CASO GÜRTEL :  LAS NOTICIAS 2009-2013

NOTICIAS DIVERSAS SOBRE LA TRAMA EN GENERAL 

AÑO 2013

 

LA CONTABILIDAD B DE CORREA SUMA 20 MILLONES ENTRE SOBORNOS Y 'MORDIDAS'

La investigación de la trama de corrupción vinculada a Gobiernos del PP ha llegado al corazón mismo de los manejos financieros del cabecilla de la red, Francisco Correa. Un total de 105 archivos almacenados en una memoria digital y una carpeta llena de documentación que tenía en su poder el contable de la red, José Luis Izquierdo, donde apuntaba los movimientos de dinero que le ordenaban sus jefes, acreditan al menos 20 millones de euros que la trama ingresó en dinero negro y que gastó en parte en sobornos. 

La información de los 105 archivos, incorporada al sumario que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recoge numerosas anotaciones sobre sobornos a dirigentes del PP (alcaldes, diputados y un consejero de la Comunidad de Madrid), el cobro de comisiones ilegales a constructoras y promotoras a las que Correa había favorecido con sus tareas de intermediario ante Gobiernos del PP, y la facturación a este partido por actos electorales. 

Además, en la carpeta con documentación escrita hallada en poder del contable aparecen consignados pagos a la trama corrupta por más de ocho millones de euros que hicieron distintos constructores, promotores y contratistas, favorecidos por concesiones de Gobiernos del PP. 

Parte de ese dinero -los ocho millones corresponden sólo a dos años de actividad, entre 2002 y 2004- sirvió para pagar favores a dirigentes del PP (en el sumario se citan, entre otros, a Luis Bárcenas, ex tesorero nacional; Gerardo Galeote, ex eurodiputado; Alberto López Viejo, ex consejero madrileño, y varios ex alcaldes). 

Los archivos encontrados al contable en su dispositivo de almacenamiento portátil (pen drive) prueban algunas relaciones anómalas entre la trama corrupta y el Partido Popular, según un informe policial que figura en el sumario del caso. 

- Cohechos. Los archivos incautados al contable de la trama (véase el gráfico) reflejan pagos de cientos de miles de euros a Alberto López Viejo, ex consejero de Esperanza Aguirre, a Benjamín Marín Vasco (diputado autonómico), a Ginés López (ex alcalde de Arganda del Rey), a Arturo González Panero (ex alcalde de Boadilla del Monte) y a Gerardo Galeote (ex eurodiputado), entre otros. 

Además, los archivos registran al menos tres cuentas abiertas por la trama corrupta a nombre de Alejandro Agag, ex eurodiputado del PP y yerno del ex presidente José María Aznar. 

El contable José Luis Izquierdo declaró al juez que creía que las deudas que Agag mantenía con una de las empresas de la trama, Pasadena Viajes, habían sido canceladas. Hay un apunte de 127.000 euros por un viaje de Francisco Correa a Venezuela en mayo de 2008. En ese viaje, según la documentación incautada, estuvo presente Alejandro Agag con un gasto de 6.072 euros facturado al PP. 

- Financiación ilegal. Entre los 105 archivos que guardaba el contable de la trama corrupta figura uno, al que el sumario ha dado el número 45, donde se refleja una supuesta financiación ilegal del PP valenciano. 

El contable registra un movimiento de fondos de 240.000 euros, de los que 150.000 son supuestamente abonados por el PP valenciano en dinero negro. Otro de los archivos refleja un gasto de 50.000 euros en viajes para Luis Bárcenas (ex tesorero del PP) y Gerardo Galeote, pendientes de cobro por parte de la trama corrupta. 

El contable apuntaba detalles nimios en las relaciones de Correa con el PP. En uno de esos detalles se daba cuenta de la negativa de Unión del Pueblo Navarro (UPN, marca electoral del PP en Navarra hasta hace un año) a pagar a la trama corrupta por un acto electoral. En los apuntes se reflejaba que lo abonaría el PP de Madrid. 

(www.elpais.com, 22/12/09) 

EL CONTABLE DE LA RED CORRUPTA: "CAJA B ES DINERO NEGRO" 

José Luis Izquierdo, contable de la red corrupta bautizada como Gürtel, confesó al juez que llevaba una contabilidad secreta, al margen de las distintas sociedades de la red, donde apuntaba numerosos ingresos cuyo origen desconocía y pagos a políticos del PP. "Caja B es dinero negro", declaró Izquierdo al juez. 

Estaba explicando las características de la contabilidad que llevaba por su cuenta de algunos negocios de Francisco Correa, aquellos que generaban dinero negro que se repartía por cajas de seguridad y que servía para pagar sobornos a políticos o para enriquecer a los jefes de la trama con la compra de inmuebles y otros bienes. "Se trata de una contabilidad opaca, independiente de las sociedades, yo soy un mero instrumento de las órdenes que me dan", declaró Izquierdo. 

En una segunda confesión al juez, Izquierdo detalló ingresos millonarios procedentes de constructores y promotores inmobiliarios. El contable explicó estos ingresos sobre la documentación incautada por la policía: 

15 de febrero de 2002. "Se trata de la recogida de 50 millones de pesetas (300.000 euros) en casa de Plácido Vázquez (propietario de empresas de asesoría). 45 millones se entregaron en un paquete a Correa para dárselos a José Galeote y otros cinco en un sobre a Correa". 

19 de febrero de 2002. "Hay una entrega de Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica) de 925.560 euros en dos cajas. Junto con la distribución del dinero en cada una de ellas hay siglas. LB interpreto que puede tratarse de Luis Bárcenas (ex tesorero nacional del PP) sin tener la certeza absoluta. GG puede tratarse de Gerardo Galeote (ex eurodiputado) sin tener la certeza absoluta". 

14 de junio de 2002. "Retirada de 420.708 euros de la casa de Plácido Vázquez, de los que éste se queda con 90.708 euros, otros 120.000 van para L. B., que yo interpreto que puede tratarse de Luis Bárcenas". 

6 de septiembre de 2004. "Recibimos 900.000 euros, el origen lo desconozco. 480.000 fueron para Correa; 30.000 fue para cancelar deudas de Benjamín Martín [alto cargo en Arganda del Rey] y Ginés López [alcalde]. Figura una entrega de 90.000 euros a Antonio Cámara [ex secretario de José María Aznar] que fue empleado de Special Events [empresa de la trama corrupta]". 

(www.elpais.com, 22/12/09)

RAJOY APRUEBA UN CÓDIGO ÉTICO 'ANTI GÜRTEL', PERO DEFIENDE A CARLOS FABRA 

Casi 11 meses ha tardado el PP en aprobar definitivamente un nuevo código ético más duro que el que promovió en 1993. Ana Mato, una persona que ha estado en los equipos de organización del PP desde que José María Aznar llegó a la cúpula del partido en 1990 se ha encargado de elaborar un texto pensado para que no vuelva a haber un caso Gürtel. 

Uno de los principales problemas de este escándalo, para el PP, es que Francisco Correa llegó a ser el proveedor prácticamente único de la dirección. Para lograrlo llenó de regalos y atenciones, según consta en el sumario, a buena parte del equipo de organización del PP. Y cuando Génova rompió con él, logró los contratos casi en exclusiva del PP valenciano y allí también llenó de regalos y atenciones a sus responsables, en especial a Francisco Camps, según el auto del juez José Flors. 

Con estos antecedentes, Mato presentó y sometió a votación del Comité Ejecutivo -fue aprobado por aclamación con un gran aplauso- un texto que incluye para todos los cargos del partido "la prohibición de aceptar cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales". Esto supone una clarísima enmienda a la actitud de los cargos del PP que aceptaron regalos de la red Gürtel. Sin embargo, Mato se negó a concretar en qué cantidad se marca "los usos y costumbres sociales". 

¿12.000 euros en trajes -lo que recibió Camps según el auto del juez Flors- es un uso social?, se le preguntó. Ella no contestó, y se limitó a señalar que la cantidad permitida la fija "el sentido común", y puso algunos ejemplos. "Unos turrones por Navidad, unas naranjas de Valencia, un vino de La Rioja, un ramo de flores, un regalo de boda, cosas que son normales, regalos no muy caros, costumbres admitidas por todo el mundo". 

Para analizar el cumplimiento del código se crea la figura del "auditor interno". Mariano Rajoy ha seleccionado al veterano José Manuel Romay Beccaria, ex ministro de Sanidad. También se encargará de que los contratos del PP, que en un 90% se financia a través de subvenciones públicas, se hagan de manera similar a los de la administración: con un concurso público, al menos tres ofertas y preferencia por la más barata. Hasta ahora, el PP -y el PSOE- eligen a sus proveedores como cualquier empresa privada y no dan explicaciones a nadie de por qué los han elegido. 

Aún así, en la excepción hay hueco para evadir esta norma: "En el caso de urgencia justificada, podrá hacerse la adjudicación sin convocar a la mesa". En un partido, donde muchos actos se improvisan, la urgencia es la norma. También se aprobó que habrá una auditoria externa anual que se publicará en la web del PP. 

¿Qué consecuencias prácticas tendrá el código? De momento, ninguna. El partido no ha enviado siquiera una comunicación interna para que sus cargos rechacen estas Navidades los regalos demasiado caros. 

El código incluye la creación de una "carta de compromisos" que firmarán todos los candidatos del PP y cargos internos, que les obliga a contarle al partido qué bienes e intereses tienen. En ella prometen "actuar públicamente de acuerdo con los principios de integridad, responsabilidad, transparencia, ejemplaridad y honradez". 

Sin embargo, el PP mantiene su defensa cerrada de Carlos Fabra, el todopoderoso presidente provincial de Castellón, imputado en varios delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal. Fabra tiene 600.000 euros en 70 cuentas corrientes distintas que no logra justificar ante Hacienda. ¿Cumple Fabra con esa ejemplaridad de la que se habla en el código?, se le preguntó. "Nosotros creemos en la presunción de inocencia", se limitó a responder Mato, avanzando así que la aplicación del código no supondrá ningún problema para el polémico barón castellonense. 

(www.elpais.com, 22/12/09) 

LA POLÉMICA DE LOS REGALOS DE GÜRTEL 

- Lo que dice el nuevo código ético del PP: "Prohibición de aceptar cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales. Las empresas proveedoras no podrán realizar atenciones a favor de miembros del PP". 

- Lo que Orange Market regaló, según el sumario, a altos cargos valencianos que siguen en sus puestos. A Francisco Camps, 12.000 euros en trajes. A Isabel Bas, esposa del presidente, un bolso de Loewe de 780 euros. Al hijo de Camps, un robot de 1.800 euros. A Milagrosa Martínez, presidenta de las Corts valencianas, un reloj de la joyería Suárez de 2.400 euros. A Juan Cotino, vicepresidente, un chaquetón de Milano de 300 euros. A Alejandro Font de Mora, consejero de Educación, una corbata de 452 euros. En Madrid hubo regalos hasta de coches. 

(www.elpais.com, 22/12/09) 

EL MUNDO DESCONFÍA DEL NUEVO CÓDIGO ÉTICO DEL PP Y ACUSA A RAJOY DE TENER “MIEDO” A LOS PRESUNTOS CORRUPTOS 

El Mundo se ha negado a romperse las manos aplaudiendo el nuevo código ético que ayer aprobó el Partido Popular, y así lo ha expresado en un editorial en el que asegura que lo importante no es el código en sí, sino como se aplica. Aunque asegura que es una buena decisión tener este tipo de documentos en un partido político, son muchas las pegas: que lo presente Ana Mato, que una hora después de la presentación se pacte una moción de censura con dos condenados por corrupción o la falta de aplicación del código ya existente, creado por Aznar en 2003. 

“Hay que señalar, en primer lugar, que nos parece correcto que los partidos incorporen este tipo de códigos que imponen unas exigencias éticas más estrictas a los cuadros de los partidos que a cualquier ciudadano, puesto que se entiende que el hecho de dedicarse a la política exige un plus de ejemplaridad”, inicia el editorial de El Mundo. Pero ahí acaban los elogios.

El error de Ana Mato 

“Difícilmente puede aspirar el PP a que sus mensajes de regeneración calen en la opinión pública cuando la persona encargada de presentar este código fue Ana Mato, que todavía no ha explicado sus vínculos con la trama Gürtel y por qué aceptó determinados regalos de algún de sus miembros”, sigue el editorial, señalando directamente al Jaguar que Francisco Correa regaló al matrimonio de Ana Mato y Jesús Sepúlveda y al pago de la comunión de su hijo.

“Ya lo dice todo” 

En su editorial en vídeo, Pedro J. Ramírez ya incidía ayer en este asunto, señalando que el hecho de que sea Mato la presentadora del texto, “ya lo dice todo”. “Puede que su conducta fuera intachable, pero no lo parece. Debería haber dimitido y no lo ha hecho porque la protegen Arenas y Rajoy”. Además, Pedro J, añade: “Es como lo de la Generalitat Valenciana pidiendo a los funcionarios que no acepten bolsos y jamones, cuando después de que El Bigotes regalara trajes y complementos a sus jefazos, el único que ha perdido el cargo ha sido Ricardo Costa”.

Defensa de Costa 

En este extremo también incide el editorial, al señalar que Rajoy pretende que no se repita el caso Gürtel, “aunque sus buenos propósitos tendrían más credibilidad si el PP no se hubiera limitado a saldar este asunto con la cabeza de un chivo expiatorio como era Ricardo Costa, sin responsabilidad en las adjudicaciones de Correa y Álvaro Pérez”.

El miedo de Rajoy 

Pero frenar un nuevo Gürtel ser difícil con este código, que es más flojo que el que Aznar impulsó en 1993. Y es que, esa ética anterior “hubiera permitido apartar antes a Luis Bárcenas, exigir explicaciones coherentes a Ana Mato, cesar a los responsables de las contrataciones de Gürtel en Valencia e incluso suspender de militancia a Carlos Fabra”. ¿Y por qué no se hizo? Según El Mundo, porque “Rajoy no ha actuado no por falta de reglamentación sino por miedo a tocar intereses sensibles o a enfrentarse con sectores poderosos del partido”. 

(www.elplural.com, 22/12/09)

ANA MATO, SALPICADA POR LA 'GÜRTEL', PRESENTA EL CÓDIGO ÉTICO DEL PP...  

Ana Mato y Cospedal presentan el nuevo Código Ético del PPEl Partido Popular contará con un auditor de prácticas internas, cuyo primer responsable será el ex ministro de Sanidad José María Romay Beccaría, y exigirá a sus miembros una carta de compromiso. 

Tales son las dos principales novedades del Código de Buenas Prácticas que incorporará el PP a sus estatutos y que presentaron hoy su secretaria general, María Dolores de Cospedal, y su vicesecretaria de Organización y Electoral, Ana Mato, que llegó a conducir un Jaguar que la trama Gürtel regaló a su ex marido, Luis Sepúlveda, implicado en la red de corrupción. 

Según explicó Mato, la Carta de Compromiso será una declaración jurada que habrá que realizar antes de acceder a una responsabilidad pública en nombre del PP o bien dentro del partido mismo. El candidato tendrá que asegurar que no existe riesgo de confusión entre su interés privado y familiar y el interés público. Además, hará una declaración de bienes ante el partido aunque el cargo no lo exija. 

Igualmente, el militante que aspire al cargo tendrá que firmar un compromiso de integridad, transparencia, responsabilidad, transparencia y ejemplaridad; que comunicar cualquier acción judicial que le implique y pueda acarrear alguna sanción, y que comparecer ante el Comité de Derechos y Garantías cada vez que sea requerido. 

Cospedal precisó que esta Carta de Compromiso será de firma obligatoria de ahora en adelante, pero que los miembros de la dirección la rubricarán también el próximo mes de enero. 

A su vez, el Auditor de Prácticas Internas, que, según Mato, ya existe en otras empresas y países, custodiará la Carta de Compromiso de los militantes y exigirá su cumplimiento por sí mismo o en el Comité de Derechos y Garantías. 

Por otra parte, la dirigente popular anunció que el PP modificará sus procedimientos de contratación, equiparándolos a los de las administraciones, por lo que se realizarán por concurrencia y con transparencia. Se constituirán mesas de contratación que adjudicarán los trabajos a las propuesta más ventajosa según varios criterios, uno de ellos el económico. Las empresas adjudicatarias no podrán realizar tareas para ningún miembro del partido. 

Por otra parte, y como ya advirtió el PP al anunciar su Código de Buenas Prácticas, sus militantes no aceptarán regalos que se salgan de los usos y costumbres sociales. Finalmente, el partido se compromete a someterse a una auditoría externa cada año, que se publicará en su página web 

(www.publico.es, 21/12/09) 

UN IMPUTADO DEL PP HIZO EL CÓDIGO ÉTICO MUNICIPAL 

El código local de buen gobierno, aprobado hace una semana por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y presentado este mediodía por Ana Mato con el objetivo de frenar la corrupción, ha nacido marcado por la paradoja.  

Uno de sus cinco redactores, Luis Manuel Partida, representante del PP en la ponencia y alcalde de Villanueva de la Cañada (Madrid), está imputado por presunto soborno. Sobre Partida pende una investigación judicial desde septiembre de 2007 por el llamado caso Porto, una oscura operación urbanística que reportó cuatro millones de euros a Enrique Porto, director general de Urbanismo del Gobierno de Esperanza Aguirre entre 2004 y 2006. 

Según la Fiscalía, la esposa de Partida recibió pagos que procedían de promotores con intereses en Villanueva de la Cañada y para los que Porto efectuaba trabajos privados. Fue el mismo Partida, sostiene el fiscal, "el encargado personalmente de efectuar los diversos ingresos de estas cantidades" en "sus propias cuentas corrientes". 

El martes, después de que la FEMP anunciase la aprobación del código y difundiera los nombres de los comisionados de cada partido PSOE, PP, IU, CiU y PAR que habían participado en su elaboración, Público preguntó al PP sobre el asunto. "El juez le ha levantado ya la imputación", respondió primero una portavoz del PP de Madrid citando como fuente al propio Partida.  

En realidad, la juez de Móstoles que instruye las diligencias del caso Porto ha levantado sólo la imputación de prevaricación urbanística, una de las cinco que pesaban sobre Partido, su esposa y Porto, entre otros. La magistrada entiende que, al computar suelo rústico protegido los llamados montes preservados para calcular los aprovechamientos urbanísticos de un sector de planeamiento, Partida no prevaricó, es decir, no adoptó una decisión injusta a sabiendas de que lo era.  

Pero las restantes imputaciones siguen vigentes: cohecho (soborno), tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsedad. De hecho, tanto el propio Partida como fuentes de la dirección estatal del PP terminaron por reconocer el miércoles que, en efecto, la imputación por cohecho sigue vigente. "Pero le vamos a pedir a la juez que la levante", dijo Partida, quien sostiene que su comportamiento como alcalde en sus 30 años de mandato ininterrumpido ha sido "transparente" y siempre ajustado a la ley.  

El código local, de cumplimiento voluntario, señala, por ejemplo, que los ediles harán públicos sus bienes y retribuciones, algo que ya venía preceptuado por la Ley del Suelo. A la pregunta de si en Villanueva de la Cañada se hacen públicos los bienes de los munícipes, Partida respondió que no. "La Ley [del Suelo] no dice cómo hay que hacerlo, pero la próxima legislatura serán públicos", respondió. 

¿Por qué el PP eligió a un imputado para sumarse a la comisión que debía articular el código local de buen gobierno? Sólo en la comisión ejecutiva de la FEMP, el máximo órgano de dirección de la federación municipalista, el PP dispone de diez representantes. Y, de esos diez, sólo pesa imputación sobre Partida.  

Pero, según los conservadores, la decisión de que el alcalde de Villanueva de la Cañada se incorporase a la ponencia redactora del código de buen gobierno no fue del partido. "Lo decidió la ejecutiva de la FEMP, y por unanimidad", dice Partida. La FEMP no ha podido aclarar qué habría sucedido si el PP hubiera pedido que ese puesto lo ocupase otro alcalde de sus filas.  

(www.publico.es, 21/12/09)

Bájate completo el reportaje de Interviú

EL PP Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE CONTROLABA FACTURARON MÁS DE 26 MILLONES DE EUROS A LAS EMPRESAS DE CORREA EN LA ÚLTIMA LEGISLATURA DE AZNAR 

• El PP era el principal cliente de Francisco Correa y sus hombres. Las empresas de la trama ‘Gürtel’ facturaron casi 39 millones de euros al partido y a los organismos de la Administración que controlaba, en mayor proporción durante la mayoría absoluta de Aznar.  

El Partido Popular era un cliente muy rentable para Francisco Correa. Tanto que el principal imputado en la operación Gürtel facturó en los últimos siete años más de 38 millones de euros a la formación de Mariano Rajoy y a distintos organismos e instituciones públicas controlados por el PP. El grueso del dinero llegó cuando José María Aznar estaba en La Moncloa. Durante el último gobierno popular (2000-2004, con mayoría absoluta), el PP nacional entregó a Correa más de 15 millones de euros por la organización de actos, según los datos de la Agencia Tributaria. A eso hay que sumar los contratos de ayuntamientos, parlamentos y gobiernos regionales controlados durante los años de mayoría absoluta. En total, Correa recibió 26 millones de euros en cuatro años durante el último periodo de Aznar. Y eso en dinero legal. Los informes policiales señalan que algunos actos del PP fueron abonados con más de un 50 por ciento en negro.

El flujo de dinero procedente de Génova –el tesorero era Luis Bárcenas– para Correa se frenó en seco tras la salida de Aznar de la presidencia. Cayó hasta un 80 por ciento. Pero el volumen de ingresos de la red no se resintió. El holding mantuvo un torrente constante de entrada de dinero público hasta el estallido de la operación Gürtel. En los últimos dos años, eso sí, el grueso del dinero llegó desde organismos oficiales de la Comunidad Valenciana: como media, las sociedades atribuidas a Correa recibían 2,5 millones de euros al año en dinero declarado a Hacienda.

Special Events fue durante años la joya de la corona. Ella fue la encargada de organizar los principales actos del PP, varias campañas electorales y hasta la boda de la hija del ex presidente Aznar. Álvaro Pérez, el Bigotes, era el titular de la cuenta del PP y el encargado de tratar con la familia Aznar. La empresa recibió durante los años de mayoría absoluta –además de los 15 millones de euros directos de Génova– 165.000 euros del Grupo Parlamentario Popular –encabezado entonces por Eduardo Zaplana–, un millón de euros de Aena –presidida por Pedro Argüelles y José Eladio Seco en ese periodo–, 267.450 euros del Ayuntamiento de Madrid –dirigido por Alberto Ruiz Gallardón– y fundaciones de la esfera del PP, como Fundescam, presidida por Pío García Escudero, o la Fundación Popular Iberoamericana, que contrataron servicios por 700.000 euros entre ambas.

Nada se escapaba a la red de Correa. En 2001, el consejero de Agricultura de la Xunta de Galicia, Castro Gago (PP), recurrió a los servicios de Special Events. El organismo le encomendó un plan de estudio y coordinación contra el mal de las vacas locas. Special Events –sin experiencia alguna en la materia– subcontrató después varios estudios a científicos y profesionales. Y cobró su porcentaje por la mediación. Al final, la maniobra costó 1,4 millones de euros a los gallegos.

La influencia del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reportó también 728.409 euros a los hombres de Correa. En aquellas fechas, 2002 y 2003, la entidad estaba presidida por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. La contabilidad B de la empresa, localizada por la policía, refleja un año después un supuesto pago de 30.000 euros a Álvaro de la Cruz, número dos de la FEMP. La tesis policial contempla esta partida como porcentaje para garantizar a la trama Gürtel la organización de la VII Asamblea General de la entidad. El precontrato ascendía a casi 600.000 euros.

La cuenta de Special Events se redondeó con los contratos que suscribieron con él varios alcaldes populares de la Comunidad de Madrid: Guillermo Ortega (Majadahonda), por 142.000 euros; Bonifacio de Santiago (Las Rozas), por 43.000 euros; y Ginés López Rodríguez (Arganda), por 3.000 euros. Sin embargo, el primer edil que más dinero aportó en un solo ejercicio fue Bernabé Cano, alcalde de La Nucía (Alicante), localidad de poco más de 15.000 habitantes que contrató en 2002 los servicios de Special Events por 524.435 euros. El dinero fue destinado a organizar los Premios Luis del Olmo, pero el Ayuntamiento declaró ante Hacienda el pago de una cantidad mucho menor: 184.702 euros.

Los datos de Hacienda sobre la red empresarial se remontan únicamente hasta el 2000, ya que los delitos fiscales prescriben a los cinco años. Los únicos documentos sobre la contabilidad del grupo de años anteriores a ese año se encontraron ocultos en una caja de seguridad del Banco de Santander en Pontevedra. En ellos, los agentes localizaron apuntes manuscritos sobre al menos 367 actos organizados para el PP; y dedujeron que más de la mitad del dinero por dichos actos, hasta 536.566 euros, se pagó en B.

Entre los principales proveedores aparece ante Hacienda un particular llamado Eduardo Jaussi. También imputado, Jaussi era el encargado de diseñar y construir los decorados para los actos del PP y otros organismos oficiales. El empresario facturó a Special Events 848.923 euros hasta el abandono de José María Aznar como máximo responsable popular, en 2004. La contabilidad legal de Correa muestra gastos anuales de más de 25.000 euros en una joyería y constantes transferencias entre sociedades del grupo. Otro proveedor que figura en la contabilidad de Correa es el restaurador madrileño José Luis, especializado en servicios de cáterin y que fue el encargado de elaborar el menú de la boda de Ana Aznar.

La mayoría de las sociedades del grupo presentan facturas a nombre de Pasadena Viajes, la agencia fundada por el principal imputado. La empresa organizó incluso en 2005 un viaje personal para la familia Aznar, declarado a Hacienda por Famaztella, la sociedad que aglutina los derechos de autor del matrimonio. Fue un leve apunte, ya que el grueso de su facturación se debe al Partido Popular (2.275.043 euros), la Fundación Popular Iberoamericana (415.004 euros) y el Ministerio de la Presidencia, que pagó hasta 912.405 euros a Pasadena. La empresa fue la elegida para organizar los desplazamientos diplomáticos de la cartera controlada entonces por Mariano Rajoy.

La caída de José María Aznar como presidente del Gobierno supuso un descalabro económico para los acusados, tal y como reflejan sus apuntes contables y las declaraciones de Correa. El empresario aseguró al juez Garzón que la elección de Rajoy al frente del PP y un reportaje de interviú sobre sus negocios en Madrid le cerraron las puertas de Génova. Las cuentas de Special Events se resintieron tanto que la sociedad quedó muerta. Pero los ingresos del grupo incluso crecieron. A partir de 2005, la sociedad Orange Market, encargada de organizar actos para el PP de la Comunidad Valenciana tomó el peso de la facturación. Y comenzó a requerir los servicios como proveedores de otras sociedades del grupo, lo que trasladó parte de los dividendos de nuevo a Madrid. La ruptura del grupo con el PP de la capital fue tal que incluso lo llevaron al juzgado para cobrar una deuda. Al final, el problema se resolvió con un acuerdo extrajudicial.

En 2007, la empresa Orange Market declaró unos ingresos brutos de 3,8 millones de euros. Ese mismo año, y según los informes policiales, la misma sociedad percibió otros 2,8 millones de euros en dinero negro por actos organizados para el PP. “Dicha cantidad tiene su origen en una financiación paralela del Partido Popular”, explican documentos judiciales. Con ese dinero se abonaron según la contabilidad, actos en Villarreal, vallas en el metro de Valencia, actos de campaña en Alicante e incluso mítines de Mariano Rajoy. Al año siguiente, los ingresos en B de Orange Market ascendieron, según los mismos documentos, a 3,4 millones de euros.

Las cuentas declaradas ante Hacienda muestran que la mayoría de sus ingresos oficiales procedían de la Agencia Valenciana de Turismo, con más de un millón de euros al año; la Generalitat Valenciana –presidida por Francisco Canps desde 2003–, que gastó hasta 103.094 euros, y el Partido Popular regional, que gastó 872.208 euros en los servicios de Orange Market en el año 2007. 

(www.interviu.com, 14/12/09)

El abogado de Ulibarri se querella contra Garzón

Ignacio Peláez denuncia un presunto delito de prevaricación por las grabaciones en prisión de los cabecillas de la trama

El abogado Ignacio Peláez, defensor de un empresario imputado en el "caso Gürtel", ha presentado ante el Tribunal Supremo (TS) una querella contra el juez Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación por ordenar la grabación de las comunicaciones en prisión de los cabecillas de la trama.

En la querella se recuerda que el 19 de febrero de 2009, el magistrado de la Audiencia Nacional dictó un auto secreto, que prorrogó el 20 de marzo, para ordenar la intervención de las comunicaciones que mantuvieran en prisión Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez con sus abogados, especialmente con José Antonio Rubal, también imputado en la causa.

El letrado querellante denuncia que Garzón autorizó de forma genérica e indiscriminada la intervención de las grabaciones de cualquier letrado, siendo "perfectamente conocedor de la ilicitud e ilegalidad que estaba cometiendo".

Peláez, que representa al empresario José Luis Uribarri, indica que Garzón continúo adelante con su actuación pese a que el Ministerio Fiscal le requirió varias veces para que corrigiera dichas conductas ante la manifiesta ilegalidad de las mismas.

En una de las comunicaciones grabadas por orden de Garzón, que trascendió una vez que el pasado mes de febrero se levantó el secreto de parte del sumario, se recoge una conversación entre Peláez y Pablo Crespo, ex secretario general del PP gallego, en la que éste dice que cree que el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, "se habrá pagado él, de su bolsillo" los trajes.

El mismo día en el que se grabó esa conversación, el pasado 6 de marzo, el letrado también mantuvo una comunicación como abogado con el presunto líder de la trama, Francisco Correa, que habló de que habían salido "unos temas nuevos" sobre el alcalde de Arganda del Rey, Ginés López.

"Como consecuencia de la ilegítima intervención, se han escuchado y transcrito conversaciones que contienen nuestra estrategia de defensa", afirma la querella, en la que se considera que con la intervención de comunicaciones se ha provocado una situación de indefensión.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2009/12/09/abogado-ulibarri-querella-garzon/659216.html

LA FISCALÍA SUIZA INSTA EL ADMINISTRADOR DE CORREA EN EL PAÍS COLABORE CON SUS ABOGADOS 

La Fiscalía de Suiza insta a Arturo Fassana, administrador de las cuentas bancarias de Correa en aquel país, a colaborar con sus abogados para defenderse de la comisión rogatoria remitida por las autoridades españolas para averiguar el origen de los fondos con los que cuenta en el país helvético. 

La Justicia de Suiza tiene abierto un procedimiento sobre el 'caso Gürtel' debido a la Comisión Rogatoria que enviaron las autoridades españolas solicitando información de las cuentas bancarias que tanto Francisco Correa como su lugarteniente Pablo Crespo tienen en aquel país. 

Correa designó un abogado en Suiza para que defendiera sus intereses y éste solicitó la colaboración de Arturo Fassana, el encargado de administrar estas cuentas y que también se encuentra imputado por este caso de corrupción que salpica al PP. Ante su negativa, solicitaron a la Fiscalía Suiza que se pronunciara y ya lo ha hecho. 

El Ministerio Público del país helvético insta a Fassana a colaborar con la defensa de Correa para garantizar un proceso con todas las garantías que será el que determine si Suiza facilita o no información a los tribunales españoles. Fuentes jurídicas estiman que Correa podría contar con más de 20 millones de euros en las cuentas que tiene en Suiza. 

(www.cadenaser.com, 26/11/09)

EL PP NO PEDIRÁ LA NULIDAD DE GÜRTEL 

El Partido Popular anunció ayer su intención de bajar el tono de sus intervenciones sobre Sitel y esperará a que CiU y PNV presenten la proposición de ley que ambos partidos anunciaron el martes en el Congreso para regular las escuchas.  

Ayer, no obstante, el asunto siguió dándole a los populares munición para una de las más crispadas sesiones de control al Gobierno de la legislatura. El diputado del PP Carlos Floriano preguntó al ministro del Interior si escucha todo lo que dice y ve todo lo que él hace, en referencia al enfrentamiento verbal a cuenta de Sitel en los pasillos del Congreso la pasada semana entre él y Alfredo Pérez Rubalcaba. "Si le gusta bromear sobre estos temas no está en condiciones de dirigir las Fuerzas de Seguridad del Estado", dijo Floriano. 

Rubalcaba defendió la legalidad de Sitel, como ha hecho el Supremo; negó la versión del PP sobre el incidente y añadió: "Les voy a ofrecer a mis compañeros de grupo un consejo: cuando vayáis a hablar con Floriano y González Pons, nunca vayáis solos, siempre acompañados, al menos dos, y con notario". Y sentenció: "Sitel es por Gürtel", en alusión a la portavoz de la Generalitat valenciana que anunció que va a pedir la nulidad del caso.  

(www.elpais.com, 26/11/09)

EL RASTREO DEL DINERO DE LA GÜRTEL ALCANZA A 10 PAÍSES

Gürtel

Los investigadores de la trama Gürtel comenzaron en el verano de 2008 a buscar los millones de euros que Francisco Correa y otros miembros de la red sacaron de España para ocultar su verdadera procedencia. Desde agosto del año pasado y hasta mediados de este septiembre, policías y jueces han enviado 24 comisiones rogatorias a un total de 10 países solicitando datos sobre cuentas bancarias o empresas pantalla vinculadas a los imputados.  

Los destinos de estas comisiones rogatorias son paraísos fiscales ubicados en el Caribe, como las Islas Vírgenes y San Cristóbal y Nieves; otros en Europa, en el caso de Mónaco y Suiza; así como países pertenecientes a la Unión Europea Reino Unido, Países Bajos y Portugal y otros de Latinoamérica, como Colombia y Panamá.  

La trama urdida por Francisco Correa y Pablo Crespo obtenía importantes beneficios de los contratos que los gobiernos autonómicos del Partido Popular en Madrid y Valencia le adjudicaban por organizar eventos y actos publicitarios. Su otra fuente de ingresos procedía de la especulación inmobiliaria, para lo que también se valían de su relación con alcaldes y concejales del partido conservador.  

Ingeniería financiera

A partir de ese momento entraba en juego una complicada ingeniería financiera que permitía borrar el rastro del dinero. Esta práctica incluía la creación de múltiples sociedades por las que poner a circular su botín. Estas tienen su sede en países cuya legislación es tan laxa que facilita las operaciones opacas. Las sociedades tapadera están, a su vez, constituidas por otras sociedades de similar constitución, lo que dificulta enormemente conocer la identidad de las personas que están detrás de las mismas. 

El laberíntico recorrido del dinero es tal que los investigadores han solicitado información sobre un mismo grupo de sociedades pantalla a lugares tan dispares como Países Bajos, Estados Unidos, Reino Unido, San Cristóbal y Nieves y las Islas Vírgenes.  

El contenido de todas las comisiones rogatorias está incluido en los dos tercios del sumario que aún permanecen secretos. Público ha tenido acceso a algunas de ellas. En una fechada el 7 de septiembre de 2009, el juez de Madrid Antonio Pedreira cursó la petición de la Fiscalía Anticorrupción para facilitar a las autoridades suizas información complementaria que les facilitase la búsqueda de los datos que se les habían solicitado previamente. Así, la comisión rogatoria incluye el nombre, la fecha y el lugar de constitución de cinco sociedades creadas por la red en Panamá entre abril de 2005 y diciembre de 2007.  

También adjunta la filiación de Francisco Correa, y la de su primo, Antoine Sánchez, al que el presunto jefe de la trama habría utilizado para desvincularse de las sociedades que la Fiscalía Anticorrupción ya investigaba. En la comisión rogatoria también aparece Pablo Crespo, aún en prisión y segundo en el escalafón de la trama; la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, imputada igualmente por Garzón; y el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega. Se da la circunstancia de que Rodríguez Quijano fue jefa de Gabinete de Ortega cuando este era regidor de la localidad madrileña.  

En otra de las comisiones rogatorias, el juez Garzón solicita información sobre la sociedad Bellavita Holding BV, tal como su historial, socios, capital, domicilio social, administradores, apoderados, relación de empleados, declaraciones tributarias y dirección a la que era enviada su correspondencia bancaria. 

Asimismo, el magistrado pregunta si esa sociedad está domiciliada en un centro de negocios. Una respuesta negativa confirmaría que se trata de una sociedad meramenteinstrumental. 

Aún queda una decena de países por los que también habría pasado el dinero de la trama de Correa y a los que ni siquiera se ha empezado a enviar los cuestionarios, algunos tan exóticos como Azerbayán, Sri Lanka o China.  

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) son conscientes de la lentitud del proceso de las comisiones rogatorias, aunque el país objeto de la consulta pertenezca a la Unión Europea. En el caso de los paraísos fiscales o de Estados que tienen la corrupción adherida a todos sus estamentos, el éxito de las requisitorias es prácticamente nulo.  

A pesar de las dificultades, la Policía y los jueces españoles han recibido ya más de 35 contestaciones a las comisiones rogatorias enviadas. Según las fuentes consultadas, muchas de ellas simplemente transmiten que han remitido a las instancias oportunas del país las peticiones de datos cursadas por los investigadores españoles.  

De todos los países a los que se han pedido datos de la trama destaca Suiza, con cuatro comisiones rogatorias enviadas hasta el momento. La primera de ellas no solicitaba información sobre cuentas o sociedades sino la declaración por videoconferencia ante el juez Garzón de Arturo Gianfranco Fasana, Fafa, a quien la investigación señala como pieza clave en el desvío de dinero al exterior para su blanqueo y posterior reingreso en España.

Fafa gestionaba cuentas en Suiza con fondos pertenecientes a Francisco Correa y otros implicados en la trama de corrupción. El mismo Fasana está imputado por varios delitos, entre ellos asociación ilícita, al sospechar el juez que era miembro activo de la banda de Correa. Finalmente, la videoconferencia no tuvo lugar porque Garzón se inhibió en favor de los tribunales de Madrid y Valencia. Fasana fue detenido en el aeropuerto de Barajas dos meses después. Prestó declaración ante el juez Pedreira, quien lo dejó en libertad por colaborar "estrechamente" en la investigación.  

El Supremo alarga el secreto 

Precisamente ayer, el instructor del caso Gürtel en el Tribunal Supremo, Francisco Monterde, prorrogó por un mes más el secreto del proceso abierto contra el senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas y el diputado del mismo partido Jesús Merino. Se trata de la cuarta prórroga de secreto sumarial decretada por este órgano desde que decidiera asumir la investigación a los dos aforados. 

Entre los motivos de la ampliación del secreto están las gestiones internacionales que están realizando los investigadores para localizar fondos de Bárcenas y Merino en el extranjero, también a través de comisiones rogatorias que habrían sido cursadas muy recientemente.  

(www.publico.es, 20/11/09)

RAJOY ENCOMIENDA A COSPEDAL LA GESTIÓN DE LAS CUENTAS DEL PP  

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha encargado a su secretaria general que supervise personalmente las cuentas del partido para, en lo posible, evitar sorpresas desagradables o tentaciones como las que han quedado al descubierto con la trama Gürtel. Así, desde que se viera obligado a dimitir el extesorero Luis Bárcenas por su vinculación con el citado caso de corrupción, Dolores de Cospedal vigila de cerca cada proceso de contratación que inicia el PP y, especialmente, los pagos que conlleva, según explicaron a este diario fuentes populares.  

Los conservadores –que manejan un presupuesto anual que ronda los 80 millones de euros–, han decidido también disminuir su dependencia de empresas especializadas en organización de eventos, después de las consecuncias políticas que les ha acarreado su nefasta relación comercial con Francisco Correa, máximo responsable de la red Gürtel. La explicación oficial es que, favoreciendo que sea un equipo del PP en vez de terceros los que monten grandes eventos del partido–así ha sucedido en la convención de Barcelona– se ahorra dinero y «se gana en independencia». 

La dirección popular aprovechó el cónclave que celebró en Catalunya, el pasado fin de semana, para estrenar este nuevo modelo de trabajo basado en la autogestión. El área electoral del partido se encargó del diseño de la convención y hasta de la elaboración de los vídeos que allí se proyectaron, dejando en manos ajenas únicamente la producción y suministro de fondos, decorados y luz y sonido. El equipo de Rajoy, según parece, está bastante contento con el resultado obtenido en Barcelona, por lo que está decidido a que «este modo de organizar actos tenga continuidad en el tiempo, salvo cuando se trate de campañas electorales». 

Para afrontar esas campañas, el PP se plantea recuperar las mesas de contratación, esto es, elegir a varios cargos de la organización que compartan con el gerente, Cristóbal Paez, la responsabilidad de seleccionar y facturar a empresas externas. Así se hizo ya en las semanas previas a las elecciones europeas, en junio, cuando el caso Gürtel y las dudas sobre la gestión del entonces tesorero Bárcenas ocupaban gran parte de las páginas de los periódicos. 

Es más que probable que el código ético y de buenas prácticas que está preparando la dirección popular, y que será presentado en breve ante la opinión pública, obligue a todas las organizaciones regionales y provinciales del partido a formar este tipo de mesas cuando, en vísperas de campaña electoral o un gran acto político, haya que organizar un concurso para elegir empresas. Según el PP, Rajoy quiere imponer a los suyos unas normas de conducta basadas en los principios de «publicidad y transparencia» a la hora de contratar y, por lo tanto, de poner el dinero del partido en manos de extraños.  

Ese código ético que está ultimando la vicesecretaria de organización, Ana Mato, prohibirá a los dirigentes del PP aceptar regalos de aquellas empresas que se conviertan en proveedoras del partido. Al tiempo, se baraja agrupar en un listado a aquellas compañías no consideradas aptas para trabajar con el partido, bien por haber usado las siglas populares en beneficio propio o bien por haber incumplido, en alguna ocasión, la legalidad vigente. O sea, las empresas asociadas a la trama Gürtel, esas que en los últimos años fueron favorecidas por cargos populares que, actualmente, están imputados o salpicados por la causa judicial. 

Pero Mato –que está siendo asesorada por Federico Trillo, el responsable del código ético que, en tiempos de José María Aznar, elaboró el PP para contrarrestar el escándalo del caso Naseiro–, está empeñada en ir un poco más allá. Fuentes populares recalcan que se buscan fórmulas para, de ahora en adelante, forzar a todos los dirigentes conservadores a acreditar su patrimonio antes de aceptar un cargo, así como acatar solemnemente las férreas normas que piensa poner sobre la mesa Rajoy, escarmentado por el caso Gürtel. Y a esta ley interna con la que piensa dotarse el PP, hay que sumar el pacto de Estado contra la corrupción que, en las próximas horas, van a ofrecer al resto de fuerzas políticas. Todo con tal de lavar la imagen.  

(www.elperiodico.com, 20/11/09)

EL SUPREMO PRORROGA POR CUARTA VEZ EL SECRETO DEL SUMARIO DEL 'CASO GÜRTEL' 

El Tribunal Supremo ha prorrogado un mes más, y por cuarta vez, el secreto de las actuaciones en el caso 'Gürtel', en el que se investiga una supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP. Esta nueva prórroga significa que las partes personadas, a excepción de la Fiscalía, seguirán sin tener acceso a las mismas. Así lo ha acordado en un auto el magistrado instructor del caso en Supremo, Francisco Monterde, quien el pasado 17 de agosto prorrogó por primera vez el secreto de estas actuaciones. 

El magistrado alega que subsisten las razones que motivaron mantener el secreto en la primera ocasión. Entre los argumentos, como en los autos de prórroga anteriores, Monterde señala las necesidades de la instrucción, la naturaleza de los delitos perseguidos y el carácter de las diligencias urgentes de prueba que se están practicando. A ello se une, añade, la situación en que se encuentra el procedimiento seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), del que procede esta causa especial, y donde las actuaciones también están "declaradas secretas". "Es necesario continuar manteniendo el secreto total de las actuaciones también para las partes, en los mismos términos", concluye. 

También recuerda el magistrado que la prórroga del secreto de las actuaciones no está prevista como tal en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha reseñado que tal laguna no impide al juez de instrucción proteger el valor constitucional que justifica el secreto del sumario "si el plazo ha resultado insuficiente para hacer efectiva plenamente esa protección". "Resulta inaceptable -añade- que la prórroga del plazo máximo del secreto sumarial ocasione, por sí sola y sin más condicionamiento, un resultado de indefensión". 

El Tribunal Supremo acordó el pasado mes de junio asumir la investigación de este caso sólo en lo que se refiere a los posibles delitos cometidos por el senador del PP, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Merino, y devolver el resto de la causa al magistrado del TSJM, Antonio Pedreira. 

(www.elpais.com, 19/11/09)

CORTINA PAGÓ LA EXCURSIÓN A VENEZUELA DE CORREA, AGAG Y ARRIOLA ORGANIZADA POR AZNAR 

Más de 21 millones de las antiguas pesetas (unos 127.500 euros) se embolsó la agencia de viajes de Francisco Correa, Pasadena Viajes, por organizar un viaje a Venezuela para el asesor estrella de Aznar, Pedro Arriola y el entonces futuro yerno del ex presidente, Alejandro Agag. Aznar les había encargado viajar al país sudamericano para apoyar la candidatura a las elecciones de Irene Sáez, la oponente a Hugo Chávez en 1998, pero no fue el ex presidente quién pagó el viaje, y tampoco lo hizo el PP o el Gobierno: fue la petrolera Repsol quien habría respondido de los gastos. 

Cuando en 1998 José María Aznar encargó a Correa que viajara a Venezuela junto a Pedro Arriola y Alejandro Agag para asesorar a la rival política de Hugo Chávez, no se olvidó de recabar también un pagador para la excursión. Según informa El confidencial, los más de 21 millones de pesetas (unos 127.500 euros) que cobró Pasadena Viajes (la agencia del presunto cerebro de la trama no salieron de las arcas del PP y tampoco de las del Estado, sino que Aznar convenció a su íntimo amigo Alfonso Cortina, entonces presidente de Repsol, para que se hiciera cargo de los costes).

Íntimo de Aznar y de Agag 

Cortina no sólo era íntimo de Aznar, sino que también tenía una gran amistad con Agag a quien, en la víspera de su boda con la hija del ex presidente en septiembre de 2002 el empresario le ofreció una cena privada de despedida en su domicilio particular.

Reunión con Cortina y Blanco Balín 

Según publica el digital, en la primavera del 98, antes de cerrar el viaje, Aznar se reunió con Cortina y con José Ramón Blanco Balín, ahora imputado en la Gürtel. Blanco Balín, presunto testaferro de Correa en la trama corrupta e íntimo amigo del ex presidente, era entonces presidente del comité de Auditoría del Consejo de Administración de Repsol. Aznar les persuadió de la importancia de asesorar a Irene Sáez, ya que la llegada a la presidencia de Chávez podía perjudicar a las inversiones de empresas españolas en Venezuela, entre las que se encontraba Repsol.

De petición a orden 

La petición de Aznar habría sido interpretada como una orden por Cortina y Blanco Balín, que contactaron con Correa para cerrar todos los detalles del viaje, y le abonaron los costes de la estancia que aparecen referidos en el sumario del caso Gürtel. 

(www.elplural.com, 16/11/09)

LA TRAMA CORRUPTA DE CORREA INGRESÓ 3 MILLONES Y MEDIO A LA CAJA B EN DOS AÑOS

Más de un tercio de los ingresos llegaban de la Comunidad Valenciana

Los años 2006 y 2007 fueron muy productivos para la trama de corrupción que lideraba Francisco Correa. Los ingresos que registró su caja B, de acuerdo con la documentación requisada por la policía al contable de la red, José Luis Izquierdo, alcanzaron la cifra de 9,8 millones de euros. De ellos, al menos 3,5 millones eran de procedencia valenciana. En efecto, la contabilidad registra casi 2,5 millones procedentes de Valencia: 454.335 euros en 2006, en siete entregas, y poco más de dos millones de euros en 2007, en 20 entregas. Pero también apunta la entrada, en tres entregas a finales de julio de 2006, de 957.300 euros procedentes de Sevilla, donde la trama cobró la comisión ilegal conseguida por la sonorización y el montaje de pantallas para los actos de la visita del Papa a Valencia, que se produjo ese mismo mes.

El contable anotaba las entradas y salidas, que eran autorizadas por Pablo Crespo, uno de los principales personajes de la trama de corrupción, salvo cuando era el propio Francisco Correa, Don Vito en las anotaciones, quien ingresaba o retiraba fondos. La vinculación de Álvaro Pérez con el entramado corrupto vinculado a administraciones del PP resulta evidente en esas cuentas, donde hace ingresos y de donde recibe fondos. Algunos de los movimientos son sistemáticos y se anotan como "sueldo", de 6.000 euros mensuales en 2006 y de 9.000 en 2007. Otros, bastante regulares, hacen referencia a pagos a la madre y a la hermana del gerente de Orange Market e, incluso a la entrega de cantidades destinadas a la compra de apartamentos de Álvaro Pérez en Valencia y Barcelona ("a cuenta de bonus", apunta el contable). Otros movimientos de las cuentas se justifican como viajes de Pablo Crespo a Valencia o Alicante o no se especifica cuál es su destino.

La contabilidad incluye apartados propios dedicados a la cuenta de Álvaro Pérez cuando se instaló en Valencia, entre finales de 2004 y abril de 2005 (abierta con 84.000 euros de provisión de fondos del PP valenciano, según la anotación del contable), a la caja B de Orange Market, a la deuda del propio Álvaro Pérez, al detalle de pagos de Orange Market y al congreso regional del PP de 2002, que registra 90.000 euros cobrados en A y 150.000 efectuados en B. En relación con el PP, la contabilidad incluye una referencia del 26 de enero de 2006 al "acto 21/01/06". Se refiere a un mitin celebrado en la plaza de toros de Valencia en el que intervinieron Mariano Rajoy y Francisco Camps. La trama ingresó en su caja B 110.000 euros por ese acto político.

Por otra parte, la contabilidad revela la actividad de la trama alrededor de la visita del Papa. Así, el 23 de abril de 2006 se registran 2.000 euros para un viaje de Álvaro Pérez a Roma y el 7 de julio, la víspera de la llegada del pontífice, se anotan 10.000 euros entregados a Pablo Crespo para "gastos de producción de la visita del Papa".

Aún hay otra anotación, de octubre de 2007, apenas dos meses posteriores a la final de la Copa del América, que recoge una salida de 23.000 euros como "pago José Osuna / 50% presupuesto gradas Valencia". Previamente, durante las regatas, a finales de junio de ese año, la contabilidad anota una entrega de 18.000 euros en Valencia para la que Pablo Crespo envió a María del Carmen Rodríguez, la esposa del propio Correa.

www.elpais.es 09.11.09

RAJOY VIAJÓ CON LA EMPRESA DE CORREA

El presidente del PP, Mariano Rajoy, disfrutó de un viaje de tres días en Canarias con su familia tras la derrota electoral de marzo de 2004. Ese viaje lo gestionó Pasadena Viajes, la empresa de la trama de Francisco Correa que, como otras empresas de la red Gürtel, era proveedora casi en exclusiva de servicios para el PP. Según publicó ayer la web elconfidencial.com, el viaje fue un regalo para Rajoy de parte del líder de la trama, hoy en prisión incondicional. La información cita "fuentes cercanas a Correa" como origen de la información.

Un portavoz del PP nacional desmintió ayer que se tratara de un regalo de Correa. Fue, dijo, un regalo del partido a su candidato después de la tensión a la que estuvo sometido durante los meses de campaña electoral. El partido hizo el encargo a su proveedor habitual. Sin embargo, el partido no estaba ayer en condiciones de probar o asegurar con certeza que hubiera pagado el viaje. Según esta versión, pocos meses después el PP dejó de contratar con la trama corrupta de Correa. Si no se pagó sería, según la versión del PP, porque después de rotas las relaciones la agencia de viajes no reclamó el importe.

Desde que estalló el caso Gürtel, el pasado mes de febrero, Rajoy ha sostenido que él cortó con las empresas de la trama en 2004. Estas empresas, con Correa al frente, comenzaron a trabajar para el PP a principios de los noventa y acabaron convertidas en los proveedores exclusivos de todo tipo de servicios para el partid

www.elpais.es 03.1109

EL BIGOTES FACTURÓ CASI 100.000 EUROS AL PP EN EL CONGRESO DEL AÑO PASADO

La policía acredita que la trama Gürtel cobró el trabajo en 'dinero B'

Álvaro Pérez, El Bigotes, hizo negocios en el XVI Congreso Nacional que el PP celebró en Valencia en junio del año pasado. Con su empresa Orange Market, una de las que integraban la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, facturó casi 100.000 euros por dos días de trabajo relacionados con ese evento. El PP de Mariano Rajoy ha negado siempre que Correa y El Bigotes tuvieran algo que ver con el ese acto, que supuso la ratificación de Rajoy como presidente nacional.

El PP de Rajoy negó que Orange Market tuviera relación con aquel acto

La trama corrupta de Correa, que llevaba más de cinco años, según la versión oficial, sin trabajar para la dirección nacional (antes, durante diez años, había organizado todos los actos durante el mandato de José María Aznar) volvió a trabajar con el PP de Rajoy en Valencia, un feudo donde El Bigotes se había instalado en 2004. Allí se había quedado en exclusiva con casi todos los actos del PP en esa región, la organización del pabellón valenciano en Fitur y decenas de pequeños contratos de todas las consejerías del Gobierno de Francisco Camps, quien también ha salido muy salpicado en el escándalo Gürtel por su estrechísima amistad con El Bigotes.

Así, del 20 al 22 de junio de 2008 se celebró en Valencia el XVI Congreso Nacional del PP, que encumbró de nuevo a Rajoy como presidente de esta formación política con el 84% de los votos. Contrariamente a lo manifestado por Rajoy, la investigación del caso Gürtel revela que la trama de Correa hizo caja. No obstante, el montaje escenográfico del evento fue adjudicado a la firma Free Handicap, presidida por Elena Sánchez, esposa del ex ministro de Ciencia y Tecnología y diputado Juan Costa.

Entre la documentación hallada por la policía en los ordenadores de Orange Market, la empresa que dirigía El Bigotes, se encontró un archivo con una hoja de cálculo sobre los servicios facturados en 2008, que lleva el nombre de "COBROS2008bis.xls hoja octubre: Actos".

En ese archivo, según la Policía, "se hace un resumen de los actos que se realizan en 2008 presentando el coste de ellos en dos grandes partidas, una que es Deuda A y otra que es Deuda B" (ésta segunda modalidad está cobrada sin factura ni IVA, fuera de los circuitos legales del dinero).

En el apartado correspondiente a los "últimos actos", aparecen los siguientes apuntes correspondientes al Congreso Nacional:

20-06-2008. "Stand PP congreso... 24.000".

"Stand Congreso sin/presupuesto... 2.800".

21-06-2008. "Fiesta PP congreso... 20.350".

"Catering fiesta... 51.681".

Además, existe otro apunte del 11 de julio de 2008 por 3.200 euros por un vídeo de una cena de Rajoy con militantes en Castellón.

La policía sostiene que esta relación de actos, supuestamente montados por Orange Market, la empresa de El Bigotes, para el Congreso Nacional del PP, reflejan unas fechas, conceptos e importes de los que "no se ha localizado ninguna factura emitida en esas fechas y por esos importes" que les permita deducir que "esas cantidades de dinero que aparecen en esos apuntes formen parte del circuito financiero legal".

Según fuentes del PP, El Bigotes no organizó el congreso, pero la dirección nacional sí le pidió a Camps que montara una fiesta tras la elección de Rajoy, a última hora de la tarde. Y como era costumbre, Camps decidió que se encargara a la empresa de su amigo. No consta que Génova opusiera ninguna resistencia. La fiesta consistió en un stand a la entrada del recinto de la Feria de Valencia donde Rajoy y Camps, ya anocheciendo, dieron unos discursos de agradecimiento a los compromisarios, y después hubo comida y bebida para todos, una manera de evitar que, como es habitual en los congresos, la gente se fugue después de votar.

Después de esa fiesta, Camps contrató unos fuegos artificiales para celebrar la victoria de Rajoy -contra nadie, porque no hubo candidato alternativo-, pero éstos no se le encargaron a la empresa de El Bigotes.

www.elpais.es 02.11.09

LA ORDEN QUE NO LLEGÓ

El PP nacional ha mantenido desde el principio que la trama corrupta que dirigía Francisco Correa no fue contratada para ningún acto del partido durante el mandato de Rajoy. Pero al menos en Valencia, según la documentación incautada por los agentes policiales del caso Gürtel, se hizo una excepción. La trama, a través de El Bigotes, trabajó el año pasado para el XVI Congreso Nacional.

Tras destaparse el escándalo, el presidente del PP Mariano Rajoy afirmó que su partido había roto relaciones en 2003 con las empresas de la red. Y que el PP lo hizo así, según explicó el propio Rajoy, a raíz de conocer que las empresas de la trama corrupta iban "por algunos municipios del noroeste de Madrid utilizando el nombre de la dirección del partido".

Tras aflorar el caso Gürtel, que ha puesto entre las cuerdas al PP por la cantidad de altos cargos implicados, Rajoy ha explicado que la orden de no volver a contratar con Francisco Correa se la dio al tesorero, entonces Álvaro Lapuerta, y también al entonces gerente del partido, Luis Bárcenas (imputado ahora en el Tribunal Supremo por el supuesto cobro de al menos un millón de euros en comisiones ilegales de Correa). Y que les dio la orden para que éstos la trasladaran a algunas organizaciones territoriales. Aun así, ni en Madrid ni en Valencia se dieron por enterados y, de hecho, contrataron millones de euros con la trama. Los dirigentes madrileños y valencianos del PP han argumentado que la orden nunca les llegó.

El Bigotes era el hombre de Correa en Valencia, donde la trama hacía sus negocios bajo el nombre de Orange Market.

www.elpais.es 02.11.09

RAJOY VIAJÓ A CANARIAS TRAS LA DERROTA DE 2004…¡POR CORTESÍA DE CORREA!

Mariano Rajoy viajó el 19 de marzo de 2004 de Madrid a Las Palmas de Gran Canaria junto a su mujer y su hijo para pasar tres días de descanso en un hotel de lujo de la zona turística de Maspalomas. Acababa de perder las elecciones del 14-M, las primeras a las que se presentaba como líder del PP. Según el PP fue un regalo del partido como recompensa por su esfuerzo durante la campaña electoral. Del viaje se encargo Pasadena S.L., la agencia de Francisco Correa, el supuesto cerebro de la trama Gürtel y, según revela El Confidencial, el PP nunca pagó la factura. Según ha podido saber El Plural, uno de los imputados en la trama, conocedor de este asunto, lo puso en conocimiento de la Justicia.

Según un portavoz oficial del PP consultado por El Confidencial, el viaje fue encargado “probablemente por orden del tesorero o del gerente”, en referencia a Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas respectivamente, que eran los que ocupaban dichos cargos en 2004. “No sabemos si Pasadena le cobró este viaje al PP, pero si no envió la factura, el problema es de la agencia, no nuestro”, añaden esas mismas fuentes.

Ni Rajoy ni el PP pagaron

Sin embargo, ni Rajoy ni el PP pagaron esas minivacaciones. El entorno ce Correa habría confirmado al diario de Jesús Cacho que hay asientos contable que acreditarían el impago de la factura en la documentación sobre las empresas de la Gürtel que se haya en poder del juez Antonio Pedreira. Al parecer, Correa corrió con “todos los gastos de muchos viajes privados que hicieron algunos dirigentes del PP, y eso, antes o después, saldrá a relucir en el sumario”.

"A ver si se restablece del susto"

El Plural ha podido saber que efectivamente, uno de los imputados en el caso, relató ante la Justicia que Correa había abonado este viaje. Según esta fuente, Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego y número dos de la supuesta trama corrupta fue el que organizó todo. "A este h.d.p. de Rajoy le vamos a regalar un viaje, a pesar de haber perdido las elecciones, a ver si se restablece del susto", comentó a sus allegados el propio Crespo. Según las fuentes consultadas por este periódico, Rajoy no fue el único dirigente del PP que pudo beneficiarse de este tipo de obsequios y se apunta, además, que podría haber ex dirigentes del partido en su mismo caso.

Rompe con Correa pero permite que siga en Madrid y Valencia

Según Rajoy, en junio de 2004 cortó todo tipo de relaciones con las empresas de Correa cuando el entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, le informó de que el empresario utilizaba el nombre del PP para obtener contratos. Sin embargo, permitió que la trama continuara operando en Valencia y en numerosos municipios madrileños y la propia comunidad.

www.elplural.com 02.11.09

EL PP PIDE QUE LOS PERIODISTAS QUE DESVELARON DETALLES DE 'GÜRTEL' DÉN LOS INFORMES 

El PP ha registrado en el juzgado de instrucción número 1 de Madrid su escrito de ampliación de la denuncia que ya formularon el pasado 24 de julio por un presunto delito continuado de revelación de actuaciones secretas en el llamado 'caso Gürtel'. En esta ampliación, este partido solicita que los periodistas que han recibido las filtraciones aporten a la causa los informes policiales "que dicen manejar" alegando que esa documentación podría ser "tremendamente efectiva" para "identificar" a los responsables de esas filtraciones. 

El Comité de Dirección del PP acordó el pasado lunes hacer esta ampliación de su denuncia argumentando que se siguen produciendo filtraciones sobre cuestiones que aparecen en la parte del sumario cuyo secreto no se ha levantado todavía, según explicó la propia secretaria general, María Dolores de Cospedal. 

En su nuevo escrito, el PP incluye varios artículos publicados en el diario 'El País' sobre la trama de corrupción liderada por Francisco Correa en los que, según los 'populares', "hacen referencia expresa" a contenidos de informes policiales o a conversaciones de la causa. 

Sin embargo, recalca que esos informes de los que dan cuenta los periodistas no figuran "entre los folios de las actuaciones que se hicieron públicos" el pasado 28 de septiembre de 2009 a través de un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid levantando parte del secreto del sumario. 

Por eso, el PP propone como diligencia de investigación que "se acuerde requerir a los periodistas la aportación a la causa de tales informes que dicen manejar, así como de todos los demás documentos vinculados a los que hayan tenido acceso". 

Según los 'populares', esa documentación constituye "cuerpo material de los delitos objeto de denuncia" y de los mismos se podrían extraer "determinados datos (fecha de emisión, originales o copias, foliados o no, transmisión por fax, correo...) que ayudarían al total esclarecimiento de los hechos que aquí se investigan". 

"La incorporación de tal documentación a requerir pudiera ser tremendamente efectiva a los fines pretendidos de localizar o identificar a los responsables de las filtraciones", dicen, para recalcar que esas filtraciones requieren una respuesta "energética y efectiva de los tribunales de justicia a fin de procurar erradicar en el menor plazo posibles tales actuaciones". 

(www.elmundo.es, 29/10/09)

CORREA INVIRTIÓ EL 'BOTÍN' DE LA VISITA DEL PAPA EN NEGOCIOS CON EL EX SOCIO DE AGAG 

El informe policial del caso Gürtel sobre los negocios de la trama corrupta durante los actos de la visita del Papa a Valencia -se cobró más de un millón de euros en comisiones ilegales- acredita que buena parte del dinero fue a parar a una de las sociedades de inversión inmobiliaria del líder de la red, Francisco Correa. 

Jacobo Gordon, imputado en el caso Gürtel y ex socio de Alejandro Agag, yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar, es el empresario que defendía los intereses urbanísticos de Correa y con el que compartía la propiedad de varias sociedades. Entre ellas, Parque Logístico Montalvo, la sociedad a la que la trama corrupta derivó parte de los beneficios obtenidos durante la visita del Papa. 

La documentación incautada por la policía a la trama corrupta acredita que Pablo Crespo, principal lugarteniente de Francisco Correa, ingresó en la caja B del grupo 951.300 euros entre el 22 y el 30 de junio de 2006. Sólo cinco días después, según la contabilidad interna de la red Gürtel, por orden de Don Vito (apodo con el que el contable José Luis Izquierdo registraba las instrucciones de Francisco Correa) se entregaron 600.000 euros a Jacobo Gordon. Dos días después, Don Vito entregó otros dos sobres por 60.000 euros a Gordon con la referencia "Montalvo". 

El juez Baltasar Garzón, primer instructor del caso Gürtel, interrogó en la Audiencia Nacional a Jacobo Gordon sobre estos apuntes. El imputado explicó así el significado de la referencia Montalvo: "Es la sociedad a través de la cual formalizamos opciones de compra de suelo con los propietarios". Se refería Gordon a la adquisición de terrenos para un polígono industrial situado a 50 kilómetros de Tarancón (Cuenca) y que, según su confesión ante el juez, supuso un fracaso. "Es un proyecto que lleva muerto, bueno, paralizado, casi dos años o año y medio". 

Gordon formaba parte de la sociedad Parque Logístico Montalvo por el pago de una supuesta deuda de Correa. "Yo desarrollé unos trabajos para el señor Correa y por diferentes razones no salió ninguno y nunca me pagó. Yo no tenía intención de seguir haciéndole el trabajo y, entonces, en Montalvo me dijo que me pagaría en acciones. Yo tengo ahí creo que un 15% o un 10% de esa sociedad", explica Gordon. 

Otro de los apuntes de la caja B de Correa recoge un pago de 200.000 euros a la sociedad inmobiliaria Castaño Corporate, también dirigida por Gordon. Esos 200.000 euros también son parte de los beneficios cosechados por el acto del Papa, en el que la red Gürtel actuó como intermediaria para que el montaje de la sonorización y equipos de vídeo se adjudicara por 6,4 millones de euros a Teconsa, una constructora leonesa con la que mantenía relaciones. Los costes de los trabajos de sonorización y montaje de pantallas de vídeo no llegaron ni a la mitad de lo que pagó por ellos la Radiotelevisión Valenciana, dirigida entonces por Pedro García, un íntimo amigo de los jefes de la red corrupta, a quien regalaban trajes de la tienda donde se vistió también el presidente valenciano, Francisco Camps. 

Castaño Corporated es, según explicó Gordon al juez Garzón, una sociedad para hacer negocios urbanísticos que se creó a finales de 2005, sólo unos meses antes de la visita del Papa. 

"Había una oportunidad en Getafe (Madrid)", recuerda Gordon, "con una parcela grande para hacer 300 viviendas. Hablé con una empresa, Procasa, con la que tengo cierta relación, y les interesa, pero la operación es muy grande y me dicen que están dispuestos a ir con el 50%, y me dicen que encuentre a alguien que invierta el otro 50%. Se lo comento a Correa y trae a Provinsa como inversor y, además entramos nosotros mismos con el 20%, creando una nueva sociedad que se llama Castaño". 

Durante su declaración ante Garzón, Jacobo Gordon reconoció que en ocasiones Correa le llevaba dinero en efectivo: "En una ocasión, 300.000 euros o así, pero yo siempre le daba recibo. Lo llevaba a mi despacho, yo le firmaba un recibo". 

(www.elpais.com, 26/10/09)

LA CÚPULA DEL PP SEÑALA A ZAPLANA 

Ocho meses. Ese es el tiempo que el PP lleva buscando enemigos externos para dar respuesta al caso Gürtel. Primero fue el juez Baltasar Garzón, después el ex ministro Mariano Fernández Bermejo y su cacería, a continuación "las escuchas ilegales" de Interior y, tras eso, la "doble vara de medir" de la Fiscalía. Todo un "complot" que terminó desembocando en una nueva "teoría de la conspiración".  

El 11 de febrero, Rajoy salió en Génova, rodeado por la plana mayor de su partido, para defender el honor de los suyos: "No hay una trama del PP, hay una trama contra el PP". Y algunos dirigentes conservadores creen que, a lo mejor, no hace falta salir de casa para dar con el adversario. Es otra vuelta de tuerca. Más fácil que la de aplicar medidas contundentes. 

Hay quien cree que las heridas del Congreso de Valencia no han cicatrizado. Y que, aunque las elecciones gallegas y las europeas concedieron un respiro al líder del PP, los críticos siguen en pie de guerra. 

Todo lo ocurrido en la Comunidad Valenciana en estas últimas semanas ha desenterrado viejos fantasmas. Para más de uno detrás de todo lo que le está ocurriendo a Francisco Camps se oculta la mano de Eduardo Zaplana, su antecesor en el cargo. Algunos recuerdan que el odio entre ambos es evidente y creen que el ex ministro no ha olvidado cómo, desde que dejó su tierra en 2002, Camps se encargó de aniquilar a sus fieles.  

No sólo los campistas han sembrado las sospechas. También algún que otro miembro de la dirección nacional ha sucumbido. En las filas conservadoras cuentan que Zaplana ha mantenido reuniones con Rubalcaba y Juan Costa, hermano del ex secretario general valenciano. Y atan cabos. Dan por hecho que con el dirigente socialista habló de la situación en su partido y del informe policial que apunta a la financiación ilegal del PP valenciano. Con el segundo, orquestó la estrategia de defensa y resistencia de Ricardo Costa, que no dimitió de su cargo hasta que Rajoy se lo exigió a Camps por las malas. "No me extrañaría que estuviera enredando", comenta un diputado. 

Pero Zaplana, que ahora es delegado para Europa de Telefónica, no ha querido entrar a desmentir ni a confirmar estas afirmaciones. En su círculo aseguran que está fuera de la política porque "así lo decidió" y que quiere seguir así. En cualquier caso, si esos dos encuentros se hubieran producido, responden a la "amistad" que mantiene con ellos desde hace mucho tiempo. Defienden que él está asistiendo a todo lo que está pasando no como actor sino como espectador, "dolido" por la crisis de su partido. Un dirigente que le conoce bien se ríe de lo que él califica de "delirio": "Ya sólo falta que digan que Zaplana controla a la policía de Rubalcaba".  

Pero lo cierto es que en las últimas semanas ha vuelto a reaparecer y con más fuerza que nunca. El 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, asistió a una crispada celebración institucional. Allí pronunció las únicas palabras que le ha dedicado al caso Gürtel en público. "Espero que todo el mundo tenga claro que los intereses de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana están por encima de cualquier otro interés", señaló ante los periodistas. Y expresó su deseo de que el PP actúe: "Ustedes saben perfectamente que, al margen de discrepancias, deseo fervientemente que mi partido actúe como siempre ha hecho para que sus militantes puedan seguir sintiéndose orgullosos de contar con un partido como este". Para algunos su respuesta fue diplomática, otros lo interpretaron como un toque de atención. La mayoría coincide en que, en cualquier caso, Zaplana no quiso "hacer sangre".

Poco después volvía a ser noticia por unas declaraciones sobre la reforma de la ley del aborto. Zaplana afirmó que él apuesta por "una regulación de plazos lo más limitada y pequeña posible" que permita "el derecho de una mujer a poder abortar". 

Zaplana añadió que cuando su formación llegó al poder "no cambió" la Ley del Aborto porque "es normal" que un nuevo Ejecutivo "no se ponga a revisar" todo lo que hizo el anterior. Sus palabras sentaron mal en el núcleo duro del PP y también entre miembros del Grupo Popular.  

El ex ministro hablaba sobre ese asunto como tertuliano. Desde que arrancó el nuevo curso político, participa en algunos coloquios de Esradio con Luis Herrero. El pasado 7 de septiembre instalaba una máxima: "Yo lógicamente no voy en estos momentos a opinar sobre mi partido. Yo siempre diré que lo que hace me parece bien, en genérico, y no entraré en detalles". 

Y es que su resistencia a hablar se ha ido relajando con el tiempo. Además de mostrar abiertamente su postura sobre el aborto, también presumió hace unos días de que fue el primer presidente de una comunidad autónoma en regular las uniones de hecho.  

Y también se vuelve a hablar de Zaplana porque sus fieles están aprovechando la debilidad de Camps para volver a plantarle cara. El reducto zaplanista, liderado por José Joaquín Ripoll, trata de ganar peso territorial. El presidente de la Diputación de Alicante fue uno de los primeros en exigir "medidas" para afrontar el caso Gürtel y reclamar rapidez para quitar "las manzanas podridas" en el PP. 

En el partido en Valencia algunos creen que los zaplanistas quieren cobrarse su venganza. Aún recuerdan como en diciembre de 2008 los campistas presentaron una candidatura alternativa a la de Ripoll como presidente provincial. Al final éste ganó sólo por cinco votos. Por eso ahora creen que están "haciendo palmas con todo lo ocurrido".

 En el PP valenciano creen que lo único bueno que puede salir de toda esta historia es que las relaciones de Zaplana en la Comunidad se normalicen porque hasta ahora estaba "vetado" por Camps. "A lo mejor ahora los empresarios vuelven a invitarle a los actos", apuntan.  

(www.publico.es, 26/10/09)

Botella: “Si, yo creo que sí [la Gürtel se está convirtiendo en una pesadilla]”

“Mi hija y mi yerno están tranquilísimos. Estamos acostumbrados a las calumnias”, afirma Ana Botella, preguntada por la periodista Virginia Drake en el diario ABC en su edición de hoy. Botella se defiende así de las alusiones del sumario Gürtel respecto a miembros de su familia. Se trata de su propio esposo, el ex presidente del Gobierno, José María Aznar -quien según subraya Botella que también está “muy tranquilo”- y de Alejandro Agag.

La esposa de Aznar confirma su relación con Álvaro Pérez el Bigotes, aunque asegura que esa relación fue “muy pequeña”. Niega asimismo que se hubiera “enamorado de él en el buen sentido”, contradiciendo de este modo la declaración del número 1 de la trama, Francisco Correa. En todo caso, el Bigotes fue el principal colaborador logístico de Aznar durante su época de presidente.

La boda: volvería a ser igual
Era pues uno de sus hombres de confianza. Recuérdese que el introductor de Pérez en el ámbito Aznar-Botella fue Agag, siempre a tenor de lo que narra el sumario. Por otra parte, muchos indicios apuntan a que el Bigotes pudo ser el organizador o uno de los organizadores de la magna boda escurialense, de la que tan satisfecha se muestra en la entrevista Botella, a pesar de los numerosos invitados que ahora han sido imputados judicialmente. La madre de la entonces novia dice ahora que volvería a celebrar el matrimonio de su hija “de igual modo y en el mismo lugar”.

"Sí", una pesadilla
Afirma Botella afirma que ella y su familia están muy tranquilos. “Pero cuando se le pregunta si la trama se está convirtiendo en una pesadilla” –puntualiza la entrevistadora-, la mujer de Aznar contesta: “Pues sí, yo creo que sí”. En todo caso, Botella aprovecha una sentencia favorable respecto a una denuncia de Aznar cuando circulaba el rumor de que se habría separado de Botella por presuntas infidelidades conyugales de él, para advertir: “Quieren destruirnos”. Evidentemente no se refería Botella sólo al caso de la no probada infidelidad de su marido, sino al caso Gürtel, su pesadilla.

www.elplural.com 25.10.09

FISCALES Y ABOGADOS, ENFRENTADOS POR EL 'CASO GÜRTEL' 

La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera fiscal, expresó ayer su apoyo a las fiscales del caso Gürtel y lamentó que se ponga en tela de juicio su actuación en la persecución de graves delitos. La asociación respondió así al anuncio del Colegio de Abogados de Madrid de que presentará una querella contra el juez Baltasar Garzón y las fiscales del caso Gürtel por la intervención de las comunicaciones mantenidas en prisión entre Francisco Correa y los demás implicados en la trama corrupta con sus letrados. 

La Asociación de Fiscales lamentó que se ponga en tela de juicio "la actuación de las instituciones del Estado en la persecución de conductas presuntamente constitutivas de delitos graves, y en el intento de recuperar lo que, al parecer, pueden ser cantidades importantes de dinero defraudado a las administraciones públicas y, en definitiva, a todos los ciudadanos". 

Por su parte, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid calificó la intervención de las conversaciones de los imputados en la trama Gürtel como "intolerable para el derecho de defensa" y se quejó a los presidentes del Poder Judicial, de la Audiencia Nacional, del Tribunal Superior de Madrid y al fiscal del Estado. 

El Colegio autorizó la presentación de una querella contra el juez Baltasar Garzón y las fiscales del caso Gürtel por delitos de prevariación y quebrantamiento del secreto de las comunicaciones. Es la primera vez que el Colegio de Abogados se querella contra un juez y sólo se recuerda que ejerciera la acusación en el juicio por los asesinatos de los laboralistas de Atocha. En casos de asesinatos de abogados por ETA, como Fernando Múgica y Fernando Buesa, el decano del Colegio de Madrid, a la sazón Luis Martí Mingarro, representó a sus respectivos colegios. 

(www.elpais.com, 22/10/09)

LA POLICÍA DETALLA AL MENOS 15 COBROS EN 'NEGRO' DE ERASO 

El presunto comisionista Eduardo Eraso -acusado por la Policía de ser el enlace que colocaba en Suiza las comisiones irregulares cobradas por la red Gürtel- habría recibido de la trama dirigida por Francisco Correa al menos 15 entregas de dinero negro por sus servicios entre 2002 y 2005, según detalla el sumario, aunque podrían ser bastantes más. Por ese motivo está imputado por blanqueo de capitales y fraude fiscal. EL MUNDO localizó ayer a Eraso, que aseguró que las inculpaciones contra él que sostienen los informes policiales son falsas y que así lo acreditó cuando declaró ante el juez Baltasar Garzón el pasado 30 de marzo.  

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) argumenta en un informe fechado el 23 de marzo -una semana antes de la declaración del supuesto comisionista en la Audiencia Nacional- que «Eraso recibiría dinero directamente de las comisiones percibidas por la organización como consecuencia de la intermediación para la adjudicación de proyectos o servicios a empresas afines por parte de las distintas administraciones, que [Eraso] se encarga de remitir [los fondos] a las sociedades Rustfield o Windrate».  

Rustfield y Windrate son dos de las empresas que, según la Agencia Tributaria, formarían parte de las estructuras de blanqueo diseñadas por el experto financiero Luis de Miguel para desviar los fondos obtenidos de manera ilícita por Correa.  

Según la Policía, Eraso sacaba ese dinero de España a través del llamado sistema de compensación: buscaba personas con cuenta en Suiza que deseasen invertir en España y les entregaba en nuestro país los fondos en mano y en metálico, y esos inversores realizaban luego una transferencia a la cuenta que tenían abierta en Ginebra las sociedades de Correa. Por esa mediación, Eraso percibiría una comisión en metálico del 1,5%. EL MUNDO publicó ayer que, sólo en 2004, habría recibido 270.000 euros, lo que significaría que habría lavado hasta 18 millones de euros de la trama.  

La sociedad Rustfield, domiciliada en Londres, pertenece a su vez a la empresa Pacsa -acrónimo, según la Policía, de Paco Correa Sánchez-, cuya sede está en el paraíso fiscal de la Isla de Nieves. Pacsa recibiría el dinero en su cuenta de Suiza y lo transferiría a Rustfield, que a continuación suscribiría ampliaciones de capital de las firmas de Correa en España Inversiones Kintamani y Caroki -que sería el acrónimo de Carmen Rodríguez Quijano, la esposa de Don Vito-.  

El dinero, ya blanqueado por este sistema, se reinvertiría en propiedades en nuestro país: casas en Las Rozas de Madrid, Sanchinarro, Málaga, Marbella, Sotogrande y Tarifa, e incluso un yate.  

Una estructura calcada blanquearía el dinero a través de Windrate. La sociedad matriz sería, en este caso, Fountain Lake, domiciliada también en Nieves. Los fondos fluirían de manera opaca desde la cuenta de esa empresa en Suiza hasta Windrate, con sede en Londres, que a su vez suscribiría ampliaciones de capital de las firmas de Correa en España.  

Las 15 entregas de dinero detalladas en el sumario que habría recibido Eraso se reparten en una horquilla de tiempo que abarca desde abril de 2002, la primera, y septiembre de 2005, la última. Precisamente en ese mismo mes y fecha Francisco Correa dejó de trabajar con el experto financiero Luis de Miguel y comenzó a hacerlo con el ex vicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín.  

Todos esos apuntes se contienen en el pen drive que le fue intervenido al contable de Gürtel, José Luis Izquierdo, en el registro policial del piso que la trama tenía en la calle de Serrano de Madrid. El primero se refiere a la distribución de una supuesta comisión irregular de 537.340 euros que habría realizado en abril de 2002 el constructor Alfonso García Pozuelo, presidente de Hispánica, presuntamente beneficiado por adjudicaciones en municipios controlados por Correa.  

De ese dinero, se habría entregado un sobre con 120.200 euros a Eraso, y otro de 2.400 como comisión. La mayor entrega se produjo en marzo de 2004: 650.000 euros, de una supuesta comisión de 1.018.000 euros bajo la rúbrica «cobro sin referencias».  

La mayoría de los apuntes se presentan con el título «envío por Eduardo Eraso» en una cuenta denominada «Barclays Rustfield». 

(www.elmundo.es, 20/10/09)

EL BLANQUEADOR DE CORREA

 Entre 1995 y 1996 (año de la victoria de Aznar), Francisco Correa Sánchez montó una estructura empresarial en paraísos fiscales a través del despacho de Luis de Miguel Pérez y Asociados.

 El objetivo estaba muy claro: ser invisible a la Hacienda pública.  En el informe de la Agencia Tributaria (4 de febrero de 2009) que figura en el sumario, se dice textualmente: «Francisco Correa no ha presentado declaración de IRPF desde 1999, no ha percibido rendimientos de ningún tipo como pudieran ser rendimientos de trabajo, de capital, mobiliarios o inmobiliarios o de actividades económicas; tampoco se advierten alteraciones patrimoniales. No consta como socio o administrador de sociedades. Únicamente figura como autorizado de las cuentas bancarias de una sociedad, FCS, Formación Comunicación y Servicios, cuyas tres primeras siglas de su denominación corresponden a las primeras letras de su nombre y apellidos. FCS es una sociedad carente de actividad económica. El señor Correa es titular desde 1999 de un piso y una plaza de parking en la calle Húmera número 46 de Madrid».

 A la luz de este párrafo podemos afirmar que, efectivamente, Correa logró su objetivo: fue invisible a Hacienda durante 10 años.

 Pero en esos dos lustros logró amasar una fortuna que, según fuentes cercanas a la investigación, supera los 34 millones de euros.

 ¿Cómo funcionaba esa red exterior? Una serie de sociedades, fundamentalmente: Kintamani, Karoki (que se corresponde también con el nombre y apellidos de su segunda mujer, Carmen Rodríguez Quijano), Osiris y Hator, radicadas en el extranjero, invertían en España en el capital de las empresas que constituyen la red de Correa. Éstas se dedicaban a organizar actos y viajes para el PP, como Special Events, Orange Market, Good and Better, Pasadena Viajes, etcétera. Además de ser las nutridoras de capital de las empresas que sí tenían actividad, dichas sociedades patrimoniales invertían en España, en Miami o Colombia en inmuebles y en objetos de lujo, como yates.

La técnica consistía en colocar unas sociedades detrás de otras para ocultar a su verdadero propietario. Osiris, por ejemplo, estaba participada mayoritariamente por la holandesa Clandon, que, a su vez, estaba participada por Lubag NV, domiciliada en Antillas Holandesas.

De esta forma, Correa no aparecía nunca como accionista de sus empresas.

 La red exterior también nutría de fondos a otras sociedades (como Golden Chain, Almenara o Chalmi) que tienen cuentas en bancos suizos. Al margen del despacho de abogados español, el arquitecto de la trama es Arturo Fasana (conocido por Correa y su gente como Fafa). Fasana es un conocido gestor que, a través de Rhone Gestion, mueve fondos por un total de 2.500 millones de euros, procedentes de cuentas en Ginebra del banco Credit Suisse.

 A partir de 2003, según relata el informe de la Agencia Tributaria, aparece una nueva sociedad con domicilio en Gran Bretaña: Rustfield Trading. A partir de esa fecha, otra empresa fantasma, domiciliada en Nevis (islas del Caribe) y llamada Pacsa -de nuevo a Correa le pierde el ego, ya que su denominación se corresponde con su nombre y apellidos, Francisco (Paco) Correa Sánchez-, se convierte en la cabecera de toda la red exterior oculta a Hacienda.

 Detengámonos un momento en el dinero que movían estas sociedades en el extranjero. Según fuentes de toda solvencia, Kintamani tiene un patrimonio superior a 10 millones de euros (constituido por inmuebles en Las Rozas, Sanchinarro, Málaga, Marbella, Sotogrande y Tarifa). Dichos inmuebles estaban, en su mayoría, alquilados.

Karoki tiene un patrimonio de unos 4,5 millones de euros, constituido por una embarcación y una vivienda en Sotogrande.

 Osiris posee un patrimonio similar, de unos cinco millones de euros, constituido por viviendas en Ibiza, Sotogrande y la embarcación Montecristo (a nombre de la sociedad gibraltareña Blue Horizon).

 Hilgart Investment es, a su vez, propietaria de cuatro condominios en Miami, valorados en unos tres millones de dólares.

 Hator es una pequeña sociedad, con un capital social de 100.000 euros, cuyos activos los constituyen acciones de Orange Market e Easy Concept.

 Además, Correa es propietario de un apartamento en Cartagena de Indias, valorado en 500.000 dólares, y dispone de diversas cuentas en bancos domiciliados en Ginebra: dos en Merrill Lynch (de las sociedades Chami y Almenara) y otras dos en Credit Suisse. En dichas cuentas, Correa tiene unos 12 millones de euros.

 Todo ese dinero procedía, según los informes de la Udef, de las comisiones que cobraba Correa en la recalificación de terrenos (sobre todo de los municipios cercanos a Madrid), y, por otro lado, del dinero negro que pagaban los empresarios para financiar los actos del PP, que se ingresaba directamente en la caja B localizada en la contabilidad secreta de sus empresas, gestionadas desde un piso de la calle de Serrano.  

Así pues, el dinero negro obtenido de forma ilegal salía de España, recalaba en sociedades domiciliadas en paraísos fiscales y volvía en gran parte a España blanqueado a través de inversiones inmobiliarias.

¿Cómo se sacaba el dinero de España?

Se hacía por el sistema de compensación. Alguien quiere invertir en España desde Suiza. Correa le facilita el dinero en metálico en España y el inversor, desde su cuenta en Suiza, le transfiere la misma cantidad a Correa en otra cuenta en Suiza.

¿Quién era el encargado de hacer la compensación? Según la Policía, Eduardo Eraso Campuzano, imputado en la causa por blanqueo de dinero.  

Eraso cobraba el 1,5% del dinero que compensaba y que ingresaba en las cuentas de Rustfield, manantial de Pacsa y, por tanto, de toda la red exterior de Correa.  

Eraso hizo ese trabajo, al menos, desde 2002. En una anotación de la contabilidad B, con fecha 6 de septiembre de 2004, puede leerse: «270.000 euros entregar a E. Eraso». En 2005 también aparece: «Entregas a E. Eraso 30.000 euros», con la especificación: «Para transferencia a Rustfield».  

Eraso pudo, según la Udef, haber transferido al extranjero de forma ilegal decenas de millones de euros en pocos años. Sólo en 2004, habría sacado de España 18 millones de euros. No está nada mal. 

(www.elmundo.es, 19/10/09)

TODAS LAS CLAVES DE LA CAJA NÚMERO 52 

Las investigaciones policiales y judiciales comienzan a desenredar la madeja económica montada por Correa y a contabilizar el dinero que movieron los hombres de don Vito. La caja de seguridad número 52 que tenía Pablo Crespo, socio de Francisco Correa, en Caja Madrid y en la que figuraba una serie de nombres en clave como Chiquitín, Cial, Gibr, Ibiza, Benj y Venere, empieza a arrojar luz: sobornos a políticos, barcos, residencias de lujo y millones de euros, dólares y francos suizos en el extranjero gestionados por dos testaferros.  

Entre esos alias o nombres en clave figuran, según las investigaciones de los agentes de la Udef, políticos del PP, operaciones inmobiliarias y la adquisición de un barco en Italia por parte de Correa. La mayoría de esas operaciones fueron gestionadas por los testaferros del grupo en el exterior, el suizo Arturo Fasana y el norteamericano Randall Lew.  

EL MUNDO publicó el pasado lunes que con las notas y apuntes encontrados en esa caja 52 la Agencia Tributaria pudo determinar el sistema que utilizaba la organización de Correa: «Una serie de sociedades constituidas en el Reino Unido y Holanda, que a su vez estaban participadas por entidades domiciliadas en las Islas del Canal y en Las Antillas Holandesas […], que se han utilizado como vehículo de entrada de fondos de las sociedades patrimoniales ubicadas en España»,  

En esa caja 52 también había dos apuntes contables del Credit Suisse de Ginebra por un «valor liquidativo» de 15.421.767 euros y 6.745.872 francos suizos.  

Pero las gestiones económicas realizadas por Arturo Fasana (Fafa) y Randall Lew (Ran) para Correa y sus amigos fueron más y mucho más cuantiosas. Los policías de la Udef están convencidos de que la anotación Benj. que aparece en la caja 52 corresponde al diputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco. Se da la circunstancia de que este dirigente del PP, que recientemente ha sido apartado del Grupo Popular, tiene un ingreso en sus cuentas personales en julio de 2005 de 150.000 euros; la misma cantidad y fecha que aparece en los apuntes que Crespo tenía en su caja de seguridad. La gestión de esos 150.000 euros fue realizada, según los apuntes contables, por Arturo Fasana, Fafa.  

El siguiente apunte que figura en la misteriosa caja corresponde a la palabra Venere y está acompañado de una cantidad de 255.000 dólares. Se ha podido averiguar que esa cifra y ese nombre en clave corresponden al modelo de un barco de la marca Riva que Correa adquirió en Italia y al que le puso bandera inglesa para no pagar el correspondiente IVA.  

El barco es un Riva modelo Venere 75, de 22 metros de eslora, con un precio de tres millones de euros. Correa puso a la venta el Venere 75, y los 255.000 dólares corresponden a uno de los pagos que efectuó el nuevo propietario, Javier T.  

Las anotaciones Gibr. e Ibiza, con cantidades de 491.803 y 450.000 dólares, corresponden a una serie de desembolsos que realiza Correa desde sus cuentas y sociedades en el extranjero para la compra de propiedades en Sotogrande y en Ibiza.  

Los movimientos económicos que figuran junto a la anotación Gibr. se llevaron a cabo a través de la gestión de Ran, el testaferro norteamericano, y el de Ibiza por medio del suizo Fafa.  

En los informes y estudios de Hacienda también figura que Correa tiene varias propiedades en Sotogrande y dos amarres en su puerto deportivo. Con respecto al patrimonio de don Vito en Ibiza, los inspectores de Hacienda reflejan la «compra de un inmueble en Punta Grosa, cala San Vicente (Ibiza)».  

Los movimientos de Correa a través de Gibraltar se hacen con la gestión de Fafa y por medio de las sociedades Kintamani y Caroki. Los agentes de la Udef llegaron a localizar diversos movimientos desde Gibraltar a España por valor de 700.000 y 135.000 euros.  

Sobre las anotaciones Chiquitín y Cial que aparecían en la caja número 52 de Crespo, los agentes de la Udef y de Hacienda continúan con serias dudas. Fuentes cercanas a Correa han indicado a EL MUNDO que la anotación Chiquitín: 12.000.000, puede corresponder a fechas anteriores a la formación del Grupo Correa, y que Radin sería un gestor que Correa utilizó en su primera etapa, entre 1996 y 2000. Por lo que respecta a la anotación Cial y a la cantidad 405.256 dólares, los agentes de la Udef consultados por este periódico se inclinan por señalar que puede ser el diminutivo de Comercial y referirse a algunas de las últimas operaciones realizadas por Correa.  

Fuentes próximas al entramado del grupo también han señalado a este diario que «a Correa le entró la fiebre de comprar e invertir en el extranjero después de que el PP perdiera las elecciones de marzo de 2004». A esos años y actividad puede corresponder la anotación Amp Capital…1.825.265…Fafa, que también figura en la contabilidad y notas de la caja número 52. Antes de la detención de Correa (6 de febrero de 2009), los hombres de don Vito estaban llevando a cabo inversiones en Senegal y Uruguay.

 (www.elmundo.es, 19/10/09)

La fiscalía pide la libertad bajo fianza para Antoine Sánchez

El primo de Correa, imputado por un delito de blanqueo y varios de falsedad, es uno de los tres dirigentes de la trama Gürtel encarcelados

La fiscalía ha pedido libertad bajo fianza para Antoine Sánchez, uno de los tres encarcelados por la trama corrupta -junto al cabecilla, Francisco Correa, y su lugarteniente, Pablo Crespo-. Antoine Sánchez, primo de Correa, estuvo empleado en varias de sus empresas y está imputado por un delito de blanqueo y varios de falsedad.

a petición de la Fiscalía fue formulada la semana pasada al instructor encargado del caso, Antonio Pedreira, que deberá tomar una decisión en los próximos días, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Anticorrupción considera que Sánchez no estaba tan implicado en el entramado empresarial de la red como los otros dos encarcelados y no se le acusa de los mismos delitos.

600.000 euros de fianza

La fiscalía pide una fianza de 600.000 euros para el número tres de la red corrupta por la falta de arraigo, dado que es de Senegal. El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, ha precisado que la petición de libertad se basa en las circunstancias que rodean la actuación de Sánchez dentro de la trama, el tiempo que ha transcurrido en la prisión y los delitos que se le imputan.

Desde que el pasado mes de febrero fue detenido, Sánchez permanece en la prisión de Soto del Real (Madrid). Fue administrador de la constructora Catalunya Nord Recor y de Inversiones Kintamani. Si se decreta su puesta en libertad, de la trama Gürtel sólo quedarían en la cárcel el propio Correa y el ex secretario general del PP en Galicia Pablo Crespo.

De acuerdo con los informes policiales incluidos en la parte del sumario sobre la que se ha levantado el sumario, Sánchez era uno de los testaferros de la organización y está considerado como pieza clave en la estrategia de desvinculación de Correa de las sociedades que gestionaba.

Según algunos reclusos de la prisión de Soto del Real, la relación entre los tres detenidos de la trama es bastante difícil. Antoine se siente traicionado por Correa y habla continuamente mal de Pablo Crespo, de acuerdo con el testimonio de los presos.

El Supremo prorroga otro mes el secreto del sumario

El Tribunal Supremo ha prorrogado un mes más el secreto de las actuaciones en el caso Gürtel, por lo que las partes personadas, a excepción de la Fiscalía, seguirán sin tener acceso de momento a las mismas. El magistrado instructor del caso, Francisco Monterde, lo ha comunicado hoy en un auto, después de que el pasado 17 de agosto ya prorrogara el secreto hasta el 17 de septiembre, día en el que lo volvió a extender un mes.

Monterde alega en su auto que subsisten las razones que motivaron mantener el secreto en la primera ocasión. Entre ellas, el juez señala las necesidades de la instrucción, la naturaleza de los delitos perseguidos y el carácter de las diligencias urgentes de prueba que se están practicando. A ello se une la situación en que se encuentra el procedimiento seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), "actuaciones declaradas secretas".

El Supremo acordó el pasado mes de junio asumir la investigación de este caso sólo en lo que se refiere a los posibles delitos cometidos por el senador del PP Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino y devolver el resto de la causa al magistrado del TSJM Antonio Pedreira.

La ramificación del caso Gürtel que se investiga en el TSJM cuenta con 71 imputados, entre ellos la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, según el auto de Pedreira en el que el pasado 29 de septiembre acordó levantar parcialmente el secreto de la causa.

www.elpais.es 19.10.09

ENTREVISTA: LA INVESTIGACIÓN DEL 'CASO GÜRTEL'. "CORREA ERA EL SÉPTIMO HOMBRE CON MÁS PODER EN EL PP". JOSÉ LUIS PEÑAS, EX CONCEJAL DEL PP QUE DENUNCIÓ EL 'CASO GÜRTEL'  

El autor de la denuncia que ha levantado el maremoto judicial contra Administraciones del PP asegura que tuvo que elegir entre "mirar para otro lado" o acumular grabaciones contra la trama corrupta durante dos años 

José Luis Peñas, de 41 años, con su acreditación de ordenanza al cuello, parece un funcionario más del Ayuntamiento de Madrid. Su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en 2007, acompañada de dos años de grabaciones a la trama de Francisco Correa, ha destapado el llamado caso Gürtel y ha puesto contra las cuerdas al PP -del que dice ser militante al coriente de pago- en Madrid, Valencia y su aparato central, por ahora. Peñas, que cobra 1.500 euros, ha puesto en jaque a presuntos blanqueadores de dinero, conseguidores y empresarios corruptos. "¿Cuánto habrían pagado por mis cintas?", fantasea ahora. Él también está imputado en el caso por cobrar de Correa, pero asegura que lo destinó al partido que fundó en Majadahonda (Madrid) como alternativa al PP local. 

Pregunta. El PP le acusa de manipular la venta de unas parcelas en 2004 en Majadahonda, cuando era concejal, con Guillermo Ortega de alcalde. 

Respuesta. Las acusaciones de que quise vender unas parcelas municipales a bajo precio a unos empresarios determinados son absolutamente falsas. La ley me impedía adjudicar directamente. Además, todo el expediente de venta de esas parcelas lo informó, valoró y autorizó el mismísimo vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Todo el PP de Majadahonda votó a favor de los pliegos, de las valoraciones, del expediente completo, que luego avaló la Comunidad de Madrid. Hubo una investigación en Anticorrupción para aclarar la venta en la que declararon Esperanza Aguirre [presidenta de Madrid], Ricardo Romero de Tejada [ex secretario general del PP de Madrid] y Narciso de Foxá [actual alcalde]. Y nadie me acusó de nada. 

P. Esa venta originó una guerra civil en el PP y la intervención de Aguirre contra Guillermo Ortega. Usted y otro concejal se fueron del grupo. 

R. No me fui. Me echaron del grupo municipal del PP. ¿Qué guerra había? Yo la sé, pero a día de hoy no la puedo revelar porque hay una parte del sumario que sigue secreta. Pero el tema que había ahí era lo de siempre: captar dinero y repartirlo. 

P. ¿Ya operaba con Correa? 

R. Yo con Correa tenía entonces una relación transversal por su mujer, Carmen Rodríguez, que era jefa de gabinete del alcalde. Y con ella trabajaba 12 o 14 horas al día. Era íntimo de ella. 

P. ¿Cómo llegó hasta Correa? 

R. Me lo presentó el alcalde, Guillermo Ortega. Lo conocíamos en el PP todo el mundo, no sólo en Madrid. Era el que hacía todos los actos del presidente José María Aznar, el que iba con Aznar. Era el séptimo hombre del PP con mayor poder. No hay más que verlo en las fotos de la boda. Y en la despedida de novios. Cuando nos expulsan del grupo municipal, Carmen Rodríguez, a través de su marido, Francisco Correa, nos intenta echar una mano y es ahí cuando veo su tinglado. Me doy cuenta de la trama en septiembre de 2005. Y decido que o miro para otro lado, como ha hecho Mariano Rajoy, o debo seguir ahí y dedicar dos años de mi vida a obtener pruebas. Porque no quiero quedarme otra vez como con las parcelas, sin pruebas, y que encima me echen las culpas. 

P. Y arranca su labor de topo. 

R. Al principio no me atrevo. Estoy indeciso. Pero cuando ya oigo un cabreo de miembros de la trama, que exigen cobrar dinero, al día siguiente empiezo a grabar. Es diciembre de 2005. 

P. ¿Qué le evidenció que estaba ante una red de corrupción? 

R. Yo ya lo tenía claro. Había visto un fotograma de un vídeo. Decía mucho: era una mesa llena de dinero con políticos alrededor. Podía parecer una timba, pero no era eso. Me dio tanto miedo que casi lo olvidé. Pero luego oí una conversación de un miembro destacado del PP de Madrid, imputado ahora en la causa, que exigía dinero a Correa por no hablar de una operación en Arganda del Rey. Vi por dónde iban los tiros y que, posiblemente, lo que pasó en Majadahonda fue algo parecido. 

P. Cuando Correa le financió su partido, ya sabía usted que le estaba apoyando un corrupto. ¿Declaró ese dinero a Hacienda y al Tribunal de Cuentas? 

R. Mi partido lo declaraba todo a Hacienda. El dinero se metía en las cuentas del partido y era para financiar la pequeña estructura. Pero entre septiembre y diciembre de 2005 yo veo que no es una red de colegueo, que es una red para conseguir mucho dinero. Si yo hubiera querido estar en la trama, habría estado en el entramado internacional, habría formado parte de alguna de las empresas como administrador o socio, pero no he estado nunca en nada de eso. Correa no daba nunca nada gratis. Creyó que, teniéndonos controlados, podía hacer alguna presión en Majadahonda o en pueblos vecinos. A mí Correa no me pidió nada al principio. Luego, sí. Que había que presionar a ciertas personas en varios municipios para que no hicieran o denunciaran determinadas cosas. 

P. ¿Le obedeció? 

R. En ningún momento. 

P. Usted ha acabado imputado por la denuncia que presentó. ¿Por qué no negoció usted la condición de arrepentido? 

R. En primer lugar, no soy ningún arrepentido, ni ningún chivato. Simplemente soy una persona que toma una decisión en su vida y va para adelante con ella. ¿Y por qué estoy imputado? Porque en el famoso pen drive de la contabilidad secreta hay entregas de dinero a mi nombre y las fiscales han creído oportuno que todo el que apareciera por haber recibido una cantidad esté imputado. Hay cantidades que reconozco que recogí, las de mi partido, y otras que niego haber aceptado. 

P. Correa se quejó de que el PP de Madrid le debía dinero por actos que realizó y no cobró. Lo denunció en los tribunales y luego hubo un acuerdo. ¿Cómo se pagó esa deuda? 

R. Para ese juicio fuimos llamados a declarar Juan José Moreno [otro edil del PP de Majadahonda que ratificó la denuncia de Peñas] y yo como testigos y es en ese momento cuando la ejecutiva regional decide negociar. Y negocia Pablo Crespo con el secretario del Consejo de Gobierno de Aguirre, cosa que me resulta extraña. Luego me dijeron que era miembro del comité. No tengo constancia de cómo se pagó. Pero sé que se pagó. Crespo me comentó cómo hacían facturar, en lugar del PP, a la Comunidad de Madrid. Hacían un acto del PP y la factura en vez de ir al PP iba a la Comunidad, y como ahí estaba Alberto López Viejo, pues no había ningún problema. 

P. ¿Pudo montar López Viejo 358 contratos desde diversas consejerías sin consentimiento o conocimiento de Aguirre? 

R. No entiendo que el consejero de Deportes fuera haciendo los actos de todas las consejerías. O los consejeros eran unos ineptos y no merecen ser consejeros o había una orden de que quien hacía todos los actos era López Viejo. Más que nada porque se le contrató para eso. Aguirre fichó a López Viejo y a Alfonso Bosch [ambos imputados], las dos personas que durante muchos años habían montado los actos de Aznar. Ella lo que quiere, por ejemplo, es para mañana un acto en el Metro para inaugurarlo. Y para eso tiene a fontaneros como López Viejo. Y, al final, de la tarta se llevan un trozo importante. Desde que ha salido la Gürtel, ¿cuántos actos públicos ha hecho Aguirre, que antes nos tenía acostumbrados a uno por la mañana y otro por la tarde? Hacía dos actos al día. Lleva unos meses que sale de vez en cuando. ¿Por qué? Porque no hay nadie ahora que haga lo que hacía López Viejo. 

P. ¿Quiénes son los responsables en el PP del nacimiento de esta trama de corrupción? 

R. Rajoy es el más culpable. Me parece un poco candoroso que diga que en 2004 Luis Bárcenas [ex tesorero nacional del PP, imputado] le dijo que estos muchachos estaban pidiendo contratos en nombre del PP y que él lo único que hizo fue expulsarles de Génova. ¿Por qué no fue a un juzgado? Y Aguirre es la segunda responsable de Gürtel y la principal en Madrid. Y Camps no ha podido demostrar que se pagó los trajes. Y es evidente que Ricardo Costa ha seguido siempre las indicaciones de sus superiores. La trama estaba antes de que llegara él. Y Aznar... Un día me dijo Correa: 'El presidente me ha llamado porque se va a ir y quiere que contrate a Antonio Cámara', que era su edecán. Los responsables políticos son todos ellos y espero que a algunos las investigaciones puedan atribuirles responsabilidades de otro tipo.  

P. ¿Prevé un final en el que usted sea condenado por cohecho y Camps y otros beneficiarios del PP sean absueltos? 

R. Ja, ja. Cosas peores se han visto. Espero que no. No le deseo mal a nadie, ni una condena, pero los hechos son muy tozudos. El PP se queja de que se hable de la Gürtel y no de la crisis económica, que claro que es muy grave. Pero asegurar que esto no fue grave es decir que no tiene importancia la democracia. Mucha gente cree que no le afecta el delito económico. Pero el delito económico nos afecta a todos. Te puedes caer y morir un día porque no hay una ambulancia cerca y, a lo mejor, con el dinero que se llevó determinado alcalde por la adjudicación de una parcela podíamos haber tenido una ambulancia al lado. O vas un día a un hospital y necesitas un riñón y no se puede porque no hay dinero en ese hospital... No pensemos eso de que todos haríamos lo mismo si estuviéramos ahí. El delito económico nos puede suponer cosas muy graves. Y aquí parece que mientras roben los míos... bueno.

"Gano 1.500 euros netos al mes"

José Luis Peñas milita en el PP desde 1999. Fue edil en Parla y Majadahonda, donde, tras enfrentarse en 2005 con Esperanza Aguirre por la venta de unas parcelas públicas, fue expulsado del grupo municipal, pero no del partido. Hoy, con su carné de abogado y un máster en Gestión de Recursos Humanos y Organización en el bolsillo, trabaja de ordenanza municipal. 

Pregunta. ¿Cuánto cobra como ordenanza? 

Respuesta. Gano 1.500 euros netos al mes. 

P. ¿Cuánto le habrían pagado sus víctimas por silenciar sus dos años de grabaciones? 

R. ¿Cuánto podría haber pedido? Bueno, teniendo en cuenta que hay empresas que facturaban más de 1.500 millones al año, teniendo en cuenta que solamente Correa tiene dinero en fincas, casas, coches... por más de 40 millones, que estamos hablando de 71 imputados... si a cada uno le ponemos una media de 10 millones, 700 millones de euros. Con que hubiera pedido un pellizquito, pues eche la cuenta. Para que hubieran vivido varias generaciones de Peñas fenomenal, pero no quise. Fue una decisión. Me puede creer la gente o no. Pero lo que digo es: crean a su policía, crean a sus jueces, a sus fiscales. ¿Cómo no vamos a creer en nuestro sistema? 

(www.elpais.com, 19/10/09)

La trama saqueó millones de las arcas públicas

El dinero, como la energía, no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. La misma ley que rige la termodinámica explica también el flujo de gasto que lucró los bolsillos de la trama Gürtel transformando en fondos opacos, elementos de ostentación y sobornos dinero de origen público que no fue creado de la nada, sino que nació del esfuerzo fiscal que obliga a todos.

Los impuestos alimentaron al Partido Popular y a las administraciones públicas que favorecieron que esos tributos, destinados a mejor fin, duerman ahora en paraísos fiscales o desmejoren atracados en un puerto deportivo una vez convertidos es sólo un ejemplo en yates de lujo.

¿Qué recorrido hace el dinero desde que nace del bolsillo de un contribuyente hasta que muere en los de, al menos, los 19 políticos que, según la investigación, se lucraron con los sobornos de la trama?

01. Impuestos. Hacienda somos todos

El punto de partida es siempre el mismo: la Hacienda pública. Los ingresos de un solo año dan cuenta de la magnitud de las cifras. El Estado prevé recaudar en 2009 un total de 160.753 millones de euros a través de la recaudación de impuestos. A partir de esa gran bolsa común de tributos aportados por todos, el dinero comienza su viaje hacia la red corrupta hasta desembocar en el bolsillo de los sobornados al tiempo que engorda las arcas de la trama.

Desde esta estación inicial, el dinero público sigue dos trayectos. El primero es la subvención que recibe directamente el PP de la cantidad que los Presupuestos Generales del Estado consignan para el funcionamiento del partido conservador fondos que también reciben el resto de formaciones. La segunda ruta es el trasvase que Hacienda realiza a las administraciones territoriales: la previsión es de 60.119 millones de euros este año. Con esta cantidad se alimentan las finanzas públicas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos que, a su vez, tienen capacidad para recaudar impuestos.

02. Las cuentas del PP. El dinero público alimenta al partido

"Los partidos políticos se nutren, además de la financiación privada, de tres tipos de financiación pública: electoral, que puede ser directa o indirecta esto es, en función de los votos y escaños obtenidos o con espacios en medios de comunicación públicos; parlamentaria y ordinaria", explica María Holgado, titular de Derecho Constitucional de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y autora del último texto de referencia publicado sobre la materia: La financiación de los partidos políticos en España (Ed. Tirant Lo Blanch, 2003).

El 90% de la financiación del PP procede de fondos

"Los partidos políticos viven en un 90% de fondos públicos, porque la ley establece que las aportaciones privadas sólo pueden llegar al 10%", completa Holgado. Esta financiación tan mayoritariamente pública tiene una doble justificación: "Garantiza la necesaria subsistencia de los partidos y asegura independencia frente a grupos económicos que podrían exigir contraprestaciones a cambio de beneficiar económicamente a una formación".

Esas aportaciones públicas nunca se expresan en pequeñas cantidades. Las cuentas públicas asignan en 2009 más de 34 millones de euros al PP. Además, el Estado aporta otros 1,7 millones al partido para sus gastos de seguridad. Pero la cifra crece si se tienen en cuenta también las partidas que financian los grupos parlamentarios del PP en el Congreso y el Senado que suman más de 3,7 millones de euros,los parlamentos regionales más tocados por el caso Gürtel, Madrid y Comunidad Valenciana otros 3,7 millones, y los ayuntamientos madrileños donde se ubica el epicentro de la red corrupta: Boadilla, Pozuelo, Majadahonda y Arganda, con asignaciones que rondan los 40.000 euros cada uno.

En total, estas ayudas suman casi ocho millones de euros que, añadidas a la subvención ordinaria aportada por los Presupuestos, eleva la cifra a casi 44 millones sólo en un año y únicamente en los territorios contaminados por la trama. Teniendo en cuenta que la red liderada por Francisco Correa, alias Don Vito, comenzó a operar hace al menos 13 años en 1996, la cantidad de dinero público en manos del partido que lucró a la trama se multiplica hasta alcanzar una dimensión inabarcable.

03. Negocios con el PP. Don Vito, el maestro de ceremonias del PP

El entramado empresarial ligado al caso Gürtel organizó los actos públicos del PP nacional entre 1996 y el año 2004, bajo la presidencia de José María Aznar. Sólo entre los años 2000 y 2007, diferentes firmas del grupo admitieron haber facturado casi 18 millones de euros al PP. La red ha seguido trabajando para los conservadores ya con Rajoy al frente del partido hasta este mismo año.

El PP recibe casi 44 millones en 2009 sólo en los territorios a los que llegó la red

El mismo dinero de raíz pública que pagó estas facturas de Correa se ramifica por toda la estructura territorial del PP y sostiene su organización en todas las comunidades, incluidas Madrid, Valencia y Galicia, donde hay fundadas sospechas de financiación irregular, según los datos que figuran en el sumario del caso.

El número dos de Correa, Pablo Crespo, admite estas irregularidades en Galicia, donde fue secretario de Organización del PP, y lo revela así en conversaciones grabadas por la Policía. Los investigadores sostienen que la trama también financió ilegalmente al PP valenciano y, en Madrid, el partido de Esperanza Aguirre pagó a la red corrupta de Correa con dinero recaudado a destacados empresarios, encabezados por el líder de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, a través de la fundación Fundescam, según desveló Público en mayo.

04. Modus operandi. Contratos públicos con un fin muy privado

Dinero de naturaleza pública sostiene también a las comunidades y ayuntamientos del PP que favorecieron a la trama con centenares de contratos hasta hacer rebosar su caja. La trama se lucraba con tres actividades fundamentales: organización de eventos, adjudicación de servicios públicos y mediación para conseguir de contratos a cambio de sobornos. Sus fondos le permitían, además, diversificar inversiones y jugar a la especulación urbanística en territorios controlados por políticos conservadores con la voluntad comprada.

Las administraciones que operaron con la trama también viven de los tributos

Es en este punto cuando estos fondos nacidos de los impuestos dejan de ser abstractos y se convierten en apuntes contables para la trama desde las administraciones regionales y locales que trabajaron con la red Gürtel. La mancha de Correa contamina especialmente a Madrid y a la Comunidad Valenciana. Todas las consejerías del Gobierno que preside Esperanza Aguirre adjudicaron contratos públicos, casi siempre a dedo, a las empresas de la red corrupta desarticulada por la Audiencia Nacional.

Los contratos adjudicados en esta comunidad son en total 342, por un importe que supera los tres millones de euros. En la Comunidad Valenciana, son al menos 45 las concesiones públicas, con una cuantía de ocho millones. La red extendió sus prácticas también a Castilla y León. Según consta en el sumario levantado parcialmente el pasado 6 de octubre, varios políticos se repartieron 73.655 euros de la comisión que la trama exigió a una constructora a cambio de adjudicar una obra pública en León, gracias a su relación de privilegio con el PP.

05. Los ayuntamientos. El gran negocio de los pequeños municipios

Al menos cuatro ayuntamientos de Madrid gobernados por el PP cebaron las arcas de la trama Gürtel con adjudicaciones basadas en sobornos. Son Boadilla, Pozuelo y Majadahonda, en el adinerado noroeste de Madrid, y Arganda, al sur de la comunidad. Los cuatro municipios han vivido con especial voracidad la expansión urbanística acelerada que precedió a la crisis. Al calor de esos negocios inmobiliarios creció también la red corrupta.

La cuantía total de sus operaciones en este capítulo es aún una incógnita, pero las primeras cifras son multimillonarias. En Arganda, por ejemplo, el Grupo Municipal Socialista las cifra en más de 50 millones de euros. Los pelotazos inmobiliarios son también multimillonarios en la adjudicación de suelo público. En Boadilla, por este concepto, la red embolsó al menos otros 50 millones y en Pozuelo la cifra supera los 20.

En estos casos, los responsables municipales no consideraban la mejor oferta para su localidad, sino la que más favorecía a la trama. Los presupuestos municipales dinero público eran así malbaratados para favorecer intereses privados. En no pocos casos, el presupuesto final abonado por el ayuntamiento duplicó el proyectado inicialmente. El beneficiado era, claro, el entramado de Correa y el político local que apadrinaba su red a cambio de sobornos en metálico o en especie. Dinero y coches de lujo eran la dádiva estrella que conquistó la voluntad de algunos cargos públicos del PP que aparecen imputados en la trama.

06. Dinero evaporado. Hacienda éramos todos, menos Correa

Gracias al favor de estas administraciones regionales y municipales gobernadas por el PP, los principales cabecillas de la trama Gürtel amasaron una fortuna ingente transformando fondos de naturaleza pública en beneficio estrictamente privado a través de un magma empresarial compuesto por una treintena de sociedades. Buena parte de ese dinero se encuentra por ahora evaporado en una decena de paraísos fiscales, donde la Justicia sigue la pista de, al menos, 40 millones de euros.

El patrimonio estimado de Correa se eleva a 50 millones. El de su número dos asciende a 12 millones. Ambos acumulan un enorme patrimonio inmobiliario a nombre de sus sociedades. Hacienda, sin embargo, no existió para Correa: "No ha presentado declaración del IRPF desde 1999", señala un informe de la Agencia Tributaria. La cantidad defraudada sólo entre 2003 y 2007 supera los 5,1 millones de euros.

El dinero público acabó en manos de una trama jalonada de todo tipo de fetiches ostentosos: mansiones, yates y un parque móvil tan abultado como reñido con la discreción: 49 vehículos de alta gama valorados en 1,3 millones de euros.

07. Los sobornos. Una relación de favor a cambio de 6,4 millones

Es el final de viaje. El dinero de todos creció en el bolsillo de unos pocos. Al menos 19 cargos del PP cobraron 6,4 millones de euros de la red dirigida por Don Vito, según los informes remitidos al juez Garzón por la Policía y las anotaciones contables de la trama. Luis Bárcenas, ex tesorero del PP y senador por Cantabria, fue el más beneficiado, con más de 1,3 millones de euros. El origen de esta cantidad es tan público como pública es la responsabilidad de la que se valieron los sobornados para transformar este dinero en beneficio únicamente privado.

www.publico.es 18.10.09

CÓMO EL BOTONES CORREA LLEGÓ A SER DON VITO 

Francisco Correa Sánchez es ahora un apestado. No tiene amigos. Fuera de la cárcel nadie se atreve a reconocer que tuvo relación con él, que le trató con asiduidad, y mucho menos que le acompañó en algunas de esas fiestas que tan bien organizaba. Claro está, nadie disfrutó de los servicios de la mujer que le acompañaba con frecuencia, una belleza eslava cuyo disfrute él ofrecía generosamente. Para ser un hombre que agasajó con regalos y atenciones a tanta gente, sus pasos no han dejado huella, fuera de un voluminoso sumario judicial. Nadie quiere hablar de Don Vito, como parece gustarle que le llamen. Dado el apodo, tampoco es de extrañar la ley del silencio a su alrededor. 

Del hombre de quien más se ha escrito en el último medio año, el que ha hecho temblar los cimientos del PP, todavía amenazados por la persistencia de actividad sísmica a corto plazo, predomina una sola imagen fotográfica. Es la foto de su presencia en la boda de Alejandro Agag y la hija de Aznar, como si Correa no hubiera hecho otra cosa en la vida que asistir a ese enlace. La misma escasez de imágenes suyas es toda una evidencia: quien tenga una foto suya, no la muestra en público. No se atreve. 

No tiene amigos. Ni conocidos. Nadie alza la voz en su defensa. Incluso su actual mujer alegó ante el juez que apenas tenían relación en los últimos tiempos. Si acaso, hablaría en su favor su fiel acompañante, Andrés Bernabé Nieto, su chófer, el hombre que todavía se ocupa de algunos menesteres fuera de la cárcel. Andrés vigila que nadie moleste a sus ancianos padres y a su hermano mayor, aquejado de una parálisis cerebral. Su padre (José Francisco, 98 años, zapatero en su juventud; de él hay una referencia en la prensa de 1933 por pegar unos pasquines en su pueblo alentando a la revolución comunista) vive en una residencia y su madre (Concepción, 91 años) es la única persona que llora por su hijo Paquito, a quien todavía no han permitido visitar en la cárcel. Concepción desconocía sus actividades, salvo que las cosas le estaban marchando muy bien en los últimos años: los padres se habían mudado de un modesto piso en el barrio de Carabanchel a un lujoso inmueble relativamente próximo a la antigua estación de Príncipe Pío, el lugar donde comenzó la vida de los Correa cuando se desplazaron de Casablanca a Madrid a primeros de los 60. Allí, enfrente de la estación, trabajó el señor Correa como encargado de la lavandería de un hotel. Y allí empezó a trabajar Paquito a los 13 años como botones. 

Concepción está asustada por lo que ve en la tele y lo que lee en los periódicos. "La política", dice entre sollozos, "¡por qué mi Paquito se metió en política!", se lamenta. Concepción no repara que vive en un piso que no parece acorde con el estatus de una pensionista que ha de mantener a un hijo incapacitado. Se advierte en los detalles (paredes blancas, despejadas, macetas poliédricas también blancas perfectamente alineadas en el suelo, un cuadro abstracto en la pared, una cocina moderna) que el piso está decorado por un profesional. Concepción disfrutaba de esas comodidades hasta la mañana del 6 de febrero pasado cuando tres policías llamaron a la puerta. Aquella mañana fue muy confusa: la pidieron la clave de la caja fuerte instalada dentro del armario de su dormitorio. La clave era tan simple que no parecía aventurar ningún hallazgo: "1-2-3-4-5-6-7-8-9". Y, efectivamente, así fue: joyas de escaso valor y algo de dinero. Poco. La policía se fue y no ha vuelto. Por ahí, sólo pasa el chófer de Correa, que se ocupa, junto a la asistenta, de que nadie moleste a esta mujer, que ha despertado en medio de una pesadilla que probablemente le acompañe hasta el final de sus días. 

Aquella mañana, la policía registró otras cajas de seguridad. En algunas no encontró otra cosa que sobres vacíos y gomas elásticas, las mismas gomas que, en otras cajas, abrazaban fajos de billetes. El pequeño imperio que presuntamente había creado Francisco Correa se manifestaba sin pudor en los registros: dinero, joyas, relojes, documentos y cuadernos con anotaciones manuscritas, simples y modestas libretas de tapa azul, eso sí algunas recogidas en una carpeta de cuero de Louis Vuitton. Correa tenía muy claro cómo funciona la condición humana. Quienes se han atrevido a intervenir en este reportaje, aunque sea bajo la protección del anonimato, así lo atestiguan. 

Y es que los inicios de la carrera de Francisco Correa determinan cómo fue su aprendizaje. De aquel botones de 13 años que trabajaba en uno de los hoteles frente a la estación de Príncipe Pío, convertida desde hace unos años en centro comercial, no hay un recuerdo definido, salvo que hubo en tiempos un tal Paquillo, "que era muy espabilado". Posiblemente, ése era el pequeño Correa que hizo carrera haciendo disfrutar de su estancia a los turistas. De esa dedicación al ocio ajeno hizo una profesión, porque Francisco Correa entró a trabajar en una sucursal de Viajes Meliá próxima al hotel. Tenía a su favor una ventaja: dominaba perfectamente el francés, consecuencia de los años vividos en Casablanca, donde nació y se crió. De hecho, el francés fue en aquellos tiempos su lengua materna; tanto es así, que su hermano Miguel todavía se comunica con su madre en esa lengua. En uno de los viajes a Palma de Mallorca organizados por el joven Correa conoció a su primera mujer, María Antonia. Ella tenía 16 años y disfrutaba de un viaje de fin de estudios. 

Los primeros pasos de Correa se desarrollaron en un entorno muy próximo a la estación, pero de aquello quedan pocas huellas por razones coyunturales. Viajes Meliá desapareció y fue adquirida por Viajes Halcón. Como también se cerró la sede central de Wagons Lit, sita en la calle Marqués de Urquijo, donde dirigió sus pasos después. Allí llegó a ser director comercial. Correa se había casado con María Antonia, viajaba mucho, comenzaba a tener éxito en una nueva rama de la industria turística: la organización de convenciones para empresas y los viajes de incentivos para ejecutivos. Tan bien le iban las cosas que decidió establecerse por su cuenta y montó una agencia, FCS (responde a las iniciales de su nombre) con sede en la calle Blasco de Garay. Uno de sus mejores momentos fue asistir a una entrevista con Luis del Olmo en el programa Protagonistas: Correa era por entonces un experto a la hora de hablar sobre las condiciones de vida de los ejecutivos. 

Los ejecutivos eran su mercado. Cómo entenderlos, cómo entretenerlos, cómo satisfacerlos, como hacerles disfrutar del escaso tiempo que les deja su estresante vida. Conocía la noche, tenía las llaves para abrir la coraza bajo la que el ser humano esconde sus miserias. Y tenía un pico de oro. 

Había tenido un hijo, que nació con una dolencia incurable (fibrosis quística). Le pronosticaron un año de vida, pero vivió 13. Su ex mujer, María Antonia, se atrevió a dirigir una carta al diario El Mundo en la que expresaba su dolor por aquellos años y aquella ausencia reiterada de un padre que no quiso saber nada del sufrimiento de su hijo: "Durante esos años, su padre no se ocupó un solo segundo de su hijo", escribió en esa carta María Antonia: "No voy a consentir que este hombre vuelva a dar pena ni fuera ni dentro de la cárcel como al parecer ha hecho estos años". "Mi hijo murió en 1996", añadió, "una persona que pierde lo que más quiere en esta vida no tiene ánimo de dedicarse a hacer esa gran fortuna, yo estuve con una depresión profunda durante cinco años y por ello dejé hasta mi trabajo, no podía resistir su falta, no así él, que aprovechó bien el momento para hacerse con dinero y, en cuanto su hijo murió, no dudó en aceptar el importe de la mitad de la casa donde vivíamos su hijo y yo, y que todavía estoy pagando, no le remordió para nada coger ese dinero después de no haberse ocupado de su hijo enfermo durante trece años". 

En 1996, la vida de Francisco Correa ya había dado un vuelco. Mantenía por entonces una relación sentimental con otra mujer, María del Carmen Rodríguez Quijano, con la que se casaría en 1997 en Marbella. Los casó la alcaldesa Marisol Yagüe, luego imputada por el caso Malaya.

Marbella. Correa había empezado a transitar por el entorno marbellí con todo lo que ello significa: conducía coches de alto standing, comenzaba a relacionarse con el lujo y con el tipo de amistades que te pueden abrir puertas. Había fracasado en un negocio inmobiliario en Pozuelo, uno de sus primeros pasos en este tipo de actividad tan lucrativa, pero tenía un soporte: su mujer. Mejor dicho, quien iba a ser su suegro. Porque María del Carmen era hija de Emilio Rodríguez Bugallo, un conocido constructor en Madrid, propietario de Construcciones Salamanca. Algunos amigos de Emilio recuerdan que no veía con buenos ojos la relación de su hija con Correa, una relación que había nacido de una forma un tanto particular: ella era la cuñada de la vecina de arriba en el piso donde vivía Correa con su primera mujer. A su fama de pico de oro, Correa añadía la de mujeriego, pero esa relación en concreto fue interpretada de otra manera por alguna gente: "Correa dio un braguetazo". 

Su nueva mujer tenía un perfil muy diferente: educada en colegio caro, pija y dispuesta para colaborar en las actividades de su marido. Cuando años después entró a trabajar como jefa de gabinete del alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, recibió un sobrenombre entre los empleados municipales: La Barbie. Por ese nombre se la conocía en la sierra madrileña. 

A partir de su segundo matrimonio, la estrella de Correa comienza a brillar. Coincide esta fase de su vida con la mayoría absoluta que disfruta el PP en el Gobierno central, en el autonómico de Madrid y en buena parte de los municipios de la sierra. En este momento se produce uno de los momentos más oscuros de la biografía de Correa, momentos que esconden algunas de las claves de su ascenso que no han sido resueltas todavía por el sumario en el que está imputado y que lleva su apellido en alemán (Gürtel), idioma que precisamente él no conoce (a lo largo de los últimos años hizo considerables esfuerzos por manejarse en inglés). 

El nivel de contactos que va atesorando Correa junto a su mujer, le llevan a introducirse en la sede central del Partido Popular en Madrid. Correa tiene entrada en la calle Génova y desde ahí tiende sus redes hacia la periferia. Es un movimiento centrífugo. Amigos que le recomiendan. Amigos que imponen sus servicios en el exterior. ¿Cómo y a través de quién entra en Génova con esa fuerza? En este punto hay más especulaciones que documentos probatorios, entre otras cosas porque el sumario no va más atrás de sus actividades a partir del año 2005, cuando el PP ha perdido el poder en el Gobierno central. Es evidente que tuvo una buena relación con Alejandro Agag, con los políticos populares del llamado clan de Becerril, que tenían entre otras características la de estar educados en colegios de pago y ser asiduos a pasar jornadas en Marbella y Sotogrande. Pero es larga la lista de populares que visitan ambas localidades y no está del todo claro quién, verdaderamente, le apadrinó. 

En la última legislatura del PP, Correa ya era considerado como el gran organizador de eventos, de mítines, de actos públicos del partido. "Era el más caro, pero organizaba muy bien", recuerda un político popular, "contrataba a los mejores y sabía vender el producto". Nada extraño hubiera pasado si Correa no hubiera llegado demasiado lejos, si no hubiera compartido su actividad como organizador de eventos con la mera y harto conocida tentación de hacer mucho dinero con la especulación urbanística. Correa llevaba años moviéndose como intermediario, recibiendo y repartiendo comisiones en gestiones de compra y venta de terrenos. Había probado la dulce sensación del dinero fácil. Y es evidente que parecía saber cómo comprar voluntades y cómo hacer amigos. Dominaba el arte de la seducción. Manejaba los bajos fondos de la condición humana. 

No tenía un despacho fijo. Vivía entre Madrid y Sotogrande. Viajaba por motivos de negocio a Panamá, Colombia, Reino Unido y Holanda, lugares donde estaban domiciliadas algunas de las sociedades que figuran a nombre de testaferros. Buscaba nuevas inversiones. Se movía mucho. Eso sí, siempre atildado, con ropa cara. Era muy narciso Correa (dedicaba mucho tiempo en arreglarse, confiesa un conocido), frecuentaba la peluquería. Estaba orgulloso de su porte y lo lucía. Sabía ser educado y déspota, dependiendo de quién fuera su interlocutor. Seguía siendo mujeriego, con un punto misógino: hablaba de las mujeres como de objetos de uso, tanto es así que las ofrecía o que organizaba como nadie ese tipo de fiestas privadas donde el elemento femenino suele ofrecerse para algo más que hacer compañía. 

Correa sabía que estaba siendo investigado. Tomaba precauciones. Lo hacía con sus móviles o a la hora de encomendarle ciertos encargos a su fiel Andrés. Viajaba con frecuencia y parecía buscar un permiso de residencia en algún lugar donde no existiera tratado de extradición con España, caso de Panamá. Así lo atestigua el sumario y así también lo explican las autoridades judiciales cuando se toma la decisión de poner en marcha las detenciones a primeros de febrero. Existía el riesgo de que abandonara España con carácter definitivo. 

Cuando fue llevado a ser interrogado por el juez Garzón, Francisco Correa se quejó de que no quería ser trasladado en el furgón policial por sufrir claustrofobia. Así lo afirma un informe médico: "No puede entrar en un ascensor aunque sí puede viajar en avión". Curioso: ninguno de sus conocidos recuerda este problema, ni que evitara los ascensores, así como tampoco le es conocida afición alguna por las novelas de la Cosa Nostra. Quizás sea cierto que pocos llegaran a conocer verdaderamente a Francisco Correa, alias Don Vito por propia decisión. 

(www.elpais.com, 18/10/09)

El 'caso Gürtel' pasa factura al PP

El 72% de los votantes de Rajoy cree que el escándalo está afectando a sus posibilidades de ganar las próximas elecciones - El PSOE recorta un punto la distancia con el PP

Si había un solo dato tranquilizador para el Partido Popular sobre el caso Gürtel era que parecía no tener consecuencias electorales. Hasta hoy. El sondeo flash de Metroscopia realizado el pasado jueves, sólo 48 horas después de la grave crisis de autoridad que desató la resistencia de Ricardo Costa a dimitir como secretario general del PP valenciano, refleja un deterioro de la confianza en Mariano Rajoy y una erosión de sus posibilidades electorales. El PP ha tardado cinco años en sacarle tres puntos de ventaja al PSOE en intención de voto. En las últimas dos semanas ha perdido más de uno.

  • Casi el 80% de los españoles considera que el caso es un asunto grave

  • La tendencia ascendente de los populares se ha frenado en seco

A pesar de reiterados intentos del PP por minimizar el caso y que el PSOE apenas lo ha utilizado políticamente, el 78% de los españoles considera que el caso Gürtel, una trama de corrupción que se nutría de Administraciones gobernadas por el PP en el ámbito nacional, autonómico y local, es un asunto más que grave.

El PP sigue por delante en intención de voto, pero los acontecimientos del mes de octubre han invertido la tendencia. El PSOE ya no baja, sino que sube (del 38% al 39% de estimación de voto en las últimas dos semanas). El PP deja de subir. Su estimación de voto está estancada desde el mes de julio (registró un 41,8%) y empieza a bajar ligeramente (41,3% esta semana). Estos datos deben ser tenidos en cuenta como tendencia, ya que no hay ninguna convocatoria electoral y, por tanto, no hay movilización electoral.

El pasado 28 de septiembre, el juez Antonio Pedreira levantó el secreto de 17.000 folios del sumario del caso Gürtel que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Una semana después, la información estaba en todos los medios de comunicación. En estos 15 días los ciudadanos han podido conocer conversaciones bochornosas de la cúpula del PP valenciano con los empresarios corruptos, los detalles de más de 300 contratos de la Comunidad de Madrid con la trama, algunos de 2009, y la asombrosa cantidad de dinero que movían por medio mundo unos tipos que sólo eran supuestos timadores y comisionistas que se aprovecharon del PP.

Siete de cada diez votantes del PP aseguran en el sondeo que se trata de un asunto, como poco, grave, y el 72% cree que está afectando a las posibilidades de Rajoy de llegar a La Moncloa. Sólo un 21% de votantes populares le quita importancia al caso. Se ha invertido además la percepción general sobre los resultados electorales. Hace dos semanas el 54% pensaba que el PP ganaría las elecciones. Ahora es el 45%. El desánimo llega a los votantes del PP y un 20% de ellos dice que volverá a ganar el PSOE.

Quizá sean los acontecimientos de la Comunidad Valenciana los que han quebrado la confianza en el PP. Las estrechas relaciones entre la cúpula del PP valenciano y la trama se han hecho más obvias si cabe con la publicación de algunas conversaciones. Los hechos le han costado a Ricardo Costa su cargo como secretario regional del PP y como portavoz parlamentario. Sin embargo, su destitución no fue fácil. El martes, Costa desafió a Camps en televisión, éste engañó a Rajoy pactando una dimisión en falso. Finalmente, el miércoles, lo que debía ser un sacrificio personal de Costa para frenar el escándalo se convirtió en un violento golpe de autoridad desde Madrid que ha traumatizado al PP valenciano y ha debilitado la imagen pública de Francisco Camps. El sondeo fue realizado dos días después de estos hechos.

El sondeo refleja descontento con Camps y con Rajoy. Respecto al presidente valenciano, nada menos que un 42% de los votantes del PP pide elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana (también el 57% de los socialistas, que no ganan allí desde hace 13 años) y cuatro de cada diez opinan que el presidente Camps debería dimitir.

Lo que los ciudadanos parecen no perdonar a Camps es haber mentido. El presidente valenciano ha faltado a la verdad varias veces desde que se le relacionó con Álvaro Pérez, El Bigotes. La encuesta recuerda concretamente la ocasión en que dijo que él se pagaba sus trajes. Hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que archivó la causa por cohecho en relación a estos hechos, reconoció que los regalos sospechosos se produjeron.

La mitad (48%) de los votantes del PP no le cree ahora cuando dice que su Gobierno no favoreció a la trama corrupta (son más que el 44% que cree sus palabras). El porcentaje total de los que creen que mintió es del 68%.

En cuanto a Rajoy, el 62% de encuestados es crítico con la gestión del líder del PP. Cuatro de cada diez (38%) de sus propios votantes están insatisfechos con su actuación. El 50% del público del PP, además, cree que Rajoy no posee la autoridad suficiente para solucionar esta crisis. Ese porcentaje sube hasta el 63% en el total de encuestados. El desafío de Costa a su autoridad no es el primero que se encuentra Rajoy. Ya el alcalde de Boadilla, imputado por el caso, hizo caso omiso en febrero cuando Rajoy le ordenó que dimitiera.

El envés de Camps es Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha afrontado el caso de manera opuesta. Aunque se ha demostrado que parte de su Gobierno hacía adjudicaciones a la trama, ha forzado destituciones y hasta la salida del Grupo Popular de la Asamblea de tres diputados autonómicos imputados.

Para la amplia mayoría de españoles en general (70%) y de votantes populares en particular (67%) Mariano Rajoy debería expulsar del partido al ex tesorero y senador del PP, Luis Bárcenas, tal y como ha hecho Esperanza Aguirre con aquellos diputados regionales implicados en la trama.

www.elpais.es 18.10.09


MANUEL FRAGA Presidente fundador del Partido Popular y senador

"Dudo que Luis Bárcenas pueda volver a ser tesorero del PP"

Faltaban unos minutos para que Ricardo Costa se negara a dimitir y dejara en evidencia a Francisco Camps y a Mariano Rajoy. Pero el pasado martes, antes de esa destitución en falso que ha abierto una grave crisis de autoridad en el PP, el senador Manuel Fraga tenía muy claro que Camps y Rajoy habían pactado prescindir de Costa. "Si se resiste, él sabrá por qué", avanzaba. ¿Puede ser porque es inocente? "O por otras cosas", contestaba misteriosamente. Fraga (Villalba, Lugo, 1922), fundador del PP, admite que ésta es la crisis más grave que ha vivido su partido. Además, no le parece algo menor "los cuatro trajes" del presidente Camps.

"No es lo mismo que te regalen una empanada a que te regalen unos trajes"

¿Se ha manipulado a la policía? "¡Sin duda alguna! ¡Lo afirmo!"

Pregunta. Quisiera pedirle una reflexión general sobre las consecuencias del caso Gürtel.

Respuesta. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para que la política española, que es joven todavía, la forma política que estamos haciendo, tome las mayores dimensiones éticas posible. Siempre habrá alguna excepción, pero yo sí le puedo decir que las campañas sistemáticas, empezando por su periódico, que se están montando, me parecen muy mal porque no son en modo alguno equiparables los tratamientos de unos y de otros.

P. Usted mismo ha sido señalado.

R. Lo que se refiere a lo que se ha dicho de mí yo no sabía quién era ese señor [Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta y secretario de Organización del PP gallego con Fraga de presidente]. Sabía que me lo había recomendado un hombre de gran valía y una gran pérdida para nosotros [Xosé Cuiña, secretario general hasta 1999].

P. Por la información que se ha visto en todos los periódicos...

R. No en todos por igual. Un periódico del que yo fui fundador, como EL PAÍS, lo da como algo obligado todos los días. Tiene su nombrecito y todo.

P. ¿Conocía a Correa?

R. No sé ni quién es. Lo veo entrar por esa puerta y no sé quién es. Jamás he tenido contacto ninguno. Creo que hay una foto de la boda de la hija de Aznar en la que salimos juntos, pero no hemos hablado una palabra en toda nuestra puñetera vida.

P. ¿Y Álvaro Pérez?

R. Menos todavía. No sé quién es. No he tenido ningún contacto con ellos.

P. Pero parece que sí tenían contacto con la gente que gobierna su partido.

R. Parece ser que sí.

P. Rajoy dice que cortó las relaciones con esta gente.

R. Yo confío en que eso termine pronto, aunque la actual situación no lo permite. Ya ve usted lo que pasa en Valencia.

P. Hay un contraste muy evidente en cómo se ha actuado en Valencia y en Madrid. ¿Qué le parece lo que ha hecho Aguirre?

R. Creo que lo ha hecho bien.

P. ¿Y Camps, en comparación?

R. Yo no hago comparaciones. Yo creo que [Aguirre] lo ha hecho bien. Y creo que Camps definitivamente ha sido maltratado. Es posible que él haya dado lugar con alguna cuestión como los famosos trajes. Evidentemente, lo de los regalos es un tema que hay que medir mucho. No es lo mismo que le regalen a uno una empanada, como hacemos en Galicia, a que le regalen unos trajes de primera categoría. Pero, en definitiva, yo creo que Camps se salvará.

P. ¿Y por debajo de Camps?

R. Repito que yo no conozco suficiente... Yo ahí apuesto por Rita Barberá.

P. Entiendo que le parece que los medios estamos exagerando en el caso Gürtel.

R. EL PAÍS está recibiendo alguna que otra bofetada del Gobierno. Se va a enterar de con quién se está jugando los cuartos. Pronto se va a enterar.

P. ¿Se refiere al PP?

R. Me refiero al Gobierno. Ya le ha dado alguna zancadilla.

P. ¿El Gobierno a EL PAÍS?

R. Claro. Naturalmente. Una muestra de gratitud.

P. ¿Es esta la crisis más grave que ha vivido el PP?

R. Bueno, supongo que sí. Sobre todo por la disposición de ciertos órganos de comunicación a hacer una campaña sistemática, incluyendo EL PAÍS.

P. Da la sensación de que las medidas disciplinarias en su partido se aplican a capricho.

R. Pregúnteselo a Rajoy, no tengo nada que decir sobre eso.

P. Le pongo como ejemplo el caso de su compañero del Senado Luis Bárcenas, que...

R. ¿Compañero del Senado? Yo no le vi nunca por el Senado. Era el tesorero del partido y de paso le hicieron senador. Pero no es de los que están aquí todos los días, como yo.

P. Desde luego. Pero, ¿le parece que puede volver a ser tesorero del PP, un cargo que exige una confianza inmaculada?

R. Personalmente, lo dudo.

P. ¿No cree que este caso evidencia una falta de cultura de dar explicaciones a los ciudadanos?

R. Es posible que sí. Sobre todo cuando hay campañas organizadas y sospechosas, empezando por la de ustedes.

P. Su partido ha reaccionado atacando las instituciones.

R. La fiscalía y los jueces han estado muy manipulados en este asunto por el poder establecido. Es evidente que muchos de los datos que se han manejado en este asunto ha sido retorcidos e interpretados como convenía.

P. ¿Usted también cree que se ha instrumentalizado a la policía?

R. ¡Sin duda ninguna! ¡Lo afirmo! Y no tengo nada más que decir.

P. Incluso aceptando esa hipótesis...

R. No es una hipótesis, es una realidad.

P. Incluso así, eso no anula los datos sospechosos.

R. No los invalida, pero los sitúa en una zona de gran conflictividad. Es evidente que han sido utilizados para hurgar en ciertas cosas. Dando ciertos datos y ocultando otros han hecho mucho daño. Pero esto se aclarará en su día.

P. ¿En un juzgado?

R. No, no. Me refiero a las próximas elecciones. No tengo nada más que decir.

P. ¿Hay una cuestión estética en las decisiones que se han tomado en Valencia?

R. Sería mucho mejor que esto no pasara, evidentemente. Ahora aparece un señor que yo ni me acordaba de que había existido y sale mi nombre por ahí. Con todas las vueltas que yo he dado en el partido para hacerlo evolucionar de la manera que ha evolucionado. Yo me he dedicado a trabajar en serio, muy en serio. Aquí tiene mi último trabajo sobre el Estado autonómico. Yo me dedico a temas serios y no a mangancias.

P. Los ciudadanos pueden pedir medidas más contundentes.

R. En todos los partidos se deberían hacer más cosas. El PP en este momento no se va a dejar llevar por ninguna prisa. Lo que está haciendo Rajoy está bien hecho.

P. Puede parecer que sólo está dejando pasar el tiempo.

R. Él sabe de sobra que el tiempo... termina. Pero lo que no puede uno es apresurarse para tomar medidas impuestas por un cierto ambiente creado desde el Gobierno. Eso no se puede hacer.

P. Pero habrá que tomarlas.

R. Supongo que sí, pero no las que algunos creen.

P. ¿Cree que al PP se le está...?

R. Haciendo la puñeta.

P. Aparte. Digo que quizá se le acusa de cosas que pueden pasar en otros partidos.

R. Yo no diría eso. Es complicado el tema, evidentemente. No estamos en el mejor momento los partidos, en ninguna parte.

P. ¿Y esto exige alguna consecuencia en la legislación?

R. Posiblemente se pudiera reforzar la legislación sobre partidos. Siempre es difícil hacerlo. Lo importante es que las personas tengan un sentimiento moral profundo antes de dedicarse a la política, como algunos hemos hecho.

www.elpais.es 18.10.09

EL PP TEME QUE EL APOYO DE RAJOY A CAMPS CIERRE EN FALSO LA CRISIS 

Buena parte de los cargos del PP valenciano confesaron ayer en privado su temor a que el respaldo público de Mariano Rajoy a Francisco Camps -tras la destitución del secretario general y portavoz Ricardo Costa-, sea solamente un cierre en falso de la crisis abierta por los escándalos del caso Gürtel. Pese a ello, la dirección nacional del PP y el equipo del presidente valenciano movilizaron ayer a cuantos alcaldes y presidentes provinciales pudieron para que expresaran su apoyo a Camps y apelaran a la unidad del partido. 

En privado, las opiniones de los cargos del PP eran bien distintas. "De momento tenemos que apoyar a Camps para que no se derrumbe e intentar reordenar la situación", afirmó un parlamentario. "No podemos permitir que haya un vacío. Se trata de ganar tiempo para ver qué hacemos", insistió. 

En medio de este clima de escepticismo respecto a la resolución de la crisis, otros apostaban por una remodelación amplia del Consell, paralizado desde hace meses pese a la reorganización de finales de agosto, que permitiese a Camps contar con una nueva defensa. 

Fuentes del PP argumentaron ayer que la destitución de Ricardo Costa, y los improvisados relevos de Rafael Maluenda y César Augusto Asencio, han dejado al presidente de la Generalitat sin su principal escudo para defenderse de los escándalos relacionados con el caso Gürtel. "¿Dónde están los vicepresidentes? ¿Qué hacen que no dan la cara y están intentando pasar lo más desapercibido posible?", exclamó este cargo.Con el PP valenciano abierto en canal, el presidente del PP en Alicante, el zaplanista José Joaquín Ripoll, volvió a criticar a la dirección regional del partido por su falta de contundencia en la gestión del caso Gürtel. En opinión de Ripoll, las responsabilidades políticas van más allá de la destitución de Ricardo Costa: "No creo que las responsabilidades acaben en el cese de Costa". 

Ripoll acusó a la dirección regional de "falta de contundencia y cohesión" a la hora de afrontar la crisis. "En Madrid, el partido se ha podido aislar más del problema porque se ha actuado con más contundencia. Aquí, se ha actuado con menos firmeza y con problemas para explicar lo que estamos haciendo", añadió. 

El líder del PP alicantino insistió en la contradicción entre lo aprobado en el Comité Ejecutivo Regional del martes y la destitución de Costa el miércoles. 

En este sentido, Ripoll valoró la decisión de Camps de otorgar al diputado César Augusto Asencio las funciones de secretario regional del PP. "Hay una propuesta coyuntural para que provisionalmente coordine el partido, pero la designación como secretario general compete al Comité Regional", explicó Ripoll, que evitó desvelar si daría su apoyo a Asencio. Ripoll señaló que es en este órgano, del que reclamó una nueva reunión, "donde se tiene que resolver la crisis". 

No obstante, Ripoll matizó que, en su opinión, la crisis no es tan grave como para la convocatoria de un congreso regional extraordinario. "Personalmente, creo que no es el momento. Hemos hecho un congreso hace un año y hay mecanismos suficientes para tomar la decisión que corresponda", aseveró. 

Por su parte, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se desmarcó sin que nadie le preguntase de José Joaquín Ripoll: "El PP no necesita ningún gabinete de crisis". 

Carlos Fabra hizo una defensa cerrada del presidente de la Generalitat. Hasta el punto de descalificar al presidente de honor del PP, Manuel Fraga, por sus críticas a Camps. Fabra calificó ayer de "frivolidad" las declaraciones de Fraga, en las que puso en duda la honorabilidad del presidente Francisco Camps. "Me parece que, desde la distancia, hacer estas afirmaciones, es una frivolidad", dijo el presidente de la Diputación de Castellón. 

Fabra no sólo habló de frivolidad, sino que apeló a la edad del presidente de honor del PP. "Uno se tiene que retirar cuando se tiene que retirar", sentenció. En su deseo por defender a capa y espada al presidente del PP valenciano, Fabra llegó a recordar que Camps "ha sido el presidente autonómico respaldado por un mayor número de votos" y le espetó: "Que se acuerde cuando él era presidente de Galicia", antes de recriminar a Camps "que está respaldado por muchos más votos". La actitud de Carlos Fabra en defensa de Camps se produce tras la destitución de Ricardo Costa como secretario general del PP valenciano y portavoz parlamentario. Fabra facilitó el pasado martes el acuerdo entre Francisco Camps y Ricardo Costa en el Comité Ejecutivo Regional que horas después fue dinamitado por la dirección nacional del PP. 

A pesar de este revés, Fabra se sumó ayer al coro de declaraciones de apoyo a Camps, realizadas por el presidente provincial del PP de Valencia, Alfonso Rus, y un buen número de alcaldes. 

En Elche un grupo de militantes zaplanistas pidió en el Ayuntamiento una comisión de investigación para esclarecer las relaciones de la portavoz municipal del PP, Mercedes Alonso, con Álvaro Pérez, El Bigotes. 

(www.elpais.com, 16/10/09)

EL MINISTERIO DE ARENAS CONTRATÓ A LA TRAMA PARA EL FUNERAL DEL 11-M

Presidencia encargó a Easy Concept el montaje de los estrados para cámaras en la Almudena

La página perteneciente al informe de la Agencia Tributaria sobre Easy Concept, muestra cómo la empresa facturó desde su inicio (15 de octubre de 2003) a distintas Administraciones del PP. En el listado figura el contrato otorgado por el Ministerio de Presidencia.

Easy Concept, una de las empresas del núcleo duro de la trama Gürtel, trabajó para el Ministerio de Presidencia en marzo de 2004, cuando el entonces titular del departamento y vicepresidente segundo del Gobierno, Javier Arenas, estaba ya en funciones tras la victoria electoral de Zapatero. Según ha sabido Público, A Easy Concept, entonces denominada Down Town Consulting, se le adjudicó a dedo el montaje de los estrados para las televisiones en el funeral de Estado por las víctimas del 11-M, celebrado el 24 de marzo en la catedral de la Almudena. La agencia Efe anunció la fecha del funeral el 16 marzo.

Por ese encargo, la compañía cobró 11.647,15 euros. Así consta en un informe de la Agencia Tributaria sobre Easy Concept incluido en el sumario Gürtel. Como en la mayoría de las ocasiones, también aquí se trató de un contrato menor, que no requiere concurrencia pública ni más justificación contable que las facturas.

Cuando se adjudicó el servicio, Easy Concept no tenía ni medio año de vida

Al empeorar las cosas para el PP con la apertura de una parte del sumario, Arenas, secretario general del PP hasta septiembre de 2003 y líder del partido en Andalucía, ha reaccionado prometiendo querellas contra cualquiera que lo vincule a la red corrupta. "No tengo absolutamente nada que ver", contestó rotundo el martes pasado. "No aceptamos ni media lección de ética", se jactó a renglón seguido.

"Correa no era un desconocido"

Ayer, fuentes próximas a Arenas en la dirección estatal del PP aseguraron que nadie de su antiguo equipo ministerial recuerda aquel contrato. "Como eran unas tarimas para cámaras y fotógrafos es muy posible que contratase la Secretaría de Estado de Comunicación, que depende de Presidencia", dijo una portavoz.

El equipo de Arenas no recuerda el contrato y subraya su bajo importe

A la pregunta de por qué la elección recayó sobre Easy Concept, la misma fuente respondió así: "Correa no es un desconocido ni Álvaro [Pérez]. Quien fuera [que hiciese el encargo] dijo: Oye, llamad a Álvaro o a Correa. No es nada extraño. Y son 11.000 euros".

Pero la clave no es aquí el importe sino la fecha. En marzo de 2004, Easy Concept ni siquiera había cumplido medio año de vida. La empresa se constituyó el 15 de octubre de 2003, con un capital social de 3.006 euros. La cercanía entre la constitución de Easy Concept y la encomienda del Ministerio de Presidencia para un acto de tal relevancia denota la familiaridad con que el grupo de Correa se movía en las aguas del PP. En el momento en que la sociedad recibió el encargo de Presidencia tenía como administradora única a Isabel Jordán, una de las primeras imputadas en el caso.

Amenazas al PSOE

Empeñado desde febrero en marcar distancias con la trama y en presentar a su partido como la víctima de una conspiración y, en todo caso, de unos cuantos desaprensivos, Arenas anunció la semana pasada el inicio de acciones judiciales contra el secretario de comunicación del PSOE andaluz, Miguel Ángel Vázquez. Vázquez había exigido a Arenas explicaciones sobre su relación con los miembros de la red.

Por el encargo, la compañía cobró 11.647,15 euros

La dirección del PP andaluz pretende también querellarse contra el secretario de Estado de Cooperación, Gaspar Zarrías, por "ensuciar" el nombre de Arenas. En este caso, la amenaza llegó después de que Zarrías recordase que Arenas había sido secretario general del PP. ¿Cuándo? "En los tiempos en que estos señores campaban por sus respetos y extorsionaban, chantajeaban y se llevaban el dinero a espuertas y de paso regaban a múltiples dirigentes del PP", dijo Zarrías.

El informe de la Agencia Tributaria que consigna el pago del Ministerio de Presidencia a Easy Concept muestra el amplio abanico de trabajos con Administraciones del PP que declaró a Hacienda. La Comunidad de Madrid, la Generalitat, varios organismos autónomos y ayuntamientos figuran en el listado.

Las cartas del archivo de "embolados"

El PP andaluz se ha prodigado en anuncios de querellas tras difundirse el informe policial de la UDEF que destapa la existencia de unas comprometedoras cartas incautadas a la trama y que se se archivaban en una carpeta con la leyenda “embolados”. Las firma Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’. Y la más relevante de todas, por el rango de su destinatario, es la enviada a Mariano Rajoy el 18 de diciembre de 2003. En ella, el delegado de la red corrupta en Valencia exigía a Rajoy el pago de la deuda pendiente por la campaña de las elecciones gallegas de 1999. A lo largo del texto, Pérez recordaba a Rajoy que Javier Arenas estaba al tanto del problema. ‘El Bigotes’ ya había cursado a Arenas una carta en junio de ese año. En ella, lamentaba tener que contactar de nuevo con él por el asunto de la deuda.

www.publico.es 12.10.09

SIETE CONSTRUCTORAS FAVORECIDAS POR EL PP EN MADRID PAGARON 10 MILLONES EN SOBORNOS

La trama se repartía las comisiones ilegales con políticos populares, según la policía

Diez millones de euros en comisiones ilegales pagadas durante los últimos años por siete constructores y contratistas a cambio de adjudicaciones de importantes negocios inmobiliarios o de prestación de servicios en municipios de Madrid donde gobierna el PP. Un negocio perfecto; el más lucrativo de los que, según lo conocido hasta ahora, hizo la trama de corrupción de Francisco Correa.

Con la ayuda de alcaldes y altos cargos del PP, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid -y mayoritariamente de la confianza de la dirección del partido a cuyo frente está Esperanza Aguirre-, Correa y los suyos se embolsaron cerca de 10 millones de euros en muy pocos años: la trama recibía el dinero -a cambio de intermediar- y lo repartía después con los políticos del PP implicados en las adjudicaciones.

Así se desprende del informe policial elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica sobre "vinculaciones de la organización con empresas adjudicatarias de proyectos o servicios públicos", que el Tribunal Superior de Madrid sigue investigando: ha imputado a la mayoría de los empresarios aludidos.

La investigación policial está basada en tres elementos: documentos incautados en las Administraciones sospechosas de adjudicaciones irregulares; conversaciones grabadas a los miembros de la trama (en algunos casos, con los empresarios beneficiados por las concesiones), y la contabilidad de la red Gürtel.

Las empresas salpicadas por el supuesto pago de comisiones ilegales a la trama de corrupción son FCC/Aqualia, Sufisa, Persontrade, Constructora Hispánica, Martinsa, UFC y Teconsa.

- Gonzalo Naranjo (Sufisa). "Ha tenido entre 2001 y 2007, y aún hoy sigue teniendo, una estrecha vinculación con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Majadahonda y Alcalá de Henares [todos en Madrid y gobernados ahora por el PP], así como con municipios de otras autonomías como Castilla y León. En compañía de la sociedad Aqualia (FCC) puso en servicio en 2002 la estación de bombeo y estación depuradora de aguas residuales de Boadilla del Monte (la obra costó 12 millones de euros), cuyo cliente principal es el Canal de Isabel II (que dirige el Gobierno de la Comunidad de Madrid)".

En los libros de contabilidad de la red Gürtel, la policía halló unas entregas de 157.800 euros efectuadas supuestamente por Gonzalo Naranjo, empresario "vinculado a la administración de Sufisa". La policía sostiene que entre los beneficiarios de esa comisión ilegal, además del propio Correa, estaba Tomás Martín, un dirigente local del PP.

- Enrique Carrasco (FCC). Esta empresa logró en 2001 la gestión de la limpieza, mantenimiento, conservación y reparación del arbolado urbano de Boadilla por ocho años, con posibilidad de dos prórrogas de tres años. El 8 de enero de 2002, según la documentación incautada, Enrique Carrasco, trabajador de FCC, pagó 105.000 euros en comisiones que se repartieron Correa, Álvaro Pérez y los dirigentes del PP Gerardo Galeote (GG) y Luis Bárcenas (LB).

- Plácido Vázquez (asesorías e inmobiliarias). El nombre de este empresario vinculado a cuatro empresas (Persontrade y Backtrade, de asesoría; Teninsa, de adquisición, venta y alquiler de inmuebles; y Degremont, de tratamiento de agua y residuos) figura en los apuntes de cobro de comisiones ilegales que hizo el contable de Correa. La policía cree que Plácido Vázquez actuó de intermediario en la adjudicación durante 2002 a la Unión Temporal de Empresas formada por SUFI y FCC para la gestión de las basuras por 12 años -"de gran envergadura de medios y costes de adjudicación", según los investigadores-. Entre enero de 2002 y julio de ese año, Vázquez habría entregado 1,7 millones de euros a la red delictiva para que Correa repartiera el dinero entre dirigentes del PP como José Galeote (ex concejal en Boadilla del Monte) o Luis Bárcenas, según los documentos incautados a la banda de Correa.

- Constructora Hispánica. El recuento realizado por los policías que han investigado el caso Gürtel apunta seis pagos que suman 4.192.000 euros de Constructora Hispánica a la trama corrupta entre el 19 de febrero de 2002 y el 12 de marzo de 2004. Sería, según el informe policial, la constructora que más ha enriquecido a la trama corrupta con mucha diferencia respecto al resto. La policía señala que Alfonso García Pozuelo, presidente de Constructora Hispánica, aparece en los apuntes de la contabilidad b (en dinero negro) de las empresas de Francisco Correa.

En el reparto de esos más de cuatro millones de euros, según la documentación, uno de los principales beneficiarios es Luis Bárcenas (ex tesorero nacional del PP y senador por Cantabria), que tiene apuntes en las cuentas de Correa por casi un millón de euros. La policía cita, entre los contratos logrados por Constructora Hispánica, diversas obras del aeropuerto de Barajas y del Tren de Alta Velocidad adjudicadas por organismos dependientes del Ministerio de Fomento; obras municipales en Pozuelo de Alarcón (cuyo ex alcalde Jesús Sepúlveda también está imputado en el caso Gürtel); modernización de regadíos de la comunidad de usuarios del Alto Vinalopó (Alicante); adjudicación de instalaciones deportivas en Majadahonda y construcción de la ciudad del deporte en Boadilla del Monte (el ex alcalde Arturo González Panero está igualmente imputado).

- Teconsa. Empresa de origen leonés implicada en el caso por el pago de al menos 72.000 euros a Correa en relación con la adjudicación de una obra por parte de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León a Teconsa por 2.847.959 euros. Aunque la oferta de Teconsa empató a puntos en el concurso con FCC, la consejería le adjudicó la obra a la primera porque su precio era mejor. En la ejecución se produjo una modificación que elevó los costes de la autovía en 284.000 euros.

La policía concluye que el ex consejero de Fomento José Luis Fernández Santiago, hoy presidente de las Cortes de Castilla y León, podría estar implicado en esta adjudicación irregular e incluso baraja que las iniciales TO, aparecidas en el reparto de los 72.000 euros de comisiones que hizo Correa, correspondan a Toti, apodo con el que se conoce a Fernández Santiago. Desde el fax de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León se envió a la sede central de la trama corrupta el escrito de adjudicación de la obra a Teconsa.

El informe policial detalla que el Gobierno castellano-leonés ha adjudicado a Teconsa 23 obras entre 2000 y 2009; algunas por concurso, otras por subasta, otras por procedimiento negociado sin publicidad y otras en contratos menores.

- UFC. La constructora de José Luis Ulibarri logró la adjudicación de una promoción de chalés de lujo sobre suelo municipal en Boadilla del Monte. Ganó el concurso pese a que ofrecía tres millones de euros menos que la mejor oferta, con la excusa de que finalizaría la construcción de los chalés tres meses antes (cláusula que nunca cumplió). Correa se ufana en conversaciones con sus colaboradores de que esos tres millones de euros que se ahorró Ulibarri los pagó en comisiones ilegales. Y que Correa repartió el dinero en una reunión que grabó en vídeo y donde estaban tanto el entonces alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP), como alguno de sus altos cargos que favoreció esa adjudicación.

- Martinsa. La adjudicación de una parcela para levantar cientos de viviendas en Arganda del Rey a favor de Martinsa es la operación urbanística que menos documentada está en los libros de la red corrupta, aunque fue denunciada en su día por la oposición socialista en ese ayuntamiento. Tanto el ex responsable de la empresa municipal que se encargaba de la gestión del suelo de Arganda, el diputado autonómico Benjamín Martín Vasco, como el ex alcalde de la localidad Ginés López han sido imputados. Las conversaciones entre los miembros de la trama apuntan a comisiones millonarias (más de un millón para el clan Correa y al menos un millón para los dirigentes municipales que supuestamente hicieron posible la adjudicación) pagadas por Martinsa para hacerse con el suelo.

www.elpais.es 12.10.09

EL PP VUELVE A CARGAR CONTRA LA FISCALÍA

Sáenz de Santamaría apoya a Camps y acusa a Conde-Pumpido de perseguirles

La dirección del PP salió ayer en defensa de Francisco Camps y recuperó la estrategia de arremeter contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por supuesta persecución a su partido en el caso Gürtel.

Los populares reclaman que el fiscal comparezca en el Congreso

Esa estrategia del PP se basa en la supuesta petición de la fiscalía para que se eliminen del sumario conversaciones que favorecen al presidente de la Generalitat valenciana. Esas grabaciones se refieren a la parte que ya archivó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sobre los trajes que, presuntamente, le regaló la trama corrupta a Camps. No afectan a la investigación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ni a la acusación de supuesta financiación irregular del PP de Valencia. Tampoco afectan a la estrecha relación entre Camps y los miembros de la trama, que queda probada en el sumario y que ha provocado la exigencia de responsabilidad política al presidente valenciano.

La conversación la mantuvieron en la cárcel Pablo Crespo, presunto número dos de la trama, y su abogado. No está en el sumario porque la Fiscalía Anticorrupción pidió que se eliminaran las transcripciones y el juez Baltasar Garzón emitió un auto el 27 de marzo en el que ordenaba excluir "las transcripciones de las conversaciones mantenidas entre los imputados (...) y sus letrados y que se refieren en exclusiva a estrategias de defensa". No obstante, en la parte del sumario que se ha hecho pública han quedado algunas de estas conversaciones, por un error. De hecho, en esos folios figura la anotación manuscrita "quitar".

El PP se agarró a este episodio ayer y la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, acusó a la fiscalía de tratar de eliminar pruebas. La dirigente del PP hizo estas manifestaciones a través de un comunicado distribuido por el partido, sin posibilidad de ser preguntada.

Según Sáenz de Santamaría, el contenido de esas conversaciones "no ha estado nunca" en los autos que la Audiencia Nacional remitió a Valencia, donde se continuó el procedimiento, y por ello cree que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tiene que comparecer con carácter urgente en el Congreso y explicar "estos intentos de manipulación".

Sin embargo, fuentes del Congreso recuerdan que nunca se ha tramitado en la Mesa de la Cámara la petición de comparecencia del fiscal general para dar cuentas de una actuación sobre un caso judicial concreto que esté abierto. Fuentes del PSOE aseguran que su intención es frenar dicha petición cuando llegue a los órganos correspondientes de la Cámara.

Añaden que, además, es la Fiscalía Anticorrupción la que actúa directamente en el caso.

Sin embargo, la portavoz del PP da por hecho en su comunicado que Conde-Pumpido conocía la existencia de estas conversaciones. Y vincula esta decisión con la de recurrir ante el Tribunal Supremo el archivo de la causa.

Sáenz de Santamaría tira por elevación, y del fiscal Anticorrupción pasa al fiscal general del Estado y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. "En estos días en que la señora De la Vega va de televisión en televisión y de radio en radio pretendiendo dar lecciones de ética política y democracia, que dice ella, le digo que hay dos cosas muy claras: que en democracia el Ejecutivo no tiene que dar instrucciones ni a la justicia ni al fiscal general del Estado, y que no es ético ordenar el archivo de una actuación, cosa que no puede hacer por vulnerar la justicia y la independencia judicial". Añade que "tampoco es ético cuando se trata de eliminar unos datos del sumario, que sabían que no había ninguna responsabilidad por parte del presidente Camps porque pagaba sus trajes".

A Conde-Pumpido le acusa de "atacar" al PP y defender los intereses del PSOE.

www.elpais.es 12.10.09

LAS PREGUNTAS QUE RAJOY SIGUE SIN RESPONDER

El presidente del PP no ha explicado aún sus relaciones con Correa y Crespo, negó desde el principio que existiera una trama de corrupción y se empeñó en defender a Luis Bárcenas y Francisco Camps

Ocho meses después de que la operación Gürtel saltase a los medios de comunicación (la investigación, dirigida por el juez Baltasar Garzón, comenzó mucho antes), el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, sigue sin dar respuesta a muchas de las incógnitas acerca del verdadero alcance de la relación entre la trama y el PP.

Las seis principales son las siguientes:

1. ¿Por qué no cortó con la trama antes de 2004?

Rajoy ocupa cargos de relevancia en el PP nacional desde el año 1990, cuando fue elegido vicesecretario general en la primera dirección de José María Aznar. En 2004 se convirtió en secretario general y después en su presidente. Durante ese tiempo tuvo no sólo una responsabilidad colegiada con lo que se decidía en la sede de la calle Génova, sino que fue el responsable directo de las campañas electorales de los años 1996 y 2000, en pleno apogeo de las relaciones entre la trama Gürtel y el PP.

Sin embargo, Rajoy sostiene que la primera noticia que tuvo de lo que estaba pasando le llegó en 2004. Fue entonces cuando, según su propio testimonio, puso fin a la relación del partido con la trama siguiendo las indicaciones del entonces tesorero del partido, Álvaro Lapuerta.

"A mi me planteó el tesorero del partido que estas personas estaban utilizando el nombre de la dirección del PP y decidimos, por eso, dejar de contratar con ellos", declaró el 24 de febrero. Rajoy sostuvo entonces que "lo único que hacían en Génova era poner las traseras", en referencia a los paneles que se colocan en los escenarios donde los dirigentes del partido tienen previsto protagonizar intervenciones públicas.

La realidad, según las conclusiones de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, es algo diferente. Special Events, la matriz de la red gobernada por Francisco Correa y Pablo Crespo, se convirtió en la empresa que acaparaba "la mayor parte de los actos promocionales de los conservadores", algo que no se consigue colocando únicamente "las traseras".

Correa, que adoptó el nombre en clave de Don Vito, "acudía con asiduidad a la sede del partido". En la que también prestaba servicios el propio Rajoy. Y la investigación ha demostrado que la forma de operar de la trama se basaba en la "relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional que tienen su puesto de trabajo en la calle Génova".

En esa época, el principal interlocutor de Correa era el entonces gerente del partido, Luis Bárcenas, hombre de la máxima confianza de Francisco Álvarez-Cascos, secretario general del PP hasta el año 1999.

Lo que Rajoy nunca ha explicado es por qué, siendo él el máximo responsable de las campañas electorales de 1996 y 2000, no supo hasta 2004 que la principal beneficiaria de los contratos del partido (Special Events) era el buque insignia de un trama de corrupción, financiación ilegal y blanqueo de dinero. De hecho, Rajoy no se atreve a negar haber tenido relación con el cabecilla de la trama. "No tengo claro que conozca a Correa. Es probable que me haya encontrado con él en alguna reunión, pero no hemos tenido ningún encuentro", señaló el 12 de marzo.

La ignorancia de Rajoy es especialmente llamativa porque el PP de Galicia, en cuya secretaría general había situado a Jesús Palmou, uno de sus más estrechos colaboradores tras la defenestración de Pablo Crespo, supuestamente ya conocía las actividades irregulares de la trama, al menos desde el año 1999, según han confirmado casi al unísono Manuel Fraga y Alberto Núñez Feijóo, los dos últimos presidentes del partido en la comunidad gallega.

2. ¿Por qué no advirtió al partido y a sus cargos?

Mariano Rajoy asegura que, cuando llegó a la Presidencia del partido, la única medida que adoptó contra la trama corrupta fue poner fin a sus contratos. Según él mismo ha reconocido, en la decisión de no volver a contar con las empresas de la trama pesó el hecho de que los responsables de la red iban "sobre todo por algunos municipios del noroeste de Madrid utilizando el nombre de la dirección del partido".

Lo que no ha explicado es por qué, si sabía lo que la trama estaba haciendo, especialmente en municipios de la Comunidad de Madrid, no lo puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción. O, como mínimo, por qué no se lo advirtió al Partido Popular madrileño o a los alcaldes de los ayuntamientos afectados, así como a los dirigentes del partido de toda España para evitar que la red se extendiese como mínimo por Madrid, la Comunidad Valenciana y Castila y León, como acabó sucediendo.

3. ¿Por qué ascendió a tesorero a Bárcenas?

Mariano Rajoy afirma que fue Álvaro Lapuerta, tesorero del PP desde la época de Aznar, el que le advirtió sobre la trama de Francisco Correa. Pero lo que no ha aclarado todavía es por qué en 2008 eligió para sustituirle a Luis Bárcenas, que en su condición de gerente del PP había sido el principal interlocutor de la trama. Bárcenas, según las conclusiones de la investigación policial, es el político del PP que más dinero ha recibido de las empresas de Correa, que a su vez se enriquecieron con los suculentos contratos que se decidían en la calle Génova. El máximo responsable de la trama aseguró, en una conversación incluida en el sumario, que había entregado 1.000 millones de pesetas (seis millones de euros) a Bárcenas, tanto en la sede del PP como en su casa.

A pesar de estas evidencias, que han acabado en el Tribunal Supremo (Bárcenas es senador por Cantabria), Rajoy siempre ha defendido a su tesorero. "La gente" de Francisco Correa "no ha entregado ni un solo euro al PP. Eso lo digo con absoluto conocimiento de causa", subrayó en marzo a una emisora de radio. "Nunca nadie podrá probar" que Bárcenas y Galeote, otro de los imputados, "no son inocentes", añadió, tajante, el pasado mes de abril.

4. ¿Por qué cerró filas y ordenó atacar a Garzón?

Mariano Rajoy no ha explicado todavía por qué sabiendo lo que sabía, hasta el punto de que cuando llegó a la Presidencia del partido ordenó romper con las empresas de la trama, cuando estalló el escándalo optó por el cierre de filas y por intentar desacreditar al juez instructor, Baltasar Garzón. El PP llegó a presentar 15 querellas, denuncias o quejas (todas fracasadas) contra el juez Garzón por su instrucción del caso Gürtel. La comisión disciplinaria del Consejo General del PoderJudicial (CGPJ) aún dio carpetazo a la última de ellas el pasado 15 de septiembre.

El pasado 11 de febrero, el propio Rajoy, acompañado por la plana mayor del PP, compareció para defender el honor de su partido y presentarlo como la víctima de una conspiración del Gobierno y del juez encaminada a desgastar a los conservadores de cara a las autonómicas vascas y gallegas que se celebrarían dos semanas más tarde.

Aunque Rajoy insistió en repetidas ocasiones en su convencimiento de que todo quedaría "en nada", el sumario del caso, hecho público parcialmente esta semana, ha demostrado que las acusaciones contra los cabecillas de la trama y numerosos dirigentes y cargos públicos del PP tienen como base conversaciones grabadas por orden judicial y numerosos soportes documentales, además de algunos testimonios clave, como el ofrecido por el contable de la red.

5. ¿Por qué niega que haya financiación ilegal?

Desde que se hizo público el caso, Mariano Rajoy ha señalado en numerosas ocasiones que "no hay financiación ilegal en el PP". Lo dijo nada más conocerse la investigación, lo repitió el 3 de marzo ("todo el mundo debe tener la tranquilidad de que el partido no se financió con aportaciones de los imputados"), lo repitió en julio (el PP "no se ha financiado ilegalmente") y lo ha vuelto a decir en septiembre ("las cuentas del PP son claras y están auditadas; Gürtel no constituye una trama de financiación ilegal").

Sin embargo, el sumario del caso incluye numerosas evidencias y testimonios de todo lo contrario, tanto en relación con la vida ordinaria del partido como en lo que se refiere a las campañas electorales. Y no sólo en una comunidad sino en tres: Valencia, Madrid y Galicia.

6. ¿Por qué ha optado por la pasividad?

Frente al caso Gürtel, Mariano Rajoy ha impulsado una estrategia que consiste, básicamente, en actuar como si no pasase nada. La sensación de inhibición inquieta cada vez más a los miembros de la dirección del partido, incómodos ante la proliferación de pruebas que ponen de manifiesto la connivencia de algunos cargos con los corruptos.

Las dificultades de Rajoy para imponerse se han revelado también a la hora de abordar las responsabilidades en la Comunidad Valenciana, donde Francisco Camps se ha resistido una y otra vez a tomar decisiones. Especialmente humillante para Rajoy fue tener que reunirse con Camps en un parador a medio camino de Madrid y Valencia, lo que ha hecho a muchos preguntarse el motivo por el que el presidente del PP es incapaz de actuar con mayor contundencia para reforzar su liderazgo.

www.publico.es  11-10-09

EL 'PEN DRIVE' QUE HUNDIÓ AL PP

Un pequeño dispositivo de almacenamiento de datos, incautado por la policía a un contable de Francisco Correa, delató a la trama corrupta

José Luis Izquierdo, administrativo con ciertos conocimientos de contabilidad, algunas acciones de Telefónica y una nómina mensual de 2.000 euros más un sobresueldo de 500, dedicó su última etapa profesional a trabajar a las órdenes de Francisco Correa, presunto jefe de la trama de corrupción masiva vinculada a gobiernos del PP. Izquierdo intentó poner orden en un caótico negocio formado por más de una decena de pequeñas empresas que generó unos beneficios de al menos 50 millones de euros en los últimos diez años.

Cuando el pasado 13 de febrero la policía se presentó en su despacho, en un edificio situado en el número 40 de la madrileña calle de Serrano, el contable de Correa guardó en una de sus manos un pequeño dispositivo de almacenamiento de datos (pen drive). No le sirvió de mucho, porque la policía descubrió el movimiento, requisó el pen drive y procedió a leer su contenido: 107 archivos que han puesto al PP contra las cuerdas en el mayor caso de corrupción que ha sufrido esta formación política en toda su historia.

Un diputado, un senador -y entonces tesorero del partido-, varios diputados autonómicos, un consejero del Gobierno madrileño, alcaldes y concejales de Madrid, Valencia, Galicia y Castilla y León han sido imputados, han dimitido o están a punto de hacerlo ante las revelaciones del pequeño dispositivo de almacenamiento masivo de datos.

Los 107 archivos del pen drive resumían los 13 años de historia de la trama empresarial fundada por Francisco Correa en 1996. Durante todo este tiempo, Correa practicó supuestamente el cohecho, el tráfico de influencias, la falsedad documental y el fraude fiscal para alimentar un negocio sobre el que José Luis Izquierdo intentaba llevar cierto control, informando a sus jefes de los ingresos y los gastos. Aunque, como el contable declaró a la policía, ignoraba en muchos casos el origen del dinero y sólo lo anotaba porque se lo mandaban. Izquierdo no preguntaba: hacía montones que iba guardando en distintas cajas de seguridad de sucursales bancarias repartidas por Madrid.

Tras ser detenido, la policía le interrogó en la tarde del pasado 13 de febrero. Fue una declaración larga en la que Izquierdo dejó sin contestar algunas preguntas pero respondió a otras que permitieron a los investigadores hacerse una primera idea de la trama de corrupción que habían desarticulado. Sus prácticas delictivas quedaron impresas en alguno de los 107 archivos que Izquierdo explicó a la policía.

- Pago de comisiones ilegales. El contable, por orden del número dos de la red, Pablo Crespo, anotó el pago de dinero a una decena de dirigentes del PP que tenían capacidad para adjudicar contratos millonarios. Entre ellos estaban el tesorero nacional del partido, Luis Bárcenas; el consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo -ambos dimitieron de esos cargos después-, dos diputados autonómicos y cuatro alcaldes.

- Financiación irregular del partido. Varios apuntes delataban cobros en dinero B al PP por el montaje del congreso regional de Valencia, el 10 de diciembre de 2002; o por la organización de actos para los populares en las elecciones gallegas de 1997.

- Blanqueo de capitales. Izquierdo reflejó también el trasiego de grandes cantidades entre sociedades patrimoniales y algunos paraísos fiscales.

- Implicación de constructores. Al menos tres de los archivos analizados por la policía incluían el pago de cantidades importantes de dinero por constructoras a la trama corrupta.

Los datos almacenados en el pen drive que probaba la corrupción masiva vinculada al PP se correspondían con ingresos de las empresas de la trama que la policía ha logrado acreditar durante los 14 meses que ya dura esta investigación.

"Aquí tenemos un problema..."

Durante una conversación mantenida en la cárcel con su abogado el pasado 6 de marzo, el presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, se lamenta de su suerte. Es consciente de que, aunque se enroque y niegue todas las acusaciones, no puede borrar los cientos de datos sobre pagos en dinero negro que aparecen en el pen drive del contable de las empresas. "El puto pen drive, macho [...] Es que sin ese pen drive no tendrían nada, me pongo malo", dice Correa. El abogado coincide: "Aquí tenemos un problema que es el pen drive, que está expresado con toda claridad. [El juez] Garzón se ha ocupado, la policía mejor dicho, de hacer cuadros de lo que cobra cada uno"

En ese archivo de memoria USB, que el contable José Luis Izquierdo trató de esconder cuando fue detenido, están registrados los ingresos de las distintas empresas de la red de Correa durante varios años, y también, con detalle, los supuestos pagos en comisiones ilegales realizados a políticos del PP que beneficiaban a esas empresas. Izquierdo, además, confirmó punto por punto esos datos en su declaración ante la policía primero y ante Garzón después. "Más o menos tenemos controlados a todos. Excepto a Izquierdo", le cuenta el abogado a Correa cuando están barruntando qué declararán los otros imputados al juez

El letrado, a pesar de todo, mantiene una esperanza: que los sobornos revelados por el pen drive no puedan ser vinculados a favores concretos de los políticos sobornados. Si ese vínculo no se prueba, asegura, no hay delito

www.elpais.es 11.10.09

LA CONJURA UNIVERSAL SE DESPLOMA

Uno por uno han caído todos los argumentos defensivos improvisados por el PP - El partido buscará ahora la nulidad de las pruebas como en el 'caso Naseiro'

Uno tras otro han ido cayendo los argumentos defensivos que el PP ha improvisado sobre la marcha para hacer frente al caso Correa. Mariano Rajoy ha puesto voz a los argumentos servidos por el equipo jurídico del partido que ha encabezado Federico Trillo.

A cada paso se respondía con ruido y con la estrategia del vaquero que, al entrar en la cantina, dispara al pianista y no al forajido. Disipado el ruido, los 17.000 folios de sumario cuyo secreto ha levantado el juez han sepultado la conspiración universal por la que desfilaron Garzón, la fiscalía, policías, jueces, periodistas.... Ahora el PP recupera la posibilidad de buscar una nulidad de pruebas, tal y como baraja desde hace meses en las reuniones de estrategia.

Todo empezó el 11 de febrero cuando Rajoy, con todos sus dirigentes detrás, incluido Francisco Camps, en una imagen insólita, dijo: "No hay una trama del PP, hay una trama contra el PP".

- 1. Baltasar Garzón. "Garzón es socialista, ha pertenecido al partido socialista y debe abstenerse en la causa contra el PP, no puede juzgar a la gente de un partido y lo que está haciendo es realmente injusto", dijo Rajoy el 26 de febrero. Le siguió una querella contra el juez, al que se acusaba de actuar por venganza. El caso ahora lo llevan otros jueces y el sumario tiene pruebas materiales, testimonios coincidentes y escuchas incriminatorias. La querella fue rechazada.

- 2. Bermejo cazador. "La cacería liquida cualquier apariencia de división de poderes y de imparcialidad de la justicia y extiende un velo de sospecha sobre el ministro y sobre el juez". "Es obscena, bochornosa y degradante". En febrero ésa era la defensa de Rajoy: el juez, el ministro y el policía urdieron todo en un día de caza. Mariano Fernández Bermejo dimitió como ministro de Justicia, pero el caso sigue y crece.

- 3. Relación terminada. "A mí me planteó el tesorero del partido -Álvaro Lapuerta- que estas personas estaban utilizando el nombre de la dirección del PP y decidimos, por eso, dejar de contratar con ellos, aunque lo único que hacían en Génova era poner las traseras". Rajoy explicó así a mediados de febrero que cuando llegó al partido en 2004 ordenó romper las relaciones con las empresas de Correa. Sin embargo, el sumario incluye facturas de trabajos de 2005, en la campaña del referéndum de la Constitución europea.

- 4. Ni un euro al PP. "Ni hay trama, ni hay financiación ilegal del PP". "Todo el mundo debe tener la tranquilidad de que el partido no se financió con aportaciones de los imputados". "La gente de Correa no ha entregado ni un solo euro al PP". "El partido no se ha financiado ilegalmente ni ha recibido un euro de las personas que están detenidas". Encabezan la lista de grandes éxitos en los argumentarios del PP y Rajoy ha intentado así dejar al partido al margen. Dolores de Cospedal, la secretaria general, le ha seguido con frases como: "Esto no es Filesa" y "No estamos hablando de financiación irregular, de ninguna manera. Estamos muy tranquilos". Pero un informe de la policía acaba de demostrar que la trama pagó actos del PP en Valencia. Y, además, con dinero negro y facturas sin IVA, según consta en el sumario. Se investiga si esta práctica se extendió.

- 5. Son inocentes. Rajoy no ha cesado de poner las dos manos en el fuego por los acusados. Sobre todo por Camps y los suyos, con los que se ha montado varios homenajes públicos, especialmente en la campaña de las europeas. El 24 de febrero, sin esperar a conocer detalles, el líder del PP ya dijo: "Estoy seguro de que muchas de las personas que salen en los periódicos no aparecen en el sumario, ni van a ser imputados, ni van a ser inculpados. Y a esas personas, ¿Quién les repara el daño causado?". Luego, sobre Bárcenas y Galeote dijo: "Nadie podrá probar que no son inocentes". Ahora, los dos están imputados. El 23 de abril, Camps dijo: "Todo es un montaje y una mentira y la verdad, si Dios quiere, es lo que pronto sabrá todo el mundo". Sin invocar a Dios, Rajoy se rindió un mes después ante el presidente valenciano: "Paco, estamos contigo, como siempre. Y la inmensa mayoría de los ciudadanos se van a llevar una enorme alegría para disgusto de esos inquisidores del siglo XXI que son de una crueldad infinita, pues no tienen razón ni corazón".

En junio, en presencia de Ricardo Costa y miles de simpatizantes, Rajoy se entregó definitivamente: "Yo creo en tí, creo en lo que haces. Paco, siempre estaré detrás de ti, o delante o al lado, me es igual. Quiero que lo oigan todos". Hoy Camps mantiene una batalla con Rajoy, que incluye intercambio de golpes en la cara de Costa y que apenas ha empezado. El paroxismo llegó con Jaime Mayor Oreja en la plaza de toros de Valencia: "Frente a la mentira y la calumnia tiene que ganar la decencia de Paco Camps, el más honorable de todos los valencianos y de todos los españoles".

- 6. Tres tristes trajes. "Lo de los trajes no me lo creo. Es imposible que se haya vendido por tres trajes". Cuando Camps sólo tenía encima la acusación de recibir trajes, Rajoy sostuvo que era poco obsequio para comprarle, como si la honestidad fuera inversamente proporcional al precio. El valenciano no ha justificado aún los pagos, y todo el PP se lanzó a criticar el llamado cohecho impropio y a justificar los regalos a políticos. Rita Barberá, que, según Álvaro Pérez, El Bigotes, recibió de la trama un carísimo bolso de Louis Vuitton, quiso que se actuara contra Zapatero por recibir anchoas del presidente cántabro Miguel Ángel Revilla. Ahora, exculpado Camps por los trajes, el sumario ha mostrado que esos regalos eran lo de menos, porque el líder valenciano y su entorno mantenían una relación estrecha con la trama que dirigía quien se hacía llamar Don Vito. Tanto, que Costa les pedía que intercedieran ante Camps para que le hiciera consejero.

- 7. Escuchas ilegales. Cospedal tiró la bomba atómica en agosto, desde un chiringuito de playa: "Me consta que se están produciendo escuchas ilegales a personas que no tienen que ver con los sumarios". Se refería a que, según ella, dirigentes del PP tenían el teléfono pinchado. Por muchas preguntas que se han hecho a Cospedal y a otros dirigentes del PP nunca se ha sabido a qué se refería. Tampoco hubo querella y el PP intenta hacer olvidar sus palabras.

- 8. Persecución. "Es evidente que el Gobierno persigue al PP". "Que la fiscalía tiene un trato diferente entre el PP y el PSOE es un hecho objetivo, no un juicio de valor", aseguró Rajoy para poner el foco sobre la fiscalía. Como si los 17.000 folios de pruebas, testimonios y escuchas fueran fruto de la inquina de Cándido Conde-Pumpido.

- 9. Informe apócrifo. "Sabemos que hay un informe, pero no sabemos quién lo ha pedido", dijo el líder del PP para restar valor al informe de la Brigada contra el Blanqueo que daba por probada la financiación irregular del PP de Valencia. Incluso la factoría de denuncias de los populares aseguró que los policías que lo hicieron fueron condecorados por Interior. El informe ha sido avalado por las pruebas.

- 10. Escuchas a abogados. De los productores de las otras nueve estrategias llega ahora la de la anulación de todo el sumario por grabaciones de conversaciones entre imputados presos y sus abogados. Hace meses que se planteó en reuniones internas del PP, aún está en marcha y pretende ser el remake de la nulidad del caso Naseiro que sepultó judicialmente aquella financiación ilegal del PP. Ocurrió en Valencia y en el equipo jurídico-político estaba también Trillo.

www.elpais.es 11.10.09

LA MUJER DE CORREA ERA TITULAR DE 14 COCHES Y CRESPO DE 10

 

La cúpula de la 'red Gürtel' poseía un total de 49 vehículos de lujo por importe de 1,3 millones de euros

La cúpula de la 'red Gürtel' poseía un total de 49 vehículos de alta gama o lujo de marcas de reconocido prestigio por valor de 1,3 millones de euros, excluyendo los que regalaron supuestamente a diversos políticos como sobornos a sus exigencias, según un informe que consta en el sumario elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal.

BMW 735, Range Rover Sport, Mercedes SLK, Audi S6, Audi All Road, Mercedes E300, Audi A8, Mercedes SL500 son algunas de las marcas de los lujosos vehículos con precios superiores a los 35.000 euros que lucían los cabecillas de la trama de blanqueo de capitales.

La palma se lo llevaba la mujer de Correa, la imputada Carmen Rodríguez Quijano, quien poseía un total de 14 vehículos de estas características, entre ellos dos Land Rover, un Chrysler Jeep Wranger y un Lincoln Town Car.

En cambio, su marido sólo era titular de una motocicleta de gran cilindrada, una Suzuki GSX 600F. No obstante, en el listado de vehículos de la trama consta que anteriormente era titular de otros tres.

Según el informe policial, el ex secretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo poseía 12 coches. En la actualidad, era titular de un Seat Ibiza 1.9 y de un Opel Ascona 2.0. Además, figuró como propietario de otros tres vehículos, actualmente transferidos a terceros.

El responsable de Orange Market, Álvaro Pérez Alonso, 'El Bigotes', tenía cuatro vehículos de alta gama. En la actualidad, consta como titular de dos coches de la marca Bombardier, uno modelo CAM AM y otro DS650X, según el documento.

El restante de los vehículos, un total de 15, estaban a nombre de las empresas del entramado corrupto: Pasadena Viajes, Orange Market, Special Events Technology Consulting Management (TCM). Entre las marcas destacan Mercedes, Land Rover Discovery y Bombardier.

El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales especifica que la compra de los vehículos se efectuó, en la mayoría de los casos, aproximadamente, entre el periodo de tiempo comprendido entre 2000 y 2008, figurando a nombre de los investigadores por un periodo que oscila entre varios meses y dos o tres años, momento en el que son transferidos a terceros.

Los investigadores señalan que en algunos casos se detectó que los vehículos se transferían entra las distintas personas físicas y jurídicas que engloban el grupo empresarial que dirigía Correa. También hicieron hincapié en el considerable volumen de compra-venta de vehículos de alta gama en casos como la mujer de Correa y Pablo Crespo, siendo Correa sólo titular de una moto.

REGALOS A POLÍTICOS

El sumario incluye otros vehículos regalados a los participantes de la red corrupta. Por ejemplo, Correa compró en 1999 con dinero de la 'Caja B' un Mercedes valorado en 33.000 euros que se puso a nombre de Lourdes Semprun, la mujer del ex eurodiputado Gerardo Galeote, imputado en la trama. Este vehículo estuvo en un principio a nombre de la empresa mercantil Pasadena Viajes S.L.

El sumario destapa también que 'El Bigotes' y Crespo realizaron gestiones para conseguir un coche de lujo Infiniti para el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. El dirigente popular siniestró este coche el pasado mes de mayo.

Por otro lado, la relación entre Correa y los coches del ex alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda se refleja en una declaración del líder de la trama, en la que Correa mantiene que Sepúlveda "le debía 14 millones de pesetas de un Range River y que le iba a pagar con una obrita, y no le ha pagado ni el coche ni los viajes de los dos últimos años".

El documento precisa que el concesionario emitió dos facturas por el mismo Range Rover, una a favor de Correa por 83.000 euros y otra para la empresa ALD Automotive SAU referida al mismo vehículo donde consta un sello a nombre de Jesús Sepúlveda.

De la documentación se desprenden los tres coches de alta gama que Sepúlveda también imputado en la trama, adquirió por un valor total que supera los 175.400 euros.

Primero, compró un BMW modelo 523 I en abril de 1996 por el que pagó en efectivo 39.000 euros (6,5 millones de pesetas). Tres años más tarde se hizo con un Jaguar S-TYPE V.8. valorado en 53.400 euros, que él, por entonces pagó en pesetas (8,9 millones) en dos plazos: la entrada de 250.000 pesetas y mediante cheque bancario. Posteriormente, en 2004, compró para después alquilar un vehículo Range Rover Vogue 4.4. V8 por un valor total de 83.000 euros.

www.levante-emv.com 11.10.09

CORREA . UN VANIDOSO ENTRE LOS MILLONARIOS

La investigación sólo ha hallado por ahora unas pocas de las casas de Francisco Correa, ninguna a su nombre, que están en los lugares más exclusivos de España

Francisco Correa vivía como un millonario. Con toda seguridad, acabó siéndolo. Pero la fortuna que amasó durante más de diez años a través de su red de empresas todavía no se ha calculado de una manera oficial. Ni la policía ni los tres jueces que han instruido el caso Gürtel han llegado aún a una conclusión, y son muy prudentes en sus informes. Extraoficialmente, basándose en estimaciones y testimonios, la sospecha es que Correa pudo amasar una fortuna cercana a los 50 millones.

·         El cofre del tesoro marbellí de la esposa de Correa

Los investigadores saben, porque se lo han preguntado a Hacienda, que nunca ha hecho una declaración de la renta. Que en el registro de la propiedad no aparece nada a su nombre. Que en la oficina del catastro sólo figuran apuntes de dos locales en la calle de Húmera, en Madrid. Por las dimensiones (36 y 5 metros cuadrados), uno debe de ser un garaje y el otro un trastero.

Lo que se sabe de su fortuna lo ha contado él, en conversaciones grabadas bajo autorización judicial. Dice que tiene una casa en Sotogrande (con dos atraques para barcos en el puerto), otras en Pozuelo y Majadahonda, una finca en Tarifa y problemas para construirse una casa en Ibiza. También habla de negocios en Estados Unidos, Brasil, Colombia y Panamá, que los jueces, en la parte desclasificada, aún no han conseguido descifrar. Por la frecuencia con la que viaja, parece que tiene casas en esos lugares.

Según los documentos judiciales, las propiedades de Correa están a nombre de al menos tres empresas de gestión patrimonial (Kintamani, Osiris y Caroki), en las que él no figura. Las propiedades de las que disfrutaba Correa están en el lujo más inalcanzable de España.

Por ejemplo, su residencia habitual, en la Urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Se trata del complejo residencial más exclusivo del pueblo con la renta per cápita más alta de España. Carmen Rodríguez, la esposa de Correa, que ahora utiliza ese domicilio, es vecina de poderosos y famosos, desde el ex presidente del Gobierno José María Aznar hasta la estrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. El ex alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda estaba en nómina de la trama.

El criterio de Correa y Rodríguez para elegir casa parece ser buscar la más grande, en la construcción más exclusiva, en el lugar más caro y más privilegiado. Valga de ejemplo la casa de la urbanización Valgrande, en Sotogrande, San Roque (Cádiz). Se trata de un ático en medio de la exclusiva zona. La empresa Kintamani también es propietaria de una finca de 3.000 hectáreas en El Hondón, Tarifa.

En las grabaciones, Correa habla de ciertas dificultades para construir una mansión en Ibiza. De sus conversaciones con un contacto en Ibiza se deduce que el Gobierno insular ha denunciado la obra por exceso de edificación. "El dormitorio nuestro está abierto, y al estar abierto no computa", se queja Correa. La solución que se le ocurre a Correa denota cierto estilo: "Si al tío le llevamos ya un Rólex, un buen regalo, el tío dirá bueno, venga ya". Se refiere al aparejador. En conversaciones posteriores, Correa habla directamente de sobornarlo con un jamón y 6.000 euros.

La investigación concluye que se trata de un inmueble con tres plantas y un torreón, situado al borde de un acantilado en la zona norte de la privilegiada isla. La construcción está sin terminar. Pero si se le echa un vistazo en Google Maps (la dirección es calle Punta Grossa, 76, en Sant Joan de Labritja), sobran las explicaciones.

Según constaba en la denuncia inicial contra Correa, también eran suyos varios inmuebles de unos 200 metros cuadrados en la urbanización El Embrujo, en Marbella. Esos chalés provienen de su suegro, Enrique Rodríguez Bugallo. Este abogado fue imputado en la operación Ballena Blanca, en la que se desactivó una gigantesca red de blanqueo de dinero con sede en Marbella. Según las grabaciones del sumario, Correa prestó 300 millones de pesetas a su suegro a cambio de cinco inmuebles de El Embrujo, comprados muy por debajo de su valor para sacarles una rentabilidad del 100%.

De las grabaciones se deduce también que posee al menos dos barcos de lujo, uno llamado Carmen XI y otro llamado Parapipi y localizado en el puerto de Altea.

Correa sólo ocultaba su fortuna al fisco. Todo lo que se conoce de sus propiedades lo contó él mismo cuando se jactaba de sus millones ante sus colaboradores en las grabaciones. Sin su vanidad, todo este lujo seguiría siendo un misterio. Se movía por Madrid en un Audi A8 con chófer, y disponía de varias plazas de garaje alquiladas en el Hotel Fénix, en plena plaza de Colón, a medio camino de su oficina, en la calle de Serrano, y la sede del PP, en la de Génova. Allí se grabaron algunas de las conversaciones que, dos años después, tumbarían su imperio.

Éste es el acta matrimonial de Francisco Correa y Carmen Rodríguez. Los casó Marisol Yagüe, alcaldesa tránsfuga de Marbella, el 23 de diciembre de 1997. En 2006, Yagüe fue encarcelada por el caso Malaya, que investigaba una trama de corrupción generalizada en el Ayuntamiento. Está pendiente de juicio.

AGUIRRE SE LANZA Y DESAIRA A CAMPS Y RAJOY 

Sucedió de nuevo. En pleno debate interno por la lentitud de Mariano Rajoy a la hora de tomar decisiones, y sobre todo por el empeño de Francisco Camps en no hacer absolutamente nada ante las revelaciones del escándalo del caso Gürtel, Esperanza Aguirre volvió a dejarlos en evidencia, trasladando así toda la presión al presidente valenciano. 

Apenas unas horas después de recibir el sumario del caso Gürtel, en el que la Comunidad de Madrid se ha personado, Aguirre optó ayer por levantar un cortafuegos para evitar que las implicaciones políticas de la trama afecten aún más a su imagen. Y por ello expulsó del Grupo Popular en la Asamblea a los tres diputados autonómicos imputados. A los dos ex alcaldes que seguían como concejales también los echó de sus grupos municipales. Ella incluso está dispuesta a forzar el reglamento de la Asamblea para evitar que se los diputados vayan al Grupo Mixto y cobren un plus. En cualquier caso, la mayoría absoluta de Aguirre no corre ningún riesgo, puesto que contará ahora con 64 de los 120 diputados. 

Los afectados son el ex consejero Alberto López Viejo, muy cercano a Aguirre; el ex portavoz Benjamín Martín Vasco el diputado Alfonso Bosch, el ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, y el de Boadilla, Arturo González Panero. Ninguno renunció a su acta. 

Sepúlveda, un histórico del PP que organizaba todos los actos de José María Aznar, ha sido reintegrado por Rajoy a su puesto como funcionario del partido en Génova, con sueldo de asesor. La dirección del PP señala que es un trabajador y su despido sería improcedente. 

La decisión drástica, que la oposición venía reclamando hace meses, se produjo en medio de una gran tensión y un forcejeo interno, ya que Aguirre y su entorno intentaron sin éxito que entregaran el acta. "¿Quién les va a contratar? ¿De qué van a vivir?", se preguntaban fuentes populares. Los diputados temían, además, que el caso volviera al juez Baltasar Garzón si renunciaban al aforamiento. Una vez asumido que no cederían, la reunión en la que se decidió su expulsión fue tranquila porque estaba todo claro. 

Oficialmente, la decisión se justifica por el levantamiento parcial del secreto del sumario. Pero en éste no hay apenas datos nuevos sobre la rama madrileña de la trama. Las pruebas que imputan a los diputados y concejales ya estaban el auto del juez Baltasar Garzón de marzo. Lo que realmente pesó en una decisión madurada el miércoles, en una reunión de Aguirre con sus fieles, entre ellos Ignacio González y Francisco Granados, fue el regreso ayer del caso Gürtel a las primeras planas de los periódicos y el hecho de que Aguirre debía someterse a la sesión de control. Era su imagen la que estaba en juego, y la que le hizo decidirse. 

Pesaba mucho, según los aguirristas, el hecho de mantener la línea de actuación rápida y contundente. Porque la presidenta madrileña no dudó en destituir como consejero a López Viejo en cuanto comenzó a salir a la luz el caso, mucho antes de que estuviera imputado. A él le siguieron el resto de cargos.

A nadie se le escapaba ayer en el entorno de Aguirre que la decisión deja en muy mal lugar a Camps y a Rajoy, que tiene un senador, el ex tesorero Luis Bárcenas, y un diputado, Jesús Merino, imputados. La dirección nacional se puede acoger al hecho de que para ellos no ha sido levantado aún el secreto del sumario, pero la presión crece hacia Rajoy en un momento de dificultad, cuando recibe críticas de todos lados por su gestión de la crisis de Gürtel. La noticia sentó muy mal en el entorno de Rajoy. 

La imagen de un líder que está en manos de Camps, al que Rajoy no consigue convencer de que tome medidas, está haciendo mucho daño, según admiten varios dirigentes. Y esta decisión unilateral de Aguirre, que no consultó, viene a agravar la situación interna. "Se ha precipitado; estamos defendiendo la presunción de inocencia y ella hace esto, es muy insolidario", sentenciaba un dirigente. El portavoz del PP, Esteban González Pons, intentó hacer equilibrios en una comparecencia en Génova. Dijo que la dirección "apoya" la decisión de Aguirre, pero trató de salvar a Camps: "en Valencia no hay ningún político imputado". 

(www.elpais.com, 09/10/09)

UNA CAJA DE SEGURIDAD DA LA PISTA DE 14 MILLONES INVERTIDOS EN EL EXTRANJERO 

El entramado de empresas presuntamente controlado por Francisco Correa y Pablo Crespo, y diseñado por el asesor Luis de Miguel, movía millones de euros en operaciones financieras en el extranjero. Una de las cajas de seguridad bancarias intervenidas en la investigación es prácticamente un banco en sí misma. Se trata de la caja número 52 de la oficina de Caja Madrid en la calle Velázquez número 96 de Madrid, cerca de la sede principal de la trama, en la calle de Serrano. 

El titular de la misma es Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego y número dos de Correa. En el registro, según el informe que figura en el sumario, fueron hallados documentos sobre cuentas de valores a nombre de "FAFA" y "RAM" que suman 2.676.581 euros. "FAFA" ha sido identificado como Arturo Gianfranco Fasana, ciudadano suizo que aparece como el gestor de los fondos de Correa y Crespo en el exterior. "FAFA" también aparece en otra hoja con anotaciones de movimientos por un total de 6.742.001 euros. 

En otro taco de folios se registra una serie de contactos en Holanda y documentos sobre una cuenta en ese país y posibles inversiones. Adjunto hay un correo electrónico de una entidad holandesa a la secretaria de Ramón Blanco Balín, fichado en 2007 por Correa. En la caja había también unos títulos de inversión de la cuenta "RAM" con un saldo de 4.356.877 euros. 

Un documento revela la existencia de una cuenta en Merrill Lynch Bank en Suiza a nombre de Pablo Crespo. Ahí estaban también correos electrónicos de los contactos de la trama en Estados Unidos para invertir en Miami. O un documento de Merrill Lynch en Caimán con autorizaciones de cobro y una nota que dice "Albóndiga" (al alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, lo llamaban El Albondiguilla). 

En otros documentos, Crespo compra bonos a través de una cuenta en Mónaco por valor de 100.000 dólares y vende por un nominal de 190.000 dólares. En un fax, Crespo y Correa envían al director de la sucursal de Bancaja en Miami, Guillermo Martínez Lluch, un poder firmado para vender acciones. 

La colección de documentos bancarios continúa, incluido un reportaje de una revista sobre el secreto bancario suizo. Junto a ellos, se encuentra una bolsa de plástico de El Corte Inglés con 15 joyas dentro, además de un fajo de billetes de 500 euros. 

En total, en los primeros días de la Operación Gürtel se abrieron por orden judicial nueve cajas de seguridad en distintas entidades bancarias. 

(www.elpais.com, 09/10/09)

EL PP EMPUJA A CAMPS PARA QUE CORTE CABEZAS 

Las presiones sobre Francisco Camps van en aumento teniendo en cuenta que pasan los días y no hace nada. Ayer fueron muchas las voces críticas del PP que abandonaron su anonimato y se alzaron para exigir algún tipo de actuación después de que Rajoy hubiese pedido "explicaciones" y María Dolores de Cospedal "medidas contundentes" sin ningún éxito. Su pasividad comienza a desatar la alarma en el partido. 

Muchos dirigentes aprovecharon sus comparecencias públicas para expresar su preocupación. "Aquel que comete un delito no tiene cabida en el PP", defendió el presidente de La Rioja, Pedro Sanz. El rostro económico de la oposición, Cristóbal Montoro, admitió que en su partido podían existir "unos cuantos chorizos" advirtiendo de que había que "extirparlos". Y Cospedal puso por la noche el punto final admitiendo que era posible que "personas relacionadas en su momento o actualmente con el PP" hubiesen tenido "comportamientos irregulares o ilegales".  

La secretaria general subrayó en el programa En noches como esta de TVE, que tendrían su sanción "penal, administrativa o como corresponda", . 

Todas las advertencias llegaron al PP valenciano pero las que peor sentaron fueron las de dos de los suyos: Rita Barberá y Esteban González Pons. Durante una rueda de prensa, la alcaldesa de Valencia mantuvo que su partido actuaría en relación con el caso Gürtel y al ser preguntada si consideraba que debían producirse dimisiones tras conocerse el contenido de parte del sumario, respondió que ella y sus compañeros estaban en política y eso requería "dar explicaciones y tomar decisiones sin duda alguna". 

El nombre del secretario general del PPCV, Ricardo Costa, volvió a barajarse como cese. Pero la regidora contestó que cuando le pidieran "consejo", ya lo daría. Y recordó que el pasado 27 de septiembre, cuando comenzó a reclamarse la cabeza de Costa, lanzó un comunicado mostrándole su respaldo. 

Sus palabras llamaron la atención, sobre todo tras varios días de un silencio elocuente. Ayer se mostró molesta porque eso se hubiese interpretado como una falta de apoyo a Camps. "No es verdad", defendió expresándole "su apoyo, cariño y lealtad". La alcaldesa sostuvo que "cualquiera" que hubiese cometido algún delito debía "ser juzgado" y destacó que estas situaciones no respondían tanto a un tema judicial "como político", visualizando el daño que le estaba causando a su formación esta "orgía de morbo y cotilleo" 

La intervención de Pons en Telecinco también molestó profundamente. El vicesecretario de Comunicación dijo que veía todo esto como una oportunidad para "demostrar que el PP es capaz de luchar contra la corrupción, depurarse por dentro y eliminar aquellas partes intoxicadas". No quiso pronunciarse sobre Costa. "Rajoy confía completamente en Camps", dijo en varias ocasiones, añadiendo que es al presidente de la Generalitat a quien le corresponde "adoptar las decisiones". Su intervención terminó con un símil futbolístico muy claro: "Los resultados de Camps son indiscutibles en la tabla de clasificación. Otra cosa es que pueda haber algún conflicto en el vestuario".  

A pesar de todos los avisos, la Generalitat sostuvo que no había que tomar "ninguna medida" ante "insinuaciones" y un "corta y pega de conversaciones". La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, dijo que "siempre" habían actuado con "absoluta responsabilidad, prudencia y de acuerdo con la legalidad".  

En el PP creen que, después de la comida de Rajoy y Camps en el Parador de Alarcón, este último debería reaccionar. La semana pasada algunos ya le reclamaban que lo hiciera "cuanto antes mejor". El equipo de Rajoy está tratando de forzarle, pero algunos dan por hecho que con el Día de la Comunidad Valenciana, que se celebra hoy, cualquier movimiento se aplaza, tal y como ya ocurrió con el debate de Política General en Les Corts. 

Algunos ven a Camps "noqueado" y comparan su actuación con la de Aguirre, que ha expulsado del Grupo Popular a tres diputados. Pons desechaba ayer que en el PP existiera una doble vara de medir explicando que "los dos cuentan con total apoyo de la dirección nacional" y diciendo que había que "tener en cuenta que en Madrid se había visto que hay muchos políticos imputados, mientras que en Valencia, no".  

"Nuestro apoyo inquebrantable a Camps", lanzó como mensaje para reconducir la tensa relación entre la sede nacional y la formación regional.  

(www.publico.es, 09/10/09) 

COLLADO FIRMÓ EL ALQUILER DEL PISO DE SEGURIDAD DE LA TRAMA GÜRTEL 

Los pasajes del sumario del caso Gürtel son riquísimos en referencias a Pau Collado, ex alto cargo del Govern de Jaume Matas. El papel del anterior director de la Fundación Balears Sostenible en la presunta trama de corrupción no es secundario, como quiso hacer ver hace meses cuando estalló el escándalo. La Policía Nacional le sitúa como "subordinado" de los cabecillas, Francisco Correa y Pablo Crespo, con acceso directo al "piso de seguridad" de la organización. 

Pau Collado, relata la Brigada de Blanqueo de Capitales, firmó el contrato de alquiler de la vivienda emplazada en la calle General Martínez Campos, de Madrid. Allí los investigadores encontraron archivos encriptados, el grueso de la contabilidad B, facturas falsas o las cartas que Álvaro Pérez, El Bigotes, enviaba al PP de Galicia para reclamar el pago de una deuda. La versión de la Policía la corrobora un empleado de Collado en la sociedad Easy Concept. El testigo admite ante el juez instructor Baltasar Garzón que el mallorquín disponía de una llave del piso de General Martínez Campos. 

Cuando el caso Gürtel salta a los medios de comunicación, este diario se pone en contacto con Pau Collado. "Salvo a un par de personas, una secretaria y un comercial y poco más, no conozco a ninguno de los otros [integrantes de la lista de imputados]", dice el 10 de febrero. El sumario recoge la grabación de cerca de un centenar de conversaciones que mantiene con Pablo Crespo y Francisco Correa, supuestos corruptores de dirigentes del PP. 

La Policía afirma que Collado es el "captador" de contratos públicos en la Comunidad de Madrid; dirige un buen número de empresas de la organización; da cuenta a Crespo de las actuaciones que realiza; y participa en proyectos de inversión inmobiliaria de Francisco Correa en Colombia. Y además, negocia la inclusión de presupuestos superiores a los reales en adjudicaciones del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

Por otra parte, Correa no llamó por teléfono al actual conseller de Vivienda y Obras Públicas, Jaume Carbonero, para que resolviera los problemas urbanísticos de su vivienda de Sant Joan de Labritja (Eivissa), como sostiene la Policía en el sumario. El cabecilla de la trama dejó varios mensajes al concejal de de Turismo de la localidad, Jaume Marí, tal como reconoció el edil del PP a este diario. Marí dijo que conocía a Correa porque era cliente de su restaurante Can Gat. Según Marí, el empresario imputado se quejaba de la paralización de las obras cuando acudía a comer, pero en ningún momento medió en su favor. Las obras del chalé siguen empantanadas. 

(www.diariodemallorca.es, 09/10/09)

JOSÉ LUÍS PEÑAS : “Mariano Rajoy puede poner al PP a la altura de HB”

¿Qué le parece la estrategia del PP de atacar al Gobierno, a la Fiscalía… para eludir responsabilidades en relación al caso Gürtel?

Es la huída hacia delante. Es muy difícil decir que en el cesto hay manzanas podridas. Más difícil es sacarlas y limpiar todo el cesto. Normalmente el que tiene que limpiar también está podrido. Es un gravísimo problema y de ahí arrancan todos los males. Si son dos alcaldillos y un presidente de la empresa no pasa nada pero cuando subes hacia arriba y son los que te han apoyado, tus amiguitos, claro, el tío que ha manejado todo el dinero y que sabe lo que ha pasado en ese partido, cuando tú no tienes la conciencia muy tranquila porque sabes que tenías que haber hecho algo más... Es lógico que tengas que hacer esta huída.

Aguirre presume de haber actuado con contundencia. ¿Ha sido así?

Esperanza Aguirre, conocida en el PP como la tránsfuga –abandonó el Partido Liberal, que sigue existiendo, por Alianza Popular-, sabía perfectamente quién era Paco Correa, sus empresas, para quién trabajaba Isabel Jordán [una de las imputadas], a la que llamaba a diario… Siempre decía que no quería a otra persona para sus actos que no fuera Isabel Jordán y decir eso era decir Correa. Hubo un juicio en 2007 porque le reclamaban unas cantidades que tuvieron que pagar. Claro, cuando una empresa tiene mucha información sobre ti tienes que actuar con cuidado. Cuando se produce la intervención de Garzón y se empiezan a saber cosas, esta señora hace lo de siempre, sacrificar peones. ¿Alguien se va a creer que López-Viejo actuara por su cuenta?

El archivo de la causa contra Camps se ha interpretado como un triunfo ¿está de acuerdo?

Yo lo veo como lo que es. Un tejemaneje absoluto. No puede ser que haya un amiguito del alma de un presidente que sea el que lo juzgue. Me parecería indignante que De la Rúa acabara en el Supremo. Espero que sea una victoria efímera. Yo he estado allí, he oído las conversaciones y es de justicia que se reabra el caso que nunca se debió archivar. Toda la familia de Camps tiene que decir algo. Su señora tiene que dar explicación.

¿Era generoso Correa con la gente?

Sí, interesadamente. Aunque a veces era capaz de hacer cosas por altruismo. Él, en el fondo, sabía que su dinero era de procedencia ilícita. Quizá ello le llevara a hacer buenas acciones, me consta que ayudó a una persona en un tratamiento contra el cáncer. Creo que lo hizo para satisfacción personal y para poder contarlo.

¿Le hizo algún regalo?

Sí, estuvo en mi boda y me regaló un viaje. Más tarde, cuando dejé de ser concejal del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda y pasé a concejal no adscrito, él se acercó a mí. Yo ya sospechaba de sus tejemanejes y me extrañó porque de mí no podía sacar nada porque no tenía ninguna capacidad de decisión. Tuvo la idea de formar un partido independiente y ése fue mi banderín de enganche. Montamos a final de 2005 el partido, una pequeña infraestructura que lógicamente era pagada por el señor Correa.

¿Está imputado en esta causa?

Sí. Se ha dicho que yo fui a la Fiscalía y pedí un trato. Fui a la Policía y denuncié. No sé si se pueden hacer tratos o no con la Fiscalía. Desde luego yo no pedí nada para mí.

¿Ni nadie se lo ha ofrecido?

No, nadie. No lo pedí porque no lo necesito. Para hacer esto hay que tener, como dice un amigo mío, cierta parte corporal muy limpia. Y yo la tengo. Desgraciadamente para todos ellos, desde el señor Correa hasta el último imputado, la tengo superlimpia. ¿Por qué estoy imputado? Porque en el famoso pen drive que le cogieron al señor de los dineros de Correa había unas entregas de dinero de 2005, dos o tres meses que nos entregaba unos 2.000 euros para financiar el partido que habíamos creado. Teníamos una oficina, una secretaria… y ese dinero iba para eso. Yo no tenía intención de sacar ningún concejal, como he dicho antes, era mi banderín de enganche para averiguar los tejemanejes que se traía con el PP.

¿Actuó con sangre fría con la intención de pillarle?

Me preguntaba por qué quería un partido, no era lógico que quisiera financiarnos. Empiezo entonces a verle con asiduidad y en diciembre de 2005, en el hotel Fénix -él se había ido de su casa había dejado a su mujer y tenía dos habitaciones alquiladas-, estaba hablando por teléfono con Benjamín Martín Vasco y lo tenía puesto en manos libres. Oí a Martín Vasco exigir una cantidad al señor Correa para no delatar no sé qué negocio en Arganda. Ese día pensé ‘aquí está el entramado, el quid de la cuestión’. En enero de 2006 empecé a grabar todos los encuentros que pude.


Peñas: "Oí al diputado Martín Vasco exigirle una cantidad de dinero a Correa"

Tras la denuncia y hacerse público su nombre como la persona que puso en marcha toda esta operación ¿alguien le ha llamado?
No, nadie.

¿Ha temido por tu vida en algún momento?

Por supuesto que sí. He pasado miedo. No soy un superhéroe. Tengo una familia. No estamos hablando de un trapicheo. Estamos hablando de la segunda organización política de este país, afectada hasta la médula. Miles de millones de euros. Cómo no iba yo a estar intranquilo. Yo sabía dominar ese miedo pero ha habido muchas veces que me sentía desolado, muy intranquilo. He oído cosas muy duras en conversaciones. Afortunadamente, tengo el apoyo de toda mi familia.

¿Le sigue dando miedo?

No, ahora no. Ahora mi intranquilidad es esa que si al final no hay condena todo habrá quedado como agua de borraja.

¿Le ha decepcionado el PP?

Sigo siendo miembro del PP. Me ha defraudado. Yo ya era mayor cuando entré en política, tenía 37 años. Pensaba que era una opción limpia, clara y que me convenció totalmente. Era cuando lo de Miguel Ángel Blanco y me sentía muy orgulloso de pertenecer al Partido Popular.

¿Y ahora?

No me arrepiento de nada de lo que hice con el PP, igual que no me arrepiento de haber hecho la denuncia. El PP tiene que deshacerse de esta gente corrupta. Y me gustaría hacerle la siguiente reflexión a Mariano Rajoy: usted puede poner al PP a la altura de HB. Una de las imputaciones es por asociación ilícita, que es una de las causas para ilegalizar un partido político. Si esto acaba en condena, estaría en la misma situación de ilegalidad que HB, según la ley de Partidos que tanto invoca el señor de “los chuches”.

¿Qué le gustaría decirles a aquellos a los que no ha conseguido convencer?

Yo realmente a quien espero convencer es a los jueces. Sé que hay muchos ciudadanos que han podido estar en mi misma situación. Que denuncien. La gente que pueda pensar que actúo por venganza es muy difícil que les convenza de todo lo contrario. Pueden ver mis cuentas corrientes. No era una vendetta ya que para eso, tendrían que haberme hecho antes algo. Simplemente estaba en el lugar oportuno en el momento oportuno. Podía haberme vuelto a mi trabajo y no habría pasado nada. De hecho podría haberles sacado cualquier cosa por esos audios. Nunca se me pasó por la cabeza. Ésta es la verdad, no puedo decir otra cosa.

¿Todo esto le ha perjudicado personal y/o profesionalmente?

Yo tenía una carrera política por delante, en un municipio muy rico de Madrid, que con hacer lo que me dijeran ya bastaba. Era un concejal joven y posiblemente tenía por delante una carrera política halagüeña. Pero Dios me ha venido a ver porque podía haber acabado como uno más de la secta o en la cárcel. Todo esto me ha servido para crecer mucho personalmente y ser mejor. En lo que respecta a mi familia también me ha venido muy bien: a mi hija mayor la veía minutos en sus primeros años de vida. Aunque me haya perjudicado un poco profesionalmente, prefiero tener menos desde un punto de vista económico y ser mejor persona.

¿Cuándo pase todo esto, le gustaría seguir participando en política con un PP regenerado?

Sería muy difícil. La política para mí es un caso cerrado ya. Me gustaría ayudar a la gente que pudiera estar en la situación que yo he pasado, a concejales o a partidos independientes, que los hay, que luchan por su municipio… En esa área del derecho me interesaría poder trabajar, no por el hecho de lucrarme pero creo que tengo detrás un bagaje que creo que puedo ayudarles.

www.elplural.com 09.10.09

JOSÉ LUÍS PEÑAS : “Recuerdo nítidamente cómo Correa alardeaba de su amistad con Aznar y con los cachorros de Becerril”

José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda, es la persona que denunció a la Policía el caso Gürtel. De él se han publicado muchas cosas, entre otras, que sus fines nunca fueron altruistas y que actuaba por despecho. Le han tildado de arrepentido, de traidor e incluso trataron de colgarle el sanbenito de corrupto, todo por denunciar una oscura operación urbanística en Majadahonda que finalmente fue archivada por falta de pruebas. Aquella primera denuncia le costó su expulsión del Grupo Popular pero, al mismo tiempo, le puso sobre aviso de las turbias relaciones entre sus compañeros del PP y el “octavo hombre de Génova” [Francisco Correa, presunto cerebro de la red corrupta], sin carnet de militante pero con mucho poder. El destino le sitúa a finales de 2005 muy cerca de él y decide grabar con cámara oculta sus tejemanejes. No quería que se repitiera la historia y necesitaba pruebas. A finales de 2007 se presentó con estas grabaciones ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Era sólo el principio de un terremoto de proporciones desconocidas que amenaza con destruir los cimientos de Génova. José Luis Peñas ha permanecido callado durante todo este tiempo y jamás ha concedido una entrevista a un medio de comunicación. Hoy rompe por fin su silencio en El Plural.

En los últimos meses ha provocado una auténtica tormenta en el seno del PP. Se podría decir, en lenguaje popular, la que ha liado…
Yo soy un mero intermediario, aquí quien la ha liado es el que ha metido la mano en la caja, el que ha querido aprovecharse de su cargo, el que ha querido mentir a los ciudadanos… El PP, en vez de reconocer que había manzanas podridas y retirarlas, se dedica a decir que lo podrido está fuera. Soy el mensajero de una mala noticia para un determinado partido político que debería haber pensado las cosas antes de hacerlas y haberme escuchado. El gran responsable de Gürtel tiene un nombre: Mariano Rajoy. Les rogué que me escucharan, tanto a Mariano Rajoy como a Esperanza Aguirre y lo que me encontré fue el silencio, el desprecio e intentar señalarme como lo que no soy. A partir de ese momento quise demostrarme a mí mismo y a la gente que me quería, que no tengo nada que ocultar y que siempre he ido por delante.

¿Actúa por justicia o por venganza?
Es curioso que se haga esta pregunta y no se pregunte a los delincuentes por qué delinquen. Esa misma pregunta me la hizo la Policía, las fiscales de Anticorrupción y los jueces. Cuando ves a una persona que nada contracorriente es lo que extraña. Siempre intentas ver algo oscuro detrás. Hay varias razones, la primera porque creo en la democracia y nos dice que tenemos que defender el orden constitucional. Y esto nos lleva a la dignidad de una persona, que es muy importante y me la enseñó mi padre de pequeño. Era carnicero y jamás pesaba ni un gramo de más, quitaba el papel de estraza al pesar. Yo siempre he querido ser como él. Podía haber vuelto a mi puesto de funcionario, hubiera sido muy fácil para mí, pero no hubiera dormido tan tranquilo.

¿Por qué fue expulsado del Grupo Popular de Majadahonda? ¿Se podría llegar a la conclusión de que era el ‘malo’ de la película?
Yo era concejal de urbanismo y sintetizando, porque es un caso muy complicado, había una parcela que se la quería llevar una persona por ocho millones de euros. Yo la saqué a concurso por 56 millones y me dicen que quiero trincar. No lo entiendo. Claro que lo que no sabía entonces es que había una trama corrupta dentro del partido que, en connivencia con determinados personajes, se dedicaba a dar concesiones, contratos, etc. Cuando lo supe es cuando me decidí a grabar. No estamos hablando de dos euros ni de tres. A día de hoy están implicadas dos de las principales constructoras de este país, gente con muchísimo dinero y muchísimo poder están cayendo o en entredicho. Yo estoy muy tranquilo de conciencia y en mis cuentas corrientes, a pesar de que estoy recibiendo presiones en mi entorno. Ha habido, por ejemplo, inspecciones de Hacienda a mi entorno, a mis padres, a mis suegros… A mí no porque no tengo nada. No digo que no se tenga que investigar, pero qué curioso que en los últimos tiempos se hagan a personas a las que nunca habían inspeccionado.

¿Qué le parecen los apelativos que le han puesto: el arrepentido, el topo, el traidor, el chota…?
Te ponen apellidos con una impunidad absoluta. Pensé que el periodismo en este país era serio. No pretendo con ello cargarme al mensajero pero mi teléfono está en la guía y hay periodistas que me han llamado incluso de Alemania. Pero no lo han hecho los que me han insultado, que se han dedicado a crear una imagen horrorosa en torno a mí: arrepentido es un mafioso, el chota se dice en ambientes carcelarios... Ninguno de ellos me ha permitido dar mi versión, aunque hubiera sido sólo para decir ‘José Luis Peñas lo niega’. Espero que algún día, la Justicia diga algo al respecto.

¿Ha denunciado a algún periodista?
Estoy en ello.

Casimiro García-Abadillo, en concreto, ha publicado que antes de ir a la Fiscalía había intentado chantajear a Correa para que le pagara una cantidad a cambio de tu silencio
Insisto, podía haberme llamado. Es un periodista solvente, que participa en tertulias continuamente, trabaja en uno de los periódicos más importantes de este país. Yo puedo mentir o no, pero al menos podía haberme dado la oportunidad de dar mi versión. Me imputa un delito que a su vez es un delito. Jamás pedí dinero a Correa. No se sostiene por una cuestión de lógica y por algo que yo sé. Antes de acabar mi relación con Correa, en diciembre de 2007 ya había mucha gente al tanto de la denuncia y de lo que había hecho. Entonces yo temía por mi vida. Estamos hablando de miles de millones de euros, de gente que puede ir a la cárcel y que puede salir muy mal parada políticamente. Por mucho menos te pueden dar una puñalada. ¿Cómo se entiende que vaya al señor Correa, le trate de chantajear con unos audios en noviembre de 2007 y en diciembre él me haga un encargo, el de cobrar a Alberto López-Viejo dos millones que le debía? Ahí chirría toda esta historia, le podía haber evitado al señor García-Abadillo el ridículo tan espantoso que ha hecho desde su periódico.


Jose Luis Peñas: "Jamás pedí dinero a Correa"


¿De quién se siente más víctima, de los medios o de sus compañeros del PP?
Me siento mucho más atacado por el PP. El señor Rajoy tenía que conocer toda la trama, creo recordar que en alguna ocasión viajó con esta gente. Se ha explayado diciendo que los echó él pero algo más tenía que haber hecho como presidente del PP, como diputado y como persona que aspira a presidir este país. ¿Cómo que les echó de Génova? Eso es mentira, porque en 2005 seguían trabajando para él, por ejemplo, en la campaña del referéndum de la Constitución Europea y la recogida de firmas contra la reforma del Estatut de Cataluña. ¿Por qué les deja seguir trabajando en Valencia y en los municipios de Madrid? ¿Cómo no denunció eso? Me hubiera ahorrado dos años de calvario. Tiene que explicar su responsabilidad, que la tiene y él lo sabe.

Algunos de los imputados están directamente relacionados con Agag y eso nos lleva a Aznar. ¿Hasta qué punto su círculo más cercano pudo ser permisivo?
Eso lo tendrán que determinar los jueces, pero es evidente que el caso Gürtel es el caso de los amigos de Aznar y el clan de Becerril con Agag a la cabeza. Se dice que a la Fiscalía se le va la mano hacia un determinado partido. Creo que en los últimos ocho años han sido los años de mayor lucha contra la corrupción política. Me gustaría saber qué investigaciones de este calado se hicieron con Aznar. La de Gil y Gil y punto. Eso sí, hubo algunos indultos por parte del Consejo de Ministros, de gente del PP como el alcalde de Burgos. Eso me lleva a pensar si no por activa, sí por pasiva, ha habido responsabilidad. En la boda estuvieron todos los amiguitos de Agag ahora imputados: Correa y su mujer, El Bigotes, Jacobo Gordons, Alberto López Viejo, Alfonso Bosch... por no decir Flavio Briatore. Si ahora no quiere saber nada de ellos es su problema pero me consta que fueron amiguitos hasta 2007. No solamente estuvieron en la boda sino que la organizaron ellos. Habrá que saber quién la pagó, cómo la pagó y qué medios públicos se utilizaron. Lo de el Escorial fue la demostración empírica de lo que era España en ese momento. La España del pelotazo. La España del vamos a vivir por encima de nuestras posibilidades y con los recursos de los demás. Mientras los demás ganan mil, voy a hacerme multimillonario. Yo y mis amigos. Tampoco conviene olvidar que Ramón Blanco Balín, el cerebro a escala internacional de la trama, es íntimo amigo de Aznar.

¿Alardeó en alguna ocasión Correa de su amistad con Aznar?
Recuerdo nítidamente cómo Correa alardeaba de su amistad con Aznar y con los cachorros de Becerril. Tanto él como su mujer, con la que trabajé varios años. No sólo de Aznar, también de la que mantenía con un sinfín de los cachorros de Becerril. Decenas de militantes del PP y cargos del partido pasaron por su casa, por sus cenas, por su agencia de viajes... Alardeaba de ello y se quejaba a veces. Unas veces se le ayudaba. Otras no. En el año 2002, 2003, 2004, 2005 si me apuras, era un privilegio cenar con Correa, para la gente que quería claro. Era business seguro. Había tortas por cenar con él. Hubo un tiempo en el que, no te voy a decir que era el cuarto hombre de Génova, pero sí el séptimo o el octavo que más mandaba. No era miembro del PP pero todo el mundo se apartaba cuando él pasaba. Era el que hacía todas las campañas del presidente… todo todo, una persona con un poder inmenso. Ahora sus grandes amigos, cuando está entre rejas, le dedican perlas. Fernando Martín, señor de Martinsa-Fadesa, dice que le propuso un negocio. Creo que más de uno. Unos salieron y otros no.


José Luis Peñas: "Cenar con Correa era bussines seguro"
 

¿Qué relación tenía con Correa? ¿Hasta qué punto formó parte de ese grupo privilegiado?
Le conocí el día de mi boda. Mi jefe, que era Guillermo Ortega, me propuso que lo invitara y cómo no iba a invitar el número ocho del PP. Yo estaba trabajando en Majadahonda como personal de confianza y Guillermo a quien quería que conociera era a su mujer, a Mari Carmen que iba entrar en el Ayuntamiento, como jefa de prensa. Luego a posteriori me enteré de que se encargaba de muchas otras cosas. Entre otras facilitar la entrada de las empresas del marido. Al principio era con ella con la que mantuve una relación muy estrecha. Con Correa es a partir de 2005, cuando él se acerca a mí. Fue una relación de amor odio. Nos veníamos un mes diez veces y luego en tres meses no. Veía algo en mí que le gustaban, cosas que no veía en otras personas. Creo que soy la única persona que me he quedado con su hija en su casa. Tenía una idea muy suya de mí. Y yo la tengo de él.

¿Qué idea tiene de él?
Creo que se ha equivocado. Es una persona muy inteligente que podía haber hecho mucho dinero, aunque no tanto como el que quería tener, por medios absolutamente legales. Cayó precisamente en lo que criticaba de otros pero no en él. A veces hablábamos de la avaricia, de la codicia y se quejaba de que la gente siempre quería más. En la cárcel, con él debía haber muchas más personas.

¿No era consciente de estar cometiendo delitos?
No. Lo máximo que me llegó a reconocer que no declaraba a Hacienda pero que eso era sólo una sanción.
 


José Luis Peñas: "Correa no era consciente de estar haciendo algo delictivo"
 

¿Alguna vez le intentó meter en el negocio?
No. Su idea con nosotros era hacer el partido político. Pretendía que ganáramos en Majadahonda, que no sé de dónde se sacó esto. Era el business, como él decía, que pretendía tener con nosotros. Nunca me propuso nada, ni siquiera cuando era concejal, él tenía a mi superior que era Guillermo Ortega. Era padrino de uno de sus hijos, intercedió por su mujer para que entrara en una universidad. Siendo concejal, con Correa sólo he tenido una conversación o dos con él.

Se ha publicado que vivió en su casa cuando se separó de su mujer…
No es cierto que viviera aquí en mi casa. Ha estado aquí cenando pero jamás ha dormido en mi casa. Quien vivió aquí fue otro concejal de Majadahonda que se separó de su mujer. Cuando se fue de su casa se fue al hotel Fénix donde tenía alquilada dos suites. Una para su ropa y otra para él.

¿Conoció también a Álvaro Pérez, El Bigotes?
Era un peón de lujo, pero un peón. No hacía nada si no era con el consentimiento de Correa o Crespo. Empezó en Madrid y precisamente su primer acto con Correa fue en Majadahonda, donde yo trabajaba con la mujer de Correa. Se habían cogido CD’s pirata y quisimos hacer algo para dar publicidad al municipio. Aplastamos todos los CD’s con una apisonadora. Con Álvaro es con la persona que menos afinidad he tenido de todos estos. Nunca nos gustamos mutuamente. Era chulesco, quería resaltar siempre, todo apariencia. Éramos totalmente incompatibles.

Sí conquistó a Camps. ¿Correa le ha contado algo al respecto?
Lo de amiguito del alma lo he leído en los periódicos pero sí he sido testigo de cómo decía con sorna ‘hay que ver cómo quiere Camps a Alvarito, es que te cagas’. También he tenido la oportunidad de oír hablar de su actitud en Valencia, donde alardeaban de que allí lo que quisieran. Tenía una actitud de prepotencia absoluta, total… Recuerdo mi última conversación con Correa, me ofreció un puesto de trabajo en Valencia para llevar la Fitur cobrando 6.000 euros al mes. Por supuesto, le dije que no. Yo ya había denunciado la trama. Les he oído hablar de lo que hacían, de los programas que iban a colar a televisión, a Canal 9… Era una prepotencia tan absoluta la que tenían tanto en Valencia como en algunos municipios de la Comunidad de Madrid y en la propia Comunidad de Madrid.

(Continuará)

Marisu Moreno es subdirectora de elplural.com

DON VITO TAMBIÉN TRABAJÓ PARA COSPEDAL 

María Dolores de Cospedal, secretaria General del PP, tiene muy claro que hay una persecución contra el PP orquestada por el Gobierno, pero “no tiene ni idea” de los dos contratos que su Consejería de Transportes de Madrid otorgó a la trama Gürtel. En el sumario destapado parcialmente por el juez del TSJM, Antonio Pedreira, consta que, mientras Cospedal gestionaba los Transportes de la región (2004-2006), Metro de Madrid, empresa pública dependiente de su Consejería, otorgó dos contratos a dedo a las empresas de Don Vito que es como le gustaba que le llamaran el jefe de la trama, Francisco Correa. No existe ningún expediente de contratación de estos trabajos, tan solo hay reconocimiento de los gastos y facturas emitidas… 18 meses después de prestar los servicios. El entorno de la número dos de Génova se ha apresurado en remarcar que ella no tuvo nada que ver con aquello.  

A María Dolores de Cospedal no le tiembla la voz si tiene que acusar sin pruebas al ministro de Interior, a la vicepresidenta, y al fiscal General del Estado, de acosar al PP. Sin embargo, otro gallo canta cuando se trata de asumir responsabilidades propias.

“Ni idea”

Así, su entorno ha asegurado que “no tiene ni idea” de los contratos otorgados desde la que fuera su Consejería. Sus voceros no han dudado en culpar a Metro de Madrid de los negocios con Francisco Correa, presunto cabecilla de la Gürtel, apuntando que “siempre ha tenido independencia a la hora de contratar”, recoge Público citando a fuentes de su equipo. “Esos contratos no los ha visado ningún consejero ni director general ni antes ni después de ella”, han indicado estas mismas fuentes.

Contratando corruptos

Faltan explicaciones convincentes, pero el sumario de Pedreira es inclemente. En el documento consta que Servimedia Integral, una de las empresas corruptas favoritas del Gobierno de Esperanza Aguirre, se embolsó 21.480 euros por montar la presentación de una Cumbre Flamenca en septiembre de 2005. Una cantidad sensiblemente superior a los 7.758 que cobró Diseño Asimétrico, otra terminal de Correa, por organizar una rueda de prensa para firmar un convenio con Baleares el 3 de mayo del mismo año.

Aguirre presente

Huelga decir que en 2005 Correa ya había sido vetado formalmente desde Génova por usar “indebidamente” el nombre del partido en beneficio propio; sin embargo, el mismo Mariano Rajoy, que se arrogó la excomunión de los corruptos, volvió a contratarle incluso en 2008. Además de este factor, es de destacar que los dos actos organizados por Gürtel tienen un común denominador: que ambos fueron protagonizados por la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y que ninguna de las facturas se emitió hasta 2007.

Intervención de López Viejo

Este último punto es curioso: las facturas se remitieron 18 meses después de los actos y la Dirección General de Comunicación de Metro tuvo que hacer una “propuesta regularizadora” para justificar los gastos. El caso de la Cumbre Flamenca tenía además otra particularidad: la Consejería de Cospedal no tramitó expediente de contratación a pesar de que el acto excedía ampliamente el tope para eludir el concurso (12.000 euros). Los costes no se pagaron hasta marzo de 2007, cuando intervino Alberto López Viejo, dimitido consejero de Deportes y entonces viceconsejero de Presidencia. López Viejo, imputado en el caso Gürtel, remitió una carta a Metro de Madrid confirmando que la Cumbre Flamenca “fue realizado (sic) por la empresa Servimadrid”. La Consejería de Transportes, ya sin Cospedal, arregló aquello sin demoras.  

(www.elplural.com, 08/10/09) 

AENA ADJUDICÓ MÁS DE DOS MILLONES A TRES SOCIEDADES DE CORREA 

Francisco Correa se especializó en la organización de eventos. Primero, para el PP de José María Aznar; luego, para las organizaciones territoriales de ese partido en Galicia, Madrid y Valencia y, como consecuencia de las amistades que logró en ese negocio, logró cientos de contratos en numerosas administraciones públicas donde gobernaban los populares. Además, según explicó el propio Correa al juez Garzón, como tenía "cierta relación" con Francisco Álvarez Cascos, ministro de Fomento entre 2000 y 2004, el dirigente popular le dio "la cuenta de AENA". 

Los informes de la Agencia Tributaria incorporados al sumario del caso Gürtel acreditan que al menos tres empresas de Francisco Correa, TCM, Special Events y Pasadena Viajes, facturaron 2,2 millones de euros a AENA entre 2000 y 2003. El Gobierno, en una respuesta al diputado de ICV Joan Herrera, informó de que AENA había facturado 1,2 millones de euros con dos empresas de la trama por "contratos de expedientes adjudicados". El resto del dinero (un millón) correspondería a otras operaciones que no precisan la formalización de un contrato. Cascos desmintió ayer que favoreciera a Correa y acusó de un delito de filtración del sumario a jueces, fiscales y policías. 

(www.elpais.com, 08/10/09)

CORREA NO DECLARA SU INMENSA FORTUNA A HACIENDA DESDE 1999 

La parte del sumario Gürtel (17.000 folios) destapada por el juez incluye un informe de la Agencia Tributaria sobre los bienes de Francisco Correa que no tiene desperdicio. Correa -Don Vito, como exigía que le llamasen- no ha declarado a Hacienda desde 1999. Sin embargo, todas las sospechas apuntan a que él es el auténtico dueño de una treintena de sociedades, gran parte de ellas radicadas en el extranjero (paraísos fiscales), en los que se calcula que esconen decenas de millones de euros. Dinero que habría obtenido ilícitamente de Administraciones autonómicas y locales en las que supuestamente sobornó y agasajó con regalos a sus representantes políticos, del PP. Hay una grabación de Correa, cuando notaba que la policía pisaba sus talones, en la que confiesa: "Como Hacienda me investigue, termino en el trullo". 

Según el sumario, Correa tejió, con ayuda de uno de los abogados implicados en la trama, una extensa red de sociedades en países extranjeros, que dependían de otras radicadas en paraísos fiscales y constituidas por despachos de abogados extranjeros que le garantizaban total opacidad fiscal. 

En busca del dinero evadido hay en la actualidad una decena de comisiones rogatorias a más de una decena de países de varios continentes. Como testaferros de sus bienes tenía a terceras personas, e incluso a su esposa. Se le han embargado, en España, cinco vehículos de gran cilindrada. Y su patrimonio inmobiliario es espectacular. 

(www.elpais.com, 08/10/09)

FINANCIAL TIMES CONSTATA LA "DAÑADA REPUTACIÓN" DEL PP Y ADVIERTE DE QUE LA GÜRTEL LES PUEDE "MUTILAR" 

La dimensión alcanzada por la Gürtel lleva a diarios de todo el mundo a hacerse eco de la investigación y a alertar no sólo de las repercusiones judiciales que puede tener para el PP sino también de las consecuencias prácticas que está teniendo a la hora de desarrollar en la actualidad su labor de oposición. El Financial Times constata como el líder del PP, Mariano Rajoy, “ha restado importancia al escándalo a pesar de las perjudiciales filtraciones de la investigación” pero ahora “que se sabe que el escándalo ha llegado a regiones de Galicia y Castilla y León, además de Madrid y Valencia” dentro de su partido le reclaman medidas “para restablecer la dañada reputación del partido”, que les impide presentarse como alternativa económica al Gobierno de Zapatero. Otro prestigioso diario británico, The Guardian, informa de la figura de “Don Vito” Correa que lideraba “una trama de corrupción en el seno del principal grupo de la oposición del país”. Otro prestigioso diario europeo, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, habla de "nubarrones negros" sobre el PP y advierte de que "la tendencia de Rajoy a encoger la cabeza" le puede costar cara al partido que preside. 

El corresponsal de Financial Times en España firma la crónica El Partido Popular golpeado por un escándalo de corrupción, donde recoge como el “creciente escándalo” de la Gürtel amenaza “con mutilar al PP de la oposición, mientras sus dirigentes se quejan de que el partido está perdiendo la oportunidad que le brinda la crisis económica de atacar a los socialistas del Gobierno”. El cronista recoge asimismo las presiones internas que está recibiendo Rajoy para que tome medidas “para restablecer la dañada reputación del partido”.

The Guardian recoge sospechas de financiación ilegal  

Otro diario de Reino Unido, The Guardian, dedica una noticia a raíz de la apertura parcial del sumario, y señala que “Correa se enfrenta a penas de prisión como presunto cabecilla de una trama de corrupción en el seno del principal grupo de la oposición del país, el Partido Popular”. El cronista Giles Tremlett se detiene en la figura de Correa y apunta que “sus conexiones en el interior del partido le permitieron extender sus influencias y obtener contratos de organismos públicos controlados por el partido” así como “dinero de constructoras a las que las administraciones locales adjudicaban contratos, en lo que, según los investigadores, podría ser una prueba de sobornos o financiación ilegal”.

“La vinculación Correa-familia Aznar ha fascinado”  

También recoge The Guardian como “la vinculación de Correa con la familia Aznar ha fascinado a muchos españoles” y que aunque “nada indica que la familia Aznar pueda estar implicada en el caso de corrupción” el cabecilla de la trama “estuvo invitado a la suntuosa boda de la hija del ex presidente”.

Alemania: “La geografía de la corrupción del PP se extiende”  

Otro presitigioso diario,esta vez alemán, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, advierte en una crónica de que “el escándalo de corrupción del Partido Popular español se extiende” y “la geografía de la extorsión, que hasta ahora se limitaba a Valencia, a Madrid, al tesorero del PP provisionalmente suspendido, y a un puñado de alcaldes desenmascarados y apartados de sus funciones, se ha extendido ahora a otras regiones gobernadas por el PP, como Galicia y Castilla León”.

Aznar, el yerno y un ex ministro  

Además, “a esto cabe añadir que las investigaciones han alcanzado entretanto el círculo más estrecho de Aznar” como “su yerno Alejandro Agag” quien “supuestamente habría introducido al Bigotes en la familia”. El rotativo también recoge en este punto como Correa y su grupo asistieron a la boda de la hija de Aznar en El Escorial y aluden a Francisco Álvarez Cascos para decir que “también uno de los ministros de Aznar estuvo involucrado en la ampliamente ramificada empresa de Correa, Orange Market, tal y como indica el sumario”.  

“Oscuros nubarrones sobre el PP”  

“Los oscuros nubarrones que se ciernen ahora sobre Correa y sus amigos políticos parecen corresponder al panorama que se le plantea al conjunto del partido en la oposición española”, advierte el diario alemán. Y es que creen que aunque la crisis juega a favor del partido de la oposición, “la tendencia de Rajoy a encoger la cabeza, así como la resistencia de las principales figuras del PP en las provincias a la hora de dimitir, aún pueden costarle muy caro al partido”. 

(www.elplural.com, 08/10/09)

RAJOY SE PREOCUPA POR EL DETERIORO DE IMAGEN PERO SE PONE EN MANOS DE CAMPS 

Durante unas cuantas horas, casi 24, Mariano Rajoy intentó actuar como Francisco Camps, y hacer como si el caso Gürtel no existiera. Pero duró poco. Lo que tardó en encontrarse en su despacho no sólo con las caras de preocupación de algunos dirigentes, sino sobre todo con los periódicos y las tertulias de radio y televisión, que apuntaban en un mismo sentido: la exigencia al líder del PP para que reaccionara ante el escándalo. 

Rajoy reunió a una especie de gabinete de crisis de urgencia en su despacho y, después de mucho cavilar, llegó a una conclusión: había que decir algo, pero no se pueden tomar decisiones drásticas hasta que haya nuevos imputados. En Génova se está instalando la idea de que tanto Francisco Camps como Ricardo Costa y Vicente Rambla acabarán imputados en poco tiempo por el asunto de la financiación ilegal del PP valenciano. Pero hasta que eso suceda, Rajoy está, dicen en su entorno, en manos de la voluntad de Camps. 

A pesar de sus recomendaciones de "indiferencia" del miércoles, el líder, aseguran varios dirigentes, es plenamente consciente del enorme desgaste de imagen del partido y de su figura que está provocando este caso, pero no tiene ni las ganas ni la fuerza para empujar a Francisco Camps a tomar decisiones, entre otras cosas porque todos los dirigentes asumen que destituir a Costa o a Rambla no arreglaría el problema, ya que es Camps quien tenía la relación más estrecha con El Bigotes, y quien decidió que el PP le diera los contratos. 

Ayer se produjo una nueva demostración de la fuerza de Camps, claro vencedor del pulso que mantuvo con la dirección nacional, especialmente con Dolores de Cospedal, la secretaria general. Ella ofreció una rueda de prensa en la sede central en la anunció que no habrá más medidas hasta que haya nuevos imputados: "Hemos hecho lo que podíamos. No se puede pedir más. Todos los imputados están suspendidos de militancia", dijo después de que Rajoy anunciara que el PP "actuará". 

Cospedal defendió a todo el partido, pero lanzó un claro mensaje contra Ricardo Costa: "No es nada ejemplarizante que se reciban ciertos regalos", sentenció. "No hemos recibido ninguna explicación" de Costa, remató. Ante el enfado de los valencianos, Génova tuvo que rectificar rápidamente y enviar otro comunicado. "El PP ha recibido la documentación enviada por [...] Costa, que acredita la venta del coche Mercedes Benz y la compra del vehículo Infinity. El PP se da por satisfecho con estas explicaciones". 

Esta nueva demostración de fuerza del PP valenciano confirma la idea instalada en el partido: que el líder está en manos de Camps, que se resiste a tomar ninguna decisión e incluso a ofrecer explicaciones públicas de sus relaciones con El Bigotes, que sostiene en algunas grabaciones que el presidente le pidió favores para su hermana, Estrella Camps. 

Después de la reunión de crisis, entre las múltiples posibilidades, Rajoy descartó ofrecer una rueda de prensa en la sede nacional, algo que no sucede desde el 13 de abril pasado. Prefirió hacer una breve declaración, preparar un comunicado y mandar a Cospedal a atender a los periodistas. 

En medio de un ambiente de gran tensión, la intervención de Rajoy en una reunión convocada para analizar los Presupuestos, que se retrasó una hora a la espera de que concluyera el gabinete de crisis, vino precedida por un dramático desmentido de Ana Mato sobre la posibilidad de que Correa le hubiera regalado un coche: "Nadie me ha regalado nunca nada. Todo lo que tengo es fruto de mi trabajo". 

Después, Rajoy remató: "Ha quedado acreditado que no estamos ante una trama de financiación irregular del PP, sino de una trama de corrupción para aprovecharse del PP". Era una declaración muy parecida a la que pronunció cuando se destapó el caso. Y, como entonces, Rajoy ha decidido esperar y ver. 

(www.elpais.com, 08/10/09) 

RAJOY RETRATA AL PP COMO VÍCTIMA DE LA TRAMA Y RETRASA ADOPTAR MEDIDAS  

El PP no es responsable de la red corrupta del caso Gürtel, sino su víctima principal. Ese es el mensaje que quiso lanzar ayer Mariano Rajoy a la opinión pública, 24 horas después de que se levantase, parcialmente, el secreto de sumario de este caso. En la escueta referencia que Rajoy hizo a tan grave asunto, se arriesgó y sentenció que ha quedado «acreditado» que no existe financiación ilegal en su organización –pasó por alto que aún se desconocen dos tercios de la investigación judicial instruida en Madrid– y, como ha venido haciendo en estos meses, garantizó que exigirá responsabilidades «a quien haya hecho lo que no debía». 

Dicha advertencia no tuvo mayores consecuencias en el día de ayer y, según parece, no las tendrá en el futuro más próximo. Y es que, como se encargó de matizar después su número dos, María Dolores de Cospedal, el PP considera que «ya ha actuado» y que «no se le puede pedir más» hasta que se dé la siguiente situación: que haya nuevos imputados o que quede claramente demostrado que se cometió, por parte de dirigentes populares, «cualquier comportamiento irregular», incluida la aceptación de regalos, si hay pruebas.  

Pero el PP pensó durante horas qué respuesta dar a la sociedad tras hacerse público un tercio del sumario del caso Gürtel, un documento de 17.000 folios que está estudiando con detalle un equipo del partido, capitaneado por Federico Trillo. ¿Qué decir? Eso es lo que consultó ayer Rajoy a sus colaboradores habituales –Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Esteban González Pons, Ana Mato y el propio Trillo– cuando, a primera hora, los citó en su despacho para redactar entre todos un comunicado oficial.  

Tardaron más de lo previsto. Cuando por fin se colocaron ante los micrófonos, fue la vicesecretaria Ana Mato la primera en tomar la palabra. Y en aludir al sumario Gürtel en el que, entre otras cosas, hay conversaciones grabadas a los imputados en las que se asegura que pusieron un coche a su nombre. Mato, ante sus compañeros y la prensa, negó la mayor: « A mí nadie me ha regalado nada», señaló. Recibió aplausos. Unas horas después, su exmarido, Jesús Sepulveda (exresponsable de organización del PP en tiempos de José María Aznar, exalcalde de Pozuelo e imputado en el caso), remitió un comunicado a los medios en el que desvinculaba a Mato de la compra del vehículo aludido en el documento y, de paso, aseveraba que también es falso que a él le pagase la red de Correa 6.000 euros al mes. Después de Mato, habló Rajoy y, además de amagar y no dar con posibles medidas a tomar, insistió en la «honradez» de la gran mayoría de militantes del PP. A continuación, Cospedal se prestó a protagonizar una rueda de prensa. Primero, leyó el comunicado del partido: negó la financiación ilegal, recordó que no hay nuevas imputaciones, exigió conocer todo el secreto de sumario, resaltó que serán «contundentes» a la hora de exigir responsabilidades y denunció una persecución por parte del Gobierno y la fiscalía. 

También hizo hincapié en que el caso Gürtel «no es Filesa», aunque ella, a diferencia de Rajoy, aconsejó prudencia para negar tajantemente la financiación ilegal hasta que se conozca en su totalidad la investigación. Asimismo, Cospedal creyó oportuno referirse específicamente a la información sobre posibles pagos irregulares del PP en Galicia: indicó que el sumario hace referencia a hechos que se podrían haber producido hace más de 10 años y que tanto Manuel Fraga como Alberto Núñez Feijóo han recordado que ya se expulsó del partido a su posible responsable, Pablo Crespo, actualmente imputado en el caso. 

Dicho esto, recibió varias preguntas sobre regalos que habrían recibido, según los implicados en la red de corrupción, algunos dirigentes del PP. Y se hizo especial mención a Ana Mato y a Ricardo Costa. De la primera, sostuvo que ya había dado las explicaciones oportunas y que la creía. De Costa, reconoció no saber nada. Una hora después, el aludido enviaba a Madrid toda la documentación ligada a su coche para intentar demostrar que lo compró y pagó él, y no los empresarios corruptos. La dirección se dio por satisfecha. 

No obstante, Cospedal dejó una frase en el aire que muchos interpretaron como un misil, más o menos disimulado, directo al PP valenciano: «No es algo oportuno ni ejemplarizante y no comparto que se reciban este tipo de regalos. También tengo que decir que esas cosas hay que demostrarlas». 

Ya por la tarde y desde Valencia, el presidente Francisco Camps entró en el juego de las declaraciones y, con mucha brevedad, recordó que, «hasta ahora», la justicia ha dado la razón al partido. 

(www.elperiodico.com, 08/10/09) 

RAJOY 'EXIGIRÁ RESPONSABILIDADES' POR GÜRTEL PERO NO ACLARA CUÁLES 

El PP quedó ayer atrapado en la retórica para reaccionar al último vendaval del Gürtel. Rajoy y Cospedal prometieron «contundencia» en la adopción de medidas, pero no aclararon cuáles.  

La jornada en que los titulares de prensa, radio y televisión escupían los últimos datos revelados por el levantamiento del secreto del sumario, comenzó con la promesa del presidente nacional del PP de que su partido «actuará» y «exigirá responsabilidades a aquéllos que han hecho lo que no debían hacer». Por su parte, la número dos dio un paso más y anunció: «Vamos a actuar con toda contundencia, con independencia de que las actuaciones sean o no punibles».  

La secretaria general fue especialmente explícita en lo que se refiere a los regalos recibidos por dirigentes o ex dirigentes del PP de manos de la trama de Correa. Así, y justo después de referirse a los comportamientos «no punibles», sentenció en nombre de la dirección del PP: «No nos parece oportuno o ejemplar que se reciban ese tipo de regalos».  

Pese a la clara e implícita advertencia lanzada en relación, entre otros, con el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, Cospedal redobló la prudencia y emplazó a que dichos «hechos hay que demostrarlos».  

En realidad, fue tal el tiento con el que Cospedal trasladó su mensaje que, al cabo de una expectante rueda de prensa, quedó disimulado bajo una retahíla de afirmaciones de auténtico sesgo inmovilista: «El PP ya ha actuado. Hemos hecho todo lo que podíamos y teníamos que hacer. Mucho más no se nos puede pedir», afirmó, para apuntalar dos ideas básicas: que no hay nuevos imputados en la investigación y que el PP ya ha suspendido de militancia a los que ya lo estaban.  

Y es que la secretaria general salió ayer al ruedo de la prensa con el claro objetivo de estoquear y templar al mismo tiempo para, según las fuentes consultadas, evitar una nueva escalada de pública tensión con Francisco Camps como la coprotagonizada la semana pasada.  

Según las mismas fuentes, «en el PP van a pasar cosas», pero «Rajoy quiere que las haga Valencia» y «está pretendiéndolo, pero de puertas adentro». Desde la dirección, se recibió ayer con satisfacción el que Alberto Núñez Feijóo respondiera a lo publicado con el mensaje de que el PP gallego echó a Pablo Crespo hace 10 años, y que Esperanza Aguirre venga anunciando que cortará más cabezas si del sumario se extraen nuevas responsabilidades, mientras que desde Valencia, ironizaban, «todo siue siendo muy bonito».  

Lo cierto es que, en la tarde de ayer, el propio Camps devolvió a Génova un mensaje proactivo y conciliador. «Tanto la dirección nacional como la regional» están trabajando para «resolver y tomar las decisiones que correspondan», declaró.  

Sea o no finalmente cierto que «en el PP van a pasar cosas», lo cierto es que el ambiente de confusión se apoderó ayer, una vez más, de Génova. Más de una hora estuvieron esperando periodistas y dirigentes populares, convocados en la sede a un acto sobre Presupuestos, hasta que el núcleo duro de Génova pergeñó un comunicado.  

El propio Rajoy adelantó en el mismo acto sus dos principales mensajes. Primero, solemnizó que «ha quedado acreditado que no estamos ante una trama de financiación irregular, que es lo más importante para nosotros, sino ante una trama de corrupción para aprovecharse del PP y utilizarlo en su contra». Luego, con un énfasis nuevo y sin giros condicionales de por medio, comprometió las acciones del PP contra los que «han hecho» algo indebido. «Seremos firmes y contundentes a la hora de exigir responsabilidades por cualquier comportamiento irregular», rezaba el comunicado.  

Pero en su lectura, Cospedal, denunció, en tercer lugar, un contraataque político al Gobierno, por primera vez, con nombres y apellidos: «Jamás se había producido un comportamiento tan parcial y sectario contra una formación política como el que han protagonizado, por acción u omisión, Cándido Conde-Pumpido, María Teresa Fernández de la Vega y Alfredo Pérez Rubalcaba», afirmó.  

Ya en el turno de preguntas, Cospedal confirmó la decisión de la dirección de no abrir una investigación interna a propósito de las últimas revelaciones del Gürtel. Y es que, pese a la enorme preocupación que ayer se detectaba en todo el PP, las fuentes consultadas en Génova aseguraban que lo desvelado hasta ahora por el juez Pedreira sólo es «barro», y que lo que verdaderamente sigue preocupando -más allá de esos dos tercios de la causa aún no desvelados- es el informe policial sobre Valencia. 

(www.elmundo.es, 08/10/09) 

RAJOY INTENTA SIN ÉXITO DESHACERSE DE COSTA PARA FRENAR EL CASO GÜRTEL 

"Hemos hecho todo lo que podíamos hacer". Esta frase, pronunciada por la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, en una rueda de prensa en la que dio a conocer la postura del PP ante el contenido del sumario del caso Gürtel, demuestra la impotencia con la que la dirección del PP, en general, y Mariano Rajoy, en particular, se enfrentan al contenido de las investigaciones realizadas hasta ahora.  

FINANCIACIÓN DEL PARTIDO

"Ha quedado acreditado que no estamos ante una trama organizada de financiación irregular del PP, y eso para el PP es muy importamos. Estamos, en todo caso, ante una trama de corrupción para aprovecharse del PP y utilizada en su contra".

REACCIÓN DEL PP

"Ante las denuncias de corrupción, el PP no mira para otro lado ni lo hará nunca. Seremos firmes y contundentes a la hora de exigir responsabilidades por cualquier comportamiento irregular".

GENTE HONRADA

"Somos conscientes de la responsabilidad que implica ser depositarios de la confianza de más de 10 millones de españoles. Garantizamos a todos los españoles que la inmensa mayoría de los dirigentes y cargos del PP son gente honrada que cumple con su trabajo fijándose en la defensa del interés general".  

OVEJAS NEGRAS

"En toda organización puede haber personas que hagan cosas que no se deban hacer. El PP actuará contra ellas y exigirá responsabilidades a aquellos que hayan hecho lo que no debieran hacer nunca".

 Impotencia con la que la número dos del PP expresaba también, aunque no lo dijera, el fracaso de las gestiones que durante toda la mañana había hecho la dirección nacional del PP para poder presentarse ante la opinión pública con la cabeza del secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, como ejemplo de que quien la hace la paga, o como dijo el propio Rajoy horas antes en un acto a puerta cerrada en la sede del partido: "El PP actuará y exigirá responsabilidades a todos aquellos que hayan hecho lo que no debieran".

Era un clamor, dentro y fuera del PP, que Rajoy debía hacer algo, que no podía reaccionar con la tibieza del martes a los datos, delictivos y no delictivos que se iban conociendo sobre la trama Gürtel y cómo afectaba a miembros del PP. No podía limitarse a pedir a los suyos que se olvidaran de todo. Por ello, el martes por la noche al volver de su visita a Garoña y Álava, convocó una reunión del comité de dirección del PP para ayer a primera hora, ampliada a Federico Trillo, como experto jurista que se ha encargado del caso desde el principio, con el fin de analizar la situación en la que queda el PP ante el contenido del sumario.

Un sumario que está analizando con lupa un equipo de ocho dirigentes del PP a los que se ha eximido de cualquier otro trabajo, para que conozcan todos los detalles y el partido pueda anticiparse a lo que todavía les queda por conocer. Y es que todavía no se ha levantado el secreto de la totalidad del sumario. Una información en la que han buceado para conocer hasta qué punto puede estar involucrado el PP como partido en toda la trama y que permitió decir a Rajoy, a De Cospedal, y plasmar en un comunicado que "ha quedado acreditado que no estamos ante una trama organizada de financiación irregular del PP. (...) Estamos en todo caso ante una trama de corrupción para aprovecharse del PP y utilizada en su contra".

Porque lo que más le preocupa a Rajoy es que el caso derive en una presunta financiación irregular del PP durante su mandato. Eso no existe, insisten y De Cospedal lo proclamó: "Aquí no hay una Filesa".

De los tres frentes abiertos en el caso Gürtel, a Rajoy le preocupa uno: Valencia. Si en Galicia hubo financiación irregular, fue en la época de Xosé Cuiña, fallecido, y no afecta a Alberto Núñez Feijóo, ni a Rajoy. Madrid tampoco preocupa, "es un caso de corrupción y enriquecimiento personal" y los responsables "están suspendidos de militancia en la organización o renunciaron a sus cargos de responsabilidad".

Se refieren a los tres alcaldes y tres diputados que dimitieron o fueron suspendidos de militancia, además del ex eurodiputado Gerardo Galeote y el ex tesorero Luis Bárcenas. "No podemos hacer más", dijo De Cospedal, aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quiere, según las fuentes consultadas, que la dirección expulse del partido y del grupo en la Asamblea de Madrid, a los tres parlamentarios implicados.

Una decisión que sólo puede adoptar la dirección popular, y que no se ha ejecutado porque, confiesan las fuentes consultadas, "no se entendería que hiciésemos eso y que en Valencia no se hiciera nada".

Así, todos los ojos están puestos en Valencia ante una posible financiación irregular del partido, que habría tenido lugar cuando Rajoy ya estaba al frente del PP, y con Francisco Camps, uno de sus principales valedores, como máximo responsable del Gobierno valenciano y del partido de la comunidad.

Por eso, ayer la dirección empleó la mañana en intentar convencer a Ricardo Costa de que dimitiera. Una dimisión que incluso llegó a darse por hecha, aunque después Costa se enrocó.Según las mismas fuentes, a Costa le sentó mal que De Cospedal "salvara" a Ana Mato de la tormenta periodística y diera por buenas sus explicaciones, y dijera que "de otros no ha habido aclaración". Inmediatamente envió por fax a Génova copia de las facturas de su coche y el partido se vio obligado a hacer un comunicado en el que "se da por satisfecha con estas explicaciones".

Eso no impidió que De Cospedal dejara claro que determinadas actuaciones "no son oportunas ni ejemplarizantes y no compartimos que se reciban esos regalos". 

(www.publico.es, 08/10/09) 

AUMENTA EL MALESTAR EN EL PP POR LA "RESIGNACIÓN" DE RAJOY 

El malestar entre los dirigentes del PP está creciendo ante la ausencia de medidas en el caso Gürtel por parte de Mariano Rajoy, al que acusan de comportarse con "resignación" ante la implicación de cargos del partido en la presunta trama de corrupción de Francisco Correa. 

Diputados, senadores, altos cargos del partido y barones territoriales criticaron hoy que la dirección nacional del PP siga sin actuar contra personas como Ricardo Costa a pesar de los datos que aparecen en el sumario judicial de su relación con los cabecillas de la trama corrupta.

Una de las cosas que crispa internamente es que Rajoy pida tranquilidad una y otra vez en la reuniones del partido, como volvió a hacer el lunes en una convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional. 

La calma de Rajoy se interpreta como una muestra de "resignación", sobre todo después de que la Audiencia Nacional haya levantado el secreto sobre una tercera parte del sumario del caso Gürtel y se hayan conocido nuevos datos de la trama. 

Además, no se entiende que Rajoy insista en defender al PP de la Comunidad Valenciana cuando en el caso del PP de Madrid se forzó a dimitir a alcaldes como Jesús Sepúlveda y Arturo González Panero o al caso del ex consejero Alberto López Viejo, en este caso antes incluso de que fuera imputado. 

Varios miembros de la Junta Directiva Nacional se han dirigido personalmente a Rajoy para que tome medidas 

Un amplio sector cuestiona que Rajoy asegure a menudo que actuará contundentemente contra quienes hayan obrado de forma fraudulenta, pero luego se quede sin adoptar medidas drásticas y permita que la imagen pública del partido se ponga en cuestión por la vinculación a la red empresarial de Correa. 

El enfado es especialmente notable fuera de estas dos comunidades, ya que están "hartos" de tener que dar la cara por sus compañeros de otras regiones que supuestamente se han enriquecido con regalos de lujo y traspasos de dinero en efectivo. 

Esta situación ha provocado que varios miembros de la Junta Directiva Nacional del PP, entre ellos algunos barones territoriales, se hayan dirigido personalmente a Mariano Rajoy para que tome medidas. Sin embargo, creen que él sigue inhibiéndose. 

En Valencia también hay un amplio sector que califica de "complcado" el momento actual y que reconoce que en esta comunidad están "expectantes" ante el posible cese de la cúpula regional del partido, ya que considera que hay un "clamor" interno para poner fin a la situación. 

(www.lavanguardia.es, 08/10/09)

EL PAPEL DE COLLADO 

 Por otra parte, las diligencias del caso Gürtel mencionan en numerosas ocasiones a Pau Collado, antiguo presidente de la asociación Joves Empresaris y ex alto cargo en la etapa del Govern de Jaume Matas. Tras analizar diversa documentación y los extractos de conversaciones telefónicas, la Brigada de Blanqueo de Capitales define a Collado como un "captador" de contratos públicos para la organización empresarial que presuntamente corrompió a dirigentes del PP. 

Collado, administrador de varias empresas de la trama, figura como un "subordinado" de Francisco Correa y Pablo Crespo, a los que informa de la evolución de los negocios y del cobro de los trabajos. Entre las tareas desarrolladas por el ex director gerente de la Fundación Balears Sostenible, la Policía explica que se encarga de alertar a Pablo Crespo cuando un jefe de área de la Administración Pública quiere contratar a una empresa ajena a la trama. Avisado, Crespo hace gestiones para reconducir la situación.  

En las conversaciones captadas por los agentes se constata la intervención de Collado en adjudicaciones como la de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla del Monte (Madrid), entre otras.  

Por otra parte, las pesquisas del caso Gürtel señalan que el mallorquín daba instrucciones de cómo confeccionar los servicios para la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de la localidad madrileña, con hoja de costes "sin presupuesto y sin importe", para conseguir la firma del también imputado Alfonso Bosch y negociar la inclusión de un precio superior al real. Bosch, diputado de la Asamblea de Madrid e imputado en este asunto por cohecho, era el director de la citada empresa municipal.  

Asimismo, Collado aparece como firmante del alquiler del piso en Madrid donde se depositaba información sensible del entramado empresarial. También se expone que el ex director de la Fundación Baleares Sostenible participa en proyectos de inversión inmobiliaria en Colombia con el líder de la presunta trama corrupta. 

(www.diariodemallorca.es, 08/10/09)

RAJOY DIXIT: "HEMOS HECHO TODO LO QUE PODÍAMOS HACER" 

La llamada a la "indiferencia" efectuada ayer por Mariano Rajoy no ha tenido el efecto deseado. El líder del Partido Popular, que hoy ha convocado a la cúpula de su partido en la sede de Génova para analizar las consecuencias del levantamiento parcial del secreto sumarial del caso Gürtel, ha negado la financiación ilegal del Partido Popular y ha apuntado a una "trama corrupta" que ha intentado aprovecharse de su partido. 

Rajoy ha comunicado a su dirección, en una reunión sobre los Presupuestos Generales televisada para los medios de comunicación -no concede una rueda de prensa en Génova desde el 13 de abril- que "la inmensa mayoría de los cargos públicos del PP son gente honrada" y ha alegado que "a veces cometen errores, pero fijándose siempre en la defensa del interés general". El líder popular ha incidido en que "ésa es la trayectoria del PP. En toda organización puede haber personas que no actúen como deben, pero, en esos casos", ha asegurado, "el partido actuará". 

Para Rajoy, "ha quedado acreditado que no estamos ante una trama de financiación irregular del PP, sino de una trama de corrupción para aprovecharse del PP". Según él, "el PP no mira para otro lado ante las denuncias de corrupción. Cualquier persona que haya hecho cosas que no debía tendrá que asumir su responsabilidad". No obstante, el líder del PP no ha aclarado a quiénes se les iba a exigir responsabilidades. 

En la misma línea se ha expresado la secretaria general del PP, María Dolores del Cospedal, que ante las denuncias de corrupción "el PP no mira hacia otro lado ni lo hará nunca. Seremos firmes y contundentes a la hora de exigir responsabilidades". Al igual que Rajoy, la secretaria general del PP ha denunciado que "este partido está siendo víctima de una actuación sectaria y partidista del Gobierno y del Fiscal General del Estado". Cospedal ha insistido en que "ha quedado claro que ni Correa ni sus socios son dirigente del PP. Las sociedades no eran creadas por el PP, sino que eran creadas para enriquecerse por estas personas y es lo que se desprende del sumario". 

Preguntada por la forma de actuación de su partido, Cospedal ha respondido que "hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Hay que demostrar esos hechos y no compartimos que se reciban ese tipo de regalos, pero esas cosas primero hay que demostrarlas". También ha especificado que "el cómo, el cuándo y contra quién lo venimos haciendo desde que se produjeron las primeras imputaciones. Las personas imputadas ya están suspendidas de militancia o relevadas de sus cargos en el partido y no hay nuevos imputados. El partido se ha comportado de una forma ejemplar". 

Asimismo, la secretaria general ha argumentado que "no estamos ante una Filesa del PP porque aquí estamos ante personas privadas que han montado un entramado para aprovecharse del PP, pero no para enriquecer al PP", y ha corroborado las declaraciones de la vicesecretaria general de Organización y Electoral del PP, Ana Mato, que ha manifestado que "nadie me ha regalado nunca nada. Todo lo que tengo es fruto de mi trabajo y estoy orgullosa de este partido". Mato ha mantenido la línea del discurso de Rajoy y ha reiterado que "la inmensa mayoría de militantes somos gente honrada. Nunca he hecho ni haré nada que perjudique al partido". 

A su llegada a la sede nacional del PP, la ex ministra de Sanidad y actual diputada Celia Villalobos se ha mostrado igual de rotunda. "Si se tiene que interpretar que un regalo de cualquier naturaleza, normal, sea un libro o unos vinos, es comprar a un político, entonces tienen que estar en la cárcel todos los políticos". Villalobos ha hecho hincapié en que "hay que demostrarlo primero" y ha matizado que "lo único que está claro" en el sumario es que EL PAÍS tenía acceso a la información de la Polícia Judicial que ha servido para implicar "de forma absolutamente arbitraria a algunas personas". 

Antes, a primera hora de la mañana, la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado en una entrevista concedida a Telecinco que ellos son "parte perjudicada" porque hay "gente" que se ha enriquecido a costa de sus militantes, aunque ha descartado por completo la existencia de financiación irregular tanto en el PP Nacional como en las federaciones regionales. 

Sáenz de Santamaría ha recurrido, una vez más, a las acusaciones de conspiración política y ha asegurado que la Fiscalía "parece que está a las órdenes" de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. Sobre las revelaciones que aparecen en los 17.000 folios del sumario desclasificados por Antonio Pedreira, Sáenz de Santamaría ha defendido que el juez mantiene la lista de imputados que publicó hace una semana pese a que dos tercios del sumario todavía son secretos. 

(www.elpais.com, 07/10/09)

"TENEMOS UN PROBLEMA QUE ES EL 'PEN DRIVE' DEL CONTABLE". "SI NO EXISTIERA..." 

Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama Gürtel, se lo resume sin paños calientes a su abogado: "El puto pen drive, macho". Ambos saben que la memoria USB que guarda años de contabilidad en dinero negro es la prueba clave que no pueden negar. Y Baltasar Garzón ya la tiene en su poder. La conversación entre Correa y su letrado, registrada el 6 de marzo en un vis a vis en la prisión de Soto del Real (Madrid), fue grabada por orden del juez e incorporada al sumario. En ella, el presunto jefe de los corruptos busca salidas para su defensa: puede inculpar a Pablo Crespo, Isabel Jordán y Alberto López Viejo de haberlo organizado todo a sus espaldas, o acusar al contable de mentir a la policía para salvarse a sí mismo... Pero una y otra vez vuelve a escena el archivo USB: "Es que sin ese pen drive no tendrían nada, me pongo malo". 

El letrado está contando a Correa que lo más seguro es que en unos días tenga que declarar de nuevo ante el juez, ya con una línea de defensa sólida. Correa le expone entonces su defensa: "Yo, en Valencia, no tengo ni idea. No tengo nada que ver, cero, estoy fuera, todo esto lo ha llevado Pablo con Álvaro", asegura, en referencia a su número dos, Pablo Crespo, y a Álvaro Pérez (responsable de Orange Market, el tentáculo en Valencia). "En lo de Alberto López Viejo [diputado del PP en Madrid y ex consejero de Esperanza Aguirre] y Easy Concept, cero, lo ha llevado Isabel Jordán [otra de las directivas de la red] con Pablo. Yo hace años que no voy por la oficina", prosigue el reo. Y se lamenta de su infortunio: "Pero si es que me están imputando como si todo esto tuviera que ver conmigo y, vamos, yo no tengo nada que ver. Yo creé en el año 95 esta historia, luego me quité de en medio [...]. Lo que pasa es que yo aparezco como cabecilla de la trama, la televisión dice burradas, aquí no hay ninguna trama, hemos trabajado para un partido político y punto". 

El abogado parece dejar que su cliente se desahogue, pero pronto le hace volver a la realidad: el contable de la red de empresas, José Luis Izquierdo, fue detenido con un apetitoso archivo USB en las manos. "Aquí tenemos un problema que es el pen drive, que está expresado con toda claridad. Garzón se ha ocupado, la policía mejor dicho, de hacer cuadros de lo que cobra cada uno", subraya. Luego, intenta tranquilizarlo explicando que, en cualquier caso, para que exista delito hay que probar una relación entre "los pagos realizados a determinados cargos públicos" y "una decisión administrativa contraria a Derecho". 

Abogado. Esa asociación todavía no se ha establecido [...]. Ése es el debate que tenemos que dar [...]. Lo único que tenemos es la aplicación a un pen drive. 

Correa. El famoso pen drive es el lío famoso, si no existiera... [...] Sin este pen drive todo esto no hubiera ocurrido. 

Cuando el letrado apunta que "Isabel Jordán quiere asumir el rol de colaboradora con la Justicia, e Izquierdo también", el cabecilla plantea otra salida: 

Correa. En un momento determinado se puede decir que ese pen drive es un montaje que ha hecho Izquierdo con Pepe Peñas, ahí en el pen drive tienen que aparecer los pagos a Peñas cuando era concejal de Majadahonda. Él cobraba, todos los meses le pagábamos [Peñas, ex colaborador de Correa, acabó traicionándole y presentó en 2007 la denuncia que dio origen a la investigación]. 

Abogado. Nosotros en ningún caso vamos a reconocer que los pagos que aquí se documentan estén asociados a una decisión administrativa. 

Correa. Si me preguntan "¿Usted le ha dado el dinero a estos señores?", ¿yo qué les digo? 

Abogado. Yo negaría la realidad. Que lo acrediten. 

Correa. Habrá que ver qué contestan el día 18 Sepúlveda, Ginés... [ex alcaldes madrileños imputados en el caso]. 

Abogado. Más o menos tenemos controlados a todos. Excepto a Izquierdo. 

(www.elpais.com, 07/10/09)

'DON VITO' CORROMPÍA A LÍDERES DEL PP CON DINERO Y CAPRICHOS 

Francisco Correa era El Padrino de una estructura mafiosa que primero se valió de su habilidad en las relaciones públicas para corromper con dinero, regalos y caprichos a algunos líderes del PP y luego utilizó esas relaciones para seguir medrando a través de la extorsión y el chantaje. El partido y alguno de sus cargos más importantes se sirvieron de él, pero, sobre todo, él se sirvió del partido para obtener unas ganancias fabulosas.  

El levantamiento del secreto de sumario del caso Gürtel dibuja a un personaje orgulloso de su poder, tanto como para usar el nombre en clave Don Vito en la contabilidad B de la trama.  

Y sobre todo, los más de 17.000 folios cuyo contenido se desveló ayer retratan la dudosa moralidad pública de un buen número de políticos que habrían aceptado las lisonjas de Correa y quedaron atrapados en la red Gürtel. Significativamente, el cargo con el que el cabecilla de la trama parece haber cultivado una relación más estrecha es Jesús Sepúlveda, ex coordinador electoral del PP nacional. Al amparo de sus campañas creció la organización.  

Según los documentos incautados, Sepúlveda habría recibido los sustanciosos regalos que ya reveló EL MUNDO -un Jaguar en 1999 y un Range Rover en 2004- y entregas de unos 6.000 euros mensuales desde 2002. Cuando ganó las elecciones en Pozuelo de Alarcón en 2003, ese Ayuntamiento empezó a contratar a Correa. Así funcionaba la red, de la que después era difícil salir. La amistad entre ambos puede venir de lejos: en 1994, la esposa de Don Vito transfirió su pequeño utilitario a la entonces mujer de Sepúlveda: Ana Mato, actual vicesecretaria general del PP.  

La organización siguió una estrategia muy similar en la Comunidad Valenciana. Allí agasajó al secretario general del PP autonómico, Ricardo Costa -«serás el futuro presidente de este país», le decía-, para hacerse con los actos electorales del partido y con adjudicaciones de la Generalitat. Su hombre de confianza, El Bigotes, gestionó para él la compra de un Infiniti, un lujoso coche japonés.  

En esa comunidad, la organización tenía un papel intermediador privilegiado: Correa declaró ante el juez Baltasar Garzón que sus buenas relaciones con «Paco Camps» sirvieron para «desbloquear» una operación urbanística en La Nucia (Alicante) y el mismísimo presidente de la Generalitat enviaba a su hermana para que El Bigotes le prestase ayuda.  

En Madrid, la administradora de las sociedades de Correa señaló en su declaración a cientos de cargos como perceptores de regalos. La documentación del sumario probaría las entregas a los alcaldes de Majadahonda, Boadilla del Monte y el citado de Pozuelo, los Ayuntamientos donde la red habría recibido más adjudicaciones o habría actuado como mediadora ante constructoras a cambio de comisiones. En esta comunidad, «el gran muñidor» del operativo habría sido, según Don Vito, el ex consejero Alberto López Viejo, gran beneficiario y benefactor de la trama. Al menos 17 cargos del PP habrían recibido dádivas.  

El sumario pone de manifiesto los caminos que escogió Correa para acercarse al centro del poder en España. El yerno del ex presidente José María Aznar, Alejandro Agag, aparece en numerosos apuntes de la caja B de la trama Gürtel. Por ejemplo, como perceptor de un «regalo de cortesía» de 500 euros. El concejal que denunció la red corrupta, José Luis Peñas, declaró a la Policía que, en la época en que Aznar era el jefe del Ejecutivo, decir «Correa era sinónimo de decir presidente».  

En total, Correa habría invertido en política unos 5,5 millones de euros. Los investigadores calculan que las ganancias sumarían ocho veces más. Buena parte se habría desviado a través de un complejo entramado societario a paraísos fiscales como la Isla de Nieves, Suiza, Sri Lanka, Gibraltar y Panamá.  

Pero la mafia tiene otra cara. El Bigotes amenazaba a Costa con destapar en la prensa los pagos irregulares para que la bola siguiese creciendo. Correa presumía de tener al alcalde de Boadilla «comiendo de su mano» porque le presionaba con un vídeo en el que se le veía cogiendo dinero. Con sólo mentar ese episodio, el teniente de alcalde «se hace caca», decía. El verdadero Don Vito era más elegante para cobrarse sus deudas: «Me debes un favor». 

(www.elmundo.es, 07/10/09) 

SPECIAL EVENTS MONTÓ PARA RAJOY LA CAMPAÑA DEL REFERÉNDUM EUROPEO 

Special Events, una de las empresas de la red montada por Francisco Correa, facturó al PP nacional un total de 52.923,84 euros por cuatro actos relacionados con la campaña de este partido a favor del sí en el referéndum sobre la Constitución Europea.  

Los actos se celebraron en enero y febrero de 2005, cuando Mariano Rajoy llevaba varios meses como máximo dirigente del Partido Popular. El propio Rajoy participó en uno de ellos, que tuvo lugar el 29 de enero de 2005 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.  

Tras estallar el caso Gürtel el pasado febrero, Rajoy declaró que «a mediados de 2004» él cortó la contratación de eventos con las sociedades de Francisco Correa porque «utilizaban indebidamente el nombre del PP».  

Los documentos que desmienten al líder del PP -al menos, en esa ocasión del referéndum sobre la Constitución Europea- estaban en un pendrive que la Policía halló en poder del contable de Correa, José Luis Izquierdo.  

Son 20 folios referidos a cuatro eventos: el que protagonizó Rajoy en Madrid (29 de enero de 2005), el que se celebró en un hotel de Salamanca el 9 de febrero de 2005, el que tuvo lugar en un hotel de Sevilla el 14 de febrero de ese mismo año y un acto similar en Granada el 17 de febrero de 2005.  

Si se cree en la autenticidad de esos papeles, todos ellos presentan varios puntos en común: en los cuatro actos se hizo una doble y, en un caso, hasta triple facturación; se cambiaron los importes; se incluyeron conceptos distintos y se dio cuenta mediante notas manuscritas a Luis Bárcenas, tesorero nacional del PP hasta el pasado julio. Ello explica que las facturas iniciales aparezcan atravesadas por una anotación de cambiada (ver reproducción en esta misma página).  

El acto de Rajoy en el Círculo de Bellas Artes, que genera la factura de Special Events 05/004 de fecha 31 de enero de 2005, tiene dos importes: el primero por 10.428,40 euros y el segundo por 13.184,56 euros. En esta segunda factura se añadió el concepto Viaje prospección y coordinación acto. Otro documento sobre este evento aclara que su coste real fue de 3.301,80 euros.  

El acto en Salamanca también tuvo doble facturación. De 10.648,80 euros pasó a 13.404,96. A Bárcenas se le habría remitido una nota con el primero de los importes. De acuerdo con la contabilidad interna, el coste real ascendió a 2.674,09 euros.  

Con el evento de Sevilla sucedió algo parecido. La factura inicial, de cuyo importe se habría dado cuenta a Bárcenas, se elevó a 9.744 euros. Luego se incorporó el concepto Viaje prospección y coordinación acto y la cuantía pasó a ser de 12.500,16 euros. No obstante, el coste no habría pasado de 3.075,99 euros. El acto en Granada presenta una triple facturación. Siempre con el mismo número de factura e idéntica fecha, el importe fue, sucesivamente, de 9.744, 11.078 y 13.834,16 euros. En realidad, su coste para Special Events habría sido de sólo 3.460,79 euros. En esta ocasión se enviaron al PP notas manuscritas en las que aparecían los dos primeros importes.

(www.elmundo.es, 07/10/09) 

«DECIR CORREA ERA SINÓNIMO DE DECIR AZNAR EN COSA DE EVENTOS» 

Los nombres del ex presidente del Gobierno José María Aznar y de su yerno, Alejandro Agag, surgen en la investigación del caso Gürtel prácticamente desde el principio. El ex concejal del PP en Majadahonda José Luis Peñas, que fue el origen del procedimiento al presentar una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, declaró que en la época en la que Aznar dirigía el PP y era presidente del Ejecutivo «Francisco Correa era sinónimo de decir presidente». «Y era íntimo de Alejandro Agag», añadió.  

Peñas indicó que Correa «estaba junto a la Presidencia y hacía las grandes campañas y todos los grandes eventos del PP. Por ende, lo que hacía era conseguir las campañas tanto de las comunidades como de los municipios pequeños».  

La organización de eventos para el PP «le dio la oportunidad de conseguir contratos administrativos y de todo tipo e inmobiliarios, pues fue su relación con la gran cúpula del PP, en concreto con el presidente».  

El rastro de Agag es más extenso. Su nombre aparece en la contabilidad B de la trama Correa como supuesto perceptor de un «regalo de cortesía» por valor de 500 euros el 18 de septiembre de 2003. Asimismo, el contable de la red empresarial, José Luis Izquierdo, confirma la existencia de tres archivos localizados en el pendrive que se le intervino: el primero, con facturas de avión, hotel y coche por valor de 874.471 pesetas «que presume que dicha persona habrá abonado»; el segundo, con facturas pendientes por 1.080.000 pesetas del período 98-99; y el archivo «Gastos Venezuela» que asciende a 21,2 millones de pesetas y se refiere a los «gastos generados ante la posibilidad de hacer determinados actos en Venezuela». En este último archivo consta un apunte de un vuelo Madrid-Caracas-Bogotá-Madrid de Correa y Agag por importe de 1.012.000 pesetas facturado al PP y un reembolso de 98.000 pesetas.  

Agag aseguró ayer que no ha participado en «ningún negocio» relacionado con la trama Gürtel y que «nunca ha recibido ningún pago». 

(www.elmundo.es, 07/10/09) 

EL CONTABLE DESVELÓ SOBORNOS Y LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP 

En su declaración ante el juez Baltasar Garzón, el contable de la trama corrupta, José Luis Izquierdo, negó tener cualquier responsabilidad y trató de responder a todas las preguntas que se le hicieron. Izquierdo hizo lo que sus jefes esperaban de él. Aprovechó los tres o cuatro minutos de retardo con los que se abría la puerta del piso de la calle Serrano de Madrid para ocultar la contabilidad B del grupo de empresas de Francisco Correa. Estaba en un lápiz de memoria que se llevó a casa, escoltado por la Policía para realizar un registro, escondido en el puño dentro del bolsillo. Cuando iba a ser cacheado, lo sacó.  

Gracias a esa memoria externa se vislumbraba ya en febrero el verdadero alcance de la trama de corrupción que afecta al PP y a varias de las comunidades en las que gobierna, sobre todo, Valencia y Madrid. En estos ocho meses, los datos que aportó Izquierdo en su primera declaración ante Garzón, el 13 de febrero, se han ido confirmando y ampliando. Conocía los nombres de las personas que aparecían en la caja B del grupo y que acabaron siendo imputadas, y los de las empresas de la trama, incluidas las ubicadas en paraísos fiscales, con las que se blanqueaba el dinero cobrado y pagado en comisiones. 

En la Audiencia Nacional, Izquierdo explicó que el presunto número dos de la trama, Pablo Crespo, le pidió que se lo llevara a casa por seguridad. Por el mismo motivo, el contable justificó los 60.000 euros que se encontraron en su domicilio: "Me limito a hacer lo que me dicen, lo que mandan". 

Quizá por eso, todos los apuntes de la caja B pasaban por sus manos y conocía a los ex concejales de Majadahonda (Madrid) que cobraban 3.000 euros mensuales de la trama, aunque luego acabaran denunciando a Correa. También el entonces alcalde, Guillermo Ortega, y el ex regidor de Boadilla Arturo González Panero. Señaló a Antonio Cámara, que había sido secretario personal de Aznar. Y hasta dijo que L. B. debía ser el ex tesorero del PP Luis Bárcenas.  

Según Izquierdo, en cierta ocasión Correa le dijo que se refiriera a él como "don Vito", y como no sabía si se lo decía en broma o en serio, lo hacía constar como "D.V.I.T.O." en la contabilidad. Por si quedaban dudas, el juez le preguntó si se refería al "don Vito de la película", por El padrino. 

Superando la anécdota, en la memoria aparecían los tres aforados por los que luego Garzón terminó inhibiéndose a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los diputados del PP Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. Y también el ex eurodiputado del PP Gerardo Galeote y su hermano Ricardo. 

En el lápiz de memoria aparecen cuentas por distintos eventos: campañas electorales de Madrid y Galicia, actos de NNGG y hasta congresos, como el celebrado por el PP en Valencia. Izquierdo dijo ignorar quién era el que pagaba por el PP con dinero negro, pero admitió la práctica. 

De la memoria, la policía infirió "un sistema de contabilización de operaciones con fondos de una caja paralela". Se nutre con dinero que presuntamente "procede de comisiones por la adjudicación de obras urbanísticas y la consecución de un elevado número de adjudicaciones públicas irregulares".  

(www.publico.es, 07/10/09)

LA RED ENVIÓ REGALOS A POLÍTICOS COMO AGUIRRE  

Cualquier ocasión era buena para tener un pequeño detalle con los políticos. Esa era la filosofía de las empresas ligadas a Correa, según explicó Felisa Jordán --una de las imputadas en el caso Gürtel-- ante el juez Garzón. ¿Con qué fin? Eso corresponderá a los tribunales aclararlo. Por el momento, hay que conformarse con el testimonio de Jordán, que trabajó para Correa y afirmó ante los tribunales que se llegaron a enviar presentes «a ciento y pico personas», todas ellas relacionadas con la Administración, entre las que incluyó a la presidenta madrileña Esperanza Aguirre. No aclaró cuál fue el regalo con el que, supuestamente, se agasajó a la lideresa, aunque sí apuntó que Aguirre envió una carta de agradecimiento. 

Según Jordán, se repartieron coches, pantallas de plasma, trajes, albornoces con invitaciones para spa y «bolsos de mil y pico euros», además de dinero en efectivo para personajes como el madrileño Benjamín Martín Vasco. Sin embargo, el propio Correa relató a Garzón que el verdadero «muñidor» de toda el operativo en la comunidad fue el consejero López Viejo.  

(www.elperiodico.com, 07/10/09) 

TRES REGISTROS DIERON CON LAS EMPRESAS DE CORREA 

Tres entradas y registros, un mismo domicilio, el del asesor fiscal Ramón Blanco Balín, y un gran resultado: «Dentro de la documentación incautada, tanto en soporte informático como en soporte papel, se han encontrado numerosos documentos relacionados con diversas sociedades que tienen un nexo común: todas ellas parecen ser propiedad de don Francisco Correa Sánchez».  

Ésa es la conclusión a la que llegan el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y la Agencia Tributaria después de que fuera registrado en tres ocasiones (30 de noviembre de 2005, 15 de julio de 2008 y 6 de febrero de 2009) el despacho profesional del que fuera alto ejecutivo de empresas como Repsol, Gas Natural, Barclays, Banco Zaragozano, NH y Ercros.  

Blanco Balín, de profesión inspector de Hacienda, trabó una buena amistad con Francisco Correa y terminó organizándole todo el entramado societario, tanto en España como en diferentes paraísos fiscales.  

La Agencia Tributaria y el Juzgado Central 5 consideran que Blanco Balín montó un gran entramado de sociedades para que el grupo Correa y sus socios consiguieran la opacidad que buscaban. Osiris Patrimonial era una de las piezas fundamentales y operativas del binomio Correa-Blanco. El ejemplo más directo de cómo trabajaba Blanco y evadió capital para Correa es la sociedad Osiris Patrimonial. La matriz de esa sociedad era otra denominada Lubag y estaba radicada en Curazao (Las Antillas). Y para que nadie pudiera llegar a Lubag, y muchos menos a Osiris, aparecía como intermediaria o interpuesta de la segunda, Clandon, que a su vez estaba radicada en Holanda.  

Entre la documentación incautada en el despacho de Blanco había un archivo informático con el título Grupo Correa y allí se relacionaban las siguientes sociedades: Osiris Patrimonial, Caroki, Inversiones Kintamani, Orange Market, Artas Consultorias, Hator Acinipo y Fillmore.  

Pero las sociedades, empresas y patrimonio de Correa no acaban en Osiris Patrimonio, ni en «Grupo Correa». El entramado montado por Blanco Balín iba más lejos.  

Correa había dividido su grupo de la siguiente manera: sociedades de publicidad, inmobiliarias, patrimoniales, otras colocadas en paraísos fiscales y por último se servía de una serie de sociedades de gestión para administrar a todas las anteriores.  

En el campo de la publicidad y eventos destacaba Easy Concept Comunicación, Special Events y Orange Market. Entre las inmobiliarias, Consultoría y Gestión de Inversiones; y en patrimoniales, Inversiones Kintamani. En cuanto a las empresas radicadas en paraísos fiscales hay que contar con Osiris, como principal, y otras 25 más.  

Y para gestionar, administrar y llevar la contabilidad de todas esas sociedades estaba «R. Blanco Asesores Fiscales», entre otras. 

(www.elmundo.es, 07/10/09)

CORREA: "AGAG ME PIDIÓ QUE 'EL BIGOTES' LLEVARA ACTOS DE AZNAR" 

Que Francisco Correa, el jefe de la trama Gürtel, había tenido una estrecha relación con Alejandro Agag –el yerno del expresidente José María Aznar– era conocido e indisimulable: no en vano fue testigo de su boda con Ana Aznar Botella. Las fotografías de aquella pomposa cita nupcial así lo acreditan. Lo que no era tan conocido por la opinión pública es que fue Agag quien introdujo al empresario Álvaro Pérez, más conocido como el Bigotes, en el círculo de quien fue jefe del Ejecutivo. O, al menos, eso es lo que le contó Correa al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, según reza en el sumario que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

«Alejandro [Agag] me presentó a ese chico, a Álvaro [el Bigotes], que es el sobrino de Pajares. Se puede imaginar... el mundo de Pajares, la noche, el espectáculo... lo que era este chico para trabajar en una empresa, la disciplina... y entonces me dijo Alejandro: ponle a que lleve los actos del presidente y yo... ¿pero estás loco? Uno que viene del mundo de Pajares... bueno, pues lo pusimos y Ana Botella se enamoró de él, en el buen sentido, le encantó y empezó a trabajar con él y tuvo un éxito tremendo, hasta que llegó Mariano [...]», relató Correa a Garzón mientras este caso estaba siendo instruido en la Audiencia Nacional. 

No obstante, el líder de la red corrupta también se encargó de aclarar al magistrado que, desde hacía seis años, no tenía relación con Agag, pese a haber sido amigos. Igualmente, especificó que Pérez terminó su relación con el PP en Madrid cuando Aznar decidió abandonar el partido y dejar como sucesor a Mariano Rajoy. 

Claro que, además de las declaraciones del propio Correa, la parte del sumario que se hizo pública ayer incluye un dosier de la policía que recoge información de la caja B de la trama de corrupción, en la que constan anotaciones contables a Agag. 

 El empresario y yerno de Aznar difundió por la tarde un comunicado en el que negó haber recibido dinero o haber hecho negocios con esta trama corrupta. En la nota también recuerda que no ha sido imputado ni es parte del proceso judicial.  

(www.elperiodico.com, 07/10/09) 

"AGAG ME PIDIÓ QUE ÁLVARO LLEVARA LOS ACTOS DE AZNAR, Y A BOTELLA LE ENCANTÓ" 

Las declaraciones de Francisco Correa, el cabecilla de la trama, ante el juez Baltasar Garzón, constituyen un elemento definitivo para comprobar cómo operaba la trama, qué contactos de altísimo nivel político mantenía en el PP y cómo se creó a la sombra de Aznar y después se trasladó a Valencia, al entorno de Francisco Camps. Éstas son algunas de sus declaraciones: 

"¿Sabe qué pasa? Que esta gente [Álvaro Pérez, El Bigotes, y Pablo Crespo] me quiere mucho. Bueno, yo iba a ser el viernes el padrino, cuando me detuvieron iba a Barcelona a ser el padrino de la hija de Álvaro. Son gente que yo he recuperado, por ejemplo este muchacho [El Bigotes], que me lo presentó Alejandro Agag, con el que yo tuve una excelente amistad y ahora no me hablo hace seis años. [Álvaro] piensa que soy íntimo de Alejandro porque fui padrino de su boda, fui amigo, le conocí hace muchísimos años. Alejandro me presentó a Álvaro, que es sobrino de Pajares.  

Se puede usted imaginar el mundo de Pajares, la noche y el espectáculo, lo que era este chico para trabajar en una empresa, la disciplina, y llevar un tema serio empresarial. Y entonces me dijo Alejandro [Agag], ponle para que lleve los actos del presidente [Aznar] y yo... '¿Pero tú estás loco?' Uno que viene del mundo de Pajares... Bueno, pues lo pusimos y Ana Botella se enamoró de él, en el buen sentido, le encantó, y empezó a trabajar con él [Aznar] y tuvo un éxito tremendo hasta que llegó Mariano [Rajoy], y entonces ese muchacho, Álvaro, dice que yo le debo toda su vida, porque efectivamente le hemos ayudado a centrarse, a llevar un tema serio. Cuando dejó de trabajar para Rajoy, Paco Camps se lo llevó a Valencia, y trabaja [allí] y le hace las campañas a Camps". 

Correa también implica a Francisco Álvarez Cascos, secretario general del PP en la época de Aznar y ex ministro de Fomento, de quien dependía AENA. "Una de las cuentas que teníamos entonces era la de AENA, porque Paco Cascos, con el que yo tenía cierta relación, me dio la cuenta de AENA y era una prenda muy importante porque se hacía FITUR y se hacían un montón de eventos". Cascos siempre ha desmentido cualquier relación con la red y señala que él no decidió esos contratos. Pero lo cierto es que, según datos oficiales, Correa recibió contratos de AENA por cinco millones de euros mientras Cascos fue ministro. 

(www.elpais.com, 07/10/09)

LA TRAMA COLOCÓ DINERO EN CASI 20 PAÍSES CON TESTAFERROS 

trama se movía por todo el mundo utilizando toda la ingeniería financiera que permite un planeta globalizado con empresas representadas por testaferros a miles de kilómetros de distancia del verdadero jefe. El levantamiento parcial del sumario no afecta aún a las comisiones rogatorias, pero ya aflora la trama global, con operaciones económicas en casi 20 países y tentáculos en Europa, América y Asia siempre con el doble fin de maximizar las ganancias, disponer de liquidez cuando se requiera y borrar todas las huellas. 

Francisco Correa y el resto de cabecillas de la trama nunca aparecen directamente en las múltiples sociedades constituidas en todo el mundo para mover el dinero. Siempre se sitúa delante a testaferros sin ningún poder autónomo y la sociedad busca una sede social en un país lejano y especializado en operaciones opacas. La constitución de Pacsa Limited, una de las muchas empresas de la trama en el extranjero, ejemplifica cómo funcionaba. Se registró en 1997 en Isla Nevis, en el Caribe, un paraíso fiscal. Y consta como director fiduciario el contable José Luis Izquierdo.  

El documento aportado al fiscal por la Agencia Tributaria explica el poder real de Izquierdo, según la escritura: "Reconozco que no tengo ninguna clase de derechos sobre cualquier activo de la sociedad (...) Declaro que no tengo ningún poder o responsabilidad comercial o financiera y que actuaré únicamente de acuerdo con las instrucciones del beneficiario (...) Reconozco que la totalidad de las participaciones registradas actualmente a mi nombre no es de mi propiedad".  

La trama creó con este mismo esquema muchas empresas en el extranjero con la finalidad de mover el dinero o de burlar un eventual seguimiento de las autoridades. Rustfield Trading LTD, por ejemplo, se creó en Reino Unido, aunque la supuesta dirección recaía en Mollyland Inc., con base en las Islas Vírgenes. Y su finalidad, según el sumario, era únicamente enredar y borrar huellas: "[Su función] es complicar la estructura societaria a través de otra sociedad interpuesta controlada por las mismas personas". Su compañía matriz era Pacsa Limited. 

El dinero se sacaba de España directamente o a través de estas empresas rumbo a paraísos fiscales o países que garantizan grandes beneficios y no preguntan de donde sale el dinero: se sigue el rastro en Mónaco, Panamá, Islas Caimán, Antillas Holandesas, Azerbayán un punto central del blanqueo de capitales, Islas Vírgenes, Islas Caimán, Gibraltar, Sri Lanka y Suiza. Sólo este último país se estima que puede albergar hasta 23 millones de euros de la trama. 

Las empresas creadas fuera servían también para canalizar inversiones en el extranjero, sobre todo inmobiliarias y en América: en Miami (EEUU), en Panamá, en Cartagena de Indias (Colombia)... Se trata a menudo de empresas constituidas en países de la UE: la mayor actividad se registra en Reino Unido sede de Grosvenor y Windrate, por ejemplo, Portugal Freetown y Holanda Bellavita Holding o Clandon BV. También hay pagos registrados desde Francia y Alemania. 

El sumario muestra cómo estas pantallas facilitaban el reingreso a España de dinero evadido cuando se necesitaba para un nuevo negocio. Según la investigación, las dos empresas más utilizadas para ello eran Inversiones Kintamani y Caroki SL. 

"Según va haciendo falta, capitalizan a la sociedad residente en España desde las sociedades extranjeras a fin de acometer las inversiones inmobiliarias", subraya el informe de la Agencia Tributaria. El mismo documento detalla cómo Caroki SL, cuyo objeto social es la compraventa de bienes inmuebles, va recibiendo ingresos desde la cuenta de Pacsa la sociedad creada en 1997 en la isla caribeña de Nevis por cuenta de Rustfield, dependiente de Pacsa pero sin otro fin que enredar, según la misma investigación. "No se sabe si el origen es Francia o, más seguramente, Suiza", se apunta en el informe. 

Inversiones Kintamani, controlada al 100% por Pacsa Limited, también se beneficiará de "sucesivas ampliaciones de capital suscritas por socios domiciliados en Suiza, Reino Unido y EEUU". Al final, son las operaciones de estas empresas en España, a menudo a través de nuevos intermediarios, lo que permite cerrar el círculo de la red.  

De las comunicaciones intervenidas a las tres personas encarceladas por la trama se deduce que algunas de las claves para desentrañar el entramado internacional se esconden también en Washington: los presos trataron de comunicarse a través de intermediarios con el broker estadounidense Randall Lew Caruso.  

MÁS DE CINCO MILLONES DE FRAUDE FISCAL 

Un piso y una moto

Correa sólo tenía un piso y una plaza de garaje, y para desplazarse, una motocicleta. Al menos, eso es lo que trataba de hacer creer al fisco el jefe de la ‘trama Gürtel’, quien no declaraba el IRPF desde 1999. Pero la realidad es bien distinta y apunta a que aún amasa una fortuna en paraísos fiscales, amén de haber disfrutado de un Audi A8 y un chófer. 

Cuatro tramas societarias

La Agencia Tributaria ha concluido que Correa se sirvió de hasta cuatro entramados societarios para defraudar a Hacienda al menos 5,1 millones de euros, entre los años 2003 y 2007. La abundante documentación incautada en el despacho madrileño de los abogados Andrés Guillamot y Ricardo Blanco Balín, este último también imputado por Garzón, así lo acredita. Y aún no ha concluido el análisis de la misma. 

Miami y las Islas Vírgenes

El bufete se habría servido de sus contactos internacionales para crear sociedades fantasma ubicadas en paraísos fiscales, donde es fácil ocultar el nombre de su verdadero propietario. Una de esas estructuras estaba compuesta por empresas con domicilio en Miami, que a su vez pertenecían a una o varias sociedades residentes en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.Las primeras sociedades de esta cadena disponían de fondos que luego invertía en lujosas residencias de la citada ciudad.  

(www.publico.es, 07/10/09) 

LA INVESTIGACIÓN DE LA RED GÜRTEL DESTAPA LA CORRUPCIÓN GENERALIZADA EN EL PP 

La corrupción amenaza al corazón, al cerebro y al bolsillo del Partido Popular. La trama Gürtel, una red empresarial dirigida por Francisco Correa, envenenó con prácticas ilegales durante los últimos 10 años a algunas de las principales instituciones donde gobierna el PP y facilitó durante ese tiempo la financiación ilegal de esta formación política. En el camino, numerosos dirigentes populares, con cargo público y presupuesto suficiente, se enriquecieron con el negocio de Correa. Así se desprende del aluvión de indicios recogidos durante 14 meses de investigación judicial y recogidos en los 17.000 folios del sumario sobre los que se ha levantado el secreto. 

Mariano Rajoy, presidente del PP, mostró ayer "indiferencia" ante las nuevas revelaciones de un caso que ha costado el cargo ya a cuatro alcaldes, un eurodiputado y un consejero autonómico, además de la retirada del tesorero del partido. 

Muchas de las pruebas que sostienen la acusación sobre una decena de cargos del PP y otras 60 personas que continúan imputadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y por el Supremo, se conocieron ayer tras la decisión del juez Antonio Pedreira de facilitar copias de una parte del sumario a todos los implicados. 

La acumulación de pruebas sólo recoge una parte de la instrucción del caso, la que va de agosto de 2008 a abril de 2009, momento en que el juez Baltasar Garzón decidió inhibirse en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia. La documentación de las investigaciones sobre financiación ilegal del PP valenciano; el pago de comisiones ilegales por parte de diversas constructoras a Correa para que lo distribuyera entre políticos del PP y otros detalles del caso aún permanecen bajo secreto de sumario en el Tribunal Superior de Madrid. 

Los indicios conocidos ahora proceden de fuentes de investigación diversas, desde conversaciones telefónicas grabadas a los principales miembros de la trama corrupta, hasta declaraciones judiciales de los implicados y numerosa documentación oficial, tanto de las Administraciones gobernadas por el PP como de las empresas de la trama, que tenían una contabilidad B con la que pagaban a los políticos por los favores prestados. 

Las pruebas afectan a los Gobiernos del PP en Valencia, Madrid, Castilla y León e incluso al Ejecutivo de José María Aznar; a los ayuntamientos de Arganda del Rey, Majadahonda, Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón, gobernados por el PP, y a las organizaciones territoriales de este partido en Madrid, Valencia y Galicia, con sospechas documentadas de financiación ilegal que siguen siendo investigadas. 

Lo que sigue es un resumen de la parte del sumario analizada ayer por este periódico con las pruebas recabadas por la policía para sustentar la acusación sobre los imputados: 

- 'El Bigotes de Valencia'. El tomo del sumario que recoge las transcripciones de las conversaciones telefónicas grabadas a los miembros de la trama destapa las íntimas relaciones de Álvaro Pérez, El Bigotes, jefe de la empresa Orange Market, organizadora de todos los actos del PP y contratista de la Administración valenciana (ocho millones de euros en cuatro años, cuarenta contratos a dedo sin concurso) con el presidente valenciano, Francisco Camps, y con el secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa. En las conversaciones de Álvaro Pérez con el número dos de la trama corrupta, Pablo Crespo, hablan de las gestiones para la adquisición de un vehículo de alta gama que Costa se compró; de un regalo de 20.000 euros con forma de reloj de acero que le hizo el ex alcalde de Alicante a Ricardo Costa y de los consejos que le daba El Bigotes para que no se lo pusiera cuando paseaba por Valencia; de las gestiones para conseguir que Camps se entrevistara con Barack Obama; y de un viaje secreto a Estados Unidos para gestionar la celebración de los Grammy en la Comunidad Valenciana para lo que contaban con el impulso del presidente autonómico. 

Para cerrar el círculo, el jefe de la trama corrupta, Francisco Correa, declaró ante el juez Baltasar Garzón que El Bigotes era íntimo amigo del alcalde popular de La Nucia, un municipio alicantino, y que medió ante Camps para que el Gobierno valenciano desbloqueara un proyecto urbanístico con problemas medioambientales. 

- La financiación gallega. Las cuentas del PP gallego entre 1996 y 1999 están bajo sospecha. Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta que fue durante esos años secretario de Organización del PP en Galicia, se lamenta en una conversación que mantiene en la cárcel sobre una caja de seguridad que la policía ha descubierto donde guardaba documentación comprometida. En esos documentos aparecen las cuentas de la trama corrupta con el PP por los actos que le organizó durante tres años. Muchos de esos actos se habían hecho y cobrado, pero no existían facturas que lo justificaran. Crespo reflexiona sobre el delito y llega a la conclusión de que probablemente haya prescrito. "Si lo sacasen esta semana", cuenta Crespo en relación a los documentos de su caja de seguridad sobre la financiación del PP, "el lío sería morrocotudo". 

- Los negocios de Madrid. La estructura empresarial de Francisco Correa se soportaba en gran parte con los negocios de Madrid, donde no sólo se quedó casi en exclusiva con los actos institucionales de la presidenta Esperanza Aguirre, gracias a las gestiones del consejero de Deportes Alberto López Viejo, al que pagaban abundantes comisiones. Además, Correa logró el trato de favor de cuatro ayuntamientos gobernados por el PP, Boadilla del Monte, Majadahonda, Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, que le adjudicaron diversos contratos, además de permitirle intermediar ante constructores y promotores inmobiliarios en operaciones de suelo muy lucrativas de las que obtuvo jugosas comisiones. 

- Las obras de Castilla y León. Uno de los tomos de la parte del sumario sobre la que se levantó ayer el secreto incluye todas las gestiones del juez Baltasar Garzón para aclarar una adjudicación de obra pública en Castilla y León que aparecía reflejada en la contabilidad B de la trama corrupta con el cobro de 72.000 euros en comisiones. La obra en cuestión fue adjudicada a una constructora de origen leonés, Teconsa, pese a que empató con otra empresa que se presentó al concurso. Esa constructora está bajo sospecha de pagar comisiones ilegales y de sacar grandes cantidades de dinero del banco en billetes de 500 euros. El consejero que adjudicó la obra, José Manuel Fernández Santiago, es hoy presidente de las Cortes de Castilla y León. 

- El Gobierno Aznar y la trama. Francisco Correa relató al juez Baltasar Garzón cómo eran sus relaciones, desde muy joven, con Alejandro Agag, el yerno de José María Aznar. Hasta el punto de que, en un momento dado, Agag le presentó a Álvaro Pérez, El Bigotes, y le pidió que le encargase de llevar los actos del presidente del Gobierno. Correa obedeció y el resultado fue óptimo. "Ana Botella se enamoró de él, en el buen sentido de la palabra, le encantó", declaró Correa al juez Garzón. El negocio de la trama corrupta se inició a la sombra de Aznar, al que montó todos los actos de partido durante sus ocho años como presidente. 

La investigación judicial tiró de un hilo que dejó Correa suelto en una conversación privada donde presumía de haber pagado "1.000 millones de pesetas" a Luis Bárcenas, entonces gerente del PP nacional y hasta hace unas semanas tesorero, de adjudicaciones de la etapa de Francisco Álavarez-Cascos al frente del Ministerio de Fomento. 

Correa dio algún detalle sobre este asunto en su declaración judicial en la Audiencia. Cuando detallaba cómo fichó a Pablo Crespo para dirigir sus empresas, recordó los años en que trabajó para Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). "Una de las cuentas que teníamos entonces era de AENA [organismo dependiente del Ministerio de Fomento], porque Paco Cascos, con el que yo tenía una cierta relación, me dio la cuenta de AENA y era una prenda muy importante porque se hacía Fitur [Feria Internacional de Turismo] y se hacían un montón de eventos". 

Francisco Álvarez-Cascos ha negado que su departamento ordenase favorecer a las empresas de Francisco Correa en AENA y ha esgrimido que en ese organismo estatal se cumplían las normas vigentes sobre contratación administrativa. 

(www.elpais.com, 07/10/09) 

CONFESIONES GRABADAS 

- Francisco Correa."Alejandro [Agag] me presento a Álvaro [Pérez, El Bigotes], y Álvaro es un chico que es el sobrino de Pajares. Te puedes imaginar el mundo de Pajares, la noche y el espectáculo, lo que era este chico para trabajar en una empresa, la disciplina, y llevando un tema serio empresarial. Y entonces me dijo Alejandro, 'ponle para que lleve los actos del presidente', y yo le dije: '¿pero tú estás loco? uno que viene del mundo de Pajares'... Bueno, pues lo pusimos y Ana Botella se enamoró de él, en el buen sentido, le encantó, y empezó a trabajar con él y tuvo un éxito tremendo". 

- Álvaro Pérez. "El ex alcalde de Alicante le ha regalado un reloj Frank Muller de 20.000 euros a Ricardo [Costa]. De acero. Hemos llamado ahora, es de Rabat, para preguntar a ver qué valía, lo ha flipado Ricardo, claro... Entonces se lo han ajustado, le han ajustado la correa y va como un niño, ya le conoces tío, con una cosa de estas se vuelve loco, pero no se lo puede poner en Valencia, ya se lo he dicho. Tío, ni se te ocurra, no, no, no, ni hablar, digo, es que es un cante de cojones, aparte de que es muy grande, ¿sabes? Pero va como un niño con zapatos nuevos". 

(www.elpais.com, 07/10/09) 

CORREA: "PACO CASCOS ME DIO UNA CUENTA EN AENA" 

En un instante del largo interrogatorio, cuando Francisco Correa estaba explicando el momento en que contrató a Pablo Crespo, exalto cargo del PP de Galicia, deslizó una confesión que sugiere un supuesto trato de favor al exministro de Fomento y exsecretario general del PP Francisco Álvarez-Cascos. 

El jefe de la trama corrupta reveló al juez Baltasar Garzón que había hecho negocios con AENA, organismo dependiente de Fomento, durante el mandato de José María Aznar. «Paco Cascos, con el que yo tenía una cierta relación, me dio una cuenta de AENA, y era una prenda muy importante porque se hacía Fitur y se hacían un montón de eventos», declaró Correa. 

La relación de la trama con Cascos también abarca su etapa como secretario general del PP, cuando era el número dos de Aznar. Crespo detalló que organizó viajes para el partido cuando Cascos y Javier Arenas ocupaban la secretaría general, pero añadió que esta relación terminó con la llegada del equipo de Mariano Rajoy, en el 2004. Cascos cedió a Arenas la secretaría general del PP en 1999 tras 10 años en el cargo.  

(www.elmundo.es, 07/10/09)

LA INVESTIGACIÓN DE LA 'TRAMA GÜRTEL' COMPROMETE AL PP EN MEDIA ESPAÑA  

Con las manos en la caja. El sumario del caso Gürtel desvela la estrecha relación del jefe de esta red, Francisco Correa, con dirigentes del PP durante el mandato de José María Aznar. También apunta a una posible financiación ilegal del partido conservador en Galicia y en la Comunidad Valenciana y a un trato de favor en Madrid, Castilla y León y Estepona (Málaga). Los 17.000 folios del sumario, un tercio de la investigación, están plagados de documentos que ponen en serios aprietos a los populares, que ayer prefirieron guardar un prudente silencio después de la algarabía del pasado verano, cuando acusaron al Estado de conspirar contra ellos. 

El magistrado Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), decidió levantar parcialmente el secreto de este sumario el 30 de septiembre. Sin embargo, la parte más jugosa aún no ha sido revelada. Este caso sufrió un vuelco tras la detención del gestor de Correa en Suiza, Gianfranco Fasana, que decidió colaborar estrechamente con la justicia e informó de que su antiguo jefe tenía escondidos en Ginebra más de 10 millones de euros. Su comparecencia permitió al juez descubrir parte de la mecánica de esta red en el extranjero.  

Correa, según consta en el sumario hecho público ayer, «diseñó una estructura de circulación de fondos hacia el exterior que le permitía desvincularlos de su origen ilícito, reintroducirlos de nuevo en España y reinvertirlos en bienes de naturaleza inmobiliaria preferentemente». Por ello, tiene escondido su dinero en Miami, Londres, Amsterdam, las Antillas holandesas, las islas del Canal y Mónaco. La organización que dirigía dispuso de dos brokers y una «persona integrante de una entidad financiera» para manejar los fondos. 

La justicia ha logrado identificar a algunos de los políticos que colaboraron con Correa gracias a la información que encontraron en el domicilio del contable, José Luis Izquierdo. La mecánica aparentemente era muy simple: todos ganaban. Correa lograba las adjudicaciones de las administraciones públicas gobernadas por el PP y las cedía a una empresa que le pagaba una comisión, que era repartida entre las personas que habían intervenido en el negocio.  

De este modo, no solo compraba voluntades, sino que también lograba su silencio. La trama hizo regalos a más de un centenar de dirigentes del PP por importes que oscilaban entre los 1.000 y los 20.000 euros. En concreto, 17 mandos conservadores cobraron un total de 5,5 millones de euros de la red corrupta en especies y efectivo, entre ellos el senador y tesorero de los conservadores, Luis Bárcenas, que percibió 1,05 millones de euros. 

Correa comenzó a trabajar con el PP en la década de los 90. Y negó haber sobornado a cargos del PP. «¿Pagar yo a funcionarios?» fue la respuesta que dio al magistrado Baltasar Garzón –el primer instructor del caso Gürtel– en su declaración judicial. En esta comparecencia también confesó que sus negocios con los populares terminaron cuando llegó Mariano Rajoy, en el 2004, después de una campaña de descrédito en la prensa. «Salió que yo era el Aznar de turno», explicó al juez de la Audiencia Nacional. 

La instrucción judicial deja en evidencia la seguridad con la que operaban Correa y sus secuaces, Pablo Crespo, Álvaro Pérez –más conocido como el Bigotes– y su primo Antoine Sánchez. Sus conversaciones telefónicas están plagadas de apodos y de palabras malsonantes. Ricardo Costa, secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, es uno de los más mencionados. También hay referencias al fundador del PP, Manuel Fraga; a la esposa y al yerno de Aznar, Ana Botella y Alejandro Agag –que aparece en la caja B– ,y al exministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos. 

Quizá por estas amistades, a Correa le cuesta asumir su situación de preso preventivo en la cárcel madrileña de Soto del Real. Ante Garzón admitió que había cometido «algunas irregularidades», pero no parece que quiera enmendarse. Desde la prisión ha organizado una «estrategia de protección» de su patrimonio y ha tratado de «influir» sobre «las personas responsables de dirigir la instrucción» en el Tribunal Superior de Madrid. 

Por ello, según un informe policial, daba órdenes directas a su chófer, Bernabé Nieto, cuando le visitaba en la prisión y al abogado Carlos Pardo. Las comunicaba por escrito y las debían cumplir una relación de personas de confianza y «un responsable político». Lo dicho: el culebrón continuará.  

(www.elperiodico.com, 07/10/09)

LA 'TRAMA GÜRTEL' TRABAJÓ PARA EL PP AL MENOS HASTA 2005 

Pese a las afirmaciones de Mariano Rajoy, la trama Gürtel contrató con el Partido Popular al menos hasta 2005, según se desprende de las facturas que figuran en la parte del sumario que instruye el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira. 

Con motivo del referéndum para la aprobación del Tratado Constitucional de la UE que se celebró en febrero de 2005, Génova contrató a Special Events para que organizara determinados actos de la campaña a favor del 'sí'. En concreto, según informa la SER, entre los 17.000 folios cuyo secreto se ha levantado hoy figura una factura emitida a favor de Special Eventos por la que Génova paga 8.400 euros a la trama de los cuales, según se deduce después de su propia contabilidad, se embolsó 5.300. 

Esas facturas están sometidas a constantes correcciones para ampliar importes e incluir nuevos conceptos como "gastos de prospección sobre el terreno". Los cambios en cada una de las facturas le eran comunicados en documentos manuscritos enviados por fax, al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, imputado en el Tribunal Supremo. 

De los 17.000 folios que Antonio Pedreira ha entregado hoy a las partes se desprende, además, que los cabecillas continuaron maniobrando desde la cárcel bajo las órdenes de Pablo Crespo, quien utilizó a su mujer como correo. 

Con Ramón Blanco Balín, asesor fiscal de la trama, se coordinaron las actuaciones con las empresas patrimoniales de Correa para la obtención de fondos que sirvan de sustento a las familias del propio Correa, de Pablo Crespo y de Antoine Sánchez. Según la policía es el propio Crespo quien desde la cárcel ordena la ejecución de fondos depositados en una cuenta en Suiza. 

La policía destaca también el papel de los abogados Manuel Delgado Solís Y José Antonio López. De ellos dice el auto que procuraron ventajas en el desarrollo del procedimiento tras contactar a través de terceros con cargos de la Audiencia Nacional. 

En concreto, Crespo contactó con Álvaro Pérez, el bigotes, uno de los líderes de la trama que no ha ingresado en prisión. En una carta enviada en febrero, Crespo mostraba su preocupación por el estado de ánimo de El Bigotes, a pesar de que solo pasó tres días en prisión. Le recordaba en la carta que "tiene dos amigos incondicionales" en las figuras del propio Crespo y de Francisco Correa, máximo responsable del entramado. Además, en la misiva Crespo calificaba la investigación de "gran montaje político". 

En una carta posterior, tras extrañarse por no recibir respuesta de Álvaro Pérez, Crespo le recordaba lo importante de que su apariencia sea "de fortaleza". 

De las escuchas que la Policía ha realizado a los cabecillas los investigadores deducen que los presos trataron de proporcionar dinero a las familias de los imputados a través de cuentas establecidas en bancos extranjeros. 

Además, con la mediación de sus abogados, buscaron tratos de favor ante la Audiencia Nacional para ellos mismos con la ayuda de terceros.

(www.elpais.com, 06/10/09)

Correa: "Paco Cascos, con el que tenía cierta relación, me dio la cuenta de AENA"

El jefe de la trama corrupta confesó al juez Garzón que había hecho negocios con un organismo dependiente de Fomento durante el mandato del PP

El día 9 de febrero de 2009, Francisco Correa, jefe de la trama corrupta, compareció ante el juez Baltasar Garzón para explicar los negocios por los que había ingresado en la cárcel. En un momento del largo interrogatorio, cuando Correa estaba explicando el momento en qué contrató a Pablo Crespo, ex alto cargo del PP de Galicia, se refirió al anterior hombre de confianza que tenía en su grupo de empresas, llamado Rafael de León. Al explicar qué hacía en aquellos años, Correa deslizó una confesión que sugiere un trato de favor de Francisco Álvarez-Cascos, entonces ministro de Fomento. La confesión textual es la que sigue:

"Pablo Crespo se empezó a quedar con este tema en 2000, pero previamente a Pablo Crespo yo contraté a Rafael de León, un amigo mío, y lo puse también a llevar (...) Era director general del Grupo Terrates con Ofrisa Padrós, y le dije, aunque no tenga nada que ver con el tema tuyo de obra de cemento, vente y dirige un poco este tema de (...) y le das un poco de forma a esto, y estuvo un par de años este chico, que luego me llevé un gran disgusto porque (...) una de las cuentas que teníamos entonces era de AENA [Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, organismo dependiente del ministerio de Fomento], porque Paco Cascos, con el que yo tenía una cierta relación, me la dio la cuenta de AENA y era una prenda muy importante porque se hacía Fitur y se hacían un montón de eventos".

Francisco Álvarez-Cascos aseguró a este periódico cuando se publicaron todos los contratos de AENA con las empresas de la trama corrupta que en ningún caso se había dado ningún trato de favor a las empresas de Correa y que las adjudicaciones de los distintos trabajos se había hecho respetando la legalidad vigente y las normas sobre contratos del Estado.

www.elpais.es 06.10.09

FRANCISCO CORREA, EN PRISIÓN: "¿QUÉ HAGO YO AQUÍ ENTRE DELINCUENTES?" 

Llegó aterrorizado, y aún hoy, a Francisco Correa le cuesta salir de su celda y relacionarse con alguien que no sea su socio Pablo Crespo. Los dos jefes de la trama Gürtel comparten celda en el módulo nueve de la cárcel de Soto del Real y, según el relato de un preso que ha compartido varios meses con este grupo, no son especialmente ordenados. Ambos mantienen una relación claustrofóbica, tensa, a la espera de que el juez les deje salir bajo fianza o convoque el juicio por la trama de corrupción. 

Correa y Crespo comparten celda desde el día que ingresaron en prisión incondicional, el pasado febrero. Fueron los primeros detenidos del escándalo junto con Antoine Sánchez, primo de Correa. Los dos primos no se soportan. Un recluso que compartió ratos con él relata que se siente una víctima de la trama, que se puso a trabajar para su primo en el negocio de la organización de actos y viajes por necesidad económica. Además, Sánchez afirma que es el único de los tres que no se ha hecho rico con el negocio, que los ha llevado a todos a la cárcel y ha provocado un escándalo de primer orden. 

Nunca les ha faltado el dinero. Los presos tienen una tarjeta que se puede recargar con 80 euros a la semana para gastar en el economato de la prisión. La tarjeta de Correa siempre ha tenido dinero, gracias a una cuenta corriente que no le han bloqueado. En las últimas semanas, relata un preso que conoce su situación, empieza a temer que se le acabe ese dinero. Correa vivió su peor día en la cárcel cuando le comunicaron que le habían bloqueado las cuentas bancarias en Suiza. "Correa estaba blanco", asegura este recluso. Con ese dinero pretendía pagar su defensa.

Con esos 80 euros semanales, que se gastaba íntegramente, Correa nunca se ha privado de nada, dentro de las posibilidades de un centro penitenciario. Chorizo y jamón nunca le han faltado. Aunque el líder de las empresas que se hicieron de oro trabajando para el PP se ha pasado meses sobreviviendo con latas de atún, a veces con mayonesa. Bebe siempre Coca-Cola Zero. 

Los tres principales imputados del caso Gürtel discuten a menudo, asegura este preso que los ha conocido en Soto del Real. Todos hablan mal de todos por la espalda prácticamente desde el primer día. Antoine se siente traicionado por Correa. Éste pone a caldo cada dos por tres a Crespo. Le pone enfermo, por ejemplo, que Crespo coleccione todos los tiques de compra del economato. Después de siete meses, la celda está llena de esos papeles. El ex secretario general del PP de Galicia, extrañamente, aguanta impasible el humor de su socio. De hecho, su sangre fría, su semblante inalterable, son las principales características que citan de él quienes lo han visto en la cárcel. Mientras Correa ha vivido meses recluido en la celda, Crespo se dedicaba a leer novelas y escribir. 

En la cárcel, los presos tienen calado a Pablo Crespo, según el relato que hace F. G., un preso que ha compartido charlas con los tres imputados. La tranquilidad lo delataba en el módulo uno, donde se juntan preventivos de todo tipo de delitos económicos y de narcotráfico. "Ése es el que tiene el dinero, por eso está tan tranquilo". Ésa es la verdad del caso Gürtel que corre por el maco. Crespo tiene el dinero, porque está de lo más tranquilo. A sus compañeros de módulo, que algo saben de esto, no les hacen falta más pruebas 

Correa, más temperamental, vive alterado desde que entró en prisión. Está fuera de sitio, con una actitud miedosa. Pidió que le pusieran, con Crespo, en una celda interior del módulo de preventivos, para que no le diera el sol directamente. Correa no soporta el sol. Tardó tres meses en empezar a relacionarse con unos pocos presos. Habla abiertamente de sus propiedades en Ibiza y Sotogrande, de su finca de Tarifa, por ejemplo, pero apenas menciona su relación con cargos del PP. En confianza, alguno de los tres se suelta a hablar de "LB", el misterioso receptor de más de un millón de euros en sobornos apuntados en la caja B.

Cuenta F. G. que Correa, el empresario que ha dado nombre a uno de los casos de corrupción más sonados de la democracia, alguna vez ha comentado en grupo: "¿Qué hago yo aquí entre delincuentes?". Se hizo esta pregunta una vez en alto, de forma retórica, y a continuación aseguró: "Yo no soy un delincuente". Dijo que todo era un problema de papeleo con Hacienda. Los que estaban alrededor se echaron a reír. 

Correa se encuentra muy afectado psicológicamente por su situación familiar. Pidió al juez dos veces que le dejara salir bajo fianza para ocuparse de su padre, muy mayor, y de un hermano minusválido. Se lo denegaron por el peligro de destrucción de pruebas. Según el relato de F. G., en una de las pocas llamadas de teléfono que ha hecho Correa habló con su hija. No paró de llorar. 

Además, según este recluso que ha sido testigo directo de sus primeros meses en prisión, Correa se desenvuelve muy mal. Era Pablo Crespo quien tenía que enseñarle, por ejemplo, cómo se marca un número de teléfono exterior desde la cárcel. Crespo también le comenta las noticias. Correa no quería al principio ver las páginas de los periódicos sobre él. Crespo se las seleccionaba. 

En una celda aparte, que ha compartido ya con varios reclusos, se encuentra Antoine Sánchez. El primo de Francisco Correa prácticamente no tiene relación con él. Al poco tiempo de estar en prisión, se unió a un grupo de música del centro. Su ilusión es montar un negocio en Senegal, según ha relatado a otros presos. Uno de ellos asegura que padece de asma y tiene que acudir a menudo a la enfermería. 

Los tres fueron trasladados en mayo del módulo uno, donde están los preventivos, al módulo nueve. La razón fue que se corrió el rumor de que les estaban buscando para grabarlos con un teléfono móvil y vender las imágenes. Hubo cacheos, registros de celdas. El rumor era cierto, el móvil finalmente apareció. En el módulo nueve la mayoría de los presos trabajan en las distintas ocupaciones de la prisión y no están durante el día. Correa, más solo que en su destino anterior, ha empezado a ir al gimnasio. 

(www.elpais.com, 06/10/09) 

LOS TRES ACTORES PRINCIPALES 

El 6 de febrero quedará para siempre como un antes y un después para la corrupción en España y para el Partido Popular. Aquel día fueron detenidos los perfectos desconocidos Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. Los tres fueron presentados como empresarios y jefes de una trama de corrupción que sobornaba a cargos públicos a cambio de contratos. La excitación respondía a su relación con cargos municipales del PP. El juez Baltasar Garzón los envió a prisión incondicional el 12 de febrero, de la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ahora ha asumido la causa, no les ha querido sacar. Estos son los delitos que se les imputan: 

Francisco Correa. Supuesto jefe de la trama, con todos los demás a sus órdenes, desde las empresas Special Events y Pasadena Viajes, que organizaba todos los actos del PP. Se le imputa un delito de blanqueo de capitales, otro de fraude fiscal, varios de falsedad, varios de cohecho, uno de asociación ilícita y varios de tráfico de influencias. 

Pablo Crespo. El ex secretario de Organización del Partido Popular gallego, está imputado por los mismos delitos. 

Antoine Sánchez. Primo de Correa y empleado en sus empresas, está imputado por un delito de blanqueo y varios de falsedad. 

(www.elpais.com, 06/10/09)

CRESPO DIO INSTRUCCIONES DESDE LA CÁRCEL PARA MOVER LOS FONDOS DESVIADOS A SUIZA 

El sumario del caso Gürtel desvela que el ex secretario de organización del PP Pablo Crespo, segundo de la trama corrupta, dio instrucciones desde la prisión de Soto del Real para ejecutar los fondos de la organización en Suiza. 

Crespo, que asegura ser víctima de un montaje, comenta con su abogado que existían gastos e ingresos sin justificar en las cuentas del partido en Galicia entre 1996 y 1999, según se extrae de  una charla que mantuvieron en prisión el 24 de febrero de este año y que fueron intervenidas policialmente por mandato judicial.  

"Esto va a traer cola cuando se levante el secreto del sumario", se teme Crespo, a lo que su abogado, José Antonio López Rubal, responde que si es un problema de financiación irregular puede conducir "a un delito electoral". 

En la parte de las escuchas, la documentación recoge varias comunicaciones, de marzo de 2009, del 'cerebro' de la red Francisco Correa y Crespo con sus respectivos abogados. Las conversaciones destapan que el abogado José Antonio López Rubal recibe "instrucciones de Pablo Crespo para que ejecute los fondos que tiene la organización en Suiza". Mónaco, Reino Unido, Estados Unidos y Panamá son otros de los países donde se investiga el paradero del dinero. 

El sumario recoge que este letrado controla "las declaraciones de los imputados para que no haya fugas" y que se relaciona con el ex vicepresidente de Repsol José Ramón Blanco Balín, imputado en la trama, para coordinar las actuaciones con las empresas patrimniales de Correa. "Estamos metidos en una especie de maremágnum político y somos el muñeco al que todo el mundo le da estacazos", se queja Crespo 

Según las diligencias, el letrado se ocupa de "obtener el dinero de las empresas administradas por Blanco Balín para el sustento de las familias de Correa y Crespo". Así, se recoge que el imputado "sigue desempeñando un papel activo para la organización". 

Además, recoge diferentes cartas intervenidas al segundo de la trama, Pablo Crespo, en las que éste se dice "víctima de un montaje político" y reclama el desbloqueo de las cuentas de las sociedades de la presunta red corrupta. Así, la parte del sumario sobre la que se ha levantado el secreto incluye entre sus 17.000 folios, una decena de misivas que Crespo envió a diferentes personas cercanas durante su estancia en la cárcel de Soto del Real, donde ingresó el 12 de febrero, así como las cartas recibidas. 

En una de las cartas, del 25 de febrero, dirigida a la también imputada Mónica Magariños, apoderada de Orange Market y consejera de Easy Concept, Crespo señala: "Todo esto acabará en algún momento. Estamos metidos en una especie de maremágnum político y somos el muñeco al que todo el mundo le da estacazos".Así, intenta tranquilizarle y le pide que no tema por su futuro. "En primer lugar, tú no has cometido delito o falta de ningún tipo y ahí estaré yo siempre para decirlo donde haga falta", escribe Crespo. 

En otra misiva dirigida a Alvaro Pérez, el 'Bigotes', Crespo afirma: "Si todo este asunto es un gran montaje de carácter político, en tu caso la injusticia y el trato que te han dado es, si cabe, más grave todavía". 

Asimismo, le señala que a través de sus abogados ha insistido mucho en "la necesidad de que se centren en el desbloqueo económico" de las sociedades, aún antes de en su propia libertad. "Nos parece tremendo que en todo este asunto se fuerce a dejar sin recursos a unas compañías con tantos empleados, proveedores, trabajos por ejecutar y sobre todo teniendo en cuenta que realizan un actividad absolutamente legal, al margen de las imputaciones que pretendan realizarse", señala.  

(www.publico.es, 06/10/09) 

AMENAZAS, CHANTAJES Y TUTEOS: LAS CARTAS DE EL BIGOTES A RAJOY, ARENAS Y FRAGA 

Tuteos, amenazas sutiles de acudir a los juzgados (que por supuesto no se cumplen), deudas multimillonarias… Son algunos de los detalles que incluyen las cartas que Álvaro Pérez, El Bigotes, y otros cargos de la trama Gürtel enviaron a Mariano Rajoy, Javier Arenas y Manuel Fraga. En 2003, la presunta red corrupta desplegó todas sus oscuras armas para cobrar una deuda contraída con el PP gallego, lo que le acabó costando la cacareada expulsión de Génova en 2004 y su mudanza a tierras más amistosas, como Valencia o Madrid. Dichas misivas, en las que Pérez tutea a Rajoy, están estrechamente relacionadas con el supuesto chantaje que Correa hizo al dirigente popular, a finales de 2003. 

“El viejo está gagá” 

En marzo de este año, un mes después de destaparse el caso Gürtel, se daba a conocer que Francisco Correa había chantajeado a Mariano Rajoy, amenazándole con dar a conocer un vídeo en el que el líder popular y el secretario general del PP gallego, Jesús Palmou, se burlaban de Fraga y comentaban: “El viejo está gagá”. En su crónica para El País, Carlos E. Cué asegura que “nadie pudo saber (…) qué era lo que pretendían obtener los chantajistas”.  

La versión oficial 

Aquel desconocimiento se debió a que, supuestamente, Mariano Rajoy no cedió ante el chantaje y expulsó a Correa de Génova. Desde entonces, el PP nacional no volvió a contratar a los chicos Gürtel. Esa es, al menos, la versión oficial del PP.

120.000 euros 

Ahora, lo que sí se sabe, es qué pretendía Correa con aquel chantaje: cobrar 120.000 euros. Exactamente la cantidad que le debía el PP gallego por los actos de la campaña electoral de 1999. Pero antes de llegar a amenazar con aquel vídeo, los gürtelianos movieron Roma con Santiago a base de cartas.

“Estimado secretario general” 

El último en recibir la carta fue Rajoy, el 18 de diciembre de 2003. En ella, El Bigotes comenzaba: “Estimado secretario general”, pero en seguida pasaba al tuteo para “solicitar tu intervención en un asunto” y declararse “maltratados” por el PP gallego.

Recordatorios 

Además, se permite recordarle a Rajoy que fueron ellos quienes organizaron la campaña electoral gallega de 1999, “así como el multitudinario acto en el Monte de Faro y el Congreso Regional de Octubre (sic)”. También avisa El Bigotes de que ya “están puntualmente informados” Javier Arenas, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.
Intervención de Arenas 

Y es que, Javier Arenas había recibido otra carta en junio de 2003, cuando era él el secretario general. También se le tutea y se le informa del problema. Además, se le agradece que gracias a su mediación, la trama haya conseguido recaudar otros 150.000 euros que también le debía el PP gallego, aunque lamentan que sigan faltando 120.000 por cobrar.

Amenazas veladas 

Los gürtelianos no dudaron en acudir a todos los estamentos. Cronológicamente, entre las cartas a Arenas y a Rajoy, se encuentra la misiva enviada a Manuel Fraga, el 2 de octubre de 2003. Esta vez ya no la firma El Bigotes, sino Luis de Miguel, abogado de Special Events y, aunque el trato ya es de usted, se sube el tono y empiezan a verse amenazas veladas. 

Entre caballeros 

A Fraga le recuerdan que llevan organizando sus actos desde 1993 y se asegura: “Recurro a su persona en calidad de Presidente (sic) del Partido en Galicia y a los valores que usted representa como última alternativa amistosa de solucionar este grave asunto”. Las amenas de acabar en los tribunales también funcionó en Madrid, donde la deuda era con Fundescam, la fundación que presuntamente le sirvió a Aguirre para financiar ilegalmente sus campañas. Pero ya se sabe que, entre caballeros, nadie se denuncia. Como mucho se chantajea.  

(www.elplural.com, 06/10/09)

CORREA ORGANIZÓ LA CAMPAÑA DEL PP A FAVOR DE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA EN 2005 

Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, se ha llenado la boca asegurando que fue él quien “decidió que Francisco Correa saliera de Génova” en 2004; sin embargo, las últimas informaciones apuntan a que la red siguió organizando actos para el PP nacional al menos hasta 2005. Según facturas emitidas por Special Events al grupo de Rajoy recopiladas en el sumario recién destapado por el juez Antonio Pedreira, Special Events, una de las empresas de la trama corrupta, organizó los actos populares para pedir el sí a la Constitución Europea.  

Y no se trata de un acto aislado sino de una verdadera campaña: el 25 de enero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el 14 de febrero en el Hotel Occidental de Sevilla, el 17 de febrero en el Hotel Rallye de Granada, en Salamanca o en Sevilla… El partido pagó 8.400 euros por estos actos, una cantidad que dejó a la red beneficios netos de 5.300 euros. 

“Yo fui el que decidió que Francisco Correa saliera de Génova”. Es lo que dijo Rajoy en marzo pasado entrevistado en Radio Nacional. Claro que, antes de arrogarse este mérito, el líder pasó por “no tengo claro que conozca a Correa” y por “es probable que le conozca”…

Supuesta defenestración  

Con o sin dudas, en ese momento la versión oficial fechaba alrededor de junio de 2004 la proscripción de los Correa en Génova. El motivo de esta purga, según Rajoy, fueron las denuncias del ex tesorero Álvaro Lapuerta, quien pidió la excomunión de la red tras conocer que se estaba utilizando el nombre del partido para obtener contratos en administraciones locales. Lapuerta confirmó este extremo tras citarse con una serie de alcaldes que ratificaron el extremo y, en conseucencia, vetó a la red con el aval del presidente.

Rajoy sí conocía a Correa 

Claro que, aunque lo olvidase discrecionalmente, en 2003, un año antes de este incidente, Rajoy ya sabía qué clase de persona era Francisco Correa: el presunto corrupto le había amenazado con difundir un vídeo en el que se le escuchaba decir que Manuel Fraga, el presidente fundador del partido, “está gagá”. Hasta ayer no se supo qué es lo que perseguía Correa con este chantaje, pero las últimas informaciones apuntan a que intentaría cobrar una deuda del PP gallego por 120.000 euros. Para ello, el supuesto cerebro de la red les carteó a él, a Javier Arenas y al mismo Fraga. El número uno del PP, sin embargo, aseguró que conoció esta misiva por la prensa. “Recibo muchas cartas a diario y no las leo”, declaró a la SER.

Excomunión permisiva 

Este periódico ya ha informado de que, a pesar del supuesto veto, Correa siguió montando actos para Rajoy, como un mitin celebrado en Elche en 2008 de cara las generales, una muestra más de que Rajoy faltó a la verdad cuando hablaba de que él personalmente lo expulsó de Génova. También permitió a la red que siguiera trabajando para administraciones gobernadas por el PP, y no solo a nivel local (principalmente en el eje Noroeste de Madrid, sobretodo en Boadilla del Monte y Majadahonda). Así lo prueban grabaciones de noviembre de 2006 en las que el presunto cerebro de los corruptos se jacta de estar “haciendo la campaña a Paco Camps (…). Le hacemos todos”. En estas mismas cintas se le oye mostrar su convicción de que obtendrá más adjudicaciones, por ejemplo, la de Fitur, recuerda El País.

Refugios de la red

La red también siguió operando en Madrid, o así consta en las grabaciones policiales. En febrero de 2006, era Felisa Jordán, miembro de la trama, quien hablaba de una demanda del número dos de la red y ex dirigente del PP Gallego, Pablo Crespo, contra la Comunidad de Madrid por impago de una deuda adquirida con FCS (Formación Comunicación y Servicios), otra terminal de la red. Jordán pide que se retire esta querella para conservar sus negocios con la Comunidad de Esperanza Aguirre. Su ex protegido y ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, había sido uno de los principales baluartes en esta región. 

(www.elplural.com, 06/10/09)

EL 'NÚMERO DOS' DE CORREA ORDENÓ A UN ABOGADO QUE SACASE EL DINERO ESCONDIDO EN SUIZA ANTES DE QUE EL JUEZ LO BLOQUEARA 

La intervención de las comunicaciones de las tres personas que hay encarceladas por la trama corrupta (el cabecilla Francisco Correa, su lugarteniente, Pablo Crespo, y su primo Antoine Sánchez) revela los manejos de éstos para intentar controlar el procedimiento judicial que entonces instruía el juez Baltasar Garzón. De las conversaciones, la policía concluye que la esposa de Crespo, Consuelo Margarita Vázquez, "actúa como intermediaria con personas de la organización para recibir o transmitir mensajes de su marido" y que, de hecho, es la que contacta "con el broker norteamericano Randall Lew Caruso" y con Álvaro Pérez, El Bigotes, para solucionar los problemas.  

De las conversaciones se desprende que es la organización, la urdida por Correa, la que "sustenta económicamente a la familia de Antoine Sánchez mediante la aportación de fondos que son transferidos (...) utilizando una gestora de transferencias (Wester Union)". 

Lo que revela es que, tras ingresar en prisión, una de las preocupaciones es conseguir el dinero que la trama tiene escondido en países extranjeros. Hay más de una decena de comisiones rogatorias enviadas al paraísos fiscales y países extranjeros. 

En las diligencias de la trama Gürtel salen salpicados los abogados Manuel Delgado Solís y José Antonio López Rubal, según el sumario. La policía asegura, a juzgar por las conversaciones interceptadas en la cárcel a los cabecillas, que estos abogados "llevan de forma directa el control de las declaraciones de los imputados en sede judicial, y que la organización transmite [a los demás]" a través de ambos, "la idea de que les va a seguir ayudando para evitar disensiones" entre los implicados y que las declaraciones deben estar concertadas. Según la policía, López Rubal y Delgado "han contactado con abogados que poseen vinculaciones con personas que ocupan puestos en los órganos judiciales de la Audiencia Nacional para tratar de obtener ventaja en el desarrollo del procedimiento"; y además, ellos van a tratar de "controlar las comisiones rogatorias mediante la búsqueda de despachos que planteen pleitos para impedir la ejecución de las mismas". 

Según la policía, también se infiere de las conversaciones grabadas en la cárcel a los principales implicados que López Rubal "controla las declaraciones de los imputados para que no haya fugas", y que éste "se relaciona con José Ramón Blanco Balín [otro de los imputados en la trama y supuesto artífice de la estructura financiera que ayudó a Correa colocar en el extranjero muchos millones de euros de comisiones] para coordinar las actuaciones de las empresas patrimoniales de Correa". Algunas empresas de Correa estaban administradas por Blanco Balín. Por eso el abogado López Rubal, según la policía, está coordinado con Balín para tratar de recuperar dinero del extranjero y mantener a las familias de los encarcelados. 

Pablo Crespo ha pedido, además, a López Rubal que "que ejecute los fondos que tiene la organización en Suiza". En el país helvético, la trama de Correa oculta supuestamente cerca de 23 millones de euros, que el actual juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, pidió bloquear. Siempre según estas conversaciones telefónicas, Blanco Balín seguía desempeñando entonces, en la fecha de las conversaciones, "un papel activo para la organización". En concreto controla los fondos de dos sociedades en las que figura como administrador, Rústicas MBS, SL, y Artas Consultoria, SL, que iban a ser "utilizadas por la organización para el pago de las necesidades de las familias de Correa y Crespo". Y también de la familia de Antoine Sánchez, su primo. 

La parte del sumario sobre la que se ha levantado el secreto incluye entre sus 17.000 folios una decena de misivas que Crespo, número dos de Correa, envió a diferentes personas cercanas durante su estancia en la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde ingresó el 12 de febrero, así como las cartas recibidas. En una de las cartas, del 25 de febrero, dirigida a la también imputada Mónica Magariños, apoderada de Orange Market y consejera de Easy Concept,  

Crespo señala: "Todo esto acabará en algún momento. Estamos metidos en una especie de maremágnun político y somos el muñeco al que todo el mundo le da estacazos". Así, intenta tranquilizarle y le pide que no tema por su futuro. "En primer lugar, tú no has cometido delito o falta de ningún tipo y ahí estaré yo siempre para decirlo donde haga falta", escribe Crespo. En otra misiva dirigida a Álvaro Pérez, El Bigotes, Crespo afirma: "Si todo este asunto es un gran montaje de carácter político, en tu caso la injusticia y el trato que te han dado es, si cabe, más grave todavía". Asimismo, le señala que a través de sus abogados ha insistido mucho en "la necesidad de que se centren en el desbloqueo económico" de las sociedades, aún antes de en su propia libertad. 

(www.elpais.com, 06/10/09)

CORREA: "AGAG ME PIDIÓ QUE EL BIGOTES LLEVARA LOS ACTOS DE AZNAR Y A BOTELLA LE ENCANTÓ" 

El líder de la trama corrupta, Francisco Correa, aseguró sobre Álvaro Pérez, El Bigotes: "Agag me pidió que El Bigotes llevara los actos de Aznar y Ana Botella se enamoró de él". Su testimonio ante el juez, en el que menciona en las operaciones de la red al yerno del ex presidente del Gobierno, se encuentra en la parte del sumario del caso Gürtel que se ha levantado hoy. 

"La verdad es que Álvaro Pérez es el dueño de Orange Market, ¿sabes qué pasa?, que esta gente aunque sea feo decirlo me quiere mucho, bueno yo iba a ser el viernes el padrino, cuando me detuvieron, iba a Barcelona a ser el padrino de la hija de Pablo, de, Álvaro, la hija, y entonces son gente que me quiere mucho porque son gente que yo he recuperado. Por ejemplo este muchacho, que me lo presentó Alejandro Agag con el que yo estuve una excelente amistad y que ahora no me hablo desde hace seis años y piensa que soy el íntimo de Alejandro porque fui padrino de su boda. Alejandro me presento a Álvaro, y Alvaro es un chico que es el sobrino de Pajares. Te puedes imaginar el mundo de Pajares, la noche y el espectáculo, lo que era este chico para trabajar en una empresa, la disciplina, y llevando un tema serio empresarial. Y entonces me dijo Alejandro, ponle para que lleve los actos del presidente, y yo le dije ¿pero tú estas loco? uno que viene del mundo de Pajares... Bueno, pues lo pusimos y Ana botella se enamoro de él, en el bueno sentido, le encanto, y empezó a trabajar con él y tuvo un éxito tremendo hasta que llegó Mariano, y entonces este muchacho, Álvaro, dice que yo le debo toda su vida, porque efectivamente le hemos ayudado a centrarse, a llevar un tema serio. Cuando dejo de trabajar para Mariano Rajoy, Paco Camps (presidente autonómico) se lo ha llevado a Valencia y trabaja y le hace las campañas a Paco Camps y la empresa es de Álvaro". 

(www.elpais.com, 06/10/09) 

ALEJANDRO AGAG FIGURA EN LAS ANOTACIONES DE LA 'CAJA B' DE LAS EMPRESAS DE CORREA 

El empresario Alejandro Agag, yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar, aparece en las anotaciones contables de la 'caja B' de las empresas de Francisco Correa, cerebro de la trama 'Gürtel', junto a otras personas como Alvaro Pérez, Gerardo Galeote, Ricardo Galeote y 'L.B.'. 

El nombre del que fuera asesor de Aznar aparece en las anotaciones que realizó José Luis Izquierdo López, empleado de confianza de Correa y de Pablo Crespo, 'número dos' de la trama, para controlar el dinero existente en la 'caja B' de las empresas. 

Así se desprende de un informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional sobre la participación de cargos públicos en las actividades de Francisco Correa, que forma parte del sumario del caso Gürtel que se tramita en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La lista con las personas físicas y empresas relacionadas con la Caja B salió a la luz tras la detención de Izquierdo López, quien en sus declaraciones a la Policía confirmó que el sistema de archivo de los apuntes contables lo realizó él mismo para llevar un control de los mismos y poder dar cuenta a Pablo Crespo de la situación. 

El empleado de Correa explicó que, para este control, había abierto una cuenta por cada persona física, jurídica o evento de los que tuviera que realizar alguna anotación contable. 

Alejandro Agag aparece en esta lista junto a Alvaro Pérez, Antaine Sánchez, Alberto López Viejo (ALV), Arturo González Panero, Gerardo Galeote, L.B., Ricardo Galeote, Benjamín Martín, Ginés López, F.Torres, Jacobo Gordon, Luis López Salvador, Milagros Zapatero, Pablo Crespo, Pau Collado, Araceli, Rocío y Sabio Martine. 

También están recogidas las personas jurídicas Inversiones Kantamani, Rustfield, Windrate, Begar, Orange Market, Caroki, Easy Concept, De Miguel Abogados, Montalbo, Osiris, TCM y Teconsa. También aparecen cuentas individualizadas de distintos eventos, como actos de nuevas generaciones, diversas campañas electorales, congresos y convenciones. 

En su declaración a la Policía, Izquierdo López manifestó que ese sistema de anotación de apuntos correspondía a pagos realizados con el dinero de la 'caja B' existente en las oficinas de la calle Serrano de Madrid, donde se encontraba el centro de decisión del conglomerado empresarial creado por Correa. 

Según explicó, los datos de los apuntes se los facilitaba directamente Pablo Crespo. La caja, indicó, se nutría de dinero entregado por Crespo, Javier Nombela (de Easy Concept Comunicación)) y Alvaro Perez (de Orange Market), o de efectivo recogido de cajas de seguridad a las que tenía acceso. 

(www.publico.es, 06/10/09)

RAJOY: 'EL PARTIDO POPULAR VA BIEN' 

"El Partido Popular va bien". Ajeno al revuelo que se ha armado por el levantamiento del secreto de sumario del 'caso Gürtel' en Madrid y con los coletazos de la trama corrupta en la Comunidad Valenciana, Mariano Rajoy ha eludido cualquier referencia al tema. 

El presidente del PP ha dado esta mañana en Santa Gadea del Cid (Burgos) un discurso sin referencias al 'caso Gürtel' y con duras críticas al Gobierno. En el almuerzo con simpatizantes, el líder de la oposición se ha congratulado por los buenos resultados que le otorgan las encuestas electorales publicadas recientemente. 

Rajoy también se ha referido al proyecto de presupuestos presentado por el Ejecutivo y a la anunciada subida de impuestos. "Rodríguez Zapatero engaña a la gente porque prometió no tocar los impuestos. Da la puntilla a las clases medias y trabajadoras", ha explicado. "Lo único que hace es pensar en el corto plazo", ha añadido. 

Rajoy también ha cargado contra la decisión de la Fiscalía de solicitar el archivo del 'caso Faisán'. "No aceptaremos este uso sectario, antidemocrático y partidista de la institución", ha asegurado en relación a la presunta implicación del ex director del Cuerpo Nacional de Policía, Víctor García, en un 'chivatazo' al responsable del aparato financiero de ETA. 

"El problema de España no es de ideología, es que hay un Gobierno que no está a la altura", ha concluido entre los aplausos de los simpatizantes del PP. Posteriormente, Rajoy se ha trasladado a Vitoria para inaugurar la sede local del PP junto al presidente de la formación en el País Vasco, Antonio Basagoiti. 

(www.elmundo.es, 06/10/09) 

RAJOY PIDE AL PP QUE SE OLVIDE DE 'GÜRTEL' 

El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy ha reaccionado ante el levantamiento del secreto del sumario del caso Gürtel', ante la implicación de varios dirigentes del PP, pidiendo a su partido que se olvide del asunto. "Lo importante es escuchar a los ciudadanos, gobernar bien, hacer buena oposición y olvidarse de todo lo demás. Hay que estar con lo que preocupa a los ciudadanos, que no suele coincidir con lo que preocupa a otros", ha señalado el presidente del PP, en clara referencia a las informaciones de la prensa sobre el caso Gürtel, ante un grupo de militantes en un pueblo cercano a Garoña (Burgos), adonde ha acudido a reclamar que no se cierre la central nuclear. 

Como colofón de su discurso, Rajoy volvió a insistir en esa recomendación de pasotismo o indiferencia. Después de recordar que el PP va bien en las encuestas, sentenció: "Vamos bien, estamos con fuerza, ganas, ilusión, espíritu deportivo y un cierto sentido de la indiferencia ante algunas cosas, que nunca viene mal". En realidad, no llegó citar la trama corrupta, ni a ningún dirigente en especial, ni siquiera a las vinculaciones de Castilla y León con el caso y que hoy publica EL PAÍS, pero en su discurso quedó clarísimo a qué se estaba refiriendo: se trataba de un mensaje dirigido al PP. 

Pizarro pide claridad

Manuel Pizarro, número dos de la candidatura del Partido Popular por Madrid en las elecciones legislativas de 2008, ha declarado hoy respecto al caso Gürtel y las implicaciones de su partido en Valencia que "es necesario que se sepa lo que está pasando". Añadió que cuando se conozca, "si hay que premiar a alguien, que se haga; y si hay que castigar, que se castigue". 

La intervención de Pizarro se ha producido dentro del Foro Madrid, organizado por el PP regional en Parla, en la que el que fuera estandarte de las políticas económicas del PP ha reflexionado extensamente sobre "la corrupción, el cáncer de los sistemas de mercado". Pizarro ha expuesto que el PP "tiene que desterrar de sus filas la corrupción", recordando que "en cualquier grupo humano hay prácticas que no son las adecuadas". 

Junto a estas declaraciones, que pueden ser interpretadas como autocríticas, Pizarro ha arremetido contra el gobierno socialista, oponiéndole en todo momento la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para la que no escatimó alabanzas.  

Los dos principales blancos de los ataques del ex presidente de Endesa y actual diputado nacional han sido la política económica de Zapatero, y la "manipulación de la justicia" que identifica en los procesos abiertos contra el PP. "Los países que funcionan son los que, cuando llaman a las seis de la mañana, es el lechero y no los fiscales mandados por el Gobierno para amedrentar a la oposición", ha afirmado. 

En una intervención centrada en la economía, Pizarro ha atacado la corrupción argumentando que entraña distorsiones en el mercado y un debilitamiento económico. Ha dedicado furibundos ataques a la política social del Gobierno del PSOE ("tener a la gente en casa cobrando el subsidio envilece a las personas" y "la mejor políttica social es crear empleo", han sido dos de sus declaraciones) y planteado una bajada de impuestos. En numerosos momentos ha insistido en que no piensa abandonar la política y ha desestimado la posibilidad de presidir Caja Madrid. 

(www.elpais.com, 06/10/09) 

PREOCUPADOS POR LOS PARAÍSOS DE LIECHTENSTEIN 

Parte del dinero que la trama ha desviado al extranjero podría estar cerca de los paraísos fiscales de Liechestein. Según revelan numerosas conversaciones intervenidas por la policía, Ramón Blanco Balín, Pablo Crespo y el propio Francisco Correa mostraban su preocupación ya en noviembre del pasado año por el listado de 67 españoles que denunció la Fiscalía Anticorrupción por blanqueo y fraude de cantidades millonarias. En una de las conversaciones, Blanco Balín le dice a Crespo que "ha comprobado que no hay ninguna autorización de escuchas -refiriéndose a la instrucción del juez Grande-Marlaska -, ni informes de la Agencia Tributaria'. En otro momento Correa le pregunta a Crespo sobre el listado de Liechestein 'si tienes buenas noticias para celebrarlo por la noche'. A lo que Crespo responde que el informe de fiscalía no ha localizado el entramado de sociedades en el despacho de Blanco Balín y tampoco les imputa. Dice además que Blanco Balín se hará con el sumario ese mismo día. 

Sobre estas conversaciones los agentes de la UDEF incluyen informe en el sumario sobre la 'estrategia de desvinculación de los imputados de Liechestein de Blanco Balín, al cual le habían registrado el despacho. 

Buena parte de las pesquisas del juez Pedreira está orientada precisamente al resultado de 15 comisiones rogatorias emitidas en ocho países. 

(www.cadenaser.com, 06/10/09)

RAJOY PIDE PACIENCIA AL PP, RESPALDA A CAMPS Y SE AFERRA A LAS ENCUESTAS 

Si hay una tesis instalada a sangre y fuego dentro del PP, especialmente en el entorno de Mariano Rajoy, es la de que el caso Gürtel no tiene efectos electorales. Se dice en sordina, nunca en público, pero ayer fue el propio líder quien, indirectamente, se apuntó a esa tesis durante su discurso ante el Comité Ejecutivo, la dirección del partido donde están todos los líderes regionales. 

Rajoy, según varios de los presentes, exhibió las buenas encuestas del fin de semana en diversos medios, que le sitúan hasta cuatro puntos por encima del PSOE, se olvidó de su mala valoración en esos mismos sondeos, y entró sólo de refilón en el asunto del que más se habla en los corrillos del PP y menos en las reuniones, el caso Gürtel. 

Algunos dirigentes esperaban que ayer acudiera Francisco Camps a explicar a sus compañeros una situación que está afectando a la imagen y el discurso de todo el partido. Sin embargo, ni Camps ni Vicente Rambla, su vicepresidente, afectado directamente por el caso, acudieron a Madrid. Tampoco lo hizo Rita Barberá. El silencio de la alcaldesa de Valencia en torno a la supuesta financiación ilegal del partido contrasta con el apoyo que dio a Camps en el caso de los trajes y ha sido comentado también internamente en el PP. 

A falta de las explicaciones de Camps, fue Rajoy quien pidió a los suyos paciencia. Lo hizo a su manera: "Apoyamos a Camps. Tiene toda nuestra confianza para decidir lo que crea conveniente en el momento adecuado". Génova no se conforma con la comisión de investigación promovida ayer por el PP valenciano, y espera otras medidas, pero ha renunciado a intentar convencer a Camps. Dolores de Cospedal, que la semana pasada pidió medidas "contundentes", se reafirmó ayer, aunque en un tono mucho más suave. 

Consciente de que muchos dirigentes esperan dimisiones, el líder, que tardó tres meses en forzar la caída de su tesorero, Luis Bárcenas, sentenció: "Es más fácil opinar cuando no se tiene la responsabilidad de tomar decisiones. No es fácil tomarlas". 

Fue Manuel Fraga, fuera de la reunión, quien puso el dedo en la llaga: "No da la sensación de que este asunto vaya muy bien. Ahí tenemos problemas importantes", dijo sobre la crisis valenciana. 

Mientras, Camps, en Valencia, valoró esa reunión a la que no había acudido: "Rajoy me ha dado todo su apoyo". "Nos apoyamos todos y eso es muy bonito". Y llegó incluso a desmentir las palabras que Fraga ante la prensa: "Don Manuel está encantado, yo hablo con él con mucha frecuencia y está encantado con el partido en la Comunidad Valenciana y en toda España". "Don Manuel está feliz con lo que está pasando", dijo. 

(www.elpais.com, 06/10/09)

Gürtel, la 'crisis' que Rajoy no quiso ver

La dirección popular tenía desde agosto indicios de financiación ilegal del PP valenciano - El líder pide firmeza, pero algunos temen que sea tarde

Fue a mediados de agosto. Francisco Camps y su entorno conocían ya el demoledor informe policial que trata de demostrar la financiación ilegal del PP valenciano. Federico Trillo, principal estratega de la defensa del PP en el caso Gürtel, también lo conocía, al menos en parte, según fuentes de la dirección. Mariano Rajoy supo así cuál era el siguiente escándalo de este macroproceso con 71 imputados que afecta al corazón del PP. Aun así, confió en las promesas de Camps de que todo quedaría en nada, y decidió inaugurar el curso político en septiembre en la plaza de toros de Valencia, vinculando su futuro al de Camps, que ese día gritó en el albero contra el "régimen de terror" del PSOE que, según él, se dedica a perseguirle.

  • Aun sabiendo de la magnitud del caso, abrió el curso político en Valencia

  • ¿Por qué se arriesgó tanto? "Es inexplicable", según un diputado popular

  • Da credibilidad a la policía, pero piensa que Camps no sabía nada sobre la trama

  • Está convencido de que, con el tiempo, la presión mediática por el caso bajará

¿Por qué arriesgó tanto Rajoy, un hombre siempre precavido? Es una pregunta que se repite estos días en los corrillos del PP. "No ha llegado a decir 'tendréis dos por el precio de uno', como Felipe González con Alfonso Guerra, pero casi. Es inexplicable", se sorprende un diputado. "Gürtel se está convirtiendo en la crisis que Mariano no supo o no quiso ver. La imagen de Zapatero está hundida no tanto por su mala gestión, sino sobre todo por haber negado la crisis durante tanto tiempo. A Rajoy le pasa algo parecido: siempre minimizó Gürtel, y ahora, cuando parece que intenta reaccionar, es tan grande que puede que sea tarde", sentencia un veterano.

El análisis más extendido entre los cuadros medios del PP se centra en dos ideas. Por un lado, señalan, Rajoy es un hombre que evita las medidas drásticas, "no sabe luchar a campo abierto". Por eso le costó casi tres meses hacer con su tesorero, Luis Bárcenas -imputado junto a su mujer en el caso- lo que Esperanza Aguirre hizo en tres días con su consejero de Deportes y hombre de máxima confianza, Alberto López Viejo: destituirlo.

Pero hay otro componente: la estrecha vinculación de Rajoy con Camps, que tanto le ayudó cuando perdió sus segundas elecciones. "El que no vea la comida del miércoles como un encuentro de amigos se equivoca", sentencia un marianista, refiriéndose al encuentro a medio camino entre Madrid y Valencia, en el que el líder dejó en manos del valenciano cualquier medida para hacer frente al mayor escándalo de supuesta financiación ilegal en el PP desde el caso Naseiro, en 1989.

Asesorado por Trillo, Rajoy siempre ha optado por la misma estrategia con dos ejes ante cada novedad. Primero, ponerse en lo mejor: el caso no llegará al Supremo, Camps no será imputado... Y segundo, en lugar de abrir una investigación y cortar cabezas, contraatacar culpando al exterior: primero el juez Baltasar Garzón, luego la fiscalía, después la prensa, después otro juez, José Flors, que se atrevió a imputar a Camps, y por último la policía, denunciada con la autorización de un hombre como Rajoy, que fue ministro del Interior y otro, Juan Cotino, mano derecha de Camps, que fue director de la Policía.

Algo ha cambiado, sin embargo, desde el pasado viernes. Con el escándalo en la prensa, el PP actuó como siempre. En la reunión de emergencia de la cúpula, se tomó el asunto como un "ataque contra todo el PP, no contra Camps". Se elaboró rápidamente un argumentario distribuido a todos los dirigentes en el que se decía que el informe era un "montaje" y que todo obedecía a una "actuación ilegal descarada de la policía".

Unas horas después, sin embargo, Rajoy empezó a recibir llamadas de dirigentes regionales muy preocupados. Algunos le señalaban que no se podía atacar así a un cuerpo de élite de la policía como la Brigada Antiblanqueo. Otros le decían, según fuentes de Génova, que había que hacer algo para impedir que Gürtel tape todo el discurso del PP e impida su remontada en el mejor momento posible, con el Gobierno con problemas y las encuestas favorables a la oposición.

El líder guardó silencio. Pero el domingo estalló la crisis. Génova había dado la orden de parar todo el partido para concentrar la atención en Dos Hermanas, la mayor movilización en mucho tiempo, más de 20.000 personas en el santuario socialista cercano a Sevilla.

Pero Camps ordenó a Ricardo Costa que ofreciera una rueda de prensa para presentar una encuesta muy favorable a los populares, la forma en la que el valenciano responde a las acusaciones judiciales: exhibiendo sus resultados electorales. Igual que Carlos Fabra, el todopoderoso barón de Castellón.

El entorno de Rajoy estalló en cólera contra el PP valenciano. Costa compitió en los telediarios con el líder en la fiesta sevillana. Así que el lunes, en la reunión de maitines -la cúpula del PP- la cosa estaba ya muy clara. Dolores de Cospedal llevó la voz cantante con gran dureza, según fuentes de la dirección. Ella estaba dispuesta a hacer el papel de mala y dejar a Rajoy el de bueno. Además, está muy enfrentada con Camps por el trasvase Tajo-Segura. Rajoy y Arenas, muy amigos de Camps, aceptaron pedir contundencia siempre que se respetara la autonomía del líder valenciano.

Pero Camps se ha rebelado, no acepta órdenes de Cospedal -"él da 1,5 millones de votos a Rajoy, ella está por ver", señalan en su entorno- y no quiere hacer nada hasta que no haya imputados. Además, está convencido, dicen los suyos, de que la presión mediática bajará, porque ningún periódico puede llevar el asunto todos los días a la primera página.

Rajoy ya ha asumido que el informe de la policía contiene datos ciertos, según diversas fuentes. Pero insiste en privado en que él cree a Francisco Camps cuando le dice que no sabía nada. Por eso el líder se conformaría, dicen, con que cayera algún segundo. "No valdría de nada que dimitieran Ricardo Costa o Vicente Rambla. Todo el mundo ha leído cómo Camps llamaba amiguito del alma a El Bigotes, todos saben que llegó a Valencia por él. Por eso este lío no se puede arreglar, porque tendría que dimitir Camps. Y él confía en una salvación divina, se lo toma como un martirio, y así no se puede hacer política", sentencia un hombre cercano a Rajoy.

El asunto de la fe en su figura que Camps reclama preocupa a algunos dirigentes como cuestión de fondo. "A los líderes políticos no se les sigue por fe religiosa, no son profetas. En un partido con 700.000 militantes hay mucha gente que puede hacerlo tan bien o mejor que Camps, que lo ha hecho muy bien. Esto es un partido, no una secta. La gente vota al PP porque le gustan sus ideas, no por fe. Nadie es imprescindible", concluye otro diputado.

"Vamos bien en las encuestas, pero con el desastre que es Zapatero tendríamos que estar a 15 puntos. El PP tenía que estar en una situación que forzase unas elecciones anticipadas, meter tanta presión que el PNV no se atreviese a apoyar los Presupuestos. Y Gürtel nos lo impide. Hay que pararlo ya", se indigna otro dirigente.

Otros están también muy preocupados porque creen que se ha trasladado la imagen de que el líder no controla la situación. Los marianistas, sin embargo, creen que ha quedado muy claro que el problema es de Camps, y no de Rajoy. Y todos ellos insisten en que las cosas de fondo van muy bien, las encuestas que trabaja Pedro Arriola y que se analizaron el lunes son muy buenas.

Así lo resume uno de ellos: "La crisis se llevará al PSOE por delante. Hace un año, Gürtel habría sido un problema muy grave. Pero ahora la gente está a otra cosa. Es un conflicto interno que Rajoy tendrá que resolver, y lo hará, pero no es un problema para nuestro electorado. Además, habéis informado tanto de esto que habéis agotado a la gente, ya no tiene efecto".

www.elpais.es 04.10.09

EL SUPREMO PRORROGA OTRO MES EL SECRETO "TOTAL" DEL SUMARIO DEL 'CASO GÜRTEL' 

El Tribunal Supremo decidió hoy prorrogar un mes más el secreto de sumario que pesa sobre su instrucción del caso Gürtel, unas diligencias en las que se investiga la posible implicación del senador del PP Luis Bárcenas y del parlamentario popular Jesús Merino en la trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa 

El instructor del caso en el Supremo, Francisco Monterde, decidió a instancias de la Fiscalía prorrogar el secreto "total" del sumario al entender que todavía subsisten los motivos por los que fue decretado en un primer momento, según el auto dictado. Estas circunstancias que según Monterde hacen necesaria la prórroga del secreto sobre las actuaciones del Tribunal Supremo son "la naturaleza de los delitos perseguidos y el carácter de las diligencias urgentes de prueba que se están practicando". 

Hoy vencía el plazo de la primera prórroga del secreto de sumario, que fue aprobada por el magistrado Monterde el pasado 17 de agosto. Consecuentemente, la nueva prórroga del secreto se mantendrá, si Monterde no decide lo contrario, hasta el próximo 17 de octubre. 

El magistrado del Alto Tribunal también tiene en cuenta a la hora de decretar la prórroga "la situación en la que se encuentra el procedimiento seguido en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)". El pasado 2 de septiembre, el instructor del caso Gürtel en el TSJM, Antonio Pedreira, decidió a su vez prorrogar el secreto que pesa sobre su parte del sumario. 

Fuentes del TSJM señalaron que Pedreira tiene previsto levantar a finales de este mes de septiembre el secreto de sumario que pesa sobre su parte de la investigación, y que afecta a varios ex alcaldes y ex parlamentarios regionales del PP en Madrid. 

La prórroga decretada por Monterde llega después de que el pasado martes el Pleno del Congreso de los Diputados diese luz verde al suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para investigar al parlamentario popular Merino por su relación con el "caso Gürtel". 

Por su parte, está previsto que la Cámara Alta apruebe la semana que viene el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para actuar contra el senador Bárcenas, ex tesorero del PP. De hecho, el propio Bárcenas pidió esta semana a la Comisión de Suplictorios de la Cámara Alta que agilice en lo posible la concesión del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo. 

Una vez sean concedidos los preceptivos suplicatorios por el Congreso y el Senado, el juez Monterde podrá tomar declaración a Merino y Bárcenas e imputarles formalmente en la causa. En concreto, la Fiscalía Anticorrupción acusa a ambos de un delito de cohecho, mientras que a Bárcenas le atribuye un delito adicional de fraude fiscal. 

(www.publico.es, 17/09/09)

EL CGPJ ARCHIVA LA ÚLTIMA QUEJA DE LOS POPULARES CONTRA GARZÓN POR EL CASO GÜRTEL

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer archivar la última queja presentada por el PP contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por la filtración de datos del sumario de la "operación Gürtel", así como por su actuación en este caso. Así lo ha decidido la Comisión Disciplinaria por unanimidad y siguiendo la propuesta del Servicio de Inspección del CGPJ, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces. 

Los vocales de la citada comisión son Pío Aguirre, Gemma Gallego, Miguel Carmona, Margarita Uría y la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, en sustitución de José Manuel Gómez Benítez, quien se ha abstenido en este asunto por haber ejercido anteriormente como abogado de Garzón. Para la Comisión Disciplinaria, los hechos a los que se refiere la nueva queja del PP carecen de relevancia disciplinaria, pues se trata de "consideraciones subjetivas que los denunciantes deducen de cada actuación judicial" del juez de la Audiencia Nacional. 

El pasado 24 de marzo el CGPJ archivó otras quejas que el PP y el senador de este partido Luis Bárcenas habían presentado contra Garzón por los mismos hechos. 

El PP presentó el 12 de marzo en el órgano de gobierno de los jueces la queja que fue archivada ayer y en ella denunció las "irregularidades" cometidas por Garzón al ausentarse de España sin cumplimentar el escrito de remisión a los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia del "caso Gürtel". Además, denunciaba la utilización del secreto sumarial "como instrumento de publicidad" del juez "en contra de las garantías de las partes y afectados". 

(www.levante-emv.com, 16/09/09)

LA ÚLTIMA QUEJA DEL PP POR LA GÜRTEL SE ESTRELLA EN EL CGPJ 

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial se ocupará hoy de la última queja presentada por el PP contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por su instrucción del caso Gürtel. El servicio de Inspección del órgano de Gobierno de los jueces propone el archivo al entender que de los hechos denunciados por el PP "no se desprende irregularidad alguna susceptible de reproche disciplinario" al juez. 

Según Inspección, la queja "se trata, en definitiva, de consideraciones subjetivas expresadas por los interesados (el PP), que deducen de cada actuación judicial la finalidad perseguida" por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. El partido que preside Mariano Rajoy achacaba a los autos de Garzón que éste quería "darse publicidad, originar especulaciones sobre la existencia de nuevos aforados, perjudicar al Partido Popular o conseguir dilatar la inhibición" a favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia. 

"Por ello, al tratarse de cuestiones carentes de relevancia disciplinaria, se propone el archivo de la presente información previa", concluye la propuesta de Inspección. El PP denunció a Garzón, cuando era instructor del caso Gürtel, por hacer públicos ciertos autos, al entender que su objetivo era perjudicar al partido.  

También criticaba que un policía llamara al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, para informarle del procedimiento que iba a abrirse contra él. La queja le acusaba, además, de marcharse de viaje al extranjero y retrasar las notificaciones del auto de inhibición a los dirigentes del PP valenciano que estuvieron imputados. 

El informe de Inspección deja poco margen para la discusión en la Comisión Disciplinaria, que componen los vocales Gemma Gallego, Pío Aguirre, Miguel Carmona, Margarita Uría y José Manuel Gómez Benítez, aunque este último será sustituido en este asunto previsiblemente por Gabriela Bravo, al haber sido abogado de Baltasar Garzón. 

El magistrado Luciano Varela, instructor de las querellas presentadas contra Garzón en el Tribunal Supremo por abrir una causa penal sobre los crímenes del franquismo, acordó pedir a Fiscalía, defensa y acusaciones Manos Limpias y la asociación, también de corte ultraconservador, Libertad e Identidad que propongan las pruebas que entiendan oportunas para continuar con el procedimiento. Ayer las partes no tenían aún la providencia.  

(www.pubico.es, 15/09/09)

RAJOY NO SE PLANTEA ABRIR UNA INVESTIGACIÓN INTERNA DEL 'CASO GÜRTEL' 

El PP no tiene intención de dar ningún paso atrás en su estrategia de las últimas semanas para enfrentarse al goteo de decisiones judiciales e informaciones que desvelan los vínculos del partido con la trama supuestamente corrupta del caso Gürtel. 

Los populares evitan colocarlo como el principal asunto en su agenda, pero cuando se les pregunta saltan. Ayer Esteban González Pons insistió con las supuestas escuchas ilegales para defender la tesis de su secretaria general, Dolores de Cospedal. "En el PP hoy no se habla por teléfono con seguridad", concluyó en Radio Nacional. Al responder a una pregunta sobre la información de EL PAÍS en la que se señala que hay tres veces más procesados por corrupción del PP que del PSOE desde 2004, el portavoz popular sentenció: "Eso quiere decir que la policía y la fiscalía investigan tres veces más a los dirigentes del PP que a los del PSOE". 

Pocas horas después, en presencia de González Pons, la propia Cospedal ratificó sus palabras. Pero contó algo más. Preguntada sobre la posibilidad de que el PP abra una investigación interna para saber por qué los cabecillas de Gürtel pudieron llegar a introducirse en el corazón del partido y beneficiarse de sus finanzas -en un 90% derivadas de subvenciones públicas- la secretaria general admitió que eso ni siquiera está encima de la mesa. "El caso Gürtel está en los tribunales, y mientras esté allí ellos tienen prioridad. Además, ellos tienen más medios que el PP para investigar", sentenció. 

Sin embargo, Cospedal sí abrió una investigación interna hace pocos meses, por el caso del espionaje en Madrid. Poco después, quedó "en suspenso", aunque nunca se ha vuelto a abrir, ni siquiera cuando una juez ha imputado a cuatro funcionarios de la Comunidad de Madrid, todos ellos nombrados a dedo, por este supuesto espionaje. 

Cospedal criticó que mientras algunos jueces se han puesto en marcha para investigar las revelaciones periodísticas del sumario secreto de Gürtel, la fiscalía no actúe. 

Mientras, el ministro de Fomento, José Blanco, aseguró en Los Desayunos de TVE que el PP busca "un espacio de impunidad" a través de "una campaña de insinuaciones", y recordó que el caso Gürtel se inició por una denuncia de un ex concejal del PP, no porque actuara la fiscalía. 

(www.elpais.com, 08/09/09)

El mal negocio del 'Gürtel'

Varias de las empresas salpicadas por la trama corrupta acumulan problemas financieros

Cuando nadie mira, es más fácil hacer negocios. El caso Gürtel desveló prácticas corruptas en Administraciones gobernadas por el PP. Seis meses después de que estallase, varias de las empresas salpicadas por la trama tienen dificultades financieras.

La última pieza que se ha cobrado el huracán Gürtel ha sido Teconsa. Esta constructora, perteneciente al grupo Martínez Núñez, solicitó el pasado jueves el concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos). La compañía acumula deudas por unos 30 millones y tiene dificultades para pagarlas. La crisis en la construcción y el impacto del caso Gürtel han terminado por doblegarla. La investigación del caso desveló prácticas sospechosas. Uno de sus directivos, José Ramón Blanco Balín, es uno de los más de 100 imputados por participar en la red. Según un informe de la Agencia Tributaria, Teconsa retiró más de siete millones de euros en billetes de 500. La constructora pagó supuestamente comisiones al cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, por hacer de intermediario en la concesión de una obra en una carretera de Castilla y León.

El grupo Begar fue otro al que le cambió la suerte tras destaparse su participación en la trama. El grupo, perteneciente al empresario José Luis Ulibarri, imputado en el caso, entregó una comisión de tres millones de euros a cambio de adjudicarse un solar en Boadilla del Monte, según consta en la denuncia del caso. El ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero adjudicó a la filial de promoción del grupo Begar, UFC, una parcela para construir pisos de lujo a pesar de que su oferta era tres millones de euros inferior a otra. Ulibarri se hizo con el concurso porque se comprometió a terminar las viviendas en menos tiempo, pero no fue así. Las grabaciones aportadas a la investigación revelan el pago de tres millones en comisiones a Francisco Correa. Desde entonces, las cosas no marchan bien en el grupo. El pasado junio, la división de construcción solicitó el concurso de acreedores. Begar Construcciones y Contratas debe 297 millones y no puede pagarlos. La dificultad para renegociar su deuda ha provocado que el Santander se haya quedado con la promoción de viviendas que Ulibarri había construido en la polémica parcela de Boadilla, a cambio de cancelar una deuda de cerca 50 millones. Son 139 viviendas que ahora están en manos de Altamira Santander, la filial inmobiliaria del banco. Los grandes carteles de UFC que anunciaban pisos de lujo han dado paso a otros más escuetos del Santander: "Se vende desde 336.000 euros".

www.elpais.es 05.09.09

CORREA SEGUIRÁ EN PRISIÓN AL SER SUS DELITOS "CONTINUADOS" 

Francisco Correa, jefe de la trama Gürtel, debe seguir en prisión porque aún puede destruir pruebas, porque existe riesgo de fuga y porque los delitos de los que se le acusa son continuados y no puntuales. La sala de vacaciones (o de guardia) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid utilizó estos tres argumentos el pasado día 28 para rechazar la pretensión del letrado de Correa de que saliera de la cárcel. El auto de confirmación de la prisión fue divulgado ayer, al tiempo que el juez Antonio Pedreira, instructor de la causa en Madrid, anunciaba que levantará el secreto del sumario a finales de este mes. 

La sala entiende que Correa tiene intereses, dinero y casas en varias partes del mundo, e incluso sospecha que, de haber quedado en libertad, habría huido a Panamá (donde había intentado obtener la residencia, como también lo intentó en Senegal) o Colombia. El principal acusado efectivamente había hecho negocios, además de en esos territorios, en países como China, Azerbaiyán, EE UU o Suiza, entre otros. El juez Baltasar Garzón lo encarceló precisamente al entender que se iba a fugar de manera inmediata. 

Los magistrados explican que los delitos que supuestamente ha perpetrado -"blanqueo de capitales, fraude fiscal, varios de falsedad, múltiples de cohecho, asociación ilícita y diversos delitos de tráfico de influencia", escriben- "pueden tener la consideración de delito continuado", por la que la pena que podría recaer por ellos sería superior a los dos años que supone el abogado del encarcelado, José Antonio Choclán. El hecho de que pudieran ser delitos continuados, además, rompe la prescripción (de 10 años y la investigación parte de 1999), ya que comienza a computarse desde el día en que se cometió la última infracción. 

La causa en Madrid ya abarca 119 tomos, de los que 46 son de prueba principal y los otros 73 son de piezas, que constituyen hasta el momento la totalidad del procedimiento que se instruye. Todos están siendo pasados a soporte informático, un proceso que se espera que esté concluido en la última semana de septiembre, cuando se entregarán a las partes. Entonces se levantará el secreto del sumario, sin perjuicio del respeto a la resolución que en este mismo sentido haga efectiva el Tribunal Supremo, explica el TSJM. 

(www.pais.com, 03/09/09)

DE COSPEDAL QUITA CREDIBILIDAD A RUBALCABA PORQUE "ES EL MISMO MINISTRO QUE DIJO QUE NO EXISTÍA EL GAL" 

La Secretaria General del PP, Maria Dolores de Cospedal, ha contestado hoy a las palabras de Rubalcaba en las que insistió en que "las escuchas las ordenan los jueces" declarando que Rubalcaba "es el mismo ministro que dijo mirando directamente a la televisión que el GAL no existía". "Lo que tiene que hacer es investigarlo en vez de descalificar", ha aclarado. 

De Cospedal ha insistido, en una entrevista en Telecinco, que el PP " no ha hablado de actuaciones ilícitas de los jueces, sino de la utilización antidemocrática del Gobierno de los aparatos del estado para hacer esas escuchas". La Secretaria de los conservadores ha recordado que "no es la primera vez que ocurre en España, ya cayó un ministro por los mismo en otras épocas y, que casualidad, también fue con el partido socialista". 

"Yo no se si las escuchas se ordenan desde el Ministerio de Interior o desde otra institución del Estado, pero alguien tiene que haberlo organizado" ha aclarado, y reitera que "cuando se producen atropellos contra las personas, sean o no del PP, se tiene la obligación de denunciarlo". 

Preguntada por las declaraciones en que Ana Mato, Vicesecretaria del PP, aclaraba que la denuncia era de tipo genérica, De Cospedal ha enfatizado que "las denuncias, por su propias naturaleza, son genéricas, porque sino son querellas contra personas determinadas". Aun así, ha aclarado que "hay muchísimos indicios" de que las escuchas han existido, "se ha publicado en muchos medios".  

Según la Secretaria del PP, hay pruebas claras: "Tenemos indicios de que se han producido filtraciones de conversaciones de imputados, que deberían haber sido destruidas después de cerrarse el sumario".  

"Hay muchas clase de delitos aquí y el juez tendrá que delimitarlos", pero "cuando una persona denuncia un delito, quien tiene la obligación de investigarlo es la Fiscalía y el juzgado. Nosotros hemos hecho una denuncia política porque somos un partido político, pero no podemos dar datos concretos, eso datos se los damos a la Fiscalía". 

La portavoz en el Congreso de lso conservadores, Sáenz de Santamaría, ha hablado hoy del  informe que el PP está elaborando para demostrar "la doble vara de medir" del Ejecutivo y en relación a las supuestas escuchas ilegales a miembros de su partido. Sáenz de Santamaría ha dicho que lo tienen "muy avanzado" y en el mismo se "demuestra que el PSOE y el Gobierno han hecho un uso ilegítimo de las instituciones, especialmente de la fiscalía". 

(www.publico.es, 02/09/09)

RAJOY INSISTE EN LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN CONTRA EL PP 

El presidente del PP, Mariano Rajoy, arranca el curso político con un discurso insistente sobre la supuesta persecución orquestada por el Gobierno contra su partido. Durante un acto ante los máximos dirigentes de la formación en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, Rajoy ha asegurado que quiere un país de "ciudadanos libres e iguales" ante la ley y ha denunciado las "detenciones televisadas impropias de un país democrático", en referencia a los arrestos de ex altos cargos del PP balear implicados en el caso Palma Arena. 

Para desplegar su tarea de oposición e intentar desgastar al Gobierno, el PP va a organizar un acto cargado de símbolos el próximo 27 de septiembre. Rajoy ha anunciado una gran convocatoria para protestar contra la subida de impuestos que planea el Gobierno, que se celebrará en el velódromo de Dos Hermanas (Sevilla), con capacidad para 20.000 personas. 

El acto pretende ser una demostración de fuerza en un feudo socialista, dado que en esta localidad tanto el ex presidente del Gobierno Felipe González, como el actual, José Luis Rodríguez Zapatero, han celebrado mítines electorales multitudinarios. 

Disparatada subida de impuestos

Rajoy ha criticado la pretendida subida de impuestos por "disparatada" y ha anunciado que su partido planteará "una batalla a fondo" para evitarla. En su opinión, las subidas de impuestos sólo servirán para retrasar la salida de la crisis y para penalizar el ahorro y la inversión. "Va a crear más paro, penalizará el consumo y la inversión, reducirá la renta disponible de las familias, reducirá los ingresos del Estado por la contención de la actividad y será un nuevo engaño", ha asegurado el líder popular para quien Zapatero ha hecho "lo contrario de lo que decía el programa del PSOE y en el debate de investidura. "Una vez más se va a engañar a los españoles", ha afirmado. 

Antes del discurro de Rajoy, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que levantó este verano la polémica de la "persecución" con sus acusaciones de escuchas ilegales, se ha reafirmado en sus teorías. "Rubalcaba es la misma persona, que mirando a la televisión y delante de toda España, dijo a todos los españoles que aquello de el GAL no existe; la obligación de un ministro del Interior, en un Estado democrático si la oposición está denunciando actuaciones ilícitas, es investigarlo en lugar de insultar y descalificar", ha afirmado la número dos del PP. 

(www.elpais.com, 02/09/09)

EL PP MANTIENE VIVA LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN CON NUEVAS DENUNCIAS 

La enrevesada madeja en la que se ha convertido la estrategia defensiva del PP sobre el caso Gürtel sigue marcando la agenda de este partido. Desde múltiples frentes, varios dirigentes introdujeron elementos confusos para reforzar la tesis de las escuchas ilegales con una línea común: la de consolidar la nueva teoría de la conspiración, según la cual no hay un grave caso de corrupción ligado a Administraciones del PP sino un intento del Gobierno, la Fiscalía, la policía y algunos jueces de acabar con el PP. 

Los populares no sacan el asunto directamente, pero en cuanto son preguntados confirman y amplían sus tesis más extremas. Dolores de Cospedal, que abrió en agosto la espita que nadie consigue cerrar, se reafirmó ayer en Telemadrid en su acusación sobre las escuchas ilegales a dirigentes del PP: "Yo no voy a dar nombres y apellidos porque creo que no lo debo hacer, pero vuelvo a reiterar: altos dirigentes". 

Esteban González Pons, portavoz del PP, que ayer compareció tras la reunión de la cúpula del partido -Mariano Rajoy ha convocado para hoy al Comité Ejecutivo, la dirección ampliada-, protegió hasta el final a su secretaria general, y aseguró que no es el PP quien debe ofrecer pruebas, sino el Gobierno quien debe investigar el asunto: "En un país democrático, cuando alguien sufre un delito no se le dan mamporros. Hemos denunciado que nos sentimos espiados. Es la Fiscalía y la policía quien debe aportar pruebas. El Gobierno debería preguntarnos por qué nos sentimos perseguidos, en vez de insultarnos". 

González Pons trazó un panorama dramático de la supuesta persecución al PP, asociándolo a un régimen dictatorial. "En una democracia, tan terrible es que la oposición no sea libre como que no se sienta libre", sentenció. 

Pons ahondó aún más en el embrollo al detallar, como prueba de esas supuestas escuchas ilegales, que una de las dos conversaciones de Francisco Camps con Álvaro Pérez, El Bigotes, que publicó EL PAÍS, no está en el sumario. "Pudo ser grabada legalmente pero debió ser también legalmente destruida, y en vez de eso apareció en un medio de comunicación", apuntó Pons. 

En medio de la confusión, Esperanza Aguirre retiró su acusación de que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, era autor de las escuchas ilegales: "Rectifico", dijo. Ambos hablaron antes por teléfono. Rubalcaba agradeció el gesto e insistió: "En España no hay escuchas ilegales; lo saben Rajoy y Cospedal, sólo se escucha a delincuentes con autorización judicial". 

Mientras, Ricardo Costa, secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, denunció haber sido objeto de persecución desde "las más altas instancias del Estado" y a través de "filtraciones de pruebas que debían estar custodiadas por funcionarios a un determinado medio de comunicación". 

A pesar de todo, la Justicia sigue trabajando y el caso Gürtel sigue su lenta marcha, con más de 100 imputados. Ayer, la Mesa del Congreso aceptó tramitar el suplicatorio del diputado Jesús Merino, que ya dimitió como portavoz adjunto del PP. 

(www.elpais.com, 02/09/09)

HACIENDA DESTAPA CONTRATOS ILEGALES DE GOBIERNOS DEL PP CON LA TRAMA GÜRTEL

Un informe de la Intervención del Estado apunta "diversas irregularidades" - La fiscalía defiende ante el Supremo la necesidad de investigar más actuaciones

Las empresas de Francisco Correa no sólo hicieron caja gracias al trato de favor de Gobiernos del PP que concedieron cientos de contratos, muchos de ellos adjudicados sin ningún tipo de concurso, por los que facturaron varias decenas de millones de euros en los últimos ocho años. Además, la trama corrupta investigada en el caso Gürtel intervino, y cobró millonarias comisiones por ello, como intermediaria en operaciones inmobiliarias para favorecer a determinados constructores en concursos de suelo o en la concesión de obras públicas cuya aprobación dependía de dirigentes del PP situados en puestos claves de distintos organismos, según apunta la investigación judicial.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, remitió el pasado 8 de junio a la Fiscalía Anticorrupción un exhaustivo informe sobre contratos de determinadas administraciones públicas gobernadas por el PP y que tuvieron tratos con la trama corrupta. En ese informe se apuntan "diversas irregularidades" en contratos adjudicados por dirigentes del PP "tanto a empresas de eventos vinculadas a Francisco Correa, como a determinadas empresas constructoras".

Un escrito de la fiscalía destaca, citando expresamente el informe de la Intervención General del Estado, "las irregularidades detectadas en las obras adjudicadas por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en fechas en que se encontraba en el mismo Jesús Sepúlveda Recio (PP), quien aparece en las hojas de reparto [de comisiones ilegales] como receptor de fondos [de la red de empresas de Francisco Correa]".

La Intervención General del Estado se encarga de verificar que la actividad económico-financiera del sector público se adecua a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia. Su informe pone de manifiesto cómo las administraciones del PP investigadas por sus relaciones con Francisco Correa adjudicaron múltiples contratos sin adecuarse a esos principios de legalidad.

No es el único organismo que ha observado esas deficiencias. El Tribunal de Cuentas valenciano ya advirtió hace varios años que el concurso por el que se adjudicó el montaje del pabellón de Fitur a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, lugarteniente de Correa en Valencia, estuvo plagado de irregularidades.

La fiscalía ha defendido en un escrito remitido al Tribunal Supremo la necesidad de seguir investigando dado que "las actuaciones administrativas a comprobar son ahora algunas más" y señala que habría que "analizar algunos expedientes de contratación en particular".

Lo investigado hasta ahora por la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha permitido dibujar un triángulo de supuesta corrupción donde figuran, en cada uno de sus lados, los siguientes actores:

1.- Dirigentes del Partido Popular que gobiernan en instituciones que adjudican contratos, obras o suelo.

2.- La trama empresarial de Correa, que logra contratos de servicios de ayuntamientos y comunidades del PP e intermedia para que otros empresarios del sector inmobiliario logren obras o suelo para viviendas.

3.- Constructores o promotores que pagan a Correa para conseguir el trato de favor de dirigentes del PP en la adjudicación de obras o suelo.

De la actividad conocida donde se han puesto de acuerdo esos tres supuestos actores de la corrupción, la relación que sigue está siendo investigada por los tribunales.

UNA SUPUESTA COMISIÓN DEL 3%

El primer auto del juez Baltasar Garzón donde implicaba al tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, citaba un fax -hallado entre la documentación requisada al contable de la trama-, de la Consejería de Fomento de Castilla y León, dirigida entonces por José Manuel Fernández Santiago (conocido entre sus íntimos como Toti), ahora presidente de las Cortes. El fax daba cuenta de la concesión definitiva de la variante de Olleros de Alba (León), por 2,45 millones, en noviembre de 2002, a TECONSA. La documentación de la trama corrupta incluía anotaciones con el cobro de un supuesto 3% de comisión de aquella obra que habría pagado TECONSA a Correa y que éste, a su vez, habría repartido entre dirigentes del PP que habrían favorecido la adjudicación.

La Agencia Tributaria investigó las cuentas de TECONSA, una constructora de origen leonés y descubrió que esta firma manejó entre 2004 y 2007, hasta 5,5 millones de euros en billetes de 500. Este hecho, llevó a los inspectores de Hacienda a una conclusión: "No parece razonable el manejo en efectivo de cantidades tan elevadas, existiendo hoy día alternativas mucho más seguras para efectuar pagos. Llama la atención la secuencia temporal de las operaciones, todas en un mes".

Los responsables de la Junta de Castilla y León, del PP, han insistido en que el expediente de adjudicación de la obra por la que TECONSA pagó supuestamente comisiones cumple con todos los requisitos legales. 

IMPUTADO EL PRESUNTO PAGADOR

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid mantiene imputado por cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad a un directivo de FCC cuyo nombre aparece anotado en los registros de la trama corrupta como pagador de comisiones por adjudicación de obras. Dichas comisiones fueron repartidas por Francisco Correa entre algunos políticos del PP, entre ellos podría estar Luis Bárcenas, al que se refieren en la anotación del pago como L. B.

La empresa FCC resultó entre 2001 y 2002 adjudicataria de los servicios de recogida de basura y limpieza viaria de Majadahonda y Boadilla. Los alcaldes de estos dos municipios cuando ocurrieron los hechos están ahora imputados por diversos delitos y fueron destituidos de sus cargos públicos cuando estalló el escándalo.

FACTURAS FALSAS Y BILLETES DE 500

Alfonso García Pozuelo, presidente de Constructora Hispánica, entregó supuestamente 1,6 millones de euros a Francisco Correa según los libros de contabilidad de la trama corrupta. Parte de ese dinero, según las anotaciones incautadas por la policía, también llegó al tesorero del PP, Luis Bárcenas. La investigación judicial, que mantiene imputado a García Pozuelo, intenta aclarar si ese pago corresponde a comisiones por obras públicas que Constructora Hispánica consiguió de Gobiernos del PP gracias a la intermediación de Correa.

La empresa de García Pozuelo es adjudicataria desde hace años de gran cantidad de obras públicas, entre ellas, varios tramos del AVE que recibió entre 2000 y 2004 por casi 100 millones de euros; y equipamientos municipales adjudicados por alcaldes del PP imputados en el caso Gürtel, como el Parque del Deporte de Boadilla del Monte (Madrid) por 30 millones de euros.

La Agencia Tributaria analizó las cuentas de Constructora Hispánica y el manejo de billetes de 500 euros y llegó a la conclusión de que esta empresa había sacado grandes cantidades de dinero para defraudar o pagar cohechos.

Esta investigación arrancó por una conversación privada que grabó un ex colaborador de Correa donde el jefe de la trama decía: "Le he llevado a Bárcenas 1.000 millones de pesetas. Se lo he llevado a Génova [sede del PP] y a su casa. Todo de adjudicación de obras de Fomento, cuando estaba Cascos, 1.000 kilos. Sé dónde los tiene, cómo los saca de España y el paraíso fiscal".

El informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario señala que Constructora Hispánica justificaba los pagos con facturas falsas que emitían empresas que carecían de personal o de estructura suficiente para prestar servicios o, en algunos casos, ilocalizables para Hacienda.

UNA MORDIDA PARA EL ALCALDE

El ex alcalde de Boadilla Arturo González Panero, uno de los cargos públicos del PP que cobró más comisiones ilegales de Francisco Correa, según la investigación, adjudicó suelo para viviendas de lujo a UFC [promotora propiedad del empresario José Luis Ulibarri]. El concurso de suelo que se convocó fue adjudicado a Ulibarri pese a que ofrecía tres millones de euros menos que la mejor oferta económica. Se resolvió a favor de UFC porque, supuestamente, iba a terminar la construcción de los chalés de lujo tres meses antes que la empresa que competía por el suelo. Las grabaciones aportadas a la causa citan el pago de tres millones de euros de comisiones a Francisco Correa en el despacho del empresario en Valladolid. Correa pagó a su vez en metálico al alcalde de Boadilla una parte de esa mordida.

"MARTINSA SE PORTÓ CONMIGO"

La presunta vinculación del diputado autonómico del PP Benjamín Martín Vasco con la trama corrupta surgió al conocerse que, en una de las grabaciones realizadas en 2006 e incorporadas a la causa, el supuesto cabecilla Francisco Correa afirmaba: “Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda, tardo seis meses y, golpe en mesa, febrero, abril, junio jodido y mayo liquidado. Me debe aún un millón de euros...”.

Correa parecía aludir así a que él había intercedido para lograr que Martinsa obtuviera un contrato en Arganda; a cambio, claro, de una comisión de la que aún quedaba por pagar “un millón de euros”. El nombre de Martín Vasco, que fue 12 años concejal del PP en el Ayuntamiento de Arganda, aparecía en otra grabación en la que hablaba Isabel Jordán, empresaria de la red corrupta también imputada por el juez: “Le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero”.

Martín Vasco era consejero delegado de la empresa pública Fomento y Desarrollo Municipal cuando ésta adjudicó a la empresa Martinsa, en noviembre de 2004, un importante desarrollo urbanístico con 300 viviendas en pleno centro de la localidad, junto a la estación de metro. El precio de la adjudicación era cerrado (no sujeto a mejora): 77 millones de euros, incluido el coste de varios equipamientos. Al concurso se presentaron tres empresas: Alcosto, Sacresa y Martinsa. El Ayuntamiento, a la hora de valorar las ofertas, no confió sólo en las opiniones de sus técnicos sino que delegó parte de la baremación en dos empresas privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Esta última había sido la empresa de Enrique Porto antes de ser nombrado director general de Urbanismo por Esperanza Aguirre en 2003 (dimitió en 2006 por aprobar planes urbanísticos diseñados por su antigua empresa).

Cada uno de los tres grupos de baremadores —técnicos, Aguirre Newman y Plarquin— se ocupaban de aspectos diferentes. Y entregaron sus puntuaciones de forma sucesiva. Cuando Aguirre Newman entregó su parte, iba ganando Sacresa; cuando los técnicos presentaron la suya, también. El último en entregar la baremación fue Plarquin, que debía valorar la “solución técnica y propuesta estética”. Y dio tantos puntos de más a Martinsa frente a Sacresa que la primera se puso por delante y ganó el concurso.

TROCEAR CONTRATOS A 12.000 EUROS

Las empresas de Correa organizaron decenas de actos institucionales en los que intervenía la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Esperanza Aguirre, y que pagaban distintas consejerías sin que para adjudicar esos trabajos celebrasen concursos públicos. A veces se troceaba el motivo del contrato para evitar esos concursos. Todo lo ordenaba Alberto López Viejo, consejero de Deportes y hombre de confianza de Aguirre.

En la contabilidad de la trama corrupta, aparecen múltiples pagos a López Viejo por varios cientos de miles de euros. Esta manera de operar también se extendió a Valencia, donde el Gobierno de Francisco Camps adjudicó 40 contratos por distintos servicios a Orange Market sin que mediara concurso alguno y, en algunos casos, troceados en varias partes, todas inferiores a 12.000 euros, lo que evitaba la concurrencia de otras empresas.

EL PP VUELVE A LA CARGA CON LAS ESCUCHAS ILEGALES 

Aunque el líder del PP, Mariano Rajoy, y la portavoz popular en el Congreso, Soraya Saénz de Santamaría, habían dejado a un lado las denuncias sobre el supuesto espionaje que sufren los miembros del PP para centrarse en la teoría de la conspiración, los populares no renuncian a la estrategia de los supuestos pinchazos ilegales. Hoy mismo Ricardo Costa, González Pons y Cospedal han vuelto a insistir en que las filtraciones a la prensa proceden de escuchas ilegales y en que el Gobierno ha orquestado una persecución contra los populares. 

Ricardo Costa, secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, ha asegurado hoy haber sido objeto de persecución desde "las más altas instancias del Estado" y a través de "filtraciones de pruebas que debían estar custodiadas por funcionarios a un determinado medio de comunicación", en alusión al Grupo PRISA, editor de EL PAÍS. Esta denuncia ha sido avalada por el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, que ha afirmado que hay "indicios suficientes" para suponer que "en la persecución de que está siendo objeto el partido, ha habido utilización en distintos grados y de distintas formas de conversaciones telefónicas". 

Costa ha revelado que "a finales de julio" denunció ante el juez decano de Madrid que el 23 de febrero un escrito del fiscal anticorrupción desaconsejaba su procesamiento por el juez Baltasar Garzón; que "horas más tarde" la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) aportó nuevas pruebas al sumario de caso Gürtel que implicaban de nuevo al secretario general del PP valenciano; que el 3 de marzo el fiscal anticorrupción modificó su criterio; y que el 5 de marzo, un auto del titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional efectivamente le imputó un supuesto delito de cohecho pasivo. El mismo auto imputaba también a Francisco Camps, presidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad Valenciana; a Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat; y a Rafael Betoret, que fuera jefe de gabinete de la Consejería de Turismo hasta julio de 2007. 

Según Costa, el cambio de criterio del fiscal anticorrupción habría sido instado por el Gobierno. "El PSOE ha hecho buena la frase de Alfonso Guerra cuando dijo que la separación de poderes ha muerto", sentenció. Costa no ha entregado copia de la denuncia. Su abogado y también diputado, José Marí Olano, aseguró no haber guardado ninguna copia de la denuncia. Ningún juzgado se ha pronunciado todavía sobre la oportunidad de admitir a trámite la denuncia. 

El también portavoz del grupo parlamentario del PP ha aprovechado la ocasión para anunciar que el PP exigirá la comparecencia ante las Cortes Valencianas de María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno, y de Cándido Conde Pumpido, fiscal general del Estado, para que "aclaren si hay algo que aclarar o desmientan, si hay algo que desmentir" si el PP ha sido objeto de persecución política desde las más altas instituciones del Estado. La solicitud de comparecencia no tiene ninguna fuerza jurídica, pero Costa ha reivindicado la importancia política que tendría el gesto. Olvidó el portavoz del PP valenciano que todos los grupos político rechazaron una solicitud similar en una reunión de la Diputación Permanente del Congreso hace apenas dos semanas. 

Antes de afrontar la primera reunión del PP después del verano, la secretaria General del partido, María Dolores de Cospedal, se ha ratificado en sus acusaciones de espionaje orquestado por el Gobierno. Preguntada en Telemadrid por si se han producido pinchazos ilegales a altos cargos de su grupo, la número dos del PP se ha reafirmado: "Está en sede judicial. No voy a dar nombres y apellidos pero reitero, altos dirigentes". Casi simultáneamente, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho censuraba en una entrevista en la Cadena Ser la actitud del Partido Popular. "Cuando alguien recibe envites intensos su ánimo se ve afectado. No sé si es intención del Partido Popular afectar a los cuerpos de seguridad, pero no lo van a conseguir. Deben dejar una estrategia que atenta contra el Estado de derecho", ha afirmado. 

Cospedal ha insistido, como ya hiciera en sus primeras acusaciones de este verano, en que el Gobierno utiliza las instituciones para perseguir a la oposición. "Ahora saltan diciendo que presentemos pruebas, pero las pruebas las tenemos en la actuación de la Fiscalía, de los mandos del Cuerpo Nacional de Policía o de la vicepresidenta", ha afirmado la secretaria General del partido. "Claro que nos ratificamos, hay datos objetivos de persecución", ha manifestado Cospedal. "Estamos viendo detenciones en directo por faltas que, cuando salen de declarar, los acusados se van a casa". 

Las declaraciones de Cospedal se han producido después de que ayer la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, apuntara directamente al ministro del Interior como el organizador de las presuntas escuchas ilegales. Aguirre ha rectificado hoy en el mismo momento en el que Cospedal era entrevistada. "No quería yo decir eso, rectifico, y lo que quiero decir es que las escuchas siempre son a miembros del PP, siempre aparecen en el mismo medio de comunicación filtradas y habrá que saber quién hace las escuchas, por orden de quién, si las ponen en el sumario, quién las quita del sumario si es que están fuera del sumario y quién las filtra siempre al mismo medio de comunicación", ha asegurado la presidenta de Madrid. 

Tras lanzar las acusaciones de espionaje en una entrevista a Efe en Marbella, Cospedal había rebajado la dureza de las manifestaciones. En una comparecencia pública hace dos semanas, tras la reunión de la dirección del PP en la sede de Génova, Cospedal habló de persecución pero no de escuchas. El propio Rajoy y la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, durante su intervención en la Diputación Permanente en la que las solicitudes de comparecencia de los ministros fueron rechazadas, hablaban de persecución pero dejaron de citar los pinchazos. Ayer, Aguirre rompió esa línea con unas declaraciones que hoy ha rectificado, mientras que Cospedal ha insistido en las escuchas. 

(www.elpais.com, 01/09/09) 

AGUIRRE REAVIVA LA GUERRA DE LAS ESCUCHAS QUE RAJOY APARCÓ 

Lo ha intentado en los últimos días, pero el PP no logra quitarse de encima el fantasma de las escuchas ilegales a dirigentes de la oposición que, sin que aún haya aparecido ninguna prueba, denunció la secretaria general, Dolores de Cospedal, al inicio del verano. El propio Mariano Rajoy, después de respaldar a su número dos, había aparcado este asunto en los últimos días para concentrarse en denunciar el supuesto trato desigual que la policía da a los detenidos del PP. Ayer mismo, Cospedal evitó las preguntas de los periodistas en Toledo para no reavivar el asunto. Pero fue Esperanza Aguirre quien recuperó con fuerza la polémica. 

Primero dijo sobre las escuchas que "haberlas, haylas", dando pábulo a la teoría de Cospedal. Aunque enseguida introdujo matices que no aclaran si se refería a los supuestos espionajes a dirigentes del PP o a conversaciones grabadas por orden judicial que han publicado diversos medios de comunicación, en especial, este diario. "Nos encontramos todos los días en los medios de comunicación con transcripciones de conversaciones escuchadas siempre en el mismo medio de comunicación", explicó Aguirre, "y esas escuchas siempre se le hacen a miembros del PP o a personas afines al PP. Eso son escuchas. ¿Que son legales y las ha mandado el juez? Estarán en el sumario; ¿Que son legales, las ha mandado el juez, están en el sumario y las han quitado del sumario? ¿Quién las ha quitado y por qué? y si es así, ¿Quién las ha filtrado a los medios de comunicación?", se preguntó. 

Sin embargo, cuando le preguntaron quién habría ordenado esas supuestas escuchas ilegales -no lo son si están autorizadas por un juez- Aguirre fue incluso más lejos que Cospedal al apuntar directamente al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. "El que las ha hecho, claramente, es el Gobierno, el señor Rubalcaba, con cumpleaños y sin él", sentenció. 

La presidenta de Madrid se refería a que hace sólo un mes, ella misma le cantó al ministro el "cumpleaños feliz" tras una reunión entre ambos que acabó con todo tipo de parabienes, y en la que también se habló de las filtraciones. Ese día, en un tono muy distinto al que utilizó ayer, Aguirre aseguró que el ministro le había explicado que él no tenía nada que ver con las informaciones periodísticas y ella creyó la versión de Rubalcaba. 

Mientras, el PP sigue trabajando en un informe para demostrar el supuesto trato diferente y la "persecución" de la fiscalía y la policía, ambas a las órdenes del Gobierno, contra los populares. 

Soraya Sáenz de Santamaría, que también evitó cualquier referencia a las escuchas ilegales, un asunto del que el PP ha asumido que no tiene pruebas y por tanto debe abandonar cuanto antes, explicó ayer en la Cope que ya tiene ultimado el informe que concluye que el 90% de las detenciones espectaculares por corrupción de cargos del PP en los últimos años "han acabado en nada". 

El propio Mariano Rajoy, en un vídeo grabado por el PP con el que despedía el verano paseando por una playa gallega, insistía en que seguirá pidiendo explicaciones por este asunto. 

Rajoy, que ha apurado sus vacaciones y las de su equipo, reúne hoy de nuevo a su cúpula, el Comité de Dirección. Ya lo hizo en pleno verano, y el asunto central fue la polémica abierta por Cospedal y la necesidad de ofrecer un contrataque frente al goteo de decisiones judiciales que incriminan a cargos populares, especialmente en Baleares, en casos de corrupción. 

Esta vez también se hablará previsiblemente de eso, con el informe de Sáenz de Santamaría encima de la mesa. Pero el líder del PP también tiene pensado, según fuentes de la dirección, hablar de la estrategia de las próximas semanas para intentar que en el mensaje del PP, absolutamente sepultado por el caso Gürtel, comiencen a verse algunas propuestas, especialmente en asuntos como la crisis. Los populares creen que la opción del Gobierno por una subida de impuestos les deja ahora mucho margen para hacer oposición y vender sus propuestas, con permiso de los jueces. 

(www.elpais.com, 01/09/09) 

Nueva polémica

- Aguirre apunta al ministro del Interior: "Las escuchas, haberlas haylas. El que las ha hecho [las escuchas], claramente, es el Gobierno, el señor Rubalcaba, con cumpleaños y sin él"

- Los socialistas exigen una rectificación: "Es totalmente inaudito que Aguirre, señalada por sus propios compañeros por espiar, se permita sembrar dudas sobre el ministro del Interior sin que se le caiga la cara de vergüenza o al menos se ruborice por ello", señaló Leire Pajín en un comunicado. 

(www.elpais.com, 01/09/09)

RAJOY ENTIERRA AHORA LA ACUSACIÓN SIN PRUEBAS DE COSPEDAL DE ESCUCHAS AL PP

Los populares se centran en "la saña" de la fiscalía contra sus cargos públicos

El Partido Popular ya no sabe cómo poner distancia de las supuestas escuchas ilegales a sus dirigentes. Hasta Mariano Rajoy evita ahora respaldar la acusación que hizo su secretaria general, Dolores de Cospedal. Ayer, al ser preguntado de forma directa en la radio pública gallega si en España hay escuchas ilegales, el presidente de los populares respondió: "Bueno, lo que hay es un trato diferente a distintos grupos políticos. Hemos visto cómo se ha detenido a muchos militantes del PP esposados y cómo se ha avisado a las televisiones para que salieran en ellas. La inmensa mayoría de estas personas, y Soraya Sáenz de Santamaría dio información muy cumplida, fueron absueltas sin ni siquiera pasar por los tribunales".

  • El PP rectifica y decide no preguntar a Zapatero por la persecución
  • "Del circo que han montado no se sale con el silencio", asegura el PSOE

Un día antes fue su portavoz parlamentaria la que omitió en el Congreso la denuncia de escuchas ilegales. Ambos sí insistieron en la línea de la supuesta persecución, es decir, de mencionar casos en los que supuestamente se ha producido un trato más duro de la fiscalía y la policía con cargos del PP implicados en casos de corrupción, pero eludiendo las escuchas ilegales.

El propio Rajoy aseguró ayer que "muchas de estas personas han salido absueltas sin ni siquiera ser juzgados por los tribunales; hemos visto cómo el fiscal procede con saña contra militantes del PP y, sin embargo, no hace nada en contra de Manuel Chaves, ni contra el director del CNI. Pedimos un trato igual para todos".

Hace diez días Rajoy sí respaldó la acusación de Cospedal al recordar en una entrevista con Europa Press la investigación judicial en la década de los 80 al Gobierno socialista por presunto espionaje a los partidos y en la de los 90 la dimisión de Narcís Serra como vicepresidente del Gobierno por las escuchas de los servicios secretos.

Sin embargo, fuentes de la dirección del Partido Popular aseguran que su intención es mantener la tesis de la persecución y la distinta vara de medir con el PP por parte de la fiscalía y la policía, pero sin incidir en las supuestas escuchas, sobre las que carecen de pruebas. Por ejemplo, el partido insistirá los próximos días en acusar de pasividad a la fiscalía por no actuar contra los gestores de la Caja Castilla-La Mancha, tras las actuaciones reveladas por el Banco de España.

Otro ejemplo será la denuncia de la actuación de la fiscalía y la policía en la Región de Murcia contra cargos del PP, cuando el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, era candidato por esa circunscripción. Según los populares, esos casos quedaron en nada.

Hace una semana, Rajoy dijo también que su primera pregunta a José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso se referiría a la supuesta persecución. Ayer, rectificó y aseguró que pedirán explicaciones a la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, por anticipar el recurso de la fiscalía a la exculpación de Francisco Camps y al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por el trato a los detenidos en Baleares. Es decir, que lo harán otros diputados de su grupo.

El PSOE, a través del número dos del Grupo Socialista, Eduardo Madina, aseguró que han notado un cambio en el PP, pero advirtió: "Que no piensen que del circo que han montado este verano se sale con el silencio, tienen que explicar porqué lo han hecho". Añadió que Rajoy "debe afrontar los casos de corrupción, más allá de las cortinas de humo para tapar los 110 imputados de la trama Gürtel".

www.elpais.es 27.08.09

AGUIRRE ACUSA AL GOBIERNO DE UTILIZACIÓN PARTIDISTA DE LAS INSTITUCIONES

"El Gobierno de España ha dejado de ser el Gobierno y es el del PSOE", afirma la presidenta madrileña

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha cargado con dureza contra el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. En su primera intervención pública tras sus vacaciones de verano ha hecho un repaso sobre los "graves asuntos" que a su juicio han ocurrido durante agosto. La presidenta madrileña ha criticado la "utilización partidista del Gobierno de la nación". Y ha precisado: "El Gobierno de España ha dejado de ser el Gobierno y es el del PSOE".

Audio

Aguirre: "¿Quién permite que se hagan esas escuchas? (27/8/2009)

AUDIO - Cadena Ser - 27-08-2009

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha eludido pronunciarse sobre la denuncia de escuchas ilegales al PP realizada por los máximos dirigentes del partido -

Aguirre se ha sumado a la teoría de la persecución que sufren los populares y ha asegurado que "todos los días aparecen en los medios de comunicación las escuchas que se hacen siempre a miembros del PP o a personas relacionadas con el PP", escuchas que, a su juicio, son de una legalidad dudosa. La presidenta madrileña ha respaldado así las acusaciones sobre el supuesto espionaje al Partido Popular ordenado por el Gobierno, posición que contrasta con la actitud adoptada por el presidente del PP, Mariano Rajoy, que ayer quiso poner distancia y eludió responder una pregunta directa al respecto.

La dirigente popular ha recordado las visitas que los ministros del Gobierno realizaron a municipios madrileños para comprobar el estado de las obras del plan E. "En esos actos se ha excluido a la Comunidad de Madrid. No sólo se excluye a la Comunidad de Madrid, sino que se invita al secretario general del PSM, Tomás Gómez", ha señalado Aguirre. "Es insólito es un desprecio a la Comunidad de Madrid". La presidenta olvidó decir que las obras que visitaron los ministros las realizan los ayuntamientos con el Fondo Estatal de Inversión Local aprobado por el Gobierno nacional.

La presidenta regional ha criticado que "el Gobierno le haya dado una televisión de pago a sus amigos". Y ha cargado contra la ayuda de los 420 euros a los parados a los que se les ha acabado la prestación. "Es una maniobra para maquillar los datos del desempleo. Zapatero evita realizar reformas para no convertirnos en los campeones mundiales del paro que es lo que somos", ha señalado. "Es una utilización política del dinero público para despilfarrar en sus intereses políticos", indicó durante una rueda de prensa

Por otra parte, Esperanza Aguirre evito concretar si abrirá una nueva investigación sobre el supuesto espionaje político en Madrid tras conocerse que tres de los imputados han implicado a otros tres colaboradores de la consejería de Presidencia, Justicia e Interior. "Se ha demostrado que todo el personal de la Comunidad de Madrid encargado de realizar labores de avanzada y seguridad lo han realizado correctamente, pero si alguien ha hecho algo incorrecto somos los primeros interesados en saberlo", concluyó.

www.elpais.es 27.08.09

GONZÁLEZ PONS DESCALIFICA A LA POLICÍA Y A LA FISCALÍA 

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, dio ayer un paso más en el argumentario elaborado por la dirección nacional de su partido para acusar al Gobierno de acosar a los populares. "Habrá que replantearse seriamente reprofesionalizar la Fiscalía", aseguró González Pons en Valencia. "Si te dedicas a la política y eres del PP tienes más posibilidades de tener problemas con la Policía y con la Fiscalía", insistió.

El dirigente popular acusó a la Fiscalía de actuar por criterios políticos y aseguró que en otras circunstancias ésta habría abierto una investigación en casos como el de la caja de ahorros de Castilla La Mancha; la ayuda otorgada por la Junta de Andalucía a la multinacional minera donde trabaja una hija de Manuel Chaves o por la dimisión del anterior director del CNI. "Si no lo ha hecho es por razones políticas", sentenció el responsable de Comunicación del PP.

González Pons, que eludió aclarar qué pruebas tiene su partido para acusar al Gobierno de auspiciar supuestas escuchas ilegales a dirigentes populares, no quiso valorar la advertencia socialista de que el PP podría estar incurriendo en un delito de calumnias. "La oposición no sólo tiene que ser libre, tiene que sentirse libre. Me da la sensación de que cuando la oposición no se siente libre algo ocurre en este país", prosiguió. Y añadió: "Cuando la oposición denuncia que no se siente libre y el Gobierno, en lugar de preocuparse, se siente aludido y ataca a la oposición da la sensación de que las convicciones democráticas se han agotado".

El secretario de Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando instó a González Pons a "limpiar el PP de corruptos".

http://www.elpais.com/articulo/espana/Gonzalez/Pons/descalifica/Policia/Fiscalia/elpepinac/20090822elpepinac_5/Tes/

EL PSOE ADVIERTE A RAJOY QUE ESTÁ COMETIENDO UN DELITO DE CALUMNIAS

Un argumentario interno cita expresamente el artículo 205 del Código Penal

El PSOE se prepara para hacer frente a la ofensiva del PP sobre la supuesta existencia de escuchas ilegales a dirigentes populares ordenadas por el Gobierno. Para eso, la dirección socialista ha distribuido un argumentario entre los miembros de la Ejecutiva en el que se acusa directamente a Mariano Rajoy de cometer un delito de calumnias.

El texto del PSOE cita expresamente el artículo 205 del Código Penal, que asegura que "es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad". Y añade: "Eso es exactamente lo que el PP está haciendo durante este verano". Obviamente, los socialistas no tienen ninguna intención de llevar a Rajoy a los tribunales, como tampoco la dirección del PP prevé denunciar ante la justicia las supuestas escuchas ilegales.

La tesis del argumentario es la de equiparar las denuncias sin pruebas del PP con su estrategia sobre el 11-M en la anterior legislatura. En este caso, aseguran los socialistas, se trata de tapar sus responsabilidades en casos de corrupción, especialmente el caso Correa. "Para tapar un escándalo, fabricar un escándalo mayor. Ésta es la estrategia del PP: consiste en calumniar a otros para tapar las propias vergüenzas", sostiene el PSOE.

El paralelismo con el PP de la anterior legislatura lo argumentan asegurando que "lo que están haciendo ahora es la repetición de lo que hicieron con la famosa teoría de la conspiración del 11-M". "Entonces intentaron justificar el engaño masivo de la ciudadanía tras el 11-M, ahora ha sido el caso Gürtel y similares: grandes escándalos que afectan al PP y a sus dirigentes. Entonces se trataba de camuflar a toda costa la gran mentira del 11-M. Ahora se trata de camuflar a toda costa una trama corrupta dedicada a conseguir contratos millonarios de los gobiernos del PP a cambio de regalos y recompensas".

El objetivo del PP, según los socialistas, es "consolidar un espacio de impunidad política y jurídica para sí mismo y sus dirigentes. Lo que el PP está diciendo a los jueces, a los fiscales, a la policía, a los medios informativos es que dejen de hacer su trabajo. Es un plan de disuasión basado en la difamación, la calumnia y en la amenaza".

El primer dirigente socialista en interpretar este guión ha sido el vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, quien se refirió ayer en la Cadena SER a la "campaña de engaño masivo" que ha emprendido el PP denunciando una "cruzada" contra sus dirigentes y alertó de que su objetivo es intentar "camuflar un gran escándalo que salpica" a su partido.

Blanco aseguró que esta campaña le recuerda a la emprendida tras los atentados del 11-M y señaló que en ambos casos los populares "carecen de pruebas".

"Plan de disuasión"

"Lo que el PP está haciendo y diciendo a jueces, fiscales y policías es lo que tantas veces hemos oído en las películas: 'yo que tú no lo haría, forastero'. Pretende un plan de disuasión basado en la difamación y la amenaza, pretende buscar la inmunidad a través de este plan", afirmó el número dos de los socialistas.

Por su parte, fuentes del PP aseguraron ayer que trabajan en la recopilación de datos para elaborar un informe que será remitido en breve al Parlamento Europeo. El informe incluye lo que el PP considera como actuaciones que prueban la persecución a su partido por parte de la fiscalía y el Gobierno. El informe será entregado a todos los parlamentarios europeos y está por decidir si promoverán algún tipo de actuación o resolución de la Eurocámara coincidiendo con el inicio de la presidencia española de la UE el próximo 1 de enero.

http://www.elpais.com/articulo/espana/PSOE/advierte/Rajoy/cometiendo/delito/calumnias/elpepinac/20090821elpepinac_7/Tes/

EL PP CREE NECESARIO "REPROFESIONALIZAR" LA FISCALÍA PARA QUE LA OPOSICIÓN SE SIENTA LIBRE

El PSOE pide a los populares que miren lo que sucede en "Génova" y en "el despacho del tesorero del PP" antes de atacar a otros partidos

El PP ha vuelto este viernes a la carga en su estrategia de denunciar la persecución a la que se encuentra sometido su partido por parte del Gobierno. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha asegurado que cuando la oposición política "no se siente libre, algo grave ocurre en ese país", para lo cual considera necesario "reprofesionalizar la Fiscalía" General del Estado. González Pons ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa al ser preguntado por las escuchas ilegales que denuncia su partido, y ha afirmado que en estos momentos ser político y del PP supone tener "muchas más posibilidades de tener problemas con la Policía y la fiscalía" que si se es del PSOE.

"Eso desgraciadamente es así, y habrá que plantearse seriamente reprofesionalizar la fiscalía", ha manifestado el portavoz popular, quien ha indicado que la oposición "no solo tiene que ser libre", sino que también "tiene que sentirse libre" para que "no se autocensure". "Si Caja Castilla-La Mancha hubiera estado en una comunidad gobernada por el PP, si Chaves cuando dio la subvención de diez millones a la empresa de su hija hubiera sido presidente de una comunidad del PP, o si el director del CNI hubiera sido un alto cargo del Gobierno de Aznar, ¿alguien en España tiene alguna duda de que la Fiscalía habría abierto una investigación?", se ha preguntado.

Según González Pons, cuando la oposición "denuncia que no se siente libre" y el Gobierno "en lugar de preocuparse", se dedica a "atacar a la oposición", da la sensación de que las convicciones democráticas de ese Gobierno y su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, "agotaron su reserva y están en número rojos".

Frente a la acusación de los populares de que el Gobierno instrumentaliza a la fiscalía para atacar al PP, el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando ha pedido a González Pons que "en vez de mirar a otros partidos, debería mirar a la calle Génova, en el despacho del tesorero del PP y revisar todos los cajones y todas las cajas".

http://www.elpais.com/articulo/espana/PP/cree/necesario/reprofesionalizar/fiscalia/oposicion/sienta/libre/elpepinac/20090821elpepunac_11/Tes

RAJOY RESCATA EL PASADO PARA DENUNCIAR LAS ESCUCHAS Y ZAPATERO LE PIDE RESPETO

Ningún grupo apoya en el Congreso las peticiones de comparecencias del PP

Mariano Rajoy se puso ayer al frente de las denuncias de escuchas ilegales a su partido para encabezar la ofensiva contra el Gobierno y, además, anunció que centrará en este asunto su actuación como líder de la oposición.

El líder popular cita como prueba contra el Gobierno hechos de 1985 y 1995

Así, el líder del PP anunció en una entrevista a Europa Press que su primera pregunta en el Congreso en septiembre al presidente del Gobierno se referirá a lo que él llama "persecución" contra su partido. Ni crisis económica ni paro.

A falta de pruebas o datos, Rajoy utilizó como referencia lo que ocurrió en 1985, cuando un juez investigó al Gobierno de Felipe González por espionaje a partidos, y en 1995, cuando dimitió el entonces vicepresidente Narcís Serra por escuchas ilegales a diversas personalidades, incluido el Rey.

No mencionó que ambos sumarios se abrieron por pruebas documentales de las que ahora él carece. En un caso fue la constatación de que dirigentes socialistas manejaban discursos de la oposición antes de pronunciarse, y en el otro fue la aparición de un listado de grabaciones de los servicios secretos.

Con esos antecedentes, Rajoy asegura que "no hay por qué rasgarse las vestiduras" por las denuncias del PP.

Al líder de la oposición le respondió ayer mismo desde Lanzarote el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, apelando a la "responsabilidad, y la prudencia" del PP. "Deben tener prudencia porque las posiciones extremistas casi nunca conducen a nada. Y respetar el Estado de derecho y las instituciones, que afortunadamente en España funcionan bien".

El PP formalizó su petición para que la Diputación Permanente del Congreso debata la próxima semana la comparecencia de la vicepresidenta primera, el ministro del Interior y el fiscal general del Estado para que "expliquen las directrices que se han dado desde el Gobierno a la Fiscalía y a otras instituciones del Estado para la persecución de militantes y dirigentes del PP" y la "constante utilización partidista y sectaria de la policía" contra sus militantes.

El dirigente socialista Antonio Hernando ha contactado con los demás portavoces y ninguno se ha mostrado dispuesto a apoyar las peticiones del PP. Es decir, los populares se quedarán solos en su denuncia y sus peticiones.

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EL INSTRUCTOR DEL SUPREMO PRORROGA HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE EL SECRETO DEL 'CASO GÜRTEL'

El magistrado instructor del caso Gürtel en el Tribunal Supremo, Francisco Monterde, ha prorrogado el secreto de las actuaciones por un mes, hasta el 17 de septiembre, según un auto conocido ayer. El Supremo ha solicitado autorización para proceder contra el senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas (que se apartó temporalmente del cargo), y contra el diputado Jesús Merino, para poder imputarles delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública.

El instructor del Supremo justifica la prórroga del secreto en la subsistencia de las razones que lo motivaron, entre las que cita "las necesidades de la instrucción, la naturaleza de los delitos perseguidos y el carácter de las diligencias urgentes de prueba que se están practicando".

El magistrado menciona también la situación en que se encuentra el procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que está en el origen de la causa especial que sigue el Supremo y que también está declarado secreto.

El auto del instructor añade que es necesario "continuar manteniendo el secreto total de las actuaciones, también para las partes", y a excepción del Ministerio Fiscal.

Monterde explica que la prórroga del secreto de las actuaciones no está prevista como tal en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero el Tribunal Constitucional ha señalado que esa laguna legal no impide al juez de instrucción proteger el valor constitucional que justifica el secreto del sumario si el plazo ha resultado insuficiente.

Sin embargo, esa misma sentencia del Constitucional también considera "inaceptable" que la prórroga del plazo máximo del secreto sumarial "ocasione, por sí sola y sin más condicionamiento, un resultado de indefensión".

Fuentes del alto tribunal han señalado que ese problema puede darse en hipótesis si las respectivas Cámaras atienden el suplicatorio cursado por el Supremo sobre una causa bajo "secreto total", incluso para Bárcenas y Merino y sus defensores.

Los diputados y senadores de las respectivas comisiones que tienen que estudiar los suplicatorios conocerían documentos de una causa secreta que en principio no conocen ni los propios "imputados provisionales".

http://www.elpais.com/articulo/espana/instructor/Supremo/prorroga/septiembre/secreto/caso/Gurtel/elpepinac/20090820elpepinac_5/Tes/

EL PP DECIDE SEGUIR DENUNCIANDO ESCUCHAS AUNQUE CAREZCA DE PRUEBAS

El comité de dirección avala a la 'número dos' y pide al Gobierno que investigue

Sin marcha atrás, sin ni siquiera pisar el freno y sin temor a estrellarse. El PP huye hacia adelante y no se apea de la denuncia de persecución política, incluida la denuncia de escuchas ilegales del Gobierno a sus dirigentes, aunque admita que carece de pruebas. Diez días después de que su secretaria general, María Dolores de Cospedal, imputara al Ejecutivo el delito, el comité de dirección del PP acordó ayer seguir adelante con la estrategia. El órgano, que incluye a los principales dirigentes del partido, trató expresamente de las supuestas escuchas, y hubo unanimidad en proseguir con la denuncia pública y política, aunque no haya pruebas para ir a los tribunales.

  • Cospedal: "Todo lo que tenía que decir lo he dicho y me reafirmo"

  • Los populares instan a buscar las pruebas del delito en los artículos de prensa

El propio Mariano Rajoy intervino ayer para respaldar esa estrategia iniciada por su secretaria general. Los dirigentes populares acordaron insistir en la estrategia defensiva de denunciar una supuesta persecución y doble vara de medir de la Fiscalía y la policía con los casos de corrupción que afectan a su partido.

El catálogo tratado en el comité de dirección para sustentar esa estrategia incluye el seguir insistiendo en que se han publicado conversaciones del caso Correa o Gürtel que aseguran que no figuran en el sumario; la filtración de detalles de las investigaciones y el supuesto tratato a detenidos del PP por casos de corrupción en Baleares y Canarias. En ese catálogo incluirán ahora el de la acusación genérica de escuchas, una vez que Cospedal hizo la denuncia pública.

Sobre las escuchas se habló poco en la reunión de ayer, según varios asistentes. En la reunión admitieron que carecen de pruebas para concretar su denuncia, más allá de confidencias que aseguran haber recibido desde la policía y la fiscalía. Utilizarán otros indicios paralelos que no se refieren a escuchas a dirigentes del PP, que fue lo que denunció Cospedal. Por ejemplo, que dos conversaciones publicadas no están en el sumario del caso Gürtel en Valencia, según les explicó ayer Esteban González Pons.

Se habló lo suficiente del asunto para decidir que seguirán adelante, según acordaron sin que nadie objetara esa estrategia, ni en el comité de dirección ni en la larga comida posterior. Cospedal admitió de forma implícita en rueda de prensa la imposibilidad de aportar dato alguno que sustente su acusación. "Todo lo que tenía que decir ya lo he dicho y me reafirmo". Después de siete preguntas, no se movió de ahí en su primera comparecencia tras haber acusado desde Marbella al Gobierno de hacer escuchas ilegales a sus dirigentes.

Y si hace diez días imputó al Gobierno un delito, ayer, sin aportar ningún dato y ni siquiera dar el nombre de los supuestamente espiados, la número dos del PP exigió al Ejecutivo que lo investigue e instó a buscar las pruebas en lo publicado en la prensa. Mantuvo la imputación del delito genérico, pero de ahí no se movió. "Hay muchas conversaciones que se han publicado en los medios de comunicación y, con echarles un vistazo, sería suficiente", dijo.

La estrategia del PP llegará la próxima semana a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, donde el PP forzará un debate para pedir la comparecencia de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, el ministro del Interior y el fiscal general del Estado. El PSOE cuenta con apoyos de sobra para rechazar las peticiones de comparecencia, pero el PP habrá conseguido el ruido de la bronca en el órgano que sustituye al Pleno. Se debatirá de la presunta persecución y no del fondo del caso Correa.

La dirección del PP sigue teniendo sobre la mesa la posibilidad de llevar esa supuesta persecución a las instituciones europeas, coincidiendo con la Presidencia española de la UE que se inicia el 1 de enero. Ayer no se trató expresamente en la reunión de la cúpula del PP, pero destacados dirigentes son partidarios de forzar una resolución del Parlamento Europeo. La propia Cospedal insistió ayer en la rueda de prensa en que mantienen esta opción de acudir a la Eurocámara.

Las siete evasivas de Cospedal

La número dos del PP respondió ayer con evasivas a siete preguntas sobre las supuestas escuchas:

- "Todo lo que tenía que decir ya lo he dicho y me reafirmo".

- "En cualquier país democrático, si la oposición dice que se siente observada y se le está espiando, lo que se hace por parte del Gobierno es abrir una investigación".

- "Hay muchas conversaciones que se han publicado en los medios de comunicación y, con echarles un vistazo, sería suficiente".

- "En los ocho años que gobernó el PP, nunca en España se produjo este intento de corrupción de las instituciones democráticas".

- "Los jueces son los que tienen que investigar. Vamos a llegar hasta el final".

- "Que el Gobierno respete las instituciones, que siempre quede a salvo el principio de independencia judicial y que la Fiscalía funcione en beneficio de todos los ciudadanos".

- "Cualquier actuación que no sea ésa tenemos la obligación de denunciarla tanto si va en contra de nuestro partido como en contra de cualquier otro ciudadano".

http://www.elpais.com/articulo/espana/PP/decide/seguir/denunciando/escuchas/carezca/pruebas/elpepinac/20090819elpepinac_2/Tes/

DE COSPEDAL INSISTE EN ACUSAR AL PSOE DE ESCUCHAS ILEGALES, PERO SIGUE SIN APORTAR PRUEBAS 

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se reafirmó esta semana en sus acusaciones contra el Gobierno y el PSOE, a quienes acusa de haber intervenido de manera ilegal conversaciones de miembros de su partido. Igual que hiciera ayer la número tres del partido, Ana Mato, De Cospedal no aportó ninguna prueba de esas supuestas escuchas, ni tampoco dio nombres de los supuestos afectados. Insistió, eso sí, en apuntar que existe una campaña de acoso contra los populares

Ya lo dijo hace unas semanas y lo ha vuelto a repetir este mediodía: María Dolores de Cospedal insiste en acusar al PSOE de hacer escuchas ilegales contra miembros del PP pero, como siempre, sin dar nombres de los afectados y sin aportar pruebas de tan grave acusación. Ante la petición de los periodistas, una vez más, de dichas pruebas, la secretaria general del partido de Mariano Rajoy se limitó a señalar que “hay muchas conversaciones publicadas en medios de comunicación, basta con echarles un vistazo”.

El Gobierno debería investigar

Lejos de suavizar este discurso, que ayer también repitió Ana Mato quedando en evidencia ante la prensa, De Cospedal aseguró que “lo que debería haber hecho el Gobierno es abrir una investigación y no insultar y ponerse a la defensiva”.

"Lo que teníamos que decir, ya lo hemos dicho"

Ante la insistencia de los periodistas para arrancarle algún tipo de prueba sobre sus duras acusaciones, la número dos de los populares se limitó a comentar: “Lo que teníamos que decir, ya lo hemos dicho, vamos a seguir hablando de este tema en el Parlamento”.

"Corrupción de las instituciones democráticas"

Además, De Cospedal subrayó que "la única prueba evidente" de presión a la Justicia es por parte del Gobierno y destacó que “en los ocho años que gobernó el PP nunca en España se produjo este intento de corrupción de las instituciones democráticas". Según denunció, “en cualquier país democrático si la oposición dice que se siente observada y se le está espiando lo que se hace por parte del Gobierno es abrir una investigación y no insultar a la oposición".

Investigaciones judiciales

Sobre si el PP piensa presentar más denuncias judiciales o piensa revelar al Gobierno los nombres de quienes supuestamente habrían sido espiados para que se inicie una investigación, la dirigente se limitó a señalar que las denuncias “ya están presentadas” ante los tribunales y que “los jueces son los que tiene que investigar” este asunto.

www.elplural.com 18.08.09

EL PP AMENAZA CON ENTURBIAR LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UE

Mato insiste, sin pruebas, en que los populares están sometidos a escuchas ilegales

El PP insiste: el Gobierno de Zapatero utiliza todos los instrumentos del Estado para llevar a cabo una "cruzada de persecución" contra ellos, que incluye las escuchas ilegales a dirigentes populares, una acusación de la que este partido sigue sin aportar pruebas que sustenten una denuncia ante los tribunales. Los populares continúan con su estrategia para intentar convertir la investigación de la trama corrupta vinculada a su partido con un caso de persecución política. El guión lo ejecutó ayer la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato. Ahora amenazan con llevar esa supuesta persecución, que Mato calificó de "cruzada", a las instituciones europeas y, más concretamente al Parlamento Europeo.

Si el PP lo hiciera finalmente, la tramitación de su denuncia coincidiría con el inicio el 1 de enero de la presidencia española de la UE. Es decir, España presidiría la UE con el Parlamento Europeo indagando si hay una persecución ilegal contra el principal partido de la oposición y si, por tanto, el Gobierno conculca derechos fundamentales.

La amenaza la hizo ayer Ana Mato y hoy el Comité de Dirección del partido, que se reúne presidido por Mariano Rajoy, decidirá si sigue adelante.

Fuentes de la dirección del PP aseguran que se estudia aprovechar la mayoría que los conservadores tienen en la Eurocámara para propiciar una declaración contra el Gobierno español o, en el caso más extremo, una comisión de investigación. Aseguran que hay un precedente de declaración institucional contra un Gobierno de Austria por un acuerdo con la ultraderecha.

Esa denuncia, en todo caso, se referiría a la actuación de la Fiscalía, incluyendo la investigación sobre Francisco Camps y de otros casos como los de Canarias y Baleares que, según el PP, han supuesto persecuciones a miembros de su partido que finalmente han sido sobreseídas. Inicialmente no estaba previsto que se incluyeran las supuestas escuchas ilegales que denunció la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

De hecho, varios dirigentes del PP han asegurado a este periódico que se sorprendieron cuando oyeron a Cospedal hacer una denuncia pública sobre esas supuestas escuchas. En ninguna reunión del partido se tomó la decisión de hacer esa acusación, aunque sí se había hablado de los supuestos pinchazos en comentarios informales entre ellos. Admiten que no disponen de pruebas para presentar ninguna denuncia, más allá de referencias o informaciones que han recibido sobre esas supuestas escuchas desde la Fiscalía o la policía.

Habían decidido explotar la estrategia de la persecución, pero en ningún caso tenían previsto incluir las supuestas escuchas hasta que no las mencionó públicamente su número dos. No obstante, la cúpula del partido mantiene la denuncia pública, aunque ayer Mato, a falta de pruebas, las redujo a una cuestión de fe: "Todo el mundo en España sabe que hay una persecución contra el PP"; "los ciudadanos saben perfectamente que el PP está sufriendo escuchas telefónicas". "No puedo dar nombres", añadió la dirigente del PP, al admitir que tampoco puede aportar pruebas.

Al ser preguntada sobre la información publicada ayer en este periódico sobre los pagos de la trama corrupta por servicios al PP sin facturas, Mato se limitó a criticar las filtraciones y a asegurar que las cuentas del partido han sido revisadas por el Tribunal de Cuentas.

Desde el PSOE, el secretario de Política Municipal, Antonio Hernando, lamentó que el PP insista en su "cruzada contra el Estado", en lugar de iniciar una "cruzada a favor de la honradez, la limpieza y en contra de la presunta corrupción de algunos de sus dirigentes".

www.elpais.es 18.08.09

600.000 EUROS SIN FACTURAS POR SERVICIOS AL PP

La investigación apunta indicios de un nuevo fraude tras analizar la contabilidad de la red encontrada en una caja de seguridad de un banco de Pontevedra

La investigación del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada a una decena de gobiernos del PP, mantiene una vía abierta sobre una supuesta operación de emisión de facturas falsas por parte de la red empresarial que dirigía Francisco Correa para justificar gastos electorales del partido de Mariano Rajoy que rondan los 600.000 euros.

Hay miles de folios en cajas que aún no ha analizado ningún tribunal

En los registros de las distintas sedes y domicilios particulares de los miembros y empleados de la trama corrupta, la policía encontró algunos indicios de una supuesta facturación irregular por servicios prestados al Partido Popular. El sumario del caso incluye un informe donde se hace referencia al contenido de la caja de seguridad de Pablo Crespo Sabaris, un ex dirigente del PP gallego que se convirtió en el número dos de la trama corrupta liderada por Correa.

Crespo, según la investigación, era la persona que se encargaba de liquidar con las tiendas de ropa Milano y Forever Young las cuentas correspondientes a los trajes regalados a dirigentes del PP valenciano.

En la caja de seguridad número 5, a nombre de Crespo, ubicada en una sucursal bancaria de Pontevedra, figuraba documentación sobre la facturación de la trama corrupta con el PP entre los años 1996 y 1999, cuando se encargaban casi en exclusiva de los actos electorales del partido que entonces presidía José María Aznar.

El importe de lo facturado en ese periodo, según la documentación incautada en la caja de seguridad, ascendía a 1.027 millones de pesetas (más de seis millones de euros).

En otros dos documentos localizados dentro de la misma caja de seguridad se hacía el siguiente reparto de esos ingresos:

- "Hoja número 1: resumen en B por importe de 536 millones de pesetas".

- "Hoja número 2: Relación de entregas con recibo en B de 439 millones de pesetas".

- "Hoja número 3: recibos".

- "Hoja número 4: relación de entregas sin recibo".

La investigación interpreta que estos documentos "hacen referencia a partidas de gastos del PP entre abril de 1996 y septiembre de 1999". Del análisis de la documentación se desprende que, de la primera cantidad de 536 millones de pesetas, la trama corrupta registró "entregas con recibo" por valor de 439 millones mientras que no consta recibo en otros 97 millones de pesetas, es decir, los casi 600.000 euros citados. La trama apuntó que, de esa cantidad sin justificar, se intentaba localizar los justificantes de tres empresas:

"A-UNO ASOCIADOS por 20 millones de pesetas. FCS 4 por 21 millones de pesetas y SPECIAL EVENTS por 19 millones de pesetas, mediante seis recibos que sumarían 60 millones".

"Con el fin de concretar la posible emisión de facturas falsas por dichas sociedades", señalan los documentos de la investigación, "habría que analizar la documentación recogida en los registros practicados por si entre la misma se encuentran dichas facturas". Hay miles de folios almacenados en cajas que aún no han sido analizados por ninguno de los tribunales que investigan la trama corrupta.

La trama llevaba una contabilidad detallada de todos los movimientos de su caja B, con anotaciones en clave. Esta hoja, incorporada al sumario, fue hallada en la caja de seguridad de Pontevedra e incluye el detalle de los pagos e ingresos del entramado empresarial que dirigía Correa.

www.elpais.es 17.08.09

LAS ENTRAÑAS DE LA 'CAJA B' DE CORREA

El contable de las empresas que dirigía Francisco Correa intentaba registrar todas las entradas y salidas de dinero que se producían en la red corrupta. Había una caja B que recogía la entrada de fondos por aportaciones de las distintas empresas de la trama y la salida de efectivo para cuestiones personales (como entregas de dinero a familiares de los directivos o a los propios directivos) o para el pago de sobornos a políticos que, a su vez, tenían suficiente autoridad para adjudicarles contratos de las administraciones públicas donde mandaban.

En la hoja que se reproduce en esta página figura la historia de un año de movimientos en esa caja B donde, por un lado, se recogen los ingresos de fondos por parte de empresas de la trama (entra disasi significa una aportación de Diseño Asimétrico; entra easy se refiere a la empresa Easy Concept, que hacía la mayoría de los actos institucionales de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre... y así sucesivamente).

En la salida de fondos, el contable registraba quién pagaba y a quién, todo con iniciales:

- IJG ALV. En la contabilidad de la caja B, IJG es Isabel Jordan, la jefa de Easy Concept, empresa que durante años se encargó de montar los actos institucionales de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. El consejero de Deportes, Alberto López Viejo, era el contacto que la trama corrupta tenía para conseguir todos los contratos de la Comunidad de Madrid. En la caja B aparece bajo las siglas ALV recibiendo grandes cantidades de dinero, en pago supuestamente a sus favores. Tanto Isabel Jordan como el contable de Correa han admitido ante el juez que ALV es Alberto López Viejo.

- PCS a Boch. Francisco Correa era PCS en las siglas que el contable apuntaba en la caja B cada vez que el jefe de la trama ordenaba pagar a alguien un dinero. Boch es en realidad Alfonso Bosch, diputado autonómico del PP en Madrid.

- Orden ijtmm pp. Isabel Jordan, según este apunte, pagaba dinero a Tomás Martín Morales, dirigente del PP en Boadilla del Monte.

www.elpais.es 17.08.09

LA VIEJA Y FLEXIBLE CONSPIRACIÓN DEL PP

La acusación genérica a los poderes del Estado comenzó al día siguiente de la detención de Correa y evolucionó hasta culminar en las escuchas de Cospedal

Esta todo ahí, en ese vídeo. Mariano Rajoy, en la sede del PP, rodeado por los máximos dirigentes de su partido, el 11 de febrero de 2009, se coloca frente a un atril y dice: "Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden. Esto es una trama contra el PP". Rajoy se centra en las informaciones periodísticas y describe una trama en la que están el fiscal general del Estado, el juez Baltasar Garzón y el Gobierno. Pide la comparecencia del fiscal general en el Congreso para que explique "el diferente trato que la Fiscalía da a los partidos políticos". "Nunca en España, ni con Suárez, ni con Calvo-Sotelo, ni con González, ni con Aznar, se había hecho un uso tan partidista de la fiscalía como hasta ahora". Exactamente igual lo dijo Arenas este jueves, seis meses después. "El 100% de los casos afectan al PP. Nunca afectan al PSOE". Rajoy también lanza la idea de que lo que está ocurriendo es propio de dictaduras: "Creíamos que estas cosas estaban superadas hace tiempo". Como ahora.

A los populares les consta que gente de su partido tiene el teléfono pinchado

Acusan al Gobierno de utilizar jueces, fiscales y policías para acosarles

Los dirigentes del PP que llevan dos semanas de agosto denunciando un supuesto acoso de las instituciones contra su partido no se basan en ninguna actuación judicial, policial o política de los últimos seis meses. Todo lo dijo ya Rajoy ese 11 de febrero cuando sólo habían pasado cinco días de la detención de Francisco Correa, el jefe de la trama corrupta que logró decenas de millones de euros en adjudicaciones de Gobiernos del PP. No se podía sospechar todo lo conocido después. Sin embargo, la conspiración, la acusación genérica a todos los poderes del Estado, estuvo ahí desde el minuto uno. Aunque se ha adaptado a las circunstancias.

- Estalla el escándalo. En el primer fin de semana, los periódicos publican información a mansalva sobre Correa y sus negocios, incluidas las grabaciones en las que salen mencionados muchos dirigentes del PP. Ese mismo sábado, Esteban González Pons marca el tono de la estrategia a seguir: dice que el Gobierno utiliza la fiscalía y la policía "en una estrategia de eliminación del PP".

El domingo, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal hace público el argumento completo: "No vamos a consentir que se nos implique en ninguna campaña de financiación ilegal o de corrupción porque el PP no reconoce absolutamente como partido ninguna responsabilidad en los asuntos que están apareciendo en diversos medios. Esto es una operación de acoso y derribo contra el PP. El PSOE, que no nos puede dar lecciones porque es el partido de los GAL y de Filesa, está utilizando de forma escandalosa al Ministerio del Interior, la fiscalía y otros poderes del Estado en beneficio propio".

Para entonces sólo había dos cargos del PP imputados. Dos alcaldes, que dimitieron. A pesar de que el PP está en supuesta "indefensión absoluta" porque no conoce el sumario, la presidenta de la Comunidad de Madrid cesa fulminantemente a un consejero muy cercano a ella sólo tres días después de la detención de Correa. Nadie seguirá su ejemplo.

- Denuncia contra Garzón. El 12 de marzo, el PP presenta su segunda denuncia contra Garzón ante el Poder Judicial. En ella relata una misteriosa llamada de teléfono de un policía a Camps, el 5 de marzo, el día en que Garzón se inhibió en favor del Tribunal Superior de Valencia. El policía le comunica este hecho al presidente. El escrito da muchos detalles de la llamada y lo califica de "maniobra irregular del juez". El Consejo General del Poder Judicial archiva la denuncia.

- Una decena de imputados. Han pasado seis meses y el sumario ya no es uno, sino tres. Garzón ya no se ocupa del caso, y tres fiscales, tres jueces y una sala del Supremo han visto material suficiente para seguir adelante con la "trama contra el PP". Han sido imputados cuatro cargos del PP valenciano, incluido el presidente (el caso está archivado y recurrido al Supremo). Han sido imputados tres diputados autonómicos del PP de Madrid, un diputado nacional y un senador y tesorero nacional del partido, que dimitió.

- Las grabaciones. Con este panorama se llega a la segunda parte de la conspiración. El 19 de julio, EL PAÍS publica una grabación en la que El Bigotes, líder de la trama en Valencia, afirma que hace regalos a Rita Barberá. Él mismo dice que la alcaldesa de Valencia no le da nada a cambio. El PP monta en cólera. Considera que la conversación no tiene ninguna relevancia penal y que se ha utilizado exclusivamente dentro de una campaña de filtraciones para "tratar de aniquilar" al partido. Al día siguiente, igual que seis meses antes, Cospedal carga de nuevo contra el Gobierno, la fiscalía y la policía. Elude contestar sobre la corrupción. Las declaraciones de dirigentes del PP poniendo el grito en el cielo por las filtraciones y apuntando a la policía se suceden hasta el punto de que, el día 21, Cospedal se tiene que reunir con los sindicatos policiales, que se sienten atacados. Cospedal les tranquiliza e indica que su acción política va contra la fiscalía y los ministros de Justicia y de Interior, como responsables de los órganos del Estado con acceso al sumario. Igual que en febrero, anuncia que pedirá su comparecencia para que se expliquen. Les comunica también que van a presentar una denuncia.

Esa denuncia llega el 24 de julio. La presenta Federico Trillo, que repite frases que colean desde febrero, como la persecución al PP o una referencia a la dictadura. La denuncia es por un "delito continuado de revelación de secretos", una "revelación de actuaciones secretas" y "una interceptación ilegal de las comunicaciones". De las filtraciones ya no puede acusar a Garzón, pero en vez de acusar a los jueces de Madrid, de Valencia o del Supremo, señala expresamente como sospechosos a todos los policías que hayan participado en la investigación. Cospedal queda en evidencia ante los sindicatos policiales.

- De la prevaricación de Garzón al espionaje del Gobierno. La denuncia, además, recupera un dato antiguo para sostener las supuestas escuchas ilegales. La conversación de un policía con Camps el 5 de marzo ya no es una chapuza del juez Garzón atribuible a sus prisas sino una prueba de que el presidente valenciano está siendo grabado ilegalmente por la Policía Judicial. En la denuncia no se dice nada parecido. En su encuentro con la prensa ese día, Trillo alardea de haber escuchado esa conversación, aunque se niega a decir que esté grabada. Eso lo dice Trillo después.

- El recurso de la fiscalía. El lunes 3 de agosto, el Tribunal Superior de Valencia archiva la causa contra Camps. Ese día, la vicepresidenta anuncia sorpresivamente que la fiscalía recurrirá al Supremo. Cospedal se agarra a este nuevo dato para relanzar la conspiración a un nivel superior. El martes, en un comunicado en vídeo, acusa al Gobierno de utilizar a la fiscalía para perseguir al PP más que a ETA. Dos días despúes, en una entrevista desde la playa, acusa al Gobierno de utilizar a jueces, fiscales, policías y servicios secretos (esto es nuevo) para acosar al PP. Y añade que le consta que dirigentes de ese partido tiene pinchados los teléfonos.

Ese día, el desconcierto en el PP es palpable. Los días posteriores, la poca gente del partido que atiende a los medios sólo sabe decir que "algo saldrá" y que si Cospedal lo ha dicho es porque "algo hay". Queda claro que sólo ella sabe a qué se refiere. El 11 de agosto, Trillo reitera lo que ha dicho en días anteriores en algunas entrevistas: tiene una grabación de la llamada de Camps. Pero no aclara por qué en la denuncia del día 24 ni siquiera se dice que esa conversación está grabada. Rajoy avala la acusación, pero se niega a hablar de ella en detalle. Otros dirigentes van añadiendo elementos estilo 11-M a la historia: "Que se investigue", "que se demuestre que no es así". Todavía no han dicho "queremos saber".

www.elpais.es  16.08.09

"ZAPATERO ES LA PERSONA MÁS DICTATORIAL DEL MUNDO" 

El Partido Popular sigue escalando en su particular estrategia de crispación. La última en subirse al carro ha sido Ana Mato: “Zapatero es la persona más dictatorial del mundo”. La vicesecretaria de Organización y Electoral del PP se sitúa así al nivel de su compañero Javier Arenas, mostrando su afinidad, después de que el andaluz asegurase que "solamente en las dictaduras, en los regímenes no democráticos se persigue a la oposición con policías y fiscales". Mato ha concedido una entrevista a Europa Press en la que ha confirmado que su partido está manteniendo contactos con otros grupos y cargo contra el PSC por acusarles de estar manteniendo reuniones secretas con CiU.

El más dictatorial

“Zapatero ha pasado de ser la persona del talante a convertirse en la persona más dictatorial del mundo”. Ni más ni menos, así se ha referido al presidente del Gobierno, Ana Mato, la número tres oficial del Partido Popular, que ha también ha querido sumarse a la campaña de acusaciones sin prueba y comparaciones con dictaduras en la que se ha sumido el principal partido de la oposición para huir hacia adelante del caso Gürtel.

Lo habitual

Mato ha puesto como ejemplo de su idea las acusaciones que esta semana se hicieron desde el PSC acerca de reuniones secretas entre dirigentes de CiU y del PP. La popular ha confirmado que están teniendo “contactos” con diferentes partidos pero, según ella, es algo que se enmarca en la normalidad de las relaciones parlamentarias. "Son encuentros habituales en democracia, pero algunos se creen que la democracia sólo funciona cuando estás en el Gobierno y para los que están en el Gobierno", explicó.

“Una carga pesada”

Además, según Mato, estos contratos son aún más normales si se tiene en cuenta que "muchos grupos parlamentarios saben que la situación económica está mal" y "ya no confían en Zapatero". Incluso quienes han apoyado normalmente al Gobierno "saben que es una carga pesada llevar a Zapatero detrás y por tanto le están dando la espalda", según la popular.

Poder absoluto

A su juicio, Zapatero "utiliza todo con fines partidistas y tiene que darse cuenta de que es el presidente del Gobierno de todos los españoles, no solamente de su partido". "Por tanto -subrayó-, como presidente de su partido puede tener los contactos que quiera para que su partido vaya bien, pero como presidente del Gobierno tiene que tener contactos para que España vaya bien". Para la ex eurodiputada, Zapatero "confunde lo propio con lo de todos" y ahora "se ha apropiado del poder y parece que tiene un poder absoluto sobre todo". 

www.elplural.com 15.08.09

VALCÁRCEL ACUSA AL GOBIERNO DE USAR A PERIODISTAS COMO "FRANCOTIRADORES" CONTRA EL PP

El presidente de Murcia, el popular Ramón Luis Valcárcel, acusó ayer al Gobierno de querer "manipular a la Justicia" y afirmó que la "persecución al PP" llevó en su día en la región de Murcia a "tomar literalmente un pueblo", en referencia a los municipios de Totana, Librilla y Torre Pacheco. Sin citar al Ejecutivo pero con alusiones implícitas, Valcárcel arremetió contra la "parafernalia mediática" que acompaña a las detenciones de cargos del PP, y añadió que en Murcia esos arrestos se produjeron con la presencia, "como si fueran francotiradores", de medios de comunicación "avisados la noche antes".

El presidente se refería a las detenciones que llevaron a cabo Guardia Civil y Policía Nacional en Totana, Librilla y Torre Pacheco, donde fueron arrestados y encarcelados sus respectivos alcaldes y algunos ediles por su presunta implicación en casos de corrupción urbanística.

"Luego todo ha quedado en libertad sin cargos, en libertad con pequeños carguitos y sin fianza alguna...", añadió Valcárcel, a pesar de que sobre el alcalde de Totana, José Martínez Andreo -que pasó dos meses en prisión-, sobre el ex alcalde y diputado autonómico Juan Morales y sobre otros 10 imputados pesan delitos como malversación, prevaricación, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, infidelidad en custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.

El alcalde de Librilla, José Martínez García, y su edil de Urbanismo, Pedro Martínez, encarcelados más de un mes, están acusados de cohecho, prevaricación y negociación prohibida. "Claro que respeto a la Justicia, yo soy muy respetuoso con ella, pero no con quien quiere manipularla", concluyó Valcárcel.

Zapatero, "dictatorial"

Por otra parte, la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, sostuvo ayer que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha pasado de ser "la persona del talante" a convertirse en "la persona más dictatorial del mundo". Un ejemplo, según Mato, son las acusaciones que esta semana hizo el PSC acerca de supuestas reuniones secretas entre CiU y PP. Confirmó que el PP está teniendo "contactos" con diferentes partidos, pero lo enmarcó en la absoluta normalidad de las relaciones parlamentarias.

"Muchos grupos parlamentarios saben que la situación económica está mal y ya no confían en Zapatero", dijo Mato. Según ella, Zapatero "confunde lo propio con lo de todos" y ahora "se ha apropiado del poder".

www.elpais.es 15.08.09 

“ZAPATERO ES RESPONSABLE DE UN COMPLOT DE ESTADO” 

El secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa, ha acusado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de ser el "responsable de un complot de Estado" contra el PP y sus dirigentes. “Más que un complot –ha añadido- es una conspiración utilizando los resortes del Estado”. 

En una entrevista a Europa Press, el portavoz popular en las Corts criticó duramente la actuación de la Fiscalía del Estado en el caso Gürtel, en el que el propio Costa ha estado imputado, y en la causa por malversación del Palma Arena. El secretario general del PP valenciano censuró también lo que calificó de "instrucciones" dadas por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para que se recurra el sobreseimiento de la instrucción contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros altos cargos de esa Comunidad.

"Persecución política"

"Vivimos en una época de clara persecución política”, acusó Costa, según él basándose en "hechos empíricos" como las "imágenes de las detenciones en Baleares", donde los imputados en el caso'Palma Aren' fueron esposados en su traslado a los juzgados. "Esto hace que te preguntes si es lo habitual por parte de la Policía", aseveró.

Las "instrucciones" de De la Vega

El número dos del PP valenciano dijo, además, que ver a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, "dando instrucciones a Fiscalía sobre lo que tiene que hacer" consigue que "se ponga en tela de juicio la independencia de un organismo del Estado tan importante", por lo que su grupo político en las Corts -afirmó- estudia la posibilidad de pedir su dimisión, a través de una iniciativa parlamentaria.

"El Tribunal ya no decide sobre mí"

Acerca del sobreseimiento de la causa contra la cúpula de la Generalitat en el caso Gürtel, Ricardo Costa subrayó que los jueces "ya han tomado una decisión sobre Camps o sobre mí" y han concluido que "no hay ningún tipo de delito". Ahora –añadió- "el Tribunal Supremo no tiene que decidir sobre mí o sobre el presidente, sino sobre un recurso que va a presentar la Fiscalía y los socialistas valencianos".

"Me guardo las facturas...

Preguntado sobre si ahora se cuida de guardar todas las facturas, Costa señaló que "sólo me guardo aquellas que me puedan servir como garantía. No suelo ser excesivamente escrupuloso con ese tema". 

www.elplural.com 15.08.09

“CADA VEZ QUE GOBIERNA EL PSOE HAY PROBLEMAS DE ESCUCHAS TELEFÓNICAS”

Javier Fernández Lasquetty se confiesa admirador de Esperanza Aguirre y de José María Aznar. No en vano, antes fue secretario general de FAES y ahora es consejero de Inmigración de Aguirre. Con estos antecedentes, es de extrañar que haya tardado tanto en sumarse a la campaña de acusaciones del PP contra el Gobierno, pero ya ha acudido al toque a rebato: “Siempre que gobierna el PSOE termina habiendo problemas de escuchas telefónicas".

Lasquetty se ha remontado a los años en los que el vicepresidente del último gobierno socialista de Felipe González, Narcís Serra, tuvo que dimitir tras el escándalo de las escuchas telefónicas del Cesid, en una operación que también le costó el puesto al entonces ministro de Defensa Julián García Vargas.

Cada vez que gobierna el PSOE…

"Yo no sé qué es lo que pasa, pero cada vez que gobierna el PSOE termina habiendo problemas de escuchas telefónicas, porque al final -ha considerado- es lo mismo: Narcís Serra organizó un servicio de escuchas y aquí fue escuchado hasta el Rey de España".

Persecución popular

No podía faltar la acusación contra el Gobierno de perseguir al PP: “Lo que hoy estamos viendo es cómo el gobierno, más allá de escuchas en concreto, está centrando todo su esfuerzo en perseguir a la oposición, contando para ello con todos los resortes y aparatos del estado, en vez de dedicarse a lo que se tendría que dedicar, que es pensar qué es lo que vamos a hacer con los centenares de miles de personas que se van a ir al paro el próximo otoño".

Los esposados

Tampoco ha olvidado Lasquetty criticar las detenciones de sus compañeros de Palma, acusados de corrupción: "Lo que le preocupa es que se vean bien claras las imágenes de un concejal del PP esposado a otro, o que salga bien claro en una portada, cualquier historia que se van inventando".

Campaña contra Granados

Igualmente, cree que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha sufrido una campaña en su contra que, en realidad, pretendía golpear a Esperanza Aguirre, para "atacar la imagen prestigio y solvencia del gobierno regional". Afirma que "nada le hace pensar" que la presidenta de Madrid planee una remodelación de su gobierno, y menos a causa de Granados.

www.elplural.com 13.08.09

ARENAS ACUSA AL GOBIERNO DE PERSEGUIR AL PP COMO EN LAS DICTADURAS

Los populares insisten en hacer a Zapatero responsable del supuesto acoso

Los dirigentes del PP se turnan cada día para mantener vivas sus acusaciones y preparar un otoño parlamentario en el que pretenden llevar la conspiración al Congreso. Ayer fue Javier Arenas, vicesecretario general de Política Autonómica, el encargado de alimentar la conspiración. "Solamente en las dictaduras se persigue a la oposición, a los adversarios, con fiscales y policías. Esta situación no debe continuar". Fue la aportación política del día.

Arenas se preocupó de que sus declaraciones llegaran a todas las redacciones a través de las agencias de noticias y de un vídeo producido por el PP. El dirigente popular ha avalado expresamente las acusaciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de que el Gobierno utiliza los medios del Estado para espiar a dirigentes del PP y que tiene sus teléfonos pinchados. La acusación, una de las más graves realizadas en democracia por el principal partido de la oposición, aún no ha sido probada, ni denunciada en un juzgado, ni rectificada.

El discurso de los populares se centra ahora en insistir en una teoría conspirativa y, sobre todo, en intentar que José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del Gobierno en persona entre en la guerra de declaraciones. "Creo que estamos viviendo en los últimos tiempos un clima político irrespirable cuyo máximo responsable es Zapatero", dijo ayer Arenas. El día anterior lo había intentado Mariano Rajoy también haciendo a Zapatero responsable de una supuesta "inquisición" contra el PP. Arenas añadió, invocando el espíritu de la Transición, que "lo que ocurre no ha sucedió con Suárez, ni con Calvo Sotelo, ni con González ni con Aznar".

La estrategia tiene una traducción parlamentaria que ya ha comenzado y promete un otoño de máxima tensión. En lo que para el PSOE se trata de un ataque en toda regla al Estado de Derecho, el PP pedirá que antes de que termine el mes de agosto la Diputación Permanente del Congreso vote la comparecencia de dos miembros del Gobierno y del Fiscal General del Estado.

El PP recibió ayer el primer apoyo externo a sus gravísimas acusaciones. En un debate en la Cadena SER, el presidente de Canarias, Paulino Rivero, que Gobierna en coalición con los populares, afirmó: "¿Que si hay escuchas telefónicas ilegales? Sí, yo creo que sí las hay. No he dicho con rotundidad que tenga constancia de esas escuchas, pero han ocurrido muchos caos en España donde a través de escuchas no sé si procedentes o improcedentes se ha imputado a ciudadanos honorables que luego la Justicia ha dejado en libertad sin ningún tipo de cargo y ese daño no ha sido reparado".

www.elpais.es 13.08.09

BLANCO: "LOS DEL PP SE ESPÍAN ENTRE ELLOS Y CREEN QUE TODO EL MUNDO HACE LO MISMO"

se mantenían ayer al acecho de los movimientos del PP por si este partido "había recapacitado" y establecía una tregua en la escalada de acusaciones y denuncias. O incluso confiando en que entraran en un tiempo de silencio. Pero pronto salieron de dudas al conocer los durísimos juicios del vicesecretario general de política autonómica del PP, Javier Arenas. Y, de nuevo, los dirigentes del PSOE sacaron su arsenal de argumentos en contra.

La línea de réplica de los socialistas se mueve en el contraataque de que "esta desmesura" supone una "huida hacia adelante" del PP ante la perspectiva de que sigan aflorando casos de corrupción, según fuentes de la ejecutiva federal. "El señor Rajoy no debe desviar sus problemas acusando sin pruebas a los demás", señaló José Blanco, vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento. Y añadió: "Tras lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, el PP tiene el síndrome del espionaje: se espían entre ellos y creen que todo el mundo hace lo mismo". El ministro hizo estas declaraciones después de reunirse con una delegación de EE UU interesada en la red ferroviaria española. En un tono moderado, quizá porque estaba en la sede de su ministerio y en su papel de ministro, agregó: "Le pido al señor Rajoy que no cuestione el Estado de derecho cuando se investigan actuaciones que afectan a su partido".

Fue Blanco, como vicesecretario general del PSOE, quien emplazó a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a que denuncie que el Gobierno ha ordenado investigar a dirigentes del PP o dimita. Este asunto ya ha quedado superado toda vez que Rajoy ha avalado a Cospedal. Ahora bien, Blanco pide al PP que no aplauda a la Justicia si le va bien y la censure si no le gustan las decisiones que adopta.

A este respecto, la responsable de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, en declaraciones a Onda Cero, se preguntó ayer si los populares quieren "que la policía y la fiscalía hagan una excepción y no investiguen cuando se trata de casos que puedan afectar al PP".

EL PSOE BUSCA APOYOS EN EL CONGRESO PARA EVITAR LAS COMPARECENCIAS

ngreso cuenta con dos semanas por delante para sondear y, si se dan las condiciones, tratar de convencer al resto de los grupos de la oposición para que no sustenten la estrategia del PP "de cuestionar al Estado de derecho". Ésta es la intención de la dirección del grupo ante la evidencia de que el resto de la oposición tendrá que retratarse en la reunión de la Diputación Permanente, cuando el PP exija las comparecencias de ministros y del fiscal general del Estado para interrogarles sobre "la persecución" a la que el Gobierno somete al PP, como ha proclamado su líder, Mariano Rajoy.

Casi con seguridad, el presidente del Congreso, José Bono, convocará la Diputación Permanente -órgano que sustituye al pleno del Congreso en tiempo de vacación parlamentaria- la última semana de agosto.

Hasta entonces, los grupos de la oposición tienen tiempo para decidir si comparten con el PP el criterio de que la policía y la fiscalía persiguen a ese partido y, por tanto, tienen que comparecer con urgencia en el Congreso la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Los socialistas reconocen que preguntarán a los grupos que les parece esta estrategia y estas peticiones.

Interpelaciones futuras

No obstante, si el PP no consiguiera su objetivo de que una mayoría fuerce estas comparecencias, nada podrá impedir que los ministros citados y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sean interpelados por el PP cuando comience el período ordinario de sesiones y utilice libremente sus turnos de control al Gobierno.

En este clima, el presidente del Gobierno ha descartado absolutamente comparecer hoy después del Consejo de Ministros. Había alguna duda sobre si, después de esta reunión, el Zapatero saldría para dar cuenta de los acuerdos y avanzar planes para el otoño, pero al final lo harán las dos vicepresidentas De la Vega y Elena Salgado. La próxima comparecencia del presidente se producirá el 28 de agosto, tras una nueva reunión del Consejo de Ministros. El líder del PP, Mariano Rajoy, exigió el pasado viernes a Zapatero que compareciera hoy para explicar el trato "vejatorio" que, en su opinión, se dio a los cargos de su partido detenidos en Baleares por presunta prevaricación, al ser esposados y "expuestos públicamente" ante los periodistas.

www.elpais.es 13.08.09

FRACTURA TOTAL ENTRE EL GOBIERNO Y EL PP

Rajoy, sin pruebas, avala la acusación de Cospedal contra las instituciones - Rubalcaba denuncia las "gravísimas e intolerables infamias" de la oposición

Una de las más graves fracturas en las relaciones institucionales entre PP y PSOE, los dos partidos que se han alternado en el Gobierno de España en los últimos 27 años, está servida. El líder del PP, Mariano Rajoy, avaló ayer en su primera comparecencia pública tras cinco días de inquietante silencio, todas las acusaciones sin pruebas de su cúpula directiva contra el Gobierno, la fiscalía, los jueces, los policías y los servicios secretos sobre la supuesta instrumentación de estas instituciones para espiar a dirigentes del PP y de persecución a este partido por parte de los poderes del Estado.

RUBALCABA: "EL DISPARATE DEL VERANO LO HA PRONUNCIADO COSPEDAL"

 

El ministro del Interior acusa al PP de hacer "acusaciones falsas" contra las instituciones del Estado

  • "En el juzgado y con pruebas, no en la playa", reclamó el ministro
  • Rajoy no aclaró si el PP presentará una denuncia formal por los hechos
  • Rajoy cortó a los periodistas cuando le preguntaron qué pruebas tiene
  • Dijo desconocer las declaraciones de Cospedal sobre la fiscalía y ETA

La respuesta del Gobierno fue especialmente contundente. "Es falso, es una infamia y es gravísimo; lo que pretende el PP es amedrentar a jueces, fiscales y policías para que no investiguen la corrupción de este partido", declaró el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba. Éste, en tono solemne, dijo que el Gobierno había sido "prudente" tras las explosivas declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, desde Marbella. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero pidió "respeto" el viernes. "Quiero quedarme ahí", añadió, y aclaró que no había hablado con Rajoy. El líder del PP acusó ayer directamente a Zapatero de ser el "responsable de todo" el supuesto acoso a su partido.

Tras la confirmación de que la teoría conspirativa viene de la máxima autoridad del PP, Rubalcaba fue el encargado de expresar la indignación del Gobierno: "Es el disparate del verano, Cospedal acusando al Gobierno de espiar a la oposición... Un disparate monumental. Hemos esperado una prueba o una rectificación. Ni lo uno ni lo otro. Más bien una ratificación. Y a estas alturas, seis días después sin presentar pruebas, la conclusión es que es una acusación rotundamente falsa y una infamia gravísima. No puede quedar sin respuesta".

Como han hecho jueces, fiscales y policías antes, Rubalcaba reclamó una denuncia formal. "Este tipo de acusaciones gravísimas, con pruebas y en el juzgado, no en una playa y sin pruebas. Y luego llamando a Rajoy, que está en un chiringuito. Y después de Rajoy, 'oiga, déjeme, que ya he dicho la barbaridad del verano y voy a darme un chapuzón", caricaturizó el ministro.

Rubalcaba ya estaba lanzado y los periodistas apuntaban frenéticamente: "¿Por qué hace esto el PP? Para tapar lo que está pasando, para no hablar de los presuntos casos de corrupción que se dan en sus filas. Si lo que hay que tapar es muy grande, se dice una barbaridad muy grande. Para tapar un barco de juguete, te basta una cortinita de humo, pero para tapar el Titanic tienes que decir una barbaridad muy grande".

El ministro quiso desenmascarar lo que considera la "estrategia del mundo al revés" del PP, es decir, "que los policías y los jueces den explicaciones, en vez de los corruptos". "Con toda rotundidad, el Estado no investiga al PP, sino a presuntos corruptos que hay en el PP", dijo. Rubalcaba aún se refirió a que se trataba de la acusación "más infamante de la democracia", aunque él no es partidario de ir a los tribunales.

La contundente réplica del ministro se produjo minutos después de Rajoy respondiera preguntas por primera vez desde que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana archivara la causa por cohecho contra el presidente autonómico, Francisco Camps. El recurso de la fiscalía a esta decisión, anunciado sorprendentemente por la vicepresidenta del Gobierno desde Costa Rica, fue lo que desató las acusaciones conspirativas de Cospedal. Rajoy la avaló desde Pontevedra donde pasa sus vacaciones.

¿Cree que el Gobierno ha pinchado su teléfono?, fue lo primero que le preguntaron a Rajoy. "El mío me tiene sin cuidado porque yo no tengo nada de qué arrepentirme, me preocuparía como ciudadano porque es un principio básico de cualquier democracia. Me remito a las declaraciones que ha hecho la secretaría general de mi partido que todos los miembros de mi partido compartimos".

Rajoy evitó, no obstante, respaldar una de las más graves imputaciones lanzadas por Cospedal cuando dijo que el Gobierno dedica más esfuerzos a perseguir al PP que a los terroristas de ETA. El líder dijo desconocer la frase, pero refrendó la mayor: "Es evidente que el Gobierno persigue al PP". Después de dar carta de naturaleza a las graves acusaciones de su partido, el líder de la oposición evitó confirmar lo que le han reclamado todas las instituciones.

-¿Presentarán denuncia por las escuchas ilegales? -inquirió un periodista.

-Ya veremos lo que hacemos, de momento ya tenemos tres denuncias presentadas en Madrid, en Valencia y en Canarias.

-Dicen ustedes que tienen pruebas -replicó el redactor.

-No voy a entrar en más detalles -despachó el líder del PP.

-Discúlpeme...

-No le disculpo más.

-¿No presentan denuncia porque no confían en las instituciones ante las que deberían presentarla? -terció otro periodista.

-Yo confío en las instituciones, en la justicia y en las fuerzas de seguridad del Estado, no desde luego en el ministro del Interior y en el fiscal general del Estado (...) ni en la vicepresidenta Fernández de la Vega, que llama a la fiscalía para dar instrucciones de que presente denuncia.

El presidente del PP no esgrimió pruebas. Incluso dijo desconocer la cinta de la que horas antes había hablado Federico Trillo, una supuesta grabación de la llamada que un inspector de policía de Madrid hizo al móvil del presidente Camps para informarle de que su parte del caso Gürtel se juzgaría en Valencia. Para Trillo, según declaró ayer en Onda Cero, ésa es una de las pruebas de que los dirigentes del PP, en este caso Camps, tienen los teléfonos pinchados. Trillo no ha aportado la grabación, ni ha dicho quién la realizó. Por parte del PSOE, Elena Valenciano consideró ayer a Trillo "la mano que mece la cuna" y a Rajoy el "autor intelectual".

Tras lanzar su andanada, Rajoy anunció que su partido votará a favor de los suplicatorios para que el Supremo pueda imputar al tesorero de su partido, el senador Luis Bárcenas, y al diputado Jesús Merino. "Nosotros votamos a favor de todos los suplicatorios, de todos, siempre lo hemos hecho y volveremos a hacerlo". Será uno de los primeros asuntos parlamentarios después del verano en el que el caso Gürtel parece haber roto definitivamente todos los puentes entre PP y Gobierno.

Desde el ámbito parlamentario, José Luis Ayllón, portavoz adjunto del PP en el Congreso, ahondó en esta ruptura cuando dijo que si al Gobierno le parece una "infamia", como dijo Rubalcaba, el PP está "en el camino de la verdad". Según Ayllón, el PSOE ya calificó de infamias el caso GAL y el caso de las escuchas del CESID, a finales de los ochenta, por lo que el supuesto espionaje debe de ser verdad, como aquéllos.

El enfrentamiento más grave de la legislatura

Según dijo ayer Alfredo Pérez Rubalcaba, el Gobierno ha sido prudente ante las acusaciones de María Dolores de Cospedal, quien dijo el pasado jueves desde su lugar de vacaciones que el Ejecutivo ha ordenado espionaje ilegal contra dirigentes del PP. Ayer, cuando Mariano Rajoy avaló estas palabras, el Gobierno respondió:

- Mariano Rajoy: Cospedal hizo "declaraciones que apoyamos y respaldamos todos dentro del partido".

- "El Gobierno está persiguiendo a los miembros del Partido Popular", lo que está generando "muchas dudas y muy poca confianza en las instituciones".

- "Confío en la justicia. En quien no confío es en el ministro del Interior y en el fiscal general del Estado. Y confío en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otras cosas, porque yo he mandado sobre ellas, pero yo nunca les he dado instrucciones para hacer cosas que no debieran hacer. Por tanto, no confío en los responsables políticos de esas instituciones".

- Alfredo Pérez Rubalcaba: "Es una acusación rotundamente falsa y una infamia gravísima. No puede quedar sin respuesta"

- "Este tipo de acusaciones gravísimas, con pruebas y en el juzgado, no en una playa y sin pruebas".

- "Con el líder de la oposición de chiringuitos y la 'número dos' en la playa... la propia escenografía mediática es la que demuestra que ni se lo creen".

- "¿Por qué hace esto el PP? Sencillamente, para tapar lo que está pasando, para no hablar de los presuntos casos de corrupción que se dan en sus filas".

- "Es un intento no explícito de amedrentar a los policías, jueces y fiscales y eso en democracia tampoco vale".

- "El PP pretende que el mundo vaya al revés, que sean los policías y el Gobierno y no los presuntos corruptos los que den explicaciones sobre la presunta corrupción en el PP".

www.elpais.es 12.10.09

ARENAS CONFIRMA QUE "TODO EL PP" ACUSA AL GOBIERNO DE PERSEGUIRLES

Todos somos Cospedal. Ya no hay duda de que la secretaria general del PP hablaba en nombre del partido cuando hace cinco días acusó al Gobierno de ordenar escuchas ilegales a dirigentes populares no incursos en procedimientos judiciales. De corrobarlo se encargó ayer el vicesecretario general de Política Autonómica, Javier Arenas. "Lo que ha dicho María Dolores de Cospedal lo piensa el cien por cien del partido", aclaró Arenas, que repitió algunos de los argumentos utilizados por la secretaria general de los populares contra el Gobierno.

"Nunca en 30 años de democracia hemos vivido una situación peor de utilización política por parte del Gobierno, de la policía y la fiscalía para agredir al Partido Popular", señaló Arenas. Además, el dirigente del PP asocia la actuación de ambas con "lo mediático y la absoluta impunidad, con el fiscal de brazos cruzados, ante la filtración de sumarios secretos".

La presunta implicación de altos cargos del Partido Popular de Baleares en una trama de corrupción y su detención el pasado fin de semana es otro motivo que sirve a la dirección del PP para acusar al Gobierno de instigar a la fiscalía y a la policía contra su partido. "Basta ya de tanta desproporción, de tanta discriminación y de tanta doble vara de medir", clamó Arenas.

No había muchas dudas de que la cúpula del partido pensaba lo mismo que su secretaria general, ya que un día después de sus denuncias se registró en el Congreso la petición de comparecencias del Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, y del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Al primero se le pedirá que explique la supuesta diferencia de actuación de la fiscalía ante imputados del PP y del PSOE. Los populares sostienen que a los suyos se les trata con una dureza que no se aplica a los socialistas.

Ayer se reafirmaron en esta convicción tras las detenciones durante 72 horas de altos cargos del PP, puestos el domingo en libertad con cargos y tras abonar fianzas de distintas cuantías. "Denunciaremos tanto en tribunales españoles como en instancias jurídicas comunitarias la actuación del Gobierno" anunció Arenas. Éste desveló que su partido estudia más iniciativas de denuncia. No obstante, señaló que su partido ya ha acudido a los tribunales. Se refiere a la denuncia presentada el pasado 24 de julio para encontrar a las fuentes de EL PAÍS sobre la trama de corrupción que dirigía el encarcelado Francisco Correa.

Por su parte, la responsable internacional del PSOE, Elena Valenciano, animó a los populares "a llevar a Europa el caso Gürtel".

www.elpais.es 11/08/2009

EL PSOE REPLICA QUE, CUATRO DÍAS DESPUÉS, COSPEDAL NI APORTA PRUEBAS NI DIMITE

Si todo el PP apoya a su secretaria general, María Dolores de Cospedal, todo el PSOE sigue a su vicesecretario general, José Blanco, en su exigencia a la dirigente popular de que presente pruebas de sus acusaciones o abandone la vida política. Blanco dio a Cospedal el pasado 6 de agosto "24 horas" para que presentara una denuncia "fundamentada ante los tribunales" sobre las acusaciones al Gobierno de ordenar escuchas ilegales a dirigentes del PP. Ya han pasado cuatro días desde que Cospedal lanzara tan graves acusaciones, recordó la socialista Elena Valenciano, y Cospedal "ni ha presentado pruebas, ni ha dimitido". "Por un mínimo de sentido común y de decencia democrática", opinó Valenciano, Cospedal debería "formalizar su denuncia en los tribunales o asumir responsabilidades y dejar la vida pública".

Los socialistas no abandonaron su postura a pesar de la irrupción en escena del vicesecretario general del PP, Javier Arenas, sumándose a las acusaciones lanzadas por Cospedal. "Javier Arenas debe ir a los tribunales a los que su compañera De Cospedal todavía no ha ido con las pruebas correspondientes que sustenten la denuncia sobre supuesto espionaje ilegal", le insta Elena Valenciano, en declaraciones a este periódico.

La dirección del PSOE considera que asiste a los prolegómenos de una batalla política de enorme envergadura con la que se iniciará el curso político. Y no piensa "bajar la guardia" en la exigencia al PP de que "presente pruebas" de que el Estado se utiliza para "perseguir" al primer partido de la oposición.

La dirección socialista tiene la certeza de que el Grupo Popular utilizará las primeras sesiones de control al Gobierno del otoño para interpelar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y al titular de Justicia, Francisco Caamaño, sobre la "doble vara de medir" de la fiscalía. La réplica de los socialistas será "durísima", anticipan en el PSOE.

www.elpais.es 11/08/2009

RAJOY: "ES EVIDENTE QUE EL GOBIERNO PERSIGUE AL PP"

El líder de los populares amenaza con denunciar en el Tribunal Europeo los "ataques de las instituciones" a su partido

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha refrendado, con un tono más tibio, las acusaciones que su partido viene lanzando las últimas semanas contra el Gobierno por "utilizar el Estado de Derecho para perseguir al Partido Popular". El argumento sobre el que ha basado su explicación ha sido la detención "televisada" de dos altos cargos de Jaume Matas en Baleares "a los que el juez a las pocas horas dejó en libertad". Rajoy no ha llegado a entrar en el fondo del asunto, otro caso de presunta corrupción que salpica a su partido en Baleares. Se quedó en la forma que le sirvió de una tacada para pedir la comparencia del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al que ha exigido ceses dentro de la policía y al fiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido.

El presidente del PP ha anunciado que hoy mismo su partido registrará la petición para que se reúna la Diputación Permanente en el Congreso de los Diputados y apruebe las citaciones a Rubalcaba y Conde Pumpido. El líder del PP también ha pedido que la vicepresidente primera, María Teresa Fernández de la Vega, acuda a la Cámara a explicar "si dio o no instrucciones a la Fiscalía para recurrir el auto de archivo contra Camps en Valencia".

Rajoy ha hecho "responsable de todo porque es el máximo" al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y le ha pedido que ordenase a Rubalcaba, De la Vega y Conde Pumpido comparecer en el Parlamento. "Puede que no se haya enterado porque él está en un palecete de Patrimonio en Lanzarote pero se lo pido a través de los medios". De lo contrario, amenazó Rajoy, el PP acudirá a denunciarlo al Parlamento Europeo. "A mí no me gusta", aseguró el líder de los populares, quien ha considerado "grave y evidente la persecución del Gobierno al PP".

"¿Cree usted que su teléfono está pinchado?, le preguntado un periodista". "Eso a mí no me preocuparía lo más mínimo, no tengo nada que ocultar, me preocuparía como ciudadano". "¿Comparte usted que está habiendo escuchas ilegales por parte del Gobierno a dirigentes del PP como ha dicho Cospedal?".
"Yo comparto las declaraciones que ha hecho mi partido". "¿Cree usted también que el Gobierno persigue más al PP que a ETA?, volvió a inquirir un redactor. "Esa declaración no la conozco", ha zanjado Rajoy. A pesar de dar carta de naturaleza a las graves acusaciones que han lanzado dirigentes del PP contra el Gobierno y la Fiscalía, Rajoy evitó explicar si su partido iba a presentar denuncia por estos hechos supuestamente delictivos. "Ya veremos lo que hacemos", evitó así las sucesivas preguntas de un periodista.

Por último, ha citado "juicios paralelos anteriores como en el caso de Canarias, donde el presidente Soria fue absuelto después de meses de duras acusaciones contra él". El líder del PP volvió a acusar a los "inquisidores y torquemadas del siglo XXI" -los medios que publican informaciones sobre la trama Gürtel- e instó a la prensa "a pensar también en las personas". Todo lo anterior sirvió al máximo responsable del PP para denunciar "la situación actual del Estado de derecho y de la democracia". Horas antes de que compareciera Rajoy, el portavoz del PP en materia de Justicia, Federico Trillo, ha dado un paso más y ha afirmado que posee la grabación de una conversación telefónica del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que a su juicio demostraría las escuchas ilegales.

Las "pruebas" de Trillo

Trillo ha asegurado que esta grabación demuestra los supuestos pinchazos. El propio Trillo ya aludió a esta conversación el pasado 24 de julio, aunque entonces solo especificó que la había escuchado, no que estuviera en posesión de la grabación.

Trillo ha explicado en Onda Cero que el PP posee la grabación de la conversación telefónica a través de la que un inspector de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) notificó a Francisco Camps la inhibición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para investigar la presunta trama de corrupción del caso Gürtel.

El dirigente popular no ha desvelado cómo había sido grabada esa conversación, aunque ha manifestado sus dudas de que lo hiciese el propio Camps porque "es bastante manazas". "No vamos a revelar las fuentes pero sí vamos a aportar las cintas", ha apuntado Trillo antes de denunciar que este tipo de notificaciones judiciales "jamás se hacen por teléfono y jamás las hace la policía".

Esta grabación, según Trillo, se incluye en la denuncia presentada por el PP el pasado mes de julio contra diferentes filtraciones de secretos sumariales. En la querella también se denuncia otra grabación de una conversación "de un presunto implicado" en el caso en el año 2006, mientras que el sumario comenzó en agosto de 2008. "Esa grabación es clara, manifiesta y rotundamente ilegal y sin autorización judicial", ha recalcado el ex ministro.

Otra de las pruebas con las que el responsable de Justicia del PP ha asegurado contar para demostrar las escuchas ilegales son las informaciones que apuntaban a presiones suyas al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Valencia Juan Montero a favor del presidente valenciano. Trillo ha asegurado no conocer al magistrado mientras que sí habla a diario telefónicamente con el abogado del PP, también apellidado Montero. "Todavía estoy esperando a que quien tiene las pruebas de esas llamadas me explique cómo sabe que yo telefoneo a diario a un señor Montero que ellos confundieron con el magistrado", ha concluido. El pasado día 7 de agosto, fuentes del PP ya declararon a la agencia Efe que conocían dichas grabaciones.

www.elpais.es 11/08/2009

RUBALCABA ACUSA AL PP DE INTENTAR AMEDRENTAR AL ESTADO DE DERECHO

El ministro del Interior califica de "gravísimas e intolerables en democracia" las palabras de Cospedal sobre supuestos espionajes

del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha respondido con contundencia a las acusaciones del PP de supuesto espionaje y persecución a miembros de su partido. "Hay un intento no explícito de amedrentar al Estado de Derecho", ha afirmado Rubalcaba, para quien declaraciones como las realizadas la semana pasada por Cospedal son "gravísimas, intolerables y las más infamantes en democracia".

En opinión del titular de Interior, el objetivo del PP al acusar al Gobierno es ocultar los escándalos que afectan a su partido. "Si lo que se tiene que tapar es muy grande, como el Titanic hay que decir una barbaridad muy grande". Según Rubalcaba, las acusaciones de supuestos pinchazos a dirigentes del PP lanzadas por Cospedal son "irresponsables" y ha censurado la forma en que las hizo (en un rueda de prensa desde Marbella donde pasa las vacaciones de verano). "Dijo la irresponsabilidad del verano y después se fue a dar un chapuzón; el jefe de la oposición estaba en el chiringuito y ella en la playa", ha asegurado el ministro.

"Seis días después [de las declaraciones de Cospedal], sin aportar pruebas, podemos concluir que es rotundamente falso, una infamia de las más graves que se pueden decir en democracia", ha insistido Rubalcaba, quien considera que si el PP tuviera pruebas hubiera ido "corriendo a los tribunales".

Persecución al PP

Horas antes de que compareciera Rubalcaba en rueda de prensa, el líder del PP, Mariano Rajoy, había anunciado que su partido iba a pedir la comparecencia en el Congreso del ministro para que explique las detenciones de miembros del PP en el caso de corrupción del velódromo Palma Arena. El presidente del PP ha asegurado además que "comparte todo lo que dice la secretaria general" de su partido, sobre la "persecución" al PP.

El PSOE ha pedido a Cospedal en las últimas semanas que rectifique o deje su cargo. La dura respuesta de hoy de Rubalcaba ha abundado en la falta de evidencias. "Ni pruebas ni rectificación, lo único que ha habido ha sido una ratificación", ha indicado el responsable de Interior, en relación con las declaraciones de Rajoy de esta mañana.

Sobre las detenciones a dirigentes del PP en Palma, Rubalcaba ha respondido que está investigando la actuación policial porque "alguien" de la cadena de mando incumplió la orden expresa del delegado del Gobierno de actuar con "prudencia". Rubalcaba ha detallado que el delegado del Gobierno, Ramón Socías, "dio una instrucción que no se ha cumplido", y ésta era "justamente lo contrario", es decir, proceder "con mesura".

Pero el ministro ha continuado al ataque: "Se está intentado instalar la idea de que se persigue al PP y es falso", ha respondido Rubalcaba. "El Estado de Derecho no está investigando al PP; los jueces, los fiscales y los policías investigan a presuntos corruptos que también existen en el PP, como en otras formaciones políticas, porque ese es su trabajo", ha asegurado Rubalcaba.

www.elpais.es 11/08/2009

EL 'CASO GURTEL' SE EXTIENDE A LA ETAPA DE RITA BARBERÁ AL FRENTE DE LA FEMP

El juez reclama los contratos firmados con la trama bajo mandato del PP

Dos funcionarios de la Policía Judicial se presentaron ayer a las 11.30 en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en Madrid, con un papel que abre una nueva vía de investigación en el caso Gürtel. Los agentes entregaron un requerimiento del juez Antonio Pedreira, instructor de la parte madrileña del caso, en el que se reclama la relación de contratos firmados con 11 empresas de la trama de corrupción durante cuatro años (2000-2004) en los que la Federación estuvo presidida por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP. Esos contratos suman cerca de un millón de euros, según fuentes de la asociación que agrupa a los ayuntamientos.

El ex secretario de la federación de alcaldes figura en los papeles de Correa

El actual presidente de la FEMP, Pedro Castro (PSOE), aseguró que habrá una "colaboración total con la justicia" y que los expedientes serán entregados al Tribunal Superior Madrid en los próximos días. No llegó a haber registro policial, a pesar de que las primeras informaciones en ese sentido convocaron rápidamente a los medios de comunicación en la sede. Muebles agrupados en el patio del edificio alimentaron el rumor hasta que se supo que todo se debía a una mudanza.

Los contratos que busca el juez Pedreira fueron firmados por Álvaro de la Cruz, que era secretario general de la FEMP cuando Barberá la presidía; y a él lleva el caso Gürtel porque el nombre de De la Cruz aparece en la caja B -la contabilidad de pagos en dinero negro- donde la trama dirigida por el empresario Francisco Correa apuntaba los supuestos sobornos que pagaba a políticos del PP a cambio de favores.

Esa caja B recoge "un apunte el día 14 de marzo de 2004 por importe de 30.000 euros, en el que consta como concepto Pago Álvaro de la Cruz por P. Crespo y autorizado por P. Correa", según explicaba la Agencia Tributaria el pasado junio en un informe. El pago, por tanto, se habría realizado pocos meses después de que De la Cruz dejara el cargo de secretario general de la FEMP, porque el equipo de Barberá dio paso al del socialista Francisco Vázquez tras la asamblea general de noviembre de 2003.

La organización de esa asamblea fue adjudicada por la FEMP a Special Events, una de las empresas de Correa y epicentro de toda la trama empresarial que ahora investiga la justicia. La Federación pagó por el montaje del evento 570.000 euros, el doble de lo que había costado la asamblea de 1999 -también adjudicada a Special Events y que ya, a su vez, había duplicado el coste de la de 1995-. Los dos contratos, el de 1999 y el de 2003, fueron formalizados por De la Cruz y la adjudicación fue a dedo, sin concurso, según fuentes de la Federación. Algo supuestamente legal porque la FEMP es jurídicamente una asociación privada y no está obligada a sacar a concurso los contratos.

Además, durante el mandato de Barberá la FEMP contrató con otra de las empresas de la trama, Pasadena, decenas de viajes que suman casi 300.000 euros. Esas facturas, cuya existencia confirmó hace meses Pedro Castro, forman parte de los expedientes que serán entregados a Pedreira.

Pero el requerimiento judicial no se refiere sólo a Special Events y Pasadena Viajes; añade a la lista otras nueve empresas: Orange Market -dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, que hizo negocio principalmente en la Comunidad Valenciana-, Down Town Consulting, Easy Concept, Servimadrid, Diseño Asimétrico, Technology Consulting Management, Boomerang Drive, Rial Green y Good&Better. El magistrado solicita también la "certificación de toma de posesión y cese de Álvaro de la Cruz Gil como secretario general de la Federación" y una copia de los estatutos.

Barberá subrayó ayer que en el requerimiento judicial no se la menciona e insistió en que jamás ha tenido "la más mínima relación con ningún personaje de la trama Gürtel". También negó, por primera vez, que El Bigotes le regalara bolsos. En una conversación grabada por la policía el pasado 2 de enero al empresario, él cuenta que en ese momento está "en Louis Vuitton comprándole un bolso a la alcaldesa". "Como llevo haciendo desde hace cuatro años", dice Pérez. Y añade: "[Barberá] no nos da nada, pero tampoco nos hace nada".

"Dinero procedente de fondos de la 'caja B"

- El informe de la Agencia Tributaria.

A petición primero del juez Garzón y después del instructor Antonio Pedreira, la Agencia Tributaria realizó el pasado 4 de junio un informe que recoge algunas de las actividades de la presunta trama de corrupción ligada a gobiernos del PP y encabezada por el empresario Francisco Correa. En ese informe figura el nombre de Álvaro de la Cruz en relación con un supuesto soborno de 30.000 euros. El informe dice así:

- "En la contabilidad que recoge las entradas y salidas de fondos con origen o destino en la caja B del grupo, consta un apunte relativo a Álvaro de la Cruz, que recibe dinero procedente de fondos de la caja B de Serrano. Concretamente en la cuenta Caja Pagos B.xls consta un apunte el día 14 de marzo de 2004 por importe de 30.000 euros, en el que consta como concepto Pago Álvaro de la Cruz por P. Crespo y autorizado por P. Correa".

- "En las hojas de distribución de fondos encontradas en el domicilio de José Luis Izquierdo [el contable de la trama] consta la recepción en concepto de cobro sin referencias [es decir, de una persona no identificada] el día 14/03/2004 de un importe de 1.018.560 euros. De ese importe se distribuyen 30.000 euros a Álvaro de la Cruz, en concreto, se indica, P. CRESPO-ALVARO DE LA CRUZ. Esta cantidad podría ser la misma que se indica en el párrafo anterior".

www.elpais.es 11/08/2009

LA ALCALDESA: "EL GOBIERNO Y EL PSOE QUIEREN ENSUCIARME"

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se siente víctima de una conspiración del Gobierno y del PSOE que tendría como finalidad ensuciar su nombre porque los socialistas han sido incapaces de ganarle en las urnas en 18 años, aunque en realidad el PSOE lograra 40.000 votos más que ella en 1991. Barberá, con la contundencia que le caracteriza cuando se siente atacada, afirmó que "ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ni la Policía Judicial han pedido ningún documento de la FEMP" relacionado con ella y advirtió de que no tiene "el más mínimo inconveniente" en ampliar sus "querellas contra medios de comunicación y personas".

La alcaldesa de Valencia, que se sepa, no ha presentado ninguna querella contra Álvaro Pérez, El Bigotes, que fue quien dijo que le regalaba bolsos de la marca de lujo Louis Vuitton. "Jamás he recibido un euro de nadie, jamás he tenido la más mínima relación, ni he recibido ningún bolso de ningún personaje de la trama Gürtel". Barberá acusó a los socialistas de querer "ensuciar" su nombre porque son incapaces de ganarle en las urnas. "Les volveré a ganar y por más votos, porque los valencianos siguen confiando en mí y rechazan las malas artes de los socialistas", remachó.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, recordó que "todos los contratos, todos los que se hicieron durante aquella época, fueron tramitados, refrendados y aprobados por unanimidad en el seno del Comité Ejecutivo de la FEMP". Fuentes de la entidad supramunicipal dijeron ayer que "no consta" que la ejecutiva refrendara ninguno de esos contratos.

Petición de explicaciones

Por su parte, los portavoces socialistas en el Ayuntamiento de Valencia y en las Cortes Valencianas emplazaron a Barberá para que explicara porqué durante su presidencia en la FEMP se adjudicaron contratos a empresas vinculadas a la trama. Carmen Alborch, ex ministra de Cultura y portavoz de la oposición en el consistorio, preguntó a la alcaldesa porqué no impidió esas contrataciones, exigiéndole que dijera si aceptó regalos de personas o empresas de la red Gürtel. "Barberá no puede eludir por más tiempo responder a los interrogantes sobre su mandato al frente de la FEMP". Ángel Luna, portavoz del PSPV en la Cámara autonómica, subrayó que los contratos "tienen que ver con miembros de una trama corrupta que ha realizado regalos a la alcaldesa y al presidente de la Generalitat, entre otros, y que ha obtenido contratos de la Administración valenciana".

www.elpais.es 11/08/2009

El PP prende la mecha de la crispación

Las acusaciones sin pruebas de Cospedal contra el Gobierno por espionaje irritan a Zapatero, ponen en tensión al PSOE y amenazan con una quiebra institucional

Agosto ha dinamitado las relaciones institucionales entre las dos grandes formaciones políticas de España, PP y PSOE, envueltas en una guerra sorda a cuenta de las tramas de corrupción que salpican a los populares. Este partido ha desencadenado esta semana una virulenta e inaudita escalada verbal contra el Gobierno, que los socialistas interpretan como una reacción de defensa ante las investigaciones judiciales que ponen bajo sospecha a algunos dirigentes del partido de Mariano Rajoy.

Impulsado por la victoria electoral de las europeas, animado por los últimos datos de las encuestas y aliviado por el archivo de la causa abierta por cohecho contra Francisco Camps, uno de sus principales barones, a Rajoy se le presentaba un inmejorable arranque de sus vacaciones. Tanto que celebró eufórico ante los periodistas la exculpación provisional -el archivo está recurrido- de Camps, ironizó sobre el negocio que harían los vendedores de tila a cuenta de los que esperaban la condena del presidente valenciano y exigió cuentas a "la Inquisición" que denunció las andanzas de la trama corrupta en Valencia. Después habló de un agosto ideal para visitar "chiringuitos".

Pero el recurso de la Fiscalía ante el Supremo, que tendrá el efecto de mantener bajo sospecha al presidente valenciano durante al menos ocho meses con la amenaza de un traumático regreso al banquillo de los acusados, sumado a una inquietante redada judicial contra otra trama corrupta desarticulada en Baleares que afecta a ex altos cargos populares, ha devuelto a Rajoy y los suyos a los peores tiempos de la crispación.

Desde Marbella, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, se encargó de agitar la vida política con algunas de las acusaciones más graves hechas nunca en democracia contra un Gobierno. Cospedal aseguró el martes que la Fiscalía persigue a la oposición más que a ETA. Le debió de parecer poco y al día siguiente aseguró que los socialistas han ordenado escuchas ilegales a la oposición. Hasta los jueces, fiscales y policías conservadores se mostraron escandalizados por las asombrosas declaraciones. La cuestión de si esta es una estrategia meditada y razonada en el PP para el próximo curso político sigue aún en el aire. Ni siquiera el rango de quien lanzó esa acusación (nada menos que la número dos del partido) despeja esa duda.

A pesar de que las acusaciones cuestionan el sistema mismo, Rajoy calla. Nadie avaló a Cospedal el primer día. Incluso algún dirigente ha expresado en privado su estupor. El departamento de prensa del partido tardó varias horas en deslizar la idea de que estos hechos ya habían sido denunciados, aunque la denuncia del pasado día 24 que trata de hallar las fuentes periodísticas de EL PAÍS no decía nada parecido.

Después, todavía sin presentar pruebas, Cristóbal Montoro y José Luis Ayllón avalaron las acusaciones. El más explícito fue, ayer, Esteban González Pons. "Hay gente en la justicia y en la policía que está empezando a darnos muchas claves", dijo en la Cope. Se entiende que la afirmación deja fuera a la Asociación Profesional de la Magistratura, al miembro del Poder Judicial Fernando de Rosa, nada menos que ex consejero de Camps, y a la CEP, sindicato policial que suele sintonizar con el PP. Todos ellos salieron el jueves, junto a todos los profesionales de la justicia y las Fuerzas de Seguridad a los que indirectamente Cospedal acusó de corruptos, a defender la honorabilidad de las instituciones y a exigir una denuncia formal si el PP tiene constancia de tales hechos.

El Gobierno recibió indignado y desconcertado estas andanadas verbales. Hubo miembros del Ejecutivo que pensaron que lo mejor sería ningunear a Cospedal para rebajar la tensión: "Le ha dado demasiado el sol", ironizan. E incluso barajaron la idea de que, tras la tormenta desatada por esas palabras, el PP echaría el freno. Reflexionaron sobre la necesidad de establecer un contacto discreto con Federico Trillo, al que consideran "la mano que mece la cuna", en palabras de Elena Valenciano, pero lo descartaron. Al final, los socialistas concluyeron que había que ser contundente en la respuesta por una denuncia tan calumniosa. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero, de vacaciones en Lanzarote, consideraba muy grave que alguien pudiera acusar a su Gobierno de crear en España un estado policial; y, aunque optó por una reacción templada e institucional -pidió "responsabilidad" al partido de Rajoy-, dio vía libre a su partido para responder sin miramientos.

"El PP está corroído por la corrupción", declaró la diputada Elena Valenciano. "El PP teme que algunos casos de corrupción, y el último de Mallorca, tengan graves consecuencias penales. Están preparando el terreno para que, si les va mal en los tribunales, instalar la idea de que son víctimas de la persecución ordenada por el Gobierno", señalaron otros dirigentes socialistas a este periódico. "El PP reedita la crispación como forma de hacer política ante la evidente ausencia de alternativas", señaló José Blanco, el vicesecretario general del PSOE.

Pero el PP no se arredra y quiere que desfilen por el Congreso de los Diputados los supuestos culpables de tan graves delitos: el fiscal general del Estado -para que explique si hay un trato desigual a los imputados por corrupción del PSOE y del PP-, el Ministerio del Interior -para que aclare quién filtro el sumario sobre la corrupción del caso Gürtel y diga si ha pinchado los teléfonos de dirigentes populares- y la vicepresidenta primera del Gobierno -para que responda si ha presionado al fiscal contra el PP y si sus viajes por Latinoamérica son un despilfarro innecesario-.

Aún hay otro frente para alimentar la cizaña. Las Cortes valencianas, con mayoría absoluta del PP, boicotea desde mayo el nombramiento de la socialista Leire Pajín como senadora. Esta semana ha sugerido que obligará a Pajín a pasar un examen de valencianidad -nunca realizado a ningún candidato- antes de votarla. El PSOE ha perdido la paciencia. Por boca de su vicesecretario general, José Blanco, amenazó con tomar represalias haciendo algo también insólito: vetar al PP en la dirección de varios organismos públicos que deben designarse a partir de septiembre. La ruptura institucional, la reedición de la crispación, está servida.

 

Una semana de alta tensión

- Mariano Rajoy (lunes 3 de agosto). El presidente del PP se entera en medio de un mitin en Santiago de Compostela del sobreseimiento de la causa contra Francisco Camps: "Y ahora, ¿qué digo yo? En realidad quien debería hablar es la Inquisición que hemos vivido [...] Los otros, que dedican sus energías a perseguir a los demás en lugar de hablar de la crisis. No voy a decir quiénes son, lo sabe todo el mundo". Evita las preguntas y añade: "De cara al futuro, algo tendremos que hacer y algo plantearemos, porque fueron seis meses de juicios paralelos".

- María Dolores de Cospedal (martes 4 de agosto). Tras conocer que María Teresa Fernández de la Vega había anunciado que la Fiscalía recurriría el archivo del caso Camps, la número dos del PP declara: "Es una vergüenza que la vicepresidenta haya dado instrucciones al fiscal general para decirle que tiene que seguir con la persecución del presidente de la Generalitat valenciana. Es la primera vez en la historia que un Gobierno utiliza a la Fiscalía General, no para darle instrucciones para perseguir, como tendría que hacer e hizo en otras ocasiones, a ETA, sino para perseguir a la oposición, al PP. Es muy peligroso que el Gobierno de Zapatero utilice las instituciones del Estado para hacer política partidista, no para garantizar la seguridad y la libertad de los españoles. Con el Gobierno de Zapatero la democracia está en un serio peligro".

- José Blanco (miércoles 5 de agosto). El vicesecretario general del PSOE tacha de sonrojante la intención del PP valenciano de someter a un examen de valencianidad a la socialista Leire Pajín para darle un escaño de senadora. Blanco pide al PP que deje de "jugar con las instituciones". "Si el PP persiste en esta actitud, el PSOE bloqueará cualquier negociación en la participación del PP en los órganos que corresponde negociar en el próximo periodo de sesiones".

- María Dolores de Cospedal (jueves 6 de agosto). Al PP "le consta que desde las autoridades judiciales y policiales se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que no tienen nada que ver con los sumarios y a destacados dirigentes nacionales". España vive, según De Cospedal, "un Estado policial".

- José Blanco (jueves 6 de agosto). "El PSOE da a la señora Dolores de Cospedal 24 horas para que presente denuncia fundamentada o abandone la vida política. Una acusación de esta gravedad no la puede lanzar un dirigente político si no la sustenta en pruebas fehacientes".

- Elena Valenciano (viernes 7 de agosto). "El PP es un partido corroído por la corrupción y, para desviar la atención, la señora Cospedal ha llegado a un grado de infamia intolerable que sólo le debe conducir a probar las acusaciones o a abandonar la vida política", protesta la secretaria de Política Internacional del PSOE.

- María Teresa Fernández de la Vega (sábado 8 de agosto). La vicepresidenta tilda de "irresponsables e incluso jurídicamente punibles" las acusaciones de Cospedal. "La acusación de un falso delito es un delito", advirtió. "Puede constituir un delito de calumnias".

- Esteban González Pons (sábado 8 de agosto). "Mucha gente del Gobierno, de la Fiscalía, de la Policía,

está empezando a darnos muchas claves sobre cómo se han gestado algunas de las operaciones que se han llevado este año contra el PP".

www.elpais.es 09.08.09

Cospedal incendia la policía y la justicia

Jueces, fiscales, policías y guardias civiles exigen al PP que "pruebe o rectifique" sus acusaciones - Las tildan de "falsas" e impropias de un partido "de gobierno"

"Falsas", "torticeras", "impropias de un partido de gobierno", "que lanzan sospechas sobre uno de los poderes del Estado". Asociaciones de jueces, fiscales y guardias civiles y sindicatos policiales de distinta sensibilidad política salieron ayer en tromba contra las declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal -de profesión abogada del Estado-, que el jueves acusó al Gobierno y a esos colectivos de crear un "Estado policial" que organiza "escuchas telefónicas ilegales" a dirigentes de su partido. Esas asociaciones dejaron de lado sus diferencias y exigieron al unísono a la número dos del PP "que pruebe o rectifique" esas acusaciones que atribuyen "delitos graves" a esas instituciones.

La APM recuerda que denunciar un delito es "una obligación legal"

Una de las primeras manifestaciones de rechazo llegó del Consejo del Poder Judicial (CGPJ). Su vicepresidente, Fernando de Rosa, ex consejero valenciano de Justicia con Francisco Camps, uno de los cargos del PP investigados en los últimos meses por su relación con la trama Gürtel, tuvo que salir en defensa de los jueces. "Yo respondo por todos los jueces, que actúan de forma legal", afirmó. "Las escuchas que se puedan haber efectuado son bajo el control de los jueces y magistrados", añadió el vicepresidente del gobierno de los jueces, que animó al PP a "poner en manos de la justicia" el asunto.

En esa misma línea se pronunció la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), entre cuyos miembros suele pescar el PP para cubrir sus cargos judiciales. "Cospedal tiene la obligación legal de denunciar esos hechos no ante periodistas, sino ante el juez, fiscal o funcionario policial más próximo" porque sus manifestaciones "implican delitos de extraordinaria gravedad", afirmó Antonio García Martínez, el portavoz del colectivo. "Plantear que las garantías constitucionales no tienen ningún valor incita a la gente a pensar que el sistema está corrupto y degenerado", añadió.

Desde la moderada Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero tachó de "mendaces y torticeras" las acusaciones, y advirtió de que, si no se prueban las acusaciones, "se podría incurrir en calumnias". "Los jueces, por el hecho de ser jueces, no pueden ordenar escuchas ilegales", subrayó Sexmero, que instó al PP a "rectificar cuanto antes".

"Cospedal ha lanzado acusaciones gravísimas sin aportar ni un solo indicio", afirmó desde la progresista Jueces para la Democracia (JpD) Miguel Ángel Gimeno. Y añadió que esas declaraciones lanzadas desde "un partido de gobierno" ponen en duda "la independencia judicial e imputan la comisión de delitos a un poder del Estado".

Entre los fiscales, el portavoz de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales (AF), Guillermo García-Penasco, dijo: "Si el PP no lo ha denunciado, que lo haga. La acusación es muy grave y lo que tiene que hacer es demostrarla. Si no, estaría incurriendo en calumnias". Algo similar afirmó el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Emilio Sánchez Ulled: "Si Cospedal tiene pruebas, que denuncie", porque "lanzar acusaciones de este calibre pone en tela de juicio las investigaciones judiciales".

Los sindicatos policiales también cargaron contra Cospedal. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, señaló que ningún policía interviene teléfonos sin autorización judicial. "Esas gravísimas acusaciones sin respaldo probatorio y sin determinar cuáles de sus miembros [de la policía] habrían sido protagonistas de las mismas sólo contribuye a erosionar la imagen de 61.000 policías", afirmó en una nota la Confederación Española de Policía (CEP), que suele apoyar al PP. La Asociación Unificada de Guardias Civiles coincidió con ambas centrales sindicales en subrayar "los daños morales y de prestigio" que Cospedal ha causado al instituto armado. "Si ahora se desdice no basta; debería dimitir", afirmó su portavoz, Juan Antonio Delgado.

El PP cree que la 'número dos', Trillo y Camps tienen el teléfono pinchado

El PP cree que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, el responsable de justicia, Federico Trillo, y el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, pueden tener los teléfonos pinchados. Así lo manifestado a Efe fuentes del partido, que creen que las escuchas se han producido especialmente desde que se destapó el caso Gürtel.

El PP sigue sin aportar pruebas sobre tan graves acusaciones. Sin embargo, fuentes del partido aseguran que tienen "comprobado" que Cospedal ha sido objeto de escuchas ilegales y que Trillo tiene el teléfono pinchado. El partido justifica sus acusaciones en las informaciones publicadas por algunos medios el pasado fin de semana, en las que se acusaba al responsable de justicia del PP de haber presionado al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Juan Montero, para asegurarse de que se archivara la causa por cohecho contra Camps.

Las conversaciones que tuvo Trillo, según fuentes del PP, no fueron con el juez Montero sino con el abogado del mismo apellido que "lleva los pleitos" del partido en Madrid, por ejemplo, el caso Gürtel.

Respecto a Camps, fuentes del PP recalcan que el pasado 5 de marzo, el mismo día que el juez Garzón remitió la investigación del caso Gürtel a las instancias judiciales autonómicas, un miembro de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la policía telefoneó a Camps para informarle del propósito del magistrado. Trillo relató este episodio a los periodistas horas después de presentar en Madrid una denuncia para que se investigara el origen de filtraciones en el caso Gürtel.

Zapatero pide "responsabilidad" al partido de Rajoy

"El PP sabe muy bien que en España la justicia funciona conforme a Derecho; lo saben muy bien". Esta certeza expresada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en Lanzarote, donde se reunió con los socialistas canarios (en la foto, con Juan Fernando López Aguilar), fue el colofón de una petición "de responsabilidad" al PP, que acusa a policías, jueces y fiscales de espiar a sus dirigentes. "En España el funcionamiento de las instituciones es correcto; y me quiero quedar aquí", sentenció.

El PSOE acusa al PP de estar "corroído por la corrupción"

Zapatero deja que su partido replique a los populares

La contención del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la respuesta contundente del PSOE a las acusaciones del PP están en el mismo guión estratégico, a pesar de la posible apariencia de contradicción, según aseguran fuentes socialistas del entorno del presidente. Zapatero pidió "responsabilidad" al PP, porque ese partido "sabe" que en España no se espía ilegalmente desde las instituciones del Estado. "Y aquí me quiero quedar", dijo Zapatero tras pedir varias veces "responsabilidad" al primer partido de la oposición.

Ahora bien, desde el PSOE la respuesta fue contundente y Zapatero sabía que así iba a ser. Elena Valenciano, miembro de la comisión permanente del partido y responsable de Política Internacional, declaró: "El PP es un partido corroído por la corrupción y para desviar la atención, la señora Cospedal ha llegado a un grado de infamia intolerable que sólo la debe conducir a probar las acusaciones o a abandonar la vida política".

Esta invitación a la dimisión la formuló el día anterior el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, que tras las acusaciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de que el Gobierno espía a dirigentes nacionales de su partido, le dio 24 horas para que presentara demanda fundamentada en un Juzgado o abandonara la política.

"Pedimos al PP que abandone la barricada y pase a la cordura institucional", pidió Valenciano en declaraciones a la Cadena SER. En la dirección del PSOE, tras las palabras de Cospedal se dudó de si sus acusaciones habían sido fruto de una declaración apresurada. Ahora, ya no tienen duda de que fue premeditada, según señaló Valenciano a este periódico. El responsable de Economía del PP, Cristóbal Montoro, reiteró todo lo dicho por Cospedal e instó al Gobierno a que probara que las acusaciones "son falsas".

Aunque el presidente del PP, Mariano Rajoy, guarda silencio - "yo respeto sus días de descanso", ha dicho Zapatero- el PSOE no le considera ajeno a las acusaciones de Cospedal de que el presidente del Gobierno ha hecho de España "un Estado policial" que espía ilegalmente a dirigentes del PP ajenos a cualquier sumario y "corrompe las instituciones".

No obstante, Zapatero prefirió ayer no entrar al cuerpo a cuerpo en su brevísima comparecencia ante los medios de comunicación en Lanzarote. Sólo quiso dejar claro, por su gesto y por su tono, que considera de extraordinaria gravedad las acusaciones de Cospedal, explican fuentes gubernamentales. "En España hay un funcionamiento adecuado de todas las instituciones y gracias a eso funciona el Estado de derecho", señaló Zapatero.

El presidente tampoco quería tapar con este asunto el objetivo de su reunión en Lanzarote con la ejecutiva del PSOE de Canarias, encabezada por su secretario general, Juan Fernando López Aguilar. Zapatero anunció que en octubre celebrará una reunión del Consejo de Ministros en Canarias, gobernada por Coalición Canaria y el PP, para aprobar un plan integral de desarrollo para las islas.

Un examen "inasumible"

El presidente dedicó la mayor parte de su tiempo a hablar de Canarias y para los canarios y tan sólo hubo dos menciones a la política nacional: las acusaciones de Cospedal y de las trabas que el grupo popular en Valencia pone para que la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, pueda tomar posesión de su escaño de senadora por esa comunidad. Se preguntó a Zapatero qué le parecía que el PP quiera someter a Pajín a una examen de "valencianidad". "Es una actitud insólita, inasumible y espero que se corrija inmediatamente". Más contundente resultó Elena Valenciano a la misma pregunta: "¿La valencianidad para el PP es la de la trama Gürtell; la de Correa; la del Bigotes?".

www.elpais.es 08.08.09

Blanco exige a Cospedal que abandone la política si no prueba sus acusaciones

De la Vega: "No hay conspiración contra el PP, sino investigación por indicios de delito"

¿Hasta dónde quieren llegar? Ésa es la pregunta que ayer se hacían los dirigentes del PSOE y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ante la escalada de acusaciones del PP. La última ya ha superado "lo tolerable democráticamente", según proclama el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, que lanzó un ultimátum de gran envergadura. "El PSOE da a la señora Dolores de Cospedal 24 horas para que presente denuncia fundamentada o abandone la vida política; una acusación de esta gravedad no la puede lanzar un dirigente político si no la sustenta en pruebas fehacientes".

Cospedal denuncia que se están realizando escuchas telefónicas ilegales

AUDIO - Cadena Ser - 06-08-2009

La secretaria general del PP ha insistido, en una entrevista a la Agencia Efe, en que están produciendo escuchas ilegales que nada tienen que ver con el sumario - EFE

Ésta es la exigencia del número dos del PSOE y ministro de Fomento, en declaraciones a EL PAÍS, después de escuchar a la secretaria general del PP afirmar que dirigentes nacionales de su partido, ajenos a los sumarios en marcha, sufren escuchas telefónicas "de policías y jueces", incluidos dirigentes nacionales del partido de Mariano Rajoy. Cospedal opina, además, que España se ha convertido en un "Estado policial" desde que gobierna el PSOE.

La secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, se ha manifestado esta mañana en una entrevista en la Cadena Ser en la misma línea que Blanco. "Vamos a insistir en que Cospedal vaya a los tribunales o abandone la política", ha asegurado Valenciano, para quien el PP "se ha subido a la barricada para tapar la corrupción que les está llegando a las orejas". En su opinión, en la medida en que nadie en el PP se desmarca de las declaraciones de Cospedal se están haciendo correponsables de lo manifestado por su número dos. Para Valenciano, Cospedal se encuentra ahora en la disyuntiva de acudir a los tribunales o dejar su cargo, porque "una dirigente de un partido tan importante no puede hacer esas afirmaciones sin consecuencias".

Denunciar o retractarse

Denunciar o retractarse. Ésta es la petición enfática que también le hizo desde Asunción, la capital de Paraguay, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. "Si tiene conocimiento de algún delito la señora Cospedal debe denunciarlo inmediatamente y si no, debe retractarse de inmediato", dijo. Esa misma petición la realizó ayer el Sindicato Unificado de Policía (SUP). "No hay conspiración contra el PP, sino funcionamiento normal del Estado de derecho y cuando hay indicios de delito se persigue", señaló Fernández de la Vega.

Pero tanto la vicepresidenta como el vicesecretario general, José Blanco, y los dirigentes de la ejecutiva federal del PSOE, Antonio Hernando y Elena Valenciano, llaman la atención sobre la actuación del PP desde que el pasado lunes el Tribunal Superior de Justicia de Valencia archivara el caso Camps. "El PP debería serenarse y tomar conciencia de la gravedad de lo que dice al cuestionar el trabajo de policías, jueces y fiscales; el primer partido de la oposición no debe lanzar sombras sobre nuestro Estado de derecho", pidió De la Vega.

No obstante, José Blanco, sí aventura alguna explicación a la "deslealtad institucional", que es la misma que barajan internamente los socialistas. "El PP trata de reeditar la crispación en la vida política con el único objetivo de encubrir la corrupción que le acosa por todas partes", interpretó Blanco. Este dirigente mencionó expresamente la última operación en Mallorca que afecta personas de ese partido.

Es la misma línea que tomó Elena Valenciano: "El PP trata de desviar la atención sobre la multitud de casos de corrupción que se ha instalado en el PP y dificultar e incluso impedir la investigación de la trama". Después ironizó: "De tanto espiarse entre ellos empieza a afectarles el síndrome". El caso Gürtel está en el centro de la decisión del PP de revolverse contra el PSOE de todas las formas posibles, según creen los socialistas.

Por eso, Cospedal acusó al Gobierno de perseguir al PP más que a ETA. "Pedimos al PP que vuelva a la cordura institucional", dijo Valenciano. Blanco se dirige a Mariano Rajoy para que abandone "su sorprendente silencio y dé la cara".

www.elpais.es 07.08.09

Cospedal asegura que el Gobierno ha ordenado espiar a dirigentes del PP

La 'número dos' de Rajoy acusa sin pruebas al Ejecutivo de realizar escuchas ilegales y de "intentar corromper las instituciones de la democracia"

La secretaria general del primer partido de la oposición acusó ayer sin pruebas al Gobierno de espiar a dirigentes del PP utilizando a la Fiscalía General del Estado y a la policía. La senadora María Dolores de Cospedal aseguró, en una entrevista con la agencia Efe desde su lugar de vacaciones en Marbella, que a su partido "le consta que desde las autoridades judiciales y policiales se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que no tienen nada que ver con los sumarios [de la trama de corrupción que afecta al PP] y a destacados dirigentes nacionales", según el teletipo de la agencia. Cospedal se reafirmaba en sus palabras del miércoles, en las que acusó al Gobierno de usar los medios del Estado para perseguir a la oposición, en vez de a ETA. Semejante acusación la hizo en un comunicado grabado en vídeo y nadie pudo preguntarle a qué se refería. Ayer se explayó.

Cospedal denuncia que se están realizando escuchas telefónicas ilegales

La secretaria general del PP insiste en que están produciendo escuchas ilegales que nada tienen que ver con el sumario

El PP insiste en que los hechos ya están denunciados en el juzgado

Según la número dos del PP, que en la entrevista habla de forma genérica y sin poner ejemplos, se están interviniendo teléfonos "de manera ilegal, nos consta". Precisó que "altos dirigentes nacionales" del PP tienen el teléfono "pinchado". No dijo quiénes.

Senadora por Castilla-La Mancha, número dos del PP y ex alto cargo del Ministerio del Interior, María Dolores de Cospedal considera que España vive en "un Estado policial", que comparó con el franquismo, en el que el Gobierno "utiliza a las instituciones, a la Fiscalía General, a la policía judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al CNI". Ni durante la entrevista, ni después, a lo largo del día, Cospedal explicó a qué se refería por lo que varios dirigentes socialistas exigieron que presente una denuncia por estos hechos o se retracte.

El departamento de prensa del PP explicó que esa denuncia ya existe y es la que el 24 de julio presentó el coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo, a fin de encontrar a las fuentes de EL PAÍS en el caso Gürtel. La denuncia era, entre otras cosas, por interceptación ilegal de las comunicaciones, y apuntaba a la Policía Judicial como responsable.

La denuncia, que ayer el PP volvió a distribuir a los medios de comunicación, pone en duda que algunas de las conversaciones grabadas relacionadas con el caso Gürtel que han sido reproducidas en los medios fueran interceptadas con todas las garantías legales. Concretamente, se refiere a varias conversaciones que tienen como elemento común al empresario imputado Álvaro Pérez, El Bigotes, quien, obviamente, está en el centro de la investigación, independientemente de quiénes fueran sus interlocutores. Las posibles irregularidades que ve Trillo en esas grabaciones le sirvieron para acusar a la policía de estar suministrando información a la prensa. Fuentes del PP citaron, como una evidencia más, una información de la Cadena SER del 31 de julio en la que, basándose en fuentes judiciales, se hablaba de conversaciones privadas de Trillo supuestamente con uno de los magistrados del Tribunal Superior valenciano que archivó el caso de cohecho contra Camps. Al dejar caer esta idea, se insinúa que el PP cree que es Trillo quien tiene el teléfono pinchado, pero nadie quiso ayer decirlo así.

En la comparecencia de prensa en la que anunció la presentación de esta denuncia, Trillo tuvo cuidado de descartar expresamente la implicación del ministro del Interior en lo que él consideraba una utilización política de la Policía Judicial, responsable de la investigación, por parte de las fuentes de EL PAÍS y de la SER. Ayer, Cospedal fue mucho más lejos y amplió considerablemente esas acusaciones.

Las denuncias de Cospedal son el último derrape en la estrategia del PP, liderada por Trillo, de poner todo el acento en las informaciones periodísticas sobre la corrupción en su partido para eludir el fondo del asunto. Llegan, además, en un momento de supuesto relajo de la tensión en torno a la corrupción, tras el archivo de la causa contra Camps, el lunes. La interpretación sui géneris del delito de cohecho que hizo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana será recurrida por la Fiscalía Anticorrupción y por el PSOE valenciano al Tribunal Supremo, que puede reabrir la causa en unos meses si no está de acuerdo con la decisión.

Ese recurso, anunciado por la vicepresidenta del Gobierno desde Costa Rica sin esperar a que lo hiciera la Fiscalía, es lo que dio pie a una catarata de declaraciones de líderes del PP acusando al Gobierno de haber dado orden al fiscal de perseguir judicialmente a su partido. Entre ellas, la frase de Cospedal sobre ETA, en la que se reafirmó plenamente ayer, y que lleva la tensión política al borde de la ruptura institucional.

El Estado según Cospedal

María Dolores de Cospedal es la secretaria general del PP, senadora y ex alto cargo del Ministerio del Interior. Ayer, en una entrevista acusó al Gobierno de espiar a la oposición. Además, dijo esto:

- "Vamos a seguir denunciando la utilización de la Fiscalía General del Estado para perseguir a la oposición".

- "Vamos a seguir denunciando las filtraciones que se están produciendo de actuaciones realizadas por la Policía Judicial, bien por los mandos políticos del Ministerio del Interior bien por la Fiscalía".

- "Se están produciendo, a veces de manera ilegal, escuchas telefónicas de personas que nada tienen que ver en ningún sumario y que nos consta que se están produciendo de manera ilegal".

- "El partido socialista está intentando corromper a las instituciones de la democracia".

- España es un "Estado policial" en el que el Gobierno "utiliza a las instituciones, a la Fiscalía, a la Policía Judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Inteligencia".

- El Gobierno "persigue a la oposición", como en "un sistema antidemocrático".

- "Esto es lo que practica el Gobierno aunque al PSOE no le guste oírlo; pero es así y así está poniendo en grave riesgo

a la democracia, en grave riesgo a las instituciones de la democracia".

- El PSOE y el Gobierno "intentan corromper las instituciones".

www.elpais.es 07.08.09

EL PP DENUNCIA ESCUCHAS ILEGALES A DIRIGENTES QUE NO ESTÁN EN LOS SUMARIOS

Cospedal asegura que el comportamiento del Gobierno es "propio de un sistema antidemocrático"

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores De Cospedal, ha afirmado hoy que a su partido le consta que desde las autoridades judiciales y policiales se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que "no tienen nada que ver con los sumarios" y a destacados dirigentes nacionales de su formación. "En España se vive un Estado policial como hace muchos años, desde antes de la Constitución, no se vivía", se ha lamentado Cospedal, que ha criticado al Gobierno por "utilizar a las instituciones, a la Fiscalía General, a la policía judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Inteligencia".

"Perseguir a la oposición", como el PP cree que hace el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, resulta "propio de un sistema antidemocrático", ha recalcado. "Esto es lo que practica el Gobierno, aunque al PSOE no le guste oírlo; pero es así y así está poniendo en grave riesgo a la democracia, en grave riesgo a las instituciones de la democracia", ha asegurado acto seguido. Cospedal ha advertido de que tanto el Partido Socialista como el Gobierno "intentan corromper a las instituciones de la democracia", incurriendo así en un caso de "corrupción política".

Asimismo, ha asegurado que "los fiscales están muy molestos con la actuación del Gobierno" en la instrucción del caso Gürtel, ya que pertenecen a una institución que, tal y como estipula la Carta Magna, ha de ser "garante de la ley y del Derecho para todos los ciudadanos". Ese malestar, ha dicho, se ha acrecentado después de que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, anunciase desde Costa Rica que el ministerio público recurriría el auto que archiva la causa contra Francisco Camps.

Lejos de retractarse, Cospedal se ha reafirmado en las declaraciones que hizo hace dos días en un vídeo de su propio partido, cuando pidió al Gobierno que persiguiera a ETA antes que al PP. "La Fiscalía está para perseguir a los delincuentes, los delitos y a los etarras, y no para perseguir o aniquilar a la oposición como pretende el PSOE", ha apostillado Cospedal, quien ha asegurado que a los ciudadanos les gustaría ver a la Fiscalía "persiguiendo a ETA en muchas ocasiones", y sin embargo han visto hace poco a De la Vega dando instrucciones al ministerio fiscal para perseguir al presidente valenciano.

El PP, en esta tesitura, seguirá denunciando "la utilización del Gobierno de Zapatero de todas las instituciones" y las filtraciones de las actuaciones policiales por parte de los mandos políticos del Ministerio de Interior o de la Fiscalía, ha aseverado Cospedal.

El primero en reaccionar a las declaraciones de Cospedal ha sido el responsable de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, que ha asegurado hoy que la Fiscalía "persigue todos los tipos de delitos: los de terrorismo, de corrupción o de guante blanco". En un comunicado, Hernando ha dicho que cuando la Fiscalía "persigue y detiene a presuntos delincuentes lo hace sin tener en cuenta si son militantes de un partido o si tienen cargos públicos o no".

www.elpais.es 06.08.09

EL PSOE EXIGE A RAJOY QUE SE RETRACTE DE QUE EL GOBIERNO NO PERSIGUE A ETA

De la Vega reconoce que quiso saber si el fiscal recurriría en el 'caso Camps'

Los socialistas buscaron ayer la revancha de los ataques del PP a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Se la brindó la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, al acusar al Gobierno de perseguir con ahínco a su partido y al presidente la Generalitat, Francisco Camps, a través de la Fiscalía General del Estado, en lugar de a ETA. La dirección del PSOE exigió al líder del PP, Mariano Rajoy que "desautorice inmediatamente" a Cospedal por la "indignidad" de recurrir a la "enloquecida estrategia de mezclar la política antiterrorista, con la lucha política", según un comunicado del partido.

La secretaria general del PP reaccionó el martes de esta manera ante el anuncio desde Costa Rica de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de que la fiscalía iba a recurrir el auto por el que se archiva la causa por presunto cohecho contra Francisco Camps. Lo anunció ella antes que la fiscalía.

Esa información sirvió al PP para proclamar que con esa declaración quedaba probado que el Gobierno había ordenado al fiscal que recurriera. De la catarata de descalificaciones posterior, que continuó ayer, la invectiva de María Dolores de Cospedal sobrecogió a los socialistas. "Sólo tres días antes Mariano Rajoy había ido con el presidente del Gobierno en el mismo avión a la capilla ardiente de los dos guardias civiles asesinados por ETA; creíamos que la utilización del terrorismo ya estaba descartada para el PP", señalaron fuentes de la dirección socialista. "Con la lucha de los demócratas unidos frente al terrorismo ni se juega ni se frivoliza".

Lo cierto es que las acusaciones de Cospedal han contribuido decisivamente a que los socialistas olviden la contrariedad que sintieron al escuchar a la vicepresidenta. No porque pensaran que había dado instrucciones al fiscal, sino por la interpretación que supieron que el PP iba a hacer.

Desde Brasil, segunda etapa de su gira por América Latina, la vicepresidenta, tras reunirse con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, trató ayer de aclarar las circunstancias de su declaración, con la máxima naturalidad posible. Primero, ella no llamó a la fiscalía sino su equipo, informa Rosario G. Gómez "Lógicamente nos interesamos por lo que iba a hacer la fiscalía; después me preguntaron en conferencia de prensa y yo respondí", relató. "Ni conspiración, ni persecución. Actuación judicial y Estado de derecho". De la Vega estima que el PP "tiene un problema con la Justicia". De la Vega se prepara para que el asunto siga en otoño en el Parlamento. "Yo voy al Parlamento siempre que me pidan, otra cosa es que me parezca más o menos eficaz". El PSOE también prepara su estrategia, con incursiones al fondo del asunto: "Camps mintió y recibió regalos de manera continuada de una trama corrupta", subraya el PSOE.

www.elpais.es 06.08.09

"CRESPO ME DIO UN SOBRE CON 120.000 EUROS PARA ENTREGAR AL (DIPUTADO) BOSCH"

"Vi en las listas de regalos de Navidad el nombre de Luis Bárcenas".- "A.L.V. es Alberto López Viejo; se le dieron 286.000 euros".- "Galeote tiene efectivo y viajes"

Cuando el juez Baltasar Garzón ordenó la detención de los principales integrantes de la trama corrupta vinculada a gobiernos del PP que dirigía Francisco Correa y también un registro en la sede principal de la red empresarial, la policía encontró en poder del contable de la misma, José Luis Izquierdo, un pen drive (una memoria donde almacenaba datos reservados, que ocultaba en su mano, cerrada) y numerosa documentación donde se reflejaban los ingresos y los pagos.

Analizado el material, la policía halló decenas de apuntes contables referidos al supuesto pago de sobornos, en especie y en metálico, a 17 dirigentes del PP, que gobernaban en ayuntamientos y dos comunidades, por parte de la trama corrupta. El contable había apuntado durante cuatro años hasta seis millones de euros en pagos a diferentes políticos.

Cuando declaró ante Garzón, José Luis Izquierdo, a diferencia del resto de integrantes de la trama que han negado los hechos, explicó con cierto detalle todo lo que recordaba sobre esos pagos irregulares y confirmó los supuestos sobornos. En un principio trató de ocultar todo, pero cuando los agentes le sorprendieron con el pen drive escondido en su mano, optó por contar lo que sabía. Lo que sigue es un resumen de su declaración ante el juez Garzón, que se incluye entre las diligencias del caso Gürtel. Izquierdo, según su propio relato, estaba encargado de los apuntes en la caja B de la red empresarial, domiciliada en la calle de Serrano, 40 (Madrid).

Esa caja B se nutría con aportaciones de dinero que traía Pablo Crespo (número dos de la trama) procedente de otras cajas de seguridad de la organización con aportaciones de las distintas empresas adjudicatarias de obras de administraciones gobernadas por el PP o del dinero conseguido de contratos públicos. Izquierdo apuntaba todas las operaciones de entrada y salida de fondos de dicha caja. Para llevar el control de esas operaciones, había confeccionado un sistema de cuentas gestionado mediante archivos de Excel. Pablo Crespo, según Izquierdo, le indicó que abriera cuentas a nombre de determinadas personas o empresas donde se registraban automáticamente los apuntes que se realizaban. "Las indicaciones me las daba Pablo [Crespo] verbalmente, por teléfono o en el despacho". Baltasar Garzón, tras requisar la documentación que detallaba los sobornos millonarios a políticos del PP, preguntó a Izquierdo sobre cada uno de esos apuntes contables.

- Luis Bárcenas. El tesorero del Partido Popular, imputado por supuesto cohecho y delito fiscal, ha negado ante la Sala Penal del Tribunal Supremo que correspondan a él las siglas L. B., con múltiples apuntes en la caja B con entrega de diversas cantidades que suman 1,3 millones de euros. "El archivo con el nombre "cuentas L. B." puede referirse a Luis Bárcenas, pero no lo puedo asegurar con total certeza porque ha pasado mucho tiempo. En la época en la que Correa iba con asiduidad a la calle de Génova [sede del PP], vi en las listas de regalos de Navidad, en Serrano, 40, el nombre de Luis Bárcenas".

- Gerardo Galeote. El ex eurodiputado del PP perdió su plaza en las últimas europeas como consecuencia de su supuesta implicación en el caso de corrupción masiva. La contabilidad de la trama adjudica unos pagos de 245.000 euros en efectivo. Izquierdo señala: "El archivo de Galeote tiene una mezcla de unas entregas hechas en efectivo, según datos que me daban, y servicios de viajes, bien para él o bien para su familia".

- Alberto López Viejo. El ex consejero madrileño de Deportes y uno de los hombres de confianza de Esperanza Aguirre adjudicó a dedo dos centenares de contratos a la trama corrupta para organizar actos de todas las consejerías de la Comunidad de Madrid en los que intervenía la presidenta autonómica. A cambio, según la caja B de Correa, cobró al menos 286.000 euros en efectivo. "ALV", declara al juez Izquierdo para explicar sus propios apuntes, "es Alberto López Viejo. Esta persona era acreedora en 240.000 euros y al final se le dieron 286.000 euros. Las fechas son clavadas". López Viejo sigue siendo diputado autonómico y, aunque está suspendido de militancia a petición propia, el PP no le ha solicitado que entregue el acta.

- Benjamín Martín Vasco. Ex concejal de Arganda del Rey (Madrid), sigue siendo diputado autonómico pese a que la investigación judicial ha detectado que la trama le pagó más de 345.000 euros en comisiones ilegales a cambio, supuestamente, de sus gestiones para concursos de suelo que beneficiaron a Martinsa, una empresa para la que trabajaba supuestamente Francisco Correa como intermediario. Izquierdo declara sobre los apuntes referidos a Martín Vasco: "Hay viajes donde figuran estancias en hoteles, billetes de avión, gastos en joyería Suárez y dinero en efectivo. El dinero entregado en efectivo y los gastos de la joyería Suárez salen de la caja B. Si ha devuelto el dinero que se le dio, no ha pasado por mí. En cuanto a los viajes, hasta la fecha que pone el archivo, no se hicieron efectivos".

- Alfonso Bosch. Diputado autonómico al que el PP no ha solicitado que entregue el acta, aparece en la caja B con pagos de al menos 250.612 euros. El contable declara: "Conozco a Alfonso Bosch, me suena que es un amigo de Pablo. Lo he visto un par de veces por la oficina. Crespo me dio un sobre con 120.000 euros para que se le entregara a este señor".

- Arturo González Panero (ex alcalde de Boadilla). Los apuntes de pagos al ex alcalde suman 642.942 euros. De algunos de esos apuntes, Izquierdo habló así al juez: "La cuenta en la que figuran 48.900 euros a nombre de Arturo González Panero son movimientos en efectivo que se le han dado a este señor, si no recuerdo mal". A González Panero le echó el PP de la alcaldía, pero sigue de concejal.

- Ginés López, alcalde de Arganda. "Es del alcalde de Arganda, en el archivo figuran viajes y alguna entrega en efectivo. Hay un sobre de 30.000 euros que me dijeron que preparara, que lo recogería Andrés (el conductor de Correa) que supuestamente hacía las entregas".

- Jesús Sepúlveda (ex alcalde de Pozuelo). En la caja B figuran pagos que suman 542.992 euros a favor del ex alcalde de Pozuelo, al que también se investiga por el supuesto cobro de regalos en especie (coches). Izquierdo habló de uno de esos apuntes preguntado por el juez: "Hay un asiento de cancelación facturas Pasadena Viajes. Es el mismo sistema, pagado por caja B". Sepúlveda dimitió de su cargo y sigue de concejal.

- Guillermo Ortega (ex alcalde de Majadahonda). "Hay un apunte de Pasadena Viajes 19.850 euros es la cancelación del expediente de un servicio que se pagó con la caja B. Pablo Crespo me pidió también que preparara un sobre con 50.000 euros y que lo pusiera a nombre de Guillermo Ortega", señala Izquierdo. A Ortega le quitó Esperanza Aguirre de alcalde pero le dio un cargo en la Comunidad, del que salió tras estallar el escándalo Gürtel, al comenzar las detenciones de implicados.

EL TESTIMONIO DE JOSÉ LUIS IZQUIERDO SOBRE PAGOS A CARGOS POPULARES

Luis Bárcenas, tesorero

- "El archivo L. B. puede referirse a él". "El archivo con el nombre 'cuentas L. B'. puede referirse a Luis Bárcenas, pero no lo puedo asegurar con total certeza porque ha pasado mucho tiempo".

Alberto López Viejo, diputado

- "Se le dieron 286.000 euros". Izquierdo asegura: "A. L. V. es Alberto López Viejo. Esta persona era acreedor en 240.000 euros y al final se le dieron 286.000. Las fechas están clavadas".

G. Galeote, ex eurodiputado

- Mezcla de cosas. "El archivo de Galeote tiene una mezcla de unas entregas hechas en efectivo, según datos que me daban, y servicios de viajes, bien para él o bien para su familia".

B. Martín Vasco, diputado

- "Si ha devuelto el dinero, no ha pasado por mí". "El dinero entregado en efectivo y los gastos de la joyería Suárez salen de la caja B. Si ha devuelto el dinero, no ha pasado por mí".

Arturo G. Panero, ex alcalde

- "Movimientos en efectivo que se le han dado". "La cuenta en la que figuran 48.900 euros son movimientos de efectivo que se le han dado a este señor, si no recuerdo mal".

Alfonso Bosch, diputado

- "Lo he visto por la oficina". "Me suena que es un amigo de Pablo. Lo he visto un par de veces por la oficina. Crespo me dio un sobre con 120.000 euros para entregar a este señor".

www.elpais.es 06.08.09

El SUP recomienda al PP que "investigue en sus propias filas"

El PP pidió que se investigue a varios mandos del Cuerpo Nacional de Policía en relación con el origen de las filtraciones

Al Sindicato Unificado de Policía (SUP) le parece bien que el PP se defienda de las filtraciones del caso Gürtel, pero no atacando a los suyos.

La Comisión Ejecutiva Nacional del sindicato ha lanzado un comunicado en el que destaca que “quienes exigen presunción de inocencia ante personas sobre las que hay sólidos indicios de implicación” deben “predicar con el ejemplo antes de poner en la picota a un Cuerpo de Seguridad del Estado”.

Por eso aconseja al PP “realizar una investigación previa”, que no afecte sólo a policías, jueces o fiscales, sino que incluya también a “sus propias filas”. El SUP cree que esa investigación es lo procedente antes de “disparar a ciegas” y exclusivamente contra los policías. Además, por los datos de los que dispone, el sindicato afirma que las filtraciones en el caso Gürtel “no proceden de ningún policía”.

Esta ha sido la reacción a la denuncia que interpuso el pasado viernes el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, ante el juzgado 43 de Plaza de Castilla en Madrid.

El sindicato lamenta que los conservadores "pongan en la picota" a la Policía

En ella se pide que se tome declaración al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho; al comisario de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, José Luis Olivera, y al comisario jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González, además de a varios funcionarios policiales, por “revelación y violación de secretos” e “interceptación ilegal de las comunicaciones”.

Después de que el PP se quedara sin argumentos para seguir cargando contra el juez Baltasar Garzón, buscó nuevo objetivo. Trillo puso en el punto de mira a González porque, tal y como recordó, fue una de las personas que participaron en la “escándalosa” cacería a la que acudieron el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el juez Garzón. A juicio de Trillo, ambos habían terminado por pagarlo caro, pero no así el jefe de la Policía Judicial, quien no había respondido “a nada y pervive al frente de su cargo como perviven las filtraciones”.

“Incoherentes”

En la nota de prensa del SUP se señala que la denuncia “es una acusación directa que no es coherente” con lo que les manifestó la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en una reunión que mantuvieron pocos días antes. Además, el sindicato recuerda que hay una trama corrupta en la que están implicados dirigentes del PP y que echarle la culpa a los demás no les “exime de su responsabilidad ante los ciudadanos”.

El SUP deja claro que las filtaciones son “delito y deben ser perseguidas” pero creen que los conservadores “se equivocan” de estrategia. Y recuerdan que, si intervenir contra grupos terroristas era sinónimo de “asumir denuncias de torturas o malos tratos”, a partir de ahora saben que cada vez que investiguen delitos de corrupción con políticos, también serán “objeto de otras” denuncias.

www.publico.es 26.07.09

Trillo exige una 'caza de brujas' contra los policías que han investigado al PP

Presenta una denuncia para descubrir a las fuentes de EL PAÍS sobre Gürtel

El portavoz del PP en materia de Justicia, Federico Trillo, presentó ayer en los juzgados de Madrid una denuncia por varios delitos relacionados con la revelación de información supuestamente contenida en los sumarios secretos del caso Gürtel, que ya se reparte por tres tribunales (superiores de Madrid y Valencia y Tribunal Supremo). En su denuncia, el PP cita cinco informaciones del diario EL PAÍS y una de la Cadena SER, que reproducen el contenido de documentación que supuestamente obra en los sumarios.

El Superior de Madrid rechaza que el PP sea parte perjudicada del caso

Para aclarar el presunto delito de revelación de secretos, el PP quiere que desfilen ante un juez todos los policías que hayan participado en la investigación del caso Gürtel. Pide también que declaren el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, el comisario de Policía Judicial y el comisario de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales.

El PP no ha presentado ninguna denuncia contra quienes se aprovecharon supuestamente de instituciones gobernadas por ese partido o de la propia formación. "Lo que realmente interesa a este partido es localizar a los responsables de la filtración", dijo Trillo rodeado de una veintena de periodistas en la sede central del PP. La denuncia no considera sospechosos a jueces ni a fiscales.

Mientras denunciaba las filtraciones, Trillo reveló, sin ningún género de dudas, que una conversación en la que El Bigotes asegura que hacía regalos a la alcaldesa Rita Barberá no figura en el sumario de Valencia.

Trillo llegó a afirmar ayer que "todas las filtraciones han sido al Grupo PRISA". A pesar de que varios medios escritos han reproducido con todo detalle actuaciones secretas del caso Gürtel, sólo se cita a EL PAÍS, dijo Trillo, porque este diario "es el que ha tenido mayor protagonismo". Trillo se esforzó por aclarar que considera al periódico un "instrumento" que utiliza el delincuente, pero no quien comete el delito. En la denuncia cita por su nombre a los periodistas que firmaban las informaciones. "Aquí no se acusa a la libertad de expresión, a periodistas o a medio alguno", añadió en otro momento.

En la parte madrileña del caso Gürtel, el PP no podrá presentarse ya como acusación particular en la causa que instruye el Tribunal Superior de Madrid. El pasado 23 de mayo, el magistrado instructor aceptó esta personación del PP, que ayer rechazó la Sala Civil y Penal. La sala considera, que el PP no es parte perjudicada por la trama Gürtel, "por no ser titular de los bienes jurídicos afectados". El tribunal, además, no ve "admisible" como perjuicio al PP las noticias sobre el caso en los medios de comunicación.

www.elpais.es 25.07.09

EL TSJ DE MADRID INVESTIGA SI CORREA PAGÓ 420.000 EUROS AL PP VALENCIANO 

¿Dónde estaban los 420.000 euros del PP VLC que habían salido de la Caja B de Correa, según el juez Garzón? Ésta era la pregunta que subyacía en el ambiente desde que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) asumió la competencia de la investigación de la Audiencia Nacional respecto a Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret por un delito de cohecho. Hay que recordar que el auto de 5 de marzo del juez Baltasar Garzón aludía a importantes cantidades de dinero que relacionaban a la trama del caso Gürtel con el PP valenciano.  

El TSJ valenciano excluyó de su investigación expresamente "los hechos referidos a apuntes sobre, aparentemente, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana", explica el tribunal en una respuesta a la Fiscalía denegándole varias pruebas relacionadas con el Grupo Correa. 

En otra respuesta, en esta ocasión a la acusación popular, también el TSJ de Valencia deja claro que se le deniega la prueba porque es "objeto de la causa principal que se sigue ante otro órgano jurisdiccional", la que investiga el TSJ de Madrid, y que "estaban pendientes de investigación" por el Juzgado Central de Instrucción número 5. 

Lo que estaba "pendiente de investigación", como refiere el TSJ de Valencia y como figura en el auto del juez Baltasar Garzón, del pasado 5 e marzo, era una salida de 420.000 euros, de la "contabilidad B de Serrano", es decir de la caja B del despacho de Francisco Correa en la calle Serrano. en un apunte contable del 18 de diciembre de 2002, "figura una cantidad de 1.000.000 de euros sin constar la procedencia" y, dentro de la "distribución de esa cantidad" aparece "PP VLC", con una cantidad asociada de 420.000 euros". Y añadía que "el dinero recibido, 420.700 euros, se distribuyó para algo relacionado con el Partido Popular de Valencia".

A continuación, el juez Garzón afirmaba que "consta una entrada de procedencia desconocida y en el reparto de la misma corresponden 420.700 euros hacia el Partido Popular de Valencia". Continúa diciendo que "no existe lógica en dicho traspaso, ya que un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas por Francisco Correa se deriva a una formación política , que no tendría que participar en este tipo de operaciones". Y, por último, señalaba Garzón "esta entrega podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Francisco Correa. Este extremo está pendiente de investigación". Con ello, Garzón estaba poniendo en conexión el cobro de comisiones del PP valenciano con la adjudicación de contratos. 

No obstante, de esta investigación poco se puede conocer porque el TSJ de Madrid aún no ha levantado el secreto de las actuaciones. Y ante el temor de la acusación a que "se quede sin investigar algún hecho" de las diligencias del juez Garzón, el TSJ de Valencia responde que el TSJ de Madrid tiene "perfecto conocimiento de lo que fue asumido por esta Sala y de lo que no fue asumido". De ello se deriva, que Madrid está investigando todo lo que no tiene que ver con los trajes.  

Dentro de la maraña de recursos presentados por las acusaciones y las defensas ante el instructor y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), queda pendiente por resolver el definitivo, el que plantea ante la Sala bien el archivo o bien la ampliación de diligencias fuera del procedimiento del jurado, respecto al auto de 6 de julio. En su recurso, la acusación popular ejercida por los socialistas, plantean ante el TSJCV la necesidad de investigar la conexión entre los regalos y las adjudicaciones de contratos a Orange Market.  

En este sentido, insisten en pedir los expedientes de contratación de esta empresa respecto a las adjudicaciones de la Generalitat, al estimar que hubo irregularidades. Para ello se basan en un informe que consta en la actuaciones y que "informa sobre la concurrencia de irregularidades en los procesos de contratación efectuados por la Agencia Valenciana de Turismo, entre los que se encuentran los contratos de Fitur". Se trata del informe de la Sindicatura de Cuentas, que cita once irregularidades.  

Entre ellas, se habla de que "se realizan cuatro contratos con el mismo objeto", y "se omiten los dos trámites preceptivos de iniciación y aprobación del expediente". No "se justifica la necesidad" ni se aprueba "el pliego de prescripciones técnicas". Tampoco "se aprueba el cuadro de características básicas". Además, "el pliego de prescripciones técnicas incluye materias que deberían figurar en el pliego de cláusulas administrativas particulares". Tampoco consta el "requisito de justificación" y "se contrata conjuntamente proyecto y ejecución". Señala que "se efectúan contratos por el procedimiento negociado" y no se publica la adjudicación". Y, a veces, la empresa adjudicada no ha sido invitada. 

(www.elperiodico.com, 24/07/09)  

EL PP PRESENTA LA DEMANDA POR LAS ÚLTIMAS FILTRACIONES 

El Partido Popular ha presentado hoy a primera hora de la mañana en un juzgado de instrucción de Plaza Castilla de Madrid una demanda por las filtraciones del caso Gürtel publicadas en las últimas semanas, informaron en fuentes populares.  

Según las mismas fuentes, la denuncia pide entre otras diligencias que se tome declaración al comisario jefe de la Policía Judicial, José Antonio González.
La denuncia en sus aspectos fundamentales pide que se investiguen tanto las intervenciones telefónicas como las violaciones del secreto sumarial en el caso Gürtel. Hace especial hincapié en distintos episodios como la reciente difusión de las conversaciones de un miembro de la trama, en la cual decía que iba a comprar un bolso para la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. 

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ya avanzó el pasado lunes que el PP presentaría una denuncia en los tribunales por "la campaña sistemática y planificada de filtraciones" y recalcó que cuando se trata de piezas policiales, el deber de custodia recae en la Policía Judicial, el Ministerio Fiscal o en quién corresponda esa custodia en el juzgado. 

Además, Cospedal expresó el apoyo de la dirección nacional del PP a la querella anunciada por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para la defensa de su honor y a la denuncia del PP de Valencia con el objetivo de que se investiguen las filtraciones de la causa judicial abierta en Valencia. 

El pasado martes, la Fiscalía Anticorrupción señaló que tiene previsto denunciar ante un juzgado de instrucción de Madrid las filtraciones del sumario del caso Gürtel, una denuncia que hasta el momento no se materializado. 

(www.publico.es, 24/07/09)

FRANCISCO CORREA, EN PRISIÓN: "¿QUÉ HAGO YO AQUÍ ENTRE DELINCUENTES?" 

Llegó aterrorizado, y aún hoy, a Francisco Correa le cuesta salir de su celda y relacionarse con alguien que no sea su socio Pablo Crespo. Los dos jefes de la trama Gürtel comparten celda en el módulo nueve de la cárcel de Soto del Real y, según el relato de un preso que ha compartido varios meses con este grupo, no son especialmente ordenados. Ambos mantienen una relación claustrofóbica, tensa, a la espera de que el juez les deje salir bajo fianza o convoque el juicio por la trama de corrupción. 

Correa y Crespo comparten celda desde el día que ingresaron en prisión incondicional, el pasado febrero. Fueron los primeros detenidos del escándalo junto con Antoine Sánchez, primo de Correa. Los dos primos no se soportan. Un recluso que compartió ratos con él relata que se siente una víctima de la trama, que se puso a trabajar para su primo en el negocio de la organización de actos y viajes por necesidad económica. Además, Sánchez afirma que es el único de los tres que no se ha hecho rico con el negocio, que los ha llevado a todos a la cárcel y ha provocado un escándalo de primer orden. 

Nunca les ha faltado el dinero. Los presos tienen una tarjeta que se puede recargar con 80 euros a la semana para gastar en el economato de la prisión. La tarjeta de Correa siempre ha tenido dinero, gracias a una cuenta corriente que no le han bloqueado. En las últimas semanas, relata un preso que conoce su situación, empieza a temer que se le acabe ese dinero. Correa vivió su peor día en la cárcel cuando le comunicaron que le habían bloqueado las cuentas bancarias en Suiza. "Correa estaba blanco", asegura este recluso. Con ese dinero pretendía pagar su defensa. 

Con esos 80 euros semanales, que se gastaba íntegramente, Correa nunca se ha privado de nada, dentro de las posibilidades de un centro penitenciario. Chorizo y jamón nunca le han faltado. Aunque el líder de las empresas que se hicieron de oro trabajando para el PP se ha pasado meses sobreviviendo con latas de atún, a veces con mayonesa. Bebe siempre Coca-Cola Zero. 

Los tres principales imputados del caso Gürtel discuten a menudo, asegura este preso que los ha conocido en Soto del Real. Todos hablan mal de todos por la espalda prácticamente desde el primer día. Antoine se siente traicionado por Correa. Éste pone a caldo cada dos por tres a Crespo. Le pone enfermo, por ejemplo, que Crespo coleccione todos los tiques de compra del economato. Después de siete meses, la celda está llena de esos papeles. El ex secretario general del PP de Galicia, extrañamente, aguanta impasible el humor de su socio. De hecho, su sangre fría, su semblante inalterable, son las principales características que citan de él quienes lo han visto en la cárcel. Mientras Correa ha vivido meses recluido en la celda, Crespo se dedicaba a leer novelas y escribir. 

En la cárcel, los presos tienen calado a Pablo Crespo, según el relato que hace F. G., un preso que ha compartido charlas con los tres imputados. La tranquilidad lo delataba en el módulo uno, donde se juntan preventivos de todo tipo de delitos económicos y de narcotráfico. "Ése es el que tiene el dinero, por eso está tan tranquilo". Ésa es la verdad del caso Gürtel que corre por el maco. Crespo tiene el dinero, porque está de lo más tranquilo. A sus compañeros de módulo, que algo saben de esto, no les hacen falta más pruebas. 

Correa, más temperamental, vive alterado desde que entró en prisión. Está fuera de sitio, con una actitud miedosa. Pidió que le pusieran, con Crespo, en una celda interior del módulo de preventivos, para que no le diera el sol directamente. Correa no soporta el sol. Tardó tres meses en empezar a relacionarse con unos pocos presos. Habla abiertamente de sus propiedades en Ibiza y Sotogrande, de su finca de Tarifa, por ejemplo, pero apenas menciona su relación con cargos del PP. En confianza, alguno de los tres se suelta a hablar de "LB", el misterioso receptor de más de un millón de euros en sobornos apuntados en la caja B. 

Cuenta F. G. que Correa, el empresario que ha dado nombre a uno de los casos de corrupción más sonados de la democracia, alguna vez ha comentado en grupo: "¿Qué hago yo aquí entre delincuentes?". Se hizo esta pregunta una vez en alto, de forma retórica, y a continuación aseguró: "Yo no soy un delincuente". Dijo que todo era un problema de papeleo con Hacienda. Los que estaban alrededor se echaron a reír. 

Correa se encuentra muy afectado psicológicamente por su situación familiar. Pidió al juez dos veces que le dejara salir bajo fianza para ocuparse de su padre, muy mayor, y de un hermano minusválido. Se lo denegaron por el peligro de destrucción de pruebas. Según el relato de F. G., en una de las pocas llamadas de teléfono que ha hecho Correa habló con su hija. No paró de llorar. 

Además, según este recluso que ha sido testigo directo de sus primeros meses en prisión, Correa se desenvuelve muy mal. Era Pablo Crespo quien tenía que enseñarle, por ejemplo, cómo se marca un número de teléfono exterior desde la cárcel. Crespo también le comenta las noticias. Correa no quería al principio ver las páginas de los periódicos sobre él. Crespo se las seleccionaba. 

En una celda aparte, que ha compartido ya con varios reclusos, se encuentra Antoine Sánchez. El primo de Francisco Correa prácticamente no tiene relación con él. Al poco tiempo de estar en prisión, se unió a un grupo de música del centro. Su ilusión es montar un negocio en Senegal, según ha relatado a otros presos. Uno de ellos asegura que padece de asma y tiene que acudir a menudo a la enfermería. 

Los tres fueron trasladados en mayo del módulo uno, donde están los preventivos, al módulo nueve. La razón fue que se corrió el rumor de que les estaban buscando para grabarlos con un teléfono móvil y vender las imágenes. Hubo cacheos, registros de celdas. El rumor era cierto, el móvil finalmente apareció. En el módulo nueve la mayoría de los presos trabajan en las distintas ocupaciones de la prisión y no están durante el día. Correa, más solo que en su destino anterior, ha empezado a ir al gimnasio. 

(www.elpais.com, 24/07/09)

LOS TRES ACTORES PRINCIPALES 

El 6 de febrero quedará para siempre como un antes y un después para la corrupción en España y para el Partido Popular. Aquel día fueron detenidos los perfectos desconocidos Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. Los tres fueron presentados como empresarios y jefes de una trama de corrupción que sobornaba a cargos públicos a cambio de contratos. La excitación respondía a su relación con cargos municipales del PP. El juez Baltasar Garzón los envió a prisión incondicional el 12 de febrero, de la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ahora ha asumido la causa, no les ha querido sacar. Estos son los delitos que se les imputan: 

Francisco Correa. Supuesto jefe de la trama, con todos los demás a sus órdenes, desde las empresas Special Events y Pasadena Viajes, que organizaba todos los actos del PP. Se le imputa un delito de blanqueo de capitales, otro de fraude fiscal, varios de falsedad, varios de cohecho, uno de asociación ilícita y varios de tráfico de influencias. 

Pablo Crespo. El ex secretario de Organización del Partido Popular gallego, está imputado por los mismos delitos. 

Antoine Sánchez. Primo de Correa y empleado en sus empresas, está imputado por un delito de blanqueo y varios de falsedad. 

(www.elpais.com, 24/07/09)

RAJOY: "EL GOBIERNO MACHACA AL PP" 

El líder del PP, Mariano Rajoy, que no había aparecido en un acto público desde el pasado sábado, rompió ayer su silencio en un mitin de su partido celebrado en la localidad gaditana de Chipiona para señalar a terceros como responsables de los efectos del caso Gürtel. 

Sin citar expresamente la investigación en curso en el Tribunal Supremo, el líder del PP señaló al Gobierno como promotor de un intento para "machacar inmisericordemente al principal partido de la oposición". Rajoy advirtió que "no lo conseguirán" porque, dijo, "ya tenemos mucho callo". 

El presidente el PP afirmó que su formación "va bien, e irá mejor en el futuro, a pesar de los estratosféricos esfuerzos de algunos para hacer lo posible, y si pueden lo imposible, para que eso no sea así, pero no lo van a conseguir". 

En este caso, Rajoy no apreció a quién estaba dirigida la sentencia. Rajoy no hizo ninguna mención expresa de apoyo a su tesorero, Luis Bárcenas, al contrario de lo que hizo tras la declaración de Francisco Camps, imputado por cohecho. 

En una alocución sin preguntas de los medios de comunicación, el presidente popular llamó a los suyos a "actuar como periodistas" para "transmitir el mensaje del partido". "Ha sido un año que no ha sido fácil, pero vamos a sobreponernos a todas las dificultades que tengamos en el camino", animó a los militantes del PP gaditano. 

(www.elpais.com, 24/07/09)

RAJOY ACUSA AL GOBIERNO DE INTENTAR "MACHACAR INMISERICORDEMENTE" AL PP 

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado esta mañana que su fuerza política va bien y va a ir mejor aún en el futuro aunque el Gobierno esté intentando "machacar inmisericordemente" al principal partido de la oposición. En un acto en la localidad gaditana de Chipiona, Rajoy ha subrayado que el PP ha sabido sobreponerse a sus dificultades y ganar las elecciones europeas del pasado 7 de junio y las gallegas del 1 de marzo. 

"Vamos bien y nos va a ir mejor en el futuro a pesar de los estratosféicos esfuerzos de algunos para hacer lo posible y, si pueden, lo imposible para que esto sea así, pero no lo van a conseguir", ha señalado Rajoy, que ayer guardó silencio respecto a la declaración de Luis Bárcenas ante en el Tribunal Supremo y que hoy en ningún momento de su intervención ha hecho referencias explícitas al caso Gürtel. En esa línea, ha acusado al Gobierno de preocuparse sólo de que "le saquen bien en televisión" y de ver qué puede hacer "para machacar inmisercordemente" al PP, aunque ha insistido en que no lo conseguirá porque este partido "tiene mucho callo". 

Rajoy ha pedido que cada uno de los militantes del PP se convierta en un periodista que transmita el mensaje del partido, ya que eso contribuirá a hacer realidad las buenas expectativas de que goza. Por otra parte, ha reiterado que el PP va a llevar al Congreso en septiembre la necesidad de reformar la Ley del Menor, por entender que la actual normativa "protege más al menor delincuente que al menor normal". Se ha referido a los casos "dramáticos" que han ocurrido recientemente en Baena y en Huelva, en los que están implicados menores, para señalar que es necesario tomar muchas medidas para prevenirlos. 

En este contexto, ha defendido que el sistema educativo se reforme "de arriba abajo" para que proporcione "principios y valores" a los jóvenes y para que éstos aprendan a distinguir, desde pequeños, lo que es bueno y lo que es malo. Ha reiterado también su intención de plantear en el Congreso que se agraven las penas de todos aquellos mayores que cometan delitos acompañados de menores, así como la rebaja de la edad penal en casos de delitos especialmente graves y en los de reincidencia. 

(www.elpais.com, 23/07/09)

LA INSTRUCCIÓN DEL CASO GÜRTEL SUMA YA 101 IMPUTADOS 

Los tres tribunales que se han repartido la instrucción del caso Gürtel ya han alcanzado los 101 imputados. Además, se prevé que esta cifra aumente al estar la investigación aún en un estado incipiente y no haber habido prácticamente una semana en la que no ha aparecido una nueva persona identificada como receptora de pagos por parte de las empresas de Francisco Correa. Por eso, es más que probable que la causa se convierta en la más importante de corrupción política investigada en España en número de imputados. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) es el que más imputados tiene a su cargo, al ser el encargado de la totalidad de la causa, salvo la trama valenciana y lo que afecta a los dos aforados nacionales del Partido Popular de momento implicados. El instructor del caso Gürtel en el TSJM, Antonio Pedreira, tiene imputadas a un total de 95 personas, a las que va interrogando de forma pausada a un ritmo de seis a la semana.  

Tomar declaración a todas puede durar todavía meses, porque, de hecho, las ha intercalado con testigos de la parte del caso en las que más ha profundizado: la relativa a las irregularidades detectadas en el ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) y en su gestión del suelo municipal. El ex alcalde de esta localidad Arturo González Panero es el único de los cuatro ex regidores del PP imputados que ya ha comparecido en el tribunal madrileño. También lo hicieron los diputados conservadores imputados y, en concreto, Alfonso Bosch, que se encargó de la gestión de suelo municipal, así como varios ex concejales del municipio madrileño, como el padre del ex eurodiputado del PP Gerardo Galeote

Al encargarse de la totalidad de la causa, el TSJM es el que heredó los imputados que declaró el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, cuyo listado provisional ascendía ya a 60 el pasado mes de marzo, cuando se inhibió a favor de los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia. Pedreira les ha sumado aquellos que han ido apareciendo a medida que ha avanzado la investigación, como Arturo Gianfranco Fasana, al que el juez de la Audiencia Nacional citaba en sus autos, pero que compareció por primera vez como imputado en el TSJM. 

Mientras en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el número de imputados tras las últimas decisiones del juez José Flors permanecerá limitado al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres dirigentes del PP valenciano, en el Tribunal Supremo todo está abierto. 

El Alto Tribunal todavía no ha podido ampliar la investigación realizada por el juez Pedreira, porque todavía no ha cursado los suplicatorios con los que las Cámaras a las que pertenecen el senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Medina, deben autorizar las averiguaciones. 

Antes de solicitar la preceptiva autorización a las Cortes, el instructor del caso en el Supremo, Francisco Monterde, escuchará las explicaciones que Bárcenas le ofrecerá mañana en la declaración que ha solicitado voluntariamente y que prestará en calidad de "imputado provisional". Merino está citado para el jueves, pero podría ver retrasada su citación por un viaje de su abogado.  

(www.publico.es, 21/07/09) 

EL PP TIRA CONTRA EL GOBIERNO Y EVITA EXPLICAR SUS RELACIONES CON LA TRAMA 

Después del comunicado del domingo, en el que el PP denunciaba una campaña para "tratar de aniquilar" a este partido, Mariano Rajoy reunió ayer a su dirección y, según fuentes de la calle de Génova, la sede central, todo regresó al mismo lugar en el que empezó hace unos meses. 

Los populares se dedicaron, como en febrero, a compartir su indignación y a buscar un enemigo exterior. Esta vez no es el juez Baltasar Garzón, sino el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el de Justicia, Francisco Caamaño, que sustituyó a Mariano Fernández Bermejo, que dimitió precisamente por la presión que el PP ejerció contra él por el caso Gürtel. 

En la dirección se ha extendido la preocupación por el hecho de que el caso implique cada vez a más dirigentes. Rajoy, sin embargo, está muy tranquilo, según algunas personas que pudieron comprobar ayer su estado de ánimo, y cada vez más convencido de que el caso acabará judicialmente en nada o casi nada. Aun así, el líder ordenó a su equipo, y en especial a la secretaria general, Dolores de Cospedal, que compareciera en tono duro -anunció una denuncia por las "filtraciones" y llegó a decir que lo que está pasando es "dramático" y propio de "tiempos pasados", esto es de la dictadura-. 

Los populares estallaron, según varios dirigentes, al ver que el caso se extiende y afecta a un icono del PP, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, posible sustituta de Francisco Camps en el caso de que éste tuviera que dimitir por su implicación en Gürtel. 

La extensión del caso a Barberá ha provocado el mismo efecto que tuvo en febrero la aparición de la vinculación de Camps. "Con las cosas de comer no se juega", dijo entonces la ex ministra Celia Villalobos en una reunión interna, para dejar claro que en el PP puede haber distintas corrientes y varios enfrentamientos, incluso personales, pero cuando los dirigentes sienten que es la imagen del partido la que está en juego, se cierran sobre sí mismos para defender la formación a la que en la mayoría de los casos han dedicado su vida profesional. 

El próximo martes, Rajoy ha convocado al Comité Ejecutivo, la dirección del partido, y sin duda el asunto Gürtel será uno de los ejes. Para entonces ya habrá declarado ante el Supremo el tesorero, Luis Bárcenas, y la dirección confía en que este caso se resuelva antes de septiembre. 

De momento, la dirección ha decidido, después de semanas de silencio, salir al contraataque y hablar de una conspiración contra el PP en la que estarían el Gobierno, la fiscalía y la policía. Con dos objetivos: primero, unir a los propios y cerrar filas contra el enemigo exterior; y segundo, evitar hablar del fondo del asunto. 

Cospedal, que sufrió una dura rueda de prensa con 12 preguntas sobre el caso Gürtel, siguió un guión muy claro: atacó al Gobierno, anunció que el PP pedirá que comparezcan los ministros de Interior y Justicia, insistió en que su partido está siendo víctima de una persecución, pero sobre todo evitó responder cualquier pregunta sobre el fondo del asunto. ¿Van a abrir una investigación por los siete millones de euros en contratos que la Comunidad Valenciana concedió a la trama? ¿Y los que concedió Barberá como presidenta de la FEMP? ¿Van a explicar por qué esta trama pudo penetrar tanto en el PP? Fueron algunas de las preguntas que dejó sin responder mientras insistía una y otra vez en que Interior tiene la responsabilidad de custodiar los documentos del sumario. 

(www.elpais.com, 21/07/09)

GARCÍA-ESCUDERO ASEGURA QUE EN 2003 DEVOLVIÓ UN RELOJ A CORREA 

La contabilidad B de la trama de Francisco Correa, una de las bases del caso Gürtel, tenía un gran nivel de detalle. Hasta el punto de que en ella figuran incluso cantidades muy pequeñas. Hay una, de 500 euros, que consta en el sumario como si fuera una entrega en 2003 a la secretaria de Pío García-Escudero, actual portavoz en el Senado del PP y entonces presidente del partido en Madrid, por lo que tenía relación con las empresas de la red, que montaban casi todos los actos. 

El apunte, según García-Escudero, podría deberse a un teléfono móvil que le regaló Álvaro Pérez, El Bigotes, cuando estaban organizando la campaña de las municipales y autonómicas de 2003, que coordinó García-Escudero. El miembro de la cúpula del PP sostiene que ese regalo se produjo en el contexto del trabajo, porque se le había estropeado el suyo, y lo engloba en una relación profesional normal. 

García-Escudero se relacionaba con El Bigotes directamente, pero también admite que el propio Francisco Correa, el jefe de Álvaro Pérez y máximo responsable de la trama, al final de una comida de trabajo, también en 2003, le dio una bolsa con un regalo. El portavoz en el Senado recuerda que intentó no aceptarlo en ese momento, pero ante la insistencia de Correa se lo llevó a su despacho. Al abrirlo, comprobó que se trataba de un reloj "muy caro, de mucho más de 500 euros", según su propio relato, y decidió que no podía aceptar ese regalo. Por eso cerró el paquete y ordenó a su chófer que lo entregara en las oficinas de Correa, en la calle de Serrano 40 de Madrid. García-Escudero sostiene que no volvió a saber nada de ese regalo. 

Correa tenía la costumbre de realizar costosos regalos a prácticamente todas las personas responsables de alguna manera de sus contratos. En el PP, los más veteranos recuerdan perfectamente los carísimos regalos -bolsos, casi siempre de Louis Vuitton, para las mujeres, relojes caros para los hombres- que llegaban a la sede de la calle de Génova cada Navidad. 

García-Escudero fue el responsable de varias campañas y sobre todo del PP de Madrid, que contrataba todo con Correa hasta el punto de que el congreso de 2004, en el que Esperanza Aguirre sucedió a García-Escudero al frente del PP de Madrid, también lo organizó la red. Después de 2004 Correa buscó refugio en la Comunidad Valenciana y en el Gobierno de Aguirre, a través de Alberto López Viejo. 

(www.elpais.com, 21/07/09) 

EL EX SECRETARIO DE AZNAR NIEGA HABER COBRADO COMISIONES 

Antonio Cámara, secretario del ex presidente José María Aznar, remitió ayer una carta a este periódico en la que indica que su relación con Special Events [una de las empresas de la trama Gürtel] fue "puramente laboral, con alta en la Seguridad Social", y que duró "apenas ocho meses". Cámara subraya que de Special Events cobró "sus emolumentos por los ocho meses de relación laboral". "Pero nunca he cobrado comisiones de ningún tipo", señala. 

EL PAÍS publicó ayer que en la caja B de la red de sociedades del caso Gürtel figura una anotación de 90.000 euros a su nombre, pero no se le atribuye ningún cobro de comisiones. Cámara señala: "La noticia publicada (...) tiene como finalidad difamarme no sólo de manera directa, sino también mediante insinuaciones maliciosas, haciendo primar la difamación y la insidia frente a cualquier contenido informativo aparente". Y agrega: "No se han molestado ustedes en hacer una mínima labor de comprobación y contraste, ni de lo publicado ni de lo insinuado. Antes al contrario, hacen ustedes una confusión maliciosa e innecesaria de personas, de actividades y de periodos temporales, que nada tienen que ver entre sí". 

EL PAÍS intentó durante dos días recabar su versión a través del gabinete de prensa del PP, que indicó que estaba ilocalizable. 

(www.elpais.com, 21/07/09)

LA 'CAJA B' DE CORREA REFLEJA UNA ENTREGA DE 90.000 EUROS AL EX SECRETARIO DE AZNAR 

Los tentáculos de la trama corrupta vinculada al PP que dirigía Francisco Correa son largos. La caja B de las sociedades de la red, profusamente nutrida de dinero negro procedente supuestamente de comisiones ilegales y de turbios negocios especulativos en Administraciones controladas por ese partido, refleja una entrega de 90.000 euros a Antonio Cámara Eguinoa, secretario personal durante ocho años del ex presidente del Gobierno José María Aznar. Cámara entró a trabajar para una de las sociedades de Correa, Special Events, justo después de abandonar Aznar La Moncloa, en abril de 2004, tras perder las elecciones. 

La anotación de esa entrega de 90.000 euros en dinero negro está fechada el 6 de septiembre de 2004. Cámara trabajó apenas unos meses para Correa. Poco después de que Génova rompiera con éste, Cámara también se enfrentó con él y dejó la empresa. Lo recogió Esperanza Aguirre, que le dio su actual puesto: miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid. Allí ha votado siempre con el grupo afín a la presidenta de Madrid en la batalla que ésta mantiene con el alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz-Gallardón. En medio de la pelea, el ex secretario llegó a presidir de manera temporal ese órgano de la caja. Cámara es una persona muy cercana a la familia Aznar, tanto al ex presidente como a su esposa, Ana Botella, teniente de alcalde de la capital. 

La anotación de los 90.000 euros en la caja B de Correa la descubrió la policía entre la documentación intervenida en un piso de seguridad que la trama tenía en madrileña calle de Serrano y en la vivienda particular del contable de las empresas de Correa, José Luis Izquierdo. El informe no especifica en concepto de qué se le abona esa cantidad ni por qué el dinero se extrae de las cuentas opacas de las sociedades de la trama. Pero sí está en el mismo archivo contable en el que constan las comisiones que recibe Correa de empresarios que han obtenido contratas de Administraciones locales y autonómicas gobernadas por el PP y donde también figuran pagos en especie o en metálico que la trama corrupta hizo supuestamente a los políticos y altos cargos populares que hacían posibles esos lucrativos negocios. Es llamativa la abultada cantidad de dinero, 90.000 euros, que supuestamente percibe Cámara si se tiene en cuenta que apenas trabajó unos meses para Special Events. 

El contable de la trama corrupta, José Luis Izquierdo, admitió ante la policía la entrega de ese dinero a Cámara. Izquierdo declaró que Cámara había trabajado unos meses para Special Events y que se trataba de una persona que "con anterioridad", explicó, "había trabajado para Presidencia del Gobierno, en el entorno de Aznar". 

EL PAÍS intentó el sábado y el domingo, sin éxito, contactar con Cámara para conocer su versión sobre la anotación de 90.000 euros que refleja a su nombre la caja B de la trama. Fuentes del PP señalaron que Cámara estaba ilocalizable. Hasta ahora (el sumario sigue secreto), el ex secretario no figura entre los imputados del caso Gürtel. Pero lo que sí tiene claro la policía es que la procedencia de los 90.000 euros que supuestamente acabaron en manos de Cámara tienen un "origen desconocido". Fuentes cercanas a la investigación dudan de que se trate de honorarios profesionales. Por dos motivos: "son unos honorarios excesivamente abultados, 90.000 euros, y, además, las nóminas no se pagan en dinero negro". 

En la misma caja B figuran anotados pagos y supuestos sobornos a Bárcenas, a tres diputados de la Asamblea de Madrid (entre ellos, el ex consejero del Gobierno de Madrid Alberto López Viejo y el diputado regional Alfonso Bosch) y a cuatro ex alcaldes de grandes municipios madrileños: Arganda, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte. Éstos dimitieron el pasado mes de abril tras saltar el escándalo y ser forzados por la presidenta Esperanza Aguirre a dejar sus alcaldías. 

Durante los registros que efectuó la policía por orden del juez Garzón, los agentes se dieron cuenta de que el contable Izquierdo, que estaba presente, siempre mantenía cerrada una de sus manos. Parecía ocultar algo. La policía le pidió que la abriese. Y, efectivamente, en ella ocultaba un pen drive, que fue requisado y analizado. En ese archivo fueron descubiertos gran parte de las comisiones y nombres o iniciales de los altos cargos del PP que habrían recibido dinero. 

Izquierdo, según el informe policial, comentó que él mismo había redactado esos "apuntes contables" y que había abierto "una cuenta por cada persona física o jurídica o evento de los que tuviera que realizar alguna anotación contable". Entre las personas que se hallan relacionadas en la contabilidad del pen drive hay altos cargos del PP y personas conocidas, como el yerno del ex presidente Aznar, Alejandro Agag. Izquierdo tenía instrucciones precisas de Correa y de su lugarteniente en las sociedades, Pablo Crespo, de tener siempre oculta esa información y de no mostrarla a ningún otro empleado de las sociedades de la trama. Agag no está imputado en las diligencias del caso Gürtel ni hay ninguna anotación de que haya recibido dinero. Al menos no consta en ese archivo. Pero fuentes cercanas a las pesquisas destacan que tenía fuertes lazos de amistad con Correa, quien fue testigo de su boda con la hija de Aznar. 

La supuesta desmemoria de Izquierdo, uno de los casi 80 imputados en la trama Gürtel, ha contribuido a que se dilate el proceso judicial que pesa sobre el senador por Cantabria y tesorero nacional del PP Luis Bárcenas. Durante su interrogatorio, afirmó "no estar muy seguro" de si las siglas "LB o Luis el Cabrón", anotadas por él mismo en la contabilidad B, pertenecen a Bárcenas. Hasta que afloró el informe de la Agencia Tributaria que relaciona al tesorero del PP con la trama de Correa, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a que el caso Gürtel fuese elevado al Tribunal Supremo. La fiscalía se basó en las dudas de Izquierdo para esgrimir que no había indicios criminales sólidos contra él. Ahora sí los tiene claros. 

(www.elpais.com, 20/07/09) 

CORREA ENTREGÓ 90.000 EUROS A UN CARGO DE CONFIANZA DE AZNAR Y AGUIRRE 

La trama corrupta vinculada al Partido Popular parece no tener techo. Las últimas informaciones relativas al caso reflejan una entrega por valor de 90.000 euros a Antonio Cámara, el que fuera secretario personal durante ocho años del ex presidente Aznar.

Según el diario, Cámara trabajó en Special Events, una de las sociedades de Correa, inmediatamente después de terminar su etapa con Aznar en La Moncloa, tras abandonar el poder en 2004. La entrega de dinero, que salió de la caja B de Correa, se produjo el 6 de septiembre de 2004. Su periodo en Special Events fue efímero y a los pocos meses abandonó su puesto en la empresa.  

A la vez que el PP rompió con Correa, también desapareció el vínculo del supuesto cabecilla de la trama y el secretario de Aznar. Fue justo después cuando empezó a desenpeñar el cargo que actualmente ocupa en el gobierno de Esperanza Aguirre: miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid. 

Cámara es una persona muy cercana, tanto de Aznar, como de su esposa Ana Botella. El pago de 90.000 euros fue descubierto por la Policía  mediante la documentación intervenida en la vivienda particular del contable de Correa, situada en la madrileña calle de Serrano.  

(www.publico.es, 20/07/09)

EL PP ACUSA AL GOBIERNO Y A "UN DETERMINADO GRUPO DE COMUNICACIÓN" DE TRATAR DE ANIQUILARLE 

El Partido Popular difundió ayer un largo comunicado en el que afirma que, con motivo de las investigaciones judiciales del caso Gürtel, está siendo objeto de "una campaña sistemáticamente programada y ejecutada de ataque y desprestigio de sus cargos públicos y del propio partido, en la que se utilizan de manera ilegítima los medios del Estado y, como instrumento de difusión, a un determinado grupo de comunicación". 

El PP se queja de que a las informaciones sobre actuaciones sumariales secretas "vienen a unirse, en las ultimas semanas, filtraciones de conversaciones telefónicas realizadas por la Policía Judicial" y que se utilizan para dañar personal y políticamente a algunas personas. 

Los populares señalan que el respeto al honor de las personas y al secreto de las comunicaciones son derechos fundamentales, que están obligados a respetar el Ministerio del Interior, la Policía Judicial "y los medios de comunicación que respeten las reglas de la sociedad democrática". A continuación, el PP acusa sin pruebas al Ministerio del Interior de "abuso perverso y abusivo de los instrumentos con los que cuenta un Estado de derecho". 

Tras opinar que en ese terreno se están registrando conductas "constitutivas de graves delitos y no menos graves responsabilidades políticas", el PP acusa a los medios de comunicación que informan sobre el caso Gürtel de situarse "al margen de la libertad de expresión". "Quienes de forma concertada, y amparándose en la libertad de expresión, colaboran dando publicidad a estas conductas, sin dar valor a los desmentidos previos y ampliando así los efectos dañosos, se sitúan al margen de la libertad de expresión que dicen defender, y de cualquier regla deontológica de la profesión periodística". 

El PP acusa al Gobierno "de connivencia y aprovechamiento político de estas conductas, [que] nos devuelven a épocas pasadas con métodos propios de un Estado policial". Y hace un llamamiento "a la opinión pública española e internacional sobre las tremendas consecuencias (...) de tratar de aniquilar al primer partido de la oposición usando los instrumentos del Estado". 

El PP reclama, en especial al Poder Judicial, "la especial vigilancia de cualquier conducta que tenga por objeto menoscabar de forma sectaria los derechos de los ciudadanos con la utilización de forma ilegítima de los medios del Estado de derecho". 

El PP señala que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha anunciado "acciones judiciales por calumnia contra los responsables de la difamación publicada este fin de semana por los medios del Grupo PRISA, a raíz de la violación del deber de secreto de unas actuaciones que no forman parte del sumario y que están tan sólo a disposición de la Policía Judicial". Desde el PSOE, contestó Antonio Hernando: "Primero acusaron al juez Garzón, después a los policías, después al Ministerio Fiscal y ahora a Interior. Ninguna de estas instituciones es responsable del comportamiento del tesorero del PP, de su diputado ni de alcaldes como Rita Barberá". 

(www.elpais.com, 20/07/09) 

EL PP SE CREE VÍCTIMA DE UN PLAN DEL GOBIERNO PARA DESTRUIRLE 

La filtración de una grabación telefónica de la trama Gürtel en la que uno de sus cabecillas dice haber regalado bolsos de una marca de lujo a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, dio ayer pie al PP a hacer público un comunicado sin precedentes.  

En él, la formación presidida por Mariano Rajoy, denuncia que está siendo objeto de un conspiración dirigida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuyo objetivo es destruir al partido conservador.  

"La actitud del Gobierno, y de otras instituciones del Estado como la Fiscalía General, de connivencia y aprovechamiento político de estas conductas, nos devuelven a épocas pasadas con métodos propios de un Estado policial", reza el comunicado, difundido desde la dirección nacional del PP. 

Aunque no es la primera vez que el partido de Mariano Rajoy ve en la investigación judicial de la trama corrupta una operación de desgaste político auspiciada por el Gobierno y sus resortes en la Administración de Justicia, sí es la primera ocasión en la que advierten que su objetivo es barrer del mapa político al partido conservador.  

Así, el PP aprovecha el documento para "hacer un llamamiento a la opinión pública española e internacional sobre las tremendas consecuencias que para una democracia tiene tratar de aniquilar al primer partido de la oposición usando para ello los instrumentos del Estado". 

Y es que los conservadores entienden que con el caso Gürtel están siendo objeto de "una campaña sistemáticamente programada y ejecutada" para desprestigiar a sus cargos públicos y al propio partido "en la que se utilizan de manera ilegítima los medios del Estado y, como instrumento de difusión, a un determinado grupo de comunicación". 

El partido de Mariano Rajoy culpa directamente de esta supuesta estrategia al Ministerio del Interior, al que responsabilizan de "abuso perverso y abusivo" de los instrumentos con los que cuenta un Estado de Derecho. Y por ello, demandan la comparecencia urgente de los ministros de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y Justicia, Francisco Caamaño, en el Congreso. El PP quiere que expliquen las filtraciones del caso Gürtel, en especial las relativas a las conversaciones telefónicas que afectan a sus dirigentes. 

Los conservadores aprovechan para hacer un recorrido sobre la evolución del caso de corrupción que les salpica. A las primeras filtraciones de las actuaciones sumariales secretas, "nunca investigadas pese a nuestras reiteradas denuncias, en las que se conculcaba el derecho a la defensa y la presunción constitucional de inocencia", han venido a unirse en las ultimas semanas, recuerdan, "filtraciones de conversaciones telefónicas realizadas por la Policía Judicial" que no forman parte "en algunos casos de las actuaciones sumariales".  

El comunicado pone al Grupo Prisa en la diana, cuya cabecera El País publicó ayer el contenido de una conversación telefónica en la que Álvaro Pérez, El Bigotes, cabecilla de la rama valenciana de la trama corrupta, admitía hacer regalos a la alcaldesa de Valencia. "No nos da nada, pero tampoco nos hace nada", decía, para justificar la supuesta compra de un bolso de Louis Vuitton. 

El PP argumenta que esas filtraciones son constitutivas de graves delitos y "no menos graves responsabilidades políticas". Y manifiesta que "la utilización de funcionarios públicos para realizar tan graves actuaciones, no hace sino agravar aún más las consecuencias, tanto para los que dan las órdenes, como para los que las ejecutan, arrojando injustamente dudas de manera indiscriminada sobre la conducta honrada de la mayoría de todos ellos".  

(www.publico.es, 20/07/09) 

DEFENSA DEL PARTIDO "EN TODAS LAS INSTANCIAS" 

Dignidad de las siglas

En su comunicado, el PP mantiene que “defenderá la dignidad de sus siglas, a sus dirigentes y militantes, que representan legítimamente a más de 10 millones de españoles por todos los medios a su alcance y en todas las instancias nacionales e internacionales que fuera preciso”.

Toque al poder judicial

Los conservadores reclaman de todas las instituciones públicas y sociales, y en especial del Poder Judicial, “la especial vigilancia de cualquier conducta que tenga por objeto menoscabar de forma sectaria los derechos de los ciudadanos con la utilización de forma ilegítima” de los medios del Estado de Derecho.

Explicaciones de Rubalcaba

Los conservadores exigen la “comparecencia conjunta y urgente” de los ministros del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y Justicia, Francisco Caamaño, para que den cuenta de las filtraciones, “en particular de las intervenciones telefónicas”.

Apoyo a Rita Barberá

El partido de Mariano Rajoy muestra, por último, su apoyo “unánime” y rotundo a las acciones legales que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha anunciado que va a dirigir contra los medios que informaron de sus regalos.  

(www.publico.es, 20/07/09)

EL ‘CASO GÜRTEL’ SALPICA A BARBERÁ Y SUSCITA UNA AIRADA RESPUESTA DEL PP  

La mancha de la sospecha de corrupción vertida sobre el PP por el caso Gürtel se extiende por las principales instituciones valencianas. Después de la imputación por un delito de cohecho impropio del presidente de la comunidad autónoma, Francisco Camps, y de su mano derecha, Ricardo Costa, así como de otros dos altos cargos de la administración valenciana, ha sido ahora la alcaldesa de la capital del Turia, Rita Barberá, la que ha visto su nombre tocado por la sombra de la trama corrupta. La noticia de la posible vinculación de Barberà, la figura más rutilante del municipalismo popular junto con el madrileño Alberto Ruiz Gallardón, con el caso Gürtel provocó ayer una oleada de indignación en las filas del PP, que salió en defensa de la alcaldesa con un florido ramillete de reacciones encolerizadas y un durísimo comunicado de denuncia. 

En el origen de este nuevo escándalo está, una vez más, una conversación telefónica interceptada por la policía el pasado 2 de enero y de cuya existencia dio ayer noticia el diario El País. En ella, Álvaro Pérez, alias el Bigotes, responsable de la empresa Orange Market y presunto cabecilla de la trama corrupta vinculada al PP en Valencia, asegura que durante años ha estado haciendo regalos a Rita Barberá. De hecho, en el momento de la conversación, el Bigotes dice estar en una tienda de Louis Vuitton «comprándole un bolso a la alcaldesa». En otro momento, refiriéndose a Barberá, Pérez afirma: «No nos da nada, pero tampoco nos hace nada». 

Cuando el sábado por la noche apareció la primera información sobre este caso, el jefe de prensa de la alcaldesa de Valencia se aprestó a responder que esta «jamás en su vida ha recibido ningún regalo del Bigotes». Ayer, Barberá hizo saber a través de un portavoz que «solo hablará de este asunto ante la justicia» y que «se querellará contra todos los que su abogado crea oportuno».

Durante todo el proceso que ha conducido a la imputación de Francisco Camps y de otros altos cargos, la alcaldesa se ha distinguido siempre por su cerrrada defensa de la inocencia del presidente autonómico, al que incluso acompañó personalmente el día en que este tuvo que declarar ante el juez. En aquella ocasión, Barberá lucía un llamativo bolso de Louis Vuitton de color rojo. En otro momento, la regidora sugirió que habría que modificar el artículo del Código Penal referente al delito de cohecho impropio (en el que incurre el alto cargo que acepta dádivas aunque no exista contraprestación por su parte) y comparó los trajes con que la trama corrupta supuestamente obsequió a Camps con las anchoas que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, regala a José Luis Rodríguez Zapatero. 

La publicación de la conversación del Bigotes, que no forma parte del sumario judicial, soliviantó a los dirigentes del PP, que, en un comunicado de dureza inusitada difundido ayer por la oficina de información del partido, calificó la filtración de «gravísima conculcación» y acusó directamente al Ministerio del Interior de estar detrás «de tan flagrante vulneración de los derechos fundamentales».  

En su nota, el PP denunció el uso «ilegítimo» de conversaciones telefónicas que no forman parte de las actuaciones sumariales «para menoscabar el honor de las personas y hacerles daño personal y político con fines claramente partidistas» y, tras recordar que este tipo de actuaciones pueden constituir un delito grave, añadió: «La actitud del Gobierno y de otras instituciones del Estado, como la Fiscalía General, con su connivencia y aprovechamiento político de estas conductas, nos devuelven a épocas pasadas con métodos propios de un Estado policial». 

En consonancia con su denuncia, los conservadores exigieron la comparecencia «conjunta y urgente» de los ministros de Interior y de Justicia para que respondan por las filtraciones y depuren responsabilidades.  

(www.elperiodico.com, 20/07/09)

EL PP NO DENUNCIARÁ A EL BIGOTES 

El PP presentará tres denuncias por la trama Gürtel. Una que va a presentar la dirección nacional del Partido Popular por las filtraciones de las piezas policiales, otra del PP valenciano por las filtraciones que afectarían a la parte que se instruye en el TSJV y otra de Rita Barberá por las informaciones en las que se afirma que recibió regalos de esta trama. Una denuncia que el PP no descarta incluso llevar hasta instancias internacionales. Para la número dos del PP es "intolerable" que se estén usando los instrumentos del estado de derecho para tratar de que el PP deje de hacer oposición al Gobierno. 

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, así lo ha anunciado este mediodía en una rueda de prensa en la que ha denunciado las filtraciones "planificadas" del caso Gürtel que, a su juicio, sólo persiguen "hacer daño" a su partido. 

Cospedal añade que el deber de custodia de esos documentos corresponde a la Policía Judicial o al Ministerio Fiscal, por lo que pedirán la comparecencia del ministro de Justicia y del Interior, pero señalan al ministerio de Rubalcaba como el responsable. 

Sin embargo, no van a denunciar de momento a Álvaro Pérez, El Bigotes ni prejuzan que pueda haber hechos delictivos. Tampoco explican por qué miembros de la trama entraban en la sede del PP de Génova con total normalidad. 

Además, Cospedal ha asegurado que espera que la Justicia "actúe lo más rápidamente posible" y que "los procesos judiciales sigan su curso", ante la declaración que este miércoles realizará ante el Tribunal Supremo el tesorero nacional y senador del partido, Luis Bárcenas. 

Cospedal ha advertido que el partido utilizará todas aquellas acciones que considere oportunas para defenderse ante esas filtraciones "constantes, continuas y planificadas" que se están llevando a cabo para "hacer daño al PP", "con independencia de que luego haya personas que hayan podido cometer o no actuaciones que sean irregulares o ilegales". En su opinión, "la forma de llevar a cabo este asunto" y "la actuación por muchas entidades del Estado vulneran los principios básicos del Estado de Derecho y producen una gran indefensión". 

(www.cadenaser.com, 20/07/09)

Las lágrimas de Correa

El líder de la trama corrupta rompió a llorar cuando las fiscales le preguntaron por sus operaciones económicas

El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, está desesperado en la cárcel. Dos veces ha pedido la libertad provisional y dos veces se la ha negado el juez. Visiblemente desmejorado y con algunos kilos de menos, su alegato es que siente claustrofobia en la cárcel y que, además, debe cuidar de su padre, muy mayor, y de su hermano, que padece una minusvalía. El juez Pedreira ha decidido mantenerle preso, informó ayer el Tribunal Superior.

  • El juez le ha denegado por segunda vez la libertad provisional por riesgo de fuga

El juez ve inconsistentes sus alegatos: Correa se ha ausentado muchas veces de España dejando la asistencia debida a sus familiares. La supuesta claustrofobia tampoco convence al juez. Es verdad que un psicólogo ha certificado que Correa se siente incapaz de subir a un ascensor, pero, en cambio, no tiene ningún problema para coger un avión. Hay, pues, riesgo de fuga.

Más de una vez ha estado tentado Correa de tirar de la manta. Sabe que ello aceleraría su acceso a la libertad provisional. Pero en su entorno le recuerdan que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Además, rompería la estrategia de defensa con vistas al juicio: quien acusa, debe probarlo. Por eso resiste Correa, pero su desesperación en la cárcel alguna vez le ha tentado a cantar, según fuentes penitenciarias.

Cuando fue detenido por el juez Garzón, un conocido le preguntó qué tal estaba. "Bien jodido", respondió, cabizbajo.

Desde la cárcel, está al tanto del despliegue mediático sobre sus supuestas fechorías. Defenderle de la retahíla de delitos que se le imputan, respaldados por kilómetros de conversaciones grabadas por la policía, no está resultando fácil a sus asesores.

"Si cae Balín, caigo yo", dice en una de las grabaciones. Se refiere a José Ramón Blanco Balín, otro de los implicados, ex vicepresidente de Repsol. No le falta razón. Balín es la persona que supuestamente urdió en el extranjero todo el entramado societario del que se sirvió Correa para blanquear "los muchos millones de euros" que oculta en al menos ocho países. Un dinero procedentes de comisiones, contratas y chollos inmobiliarios que, tras ser lavado, habría vuelto a España para sobornar a alcaldes y altos cargos del PP.

Pero son tantas las pruebas que han acopiado contra él la policía y la Fiscalía Anticorrupción que casi hacen innecesario que Balín le delate o no. Ahora lo sabe Correa. En un interrogatorio se puso a llorar cuando las dos fiscales de Anticorrupción empezaron a preguntarle, papeles y grabaciones en mano, por sus chanchullos. Agachó la cabeza y lloró. Luego se repuso y siguió negando las imputaciones.

Balín también sabe que no son pocas las pruebas incriminatorias que se ciernen sobre él. Y por su mente también ha pasado la idea de contarlo todo, a sabiendas del beneficio penal que puede suponerle colaborar con la justicia. Sabe que si tirase de la manta, la fiscalía sería clemente. Pero si Balín canta, más que Correa, que lo tiene casi todo perdido, son otros altos cargos del PP los que deben temblar. Balín sabe demasiado, y no sólo de Correa.

www.elpais.es 18.07.09

CORREA MONTABA FIESTAS PRIVADAS PARA AGASAJAR A LOS ALCALDES 

No eran velinas pero sí chicas de lujo. No estaban en Cerdeña, sino en restaurantes y clubes de alterne de la costa valenciana. Francisco Correa, el líder de la trama Gürtel, montaba habitualmente fiestas privadas, con los locales cerrados, para agasajar a los alcaldes con los que la trama quería trabajar, y que ya tenía "contactados". Algunos de esos festejos terminaron en auténticas bacanales. El propio Correa se pavonea del nivel de esos festejos y de la clase de las chicas en varias de las conversaciones grabadas incorporadas al sumario y que Noticias Cuatro revelará esta noche (00.15 horas) en un programa especial titulado Caso Gürtel: cerco al PP. 

"Vino el alcalde... Bernabé [Bernabé Cano, alcalde de La Nucia]... Vino el otro día en Valencia [sic] y se lo pasó tan bien que dijo: 'Oye, yo te monto un tinglao... y es verdad que las tías eran muy guarrindongas... las de Valencia... las del restaurante..." Cano es el regidor de La Nucia, en Alicante, donde la trama Gürtel quería levantar 3.824 viviendas y un campo de golf. 

(www.elpais.com, 17/07/09) 

"LAS TÍAS ERAN MUY GUARRINDONGAS... LAS DE VALENCIA... LAS DEL RESTAURANTE..." 

"Vino el alcalde... Bernabé [Bernabé Cano, alcalde de La Nucia]... Vino el otro día en Valencia [sic] y se lo pasó tan bien que dijo: 'Oye, yo te monto un tinglao... y es verdad que las tías eran muy guarrindongas... las de Valencia... las del restaurante..." Así presumía Francisco Correa, el cabecilla de la presunta trama de corrupción asociada al PP, de las fiestas que montaba para agasajar a los políticos. La conversación, a la que ha tenido acceso la cadena Cuatro, forma parte del sumario que investigan los jueces.  

Cuatro emite esta noche un programa especial Caso Gürtel: cerco al PP, en el que da cuenta de estas bacanales organizadas por Correa. El alcalde de La Nucia, según se desprende de la grabación, estuvo en una de ellas y quedó encantado. En esta localidad alicantina colindante con Benidorm, la trama Gürtel quería quería levantar 3.824 viviendas y un campo de golf. 

(www.elplural.com, 17/07/09) 

EL LÍDER DE LA 'TRAMA GÜRTEL' ALARDEABA DE LAS CHICAS DE LUJO QUE ASISTÍAN A SUS FESTEJOS 

Seis meses después de que se iniciara el caso Gürtel, los altos dirigentes del PP implicados en la trama están más cerca que nunca del banquillo. El juez instructor de Valencia considera que hay indicios más que suficientes de cohecho en la actuación del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Al mismo tiempo, el juez instructor de la causa en el Tribunal Supremo ve indicios de delito en el caso del senador y tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas. 

Francisco Correa, 'El Bigotes, Pablo Crespo. Nombres comunes que hace unos meses no eran conocidos por el gran público y que hoy día se han convertido en todo un torbellino de noticias. Sobre todo ello habla el reportaje que esta noche emite Noticias Cuatro

La investigación afecta a más de 30 personas, desde el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, al número dos del PP en esa comunidad además de un ex vicepresidente y un ex alto cargo, un ex consejero madrileño y dos diputados regionales, cuatro alcaldes del PP de los municipios más ricos de Madrid, un ex eurodiputado, su padre, concejal y su hermano, ambos ex concejales del PP, el senador y tesorero nacional del partido y un diputado nacional miembro de la dirección del grupo parlamentario del PP. 

Las bacanales de Correa 

Segun revela este reportaje Correa organizaba asiduamente fiestas privadas para agasajar a los alcaldes y cargos políticos con los que quería trabajar. El propio Correa solía presumir del nivel de esas fiestas y de la clase de las chicas que acudían a ellas. Todo esto y mucho más podrá ser visto en Noticias Cuatro. Se emitirá a las 00.15 horas en un programa especial titulado Caso Gürtel: cerco al PP. 

(www.cadenaser.com, 17/07/09)

Correa montaba fiestas privadas para agasajar a los alcaldes

Cuatro emite en la noche del viernes al sábado un reportaje que prueba que el supuesto líder de la 'trama Gürtel' alardeaba de las chicas de lujo que asistían a los festejos

No eran velinas pero sí chicas de lujo. No estaban en Cerdeña, sino en restaurantes y clubes de alterne de la costa valenciana. Francisco Correa, el líder de la trama Gürtel, montaba habitualmente fiestas privadas, con los locales cerrados, para agasajar a los alcaldes con los que la trama quería trabajar, y que ya tenían "contactados". Algunos de esos festejos terminaron en auténticas bacanales. El propio Correa se pavonea del nivel de esos festejos y de la clase de las chicas en varias de las conversaciones grabadas incorporadas al sumario y que Noticias Cuatro revelará la noche del viernes al sábado (00.15) en un programa especial titulado Caso Gürtel: cerco al PP.

"Vino el alcalde... Bernabé [Bernabé Cano, alcalde de La Nucia]... Vino el otro día en Valencia [sic] y se lo pasó tan bien que dijo: 'Oye, yo te monto un tinglao... y es verdad que las tías eran muy guarrindongas... las de Valencia... las del restaurante..."

Cano es el regidor de La Nucia, en Alicante, donde la trama Gürtel quería quería levantar 3.824 viviendas y un campo de golf.

Noticias Cuatro reproduce también otras relevantes conversaciones de protagonistas de la trama. El sumario del caso Gürtel contiene más de 26 horas de grabaciones. La mayoría tienen como protagonista a Francisco Correa, el cabecilla de la red corrupta.