ricardo Costa, presidente y vicepresidentes valencianos. Además, Garzón también ha visto indicios de delito en la actuación de un senador popular, Luis Bárcenas, tesorero del partido, y de Gerardo Galeote, europarlamentario popular. 

Pumpido admitió ayer que la respuesta sobre qué órgano judicial es competente para instruir esta causa "se complica al existir aforados de dos comunidades diferentes" y aforados que corresponden al Tribunal Supremo, en relación a Bárcenas y Galeote. "Estamos en una fase muy previa de la investigación y pueden aparecer más datos. Lo que busca la Fiscalía es actuar de forma que se eviten las nulidades y se respeten las garantías constitucionales de los aforados", señaló Pumpido. El fiscal general defendió la actuación procesal de Garzón. 

(www.elpais.com, 03/04/09) 

RAJOY AGUANTARÁ A BÁRCENAS HASTA QUE SEA IMPUTADO POR EL SUPREMO 

Mariano Rajoy está empeñado en dilatar todo lo posible una de las decisiones más difíciles que tiene sobre la mesa: si mantiene en el cargo al tesorero del partido, el senador Luis Bárcenas, acusado por el juez Baltasar Garzón de haber aceptado sobornos de una red corrupta de empresarios por valor de 1.353.000 de euros. Según apuntan algunos dirigentes populares, el líder espera que sea el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el que le resuelva la papeleta cuando se pronuncie sobre el asunto y aclare si, a su juicio, existen o no suficientes indicios para que el origen del patrimonio de Bárcenas sea investigado por el Tribunal Supremo, dada su condición de aforado. 

Será entonces y en virtud de ese pronunciamiento judicial cuando decida qué hacer, a no ser que el propio Bárcenas tome la iniciativa y abandone el barco popular. No obstante, las fuentes citadas admiten que el entorno de Rajoy confía en que el TSJM defienda la tesis de que no hay pruebas suficientes para imputar al jefe de las finanzas del PP y que incluso desacredite a Garzón dejando en evidencia "algún posible defecto de forma" en su sumario. Por el momento, Rajoy se limita en público a defender la inocencia de su tesorero y del eurodiputado Gerardo Galeote, también señalado por el magistrado de la Audiencia Nacional. "Ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podría probar que no son inocentes", enfatizó Rajoy en Vitoria

Así, Rajoy ha decidido darse un amplio margen para intentar cuadrar el círculo, aunque sabe que cada vez son más los miembros de su partido que abogan por sacar a Bárcenas de la tesorería del PP. Se da la circunstancia de que uno de los imputados en el sumario, Benjamín Martín Vasco, dimitió ayer como portavoz adjunto del PP en la Asamblea madrileña para "no perjudicar" a su grupo. 

El futuro presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, lanzó un mensaje algo críptico sobre lo que, a su entender, debería hacer Bárcenas. "Cada uno tendrá que hacer lo que considere oportuno y cumplir con sus responsabilidades", recalcó. ¿Qué quería decir exactamente Feijóo? No lo aclaró, aunque sí pidió respeto a la presunción de inocencia. Rajoy está, en principio, dispuesto a aguantar el chaparrón interno y a mantener a Bárcenas en el cargo. Por lo menos hasta que el TSJM emita un dictamen. Eso, según parece, aún tardará en suceder.

El instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, también piensa tomarse su tiempo. Una vez que reciba los 19.000 folios remitidos por Garzón los leerá, previsiblemente, en Semana Santa. Después, llamará a declarar de nuevo al supuesto jefe de la red corrupta, Francisco Correa; a su lugarteniente, Pablo Crespo, y su primo Antoine Sánchez, presos desde febrero

.Asimismo, convocará a los alcaldes Arturo González Panero, Jesús Sepúlveda y Ginés López y al resto de los imputados que no contestaron a Garzón alegando que no era juez competente. Y revisará las imputaciones; resolverá recursos pendientes y continuará con las investigaciones que quedan pendientes, por ejemplo, en paraísos fiscales. 

La fiscalía anticorrupción no informará al TSJM sobre la posible conveniencia de remitir el caso al Supremo hasta que resuelva el informe que ayer le solicitó el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, que también investiga esta trama y tiene al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, como imputado.

Mientras, los acusados intentan defenderse. Ayer, Bárcenas emitió un comunicado en el que niega toda relación con las empresas de Correa. Sostiene que puede justificar su patrimonio; admite que acudió a la agencia Pasadena a contratar viajes "personales" que pagó de su bolsillo y avisa de que habrá querellas contra Garzón y contra periodistas. Pero los socialistas no piensan perder ocasión de ensañarse con Rajoy. Su portavoz parlamentario, José Antonio Alonso, advirtió de que el líder del PP está "ligando su destino" al de compañeros como Bárcenas o Galeote. 

Pero la pieza de caza política que ayer buscaba el PSOE era el consejero de Justicia de Madrid, Francisco Granados, tras conocerse que, hace unos días, comió con Javier Vieira, presidente del TSJM y ponente del auto por el que este tribunal asume el caso de la trama Gürtel. Y es que el PSOE ha visto en esta reunión una situación paralela a la jornada de caza que el exministro Mariano Fernández Bermejo compartió con Garzón y que terminó costándole el puesto, y también busca dimisiones. En cambio, el actual titular de Justicia, Francisco Caamaño, alertó de que "verter sospechas sobre cargos públicos porque se produzcan estos encuentros es aventurarse en exceso". 

(www.elperiodico.com, 03/04/09)

BARRA LIBRE EN LA MILLA DE ORO MADRILEÑA PARA DIRIGENTES DEL PP POR CORTESÍA DE CORREA 

Los coches de lujo no eran los únicos regalos con los que Francisco Correa y los suyos habrían comprado supuestamente los favores de altos cargos del Partido Popular. Relojes de más de 6.000 euros, bolsos exclusivos, zapatos de marca… son los detalles que la trama tenía para con sus clientes más selectos y sus esposas. Según fuentes del PP consultadas por El Plural, Correa se habría gastado más de un millón de euros en la llamada Milla de Oro madrileña en obsequios para sus amigos populares. 

Francisco Correa tenía cuenta abierta en algunas de las más lujosas tiendas del barrio de Salamanca y era cliente habitual de establecimientos como Loewe, Louis Vuitton, Bvlgari o la joyería Suárez.

Pañuelos de 195 euros o bolsos de 7.000

Según ha podido saber El Plural, las empresas de Correa se gastaban en estas selectas tiendas miles de euros al llegar la Navidad. Compraban todo tipo de complementos: zapatos, bolsos, billeteras, pañuelos... Hasta aquí normal, ya que es habitual que las empresas tengan este tipo de detalles con sus clientes (aunque sí demasiado espléndido si tenemos en cuenta que un simple pañuelo en Loewe cuesta 195 euros –eso sí, de seda-, y que los bolsos cuestan de media 1.200 euros: 400 el más barato y 7.000 el más caro). La nota discordante es que los clientes eran todos ellos políticos del PP: alcaldes, diputados, altos cargos y, en especial, los responsables de las campañas electorales.

Regalos también para las esposas

Pero no sólo los dirigentes del PP se beneficiaron de la generosidad de Correa. También sus mujeres, a quienes iban dirigidos muchos de los costosos regalos navideños comprados por la trama. Fuentes cercanas a Génova 13 ironizan ahora con la cantidad de bolsos que se van a quedar colgados en los armarios con tal de no levantar sospechas.

Relojes de alta gama

Capítulo aparte merecen los relojes regalados por Correa, la mayoría comprados en la joyería Suárez de la calle Serrano. Dependiendo de la relevancia del dirigente popular, su precio oscilaba entre los 1.800 euros y los10.000 euros. Según ha podido saber El Plural, Correa llegó a tener un auténtico arsenal de relojes, todos ellos de alta gama, por lo que compró un dispositivo especial (con capacidad para más de 100 relojes), para guardarlos y evitar que se estropearan si los tenía inmovilizados demasiado tiempo.

“Coja lo que quiera”

“Me ha dejado esto Paco [Correa] para usted” o “coja lo que quiera”, explicaba el dueño de la joyería cuando recibía a alguno de estos clientes especiales enviados allí por la trama. Según las fuentes consultadas por El Plural, Correa no escatimó nunca en gastos con tal de tener contentos a sus amigos peperos, especialmente a los más cercanos, que llegaron a tener, se podría decir, barra libre en algunas de las tiendas más prohibitivas de Madrid. 

(www.elplural.com, 03/04/09) 

CORREA GENERABA UN MILLÓN AL AÑO 'EN NEGRO' PARA SOBORNOS 

La contabilidad B de las empresas del grupo pilotado por Francisco Correa acumulaba cada año unos ingresos ocultos al fisco de en torno a un millón de euros.  

Según los documentos de dicha contabilidad secreta, a los que ha tenido acceso EL MUNDO, Easy Concept, Good and Better, Servimadrid y Diseño Asimétrico (controladas por Correa y gestionadas por su mano derecha, Pablo Crespo) facturaban habitualmente a empresas por servicios que no se realizaban.  

Alicia Mínguez, imputada en el auto del juez Baltasar Garzón conocido el pasado viernes, se encargaba, junto al también imputado Javier Nombela, de elaborar las citadas facturas.  

Según los documentos en poder de este diario, Easy Concept (que en el cuadro adjunto correspondiente a la contabilidad B figura como ECC) generó facturas falsas por un total de 182.168 euros entre los meses de febrero y junio de 2006.  

Servimadrid (en el mismo cuadro figura como SMI) hizo lo propio entre enero y julio de ese año por valor de 206.125 euros. Good and Better (que aparece en el cuadro como GB) fue más modesta en su operativa y sólo generó 46.395 euros por ese sistema. Diseño Asimétrico acumuló facturas falsas por un total de 130.348 euros durante el ejercicio de 2006.  

Asimismo, las empresas del grupo de Correa se giraban entre ellas gran número de facturas que no se correspondían con servicios reales y que servían para enmascarar sus resultados.  

Fuentes solventes estiman en una cifra cercana al millón de euros la cantidad de dinero negro que las empresas de Correa generaban como media cada año.  

En la mayoría de los casos, el dinero para abonar dichas facturas se retiraba por caja y en efectivo, y no por transferencias bancarias, como sería lo normal para proveedoras de servicios. Posteriormente, el dinero se llevaba a la caja B que tenía el grupo en sus oficinas de la calle de Serrano, 40 (Madrid).  

Según fuentes de la investigación, los fondos así generados servían para efectuar pagos en efectivo a diversos cargos del PP, como Luis Bárcenas (senador y tesorero del PP); Gerardo Galeote (europarlamentario del PP); Guillermo Ortega (ex alcalde de Majadahonda); Jesús Sepúlveda (ex alcalde de Pozuelo); Arturo González (ex alcalde de Boadilla del Monte); Alberto López Viejo (ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid); Benjamín Martín Vasco (ex alto cargo del Ayuntamiento de Arganda) y Alfonso Bosch (responsable de la empresa de gestión de suelo de Boadilla).  

Pablo Crespo, actualmente en prisión, era el encargado de gestionar la caja B del grupo de Correa y daba las instrucciones oportunas a José Luis Izquierdo, Nombela y Mínguez para que actuasen en consecuencia (como se puede ver en el correo electrónico adjunto).  

La compañía Galer, según las mismas fuentes, se habría encargado de localizar una serie de empresas susceptibles de ser utilizadas como proveedoras de servicios ficticios como Elvinde Europe, Klober Aster, Clásica Capital y Lobirel, entre otras.  

Según la contabilidad de las empresas implicadas en la operación Gürtel, que está siendo analizada por la Policía, la facturación total por los servicios que sí realizaron a ayuntamientos o consejerías de la Comunidad de Madrid superaba los cuatro millones de euros al año.  

El margen obtenido, teniendo en cuenta que se descontaban como gastos las facturas falsas, era más que sustancioso.  

Por ejemplo, en el ejercicio de 2006 (al que se corresponden las facturas adjuntas) el beneficio bruto alcanzó los 1,6 millones de euros. En el ejercicio de 2005, los beneficios supusieron 1,4 millones de euros. Todos los datos que respaldan dicha contabilidad figuran en una auditoría que le ha sido entregada a Garzón.  

Según la información que recabó la Policía en el piso de la calle de Serrano, empleada posteriormente por el magistrado para confeccionar sus autos, Martín Vasco habría recibido un total de 345.000 euros de esa caja B; López Viejo, 286.000 euros, y Bosch, 120.000.Pero la palma se la lleva Jesús Sepúlveda, que habría ingresado 422.992 euros.  

 En el auto emitido el pasado martes, Garzón acusó a Luis Bárcenas de haber recibido entre 1997 y 2007 un total de 1,3 millones de euros. Una parte de ese dinero (entregado en sobre y en efectivo) procedería del dinero negro reflejado en la contabilidad B, mientras que otra parte podría provenir del pago de comisiones por adjudicaciones de obras.  

En el mismo auto, Garzón acusa a Gerardo Galeote de haber recibido de la trama, entre 1996 y 2004, 652.310 euros, así como otros regalos.  

Tanto Bárcenas como Galeote han negado haber recibido dinero de las empresas de Correa. El PP no adoptará, de momento, ninguna medida respecto a los aforados acusados por Garzón de estar «integrados en la organización que lidera Francisco Correa».  

En estos momentos se sigue investigando el destino de otras cantidades de dinero procedentes de dicha caja B.  

Correa no sólo pagaba comisiones en dinero negro a los cargos a los que luego pedía favores en forma de contratos o recalificaciones urbanísticas, sino que se mostraba generoso a la hora de proporcionarles regalos.  

A Sepúlveda, además de regalarle un Range Rover 4x4 y facilitarle un Jaguar, le abonó los gastos de la comunión de uno de sus hijos.En el caso de Martín Vasco, corrió con los gastos de su boda.  

El gusto por la buena ropa era habitual entre sus presuntos sobornados.Así, por ejemplo, en las navidades de 2006 la empresa Easy Concept le pagó dos trajes a medida y dos pares de zapatos ingleses (comprados en Forever Young) al alcalde de Boadilla, cuyo coste se elevó a 2.475 euros.  

Al margen de la facturación de las empresas que se dedicaban a organizar actos para el PP o los ayuntamientos controlados por dicho partido, el grupo de Francisco Correa manejaba una cantidad enorme de dinero cuyo origen investiga la Policía.  

Special Events, por ejemplo, ingresaba grandes sumas en un fondo de inversión del BBVA (oficina de Serrano, 32).  

Según un documento que obra en poder de EL MUNDO, el 4 de junio de 2004 dicha empresa ingresó en uno de sus fondos 1,2 millones de euros. 

(www.elmundo.es, 02/04/09)

RAJOY: "NADIE PODRÁ PROBAR QUE BÁRCENAS Y GALEOTE NO SON INOCENTES" 

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha eludido hoy dar explicaciones sobre el diferente comportamiento con el tesorero del partido, Luis Bárcenas, y el eurodiputado Gerardo Galeote con respecto a los cargos públicos del PP de Madrid implicados en la trama corrupta y ha mostrado su total respaldo a ambos. "Estas dos personas no están imputadas por ningún tribunal. La propia fiscalía ha pedido que no se mande al Supremo. Ellos afirman su inocencia y estoy seguro de que nadie podrá probar que no son inocentes", ha asegurado. 

El líder del PP ha hecho estas declaraciones al término de una reunión con el Grupo Popular vasco en la sede de la Cámara de Vitoria, en una cita a la que ha acudido Antonio Basagoiti, a quien Rajoy ha felicitado y dado su apoyo por el acuerdo suscrito con el PSE. 

Preguntado por qué tres aforados del PP en Madrid, entre quienes se encuentra el ex consejero de Deportes de esta Comunidad Alberto López Viejo, han dejado su cargo tras conocerse indicios de su implicación en la causa que investiga la red corrupta dirigida por Francisco Correa y en cambio se mantiene el apoyo a Bárcenas y Galeote, Rajoy se ha limitado a decir: "No tengo más que añadir". A continuación se ha marchado sin contestar más preguntas. 

El silencio de ayer de Rajoy sobre las acusaciones contra el tesorero y el eurodiputado, que cobraron dos millones en sobornos de las empresas de Correa según el último auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha provocado el malestar en el seno del PP. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el líder andaluz, Javier Arenas, también mostraron ayer públicamente su apoyo a Bárcenas y Galeote, pero simultáneamente diputados, senadores y dirigentes, opuestos o fieles a la dirección, señalaban que no se podía mantener en el cargo al tesorero. 

Las de hoy han sido las primeras declaraciones de Rajoy sobre este asunto, después de que ayer eludiera en los pasillos del Congreso responder a las preguntas de los periodistas. El presidente de los populares se reunió posteriormente con Bárcenas en la sede de la calle Génova y le mostró su respaldo absoluto. 

(www.elpais.com, 02/04/09) 

EL FISCAL PIDE QUE SE ARCHIVE LA QUERELLA CONTRA GARZÓN 

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado a favor de desestimar definitivamente la querella del Partido Popular contra el juez Baltasar Garzón por supuestos delitos contra los derechos de los ciudadanos, prevaricación y revelación de secretos, al no encontrar indicios delictivos. 

La fiscalía propuso archivar la querella inicial del PP por no apreciar que los hechos sean constitutivos de delito y ahora señala que las dos ampliaciones de la querella no aportan nada sustancial a lo que se dice en ésta. El fiscal también deberá informar sobre la querella presentada por el tesorero del PP, Luis Bárcenas, contra Garzón, tras implicarle éste en un supuesto cohecho de 1,3 millones de euros. 

Por otra parte, el Congreso votará hoy una propuesta del PP para castigar "con la máxima contundencia" a los jueces que incurran en falta grave o muy grave, propuesta que coincide con sucesivas denuncias del PP contra Garzón ante el Consejo General del Poder Judicial 

(www.elpais.com, 02/04/09)

LOS ÚLTIMOS DIEZ IMPUTADOS EN LA CAUSA QUEDAN EN LIBERTAD TRAS DECLARAR ANTE EL JUEZ 

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dejó ayer en libertad sin medidas cautelares a los diez últimos imputados en caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada a administraciones del Partido Popular. Cinco de los nuevos imputados declararon ayer en el juzgado, informaron fuentes jurídicas. El resto lo hizo la semana pasada. 

En concreto, los nuevos imputados a los que Garzón ha dejado en libertad tras tomarles declaración son Alicia Mínguez Chacón, José Luis Díez, Lucía Gallego Porro, Rafael de Lera, Francisco Jurado, Verónica Castañé, Cristina Colan González, Luis Agramont, Eduardo Jaussi y Eduardo Eraso. 

En total son ya 55 los imputados en la presunta trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa y que supuestamente se dedicaba a sobornar a cargos públicos de administraciones gobernadas por el PP para obtener contratos públicos y adjudicaciones. 

Todo ellos están acusados por la Fiscalía Anticorrupción de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, fraude fiscal y tráfico de influencias. En este momento sólo Correa, presunto cerebro de la trama, y dos de sus colaboradores están en prisión. 

El magistrado decidió imputar a estos nuevos implicados a la espera de que los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y la Comunidad Valenciana decidan si se quedan con la causa. Garzón se inhibió hace tres semanas al encontrar en la investigación a aforados de esas dos comunidades, entre ellas el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y el secretario general del PP en la comunidad, Ricardo Costa. 

Los imputados que ayer quedaron en libertad no son relevantes para el proceso sino que participaron en un segundo plano de la trama, como personajes auxiliares. 

(www.elpais.com, 31/03/09)

El Bigotes, profesor de excepción de un máster político en la Pontificia de Salamanca

El hombre fuerte de Francisco Correa en Valencia, Álvaro Pérez Alonso, más conocido como El Bigotes supo aprovechar bien los contactos con políticos del Partido Popular que incluso le abrieron las puertas para convertirse en uno de los profesores de un Máster de Imagen y Asesoramiento Político que imparte la Universidad Pontificia de Salamanca. “Álvaro Pérez Alonso, asesor de Relaciones Públicas en el Gobierno de José María Aznar. Presidente del grupo The Orange Market”. Ésta era su tarjeta de visita en la web de la organización, que ya ha sido retirada.

En la Pontificia ya no conocen al Bigotes. Poco después de su imputación en el caso Gürtel, su fotografía desapareció de la web del Master de la universidad salmantina. Sin embargo, el pasado deja rastro y El Plural ha podido rescatar la presentación que se hacía de él antes de caer en desgracia.

 

Si se consulta en la actualidad la lista de profesores, su nombre ha sido eliminado de la lista, como se puede comprobar en la página web de la Universidad.

Representantes peperos...
El Bigotes compartía cartel, entre otros, con el secretario de Comunicación del PP, José Luis Ayllón, el coordinador Electoral del PP, José Antonio Bermúdez de Castro y la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Cristina Ruiz Bujedo.

...y de Obama o el Gobierno de ZP
Pero no sólo los populares están representados en el curso. El portavoz nacional de la campaña electoral de Barack Obama en EEUU, Freddy Balsera, también figura en el claustro, al igual que la presidenta del Partido Demócrata de los Estados Unidos en España Alana Moceri, el director del Gabinete de la Secretaria de Estado de Comunicación en Moncloa, Gonzalo Vázquez Villanueva y el director del Euskobarómetro de la Universidad del País Vasco, Francisco Llera.

9.900 euros por curso
El master ha celebrado ya tres ediciones y cuenta entre sus colaboradores con el PP y el PSOE. Los alumnos pagan 9.900 euros por el curso y las clases se imparten de  octubre a junio.

De Pajares a Camps
El currículum del Bigotes es de lo más sorprendente. Fue representante del actor Andrés Pajares con quien le unían vínculos familiares (es sobrino de su ex mujer Chonchi Alonso). Incluso llegó a participar en alguna de sus películas. Hizo sus pinitos en la radio y la televisión, pero dio el pelotazo al entrar en el círculo íntimo de Correa. A través de él conoció posiblemente a Camps en el año 2000, cuando éste formaba parte del equipo de Ana Mato y los de Correa organizaban actos para el PP.

Aterrizaje en Valencia
En 2003, precisamente cuando Camps sustituyó a Zaplana en la presidencia de la Generalitat, ¡que casualidad!, Bigotes aterrizó en Valencia y fundó junto a Pablo Crespo Orange Market. De acuerdo con datos publicados por El País, en 2004, la empresa ingresó 204.000 euros, y al año siguiente ya facturaba 2,4 millones de euros.

"Cae muy bien a la gente"
Correa supo sacar lo mejor de él y explotó su facilidad para las relaciones públicas. Así se lo hizo saber a sus allegados más íntimos: “Cae muy bien a la gente”, decía. Posiblemente por ello le hizo responsable del negociado valenciano, donde se codeó con la cúpula del PP. Muestra de las buenas relaciones del Bigotes con la élite política es que a su boda asistieron además de Camps, el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, el portavoz parlamentario y secretario regional del PP, Ricardo Costa y el director general de Canal 9, Pedro García.

Caída en desgracia
Sin embargo, al bautizo de su primer hijo, celebrado pocos días después de ser imputado con Garzón, sólo acudió Pedro García, quien por cierto tiene en nómina a la mujer del Bigotes, que ha hecho una fulgurante carrera en Canal 9 como presentadora. En su currículum figura haber sido una de las bailarinas de las célebres Mama Chicho de Telecinco.

Días de vino y rosas
Ahora, el PP valenciano reniega de él y lamenta no haberse dado cuenta antes de su "catadura moral".  Lejos quedan esos días de vino y rosas cuando El Bigotes era la sombra omnipresente en los eventos organizados no sólo por el partido sino también por la Generalitat. Él fue el organizador de eventos tan importantes como la visita del Papa a Valencia o las presentaciones del circuito urbano de Fórmula 1.

www.elplural.com 30.03.09

Garzón imputa a otras 10 personas en la trama corrupta que afecta al PP

El juez acuerda la administración judicial de varias empresas implicadas

El juez Baltasar Garzón ha imputado a otras 10 personas por delitos de blanqueo de capitales, defraudación fiscal, tráfico de influencias y cohecho (sobornos) en el denominado caso Gürtel, sobre una trama de corrupción que afecta a cargos del PP, con lo que el número de implicados supera de largo ya la cincuentena. La decisión del magistrado fue adoptada el pasado día 17, pero no fue conocida públicamente hasta ayer.

En el auto figuran los nombres de 11 personas, pero una de ellas, Tomás Martín Morales -vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte (Madrid) y cargo de confianza del ex alcalde Gómez Panero-, ya había sido imputado en el auto del pasado día 5. Martín Morales incluso ya ha declarado esta misma semana en el juzgado de Garzón.

Los nuevos imputados son: Alicia Mingues Chacón, José Luis Díez Berrendo, Luciano Gallego Porro, Rafael de León Cebreros, Francisco Jurado, Verónica Castañé, Cristina Colman González, Luis Agramunt, Eduardo Jaussi y Eduardo Eraso.

Fuentes de la investigación consideran que no se trata de inculpados relevantes en el proceso, sino de abogados, encargados, secretarias y algún administrador de empresa o decorador de interiores. Son personas cuyo interrogatorio quedó pendiente tras las primeras imputaciones. Alguno, como Tomás Martín Morales, ha declarado ante el juez y las dos fiscales sin que se adoptaran medidas cautelares sobre él. Según las grabaciones que figuran en la causa, este imputado habría participado en la adjudicación directa de contratos a la empresa Downtown Consulting, SL, la actual Easy Concept Comunicación, SL, por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid).

Entre esos contratos figuraría uno por 14 años de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla (OAC). También estaría implicado Martín Morales en la adjudicación directa de una parcela en la citada localidad madrileña a la empresa UFC, propiedad de José Luis Ulibarri, tras la intervención del empresario Francisco Correa. Asimismo, estaría involucrado en la intermediación para obtener la adjudicación a la empresa Hispánicas del proyecto de construcción de una ciudad deportiva en ese mismo municipio madrileño.

Para el próximo lunes están convocados a declarar cinco de estos nuevos imputados, aunque, según fuentes de la investigación, no se esperan grandes revelaciones de su testimonio.

Por otro lado, a lo largo de las últimas dos semanas el juez Garzón ha ordenado la administración judicial de las empresas de Francisco Correa, el presunto cabecilla de la trama, y de las de otros implicados.

55 encausados

- El juez Garzón imputó ayer a otras 10 personas en relación con la trama corrupta presuntamente vinculada al PP.

- Hasta el momento son 55 los imputados o implicados en la causa.

- Tres acusados se encuentran en prisión: el presunto cerebro de la trama, Francisco Correa, y dos de sus lugartenientes: Antoine Sánchez y Pablo Crespo.

- Garzón se inhibió en favor de los Tribunales de Justicia de Madrid y Valencia por la existencia de indicios de delito contra aforados: el presidente valenciano, Francisco Camps; el secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa; y los diputados madrileños Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, todos del PP. También han sido imputados los ex alcaldes populares de Boadilla, Pozuelo, Arganda y Majadahonda. El juez mantiene la instrucción de la parte que no afecta a políticos aforados.

- Más de una veintena de empresas están siendo investigadas en relación con el caso Gürtel.

www.elpais.es 28.03.09

ARCHIVADAS DOS QUEJAS DEL PP CONTRA GARZÓN POR EL 'CASO GÜRTEL' 

El juez Baltasar Garzón abrió una investigación para conocer el origen de las filtraciones de su sumario sobre la trama corrupta que afecta a instituciones del PP. El magistrado llegó a interrogar al letrado Carlos Galán y a su cliente, Isabel Jordán, imputada en el caso, que admitieron haber hablado del caso con varios medios de comunicación. 

Es uno de los argumentos que daba el servicio de inspección para proponer el archivo de las quejas contra el juez promovidas por el PP y su tesorero, el senador Luis Bárcenas. La comisión disciplinaria aprobó ayer por unanimidad la propuesta por la imposibilidad de achacar el origen de las informaciones al juez ya que muchas personas tuvieron acceso a los datos publicados. 

(www.elpais.com, 25/03/09)

EL CGPJ ARCHIVA LAS QUEJAS DEL PP CONTRA GARZÓN 

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado hoy por unanimidad archivar las quejas que el PP y el senador de este partido Luis Bárcenas presentaron contra el juez Baltasar Garzón por la filtración de datos del sumario de la Operación Gürtel. Según informa el órgano de gobierno de los jueces, la comisión ha seguido así la propuesta del Servicio de Inspección del CGPJ. 

En su informe, relativo tanto a la queja que presentó el partido presidido por Mariano Rajoy como a la que, a título particular, interpuso el senador popular por Cantabria Luis Bárcenas, el Servicio de Inspección decía que han sido muchas las personas que, en un momento u otro, han tenido acceso a los datos publicados, por lo que no se pueden achacar las filtraciones a Garzón. 

La inspección ha señalado que el magistrado abrió, en el marco de la causa en la que investiga una supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP, una pieza separada para averiguar el origen de las filtraciones y que tomó declaración al abogado Gustavo Galán y a su representada e imputada en la causa Felisa Jordán, que admitieron haber hablado del caso con varios medios de comunicación. 

Además, el Servicio de Inspección recordaba que la Fiscalía hizo su propia investigación sobre las filtraciones, concluyendo que los datos publicados ya figuraban en la denuncia que dio origen al caso. Por ello, consideró que la posible responsabilidad por las filtraciones "ha quedado muy difuminada, pues han sido muchas las personas que, en un momento u otro, han tenido conocimiento de los datos reflejados en la prensa, sin que, por tanto, pueda achacarse la culpabilidad al magistrado señor Garzón". 

(www.publico.es, 24/03/09)

BÁRCENAS INVOCA ALTOS INGRESOS PARA JUSTIFICAR SU PATRIMONIO 

El tesorero del PP ha comprado al contado inmuebles valorados en más de tres millones en el barrio de Salamanca, en Guadalmina y en Baqueira. Fuentes de su entorno explican que su sueldo en el partido es mayor que el de Rajoy y unido al de senador llega a los 300.000 euros al año. También aseguran que ganó 600.000 euros con acciones de Endesa tras la Opa de Enel pues las había comprado a 8 E y las vendió a 40 Luis Bárcenas, tesorero del PP y senador por Cantabria, ha acumulado en los últimos años un patrimonio inmobiliario valorado en unos 3,3 millones de euros. Todos esos inmuebles -en el barrio de Salamanca, en Guadalmina (Marbella) y en Baqueira Beret- han sido pagados al contado.  

Fuentes de su entorno justificaron ese abultado patrimonio en que Bárcenas tiene unos ingresos anuales de unos 300.000 euros, sumando su sueldo como senador y el salario que le paga el PP, que es mayor que el del presidente del partido. Aseguraron que, además, el tesorero popular ganó 600.000 euros con sus acciones de Endesa.  

Bárcenas está siendo objeto de investigación policial dentro de las diligencias del caso Gürtel, ya que su nombre aparece relacionado con la red de contratos del cabecilla de la trama, Francisco Correa, que en una conversación grabada se jactaría de haberle entregado 1.000 millones de pesetas. Fuentes de la investigación consultadas por este diario aseguran que, en los próximos días, podría dictarse un auto judicial que implicaría en la trama de forma expresa al tesorero del PP.  

Las propiedades inmobiliarias de Luis Bárcenas no guardan relación, aparentemente, con el sueldo que recibe como senador, de unos 5.000 euros brutos al mes. A ese salario público hay que sumarle la cantidad que obtiene como tesorero del PP, no desvelada por el partido.  

El grueso del valioso patrimonio inmobiliario de Bárcenas ha sido cimentado en los últimos seis años. En 2002, el matrimonio compró una vivienda de 186 metros cuadrados en Guadalmina (Marbella), más trastero y plaza de garaje. El valor del inmueble se estima en un millón de euros, según diferentes sociedades de tasación consultadas por este diario. El piso, que se encuentra en una de las zonas de mayor lujo de Marbella, está a nombre de la esposa, Rosalía Iglesias Villar, y no tiene ninguna carga hipotecaria, según consta en el Registro.  

Además, el matrimonio posee otro inmueble de lujo, adquirido en julio de 2008, en una de las mejores zonas de la estación invernal de Baqueira Beret, en el Valle de Arán (Lérida). Se trata de un chalé de 151 metros cuadrados más dos plazas de garaje cuyo valor estimado supera el millón de euros, según los tasadores consultados. Este inmueble fue comprado, también, al contado.  

El chalé en Baqueira no fue la única propiedad adquirida durante ese año. Sólo tres meses después de comprar el inmueble en el Valle de Arán, en octubre, Bárcenas adquirió al contado una plaza de garaje en el barrio de Salamanca de Madrid valorada en unos 100.000 euros. Justo un año antes, también en octubre, el matrimonio había adquirido otra plaza en la misma dirección de Madrid que pagó, igualmente, al contado. Estos dos bienes están a nombre de la esposa del tesorero.  

El patrimonio de los Bárcenas-Iglesias se compone también de un piso de 220 metros cuadrados en la calle del Príncipe de Vergara, en una de las zonas más caras de la capital. Su valor de mercado estimado supera el millón de euros. En el Registro de la Propiedad no consta, al igual que en los demás inmuebles, ninguna carga hipotecaria.  Fuentes cercanas a Bárcenas han corroborado a este diario la composición del patrimonio inmobiliario del tesorero y de su esposa, aunque puntualizaron que sus bienes están justificados por los ingresos del senador, de unos 300.000 euros anuales, y por unas altas plusvalías obtenidas en Bolsa. La cartera de valores de Bárcenas, según estas fuentes, asciende a 1,2 millones de euros.

 

Las abultadas ganancias de los últimos años se han debido sobre todo a su inversión en Endesa, que le reportó enormes plusvalías tras la Opa de Enel. Bárcenas, según estas fuentes, compró a ocho euros y vendió a 40 euros. Las fuentes consultadas cifran las ganancias del tesorero del PP con la eléctrica en unos 600.000 euros. Estas fuentes también afirman que el senador cobra un «buen» sueldo en el partido. «Es el mejor retribuido, más que Rajoy», aseguran. Su esposa, que no tiene ningún cargo en el PP ni sociedades mercantiles a su nombre, está vinculada al sector de las antigüedades, según afirman las fuentes consultadas.  

 El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que investiga el caso Gürtel, ha recibido ya dos informes policiales sobre la implicación de Bárcenas en la trama. El instructor ha solicitado inhibirse en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, ya que considera que existen indicios de responsabilidad penal en varios aforados autonómicos del PP, entre ellos el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. Si concluye que también los hay contra el senador y tesorero del PP, debería dirigirse al Tribunal Supremo, que es el único órgano judicial que puede imputar a Bárcenas, previa aceptación del suplicatorio en el Senado.  

En los documentos aportados al juez por la Policía aparecen las iniciales «L. B.», por lo que el magistrado pidió a los investigadores que indagasen si esas iniciales que aparecen en los documentos, los ordenadores y los archivos de memoria de la trama se refieren a Bárcenas. Las fuentes consultadas cercanas al tesorero aseguran que se trata de una prueba muy endeble, pues podrían corresponder a miles de nombres.  

Sin embargo, el juez Garzón pidió un nuevo informe policial que recibió la semana pasada, en el que se relacionaría con nuevas pruebas al tesorero del PP con la trama presuntamente corrupta.  

 (www.elmundo.es.com, 23/03/09) 

BÁRCENAS PAGÓ AL CONTADO INMUEBLES POR VALOR DE ¡TRES MILLONES DE EUROS! 

En los últimos seis años el tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha aumentado considerablemente su patrimonio inmobiliario, que ahora supera con creces los tres millones de euros. Las tres viviendas de lujo que posee (en uno de los barrios más caros de Madrid, en una urbanización de lujo en Marbella y en la estación de esquí de Baqueira) no tienen ninguna carga hipotecaria, algo que desde el PP justifican asegurando que el senador por Cantabria recibe, además de su sueldo en el Senado, unos altos honorarios por su función dentro del partido. Además, argumentan que obtuvo grandes ganancias en Bolsa gracias a su inversión en Endesa. 

El sueldo como senador de Luis Bárcenas es de unos 5.000 euros brutos mensuales (sueldo, dietas y complementos). Con estos honorarios se hace difícil imaginar cómo adquirió el tesorero del PP su amplio y lujoso patrimonio inmobiliario, que suma unos 3,3 millones de euros y que, según las informaciones del diario El Mundo, el dirigente popular pagó al contado, sin necesidad de hipotecarse. Desde el PP justifican su capacidad económica asegurando que el partido le retribuye muy generosamente por su cargo de tesorero, y sus honorarios serían incluso superiores a los de Mariano Rajoy, que percibe 5.000 euros mensuales del partido.

Acciones de Endesa

Además, señala el diario, Bárcenas obtuvo cuantiosas ganancias después de la OPA de Enel sobre Endesa, de la que era accionista. El dirigente del PP habría comprado acciones a 8 euros que luego vendió a 40, ganando en la operación unos 600.000 euros. Pero su patrimonio inmobiliario supera con creces esta cifra: en 2002, Bárcenas y su mujer compraron un inmueble de 186 metros cuadrados en Guadalmina (Marbella), con su correspondiente trastero y plaza de garaje. El valor total de esta vivienda roza el millón de euros, según sociedades de tasación consultadas por el rotativo.

Un chalet en Marbella y otro en Vaquería

Este chalet está escriturado a nombre de la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, quien está vinculada al sector de la venta de antigüedades, y no tiene ninguna hipoteca, como tampoco la tiene otra vivienda de lujo adquirida por el matrimonio en 2008 en la estación de esquí de Baqueira Verte (Lleida). El inmueble de lujo, de 151 metros cuadrados, cuenta con dos plazas de garaje, u su precio está estimado en 1.057.000 euros aproximadamente y también fue comprado al contado.

Plazas de garaje en el barrio de Salamanca

Pero las adquisiciones inmobiliarias de Bárcenas no acaban ahí: tres meses después de comprar el chalet del Valle de Arán, el tesorero del PP se hizo con una plaza de garaje en el madrileño barrio de Salamanca, uno de los más caros de la capital, que por supuesto también pagó a tocateja. Un año antes, en octubre de 2007, el matrimonio había comprado, también al contado, otra plaza de garaje en la misma zona. Cada una de las propiedades está valorada en unos 100.000 euros y están escrituradas a nombre de su esposa. 

El pisito de Príncipe de Vergara

Por último, la familia Bárcenas reside en un piso de 220 metros cuadrados en la calle Príncipe de Vergara, también una de las zonas más lujosas de la capital. La vivienda, que tampoco tiene carga hipotecaria alguna, tendría un valor aproximado de 1.100.000 euros. La suma de todo su patrimonio ascendería a más de 3.300.000 euros, todo ello sin hipotecar incluso en los tiempos de crisis actuales.

Vínculos con la Operación Gürtel

Bárcenas está siendo actualmente investigado en el marco de la Operación Gürtel ya que el principal imputado en la trama, el empresario Francisco Correa, se jactaba en algunas de las conversaciones intervenidas por la policía de haberle entrego en mano mil millones de las antiguas pesetas. La policía habría puesto en manos de Garzón dos informes en los que se documentan pagos a una persona con las iniciales “L.B.”, por lo que el juez investiga si estas letras se corresponden con el tesorero del PP. Según El Mundo, en los próximos días podría dictarse un nuevo auto judicial que implicaría de manera expresa en la trama al dirigente popular. 

(www.elplural.com, 23/03/09)

EL FISCAL PEDIRÁ INVESTIGAR A LOS AFORADOS DE MADRID Y VALENCIA 

El ministerio fiscal se pronunciará a favor de la competencia de los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia para continuar las investigaciones de la trama que investiga el juez Baltasar Garzón, en cuanto ambos tribunales recaben informe sobre competencia y fondo, según fuentes fiscales. Además, la posición de la fiscalía será la de pedir que se abra procedimiento y se investigue a los aforados de Madrid y Valencia. 

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha emitido un decreto en el que ordena a la Fiscalía Anticorrupción que siga las actuaciones de la trama corrupta de Francisco Correa, dado que es esta fiscalía especial la que conoce las actuaciones desde el principio. Será por tanto Anticorrupción, y no los fiscales superiores de Madrid y Valencia, la que prosiga las actuaciones si los Tribunales Superiores admiten la causa a trámite, de la que se ha inhibido el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. 

Los fiscales superiores de Madrid, Manuel Moix, y de Valencia, Ricard Cabedo, acompañarán el decreto del fiscal general de que el asunto de la trama corrupta lo seguirá llevando la Fiscalía Anticorrupción, en los informes que tienen que presentar ante sus respectivos Tribunales Superiores, en relación con la exposición razonada elevada por Garzón en ambas instancias. 

Competencia y fondo

Respecto al informe sobre competencia y fondo, la fiscalía mantendrá que los Tribunales Superiores son competentes para conocer del asunto. Sobre la cuestión de fondo, manifestará que dada la existencia de indicios contra aforados, procede abrir un procedimiento en el que se investiguen los cargos contra ellos. 

Garzón elevó al Tribunal Superior de Madrid una "exposición razonada" junto con la totalidad de las actuaciones, recomendando que sea este tribunal el que se haga cargo de toda la causa. Este Tribunal Superior designó ponente de la resolución sobre competencia a su recién nombrado presidente, Francisco Vieira Morante. Éste tendrá que decidir ahora si se queda la totalidad de la causa o sólo la parte que afecta a los aforados. Garzón remitió también a Valencia la totalidad de las actuaciones aunque este tribunal parece que sólo investigaría la parte que afecte al presidente valenciano Francisco Camps y a los demás altos cargos de la Generalitat implicados. La fiscalía sería partidaria de que Valencia investigue sólo a sus aforados. 

La inadmisión de la causa a trámite no da lugar a recurso alguno. Es decir, si por ejemplo el Tribunal Superior de Valencia se declarase competente en la causa respecto de sus aforados pero decidiese que no hay motivos suficientes para investigar los indicios, contra esa decisión no cabe recurso alguno. Una vez se ha inhibido en favor de los Tribunales Superiores, Garzón ya no puede elevar una exposición razonada al Supremo. Si aparecen nuevos indicios contra aforados al alto tribunal, Garzón deberá remitirlos al Tribunal Superior competente para éste, en su caso, sea el que lo eleve al Supremo. 

(www.elpais.com, 20/03/09)

Bárcenas exige a Garzón que deje de investigarle por la trama corrupta

El tesorero del PP presenta sendas quejas ante la fiscalía y el Poder Judicial

Tardó más de un mes, pero al final, Luis Bárcenas, el tesorero del PP, rompió ayer su silencio. No lo hizo atendiendo a los medios en una conferencia de prensa, a pesar de que es un senador, sino mediante varios escritos, dos de ellos dirigidos a la fiscalía y al Consejo General del Poder Judicial. En ellos, arremete contra el juez Baltasar Garzón, al que también le envió una carta para exigirle que deje de investigarle. En sus quejas, Bárcenas niega cualquier "relación ilícita" con Francisco Correa, el principal imputado en la trama de corrupción que afecta al PP.

Todos los dirigentes populares consultados están preocupados porque se trata del tesorero, el corazón de las finanzas del partido, y porque todos conocen la estrecha relación de confianza que mantuvieron Correa y Bárcenas durante años, y que él no niega en sus escritos. Sin embargo, al menos oficialmente, el PP, y ahora también directamente el tesorero, rechaza tajantemente que, como dejó dicho Correa en algunas grabaciones del sumario, le entregara hasta 1.000 millones de pesetas supuestamente para financiación irregular del partido.

En la carta que ha enviado a Garzón, el tesorero, en un tono de indignación, responde a la información publicada ayer por EL PAÍS según la cual la policía ha entregado al juez un escrito de seis folios con nuevas pruebas contra Bárcenas. El magistrado debe decidir ahora qué hace: si ve indicios de delito tendrá que inhibirse a favor del Tribunal Supremo, que podría quedarse con toda la causa. El fiscal, tras estudiar un informe anterior, no apreció la criminalidad del tesorero y le recomendó que, por el momento, lo dejara estar.

"Condición de senador"

Bárcenas, en tono airado, recuerda a Garzón: "Mi condición de senador le impide la realización de acto de investigación alguna sobre mi persona, bien directa, bien indirectamente, debiendo abstenerse de conocer de cualquier supuesto hecho delictivo que se pretenda atribuirme desde el mismo momento en que tenga conocimiento del mismo y remitiendo en tal caso las actuaciones al Tribunal Supremo".

Sin embargo, la reiterada jurisprudencia del Supremo obliga a los jueces a comprobar todos los indicios contra los aforados que investigan -excepto tomarle declaración, registrar su domicilio o intervenir sus cuentas- antes de elevar la exposición razonada al alto tribunal.

El tesorero asegura que viene observando "con perplejidad" cómo, pese al secreto del sumario, aparecen constantemente datos que le incriminan en los medios de comunicación, y acusa a Garzón y a la policía de estar "buscando desesperadamente" datos contra él a pesar de que, según su interpretación, no pueden hacerlo. Por eso decidió ayer ampliar la denuncia contra Garzón y la petición de amparo al Poder Judicial. El senador asegura que ayer leyó "anonadado" la información que apuntaba a los nuevos datos que habría encontrado la policía contra él.

Bárcenas envió una carta a EL PAÍS en la que señala: "Es absolutamente falso que tenga o haya tenido relación ilícita alguna con Francisco Correa y en particular que haya recibido del mismo, bien directa, bien indirectamente, cantidad alguna. Es igualmente falso que haya mediado, intervenido, influido o solicitado favorecimiento alguno de los intereses del Sr. Correa a ningún tipo de funcionario público o autoridad".

www.elpais.es 19.03.09

Tomás: "Nos han destrozado la vida a mí y a mi familia"

El sastre José Tomás, despedido de su trabajo al día siguiente de declarar ante el juez Baltasar Garzón en la Operación Gürtel, ratificó ayer a La Gaceta de los Negocios que fue el apoderado de las empresas de Francisco Correa, Pablo Crespo, el que pagó los trajes del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y los demás políticos valencianos.

Desde entonces soporta el acoso del portavoz del PP, Federico Trillo, de los medios de comunicación afines a ese partido y del empresario que le despidió, Eduardo Hinojosa, que dos días después de sus declaraciones a EL PAÍS le acusa de "falsificador", de cobrar las facturas dos veces y de dejar un "agujero" de 500.000 euros, que en realidad son devoluciones de prendas de ropa a las tiendas (446.660 euros) e impagos de clientes (60.309 euros).

"Me han llamado chorizo", dice Tomás a La Gaceta. "No tengo por qué soportar ese acoso, nos han destrozado la vida a mí y a mi familia". Según el ex encargado de Forever Young, su ex jefe, Eduardo Hinojosa, trata de vincular el pleito laboral a la trama de Correa a fin de ahorrarse los 232.500 euros de la demanda laboral por despido, además de los salarios de tramitación, que podrían elevar la cifra a los 300.000 euros.

Pagaba Crespo

En su entrevista al diario económico, Tomás reitera que ni Camps ni los demás implicados por Garzón -Ricardo Costa, Rafael Betoret, Víctor Campos, entonces vicepresidente de la Comunidad Valenciana- pagaron nunca en la tienda: "Ninguno personalmente. No lo digo yo, lo han declarado cajeras, responsables de tienda, personas que llevaban la facturación". "Cuando había ya una serie de compras importantes, se le mandaba a Crespo una relación, un listado donde se especificaba: Álvaro Pérez debe tanto; Pablo Crespo debe tanto".

Preguntado por quién aparecía por la tienda para pagar los trajes de Camps, Tomás responde: "A pagar, siempre Pablo Crespo. Que está en la cárcel porque es el administrador por lo visto de todas las empresas de Correa". Sobre si está convencido de que Camps no ha pagado ningún traje, Tomás responde: "Que los haya pagado no lo pongo en duda, pero en la tienda desde luego que no. Cómo los haya pagado, no es mi problema".

Tomás también ratifica que Crespo pagó, poco antes de su detención, con billetes de 500 euros; que Camps le llamó mientras estaba declarando ante la policía judicial ocho o nueve veces y no le cogió el teléfono y que el día anterior el presidente valenciano le preguntó si había alguna factura a su nombre.

www.elpais.es 19.03.09

UN NUEVO INFORME APUNTALA LA IMPLICACIÓN DEL TESORERO DEL PP EN LA TRAMA CORRUPTA 

La investigación sobre la posible implicación de aforados del PP en la trama de corrupción urdida en torno a las empresas de Francisco Correa sigue adelante. La policía ya ha entregado al juez Baltasar Garzón el informe que éste había solicitado sobre la supuesta vinculación de la red con el tesorero del Partido Popular, el senador Luis Bárcenas, cuyo nombre era invocado por la red a fin de conseguir contratos para Correa. El líder de la trama incluso presumía en una de las conversaciones grabadas de haberle entregado 1.000 millones de pesetas a Bárcenas. 

El informe, de seis folios, fue entregado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía a principios de la semana pasada, según fuentes conocedoras de la investigación. Éstas explican que, aunque el primer informe de investigación sobre la trama, de 130 folios, ya tenía "datos contundentes" sobre Bárcenas, Garzón reclamó algunas aclaraciones. La fiscalía no vio indicios relevantes en el primer informe para implicar a Bárcenas. 

El juez solicitó a los investigadores que le aportasen más datos para aclarar si las iniciales L. B. que aparecen en documentos, ordenadores y archivos de memoria de la trama se refieren a Bárcenas. También quería precisiones sobre las declaraciones de imputados que habían citado al tesorero. 

La vinculación de Bárcenas con la trama permitiría al juez Baltasar Garzón inhibirse ante el Supremo, al ser Bárcenas aforado nacional, así como, la posibilidad de que el Alto Tribunal reclamase la totalidad de la causa, incluida la que ha sido remitida a los tribunales superiores de Madrid y la Comunidad Valenciana, tras la implicación de diputados aforados de dichas autonomías. 

El PP incrementó  sus ataques para desviar la atención sobre la trama corrupta y culpó al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de las sospechas de corrupción que recaen sobre los populares. El diputado Ignacio Cosidó (PP) había acusado en su blog a Rubalcaba de ser "el cerebro" que dirige la operación policial y judicial sobre el caso Correa. Rubalcaba, que había acudido  al Congreso a presentar los datos de criminalidad, se incendió cuando el portavoz del PP insistió en público en esa tesis. 

"Es una infamia absoluta", dijo el ministro con una irritación evidente. "Si ustedes creen que es un juicio político, díganle al señor [Francisco] Camps que presente las facturas [de sus trajes, supuestamente pagados por las empresas de la trama como regalo]. Si las tiene, las presenta y se acabó el problema". En su alegato, Rubalcaba también se fijó en Bárcenas, que aún no está imputado: "Acusan a la policía, al fiscal, a la Audiencia, al ministerio y no le preguntan a Bárcenas. Vayan a él y pregúntenle. Y si dice que no [está implicado], se acabó el problema". 

Las fuentes consultadas aseguran que el caso no está ni mucho menos acabado y que aún hay "mucho material por analizar" y "muchos cabos por atar". Garzón citó  mismo a Francisco Correa, jefe de la trama, Antoine Sánchez y Pablo Crespo (ex secretario de Organización del PP gallego) para que éstos abrieran en su presencia y leyeran el correo personal que le han enviado a la prisión, ya que los tres están encerrados en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el 11 de febrero. También , la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Madrid dio dos días de plazo a la fiscalía para que le informe de si debe o no asumir la investigación. El juez Garzón tiene previsto tomar declaración a los ex alcaldes de Pozuelo y Arganda (Madrid), Jesús Sepúlveda y Ginés López (ambos del PP), respectivamente, informaron fuentes jurídicas. Otras fuentes indicaron la probabilidad de que "una alcaldesa" sea imputada en próximas fechas. 

(www.elpais.com, 18/03/09) 

EL PP AMPLÍA SU QUERELLA CONTRA GARZÓN POR TOMAR DECLARACIÓN AL SASTRE DE CAMPS 

El Partido Popular ha presentado en el Tribunal Supremo una ampliación de su querella contra el juez Baltasar Garzón por tomar declaración al sastre José Tomás, imputado en la supuesta trama de corrupción denominada 'operación Gürtel', una vez que ya había dictado el auto por el que se inhibía en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia.  

En su escrito, el PP señala que Garzón decidió tomar nueva declaración al sastre de Francisco Camps el 13 de marzo "preguntándole de nuevo, a tenor de lo reflejado en los medios de comunicación, sobre los hechos en que se asienta la posible implicación de algunos de los aforados", en referencia al presidente de la Generalitat valencana, Francisco Camps. 

El primer partido de la oposición señala que José Tomás "concedió al diario El País una entrevista el 15 de marzo en la que revelaba buena parte de sus declaraciones ante el juez instructor y, en consecuencia, ponía de manifiesto cómo el grueso de las preguntas que le formuló Garzón y las respuestas que él dio venían referidas a la compra de trajes por parte de algunos de los aforados". 

Con ello, prosiguen los conservadores, se constata "claramente" que "no se respetó la obligación de abstenerse de realizar nuevas diligencias de instrucción respecto de los aforados por parte del juez instructor", sino que siguió "citando a testigos y, al parecer, interrogándolos sobre los hechos remitidos a los Tribunales Superiores de Justicia". 

Según el PP, con esta actuación Garzón ha comprometido "la validez de todo lo instruido" porque, a su entender, carece "total y absolutamente de competencias para ello". "Eso supone, a juicio de esta parte, una conducta constante y consciente absolutamente contraria a la legalidad establecida, y por lo tanto, que puede incardinarse en los hechos típicos propios del delito de prevaricacón", sostiene. 

El Partido Popular justifica también esta ampliación de la querella en la ocultación de "información relevante". Así, recalca que en los autos dictados por Garzón se pretendía hacer ver que "el elemento determinante para proceder a la inhibición era el informe de la UDEF, al menos en lo que se refiere a la presunta implicación delictiva de los aforados ante el TSJ de Valencia". 

Sin embargo, los conservadores subrayan que esa afirmación "no resulta cierta porque ya con anterioridad se había considerado por el propio juez instructor que existían indicios suficientes de delito contra algunos aforados, y así lo habían reconocido en alguna resolución". 

En este sentido, cree que "resulta muy interesante destacar" cómo en estos autos de inhibición en los que Garzón hace una cronología detallada de los hechos desde que asumió la competencia "se produce un salto en dicha cronología para ocultad deliberadamente la existencia y contenido del auto de fecha 13 de febrero dictado por el juez instructor con el fin de rechazar la solicitud de personación formulada por el PP". 

Por todo ello, el Partido Popular pide al Tribunal Supremo que admita la ampliación de hechos en la querella criminal que presentó el pasado 25 de febrero contra Garzón por un delito de prevaricación y otro contra los derechos individuales de los ciudadanos, y que fue ampliada más tarde por otro delito de revelación del secreto de sumario. 

Sin embargo, la Fiscalía sugirió al Tribunal Supremo hace unos días que archivara la querella del Partido Popular porque considera que las actuaciones del juez Garzón no consistituyen un delito de prevaricación.  

(www.publico.es, 18/03/09)

EL PP PROSIGUE SU OFENSIVA CONTRA EL JUEZ EN EL SUPREMO 

El PP prosiguió  su ofensiva contra el juez Baltasar Garzón con una ampliación de la querella presentada contra él en el Tribunal Supremo el pasado 25 de febrero, por supuestas filtraciones del sumario de la Operación Gürtel y por no inhibirse a tiempo en favor de los tribunales superiores a los que están aforados altos cargos de la Comunidad de Madrid y de la Generalitat valenciana. 

El ministerio fiscal ha propuesto que esa querella no se admita a trámite dado que el escrito del PP plasma la "disconformidad" de ese partido político con la marcha del procedimiento, lo que no constituye delito alguno. 

El dictamen del fiscal no ha hecho sino animar al PP a redoblar sus esfuerzos, con una ampliación de la querella en la que acusa al magistrado de ocultar "deliberadamente" que dictó un auto en el que rechazó la personación del PP en la Operación Gürtel. Esa circunstancia, que Garzón justificó en la aparición de altos cargos del partido entre los implicados, ha sido divulgada por todos los medios de comunicación. 

En el escrito de ampliación el PP también se queja de que después de inhibirse Garzón en favor del Tribunal Superior de Valencia, el juez tomó declaración al sastre José Tomás. 

Además de la querella del PP, el Supremo tiene que resolver un recurso del abogado que denunció que Garzón cobró 160.000 euros por dar clases en Nueva York además de cobrar su sueldo. Otra querella pendiente de admisión ha sido presentada por una desconocida asociación denominada Libertad e Identidad, por abrir el sumario sobre la Guerra Civil y "querer hacerse una foto delante de la fosa de Lorca". 

(www.elpais.com, 18/03/09) 

CORREA, DE NUEVO ANTE GARZÓN 

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón volvió  a recibir en su despacho a Francisco Correa, el presunto cabecilla de la trama corrupta en la que se ha visto implicado el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el número dos del PP, Ricardo Costa, y por la que están imputados el ex vicepresidente del Consell Víctor Camps y el ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret.

Garzón citó  a los tres únicos de los 47 imputados que permanecen en prisión, ya que además de Correa están encarcelados su primo Antoine Sánchez y el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, -quien según las declaraciones del sastre de Camps, José Tomás, habría pagado las prendas con fajos de billetes de 500 euros- para revisar las cartas que han recibido desde que el pasado 12 de febrero ingresaran en la cárcel de Soto del Real (Madrid), informaron fuentes jurídicas.

El magistrado llevó a cabo esta diligencia con el objetivo de determinar si la correspondencia que han recibido los reclusos en las últimas semanas pudiera contener información relevante sobre la causa, en la que investiga una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias que ofrecía dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades del PP de Madrid y Valencia a cambio de la adjudicación de contratos.

El líder de la trama, más delgado

Las citadas fuentes explicaron que los tres permanecieron ante el juez unos 20 minutos por lo que se descartaría que hubieran sido interrogados de nuevo. Correa, visiblemente más delgado que hace un mes y con la misma chaqueta azul con coderas que llevaba el día que fue enviado a prisión, salió del juzgado portando una carta entre las manos.

Mientras, el portavoz adjunto del PSPV en las Corts, Joaquim Puig, exigió una respuesta democrática de Camps con una "comparecencia inmediata en las Corts" frente al "espectáculo franquista" de identificar como un ataque a la Comunitat la implicación de Camps. La secretaria de Organización, Elena Martín, exigió las facturas. 

(www.levante-emv.com, 18/03/09)

DUELO COSIDÓ (PP) RUBALCABA (PSOE) 

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, respondió con dureza al Partido Popular cuando fue acusado de dirigir la investigación del caso Correa y filtrar datos a los medios. El portavoz del PP, Ignacio Cosidó, acusó en su blog a Rubalcaba de ser "el cerebro gris y jefe máximo de la trama urdida por el PSOE para criminalizar" al PP. 

- Cosidó: "Están dando más prioridad a investigar a la oposición que a perseguir a los criminales". 

- Rubalcaba: "No voy a entrar en su artículo, que me parece infame. La policía que detiene delincuentes es la misma que detiene a algunos de sus amigos". 

- Cosidó: "Yo le acuso de una instrumentalización política de la policía. Usted establece las prioridades políticas sobre qué casos investigar. Usted filtra información en épocas preelectorales que perjudica a mi partido". 

- Rubalcaba: "La policía hace su trabajo, que es perseguir delincuentes, tengan carnet del PP o no, (...) Aparte de ser una infamia, es sencillamente falso. ¿Por qué hacen ustedes esto? ¿Le parece responsable? Díganle al señor Camps que presente las facturas y se acabó el problema. ¿No es más sencillo llamar a Bárcenas al despacho y decirle 'tú estás metido en este lío'? Y si dice que no, se acabó el problema. Pero no ha dicho ni pío". 

(www.elpais.com, 18/03/09)

LOS TRIBUNALES DE MADRID Y VALENCIA YA INVESTIGAN LA TRAMA CORRUPTA 

Primeros pasos. Los tribunales superiores de justicia de Madrid (TSJM) y de la Comunidad Valenciana (TSJCM) nombraron  a los jueces que decidirán si asumen la investigación tramitada por el magistrado Baltasar Garzón contra la trama corrupta vinculada al PP. La causa ha recaído en ambos casos en jueces moderados. 

El TSJCV designó al magistrado José Flors como instructor de la causa en la que figuran como aforados el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps; el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y otras dos personas. Flors pertenece a la asociación moderada Francisco de Vitoria. En diciembre del 2006 archivó una querella presentada por el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana contra dos diputados socialistas de las Cortes Valencianas que difundieron grabaciones que le implicaban en una trama de cobro de facturas falsas en Terra Mítica en Benidorm. 

Por su parte, el TSJM designó  al presidente de este tribunal, Francisco Viera, como ponente de este caso. Este juez pertenece a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), aunque del secto más centrista. Viera fue designado para este cargo por el actual Consejo General del Poder Judicial. Garzón remitió a este tribunal la investigación que afecta a los parlamentarios autonómicos Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch. 

Ahora, los ponentes pedirán un informe al fiscal antes de decidir si son competentes para asumir la investigación. Viera ha dado un plazo de dos días al ministerio público para que emita su dictamen. En ambos casos, la fiscalía anticorrupción emitirá los informes, ya que es la que ha trabajado hasta ahora con Garzón.Mientras, el magistrado de la Audiencia Nacional convocó  a su despacho a los principales cabecillas de la trama. Garzón les citó para abrir en su presencia las cartas que han recibido desde que ingresaron en prisión. Francisco Correa acudió vestido con unos vaqueros y una chaqueta azul y con un aspecto muy desmejorado, ya que ha perdido bastante peso. Su primo, Antoine Sánchez, no ha perdido su sentido del humor y manifestó a los periodistas que había acudido a la Audiencia a "saludar al juez". Por su parte, Pedro Crespo se presentó con un polo y vaqueros. 

Garzón interrogará hoy a los últimos seis imputados en la trama. Entre ellos figuran los alcaldes de Arganda y de Pozuelo, Ginés López y Jesús Sepúlveda que dimitieron un día después el pasado 6 de marzo. 

El juez afirma que Sepúlveda, exmarido de Ana Mato, cobró 422.992 euros de la trama corrupta que le pagó en sobres y le costeó, por ejemplo, un viaje de 8.972 euros, un todoterreno, un Jaguar y una pantalla de plasma. Por su parte, Ginés López habría percibido más de 500.000 euros. Otros imputados son el padre y el hermano del eurodiputado popular Gerardo Galeote. 

(www.elperiodico.com, 18/03/09)

GARZÓN CITA DE NUEVO A CORREA PARA ANALIZAR SUS CARTAS INTERVENIDAS 

El supuesto cabecilla de la trama de corrupción vinculada a cargos del PP, Francisco Correa, ha comparecido hoy de nuevo ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, junto a su primo Antoine Sánchez y el ex dirigente del PP gallego Pablo Crespo, todos ellos en prisión preventiva desde el pasado 11 de febrero. La razón de esta cita se debe a que los tres tienen el correo intervenido. Las cartas recibidas desde su detención han sido abiertas en presencia del juez para comprobar si existiera algún dato relevante que se pudiera incorporar al sumario. 

Correa, Sánchez y Crespo han sido trasladados por agentes de la Policía Nacional desde la prisión de Soto del Real (Madrid) y han entrado en el despacho del magistrado a la una y diez de la tarde. Tras una breve declaración han vuelto a salir esposados. Preguntado por la razón de esta nueva citación, Sánchez ha respondido irónicamente a los medios que era para "saludar al juez". 

Más declaraciones

El juez continúa con las diligencias a la espera de que los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia se hagan cargo de la investigación tras encontrar indicios de responsabilidad penal en cinco aforados, entre ellos el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el ex consejero de Deportes de Madrid Alberto López Viejo. 

El juez volvió a interrogar el pasado viernes a José Tomás, sastre de Camps que asegura haber confeccionado varios trajes para el presidente del Gobierno valenciano. Además, el magistrado ha citado para mañana, entre otros, a los ex alcaldes de las localidades madrileñas de Pozuelo y de Arganda del Rey, Jesús Sepúlveda y Ginés López. 

Mientras el juez continúa con sus investigaciones, el PP prosigue con su defensa cerrada de Camps. La portavoz del grupo del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha vuelto a defender la presunción de inocencia del dirigente valenciano porque "debe regir para cualquier ciudadano" hasta que haya sentencia. Los populares aseguraron ayer que Camps no tiene facturas de los trajes y centraron sus críticas contra el sastre, quien confirmó que confeccionaba el vestuario del presidente y que era Crespo quien se encargaba de pagar en efectivo en la tienda a la que acudía cada cierto tiempo. "Es la forma en que funciona el sistema. Uno no tiene que defender su inocencia, sino que otros tienen que probar su culpabilidad", ha insistido hoy Sáenz de Santamaría. 

(www.elpais.com, 17/03/09)

TOMÁS: "LE VENDÍ A TRILLO MÁS TRAJES QUE A CAMPS" 

El sastre José Tomás se mostró ayer desconcertado al ser preguntado por este periódico sobre las acusaciones del responsable de Justicia del PP: "Trillo era cliente habitual mío y le he vendido más trajes que a Camps, pero siempre de Milano. Eran trajes de confección, no hechos a medida, de unos doscientos y pico euros. Se quedaba cinco o seis cada temporada. Trillo los pagaba incluso antes de llevárselos. Pasaba por caja, se le ticaban y los pagaba antes de recogerlos y hacerles los arreglos". Tomás aclaró: "Como Trillo es muy bajito, había que acortarle las mangas y el largo de las americanas. Pero siempre pagaba de su bolsillo". "Sólo en una ocasión me llamó desde el Congreso porque necesitaba una americana de cachemira azul marino y me mandó a un asistente o secretario a recogerla. Dijo que le quedaba bien, aunque hubo que subirle las mangas. Después pasó a pagarla. Dejó de ir por Milano cuando le hicieron ministro", señala. Preguntado por qué cree que Trillo niega conocerle, Tomás dijo: "No sé cómo dice que no me conoce. Él iba siempre con su mujer, habitualmente en rebajas, y tenía bastante amistad con él y su señora. Él es de Murcia y hablábamos de que yo iba a La Manga en verano...". Un ex trabajador de Milano declaró ayer a EL PAÍS: "Trillo iba por la tienda y le atendía Tomás, que era el que atendía al 90% de esos clientes. Iban políticos del PP y también del PSOE". 

(www.elpais.com, 17/03/09)

RAJOY PRESUME DE MANEJAR BIEN EL ESCÁNDALO Y CONSOLIDAR EL PARTIDO 

Mariano Rajoy considera que la victoria de Galicia y el resultado en Euskadi alejan los fantasmas y dudas sobre su liderazgo. Ayer plasmó esa sensación en el discurso que esgrimió ante la junta directiva nacional --máximo órgano del PP entre congresos--, ampliada con parlamentarios autonómicos de distintas comunidades invitados. Quería una reunión a lo grande, por lo que convocó a los suyos en un moderno hotel madrileño. Y presumió ante todos ellos de haber sabido gestionar escándalos como el de la corrupción o los espías en pleno proceso electoral, además de haber consolidado la dirección de un partido que ha logrado dejar en nada, apuntó, los negros augurios de las encuestas.

Rajoy quiso evidenciar ayer que se ve ganador en las próximas europeas de junio e, incluso, en las próximas legislativas. "El PP ha recuperado la centralidad y el eje de la vida política española. Hemos recuperado Galicia, decidimos en el País Vasco y, además, estamos en condiciones de desempeñar un papel decisivo en las Cortes. Y desde luego, estamos en una posición que nos permite, cuando se convoquen elecciones, volver al Gobierno", enfatizó.

En este contexto, Rajoy agradeció a sus candidatos en Galicia y Euskadi, Alberto Núñez Feijóo (no estuvo presente en la junta) y Antonio Basagoiti, respectivamente, su trabajo en campaña. Apostó por que su empeño sirva de lección para próximas convocatorias electorales. Se esforzó especialmente en defender a Basagoiti --el sustituto de María San Gil al frente del PP vasco--, por saber combinar " la rotundidad" en lo fundamental con su "amplitud de mensaje y forma de comunicación".

Cuando pasó a hablar de Galicia, hizo hincapié en que ninguna encuesta había pronosticado mayoría absoluta para los populares: "Al final, por si acaso y para curarse en salud, algunos abrieron las famosas horquillas. Pero nadie nos daba mayoría absoluta y muchos pronosticaban una debacle en el País Vasco. Hay que recordarlo y también hay que decir que lo cierto es que no acertaron". Así, Rajoy estaba solicitando a sus compañeros confianza en las posibilidades del partido y de su presidente. "La victoria acompaña siempre a quien cree en ella y lucha por ella", apostilló. 

Por último, el jefe de los conservadores instó a los suyos a interiorizar que se puede ganar "en situaciones muy difíciles" --en clara alusión a los escándalos sobre corrupción y espionaje que les han salpicado-- gracias a una buena gestión de la situación. "Lo importante no es que haya situaciones muy difíciles, sino como se afrontan estas", sentenció.

FABRICAR LA VICTORIA Con esos mimbres, Rajoy pretende fabricar otra victoria en las europeas, ya que el PP, a su juicio, "ha demostrado que no se hunde nunca y es el partido más fuerte de España". Y para lograr el objetivo, el candidato, Jaime Mayor Oreja, reclamó ayuda a sus compañeros y vaticinó que, antes de esa cita electoral, el país estará en una crisis social. 

(www.elperiodico.com, 17/03/09) 

RAJOY DEFIENDE LA INOCENCIA DE TODO EL PP PERO CAMPS EVITA ACUDIR A MADRID 

Por mucho que lo intenta, Mariano Rajoy no logra que el interés informativo y los comentarios internos en su partido se centren en su innegable éxito electoral en las gallegas. Las constantes novedades de la trama corrupta en la que están implicados hasta 15 dirigentes del PP le obligan en cada discurso a dedicar unos minutos al asunto. Y ayer, en la Presidencia del PP, el principal órgano del partido, con casi 500 miembros, tuvo que hacerlo de nuevo. 

El acto se había diseñado como una consagración del éxito de Rajoy, convencido ahora de que el ciclo del PSOE está tocando a su fin. El líder del PP tenía todo un discurso preparado sobre ese asunto, con la tesis de que, frente a las "operaciones ideológicas" de Zapatero, el PP está "pegado a la calle" y por eso ha ganado en Galicia. Incluso aseguró que ese éxito demuestra que "el PP no se hunde nunca y es el partido más fuerte de España". 

Sin embargo, de nuevo, la sombra de la corrupción apareció. Y Rajoy trató de despejarla con la presunción de inocencia, la única defensa que ha encontrado hasta ahora frente al aluvión de detalles en los sumarios de Garzón, que han provocado ya la dimisión de tres alcaldes y la suspensión temporal de 13 militantes, todos los implicados menos Francisco Camps y Ricardo Costa. 

"Este partido no se ha financiado ilegalmente, ni ha recibido un euro de las personas detenidas. Quiero que se sepa", insistió Rajoy. "No somos inquisidores y afirmamos la presunción de inocencia. Vamos a defender la honorabilidad del PP y de sus militantes, inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Y si se probara que algún militante ha hecho cosas que no son aceptables, actuaremos en consecuencia". 

Entre los asistentes, sin embargo, mucho más comentadas que las palabras de Rajoy era la ausencia de Camps, que decidió a última hora no acudir a Madrid, rompiendo así con su tradición de estar en todos los actos importantes del partido. Camps evitó así la presión de los medios en la capital, después de la publicación por EL PAÍS de la entrevista con el sastre, que le incrimina, y se refugió en la protección de los empresarios valencianos. 

Sin embargo, aunque Rajoy no le citó, Dolores de Cospedal sí lo hizo al enviar un mensaje de solidaridad a los populares "perseguidos y amenazados", que recibió un gran aplauso. 

Rajoy también atacó a Garzón, anunció que el PP volverá a recurrir al Poder Judicial para pedir amparo y repitió la tesis de que la fiscalía y la policía actúan con saña contra los populares -a pesar de que es la fiscalía, en contra del criterio de Garzón, quien ha señalado que no ve suficientes pruebas para pedir la imputación de Luis Bárcenas, el tesorero del PP-. Los populares presentarán hoy un escrito ante el fiscal contra el sastre porque, según este partido, ha revelado secretos del sumario al conceder una entrevista a EL PAÍS. Además, pide que actúen contra Garzón por haber interrogado al sastre después de haberse inhibido en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 

(www.elpais.com, 17/03/09)

Rajoy se enroca: “No somos inquisidores. Vamos a defender la presunción de inocencia”

“Este partido no se ha financiado ilegalmente, ni ha recibido un euro de las personas detenidas. Nosotros vamos a actuar con prudencia y serenidad. No somos inquisidores. Vamos a defender la presunción de inocencia”. Es el mensaje de Mariano Rajoy, presidente del PP, en la reunión de la Junta Directiva Nacional que se ha celebrado hoy en Madrid, donde ha remarcado la “honorabilidad” de su grupo “y de sus militantes, inocentes mientras no se demuestre lo contrario”. No estaba en Génova, sin embargo, Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana implicado en la llamada Operación Gürtel, que no pudo asistir por problemas de agenda. Llama la atención que, en ningún momento, el líder del PP le ha citado en su discurso.

La Junta Directiva Nacional es el órgano del PP más importante entre congresos. Asisten no sólo los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y los diputados y senadores nacionales, sino también los parlamentarios autonómicos.

No hay caso de financiación ilegal
Rajoy ha insistido en que su partido no ha recibido financiación "ilegal" de la presunta trama corrupta dirigida por Francisco Correa, a pesar de que cada vez hay más indicios que relacionan al tesorero del PP, Luis Bárcenas, y a su homólogo del PP valenciano, Ricardo Costa -ambos implicados-, con la red. El popular se ha limitado a procalamar "la presunción de inocencia" de los suyos, sin citar a ninguno en concreto.

 

 
 

Presunción de inocencia 
“Defenderemos nuestro partido, no haremos campañas contra nadie, pero vamos defender la honorabilidad del PP y de sus militantes, inocentes mientras no se demuestre lo contrario", ha indicado. La depuración de responsabilidades, a juzgar por sus matizaciones reiterativas, tampoco parece cercana. “Si se probara que algún militante ha hecho cosas inaceptables, si se probara, repito, actuaremos en consecuencia”, ha manifestado el dirigente.

La cacería, otra vez
Menos pruebas hacen falta para arremeter contra el juez que instruye la presunta trama corrupta, Baltasar Garzón. Basta con la famosa cacería en la que el magistrado coincidió con el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, un acontecimiento “muy revelador”. “No voy a hacer juicios sobre el instructor; corresponde al Consejo General del Poder Judicial” tomar las “decisiones” pertinentes, ha indicado. Pero seguidamente ha lamentado que a Bermejo se le pidieran “responsabilidades” y a Garzón no.

Con Aznar esto no pasaba
Rajoy también ha pedido cuentas al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por la actuación de la Policía Judicial en este caso y en otras tramas que afectan al PP como la de Las Palmas. La Guardia Civil y la Policía, ha apuntado Rajoy, no fueron utilizadas “políticamente nunca” por su grupo. “No lo hizo ni Jaime Mayor, ni Angel Acebes, ni yo cuando fuimos ministros de Interior bajo la presidencia de Aznar. Nunca”, ha remarcado.

Imparcialidad de la Justicia
“Me corresponde afirmar que algunas de las cosas que estamos viendo en las últimas fechas producen al menos una cierta perplejidad. ¿Qué pasaría en España si todo el mundo, todos los que ejercen la función jurisdiccional, se comportaran igual y se dedicaran a las mismas actividades" que Garzón, se ha preguntado Rajoy. "Desde luego, me corresponde decir (…) que la Justicia debe ser imparcial, y debe tener apariencia de imparcialidad”. En este caso, “es evidente” que no ha sido así, ha sentenciado.

www.elplural.com 16.03.09

¿Viajaron también Rajoy, Aznar, Agag y Arenas por cortesía de Correa?

Mariano Rajoy, José María Aznar, Alejandro Agag, y Javier Arenas. Son cuatro de los nombres que podrían aparecer en los archivadores de la empresa Pasadena Viajes que busca desesperadamente la Policía Judicial. Según informa hoy el vicedirector de El Mundo, Casimiro García-Abadillo, estos archivadores habrían desaparecido de un almacén de la empresa Servi Madrid en un polígono industrial cercano a Boadilla del Monte. Los agentes intentarían, además, esclarecer uno de los detalles más jugosos de la investigación: la supuesta relación entre el tesorero del PP, Luis Bárcenas, y la red corrupta. "La imputación de Camps puede ser una broma al lado de la implicación de Bárcenas en la trama", concluye en su información el periodista de El Mundo.

 

• González Pons y Luis Bárcenas, en el punto de mira de la investigación

• Garzón implica al tesorero del PP y a un eurodiputado en la trama corrupta

• El tesorero del PP, salvado... "de momento"

• ¿Recibió también Arenas regalos de Correa?

• Correa invitó al matrimonio Ana-Agag a su palco VIP del Master Series

• Detienen al hombre al que Aznar confió la boda de su hija y Alejandro Agag

• Temor en el entorno de Aznar: sospechan que Agag y algún ex ministro podrían acabar declarando...

• Rajoy se enroca: “No somos inquisidores. Vamos a defender la presunción de inocencia”

Varios imputados han declarado que las carpetas de Pasadena Viajes estaban rotuladas con los nombres de los beneficiarios de viajes organizados por dicha agencia. Entre estos estarían el líder del PP, Mariano Rajoy, el ex jefe del Gobierno José María Aznar, su yerno, el empresario Alejandro Agag, y el presidente del PP andaluz, Javier Arenas –de quien también se ha dicho recibió un reloj valorado en 250.000 pesetas-.

Los viajes de Rajoy
En el caso de Rajoy, además de los archivadores extraviados habría testimonios como el de Pablo Crespo, ex presidente del PP gallego y mano derecha de Correa, que llegó a comentar frente a sus empleados que al hombre de Génova se le pagaron un viaje al extranjero y varios en España. El entorno del líder popular, sin embargo, ha desmentido la mayor asegurando que Rajoy se paga todos sus viaje privados y que sólo tras las elecciones de 2004 fue a Canarias a expensas del PP. Crespo, según denunció este domigo el sastre de Camps, era el encargado de pagar sus trajes y lo hacía en metálico con billetes de 500 euros.

Pruebas contra Bárcenas
La Policía Judicial también estaría intentando hallar más pruebas de la relación entre Correa y el tesorero del PP, Luis Bárcenas, que fue implicado por el juez Baltasar Garzón el pasado 25 de febrero. El vicedirector de El Mundo opina que hasta el momento hay datos “como para poner nervioso a cualquiera”: grabaciones telefónicas y comentarios frente a testigos que apuntan a pagos de difícil justificación –“Yo le he metido a Bárcenas 1.000 millones en el bolsillo” aseveró Correa a principios de 2007-, numerosas anotaciones en la Caja B de la red corrupta con las iniciales L.B. –Luis Bárcenas- y documentos con el apodo El Cabrón -los agentes aseguran que es el mote del tesorero-.

La Caja B, clave
Precisamente, la contabilidad de la Caja B incautada en ordenadores de José Luis Izquierdo, imputado y contable del grupo, está arrojando muchos indicios. Según García-Abadillo, a Izquierdo se le conocía como el hombre de la bolsa porque llevaba dinero negro en efectivo en bolsas de Burguer King. Sus declaraciones y, sobre todo, la obsesión de Correa y Crespo por registrar al hilo cada movimiento –una precaución de cara a posibles deserciones- serían claves para llegar al corazón de la trama.

Lo de Camps, anecdótico
“La Policía no ha analizado ni la mitad de la documentación incautada. Y los imputados y algunos testigos parece que están cantando La Traviata (…). La imputación de Camps puede ser una broma al lado de la implicación de Bárcenas en la trama, que es en lo que ahora está centrada la Policía. Rajoy debe actuar con contundencia si los datos que aparecen son incuestionables”, concluye el número dos de El Mundo.

www.elplural.com 16.03.09

EL PP ANUNCIA QUE VOLVERÁ A DENUNCIAR A GARZÓN ANTE EL CGPJ Y EL SUPREMO 

El responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, ha anunciado que su partido volverá a denunciar hoy al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, y ha asegurado que "hay una deliberada voluntad de dañar al PP" en su actuación. 

Trillo ha explicado que esta nueva denuncia contra Garzón se producirá después de que sepublicara una entrevista con el sastre José Tomás en la que, entre otras cosas, ofrece detalles sobre los trajes que confeccionaba para el presidente valenciano, Francisco Camps, cuyas facturas están siendo analizadas en la trama de corrupción que investiga Garzón. 

En declaraciones a Onda Cero, Trillo ha dicho que esas declaraciones son "una sarta de mentiras de principio a fin, mentiras, contradicciones y ridiculeces", y ha añadido que José Tomás no es "ni testigo, ni sastre", está "imputado por falsedad y estafa" y ha sido "despedido disciplinariamente" de la empresa Forever Young para la que trabajaba. 

"Me consta que no es sastre, es jefe de ventas de la empresa Forever Young y, además, no es testigo, es imputado de Garzón", ha aseverado el dirigente del PP quien ha recalcado que sus declaraciones pueden suponer una nueva violación del secreto del sumario. 

Trillo ha desvelado que se ha puesto en contacto con Forever Young y que la empresa "está actuando" contra José Tomás al que denunció el pasado 13 de febrero "como autor de falsificación de facturas dobles", y ha dicho que cree que la empresa ampliará esta denuncia por las declaraciones que publicó El País. 

Ha insistido en que "hay una pretensión desde el principio" por parte de Garzón de que haya "una especie de trama nacional del PP" en la causa y que, por eso, "encuentra al sastre, que cuenta cuentos, cuentos y mentiras". 

Trillo ha recalcado además que "no hay ni un sólo contrato" con la empresa investigada en Valencia por Garzón, Orange Market, que no haya sido revisado por el Tribunal de Cuentas, públicamente convocado, resuelto en mesa de contratación en concurrencia de audiencia y sin ninguna impugnación".

Ha vuelto a criticar que Garzón saliera de España el pasado martes "con permiso de asuntos propios y sin haber enviado las causas" a los Tribunales Superiores de Justicia de Valencia y Madrid, así como la explicación del juez de que había "funcionado mal el servicio de reprografía". 

"Es lo que le ha permitido justificar la ausencia durante una semana del territorio nacional, retener la causa y abundar en la indefensión del PP", ha manifestado Trillo, quien ha confiado en que los autos lleguen "hoy o mañana" para que, "de una vez, se pueda producir un proceso con todas las garantías debidas".  

(www.publico.es, 15/03/09) 

SUSPENSIÓN CAUTELAR  

Los abogados que se querellaron por cohecho contra Baltasar Garzón por los ingresos que recibió durante su permiso académico en Nueva York, entre 2005 y 2006, han pedido al CGPJ que suspenda cautelarmente al juez al estimar que podría haber cometido tres faltas muy graves. 

En un documento remitido al CGPJ el pasado viernes los letrados José Luis Mazón y Antonio Panea reclaman al órgano de gobierno de los jueces que abra expediente al magistrado de la Audiencia Nacional por una falta muy grave del artículo 417.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que se refiere a la ocultación de datos para la concesión de permisos, dietas y ayudas económicas. 

También creen que habría cometido una falta del artículo 417.14 por "no solicitar la autorización de compatibilidad para percibir un sueldo de una entidad privada que nunca le habría sido autorizado al percibir su salario íntegro de magistrado" y otra del artículo 417.8 por no abstenerse en una querella contra directivos de la entidad patrocinadora (Banco Santander) de dos cursos dirigidos por Garzón. 

(www.publico.es, 15/03/09)

Garzón remite a Valencia y Madrid los casos contra Camps y López Viejo

El envío se retrasó una semana por problemas con el servicio de reprografía

El juez Baltasar Garzón remitió ayer a los tribunales superiores de Justicia de Valencia y Madrid la inhibición y las copias de la causa de la denominada Operación Gürtel, sobre corrupción de determinados cargos del Partido Popular, en lo que afecta al presidente valenciano, Francisco Camps, al secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa, y a los diputados en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, ya que todos ellos tienen la condición de aforados.

El envío de las copias testimoniadas de la causa y de la exposición razonada para los tribunales superiores se produjo una semana después de que Garzón la anunciara por medio de sendos autos, porque problemas en el servicio de reprografía de la Audiencia Nacional impidieron que el envío se realizase antes.

Sin embargo, el PP ya había presentado una nueva queja contra Garzón en el Consejo General del Poder Judicial en la que criticaba que el magistrado hubiera viajado a Guatemala "sin haber cumplimentado aún el escrito razonado a los TSJ de Madrid y Valencia". La nueva queja de los populares aludía a "una nueva maniobra irregular".

Lo cierto es que el juez antes de salir de viaje había dejado firmados los oficios para la remisión de la causa, pero los problemas para elaborar dos juegos de fotocopias del sumario -más de nueve cajas de 2.000 folios cada una- retrasaron el envío hasta pasadas las dos de la tarde de ayer.

No obstante, y a pesar de haberse inhibido respecto de los cinco aforados citados, el juez mantiene la instrucción de la causa con respecto de otras 40 personas, entre las que se encuentran los ex alcaldes Jesús Sepúlveda, de Pozuelo de Alarcón; Ginés López, de Arganda del Rey; Arturo González Panero, de Boadilla del Monte, y Guillermo Ortega, de Majadahonda, Los ex regidores han sido citados a declarar en calidad de imputados el próximo miércoles.

Mientras tanto, la instrucción ha seguido adelante y el juez volvió a tomar declaración ayer a José Tomás, el sastre que confeccionó trajes para el presidente valenciano Francisco Camps y para el parlamentario Ricardo Costa. Tomás habría proporcionado nuevos indicios que afectan a ambos aforados, así como a Álvaro Pérez, El Bigotes, mano derecha del principal responsable de la trama, Francisco Correa, en la empresa Orange Market, que según las investigaciones era a la que se cargaban los trajes.

La declaración de Tomás es, junto a la de la imputada Isabel Jordán y la documentación intervenida, que refleja la caja "B" de Easy Concept, la base de la imputación de los aforados valencianos.

En la documentación aparece un apunte sin fecha por el mismo importe en el debe y el haber de 63.220 euros, en cuyo concepto figura: "Entradas y salidas de Milán". Son una parte de los pagos por los trajes hechos a medida por la firma Milano, según la imputada. De ellos, 4.700 euros corresponden a trajes de Camps, según el auto del juez.

Existen otros trajes comprados en la tienda Forever Young, donde también trabajaba el sastre José Tomás. El coste de la ropa de esa empresa entregada a Camps a costa de Orange Market ascendería a 8.083 euros.

Las facturas se camuflaban con conceptos falsos y por cuantías que no se corresponden con los pagos realizados.

www.elpais.es es 14.03.09

Correa invitó al Masters de tenis a Ana Aznar y Alejandro Agag

Francisco Correa, jefe de una trama de corrupción vinculada a cargos del PP, invitaba a su palco privado en el torneo Masters Series de Madrid de tenis a personalidades del PP como el matrimonio de Ana Aznar, hija del ex presidente del Gobierno, y Alejandro Agag. Ambos aparecen en la edición del torneo de 2004 junto a Jacobo Gordon, empresario y amigo de la infancia de Agag que ahora se ha visto imputado en la investigación de la trama corrupta que investiga la Audiencia Nacional.

Según la información de la cadena SER, Correa invirtió cerca de 18.000 euros al año entre 2002 y 2007 en alquilar dos palcos en esta cita deportiva. Uno lo ponía a su nombre y el otro era de Special Events, la empresa matriz de la trama de corrupción. El de la foto es el primero, reservado a sus íntimos. Por el palco pasaron importantes dirigentes del PP nacional, según fuentes próximas a Correa citadas por la SER. Correa también tuvo un papel destacado en la organización de la boda entre Aznar y Agag, un evento social y político por todo lo alto que en septiembre de 2002 reunió en El Escorial a famosos, artistas, a los Reyes y a dos jefes de Gobierno extranjeros.

La actual concejal del Ayuntamiento de Madrid y madre de Ana Aznar, Ana Botella, declaró ayer sobre las fotos de su hija con Correa: "Mi hija tiene miles de fotos con muchísima gente, como todos tenemos fotos con distintas personas".

www.elpais.es es 14.03.09

De la Vega: "El PP tiene que aclarar este barullo de prebendas y presunta corrupción"

La vicepresidenta exige desde La Moncloa "explicaciones cuanto antes"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se salió ayer del discurso habitual y de corto recorrido que sigue los viernes, tras los Consejos de Ministros, desde que empezaron a conocerse los escándalos de presunta corrupción en el Partido Popular. Hasta el viernes de la pasada semana se había limitado a pedir al PP que dejara trabajar a los jueces y no arremetiera contra el juez Baltasar Garzón. Ayer dio un paso más y reclamó al primer partido de la oposición que dé una explicación "mínimamente razonable" de este "goteo incesante" y de "todo este barullo de compraventas y prebendas", publicado en los medios de comunicación.

El Gabinete cree que los escándalos dañan la imagen de todos los partidos

De la Vega quiso responder a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que utilizó ayer un argumento feminista para defender a su compañera de partido, la dirigente del PP Ana Mato. Ésta fue esposa del ex alcalde de Pozuelo y también dirigente del PP, Jesús Sepúlveda, a quien se le acusa de haber recibido en 1999 el regalo de un automóvil Jaguar, valorado en 8,5 millones de pesetas, de Francisco Correa, jefe de la presunta trama corrupta del PP. Cuando ayer se le preguntó a Cospedal "si la dirección del PP va a respaldar o encubrir" a Ana Mato, argumentó que "afortunadamente, en España, lo que hace un marido no arrastra a su mujer". De la Vega entró en la polémica con ironía. Tras dar "la bienvenida al PP a los postulados feministas", la número dos del Gobierno contraatacó: "Me temo que el PP vuelve a errar el tiro. Lo que se está dirimiendo y lo que todos esperan que se aclare es todo este barullo de compraventas, intercambios o prebendas, que se aclare tanta presunta corruptela y corrupción que, al parecer, afecta al PP".

Precisamente, el caso que afecta al ex marido de Ana Mato, que calificó de "cuando menos, muy confuso", le dio pie a De la Vega para reclamar al Partido Popular que "se ofreciera a dar ya una explicación razonable". "El PP debería ser el principal interesado en aclarar esta situación que no favorece a nadie", insistió.

La número dos del Partido Popular anunció ayer que su partido iba a esperar a las conclusiones de la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, que se conocerán el próximo día 18, para emitir cualquier valoración sobre las acusaciones de espionaje en la comunidad que preside Esperanza Aguirre.

La vicepresidenta De la Vega comparte la opinión generalizada en el Gobierno de que la corrupción perjudica no sólo al partido implicado en el escándalo sino a la imagen del conjunto del sistema democrático de partidos políticos.

La número dos del Ejecutivo volvió ayer a defender al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de los ataques del PP. "Los jueces y su independencia deben ser respetados por todos y que se les deje un marco de actuación razonable para ejercer su trabajo. Esto último no se ha venido produciendo recientemente", aseguró. La vicepresidenta señaló, además, que es el Consejo General del Poder Judicial el órgano competente para valorar las actuaciones de los jueces.

www.elpais.es es 14.03.09

¿Recibió también Arenas regalos de Correa?

El periodista Ignacio Escolar, hasta hace poco director del diario “Público” ha publicado un artículo en el que se hace eco de distintos regalos “donados” por Francisco Correa, el presunto cabecilla de la supuesta trama ligada al PP. En ella se afirma que el presidente del Partido Popular andaluz y anteriormente Secretario General del PP nacional, también recibió regalos de Correa. En este caso un reloj de pulsera valorado en 250.000 de las antiguas pesetas.

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Ignacio Escolar añade en su blog www.escolar.net que el tesorero del PP, Luis Bárcenas, que no ha declarado ante el juez, pues todavía no ha sido imputado, piensa desvelar cuando sea llamado dos aspectos de esta trama. Por un lado que Francisco Correa, le regaló unos gemelos de oro “y que él los aceptó”. Por otro, que también recibió como regalo un viaje a Nueva York para dos personas. “Y que él también lo aceptó”.

Viajes a Nueva York
Prosigue Escolar detallando en fuentes del PP han asegurado que “cuando Bárcena recibió esas “donaciones”, éste consultó en Génova si era pertinente quedarse con ellos “y se le dijo que sí las dos veces”. Revela que las mismas fuentes del PP han comentado que como los gemelos de oro no eran muy altos en su coste, Correa le ofreció posteriormente a Bárcenas un viaje a Nueva York justificándolo en el hecho de que una pareja se había descolgado en el último momento de un vuelo que montaba una de sus empresas”

Reloj para Arenas
En el caso de Javier Arenas, según afirma en su blog Ignacio Escolar, Bárcenas no fue el primero en el PP que obtuvo generosos obsequios de Francisco Correa, ni tampoco el único que preguntó sobre la conveniencia de aceptarlos. Según esta noticia, el actual presiente regional del PP andaluz, Javier Arenas, también recibió de Correa un reloj de pulsera, “de acero, pero de una buena marca, valorado en unas 250.000 pesetas”.

"Menos suerte que el del cochazo"
Miguel Ángel Vázquez, secretario de comunicación del PSOE andaluz se ha echo eco de esta noticia y publica en su blog que "El hombre tuvo menos suerte que el ‘premiado’ con el cochazo, sólo se llevó un modestito reloj de pulsera valorado en 250.000 de las antiguas pesetas (1.500 euros)."

Con el visto bueno de Génova
Es destacable que según estas fuentes internas del PP, Arenas “también preguntó si podía aceptarlo y también le respondieron que sí. Hoy mismo en declaraciones a El Plural, los responsables de prensa del PP andaluz han negado rotundamente que Javier Arenas haya recibido regalos de Correa. Han adelantado también que el presidente no hará declaraciones al respecto.

Ramificaciones andaluzas de Correa
De confirmarse estos hechos, el caso “Gürtel” y las empresas vinculadas a Correa, tendrían distintas ramificaciones en la comunidad andaluza. El caso “Gürtel” que investiga Baltasar Garzón, tiene relación en Andalucía con Jerez, Granada y Estepona, ciudades donde empresas vinculadas al presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, obtuvieron contratos. De momento se ha cobrado su primera pieza con la dimisión oficializada hoy de Ricardo Galeote como concejal del ayuntamiento de Estepona. Galeote es además secretario local del PP de la localidad malagueña. Como adelantó El Plural.

Jerez, el PP y contratos
Como informamos desde El Plural, la ex alcaldesa de Jerez de la Frontera, la popular María José García Pelayo, adjudicó en 2004 a dos de las empresas investigadas por Garzón, Easy Concept y Special Events, un contrato para la participación de la ciudad en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur). Lo hizo por el procedimiento de urgencia saltándose el concurso público. Al parecer la alcaldesa entonces, hizo caso omiso de un informe de la interventora municipal en el que se advertía de que el órgano competente para la adjudicación de los trabajos era el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad.

Estepona y comisiones
En Estepona, el dimitido hoy Ricardo Galeote, cuando ejerció de gerente de la empresa municipal “Turismo y Actividades Recreativas” entre 2001 y 2003, contrató con las sociedades de Francisco Correa, Special Events SL y Viajes Pasadena SL, en concepto de billetes de avión y tren así como alojamientos en hoteles para Fitur. También se contrataron otros servicios como montaje de carpas. Según el auto de, el desde hoy ex edil del PP habría cobrado 42.469 euros en comisiones de la trama entre los años 2001 y 2003.

Suma y sigue: Granada
También el Ayuntamiento de Granada aparece con contratos viculados a Correa. El ayuntamiento gobernado por el PP con mayoría absoluta, adjudicó en 2004 un contrato para el diseño y montaje de su expositor en la edición 2005 de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) a la empresa “Down Town Consulting S.L.”, una de las empresas sometidas a investigación por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

PP andaluz también
La empresa Rialgreen, una de las sociedades investigadas, cobró al PP 520.491 euros por la campaña de Teófila Martínez para las elecciones autonómicas de 2004. Desde el PP andaluz, dicen desconocer estos trabajos. Sin embargo, según el informe la Cámara de Cuentas, Rialgreen no justificó qué tipo de servicios prestó a los populares andaluces en esos comicios, al igual que ocurrió en las elecciones autonómicas de mayo de 2003 en Madrid y en las autonómicas de 1999 y 2003 en la Comunidad Valenciana. Javier Arenas aseguró que se enteró de este hecho recientemente.

www.elplural.com 13.03.09

Garzón envía la investigación de la trama a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia

El magistrado hace efectiva la inhibición al haber aforados en la red corrupción dirigida por Correa.- El sastre de Camps vuelve a declarar en la Audiencia

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha enviado hoy la investigación del caso Gürtel a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, tras acordarse el pasado jueves 5 de marzo la inhibición en favor de estos al hallar indicios en la causa contra aforados regionales de ambas comunidades. El magistrado ha remitido los correspondientes oficios, aunque los había dejado firmados antes de irse de viaje el pasado martes. El envío no se ha hecho efectivo hasta hoy por problemas técnicos con los servicios de reprografía, dada la gran cantidad de fotocopias que han tenido que hacerse para remitir la causa completa a ambos tribunales, según han informado fuentes jurídicas.

• El PP lanza un nuevo ataque contra Garzón para tapar la trama corrupta

• De la Vega insta al PP a que deje de presionar a Garzón

• Camps: "Estoy preparado para aguantar" Aguirre: "Los implicados han dimitido"

Veinte minutos después de las dos de la tarde han comenzado a salir las nueve primeras cajas de folios de la Audiencia Nacional con destino a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia. Ante el aparente retraso de la remisión de la causa, el PP presentó ayer un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) denunciando al juez por ausentarse de España sin cumplimentar el escrito de remisión.

A pesar de haber acordado la inhibición con respecto a los aforados, entre los que se encuentran el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, el secretario general del PP en esta Comunidad, Ricardo Costa, y los diputados autonómicos madrileños Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, Garzón mantiene la instrucción de la causa con respecto a los otros 37 imputados no aforados a los que ya ha tomado declaración y a los que se suman otros seis a los que ha citado para tomar declaración el próximo miércoles, entre los que destacan los alcaldes de las localidades madrileñas de Pozuelo y Arganda, Jesús Sepúlveda y Ginés López.

Interrogatorio al Sastre de Camps

Garzón ha vuelto hoy a tomar declaración como testigo a José Tomás, empleado de las dos tiendas en las que supuestamente se adquirieron varios trajes para el presidente valenciano por parte de la trama corrupta dirigida por Francisco Correa. El interrogatorio ha durado aproximadamente una hora y a la salida ni Tomás ni su abogado han realizado declaraciones. Garzón acusa a Camps de recibir trajes por valor de 12.783 euros pagados por la empresa Orange Market a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad desde 2005 a 2009 por una cantidad próxima a los cuatro millones de euros.

En el auto emitido por el magistrado el pasado 5 de marzo se detallaban una serie de pruebas en las que se apoya la acusación de sobornos a Camps y otros dirigentes valencianos, como el secretario general del PP en esta comunidad, Ricardo Costa; un ex vicepresidente del Gobierno autónomo y ex secretario de organización, José Víctor Campos Guinot, y el director del gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret.

Facturas y grabaciones

Entre dichas pruebas hay facturas de los establecimientos, las declaraciones del sastre que les suministraba el vestuario e incluso les tomaba las medidas en sus despachos y las grabaciones de los cabecillas de la trama en la que confirmaban los obsequios a los políticos valencianos. Los implicados pagaban a las empresas con facturas falsas para no dejar pistas.

De acuerdo con la instrucción del juez, Camps acudió a Madrid "a instancias" del imputado Álvaro Pérez de Alonso, El Bigotes (administrador de Orange Market) para comprar ropa en las tiendas Milano y Forever Young, en las que trabaja el hoy interrogado José Tomás, persona de confianza de Pérez de Alonso. Garzón apuntaba también a la supuesta financiación ilegal del PP, de al menos 420.000 euros, según consta en las cuentas de las empresas investigadas.

www.elpais.es 13.03.09

El PP lanza un nuevo ataque contra Garzón para tapar la trama corrupta

La formación denuncia al juez ante el Poder Judicial por maniobras "torticeras" - La fiscalía pide al Supremo el archivo de una querella anterior por prevaricación

El PP redobló sus ataques contra el magistrado Baltasar Garzón mientras arrecian las revelaciones sobre la trama de corrupción con empresas de Francisco Correa y que afecta a cargos vitales del partido. No hubo reacción alguna de la dirección de la formación ante la cacicada del PP de Madrid al cerrar la comisión sobre la red de espionaje, con graves acusaciones a un miembro de la dirección del PP. Tampoco hubo movimientos sobre la trama de corrupción que afecta a sus cargos de Madrid y la Comunidad Valenciana. Eso sí, los populares presentaron un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que piden de nuevo que se sancione al juez que lleva el caso, Baltasar Garzón.

El PP acusa al juez de "dar apariencia de legalidad" a sus actuaciones

Todo, en el día en que se conocían nuevos detalles de la vinculación de Correa con Jesús Sepúlveda, dimitido alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), cuando era secretario electoral del PP y estaba casado con la actual secretaria de organización, Ana Mato.

El escrito del PP no ahorra calificativos para el juez. La estrategia de desacreditación de Garzón como juez político -"es un socialista", dicen para descalificarle- ha pasado de mera defensa mediática a verdadera estrategia política del PP. En los últimos días se ha instalado en el partido la convicción de que la cúpula no depurará responsabilidades. Y sigue haciendo todo lo posible por desacreditar la causa judicial.

"Actuaciones publicitarias"

En la queja al CGPJ, el PP atribuye al magistrado prevaricación, desprecio a la legalidad y a las garantías, instrucción perversa, especulaciones, maniobras, y uso fraudulento del secreto de sumario. También acusan al juez de "cubrir de apariencia de legalidad sus actuaciones publicitarias".

Entre ellas, el PP cita que a Camps se le comunicó la resolución telefónicamente, con una llamada a su número personal el día que se notificó la resolución. Un policía que se identificó como miembro de la Unidad de Delitos Económicos pidió al presidente valenciano un número de fax para remitírsela. Al día siguiente, otro inspector de policía de Madrid contactó con el ex vicepresidente valenciano Víctor Campos con el mismo objetivo. A Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, el auto se le notificó en una comisaría de Valencia, según el PP.

La causa contra los dos hombres más poderosos del PP valenciano, Francisco Camps y Ricardo Costa, es la principal preocupación del partido, que se ha empeñado en defender su inocencia, aunque por tener el mismo tipo de relación con las mismas empresas han dimitido tres alcaldes y un consejero en Madrid.

El PP asegura que esas actuaciones sólo se deben a "las necesidades personales del juez Garzón que tenía programado su viaje [esta semana ha participado en varios actos en Panamá y Guatemala] y concedido su permiso para asuntos propios". Sin embargo, dos magistrados especialistas en derecho penal aseguraron ayer a este diario que el procedimiento es "perfectamente legal" y "bastante usual en macroprocesos en los que son muchas las partes y los afectados". La ley, dicen, permite que se notifiquen resoluciones "por cualquier medio idóneo", como el fax o la comunicación en comisaría.

Respecto a que Garzón notificara a Camps el auto a pesar de que no es competente para investigar sus delitos -por lo que no es parte en la causa- los magistrados subrayan que el juez ordenó que la resolución se notificara no sólo a las partes, sino también a las "personas afectadas", entre las que se encontraría el presidente valenciano. "Se trata de asegurar que todas estas personas, incluidas las aforadas, no sufran indefensión y tengan conocimiento de los hechos por los que en el futuro podrían ser imputados".

El PP acusa además a Garzón de haberse ausentado de España sin haber enviado copias de las actuaciones a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de la Comunidad Valenciana, a favor de los cuales se ha inhibido. Pero según los jueces consultados, la labor del juez en estos casos se circunscribe a elaborar el auto de inhibición en el que se ordena remitir las actuaciones a los tribunales competentes, como hizo Garzón. "La realización de las copias y su envío efectivo es una labor burocrática cuya ejecución corresponde al secretario judicial y los funcionarios del juzgado, no al magistrado".

Es la cuarta maniobra del PP para neutralizar la investigación. Primero, intentó sin éxito personarse en la causa para recusar al juez. Después, denunció ante el CGPJ la asistencia de Garzón a una cacería con el entonces ministro de Justicia, Fernández Bermejo. El escrito fue archivado. Antes de la iniciativa de ayer, presentó una querella ante el Supremo acusando a Garzón de prevaricación. La fiscalía pidió ayer el archivo de la querella al no encontrar "delito alguno" y desairó al PP al decir que los hechos denunciados "plasman una disconformidad del partido con la marcha del procedimiento, sin que constituyan el delito de prevaricación".

En una entrevista en RNE, Rajoy dijo sobre Francisco Correa, organizador de los actos del PP cuando él estaba en el Gobierno, que no recordaba si lo conocía, pero sí que había cortado los vínculos de la cúpula del PP con él.

Al día siguiente de que el secretario general del PP de Madrid acusara públicamente de mentir a un miembro de la dirección del partido, Alfredo Prada, Rajoy le quitó importancia y dijo que "pasa en todas partes".

Eso no le pareció importante. Lo importante, replicó, es "¿qué hace Garzón en Guatemala?". El juez está en Guatemala desde el pasado día 10 impartiendo un curso. Ha pedido que le descuenten los tres días de sueldo,

www.elpais.es 13.03.0

Garzón: "Hablaré, y a lo mejor hasta me dicen que tengo que callarme"

El juez Baltasar Garzón regresa hoy a España de su viaje a Guatemala y, según él mismo anunció, hablará sobre las informaciones difundidas en los últimos días que le acusan de haber cobrado más de 200.000 dólares por dar conferencias en Estados Unidos y no haber declarado estos honorarios. El magistrado de la Audicencia Nacional advirtió desde el país sudamericano que “cuando vuelva”, hablará sobre el tema. “A lo mejor hasta me dicen que tengo que callarme”, advirtió. Sin embargo, el PP no cesa en su empeño de descalificar al juez: después de que la Fiscalía haya pedido el archivo de la querella que pusieron contra él, la oposición ha presentado una nueva queja ante el Poder Judicial. Cualquier excusa parece buena para intentar apartar a Garzón de la investigación de la Operación Gürtel, que salpica a numerosos altos cargos del PP.

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“Las cuentas están muy claras”, aseguró Baltasar Garzón con rotundidad ante las acusaciones de que no declaró honorarios por más de 200.000 dólares por dar conferencias en Estados Unidos. Según declaró desde Guatemela, estas informaciones “no tiene fundamento”, ya que declaró sus ingresos a Hacienda fisco “dos veces”, “una a la norteamericana y otra a la española”. El magistrado, que ya está de regreso a nuestro país, advirtió que cuando llegue a España hablará sobre este tema. “Y a lo mejor hasta me dicen que tengo que callarme”, advirtió.

Archivo de la querella
Tampoco quiso pronunciarse sobre la querella que el PP interpuso contra él en la que le acusa de prevaricación por el caso Gürtel. Los populares ven una conducta delictiva en el juez por no haberse inhibido inmediatamente de la investigación de la trama de corrupción aún habiendo aforados implicados en el caso. Precisamente, la Fiscalía del Supremo se pronunció ayer sobre la querella y pidió el archivo de la misma, al no encontrar indicios de delito en la actuación del juez.

¿Persecución del PP?
Según la Fiscalía, “el aforamiento no sólo no impide, sino que obliga a continuar la investigación a fin de comprobar o desvirtuar esas imputaciones personales, evitando así la remisión no justificada”. Garzón mostró su indignación ante las múltiples acusaciones que están partiendo hacia él del PP, aunque dijo desconocer si hay una persecución política hacia su persona del partido. De ser así, afirmó, “tampoco le importa demasiado”.

Nueva queja ante el CGPJ
No obstante, el PP no ha cesado en su ofensiva contra el magistrado y, tras conocer la petición de archivo de su querella, han presentado una nueva queja, esta vez ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para pedir de nuevo que se sancione a Garzón. En su escrito, el PP insiste en presentar al juez como un “socialista”, y afirma que ha cometido prevaricación, desprecio a la legalidad y a las garantías, instrucción perversa, especulaciones, maniobras y uso fraudulento del secreto de sumario, según informó El País. Además, le acusan de “cubrir de apariencia de legalidad sus actuaciones publicitarias”.

www.elplural.com 13.03.09

Aznar se niega a dar explicaciones sobre su relación con Correa

El ex presidente José María Aznar y actual responsable de FAES apadrinó ayer la presentación de un libro del cubano Carlos Alberto Montaner. Aprovechó el acto para arremeter contra el régimen de Fidel Castro y relacionarlo con el Gobierno de Zapatero, al que acusó de actitud “mezquina” con los disidentes de la isla. Sin embargo, Aznar calló a las preguntas de las periodistas sobre la trama de corrupción en torno al PP investigada en el caso Gürtel, en la que se encuentran imputados altos cargos del partido cuando él estaba al frente, como Jesús Sepúlveda o Francisco Correa, amigo de su yerno Alejandro Agag.

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Durante la presentación del libro de Montaner La última batalla de la Guerra Fría. Cómo y por qué se hundió el comunismo, Aznar acusó al Gobierno socialista de actitud "mezquina" con los disidentes cubanos y de mantener unos "inexplicables intereses" que le llevan a relacionarse de la misma forma con regímenes democráticos o con dictaduras.

"Incomprensible"
Aznar ha calificado de "incomprensible" que, tras la caída del Muro de Berlín, se mantenga una dictadura como la cubana, ha advertido de que el final del castrismo no llegará porque sí, y de que nada asegura tampoco que la desaparición de los hermanos Castro lleve automáticamente a la libertad y la prosperidad.

"Medio siglo de dictadura es una atrocidad"
“Si cualquier dictadura es detestable -ha proseguido-, medio siglo de dictadura es, simplemente, una atrocidad", subrayó. También aseguró que Cuba es un fracaso económico porque es comunista.

Poco hablador respecto al PP
Sin embargo, Aznar suscitó más expectación por lo que tuviera que decir respecto al caso Gürtel, en el que se encuentran imputadas personas de su confianza cuando presidía el PP, como Jesús Sepulveda, responsable del área electoral y con el que mantiene vínculos personales, o Francisco Correa, cerebro de la trama e íntimo de su yerno Alejandro Aznar. El ex presidente guardó silencio al respecto tanto en la conferencia como ante las reiteradas preguntas de los periodistas, como demuestra este audio de la Cadena Ser.

 

Los silencios de Aznar

www.elplural.com 13.03.09

Correa: el triunfador en El Escorial en el fotomaton policial

El diario El Mundo publica hoy en portada la ficha policial de presunto cerebro de la trama de corrupción vinculada por el PP. Bajo el título "De Gran corruptor, a juguete roto", la periodista Ángeles Escriva destaca su "punto soberbio en la mirada", que mantiene "firme" fretne al fotomatón policial.

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La imagen que muestra hoy El Mundo está bien alejada de la de triunfador en la boda de El Escorial, cuando presumía de gomina y formaba parte del clan de amigos del yerno del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar.

www.elplural.com 12.03.09

RAJOY: "YO FUI EL QUE DECIDIÓ QUE CORREA SALIERA DE GÉNOVA" 

No sabe bien si le conoció pero si algo ha querido dejar claro Mariano Rajoy es que fue él el que enseñó la puerta de salida de la sede nacional del PP en la calle Génova de Madrid al empresario Francisco Correa, presunto cerebro de la trama de corrupción político-empresarial que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Pero, ¿le conoció? "No tengo claro que conozca a Correa" ha dudado el líder de los populares durante una entrevista en RNE. Muy a la gallega, ni sí ni no sino todo lo contrario, Rajoy ha explicado que, aunque no está seguro, "es probable" que le conociera y haya saludado durante la época en la que Correa trabajó para el PP nacional. No obstante y preguntado por si fue él el que decidió que saliera de Génova, Rajoy ha afirmado que lo hizo después de que el anterior tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, le informase de que el empresario estaba utilizando el nombre del partido para la adjudicación de contratos. 

Eso fue en 2004. Rajoy era ya secretario general del PP tras dejar la Vicepresidencia del último Gobierno de José María Aznar para ser su candidato a las generales. Correa llevaba años organizando los actos del partido, entre ellos los electorales. Y precisamente el hoy líder del PP había sido el jefe de campaña en 1996 y 2000. Al que sí ha dicho conocer Rajoy ante los micrófonos de RNE ha sido a Pablo Crespo, ex secretario de Organización de la formación en Galicia también implicado en la trama que investiga Garzón. ¿Hasta dónde sabe entonces de Correa el líder de los populares? Rajoy ha reconocido que el presunto cabecilla de la red corrupta organizaba los "viajes que contrataba el partido", aunque ha puntualizado que ni siquiera hoy sabe cuál es la agencia responsable porque no es su cometido. 

"He sabido lo que publican los periódicos" ha añadido Rajoy. Sin embargo, la portavoz oficial del líder del PP, Carmen Martínez Castro, reconoció recientemente que Correa intentó chantajear en 2003 a Rajoy con una grabación en la que, durante una convención, se le escuchaba decir sobre Manuel Fraga "el viejo está gagá". Preguntado por la apertura de una invetigación interna, el líder del PP ha respondido que "ya hay una abierta" en la Audiencia Nacional. "Estaremos a lo que digan los tribunales" ha añadido Rajoy que, no obstante, se ha atrevido a asegurar que "esta gente", en relación a los empresarios implicados en la trama, "no han entregado un euro al PP". En uno de los últimos autos de Garzón se apuntaba a la supuesta financiación irregular de la formación en la Comunidad Valenciana. Precisamente sobre el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, implicado por Garzón en el sumario, el presidente nacional del PP ha defendido que es "inaceptable" lo que se ha hecho con él: "Me ha dicho que las acusaciones son falsas y yo le creo". 

A pesar de la confianza que Rajoy ha depositado en la Justicia, no ha faltado durante la entrevista una mención al juez Garzón. "¿Qué hace en Guatemala?" se ha preguntado el presidente del PP para criticar que el magistrado no haya trasladado aún las actuaciones a los tribunales superiores de Madrid y Valencia. "¿Qué seguridad da una persona que se comporta de esta manera?". Sobre la otra trama que sacude, esta vez en Madrid, al PP, la del espionaje en el Gobierno regional, Rajoy ha echado balones fuera y ha apelado a "esperar a la decisión del Parlamento de Madrid" que votará las conclusiones de la fugaz comisión de investigación el próximo día 18. 

(www.elpais.com, 12/032/09) 

LA FISCALÍA PIDE QUE SE ARCHIVE LA QUERELLA DEL PP CONTRA GARZÓN 

La Fiscalía ha pedido este jueves al Tribunal Supremo que archive la querella por prevaricación que el PP interpuso contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por no inhibirse en la operación Gürtel, en el que se investiga una supuesta trama de corrupción ligada a cargos de este partido. 

Así lo han informado fuentes del Ministerio Público, que han señalado que la Fiscalía considera que la actuación del magistrado no constituye un delito de prevaricación. 

Los conservadores denunciaron la "decisión consciente de suplantar la ley" por parte del magistrado y el hecho de que éste no se haya inhibido en el plazo de tres días establecido por ley, según informaron fuentes conservadoras. 

En su escrito, de 16 folios, la dirección del PP recuerda además que Garzón participó en un cacería con el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y que impidió a los conservadores presentarse como acusación particular. 

Los conservadores alegan que el magistrado habría cometido un delito de prevaricación al haber realizado actuaciones judiciales "con plena consciencia de que carecía de competencia para instruir y, en consecuencia, para mantener el conocimiento de dicho asunto". 

(www.publico.es, 12/032/09)

RAJOY EVITA CUALQUIER MENCIÓN A LA TRAMA DE ESPÍAS Y CARGA CONTRA GARZÓN 

Con el carpetazo definitivo que Esperanza Aguirre ha dado a la comisión de los espías, sin escuchar siquiera a los espiados, todos los ojos del Partido Popular están puestos ahora en ver cómo reacciona Mariano Rajoy. Pero el presidente del PP quiere pasar página cuanto antes y aprovechar el momento de aparente unidad interna que se vive por la amenaza del caso Gürtel. Así que ayer Rajoy rehuyó a los periodistas y no hizo ni una sola mención al espionaje en su discurso a los diputados, reunidos de forma extraordinaria en el Congreso para escuchar y aplaudir al líder triunfante. 

El PP se debate estos días entre la euforia por la victoria gallega y la preocupación por la investigación del juez Baltasar Garzón y la crisis por la trama de espionaje en Madrid. Sobre el juez, Rajoy no tiene control pero sobre el espionaje sí, porque puede decidir afear la conducta de Aguirre, que no ha dejado que se investigue seriamente quién y por qué siguió a dos miembros de la dirección nacional del PP, Alfredo Prada y Manuel Cobo. Rajoy, aparentemente y según la mayoría de su entorno, ha decidido pasar página cuanto antes y olvidar este asunto de guerra interna. 

Ayer se concentró, sin embargo, en el caso Gürtel para atacar a Garzón. Comentó con tono de crítica que el magistrado está en Perú, le acusó de no ser imparcial, prometió que el PP no va "a olvidar" la "causa general" contra el partido y anunció que seguirán preguntando en el Congreso por la cacería que ya ha costado la dimisión a Mariano Fernández Bermejo. El PP, explicó Rajoy, también quiere la cabeza del comisario jefe de la Policía Judicial, presente en la cacería. 

Al presidente del PP le interesaba mucho más, no obstante, exhibir internamente su victoria. Delante tenía a la mayoría de los dirigentes críticos que han mostrado su malestar. Es en el Congreso donde está el principal foco de revuelta interna, donde se trató de fraguar un grupo que, en caso de derrota en Galicia, estaba dispuesto a exhibir públicamente, o al menos en una reunión interna, su enfado. Todas esas maniobras potenciales han quedado en nada tras el éxito, y Rajoy, por una vez fuerte internamente y triunfador, quiso ser magnánimo. Al final de su discurso, deslavazado, realizado de forma casi rutinaria, tendió la mano muy claramente a los críticos, algo que no había hecho desde que ganó el congreso de Valencia. 

"Estoy muy contento de cómo se comporta el grupo. Todo el que quiera trabajar lealmente y construir, que lo haga. Quiero decir que a mí me preocupa única y exclusivamente el futuro. Nunca tomaré ninguna decisión por razones que no sean estrictamente políticas", dijo en tono tranquilo a sus diputados. 

El mensaje era claro: Rajoy conoce los movimientos de los críticos, pero sostiene que no habrá represalias. Algunos de estos dirigentes escépticos están convencidos de que el entorno del líder, ahora que está fuerte, ya prepara la venganza por las dificultades internas a las que le han sometido en los últimos meses. 

Rajoy, por el contrario, parece querer a todo el partido movilizado para las elecciones europeas, su reválida. Si las gana, como es previsible, su camino hacia 2012 estará consolidado. Por eso insistió en que todos los diputados, y todo el PP, debe trabajar para movilizar a su electorado. 

Además de esa oferta de armisticio con los críticos, Rajoy también quiso reivindicar su enorme capacidad de aguante y disfrutar un poco -aunque en el discurso se le veía muy desganado- de su éxito. "Hemos ganado en circunstancias difíciles. Esto demuestra que no hay victoria sin esfuerzo y sacrificio, que para ganar hay que saber sufrir. Y en no ser triste ni derrotista está la senda de la victoria". 

(www.elpais.com, 12/032/09)

EL PP ARROPA A CAMPS, SEÑALADO EN LAS INVESTIGACIONES DEL 'CASO GÜRTEL' 

 La dirección nacional del PP, encabezada por Mariano Rajoy, y empresarios madrileños y valencianos acompañan hoy al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, señalado por el Juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en las investigaciones del 'Caso Gürtel', en la conferencia-almuerzo que ofrece en Madrid organizada por el Foro ABC.  

Desde más de una hora antes de la llegada de los asistentes al almuerzo, numerosos periodistas aguardaban el inicio del acto, mientras que frente al lugar en el que se desarrolla, el Casino de Madrid, se han manifestado trabajadores de ABC por el ERE previsto por la dirección de este periódico.

Camps ha llegado poco antes de las 14.00 horas y, poco después, lo han hecho Rajoy y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Hasta el Casino madrileño han ido acudiendo dirigentes como Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón, Soraya Sáenz de Santamaría, Pío García Escudero, Manuel Fraga, Ana Pastor, Ignacio González, Rita Barberá o Manuel Cobo.

Antes de comenzar la conferencia, ha habido una foto de familia en la que han posado Rajoy, Camps, Aguirre, Cospedal, Gallardón y Barberá.

Todos ellos han querido expresar con su presencia en el acto el respaldo a Camps después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón haya enviado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana parte del denominado "caso Gürtel" al implicar en él al presidente de la Generalitat valenciana.

El otro diputado regional citado en ese caso, Ricardo Costa, también ha acudido a la conferencia. Ninguno de los asistentes ha hecho declaraciones a los periodistas que se apostaban a las puertas entre fuertes medidas de seguridad, que se fueron redoblando a medida que se acercaba el inicio del acto.

Sólo Fraga se ha detenido unos momentos y, ante la insistencia de los representantes de los medios de comunicación, se ha limitado a expresar su total apoyo a Camps.

Numerosos empresarios y representantes del mundo financiero, entre ellos Fernando Fernández Tapias, José Manuel Machado (presidente de Ford España), José Luis Olivas (presidente de Bancaja) y Rafael Arias Salgado, así como los tres vicepresidentes del Gobierno valenciano arropan también con su presencia al presidente de la Generalitat.

En su intervención en el acto, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha defendido que es él quien se paga sus "trajes" y ha expresado su "tranquilidad absoluta y la de sus compañeros" por las cosas que hacen todos los días.

El presidente de la Generalitat, que ha expresado su agradecimiento por ese apoyo, ha respondido a varias cuestiones sobre la investigación del juez Baltasar Garzón que le implica en el denominado "Caso Gürtel", sobre una supuesta trama de corrupción. Ante la pregunta de si se paga él sus trajes, planteada por la duda que abre esa investigación, ha aseverado: "claro que me los pago; me pago mis trajes".

Tras expresar su tranquilidad por su actuación al frente del Gobierno valenciano, ha recordado que pese a las "sombras de dudas" que se han pretendido lanzar, "nadie ha demostrado que nada haya ocurrido en todos los procedimientos" de adjudicación por parte de su Administración autonómica.  

(www.lavanguardia.es, 11/032/09) 

CAMPS SE CRECE RODEADO DE LA CÚPULA DEL PARTIDO: "YO ME PAGO MIS TRAJES" 

Iba preparado para el aplauso, para el apoyo interno en un momento difícil, pero el día empezó bastante mal. El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, que atraviesa sus horas más bajas desde que Baltasar Garzón desvelara las facturas que prueban que Álvaro Pérez, imputado en el caso Gürtel, le regaló varios trajes, tuvo que tragar quina nada más llegar al Casino de Madrid para participar en el Foro Abc. Los trabajadores de este diario, que ha presentado un ERE de 238 empleados, la mitad de la plantilla, le abuchearon a la entrada, y tuvo que ser protegido por dos furgones de la policía. Pero él no perdió la sonrisa. Ni fuera, ni dentro. Incluso cuando tuvo que hablar de los trajes. 

"¿Usted se paga sus trajes?", le preguntó el director de Abc, Ángel Expósito. "Claro, yo me pago mis trajes", se rió tenso Camps. El moderador del acto no hizo repreguntas sobre las facturas que ha presentado el juez Garzón. Pero sí sobre si se siente víctima de una "cacería". Y él aprovechó el capote: "Yo tengo una tranquilidad absoluta. Son los 20 años dedicados a la política los que me dan la fuerza e ilusión para seguir trabajando por mi comunidad y por España", clamó mientras se oía el ruido de fondo de las protestas en la calle. 

El toque a rebato que hizo la dirección nacional del PP con los políticos y la Generalitat con los empresarios tuvo su efecto inmediato. El Casino, uno de los más lujosos edificios de Madrid, se llenó de enormes coches blindados de políticos y empresarios. Todos recibieron su dosis de abucheo, pero dentro, Camps se mostró ufano del éxito de convocatoria y lo interpretó rápidamente como una declaración de inocencia. "Hay muchas personas que he ido conociendo que hoy han venido aquí a decir: te he conocido, eres un buen tipo, vale la pena confiar en ti". 

Había empresarios -el presidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez, o Fernando Fernández Tapias, entre ellos- pero sobre todo muchos políticos. Para que quedara claro de qué iba el acto, y de forma totalmente inusual, Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón, Dolores de Cospedal y Rita Barberá subieron al estrado para hacerse una foto oficial con Camps que es toda una declaración política de apoyo muy similar a la que hace tres semanas recibió Rajoy con todos los dirigentes del PP cuando estalló el escándalo de corrupción que afecta al partido. 

Camps no fue preguntado directamente sobre el asunto clave. ¿Por qué han dimitido todos los cargos implicados en Gürtel, incluidos algunos aún no imputados porque son aforados, menos él y Ricardo Costa? Se da la paradoja de que Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, ahora en la empresa privada, ha sido suspendido de militancia del PP valenciano por unas pruebas muy similares -sobornos con trajes- a las de Camps y Costa. Campos, muy enfadado por este doble rasero, según fuentes del PP, evitó ayer sin embargo hacer sangre: "No voy a decir nada por recomendación de mi abogado hasta que todo esto acabe. Ahora estoy en la empresa privada, si estuviese en política igual actuaría de otra manera". 

Sin embargo, cuando se le preguntó a Camps si había en el PP militantes de primera y de segunda, el presidente valenciano respondió: "Nunca ha habido militantes de primera y de segunda. Somos 800.000, y todos iguales". 

Camps trató en todo momento de mantener la sonrisa y ofrecer una imagen tranquila, a pesar de que a las preguntas más incómodas respondió con algunos gestos nerviosos. Pero todo estaba pensado para que se convirtiera en un acto de cierre de filas, de desagravio. La dirección del PP le avaló con su presencia, y le presentó José Luis Olivas, que fue presidente circunstancial de la Generalitat desde que Eduardo Zaplana fue nombrado ministro hasta que Camps ganó las elecciones, en 2003, y pudo sucederle. Olivas, que ahora ha tenido un buen acomodo tras dejar la política, como presidente de Bancaja, aseguró: "Estoy convencido de que la amargura de este lamentable episodio le fortalecerá". 

Y Camps también insistió en esa idea. "Cada piedra en el camino hace que uno siga trabajando con más fuerza e ilusión". El presidente recibió un aplauso tan largo de políticos y empresarios que el moderador les pidió que parasen: "Ya vale, ¿no?", ironizó. Después, el presidente recibió algunas preguntas amables, incluso sobre el posible fichaje de Villa por el Real Madrid, y se relajó. 

Camps aseguró que no va a tocar su Gobierno, ni siquiera a Serafín Castellano, un consejero que ha concedido 200 obras a la empresa de un amigo. Insistió en que está tranquilo, aseguró que la gente le para por la calle para darle ánimos, dijo que eso es lo "más hermoso", y concluyó con una idea: que él sigue manteniendo lo que dijo cuando llegó a la presidencia en 2003, que con el PP "se ha acabado la España de los privilegios". 

Y mientras Camps recibía este apoyo cerrado, la Mesa de las Cortes autonómicas, obedeciendo sus órdenes, rechazó tramitar dos solicitudes formuladas por los socialistas y por Compromís, que pedían la comparecencia del presidente para explicar el escándalo de los trajes. El PP argumentó que el asunto está sub iúdice. "El que calla otorga", replicó el socialista Ángel Luna, "y aquí se está callando mucho". 

(www.elpais.com, 11/032/09) 

RAJOY NIEGA HABER SIDO CHANTAJEADO POR LA RED LIDERADA POR CORREA  

El presidente del PP, Mariano Rajoy, negó haber sido objeto de chantaje por la supuesta trama liderada por Francisco Correa investigada en el marco de la denominada 'operación Gürtel' a principios de 2003.  El líder del PP aseguró no tener constancia de un supuesto vídeo en el que él criticaba al presidente fundador del PP, Manuel Fraga, y dijo que no tiene trato con Francisco Correa. «Y desde luego a mí no me chantajeó nadie", agregó.

Rajoy también se refirió a la decisión del Tribunal Supremo de remitir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la documentación recibida de la Universidad de Nueva York en la que se da cuenta del cobro por parte del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de algo más de 200.000 dólares que percibió por la organización de unas actividades académicas en dicho centro. "No soy juez ni me voy a erigir en juez de nadie. Espero que el CGPJ actúe y cualquier cosa que diga yo no tendré nada que decir pero a lo mejor esto debería remover también a una reflexión al juez Garzón" 

(www.elperiodico.com, 10/032/09)

La red de Correa intentó chantajear a Rajoy

Los extorsionadores hicieron saber al entonces vicepresidente que había sido filmado en vídeo cuando criticaba a Fraga y comentaba: "El viejo está gagá"

Francisco Correa lo fue todo en el PP de José María Aznar, en el que Mariano Rajoy era un personaje destacado, jefe de campaña en 1996 y 2000. Pero a partir de 2003 Correa fue perdiendo contratos en el PP nacional y se refugió en Madrid y en la Comunidad Valenciana. Rajoy permitió que en Valencia y Madrid se siguiera contratando a Correa, pero rompió con él a principios de 2003. Lo hizo por una cuestión personal. Rajoy sufrió en esos días una extorsión con una supuesta cinta en la que se escuchaba cómo él y Xesús Palmou, secretario general del PP gallego, criticaban a Manuel Fraga en los pasillos de una convención del PP celebrada en enero. Tras atar cabos, Rajoy llegó a la conclusión de que era Correa quien había urdido el chantaje, y rompió con él definitivamente, según fuentes de la dirección del partido.

• La red hizo llegar a Rajoy que conocía la cinta y que podía solucionar el asunto

• Rajoy concluyó que Correa había urdido el chantaje y decidió no ceder

Era a finales de enero de 2003. Mariano Rajoy y Xesús Palmou, dos viejos amigos, entonces vicepresidente del Gobierno y secretario general del PP gallego, respectivamente, charlaban en los pasillos de un pabellón del Ifema, en Madrid. Era un tiempo muerto de una convención del PP, poco después de la crisis del Prestige, que marcó el intento de José María Aznar por lanzar un mensaje centrista y preparar las elecciones autonómicas. "El nuestro es el partido del centro, del centro reformista", había dicho Aznar. El congreso había homenajeado a Manuel Fraga, que cumplía 80 años con un evidente deterioro físico y político por la crisis del petrolero. En su discurso, deslavazado, Fraga había puesto el futuro del PP en manos del apóstol Santiago: "Tengo la esperanza de que el patrón de todas las Españas nos ayudará. También él tuvo un momento de desaliento en tiempos difíciles, que recuperó a los pies de la Virgen del Pilar", sentenció.

Rajoy y Palmou caminaban comentando el discurso del fundador del PP. Una cámara, aparentemente, habría logrado grabar sus palabras. A Rajoy, según fuentes de la dirección del PP, le hicieron llegar que había una grabación en la que se apreciaba claramente cómo él y Palmou decían "el viejo está gagá" y criticaban su gestión en la crisis del Prestige.

Hubo un intento de chantaje con varios intermediarios, al que Rajoy y Palmou decidieron no ceder. Pero en medio de esa crisis, según las mismas fuentes, Francisco Correa habló con Rajoy para explicarle que sabía de la existencia de la cinta -a pesar de que era un asunto secreto dentro del partido- y para insinuarle que él podía solucionarlo. Rajoy llegó a la conclusión de que era Correa quien había urdido el chantaje. Decidió no ceder, y al final la cinta nunca llegó a aparecer, con lo cual nadie pudo saber si realmente existía ni qué era lo que pretendían obtener los chantajistas.

La portavoz oficial de Rajoy, Carmen Martínez Castro, confirmó ayer que el líder del PP supo del intento de chantaje con la supuesta cinta, pero aseguró que "no recuerda" haber hablado con Correa de este ni de ningún otro asunto. Rajoy asegura que conoció todo a través de Palmou y después supo que era el jefe de la supuesta trama corrupta quien podía estar detrás, y en todo momento ordenó no hacer ni caso a la extorsión.

Rajoy ha asegurado estos días que decidió romper con Correa a finales de 2003, poco después de que, en septiembre, Aznar lo nombrara secretario general del PP y sucesor. Según el líder, el PP nacional decidió dejar de trabajar con él al descubrir que utilizaba su influencia para tratar de lograr contratos y adjudicaciones en los municipios de la sierra madrileña. Sin embargo, según fuentes de la dirección, fue unos meses antes cuando Rajoy chocó con Correa, y lo hizo por algo personal, esto es: el chantaje al que fue sometido con la cinta en la que supuestamente aparecía hablando mal de Fraga.

Rajoy fue el jefe de campaña de Aznar en 1996 y 2000, por lo que tuvo responsabilidad cuando prácticamente todo en el PP, y especialmente las campañas electorales, se contrataba con la empresa de Correa. Pero desde finales de 2003, poco a poco, Correa fue perdiendo contratos del PP, que fueron a caer a manos de la empresa de la esposa de Juan Costa, Elena Sánchez, sin que desde entonces haya habido más quejas por sobreprecios o extrañas maniobras. Sin embargo, Rajoy permitió que uno de los barones más fieles a él, Francisco Camps, siguiera contratando todos los actos del PP de la Comunidad Valenciana con las empresas de la trama y nunca avisó oficialmente a las direcciones regionales, tampoco a la de Madrid, de que la gente de Correa no era de fiar. Además, Correa logró aún algunos pequeños contratos en 2005, especialmente de viajes de periodistas.

Mientras Rajoy rompió en 2003 con Correa, el enfrentamiento entre Palmou y la trama supuestamente corrupta venía de lejos. La mano derecha de Correa, Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego, había chocado frontalmente con él. Palmou fue quien rompió con Special Events, la empresa con la que, en la época de Crespo, se organizaban todos los actos del PP gallego con la venia del fallecido Xosé Cuiña, entonces el jefe de Crespo en el partido. Palmou rompió con la gente de Crespo y éste dejó el partido y se pasó a trabajar para Special Events. Ahora está entre los principales implicados de la trama que investiga el juez Baltasar Garzón.

Cuando Palmou era secretario general del PP gallego se produjo una anécdota que el líder del PP y su entorno repiten una y otra vez para demostrar que él siempre ha estado alejado de la trama corrupta, a pesar de que en 1996 y 2000, como jefe de campaña, trabajó con ella. Fue en 1997, en plena guerra entre el sector de la boina, cuyo líder era Cuiña, con Crespo como su principal ayudante, y el del birrete, con Rajoy al frente. El líder del PP acudió al congreso regional del partido en A Estrada. Cuiña y Crespo quisieron mostrar su poder, e idearon un extraño protocolo, basado en el orden alfabético, que tenía un solo objetivo: mandar a Rajoy y a otro ministro destacado, miembro de grupo del birrete, José Manuel Romay, a la última fila. Los colocaron en un anfiteatro, al fondo, mientras Cuiña estaba en primera fila.

Rajoy se enfadó mucho, pero utilizó su ironía para quejarse. Dijo que nunca hasta entonces lo habían mandado a "o poleiro" (el gallinero) y que desde allí se veían las cosas de otra manera. La maniobra no gustó en La Moncloa, y muchos en el PP creen que marcó el inicio de la caída de Cuiña. Sólo dos años después llegaría Palmou a la secretaría general gallega y echaría a Crespo.

Pero Crespo y Correa no olvidaron y aparentemente buscaron venganza, años después, con la supuesta cinta comprometedora. Al final, según fuentes de la dirección, la operación no tuvo éxito, pero dejó un claro rastro de cómo funcionaban las cosas en un partido que, entonces con el poder absoluto en Galicia, Madrid, la Comunidad Valenciana y La Moncloa, tenía a su alrededor un complejo entramado de empresas, amigos, adjudicaciones millonarias, recalificaciones, regalos y favores donde lo público y lo privado se entremezclaban.

www.elpais.es 08.03.09

Rajoy protege a Camps y suelta lastre con los demás implicados en la trama

Todos, menos el líder valenciano y su mano derecha, piden la suspensión de militancia

El PP dejó ayer muy claro que está dispuesto a soltar todo el lastre necesario con tal de proteger al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, uno de los barones más poderosos del partido y el gran apoyo, junto a Javier Arenas y Alberto Núñez Feijóo, con el que contó Mariano Rajoy para ganar el congreso de Valencia hace menos de un año. En una decisión sin precedentes, el partido forzó la suspensión temporal de militancia -presentada como voluntaria- de todos los imputados en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, y los dos que eran alcaldes dimitieron fulminantemente.

• Un juez muy amigo

La llegada de la red corrupta a Valencia coincide con el ascenso de Camps

Entre los ediles dimitidos está el de Pozuelo (Madrid), Jesús Sepúlveda, un personaje clave en el PP por su amistad personal con José María Aznar. Sepúlveda, ex marido de Ana Mato, vicesecretaria de Organización y reconocida aznarista, forma parte del corazón del partido y también participó en el montaje de actos de los populares antes de llegar a alcalde, en los años 90. El asunto afecta de lleno al PP de Madrid, dirigido por Esperanza Aguirre, que ya ha visto caer a cuatro alcaldes (Majadahonda, Boadilla del Monte, Arganda y Pozuelo de Alarcón) y tiene a seis miembros de su dirección regional implicados.

Hasta los tres diputados autonómicos madrileños que aún no han sido imputados, porque son aforados, ofrecieron esa suspensión de militancia, aunque la dirección del PP de Madrid no se la ha aceptado a la espera de que sean oficialmente imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por tanto, de los 15 dirigentes del PP implicados en la red, todos han puesto su carné a disposición del partido menos dos: Francisco Camps y su mano derecha, Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano.

Rajoy no ha dicho aún ni palabra del caso, pero en su nombre habló ayer María Dolores de Cospedal, la secretaria general del partido, que dejó muy claras las evidentes diferencias que la dirección establece entre Camps y el resto de los implicados. Cospedal atacó al juez, insistió en la idea de que no hay financiación ilegal del PP y, sobre todo, defendió a Camps por encima de todos los demás implicados. "Queremos reiterar el apoyo de la dirección del PP a Camps. Se han producido gravísimas acusaciones con el fin de menoscabar su imagen", aseguró Cospedal. Cuando se le preguntó si aceptar que un empresario regale trajes a un presidente autonómico no es violar el código ético del PP, la secretaria general volvió a defender al barón valenciano. "Yo no voy a dar por buenos hechos que no están comprobados. El Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana decidirá". Para Cospedal, las facturas y las declaraciones del sastre no son prueba suficiente. Los populares confían en que el tribunal autonómico, presidido por un magistrado nombrado cuando el PP controlaba el Poder Judicial y al que Camps considera mucho más que amigo, será magnánimo.

En el PP preocupa especialmente la acusación de financiación ilegal del partido. Cospedal insistió una y otra vez en que no hay nada que lleve a esa idea, y recordó que, al menos de momento, el juez no ha implicado a Luis Bárcenas, tesorero del PP. Pero la secretaria general fue más lejos y aseguró que tampoco hay financiación ilegal en el PP de Valencia. Garzón sí aprecia indicios de supuesta financiación ilegal por un pago de 420.000 euros en diciembre de 2002 y porque se abonaron con dinero negro parte de los gastos del congreso regional de septiembre de 2002.

Fuentes de la dirección nacional y de la Comunidad Valenciana relacionaron este asunto con Eduardo Zaplana, presidente del PP en esa época. Sin embargo, el escándalo, también aquí, apunta a Camps. En julio de 2002, Zaplana dejó Valencia porque José María Aznar lo nombró ministro. Y Camps fue nombrado secretario general del PP de la Comunidad Valenciana y candidato para las elecciones de 2003 (Zaplana se quedó de presidente del partido hasta 2004).

Como secretario general, el presidente de Valencia fue el encargado de organizar el congreso regional de septiembre y de firmar todas las facturas. Y fue él quien decidió encargar el trabajo al entramado de Francisco Correa a través de Álvaro Pérez, amigo personal de Camps. Las empresas de Correa habían trabajado en actos del PP valenciano desde mediados de los noventa. En 2003, el actual líder valenciano logró la presidencia de la Generalitat y empezó a ganar peso en el partido, desplazando poco a poco a Zaplana hasta que lo echó en 2004. Entonces, Álvaro Pérez, que residía en Madrid, instaló su vivienda y su empresa, Orange Market, en Valencia. Desde entonces, esta empresa de la trama, que se constituyó formalmente en julio de 2003, empezó a trabajar casi en exclusiva para el PP valenciano tras la pérdida de las elecciones generales de 2004. Pérez, que conservó hasta el último día la amistad con Camps -el presidente había acudido a sus segundas nupcias y estaba invitado al bautizo de su hija- obtenía múltiples adjudicaciones públicas, como el stand de la Generalitat en Fitur.

www.elpais.es 07.03.09

El doble rasero del PP con sus 'ovejas negras'

La dirección popular aplica de forma arbitraria su código ético

Todos los partidos políticos tienen un código ético en el que establecen, entre otras cosas, los motivos para expulsar a un miembro de sus filas. Por ejemplo, que un juez le impute un delito. El PP también tiene el suyo, aunque a la vista de los últimos casos de corrupción en los que se ha visto envuelto, y de cómo ha respondido, ese código no es dogma de fe.

El partido sostiene que muchos de los imputados sufren una persecución

El artículo ocho del código ético del PP establece que sus miembros deberán "poner a su disposición el puesto público que desempeñaran, si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito". El artículo nueve dice que el partido asumirá "el compromiso de abrir en cualquiera de estos casos una investigación interna" y el diez, que constituirá "motivo de expulsión inmediata" la utilización "del propio nombre, posición o relación dentro del partido o en un cargo público, para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para sí o terceros".

La jurisprudencia de los populares en la aplicación de ese código, sin embargo, mantiene que Carlos Fabra, investigado por delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y un presunto fraude fiscal, debe seguir, como sigue, en su doble cargo de presidente de la Diputación de Castellón y del PP en la provincia, al igual que el vicepresidente canario y presidente del partido en la comunidad, José Manuel Soria, imputado por un delito de prevaricación. En ningún caso el PP abrió una investigación interna.

Mientras, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, anunció ayer la suspensión de militancia de todos los cargos del PP implicados en la Operación Gürtel por el juez Baltasar Garzón. Todos, excepto el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el secretario del partido en Valencia, Ricardo Costa, y los tres diputados autonómicos de Esperanza Aguirre señalados en la trama: Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. El PP, no obstante, mantiene la querella por prevaricación que ha presentado contra Garzón.

En el Ayuntamiento malagueño de Alhaurín el Grande, sin embargo, la imputación del alcalde, Juan Martín Serón, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, por cohecho, prevaricación y blanqueo tampoco ha sido motivo de expulsión o investigación interna, sino todo lo contrario: el PP mantiene que son víctimas de una persecución del Gobierno, la fiscalía y la policía. Otros, como el ex teniente de alcalde de Palma de Mallorca Rodrigo de Santos, fueron obligados a renunciar a su cargo después de que el juez le imputara un delito de malversación de fondos.

En Galicia, Alberto Núñez Feijóo no quiso esperar a la justicia y retiró fulminantemente a su cabeza de lista por Ourense, Luis Carrera, cuando supo que podía haber cobrado 240.000 euros en comisiones de una cuenta del paraíso fiscal de las Islas Caimán.

www.elpais.es 07.03.09

Verdades y mentiras del entramado

Los autos de Garzón desmienten a destacados dirigentes populares

Los autos del juez Garzón han destapado la relación de destacados miembros del PP con la trama de corrupción vinculada al partido. Los documentos han desmentido rotundas afirmaciones de dirigentes y varios imputados.

ESPERANZA AGUIRRE "Sin relación con la actividad de la Comunidad"

"Los que están impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no pueden relacionar la investigación con la actividad de la Comunidad de Madrid". (...) "López Viejo no ha realizado ningún acto ilegal ni irregular".

Estas declaraciones de la presidenta Esperanza Aguirre son desmentidas en varios pasajes del auto, que incluso detalla entregas de dinero con el entrecomillado: "Pago Comunidad de Madrid". El juez señala: "El Sr. López Viejo [diputado autonómico, ex consejero de Deportes y ex viceconsejero de Presidencia] estaría vinculado con la organización investigada a la que habría beneficiado desde su posición oficial en la Comunidad de Madrid". Servimadrid Integral, una de las compañías de Correa "trabajaba con la Comunidad de Madrid, concretamente con las consejerías de Cultura, Deportes y Educación, Mujer, Presidencia, y otras con las que hacían eventos sueltos", explica el auto.

ALBERTO LÓPEZ VIEJO "Rotundamente falso que haya recibido dinero"

"Es rotundamente falso que haya recibido dinero alguno de los investigados", declaró el ex consejero Alberto López Viejo. El juez considera que tres de los aforados implicados en la trama -el propio López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch- podrían haber cometido los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, falsedad y asociación ilícita, al haber cobrado presuntamente 1,2 millones en sobornos. Según la resolución judicial, "en la contabilidad B que se llevaba por el Sr. [José Luis] Izquierdo, siguiendo las instrucciones de Correa y Pablo Crespo [uno de los cabecillas de la trama], aparecen anotaciones que explican movimientos concretados en entregas de dinero como incentivo y pagos en favor de ALV (Alberto López Viejo) y a [Alberto] Bosch". El escrito del juez añade que "Pablo Crespo se habría reunido en diferentes ocasiones con López Viejo para darle sobres con dinero".

BENJAMÍN MARTÍN VASCO "Ninguna actuación irregular"

"No he tenido conocimiento de ninguna actuación irregular en Arganda. He decidido iniciar acciones judiciales contra Isabel Jordán, persona que, según informaciones periodísticas, me ha acusado de acordar un pacto de silencio ante actividades irregulares", explicó el diputado autonómico Benjamín Martín Vasco.

El parlamentario cobró presuntamente 437.000 euros por favorecer los intereses de Correa. El auto explica que mientras Martín Vasco estuvo al frente de la empresa pública Fomento y Desarrollo de Arganda "se produjo la entrada de las empresas de Correa mediante la adjudicación de contratos públicos a la empresa Easy Concept". En la cuenta B de la trama figuran, entre otras, anotaciones "por billetes de avión, estancia en hoteles, alquiler de coches, organización de la boda, viaje de novios, compras en joyería Suárez y tres entregas en efectivo de 30.000, 50.000 y 150.000 euros (230.000 euros), ascendiendo el montante total a 345.166" euros.

FRANCISCO CAMPS "Álvaro Pérez nunca me ha pagado un traje"

El presidente valenciano se presentó como "una víctima" y anunció una querella contra quienes vinculasen a altos cargos de la Generalitat o del partido con la trama. Sobre el presunto cobro de comisiones en especie dijo: "Álvaro Pérez nunca me ha pagado un traje". El secretario general del PP en Valencia dijo: "El PP de la Comunidad Valenciana nada tiene que ver con la investigación".

Garzón considera que hay indicios de delito sobre cuatro altos cargos del PP en esa comunidad, entre ellos el presidente Camps, que recibieron según el juez, más de 30.000 euros en ropa a cambio de adjudicaciones. El juez señala: "Álvaro Pérez encargó para el Sr. Camps un esmoquin para ir a Nueva York, y un chaleco blanco para una recepción en el Vaticano".

MARIANO RAJOY "Indefensión"

"El juez quiere convertir el sumario en una causa general contra un partido, se filtran un sinfín de informaciones sobre personas a las que se les deja en la indefensión". El PP anunció ayer que suspende de militancia a todos los implicados, salvo a Camps, Costa y los tres diputados madrileños.

www.elpais.es 07.03.09

Facturas, testimonios y memorias USB sostienen los indicios contra aforados

El juez tiene en su poder la 'contabilidad B' en la que constan los sobornos

Las sastrerías Milano y Forever Young aportaron al sumario las principales pruebas que implican al presidente valenciano, Francisco Camps, y al secretario general del PP y diputado en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa. En el caso de los aforados de Madrid fue la contabilidad B de las empresas de la trama de Correa, intervenida a José Luis Izquierdo, el contable de la organización, la que estableció la relación entre las empresas de Francisco Correa y Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch. Las declaraciones del propio Izquierdo; la administradora de Easy Concept, Isabel Jordán, y el sastre de confianza de Álvaro Pérez, El Bigotes, completan los indicios.

- El sastre de El Bigotes y los trajes de Camps. Garzón basa la implicación de Camps en las declaraciones de Isabel Jordán, ex administradora, y la de José Tomás, el sastre de Milano y Forever Young y persona de confianza de El Bigotes. Los pedidos a Milano y Forever Young también sirvieron para probar su implicación. En lo que Jordán calificó ante el juez como "la contabilidad de la caja B de Easy Concept", aparece "un apunte sin fecha" de 63.220 euros bajo el concepto "entradas y salidas de milan", que se referiría "a las compras hechas a la empresa Milano" por la trama. En el domicilio de Easy Concept, se encontraron además tres facturas del 8 y el 11 de octubre de 2005 y del 15 de diciembre de ese mismo año emitidas por Milano Difusión que son, según el auto, "aparentemente falsas".

En el sumario constan, además, dos pedidos a nombre de Camps, uno del 24 de enero de 2006 de 3.300 euros "no localizado por la firma" y otro de dos días después por 1.400 que fue abonado con cheque por Orange Market, la eterna adjudicataria de los stands valencianos en Fitur. También aparece un pedido más de cuatro trajes para Camps "que al parecer fueron devueltos".

Los trajes para el presidente encargados a Forever Young se recogen en una relación de personas facilitada al juez por esa empresa en cuyo encabezado está escrito "A./ATT. Pablo Crespo (Comunidad Valenciana)". Crespo, ex secretario de organización del PP gallego, es uno de los cabecillas de la trama junto a Correa y Antoine Sánchez y los tres se encuentran en prisión. Camps también figura en el listado de encargos de sastrería facilitado por esa compañía en relación a cuatro trajes.

José Tomás, el sastre de El Bigotes, aseguró además en su declaración que el presidente valenciano fue el destinatario de otras compras a lo largo de 2008 que Orange Market, la empresa que dirigía Pérez, pagó por transferencia. Otros encargos fueron abonados por Diseño Asimétrico y Servimadrid según cheques y recibos de traspasos bancarios.

Se cree que las facturas intervenidas a las empresas de la trama son falsas porque recogen productos que Forever Young no comercializa, como "metros de tela, seda natural, seda rojo, batista suiza azul, oxford algodón, etcétera".

- La amistad de Costa con Pérez, según Isabel Jordán. Jordan explica en su declaración cómo Álvaro Pérez, El Bigotes, responsable de Orange Market, "se trasladó a Valencia porque allí tenía a su amigo Ricardo Costa, que ocupaba un cargo dentro del organigrama del partido", el de secretario general del PP valenciano. "Una vez en Orange Market, a Álvaro le encargaron en la Generalitat la realización del proyecto de stand para Fitur con el fin de presentarlo al concurso", que finalmente le "resulta adjudicado".

Las pruebas que acreditan el presunto soborno en trajes son las mismas que en el caso de Camps: la relación de pagos a cuenta facilitada por la sastrería Milano y la lista de personas que aparecían en el documento titulado "A./ATT. Pablo Crespo".

El sastre José Tomás contó a Garzón cómo acudió en una ocasión al despacho de Ricardo Costa en la sede del PP de Valencia para tomarle personalmente las medidas. En una conversación entre El Bigotes y Crespo grabada por la policía "se pone de manifiesto que aquél realiza labores de intermediación para Ricardo Costa". Una de ellas fue "la venta del vehículo que utiliza Ricardo y la compra de uno nuevo, realizando gestiones ante concesionarios de automóviles".

- El consejero estaba en el 'pendrive' del contable. José Luis Izquierdo, apoderado de Special Events y empleado de confianza de Correa y Crespo en la empresa TCM, era quien controlaba la caja B de la trama. Él contabilizaba las salidas y entradas de fondos y llevaba un control de los archivos personales de las personas a las que supuestamente sobornaba. Toda esa información, recogida en hojas de Excel, se contenía en una memoria USB o pendrive que siempre llevaba encima.

Uno de esos archivos personales correspondía al ex consejero madrileño de Deportes Alberto López Viejo, a favor del cual constan ocho pagos que suman, en total, 563.000 euros, cantidades que fueron confirmadas por varias declaraciones. Las adjudicaciones a dedo por la Comunidad de Madrid a empresas de la trama aparece en las conversaciones grabadas por los denunciantes. Correa afirma en una de ellas que López Viejo le obligaba a facturar por debajo de 12.000 euros "para evitar sacar los eventos a concurso".

En el pendrive también había archivos a nombre del diputado madrileño Benjamín Martín Vasco -al que, al parecer, se sufragó la boda, el viaje de novios (28.888 euros) y la compra de joyas (13.975 euros) además de darle dinero en efectivo- que, a cambio, consiguió que el Ayuntamiento de Arganda del Rey, donde era teniente de alcalde, adjudicara contratos a Easy Concept entre 2005 y 2007.

También el diputado Alfonso Bosch estaba en la memoria USB de Izquierdo, donde consta como receptor de 250.562 euros. Las declaraciones del contable y las de Isabel Jordán confirman que parte de ese dinero lo entregó Pablo Crespo en sobres y que las iniciales AB que aparecen en la contabilidad B del pendrive de Izquierdo corresponden efectivamente a su nombre.

www.elpais.es 07.03.09

Angelina Jolie no estaba en las cintas

La investigación judicial acredita la mayoría de las acusaciones que aparecen en las grabaciones a los miembros de la trama y de las que se burló Aguirre

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se mofó el pasado 26 de febrero de las cintas aportadas al sumario en las que el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, desvela sus negocios. Aguirre las llamó "conversacioncillas" de una persona que "presume y acusa de ciertas cosas que implican delitos gravísimos a otras personas". Cosas, resumió, "que pueden ser ciertas o no. Es como si el alcalde de Torrejón dice que tiene muchas relaciones con Angelina Jolie o como decirlo del consejero de Sanidad [Juan José Güemes], que hasta tendría más credibilidad", ironizó.

El auto del juez Baltasar Garzón en el que se inhibe a favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Valencia confirma en buena medida las grabaciones del sumario desveladas por EL PAÍS. Estas son las principales relaciones entre las grabaciones, realizadas por un ex concejal del PP y que sirvieron de base para la denuncia de Anticorrupción, y los hechos que ha confirmado la investigación policial.

LOS TRAJES DE CAMPS "He pagado 30.000 euros de una tienda de Milano"

La imputada Isabel Jordán, que actuaba a las órdenes de Correa, desvela en una de las cintas: "Incluso he pagado una factura de 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagarle los trajes al presidente Camps. Tengo yo la factura, yo la he pagado".

El juez Garzón considera que "una vez producidas las declaraciones de José Tomás [el sastre que confeccionaba los trajes para Camps] e Isabel Jordán y analizadas las facturas y documentos presentados por Forever Young, así como las anotaciones contables intervenidas en la sede central del entramado y documentación de Orange Market, se puede afirmar que se habría utilizado una o varias empresas para disimular facturas que ocultaban los productos reales entregados en forma gratuita al señor Camps, haciendo aparecer en las mismas conceptos falsos".

El auto del juez señala que en lo que "según Isabel Jordán era la caja B de Easy Concept", una de las empresas de la trama de Correa, aparecen 63.220 euros como "entradas y salidas de Milán', que se referían a compras en la tienda de Milano". El juez tiene pruebas de "dos pedidos a nombre de don Francisco Camps" en Milano, uno del 24 de enero de 2006 (3.300 euros) y otro de dos días después (1.400 euros).

Además, tiene un listado facilitado por la tienda Forever Young en el que figura que Camps recibió cuatro trajes. En ese listado hay otros altos cargos valencianos, como Ricardo Costa, mano derecha de Camps, y Rafael Bertoret Parreño, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo.

La tienda cobró 30.678,90 euros que "se pagan en su totalidad, según los datos facilitados por Forever Young, con transferencias bancarias y cheques de las empresas Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico", otras dos firmas de la trama de Correa. La cifra es similar a la que declaró Jordán.

Además, el sastre José Tomás confirma que Francisco Camps es "el destinatario de otras compras efectuadas a lo largo de 2008, cuyo pago se efectuó mediante transferencia de 4.040 euros de la empresa Orange Market".

El magistrado considera que Francisco Camps acudió a las tiendas Milano y Forever Young de Madrid "a instancias de Álvaro Pérez [conocido como El Bigotes, próximo al presidente valenciano y que también está imputado] con el fin de que adquiriera la ropa, ya que allí trabajaba José Tomás, persona de su confianza".

LOS CONTRATOS DE VALENCIA "Tiene una reunión con el tema de Fitur"

En las grabaciones, Correa menciona a Camps: "Estoy haciendo campaña para Camps y la presentamos el miércoles. Al director de la campaña y al secretario general del partido se les presenta mañana la creatividad porque le hacemos todo. Él tiene [Álvaro Pérez, responsable en Valencia de Orange] una reunión con el tema de Fitur que le van a adjudicar".

El auto de Garzón confirma esa estrecha relación entre las empresas de la trama y el Gobierno de Camps. El juez detalla que "Correa, a través de la empresa Orange Market en Valencia, concurre desde 2005 a las adjudicaciones de los stand de la Comunidad Valenciana en ferias de turismo (FITUR, TCV, Expovacaciones, Sitc e Intur)" por las que ha cobrado 4,14 millones de euros.

Además, Garzón ha hallado "en la contabilidad B" de una de las firmas un apunte de 420.000 euros anotado bajo "PP VLC". El juez intuye que puede tratarse del PP de la Comunidad Valenciana. Además, hay archivos con el nombre "congreso regional de Valencia" con cantidades en dinero declarado y otras en negro.

COMISIONES EN ARGANDA "Le dieron su dinero"

Las grabaciones mostraban un sistema corrupto en el Ayuntamiento de Arganda. En una de ellas, implican al diputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Marín Vasco: "Le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero". Garzón considera que la red "pagaba comisiones a Martín Vasco [que presidía la empresa Fomento de Arganda entre 2005 y 2007] para favorecer los intereses de Correa". Ayer dimitió el alcalde de Arganda, Ginés López (PP), que según la contabilidad de la trama recibió 1,315 millones.

CONTRATOS EN MADRID "Alberto se lleva una parte de cada acto"

Las grabaciones también apuntan al consejero de Aguirre Alberto López Viejo, que dimitió tras el escándalo pero sigue como diputado autonómico: "Alberto [López Viejo] se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio kilo". Según la contabilidad intervenida, López Viejo recibió 563.000 euros de la red. Su consejería adjudicó a dedo actos a la red de Correa. Para ello, dividía los contratos para que no salieran a concurso público.

NEGOCIOS EN BOADILLA "Si le doy la cinta se caga"

"Si le doy la cinta que tengo del Albondiguilla [Arturo González Panero, alcalde dimitido de Boadilla] se caga, pero también voy al trullo. Y además, me interesa seguir haciendo negocios en Boadilla cuatro años", se escucha en una de las grabaciones de la denuncia. Garzón estima que Panero recibió 510.000 euros, como figura en un pen drive con la contabilidad de las empresas.

Sin rastro de Pons

En las cintas de la denuncia, el cabecilla de la trama, Francisco Correa, sostiene que ha financiado al PP. "A [Luis] Bárcenas [tesorero nacional del PP] yo le he llevado, yo, vamos a sumarlo, 1.000 millones de pesetas. Yo, Paco Correa, a Génova [sede del partido] y a su casa". La empresa pública AENA, dependiente de Fomento, dio contratos a dedo en la época de Cascos como ministro por unos cinco millones.

En un primer momento, Garzón preguntó a la fiscalía si debía inhibirse a favor del Tribunal Supremo al hallar indicios contra Bárcenas y el eurodiputado popular Gerardo Galeote. La fiscalía consideró que "de momento" no había pruebas contra ellos.

En sus autos, Garzón considera que "la organización dirigida y creada por Francisco Correa se gestó a partir de una relación directa con responsables del PP a nivel nacional" entre 1996 y 2004.

En una de las cintas también aparece mencionado el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons. Tras exponer la situación de un plan urbanístico en Alicante, Correa afirma: "Lo desbloqueo yo con el hijoputa de Esteban Pons. Me lo arregla con el pollo que está cayendo". En los autos de Garzón no hay mención a González Pons.

www.elpais.es 07.03.09

El PP suspende de militancia a los implicados por Garzón salvo a Camps y otros cuatro aforados

El juez Garzón ha trasladado la causa a los tribunales superiores de Valencia y Madrid en lo que afecta a los aforados

El Partido Popular ha comenzado esta misma mañana a tomar medidas con los dirigentes de esta formación implicados en la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa, el hombre que montó todos los actos populares durante el mandato de José María Aznar. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha anunciado esta mañana la suspensión de militancia de los implicados, con la excepción el presidente valenciano, Francisco Camps; el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, ambos aforados y aún no imputados, pues depende directamente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia aunque el juez Baltasar Garzón ha encontrado suficientes indicios contra ambos.

Durante un tiempo se produjo una confusión similar a la que se vivió cuando Mariano Rajoy anunció la dimisión del alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y éste se resistió hasta 24 horas después. Cospedal ha asegurado que todos los implicados, menos Camps y Costa, estaban suspendidos de militancia. Eso incluiría a los tres diputados autonómicos de Esperanza Aguirre -Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco-, que son aforados y su imputación depende del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Cospedal ha hablado de suspensión de militancia para "todas las personas imputadas y además las personas a las que se refiere el auto de remisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid". Sin embargo, el PP de Madrid ha aclarado poco después que los tres diputados autonómicos no están aún suspendidos de militancia. La diferencia es fundamental, porque no tendría justificación que estas tres personas no aforadas quedaran suspendidas de militancia y no así Camps y Costa. Cospedal se ha detenido especialmente en proteger a Camps, y cuando ha sido preguntada por el posible incumplimiento del Código Ético del PP al aceptar un presidente autonómico que un empresario le regale trajes, ha asegurado que eso no está probado.

Para el PP, las facturas y las declaraciones del sastre ante Garzón no son pruebas suficientes. Cospedal ha rechazado además cualquier posible financión ilegal del PP, no sólo el nacional, también el de la Comunidad Valenciana, tal como apunta el auto de Garzón.

Tres dimisiones más

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Estepona Ricardo Galeote, implicado también en la trama, renunciará a su acta de edil en los próximos días, informa Efe. El presidente local de los populares, Ignacio Mena, ha anunciado hoy que Galeote, que también es secretario local del partido, ha adoptado esta decisión "para no dañar al PP". Según el juez Garzón, el edil habría cobrado 42.469 euros de la trama entre 2001 y 2003, periodo en el que era gerente de la empresa municipal Turismo y Actividades Recreativas, que contrató servicios por casi 123.000 euros con sociedades de Correa.

Ricardo Galeote es hermano del eurodiputado popular Gerardo Galeote. Precisamente, el candidato del PP a las elecciones europeas, Jaime Mayor Oreja, ha asegurado hoy que a su partido "no le debe temblar la mano" ante los casos de presuntas irregularidades, informa Europa Press.

En rueda de prensa desde la sede nacional en Génova, Cospedal ha declarado que los alcaldes madrileños de Araganda del Rey y Pozuelo de Alarcón han dimitido para "evitar daños al partido" y que ambos "han antepuesto el interés" del PP al suyo propio. Respecto al regidor de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, ha dicho que éste "no aparece imputado por su gestión municipal".

Además, Cospedal ha vuelto a descalificar la investigación del juez Baltasar Garzón, quien actúa con "animadversión al PP" y por "las insidiosas afirmaciones en los autos que no se justifican con los hechos". No obstante, la número dos de Rajoy ha manifestado que el PP confía "en la justicia" y que este partido actuará "con contundencia contra los militantes que hayan cometido alguna irregularidad". En este sentido, preguntada por los periodistas, ha agregado que el PP exigirá responsabilidades a los implicados en la trama de corrupción "no sólo cuando haya una sentencia firme, sino cuando la investigación demuestre que han cometido alguna irregularidad".

Por último, ha desgranado los principios que rigen la actuación de los populares en este asunto: "Ejemplaridad, tranquilidad para los militantes y la garantía de que la financiación del partido es regular".

www.elpais.es 06.03.09

El alcalde de Pozuelo también dimite por su relación con la trama corrupta del PP

Jesús Sepúlveda renuncia dos horas después que el alcalde de Arganda y por la misma causa.- Garzón implica además a los regidores de Majadahonda y Boadilla

Dos dimisiones en el plazo de dos horas aunque ambos se declaran inocentes y calumniados. El primero, a las once de la mañana, ha sido alcalde de la localidad madrileña de Arganda del Rey, Ginés López Rodríguez, que ha presentado su renuncia como regidor, su entrega del acta de concejal y su "suspensión temporal" de militancia del PP después de que Baltasar Garzón le implicara anoche en la presunta trama de corrupción que afecta a este partido. A la una, el alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, ha seguido sus pasos por las mismas razones. El primero ha leído una declaración sin posibilidad de preguntas, mientras que el segundo no ha dado la cara, de momento, y ha sido su servicio de prensa quien ha difundido un comunicado. Pero ambos textos son sorprendentemente iguales en el fondo y en la forma.

• El PP admite en Majadahonda pagos de dos millones a Correa

• Garzón destapa sobornos a Camps y una red de corrupción masiva en Madrid

• Así es la gran trama de corrupción política vinculada al PP

• El PP suspende de militancia a los implicados por Garzón salvo a Camps y otros cuatro aforados

• El escándalo alcanza a otros dos alcaldes del PP en Madrid

Esta mañana, a las once en punto, el alcalde de Arganda -situado al suroeste de la Comunidad de Madrid y con algo más de 50.000 habitantes- ha despachado su renuncia en apenas tres minutos, los que ha durado la lectura de un declaración tras la cual no ha admitido preguntas. Estaba rodeado de 11 concejales y otros altos cargos de la corporación local, en total una veintena. López Rodríguez ha comenzado por lamentar y criticar el hecho de haberse enterado de su implicación en la trama por los medios de comunicación. En este punto, ha denunciado que se encuentra en un estado de "indefensión" absoluta porque desconoce los hechos dictados en el auto y ha subrayado que jamás ha realizado "ningún acto fuera de la legalidad". En su declaración, ha sostenido que confía en la Justicia y que se pone "a su disposición para aclarar los hechos".

"He solicitado voluntariamente a la dirección del PP la suspensión cautelar de mi militancia hasta que se aclare la situación actual", ha revelado el primer edil, para añadir: "Con la finalidad de dejar al margen a la institución a la que represento y quiero, y por coherencia personal con lo que siempre he defendido, pensado y luchado, dimito como alcalde de Arganda". Según la investigación del juez de la Audiencia Nacional, que tuvo que interrumpir ayer para inhibirse en favor de los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia, durante su mandato cobró 1.315.427 millones de euros de las empresas de Francisco Correa, el presunto cerebro de la red de corrupción y tráfico de influencias. Es, de todos los imputados, el que más dinero cobró, según el auto.

Y después, Pozuelo

Tras la lectura de su renuncia, ha entregado el acta de concejal y ha presentado su dimisión como alcalde en un pleno convocado al efecto y celebrado al mediodía. Su sustituto es el actual teniente de alcalde, Pablo Rodríguez Sardinero. Entra en la corporación Tomás Fernández Leganés, el último de la lista del PP, de modo que la distribución de fuerzas sigue siendo 12 concejales el PP, siete el PSOE y dos IU. Momentos después del anuncio de López Rodríguez, Aguirre ha revelado que Sepúlveda, ex marido de Ana Mato y fontanero de José María Aznar, también había pedido la suspensión de la militancia del partido, pero no ha dicho nada sobre la Alcaldía. Aguirre ha indicado que con estos ceses los dos imputados pretenden "demostrar su inocencia" y ha afirmado que el PP respalda "absoluta y totalmente" su decisión. Fuentes del PP de Madrid han añadido que la dimisión del alcalde de Pozuelo, que ha pasado la mañana reunido con los miembros de su equipo de gobierno, era "inminente".

Y así ha sido, esta vez sin sobresaltos -a diferencia de Arturo González Panero, ahora ex alcalde de Boadilla, también imputado en la trama y que fue el primero en dejar el puesto por esta causa tras varios amagos-. A través de un comunicado, que contiene frases idénticas a las pronunciadas por su compañero de filas, Sepúlveda ha anunciado que deja la corporación local de este municipio de más de 80.00 habitantes situado al oeste de la capital. La nota del alcalde, que según Garzón se llevó 422.992 euros de la trama, sostiene que todas las imputaciones son "radicalmente falsas", "carecen del menor fundamento" y se refieren "a indicios falsos que la propia Fiscalía Anticorrupción rechaza por inconsistentes". Sepúlveda agrega que "son imputaciones calumniosas e inciertas realizadas sin prueba alguna". Al igual que López Rodríguez, subraya: "Jamás he realizado actuación alguna al margen de la más estricta legalidad". "Me siento profundamente indignado. Es evidente que nos encontramos ante un mero episodio Garzón, caracterizado, como ha reconocido la fiscalía, por su arbitraridad", continúa la nota.

También "con el objetivo" de que su defensa "no perjudique al PP", ha solicitado la "suspensión cautelar" de su militancia y, para "dejar al margen" al ayuntamiento y a los vecinos, y por "coherencia personal", presenta su dimisión. Ginés López Rodríguez y Jesús Sepúlveda se suman así a las tres cabezas de altos cargos que ya habían rodado hace unos días a causa del mismo caso Gürtel. Se trata de Arturo González Panero, de Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y que cesó como gerente del Mercado Puerta de Toledo -un cargo designado por el Gobierno de Esperanza Aguirre-; y de Alberto López Viejo, ex consejero madrileño de Deportes. Esta misma mañana, el PP ha suspendido de militancia a todos los implicados por Garzón en la causa, salvo los que no están imputados porque son aforados y cuya situación depende ahora de los tribunales superiores. Son el presidente valenciano, Francisco Camps; el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco -los tres diputados autonómicos de la Asamblea de Madrid-.

Cospedal: "Ejemplaridad, tranquilidad y garantía"

El tercer acto de este guión lo ha protagonizado la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, que tras las renuncias ha declarado que los dos alcaldes han dimitido para "evitar daños al partido" y que ambos "han antepuesto el interés" del PP al suyo propio. Respecto al regidor de Pozuelo, ha dicho "no aparece imputado por su gestión municipal".

Además, Cospedal ha vuelto a descalificar la investigación de Garzón, quien actúa con "animadversión al PP" y por "las insidiosas afirmaciones en los autos que no se justifican con los hechos". No obstante, la número dos de Rajoy ha manifestado que el PP confía "en la justicia" y que este partido actuará "con contundencia contra los militantes que hayan cometido alguna irregularidad". Preguntada por los periodistas, ha agregado que el PP exigirá responsabilidades a los implicados en la trama de corrupción "no sólo cuando haya una sentencia firme, sino cuando la investigación demuestre que han cometido alguna irregularidad".

Por último, ha desgranado los principios que rigen la actuación de los populares en este asunto: "Ejemplaridad, tranquilidad para los militantes y la garantía de que la financiación del partido es regular".

Aguirre acusa a Garzón de recibir "regalos" de mayor cuantía que los de Camps

El presidente valenciano dice estar "indignado", pero asume con "paz" su implicación en la causa

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha acusado hoy al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de aceptar regalos de cuantía superior a los que, según el último auto del magistrado , presuntamente recibió el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. "Aquello de lo que se acusa a Camps -ha manifestado Aguirre en una entrevista en la cadena Cope- es inferior en cuantía a los regalos que ha aceptado el juez Garzón". La presidente madrileña ha dicho además tener la impresión de que el magistrado "ya ha hecho todo el daño mediático que quería hacer contra el PP".

• Garzón destapa sobornos a Camps y una red de corrupción masiva en Madrid

• La investigación apunta a la supuesta financiación ilegal del PP valenciano

• El PP suspende de militancia a los implicados por Garzón salvo a Camps y otros cuatro aforados

Durante su intervención, Aguirre ha manifestado "no atreverse" a calificar las actuaciones llevada a cabo por Baltasar Garzón y ha apuntado que el juez no se ha inhibido en la presunta trama de corrupción sino que "se ha quedado con todo el caso, excepto por lo que se refiere a los aforados". "Aquello de lo que se le acusa a Francisco Camps es inferior en cuantía a los regalos que ha aceptado Garzón", ha remachado.

"Garzón si puede me hace un traje a mí. Vamos a procurar evitar que ocurra", ha bromeado la presidenta del Gobierno regional, antes de referirse a la presunta malversación de fondos cometida por el alcalde de Rivas (Madrid), José Masa (IU). En este sentido, ha afirmado que el alcalde está imputado por trasladar "con dinero público" a vecinos del municipio madrileño a una manifestación contra la política sanitaria de la Comunidad. A su juicio, en este tipo de casos aparecen imputados de "dos clases", por una parte los del Partido Popular, quienes parecen ser "malos malísimos y que ya están condenados de entrada", y por otra "los condenados del PSOE", que da la impresión de que "no ha hecho nada". "Pobrecitos", ha ironizado, para recalcar que debe ser la Justicia la encargada de pronunciarse en los procesos.

Camps, "indignado"

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha afirmado hoy que asume con "absoluta tranquilidad y paz" la implicación en la supuesta trama de corrupción investigada por la Audiencia Nacional, aunque ha admitido estar "indignado" con algunas informaciones que se están publicando. Camps ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación tras asistir al acto de toma de posesión del nuevo síndic de Greuges, José Cholbi, al que también ha acudido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Juan Luis de la Rúa, que preside la sala que llevará el caso.

El presidente valenciano, quien se ha reafirmado en la declaración de inocencia que hizo cuando su implicación se hizo pública por primera vez, ha asegurado confiar "plenamente en la Justicia" y tener "la conciencia tranquila", además de asegurar que su esfuerzo se seguirá centrando en su labor al servicio de los ciudadanos.

www.elpais.es 06.03.09

Garzón destapa sobornos a Camps y una red de corrupción masiva en Madrid

La cúpula del PP valenciano y numerosos altos cargos madrileños del PP, implicados

Una decena larga de altos cargos del PP colaboró, a través de Administraciones públicas donde gobernaban en las comunidades de Madrid y Valencia, con una trama de corrupción masiva liderada por Francisco Correa, el empresario que durante los años de mandato de José María Aznar montó la mayoría de los actos del partido y que participó como testigo en la boda de la hija del ex presidente del Gobierno con Alejandro Agag, del que era amigo personal.

• El juez vincula los sobornos a la adjudicación de contratos a Correa

• La red corrupta pagó entre 500.000 euros y 1,25 millones en Madrid

Dirigentes públicos del Partido Popular en Madrid y Valencia concedieron trato de favor a las empresas de Correa a cambio de participar en los beneficios que estas sociedades obtenían por los contratos públicos logrados.

La investigación del juez Baltasar Garzón, que tuvo que interrumpir ayer para inhibirse en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia al haber diputados implicados, detalla las conductas supuestamente delictivas que salpican a más de diez altos cargos del PP.

En Valencia, la investigación implica al presidente, Francisco Camps; al secretario general del PP en esta comunidad, Ricardo Costa; a un ex vicepresidente del Gobierno autónomo y ex secretario de organización, José Víctor Campos Guinot, y al director del gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret. Todos ellos se beneficiaron de numeroso vestuario (trajes a medidas, chaquetas y pantalones, cinturones de piel, chalecos y otras prendas) que pagaban las empresas de la red corrupta a través de un mecanismo de facturas falsas para no dejar pistas. El juez Garzón detalla en su auto las pruebas recabadas para sostener la acusación: hay facturas de las dos tiendas de ropa donde se adquirían los trajes para Camps y los otros tres altos cargos valencianos; hay declaraciones del sastre, José Tomás, que se encargaba de suministrar la mercancía a los implicados e incluso de acudir a sus despachos a tomarles las medidas; y hay grabaciones de los principales jefes de la red corrupta donde hablaban de estos regalos a los altos cargos valencianos.

Garzón vincula estos supuestos sobornos con la adjudicación de contratos por casi cinco millones de euros en los últimos cuatro años a las empresas de Correa en la Comunidad Valenciana.

Garzón recuerda en su auto que, aunque el valor de los trajes regalados por la trama corrupta a Camps y otros tres cargos valencianos no sea elevado -35.000 euros probados documentalmente-, "no puede eludirse la investigación penal en cumplimiento del principio de legalidad". En su auto, el juez también apunta a la posible financiación ilegal del PP -al menos 420.000 euros- recogida en la contabilidad de las empresas corruptas. Garzón aclara que la investigación sobre este aspecto de la trama no ha finalizado.

En el caso de Madrid, el relato del juez apunta a una trama de corrupción masiva de la que participaron hasta cuatro alcaldes (Majadahonda, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey), varios cargos municipales (generalmente vinculados a empresas de suelo y vivienda) y tres diputados autonómicos, uno de ellos Alberto López Viejo, consejero de Esperanza Aguirre hasta hace unos días, cuando fue destituido tras estallar el escándalo. López Viejo, según el relato judicial, cobró hasta 563.000 euros de la trama corrupta a cambio de adjudicarles la inmensa mayoría de los actos institucionales en los que participaba la presidenta autonómica.

La investigación ha acreditado pagos de entre 250.000 y 1,25 millones de euros a cada uno de los implicados madrileños. Según la investigación judicial, alcaldes, diputados autonómicos y cargos municipales favorecían a la trama corrupta en la adjudicación de contratos a cambio de comisiones.

Implicados del PP

- Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana.

- Ricardo Costa, secretario general del PP en Valencia.

- José Víctor Campos, ex secretario de organización del PP valenciano.

- Rafael Betoret, director del gabinete de la Consejería de Turismo.

- Benjamín Martín Vasco, parlamentario autonómico de Madrid.

- Alberto López Viejo, parlamentario de Madrid y ex consejero de Deportes.

- Alfonso Bosch, diputado autonómico de Madrid.

- Ginés López Rodríguez, alcalde de Arganda (Madrid).

- Jesús Sepúlveda, alcalde de Pozuelo (Madrid).

- Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda (Madrid).

www.elpais.es 06.03.09

El presidente valenciano y su 'número dos' recibieron 20.000 euros en ropa

Implicados el diputado Ricardo Costa y los ex altos cargos Campos y Betoret

El juez Baltasar Garzón accedió ayer por fin a la petición del PP y de la fiscalía de inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que investigue presuntos delitos de cohecho (soborno), tráfico de influencias y falsedad que se imputan al presidente valenciano, Francisco Camps, que también lo es del PP en la región.

• Garzón cuenta con testimonios sobre la utilización de la 'caja B'

La medida, sin embargo, conllevó que el juez desvelase los indicios documentales que acreditan que Camps aparentemente se lucró de unos pagos en especie procedentes de empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa por un valor total de 12.783 euros. Los pagos se hicieron en trajes. Hay 4.700 euros de Milano, aunque no se ha podido acreditar del pago de 3.300, y cuatro trajes hechos a medida fueron devueltos. El resto es de la firma For Ever Young. El pedido a ésta era de: "cinco pantalones, un cinturón piel, una deportiva, una chaqueta austriaca, una americana sport, una deportiva Barbour y una chaqueta fantasía, las cuales suman, según los recibos de venta, un importe total conjunto de 2.689,5 euros". Las dádivas se completan con un smoking confeccionado para ir a Nueva York y un chaleco blanco, para una recepción en el Vaticano, que el representante de la trama corrupta en la Comunidad Valenciana Álvaro Pérez encargó para Camps.

Los pagos los hacían empresas de la trama de Correa y los camuflaban con facturas falsas. Garzón destaca que la red de Correa obtuvo a través de la empresa Orange Market la adjudicación desde 2006 a 2009 de todos los concursos para montar los stands de la Comunidad en distintas ferias de turismo como Fitur, TCV, Expovacaciones, Sitc e Intur. En total, más de cuatro millones de euros.

Pero Camps no fue el único beneficiario de los pagos en ropa. Otro aforado, el diputado de las Cortes Valencianas y secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa Climent, aparece implicado en la misma operativa, y lo mismo ocurre con José Víctor Campos Guinot, que fue vicepresidente de la Generalitat y consejero de Justicia y Administraciones Públicas hasta 2007, y con Rafael Betoret Parreño, que fue jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, también hasta 2007.

Las pruebas existentes son abundantes, y Garzón dispone de la mayoría de las facturas, y la contabilidad de la caja B que utilizaba la trama para acreditar los pagos, pero por si ello no fuera suficiente, cuenta con las declaraciones del sastre que realizó los trajes, José Tomás, que incluso cuando estaba declarando ante la policía el 9 de febrero recibió múltiples llamadas de Camps, a las que no contestó. La que explica la operativa y detalla que las facturas se pagan con fondos de la caja B y que luego se disimulan con facturas falsas, es Isabel Jordán, en su declaración ante el juez.

Garzón lo explica así: "Una vez producidas las declaraciones de José Tomas e Isabel Jordán y analizadas las facturas y documentos presentados por la entidad Forever Young, así como las anotaciones contables intervenidas en la sede central del entramado y documentación de Orange Market, se puede afirmar que se habría utilizado a una o varias empresas para disimular facturas que ocultaban los productos reales supuestamente entregados en forma gratuita al Sr. Camps, haciendo aparecer en las mismas, como se dirá, conceptos falsos". "Así", dice el auto, "en lo que, según Isabel Jordán, era la caja B de Easy Concept, aparece un apunte sin fecha por el mismo importe en el debe y el haber de 63.220 euros y como concepto figura 'entradas y salidas de milan', que se referiría a las compras hechas en la empresa Milano. Asimismo, aparecieron sendas facturas números 1012 de fecha 15/12/2005, la factura 1013 de 11/10/05 y la 1014 de 8/10/2005, emitidas por Milano Difusión, en las dependencias de la entidad Easy Concept Comunicación, aparentemente falsas".

Los hechos se remontan a la etapa entre 1996 a 2004, cuando Correa desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que o bien le concedían la organización de eventos merced a su posición dentro del PP o bien, una vez que obtenían un cargo público facilitaban la entrada a sus empresas. Los cambios en la dirección del PP de 2004 le afectaron y Correa se refugió en Valencia y Madrid principalmente, por medio de Special Events, y su representante Álvaro Pérez.

La operativa fue similar. Así, una sociedad sin experiencia obtuvo la realización de los stands de la Comunidad Valenciana para cuatro ferias de turismo. Fue Isabel Jordán desde Madrid la encargada de preparar el proyecto técnico y de diseño que presentaría Orange Market como propio.

www.elpais.es 06.03.09

Cuatro figuras del PP regional con el mismo sastre

El auto de Garzón remitido ayer al Tribunal Superior de Justicia de Valencia considera que hay indicios de delito sobre cuatro altos cargos del PP en la Comunidad Valenciana.

- Francisco Camps. Licenciado en Derecho, casado y con tres hijos, Camps, el presidente de la Generalitat valenciana, de 46 años, accedió al cargo en 2003 y fue reelegido en 2007. Su primer mandato al frente de la Generalitat estuvo marcado por su enfrentamiento con Eduardo Zaplana, lo que no impidió que potenciase la política de grandes eventos heredada de su antecesor. Su afición por los "actos potentes" con gran escenografía le hizo congeniar con el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes, convertido en una especie de asesor de cámara. Pérez fue quien le recomendó al sastre José Tomás, empleado de Milano y Forever Young. Orange Market ha organizado todos los eventos del PP regional y ha recibido sustanciosos contratos de la Generalitat.

- Ricardo Costa. Secretario general del PP valenciano y portavoz en las Cortes Valencianas, Costa, de 36 años, permaneció fiel a Camps cuando su hermano, el ex ministro Juan Costa, planteó la posibilidad de presentar una candidatura alternativa a la de Mariano Rajoy en el PP. Costa contrató la mayoría de los eventos del partido y del grupo parlamentario con Orange Market. Es socio de una asesoría en Castellón, que medió en la compra de una de las empresas del caso Fabra.

- Víctor Campos. Representó la cuota del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en el Gobierno valenciano en la anterior legislatura. Ocupó los puestos de consejero de Justicia, primero, y vicepresidente, después. Dimitió en 2007 para dedicarse a los negocios. Como vicepresidente participó en la organización de la visita del Papa y los contactos para llevar la fórmula 1 a Valencia. Fabra lo repescó en octubre pasado para el PP provincial de Castellón.

- Rafael Betoret. Concuñado de Carlos Fabra, Betoret accedió al puesto de jefe de gabinete de la Consejería de Turismo con Milagrosa Martínez en la primera legislatura de Camps. En 2005, con Betoret ya en este puesto, Orange Market obtuvo el primer concurso para montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur. Al ser nombrada Milagrosa Martínez presidenta de las Cortes en 2007, Betoret pasó a jefe de protocolo de la Diputación de Valencia.

www.elpais.es 06.03.09

La investigación apunta a la supuesta financiación ilegal del PP valenciano

La contabilidad de la trama registra un pago de 420.000 euros

La investigación del juez Baltasar Garzón y de la Fiscalía Anticorrupción apunta a una supuesta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana a través de la trama corrupta de empresas liderada por Francisco Correa.

• Aguirre acusa a Garzón de recibir "regalos" de mayor cuantía que los de Camps

• En las 'cuentas B' de Special Events aparece el pago a 'PP VLC'

• Gastos del congreso regional se abonaron en dinero negro

Este grupo empresarial "se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de la calle de Génova y que convirtieron a su empresa, Special Events, en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política", según el relato de Garzón. "Durante ese tiempo, 1996 a 2004, Correa desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que o bien le concedían la organización de eventos merced a su posición dentro del partido o bien, una vez que obtenían un cargo público, facilitaban la entrada de las empresas de Francisco Correa en la Administración que gobernaban".

En el caso de Valencia, la financiación ilegal del PP llegaría a través de la adjudicación de contratos por parte de la Administración autónoma, gobernada por Francisco Camps, a la red de empresas de Correa. Éste, a su vez, devolvía supuestamente una parte del dinero recibido en forma de contratos mediante ingresos a favor del PP valenciano.

En el auto de inhibición que Garzón firmó ayer se relatan una serie de hechos, cuya investigación está sin concluir, que avalarían la tesis de la financiación ilegal del PP. Son los que siguen:

"En la contabilidad B de Serrano [la calle donde tenía su sede principal la red corrupta] aparece una hoja de ingresos y su distribución con un apunte de fecha 18 de diciembre de 2002. En dicho apunte figura una cantidad de 1.000.000 euros sin constar la procedencia de la misma. Dentro de la distribución de esa cantidad y como primer concepto aparece 'PP VLC', con una cantidad asociada de 420.000 euros".

- Algo relacionado con el PP. "El dinero recibido, 420.000 euros, se distribuyó para algo relacionado con el PP de Valencia. A partir de los datos anteriores se puede afirmar, de acuerdo con la información policial suministrada, que:

1. Consta una entrada de procedencia desconocida y en el reparto de la misma corresponde 420.000 euros hacia el Partido Popular de Valencia.

2. No existe lógica en dicho traspaso ya que un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas de Francisco Correa se deriva a una formación política que no tendría que participar en este tipo de operaciones.

3. Esta entrega podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Francisco Correa. Este extremo está pendiente de investigación".

- Clave Bruja. "En el archivo Caja B Orange [en relación a la empresa Orange Market que operaba en la comunidad valenciana y que dirigían Correa y su socio Álvaro Pérez] de la memoria externa intervenida al contable de la organización y con la clave "Bruja", aparecen entradas y salidas de la caja B. Se nutren con dinero de distintas procedencias, entre ellas consta el apunte de 31 de agosto de 2005 recibido de Pablo Crespo [otro socio de la red corrupta] entrada del PP de Valencia. El apunte del 23 de enero de 2007 refleja una entrega a Pablo Crespo para pago Milano [tienda de ropa] por 4.821 euros. Conclusión: figura un apunte de entrega de 15.000 euros al Partido Popular de Valencia procedente de la caja B de Orange Market".

- Congreso regional de Valencia. "En el pen drive [memoria portátil de almacenamiento de datos para su lectura en un ordenador] intervenido al contable aparece un archivo con el nombre Congreso regional de Valencia, desde septiembre de 2002 a enero de 2003, conteniendo los siguientes apuntes:

El 10 de diciembre de 2002 cobro en A por valor de 90.181 euros y cuatro cobros en B en efectivo por un importe de 150.421 euros recibidos en efectivo".

[El Congreso al que se refiere es el X Congreso regional del PP que se celebró en Valencia el 28 de septiembre de 2002].

- Conclusión. "El pago por los gastos de organización del congreso del Partido Popular en Valencia facturados por Orange Market y abonados por el Partido Popular valenciano se realizó, aparentemente, con dinero de procedencia A y B fuera del control fiscal y en efectivo".

Las relaciones de la trama de empresas de Correa con el PP valenciano fueron denunciadas por sendos informes del Tribunal de Cuentas en las últimas elecciones autonómicas. Los auditores públicos se quejaron en las conclusiones de su informe de que las empresas de Correa no entregaron al Tribunal de Cuentas las facturas que permitían justificar los gastos que el PP declaró durante la campaña electoral en la Comunidad Valenciana.

www.elpais.es 06.03.09

Preocupación en Génova por las sospechas de pagos irregulares al partido

Después de unos días de euforia por las elecciones gallegas, la primera reacción en el PP por el auto de inhibición del juez Baltasar Garzón era de satisfacción. El caso pasa ya a tribunales superiores de la Comunidad Valenciana y de Madrid que, a juicio de los dirigentes consultados, son mucho menos agresivos con el PP de lo que lo ha sido el juez Garzón. Era la noticia que todos en el PP estaban esperando: que el caso pase a otros jueces, algo que por de pronto retrasará el proceso y le alejará del foco informativo.

Esta era la primera reacción a la noticia. Pero en cuanto se conocieron los detalles de los dos autos de Garzón la preocupación se fue instalando entre los dirigentes populares. Lo que más les inquietaba anoche era la acusación de financiación ilegal del PP valenciano que el juez detalla en su auto, con facturas A y B (sin control fiscal) del congreso de 2002. Varios de los consultados creen que eso es mucho más complicado de gestionar políticamente que los regalos de trajes al presidente valenciano, Francisco Camps. La oposición exigirá sin duda una comisión de investigación y el caso es difícil de parar, admiten las mismas fuentes.

Por otra parte, también preocupa mucho el deterioro de la imagen de Camps. Aunque la historia de los trajes pueda tener más o menos consistencia -los populares creen que el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, con un presidente elegido cuando el PP controlaba el Consejo del Poder Judicial, echará atrás el caso-, los detalles del regalo de trajes para visitar al Papa o para una recepción en Nueva York será la comidilla de los medios y hará mucho daño a Camps.

Camps no dijo la verdad

A costa de no hacer ruido, no comparecer ante la prensa y controlar férreamente la televisión autonómica había conseguido cuidar su imagen.

El auto judicial muestra además que Camps no dijo la verdad cuando aseguró que había devuelto todos los trajes y que Álvaro Pérez, jefe de Orange Market, no le había regalado ninguno.

Anoche, una portavoz de Mariano Rajoy indicó que, tras conocer el auto, la dirección mantiene su "confianza absoluta" en Francisco Camps y considera que los hechos detallados no son proporcionados a las gravísimas imputaciones que se hacen contra el presidente valenciano.

Menos preocupación había en el PP por Ricardo Costa, secretario general valenciano. Cuando saltó su nombre, se pensó que podía estar implicado en la financiación ilegal, pero al saber que también estaba en el auto por los trajes, su entorno se tranquilizó porque él está seguro de haber pagado las facturas.

www.elpais.es 06.03.09

Tres diputados de Aguirre cobraron 1,2 millones en sobornos

Los parlamentarios del PP recibían comisiones a cambio de contratos

Cobraron 1.250.728 euros en comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas. La resolución por el que el juez Baltasar Garzón se inhibió ayer a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid encuentra claros indicios de criminalidad contra el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, el ex presidente de la comisión de investigación del espionaje madrileño, Benjamín Martín Vasco, y el diputado en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch. El magistrado considera que los tres aforados habrían cometido los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y asociación ilícita, aunque será el tribunal madrileño el que los investigue.

• Una empresa de la trama trabajaba con varias consejerías

• López Viejo recibía sobres con dinero de un jefe de la organización

El auto se basa en un informe entregado al juzgado el pasado 24 de febrero por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que aparecían los aforados madrileños. El primero al que apuntaban los agentes es el ex consejero Alberto López Viejo, al que el documento relaciona directamente con la trama empresarial diseñada por el cerebro de la red, Francisco Correa. López Viejo, según Garzón, habría beneficiado a las empresas investigadas con la organización de diferentes eventos "desde su posición oficial en la Comunidad de Madrid".

Esas adjudicaciones las realizaba el ex consejero "a cambio de entregas de dinero que se recogían en la contabilidad B" de algunas de las compañías, según una de las memorias USB intervenidas por los policías. Una de las sociedades de la trama que supuestamente se llevaba las adjudicaciones fraudulentas era Servimadrid Integral, SL. Esa empresa trabajaba, según el auto, "con la Comunidad de Madrid, concretamente con las Consejerías de Cultura, Deportes y Educación, Mujer, Presidencia y otras que las que hacían eventos sueltos".

Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego y uno de los cabecillas de la trama, ahora en prisión provisional, se reunió en diferentes ocasiones con el consejero "para darle sobres con dinero". Las cantidades que se entregaban a López Viejo aparecen en un listado que controlaba el ex asesor del Ayuntamiento de Madrid Javier Nombela, también imputado en la causa, y uno de los administradores de Easy Concept, según se recoge en la resolución.

Benjamín Martín Vasco, por su parte, aparece implicado debido a las grabaciones presentadas por la Fiscalía Anticorrupción. Su papel, según el juez, consistía en "conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos a favor de la empresa Martinsa en el Ayuntamiento de Arganda del Rey". Esa promotora, según el auto, habría pagado comisiones a Francisco Correa, el cerebro de la trama, por esa labor. El parlamentario madrileño también facilitó la entrada de Easy Concept en Arganda mediante la adjudicación de contratos públicos entre 2005 y 2007, cuando Martín Vasco estuvo al frente de la sociedad municipal Fomento de Arganda del Rey.

Los indicios contra el diputado de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch se remontan a su época como gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, municipio del que era alcalde el también imputado Arturo González Panero, el Albondiguilla. Ejerciendo ese puesto, Bosch adjudicó directamente a la sociedad Easy Concept la oficina de atención al ciudadano del ayuntamiento durante 14 años.

Otra de las irregularidades detectadas contra el diputado regional sería su intermediación para conseguir que se adjudicara a la promotora Hispánica la construcción de la ciudad deportiva de Boadilla del Monte, así como la adjudicación de unos locales por ese municipio a la empresa Rústicas MBS, administrada por el también imputado José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de la petrolera Repsol YPF.

Bosch "tuvo un papel destacado en las operaciones inmobiliarias que Francisco Correa ha realizado en dicho municipio", explica el magistrado en su resolución, que recuerda cómo se autoinculpó. "Como este último [el propio diputado regional] reconoce en las intervenciones telefónicas, él se encuentra detrás de todo el tinglado de Boadilla refiriéndose a las actuaciones de naturaleza urbanística denunciadas en los medios de comunicación", continúa el juez Garzón.

En total, la cantidad obtenida por los tres aforados en comisiones ilegales asciende a 1.250.728 euros repartidos en 13 pagos, según el cuadro resumen de la UDEF recogido por Garzón en el auto por el que se inhibe. Cuatro tuvieron como destinatario a López Viejo, que cobró un total de 563.000 euros de las empresas de la trama. Bosch se llevó supuestamente 250.562 euros en cinco partes y otros 437.166 fueron a parar a Martín Vasco.

Tal y como le pedía el fiscal, Garzón considera que la práctica totalidad de la causa correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya que, según el juez, "la dinámica presuntamente delictiva ha sido ordenada y ejecutada, principalmente, desde Madrid, donde se encontraba el núcleo director del entramado a cuya cabeza están Francisco Correa Sánchez y Pablo Crespo Sabarís".

Los delitos que se imputan a las personas inicialmente imputadas por Garzón y los que podrían haber cometido los diputados regionales madrileños, "son conexos unos a otros y, por tal motivo, el núcleo fundamental de ellos se encuentra en esta resolución y bajo la competencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid", dice el juez.

La existencia de aforados que deben ser juzgados por ese tribunal "atrae la competencia" a ese órgano sobre todos los demás imputados.

www.elpais.es 06.03.09

El escándalo alcanza a otros dos alcaldes del PP en Madrid

Garzón imputa a los regidores de Arganda y Pozuelo, y a cuatro cargos más

Hasta que el juez Baltasar Garzón hizo público su auto ayer por la tarde, sólo dos altos cargos del PP madrileño estaban imputados en el caso Gürtel, y a los dos les ha abierto expediente su partido: el ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero (dimitido a raíz del escándalo) y el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (que ocupaba un cargo de gerente en el Gobierno de Esperanza Aguirre y dimitió también).

• El alcalde de Arganda tenía un archivo personal de pagos en negro

• Ginés López recibió 1,3 millones, y Jesús Sepúlveda 422.000 euros, según el auto

Anoche se sumaron nueve implicados más: son otros dos alcaldes, dos ex concejales (familiares de un eurodiputado del PP), un ex consejero de Aguirre, un responsable de una empresa municipal de suelo y tres diputados autonómicos. A estos últimos -Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco- no los imputa Garzón porque tienen condición de aforados: sobre ellos tendrá que decidir el Tribunal Superior de Madrid. El resto sí están imputados desde ayer. Son los siguientes:

- Ginés López Rodríguez. Conocido, según el auto, como El Gafitas, Ginés López es desde hace seis años el alcalde de Arganda del Rey, municipio madrileño de 50.000 habitantes. También preside el PP de Arganda y es miembro del comité ejecutivo del PP madrileño. Según Garzón, durante su mandato en la alcaldía "se ha producido la entrada de las empresas de Francisco Correa en dicho municipio mediante la adjudicación de contratos públicos a la empresa Easy Concept Comunicación, SL durante los años 2005 a 2007, como así pone de manifiesto Isabel Jordán en su declaración".

Isabel Jordán es una de las empresarias imputadas, y en varias grabaciones se refiere a la actuación de cargos públicos de los municipios en los que operaba la presunta trama corrupta.

El juez subraya que López "aparece desarrollando acciones de intermediación para conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos a la empresa Martinsa en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, que habría satisfecho comisiones a Francisco Correa por esta labor". Y recuerda que en ese mismo municipio "la organización trabajaba con Benjamín Martín Vasco [diputado autonómico] al que pagaban comisiones por favorecer los intereses de Correa".

El alcalde de Arganda, prosigue el auto, "disponía de un archivo personal con apuntes contables dentro del sistema de contabilización de las operaciones realizadas con la caja B". "Ginés López consta dentro de un esquema de distribución de dinero B", insiste el juez. Y acompaña una relación de anotaciones sobre "facturas de los años 2004 a 2008 por distintos conceptos: billetes de avión, estancia en hoteles, alquiler de coches y tres entregas en efectivo" en esa supuesta cuenta de dinero negro. Todo eso suma 1.315.427 millones de euros que López habría recibido de la trama. Es, de todos los imputados, el que más dinero cobró, según el auto.

- Jesús Sepúlveda Recio. Alcalde de Pozuelo de Alarcón (81.000 habitantes) desde 2003, presidente del PP local y miembro del comité ejecutivo del PP regional. Sepúlveda "aparece en la contabilidad B del grupo empresarial investigado", dice el auto de Garzón. A veces son cantidades "entregadas en sobre a JS" pero también hay, por ejemplo, un "ingreso en cuenta en el BBVA, por cuenta de PC" -a quien el juez identifica como Paco Correa- "para cancelar una factura de Pasadena Viajes con cargo a Jesús Sepúlveda". "La cantidad total que resultaría a favor de Jesús Sepúlveda sería de 422.992 euros", resume Garzón. Y añade: "Previamente a que el señor Sepúlveda fuera alcalde de Pozuelo era una de las personas que organizaban los eventos del PP y ofertó a Francisco Correa que fuera su empresa Special Events la que llevara esos eventos. Una vez que Jesús Sepúlveda ganó las elecciones en Pozuelo el grupo empresarial investigado empezó a hacer eventos para ese municipio".

- Carlos Clemente Aguado. Fue viceconsejero de Inmigración de Madrid hasta el 23 de octubre de 2008 y, según el juez, recibió al menos 16.000 euros de la trama en 2006, mientras ocupaba su cargo. Uno de los pagos está reflejado en la cuenta B y el otro ha sido desvelado por la empresaria Isabel Jordán. En el auto no consta a cambio de qué recibió ese dinero.

El consejero de Inmigración de Madrid, superior inmediato de Carlos Clemente, es Javier Fernández Lasquetty, uno de los consejeros más próximos a Aguirre y procedente de La Moncloa, donde trabajó en el Gabinete de José María Aznar.

- Tomás Martín Morales. Vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, cobró al menos 378.172 euros por intervenir a favor de diversas adjudicaciones de ese Ayuntamiento, según el auto. Martín Morales, miembro del comité ejecutivo del PP de Boadilla y persona de confianza del ex alcalde Arturo González Panero (también imputado), participó, sostiene Garzón, en la adjudicación directa de contratos a Down Town Consulting, SL, actual Easy Concept Comunicación, SL. También en la adjudicación directa de una parcela a la empresa UFC, propiedad de José Luis Ulibarri, tras la intervención de Francisco Correa, entre otras.

En la documentación intervenida constan apuntes de los pagos reiterados a Martín Morales. En unas ocasiones aparece su nombre y en otras las iniciales TM. Por ejemplo, figura un apunte de fecha de 16 de junio de 2006 en concepto de entrega de un sobre a Tomás Martín por importe de 30.000 euros.

- José Galeote Rodríguez. Padre del eurodiputado Gerardo Galeote, fue durante 12 años concejal en Boadilla del Monte. En septiembre de 2002 era concejal de Relaciones Institucionales. En 2004 fue nombrado gerente del consorcio deportivo y de servicios de la zona noroeste de Madrid. En la contabilidad de la caja B de la sede de Special Events aparece un apunte de marzo de 2002 de 111.206 euros entregados a José Galeote cuando era concejal de Boadilla. El juez detalla cómo los distintos pagos pasan por Francisco Correa. En total, el ex concejal habría recibido 612.506 millones de euros.

- Ricardo Galeote Quecedo. Hijo del anterior, ex gerente de la sociedad municipal Turismo y Actividades recreativas en el Ayuntamiento de Estepona y concejal del PP tras las elecciones 2007 en esa localidad malagueña. Aparece en la contabilidad de la empresa de Correa como beneficiario de varios pagos de 1.500 a 2.900 euros entre enero y agosto de 2001. En la caja B consta un pago de 6.000 euros. Sumando una tercera cuenta, la cantidad total percibida por Galeote es de 42.469 euros.

- Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid).

- Tomás Martín Morales, director general de Gestión Urbanística de Boadilla.

- Clemente Aguado, ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid.

- José Galeote, ex concejal de Boadilla.

- Ricardo Galeote, ex concejal de Estepona (Málaga).

www.elpais.es 06.03.09

GARZÓN SE INHIBE EN FAVOR DEL TSJ DE VALENCIA POR LA PRESUNTA IMPLICACIÓN DE CAMPS Y RICARDO COSTA 

El juez Baltasar Garzón se ha inhibido en el caso Correa a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por hallar indicios contra el alcalde de Pozuelo y de Arganda en Madrid, entre otros. También se ha inhibido en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en el caso "Gürtel" por haber hallado indicios contra el presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y el diputado de las Cortes valencianas Ricardo Costa, secretario general del PP de Valencia. 

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar de Garzón asegura que la organización dirigida por Francisco Correa "se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de la calle Génova" en tiempos de Aznar a quienes entregaba dádivas de todo tipo regalos de lujo para obtener contratos. El magistrado asegura que la red de Correa buscó refugio en Valencia tras la salida de la dirección del PP de Aznar. 

El juez sostiene que cargos del PP nacional convirtieron a la empresa de Correa Special Events "en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política". 

"Durante ese tiempo, 1996 a 2004, -añade el auto- Correa desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que, o bien le concedían la organización de eventos, merced a su posición dentro del partido, o bien una vez que obtenían un cargo público facilitaban la entrada de las empresas de Correa en la administración que gobernaban". 

Según Garzón, "para ganarse el favor de los responsables políticos entregaba dádivas de todo tipo desde dinero en efectivo a regalos de lujo, coches, pantallas de televisión de plasma u otros objetos". 

Garzón señala al ex secretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo, como el cerebro de la estrategia de ocultación de fondos vinculados a la trama y su relación con el PP. 

El juez Baltasar Garzón se ha inhibido también en el caso Correa en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al haber hallado indicios contra el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo y los también diputados regionales Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, los tres del PP. 

El magistrado de la Audiencia Nacional ha decidido también ampliar las imputaciones en esta causa a otras seis personas del mismo partido: los alcaldes de las localidades madrileñas de Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, Ginés López y Jesús Sepúlveda; Tomás Martín Moral, Clemente Aguado, José Galeote (ex concejal de Boadilla) y Ricardo Galeote (ex concejal de Estepona Málaga), padre y hermano del eurodiputado del PP Gerardo Galeote. 

Financiaciones irregulares en el Valencia

El juez Garzón desvela en el auto que el Partido Popular valenciano se financió ilegalmente. Así consta en el auto en el que el magistrado se inhibe del caso Gürtel en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia al considerar que podría haber indicios para imputar en la causa al presidente Francisco Camps y su número dos, el secretario general de los populares en Valencia, Ricardo Costa. 

En la página 27 del auto, el juez Garzón desvela que el PP valenciano se financió irregularmente. En concreto, en tres partidas. En primer lugar, consta, dice el juez, una entrada de procedencia desconocida de 420.700 euros hacia el PP valenciano por adjudicaciones amañadas. Dinero que dice el juez, es de procedencia desconocida. 

Aparece también un apunte de 15.000 euros procedendes de la Caja B de Orange Market, una de las empresas investigadas. En tercer lugar, dice el juez que hay unos gastos de organización del décimo Congreso del PP en Valencia en el año 2002, que fue pagado en parte con dinero B, dinero negro, 150.000 euros que dice el magistrado estaban fuera de control fiscal y en efectivo. 

En el auto también se desvela también cada una de las supuestas irregularidades cometidas en este caso por el presidente de la Comunidad Valenciana, Franscisco Camps. Se dice que fue destinatario, según las declaraciones de su sastre, de compras en 2008 por valor de unos 12.000 euros. Álvaro Pérez, uno de los implicados en este asunto, es según el juez, quien hace todas las gestiones. Y el propio sastre, José Tomás, recibió bastantes llamadas de Camps justo el día en que estaba declarando, algo que les contó la SER, y dijo que "Álvaro Pérez es un bocazas".

También el juez desvela cuáles son las supuestas implicaciones de Ricardo Costa, el otro aforado, diputado del PP y hermano de Juan Costa, miembro de la Ejecutiva del PP, que se hizo trajes a medida por un valor de 7.000 euros. 

 (www.cadenaser.com, 05/03/09) 

GARZÓN SUGIERE UN PAGO DE 420.000 EUROS AL PP VALENCIANO 

El juez Baltasar Garzón acusa al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, de adquirir trajes por 12.783 euros pagados por la empresa Orange Market, propiedad del líder de la trama de corrupción Francisco Correa, a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad desde 2005 a 2009 por valor de unos cuatro millones de euros. 

Así lo destaca el juez de la Audiencia Nacional en el auto en el que acuerda inhibirse en el llamado 'caso Gürtel' en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en lo que se refiere a Camps y a Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano. 

Según el juez, Camps acude a Madrid "a instancias" del imputado Álvaro Pérez de Alonso, 'El Bigotes' (administrador de Orange Market) con el fin de que adquirieran ropa en las tiendas Milano y Forever Young, en las que trabaja el testigo José Tomás, persona de confianza de 'El Bigotes'. 

En la contabilidad B del piso franco que esta red tenía en la calle Serrano de Madrid, apareció una hoja de ingresos y su distribución, con un apunte fechado el 18 de diciembre de 2002 en el que figura una cantidad de 1.000.000 euros sin constar la procedencia de la misma. 

Garzón subraya que de esa cantidad aparece el concepto "PP VLC", al que se asocian 420.000 euros y que según el auto se distribuyeron "para algo relacionado con el Partido Popular de Valencia". 

"No existe lógica en dicho traspaso ya que un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas por Correa se deriva a una formación política que no tendría que participar en este tipo de operaciones", por lo que "esta entrega podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Correa", señala el auto. 

Esmoquin para Nueva York, chaleco blanco para el Vaticano

Garzón destaca además que durante la toma de declaración al empleado de las tiendas de ropa, éste recibió a su número de teléfono móvil varias llamadas de Camps que no atendió, aunque aseguró que "había hablado con él y le había dicho que Álvaro era un bocazas". 

Detalla también que Pérez Alonso encargó para Camps un esmoquin confeccionado para ir a Nueva York y un chaleco blanco para una recepción en el Vaticano. Advierte además de que de la investigación que haga el TSJCV pueden derivarse otras operaciones de tipo delictivo por parte de los aforados. 

(www.elmundo.es, 05/032/09) 

GARZÓN IMPUTA A DOS NUEVOS ALCALDES DEL PP EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN 

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado a dos nuevos alcaldes del PP en la trama de corrupción que salpica al partido. El magistrado, que se ha inhibido hoy a favor de los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidad Valenciana y Madrid en la causa contra 13 de los implicados en la operación Gürtel -entre ellos, el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y su número dos, Ricardo Costa- imputa en el caso al primer edil de Arganda del Rey, Ginés López Rodríguez, y al de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda. Las otras cuatro personas a las que el magistrado ha imputado esta tarde son Tomás Martín Morales (director general del Ayuntamiento de Boadilla), Clemente aguado (ex viceconsejero de inmigración y ex diputado de la Asamblea) José Galeote Rodríguez (padre del eurodiputado Galeote y ex concejal del PP en Boadilla) y Ricardo Galeote (hermano de Gerarardo Galeote (ex concejal del PP en Estepona). 

Garzón se ha inhibido a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia al encontrar indicios de criminalidad en las personas de Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, y su número dos, Ricardo Costa, secretario general del PP en Valencia. El auto del magistrado imputa en la trama de corrupción que salpica al PP a dos personas: José Víctor Campos Guinot, ex secretario de organización del PP valenciano, y Rafael Betoret, director del gabinete de la Consejería de Turismo. 

Según el auto del juez, la organización corrupta de Francisco Correa nació de una "relación directa" con responsables nacionales del Partido Popular. Garzón acusa a Camps de adquirir trajes por 12.783 euros pagados por la empresa Orange Market a cambio de adjudicaciones a esta sociedad, desde 2005 a 2009, por valor por valor de unos cuatro millones de euros. 

En su auto, Garzón se ha inhibido sobre los aforados de la Comunidad Valenciana implicados en la operación Gürtel, que, según dijo la Fiscalía Anticorrupción, es una parte perfectamente escindible de toda la trama de corrupción. Queda pendiente el resto de la causa, donde previsiblemente esta tarde se dictará otro auto de inhibición a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y quizá también un tercero a favor del Tribunal Supremo. 

Según explicaron ayer fuentes fiscales, Anticorrupción, que pidió a Garzón que se inhibiera a favor de los TSJ de Madrid y Valencia, no descarta la existencia de indicios contra aforados al Tribunal Supremo, es decir, diputados y senadores nacionales, pero no son "lo suficientemente relevantes" o están "lo suficientemente consolidados" para remitir la causa al alto tribunal. En cambio, los indicios contra los aforados a los tribunales superiores de Madrid y Valencia sí están lo suficientemente clarificados. 

Las fuentes consultadas añadieron que "no se trata de que el juez Garzón haya querido elevar el sumario al Supremo sin base alguna, porque hay datos que apuntan que algún aforado podría estar afectado" -como Luis Bárcenas, tesorero del PP- sino que Anticorrupción considera que no hay base suficiente. No obstante, la causa puede ser elevada al Supremo "en cualquier momento" si las investigaciones en los tribunales superiores de Madrid y Valencia permiten consolidar estos indicios. 

Fuentes de la investigación manifestaron ayer su asombro por el documento de la Fiscalía. Consideran que, del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se desprenden indicios contra Bárcenas -aforado nacional- muy similares a los que implican al ex consejero madrileño de Deportes Alberto López viejo, implicado también en la trama. 

(www.elpais.com, 05/032/09) 

BALTASAR GARZÓN: LA TRAMA DE CORRUPCIÓN DE CORREA SE GESTÓ EN LA SEDE DEL PP EN MADRID 

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar de Garzón asegura que la organización dirigida por Francisco Correa "se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de la calle Génova". 

Garzón hace esta afirmación en el auto en el que se inhibe en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en la operación "Gürtel" al haber hallado indicios contra el presidente de la Generalitat Francisco Camps y el diputado valenciano Ricardo Costa. 

El juez sostiene que cargos del PP nacional convirtieron a la empresa de Correa Special Events "en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política". 

"Durante ese tiempo, 1996 a 2004, -añade el auto- Correa desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que, o bien le concedían la organización de eventos, merced a su posición dentro del partido, o bien una vez que obtenían un cargo público facilitaban la entrada de las empresas de Correa en la administración que gobernaban". 

Según Garzón, "para ganarse el favor de los responsables políticos entregaba dádivas de todo tipo desde dinero en efectivo a regalos de lujo, coches, pantallas de televisión de plasma u otros objetos".

No obstante, indica, los cambios en 2004-2005 "dentro de la dirección" del PP "provocarían un cambio en la tendencia seguida hasta entonces, y la organización a nivel nacional se desvinculó de las empresas" de Correa, aunque éste "se adaptó a la nueva coyuntura mediante la creación de una sociedad que se traslada a Valencia (Orange Market), cuyo responsable era el imputado Álvaro Pérez Alonso, 'El Bigotes' . 

FRAGMENTO DEL AUTO DE GARZÓN 

La organización dirigida y creada por Francisco CORREA, se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional quetenían su puesto de trabajo en la sede nacional de dicho Partido sita en la C/Génova de Madrid y que convirtieron a su empresa SPECIAL EVENTS SL en laque acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política. 

Durante ese tiempo, 1996 a 2004, Francisco CORREA desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que o bien le concedían la organización de eventos merced a su posición dentro del partido o bien, una vez que obtenían un cargo público facilitaban la entrada de las empresas de Francisco CORREA en la Administración que gobernaban.  

(www.publico.es, 05/032/09) 

GARZÓN IMPUTA A ALCALDES Y DIPUTADOS REGIONALES EN MADRID 

Al igual que ha hecho con el Tribuna Superior de Justicia de Valencia , el juez Baltasar Garzón se ha inhibido este miércoles en la operación "Gürtel" en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al haber hallado indicios contra el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo y los también diputados regionales Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, los tres del PP. 

El magistrado de la Audiencia Nacional ha decidido también ampliar las imputaciones en esta causa a otras seis personas del mismo partido: los alcaldes de las localidades madrileñas de Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, Ginés López y Jesús Sepúlveda; Tomás Martín Moral, Clemente Aguado, José Galeote (ex concejal de Boadilla) y Ricardo Galeote (ex concejal de Estepona Málaga), padre y hermano del eurodiputado del PP Gerardo Galeote. 

Garzón,  que seguirá investigando esta causa hasta que la acepten los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia, ha citado para el 18 de marzo a estos seis imputados, que se unen a los 37 a los que ya ha tomado declaración, y a los que acusa de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal. 

(www.publico.es, 05/032/09) 

GARZÓN SEÑALA UNA POSIBLE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO 

El juez Baltasar Garzón acusa al presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps de adquirir trajes por 12.783 euros pagados por la empresa Orange Market, propiedad del líder de la trama de corrupción Francisco Correa, a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad desde 2005 a 2009 por valor de unos cuatro millones de euros.  Así lo destaca el juez de la Audiencia Nacional en el auto en el que acuerda inhibirse en el llamado caso "Gürtel" en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en lo que se refiere a Camps y a Ricardo Costa.

Según el juez, Camps acude a Madrid "a instancias" del imputado Álvaro Pérez de Alonso, "El Bigotes" (administrador de Orange Market) con el fin de que adquirieran ropa en las tiendas Milano y Forever Young, en las que trabaja el testigo José Tomás, persona de confianza de "El Bigotes". En la contabilidad B del piso franco que esta red tenía en la calle Serrano de Madrid, apareció una hoja de ingresos y su distribución, con un apunte fechado el 18 de diciembre de 2002 en el que figura una cantidad de 1.000.000 euros sin constar la procedencia de la misma. 

Garzón subraya que de esa cantidad aparece el concepto "PP VLC", al que se asocian 420.000 € y que según el auto se distribuyeron "para algo relacionado con el Partido Popular de Valencia".

"No existe lógica en dicho traspaso ya que un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas por Correa se deriva a una formación política que no tendría que participar en este tipo de operaciones", por lo que "esta entrega podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Correa", señala el auto. 

Garzón destaca además que durante la toma de declaración al empleado de las tiendas de ropa este recibió a su número de teléfono móvil varias llamadas de Camps que no atendió, aunque aseguró que "había hablado con él y le había dicho que Álvaro era un bocazas". Detalla también que Pérez Alonso encargó para Camps un smoking confeccionado para ir a Nueva York y un chaleco blanco para una recepción en el Vaticano.

Advierte además de que de la investigación que haga el TSJ de Valencia pueden derivarse otras operaciones de tipo delictivo por parte de los aforados. 

EXTRACTO DEL AUTO DE GARZÓN

3.- En la Contabilidad B de Serrano, aparece una Hoja de ingresos y su distribución, con un apunte de fecha 18/12/2002. En dicho apunte figura una cantidad de 1.000.000 € sin constar la procedencia de la misma. Dentro de la distribución de esa cantidad y como primer concepto aparece “PP VLC”, con una cantidad asociada de 420.000 €. El dinero recibido, 420.700 euros, se distribuyó para algo relacionado con el Partido Popular de Valencia.  

A partir de los datos anteriores se puede afirmar, de acuerdo con la información policial suministrada, que:  

1. Consta una entrada de procedencia desconocida y en el reparto de la misma corresponden 420.700 euros hacia el Partido Popular de Valencia.  

2. No existe lógica en dicho traspaso ya que un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas por Francisco CORREA se deriva a una formación política que no tendría que participar en este tipo de operaciones.  

3. Esta entrega podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Francisco CORREA. Este extremo está pendiente de investigación.   

(www.publico.es, 05/032/09)

La Fiscalía no ve indicios de delito en aforados nacionales pero apunta a Madrid y Valencia

La Fiscalía Anticorrupción ha ratificado el primer informe enviado al juez Baltasar Garzón sobre la investigación del caso Gürtel, pidiéndole que se inhiba a favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia. Del mismo modo, la Fiscalía no estima necesario elevar el caso al Tribunal Supremo al no ver indicios de criminalidad contra aforados nacionales.

• Ulibarri, un empresario opaco muy vinculado al PP

• Camps montó un gabinete de crisis con Michavila, De Rosa, Barberá y Costa

• Mamá Aguirre, su protegido López Viejo y ¿dónde está la responsabilidad política de la presidenta...

Esta petición evidenciaría que no hay indicios suficientes sobre aforados nacionales, esto es diputados o senadores o nacionales del Partido Popular. Los aforados nacionales sobre los que se había informado de su presunta implicación son Luis Bárcenas, tesorero nacional del PP, y el eurodiputado Gerardo Galeote.

Aforados regionales
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido a Garzón que se inhiba a favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia en su investigación sobre el caso Gürtel, al entender que sí estarían implicados diputados o cargos públicos de estas dos comunidades.

Políticos salpicados en la trama
Entre los políticos que se han visto salpicados por esta trama se encuentra el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, cuyo nombre es mencionado por una de las imputadas en las grabaciones que investiga el juez Garzón. En concreto se trata de Isabel Jordán, que asegura que pagó una factura de 30.000 euros en trajes para él. En el mismo caso se encuentra el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo; y el dimitido presidente de la Comisión del espionaje de la Asamblea de Madrid, Benjamín Martín Vasco. Estos dos últimos son diputados regionales.

López Viejo
El presunto cerebro de la red corrupta, Francisco Correa, aseguró en otra de las grabaciones que el consejero López Viejo recibía comisiones de cada acto que organizaba para el Partido Popular. “Alberto se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio”, afirma literalmente el jefe de la trama en estas grabaciones.

Martín Vasco
En el caso de Martín Vasco, se asegura en las grabaciones que había “amenazado a todo el clan con reventar el tinglado multimillonario que tenían en Arganda”. Isabel Jordán  explica cómo "desapareció" de la trama vendiendo su silencio por 2,4 millones de euros.

Alfonso Bosch
En las grabaciones también se habla del diputado en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch. Fue integrante del equipo de confianza de presidencia del Gobierno durante los mandatos de Aznar. En la actualidad, compatibiliza su cargo de gerente de Vivienda y Suelo de Boadilla con el de diputado en la Asamblea regional. Es, además, secretario de Movilización del PP de Esperanza Aguirre. Uno de los imputados por Garzón lo define concretamente como "uno de ellos y uno de los malos, de los que hacen cosas mandados por ellos (en relación a los cerebros de la trama)".

Panero guarda silencio
Por otra parte, hoy ha acudido a la Audiencia Nacional Arturo Gómez Panero (alias el albondiguilla), ex alcalde de Boadilla del Monte, que se negó a declarar ante el juez Garzón hasta que no sepa qué magistrado le juzgará. “No hay nadie que pueda asegurar qué tribunal va a tener la competencia de la causa dentro de 48 horas", ha explicado Panero. Panero también se ha negado a entregar al juez cuatro archivadores con numerosa información sobre la causa con los que hoy había acudido a la Audiencia Nacional.

Comparecencia semanal
Garzón le ha dejado en libertad pero con la obligación comparecer una vez a la semana en el juzgado más próximo a su domicilio, tal y como reclamaron las fiscales anticorrupción Concha Sabadell y Miriam Segura, informa Europa Press. La abogada de Panero, María Ramírez, ha acusado al juez de imponer esas medidas cautelares “como represalia” por la decisión del ex alcalde de no declarar.

Ulibarri declara
Esta mañana, Garzón también ha interrogado, por los supuestos delitos de fraude fiscal, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, al empresario José Luis Ulibarri, al también imputado Pablo Ignacio Gallo Alcántara, a Carlos Ignacio Hernández Montiel y a un empleado del bufete de abogados Blanco-Guillamot. Todos han eludido la cárcel.

www.elplural.com 04.03.09

ANTICORRUPCIÓN ULTIMA EL INFORME SOBRE LA POSIBLE IMPLICACIÓN DE FRANCISCO CAMPS 

La Fiscalía Anticorrupción ultima el informe que el juez Baltasar Garzón le pidió sobre el caso Gürtel y su posible inhibición, según dijo ayer el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien aseguró que se presentará hoy o, en todo caso, a lo largo de esta semana. 

El pasado día 25 Garzón dio a la Fiscalía 48 horas para que informara de si, ante la presunta implicación en el caso de parlamentarios nacionales del PP, debía remitir la causa al Tribunal Supremo. También hay, al parecer, diputados autonómicos madrileños y valenciano, entre los que podría estar el presidente Francisco Camps, que aparece citado en las grabaciones aportadas al sumario. 

El fiscal general recordó que el asunto depende de Anticorrupción y de sus profesionales "altamente cualificados, absolutamente imparciales y objetivos", por lo que, para emitir su dictámen sobre el caso, requieren el tiempo necesario. 

(www.levante-emv.com, 04/032/09)

GARZÓN INTERROGA A MÁS IMPLICADOS EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN DEL PP 

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tomará declaración hoy al ex-director gerente de la Fundación Baleares Sostenible y ex presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, Pau Collado, tras haber sido imputado por el magistrado en la presunta trama de corrupción investigada por el 'Caso Gürtel'. 

Así, Collado será interrogado hoy, después de que el pasado 23 de febrero se pospusiera su declaración por parte del juez Santiago Pedraz, quien ese día sustituía a Garzón, debido a que éste se recuperaba de una crisis de ansiedad que sufrió el viernes 20 de febrero. 

El ex-director de la Fundación durante el Ejecutivo autonómico presidido por Jaume Matas es uno de los 37 imputados por el juez Garzón en las investigaciones por una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias que habría ofrecido "dádivas y sobornos" a funcionarios y autoridades de administraciones del PP en las Comunidades de Madrid y Valencia a cambio de favores políticos. 

Collado fue consejero delegado de la empresa Easy Concept, una de las entidades investigadas por Garzón. Así, quien fuera un alto cargo en el Govern de Jaume Matas ya ha subrayado en las últimas semanas estar muy tranquilo, pese a su imputación en el caso, debido a que, según ha remarcado, el juez está investigando unos hechos delictivos anteriores a su entrada en la empresa Easy Concept producida hace un año. 

Garzón también ha citado a los ex alcaldes de las localidades madrileñas de Boadilla del Monte y Majadahonda, Arturo González Panero y Guillermo Ortega respectivamente. 

Además, acudirán también a declarar ese mismo día el empresario José Luis Ulibarri y los imputados Pablo Ignacio Gallo Alcántara, Carlos Ignacio Hernández Montiel y un empleado del bufete de abogados Blanco-Guillamot. 

El magistrado ha citado, además, para el miércoles al ex vocal del PP en la Junta del distrito madrileño de Moncloa José Javier Nombela Olmo, que fue cesado por el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, por "pérdida de confianza". Entre los años 1996 y 2007, Nombela compatibilizó su labor en la Administración municipal con su trabajo en las empresas investigadas Special Events (enero-junio de 2003) y Easy Concept (junio de 2003- octubre de 2006). 

Los otros tres imputados cuyos interrogatorios se celebrarán el miércoles son Fernando Torres Manso, que fue apoderado de Special Events; María Victoria Romero Párraga, accionista de esta empresa y de Pasadena Viajes; y Luis de Miguel Pérez, quien ha tenido cargos en la administración de estas dos empresas y de Easy Concept. 

Un día antes, durante la jornada del martes están citadas otra media docena de personas, entre ellas el consejero en el año 2000 de Bancaja Eurocapital Financia y director de Bancaja en Miami, Guillermo Martínez Lluch y el abogado Manuel Delgado Solís y su empleado José Antonio López, 'Pepechu'. Comparecerán además Francisco Javier Pérez Alonso, Juan Pérez Mora y Jesús Calvo Soria. 

Desde que comenzó la instrucción, el juez Garzón ha decretado la prisión de los tres presuntos cabecillas de la trama: el empresario Francisco Correa, que, según el juez, aprovechaba sus contactos para obtener contratos y adjudicaciones; Pablo Crespo, encargado de la dirección de las empresas del grupo; y Antoine Sánchez, primo de Correa y supuesto encargado del blanqueo de los capitales obtenidos por la organización. 

Otros 15 imputados han quedado en libertad  sin medidas cautelares o con comparecencias semanales o mensuales, incluyendo los seis citados hoy. Las tres primeras fueron la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano; Felisa Jordán, administradora única de las empresas de la trama Good and Better y Easy Concept; y Carmen Luis Cerezo. 

El juez también dejó en libertad al presidente de Orange Market, Alvaro Pérez, 'el Bigotes'; el consejero delegado de esta empresa, Cándido Herrero; el financiero de Correa, José Luis Izquierdo; su chófer, Andrés Bernabé; Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag; y Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol. 

(www.publico.es, 04/032/09)

El alcalde de Alcobendas “asumió compromisos por 78.000 euros” con el cesado López Viejo

Ignacio García de Vinuesa, alcalde popular de la localidad madrileña de Alcobendas, gastó más 70.000 euros en un Torneo de Baloncesto de la Comunidad de Madrid organizado conjuntamente con la Consejería de Deportes del dimitido Alberto López Viejo. El Plural ha hablado con el concejal socialista Ángel Sánchez, que ha confirmado que López Viejo, forzado a dejar el cargo por su presunta relación con la trama corrupta, “ha sido asiduo a la ciudad” porque el regidor “ha optado siempre por participar en grandes eventos”. El evento se celebró en octubre de 2007, pero el Patronato de Deportes ha tardado un año y medio en publicar las facturas que detallan costes como el de una comida de presentación en el lujoso restaurante Txistu, por valor de 3.000 euros.

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Sánchez ha explicado a este diario que “una de las primeras decisiones” de López Viejo, que llegó a la Consejería en junio de 2007, fue “celebrar en Alcobendas el Torneo de Baloncesto de la Comunidad que enfrenta a los equipos regionales” en octubre de ese mismo año.

70.000 euros
“Al parecer, se firmó un convenio entre la Federación de Baloncesto, la Comunidad y el Ayuntamiento”. Este último “asumía una serie de compromisos por un total de 78.000 euros”. El dinero se destinaría a “financiar el evento, presentarlo y pagar el canon por la retransmisión televisiva -8.000 euros para Telemadrid-”. Destaca entre estos gastos el de la presentación: una fastuosa comida en el restaurante Txistu para 50 comensales por valor de 3.000 euros.

Esperando las facturas
Sánchez se refiere a la cifra como “un despilfarro excesivo que, además, contradice las palabras siempre grandilocuentes del alcalde, que dice estar por la austeridad, que baja los impuestos a los ciudadanos, pero que no tiene reparos en pagar esta comida mientras niega becas al comedor y ayudas a la tercera edad”. Además, cuenta que el gusto del alcalde por estos grandes actos acercó al ex consejero a la localidad.

López Viejo, “asiduo”
“Ha sido un asiduo a la ciudad, porque nuestro Ayuntamiento ha optado por los grandes eventos deportivos, dejando de lado el deporte de base. Al alcalde le gusta traer a los Globber Trotters, hacer grandes fiestas y torneos… De todos estos eventos ha sido un asiduo López Viejo, aunque con esto no estamos diciendo que haya una implicación suya”, apunta. Al ex consejero se le acusa de financiar actos del Partido con dinero público, y de contratar sistemáticamente a las empresas de Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama corrupta, cuyo otro eje gran eje de actuación eran los Ayuntamientos del eje noroeste de Madrid.

Vinuesa, populista
En lo que a García de Vinuesa respecta, las medidas populistas como las bajadas de impuestos y los torneos deportivos han sido una constante en su legislatura. "Ni subimos los impuestos, ni bajamos la calidad de los servicios (…) El dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos", aseguraba con grandilocuencia en octubre pasado, tras aprobar las ordenanzas fiscales de 2009. Pero el popular ya apuntaba maneras demagógicas hace 10 años y en la oposición, cuando arremetía contra el entonces regidor socialista José Caballero por invertir 107 millones de pesetas en una escultura gigante para la ciudad.

“Biológicamente distintos”
Su intervención más recordada, no obstante, se remite a marzo de 2005: “Los del PP somos distintos, incluso biológicamente, que ellos (los socialistas)”, aseguró en una reunión del Comité Ejecutivo regional del partido. Un cuarto de hora más tarde, se rectificaba y pedía perdón por sus palabras. Pero en diciembre pasado, Vinuesa perdió la memoria: el alcalde se convirtió en el ariete del PP contra Pedro Castro, negándose a aceptar sus disculpas por las declaraciones en las que se refería a los votantes del PP “tontos de los cojones” y exigiendo su dimisión de la Federación Española de Municipios y Provincias que preside. El episodio se saldó con la retirada de Alcobendas de la asociación, algo que hace la oposición se refiera a él como "el hoolligan de Esperanza Aguirre". "No tenemos un alcalde, tenemos un delegado de la Comunidad", sentencia Sánchez.

www.elplural.com 04.03.09

EL EX ALCALDE DE BOADILLA APORTA CUATRO ARCHIVADORES CON DOCUMENTACIÓN 

El juez tomará hoy declaración a media docena de imputados, entre ellos los ex primeros ediles de esta localidad y de Majadahonda El ex alcalde la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, entregará durante la mañana de hoy en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional cuatro archivadores con documentación que aportará a la causa que investigará la presunta trama de corrupción desarticulada a través de la 'Operación Gürtel'.

Garzón reanudará esta mañana los interrogatorios de los imputados con las declaraciones de este ex edil y del ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. También comparecerá ante el juez el empresario José Luis Ulibarri, a quien representa como abogado el antiguo fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez.

Las otras tres declaraciones de la jornada son las de Pablo Ignacio Gallo Alcántara, Carlos Ignacio Hernández Montiel y un empleado del bufete de abogados Blanco-Guillamot. 

Desde que comenzó la instrucción, el juez Garzón ha decretado la prisión de los tres presuntos cabecillas de la trama: el empresario Francisco Correa, que, según el juez, aprovechaba sus contactos para obtener contratos y adjudicaciones en administraciones del PP de Madrid y Valencia; Pablo Crespo, encargado de la dirección de las empresas del grupo; y Antoine Sánchez, primo de Correa y supuesto encargado del blanqueo de los capitales obtenidos por la organización.

Otros 21 de los 37 imputados han quedado en libertad sin medidas cautelares o con comparecencias semanales o mensuales. Las tres primeras fueron la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano; Felisa Jordán, administradora única de las empresas de la trama Good and Better y Easy Concept; y Carmen Luis Cerezo.

El juez también ha dejado en libertad al presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, 'el Bigotes'; el consejero delegado de esta empresa, Cándido Herrero; el financiero de Correa, José Luis Izquierdo; su chófer, Andrés Bernabé; Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag; y Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol.

También han eludido a la cárcel tras comparecer ante el juez Mónica Magariños Pérez, apoderada de Orange Market, filial valenciana de Special Events; Joaquín García Mármol, responsable de Special Events; y Guillermo García Coello, vinculado a Easy Concept y Pasadena Viajes; Antonio Herrera González, vecino de Correa; David Luis Cerezo y Paula Seco de Herrera López.

Los seis últimos imputados en quedar libres, ayer mismo, fueron Guillermo Martínez Lluch, Manuel Delgado, Jesús Calvo Soria, el abogado Manuel Delgado, un empleado de su bufete --José Antonio López, 'Pepechu'-- y el hermano de Álvaro Pérez, 'El Bigotes', Francisco Javier Pérez Alonso. 

(www.levante-emv.com, 04/032/09)

EL SUPREMO DEVUELVE AL PP SU QUERELLA CONTRA GARZÓN POR DEFECTOS DE FORMA 

Ni una semana ha pasado desde que el Partido Popular presentó su tan anunciada querella por prevaricación contra el juez que investiga la supuesta trama de corrupción vinculada al grupo, Baltasar Garzón, y ésta sigue teniendo traspiés. Hoy El Mundo confirma que, como se informó el viernes, el Tribunal Supremo ha exigido al PP subsanar los defectos de forma que presenta su denuncia. El responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, habría olvidado que para este tipo de pleito hacen falta poderes especiales.  

El Mundo asegura que el Supremo ha detectado defectos formales en la querella del PP contra Garzón. A la denuncia le faltarían los poderes especiales para este tipo de pleito. El Alto Tribunal habría exigido al grupo que subsane los fallos advirtiendo que, de lo contrario, no se admitirá a trámite.

Cinco días de plazo

Esta noticia fue adelantada por El Periódico de Catalunya el viernes pasado. El rotativo catalán aseguró que el órgano había dado al PP cinco días para aportar la documentación pendiente -hasta el día 6-. Sin embargo, los populares se apresuraron a matizar la cuestión, aclarando que su pleito no corría riesgo de ser devuelto y que se había presentado con los poderes notariales correspondientes.

Garzón rechaza la recusación

Por otro lado, Garzón ha rechazado “de plano” la recusación en su contra presentada por el abogado defensor de José Javier Nombela, ex vocal del PP en la Junta del distrito de Moncloa (Madrid). En este caso, el juez también ha detectado defectos de forma en el incidente de recusación. Será la Sala de lo Penal quien tenga la última palabra.

Nombela y la trama

Nombela, que desde 2007 era asesor del presidente de distrito, fue cesado por Gallardón el 19 de febrero, poco después de que se confirmara que trabajó en Easy Concept y Special Events, dos de las empresas de la red corrupta. Ahora queda en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revisar su petición de apartar al magistrado que instruye el caso.  

(www.elpais.com, 03/032/09) 

EL PP IGNORA SENTENCIAS QUE ANULAN CONCESIONES A ULIBARRI 

El Ayuntamiento de Ponferrada (León), gobernado con mayoría absoluta por el PP, ha hecho caso omiso desde 2007 a cuatro sentencias de concesiones irregulares al empresario José Luis Ulibarri, que mañana comparecerá ante el juez Baltasar Garzón como imputado en el caso Gürtel. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) dictó en 2007 y 2008 dos sentencias firmes que anulan el macroproyecto urbanístico de La Rosaleda, en pleno centro, que tuvo a Ulibarri como principal beneficiario: obtuvo parcelas para hacer 2.000 viviendas a un precio equivalente al 20% del que fijaba el mercado en 2002, cuando se produjo la operación.  

El tribunal anula todo el proceso por estar trufado de irregularidades: en una sentencia, niega la recalificación del suelo. En la otra, el pliego de condiciones para las adjudicaciones, por falta de publicidad y concurrencia, como informó el domingo Público. Sin embargo, las sentencias no se han ejecutado. Y no son las únicas que anulan concesiones o contratos con el empresario, cuyas supuestas comisiones en la compra de suelo para vivienda en Boadilla del Monte (Madrid), gobernada también por el PP, están siendo investigadas por Garzón.  

En 2008, los tribunales anularon por irregulares otras dos decisiones del consistorio de Ponferrada que beneficiaban a Ulibarri. Tampoco se han ejecutado. Tanto el Ayuntamiento de Ponferrada, cuyo alcalde, Carlos López Riesco, ocupa un escaño en el Congreso. Una de estas sentencias no ejecutadas se convirtió en firme en mayo de 2008, cuando el TSJCYL ratificó un auto de 2007 que anulaba una adjudicación de 2001 justo antes de la concesión irregular de La Rosaleda para construir el auditorio municipal. La demanda fue presentada por el Colegio de Arquitectos de León.  

El fallo es rotundo: de nuevo no hubo publicidad ni, por tanto, concurrencia, con lo que Ulibarri se aseguró la adjudicación. Únicamente se publicaron dos anuncios en la prensa local, recalca el fallo, "un instrumento de publicidad que no permite el conocimiento por la generalidad de los interesados". La adjudicación tuvo otra "peculiaridad", agrega la sentencia, porque se trataba de un "contrato mixto, no sólo de obras, sino también de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de obras", con lo que en realidad se juntaron sin publicidad dos adjudicaciones. Los jueces recuerdan que esta mezcla sólo puede darse en ocasiones excepcionales, lo que no era el caso. 

La segunda sentencia de 2008 que anula concesiones del Ayuntamiento de Ponferrada a Ulibarri afecta a la recalificación, en 2004, de suelo rústico para que Graveras del Bierzo controlada por el Grupo Begar instalara una planta de hormigón. La demanda fue presentada por la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP) y, aunque la sentencia se dictó en julio de 2008, tampoco ha tenido repercusión alguna: la planta sigue funcionando con normalidad.  

En este caso, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de León estima que la recalificación del suelo no se ajustó a la ley ni tenía justificación: ningún elemento aconsejaba que el suelo dejara de ser considerado rústico, pese a lo cual el Ayuntamiento hizo las modificaciones que le reclamaba Ulibarri. El fallo anula la autorización del Ayuntamiento para instalar la planta y exige "reponer el suelo a su situación anterior".  

(www.publico.es, 03/032/09)

De Rosa podría haber incumplido la ley asesorando a Camps

Fernando de Rosa, vicepresidente del Poder Judicial y ex consejero valenciano de Justicia, podía haber incumplido la Ley Orgánica del Poder Judicial al reunirse con el presidente regional Francisco Camps. El quid de la cuestión radica en el contenido de los dos encuentros que ambos mantuvieron –el 13 y el 20 de febrero- o lo que es igual, si sus conversaciones podrían interpretarse como asesoramiento de De Rosa a Camps. En este caso, el Código Penal es claro: “La autoridad que realizare asesoramiento permanente o accidental en un asunto en que deba intervenir o haya intervenido (…) incurrirá en penas de multa de seis a 12 meses y suspensión de cargo público por un tiempo de uno a tres años”.

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De momento, los protagonistas ni siquiera han querido admitir las reuniones. De Rosa ha contestado con evasivas a las preguntas sobre su reunión con Camps del día 13 de febrero, negándose rotundamente a aclarar de qué hablaron. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha hecho lo propio sobre el mini gabinete de crisis celebrado una semana después en la Generalitat. Según ha dicho, no era “una reunión como tal”.

Incompatibilidades
En cualquier caso, la ley estipula que “los miembros del Consejo General del Poder Judicial desarrollarán su actividad con dedicación absoluta, siendo su cargo incompatible con cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados” –artículo 117 de la LOPJ-, recoge Público.

“Todo tipo de asesoramiento”
Tal como explica este rotativo, el mismo artículo estipula que a los miembros del órgano “les serán de aplicación las incompatibilidades específicas de los jueces y magistrados enunciadas en el artículo 389 de la presente Ley”. Tal disposición contempla nueve casos de este tipo, incluido uno que define como “incompatible” “todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido”.

Castigos
El Código Penal, por su parte, recoge los castigos que han de aplicarse en estos casos. “La autoridad que realizare asesoramiento permanente o accidental en un asunto que deba intervenir o haya intervenido (…) incurrirá en penas de multa de seis a 12 mees y suspensión de cargo público por un tiempo de uno a tres años” reza en su artículo 441.

Asesoramiento, el quid
La imprudencia de Camps al convocar dos veces a De Rosa podría costarle caro al magistrado. En cualquier caso, habría que demostrar si en las reuniones se ofreció o no asesoramiento. Uno de los antecedentes más inmediatos es el de la conversación telefónica entre una letrada investigada por asesinato y la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas.

¿Compromete la imparcialidad?
La presidenta ni siquiera conocía a su interlocutora, pero aquella grabación fue remitida al Supremo que, en ese caso, concluyó que “no todo consejo emanado de una autoridad” puede considerarse delictivo, “sólo aquel que compromete la imparcialidad, que menoscaba el deber de exclusividad o que provoca interferencia entre los intereses privados o los de naturaleza pública”.

www.elplural.com 02.03.09

El PP cargó contra la presidenta del TC pero calla con De Rosa

Rajoy exigió explicaciones "inmediatas" a Casas por un simple consejo telefónico

El PP desató una cacería verbal en junio de 2008 contra la presidenta del Tribunal Constitucional a raíz de una breve conversación telefónica privada que María Emilia Casas mantuvo con una letrada sometida a una investigación judicial. Lo hizo como una deferencia hacia una amiga común. La conversación quedó grabada, ya que la Guardia Civil tenía intervenido el teléfono de la procesada, que pidió consejo a Casas. El Supremo no vio delito alguno en este asunto. Aún así, el líder del partido conservador, Mariano Rajoy, exigió a Casas explicaciones "cumplidas e inmediatas" por estos hechos y el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, mantuvo sus críticas y proclamó que se vio afectada "su credibilidad como presidenta" de la institución.

Tan imperiosa petición de aclaraciones ante una conversación telefónica que no superó los tres minutos contrasta con el silencio que la cúpula del PP mantiene ahora sobre los dos encuentros de varias horas desvelados por Público entre el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.

El mismo PP que asegura ser víctima de una conspiración solemnizada en el encuentro del dimisionario ministro de Justicia Fernández Bermejo y el juez Garzón, no encuentra, sin embargo, argumentos para el reproche en los encuentros entre Camps y el vicepresidente del Poder Judicial. Público intentó conocer la valoración del responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, que rehusó hacer declaraciones sobre este asunto.

Críticas del PP contra Casas

Su mutismo del viernes contrasta con la locuacidad y el tono grave exhibido hace sólo siete meses. En junio de 2008, Federico Trillo aseguró que la conversación telefónica de la presidenta del Tribunal Constitucional con una mujer investigada por el asesinato de su marido Salas desconocía esta circunstancia colocaba a la institución en una tesitura "insostenible".

Trillo pedía entonces celeridad a la Justicia: "Desde el punto de vista penal, el Supremo debería resolver cuanto antes". Su catarata de indignación le llevó a asegurar que "institucionalmente, la presidenta ha puesto al Constitucional en una situación insostenible".

Mariano Rajoy se unió a esta ofensiva, aportando munición a la andanada verbal del PP contra Casas. Rajoy aseguró que la presidenta del Constitucional "debería hacer una reflexión sobre su situación, porque estas conversaciones privadas afectan al crédito del Tribunal". Rajoy tachó de "enorme imprudencia" el comportamiento "muy poco adecuado" de Casas.

Hubo más voces críticas. La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, calificó de "muy graves" los hechos y subrayó que Casas "debería plantearse su situación en un momento en que el prestigio del Constitucional puede quedar afectado".

El jefe y su ex subordinado

Como ha revelado Público, el número dos del órgano de control de los jueces se reunió con Camps en la sede del Gobierno valenciano el pasado 20 de febrero, fecha en la que el presidente de la Comunidad reunió a un sanedrín de notables de su partido sólo 24 horas después de saber que el fiscal le implica en la trama corrupta vinculada al PP que investiga el juez Garzón.

No fue el primer encuentro entre Camps y De Rosa desde que se destapó el caso Gürtel. Una semana antes, el 13 de febrero, el presidente valenciano se desplazó al domicilio del vicepresidente del Poder Judicial para reunirse con él. La cita, según un portavoz del CGPJ, se circunscribió al ámbito estrictamente privado.

De Rosa fue, hasta hace cinco meses, Consejero de Justicia del Gobierno valenciano a las órdenes de Camps, que a juzgar por sus manifestaciones, despierta aún la admiración de su ex subordinado. Después de reunirse con él, De Rosa defendió que Camps es una persona "absolutamente honrada". Para defender la probidad de su ex jefe, el vicepresidente del Poder Judicial atacó al juez Garzón, acusándole de estar a punto de superar "la línea roja de la prevaricación". El CGPJ llamó al orden a De Rosa, que se vio obligado a pedir disculpas.

www.publico.es 28.02.09

RAJOY DICE QUE NO TIENE INDICIOS CONTRA EL TESORERO DE SU PARTIDO 

Mariano Rajoy dejó ayer muy claro que no piensa tomar ninguna medida extraordinaria ante la implicación del tesorero del partido, Luis Bárcenas, en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón. En una entrevista en Tele 5, el líder del PP evitó comprometerse a ninguna medida si se confirman las informaciones sobre el tesorero. Se defendió diciendo que él no es un "inquisidor" y por tanto no puede condenar sin pruebas. 

Rajoy sostiene que él no tiene ningún "indicio" de que Bárcenas haya hecho nada irregular. Dentro del partido todos conocen la intensa relación del tesorero, nombrado por Rajoy en 2008 en sustitución del veterano Álvaro Lapuerta, con Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama corrupta y responsable durante años de todos los actos, campañas y viajes del PP. Sin embargo, los dirigentes consultados, preocupadísimos por la implicación del tesorero, insisten en que no ha aparecido nada que le implique salvo una conversación en la que Correa, sin pruebas, asegura que le entregó 1.000 millones de pesetas (seis millones de euros) y que los tenía en un paraíso fiscal. Cuando se le preguntó a Rajoy por qué el PP sí ha forzado la dimisión de otros tres cargos implicados en la trama, el ex alcalde de Boadilla, el ex consejero de Deportes de Madrid y el ex alcalde de Majadahonda, el líder del PP se defendió asegurando que contra ellos sí que había indicios. 

Rajoy, que presentó una querella por prevaricación contra Garzón, cargó con dureza contra él y le acusó de someter al PP a una situación "imposible en plena campaña". El líder del PP utilizó un argumento político contra el juez: "Es socialista, se presentó en unas elecciones contra nosotros". En 1993, el juez fue candidato del PSOE, pero años después instruyó el caso GAL, que llevó a la cúpula socialista de Interior a prisión, y en esos años, Rajoy le aplaudía por su "valentía" e "imparcialidad". A Rajoy le respondió José Luis Rodríguez Zapatero, quien pidió al PP que deje de "presionar" al juez. 

Mientras, Esperanza Aguirre reabrió la batalla de la sucesión. Cuando se le preguntó por una frase que José Blanco le dijo a Alberto Ruiz-Gallardón en Lugo -"Si me va bien a mí, probablemente te irá bien a ti"; esto es, si pierde el PP, se va Rajoy y entra el alcalde-, Aguirre fue tajante: "No me gustaría que me dijeran que me va a ir bien algo que le va mal a mi partido". Casi al tiempo, y sobre la misma frase, Rajoy dijo: "Blanco se equivoca, le irá bien a Gallardón, y al PP". 

(www.elpais.com, 27/02/09) 

CAMPS TELEFONEÓ OCHO VECES A SU SASTRE MIENTRAS ÉSTE DECLARABA SOBRE LA TRAMA 

El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps (PP), telefoneó en numerosas ocasiones al sastre que le había recomendado Álvaro Pérez, El Bigotes, el jefe valenciano de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa y que montaba actos y viajes del PP durante los años de José María Aznar. Las llamadas se produjeron cuando el sastre José Tomás, que trabajaba en la tienda que la firma de moda Milano tiene en la calle de Serrano de Madrid, declaraba ante la policía antes de pasar a disposición del juez Baltasar Garzón. 

Su teléfono estaba intervenido por orden judicial, lo que permitió a los investigadores conocer las llamadas que hacía y que recibía. Durante la declaración, el sastre tenía su teléfono apagado, pero quedaron registradas las insistentes llamadas de Camps, hasta ocho, según detalló ayer El Confidencial.com citando fuentes de la investigación. Un portavoz del Gobierno valenciano rechazó aclarar a EL PAÍS el motivo de las llamadas: "No vamos a comentar nada sobre ese asunto". 

Camps negó desde el primer momento que hubiera recibido regalos en forma de trajes de la red corrupta que dirigía Álvaro Pérez en Valencia a través de la empresa Orange Market. Y llegó a amenazar con querellas a quien sugiriese que había tenido tratos con la trama. 

El presidente valenciano visitó a su sastre en Madrid en varias ocasiones, incluso cuando éste cambió de empresa y fichó por la franquicia Forever Young. El Gobierno valenciano ha reconocido ya que el presidente Camps encargó cuatro trajes en la tienda Milano de Madrid en las fechas previas a la visita de Benedicto XVI a Valencia, en julio de 2006. Nunca llegó a pagarlos porque los devolvió debido a que no le gustaron los arreglos que le habían hecho, según la versión del Ejecutivo valenciano. 

Una de las colaboradoras de Francisco Correa, Isabel Jordán, señaló en una conversación grabada y aportada al sumario que los miembros de la trama habían pagado 30.000 euros en trajes para el presidente Camps. 

Orange Market, la empresa de Correa en la Comunidad Valenciana, ha recibido más de seis millones de euros en contratos de distintas consejerías del Gobierno de Camps, algunos de ellos sin publicidad y por procedimiento negociado. Además, ha montado la inmensa mayoría de los actos electorales del PP valenciano. Los responsables de la trama se ufanaban en conversaciones privadas, cuyas grabaciones por parte de un ex concejal del PP están incluidas en el sumario, que en la Comunidad Valenciana lograban contratos con suma facilidad por sus relaciones con los dirigentes del Gobierno autónomo.

La fiscalía, en contestación a un escrito del juez Baltasar Garzón, solicitó la semana pasada la inhibición total del magistrado en este caso al encontrar indicios de delitos en cargos políticos del Partido Popular que, por su calidad de parlamentarios, son aforados y tienen que ser juzgados en los tribunales superiores de Justicia de sus comunidades autónomas. Entre los cargos a los que la fiscalía implicó en las prácticas ilegales de la red corrupta de Francisco Correa estaba Francisco Camps, que calificó de falsas todas las imputaciones. 

(www.elpais.com, 27/02/09) 

EL SASTRE DE MILANO EN MADRID RECIBIÓ OCHO LLAMADAS DE CAMPS MIENTRAS DECLARABA ANTE EL JUEZ GARZÓN 

Los nervios generados por la profusión de investigaciones en torno a la Operación Gürtel pueden haber llevado al jefe del Consell, Francisco Camps, a cometer un error de bulto, de esos capaces de dejar muy tocado políticamente a un cargo de alta relevancia pública. Según una información publicada ayer por el diario digital El Confidencial.com un empleado de la tienda Forever Young de Madrid y antiguo encargado de Milano en la capital de España recibió en su teléfono móvil ocho llamadas del presidente de la Generalitat mientras prestaba declaración ante el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. La información alude a una persona con la iniciales J. T. Todo indica que se refiere a José Tomás, el responsable de tienda que mantenía relación con el presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, y que la Fiscalía investiga después de que una de las imputadas aludiese en una grabación a que había pagado "una factura de 30.000 euros en trajes" para Camps, aunque después negó haber dicho eso. 

José Tomás fue llamado a declarar en dos ocasiones. Tras su primera comparecencia alertó desde su teléfono móvil a algunos de los imputados e implicados en la trama sobre los asuntos en los que Garzón estaba interesado. Tomás no sabía que el aparato, al igual que el de muchos de sus interlocutores, estaba intervenido. Esas conversaciones han servido para ampliar las investigaciones de la policía sobre la trama.  

Fue en su segunda declaración ante Garzón, cuando Tomás, que tenía el móvil apagado, recibió hasta ocho llamadas de Camps que quedaron registradas por el "pinchazo" de la Policía Judicial, según sostiene el diario digital. Fuentes de Presidencia ni confirmaron ni desmintieron estos datos: "No tenemos nada que decir". Otras fuentes de la Generalitat trataban de quitar trascendencia a las llamadas en el caso de que se hubieran producido. "Hablando contigo me acaban de entrar siete llamadas perdidas; eso no quiere decir nada", afirman. Otro cargo del PP que ha tratado con Camps sostiene lo siguiente: "Conociendo su carácter compulsivo no me extrañaría nada". 

La Fiscalía ha implicado a Camps en su primer informe e investiga varias facturas de empresas controladas por Francisco Correa. Una de ellas por valor de 5.000 euros. 

(www.levante-emv.com, 27/02/09) 

LUIS HERRERO TACHA A GARZÓN DE “CABRÓN CON PINTAS” Y “MUFLÓN” 

El eurodiputado popular Luis Herrero ha cargado desde los micrófonos de la COPE contra el juez Baltasar Garzón, que investiga una trama de corrupción que ha salpicado al PP. Secundado por Jiménez Losantos, Herrero ha tachado al juez de “cabrón con pintas” y de “muflón” [una especie utilizada en la caza que puede llegar a pesar 50 kilos y los machos están dotados de grandes cuernos que se curvan a ambos lados de la cabeza]. Las descalificaciones lanzadas desde el PP aumentan a medida que se acercan las elecciones del domingo en País Vasco y Galicia, llegando a llamar “maricón, miserable y pufero” a un oponente político socialista. Herrero, del que se duda que repita en las listas para las europeas, fue expulsado el pasado 15 de febrero de Venezuela por decir que el proceso electoral no era limpio y su verborrea le llevó también en Telemadrid a mandar "a cagar" al presidente del Gobierno. 

Herrero, cuyas opciones para repetir en las listas del PP para las europeas no están claras, está llamando la atención en las últimas semanas con declaraciones altisonantes, como las que motivaron su expulsión de Venezuela. Este hecho le permitió convertirse en protagonista durante unos días en varios medios. El eurodiputado del PP se presentó como una víctima de la dictadura de Chavez y llegó a decir que temió por su vida. Sin embargo, una conversación telefónica con el embajador de España en Venezuela, el político le aseguró que los funcionarios habían sido muy correctos con él.  

Sus decalificaciones no tienen límite. Recientemente, en la cadena pública Telemadrid, criticó duramente que Zapatero hubiera ido al programa de TVE Tengo una pregunta para usted en lugar de dar explicaciones sobre la crisis en el Parlamento. Resolvió su intervención enviando “a cagar” al presidente. 

Los insultos se han convertido en el protagonista del penúltimo día de campaña electoral en Galicia. El presidente del PP de Ourense, José Luis Baltar, tachó en un mitin de “maricón, miserable y pufero” a Manuel Vázquez, número uno del PSOE en la provincia y conselleiro de Medio Ambiente, y también insinúo que Anxo Quintana, líder del BNG, es un maltratador, justo depués de que Gallardón hicera un llamamiento a la argumentación. 

Los insultos contra el juez se están convirtiendo en algo habitual en la derecha, y por ejemplo en su editorial de ayer El Mundo tachaba al magistrado, entre otras cosas, de “juez indeseable”.  

(www.elplural.com, 27/02/09) 

CAMPS REUNIÓ A SUS FIELES Y AL NÚMERO DOS DEL CGPJ 

El número dos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, se encontraba el viernes de la semana pasada en el Palau de la Generalitat cuando el presidente del Ejecutivo autonómico, Francisco Camps, se reunió también con el ex ministro de Justicia, José María Michavila, y tres miembros del núcleo duro del PP regional, confirmaron a Público fuentes del Ejecutivo valenciano. Los tres miembros del equipo de Camps que acudieron a la cita son el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; y el portavoz del PP en las Cortes autonómicas, Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano. 

El jueves 19, un día antes de aquella ajetreada jornada en la sede de la Presidencia de la Comunidad, Camps se había enterado por la prensa de que el fiscal le implica en la trama corrupta que presuntamente operaba en instituciones gobernadas por el PP y que ha dado origen al caso Gürtel. El viernes 20, el mismo día en que se reunió con Camps, De Rosa insinuó públicamente que el juez Baltasar Garzón prevarica por no inhibirse en el caso pese a la presencia de aforados.  

Los testigos que ya informaron el miércoles a este periódico de que el vicepresidente del Poder Judicial se había entrevistado con Camps ese viernes, relatan cómo De Rosa llegó al Palau a última hora de la mañana y aún permanecía en el edificio cuando  ya avanzada la tarde, se marcharon Michavila, Rambla, Barberá y Costa. 

Juez en excedencia, consejero de Justicia de Valencia hasta hace cinco meses y adalid de la “honorabilidad” de su antiguo jefe, De Rosa negó anteayer no sólo que se hubiera reunido con Camps sino, también, que ese día hubiera visto en el Palau de la Generalitat a Michavila o a algún conseller. El vicepresidente del órgano que vela por la independencia judicial mintió en su conversación con este periódico al negar que hubiera estado en el Palau. Tres horas más tarde, un portavoz que habló en su nombre sostuvo que De Rosa sí había ido al cuartel general del Gobierno valenciano, pero no para ver a Camps sino para “recoger teletipos”. 

El vicepresidente del Poder Judicial ya se había visto justamente una semana antes con el presidente de Valencia. Pero, a diferencia de la reunión del 20 de febrero, la cita del viernes 13 se produjo en el domicilio de De Rosa, en una céntrica calle de la capital valenciana. En ese fecha ya se sabía que, en una conversación grabada por la Policía, la imputada Felisa Jordán aseguraba haber abonado una factura de 30.000 euros para “pagarle los trajes a Camps”. El presidente de la Comunidad Valenciana llegó a casa de De Rosa  sobre las siete y media de la tarde.  

Ayer, este periódico intentó de nuevo que De Rosa aportase una explicación sobre sus  dos recientes contactos con Camps, ambos posteriores al momento en que el presidente de Valencia, que goza de aforamiento gracias a su condición de diputado autonómico, tuviera noticias de que está siendo investigado. “De Rosa no va a hablar de reuniones privadas en su casa porque forman parte de su vida privada”, respondieron fuentes oficiales del Poder Judicial. 

Respecto a la reunión del viernes 20 en la sede de la Presidencia del Gobierno valenciano, De Rosa se limitó, a través de la misma fuente, a remitirse al “desmentido de Michavila”.  

Aunque el vicepresidente del Poder Judicial se escudó en Michavila, el desmentido del ex ministro resulta vago. Porque, según Michavila, sí se vio con Camps pero -adujo ayer- lo hizo sólo para mostrarle su solidaridad. El bufete de Michavila asesoró al empresario José Luis Ulibarri, propietario de negocios inmobiliarios y de medios de comunicación e imputado en el caso Gürtel.  

Hasta ahora, el Gobierno valenciano ha rehusado pronunciarse sobre la reunión de Camps con De Rosa.  Se pidió a su gabinete de prensa que el presidente aclarase las circunstancias en que se produjo la presencia simultánea del vicepresidente del Poder Judicial y de los cuatro dirigentes del PP antes citados. Hasta ahora, la Generalitat ha rehusado comentar la reunión de Camps con el vicepresidente del Poder Judicial y se ha limitado, como De Rosa, a remachar que no existe el menor parecido entre este caso y el de la cacería de Bermejo y Garzón. 

(www.publico.es, 27/02/09) 

EL PODER JUDICIAL REITERA SU APOYO A GARZÓN Y LA CENSURA A SU VICEPRESIDENTE 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer, sin introducir modificación alguna, la declaración institucional hecha pública el pasado martes por su Comisión Permanente en defensa de la independencia del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, y en la que se pide "el cese de cualquier declaración que pudiera perturbar el sereno ejercicio de la actividad jurisdiccional".

La declaración se produce en respuesta a la entrevista ofrecida en Canal 9 por el vicepresidente del propio Consejo, Fernando De Rosa, quien manifestó que Garzón podría "estar pasando una línea roja muy importante, que es la prevaricación", en el caso de no inhibirse de la operación Gürtel. 

De esta forma, De Rosa apoyaba públicamente al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, cuyo nombre había saltado a los medios como posible imputado en la trama de corrupción. De Rosa fue conseller de Justicia en el Gobierno de Camps hasta el pasado mes de septiembre. 

La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, explicó ayer que De Rosa había reiterado ayer el contenido del escrito que presentó el martes pidiendo disculpas por su actuación y explicando que sus declaraciones fueron realizadas a título personal. 

El vicepresidente remarcó su "profundo respeto a la independencia judicial", según Bravo, que calificó de "constitucional" el tono del debate en el momento de decidirse sobre este punto del orden del día. Por otra parte, eludió pronunciarse sobre la información hecha ayer por el diario Público sobre una reunión que habrían mantenido De Rosa y el presidente valenciano, Francisco Camps, el pasado viernes, día en que realizó las declaraciones de apoyo al presidente de la Generalitat y la crítica a Garzón. 

 El texto, que responde a una iniciativa propia del CGPJ, pues Garzón no ha solicitado formalmente su amparo a este órgano, señala que "ni desde el Consejo General del Poder Judicial -en referencia a su vicepresidente, Fernando de Rosa- ni desde otros Poderes del Estado o de sus instituciones pueden dirigirse indicaciones a ningún juez o magistrado sobre el contenido de las resoluciones que haya de tomar o no en un procedimiento determinado, ni sobre la dirección de dicho procedimiento".
Hay que recordar que el PP le dio un ultimátum a Garzón para que dejara el caso y ya hay en los juzgados varias querellas por prevaricación. 

(www.levante-emv.com, 27/02/09) 

LA RED CORRUPTA LOGRÓ 20 MILLONES EN CONTRATOS DE AZNAR, AGUIRRE Y CAMPS 

Un negocio multimillonario basado en las magníficas relaciones del jefe empresarial con el partido que gobernaba en las instituciones que le adjudicaban contratos públicos. Así operó en los diez últimos años la red de sociedades que tejió Francisco Correa, el hombre que montó los actos del PP durante el mandato de José María Aznar y que acudió de testigo a la boda de la hija del entonces presidente, para lograr al menos 20 millones de euros de tres administraciones públicas. 

- Gobierno Central. El Gobierno de José María Aznar adjudicó a través de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) entre 2000 y 2004 cerca de cinco millones de euros en contratos a diversas empresas de la red que investiga Garzón. Siempre se trataba del mismo tipo de trabajo: la organización, montaje y desmontaje de puestos en distintas ferias de turismo en España y Europa. AENA depende del Ministerio de Fomento. En la época de las adjudicaciones, el ministro era Francisco Álvarez-Cascos. 

- Comunidad de Madrid. El Gobierno de Esperanza Aguirre gastó en cuatro años cerca de ocho millones de euros, de los que al menos cinco siguen sin pagar. El consejero de Hacienda, Antonio Beteta, tranquilizó a las empresas que no han cobrado a través de una carta remitida a EL PAÍS: "Aquellos gastos que hubieran sido objeto de tramitación administrativa y que por las citadas razones no pudieron imputarse al presupuesto, serán abonados con cargo al presupuesto de 2009". 

El encargado de adjudicar la mayoría de los contratos para actos institucionales de la presidenta autonómica era Alberto López Viejo. Lo hizo hasta 2007 como viceconsejero de Presidencia y lo siguió haciendo a partir de ese año como consejero de Deportes, aunque los actos no tuvieran nada que ver con su departamento. Con ese sistema, imputó al resto de consejerías los gastos de determinados contratos de la red de Correa. 

Muchos de los contratos se hicieron a dedo, y cuando la cuantía del mismo era superior a lo establecido por la ley para este sistema de adjudicación, López Viejo los troceó en decenas de encargos con un presupuesto inferior a los 12.000 euros. 

La investigación judicial ha hallado indicios de delito en la actuación de López Viejo, que fue destituido de su cargo de consejero por Esperanza Aguirre cuando se conocieron las primeras noticias sobre estos hechos. Sin embargo, López Viejo sigue siendo diputado de la Asamblea de Madrid, donde el PP le ha arrinconado en el escaño más apartado del que ocupa la presidenta regional. 

- Comunidad Valenciana. El Gobierno de Francisco Camps adjudicó en los últimos cuatro años hasta seis millones de euros a las empresas de Correa. En algún caso, los concursos estaban amañados porque se hicieron sin publicidad y con el procedimiento negociado. La Administración valenciana invitaba a tres empresas y adjudicaba el contrato a una de ellas. Pero ocurrió que las tres empresas eran de la misma persona, por lo que no había competencia posible como establece la ley. Eso ocurrió al menos en una ocasión con un contrato por casi 140.000 euros para la realización del guión y la maqueta de un documental sobre la utilización de los contenedores amarillos de basura. Las tres empresas que fueron invitadas para el contrato pertenecían a la red tejida por Francisco Correa. 

(www.elpais.com, 27/02/09) 

AGUIRRE SE MOFA DE LA INVESTIGACIÓN PESE A DESTITUIR A TRES CARGOS 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se mofó ayer de las grabaciones que implican a cargos del PP con la presunta trama de corrupción de Francisco Correa. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado de forma extraordinaria en Torrejón (Madrid) aseguró que las grabaciones, aportadas por José Peña, ex concejal popular expulsado del partido, son "conversacioncillas" de una persona que "presume y acusa de ciertas cosas que implican delitos gravísimos a otras personas", cosas "que pueden ser ciertas o no". "Es como si el alcalde de Torrejón dice que tiene muchas relaciones con Angelina Jolie", ironizó, "o como decirlo del consejero de Sanidad, que hasta tendría más credibilidad", dijo. Pese a todo, la presidenta de Madrid ha tenido que destituir a tres cargos por este asunto, uno de ellos su consejero de Deportes, Alberto López Viejo. 

Aguirre arremetió también contra la consulta del juez Garzón a la Fiscalía Anticorrupción sobre qué tribunal debe ser en el encargado de seguir el caso Gürtel. Aseguró que se trataba de "una nueva triquiñuela" del juez para no pasar el caso "ni al Supremo ni a los Tribunales Superiores de Valencia y de Madrid, sino quedarse él con el asunto". 

Aguirre añadió que "el ministro furtivo", Fernández Bermejo, "ya ha dimitido" y que "el juez socialista" Baltasar Garzón "sigue actuando". Criticó las filtraciones del sumario y aseguró que está a la espera de que se publiquen "en determinados medios" las conversaciones transcritas. 

Contratos en Jerez

Por otra parte, la ex alcaldesa de Jerez María José García Pelayo (PP) desoyó hasta dos advertencias de la intervención municipal sobre la adjudicación de contratos públicos a dos de las empresas implicadas en la trama de corrupción que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. 

La parlamentaria andaluza adjudicó en enero de 2004 los contratos de servicios para la presencia de Jerez en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) a las sociedades Special Events y Down Town Consulting (actualmente Easy Concept) por valor de 202.172 euros sin contar con la aprobación del Consejo Rector del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) que García Pelayo presidía en calidad de alcaldesa. 

La interventora municipal advirtió por escrito que el órgano "competente para la aprobación" de los contratos "es el Consejo" del IPDC. A pesar de los escritos de la interventora, García Pelayo optó por adjudicar los trabajos a Special Events y Down Town Consulting por resolución de presidencia. 

(www.elpais.com, 27/02/09) 

EL EURODIPUTADO GALEOTE ABRIÓ UNA CUENTA PARA EL PP EN UN PARAÍSO FISCAL 

El nombre del eurodiputado popular Gerardo Galeote es uno de los últimos que ha sonado como posible implicado en el marco de la operación Gurtel. El dirigente fue el encargado en 2003 de abrir una cuenta del PP en Luxemburgo, un paraíso fiscal, en la que sus compañeros de partido en la Cámara Europea ingresaban 3.000 euros mensuales procedentes de las asignaciones que recibían para contratar asesores. Aunque en su momento Galeote defendió que no se estaba cometiendo ninguna irregularidad, cuando el PP conoció los hechos ordenó cerrar la cuenta y trasladarla a Madrid. 

Gerardo Galeote, el último de los posibles imputados con condición de aforado en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, fue el encargado de abrir, en 2003, una cuanta a nombre de una fundación del PP en un paraíso fiscal, Luxemburgo. Según informó Público, el eurodiputado abrió una cuenta que pertenecía a la sociedad Asociación de Estudios Europeos, de la que era presidente. En ella, cada eurodiputado popular ingresaba 3.000 euros mensuales procedentes del dinero que la Eurocámara da a sus miembros para gastos de secretariado.

El PP cerró la cuenta

La existencia de esta cuenta ya le hizo tener que dar explicaciones públicas en septiembre de 2003: aunque Galeote aseguró que no había ningún tipo de irregularidad, el PP nacional decidió cerrar esa cuenta y trasladarla a Madrid. El dinero se estaba ingresando en Luxemburgo desde febrero de ese mismo año y procedía de los 12.305 euros mensuales que recibían los eurodiputados para contratar asesores. Galeote justificó la creación de esta cuenta común alegando la necesidad de cohesión del grupo parlamentario para contratar asistentes y asesores.

Un "pequeño remante" para el partido

No obstante, el eurodiputado llegó a admitir que “un pequeño remante” de los ingresos no se destinaban a estos fines de contratación, sino que iban a parar a las arcas del partido, algo que prohibía expresamente la normativa de la Eurocámara, que no permite que las aportaciones que reciben los eurodiputados sirvan para financiar a sus partidos.
Dinero para FAES

La Asociación de Estudios Europeos surgió en la misma época en que el entonces presidente del PP José María Aznar ordenó que todas las fundaciones del partido se integrasen en la fundación FAES. A esta sociedad de análisis los eurodiputados también aportaban mil euros cada mes, según la versión de Público. 

(www.elplural.com, 27/02/09) 

EL PP ATACA TAMBIÉN A LA POLICÍA Y PIDE CUENTAS AL MINISTRO DEL INTERIOR 

El PP sólo ve en la investigación del caso Gürtel una gran conspiración para abatirlo. Y por ello está empeñado en demostrar, como ya hizo con el 11-M, que la justicia, la policía y el Gobierno han actuado en bloque con ese objetivo y no para desentrañar una trama corrupta que toca el corazón del partido de Mariano Rajoy. Ésa es la justificación que ha esgrimido el Grupo Popular para solicitar la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que explique las actuaciones llevadas a cabo por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía durante la investigación que lleva a cabo el juez Baltasar Garzón. 

La petición del Grupo Popular tiene una segunda parte y ya se lo advierte a Rubalcaba. "Esa unidad depende de la Comisaría General de la Policía Judicial, que dirige Juan Antonio González García". Ese mando policial compartió cena con el ex ministro Mariano Fernández Bermejo (del que es amigo desde la juventud) y el juez Garzón en la noche previa a la montería en la que cazaron juntos, episodios que han culminado con la salida de Bermejo del Gobierno. Tanto en esa cena como en la cacería había bastantes más personas, incluidas algunas más relacionadas con el mundo judicial, pero ajenas al caso. 

"La trama contra el PP"

Garzón, Bermejo y el comisario: "Ya está cerrado el círculo de la trama contra el PP", proclamó ayer la portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría. Los populares, aunque arremeten contra Garzón, son conscientes de que los informes los realiza la policía; de ahí su interés de buscar también por ese lado, y en la persona de Juan Antonio González, algún resquicio para sembrar la sospecha de que tampoco la policía estaría actuando correctamente. En todo caso, las explicaciones se las piden a Rubalcaba. 

Desde el lado del PSOE se contraataca con la "doble vara" de medir que utiliza el PP en torno a las distintas etapas del juez. Cuando sus actuaciones fueron contra miembros del Gobierno de Felipe González, Garzón era un hombre "valiente, con coraje e imparcial", rememora la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, leyendo declaraciones de prensa en 1995 de José María Aznar y Francisco Álvarez-Cascos, entonces números uno y dos del PP. Toda la dirección del PSOE salió ayer en tromba para pedir al PP que pare su ofensiva contra el juez. 

Pero no todos los socialistas están dispuestos a defender a Garzón. "Que no se engañen los populares de hoy, Garzón no es de los nuestros: o no es de los míos", afirma Luis Solana, ex presidente de Telefónica y ex director de RTVE, y diputado por el PSOE entre 1979 y 1983. "Muchos socialistas maldecimos la hora en que Garzón y González se conocieron en una finca de Quintos de Mora". También el ex presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina se refiere a Garzón en su blog. "Los que ahora protestan en el PP son los mismos que antaño aplaudieron con entusiasmo cuando este justiciero metía en la cárcel a los imputados del PSOE hasta que éstos colaboraban con la Justicia, hasta que cantaban la melodía que al juez le gustaba oír, hasta que denunciaban a sus jefes". 

Por otro lado, el tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha remitido sendas quejas al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado por la "utilización torcida de las instituciones del Estado" contra él y el PP, que "recuerda los mejores tiempos de la propaganda goebbeliana". 

(www.elpais.com, 27/02/09) 

TRILLO PRESENTÓ LA QUERELLA CONTRA EL JUEZ SIN PODERES PARA HACERLO 

Las prisas han traicionado al PP y a su responsable de justicia, Federico Trillo, en su acoso al juez Baltasar Garzón a raíz de la investigación de la trama corrupta. La tan anunciada querella contra el juez por prevaricación, presentada el miércoles, ha visto truncada de inicio la tramitación, y no por argucias legales, sino porque Trillo olvidó un aspecto esencial en estos asuntos. Precisamente el exministro, ariete de Mariano Rajoy contra el magistrado, olvidó que requería de poderes notariales especiales para pleitos para interponer este tipo de querella ante el Tribunal Supremo, que le ha concedido cinco días para subsanar los "defectos de forma" detectados. 

(www.elperiodico.com, 27/02/09)

LA EX ALCALDESA DE JEREZ IGNORÓ DOS INFORMES SOBRE LAS ADJUDICACIONES 

La ex alcaldesa de Jerez María José García Pelayo (PP) desoyó hasta dos advertencias de la intervención municipal sobre la adjudicación de contratos públicos a dos de las empresas implicadas en la trama de corrupción que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. 

La también parlamentaria andaluza adjudicó en enero de 2004 los contratos de servicios para la presencia de Jerez en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) a las sociedades Special Events y Down Town Consulting (actualmente Easy Concept) por valor de 202.172 euros sin contar con la aprobación del Consejo Rector del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) que García Pelayo presidía en calidad de alcaldesa. 

La interventora municipal emitió el 8 de enero de 2004 dos documentos en los que hizo constar que el órgano "competente para la aprobación" de los contratos "es el Consejo" del IPDC. A pesar de estas dos advertencias escritas en las que la interventora municipal detallaba las cantidades a pagar a las empresas adjudicatarias, García Pelayo optó por adjudicar los trabajos a Special Events y Down Town Consulting por resolución de presidencia. 

De hecho, sólo una semana después de los informes de intervención la dirigente popular firmó la adjudicación de los contratos "mediante procedimiento negociado sin publicidad" a las empresas investigadas por Garzón. El 15 de enero rubricó la primera orden de contratación. García Pelayo declaró "válida la licitación" y adjudicó un contrato a la empresa Special Events por valor de 162.806,37 euros. Días más tarde, el 19 de enero, selló con los representantes de Down Town, Isabel Jordán y Javier Nombela, ambos imputados en la trama de corrupción, la relación contractual para eventos relacionados con Fitur por la cantidad de 40.000 euros. 

El expediente completo sobre la gestión municipal en los contratos de Fitur en 2004 está ya en poder de la Audiencia Nacional. La alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez (PSOE), la trasladó a la sede judicial vía fax y por mensajería. Según fuentes de la presidencia de la corporación jerezana, fue personal del Ayuntamiento el que contactó a primera hora de la mañana de ayer con la secretaría del juzgado de Garzón para enviar toda la documentación. 

Siguiendo las instrucciones de la interlocutora, personal municipal transmitió el expediente de manera inmediata a Madrid. A partir de entonces, hubo varias llamadas en las que la secretaría del juzgado requirió la documentación y respondió a diversas dudas de asesores municipales, que, por ejemplo, desconocían si podían facilitar el expediente al Partido Popular una vez remitido a la Audiencia. 

Mientras se hacían estas gestiones, la concejal del PP y sus compañeros de filas en la corporación decidieron encerrarse en el salón de plenos del Ayuntamiento. Allí permanecieron más de tres horas reclamando la totalidad del expediente. 

A las 14.30 acabó la protesta. Los concejales del PP tuvieron acceso a los 19 documentos relacionados con las empresas a las que García Pelayo adjudicó los contratos en 2004. 

(www.publico.es, 27/02/09)

EL PP NACIONAL FUERZA LA SUSPENSIÓN DE MILITANCIA DEL EX ALCALDE DE BOADILLA 

Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte imputado en la trama de corrupción que investiga el juez Garzón, ha sido suspendido "cautelarmente" de militancia en el Partido Popular por la número dos de la formación, María Dolores de Cospedal. Esperanza Aguirre anunció ayer que el ex regidor había pedido voluntariamente apartarse por un tiempo y que la agrupación del pueblo, hasta ayer presidida por él mismo, quedará en manos de una gestora liderada por el primer edil de Alcalá, Bartolomé González. 

Fuentes próximas a González Panero aseguran que éste no se ha dado de baja "ni ha firmado ningún papel". También que en las próximas horas "negociará una solución", y advierten de que en esa "negociación" Panero exigirá que se le respete. El ex alcalde, dicen, está muy satisfecho de la elección de Bartolomé González: "Es amigo mío". 

La idea de la suspensión del imputado en el caso Gürtel parte de Génova, según fuentes del PP madrileño. Su secretaria general recibió en su día, hace dos semanas, a González Panero y éste, entre su batería de excusas, llegó a decir que si era necesario se apartaría para no perjudicar al partido. Una frase pronunciada al descuido y sin intención pero de la que los dirigentes nacionales del PP tomaron nota. Panero asistió a esa reunión, ya destituido, en su coche oficial de regidor. 

González Panero también, se supone, abandonará sus responsabilidades en la Ejecutiva regional del PP, en la que ocupa el área de relaciones con la Federación Madrileña de Municipios. "Cuando se convoque el siguiente consejo de dirección él no será invitado", confirman fuentes populares. 

Sin embargo, donde permanecerá es en el grupo municipal de Boadilla. González Panero, obligado a dimitir el pasado 10 de febrero, conserva su despacho de alcalde. "¿Dónde voy a dejar mis cosas hasta que me den otro sitio?", es su argumento para oponerse a la mudanza, según voces municipales. Desde el PP advierten de que no se le puede expulsar "sin una votación". Además, insisten, "hay independientes en los equipos de gobierno". "No está previsto que pase al grupo mixto", concluyen. 

La realidad municipal de Boadilla del Monte no ha acusado el trueque del dimisionario González Panero por su ex concejal de Hacienda y número tres de la lista, Juan Carlos Siguero."Panero sigue mandando en todo", dicen miembros de la Corporación municipal, sita en un moderno inmueble marrón casi al final de la sinuosa calle de José Antonio, cerca de su confluencia con la avenida del Generalisímo. Hasta el punto de que varias fuentes de los populares aseguran que el ex alcalde se jacta de que mantendrá el control en el urbanismo de la localidad, a través de las obras, y que, al menos, se quedará con la Concejalía de Deportes. Eso, al margen de que ocupa un cargo en la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda sobre el que no parece que tenga intención de renunciar. 

Su control de la vida municipal también se refleja en una reciente reunión del nuevo alcalde con los concejales para avisarles de que se citará con ellos uno a uno para explicarles sus cometidos, González Panero estuvo presente haciendo comentarios supuestamente irónicos y se ofreció a "asesorar" al nuevo regidor, un hombre de su confianza. "No sabemos en calidad de qué estaba en esa junta, porque no se tomó la molestia de darnos explicaciones", revela uno de los asistentes. 

Una actitud a la que los componentes del gobierno de Boadilla están acostumbrados. "Allí reina el terror desde hace muchos años", explica un miembro del PP. Tanto es así que el partido y el propio equipo dirigente municipal se habían escindido en dos partes. Una, liderada por la que era hasta ese momento la número dos, María Jesús Díaz, y otra por Panero. La facción de Díaz, obligada a dimitir el mismo día que el ex alcalde, era mucho más minoritaria y sus concejales se quedaron sin ninguna responsabilidad efectiva de gobierno. Incluso, de ese modo, González Panero consiguió excluirlos de las reuniones del Consistorio. Al menos ocho de los actuales concejales de la Corporación están muy próximos a González Panero. Casi todos ellos ocupan las áreas de mayor relevancia. 

La gestora que desde el lunes se hará cargo de la agrupación del partido en Boadilla estará encabezada por Bartolomé González, alcalde de Alcalá. Pero quien tendrá el control cotidiano de la formación será Miriam Villares, antigua diputada regional y concejal de Cultura. 

Villares, que ocupó el puesto décimo en las últimas listas electorales, fue la apuesta de la dirección popular para sustituir como alcalde a González Panero. Para que ello sucediese, todos los que la precedían en la papeleta debían renunciar al cargo. Sigueros, a instancias de Panero, decidió no renunciar. 

(www.elpais.com, 27/02/09)

Pedro J. a Garzón en 1995: "Te vamos a apoyar a tope porque está en juego que la justicia sea igual para todos"

"Que sepas que te vamos a apoyar a tope proque lo que está en juego es que en España la justicia sea igual para todos", son las palabras que Pedro J. Ramírez dirigió al juez Baltasar Garzón el 7 de febrero de 1995 cuando en éste le comunicó por teléfono que estaba a punto de tirar la toalla y dejar el sumario de los GAL. Así lo reconoce el propio director de El Mundo en su libro Amarga Victoria. Hoy, un editorial del mismo periódico lo define como un "indeseable" que se comporta "de forma malévola y artera" y que, incluso, tortura al PP.

• ¿Cree Ramírez que cuando apoyaba a Garzón intermediando con Cascos, el juez sí era imparcial?

• Garzón contribuyó decisivamente a la victoria de Aznar, pero entonces era imparcial para el...

• Pedro J. arremete de nuevo contra la "truculenta garzonada" y en la COPE lo acusan de prevaricar

• El Mundo vuelve a cargar contra Garzón y "los nuevos intocables"

• “Está bajo sospecha porque es socialista”

Enric Sopena recordó en El Plural el pasado 15 de febrero a Pedro J. la buena relación que mantuvo con el juez Baltasar Garzón cuando, según su propio relato, lo convirtió en en el martillo del felipismo.  El periodista se jacta en su libro de la confianza que tenía con el juez al que ahora presenta como un “indeseable”. Asegura que llamó a Garzón el 7 de febrero de 1995 para darle ánimos cuando éste lamentaba “la presión” de los medios ante su investigación de los GAL y sus ideas de “dejarlo todo” en ocasiones. “Quiero decirte que lo que estás haciendo tiene un gran valor para muchas personas (…) te vamos a apoyar a tope porque lo que está en juego es que en España la justicia sea igual para todos”.

Dos hombres y un destino
La versión del director de El Mundo se ve reforzada además por la de la periodista Belen Esteban quien en su libro su libro El tercer hombre, editado en 1995, habla del "tándem Garzón-Pedro J.: dos hombres y un destino". En aquella época Pedro J. fue uno de los cabecillas del llamado sindicato del crimen, que jugó un importante papel a la hora de minar el Gobierno de Felipe González y aupar a Aznar al poder.

"El coco del cuento"
Al igual que el PP Pedro J. Ramírez, ha sufrido una auténtica mutación con respecto al magistrado.  Esta mañana la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, rememoró cuando en 1995 Francisco Álvarez Cascos, entonces número dos del PP, y José María Aznar defendían “con uñas y dientes” a Garzón, a quien calificaban como “un juez valiente, con coraje e imparcial”, aunque ahora los populares lo han convertido “en el coco del cuento”. La número tres socialista ha recordado además el doble rasero del PP cuando denuncia la cacería de Bermejo y Garzón. “¿Se nos ha olvidado que el señor Gallardón y el señor Cobo comieron con el juez que instruía su caso –el caso Guateque- y nadie ha dicho nada”?, concluyó.

Garzón, el torturador del PP
Dentro de la estrategia de la derecha para convertir la investigación judicial sobre la presunta corrupción en el PP en una “causa general” contra el partido de Rajoy, las acusaciones de parcialidad y de prevaricación contra el juez Garzón forman parte fundamental. Y El Mundo es uno de los medios que más se está esforzando en cuestionar la figura del magistrado de la Audiencia Nacional. Hoy ha subido un peldaño más en su escalada de erosión contra el juez Garzón y en su editorial de este jueves, Un juez indeseable, una querella inútil, una hipótesis grave, lo presenta como “un magistrado que ha puesto el Derecho al servicio de sus intereses y de sus fobias personales”. Y tras denunciar filtraciones del sumario, el diario de Pedro J. concluye que “es obvio que Garzón se ha comportado de forma malévola y artera manejando los datos que obran en el sumario y los tiempos para perjudicar al PP, interpretando la ley a su antojo y convirtiendo el procedimiento en una tortura contra el partido de Rajoy”.

“Indeseable y sin vergüenza”
El editorial cree que la querella del PP contra Garzón no funcionará porque “la prevaricación” es “muy difícil de demostrar, excepto que se actúe con la mala fe de quienes condenaron a Liaño”. Y concluyen que “lo que sí está demostrando” es que Garzón “no es un investigador imparcial”, “asume un protagonismo desmedido”, “administra justicia para satisfacer su ego”, “tiene una serie de fobias y filias que le ciegan y sobre todo se cree por encima de la ley”. Por último proclaman que “hasta que este juez indeseable para cualquiera y sin vergüenza para casi todo no se aparte del asunto, será imposible deslindar el grano de la paja”.

El franquismo, que no se toque
No es novedosa esta animadversión de El Mundo hacia el juez Garzón en los últimos tiempos. Cuando al magistrado se le ocurrió enjuiciar los crímenes del franquismo, lideró toda una campaña contra él y sus intocables, casualmente, también apoyada por el PP.

Un pasado que la derecha perdonó
Esta mañana, Mariano Rajoy también ha arremetido con dureza contra Garzón, al que acusa de estar bajo sospecha por ser socialista. Efectivamente, formó parte del último Gobierno de Felipe González pero al líder de la oposición parece habérsele olvidado un aparte esencial de la historia. Un análisis del director de El Plural, publicado el pasado 21 de febrero podría refrescar su memoria. En él se relata cómo Garzón contribuyó decisivamente a la victoria de Aznar. Cuando el juez regresó tras su fugaz paso por la política, decepcionado por el nombramiento de Juan Antonio Belloch como superministro de Justicia e Interior, reabrió la causa de los GAL, que constituyó la puntilla que necesitaba Aznar para acabar con González.

www.elplural.com 26.02.09

Tres Galeotes, bajo sospecha de corrupción

Malos tiempos para la familia Galeote. Según adelantó ayer la Cadena Ser, Gerardo Galeote, eurodiputado del Partido Popular, portavoz de esta formación política en el Parlamenteo Europeo y patrono de la Fundación FAES, podría estar siendo investigado por el juez Baltasar Garzón

 

Gerardo Galeote posa con Ana Pastor
 

Su nombre ha aparecido, junto con el de Luis Bárcenas, en los informes policiales del caso Gürtel. Pero Gerardo no es la única persona de su familia que en los últimos días está bajo sospecha.

Ricardo Galeote
Su hermano Ricardo ejerce como concejal de la localidad malagueña de Estepona, ha sido número dos del partido y ocupó un cargo de confianza en el consistorio entre 1999 y 2003 con dos gobiernos distintos.

Ricardo Galeote se divierte en un Pleno municipal de Estepona
 

Contratos de miles de euros
Tal y como informó El Plural, Ricardo, como concejal de la localidad malagueña, contrató con las sociedades Special Events SL y Viajes Pasadena SL, del empresario Francisco Correa, 53.227,58 euros y 69.735,39 euros en concepto de billetes de avión y tren así como alojamientos en hoteles para Fitur.

Sandra Galeote
Gerardo y Ricardo tienen una única hermana, Sandra Galeote, afiliada muy activa del Partido Popular de Andalucía y persona muy cercana a Javier Arenas. Sandra trabaja como psicóloga en la Mancomunidad Costa del Sol.

Sandra Galeote habla en un mítin del PP
 

De tal palo…
Gerardo, Ricardo y Sandra son hijos de José Galeote, quien fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte desde 1995 a 2003. Luego trabajó como asesor del Alcalde y de Asuntos Institucionales. En la actualidad, José Galeote sigue siendo consejero de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla.

Viaje a Miami
José Galeote también fue una de las personas que acompañó a Arturo González Panero y Francisco Correa a Miami Beach, lugar donde el ex regidor de Boadilla pudo haber adquirido varias propiedades.

Jubilado y cobrando
Asimismo, El Plural publicó en exclusiva que los ayuntamientos de Boadilla del Monte, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón le nombraron en 2004 gerente del Consorcio Deportivo y de Servicios de la zona noroeste de Madrid. El hecho no tendría ninguna relevancia de no ser porque José Galeote estaba jubilado, con lo que no podría percibir otras retribuciones por su trabajo. Además, está prohibido desempeñar un puesto de trabajo en el sector público a personas mayores de 70 años.

www.elplural.com 26.02.09

Seis imputados en la Operación Gürtel salen en libertad

Baltasar Garzón ha dejado en libertad a otros seis imputados en la causa. Entre ellos se encuentran los tres apoderados de las empresas implicadas, Mónica Magariños Pérez de Orange Market, Joaquín García Mármol de Special Events, y Guillermo García Coello de Pasdena Viajes, Easy Concept, y Proyectos Financieros Fillmore. En total, el magistrado ha decretado 3 prisiones y 15 libertades.

• Y Garzón pregunta a la Fiscalía si debe inhibirse a favor del Supremo al ver indicios contra...

• Camps llamó ocho veces a su sastre mientras éste declaraba ante Garzón

• Garzón implica al tesorero del PP y a un eurodiputado en la trama corrupta

• Garzón, ingresado de urgencia poco después de ser asaltado a preguntas por Intereconomía

Garzón también ha dejado en libertad a David Luis Cerezo –hermano de la también imputada Carmen Luis Cerezo-, Paula Seco de Herrera López, y Antonio Herrero González, veicno y amigo del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa.

3 detenidos…
Precisamente Correa y los otros dos supuestos artífices de la trama –Pablo Crespo, encargado de la dirección de las empresas del grupo, y Antoine Sánchez, primo del líder y encargado del blanqueo de capitales- son quienes permanecen detenidos, recoge Europa Press.

…15 libres
Los tres primeros imputados dejados en libertad fueron Carmen Rodríguez Quijano, la mujer de Correa; Felisa Jordán, administradora única de empresas de la trama; y Carmen Luis Cerezo. Les siguieron Álvaro Pérez el Bigotes, el presidente de Orange Market; Cándido Herrera, el consejero delegado del cabecilla; José Luis Izquierdo, el financiero; Andrés Bernabé, su chófer; Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag; y Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol.

El martes, más
El magistrado ha retomado los interrogatorios al reintegrarse a la Audiencia Nacional después de ser ingresado el viernes pasado por una crisis de ansiedad. Garzón sigue a la espera de que la Fiscalía responda a su requerimiento sobre si debe inhibirse a favor del Supremo dada la implicación de diputados nacionales, senadores o eurodiputados. Las declaraciones se reanudarán el próximo martes, cuando están llamados a declara otras seis personas.

www.elplural.com 26.02.09

LA INVESTIGACIÓN DE GARZÓN IRRUMPE EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL PP 

La trama corrupta de Francisco Correa ha llegado a la sede del Partido Popular. Ayer se conoció que el juez Baltasar Garzón considera que existen indicios racionales de criminalidad en la conducta del tesorero del PP, Luis Bárcenas, que tiene la condición de senador por Cantabria, lo que determinaría que la competencia para investigar los hechos correspondería a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

La identidad de Bárcenas y de otro aforado fue incorporada a un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía (UDEF) que el martes a las 15.30 horas fue entregado al juez para su valoración. Fuentes de la investigación consideran que se trata del núcleo de la trama corrupta. 

El dictamen policial está basado en los documentos en papel y en los archivos guardados en los ordenadores y las unidades de memoria que habían sido intervenidas en los registros de los domicilios de varios de los imputados y en el piso de seguridad que la trama corrupta disponía en la calle del General Martínez Campos, de Madrid. 

A la vista de las nuevas pruebas, de las que Garzón pudo tener conocimiento verbal el viernes anterior, antes de que tuviera que ser internado en una clínica de Madrid por una subida de tensión, el magistrado realizó una nueva consulta. En una providencia dirigida al fiscal anticorrupción, Garzón explicaba que "los nuevos datos podrían resultar fundamentales para la remisión de las exposiciones razonadas", ya que han aparecido nuevos posibles aforados. 

El fiscal había informado con anterioridad al juez de que, a la vista del contenido de la causa, debería remitirla al Tribunal Superior de Justicia de Madrid -existen indicios contra Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid; Benjamín Martín Vasco, parlamentario madrileño y ex presidente de la comisión de investigación sobre el espionaje, y Alfonso Bosch, diputado de la Asamblea de Madrid y gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Boadilla del Monte-. Y también que una parte, perfectamente escindible, que afecta al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y a otro aforado de esa comunidad, en idéntica medida, debería remitirse al Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad. 

Sin embargo, la aparición de nuevos aforados, entre ellos Bárcenas, cuyo eventual enjuiciamiento correspondería al Supremo, determinó que Garzón preguntase al fiscal si procede elevar exposición razonada al Tribunal Supremo sobre los casos de su competencia, o si, a la vista de que los hechos se refieren a varias comunidades autónomas, correspondería al Supremo la investigación y enjuiciamiento de todo el caso. 

El juez ha dado un plazo al fiscal que concluye hoy, pero no se descarta que el fiscal se tome más tiempo y que el presumible auto de inhibición a la Sala Segunda del Supremo -o a tres tribunales distintos- no se conozca hasta después de las elecciones del próximo domingo. 

Fuentes de la investigación recuerdan que en una de las grabaciones realizadas al principal implicado en la trama de corrupción, Francisco Correa, en diciembre de 2007, se escucha a éste decir en relación con el entonces gerente y hoy tesorero del PP: "A Bárcenas yo le he llevado, yo, vamos a sumarlo, 1.000 millones de pesetas, yo Paco Correa, a Génova y a su casa".

Correa no aportó ninguna prueba de tal acusación y el propio Bárcenas tachó en su momento esa afirmación de "absolutamente falsa y calumniosa". Sin embargo, el juez ha estimado que existen indicios de su participación delictiva y le ha incluido entre los aforados. 

El informe de la investigación policial en el que se ha basado Garzón para implicar a parlamentarios nacionales del PP también incluye alusiones a Gerardo Galeote, europarlamentario popular. El padre de Galeote está muy vinculado con los gobiernos municipales del PP en Boadilla del Monte, donde fue concejal ocho años, asesor del ex alcalde (imputado por Garzón) y consejero de la empresa de suelo y vivienda del municipio. La red corrupta de Correa hizo negocios en Boadilla del Monte y, según las declaraciones grabadas al jefe de la trama, pagaron comisiones al entonces alcalde de la localidad a cambio de adjudicaciones. 

El informe policial también incluyó el nombre de Esteban González Pons, diputado y responsable de comunicación del PP, que resultaba salpicado por un asunto muy menor, y por el que el juez de la Audiencia Nacional no consideró oportuno imputarle, ni incluirlo en la lista de aforados. 

(www.elpais.com, 26/02/09) 

EL PP, SALPICADO EN GÉNOVA, VALENCIA Y MADRID 

- Luis Bárcenas, senador y tesorero del PP, es el último nombre supuestamente implicado en la trama. En una grabación, el presunto jefe de la red corrupta dice: "A Bárcenas yo le he llevado, yo, vamos a sumarlo, 1.000 millones de pesetas, yo Paco Correa, a Génova y a su casa por adjudicaciones de obras de la época de [Francisco Álvarez] Cascos, y sé cómo lo ha sacado y el paraíso fiscal donde lo tiene". 

- Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, está implicado, según la fiscalía, en la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa, el hombre contratado para montar los actos del PP en el mandato de José María Aznar. El escrito de Garzón conocido ayer indica que otro parlamentario o miembro del Gobierno valenciano, cuyo nombre no fue difundido, estaría implicado. 

- Alberto López Viejo, que dimitió como consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid; Alfonso Bosch, diputado del PP en la Asamblea de Madrid y gerente de la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla, y Benjamín Martín Vasco, diputado del PP en Madrid y ex presidente la comisión de investigación del espionaje, son los aforados madrileños supuestamente implicados en la red. 

- La investigación ha supuesto la imputación de los también cargos del PP Arturo González Panero, forzado a dimitir como alcalde de Boadilla (Madrid), y Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y ya ex director del Mercado Puerta de Toledo. Además, el juez ha encarcelado a Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego. 

(www.elpais.com, 26/02/09) 

"LE LLEVÉ 1.000 MILLONES DE PESETAS POR ADJUDICACIONES DE LA ÉPOCA DE CASCOS" 

La investigación sobre la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, el hombre que durante diez años montó los actos del PP bajo mandato de José María Aznar, ha dejado al descubierto algunas maniobras que han levantado múltiples sospechas sobre una supuesta financiación ilegal del PP a través de los jefes de la red empresarial encarcelados por el juez Baltasar Garzón. 

Correa, en las reuniones que mantenía con sus colaboradores, citaba algún pago directo al PP a cambio de adjudicaciones de contratos. En las grabaciones de conversaciones privadas de Correa aportadas al sumario hay al menos dos referencias a la supuesta financiación ilegal del partido. Una de ellas afecta directamente al PP de la Comunidad de Madrid, cuando Correa se refiere a prácticas supuestamente ilegales del diputado popular Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes y hombre de confianza de Esperanza Aguirre al menos desde 2004. El jefe de la trama corrupta asegura que López Viejo imputa gastos de actos del PP a las consejerías del Gobierno regional. El Ejecutivo de Aguirre adjudicó trabajos a la red de Correa por casi ocho millones de euros en cuatro años. 

La segunda cita sobre financiación ilegal se refiere al PP que gobierna Mariano Rajoy y cita expresamente al tesorero nacional del partido y senador, Luis Bárcenas. "Ya te he dicho que yo le he llevado a Bárcenas, a su casa y a Génova, 1.000 millones de pesetas por adjudicaciones de obras de la época de [Francisco Álvarez] Cascos", señala Correa en una de las grabaciones que investiga desde hace año y medio la Fiscalía Anticorrupción. 

La "época" de Cascos, que fue secretario general del PP cuando Correa hacía sus primeros trabajos para el partido, va de 2000 a 2004, cuando desempeñó el cargo de ministro de Fomento en el Gobierno de Aznar. En aquella etapa, AENA, dependiente de Fomento, adjudicó la inmensa mayoría de montajes para ferias en España y en el extranjero a la red de empresas de Correa, a razón de entre 30.000 y 300.000 euros por encargo. 

En cuatro años, la trama corrupta se llevó cerca de cinco millones de euros en decenas de contratos adjudicados a distintas empresas de la red: Special Events, TCM y otras. 

Álvarez-Cascos explicó que no tuvo "nada que ver" con ningún contrato entre las empresas de Correa y AENA. "Si se cometió alguna irregularidad, lo que a mí desde luego no me consta, se hizo sin mi consentimiento. Pero también hay que tener en cuenta que el señor Correa tenía una reputación como proveedor en el año 2000 que ahora evidentemente no tiene. Mucha gente contrataba con él de buena fe. En cualquier caso y aunque me extrañaría que hubiera irregularidades, si las hubo yo no tuve nada que ver con esos contratos. Ni siquiera me enteré de ellos en su día porque eran temas como organizar la participación de AENA en algunas ferias internacionales". 

La red de sociedades que dirigía Correa echó raíces sólidas en AENA y sus contratos de ferias. Hasta el punto de que logró mantener algunos de ellos tras la salida de Álvarez-Cascos del ministerio y durante los primeros tiempos del nuevo Gobierno socialista, aunque en cantidades muy inferiores. 

Rajoy ha rechazado cualquier relación del PP nacional con la trama corrupta que supusiera financiación ilegal. De hecho, recalcó que la investigación de Garzón no se podía comparar con el caso Filesa de financiación ilegal que afectó al PSOE. Rajoy ha explicado que a partir de su llegada a la presidencia del partido, cortó las relaciones con la red empresarial de Correa al descubrir que iban por los pueblos del noroeste de Madrid alardeando de sus especiales relaciones con el PP para obtener contratos. 

La trama corrupta desmantelada por el juez Garzón hizo algunas operaciones urbanísticas y logró algunos contratos importantes en municipios de esta zona, como Boadilla del Monte y Majadahonda, gobernados por el PP. Ex alcaldes de estas dos localidades, Arturo González Panero y Guillermo Ortega, respectivamente, figuran como imputados en la causa abierta en la Audiencia Nacional por Garzón. 

(www.elpais.com, 26/02/09) 

EL PP NO PREVÉ DIMISIONES, PERO PIDE LA INHABILITACIÓN PARA GARZÓN 

El PP decidió ayer, poco antes de conocer la explosiva implicación de su tesorero, Luis Bárcenas, en el caso de presunta corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, intensificar su campaña de contraataque. Primero presentó ante la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo una querella contra el juez por prevaricación. En el texto se reclama que se le aplique al juez la sanción más leve de las tres previstas por la prevaricación: de 10 a 20 años de inhabilitación, lo que supondría, de concederse, el fin de la carrera del juez más conocido de España y probablemente del mundo. 

El texto de los populares, preparado por el equipo que dirige Federico Trillo, se basa en recortes de periódico para tratar de probar que el juez está retrasando voluntariamente su inhibición ante la implicación de aforados, y le achaca animadversión contra el PP basándose en el encuentro en una cacería con el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, que según la querella "revela una pérdida de imparcialidad del juzgador". 

El PP no se conformó con este ataque frontal contra el juez, al que acusa del mayor delito que puede cometer un magistrado, el de tomar una resolución injusta a sabiendas. Cuando la portavoz de la Audiencia Nacional, por orden de Garzón, desmintió que Esteban González Pons estuviera implicado, el PP entendió inmediatamente que el juez estaba confirmando la otra parte de la información, la más relevante, esto es, que el tesorero, Luis Bárcenas, un hombre colocado al frente de la financiación del PP por Mariano Rajoy en 2008, sí está implicado. Y por eso los populares, por la tarde, ampliaron la querella por prevaricación. 

En la ampliación, el PP llega a decir que la providencia de Garzón en la que pregunta al fiscal si debe dejar el caso en manos del Tribunal Supremo, visto que están implicados parlamentarios nacionales, es "probablemente una respuesta" a la querella de este partido, presentada a primera hora. Sin embargo, la providencia de Garzón. 

El PP vivió ayer una nueva jornada de locos. Rajoy, que estaba de campaña en Ourense con José Luis Baltar, se pasó la mañana hablando por teléfono con Trillo, que desde Madrid iba dirigiendo la estrategia de contraataque con toda la fiereza posible. Después de un rato, Rajoy ofreció un pequeño acto con militantes en plena calle en el que sentenció: "Quiero una justicia imparcial, con apariencia de imparcialidad. Y luego, el que la haga que la pague. Hay algunas cosas que están pasando en España estos días en plena campaña electoral que a nadie le gustan, ni le pueden gustar, piensen como piensen y sea como sea su ideología". 

El líder del PP estaba indignado. Los populares están desesperados porque creen que mientras Garzón no levante el secreto del sumario, ellos están expuestos a golpes diarios -"en plena campaña electoral", como dijo Rajoy-, sin poder defenderse. El líder ha decidido que no tomará ninguna decisión drástica, como la de forzar la dimisión de Bárcenas o la expulsión del partido de otros implicados, hasta que el juez no enseñe las pruebas que hay contra ellos. 

Rajoy quiere además ganar tiempo hasta que pasen las elecciones del domingo, claves para él. Aún así, todos los dirigentes del partido consultados ayer mostraban una enorme preocupación por la implicación de Bárcenas. El tesorero, en cualquier partido, es una figura clave. Además, éste, aunque está vinculado a la anterior etapa, ha sido nombrado por Rajoy, por lo que cualquier golpe caerá directamente sobre el líder, que insiste en descartar absolutamente, en público y en privado, que este caso pueda acabar en un escándalo de financiación ilegal. 

(www.elpais.com, 26/02/09) 

12 AÑOS DE ACOSO POLÍTICO A GARZÓN 

- Enemistad manifiesta (2009). El PP presentó ayer en el Tribunal Supremo una querella contra el magistrado por prevaricación. Antes intentaron sin éxito personarse en la causa para recusar al juez Garzón por "enemistad manifiesta". 

- Un ataque brutal (2006). El magistrado imputó un delito de falsedad a tres peritos que elaboraron un informe en el que se vinculaba a ETA con el 11-M. Éstos y el vocal conservador José Luis Requero elevaron una queja al Poder Judicial, que fue archivada. Garzón denunció ante el Consejo "un ataque brutal" por "pretensiones políticas" de quienes sostenían la teoría de la conspiración. También fue rechazada una querella del pseudosindicato Manos Limpias 

- Interés directo (2002). En 2002, los abogados de Batasuna recusaron a Garzón cuando declaró la suspensión de actividades de la formación por formar parte del entramado ETA. Batasuna achacaba al juez interés directo en la causa. En ese mismo año, el Gobierno vasco se querelló contra el magistrado por las resoluciones que restringían el derecho de reunión de la formación abertzale. Fue archivada en enero de 2003. 

- Falta de imparcialidad (1996). El caso Oñaederra, uno de los sumarios de los GAL, archivado en 2003, estuvo paralizado más de dos meses porque el ex ministro José Luis Corcuera y el ex secretario de Estado Rafael Vera recusaron en 1996 a Garzón, que les había imputado en la causa. Era la tercera vez que Vera lo recusaba. Los ex altos cargos acusaban a Garzón de enemistad manifiesta y falta de imparcialidad. Ambas fueron rechazadas. Meses antes, en el caso del secuestro de Segundo Marey, Vera ya se querelló contra el magistrado, con el mismo resultado. 

- Otros sumarios, otros jueces. La defensa de Ibarretxe recusó el pasado año a tres magistrados en el caso de las reuniones con Batasuna aduciendo falta de imparcialidad; la Generalitat catalana recusó a un magistrado conservador para evitar que participara en las deliberaciones del Estatuto; el juez del 11-M sufrió una campaña de descrédito por parte del PP y de medios afines. El PP también acusó de prevaricación en el caso Naseiro a varios policías y al juez Manglano, y el juez del caso Filesa dejó la causa por las críticas de destacados socialistas. 

(www.elpais.com, 26/02/09) 

LOS AFORADOS DEL PP INVESTIGADOS POR CORRUPCIÓN, ASESORADOS POR TRILLO, SE UNEN A LA TEORÍA DE LA “CAZA DE BRUJAS” 

El tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el eurodiputado Gerardo Galeote, los dos aforados que podría estar investigando Garzón según apuntan varios medios, presentarán sendas denuncias ante la Fiscalía General por la “causa general contra el PP” de la que estarían siendo víctimas. Por su parte, José Javier Nombela, que sí se encuentra ya imputado por la presunta trama de corrupción en el PP, ha recusado a título personal al juez instructor de la causa, Baltasar Garzón, después de que el magistrado rechazara la presentada por el PP. El estratega judicial de los populares es Federico Trillo, quien está asesorando a sus compañeros que aparecen en los medios relacionados con la investigación de la trama y ya el domingo estuvo reunido con Galeote.  

Los populares Bárcenas y Galeote, que aparecieron ayer señalados por diferentes medios como los dos aforados con los que se ha topado Garzón en su investigación en torno a la presunta trama de corrupción del PP, van a presentar sendas denuncias ante el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, según publica ABC. En las denuncias se presentarán como víctimas de la “propaganda goebbeliana”, de “una causa general contra el PP” y de “un juicio paralelo mediático”.

El borrador de la denuncia de Bárcenas acusa al juez instructor Garzón de confirmar implícitamente su imputación cuando ayer desmintió que González Pons fuera a ser imputado, lo que no hizo con el resto de nombres que estaban apuntando los medios. Ademá, Bárcenas y Galeote también estudian una petición de amparo ante el Consejo General del Poder Judicial. El diario de Vocento apunta que dirigentes del PP presentan el asunto como “una caza de bruzas” y que Federico Trillo es “el responsable de la estrategia judicial” del partido, por lo que estos días está asesorando a los aludidos en las informaciones periodísticas sobre la evolución de las investigaciones de la trama de corrupción. En este contexto, el pasado domingo se reunieron Trillo y Galeote.

José Javier Nombela, uno de los imputados en la operación Gürtel, ha presentado una recusación contra el instructor de la causa Garzón, según publica El Mundo. Nombela ejerció como asesor del concejal-presidente de la Junta de Distrito de Moncloa de Madrid, hasta el pasado miércoles 18, cuando Gallardón lo destituyó por su implicación en la trama corrupta. El viernes, presentó su recusación, después del fracaso de la presentada por el PP en la que se alegaba que el magistrado muestra “una constante actitud de enemistad” hacia el partido de Rajoy y que tiene “interés directo o indirecto en la causa”. El propio Trillo asegura que Garzón carece de la “necesaria y exigible imparcialidad”.  

Las teorías de la conspiración están siendo secundados por pesos pesados del partido, empezando por Rajoy, que ya presentó públicamente las informaciones sobre corrupción en el PP como una “causa general” contra su formación. Hoy mismo ha asegurado que el juez no es imparcial porque es socialista y lo ha acusado de saltarse la ley.
 
El presidente de La Rioja, el popular Pedro Sanz, relacionó las informaciones sobre la presunta corrupción en su partido con las citas electorales en Galicia y País Vasco, declarando a El Mundo que “han montado un 14-M”, “el PSOE está muy nervioso” y los socialitas buscan “ganar por vías distintas a las normales, con noticias que puedan influir en el ánimo de los electores, aunque no quede nada de ellas pasadas el domingo”.  

(www.elplural.com, 24/02/09) 

AGUIRRE SE BURLA DE LAS GRABACIONES QUE VINCULAN A CARGOS DEL PP CON LA TRAMA 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha querido hoy restar relevancia a las grabaciones que implican a cargos del PP con la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa. "Lo que sabemos es que hay una cintas que dicen cosas sobre cantidad de gente, que es como si el alcalde de Torrejón dijera que tiene mucha relación con Angelina Jolie, aunque tendría más credibilidad si lo dijera el consejero de Sanidad", ha afirmado la presidenta madrileña en presencia del regidor de Torrejón, Pedro Rollán, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Aguirre se ha referido a las grabaciones como "conversacioncillas" de una persona que "presume y acusa de ciertas cosas que implican delitos gravísimos a otras personas". 

La presidenta ha tildado de "triquiñuela" a la consulta de Garzón a la Fiscalía Anticorrupción sobre qué tribunal ha de llevar el caso Gürtel. "Parece ser que todo esto es una nueva triquiñuela del Juez Garzón para no pasárselo ni al Supremo ni a los Tribunales Superiores de Justicia Valencia ni de Madrid, y quedarse él con el asunto". 

Aguirre ha apuntado que el "ministro furtivo", Mariano Fernández Bermejo ya ha dimitido y "el juez socialista", Baltasar Garzón, sigue actuando. "Y aquí estamos todos al albur de que se publique en determinados medios unas grabaciones, que al parecer duran nueve horas, de un señor ex concejal del PP de Majadahonda, expulsado del PP, que se pone a grabar a mí y al alcalde, y a lo mejor decimos cosas que pueden o no ser ciertas" 

Aguirre ha anunciado que el ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, ha solicitado la suspensión de militancia en el Partido Popular. Panero, aseguró Aguirre, tomó la decisión "voluntariamente", después de haber presentado su dimisión como alcalde hace 15 días por al estar imputado por Garzón. Se prevé que Panero declare ante el juez el próximo miércoles. La presidenta regional ha añadido que el lunes el comité de dirección formará una gestora para que presida el partido en Boadilla, casta ahora liderado por Panero. El director de esta gestora será el alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la Federación Madrileña de Municipios y Provincias, Bartolomé González, hasta que se vote una nueva ejecutiva local. 

La renuncia de Panero fue motivo de controversia después de que se personara voluntariamente en la Audiencia Nacional para declarar antes de que su nombre apareciera entre los imputados y en la puerta del tribunal asegurara que él no había cesado pese a que minutos antes, Mariano Rajoy, había anunciado que había puesto el cargo a disposición del partido. Horas después Panero se vio forzado a cesar, tal y como había pactado con la ejecutiva del PP de Madrid. 

Aguirre se ha referido a la no inclusión del vicealcalde, Manuel Cobo, ni del ex consejero Alfredo Prada -ambos objeto del presunto espionaje político en la Comunidad de Madrid - en la lista de 12 comparecientes que presentó ayer el PP ante la comisión de investigación del caso. "No están en la lista porque no les ha acusado nadie de espiar", por lo que "no tienen que dar explicaciones". La presidenta insistió en que Ignacio González, sometido a seguimiento durante un viaje a Colombia, ha sido incluido en la lista "en calidad de vicepresidente de la Comunidad". 

(www.elpais.com, 26/02/09) 

EL 'NÚMERO DOS' DEL PODER JUDICIAL FUE A VER A CAMPS EL DÍA QUE ATACÓ A GARZÓN 

El presidente de la Comunidad valenciana, Francisco Camps, se entrevistó en secreto el pasado viernes en el Palau de la Generalitat con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, según ha podido confirmar Público en fuentes del Gobierno autonómico. Ese mismo día, De Rosa insinuó públicamente que el juez Garzón estaba cometiendo prevaricación por no inhibirse en el caso Gürtel y definió al líder del PP valenciano como una persona "absolutamente honorable".  La reunión se produjo cuando ya se sabía que Camps, también diputado autonómico, es uno de los aforados presuntamente implicados en la trama de corrupción que operaba en instituciones públicas donde gobierna el PP.  

A través de un portavoz del Poder Judicial, Fernando de Rosa, consejero de Justicia valenciano hasta hace cinco meses, aseguró anoche a preguntas de este diario que el pasado viernes acudió al Palau de la Generalitat "para recoger los teletipos" de las reacciones provocadas por sus declaraciones. Tres horas antes, había mentido a Público, al negar que hubiera acudido al Palau de la Generalitat. Las fuentes que hablaron en nombre del vicepresidente del CGPJ pusieron especial énfasis en negar cualquier paralelismo entre este encuentro y la cacería en la que coincidieron Garzón y el ya ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, que terminó dimitiendo el lunes tras la campaña de acoso del PP. 

Dos testigos de la Generalitat vieron al vicepresidente del Poder Judicial: en la sede del Palau y con Camps. Un dirigente del PP, que exigió el anonimato, corroboró luego el relato de ambos testigos: la reunión existió. 

El vicepresidente del CGPJ admitió su visita a la sede de la Presidencia valenciana sólo después de que este diario le transmitiera, primero personalmente y luego a través de sus colaboradores, que la noticia estaba confirmada. Magistrado en excedencia, De Rosa intentó convencer a este periódico de que no había pisado la sede de Camps con el argumento de que por la mañana había estado ocupado con dos entrevistas y la presentación de un libro, y que luego había pasado la tarde en su casa de Valencia con su mujer. 

La jefa de prensa de Camps, Nuria Romeral, se negó a lo largo de dos conversaciones telefónicas con Público a confirmar o desmentir si tal reunión se había producido y sobre qué tema había versado. En la primera conversación, Romeral dijo que, la tarde del viernes, Camps "estuvo en el Palau en reuniones privadas". Dos horas después, negó haber dicho eso. "No informo de la agenda privada del presidente", fue su disculpa para evitar pronunciarse al respecto. 

A las diez y cuarto de la noche, finalmente, un portavoz del Poder Judicial admitió que Fernando de Rosa sí había estado en el Palau, pero insistió en que sólo para recoger "faxes porque en su casa de Valencia no tiene fax". Diez minutos después, el mismo portavoz sostuvo que, en realidad, De Rosa había ido al Palau por la tarde para "recoger teletipos".  

Es "absolutamente falso" que se viera con Camps, había asegurado el propio De Rosa, con voz tajante y solemne, a las siete de la tarde. Por la noche, las fuentes del Consejo que hablaron en su nombre se aferraron a que no se había entrevistado con el presidente valenciano, sino que se había encontrado con su jefa de prensa, Nuria Romeral.  

Pero, simultáneamente, se esforzaron por minimizar la importancia de que el número dos del órgano de gobierno de la judicatura se hubiera podido ver con quien durante años fue su jefe en el Gobierno de la Comunidad Valenciana. "Con sus declaraciones ya se retrató", adujo el citado portavoz. 

(www.publico.es, 26/02/09) 

GARZÓN IMPUTA AL TESORERO DEL PP EN LA TRAMA CORRUPTA DE CORREA 

El juez Baltasar Garzón dio ayer un giro al sumario de la trama de corrupción vinculada al PP al relacionar con esta red al tesorero y senador del partido Luis Bárcenas y al proponer que sea el Tribunal Supremo el que asuma la investigación y no los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia, como quería la pasada semana. El PP reaccionó ampliando la querella contra el juez por prevaricación que presentó por la mañana ante el alto tribunal. 

Las prisas del PP por apartar a Garzón del caso precipitaron los acontecimientos. El partido que dirige Mariano Rajoy cumplió su amenaza y, sin publicidad, acudió al registro del Supremo a presentar su anunciada querella contra Garzón por no remitir la investigación de la trama de corrupción a los tribunales competentes. Sin embargo, el PP desconocía a esa hora que el juez ya había reclamado --el día anterior-- un nuevo dictamen al fiscal tras recibir un informe policial con "nuevos datos" sobre el entramado. 

 El magistrado considera que la nueva información le obliga a reconsiderar su posición inicial de inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), al aparecer tres aforados, y al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV), al estar vinculado el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otro cargo. 

Garzón ya abrió la caja de pandora el pasado viernes cuando comunicó que había encargado "con carácter urgente" al servicio de reprografía de la Audiencia Nacional tres copias del sumario.Entonces ya se especuló con que el juez tenía en el punto de mira a otro aforado y que lo más probable es que fuera un diputado o senador, que debe ser investigado por el Tribunal Supremo. 

Estas especulaciones forzaron la estrategia del PP, que no se arredró pese a que el magistrado fue ingresado de urgencia ese mismo día por una crisis de ansiedad. El portavoz de justicia del PP, Federico Trillo, solo prorrogó 24 horas su amenaza de atacarle en el alto tribunal, cuando el juez se recuperaba el lunes en casa de los problemas médicos. 

Sin embargo, Garzón acudió a su despacho el martes y a las tres y media de la tarde recibió un informe de la policía que dio un giro al caso. El documento apunta a "un posible nuevo caso de aforamiento", según consta en una providencia que el juez firmó el miércoles. En el documento, el magistrado reclamó a la Fiscalía Anticorrupción que emitiera un informe en el plazo máximo de 48 horas para "resolver sobre las inhibiciones planteadas". 

La fiscalía le propuso el pasado día 18 que dividiera el caso entre el TSJM y el TSJV. El ministerio público había encontrado pruebas contra el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo y los parlamentarios autonómicos de esa comunidad Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. También señaló a Camps y a otro parlamentario regional. Por este motivo, aconsejó al magistrado que trasladara la "totalidad" de la instrucción al Tribunal Superior de Madrid "salvo determinados hechos perfectamente escindibles" que debería remitir al Tribunal Superior de Valencia. Para la fiscalía, la trama de corrupción tenía su centro de operaciones en Madrid. 

Sin embargo, ahora el juez le propone dirigirse a la sala penal del Tribunal Supremo que enjuicia a diputados y senadores nacionales. También quiere saber si la fiscalía sigue defendiendo la remisión a los tribunales autonómicos o "si vista la conexión que estos hechos guardan con los aforados de Madrid y los posibles aforados ante la sala segunda", procede "la elevación de una sola exposición" ante el alto tribunal. 

El magistrado no revela ningún nombre en su providencia. Sin embargo, fuentes de la investigación confirmaron que el nuevo aforado es Luis Bárcenas. Su nombre apareció en una conversación grabada en la que Francisco Correa, considerado el cerebro de la trama, confesaba a su interlocutor: "Yo a Bárcenas le he llevado, yo he hecho con él un día... vamos a sumar 1.000 millones de pesetas. Yo, Paco Correa, le he llevado a Génova y a su casa". A lo que su interlocutor respondía: "En gastos". "Yo a ti te lo comento, yo acaso... Líquidos, yo sé como lo saca de España en paraísos fiscales", seguía Correa. 

Garzón aclaró en el auto de prisión que dictó contra Correa, su lugarteniente Pablo Crespo y su primo Antoine Sánchez que investiga a un "grupo organizado de personas y empresas" cuya finalidad "a lo largo del tiempo y, como mínimo en los últimos 10 años" ha captado fondos de la Comunidad de Madrid y la de Valencia en beneficio propio tras pagar "sobornos a funcionarios y autoridades públicas". El juez ya adelantó en esta resolución que trata de identificar a estas personas porque, a través de ellas, la trama había obtenido "contratos, eventos y actividades". 

Esteban González Pons, portavoz del PP, aparece mencionado en el informe policial, pero no existen pruebas suficientes que le relacionen con la trama, pese a informaciones desmentidas por un portavoz de la Audiencia Nacional en nombre de Garzón. También se relacionó ayer con esta red al europarlamentario del PP Gerardo Galeote, según la Cadena SER. 

(www.publico.es, 26/02/09) 

EL CEREBRO DE LA TRAMA SE FORRÓ CON LA ADMINISTRACIÓN AZNAR 

La presunta trama corrupta vinculada al PP habría obtenido casi 5 millones de euros entre 2000 y 2004 gracias a las decenas adjudicaciones de AENA en la etapa de Francisco Álvarez Cascos como titular de Fomento según informa El País. El organismo, dependiente de ese Ministerio, otorgó al supuesto cerebro de la trama, Francisco Correa, decenas de encargos de entre 30.000 y 300.000 euros. En las grabaciones incluidas en el sumario que investiga el juez Baltasar Garzón, Correa menciona sus nexos con Cascos, con el actual tesorero del PP Luis Bárcenas, y con el ex consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo. En concreto, les cita para indicar que les ha pagado a cambio de adjudicaciones.  

En las grabaciones de Correa, existen al menos dos referencias directas a esta presunta financiación ilegal del PP. Una de ellas apunta a López Viejo, que habría cargado a la comunidad actos del partido. La otra señala a la tesorería del PP y al Ministerio de Cascos. “Ya te he dicho que yo le he llevado