CASO GÜRTEL :  LAS NOTICIAS

NOTICIAS DIVERSAS SOBRE LA TRAMA EN GENERAL 

El Poder Judicial pide a Fernando De Rosa que no hable más de Garzón

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, arremetió el pasado viernes contra el juez Baltasar Garzón en Canal 9, manipuladísima televisión pública de Valencia. En concreto, el magistrado aseguró que “podríamos estar pasando una línea roja muy importante, que es la prevaricación" y defendió a Francisco Camps, a quien calificó como “un buen presidente de la Generalitat". Este martes, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha criticado duramente estas declaraciones y ha exigido “el cese de cualquier declaración que pudiera perturbar el sereno ejercicio de la actividad jurisdiccional”.

"Ni desde el Consejo General del Poder Judicial ni desde otros Poderes del Estado o de sus instituciones pueden dirigirse indicaciones a ningún juez o magistrado sobre el contenido de las resoluciones que haya de tomar o no en un procedimiento determinado, ni sobre la dirección de dicho procedimiento", ha señalado el órgano permanente del Consejo.

Apoyo de Carlos Dívar
La declaración en contra de
las palabras de De Rosa ha contado con el voto a favor de cuatro de sus miembros (Carlos Dívar entre ellos), y solo con la oposición de la vocal Almudena Lastra.

Sin presiones
La Comisión Permanente del CGPJ destaca de forma especial la necesidad de “poner todos los medios a su alcance para evitar que los jueces y magistrados se vean
sometidos a presiones que perturben el ejercicio de su función jurisdiccional que pretendan orientarla en un determinado sentido”.

Trabajó para Camps
Sin duda, esta declaración ha supuesto un duro revés a Fernando de Rosa, quien antes de ser vicepresidente del Consejo del Poder Judicial fue consejero de Justicia del Gobierno Camps.

Dimisión
Cabe recordar que este domingo, Jueces para Democracia (JpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) reclamaron la dimisión de Fernando de Rosa por haber protagonizado un "
gravísimo ataque a la independencia judicial".

“Disculpas”
Por su parte,
el ex consejero de Camps
pidió “disculpas” a todos aquellos que hubieran podido sentirse “molestos o perjudicados” por unas declaraciones que realizó “a título exclusivamente personal”.

www.elplural.com 24.02.09

RAJOY AFIRMA SOBRE POSIBLES DIMISIONES EN EL PP QUE "DEPENDERÁ DE QUIÉN Y DE QUÉ SEA ACUSADO" 

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha afirmado hoy sobre las repercusiones de la trama de corrupción que actualmente investigan los tribunales y que está vinculada a su partido, que habrá que esperar para ver nuevas dimisiones en su formación. "Depende de qué sea acusado", ha reseñado antes de recordar que "había dos imputados" por el juez Garzón que ya han dejado su cargo, en referencia al alcalde de Boadilla y el ex primer edil de Majadahonda. 

Preguntado en una entrevista en la Cadena Ser sobre si tras la salida de Mariano Fernández Bermejo del Ministerio de Justicia se van a ver dimisiones en su formación, Rajoy no ha querido concretar posibles movimientos en este sentido: "Vamos a ver de qué y a quién se acusa", ha insistido Rajoy al mismo tiempo que ha mostrado su rechazo a "adelantar acontecimientos, porque puede suponer condenar a alguien sin ni siquiera ser juzgado". 

"No se qué personas del PP hay acusadas ni de qué. Sólo sé lo que hemos visto por la prensa en los últimos días y luego algunos ni siquiera han sido imputados", ha justificado para pedir al juez que sea "cuidadoso" y se "respeta a la gente". 

Eso sí, Rajoy ha reiterado que la dimisión de Bermejo era "necesaria, por que no ha sido buen ministro, se ha enfrentado a todo el mundo y no ha sido capaz de abordar los problemas justicia, principalmente el de la dotación de medios". En este punto, tras confiar en que a su sustituto, Francisco Caamaño , "le vaya bien", el presidente popular ha señalado que la polémica sobre la cacería ha sido "la gota que ha colmado el vaso" del controvertido mandato del ministro ya que, la "Justicia requiere una actitud imparcial, pero también formas y apariencia de imparcialidad". 

Así, aunque sobre la denuncia de presunta connivencia entre el poder Ejecutivo y el judicial ante la coincidencia en una cacería de Bermejo con el juez Garzón, Rajoy ha respondido que "yo mantengo lo que puedo probar" y ha admitido que "no sé de lo que hablaron", ha insistido en cualquier caso en que "no es algo aceptable" y que tampoco es "muy poco presentable desde punto vista democrático". 

En este sentido, interrogado sobre el hecho de que fuese precisamente Federico Trillo, actual portavoz de Justicia del PP y ex ministro de Defensa en tiempos de la tragedia del Yak 42 -en la que murieron 62 militares-, quien saliese ayer a analizar la renuncia de Bermejo; el presidente del partido ha asegurado que "Trillo es un hombre honesto y competente". "Ha cometido sus errores como los he cometido yo, pero tiene mi confianza", ha enfatizado antes de criticar que el presidente del Gobierno sacase ayer por la noche el tema del Yak "para hacer una descalificación cuando hasta los tribunales ya se han pronunciado" sobre este tema. "Me parece tremendamente injusto", ha reiterado. 

(www.elpais.com, 24/02/09) 

RAJOY, SOBRE POSIBLES DIMISIONES POR LA TRAMA CORRUPTA: ´DEPENDE DE QUÉ SE LES ACUSE´ 

Preguntado por si mantiene la intención de querellarse contra Garzón por prevaricación, el líder del PP ha contestado que no iba a "adelantar acontecimientos" y ha añadido: "Yo no descarto nada".  "Yo no sé todavía qué personas del PP hay acusadas y de qué, porque a nadie se le ha dicho nada. Hemos visto filtraciones en los periódicos y estoy seguro de que muchas de las personas que salen en los periódicos no aparecen en el sumario, ni van a ser imputados, ni van a ser inculpados. Y a estas personas, ¿quién les repara el daño causado?, ha manifestado.  

Preguntado por si, en el caso de que haya cargos del PP imputados en la causa, pedirá su dimisión, Rajoy ha dicho que "depende de por qué razón se les acuse" y ha agregado que "adelantar acontecimientos en estos temas puede suponer, a veces, condenar a una persona antes de ser juzgado y ni siquiera escuchado".  

El presidente del PP ha señalado que no tuvo nunca una "gran relación" con ninguno de los empresarios imputados en la causa que instruye Garzón y ha concretado que al que más conoce es a Pablo Crespo "porque es de Pontevedra" aunque no tiene "relación alguna" con él.  

Asimismo, ha asegurado que a Álvaro Pérez Alonso, responsable de Orange Market, le veía en los actos del PP porque "andaba siempre por ahí en medio" y que a Francisco Correa, propietario de Especial Events y presunto cabecilla de la trama, no tiene "conciencia de conocerlo".

Se ha referido a la dimisión del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y ha dicho que era "obligada" después de la cacería que compartió con Garzón y que, a su juicio, ha sido "la gota de agua que ha colmado el vaso". Respecto al nuevo titular de Justicia, Francisco Caamaño, el presidente del PP ha dicho que no le conoce "mucho" y ha confiado en que "las cosas le salgan bien y tenga acierto".

Por último, Rajoy ha asegurado que es "sumamente injusto" que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aludiera ayer al caso del Yak-42 "para hacer una descalificación de una crítica política", teniendo en cuenta que es un asunto sobre el que "los tribunales ya se han posicionado".  

Ha defendido la trayectoria del portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, ha dicho que es "honesto" y "competente" y que "tiene la confianza del presidente del partido". 

(www.levante-emv.com, 24/02/09) 

EL PP SE MUESTRA EUFÓRICO PERO CREE QUE RAJOY TENDRÁ QUE HACER LIMPIEZA 

"Es una gran victoria. Es la primera vez que se retira en campo abierto ante nuestro ataque. Hay que saber rentabilizarla". Con esta frase de un dirigente cercano a Mariano Rajoy se puede resumir la sensación que recorrió el partido tras la dimisión de Mariano Fernández Bermejo. 

Era la pieza más codiciada. Sobre él pivotaba toda la estrategia de contraataque de un Rajoy que ha logrado darle la vuelta a la tortilla acosado por los escándalos de corrupción, una vez más, como en 2003, cuando el PP, presionado por la crisis del Prestige, logró que dimitiera un diputado socialista de Madrid, Antonio Carmona, por decir en broma "si hace falta hundimos otro barco". 

Sólo 20 minutos antes de que hablara Bermejo, Rajoy había dejado claro que él quería cobrarse esa pieza y pensaba cubrir con ella cualquier asunto de corrupción durante toda la campaña electoral: "Son las 12.40 y Zapatero no ha cesado a Bermejo", dijo en Baralla (Lugo). Ayer se limitó a decir: "Es una buena noticia, era una dimisión anunciada". 

En Génova, la sede central del partido, estalló la euforia. Como en los buenos tiempos de la legislatura 93-96, cuando los populares lograban, con su presión y los escándalos, dimisiones de ministros, Federico Trillo, uno de los protagonistas de aquella época, compareció para exhibir su satisfacción y anunciar que no se conforma. Ahora, explicó, exigirán a Zapatero que explique "sus relaciones con el Poder Judicial". 

Los populares van a mantener la presión y el victimismo al menos hasta el domingo, día de las elecciones vascas y gallegas. No sólo contra Zapatero, sino contra el juez Garzón, a quien amenazan con presentar hoy mismo una querella por prevaricación si no se inhibe. El PP confía en que el juez, enfermo, no les dé una mala sorpresa antes del domingo. 

Sin embargo, los más reflexivos tanto en el entorno de Rajoy como en las direcciones regionales asumen que, tras la dimisión de Bermejo, la pelota está en el tejado de Rajoy. Todo el partido entiende que el líder estire la estrategia del contraataque hasta las elecciones, sobre todo porque el juez insiste en mantener el secreto del sumario, pero a nadie se le escapa que este caso de corrupción, y el otro del espionaje revelado por EL PAÍS, no pueden quedar en nada. 

"Esta decisión de Zapatero, por mucho que haya llegado tarde y nos haya concedido 10 días preciosos para recuperarnos de un golpe como el de Garzón, puede servir también para legitimar cualquier medida drástica interna que tenga que tomar Rajoy", sentencia otro dirigente. 

En el PP se está instalando la idea de que después de las elecciones Rajoy tendrá que concentrarse en hacer limpieza interna. De momento, los tres más claramente implicados en la presunta corrupción en Madrid, el alcalde de Boadilla, el consejero de Deportes y el ex alcalde de Majadahonda han dimitido de sus puestos institucionales, pero el partido no les ha suspendido cautelarmente de militancia, paso previo a la expulsión. De hecho, el ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, sigue siendo jefe del PP local y concejal, y Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes, sigue siendo diputado de Madrid. 

Mientras, en la crisis del espionaje no ha habido aún ni una sola dimisión, y el entorno de Rajoy asegura que, cuando termine la comisión de investigación, el líder está dispuesto a pedir algunas. 

(www.elpais.com, 24/02/09) 

RAJOY SEGUIRÁ CON LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN HASTA EL 1-M 

La dirección del PP está satisfecha con la dimisión del ministro Mariano Fernández-Bermejo. Considera que su estrategia de denunciar una posible "connivencia" entre Bermejo y el juez Garzón para urdir una supuesta "trama contra el PP" ha calado en una parte de la opinión pública. Y que, si consiguen mantenerla viva al menos unos días más, podría servir para amortiguar electoralmente el tremendo golpe que les ha supuesto la aparición de la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón.

Por eso, Rajoy seguirá alentando esa teoría al menos hasta final de campaña, según fuentes del PP.
No obstante, los populares dedicarán ahora sus energías a exigir explicaciones directamente al presidente del Gobierno, ya que insisten en que en la cacería que compartieron Bermejo y Garzón se conspiró para diseñar toda una operación política y judicial cuya víctima, según argumentan, sería el principal partido de la oposición. Además, seguirán arremetiendo contra el magistrado de la Audiencia Nacional.

Los conservadores se saben en manos de Garzón. A él y al tiempo que tarde en reincorporarse a la Audiencia (se recupera de un ataque de ansiedad que sufrió el viernes) está supeditado el momento en que se conozca el nombre de los aforados --miembros del PP-- implicados en el sumario. Ya ha trascendido que en esa lista están el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y algunos exconsejeros y parlamentarios de Madrid. Y que Garzón está a punto de pasar el caso a los tribunales de justicia valenciano y madrileño, sin descartar el Supremo si resultase afectado algún diputado o senador. 

Pero ese paso que está a punto de dar Garzón, los populares quieren presentarlo ante la opinión pública como un triunfo propio. Por eso siguen exigiendo que se inhiba de la investigación y le amenazan con denunciarle por prevaricación si no lo hace de inmediato. El magistrado lo hará de oficio, pero los populares asegurarán que lo ha hecho por la presión del PP.

Así, en la recta final de campaña en Galicia y Euskadi, Rajoy y los suyos quieren sugerir que si Bermejo se va y Garzón se inhibe del caso de corrupción, será porque, "como decía el PP", algo tenían que ocultar.

¿Servirá eso para frenar el escándalo de corrupción que les persigue? No, como ellos mismos reconocen, aunque se congratulan de haber encontrado un "paraguas" para protegerse, aunque sea mínimamente, en medio de semejante temporal. De hecho, en el PP se afirma que Rajoy está dispuesto a tomar represalias contra aquellos dirigentes que estén "de verdad" vinculados a la red de corrupción.  

"Hará lo que tenga que hacer, pero eso será a partir del 2 de marzo", recalcan en el partido.
Está por ver si Rajoy logra aguantar hasta después de las elecciones para abordar, en serio, la corrupción. De momento, se dedica a pasearse por Galicia y hablar de Bermejo. "Era una dimisión obligada", comentó. Su responsable de Justicia, Federico Trillo, avanzó que seguirán preguntado por la cacería a Zapatero en el Congreso. Los populares, ayer, estaban de subidón. 

(www.elperiodico.com, 24/02/09) 

EL CONSELL PAGÓ A ORANGE MARKET 69.310 EUROS POR LA CAMPAÑA DE VAERSA QUE NUNCA SE HIZO 

Ni lo hizo Orange Market, ni ninguna de las múltiples subcontratas que utilizaba la marca valenciana del grupo de empresas investigadas por el juez Garzón por conformar presuntamente un tinglado de corrupción dedicado al blanqueo de dinero, fraude fiscal, falsificación de facturas y, al final de la cadena, evasión de capitales a paraísos fiscales. La "campaña de comunicación y sensibilización sobre el correcto uso del contenedor amarillo" no la hizo nadie. Jamás. Ni antes del 20 de enero de 2005, como fijaba el contrato, ni en febrero, ni en marzo, ni nunca.  

La adjudicación de ese trabajo fue a dedo y pulverizó todas los récords de irregularidades posibles, como informó este diario el domingo. El contrato se firmó el 12 de noviembre de 2004 y Vaersa, sociedad 100% pública y entonces presidida Rafael Blasco, como conseller de Territorio, pagó la mitad del importe del contrato. Exactamente 69.310 euros, IVA incluido. El otro 50% debía abonarse, según el documento mercantil suscrito por las partes, al acabar el trabajo, el citado 20 de enero de 2005. Nunca se pagó ese segundo plazo porque, según documentación que obra en poder de este diario y admitió ayer un portavoz de la Conselleria de Medio Ambiente, la campaña no llegó a realizarse.  

La firma entonces manejada ya por Álvaro Pérez Alonso, aunque administrada por el también imputado Luis de Miguel Pérez, presentó, según argumenta la Generalitat, varios proyectos pero ninguno se ajustó "a la idea del tipo de campaña que se quería". "Al final se decidió por mutuo acuerdo rescindir el contrato", explican las citadas fuentes. Entonces, si no se hizo, ¿por qué no se exigió a Orange Market la devolución de los 69.310 euros que había cobrado? Medio Ambiente esgrimió ayer como respuesta que la empresa había presentado "bocetos", había "hecho grabaciones, vídeos y trabajos que tenían sus gastos". Y los gastos se tasaron en justo la mitad del contrato. Ni más ni menos. 

Resulta chocante que hubiese desavenencias entre Vaersa y la firma de Álvaro Pérez sobre la idea de campaña cuando la empresa pública no tuvo ninguna duda a la hora de adjudicarle a dedo el contrato. Es más, tan claro debían de tener el perfil de la campaña que querían que no hubo pliego de condiciones ni criterios previamente establecidos para valorar las ofertas "invitadas".

Tampoco era muy necesario si se considera que la "consulta" de los tres presupuestos que exige el procedimiento negociado sin publicidad -a dedo- era realmente un auténtico paripé. Porque los tres presupuestos, que ni siquiera constan en el expediente ni pasaron por registro de entrada, eran de empresas hermanas: Orange Market, Boomerangdrive S. L. y Down Town Consulting. Esta última es Easy Concept Comunication con su nombre anterior.  

La tres estaban administradas por Luis de Miguel Pérez, imputado en la causa y uno de los expertos fiscales que, con Ramón Blanco Balín y Pablo Crespo, diseñaron la arquitectura financiera de la trama, según Garzón. Orange Market, nacida quince meses antes del contrato, fue la valencianización fashion de la marca Special Events, la empresa controlada por sociedades de paraísos fiscales caribeños con la que Correa y Álvaro Pérez habían trabajado para el PP en las campañas electorales autonómicas de 1999 y 2003. Orange Market sumó la Generalitat a su cartera de clientes. 

El administrador único de las tres empresas que participaron en la simulación de procedimiento negociado sin publicidad convocado por Vaersa en 2004, Luis de Miguel Pérez, no pudo declarar ayer en la Audiencia Nacional como pretendía porque el juez sustituto de Garzón decidió aplazar los cinco interrogatorios previstos. Santiago Pedraz, el magistrado sustituto, decidió que los citados vuelvan el día 5, cuando en principio ya se habrá reincorporado Garzón, que está de baja por una crisis de ansiedad. Otro de los llamados a testificar ayer era Javier Nombela, quien fue apoderado de Easy Concept y, según la imputada Isabel Jordán, llevaba la contabilidad de esa sociedad hasta 2006. Nombela fue destituido por Gallardón al verse imputado por su presunta participación en la red de facturas falsas. El actual consejero delegado de Easy Concept (firma que montaba en la práctica el pabellón valenciano de Fitur), Pablo Collado, era otro de los llamados a declarar. 

(www.levante-emv.com, 24/02/09)

MICHAVILA PIDIÓ SEIS MILLONES POR MEDIAR EN UN PROYECTO EN BOADILLA 

El exministro de Justicia y diputado del PP José María Michavila pidió seis millones de euros a la Mutua Madrileña cuando medió para conseguir la edificación de una ciudad sanitaria en Boadilla (Madrid) en el 2006. El exalcalde de la localidad, Arturo González Panero, uno de los 37 imputados en el sumario de la trama de corrupción vinculada al PP, le solicitó dicha mediación. 

La anterior dirección de la Mutua Madrileña confirmó que Michavila le reclamó en persona los seis millones de euros, según publicó ayer El Mundo. Y que le explicó que esta cantidad era el honorario que iba a percibir la consultora Global Health para que se edificara en la localidad una megaciudad sanitaria privada. La consultora es cliente del despacho EIUS Abogados, en el que trabaja el diputado popular al compatibilizar su acta parlamentaria con su actividad profesional. EIUS, según informó el viernes EL PERIÓDICO, ha defendido al consistorio de Boadilla en diversas ocasiones. 

En las reuniones participaron el entonces presidente de la empresa, José María Ramírez; el antiguo vicepresidente, Luis Rodríguez Durón, y el secretario del consejo de administración Antonio López Taracena. También acudieron los representantes de Global Haelth y Michavila. Pero el proyecto se frenó por las trabas de González Panero, que reclamaba la contratación del despacho del diputado.

Por ello, el presidente de la Mutua se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Esta, en su presencia, llamó al ahora exalcalde de Boadilla y le exigió que diera luz verde al proyecto porque era un asunto de interés general. La construcción, valorada en 600 millones de euros, finalmente se aparcó por la aseguradora en el 2007. El diputado negó que hubiera pedido seis millones de euros, aunque explicó que esta cantidad, un 1% de la inversión total, eran los honorarios de la consultora. 

El despacho de Michavila ha representado al Ayuntamiento de Boadilla en varias ocasiones. Dos abogados del bufete, Alfredo Dagnino y Alberto Dorrego, asistieron a la corporación en litigios contencioso-administrativos. Dorrego colabora en los negocios de José Luis Ulibarri, imputado por Garzón. 

Fuentes de la investigación han explicado que el diputado popular no está siendo investigado en la trama que instruye el juez Baltasar Garzón. El magistrado ha imputado ya a 37 personas antes de remitir el caso a los tribunales competentes. 

(www.elperiodico.com, 24/02/09) 

¿POR QUÉ NO DIMITIÓ TRILLO TRAS LO DEL YAK O FRAGA, QUE ESTUVO DE CAZA EN PLENO DESASTRE DEL PRESTIGE? 

Ni la dimisión del ya ex ministro Bermejo ha conseguido calmar al PP que pide ahora la cabeza del propio Zapatero. Resulta significativo que la persona que precisamente da ahora lecciones de ética política sea Federico Trillo, el ministro bajo cuyo mandato se produjo el escándalo del Yak-42, donde murieron 62 militares. No sólo el avión contratado por Defensa estaba en condiciones de volar sino que las identificaciones de los cadáveres se hicieron de forma tan apresurada, que se equivocaron, con el consiguiente perjuicio para las familias de los fallecidos. No, aquello no fue motivo para dimitir. Tampoco cuando pese al desastre del Prestige, el entonces presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, se encontraba en una cacería junto a alguno de sus consejeros. 

El director general de Cuatro, Daniel Gavela, subraya esta contradicción entre las exigencias del PP para con los demás y la laxitud en sus reglas internas. A propósito de la cacería destaca que “está bien que el ministro dimita, pero cabe preguntarse por quién dimitió en la Xunta o en el Gobierno de Aznar cuando los conselleiros y el ministro directamente implicados en el desastre del Prestige se repartieron por media España matando perdices, persiguiendo rebecos o calzándose las raquetas en Sierra Nevada”.  

De caza durante el Prestige

En su momento, Fraga desmintió haberse despreocupado del vertido del Prestige aunque no tuvo más remedio que admitir que estuvo en Madrid el sábado (cuando se inició la marea negra) hasta el domingo por la tarde. "El domingo estuve con unos amigos a los que dejé tirados porque yo no podía quedarme a la cacería", dijo. Al parecer, la cacería tuvo lugar en una finca de Toledo y contó con la presencia del entonces consejero Xosé Cuiña, ya fallecido.

Batida de especies protegidas

Según publicó entonces el diario El Mundo, esta afición de Fraga por la caza ya le trajo algunos disgustos, como participar en una batida de una gallinacea silvestre protegida, o cazar osos en la antigua Yugoslavia, actividad que ha sido duramente criticada por colectivos ecologistas.

El del Yakolev “ejemplo de integridad” 

Sobre Trillo, Gavela resalta lo “chocante” de que “el responsable político de la tragedia del Yakolev le diera un ultimátum al presidente Zapatero para la destitución del ministro de Justicia”, concluyendo que una cosa es que la mantengan su condición de diputado aforado “para guarecerle de la causa del avión homicida” y otra la “osadía” de que el PP le exhiba “como azote y ejemplo de integridad política”.

Cacerías gratis para la derecha

En cuanto a otra de las críticas que se la ha hecho estos días a Bermejo, que no pagara las monterías, Gavela señala que “en España el poder político y administrativo ha cazado de gorra siempre desde don Pelayo y lo políticamente relevante es que un ministro socialista no haya roto con la tradición”. De hecho, según aseguró El Mundo el día en que publicó que Garzón y Bermejo habían participado juntos en una montería, Ana Pastor suele participar también en estas cacerías.  

Pista de padel

La derecha en el poder no sólo caza gratis. Cuando llegó a La Moncloa, Aznar recibió una pista de pádel regalada por el hijo del famoso tenor Plácido Domingo valorada en unos cinco millones de pesetas de entonces, según publicó la revista El Siglo. 

(www.elplural.com, 24/02/09) 

EL PP RECHAZA REPROBAR AL EX CONSEJERO LÓPEZ VIEJO 

El PSOE presentó ayer una proposición no de ley (PNL) ante la Mesa de la Asamblea de Madrid para reprobar al diputado autonómico y ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo. Sin embargo, la mayoría absoluta del PP en el órgano rechazó llevar la proposición al Pleno porque, según dijeron, no está contemplado en el Reglamento de la Asamblea reprobar a un parlamentario sin ningún cargo público.  

El ex consejero y hombre de confianza de Esperanza Aguirre dimitió el 9 de febrero, tras conocerse que había contratado durante años con empresas que ahora están siendo investigadas por el juez Garzón dentro del caso Gürtel por pertenecer a una presunta trama de corrupción en la que estarían implicados distintos cargos públicos del PP.  

La Mesa también estudió una nueva lista de 10 comparecientes presentada por el PSOE para que declaren ante la comisión de investigación creada en la Asamblea para estudiar el presunto espionaje político. Sin embargo, el PP rechazó a cinco de ellos, la mitad de los presentados. Entre los rechazados está el viceconsejero de Presidencia y secretario general del Consejo de Gobierno, Salvador Victoria.  

Según denunció la portavoz socialista, Maru Menéndez, este rechazo «confirma y refuerza las trabas del PP a la transparencia de la comisión de investigación».  

Desde la dirección del Grupo Popular respondieron que tres comparecientes los habían rechazado por defectos de forma -el PSOE presentó mal sus nombres y cargos- y los otros, por ser «completamente ajenos» al objeto de la comisión. 

(www.elmundo.es, 24/02/09)

MICHAVILA PIDIÓ 6 MILLONES POR UN PROYECTO QUE LA MUTUA OFRECÍA A BOADILLA 

El ex ministro de Justicia con el Gobierno de Aznar y actual diputado del PP José María Michavila pidió seis millones a Mutua Madrileña como mediador entre esa empresa y la consultora Global Health, cliente del bufete donde trabaja, para construir una megaciudad sanitaria en Boadilla del Monte (Madrid), según confirmó él mismo. Dicha mediación se produjo en 2006 a instancias del entonces alcalde de esta localidad, Arturo González Panero -imputado en la trama de corrupción que investiga el juez Garzón-, según fuentes de la aseguradora.  

Fuentes cercanas a la anterior dirección de la Mutua confirmaron a EL MUNDO que Michavila en persona les reclamó en varias ocasiones seis millones de euros para llevar adelante el proyecto. Dicha cantidad no era una comisión, sino los honorarios que cobraría la consultora que se encargaría de hacer realidad la idea, aunque los responsables de la Mutua entendieron en todo momento que sí se trataba de un peaje para poder hacerse con el proyecto.  

El diputado se trasladó en varias ocasiones durante el año 2006 a la sede de la Mutua Madrileña, en el Paseo de la Castellana, como dijeron fuentes conocedoras de la operación. Y lo hizo como profesional del despacho EIUS Abogados, un puesto que compatibiliza con su escaño en el Congreso de los Diputados.  

En aquellas reuniones solían estar el entonces presidente de la empresa, José María Ramírez Pomatta, el antiguo vicepresidente, Luis Rodríguez Durón, y el secretario del consejo de administración, Antonio López Taracena. Además, acudían los representantes de Global Health y el propio Michavila. La consultora quería encargarse del análisis de viabilidad, la financiación, buscar economistas, técnicos y administrativos para desarrollar el complejo.  

Los responsables de la Mutua estaban dispuestos a realizar una inversión muy fuerte, de 600 millones de euros, para edificar un hospital, dos centros de investigación y una Universidad sobre una superficie de 50 hectáreas, una megaciudad sanitaria privada justo enfrente de la Ciudad Financiera del Santander, también en Boadilla del Monte.  

Sin embargo, tanto Ramírez Pomatta como el resto de los directivos de la empresa consideraron innecesario contratar a Global Health.E incluso entendieron desde el principio que su contratación era una especie de comisión o peaje para conseguir el proyecto, por lo que rechazaron de plano «pagar ni un céntimo».  

Tras rechazar la intermediación de Global Health y Michavila, volvieron a iniciar los trámites con el Ayuntamiento. Los directivos de la aseguradora buscaron también otras ubicaciones. De hecho, el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, muy interesado en llevarse la ciudad sanitaria a Madrid, ofreció unos terrenos en Valdebebas. Pero como aquella superficie no tenía ni 19 hectáreas, menos de la mitad de los terrenos de Boadilla, fue desechada.  

Cuando los representantes de la Mutua volvieron al Consistorio dirigido por González Panero, el alcalde les resaltó el gran interés del Ayuntamiento, pero volvió a insistir en que era conveniente hablarlo con la firma de abogados en la que trabaja Michavila, como confirmaron personas conocedoras de la negociación.  

Tanto Panero como Michavila negaron a este diario esa indicación reiterada que salía del Consistorio. El primero la calificó como «falsa». El diputado también lo negó y dijo que fue Global Health quien se puso en contacto con la Mutua, y no él. Además, añadió que cree que no ha hablado nunca del proyecto con Panero. «He coincidido con él pocas veces, aunque es vecino mío», añadió.  

Ante la ralentización de los trámites municipales, Ramírez Pomatta en persona pidió una entrevista a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. A ella también acudió el entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela. En ese encuentro, que se celebró en la Presidencia regional, Pomatta le contó a Aguirre que el alcalde de Boadilla estaba poniendo muchas trabas y que le había dicho que era mejor que contratara la realización de los trabajos con el despacho del diputado. Aguirre llamó inmediatamente y delante de todos a González Panero, según testigos de la reunión, le preguntó qué problemas había y le dijo que, si no había ninguno, diera luz verde sin condiciones previas, porque era un asunto de interés regional.  

Tras esa llamada, las cosas parecieron despejarse. La Mutua Madrileña necesitaba comprar el suelo y estaba dispuesta a hacerlo por 70 millones de euros. El Ayuntamiento cambió la calificación jurídica del terreno municipal para convertirlo en patrimonial y facilitar los trámites. Sin embargo, a las pocas semanas, volvieron a reproducirse las trabas que hacían inviable el proyecto. Durante el proceso, el propio Michavila telefoneó a Ramírez Pomatta para intentar convencerle de que contratara a Global Health. Sus gestiones fueron infructuosas.  

Definitivamente, el proyecto fue desechado por la aseguradora madrileña en 2007, y nunca salió adelante. La Presidencia de la Mutua cambió y la nueva dirección no asumió como propia la idea.  

En conversación con este diario, Michavila admitió haber estado en reuniones con los responsables de la Mutua. Pero negó que les pidiera seis millones de euros. Eso sí, consideró probable que ésa fuera la cifra a la que ascendían los honorarios exigidos por Global Health, un 1% de la inversión total. El ex ministro añadió que, de esos seis millones, no habría salido la minuta de su despacho. De haber cerrado la operación, habría cobrado entre 15.000 y 20.000 euros, estimó. El diputado piensa que el proyecto fracasó porque la Mutua «buscaba hacer un desarrollo residencial anexo» y el Consistorio no quería aprobar «una operación especulativa».  

El alcalde de Boadilla, por su parte, negó que pusiera trabas a la Mutua y achacó que la operación se abandonara al cambio de presidente en la compañía. También negó «absolutamente» haber hablado de ese tema por teléfono con Esperanza Aguirre. «Hubo una reunión con la Comunidad y la Mutua, pero en absoluto en los términos en los que usted me explica».

POSIBLES INCOMPATIBILIDADES DE UN DIPUTADO

El diputado José María Michavila, ex ministro de Justicia, podría haber incurrido en una situación de incompatibilidad al contratar el despacho EIUS Abogados en el que trabaja con el Ayuntamiento de Boadilla.  

En declaraciones a este periódico, Michavila negó este extremo de manera tajante. Precisó que él es colaborador externo de la firma, en la que hay otros 20 letrados, que nunca ha llevado ningún caso personalmente para Boadilla y que no ha tenido una relación ni personal ni profesional con el alcalde de la localidad, Arturo González Panero. El diputado insistió en que sólo se responsabiliza de sus casos.  

Sin embargo, de la lectura del artículo 157 de la Ley Electoral se desprenden algunas dudas. En el punto 2, especifica que son incompatibles con el cargo de diputado «las actividades de gestión, defensa, dirección o asesoramiento ante cualesquiera organismos o empresas del sector público estatal, autonómico o local respecto de asuntos que hayan de resolverse por ellos, que afecten directamente a la realización de algún servicio público o que estén encaminados a la obtención de subvenciones o avales públicos». Pero más adelante, precisa que esa incompatibilidad se extiende a la prestación de servicios «con titularidad individual o compartida». Y únicamente se contempla como excepción la recogida en el artículo 159. 3 c) cuando se advierte que, para determinadas actividades privadas, se tendrá que solicitar autorización puntual a las respectivas comisiones de cada Cámara.  

Según los documentos a los que ha tenido acceso éste periódico, EIUS Abogados ha sido contratado en nueve ocasiones por el Consistorio de Boadilla para diferentes pleitos. La mayor parte de los documentos vienen firmados por Alberto Dorrego, el socio director de la firma.  

La primera vez que el nombre de Michavila se vio vinculado al del alcalde de Boadilla fue en un informe remitido a la Fiscalía Anticorrupción en el que un grupo de funcionarios denunciaba por escandaloso y sospechoso que, habiendo un servicio jurídico infrautilizado en el Ayuntamiento, González contratase a sus «amigos». Alertaban sobre el hecho de que los contratos se hacían teniendo buen cuidado de que las cantidades no superasen los 18.000 euros, que es el máximo permitido por la ley. Y eso es lo que EIUS ha cobrado por cada caso.  

Los funcionarios aseguraban que habían visto a Panero y a Michavila tomando café con frecuencia. El diputado asegura que sólo ha visto a Panero en un par de ocasiones y el alcalde sostiene que su relación no era de amistad, sino que se circunscribía a la habitual entre dos compañeros de partido. 

(www.elmundo.es, 23/02/09) 

UN ABOGADO DE CORREA SE HACÍA PASAR POR JUEZ PARA PRESIONAR EN SUS NEGOCIOS 

Los dos principales imputados del caso Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, hacían pasar a uno de sus abogados por juez para presionar en sus negocios. Se trata de Juan Pérez Mora, su nombre no aparece en la lista del CGPJ, y también está inculpado.  

Pérez Mora se hizo pasar por juez, o hizo valer su autoridad como tal, para presionar, entre otros, a una empleada que mostraba discrepancias con los manejos del clan y que pretendía dejar constancia de las irregularidades manifiestas en que estaba incurriendo la empresa Easy Concept.  

Esta situación es la que se desprende de los datos recabados por los investigadores. Entre las ya públicas conversaciones que han venido marcando el hilo conductor de las investigaciones, hay una en la que se relata un momento especialmente tenso entre Pérez Mora y Felisa Jordán, otra de las imputadas en la causa y, en aquellas fechas -octubre de 2007-, administradora única en las empresas Easy Concept y Good and Better. En realidad, se refiere a una conversación que se prolongó alrededor de una hora en la que éste advertía a su interlocutora de que podría acabar en la cárcel y le aseguraba que, según su fundamentada opinión y su experiencia como juez, nada le pasaría si mantenía una actitud discreta.  

El nombre de Pérez Mora no consta en la lista de jueces del Consejo General del Poder Judicial, pero no es la única vez que Correa y Crespo lo han presentado como magistrado. Entre sus conocidos, también en las reuniones más o menos informales que mantenían con los abogados de los gabinetes con los que hacían negocio, los dos encarcelados hacían valer ese dato de su supuesto currículo.  

Pérez Mora había obtenido favores personales de Correa. En principio, El Conseguidor habría hecho que uno de sus familiares pudiese intervenir en la puesta en marcha de determinados eventos organizados en la localidad madrileña de Arganda, y de ahí surgió el contacto entre ese familiar y la amenazada.  

Según el material en poder de los investigadores policiales, Felisa Jordán, que llevaba un par de años trabajando para Correa y Crespo, inició a principios de 2007 una serie de discusiones que se prolongarían durante meses por la forma que ambos tenían de dirigir y gestionar las empresas. Había constancia específica de que, sobre todo el que fuera secretario de organización del PP gallego, había estado pagando y cobrando en efectivo abultadas cantidades de dinero por servicios de los que no se tenía referencia real; la hoy imputada había protestado por esa situación y había encargado una auditoría interna para que quedase constancia.  

Su malestar se extendía -según ha trascendido posteriormente y consta en las grabaciones realizadas por José Peña, el ex concejal expulsado por el PP que ha coadyuvado a destapar la trama-, a unos trabajos realizados por Easy Concept para Orange Market cuya beneficiaria era la Generalitat Valenciana y que, según la imputada, no habían sido abonados por la citada empresa también dirigida por Crespo y por Alvaro Pérez, El Bigotes.

Correa y Crespo ya habían intentado intimidar a Felisa Jordán recordándole que era administradora única de las empresas y que en ese cargo era susceptible de verse responsabilizada de las irregularidades que denunciaba. También le habían acusado de haber empleado cantidades considerables en ropa y gastos de representación innecesarios y que más tarde fueron contabilizados hasta quedar patente que se trataba de elementos justificables.  

Y fue en ese contexto de acusaciones mutuas en las que intervino este imputado, que consta como el número 25 en la lista del juez Garzón. Pérez Mora utilizó las acusaciones sobre supuestos gastos extemporáneos realizados por los dos jefes del clan a la administradora única como pretexto para hacerle llegar sus recomendaciones.Le estuvo explicando a la empleada que Francisco Correa iba a ponerle una querella si denunciaba la situación y que, dado su cargo de administradora única de un par de empresas dentro de la red pergeñada por los imputados, podía ir a la cárcel. Apeló a su experiencia profesional para intentar disuadirla y le aseguró que, si hacía caso a sus jefes, no le ocurriría nada.  

Por los términos y el momento en los que recibió la llamada, Felisa Jordán entendió que ésta tenía una clara intención intimidatoria, aunque decidió de todos modos no hacer caso de las recomendaciones.En las horas siguientes, recibió el borrador con el resultado de la auditoría interna que había encargado sobre Easy Concept y acudió a la Guardia Civil de Boadilla para denunciar algunas irregularidades primero y, luego, los seguimientos y las amenazas a los que fue sometida. En esas primeras denuncias no hizo alusión a las recomendaciones del citado juez, supuesto o real.  

Año y medio más tarde no había sido interrogada por los hechos denunciados hasta que Garzón, que admitió desconocer sus denuncias, la llamó a declarar. El magistrado dictaminó para ella libertad sin fianza, con la obligación de presentarse una vez por semana en comisaría. No le preguntó por su episodio con Pérez Mora, que también permanece imputado. 

(www.elmundo.es, 23/02/09)

CAMPS ACUDIÓ EN MADRID AL SASTRE QUE LE RECOMENDÓ ÁLVARO PÉREZ 'EL BIGOTES' 

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, acudió en Madrid al sastre que le recomendó el responsable de Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez Alonso, conocido en el partido como El Bigotes. Pérez, que está imputado por el juez Baltasar Garzón por formar parte, presuntamente, de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, era el responsable de organizar los actos de la dirección regional del PP. En especial, aquellos actos en los que aparecía el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Orange Market logró, además, varios contratos de la Administración valenciana. 

Fuentes de la Generalitat confirmaron ayer que Camps acudió recomendado por Álvaro Pérez a un sastre llamado José Tomás en la tienda que Milano tiene en la calle Serrano de Madrid. Una relación que mantuvo con el sastre cuando cambió de trabajo y fichó por la franquicia Forever Young en Madrid. 

Presidencia ya ha reconocido que Camps estuvo en la tienda Milano de Madrid, donde encargó cuatro trajes. Sin embargo, según las mismas fuentes, no le gustaron cómo estaban los arreglos de los trajes y los devolvió sin llegar a pagarlos. La compra frustrada tuvo lugar en las fechas en las que se preparaba la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, que tuvo lugar en julio de 2006. 

El presidente de la Generalita ha anunciado una querella contra la empresaria, imputada por el juez Garzón, Felisa Jordán, que en una de las grabaciones del sumario alude al pago de 30.000 euros en trajes para Camps.El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha investigado tres facturas, en especial una cuyo importe rondaría los 5.000 euros. Garzón también habría intentado averiguar si las empresas de la trama corrupta utilizaron facturas falsas para defraudar a Hacienda o blanquear dinero. 

El sastre de Milano al que Álvaro Pérez acudía y que recomendó a Camps era el mismo al que le encargaba los uniformes de los grandes eventos, incluidos los de las azafatas del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur. Un pabellón que Orange Market se adjudicó por primera vez en 2005 por importe de más de 1,3 millones de euros y que, desde entonces, ha ganado ininterrumpidamente. 

Álvaro Pérez se instaló en la Comunidad Valenciana después de que el PP perdiese las elecciones generales en el año 2004. Su capacidad para montar actos y eventos visualmente potentes fue una de las razones para que el presidente de la Generalitat lo eligiese como escenógrafo de cabecera. Orange Market ha organizado la gran mayoría de actos del PP en los que participaba Camps. 

La tensión del jefe del Consell a raíz de difundirse el pasado jueves que el informe de la Fiscalía Anticorrupción lo implica en la trama corrupta se hizo patente ayer en la celebración del Día de Andalucía en la plaza de toros de Valencia. 

Camps llegó alrededor de mediodía arropado por una impresionante comitiva en la que estaba la gran mayoría de los miembros del Consell, la dirección regional y provincial de Valencia del PP, diputados, secretarios autonómicos, diputados. 

La entrada de Camps en la plaza registró, por primera vez en muchos años, una ostensible pitada, que se entremezcló con los aplausos de quienes querían expresar su apoyo al jefe del Consell. 

Media hora antes de la entrada del presidente de la Generalitat había hecho su aparición la comitiva socialista, bastante menos numerosa y encabezada por el secretario general del PSPV, Jorge Alarte. La gran afluencia de cargos populares provocó una discusión entre los servicios de protocolo, ya que los populares querían desplazar a los socialistas que habían llegado antes. Finalmente la cuestión se solución con la incorporación de dos sillas más para otorgar a Camps la presidencia del acto. 

El presidente de la Generalitat tan sólo cruzo un breve y frío saludo con el secretario general del PSPV, que evitó realizar comentarios sobre los problemas que afrontan los populares. 

El reparto de sillas hizo que, finalmente, se sentase junto a Alarte el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, también inmerso en un escándalo por adjudicar obras de miles de euros a un constructor amigo suyo, con quien comparte la afición por el parany, un arte de caza declarada ilegal. 

Bajo un sol de justicia, el jefe del Consell realizó una corta intervención ante los participantes del Día de Andalucía en la Comunidad Valenciana, festividad a la que también acudió la consejera de Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro. 

Camps afirmó que lleva a Andalucía en su corazón y destacó las raíces comunes que unen a valencianos y andaluces. También recordó su vinculación afectiva con varias de las imágenes que se veneran en esa tierra, como la Virgen del Rocío o de la Estrella. 

(www.publico.es, 23/02/09) 

CUATRO DE LOS DIEZ CONTRATOS PARA GRANDES EVENTOS SE HICIERON A DEDO 

Datos sobre nuevas irregularidades en la sociedad que gestiona los grandes eventos organizados por la Generalitat Valenciana. Las dos primeras auditorías que se realizaron en la Sociedad Pública de la Generalitat Valenciana en 2006 y 2007 critican la contratación a dedo de sus empleados, según reveló ayer la Cadena SER. En concreto, los informes señalan que el proceso de selección se hizo "sin publicidad, sin garantizar los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad y sin que haya ningún informe que recoja por qué debe ser elegido un candidato en detrimento del resto". Los auditores comprobaron en el año 2006 que cuatro de los diez contratos adjudicados por esta sociedad se hicieron a dedo. 

Más llamativo todavía es el caso de las adjudicaciones. Los informes de auditoría subrayan que todos los informes están firmados por la gerente de la entidad, sin que exista un informe previo de una Comisión de Evaluación. Y añaden, "creemos conveniente que aquellas licitaciones de cuantías significativas deben ser objeto de suficiente publicidad". Los auditores llegan a esa conclusión después de comprobar en 2006 que cuatro de los diez contratos adjudicados por esta sociedad en ese mismo año se habían adjudicado a dedo por el procedimiento negociado sin publicidad. Entre ellos los dos más caros: el patrocinio de la película de Los Borgia, que costó 1 millón de euros y el de la salida de la Volvo Ocean Race de Alicante, que supuso un desembolso de 5 millones de euros. 

Estas recomendaciones cayeron en saco roto al año siguiente porque ocho de los nueve contratos adjudicados por resta sociedad durante los mandatos de Camps se adjudicaron también a dedo y sin publicidad. 

(www.elpais.com, 23/02/09) 

UN PARIPÉ A FAVOR DE ORANGE MARKET 

Orange Market logró en noviembre de 2004, tras perder ese año el PP las elecciones generales, uno de sus primeros contratos con la Administración valenciana. La empresa, que forma parte de la trama corrupta que investiga el juez Baltasar Garzón, logró adjudicarse una campaña publicitaria de 138.678 euros de la sociedad pública Vaersa, según publicó ayer el diario Levante. La sociedad pública de la Generalitat, dedicada al aprovechamiento energético de residuos, recurrió a un procedimiento negociado sin publicidad. 

La empresa pública, que entonces dependía del consejero de Territorio Rafael Blasco, dedició adjudicar una campaña de comunicación y sensibilización sobre el uso del contenedor amarillo mediante un procedimiento negociado y sin publicidad. Es decir, la Administración reclama a tres empresas distintas que presente un presupuesto. 

Las tres empresas invitadas a concursar tuvieron todas al mismo administrador único, Luis Miguel Pérez. Esta persona ostentaba entonces el cargo en Orange Market, Easy Concept Comunication y Boomerangdrive. Orange Market se había constituido apenas año y medio antes en la localidad de Algemesí por Luis Miguel Pérez, que suscribió la práctica totalidad de las acciones, a excepción de una que se quedó Pablo Crespo. Ambos han sido imputados por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón como supuestos cerebros de la trama de empresas corruptas. 

Las propuestas económicas de las tres empresas a las que se invitó a participar, según indica Levante, ni siquiera fueron depositadas en el expediente del procedimiento de adjudicación. 

La razón por la cual se eligió a Orange Market fue su experiencia en este tipo de trabajos, aunque su fecha de creación era reciente. Al parecer, en el criterio de selección se tuvo en cuenta que sus orígenes estaban en Special Events, la firma de Francisco Correa. 

La adjudicación se realizó, presumiblemente, sin que se exigiese ningún tipo de garantía a Orange Market. 

La coordinadora general de Esquerra Unida, Glòria Marcos, aseguró ayer que el actual consejero de Inmigración, Rafael Blasco, debería dimitir si se comprueba que bajo su mandato como consejero de Territorio la empresa pública Vaersa contractó con Orange Market incumpliendo todos los requisitos que marca la ley. 

Marcos pidió al Consell que depure al máximo las responsabilidades y se refirió tanto a Blasco como al consejero de Gobernación, Serafín Castellano, también implicado en un escándalo de contrataciones a un empresario amigo. La responsable de Esquerra Unida también tachó de actitudes rechazables las de Carlos Fabra y Luis Díaz Alperi. 

(www.elpais.com, 23/02/09) 

FERIA VALENCIA CONTRATÓ CON ORANGE MARKET PARA HÁBITAT SIN AVISAR AL ORGANIZADOR 

Feria Valencia contrató a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez implicada en el supuesto caso de corrupción que afecta al PP, para realizar una campaña de promoción de Hábitat al margen del presupuesto y sin el conocimiento previo de los empresarios encargados de la organización de este certamen, que integra a los sectores del mueble, la iluminación, la decoración y el textil y que es el más importante de los que se celebran en la institución. Orange Market empezó a trabajar con Feria Valencia hace algo más de un año, después de la llegada de Carlos Vargas a la dirección general en julio de 2006.
Según fuentes oficiales de la institución, ésta colaboraba principalmente con la agencia BSB (Sáez Merino) pero se le rescindió el contrato por disconformidad con su gestión. Entonces se "buscó" un sustituto y "se encontró" a "Orange Market, sin que llegara por instrucción de nadie". Lo cierto es que Feria Valencia buscó y halló fuera de la institución, ya que en esos momentos, como constata el citado portavoz, sus certámenes tenían contratadas a otras agencias. Curiosamente, afirma que sí se consultó con estas empresas para buscar a dos personas para el departamento de marketing que al final fueron contratadas por mediación de otra firma a la que también recurrió: Orange Market. Se trata de Miren Olcoz, directora, que acaba de anunciar su marcha, y Cristina Olmeda, jefa. La Feria ve normal este proceder, se negó a revelar la identidad del resto de consultoras y no contestó a la pregunta de si no habría sido más lógico tratar con alguna empresa de selección de personal.

Sea como sea, tras este trabajo, Orange Market fue contratada para otro cometido más suculento: la promoción de Hábitat. Según fuentes presenciales consultadas por este diario, el pasado mes de junio, tres meses antes de la celebración de ese certamen, Carlos Vargas reunió a los empresarios que forman parte de la organización del evento y les comunicó la contratación de una empresa -"que nos dijeron que era muy importante, pero de la que no nos dieron información"- que llevaría a cabo la promoción de esta feria. Las citadas fuentes afirman que Orange Market no estuvo presente en la reunión, en la que les dieron a conocer hechos consumados.  

Es tanto así que, en realidad, les expusieron la campaña diseñada por la firma de Álvaro Pérez. Sí les dijeron que se trataba de una iniciativa adicional a la de la propia Hábitat, es decir, que el presupuesto era suplementario al que estaba contemplado en las cuentas del certamen. "Esa contratación corría a cargo de Feria Valencia, no de Hábitat", explica una de las fuentes consultadas. La campaña no fue del gusto de todos los asistentes, pero nadie se quejó, porque el mayor gasto en promoción era una petición de los empresarios y porque "toda publicidad es buena". 

Varias fuentes consultadas por este diario apuntan que el contrato llegó hasta los 800.000 euros, gestionados por el departamento dirigido por Miren Olcoz. Feria Valencia se ha negado a dar datos sobre contratos de clientes y se limitó a decir que la institución es al final la que lo paga todo, aunque un gasto esté presupuestado en un certamen y otro en la dirección de marketing. También afirma el portavoz de la institución que "se pagó lo que costaba" y especificó algunos de los servicios incluidos, como 50 monopostes durante dos meses, varias lonas gigantes o una falla que fue exhibida en diversos lugares del país. También precisó que, además de la campaña de marketing, Feria Valencia tomó otras medidas de apoyo al sector, como un descuento del 20% en el precio del suelo. 

En cualquier caso, Orange Market es ya un proveedor del pasado para Feria Valencia. La institución asegura que la empresa no trabaja para ella desde enero. Ni se le ha encargado ningún nuevo cometido ni tiene ninguno pendiente de ejecutar. 

(www.levante-emv.com, 23/02/09) 

EL SÍNDIC DE COMPTES DENUNCIÓ EN 2004 IRREGULARIDADES EN LA ADJUDICACIÓN DE VAERSA A LA FIRMA INVESTIGADA 

El informe de la Sindicatura de Comptes de 2004 puso de manifiesto numerosas irregularidades en los contratos de la empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa), de la Conselleria de Medio Ambiente, entonces dirigida por Rafael Blasco.  

Uno de los contratos estudiados por el síndic fue, precisamente, la "campaña de sensibilización correcto uso del contenedor amarillo", de 138.000 euros, que la Generalitat adjudicó a dedo a Orange Market, la franquicia valenciana de la presunta trama de corrupción que investiga Garzón.

Vaersa otorgó aquella campaña en un simulacro de selección entre tres firmas vinculadas a la misma persona, Luis de Miguel Pérez, uno de los cerebros de la presunta trama de empresas de Francisco Correa. En la auditoría sobre la actividad contractual de la empresa de Medio Ambiente Vaersa, el síndic advierte de la insuficiencia en la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia exigidos en la ley de contratos de la Administración Pública (LCAP). 

Respecto a las anomalías particulares, el síndic censura que en algunos expedientes no fueron registradas las ofertas económicas. Esta, concretamente, es una de las incidencias de la adjudicación a Orange Market, ya que las propuestas económicas ni siquiera fueron validadas en el registro de entrada.Por otro lado, la Sindicatura también denunció que en algunos expedientes de contratación no aparecía el pliego de condiciones o contenía deficiencias sobre los criterios de adjudicación o el baremo a aplicar. Precisamente, en el caso de la campaña encargada a Orange Market se aplicó como única razón su experiencia, cuando la mercantil sólo contaba con un año de existencia. 

Respecto a la publicidad, los incumplimientos de Vaersa son manifiestos. Ninguna de las adjudicaciones estudiadas por la Sindicatura fue publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. En el caso del contrato con Orange Market, la licitación tampoco fue anunciada en el boletín, como obliga el reglamento de la entidad pública Vaersa.  

EL CONSELL LICITÓ Y ADJUDICÓ A ÁLVARO PÉREZ EN 11 DÍAS EL CONTRATO DE LA VOLVO DE 516.000 EUROS 

En tiempo récord. El contrato que la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat adjudicó por procedimiento negociado a Orange Market, la empresa presidida por Álvaro Pérez y presunta pata valenciana de la trama de supuesta corrupción en el PP que investiga el juez Garzón, se ventiló en tan solo once días. Y ello, a pesar del elevado importe de la contrata, 516.000 euros con IVA y de la complejidad de la propuesta, la producción y montaje de la ceremonia de inauguración de la Villa de Regatas de la Volvo Ocean Race en Alicante, que tuvo lugar el 19 de septiembre de 2008. 

El contrato, entregado el jueves a las Corts por el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, refiere el proceso seguido. El 20 de agosto de 2008, la mercantil pública emite informe de aprobación del gasto y las bases que deben regir la contratación. El 1 de septiembre, se solicitan tres ofertas para presentar propuestas de adjudicación y ese mismo día se publica anuncio de licitación "para que cualquier interesado pudiera retirar en plazo el pliego de bases y presentar propuesta". El presupuesto, 500.000 euros.  

En la comisión de las Corts, Rambla puntualizó que el anunció se publicó en la "web institucional", sin aclarar cuál, ya que la sociedad no tiene página en Internet. Según explicó Rambla, recogieron el pliego tres empresas: Orange Market, Inmotion y Concepto Alternativo. Sólo optó la firma de "El Bigotes". El contrato revela que la sociedad de Pérez presentó propuesta el 9 de septiembre, ocho días después de recibir la invitación y difundirse el anuncio. Su oferta fue de 445.000 euros sin IVA, 516.000 con el impuesto, una baja del 11%, resaltó el portavoz del Consell.  

Tres días después, el 12 de septiembre, se emite el "Informe de selección y adjudicación" avalando la contratación. Ese mismo día, el 12, se firma el contrato entre Cándido Herrero Martínez, en representación de Orange Market e imputado también por Garzón, y por parte de la Sociedad Gestora, la gerente, Arantxa Vallés, y la directora general y secretaria del consejo, Dora Ibars.  

Desde el 1 al 12 de septiembre, en once días, la mercantil del Consell solventó el proceso de licitación y adjudicación en favor de Orange Market para una contrata de medio millón de euros. La capacidad de reacción de la empresa fue espectacular, ya que la ejecución del contrato abarca "desde el día de su firma indicada en el encabezamiento [12 de septiembre], hasta el día 22 de septiembre de 2008". La ceremonia de inauguración tuvo lugar el 19 de septiembre, 18 días después de la invitación y 7 de la adjudicación.

Según el propio documento, la prestación de servicios "no se encuentra sujeta a regulación armonizada" por la ley de Contratos del Sector Público, de forma que "se regirá de acuerdo con las instrucciones internas de contratación". Estas instrucciones fueron informadas por la Abogacía de la Generalitat el 1 de agosto de 2008. 

Tal como publicó el sábado este periódico, la Sociedad todavía le debe a Orange Market el 40% del precio de este contrato -206.000 euros con IVA-, que debía abonarle "antes del 15 de febrero de 2009", nueve días después de estallar el escándalo de la presunta trama de corrupción. El Consell no le ha pagado la cantidad, ya que, como estipula el contrato, la firma debe presentar una "Memoria gráfica y audiovisual de la ceremonia de inauguración", algo que todavía no ha hecho. 

(www.levante-emv.com, 23/02/09) 

CAMPS ACUDÍA A LA TIENDA FOREVER YOUNG RECOMENDADO POR ´EL BIGOTES´

El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, estuvo en las tiendas de moda madrileñas Milano y Forever Young, y lo hizo por recomendación de Álvaro Pérez El Bigotes. Empleados de Milano explicaron que Camps sólo compró una vez en la tienda, cuatro trajes concretamente, pero no llegó a pagarlos porque los devolvió, ya que estaban mal hechos.

Sin embargo, Camps también acudió a otra sastrería madrileña por consejo de Álvaro Pérez. Cuando José Tomás, a quien Pérez compraba los trajes desde quince años atrás, dejó Milano para encargarse de dirigir las sucursales de Forever Young, el presidente valenciano se convirtió en asiduo de esta tienda para hacerse los trajes. Acudía recomendado por Pérez, pero sin él. "Solía venir Camps solo con su guardaespaldas", afirmaba un empleado. Cabe recordar que las palabras de una de las imputadas en la trama vinculaban a Camps con la factura de unos trajes.  

(www.levante-emv.com, 23/02/09) 

CAMPS Y BLASCO GUARDAN SILENCIO 

Justo el mismo día en que Levante-EMV revelaba que Orange Market, la franquicia valenciana de la trama de empresas de Francisco Correa que investiga la Audiencia Nacional por presunta corrupción, logró una adjudicación a dedo de la Generalitat en 2004, a través de la empresa pública Vaersa, que presidía el entonces conseller de Territorio, Rafael Blasco, el propio conseller y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, optaron por guardar silencio.  

Todos los medios de comunicación, convocados ayer en la plaza de toros de Valencia donde se celebraba el Día de Andalucía, aguardaban la ocasión de poder preguntar a Camps o Blasco. Pero ni explicación sobre la adjudicación a dedo a Orange Market de una campaña de 138.678 euros saltándose la publicidad y concurrencia que exige la ley, ni sobre ninguna otra cuestión. Ni el actual conseller de Inmigración y Ciudadanía, ni el jefe del Consell, tenían previsto hacer declaraciones, aseguraban los responsables de comunicación del PP. 

Pero es que acercarse a alguno de ellos para intentarlo era una misión imposible. Una hora antes de la llegada de Camps, un nutrido grupo de simpatizantes le aguardaba en la puerta de autoridades. "He venido porque me han dicho que es el momento de estar con el president", comentaban entre ellos. En cuanto llegó el jefe del Consell, una nube de seguidores le rodeó y, entre aplausos, le acompañó hasta la primera fila. Allí Camps saludó al secretario general del PSPV, Jorge Alarte, con quien era la primera vez que coincidía dese que estalló el caso Gürtel.

La corrupción aparca la guerra sucesoria

El riesgo es de tal calibre que hasta los más críticos del PP se ven obligados a cerrar filas

Lo explicó Ricardo Costa, secretario general del PP en la Comunidad Valenciana. El miércoles reunió a sus diputados para pedir unidad y sobre todo para garantizar una ovación cerrada cuando, pocos minutos después, entrara Francisco Camps en el hemiciclo tras jurar en público su inocencia. "Vienen días y semanas muy duros, pero esto va a fortalecer al partido", auguró. La semana anterior, había sido la ex ministra Celia Villalobos la encargada de resumir, también en reunión interna -de estas cosas con la prensa delante no se habla-, el sentimiento que recorre el PP: "Hay que apoyar al partido. Con las cosas de comer no se juega".

"El enemigo exterior ha silenciado el debate sobre la sucesión de Rajoy"

Los únicos molestos con la situación son los aznaristas puros

" La Cope ya ni siquiera critica a Rajoy. Y eso sí que es noticia"

La implicación de Camps, el todopoderoso barón valenciano, en la trama corrupta que investiga el juez Garzón ha tenido un efecto inmediato. Por unos días -nadie sabe cuánto durará-, ya no hay marianistas, aguirristas, críticos y oficialistas. Hay dirigentes del PP, profesionales de la política que sienten que Garzón ha iniciado una causa general contra el partido. Y con un enemigo exterior tan claro, y un riesgo tan evidente de que el PP, la casa de todos ellos, se venga abajo, la unidad es mucho más fácil.

"Parece increíble, pero esto está sirviendo para cohesionar al partido. Yo nunca había visto una unidad interna así", sentencia un dirigente de Génova que en las últimas semanas estaba muy preocupado y ahora, después de decenas de llamadas de apoyo, se siente algo más aliviado.

"Todo esto anima el patriotismo de partido. Nuestra reacción es muy similar a la de Convergència en los 80, con el caso Banca Catalana. Entonces todos estaban con Pujol. Ahora todos con Camps y Rajoy, incluso los críticos", sentencia un veterano diputado, siempre distante del líder.

Mientras, Rajoy, que estos días come y cena en Galicia y en el País Vasco con diversos cuadros del partido, recibe apoyos y trata de tranquilizar a los suyos. Les asegura que, cuando se abra el sumario, será "implacable", pero ahora no puede hacer nada porque Garzón les está dejando indefensos con su secretismo.

El enemigo exterior ha silenciado y pospuesto, de momento, el intenso debate sobre la sucesión de Rajoy que el PP vive desde que perdió las elecciones generales. Por si fuera poco, los datos que maneja la dirección no descartan que el PP recupere la mayoría absoluta en Galicia, con lo que incluso los dirigentes más críticos están esperando, porque eso reforzaría mucho a Rajoy.

"Los que están pensando en la sucesión tienen que dejarlo para otro momento. Ahora vienen a por nosotros y sólo toca defenderse. Nadie cambia al general en plena guerra", sentencia otro diputado.

Los únicos realmente molestos con la situación y con la reacción de Rajoy son los aznaristas puros, y en especial el propio Aznar, según varias personas cercanas. Su esposa, Ana Botella, lo dejó muy claro cuando exigió a Rajoy que defienda "toda la historia" del PP. En el aznarismo ha sentado muy mal que el líder trate de desvincularse de la etapa en la que Francisco Correa lo era todo en el PP, precisamente cuando Aznar mandaba.

Por lo demás, el partido parece una piña. Y a esa unidad están ayudando mucho dos personas. Primero, Garzón, con su empeño de no abrir el sumario. "Sabemos que tenemos un agujero pero el juez no nos quiere decir de qué tamaño es. Y así no hay manera, es intolerable", sentencia un miembro de la dirección.

Y el otro es Mariano Fernández Bermejo, que con su actitud que el PP considera chulesca tras la cacería con Garzón une al partido en su contra. "Ese supuesto progresista, que es el más conservador, salió el miércoles del Congreso con gritos de ¡Torero, torero! de la bancada socialista. Bastaba mirar a nuestras filas para ver cuánto nos une Bermejo. Nos da munición cada día", sentencia otro diputado.

En esos mismos bancos, hasta el día en que el escándalo llegó hasta Camps, había cada vez más gente hablando de la necesidad de una catarsis en el PP. Algunos diputados comenzaban a recuperar la idea de que para la sucesión ya no vale ni Alberto Ruiz-Gallardón, el que sale menos tocado de la crisis de corrupción, entre otras cosas porque se está apresurando a destituir a cualquier subordinado suyo implicado e incluso a denunciar cualquier cosa que tenga que ver con el ayuntamiento de Madrid.

Aunque nunca ha sido ministro, Gallardón lleva toda la vida en primera fila del PP, y sobre todo, aseguran quienes piensan en la necesidad de alguien nuevo, tendría dificultades para unir al partido, ya que hay sectores, los más conservadores y el aguirrismo, que no le pueden ni ver. Por eso, antes de la implicación de Camps, se hablaba de alguien nuevo, aunque, como sucedió en 2000 cuando surgió Zapatero, nadie le ponía ni cara ni nombre. "Yo miro a los bancos del Congreso y no veo a nadie con esa capacidad, pero me puedo equivocar", sentencia un veterano diputado.

Sin embargo, también estas cábalas se han pospuesto con el cierre de filas. El propio alcalde trató de zanjar el jueves ese debate sobre su papel como el único de los sucesores que sale beneficiado de la crisis. "Nada, absolutamente nada que pueda perjudicar a ningún compañero del PP, nunca, jamás, podrá ser nada que beneficie a Alberto Ruiz-Gallardón", sentenció.

Los más veteranos del partido están especialmente satisfechos porque, sostienen, en el fondo todo ha vuelto a colocarse en el sitio de siempre. Lo resume así uno de ellos: "Por mucho que hablen del nuevo PP, ahora estamos unidos porque tenemos los enemigos de siempre: el PSOE, el Ministerio del Interior, la fiscalía y el Grupo PRISA. Ya ni siquiera la Cope critica a Rajoy. Y eso sí que es una noticia".

www.elpais.es 22.02.09

La caída del niño mimado de Aguirre

Alberto López-Viejo siempre hizo ruido. A veces, demasiado. Ahora ha sido destituido por su implicación en la trama corrupta

Hay políticos que pasan por los cargos como la luz por el cristal: sin manchar ni romper. No es el caso de Alberto López Viejo, que siempre deja rastro visible, ruido de vidrios rotos y escándalo. Nunca se le ha demostrado nada, pero ha hecho siempre ruido. Ahora puede acabar imputado por la presunta trama de corrupción destapada por Baltasar Garzón, y ha tenido que dimitir como consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid. Es la pieza de más peso político que se ha cobrado el escándalo, hasta ahora.

  • En todos los cargos por los que ha pasado ha dejado un rastro de escándalo

  • Formó parte del equipo que organizaba los actos electorales de Aznar

Con sólo 40 años, su trayectoria está cargada de acusaciones e historias oscuras. Desde su etapa al frente de la Concejalía de Limpieza de Madrid, entre 1999 y 2003, cuando fue señalado por el interventor del Ayuntamiento por irregularidades en las contrataciones, con adjudicaciones a dedo y superposición de contratos. En esa época fue acusado de imponer a los proveedores la compra de vehículos Toyota para favorecer a un concesionario y de forzar la adquisición de muebles en Equipamiento Integral de Oficinas, la tienda de su padre, Fernando López Paredes. Se llegó a escribir que compró con dinero público las flores para su boda.

Y volvió a salir su nombre en la Operación Guateque. Se dijo que su esposa, Teresa Gabarra, había sido presuntamente beneficiada por el Ayuntamiento de la capital en los restaurantes de su propiedad: La Hacienda Argentina, La Trattoria Romana, Cañas y Tapas y Ribs, explotadas a través de la sociedad Bares de Barrio. También salió indemne.

Todo ese historial hace que en el PP se le haya visto siempre como una bomba de relojería andante. Pese a todo y para sorpresa de muchos, Esperanza Aguirre lo rehabilitó en 2003. Le hizo número seis de su candidatura y puso en sus manos la campaña electoral. Luego le nombró viceconsejero de Presidencia -aunque su relación con Ignacio González es manifiestamente mejorable- y en esta legislatura creó para él la cómoda Consejería de Deportes. Le regaló una nueva vida política.

¿Por qué Aguirre le rescató con ese historial cargado de borrones? El entorno de la presidenta ofrece una explicación más humana que política. Aseguran que le conoce desde que coincidieron en el Ayuntamiento y que, literalmente, le tiene "cariño maternal". Adora de él, dicen, "su buen humor, su capacidad para crear buen rollo" y su efectividad en la labor que se le encomienda.

La prueba es que en el mitin de cierre de la última campaña autonómica, Aguirre mencionó expresamente a dos personas para agradecerles su labor y una de ellas era López Viejo. La presidenta siempre se ha distinguido por acoger a miembros de todos los sectores del partido; tanto que, tras la debacle electoral de 2004, a la Comunidad de Madrid se le conocía en el PP como "el hospital de campaña". Pero con López Viejo influye más el trato humano que cualquier otra cosa. De su faceta de organizador de actos electorales de Aguirre, un diputado del PP recuerda la soltura con que López Viejo colocaba a cada uno en las primeras filas y la autoridad con que levantaba a quien le estorbaba.

Cuando en el PP se pregunta de quién es López Viejo, la única respuesta es: "Sólo de Esperanza". Ahora Aguirre se ha visto obligada a sacrificar a su protegido. Hace 12 días, el entonces consejero no debía tener la conciencia tranquila, porque apenas se desató la operación de Garzón, llamó a la presidenta y le dijo que dimitía. Le aseguró que su consejería no había contratado con Special Events, la empresa matriz de Francisco Correa, y que se iba para facilitar la situación. No le contó a Aguirre que sí contrató con otras sociedades de la trama, hasta el punto de que el consejero de Hacienda, Antonio Beteta, lleva desde entonces revisando contratos y desenmarañando la complicada madeja que ha dejado el ex consejero. Y no está siendo fácil.

López Viejo es pieza clave en este caso, entre los tres ángulos que forman el PP, los empresarios imputados y las administraciones públicas salpicadas. Todos con vinculaciones estrechas a lo que fue el aznarismo. Al PP llegó como secretario de estudios de Nuevas Generaciones cuando la presidía Pedro Calvo, hoy concejal en Madrid. Las relaciones entre ambos terminaron siendo muy malas y López Viejo pasó a organizar actos del PP de Madrid. Luego, Juan Carlos Vera, eficaz miembro del aparato de Génova, le integró en un equipo del PP nacional que organizaba los actos de Aznar, con Alfonso Bosch (otro diputado madrileño también presuntamente implicado en la trama), Álvaro Moragas y Chema Rios, entre otros. Vera se encargaba de pedir al entonces alcalde José María Álvarez del Manzano que liberara al concejal López Viejo para participar en las campañas de Aznar; y recuerda que su trabajo consistía, por ejemplo, en diseñar los escenarios, preparar los pasillos para la entrada del candidato o disponer la colocación de las cabezas calientes (grúas con cámaras). Hay cientos de fotos de Aznar con López Viejo y Bosch en esa época.

En esos años, López Viejo contactó con Correa y Álvaro Pérez, encargados de ejecutar los actos del PP. Su relación con ese vértice del triángulo se prolongó cuando pasó a encargarse de los actos electorales de Aguirre y se estrechó cuando les facilitó contratos públicos en la consejería. El nexo con el aznarismo le viene, como a otros muchos de la trama, del llamado clan de Becerril, donde estaban Alejandro Agag, Francisco Camps, Ignacio Echániz y otros. Más exactamente, es identificado como miembro de una de las corrientes de ese grupo: el clan Gabana, bautizado así en honor al selecto local de la calle Velázquez de Madrid en el que tantas noches coincidían y tan buenos ratos echaron. Todo el clan se retrató en la boda más famosa de la historia reciente de España -la de Agag y Ana Aznar- y disfrutó la también célebre despedida de soltero en Gabana, con calle cortada y limpieza municipal extra.

Otro punto de contacto de López Viejo con la trama es el de su amigo Alfonso Bosch, miembro del equipo que organiza los actos del PP y, además de diputado regional, gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla del Monte, origen geográfico de la metástasis. Bosch trabajaba a las órdenes del dimitido alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, hoy imputado.

Con la misma endogamia de otros de los mencionados en la trama, López Viejo y Bosch comparten veranos y urbanización en Calpe (Alicante) desde hace siete años. El ex consejero tiene un apartamento de 230 metros cuadrados, en primera línea de playa y con impresionantes vistas al mar y al parque natural del Penyal de Ifach. El de Bosch es más modesto: 110 metros cuadrados. En el Club Náutico, López Viejo tiene atracado el Altea II, una embarcación tipo menorquina de unos 10 metros de eslora. Bosch conduce un aparatoso Mitsubishi todoterreno que le vendió en 2001 López Viejo.

www.elpais.es 22.02.09

Calp, refugio de dos imputados del PP de Madrid

Los políticos mantienen relaciones con promotores locales

El ex consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, y el diputado del PP de esa comunidad, Alfonso Bosch Tejedor, dos de los imputados en la trama corrupta de Francisco Correa, mantienen una fuerte vinculación con Calp, donde cada uno posee una vivienda de lujo en el mismo edificio de apartamentos ubicado en un enclave privilegiado, a apenas 30 metros de la playa y con impresionantes vistas tanto al mar como al parque natural de El Penyal d’Ifach. Además, López Viejo dispone de un barco de diez metros de eslora amarrado en el exclusivo Club Náutico de la población. Ambos dirigentes populares, muy ligados a la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, no sólo utilizan Calp como destino vacacional, sino que han establecido en este municipio importantes relaciones con promotores y cargos locales del PP.

López Viejo y Bosch Tejedor, quienes frecuentan Calp al menos desde 2004, pasan juntos las vacaciones en el edificio Apolo XVI, en una zona rodeada por las dos láminas de mar que bañan El Penyal d’Ifach y muy cerca de otro paraje natural, el humedal de Las Salinas. El ex consejero de Deportes disfruta de una magnífica panorámica en la planta 13, donde tiene dos apartamentos unidos con una superficie total de 230 metros cuadrados valorados, según el precio actual del mercado, en más de 600.000 euros. Y tiene un garaje donde guarda un todo-terreno de lujo matriculado en 2001. El inmueble de su amigo es más modesto: se trata de un solo apartamento de 110 metros cuadrados valorado en 300.000 euros.

El Apolo XVI está ubicado muy cerca del Club Náutico, donde López Viejo utiliza durante muchos fines de semana el Altea II, un barco de unos diez metros de eslora y de un llamativo color azul marino. Se trata de una “menorquina”, un modelo inspirado en la tradicional barca de pesca de esa isla que ha evolucionado hasta convertirse en una embarcación de recreo a motor. El Altea II está escriturado a nombre de la mujer del ex consejero, Teresa Gabarra, quien por su parte cuenta con importantes negocios de restauración en la Comunidad de Madrid.

Ni ella ni su marido son buenos navegantes, por lo que cada vez que utilizan el barco debe acompañarles un marinero del Club Náutico. Ello les supone un importante desembolso al que hay que añadir el alquiler del amarre, que cuesta unos 4.000 euros anuales. En la actualidad, el barco se encuentra en el varadero, sometido a tareas de reparación.

López Viejo y su esposa compraron el Altea II al empresario Jaime Vives Tur, con el que suelen coincidir en el Náutico y que es uno de los promotores más importantes de Calp. Otro de los asiduos a esos días estivales es Manuel Alonso Laborda, quien tiene muchos puntos en común con Vives Tur: también es empresario inmobiliario y también fue edil popular. Además, Alonso Laborda es tío de Álvaro Alonso, imputado en la trama corrupta y responsable de Orange Market.

Cuando era regidor, Laborda organizó para el Ayuntamiento de Calp eventos que congregaron a miles de personas, como la famosa Fiesta de la Cerveza, y fue responsable de la imagen corporativa del municipio en Fitur cuando el concejal de Turismo era el diputado popular Juan Roselló, a su vez imputado en la trama de Aguas de Calp. El PSPV investiga si los eventos los organizó Orange Market

www.elpais.es 22.02.09

El mapa valenciano de la trama

El presidente del Consell se probó varios trajes en la tienda de Milano en Madrid

El sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en relación con una trama corrupta vinculada al PP, no sólo amenaza con implicar a altos cargos de la Generalitat. También ha puesto en tela de juicio la gestión de la política de grandes eventos del Consell y ha evidenciado la confusión que un buen número de altos cargos del Partido Popular tienen para distinguir su ámbito privado, del partidario y el institucional.

  • Los letrados de Eius defienden los intereses televisivos de Mediamed

  • Una grabación en la que se habla de los trajes implica a Camps en la trama

  • Garzón investiga si Álvaro Pérez intervino para tener facturas falsas

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha tenido siempre entre sus fijaciones dos ideas: transmitir imagen de proximidad y de honradez. Dos elementos con los que buscó desmarcarse de su predecesor, Eduardo Zaplana, que tuvo en su gobierno a Luis Fernando Cartagena, condenado a pena de prisión por un delito de malversación. Sin embargo, nadie ha explicado todavía por qué, la dirección regional del PP, que preside el propio Camps, contrató con Orange Market, la empresa que dirigía en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, y que forma parte de la trama que dirigía Francisco Correa. Un personaje del cual el PP nacional se deshizo al saber que reclamaba contratos en nombre del partido al poco de llegar Mariano Rajoy a la presidencia.

Orange Market forma parte de la trama que investiga el juez Garzón. Esta empresa era la principal organizadora de actos de la dirección regional del PP y se ocupaba, especialmente, de la escenografía donde intervenía Francisco Camps. También logró a partir de 2005 de forma ininterrumpida el concurso de la Generalitat para montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur. Un concurso millonario al que hay que añadir otros contratos de empresas públicas e instituciones controladas por las Administraciones gobernadas por el PP, como Ràdio Televisió Valenciana y Feria Valencia. Al ámbito partidario e institucional, hay que sumar el privado, que hizo que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y parte de la cúpula regional del PP acudiese a las segundas nupcias de Álvaro Pérez hace ahora un año.

El juez Garzón ha investigado, al menos, el contenido de una grabación en la que una de las imputadas, la empresaria Felisa Jordán, se refiere al pago de una factura de trajes para Camps por importe de 30.000 euros en una sastrería de Madrid. Además, en las conversaciones grabadas se vincula a Álvaro Pérez y a las empresas de Correa con la celebración de grandes eventos como la visita del Papa a Valencia, la Copa del América o el gran premio de Fórmula 1.

El presidente de la Generalitat ha negado, desde que estallaron los primeros rumores, que ninguno de esos extremos fuese cierto. Al menos hasta ahora. El diario El Mundo asegura que, tras conocerse que el informe de la Fiscalía Anticorrupción implica al jefe del Consell en la trama, Camps admitió haber encargado trajes en la tienda de Milano en Madrid. Presidencia de la Generalitat, que insistió ayer en la rectitud de la actuación de Camps, confirmó que el jefe del Consell llegó a probarse los trajes en Milano y pidió que le realizasen varios arreglos, aunque finalmente optó por devolverlos.

"Álvaro Pérez nunca me ha pagado un traje", aseveró Camps. Según El Mundo, algunos de los encargos de sastrería investigados podrían haberse justificado en relación con la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. El juez Garzón investiga si Correa estableció algún sistema para generar facturas falsas, defraudar a Hacienda y obtener dinero negro con el que sobornar a funcionario. En ese marco, se habría investigado también la relación de Álvaro Pérez con personal de Milano y otras sastrerías.

Dos elementos de lo conocido hasta ahora son especialmente llamativos. La estrecha relación de los dirigentes del PP con Álvaro Pérez y la confianza depositada en su empresa, de apenas media docena de trabajadores, para proyectos de gran magnitud.

La Generalitat insiste en que sólo contrató con Orange Market el pabellón de Fitur -a través de la Agencia Valenciana de Turismo- y la cabalgata de la regata Volvo Ocean Race por importe de 445.000 euros -desde la empresa pública Sociedad para la Imagen Estratégica y Promoción de la Comunidad Valenciana que dirige el vicepresidente Vicente Rambla-. Esta misma empresa adjudicó también contratos de miles de euros a distintas empresas en relación con la organización de eventos como la visita del Papa o la carrera de Fórmula 1. Beneficiarios de estas importantes ayudas, como Valmor Sports que organizaron la carrera de Fórmula 1 niegan que subcontratasen con Orange Market. En una de las grabaciones se afirma que esta empresa se va a encargar del montaje de las gradas.

La otra red valenciana vinculada a la trama que investiga Garzón es la relacionada con el empresario castellano-leonés José Luis Ulibarri, también imputado por sus relaciones con Correa. Ulibarri, a través de la firma Mediamed, ha obtenido directa, o indirectamente, 13 licencias de Televisión Digital Terrestre otorgadas por el Consell. Ulibarri también ha penetrado con fuerza en el sector inmobiliario a través del Grupo Begar, Ulibarri proyecta una urbanización con campo de golf en Xilxes, el hospital de Llíria y varias promociones de vivienda protegida y otra obra pública. En las grabaciones en poder de Garzón también se menciona al ex consejero Esteban González Pons.

www.elpais.es 22.02.09

El Consell contrató a dedo a Orange Market entre tres ofertas del mismo gerente

Vaersa dio la campaña de 138.678 euros a la empresa de cabecera del PP tras consultar otras dos también gestionadas por Luis de Miguel. Se hizo con Blasco de conseller y sin la publicidad y concurrencia exigidas

Orange Market, la franquicia valenciana de la trama de empresas de Francisco Correa que investiga la Audiencia Nacional por presunta corrupción, logró una adjudicación de la Generalitat en 2004 que dinamitó toda la arquitectura normativa. Vaersa le dio a dedo una campaña de 138.678 euros saltándose la publicidad y concurrencia que exige la ley. Se "consultaron" tres empresas y todas estaban gestionadas por el imputado Luis de Miguel, uno de los expertos fiscales de la trama.

La empresa Orange Market, contratista de referencia del PP valenciano y pieza clave en la tela de araña de presunta corrupción que tejió Correa, encontró en sus primeros pasos en el mercado la misma buena acogida en la Generalitat que la que tenía en el partido que la gobierna. La firma que hoy preside Álvaro Pérez y a la que entonces ya estaba ligado laboralmente, logró en noviembre de 2004 un contrato a dedo de la empresa Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa), una sociedad 100% pública presidida entonces por Rafael Blasco, por su cargo de conseller de Territori, departamento del que depende la firma.

Juan Miguel Bellver era gerente de la empresa que adjudicó por 138.678 euros una campaña de comunicación y sensibilización sobre el correcto uso del contenedor amarillo. Pese a que la Ley de Contratos de la Administración Pública (LCAP) y la propia normativa interna de esta empresa obligan a respetar los principios de publicidad y concurrencia de ofertas en el proceso, por la cuantía de ese contrato (disposición adicional sexta del Texto Refundido de esa ley), en este caso se saltaron todos los preceptos al optar por el llamado procedimiento negociado sin publicidad. La necesaria concurrencia de ofertas fue muy "sui generis". Porque la preceptiva invitación a tres empresas del sector para que presentaran propuestas fue técnicamente un paripé. Además de Orange Market, se pidió presupuesto a Boomerangdrive S. L. y a Down Town Consulting. El administrador único de la primera era Luis de Miguel Pérez. El de la segunda, también. ¿Y quién gestionaba la tercera? Pues el mismo. En el caso de Orange Market, el gerente era también cofundador de la sociedad -en escritura otorgada el 24 de julio de 2003- y prácticamente dueño único, al haber suscrito 3.005 acciones. Todas menos una, que se la quedó, por un euro, Pablo Crespo, quien ahora duerme en prisión.

Down Town Consulting no es otra cosa que el anterior nombre de Easy Concept Comunication. De Miguel, especialista en fiscalidad considerado como uno de los cerebros del entramado societario que ahora se investiga, administraba esta empresa desde hacía seis meses, según documentación mercantil a la que ha tenido acceso este diario.

Las propuestas económicas recabadas ni siquiera fueron validadas en el registro de entrada. Tampoco constan en el expediente del procedimiento, lo que abunda en las irregularidades de esta adjudicación. Y ahí no acaban las anomalías de una contrata que, en la lectura más laxa y amable de la normativa para el Consell, debería haber sido negociado con publicidad, según expertos consultados. Sin embargo, no hubo ninguna licitación publicada en el DOCV, como obliga el propio reglamento de la entidad pública Vaersa, ni siquiera un anuncio en prensa. Al Diario Oficial no acudió la Generalitat ni antes ni después porque la identidad de la contratista también se cubrió de un manto de silencio. Para justificar la adjudicación del contrato se argumentó, como única razón para elegir a Orange Market, la experiencia. Era difícil saber si esa variable pesaba poco o mucho porque los criterios establecidos para seleccionar la empresa no constaban en ningún pliego de condiciones ni en informe técnico alguno.
El propio contrato mercantil, firmado el 12 de noviembre de 2004, presentaba más anomalías, como para batir récords. Una de las más flagrantes: no constaba en ningún sitio que se le hubiera exigido fianza o garantía de cumplimiento del contrato a la empresa adjudicataria. El aval u otro tipo de garantía es uno de los requisito básicos en cualquier encargo de este tipo. En la letra gorda y en la pequeña hubo descuidos en la que fue una de las primeras experiencias de la empresa hoy presidida por Álvaro Pérez con la Generalitat del PP. Por ejemplo, el DNI que consta en el documento no se correspondía con el del representante legal de la empresa, sino con el de la apoderada de la mercantil dedicada al montaje de eventos, saraos y a la publicidad.

www.levante-emv.com 22.02.09

El presidente del CEU es socio de Michavila y la fundación San Pablo forma parte de Mediamed

 El rector Parejo impone el birrete a Aznar ante Camps y Dagnino. ferran montenegro

El secretario de la institución académica también asesora a Eius Abogados

La Fundación Universitaria San Pablo CEU está presente, de una u otra manera, en empresas y despachos vinculados a personas relacionadas con las ramificaciones de la trama del caso Gürtel. El presidente del CEU, Alfredo Dagnino Guerra, es uno de los socios de Eius Abogados, el bufete del diputado por Valencia y ex ministro José María Michavila. En este despacho coincide también con Alberto Dorrego de Carlos, secretario de Mediamed Comunicación Digital, la empresa de medios de José María Ulibarri -imputado por Garzón por cuestiones urbanísticas-. La propia fundación universitaria forma parte del consejo de Mediamed.

Según informaciones publicadas por El Periódico de Catalunya, Eius Abogados -en el que también trabaja el portavoz de Economía del PP en les Corts Valencianes José Marí Olano- ha defendido al consistorio de Boadilla del Monte -epicentro del sumario- en varias ocasiones. Y añade que concretamente los letrados fueron Alfredo Dagnino y Dorrego. El sindicato Manos Limpias entregó a la Fiscalía Anticorrupción un listado de supuestos "amigos" de González Panero "implicados" en sus negocios que incluía a Michavila pero éste negó tener negocios con el entonces alcalde de Boadilla.

Según el diario catalán el propio Dorrego habría reconocido sus trabajos en "ciertos pleitos de singular complejidad". Como ya informó Levante-EMV, Dorrego, que fue director general para la Modernización de la Administración de Justicia en la etapa de Michavila como ministro, es al mismo tiempo secretario del consejo de administración de Mediamed y de dos empresas públicas de la administración valenciana: Cabanyal 2010 y Comunitat Valenciana d'Inversions (VCI) ( en esta última como vicesecretario). En declaraciones a El Periódico, Dorrego quita importancia a su cometido en estas firmas. Cabanyal 2010 también encargó a Eius un informe jurídico sobre el plan del Cabanyal. Y la Televisión Municipal de Valencia ha contratado a este mismo bufete por 7.000 euros para defender a la sociedad participada mayoritariamente por otra sociedad de Ulibarri (a través de Begar) frente a un recurso del PSPV que cuestiona precisamente el desembarco del empresario en la emisora.

Mediamed Comunicación Digital es propiedad de Ulibarri se ha hecho con 13 licencias de TDT del Consell en la Comunitat Valenciana.
En el consejo académico de Eius Abogados figuran también Raúl Mayoral, secretario general de la Fundación San Pablo CEU y especialista en Derecho de las Telecomunicaciones que, como se ha informado, es una de las muchas especialidades del bufete. El propio Michavila y Dorrego de Carlos publicaron un número monográfico sobre las TDT.

www.levante-emv.com 22.02.09

El bufete de Michavila y Marí asesoraron a Ulibarri en Xilxes

El bufete de abogados Eius, del que forman parte el ex ministro José María Michavila -hermano de la jefa de gabinete de Francisco Camps- y el portavoz de Economía del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, José Marí, asesoraron al empresario José Luis Ulibarri, imputado por el juez Baltasar Garzón en el sumario de la operación Gürtel.

Los letrados de Eius defienden los intereses televisivos de Mediamed

Marí Olano, responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat en la pasada legislatura, es abogado del Grupo Selma que junto a la empresa UFC de José Luis Ulibarri impulsa una urbanización con campo de golf en la localidad castellonense de Xilxes.

El parlamentario popular ha justificado su relación con el promotor Andrés Selma porque ambos son originarios de Segorbe, aunque no realizó labores de asesoramiento hasta julio de 2007, una vez cesó su incompatibilidad.

El Grupo Selma ha insistido en que la participación de Ulibarri en el proyecto urbanístico de Xilxes se estableció cuando ya se había logrado la adjudicación.

Ambos empresarios, Andrés Selma y José Luis Ulibarri, también son socios en Mediamed la empresa que se ha hecho con 13 licencias de televisión digital terrestre en la Comunidad Valenciana.

En esta empresa de comunicación figura como secretario Alberto Dorrego, antiguo subordinado de José María Michavila en el Ministerio de Justicia y ahora director del bufete de abogados Eius. Dorrego fue una de las personas que asesoraron en la licitación de las licencias de televisión digital terrestre en al Comunidad Valenciana. Y su bufete, Eius ha sido el bufete que ha contratado la Televisión Municipal de Valencia que gestiona José Luis Ulibarri para defenderse del recurso judicial presentado el grupo municipal socialista contra la venta de acciones que ha dado el control del medio al empresario castellano-leonés.

El secretario de Mediamed, Alberto Dorrego, también ostenta cargos en dos empresas públicas administradas por el PP. En la sociedad Cabanyal 2010, participada por la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, figura como secretario. Su participación en la firma se fraguó también a través del bufete de abogados Eius. La otra empresa pública en la que figura es de la la Generalitat. En esta firma, denominada Comunitat Valenciana d' Inversions (VCI), ostenta el cargo de vicesecretario. El presidente de la empresa pública es Antonio Lis y tiene como objetivo atraer inversiones a la Comunidad Valenciana.

José Luis Ulibarri también construye en la ciudad de Valencia un par de aparcamientos subterráneos y un colector, cuya obra ha sido licitada por la Generalitat.

Eius, el bufete en el que trabaja José María Michavila, también ha asesorado al municipio madrileño de Boadilla del Monte, cuyo dimitido alcalde Arturo González Panero es uno de los imputados en la trama de corrupción que investiga Baltasar Garzón.

www.elpais.es 22.02.09

La implicación de Camps en la trama siembra la desconfianza en su partido

"Ha sido un mazazo, sólo comparable al que tuvimos cuando perdimos las elecciones generales de 2004", reconoce un alto dirigente de los populares valencianos. La publicación por EL PAÍS el pasado jueves de que un informe de la Fiscalía Anticorrupción implica al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en la trama corrupta que investiga el juez Baltasar Garzón, ha hecho temblar los cimientos de uno de los bastiones del PP.

El mismo jueves por la noche, Camps instó a la Junta Directiva Regional del PP a dejar las cuitas internas para afrontar todos juntos una situación que amenaza seriamente la estabilidad del partido que gobierna la Comunidad Valenciana con mayoría absoluta desde 1999.

Sin embargo, la desconfianza se ha instalado entre los populares. En Alicante, los seguidores del presidente de la Diputación y del PP provincial, el zaplanista José Joaquín Ripoll, no se fían de los seguidores del presidente Camps, que tienen impugnado el congreso provincial y aspiran a barrerlos. El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado en varios supuestos delitos contra la Administración y presunto fraude fiscal, ha visto la oportunidad para equiparar su situación a la de Camps. Aunque Fabra, a quien el propio Mariano Rajoy calificó de "ciudadano y político ejemplar", nunca ha ocultado que él siempre se mueve en defensa de sus intereses.

El ambiente de desconfianza también se ha infiltrado en el propio Gobierno valenciano tras publicar este periódico que el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, adjudicó directamente contratos a una empresa propiedad de un amigo suyo. El entorno del consejero, que presumiblemente se ha salvado gracias al escándalo del propio Camps, sospecha que la filtración de su actuación fue interna.

El presidente de la Generalitat intenta mejorar la imagen de su gestión tras años de opacidad y un férreo control de Canal 9.

Pese a todo, Camps no ha explicado todavía su relación con Orange Market y su responsable, Álvaro Pérez, El Bigotes, que formó parte del círculo íntimo de la cúpula popular y a quien se contrató en la Generalitat y en el PP. Un PP que asegura estar "muy fuerte y con ganas de guerra".

www.elpais.es 22.02.09

Garzón sugiere más aforados en la trama

El juez apunta a la implicación de otros cargos públicos antes de inhibirse - Solicita nuevos informes a Anticorrupción sobre parlamentarios o consejeros

El presidente valenciano, Francisco Camps; el ex consejero madrileño Alberto López Viejo, y los diputados de esa comunidad Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, pueden no ser los únicos cargos públicos implicados en la trama de "dádivas y sobornos" a instituciones gobernadas por el PP que han aparecido en la investigación que dirige Baltasar Garzón. El juez ha pedido nuevos informes a la Fiscalía Anticorrupción sobre aforados, cuya identidad no fue anoche revelada debido al secreto del sumario. Alguno de ellos debe responder ante un tercer órgano que no es ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid -donde se investigará a los aforados madrileños- ni el de la Comunidad Valenciana, el que correspondería a Camps.

  • La Fiscalía Anticorrupción, "descolocada" por la nueva resolución

  • El juez preguntó al fiscal si podía seguir investigando tras abstenerse

Justo antes de abandonar la Audiencia Nacional para ingresar en un hospital madrileño por una fuerte subida de tensión, el juez redactó una providencia que sugiere la implicación en la causa de nuevos parlamentarios, nacionales o autonómicos, o miembros de gobiernos regionales, cuyos delitos, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, deben ser investigados por el Tribunal Supremo (diputados, senadores y miembros del Gobierno central) o los Tribunales Superiores de cada comunidad (parlamentarios autonómicos y miembros de gobiernos autónomos).

La fiscalía remitió el pasado miércoles al juez un escrito en el que le informaba de que la totalidad de la causa debía pasar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid -que debe investigar los presuntos delitos de López Viejo, Martín Vasco y Bosch-, salvo una parte desgajable que correspondería al de la Comunidad Valenciana, que instruiría todo lo relacionado con Camps.

Sin embargo, en la providencia de ayer, Garzón anuncia que ha solicitado a Anticorrupción otros dos informes "en relación con las personas aforadas" antes de inhibirse a favor de otros tribunales, lo que indicaría que existen nuevos parlamentarios o gobernantes regionales implicados en la causa.

Alguna de los cargos públicos aforados, según se desprende de la providencia, tendría que responder ante un tercer tribunal, que podría ser el Tribunal Supremo u otro tribunal superior de justicia de un comunidad autónoma -que no es ni el de Madrid ni el de la Comunidad Valenciana-. Lo indica el hecho de que, en su resolución de ayer, el juez reclame "con carácter urgente" al servicio de reprografía de la Audiencia "tres juegos de copias de las actuaciones" sobre la trama corrupta. Dos de ellas irán previsiblemente a los tribunales superiores de Madrid y de la Comunidad Valenciana, respectivamente, para que estos decidan si son competentes para investigar a los aforados de esas comunidades. La tercera debería remitirse a otro tribunal, según fuentes jurídicas.

En las grabaciones que dieron lugar a la Operación Gürtel aparece mencionado Luis Bárcenas, tesorero del PP y senador por Cantabria, cuyas eventuales responsabilidades deberían ser exigidas ante el Tribunal Supremo. El supuesto cerebro de la trama, Francisco Correa, dijo en una de sus conversaciones a su interlocutor: "Ya te he dicho que yo le he llevado a Bárcenas, a su casa y a Génova, 1.000 millones de pesetas por adjudicaciones de obras de la época de Cascos, y sé cómo lo ha sacado y el paraíso fiscal donde lo tiene". Otro de los posibles aforados que aparecen en las grabaciones es Esteban González Pons, diputado y vicesecretario de comunicación del PP.

Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aseguraron ayer que se habían quedado "sorprendidos" y "descolocados" con la última resolución de Garzón. Esas fuentes aseguraron que uno de los aspectos sobre los que el juez ha solicitado informe es sobre si puede seguir instruyendo una vez que se haya inhibido. El artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el instructor que acuerde la inhibición a favor de otro "seguirá practicando todas las diligencias necesarias para comprobar el delito, averiguar e identificar a los posibles culpables y proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo".

El juez pretendía inhibirse el próximo lunes, según fuentes jurídicas, aunque la resolución podría dilatarse debido a los problemas de salud por los que ayer fue hospitalizado. Una vez tomada su decisión enviará las copias del sumario a los tribunales que competentes para investigar aforados, para que decidan si lo son y respecto a qué personas. Mientras, seguirá investigando.

Subida de tensión

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ingresó sobre las dos y media de la tarde de ayer de urgencia en un hospital madrileño aquejado de un fuerte dolor de pecho. El magistrado abandonó apresuradamente su puesto quejándose de opresión en el pecho y con el rostro visiblemente enrojecido. Los médicos aseguraron que se encontraba fuera de peligro y que su estado no revestía gravedad.

El dolor en el tórax se debía, según esas mismas fuentes, a una fuerte subida de tensión acompañada de un ataque de ansiedad. El juez permaneció toda la tarde en la unidad coronaria del centro sanitario después de que los médicos le suministraran fármacos para rebajarle la hipertensión.

El juez seguirá hospitalizado en observación previsiblemente hasta hoy, cuando el personal sanitario planea hacerle un examen completo para certificar que su estado no es grave, según fuentes de la Audiencia, que añaden que en los próximos días se reincorporará a su juzgado.

www.elpais.es 21.02.09

El PP da un ultimátum al juez para que se inhiba antes del lunes o se querellará

El PP dio ayer una nueva vuelta de tuerca en su acoso al juez Baltasar Garzón, por instruir un sumario sobre corrupción en administraciones gobernadas por este partido. Y, además, anunció que la próxima semana redoblará sus esfuerzos contra el magistrado.

Dirigentes del PP se lanzaron ayer contra Garzón, y el portavoz popular de justicia, Federico Trillo, lanzó un ultimátum en nombre de la dirección del partido: o abandona el caso antes del lunes o presentarán una querella contra él por prevaricación ante el Tribunal Supremo.

La tesis oficial del PP es que la investigación forma parte de "una trama contra el partido, urdida y puesta en marcha por el juez Garzón, el ministro de Justicia y el jefe de la Comisaría General de Policía Judicial, con la colaboración especial del fiscal general del Estado". La investigación, no obstante, ya ha hecho caer a un consejero de la Comunidad de Madrid (Alberto López Viejo), a un alto cargo de esa comunidad (Guillermo Ortega), un alcalde (Arturo González) y un asesor de un concejal de Madrid (Javier Nombela). Todos ellos son del PP.

El propio Rajoy encabezó ayer la oleada de declaraciones de los dirigentes del PP contra el juez. "El sumario se está filtrando todos los días y nadie sabe de qué se le acusa exactamente". El líder el PP considera que, de este modo, Garzón "está generando indefensión a mucha gente, que se ve todos los días en los medios de comunicación y nadie, ni un juez ni un fiscal, les ha dicho nada".

La ofensiva tiene continuidad en el Congreso, donde el PP intenta forzar un Pleno con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y ha pedido la comparecencia del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Esta última fue tramitada en la Mesa del Congreso, pero el PSOE la frenará en la Comisión de Justicia hasta que vaya a presentar la memoria fiscal, o sea, en octubre.

www.elpais.es 21.02.09

Gallardón destituye a dos cargos salpicados por la trama de corrupción

El alcalde releva a un asesor imputado por Garzón y a un director citado por Correa

El alcalde de Madrid, el popular Alberto Ruiz-Gallardón, ha destituido a dos cargos municipales cuyos nombres aparecen en la causa de la presunta trama corrupta que investiga el juez Baltasar Garzón. Se trata de un director de área de la Empresa Municipal de la Vivienda -despedido por causas ajenas a la trama, según el gobierno local-, y un asesor de un concejal de un distrito de Madrid. Ambos aparecen citados por Correa en las conversaciones grabadas que aportó el denunciante a la Fiscalía Anticorrupción.

  • En las cintas, Correa dice que uno de los destituidos le propone "negocios"

  • El director de la empresa pública relevado llevaba tres semanas en el cargo

El primer cargo municipal en caer fue Guillermo Pariente, director general de Producción de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). Pariente fue nombrado el 22 de enero y destituido sólo tres semanas después, el 13 de febrero. Procedía de la gerencia de la EMV de Ciudad Real, pero antes había estado en el Ayuntamiento de Madrid: entre 2003 y 2005 fue el hombre de confianza del entonces concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez.

En esa época, dicha concejalía amañó un concurso público para favorecer a Special Events, una de las empresas de Francisco Correa. Los documentos de puntuación fueron manipulados para que la empresa de Correa pasara de ser la quinta clasificada a la segunda y pudiera obtener el contrato de 153.000 euros tras la descalificación de la primera. El Gobierno municipal ha abierto ahora una investigación y lo ha denunciado en el juzgado de guardia. La marcha de Herráez en 2005 propició también la de su jefe de gabinete, Guillermo Pariente.

La explicación oficial que consta en el documento de despido de Pariente es que su destitución se ha producido por "discrepancias" en la reestructuración del área que le fue asignada. Juan José de Gracia, actual consejero de la EMVS y responsable de dicho nombramiento y destitución, asegura que "la falta de confianza" es el único motivo. "Me presentó una propuesta para reestructurar su área que no me gustó y tengo competencias para destituirlo", explicó ayer a este periódico para negar que tuviera relación con las noticias sobre la trama corrupta.

Por otro lado, Javier Nombela, asesor del concejal de Moncloa, Álvaro Ballarín, fue destituido también el pasado miércoles. Nombela, que trabajó en Special Events y en Easy Concept (ambas firmas, vinculadas al presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa), sí está imputado por Garzón.

Sin embargo, desde que se conoció su imputación hasta que fue obligado a dimitir, han pasado dos semanas. En realidad, parece que Gallardón ni siquiera sabía que continuaba en su puesto, ya que este diario le preguntó el jueves por el asunto y dijo que ya había dimitido. Por la tarde, el regidor ordenó al concejal de Moncloa -que pretendía esperar a que Nombela declare el lunes ante el juez para destituirlo- que lo relevara inmediatamente.

Las alusiones a ambos cargos destituidos ayer en las grabaciones aportadas con la denuncia de un ex concejal del PP son significativas. Sobre Pariente, Correa afirmó el 4 de octubre de 2006, tras recibir una llamada: "Guillermo Pariente, que quiere hacer negocios conmigo en Ciudad Real". Pariente fue gerente de la Empresa Municipal del Suelo de Vivienda del Ayuntamiento de Ciudad Real entre 2005 y 2007, bajo un gobierno del PP. La alcaldesa, la popular Rosa Romero, le elogió por haber construido 800 viviendas en poco tiempo.

En las grabaciones, Nombela es citado como un fiel subordinado de Correa. Este último le ordena que acuda a Easy Concept por la tarde. Según trabajadores de dicha empresa, Nombela solía acudir a trabajar a esta firma de la trama todas las tardes.

Citados en las grabaciones

- Javier Nombela. Fue asesor de Álvaro Ballarín, presidente de la Junta Municipal de Moncloa. Correa exige en una grabación del sumario que vaya a trabajar esa tarde a su empresa, de la que era empleado.

- Guillermo Pariente. Fue asesor del ex concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez y ahora era un director general de la EMVS. Correa habla de él tras recibir una llamada: "Guillermo Pariente, que quiere hacer negocios conmigo en Ciudad Real".

www.elpais.es 21.02.09

El 'número dos' del Poder Judicial sale en defensa de su ex jefe, Camps

Para colaborar con la estrategia del PP contra el juez Garzón, ayer apareció en escena Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y hasta hace cinco meses miembro del Gobierno valenciano. De Rosa, que tendrá que deliberar sobre denuncias contra Garzón que han llegado al Consejo, criticó con dureza al magistrado e invocó el delito de prevaricación. Dijo en la televisión autonómica valenciana que si hay aforados y Garzón no se inhibe, "podríamos pasar una línea roja que es muy importante, que es la prevaricación".

El número dos del Consejo, que no conoce el contenido del sumario, hizo una cerrada defensa de Francisco Camps. "Es un gran presidente de la Generalitat Valenciana, es absolutamente honorable", dijo antes de declararse "orgulloso" de Camps. De Rosa era hasta septiembre consejero de Justicia de la Generalitat bajo las órdenes de Camps.

Fue el presidente valenciano quien pidió a Mariano Rajoy y a Federico Trillo que le propusieran para número dos del Poder Judicial. José Luis Rodríguez Zapatero aceptó y el PSOE hizo que los vocales que propuso votaran a De Rosa como vicepresidente, desoyendo las críticas. Quienes cuestionaron ese nombramiento sostenían que había un desequilibrio entre la posición más alejada del PSOE del presidente, Carlos Dívar, frente a la clara militancia de De Rosa al pasar de un cargo político al Consejo.

De Rosa pidió ayer también que Garzón levante el secreto del sumario, habló de "juicio paralelo" y criticó que fuera de cacería con el ministro Mariano Fernández Bermejo, porque eso, según dijo, "daña la imagen de la justicia". "Sólo faltaba la folclórica para que fuera una imagen del NO-DO", añadió.

"A título personal"

La portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, aclaró que "las declaraciones del vicepresidente del consejo han sido realizadas a título personal y no representan al Poder judicial, que tiene sus propios cauces para acordar cualquier posición". "En cualquier caso el consejo velará siempre por la independencia de los jueces y magistrados del país", comentó.

Según Bravo, el Poder Judicial podría adoptar la próxima semana, si corresponde, una decisión sobre si la independencia de Garzón está siendo lesionada, aunque no sobre el fondo.

www.elpais.es 21.02.09

RAJOY PIDE REVISAR LAS CUENTAS DEL PP POR SI HAY MÁS PAGOS A CORREA 

Mariano Rajoy ordenó ayer a sus colaboradores que revisen todos los archivos de la contabilidad del partido y le digan hasta cuándo el PP contrató realmente los servicios del empresario Francisco Correa, imputado en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón. El líder de los conservadores aseguró ayer que no tenía conocimiento de que Correa organizara en el 2005 la caravana electoral de la campaña del referendo sobre la Constitución europea y de algunos actos de la precampaña vasca, como probó ayer este diario con la publicación de dos facturas abonadas por su editora, Ediciones Primera Plana.

El presidente del PP está especialmente preocupado por este asunto, ya que en las últimas semanas ha asegurado en varias ocasiones que él mismo ordenó cortar la relación con Correa en el 2004, en cuanto supo que utilizaba el nombre del PP en su beneficio. Sin embargo, con estos documentos en la mano queda claro que su orden no fue escuchada o, como mínimo, que no llegó a todos los miembros del organigrama del partido, puesto que se siguió contando con Correa más allá de ese año. Al menos, en dos ocasiones.

Varios colaboradores de Rajoy aseguran que, efectivamente, el líder les pidió que finiquitaran la relación con el empresario ahora imputado en junio del 2004, después de los primeros actos que se realizaron en la campaña de las europeas. Alegó que no le gustaba el montaje de los eventos. Pero la verdad era que por aquellas fechas el tesorero del PP ya había avisado a Rajoy de que Correa estaba haciendo negocios en el norte de Madrid blandiendo su buena relación con la cúpula del partido.

"Desconozco ese asunto", se limitó a decir Rajoy ayer en Galicia, cuando se le pidió una explicación sobre la existencia de contratos con las empresas bajo sospecha en el 2005. El presidente del PP volvió a aferrarse a la misma filosofía que ya utilizó el pasado lunes en su entrevista en Antena 3, cuando insistió una y otra vez en usar la fórmula "en lo que yo conozco" para marcar distancias, en lo posible, con las posibles irregularidades que puedan haber cometido otros miembros del partido.

En la sede central del PP, la explicación a esta situación también fue ayer ambigua. El vicesecretario de comunicación de los populares, Esteban González Pons, alegó que si se encargó a Correa una campaña electoral en el 2005 fue porque su empresa, Pasadena Viajes, ofreció "el mejor precio". "Creo que está bastante claro que si hay una oferta barata se puede contratar", añadió González Pons cuando se le insistió en que para esas fechas, según ha reconocido el propio Rajoy, la dirección del partido teóricamente había finiquitado cualquier relación. 

(www.elperiodico.com, 20/02/09) 

LA SOLEDAD DEL HOMBRE CAÍDO EN DESGRACIA 

El último escaño. El más alejado de la presidenta. En la última fila y escorado a la izquierda, casi en la tierra de nadie que queda entre la bancada popular y la socialista. Con la única compañía de un diputado -y algún otro que se acercó a hablar con él durante el receso- y el refugio intermitente de la pantalla de su móvil. Ahí colocó el PP en el pleno de ayer al diputado y ex consejero de Deportes Alberto López Viejo. Lo más alejado posible del Gobierno. Un hombre de Esperanza Aguirre señalado por la fiscalía en la investigación del juez Baltasar Garzón y cuya gestión la presidenta no quiso avalar de forma expresa. 

Fue probablemente el pleno más largo de quien fue durante años el escenógrafo electoral del PP madrileño. Un mal trago que sorbió con dificultad. Aunque los flases también se cebaron con los otros dos diputados populares supuestamente implicados en la trama de corrupción: Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. 

Una decena de veces aplaudió la bancada del PP las intervenciones de su presidenta y de algún parlamentario. Ni una sola lo hizo López Viejo, pese a que Aguirre estaba respondiendo preguntas sobre él. Fruncía el ceño, bebía agua. No quiso, él que fue maestro en el arte de la inauguración y los aplausos, participar en el teatro parlamentario. Ni en las muecas, ni en los bramidos de desaprobación de ambos bandos. "Es una situación muy dura para él. Le están haciendo un juicio paralelo en los medios", se apiadaba del ex consejero una diputada. 

Los compañeros de penitencia de Alberto López Viejo aguantaban cada uno a su manera. Alfonso Bosch, hierático. Casi como un muñeco de cera. Benjamín Martín Vasco, muy activo, muy cerca de la presidenta, seguro de sí mismo. Enérgico en el aplauso y con una perenne media sonrisa cuando hablaba la oposición, como si le hiciera gracia lo que estaban diciendo. La víspera, Martín Vasco se había visto obligado a dimitir como presidente de la comisión de investigación sobre el espionaje por su presunta vinculación con otra trama: la de corrupción que investiga el juez Garzón. 

La presidenta lucía un jersey rojo con estrellas blancas. Bandera de su Comunidad con mangas que compró, dijo luego, en H&M. Y así ataviada, y llamando "secta" al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al juez de la Audiencia Nacional y a los medios que, según ella, reciben sus filtraciones, estuvo atacando al PSOE y revolviéndose a su vez a cada uno de sus ataques. Citando incluso la sentencia que atribuyó a Bertolt Brecht -"Primero fueron a por los comunistas, y yo no hice nada..."-, y que ahora parece que sirve para todo: por la mañana la había citado Francisco Camps, el presidente valenciano señalado por la fiscalía. Y un mes atrás, el vicealcalde Manuel Cobo, éste por causa bien distinta: había sido espiado y reclamaba el apoyo de los suyos. 

De pronto, a Aguirre le dio por soltar que en las filas socialistas había un imputado. Sin dar más datos. Como dando a entender que en todas las casas cuecen habas -y que de devolver el acta de sus tres penitentes, nada de nada-. Sus colaboradores aclararon más tarde -ella no lo hizo- que el aludido era el diputado socialista José Luis Pérez Ráez, ex alcalde de Leganés y con una causa abierta -distinta a la de la trama de la que se hablaba- en el Tribunal Superior de Justicia. 

Y enfureció el PSOE. Algunos se cebaron entonces con López Viejo. "¡Ése sí está imputado!", gritó un socialista. Él (que no está imputado) no se inmutó. Alargaba un poco el cuello y torcía el gesto. Elvira Rodríguez, la presidenta de la Asamblea, tuvo que suspender el pleno casi veinte minutos. Tiempo muerto. 

A la vuelta, los tres penitentes se centraron en sus móviles y ordenadores. El ex consejero de Deportes mascaba chicle. Bosch seguía rígido. Martín Vasco continuaba aplaudiéndolo todo enérgicamente. "La verdad es que, al principio, cuando estalló todo esto, estaba abatido. Pero en las últimas horas se ha venido bastante arriba", se comentó en un pasillo. 

Poco a poco se fue vaciando la sala. Apenas quedaban diez diputados del PP. Pero López Viejo resistía. Un incómodo escaño que, al menos, le mantenía a salvo de los pasillos donde aguardaban los periodistas. Martín Vasco y Alfonso Bosch se habían largado a mitad del pleno. Cada uno a sus cosas, según una portavoz. El segundo volvió de vez en cuando, pero el ya ex presidente de la comisión de investigación se esfumó y sólo regresó para la votación final. 

A las 19.20, tras tres largas horas de penitencia, Alberto López Viejo se cansó, se levantó y abandonó el salón de plenos. Pero él, que dos semanas atrás se sentara junto a la presidenta Aguirre, no regresó al final de la sesión. Su voto no era necesario. 

(www.elpais.com, 20/02/09) 

GALLARDÓN BUSCA DESMARCARSE DE SUS CONTRATOS CON LA TRAMA 

El alcalde de Madrid aparece hasta el momento como el gran beneficiado político de las tramas de corrupción y espionaje que tienen a los principales dirigentes del PP contra las cuerdas. Pero Alberto Ruiz-Gallardón no es un mero espectador. El Ayuntamiento de Madrid, que gobierna desde junio de 2003, le ha adjudicado contratos por un importe total de 399.206 euros a Special Events , sociedad clave en la trama de corrupción que investiga el juez Garzón. 

Gallardón admitió ayer la existencia de esas adjudicaciones –junto a otras tres realizadas por el Ayuntamiento madrileño cuando el alcalde era José María Álvarez del Manzano– y también reconoció que una de las concesiones se realizó después de que alguien "manipulase" un informe técnico municipal para mejorar la puntuación de Special Events. 

Además, el alcalde madrileño intentó montar un cortafuegos para evitar que la oposición le reclame responsabilidades políticas. Según aseguró Gallardón, “todos” los miembros del consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) que decidieron la adjudicación a Special Events, en mayo de 2004, actuaron “de acuerdo al informe técnico que les fue presentado”. Ese “todos” incluye a Sigfrido Herráez, que era entonces presidente de EMV y concejal de Vivienda del equipo de Gallardón. 

El alcalde denunció el miércoles los hechos ante el juzgado de guardia y El País –el diario más cercano a Gallardón– informó de que el Ayuntamiento había “expedientado” a un funcionario. Al igual que ocurrió con la operación Guateque, donde se investiga el pago de sobornos para agilizar licencias municipales, el Gobierno del PP señala así como culpables a funcionarios. 

El asunto del concurso manipulado se agrava con una segunda denuncia realizada ayer por el PSOE: que el Gobierno de Gallardón le “ha ocultado datos” del expediente esta misma semana. Pedro Sánchez, concejal socialista y consejero de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), solicitó el 10 de febrero todos los contratos suscritos por dicha empresa municipal con las sociedades de la trama corrupta. El lunes 16, los responsables de EMVS le entregaron el expediente con el concurso adjudicado a Special Events, pero faltaba un documento clave.  

Así lo explica Sánchez “Me fijé en el informe de la comisión técnica y observé que no tenía ni membrete, ni fecha ni firma de funcionarios. Llamé a Isabel Pinilla, directora general de la EMVS, para decirle que era surrealista y que exigía el informe oficial, pero me respondió que el expediente entregado era el oficial”. Y Sánchez no volvió a tener más noticias. 

El concejal socialista se declara “escandalizado” por la forma en que el alcalde presenta el tema de sus adjudicaciones a la trama corrupta: “Cuando se manipuló el concurso, el responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda era Sigfrido Herráez, un concejal nombrado por Gallardón. Y cuando ahora el alcalde asegura que ha presentado una denuncia en el juzgado, estamos presenciando cómo Gallardón denuncia a Gallardón. ¿O quién es si no el responsable de los contratos del Ayuntamiento con Special Events?” 

Un portavoz del Gobierno municipal negó ayer que se hubiese manipulado el informe entregado a Pedro Sánchez: “El documento que faltaba lo encontramos el martes 17, un día después de darle el expediente al concejal socialista”. ¿Y por qué no avisaron de forma inmediata a Sánchez? Según el portavoz, porque entendieron que era prioritario “poner los hechos en conocimiento del juzgado”.

Por lo demás, en el Ayuntamiento se remiten a la promesa realizada ayer por Gallardón: “Actuaré con toda la dureza del mundo contra los responsables de aquella actuación”, es decir, de la manipulación del concurso.  

(www.publico.es, 20/02/09) 

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID ADJUDICÓ SIETE CONTRATOS A SPECIAL EVENTS 

El Ayuntamiento de Madrid adjudicó siete contratos a la empresa Special Events en los años 1996, 1999, 2001, 2004 y 2005 (3), los tres primeros con José María Álvarez del Manzano en la Alcaldía y los cuatro últimos ya durante el primer mandato municipal de Alberto Ruiz-Gallardón. 

Son datos que ha confirmado este jueves el propio alcalde, en rueda de prensa tras la reunión semanal de su Gobierno, al informar de que el Ayuntamiento denunció ayer ante la justicia la "manipulación" de un informe técnico municipal que permitió la adjudicación en 2004 de un contrato a la empresa de Francisco Correa, detenido por el juez Baltasar Garzón dentro de la operación Gürtel. 

Este contrato, para el montaje y mantenimiento del 'stand' de la capital en el Salón Inmobiliario de Madrid 2004, es el único de los siete en que se ha advertido una irregularidad, según ha asegurado el alcalde.

Tras informar de que la relación de esos contratos se envió en 2005 al Grupo Municipal Socialista, a petición de éste tras publicarse noticias de posibles irregularidades, Ruiz-Gallardón ha confirmado que también ha ordenado abrir un expediente sobre esos hechos y ha afirmado que actuará "con toda la dureza del mundo" contra el o los responsables de aquella actuación. 

Como publica este jueves el diario El País, la empresa de Correa fue colocada en el puesto quinto, muy lejos de poder ganar el concurso, en un primer informe técnico que no fue el que posteriormente llegó al Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) del Ayuntamiento, presidido por el entonces concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez. 

Basándose no en aquel primer informe técnico sino en otro que el alcalde ha confirmado hoy que fue "manipulado", el Consejo adjudicó el contrato a Special Events por 153.000 euros. 

Por eso cree que "todos" los miembros del Consejo de Administración de la EMV, incluido Herráez, con el que ya han hablado, y los representantes de la oposición -del PSOE, que se abstuvo, y de IU, que votó a favor-, actuaron "de acuerdo al informe técnico que les fue presentado", es decir, desconociendo que hubiera habido una "manipulación". 

De hecho, esa "manipulación" no ha sido descubierta hasta ayer, después de que se cotejaran todos los documentos que se guardan al respecto en el Ayuntamiento. 

(www.publico.es, 20/02/09) 

GALLARDÓN ADMITE QUE SE MANIPULÓ UN CONCURSO 

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, admitió ayer que la Concejalía de Vivienda, entonces dirigida por Sigfrido Herráez, "manipuló injustificadamente" en 2004 el informe técnico de un concurso para adjudicar un contrato a una de las empresas de Francisco Correa. 

El alcalde aseguró que se está investigando el asunto, que EL PAÍS adelantó en su edición de ayer, para averiguar quién fue el responsable. "Se actuará con toda la dureza del mundo contra los responsables", anunció en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. De momento ya se ha presentado una denuncia en el juzgado. 

La Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) del Ayuntamiento de Madrid, presidida entonces por el concejal de Vivienda, adjudicó en 2004 un contrato de 153.000 euros para la caseta municipal en el Salón Inmobiliario de Madrid 2004 a Special Events, la empresa de Francisco Correa, considerado por Baltasar Garzón como el presunto cabecilla de la red de corrupción y tráfico de influencias vinculada al PP. Dicha empresa había quedado en quinto lugar en la clasificación de las 10 compañías que ambicionaban el contrato. Pero alguien manipuló la valoración técnica realizada por los funcionarios y sustituyó el informe original por uno trucado que favorecía a Special Events 

(www.elpais.com, 20/02/09) 

CAMPS SE APUNTA A LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN Y SE ESCUDA EN EL PP 

El presidente del Consell, Francisco Camps, se apuntó ayer a la teoría de la conspiración y movilizó a todo el PP tras conocer que el informe de la Fiscalía Anticorrupción lo implica en la trama que salpica a su partido de la que forma parte Orange Market. 

Alertado de madrugada y conmocionado por el contenido de la información publicada en EL PAÍS, Camps organizó su estrategia de defensa ante lo que considera "un proceso abierto contra todo un partido político". 

A primera hora de la mañana se reunió en el Palau de la Generalitat con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, los vicepresidentes Vicente Rambla y Juan Cotino y su equipo más cercano. En comunicación con Mariano Rajoy, Camps decidió montar una escenografía similar a la utilizada por el presidente nacional del PP para mostrar el rechazo del partido al sumario de la operación Gürtel que dirige el juez Baltasar Garzón y por el que ha imputado a los responsables de Orange Market. 

Arropado por Barberá y todos los miembros de su Gabinete, a excepción del titular de Medio Ambiente que no llegó a tiempo, Camps leyó antes de las nueve de la mañana una declaración institucional en la sede de Presidencia. Allí, visiblemente conmocionado, aseguró estar "profundamente indignado", desmintió "de plano", pero sin dar un dato y sin entrar en el fondo de la cuestión, la información publicada por EL PAÍS que recogía el informe del fiscal anticorrupción en el que se le implicaba en la trama. El juez Garzón ha investigado tres facturas después de que una imputada aludiera al pago de 30.000 euros en trajes para el jefe del Consell 

Camps se defendió asegurando que "esto más que una causa parece un proceso abierto contra todo un partido político", anunció medidas legales en defensa de su honor, el del PP y de la dignidad de su cargo. También aseguró que piensa citar a centenares de personas como testigos de su honradez en los puestos que ha ocupado. 

Acompañado en todo momento por la alcaldesa de Valencia y su Gabinete, Camps se tomó un respiro antes de desplazarse a pie desde el Palau de la Generalitat hasta las Cortes Valencianas para asistir a la sesión de control parlamentario. 

Casi simultáneamente, el secretario general y portavoz del Grupo Popular, Ricardo Costa, se reunía con sus diputados para anunciarles lo sucedido -en medio de un estado general de estupor- y les indicaba la necesidad de dar una imagen de unidad en torno al presidente. 

Por primera vez en años, Camps llegó con un ligero retraso al hemiciclo, donde se encontró con la escenografía bien engrasada. Aplausos, aplausos, aplausos. Luego intentó mantener un guión que había saltado por los aires y habló, sin convicción, del paro. 

La situación se tensó cuando el portavoz socialista, Ángel Luna, salió a interpelar a Camps sobre los controles en las contrataciones de la Generalitat. Y ahí Camps retomó el hilo de su declaración institucional. Volvió a apelar a sus mayorías electorales -sólo una hora antes había apelado a un nuevo sondeo que supuestamente ratificaría su mayoría en caso de elecciones, como si ello justificase toda su gestión-, criticó a los socialistas e hizo una concesión, forzado por el escándalo político. "Todos los consejeros han pedido comparecer [en las distintas comisiones parlamentarias] para todo aquello que ustedes les pregunten", prosiguió el jefe del Consell, "si ustedes han intentado elevar la sombra de la sospecha durante los días de las comparecencias se darán cuenta del terrible error que cometen". 

Pero esa defensa ya estaba desbordada. Luna recordó que ha tenido que ser, esta misma semana, el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, el que ha demostrado cómo funciona el Consell, al reconocer que tiene amigos a los que ha adjudicado contratos. 

"La diferencia es que él ha firmado y por usted han firmado otros", remachó Luna, que acusó al presidente valenciano de no controlar nada y de estar en una situación complicada. "Ustedes se han gastado dinero público en eventos que terminan donde terminan", sentenció. 

En este punto del debate, Camps intentó primero la descalificación personal, luego defendió su tranquilidad de conciencia y negó todas las insidias. Y finalmente, optó por refugiarse en unos versos más propios de unos ejercicios espirituales que de un estadista defendiendo su gestión. 

Con la portavoz de Compromís, Mònica Oltra, Camps tampoco tuvo ayer mejor suerte. Oltra se quejó del oscurantismo, le aireó los problemas con la justicia, las sospechas por el impago de los trajes (que se mencionan en una de las grabaciones del sumario de Garzón) y de la desfachatez con la que los consejeros reconocen que adjudican a los amigos. 

Camps, en un momento de bajón, insistió en que todas las informaciones de irregularidades habían sido rebatidas y sentenció: "Redoblaré el esfuerzo para demostrar la decencia de un Gobierno que se siente respaldado por la democracia", manifestó Camps. Aplausos y más aplausos del PP. 

La sesión de control también sirvió para constatar dos cosas. Dos vicepresidentes, Vicente Rambla y Gerardo Camps, se esforzaron en mostrarse agresivos con la oposición en la defensa del jefe del Consell. El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que ha reconocido adjudicar contratos a un amigo íntimo y que tiene una propiedad a medias en la que ha levantado un parany, constató como su posible destitución por el escándalo se diluía ante los nuevos hechos conocidos. De hecho, Castellano se presentó voluntario ayer para atizar también a la oposición en la sesión de control. Una sesión en la que la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez -que adjudicó el primer concurso de Fitur a Orange Market- dejó su supuesta imparcialidad para aplaudir a Camps. Un presidente arropado por todos sus diputados, especialmente por el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y el alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, ambos imputados. Cargos del PP imputados a los que, de manera genérica, el jefe del Consell mostró su solidaridad durante la declaración institucional. 

Las horas siguientes no fueron mucho más relajadas. Tras el mazazo, los populares valencianos se dedicaron a intentar contrarrestar el efecto del informe de la Fiscalía Anticorrupción, tanto en la estructura del PP nacional como su repercusión mediática. 

Por la tarde, el PP escenificó su apoyo a Camps en una junta directiva extraordinaria. Camps entró en la sede del brazo de Barberá, que anuló sus compromisos en la campaña electoral gallega, y tras fundirse en sonoros abrazos Ricardo Costa, David Serra y el vicesecretario de Comunicación del PP nacional, Esteban González Pons. Los aplausos y gritos de "¡president, president!" se escenificaron ante las cámaras. Al acabar, Costa explicó que el PP sale "más unido que nunca" y apoya sin fisuras "al mejor presidente". Aunque de momento la instrucción sigue adelante y apunta a otro alto cargo. 

(www.elpais.com, 20/02/09) 

CAMPS NIEGA SU IMPLICACIÓN EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN Y DENUNCIA UNA CAMPAÑA CONTRA EL PP 

Eran las seis de la mañana y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, recibía una llamada en su teléfono móvil. Dos diarios, uno editado en Madrid y otro en Cataluña, informaban de que su nombre aparecía en el informe de la Fiscalía Anticorrupción como posible implicado en la presunta trama de corrupción dirigida por el empresario Francisco Correa, que salpica a cargos del Partido Popular. La cúpula del Consell no tardó en montar un gabinete de crisis con, al menos, los vicepresidentes Vicente Rambla y Juan Cotino. En apenas hora y media movilizaron a todo el Consell convocándolo en el Palau de la plaza de Manises y las 8 de la mañana citaron a a los medios de comunicación para las 9 horas. 

La Generalitat podría haber optado por desmentir las informaciones aparecidas y dejar correr el asunto. Pero, ante el riesgo de que el contenido del informe de la Fiscalía derive en un auto del magistrado Baltasar Garzón inhibiéndose en favor del TSJ valenciano solicitando la imputación del jefe del Consell (aforado), Camps optó por organizar una ofensiva institucional. En uno de los patios del Palau, ante los numerosos medios de comunicación presentes, fueron apareciendo primero los consellers -a excepción del Medio Ambiente José Ramón García Antón- y minutos después (a las 9.15 horas) el presidente de la Generalitat acompañado de Rambla y Cotino. También de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a quien se atribuye la iniciativa de ofrecer una imagen de cierre de filas, al igual que hizo la semana pasada con Mariano Rajoy cuando comenzaba a tomar forma el escándalo judicial. 

Contundente, pero con claros síntomas de cierto nerviosismo y los ojos vidriosos, Camps leyó un comunicado y no aceptó preguntas de la prensa. «Desmiento de plano la información aparecida hoy en un medio de comunicación», dijo en referencia a su posible implicación en el caso de corrupción a partir de unas grabaciones en las que una de las imputadas Isabel Jordán alude a un factura de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano. Las informaciones, publicadas por El País yEl Periódico de Cataluña, aluden a que Garzón ha investigado tres facturas sobre ese asunto. El diario del grupo Zeta añade que los incidicios contra Camps podrían ser insuficientes para su imputación. No obstante en medios judiciales se apunta a un segundo cargo valenciano implicado en la trama. 

«Hoy recuerdo a todos mis compañeros perseguidos, acosados y con causas sobreseídas que han sufrido daños irreparables», dijo Camps. «Hoy recuerdo detenciones televisadas de compañeros de partido que han quedado en libertad sin cargos. Hoy recuerdo alcaldes, que ya no lo son, por falsas imputaciones, que hoy han quedado en nada». Parafraseó un poema sobre las persecuciones nazis que atribuyó a Beltolt Brecht, aunque en realidad su autor es el pastor luterano alemán Martin Niemöller: «Ayer un concejal, hoy un alcalde. Mañana el presidente de una comunidad autónoma». «Recuerdo cuando al principio de la democracia se me dijo que a diferencia de la dictadura al albor de la mañana quien llamaba era el lechero y no una falsa imputación», añadió. A continuación denunció una campaña contra el Partido Popular y dijo sobre la investigación abierta por Garzón que más que una causa «parece un proceso contra un partido político». «Desde el primer momento se ha buscado el ataque directo al partido, la incertidumbre y el ataque entre nosotros», añadió. «No lo han conseguido».  

Camps insinuó que si Garzón sigue adelante pedirá la comparecencia de altos cargos, funcionarios, personas que han trabajado con él en su trayectoria política y presidente de empresas «para que digan si alguna vez insinué algún tipo de contraprestación». Y anunció que pondrá en marcha acciones legales «en defensa de mi honor, del honor del Partido Popular y de la dignidad y honradez del cargo que tengo encomendado por el pueblo valenciano». 

Camps ya avanzó en su discurso parte de lo que a lo largo del día formó parte del argumentario extendido en las filas de PP: Que se están produciendo filtraciones interesadas de poco peso judicial con el objetivo de dañar al partido y que se está produciendo un proceso mediático paralelo sobre un sumario que sigue siendo secreto. En la defensa de sí mismo llegó a afirmar que la filtración de un sumario secreto de la que se desprende la investigación a un cargo aforado «podría anular todo el procedimiento y cuando lo que se busca es la persecución de un delito, un error de esas características tendría nefastas consecuencias judiciales». Así desvinculaba también su persona del grueso de los imputados, con el empresarios Francisco Correa a la cabeza o el presidente de Orange Market, de los que ahora reniega el PP. 

El PP nacional se movilizó en defensa de Camps. El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, afirmó que Camps, es «un dirigente ejemplar». En un acto con medios de comunicación en A Coruña, Rajoy recordó que Camps no está imputado, pero sí «indefenso», pues no se sabe de qué se le acusa. Tras señalar que Camps es «un extraordinario dirigente» y «un político honrado». Sobre las filtraciones, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, anunció la presentación de una denuncia por violación del secreto de sumario. Pons apuntó al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, al afirmar que el Gobierno tiene en esas dos instituciones «presumiblemente al menos dos fuentes de acceso al sumario». Desde Presidencia dijeron que esperarán el auto de Garzón elaborado a partir del informe de la Fiscalía para decidir si emprenden acciones legales contra el propio magistrado o el proceso de instrucción. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dijo que si Garzón no se inhibe lo denunciarán por prevaricación. 

(www.levante-emv.com, 20/02/09) 

LA BRONCA POR LA CORRUPCIÓN EN MADRID OBLIGA A SUSPENDER EL PLENO REGIONAL 

Sólo Alberto López Viejo, diputado regional del PP y dimitido como consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid hace 11 días por su supuesta vinculación con la presunta trama corrupta del empresario Francisco Correa, permaneció serio y en silencio en su escaño durante el pleno de ayer en el Parlamento madrileño. El resto del hemiciclo era un hervidero al principio de la sesión, se convirtió en terremoto poco después y derivó en una bronca monumental que obligó a suspender el pleno 20 minutos. 

Aguirre tenía que dar explicaciones sobre la situación en la que queda su gobierno tras la dimisión de López Viejo: respondió denunciando "una trama contra el PP" montada por el "juez socialista" Baltasar Garzón, el "ministro furtivo" Mariano Fernández Bermejo y los medios que publican noticias "filtradas" sobre la causa judicial, a los que calificó de "secta". Aunque en medio de esa filípica dejó caer algo parecido a una autocrítica: "Me preguntan las razones que me han llevado a aceptar la dimisión del señor López Viejo. Sólo hay una: distinguirme del PSOE, que jamás ha sido capaz de aceptar responsabilidades políticas. El ejemplo lo tenemos hoy: Bermejo reconoce que se saltó a la torera la Ley de Caza y no acepta responsabilidades políticas. Nosotros no somos como ustedes y sí las aceptamos", afirmó, mientras los suyos rompían en aplausos, y los socialistas, en indignados pataleos. 

Pero la presidenta no llegó a explicar por qué tenía que asumir responsabilidades: aunque no respaldó a su ex consejero expresamente, tampoco cuestionó su gestión. "No vamos a juzgar a nadie, eso lo harán los jueces", dijo. Entonces hizo una pausa y soltó el dardo que desató la ira en el PSOE: "Tampoco juzgamos a los imputados del grupo socialista". 

"¿Qué imputado? ¿Quién es?" "¡Que lo retire!", gritaban los socialistas. Aguirre se negó a retirar nada -se refería a una supuesta imputación, por causa totalmente ajena a la trama de corrupción, de un ex alcalde del PSOE y diputado autonómico- y, tras varios minutos de silbidos que cruzaban el hemiciclo en ambas direcciones, la presidenta de la Cámara suspendió el pleno y la bronca se fue a los pasillos. 

Antes de eso, la oposición había tenido apenas cinco minutos para centrar el debate en la corrupción -que, según el fiscal, podría salpicar a López Viejo y a otros dos diputados del PP: Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch-. Inés Sabanés (IU) pidió directamente la dimisión de Aguirre. "Hoy hay una verdadera crisis de gobierno en esta comunidad. Han dimitido un consejero, un gerente, el presidente de una comisión de investigación, hay dos diputados espiados... ¿Qué más tiene que pasar para que usted se dé por aludida? Sólo le queda un camino: dimitir. Usted es el problema", soltó, ante la inmutable sonrisa de la presidenta. 

La portavoz socialista, Maru Menéndez, se declaró "abochornada" por "la hipocresía" de Aguirre y le pidió cuentas sobre contratos adjudicados a empresas supuestamente implicadas en la trama. No logró sacar a la presidenta madrileña de la trinchera de una respuesta: "Este Gobierno trabaja hoy con la misma ilusión que el primer día". 

(www.elpais.com, 20/02/09) 

EL PP CIERRA FILAS PARA BLINDAR A CAMPS 

No fue una noche tranquila en el PP. Desde que se conoció, de madrugada, que EL PAÍS de ayer contaba que el fiscal implica en la trama corrupta que investiga el juez Baltasar Garzón a Francisco Camps, gran barón valenciano, uno de los hombres más poderosos del PP y aspirante -hasta ahora- a la sucesión de Mariano Rajoy, los teléfonos se desataron. Camps consultó con Rajoy y marcó desde primera hora de la mañana la estrategia: cierre de filas total y escenificación de su poderío, sin fisuras, en el PP. 

Todo estuvo diseñado al milímetro. Hasta el aplauso que recogieron las cámaras de televisión, lo más importante para los políticos, cuando entró el presidente en el Parlamento autónomo, estaba lejos de ser improvisado. Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, había reunido a sus diputados poco antes. "Vienen días y semanas muy duras, pero esto va a fortalecer al partido", les dijo. Puso la mano en el fuego por Camps, pidió a los suyos que vayan "con la cabeza alta" porque no hay nada, y terminó con una idea. Cada uno, explicó, que haga lo que quiera cuando entre el president en el hemiciclo. Pero sentenció: "Yo tengo muy claro lo que creo que hay que hacer". 

Tampoco es que los diputados necesitaran muchas instrucciones para entender que ayer era un día de cierre de filas. Por si fuera poco, Camps convocó por la tarde de forma urgente la Junta Directiva del PP de la comunidad. Los convocados, muchos de ellos diputados nacionales que estaban lejos de Valencia, fueron advertidos de la "presencia inexcusable" a la foto para blindar a Camps. 

Era de manual, como sucedió hace una semana cuando Rajoy compareció con todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PP para criticar al juez Garzón y pedir su recusación. Aunque esta vez el líder del PP, que habló ya por la tarde, fue más lejos de lo esperado. El líder, que el primer día que aparecieron escándalos sobre Esperanza Aguirre se mostró muy cauto, y se limitó a decir "yo la creo" cuando ella lo negaba todo, demostró ayer que Camps es de los suyos, uno de los que más le apoyó en el congreso de Valencia. "Es un político honrado, un dirigente ejemplar, se encuentra en estado de indefensión. No sabemos si le acusa y de qué. Tiene mi pleno apoyo", zanjó en A Coruña. 

El primer paso de la estrategia de defensa de Camps consistió en comparecer ante la prensa. Con su estilo habitual, esquivo con los periodistas, no aceptó preguntas y leyó una declaración. Camps controla de manera férrea una televisión autonómica, Canal 9, que pese a las evidentes implicaciones valencianas, ocultó cualquier noticia de la trama durante días, y ni siquiera contó una rueda de prensa de Rajoy sobre el asunto. 

Camps, sin entrar en el fondo de la cuestión -la ramificación valenciana de la trama corrupta- desmintió sin dato alguno y sin conocerlo el contenido del informe de la Fiscalía Anticorrupción y se solidarizó con sus compañeros de partido "perseguidos, acusados y con causas sobreseídas". En tono dramático, Camps llegó a recordar a Bertolt Brecht y lo intentó parafrasear: "Ayer, un concejal; hoy, un alcalde, y mañana, el presidente de una comunidad autónoma". 

Sin respuestas

En el Parlamento autónomo, Camps se negó a responder a las preguntas de la oposición sobre la corrupción y tan sólo anunció que sus consejeros comparecerán para dar explicaciones en las comisiones parlamentarias. 

La estrategia de contrataque del PP no se quedó ahí. Génova, la sede central, también se puso manos a la obra después de que Camps hablara con Rajoy. Primero presentaron una denuncia a la fiscalía por la supuesta filtración a EL PAÍS y después amenazaron a Garzón con una querella por prevaricación si no deja ya el caso a los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia. Todos los dirigentes nacionales del PP que hablaron centraron de nuevo el tiro en el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, para tratar de sacar balones fuera, y hablaron de nuevo de una conspiración contra el PP en la que está el Gobierno, la fiscalía, el juez, la policía y los medios. 

El intento de contrataque llegó al extremo de que Esteban González Pons, portavoz del partido, dio una inusual rueda de prensa para denunciar un caso de presunta corrupción en la Junta andaluza con una empresa, Decoestudio, que montó el stand de Andalucía en Fitur. Lo hizo por un precio, según el PP, cinco veces superior al que le pagó la Generalitat valenciana a empresas de la trama corrupta. Pons exigió que el sumario se haga ya público. El PP pretende mitigar el goteo de noticias que afectan a cargos populares durante la campaña. 

(www.elperiodico.com, 20/02/09) 

DÍA DE CONMOCIÓN 

- 6.00. Francisco Camps es alertado en su casa de que EL PAÍS publica el informe de la fiscalía que lo implica en la trama corrupta. 

- 8.55. En Presidencia de la Generalitat valenciana, Camps comparece para leer una declaración institucional. Igual que hizo Mariano Rajoy días atrás, el presidente valenciano sale arropado por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y todo su Gabinete, excepto el consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, que no llega a tiempo. 

- 9.45. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ricardo Costa, pide a los diputados que muestren su solidaridad con Camps. 

- 10.10. Sesión de control en las Cortes Valencianas. Los aplausos de una bancada popular conmocionada reciben a Camps, que defiende su honradez pero no responde a la oposición. Camps anuncia que todos los consejeros comparecerán. 

- 17.00. Con todo el Partido Popular valenciano movilizado para recabar apoyos y muestras de solidaridad con Camps, el vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, comparece en Cortes para explicar el contrato con Orange Market para la regata Volvo Ocean Race. 

- 19.00. Camps habla ante el Comité Ejecutivo Regional del PP convocado de urgencia para apelar a la unidad del partido. 

(www.elperiodico.com, 20/02/09) 

EL DESPACHO DE MICHAVILA TIENE LAZOS CON DOS IMPUTADOS POR CORRUPCIÓN 

El municipio madrileño de Boadilla del Monte, uno de los más ricos de la Comunidad, cuenta con un ayuntamiento que tiene una actividad casi frenética en los tribunales. Será por eso que Arturo González Panero, el exalcalde imputado en la trama de corrupción que investiga Baltasar Garzón, dio el visto bueno para que se contratara al despacho EIUS Abogados, donde presta sus servicios el exministro de Justicia José María Michavila, ahora diputado del PP en el Congreso. El director del bufete, antiguo subordinado de Michavila en el ministerio, Alberto Dorrego, también colabora en negocios de otro imputado, el empresario José Luis Ulibarri, beneficiado por González Panero con una adjudicación que investiga el juez. 

Según los documentos obtenidos ha defendido al consistorio de Boadilla en varias ocasiones. Los letrados fueron Alfredo Dagnino y Dorrego, que fue director general para la Modernización de la Administración de Justicia en la etapa de Michavila como ministro. En el 2004, al perder el PP las elecciones, Dorrego fundó el bufete y contrató a quien fuera su superior jerárquico. Semanas atrás, el sindicato Manos Limpias entregó a la Fiscalía Anticorrupción un listado de supuestos "amigos" de González Panero "implicados" en sus negocios que incluía a Michavila. Este negó tener negocios con el entonces alcalde de Boadilla. 

Quizás no los tenga directamente, pero sí el despacho para el que trabaja. Así se lo confirmó ayer a este diario el propio Dorrego. "Ciertos pleitos de singular complejidad se encomiendan a abogados en ejercicio. Es una práctica frecuentísima", enfatizó. 

Dorrego aclaró que los casos que han llevado para Panero son de orden contencioso administrativo, y minimizó al hecho de que el consistorio tenga un letrado en nómina. A su juicio, un solo abogado no puede atender el número "ingente" de litigios de distintas especialidades judiciales. Al tiempo, resaltó que el suyo no es el único despacho que ha colaborado con Panero. Otros, como Galán y Asociados, que también se ha beneficiado de varios contratos del consistorio. Casualidad o no, Gustavo Galán defiende a otra imputada en la trama de corrupción, Felisa Isabel Jordán. 

El caso es que Dorrego compagina la dirección de EIUS con otras atribuciones que le vinculan laboralmente con el empresario Ulibarri, otro imputado en el caso: es secretario en Mediamed Comunicación Digital, propiedad de Ulibarri y partícipe de las adjudicatarias de licencias de la TDT otorgadas por la Generalitat Valenciana. Idéntico cargo ostenta Dorrego en Cabanyal 2010, empresa pública valenciana al igual que Comunitat Valenciana d'Inversions, de la que es vicesecretario. 

¿Qué implica ser secretario en esas firmas?. "Levanto las actas de los consejos y las llevo al registro mercantil", explicó Dorrego, restando importancia a su cometido. Pero una de ellas, Cabanyal 2010, ha solicitado varios informes al bufete que él dirige en relación a procesos de "expropiación", entre otros. "Temas menores", puntualizó el aludido. El director de EIUS encarna, así, el segundo punto de conexión entre dos de los imputados: González Panero y Ulibarri. El primero figura en el sumario que instruye el juez Garzón: el alcalde adjudicó al constructor una parcela en Boadilla para la construcción de 139 viviendas libres a un precio inferior en cuatro millones de euros a la cifra que ofrecía uno de sus competidores.

Dorrego es ahora el jefe de Michavila en EIUS, pero antes estuvo a sus órdenes. La carrera de ambos ha ido en paralelo: Dorrego entró a formar parte del cuerpo de letrados de las Cortes Generales desde 1991, llegando a ser secretario general adjunto del Congreso. De 1996 al 2000, Michavila fue el secretario de Estado de Relaciones con la Cortes, etapa en la que pudo trabar relación con él.En el 2002, Michavila fue nombrado secretario de Estado de Justicia, con Ángel Acebes como ministro. Meses después, Michavila le sustituyó al pasar Acebes a Interior. En esa etapa, el ministro confió a Dorrego uno de los planes estrella de su departamento: la modernización de la justicia, que, a tenor de la reciente huelga de jueces, quedó inacabada. El ministerio terminó concediendo a Dorrego la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort. 

(www.elperiodico.com, 20/02/09)

LA ALCALDÍA DE BOADILLA VUELVE A ENFRENTAR AL PP 

Boadilla ya tiene un nuevo alcalde. Se llama Juan Siguero Aguilar, es el número tres del PP en el municipio y el segundo teniente de alcalde. Se trata de un hombre cercano al ex alcalde Arturo González Panero, que dimitió el pasado 10 de febrero tras ser imputado en la trama de corrupción investigada por el Juez Baltasar Garzón. 

La elección del nuevo regidor, que se hará efectiva hoy en el pleno municipal, ha enfrentado a los concejales del PP en Boadilla por segunda vez en una semana. El plan de la ejecutiva era llevar a la alcaldía a la número diez, Miriam Villares. Para ello tenían que renunciar los nueve primeros de la lista. Contra el criterio de la dirección del partido en Madrid, Siguero anunció que se queda con la alcaldía.Tras la dimisión de Panero, impuesta por la ejecutiva del PP, se supo que el ex alcalde había exigido la renuncia de la número dos, María Jesús Díaz, su enemiga declarada. Ese mismo día, la ejecutiva del PP madrileño anunció a los concejales que la elección del nuevo alcalde sería una decisión de partido y se les pidió el compromiso de acatarla. Así parecía que iba a ser. Un hombre del partido se encargó de sondear a todos los concejales del municipio y les convocó ayer para tomar la decisión. A la reunión también asistió Granados. 

Una de las concejales, la número diez del PP, Miriam Villares, contaba con la mayoría de los apoyos, nueve de los 16 concejales del PP en la localidad. Pero para su nombramiento debían renunciar los nueve primeros. El Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales establece que en caso de que se produzca la dimisión de un cargo elegido, será sustituido por el siguiente en la lista. 

Tras la dimisión de González Panero y la renuncia de la número dos, María Jesús Díaz, la semana pasada, la siguiente en la lista era María Belén Húmera Contreras. Ésta renunció a su derecho a hacerse con la alcaldía y cumplió así el compromiso con el partido. El siguiente en la lista era Juan Siguero, que no cumplió lo prometido y anunció que él sí ejercería su derecho a la alcaldía de la localidad. 

La reunión, según fuentes municipales, fue tensa. Siguero defendió su decisión y alegó ante Granados que lo hacía porque era un hombre de partido. El secretario general del PP en Madrid le recriminó su conducta. "Es lo único que se os ha pedido", dijo Granados, según fuentes municipales. "Si fueras un hombre de partido harías lo que tu partido te pide". 

Si no hay sorpresas hoy en el pleno, Siguero será el nuevo regidor. Tiene 39 años, está casado y tiene dos hijos. Lleva en el Ayuntamiento de la localidad desde 1993, donde ha sido responsable de las áreas de Deportes, Medio Ambiente, Urbanizaciones y Servicios, Régimen Interior, Nuevas Tecnologías y Hacienda. 

(www.elpais.com, 20/02/09) 

ADJUDICACIONES ILÍCITAS Y CONCESIONES VINCULAN AL ALCALDE POPULAR DE PONFERRADA CON EL IMPUTADO ULIBARRI 

Los negocios del empresario José Luis Ulibarri con posibles irregularidades no se limitan a los investigados tras su imputación en la trama de corrupción que instruye el juez Baltasar Garzón y que salpica a empresarios y altos cargos del PP de Madrid y Valencia. En el municipio de Ponferrada (León), al menos tres sentencias han declarado ilícitas actividades de su grupo de empresas, Begar, y el trato de favor recibido por parte del Ayuntamiento. El Grupo Municipal Socialista presentará la próxima semana ante la Fiscalía Anticorrupción numerosa documentación sobre estas y otras actuaciones irregulares vinculadas con el consistorio que dirige Carlos López Riesco, alcalde del municipio y diputado nacional del PP. 

Hasta ocho sentencias del Tribunal Superior de Castilla y León implican al Ayuntamiento popular de Ponferrada (León) a través de su empresa gestora del suelo público (Pongesur) en actuaciones irregulares. Muchas de ellas están vinculadas además al Grupo Begar, el conglomerado de empresas de José Luis Ulibarri, que está imputado en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón. La oposición socialista del Ayuntamiento presentará la próxima semana documentación sobre todas estas irregularidades ante la Fiscalía Anticorrupción para que el Ministerio Público estudie si debe abrir una investigación contra la gestora del suelo público municipal. 

Según el Grupo Socialista, estas resoluciones judiciales “evidencian la ilegalidad de las más importantes actuaciones urbanísticas llevadas a cabo durante los últimos años por el alcalde y diputado popular Carlos López Riesco en Ponferrada”. Además, señalan que algunas de estas actuaciones “han ido de la mano” de Ulibarri, cuyas conexiones con el consistorio incluyen “adjudicaciones de parcelas declaradas ilícitas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León”, “cuantiosas y jugosísimas concesiones de servicios públicos”, “concursos declarados igualmente ilícitos e innumerables adjudicaciones de obras públicas”. 

En concreto, de las ocho sentencias que se llevarán ante Anticorrupción y que señalan actividades irregulares de Pongesur, tres apuntan directamente contra el empresario imputado por Garzón. La primera de ellas, dictada por el Tribunal Superior de Justicia primero (febrero de 2007) y, en sentencia firme por el Supremo después (abril de 2008), anulaba el concurso por el cual se adjudicó al Grupo Begar la construcción de un Auditorio Municipal. 

En junio de 2008 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León también anuló una autorización de la Junta de Gobierno municipal que permitía a la empresa Gaveras del Bierzo, incluida en Begar, la instalación en suelo rústico de una planta de hormigón.

En tercer lugar, el Tribunal Superior castellano-leonés también anuló la adjudicación y venta de parcelas del terreno conocido como La Rosaleda, donde los principales beneficiarios fueron las constructoras de Ulibarri UFC y Leocasa. En el caso de este concurso, se intuye también un posible delito fiscal dado que, aunque hubo parcelas adjudicadas a tres empresas no vinculadas con el empresario, estos terrenos nunca se registraron a su nombre, sino que se inscribieron como propiedad de UFC. Esta operación incumplía el pliego de condiciones del concurso, que no permitía transacciones comerciales de las parcelas hasta después de constituidas las escrituras públicas. De este modo, la constructora de Ulibarri se habría ahorrado pagar impuestos de transmisiones al comprárselas a sus propietarios originales. 

Al margen de las operaciones irregulares urbanísticas, el consistorio de López Riesco ha hecho numerosas concesiones y adjudicaciones a las empresas del imputado Ulibarri. De hecho, el magnate controla, casi en régimen de monopolio, la gestión del transporte urbano de Ponferrada, el mantenimiento de los parques y jardines de la localidad y la limpieza de los edificios municipales (este servicio ha modificado el contrato al menos en seis ocasiones desde que le fue concedido en 2004).

Además, al empresario se le han adjudicado en los últimos años al menos siete obras públicas, por las que sus sociedades han ingresado unos honorarios de unos quince millones y medio de euros. 

(www.elplural.com, 20/02/09) 

SINDICATURA DE CUENTAS CUESTIONÓ EL CONTRATO 

La Sindicatura de Cuentas (El Síndic de Comptes autonómico), órgano encargado de fiscalizar los gastos públicos, hizo constar en un informe sobre la gestión del Govern en 2006 sus objeciones al abono de casi 5 millones de euros al Golf de Pula sin justificar la conveniencia del dispendio por la organización del trofeo de golf Mallorca Classic.

"El patrocinio de actividades realizadas por personas privadas exige un estudio y un análisis previo a fin de justificar que lo que se pretende llevar a término responde a finalidades de interés general, que los costes previstos se adecuan a los precios de mercado y que la actividad patrocinada es la idónea", alertó el Síndic de Comptes. El órgano fiscalizador añadió de forma taxativa: "Estos puntos no figuran acreditados debidamente en el expediente" del Mallorca Classic.

Curiosamente en el mismo informe el Síndic de Comptes censuró también otro gasto del anterior Govern del PP investigado por la fiscalía anticorrupción: la operación Honey Moon, del Consorci per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB), el organismo de la conselleria de Comercio e Industria supuestamente expoliado en la trama del caso Scala.

El complejo Pula Golf fue durante varios años un foco de atracción de personalidades vinculadas al Partido Popular y de personajes famosos del mundo del deporte o del cine. En el recinto hotelero y deportivo se celebraron animados eventos que reunieron a líderes insulares y nacionales del PP, como Jaume Matas, Javier Arenas, Eduardo Zaplana y Jaime Mayor Oreja. Anticorrupción investiga cómo se financiaron algunos de aquellos festejos. 

(www.diariodemallorca.es, 20/02/09)

29 millones en ferias y fiestas

La sociedad para grandes eventos adjudicó 348.000 euros a la mujer de Cascos

La Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana ha gastado más de 29 millones de euros desde su constitución por acuerdo del Consell en noviembre de 2005 en el patrocinio de espectáculos y competiciones deportivas o en inserciones publicitarias y guías turísticas. Pan y circo. O ferias y fiestas. Vicente Rambla, presidente de "la sociedad", ofreció ayer una relación tan pormenorizada de cada uno de los contratos que llegó a ser acusado de "filibusterismo parlamentario". Fue un sorprendente ejercicio de transparencia después de tres años de un silencio que ha llegado a bloquear el nombramiento del Síndic de Greuges. Y viene espoleado por la investigación abierta por Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional sobre una supuesta trama de empresas corruptas controladas por personas vinculadas al PP. La exposición de Rambla arroja el siguiente panorama de contratos que fueron cerrados, en su inmensa mayoría, por procedimiento negociado sin publicidad.

www.elpais.es 20.02.09

La investigación de Garzón espolea la transparencia de Rambla

- Orange Market. La empresa de Álvaro Pérez, Alonso, El Bigotes, uno de los imputados en la investigación abierta por Garzón, fue contratada para "organizar el acto de inauguración de la Villa de Regatas", según la explicación de Rambla, para "diseñar, producir y ejecutar un espectáculo que debía estar a la altura del evento y proyectara una imagen excepcional de la ciudad de Alicante". "Participaron más de 98 personas entre artistas, músicos, técnicos y personal de pirotecnia". El importe de la adjudicación fue de 445.000 euros.

- Álvarez Cascos. La empresa Aqualium Spain, cuyo administrador único es María Porto, esposa del ex ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos, y propietaria de Cinqualium, cuyo administrador único es el propio Álvarez Cascos, se adjudicó "la cesión, transporte y mantenimiento" de una exposición de esculturas de Robert Indiana en la Gran Vía del Marqués del Turia, de Valencia, por 348.000 euros.

- 4 millones en conciertos. "La sociedad", la fórmula que utilizó Rambla para referirse a la empresa pública a lo largo de toda su comparecencia, gastó en contratos de conciertos o patrocinios de conciertos más de cuatro millones de euros.

En el festival de la noche de la Fórmula 1, el pasado 22 de agosto, la empresa Planet Events organizó un concierto gratuito en el que participaron Gloria Stefan, Juan Luis Guerra y La Quinta Estación. El presupuesto fue de 1,48 millones de euros. Rambla citó "el primer concierto en Valencia de Bruce Springsteen", el 21 de octubre de 2006, en el que "la sociedad" participó con 450.000 euros en colaboración con la promotora musical MusicComunity.

La sociedad recibió a finales de abril "una propuesta" del Ayuntamiento de Xàtiva para participar en el patrocinio conjunto "del primer concierto de Elton John en la Comunidad Valenciana". La empresa pública aportó 250.000 euros. Rambla justificó que "Xàtiva acogía en ese momento la exposición de arte La luz de las imágenes".

La sociedad también patrocinó, junto con el Ayuntamiento y la Diputación de Castellón, "dentro del programa de promoción Pasión por Castellón" un concierto del cantante Luis Miguel por valor de 258.620 euros.

- Un millón para Los Borgia. El estreno de la película Los Borgia en Antena 3 fue patrocinado con un millón de euros por parte de la sociedad. La primera actividad que Rambla atribuyó a la empresa pública fue "la creatividad, producción y difusión" del estreno en Valencia de la película Tirant lo Blanc en el primer trimestre de 2006.

Otra cadena de televisión, Tele 5, fue contratada por 239.093 euros para emitir las campanadas de final del año 2006 desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia para promocionar la Copa del América.

- Deportes. La sociedad invirtió cinco millones de euros en la compra de los derechos de la Volvo Ocean Race. Al margen de obras en el Puerto de Alicante, diversos actos promocionales de la carrera consumieron más de un millón de euros. Pero la sociedad también invirtió 112.765 euros en el patrocinio de un torneo de ajedrez y 400.000 euros en el patrocinio de dos embarcaciones que participaron en una regata denominada Minitransat "dentro del proyecto Mini Race en Castellón".

- Guía del peregrino. La visita a Valencia del Papa Benedicto XVI coincidió con el primer año de existencia de la sociedad para grandes eventos. La empresa pública contrató por 200.000 euros "un documento práctico, la Guía del peregrino, con el objeto de promocionar la ciudad de Valencia entre los cerca de dos millones de visitantes".

Espectáculos y patrocinios

- Orange Market: La empresa de Álvaro Pérez Alonso, uno de los imputados en la supuesta trama de empresas corruptas controladas por personas afines al PP, fue contratada por la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana por 445.000 euros.

- María Porto: La esposa de Francisco Álvarez Cascos, ex ministro de Fomento, organizó una exposición del escultor Robert Indiana en la Gran Vía del Marqués del Turia de Valencia que costó 348.000.

- De Bruce Springsteen a Gloria Stefan: El contrato o patrocinio de grandes conciertos ha sido una de las actividades a las que más fondos ha destinado la sociedad para grandes eventos. El primer concierto de Bruce Springsteen en Valencia fue patrocinado con 450.000 euros. La sociedad destinó 250.000 euros a un convenio con el Ayuntamiento de Xàtiva para contratar un concierto de Elton John. El concierto de Gloria Stefan, Juan Luis Guerra y La Quinta Estación que se celebró en Valencia la víspera del Gran Premio de Fórmula 1 fue contratado por 1,48 millones de euros.

- Estreno de Los Borgia: La sociedad pública patrocinó con un millón de euros la emisión en Antena 3 del estreno de la película Los Borgia.

- Guía del peregrino: La visita a Valencia del Papa Benedicto XVI coincidió con el primer año de ejercicio de la sociedad pública que editó una Guía del peregrino, "un documento práctico para promocionar la ciudad de Valencia entre los cerca de dos millones de visitantes" por 200.000 euros.

www.elpais.es 20.02.09

El gobierno de Camps adjudicó contratos a una empresa vinculada a Cascos

La Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana adjudicó un contrato de asistencia técnica cultural a la empresa Aqualium, que tiene como asesor al ex vicepresidente del gobierno

La sociedad pública del gobierno de la Comunidad Valenciana de Francisco Camps encargada de gestionar grandes eventos adjudicó contratos a una empresa vinculada al ex vicepresidente del gobierno, Francisco Álvarez Cascos

La Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana fue constituida en 2006 por el Gobierno de Camps para llevar a cabo los eventos promocionales de la Generalitat.

Esta Sociedad Pública era la encargada de contratar con terceros la celebración de estos eventos. En su primer año de vida adjudicó un contrato de asistencia técnica cultural a la empresa Aqualium, que tiene como administradora a María Porto y, según su web, tiene como asesor a Francisco Álvarez Cascos.

El contrato por un importe de 350.000 euros se adjudicó a dedo, mediante el sistema "negociado sin publicidad", atendiendo a razones de urgencia.

El Gobierno de la Comunidad Valenciana de Francisco Camps se ha negado sistemáticamente a ofrecer información sobre esta Sociedad dependiente de la Generalitat a la oposición con el argumento de que no era de interés público.

Francisco Álvarez Cascos también se ha negado desde hace semanas a hablar con la Cadena SER que se ha intentado poner en contacto con él en muchas ocasiones para conocer su versión sobre varias noticias que le relacionaban con la trama. Ni en las empresas de su compañera, María Porto para las que ahora trabaja ni en el PP en donde dicen que no saben nada de él ni a través de su abogado, Cascos ha querido dar su punto de vista.

Padrino de Correa

La Cadena SER contó hace una semana que varios sectores del PP señalaban a Cascos como la persona que había apadrinado la entrada de Correa en el PP después de contratarle un viaje privado a Estambul. Cascos aparecía también citado en las grabaciones que tiene Garzón cuando Correa decía que le había dado un millón de euros al tesorero del PP, Luis Bárcenas por obras de la etapa de Cascos.

Ayer mismo, la SER se puso de nuevo en contacto con el abogado de Cascos para tratar de conocer la versión del ex ministro del PP sobre los contratos de Aqualium con la Generalitat valenciana. La respuesta de Cascos y su abogado fue denunciar a la SER por coacciones

www.cadenaser.com 19.02.09

LA FISCALÍA IMPLICA AL PRESIDENTE VALENCIANO, FRANCISCO CAMPS, EN LA TRAMA CORRUPTA 

Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, está implicado en la trama de corrupción masiva que durante al menos los últimos diez años ha dirigido Francisco Correa, el hombre contratado para montar los actos del Partido Popular durante el mandato de José María Aznar y que seguía encargándose de los eventos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Así se deduce del informe que la Fiscalía Anticorrupción entregó ayer al juez Baltasar Garzón. 

En ese informe, la Fiscalía pide al juez que se inhiba en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dado que Camps es aforado, y de la Comunidad de Madrid, donde hay implicados tres diputados regionales del PP: Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes; Benjamín Martín Vasco, ex responsable de la empresa de suelo de Arganda del Rey (Madrid), y Alfonso Bosch, gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla del Monte (Madrid). 

El informe de la Fiscalía cita una pequeña ramificación de la red corrupta con el pago de supuestos sobornos por los negocios facilitados desde la Comunidad Valenciana. El aforado que estaría implicado en el caso que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón es el máximo cargo del Gobierno valenciano, su presidente, el popular Francisco Camps, según fuentes de la investigación. 

En las grabaciones aportadas en la denuncia sobre la trama corrupta que dirigía Francisco Correa aparece una frase de una imputada que alude al pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano, Francisco Camps. Garzón ha investigado tres facturas sobre este punto. Es la única referencia al pago de sobornos a cambio de un trato privilegiado con la Administración valenciana. 

Es un "tema menor" dentro de la trama corrupta, que salpica fundamentalmente a la Comunidad de Madrid, pero que afectaría a un cargo especialmente relevante, el presidente del Ejecutivo valenciano, que ha negado cualquier implicación en los hechos. 

La investigación abierta en noviembre de 2007 a raíz de la denuncia de un ex concejal del PP ha hallado indicios de que los tres parlamentarios madrileños podrían haber cobrado "cientos de miles de euros" a cambio de favorecer los negocios de Correa y de su trama empresarial. 

Por eso, la Fiscalía ha remitido un informe a Garzón en el que propone la inhibición total del magistrado para que sea el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que se encargue de la instrucción. Las implicaciones de los parlamentarios madrileños en los negocios turbios que investiga la Audiencia se explican así en la denuncia: 

- Adjudicación de locales en Boadilla del Monte. Francisco Correa se ufanaba en diciembre de 2007 de la adjudicación de unos locales en Boadilla del Monte (Madrid), donde gobernaba una de las personas con las que había realizado negocios, el popular Arturo González Panero. 

Correa, en una grabación aportada al sumario, consideraba que la adjudicación de los locales a un amigo suyo se había hecho "en unas condiciones muy ventajosas". El beneficiario fue José Ramón Blanco, ex consejero delegado de Repsol, colaborador de Correa y otro de los imputados. 

Logró 32 locales y un aparcamiento de 180 plazas por un canon anual de 320.000 euros durante 75 años. Un negocio por el que podría ganar más de un millón de euros al año. 

El gerente de la Empresa Municipal del Suelo, encargada de ese proyecto, es Alfonso Bosch, diputado regional por el PP, aludido por Correa en sus conversaciones e incluso implicado en un vídeo comprometedor donde se repartirían comisiones. 

- Adjudicaciones a Martinsa. Los miembros de la red corrupta se refieren en sus conversaciones a supuestos pagos de una inmobiliaria. "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda; tardó seis meses y, golpe en mesa, febrero, abril, junio jodido y mayo liquidado. Me debe aún un millón de euros...". 

En otra conversación, Correa y sus colaboradores implican a un ex alto cargo de Arganda del Rey (Madrid), Benjamín Martín Vasco, ex consejero delegado de la empresa pública de suelo de Arganda del Rey, que en noviembre de 2004 adjudicó a Martinsa un desarrollo urbanístico para levantar 300 viviendas. "Le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero". 

Martín Vasco, diputado autonómico del PP, dimitió ayer forzado por Aguirre como presidente de la comisión que investiga el espionaje a cargos populares de Madrid. En la denuncia inicial se aludía a aumentos de edificabilidad en los planes parciales de Arganda como elemento clave para obtener plusvalías con la complicidad de miembros del consistorio. 

- Contratos de la Consejería de Deportes. El ya ex consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, adjudicó en los últimos años contratos al entramado de empresas de Correa. Por ese motivo, Esperanza Aguirre decidió atajar el escándalo destituyéndole. La Comunidad contrató cerca de ocho millones con la trama, de los que cinco corresponden a la Consejería de Deportes y están pendientes de pago. 

(www.elpais.com, 19/02/09)

EL FISCAL TIENE INDICIOS CONTRA CAMPS, EL PRESIDENTE VALENCIANO 

Las ramificaciones de la trama de corrupción que investiga Baltasar Garzón alcanzan, con mayor o menor intensidad, a un dirigente de primer nivel del PP: el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Así lo entiende, al menos, la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito sujeto al secreto sumarial cita a Camps entre los cinco aforados --cargos públicos protegidos por el fuero parlamentario-- contra los que tiene indicios de delito. Por esta razón, el fiscal insta al juez a inhibirse en favor de los tribunales superiores de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, competentes para investigar a sus respectivos aforados. 

De la relación de los cinco diputados autonómicos investigados solo han trascendido cuatro nombres: el de Camps y los de los parlamentarios de la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, recientemente dimitido como consejero autonómico de Deportes; Benjamín Martín Vasco, hasta ayer presidente de la comisión de investigación sobre la trama madrileña de espionaje; y Alfonso Bosch, gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Boadilla del Monte. El quinto, valenciano, no se conocía al cerrar esta edición. 

Tampoco se han hecho públicos los indicios de delito concretos que pesan sobre cada uno de los aforados. De hecho, fuentes del ministerio público aclaran que las evidencias contra el presidente Camps podrían ser insuficientes para que sea objeto de una imputación formal. 

La Fiscalía Anticorrupción centra la trama de corrupción en la Comunidad de Madrid. Por esta razón, el ministerio público apoya que la trama corrupta sea investigada "en su totalidad" por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), excepto determinados hechos, "perfectamente escindibles", que correspondería investigar a la misma instancia de la Comunidad Valenciana. En suma, ayer pidió ayer al juez que remita el grueso del sumario al tribunal madrileño, salvo una parte "escindible", que debería enviar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). 

 La fiscalía, en una escueta nota de prensa, explica que entregó ayer al magistrado el informe que este le requirió el pasado viernes tras encontrar "serios indicios de que personas vinculadas o integradas" en el PP "podrían tener responsabilidad penal en esta causa". Estas personas, al ser aforadas, deben ser investigadas por los tribunales de justicia de sus respectivas comunidades autónomas. 

Previsiblemente, el juez remitirá la causa al TSJM la próxima semana. Sin embargo, hasta que el tribunal competente no acepte el caso, él podrá continuar con la investigación. El magistrado aún espera los informes policiales de los documentos intervenidos en los registros. En ellos aparece una relación de cargos del PP que han recibido sobornos de Francisco Correa, el cerebro de esta trama. 

(www.elperiodico.com, 19/02/09)

CAMPS PIDE EL CIERRE FILAS ANTE SU IMPLICACIÓN EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN 

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha hecho una llamada a rebato en defensa de su honorabilidad tras conocer que la Fiscalía Anticorrupción lo vincula con la trama de corrupción que, supuestamente, dirigía Francisco Correa e investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Tras varios años mirando al tendido en otros supuestos casos de corrupción, como los que afectan al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, a varios alcaldes y a empresas públicas de la Generalitat, Camps se encontró ayer en el epicentro del huracán. A primera hora de la mañana movilizó todos sus efectivos para mostrarse "profundamente indignado" con la información de EL PAÍS en la que se explica que el fiscal lo implica en la trama corrupta. Antes de las nueve de la mañana, Camps realizó una declaración institucional en la sede de Presidencia de la Generalitat arropado por todo su gobierno y por Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia, en la que desmintió, "de pleno, la infamia", en relación al supuesto pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano. 

En la sede del Gobierno, Camps achacó su supuesta implicación en la trama corrupta a "un proceso abierto contra el PP" con el objetivo de dividir al partido. El presidente valenciano, que ignoró el hecho de que la empresa Orange Market, estrechamente relacionada con el PP y con su Gobierno, tiene a todos sus socios imputados, apuntó que ejercitará todas las acciones legales que considere necesarias y afirmó que "de la filtración [del contenido del informe de la Fiscalía Anticorrupción] se desprende la hipotética investigación a una persona aforada que podría anular todo el proceso". 

Tras su declaración institucional, en la que no admitió preguntas, Camps se trasladó al hemiciclo de las Cortes Valencianas, siempre arropado por su gobierno en el que figura, al menos, un consejero que han reconocido haber adjudicado obras a un amigo íntimo. Allí, en sede parlamentaria, el presidente de la Generalitat volvió a escudarse en las amplias mayorías electorales obtenidas hasta ahora para justificar su gestión. Francisco Camps se negó a responder a las preguntas que le formuló con insistencia la oposición, tanto desde la filas socilaistas como del grupo de Compromís pel País Valencià. No quiso adelantar si dimitirá en caso de ser imputado, o pondrá su cargo a disposición de la dirección nacional del PP. 

Camps tampoco quiso hablar sobre supuestas irregularidades en las contrataciones de distintas consejerías y, tras años de negar información a la oposición parlamentaria, anunció que todos sus consejeros comparecerán en las distintas comisiones parlamentarias para responder a las preguntas de la oposición. Camps, que tampoco quiso explicar si abrirá una investigación interna, se hizo arropar por dos de sus vicepresidentes, Vicente Rambla y Gerardo Camps, y el consejero de Gobernación, que esta semana ha reconocido que adjudicó a un amigo íntimo, distintos contratos. El discurso de los miembros del Gobierno valenciano fue para descalificar una y otra vez a la oposición. Al término de la sesión, Camps recibió la felicitación afectuosa de un nutrido grupo de diputados populares, entre los que estaban el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y el alcalde Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, ambos imputados en supuestos casos de corrupción. 

(www.elpais.com, 19/02/09)

EL IMPUTADO FABRA SÍ QUE PONE LA MANO EN EL FUEGO POR CAMPS 

El presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, ha afirmado este jueves que en la Comunitat Valenciana "nadie pone en tela de juicio la honestidad y honradez" del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y ha sentenciado que él sí pone "la mano en el fuego" por Camps. 

Carlos Fabra ha hecho estas declaraciones en la localidad castellonense de Onda, al ser preguntado por las informaciones que anuncian que la fiscalía implica a Francisco Camps en la trama de corrupción que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Fabra ha afirmado: "Estamos en tiempo de cacería y la cacería continúa indiscriminadamente para todos, con gran satisfacción por parte del PSOE, por parte de aquellos que la han promovido". 

"Como no tengo absolutamente ninguna duda, yo sí pongo la mano en el fuego por el presidente Camps, seguro", ha añadido en declaraciones a los periodistas. 

Según Fabra, "uno puede estar de acuerdo con el presidente Camps -sobre- si hace grandes proyectos o no, si atiende más o menos a los municipios de la provincia, si su plan Camps va a ser más o menos efectivo. Se podrá estar, como yo a veces, más contento o más descontento de sus miembros del gobierno", pero "nadie pone en tela de juicio la honestidad y la honradez del presidente Camps". 

Este asunto, ha añadido Fabra, "desde luego, quedará absolutamente aclarado. En cualquier caso esto se revolverá contra quienes lo han promovido, porque la impunidad de golferías de este tipo no suelen quedar impunes". Fabra, que fue reelegido líder del PP en Castellón con el 98,83%, está imputado por fraude fiscal, malversación de fondos, tráfico de influencias, falsificación de documento público y otros cinco delitos en una instrucción que dura ya cinco años. 

(www.publico.es, 19/02/09)

RAJOY DICE QUE CAMPS ES "UN DIRIGENTE EJEMPLAR" QUE TIENE "PLENO APOYO" DEL PARTIDO POPULAR 

El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha afirmado hoy que el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, es "un dirigente ejemplar que cuenta con el pleno apoyo del PP". En un acto con medios de comunicación en A Coruña, en donde ha estado hoy con motivo de la campaña electoral gallega, ha destacado que Camps, tras la publicación en el diario "El País" de una información que implica al presidente valenciano en la supuesta trama empresarial vinculada con los populares, no está imputado, pero sí "indefenso", pues no se sabe de qué se le acusa.  

Rajoy, que ha recibido el apoyo incondicional de Camps en diversas ocasiones, especialmente durante su puja con Aguirre, no ha escatimado elogios hacia el político valenciano y ha dicho de él que es "un extraordinario dirigente" y "un político honrado", el líder del PP ha remarcado, en referencia al presidente de la Generalitat valenciana, que "está pasando ahora por un momento de indefensión porque no se sabe si se le acusa de algo". 

Acompañado por el candidato del PPdeG por A Coruña, Carlos Negreira, el presidente popular ha asegurado respecto de la presunta implicación de Camps en esa trama empresarial que lideraba Francisco Correa, y que supuestamente se aprovechaba de sus vínculos con el Gobierno valenciano, que ni siquiera a fecha de hoy ni la Fiscalía ni el juzgado establecen "si está o no acusado, ni de qué". "Ese es el concepto de la democracia que tienen algunos represetantes de la Fiscalía", ha apostillado. 

El presidente del PP ha alabado a Canos, pues tiene todo el apoyo, ya no sólo el suyo propio, sino también "de todo el partido", y ha destacado que ahora, tras las informaciones publicadas, vive en la "indefensión", la "peor situación en la que puede estar una persona" ante acusaciones como las conocidas. Tras aparecer la información sobre su hipotética implicación en el "caso Correa ", el propio Camps negó tal extremo, mientras que el PP, tal y como anunciara el responsable de Comunicación, Esteban González Pons, ha remitido al fiscal general del Estado una denuncia por considerar que la citada información vulnera el secreto sumarial. 

(www.publico.es, 19/02/09) 

"CLARO... YO TENGO EL CONTACTO... QUE ES EL HIJO DE PUTA DE ESTEBAN (GONZÁLEZ ) PONS" 

Justo el día en que todo apunta que Camps podría estar implicado en la presunta trama de corrupción que investiga el juez Garzón, la Cadena Ser ha publicado el audio de parte de las grabaciones que han destapado la ola de corrupción que afecta al PP. Por su interés informativo, reproducimos a continuación el audio.  

En su conversación, Correa dice: "Compramos el suelo a 10.000...la operación son 8.000 millones de pelas y le ganamos 12.000 'kilos'. Yo he metido a un monton de gente ahí ... he metido a Ulibarri, que es el que pone la pasta ... yo no la pongo.... y yo de mi 50% reparto con 'Alvarito'( El bigotes) , reparto con el alcalde (del PP), reparto con Ramón Blanco (ex vicepresidente de Repsol) y reparto con Pablo Crespo (ex secretario de organización del PP en Galicia) en fin...¡la polla!.  

La conversación continúa así: "Ayer, estos tíos nos meten más edifica... no...más metros....que en el PAI luego no van a computar porque es agropecuario, en fin, ...un lío, y la operación estaba cerrada y nos hemos plantado hoy...Es un arma de doble filo porque este tío (el promotor) esta noche se puede encabronar y decir "ya no lo vendo" y el PAI tiene un tema medioambiental y el que lo desbloquea soy yo". (Álvaro Pérez le interrumpe diciendo: "¡Claro que tú tienes la llave!). "Claro ...yo tengo el contacto...que es el hijo de puta de Esteban (González ) Pons... que lo han nombrado Conseller de Obras Públicas y este antes era de Presidencia ...¿os acordáis que estaba en el Senado? Pues este es". 

(www.elplural.com, 19/02/09)

LA DESCONFIANZA SE INSTALA EN EL PP TRAS LOS ÚLTIMOS ESCÁNDALOS 

La desconfianza ha terminado por instalarse en el seno del PP tras los últimos escándalos relacionados con el Gobierno valenciano que preside Francisco Camps. La publicación en EL PAÍS de que el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, adjudicó obras a la constructora de José Miguel Taroncher, un amigo íntimo suyo con quien comparte la afición por el parany (un arte de caza declarado ilegal por el Tribunal Supremo en 2005) en una finca comprada a medias por las esposas de ambos, ha terminado por dinamitar las complicidades en el seno del Gobierno valenciano. El escándalo del parany y las contrataciones realizadas por Castellano se suma a la incertidumbre del sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre la trama corrupta relacionada con personas del PP. 

Al ambiente de tensa espera por conocer finalmente a qué personas aforadas en la Comunidad Valenciana se referirá el auto del juez Garzón se suma la perplejidad de distintos cargos populares ante la pasividad del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. El jefe del Consell ha optado por resguardarse y dejar que den la cara el vicepresidente primero, Vicente Rambla; la consejera de Turismo, Ángelica Such; y el secretario regional del PP, Ricardo Costa, en el complicado asunto de las contrataciones de la Generalitat con Orange Market, la principal organizadora de eventos del PP regional y que figura en la trama de empresas corruptas que investiga el juez Garzón. 

Camps sólo se pronunció al respecto en la sesión de control de las Cortes Valencianas el pasado jueves a preguntas de la oposición. Situación que volverá a reproducirse hoy, aunque con un nuevo escándalo encima de la mesa, el del consejero de Gobernación, y con el hecho de que el sumario que se instruye en la Audiencia Nacional ponga en evidencia la posición del presidente de la Generalitat. 

Distintos cargos del PP coincidieron ayer en mostrar su convicción de que los escándalos han surgido del interior del propio partido. Situación que hace más impredecible la evolución de los acontecimientos y la capacidad de recuperar la iniciativa.La comparencia de Camps en la sesión de control de las Cortes Valencianas se produce hoy en un contexto diferente al de hace una semana. A la imputación de un muy alto cargo del Gobierno valenciano por parte del juez Baltasar Garzón se une el escándalo relacionado con el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que tiene matices propios. 

Por un lado, está la supuesta ilegalidad cometida por el consejero, que, en un terreno del que es copropietario, tiene un parany. Un instrumento de caza declarado ilegal, tanto por el Tribunal Superior de Justicia como por el Tribunal Supremo. Esta situación coloca a Castellano, obligado como consejero a defender la legalidad vigente, ante una situación difícilmente sostenible. Aunque fue el propio Camps el que la semana pasada abrió un espacio nuevo para la insumisión ante los tribunales al afirmar que, en contra de lo que señalan las sentencias judiciales, nunca aceptará homologar los títulos de valenciano y catalán. En este sentido, el Gobierno valenciano trabajaba ayer en la búsqueda de excepciones al tema del parany que permitan colocar una línea de defensa. 

Por otro lado, Castellano vuelve a colocar el foco en la poca transparencia de la Generalitat a la hora de adjudicar contratos y cómo esta opacidad acaba por beneficiar a las amistades. "Lo ético es cumplir la legalidad", afirmó el pasado martes el consejero de Gobernación en referencia a la concesión de contratos a Construcciones Taroncher, empresa que dirige un amigo íntimo de Castellano. Una sentencia que resulta imposible de aplicar a la práctica del parany, pero tras la que el consejero se parapeta para justificar su decisión de beneficiar a uno de sus allegados. 

De hecho, las contrataciones a amigos y familiares relacionados con miembros del Consell es una de las cuestiones que más quebraderos de cabeza está dando al presidente de la Generalitat, que la semana pasada confesó que "nunca" pregunta por "expediente alguno". 

Ayer mismo, el vicepresidente tercero y consejero de Bienestar Social, Juan Cotino, tuvo que ver cómo los socialistas le interrogaban sobre las adjudicaciones a empresas participadas por su familia. La oposición también preguntó a la consejera de Cultura, Trinidad Miró, por la contratación de una cuñada de Camps. Y el vicepresidente primero, Vicente Rambla, acudirá a petición propia a la comisión de Industria de las Cortes para dar cuenta de un contrato adjudicado a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, que montó la campaña electoral del jefe del Consell en 2007 cuando el propio Rambla era el responsable del PP regional. 

Rambla explicará, previsiblemente, la contratación de Orange Market, a través de la empresa pública Sociedad Gestora para la Imagen Promocional y Estratégica de la Comunidad Valenciana, de la cabalgata de la salida de la vuelta al mundo de veleros Volvo Ocean Race, desde Alicante, y por importe de 445.000 euros. 

Aproximadamente a la misma hora está previsto que, en Madrid, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar interrogue a Cándido Herrero, consejero delegado de Orange Market. La decisión de Garzón de concluir los interrogatorios a los 37 imputados en la Operación Gürtel puede prolongar la instrucción del sumario hasta el próximo 4 de marzo. 

La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer al juez que se inhiba de la instrucción en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y en "determinados hechos" en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al entender que entre los imputados puede haber personas aforadas de los gobiernos o los Parlamentos autonómicos. La prolongación de la instrucción del sumario es una dificultad añadida para Camps que no logra recuperar la iniciativa política. 

(www.elpais.com, 19/02/09)

RAJOY ACUSA EN EL CONGRESO A GARZÓN DE TENER CONDUCTAS PREVARICADORAS 

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, sabía que se había convertido en el objetivo preferente del PP y que la cacería que compartió con el juez Baltasar Garzón le serviría a Mariano Rajoy para intentar salir del agujero político del escándalo de la corrupción. Desde ayer, sabe también que cuenta con el respaldo expreso del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar de que muchos diputados socialistas tuercen el gesto en privado al imaginar la escena de la montería. 

El PP dedicó ayer a este asunto casi todas sus energías en la sesión de control al Gobierno, en el Pleno del Congreso, y solemnizó acusaciones contra el juez que el Código Penal tipifica dentro del epígrafe de la prevaricación. 

Mariano Rajoy, jaleado por los suyos, pero con unos 40 escaños del PP vacíos, abrió fuego: "El juez quiere convertir el sumario en una causa general contra un partido, se filtran un sinfín de informaciones sobre personas a las que se machaca en su honor y se les deja en la indefensión". Hubo bronca, con intercambio de frases que incluían referencias a casos de financiación ilegal como Filesa (PSOE) o Naseiro (PP). 

La faena contra Garzón la remataron los diputados Arturo García-Tizón y Guillermo Mariscal. El primero, que fue jefe de la Abogacía del Estado, empezó con una acusación rotunda: "El juez Garzón, junto a determinados grupos de comunicación afines al Partido Socialista, ha iniciado una nueva campaña de desprestigio del PP, coincidiendo con las próximas elecciones vascas y gallegas". Todos ellos pidieron la dimisión de Bermejo y, cuando Zapatero le respaldó, el líder del PP aseguró que se ha convertido en "avalista" del ministro. 

Zapatero se remitió a las explicaciones de Bermejo sobre la cacería, afirmó que lo que repugna es la corrupción y concluyó pidiendo respeto al Estado de derecho y acusando a Rajoy de llevar a la Cámara "sus problemas, que no sabe o no puede resolver". 

Bermejo siguió la recomendación de La Moncloa y estuvo contenido esta vez. Aun así incluyó un reproche a su compañero de partido y alcalde de Las Palmas, Jerónimo Saavedra, que había pedido su relevo: "No puedo compartir que un imputado por corrupción no deba dimitir y el de la cacería sí, cada uno se califica a sí mismo". Al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el PP le pidió también, sin éxito, el cese del comisario general de Policía Judicial, Juan Antonio González, presente en la montería. 

(www.elpais.com, 19/02/09) 

GARZÓN DEJARÁ LA INVESTIGACIÓN EN UNOS DÍAS 

El juez Baltasar Garzón se inhibirá en los próximos días de la causa sobre la trama de corrupción que investiga. El magistrado considera que la competencia para perseguir los delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de dinero, fraude fiscal y asociación ilícita presuntamente cometidos por personas aforadas corresponde al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, como le ha informado la Fiscalía, salvo un aspecto desgajable de la causa, según fuentes de la investigación, que correspondería al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 

La inhibición de Garzón se produciría, según las citadas fuentes, a lo largo de la próxima semana, aunque el juez, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podrá seguir practicando las diligencias necesarias para comprobar la existencia del delito, identificar a los posibles culpables y proteger a los perjudicados hasta que ambos tribunales superiores no acepten su competencia. 

Anticorrupción presentó ayer un dictamen en el juzgado en el que considera que el magistrado debe inhibirse de la totalidad de la causa en favor del TSJ de Madrid, "salvo determinados hechos, perfectamente escindibles, que correspondería investigar al TSJ de la Comunidad Valenciana". 

Mientras, ayer declararon ante el juez Jacobo Gordon, amigo de Alejandro Agag con el que tenía negocios, y José Ramón Blanco, ex consejero delegado de Repsol y socio en Orange Market, la filial de Special Events en Valencia. El juez les dejó en libertad sin medidas cautelares de ningún tipo. A la salida, Blanco fue preguntado cómo se sentía. "Hasta los huevos", fue su gráfica respuesta. Luego explicó que en 25 años se ha dedicado sólo a realizar una actividad profesional y que no se ha llevado dinero de nadie. "No me gusta que mis hijos lean que su padre es un delincuente", afirmó. 

(www.elpais.com, 19/02/09) 

EL PP INICIA SU INVESTIGACIÓN SOBRE LA TRAMA DE CORRUPCIÓN 

La primera consecuencia del expediente informativo abierto por el Partido Popular a los ex alcaldes de Boadilla y Majadahonda Arturo González Panero y Guillermo Ortega, respectivamente, es que hoy tendrán que comparecer ante el Comité de Garantías del partido para informar sobre las acusaciones de corrupción que están judicializadas. La reunión de este órgano no es pública. De las conclusiones de ese expediente depende que sean expulsados del partido. 

Además, el comité lleva varios días recabando documentos para llevar a cabo la investigación interna que ha ordenado Mariano Rajoy en relación con este asunto y "entrevistándose con las personas afectadas", según confirmó ayer la propia secretaria general, Dolores de Cospedal.

Hasta ayer este órgano no ha abierto por el momento expediente al ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, que dimitió tras el escándalo, dado que aún no está imputado. 

El alcalde de Boadilla tuvo que dimitir tras las evidencias que relacionan su gestión con los sobornos y cohechos imputados a Francisco Correa y su red de empresas. A pesar de la orden tajante de Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy para que dimitiera, tardó más de 24 horas en hacerlo y además se permitió poner condiciones para la misma, como obligar a dimitir también a la concejal del PP que era su sucesora natural. 

En aquella jornada del pasado día 10 también fueron relevados Ortega de su puesto como gerente del Mercado Puerta de Toledo y Alberto López Viejo, consejero de Deportes y el cargo más alto implicado hasta ahora en la operación Gürtel. González Panero ha sido citado para declarar el 4 de marzo en la Audiencia Nacional 

(www.elpais.com, 19/02/09) 

EL JEFE DE LA TRAMA TRABAJÓ PARA EL PP MÁS TIEMPO DEL QUE CONFIESA RAJOY 

Al estallar la trama de corrupción vinculada al PP, Mariano Rajoy levantó una muralla para protegerse de la deflagración. El 9 de febrero, el líder conservador se aprestó a aclarar que en el 2004, tan pronto como tomó las riendas del partido, cortó relaciones con Francisco Correa, ahora imputado como cabecilla de la trama, al sospechar de sus métodos. Trataba Rajoy de desvincularse del escándalo, por mucho que autonomías y ayuntamientos gobernados por su partido hayan seguido contratando a Correa. Pero el dique de contención de Rajoy se empieza a resquebrajar: el PP continuó trabajando con Pasadena Viajes, una de las firmas de Correa, al menos hasta el 2005. 

Junto a la ofensiva contra el juez Baltasar Garzón y el Gobierno socialista, la estrategia de defensa de Rajoy se ha basado en garantizar que su equipo nada tiene que ver con la trama de corrupción investigada. "Nosotros decidimos que no hubiera más contrataciones con esta empresa, que en épocas anteriores al 2004 se habían ido reduciendo (...), porque fuimos conocedores de que algunas personas utilizaban el nombre del PP, incluso el de la dirección nacional, ante ayuntamientos del noroeste de Madrid", declaró la semana pasada. 

El pasado lunes, en Antena 3, fue más explícito respecto a las fechas: "En el 2004 el tesorero me dijo que estas personas estaban usando indebidamente el nombre del partido, propuso que no se les contratara más y yo acepté su petición." El entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, se hacía eco de las denuncias de algunos ediles madrileños del PP, que después motivaron la apertura de la causa que instruye Garzón 

Pero el relato cronológico del presidente del PP no se ajusta con exactitud a la realidad, a juzgar por las facturas que un año más tarde Pasadena Viajes remitió a los medios de comunicación --incluida Ediciones Primera Plana, editora de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA-- que siguieron a Rajoy durante la campaña del referendo sobre la Constitución europea y la precampaña de las elecciones vascas, ambas en el 2005. Rajoy, hasta entonces secretario general, había asumido la presidencia del partido en el congreso celebrado en Madrid en octubre del 2004. 

Cuando se acerca una campaña electoral, los grandes partidos contratan con agencias de viajes la organización de la caravana que seguirá al líder en sus mítines y otros actos públicos, en la que se integran los periodistas acreditados y el personal del partido. La empresa elegida factura a cada medio de comunicación una cantidad cerrada que incluye los vuelos por toda España en un avión fletado para la ocasión, los desplazamientos entre los aeropuertos y las ciudades de destino y las noches de hotel del periodista, entre otros gastos. La agencia, por tanto, no la elige el medio, sino el partido. Y, en la campaña del sí a la Constitución europea, en febrero del 2005, el PP escogió a la firma de Correa.

Algo parecido sucedió en la precampaña de las elecciones vascas del 2005. El PP organizó en Vitoria la 11ª reunión de su Unión Intermunicipal, que congrega a los alcaldes y ediles populares de toda España. Como Rajoy la clausuraba el 15 de marzo, el PP encargó a Pasadena Viajes la gestión de la estancia en el Hotel Palacio Elorriaga de los periodistas que asistiesen a la cita. La factura por una habitación individual ascendió a 235 euros. La tarifa que ayer ofrecía el hotel era sensiblemente más económica: 85 euros.

 

UNA CONCEJALÍA DE MADRID AMAÑÓ EN 2004 UN CONCURSO A FAVOR DE CORREA 

El 27 de mayo de 2004, el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) del Ayuntamiento de Madrid, presidido por el entonces concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez, adjudicó un contrato de 153.000 euros para el diseño, montaje y mantenimiento del stand municipal en el Salón Inmobiliario de Madrid 2004 a Special Events, la empresa de Francisco Correa, el hombre que montaba los actos del PP durante el mandato de José María Aznar. 

Se presentaron al concurso 10 empresas y, supuestamente, la firma vinculada a Correa quedó en segundo lugar. Pero se llevó el contrato porque se consideró que la primera clasificada incurría en "baja temeraria", es decir, que su oferta económica era poco creíble por demasiado barata. 

Ésta es la información que contenía el expediente original de adjudicación que se aprobó en el Consejo de Administración de la EMV y que el ayuntamiento facilitó la semana pasada a este periódico. 

Pero en 2004, cuando Alberto Ruiz-Gallardón llevaba ya un año como alcalde, la actual Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo estaba dividida en tres áreas: Suelo, Vivienda y Urbanismo. En cada una de ellas quedó una copia del expediente con una inquietante diferencia que apunta a que el concurso estuvo amañado para dárselo a Correa. 

El informe técnico de las propuestas que se presentó en el consejo de la EMV, en cuya votación participaron PSOE e IU, venía firmado por cuatro funcionarios y estaba acompañado de un cuadro con la puntuación obtenida por cada empresa. Sin embargo, en el documento que sirvió para la adjudicación definitiva no había ninguna rúbrica de empleados públicos. 

La suma de resultados obtenidos por su diseño, conocimiento y experiencia, colocó a Special Events en segundo lugar y en virtual ganadora del concurso. Pero en el cuadro que consta en el expediente hallado posteriormente  el cuadro de puntuación, que está vez sí estaba firmado por los funcionarios que realizaron el informe, contenía unos datos distintos que dejaban a Special Events en quinto lugar y, por tanto, sin ninguna opción de obtener el contrato. 

El apartado que puntuaba la oferta económica estaba intacto. Pero en las áreas en las que el criterio podía ser más arbitrario, como el diseño o la experiencia, las cifras eran distintas. Los cuatro funcionarios que firmaron el documento bueno confirmaron ayer que no son los autores de la valoración aprobada. Fuentes de la Concejalía de Urbanismo no encuentran explicación técnica posible a las diferencias aparecidas en el mismo expediente. Consideran que es factible que el cuadro original fuera destruido y reemplazado por otro más favorable a Special Events. La sospecha es que se amañó el concurso. 

Por ello, el ayuntamiento ha presentado una denuncia al juzgado de guardia y ha abierto un expediente informativo a José Luis Gómez, funcionario y ex gerente de la empresa pública que firmó la propuesta que se llevó entonces al consejo de la EMV. 

"Nosotros respaldamos lo que los técnicos nos elevan al consejo de administración. Yo no sé qué es lo que han archivado. Sé lo que voté, pero no conozco la existencia de otros documentos", declaró ayer el ex concejal de Vivienda, que además indicó que nunca tuvo relación profesional con Correa. 

Herráez fue hombre de confianza del anterior alcalde, José María Álvarez del Manzano y miembro del clan Becerril, un grupo de jóvenes promesas del PP que, agrupados por Alejandro Agag y bendecido por el entonces presidente, José María Aznar, se reunía en la sierra de Madrid para hablar de política. A las reuniones acudieron en alguna ocasión los imputados por Garzón, Francisco Correa, Álvaro Pérez o Jacobo Gordon. Además, era asiduo el ex consejero de Aguirre Alberto López Viejo, recién dimitido por su presunta vinculación con la trama corrupta. 

(www.elpais.com, 19/02/09) 

DE CONCEJAL A CONSTRUCTOR 

Sigfrido Herráez (Madrid, 1964), arquitecto de formación, fue un hombre de José María Álvarez del Manzano. De su mano llegó al Ayuntamiento de Madrid en 1991, al cargo de concejal de Latina y, en 1995, el de Vivienda. Lo dejó en 2005 con el siguiente alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando éste colocó por encima de él a la edil de Urbanismo, Pilar Martínez. 

Sólo una semana después, fichó como vicepresidente de la constructora Rayet, que realizaba un proyecto en el Ensanche de Vallecas, una zona directamente administrada por Herráez como concejal al presidir su junta de Compensación. Legalmente no había incompatibilidad, pero todos los partidos, incluido el gobierno de Gallardón, quedaron escandalizados. Hoy preside dicha firma. 

Esperanza Aguirre le prestó su apoyo en aquella decisión y le mantuvo como responsable de Vivienda del partido. Herráez se había significado por la candidatura de Aguirre como presidenta del PP de Madrid, en detrimento de Manuel Cobo, vicealcalde y hombre de Ruiz-Gallardón. "En el futuro, si quiere volver a la política, tendrá un sitio", declaró Aguirre. Pero un mes más tarde, promovió su dimisión del cargo en el PP. 

Herráez perteneció al clan Becerril, un grupo de promesas del PP agrupados por Alejandro Agag que se reunían en la sierra para, según el yerno de José María Aznar, formar "el banquillo del banquillo" del partido. Pertenecieron al núcleo de ese grupo José Ignacio Echaniz, Alejandro Ballesteros o Lucía Figar. 

Por otro lado, su mujer, María Gálvez, es consejera de Ploder, una constructora que junto al grupo Begar (entre otras), propiedad del imputado por el caso Gürtel, José Luis Ulibarri, obtuvo la concesión para la construcción del nuevo Hospital de Vallecas de la Comunidad de Madrid.

(www.elpais.com, 19/02/09)

GALLARDÓN ASEGURA QUE NADA QUE PERJUDIQUE A UN MIEMBRO DEL PP LE PUEDE BENEFICIAR 

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado, en contestación a quienes creen que él es el gran beneficiado de las acusaciones publicadas y judiciales contra otros miembros de su partido, que nada que perjudique a un compañero del PP puede ser beneficioso para él. 

"Nada, absolutamente nada que pueda perjudicar a ningún compañero del Partido Popular, nunca, jamás, podrá ser nada que beneficie a Alberto Ruiz-Gallardón", ha contestado tajantemente el alcalde, tras la reunión semanal de su Gobierno, en la que ha roto en parte su silencio sobre las supuestas "tramas" con las que se ha relacionado a responsables del PP. 

Ruiz-Gallardón no ha querido hablar de la cacería del ministro de Justicia, Mariano Bermejo, y el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, pero sí ha hablado de la Comisión de Investigación de la Asamblea sobre el supuesto espionaje a políticos y del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. 

Ha dicho que le parece "lógico" y que tiene "muchísimo interés" en comparecer ante la Comisión de Investigación para dar su opinión sobre unos hechos publicados y "no desmentidos" y ha calificado de "adecuada" la reacción de Camps ante las acusaciones contra su actuación, al tiempo que ha defendido la presunción de su inocencia.

Respecto a la información que hoy publica el diario El País sobre un contrato adjudicado en 2004 por el Ayuntamiento a la empresa del detenido Francisco Correa, Ruiz-Gallardón ha confirmado que ha denunciado ante la justicia la supuesta "manipulación" del informe técnico que permitió la adjudicación.  

(www.publico.es, 19/02/09) 

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID ADJUDICÓ SIETE CONTRATOS A SPECIAL EVENTS 

El Ayuntamiento de Madrid adjudicó siete contratos a la empresa Special Events en los años 1996, 1999, 2001, 2004 y 2005 (3), los tres primeros con José María Álvarez del Manzano en la Alcaldía y los cuatro últimos ya durante el primer mandato municipal de Alberto Ruiz-Gallardón. Son datos que ha confirmado este jueves el propio alcalde, en rueda de prensa tras la reunión semanal de su Gobierno, al informar de que el Ayuntamiento denunció ayer ante la justicia la "manipulación" de un informe técnico municipal que permitió la adjudicación en 2004 de un contrato a la empresa de Francisco Correa, detenido por el juez Baltasar Garzón dentro de la operación Gürtel. 

Este contrato, para el montaje y mantenimiento del 'stand' de la capital en el Salón Inmobiliario de Madrid 2004, es el único de los siete en que se ha advertido una irregularidad, según ha asegurado el alcalde.

Tras informar de que la relación de esos contratos se envió en 2005 al Grupo Municipal Socialista, a petición de éste tras publicarse noticias de posibles irregularidades, Ruiz-Gallardón ha confirmado que también ha ordenado abrir un expediente sobre esos hechos y ha afirmado que actuará "con toda la dureza del mundo" contra el o los responsables de aquella actuación. 

Como publica este jueves el diario El País, la empresa de Correa fue colocada en el puesto quinto, muy lejos de poder ganar el concurso, en un primer informe técnico que no fue el que posteriormente llegó al Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) del Ayuntamiento, presidido por el entonces concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez. 

Basándose no en aquel primer informe técnico sino en otro que el alcalde ha confirmado hoy que fue "manipulado", el Consejo adjudicó el contrato a Special Events por 153.000 euros. 

Por eso cree que "todos" los miembros del Consejo de Administración de la EMV, incluido Herráez, con el que ya han hablado, y los representantes de la oposición -del PSOE, que se abstuvo, y de IU, que votó a favor-, actuaron "de acuerdo al informe técnico que les fue presentado", es decir, desconociendo que hubiera habido una "manipulación". 

De hecho, esa "manipulación" no ha sido descubierta hasta ayer, después de que se cotejaran todos los documentos que se guardan al respecto en el Ayuntamiento. 

(www.publico.es, 19/02/09)

AGUIRRE CONTRAATACA ASEGURANDO QUE EL PP NO JUZGA A LOS SOCIALISTAS IMPUTADOS 

La presidenta de la Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez, suspendió hoy el Pleno de la cámara autonómica ante las protestas de los diputados de la oposición después de que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, asegurara que en las filas socialistas hay imputados y el Partido Popular no lo juzga. 

Ante estas palabras, pronunciadas durante una tumultuosa sesión de control al Gobierno, los parlamentarios de PSOE e IU reclamaron a la jefa del Ejecutivo que retire esta acusación, que tacharon de falsa. La presidenta se negó a ello. Dada la imposibilidad de proseguir el debate, Rodríguez ha suspendido la sesión durante 10 minutos y ha llamado a consultas los portavoces de cada grupo. 

En los pasillos de la Asamblea, Esperanza Aguirre, reiteró su postura. "Estamos ante una trama clarísima, una trama organizada por el ministro furtivo y el juez socialista, una trama contra el PP para evitar que pueda haber una alternativa al peor gobierno de la historia de la democracia", aseguró la 'lideresa' en relación a la cacería en la que estuvieron presentes Bermejo y el juez Garzón, al frente de la Operación Gürtel, que trata de esclarecer la presunta trama de espionaje en municipios del norte de la región y de la Comunidad Valenciana. 

"Una trama para hacer que desistamos y una trama en la que cada mañana desayunamos con nuevas filtraciones de un sumario secreto, que recuerdo que ese sumario es secreto, pero todas las mañanas hay filtraciones, siempre al mismo grupo de medios de comunicación", señaló la presidenta. 

En esta línea, indicó que uno de los medios "ya tiene una denuncia por coacciones" que el ex ministro Francisco Alvarez Cascos presentó ayer, "porque negándose a publicar la rectificación del ex ministro y secretario general, no se le ocurrió mejor cosa que coaccionar, amenazar y chantajear con publicar contratos de otra persona, razón por la cual ya se le puso una denuncia en el juzgado de guardia en el día de ayer". Así, reseñó que lo que hay "es una trama contra el PP".  

(www.publico.es, 19/02/09) 

LA TRAMA DE CORRUPCIÓN 'TUMBA' AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ESPÍAS 

Después de negarse durante días a dimitir como le pedía la oposición, el diputado autonómico del PP Benjamín Martín Vasco anunció ayer por sorpresa que renuncia a presidir la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre la presunta trama de espionaje político en la Comunidad. Lo hace para defenderse, dice, de las acusaciones que se están vertiendo contra él en relación con otro asunto: el de la trama de corrupción destapada por el juez Baltasar Garzón y que ya ha provocado, con ésta, cuatro dimisiones de cargos del PP -un alcalde, un gerente, un consejero y el propio Martín Vasco- en distintos puntos de la administración madrileña. 

El diputado popular -que mantendrá su escaño aunque ya no formará parte de la comisión de investigación- aseguró a este periódico que su decisión fue "personal" y que ni la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ni el partido le exigieron el cese. Fuentes del Gobierno regional sostienen, sin embargo, que Martín Vasco se resistió hasta el último minuto a dimitir y que fue Aguirre la que le presionó ante las crecientes sospechas de que esté vinculado a actuaciones irregulares en Arganda. 

Benjamín Martín Vasco no está imputado por el momento en el sumario abierto por Garzón sobre la presunta trama corrupta que afecta a más de una veintena de empresas y a varias administraciones del PP. Pero la Fiscalía ha hallado indicios de que podría haber cobrado comisiones a cambio de favorecer al entramado de empresas comandado por Francisco Correa. Una de las imputadas en esa trama, Isabel Jordán, asegura -en una conversación que consta entre las grabaciones aportadas a la causa- que Martín Vasco ocultó, a cambio de dinero, irregularidades cometidas en la adjudicación de un desarrollo urbanístico a la empresa Martinsa en Arganda. 

"No he dimitido. He pedido a mi partido que me aparte de la comisión de investigación para poder defenderme de esas acusaciones. Voy a presentar una querella por injurias contra Isabel Jordán", afirmó Martín Vasco ayer para explicar su decisión. Apenas 48 horas antes, el PP había rechazado la petición de recusación del presidente de la comisión -presentada por PSOE e IU- con el argumento de que nada tenía que ver una trama con otra y de que, en cualquier caso, primaba la presunción de inocencia de Martín Vasco. 

Inés Sabanés (IU) subrayó que, finalmente, Martín Vasco "ha dicho que dimite" por los mismos motivos por los que el lunes aseguraba que no debía hacerlo. "Lo cual es más que contradictorio y podría indicar que hay más motivos que ya iremos conociendo", deslizó. La socialista Maru Menéndez abundó en que Martín Vasco debería haber renunciado mucho antes y apuntó directamente a Esperanza Aguirre: "Está con el agua al cuello". 

La presidenta madrileña, por el contrario, despachó el asunto con una fría sentencia referida a su diputado: "Entiendo que haya decidido abandonar la comisión de investigación para dedicarse a querellarse contra quienes le acusan de hechos gravísimos". Y el presidente del PP, Mariano Rajoy, zanjó: "Si él cree que [dimitir] es la mejor forma de defenderse, a mí me parece muy bien". Martín Vasco sigue siendo presidente de la comisión -ha convocado a sus miembros para esta tarde- hasta que su partido le aparte formalmente de ella. 

La presunta vinculación de Benjamín Martín Vasco con la trama corrupta investigada por Garzón surgió al conocerse que, en una de las grabaciones realizadas en 2006 e incorporadas a la causa, el supuesto cabecilla Francisco Correa afirma: "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda, tardo seis meses y, golpe en mesa, febrero, abril, junio jodido y mayo liquidado. Me debe aún un millón de euros...". Correa parecía aludir así a que él había intercedido para lograr que Martinsa obtuviera un contrato en Arganda; a cambio, claro, de cobrarle a Martinsa una comisión de la que aún quedaba por pagar "un millón de euros". 

Pero el nombre de Martín Vasco no aparecía en esa grabación sino en otra en la que habla Isabel Jordán, empresaria también imputada por el juez: "Le dieron su dinero", decía Jordán refiriéndose al diputado del PP. "Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero". 

Martín Vasco -que había sido concejal de Arganda 12 años, entre 1991 y 2003- era consejero delegado de la empresa pública Fomento y Desarrollo Municipal cuando ésta adjudicó a la empresa Martinsa, en noviembre de 2004, un importante desarrollo urbanístico con 300 viviendas en pleno centro de la localidad, junto a la estación de metro. El precio de la adjudicación era cerrado (no sujeto a mejora): 77 millones de euros, incluido el coste de varios equipamientos.

El concurso que dio lugar a esa adjudicación fue denunciado por el PSOE dos veces: ante un juez de lo contencioso-administrativo, que lo archivó; y ante la Fiscalía, que remitió el caso a un juzgado de Arganda en abril de 2007. El grupo socialista de Arganda no sabe qué fue de esa denuncia. "Suponemos que se archivó, aunque el juzgado nunca nos notificó nada", explica Victoria Moreno, portavoz del PSOE local. 

Los socialistas consideraban sospechosa la adjudicación por lo siguiente. Al concurso se presentaron tres empresas: Alcosto, Sacresa y Martinsa. El Ayuntamiento, a la hora de valorar las ofertas, no se fio sólo de las opiniones de sus técnicos sino que delegó parte de la baremación en dos empresas privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Ésta había sido la empresa de Enrique Porto antes de ser nombrado director general de Urbanismo por Esperanza Aguirre en 2003 (dimitió en 2006 por aprobar planes urbanísticos diseñados por su antigua empresa). 

Cada uno de los tres grupos de baremadores -técnicos, Aguirre Newman y Plarquin- se ocupaban de aspectos diferentes. Y entregaron sus puntuaciones de forma sucesiva. Cuando Aguirre Newman entregó su parte, iba ganando Sacresa; cuando los técnicos presentaron la suya, también. El último en entregar la baremación fue Plarquin, que debía valorar la "solución técnica y propuesta estética". Y dio tantos puntos de más a Martinsa frente a Sacresa que la primera se puso por delante y ganó el concurso. "No tiene sentido que los baremadores entregaran su valoración uno detrás de otro, porque el último sabía cómo iba la puntuación. Y justo en el último momento, gracias a la valoración sobre el aspecto más discrecional de todos, gana Martinsa", subraya Antonio Fernández Gordillo, portavoz de Vivienda del grupo socialista en la Asamblea de Madrid. 

A ese caso es al que parecen referirse Francisco Correa e Isabel Jordán cuando hablan de adjudicaciones supuestamente irregulares en Arganda, porque, según ha rastreado el PSOE, Martinsa no ha tenido ninguna otra adjudicación similar en ese municipio.

Benjamín Martín Vasco reconoció hace días que es amigo de Francisco Correa, aunque en todo momento ha negado haber dado un trato de favor a ninguna empresa. La empresa pública que presidió en Arganda y que se encargaba de todo el desarrollo urbanístico fue continuamente tachada de falta de transparencia (en el consejo de administración sólo estaba el PP). 

Poco después de su creación, Martín Vasco firmó un contrato con la empresa Vox Pública, de la que era director gerente Jesús Calvo, otro de los hoy imputados (por su cargo en una empresa distinta). El pago, de unos 8.000 euros, lo recibió en abril de 1998 la directora comercial de la empresa: María del Carmen Rodríguez Quijano, la mujer de Correa. 

(www.elpais.com, 19/02/09) 

ENTREVISTA: BENJAMÍN MARTÍN VASCO DIPUTADO DEL PP EN LA ASAMBLEA DE MADRID :  "NO CONOCÍ IRREGULARIDADES EN ARGANDA" 

Benjamín Martín Vasco (Valverde de Llerena, Badajoz, 1967) no tiene ningún problema en explicar las razones de su dimisión -que se niega a calificar así- como presidente de la comisión de investigación, pero se enroca cuando se le pregunta por el fondo de la cuestión: si tiene alguna vinculación con la trama corrupta destapada por Baltasar Garzón. "Me remito a la querella que he presentado", repite varias veces, en conversación telefónica con este periódico. Ni él ni el PP han querido facilitar la querella. 

Pregunta. ¿Por qué dimite ahora y se negaba a hacerlo hasta ayer?

Respuesta. No he dimitido: he pedido a mi partido, y lo he hecho voluntariamente, que me aparte de la comisión de investigación. Ya no seré presidente ni miembro de esa comisión. Y lo hago porque he decidido iniciar acciones judiciales contra Isabel Jordán, la persona que, según informaciones periodísticas, me ha acusado de acordar un pacto de silencio ante actividades irregulares en Arganda.

P. Las acusaciones vertidas por Jordán ya se conocían hace días, pero usted se negó a dimitir como le pedían PSOE e IU.

R. Hoy he decidido presentar la querella, y por eso he esperado hasta hoy.

P. ¿Por qué dimite?

R. Porque no quiero que nadie pueda acusarme de utilizar el cargo de presidente de la comisión en beneficio propio. Que nadie interprete cualquier decisión mía en esa comisión como vía para reforzar mi querella. Le he dicho a mi partido que lo mejor era quitarse problemas.

P. ¿Le pidió la presidenta Esperanza Aguirre o el portavoz del grupo popular, David Pérez, que renunciara al cargo?

R. Ni la presidenta ni el partido me pidieron nada. Ha sido una decisión mía, personal.

P. ¿Se ratifica en que no hay nada de cierto en las conversaciones que lo vinculan con la trama investigada por Garzón?

R. Me remito a lo que dice la querella. Pero si no me ratificara, no la presentaría, ¿no?

P. ¿Ocultó alguna adjudicación irregular en Arganda del Rey?

R. No he tenido conocimiento de ninguna actuación irregular en Arganda del Rey. 

(www.elpais.com, 19/02/09) 

EL HOMBRE QUE GESTIONÓ EL SUELO DURANTE EL 'BOOM' DEL LADRILLO 

La trayectoria de Benjamín Martín Vasco, de 41 años, es un ejemplo de ascenso social. De un pueblo de Badajoz, de familia de agricultores, pasó a la universidad, a las Nuevas Generaciones del PP y en 1995, con menos de 30 años, se convirtió en teniente de alcalde de Arganda con Ginés López, el regidor, del que era amigo de la infancia. Hoy, diputado de la Asamblea, puede preciarse de tener dos pisos en la capital, uno de ellos de 180 metros cuadrados en plena Milla de Oro, la zona de la tiendas más caras de Madrid. 

Como concejal de Personal y Seguridad participó en despidos masivos de trabajadores municipales y fue denunciado por prevaricación: cambió el turno a un policía para colocar al marido de su secretaria. Fue absuelto. 

En 1997 cayó en sus manos la dirección de la recién creada Sociedad de Fomento. Tras una legislatura de gobierno del PSOE, López regresó a la alcaldía en 2003 y Martín Vasco se dedicó en exclusiva a la empresa pública de gestión del suelo, en pleno boom urbanístico. En 2005 presentó su dimisión. 

En el debate político es "desestabilizador", "muy de armar broncas", según lo describe la oposición. "Un duro del PP, aguirrista", "algo prepotente y con la cabeza bien puesta", dicen. También aseguran que le gustaba alardear de sus viajes a Las Vegas y sus vacaciones en Marbella. Incluso de que llevó a su amigo Francisco Correa, principal cerebro de la trama de corrupción, a las fiestas de Arganda. 

(www.elpais.com, 19/02/09)

AGUIRRE HABLÓ CON RAJOY PARA SABER SI PONE LA MANO EN EL FUEGO POR ELLA 

En estos días de grandes titulares sobre la corrupción que afecta al PP, sus dirigentes están especialmente sensibles. Cada palabra se interpreta una y mil veces. Y más si se trata del líder, Mariano Rajoy, hablando de Esperanza Aguirre. El rechazo de Rajoy -en una entrevista en Antena 3- a poner "la mano en el fuego" por la presidenta de Madrid desató todo tipo de especulaciones. Aguirre trató de zanjarlas: habló con él  para que le explicara sus palabras, y después se lo contó a los periodistas. 

La presidenta le preguntó a Rajoy expresamente por ese rechazo a poner la mano en el fuego. "Me ha dicho que esta expresión no la ha utilizado nunca por nadie y que no le gusta; por lo tanto, no le saquen ustedes tres pies al gato", dijo irónica. 

Aguirre prefirió quedarse con la parte positiva de la entrevista a Rajoy, cuando defendió la honorabilidad de la presidenta. Aunque el líder insistía en añadir la coletilla "en lo que yo conozco" al referirse a las sospechas de corrupción, Aguirre obvió esas dudas de su jefe. "Lo que dijo Rajoy es exactamente lo mismo que yo pienso sobre él y sobre mí: que en 26 años que llevamos en política jamás nadie ha puesto en cuestión nuestra honorabilidad; y, por lo tanto, quiero agradecérselo", sentenció. 

El desconcierto en el PP es total porque, según varios miembros de la dirección, no tienen información sobre los planes del juez Baltasar Garzón sobre nuevos imputados, especialmente los aforados, y por tanto no pueden tomar decisiones. Según estas fuentes, Rajoy está dispuesto a cortar más cabezas y abrir más expedientes en cuanto Garzón levante todo el secreto del sumario. 

Nada de López Viejo

Por otra parte, el PP madrileño ha dejado claro que no quiere hablar de Alberto López Viejo, que dimitió de consejero por las noticias que lo vinculan con la trama corrupta. El Grupo Popular impidió el lunes, con su mayoría absoluta, que el PSOE registrara cinco preguntas para formular mañana en el pleno al vicepresidente, Ignacio González. 

Los socialistas querían saber la opinión de González sobre la gestión de López Viejo y sobre su dimisión. "Nombrar a los consejeros no es responsabilidad del vicepresidente sino exclusivamente de la presidenta", subrayó una portavoz del PP para justificar el veto. 

(www.elpais.com, 18/02/09) 

AGUIRRE TELEFONEA A RAJOY PARA SABER POR QUÉ NO DA LA CARA POR ELLA 

Esperanza Aguirre vio el lunes por la noche la entrevista en Antena 3 del líder de su partido, Mariano Rajoy. Seguramente, puso extrema atención cuando la entrevistadora le preguntó directamente si era capaz de poner "la mano en el fuego por Esperanza Aguirre", entre otros dirigentes del partido, ante su posible relación con la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón. Él evitó hacerlo. "No se trata de eso", dijo, aunque sí defendió la honorabilidad de la dirigente madrileña. Ayer por la mañana, Aguirre cogió el teléfono para pedir explicaciones a su jefe. "Esta expresión no la uso nunca con nadie y no me gusta", le respondió Rajoy, según la versión difundida por la aludida. 

La presidenta de Madrid era consciente de que los periodistas le iban a preguntar por este asunto en cuanto tuvieran ocasión. Y no se equivocó. Así que llevaba una respuesta preparada que no estaba exenta de cierta sorna: agradeció a Rajoy ante cámaras y micrófonos que "no pusiera en cuestión" su honorabilidad.

Aguirre atendió a los medios durante su visita a un hospital de Madrid y, ante la insistencia en las preguntas por Rajoy y sus declaraciones, rogó a la prensa que no tratara de buscar "tres pies al gato". Claro que a ella debió extrañarle tanto como a los periodistas la tibia defensa que Rajoy le dedicó, ya que terminó llamándole por teléfono para aclarar la situación. 

En cualquier caso, decidió recurrir a la sorna para replicar públicamente al líder del PP. "Lo que dijo Mariano Rajoy es exactamente lo mismo que yo pienso sobre él mismo y sobre mí. Que, en 26 años que llevamos en política, jamás nadie ha puesto en cuestión nuestra honorabilidad y, por lo tanto, quiero agradecérselo al presidente de mi partido", remató Aguirre. A continuación, centró sus críticas en el juez que lleva el caso por ir de cacería con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. 

Por otro lado, el responsable de política autonómica del PP, Juan Manuel Moreno, reiteró ayer que no existe una trama de corrupción ligada a su partido, sino "parásitos que se han situado en el entorno del poder", aludiendo así a los empresarios imputados por Garzón. 

Sostuvo que los responsables de dicha trama son los que "se han enriquecido ilícitamente y utilizando las siglas del PP y los nombres de dirigentes del PP". No obstante, los populares han tenido que abrir expediente informativo a dos exalcaldes por posible vinculación con el caso. Y fue el propio Moreno el que admitió que, en caso de que el exconsejero de Madrid Alberto López Viejo resulte también implicado en el caso, se actuará en consecuencia. 

(www.elperiodico.com, 18/02/09) 

Correa proporcionó azafatas y equipos de sonido para la campaña de Aguirre

Según la documentación interna del PP, a la que ha tenido acceso la SER, las empresas de la trama corrupta organizaron del acto de proclamación de Esperanza Aguirre como candidata a las elecciones tras el Tamayazo

El 14 de septiembre de 2003 Esperanza Aguirre fue proclamada candidata popular a la presidencia de la Comunidad después de que el escándalo de la Asamblea de Madrid (el tamayazo ) obligase a repetir las elecciones.

Fue un acto multitudinario, en el que intervinieron además de Aguirre, José María Aznar y Mariano Rajoy.

Las empresas Correa, líder de la trama, hicieron un servicio completo para este acto de Aguirre.

Según los documentos de Génova sobre este acto a los que ha tenido acceso la CADENA SER, el sonido del evento y la instalación de los equipos fue proporcionado por el hoy imputado Álvaro Pérez, el conocido bigotes, jefe de una de las empresas de la trama de Correa : Orange Market.

Pero este no fue el único servicio que las empresas de la trama prestaron al la proclamación de Aguirre como candidata: Las azafatas que distribuían el agua a las filas de altos cargos populares fueron también proporcionadas por otra de las empresas de la trama : FCS (Siglas de Francisco Correa Sánchez).

www.cadenaser.com 18.02.09

LÓPEZ VIEJO DEJÓ UN 'AGUJERO' DE CINCO MILLONES EN FACTURAS PENDIENTES DE PAGO 

adjudicación de contratos a la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, el hombre que durante 12 años montó los actos electorales del PP cuando mandaba en el partido José María Aznar y hasta ahora se encargaba de la mayoría de los eventos de la presidenta autonómica, ha destapado la existencia de, al menos, cinco millones de euros gastados por la Consejería de Deportes sin respaldo presupuestario y, por tanto, pendientes de abonar, según fuentes próximas a este departamento autonómico. La inmensa mayoría de esos cinco millones corresponderían a trabajos hechos por la trama corrupta, según los datos iniciales. 

El responsable de la Consejería de Deportes, hasta la semana pasada cuando fue destituido por Aguirre, era Alberto López Viejo, que ha desempeñado el cargo durante casi dos años. López Viejo, hombre de confianza de la presidenta, que le situó de número seis en su lista electoral, le hizo viceconsejero de Presidencia y, posteriormente, consejero de Deportes, ha sido el encargado desde 2004 de organizar los actos institucionales de Aguirre y de contratar con las empresas la organización de los eventos. La inmensa mayoría de esos actos han sido realizados por la trama de sociedades de Correa, con el que López Viejo tenía una estrecha relación. El juez Baltasar Garzón investiga si López Viejo cobró sobornos a cambio de la adjudicación de contratos a Correa. 

El juez ha solicitado oficialmente a la Comunidad de Madrid que le envíe la relación de todos los contratos formalizados con las principales sociedades de la trama: Special Events, Diseño Asimétrico, Servimadrid o Easy Concepts. El consejero de Hacienda, Antonio Beteta, es el encargado de recopilar toda la información y hasta ayer había contabilizado cerca de tres millones de euros en contratos abonados por la Administración regional a estas empresas por las que ha preguntado el juez Baltasar Garzón. Todos estos pagos se han efectuado y tienen sus expedientes administrativos. 

Muchas de las adjudicaciones se troceaban en contratos de menos de 12.000 euros para evitar sacarlos a concurso público, y darlos así a dedo. La gestión de López Viejo como organizador de los actos donde intervenía Esperanza Aguirre continuó tras su paso a la Consejería de Deportes, hasta el punto de que había dejado a un hombre de su confianza en la sede de la presidencia del Gobierno regional, Pedro Rodríguez Pendás, que asumía todas las gestiones. 

Muchos consejeros se enteraron del coste de actos institucionales de la presidenta autonómica cuando López Viejo les remitió la factura. Ahora, la investigación abierta en el seno del Gobierno regional para aclarar las contrataciones de López Viejo han descubierto la herencia de al menos cinco millones de euros de pagos. El malestar inicial de la presidenta con López Viejo derivó de su ocultación de la contratación de filiales y empresas tapadera del grupo de Correa. La auditoría puesta en marcha ahora ha desacreditado el mentís global de López Viejo, que refutaba haber contratado a Special Events y a ninguna otra empresa de la trama, ya que se ha verificado que les otorgó adjudicaciones, incluso, presumiblemente, a firmas tapadera. De hecho, emisarios de Correa negociaron sin pudor algunos contratos de tales firmas aparentemente ajenas, como MQM, y otras. 

(www.elpais.com, 18/02/09) 

AENA CONTRATÓ AL MENOS CON SEIS EMPRESAS DE LA TRAMA CORRUPTA DURANTE EL GOBIERNO DEL PP 

La entidad pública AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), adscrita al Ministerio de Fomento, contrató durante el segundo gobierno de José María Aznar con al menos seis empresas relacionadas con la trama corrupta vinculada al PP que investiga el juez Garzón. Fuentes gubernamentales conocedoras de las adjudicaciones han confirmado la existencia de estos contratos y que muchos de ellos se han concedido sin concurso público, mediante un procedimiento negociado sin publicidad, pero Fomento y AENA se niegan a facilitar la información sobre los detalles de las operaciones (cuantía, tipo de adjudicación, objeto del contrato) a pesar de que son contratos públicos sobre los que los ciudadanos tienen derecho de acceso. 

La Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas -que se aplica, según su artículo 2, a las "entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas", como AENA- regula el derecho de los ciudadanos a acceder a archivos y registros administrativos. El artículo 37.1 señala que "los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos (...) siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud". 

A pesar de que esta ley dispone que sólo podrá ser denegado este derecho "cuando prevalezcan razones de interés público, intereses de terceros más dignos de protección o cuando así lo disponga una ley", AENA y Fomento consideran que no tienen obligación alguna de dar cuenta a los ciudadanos ni a los medios de comunicación sobre estos contratos públicos. 

El viernes pasado este diario contactó con el gabinete de prensa de AENA para confirmar la existencia de cuatro contratos entre la empresa de la trama corrupta TCM (Technology Consulting Management) y AENA entre 2001 y 2002, sobre los que había otras pruebas documentales, cuando era ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos (PP). Portavoces del gabinete de prensa señalaron que ese mismo día no podían facilitar información porque debían revisar los expedientes de esos años, pero que a partir del lunes los datos y detalles previsiblemente estarían disponibles. 

El lunes este diario remitió una serie de preguntas a AENA sobre los expedientes administrativos que la entidad pública se comprometió a responder. Horas después, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, afirmó que la información sobre AENA se facilitaría al juez Garzón si éste la solicitaba. Pero AENA no forma parte en estos momentos de la investigación judicial, y, aunque estuviera investigada, esto no anularía el derecho de los ciudadanos a obtener información pública como es la contratación por parte de las Administraciones, con dinero público, y que debe estar sometida, en todo caso, al escrutinio ciudadano. 

(www.elpais.com, 18/02/09) 

UN CONSEJERO DE CAMPS CONTRATÓ A LA EMPRESARIA A LA QUE DA OBRAS A DEDO 

Auxiliar administrativa por la mañana y constructora por la tarde. Serafín Castellano Gómez, consejero de Gobernación del PP de la Comunidad Valenciana, contrató en 1996 a María Ángeles González García, la dueña de la constructora a la que este político otorga obras a dedo, como auxiliar administrativo del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas. 

El consejero del presidente de la Comunidad, Francisco Camps (PP), ha adjudicado con frecuencia concursos y obras a dedo a la empresa Construcciones Taroncher y Asociados, SL, con la que él y su esposa tienen estrechas vinculaciones personales. Ambos comparten un crédito hipotecario solidario con la dueña de la constructora en la compra de unos terrenos en Llíria (Valencia) de los que los tres son propietarios. 

María Ángeles González todavía trabaja como auxiliar para el Grupo Parlamentario Popular pese a que la constructora de su propiedad, con sólo cinco empleados, ha facturado en los últimos siete años más de siete millones de euros, en su mayoría con el Gobierno valenciano. 

El contrato de auxiliar administrativa de la dueña de Construcciones Taroncher y Asociados S. L. lo firmó el actual consejero de Gobernación el 31 de marzo de 1996 y su salario base es de 2.865 euros. "Estoy trabajando en otro sitio. No lo sé, yo no llevo nada de esto", contestó anteayer la empresaria cuando un redactor de este periódico la telefoneó a las Cortes y preguntó por las obras que lleva a cabo su empresa en la Consejería de Gobernación. 

Castellano reconoce que contrató personalmente a la dueña de Construcciones Taroncher, y lo explica así: "Yo la contraté hace años como auxiliar de nuestro grupo. Creo que entonces estaba en el consejo de dirección y hacia falta personal". José Miguel Pérez Taroncher, apoderado de la empresa, y el consejero de Gobernación son amigos. Juegan juntos partidos de pelota y cazan pájaros los fines de semana. María Ángeles González creó su empresa en agosto de 1996, cinco meses después de ser contratada por el consejero. 

Serafín Castellano protagonizó ayer una rueda de prensa en Valencia en la que negó haber beneficiado a la empresa de sus amigos y se mostró dispuesto a que se investigue su patrimonio. Castellano reconoció que durante los últimos dos años ha otorgado contratos menores, los que no necesitan concurso, a Construcciones Taroncher y Asociados S. L., por valor de 171.034 euros. Y añadió que en la última década, coincidiendo con su mandato al frente de tres consejerías, la constructora ha logrado contratos en concursos públicos por valor de otros 391.450 euros. 

El consejero no precisó los contratos menores obtenidos por esta empresa durante esos diez últimos años, pero se comprometió a hacerlo. Construcciones Taroncher y Asociados S. L. ha obtenido la mayoría de sus obras mediante los citados contratos menores, inferiores a 50.000 euros, que según la ley no salen a concurso y facilitan la adjudicación directa. "Creo que a ninguno de ustedes se le escapa que en los tres departamentos que he dirigido, he adjudicado miles de millones de las antiguas pesetas. Que cada uno saque sus conclusiones". 

Castellano repitió ayer que "lo ético es cumplir la legalidad" e insistió en que sólo habría un conflicto de intereses si hubiera adjudicado "grandes obras" a la empresa de sus amigos. Según su versión, los contratos otorgados por él a Taroncher lo fueron de acuerdo al precio, las mejoras y las garantías ofrecidas por la empresa. Añadió que la empresa se presentó a otros concursos y fue rechazada porque no reunía las condiciones exigidas por las bases, pero no especificó cuántas veces, en qué concursos ni cuáles fueron las adjudicatarias. Tampoco explicó la celeridad con la que esta empresa cobra sus trabajos. Una rapidez que sorprende a sus competidores. 

Los contratos más recientes adjudicados por Castellano a Taroncher son los siguientes: obras de adecuación de la nueva sala de mando y control del Centro de Coordinación de Emergencias 112 de L'Eliana por 29.986 euros, adjudicado el 2 de julio de 2008; instalación del alumbrado de la primera planta y planta principal de dicho centro por importe de 11.691 euros, asignado el pasado 25 de septiembre; instalación de una cortina en el centro de emergencias por importe de 2.358 euros; instalación de alumbrado en la planta baja y cubierta, por valor de 8.816 euros, e instalación de detección de incendios y emergencias, por importe de 4.365 euros. Las tres últimas obras fueron aprobadas el 26 de septiembre de 2008. 

(www.elpais.com, 18/02/09) 

LA RED DE CORREA COMPRÓ FIRMAS DORMIDAS A UN EMPRESARIO DE ONTINYENT PARA FACTURAR A MADRID 

La trama liderada por Francisco Correa recurrió en enero de 2005 al empresario de Ontinyent Ramón Cerdà Sanjuán para adquirir una sociedad dormida y facturar contratos menores a la Comunidad de Madrid. Los actos inscritos en el Registro Mercantil reflejan que Cerdà Sanjuán constituyó en enero de ese año en el municipio madrileño de Coslada la mercantil Good and Better, una de las empresas investigadas por el juez Baltasar Garzón. Good and Better se creó con la compraventa e intermediación de fincas rústicas y urbanas y la construcción sobre las mismas de toda clase de edificaciones como objeto social. Apenas un mes después de su puesta en funcionamiento, la sociedad cambió tanto de objeto social como de administrador único. Cerdà Sanjuán cedió su puesto a Isabel Jordán, una de la imputadas por Garzón, y Good and Better pasó a dedicarse a la "organización, promoción y comercialización de convenciones, eventos, congresos y todo tipo de actos públicos".  

Apenas un mes después de que Ramón Cerdà constituyese Good and Better, la sociedad comenzó a recibir contratos y pagos a dedo de la Comunidad de Madrid que preside Esperanza Aguirre por debajo de 12.000 euros, que no obligaban a convocar concurso público. El primero de ellos lleva fecha de 14 de febrero por valor de 9.158 euros. La factura se correspondía con la preparación de la presentación el 26 de enero del nuevo helicóptero Bescam (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid) que fue protagonizada por la presidenta madrileña Esperanza Aguirre. Good and Better se encargó, oficialmente, de colocar la carpa, el enmoquetado, la iluminación y el escenario del acto, según informó el diario Público. En esas fechas todavía no había modificado su objeto social. Hasta abril de 2005 Good and Better había facturado ya a la Comunidad Madrid 58.753 euros por un total de ocho contratos menores. 

Isabel Jordán permaneció como administradora única de Good and Better hasta febrero de 2008, cuando fue sustituida por Francisco Javier Pérez Alonso. En otoño de 2007, Isabel Jordán había presentó tres denuncias por presuntas irregularidades contables en otra de las empresas de la trama, Easy Concept, de la que también era administradora. 

Francisco Javier Pérez Alonso cesó a su vez en noviembre del año pasado. Entonces se incorporaron al consejo de administración Hator Consulting como presidente y Mónica Magariños y Pablo Collado como consejeros. Los dos están imputados por Garzón. 

(www.levante-emv.com, 18/02/09) 

"NO TE PREOCUPES. EL PARTIDO SE VA A PORTAR BIEN CONTIGO" 

"Lo urgente primó sobre lo importante". Es el resumen que hace María Jesús Díaz, de 44 años, ex concejal del PP en Boadilla del Monte, para explicar por qué entregó el acta hace exactamente una semana. Díaz tomó la decisión empujada por las presiones de su partido para forzar a dimitir al alcalde, Arturo González Panero quien forzó que ella, su gran oponente no le sustituyese en el cargo. Ahora le da vueltas y rumia lo ocurrido el lunes 9 de febrero, cuando el regidor exigió su cese para dimitir. "Era la mejor solución, aunque fuera un sacrificio de inocentes", confiesa con alivio junto a un centro comercial de Boadilla. 

Las acusaciones sobre la gestión de Panero al frente del Ayuntamiento de Boadilla llevaron al PP regional a forzar su dimisión. Su nombre aparecía envuelto en la trama de corrupción en administraciones gobernadas por el PP que investiga Baltasar Garzón. Tras aceptar inicialmente la renuncia, el ex alcalde de Boadilla se resistió a presentarla, desautorizando a Mariano Rajoy, quien la había anunciado unas horas antes. Panero había acudido a la Audiencia para comprobar la profundidad de la investigación judicial y vio que aún no estaba imputado. Ése fue su argumento. La decisión de Panero provocó un cataclismo en el PP "al que había que poner freno". Díaz recuerda la tensión: "Rajoy estaba en el Congreso esperando que se solucionara el tema... Todo el partido estaba pendiente de nosotros". 

Y ellos, los 16 concejales del PP en Boadilla, se encontraban en la primera planta de Génova 13. "Nos convocó el secretario general [Francisco Granados]" para resolver el asunto. Allí, en la sede del PP, Granados se enfrentó a los ediles del partido en Boadilla: "Os he reunido aquí para explicaros lo ocurrido...". Y comenzó su relató de supuestos malentendidos que se inició la mañana de ese mismo día. 

Presionado por el partido y casi sin margen de maniobra, Panero tomó la palabra y ofreció su cargo: "Cedo de forma generosa mi puesto con la única e insalvable condición de que María Jesús entregue el acta de concejal". La ex edil y ex primera teniente de alcalde se había erigido como su sustituta. Y eso no entraba en los planes del ex alcalde, enfrentado ferozmente a Díaz. Hacía tan sólo dos meses habían peleado por el control del partido en Boadilla. Panero había ganado la batalla, pero no quería perder la guerra que ahora se libraba en Génova. 

Durante unos minutos se cruzaron acusaciones entre unos y otros. Hasta que Granados la llamó a su despacho y le dijo: "No hay otra salida. Sé que es injusto y tienes razón. Pero no hay otra solución. Si la hubiese la adoptaríamos", le susurró Granados. Luego le arrojó el consuelo: "No te preocupes. El partido se va a portar bien contigo". Díaz asegura que nadie del partido la ha llamado desde entonces. "Estoy en paro y sigo sin trabajo", aclara mientras recuerda la frase con la que Granados la despidió: "Menos mal que tú piensas en el partido. No como Arturo". 

Pero el entuerto aún no había concluido. Panero había convocado una rueda de prensa al día siguiente para anunciar su renuncia. Pero Díaz tenía dudas. "Pensé que como Garzón lo había imputado ya no hacía falta que dimitiera". La espera se alargó varias horas hasta que cedió. "No quería aparecer como la culpable de todo", explica. Ahora reclama que Panero también entregue el acta de concejal y abandone el Ayuntamiento de Boadilla. 

Díaz fecha el inicio de su enfrentamiento hace un par de años. "En el verano de 2007", recuerda, "llegó el proyecto de una residencia geriátrica. La idea era buena, pero pretendían construirla en medio del monte. Me opuse". La residencia pertenece al grupo cordobés Sanyres, filial de Prasa con intereses inmobiliarios y comerciales. La ex concejal relata cómo traspasaron el proyecto a otra concejalía para que aprobase lo que ella no quería aprobar. El proyecto finalmente no se llevó a cabo. 

A partir de entonces, Panero le retira las competencias como teniente de alcalde y la Concejalía de Servicios Sociales. Una ruptura amarga para dos políticos que iniciaron juntos su carrera en Nuevas Generaciones. El final de la historia todavía está por escribir. 

(www.elpais.com, 18/02/09)

EL FISCAL SITÚA EN MADRID EL NÚCLEO POLÍTICO DE LA CORRUPCIÓN LIGADA AL PARTIDO POPULAR 

La Fiscalía Anticorrupción ha trasladado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón un informe en el que solicita que se inhiba en la causa abierta por la trama de corrupción que salpica al Partido Popular en favor del Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma de Madrid para la "totalidad de la investigación", salvo en "determinados hechos" que correspondería investigar al Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma de Valencia. El informe de la Fiscalía pide al magistrado que eleve "exposiciones razonadas" a estos dos tribunales autonómicos, que deberán decidir a qué personas y qué partes de la causa deben investigar. 

Garzón solicitó este informe a Anticorrupción tras hallar "indicios" en el transcurso de la investigación abierta por la operación Gürtel, que relacionaban con la trama a miembros del Partido Popular. En el caso de que los imputados sean cargos de los Gobiernos autonómicos de Valencia o Madrid, o sean diputados regionales, el juez, por la condición de aforados de estos, tendría que ceder la competencia a los tribunales superiores de las dos Comunidades Autónomas. En los próximos días, Garzón se inhibirá a favor de estos dos tribunales. 

Por otro lado, el magistrado ha dejado en libertad a los dos imputados citados esta mañana en el juzgado, el ex consejero delegado de Repsol José Ramón Blanco Balín y Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag . El juez no les ha impuesto ningún tipo de medida cautelar, han asegurado sus abogados. A la salida del juzgado, Blanco Balín ha pedido comprensión a los periodistas y ha manifestado que tiene "hijos pequeños" y no le "gusta que lean por la mañana que su padre es un delincuente". 

(www.elpais.com, 18/02/09) 

LOS ESCÁNDALOS DEL PP RESUCITAN LA CRISPACIÓN DE LA PASADA LEGISLATURA 

Ocho de abril del 2008, debate de investidura de José Luis Rodríguez Zapatero. El líder del PP, Mariano Rajoy, proclama que está dispuesto a colaborar con el renovado Gobierno socialista respecto al modelo de Estado, la política antiterrorista, el Poder Judicial y la política exterior y de seguridad, e incluso el sistema de protección social. Y añade: "No solo estamos dispuestos, sino que pedimos que se haga". Diez meses después, los puentes han volado. Los escándalos que asedian al PP han disipado las esperanzas de consenso, resucitando el clima de crispación de la pasada legislatura en un semestre marcado por las elecciones vascas, gallegas y europeas. 

Hoy mismo, los populares aprovecharán la sesión de control al Gobierno en el Congreso para lanzar un durísimo ataque contra Zapatero, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el compañero de caza de este último, Baltasar Garzón, el juez que investiga la trama de corrupción que salpica al PP. 

¿Vuelve la crispación? Indicios no faltan. De entrada, hoy el PP bombardeará a preguntas a Bermejo en el Congreso y prevé pedir su reprobación. Los populares incluso interrogarán por escrito al Gobierno sobre la presencia del comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González, en una cena previa a la jornada de caza en Jaén. 

Aprovechando la ocasión, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, insistió ayer en que este agentes este agente participó en la rocambolesca captura en Laos del exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán. El PP cierra así el círculo, al evocar los graves casos de corrupción de la última etapa de Gobierno socialista de Felipe González. 

Hablando del pasado, el portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero, definió la gestión económica del Ejecutivo como la vuelta "a lo mejor del socialismo: el déficit descontrolado y aumento galopante de la deuda pública". Sonaba al viejo mantra de "paro, despilfarro y corrupción" que José María Aznar recitaba en la oposición. Zapatero también tiró ayer de hemeroteca y recordó a Escudero el "decretazo" de Aznar que le valió una huelga general, además de hurgar en la herida abierta en el PP al atribuir su "vacío de ideas" a la crisis que padece. El socialista José Antonio Alonso emplazó a Rajoy a cesar en sus "ataques a las instituciones del Estado".

El Gobierno espera que el retorno de la crispación sea efímero y que haya acuerdos con el PP, en especial en materia de justicia. Fuentes de la Moncloa consideran que el enfrentamiento entre el Gobierno y los populares debe enmarcarse en la campaña de las elecciones gallegas y vascas, que pueden resultar determinantes para el desarrollo del segundo mandato de Zapatero. Y aseguran que, al margen de las respuestas del presidente a las pullas y reproches del PP, el Ejecutivo "no va a caer" en el clima de crispación que, según las mismas fuentes, pretende recuperar el PP. 

La explicación gubernamental es que el PP se está viendo inmerso en un caso judicial cuya evolución todavía se desconoce, y que, fruto de esa situación de "desconcierto", está reaccionando con "virulencia" contra el Ejecutivo con mayor o menor motivo. Por ejemplo, a cuenta de la coincidencia cinegética entre el ministro Bermejo y el juez Garzón, que no ha gustado nada en la Moncloa. Pero también se asegura con contundencia que "esta pretendida crispación no tiene nada que ver con la anterior legislatura, no hay color". 

El Ejecutivo, por tanto, quiere aguantar el chaparrón--al que también contribuye-- hasta el 1 de marzo. Y, con los resultados electorales en la mano, diseñará una nueva estrategia para el resto de la legislatura. En todo caso, el grupo socialista contribuyó ayer en el Senado a irritar a los populares con preguntas de varios senadores del PSOE a Zapatero que invitaban a respuestas de autobombo sobre las inversiones del Gobierno en muy diversos ámbitos en Galicia y Euskadi. 

(www.elperiodico.com, 18/02/09) 

LA RED DE CORRUPCIÓN VINCULADA AL PP TUMBA AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN SOBRE EL ESPIONAJE 

El diputado autonómico del PP Benjamín Martín Vasco ha solicitado esta mañana dejar la comisión de investigación sobre el espionaje de la Asamblea de Madrid, de la además de miembro es presidente, para querellarse contra Isabel Jordán, imputada en la otra gran trama que salpica al PP, el caso Gürtel que investiga la Audiencia Nacional.

En las grabaciones en poder del juez Baltasar Garzón, Jordán le había relacionado con la trama corrupta y de tráfico de influencias, razón por la cual PSOE y PP habían exigido la recusación de Martín Vasco como presidente de la comisión sobre espionaje. El PP rechazó el pasado lunes esta petición. El diputado no está imputado en el caso. 

El propio afectado ha explicado que ha quedado hoy "voluntariamente apartado" de la comisión de investigación porque hoy mismo ha emprendido un procedimiento penal contra Isabel Jordán y no quiere que los trabajos de la comisión se vean "perjudicados por este procedimiento". "He pedido a mi grupo que, como hoy emprendo un procedimiento penal contra esta señora, se me aparte de la comisión, con el objeto de que los trabajos no salgan perjudicados, ya que voy a estar involucrado dentro de este procedimiento que he abierto para defenderme", ha declarado. Tras subrayar que su decisión "irrevocable" no es una "dimisión", ha apuntado que pretende también evitar que nadie pueda acusarle de "utilizar la comisión de investigación contra Isabel Jordán". 

De llamadas anónimas y pagos por silencios

Benjamín Martín Vasco, portavoz adjunto del Grupo Popular y miembro de la dirección de grupo, denunció la semana pasada que el lunes sufrió un intento de chantaje telefónico a cuenta de la trama de corrupción. Alguien llamó a su móvil y le dijo: "Si no quieres que te pase lo que a tu amigo Correa [Francisco Correa, el principal imputado en la trama de corrupción] , tienes que llevar 50.000 euros esta tarde a un bar de la Casa de Campo". 

Martín Vasco ha admitido que mantiene una relación de amistad con el presunto cabecilla de la trama, aunque subraya que desde 2005 ya no lo frecuenta tanto porque él dejó de veranear en Marbella, donde ambos solían coincidir. La cadena SER informó al estallar el escándalo que Martín Vasco estaba siendo investigado y que Isabel Jordán sostiene en una grabación que al diputado madrileño le pagaron 30.000 euros para que callara sobre operaciones urbanísticas irregulares en el municipio de Arganda del Rey. Pero Martín Vasco no ha sido imputado por el juez Garzón. 

Este periódico ha detallado que en otra conversación grabada, Correa y sus colaboradores implican a Benjamín Martín Vasco, ex alto cargo de Arganda: "Le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero". 

(www.elpais.com, 18/02/09)

EL SECRETARIO DE LA EMPRESA DE MEDIOS DE ULIBARRI LO ES TAMBIÉN DE DOS EMPRESAS DE LA GENERALITAT 

El plan urbanístico del Cabanyal en Valencia ha irrumpido en la escena del caso Gürtel. El secretario (no consejero) del consejo de administración de la sociedad inicialmente mixta y ahora 100% pública -Ayuntamiento de Valencia y Generalitat Valenciana- Cabanyal 2010 es, desde su constitución, Alberto Dorrego de Carlos, quien a su vez ocupa idéntico cargo en Mediamed, la firma de medios de José Luis Ulibarri, imputado en el sumario que instruye el juez Baltasar Garzón. No acaban aquí los nexos porque Dorrego es socio del despacho de abogados del diputado por Valencia José María Michavila, y ejerce de vicesecretario en otra sociedad pública de la administración autonómica, Comunitat Valenciana d'Inversions.

¿Cómo llega este colaborador de Michavila y de Ulibarri a la sociedad gestora del plan del Cabanyal? La empresa encarga a Eius Abogados un informe jurídico sobre el Pepri que firma Dorrego el 19 de diciembre de 2005. Casi a la vez, al constituirse los cargos del consejo (posiblemente a propuesta del presidente y primer teniente de alcalde de Valencia Alfonso Grau) es designado secretario. El puesto de vicesecretario lo ocupa otro socio del mismo bufete, sustituido luego por otro y, en febrero de 2008, por un tercero, Santiago Reyna, de Eius Valencia.

Dorrego, hijo del ex senador de UCD y CDS Manuel Dorrego, figura a la vez en más consejos de administración. En VCI, empresa de la Generalitat presidida por Antonio Lis para atraer inversiones externas, es vicesecretario. En Mediamed Comunicación Digital -firma que se hizo con 13 licencias de TDT en la Comunitat- entró como consejero en junio de 2006 y, desde mayo de 2007, ejerce de secretario. El sindicato Manos Limpias presentó un escrito a la Fiscalía en el que apuntaba a Eius, el despacho de abogados del ex ministro Michavila -hermano de la jefa de gabinete de Francisco Camps- como beneficiario de contratos del ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González, imputado en el caso Gürtel. Michavila, sin embargo, ha negado cualquier relación. Él y Dorrego comparten despacho con José Marí Olano, portavoz de Economía del grupo popular en les Corts.

El PSPV en el Ayuntamiento de Valencia ha presentado una batería de más de 200 preguntas sobre si hay contrataciones con empresas relacionadas con los imputados. 

(www.levante-emv.com, 18/02/09)

RAJOY: "EL PP NO SE HA FINANCIADO CON ESTA TRAMA, EN LO QUE YO CONOZCO" 

El líder del PP, Mariano Rajoy, repite constantemente que, en pleno escándalo por corrupción, quiere preservar, a toda costa, la honorabilidad de su partido. Pero anoche dejó claro que no pondrá en riesgo la suya propia por lo que hayan podido hacer otros. Y lo hizo aferrándose a una coletilla, "en lo que yo conozco", que utilizó reiteradamente, a modo de chaleco salvavidas, en la entrevista que concedió a Antena 3. "Yo empeño mi palabra en que el PP no se ha financiado con la trama de corrupción, en lo que yo conozco", enfatizó ante su entrevistadora. 

Y hubo más. "Niego que estas personas empresarios imputados, con las informaciones que tengo, hayan dado un solo euro al PP. Todas las cuentas del partido están en el Tribunal de Cuentas". Y aún utilizó otra coletilla-coartada. "No hemos recibido ni un euro, en lo que yo conozco, y, por lo que me han informado, antes tampoco, de esas personas detenidas por Garzón". Lo que no llegó a aclarar Rajoy es si su "por lo que me han informado, antes tampoco", se refería a que había preguntado por este asunto directamente a José María Aznar. 

A lo largo de la entrevista, se reclamó también a Rajoy que pusiera la mano en el fuego por su actual equipo, incluido el tesorero del PP. No lo hizo y esquivó la petición con una larga respuesta. Se insistió en la demanda. Él insistió en eludirla. "El tesorero, igual que cualquier otra persona, mientras alguien no me demuestre nada, para mí es inocente. Y ni el tesorero ni nadie de la dirección del PP ha sido imputado, no ya condenado, por el juez Garzón", apuntó. 

Rajoy intentó pasar la incómoda pelota al tejado del adversario. Los populares, dijo, no tienen un Filesa como los socialistas. "Niego absolutamente que el PP haya organizado una trama como la que en su día organizó el PSOE con Filesa", remató. 

 Después, cargó contra el juez Baltasar Garzón. Aseguró que su imparcialidad está "en entredicho", ya que se presentó a unas elecciones de la mano de Felipe González. Y que es "impropio de un sistema democrático" que, instruyendo un sumario que afecta al PP, se vaya de cacería con el ministro de Justicia, el responsable de la policía judicial y una fiscala. 

Rajoy, que manifestó no sentirse "en absoluto acorralado", solicitó al juez que levante el secreto del sumario de una vez para, de esa forma, saber a quién se acusa y de qué. "Eso me permitiría a mí actuar en consecuencia", apostilló. A lo que no se atrevió anoche fue a insinuar que el magistrado caía en la prevaricación por sostener, en un auto, que hay aforados en su investigación y, sin embargo, no pasar el caso a los tribunales competentes. Es igual. Ya lo había dicho, por la mañana, su número dos, Dolores de Cospedal. 

Rajoy le tocó hablar, además de sobre corrupción, sobre espionaje en Madrid. ¿Pone la mano en el fuego por Esperanza Aguirre?, se le planteó. No lo hizo, aunque sostuvo que la presidenta regional es "honrada". Ella también está salpicada por el escándalo de corrupción. ¿Cómo se enteró del asunto del espionaje?, se le preguntó. "Por el periódico", confesó el líder de la oposición. 

Rajoy señaló que debe ser la investigación abierta en el Parlamento madrileño la que, en próximos días, arroje luz al respecto. "Yo no sé quién espiaba (...). Si hay algo, actuaré y le apartaré del PP". 

(www.elperiodico.com, 17/02/09) 

RAJOY DICE QUE SE HAN REALIZADO "CACERÍAS" EN LAS CALLES DE MADRID "AHORA QUE ESTÁN TAN DE MODA" 

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha denunciado esta noche que se hayan realizado "cacerías" de inmigrantes en Madrid por encontrarse en situación irregular cuando fue el Gobierno del PSOE el que "se inventó aquello de 'papeles para todos'". "Ahora que están de moda las cacerías, las cacerías se han realizado en las calles de Madrid", dijo Rajoy en una entrevista a Antena 3, en referencia a la montería que compartió el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el juez Baltasar Garzón, en plena operación Gürtel.  

Una orden interna distribuida en la Comisaría de Villa de Vallecas trasladaba las instrucciones de la Jefatura Superior de Policía de Madrid para detener un cupo semanal de extranjeros, en este caso 35. "Extranjeros: en base a la población de cada distrito, hay que hacer un número de detenidos. Villa Vallecas, objetivo = 35. Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito", dice el escrito. 

Según Rajoy, "eso de que el Ministerio del Interior de instrucciones de que se detenga a un número mínimo de inmigrantes en cada comisaría es una broma, pero que se diga que fundamentalmente marroquís porque es más barato repatriarlos, porque están más cerca, me parece una doble broma".  

En la nota interna, se hace referencia a qué inmigrantes tienen prioridad para que se solicite su ingreso en un CIE. "Marruecos, prioritario (Se expulsan porque la mayoría del traslado se hace por carretera y se documentan bien. Bolivia, no se expulsan en la actualidad. Capacidad de plazas en vuelo, limitadas)", se afirma en el documento. 

"Esto no es un tema menor, el PSOE se inventó aquello de 'papeles para todos', que está muy bien, pero dio lugar a que España se convirtiera en el país de la UE donde más inmgrantes ilegales entraron. La Ley hay que cumplirla siempre, y las personas en situación de irregularidad hay que repatriarlas. Una cosa es eso y otra, ahora que están tan de moda las cacerías, las cacerías que se han realizado en las calles de madrid", afirmó el líder 'popular'. 

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado también que no se siente "acorralado" porque su formación no ha recibido "ni un sólo euro" de los detenidos en la presunta trama de corrupción liderada por Francisco Correa que investiga el juez Baltasar Garzón. "Niego absolutamente que el PP haya organizado ninguna trama como en su día organizó el PSOE con Filesa. Niego que estas personas hayan dado un sólo euro al PP", proclamó en una entrevista en Antena 3. 

Tras asegurar que todas las cuentas del PP están en el Tribunal de Cuentas y "han sido auditadas y fiscalizadas", defendió la inocencia del tesorero de su partido y de las contrataciones que ha realizado la dirección nacional. "Empeño mi palabra en que el PP no se ha financiado en lo que yo conozco, y algunas cosas conozco", enfatizó. 

(www.publico.es, 17/02/09) 

GARZÓN INVESTIGA UNA COMISIÓN DE TRES MILLONES POR UN PELOTAZO INMOBILIARIO 

La promoción Boadilla Park, aprobada en 2006, es uno de los más lucrativos casos de supuesta corrupción que tiene bajo su lupa el juez Baltasar Garzón en relación con la trama vinculada al PP que dirigía Francisco Correa. Los datos que obran en el sumario tienen el siguiente perfil acusatorio: UFC, constructora de José Luis Ulibarri, amigo de Correa, partió como claro caballo ganador en un concurso de suelo en Boadilla del Monte, un municipio madrileño donde el PP gobierna con amplia mayoría absoluta. Al concurso también se presentaron Nozar y Tecomsa, entre otras empresas constructoras. 

Según fuentes conocedoras del sumario, la explicación que tiene Garzón en la denuncia que investiga sobre el desenlace del concurso es tan simple como explosiva: "Se adjudicó a UFC porque esta empresa pagó tres millones de euros [en comisiones ilegales]" a los responsables de adjudicar el concurso y a los que intermediaron en favor de Ulibarri. El concurso se adjudicó el 28 de octubre de 2006. 

Según los testimonios obrantes en el sumario, dicha suma se la pagó el constructor José Luis Ulibarri, dueño de UFC, a Correa en su despacho profesional de Valladolid. La entrega fue en metálico. La denuncia señala que el chófer de Correa lo llevó en ese viaje. El chófer fue detenido ayer por la policía, que realizó registros relacionados con la operación, informa Efe. Además, hay testimonios que apuntan que tal suma fue posteriormente repartida con Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla, del Partido Popular. González Panero lo niega tajantemente. 

En el sumario se han incorporado grabaciones donde se habla de una promoción en Boadilla, sin concretar cuál, donde Correa asegura que cobró el dinero por sus gestiones y luego lo repartió. Correa solía usar un discreto sistema para entregar sus sobornos o reparto de comisiones en metálico: lo hacía en el interior de cajas de zapatos que entregaba a cargos madrileños del PP. 

Existe una singularidad en la oferta ganadora que UFC presentó al concurso del Ayuntamiento de Boadilla por 35 millones de euros: era tres millones más barata que la que perdió la adjudicación. Casualmente, la cifra ahorrada por Ulibarri para hacerse con la jugosa promoción inmobiliaria es idéntica a la suma presuntamente pagada en comisiones ilegales y sobornos a la trama de Correa y a los miembros del Ayuntamiento de Boadilla implicados. 

UFC, a cambio de quedarse con el suelo, ofreció culminar el proyecto de construcción de 139 viviendas libres "de alto standing" en un tiempo récord doce meses, plazo que, según fuentes municipales de Boadilla del Monte, incumplió. Fue justamente el plazo de ejecución lo que inclinó la balanza a su favor en el fallo final del concurso. Un concejal independiente de Boadilla, Ángel Galindo, denunció en 2005 la irregularidad de esta operación inmobiliaria sobre suelo público. 

Existe la sospecha, no verificada, y que consta en el sumario, de que hubo dos pagos por esta operación de 500.000 euros cada uno a una firma de Jacobo Gordon, amigo y ex socio del yerno de Aznar, Alejandro Agag. 

En el negocio, según la denuncia que investiga Garzón, también estaba Alfonso Bosch, un alto cargo de Boadilla que hoy es diputado autonómico del PP. Sobre este presunto negocio bajo cuerda entre González Panero y Correa existe un precedente que facilitó su logro. Garzón posee testimonios sobre la existencia de un vídeo en el que González Panero cuenta dinero de una presunta comisión anterior rodeado de diversos cargos de su partido. 

La grabación tuvo lugar, según los testimonios obrantes en el sumario, en el salón de la finca de Correa. Ese vídeo le sirvió a Correa, según se jactaba de contar a sus interlocutores íntimos, para presionar a González Panero y lograr sucesivos tratos de favor en el Ayuntamiento de Boadilla. González Panero jura ignorar la existencia de dicho vídeo y, por supuesto, niega dicha reunión. 

El vídeo presuntamente comprometedor para el regidor de Boadilla también fue visionado por un alto cargo del Gobierno de Castilla y León. Es el vídeo por el que se jacta Correa de tener asegurado negocio en Boadilla por cuatro años. "Tuve que hacerle el vídeo para defender lo mío", se justifica Correa. 

Correa no anda lejos de otro negocio que cobra inusitada turbidez: "Ibámos a adjudicar una cosa grande, una residencia de tercera edad en Boadilla; yo ganaba un pastón, la empresa era de un antiguo amigo mío de Córdoba". Lo decía Correa, sin cargo alguno en el Ayuntamiento de Boadilla, pero que figura como maestro que dirige no pocas operaciones municipales. 

El chantaje parece haber sido un habitual método para conseguir contratos. Así, en relación con los contratos obtenidos a través de su trama de empresas, de modo directo o camufladas tras empresas blancas, Correa empezó a hacer llegar el siguiente mensaje a la Comunidad de Madrid: si no cobraba su deuda, que elevaba a más de dos millones de euros, difundiría que la Comunidad de Madrid había estado pagando facturas de actos del PP por la vía de abonar servicios no prestados a sus firmas. 

El mensaje amenazador tenía como primer destinatario al entonces consejero de Deportes, Alberto López Viejo, destituido por Esperanza Aguirre sin haber detallado una sola de las decenas de irregularidades que ha dejado como herencia y a las que, el consejero de Hacienda, se esfuerza por depurar y buscar salida legal. 

Legó un auténtico marasmo de facturas, ya que las asignaba a cada consejería organizadora de actos de Aguirre y las troceaba para adjudicar a dedo. López Viejo sigue siendo diputado autonómico, aunque Garzón posee datos de que recibió presuntos sobornos. 

(www.elpais.com, 17/02/09) 

CONSEJEROS A LA ORDEN DE LÓPEZ VIEJO 

Los consejeros del Gobierno de Esperanza Aguirre confiesan en privado que están desconcertados ante los contratos adjudicados a la red corrupta de empresas que dirigía Francisco Correa. De hecho, el consejero de Hacienda, Antonio Beteta, anda de cabeza estos días para reunir toda la información sobre las facturas impagadas al grupo de Correa por actos institucionales de la presidenta de la Comunidad de Madrid. 

Alberto López Viejo, investigado por el juez Baltasar Garzón por aceptar supuestamente sobornos de la trama corrupta, se encargó durante los últimos cinco años de organizar esos actos institucionales, aunque estuvieran fuera de su competencia, al menos desde que fue nombrado para dirigir la Consejería de Deportes y dejó la Consejería de Presidencia. 

"El resto de consejeros se enteraban de que debían pagar determinados gastos de presentaciones institucionales donde estaba la presidenta de la Comunidad cuando les llegaba la factura, que les remitía López Viejo", señala un alto cargo autonómico. 

"El sistema era tan perverso como que muchos consejeros con escaso peso político en el Gobierno tenían que aceptar las condiciones de López Viejo porque, de lo contrario, como era el que manejaba la agenda de la presidenta para actos institucionales, se quedaban sin poder presentar sus proyectos con Esperanza Aguirre", concluye. 

(www.elpais.com, 17/02/09) 

LAS EMPRESAS DE LA TRAMA DE CORREA CREARON UNA RED DE FACTURAS FALSAS PARA DEFRAUDAR A HACIENDA CANTIDADES MILLONARIAS 

Según el testimonio de una de las imputadas, recogido en las grabaciones que obran en poder del juez Garzón y a cuya transcripción ha tenido acceso la SER, cuatro de las sociedades de la trama corrupta crearon una red de facturas falsas organizada a través de una asesoría fiscal que servía de intermediaria entre las empresas de la trama (vinculadas a Correa) y terceras empresas. 

El método consistía en cruzar facturas por servicios no realizados y así conseguir beneficios fiscales y desgravaciones en las declaraciones del Impuesto de Sociedades y en el IVA. "Todo por recomendación de Pablo crespo, (ex secretario de organización del PP en Galicia) que era el hombre en la sombra" asegura la imputada en las grabaciones. 

Las cuatro empresas de la trama que habrían colaborado en esta red de facturas falsas son, según la documentación que baraja Garzón : Easy Concept Comunicación, Good and Better, Diseño Asimétrico y Servi Madrid. Según la imputada estas son "empresas con contratos muy interesantes, muy golosos (...) con mucha rentabilidad, tienen costes pero hay mucha facturación, y hay mucho beneficio real entonces se hicieron una serie de facturas falsas, facturas que no son reales" 

El asunto iba mucho mas allá de cruzar facturas dentro de las empresas vinculadas a la trama "no era entre nosotros , era peor (...) eran empresas ajenas a nosotros y todo a través de la asesoría" se asegura en las grabaciones en poder de Garzón 

La labor de la asesoría fiscal que contrató Pablo Crespo (ex secretario de organización del PP en Galicia) era captar a terceras empresas, ajenas a las vinculadas a Correa, para utilizarlas en la emisión y recepción de las facturas falsas. 

Carlos Ignacio Hernández Montiel uno de los 37 imputados es el jefe de la asesoría Galher servicios administrativos S.A , intermediaria en esta red de facturas falsas. Según las grabaciones que obran en el sumario el "lugarteniente" de correa Pablo Crespo ( tambien imputado ) seria el cerebro de esta red de documentos falsos para evadir impuestos. 

Las revelaciones contenidas en estas grabaciones son una pieza clave en la investigación impulsada por Garzón. Del contenido de las mismas, así como de las investigaciones todavía en marcha depende que la concurrencia de delito fiscal sea probada, al margen del resto imputaciones impulsadas por el magistrado de la Audiencia Nacional entre las que se encuentran el tráfico de influencias, el cohecho y el blanqueo de capitales. 

(www.cadenaser.com, 17/02/09) 

UNA DE ESTAS SOCIEDADES RECIBIÓ 70.000 EUROS DEL GOBIERNO DE AGUIRRE HACE APENAS DIEZ SEMANAS 

Otra novedad que les adelanta la SER. El Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó hace sólo tres meses uno de los últimos contratos uno de los últimos contratos a una de estas empresas del grupo de Correa. Fue un contrato a dedo de 70.000 euros. 

Diseño Asimétrico SL, una de las empresas de la trama fue contratada por la Comunidad de Madrid el pasado 2 de diciembre. El contrato fue negociado y sin publicidad y adjudicado a esta empresa vinculada a Correa, por la consejería de Inmigración que dirige Javier Fernandez-Lasquetty. El objeto del mismo era el montaje del Stand institucional de la Consejería en la feria "Intregra Madrid" que tuvo lugar tres días después, el 5 de diciembre, en Ifema. 

A la empresa se le encargó también un informe sobre la ejecución de la feria y un reportaje fotográfico. Por todo ello, el gobierno de Esperanza Aguirre pago a esta empresa 69.020 euros. 

(www.cadenaser.com, 17/02/09) 

LOS MIEMBROS DEL SÉQUITO DE AZNAR SE ALOJARON EN HOTELES RESERVADOS POR CORREA 

La empresa Pasadena Viajes, propiedad de Paco Correa es una de las sociedades de la trama investigadas por Garzón. Según facturas y documentos internos a fue esta empresa la que facturó al PP por el alojamiento del equipo organizador de los mítines del entonces presidente José María Aznar. 

Cada vez que Aznar viajaba fuera de Madrid para participar en un mitin de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2003, lo hacía acompañado por un equipo de Génova que se encargaba de la organización de los actos. Esto obligaba a la contratación de un gran número de habitaciones de hotel. Correa -el cabecilla de la trama empresarial que presuntamente se beneficiaba de sus relaciones con altos dirigentes del PP para conseguir contratos públicos o recalificaciones urbanísticas- era el encargado del alojamiento de los miembros del partido que acompañaban a Aznar y por ello facturó importantes cantidades a Génova. 

De este séquito electoral formaban parte el dimitido Alberto López Viejo y el actual diputado regional y secretario de movilización del PP de Madrid Alfonso Bosch. 

Ambos son mencionados con frecuencia por Correa en las grabaciones en poder de Garzón. De López Viejo, entonces consejero de la Comunidad de Madrid, Correa dice que cobraba comisiones y que además, obligaba a las consejerías a pagar con dinero público actos del PP que montaba el propio Correa. "Alberto [López Viejo, ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid] se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio kilo". 

Correa menciona también a Bosch. El líder de la trama asegura que le ha pedido "a Alfonso" que le presente a alguien que puede serle útil en sus negocios. Otra de las imputadas, cuya voz también aparece en las cintas, destaca la estrecha relación de Bosch con el líder de la trama. "Es uno de ellos, uno de los malos, de los que hacen cosas mandado por ellos", dice la imputada. 

(www.cadenaser.com, 17/02/09)

 LOS PROTAGONISTAS EN EL "FALCON" PRESIDENCIAL DE AZNAR 

Bosch fue la sombra de José María Aznar en las elecciones de 2003. Él era parte del comité organizador de Génova y el responsable de los Mítines multitudinarios que Aznar dio en Burgos, Tenerife o Las Palmas. 

Hasta tal punto no se despegó de Aznar, que su nombre figura en los registros de pasajeros del avión presidencial del entonces presidente del gobierno, el Falcon 900 en el que Aznar y su equipo se desplazaban a los mítines. Junto a él aparece también Antonio Cámara quién un año después pasaría a trabajar para Correa en la empresa "Special Events". Cámara es actualmente consejero de Caja Madrid dentro del sector Aguirrista. 

(www.cadenaser.com, 17/02/09) 

EL PARTIDO CORRIGE A AGUIRRE Y EXPEDIENTA A DOS CARGOS POPULARES IMPUTADOS POR GARZÓN 

Mariano Rajoy quiere combinar la dureza contra sus cargos imputados por Baltasar Garzón en la trama corrupta del empresario Francisco Correa con la confrontación radical con el juez y, sobre todo, con el Gobierno, al que acusa de mover los hilos del caso. Por eso, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, anunció ayer que el Comité de Derechos y Garantías ha abierto expediente informativo a los cargos imputados -Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla, y Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda-. La apertura del expediente contradice a Esperanza Aguirre, ya que el pasado jueves el portavoz del PP de Madrid, Juan José Güemes, negó una medida similar. Rajoy busca poner distancia con los imputados. 

La otra línea de actuación del PP es la de dar a entender que todo el caso es una maniobra urdida contra el partido por el juez y el Gobierno. Se trata de mostrarse como víctimas y unir a todos en el partido frente al enemigo exterior. Además de la ofensiva parlamentaria y política, Cospedal insistió ayer en la idea de que el juez ha de inhibirse tras constatar que hay aforados en la causa. La número dos del partido advirtió de que mantener la investigación sobre aforados podría provocar la nulidad de las actuaciones. 

Dentro de esta estrategia, el PP ha remitido un nuevo escrito a la Audiencia Nacional en el que se le pide al juez que haga públicos los nombres de los aforados investigados. Garzón rechazó el viernes la personación del PP y aseguró que había aforados implicados. El PP, según fuentes de su dirección, pretende poner de manifiesto que Garzón retiene el sumario de forma irregular. Explican el convencimiento de que en los próximos días el juez declinará su competencia. La Comunidad de Madrid pidió su personación. 

El líder del PP aseguró anoche en Antena 3 que Garzón instruye "una causa general" contra su partido. Se mostró dispuesto a actuar "con toda contundencia" contra cualquier "militante que haya hecho algo que no deba" y criticó que Garzón, que fue candidato del PSOE, sea el instructor de la causa. Negó que el PP recibiera dinero de los imputados. "En lo que yo conozca", añadió Rajoy. 

(www.elpais.com, 17/02/09)

LOSANTOS INSINÚA QUE EL PP DE RAJOY ACTÚA “POR COMISIÓN” 

Federico Jiménez Losantos vuelve a arremeter contra el PP de Mariano Rajoy, esta vez desde El Mundo y mezclando las críticas a la dirección nacional del partido con el escándalo por la presunta trama de corrupción asociada al partido. Compara a Sáenz de Santamaría con Heidi y luego concluye que “los heidis de Génova 13 no actúan por acción sino por omisión; o por la pantarriólica retribución”.  

Losantos recicla las burlas que durante años la derecha a vertido contra Zapatero sobre un presunto pensamiento infantil de éste y denuncia ahora que “en el PP reina hoy lo que podríamos llamar el Pensamiento Heidi, que es como el Pensamiento Alicia estudiado por Gustavo Bueno en la izquierda pero en carca, una especie de buenismo tan idiotizante como idiotizado”.

El locutor de la COPE denuncia incluso que “los heidis de Génova 13 no actúan por acción sino por omisión; o por la pantarriólica [en alusión a Arriola] retribución”. Más adelante aclara quién es Heidi para él en el PP. “El abuelo Mariano y Heidi Sáenz de Santamaría dirán que siempre que llueve escampa”, advierte para insinuar el fracaso electoral del PP en las próximas citas electorales.  

(www.elplural.com, 17/02/09) 

LANZAROTE IRONIZA CON EL CRIMEN DE MARTA DEL CASTILLO PARA NO HABLAR DE SU RELACIÓN CON UNO DE LOS IMPUTADOS EN LA TRAMA CORREA 

"Estoy preocupado porque el año pasado estuve en la Feria de Abril de Sevilla, en La Maestranza, en una corrida de toros y estoy preocupado no siendo que vaya a haber estado el chico éste que ha matado a la niña ésta de Sevilla, no siendo que... Estoy preocupadísimo de verdad", de esta manera el polémico alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote evitaba aclarar su relación con uno de los imputados en la trama de corrupción que investiga la Audiencia Nacional, el ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero. 

Según publica hoy el diario salmantino La Gaceta, con esta ironía de mal gusto, Lanzarote aclaraba el papel de Panero como principal valedor de la concesión del título de Ciudad Europea del Deporte a Salamanca en 2010. 

La oposición socialista había pedido al concejal de Deportes del Consistorio, Jorge Recio, que informase a la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deporte y Juventud sobre esta designación sobre la que creen que "pesan dudas" ya que la llamada Asociación de Capitales Europeas del Deporte (ACES) no cuenta con estructura física en España.  Las sospechas del PSOE se han visto amplificadas ante la circunstancia de que el vicepresidente de la citada organización es nada más ni nada menos que Arturo González Panero, que se vio obligado a dimitir como alcalde de Boadilla la semana pasada después de que el juez Baltasar Garzón lo imputase por corrupción. Panero es el principal valedor de Salamanca para conseguir el nombramiento. 

(www.elplural.com, 17/02/09)

EL PP INCUMPLE SUS ESTATUTOS AL NO EXPULSAR A LOS IMPUTADOS POR LA TRAMA DE CORRUPCIÓN  

En su último Congreso nacional, celebrado en Valencia el pasado 20, 21 y 22 de junio, el Partido Popular aprobó sus estatutos, cuyas disposiciones son de obligado cumplimiento para todos sus militantes y simpatizantes.  

En el artículo 11.1 de estos estatutos, el Partido Popular asegura que todos aquellos que incurran “en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de cargos públicos”, cometerán “una infracción” que será considerada como “muy grave”.

“Expulsión del partido”

Acto seguido, los estatutos señalan que este tipo de infracciones serán sancionadas en los siguientes términos: Suspensión de militancia por un periodo de tiempo entre cuatro y seis años, inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del Partido o en representación de éste, y expulsión del partido.  

El caso Panero

Sin embargo, ninguno de estos supuestos se han aplicado a Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla e imputado en la operación Gürtel que continúa siendo presidente del PP local y mantiene su acta de concejal.

Sólo expedientes informativos

A este respecto, la número dos de Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, reconoció este lunes que el PP tan sólo ha abierto expedientes informativos (que no trascenderán hasta que no haya más indicios) a “las personas que aparecen imputadas en la Audiencia Nacional”.

“Es una burla”

Que Panero no haya abandonado su acta de concejal ni la presidencia del PP local es “una especie de burla” para Pablo Nieto, portavoz socialista de Boadilla del Monte.  

(www.elplural.com, 17/02/09)

EL CONSELL GANA TIEMPO AL NEGAR LOS PAPELES DE ORANGE MARKET AL PSPV Y PROMETER QUE LOS DARÁ 

El Consell de Camps, envuelto en la polémica por sus contrataciones con Orange Market, una de las empresas investigadas por Garzón, se encuentra impotente para controlar la agenda política pero al menos puede ganar tiempo. Pese a las promesas de transparencia del vicepresidente Vicente Rambla y a que el presidente aseguró el jueves en las Corts que lo que hace la Generalitat es "público y notorio", ayer la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat, que depende de Rambla, no pasó la prueba del algodón al negarse a entregar a los diputados socialistas Ángel Luna y José Camarasa los contratos suscritos, entre ellos al menos uno con Orange Market. El Ejecutivo apeló a una cuestión formal para esconder los papeles pero Rambla ofreció garantías de que si vuelven a solicitar la documentación "por los cauces reglamentarios", la tendrán. 

Esos cauces, sin embargo, ya estaban cumplidos. Los socialistas justificaron la reclamación de papeles en la solicitud sobre la Sociedad Gestora y sobre Proyectos Temáticos que la presidenta de las Corts amparó el 27 de noviembre de 2007. La negativa del Consell a respetar el amparo es lo que bloquea el Síndic de Greuges. Minutos antes de las 12, hora a la que el PSPV había comunicado que iría a la empresa a por la documentación, el Consell remitió un escrito en el que le adelantaba que no admitía la vía, apelando al reglamento aprobado en su día por el PP. El Ejecutivo da estas solicitudes por "contestadas en tiempo y forma", cuando la respuesta fue negar la información. No obstante, anuncia que las iniciativas futuras serán "atendidas adecuadamente".  

La Sociedad Gestora está en Conde de Almodóvar, a dos callejuelas de las Corts y a quince metros de la sede de la Vicepresidencia primera. Los diputados, que se desplazaron a pie, coincidieron en la calle de Samaniego con Rambla, quien les garantizó que tendrán los contratos si los piden (otra vez) siguiendo los cauces y que el Ejecutivo es el mayor interesado en que los vean porque no hay nada que rascar. El encuentro fue casual,según les indicó Rambla. 

Ayer, de momento, no se vio un papel. En un encuentro de diez minutos, la directora, Arantxa Vallés, reiteró el escrito remitido. Luna avanzó que volverán a pedir las actas y contratos de la Sociedad, que solicitó hace año y medio. Antes, en 2005, ya les vetaron preguntas sobre Orange Market. Ahora, con el mismo reglamento, el milagro es posible. Ya se verá. Al poner el contador a cero, el Consell puede ganar, si quiere, al menos 20 días, que es el plazo para responder. "Cuando en una situacion como en ésta se dan cita elementos como amigos íntimos, tan íntimos que el presidente Camps acude a su boda [de Álvaro Pérez, presidente de Orange Market]; contratos públicos; sociedades con ramificaciones en paraísos fiscales; un juez desentrañando una trama delictiva y, al mismo tiempo, opacidad y ocultación de documentos, es natural que la gente piense mal", aseveró Luna.  

Antes, en declaraciones recogidas por Efe y Europa Press, Rambla insistió en que la única relación con Orange Market se ciñe al montaje del stand de Fitur y en el acto de la salida de Alicante de la Volvo Ocean Race (otorgado por la Sociedad Gestora a la firma de Pérez por 445.000 euros), "y son dos o tres pequeñas relaciones ya conocidas, que en este momento no recuerdo, y que aparecieron en los medios la semana pasada". "Vamos a seguir trabajando porque nada ha habido ni hay en relación al Consell"; de ahí, el deseo de evitar el "circo" que busca el PSPV con la "irrelevante" información que pide. Ricardo Costa (PP) instó al PSPV a seguir el cauce reglamentario y "dejar de hacer el número en busca de la foto". 

(www.levante-emv.com, 17/02/09)

Las empresas de la trama de Correa crearon una red de facturas falsas para defraudar a Hacienda cantidades millonarias

Según consta en las grabaciones que tiene Garzón, las sociedades cruzaban facturas con terceras empresas por servicios no realizados

El método consistía en cruzar facturas por servicios no realizados y así conseguir beneficios fiscales y desgravaciones en las declaraciones del Impuesto de Sociedades y en el IVA. "Todo por recomendación de Pablo crespo, (ex secretario de organización del PP en Galicia) que era el hombre en la sombra" asegura la imputada en las grabaciones.

Las cuatro empresas de la trama que habrían colaborado en esta red de facturas falsas son, según la documentación que baraja Garzón : Easy Concept Comunicación, Good and Better, Diseño Asimétrico y Servi Madrid. Según la imputada estas son "empresas con contratos muy interesantes, muy golosos (...) con mucha rentabilidad, tienen costes pero hay mucha facturación, y hay mucho beneficio real entonces se hicieron una serie de facturas falsas, facturas que no son reales"

El asunto iba mucho mas allá de cruzar facturas dentro de las empresas vinculadas a la trama "no era entre nosotros , era peor (...) eran empresas ajenas a nosotros y todo a través de la asesoría" se asegura en las grabaciones en poder de Garzón

La labor de la asesoría fiscal que contrató Pablo Crespo (ex secretario de organización del PP en Galicia) era captar a terceras empresas, ajenas a las vinculadas a Correa, para utilizarlas en la emisión y recepción de las facturas falsas.

Uno de los imputados por Garzón es el jefe de la asesoría fiscal

Carlos Ignacio Hernández Montiel uno de los 37 imputados es el jefe de la asesoría Galher servicios administrativos S.A , intermediaria en esta red de facturas falsas. Según las grabaciones que obran en el sumario el "lugarteniente" de correa Pablo Crespo ( tambien imputado ) seria el cerebro de esta red de documentos falsos para evadir impuestos.

Las revelaciones contenidas en estas grabaciones son una pieza clave en la investigación impulsada por Garzón. Del contenido de las mismas, así como de las investigaciones todavía en marcha depende que la concurrencia de delito fiscal sea probada, al margen del resto imputaciones impulsadas por el magistrado de la Audiencia Nacional entre las que se encuentran el tráfico de influencias, el cohecho y el blanqueo de capitales.


Una de estas sociedades recibió 70.000 euros del Gobierno de Aguirre hace apenas diez semanas

Otra novedad que les adelanta la SER. El Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó hace sólo tres meses uno de los últimos contratos uno de los últimos contratos a una de estas empresas del grupo de Correa. Fue un contrato a dedo de 70.000 euros.Diseño Asimétrico SL, una de las empresas de la trama fue contratada por la Comunidad de Madrid el pasado 2 de diciembre. El contrato fue negociado y sin publicidad y adjudicado a esta empresa vinculada a Correa, por la consejería de Inmigración que dirige Javier Fernandez-Lasquetty. El objeto del mismo era el montaje del Stand institucional de la Consejería en la feria "Intregra Madrid" que tuvo lugar tres días después, el 5 de diciembre, en Ifema.

A la empresa se le encargó también un informe sobre la ejecución de la feria y un reportaje fotográfico. Por todo ello, el gobierno de Esperanza Aguirre pago a esta empresa 69.020 euros.

www.cadenaser.com 16.02.09

COSPEDAL ENMIENDA A AGUIRRE Y ABRE EXPEDIENTE A LOS IMPUTADOS DEL PP 

María Dolores de Cospedal ha enmendado la plana hoy al PP de Madrid al afirmar, en contra de lo dicho el jueves pasado por el consejero de Sanidad y secretario de Comunicación de los populares madrileños, Juan José Güemes, que el PP sí va a expedientar a los dos imputados en la trama de corrupción y tráfico de influencias: el dimitido alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, que se ha quedado como concejal y como presidente del PP local, y el ex alcalde de Majadahonda y ex presidente del Mercado Puerta de Toledo, Guillermo Ortega. "Vamos a abrir expediente informativo a las personas imputadas en esta causa", ha anunciado De Cospedal. 

Güemes cerró filas el jueves y dijo que el PP de Madrid no abriría expediente, "de momento" a ninguno de los miembros del partido que están imputados en la operación Gürtel (correa en alemán) lanzada por el juez Baltasar Garzón y que han dimitido, uno, Ortega, de manera fulminante nada más conocerse la trama y otro, González Panero, tres días después y en medio de fuertes presiones, amagos y anuncios. Cuatro días después, la secretaria general del PP ha confirmado que el Comité de Derechos y Garantias de su partido les ha abierto "expediente informativo". Son, ha precisado Cospedal, expedientes informativos, "el paso previo" al posible expediente disciplinario, y aunque no ha concretado los nombres, De Cospedal se ha referido a los dos cargos imputados de momento. En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, tras la reunión del Comité de Dirección del partido, De Cospedal ha aclarado, eso sí, que no se ha abierto expediente al ex consejero de la Comundiad de Madrid, Alberto López Viejo, dado que no está imputado. López Viejo presentó su renuncia por este escándalo y es uno de los principales sospechosos de percepción de sobornos. 

El PP se aferra a la cacería

Aunque no ha dado detalles sobre la marcha de la investigación interna, ha insistido en varias ocasiones en que sólo se centrará en las personas "imputadas" y no en todas aquellas cuyo nombre ha aparecido en los medios de comunicación como relacionadas con el caso. El objetivo del PP es dejar sentada la "honorabilidad" del partido, reponer su buen nombre e impedir, en su caso, que nadie use el nombre del PP para "conseguir beneficios económicos" ilícitos o para lograr "réditos políticos en período electoral". Dicho esto, Cospedal ha insistido en que la voluntad de la dirección del PP es ser "implacable" y actuar con toda "serenidad y firmeza" contra cualquiera que pretenda "enfangar" la honorabilidad del PP. En cuanto a su ofensiva contra la Justicia y el ministro Mariano Fernández Bermejo, Cospedal ha anunciado una batería de preguntas parlamentarias sobre la cacería en la que participaron Garzón y Bermejo. En esa bateria de preguntas, el PP pide explicaciones por la presencia en esa monteria del comisario de Policía Judicial que, a su juicio, tiene una "curiosa" trayectoria, en la que aparece el caso Roldan y los papeles de Laos. 

Por otro lado, el grupo socialista de la Asamblea de Madrid promoverá la reprobación en la cámara de Alberto López Viejo si en una semana no devuelve su acta de diputado autonómico. Lo ha anunciado esta mañana el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE), Tomás Gómez, quien ha subrayado: "Hay que tener mucha cara para seguir sentándose en el Parlamento autonómico ante indicios tan fundados de cobros de comisiones y delitos tipificados en el código penal". Aunque ya no es consejero, el popular sigue ostentando su cargo como diputado autonómico, una condición que le permite ser aforado ante un proceso judicial y, por tanto, ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, competente para dirimir posibles responsabilidades penales de altos cargos autonómicos. 

Aguirre: "Ya ha dimitido"

En una reunión de la ejecutiva regional del PSM, Gómez ha considerado "evidente que hay indicios más que fundados de que López Viejo ha incurrido en un acto delictivo" y ha argumentado que "alguien que es indigno para ser consejero del Gobierno de la Comunidad de Madrid es indigno también para ser diputado autonómico". El mismo argumento lo aplican al dimitido alcalde de Boadilla de Monte, Arturo González Panero, al que piden que entregue su acta de concejal. González Panero, además de edil, sigue siendo presidente del PP local. Gómez también ha considerado "increíble" e "inadmisible" que el PP "no haya abierto ningún expediente informativo" a López Viejo y ha insistido en que Esperanza Aguirre tiene que "contar lo que sabe a los ciudadanos". Preguntada hoy en un acto por este asunto, Esperanza Aguirre ha afirmado que López Viejo "ya ha dimitido". Por su parte, Güemes ha asegurado que "si hay algún dirigente o militante que no ha estado a la altura de lo que se espera de un militante del PP, naturalmente que hay que depurar todas las responsabilidades, tanto en el ámbito judicial como político". Al ser preguntado por si el PP apoyaría la reprobación del ex consejero, Güemes ha insistido en que él es el primer interesado "en que se depuren todas las responsabilidades que sean necesarias". 

Según viene publicando este diario, el presunto cabecilla, Francisco Correa, llega a manejar varios millones de deuda de la comunidad madrileña con las firmas de su trama, en su mayoría a partir de contratos presuntamente logrados con la mediación irregular de López-Viejo. Correa lo retrataba así en las grabaciones: "Alberto se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio". Incluso proclamaba en una charla que el consejero de Aguirre le indicaba cómo debía fraccionar el contrato y utilizar una empresa blanca, fuera de toda sospecha, para cobrarle al Gobierno de Madrid sin levantar sospechas. La finalidad, según Correa, de tales contratos del Gobierno de Aguirre en favor de su red era financiar actos electorales del PP de Madrid, algo que niegan tajantemente altos cargos de la dirección nacional del PP. El juez Garzón está investigando a varios aforados, entre ellos a López-Viejo. Garzón tiene que dirimir en los próximos días si remite los datos que tiene contra los aforados a los tribunales competentes. 

(www.elpais.com, 16/02/09)

EL GOBIERNO DE AZNAR OTORGÓ CONTRATOS A LA TRAMA CORRUPTA A TRAVÉS DE AENA 

Una de las empresas de la trama corrupta ligada a cargos del Partido Popular que investiga el juez Baltasar Garzón fue contratada al menos en cuatro ocasiones por la entidad pública AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), adscrita al Ministerio de Fomento, a lo largo de 2001 y 2002 -durante el segundo Gobierno de José María Aznar-. El ministro del ramo en ese momento era Francisco Álvarez-Cascos. El monto de las cantidades entregadas a la sociedad, Technology Management Consulting (TCM), fue de más de 350.000 euros. 

No es la primera vez que aparece algún tipo de vínculo entre Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta y en prisión preventiva desde el pasado 12 de febrero, y altos cargos de gobiernos del Partido Popular. En una de las grabaciones que obran en poder del juez Garzón, Correa da a entender que dio 1.000 millones de pesetas a Luis Bárcenas, actual tesorero del PP, por adjudicarle obras durante la época como ministro de Álvarez-Cascos, de quién Bárcenas era estrecho colaborador. 

Álvarez-Cascos afirmó ayer a EL PAÍS que no tiene "nada que ver" con ningún contrato entre las empresas de Correa y AENA. "Si se cometió alguna irregularidad, lo que a mí desde luego no me consta, se hizo sin mi consentimiento. Pero también hay que tener en cuenta que el señor Correa tenía una reputación como proveedor en el año 2000 que ahora evidentemente no tiene. Mucha gente contrataba con él de buena fe". El ex ministro contrastó ayer con algunos colaboradores la existencia de los contratos entre TCM y AENA, que él no recordaba, y confirmó finalmente las cuatro adjudicaciones. "Todo se hizo siguiendo los procedimientos establecidos en la ley, los que deben cumplir las administraciones públicas para poder contratar. La empresa de Correa ganó la adjudicación por ser la mejor oferta presentada, creo, probablemente la más barata. Nadie tenía en ese momento ninguna suspicacia hacia esta empresa. En cualquier caso y aunque me extrañaría que hubiera irregularidades, si las hubo yo no tuve nada que ver con esos contratos. Ni siquiera me enteré de ellos en su día porque eran temas como organizar la participación de AENA en algunas ferias internacionales". 

Álvarez-Cascos niega haber beneficiado en ningún momento al cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, ni tener relación alguna con él. "Algunos medios han llegado a decir incluso que yo lo apadriné dentro del PP, pero eso es rigurosamente falso. Le conocí ya como proveedor de viajes y de actos para el PP cuando yo era secretario general del partido, así que no pude ser yo quien le acercó al PP", señala el ex ministro. "Compré en su agencia de viajes algo así como tres viajes. Pero, repito, cuando yo le conocí ya era proveedor del partido. Todo esto es perfectamente contrastable a través de las fechas de mis viajes y el inicio de los trabajos de Correa para el PP". 

A través de contactos y supuestos sobornos a políticos, Francisco Correa tejió presuntamente a lo largo de más de una década una red de empresas inversoras, inmobiliarias y de gestión de las que se servía para enriquecerse a través de adjudicaciones de suelo, recalificaciones urbanísticas y concesión de contratos con distintas administraciones públicas a las que habría pagado para lograr un trato de favor. El juez Garzón está investigando distintos casos relacionados con la Comunidad de Madrid, la Generalitat Valenciana y numerosos municipios gobernados por el PP. 

Uno de los lugares en los que las empresas de Correa obtuvieron un buen número de contratos fue Majadahonda (Madrid). Y para lograr una adjudicación en este municipio, la empresa TCM entregó al Ayuntamiento -gobernado por el PP- una documentación en la que los representantes de la empresa hacían constar los negocios que habían mantenido durante 2001 y 2002 con AENA. 

La mujer de Correa, María del Carmen Rodríguez, trabajaba como asesora del entonces alcalde Guillermo Ortega (imputado también por Garzón) cuando TCM concursó y obtuvo la adjudicación de la concesión para montar la Oficina de Atención al Ciudadano del municipio. La operación suponía más de medio millón de euros al año y la adjudicación se produjo a pesar de que el secretario general de la Mesa de Contratación había insistido en que TCM no había concretado los servicios que se iban a prestar en la oficina y que el contrato no tenía un objeto claro. Sobre estos hechos, el Grupo Socialista de Majadahonda presentó en mayo de 2003 una denuncia ante el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix. La Fiscalía remitió la denuncia a los juzgados de Majadahonda, pero el caso fue archivado. 

Entre los papeles que TCM presentó al Ayuntamiento de Majadahonda en ese momento para acreditar su solvencia e historial empresarial -localizados gracias a una investigación del PSOE local- aparecen un par de documentos que acreditan que la sociedad había contratado con AENA en cuatro ocasiones a lo largo de 2001 y 2002. 

Por un lado, hay una declaración de dos representantes de TCM, Pablo Crespo Sabaris -ex secretario de organización del PP en Galicia (hasta 1999), presunto segundo de la trama corrupta, en prisión preventiva e imputado por asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y defraudación fiscal- y el también imputado José Luis Izquierdo. En este escrito, Crespo e Izquierdo detallan "bajo su solvencia y honor personal" los principales servicios realizados entre 1999 y 2002 por TCM a distintas empresas y organismos, uno de los cuales resulta ser AENA. 

Por otro lado, aparece también en el expediente administrativo la declaración tributaria de TCM relativa a las operaciones con terceras personas durante el ejercicio fiscal de 2001. En este documento declaran haber recibido de AENA 111.547 euros a lo largo de ese año. Hay una discordancia entre la cantidad de 2001 que los representantes declaran en su documento privado y en la declaración tributaria. Crespo e Izquierdo dicen que durante 2001 sólo hicieron un servicio a AENA por valor de 12 millones de pesetas (77.000 euros) mientras que en su declaración tributaria dicen haber recibido de AENA durante ese ejercicio fiscal 111.000 euros. La diferencia podría deberse a alguna deuda anterior de AENA con TCM que se pagó en 2001, lo que implicaría que existió otro contrato más, probablemente en el año 2000. 

(www.elpais.com, 16/02/09) 

LA RELACIÓN ENTRE AENA Y TCM ENTRE 2001 Y 2002 

Dos documentos acreditan los vínculos entre la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y Tecnology Management Consulting, firma ligada a la trama corrupta. 

- Declaración tributaria. En la declaración de operaciones con terceros de TCM relativa al ejercicio fiscal de 2001 aparece una operación con AENA por valor de 111.547 euros, un tercio del importe total de las operaciones de la empresa en ese año. 

- Declaración de Pablo Crespo Sabaris y José Luis Izquierdo. Como representantes de TCM, Crespo (en prisión preventiva) e Izquierdo (imputado) firman una carta el 23 de enero de 2003 para presentar en un concurso público en la que describen los principales servicios realizados de 1999 a 2002 a otras empresas. Los cuatro contratos con AENA (como figura en uno de los documentos reproducidos, de nueve páginas, del que se extractan las líneas con los contratos con la entidad pública) son: 

Marzo de 2001. Organización, montaje y desmontaje del stand de AENA en la feria ITB de Berlín. Importe de facturación: 12.876.000 pesetas (77.386,32 euros). 

Febrero de 2002. Asistencia Técnica para la participación de AENA en la Feria de Maastricht. Importe: 89.237,64 euros. 

Febrero de 2002. Segundas jornadas por Excelencia en AENA y entrega de premios. Importe: 60.013,48 euros. 

Marzo de 2002. Asistencia Técnica para la participación de AENA en la Feria de Berlín. Importe: 98.998,72 euros. 

(www.elpais.com, 16/02/09) 

CORREA VINCULÓ ENTREGAS DE DINERO AL PP CON ADJUDICACIONES DE OBRAS DE CASCOS 

En las casi 18 horas grabadas a la trama corrupta vinculada al PP que dirigía Francisco Correa, entre otras decenas de frases explosivas o incriminatorias, el jefe de la trama suelta un auténtico misil contra el actual tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el ex vicepresidente y ex ministro de Fomento de José María Aznar, Francisco Álvarez Cascos: "Ya te he dicho que yo le he llevado a Bárcenas, a su casa y a Génova, 1.000 millones de pesetas por adjudicaciones de obras de la época de Cascos, y sé cómo lo ha sacado y el paraíso fiscal donde lo tiene". Bárcenas niega tal entrega de dinero y la dirección del PP afirma creerle sin titubeos. Bárcenas se muestra tan alarmado como indignado al conocer el contenido de tales imputaciones de Correa sobre su persona, y no descarta emprender acciones legales contra él si se confirma que ha sostenido tales acusaciones, que juzga "absolutamente falsas y calumniosas". 

El actual tesorero del PP -cargo que recibió en junio de 2008 tras tomar el testigo de su amigo Álvaro Lapuerta- sospecha que tal afirmación procede del resentimiento que le guarda Correa. En mayo de 2004, Bárcenas contribuyó personalmente, como gerente del partido, a declarar a Correa persona non grata en el PP nacional, tras conocer que invocaba el nombre del partido y de su tesorería nacional para exigir la adjudicación de contratos en ayuntamientos de Madrid en manos de los populares. 

Lapuerta, tras confirmar tal sospecha en una reunión con alcaldes del noroeste madrileño, puso fin, con el pleno apoyo de Mariano Rajoy, a 12 años de contrataciones en régimen de monopolio con Correa para organizar los actos electorales del PP nacional. Bárcenas, con el beneplácito del entonces secretario general del partido, Ángel Acebes, vetó incluso la adjudicación del contrato de organización del congreso nacional del partido en Valencia de junio de 2008. Correa perdió así el principal atractivo de su tarjeta de visita: ya no era el sempiterno organizador de los actos del partido ni podía decir ante sus potenciales clientes: "Vengo en nombre de Génova, de la tesorería". 

Desde entonces, Correa se refugió en contratos logrados en las administraciones autonómicas madrileña y valenciana, bajo mandato de Esperanza Aguirre y Francisco Camps, respectivamente. Bárcenas incluso llegó a plantear: "Que lo contraten [a Correa] los de Valencia si quieren, pero nosotros, no". Fuentes de la actual dirección nacional del PP consideran que el tesorero está fuera de sospecha en esta trama. 

El sumario en algo sí le da la razón a Bárcenas: Correa lo odia. En un momento dado afirma lo siguiente: "Anoche me despaché con Bárcenas". El enfrentamiento parece vinculado a "la deuda del PP" con las empresas de su red. Las transcripciones arrojan cierta luz sobre tal resentimiento: "Yo facturaba más de 500 millones al año". Tal cifra parece adjudicarla Correa a campañas del PP a escala nacional, pero podría incluir otros conceptos, otras fuentes de negocio. 

Personas relacionadas con Correa afirman que tuvo una honda amistad en la década de los noventa con Francisco Álvarez-Cascos, una relación que declinó posteriormente. Lo cierto es que en los dos años donde se le han grabado 15 reuniones (2006-2007), Correa no sólo se queja con amargura del impago de deudas del PP nacional con sus empresas, sino también de la morosidad del Gobierno de Aguirre. Llega a manejar varios millones de deuda de la comunidad madrileña con las firmas de su trama, en su mayoría a partir de contratos presuntamente logrados con la mediación irregular del ex consejero de Deportes Alberto López-Viejo, uno de los principales sospechosos de percepción de sobornos. 

Correa lo retrataba así: "Alberto se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio". Incluso proclamaba en una charla que el consejero de Aguirre le indicaba cómo debía fraccionar el contrato y utilizar una empresa blanca, fuera de toda sospecha, para cobrarle al Gobierno de Madrid sin levantar sospechas. La finalidad, según Correa, de tales contratos del Gobierno de Aguirre en favor de su red era financiar actos electorales del PP de Madrid, algo que niegan tajantemente altos cargos de la dirección nacional del PP. 

Sin embargo, las mismas fuentes sí aceptan que pudo haber irregularidades en tales contrataciones con las Administraciones de Madrid, o de Valencia, en algunos casos a través de empresas tapadera, pero sostienen que sirvieron sólo para el lucro personal del cargo público implicado y del contratado, pero no para financiar el partido. Correa tiene en su mano despejar tal duda. "Yo nunca cantaré", dijo antes de acabar en prisión. Sus interlocutores en las conversaciones grabadas tienen algo muy claro. "Por eso te tienen tanto miedo, Paco. Lo sabes todo de todos. Los tienes pillados". 

(www.elpais.com, 16/02/09) 

GARZÓN INVESTIGABA POR BLANQUEO AL ABOGADO QUE CREÓ ORANGE MARKET 

El desmantelamiento de la trama de corrupción vinculada al Partido Popular, que ha llevado a la cárcel a tres personas y en la que están imputadas al menos otras 34, se originó hace cinco años cuando el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón abrió una investigación por supuesto blanqueo de dinero al abogado Luis de Miguel Pérez. 

Este abogado, ahora imputado en la causa, fue quien constituyó en 2003 en Algemesí la empresa Orange Market, cuyo presidente y cabeza visible, Álvaro Pérez Alonso, ha sido detenido y puesto en libertad con cargos de blanqueo, tráfico de influencias y cohecho mientras todos sus socios eran también imputados por el juez. 

El fundador de Orange Market, miembro de los consejos de más de medio centenar de sociedades, dirige un bufete en Madrid (De Miguel y Abogados Asociados) especializado en el asesoramiento financiero y empresarial y ha formado parte de los consejos de media docena de las empresas de la trama de corrupción supuestamente dirigida por el detenido Francisco Correa. Se trata de Pasadena Viajes, Special Events, Technology Consulting Management, Caroki, Easy Concept y Orange Market. En tres de ellas fue durante un tiempo administrador único. Es el caso de Orange Market, donde fue sustituido en enero de 2006 por Francisco Javier Pérez Alonso, quien ejerció de administrador único de la empresa valenciana hasta el pasado mes octubre. Mientras desempeñaba la función de administrador único de Orange Market, De Miguel lo era a su vez de Caroki y de Easy Concept, sociedades controladas por Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP de Galicia e ingresado en prisión preventiva.  

Garzón sospecha que Easy Concept inflaba costes en los encargos de administraciones gobernadas por el PP a otras firmas tapadera.La presencia de Luis de Miguel Pérez en el origen de la investigación del juez Baltasar Garzón, -reactivada tras la entrega a la fiscalía, en noviembre de 2007, de 18 horas de grabaciones por parte de un ex concejal del PP madrileño-, y su vinculación a algunas de las sociedades más destacadas de la trama corrupta sitúan a Orange Market en el núcleo de la red que lideraba Correa. 

De esta manera, la empresa que ahora preside Álvaro Pérez Alonso, la cara visible de Orange Market en Valencia desde hace años, no es una pieza vinculada a la trama tangencialmente, como tampoco son tangenciales sus contactos con el poder político. Amigo de varios de los principales dirigentes del PP valenciano, formación política con la que se ha relacionado de forma casi exclusiva, bien para organizar los actos públicos y electorales o bien a través de los encargos de las instituciones donde gobierna el partido, como la misma Generalitat, Álvaro Pérez Alonso interviene en varias de las grabaciones en las que se ha basado el juez Garzón para actuar contra la trama de corrupción. 

Como recoge en el auto por el que envió a prisión a tres de los supuestos integrantes de la red, el juez de la Audiencia Nacional precipitó las detenciones el pasado día 6 de febrero después de recibir una alerta policial de que algunos de los sospechosos podían intentar la fuga de territorio español. Ese mismo viernes ejecutó, entre otros, el registro de la Agencia Valenciana de Turismo, en busca del expediente sobre la adjudicación a Orange Market del pabellón valenciano en el certamen turístico Fitur, que conseguía por quinto año consecutivo, y de las propias dependencias de la empresa en Valencia. 

Tras la detención de Álvaro Pérez, Garzón imputó a todos los miembros actuales del consejo de Orange Market y a los que habían formado parte anteriormente de él. Entre esos socios figura José Ramón Blanco Balín, considerado uno de los principales implicados e imputado por presuntos delitos de fraude fiscal, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Sin embargo, Blanco Balín, desde cuyo despacho en Madrid se gestionaron empresas de la trama de corrupción vinculadas a Pablo Crespo, abandonó el consejo de administración de Orange Market cuatro días antes de la intervención judicial. 

Según los datos que constan en el registro mercantil, Ramón Blanco Balín fue sustituido el pasado 2 de febrero como secretario del consejo de administración por Nuria Pérez Alonso, hermana del presidente y cabeza visible de Orange Market, Álvaro Pérez Alonso. Ese mismo día, la sociedad cambió oficialmente su domicilio social de su antigua dirección en la calle de Conde Salvatierra, en Valencia, a la que efectivamente ocupan sus oficinas, en el número 18 de la calle de Colón. 

En ese mismo domicilio, Orange Market registró hace tres meses, el 19 de noviembre del año pasado, una filial, Orange Factory, SL, cuyo administrador único es el consejero delegado de la empresa matriz, Cándido Herrero Martínez, también imputado por Garzón. 

(www.elpais.com, 16/02/09)

CORREA PIDIÓ A FERNANDO MARTÍN 50 MILLONES POR UNA ADJUDICACIÓN 

Lo que más llamaba la atención en la forma de comportarse de Francisco (Paco) Correa era que daba la impresión de que controlaba el cotarro. Es decir, hablaba con un constructor y le ofrecía la recalificación de un terreno como si fuera suyo. Si éste le miraba con desconfianza, descolgaba el teléfono y llamaba al alcalde de la localidad donde se iba a perpetrar el atropello.Tras unos minutos de charla, en la que Paco tuteaba al alcalde y le trataba como si fuera un subordinado, todo quedaba resuelto.«Mira, es que yo controlo a los alcaldes del PP de Madrid, de Valencia y de Castilla y León», se jactaba, ante el asombro de su interlocutor.  

Paco presumía de ser muy amigo de Aznar («fui testigo de la boda de su hija con Agag», era su recurrente coletilla) y, sobre todo, de Alvarez Cascos, sobre el que se atribuía predicamento incluso para las adjudicaciones de obras públicas en su época de ministro del ramo.  

«Yo a Florentino Pérez le hice muchas putadas cuando Paco Cascos era ministro», presumía.  

A pesar de sus fantasmadas, Correa manejaba mucho dinero («si quería conseguir algo de ti o eras de su círculo íntimo te invitaba a su yate», dice una de sus víctimas) y su capacidad para mover determinados hilos era auténtica.  

Fernando Martín, presidente de Martinsa, me confesó la semana pasada que a él personalmente Correa le exigió 50 millones de euros de comisión por adjudicarle las parcelas de suelo público de Majadahonda que, a la postre, fueron la causa de la destitución del alcalde de la localidad cercana a Madrid, Guillermo (Willy) Ortega.  

Eso sucedió a finales de 2004. El interlocutor para otorgar un chollo urbanístico que suponía convertir terreno rústico en suelo urbano con una edificabilidad de 52.000 metros cuadrados no era Willy Ortega, ni siquiera el concejal de Urbanismo, José Peñas, sino Paco Correa, el conseguidor.  

El asunto era tan sencillo como descarado. El suelo se adjudicaba directamente, sin concurso, a un precio muy inferior al de mercado, lo que hacía que la comisión no supusiera sobrecoste efectivo para el empresario. Estamos hablando de los años del boom inmobiliario en los que municipios como Majadahonda, Pozuelo o Boadilla crecían como la espuma y en los que los precios de la vivienda se multiplicaron por dos en muy poco tiempo.  

Fernando Martín, perro viejo, no aceptó el trato que le ofreció Correa, de lo que se siente, visto con retrospectiva, muy satisfecho.«Yo sólo entro en negocios que se puedan hacer y que se puedan explicar», advirtió el dueño de Martinsa a Correa. Ahora muchos vecinos de Majadahonda se explican por qué un municipio teóricamente rico reconoció justo ese mismo año un déficit de 15 millones de euros.  

Desde 2002 la oposición llevaba denunciando los chanchullos del alcalde con Correa y sus empresas y la contratación a discreción de asesores, entre los que se encontraba su propia esposa, Carmen Rodríguez. La destitución de Guillermo Ortega y de sus concejales afines era una forma de tapar el asunto de la adjudicación ilegal de terrenos, pero sólo fue un parche en lo referente a una trama de corrupción con tintes mafiosos. De hecho, Correa se refería a sus allegados como la familia.  

La trama funcionaba en tres niveles. En el nivel superior, Correa se dedicaba a cobrar comisiones por adjudicaciones o recalificaciones en ayuntamientos controlados por el PP. Una parte del dinero obtenido iba al alcalde y a los concejales que participaban en el apaño. Uno de los concejales de Boadilla me confesó hace unos días que a él Correa le ofreció dinero a cambio de ceder a la pretensión de recalificar un terreno rústico para la construcción de una residencia de lujo para la tercera edad.  

En un segundo nivel estaban las empresas que se dedicaban a organizar todo tipo de eventos, viajes y a dar servicios a los ayuntamientos y comunidades autónomas (Special Events, Easy Concept, Orange Market, Servi Madrid, Pasadena Viajes, etcétera).  

Dichas empresas, que prestaban efectivamente servicios, funcionaban como un confuso entramado. Por ejemplo, la Comunidad de Valencia adjudicaba la organización de un acto a Orange Market (controlada por Alvaro Bigotes Pérez), y ésta, a su vez, lo subcontrataba con Easy Concept (que tiene su sede en Madrid). Sin embargo, Easy Concept no facturaba a Orange Market porque, según Pablo Crespo, el hombre responsable de este segundo nivel y mano derecha de Correa, «el jefe es el mismo y da igual quién facture».  

Ese entramado era muy importante para que el primer nivel pudiera funcionar con efectividad. Daba la impresión de una red perfectamente organizada y que tenía el respaldo del PP, lo que hacía que algunos alcaldes pensaran que estaban obligados no sólo a contratarlas, sino a pasar por el aro en la intervención de Correa en los asuntos urbanísticos.  

Las empresas legales, por así decirlo, recurrieron a otra empresa, Galer (cuyos socios Pablo Gallo y Carlos Hernández están también imputados), como localizadora de empresas factureras. Es decir, de sociedades a las que se pagaban servicios inexistentes (y que habían sido puestas a disposición del entramado por Galer) para así generar dinero negro con el que pagar las comisiones a los altos cargos que adjudicaban los contratos. Así se hacía, por ejemplo, en el caso del ex consejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo.  

El tercer nivel, el más sofisticado, es el que corresponde a una estructura empresarial compleja que extiende sus tentáculos hasta paraísos fiscales.  

Los investigadores suponen que son esas sociedades las que recibían el dinero obtenido a través del cobro de comisiones por recalificaciones urbanísticas. Es decir, el dinero que provenía del primer nivel, al que sólo tenía acceso Correa, su hombre de confianza, Crespo y, según la investigación, Ramón Blanco Balín y Luis de Miguel (ambos imputados).

A partir de septiembre de 2007, Hator Consulting (propiedad de Blanco Balín) se hizo con el control de las principales empresas de servicios fundadas por Correa.  

Antes de ser imputado en la operación Gürtel, Blanco Balín estaba ya siendo investigado por la Audiencia Nacional (Santiago Pedraz) por su implicación en la trama de blanqueo extendida por toda Europa, que tenía como refugio del dinero negro cuentas secretas en bancos de Liechtenstein, y que fue descubierta en Alemania a principios de 2008.

Asimismo, Blanco y De Miguel estuvieron bajo la lupa de Garzón cuando se descubrió el fraude fiscal llevado a cabo a través de la sociedad Privanza (que formaba parte del BBVA). La Fiscalía Anticorrupción tiene la impresión de que Blanco y De Miguel han montado una red de empresas en paraísos fiscales para blanquear el dinero que Correa obtenía de sus actividades como conseguidor en administraciones públicas.(www.elmundo.es, 16/02/09)

UNA EMPRESA DE ULIBARRI CONSTRUYE EN VALENCIA SIN HABER PAGADO LOS AVALES OBLIGATORIOS POR LEY 

El empresario José Luis Ulibarri (en la foto), uno de los imputados en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón es uno de los que ha llevado a que el escándalo se extienda hasta la Comunidad Valenciana, donde tiene numerosos negocios relacionados con las telecomunicaciones y con el urbanismo. Según publicó Levante, en este último campo Ulibarri está ejecutando con una de sus empresas un PAI (programa de actuación integrada) en el municipio de Rocafort para el que no ha presentado el aval al que obliga la ley. Pese a esta irregularidad, las obras están en marcha, aunque las parcelas para las nuevas viviendas no aparecen registradas. 

Antes de su imputación en la trama de corrupción que desde hace 10 días investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, el empresario José Luis Ulibarri ya sonaba como uno de los grandes beneficiados en la Comunidad Valenciana. Sus empresas de medios de comunicación han conseguido trece licencias de TDT en la región, y sus constructoras agrupadas en el Grupo Begar tienen un enorme volumen de construcción en la zona.

Sin avales

Una de estas firmas de Begar, Urbanite S.L., es la encargada, según informó Levante de desarrollar un polémico programa de actuación integrada (PAI) en Bovalar en Rocafort, donde la sociedad no ha presentado el aval que exige la ley para llevar a cabo la construcción. La última ley sobre urbanismo obliga al agente urbanizador a depositar una fianza “por valor mínimo del 7 por ciento del coste de urbanización previsto” como garantía del cumplimiento de sus previsiones.

Estimación de 9,1 millones

Para este proyecto, se había estimado en un primer momento un coste de 7,7 de euros, que ha aumentado hasta alcanzar los 9,1 millones, pero Urbanite no ingresó el porcentaje establecido, por lo que el Registro de la Propiedad tiene paralizada desde hace algo más de año y medio la inscripción de la reparcelación del nuevo sector residencial de Bovalar.

Sin registrar

El proyecto está integrado por unas 500 viviendas, pero no ha sido registrado, según los informes del Registro de la Propiedad, porque en el proyecto de la constructora “no se acreditan los avales que debe presentar el agente urbanizador, Urbanite, al Ayuntamiento de Rocafort”.

Problemas para los propietarios

Pese a ello, las obras de la empresa de Ulibarri ya están en marcha, con el consiguiente problema para los propietarios de los terrenos, que han tenido que comenzar ya a pagar sus cuotas, pero no pueden solicitar hipotecas, dado que las nuevas parcelas no están registradas. 

(www.elplural.com, 16/02/09)

ORANGE MARKET OPERABA CON EMPRESAS SUBCONTRATADAS EN LOS GRANDES EVENTOS 

La empresa Orange Market, marca valenciana de la presunta trama de corrupción investigada por el juez Baltasar Garzón en varias autonomías, realizaba sus eventos en la Comunitat Valenciana a través de varias empresas, en las que se apoyaba para obtener el suministro de material técnico, por un lado, y el personal para el montaje de las producciones, por otro. 

Se trata de firmas de confianza, aunque sin ninguna vinculación aparente con Orange Market más allá de la relación comercial, que en la práctica ejecutarían los montajes de los eventos encargados a Álvaro Pérez, detenido a los pocos días de destaparse la presunta trama y puesto en libertad. Y es que, según los datos que figuran en el registro mercantil correspondientes a 2006, Orange Market contaba con solo cinco empleados en aquellos momentos. Así, Orange realizaría esta especie de subcontratación. 

Una de las empresas que supuestamente participaba en los actos que organizó Orange Market es Vía Cultural, según ha sabido Levante-EMV de fuentes conocedoras de las contrataciones. Esta empresa con sede en Valencia tiene en su objeto social la organización por cuenta de terceros de congresos, exposiciones, actos sociales y toda clase de eventos culturales, musicales, deportivos, de ocio y recreo.
Vía Cultural, según la relación de trabajos que figura en su propia página web, trabajó el año 2007 en el concierto Night of the Proms. Este festival, celebrado en el Velódromo Luis Puig de Valencia, estuvo organizado por Álvaro Pérez, presidente de Orange, que compró los derechos de la primera gira por España de este macroconcierto, como ya informó este periódico.

Además, Vía Cultural estuvo presente en el congreso del Partido Popular de 2008 en Feria Valencia, aunque la información de la empresa no especifica si se trató del cónclave nacional o del regional, celebrados con unos meses de diferencia. Orange Market ha sido en los últimos años la empresa de cabecera del PP para la organización de mítines, congresos y todo tipo de eventos. El último congreso regional también contó con su organización.

Consultadas por su relación con Orange Market, fuentes de la dirección de Vía Cultural declinaron hacer valoraciones aunque no negaron la relación con la firma de Álvaro Pérez. 

Vía Cultural se presenta en su web con "una experiencia que abarca más de 400 eventos anuales". Sus trabajos han coincidido en ocasiones en el espacio y en el tiempo con los intereses de Orange Market. En el marco de la salida de la regata Volvo Ocean's Race desde Alicante, por ejemplo, Orange recibió 445.000 euros de Presidencia de la Generalitat por el evento de inauguración del Village del Puerto de Alicante. En el mismo contexto, Vía Cultural realizó trabajos en la organización de conciertos de la Volvo.
Precisamente, entre los trabajos realizados en las últimos años destaca la gran cantidad de conciertos realizados por esta empresa. También participó en el concierto de la Fórmula 1 organizado en Valencia. Igualmente, Vía Cultural participó en el montaje de las gradas para la presentación del coche Fórmula 1 de Mc Laren Mercedes en la Ciudad de las Artes y las Ciencias en 2007. 

La misma empresa estuvo presente en la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia. Concretamente, participó en el montaje de las gradas y el escenario del Encuentro Mundial de las Familias 2006 (Cacsa, Valencia), según la información de la propia empresa. Recientemente, Vía Cultural ha participado en conciertos en el Palau de la Música, festivales musicales en la Ciudad de las Ciencias o espectáculos teatrales en varios escenarios valencianos. 

(www.levante-emv.com, 16/02/09)

La grabación que reventó la trama

Un ex edil del PP registró 15 reuniones con implicados - El CD, de casi 18 horas, fue entregado a Anticorrupción y reactivó un antiguo sumario del juez Garzón

La denuncia vino de dentro. Un ex concejal del PP puso en conocimiento del fiscal la trama de supuestos cohechos a cargos públicos del partido. Los indicios sobre las "dádivas y sobornos" recogidos en el auto donde el juez Baltasar Garzón explicaba los motivos por los que mandaba a prisión al presunto cabecilla de la red, Francisco Correa, y a dos de sus testaferros, se contenían en un CD entregado a la fiscalía en noviembre de 2007. Catorce meses después, Garzón ha imputado a 37 personas relacionadas con la trama, abriendo una crisis de proporciones desconocidas en el PP. Se ha llevado por delante a un consejero de Esperanza Aguirre y dos ex alcaldes, pero amenaza con agravarse. El juez ha anunciado que en su sumario aparecen autoridades aforadas a las que él no puede investigar.

Media docena de colaboradores del partido ayudaron al denunciante

El PP considera sospechoso el momento en el que ha reventado esta investigación, en precampaña electoral gallega y vasca. Pero fue el riesgo de fuga de los implicados lo que precipitó las detenciones. Los sospechosos estaban al corriente de los pinchazos, destruían documentos y preparaban su salida del país. Una situación que estuvo a punto de dar al traste con una investigación que Garzón mantenía sobre alguno de sus integrantes desde hace cinco años. En concreto, investigaba al abogado Luis de Miguel, como presunto cerebro de una red de blanqueo. Su actuación sumarial languidecía cuando un impulso inesperado la dotó de un arsenal de pruebas. Tal regalo le llegó de manos de la Fiscalía Anticorrupción el pasado verano. Su aportación consistía en una explosiva denuncia presentada en noviembre de 2007 por este concejal, expulsado del PP por airear las corrupciones internas. Junto a ella entregó un CD de audio en el que había grabado 15 reuniones con miembros de la trama. Duraba 17 horas y 53 minutos. Junto a la grabación aportó la identificación de los sospechosos, una transcripción de las partes más jugosas e incluso un árbol de las empresas vinculadas a la trama.

El ex militante hizo el trabajo con un equipo integrado por media docena de colaboradores del partido de Madrid y Castilla y León. La UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) verificó los datos y, con la anuencia de Garzón, pinchó teléfonos.

Los resultados no difieren de los aportados por el denunciante. Las grabaciones presumariales y las sumariales han brindado un abanico de indicios de corrupción que salpican a distintas administraciones públicas gobernadas por el PP, tanto municipales como autonómicas. En muchos casos, Correa apunta a la connivencia con autoridades del partido para la concesión de contratos, la adjudicación de suelo o las recalificaciones urbanísticas precisas para grandes negocios inmobiliarios.

www.elpais.es 15.02.09

11 supuestos casos de corrupción en organismos del PP

Las conversaciones de la red liderada por Francisco Correa revelan el presunto trato de favor que recibía

El juez Baltasar Garzón investiga una decena larga, muy larga, de supuestas corruptelas en instituciones gobernadas por el PP que habrían dado en los últimos 10 años un trato de favor a la red de empresas que dirigía Francisco Correa a cambio supuestamente de sobornos. Las grabaciones aportadas al sumario, y que se entregaron a la Fiscalía Anticorrupción por parte de los denunciantes, señalan, entre otros muchos, los siguientes casos o "negocios" de la supuesta red corrupta:

- Adjudicación de suelo para viviendas libres en Boadilla del Monte

A finales de octubre de 2005, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), gobernado por el PP con mayoría absoluta, adjudica una parcela para construir 139 viviendas libres (un negocio que reporta varias decenas de millones de euros de plusvalías) a la empresa UFC, S. A., propiedad del constructor José Luis Ulibarri, imputado por el juez Baltasar Garzón en la trama corrupta. Ulibarri se quedó con la parcela por 35 millones de euros, que no fue la oferta más alta recibida por el Ayuntamiento de Boadilla cuando sacó a concurso el suelo. Otra empresa ofrecía cuatro millones de euros más, pero sacó menos puntos porque ofrecía un plazo de ejecución de las viviendas de 15,6 meses, mientras que UFC se comprometía a hacerlas en 12 meses. En las grabaciones aportadas al sumario, Correa señala: "En la parcela de Boadilla me ha dado unas pesetas por la parcela. Me interesa seguir haciendo negocios cuatro años en Boadilla". En otras conversaciones, Correa se ufana de tener al entonces alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP), como colaborador de sus negocios, aunque también le presiona mediante supuestos vídeos comprometedores. González Panero niega haberlo favorecido. El propio Correa no niega que el dinero de esta operación no ha sido para el alcalde, sino para él.

- Facturas a favor de la agencia de viajes de Correa en Majadahonda

El Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), gobernado por Guillermo Ortega (PP) cuando ocurrieron los hechos, adjudicó diversos viajes de sus cargos públicos sin concurso a la empresa Pasadena Viajes, una de las que el juez Baltasar Garzón incluye en la red de corrupción que manejaba Francisco Correa.

- Concesión de la Oficina de Atención al Ciudadano en Majadahonda

Dentro de la diversificación de los negocios vinculados a administraciones gobernadas por el PP, Francisco Correa logró la concesión para montar la Oficina de Atención al Ciudadano por medio millón de euros al año. No era el primer negocio que hacía en este municipio, en el que la mujer de Correa, María del Carmen Rodríguez, trabajaba como jefa de gabinete del alcalde.

- Contrato de vídeo promocional

Sólo unos meses después de llegar al puesto de jefa de gabinete del alcalde de Majadahonda, una empresa en la que participaba como administradora, Special Events, recibió el encargo de elaborar un vídeo ensalzando la gestión del Gobierno municipal del PP en la localidad. El encargo se hizo por casi 30.000 euros y no salió a concurso, pese a los reparos del interventor. María del Carmen Rodríguez se dio de baja en Special Events meses después de adjudicado el vídeo.

- Adjudicaciones a Martinsa en Arganda

Los miembros de la red corrupta se refieren en sus conversaciones de finales de 2006 a supuestos pagos de una inmobiliaria. "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda, tardo seis meses y, golpe en mesa, febrero, abril, junio jodido y mayo liquidado. Me debe aún un millón de euros...". En otra conversación, Correa y sus colaboradores implican a un ex alto cargo de Arganda, Benjamín Martín Vasco: "Le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero". Martín Vasco, diputado autonómico del PP, preside la comisión que investiga el espionaje a cargos populares de Madrid contrarios a Esperanza Aguirre por parte de agentes de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid. Vasco ha denunciado que personas anónimas que le han llamado a su teléfono móvil intentan extorsionarle. En la denuncia inicial se aludían a aumentos de edificabilidad en los planes parciales de Arganda del Rey como elemento clave para obtener beneficios ilegalmente con la complicidad de miembros del consistorio.

- Adjudicación de locales en Boadilla del Monte

Francisco Correa se ufanaba en diciembre de 2007 de haber cerrado un buen negocio para una de las personas que colaboraba con él. En el hotel Fénix, de Madrid, Correa hablaba de la adjudicación de unos locales en Boadilla del Monte, donde gobernaba una de las personas con las que había realizado negocios su trama, Arturo González Panero. Correa, en una grabación aportada al sumario que instruye el juez Garzón, consideraba que la adjudicación de los locales comerciales a un amigo suyo se había hecho "en unas condiciones muy ventajosas". El beneficiario fue José Ramón Blanco, ex vicepresidente de Repsol, colaborador de Correa y otro de los imputados. González Panero otorgó 32 locales y un aparcamiento de 180 plazas a Rústicas MBS por un canon anual de 320.000 euros. A cambio, Rústicas gestionaría el alquiler de esos inmuebles durante 75 años. Una tarea por la que podrían ganar más de un millón de euros al año. El gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, encargada de ese proyecto, es Alfonso Bosch, diputado regional por el PP, aludido por Correa en sus conversaciones.

- Adjudicación de pabellones de Valencia en Fitur

La Consejería de Turismo de la Generalitat Valenciana adjudicó en 2009 a Orange Market el montaje del pabellón de esta comunidad en la feria de turismo Fitur. Y eso que presentó la oferta más cara en el concurso. En las conversaciones del sumario, los miembros de la red corrupta dan por hecho, antes de que se adjudique el concurso, que van a ser los ganadores. La consejera de Turismo, Angélica Such, destacó la "creatividad" del proyecto de Orange Market para justificar la concesión del contrato para el montaje del pabellón. Orange Market ganó su primer concurso para diseñar, montar y desmontar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur en el año 2005. Aunque no tenía experiencia, y contaba con una estructura mínima, Orange Market se hizo con un contrato de 1.344.000 euros. "La experiencia y el tamaño de la empresa no se valoran en estos concursos", indicaron fuentes de la Consejería de Turismo. Desde 2005, año en el que compitió con otras tres ofertas, Orange Market ha ganado ininterrumpidamente el concurso de la Agencia Valenciana de Turismo. Isabel Jordán, imputada que denunció las irregularidades contables de sus firmas Easy Concept y Good and Better en octubre de 2007, lo resume en una frase: "Hemos hecho Fitur y todo bien, y las cinco ferias que hay después".

- Negocio urbanístico en La Nucia

La Comunidad Valenciana tiene una peculiar legislación urbanística que permite a cualquier promotor plantear un gran proyecto urbanístico sobre suelos que no sean suyos y que, incluso, no estén calificados como urbanizables. Las gestiones llegan después. Correa tramaba un gran pelotazo urbanístico en La Nucia (Alicante) en el que pensaba ganar "12.000 kilos" (millones de pesetas) en colaboración con el constructor José Luis Ulibarri. El proyecto nunca se llevó adelante, aunque las conversaciones grabadas acreditarían la connivencia de dirigentes del PP, singularmente del alcalde local, para facilitar la operación. "Nos hemos hecho amigos íntimos del alcalde de La Nucia", revela Correa. Y, para seguir con su striptease, confiesa que, negociando en Valencia con el regidor, acabaron "montando un tinglado de tías buenas".

- La Copa del América y el Ballet Nacional

En las conversaciones de los cabecillas de la red corrupta se hace referencia expresa a los actos relacionados con la celebración de la Copa del América en la Comunidad Valenciana. Y Correa señala que uno de esos actos, con el Ballet Nacional, lo iban a montar sus colaboradores. Y, por supuesto, la coordinación de la visita papal, es algo que les cae del cielo. Del cielo del PP. "Víctor me puede nombrar hoy por la cara coordinador general no sé qué del evento", se despacha en las conversaciones grabadas Álvaro Pérez, imputado como responsable de Orange Market.

- Contratos de la Consejería de Deportes de la Comunidad de Madrid

El consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, amigo de Francisco Correa y con el que compartió mesa en la boda de Alejandro Agag, adjudicó en los últimos años contratos al entramado de empresas que cita Garzón en su auto de prisión. Por ese motivo, Esperanza Aguirre decidió atajar el escándalo destituyéndole de su puesto, pero sin detallar el motivo ni sus cuentas. Las facturas que dejó pendientes y las que abonó a la trama de Correa, de forma directa o indirecta, son un secreto que la portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, se ha comprometido a arrancar al hermetismo del Ejecutivo regional sobre este asunto. Desde las filas del PP sólo se alzan tibias voces para insinuar que no aceptan la corrupción en la gestión de tales contratos, pero lo desvinculan de las finanzas del partido. Sin embargo, en las conversaciones grabadas que investiga Garzón, López Viejo es citado repetidamente como el consejero que cobra comisiones ilegales por adjudicar contratos a la trama de Correa, y que ha establecido un sistema de fraccionamiento de los contratos y de empresas pantalla para pagar con dinero público estos servicios. Correa llega incluso a relatar cómo López Viejo imputaba gastos de actos electorales del PP a distintas consejerías del Gobierno regional.

- Montaje de Gradas en el Circuito de Valencia para el premio de fórmula 1

Los cabecillas de la red corrupta presumen en sus conversaciones que harían negocio con la celebración del premio de fórmula 1 en Valencia. Anunciaban que asumirían el "montaje de gradas" en el circuito urbano de la ciudad.

www.elpais.es 15.02.09

Gallardón sobrevive agazapado mientras el PP se tambalea

“Esto es como la novela Diez negritos, de Agatha Christie, en la que van cargándose a todos hasta que, al final, sólo queda uno”. De esta forma ilustra un dirigente del PP la situación que vive su partido. A su juicio –compartido por otros compañeros–, existe “una auténtica convulsión interna” y nadie sabe en qué puede acabar la investigación abierta por Baltasar Garzón y la presunta trama de espionaje y corrupción de la Comunidad de Madrid.
Algunos miembros del PP consultados por Público coinciden en señalar que si Esperanza Aguirre y Francisco Camps quedan “tocados” y Rajoy “se tambalea”, quizá Alberto Ruiz-Gallardón sea el único que sobreviva. “Aquí siempre se ha comentado que Gallardón sólo se podría hacer con las riendas si estuviéramos ante una situación catastrófica. Hemos llegado a ese punto y él juega con esa baza. En el momento menos pensado puede levantar la cabeza y decir aquí estoy yo”, explica un diputado.

Pero, por el momento, el alcalde de Madrid más bien la esconde. Gallardón permanece callado, esquivando a los medios. Sólo cuando se supo que su mano derecha, Manuel Cobo, había sido espiado –el próximo miércoles hará cuatro semanas de eso– el regidor se pronunció en el programa de TVE 59 segundos.

“Imprudencia”

Durante su intervención fue contundente. Aquello era el comienzo de la crisis, la revelación de los primeros seguimientos a cargos del PP. Juzgó los hechos como “muy graves” y avaló las informaciones de El País que situaban la autoría del espionaje en la Consejería de Interior, que dirige Francisco Granados.

Dolió mucho ese 59 segundos en el Gobierno regional. “Fuimos muchos los que comentamos la imprudencia de Alberto dando por buenas esas noticias”, señala un dirigente del PP madrileño, coto exclusivo de la presidenta. Aguirre y su número dos, Ignacio González, amenazaron de inmediato al regidor con llevarle a los tribunales si no reculaba.

Gallardón respondió con el silencio. Ni tocó el tema cuando coincidió con la presidenta en un acto en Fitur el 29 de enero y ésta le pidió que diera marcha atrás. No lo hizo. Horas antes, en la sede de la Alcaldía, había anunciado que mientras durara la investigación, se abstendría de hacer valoraciones. “El caso está en manos de los jueces”, repitió.

"Gallardón necesita una situación catastrófica", destaca un diputado 

Aguirre no le perdona que no se desdijera y ya le ha devuelto el golpe: permitirá que en la comisión de investigación abierta en la Asamblea de Madrid se hable de la supuesta existencia de un cuerpo parapolicial en el Ayuntamiento. Y lo más probable es que el PP le llame a comparecer. A Gallardón “no le preocupa”, dicen los suyos. Creen que se trata de una “cortina de humo” y se remiten a lo que ha repetido hasta la saciedad: que “jamás” habría creado una unidad similar.

Pero el partido pasó del espionaje al caso Gürtel, que erosiona aún más al Ejecutivo madrileño, toca de lleno al Gobierno valenciano y arrastra a la cúpula del PP. Y Gallardón, ni una palabra. El martes, los periodistas le preguntaron en Bruselas, donde se encontraba en un acto sobre el cambio climático. Él salió corriendo.

El regidor trata de mantenerse al margen y evita criticar a Aguirre 

Esa actitud levanta suspicacias. Algunos en el partido señalan maliciosamente que le ven “muy alegre”. Añaden que si hubiera firmado un pacto secreto con Aznar –algo que los entornos de ambos desmienten– desde luego sería “una alianza invencible”. Otros, en cambio, no lo ven “frotándose las manos” y creen que es más “un juicio externo que interno”. Además, defienden que aunque el momento sea difícil para Aguirre y Camps, estos no perderán su “capacidad de influencia” ni dejarán de ser “elementos fundamentales a la hora de tomar decisiones”.

Los colaboradores de Gallardón apuntan que en tiempos revueltos “lo mejor es mantenerse al margen” y juzgan mejor ser “prudentes”. Pero, precisamente por esta actitud, algunos ya han comenzado a “recelar” de él y se preguntan si no quiere intervenir para que no le salpique nada de esta trama o si lo hace esperando que todos “se maten”.

También desde su equipo saben que “haga lo que haga” le va a perjudicar. “Si se pronuncia, le llueven las críticas, y si no lo hace es porque está muy interesado en que todo funcione mal”, comentan. Además, consideran que la derecha mediática, que le tiene como blanco, está deseando que “se moje” para echársele encima a degüello. “Y no les dará ese placer”, sentencian.

“No es inquebrantable”

En el PP de Madrid se niegan a ver a Gallardón como el vencedor de la tormenta interna: “Se cuestiona a Rajoy, a Aguirre y a Camps. Y el alcalde, el elemento que falta en esta terna de posibles competidores por la sucesión, parece inquebrantable. Pero no es así”.

En la Comunidad creen que es pronto para declarar ganador a Gallardón 

“Queda mucho tiempo”, señalan desde el PP regional. “La presidenta puede errar, pero es honesta y cuando ha habido sospechas, ha cortado por lo sano, algo que no ha sido lo suficientemente valorado”, sostiene un aguirrista. Lo ilustra con las dimisiones, el pasado lunes, del consejero de Deportes, Alberto López Viejo; del alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y del ex regidor de Majadahonda, Guillermo Ortega. “Haga lo que haga, nunca gana”, se lamenta.

En la Comunidad insisten en que pese a que el nombre de Gallardón y de sus hombres de confianza no se ha puesto en tela de juicio, su imagen dentro del partido, que es el que tendría que apoyarle de cara a un congreso nacional, está tocada desde la misma semana en que se destapó la presunta trama de espionaje.

¿Pero no se había quedado quieto, al margen? “Es puro instinto de supervivencia”, señala un integrante del equipo de la presidenta. ¿A qué obedece? Los aguirristas no tienen dudas: “Ahora está centrado en las citas electorales, a la espera de los acontecimientos internos que de ellas se generen. No quiere dar mucho que hablar, estar en el disparadero. El que no está en la batalla no sale quemado. Eso que se lleva”.

Rajoy intervino al ver que el 'caso Gürtel' afectaba también a Camps 

En el PP madrileño aportan otra razón para no dar por muerta a Aguirre: la división del partido en la Comunidad entre vencedores –el alcalde– y vencidos –la presidenta– sólo se percibe en la capital. “En otras comunidades, la gente está harta de la guerra en Madrid y, sin diferenciar entre ellos, ven que el gran perjudicado es el partido”, explica un diputado. No obstante, no oculta que en esta batalla Gallardón lleva ahora la delantera. “Las dos personas más cercanas a Esperanza, Nacho González y Paco Granados, están en entredicho. Del equipo del alcalde no se ha señalado a nadie. Es su ventaja”, explica la misma fuente. “En esta pelea de gallos, Aguirre ha perdido más plumas”.

La reacción del líder

¿Dónde queda el presidente del PP en esta contienda? Cuando saltó el caso del espionaje, tras vacilar, se situó contra Aguirre. En cuanto ésta accedió a activar una comisión en la Asamblea, suspendió las diligencias internas. Luego, con el estallido de la operación Gürtel, pareció noqueado, a la defensiva. Pero un segundo después de que El Mundo le sirviera la noticia de la cacería que compartieron Garzón y el ministro Mariano Fernández Bermejo, Rajoy contraatacó. El partido podía quedar “roto”. Por eso se presentó como “víctima”, desató la cruzada contra el juez y denunció la campaña de “acoso y derribo” orquestada por el PSOE.

El líder del PP ha ligado su futuro al resultado de las investigaciones 

La montería fue uno de los detonantes. No el único. En el PP indican que le afectó que la trama señalara a Camps, y también que apareciera el nombre de José Luis Ulibarri, presidente de un holding con tentáculos en el País Valenciano y Castilla y León. Garzón, en su auto, habla de “dádivas y sobornos” a autoridades públicas en Madrid y Valencia. El escándalo se extendía. “Una cosa es que tengas averías sólo en Madrid, donde puedes nombrar una gestora y, más o menos, seguir adelante. Pero si empiezan a estallar fuegos por todos sitios y en comunidades del PP, la situación es más difícil de manejar”, cuenta un dirigente territorial.

El equipo de Rajoy afirma que el líder “sabe muy bien lo que hace”. Pero hay otros dirigentes que temen que, a la larga, la línea ofensiva traiga más problemas. Piensan que Rajoy “ha vinculado su liderazgo al resultado de la investigación”, embarcándose en una operación de “muchísimo riesgo”.

www.publico.es 15.02.09

El escándalo deja nuevas cartas para la sucesión

Aguirre y Camps, claves para la batalla tras Rajoy, muy tocados - El líder evita 'mancharse', pero sólo Gallardón sale intacto

El miércoles, en la reunión interna más importante del PP en los últimos meses, en la que se decidió cerrar filas ante el escándalo de corrupción que investiga el juez Garzón, hablaron 17 personas, algo inédito. Y, sin embargo, en el PP casi están recibiendo más comentarios los silencios de unos pocos, los que no hablaron, que las palabras de los muchos que sí lo hicieron. Entre ellos, el más destacado es Alberto Ruiz-Gallardón, el alcalde de Madrid, que no dijo ni palabra mientras escuchaba cómo sus compañeros, uno detrás de otro, clamaban contra Garzón, la fiscalía, la policía, el Gobierno, los medios. Todos confabulados para acabar con el PP.

  • Fue con Aznar con quien Francisco Correa lo fue todo en el partido

  • Moragas tuvo que recolocar al alcalde para acercarlo a Rajoy en la foto

¿Por qué ese interés? Porque lo que se estaba jugando en esa reunión, y sigue todavía jugándose en el PP cada día, no es sólo cómo gestionar la peor crisis de imagen del partido en mucho tiempo, con un caso, el Gürtel (correa en alemán) que crece cada día con revelaciones y decisiones judiciales que demuestran la vinculación de algunas personas del partido, especialmente en Madrid y la Comunidad Valenciana. Lo que se está jugando en el partido, a lo que los dirigentes dedican gran parte de su tiempo, sus conversaciones, sus comidas y sus cenas, son los efectos que esta crisis tiene en cada uno de los personajes que son clave para preparar la sucesión de Mariano Rajoy, a quien cada vez más gente en el partido ve como un improbable candidato en 2012.

La crisis ha tocado de lleno a Esperanza Aguirre, la gran rival interna de Rajoy. Un consejero, un alto cargo y un alcalde madrileño han dimitido, y todas las informaciones apuntan a connivencias entre algunos cargos del PP madrileño y la trama presuntamente corrupta liderada por Francisco Correa. Eso, aunque haya generado un tremendo deterioro de imagen del PP, favorece internamente a Rajoy. "Los que nos daban lecciones de cómo hacer oposición, ahora ya no pueden hablar mucho", sentencia un marianista. Pero también ha golpeado de lleno a Francisco Camps, un influyente barón que apoyó a Rajoy pero que se está conformando como un poder autónomo dentro del PP, con capacidad para presionar y complicar las cosas al líder -por ejemplo con el Estatuto de Castilla-La Mancha-. Camps siempre había estado en la lista de los candidatos a la sucesión, por lo que este deterioro de imagen que ha sufrido elimina también otro posible rival de Rajoy.

En la Generalitat valenciana aún no ha dimitido nadie, pero en el partido y en los medios es bien conocida la cercana relación de amistad que Camps mantenía con uno de los principales imputados, Álvaro Pérez, El Bigotes, jefe de Orange Market, la filial valenciana de Special Events, que organizaba prácticamente todos los actos del PP local. La mujer de Pérez, una ex Mamachicho (las azafatas que Berlusconi importó a España al llegar las televisiones privadas, en 1990), encontró acomodo en Canal 9, la televisión controlada férreamente por Camps -que durante días no informó del escándalo- y fue ella la encargada de dar las campanadas de 2009.

En esta crisis, además, según coinciden varios marianistas, ha quedado muy tocado otro de los grandes enemigos internos de Rajoy: el aznarismo. Ha quedado clarísimo, y el propio líder se ha encargado de destacarlo al confirmar que fue él quien rompió con Correa en 2004, cuando sucedió a Aznar al frente del partido, que el escándalo afecta sobre todo a la gestión del ex presidente como jefe del PP, porque fue con Aznar y con sus amigos, como su secretario Antonio Cámara, con quien Correa lo fue todo en el PP. "Otro que tampoco puede dar lecciones ahora es Aznar", señala el mismo marianista. La propia Ana Botella exigió a Rajoy que defendiera el legado y la imagen de su marido.

Tocados Aguirre -algunos consejeros admiten que la ven realmente preocupada por el deterioro de su imagen- y Camps, sólo queda uno de los candidatos a la sucesión que, hasta ahora, ha conseguido no mancharse demasiado: Ruiz-Gallardón. El alcalde no habló en el Comité Ejecutivo y, aunque no ha expresado su disconformidad con la estrategia de contrataque y de campaña contra Garzón decidida por Rajoy y todo el partido, ha hecho muchos esfuerzos por no quedar demasiado vinculado a ella. No sólo por ese significativo silencio. Cuando llegó la hora de la gran foto de todo el partido denunciando esa gran conspiración contra el PP, Gallardón se colocó en un lado. Fue Jorge Moragas, uno de los hombres más cercanos a Rajoy, quien tuvo que recolocarlo para que estuviera cerca del líder, aunque su cara de incomodidad era evidente. Los esfuerzos de Gallardón por quedar a salvo de esta ola de corrupción que toca directamente a su gran enemiga, Esperanza Aguirre, han llegado al límite de evitar a los periodistas para no hablar sobre el asunto. El alcalde se mojó mucho para criticar el espionaje de un funcionario de Aguirre a su mano derecha, Manuel Cobo, pero desde entonces se ha retirado de los focos.

La inaudita estrategia de contrataque y denuncia contra el juez, similar a la que adoptó el PSOE de los primeros noventa cuando estalló el caso Filesa, un escándalo de financiación ilegal, no ha sido criticada internamente por nadie. "Teníamos que aprovechar el error del enemigo, Garzón, que se fue a cazar con Bermejo [ministro de Justicia]. No lo podíamos dejar pasar", se justifica otro marianista. Sin embargo, algunos han dejado clara su distancia. Ni Alberto Núñez Feijóo ni Antonio Basagoiti, los candidatos gallego y vasco, estaban en esa reunión clave del miércoles y, por tanto, tampoco en la foto que será recordada en el PP durante mucho tiempo. Y ninguno de ellos, hartos de que los escándalos nacionales compliquen sus campañas localistas, ha reivindicado esa estrategia de guerra contra Garzón.

A partir de ahora, y sobre todo después de las elecciones, Rajoy se enfrentará, según gente de su entorno, a la cruda realidad. El partido está tocado, y al margen de la estrategia de contrataque a Garzón, que sirve para salir del paso en plena campaña electoral, el líder sabe que en el PP hay que hacer limpieza para recuperar la buena imagen. Los marianistas están convencidos de que precisamente Rajoy es la persona ideal para hacerlo. Tiene imagen de honrado, fue quien echó a Correa -aunque no intentó siquiera impedir que contratara con el PP valenciano, por ejemplo- y ha pasado por todo tipo de puestos en el partido y de Gobierno sin que nunca haya existido ni la más leve sospecha de asuntos oscuros. Otros dirigentes, más críticos, admiten la imagen de honestidad, pero recuerdan la frase que le dedicó el locutor José María García: "Mariano, lo bueno es que pasas por los sitios y no manchas. Lo malo es que pasas por los sitios y no limpias".

www.elpais.es 15.02.09

El coreógrafo de cabecera de Francisco Camps

Álvaro Pérez presumía de ser amigo de Aznar y logró grandes contratos con el PP, que ahora reniega de él

La estrella de Álvaro Pérez Alonso, conocido familiarmente como El Bigotes en el PP de la Comunidad Valenciana, comenzó a declinar el pasado viernes día 6. Fue justo en el momento en que dos agentes policiales entraron en la Consejería de Turismo de la Generalitat valenciana y reclamaron el expediente 33/08 de la adjudicación a Orange Market, SL, del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur, por un importe cercano al millón de euros.

  • Hacía de regidor en los mítines, llenaba las sillas vacías e imprimía camisetas

  • El Bigotes era el más caro, pero siempre estaba dispuesto

Esa mañana había empezado bien para Álvaro Pérez, que ronda los 45 años. Al día siguiente tenía previsto hacer de anfitrión en el bautizo de su hija, un acto social organizado en Barcelona en el que pensaba volver a exhibir sus poderosas amistades. Al fin y al cabo, saludaban con respeto en la sede del PP valenciano a este especialista en eventos que se ocupaba personalmente desde hacía varios años de la puesta en escena de todos los actos de partido en los que intervenía Francisco Camps. El bautizo iba a ser una nueva oportunidad de demostrar su habilidad para las relaciones públicas ante su amigo Francisco Correa, a quien había otorgado el honor de ser el padrino de su hija. Pero al poco de llegar al despacho, Pérez se percató de que las cosas se torcían de manera irremediable.

Antes de saber que el padrino de su hija, y supuesto cabecilla de la trama que investiga Garzón, había sido detenido, Pérez ya tenía en la puerta de Orange Market a un par de policías dispuestos a requisar hasta el polvo de las mesas. Los agentes comunicaron a Pérez y al consejero delegado de Orange Market, Cándido Herrero, su condición de imputados y se llevaron cerca de 25 cajas con documentación.

Tras salir los agentes por la puerta de Orange Market, ubicada en la céntrica calle de Colón de Valencia, a un tiro de piedra de su casa -una lujosa vivienda en la plaza de Porta de la Mar-, Álvaro Pérez tomó una decisión: mantener la celebración familiar y hacer una ronda telefónica para comunicar a sus ilustres invitados del Partido Popular lo sucedido. "Si no podéis venir, lo entenderé", les dijo. La mayoría optó por excusarse, aunque uno de sus más allegados, el director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), Pedro García, decidió ir y aceptó sustituir a Correa como padrino de la niña.

La celebración del fin de semana dio paso a la detención de Álvaro Pérez en Valencia el pasado lunes. El arresto confirmó que los cargos políticos que un año antes habían acudido a su boda con la modelo Noemi Ramal ahora le daban la espalda.

A este hombre de bigotes prusianos, fumador de puros habanos, amante de las motocicletas de lujo y los trajes de sastrería, la vida llevaba muchos años sonriéndole. Vinculado al mundo de la farándula -participa también en una sociedad con el actor Andrés Pajares-, Álvaro Pérez aterrizó en Valencia con Special Events, una de las firmas de Francisco Correa que organizaba campañas electorales y actos para el PP de José María Aznar.

Excelente relaciones públicas para unos y un "fantasma" para otros, Álvaro Pérez presumía constantemente de sus relaciones en el PP, con Aznar a la cabeza. En 1993 ya se hizo notar en el mitin de Mestalla, el mayor que han montado nunca los populares en Valencia. En 1999 y 2003 se ocupó de la campaña electoral autonómica del PP. Así se consagró. Ese último año se constituyó en Algemesí, una ciudad de interior de 30.000 habitantes, Orange Market, auspiciada por otro de los detenidos por Garzón, el ex dirigente del PP gallego y mano derecha de Correa, Pablo Crespo.

Y una cosa llevó a la otra. Pérez se compró un impresionante chalé para los fines de semana en La Nucia (Alicante), se estableció junto a las clases más pudientes de Valencia y se convirtió en una especie de asesor de cabecera del PP valenciano, que no ocultaba su satisfacción por el buen resultado mediático de sus puestas en escena. Álvaro Pérez era el coreógrafo más caro, pero siempre estaba dispuesto. Con una empresa de apenas media docena de trabajadores, hacía lo que se fuese necesario para que los actos del PP valenciano fuesen un éxito. Hacía de regidor en los mítines, daba paso a los aplausos, vigilaba la realización televisiva, llenaba las sillas vacías, completaba montajes de otros o imprimía camisetas. A menudo, se le veía en primera fila con los líderes.

En 2005 la Generalitat le otorgó su primer concurso para montar el pabellón de Fitur. Aunque Orange Market también ha logrado otros contratos con la Administración y ha sido proveedora de servicios de otras empresas que han trabajado para la Administración valenciana.

En 2007, Pérez llevó la campaña electoral de Francisco Camps. Una campaña que en el PP regional dirigió el vicepresidente del Gobierno valenciano, Vicente Rambla. El mismo que recientemente adjudicó, a través de una empresa pública, un evento a Orange Market para la salida de la Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo de vela, desde Alicante, por 445.000 euros.

El presidente Camps, su vicepresidente Rambla, el secretario regional del PP, Ricardo Costa, y el director general de RTVV, Pedro García, entre otros cargos, acudieron el 14 de marzo del año pasado al enlace matrimonial entre Álvaro Pérez y Noemi Ramal, una modelo que ejerció de mamachicho en Telecinco y que dio las campanadas en Canal 9 en el show del último fin de año.

Quienes compartieron mesa y mantel en las segundas nupcias de Álvaro Pérez en el edificio Veles e Vents -el icono de la Copa del América en el puerto de Valencia- y mantuvieron alegres conversaciones y reuniones de trabajo, ahora reniegan de él.

La dirección regional del Partido Popular ha cortado esta semana sus relaciones con Orange Market. Fuentes del PP regional dicen que desconocían sus relaciones con Francisco Correa, con quien pensaban que había roto hacía años. El Gobierno valenciano intenta desde hace días minimizar al máximo sus relaciones con Orange Market, pero sigue sin dar una relación de los contratos suscritos. Atrás quedan los años de vino y rosas de Pérez con la cúpula del PP.

www.elpais.es 15.02.09

Orange Market creó una productora de televisión hace tres meses

El responsable de Orange Factory declarará el jueves ante Garzón

Orange Market, la empresa investigada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en relación con una trama de corrupción vinculada al Partido Popular, creó hace apenas tres meses una empresa filial, con domicilio social en las oficinas de la firma en Valencia, dedicada a "la producción, el doblaje y la sincronización de reportajes de video, televisión y cine", así como a "la distribución y comercialización de películas de video, televisión y cine, para cadenas de televisión pública y privada, distribuidoras cinematográficas y agencias de publicidad".

La firma de Álvaro Pérez compartió administrador con Easy Concept

Esta nueva sociedad, constituida el 19 de noviembre del año pasado, tiene como administrador único al consejero delegado de Orange Market, Cándido Herrero Martínez, imputado en la investigación de la Audiencia Nacional y que esta semana, previsiblemente el jueves, ha sido citado a declarar por el juez Garzón.

Si Orange Market, la empresa que preside Álvaro Pérez -detenido por Garzón y puesto en libertad con la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado y la prohibición de salir del país-, es una empresa dedicada a la organización de eventos y a la publicidad, cuyos clientes eran el PP y administraciones gobernadas por ese partido, como la Generalitat valenciana, Orange Factory, SL, centra claramente sus objetivos en el ámbito de la televisión. Por lo que se conoce hasta ahora, su sociedad matriz, Orange Market, como desveló el portavoz socialista el las Cortes, Ángel Luna, el jueves pasado, trabajó para Canal 9 en el montaje del telemaratón que la cadena pública ofreció el 23 de noviembre.

Cándido Herrero, que estuvo presente en el registro de la sede de Orange Market en la calle de Colón, en Valencia el pasado día 6, es un empleado de la empresa. El pasado mes de octubre asumió el cargo de consejero delegado. Ese día, Álvaro Pérez asumió la presidencia y entró como consejero Ramon Blanco Balín, también imputado por el juez Garzón. Desde el despacho de Blanco Balín en Madrid había gestionado Orange Market hasta ese momento, como administrador único, Francisco Javier Pérez Alonso, junto a una una red de empresas vinculadas a Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP de Galicia e imputado también en la investigación de la trama que lideraba Francisco Correa, auténtico jefe de la organización.

Entre las empresas con las que compartía administrador único Orange Market estaba Easy Concept, SL, sociedad de la que el juez Garzón sospecha que inflaba los costes de los encargos que recibían de r el PP otras empresas que eran utilizadas como tapadera.

Los principales cargos populares se movilizaron ayer contra lo que consideran "una campaña de difamación" orquestada por los socialistas a raíz del sumario abierto por el juez Garzón. Lejos de aclarar los extremos de su relación con Orange Market, el PP optó por arremeter contra el Gobierno, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y el PSOE.

El presidente provincial del PP de Valencia, Alfonso Rus, aseguró que se trata de "una campaña de difamación puesta en marcha por el PSOE para esconder la inacción y la falta de propuestas de futuro del Gobierno central ante la crisis económica actual".

Junto a Rus, que organizó una reunión de alcaldes y portavoces populares en La Pobla Llarga, el consejero de Inmigración, Rafael Blasco, instó a los miembros del PP a "no dejarse engañar". "Es una campaña aforada e injustificable puesta en marcha por el Ejecutivo central", sentenció Blasco, que añadió: "El único objetivo del PSOE es dividir al PP".

El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, durante una visita a las instalaciones de la Volvo Ocean Race en Alicante, afirmó: "Siempre que hay unas antesalas electorales, el PSOE nos obsequia con campañas orquestadas mediáticas y, además, con comportamientos poco saludables democráticamente".

"Creo que en democracia se tiene que investigar todo y, evidentemente, quien la haga que la pague, pero lo que no se puede hacer es utilizar de manera partidista las instituciones para tener rendimiento político" aseguró el consejero de Gobernación. Y añadió: "Se tiene que investigar todo, pero un juez no puede marcar la agenda política de un país", argumentó Castellano en referencia al juez Baltasar Garzón. La arremetida de los cargos populares contra los socialistas de ayer se produce en un contexto de inquietud. Aunque el Consell que preside Francisco Camps se esfuerza por dar sensación de tranquilidad, lo cierto es que, por primera vez en mucho tiempo, no está consiguiendo marcar la agenda política.

De hecho, la cúpula popular confía en que la instrucción que sigue el juez Baltasar Garzón se limite finalmente a la Comunidad de Madrid y no haya ningún aforado valenciano. En el Consell son conscientes de que la relación con Orange Market, que ha instalado los pabellones de la Comunidad Valenciana en Fitur durante cinco años, y con su presidente, Álvaro Pérez, ha sido prolongada e intensa en el tiempo, lo que ha permitido a éste acceder al círculo de confianza de los populares valencianos.

La subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, aseguró ayer que el PP "siempre culpa a los demás de hechos que le afectan". Llinares tachó de "lamentable la "actitud que está teniendo el Partido Popular para tapar algunos hechos que se están investigando".

Por su parte, el secretario general del Bloc y diputado de Compromís, Enric Morera, exigió al Partido Popular que "cumpla escrupulosamente" con el reglamento de las Cortes Valencianas y en los plazos indicados -que son de 20 días- facilite copia de las facturas que se solicitaron el pasado jueves de la relación de la Generalitat con la mercantil Orange Market.

"No vamos a permitir que nos engañen mostrando contratos con informes de legalidad favorables. Queremos las facturas porque puede haber pagos a Orange Market sin fiscalización y por encargos de trabajos puntuales", advirtió Morera.

www.elpais.es 15.02.09

González Pons defiende la adjudicación de las TDT

Esteban González Pons, portavoz de la Generalitat y consejero de Relaciones Institucionales y Comunicación en 2005, cuando se adjudicaron 40 licencias de explotación de canales de Televisión Digital Terrestre (TDT) en la Comunidad Valenciana, aseguró ayer que el concurso en cuestión fue "estrictamente legal". González Pons salió al paso de las acusaciones vertidas por el presidente de la Federación Valenciana de Televisión, Alejandro Rodríguez, quien declaró al diario Levante-EMV que el concurso fue "un desmadre de prebendas y adjudicaciones descaradas".

Rodríguez arremete específicamente contra José Luis Ulibarri, que controla 13 de licencias de TDT en territorio valenciano a través de la empresa Mediamed y que es uno de los imputados por el juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, en la supuesta trama de empresas corruptas controladas por personas vinculadas al PP.

Rodríguez asegura en unas declaraciones difundidas el sábado que, en 2005, Ulibarri "ya sabía que le iban a adjudicar 13 licencias porque me lo dijo a mí". En una época en la abundaban los canales de televisión local al margen de cualquier regulación administrativa, Ulibarri "iba diciendo que lo tenía claro y que quien no le vendiera a él la emisora de televisión se iba a quedar sin concesión", sigue Rodríguez.

El presidente de la Federación Valenciana de Televisión subraya, además, que las bases del concurso establecían que se primaría a los empresarios locales en las concesiones y recuerda que Ulibarri es de Castilla-León.

El comunicado difundido por González Pons apunta que Mediamed "ha aclarado que, en el momento de la adjudicación del concurso, José Luis Ulibarri era parte del accionariado de una empresa en la que primaba el accionariado valenciano" y "un conocido empresario valenciano" presidía la sociedad.

González Pons anunció que presentará "inmediatamente" una querella y destacó que "ante los rumores o historias falsas que malintencionadamente se están recibiendo en algunos medios de comunicación aprovechando la investigación abierta por la Audiencia Nacional y que nada tiene que ver con ésta", ejercerá las acciones legales oportunas "contra toda aquella persona física o jurídica, profesional de la información o no, que publique o difunda o comunique hechos no veraces" que pongan en entredicho su honor o su honradez.

www.elpais.es 15.02.09

Orange Market despegó con Fitur

La empresa creció en facturación gracias al concurso de la Generalitat

Orange Market, la empresa que dirige Álvaro Pérez en Valencia, tuvo un importante salto en su facturación a partir de 2005, año en el que logró ganar por primera vez el concurso de la Generalitat para montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid.

La firma de Álvaro Pérez se constituyó en julio de 2003 con sólo un empleado. El ejercicio acabó con 76.169 euros de ingresos y 848 euros de beneficios, según el registro mercantil. El año siguiente no fue mucho mejor, apenas 9.500 euros de beneficio sobre una facturación anual cercana a los 200.000.

En 2004 el PP perdió las elecciones generales y fue al año siguiente cuando Orange Market dio un salto cualitativo en su facturación. Con una estructura mínima -cuatro empleados fijos-, la empresa de Álvaro Pérez logró adjudicarse, en competencia con otras tres firmas, el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur por un importe de 1.344.000 euros.

El contrato multiplicó casi por doce los ingresos de esta sociedad, que acabó el ejercicio con unos ingresos que rozaron los 2,4 millones de euros. Orange Market siguió adjudicándose en años sucesivos el contrato de Fitur, concretamente hasta 2009, y amplió la lista de eventos a organizar que la Generalitat le ha otorgado. A la adjudicación del pabellón valenciano en Fitur se han añadido los actos organizados para la Volvo Ocean Race, la sociedad Castellón Cultural de la Consejería de Cultura, publicaciones, vídeos institucionales y trabajos para Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y Feria Valencia, entre otros. La empresa de Álvaro Pérez montó también una carpa para la Generalitat en el Club de Tenis de Valencia, del que es socio el presidente valenciano Francisco Camps, durante la celebración del Open de Tenis en la ciudad.

Curiosamente, a pesar de su mayor actividad, esta sociedad apenas supera en la actualidad la decena de trabajadores.

www.elpais.es 15.02.09

Cuando los amigos caen bajo sospecha

Jacobo Gordon, imputado por Garzón, es íntimo compañero del yerno de Aznar

Hace pocos días, un diputado del PP oyó que su amigo Jacobo Gordon Levenfelt estaba imputado por el juez Garzón y le llamó para interesarse por su situación. Poco después, Gordon le telefoneó y le explicó que todas sus desgracias comenzaron cuando hace poco empezó a hacer negocios con Francisco Correa, el supuesto jefe de la trama corrupta que investiga Garzón. "Me ha pillado éste por medio. No he hecho nada de nada", le aseguró al diputado que, según dice, le creyó.

  1. Ambos cursaron juntos bachillerato en el Retamar y luego, empresariales

  2. Gordon afirma que sus desdichas empezaron tras asociarse a Correa

  3. En Navidades, compartieron cena con Lucía Figar y Carlos Aragonés

  4. Ha tenido como amigo agregado en Facebook a José María Aznar Botella

Gordon es el mejor amigo de Alejandro Agag. Es el compañero de pupitre del yerno de José María Aznar en el colegio Retamar de Madrid y en los estudios de empresariales y, como tal, ha entrado muchas veces en casa de los Aznar-Botella.

Jacobo Gordon es también amigo de diputados del PP como Ignacio Echaniz, Alejandro Ballesteros y Carlos Aragonés, y de cargos públicos del partido, entre ellos Lucía Figar, consejera de Educación de Madrid, y de Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana. Todos tienen en común la vinculación con lo que fue, a mediados de los noventa, el clan de Becerril. De esa época data también la relación con Alberto López Viejo, destituido como consejero de Deportes madrileño tras estallar el escándalo, amigo de Correa y criticado cuando era edil de Madrid por cortar el tráfico de la calle de Velázquez durante la despedida de soltero de Agag con un cartel de "cortado por acto oficial".

La última vez que los dos compañeros de pupitre fueron vistos juntos fue en Navidades, en la fiesta que Agag celebra cuando viaja a Madrid, aproximadamente cada tres meses. Nunca falta su compañero de pupitre. El pasado noviembre, Jacobo Gordon organizó una cena en su casa a la que asistieron, entre otros, Agag, Lucía Figar y Carlos Aragonés. Quería presentarles a su nueva novia, y uno de los asistentes asegura que le oyó quejarse de cómo le afectaba la crisis de la construcción. Gordon, descrito por quienes le conocen como simpático sin llegar a la soltura de su amigo Agag y ligeramente tímido, asistió a la boda de sus amigos Lucía Figar y Carlos Aragonés, hoy diputado del PP y antes jefe de gabinete de Aznar en La Moncloa. No consta que perteneciera al PP, pero siempre se ha movido en el círculo de los que un día fueron jóvenes cachorros de Aznar.

Agag, a sus 38 años, tiene ya una vida en la que se mezclan la leyenda y la realidad. Es la imagen viva de una parte importante del aznarismo. Es lo que parece: el más listo y brillante; el seductor; el encantador de serpientes, dotado de un don de gentes desproporcionado; el más atrevido; el más pagado de sí mismo y el dueño de toneladas de desparpajo y simpatía que exhibe cada segundo. Es también verdad que es poderoso en la Fórmula 1; uno de los intermediarios más importantes de Europa; el dueño de negocios en todo el continente, con expansión a países como Marruecos; el flamante propietario de un club de fútbol en Reino Unido y amigo de algunos jefes de Gobierno y de Estado. Y más.

No está claro si es exacto lo que cuentan sus amigos de que se fue a vivir a Londres harto de cómo se le trataba en España y para evitar la presión mediática. Ni está comprobado que sea verdad la frase que le atribuyen sus amigos sobre su actividad empresarial: "En España no tengo nada". No ha sido posible contrastar con él las informaciones sobre su trayectoria y sus relaciones con los imputados ya que el viernes declinó dar su versión.

Agag llegó con 22 años a la sede de Nuevas Generaciones a pedirle al hoy diputado Ignacio Echaniz que le dejara trabajar para el PP. Echaniz le destinó al área internacional para atender llamadas y hacer recados, pero su desparpajo y soltura con los idiomas le hicieron progresar. Es tan atrevido que cuando en 1996 Antonio Cámara, secretario de Aznar, le pidió el nombre de un miembro de Nuevas Generaciones que hiciera de ayudante del presidente del Gobierno, él le contestó: "Pues yo mismo". Con el tiempo, Cámara pasó de La Moncloa a empleado de Correa.

Entre las funciones que bordó siendo ayudante en La Moncloa fue la de mostrar a Chelsea Clinton la noche madrileña, durante una visita de su padre. Cuentan que ella quedó encantada y no olvida la experiencia.

Es tan listo que entró como asistente en La Moncloa, se hizo íntimo amigo de José María Aznar hijo y terminó casándose con la hija del jefe, siendo éste presidente del Ejecutivo. Y celebró la boda a lo grande, entre los muros centenarios de El Escorial, con los Reyes de España y dos jefes de Gobierno extranjeros, Blair y Berlusconi, entre los invitados. Y con varios de los ahora imputados por Garzón y con Álvaro Pérez como encargado de la organización.

Es tan ambicioso que fue a Bruselas en 2000 como eurodiputado del montón y se convirtió en secretario general del Partido Popular Europeo y mano derecha de su presidente, Wilfred Martens. Es tan inquieto que jugó a constituirse en corriente del PP y lo que empezó como cena mensual de jóvenes del partido terminó en foro en el que participaban dirigentes destacados. Se cuenta que tuvo el impulso de Aznar, a través de Aragonés, para que el presidente contactara con la realidad de los jóvenes del partido.

El grupo languideció y murió por el ascenso de algunos, el recelo de los veteranos del partido, las trabas de Francisco Álvarez Cascos y las tiranteces que surgieron entre ellos por la filtración en un libro de sus reuniones.

Por su parte, Gordon, soltero, volvió a España hace unos dos años. Ha contado a sus amigos que en este tiempo cometió dos errores: dedicarse a negocios inmobiliarios y relacionarse con Correa. No se sabe en qué momento se cruzó con Paco Correa de nuevo en los últimos años. Lo que sí ha contado es que algunos negocios comunes fracasaron y que han tenido algunas broncas sonadas recientemente. Ahora, atribuye a Correa su desgracia.

Todos coinciden en que la relación entre Agag y Correa, que comenzó cuando el primero estaba en Nuevas Generaciones, no sólo se ha enfriado sino que ya no existe. Aunque estuviera en su boda como testigo y aunque Álvaro Pérez fuera el organizador.

Gordon canceló hace unos días su cuenta en Facebook, en la que tenía agregado como amigo a José María Aznar Botella.

Aliados en empresas y gestiones

Alejandro Agag y Jacobo Gordon han compartido aventuras empresariales. Fundaron algunas sociedades con sus amigos Carlos Mazario, Javier Álvarez y Jaime López-Ibor, entre otros. La primera la crearon en 1993. Se llamaba Natko y pretendía dedicarse al paintball, una modalidad de juego bélico con bolas cargadas de pintura que practicaban ejecutivos de otros países y por entonces sin implantación en España. El negocio no arrancó porque la Guardia Civil denegó los permisos de armas. Con Gordon fundó dos empresas en Sevilla en 2002, tras abandonar la política: Columela Gestión, SA, y Titalbe, SA. Su objeto social era la "asesoría comercial legal, fiscal, económica, compraventa, construcción, promoción de fincas rústicas y urbanas, gestión de valores". El administrador único era Alberto Longo Álvarez de Sotomayor, tío de Agag.

Fundaron también en Londres Adaxx Capital, una sociedad de inversiones. Los dos trabajaron juntos en el Banco Portugués de Negocios. En el libro Los PPijos, de Carlos Ribagorda y Nacho Cardero, se relata cómo en junio de 2002 Agag viajó a Lisboa junto a Gordon para buscar un socio para la constructora Metrovacesa. Los compañeros de pupitre eran mediadores a favor de Gaetano Caltagirone, uno de los principales constructores italianos, próximo a Berlusconi.

www.elpais.es 15.02.09

Veranos en Las Gacelas junto a Aznar

Jóvenes del PP aglutinados por Agag en el 'clan de Becerril' formaron un club político con el que flirtearon Correa, Álvaro Pérez, López Viejo y Jacobo Gordon

Cuando se acercaba la primavera y el verano, algunas personas sabían que tenían una cita obligada en la sierra madrileña. Otras, esperaban una llamada. Si había suerte, al otro lado del teléfono sonaría la voz de alguien del entorno de Alejandro Agag. El mensaje era una invitación al encuentro anual de Becerril de la Sierra con jóvenes promesas del PP y al que acudiría el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar. Un encuentro por el que se dejaron caer en varias ocasiones tres de los imputados ahora por el juez Garzón (Francisco Correa, Álvaro Pérez y Jacobo Gordon) y el ex consejero de Aguirre Alberto López Viejo, obligado a dimitir por el escándalo de corrupción.

En aquella época, finales de los noventa, Aznar consumía su primera legislatura. Un grupo de entre 10 y 15 jóvenes del partido llevaba años celebrando una cena mensual en un restaurante cercano al Palacio Real. La bautizaron como la Polvera, en honor a una edición de la Constitución que se guarda en el Congreso. A la mesa se sentaban figuras destacadas de Nuevas Generaciones como Esteban González Pons, Juan Manuel Moreno, José Ignacio Echániz, Francisco Camps, Sigfrido Herráez o Tomás Burgos. Cada noche había un invitado distinto que daba una charla y al que se le hacían preguntas.

Agag, según los asistentes, no era un habitual de la velada. "Quizá vino alguna vez. Él era más joven que esa generación", explica un asistente. Pero, a partir de 1996, el futuro yerno del presidente del Gobierno obtuvo un cargo de asesor en La Moncloa. Apoyado por Carlos Aragonés (asesor del gabinete de Aznar y marido de la consejera madrileña de Educación, Lucía Figar), y tomando como núcleo original al de la Polvera, crearon lo de Becerril.

Entonces Agag era Alejandro y no era aún el yerno de Aznar ni el amigo íntimo de Flavio Briatore o Silvio Berlusconi; ni siquiera el heredero natural del imperio de la Fórmula 1 o el dueño de un club de fútbol. Era sólo un joven del PP con talento desmesurado para las relaciones públicas que iba a cruzar la corta pasarela que une política y negocios. Y todos los que estaban ya a un lado y a otro empezaban a querer un asiento junto a él.

Los que se quedaban fuera de aquel clan lo consideraron un club demasiado selecto. "Se pavoneaban, parecía que si no eras de Becerril no eras nadie", explica un miembro del partido que ha ocupado cargos de responsabilidad en la Comunidad de Madrid. Los que asistían no veían esa exclusividad. "No es que fuera cerrado, es que la relación que teníamos entre nosotros era de una amistad muy fuerte". Porque ésos, los amigos, y no los 40 que podían llegar a ir un fin de semana a la sierra, conformaban el núcleo duro del clan, que se reunía en el hotel Las Gacelas, de tres estrellas y reformado hace 10 años.

Agag se convirtió en maestro de ceremonias de unos encuentros a los que no fallaban la actual consejera de Educación, Lucía Figar; el diputado nacional José Ignacio Echániz; el ex concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez; el hoy jefe de Gabinete de Rajoy, Jorge Moragas; el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps; el concejal de Madrid, Enrique Núñez o Adolfo Suárez Illana. "La única característica de aquel encuentro era que todos éramos menores de 35 años, militantes del PP y admiradores de Aznar", explica uno de los fundadores de la Polvera.

Un escenario perfecto para los que querían mandar y para los que preferían influir, como Agag. Según varios asistentes consultados, Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama corrupta y testigo de boda de Agag, se encargó de organizar una de aquellas reuniones. "La relación con Correa la tenía Agag. Y luego Correa la mantuvo como pudo con el partido. Pero él no tenía amistad con tanta gente del clan de Becerril", explica un miembro de las reuniones. También se dejó ver por ahí alguna vez Álvaro Pérez, El Bigotes, que además fue organizador de la ceremonia de boda de Agag. Pero ni él ni Correa eran aceptados. "Ellos no tenían mucho que ver con aquello, que básicamente eran unas jornadas políticas", cuenta un diputado.

Unas jornadas que comenzaban el viernes por la tarde y concluían con una comida dominical con el gran líder. En alguna ocasión se vio por allí a Jacobo Gordon, amigo íntimo y compañero de pupitre de Agag y ahora imputado por su vinculación con Correa. "Jacobo es una excelente persona. Quizá tuvo la mala suerte de que le ofrecieran participar en un negocio sin saber que eran unos piratas", explica un amigo suyo. Otro de los que anduvo por la sierra fue Alberto López Viejo.

Las reuniones se fueron apagando y Becerril se consumió paralelamente al interés de Agag por la política y su creciente ambición por los negocios. "Él era el alma. El final de aquello debió coincidir con su boda (2002) y su marcha fuera de España". Muchos de sus miembros ocupan hoy cargos importantes en el PP. El último encuentro de los becerriles, según uno de los asistentes, se celebró en La Moncloa. Esta vez, Aznar fue el anfitrión y no el invitado de honor.

www.elpais.es 15.02.09

López Viejo recibía sobornos por dar contratos a Correa

En 2007 recibió tres pagos de 24.000, 6.000 y 8.000 euros, según apuntes de Pablo Crespo en los que consta «entregado a ALV». Otro documento refleja pagos por importe de 200.000 euros. «Veréis como ahora nos da más contratos», comentó Crespo a sus empleados. El consejero destituido otorgó a Correa en un año contratos por casi 600.000 euros fraccionados en 76 facturas de menos de 12.000

El ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo recibió un mínimo de 238.000 euros en sobornos a cambio de dar contratos a las empresas de Francisco Correa, el principal imputado en la presunta trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón.

Así lo acreditan varios documentos en poder del magistrado, cuyo contenido ha conocido EL MUNDO. En uno de ellos constan unos apuntes internos realizados en 2007, incluidos en un documento sin membrete. En el mismo se puede leer: «Pablo Crespo. Entregado a ALV» (siglas de Alberto López Viejo), seguido de una cantidad de dinero.

En esos documentos se detallan tres entregas diferentes por una cuantía de 24.000, 6.000 y 8.000 euros. Lo que no aparece es en concepto de qué se pagan esas cantidades, aunque las palabras de los imputados dan una pista de ello.

En una ocasión, como ha podido saber este diario, Pablo Crespo Sabaris, administrador de Easy Concept, S. L., y número dos de Correa, aseguró a sus empleados: «Veréis cómo ahora nos da más contratos. Ya le he dado lo que me pedía y se ha quedado contento».

El magistrado de la Audiencia Nacional también dispone de otro documento sin membrete elaborado por Crespo que lleva la cuenta de las cantidades entregadas en efectivo y personalmente a López Viejo: unos 200.000 euros (más de 33 millones de pesetas).

Además, Francisco Correa describe en las grabaciones con las que cuenta el juez que el ex consejero «se lleva una parte de cada acto que se hacía. Aquí un kilo, aquí medio...».

Todos estos indicios apuntan al ahora diputado autonómico Alberto López Viejo para que sea uno de los próximos imputados en la causa. En cuanto Garzón considere que es necesaria su imputación, tendrá que enviar el material relativo al aforado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el órgano facultado para investigar a los diputados de la Asamblea de Madrid, previo permiso de la Cámara.

La imagen de López Viejo no es precisamente muy buena dentro del Gobierno de Madrid. Muchos de sus compañeros coinciden en describirle como soberbio, prepotente y despótico. Casi todos tienen noticia de su carácter agrio. Pero también de la gran confianza que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, siempre depositó en él para que organizara todos sus actos, primeras piedras, presentaciones, inauguraciones... En total, millones de euros a lo largo de los cinco últimos años. Precisamente por esa confianza directa de la presidenta, nadie en la Comunidad discutía sus métodos expeditivos y su costumbre de contratar casi siempre con las mismas empresas.

El ya ex consejero de Deportes, que fue destituido el pasado lunes, organizaba todos los actos de la jefa del Ejecutivo. En total, entre 10 y 15 eventos al mes durante cinco años, superando el centenar anual. Como confirmaron a este diario en distintos departamentos, López Viejo obligaba a las consejerías a organizar sus actos importantes con las sociedades que él imponía. Cuando recibía peticiones de las consejerías para hacer actos con Aguirre, respondía taxativo: «O haces el acto con esta empresa o no se hace». Y era él quien decidía, pues llevaba la agenda de la presidenta.

Una vez obtenido el visto bueno, él mismo revisaba personalmente cómo se organizaba el evento: el sonido, la luz, las carpas (en actos al aire libre), las sillas, las azafatas... Acompañaba a los profesionales contratados y actuaba como el director de la puesta en escena.

Esta función la desempeñó como viceconsejero de Presidencia (desde junio de 2004), pero también lo hizo durante los primeros meses de la primera legislatura, aunque era un diputado autonómico raso y no estaba en nómina de la Comunidad.

En los primeros años (desde finales de 2003 a mediados de 2005), dos empresas de la red de Correa, Easy Concept Comunicación, S. L. y Good and Better, S. L., fueron las sociedades más beneficiadas.Sus administradores eran Pablo Crespo -encarcelado por Garzón- e Isabel Jordán.

De hecho, y según consta en una respuesta parlamentaria del Ejecutivo de Aguirre, las dos sociedades obtuvieron 76 contratos entre abril de 2004 y el mismo mes de 2005 por un valor total de 562.183 euros. Y todos los contratos eran inferiores a 12.000 euros, porque ésa es la cantidad que la Ley de Contratos señalaba como tope máximo para adjudicar a dedo, sin concurso público.

Por ello, López Viejo troceaba las adjudicaciones para no superar esa cantidad. Un buen ejemplo de este procedimiento es el homenaje celebrado el 25 de marzo de 2004 a los que se volcaron con las víctimas de los atentados del 11-M. Easy Concept cobró 140.000 euros, pero extendió hasta 15 facturas diferentes. Así, Presidencia no tuvo que realizar ningún concurso y pudo contratar directamente a la empresa elegida. Algunas de las facturas se acercaban mucho a los 12.000 euros, pero nunca los superaban: el sonido costó 11.954,39 euros, y la iluminación 11.524,36.

En otros casos, no hacía falta hacer esa operación. Algunos de los grandes actos de las consejerías de Transportes o Sanidad eran abonados por las grandes constructoras adjudicatarias. Entonces, la ley ya no obliga a hacer concursos porque no se trata de dinero público. Eso sí, quien decidía a quién y por cuánto se contrataba no era la constructora, sino otra vez Alberto López Viejo.

La mala fama de López Viejo viene de lejos. En 2003, cuando Alberto Ruiz-Gallardón es designado por José María Aznar candidato a la Alcaldía y Esperanza Aguirre a la Comunidad, el primero prescinde del hasta entonces concejal de José María Alvarez del Manzano.Pero Aguirre le ficha en un estelar número seis de su lista.

Sin embargo, los escándalos que afloran entonces sobre su etapa como concejal de Limpieza le mantuvieron fuera del Gobierno durante los primeros meses.

Por aquel entonces fue acusado de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos por varios contratos irregulares que fueron denunciados incluso por la propia Intervención del Ayuntamiento.

Cuando pareció amainar el temporal, Aguirre le premió y le nombró viceconsejero de Presidencia, en junio de 2004. Durante ese periodo se vio implicado en otro presunto escándalo de corrupción a través de su mujer, Teresa Gabarra Balseéis, imputada en el caso Guateque, donde se investiga la presunta concesión ilegal de licencias por parte del Ayuntamiento. En el expediente de un restaurante del que es dueña aparece una anotación para que la licencia se tramite de forma «urgente».

López Viejo siguió contratando decenas de actos de Aguirre con Easy Concept (antes llamada Down Town, heredera a su vez de Special Events), al menos hasta las elecciones autonómicas de mayo de 2007.

En la segunda legislatura, cuando es nombrado consejero de Deportes, López Viejo empezó a tener más cuidado y, por orden suya, se pasó a contratar con empresas tapadera, según explican ahora desde la Comunidad de Madrid. Entre ellas aparece MQM (Marketing Quality Management), que no tiene relación conocida con la red de Correa, pero que podría trabajar como sociedad pantalla de Easy Concept, según está investigando Garzón. Con esta otra empresa, los métodos de López Viejo y su exigencia de contratación seguían siendo los mismos.

A día de hoy, como confirman desde dentro de la Comunidad de Madrid, quedan facturas por abonar pendientes desde 2008 porque los servicios se contrataron sin respaldo presupuestario.

Desde sus tiempos de concejal en el Ayuntamiento de Madrid, López Viejo trabaja con un asesor, Pedro Rodríguez Pendás, que es a todos sus efectos su número dos, por encima de los funcionarios de la Consejería.

El papel de López Viejo ha despertado una gran preocupación en el Gobierno de Madrid. Por eso, la propia Aguirre decidió destituirle fulminantemente el lunes, antes de que aparecieran los primeros indicios que le podrían inculpar.

1999-2003

Alberto López Viejo fue un muy polémico concejal de Limpieza con José María Alvarez del Manzano. La Intervención del Ayuntamiento le acusó de irregularidades y el PSOE denunció que incurrió incluso en malversación de fondos.

Finales 2003

Esperanza Aguirre le ficha como 'número seis' de su lista mientras se destapan sus presuntas irregularidades consecuencia de su etapa como concejal. En noviembre, tuvo que salir al paso de todas las acusaciones y las calificó de falsas.

Mayo 2004

Aguirre le nombra viceconsejero de Presidencia, pero ya desde antes, cuando ni siquiera ocupaba un cargo en el Gobierno, comienza a ocuparse de contratar todos los actos públicos de la presidenta.Muchos, con empresas de la trama de Correa.

Junio 2007

La presidenta asciende a López Viejo y le nombra consejero de Deportes. Aun desde su nuevo puesto, sigue organizando las presentaciones y actos de importancia en los que participa Esperanza Aguirre.

Toyotas, muebles y flores de boda

De su etapa como concejal de Limpieza (1999-2003), López Viejo atesora 'perlas' que adornan su gestión, aunque él siempre ha negado irregularidades. En aquel tiempo, los contratistas le llamaban 'El Toyota' porque obligó a varias empresas a adquirir vehículos de esa marca y a hacerlo en un concesionario concreto.Además y como adelantó en su día este diario, impuso a la sociedad Cespa -que gestionaba la limpieza de varios distritos- a que comprara sus muebles de oficina en la tienda de su padre. El primer gasto de 3,5 millones de pesetas no le pareció suficiente, y la empresa tuvo que gastar otros 8,5 millones en muebles que no sabía dónde meter y que acabaron amontonados. La misma sociedad pagó las flores de su propia boda, en el año 2000, según informó EL MUNDO.

Febrero de 2009: la destitución

Tras destaparse la presunta trama de corrupción que podría afectar al PP, el pasado lunes, Esperanza Aguirre decidió destituirle, aunque oficialmente se dijo que fue él quien dimitió. Su pecado oficial: contratar con empresas bajo sospecha. El pasado jueves acudió a la Asamblea de Madrid (en la imagen) con rostro demudado y como diputado raso. Si fuera imputado, el caso tendría que trasladarse al Tribunal Superior de Madrid

www.elmundo.es 15.02.09

Garzón implica en la trama a López Viejo, ex consejero de Aguirre, y a un alto cargo de Camps, dos aforados del PP

El juez Baltasar Garzón ha sido tajante: Hay “serios indicios” que indican que cargos aforados del PP “podrían tener responsabilidad” en la causa abierta por la trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa. Según informa El País, ateniéndose a fuentes de la investigación, uno de los responsables populares que aparece en el sumario es Alberto López Viejo, consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid hasta hace una semana. Otro sería un alto cargo del Gobierno valenciano de Camps, aunque su identidad se mantiene todavía en secreto.

Así, se han cumplido las peores previsiones que manejaban en Génova 13. Aunque el magistrado no ha dado nombres, ha dejado claro que algunos de estos políticos populares podrían tener la condición de aforados -esta condición la tienen el presidente y los miembros del Gobierno, los presidentes y miembros de los Ejecutivos regionales, y los diputados y senadores-.

Aforados confirmados
De acuerdo a las informaciones ofrecidas ayer por la Cadena Ser, cuatro aforados se encuentran en el punto de mira: López Viejo, Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch y Luis Bárcenas. A la confirmación, según El País, de López Viejo, habría que añadir la aparición en el sumario de un alto cargo del Gobierno valenciano de Francisco Camps, cuya identidad permanece oculta todavía.


López Viejo
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, le cesó al frente de la consejería de Deportes. No obstante, López Viejo continúa en su puesto de parlamentario madrileño. Está acusado de adjudicación irregular de contratos. En una de las grabaciones de la investigación
a las que tuvo acceso El Plural, Francisco Correa reconocía que López Viejo recibía comisiones de cada acto que organizaba para el Partido Popular. “Alberto se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio”, afirma literalmente el jefe de la trama en estas grabaciones.

Benjamín Martín
Fue el elegido por Esperanza Aguirre para presidir la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid sobre la trama de espionaje. Elección que seguramente Aguirre lamentó
al leer en El Plural que su elegido obtuvo presuntamente casi dos millones y medio de euros a cambio de guardar silencio en relación con la trama de corrupción vinculada al PP. Al menos es lo que se desprende de una de las grabaciones que obran en poder del juez Baltasar Garzón, cuando una de las imputadas explica cómo Martín Vasco les había vendido su silencio para “no reventar el tinglado”.

Alfonso Bosch
Fue integrante del equipo de confianza de presidencia del Gobierno durante los mandatos de Aznar. En la actualidad, compatibiliza su cargo de gerente de Vivienda y Suelo de Boadilla con el de diputado en la Asamblea regional. Es, además, secretario de Movilización del PP de Esperanza Aguirre.
Uno de los imputados por Garzón lo define concretamente como "uno de ellos y uno de los malos, de los que hacen cosas mandados por ellos (en relación a los cerebros de la trama)".

Luis Bárcenas
Es senador por Cantabria y tesorero nacional del PP. Aparece en algunas grabaciones y en el sumario que instruye el juez Baltasar Garzón.
Hace unos días El Mundo publicó
que Bárcenas (mano derecha y sucesor de Álvaro Lapuerta como tesorero del PP y "en el corazón de las finanzas del PP desde la presidencia de Manuel Fraga"), presionó al gobierno de Aguirre para conseguir contratos públicos de seguridad.

www.elplural.com 14.02.09

El imputado González Panero, ¿un protegido de la lideresa Aguirre?

La dimisión de Arturo González Panero como alcalde de Boadilla se hizo esperar. Para ello, el entonces regidor desmintió previamente a Rajoy y se agarró con resistencia a su preciado puesto, al tiempo que las informaciones sobre su supuesta implicación en operaciones investigadas por el juez Garzón se iban multiplicando. El ex alcalde mantiene actualmente su acta de concejal en el consistorio y el cargo de presidente del PP de la localidad. ¿Le quedan apoyos en el PP? Al menos contaba con estos previamente al estallido del escándalo.

A pocos escapa la afinidad existente entre el por ahora concejal de Boadilla y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Protagonista de ciertos escándalos, que le han valido numerosas condenas y denuncias -de las que ha ido informando El Plural-, Panero tuvo incluso que ser llamado al orden por la lideresa -presidenta del PP madrileño- hace algunos meses, ante la purga que estaba llevando a cabo en el seno de su formación local.


 

Clara cercanía
La cercanía entre ambos dirigentes es manifiesta, y podría explicar, en parte, la actitud de disidencia frontal que Panero expresó ante Mariano Rajoy el pasado lunes. Como muestra, un botón: una visita de la presidenta regional al citado municipio madrileño el pasado 13 de enero, poco más de dos semanas antes de que se produjera la explosión de la trama corrupta que ahora amenaza con cobrarse cada vez cargos populares más relevantes.


Según publica la revista de información municipal Boadilla del Monte Actual, la lideresa escogió el municipio entonces regido por González Panero para "acoger el primer barrio ecológico de la Comunidad de Madrid". El documento refleja el agradecimiento del regidor a tal concesión y la "estrecha colaboración" mantenida en otros proyectos entre la Comunidad y el Ayuntamiento. Las instantáneas reflejan el buen ambiente entre ambos dirigentes antes de la tormenta. ¿Ha cambiado Esperanza Aguirre su percepción sobre el edil ahora imputado?

www.elplural.com 14.02.09

La Comunidad de Madrid mantiene deudas con empresas tapadera de Correa

La Comunidad de Madrid tiene una deuda de varios millones de euros con empresas tapadera que utilizaba la red corrupta de Francisco Correa por servicios contratados hasta hace sólo unos meses, aunque la dirección nacional del PP rechazó en 2004 seguir haciendo negocios con el cabecilla de la trama. Estos contratos no tenían ningún respaldo presupuestario y se acordaban sin seguir el trámite legal, muchas veces incluso a golpe de correo electrónico. El encargado de las gestiones era Alberto López Viejo, consejero de Deportes de la lideresa hasta el pasado martes.

Uno de estos contratos hace referencia al acto de entrega de la medalla de la Comunidad de Madrid a los Príncipes de Asturias por Esperanza Aguirre, el 12 de septiembre de 2007, en la sede de su Gobierno en la Puerta del Sol, según informa El País. No pasa por alto, según los documentos, que Easy Concept, la empresa de Correa encargada del evento, infló los costes para ganar hasta un 40% más.

Triple vertiente
Las sospechosas actuaciones de Easy Concept, empresa de Francisco Correa con la que la Comunidad de Madrid trabajaba, tienen tres vertientes: La empresa se camuflaba bajo tapaderas como el grupo MQM (Marketing Quality Management) para no despertar sospechas en la dirección nacional; inflaba los costes de sus servicios hasta alcanzar beneficios del 40%; y sus actuaciones eran presuntamente teledirigidas desde el Gobierno de Esperanza Aguirre.

López Viejo

El encargado de realizar las operaciones de maquillaje no sería otro que
Alberto López Viejo, consejero de Deportes de Esperanza Aguirre hasta el martes y que todavía es parlamentario madrileño. Junto a él trabajaba su amigo Pedro Rodríguez Pendás. López Viejo sugería fraccionar los costes de los servicios para que no superaran la cantidad de 12.000 euros, que obligaría a realizar un concurso público para evitar la adjudicación a dedo.

MQM, tapadera

Uno de los casos que ilustran estas prácticas es el que realizó Aguirre en la sede de su Gobierno en la Puerta del Sol de Madrid para entregar a los Príncipes de Asturias la medalla de la Comunidad de Madrid, el 12 de septiembre de 2007. El acto lo organizó supuestamente Easy Concept, pero lo hizo bajo la tapadera de la firma MQM.

Inflando los costes

El coste del acto resulta bastante inquietante. Aunque el material le costó a la empresa 39.143 euros, fue facturado a la Comunidad de Madrid por 65.475 euros. El precio se inflaba de esta manera en un 40%, consiguiendo un beneficio de 26.331 euros. Los responsables del encargo a MQM no eran otros que Alberto López Viejo y Pedro Rodríguez Pendás. A éste último se le enviaron los detalles de la contratación por e-mail, dejando claro que el acto estaba fuera del “concurso número 03-at-6.6/2007”, que tenía la Comunidad con MQM. Esta aclaración fue incluida a petición expresa de Pendás.

A dedo
Finalmente, los costes eran fraccionados en cantidades inferiores a los 12.000 euros, para que no hubiese necesidad de realizar un concurso público y poder realizar las adjudicaciones a dedo. La documentación intervenida a Easy Concept así lo refleja: "Una vez finalizado el acto hemos preguntado por activa y pasiva cómo se factura y a quién; en un primer momento, nos dijo Pedro Rodríguez Pendás que todo el importe sería facturado por MQM, incluidos los extras del acto, pero luego nos comunicaron de Intervención que sólo se hiciera una factura por MQM por importe inferior a 12.000 euros y que el resto hasta el día de hoy nadie de Presidencia, ni de Intervención ni por supuesto Pedro Rodríguez dicen nada al respecto".

www.elplural.com 14.02.09

EN EL TRIBUNAL DE LOS AFORADOS

Esperanza Aguirre, su vicepresidente, Ignacio González (izquierda) y su consejero de Interior, Francisco Granados, coincidieron ayer durante la toma de posesión del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira. Este tribunal asumirá parte de la investigación de la trama de corrupción destapada por Baltasar Garzón si finalmente él se inhibe por haber imputados aforados.

Una agencia de Correa operó para Estepona mientras gobernó el PP

Esperanza Aguirre, su vicepresidente, Ignacio González (izquierda) y su consejero de Interior, Francisco Granados, coincidieron ayer durante la toma de posesión del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira. Este tribunal asumirá parte de la investigación de la trama de corrupción destapada por Baltasar Garzón si finalmente él se inhibe por haber imputados aforados.Una de las sociedades controladas por Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama investigada por el juez Garzón, Pasadena Viajes, facturó al Ayuntamiento de Estepona (Málaga) más de 53.000 euros entre febrero de 2000 y junio de 2003. El actual concejal del PP Ricardo Galeote fue en aquella etapa gerente de la sociedad municipal Turismo y Actividades Recreativas. Galeote, que es hermano del portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Gerardo Galeote, e hijo del ex concejal en Boadilla del Monte y gerente del consorcio deportivo de la zona oeste de Madrid, José Galeote, fue tajante ayer en negar cualquier tipo de irregularidad y aseguró que si se operó con Pasadena fue porque ofrecía precios más baratos que otras agencias.

En cambio, Galeote recordó que en octubre de 2006, siendo ya concejal, la denuncia del grupo municipal del PP logró evitar la firma de un convenio urbanístico que beneficiaba a Construcciones Salamanca, promotora fundada por el suegro de Correa, Emilio Rodríguez Bugallo, recientemente fallecido que estuvo imputado en el caso Malaya. El PP estimó las plusvalías en unos 50 millones de euros.

La esposa de Correa, Carmen Rodríguez, también imputada en la trama, trabajó dos meses y medio como jefa de prensa en el Ayuntamiento de Estepona.

www.elpais.es 14.02.09

López Viejo y un cargo valenciano, aforados investigados por Garzón

El juez rechaza la personación del PP en el proceso por corrupción

El juez Baltasar Garzón rechazó ayer la personación del PP como acusación en la causa por la supuesta trama de corrupción que afecta a concejales y otros cargos pertenecientes al citado partido al considerar que no se puede ser al mismo tiempo presunto responsable de un delito y su víctima. En su auto, el magistrado confirma, además, que entre los investigados se encuentran parlamentarios o cargos aforados del partido por lo que anuncia que tendrá que inhibirse en favor de otros tribunales para perseguir sus actividades delictivas.

Fuentes de la investigación indicaron que los aforados a los que se refiere Garzón son Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, que fue destituido la pasada semana aunque continúa como parlamentario madrileño, y un alto cargo de la Comunidad Valenciana, cuya identidad se mantiene secreta. No obstante, en los registros efectuados en los últimos días se ha intervenido abundante documentación, ordenadores y memorias portátiles, y a la policía judicial aún no le ha dado tiempo a seguir las pistas a las que apuntan. Por ello, estas fuentes aseguran que el número de aforados podría aumentar en los próximos días.

En su resolución, el juez explica que el PP no puede personarse como acusación porque "existen serios indicios" de que algunos integrantes de ese partido o personas vinculadas a él "podrían tener responsabilidad penal en esta causa".

Garzón se dirigió el pasado jueves a la Fiscalía para que le indique qué pretende que se haga con los casos de los aforados, si debe inhibirse de inmediato al tribunal que corresponda en cada caso o si, como indica la jurisprudencia del Tribunal Supremo, debe esperar a completar la investigación.

El auto anuncia que, en el momento oportuno, el juez cederá la competencia sobre los aforados al tribunal competente. Los miembros del Gobierno central, diputados y senadores responden ante el Supremo, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los parlamentarios autonómicos y miembros de los ejecutivos regionales lo hacen ante los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad. Garzón lo tiene claro, puesto que afirma que la inhibición "se producirá una vez que concluya el análisis policial y pericial de los documentos y datos obtenidos en la investigación, al menos parcialmente".

Como el PP fue rechazado como parte -aunque ha anunciado recurso-, la Comunidad de Madrid intentó ayer personarse en la causa, aunque es obvio que el camino será el mismo que el seguido por el PP, puesto que en un futuro puede ser considerada responsable civil de las actuaciones de sus aforados. El juez tomó ayer declaración a una persona detenida desde el miércoles pasado, presuntamente el empleado de Correa que habitaba el piso de seguridad de la trama en Madrid. El juez le dejó libre con comparecencias semanales.

www.elpais.es 14.02.09

UN ACTO INSTITUCIONAL DE 65.000 EUROS

El 12 de febrero de 2007, Esperanza Aguirre impuso la medalla de oro de la Comunidad de Madrid a los príncipes de Asturias en el edificio de la Presidencia del Gobierno, en la Puerta del Sol. La Comunidad pagó 65.000 euros por el estrado enmoquetado y unas sillas forradas de tela más algunos adornos florales.

www.elpais.es 14.02.09

Empresas tapadera para contratar en Madrid

El Gobierno de Aguirre tiene múltiples deudas con la red de Correa - El jefe de la trama facturaba con sociedades ajenas a petición del ex consejero López Viejo

La Comunidad de Madrid adeuda varios millones de euros a empresas tapadera con las que la red corrupta que dirigía Francisco Correa prestaba servicios al Gobierno de Esperanza Aguirre hasta hace sólo unos meses, pese a que la dirección nacional del PP había ordenado desde 2004 no contratar con ese grupo. De hecho, en las grabaciones aportadas al sumario Correa se refiere, en diciembre de 2007, a la deuda de la Comunidad de Madrid con sus empresas. Los contratos, muchos sin respaldo presupuestario y sin la tramitación legal necesaria, se hacían a través del que era hasta el pasado martes consejero de Deportes, Alberto López Viejo.

López Viejo sugería fraccionar los contratos para evitar filtros administrativos Easy Concept inflaba los costes para ganar un 40% por cada transacción

La documentación en poder de EL PAÍS correspondiente a Easy Concept -una de las sociedades con las que operaba la red corrupta vinculada al PP que dirigía Correa- revela cómo supuestamente esa empresa inflaba los costes para ganar un 40% por contrato, los presentaban al pago a la Comunidad de Madrid bajo una sociedad blanca o sin sospecha y luego los fraccionaba irregularmente. Y todo ello bajo la aparente dirección del ex consejero de Deportes Alberto López Viejo y de su amigo Pedro Rodríguez Pendás. Ambos se vieron implicados en facturaciones irregulares cuando eran concejal de Limpiezas del Ayuntamiento de Madrid y asesor, respectivamente.

La citada documentación corrobora lo que Correa reconocía en las grabaciones: López Viejo le sugería fraccionar los contratos y presentarlos a través de terceras empresas para evitar los filtros administrativos y las sospechas de trato de favor a su grupo. No en vano Correa era un apestado tanto para el PP nacional, tras exigir contratos en nombre del partido, como para la opinión pública, tras ser denunciados sus apoyos y adjudicaciones irregulares.

Los papeles apuntan que el acto de entrega de la medalla de la Comunidad de Madrid a los Príncipes de Asturias por Esperanza Aguirre, el 12 de septiembre de 2007, en la sede de la presidencia regional de la Puerta del Sol, lo montó supuestamente Easy Concept, bajo la tapadera de la firma MQM (Marketing Quality Management). Un informe interno de Easy Concept revela cómo se fraguó dicho servicio al Gobierno de Aguirre:

"A día de hoy, 15 de febrero de 2008, el informe de factura es el siguiente. Importe total a facturar a la CAM [Comunidad Autónoma de Madrid] por los Premios Príncipes de Asturias es:

- Importe a facturar: 64.475 euros con IVA.

- Facturado por MQM hasta el momento. 9.224 euros más IVA.

Pendiente de facturar: 56.250 más IVA (hasta el momento)".

El montaje del acto lo pidieron expresamente Alberto López Viejo y Pedro Rodríguez Pendas. A este último le fue enviado el presupuesto inicial a través de un correo electrónico en el que se precisaba que el acto no entraba en el contrato de servicios número 03-at-6.6/2007 que tenía con la Comunidad de Madrid la empresa MQM, nota que se añadió a dicho presupuesto adjunto por petición expresa de Pedro Rodríguez. "Una vez finalizado el acto hemos preguntado por activa y pasiva cómo se factura y a quién; en un primer momento, nos dijo Pedro Rodríguez Pendás que todo el importe sería facturado por MQM, incluidos los extras del acto, pero luego nos comunicaron de Intervención que sólo se hiciera una factura por MQM por importe inferior a 12.000 euros y que el resto hasta el día de hoy nadie de Presidencia, ni de Intervención ni por supuesto Pedro Rodríguez dicen nada al respecto". Por tanto, el escrito detalla cómo presuntamente los contratos y facturas eran encargados y presentados a la carta, de forma absolutamente irregular, por altos cargos del Gobierno de Aguirre. Todo se resolvía a golpe de correo electrónico, no mediante concursos ni ante una mesa de contratación.

Pero si es llamativo que Easy Concept se oculte para prestar servicios a la Comunidad de Madrid a través de una sociedad como MQM, cuya versión de estos hechos fue solicitada ayer sin éxito -nadie coge el teléfono en su sede, que comparte con tres empresas-, más inquietante resulta advertir cómo se hinchan los precios de coste hasta un 40% a cargo del presupuesto de la Comunidad de Madrid, según el desglose al que ha tenido acceso este diario. Así, si el material le costó 39.143 euros, lo facturaron al Gobierno regional por un monto de 65.475 euros, un beneficio de 26.331 euros. El informe interno de Easy Concept está avalado por el presupuesto oficial de la firma pantalla, MQM, que, aparentemente, prestó el servicio a la Comunidad. "Presupuesto total (IVA incluido) 67.992 euros. Nota: este acto ha sido solicitado desde Presidencia por Pedro Rodríguez [Pendás] y está considerado fuera del contrato referente al concurso número 03-at-6.6/2007". Calcaba el documento de Easy Concept.

El corolario es triple: Easy Concept camuflaba su presencia como contratista a través de distintas empresas, inflaba los precios y lo hacía teledirigida desde el Gobierno de Aguirre, a tenor de los referidos escritos internos. En el presupuesto de Easy Concept aparece una comisión de un 5% para MQM, supuestamente por usar su nombre. Este diario solicitó ayer sin éxito la versión del Gobierno de Aguirre sobre estos contratos y los que dejó pendientes López Viejo. MQM aparece citada en las grabaciones sumariales como receptora de contratos de la trama.

www.elpais.es 14.02.09

El director de la televisión de Valencia es padrino de la hija de un imputado

El presunto cerebro de la trama de corrupción investigada por el juez Baltasar Garzón, Francisco Correa, estaba llamado a ser el padrino en el bautizo de la hija del presidente de Orange Market, Álvaro Pérez. Sin embargo, fue detenido el 6 de febrero, un día antes del bautizo, para evitar su huida de España, prevista según el auto para después de ese acto. Ese mismo viernes la policía registró las oficinas de Orange Market, lo que disuadió a varios cargos del PP en Valencia de asistir al bautizo que se celebraba el día siguiente en Barcelona. El director general de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), Pedro García, que fue el único que acudió, sustituyó a Correa en el encargo debido a la relación que mantiene con Pérez. El lunes siguiente Pérez ingresó en prisión. Anteayer fue liberado.

García confirmó ayer este hecho, que circunscribió al "ámbito privado" y a la "amistad de familia" que mantiene con Pérez, a quien conoció hace años, antes de ocupar su actual cargo, como producto de la relación profesional que Orange Market mantenía con el PP "en la organización de actos". El director general de RTVV admitió un contrato por 2.178 euros tras haber negado su existencia. Ayer fue la primera vez que el nombre de Álvaro Pérez fue pronunciado en un informativo de Canal 9 para anunciar su puesta en libertad.

www.elpais.es 14.02.09

"Ulibarri me dijo antes del concurso que el Consell le iba a adjudicar 13 licencias de TDT"

No sólo el imputado Álvaro Pérez Alonso, presidente de Orange Market, se jactaba de sus buenas relaciones con los dirigentes del PP valenciano y con el Ejecutivo de Francisco Camps. También el empresario leonés José Luis Ulibarri, imputado en la misma causa que investiga el juzgado número cinco de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, y que controla 13 emisoras de TDT en la Comunitat Valenciana, se vanagloriaba de tener influyentes contactos en la Administración valenciana.

Muy pocos en el sector audiovisual valenciano conocían a Ulibarri cuando desembarcó en Valencia en 2005 procedente de Castilla y León, donde había entablado relación con dirigentes del PP, como el ex presidente del Gobierno José María Aznar, o el ex ministro y ex número dos del partido, Ángel Acebes. En poco tiempo el también constructor logró 13 licencias en las 14 demarcaciones en que se dividió la Comunitat Valenciana para la conversión a la TDT.

Casi cuatro años después, el presidente de la Federación Valenciana de Televisión, Alejandro Rodríguez, recuerda muy bien a Ulibarri. "Él ya sabía que le iban a adjudicar las 13 licencias de TDT porque me lo dijo a mí. ¿Cómo lo sabía él de una forma tan fehaciente?", se pregunta Rodríguez, que preside la federación que aglutina a las tres asociaciones provinciales y a un centenar de empresarios.
En aquellos años Ulibarri no se escondía. "Él iba diciendo que ya lo tenía claro y que quien no le vendiera a él la emisora de televisión se iba a quedar sin concesión y se iba a comer los equipos con patatas", aseguró ayer Rodríguez a Levante-EMV. Se trataba de las televisiones locales de diferentes empresas que emitían de manera ilegal y a las que el Consell conminó a asociarse con el empresario castellano-leonés para garantizarse que se iban a adjudicar la licencia local.

"Comprar a un precio irrisorio"

Según Rodriguez, Florencio Carreras, mano derecha de Ulibarri, intentó aproximarse a los empresarios valencianos afirmando que tenían la adjudicación prácticamente concedida, e intentó "comprarles por un precio irrisorio" sus emisoras. Rodríguez explica las irregularidades que a su juicio se han cometido, "llevadas a cabo directamente por Esteban González Pons", entonces conseller de Presidencia.

Para el presidente de los empresarios valencianos de televisión las piezas del puzzle comienzan a encajar. "Esto es un desmadre de prebendas y adjudicaciones descaradas. Cuando tú ves que no se respeta la legalidad vigente y no hay equidad es decir que concurramos todos en igualdad de oportunidades pues pasa que los empresarios valencianos están quemadísimos. ¿Qué pasa que nosotros no les íbamos a dar nada?", afirma Rodríguez.
"Ulibarri viene de fuera, no conoce la idiosincrasia valenciana. La ley dice que se valorará la pertenencia al lugar y cuando ha montado las televisiones lo hace fuera de la ley porque no respeta el uso del valenciano. En cambio nosotros estamos trabajando en televisión desde hace 25 años, antes de que Canal 9 existiera"", añade el empresario valenciano.

El proceso está recurrido

Las licencias que el Consell concedió en 2005 están adjudicadas de forma provisional porque el proceso está recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) desde mediados de 2005 por parte de algunas de las empresas que participaron en el concurso y por la propia federación, cuyo presidente denuncia que hubo "manipulación de expedientes". "Hay un descaro y poca vergüenza cuando Camps dice que ha sido una concesión limpia e inmaculada y está en la sala tercera del contencioso-administrativo para beneficio de unos señores que han llegado aquí como paracaidistas para llevárselo calentito con González Pons de mano armada de Camps. Ni se publicó en el diario de la UE, es decir una serie de irregularidades y descaros", añade. Ahora, la Federación Valenciana de Televisión estudia personarse en la causa abierta por el juez Baltasar Garzón al sentirse perjudicados. Quieren saber cómo un empresario de Castilla y León llega a la Comunitat Valenciana y logra las licencias. "Actúan sin vergüenza porque si no, no le haría esto a los empresarios valencianos", añade.

www.levante-emv.com 14.02.09
 

Cuando a Garzón le agasajaba el PP

Eran otros tiempos. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón fue el invitado "estrella" en las Fallas de 1993 del Ayuntamiento de Valencia presidido por la alcaldesa Rita Barberá, que ahora carga contra él -a coro con todo el Partido Popular- a cuenta de la instrucción del caso Gürtel, que salpica a dirigentes populares. A principios de los 90 Garzón llevaba entre manos el proceso por el secuestro de Segundo Marey, el sumario matriz de los GAL que retomaría tras su breve aventura política. Precisamente su visita del 93 se produjo apenas un mes antes de solicitar la excedencia en la Magistratura para presentarse a las elecciones en las listas del PSOE, alcanzar su acta de diputado y el cargo de delegado del Plan Nacional contra las Drogas.

Por entonces, Garzón llegó a coincidir en la ciudad con Mariano Rajoy y Javier Arenas aunque estos se marcharon antes de la cremà, en la que el juez fue el invitado más agasajado. Se le mostró un ninot que le representaba como un "caballero de causa nobles" y acudió a los toros.

Repetiría experiencia muchas veces, aunque de visita privada, de la mano del ex concejal y ex diputado provincial Vicente Martínez Marco y el ex concejal y ex director general de Salud Pública, Francisco Bueno. En 1999 coincidió en el balcón del consistorio con Barberá, Zaplana -entonces presidente de la Generalitat- y Ángel Acebes, a la sazón ministro de Administraciones Públicas.

En 2001 fue de nuevo invitado oficial pero en esta ocasión por la Diputación Provincial de Valencia presidida por Fernando Giner, junto con el entonces Defensor del Pueblo y ex ministro de Justicia Enrique Múgica. Ese mismo año recibió el premio Cotorra del Mercat Central. En 2002 también visitó las fallas y fue mantenedor de la Regina dels Jocs Florals, la esposa de Martínez Marco.

www.levante-emv.com 14.02.09

"DADIVAS Y SOBORNOS A AUTORIDADES" 

El juez Baltasar Garzón ha puesto por fin por escrito el objetivo de su investigación. En el auto por el que la pasada madrugada envió a prisión a los tres cabecillas de la trama de corrupción -Francisco Correa, Pedro Crespo y Antoine Sánchez-, explica que en la causa que instruye hay indicios suficientes de que un grupo organizado de personas en el que participaban los imputados, "establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas", como Madrid y Valencia. La finalidad de ese grupo era obtener beneficios utilizando "como norma común y frecuente, las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas". Por el momento han resultado implicados dos cargos públicos, pero Garzón especifica que se investiga a las autoridades y funcionarios que hayan sido receptores de esas dádivas y cuya voluntad haya podido ser corrompida para exigirles las responsabilidades penales correspondientes. 

Según el juez, los imputados "entregaron regalos, presentes y cantidades de dinero para mover voluntades de quienes tenían responsabilidades en las áreas que coincidían con los intereses económicos del grupo organizado, y así obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no utilizaban las mismas prácticas". 

Al mismo tiempo, el juez considera acreditado que se ha producido una "defraudación fiscal" y que ha habido movimientos de dinero en el extranjero por medio de sociedades que operan en paraísos fiscales para blanquear fondos. El magistrado especifica que los imputados utilizaron "técnicas de ingeniería financiera", de tal forma que al utilizar territorios como Panamá, las islas del Canal de la Mancha o las Antillas Holandesas, han buscado la opacidad y han impedido que la justicia alcance los fondos desplazados. 

Además, para conseguir sus objetivos y disfrazar las contabilidades, el grupo no dudó en alterar y falsificar documentos, entre otros, facturas comerciales. 

El auto destaca que Correa -cuyo nombre en alemán, Gürtel, da nombre a la operación policial-, montó una estructura de empresas en España a la que superponía otra estructura internacional con sociedades constituidas en Inglaterra y Holanda, que a su vez estaban participadas por sociedades creadas en paraísos fiscales. Precisamente, los fondos procedían de sociedades matrices con sede en Antillas Holandesas, Jersey y Guernsey, Suiza y otros territorios off shore, y llegaban a las sociedades españolas camuflando las aportaciones como si fueran ampliaciones de capital. 

Se trata de un presunto delito de blanqueo de dinero cometido por españoles en el extranjero, lo que determina la competencia de la Audiencia Nacional en el caso. 

Correa, según el auto del juez, utilizó testaferros y estructuras fiduciarias opacas, creadas por asesores fiscales y jurídicos en su estrategia de ocultación, mientras realizaba operaciones en países tan dispares como China, Azerbaiyán, Colombia, Panamá o Estados Unidos. 

Entre otros hechos, el juez imputa a Correa haber dado "instrucciones para realizar dádivas a funcionarios públicos con el fin de obtener un provecho económico para él y el grupo que dirige o para conseguir la paralización de procedimientos sancionadores que afectan a su patrimonio". 

El jefe de la trama ha intentado obtener la residencia en Panamá y tenía previsto abandonar en breve España, por lo que la policía aconsejó al juez que precipitase las detenciones. También dio instrucciones a su primo Antoine Sánchez -utilizado como testaferro al frente de las sociedades- para que obtuviera pasaporte y residencia en Senegal. 

El lugarteniente de Correa, sin embargo, era Pablo Crespo Sabaris, que actuaba como gerente y consejero delegado de las empresas. Crespo es responsable de la gestión del patrimonio personal de Correa y "codiseña con éste la estrategia de ocultación de fondos del mismo". 

Asimismo, Garzón le achaca el impartir "instrucciones para el pago de cantidades a funcionarios públicos y autoridades y pago en especie, por medio de objetos y enseres en distintas localidades españolas para obtener tratos de favor o la concesión de eventos a los que se dedica el grupo". 

Uno de los aspectos que denotan el carácter delictivo del grupo es que "utilizan como canal de blanqueo el envío de transferencias a través de los fondos de que disponen en Suiza desvinculándolos de su origen". 

La organización, según se describe en la resolución judicial, "dispone de un piso de seguridad [en la calle de Martínez Campos, 32, 7º, puerta sexta, de Madrid] donde, además de vivir una persona de su confianza y trabajador de una de sus empresas, guarda documentos sensibles que han sacado de la sede de Serrano, 40, 4º izquierda, de Madrid". 

El juez destaca que en la causa hay elementos que determinan un riesgo de fuga "objetivo y real", puesto que fue precisamente la posibilidad de fuga de Correa el detonante de que se produjeran las detenciones. Además, Crespo dio órdenes de que se escondieran documentos y no se utilizaran los móviles porque los teléfonos estaban intervenidos. 

El juez afirma también que "la trama parcialmente desvelada, en este momento, no alcanza a la totalidad de las actividades delictivas que se pueden imputar, pero extendiéndose a todas las personas que ya están imputadas, puede afectar a un mayor número". Es decir, la operación sigue abierta y va para largo. 

Por otro lado, ayer declaró ante el juez, en calidad de imputado, Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, que fue detenido el lunes pasado por su presunta vinculación con la trama de corrupción en la Comunidad Valenciana. Las fiscales Miriam Segura y Concha Sabadell no solicitaron prisión ni fianza para él, según explicó su abogada, Ángela Coquillat. El juez, por tanto, le dejó en libertad, aunque con la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado más próximo a su domicilio. 

 (www.elpais.com, 13/02/09) 

UNA IMAGEN DE OTROS TIEMPOS

Era el 18 de abril de 2007, en Paterna (Valencia). La foto muestra el grado de cercanía de Álvaro Pérez, responsable de Orange Market, con la cúpula del Partido Popular. Por ello aparece sentado en el suelo, a la izquierda, justo delante de Juan Costa, y muy cerca, entre otros, de Francisco Camps, Mariano Rajoy, Rita Barberá y Carlos Fabra durante un acto del Partido Popular. Eran otros tiempos.

www.elpais.es 13.02.09

GARZÓN PONE BAJO SOSPECHA AL PP DE MADRID Y VALENCIA 

La red organizada por Francisco Correa sobornó a funcionarios y autoridades de Madrid y Valencia para que concedieran contratos a sus empresas. Esa es una de las acusaciones vertidas ayer por el juez Baltasar Garzón en el auto con el que, en la madrugada del jueves, envió a prisión al propio Correa y a sus dos colaboradores principales, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.  Según el magistrado, que no concreta casos de cohecho o tráfico de influencias, «los imputados establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades». En la mayoría de los casos, las más de 20 empresas investigadas actuaban en municipios populares.  

El juez de la Audiencia Nacional explica que, para obtener los contratos, utilizaban «como norma común y frecuente las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas [...] a la vez que entregaron regalos, presentes, cantidades de dinero, para mover voluntades de quienes tenían responsabilidades en las áreas que coincidían con los intereses económicos del grupo organizado, y así obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no utilizaban las mismas prácticas».

Según el auto, Correa era el jefe de la trama, mientras que Crespo se encargaba de gestionar las, al menos, 23 empresas investigadas.Antoine Sánchez figuraba como titular de muchas de ellas, ocultando así la figura de Correa. Los fondos obtenidos por la trama -que ha estado en marcha, al menos, durante los últimos 10 años- circulaban por una red de sociedades que acababan en paraísos fiscales y que fue tejida por alguno de los abogados que también se encuentran imputados.  

El conjunto de la actuación se traduce así en el Código Penal: «múltiples» delitos de cohecho, «diversos» delitos de tráfico de influencias, así como blanqueo de capitales, defraudación fiscal, asociación ilícita y varios delitos de falsedad.  

En cuanto a las identidades de los funcionarios y autoridades tocados por la red, el juez dice que «se está investigando, al objeto de tomar las decisiones que correspondan en Derecho».Garzón no especifica ningún caso concreto de cohecho o tráfico de influencias, ni menciona expresamente a ningún partido. En parte, explica, porque los hechos los relata «sucintamente» para no perjudicar las investigaciones que se están practicando. Sin embargo, cruzando los presuntos sobornos cometidos con la lista de imputados surgen los nombres de los ex alcaldes populares de Boadilla del Monte Arturo González Panero, y de Majadahonda Guillermo Ortega, ambos en Madrid. En cuanto a las actividades en Valencia, el juez dejó ayer en libertad con comparecencias semanales a Alvaro Pérez Alonso, conocido como El bigotes, responsable de Orange Market, filial en la ciudad de Special Events, una de las sociedades de Correa que más contratos obtuvo del PP.  

La larga lista de casi 40 imputados no incluye a ningún aforado, pese a que en la investigación ha surgido el nombre del diputado autonómico popular Alberto López Viejo. La competencia para imputarle y seguir con la investigación recaería sobre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que el juez debería remitir el asunto cuando encontrase indicios que justificasen esa imputación. Lo mismo sucedería en el caso del también diputado madrileño Alfonso Bosch Tejedor, quien, según la cadena Ser, también ha aparecido en la investigación por hechos durante su etapa como concejal de Boadilla.  

EL JEFE

El juez deja claro que todo el entramado se dirige a incrementar el patrimonio de Correa, que es quien «da instrucciones para realizar dádivas a funcionarios públicos con el fin de obtener un provecho económico para él y el grupo que dirige o para conseguir la paralización de procedimientos sancionadores que afectan a su patrimonio».  

Mientras dejaba a Crespo al frente de sus empresas, él se dedicaba a «la valoración de posibles negocios en distintos sectores, fundamentalmente el inmobiliario», aunque la crisis del sector le puso a buscar «nuevas opciones en cualquier lugar del mundo».«Su actuación consiste en negociar de forma directa un proyecto de negocio y en supervisar su ejecución, en países tales como China [y] Azerbaiyán». De ese modo, ha llegado a acumular un amplio patrimonio inmobiliario en España y en el extranjero, con propiedades en Las Rozas, Sotogrande, Ibiza, Tarifa, Miami y Cartagena de Indias.  

EL GESTOR

En la jerarquía de la trama, quien seguía inmediatamente a Correa era Pablo Crespo, que daba órdenes al resto de la organización.Según el magistrado, «lleva la dirección y el control del funcionamiento de las empresas de eventos, [...] es el consejero delegado de las empresas; recibe las ofertas de proyectos económicos, concierta las reuniones preparatorias y organiza las reuniones de otros miembros del grupo y supervisa la gestión financiera». En definitiva, Crespo «es el responsable de la gestión del patrimonio personal de Correa».  

Cumpliendo con las directrices de éste, «imparte instrucciones para el pago de cantidades a funcionarios públicos y autoridades y pago en especie, por medio de objetos y enseres en distintas localidades españolas para obtener tratos de favor o la concesión de eventos».  

LA MASCARA  

El primo de Correa es una «pieza clave» en la estrategia de ocultar al verdadero jefe de la trama, que le hacía figurar como titular de las empresas. Que Sánchez era una fachada lo demuestra que Correa pagase «todos los gastos» que generaba: teléfonos, viajes, manutención, regalos... Pese a todo, su relevancia en la trama es menor, lo que se traduce que sólo le imputa blanqueo de dinero y falsedad. 

(www.elmundo.es, 13/02/09) 

UN TOPO EN CASA DE CORREA 

Ya fue topo. Y parece que ha vuelto. José Luis Peñas, conocido en ambientes políticos madrileños como Pepe Peñas, es una de las personas que han facilitado al juzgado información, grabaciones, para la operación Gürtel.  

Pepe Peñas es un viejo conocido de los militantes del PP de Madrid.En el año 2005, junto con Juan José Moreno, provocó una grave crisis en el Ayuntamiento de Majadahonda, una localidad en la que el PP arrasa en todas las elecciones. Allí ya grabó a sus compañeros.  

El Ayuntamiento, cuyo alcalde era entonces Guillermo Ortega (Willy), despedido recientemente por Esperanza Aguirre como gerente del Mercado Puerta de Toledo, quiso vender unas parcelas a un precio por debajo de su valor. Narciso de Foxá, era entonces responsable de Urbanismo, pero quien manejaba las operaciones era Peñas. Foxá dimitió como responsable de Urbanismo y se negó a firmar la venta de esas parcelas a un precio que consideró «irrisorio» (luego se vendieron por 60 millones de euros más). Las parcelas llegaron a la calle Génova.  

Esperanza Aguirre intervino y la crisis terminó con la dimisión «por enfermedad» de Guillermo Ortega, que tenía como guardia pretoriana y hombres fuertes a Pepe Peñas y Juan José Moreno.La sensación que quedó de aquella crisis es que el asunto de las parcelas llevaba incluido reparto. Moreno era el responsable de Hacienda de un Ayuntamiento en bancarrota, con una deuda de 30 millones euros.  

El Ayuntamiento eligió como alcalde a Foxá para sustituir a Guillermo Ortega. Una de sus primeras medidas fue destituir a los tenientes de alcalde que trabajaban con Willy. Pepe Peñas y Moreno, conocidos como Pin y Pon, pasaron a ser concejales sin delegación de servicios, o, lo que es peor, sin sueldo. Pasaron de cobrar unos 66.000 euros al año a 300. Comenzaron a denunciar al alcalde tanto en los medios como en los tribunales.  

Lograron algunas grabaciones de reuniones del grupo municipal que hicieron llegar a una emisora de radio. En una de estas conversaciones se escuchaba a Foxá que decía que Aguirre había dicho que lo de las parcelas «no iba a salir». «Se han debido de comprar una grabadora en la tienda del espía», dijo entonces uno de sus compañeros.  

Los dos concejales presentaron hasta 56 demandas en los tribunales por violación de derechos contra el alcalde que les había quitado el sueldo. Los ediles han perdido todas las demandas e incluso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid les ha condenado a pagar las costas. Se calcula que sólo en este proceso han tenido que abonar unos 60.000 euros.  

Pin y Pon crearon su propio partido político, Corporación Majadahonda, para ser bisagra en el Gobierno de la ciudad. No sacaron ni 100 votos. En el PP estaban convencidos de que el patrocinador era Francisco Correa, detenido por Garzón, y que podría estar detrás de algunas de las operaciones oscuras del Ayuntamiento de Majadahonda en los tiempos de Guillermo Ortega.  

Con el resultado electoral, los dos concejales se quedaron en la calle. Uno de ellos, Pepe Peñas, es hoy bedel en un centro municipal del Ayuntamiento de Madrid. El otro, licenciado en Filología, logró una plaza como administrativo en esa misma administración. Su tío fue concejal de Personal en la misma corporación.  

Una persona que los conoce decía que Pepe Peñas debe de tener grabaciones de Francisco Correa de los últimos cuatro años. «Ha vuelto a sacar las grabadoras que se compró en el 2005 en la tienda del espía», añadió.  

Peñas fue visto hace unos días en la Audiencia Nacional, saliendo del despacho del juez Garzón, en compañía de otro concejal de Boadilla del Monte. 

(www.elmundo.es, 13/02/09) 

LA POLICÍA BUSCA UN MALETÍN QUE INCRIMINARÍA A DIRIGENTES DEL PP 

Vídeos, CD, casetes, pendrives, contratos, documentos y elementos varios. Todo esto contenía un misterioso maletín escondido en una caja de seguridad de una entidad financiera que la Policía busca desesperadamente desde hace siete días. La pequeña valija demostraría definitivamente la relación económica que existía entre el clan de Francisco Correa (Pablo Crespo, Antoine Sánchez y otros) con algunos dirigentes municipales, autonómicos y nacionales del PP. La maleta estuvo durante un tiempo controlada por Correa, pero alguien la sacó de donde estaba guardada el 2 de febrero, cuatro días antes de la redada de Garzón.  

Cuando la Policía llegó hasta las diferentes cajas de seguridad que localizó en diversas entidades financieras tras las primeras detenciones, se encontró que en ellas sólo había dinero o ya estaban totalmente vacías.  

Los miembros de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (Udef) de la Policía están convencidos de que el clan Correa recibió un soplo desde alguna de las administraciones que han participado en la investigación de la denominada operación Gürtel, palabra alemana que se traduce como correa.  

Este periódico, en su edición del pasado sábado, informaba de que inicialmente estaba previsto que la redada contra los principales imputados se llevara a cabo a lo largo del mes de mayo, pero se adelantó al viernes pasado porque el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sospechaba que algunos de los miembros del grupo iban a viajar a Senegal y posteriormente a Suramérica, después de acudir a un bautizo el sábado en Barcelona.  

En estos momentos, son muchos los que están detrás de la ya famosa maleta. Los primeros son los agentes de la Udef, que quieren rematar una investigación que comenzaron hace cuatro años. Los segundos, los que quieren destruir el material sensible que contiene.Los terceros, los que pretenden sacarle una rentabilidad económica.Y está, finalmente, el propio Correa, para intentar llegar a un acuerdo con Garzón de colaboración judicial.  

El total de cajas de seguridad localizadas y registradas por la Udef desde que comenzó la redada es de ocho. Todas ellas estaban repartidas por diferentes cajas de ahorro con sucursales en Madrid.La primera fue una oficina de Caja Madrid en la calle de Velázquez.Allí había dos cajas a nombre de Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa. La intervención se produjo sobre las 13.00 horas del día 9 y el resultado fue nefasto: no había nada en su interior.  

Este periódico ha podido saber que esas dos cajas se abrieron dos años antes de la intervención policial y que las únicas personas que las utilizaban eran el propio Correa o personas del clan, como Pablo Crespo y otros. Carmen Rodríguez abrió las cajas a instancias de su marido, y, según ha comprobado la Policía, tanto el libro de registros como el vídeo de control demuestran que la persona que hizo la apertura no realizó visitas. En el libro de registros, curiosamente, figura un movimiento días antes de la redada policial.  

Correa y su clan tenían, además, dos cajas de seguridad en Caja Murcia, dos en Bancaja y dos en otra sucursal de Caja Madrid, todas ellas localizadas en la capital.  

Dos de esas cajas figuraban a nombre de Carmen Luis, de profesión relaciones públicas, que en 2005 trabajó durante un tiempo en la empresa Special Events de Correa y sus socios. EL MUNDO ha podido saber que, al igual que Carmen Rodríguez, Carmen Luis fue utilizada por el clan, y que el pasado verano se limitó a llevar a cabo la operación de apertura de dos de las cajas en una oficina de Caja Madrid de la calle madrileña de Bravo Murillo.  

En una de esas cajas de seguridad, la Policía ha encontrado 200.000 euros en billetes y está convencida de que allí se encontraba la tan buscada maleta. Este periódico ha podido saber que las personas que usaban con mayor asiduidad esas cajas eran Correa y Crespo.  

También había otra persona autorizada para abrirlas: una mujer llamada Victoria. La Policía está estudiando los vídeos de seguridad de la oficina donde estaban las cajas para determinar quién es la enigmática Victoria que accedió a ellas y pudo cambiar la documentación por dinero.  

Correa, que visitaba Miami con asiduidad, también tenía otra caja de seguridad en una sede de Bancaja de esta ciudad norteamericana. En el auto dictado ayer por Garzón se recoge que Correa «ha invertido en la construcción de tres edificios [se refiere a Miami] por valor de unos cuatro millones de euros, aproximadamente, obtenidos del fondo inmobiliario que creó en España y que habría perdido porque no los ha escriturado». 

(www.elmundo.es, 13/02/09) 

EL JUEZ INVESTIGA LA IMPLICACIÓN DE CUATRO AFORADOS AUTONÓMICOS DEL PP 

Al menos cuatro aforados autonómicos de Madrid y la Comunidad Valenciana estarían implicados en la presunta trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón y que por el momento se ha saldado con tres personas en prisión de los 37 imputados, entre ellos dos ex alcaldes del PP. Fuentes del caso confirmaron a La Vanguardia, que además hay más miembros del principal partido de la oposición que ocupan cargos públicos en municipios madrileños cuyos nombres aparecen de una u otra forma en el sumario.  

Fuentes conocedoras del sumario judicial aseguran que habría material suficiente para probar que varios cargos públicos del PP habrían recibido costosos regalos, invitaciones a lujosos viajes y, en algunos casos, incluso dinero de parte de alguna de las empresas que controlaba Francisco Correa, jefe de la presunta trama de corrupción que, según el auto de prisión de Garzón, se dedicaba a la compra de voluntades de políticos. A cambio, los cargos públicos habrían ayudado a que las empresas vinculadas a Correa obtuviesen contratos con las administraciones en condiciones ventajosas, logrando así sustanciosos beneficios.  

Todo hace pensar que el caso sufrirá un salto cualitativo importante cuando los nombres y entidad de los aforados salgan a la luz y el juez Garzón se vea obligado a trasladar el sumario al tribunal al que le corresponda.  

Fuentes de la investigación apuntan como una de las claves económicas del caso al imputado José Ramón Blanco Balín, un asesor fiscal que llegó a ser vicepresidente de Repsol en los tiempos en que presidía la compañía Alfonso Cortina. Hace sólo unos meses la policía judicial de la Guardia Civil relacionó a Blanco Balín como uno de los participantes de un caso de evasión de capitales a través del paraíso fiscal de Liechtenstein.  

Fuentes de esa investigación, que también dirigió la fiscalía Anticorrupción e instruye otro juzgado de la Audiencia Nacional, indicaron a este diario que Blanco Balín está acusado de utilizar una fundación en el principado alpino para desviar dinero a bancos suizos, donde permanecía a salvo de la Hacienda española. La Guardia Civil continúa todavía trabajando en la averiguación de más identidades ante la sospecha de que la trama, a través de su compleja red de empresas, oculta el dinero negro de algunos políticos españoles.  

A modo de anécdota, Blanco tiene su despacho profesional en la misma calle de Madrid donde se encuentra la dirección general de la Guardia Civil.  

En el seno del PP ya es vox pópuli que la denuncia partió de uno de sus cargos públicos en un municipio madrileño. El autor de la denuncia dedicó varios meses a grabar sus conversaciones con Correa y a acumular documentación que pudiese ser de utilidad en la averiguación de los posibles delitos cometidos por ahora considerado cerebro de la trama. Cuando tuvo el material suficiente elaboró un amplio dossier que hizo llegar a la policía y a la fiscalía Anticorrupción. Un trabajo que sirvió de base a los investigadores, aunque no puede ser considerado una prueba.  

(www.lavanguardia.es, 13/02/09) 

EL PP MANIOBRA EN LA AUDIENCIA PARA INTENTAR APARTAR A GARZÓN DEL CASO 

Quieren ser parte en el proceso que investiga la trama corrupta, pero no para acusar a sus presuntos cabecillas, sino para echar al juez. Los dirigentes del PP Federico Trillo y Soraya Sáenz de Santamaría acudieron ayer a la Audiencia para solicitar a Baltasar Garzón que admita a su partido como acusación particular en la investigación sobre la red de sociedades que presuntamente se lucraban con dinero de instituciones gobernadas por esa formación. Junto a esa petición, el responsable de Justicia del partido y su portavoz parlamentaria presentaron otra en el que exigen a Garzón que deje el caso. 

Además, el PP logró con sus quejas abrir otra vía: el Consejo del General Poder Judicial ha derivado a sus servicios de inspección una denuncia de los populares contra el juez para que se analice si actuó correctamente al ordenar la detención de los implicados y, según el PP, dejarlos en el calabozo durante el fin de semana que estuvo de caza en Jaén, donde coincidió con el ministro Fernández Bermejo. 

El juez Garzón tendrá que decidir en primer lugar si admite al PP como perjudicado, condición para que la Sala Penal estudie su recusación. En el escrito con el que piden ser parte, los letrados del partido aseguran que los principales imputados, según "las grabaciones filtradas en los medios de comunicación", "simulan inciertas e inexistentes vinculaciones con miembros", del PP. 

El PP no explica en su documento a quién piensa acusar en caso de que el juez lo acepte como perjudicado. Solicita "personarse en las actuaciones en concepto de acusación particular sin necesidad de formular querella". Los hechos revelados en la investigación representan "un claro perjuicio" a sus "derechos fundamentales al honor y a la propia imagen y a la tutela judicial efectiva" y le han producido "una absoluta situación de indefensión y desamparo", según el escrito. 

El escrito es un auténtico alegato político contra Garzón, del que, sin embargo, Mariano Rajoy decía en 1998, cuando se juzgaban los GAL: "Los jueces actúan en el Gobierno de Felipe González, pues Garzón instruyó el sumario gobernando González, y siguen actuando en el Gobierno del PP con la misma independencia". 

Sin embargo, el texto señala: "No es la única ocasión en la que el Magistrado al que recusamos exhibe su estrecha vinculación con el PSOE y sus distintos gobiernos de la nación, y su permanente animosidad contra el PP. Fue público y notorio que, tras una reunión también campestre, en esta ocasión en la Finca de Quintos de Mora, y oficiando como intermediario el entonces presidente de Castilla-La Mancha, hoy presidente del Congreso, el socialista José Bono, el Magistrado Baltasar Garzón acordó con Felipe González su inclusión como número dos en la candidatura del PSOE por Madrid". 

Pero los precedentes no son muy favorables. El PSOE también intentó personarse en el caso Filesa sobre la presunta financiación irregular, pero la Audiencia lo rechazó porque entre los investigados había miembros de ese partido. El mismo resultado obtuvo el Gobierno de Felipe González cuando intentó convertirse en acusación particular del caso Amedo, en plena investigación sobre la guerra sucia contra ETA. Se impidió porque los policías José Amedo y Michel Domínguez eran funcionarios y el Estado podría resultar responsable. 

De su lado, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, calificó ayer de "exageración tan evidente que no se compadece con las reglas habituales de la democracia", la reacción del PP ante la noticia de que el ministro de Justicia y el juez Garzón habían asistido juntos a una cacería. Aunque Zapatero no entró a valorar esta coincidencia, pidió "mesura y tranquilidad" a los dirigentes del PP. "Los problemas propios hay que resolverlos y no se consigue nada atacando a los otros", les aconsejó. 

(www.elpais.com, 13/02/09) 

AGUIRRE: "GARZÓN Y BERMEJO DEBERÍAN ESTAR AVERGONZADOS" 

La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, subrayó ayer en la Asamblea de Madrid la estrategia de contraataque de su partido y que ella defendió en el Comité Ejecutivo del PP el miércoles. "En cualquier país democrático estarían avergonzados y no chulescos, como ayer vimos a algunos. Estarían avergonzados, habría dimitido el ministro y se habría abstenido de este caso el señor juez", señaló sobre Baltasar Garzón y Mariano Fernández Bermejo. 

Aguirre, en la reunión interna del PP, recordó que en 2005 se querelló contra Cándido Conde Pumpido por enviarle al fiscal anticorrupción en el caso Majadahonda, lo que, políticamente, equivale para ella a una condena previa. Explicó que en ese Ayuntamiento se iba a vender de saldo una parcela a gente de Francisco Correa. Ella, dijo, lo resolvió y expulsó a los concejales del PP díscolos y forzó la dimisión del alcalde Guillermo Ortega (recolocado en el Mercado Puerta de Toledo). Aguirre explicó que, por ello, Correa quiso financiar a esos ediles para que se presentaran en contra de los de la línea oficial aguirrista. 

(www.elpais.com, 13/02/09) 

EL PP BASA EL VETO A GARZÓN EN QUE FICHÓ POR EL PSOE HACE 16 AÑOS 

El PP busca amedrentar a Baltasar Garzón. A tal efecto, ayer registró en la Audiencia Nacional dos escritos: el primero, solicitando personarse como acusación particular en el sumario sobre la trama de corrupción supuestamente ligada al partido; el segundo, para recusar al juez. A su juicio, los populares merecen ser parte en esta instrucción porque el secreto sumarial les deja "indefensos", al ignorar de qué se les puede acusar. Además, exigen que Garzón deje la causa por estimar que les profesa una "enemistad manifiesta". Como prueba de cargo alegan que en las generales de 1993, hace ya 16 años, Garzón fue el número dos de la lista que encabezaba Felipe González. 

Los conservadores se postulan como acusación particular para así tener acceso a las entrañas de un sumario que, según uno de sus autos de prisión, podría señalar a funcionarios y autoridades madrileños y valencianos por haber obtenido "dádivas y sobornos". 

Garzón tendrá que decidir en las próximas horas si acepta o no que el PP ejerza de acusación particular en el caso. Si se niega, el intento de recusación contra él quedará igualmente desactivado. Pero si lo aceptara sería una sala de la Audiencia la que finalmente se pronunciaría sobre la idoneidad del juez para seguir investigando esta trama de corrupción. 

Entretanto, los populares seguirán explotando la cacería en la que Garzón coincidió el pasado fin de semana con el ministro de Justicia. Sugieren que fue ahí donde se fraguó una trama "no del PP, sino contra el PP". El líder de los populares, Mariano Rajoy, preguntará por este asunto a José Luis Rodríguez Zapatero el próximo miércoles en el Congreso. Asimismo, exige una investigación al respecto en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

De hecho, en el escrito de recusación los populares sacan a colación otra cacería en la que Garzón aceptó unirse al PSOE. "Tras una reunión también campestre, en la finca Quintos de Mora, y oficiando como intermediario el entonces presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, (...) Garzón acordó con Felipe González su inclusión como número dos en la candidatura del PSOE por Madrid", recuerdan. Lo que no añaden es que Garzón dejó el Gobierno pocos meses después para reabrir un sumario que había dejado en suspenso y que acabaría dando la puntilla al felipismo: el de los GAL, la guerra sucia contra ETA.

El PP va encontrando, poco a poco, réplica a su discurso. Ayer, la fiscalía aclaró al partido que las filtraciones a la prensa no provienen del sumario de Garzón, sino de la denuncia que impulsaron exediles del PP. Por su lado, Zapatero aconsejó mesura y afeó la conducta a los populares: "La exageración es tan evidente que no se compadece en un duelo democrático", enfatizó. El presidente agregó que del Estado de derecho solo cabe esperar que funcione bien "para todos". "No es útil atacar a los demás para resolver problemas propios. Cada cierto tiempo, cada partido tiene algún problema de cierta envergadura que debe resolver", concluyó. 

(www.elperiodico.com, 13/02/09) 

EL ALCALDE DE BOADILLA CEDIÓ LOCALES A LA TRAMA POR UN PRECIO RIDÍCULO 

El 12 de diciembre de 2007, Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama de corrupción investigada por el juez Garzón, se lo confirmaba a su interlocutor en el hotel Fénix, de Madrid. Arturo González Panero, entonces alcalde de Boadilla, había adjudicado 32 locales comerciales "en unas condiciones muy ventajosas", a la empresa de José Ramón Blanco, ex vicepresidente de Repsol, colaborador de Correa y otro de los imputados. 

Así quedó grabado en las conversaciones incluidas en el sumario de Garzón. González Panero otorgó a Rústicas MBS 32 locales y un aparcamiento de 180 plazas por un canon anual de 320.000 euros. A cambio Rústicas gestionarían el alquiler de esos inmuebles durante 75 años. Una tarea por la que podrían ganar más de un millón de euros al año. Entre sus clientes, además, está el propio Ayuntamiento, que les arrienda uno de los locales por 104.000 euros anuales para instalar allí su comisaría de policía, según ha denunciado la oposición socialista. 

En esa adjudicación también figura, como gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, Alfonso Bosch. Este hombre, mencionado en varias ocasiones en el sumario, es diputado regional por el PP. Bosch también figura en el capítulo para el intento de construir una residencia para ancianos previa tala de 250 árboles en un monte. "Yo ganaba un pastón", asegura la cadena SER que fue el comentario de Bosch en una conversación grabada. No fue así porque se abandonó el proyecto cuando estaba a punto de votarse."José Ramón Blanco tiene una empresa, le adjudicamos un local y nos llevamos unas pesetillas", es la descripción del negocio que hizo Francisco Correa, según las grabaciones aportadas al sumario de Garzón. Unas "pesetillas" obtenidas a través de unas parcelas para construir los locales comerciales que están en una zona muy conveniente para instalar un negocio. "Es un sitio cojonudo", aclara un concejal del Consistorio. Un lugar muy bueno con un precio excelente. Además, la concesión incluye un aparcamiento de 180 plazas. 

Rústicas lo construye y lo alquila. A cambio, paga 320.000 euros anuales al Ayuntamiento. El propio Consistorio ha decidido alquilar uno de los locales, de aproximadamente unos 200 metros cuadrados, para instalar allí su comisaría de Policía Local. Ha presupuestado 104.000 euros anuales para ello, según la oposición, y ya ha comenzado las obras de acondicionamiento del lugar. Ese alquiler supone un tercio de lo que le paga Rústicas, a la que aún le resta por sumar el alquiler de los otros 31 locales y la explotación del aparcamiento. Los locales tienen una media de 120 metros cuadrados. El precio estimado de mercado es de 1.700 euros al mes de alquiler. 

Durante una reunión de la EMSV, Bosch, en su calidad de gerente, explica que la idea es "conseguir que vengan negocios atractivos a la zona". Es su réplica a Enrique Hernández Fernández, del PSOE, que considera que "ninguno de los tres proyectos presentados cumple con lo programado inicialmente". Por ello, prosigue, "que se puede declarar desierto el concurso porque está desvirtuado". No fue así. En marzo de 2007 se traspasan los derechos a Artas Consultoría, cuyo único administrador es el propio Blanco. 

Otro apartado en las irregulares concesiones de González Panero, es la adjudicación a UFC, empresa de otro imputado, José Luis Ulibarri, de una parcela para construir 139 viviendas, de precio libre, en noviembre de 2005. La oferta de UFC no era la mejor, 35 millones, pero el Ayuntamiento valoró el compromiso de levantar los pisos en menos de 16 meses. Aún no están terminados. La oposición, tanto PSOE como Alternativa por Boadilla, ha denunciado el asunto en muchas ocasiones. De hecho, una demanda de Ángel Galindo, de Alternativa, fue admitida a trámite en el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid. 

Las concesiones y contratos de Arturo González Panero, obligado a dimitir por el PP el pasado martes, fueron uno de los motivos por los que el grupo popular se partió en el Ayuntamiento. El alcalde pretendía construir una residencia de mayores, previa tala de 250 árboles, algunos de ellos centenarios. La número 2 del Ayuntamiento, María Jesús Díaz, que ha abandonado el Consistorio, se opuso. González Panero expulsó a Díaz del equipo de gobierno en diciembre cuando ésta se presentó como candidata a la presidencia del PP local, disputándole el cargo. Díaz obtuvo 134 votos y González Panero, 186. 

Otra de las irregularidades afecta a Tomás Martín Morales. "Quería que Tomás fuera concejal y por eso se inventó un puesto para él", explica una fuente cercana al grupo popular. El puesto "inventado" es el de director general de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda. Un cargo que, según ha denunciado la oposición, no puede existir en municipios menores de 250.000 habitantes. Boadilla tiene cerca de 50.000.

(
www.elpais.com, 13/02/09) 

DOS DIPUTADOS DEL PP EN APUROS 

Dos diputados del PP conversaban ayer en la Asamblea: Benjamín Martín Vasco (a la izquierda) y Alfonso Bosch. El primero es presidente de la comisión de investigación para desentrañar el espionaje a cargos públicos y denunció ayer que el lunes sufrió un intento de chantaje telefónico. Alguien llamó a su móvil y le dijo: "Si no quieres que te pase lo que a tu amigo Correa [Francisco Correa, el principal imputado en la trama de corrupción, y amigo suyo] , tienes que llevar 50.000 euros esta tarde a un bar de la Casa de Campo". El segundo es también gerente de la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla. En una conversación grabada que consta en el sumario del caso, Correa asegura que Boadilla concedió "en condiciones ventajosas" unos locales comerciales a la empresa de otro imputado. 

(www.elpais.com, 13/02/09) 

OCHO CONTRATOS DE LA COMUNIDAD PARA EL IMPUTADO ULIBARRI 

El empresario José Luis Ulibarri, imputado en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, ha obtenido al menos ocho contratos de obras con la Comunidad de Madrid para construir colegios, parte de la ampliación del metro, uno de los nuevos hospitales y un parque de bomberos. 

Ulibarri, nacido en Burgos hace 54 años, es el presidente de Begar Construcciones y Contratas, SA, una empresa de obras que entre abril de 2004 y octubre de 2008 ha resultado adjudicataria de obras por 32.946.195 euros en tres consejerías (Transportes, Educación y Justicia) del Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre. También recibió el encargo, junto a otras seis empresas, de construir el hospital Infanta Leonor de Vallecas. Juntas formaron una empresa (hospital de Vallecas, SA), que recibe 15,4 millones de euros de canon anual por el centro hospitalario. 

Ulibarri es uno de los 37 imputados por la presunta trama de corrupción que encabeza Francisco Correa. Garzón considera que hay indicios de que los imputados formaron un conglomerado de empresas para obtener fondos de entidades públicas para beneficio propio con "dádivas y sobornos a funcionarios".La empresa de obras de Ulibarri ha construido al menos cuatro colegios y ha rehabilitado otro en Madrid. El juez Garzón señala a esta comunidad como una de las regiones en las que se movía la trama corrupta, que también actuaba en Valencia, donde el empresario burgalés controla cuantiosos negocios de construcción y medios de comunicación, principalmente. En Madrid, José Luis Ulibarri resultó adjudicatario entre 2005 y 2007 de cinco proyectos de la Consejería de Educación que superan los 16 millones de euros. 

A principios de 2007 Begar se presentó y ganó frente a otras constructoras la obra del colegio de infantil y primaria Winston Churchill, en Valderribas (Vicálvaro). La oferta de la empresa rebajaba en más de 700.000 euros (de 5 a 4,3 millones) el presupuesto previsto por la Comunidad de Madrid para la obra. Debía terminarlo en 19 meses y construir las 27 aulas que finalmente fueron inauguradas por la presidenta Esperanza Aguirre el pasado octubre. En su nota a los medios de aquel día, la Comunidad destacaba que el centro, que cubre con otro más antiguo la demanda educativa de un barrio nuevo y joven, costó cinco millones de euros. Los mismos que había calculado al principio la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación. ¿Qué pasó con los 700.000 euros de diferencia? 

Antes de que acabara el proyecto, la constructora de Ulibarri obtuvo una ampliación de contrato del primer concurso, y sin publicidad. En agosto de 2008, Begar Construcciones recibe 787.000 euros más para insonorizar el colegio Winston Churchill. Esta vez por procedimiento negociado, que permite elegir a una empresa sin competencia cuando la cuantía no supera el 20% del presupuesto. El proyecto se amplió, según explicaron ayer desde la Consejería de Educación, para insonorizar el colegio, situado junto a la estación de tren de Vicálvaro. Ésa fue precisamente una de las peticiones que hizo la asociación de padres y madres de alumnos meses antes de que concluyeran las obras, como consta en una carta del AMPA. 

Los encargos a la empresa constructora de Ulibarri en la Comunidad de Madrid incluyen otros proyectos, todos adjudicados por concurso abierto y "con los procedimientos legalmente establecidos", asegura un portavoz del Gobierno regional. Begar es una de las firmas que ha construido el hospital Infanta Leonor (Vallecas), inaugurado el pasado marzo. Junto con otras seis empresas, creó la sociedad Hospital de Vallecas, SA. El centro se abrió al público sin la licencia de ocupación que debía otorgar el Ayuntamiento. 

También es responsable de la ampliación de la red del metro, otra de las propuestas estrella de Aguirre en la anterior legislatura. Begar hizo la estación de Aviación Española de la línea 10 de Metro (Hospital del Norte- Puerta del Sur) que adjudica Mintra, la empresa que construye el suburbano. Recibió 12 millones de euros por esa obra, inaugurada a finales de 2006. El sello de Ulibarri también está detrás de las obras del parque de bomberos de Navacerrada, obtenido por 4,2 millones de euros. 

(www.elpais.com, 13/02/09) 

CASTILLA Y LEÓN Y VALENCIA, FEUDOS AMIGOS 

José Luis Ulibarri es un hombre bien relacionado, sobre todo con gobernantes de comunidades autónomas regidas por el PP. Preside 23 empresas y ostenta diferentes cargos en otras 24. La mayoría tienen su sede en Castilla y León, donde está al frente de un holding (Grupo Begar) que también ha echado sus redes en la Comunidad Valenciana, donde tiene importantes intereses audiovisuales, inmobiliarios y de obra pública. 

Trabaja para administraciones de distinto signo, como el Ministerio de Fomento, para el que construye varios tramos del AVE a Barcelona o parte de la Ronda Sur de Granada. Pero se ha hecho fuerte en tierras castellano-leonesas, donde gobierna el PP. Su empresa Begar Construcciones y Contratas, SA, ha recibido adjudicaciones para edificar viviendas, colegios públicos y mejorar algunas carreteras de la región. En Ponferrada y en Valladolid, con cuyo alcalde mantiene una buena relación, participa en numerosas obras, la mayoría relacionadas con los servicios de limpieza. 

Su negocio más conocido en Valencia es Mediamed, empresa desde la que, con otros socios, se ha hecho con el control de 13 televisiones digitales adjudicadas por el Gobierno que preside Francisco Camps (PP). Begar también ha logrado en Valencia dos aparcamientos y un colector de la Generalitat. El Gobierno valenciano le concedió con la constructora Ocide la obra del hospital de Lliria por 25 millones. 

(www.elpais.com, 13/02/09) 

UN PLENO A CARA DE PERRO 

Ni micro ni nada. Hubo momentos en que no había manera de oír lo que decían sus señorías. Palmadas sobre la mesa, silbidos, bramidos ininteligibles, patadas en el suelo... Cómo estaría el ambiente ayer en el pleno de la Asamblea que las dos decenas de trabajadores de la multinacional de transporte de paquetería UPS que ocupaban la tribuna de invitados miraban lo que sucedía abajo y callaban. Y eso que estaban allí para protestar por el ERE de su empresa. El pollo ya estaba montado. Entre sus señorías. 

Fue un pleno a cara de perro. Y con acusaciones gruesas, como la que hizo la portavoz del grupo socialista, Maru Menéndez, a Esperanza Aguirre. Empezó preguntando por qué no avanza la comisión que investiga la trama de espionaje: "¿No será que están ustedes ganando tiempo porque, como cada vez está más extendido el rumor, pueden estar destruyendo documentación pública?". En la bancada popular, sorpresa y un clamor: "Buuu". 

Socialistas e IU denunciaron por la mañana la "censura" del PP por negarles documentación imprescindible para investigar el espionaje en Madrid. Menéndez anunció antes del pleno que pedirá amparo al Constitucional si la Asamblea persiste en su negativa a aportar más de la mitad de la documentación pedida por la oposición. 

"Cada vez está más claro que el PP tiene muchas cosas que ocultar", dijo Menéndez, que calificó la actitud de los populares de "oscurantista". Inés Sabanés, de IU, se sumó a la protesta, aunque subrayó que mientras haya "una mínima posibilidad de seguir trabajando y el blindaje no sea ya total", su grupo no dará "ni una sola razón para que se bombardee la comisión". 

Ya en el pleno, Aguirre respondió a la portavoz socialista: "Nos ha imputado un delito. O lo retira... o tendrá que retirarlo en los tribunales". Lo siguiente fue devolver el golpe. Con ironía. "Me ha sorprendido gratamente que sea la primera socialista que se preocupa por la utilización partidista de las instituciones", empezó. "Justamente en la semana en que nos hemos enterado de que el Poder Judicial y el Gobierno van juntos de cacería". Aguirre, ya lanzada, narró la secuencia completa de los hechos con una sonrisa: "Justo la semana en la que el juez pretende acusar al principal partido de la oposición de estar detrás de una trama de corrupción se va de fin de semana, deja detenidos en los calabozos y se va con el ministro de Justicia". 

Era el turno de la bancada socialista: "Buuu", exclamaron los diputados. Unos minutos antes, los representantes de IU se habían levantado de sus escaños y habían mostrado carteles donde se leía: "¡Censura política, no!" y "Los madrileños quieren saber". Llegó un punto en que la presidenta de la Cámara, Elvira Rodríguez, tuvo que poner orden: "Con esta animación no hay manera de continuar", soplaba. 

Las acusaciones cruzadas no acabaron ahí. Aguirre aprovechó para desempolvar supuestos escándalos, algo "corriente", dijo, entre los socialistas: del mitin de Tomás Gómez en un coche de policía, al avión privado de Zapatero "para ir de compras a Londres". En el orden del día no había ni rastro de espías, comisiones de investigación o tramas corruptas. Pero la actualidad mandaba. Menéndez recordó las dos destituciones que ha provocado de momento el escándalo de corrupción. "Se denuncian los unos a los otros, se chantajean unos a otros, echan a su alcalde, pero le dejan que continúe como concejal; cesan ustedes a su consejero, pero le dejan que siga como diputado. Explíquenoslo porque no lo entendemos ni nosotros ni ningún madrileño". El ya ex consejero Alberto López Viejo, asistió al pleno, muy serio, pero se marchó pronto. No quiso hablar con la prensa. 

Mientras, la Asamblea seguía trabajando. Se comentaba, a pregunta de Izquierda Unida, la propuesta de los empresarios madrileños de abaratar el despido, "sensata y eficaz", según Aguirre. Su respuesta soliviantó a la portavoz de IU, Inés Sabanés. "Con todo lo que está pasando, salir aquí, con todo el desparpajo y toda la cara del mundo, a decir que lo que hay que hacer es abaratar el despido, me parece el colmo de la provocación", aseguró después en el pasillo. 

Hubo más acusaciones. Como la del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, que tachó a la delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, de "irresponsable" por admitir que va a aumentar la delincuencia este año por la crisis económica y el desempleo. 

Entre papeles en destrucción y cacerías, en el pleno de ayer se contestaron 14 preguntas, comparecieron dos consejeras, se presentó una moción y se votaron dos proposiciones de ley. Pero al final se hablaba de lo mismo que al principio: la comisión de investigación que no avanza -debe finalizar el 31 de marzo-, espías y corrupción. 

(www.elpais.com, 13/02/09)

ORANGE MARKET TRABAJA CON LA TELEVISIÓN DE CAMPS 

El portavoz socialista en las Cortes valencianas, Ángel Luna, denunció este jueves que Radio Televisió Valenciana (RTVV), organismo público que gestiona la televisión autonómica, mantiene contratos con Orange Market, cuyo responsable, Álvaro Pérez, está imputado por Baltasar Garzón. Pérez quedó ayer en libertad. 

Luna aseguró que sabe "con certeza que hay contratos" con esta firma, investigada en el marco de la operación Gürtel. Por esa razón, el portavoz socialista pedirá la comparecencia en las Cortes del responsable del ente público para que "traiga los contratos y los explique". "Cuántos, para qué y por qué" son las preguntas que quiere aclarar Luna, quien añadió que la televisión de Camps "todavía le debe dinero a la empresa". 

Un portavoz de RTVV aseguró que Orange Market sólo le prestó un servicio por un contrato de mobiliario para un telemaratón, por importe de 2.178 euros.  La trama que investiga Garzón centró la comparecencia del presidente valenciano, Francisco Camps, en la sesión de control al Gobierno de ayer. Camps defendió la gestión "transparente y correcta" de las contrataciones que realiza la Generalitat.  

Los socialistas, sin embargo, le instaron a aclarar por qué mantuvo relaciones con Orange Market a pesar de que el PP nacional las interrumpió en 2004 y por qué otro de los imputados, el empresario José Luis Ulibarri, consiguió en 2005 "todo tipo de contratos" en materia audiovisual. Una de sus firmas resultó favorecida en la adjudicación de licencias de Televisión Digital Terrestre.  

Camps defendió la limpieza del proceso, aunque las sospechas del Partido Socialista les han llevado a pedir pruebas documentales que, de momento, el Gobierno valenciano no ha aportado. 

En relación con otra empresa pública, el portavoz socialista anunció que visitará el lunes la sede de la Sociedad Gestora para la Imagen de la Comunitat Valenciana para que le muestren la documentación que "han estado ocultando hasta ahora". Esta compañía, creada cuando Esteban González Pons era el portavoz del Ejecutivo valenciano, no facilita información sobre las empresas a las que adjudica sus servicios.  

(www.publico.es, 13/02/09) 

CAMPS, NINGUNA RESPUESTA 

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, volvió a presumir ayer en sede parlamentaria de gestión intachable. "Garantizo que el funcionamiento de la Administración autonómica es correcto. Garantizo que está fiscalizado por todas las instancias que corresponde", prosiguió Camps, "confío en todos los procesos de subasta y contratos que se hacen por concurso por la Generalitat". 

El auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que investiga una trama de corrupción de personas próximas al PP, afirma que Francisco Correa, Pablo Crespo, Antoine Sánchez y otros imputados forman parte de un conglomerado empresarial, en el que figura Orange Market, que tenía como objetivo la "realización de operaciones y organización de eventos para captar negocios y por ende fondos en las comunidades autónomas de Madrid y Valencia". Según el auto, Crespo creó "empresas ad hoc" para dar cobertura a sus actuaciones, como Pasadena Viajes, Easy Concept u Orange Market, la empresa que dirige en Valencia Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, imputado por Garzón. 

El juez ve indicios suficientes para establecer que se trata de "un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas para obtener un beneficio propio utilizando para ello, como norma común y frecuente, las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas, cuya identidad y cargos se está investigando".

"Para disfrazar tanto las contabilidades, como la operativa del grupo o las dádivas entregadas, no dudaron en alterar y falsificar documentos, especialmente facturas comerciales", indica el auto. 

Ante esta situación, a Camps no le pareció necesario dar explicaciones en las Cortes Valencianas sobre las relaciones de Orange Market y Álvaro Pérez con su Administración. Tampoco le pareció necesario dar información sobre las 13 concesiones de televisión digital terrestre y los intereses urbanísticos de las empresas de José Luis Ulibarri en la Comunidad Valenciana. 

Tampoco consideró Camps necesario contestar a ninguna de las numerosas preguntas que le formularon los grupos de la oposición. ¿Por qué no hicieron caso de las advertencias? ¿Cuántos contratos se han formalizado con Orange Market? ¿Por qué se dieron tantas concesiones de TDT a Ulibarri? No hubo ni una sola respuesta.Francisco Camps acudió ayer a la sesión de control de las Cortes Valencianas con la escenografía bien preparada. Con aplausos de la bancada popular adornando cada intervención del presidente y caras airadas y aspavientos de indignación cada vez que la oposición mencionaba alguna de las palabras malditas como amigos, trajes o corrupción. Pero información sobre el alcance de las relaciones de Orange Market y las sociedades de Ulibarri con la Generalitat, ninguna. 

Y eso que la oposición socialista entró al debate humilde. "No venimos a dar lecciones, su obligación es dar explicaciones", aseguró el socialista Ángel Luna. Que formuló preguntas de catón. ¿Por qué la dirección nacional del PP (que rompió con las empresas de Correa, el supuesto jefe de la trama) no les avisó? ¿Por qué han suspendido las relaciones con Orange? ¿Cuántas personas que exhiben su familiaridad con ustedes tienen contratos?... "Usted ha estado por la opacidad, vamos a ver si a partir de ahora se atreve con la transparencia", dijo Luna, que anunció que el lunes acudirá junto al diputado José Camarasa a la sede de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana para ver la documentación de la empresa pública, que depende del vicepresidente Vicente Rambla. Y luego dio un paso al frente y aseguró que Canal 9 tiene contratos firmados con Orange Market, extremo que han desmentido tanto RTVV como el Consell. Y ahí lo dejó. 

Camps replicó con la evasión, salió armado con una foto de Zapatero y el empresario Ulibarri en un acto celebrado en León y se presentó como un simple impulsor de su gestión. "Nunca pregunto por expediente alguno, lo que me interesa es que funcione el hospital y se haga la carretera". Luego se refirió a la concesión a Orange Market del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur (la oferta más cara) y, como si fuese Ana Botella, se puso a juntar peras con manzanas. Comparó el pabellón valenciano de Fitur con el de la Junta de Andalucía y luego con el de TurEspaña. Y, claro del injerto, salió una variante ciertamente extraña: "Aquí no se hace nada por capricho. Quien la haga, que la pague", prosiguió Camps, "Y de momento quienes la pagan son los socialistas". 

La portavoz de Compromís, Mònica Oltra, también se puso el guante de seda para interpelar a Camps. Y como si pasase por allí preguntó por los reveses que los tribunales han propinado a la Generalitat en materia de sanidad (condenas a pagar con intereses las deudas a los proveedores), educación (en la asignatura de Educación para la Ciudadanía) y "otras investigaciones que afectan al Consell". Y Camps optó de nuevo por la evasión. Se hizo el sueco con los reveses en sanidad y educación y respecto a las "otras investigaciones" afirmó: "Hubo 2.000 licitaciones en 2008 y solo 150 impugnaciones que en la inmensa mayoría han sido ganadas por la Generalitat". 

A estas alturas del debate, mientras en Canal 9-Ràdio Televisió Valenciana ya estaban redactando una nota para "puntualizar que la única prestación de servicios realizada por Orange Market" había sido una bagatela, la portavoz de Compromís ya se había sacado el guante de seda. Oltra esgrimía el guante de acero para recriminar a Camps que abandonase las Cortes para irse a Madrid a sostener a Mariano Rajoy en la sede del PP, elaboraba metáforas sobre los trajes y las camisas del presidente y se quejaba de su "retórica barata". Oltra le recordó a Camps que él es el responsable de su Gobierno y que está incumpliendo sentencias judiciales como la que le obliga a homologar los títulos de valenciano y catalán. En ese punto vio Camps la gatera del debate y se puso el traje de patriota indignado. "El día que este pueblo claudique en la homologación del valenciano y el catalán no será nuestro pueblo". 

La sesión de control la remató el vicepresidente Rambla, de nuevo interpelado por si se facilitarán los contratos y las facturas de las empresas investigadas por Garzón. "Ustedes conocen el reglamento y sabrán a lo que tienen derecho o no. Y nosotros, lo que es nuestra obligación y lo que no". La opacidad estaba bendecida. 

(www.elpais.com, 13/02/09) 

ORANGE MARKET Y ULIBARRI, DOS REDES VALENCIANAS DE LA TRAMA CORRUPTA 

La trama de corrupción destapada por el juez Garzón se bifurca en dos redes distintas en el ámbito valenciano. Una de ellas está centrada en las empresas de eventos, a través de Orange Market, vinculada a Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP en Galicia, a quien el juez ha enviado a la cárcel. Crespo contó con Álvaro Pérez, otro de los imputados por Garzón, como su representante en Valencia. La otra tiene que ver con intereses urbanísticos, inmobiliarios y de concesiones administrativas, y por ella está imputado el empresario José Luis Ulibarri, cuyos negocios se relacionan con Francisco Correa, supuesto jefe de toda la red de corrupción ahora desmantelada. 

De Pablo Crespo, auténtico lugarteniente de Correa, dice Garzón en el auto por el que lo mandó a prisión que lleva "la dirección y el control del funcionamiento de las empresas de eventos", y añade que "imparte instrucciones para el pago de cantidades a funcionarios y autoridades y el pago en especies, por medio de objetos y enseres en distintas localidades españolas para obtener tratos de favor y la concesión de eventos a los que se dedica el grupo". La empresa valenciana Orange Market, SL, cuyo responsable, Àlvaro Pérez, declaró ayer en la Audiencia Nacional tras su detención, forma parte de ese grupo. 

La vinculación de la firma, cuyos socios han sido todos imputados, queda en evidencia, sobre todo, porque hasta octubre del año pasado compartió administrador único con Easy Concept Comunicación, SL, Caroki, SL y Good and Better, SL, todas ellas gestionadas por Francisco Javier Pérez Alonso desde el despacho que comparten en Madrid Ramon Blanco Balín y Andrés Guillamot (calle de Guzmán el Bueno, 133). Blanco Balín, imputado por Garzón, es también socio de Orange Market 

El despacho de Blanco y Guillamot es investigado en otra causa de la Audiencia Nacional por supuesta evasión fiscal a Liechtenstein. En muy pocos días, entre finales de septiembre y mediados de octubre del año pasado, Francisco Javier Pérez Alonso, también imputado, cuyos apellidos coinciden con los del presidente de Orange Market pero no tiene relación familiar con él, dejó sus cargos en las cuatro sociedades. La empresa ha gestionado la mayor parte de los actos organizados por la dirección regional del PP valenciano, ha ganado concursos de la Generalitat relacionados con el turismo y los grandes eventos y ha obtenido encargos de entidades como la Feria de Valencia y Ràdio Televisió Valenciana.

Por lo que se refiere a Ulibarri, sus negocios en la Comunidad Valenciana se centran en dos áreas de actividad, principalmente. Por un lado, este empresario castellano-leonés se ha hecho con el control de 13 emisoras de televisión digital terrestre, incluida la Televisión Digital Municipal de Valencia. Este entramado mediático lo ha logrado bien mediante concesión directa, con la firma Mediamed, o bien mediante la compra de la licencia a otras adjudicatarias. 

Sin embargo, el mayor volumen de negocio está en la construcción y promoción inmobiliaria a través de las empresas del Grupo Begar. Una urbanización con campo de golf en Xilxes, el hospital de Llíria, varias promociones de vivienda protegida y obra pública le han sido tramitadas o adjudicadas por el Consell. 

(www.elpais.com, 13/02/09)

Camps, contra las cuerdas: la oposición le reprocha sus contratos con Orange Market y Ulibarri

Los socialistas han exigido desde el pleno de las Cortes valencianas a Francisco Camps que aclare sus contratos con la Orange Market de Francisco Correa y con el empresario José Luis Ulibarri, ambos imputados en la investigación contra la corrupción del juez Garzón. El presidente regional conservador se ha limitado a mostrar una foto en la que Ulibarri aparece estrechando la mano de Zapatero, y a asegurar que en su Gobierno “se fiscaliza” cada euro y que “quienes pagan por la corrupción son los socialistas”. Como ha podido saber El Plural de fuentes cercanas a la investigación, el director de Canal 9, cuya comparecencia reclaman los socialistas valencianos para que dé explicaciones sobre los contratos del ente público, aparece en algunos documentos por sus posibles relaciones con algunos de los empresarios imputados.

El portavoz del PSPV en el Consell, Ángel Luna, denunció en el pleno que el empresario imputado José Luis Ulibarri consiguió de la Comunitat “todo tipo de contratos, fundamentalmente en materia audiovisual” y que sabe “con certeza” que también hay contratos con otra de las empresas en el punto de mira de las investigaciones, Orange Market. La socialista Carmen Ninet también ha pedido que se interrumpan todas las adjudicaciones a Ulibarri, quien ha conseguido por ejemplo varias licencias de TDT en la comunidad sobre las que ven “sospechas”.

PSPV reclama explicaciones sobre contratos
Además, Luna pedirá la comparecencia en la cámara del director general de Radio Televisión Valenciana (RTVV), Pedro García, para que “traiga” los contratos con Orange Market y explique “cuántos, para qué y por qué” son, advirtiendo que la televisión autonómica “todavía le debe dinero” a esa empresa, como recoge el diario Levante.

Relaciones del director de Canal 9 con imputados
Las investigaciones del juez Garzón sobre la presunta corrupción en torno al PP tienen de momento dos ejes principales en cuanto a las irregularidades en las adjudicaciones de contratos públicos: la Comunidad de Madrid y en Generalitat valenciana. Por otro lado, y como ha podido saber El Plural de fuentes cercanas a la investigación, el director de RTVV, Pedro García, aparece en el marco de las investigaciones por sus vínculos con los empresarios imputados; de hecho figura mencionado como invitado a algún “tinglado” para cerrar negocios.

Sin información autonómica sobre la trama
Si UGT ya había denunciado al Sindic que, a pesar de la dimensión que estaba alcanzando la Comunidad Valenciana en la trama investigada por Garzón, Canal 9 estaba ignorando en sus informativos esas noticias, esa sensación se extiende entre los profesionales. La plataforma mayoritaria de representación profesional de los periodistas en la Comunitat Valenciana, Unió de Periodistes, ha denunciado en un comunicado al ente público de RTVV Canal-9 por ocultar información de interés general para los ciudadanos.

La defensa de Camps
En su intervención en el pleno del Consell, Camps eludió dar respuestas sobre los vínculos con Ulibarri mostrando una foto de este empresario junto al presidente Zapatero. “Como sabía que me iban a preguntar de esto, hoy he pedido una foto de este señor”, dijo mostrando la imagen mientras los diputados populares le jaleaban con aplausos. El presidente valenciano insistió en que “todos los procesos de subasta y contratos se hacen por concurso por la Generalitat” y “se fiscaliza cada euro”, reclamando que “quien la haga, que la pague” y, de momento, en España “quienes pagan por corrupción son los socialistas”.

Bodas y adjudicaciones
La diputada socialista Carmen Ninet replicó que "el único conseller condenado de la democracia es del PP" y que la diferencia entre las relaciones del PPV con Orange Market y Ulibarri y las de José Luis Rodríguez Zapatero con éstos estriban en que el presidente del Gobierno “no fue a la boda de Álvaro Pérez” [responsable de Orange Market] mientras que algunos de los parlamentarios populares en las Corts “sí". No hay que olvidar, en todo caso, la relación privilegiada que Orange Market mantiene con la Generalitat de Camps: esta empresa fue contratada por casi un millón de euros para el montaje y desmontaje del pabellón valenciano de la Feria Internacional de Turismo, FITUR. 

www.elplural.com 13.02.09

Temor en el entorno de Aznar: sospechan que Agag y algún ex ministro podrían acabar declarando ante Garzón

“Me parece muy bien el apoyo interno, pero me gustaría que sea a toda la etapa del partido, incluida la del presidente Aznar", afirmó la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid y esposa del ex presidente popular, Ana Botella, en el Comité Ejecutivo Nacional del PP que se celebró el pasado miércoles.

Sin duda, las palabras de Ana Botella, que no suele intervenir en este tipo de foros, no eran casuales y tampoco pasaron desapercibidas. El entorno del ex presidente del Gobierno es consciente de que la investigación abierta por el juez Baltasar Garzón podría llegar a salpicar de forma directa al yerno de Aznar: Alejandro Agag.

El clan hace aguas
Desde luego, a Ana Botella y a su marido no les faltan motivos ni razones para estar preocupados. Precisamente el clan que organizó la boda entre su hija y Alejandro Agag hace literalmente aguas.

Los organizadores
Era septiembre de 2002,
Álvaro Perez -imputado, detenido y puesto en libertad con cargos-, Alberto López Viejo -cesado de la Consejería de Deportes-, Alfonso Bosch -cuya pista se sigue en documentos investigados por Garzón-, Francisco Correa -considerado el cerebro de la presunta trama, también imputado y detenido- y sus respectivas mujeres acudieron juntos a la ceremonia religiosa que se celebró en El Escorial. Fueron los encargados de organizar el banquete e incluso compartieron mesa y mantel. Siete años después, todos ellos, a los que se suma la mujer de Correa, han sido investigados por el juez Garzón.

Amigo y testigo
Pero sobre todo, al entorno de Aznar le ha preocupado que el empresario 
Jacobo Gordon
, compañero de carrera en Empresariales de Alejandro Agag y "mano derecha" de este, también esté imputado en la trama. Tal y como informó El Plural, Gordon fue uno de los testigos, al igual que Francisco Correa, en su boda con Ana Aznar.

También ex ministros
Pero más allá de las vinculaciones de Alejandro Agag con algunos de los implicados e imputados -que ya son suficientes como para que los más avezados establezcan posibles relaciones de causa-efecto-, periodistas tan próximos a Génova y al nuevo PP como Federico Quevedo (uno de los últimos defensores a ultranza de Rajoy), ya empiezan a sospechar que en la segunda fase de la instrucción, el juez Garzón podría elevar la categoría de los imputados. Incluso, creen que, además del propio Agag, algún ex ministro de Aznar podría acabar declarando ante el prestigioso juez.

www.elplural.com 13.02.09

El Ayuntamiento de Granada adjudicó su stand de Fitur a una empresa de la presunta trama

El Ayuntamiento de Granada, gobernado por el PP con mayoría absoluta, adjudicó en 2004 un contrato para el diseño y montaje de su expositor en la edición 2005 de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) a la empresa “Down Town Consulting S.L.”, una de las empresas sometidas a investigación por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

El contrato de casi 60.000 euros, fue adjudicado a esta empresa por una mesa de contratación presidida por Sebastián Pérez Ortiz -en la foto con Arenas-, actualmente Presidente provincial del PP granadino y en aquel momento, concejal de Presidencia del ayuntamiento presidido por el actual alcalde José Torres Hurtado. Entre las numerosas empresas que se presentaron, "Dow Town" resultó ganadora por puntuación en el concurso, con una baja de 600 euros sobre el tipo de licitación.

Contratado por Sebastián Pérez

La Mesa de Contratación, encargada de proceder a la apertura de las plicas presentadas, se constituyó el 9 de noviembre de 2004 bajo la presidencia de Sebastián Pérez Ortiz, entonces teniente delegado de Presidencia, Contratación y Relaciones Institucionales y actual presidente de los 'populares' en Granada.

Valoración de distintos méritos

La Mesa otorgó la mayor puntuación a esta sociedad por distintos aspectos tales como el diseño, calidad de materiales, experiencia o medios técnicos, entre otros parámetros. La mesa de contratación adjudicó facultó a Sebastián Pérez para la firma del contrato una vez cotejada toda la documentación pertinente.

Voto subsidiado

Como presidente provincial del PP de Granada, Sebastián Pérez, salió recientemente a la palestra tras manifestar, poco después del "caso Nebrera", que "hay gente que ocurra lo que ocurra, va a seguir votando al PSOE". Pérez, atribuía este hecho al "voto subsidiado".
Como denunció El Plural, Pérez ahondó más en la crítica argumentando que hay localidades en las que daba igual que el PSOE "mienta" porque "lo seguirán votando igual".

"Tela de araña socialista"

En aquella ocasión, paradójicamente, Pérez explicó que su partido seguiría combatiendo la "tela de araña" del PSOE. Lógicamente no se refería a la desmantelada por Baltasar Garzón.

www.elplural.com 13.02.09

Francisco Correa llegó al PP de la mano de Álvarez Cascos

El presunto cabecilla de la trama de corrupción desmantelada por el juez Garzón, Francisco Correa llegó al PP de la mano de Álvarez Cascos según han señalado a la Cadena SER diversas fuentes del PP.

Cascos era secretario general del PP todavía en la oposición cuando conoció a Correa. Según han señalado a la SER varias fuentes internas del partido, Cascos reservó un viaje privado a Estambul en la agencia que Correa tenía muy cerca de la sede del PP, en la calle Génova de Madrid.

Correa aprovechó el momento para conocer a uno de los nuevos dirigentes del PP de Aznar que estaba en plena ofensiva contra los gobiernos de González. Según las mismas fuentes. el ahora detenido reservó dos billetes para él y para su mujer en el mismo avión de Cascos para hacerse el encontradizo. Después de aquel viaje, Correa empezó a trabajar para el PP.

Desde entonces y hasta el año 2004, Correa y los suyos organizaron Congresos, campañas electorales y los viajes del PP. Según las fuentes del partido consultadas por la SER, Correa entraba y salía de Genova a todas horas y mantuvo siempre una excelente relación con Cascos y sus hombres de confianza. Estas fuentes señalan al propio Barcenas, a Gerardo Galeote y a Antonio Cámara, secretario personal de Aznar, como las personas con las que despachaba Correa.

Álvarez Cascos aparece mencionado en las grabaciones del escándalo que obran en poder de Garzón y a cuya transcripción ha tenido acceso la Cadena SER. Correa le nombra en la misma frase en la que asegura que le ha dado mil millones a Barcenas, el tesorero del PP. Según él, le daba el dinero por las adjudicaciones de obras de la época de Cascos.

www.cadenaser.com 12.02.09

Dos salpicados por el caso Correa, junto a Aznar

Alfonso Bosch (el primero por la derecha, con corbata roja)

Bosch compatibiliza su cargo de gerente de la empresa municipal de suelo y vivienda de Boadilla del Monte con el de secretario de Movilización del PP de Esperanza Aguirre. Hasta 2003 fue teniente de alcalde de El Escorial y concejal de urbanismo. En la actualidad es además diputado regional en la Asamblea de Madrid. En las grabaciones del caso, el empresario Francisco Correa (hoy en prisión) dice que Bosch adjudicaba los locales municipales de Boadilla en condiciones ventajosas a empresarios afines.

Antonio Cámara (a la izquierda, con corbata azul)

Cámara fue ayudante y secretario de Aznar y tras perder las elecciones en 2004, Correa le contrató como trabajador de su empresa Special Events y ha seguido en ella hasta principios de año. Actualmente forma parte del Consejo de Caja Madrid. Pertenece al sector que defiende los intereses de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, frente a del alcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón.

www.cadenaser.com 12.02.09

RAJOY VE UNA TRAMA DE JUECES, FISCALES Y POLICÍAS 

Los dirigentes del PP llevaban días agobiados, mirando con desesperación las terribles noticias que entraban en sus móviles corporativos, buscando como fuera una salida. Hasta que creyeron encontrarla en un fallo de imagen del supuesto enemigo. El del juez Baltasar Garzón, que durante el fin de semana compartió cacería en Jaén con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, aficionado a la escopeta. 

De ese gancho colgaron ayer Mariano Rajoy y toda la cúpula del PP una auténtica teoría de la conspiración en la que las acusaciones de corrupción que afectan a su partido están montadas por "una trama contra el PP" compuesta por Garzón, la fiscalía, el ministro, la policía que las ha investigado, los detenidos que airean acusaciones contra el partido, los denunciantes -algunos de ellos del PP-, los que filtran grabaciones y los medios de comunicación, como EL PAÍS, que las publican. 

Nunca, ni siquiera cuando perdió las elecciones, había comparecido Rajoy con tanta gente detrás, en señal de unidad y para resaltar la gravedad del momento, una de las peores crisis del partido. Aunque ni siquiera fue idea suya. Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, lo propuso en la reunión del Comité Ejecutivo, aunque dejó claro que era idea de Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat valenciana. Rajoy había previsto que compareciera Dolores de Cospedal, la secretaria general. 

El PP, acosado por los escándalos que llegan a las portadas de algunos periódicos -la mitad de la prensa conservadora silencia el caso- se defendió atacando, de manera muy similar a la del PSOE en 1992, cuando estalló Filesa. Entonces, los socialistas recusaron al juez, Marino Barbero, y arremetieron contra él. 

El PSOE de Felipe González hablaba en 1992 de "sumarios de interminable y heterodoxa instrucción que mantienen bajo continua sospecha de inespecificados delitos al partido". El PP de Rajoy sostuvo ayer que su partido "está en una indefensión absoluta". "Las filtraciones del sumario son un atentado frontal al Estado de derecho. Sólo hay dos dirigentes locales del PP imputados. Ambos han dimitido. Todos nuestros contratos están en el Tribunal de Cuentas. Exigimos que se levante todo el secreto del sumario. No podemos defendernos", insistió. La estrategia de atacar para defenderse también es muy similar a la que el PP utilizó en 1987, con el caso Naseiro. Entonces el juez atacado se llamaba Luis Manglano. 

Pero el líder del PP, aplaudido al final por toda la cúpula de su partido, fue ayer mucho más lejos en su teoría de la conspiración cuando identificó a los protagonistas. 

Primero, la fiscalía: "Nunca, ni con Suárez, Aznar o González, se hizo un uso tan partidista de la fiscalía". Luego, la policía, esto es el Ministerio del Interior. "Se detiene a militantes del PP con policías encapuchados a los que se les hace un daño irreparable, y luego son puestos en libertad. Es evidente el distinto rasero. El 100% de los casos afectan al PP. No al PSOE. Esto no casa con el Estado de derecho". 

Después, el ministro de Justicia. "Pedimos su comparecencia, porque el fin de semana en el que se hicieron públicas algunas filtraciones de este sumario, se ha ido de cacería con el juez de la Audiencia Nacional que instruye este sumario. Es un acto obsceno. Liquida la calidad de la democracia, es inaceptable en la octava o novena potencia del mundo. Pediremos explicaciones al Poder Judicial. El PP rompe cualquier interlocución con Justicia mientras el señor Bermejo siga siendo el titular de ese ministerio". Rajoy estaba así, oficialmente, rompiendo también el pacto de la Justicia, firmado con Bermejo. 

Y por último, y más definitivo, el juez, el mismo que enjuició a la cúpula del PSOE por el terrorismo de Estado de los GAL, al dictador chileno Pinochet, a decenas de narcotraficantes, el magistrado más conocido de España y probablemente del mundo, Baltasar Garzón. "El PP cree que el juez Garzón debe abstenerse en esta causa en beneficio de la credibilidad y de la imparcialidad de la Justicia. Y el PP, que hoy presentará su escrito de personación en esta causa, pedirá la recusación del juez Garzón". 

El PP, que sufre uno de los peores momentos a sólo dos semanas de las elecciones gallegas, claves para consolidar o debilitar aún más el liderazgo de Rajoy, ha decidido convertir este ataque sin matices en su única defensa ante lo que pueda llegar, consciente de que Francisco Correa y los suyos, después de 15 años trabajando codo a codo con la mitad del PP, pueden seguir soltando acusaciones de todo tipo. Y por eso, olvidados los primeros días en los que Rajoy evitaba el asunto, ahora incluso anuncia que lo llevará al Congreso para preguntarle al presidente del Gobierno. El PP trata así de darle la vuelta a la tortilla. Sólo el resultado de las elecciones demostrará el efecto de la nueva estrategia. 

(www.elpais.com, 12/02/09) 

Lo que Rajoy no cuenta

- 'Caso Telde'. "Ayer conocimos que tres personas del PP, concejales, detenidos hace dos años en Telde [Gran Canaria] con televisiones y con policías encapuchados se les ha dejado libres sin cargos", señaló Rajoy. Lo que olvidó contar es que el juez, en el mismo auto donde archivaba las actuaciones sobre tres ex concejales, imputaba a otros siete, entre ellos el ex alcalde y la ex concejal de Obras, por tráfico de influencias, cohecho (cobro de comisiones de entre el 6% y el 20% de lo presupuestado) y prevaricación en relación con una supuesta financiación ilícita del PP. 

- 'Caso del lino'. Rajoy: "En aquella ocasión se manchó el nombre de muchos dirigentes del PP y en particular el nombre de nuestra candidata número uno, Loyola de Palacio. Ese asunto al final quedó en nada". Fue De Palacio quien llevó el caso a la Audiencia Nacional después de que la Oficina Europea Antifraude denunciara una trama de cazaprimas en España y reclamase la devolución de las subvenciones. 

Sólo casos del Partido Popular. Rajoy: "El 100% de los casos sólo afectan al PP. Nunca afectan al PSOE". En los dos últimos años, la Fiscalía ha actuado contra los alcaldes socialistas de Estepona (Málaga), Ciempozuelos (Madrid), Seseña (Toledo), Los Alcázares (Murcia) o Bigastro (Alicante), entre otros. 

(www.elpais.com, 12/02/09) 

RAJOY SE HACE ARROPAR POR SU PARTIDO PARA ECHAR UN PULSO A LA JUSTICIA 

Mariano Rajoy convocó ayer en Madrid a su comité ejecutivo con la firme intención de exigir lealtad y cierre de filas ante la gravísima crisis que atraviesa el PP. Para arengar a un partido deprimido ante tanta acusación de corrupción, optó por echar un pulso a la justicia. El líder popular culpó de su particular calvario al titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y al juez Baltasar Garzón por diseñar una operación contra el PP de la que se declaró dispuesto a defenderse. "Esto no es una trama del PP, esto es una trama contra el PP", espetó. 

La llamada a la unidad que trasladó a puerta cerrada a su partido se exteriorizó mediante una imagen inédita: la de Rajoy escoltado por todos los miembros de su dirección en una comparecencia en la que no aceptó preguntas de los medios de comunicación. Así arropado anunció que será contundente con cualquier militante que dañe la honorabilidad del PP, pero antes lo fue con Bermejo y Garzón. Anunció la ruptura de relaciones con el ministro, al que reprocha la filtración a la prensa del sumario del caso Gürtel, y exigió al juez que deje de instruirlo.

Pero como Rajoy no espera ni que Bermejo dimita ni que Garzón se inhiba, ayer explicó al partido su plan B. Adelantó que solicitará en el Congreso las comparecencias del ministro de Justicia y del fiscal general del Estado para que aclaren quién rompió el secreto sumarial y la motivación del "diferente trato" que la fiscalía da a los partidos políticos. Tanto la Fiscalía del Estado como el juzgado de Garzón investigan ya el origen de estas filtraciones.

"Nunca en España, ni con Adolfo Suárez, ni con Leopoldo Calvo Sotelo, ni con Felipe González, ni con José María Aznar, se había hecho un uso tan partidista de la fiscalía como hasta ahora", denunció Rajoy, que se quejó de que, últimamente, haya policías "encapuchados" que, acompañados de cámaras de televisión, se dediquen a detener a cargos del PP y a ponerles "grilletes", para después "dejarlos libres sin cargos".A continuación, añadió que también exigirá a Bermejo que explique en el Congreso por qué se fue de cacería con el juez Garzón el pasado fin de semana, justo "cuando se hicieron públicas filtraciones del sumario". "Esto es un acto obsceno, que liquida la calidad de la democracia (...). El PP dirigirá un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que examine este asunto, para que diga si es sensato, razonable o normal que un juez que está instruyendo un sumario se vaya de cacería con el ministro de Justicia", resaltó. El dirigente conservador insistió en que Garzón debería apartarse del caso. De lo contrario, dijo, el PP se personará en la causa y pedirá la recusación del magistrado. De hecho, los populares acudirán hoy mismo a la Audiencia Nacional para presentar ambas solicitudes.

Se abrió el turno de réplica en esta reunión a puerta cerrada. Según fuentes populares, la primera en hablar fue la presidenta del PP en Baleares, Rosa Estarás. Aseguró que ella sufre el "protocolo de actuación" de una fiscalía que detiene a cargos políticos "por interés electoral". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseveró que ella también había sido víctima de ese tipo de prácticas.

Y el valenciano Francisco Camps garantizó a sus compañeros que la Generalitat nada tiene que ver con esta trama de corrupción, y adujo en su defensa que todos los gastos están "fiscalizados". En este caso se refería a los de la Administración, no a los del partido. Hubo muchas otras peticiones de palabra, casi todas para apostar por la unidad.

Entonces, Ana Botella, teniente de alcalde de Madrid y esposa del expresidente José María Aznar, señaló que le parecían bien los llamamientos a la cohesión, pero demandó que también se defienda la etapa aznarista. "Ana, será así. Y si no es así, me gustaría que lo digas inmediatamente", le respondió Rajoy. En este contexto, la alcaldesa de Valencia, Rita Barbera, trasladó al líder una idea de otro dirigente valenciano, Vicente Rambla: que compareciera ante los periodistas arropado por toda la Ejecutiva. Así se hizo. Y Rajoy intentó mandar un mensaje de tranquilidad a los votantes: "Trataremos con valentía y justicia un asunto que en democracia no se puede repetir." 

(www.elperiodico.com, 12/02/09) 

Otro de los diputados de Aguirre, Alfonso Bosch, mencionado por Correa en relación con la presunta trama

Otro diputado de la asamblea regional madrileña aparece mencionado en las transcripciones y documentos sobre la presunta trama con epicentro en Boadilla del Monte. Es el caso de Alfonso Bosch, un dirigente conservador muy cercano, además, a la lideresa Aguirre y al propio ex presidente José María Aznar. La vinculación de Esperanza Aguirre con este nuevo personaje mencionado en los documentos sobre la presunta trama en Boadilla del Monte viene demostrada, además, con ilustrativas imágenes que a muchos les pasaron desapercibidas en un primer momento.

Una instantánea tomada en plena precampaña electoral para las generales del pasado mes de marzo muestra a la presidenta regional visitando un mercado junto al entonces número dos por Madrid, Manuel Pizarro. En tal visita, que tuvo lugar el 31 de enero de 2008, el ex presidente de Endesa y ahora discreto diputado en el Parlamento afirmó que "el despacho de un candidato es la calle". Lo que entonces no llamó la atención y ahora resulta ilustrativo es la presencia de Alfonso Bosch Tejedor, precisamente uno de los dirigentes populares que aparecen en las conversaciones investigadas en el sumario que instruye el juez Garzón.



"Uno de los malos"
La Cadena SER informó esta mañana de cómo Alfonso Bosch aparece mencionado en las transcripciones a las que ha tenido acceso. Uno de los imputados por Garzón lo define concretamente como "uno de ellos y uno de los malos, de los que hacen cosas mandados por ellos". Con ese "ellos" se refiere a los cerebros de la trama, entre los que se encuentra inequívocamente Francisco Correa.

Múltiples cargos
El perfil de Bosch Tejedor revela conexiones clave con importantísimos dirigentes del PP. Según la SER, Bosch fue integrante del equipo de confianza de presidencia del Gobierno durante los mandatos de Aznar. En la actualidad, compatibiliza su cargo de gerente de Vivienda y Suelo de Boadilla con el de portavoz en San Lorenzo de El Escorial, donde antes había sido teniente de alcalde. Bosch es, además, secretario de Movilización del PP de Esperanza Aguirre y en la actualidad es además diputado de la Asamblea regional.

¿Condiciones favorables?
En las grabaciones enviadas a Garzón, Francisco Correa afirma que a través de Bosch se adjudican en condiciones ventajosas locales municipales de Boadilla del Monte a la empresa de Ramón Blanco Balín, otro de los imputados por Garzón y que en época de Aznar y en medio del privatización de Repsol accedió a la cúpula de la empresa petrolera, llegando al cargo de consejero delegado. Preguntado por la misma cadena radiofónica, el mencionado Alfonso Bosch Tejedor ha negado haber realizado ningún tipo de adjudicaciones en las condiciones descritas: "El proceso fue totalmente transparente".

www.elplural.com 12.02.09

AGUIRRE: "YO PUSE UNA QUERELLA AL FISCAL GENERAL EN 2005. ASÍ SE LES PARAN LOS PIES" 

Para la mayoría de los que asistieron, fue una reunión reconfortante, porque todos se dedicaron a lamerse mutuamente las heridas. La sensación se resume en una frase de la ex ministra Celia Villalobos: "Todos tenemos que apoyar al PP. Con las cosas de comer no se juega". Ésta es la reconstrucción de la reunión según varios dirigentes. 

Esperanza Aguirre. "Yo le puse una querella al fiscal general en 2005, por el caso Majadahonda, por prevaricación y violación del secreto de sumario. Así se les paran los pies. Desde entonces en Madrid ya no van a por nosotros [la querella fue archivada por el Supremo]. Me acusaban de intervenir en una parcela, que se iba a vender más barata y gracias a mí se vendió más cara. Tuvimos que echar a dos concejales y tuvo que dimitir el alcalde". Aguirre no contó que lo recolocó en el mercado Puerta de Toledo, con un sueldo público, hasta que dimitió el lunes por su implicación en la red que investiga Garzón. Fue una de las pocas intervenciones que tuvo aplausos. 

Francisco Camps. "Te agradezco lo que estás haciendo, Mariano, y agradezco el apoyo de todo el partido. Esto es una campaña de acoso, porque aquí no hay nada. Los contratos son todos limpios y transparentes. Sólo persiguen al PP. En nuestra comunidad lo han hecho muchas veces, pero no hay ni un solo alcalde condenado". 

José María Michavila. "Yo conozco bien a Bermejo [como ministro de Justicia, Michavila se enfrentó a Bermejo, que era fiscal jefe de Madrid]. Ya intentó muchas veces ir contra el PP como fiscal, pero todos los casos se los echaban para atrás. Tenemos que estar todos unidos. No hay salidas para unos o para otros". 

Celia Villalobos. "Madrid es parte del partido, pero no todo el partido. Los problemas de Madrid no se pueden convertir en los problemas del partido". 

Teófila Martínez. "Mariano, tú tienes la autoridad para salvaguardar la unidad del partido y para exigirnos a todos que nos pongamos detrás de ti. Tenemos que mostrar la unidad aquí, pero también fuera, en la calle". 

Rosa Estarás (Baleares). "En Baleares hemos visto la actuación de la fiscalía. El trato discriminatorio es evidente. Cuando son del PSOE, hay una citación al juez y nada más. Cuando es del PP, primero aparece en prensa. Después se les detiene con grilletes y policías encapuchados, siempre con cámaras de televisión presentes. Y les dejan detenidos durante 72 horas, como el chaval de 21 años al que se acusaba de delito informático. Al final quedó en libertad sin cargos". 

Miguel Ángel Cortés. "Deberíamos utilizar las nuevas tecnologías para denunciar este acoso, con vídeos en YouTube de las detenciones". 

Esteban González Pons. "Garzón no imputa a ningún aforado, como López Viejo [ex consejero de Aguirre] para que no le quiten el caso". 

Manuel Fraga. "En todos los partidos hay un Judas. Hay que mantener la unidad absoluta". 

(www.elpais.com, 12/02/09) 

BOTELLA: "ME GUSTARÍA QUE ESTE APOYO SE DIERA TAMBIÉN A TODA LA HISTORIA DEL PP" 

El Comité Ejecutivo discurría con una muestra de cierre de filas absoluto, en la que los dirigentes competían por ver quién atacaba con más dureza a la fiscalía y al juez Garzón, hasta que le llegó el turno a Ana Botella, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid y esposa del ex presidente José María Aznar. La intervención chirrió porque era una reprimenda interna en toda regla. 

"A mí me parece muy bien la posición del partido y de su presidente en toda esta cuestión, y tiene todo mi apoyo. Pero me gustaría que este apoyo se diera también a toda la historia del partido, incluida la del presidente Aznar y su equipo. Todos sabéis quién soy. Aquí hay sentados muchos dirigentes que tuvieron responsabilidades en esa época [había ex ministros, entre ellos Rajoy]. Me gustaría que se defendiera de manera más firme ese legado", clamó Botella, según la reconstrucción de varios de los presentes. 

No hubo aplausos, y los dirigentes se miraron, según contaron después, con caras de complicidad y una tensión difícil de disimular. La esposa de Aznar, en un auditorio acostumbrado a leer entre líneas y que no necesitó muchas explicaciones para saber de qué estaba hablando y qué quería decir, estaba protestando por el hecho de que Rajoy haya dejado muy claro que fue él quien, en 2004, en cuanto sucedió a Aznar, rompió con Francisco Correa, el jefe de Special Events. 

El líder lo dejó claro en una rueda de prensa el lunes. Pero todo el mundo en el PP sabe que Correa fue el principal organizador de actos de Génova durante toda la etapa de Aznar. En la prensa han aparecido sus estrechas relaciones con el aznarismo y con el yerno del ex presidente, Alejandro Agag, además de las fotos de Correa y su socio Álvaro Pérez en la boda de la hija de Aznar y Botella. Por eso la esposa del ex presidente se queja de que Rajoy se concentre en decir que él rompió en vez de reivindicar que no hubo nada sucio en la etapa de Aznar. La ofensiva del aznarismo, en boca de su principal representante en activo, aspirante a la alcaldía de Madrid si la abandonara Alberto Ruiz-Gallardón, fue de tal calibre que Rajoy entendió que tenía que responder para dejar claras algunas cosas. 

El líder del PP, elegido a dedo por José María Aznar en 2003 frente a otras opciones como Rodrigo Rato o Jaime Mayor, nunca ha osado criticar públicamente a su mentor. Aun así, todos los analistas interpretaron que, en el congreso de Valencia, Rajoy acabó con el aznarismo para inaugurar un nuevo PP, el suyo. Pero el jefe de la oposición decidió ayer que era momento de unidad, y trató de atraerse a Botella a su terreno. 

"Por supuesto, Ana, yo siempre defiendo y defenderé toda la historia del partido. Y si alguna vez compruebas que alguien no lo hace, me gustaría que me lo dijeras inmediatamente", sentenció el líder, firmando así una especie de pacto de no agresión con el aznarismo.     

 (www.elpais.com, 12/02/09) 

EL PP ELIGE UNA VÍA SIN FUTURO PARA RECUSAR AL JUEZ INSTRUCTOR 

El presidente de los populares, Mariano Rajoy, arropado por numerosos cargos de su partido, anunció que el PP tenía intención de personarse como acusación en la causa que instruye el juez Garzón con la intención de recusarle por entender que participa en una campaña de desprestigio del partido. 

Es la misma reacción que el PSOE tuvo en su día con el juez Marino Barbero, instructor del caso Filesa. También en aquel caso, los socialistas intentaron personarse como acusación. Sin embargo, la personación no fue admitida porque miembros del PSC y del PSOE estaban siendo investigados y por tanto de su actuación podía derivarse una responsabilidad civil por parte del partido. 

También el Estado en el caso Amedo intentó personarse como acusación por estimar que la conducta de los policías podía constituir un perjuicio a la Administración. La Audiencia Nacional lo impidió por entender que precisamente la condición de funcionarios de Amedo y Domínguez suponía que el Estado debía asumir la responsabilidad civil de sus actos. 

Así que, aunque el PP presente una querella contra sus propios militantes para conseguir ser parte en el proceso, fuentes de la Audiencia señalaron que, previsiblemente, no será admitida, puesto que no se puede estar en una causa penal como acusador y como defensor al mismo tiempo, y el PP podría acabar como responsable civil de los actos de los imputados. 

(www.elpais.com, 12/02/09) 

LOS POPULARES ROMPEN EL PACTO DE LA JUSTICIA Y JALEAN LA HUELGA DE JUECES

El PP dio ayer una patada al tablero e hizo saltar por los aires el único pacto que ha firmado con el PSOE en cinco años: el de la Justicia. Federico Trillo oficializó la ruptura del acuerdo en un agrio enfrentamiento con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en el Congreso de los Diputados. 

La consecuencia de la investigación del juez Baltasar Garzón sobre actos de corrupción en torno al PP es que el principal partido de la oposición se descuelga del acuerdo para modernizar la justicia que firmaron el pasado mes de julio en La Moncloa José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. 

La excusa es la montería en la que coincidieron el pasado fin de semana el juez y el ministro y el pretexto la dura y expresa acusación de complicidad entre el magistrado y el Gobierno para perseguir al PP. Es decir, de prevaricación del juez. 

Gráficamente y con una metáfora cinegética propia del caso, Trillo acusó directamente a juez y ministro de connivencia: "Alguno de ustedes parece que señala y apunta y el otro dispara". El portavoz de Justicia del PP, arropado por Soraya Saénz de Santamaría, aseguró que asistimos "al mayor ataque contra la independencia del poder judicial de la historia democrática". 

Pidió la dimisión del ministro y condicionó la vuelta al pacto a que Fernández Bermejo abandone el cargo. También formalizó la petición para que comparezca en el Congreso para explicar el fin de semana de caza. 

En su respuesta, el titular de Justicia no se arredró e imputó al PP "desmesura". Explicó que en la montería coincidió con 50 ó 60 personas, entre las que estaba el juez Garzón, sin considerar que eso suponga atentar contra la independencia judicial. Por supuesto rechazó la posibilidad de dimitir: "No sabía yo que mi afición cinegética y por el campo daría para que pidieran mi dimisión". 

Bermejo acusó al PP de utilizar el episodio para "extender una cortina de humo" que oculte la investigación y advirtió: "A ver si van a terminar incendiando las instituciones". "Miren para dentro y arreglen su casa, porque éste es un asunto del PP contra el PP y dejen de disparar contra las instituciones", añadió, antes de ironizar sobre Rajoy: "Ustedes dicen que dimita don Mariano, pero ¿qué don Mariano?". Incluyó en su respuesta expresiones como "ustedes sobreactúan y pasan del drama a la pantomima" y "no le acepto que me acuse de atacar la independencia judicial". 

Trillo antes había utilizado expresiones que establecían una relación causa-efecto entre la cacería y las actuaciones contra el PP, aunque éstas sean previas. Al magistrado, además, le acusó de filtrar el sumario durante el fin de semana en que cazaba para "desacreditar y calumniar al PP". La comparecencia tenía por objeto inicial que el ministro explicara las actuaciones para evitar la huelga de jueces prevista para el 18 de febrero, pero derivó en la tangana y dejó a un lado los problemas de la Justicia. Fue tal que Joan Ridao (ERC) y Emilio Olabarría (PNV) dijeron sentirse "asqueados" por el "espectáculo deprimente" al que asistieron. 

La primera consecuencia de la ruptura del pacto es que el PP, libre ya de ataduras de acuerdo alguno, jaleó ayer en la Comisión la huelga de jueces. "Compartimos plenamente la plataforma reivindicativa de los jueces", dijo Trillo antes de asegurar que es mayoritaria en la carrera y que el PP respeta lo que ha dicho el Consejo General del Poder Judicial sobre la ausencia de la legalidad de la protesta. 

Fue el único que sostuvo esa posición porque todos los demás grupos, de forma expresa y más o menos dura, rechazaron la protesta judicial. 

El ministro se remitió al origen "corporativo" del conflicto por la sanción al juez Tirado y la petición de aumento salarial. Habló de "movimiento asambleario y minoritario", explicó que las juntas de jueces carecen de legitimidad para convocar la protesta y detalló una a una las ocho reivindicaciones. De todas dijo que las asume y que, de hecho, ya hay actuaciones en marcha en forma de proyectos de ley o decretos y sólo rechazó una, la del aumento salarial que mantiene una parte de los convocantes. "No está el horno para bollos", se limitó a decir.

(www.elpais.com, 12/02/09) 

AGRIO INTERCAMBIO

- Trillo a Bermejo.

- "Alguno de ustedes señala y apunta y el otro dispara".

- "Estaba con el juez, mientras tenía a tres imputados en el calabozo, filtraba su sumario y calumniaba al PP".

- "No sé si quedarme con su incompetencia, su descaro, su fracaso o su desparpajo".

- Bermejo a Trillo.

- "Que dimita don Mariano, pero ¿qué don Mariano?"

- "Cuando disparo soy bastante bueno".

- "No me parece mala compañía un juez". 

(www.elpais.com, 12/02/09) 


EL EX EDIL DEL PP QUE ORGANIZÓ LA CACERÍA AFIRMA QUE SU PARTIDO "TERGIVERSA" 

Un ex concejal del PP de Torres (Jaén) fue el organizador de la cacería en la que el pasado fin de semana coincidieron el juez Baltasar Garzón, natural de aquella localidad, y el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Ayer se mostró indignado con la tergiversación que ha hecho su partido de la cacería, en la que fueron abatidos ocho muflones y cinco jabalíes. 

La montería el pasado domingo reunió en la finca Cabeza Prieta de Torres a medio centenar de personas, además del juez y el ministro. A Garzón lo invitó el organizador de la batida, su amigo Bartolomé Molina, ex concejal del PP que en 2003 fue el candidato a la alcaldía por este partido. Por su parte, el ministro fue invitado por el dueño de la finca, el empresario farmacéutico José Peñas Pérez, originario de Torres y afincado en Cataluña. 

En la montería, se repartieron 12 puestos, y en cada uno había una o varias personas. El ministro compartió puesto con su esposa y el juez Garzón estuvo solo en otro, ambos distanciados en torno a un kilómetro. Tanto Bermejo como el magistrado de la Audiencia Nacional se alojaron la noche del sábado en el cortijo de la finca, donde compartieron cena con unas 30 personas. "Estuvieron sentados alejados unos del otro y en ningún momento tuvieron una conversación privada; es más, el ministro y su señora se fueron a dormir dos horas antes que el resto", indicó ayer el organizador de la montería, indignado por la "tergiversación" que su partido, el PP, está haciendo de esta montería. "Allí había gente del PP, pero también del PSOE y de IU, pero no se habló de política, se habló de caza", subraya Molina. 

Entre los participantes se encontraba un primo del juez Garzón, José Real, que es militante del PP. Bartolomé Molina dice que fue una cacería entre amigos y desmiente que el ministro llegara a Torres rodeado de un séquito numeroso. Bermejo, su señora y el personal de seguridad llegaron en un turismo y un todoterreno. El juez Garzón estaba ese fin de semana en su pueblo natal, al que viaja con cierta frecuencia, donde departió con la alcaldesa, la socialista Elvira Sanjuán, sobre la organización de los cursos de verano que el propio magistrado organiza desde hace tres años. 

Tanto el ministro como el juez estuvieron el día anterior en otra cacería en la Sierra de Andújar, a unos 50 kilómetros de Torres, y ambos compartieron una comida en un hotel con otras 40 personas, según fuentes locales. También en ese caso, ministro y juez fueron invitados por diferentes vías.  

(www.elpais.com, 12/02/09)  

UN CARGO POPULAR ORGANIZÓ LA MONTERÍA QUE ESCANDALIZA AL PP 

La cacería en la que coincidieron el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el juez Baltasar Garzón, instructor del caso de la trama corrupta, fue organizada por un responsable del Partido Popular de Andalucía. Bartolomé Molina, secretario general del PP en Torres (Jaén), debilitó ayer muy seriamente la estrategia de contrataque decidida por el comité ejecutivo nacional popular, cuando admitió que él fue el anfitrión de la montería en la que participaron el pasado fin de semana el ministro y el magistrado de la Audiencia Nacional. 

Pocas horas después de que los populares salieran en tromba a denunciar con gran indignación que Bermejo y Garzón se encontraran en la provincia de Jaén y de que el exministro Federico Trillo se rasgara las vestiduras por "el más descarado ataque a la independencia judicial en la historia de la democracia", su correligionario Bartolomé Molina contó a la cadena SER que fue él quien organizó la montería y que invitó a Bermejo. Al tener noticia, además, de que Garzón también se hallaba ese fin de semana en Torres, su pueblo natal, extendió la invitación al juez. Molina fue muy duro con la dirección de su propio partido, al opinar que no deben contarse "verdades a medias o mentiras" sobre lo ocurrido. 

Durante todo el día de ayer el Gobierno y el PSOE ya habían quitado trascendencia política al asunto y acusado a los populares de tratar de desviar la atención respecto a los casos de corrupción y espionaje en los que pueden resultar implicados cargos populares. Desde que trascendió la noticia sobre la coincidencia de Bermejo y Garzón, tanto en la Moncloa como en el ministerio se trató de limitar el encuentro cinegético al ámbito privado. Fuentes de la Moncloa afirmaron que no es la primera vez que ministro y juez comparten jornadas de caza con otros aficionados, incluidos miembros del PP, en una actividad en la que este fin de semana participaron unas 60 personas, según el propio Bermejo. 

El ministro afirmó ayer que apenas habló con Garzón durante el fin de semana y, en ningún caso, sobre la trama de corrupción. Pero Bermejo no se quedó ahí y atacó al PP, por tratar de crear "una cortina de humo" y desviar la atención sobre su "lío monumental". El ministro aprovechó una comparecencia parlamentaria para afear a Federico Trillo su conducta, que calificó de un ejercicio de sobreactuación "poco respetable". Quizá previendo lo que sucedió horas más tarde con las declaraciones del cargo local del PP, el ministro ya advirtió a los populares que este tipo de escenificaciones podían acabar pasando "del drama a la pantomima o al cómic". Sin embargo, no todos en el PSOE consideran secundario el encuentro entre juez y ministro. 

La bronca sobre la situación interna del PP llegó también al Congreso, donde el presidente del Gobierno , José Luis Rodríguez Zapatero, exigió a Rajoy que no pida dimisiones y cambios en el Gobierno sino que "hable de los que ustedes necesitan". El diputado de CiU Jordi Jané afirmó que la coincidencia en la cacería era "poco estética" pero también hay "cacerías dentro del Congreso, algunas de ellas políticas, que quizá veremos a lo largo de los debates". 

GARZÓN ENCARCELA A LOS TRES CABECILLAS DE LA TRAMA 

Los tres máximos responsables de la trama de corrupción que ha salpicado al PP de Madrid seguirán entre rejas. El juez Baltasar Garzón decretó ayer prisión incondicional contra Francisco Correa, presunto cerebro de la red de empresas que organizaban eventos para ese partido, su primo Antoine Sánchez y el ex secretario de Organización del PP en Galicia, Pablo Crespo. 

El juez dejó libres a la mujer de Correa, María del Carmen Rodríguez, y a Felisa Isabel Jordán, ambas ex administradoras de cuatro de las sociedades investigadas, con la condición de que acudan al juzgado una vez al mes. A Carmen Luis, que también se encontraba en la lista de imputados, ni siquiera le impuso esa cautela. 

Garzón considera que existen indicios racionales de que al menos cinco de esas personas han cometido presuntos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales. La relación de Rodríguez y Jordán con la trama se basa en que ambas ocuparon puestos directivos en las firmas a través de las cuales se cometieron supuestamente los delitos. 

Convivencia rota

La esposa del presunto cerebro de la trama confirmó ante el juez que fue administradora de las sociedades Special Events y Pasadena Viajes, pero aseguró que ostentó esos cargos sólo para "hacerle un favor a su amigo José Luis Izquierdo", el apoderado de ambas compañías, según su abogado, el ex fiscal Enrique Molina. 

Rodríguez, que según el letrado llegó a declarar que simplemente firmaba lo que Izquierdo "le ponía encima de la mesa", negó que cobrara de las compañías investigadas y afirmó que el único salario que percibe procede de Construcciones Salamanca, la empresa de su padre, Emilio Rodríguez Bugallo, procesado en el caso Malaya por la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella y fallecido el año pasado. 

La mujer de Correa, que fue detenida junto a su marido y después puesta en libertad, manifestó también ante Garzón que su convivencia con el presunto cerebro de la trama se rompió hace más de cuatro años y que actualmente tramita su separación. El régimen matrimonial de ambos es de "separación de bienes" por lo que, según su abogado, "no tiene nada que ver con los negocios con su marido". 

Respecto a su relación con Antoine Sánchez, reconoció que lo conocía, pero sólo porque es el primo de su esposo. Sobre su etapa al frente del gabinete del ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, afirmó que sólo se encargaba de relaciones con los medios y de la publicidad. 

La misma suerte que Rodríguez corrió Jordán, ex administradora de Easy Concept y Good and Better antes de que las pasara a controlar Francisco Javier Pérez Alonso, hermano de Álvaro Pérez Alonso, el bigotes, presunto jefe de la red corrupta en Valencia. 

(www.elperiodico.com, 12/02/09) 

EL FISCAL INVESTIGA EL ORIGEN DE LAS INFORMACIONES DE EL PAÍS 

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha incoado diligencias informativas para averiguar de dónde proceden los datos sobre la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, en la que aparecen personas que han mantenido vínculos con el PP. 

El PP presentó el martes un escrito en la Fiscalía quejándose de las informaciones de este periódico sobre la trama de corrupción que investiga el juez Garzón. La Fiscalía remitió ayer al PP otro escrito en tono oficial, haciendo oídos sordos a las invectivas que por la mañana dirigió Rajoy a Conde-Pumpido, acusándole de dar un "trato diferente" a los partidos políticos. 

La respuesta al PP afirma que la Fiscalía del Estado comparte la "inquietud" de ese partido por la situación y, como "garante de la legalidad", siempre cuida especialmente de que se mantenga "la necesaria reserva de las investigaciones judiciales", especialmente cuando sobre ellas "pesa la declaración de secreto". 

En consecuencia, prosigue la Fiscalía, la Inspección Fiscal incoó el martes diligencias informativas "a fin de practicar las actuaciones necesarias para averiguar las circunstancias que han determinado la difusión pública de informaciones y contenidos que son objeto de investigación penal". 

Además, el fiscal general remitió ayer una comunicación escrita al fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, pidiéndole que refuerce "las habituales cautelas para garantizar la confidencialidad de cuanta información y documentación de este procedimiento se encuentra a disposición de esa Fiscalía". 

Respecto de la relevancia penal de los hechos narrados en el escrito del Partido Popular, la Fiscalía explica que el juez Baltasar Garzón ha iniciado, a su vez, una investigación para conocer el origen de las "supuestas filtraciones". En consecuencia, añade, "no resulta oportuno" en este momento el ejercicio de acciones ante la jurisdicción penal por parte del fiscal, por los mismos hechos que investiga el juez. 

El escrito de la Fiscalía recuerda por último al PP que tiene la posibilidad de acudir directamente a la autoridad judicial, presentando una denuncia al amparo de lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

(www.elperiodico.com, 12/02/09) 

GARZÓN ACUSA A LOS TRES CABECILLAS DE LA RED DE SOBORNAR A CARGOS PÚBLICOS EN FAVOR DE SUS EMPRESAS 

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acusa a los tres cabecillas de la trama de corrupción que salpica al PP enviados anoche a prisión "sobornar a funcionarios y autoridades públicas" a través de "regalos" y "cantidades de dinero" para mover su "voluntades" con el objetivo de favorecer a sus empresas. El auto de prisión del juez sitúa a Francisco Correa como cerebro de la red que hasta el momento ha llevado también a la cárcel a su primo Antoine Sánchez y el ex secretario de Organización del PP en Galicia, Pablo Crespo. A los tres les acusa de establecer un "conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de ayuntamientos y Comunidades Autónomas". Garzón decretó ayer prisión incondicional para los tres

El auto del juez afirma que se está investigando la identidad de los cargos públicos objeto de las "dádivas" de los tres encarcelados. Garzón defiende que el "grupo organizado" perseguía la obtención de "contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas y empresas que no utilizaban las mismas prácticas". El juez de la Audiencia Nacional ve además indicios de defraudación fiscal, movimiento de dinero en el extranjero y un entramado para colocarlo en paraísos fiscales. 

Garzón dedica en su escrito un apartado especial a Correa, del que dice "da instrucciones al resto de integrantes de la organización; lleva a cabo una supervisión directa (...); controla las cuentas que dispone en Suiza; y, ordena la contratación de productos financieros o la obtención de moneda extranjera". De Pablo Crespo, el auto dice que "lleva el control y funcionamiento de las empresas" y gestiona el "patrimonio personal" de Correa. Antoine Sánchez sería, según la investigación de Garzón, "pieza clave en la estrategia de desvinculación de Correa de las sociedades gestionadas" como "miembro de los órganos de administración", "titular de un porcentaje del capital" de las empresas vinculadas y "titular de las acciones al portador de las sociedades ubicadas en paraísos fiscales". Garzón aclara, no obstante, que Correa sufragaba con todos los gastos de su primo. 

El juez dejó ayer libres a la mujer de Correa, María del Carmen Rodríguez, y a Felisa Isabel Jordán, ambas ex administradoras de cuatro de las sociedades investigadas, con la condición de que acudan al juzgado una vez al mes. A Carmen Luis, que también se encontraba en la lista de imputados, ni siquiera le impuso esa cautela. 

(www.elpais.com, 12/02/09) 

LA RED DE CORREA PAGABA A CARGOS PÚBLICOS PARA OBTENER TRATOS DE FAVOR 

La red de corrupción liderada por Francisco Correa pagaba a funcionarios públicos y autoridades para obtener tratos de favor en la concesión de eventos, según se desprende del auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. 

El auto establece que Francisco Correa es el líder número uno de la red, seguido de Pablo Crespo y Antoine Sánchez, los tres enviados a prisión la pasada madrugada. El diseño de la estrategia de ocultación que permitió a Correa llevar el control del "entramado societario sin que él figurara" consistió en "la constitución de sociedades por medio de testaferros a través de los despachos de asesoramiento jurídico y fiscal, especializados en la creación de estructuras fiduciarias opacas". 

Según lo investigado en las diligencias 275/08, "en la causa existen indicios suficientes de que los imputados, en unión de otros, establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular en algunos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, principalmente de las Comunidades de Madrid y Valencia, para obtener un beneficio propio". 

El magistrado, que ordenó el ingreso en prisión de Correa al apreciar la existencia de riesgo de fuga, afirma que éste trató de salir de España el pasado día 7 para instalarse en Panamá —país en el que estaba intentando obtener la residencia de forma "fraudulenta"—, lo que fue el detonante de las detenciones. 

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) había advertido en un informe, el pasado día 3, que "quedaba constatado el nerviosismo de Pablo Crespo "al dar órdenes a otros miembros de la organización para que guardaran las cosas y escondieran otras". 

Del auto se desprende que Correa da instrucciones para realizar "dádivas" a funcionarios y cargos públicos para obtener un provecho económico para él y para su grupo o para paralizar procedimientos sancionadores que afectan a su patrimonio. 

El juez anuncia en su resolución que se está investigando la "identidad y cargos" de esos "funcionarios y autoridades públicas" que recibieron "dádivas y sobornos", "al objeto de tomar las decisiones que correspondan en derecho". En cuanto a las actividades de Correa, el juez asegura que no se centraban sólo en España sino que tiene varias cuentas en Suiza y diversos negocios en China, Azerbayan y Miami. 

La mano derecha de Correa, según el auto, es Pablo Crespo, consejero delegado y gerente de las empresas y quien ejecuta las órdenes del cabecilla. Su misión es desvincular las actuaciones ilegales tanto de su persona como de las sociedades, para lo que utilizan como canal de blanqueo el envío de transferencias a través de los fondos de los que disponen en Suiza. 

Crespo, secretario de organización del PP gallego hasta 1999, también imparte instrucciones para dar "cantidades de dinero" y regalos en especie para "mover voluntades de quienes tenían responsabilidades" y así conseguir tratos de favor o concesión de eventos, que es a lo que se dedica el grupo.

El tercer elemento del engranaje es Antoine Sánchez, "una pieza clave" del entramado. Correa colocó a Sánchez, su primo, al frente de las sociedades. El líder de la red también sufragó todos los gastos generados por Antoine y le ofreció hacerse cargo de algún negocio relacionados con el sector turístico en Colombia o la fibra óptica en Cuba. 

(www.elmundo.es, 12/02/09) 

LAS EMPRESAS DE CORREA LOGRARON 3,5 MILLONES EN MAJADAHONDA 

Entre 2003 y 2005, tres sociedades controladas por el cabecilla de la trama, Francisco Correa, de objeto difuso y administradores comunes (TCM, Downtown Consulting y Easy Concept) fueron cerrando acuerdos con el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), del PP, por valor de más de dos millones de euros. Todos figuran en los papeles municipales de la oficina de contratación. Además de los pagos por esta "oficina fantasma", IU ha documentado otro millón y medio de euros pagados a empresas vinculadas a Correa, aunque es posible que haya muchos otros contratos. Eso, en una legislatura (2001-2005). Algunos de ellos por conceptos como "Decoración de la concejalía de Familia", montar un stand en una feria de informática, "suministrar vinilos para terminales de información" o colocar una mampara. 

En 2003, la empresa madre de Correa en Madrid, Special Events, deja de firmar contratos con Majadahonda. Alguien ha reparado en que la administradora es María del Carmen Rodríguez, conocida por los trabajadores municipales como La Barbie. Rodríguez es la mujer de Correa y la jefa de gabinete del entonces alcalde, el ahora imputado Guillermo Ortega. Special Events se volatiliza, pero emerge Technology Consulting Management, de los mismos dueños y que se dedica a las mismas cosas. Esta compañía gana el concurso para "la consultoría de diseño de la implantación de la Oficina de Atención al Ciudadano" de Majadahonda. Un rebuscado pliego que se traduce en el pago de 612.551 euros a esta empresa el 18 de febrero de 2003. 

En diciembre de ese mismo año, la compañía repara en que necesita más dinero. El ayuntamiento se lo da. En concreto, 120.000 euros más. Eso supone el 19% de la concesión original. Si el aumento hubiese superado el 20% habrían tenido que repetir el concurso. El 30 de abril de 2004, con la oficina a punto de abrirse, se les prorroga el contrato. En esta ocasión reciben 419.638 euros. Un técnico municipal había sugerido que lo justo sería 58.000 euros y así lo hace constar en un documento. Nadie le hace caso. 

¿Ha terminado el trabajo de la empresa de Correa una vez abierta la oficina? No. Ahora, es el momento de que emerja otra de sus empresas. Alguien tiene que llevar el día a día de esa oficina. Nace Downtown Consulting. Esta firma recibe más de 20.000 euros mensuales. En 2005 cambia de nombre y se vuelve a transformar. Su nueva reencarnación es Easy Concept, con la misma configuración que Downtown, pero cobrando un poco más: 27.900 euros. Hasta mayo de 2005. La oficina desapareció y sólo estuvo unos meses en funcionamiento. 

(www.elpais.com, 12/02/09) 

FEIJÓO EVITA LAS PREGUNTAS DESDE QUE SE DESTAPÓ LA TRAMA DE MADRID 

El candidato del PP a la Presidencia de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, volvió ayer a convocar a los medios de comunicación a un acto electoral en el que de nuevo se negó a responder preguntas. Los periodistas llevan cinco días sin poder preguntar al líder del PP por las circunstancias del caso que ha obligado a renunciar a su cabeza de lista por Ourense, Luis Carrera, ni acerca de su relación con Pablo Crespo, el ex secretario de organización de los populares gallegos detenido en el marco de la operación  

Feijóo, que ha citado de nuevo a los medios para hoy, apenas unas horas antes del inicio de la campaña, convocó a los periodistas para ser meros testigos de un acto en el que, con la residencia de Monte Pío como telón de fondo, firmó su "compromiso con los ciudadanos". El candidato popular eligió para la firma una terraza techada del Hostal dos Reis Católicos, en Santiago, desde la que puede verse la residencia del presidente de la Xunta. 

Mediante ese documento, el candidato del PP se comprometió a "combatir el paro", "luchar contra la crisis", "eliminar y reducir los gastos superfluos", "reducir la cantidad de impuestos" y "mejorar la calidad de la asistencia sanitaria". 

Con la firma, Feijóo quiso solemnizar también su promesa de "dotar a los dependientes de garantías" de cumplimiento de la ley, responder a las demandas de plazas de guardería, "ampliar las oportunidades de los jóvenes", "garantizar que todos los gallegos tengan las mismas oportunidades" y "hacer del respeto medioambiental un principio irrenunciable". 

La lista de compromisos, que es una síntesis del programa electoral del PP, incluye también el objetivo de "recuperar los consensos" en torno a "los símbolos identitarios, muy especialmente en el idioma: debe garantizarse la libertad de elegir lengua en todos los ámbitos". Feijóo contrapuso estos compromisos a los programas que han presentado BNG y PSdeG "a sabiendas de que no los van a cumplir". A diferencia de lo que ocurre con los partidos del bipartito, el "contrato con los ciudadanos" del PP se presenta antes de las elecciones, se firma con la sociedad y va a ser cumplido, subrayó. "Llegó el momento de cambiar y de devolver la confianza a la clase política", aseguró.

Garzón envía a prisión a los tres cabecillas de la trama de corrupción vinculada al PP

El juez Garzón decide esta tarde si Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez van a prisión tal y como solicitan las dos fiscales. -El juez deja en libertad a la esposa de Correa

Las dos fiscales del caso de la trama de corrupción municipal vinculada al PP, Concha Sabadell y Mirian Segura, han pedido prisión incondicional para los tres presuntos cabecillas, -Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez-, que estaban en prisión desde el viernes. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidirá en las próximas horas si los tres implicados van a la cárcel, tal y como solicita la fiscalía.

Garzón ha dejado en libertad a María del Carmen Rodríguez, imputada por la causa abierta por corrupción, y cuyo cabecilla sería precisamente su marido, Francisco Correa. Rodríguez ha explicado al juez que accedió a administrar hasta 2001 dos de las empresas investigadas, Special Events y Pasadena, porque así se lo pidió como favor José Luis Izquierdo, apoderado de la primer de estas sociedades. Garzón le ha pedido que comparezca una vez al mes.

La imputada, que fuera jefa de gabinete del ex alcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega, investigado también en la trama, ha aclarado al juez que el único sueldo que recibe es el de una empresa de su padre, Construcciones Salamanca. El padre de María del Carmen Rodríguez es el constructor Emilio Rodríguez Bugallo, detenido en la operación Malaya de Marbella.

Sobre su relación con Correa, Rodríguez ha tratado de desvincularse hoy de las actividades de su marido y ha explicado que mantienen separación de bienes, que ya no conviven y que está en trámites de separación. "La relación personal es inexistente", ha asegurado, porque llevan cuatro años "sin tratarse". A preguntas del juez sobre otro de los implicados en el escándalo de corrupción, Antoine Sánchez, detenido desde el viernes, Rodríguez ha dicho que es primo de Correa. La imputada ha asegurado además que no tiene bienes en ningún paraiso fiscal.

Las otras dos imputadas que han declarado hoy son las empresarias Carmen Luis Cerezo y Felisa Isabel Jordán. La primera ha salido al poco tiempo de entrar a declarar ante el juez Garzón. Jordán, a la que el juez ha tomado declaración después de interrogar a Carmen Rodríguez, ha salido en libertad sin que el juzgado acordara ninguna medida cautelar, según informa su abogado.

También será hoy interrogado el último detenido en la operación Gürtel, Alvaro Pérez Alonso, conocido como el bigotes y responsable de la empresa Orange Market, que fue detenido el martes en Valencia, informa Efe.

www.elpais.es 12.02.09

GÉNOVA DICE QUE PÉREZ ESTABA EN EL MITIN DE RAJOY POR LA REGIONAL DEL PP 

La dirección nacional del Partido Popular se esforzó ayer por cortar amarras de la presencia del presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, en el mitin central de campaña celebrado el 7 de marzo en Valencia protagonizado por el entonces candidato a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy. Tras la publicación de la fotografía de Levante-EMV en la que Pérez aparece en la trasera del escenario dirigiéndose a una de las "niñas de Rajoy", fuentes oficiales de la madrileña calle de Génova se pusieron en contacto con este diario para matizar que en ningún momento contrataron con Orange Market ni ninguna de las empresas relacionadas con Pérez. Los actos de Rajoy, dijeron, se encargaron durante toda la campaña a la firma Promedia, vinculada a Elena Sánchez, esposa del diputado por Castelló, Juan Costa. Este es a su vez hermano del secretario general del PPCV, Ricardo Costa. Fuentes de Promedia manifestaron que tampoco subcontrataron a Orange Market. Preguntados por la presencia de Álvaro Pérez dijeron: "No sabemos qué hacía ahí ese señor". 

Es la misma versión que ofreció la dirección nacional, que atribuyó la responsabilidad de la presencia de Pérez Alonso en el mitin "a la dirección regional" del PP en la Comunitat Valenciana. Las mismas fuentes insistieron en Génova cortó con Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez en 2004. Algo que no hicieron los populares de Francisco Camps, que han mantenido a Orange Market y Álvaro Pérez como asesor de cabecera para actos de partido, al tiempo que la Generalitat lo ha contratado para diversos eventos. 

El mitin de la Plaza de Toros de Valencia tuvo como punto álgido el momento en que un grupo de niñas subieron al escenario con una camiseta con el lema "Soy la niña de Rajoy". El presidente del PP había hecho referencia a una niña imaginaria en el debate televisivo con el candidato del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero.  

Sobre la presencia de Pérez en el mitin, que aparece en la imagen organizando un grupo de niños, fuentes de la dirección regional negaron que lo hubieran contratado y dijeron que "podía tener una acreditación vieja". La versión es un tanto extraña, porque al mismo tiempo dijeron que Álvaro Pérez acostumbraba a participar en los actos y "ejercer de organizador". Algo que viene a demostrar que el presidente de Orange Market, detenido e imputado por el juez Baltasar Garzón en la operación tenía camino libre para moverse entre los bastidores del Partido Popular. 

Génova no fue la única en desmarcarse de Pérez. La secretaria local del PP de Castelló, Carmen Amorós, aseguró que ni el ayuntamiento ni la agrupación local han contratado con Orange Market. Insistió en que es la dirección regional que preside Francisco Camps la que contrata con la empresa de Pérez. Amorós ofreció esta versión: "Tú contratas con una empresa para que te haga algo y resulta que en esa empresa son unos sinvergüenzas, y tú no lo sabes, y te encuentras con la indefensión". 

Por su parte, Miguel Peralta, coordinador general del PP provincial de Alicante, dijo que "el partido en Alicante nunca contrató con Orange Market". "Siempre que ha habido algún acto ha sido porque la dirección regional lo organizaba con Álvaro Pérez", dijo Peralta. Fuentes de la ejecutiva provincial alicantina dijeron que el detenido al que ayer tomó declaración, Baltasar Garzón, pedía precios muy altos a las direcciones provinciales por organizar sus actos. 

(www.levante-emv.com, 12/02/09) 

ORANGE MARKET ORGANIZÓ LA CENA CON RAJOY 

El presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, encontró en Castelló, de la mano del PP, el campo abonado para desarrollar su actividad organizadora de eventos. La secretaria general de los populares de la capital de la Plana, Carmen Amorós, confirmó ayer que el empresario investigado por Garzón también montó la cena de Rajoy en El Grau con militantes. Así mismo, estuvo detrás de un acto sectorial del partido con el ex ministro Cristóbal Montoro. El PP castellonense rebota los balones a Valencia y asegura que todos estos eventos fueron tutelados por la dirección regional. 

El pasado 11 de julio, el Gran Casino de Castelló acogió la tradicional cena de verano del PP de Castelló, que congregó a más de 600 comensales. Como invitado de excepción, acudió el líder nacional del partido, Mariano Rajoy, además del presidente regional, Francisco Camps, y el provincial, Carlos Fabra. Rajoy aprovechó la visita para proclamar a Fabra ciudadano "ejemplar" y defender su inocencia.
En la sala de máquinas estaba Álvaro Pérez. Según la secretaria local del PP en Castelló, Carmen Amorós, "eso se organizó todo desde Valencia. Nosotros lo único que hicimos fue encargarnos de las mesas, los carteles, de nuestra gente para que se pudieran sentar, y lo de los pueblos y demás, pero todo lo demás se llevó desde allá, como es costumbre siempre". 

Orange Market también estuvo en Castelló en noviembre de 2006 en un acto sectorial del PP que contó con la presencia del ex ministro de Aznar Cristóbal Montoro. Además, acudieron el responsable económico del Consell Gerardo Camps, el secretario regional, Ricardo costa, el presidente provincial, Carlos Fabra, y el líder local, Alberto Fabra, entre otros. La presencia del empresario Álvaro Pérez no pasó desapercibida, por su imponente bigote y por un vistoso suéter rosa. 

Carmen Amorós insistió en el mensaje del día anterior de Carlos Fabra y trasladó la responsabilidad a la calle Quart de Valencia (donde está la sede autonómica del PP). Manifestó que desde Castelló "nunca" se ha contratado a Orange Market. 

"Cuando somos nosotros, Castelló, los que organizamos nuestros congresos, nunca hemos contratado con esta empresa, que quede bien claro", aseveró. Por ejemplo, el congreso provincial de 2004 en Peñíscola lo montó Orange Market, pero el encargo se hizo desde Valencia. Amorós negó que la ejecutiva regional haya recomendado o impuesto la contratación de la firma para la celebración de eventos al PP castellonense. 

La dirigente popular restó importancia al hecho de que el PP haya contratado en numerosas ocasiones los servicios de Orange Market argumentando que "tú contratas con una empresa para que te haga algo y resulta que en esa empresa son unos sinvergüenzas, y tú no lo sabes, y te encuentras con la indefensión".  

(www.levante-emv.com, 12/02/09)

ULIBARRI, UN EMPRESARIO MIMADO POR CAMPS 

El empresario José Luis Ulibarri, imputado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la trama de corrupción que afecta al PP, preside desde Castilla y León un holding de empresas (Grupo Begar) que se ha extendido también a la Comunidad Valenciana en los sectores de la construcción, servicios y medios de comunicación. 

Su negocio más conocido en tierras valencianas está ligado a Mediamed, empresa desde la que, con otros socios, se ha hecho con el control de 13 televisiones digitales (TDT) adjudicadas a otras empresas por el Gobierno autónomo que preside Francisco Camps (PP). 

Ulibarri amplió su control en los medios en junio del año pasado, cuando se hizo con el 80% de Administración y Gerencia de Ondas 13, SL, la empresa con la que el Ayuntamiento de Valencia había suscrito sólo un año antes el contrato para la producción y gestión de la Televisión Digital Municipal de Valencia. El acuerdo del consejo de administración, presidido por el PP, que aprobó el traspaso de acciones a Ulibarri ha sido recurrido por la oposición socialista porque el empresario ya es dueño mayoritario de otra TDT en la misma demarcación, Tele 7, a cuya inauguración en 2007 en Valencia acudieron Camps y varios consejeros. 

El pasado mes de diciembre, la apertura de Tele 7 en Alicante congregó de nuevo a altos cargos populares, como la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. El Grupo Begar también se ha adjudicado en Valencia dos aparcamientos y un importante colector de la Generalitat. José Luis Ulibarri participa, además, en la construcción del hospital de Llíria, adjudicado por el Gobierno valenciano. 

Por otra parte, Presidencia de la Generalitat valenciana reconoció ayer que Francisco Camps acudió hace un año al banquete de boda del responsable de Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez, detenido el pasado lunes e imputado en la investigación que sigue el juez Baltasar Garzón. 

Junto a Camps también asistieron a los festejos de las segundas nupcias de Pérez, celebrados en el recinto del edificio Veles e Vents de la Copa del América, el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla; el secretario regional del PP, Ricardo Costa, y el director general de Ràdio Televisió Valenciana, Pedro García. Canal 9 Televisió Valenciana empezó ayer a informar del caso. 

(www.elpais.com, 12/02/09) 

ULIBARRI Y CORREA QUERÍAN REVENDER EL PAI DE LA NUCIA TRAS DESBLOQUEARLO EN EL CONSELL 

El grupo de empresarios vinculados a la trama de presunta corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón tenía olfato para los negocios en todas sus manifestaciones. Desde los tablados de última generación en mítines del PP y grandes eventos hasta los desarrollos de proyectos urbanísticos. El presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, no sólo se paseaba por la Nucia y la Marina Baixa de la mano de su jefe, Francisco Correa -presunto cabecilla del conglomerado de intereses- para montar el premio periodístico Luis del Olmo. Pusieron el ojo, sobre todo, en los terrenos rústicos con perspectivas de ser reclasificados a urbanizables.  

Los dos intentaron adquirir los terrenos incluidos en el PAI Pie del Monte, uno de los dos grandes proyectos, junto con la Serreta que se desarrollan el municipio. El plan, que contempla casi dos millones de metros, fue adjudicado en 2004 y está bloqueado pendiente de los informes favorables de impacto ambiental y de suficiencia hídrica, que otorga la Conselleria de Territorio y la Confederación Hidrográfica del Júcar.  

Correa y el responsable de Orange Market pretendían asumir el control del proyecto, desbloquearlo y revenderlo, una práctica bastante habitual en este tipo de operaciones, según fuentes conocedoras de la negociación. Se reunieron al menos dos veces con responsables de la empresa Montemar La Nucia S. L, que tiene entre sus socios al conocido empresario Francisco Murcia Puchades, pero los contactos no derivaron en acuerdo alguno. Las gestiones las realizaron Correa y Álvaro Pérez, pero la financiación iba por cuenta del empresario José Luis Ulibarri, adjudicatario de 13 TDT repartidas por el Consell. Al menos eso se desprende de un pasaje de las cintas reproducidas por El País, en el que Correa asegura: "Ulibarri pone la pasta y vamos al 50%". "De mi 50% reparto con Ramón Blanco, Álvaro [Pérez], Pablo [Crespo] y el alcalde". Los impulsores del proyecto vendieron después la mitad de los terrenos del PAI que, por cierto, resultó afectado por el incendio del Puig Campana este mes de enero. El segundo de los grandes PAI, el de la Serreta, comprende 2,7 millones de metros, 3.884 casas y campo de golf y fue también paralizado por una sentencia del TSJ de marzo de 2007.  

(www.levante-emv.com, 12/02/09)

Un miembro del PP organizó la cacería que juntó a Bermejo y Garzón

Bartolomé Molina, ex concejal de Torres, acusa a su partido de "tergiversar"

Un ex concejal del PP de Torres (Jaén) fue el organizador de la cacería en la que el pasado fin de semana coincidieron el juez Baltasar Garzón, natural de aquella localidad, y el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Ayer se ha mostrado indignado con la tergiversación que ha hecho su partido de la cacería, en la que fueron abatidos ocho muflones y cinco jabalíes.

 

Bartolomé Molina (PP), organizador de la cacería: "No deberían contar verdades a medias"

AUDIO - Cadena Ser - 11-02-2009

Bartolomé Molina, secretario general del PP en Torres (Jaén), quien organizó la cacería en la que participaron el ministro Bermejo y el juez Garzón: "No deberían contar verdades a medias" -

La montería el pasado domingo reunió en la finca Cabeza Prieta de Torres a medio centenar de personas, además del juez y el ministro. A Garzón lo invitó el organizador de la batida, su amigo Bartolomé Molina, ex concejal del PP que en 2003 fue el candidato a la alcaldía por este partido. Por su parte, el ministro fue invitado por el dueño de la finca, el empresario farmacéutico José Peñas Pérez, originario de Torres y afincado en Cataluña.

"Estuvieron sentados alejados unos del otro y en ningún momento tuvieron una conversación privada; es más, el ministro y su señora se fueron a dormir dos horas antes que el resto", indicó ayer el organizador de la montería, indignado por la "tergiversación" que su partido, el PP, está haciendo de esta montería. "Allí había gente del PP, pero también del PSOE y de IU, pero no se habló de política, se habló de caza", subraya Molina.

www.elpais.es 12.02.09

RAJOY REÚNE AL PP PARA EXIGIR LEALTAD Y PERSPECTIVA ELECTORAL 

Mariano Rajoy ha convocado hoy en Madrid al comité ejecutivo del partido. Y está decidido a reclamar a sus compañeros unidad, lealtad, honradez y visión electoral en uno de los momentos más difíciles que ha vivido esta organización, según fuentes de su entorno. Esta cita estaba prevista para la próxima semana aunque, con la tormenta que está cayendo sobre el tejado popular, no caben esperas. Rajoy está preocupado por la repercusión que, en Galicia y Euskadi, pueda tener el escándalo sobre el espionaje en Madrid o la investigación del juez Baltasar Garzón sobre la trama de corrupción, que de momento se ha cobrado cuatro dimisiones en el PP.

Por eso, hoy sacará a colación que hay dos investigaciones internas --una suspendida temporalmente y otra en marcha-- para esclarecer esos casos. Dicho esto, demandará a los suyos que se vuelquen con sus candidatos gallego y vasco, Alberto Núñez Feijóo y Antonio Basagoiti, ya que, en opinión de los más cercanos a Rajoy, en momentos tan duros se la está "jugando" todo el partido. 

En los últimos días, tanto Núñez Feijóo como Basagoiti han reconocido públicamente su desazón por el interés mediático que despierta el escándalo del espionaje o, últimamente, el sumario sobre corrupción y tráfico de influencias que instruye Garzón. Existe temor en las filas del PP por cómo pueda salpicar la investigación de la Audiencia Nacional en Madrid y Valencia, dos importantes caladeros de votos populares. "Me produce repugnancia que mientras hay concejales del PP vasco que dan la vida, que dan todo por defender sus ideas, pueda haber por ahí conseguidores que utilizando el nombre del PP, saquen dinero", enfatizó ayer Basagoiti.

Rajoy pretende insistir hoy en ese punto y advertir que, si se demuestra que algún miembro del partido ha sacado los pies del tiesto de la honradez, se tomarán medidas "contundentes". Claro que ese aviso del líder conservador está rodeado de cierta ambigüedad: el lunes, tuvieron que dimitir un consejero de Esperanza Aguirre; el alcalde del municipio de Boadilla y el exregidor de la localidad de Majadahonda sin estar aún imputados por Garzón (los dos últimos lo fueron finalmente ayer). Mientras, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se mantiene sin problemas en el cargo pese a llevar a sus espaldas varias imputaciones. 

En cualquier caso, ya hay dirigentes del PP que han señalado que es momento de limpiar la suciedad que pueda haber de puertas para dentro, o de "sacar las manzanas podridas del cesto", como dijo ayer la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría.

Más duro se mostró el ya ratificado candidato a las europeas, el veterano Jaime Mayor Oreja, que recalcó que al equipo de Rajoy no debe "temblarle la mano" a la hora de tomar medidas que ayuden a restaurar la deteriorada credibilidad del partido. Y demoledor el dirigente navarro Jaime Ignacio del Burgo, que tachó de "hijos de puta" a todos los cargos del PP que se hayan lucrado a costa de la corrupción. Eso sí, Del Burgo hizo hincapié en el "regalo electoral" que, bajo su punto de vista, ha hecho Garzón a los socialistas al destapar este asunto en víspera electoral.

Ese último argumento será utilizado, de modo algo más suave, por el propio Rajoy en el comité ejecutivo. Como ayer hiciera Esperanza Aguirre, insistirá en la "indefensión" que supone para el PP que haya "filtraciones" de un sumario secreto. Recordará además que ha presentando denuncias al respecto en la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial y que intentará personarse en la causa para tener más información. Rajoy se sabe tocado y reclama refuerzos. 

(www.elperiodico.com, 11/02/09) 

RAJOY ARREMETE CONTRA GARZÓN Y EXIGE QUE DEJE EL CASO DE LA TRAMA CORRUPTA 

Arropado por los principales dirigentes de su partido, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha defendido la "honorabilidad" de su formación y ha negado cualquier relación con la trama empresarial que se beneficiaba de sus relaciones con dirigentes populares para conseguir contratos públicos. Rajoy ha arremetido contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y ha exigido que abandone la investigación. 

El líder del PP ha añadido que su formación romperá cualquier interlocución con el ministerio de Justicia mientras Mariano Fernández Bermejo siga en el cargo. Además el PP exigirá el levantamiento del secreto de sumario y pedirá la comparecencia en el Congreso del fiscal general del Estado para que explique "el trato desigual" que, según ha afirmado, proporciona a los partidos. 

"Todo se produce en plena campaña electoral y mientras España atraviesa una crisis económica", se ha quejado Rajoy, quien ha denunciado que nunca en España la fiscalía había hecho un uso "tan partidista". 

(www.elpais.com, 11/02/09) 

BARBERÁ CONVENCE A RAJOY PARA QUE SEA ÉL QUIEN COMPAREZCA 

La intención de Rajoy en un primer momento era que compareciera ante los medios la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. Sin embargo, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha convencido a Rajoy para que fuera él quien leyera en público las conclusiones de la reunión con todos los dirigentes detrás para ofrecer una imagen de unidad. 

(www.elpais.com, 11/02/09) 

LOS LÍDERES DEL PP SE SIENTEN VÍCTIMAS DE UNA CONSPIRACIÓN 

Un día después de que Esperanza Aguirre aceptara tres dimisiones en el seno de la Comunidad de Madrid, tocaba sacar pecho. Destacados dirigentes conservadores aprovecharon ayer para defender la "transparencia y responsabilidad" con la que están actuando y presentarse como las víctimas de una campaña de filtraciones para dañar la estructura del PP. 

La primera en manifestarse fue la propia presidenta madrileña. "Me parece verdaderamente escandalosa la campaña de desprestigio emprendida contra el PP y la utilización de las instituciones, las filtraciones, me parece vergonzoso. De ello tendrán que responder quienes están impulsándolo", espetó. Después, consciente de que la imagen que su partido está proyectando no es la mejor, lanzó un mensaje a los madrileños: "Que sepan que nadie va a empañar la transparencia que tenemos en la Comunidad".  

De no empañar la imagen también habló la secretaria general del PP. Fue a la salida de un desayuno informativo con Antonio Basagoiti, el candidato de su partido para las elecciones de Euskadi, el mismo acto en el que habló Aguirre. María Dolores de Cospedal mantuvo que su partido no va a permitir "actuaciones" que "empañen una trayectoria intachable del PP de lucha por la libertad y la democracia". Al mismo tiempo, agradeció a quienes han presentado sus dimisiones que hayan querido "mantener alejado su nombre del nombre del PP para mantener la honorabilidad del partido".  

Por su parte, Basagoiti no mostró reparos, una vez más, a la hora de sostener que la trama no favorece al PP. No obstante, señaló que su partido "ha actuado de una manera clara y contundente si lo comparamos con la del PSOE, que es capaz de ir a las puertas de las cárceles a aplaudir a los condenados". El candidato del PP a la presidencia del País Vasco dijo sentir "repugnancia" de que mientras en su partido hay gente que se juega la vida por defender unas ideas, haya por ahí "unos conseguidores" que usan en nombre del PP a cambio de dinero. 

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, mantuvo que "la casi totalidad de militantes del PP es gente honorable". Además, anunció que su grupo iba a registrar en la Cámara Baja una iniciativa para que el fiscal general del Estado explique por qué hay casos bajo secreto de sumario que después se filtran. 

En esta línea, el vicesecretario general de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, se lamentó del "uso político" que se está haciendo en los últimos cinco años por parte del Gobierno "de algunos fiscales". Dijo que esto jamás se produjo en democracia, ni con Adolfo Suárez, ni con Leopoldo Calvo Sotelo ni con Felipe González ni con José María Aznar.  

Más claro y duro en sus críticas fue el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva(PP), que opinó que igual que las bombas de ETA son habituales antes de unas elecciones, "las actuaciones del juez Garzón también". El PSOE le ha exigido una rectificación.

(www.publico.es, 11/02/09) 

EL PP INTENTA MEZCLAR A RUBALCABA Y EL CNI EN LA CRISIS DE LOS ESPÍAS 

El PP quiere que la comisión de investigación creada en la Asamblea de Madrid para abordar la supuesta trama de espionaje político destapada por EL PAÍS investigue otras cosas, como el estado de la cuestión del presunto seguimiento al popular Manuel Pizarro por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hace dos años, el dictamen emitido en su día sobre el "espionaje en la Televisión Pública Gallega", el presunto espionaje en las Cajas de Ahorro en Andalucía, el presunto espionaje "ordenado por el CNI a políticos y cargos públicos de la Comunidad de Madrid"... Nada de esto tiene relación aparente con el caso por el que se creó hace apenas una semana la comisión madrileña, pero todo figura en la solicitud de documentación que el grupo popular ha presentado hoy ante el registro, apenas minutos antes de que terminara el plazo. 

El PP solicita, además, el "registro de entrada y salida de personal y visitas" en el complejo de La Moncloa, en el CNI y en el Ministerio de Interior (no precisa en qué periodo ni por qué) y reclama la "relación de actividades, presupuesto y viajes sufragados por la Fundación Pinares adscrita al PSOE de Pinto", localidad donde una polémica moción de censura desalojó al PP de la alcaldía el pasado diciembre. 

Los populares solicitan por último la documentación relativa al presunto seguimiento a Manuel Cobo, Alfredo Prada o Ildefonso de Miguel -partes del espionaje publicados por este periódico, el organigrama de la Consejería de Interior, las denuncias de los afectados ante la fiscalía- por la presunta trama relacionada con el actual Gobierno madrileño, que es de lo que trata la comisión de investigación. 

Mientras tanto, el secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, ha opinado que el mantenimiento del diputado del PP Benjamín Martín como presidente de la comisión hace que "esté en juego en estos momentos la credibilidad de la institución".  

En rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva de su partido, el secretario general de los socialistas madrileños ha pedido que Martín deje el cargo porque es una persona "bajo sospecha" y "presuntamente implicado en asuntos oscuros", en relación con las informciones que apuntan que podría haber recibido dinero a cambio de silenciar la supuesta corrupción en Boadilla. Preguntado por qué iniciativas adoptaría el Grupo Socialista si Martín sigue al frente de la Comisión, Gómez ha contestado que no concibe otro escenario que su relevo. 

También ha criticado que la presidenta de la Asamblea, Elvira Rodríguez, "actúa de parte" -a favor de su partido- al no calificar las listas de comparecientes en la cmisión presentadas por la oposición hasta que el PP haya registrado la suya. Además, el líder del PSM ha vuelto a pedir el cese "de forma automática" del consejero de Interior, Francisco Granados, esta vez tras la publicación ayer por este periódico de unas pruebas caligráficas que, sin ninguna duda para Gómez, prueban que los partes del seguimiento a Alfredo Prada entre marzo y mayo de 2008 fueron escritos por un funcionario de su departamento. 

(www.elpais.com, 11/02/09) 

EL PP NO EXPEDIENTARÁ "DE MOMENTO" A LOS IMPUTADOS 

El PP de Madrid no expedientará "de momento" a ninguno de los miembros del partido que están imputados en la 'Operación Gürtel' relacionada con una supuesta trama urbanística y que ya ha supuesto la dimisión del alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero; del gerente del Mercado Puerta de Toledo y ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega; y del consejero de Deportes, Alberto López Viejo. 

Así lo anunció hoy tras la reunión del Comité de Dirección del PP de Madrid el secretario de Comunicación de la formación, Juan José Güemes, quien quiso dejar claro que "es rotundamente falso" que el supuesto cabecilla de la red, Francisco Correa, así como cualquiera de sus empresas o de las personas que están siendo investigadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón "haya participado en la programación o financiación de eventos o actos públicos del PP regional". 

"Correa no ha organizado ningún acto del PP de Madrid al menos desde noviembre de 2004, es decir, desde que Esperanza Aguirre es presidenta del partido en Madrid", indicó Güemes.  

El secretario de Comunicación del PP madrileño anunció que el Comité de Dirección del partido ha decidido que el alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Bartolomé González, apoye al PP de Boadilla para salvar la situación tras la dimisión de González Panero y para buscar cuanto antes un nuevo alcalde. No obstante, precisó que de momento no se prevén cambios en el PP de la localidad. 

(www.elpais.com, 11/02/09) 

LA TRAMA CORRUPTA SE AMPLÍA A 37 IMPUTADOS 

El juez Baltasar Garzón ha imputado a 37 personas en la supuesta trama de corrupción que dirigía Francisco Correa, el hombre que durante 12 años, hasta 2004, fue proveedor principal del Partido Popular nacional para sus actos públicos, y que sigue colaborando con determinadas administraciones gobernadas por este partido en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana. Entre los imputados figuran cargos públicos del PP (un alcalde y un director general de una empresa autonómica, ya destituidos por Esperanza Aguirre, y un asesor de un concejal del PP madrileño afín a la presidenta autonómica); abogados (que actuarían como gestores o administradores de las empresas de la trama) y empresarios de la construcción o del sector inmobiliario (que aprovecharían las relaciones de los cabecillas de la red para obtener recalificaciones urbanísticas o negocios del mismo tipo en ayuntamientos gobernados por el PP). Muchos imputados aparecen en las grabaciones aportadas al sumario. 

EL EX SOCIO DE AGAG. Gimnasia con Correa

Jacobo Gordon fue socio de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar. En las grabaciones, aparece reiteradamente. Correa alardea de hacer gimnasia con él. Presuntamente, comparte un fondo de inversión con varios de los imputados de la trama, según los indicios de los denunciantes. En las grabaciones aportadas al sumario, Correa alude a una promoción impulsada junto con Gordon en Majadahonda por la que pagaron un precio "desorbitado". Correa, en otra grabación, recibe una llamada donde le preguntan si ha hablado con Jacobo del "tema valenciano". El cabecilla de la trama comenta en otra conversación la "desastrosa" gestión de Gordón en algunos negocios hasta el punto de llevar a la ruina a algunos fondos de inversión que comparten. "Jacobo, todo el verano con Aznar y no es capaz de pedirle que nos eche una mano para desbloquear la licencia. No ha hecho nada". 

EL ALCALDE. "Si le doy la cinta se caga"

Arturo González Panero, ex alcalde del PP en Boadilla del Monte. Ayer dejó el cargo obligado por su partido. Sobre él recaen múltiples sospechas de trato de favor a la red de Correa. Los supuestos corruptos hablan mucho sobre este alto cargo en sus conversaciones. Isabel Jordán, administradora de una de las sociedades de la red, asegura que el alcalde se irá en la próxima legislatura porque ha hecho mucho dinero, pero, al mismo tiempo, le intentan presionar con supuestos vídeos comprometedores. "Si le doy la cinta que tengo del Albondiguilla [mote con el que se refieren al alcalde], se caga, pero voy también al trullo". Y alardea de sobornos: "Ahora no voy a tener para pagar al Albondiguilla", ironiza Correa. 

EL CONSTRUCTOR. "Me ha dado unas pesetas por la parcela"

José Luis Ulibarri es un constructor con el que, supuestamente, Correa hace negocios basados en su tráfico de influencias para conseguir recalificaciones urbanísticas. El trato de Correa con Ulibarri es casi íntimo. "Os traigo a Ulibarri y se sienta con vosotros dos; soy amigo de los dos; le he vendido mi barco a Ulibarri, en la parcela de Boadilla me ha dado unas pesetas por la parcela. Debemos ayudarlo". 

EX ALCALDE. "Cerebro de mosquito"

Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y, hasta el lunes, director general del Mercado Puerta de Toledo, empresa pública de la Comunidad de Madrid. Correa no siente, precisamente, aprecio por él. "Mi mujer compró un piso de la Rata , le costó 54 millones al cerebro de mosquito". 

OTRO CABECILLA. "Ganamos 12.000 kilos"

Álvaro Pérez es otro de los cabecillas de la trama. Dirigente de Orange Market, empresa que sucedió a Special Events, trabajó intensamente con administraciones del PP en Valencia. Y cosechó abundantes contratos de la propia Generalitat valenciana. "Víctor me puede nombrar hoy por la cara, coordinador general de no se qué del evento". Se refiere a la visita papal. 

En presencia de Álvaro Pérez, Correa detalla el negocio que está preparando en el ayuntamiento alicantino de La Nucia, también gobernado por el Partido Popular: "Estoy en un tema gordo en Valencia, con un PAI [plan urbanístico] prácticamente cerrado. El tío del PAI nos pide 1.000 kilos de más, compramos a 10.000 y vendemos a 20.000, ganamos 12.000 kilos, he metido un montón de gente, Ulibarri pone la pasta y vamos al 50%, de mi 50% reparto con Ramón Blanco, Álvaro [Pérez], Pablo [Crespo] y el alcalde. Estos tíos nos meten más metros en el PAI que no computan". En otro momento de las conversaciones grabadas aportadas al sumario, Pérez se marca otro éxito comercial: "Voy a organizar la presentación del barquito con el ballet nacional", en alusión a la Copa América de Vela. 

(www.elpais.com, 11/02/09) 

LOS PRINCIPALES IMPLICADOS 

- Francisco Correa. Presunto jefe de la trama. Está ligado a Special Events, que recibió contratos del Partido Popular nacional, y cuya filial Orange Market recibe encargos del PP valenciano. Fue testigo de Alejandro Agag en su boda con la hija de Aznar. 

- Pablo Crespo. Ex secretario de Organización del PP gallego, está relacionado, entre otras, con Special Events o Pasadena Viajes (contratada por varios ayuntamientos del PP). 

- Antoine Sánchez. Empresario. Sobre éste y los dos primeros, detenidos desde el viernes, Garzón decidirá hoy si los envía a prisión. 

- Álvaro Pérez Alonso, responsable en la Comunidad Valenciana de Orange Market, que ha recibido numerosos encargos del PP valenciano. Además, están imputados Cándido Herrero Martínez, su hermano Francisco Javier Pérez y Luis de Miguel Pérez y Mónica Magariños Pérez, relacionados con la empresa. 

- Arturo González Panero. Hasta ayer alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) por el PP. Viajó con Correa a Miami en 2002. 

- Guillermo Ortega. Ex alcalde de Majadahonda. Fue destituido anteayer por Esperanza Aguirre como gerente del Mercado Puerta de Toledo, dependiente de la Comunidad de Madrid. Durante su mandato, la esposa de Correa, María del Carmen Rodríguez, también imputada, era su jefa de gabinete. Rodríguez es hija de Emilio Rodríguez Bugallo, constructor detenido en la operación Malaya en Marbella. 

- José Ramón Blanco Balín. Ex consejero delegado de Repsol YPF y ex miembro de los consejos de administración del Banco Zaragozano, la cadena de hoteles NH o la empresa de fertilizantes Ercros. Socio de Orange Market. 

- Jacobo Gordon Levenfeld. Ha tenido relación con Alejandro Agag en la empresa Natko. Son amigos de la infancia y, al igual que el jefe de la trama, fue testigo de la boda de Agag con Ana Aznar. 

- José Luis Ulibarri. Presidente del grupo Begar, dedicado a la construcción y las telecomunicaciones. Es propietario del Diario de León y tiene un 20% de Punto Radio y participación en el Diario de Soria, Correo de Burgos, así como en las televisiones de Castilla y León (el Gobierno autonómico le concedió dos canales de TDT hace menos de 15 días) y en la local de León. Es propietario de la empresa que gestiona la Televisió Municipal de València (TMV) 

- Guillermo Martínez-Lluch. Director de la sucursal en Miami de Bancaja. La entidad afirmó ayer que su jefe no ha recibido ninguna notificación.  

- Pablo Collado Serra. Fue director general de la Fundación Balear Sostenible en el Gobierno de Jaume Matas, del PP. Ligado a Easy Concept. 

- José Javier Nombela Olmo. Asesor del presidente del PP en el distrito de Moncloa (Madrid). Ex presidente de Nuevas Generaciones del PP en ese distrito. Estuvo ligado a Easy Concept y Special Events. 

- María Victoria Romero Párraga. Relacionada con Deadline Events, empresa vinculada a Orange Market que, por contrato con el Metro de Madrid, de la Comunidad, realizó un polémico anuncio en el que se mofaban de un seguidor del Atlético de Madrid. Socia fundadora de Special Events y Pasadena Viajes. 

- Jesús Calvo Soria. Ex gerente de la Universidad Complutense. Participó en la logística de la moción de censura de un partido local, el PP y un tránsfuga que derrocó al alcalde socialista de Bormujos (Sevilla) en 2005. 

- Manuel Delgado Solís. Abogado. Es consejero de Unión Fenosa, ACS y ha estado vinculado a Cajamadrid. 

(www.elpais.com, 11/02/09) 

AGAG Y SUS AMIGOS IMPLICADOS 

Algunos de los amigos de Alejandro Agag que acudieron a su boda con Ana Aznar, hija del ex presidente del Gobierno José María Aznar se han dedicado estos años a la política y a los negocios con resultados traumáticos para ellos. 

Al menos tres de esos amigos han caído estos días en la red de supuesta corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón. El cabecilla de la trama, Francisco Correa, fue uno de los testigos de la boda de Agag, y era un viejo conocido de todo el PP pues se encargaba de montar todos los eventos durante la era Aznar. Ahora ha sido detenido por orden de Garzón y en las grabaciones aportadas al sumario aparecen sus palabras amenazantes hacía políticos que no se pliegan o sus reflexiones sobre las maneras de hacer negocios rápidos y muy rentables. 

Otro testigo de la boda, también amigo y, además, ex socio de Alejandro Agag en alguna empresa, fue imputado ayer por Garzón. Se trata del empresario Jacobo Gordon. 

Por último, Alberto López Viejo, consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid hasta ayer mismo, también fue uno de los invitados a la boda, así como Álvaro Pérez Alonso. Sus relaciones con Correa le han llevado al precipicio. 

Aguirre decidió prescindir de sus servicios el pasado lunes tras comprobar que el departamento de López Viejo había contratado, en alguna ocasión con bastantes anomalías, servicios de la red empresarial que dirigía Correa. 

El desmantelamiento de esta trama empresarial por la actuación de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Baltasar Garzón ha supuesto un terremoto dentro del PP. 

(www.elpais.com, 11/02/09) 

GARZÓN INVESTIGA LOS VÍNCULOS DE LA RED CON UN 'PELOTAZO' EN CASTELLÓN 

El juez Baltasar Garzón ha imputado al constructor José Luis Ulibarri, que aparece en múltiples conversaciones grabadas donde el cabecilla de la supuesta red corrupta, Francisco Correa, le cita para hablar de grandes pelotazos urbanísticos cuyos beneficios se iban a repartir a medias. Correa llega a comentar que en la adjudicación de una parcela en Boadilla del Monte a una empresa de Ulibarri se ganó una comisión. "Le he vendido mi barco a Ulibarri. En la parcela de Boadilla me ha dado unas pesetas por la parcela. Debemos ayudarle. Me interesa seguir haciendo negocios cuatro años en Boadilla", señala. 

También habla de Ulibarri para comprar unos terrenos en un municipio alicantino y lograr unas plusvalías de "12.000 kilos". El proyecto no cuajó. 

En la denuncia sobre la red corrupta también aparece un supuesto pelotazo en Xilxes (Castellón) que sí parece haberse consolidado. La empresa UFC, propiedad de Ulibarri, forma parte del accionariado de Xilxes Golf Resort. La sociedad presentó un programa para construir, sobre 1,7 millones de metros cuadrados, un campo de golf y 6.500 viviendas. El suelo afectado era, en su totalidad, rústico pero fue recalificado como urbanizable, al margen de las áreas reservadas como zona verde y suelo terciario. 

El Plan de Actuación Integrada (PAI) pasó la tramitación y obtuvo el informe positivo sobre la declaración de impacto ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. En mayo pasado, la Comisión de Urbanismo, que es la que ha de dar el último aprobado a los proyectos y que depende del Gobierno de Francisco Camps, dio el visto bueno a la actuación aunque requirieron al Ayuntamiento para que realizara unas correcciones sobre la necesaria reserva de suelo para la construcción de viviendas de protección oficial y modificaran un aspecto de los accesos. 

Aunque entonces fuentes del departamento calificaron las modificaciones de "no muy importantes", ayer se afanaron en señalar que el proyecto no tiene la aprobación definitiva, ya que ha de volver a pasar por la Comisión de Urbanismo. En cualquier caso, el aprobado, con condiciones, de la comisión se realizó pese a la existencia de un informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que señaló que no estaban garantizados los recursos hídricos para este desarrollo. Como en otras ocasiones, la Generalitat Valenciana consideró que los informes de la CHJ no son vinculantes. 

El informe favorable a este PAI se incluyó en la primera tanda de resoluciones positivas que adoptó el Gobierno valenciano en 2008, después de que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, constructores y empresarios del golf, entre otros, arremetieran contra el Ejecutivo valenciano por los supuestos retrasos en la aprobación de programas urbanísticos. 

La sociedad que inicialmente, en 2004, presentó el proyecto estaba formada por promotores de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, en 2006 comenzó a moverse el accionariado ya que algunos de los socios de Xilxes Golf Resort optaron por adquirir otra sociedad, Costa Malvarrosa, que había presentado una propuesta colindante a la primera, de 1,2 millones de metros cuadrados, otras 4.500 viviendas y un campo de golf. 

El visto bueno de la Generalitat Valenciana, en mayo de 2008, se realizó de manera conjunta. Fue poco después cuando parte de los promotores se salió de Xilxes Golf Resort y entró UFC. La relación entre ambas sociedades llegó a través de Andrés Selma, un empresario inmobiliario que participa en grupos de comunicación con José Luis Ulibarri, presidente de UFC. Ambos, Ulibarri y Selma, son socios mayoritarios de Mediamed, firma concesionaria de 13 licencias de Televisión Digital Terrestre (TDT) en la Comunidad Valenciana. 

(www.elpais.com, 11/02/09) 

CORREA AFIRMA QUE LÓPEZ VIEJO CARGA A LA COMUNIDAD DE MADRID GASTOS DEL PP 

Francisco Correa -cabecilla de la trama empresarial que supuestamente se beneficiaba de sus relaciones con altos dirigentes del PP para conseguir contratos públicos o recalificaciones urbanísticas- se ufanó en una de las conversaciones con sus socios, grabadas y aportadas al sumario, de que un consejero de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, cobraba comisiones por distintos favores y, además, obligaba a las consejerías a pagar con dinero público actos del PP que montaba el propio Correa. 

En una de las afirmaciones más explosivas grabadas al jefe de la red de corrupción vinculada al PP, Francisco Correa, recibe una llamada de Álvaro Pérez, gestor de una filial de grupo afincada en la Comundad Valenciana, y le expone lo siguiente: "Alberto [López Viejo, ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid] se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio kilo". 

A continuación, Francisco Correa, tras hablar de una promoción inmobiliaria en Las Rozas de un constructor implicado en la operación Malaya y que es muy amigo de un ex concejal de Vivienda del PP en Madrid, vuelve a detallar la operativa que ha tenido su trama para contratar con la consejería que dirige López Viejo. Es en este contexto cuando Correa comenta la deuda que la Comunidad de Madrid tiene con su grupo empresarial. Aclara que se trata de deudas por actos del Partido Popular que, supuestamente y según su relato, pagan directamente las Consejerías con el presupuesto de la Comunidad de Madrid. Lo hace fraccionando los pagos, siguiendo indicaciones del consejero que, según cuenta Correa, incluso les ha obligado a crear empresas para poder contratar con los distintos departamentos de la administración. Hace varios días, este periódico preguntó a López Viejo si su consejería había contratado los servicios de alguna de las empresas de Correa y lo negó tajantemente a través de un portavoz. 

Aguirre destituyó el lunes a López Viejo que, durante los últimos años, se ha ocupado de los actos públicos de la presidenta de la Comunidad de Madrid y también de los actos del PP en la región. Su jefe directo, cuando hacía estas funciones y ocupaba el cargo de viceconsejero de Presidencia, era el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González. 

(www.elpais.com, 11/02/09) 

LÓPEZ VIEJO ORGANIZÓ ACTOS OFICIALES SIN ESTAR EN EL GOBIERNO DE MADRID 

El equipo de Aguirre sostuvo que el recién dimitido consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, organizó actos oficiales de la Comunidad antes de tener un cargo en el Gobierno de Esperanza Aguirre como viceconsejero de Presidencia. La explicación, ofrecida por fuentes del PP madrileño, implica admitir una irregularidad pero protege con un cortafuegos a quien fue titular de Presidencia entre noviembre de 2003 y diciembre de 2004, el vicepresidente Ignacio González.  

Las citadas fuentes esgrimieron la versión antes citada cuando se les preguntó quién había contratado a Easy Concept (antes denominada Down Town Consulting), una de las empresas de la trama de Boadilla, para organizar el homenaje a los miembros de los operativos que intervinieron en el 11-M. Ese acto se celebró el 25 de marzo de 2004 y, hasta exactamente dos meses después, el 25 de mayo,López Viejo no fue designado viceconsejero de Presidencia. Según el PP de Madrid, González no participó en la adjudicación de ese contrato a Easy Concept ni en los posteriores.  

Antes de ser viceconsejero y desde su escaño de diputado autonómico, López Viejo operaba a modo de asesor extraoficial como encargado de gestionar "todos los actos de la presidenta", tarea que conservó una vez incorporado al Ejecutivo.  

Como informó Público el pasado domingo, Easy Concept cobró 140.000 euros por organizar el homenaje del 11-M. El importe total se dividió en 15 contratos, todos ellos por cuantía inferior a 12.000 euros, cifra que la ley señalaba hasta 2007 como tope máximo para hacer adjudicaciones a dedo: es decir, sin concurso o procedimiento negociado, figuras todas ellas que obligan a tramitar un expediente documentado. "No daba tiempo", alegan ayer en el PP de Madrid. Y el interventor de Presidencia remachan "no puso ningún reparo" ni vio "atisbos de ilegalidad". La ley prohíbe fraccionar contratos para disminuir su cuantía y asegurar así la adjudicación directa. 

En total, Easy Concept y Good and Better, otra de las sociedades del entramado societario que manejaban los presuntos sobornadores y traficantes de influencias, facturaron 562.000 euros a la Comunidad de Madrid entre abril de 2004 y el mismo mes de 2005. Ambas firmas lograron 76 contratos directos, buena parte de los cuales procedían de adjudicaciones fraccionadas. El entorno de Aguirre aduce que, en el caso del 11-M, los contratos se trocearon por la urgencia de la tarea. En 2006, el Gobierno de Aguirre defendió en sede parlamentaria las adjudicaciones a ambas sociedades. 

"Reticencias" de González

Al organizador López Viejo "se tardó tiempo en encontrarle hueco por las reticencias de Ignacio González", deslizaron las fuentes consultadas sin precisar qué causó esa desconfianza, pero poniendo el énfasis en que el vicepresidente no quería contar con él. De manera implícita, Aguirre ya endosó el lunes a su hasta entonces consejero de Deportes la responsabilidad exclusiva de que Easy Concept y Good and Better se hubieran colado en el engranaje de adjudicaciones.  

 (www.publico.es, 11/02/09)

 EL ALCALDE DE BOADILLA NO SE FUE HASTA QUE NO CAYÓ LA 'NÚMERO DOS' 

Anteayer, Antonio González Panero, del PP, se resistió a cesar en su cargo como alcalde de Boadilla del Monte, pese a que lo había anunciado su presidente nacional, Mariano Rajoy. Ayer, el pleno en el que finalmente iba a renunciar se fue retrasando a lo largo de la mañana. ¿La razón? No se fue hasta que la número dos del grupo, María Jesús Díaz, su enemiga declarada, firmó la renuncia al acta de concejal. Terminaban 28 tensas horas de tira y afloja en las que el ahora ex alcalde, imputado por el juez Garzón en la trama de corrupción vinculada al PP, desafió la autoridad de Rajoy y del secretario del partido en Madrid, Francisco Granados. El regidor cesante, con el rostro demudado, no admitió preguntas. Ni de la oposición, durante el pleno, ni de los periodistas, durante su comparecencia. 

(www.elpais.com, 11/02/09) 

UNA DIMISIÓN CON CONDICIONES 

Primer aviso de la mañana desde el Ayuntamiento de Boadilla: la dimisión del alcalde Arturo González Panero se hará pública a las doce en un pleno extraordinario. Anuncio fallido. Se retrasa a la una de la tarde. Pasa la hora. Nada. Finalmente, a las dos y media, un demudado Panero preside por última vez una sesión plenaria, la de su destitución como regidor. Alrededor, cámaras, periodistas, algunos amigos, pero pocos vecinos. De paso se lleva por delante a María Jesús Díaz, a la que en diciembre pasado desposeyó de sus cargos como primera teniente de alcalde y concejal de Sanidad, y su sucesora natural al haber ocupado el número dos en las listas. 

Se lo había exigido al PP: si ella no se iba, él tampoco. "Estaba fuera de lugar que si yo dejaba la alcaldía pasara a ser alcaldesa alguien que podría estar generando el conflicto en Boadilla", declaró ayer en un comunicado que leyó a los medios de comunicación después del pleno. No admitió preguntas. Pero mientras Díaz abandona su acta y el Ayuntamiento, él continuará trabajando en el equipo de gobierno como concejal. 

Ayer no era día para contestar preguntas. Panero tampoco dejó intervenir a los grupos de la oposición, PSOE y APB, que exigían una explicación pública. "No voy a dejar que el pleno se convierta en un circo. Me parece lamentable", zanjó Panero. 

La sesión acabó pronto. Un cuarto de hora bastó para que se admitiera la renuncia de Díaz. El ya ex alcalde salió por una puerta lateral, deprisa y acompañado de sus concejales afines. Todos, menos dos: Díaz y Fernando Sánchez, al que el ex regidor ha denunciado por calumnias al considerarle autor de un dossier en el que se le acusa de enriquecimiento. Un documento que Panero recordó ayer que es anónimo: "Ahí se puede poner cualquier cosa, hasta que yo maté a Manolete". 

El PP de Madrid decidirá el nombre del próximo primer edil en un máximo de 10 días. Hasta entonces, la primera teniente de alcalde y concejal de Obras, Belén Húmera, ocupará el puesto de alcalde en funciones. 

En una comparecencia posterior al pleno, Panero explicó que hubo un "malentendido" cuando el presidente de su partido, Mariano Rajoy, anunció su renuncia el pasado lunes, que él luego desmintió. El ex primer edil sostiene que actuó de acuerdo con las directrices del PP. El lunes por la mañana se reunió con el secretario general, Francisco Granados. "Quedamos en que hasta que no saliera de la Audiencia Nacional yo no ponía el cargo a disposición del partido". Pero antes de que él abandonara la Audiencia, Rajoy anunció que el alcalde había dimitido. "No sé de dónde pudieron venir los malos entendidos", indicó. 

(www.elpais.com, 11/02/09) 

28 HORAS PARA DIMITIR DE ALCALDE Y SEGUIR DE CONCEJAL 

- 9 de enero. 10.00. "Tienes que dimitir". El secretario general del PP madrileño, Francisco Granados, pide al alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, que dimita. 

- 13.00. Rajoy: "Ya no es alcalde". Mariano Rajoy anuncia que el regidor ha puesto su cargo a disposición del PP. 

- 13.15. "No he puesto el cargo a disposición". Al salir de la Audiencia Nacional, el alcalde niega haber dimitido. 

- 13.30. "No hay marcha atrás".Granados le pide de nuevo que dimita. 

- 15.00 "No dimitiré si no hay imputación". En Boadilla, el alcalde, rodeado de 14 de sus 16 concejales, considera "absurdo" dimitir. 

- 19.00. Sólo si se va la 'número 2'. Granados convoca al alcalde y a los concejales a la sede del PP en Génova. González Panero acepta dimitir sólo si también lo hace su número dos, María Jesús Díaz, con la que está enfrentado. 

- Martes 10. 12.00. La dimisión se retrasa. Para esa hora está convocado el pleno que debe aprobar la dimisión del alcalde. Se retrasa a las 13.00 porque María Jesús Díaz no ha presentado todavía su renuncia al acta de concejal. 

- 12.30. Imputado el alcalde. El juez Garzón levanta parcialmente el secreto del sumario de la red de corrupción vinculada al PP. González Panero es uno de los 37 imputados 

- 13.30. Primero ella. La número dos firma su renuncia y entrega el acta de concejal. Minutos después, el alcalde presenta su dimisión como regidor, pero mantiene su acta como concejal. 

- 14.30. Dimite como alcalde, sigue de concejal. El pleno admite la renuncia total de Díaz y la dimisión como alcalde de González Panero 

(www.elpais.com, 11/02/09) 

DÍAZ Y PANERO SE ENFRENTARON POR EL PROYECTO DE UNA RESIDENCIA DE ANCIANOS 

La buena relación entre el ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y María Jesús Díaz, la concejal a la que ha obligado a abandonar el Ayuntamiento para impedir que ocupara el puesto de alcaldesa al dimitir él, comenzó a deteriorarse en el verano de 2007. Hasta entonces habían sido compañeros de equipo de gobierno en varias legislaturas. Dieron sus primeros pasos en política juntos como concejales en 1991. En las elecciones de 2003, Panero llamó a Díaz y le dio el puesto de primer teniente de alcalde. 

Todo marchaba sobre ruedas. Pero algo se rompió después de los comicios de 2007, hasta el punto de que Panero ha exigido ahora su cabeza. Díaz se enfrentó con él por el proyecto de construcción de una residencia de ancianos en medio del bosque de Boadilla. "Quizá todo empezó a ir mal ahí. Pero yo no estoy en su cabeza", dice la ex edil. 

Panero incluso sospecha que ella puede estar detrás de las acusaciones que le acusan de enriquecimiento, según un dossier que, según Panero, fue elaborado por el concejal Fernando Sánchez. Díaz lo niega. "Yo no conozco ese dossier. Si tuviera la valentía de decirlo delante de mí iría directamente al juzgado de guardia para denunciarlo". Ella achaca las malas relaciones personales a que le disputó la presidencia del partido en el municipio el pasado diciembre. González revalidó su puesto con un 57% de los votos, mientras Díaz obtuvo el 43%. La edil pensaba que su proyecto mejoraba la actual gestión municipal. 

"Está claro que tenemos un concepto distinto de lo que significa la libertad de presentarse a unas elecciones. Él lo ve como un enfrentamiento y yo como una mejora para el municipio, que es de lo que se trata". La ex edil pensaba que Boadilla necesitaba otra trayectoria de gestión "con más apertura al exterior". A partir de ese momento, Díaz perdió la confianza del alcalde, que la despojó de sus competencias como primera teniente de alcalde y concejal de Sanidad. 

(www.elpais.com, 11/02/09) 

LA DIMISIÓN DEL ALCALDE DE BOADILLA DA UN RESPIRO A RAJOY 

"Bueno, ya ha dimitido el alcalde de Boadilla". Mariano Rajoy parecía aliviado a media tarde de ayer en los pasillos del Congreso de los Diputados en una charla informal con periodistas. Más de 24 horas después de que él lo diera por hecho, con la información que Esperanza Aguirre le había facilitado, el PP de Madrid consiguió convencer a Arturo González para que deje la alcaldía, aunque se quedará como concejal, pese a estar imputado por el juez Baltasar Garzón. 

Rajoy estaba comentando la buena noticia cuando le entró un mensaje con una noticia a su Iphone y cambió la cara. Después respiró. "Uf, es que con estos mensajes... Cinco detenidos, dice aquí... en el País Vasco francés. Menos mal", sonreía. La anécdota muestra la tensión en la que vive el líder del PP, como todo el partido, ante la sucesión de escándalos internos, y su enorme capacidad de resistencia e ironía. 

Reunión de urgencia

González cayó al final -aunque no está suspendido de militancia pese a su imputación-, pero se resistió de nuevo, hasta que a las 14.30, en un pleno en el que no dejó hablar a la oposición, cedió. Sólo lo hizo, a pesar de su imputación, cuando entregó su acta de concejal María Jesús Díaz, la segunda en la lista y sucesora natural, a la que estaba enfrentado. Ésa es la cabeza que él pidió y que el partido le concedió para que no se enrocara, lo que les habría forzado a promover una moción de censura de resultado incierto. 

Rajoy se enfrenta hoy, resuelto el entuerto de Boadilla, a una reunión clave, un Comité Ejecutivo extraordinario para tratar la investigación interna que ha decidido poner en marcha para investigar la relación del PP con la trama corrupta que persigue el juez Garzón. Rajoy pedirá a los suyos, según su entorno, apoyo a sus medidas en estos momentos difíciles. 

Aunque es poco probable que nadie alce la voz en una reunión de más de 100 personas elegidas por el propio Rajoy, que sacó de allí a todos los que le criticaron antes del congreso de Valencia, el desconcierto es total en las filas del partido. Nadie sabe bien cómo acabará la crisis y casi todos los dirigentes temen que deje muy tocada a Esperanza Aguirre y a Francisco Camps, pero especialmente al líder, que es quien sufre el deterioro de la imagen del conjunto del PP. 

(www.elpais.com, 11/02/09) 

UNA DE LAS EMPRESAS INVESTIGADAS OBTUVO 340.000 EUROS DE CULTURA 

Una de las empresas de la red investigada por el juez Baltasar Garzón en la Operación Gürtel consiguió dos contratos de la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid por valor de 339.570 euros. La firma Servimadrid Integral, SL, obtuvo en 2005 y 2006 los contratos para la organización y celebración de la gala de entrega de los Premios de Cultura y la Medalla Internacional de las Artes en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

En ambas fechas, el responsable de la Consejería de Cultura y Deportes era Santiago Fisas, actual consejero de Cultura, que ahora volverá a hacerse cargo de ambas carteras tras la marcha de Alberto López Viejo (ex consejero de Deportes), quien dimitió el lunes después de que se conociera su relación con la trama de empresarios investigados, que encabeza Francisco Correa. Fisas declinó ayer pronunciarse sobre este asunto a través de un portavoz. 

Según las pesquisas abiertas por Garzón y la Fiscalía Anticorrupción, López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para darlos supuestamente a empresas vinculadas a Correa. López Viejo adjudicó a estas firmas al menos nueve contratos por 75.338 euros entre 2004 y 2005. El importe de todos era inferior a 12.000 euros, lo que evitaba que fueran sacados a concurso y publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

En la primera convocatoria se celebró un concurso abierto, al que se presentaron tres empresas, según un portavoz de la Comunidad de Madrid. En octubre de 2005, con un presupuesto de licitación de 180.000 euros, Servimadrid Integral, SL, obtuvo la adjudicación por 18.000 euros menos y la oferta más barata de las tres aspirantes. Al año siguiente, la misma contratista mejoró la oferta de salida en 12.430 euros, pero esta vez optó al proceso en solitario. 

El presupuesto del contrato, según la Comunidad de Madrid, contempla distintas actuaciones, como el montaje y desmontaje del escenario, invitaciones para 3.000 asistentes, servicio de catering, personal para atender a los invitados, decorados y medios técnicos para el acto, guión y documentación de la gala, siete estatuillas y una medalla cuyo diseño decide la Comunidad de Madrid. También están incluidos en esa partida la contratación de los presentadores de la gala, la proyección de un vídeo institucional y otra grabación homenaje para cada uno de los premiados. 

Servimadrid Integral volvió a optar al concurso para organizar la gala de la cultura durante los dos años siguientes, en los que no resultó elegida. Desde 2007, se encarga de organizar el evento otra firma, Impulsa Iniciativas y Medios, SL, que en los últimos dos años ha obtenido el contrato por 151.850 euros (25.650 menos de lo que ofreció Servimadrid en una de las convocatorias anteriores) y 153.500. La Comunidad no ofreció ayer ninguna explicación de por qué resultó más cara la gala durante los años que la organizó Servimadrid. Enrique Conde, responsable de Impulsa Iniciativas y Medios, aseguró que el presupuesto que presentó su empresa y por el que organizaron el acto, les dejó un margen de beneficios "razonable". 

La Medalla Internacional de las Artes se otorga desde el año 2000 para fomentar la cultura dentro de la Comunidad de Madrid. A lo largo de estos años han resultado galardonados, entre otros, el escritor Mario Vargas Llosa, la cantante de ópera Teresa Berganza y el tenor Plácido Domingo. 

Las investigaciones sobre Servimadrid llevaron el pasado viernes a que funcionarios de la Policía Judicial requirieran documentos en los ayuntamientos de Boadilla del Monte y Majadahonda para investigar su relación con esta empresa, con Easy Concept y con Pasadena Viajes, vinculadas a la presunta trama de corrupción. 

El alcalde de Boadilla, el popular Arturo González Panero -uno de los imputados en la trama- presentó ayer su dimisión como primer edil y anunció que se mantendrá de concejal en su municipio. El ex alcalde de Majadahonda, el también cargo popular Guillermo Ortega, dimitió como gerente del Mercado Puerta de Toledo el lunes y también ha resultado imputado en la trama que investiga Garzón. 

(www.elpais.com, 11/02/09) 

LAS ROZAS ADJUDICÓ CONTRATOS A SPECIAL EVENTS DE FORMA IRREGULAR 

La mancha de corrupción investigada por el juez Baltasar Garzón en administraciones gobernadas por el PP se extiende por la región como una espesa mancha de aceite. El Ayuntamiento de Las Rozas contrató entre 2002 y 2003 a Special Events, la principal empresa investigada en la trama de corrupción, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. 

La concejal de Educación del municipio, Gema Matamoros, adjudicó los contratos para organizar los actos de inauguración de las Olimpiadas Escolares de 2002 y 2003. Esta edil es la esposa del ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, imputado por el juez Garzón. 

Matamoros troceó los contratos de Special Events por importes inferiores a 12.000 euros para evitar sacarlos a concurso público. La edil aprobó el gasto de "urgencia". Según consta en un acta municipal, "hubo que ordenarlo sin disponer del tiempo imprescindible para poder realizar cualquier tipo de tramitación". En el curso de 2002, Special Events emitió seis contratos por importe de 24.040 euros, todos con la misma fecha. Los conceptos de las facturas dejan claro que tenían el mismo objetivo: decoración, escenario, sonido, speaker-conductor de ceremonia, exhibición de vuelo de paramotores y personal técnico del acto de inauguración. El interventor municipal advirtió en 2002 de esta irregularidad. 

Un portavoz del Ayuntamiento de Las Rozas explicó ayer que acaban de conocer este caso y aplazan hasta hoy una explicación más elaborada. También aseguró que la concejal de Hacienda ha reclamado las facturas de Special Events para comprobar si son irregulares.En 2003, Matamoros volvió a contratar a Special Events para organizar el acto de inauguración de las olimpiadas escolares por 17.266 euros en total. Y procedió como el año anterior. Troceó el contrato en cuatro facturas para evitar el concurso público. Los mismos conceptos y la misma fecha. El interventor volvió a poner reparos al fraccionamiento del gasto. Pero Special Events cobró por segundo año consecutivo del Ayuntamiento de Las Rozas. 

Un año antes, su marido, alcalde de Majadahonda, había utilizado la misma fórmula para adjudicar a Special Events la realización de un vídeo titulado Creciendo en calidad de vida. Guillermo Ortega fragmentó el contrato en cinco facturas por un importe global de 28.571 euros. Así evitaba el concurso público. 

Los principales accionistas de esta sociedad son Pablo Crespo y Carmen Rodríguez Quijano, ambos imputados por el juez Garzón. Además, Rodríguez es la esposa de Francisco Correa, el supuesto cabecilla de la trama, y jefa de gabinete del ex alcalde de Majadahonda. 

Otra de las empresas del complejo entramado de compañías vinculado con el caso investigado por Garzón es Technology Consulting Management (TCM), cuyo titular es Pablo Crespo Salaris, imputado por el juez y ex secretario de organización del PP en Galicia. Esta empresa tiene contratos repartidos por toda la Comunidad de Madrid. 

En el año 2000, el Ayuntamiento de Arroyomolinos recibe el asesoramiento sobre las modalidades de gestión de los servicios públicos, y especialmente sobre la sociedad pública para la gestión de la vivienda y suelo municipal, por 1.800 euros, según consta en la relación de contratos que TCM presenta para demostrar su viabilidad técnica en el concurso de la gestión de la oficina de atención al cliente de Majadahonda. 

Esta empresa también realiza informes sobre el modo de prestación de servicios del Ayuntamiento de Ciempozuelos en el año 2001, por 12.000 euros. 

Ese mismo año, la empresa Limpiezas Crespo contrata a TCM para que le asesore en el concurso de limpiezas del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por unos 21.000 euros. La empresa se hizo con la contrata de limpieza municipal. Un año después, en 2002, prepara otro informe sobre las necesidades organizativas de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Boadilla del Monte para la empresa Asesoramiento y Desarrollo Local. Por este trabajo recibió 1.202 euros. 

Además, entre noviembre de 1999 y noviembre de 2002, TCM realiza varios servicios para las empresas de sus accionistas. Tiene varios contratos con Pasadena Viajes y con Special Events, en la que figuran Pablo Crespo y Carmen Rodríguez. Todo un entramado de sociedades y contratos que despiertan sospechas. 

(www.elpais.com, 11/02/09)

UNO DE LOS IMPUTADOS POR GARZÓN ES ASESOR DEL CONCEJAL DE MONCLOA 

Uno de los 37 imputados por la supuesta trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón es José Javier Nombela, que trabajó hasta 2006 en dos de las empresas implicadas y ejerce desde 2007 como asesor del concejal presidente del distrito de Moncloa-Aravaca, Álvaro Ballarín (PP), según confirmó ayer el edil a este periódico. 

Ballarín -concejal en las listas de Alberto Ruiz-Gallardón aunque más afín a Esperanza Aguirre- subrayó que tiene una opinión "impecable" de su subordinado y que va a esperar a saber por qué está imputado. "Si hay alguna irregularidad, tendrá que dimitir. Pero en este momento mantengo su presunción de inocencia", dijo. La junta de distrito no ha contratado con las empresas investigadas, "al menos desde 2007".Nombela, presidente de Nuevas Generaciones del PP en Moncloa entre 1996 y 2000, ejerció como vocal-vecino del distrito entre 1996 y 2007.  

Ese año, Ballarín fue nombrado concejal-presidente de la Junta de Distrito y le fichó como asesor (tiene dos). Ayer, tras conocer su imputación por Garzón, explicó a Ballarín su relación con dos de las empresas investigadas: entre enero y junio de 2003 trabajó en Special Events (supuesta empresa madre de la trama corrupta) y entre junio de 2003 y octubre de 2006 fue empleado de Easy Concept. Según algunos compañeros del partido consultados, "todo el mundo sabía que trabajó ahí". 

"Ni esas empresas ni ninguna otra de las investigadas por Garzón ha obtenido contratos aquí desde que yo soy concejal-presidente. Y creo que antes tampoco", afirmó Ballarín. 

(www.elpais.com, 11/02/09) 

LA HUELLA DE SPECIAL EVENTS SE EXTIENDE AL PP DE LAS ROZAS 

Special Events, la firma de Francisco Correa, detenido como presunto cerebro de la trama de corrupción investigada por el juez Garzón en varios ayuntamientos gobernados por el PP, también dejó su huella en Las Rozas. Este municipio, regido por Bonifacio de Santiago, es un feudo conservador de la zona noroeste de Madrid, donde se ubican otros ayuntamientos ligados a esta red, como Majadahonda o Boadilla del Monte.  

De acuerdo con los datos a los que ha tenido acceso Público, el Ayuntamiento de Las Rozas contrató a la empresa de Correa para organizar dos actos en los años 2002 y 2003, que se celebraron bajo la competencia de la Concejalía de Educación.  

La responsable de este área es Gema Matamoros, casada con Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda a quien Garzón imputa los presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. La directora financiera de la empresa organizadora de estos actos, Special Events, es María del Carmen Rodríguez, pareja de Correa, detenida también por Garzón, y jefa de gabinete de Ortega en Majadahonda hasta el año 2005.  

Ambos trabajos los actos de inauguración de las Olimpiadas Escolares de los años 2002 y 2003 fueron encargados a Special Events sin que se realizara con anterioridad un expediente de contratación.  

El abono de este servicio se fraccionó a través de varias facturas por importes siempre inferiores a 12.024 euros, el límite que establecía la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de manera que fueron tramitadas y pagadas como si fueran contratos menores cuando, en realidad, se trataba de varias actividades que formaban parte del mismo servicio. 

Así, las seis facturas abonadas por el Ayuntamiento de las Rozas a Special Events en el año 2002 sumaban un total de 24.040 euros. En esta ocasión, se facturaron por separado los siguientes conceptos: decoración, escenario, sonido, conductor de la ceremonia, personal técnico y una exhibición de vuelo realizada en el mismo acto. El importe mayor asciende a 4.507 euros, la factura menor fue de 3.666,17 euros.  

En el acto organizado por Special Events para el Ayuntamiento de Las Rozas en el año 2003, el total de las facturas abonadas importó una cantidad de 17.266 euros, aunque se presentaron cuatro partidas distintas, dividiendo el gasto mediante conceptos similares a los descritos para el año anterior.  

En una nota del interventor municipal encargado del control y fiscalización interna de la gestión económico financiera y presupuestaria, fechada el 17 de julio de 2003, este funcionario insertó en el documento que obliga al pago de las facturas la siguiente observación: "No se ha dado cumplimiento al artículo 68 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por lo que al Área de Educación se le informa del contenido de dicha normativa".  

Este artículo establece, entre otras cosas, que cada expediente "deberá abarcar la totalidad del objeto del contrato y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para ello".  

Asimismo, la citada ley indica en el mismo artículo que "no podrá fraccionarse un contrato con objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad, el procedimiento o la forma de adjudicación que corresponda".  

(www.publico.es, 11/02/09) 

LA INVESTIGACIÓN DE GARZÓN TAMBIÉN SALPICA AL PP ANDALUZ 

La empresa Rialgreen, investigada por el juez Garzón, no justificó ante la Cámara de Cuentas de Andalucía sus servicios al PP de esta comunidad durante la campaña de las elecciones autonómicas de 2004, cuando la candidata conservadora fue Teófila Martínez. "Nuestro partido tiene las cuentas claras de la A a la Z", dijo el martes Javier Arenas, presidente del PP-A, al ser preguntado por este hecho. 

Rialgreen, empresa de publicidad con la que supuestamente tiene relación Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego, figura en el informe de fiscalización de los gastos electorales de las autonómicas de 2004 dentro del apartado de "Proveedores que no han informado a la Cámara de Cuentas de Andalucía de la facturación realizada a las formaciones políticas e importe de la misma". Crespo también estaba relacionado con la firma Special Events, empresa ahora investigada que ha trabajado en campañas del PP en Madrid y en Valencia anteriores a lasautonómicas de 2004. 

La empresa Rialgreen tiene un cargo del PP andaluz de 520.491 euros, más que cualquiera de las 15 firmas que no justificaron sus trabajos en aquella campaña. La segunda con mayor importe fue Francisca Vico Lobillo, que trabajó para Izquierda Unida por 64.149 euros. 

"La Cámara de Cuentas no ha puesto al PP de Andalucía ningún reparo, de ningún tipo", dijo Arenas, que subrayó que su partido tiene "todos los gastos justificados". "No le debemos ni un duro a nadie", añadió el también vicesecretario de Política Local y Autonómica del PP, que afirmó que "sería muy interesante investigar cuántas adjudicaciones" ha realizado la Junta de Andalucía a las empresas que han trabajado en las campañas electorales del PSOE. "A las que han trabajado con nosotros, ninguna", dijo. 

Arenas sacó a la palestra el caso del ex alcalde de Ohanes (Almería), Juan Francisco Sierra, ya expulsado del PSOE y que el lunes declarará por cohecho. De Sierra circula un vídeo en el que recibe dinero de un promotor. "El vídeo es un retrato psicológico de un fracaso de 26 años", manifestó Arenas, que preguntó "qué papel ha desempeñado la Junta" en Ohanes. "Ese señor ya no pertenece al PSOE y ya no es alcalde de ese pueblo. Así actuamos nosotros, con la expulsión", respondió Manuel Chaves.  

(www.publico.es, 11/02/09) 

CAMPS SE PRESENTA COMO VÍCTIMA, PERO LA TRAMA NO EXISTE PARA CANAL 9 

El presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Francisco Camps, ha decidido aparentar normalidad y minusvalorar las relaciones que distintos altos cargos de su entorno han mantenido con la empresa Orange Market. En lugar de dar explicaciones, prometer que investigará lo ocurrido o anunciar que depurará responsabilidades, se ha colocado como víctima de una campaña contra su honor. 

Orange Market organiza desde hace años la práctica totalidad de los actos que convoca la dirección valenciana del PP, incluida la última campaña electoral de Camps en 2007 y el último congreso regional. Álvaro Pérez, su responsable en Valencia, fue detenido el lunes por orden del juez Baltasar Garzón. 

A diferencia de Esperanza Aguirre, que ha aceptado dimisiones de varios cargos de su partido y crear una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid por el caso del espionaje, Camps tan sólo ha anunciado que interpondrá querellas contra todos aquellos que vinculen a altos cargos de la Generalitat o del partido en Valencia con los delitos que investiga la Audiencia Nacional. 

Además, ni la trama de corrupción vinculada al PP ni sus ramificaciones valencianas existen para Canal 9. La televisión autonómica, controlada por Camps, no ha dedicado ni un segundo de sus informativos a abordar la investigación abierta por el juez Garzón y la Fiscalía Anticorrupción. 

Ni una referencia

Ni una referencia a los 37 imputados, los cuatro detenidos o las dimisiones de altos cargos del PP en Madrid. Ni siquiera a la rueda de prensa de Mariano Rajoy del lunes, en la que anunció medidas excepcionales en su partido. Tampoco a las implicaciones valencianas, ya sea la referencia a un pelotazo urbanístico en la localidad alicantina de La Nucia en unas grabaciones ordenadas por Garzón. Ni mucho menos a la detención en Valencia de Álvaro Pérez, que mantiene una buena amistad con el director general de Ràdio Televisió Valenciana, Pedro García. 

Sólo en el informativo de mediodía del domingo pasado se emitieron 25 segundos de declaraciones del secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa. Pero sólo los más despiertos pudieron relacionar estas palabras con el entramado de tráfico de intereses vinculado al PP, al que no se aludió. En un corte de voz descontextualizado, Costa embestía contra el "uso" de la Fiscalía General del Estado por parte del PSOE y recordaba la dimisión del anterior secretario de los socialistas valencianos Joan Ignasi Pla, por no pagar unas obras de su casa. 

(www.elpais.com, 11/02/09) 

LA FLOJA MEMORIA DEL ALCALDE DE LA NUCIA 

El alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, del PP, dijo primero no conocer a Álvaro Pérez, responsable de Orange Market. Sin embargo, en esta imagen, del 15 de junio de 2002, aparecen los dos hablando y supervisando la instalación del escenario de la gala de los Premios Luis del Olmo de periodismo, dotados con más de 607.000 euros. Ahora el alcalde admite conocer a Pérez "como a otras muchas personas", pero intenta desvincularse y evita contestar a las preguntas de los periodistas. Ayer el Bloc pidió un pleno extraordinario para que Cano explique las relaciones de la empresa con el municipio y la relación de la trama de corrupción con un plan urbanístico en la localidad 

(www.elpais.com, 11/02/09) 

UN HERMANO DE ÁLVARO PÉREZ DIRIGIÓ CUATRO EMPRESAS DE LA TRAMA 

El actual responsable de Orange Market, SL, Álvaro Pérez Alonso, fue detenido la noche del lunes en Valencia por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Además, todos los socios de la firma y sus fundadores han sido imputados por Garzón en relación con una trama de corrupción política. 

La vinculación que ha tenido Orange Market con el PP valenciano ha sido tan estrecha que, aparte de organizar la mayoría de sus actos públicos, gestionaba incluso su publicidad en los medios de comunicación para convocatorias más o menos eventuales. Basten dos ejemplos: en octubre de 2007 fue esa empresa la que gestionó las órdenes de publicidad del mitin que ofreció en la Feria de Valencia Mariano Rajoy, entonces candidato a la presidencia del Gobierno. Unos meses antes, en marzo de 2007, contrató la publicidad de las concentraciones convocadas por el PP en Alicante, Vall d'Uixó y Valencia para protestar contra la excarcelación del preso de ETA José Ignacio de Juana Chaos. 

Aunque la cara visible de Orange Market es Álvaro Pérez Alonso, el representante oficial de la empresa para todas esas gestiones publicitarias era su hermano, Francisco Javier Pérez Alonso, entonces administrador único de la empresa y de otras tres sociedades vinculadas a Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de organización del PP en Galicia, detenido por orden del juez Garzón, y a Ramón Balín Blanco, también imputado en la misma investigación. 

Francisco Javier Pérez Alonso, que ofrecía un domicilio social, en el número 133 de la calle de Guzmán el Bueno, en Madrid, distinto del de Orange Market en Valencia, era también administrador único de Easy Concept Comunicación, SL; de Caroki, SL, y de Good and Better, SL, todas ellas empresas de la trama que investiga el juez de la Audiencia Nacional. Pero Francisco Javier Pérez Alonso dejó sus cargos en las cuatro sociedades hace poco y casi simultáneamente, entre el 24 de septiembre y el 16 de octubre del año pasado. El denominador común de todas estas empresas, aparte de que sus consejos de administración agrupan a más de una decena de los 37 imputados por Garzón, es la vinculación al ex secretario de organización del PP en Galicia Pablo Crespo Sabaris, bien personalmente, bien a través de Hator Consulting, SA, empresa que comparte con Juan Ramón Balín Blanco y cuyo domicilio social estuvo precisamente en la calle de Guzmán el Bueno, número 133, en Madrid. 

Pablo Crespo Sabaris fue una de las cinco personas inicialmente detenidas por Garzón, como también lo fue Felisa Isabel Jordán Goncet, a quien Francisco Javier Pérez Alonso sucedió en la dirección de Easy Concept y de Good and Better en el cargo de administrador único (el 19 de diciembre de 2007 y el 20 de febrero de 2008, respectivamente). Tras declarar el lunes ante el juez, Jordán Goncet fue puesta en libertad con cargos y a Pablo Crespo le fue prorrogada la orden de detención. 

También está detenido Álvaro Pérez Alonso, presidente de Orange Market, la persona que se ha hecho habitual en los actos organizados por el partido que preside Francisco Camps y del que es secretario general Ricardo Costa. Álvaro Pérez fue apoderado de una empresa, Technology Consulting Management, SL, de la que Pablo Crespo es, precisamente, administrador único. 

Del nivel de implicación de Orange Market en la trama de corrupción política que se está investigando, cuyos organizadores habrían aprovechado supuestamente la relación con el PP para contratos y concursos de administraciones gestionadas por ese partido, da una idea el hecho de que el juez Garzón ha imputado a todos los miembros del consejo de administración de la sociedad, el propio Álvaro Pérez, Cándido Herrero Martínez y Ramón Blanco Balín, así como a sus anteriores administradores, Francisco Javier Pérez Alonso y Luis de Miguel Pérez. 

ORANGE MARKET Y LAS INSTITUCIONES 

- Fitur. Ha organizado el pabellón valenciano en la feria de turismo de Madrid los últimos cinco años por cantidades en torno al millón de euros. También en otros certámenes. 

- Vaersa. Campaña de publicidad en 2004 por 130.00 euros. 

- Volvo Ocean Race. Organiza actos para la salida de la vuelta al mundo de vela por valor de 445.00o euros. 

- Castelló Cultural. La Consejería de Cultura le adjudicó en 2007 un contrato por 100.000 euros para el décimo aniversario. 

- Open de Tenis. Montó una carpa de la Generalitat en el Club de Tenis Valencia. 

- Feria Valencia. La empresa ha sido contratada en diversas ocasiones para lo que la institución ferial califica como "apoyo externo". 

- FEMP. Organizó en 2003 la última asamblea convocada por Rita Barberá. 

- Visita del Papa. El cabecilla de la trama asegura en las grabaciones que Álvaro Pérez viajó a Roma para prepararla. 

 (www.elpais.com, 11/02/09) 

BOTELLA SE QUEJA DEL POCO APOYO DEL PP A LA ÉPOCA AZNAR 

La consejera de Medio Ambiente de Madrid, Ana Botella, ha sido la única nota discordante durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional en el que el líder, Mariano Rajoy, ha forzado el cierre de filas del partido sobre la trama de corrupción. "Me parece muy bien el apoyo interno -ha manifestado la también teniente alcalde de Madrid-, pero me gustaría que sea a toda la etapa del partido incluída la del presidente Aznar". El líder del PP ha tomado la palabra y ha respondido a Botella: "Por supuesto Ana que va a ser así y si en algún momento no es así te pido que me lo digas inmediatamente". Rajoy, en una decisión inédita, ha salido en la rueda de prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional escoltado por su dirección. 

El dirigente del PP que cortó las relaciones del partido a nivel nacional con su principal proveedor electoral, Francisco Correa, presunto jefe de la trama corrupta desarticulada el viernes, fue Álvaro Lapuerta, ex tesorero nacional. Sucedió en junio de 2004, poco después de las elecciones que sacaron del poder a José María Aznar. Lapuerta, tesorero desde 1993, tomó esa decisión, que avaló el propio Rajoy, tras conocer que Correa estaba exigiendo, en nombre de su departamento, la adjudicación de contratos a sus empresas a alcaldes madrileños populares, según confirman altos cargos del partido. 

Cierre de filas

"Esto no es una trama del PP sino una trama contra el PP" ha sido una de las frases que ha trasladado Rajoy a sus compañeros durante el Comité Ejecutivo Nacional y ha repetido en rueda de prensa en la sede nacional del partido en la calle Génova de Madrid. El presidente del PP, en medio del escándalo de corrupción con dos focos en Madrid y Valencia, y la trama de espionaje en torno al Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre, ha forzado hoy que los dirigentes de su partido cierren filas en apoyo al líder. 

Durante la reunión previa a la rueda de prensa, en la que han hablado numerosos dirigentes, entre ellos Esperanza Aguirre, se ha criticado de nuevo la violación del secreto de sumario -levantado ayer mismo- del juez Garzón, y se ha querido llamar a la tranquilidad del partido ante el proceso abierto con 37 imputados. 

(www.elpais.com, 11/02/09)

LA OPOSICIÓN PIDE QUE DIMITA EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE 

El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, no tuvo reparos ayer en relacionar las dos tramas que afectan en estos momentos al Partido Popular. En este sentido, y pese a las recomendaciones de José Luis Rodríguez Zapatero a los suyos de no cebarse con los populares, Gómez afirmó que la Asamblea de Madrid debe sustituir al actual presidente de la comisión de investigación sobre el espionaje en el PP, Benjamín Martín Vasco, porque "no se puede poner a la zorra a cuidar el gallinero". El socialista se hacía eco, con ello, de la información que relacionaba a Martín Vasco con una imputada en la trama corrupta, Isabel Jordán. 

El líder socialista también llamó "a la cordura" al PP, en una entrevista en Telemadrid, para que "depure responsabilidades, sea transparente y permita que todos los ciudadanos conozcan la verdad". La portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, aseguró también que "necesariamente" hay que impugnar al presidente de la comisión. Sabanés se sumó a los socialistas madrileños y exigió que se celebre un pleno monográfico para que Esperanza Aguirre "responda globalmente de la crisis de enorme de magnitud que afecta a su Gobierno y que está poniendo en riesgo la estabilidad de las instituciones". 

La respuesta no se hizo esperar. Martín Vasco no dimitirá y para defender su inocencia actuará contra los que le impliquen. Así lo anunció el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, que dijo que estaba "convencido" de que las acusaciones contra el presidente de la comisión "no son ciertas". "Si no hay una rectificación, Martín Vasco se querellará", señaló. 

(www.elperiodico.com, 11/02/09) 

IMPUTADO EN LA TRAMA CORRUPTA UN ADJUDICATARIO DE TELEVISIONES DEL PP 

El juez Baltasar Garzón imputó ayer a otras 34 personas en la trama de corrupción vinculada al PP --que se suman a los tres ya detenidos-- bajo las acusaciones de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. Entre los encausados figura el empresario de la comunicación y constructor José Luis Ulibarri, que ha obtenido 13 licencias de TDT en la Comunidad Valenciana y el 50% de la televisión autonómica de Castilla y León, ambas gobernadas por los populares. Además, logró del Ayuntamiento de Boadilla del Monte una parcela por cuatro millones de euros menos de lo que ofrecían sus competidores.

El consistorio de Boadilla, también en manos del PP, entregó a Garzón el viernes el expediente de esta adjudicación. Este constructor, que se proclama inocente, posee varios diarios en Castilla y León y es accionista de Punto Radio y Vocento. El recién dimitido alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, es otro de los imputados. Su ayuntamiento está bajo sospecha por la entrega de esta parcela, la concesión municipal de la oficina de atención al ciudadano y la adjudicación de 20 locales comerciales al empresario y exconsejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín, otro de los imputados. En la lista aparece también el abogado Manuel Delgado, consejero de ACS y Unión Fenosa.Además, en la lista está el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, otro de los consistorios en el punto de mira del juez. El resto de imputados en su mayoría tienen relación con las empresas del presunto cerebro de esta red, Francisco Correa. Al menos cinco de ellos han sido fundadores o son socios de la empresa radicada en Valencia Orange Market, cuyo responsable, Álvaro Pérez Alonso, fue detenido el lunes.

La investigación de Garzón se centra en personajes y arribados al entorno del PP en la etapa de José María Aznar. El último detenido, por ejemplo, es amigo de Alejandro Agag, yerno del expresidente, y fue invitado a la boda de El Escorial. Otros dos imputados están también vinculados a Agag de Ana Aznar: los empresarios José Javier Nombela y Jacobo Gordon, con quien montó su primera empresa. Gordon fue compañero de Agag en el colegio del Opus Dei Retamar y, al igual que Correa, fue testigo de su boda en el 2002.

El resto de imputados son abogados acusado de apoyar a los responsables de esta trama para blanquear el dinero obtenido con sus trapicheos. También figura el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios Españoles Pablo Collado y Jesús Calvo Soria, que fue investigado en Sevilla por haber pagado la habitación de un hotel a unos ediles tránsfugas en el municipio de Bormujos.

Las declaraciones comenzarán hoy. Las primeras citadas son la mujer de Correa, María del Carmen Rodríguez Quijano, y Felisa Jordán, de la empresa Special Events, que dirigía Correa. Ambas fueron detenidas el viernes, aunque la policía las dejó en libertad el sábado. También ha sido citada Carmen Luis Cerezo. Por la tarde, el juez comunicará a Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez si van a prisión, pues el lunes la Fiscalía Anticorrupción pidió más tiempo antes de tomar una decisión. 

(www.elperiodico.com, 11/02/09) 

IMPAGADO DE 34.000 EUROS EN TRAJES 

En trajes Milano, propiedad del grupo Cortefiel, todavía recuerdan a Álvaro Pérez, el responsable de Orange Market. "Era un tipo desagradable, que montaba unos pollos increíbles solo porque el botón de un traje estaba un poco descosido", rememoraba ayer José Luis Rodríguez, el encargado de la tienda en Valencia, que en aquellas fechas, cuatro años atrás, era uno de los dependientes que atendió a Pérez cuando este acudió para tomarse medidas para varias prendas.

El paso del tiempo no ha hecho olvidar a un cliente especial que se presentó en Milano con un encargo que, en principio, iba a ser para muchas personas, pero que luego vistió a una sola: Álvaro Pérez, conocido como el Bigotes, detenido por orden del juez Baltasar Garzón. 

Rodríguez recuerda que Pérez, en connivencia con el responsable de Milano en Madrid, al que la empresa despidió hace tiempo, anunciaron una venta numerosa de trajes en Valencia, por lo que distintas personas irían a tomarse medidas al establecimiento, que, además de su propia colección, confecciona trajes con otros tejidos italianos de marcas reconocidas como Cerruti y Ermenegildo Zegna. Pero esos clientes no aparecieron nunca.

Al único que vieron en Milano fue a Pérez, una y otra vez, hasta que le confeccionaron los trajes que había solicitado y se los mandaron al Ayuntamiento de Valencia, según indica el director de la tienda. Rodríguez asegura que nunca se emitió ninguna factura en Valencia, y que su empresa en Madrid llamó hace unos días para saber si la factura se había emitido y cobrado. Rodríguez no sabe qué pasó. Recuerda que se comentó que los trajes serían abonados a medias entre Madrid y Valencia. "Por la caja no pasó nada y una factura de 34.000 euros no pasa desapercibida para un dependiente", agregó. 

(www.elperiodico.com, 11/02/09) 

MANOS LIMPIAS VINCULA EN EL CASO DE BOADILLA A MICHAVILA Y ÉSTE LO NIEGA

El documento entregado ayer ante la Fiscalía Anticorrupción por el sindicato Manos Limpias asegura que el ex ministro de Justicia José María Michavila se encuentra en la lista de "amigos implicados en los negocios" del alcalde de Boadilla, Arturo González Panero. Michavila, diputado del PP por Valencia y hermano de la jefa de gabinete del presidente Camps, Ana Michavila, desmintió cualquier relación con los negocios de Panero.

En ese listado de "amigos implicados en los negocios" del alcalde de Boadilla, Manos Limpias incluye también a Francisco Correa, María del Carmen Rodríguez Quijano y Pablo Crespo Sabaris, los tres detenidos en la Operación Gürtel llevada a cabo por el juez Garzón.

Según declaró Miguel Bernard, secretario general de Manos Limpias, el alcalde de Boadilla acudía "a despachos de abogados externos", entre ellos el de José María Michavila, para que emitieran informes "para favorecer las adjudicaciones a dedo realizadas por el alcalde y que recibían el rechazo de los técnicos municipales".

(www.levante-emv.com, 11/02/09)

GARZÓN IMPUTA A PAU COLLADO, DIRECTOR DE UNA FUNDACIÓN DEL GOVERN DE MATAS 

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha incluido a Pau Collado entre las 37 personas implicadas en la operación Gürtel, la presunta trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa y dedicada a captar contratos en administraciones gobernadas por el PP. Garzón les imputa los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.Pese a su juventud, Pau Collado ha desempeñado un papel relevante en el mundo empresarial mallorquín. Con 22 años montó su primera empresa, una correduría de seguros; después abrió una sociedad mercantil dedicada a la distribución de ropa femenina que luego cerró y más tarde levantó una consultora de comercio internacional. De forma paralela ocupó el cargo de presidente de la asociación Joves Empresaris de Balears y, más tarde, con 30 años, encabezó la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, incluida en la CEOE. Su salto a la Administración autonómica lo dio en julio de 2004 de la mano del ex presidente del Govern Jaume Matas, quien le nombró director gerente de la Fundación Para el Desarrollo Sostenible de Balears, encargada de distribuir la conocida Tarjeta Verde, que debe servir para financiar proyectos medioambientales en sustitución de la ecotasa. 

Con la llegada del Ejecutivo de Antich, Pau Collado volvió al ámbito privado, esta vez en Madrid. Tal como manifestó ayer a este diario, hace un año ingresó en Easy Concept Comunicación S.L, firma que organizó actos del Partido Popular y del Ayuntamiento de Madrid ligada a Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP de Galicia y uno de los primeros en ingresar en prisión por orden de Garzón. En Easy Concept, Pau Collado ocupa el puesto de consejero delegado. 

En declaraciones a este periódico, Collado aseguró ayer que conoció su imputación por la prensa. "No he recibido ninguna notificación ni llamadas", dijo. "Salvo a un par de personas, una secretaria y un comercial y poco más, no conozco a ninguno de los otros [integrantes de la lista de Garzón]", abundó. Pau Collado afirma que los hechos que se investigan son anteriores a su entrada en la empresa: "De todo lo que se ha publicado no tengo nada que ver. Estoy supertranquilo". El ex presidente de Joves Empresaris especifica que sus clientes son empresas privadas a las que monta ´stands´ en ferias, caso de la naviera Boluda, del presidente del Real Madrid. "No hemos ganado concursos para entidades públicas porque ya no es nuestro nicho de mercado. Tampoco hemos desarrollado trabajos en Balears", asevera en referencia a su etapa actual como consejero delegado de Easy Concept. 

Pau Collado dice que apenas ha mantenido contacto con los cabecillas de la presunta trama de corrupción, Francisco Correa y Pablo Crespo, aunque sí con Ramón Blanco Balín, ex consejero delegado de Repsol YPF y actual "administrador" de Easy Concept. Collado se muestra sorprendido de figurar en la lista de imputados por el magistrado a petición de las fiscales anticorrupción Myriam Segura y Concha Sabadell. "Creo que aparecen personas sin ton ni son", aventura. El ex presidente de Joves Empresaris argumenta que él es uno más en la compañía, pese a su cargo de consejero delegado, y que la nómina del próximo mes se encuentra en el aire. "No sabemos que pasará con la empresa", aduce. El listado de 37 personas también incluye a Jacobo Gordon, testigo de la boda de Alejandro Agag y la hija del ex presidente Aznar. 

(www.diariodemallorca.es, 11/02/09)

EL PARTIDO DE RAJOY APLAZA LA PERSONACIÓN EN LA CAUSA 

El PP quiere que quede claro en estos momentos que no tolera malas prácticas en la gestión pública. Sin embargo, los servicios jurídicos del partido han decidido esperar a conocer los datos del sumario abierto por Baltasar Garzón para decidir de qué manera se persona en la causa, si lo hace en forma de acusación particular o de acción popular, según Europa Press. La decisión de formar parte de la causa responde al anuncio de Mariano Rajoy, en el sentido de que a su partido le interesa que "se aclare todo". Según los populares, los hechos afectan directamente al partido e insisten en que las personas investigadas son absolutamente ajenas al PP. 

(www.elperiodico.com, 11/02/09)

Correa: " Yo a Bárcenas le he llevado más de 1.000 millones de pesetas "

 

Correa: "Yo a Bárcenas le he llevado más de 1.000 millones de pesetas"

Uno de los imputados en el caso de corrupción cuenta cómo le llevaba dinero "a Génova a su casa" al tesorero del PP

Interlocutor: Hemos hablado muy poco, no, no de verdad.

Correa: Yo te he dicho a ti y a Juanjo el dinero que yo le he dado a Bárcenas 20 veces".

Interlocutor: Te digo yo que no, te prometo yo que no Paco, que tengo buena memoria para esas cosas. De Bárcenas hemos hablado muy poco.

Correa: Yo a Bárcenas le he llevado, yo he hecho con él un día...vamos a sumar, 1.000 millones de pesetas. Yo, Paco Correa, le he llevado a Génova y a su casa.

Interlocutor: ¿En gastos?

Correa: Gastos... En obras, en obras, éste no se andaba con pollas. Yo a ti te lo comento, yo acaso... Líquidos, yo sé cómo lo tiene, yo sé como lo saca de España... [Ruido de fondo] En paraísos fiscales.

Interlocutor: Qué cabrón, es por lo que te tienen tanto miedo, tío. Lo sabes todo. Los tienes pillados a todos.

Correa: Ya, pero yo no voy a cantar, ya lo sabes.

Interlocutor: Ya lo sé.

www.elpais.es 10.02.09

Esperanza Aguirre a la teniente de alcalde de Boadilla: “Dimite por favor que, si no, lo tengo que hacer yo en dos días”

La reunión del alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, los concejales del PP de la localidad y el secretario general del partido, Francisco Granados, pudo haberse saldado en auténtica catástrofe para el PP de no ser por la intervención in extremis de Esperanza Aguirre que convenció a la primera teniente de alcalde de Boadilla, María Jesús Díaz (y contrincante de Panero en el seno del PP), para que también dimitiera, tal y como exigía el propio regidor y sus 13 concejales fieles. Según ha podido saber El Plural, Panero habría amenazado a Granados con tirar de la manta y explicar todo lo que sabe de la trama de corrupción que investiga el juez Garzón, si detrás de él no salía también del Ayuntamiento Díaz.

Díaz, que ocupó el número dos en las listas municipales, era la enemiga interna de Panero y en el último congreso local le plantó cara. El hasta ahora regidor de Boadilla consiguió revalidar su mandato por 184 votos frente a los 136 que cosechó María Jesús.

14 contra 2
Esta correlación de fuerzas no es la misma que la que mantienen en el Ayuntamiento, donde están 14 a 2 (la propia María Jesús y el concejal Francisco Sánchez Arranz, a quien
Panero acusa de haber filtrado un informe sobre sus presuntas propiedades en Miami). Ayer, ante Granados, Panero y sus 13 concejales exigieron que también saliera del consistorio María Jesús Díaz.

Intervención de Aguirre
Ante la amenaza de Panero fue necesaria la intervención personal de Aguirre, que, según fuentes consultadas por El Plural, pidió “por favor” a Díaz que dimitiera. “Si no, lo tengo que hacer yo en dos días”. Finalmente la concejala accedió a hacerlo. Aunque la versión oficial es que lo hizo con tal de no perjudicar la elección de un nuevo alcalde, detrás estaría la seria amenaza de Panero de contarlo todo. Esas fuentes añadieron: “Aunque obliguen a María Jesús de modo que se vea obligada a desmentir lo sucedido, la verdad es que existió la amenaza de Panero y la intervención de Aguirre”

Cesada por venganza
María Jesús, que durante 10 años ocupó la seecretaría general del PP local, fue cesada por Panero de todos sus cargos en el consistorio (Primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento, Concejala Delegada de Servicios Sociales y Protección Civil, y miembro de la Junta de Gobierno Local), justo después de la celebración del congreso en el que intentó arrebatarle el control del partido en la localidad. Hoy ha conseguido que renuncie a su acta de concejala.

El imputado Panero formaliza su dimisión
Esta mañana, Panero, ha renunciado a su cargo como alcalde pero continúa como concejal, ante las protestas de los cuatro ediles de la oposición socialista y de Ángel Galindo, único concejal de Alternativa por Boadilla. Por otra parte, el juez Garzón, que ha levantado parcialmente el secreto de sumario de la trama de corrupción que investiga, le ha imputado en la causa junto a otras 36 personas.

www.elplural.com 10.02.09

AGUIRRE SACRIFICA A DOS CARGOS DE MADRID ANTE EL ALUD DE SOSPECHAS 

Apenas han hecho falta tres días desde que trascendió la investigación sobre cohecho relacionado con el PP para que dos de sus cargos en la Comunidad de Madrid hayan "presentado su dimisión". Aunque se presentara como una decisión voluntaria, la encargada de anunciarlo fue la propia presidenta, Esperanza Aguirre, quien calificó las dimisiones como necesarias y generosas para evitar que la causa judicial se relacione con la actividad de la Comunidad de Madrid. Alberto López Viejo, hasta ayer consejero de Deportes, y Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y hasta ayer gerente del Mercado Puerta de Toledo de Madrid, se convirtieron ayer en los dos primeros sacos de arena que pone el PP en su trinchera ante la ofensiva judicial que se avecina contra el partido. 

Aguirre exculpó contundentemente a López Viejo, pero no lo hizo con Ortega. "Desconozco las razones que tiene para dimitir", dijo. Lo relacionó con un caso de corrupción denunciado en 2005 en torno a unas adjudicaciones municipales denunciadas por dos concejales del PP. 

Según la investigación del juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción, Alberto López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para adjudicárselos supuestamente a Down Town Consulting, una de las empresas vinculadas al cabecilla de la trama, Francisco Correa. Esta firma pasó a llamarse Easy Concept Comunicación. López Viejo adjudicó a las empresas de la trama al menos nueve contratos por 75.338 euros entre 2004 y 2005. Todos, por importe inferior a 12.000 euros para evitar sacarlos a concurso y entre ellos, un "acto para la recepción de deportistas paralímpicos" (10.747 euros) o una "lona para la Ciudad Olímpica" (3.176 euros). 

Guillermo Ortega, en su etapa de alcalde de Majadahonda (entre 2001 y 2005), contó como jefa de gabinete con Carmen Rodríguez, esposa de Correa, otra de las investigadas. Ortega aprobó contratos con Special Events, la principal empresa de la trama de corrupción por más de 125.000 euros.

"Quiero agradecer a Alberto López Viejo su generosidad al dimitir para que los que están impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no puedan relacionar la investigación con la actividad de la Comunidad de Madrid", declaró Aguirre. La presidenta insistió varias veces: "López Viejo no ha realizado ningún acto ilegal ni irregular". "Ha organizado los actos de la Comunidad", que definió como "poner sillas y luces", y algunos de los contratos han ido a parar a "empresas que son las que se están investigando". Esas contrataciones se hicieron con el único criterio de "la confianza que esas empresas daban a los técnicos de López Viejo". 

"No teníamos ni idea", es el resumen exculpatorio de Aguirre. La presidenta aseguró que ella hizo indagaciones en 2005 para ver si se había contratado con Special Events, la empresa de Francisco Correa que por entonces ya era investigada y que la cúpula del PP con Rajoy había vetado en las contrataciones. "Pero resulta que las empresas mutan", sostuvo gráficamente Aguirre, es decir, cambian de nombre. 

La presidenta de Madrid aseguró con contundencia, sin embargo, que, desde que ella preside el partido en Madrid (2004) "ni esta empresa ni ninguna de las otras ha organizado actos del PP". La Consejería de Deportes se integrará en la de Cultura y Turismo. 

(www.elpais.com, 10/02/09) 

LA RESISTENCIA DEL ALCALDE DE BOADILLA COMPLICA LA IMAGEN DE FIRMEZA DE RAJOY 

Mariano Rajoy, Javier Arenas y Federico Trillo, tres pata negra del PP que llevan más de 30 años en política, curtidos en mil batallas y todos ellos ex ministros de Aznar, entraron juntos y con cara de circunstancia en la sala de prensa de Génova. Querían darle la mayor gravedad a la comparecencia del líder, la primera en un mes en su sede nacional, a pesar de la ristra de escándalos. 

Los históricos del PP habían preparado con detalle la reacción del partido después de que EL PAÍS revelara que Francisco Correa, jefe de la supuesta trama de tráfico de intereses vinculada al PP que investiga el juez Garzón, presumía de haber entregado en mano 1.000 millones de pesetas al tesorero del PP, Luis Bárcenas. 

Todo estaba cuidado, hasta la escenificación, pero se fue al traste por un alcalde díscolo. Rajoy desmintió todo lo que dice Correa y anunció las medidas que toma el partido -abrir una investigación interna, personarse en la causa, pedir amparo al CGPJ por las filtraciones del sumario- y guardó para el final la noticia: "El alcalde de Boadilla [presuntamente implicado en la trama y veterano regidor de ese municipio residencial madrileño] ha puesto su cargo a disposición del partido y el PP de Madrid ha aceptado su dimisión. Ha dejado de ser alcalde". 

Pero pocos minutos después, y a unos 200 metros de donde hablaba el líder del PP, en la puerta de la Audiencia Nacional, el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, desmentía al presidente de su partido: "No he puesto mi cargo a disposición". 

El estupor en la cúpula del PP fue inmediato. ¿Qué había pasado? Una rebelión en toda regla. El alcalde había sido citado a las 10.00 en Génova por Francisco Granados, secretario general del PP madrileño. Después de una fuerte presión, le convenció de que debía dimitir. Quedaron en que lo anunciaría después de hablar con Garzón. Granados llamó a Esperanza Aguirre y ésta a Rajoy para confirmarle la dimisión. Pero el juez le dijo al alcalde que, de momento, no tiene nada contra él, y González cambió de idea. Granados le llamó enfurecido: "¿Qué has hecho?". "Necesito más tiempo, Garzón me ha dicho que no hay nada contra mí", contestó el alcalde. "Ya no hay marcha atrás, la decisión está tomada, tienes que dimitir", zanjó Granados. 

González se refugió en Boadilla, donde compareció con 14 de los 16 concejales del PP para mostrar su fuerza. "Mientras no haya imputación es absurdo que presente la dimisión. Entonces no quedaría ningún político", se defendió. El PP mantiene como presidente de la Diputación de Castellón a Carlos Fabra, imputado por varios delitos fiscales y de tráfico de influencias. A última hora, según Granados, González cedió a la presión y dimitirá finalmente. 

El entuerto de Boadilla tapó la principal decisión tomada por Rajoy después de casi un mes de escándalos. El líder, presionado por barones, dirigentes rivales y afines que le exigían que moviera pieza, esperó de nuevo mucho tiempo -tres días-, dejó a algunos de los suyos a los pies de los caballos -sobre todo a Dolores de Cospedal, que el sábado recuperó Filesa y los GAL y negó que todo esto tuviera nada que ver con el PP- pero al final, con Arenas, Trillo, Ana Mato y Esteban González Pons aconsejándole, dio el puñetazo que muchos esperaban. 

Rajoy defendió la honorabilidad del PP y aseguró que todo lo que tiene que ver con su financiación está supervisado por el Tribunal de Cuentas, pero confirmó la información de EL PAÍS. Admitió que él, como jefe de campaña en 1996 y 2000, conocía a Francisco Correa, que entonces, con su empresa Special Events, hacía todo para el PP. Y reconoció que en Génova se dio la orden de no trabajar más con él. "Supimos que utilizaban el nombre de la dirección del PP para obtener ventajas en algunos ayuntamientos del norte de Madrid". ¿Por qué no lo denunció?, le preguntaron. "Porque no vimos delito". ¿Y por qué no avisó al PP de la Comunidad Valenciana, que siguió trabajando con ellos? "Sólo avisamos a los municipios de Madrid aludidos de que ellos [Special Events] no hablaban en nuestro nombre", sentenció. 

Rajoy ha convocado para mañana un Comité Ejecutivo Nacional extraordinario para tratar este asunto. De momento, el líder, que acaba de dejar en suspenso una inaudita investigación interna por el caso del espionaje, abre otra por la vinculación del PP con Special Events. Y anuncia expulsiones inmediatas para cualquier militante que se vea implicado. De momento han rodado cabezas en Madrid. Ahora la presión pasa a la Comunidad Valenciana, donde se refugiaron Correa y su socio, Álvaro Pérez. Todo, a menos de tres semanas de unos comicios clave. ¿Cree que esto afectará a las elecciones?, le preguntaron ayer. "Espero que no", sólo acertó a decir Rajoy. 

(www.elpais.com, 10/02/09) 

EL TIRA Y AFLOJA EN GÉNOVA

- 10.00. "Tienes que dimitir". Francisco Granados cita en su despacho de Génova a Arturo González, alcalde de Boadilla (Madrid). "Tienes que dimitir por el bien del partido", le dice Granados. Se resiste pero cede, y pactan que González lo anunciará. 

- 12.00. Aguirre habla con Rajoy. Granados llama a Aguirre para confirmarle que González ha cedido. Ésta habla con Rajoy y le da la noticia, que ya difunden algunos medios. 

- 13.00: Rajoy: "Ya no es alcalde, ha presentado su dimisión". El líder del PP es tajante ante los periodistas: "Ya ha dejado de ser alcalde, ya no es alcalde. Ha puesto el cargo a disposición del partido y el PP de Madrid le ha aceptado su dimisión". 

- 13.15: "Yo no he puesto mi cargo a disposición del partido". González, a menos de 200 metros de donde está hablando Rajoy, le desmiente. "No he puesto mi cargo a disposición", asegura a la salida de la Audiencia Nacional. 

- 13.30: "Esto no tiene marcha atrás". Granados, enfurecido, llama a González y le dice: "Esto no tiene marcha atrás, tienes que dimitir, ya lo ha anunciado el presidente del partido". 

- 15.00: "Es absurdo que dimita". Ya en Boadilla, el alcalde se siente más fuerte, comparece con 14 de los 16 concejales del PP y dice: "No dimitiré mientras no haya ninguna imputación". 

- 19.00: Ya dimite. Granados convoca a todos los concejales en Génova y asegura que González dimitirá hoy. El alcalde acepta a cambio de que también se vaya la número dos de la lista, María Jesús Díaz, a la que estaba enfrentado. 

- 19.20. Cese de un consejero madrileño. Aguirre anuncia en la Puerta del Sol la dimisión del consejero López Viejo y del ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, gerente del Mercado Puerta de Toledo. 

EL PP MADRILEÑO, AL BORDE DEL COLAPSO: ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA AHORA A GRANADOS POR UN POSIBLE COHECHO 

Al número dos del PP madrileño y consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, se le acumulan los problemas: después de verse envuelto en la supuesta trama de espionaje que el viernes comenzó a debatirse en la comisión de investigación del Parlamento autonómico, hoy se ha sabido que la Fiscalía Anticorrupción le investiga ahora por un presunto delito continuado de cohecho durante su época como alcalde de Valdemoro. 

El PP madrileño está al borde del colapso. Por si fuera poco, al escándalo de la red de espionaje dependiente presuntamente del mismo Granados, y la trama de corrupción de Boadilla, hoy se le suma un nuevo caso. Según publica hoy el digital ElConfidencial.com, la Fiscalía Anticorrupción investiga desde el pasado mes de noviembre al secretario general de los populares madrileños y consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la región, Francisco Granados. Después de que el consejero de Esperanza Aguirre se haya visto directamente implicado en la supuesta trama de espionaje desatada en la Comunidad de Madrid, Granados está acusado ahora, según el mencionado diario, de un presunto delito continuado de cohecho mientras ocupó la alcaldía del municipio de Valdemoro, entre junio de 1999 y noviembre de 2003.

Favores urbanísticos a cambio de comisiones 

Según esta información, Anticorrupción abrió diligencias contra el consejero madrileño tras recibir la denuncia de una promotora inmobiliaria que aseguraba haber sido beneficiada por la recalificación de terrenos en Valdemoro a cambio de importantes comisiones mientras Granados gobernaba en el municipio. Además, la investigación de la Fiscalía se extiende también a cerca de una docena de municipios madrileños, además de otros en Castilla- La Mancha y Andalucía, la mayoría de ellos gobernados en los últimos años por el PP.

Registros 

La denuncia de la promotora detalla numerosas pruebas de los supuestos sobornos recibidos y de las presuntas comisiones que se le habrían cobrado como pago de favores por las adjudicaciones de trabajos. En base a ella, la Policía judicial ya habría realizado registros en la sede central de la empresa, donde se habría incautado de numerosa documentación que aún estaría siendo analizada.

Rastreo del patrimonio 

Anticorrupción ha requerido además a la Fiscalía de Madrid para que colabore en esta investigación e inicie un rastreo del patrimonio personal de este hombre fuerte de Aguirre. 

Del tamayazo a número dos 

Francisco Granados, uno de los hombres más cercanos a la presidenta Aguirre no ha tenido una larga carrera política. En solo un año pasó de ser un simple parlamentario de la Asamblea de Madrid y alcalde del municipio de Valdemoro a secretario general de los populares madrileños, previo paso, ¡atención!, por la presidencia de la Comisión de la Asamblea de Madrid que investigó el tamayazo. Su nombre se ha visto envuelto en oscuros episodios, entre ellos, la trama del espionaje; el incendio del  coche de su mujer,  que reveló que el vehículo estaba puesto a nombre de la empresa Grandes Locales de Negocio, presidida por un constructor cántabro que había edificado numerosos espacios en Valdemoro durante su mandato como alcalde y la compra de un chalet en Marbella a otro constructor favorecido en Valdemoro. 

(www.elplural.com, 10/02/09) 

BAJO SOSPECHA DESDE HACE VARIOS AÑOS 

Una veterana ex concejal del PP de un municipio de Madrid lo resume así: "A partir de 2000, cuando Aznar logra la segunda mayoría absoluta, todo cambia en el partido. Compañeros que habían estado en Nuevas Generaciones se hacen con el poder. No hay obstáculos para ellos". 

Y así comienza el historial de relaciones entre políticos del PP madrileño con la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón. En esa época Arturo González Panero y Guillermo Ortega ocupan la alcaldía de Boadilla y Majadahonda. Comienzan a tener relación con Francisco Correa, supuesto cabecilla de la red de empresas investigadas por el juez. En 2001, Special Events, la principal sociedad de la trama, se adjudica un contrato para la realización de un vídeo promocional en Majadahonda por 28.571 euros. Carmen Rodríguez, esposa de Correa y una de las investigadas por Garzón, era la jefa de gabinete del alcalde. Tan sólo unos meses antes había cesado como administradora de la empresa. 

En abril de 2002, el alcalde de Boadilla viaja a Miami con Correa y otros dos concejales. Van a comprar propiedades inmobiliarias, según reconoce uno de los que estuvieron allí. Para entonces Panero ya había contratado varios viajes de hermanamientos entre municipios con la empresa Pasadena, firma que también está vinculada a Correa.

Para entonces Alberto López Viejo ya acumulaba sospechas por su gestión al frente de la Concejalía de Limpieza en el Ayuntamiento de Madrid. A pesar de ellos, fue nombrado viceconsejero de Presidencia en mayo de 2004. Justo un mes antes este departamento adjudica 15 contratos a Easy Concept Comunicación, otra de las empresas de la trama, para organizar el homenaje del 11-M, por unos 130.000 euros en contratos separados menores de 12.000 euros para evitar sacarlos a concurso público.  

Pero Aguirre se deshizo en elogios hacia él. La presidenta regional, sin embargo, renunció a defender a Guillermo Ortega. "Desconozco las razones de su dimisión", dijo. Pero la dirigente aclaró que conocía el caso que acabó con Guillermo Ortega al frente del Ayuntamiento de Majadahonda. Aquel en el que "hubo dos tránsfugas", dos concejales del PP que denunciaron la venta irregular de una parcela y la adjudicación de la oficina de atención al ciudadano de Majadahonda a la compañía TCM (Tecnology Consulting Management). En ambos casos los beneficiarios eran empresas de la trama. 

Aguirre no sólo dejó a los pies de los caballos a Ortega, a quien recolocó ella como gerente del Mercado Puerta de Toledo, sino que recordó que el actual alcalde de Majadahonda, su amigo Narciso de Foxá (PP), paralizó esos dos contratos en cuanto llegó al cargo. La diferencia de consideración que Aguirre mostró ayer entre López Viejo y Ortega fue sorprendente. La presidenta asumió toda la responsabilidad por la sonora discordancia entre Rajoy y el alcalde de Boadilla. Panero negó ayer haber cesado, pese a que Rajoy lo había anunciado poco antes. Finalmente, Francisco Granados, anunció que el alcalde dimitiría hoy. 

(www.elpais.com, 10/02/09) 

EL CONSEJERO DE DEPORTES ESCENÓGRAFO ELECTORAL DE AGUIRRE 

Alberto López Viejo, de 41 años, miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva regional del PP, que cesó ayer, es considerado un hombre estrechamente vinculado a Esperanza Aguirre. Fue responsable en 2003 de sus escenografías electorales, que montaba la compañía Special Events, regida por Francisco Correa, detenido por el juez Garzón. Como concejal de Limpieza entre 1999 y 2003, creó un servicio urgente criticado como superfluo y con cometidos duplicados por la oposición socialista, que trató de vincularle con un presunto trato de favor a varias contratas. 

En mitad del mitin que realizaba José María Aznar en febrero de 2003, un joven de 17 años se levantó y gritó "¡No a la guerra!". Estuvo a punto de ser linchado. López Viejo se ocupó personalmente de desalojarlo de la sala. Del acto que él había organizado. Porque eso, ocuparse de los eventos, "del sonido, de la seguridad, incluso de llevar pinganillo", según algunos conocidos, es lo que le gustaba. "Era el que se encargaba de llenar los autobuses con militantes para que aplaudieran a Aguirre en las inauguraciones del metro", explica una compañera. Y así, Alberto López Viejo, de 41 años, se ganó la confianza de los de dentro del partido y conoció a otros, como Francisco Correa, que se dedicaban, también con dinero público, a algo parecido a lo que a él tanto le gustaba, la escenografía electoral. 

Criado en Nuevas Generaciones en la época en que la organización estaba presidida por el concejal de Seguridad, Pedro Calvo, el dimisionario consejero de Deportes entró en el Ayuntamiento de Madrid en 1995, de la mano de José María Álvarez del Manzano. Le pusieron al mando de los distritos de Carabanchel y de Usera. "Era joven, y tenía ganas. Era de los pocos que tenían un cargo a esa edad", recuerda un compañero suyo de la época de Nuevas Generaciones. 

Ambicioso, deseoso de destacar y de que hablaran de él, no perdía ocasión para pedir la palabra en los plenos. A los pocos años, le llegó un regalo envenenado: concejal de Limpieza. Por fin dejaba atrás su etapa poco agradecida de concejal de distrito de las afueras y se hacía con un área. Pero, por lo general, si se habla mucho del concejal de Limpieza... mal asunto. Esto quiere decir que la ciudad está sucia, que la gestión no es buena.... Lo mejor es la discreción. Pero eso no cuadraba con el nuevo concejal, que estaba dispuesto a (y consiguió) que se hablara de él. 

Se dio cuenta de que uno de los servicios más apreciados por los madrileños (y por el alcalde Manzano) era el Samur. Y se inventó uno para su área: el Selur, Servicio de limpieza urgente. Un equipo de barrenderos vestidos con uniformes brillantes que acudía a eventos particulares y desplegaba una eficacia y una rapidez encomiable: en la Puerta del Sol el 31 de diciembre, en procesiones, desfiles militares, en la cabalgata de Reyes... Siempre aparecían los empleados del Selur, con camiones modernos con destellos naranjas. Tanto, que se le acusó de ordenar a su flamante ejército limpiar con ahínco la acera de la discoteca Gabana, donde iban a celebrar la fiesta de boda la pareja Agag-Aznar. En otra ocasión, su tropa de limpiadores se encargó de barrer a los empleados de Sintel acampados varios días en la Castellana para protestar por sus despidos. 

La presentación de este servicio (y la de muchas máquinas nuevas de limpieza) constituyó todo un símbolo del carácter de este edil que pensaba que el cargo le venía pequeño: una carpa, música y presentador, como si en vez de un equipo de limpieza se presentara una banda de rock. Alguno se echó las manos a la cabeza. Le acusaron de despilfarrador y de hortera. Pero López Viejo, un edil que había llegado al Ayuntamiento para que se hablara de él, estaba encantado. Pero las acusaciones pasaron de hortera, a presumible corrupto, y la oposición trató de vincularlo una y otra vez con presuntos delitos de doble contabilidad. Salió indemne. Pero cuando Gallardón llegó al Ayuntamiento no le quiso. Él captó la indirecta y se fue a los brazos de Aguirre, que lo colocó encantada como número seis de su lista y director adjunto de la campaña. Lo que él sabía hacer mejor. "Hoy es esperancista. Mataría por ella. Supongo que por eso, si es que ella se lo ha pedido, no ha dudado ni un momento en dimitir", cuenta un miembro del Comité Ejecutivo del PP madrileño que señala que "quien no puede ni verle es el vicepresidente, Ignacio González". 

En un principio Aguirre fue reticente en incluirlo en su gobierno por las sospechas y permanente críticas que despertaba en la oposición, pero al cabo de pocos meses le nombró vicepresidente segundo de Presidencia, y luego consejero de Deportes y Juventud. Si se demuestra algo, dijo la presidenta, "tendrá que dimitir". Ayer todo se precipitó. 

(www.elpais.com, 10/02/09) 

EL ALCALDE DE BOADILLA UN REGIDOR QUE NO QUERÍA IRSE 

El PP obligó ayer al alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, de 42 años, a abandonar la alcaldía por las denuncias de su presunta implicación en la trama de corrupción. Rajoy lo anunció por la mañana y él lo había aceptado. Pero después de que el juez Garzón le dijera que no tenía nada contra él, cambió de opinión. Panero llegó a Boadilla en 1991. Entonces gobernaba Nieves Hernández, del PP. En 1999 llega a ser alcalde después de una moción de censura contra su mentora, Hernández. Pactó con cuatro concejales de Eficacia Independiente (EI). 

Panero gobernó con EI hasta que el grupo tuvo problemas internos y se disolvió. El PP arrasó en las elecciones de 2003. Consiguió mayoría absoluta y se convirtió en uno de los bastiones de los populares en el noroeste madrileño. Fue en esos años cuando se tiene constancia de su relación con Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama de corrupción investigada por Baltasar Garzón. 

El 18 de abril de 2002 Panero viajó con Correa a Miami, con ellos iba el entonces concejal José Galeote. Y se unió Francisco Sánchez, que se convertiría en edil de Sanidad e Higiene de Boadilla en 2007. Éste asegura que el alcalde alardeaba de "comprar en Miami y tener muchas propiedades". En julio de 2003 Panero volvió a repetir viaje con Correa. El viernes pasado la Policía requirió documentos en el Ayuntamiento sobre su relación con las empresas Easy Concept, Pasadena Viajes y Servimadrid Integral, vinculadas a la trama de corrupción. Boadilla contrató a la primera para gestionar la Oficina de Atención al Ciudadano. Paga por ello 506.000 euros anuales. 

En 2007 los populares repitieron resultados: de 21 concejales, obtuvieron 16. El PSOE se quedó con cuatro y APB con uno. Nadie podía imaginar que en menos de dos años le obligarían a dimitir. La actitud de Panero ya había cambiado. Sus adversarios políticos, PSOE y Alternativa por Boadilla (APB) le califican de "prepotente y dictatorial". "No sólo con nosotros, que al fin y al cabo somos ediles de la oposición, sino con sus propios compañeros. Realmente tiene muy poca sensibilidad y empatía", señala Pablo Nieto, portavoz de los socialistas boadillenses. Asegura que cuando se le rebate en los plenos su tono se vuelve despreciativo e incluso insultante. A la vez le reconoce un "gran instinto político". "Es ágil mentalmente, salta de un argumento a otro con gran facilidad", indica. González, que cobra unos 85.000 euros anuales, se ha rodeado de un séquito de asesores. "29 nada más ni nada menos", puntualiza Nieto. El Consistorio se gasta 1.269.000 euros al año en pagar sus sueldos. 

Los resultados electorales auguraban un mandato sin grandes complicaciones. Nada más lejos de la realidad. El clima en el PP se fue enrareciendo. Los problemas comenzaron con un dossier que empezó a circular hace aproximadamente año y medio en el que se acusaba al regidor de poseer un patrimonio inmobiliario, con casas en España y Miami, que no concordaba con sus ingresos. Él negó todas las acusaciones e incluso denunció por calumnias a uno de sus ediles, Francisco Sánchez, al que considera autor del informe. Previamente, le había despojado de sus competencias como concejal de Sanidad. 

No fue su único quebradero de cabeza. La primera teniente de alcalde y edil de Servicios Sociales, María Jesús Díaz, le disputó la presidencia del partido en el municipio el pasado mes de diciembre. González revalidó su puesto con un 57% de los votos, Díaz obtuvo el 43%. Panero no perdió más tiempo y una vez pasadas las elecciones, la destituyó de todos sus cargos. 

"En ese momento hubo bastante lío, pero nada comparado con lo de ahora". En el pleno en el que se dio cuenta de su cese no apareció ni el alcalde, ni Díaz. "En un principio nos comentaron que estaba enfermo, pero después nos enteramos de que estaba en Brasil para ver el último Gran Premio de la temporada de Fórmula 1", explica Ángel Galindo, portavoz de APB. Le invitó el Banco de Santander, patrocinador de la escudería McLaren Mercedes, que tiene en Boadilla del Monte su Ciudad Financiera. 

El clima político del Ayuntamiento era irrespirable, según la oposición. Los ediles pidieron una comisión de investigación debido a que los problemas internos del PP afectaban al funcionamiento del Consistorio. También en diciembre, PSOE y APB abandonaron un pleno debido a que les impidieron participar. Además, Panero se enfrenta a diferentes procesos judiciales abiertos por sus opositores, PSOE y APB. Ambos grupos le han denunciado por presunta malversación de caudales públicos, prevaricación continuada y contrataciones ilegales. 

(www.elpais.com, 10/02/09) 

RECOLOCADO TRAS SER DESTITUIDO 

Guillermo Ortega, de 41 años, llegó a la alcaldía de Majadahonda cuando Ricardo Romero de Tejada dejó el municipio en mayo de 2001 para ser secretario general del PP de Madrid. En 2005, el PP le obligó a dimitir por un escándalo urbanístico, pero le colocaron como gerente del Mercado Puerta de Toledo. Ahora dimite también de este cargo por sus implicaciones con la trama de corrupción. Durante su mandato contrató a la empresa Special Events, vinculada a Francisco Correa. Su jefa de gabinete fue María del Carmen Rodríguez, detenida y puesta en libertad con cargos. 

Ortega está vinculado al PP desde su adolescencia. Con 14 años entró a formar parte de las filas del partido. Su ascensión en la política se la debe a Ricardo Romero de Tejada. Cuando éste abandonó el Ayuntamiento era concejal de Urbanismo, primer teniente de alcalde y número dos de la lista del PP. Ganó las elecciones de 2003 con mayoría absoluta. "Le venía grande el puesto. No estaba preparado para asumir esa responsabilidad", opina Mercedes Pedreira, concejal del Grupo Centrista. 

En marzo de 2005 se gestó en el municipio una crisis político-urbanística que acabó con el relevo de Ortega y una denuncia del PSOE por prevaricación y tráfico de influencias que investigó el fiscal anticorrupción. Finalmente, el caso se archivó. 

Pero la situación en el Consistorio majariego era insostenible, el alcalde se encontró solo, con el único apoyo de dos concejales, José Luis Peñas y Juan José Moreno, a los que el partido acabó expulsando. A su lado estaba también María del Carmen Rodríguez -esposa de Franciscon Correa, presunto responsable de la trama- detenida el pasado viernes y puesta en libertad. Guillermo Ortega se vio obligado a dimitir en febrero de 2005 "por motivos de salud", dijo. Esto no le impidió ejercer de gerente del Mercado Puerta de Toledo, puesto en el que le colocó Aguirre, durante todos estos años. Puesto al que ahora también se ve obligado a renunciar. 

El PSOE denunció que Rodríguez compaginó durante 2001 su puesto de administradora única de Special Events con el de asesora del alcalde. El 20 de septiembre se pagaron 28.571 euros a Special Events por la realización de un vídeo. A otra de las empresas investigadas por Garzón, TCM, se le adjudicó la gestión de la Oficina de Atención al Ciudadano por 612.551 euros. Al final, el importe llegaba a dos millones de euros anuales. Narciso de Foxá, el alcalde que sustituyó a Ortega, anuló el contrato. 

(www.elpais.com, 10/02/09) 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE, AMIGO DEL JEFE DE LA TRAMA 

El entramado de relaciones con los implicados en el escándalo se extiende por multitud de ayuntamientos de Madrid, distintos organismos de la Comunidad y hasta el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. Por ejemplo, Benjamín Martín Vasco, el diputado del PP en la Asamblea que ha sido designado presidente de la comisión de investigación del espionaje en la Comunidad de Madrid, es amigo personal de Francisco Correa, el empresario detenido.  

Martín Vasco está siendo investigado y que una de las detenidas, Isabel Jordán, asegura en una grabación que a Martín Vasco le pagaron para que callara sobre operaciones urbanísticas en Arganda. Fuentes de la Audiencia aseguran que, por el momento, no está imputado en este sumario. El diputado autonómico admite su relación de amistad con Correa. De hecho, explica que antes de 2005 coincidía con él en Marbella, mientras pasaban las vacaciones de verano. Según su versión, salían y asistían a fiestas con grupos de amigos. Niega que fuera de vacaciones a su casa en Marbella y asegura que desde 2005 viaja a Estepona y ya no coincide con Correa. Pero admite su relación de amistad. 

El empresario detenido está casado con Carmen Rodríguez, hija de un constructor recientemente fallecido que estuvo implicado en la Operación Malaya contra la corrupción en Marbella. Algunas fuentes aseguran que Martín Vasco coincidió en Marbella con Emilio Rodríguez Buallo, el suegro constructor de Correa. 

Otra relación llamativa es la de la jefa de gabinete del todavía alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, que está casada con David Pérez, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. 

Elena Cerezo Rodero ocupa ese cargo de confianza del alcalde desde hace seis años. Fuentes del PP en la Asamblea aseguran que se trata de un cargo técnico y que la esposa del portavoz es especialista en comunicación. 

Por el cargo de jefa de Gabinete, Elena Cerezo, de 36 años, tiene acceso a la agenda del alcalde de Boadilla, que, entre otras cosas, viajó a Miami con Correa. También se ha asegurado en algunos medios que adquirió un apartamento en Estados Unidos. 

Fuentes del PP aseguran que cuando fue designada por González Panero para el cargo, hace seis años, David Pérez no era ni diputado autonómico. El actual portavoz del PP obtuvo el escaño en 2003. Correa es también amigo personal de Jesús Sepúlveda, actual alcalde de Pozuelo y anterior responsable de acción electoral de su partido. Cuando organizaba los actos del PP tenía también estrecha relación con Francisco Álvarez-Cascos, entonces secretario general del partido. Personas vinculadas a Correa han tenido relación con el concejal de Madrid Álvaro Ballarín. 

(www.elpais.com, 10/02/09) 

EL JEFE DE LA TRAMA DE CORRUPCIÓN QUISO COMPRAR UN PAI EN LA NUCIA 

Francisco Correa, supuesto jefe de la trama de corrupción vinculada al PP, puesta al descubierto por el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción, intentó comprar el Programa de Actuación Integrada (PAI) Pie de Monte de La Nucia a los promotores del proyecto. "Tengo un tema gordo en Valencia, con un PAI prácticamente cerrado. El tío pide 1.000 kilos de más. Compramos a 10.000 [el metro cuadrado] y vendemos a 20.000. Ganamos 12.000 kilos", recoge una de las numerosas grabaciones incorporadas al sumario del caso, donde Correa se refiere a un negocio urbanístico que, como se ha sabido después, tiene que ver con el citado PAI de La Nucia. "De mi 50%", alardea Correa en las grabaciones, "reparto con Ramón Blanco, con Álvaro [Pérez], con Pablo y con el alcalde. Hay un tema medioambiental que desbloqueo yo". 

Para que el supuesto negocio del que habla el jefe de la trama se cerrara era imprescindible que el PAI Pie de Monte, aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de La Nucia en 2004, fuera aprobado por la Generalitat. Sin ese permiso la recalificación de parte de estos terrenos era imposible. Correa visitó al menos tres veces la localidad. 

El proyecto, promovido entre otros por Francisco Murcia Puchades, se había atascado en la Consejería de Territorio porque carecía de los preceptivos informes, confirmaron ayer a este diario fuentes de este departamento. El propio Correa alardea en otro fragmento de las conversaciones registradas de que cuenta con un as en la manga para desbloquear el proyecto. "Lo desbloqueo yo con el hijoputa de Esteban [Gonzálezs", en alusión al ex consejero de Territorio, cuyo departamento estableció varias condiciones para aprobar el PAI, entre ellas contar con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), una barrera prácticamente insuperable. 

El PAI no pasó el examen de la Comisión de Urbanismo de Alicante a finales de octubre del año pasado. Sus responsables dejaron el expediente encima de la mesa a la vista del informe negativo de la CHJ por la falta de suficientes recursos hídricos. Tampoco contaba con el informe de la Entitat de Sanejament de la Generalitat, corroboró la misma fuente oficial. 

La actuación afecta a más de un millón de metros cuadrados de suelo urbanizable y no urbanizable, donde los promotores querían levantar 3.900 viviendas.Del millón largo de metros cuadrados que abarca el plan urbanístico, unos 450.000 son urbanizables y algo más de 600.000, no urbanizables, detalló una portavoz de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo. La mercantil Montemar La Nucia, SL, es la sociedad promotora del PAI y en su accionariado se encuentra el promotor alicantino Francisco Murcia Puchades. También figuran Jaime Febrer Rovira o Juan Vicente Hermosilla. El proyecto de Pie de Monte no es el único que se promueve en esta localidad. En proceso están también los de La Serreta y Algar. 

Este proyecto sigue en tramitación en la consejería que dirige José Ramón García Antón, pero, contrariamente a lo que defiende el alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, no tiene un informe favorable de impacto medioambiental. Así lo confirmó ayer una portavoz de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo. Tan lejos como el domingo, el consistorio alicantino aseguraba en un comunicado que este departamento se lo había concedido en 2007. "Es rotundamente falso que tenga un informe de impacto negativo", dijo el gabinete de prensa de La Nucia, que amenazó con emprender acciones jurídicas contra los medios de comunicación. 

Desde que la operación de Garzón saltara a las portadas de los diarios, Cano ha repetido que no tiene relación con Álvaro Pérez, a pesar de que numerosos testimonios, y el propio hecho de que éste tiene un chalé en L'Alfàs del Pi, municipio vecino de La Nucia, indican lo contrario. También hay testimonios que aseguran que Francisco Correa, el supuesto jefe de la trama de corrupción vinculada al PP, se paseó varias veces -al menos tres- por esta localidad de La Marina Baixa. Fue precisamente Cano quien contrató a la empresa Special Events de Correa para que organizara la primera edición de los Premios Luis del Olmo de Periodismo en La Nucia. Correa estuvo en la presentación de los premios y también en la entrega. Después de este evento, se le vio una vez más por La Nucia. Correa y Álvaro Pérez -que se refería al primero como su jefe- aparcaron su vehículo a las puertas del Ayuntamiento, donde se reunieron con el alcalde. 

(www.elpais.com, 10/02/09) 

GONZÁLEZ, ANTE EL JUEZ 

El vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio González, acudió ayer al juzgado para ratificar la denuncia que interpuso ante la fiscalía por los supuestos seguimientos a los que fue sometido en viajes al extranjero. A las puertas de las dependencias judiciales, el número dos de Esperanza Aguirre confió en que el proceso sirva para conocer "quién está detrás de los seguimientos ilícitos" y de la vulneración de su "intimidad privada". "Espero que la actuación diligente de la justicia nos dé luz para saber quién está detrás de esto, por qué lo ha hecho, con qué objetivos y sepamos qué hay detrás de verdad", recalcó el vicepresidente. 

(www.elpais.com, 10/02/09) 

EL AYUNTAMIENTO HA ADJUDICADO TRES CONTRATOS A SPECIAL EVENTS 

Special Events también ha dejado rastro en el Ayuntamiento de Madrid. Pese a que los contratos de los que se benefició fueron adjudicados conforme a la legislación y mediante concurso público, la empresa de Francisco Correa ya estaba vetada por el PP en la sede de Génova en el año 2004, cuando obtuvo los dos contratos concedidos durante el mandato del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. Por aquella época, Mariano Rajoy ya tenía constancia de que Correa exigía contratos, en nombre de la tesorería del partido, a alcaldes madrileños populares. Desde entonces cortó todo tipo de relaciones con él y su empresa. 

El Ayuntamiento de Madrid adjudicó a Special Events, la principal empresa implicada en el caso de corrupción destapado por el juez Baltasar Garzón, tres contratos. Uno en la etapa de José María Álvarez del Manzano como alcalde (en 2001) y otros dos con Alberto Ruiz-Gallardón al frente del Consistorio (en 2004 y en 2005). 

En 2005, el entonces portavoz del PSOE, Óscar Iglesias, pidió información al Ayuntamiento acerca de las adjudicaciones a dicha empresa. Lo hizo a raíz de los primeros indicios de irregularidades en Special Events, que ya contrataba servicios con la Comunidad y no había declarado ninguna de sus facturaciones. 

Según el documento que el Ayuntamiento remitió a Iglesias, María Tardón, entonces tercera teniente de alcalde y concejal de Atención Social, Policía y Movilidad, adjudicó un contrato por valor de 267.000 euros a la empresa de Correa para que organizara los actos del Día sin Coches que celebraba el Ayuntamiento. 

Años más tarde, cuando dicha empresa ya estaba vetada internamente por el Partido Popular por sus presuntas irregularidades, el Gobierno de Gallardón le adjudicó dos contratos más. 

El primero, por un monto total de 329.000 euros, se lo concedió, mediante concurso público, la empresa pública Promoción Madrid para que se encargase de montar el stand de la capital en la feria de turismo Fitur. 

El contrato y el pliego de condiciones, que el Ayuntamiento mostró, cumplía con la legalidad vigente y se sometía a las normas de la contratación. "Esa empresa tenía todo en regla. No había ningún motivo jurídico para que no se le adjudicase el contrato para montar el stand", alegaron ayer fuentes del Ayuntamiento. 

Cinco empresas más participaron en el concurso, cuya convocatoria se publicó en dos periódicos de tirada nacional el 17 de diciembre de 2004 con un plazo de respuesta hasta el 27 de ese mismo mes. Apenas una semana hábil para apuntarse. "Eso es normal. Las empresas que se dedican a esto están pendientes de estos concursos, que son siempre en las mismas fechas", explicaron fuentes de la Concejalía de Economía. Una vez adjudicado, el Ayuntamiento les ofreció la posibilidad de revisarlo, pero nadie lo pidió, alegan en el Consistorio. 

La Empresa Municipal de la Vivienda adjudicó otro contrato a Special Events durante el mandato de Gallardón. La sociedad pública, entonces dirigida por el concejal de Vivienda Sigfrido Herráez, encargó a la firma de Francisco Correa en 2004 la "asistencia técnica para el diseño, montaje y mantenimiento del stand EMB, EMS y GMU del Salón Inmobiliario 2004". El precio de licitación fue de 153.000 euros y otras nueve empresas participaron en el concurso. "La comisión técnica propuso que se le adjudicase a esa compañía. No se encontró ninguna irregularidad y se consideró que era la mejor oferta", explican fuentes de la Concejalía de Urbanismo. 

Según las mismas fuentes, un año después, Special Events se volvió a presentar al mismo concurso, pero en esa ocasión la comisión técnica no consideró oportuno adjudicárselo. 

(www.elpais.com, 10/02/09) 

AGUIRRE CORTA TRES CABEZAS POR LA TRAMA DE CORRUPCIÓN 

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP en la región, Esperanza Aguirre, forzó ayer la dimisión de tres altos cargos de su partido por estar presuntamente relacionados con algunas de las empresas investigadas por el juez Baltasar Garzón en la supuesta trama de corrupción que podría afectar a este partido.El primero es un consejero de su Gobierno, Alberto López Viejo, responsable de Deportes, a quien Aguirre destituyó ayer, pero al que también defendió de forma absoluta porque «no ha realizado ningún acto ilegal ni irregular».  

Alberto López Viejo se ha dedicado desde siempre -primero como viceconsejero de Presidencia y luego como titular de Deportes- a contratar los actos de la presidenta y de gran parte de las consejerías. Muchos de esos contratos se hicieron con la sociedad Easy Concept.  

Los otros dos dirigentes que dejan sus cargos son Guillermo Ortega, gerente de la sociedad Mercado Puerta de Toledo y ex regidor de Majadahonda, y Arturo González Panero, que se resistió hasta última hora de la noche a dejar su puesto de alcalde de Boadilla del Monte.  

En un día de perros para el PP, lleno de confusiones por la resistencia del alcalde de Boadilla a dimitir, Aguirre decidió cortar por lo sano y forzar la salida de estas tres personas, aunque no le consta, según fuentes próximas a la presidenta, que alguno haya cometido los delitos que está investigando Garzón.  

La clave es que los tres tienen algún tipo de relación con las sociedades de Francisco Correa, el conseguidor que, según la investigación, alardeaba de contar con el apoyo del PP para lograr contratos.  

El más importante de los políticos que dejan su puesto es Alberto López Viejo, consejero de Deportes de Aguirre y persona de la máxima confianza de la presidenta, hasta ayer. El ex miembro del Gobierno de Madrid contrató durante años con sociedades vinculadas a Correa para hacer presentaciones y actos públicos de la presidenta y de multitud de consejerías. De hecho, Aguirre le preguntó en 2005 si estaba contratando con Special Events, una de las sociedades ahora investigadas, ya que se publicaron presuntas irregularidades en prensa. López Viejo le dijo que no. Lo que le ocultó es que lo estaba haciendo con otras sociedades controladas por los mismos empresarios, como Easy Concept.  

Según Aguirre, que dio una rueda de prensa a las 19.15 horas para anunciar la destitución, «López Viejo no ha realizado ningún acto ilegal» y dijo que dimite porque «no quiere que se mezcle la trama de investigación de Garzón con actos de la Comunidad de Madrid» y «evitar así fomentar una campaña de desprestigio orquestada contra el PP».  

Aguirre también anunció la destitución de Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y actual gerente del Mercado Puerta de Toledo. En su etapa como regidor, presuntamente contrató a sociedades de la trama de Correa. Su entonces jefa de Gabinete, María del Carmen Rodríguez, es esposa de Correa y el viernes fue detenida por Garzón, aunque después fue puesta en libertad.  

El que se resistió como pudo y hasta el último momento fue el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero. Aguirre habló en la noche del domingo con su número dos en el PP, Francisco Granados.Y decidió que Panero debía dejar su puesto ya que durante la investigación de Garzón se han conocido cintas presuntamente comprometedoras para él: «Si doy la cinta que tengo del Albondiguilla [el mote que usa Correa], se caga; pero yo también voy al trullo», aseguraba el empresario.  

Granados le citó a las 10.00 de la mañana y le exigió que dejara la Alcaldía. Panero aceptó, pero le pidió que antes le dejara hablar con el juez Garzón para anunciarlo él posteriormente.Mientras el regidor visitaba al magistrado, Aguirre le comunicó la dimisión al presidente del PP, Mariano Rajoy, y éste anunció en rueda de prensa que González Panero «dejará de ser alcalde de esa localidad».  

Tras ese anuncio, la confusión fue mayúscula porque a la vez y a escasos 200 metros (la sede del PP está frente a la Audiencia Nacional), el regidor decía a los periodistas que no estaba imputado y que no pensaba dimitir.  

Por la tarde, Granados convocó a Panero y a todos sus concejales y forzó su salida. Pero tuvo que aceptar una condición: la concejala María Jesús Díaz -enfrentada políticamente al alcalde- abandonará también el Consistorio. Díaz se enfrentó al regidor en el congreso local del PP y obtuvo un 43% de los apoyos. Desde entonces, las relaciones de los dos se rompieron definitivamente.  

Las empresas de Correa no han trabajado sólo para la Comunidad de Madrid, sino también para el PP de la región. De hecho, el congreso regional que ganó Aguirre en diciembre de 2004 fue organizado por Special Events. Sin embargo, no fue su equipo el que lo organizó, sino el entonces presidente del PP de Madrid, Pío García-Escudero, ahora portavoz en el Senado. 

(www.elmundo.es, 10/02/09)

RAJOY DICE QUE LOS DETENIDOS «JAMÁS» DIERON DINERO AL PP 

Rajoy dio uno de sus atípicos y tardíos golpes en la mesa. Anunció una investigación interna para la «expulsión inmediata» de cualquier militante que pudiera aparecer implicado en la trama de corrupción; pidió de manera reservada investigaciones paralelas en Madrid y Valencia; informó de su intención de personar al PP en la causa como acusación particular, y ordenó remitir escritos de queja al CGPJ y a la Fiscalía contra la revelación del secreto de sumario [que el juez investiga desde ayer] y el «uso político» de la investigación. Por último, convocó una reunión de urgencia del Comité Ejecutivo para analizar mañana una de las situaciones más críticas del PP desde el congreso de Valencia.  

A diferencia de Aguirre, Rajoy no cortó cabezas. Eludió en rueda de prensa poner la mano en el fuego por los dirigentes del PP que aparecen mencionados en las grabaciones a Correa, pero proclamó que «jamás condenaré a nadie sin pruebas» y que «la acusación sobre la actuación del señor Bárcenas es absolutamente falsa».Una afirmación que extendió a Esteban González Pons.

Tres días con sus correspondientes noches: ése fue el tiempo que tardó Rajoy en reaccionar ante el último y más grave de los escándalos que los últimos días castigan al PP a golpe de titulares. El viernes pasado ni él ni nadie de Génova dijo nada. El sábado, desde Suiza, se escabulló de los periodistas para no hablar de lo que «nada» sabía y «nada» le afectaba, a decir de su círculo más próximo, y pese a que se encargó a Pons contestar a José Blanco. El domingo, Rajoy mandó salir a De Cospedal, pero él seguía sin saber nada de nada. Por no saber no sabía ni si conocía a Correa. Pero esa misma noche, supo que el escándalo iba a dar en El País del lunes lo que Génova calificó de «salto cualitativo».Y es que las grabaciones ya no apuntaban sólo a presuntas irregularidades en las contrataciones con administraciones del PP sino, directamente, a la financiación ilegal del partido.  

Fuentes del PP consideran que el origen de dichas grabaciones está en uno de los dos ediles tránsfugas que rompieron con el partido en el Ayuntamiento de Majadahonda en 2004. Aseguran que habría sido una venganza contra Correa, con quien pese a que les ayudó en la formación de un nuevo partido, se peleó luego por un problema financiero.  

Así que anteanoche Rajoy convocó un comité de dirección para la mañana siguiente -faltó De Cospedal porque estaba en Toledo, y asistió Trillo, quien sugirió los escritos mencionados-. Y despachó con todos los citados en las escuchas, empezando por Bárcenas, del que recogió su principal mensaje de la rueda de prensa: «Este partido jamás ha recibido ninguna donación de ninguna de las cinco personas que han sido detenidas», proclamó.  

El mismo dio explicaciones y se arrogó la iniciativa de haber apartado a la empresa de Correa de los contratos después de que empezara a hacerlo, en 2003, Javier Arenas. Aún más, reveló: «Fuimos conocedores de que algunas personas utilizaban el nombre del PP, incluso de la dirección nacional, sin estar en absoluto habilitados para ello» y «lo avisamos a algunos ayuntamientos del noroeste de Madrid». Argumentó que no denunció porque no advirtió delito. Pero tampoco avisó al presidente valenciano, Francisco Camps. Y anoche, a él iban dirigidas las miradas del partido. Por si él también acaba por mover ficha. 

(www.elmundo.es, 10/02/09) 

CORREA, TRAS DECLARAR: «ESTOY BIEN JODIDO» 

Los tres arrestados por la presunta trama de corrupción que ha salpicado a algunos municipios populares seguirán detenidos al menos hasta mañana a las 17.30 horas. El juez Baltasar Garzón acordó la prórroga a petición de las dos fiscales de Anticorrupción presentes ayer en los interrogatorios.  

El magistrado tomó declaración a los arrestados durante más de cinco horas, empezando por Francisco Correa, supuesto responsable de la red. «Estoy bien jodido», señaló a su salida de la declaración.Su letrado explicó que había contestado a todas las preguntas, parte de ellas dirigidas a explicar su relación con algunas personas. 

(www.elmundo.es, 10/02/09) 

CORREA, EL HOMBRE QUE QUERÍA VIVIR COMO LOS PIJOS 

Como en la película de Elia Kazan, ya nada podrá devolver el esplendor en la hierba y la gloria en las flores de aquella época en la que Francisco Correa, Paco, creía que todo era posible. Incluso que las puertas del sanctasanctórum del PP se le abrieran de par en par a un hombre como él, que empezó en una agencia de viajes situada en las cercanías de la sede central del partido en Madrid.  

Poco a poco, con la misma paciencia con la que el PP presidido por Aznar se fue consolidando como alternativa de Gobierno, Paco Correa se abrió camino en los despachos, mediante ofertas para organizar viajes y actos del partido más baratos que otras empresas.Era un tío espabilado, atrevido, proclive a las fantasmadas, presumido, ambicioso, y quería ser rico. Por utilizar una palabra que le cuadra muy bien y que ha sido utilizada muchas veces para referirse a él, Paco Correa era un auténtico chulo. Su pinta lo delataba, con el pelo engominado y los rizos en la nuca. No era un pijo, ni mucho menos, pero sí quería ser uno de ellos y vivir como ellos, veranear en Marbella, navegar en yate, comer en restaurantes de lujo y tomar café en hoteles de cinco estrellas, conducir un deportivo y casarse con una mujer rica. Todo ello lo consiguió, e incluso más.  

Las personas que le conocieron hablan de un hombre pródigo en invitaciones a todo tipo de viajes y lujos. Las grabaciones que figuran en el sumario le retratan al 100%. Correa hablaba así: «Se va a enterar este hijoputa». «Le voy a dar a éste su merecido».«Tengo un negocio que me voy a salir de la tabla». Con él sólo se podía hablar de dinero. Si su colega tenía un yate, él quería otro, y si su suegro se compraba un chalé de lujo, él lo quería más grande.  

Si el juez Garzón le deja leer la prensa en la cárcel, Paco Correa se habrá dado cuenta de que le dejaron entrar en los palacios, pero, cuando vienen mal dadas, nadie conoce a nadie. A diferencia de muchos dirigentes del partido que ahora se hacen de nuevas, todos los periodistas y todos los trabajadores del PP pueden dar testimonio de quién era Paco Correa. Aquel que tantas veces se peleó con los responsables del gabinete de prensa de Aznar -casi llegando a las manos- cuando el foco no se encendía al paso del entonces líder del PP o cuando la carpintería del escenario no estaba bien pintada.  

Uno de los que más discusiones tuvo con él fue Miguel Angel Rodríguez, el periodista que cambió la imagen del PP en los años 90 siguiendo las instrucciones de Aznar de pivotar hacia el centrismo y la modernidad. Algo había en Correa que no le gustaba al equipo de Rodríguez, encargado de la imagen de Aznar. Numerosos periodistas son testigos de los enfrentamientos de Correa y sus colaboradores con personas de confianza del entonces presidente del PP. Primero con Rodríguez, pero después también con Isidro Cuberos, el que también fue jefe de prensa del PP. Y, más tarde, con Esteban González Pons, que no quiso contratarle para organizar las reuniones de la Interparlamentaria.  

Muchos periodistas escucharon las confidencias de los trabajadores y responsables del gabinete de comunicación con la idea general de que Correa no era trigo limpio. El organizaba los viajes nacionales e internacionales de los medios que acompañaban a Aznar porque, aclaraban en el gabinete de comunicación, su oferta era mejor que las de otras agencias.  

El ambicioso u osado empresario, poco a poco, se hizo íntimo amigo del gerente del partido, Luis Bárcenas, estrecho colaborador del entonces secretario general, Francisco Alvarez Cascos. Bárcenas, ahora tesorero del partido, y Correa pasaban juntos incluso las vacaciones. Todo el mundo conoce, asimismo, la estrecha relación que le unía con el eurodiputado Gerardo Galeote, hijo de un concejal de Boadilla del Monte.  

El asistió en directo, desde detrás de los escenarios de los mítines, al ascenso electoral del PP. Y cuando llegó la gloria del poder, en el 96 y después con la mayoría absoluta de 2000, también estaba allí, con la puerta grande abierta para él.  

Quiso degustar las mieles del poder. Era la época en la que no se ponía el sol en los dominios de Aznar. Paco Correa y su colega Alvaro Pérez se colaron así en el célebre clan de Becerril, liderado por Alejandro Agag, un joven dotado de un extraordinario don de gentes. Correa y Agag conectaron. Todavía no era el Agag de la Fórmula 1 ni el de Briattore. Entonces estaba en la tarea de aglutinar a un grupo de jóvenes políticos, ambiciosos y preparados, que se creían llamados a tomar el relevo del poder de los mayores en el PP.

La vida les llevó después por caminos distintos pero, en la época dorada, no había quien les tosiera por su cercanía al entorno de Aznar. Los periodistas Carlos Ribagorda y Nacho Cardero, en un libro editado por La Esfera, aseguran que Alvaro Pérez, el socio de Correa, más conocido por Alvaro el del bigote, se encargó de organizar una de las reuniones del clan de Becerril, la tercera edición del Seminario con Jóvenes Altos Cargos, celebrada en el hotel Las Gacelas los días 16 y 17 de noviembre de 2001.  

Un año después, los autores aseguran que Alvaro el del bigote también organizó la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar Botella en El Escorial. Eran profesionales en la organización de eventos y el de El Escorial era, sin duda, un gran evento internacional.Ambos asistieron al enlace. Las fotos de archivo de los ahora detenidos en el patio real del Monasterio de El Escorial han dejado sin habla a numerosos dirigentes del PP. También han supuesto el enfado mayúsculo de Alejandro Agag. El yerno de Aznar creía que Correa era sólo un mal recuerdo, pero el pasado le ha salido al encuentro.  

Al grupo de amistades personales de Correa pertenecía, asimismo, el dimitido consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, que, como concejal que era entonces del Ayuntamiento de Madrid, cerró al tráfico los alrededores de la discoteca Gabana la noche de la despedida de solteros de Alejandro y Ana. Los carteles ponían: «Prohibido aparcar por acto oficial».La despedida de soltera de la hija del presidente era un acto oficial, de la misma forma que Alvaro Pérez se ha presentado en alguna ocasión como «asesor de relaciones públicas del Gobierno de Aznar».  

Los días de esplendor en la hierba no sólo ya no volverán, sino que en el PP tampoco nadie quiere acordarse ahora de cómo fueron. 

(www.elmundo.es, 10/02/09) 

DETENIDO ÁLVARO PÉREZ, ORGANIZADOR DE EVENTOS DEL PP 

El presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, se convirtió ayer en la última persona detenida por su relación con la supuesta trama de corrupción relacionada con el PP que investiga el juez Baltasar Garzón. Según diversas fuentes, fue arrestado en Valencia y anoche estaba siendo trasladado a Madrid.  

Alvaro Pérez centraba su actividad en la Comunidad Valenciana tras haber tenido un aterrizaje triunfal: el gran mitin de Mestalla de 1996, que organizaron Special Events y Jesús Sánchez Carrascosa, asesor de Eduardo Zaplana. El era un trabajador más, pero participó en el mayor acto electoral celebrado hasta la fecha por un partido, que abarrotó las gradas y el terreno de juego con 55.000 seguidores.Pérez trabajaba como asesor externo de José María Aznar en Génova.  

Fue entonces cuando el actual presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, vio por primera vez al hoy investigado por Baltasar Garzón. Los siguientes encuentros se produjeron en los congresos nacionales del PP de 1999 y 2002. En 1999, Special Events organiza parte de la campaña electoral de Zaplana a la Generalitat y percibe por ello 10 millones de pesetas. Es la tercera firma en facturación (Media Estrategia cobra 22,3 y Grupo Cencal, 13,3). 

En esos años, Alvaro Pérez campaba a sus anchas en Génova, pero comenzó a tener enfrentamientos con algunos miembros del partido en Valencia. En concreto, con Esteban González Pons, que, en aquellos años (1999-2003) como portavoz del PP en el Senado y miembro del Comité Ejecutivo Nacional, se opuso a algunos trabajos del grupo por el alto precio. González Pons elevó sus quejas al secretario del PP, Javier Arenas, quien ya tenía dudas.  

Sin embargo, es en ese momento cuando Alvaro Pérez se consolida en Valencia, pese a que pincha en su segunda cita en Mestalla, el 10 de mayo de 2003. Allí se volvió a congregar a las mismas figuras para la campaña autonómica de Camps -por la que Special Events cobró 140.000 euros, de los 832.000 que gastó el partido-.En esa campaña de transición de Zaplana a Camps ya se notaban las primeras fricciones hasta entre los asesores. Pérez llega, enviado desde Génova, de la mano de Daniel Mercado, pero enseguida domina en las decisiones, mientras el segundo se encarga más directamente de Camps hasta que es apartado poco a poco, según fuentes del partido.  

Tras las fricciones con la dirección nacional del partido, Alvaro Pérez se presenta en Valencia como el hombre que ha roto con Francisco Correa y que desea establecerse por su cuenta. El 24 de julio de 2003 funda, para su mercado naranja, Orange Market.La constituye en Valencia como sociedad limitada y con un capital social de 3.006 euros.  

A partir de ese momento, la firma se convierte en habitual de los actos regionales del PP. Entarimados, traseras y servicio de megafonía son las contrataciones más habituales. Organiza el congreso regional de 2004 y los provinciales de 2005 de Valencia y Castellón. En Alicante, los zaplanistas, ya enfrentados a Camps, optan por Genoveva Reig. Orange Market repite con el PP en las autonómicas de 2007, las generales y el último congreso regional.  

La imagen de Alvaro Pérez en el PP y en la Generalitat era la de un tipo «resolutivo, eficaz y con ideas innovadoras» en el escenario, según fuentes del partido. Pero caro. Diputaciones y varios alcaldes rechazaron sus servicios por las elevadas tarifas.Con todo, fuentes del PP advierten de que tienen «todas las facturas», que «todo se ha pagado» y que, además, se trata de «trabajos tangibles, ningún dossier o informe». 

(www.elmundo.es, 10/02/09)  

CAMPS ELIGIÓ A ORANGE MARKET PESE A SER LA OFERTA MÁS CARA 

La Generalitat valenciana adjudicó a Orange Market un contrato de 915.000 euros a pesar de que la oferta de esta empresa, una de las investigadas en la Audiencia Nacional por la presunta trama de corrupción ligada a distintas administraciones del PP, era la más cara de las siete que se presentaron a concurso.  Orange Market recibió en diciembre el encargo de crear, montar y desmontar el pabellón de la Comunidad en cuatro ferias de turismo, entre las que se encuentra Fitur, durante el año 2009. La compañía se benefició del mismo contrato en las cuatro ediciones anteriores. 

La consellera de Turismo, Angélica Such, explicó este lunes que la empresa fue escogida por su "buenísima creatividad" y porque conseguía "conectar el stand de Fitur con la campaña Te doy todo de la Comunidad". Sin embargo, como ella misma reconoció minutos más tarde, estas capacidades -la creatividad y la creación de un elemento unificador- sólo suponían el 45% de la nota final que recibieron las empresas candidatas, según las condiciones que puso la propia administración. 

El criterio más importante era, precisamente, el precio, con un 50%. A pesar de que en este aspecto, la de Orange Market era la peor oferta, obtuvo la máxima puntuación: "Veinte sobre veinte puntos", según Such. La consellera se presentó ante los medios de comunicación para, según dijo, preservar la "honradez y honorabilidad del Gobierno" presidido por Francisco Camps. 

En su comparecencia, Such rehusó detallar qué empresas compitieron con la investigada. Tampoco aclaró quiénes componían la mesa de contratación que la eligió con la máxima puntuación. Insistió en que la investigación judicial no afecta a su departamento, sino "a una de las más de 40 empresas que a lo largo de 2008 han sido adjudicatarias de los distintos concursos públicos de la Conselleria de Turismo".  

Such reconoció que su conselleria recibió el viernes la visita de dos agentes judiciales, que pidieron el contrato firmado con Orange Market. El Gobierno valenciano señaló este martes en un comunicado que las investigaciones no se dirigen contra sus funcionarios o altos cargos. El PSOE regional recordó que el PP se niega desde hace cuatro años a dar explicaciones sobre sus relaciones con esta empresa. Los socialistas pidieron información ya en 2005 sobre esta cuestión. La pregunta fue rechazada por las Cortes valencianas con el argumento de que la compañía no tenía "trascendencia pública". El PSOE y el resto de la oposición anunciaron que volverán a intentar obtener información.

(www.publico.es, 10/02/09) 

LA TRAMA DE MADRID SE COBRA LAS CUATRO PRIMERAS CABEZAS EN EL PP 

La trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón deja otra herida de guerra en el PP. Las relaciones de los empresarios implicados en este caso con algunos cargos populares hacen daño, y mucho, a la imagen del partido. Y en busca de algún tratamiento de choque, ayer se tomó la decisión de cortar cuatro cabezas políticas: las del consejero de Deportes en Madrid, Alberto López Viejo; el actual gerente del madrileño Mercado Puerta de Toledo, Guillermo Ortega --exalcalde del municipio de Majadahonda--; el actual alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, y su número dos, María Jesús Díaz. 

Pero esto es un resumen de una larga jornada que se vivió ayer en el PP y que, en algunos momentos, adquirió tintes de sainete. Valga como ejemplo el momento en el que Mariano Rajoy anunciaba en su sede que el alcalde de Boadilla dimitía y, casi a la vez, el aludido lo negaba en las puertas de la Audiencia Nacional. El final de esta pieza lo puso Esperanza Aguirre, que decidió entrar en escena a media tarde para poner orden.Este nuevo lunes negro de Rajoy (ya acumula varios en su biografía política) comenzó temprano, con la reunión de su comité de dirección. Allí se habló principalmente de corrupción. En su entorno había tomado fuerza la idea de que esta vez era el líder y no segundos espadas quien debía dar la cara y, de paso, exhibir autoridad. 

Rajoy aceptó la sugerencia. Apareció en la sala de prensa del partido a las 12.45 horas, con sus vicesecretarios --su número dos, María Dolores de Cospedal, no estaba--; su jefe de gabinete y su responsable de justicia. Arrancó su discurso: admitió que algunos empresarios que investiga Garzón han sido "proveedores" de servicios al PP, pese a que el sumario que se está instruyendo es secreto y él, matizó, lo desconoce.

El líder del PP anunció otra investigación interna "a nivel nacional y regional" (en Madrid y Valencia) y cargó contra las "filtraciones" a los medios ya que, según apuntó, "hacen daño al PP en su conjunto". Y señaló que pediría amparo en la Audiencia Nacional y en el Consejo General del Poder Judicial, además de personarse en la causa. Eso sí, restó importancia al hecho de que hayan sido exediles del PP los que hayan favorecido que este caso salga a la luz. 

"Todas las contrataciones que ha hecho esta casa se han hecho en el marco de la legalidad", garantizó Rajoy, que añadió que tampoco ha recibido donaciones de los detenidos. "Si algún militante hubiera hecho algo ilegal, o que no se ajuste a los comportamientos que cualquier dirigente político debe mantener en el ejercicio de su cargo, el PP actuará con toda contundencia", agregó. 

Asimismo, reconoció que, cuando supo en el 2003 que empresas como Special Events trataban de conseguir contratos usando fraudulentamente el nombre de su partido, cortó relaciones con ellas. Y si se enteró, ¿por qué no lo denunció entonces?, se le preguntó. "No me pareció que aquello fuera una actividad delictiva", respondió. 

A continuación, comunicó que el alcalde de Boadilla había puesto su cargo a disposición del PP, pese a declararse inocente. Aceptaba el gesto por el bien de la imagen del partido. ¿Y quién se lo había dicho a Rajoy? Pues la propia Esperanza Aguirre, que, según especificó, le autorizó a contarlo. Pero mientras, el afectado desautorizaba al líder sin pudor y negaba su dimisión. 

Nadie entendía nada de lo que ocurría en el PP. ¿Quién decía la verdad? ¿Quién dimitía? En medio del caos, el PP de Madrid trató de arreglar el entuerto. Así, su secretario general, Francisco Granados, aclaró que se había reunido a las diez de la mañana con el alcalde de Boadilla y que había obtenido su compromiso de dimisión. Granados se lo dijo a Aguirre, y esta, a Rajoy. Y Rajoy, a los periodistas. Al mismo tiempo, el regidor de Boadilla se veía con el juez Baltasar Garzón. No estaba imputado. De momento, pese a las revelaciones sobre sus supuestas y sospechosas posesiones en Miami. El alcalde reculó y decidió que no se iba. 

Granados telefoneó a González Panero y le avisó de que o se marchaba o le echaban. Ninguno cedía. Se convocó una reunión con los ediles de Boadilla. Siete y media de la tarde. Aguirre convocó con urgencia a la prensa. A saber: anunció la dimisión de su consejero Alberto López Viejo --por contratar servicios con esas empresas--, así como la del exalcalde de Majadahonda, que hasta ayer dirigía una sede comercial madrileña. 

Aguirre sostuvo que el PP de Madrid, desde que ella lo preside, no tiene relación con los investigados y que la reunión de Granados con el equipo de Boadilla daba frutos: hoy se irán el alcalde y su número dos. En total, cuatro cabezas en la cuenta de Aguirre, que insistió en la presunción de inocencia. Igual que con el espionaje, aunque ahí no dimite nadie. Es evidente que el PP tiene distintas varas de medir. Como en Valencia, donde ser imputado --como Carlos Fabra-- no implica, siquiera, perder la militancia en el partido. 

(www.elperiodico.com, 10/02/09) 

UN ENCARGO DE CAMPS A ORANGE MARKET ERA EL MÁS CARO DEL CONCURSO 

El Gobierno de Francisco Camps (PP) optó por la oferta más cara, la presentada por la empresa Orange Market, una de las firmas vinculadas a la trama que investiga el juez Baltasar Garzón, a la hora de diseñar y montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). 

Al concurso se presentaron otras seis empresas con ofertas más bajas. Fue adjudicado por un total de 915.000 euros a Orange Market, que siguió así con su buena racha en la adjudicación de contratos con el Gobierno valenciano, que desde el 2005 le viene concediendo a la empresa investigada los contratos de Fitur, además de otras adjudicaciones que la consejera de Turismo, Angélica Such, dijo ayer desconocer pese a ser de su competencia. 

Este es el caso de la ceremonia de inauguración de la Vuelta al Mundo de Vela que se celebró en Alicante, que también organizó Orange Market y por la que cobró medio millón de euros. En este caso el contrato se realizó a través de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, una entidad pública que depende del vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, Vicente Rambla, y cuya directora general es Arantxa Vallés, su exjefa de gabinete. 

Las actuaciones de esta sociedad han sido cuestionadas por la Sindicatura de Cuentas, institución que fiscaliza las empresas públicas, por el excesivo número de contratos adjudicados sin procedimiento concursal.  

(www.elperiodico.com, 10/02/09) 

LA SOMBRA DEL PASADO ES ALARGADA 

Desde el 19 de enero el PP soporta tres vendavales que le zarandean con gran violencia. El primero, muy escandaloso, la oscura trama de espionaje de Madrid que afecta a dos hombres clave de la Comunidad: el vicepresidente y hombre de confianza, Ignacio González, y el consejero de Interior y Justicia (y secretario general del PP madrileño) Francisco Granados. Rajoy no ha podido sacudirse el asunto porque no se sabe imponer a la presidenta de la Comunidad y del PP madrileño. Ha intentado templar gaitas y no le sale. 

El segundo es la metedura de pata de Núñez Feijóo. Resulta que el número uno por Orense, Luis Carrera, presentado como un fichaje y futuro consejero de Hacienda, está acusado de defraudar a Hacienda dinero procedente de paraísos fiscales. Una bomba de destrucción sobre la campaña gallega, pero que Rajoy y Feijóo --aquí sin ataduras-- han afrontado. Carrera tendrá costes pero el tumor se ha extirpado. El tercero es la trama de corrupción capitaneada por Francisco Correa y su empresa Special Events, investigada por Garzón, que durante años organizó actos del PP, y está activa en cuatro comunidades. 

El PP ha agitado la teoría de la conspiración y acusa a Rubalcaba, al fiscal general y a Garzón. Y se queja de la violación del secreto del sumario (¡gran novedad!). El PSOE también alegó conspiración (Anson luego la confirmó) y ahora no se puede descartar. Pero la sustancia son los hechos delictivos. El PSOE pagó por Filesa y por el GAL porque (además de conspiración) había materia delictiva. Cospedal dice que quizás haya enriquecimiento privado pero que no es Filesa. Quizás sea peor. Tanto los espías, como la guerra de contratas que subyace, como las hazañas de Francisco Correa, íntimo del yerno de Aznar y testigo de la boda de El Escorial, huelen fatal. A tráfico de influencias, a corrupción y a grosero caciquismo. 

Y el tercer vendaval es el peor. Rajoy lo detectó pero se quedó mudo. Ayer anunció la dimisión --luego negada por el interesado-- del alcalde de Boadilla, Arturo González, sospechoso de complicidad con Correa. Por la tarde, Aguirre cesó a su consejero de Deportes, Alberto López Viejo, y al exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, implicados en la trama de Correa. Pero el gran problema es Correa, vinculado a Agag y a la larga sombra de la etapa de José María Aznar. 

Rajoy decidió hace tiempo apartar a Correa porque citaba "en vano" a los tesoreros del PP. Vio que era un desaprensivo peligroso. Pero entonces, ¿por qué no apartarse con decisión y hacerlo público? Lo prudente era reventar el grano. Pero el grano estaba demasiado infectado y vinculado a la etapa Aznar. Demasiado para Rajoy, que no tiene manos libres ni ante Aguirre ni ante el pasado. 

(www.elperiodico.com, 10/02/09) 

MANOS LIMPIAS DICE QUE EMPRESARIOS PACTABAN LAS BASES DE CONCURSOS CON EL ALCALDE DE BOADILLA DEL MONTE 

El empresario "amigo" del alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, que pactaba una comisión con él para acceder a una adjudicación del Ayuntamiento del municipio elaboraba con el técnico municipal las condiciones del concurso para que las bases se amoldaran a su oferta, según consta en un informe presentado por Manos Limpias ante la Fiscalía Anticorrupción. 

Según el documento, al que tuvo acceso Europa Press, el alcalde obligaba a los técnicos a amañar las bases del concurso público de las empresas que optaban a las adjudicaciones para adecuarlas a las gestionadas por sus "amigos", entre los que figuran Francisco Correa, Pablo Crespo, José Ramón Blanco Balín y José Galeote. 

"Cualquier técnico municipal responsable de realizar bases de concursos para la adjudicación de servicio del Ayuntamiento, pasa por la experiencia previa de ser advertido de las directrices, bajo las cuales, ha de elaborar el correspondiente Pliego de Condiciones y su posterior Informe Técnico para que el campeón, que así es como lo denomina el alcalde, sea la empresa que él ha decidido. Ya sea porque le reporta alguna comisión en efectivo, favor o sea amigos personal", recoge el documento. 

El informe de Manos Limpias revela que Panero se reunía previamente a comer con cada uno de los empresarios que se presentaban a los concurso para realizar un sondeo de cual empresa ofrecía la mayor comisión. Tras cerrar el trato, el alcalde enviaba al empresario a una reunión con el técnico municipal para realizar las bases del Pliego de Condiciones a su medida, "de modo que el posterior informe técnico le resultara favorable en el proceso de adjudicación". "En otros casos, dependiendo de las características del técnico municipal, las directrices le vienen marcadas a través del concejal de su Delegación, de modo más sutil", recoge el texto. 

(www.levante-emv.com, 10/02/09) 

PRESIDENCIA PAGÓ 445.000 EUROS A ORANGE MARKET POR ORGANIZAR LA FIESTA DE LA VOLVO 

Orange Market obtuvo un suculento bocado de su participación en los fastos de la Volvo Ocean Race, la vuelto al mundo de vela que salió de la ciudad de Alicante. Fuentes de la conselleria de Presidencia admitieron ayer que la empresa de Álvaro Pérez investigada por el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, fue contratada a través de la Sociedad para la Promoción y la Imagen Estratégica de la Comunitat Valenciana, dependiente del vicepresidente del Consell, Vicente Rambla. Desde su departamento aseguraron que Orange Market se encargó de organizar el evento de inauguración de Village del Puerto de Alicante, que incluyó un castillo de fuegos artificiales, representaciones teatrales y el desfile de los equipos participantes. La Sociedad de Promoción tramitó el concurso por procedimiento negociado con publicidad, según las mismas fuentes, con un presupuesto de licitación de 500.000 euros. Tres empresas recogieron la documentación, pero sólo una, Orange Market, se presentó. El contrato se adjudicó finalmente por 445.000 euros. "Se ha utilizado un procedimiento de contratación estrictamente dentro de la legalidad", dijeron desde la conselleria de Presidencia al facilitar los datos.

El mismo portavoz del Consell aseguró ayer en una entrevista a Radio Nacional de España que la Generalitat tiene previsto finiquitar su relación con la empresa. "Nos sentimos victimas de una actuación de personas nada respetables", dijo Rambla en tono críptico. Desde su entorno manifestaron que Rambla no conoce ni ha mantenido nunca contactos con el considerado cabecilla del grupo de la trama investigada por Garzón, Francisco Correa.  

Desde que estalló el caso de la trama de presunta corrupción investigada por Baltasar Garzón, los distintos responsables de la Administración autonómica se han esforzado por lanzar el mensaje de que Orange Market trabaja con profesionalidad y es uno más de los 2.000 proveedores de la Generalitat. Ayer la consellera de Industria, Belén Juste, dijo que Orange Market es "una empresa estupenda", aunque negó que su departamento hubiese contratado con ella. Juste fue directora general de Feria Valencia antes de acceder al Consell.  

La institución que preside Alberto Català tiene a Orange Market como contratista en cuestiones de marketing. En Feria Valencia celebró al Partido Popular de la Comunitat Valenciana su congreso regional el pasado otoño, en el que resultó reelegido presidente Francisco Camps. Un cónclave que montó la empresa de Álvaro Pérez. Con este congreso Álvaro Pérez consolidaba su posición como personaje clave en el devenir de la vida del PP. tras disfrutar de las mieles del poder cuando José María Aznar ocupaba la Moncloa. Quien se lo iba a decir a alguien que empezó su carrera como técnico del periodista José María García en la radio. 

(www.levante-emv.com, 10/02/09)

Detenido el responsable de Orange Market en Valencia

Álvaro Pérez ha sido detenido orden del juez Baltasar Garzón en relación con la trama de corrupción que implica a cargos del Partido Popular

Álvaro Pérez Alonso, responsable de Orange Market en Valencia, ha sido detenido esta noche en la capital del Turia y trasladado a Madrid por orden del juez Baltasar Garzón en relación con la trama de corrupción que implica a cargos del Partido Popular.

La sede de Orange Market en la céntrica calle de Colón de Valencia fue inspeccionada el pasado viernes por agentes de la policía judicial por orden del magistrado de la Audiencia Nacional. Buscaban documentación relacionada con los contratos suscritos por esta empresa, perteneciente al conglomerado empresarial del principal imputado del caso, Francisco Correa, con la Agencia Valenciana de Turismo de la Generalitat valenciana. Orange Market acababa de renovar el contrato con el departamento de Turismo para organizar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur, una tarea que viene realizando al menos desde el año 2005, siempre por importes en torno al millón de euros. Álvaro Pérez Alonso también aparece relacionado con el negocio urbanístico del que habla Correa en una de las grabaciones ordenadas por Garzón, en concreto un proyecto en la localidad alicantina de La Nucia.

www.elpais.es 09.02.09

El presidente de la Comisión del espionaje PRESUNTAMENTE cobró casi 2 millones y medio de euros a cambio de silenciar la trama de corrupción vinculada con el PP

Un nuevo escándalo puede asestar un golpe mortal al escaso crédito que tiene la mayoría popular en la Asamblea de Madrid. El Plural revela hoy que Benjamín Martín Vasco, el elegido de Esperanza Aguirre para presidir la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid sobre la trama de espionaje, obtuvo casi dos millones y medio de euros a cambio de guardar silencio en relación con la trama de corrupción vinculada al Partido Popular.

Benjamín Martín Vasco no solo ha compartido vacaciones en propiedades ahora registradas judicialmente en Marbella con Francisco Correa y su mujer, Mari Carmen Rodríguez, dos de los detenidos en la operación anticorrupción con epicentro en Boadilla del Monte.

Discusión extramunicipal
Fuentes cercanas a la investigación han revelado a El Plural la estrecha relación que mantenía Martín Vasco -en la legislatura 2003-2007, teniente de alcalde de Arganda- con su entonces superior, el regidor popular Ginés López. Tras una fuerte discusión mantenida por motivos extramunicipales, Martín Vasco habría “amenazado a todo el clan con reventar el tinglado multimillonario que tenían en Arganda”.

Un caro silencio
La disputa se habría saldado, según las mismas fuentes, con el silencio de Martín Vasco a cambio de un alto precio: 2,4 millones de euros, que pudieron provenir, según revelan los implicados en las citadas grabaciones, de los pagos que la empresa Martinsa pudo realizar a dicho entramado.

Correa estaba allí
No es casual, en este sentido, que en el momento en que Martín Vasco exigió recibir 2,4 millones de euros para no “reventar el tinglado”, el empresario Francisco Correa ya había establecido negocios en la localidad de Arganda del Rey.

Un buen botín
Martín Vasco abandonó según se desprende de estas conversaciones grabadas e investigadas por Garzón, con un buen botín. Después se convirtió en diputado de la Asamblea regional y, a partir de ahí, es conocida su cercanía a Esperanza Aguirre, quien le ha designado presidente de la Comisión que va a investigar el, por ahora, mayor escándalo de la historia de la Comunidad. Un nuevo golpe que va a complicar las cosas al Gobierno regional.

Sin respuesta
A lo largo de esta tarde, El Plural se ha puesto en contacto con el Partido Popular para conocer la visión de los hechos de Benjamín Martín Vasco. Este periódico no ha obtenido respuesta alguna.

www.elplural.com 09.02.09

Correa y el presidente de la Comisión Parlamentaria que investiga el espionaje, buenos amigos

El entramado empresarial que presuntamente encabezaba Francisco Correa, que organizaba actos para el PP en la etapa de José María Aznar y que mantenía estrechas relaciones con alcaldes y concejales populares del Oeste de la autonomía madrileña, no era en absoluto ajeno a determinados miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid y a altos cargos de Esperanza Aguirre, según fuentes de la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional.

En concreto, el presidente de la comisión que investiga una supuesta trama de espionaje en la Asamblea de Madrid, Benjamín Martín Vasco, diputado del PP y ex primer teniente de alcalde de Arganda, compartió vacaciones en Marbella con Correa y su esposa, María del Carmen Rodríguez. Jornadas que disfrutaron precisamente en propiedades ahora registradas judicialmente, según fuentes jurídicas.

Presidente de la Comisión
El matrimonio ahora detenido disfrutó a su vez de las fiestas de Arganda a invitación del propio Martín Vasco, el parlamentario halcón designado recientemente por Aguirre para dirigir la Comisión Parlamentaria de Investigación.

Agag, el primero en “pegar la espantá”
Tanto el responsable de Special Events, Francisco Correa, como otros destacados miembros de la trama de supuesta corrupción mantuvieron, al menos hasta el viernes pasado, día en el que fueron detenidos, una fluida relación contractual que también funcionaba a través de adjudicaciones que se encuentran bajo sospecha. Además, seguían conservando estrechos lazos de amistad, con viajes y vuelos compartidos, aunque ahora sitúen esos vínculos como agua pasada, como ha hecho el yerno de José María Aznar, Alejandro Agag.

Las grabaciones de Correa
El poder de Francisco Correa para “resguardar” a su círculo de amigos podría tener sentido a la vista de la revelación efectuada ayer por el diario El País. Este periódico reprodujo el contenido de una grabación en la que el mismo Correa sostiene que si entregara una cinta del albondiguilla (apodo con el que designa al alcalde de Boadilla, Arturo González Panero) él mismo iría al trullo.

El albondiguilla
Según fuentes jurídicas, Garzón no habría necesitado por ahora la polémica grabación, en la que el albondiguilla aparecería en una situación muy comprometedora para un político.

Más amigos en puestos clave
El Plural ha podido saber asimismo que otro miembro destacado de la Comisión Parlamentaria de investigación también es muy amigo del detenido Correa. Éste, según personas de su entorno, intervino ante el alcalde de Boadilla para que la mujer del diputado autonómico consiguiera trabajo.

“Arreglar los papeles”
Francisco Correa, según otras fuentes, solía alardear de que “arreglaba los papeles” de forma irregular a través de un alto cargo del ejecutivo autonómico.

www.elplural.com 09.02.09

Una de la imputadas pagó una factura de 30.000 euros en trajes para Camps

La figura del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha salido a relucir en las grabaciones que investiga el juez Garzón sobre la trama de corrupción destapada en Boadilla del Monte. En una de estas conversaciones a la que ha tenido acceso El Plural, una de las detenidas, Isabel Jordán, asegura haber “pagado una factura de 30.000 euros” para “pagarle los trajes al presidente Camps”.

El diálogo registrado en la grabación refleja la preocupación de Jordán por las “presiones” sufridas, y por las deudas contraídas por la empresa Orange Market: “Ahora son 600.000, antes eran 900.000 euros de deuda, he hecho trabajo para la Comunidad de Valencia, Máster Open, FITUR y que no le he facturado. Incluso hemos adelantado las nóminas”.

Aparece Camps
Por si esto fuera poco, Jordán saca a relucir la figura de Camps al afirmar lo siguiente: “Incluso he pagado una factura de 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagarle los trajes al presidente Camps, tengo yo la factura, yo la he pagado”.

Orange Market
La empresa Orange Market forma parte del entramado investigado por Garzón. En Valencia, Orange Market ha resultada adjudicataria, como empresa organizadora, de algunos de los principales eventos que se han realizado en Valencia bajo el mandato de Francisco Camps, entre ellos la visita del Papa en 2006 o la Copa América en 2007. Además el pasado 26 de enero,
El Plural del escándalo que supuso que el Gobierno regional valenciano hubiera concedido a Orange Market –cuyos principales gestores mantienen vínculos con Aznar- el diseño, montaje y desmontaje del pabellón valenciano en la Feria Internacional de Turismo, FITUR. Tal adjudicación se produjo por un importe cercano al millón de euros. El escándalo de corrupción sigue expandiéndose.

www.elplural.com 09.02.09

ESPÍAS QUE SIGUIERON A CARGOS PÚBLICOS SON EMPLEADOS DE LA CONSEJERÍA DE INTERIOR 

Los seguimientos en Madrid a cargos políticos del PP contrarios a la línea marcada por Esperanza Aguirre -el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo y el ex consejero de Justicia, Alfredo Prada- se hicieron desde la Consejería de Interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid por personal de la Dirección General de Seguridad. Los indicios recaen sobre personas ajenas al colectivo de 40 funcionarios que desempeñan las tareas oficiales. En concreto, sobre uno de los dos equipos especiales de funcionarios que han coexistido en dicha consejería para la realización de tareas sensibles: uno, históricamente al mando de Sergio Gamón y otro, desde junio de 2008, bajo el control del ex policía Marcos Peña. 

Dicho personal dejó anotaciones manuscritas sobre los partes mecanografiados para identificar determinadas matrículas de coches que aparecían en los seguimientos. Los agentes escribieron a mano el número de la matrícula y el nombre de su supuesto propietario, que confirmaron, supuestamente, acudiendo a otros servicios policiales. La letra manuscrita que figura en alguno de esos partes coincide con la de al menos una de las personas que está empleada en ese departamento de la Comunidad de Madrid desde hace años, según las conclusiones de los dos informes caligráficos encargados por este periódico. 

La caligrafía coincide

Antes de encargar los informes periciales, EL PAÍS tuvo acceso a numerosos documentos originales del departamento de Seguridad de la Comunidad de Madrid (formularios de personal y partes de vacaciones o turnos), donde se recogen algunos apuntes manuscritos de funcionarios que trabajaban allí. En alguno de los documentos del departamento de Seguridad de la Comunidad de Madrid con los que ha trabajado este periódico, la caligrafía coincide con la que aparece en las anotaciones manuscritas de los partes de seguimiento a políticos, fechados entre marzo y mayo de 2008. 

Los peritos a los que ha recurrido EL PAÍS sacan idéntica conclusión tras analizar con diversas técnicas y durante días todos los documentos facilitados por este periódico y que se presentan en estas páginas. "Los textos dubitados [las anotaciones a mano en los partes de seguimiento publicados por este periódico] han sido manuscritos por la misma persona que realizó los textos y firma indubitados [documentos originales de la direción general de Seguridad que se corresponden con distintos formularios y presupuestos donde los empleados escribieron a mano diversas anotaciones]", señalan los informes periciales. 

El presidente del PP, Mariano Rajoy; y los líderes de la oposición en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés (IU) y Maru Menéndez (PSOE) habían defendido la necesidad de ordenar informes caligráficos para determinar la autoría de la letra que aparece en los partes de seguimiento. Pero ni el Gobierno de Esperanza Aguirre ni el juzgado que investiga estos hechos, el numero 47 de Madrid, que acumula las pesquisas iniciales de la Fiscalía de Madrid, se han interesado por la práctica de esta prueba para investigar de dónde procedió el espionaje. El consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, llegó incluso a poner en duda la autenticidad de los partes de seguimiento publicados por este periódico. Pese a que los dos espiados, Manuel Cobo y Alfredo Prada, confirmaron punto por punto que el contenido de los seguimientos se correspondía con sus actividades públicas y privadas de aquellos días. 

El autor de la letra forma parte del equipo que hasta hace unos meses trabajaba a las órdenes directas del entonces director general de Seguridad, Sergio Gamón, fichado en 2007 por Esperanza Aguirre. La dirigente madrileña conocía bien a Gamón, pues trabajó en el equipo de seguridad del Senado cuando ella era presidenta de esa institución. Una de las secretarias de Aguirre en el Senado durante aquella etapa era la esposa de Gamón. Cuando en julio de 2008 fue destituido Gamón de su puesto por irrumpir en un despacho de la consejería de Justicia, casualmente de una persona que también había sido espiada algunos meses antes, para sustraer documentación supuestamente delicada, Aguirre ordenó que se le buscase un cargo dentro de la misma consejería de Interior. Le garantizó así que siguiera cobrando más de 90.000 euros anuales. Y el consejero de Interior, Francisco Granados, lo hizo con celeridad. Gamón sólo estuvo tres días en el paro tras ser destituido por supuesto espionaje ilegal de una dependencia de la Comunidad de Madrid. 

Fractura interna

Unos meses antes de su destitución se produjeron los seguimientos a políticos del PP. En los meses del espionaje, de los que ha quedado prueba documental a través de partes de seguimiento (entre marzo y mayo de 2008), se había desencadenado con especial virulencia la mayor batalla que se recuerda por el poder dentro del PP. Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, se había mostrado muy crítica con la dirección del partido tras la derrota electoral y muchos de sus consejeros defendían que había que plantar cara a Rajoy en el congreso extraordinario de junio que se iba a celebrar en Valencia. 

En ese ambiente de fractura interna en el PP se producen los seguimientos diarios al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, enfrentado con Aguirre y con el propio Gobierno regional por asuntos políticos y de pura gestión diaria de ambas instituciones. También hay seguimientos más detallados al que entonces era un miembro del propio Gobierno de Esperanza Aguirre, el consejero de Justicia, Alfredo Prada. A Prada, según los partes diarios de seguimiento, se le espía en restaurantes y hoteles y se describe a las personas que le acompañan para tratar de identificarlas, a veces utilizando otros servicios de información de manera ilegal para conocer quienes podían ser los propietarios de determinados vehículos. Prada se situó del lado de Rajoy en la batalla interna del PP y ahora es un cargo orgánico de la dirección nacional del partido. Desde hacía meses, Prada había caído en desgracia en el Gobierno de Esperaza Aguirre. La presidenta pasó de tenerle en el máximo escalafón de su Gobierno, como vicepresidente y consejero de Justicia e Interior, a dejarle sólo con la cartera de Justicia. 

(www.elmundo.es, 09/02/09) 

(20:57 horas). DIMITE EL ALCALDE DE BOADILLA  

El alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Arturo González Panero (PP), ha presentado su dimisión, según han confirmado a elmundo.es fuentes del PP de Madrid. La confirmación oficial se produce después de un día lleno de rumores sobre la dimisión del primer edil popular, después de que el pasado viernes se detuviese por una trama de corrupción a cinco personas, presuntamente vinculadas con su Ayuntamiento. 

Esta mañana, tras declarar ante el juez Baltasar Garzón, González Panero reiteraba que no había presentado su dimisión y que no pensaba hacerlo mientras no fuese imputado. Casi al mismo tiempo, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, anunciara que el alcalde de Boadilla había puesto su cargo a disposición del PP. 

(www.elpais.com, 09/02/09) 

RUEDAN LAS PRIMERAS CABEZAS EN EL PP POR LA TRAMA DE CORRUPCIÓN 

Ruedan las primeras cabezas tras la trama de corrupción. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha aceptado este lunes la dimisión que le había presentado el consejero de Deportes, Alberto López Viejo, según ha afirmado ella misma en rueda de prensa. Asimismo, también cesa en su puesto el actual gerente del Mercado Puerta de Toledo y ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. Pero el torrente de dimisiones todavía no había acabado. Finalmente, y tras una jornada llena de contradicciones y desmentidos, también ha presentado su dimisión el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Aguirre, minutos antes de darse a conocer la noticia, se había mostrado convencida de que finalmente dejaría el cargo.  

López Viejo era el encargado de organizar los actos del partido, algunos de los cuales fueron encargados a Special Events, empresa vinculada con el propio Correa. Aguirre ha comentado que acepta la dimisión "para que los que están intentando desprestigiar al PP no puedan mezclar las cosas". El nombre de Ortega se venía relacionando durante los últimos días a Francisco Correa.  

Los denunciantes de la trama mantienen que López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para adjudicárselos supuestamente a una sociedad denominada Down Town Consulting, de la trama empresarial de Correa por un valor superior a los cuatro millones de euros.  La cartera de Deportes pasará a forma parte de la Consejería de Cultura y Turismo, en manos de Santiago Fisas. Asimismo, la presidenta subrayó que López-Viejo no ha hecho nada "ni ilegal, ni irregular", sino que ha contratado a las empresas que está investigando el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, relacionadas con Francisco Correa.

"Sólo ha organizado materialmente los actos de la Comunidad", destacó en rueda de prensa. La presidenta subrayó en este sentido que el hasta ahora consejero "ha dimitido pero no está implicado en la trama", de hecho deja su cargo "para que no se confunda con la trama". "Los madrileños pueden estar tranquilos porque, desde luego, la transparencia y la responsabilidad mientras yo sea presidenta serán las señas de identidad de este Gobierno y no vamos a permitir que nadie empañe esta transparencia y responsablidad", agregó.

En este sentido, Aguirre aseguró "toda la actuación" de la Comunidad en materia de contratos "es legal" y "goza de los informes de intervención", pero "esas contrataciones se han hecho por la confianza que tenía en sus técnicos". "Por eso le agradezco que haya tenido la responsabilidad de dejar su cargo de consejero", manifestó. 

Aguirre asegura que la Comunidad de Madrid no tiene ningún contrato con Special Events y que, al menos desde que es presidenta de la Comunidad, tampoco con el PP. 

En cuanto a la dimisión de Ortega, también aceptada, ha sido para defender mejor sus intereses "estando fuera del Gobierno de la Comunidad". Guillermo Ortega fue alcalde de Majadahonda entre 2001 y 2005, cuando dimitió en el marco de la ruptura del grupo municipal originada por la decisión de enajenar dos parcelas públicas a un precio inferior al del mercado. Durante su mandato Ortega tuvo como jefa de gabinete a María del Carmen Rodríguez Quijano, detenida el viernes pasado por iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción y casada con Francisco Correa, otro de los arrestados en la investigación de una supuesta trama de corrupción vinculada a varios Ayuntamientos. 

(www.publico.es, 09/02/09) 

AGUIRRE DESTITUYE AL CONSEJERO MADRILEÑO SALPICADO EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN POLÍTICA 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado esta tarde que el consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, ha presentado su renuncia y ella la ha aceptado "para que los que están intentando desprestigiar al PP no puedan mezclar las cosas". López Viejo está envuelto en la trama de corrupción política vinculada al PP que fue desmantelada el pasado viernes por el juez Baltasar Garzón. El magistrado ordenó cinco detenciones, dos de ellos ex cargos en el partido, y 30 imputados. El supuesto cabecilla de la red, Francisco Correa Sánchez, extendió sus negocios por Madrid y Valencia. 

Los denunciantes de la trama han investigado la supuesta relación de Correa con el consejero. Los denunciantes mantienen que López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para adjudicárselos supuestamente a una sociedad denominada Down Town Consulting, de la trama empresarial de Correa por un valor superior a los cuatro millones de euros. 

También ha presentado su renuncia el gerente del Mercado Puerta de Toledo, ex alcalde de Majadahonda, Guillemo Ortega

En las conversaciones grabadas a Correa, éste insinúa que Ortega le pagó "facturas extrañas" de su empresa, Pasadena Viajes, cuando era regidor de Majadahonda, por el procedimiento de anticipo de caja. Y que su mujer, Carmen Rodríguez Quijano, detenida en la operación, le compró un piso al "Rata", apodo con el que denomina a dicho regidor, que oficialmente no era de él sino que usaba un testaferro. 

(www.elpais.com, 09/02/09) 

LA COMUNIDAD DE MADRID ADJUDICÓ CONTRATOS A SERVIMADRID POR 340.000 EUROS 

La Consejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Madrid adjudicó dos contratos en 2005 y 2006, por un importe de 162.000 y 177.570 euros respectivamente, a la empresa Servimadrid Integral, investigada por la Audiencia Nacional dentro de la operación Gürtel contra la corrupción, el tráfico de influencias y el blanqueo de capitales. 

El objeto social de la empresa, constituida en febrero de 2005 en Alicante, es la prestación de servicios de asesoramiento, gestión y administración de empresas, así como la organización, promoción y comercialización de eventos, convenciones y congresos. 

En ambos casos Servimadrid Integral ganó el concurso abierto convocado por la Comunidad de Madrid para organizar la gala de entrega de los Premios de Cultura y la Medalla Internacional de las Artes, tanto en el 2005 como en el 2006. El primero de ellos lo ganó la empresa ocho meses después de su creación, en octubre de 2005. 

Servimadrid Integral es una de las empresas investigadas por el juez Baltasar Garzón junto a Special Events, Easy Concept y Pasadena Viajes. El juez de la Audiencia Nacional y la Fiscalía ordenaron el viernes a los agentes requerir documentación a los ayuntamientos madrileños de Boadilla del Monte y Majadahonda referidas a estas empresas. 

(www.elmundo.es, 09/02/09) 

AGUIRRE DESTITUYE A SU CONSEJERO LÓPEZ VIEJO POR LA TRAMA DE CORRUPCIÓN 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha destituido al consejero de Deportes, Alberto López Viejo, y ha aceptado la dimisión de Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y ahora director del Mercado Puerta de Toledo. Ambos estarían presuntamente relacionados con la operación Gürtel contra la corrupción. 

López Viejo fue durante varios años el encargado de organizar los actos del partido, algunos de los cuales fueron encargados a una empresa relacionada con Francisco Correa, cerebro de la trama de corrupción, blanqueo y asociación ilícita destapada por el juez Baltasar Garzón. 

Según ha anunciado la presidenta regional, la cartera de Deportes pasará a forma parte de la Consejería de Cultura y Turismo, en manos de Santiago Fisas. Asimismo, la presidenta subrayó que López-Viejo no ha hecho nada "ni ilegal, ni irregular", sino que ha contratado a las empresas que está investigando el juez. 

"Sólo ha organizado materialmente los actos de la Comunidad", destacó en rueda de prensa. La presidenta subrayó en este sentido que el hasta ahora consejero "ha dimitido pero no está implicado en la trama", de hecho deja su cargo "para que no se confunda con la trama". 

"Los madrileños pueden estar tranquilos porque, desde luego, la transparencia y la responsabilidad mientras yo sea presidenta serán las señas de identidad de este Gobierno y no vamos a permitir que nadie empañe esta transparencia y responsabilidad", agregó. 

En este sentido, Aguirre aseguró "toda la actuación" de la Comunidad en materia de contratos "es legal" y "goza de los informes de intervención", pero "esas contrataciones se han hecho por la confianza que tenía en sus técnicos". "Por eso le agradezco que haya tenido la responsabilidad de dejar su cargo de consejero", manifestó. 

Un consejero controvertido 

Esperanza Aguirre nombró en 2004 viceconsejero de Presidencia a su controvertido pupilo Alberto López Viejo tras investigar su pasado político, plagado de denuncias por irregularidades. Tras las pasadas elecciones de 2007, López Viejo pasó a ocupar la consejería de Deportes, un departamento sin apenas competencias. 

López Viejo, que ejerció como concejal de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid en la época de Alvarez del Manzano, fue acusado varias veces por el PSOE de malversar fondos públicos. 

Por su parte, Guillermo Ortega, que dimitió en 2005 como alcalde de Majadahonda, habría sido responsable de los contratos a varias empresas de la trama de corrupción investigados por el juez Garzón en Majadahonda. 

(www.elmundo.es, 09/02/09) 

RAJOY CORTÓ CON CORREA PORQUE EXIGÍA CONTRATOS EN NOMBRE DE LA TESORERÍA 

Álvaro Lapuerta hizo cortar las relaciones del PP a nivel nacional con su principal proveedor electoral, Francisco Correa, presunto jefe de la trama corrupta desarticulada el pasado viernes. Sucedió en junio de 2004, cuando Lapuerta era tesorero nacional del partido. Lapuerta tomó esa decisión, que avaló Mariano Rajoy, tras conocer que Correa estaba exigiendo, en nombre de su departamento, la adjudicación de contratos a sus empresas a alcaldes madrileños populares, según confirman altos cargos del partido. Ésa es, precisamente, la sospecha que alimenta la investigación que ha culminado ahora el juez Baltasar Garzón al desarticular la presunta trama corrupta que dirigía Correa: que captaba contratos públicos mediante tráfico de influencias en municipios del PP. 

De hecho, la información inicial sobre la trama fue brindada por cargos del PP, que en noviembre de 2007 aportaron a la policía y a la Fiscalía Anticorrupción su denuncia y pruebas sobre los manejos de esta red. La investigación se alargó durante más de un año y acumula abundantes grabaciones. Ese material aporta abundante información sobre las maniobras de Correa, pero también aparentes datos comprometedores que dice conocer de otros personajes. 

Así, en diciembre de 2007 afirmó en una conversación lo siguiente sobre Luis Bárcenas, entonces gerente y hoy tesorero del PP. "A Bárcenas yo le he llevado, yo, vamos a sumarlo, 1.000 millones de pesetas, yo Paco Correa, a Génova y a su casa". No aportó ninguna prueba de tal acusación. Bárcenas tacha la declaración de "absolutamente falsa y calumniosa". Y sus colaboradores explican cuál puede ser la razón de tal inquina: Bárcenas formaba parte del equipo de Lapuerta que forzó que se le cortara el grifo de contrataciones para las campañas del PP en junio de 2004. Tras conocer la denuncia de que presionaba a alcaldes madrileños para exigir contratos en nombre de la tesorería nacional del partido, Lapuerta organizó en Génova, 13 una reunión con los regidores susceptibles de haber sido tocados. Todos confirmaron la información recibida en la dirección del partido. A partir de ese momento, Correa fue declarado persona no grata y sus empresas dejaron de prestar servicios electorales al PP nacional. 

Obviamente, como gerente, Bárcenas ha tenido una "relación fluida" con Correa durante los más de doce años que éste monopolizó la prestación de servicios al partido. Pero hay algo que avala la versión del entorno de Bárcenas: Correa, en sus conversaciones grabadas, denigra con frecuencia a cargos del partido susceptibles de haber chocado con sus intereses. Así, se jacta de poseer informaciones comprometedoras, que niegan los afectados, sobre el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, o el ex regidor de Majadahonda Guillermo Ortega. Casualmente, dos municipios donde ha tenido contratos y donde debería haber dejado de captarlos desde 2004, tras el veto del PP nacional, año en que Correa se convirtió en un apestado para el equipo de Rajoy. Hasta el punto de que cuando el PP iba a celebrar su congreso en Valencia, en junio de 2008, donde se debatía el liderazgo por el partido entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, el equipo de Lapuerta y Bárcenas fueron tajantes: Correa no podía organizar el acto. Y no le permitieron ni concursar, con el pleno respaldo de Ángel Acebes, secretario general. A partir de ahí, las empresas de Correa siguieron funcionando gracias a contratos en Administraciones donde aún les quedaban contactos de su etapa de esplendor, bajo el paraguas aznarista en el partido y en el Gobierno: en Madrid, en la Comunidad Valenciana y en Galicia. En sus conversaciones grabadas, Correa también arremetió contra Esteban González Pons, actual vicesecretario de Comunicación del PP y persona que apoyó decididamente su defenestración, según altos cargos de ese partido. En relación con un negocio urbanístico que gestionaba en La Nucía (Alicante) y topaba con restricciones legales, Correa manifestó a fines de 2006: "Lo desbloqueo yo con el contacto, con el hijoputa de Esteban González Pons, me lo arregla con el pollo que está cayendo en Valencia". 

González Pons, entonces consejero de Territorio en la Comunidad Valenciana, nunca desbloqueó tal plan, según personas de su entorno. Incluso, según recuerdan sus colaboradores, el proyecto fue sometido al dictamen favorable de la Confederación del Júcar, que dependía del Gobierno de Zapatero. Nunca tuvo luz verde, por lo que nunca salió adelante, afirman colaboradores de González Pons. "El proyecto era y es inviable", aseguran. 

Lo llamativo de la historia de Correa es que mientras era ya un apestado en Génova 13, sede central del PP, aún siguió siendo contratado por Gobiernos autónomos de ese partido, según demuestran las grabaciones realizadas por orden del juez. Así, en noviembre de 2006, dijo lo siguiente: "Estoy haciendo la campaña a Paco Camps (...) Le hacemos todo". Y añadió su convicción de que le iban a adjudicar más contratos, como Fitur... 

Felisa Jordán, miembro de la trama, se quejó de que Orange Market, empresa que controlaba para Correa, le estaba dando problemas: "La deuda de Orange Market de Valencia es del grupo. He hecho trabajo real para la Comunidad de Valencia que no he cobrado, Master Open, Fitur y que no le he facturado. Incluso hemos adelantado las nóminas. Los 300.000 euros de la deuda con Orange son cosas que hemos facturado pero que yo no les he hecho, las hizo Orange, pero las facturé yo". 

Correa también halló cobijo en el Gobierno de Esperanza Aguirre, a tenor de sus conversaciones grabadas. En febrero de 2006, Felisa Jordán habló de una demanda que interpuso Pablo Crespo, ex secretario general del PP gallego detenido como miembro de la trama, contra la Comunidad de Madrid por falta de pago a FCS (Formación Comunicación y Servicios), una firma de la red. Jordán le pidió que la retirara para que no le quitaran a ella sus negocios con la Comunidad que preside Esperanza Aguirre. 

En noviembre de 2007 Correa ya sabe que algunos miembros del partido amenazan con denunciarlo a Hacienda. Según sus propias conversaciones grabadas, una destacada consejera del Gobierno de Aguirre, Paloma Adrados, responsable de Empleo y Mujer, había elaborado una "carta" en la que había participado "todo el PP". En efecto, para entonces Correa ya se hallaba bajo el foco de una conjura de al menos media docena larga de concejales y cargos del PP que acabarían sacando sus turbios negocios a la luz. 

Entretanto, pasarán hoy a disposición judicial Francisco Correa, Pablo Crespo Sabaris y Antoine Sánchez. La esposa del primero, María del Carmen Rodríguez Quijano, y Felisa Jordán, fueron puestas en libertad con cargos el sábado. Presumiblemente, serán citados a continuación una treintena de personajes vinculados a sus negocios de Correa que aparecen en las grabaciones. En este contexto, el sábado fue registrado en Madrid un despacho contiguo al de Alejandro Agag, yerno de Aznar. El de Agag no fue inspeccionado. Los policías se centraron en un ex compañero de negocios suyo que aparece en las grabaciones presumariales. 

(www.elpais.com, 09/02/09) 

LAS ALUSIONES GRABADAS DE CORREA A ALTOS CARGOS DEL PP 

Lo que sigue es una selección de las abundantes acusaciones, sin aportar detalles, formuladas en las conversaciones grabadas a Francisco Correa, jefe de la trama corrupta vinculada al PP, contra dirigentes de dicho partido. La totalidad de los afectados ha restado veracidad a sus palabras. Algunas de esas acusaciones, conocidas antes de abrirse el sumario, tienen como objetivo cargos del PP, singularmente dirigentes afines a Mariano Rajoy, que se han interpuesto en sus negocios. 

(www.elpais.com, 09/02/09) 

SOBRE EL ALCALDE DE BOADILLA: "SI DOY LA CINTA SE CAGA, PERO YO VOY AL TRULLO" 

Correa afirma: "Si doy la cinta que tengo del Albondiguilla [mote que aplica a Arturo González Panero], se caga. Pero también voy yo al trullo, y además me interesa seguir haciendo negocios cuatro años en Boadilla". Y añade sobre un asunto urbanístico en Boadilla: "Dile que mi amigo no ha pagado nada, que el Ayuntamiento le ha dado una prórroga, que no joda al empresario, éste no le ha dado un duro a Arturo. (...) No le ha dado el dinero a Arturo, me lo ha dado a mí". 

Sobre el presidente valenciano: "Estoy haciendo la campaña de Camps" 

Francisco Correa: "Estoy haciendo la campaña a Paco [Francisco] Camps [presidente de la Comunidad Valenciana, del PP] y la presentamos el miércoles. Al vicepresidente, el director de campaña y al secretario general del partido se les presenta mañana la creatividad porque le hacemos todo. Él tiene [Álvaro Pérez Alonso, responsable en la Comunidad Valenciana de la empresa Orange Market] una reunión con el tema de Fitur [Feria Internacional de Turismo] que le van a adjudicar".

Sobre el tesorero del PP: "Le he llevado 1.000 millones a Génova" 

Correa: "A [Luis] Bárcenas [tesorero del PP] yo le he llevado, yo, vamos a sumarlo, 1.000 millones de pesetas, yo Paco Correa, a Génova y a su casa". A renglón seguido, amaga con conocer el patrimonio secreto en un paraíso fiscal de un ex ministro de Aznar vinculado a las obras públicas. Sus interlocutores se admiran de sus datos: "Por eso te tienen miedo. Los tienes pillados". Pero Correa les tranquiliza. "Pero yo nunca cantaré". 

Sobre el ex alcalde de Majadahonda: "Pagó facturas extrañas de Pasadena Viajes" 

Correa insinúa que Guillermo Ortega le pagó "facturas extrañas" de su empresa, Pasadena Viajes, cuando era alcalde de Majadahonda, por el procedimiento de anticipo de caja. Y que su mujer, Carmen Rodríguez Quijano, detenida en la operación, le compró un piso al "Rata", apodo con el que denomina a dicho regidor, que oficialmente no era de él sino que usaba un testaferro. Ortega niega tajantemente tales acusaciones. 

Sobre el portavoz del PP: "Yo lo desbloqueo con González Pons" 

Tras exponer la situación de un negocio urbanístico en La Nucía (Alicante), Correa se jacta de que tiene un as para desbloquear el proyecto. "Lo desbloqueo yo con el hijo puta de Esteban [González] Pons, me lo arregla con el pollo que está cayendo". González Pons, entonces consejero de Territorio valenciano, supeditó la aprobación del proyecto a la Confederación del Júcar, en manos del PSOE, y el plan no fructificó. 

(www.elpais.com, 09/02/09) 

 "A MIAMI HEMOS VENIDO A COMPRAR" 

El alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, viajó a Miami el 18 de abril de 2002. A su lado en el avión volaba Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama de corrupción, tráfico de influencias y blanqueo de capitales en varios ayuntamientos de España. Un resguardo del billete de avión confirma que viajaron en primera clase. Junto a ellos también viajó el entonces concejal popular José Galeote, padre del eurodiputado del PP Gerardo Galeote. 

Al llegar a Miami, alquilaron un coche y se alojaron en un hotel de lujo. Al día siguiente, otro personaje se unió a la comitiva: Francisco Sánchez, amigo de Galeote. Un año después, Sánchez se convertiría en concejal de Sanidad e Higiene de Boadilla. Cuando aterrizó en Miami preguntó a Galeote y sus amigos qué hacían allí. "Hemos venido a comprar", le respondieron. El alcalde de Boadilla tiene un sueldo público de unos 85.000 euros al año. 

Sánchez recuerda que durante los años que permaneció en el Ayuntamiento de Boadilla a las órdenes de González Panero "siempre alardeaba de comprar en Miami y de tener muchas propiedades". Cuenta que, al detectar sospechas sobre el alcalde, comenzó a investigar sobre las supuestas propiedades de González Panero en Florida. "Aparecieron muchas propiedades a nombre de Arturo González. Pero no pude comprobar que se trataba de él", concluye. 

Sánchez fue destituido. El alcalde lo denunció por distribuir un dossier sobre un supuesto enriquecimiento del alcalde. "No hay ningún informe. Lo que circula es el boca-oído. En el Ayuntamiento todo el mundo sospecha del alcalde", concluye. El alcalde del municipio madrileño ha negado que tenga ninguna propiedad inmobiliaria en Florida. También rechaza ser amigo del cabecilla de la trama, Francisco Correa. 

Otro de los personajes que viajaron a Miami, Galeote, es objeto de una denuncia por parte de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Boadilla. El portavoz socialista, Pablo Nieto, denuncia que Galeote "sigue cobrando del consistorio a pesar de estar jubilado". 

José Galeote fue concejal del Ayuntamiento de Boadilla durante 12 años, hasta 2003. Un año más tarde fue nombrado gerente del Consorcio Deportivo, una entidad pública de la que forman parte los ayuntamientos de Boadilla, Majadahonda -una de las Administraciones supuestamente vinculada a la trama de corrupción- y Pozuelo. 

Además, Galeote es consejero de la Empresa Municipal de Vivienda de Boadilla, según consta en el acta del consejo de administración de junio de 2008. El concejal del grupo independiente Alternativa por Boadilla (APB) Ángel Galindo explica que los cargos son incompatibles con la jubilación. "Está prohibido desempeñar un puesto de trabajo en el sector público a personas mayores de 70 años", precisa Galindo. 

(www.elpais.com, 09/02/09) 

TRES DETENIDOS POR LA TRAMA DECLARAN ANTE GARZÓN 

Comienza el desfile de detenidos por la trama de corrupción política vinculada al Partido Popular ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Francisco Correa, presunto jefe de la trama; Pablo Crespo Safaris, ex secretario de Organización del PP de Galicia, y el empresario Antoine Sánchez declararán hoy. Se les imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita. Mientras que los tres arrestados durmieron ayer en dependencias policiales, María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa, y la empresaria Felisa Jordán han quedado en libertad con cargos, según fuentes de la investigación. 

Aún no hay fecha para que los 30 imputados de la operación presten declaración en la Audiencia Nacional. 

La operación, que se desarrolló en Boadilla del Monte y Majadahonda (Madrid), Valencia, Marbella (Málaga) y Sotogrande (Cádiz), continúa su curso. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial llevaron a cabo más registros en domicilios, despachos profesionales y empresas relacionadas con los detenidos. 

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que dirige la investigación junto a la Fiscalía Anticorrupción, requirió documentación a los ayuntamientos de Boadilla del Monte y Majadahonda. El alcalde del primer municipio, Arturo González Panero (PP), confirmó el viernes que funcionarios municipales facilitaron información a los agentes sobre varias empresas que han mantenido relaciones comerciales con los consistorios y sobre la adjudicación de una parcela a la sociedad UFC. 

El Ayuntamiento de Boadilla se apresuró a publicar un comunicado en el que desmiente que miembros de la corporación, trabajadores municipales o militantes del PP estuvieran entre los detenidos. 

Las empresas que están siendo investigadas son Easy Concept, encargada de la Oficina de Atención al Ciudadano; Pasadena Viajes, una agencia pequeña de viajes con la que el Ayuntamiento ha contratado para desplazamientos de hermanamiento con otras ciudades, y Servimadrid Integral, una compañía que, según fuentes municipales, es desconocida para los miembros del consistorio. 

Fuentes del Ayuntamiento de Majadahonda, también regido por el PP, no quisieron precisar el tipo de documentación solicitada por los agentes, después de recalcar que no existe ninguna vinculación del consistorio con la supuesta trama de corrupción urbanística ni con los arrestados. Además, apuntaron que la policía no ha practicado detenciones de cargos municipales o de empresas relacionadas con la localidad. 

(www.elpais.com, 09/02/09) 

RAJOY SE ENROCA Y ACUSA AL GOBIERNO DE ORQUESTAR UNA CAMPAÑA CONTRA EL PP 

Después de tres semanas sintiendo pitar sus oídos por la sucesión de informaciones devastadoras para el PP, el sábado por la noche Mariano Rajoy descolgó el teléfono y le dio a su número dos en el partido, María Dolores de Cospedal, la orden de pasar a la ofensiva. Ella ni siquiera esperó al lunes: ayer por la mañana convocó a los medios de comunicación para trasladarles la "opinión oficial del PP" sobre el último de los escándalos: la presunta trama de corrupción empresarial destapada por el juez Baltasar Garzón y que podría afectar a administraciones gobernadas por los populares. 

El PP, vino a decir Cospedal, no tiene nada que ver con todo eso. Y las informaciones que relacionan al supuesto jefe de la trama, Francisco Correa, con alcaldes populares de Madrid y la Comunidad Valenciana son sólo un paso más en la "campaña de acoso y difamación orquestada por el PSOE" valiéndose de los "poderes del Estado" -entre ellos la Audiencia Nacional- para "cambiar la intención de voto de los ciudadanos" en las próximas elecciones gallegas, vascas y europeas. 

"No vamos a consentir que se nos implique en ninguna campaña de financiación ilegal o de corrupción porque el PP no reconoce absolutamente como partido ninguna responsabilidad en los asuntos que están apareciendo en diversos medios de comunicación", comenzó la dirigente popular, para a continuación apuntar a los socialistas: "Esto es una operación de acoso y derribo contra el PP. El PSOE, que no nos puede dar lecciones porque es el partido de los GAL y de Filesa, está utilizando de forma escandalosa al Ministerio del Interior, la fiscalía y otros poderes del Estado en beneficio propio". ¿Qué otros poderes del Estado?, se le preguntó. Y Cospedal señaló directamente al juez: "Se están produciendo filtraciones de un sumario secreto, y eso es digno de responsabilidad penal. La información está saliendo del juzgado del señor Garzón. Filtraciones interesadas a favor del PSOE. Pedimos al Poder Judicial que tome medidas". 

Cospedal no explicó por qué al llegar Rajoy a la presidencia del PP ordenó suspender cualquier relación laboral con Special Events, la principal empresa implicada en la trama, y aseguró que el hecho de que otras firmas sospechosas sean proveedoras de servicios para administraciones del PP como la Comunidad Valenciana no significa nada. "Que una empresa contrate con una administración no quiere decir que haya una conexión. El presidente [Francisco] Camps me ha dicho que las cuentas están perfectamente justificadas, pero además, desde el viernes, ha ordenado dejar en suspenso cualquier contrato con esa empresa", afirmó antes de enviar un "mensaje de confianza" a militantes y votantes del PP: "Pertenecen a un partido digno". 

La desarticulación de esta presunta banda corrupta de empresarios llega en medio de otra tormenta: la de la supuesta trama de espionaje político en Madrid; y cuando, además, la campaña del PP gallego se ha visto tocada al conocerse que el número 1 por Ourense, Luis Carrera, no declaró a Hacienda 240.000 euros (Carrera fue apartado de la lista de forma fulminante el viernes por el candidato a presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo). 

Todo en las mismas tres semanas. Ahora, la dirección del PP parece haber decidido que la mejor estrategia es la del enroque. Eso sí, Cospedal subrayó que "en el caso hipotético de que algún militante o cargo publico tuviera algún tipo de responsabilidad" en los hechos investigados, el PP "actuará con toda contundencia". 

Rajoy, por su parte, sigue prefiriendo el silencio: ayer, desde Suiza, volvió a arremeter contra la política económica del Gobierno sin hacer la más mínima alusión a la investigación de Garzón. Sí habló el portavoz del PP, Esteban González Pons, durante un acto de precampaña en Getxo (Vizcaya). "Cuatro chorizos no son el PP. Este partido no se va a rendir nunca", dijo. Y atribuyó igualmente a la cercanía de las elecciones las informaciones aparecidas en las últimas semanas: "No por casualidad sobre el nombre de nuestro partido se está arrojando mucha basura", protestó. 

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no quiso entrar en el asunto durante un acto multitudinario con alcaldes socialistas, informa Anabel Díez. Lo hizo el líder del PSOE madrileño, Tomás Gómez, que tomó la palabra para referirse al otro escándalo que atenaza a los populares, el de la trama de espías: "El gobierno de la Comunidad de Madrid ha creado un problema de salud democrática, envuelto en corrupciones, espionajes, negocios oscuros y adjudicaciones sospechosas. Si se ponen impedimentos a la investigación, no tendrá legitimidad moral ni política para seguir gobernando". 

(www.elpais.com, 09/02/09) 

LAS TRES SEMANAS NEGRAS DEL PP 

- 19 de enero 2009. EL PAÍS publica que la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid (PP) tiene un servicio secreto integrado por ex policías y ex guardias civiles que elabora informes sobre tramas corruptas en ayuntamientos socialistas. 

- 20 de enero. Dossiers divulgados por EL PAÍS demuestran que el vicepresidente de Madrid, Ignacio González (número dos de Esperanza Aguirre), fue espiado en sendos viajes en marzo y agosto de 2008. González denuncia el asunto ante la fiscalía y un juzgado. Uno de los informes recoge datos sobre adjudicaciones sospechosas realizadas por González. 

- 21 de enero. Nuevos dossiers revelan que el vicealcalde Manuel Cobo (número dos de Alberto Ruiz-Gallardón) y el ex consejero de la Comunidad Alfredo Prada -ambos enfrentados políticamente a Aguirre- fueron sometidos a seguimientos parapoliciales, supuestamente por agentes al servicio de la Consejería de Interior. Cobo y Prada denuncian ante el fiscal. El consejero Francisco Granados niega estar detrás del espionaje, y Rajoy se limita a decir: "Yo le creo [a Esperanza Aguirre]". 

- 22 de enero. Rajoy encarga a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, una investigación interna sobre la presunta trama de espionaje político en Madrid, y anuncia -a través de un comunicado- que exigirá "responsabilidades políticas" con "absoluta firmeza" si se demuestra que algún cargo popular está implicado. Aguirre afirma que pone "la mano en el fuego" por los consejeros de su Gobierno. "Aquí no hay ninguna estructura de espionaje. Quien diga lo contrario tendrá que probarlo", advierte. La fiscalía abre una investigación. 

- 26 de enero. El Juzgado número 47 de Madrid abre una investigación por el supuesto espionaje a Ignacio González. 

- 27 de enero. Esperanza Aguirre afirma: "Me siento una víctima. Políticamente van a por mí". Cospedal le responderá al día siguiente: "El principal perjudicado es el partido". 

- 2 de febrero. Esperanza Aguirre acepta la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. Cospedal suspende "temporalmente" la pesquisa interna. 

- 6 de febrero. En la misma mañana en que se constituye la comisión de investigación sobre la trama de espías, cinco empresarios -dos de ellos ex altos cargos del PP- son detenidos por orden del juez Garzón por un asunto distinto: su pertenencia a una presunta trama de corrupción. El supuesto jefe del grupo es Francisco Correa, amigo de Alejandro Agag (yerno de José María Aznar) y organizador de eventos para varias Administraciones gobernadas por el PP. 

- 6 de febrero. Ese mismo día, Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular a presidente de la Xunta de Galicia, aparta al número uno de la lista por Ourense, Luis Carrera, por impagos a Hacienda. 

(www.elpais.com, 09/02/09) 

MEDIA DOCENA DE CARGOS DEL PARTIDO ESPIARON Y GRABARON AL JEFE DE LA TRAMA DURANTE DOS AÑOS 

Durante meses, media docena de cargos del PP madrileño, en su mayoría vinculados a municipios del noroeste, tendieron una trampa a las personas que integraban la presunta trama de corrupción vinculada al partido que lideraba Francisco Correa. Dos años antes de que se iniciara propiamente la investigación por la Fiscalía Anticorrupción sobre esta red, empezaron a procurarse pruebas contra ella. Estuvieron dos años acudiendo a citas con ellos, grabándoles, manteniendo citas en hoteles, en restaurantes y en los propios locales de las empresas de la trama.  

El piano acompaña muchas de las grabaciones como música de fondo. Y, entre copa y copa, Correa les desnuda sus negocios, sus socios ocultos, sus bienes en paraísos fiscales, sus protectores políticos. O, por el contrario, suelta invectivas contra decenas de cargos políticos del partido. Lo mismo se jacta de haber recaudado sumas para Génova que de saber en qué paraíso fiscal ocultó un ex ministro de Aznar su patrimonio ilegal. O amenaza con poseer información delicada o grabaciones contra alcaldes o ex alcaldes del PP. Todo eso le sirve para concienciar a sus interlocutores de que hay un poder que el PP que dirige Rajoy no le puede arrebatar: la información sucia que se jacta de poseer tras haber servido al partido durante una década en régimen de monopolio para atender las campañas electorales. Nadie repara en una contradicción que aflora de su relato: ¿Cómo puede defenestrarlo Luis Bárcenas, gerente y luego tesorero del PP, si él le ha entregado 1.000 millones de pesetas en Génova y en su casa? 

Pero el mensaje sirve para que su red clientelar le tenga respeto y propague en sus círculos que, en el fondo, sigue contando con poder para poder exigir contratos públicos en los municipios donde gobierna el PP. Por contra, algunas de las supuestas personas con las que insinúa haber tenido relaciones comprometedoras, como Bárcenas o González Pons, han colaborado decisivamente a erradicarlo de Génova 13, cuartel general del PP, desde que asumió en 2003 el liderazgo Mariano Rajoy. 

Por fin, con un material probatorio que arranca en febrero de 2006 y culmina en octubre de 2007, en noviembre de 2007 se presenta una denuncia a la Policía, que, a su vez, la traslada a la Fiscalía Anticorrupción. Los conspiadores del PP anti-Correa aportan a la justicia todos sus documentos y grabaciones presumariales. Y ese material sirven de arranque para la investigación del juez Baltasar Garzón, que decreta numerosas intervenciones telefónicas, cuyo contenido no ha sido desvelado, pero que, según fuentes conocedoras del sumario, han proporcionado abundantes indicios sobre la actividad delictiva de esta trama. Hasta el punto de que no sólo están bajo el foco del juez los cinco ya detenidos, sino más de 30 personas que han tenido estrecha relación con ellos. El PP, oficialmente, se siente víctima política de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción.  

Pero la realidad es que esta bola de nieve, que se agiganta por minutos, la empujó un puñado de cualificados militantes suyos para erradicar unas prácticas ilegales que, amén de ensombrecer la imagen del partido, convertían en un calvario la vida de quienes se oponían personalmente a sus intereses. Para desgracia de los investigadores, desde hace meses los investigados sabían que estaban bajo la lupa. Una filtración periodística les alertó. Eso rebajó notablemente el contenido probatorio de las charlas que seguía grabando la policía semana tras semana. Sin embargo, los responsables de la investigación se muestran satifechos: sobran pruebas contra los detenidos, dicen. 

(www.elpais.com, 09/02/09) 

UN SECRETO A VOCES MUY VIEJO 

"Por fin, alguien va a meter mano en esto", se congratulaba ayer Ángel Galindo, el concejal portavoz de Alternativa por Boadilla (APB) tras felicitar al juez Baltasar Garzón y a la fiscalía por la investigación contra la trama de corrupción que ha salpicado al PP. 

El edil recordó que el ayuntamiento que dirige el popular Arturo González Panero acumula más de 30 denuncias por irregularidades en las adjudicaciones de contratos. Este ayuntamiento, en la zona noble de Madrid, se ha convertido en un claro ejemplo de los trapicheos de Francisco Correa, el presunto jefe de la red, que afecta a varias autonomías. Una de ellas es la Comunidad Valenciana, donde uno de los principales implicados es Álvaro Pérez, directivo de Orange Market, empresa contratada con asiduidad por el Gobierno de Francisco Camps y el PP valenciano. 

Fuentes municipales de Boadilla recuerdan que Correa creció a la sombra de José María Aznar y mantuvo buenas relaciones con el yernísimo, Alejandro Agag, aunque ahora "le niegue como a San Pedro". Correa, conocido como el conseguidor, "lo ha hecho todo y conoce a todo el mundo". Por ello, en el cuartel general del PP están bastante expectantes por su comparecencia ante Garzón. "Si tira de la manta, Rajoy se va a quedar muy solo", vaticinan. Y es que parece que el juez sabe lo que busca. El viernes obligó al Ayuntamiento de Boadilla a entregarle tres expedientes. Uno versa sobre la venta de una parcela a la empresa UFC por 35 millones de euros, aunque otras dos llegaron a ofrecer 39 millones.

El segundo expediente afecta a la oficina de atención al ciudadano. Fue adjudicada a la empresa Easy Concept, cuya representante es Felisa Jordán, una de los cinco detenidos. Esta sociedad logró un contrato de 530.000 euros anuales durante 14 años por colocar a dos azafatas en un local del consistorio para que informen, por ejemplo, de dónde está el centro de salud. Este modelo de oficinas ha encontrado hueco en otros ayuntamientos como el de Paterna en Valencia, según fuentes municipales. El tercer expediente es el más comprometido. Explica la adjudicación para la construcción de 20 locales comerciales a la empresa de Ramón Blanco, hombre de confianza de Correa. La policía dejó ayer en libertad a Jordán y a la mujer de Correa, Carmen Rodríguez, tras interrogarlas y mantenerlas imputadas. Los otros tres detenidos --Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez-- pasarán hoy a disposición judicial. 

(www.elperiodico.com, 09/02/09) 

RAJOY OBVIA SU RELACIÓN DE PARTIDO CON EL JEFE DE LA TRAMA 

Los colaboradores de Mariano Rajoy afirman que los escándalos de corrupción que salpican al PP no tocan a su jefe porque precisamente fue él quien rompió definitivamente los contactos del partido con Special Events, empresa dirigida por Francisco Correa, supuesto cabecilla de la trama que ha puesto al descubierto el juez Baltasar Garzón. 

Pero por mucho que el líder de la oposición pretenda mantenerse al margen, no le va a ser fácil. No puede echar balones fuera, culpar al PSOE o dejar que su gente lo vincule a la etapa de José María Aznar. Dentro del partido creen que no se puede lavar las manos en este asunto porque él también conocía a Correa. 

De hecho, recuerdan que cuando Rajoy fue director de la campaña de Aznar para las generales de 1996 y para las de 2000, mantenía reuniones habituales con el hoy detenido. Además hay quien resalta que en la etapa anterior a esas dos convocatorias electorales, Rajoy era vicesecretario de Organización, el área a la que justamente corresponde la preparación de actos y eventos. 

Correa y su socio Álvaro Pérez Alonso, a quien todos llaman dentro del partido “Álvaro bigotes”, se pasearon durante años por la sede del PP como reyes por su casa. Y se hicieron amigos íntimos de Alejandro Agag, yerno de Aznar. Pero se cuenta que fue hasta que llegó Javier Arenas a la secretaría general. Entonces, dicen que “el grifo se fue cerrando” para esta empresa. Y que en 2003, con Rajoy como sucesor, hubo orden de no contratarla nunca más.  

A pesar de todo, Correa hizo uso de sus contactos y extendió sus lazos por Madrid y la Comunidad Valenciana, administraciones públicas gobernadas por el PP. Para algunos miembros conservadores este último dato debería bastar para que Rajoy, como máximo responsable de la formación, tomara cartas en el asunto y pidiera explicaciones sobre los supuestos sobornos y contratos irregulares que existen en la actualidad. 

También, y siempre en privado porque en el PP se ha desatado una auténtica psicosis, algún miembro de la Junta Directiva Nacional se atreve a decir que en el mismo edificio que Rajoy tiene su despacho quedan aún muchas personas cercanas a Correa. Fuentes del PP destacan la “excelente relación” que este mantiene con Luis Bárcenas, ex gerente y actual tesorero del partido.  

A pesar de todo, la cúpula del PP se resiste a implicarse. Un colaborador de Rajoy apunta que el detenido es un empresario y no un militante del partido. Por eso considera que la resolución tiene que venir por otras vías. Pero al menos dos de las cinco personas arrestadas el pasado viernes –Pablo Crespo y Carmen Rodríguez Quijano– ostentaron cargos dentro del partido. En las filas conservadoras más de uno opina que “como Correa cante, el PP se viene abajo”. 

Por esa razón, para varios dirigentes del PP, Rajoy debería abordar el tema personalmente. Esperan que no actúe como cuando se destapó la presunta trama de espionaje de la Comunidad de Madrid, cuando se mantuvo 16 días en silencio. De momento lleva dos. Este fin de semana Rajoy ha estado en Suiza en busca del voto emigrante para las elecciones gallegas. El sábado pidió la dimisión del vicepresidente económico Pedro Solbes. Ayer señalaba a Zapatero como “el mayor temporal” de España. Eso sí, al menos dio orden para que María Dolores de Cospedal, secretaria general, diera la cara y afrontara su chaparrón. 

(www.publico.es, 09/02/09) 

LAS CLAVES. ¿POR QUÉ RAJOY NO SE PUEDE DESENTENDER? 

Coincidiendo con Correa // Rajoy fue vicesecretario de Organización con Francisco Álvarez Cascos como secretario general. Después fue director de la campaña para las elecciones de 1996 y de 2000 y mantuvo contacto con Francisco Correa. 

Génova, 13 // Dentro del partido cuentan que en la sede nacional todavía hay gente relacionada con el detenido. Y resaltan que este tiene “una excelente relación” con Luis Bárcenas, tesorero del PP. 

Extendiendo las redes // Cuando Correa dejó de trabajar para el PP empleó sus contactos para ponerse a trabajar con Madrid y Comunidad Valenciana, dos administraciones públicas gobernadas por el PP. 

Con cargos en el PP // Entre los cinco detenidos el pasado viernes, hay dos personas que desempeñaron  directamente tareas orgánicas para el PP.  

(www.publico.es, 09/02/09) 

AGUIRRE CONTRATÓ A DEDO A UNA EMPRESA RECIÉN CREADA 

No se habían cumplido aún 15 días desde su constitución cuando la empresa Good and Better SL, presuntamente adscrita a la trama de corrupción destapada por el juez Baltasar Garzón, logró en enero de 2005 su primer contrato a dedo de la Comunidad de Madrid. Tanto la que fue hasta febrero de 2008 su administradora única, Felisa Isabel Jordán Goncet, como su sucesor al frente de la compañía, el ex dirigente del PP gallego Pablo Crespo Sabaris, permanecen detenidos desde el viernes. Garzón les imputa, entre otros, los delitos de cohecho (soborno a funcionario o cargo público), blanqueo de capitales y asociación ilícita. 

Como informó el sábado Público, Good and Better y Easy Concept Comunicación, ambas ligadas a Jordán y Crespo, facturaron al Ejecutivo de Esperanza Aguirre 562.000 euros entre abril de 2004 y el mismo mes de 2005 gracias a la adjudicación directa de 76 contratos menores, esto es, aquellos que no se someten a concurso dado que su importe no supera los 12.000 euros [18.000 tras la nueva ley de 2007].  

Según la nota registral, Good and Better quedó constituida el 11 de enero de 2005. El día 26 de ese mes, ya había tenido tiempo para preparar la presentación del nuevo helicóptero Bescam [Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid], acto protagonizado esa mañana en Móstoles por Esperanza Aguirre.El 14 de febrero, la empresa giraba factura por su primer trabajo: 9.158 euros. Y el 7 de abril de ese mismo año ya había recabado del Ejecutivo madrileño ocho contratos, cuya suma total ascendió a 58.753 euros. 

Pero si resulta inédita la velocidad con que Good and Better se hizo un hueco en la agenda de adjudicatarios directos del Gobierno de Madrid, más complicado de explicar parece otro dato: cuando el 26 de enero colocó la carpa, el enmoquetado, la iluminación y el escenario desde donde Aguirre difundió las bondades del nuevo helicóptero, Good and Better no se dedicaba oficialmente a la organización de eventos. Fue el 3 de febrero cuando, en el mismo momento en que Felisa Isabel Jordán Goncet adquirió la condición de administradora única, la compañía modificó su objeto social para asumir tareas tales como "organización de convenciones, eventos, congresos y todo tipo de actos públicos" y "proyectos con las administraciones públicas". 

Good and Better (en castellano, bueno y mejor) pertenece a la categoría de sociedades limitadas llave en mano. Quien gestionó los trámites y figuró como primer administrador fue el abogado Ramón Cerdá Sanjuán, que anuncia por Internet sus servicios. Un empleado de su empresa explicó ayer que el negocio consiste en vender una sociedad limitada durmiente dispuesta para ser activada y lanzarse al mercado. 

Las adjudicaciones a Easy Concept y Good and Better se produjeron en la etapa de Ignacio González como consejero de Presidencia y de Alberto López Viejo, actual titular de Deportes, como viceconsejero. 

(www.publico.es, 09/02/09) 

CESIÓN URBANÍSTICA. EL PSOE DENUNCIA MÁS ANOMALÍAS EN BOADILLA 

El PSOE de Boadilla (Madrid) criticó ayer que Ramón Blanco, adjudicatario de un derecho de superficie sobre 30 locales comerciales concedido por la empresa municipal del suelo por un canon anual de 320.000 euros, alquile uno de ellos al Ayuntamiento por una tercera parte de esta suma. 

Según el PSOE, el Ayuntamiento ha arrendado uno de estos locales para la nueva comisaría por un precio de 104.000 euros al año
a la empresa de Ramón Blanco, supuestamente vinculado a Francisco Correa, a quien la Policía señala como jefe de la trama. Este importe supone el 34% del canon que recibe el Ayuntamiento. 

El alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP), figura entre las 30 personas cuya imputación ha pedido Anticorrupción a Garzón.  

(www.publico.es, 09/02/09) 

FUNCIONARIOS DENUNCIAN EL COBRO DE COMISIONES DEL ALCALDE DE BOADILLA 

«Cualquier técnico municipal responsable de realizar concursos para la adjudicación de servicios para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte pasa por la experiencia previa de ser advertido de las directrices bajo las cuales ha de elaborar el pliego de condiciones y su posterior informe técnico, para que el campeón sea la empresa que él ha decidido. Bien porque le reporta alguna comisión en efectivo o porque sea amigo personal».  

Así relatan unos funcionarios y empleados la presión a la que se han visto sometidos por Arturo González y sus hombres de confianza para que las contrataciones se las llevaran sus «amigos», según la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.  

«Incluso te pedían que te reunieses con la empresa previamente para que todo cuadrase», sostienen. ¿Qué cómo saben que se pagaban comisiones?, «porque te lo dicen los responsables de las propias empresas: 'Tu jefe me ha sacado más pasta de la que habíamos hablado en un principio, o hemos tenido problemas con tu jefe porque no le hemos pagado lo que él pedía'», precisan para describir tanto el funcionamiento general del sistema de adjudicaciones municipales como para justificar la denuncia en la que afirman que los ingresos del alcalde no justifican ni sus propiedades - «posee un patrimonio personal muy superior a sus ingresos»- ni su tren de vida.  

El desplazamiento en helicóptero para participar en un Torneo de Golf en Cádiz -aparte de sus viajes a Miami junto con el detenido Francisco Correa- es uno de los ejemplos -más o menos anecdóticos- de actividades que, al parecer de los denunciantes, no se ajustan a una retribución anual de 81.136,30 euros.  

El sindicato Manos Limpias presentará hoy un escrito ante la Fiscalía con un listado de testigos para que sean llamados a declarar. Sobre las empresas que han venido beneficiándose de la contratación -y aquí aparecen los componentes del Club de Miami, llamado así por viajar junto a Correa hasta esa ciudad con intenciones inversoras- y sobre el patrimonio del edil popular.  

Según el dossier aportado, el alcalde Arturo González Panero tiene dos coches a su nombre -un BMW X-5 y un Opel Zafira- y habría comprado otros dos a su hermano - como regalo de bodas- y a su padre. Se le atribuyen tres propiedades, una en Boadilla, otra en una urbanización de Torrepacheco, en Murcia, y una tercera comprada sobre plano en Los Fresnos, que estaría valorada en más de 607.000 euros.  

Se pide a la Fiscalía que investigue sobre una propiedad en Marruecos -una inmobiliaria de Ceuta, Euromaroc, le remitió una carta en la que se le notificaba que no se le podría entregar su adquisición hasta abril de 2008-; además de los inmuebles que pueda tener en Miami de cuya compra se ha jactado.  

Los denunciantes dan cuenta de una circunstancia que les parece sospechosa, como los viajes a Andorra «portando maletines» en compañía de un asesor de la Alcaldía, y apuntan algunas inversiones y gastos del primer edil. Como la acción adquirida en Palomarejos Golf por valor de 20.000 euros, las inversiones en bolsa o los viajes que regala a través de Pasadena Viajes, la empresa que tiene como administrador único a su amigo Pablo Crespo, socio de Correa, ambos arrestados por orden del juez Garzón.  

Se contabilizan gastos de escolarización de sus tres hijos en el eurocolegio Casvi y Highlands de Boadilla por un importe anual aproximado de 11.455 euros; los correspondientes a las clases de golf de su esposa por un importe de 3.000 euros, y se relata su participación en torneos de este deporte por toda España.  

Ese nivel de vida tiene relación directa, según los denunciantes, con el hecho de que el alcalde y su director general, Tomás Martín Morales, por ejemplo, «se reúnan previamente para comer con cada uno de los empresarios que se presentan a los concursos para realizar un sondeo de quién ofrece mayor comisión».  

Como consecuencia, «desde hace años se comunica al personal del Ayuntamiento que todos los seguros de accidentes se contraten con la empresa F y A de Lope Correduría de Seguros -amigos de negocios- con los que, entre otras actividades, viajó a Brasil para el último mundial de Fórmula 1-. Todo ello sin pedir previamente presupuestos a otras empresas».  

«Habiendo un letrado consistorial y dos técnicos jurídicos, se contrata en numerosas ocasiones a la empresa EIUS Abogados con importes que suman un montante anual de entre 12.000 y 18.000 euros», se informa, para después especificar que el bufete pertenece a sus amigos José María Michavila (ex ministro de Justicia) y Alberto Dorrego.  

Y se relatan presuntos tratos de favor, como la parcela de Boadilla que fue adjudicada para su explotación a UFC S.A., una empresa vinculada a la hermana del ex concejal de urbanismo. Entre otros. 

(www.elmundo.es, 09/02/09) 

FRAGA: "SI JESUCRISTO ERRÓ AL ELEGIR, IMAGÍNESE LOS MORTALES" 

El presidente fundador del Partido Popular, Manuel Fraga, siempre le encuentra un parecido a cualquier situación. En esta ocasión recuperó un pasaje bíblico para justificar el escándalo que amenaza con empañar la campaña del PP en Galicia. "Jesucristo tuvo un Judas entre los doce apóstoles. Si al propio Jesucristo le pasó eso en una selección de personal, imagínese qué no le pasará a los pobres mortales", afirmó Fraga en referencia a las irregularidades que obligaron al candidato del PP a la presidencia de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a prescindir de su número 1 por Ourense, Luis Carreras, quien cobró 240.000 euros en comisiones de una cuenta del paraíso fiscal de las Islas Caimán, en el Caribe. 

De lo más antiguo, de Jesucristo, al mismísimo Obama, nadie, según Fraga en declaraciones a la cadena SER, está libre de un posible caso de corrupción en sus filas. Preguntado por cómo se solucionaba en su época un problema de posible corrupción, el presidente fundador del PP respondió que se atajaba rápidamente: "Cuando se veía venir un caso de estos, lo ponía fuera de circulación, por las buenas o por las malas". 

Fraga elogió a Núñez Feijóo, del que dijo que había demostrado tener "una gran experiencia". Ante los "reproches" de que Feijóo no es tan "galleguista" como lo es él, aclaró las diferencias que existen entre ser galleguista, como él, y nacionalista, que, a su juicio, "es alta traición". 

(www.elpais.com, 09/02/09) 

EL ALCALDE DE BOADILLA DESAFÍA AL PP Y SE NIEGA A DIMITIR POR LA TRAMA 

"Sin estar imputado es absurdo presentar la dimisión". Así se ha expresado esta tarde el alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, en una rueda de prensa en la que no ha admitido preguntas, según informa J. Sérvulo González. A Panero se le vincula con la trama de corrupción municipal destapada el viernes por la fiscalía Anticorrupción y el juez Baltasar Garzón. Sin embargo, según sus propias palabras, hoy se ha reunido con Garzón y éste ni siquiera lo ha citado como testigo. "Soy un cabeza de turco", ha afirmado. 

La renuncia de González Panero ha sido objeto de controversia toda la mañana. Primero fue el presidente del PP, Mariano Rajoy, quien aseguró que González Panero, había presentado su dimisión al secretario general de los populares en Madrid, Francisco Granados, y que se la había aceptado. Sin embargo, el regidor insistió en su inocencia al acudir a la Audiencia Nacional y negó que hubiera puesto su cargo "a disposición del partido". Rajoy ha anunciado que va a abrir una investigación interna para conocer los hechos que vinculan a su formación con la trama corrupta desarticulada el pasado viernes, que conseguía contratos en administraciones públicas gobernadas por los populares y después prestaba servicios a este partido en las campañas electorales. 

El alcalde de Boadilla quien viajó en viajó a Miami en dos ocasiones (en 2002 y 2003) con el supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, había pactado esta mañana con Granados su dimisión pero posteriormente ha dado marcha atrás. Conocido el cambio de postura de González Panero, el secretario general del PP madrileño ha empezado a usar todos sus recursos para forzar su renuncia y ha comenzado a hablar con los concejales para presentar, si fuera preciso, una moción de censura. 

El PP pedirá amparo

Al igual que hizo ayer la secretaria general, María Dolores de Cospedal, el líder del PP ha cargado contra el PSOE porque, en su opinión, ha utilizado "de forma partidista" a la fiscalía y ha anticipado que van a presentar un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial para pedir amparo. Rajoy ha querido aclarar que su partido nunca ha recibido donaciones de ninguno de los empresarios arrestados y ha manifestado que las contrataciones siempre se han hecho "en el marco de la legalidad" y no se ha recibido "beneficio alguno". 

Preguntado no obstante por su etapa como responsable de campaña del PP, Rajoy ha reconocido que trabajaron con Special Events, firma investigada en el proceso abierto por Garzón, pero ha señalado que "conocedores de que algunas personas utilizaban el nombre del PP" en ayuntamientos del noreste de Madrid dejaron de hacerlo. En línea con la investigación interna, el PP se personará como acusación popular en la causa de la Audiencia Nacional.

Rajoy, que hasta hoy había guardado silencio sobre la trama, ha afirmado que la revelación del contenido del sumario "puede hacer daño" al partido y las actuaciones contra esos cinco "individuos" puede "manchar el nombre del PP", algo que, en palabras del líder del PP es "injusto e intolerable". Por ese motivo, el presidente del PP ha insistido en que su partido actuará con "contundencia" contra cualquier militante que actúe fuera de la legalidad. 

Una relación "puntual"

Por su parte, el regidor de Boadilla ha asegurado que su ayuntamiento ha tenido relación puntual con tres de las empresas de Correa, al facturar a Pasarena Viajes contratos por un importe de 5.500 euros, además de unos servicios con ServiMadrid por valor de 2.000 euros y una adjudicación a la empresa EasyConcept la oficina de atención al ciudadano con el voto favorable de la oposición. "La documentación aportada por el ayuntamientos sobre estas adjudicaciones es totalmente transparente", ha afirmado González Panero. "Desde ese 2004 no tengo ningún trato con Correa", ha apuntado. "Yo hablaré con el Partido Popular y les contaré lo que he hablado hoy aquí -en la Audiencia Nacional-", ha afirmado el alcalde de Boadilla. En una de las cintas grabadas a Correa, éste asegura: "Si doy la cinta que tengo del Albondiguilla [mote que aplica a González Panero], se caga. Pero también voy yo al trullo, y además me interesa seguir haciendo negocios cuatro años en Boadilla". 

Los detenidos que hoy declararán ante el juez Garzón son Francisco Correa , quien se encargaba habitualmente de organizar los actos de los populares, hasta que Rajoy prescindió de él en 2003; Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP gallego y Antoine Sánchez, cuyo nombre aparece en el amplio entramado de empresas de Correa. Las dos mujeres detenidas, María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa y ex jefa de gabinete del ex alcalde del PP en Majadahonda y ex secretaria general del partido en ese municipio y Felisa Jordán Goncet, han quedado en libertad con cargos. 

(www.elpais.com, 09/02/09) 

RAJOY ACEPTA LA DIMISIÓN QUE EL ALCALDE DE BOADILLA NIEGA HABER PRESENTADO 

El lío en el PP ya llega hasta tal punto que los mensajes que lanzan desde su seno se contradicen entre sí.  Un ejemplo: mientras el líder conservador, Mariano Rajoy, anunciaba de forma rotunda la dimisión del alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero, por su presunta relación con la trama de corrupción en Madrid, el propio González lo desmentía pocos minutos después. Además, añadía que no estaba dispuesto "a convertirse en cabeza de turco de nadie". 

Diez de la mañana. El secretario general del PP madrileño, Francisco Granados, cita al alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) por orden de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre. Granados recomienda a González que ponga su cargo a disposición del partido ante las graves acusaciones que pesan en su contra.  

El alcalde de Boadilla, conforme con Granados, le asegura que hará pública su decisión de dimitir tras presentarse voluntariamente ante el juez de la Audiencia Nacional Batasar Garzón. Tras su reunión con el alcalde de Boadilla, Granados se reúne con la presidenta Aguirre para comunicarle lo sucedido. La lideresa habla con Rajoy para informarle de que el alcalde de Boadilla ha presentado su dimisión y que el partido lo ha aceptado.  

A renglón seguido, Rajoy comparece ante los medios para informar de la dimisión porque "el alcalde de Boadilla no quería hacer daño al partido". 

En ese preciso momento en el que Rajoy comparece ante los medios, y tras personarse ante Garzón, el alcalde de Boadilla matiza que no ha presentado su dimisión. Surge el caos.  

El alcalde ha asegurado ante los medios de comunicación que tiene "la conciencia tranquila" y que las adjudicaciones realizadas por su consistorio fueron "impecables" y "aprobadas por la oposición".

"No he puesto ningún cargo a disposición, yo hablaré con el Partido Popular y les contaré lo que he venido a hacer hoy aquí, en cuanto tenga oportunidad", dijo el edil de Boadilla. González Panero ha argumentado que no ha puesto su cargo a disposición del partido porque Garzón le anunció que "ya me llamaría", por lo que ha decidido dejar su dimisión en suspenso.  

Posteriormente, ya en rueda de prensa, el alcalde de Boadilla ha explicado su visión de los sucedido: "No voy a poner el cargo a disposición de mi partido". El anuncio, en este sentido, realizado por el PP esta mañana "ha sido una sorpresa" para él. González Panero ha dado un paso más allá y de forma contundente ha anunciado que no se va "a convertir en cabeza de turco de nadie". Para que dimita, explica, la Justicia debe probar antes su culpabilidad.  "¿Por qué tengo que dimitir, si ni siquiera he sido citado como testigo o como imputado por el juez Garzón?". 

No obstante, desde el PP ya se ha informado de que esta decisión unilateral —de dejar su dimisión en suspenso— del alcalde de Boadilla no se va a aceptar, y han informado de que, de ser necesario, presentarán una moción de censura. 

"Lo procedente es que el alcalde de Boadilla ponga su cargo a disposición del partido", explicaba el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.  

"Quiero aclararlo todo cuanto antes", ha manifestado González, quien pretende así esclarecer la relación de su consistorio con los detenidos el pasado viernes relacionados con una trama de corrupción urbanística presuntamente liderada por Fernando Correa. 

González ha indicado que el consistorio facturó a Pasarena Viajes contratos por un importe de 5.500 euros, contrató servicios con ServiMadrid por valor de 2.000 euros y adjudicó a la empresa EasyConcept la oficina de atención al ciudadano con el voto favorable de la oposición. 

"La documentación aportada por el ayuntamientos sobre estas adjudicaciones es totalmente transparente", añadió. Además, González Panero aclaró que rompió su relación con Correa en 2004. "Desde ese año no tengo ningún trato", indicó en declaraciones a los periodistas a su llegada a la Audiencia Nacional.  

Garzón tomará hoy declaración a los detenidos en la operación contra la corrupción en Madrid, que se extiende a Valencia, Marbella (Málaga) y Sotogrande (Cádiz), según informaron fuentes jurídicas. 

A los detenidos en esta operación, dirigida por Garzón y la Fiscalía Anticorrupción, se les imputa delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita. Las detenciones del viernes fueron practicadas por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF Central) de la Comisaría General de Policía Judicial. 

Los arrestados en la operación contra la corrupción en la Comunidad de Madrid son cinco: los empresarios Pablo Crespo Sabaris, Francisco Correa Sánchez, la mujer de éste último, María del Carmen Rodríguez Quijano, Felisa Jordán y Antoine Sánchez. 

(www.publico.es, 09/02/09) 

RAJOY DA POR DIMITIDO AL ALCALDE DE BOADILLA Y ÉSTE LO NIEGA 

El alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero (PP), ha comparecido para reiterar que no ha presentado su dimisión y que no piensa hacerlo mientras no sea imputado. Ha hecho estas declaraciones poco después de que el líder del partido, Mariano Rajoy, anunciara que el primer edil de la localidad madrileña había puesto su cargo a disposición del PP. 

González Panero ha hecho estas declaraciones ante la prensa, rodeado por 14 de los 16 concejales del municipio (los otros dos fueron expulsados del equipo de Gobierno) y no admitió preguntas. 

El viernes fueron detenidas cinco personas dentro de una operación anticorrupción ordenada por la Audiencia Nacional, algunas de ellas presuntamente vinculadas con su Ayuntamiento. 

El primer edil de Boadilla se ha reunido a las 10 de la mañana durante una hora con el secretario general del PP, Francisco Granados, quien le ha pedido que pusiera su cargo a disposición del partido. 

Fuentes populares aseguraron que el hasta ahora alcalde se ha declarado inocente de todas las imputaciones que se le han hecho pero para no perjudicar al partido ha decidido poner su cargo a disposición de sus superiores. 

Más tarde, sin embargo, Panero, ha negado que haya puesto su cargo a disposición del PP y que tenga intención de dimitir. Panero aseguró ante los medios de comunicación que tiene "la conciencia tranquila" y que las adjudicaciones realizadas por su consistorio fueron "impecables" y "aprobadas por la oposición". 

Asimismo, preguntado acerca de la posibilidad de que el testimonio de Francisco Correa -uno de los principales detenidos en la trama- provoque su ingreso en prisión, contestó: "No, le puedo asegurar que no". Fuentes municipales han precisado que Panero no dimitirá haasta que no sea imputado por el caso. 

Ante esta actitud, fuentes de la dirección del PP han señalado que confiaban en que Panero dimitiera, ya que, en caso contrario, sería expulsado del partido y se le plantearía una moción de censura. 

Después de reunirse con Granados, Panero ha acudido de forma voluntaria a declarar en la Audiencia Nacional. Ha sido acompañado por su abogada para aclarar informaciones periodísticas que le vinculan con el cobro de comisiones ilegales por adjudicaciones a determinadas empresas. 

Así, funcionarios del Ayuntamiento de Boadilla denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción la presión a la que se vieron sometidos por Arturo González y sus hombres de confianza para que las adjudicaciones se las llevaran "amigos". 

"Incluso te pedían que te reunieses con la empresa previamente para que todo cuadrase", sostienen los funcionarios, que aseguran que los propios empresarios les decían "tu jefe me ha sacado más pasta de la que hablamos en un principio o hemos tenido problemas con tu jefe porque no le hemos pagado todo lo que él quería". 

El sindicato Manos Limpias presentará hoy un escrito ante la Fiscalía con un listado de testigos para que sean llamados a declarar, y otro con el patrimonio de Panero, que según el dossier, tiene dos coches a su nombre -un BMW X-5 y un Opel Zafira- y habría comprado otros dos a su hermano -como regalo de bodas- y a su padre. 

(www.elmundo.es, 09/02/09) 

RAJOY SOLICITARÁ AMPARO DE LA JUSTICIA PARA QUE NO SE VIOLE EL SECRETO DE SUMARIO 

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado que solicitará amparo de la justicia solicitando que no se viole el secreto de sumario, y ha ordenado una investigación interna para la expulsión de cualquier militante del PP  implicado en el caso de corrupción urbanística en Madrid -que se extiende a Valencia, Marbella (Málaga) y Sotogrande (Cádiz)- investigado por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.  Rajoy ha reiterado que ninguno de los cinco detenidos son militantes del PP, por lo que "no pueden manchar en ningún caso el nombre del PP".  

"Es intolerable y profundamente injusto que se pretenda ensuciar el nombre del PP por las actuaciones de esas personas. Todo lo hecho en esta casa se ha hecho dentro del marco de la legalidad y no hemos obtenido beneficio alguno", ha matizado Rajoy, quien asegura que el PP " no ha recibido ninguna donación de alguna de las personas detenidas". 

(www.publico.es, 09/02/09)

EL PP BLINDA LOS DATOS SOBRE ORANGE MARKET 

"Es una persona jurídica no relevante". Ésta es una de las fórmulas que, de forma habitual, utiliza el Gobierno de Francisco Camps para no contestar a las preguntas que formula la oposición sobre determinadas subvenciones, ayudas o contratos. Las relaciones entre los adjudicatarios de servicios o proveedores y la Administración autonómica deberían ser públicas y expeditas pero, en la práctica, el Consell utiliza todas las argucias legales posibles no sólo para poner trabas, sino para impedir que la oposición fiscalice su tarea en este ámbito. 

El caso de Orange Market no ha sido distinto. El oscurantismo del PP ha planeado, desde el principio, sobre esta empresa, incluida en el entramado de sociedades que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ante posibles delitos de soborno, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y evasión fiscal. Ni la insistencia ni el interés de la oposición han servido, de momento, para que la Generalitat aporte la información sobre todos los contratos adjudicados a esta empresa. Dos días después de que se conocieran las detenciones y la investigación de la trama, ni el PP de la Comunidad Valenciana ni sus representantes en la Generalitat han ofrecido algún tipo de explicación o aclaración sobre el caso. El silencio, como cuando la oposición ha tratado de obtener información sobre Orange Market, es absoluto. Ni siquiera el secretario regional de los populares valencianos, Ricardo Costa, ha mentado el nombre de la firma. Aunque ayer a últim hora la dirección de los populares valencianos anunció que rompe con Orange Market. 

Las únicas adjudicaciones a Orange Market publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana son las realizadas por la Consejería de Turismo por la creación y montaje del expositor de varias ferias de turismo, entre ellas, Fitur, a partir de 2005. La documentación de la última de ellas, el expediente 33/08 sobre el contrato para el diseño y montaje del pabellón de la Comunidad Valenciana de este año, fue requisada el pasado viernes, por orden del juez Garzón, cuando la policía judicial acudió a las sedes de la mercantil y de la Agencia Valenciana de Turismo en Valencia. 

Los negocios entre el PP valenciano y las firmas investigadas empiezan hace ya una década, en la época de Eduardo Zaplana cuando Orange Market, ahora filial de Special Events, aún no había nacido: era la matriz la que realizaba los servicios. 

El bloqueo del PP a ofrecer información sobre la relación de la Generalitat comenzó en 2005. El diputado socialista José Camarasa remitió seis cuestiones al Consell en las que se preguntaba por la relación de Orange Market con la Generalitat. "¿Ha mantenido alguna relación contractual?", pidió saber. En el caso de que la respuesta a esta cuestión fuera positiva, el socialista quería saber qué contratos habían adjudicado la Generalitat, las empresas públicas y/o organismos autónomos a la empresa, desde 1995 hasta 2005, cuál era el objeto de estos contratos y a cuánto ascendía cada uno de ellos. 

La información detallada que exigía el parlamentario incluía también las fechas de adjudicación de cada uno de los contratos y las fechas en las que éstas fueron publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el caso de que se hubieran publicado. 

El PP no optó por admitir las preguntas y responder con evasivas o ambigüedades, como en otras ocasiones. En este caso, ni siquiera tramitó las cuestiones. La decisión del PP provocó que Camarasa presentara un recurso, que también fue desestimado. El interés de los socialistas por la firma comenzó después de que el entonces consejero de Relaciones Institucionales y Comunicación, Esteban González Pons, adjudicara a Orange Market la elaboración de la guía de la comunicación, tal como recuerda el propio Camarasa.Desde 1999 la Sindicatura de Comptes incluye los nombres de las sociedades Special Events y Orange Market (desde 2003) en sus informes por incumplir la obligación de comunicar los trabajos realizados en campañas electorales, todos ellos para el PP. Los tres últimos procesos electorales autonómicos, 1999, 2003 y 2007, fueron fiscalizados por la Sindicatura de Comptes, entidad encargada de revisar los ingresos y gastos electorales derivados de la participación de formaciones políticas en las elecciones. 

En los tres últimos informes de la Sindicatura aparecen las firmas de la trama que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, ante la posible comisión de presuntos ante posibles delitos de soborno, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y evasión fiscal. En total, son 375.000 euros los que el PP facturó a estas empresas. Pero las firmas no comunicaron, tal como obliga el Régimen Electoral General, la prestación de los servicios realizados. La fiscalidad sobre los trabajos que el PP contrata a las empresas se limita al proceso electoral. Así, los demás encargos realizados por los populares no están sujetos a ninguna otra condición que las propias de la ley. 

La adjudicación directa de la Generalitat y la contratación por el PP no son las únicas vías en la relación de los populares valencianos y las empresas sometidas a investigación. El PP ha utilizado también sociedades públicas para realizar contratos de los que luego, alegando que se trata de firmas que están participadas por otras entidades, no rinde cuentas. Ésa es una de las principales batallas de la oposición a la que, de forma sistemática, se niega cualquier tipo de información sobre los trabajos que contratan sociedades como Cacsa, Ciegsa o la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana (SGIEP). Ésta última fue creada en la época en la que Esteban González Pons era el portavoz del Gobierno valenciano. La Sindicatura de Comptes también fiscaliza su funcionamiento y recoge el objeto de los contratos, pero no tiene acceso a las empresas adjudicatarias de los servicios. 

Aún así, el informe del Síndic indica que esta sociedad "no justifica y motiva la determinación del precio contratado". Entre los proyectos de esta sociedad figura la organización del gran premio de España de Hípica, que se celebrará en mayo en Valencia. Orange Market, que participó el pasado verano en los actos de la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante, opta a organizar el evento. 

(www.elpais.com, 09/02/09) 

LAS PREGUNTAS A LAS QUE EL GRUPO SOCIALISTA NO OBTUVO RESPUESTA 

- Contratos: ¿Ha mantenido la Generalitat valenciana alguna relación contractual con la empresa Orange Market? 

- Cuántos: ¿Qué contratos han adjudicado la Generalitat valenciana, empresas públicas y/o organismos autónomos a la empresa Orange Market desde 1995 hasta la fecha? 

- Para qué: ¿Cuál era, detalladamente, el objeto de los contratos adjudicados a Orange? 

- Cuánto: ¿A cuánto asciende, detalladamente, cada uno de los contratos adjudicados a Orange Market? 

- Cuándo: ¿Cuáles han sido las fechas de adjudicación de cada uno de los contratos? 

- Publicidad: ¿Se han publicado en el DOGV las adjudicaciones de los contratos? 

(www.elpais.com, 09/02/09) 

EL PP ROMPE CON ORANGE MARKET 

El PP valenciano ha decidido romper toda relación mercantil con Orange Market, la empresa que dirige Álvaro Pérez vinculada a la trama de corrupción de este partido. Fuentes de la dirección regional aseguraron a este periódico que no seguirán trabajando con esta sociedad, pese a reconocer su satisfacción por los trabajos que ha realizado para los populares. "Con lo que está ocurriendo no podemos seguir con ellos", afirmaron. Los populares reconocieron a través de un comunicado haber contratado "puntualmente" los servicios de Orange Market. 

El desmarque de la dirección popular llega tras una jornada intensa en la que volvió a reflejarse la división interna en el PP valenciano. Fuentes próximas al ex presidente Eduardo Zaplana insistieron en relacionar a Álvaro Pérez con Francisco Camps. "Llegó de su mano. Fue él quien lo trajo y del que es amigo. También mantiene muy buena relación con Gerardo Camps", vicepresidente segundo y consejero de Economía. Hay quien llega más lejos y asegura que Pérez ha afirmado en una reunión en Madrid que está trabajando para "preparar el desembarco de Paco [Camps] en Madrid para sustituir a Mariano Rajoy". 

Los actuales responsables del PP discrepan. "Cuando nosotros llegamos, Álvaro Pérez ya estaba. Él participó en las elecciones de 2003 y todo el mundo sabe que aquella campaña fue controlada por Eduardo Zaplana. Además, en 2004 organizó el congreso regional del partido, cuyo responsable político fue Juan Manuel Cabot [ex secretario general y persona vinculada a Zaplana]. Pensar o insinuar que Ricardo Costa [actual secretario general del PP valenciano] conocía a Álvaro Pérez antes de ser elegido no se corresponde con la realidad". 

La bronca entre zaplanistas y campistas tiene derivaciones singulares en la provincia de Alicante. Los primeros dicen que Ricardo Costa quiso imponer a Orange Market en la organización del congreso provincial en el que fue reelegido José Joaquín Ripoll como presidente provincial. Los segundos lo niegan, preguntándose de forma retórica: "¿Alguien puede afirmar eso en serio? Pero si Ripoll no hizo otra cosa que atacar a Ricardo. Cómo se puede pensar que éste iba a pedirle nada al presidente de la Diputación de Alicante, tal y como estaban las relaciones?". 

Por otra parte, fuentes de Bancaja aseguraron que su presidente, José Luis Olivas, "no conoce" a Álvaro Pérez, que supuestamente propició la entrevista de Juan Villalonga con aquél el pasado julio. 

(www.elpais.com, 09/02/09) 

ORANGE MARKET ORGANIZÓ EL INICIO DE CAMPAÑA DEL PP EN ALICANTE CON ALPERI Y LA ACTUAL ALCALDESA  

La rama valenciana del entramado empresarial que investiga el juez Baltasar Garzón, organizó el arranque de campaña de Luis Díaz Alperi en las municipales de 2007, al que también asistió la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, quien el sábado dijo que no le sonaba el nombre de la empresa que preside Álvaro Pérez. Una firma que también organizó el congreso regional del PP en 2004, el de la elección directa de Camps como líder popular. 

Una de las empresas vinculadas a la trama que investigan el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción trabajó para la campaña de Luis Díaz Alperi en las pasadas elecciones municipales de 2007, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Orange Market, la empresa cuyas oficinas registró el viernes la Policía Judicial y de la que fue fundador uno de los detenidos en la operación contra la corrupción, no ha trabajado, hasta ahora, para la dirección provincial del PP pero sí lo hizo, por indicación de la cúpula regional que preside Francisco Camps, en la última campaña electoral de Díaz Alperi.

La mercantil organizó el sábado 24 de febrero de 2007 el acto de presentación de la candidatura electoral del entonces alcalde que se celebró en la Estación Marítima del Puerto de Alicante. El rastro de Orange Market -sociedad implicada en la investigación del juez Baltasar Garzón- quedó marcado en un correo electrónico que a las 11,56 horas de la mañana del viernes 23 de febrero de 2007 -un día antes de la convocatoria-la actual delegada de Presidencia, Sonia Alegría, remitió con los datos de la empresa a efectos de facturación de los gastos de las instalaciones. El mensaje, escueto y enviado desde la cuenta de correo de Alegría en el consistorio, incluye el nombre de Orange Market, su CIF y la antigua dirección de la sociedad en la calle Conde de Salvatierra de Valencia, sede que la mercantil dejó poco después para trasladarse a la actual de la Calle Colón, donde el pasado viernes se produjeron los registros policiales.

Sonia Alegría, una de las personas de máxima confianza de Alperi, también figura como representante de la agrupación local del PP en la autorización que expidió el Puerto de Alicante -firmada por el hoy conseller Mario Flores- para poder celebrar el acto en la Estación Marítima. El documento, por cierto, revela que la concesión de las instalaciones era a favor del Ayuntamiento de Alicante a pesar de que el acto era organizado por el PP como partido y, en ningún caso, tenía que ver en modo alguno con la institución pública. Desde la Presidencia del Puerto también se dirigían los correos electrónicos -uno, por ejemplo, fechado el 21 de febrero de 2007 a las once menos veinte de la mañana- a cuentas electrónicas del Ayuntamiento de Alicante aunque la convocatoria corría a cargo del PP. 

Entre la documentación del acto que organizó y preparó Orange Market también figura, en uno de los escritos de asunción de responsabilidades, el nombre de la actual alcaldesa y entonces responsable de Urbanismo, Sonia Castedo. La primer edil, que sustituyó a Alperi tras el pasado verano y que ocupó el número tres de la candidatura electoral, aparecía como peticionaria en un documento en el que también figura como persona responsable del montaje. Sin embargo, el pasado sábado, a preguntas de los periodistas, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, informa Alejandro Fernández, evitó la polémica y dijo, incluso, no conocer la empresa. Tras presidir el día de la Policía de la Generalitat, Castedo se limitó a señalar que «aún no he leído los periódicos, pero ni tan siquiera me suena -en alusión a la empresa- ese nombre». Orange Market, la sociedad que dirige Álvaro Pérez y que fue fundada por uno de los detenidos por la trama de corrupción, ha recibido contratas millonarias desde el Consell y es la mercantil que más encargos recibe para organizar actos de la dirección regional del PP. Tres empresas vinculadas a la trama trabaron para Camps en sus dos campañas. 

(www.levante-emv.com, 09/02/09) 

LA FIRMA INVESTIGADA MONTÓ EL PRIMER CONGRESO DE CAMPS EN 2004 

Los dirigentes del PP valenciano pasan; Orange Market permanece. La empresa que preside Álvaro Pérez y que fue objeto de un registro judicial el viernes, en sesiones de mañana y tarde, ya organizó el congreso regional de los populares en Castelló, el 20 y 21 de noviembre de 2004. La sociedad dedicada al montaje de eventos recibió aquel encargo de una dirección del partido de alma dual: el presidente era Camps, porque Zaplana le cedió el testigo, y José Joaquín Ripoll y Juan Manuel Cabot eran secretario y vicesecretario. 

Fue precisamente en ese cónclave donde se materializó el relevo por la vía congresual entre el ex ministro de Trabajo y quien ganó las elecciones autonómicas de 2003 y era presidente del PP pero no por elección directa de los compromisarios. Camps consagró esa presidencia al lograr el 78% de los votos de delegados. La batalla interna entre campsistas y zaplanistas ya se había destapado. Hubo hasta gritos de «pucherazo» en el debate de la ponencia de estatutos. 

Orange Market montó ese acto año y medio después de nacer en una notaria de Algemesí, el 24 de julio de 2003.En la escritura de constitución figuraban Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de organización del PP gallego y diputado por Pontevedra y Luis de Miguel Pérez. Crespo es administrador único de Special Events, la sociedad matriz de Orange, que se encargó de organizar las campañas electorales del PP valenciano en 1999 y 2003. En esas dos campañas, Special Events y su filial Realgreen no declararon al Tribunal de Cuentas 282.239 euros facturados al partido. Crespo fue detenido el viernes en la operación desplegada como consecuencia de la investigación de Anticorrupción, el juez Garzón y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF).

Hoy mismo pasarán a disposición judicial los detenidos, entre los que no se encuentra ya la esposa de Francisco Correa, el cabecilla de la trama, según el juez. Carmen Rodríguez, también vinculada a Special Events, fue puesta en libertad el sábado. Fue jefa de gabinete del ex alcalde popular de Majadahonda, uno de los focos de la investigación. El vicesecretario regional del PP, David Serra, emitió ayer un comunicado en el que reconoce haber contratado «puntualmente» los servicios de Orange Market. «El PP ha actuado como cualquier otra persona física o jurídica que contrata un servicio y al quedar satisfecho vuelve a contratarlo», dijo de una empresa de la que destacó «la perfección del servicio que presta».  

Serra aseguró que su partido «colaborará con la justicia» y arremetió contra el PSOE por «la insistencia en relacionar las empresas que investiga Garzón con el PP». «A no ser que su relación con las empresas que contrata el Gobierno central sea de ese tipo; cree el ladrón que todos son de su misma condición», concluyó el dirigente regional. 

(www.levante-emv.com, 09/02/09) 

EL GOBIERNO VALENCIANO CONSIDERA ´TESTIMONIAL´ SU RELACIÓN CON ORANGE MARKET 

 En declaraciones a Radio Nacional de España, el vicepresidente primero del Consell ha insistido en que la relación de la Generalitat con la empresa investigada es "tangencial", ya que sólo ha organizado "un evento", el del expositor valenciano en Fitur, y otro el año pasado con motivo de la salida de la vuelta al mundo de vela desde Alicante.

Rambla ha destacado que la Generalitat cuenta con 2.000 proveedores y que la organización del acto de Alicante tuvo 160, y ha insistido en que el Ejecutivo valenciano está "muy interesado" en que haya "toda la transparencia" y una "claridad informativa" sobre esa "supuesta relación".

Ha asegurado que van a poner a disposición de la justicia toda la información de que disponen, y ha alertado de que no van a "tolerar que nadie ponga en duda el nombre del PP ni mancille el nombre de la Generalitat", por lo que actuará con "contundencia" y llevarán ante la Justicia a "todos aquellos que pongan en duda la actuación de la Generalitat".

"Nos sentimos como una víctima colateral de unas investigaciones que en otros sitios se están llevando" a cabo, ha manifestado Rambla, quien ha insistido en que "se depuren todas las responsabilidades" y que "lleguen hasta donde tengan que llegar", pero que haya también "responsabilidad".

Rambla ha recordado que la investigación está bajo secreto de sumario, por lo que "la responsabilidad de todos exige que se digan las cosas que están contrastadas, y no las valoraciones de personas nada respetables por lo que estamos leyendo estos días". 

Según ha dicho, en cuanto han tenido conocimiento de que puede haber sospechas en relación con la actuación de personas relacionadas con la dirección de esta empresas, han dado instrucciones para que en todos los organismos que dependen de la Generalitat y del PP "no haya ninguna contratación".

No obstante, Rambla ha resaltado que por parte de la Generalitat "prácticamente no había ninguna, y por tanto poco hay que parar".

Preguntado por el hecho de que Orange Market y Special Events aparezcan ya en algunos informes de la Sindicatura de Cuentas por impagos a la Generalitat, Rambla ha dicho que no tiene conocimiento de eso, y que la única empresa que conoce que haya trabajado con la Generalitat es Orange Market.

Ha destacado que en Fitur se ha recibido este año una mención de la organización como uno de los mejores 'stands', y ha recordado que este año se ha reducido el presupuesto para ese fin.Rambla ha negado además que esa empresa trabajara en la visita del Papa a Valencia y en la Fórmula Uno, o que esté preparando un gran premio de hípica, y ha reclamado que "se ciñan las cosas a sus términos exactos" y no se ponga en duda el nombre de la Generalitat.Preguntado sobre si el president de la Generalitat irá a Les Corts a informar de esta cuestión, Rambla ha dicho que Francisco Camps estará en el Parlamento el jueves hablando de este tema, "y en todos los sitios que haga falta", porque tienen "mucho interés en dejar claro que la única relación" con esa empresa , de "acreditada solvencia" en la organización de actos, se circunscribe a los dos citados. 

(www.levante-emv.com, 09/02/09) 

EL BENEFICIARIO DE 13 TDT DEL CONSELL TIENE 60 MILLONES EN CONTRATOS PÚBLICOS EN LA COMUNITAT 

La operación anticorrupción abierta el viernes por el juez Baltasar Garzón contra una presunta trama de empresarios por media docena de presuntos delitos económicos y urbanísticos, salpicó el sábado a otro hombre de negocios vinculado a la Generalitat Valenciana. Los agentes que acudieron al Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), uno de los focos de la investigación, también pidieron información sobre la adjudicación de una parcela a UFC, empresa inmobiliaria del Grupo Begar, propiedad de José Luis Ulibarri. 

Este magnate leonés de la construcción y los medios de comunicación lleva varios años ganando terreno en la contratación pública valenciana. Un espacio consolidado en el ámbito de los servicios y la construcción de hospitales, aparcamientos, colectores y carreteras. Sólo con algunos contratos, la suma supera los 60 millones. Entre los intereses empresariales de Ulibarri en la Comunitat destacan las trece licencias de TDT del Consell que controla a través del grupo Mediamed. Además, Ulibarri participa en la construcción del hospital de Llíria, que la Conselleria de Sanidad adjudicó por 25 millones a una UTE en la que se integra su empresa Begar Construcciones y Contratas. 

Pero otras empresas de Ulibarri también han encontrado mercado en la administración autonómica. La firma Limpiezas, Ajardinamientos y Servicios Seralia, presidida por Ulibarri, logró el contrato para limpiar los centros de la Agencia de Turismo los años 2007 y 2008 por casi 1,3 millones. 

Precisamente, la Agencia Valenciana de Turismo fue registrada el viernes por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, que requisaron el contrato de Turismo para el montaje del stand de Fitur con Orange Market, la marca valenciana de la trama investigada por Garzón. 

Por otro lado, Bienestar Social le adjudicó a Seralia en 2008 la limpieza de algunos centros de Valencia por medio millón de euros; y Justicia le encargó en 2007 la limpieza, desinfección y desratización de cuatro edificios del Prop en Valencia, Castelló y Requena por casi un millón. 

Ulibarri también tiene a la Conselleria de Infraestructuras entre sus clientes. Además del desdoblamiento en 2006 del colector norte del parque de Cabecera de Valencia, adjudicado a una UTE por más de 7 millones, Infraestructuras ha vuelto a confiar en Begar este mandato. Infraestructuras ha encargado a Begar, también como parte de una unión de empresas, la "conservación, reparación y adecuación de las carreteras de Castelló norte". El importe de la adjudicación supera los 15 millones. Y en Valencia, Begar -en unión con Bertolín- recibió en 2007 la construcción y gestión del aparcamiento de Eugenia Viñes y el depósito de tormentas del Cabanyal, por unos 12,6 millones.  

Ulibarri también tiene entre manos proyectos urbanísticos en la Comunitat. El empresario es el consejero delegado de Xilxes Golf Resort SL, uns mercantil que promovió el verano de 2004 el proyecto para construir un PAI de 1, 7 millones de metros, campo de golf incluido, en la costa de Castelló. UFC, la firma de la parcela investigada en Boadilla, está en el accionariado de Xilxes Golf Resort Golf. 

(www.levante-emv.com, 09/02/09)

Aguirre adjudicó 76 contratos a dedo a la trama de Boadilla

Alberto López Viejo, un prometedor sospechoso

El Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó, directamente y sin concurso, 76 contratos entre abril de 2004 y el mismo mes de 2005 a dos empresas vinculadas a los detenidos por la trama de corrupción que comenzó a investigarse en Boadilla (Madrid) y que el viernes destapó el juez Baltasar Garzón.

En total, Easy Concept Comunicación, SL (antes denominada Down Town Consulting) y Good and Better, SL recibieron adjudicaciones para organización de eventos por valor de 562.183 euros, cada una de ellas inferior a 12.000 euros. Esa es la cuantía que la Ley de Contratos estatal señalaba hasta 2007 como límite máximo para adjudicar sin concurso los llamados contratos menores.

Easy Concept yGood and Better tienen o han tenido por administradores a Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP gallego; y Felisa Isabel Jordán Goncet, detenidos el viernes con otros tres empresarios. Entre ellos, Francisco Correa Sánchez, a quien los investigadores consideran el cerebro de la trama.

Actos de la presidenta

Las adjudicaciones otorgadas por el Gobierno de Madrid constan en sendas respuestas parlamentarias remitidas al PSOE en diciembre de 2005. El listado constata que, de las dos empresas citadas, Easy Concept Comunicación fue la más beneficiada, con 68 contratos.

Al estar ‘troceados’, los contratos no tuvieron que ser otorgados por concurso 

En buena parte de la serie de adjudicaciones hay dos nexos comunes: tienen por objeto la preparación de actos a los que asistió Esperanza Aguirre y aparecen troceados. Es decir, los trabajos necesarios para un mismo evento no se consideran un todo, sino se que se adjudican por partes, de modo ninguna de ellas exceda en coste de los 12.000 euros.

El ejemplo más ilustrativo lo representan las 15 facturas emitidas el mismo día por Easy Concept –el 1 de abril de 2004– por los otros tantos servicios prestados para el homenaje que la Comunidad de Madrid rindió en la Puerta del Sol el 25 de marzo de 2004 a “los que se volcaron con las víctimas del 11-M”. La relación de contratos muestra, por ejemplo, cómo el concepto “elementos de sonido”, cuyo coste se cifró en 11.954,39 euros, aparece ajeno al de “iluminación y sonido”, cuantificado en 11.524,36 euros.

Un solo homenaje, el del 11-M, dio lugar a 15 adjudicaciones

Un segundo caso: del homenaje al Getafe por su ascenso a Primera en junio de 2004, Easy Concept emitió cuatro facturas. Todas aparecen en el listado remitido al PSOE con el mismo epígrafe, “Acto Ascenso Club Fútbol Getafe”. Easy Concept y Good and Better giraron facturas en abril de 2005 por el Día de la Mujer. La primera, por 11.906 euros; la segunda, por 11.700.

En las fechas a las que corresponden todas adjudicaciones ocupaba la Consejería de Presidencia Ignacio González. Y el viceconsejero era el actual consejero de Deportes, Alberto López Viejo, a quien, según el diario El País, los denunciantes de la trama de Boadilla señalan como el artífice de los contratos troceados. 

HABLA LA PRESIDENTA : "Ningún detenido es afiliado del PP"

La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró ayer que si algún cargo del PP tiene algo que ver con la operación abierta por el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción por supuestos delitos por tráfico de influencias, soborno y fraude, “tendrá qué vérselas con la Justicia”. Según Aguirre, ninguno de los detenidos está afiliado al PP. Para la presidenta, la única relación con el PP estriba en que los detenidos “tuvieron que ver con la organización de campañas electorales”.

www.publico.es 08.02.09

Anticorrupción denuncia al ex alcalde de Majadahonda y al regidor de Boadilla

Entre la treintena de nombres cuya imputación propone la Fiscalía Anticorrupción en su denuncia figura el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, el ex alcalde de esta misma localidad y el ex regidor de Majadahonda Guillermo Ortega, que ocupó el cargo hasta 2005.

El juez Baltasar Garzón debe ahora decidir sobre las imputaciones solicitadas por el Ministerio Público, para lo que tendrá en cuenta lo que declaren los principales encausados, detenidos el viernes.

Fuentes jurídicas indicaron que el consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, también podría figurar entre los investigados, por supuestos contratos firmados con una de las empresas vinculadas al entramado.

De momento, no hay más detenidos que los cinco del viernes, jornada durante la que, en los once registros practicados en Madrid, Valencia, Marbella y Sotogrande (Cádiz), la Policía se incautó de abundantísima información que ahora deberá procesar.

Por lo que respecta a Boadilla, los investigadores analizan, entre otros contratos, el suscrito por González Panero con Easy Concept el 19 de diciembre de 2005 para la gestión del servicio público de información y atención al ciudadano, y que garantizaba a la citada empresa cinco millones de euros en diez años. En  ese municipio madrileño, cuya población censada no llega a los 50.000 habitantes, el servicio de atención al ciudadano cuesta al ayuntamiento 506.000 euros al año.

Según la oposición municipal de Boadilla, Felisa Isabel Jordán, administradora de Easy Concept hasta diciembre de 2007, es la pareja del abogado externo a quien el alcalde ha encomendado en diversas ocasiones la defensa de los intereses municipales.

También Guillermo Ortega adjudicó como alcalde de Majadahonda contratos a una de las empresas presuntamente nucleadas en torno a la trama, Special Events. Esa sociedad tuvo como administradora a Carmen Rodríguez Quijano, asesora municipal de Ortega.

www.publico.es 08.02.09

Garzón también investiga al empresario al que el Consell concedió 13 licencias de TDT

La operación anticorrupción que abrió el pasado viernes el juez Baltasar Garzón y que tiene ramificaciones en Valencia, donde investiga a Orange Market, ofreció ayer nuevas conexiones con la Comunitat. Varios agentes requisaron contratos en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), entre ellos, la adjudicación de una parcela a la empresa inmobiliaria UFC. José Luis Ulibarri, presidente de UFC, se hizo en 2006 con trece licencias de TDT otorgadas por el Consell.

La operación anticorrupción que mantienen abierta la Fiscalía y el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que se desarrolla de forma paralela en Madrid, Andalucía y la Comunitat Valenciana, salpicó ayer a José Luis Ulibarri, otro empresario con conexiones con la Generalitat Valenciana.

Agentes de la investigación acudieron ayer al ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) para pedir varios documentos: entre ellos, los papeles sobre la adjudicación por 35 millones de euros de una parcela a la empresa del sector inmobiliario UFC, según la Cadena Ser. Esta empresa, UFC, está presidida por José Luis Ulibarri, y es la rama inmobiliaria del grupo Begar, el imperio de la construcción de este empresario castellano-leonés.

Tanto estas actuaciones como el registro el viernes en Valencia de Orange Market, firma de cabecera del PP en organización de actos y contratista millonaria de la Generalitat, se enmarcan en una operación contra presuntos casos de corrupción. La investigación tiene ramificaciones en la ciudad de Valencia, en las localidades gaditanas de Marbella y Sotogrande, y en los municipios madrileños de Boadilla y Majadahonda.

Ulibarri es un viejo conocido en la Comunitat Valenciana. Este empresario ha conseguido consolidar un imperio económico basado en la construcción, la obra pública y los medios de comunicación; un imperio radicado en Castilla y León, pero con cada vez más presencia en la Comunitat Valenciana.

Ulibarri irrumpió el año 2006 en el mapa televisivo valenciano. Una de las empresas que dirige, Mediamed Comunicación Digital, se hizo con trece licencias de televisión digital (TDT) otorgadas por el Consell. Mediamed, a través de sus firmas asociadas, consiguió obtener representación en trece de las catorce demarcaciones locales en que se dividió el espacio televisivo valenciano para el reparto de las licencias de TDT. En 2007, Ulibarri escenificó su buena sintonía con la administración autonómica durante la presentación de Tele 7, el proyecto audiovisual de Mediamed. En el acto celebrado en Feria Valencia, Ulibarri estuvo arropado por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y por los entonces consellers de Sanidad, Rafael Blasco, de Territorio, Esteban González Pons, de Bienestar Social, Alicia de Miguel, y el portavoz del Consell, Vicente Rambla. Con todo, la presencia de Ulibarri en la Comunitat Valenciana no se circunscribe únicamente al negocio de la comunicación. En los últimos años, el empresario de Castilla y León también ha ganado terreno como adjudicatario de obra pública que se licita en la Comunitat Valenciana.

Begar Construcciones y Contratas recibió en enero de 2007 la adjudicación del contrato de construcción del hospital de Llíria, en unión temporal con otra firma, al igual que la construcción del colector norte entre Beniferri y el Parque de Cabecera.

En el año 2006, el instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) ya adjudicó a Begar Construcciones y Contratas el proyecto de urbanización y construcción de 72 viviendas en Albaida. También logró la adjudicación de dos aparcamientos subterráneos en Valencia, uno en la Plaza de Neptuno y otro en Tomás de Montañana. Precisamente, el último movimiento de Ulibarri en el mapa comunicativo valenciano está vinculado a la capital valenciana. En junio pasado, otra empresa controlada por Ulibarri, Producciones Audiovisuales Digitales Alicante, se hizo con el control de la Televisión Municipal de Valencia (TMV), al comprar el 80% de las acciones a la adjudicataria original, Canal 13.

 www.levante-emv.com 08.02.09

'Esta vez la compra ha sido un apartamento en Miami Beach'

El alcalde de Boadilla se jactó de haber adquirido propiedades tras viajar a Florida con el detenido Correa, según denuncia remitida a la Fiscalía

Alardear más de la cuenta, aunque sea ante un auditorio reducido, puede traer más problemas de los esperados y eso es lo que debe estar pensando a estas alturas el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, tras ver el cariz que van tomando las pesquisas sobre corrupción de munícipes del PP iniciadas por el juez Baltasar Garzón.

González negó ayer que tuviera nada que ver con lo que se ha dado en llamar el Club de Miami y anunció querellas contra quienes le atribuyan propiedades en esta ciudad estadounidense facilitadas por Francisco Correa, el conseguidor, uno de los detenidos en la operación dirigida por el magistrado. Pero esa actitud no se corresponde con la mantenida en el pasado cuando se jactaba de haber realizado adquisiciones en ultramar recién regresado de los viajes realizados junto a Correa.

Una denuncia remitida a la Fiscalía recoge esos momentos. «Es un hecho constatable», recoge la prueba, «que el Sr. Panero, al regreso de sus viajes, expresó a sus compañeros de alcaldía y allegados que había adquirido propiedades en Miami. En una de las ocasiones comentó: 'Esta vez la compra ha sido un apartamento en Miami Beach'».

Los empresarios Francisco Correa, Pablo Crespo, Mari Carmen Rodríguez, Antoine Sánchez y Felisa Jordán fueron detenidos el viernes en relación con una supuesta trama de adjudicación de contratos públicos de determinadas administraciones del PP, entre ellas la de la localidad madrileña de Boadilla del Monte.

El documento al que ha tenido acceso este periódico ha sido elaborado por personas que conocen el desarrollo del Consistorio, que aseguran ser testigos y a veces víctimas de comportamientos ilícitos por parte de algunos responsables de esta entidad municipal, y que han aportado datos -a través del sindicato Manos Limpias- para que el Ministerio Público amplíe una investigación que llegue donde ellos no han podido.

Para empezar, uno de los listados remitidos a la Fiscalía Anticorrupción recoge algunos de los trayectos realizados por algunos de los protagonistas de la presunta trama. Consta el viaje a Miami fechado el 18 de abril y realizado por Francisco Correa, Arturo González y José Galeote, concejal del Ayuntamiento de Boadilla entre 1995 y 2003, y padre del eurodiputado Gerardo Galeote.

Esa estancia en EEUU demostraría el vínculo -sobre el que González ha mantenido una considerable distancia- entre el conseguidor y el alcalde. No sólo porque el primero cargó con los gastos de toda la estancia, sino porque el localizador del billete de aquel trayecto es el mismo para los tres viajeros y eso indica que lo pagó una misma persona.

El 30 de noviembre, González Panero y su mujer, Elena Vilarroya, se desplazaron hasta Miami con su amigo Javier del Valle -de la empresa Renta 4-, su esposa Victoria Ruiz de Velasco y su hijita de apenas un año. Medio año después, el 14 de julio de 2003, el alcalde y Francisco Correa coincidieron de nuevo.

Los registros de la Propiedad de Miami ya acogían nombres idénticos a los de Correa y similar al de alguna de sus empresas, -en concreto, hay un Special Events Catering sito en el 0018 Commercial Condominium-.Pero ,a partir de esos viajes, empieza a quedar constancia de compras realizadas por personas con nombres iguales a los del alcalde de Boadilla y de algunas de sus personas de su confianza.Según el informe remitido a los fiscales, hay al menos nueve propiedades registradas a nombre de Arturo González en Miami.Si fuera cierto que pertenecen al regidor, sumarían un patrimonio de más de 2.200.000 dólares.

Sin embargo, una comprobación más minuciosa revela que la compra de algunos de los inmuebles se realizó en 1980 o que otra la efectuó un propietario con el mismo nombre pero que dice ser originario de Carolina del Norte. Los mismos redactores del documento reconocen sus limitaciones: «Dada la complejidad de los registros públicos de Miami, ya que sólo figura el nombre y el primer apellido del comprador, y que los documentos que se solicitan para una compraventa son la licencia de conducir o una dirección de correo, no se ha podido contrastar que todas estas propiedades pertenezcan a D. Arturo González Panero».

Hay que añadir a esta circunstancia que la labor de abogados especializados en realizar este tipo de operaciones de compraventa, cuidándose de garantizar la máxima confidencialidad para sus clientes, puede contribuir a la falta de transparencia. Pero siempre hay un dato que puede suscitar dudas, y en este informe recoge uno de ellos.

«Es importante destacar que en la página 2 de dicho documento, Dña. María C. Rodríguez figura con una dirección (5953 W 28 Ave), que es la que posteriormente utiliza D. Arturo González como comprador. Sin embargo, la primera dirección que facilita D.Arturo González (111 W 45 Place) no existe como tal en el Registro de la Propiedad de Miami; por lo tanto, es falsa».

Los redactores destacan este punto porque, según recuerdan, la esposa de Francisco Correa se llama Mari Carmen Rodríguez, también arrestada el jueves, y la compraventa del inmueble -30 de julio del 2003-está fechada un par de semanas después de uno de los viajes del alcalde -del 14 al 18 de julio-.

En el registro de Miami también constan los nombres de personas que se llaman Guillermo Ortega, Miguel Angel Valdés o Javier del Valle como, respectivamente, el ex alcalde de Majadahonda, el marido de la teniente alcalde de Boadilla, Belén Húmera, o el amigo de la empresa Renta 4 que acompañó al alcalde a Florida.Y hay también un Francisco Correa que compró en el 2800 de Townhome Residential.

Los remitentes del informe han denunciado a la Fiscalía, entre otras muchas cosas, los comentarios de González Panero jactándose de sus adquisiciones. Pero piden, además, que se investigue si estas coincidencias son algo más que eso.

El alcalde aseguró ayer que encargará un informe que pagará de su bolsillo para demostrar quiénes son los verdaderos propietarios de las viviendas que se le atribuyen en Florida. Según informó el Ayuntamiento, las acusaciones formuladas han sido realizadas «sin ninguna comprobación seria, rigurosa y fidedigna» en el registro de Miami.

«Simplemente, en la página web www.miamidade.gov se ha introducido su nombre, Arturo González, y ha aparecido una sucesión de propiedades que corresponden a este nombre y apellido. Este nombre es muy común en un Estado de habla hispana, por lo que son múltiples las viviendas que se corresponden con estos datos», añadió.

Según el Consistorio, el alcalde tiene previsto financiar este informe «de su propio bolsillo» y resarcirse después del coste a través de las demandas que interpondrá «por calumnias e injurias contra los responsables de estas falsas acusaciones».

El Ayuntamiento reitera que la única actuación judicial realizada por el Juzgado Central de Instrucción número 5 respecto al Consistorio ha sido la petición de una documentación de procedimiento, "que nada tiene que ver con asuntos urbanísticos", y que le fue entregada a la Policía Judicial dos horas después de ser solicitada.

Asimismo, y al ser el primer interesado en que se aclaren "cuanto antes" estos hechos, el Ayuntamiento explica que el alcalde de Boadilla quiere ponerse "a la entera disposición de la Audiencia para cualquier información adicional que deseen"

Aportaciones a la Fiscalía Anticorrupción

>Billete. Uno de los documentos aportados a la investigación judicial demuestra que Francisco Correa 'El Conseguidor', Arturo González, el alcalde, y el que fuera concejal de Boadilla, José Galeote viajaron a Miami juntos y bajo el mismo localizador. >Los denunciantes reconocen que el sistema de registro de Miami no facilita las identificaciones, pero consideran una coincidencia sospechosa que una mujer con el apellido de la esposa de Correa (María C. Rodríguez) figure con una dirección (5953W 28 Ave) que es la que después utiliza un tal Arturo González como comprador. >Se extrañan de que la primera dirección que da el citado González sea falsa (111W 45 Place) y quieren que Anticorrupción investigue.

www.elmundo.es 08.02.09

Francisco Correa contactó con una empresa de seguridad para proteger un megayate en alta mar

El empresario Francisco Correa, detenido junto a otros cuatro sospechosos por su supuesta implicación en una trama de corrupción urbanística, en una operación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, contactó hace unos tres meses con una empresa de seguridad internacional para contratar los servicios de protección de un megayate en alta mar.

Al parecer, Francisco Correa -presuntamente vinculado a una empresa que organizaba eventos para administraciones municipales gobernadas por el Partido Popular-, junto a otra persona no implicada en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y que obedece a las iniciales J. P., entró en contacto con una empresa dedicada a la protección personal y la seguridad al más alto nivel.

Esa empresa está formada por expertos en alta tecnología, operadores, especialistas en táctica militar y personal y ex miembros de cuerpos especiales con contactos en 15 países europeos. Además, utilizan todo tipo de armamento de última generación.

El objetivo, según fuentes confidenciales, era custodiar y proteger un megayate y a sus ocupantes durante una larga travesía por aguas internacionales en alta mar. No ha trascendido el itinerario exacto, ya que la operación no fraguó al haber dudas sobre el motivo por el que se requería esta especial protección y pese a que había mucho dinero en juego.

No era problema de dinero

En este sentido, las mismas fuentes insistieron en que la tercera persona que contactó con la organización en nombre de "Don Francisco Correa" y J. P. nunca discutió por el precio de la operación, dejando claro que no era un problema de dinero.La Fiscalía Anticorrupción inició hace un año la investigación de la supuesta trama de corrupción urbanística y tráfico de influencias, que desembocó en las detenciones de cinco personas por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.La investigación coloca en el centro de la trama al empresario detenido Francisco Correa, a quien calificaron como "el conseguidor" de los contratos municipales por su cercanía a altos cargos del PP en Majadahonda y Boadilla del Monte.

www.levante-emv.com 08.02.09

Del escándalo de las presuntas comisiones y favores urbanísticos y en concesiones de contratos a la trama de empresas ligadas al PP que investiga Garzón no ha informado un segundo Canal 9. No será porque Álvaro Pérez es un desconocido en la televisión autonómica. Ni él, ni su mujer, la actriz y bailarina Noemí Ramal, quien llegó al centro de producciones de Burjassot de la mano de su marido.

Y ha progresado. Presentó programas como Tot per riure y la pasada Nochevieja retransmitió, junto al veterano Paco Nadal, las campanadas. Desde la ermita de Paterna, municipio que queda al otro lado de la autovía de Ademuz, pero cuya proximidad física a Canal 9 fue descubierta por los directivos de la cadena después de que un popular, Lorenzo Agustí, ganó la alcaldía del municipio vecino.

Actuó en "El amor brujo"

Además de acompañar a los telespectadores mientras tomaban las doce uvas, Noemí Ramal, fue "mamachicho" en los inicios de Tele 5 y ha participado, con el Ballet de Teatres de la Generalitat, en el montaje de El amor brujo, en el Teatre Principal. Con coreografía de Ramón Oller y en su segunda temporada, la actriz recitó, entre otros, textos del llamado Romance del pescador. Tarea, la pesca de contratos de la Generalitat y del PP valenciano, en la que su marido es un consumado especialista.

www.levante-emv.com 08.02.09

Dos de los detenidos gestionaron con Álvaro Pérez una consultora clave en la trama

La investigación abierta por el juez Baltasar Garzón, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) contra el conglomerado de empresas que orbitan en torno al empresario Francisco Correa -la Audiencia Nacional lo sitúa como cabecilla de la trama-presentaba ayer el saldo de cinco detenidos y treinta imputados. Al menos dos de esos cinco nombres son muy conocidos para Álvaro Pérez Alonso, presidente de Orange Market. Se trata de Pablo Crespo Sabaris y Antoine Sánchez.

Con ambos coincidió en el consejo de administración de una de las firmas clave de la trama, la consultora de ingeniería, arquitectura y urbanismo Technology Consulting Management, domiciliada en el Paseo de la Castellana, en Madrid. Diversas fuentes sitúan a TCM en el epicentro de la investigación de los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales o fraude fiscal. Con Antoine Sánchez coincidió Pérez unos meses, entre enero y agosto de 2003, como apoderado de TCM. El 24 de enero de ese año, Pérez entró a formar parte del órgano de gobierno de la consultora junto a Pablo Crespo Sabaris, el hoy administrador único de esa sociedad y otro de los detenidos en la operación policial. Crespo Sabaris es el administrador único de Special Events y fue uno de los dos fundadores de Orange Market. En la escritura de constitución de esta empresa, el 24 de julio de 2003 en Carlet, constan dos socios: Crespo y Luis de Miguel Pérez. El segundo suscribió 3.005 participaciones de un euro. Crespo, sólo una. Un euro que fue suficiente para dar fe de que el ADN de Special Events se transmitía a la nueva firma. que fue bautizada con un nombre tan valenciano como "mercado naranja". Una forma de mimetizarse con el territorio, pero con el glamour que da el inglés en eso de los negocios. De eso se trataba, de valencianizar el invento. Porque Special Events tenía mala fama. La que le daba tener como principal accionista a Windrate Limited, una firma pantalla radicada en Londres, administrada, a su vez, por tres sociedades domiciliadas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas o al Isla de las Nieves, también en el Caribe.

Cuando Álvaro Pérez salió del consejo de TCM, el 7 de diciembre de 2005, entró precisamente Luis de Miguel Pérez, el cofundador de Orange Market, que tiene abierto un despacho en Madrid que asesora sobre cómo reducir costes fiscales. Que por algo es inspector fiscal en excedencia, como Aznar.

www.levante-emv.com 08.02.09

La regional del PP hace de comercial de Orange Market

La dirección popular y Presidencia han llevado a la empresa de la mano para que instituciones y las provinciales del PP le dieran contratos

Álvaro Pérez Alonso, el hombre de prominente bigote, es viejo conocido del PP valenciano y amigo de la casa. Pero de unos más que de otros. Su empresa Orange Market, la marca valenciana de la trama que está siendo investigada por el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción por media docena de presuntos delitos urbanísticos y económicos, y su firma paralela Special Events han sido contratistas de lujo del Consell y del PP, partido al que le han montado las campañas autonómicas desde 1999.

Special Events la adoptó Eduardo Zaplana porque llegaba de la mano de José María Aznar. El presidente Camps la convirtió en empresa de cabecera y desde Presidencia y la dirección regional del partido siempre han intentado que la hoja de servicios de Orange Market trascendiera los encargos hechos desde el cap i casal. Tanto institucionalmente como en clave de partido. Los tres presidentes provinciales del PP y de las diputaciones pueden dar fe de que Álvaro Pérez tiene buenos padrinos.

La mano de Víctor Campos

El incombustible Carlos Fabra comprobó en 2004 el interés que el entonces vicepresidente del Consell y secretario provincial del PP, Víctor Campos, tenía en que Orange Market organizara el congreso de Peñíscola. El virrey de Castelló aceptó, pero no consintió que el siguiente cónclave de exaltación de su figura lo montara de nuevo la firma que desde 2005 diseña el expositor valenciano de Fitur. Porque a él no le tose ni el presidente Camps. El homólogo de Fabra en Valencia es Alfonso Rus. La empresa de Álvaro Pérez montó un acto sectorial de la provincial, pasó la factura, al alcalde de Xàtiva le pareció pelín cara, pagó y nunca más lo volvió a contratar. En Alicante, ese sur indomable para Camps, el presidente de la diputación, José Joaquín Ripoll, no se doblegó ante los intentos del diputado de deportes, el campsista alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, de darle a Pérez el contrato de 30.000 euros para organizar la gala anual del deporte. Tampoco le encargó a Orange Market el congreso provincial de Orihuela en el que Pérez Fenoll se estrelló contra Ripoll.

Más éxito tuvo Álvaro Pérez en los espacios del partido y de las instituciones afines a la dirección regional que lideran el jefe del Consell y Ricardo Costa. Así, de la campaña municipal de Luis Díaz Alperi se encargó la firma de la que es consejero Ramón Blanco Balín, persona vinculada al gerente de Special Events y cofundador de Orange Market, Pablo Crespo, uno de los detenidos en la operación abierta en Madrid, Andalucía y la Comunitat Valenciana.

En un ayuntamiento tan campsista como Paterna, Álvaro Pérez se ofreció para gestionar un punto de atención ciudadana como el que le fue adjudicado a la filial Easy Concept en Boadilla del Monte (Madrid) y cuyo contrato ha sido reclamado por el juez Garzón. Aunque algunas fuentes apuntaron que Pérez también se llevó la adjudicación en Paterna, fuentes del PP indicaron que el alcalde rechazó la propuesta. Entre otras razones, porque en Paterna han optado por prestar este tipo de servicio a través de una empresa pública.

Special Events montó el mitin de Mariano Rajoy en el velódromo Luis Puig en las europeas de junio de 2004. La empresa, de la confianza de Génova 13 en tiempos de Aznar, cobró un contrato de relaciones públicas en la asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en noviembre de 2003, la última presidida por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. En los aledaños campsistas del Consell, navega la fundación Agua y Progreso, altavoz del Consell en políticas protrasvase. En 2004, abonó a Special Events una factura de 13.502 euros por servicios prestados.

www.levante-emv.com 08.02.09

Otra entidad del empresario Ramón Blanco obtuvo parcelas construibles mediante concurso público

La Cadena SER ha tenido acceso a una documentación en la que se vincula a Ramón Blanco Balín con el Ayuntamiento de Boadilla. Mediante concurso público, la empresa Rústicas MBS, en la que figuraba como administrador único, obtuvo el derecho de superficie de tres parcelas que en la actualidad acogen una treintena de locales y un aparcamiento subterráneo en una de las menores zonas de la localidad. Otro de los empresarios sobre los que el magistrado solicitó información en Boadilla por una adjudicación, José Luis Ulibarri, también recibió 13 licencias de TDT y la autorización para construir un hospital por parte del Gobierno valenciano

Rústicas MBS obtuvo el derecho de superficie de tres parcelas municipales por 75 años. Durante este periodo tendría que abonar al Ayuntamiento un cánon anual de 320.000 euros, comprometiéndose a entregar dos locales para que se ubique la empresa municipal de la vivienda y la oficina de atención al ciudadano.

Esta concesión la consiguió en octubre de 2005. Sin embargo, en la primavera de 2007 Blanco Balín solicitó a la EMSV autorización para otorgar la cesión del contrato a Artas Consultoría, empresa con la misma Dirección social que Rústicas Mbs. Por su parte, el PSOE de Boadilla afirma que en uno de los locales se ubicará una comisaría de la Policía Local, por la que el Ayuntamiento abonará 104.000 euros al año, según se recoge, dice el portavoz, Pablo Nieto, en los presupuestos de 2009.

Los socialistas de Boadilla pedirán al alcalde que ponga en marcha una comisión de investigación para aclarar la presunta vinculación del Ayuntamiento con la supuesta trama.

¿Quién es Ulibarri?

El empresario José Luis Ulibarri llegó a la Comunidad Valenciana en 2006 cuando irrumpió en el mapa televisivo a raíz de que el gobierno valenciano dirigido por el popular Francisco Camps le otorgara 13 licencias de televisión digital terrestre, logrando estar presente en todas las demarcaciones de este concurso.

La empresa que creó para este concurso, Media Med, alcanzó acuerdos con numerosos operadores de televisión local asegurándoles que contaba con el apoyo del gobierno valenciano y dando por seguro que iban a ser los adjudicatarios de estas licencias como finalmente se produjo.

Además del negocio de la comunicación, Ulibarri también tiene intereses en el sector de la construcción. En los últimos años ha ganado peso como adjudicatario de obra pública que se licita la comunidad valenciana. Entre otras cosas, en enero de 2007, se le adjudicó la construcción de un hospital en Valencia, la de un colector de agua en la capital y 72 viviendas en la localidad valenciana de Albaida

www.cadenaser.com 08.02.09

Una empresa investigada por Garzón trabajó para el PP andaluz sin justificar trabajos

Rialgrenn fue empresa proveedora del PP–A en las elecciones de 2004, siendo Teófila Martínez candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. Dicha sociedad, está en el listado de las investigadas por Baltasar Garzón en el marco de la supuesta red de corrupción por la que fueron detenidas cinco personas del entorno del PP. Se da la circunstancia de que la sociedad Rialgreen no justificó a la Cámara de Cuentas los trabajos realizados a los populares andaluces.

En la red de empresas que desmanteló el pasado viernes Garzón y que intenta saca a la luz una presunta trama de corrupción se encuentra la sociedad Rialgreen, que trabajó para el PP-A en las elecciones autonómicas de 2004, las últimas a las que se presentó Teófila Martínez como candidata a la Junta. Rialgreen, una empresa publicitaria, aparece en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de esos comicios como “proveedora que no ha informado de la facturación” realizada al partido.

Cantidad más alta no justificada
También se ha podido conocer que la cuantía de estas facturas no justificadas de Rialgreen son las que suponen la cantidad más alta de entre todos los proveedores a partidos políticos que no llevaron los papeles a la Cámara de Cuentas, órgano que se encarga de fiscalizar la legalidad de los gastos de las campañas electorales de los distintos partidos y formaciones andaluzas.

520.00 euros
En total el importe por los servicios prestados de Rialgreen al Partido Popular andaluz ascendió a 520.491 euros, cantidad que el partido dijo haber pagado a esta empresa por su trabajo. Sin embargo la sociedad no informó ni declaró este servicio ni su importe a la Cámara de Cuentas.

Vinculaciones
Rialgreen está vinculada a Pablo Crespo, secretario de Organización del PP de Galicia hasta 1999, quien también estuvo al frente de Special Events, que trabajó para el PP de Madrid en las campañas electorales de 1999 y en 2003 y para el PP de Valencia en las elecciones de 2003. En estos casos tampoco se remitió la información requerida por los organismos públicos al objeto de contabilizar los gastos de los partidos en esas comunidades autónomas. Consta que el PSOE denunció en su día supuestas contrataciones ilegales de Special Events.

Objeto social inmobiliario
La firma que prestó los servicios al PP-A en 2004 fue constituida por una única sociedad llamada Smart Link, domiciliada en Barcelona y dedicada al estudio y promoción de inversiones inmobiliarias. El entramado de empresas de Pablo Crespo se completa con Pasadena Viajes, Hator Consulting, Studios Vesubio y
Forever Travel Group.

www.elplural.com 08.02.09

Cospedal: “El PP no va a consentir que se le implique en ninguna campaña ilícita de financiación ilegal o de corrupción”

Transcripción de la intervención de Cospedal:

Quiero pasar a comentarles lo que es la opinión oficial del PP acerca de las informaciones que están apareciendo estos días.

Ante la campaña de desprestigio y acoso que está sufriendo el PP, iniciada por determinados medios de comunicación y por el PSOE, el PP quiere comunicar lo siguiente:

En primer lugar, que no vamos a consentir ni tolerar que se nos implique en ninguna campaña ilícita de financiación ilegal o de corrupción porque el PP no reconoce absolutamente como partido ninguna responsabilidad en los asuntos que están apareciendo en estos días en diversos medios de comunicación. Y por la tanto estamos completamente tranquilos porque nuestro partido no tiene nada que ocultar ni reconoce ningún tipo de responsabilidad.

En segundo lugar, quiero decirles a ustedes que los únicos hechos constatados en nuestro país y que han sido objeto de condena penal han sido los que dieron lugar a varias condenas a miembros del PSOE y al PSOE, por el uso de fondos reservados y por financiación ilegal tanto en el caso de los GAL como en el caso de FILESA.

En tercer lugar, en el caso hipotético de que se demostrase que algún militante o cargo público del PP tuviera algún tipo de responsabilidad, nuestro partido actuará como ha hecho siempre con toda contundencia, así lo hemos demostrado siempre a lo largo de nuestra trayectoria política y así lo vamos a seguir haciendo. Y vuelvo a repetir, no vamos a aceptar lecciones de personas que han sido condenadas por la justicia por tramas de financiación ilegal, y por casos de uso de fondos reservados o hasta de asesinatos de Estado como en el caso de los GAL.

En cuarto lugar, consideramos –y es un hecho objetivo- que todo esto es una campaña orquestada de acoso y difamación al PP en un periodo próximo a las elecciones y que tiene por objeto modificar la intención electoral de los ciudadanos, y así se demuestra además de manera evidente con las continuas filtraciones que se están produciendo a medios de comunicación. Filtraciones parciales y filtraciones interesadas en un sumario que ha sido declarado secreto y que por lo tanto es absolutamente escandaloso que estas filtraciones se estén produciendo. Por eso les digo que estamos convencidos que en este caso la cercanía del periodo electoral ha hecho que la maquinaria del PSOE, utilizando de manera escandalosa los servicios del Ministerio del Interior y los servicios de la Fiscalía General del Estado, está puesto al servicio del PSOE  y lo está haciendo con un interés electoral y esto va en contra de los mínimos fundamentos de un Estado de Derecho como es el Estado español.

Quiero decirles también que exigimos del Poder Judicial que tome las medidas necesarias para evitar que se siga con las filtraciones a los medios de comunicación de datos interesados que son de interés partidistas y electoral, produciendo indefensión en este caso a un partido, que está siendo acusado sin que haya una relación directa con lo que está apareciendo en los medios de comunicación con el PP.

Y también exigimos al Poder Judicial que tome las medidas necesarias para exigir las responsabilidades -si tienen que ser penales responsabilidades penales- hacia aquellos que están realizando dichas filtraciones, porque es un escándalo que con un sumario secreto se estén produciendo filtraciones a los medios de comunicación con la consiguiente indefensión que se está produciendo.

Quiero decirles también que estamos absolutamente convencidos de que este hecho y estos acontecimientos que se están relatando estos días son una cortina de humo más, lanzada por el PSOE, para tapar los más de tres millones de parados en España y para tapar el escándalo del presidente de la Xunta de Galicia, por el lujo para su beneficio particular que no puede explicar a los miles de gallegos y gallegas que tienen que ir a votar dentro de unos días.

Quiero decir que no vamos a consentir desde el PP que el quebranto que se está produciendo al Estado de Derecho acusando a un partido de haber provocado algo que no ha provocado y sin tener ninguna conexión ni realidad, no vamos a consentir que lo siga realizando el PSOE, partido que como les he dicho antes no puede dar lecciones a ningún partido político de España de honestidad en las cuentas públicas, ni de transparencia, ni de claridad. Tengo que recordar que el PSOE fue condenado con sentencia firme por financiación ilegal en FILESA y por el uso de fondos reservados.

Y por último quiero trasladar un mensaje a todos los afiliados, a los militantes y a los simpatizantes de mi partido, y a todas aquellas personas que nos han votado, a los más de 10.200.000 votantes que nos han votado en las últimas elecciones. Quiero trasladarles un mensaje de confianza en el PP, quiero trasladarles que en el PP no nos vamos a rendir ni achantar ante estos ataques, ante estas campañas de difamación y de acoso que está provocando el PSOE utilizando los medios del Estado de manera escandalosa.

Y quiero trasladarles a los militantes y afiliados del PP que tienen que tener el ánimo muy alto, que tienen que tener la cabeza muy alta porque pertenecen a un partido digno, al partido que ha defendido siempre la libertad, la claridad y la transparencia en este país y que lo va aseguir haciendo. Y que nuestro partido precisamente en estos momentos va a dar lo mejor de sí para que en España deje de gobernar quien utiliza las instituciones, al Ministerio del Interior, a la Fiscalía General del Estado e incluso a otros poderes del Estado en beneficio propio para ganar elecciones a costa de lo que sea e incluso a costa de poner en grave riesgo el Estado de Derecho.

Por eso a mis compañeros de partido, a los votantes del PP, a los afiliados del PP, a nuestros amigos del PP, les quiero decir tened confianza en el PP, tenemos que seguir trabajando juntos. En periodos precisamente de acoso y de provocación es cuando tenemos que estar más unidos, es cuando tenemos que sentirnos más fuertes, es cuando la unión es más que nunca la fuerza, y es cuando tenemos que demostrarle a toda la sociedad española que este partido va a seguir adelante a pesar de las campañas de provocación, de acoso y de difamación injustas y absolutamente escandalosas que estamos sufriendo.

www.pp.es 08.02.09

"Le pusimos ahí y está subidito, se le ha olvidado que ha estado en la mierda"

Francisco Correa, supuesto jefe de la trama de corrupción vinculada al PP, se jacta en sus conversaciones de tener bajo su control a cargos del partido

Francisco Correa, supuesto jefe de la trama de corrupción vinculada al PP, se jactaba constantemente de su poder sobre alcaldes y concejales de dicho partido. Así consta en las conversaciones de esta red que ha desarticulado el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tras un año de investigación y escuchas telefónicas de la Fiscalía Anticorrupción y de la policía. Cinco personas, dos de ellas ex cargos del PP, fueron detenidas el pasado viernes acusadas de soborno, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y evasión fiscal. Otras 30 personas están imputadas. La red operaba principalmente en Galicia, Madrid y la Comunidad Valenciana.

Correa carece de cargos en el partido, pero posee profundas relaciones con su jerarquía (organizó actos electorales hasta 2003, cuando lo apartó Mariano Rajoy). En las grabaciones afirma que su poder sobre el PP le viene, siempre según las cintas, de su complicidad con personas vinculadas históricamente a la tesorería del partido y del supuesto conocimiento de operaciones turbias, que amenaza con utilizar.

Por ejemplo, respecto del alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP), afirma: "Si entrego la cinta que tengo del albondiguilla [apodo que le da a González Panero] se caga, pero voy también al trullo, y además me interesa seguir haciendo negocios cuatro años en Boadilla". Y sobre un concejal de dicho municipio, también del PP, sostiene: "Le pusimos ahí y está subidito, se le ha olvidado que ha estado en la mierda".

González Panero niega tener conocimiento de tal cinta sobre su persona. "Me suena a coña marinera, no he tenido con él ninguna relación desde hace cinco años. Lo conocía del partido, como todo el mundo, pero no he ido a ninguna boda. Si organiza actos de partido, pues lo contratas. Y algunas cosas no sabíamos que eran de él. O era la mejor oferta", se defendió ayer el alcalde de Boadilla.

Las conversaciones de Correa muestran que se presenta ante sus interlocutores como un poder fáctico por encima de los cargos electos del PP. En relación a una lucha entre facciones de dicho partido en Majadahonda, dice: "Si ellos ganan en Majadahonda, las decisiones no la toman ellos, las voy a tomar yo".

Igualmente, alude a presuntos negocios turbios de Guillermo Ortega (PP), ex alcalde de Majadahonda, y sostiene que su esposa, María del Carmen Rodríguez Quijano -ahora detenida por Garzón como integrante de la trama-, había comprado una casa a un abogado, que en realidad era de Guillermo Ortega, al que denomina la rata. "Compró el piso de la rata por 54 millones". Y apunta que el ex regidor tenía un asunto de facturas falsas.

Fuentes próximas a Ortega niegan la existencia de tales operaciones. "Todo es una pura mentira", sostienen.

Correa, a tenor de sus charlas, tiene negocios urbanísticos en Arganda, El Escorial, Boadilla, en Madrid, La Nucia (Alicante), etcétera. Por el contrario, reconoce en las grabaciones que ha dejado de trabajar con Génova (sede nacional del PP), aunque mantiene que posee informaciones inquietantes para algunos de sus cargos históricos.

El fruto de sus actuaciones ilegales parece desembocar en inversiones opacas: "Voy a Cartagena de Indias, he comprado un terreno por teléfono, he mandado la pasta a Panamá, está en el casco antiguo, dentro de la muralla. Y voy luego a Nueva York, y luego a Miami a ver mis cosas". Isabel Jordan, subordinada suya detenida, lo ratifica: "A él le seguirá yendo bien, aunque le vaya mal en España. Él tiene su dinero en las Islas Caimán".

www.elpais.es 08.02.09

"Se veía venir ; hubo cosas sorprendentes"

Boadilla del Monte es un municipio de 42.000 habitantes al oeste de la Comunidad de Madrid. La localidad linda con la carretera de A Coruña (A-6), en torno a la cual se ha producido una explosión urbanística en la región. Un ejemplo de ello es que Boadilla ha visto duplicada su población en poco más de cinco años. En este escenario, el gobierno local de Boadilla, del PP, acumula varias acusaciones de corrupción por parte de la oposición e incluso de antiguos ex concejales del PP. Por eso, el viernes pocos se sorprendieron cuando el municipio apareció en la lista de Administraciones implicadas en la trama de corrupción que lograba contratos con los ayuntamientos gobernados por el PP. El alcalde de Boadilla, Arturo González, está relacionado con uno de los cabecillas de esta trama. El portavoz del PSOE local, Pablo Nieto, asegura que en el municipio "se han producido decisiones urbanísticas con una irreparable dirección especulativa". Nieto denuncia la adjudicación de una parcela municipal a la empresa UFC para la construcción de viviendas. Asegura que ésta es una de las operaciones investigadas por el juez Garzón en la trama de corrupción, tráfico de influencias y blanqueo de capitales en varios ayuntamientos de España.

Nieto explica que el Ayuntamiento adjudicó la parcela a UFC "cuando hubo otra empresa que ofreció 3,4 millones de euros más". "La empresa está vinculada al PP", precisa Ángel Galindo, portavoz del grupo independiente Alternativa por Boadilla (APB), que confirma que el viernes la Policía Judicial reclamó los expedientes sobre las operaciones del Ayuntamiento con esta empresa.

La ex concejal popular en Boadilla, María Paz Echenique, reconoció ayer que "el asunto se veía venir. Hubo cosas sorprendentes". Salió del gobierno municipal en 1999 tras una moción de censura de su propio partido contra una alcaldesa, también del PP, Nieves Hernández, un episodio estrambótico en la localidad que permitió que el actual alcalde, Arturo González, ocupase la alcaldía. "En cuanto llegaron", relata, "presentaron cosas en el pleno sobre las que no estaba de acuerdo. Había cosas que parecían irregulares", recuerda. Echenique cuenta que al llegar Arturo González aparecieron cerca de 20 cargos de confianza en apenas cuatro meses. "No me pasaba desapercibido que si alguien se propone hacer algo te rodeas de los que considera que van a hacer todos los trabajos", concluye.

www.elpais.es 08.02.09

Una de las firmas investigadas es la principal proveedora del PP valenciano

Orange Market, la empresa que dirige Álvaro Pérez y que figura en el organigrama de la presunta trama investigada por el juez Baltasar Garzón, es la principal proveedora de servicios de la dirección regional del Partido Popular valenciano. La firma organiza mítines, congresos y toda clase de eventos para los populares, según reconoce el partido. Y esa estrecha relación con la dirección del PP ha contribuido a que Orange, pese a su reducida dimensión empresarial, se haya adjudicado importantes contratos.

El Ejecutivo autónomo que preside Francisco Camps sostiene que sólo ha adjudicado a Orange Market en 2005, 2006, 2007 y 2008 el concurso para montar el pabellón institucional valenciano en las ferias de turismo de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. En todos esos ejercicios la adjudicación se hizo por importes en torno al millón de euros. El Gobierno admite también que se encargó a esta empresa parte de los festejos de la salida de la regata Volvo Ocean Race en Alicante, aunque no desvela por cuánto dinero. El Ejecutivo que preside Francisco Camps se ha negado a facilitar la relación de contratos con Orange Market.

Pero la presencia de Orange Market en la Comunidad Valenciana es mucho mayor. Con una estructura mínima de capital y sólo cinco personas contratadas, esa firma ha obtenido también jugosos contratos de empresas públicas de la Generalitat, por ejemplo para fomentar el reciclaje de vidrio, o de instituciones públicas como Feria Valencia, que el año pasado le adjudicó la promoción de Hábitat, el mayor de los certámenes que organiza esta institución ferial dependiente de las Administraciones gobernadas por el PP.

Volumen de negocio

Según el Registro Mercantil, Orange Market tuvo en 2005 un volumen de negocio de 2,4 millones de euros, y de 1,5 millones en 2006. De los años 2007 y 2008 aún no hay resultados depositados. También la influencia de Orange Market es mayor de lo que sugeriría su pequeña dimensión. El pasado verano su responsable abrió las puertas de la Generalitat y de Bancaja al financiero Juan Villalonga en su pretensión de hacerse con el control del Valencia CF. En cuestión de horas, Villalonga logró entrevistarse con el vicepresidente del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, y el presidente de Bancaja, José Luis Olivas.

Orange se presenta asimismo como colaboradora de firmas que quieren organizar eventos con apoyo de la Generalitat, como el gran premio de España de Hípica, de mayo en Valencia.

www.elpais.es 08.02.09

El silencio de Rajoy desespera a los dirigentes de su partido

González Pons acusa al PSOE de usar a la fiscalía para "eliminar" a los populares

A menos de tres semanas para unas elecciones clave, Mariano Rajoy trata de seguir como si nada su hoja de ruta. Ayer estaba en Bussigny, cerca de Lausana (Suiza), para buscar votos en la campaña la gallega. Al mismo tiempo, su hombre en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, estaba haciendo lo mismo en Argentina, donde hay 120.000 gallegos con derecho a voto. Pero ninguno de los dos tenía la cabeza en los gallegos emigrantes. Ambos tienen problemas mucho mayores.

El líder dice estar seguro de que Aguirre demostrará "su verdad"

Los dirigentes del PP asisten con estupor a la sucesión de escándalos, investigaciones y acusaciones de corrupción. "Hay un vendaval que recorre al PP de norte a sur y de este a oeste, un vendaval de espías, de mangoneo, de paraísos fiscales, y Rajoy huido. Lo que tiene que saber Rajoy es que este vendaval lo va a llevar a él y al PP por delante", resumió el socialista José Blanco, ya instalado en Galicia para la campaña de su partido.

La preocupación es inmensa en el PP. Nadie ve la salida y la mayoría de los consultados aseguran que, aunque es difícil en las circunstancias actuales, Rajoy debe tomar las riendas con dureza, buscar cabezas que cortar y hacer limpieza en el partido. Hace un año, en el PP se hablaba de crisis de liderazgo. Ahora ya casi todos asumen que, a no ser que tenga unos resultados extraordinarios en Galicia y en las europeas, Rajoy no llegará a 2012. Por eso los comentarios se dedican no tanto al líder, sino a qué pasará cuando se vaya. "Aquí se está fraguando una guerra de todos contra todos", sentencia un veterano pesimista. En el entorno del líder, que insiste en evitar hablar de temas polémicos -ayer no comentó nada de la investigación del juez Baltasar Garzón- aseguran que el último escándalo no le toca a él. De momento, insisten, no hay afiliados entre los detenidos e imputados, con lo que no puede expulsar a nadie.

Rajoy fue quien rompió definitivamente los contactos de Special Events, empresa del detenido Francisco Correa, con el PP. Ante las sospechas generalizadas, la dirección dio en 2003 orden estricta de no contratarla nunca más. La empresa de Elena Sánchez, Free Handicap, que llevaba muchos años trabajando sin queja en el PP, se hizo poco a poco con esos contratos sin que nunca más se hayan producido denuncias internas de sobreprecios ni nada parecido. Los marianistas, por tanto, están convencidos de que este escándalo no toca al líder.

Pero otros dirigentes, más pesimistas, recuerdan que en la planta sexta de Génova, donde está la gestión, siguen las mismas personas que durante años lo contrataron todo con Special Events. "Cuando en un partido se apunta a los tesoreros y al dinero, las cosas siempre se complican", sentencia otro dirigente.

Rajoy dijo ayer estar "absolutamente seguro" de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, va a demostrar "su verdad" a través de la comisión de investigación por la presunta trama de espionaje en la región. Y el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, acusó al PSOE de utilizar a la Fiscalía Anticorrupción y a la policía "en una estrategia de eliminación del PP".

www.elpais.es 08.02.09

Garzón desmantela una gran trama de corrupción política vinculada al PP

Hay cinco detenidos, dos de ellos ex cargos en el partido, y 30 imputados - El cabecilla de la red extendió sus negocios por Madrid y Valencia

Una larga investigación del juez Baltasar Garzón, la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) culminó ayer con la desarticulación de una extensa trama corrupta que lograba contratos en administraciones públicas gobernadas por el PP, partido al que luego prestaba distintos servicios en sus campañas electorales.

  • La trama está acusada de cohecho, tráfico de influencias, fraude y blanqueo

  • Las empresas de la red prestan al PP servicios electorales sin detallar

Entre los detenidos de la trama se encuentra el empresario Francisco Correa Sánchez, habitual organizador de actos del PP, hasta que Mariano Rajoy prescindió de sus servicios en 2003, y amigo personal del yerno de Aznar, Alejandro Agag, del que fue testigo en su boda; Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP gallego y hombre de confianza del ex dirigente popular ya fallecido Xosé Cuiña; María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa y ex jefa de gabinete del ex alcalde del PP en Majadahonda y ex secretaria general del partido en ese municipio; y dos personas más que aparecen en su amplio entramado de empresas, Felisa Jordán Goncet y Antoine Sánchez.

Al margen de los cinco detenidos, el juez Garzón tiene en el punto de mira a más de 30 personas, en calidad de imputados y que, en su mayoría, son empresarios conexos. Anticorrupción atribuye a la trama corrupta los delitos de cohecho (soborno a funcionarios), tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita (actuaban como banda organizada). La policía judicial practicaba ayer registros en domicilios particulares, empresas y despachos de diversas localidades de Madrid capital y de sus alrededores, así como en sedes institucionales de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y de la propia administración autonómica valenciana, además de en viviendas de Marbella (Málaga) y Sotogrande (Cádiz).

Una vez analizada esta documentación, desfilarán ante Garzón los cargos políticos implicados en las supuestas corruptelas. Durante los meses -más de un año- que ha durado esta investigación, la policía ha acumulado abundante información a través de las escuchas practicadas. Indicios de corrupción que serán verificados ahora con los testimonios de los imputados y las pruebas documentales obtenidas en los registros que hasta el momento se han realizado.

Esta trama tiene un doble vínculo con el PP. Por un lado, recibía decenas de adjudicaciones en condiciones sospechosas de administraciones bajo gobierno de dicho partido. Por otro lado, le prestaba servicios electorales al partido sin dar cuenta de los gastos al Tribunal de Cuentas, que en varias ocasiones puso serios reparos a la contabilidad de la formación por esta anomalía.

La trama corrupta se nutría de fondos públicos por el trato de favor de gobiernos del PP para mantener una estructura que, luego, realizaba servicios a la misma formación política. Por ejemplo, empresas vinculadas a la trama de Correa aparecen como proveedoras del PP en las elecciones autonómicas de mayo de 2003 en Madrid; en las autonómicas de 1999 y 2003 en la Comunidad Valenciana y en las de 2004 al Parlamento andaluz.

Curiosamente, los informes de los distintos tribunales de cuentas autonómicos alertan de que no se ha podido precisar qué tipo de servicios les prestó, lo que constituye una irregularidad electoral. Así, Rialgreen, firma del grupo, nunca detalló qué servicio prestó al PP en dicha campaña andaluza de 2004. No aportó facturas ni documento alguno. Igual ocurrió con las elecciones madrileñas de mayo de 2003, donde la suma de votos de PSOE e IU daban una victoria a la izquierda, que se frustró tras la deserción de dos diputados socialistas. Rialgreen, nuevamente, no aportó facturas. Y otro tanto ocurrió en las elecciones valencianas.

El Tribunal de Cuentas exige facturas a cada proveedor electoral de los partidos para garantizar que el servicio prestado en campaña cuesta lo que vale y no hay rebaja ni regalo. Es decir, que no hay financiación encubierta al partido a través de un proveedor que regala el servicio electoral (catering, publicidad, organización de acto electoral) o no lo cobra a precio de mercado.

Aquí, el opaco proveedor electoral es habitual contratista de gobiernos municipales o autonómicos del PP. El reguero de adjudicaciones públicas en los últimos 10 años se extiende por toda España: Galicia, Comunidad Valenciana, ayuntamientos de Madrid, Majadahonda, Boadilla, y un largo etcétera, e incluso la Federación Española de Municipios bajo presidencia del PP hasta 2003.

Una singularidad más. Una de sus empresas más conocidas y polémicas, Special Events, tiene su accionariado en un paraíso fiscal a través de la firma Windrate. En Special Events ha trabajado Antonio Cámara, ex secretario personal del presidente Aznar. Con cuatro empleados, Special Events logró unos ingresos de 4,4 millones de euros en 2003.

La tupida red de empresas de los cinco detenidos

Los detenidos por la trama de supuesta corrupción urbanística aparecen vinculados a una enorme malla de empresas:

- Francisco Correa está ligado a Special Events, que contrató el PP nacional y cuya filial Orange Markets recibe encargos del PP valenciano. Correa aparece en Ekobaby (comercio de frutas) y Formación Comunicación y Servicios (viajes).

- María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa, ex jefa de gabinete del ex alcalde popular de Majadahonda, figura en Pasadena Viajes, Special Events, Construcciones Salamanca, Construcciones Roquiconsa y 25 Alfileres Torrent (tejidos al por mayor).

- Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego, está relacionado con la inmobiliaria Welldone 2002 Special Events, Hator Consulting (compraventa mobiliaria), Studios Vesubio (inmobiliaria), Technology Consulting Management (urbanismo), Pasadena Viajes, Rialgreen (publicidad), Osiris Patrimonial (compraventa mobiliaria), Forever Travel Group (viajes), Inversiones Kintamani, Cresva, (publicidad), Proyectos Financieros Fillmore, Caroki, Castano Corporate, Spinaker 2000 (inmobiliarias) y Gestión y Equipamientos Deportivos (servicios deportivos).

- Felisa Jordán Goncet figura en Uno más Cuatro Comunicación, Good and Better, e Easy Concept.

- Antoine Sánchez está en Catalunya Nord Recor, Inversiones Kintamani, Osiris Patrimonial y Technology Consulting Management.

www.elpais.es 07.02.09

"Ganamos 12.000 kilos. De mi 50%, yo reparto con Ramón, Álvaro y el alcalde"

Correa tramaba con sus socios negocios urbanísticos en municipios valencianos

Entre las numerosas grabaciones que forman parte del voluminoso sumario sobre la trama corrupta vinculada al Partido Popular, hay una donde Francisco Correa, el organizador durante 20 años de los eventos de esa formación política, trata de negocios con Álvaro Pérez. En ella, Correa detalla sus gestiones para lograr un gran negocio urbanístico.

Correa: "Tengo un tema gordo en Valencia, con un PAI prácticamente cerrado, el tío pide 1.000 kilos de más. Compramos a 10.000 y vendemos a 20.000. Ganamos 12.000 kilos. Un empresario pone el 50% y yo otro 50%. De mi 50% yo reparto con Ramón Blanco, con Álvaro (Pérez), con Pablo y con el alcalde... Hay un tema medioambiental que lo desbloqueo yo".

Los PAI (Programas de Actuación Integrada) de la Comunidad Valenciana han sido largamente cuestionados, por su supuesta ilegalidad, desde el Parlamento Europeo. Hasta el punto que el Gobierno del PP en Valencia modificó la Ley Urbanística para intentar salvar esos reparos europeos, que aún continúan.

"Álvaro" es supuestamente Álvaro Pérez, el responsable de Orange Market en Valencia, mientras que "Ramón" es supuestamente Ramón Blanco Balin, secretario de esa sociedad, y "Pablo", supuestamente es Pablo Crespo, ex número 3 del Partido Popular gallego, socio de Special Events.

Orange Market es una filial de Special Events, la sociedad con la que Correa empezó su carrera empresarial vinculada al Partido Popular.

En sus conversaciones, Correa citaba a empresarios a los que Garzón también ha imputado en relación con esta red de corrupción política en las comunidades autónomas de Madrid y Valencia.

Los denunciantes de la trama también han investigado la supuesta relación de Francisco Correa con el actual consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo. Los denunciantes mantienen que López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para adjudicárselos supuestamente a una sociedad denominada Down Town Consulting, de la trama empresarial de Correa por un valor superior a los cuatro millones de euros. La Comunidad de Madrid lo negó ayer a través de un portavoz.

Las instituciones 'contaminadas'

La investigación del juez Garzón se dirige contra un grupo de empresas dedicadas a lograr contratos públicos y organizar campañas electorales, siempre del PP. Se les achacan delitos como cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Un amplio abanico de administraciones, siempre bajo mando del Partido Popular, aparecen salpicadas por la investigación, al ser aquellas con las que trabajaban esas empresas.

- Agencia (Consejería) Valenciana de Turismo. Sus dependencias fueron registradas ayer.

- Ayuntamientos de Madrid. La trama salpica también los contratos de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid como Las Rozas, Boadilla del Monte o Majadahonda.

- Partido Popular. Es el cliente principal de las empresas de Francisco Correa dedicadas a organización de eventos y viajes durante los años noventa.

- Comunidad de Madrid, Xunta de Galicia y Comunidad Valenciana. También son clientes principales de las empresas de la trama de corrupción, especialmente a raíz de que dejan de trabajar para el PP nacional, alrededor de 2003.

- FEMP. Bajo la presidencia de Rita Barberá, hasta 2003.

www.elpais.es 07.02.09

El hombre que manejaba todos los eventos del Partido Popular

Todo el Partido Popular conoce al empresario Francisco Correa Sánchez, después de que durante toda la época de José María Aznar organizara cualquier aparición pública y viaje del partido. Special Events, la empresa de Correa y su esposa, María del Carmen Rodríguez (ambos detenidos), forjó la imagen del PP en los años noventa. Correa entraba y salía de la sede central de la calle Génova como uno más. La sede de su empresa, en Serrano 40, está a tiro de piedra de Génova. Era conocido hasta para los periodistas como el organizador de eventos oficial.

La empresa de Correa empezó a tener menos contratos con Javier Arenas como secretario general (1999-2003) hasta que dejó de trabajar a nivel nacional para el PP cuando Mariano Rajoy alcanzó el liderato. Correa se refugió en la Comunidad de Madrid y, a través de la filial Orange Market, en la Comunidad Valenciana. El grueso de los contratos de eventos del Partido Popular ha pasado a la empresa de la esposa del diputado valenciano Juan Costa.

Todos los actos

Al frente de Orange Market, cuya sede fue registrada ayer por la policía, está el empresario Álvaro Pérez. De él se dice en la Comunidad Valenciana exactamente lo mismo que de Correa en Madrid, que entraba por la sede del PP regional como si fuera su casa. La empresa de Pérez ha montado todos los actos del PP valenciano, incluido el congreso regional.

También se ha encargado de montar el pabellón valenciano en la Feria de Turismo (Fitur) en los últimos años (el de 2009 se le adjudicó por 916.000 euros) o la cabalgata de la Volvo Ocean Race. Es una queja habitual entre las empresas de comunicación y márketing valencianas la facilidad con la que todos los contratos de la Administración autonómica van a parar a Orange Market.

De los personajes de la trama desvelada ayer, el que tiene una mayor vinculación orgánica con el PP es Pablo Crespo, quien llegó a ser el número tres del partido en Galicia. Tras Manuel Fraga y Xosé Cuiña, Crespo era el hombre más poderoso como secretario de Organización. Fuentes del PP gallego indicaban ayer que recibían presiones para contratar actos electorales a Special Events, sociedad de Crespo, detenido ayer.

Crespo, de quien el PP gallego dijo ayer que está desvinculado del partido hace años, fue consejero de Portos de Galicia hasta 2005.

www.elpais.es 07.02.09

Madrid adjudicó contratos a Special Events por 210.000 euros en 2007


El Ayuntamiento de Madrid adjudicó en 2007 varios contratos a la empresa Special Events S.L., vinculada a uno de los cinco detenidos el viernes por presuntos delitos de corrupción, por un importe total de 210.000 euros, según consta en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM).

Esta empresa tiene como administrador único a Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de organización del PP gallego y detenido ayer en el marco de la operación puesta en marcha por el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía de Corrupción que investigan presuntos delitos de cohecho, soborno, tráfico de influencias, y blanqueo de capitales.

Precisamente, Crespo es también administrador único de la empresa Pasadena Viajes S.L. con la que, según informó el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, este consistorio madrileño, gobernado por el PP, contrató varios viajes de hermanamiento, y ahora la Justicia le ha pedido información al respecto.

En el caso de Madrid, el Consistorio adjudicó a Special Events mediante concurso abierto la ejecución del diseño, montaje y organización de una pista de hielo artificial, tanto en el distrito de Villaverde, en el Auditorio del Espinillo, como en el distrito de Vicálvaro.

Así, en la obra de Villaverde, la adjudicación tuvo un coste de 140.000 euros y tuvo lugar el pasado 17 de diciembre de 2007, mientras que en el caso de la pista de Vicálvaro, el coste fue de 71.000 euros, y la fecha de contratación se fijó cinco días antes, el 12 de diciembre de ese mismo año.

Otro de los ayuntamientos que también ha tenido contacto con la empresa ha sido el de Alcalá de Henares, también en manos del PP, que en 2003 contrató a Special Events por un importe de 70.000 euros para instalar otra pista de patinaje en la Plaza de Cervantes, en la misma localidad del Corredor.El procedimiento de adjudicación en este caso fue negociado y tuvo lugar el pasado 9 de diciembre de 2003.

www.elmundo.es 07.02.09

Aznar contó con Álvaro Pérez, ahora involucrado en el escándalo de corrupción, para montar la ceremonia de El Escorial y los fastos adyacentes

Alejandro Agag, yerno del ex presidente de José María Aznar y hombre de negocios de éxito, se apresuró ayer a negar a El Mundo cualquier “vinculación empresarial o comercial” con Francisco Correa, uno de los detenidos en la trama de corrupción de empresarios vinculados al PP, destapada esta semana. Su relación se limitaría a una amistad, ahora perdida, según él, pero que en su día le llevó a ser uno de los veinticinco testigos de su enlace con la hija de Aznar. Sin embargo, hay más. Fue Álvaro Pérez, entonces director general de una de las empresas de Correa, FCS Comunicación y Servicios, organizadora de congresos y eventos del PP, el encargado de organizar y coordinar todos los detalles de la boda. El encargo naturalmente le debió de llegar con el consentimiento de Aznar, como mínimo.

Así lo afirmaban ya en 2004 los autores de Los PPijos. El turno de la generación de Agag, editado por La Esfera de los Libros, vinculada al Grupo Mundo. Los periodistas Nacho Cardero, ex redactor de El Mundo y subdirector de El Confidencial, y Carlos Ribagorda, antiguo miembro de la COPE, ofrecen en su libro una inequívoca muestra de la íntima relación que ligaba a Agag y Correa.

Uno entre veinticinco
"Es cierto que fue testigo de mi boda, hace 7 años, a propuesta mía y que he tenido una relación larga de amistad con él, pero hace ya mucho tiempo que no hemos tenido contacto", explicaba Agag en la edición de ayer de El Mundo. Después del enlace, los recién casados se fueron a vivir a Londres. ¿La distancia enfrió la relación? De hecho, que Correa fuese testigo no es especialmente relevante, si se tiene en cuenta que la boda contó con un total de veinticinco testigos.

FCS al cargo de la boda
Lo que sí demuestra que la relación era estrecha es el encargo del monumental evento matrimonial al
director general o número 2 de una de las empresas de Correa y que aparece en la investigación policial y judicial que se ha hecho pública estos días. Así de claro lo explica el libro Los Ppijos: “De organizar y coordinar todos los detalles (de la boda) se encargó Álvaro Pérez, íntimo del yernísimo, ‘pijo’, de poblado mostacho y director general de FCS Comunicación y Servicios, la empresa que se encarga de organizar los congresos y demás eventos del PP. El número uno de FCS es Paco Correa, otro de los íntimos del novio con el que comparte vacaciones en Marbella”. Nada se dice, sin embargo, sobre si tan delicado servicio fue pagado ni se habla tampoco de los gastos de la boda. Pero eso no es lo importante. Lo significativo es que la familia Aznar confiara a Pérez, el segundo de Correa, nada menos que todo lo concerniente a una boda bien distinta a las normales.

Boda imperial
El libro no elude la “polémica” que acompañó a “todos los fastos” relacionados con la boda, que se celebró en septiembre de 2002. Por una parte, los tintes imperiales, reforzados con la estampa del palacio de El Escorial: “Los suntuosos preparativos, capaces de parar un país, y los excéntricos y rimbombantes invitados, más propios de la boda de un príncipe que de la hija del presidente del Gobierno, chocaron de frente con los partidos de la oposición”, puede leerse en el libro.

¿Con dinero público?
El capítulo referido a la boda recuerda también que no faltaron las acusaciones desde la oposición que apuntaban a que “la parafernalia montada en torno a este acontecimiento fue costeada en parte con dinero público”.

La fiesta de Gabana
Por otra parte, dentro de la polémica a la que alude Los Ppijos, no falta la referencia a la famosa fiesta que “dos días antes de la boda, el 3 de septiembre, fue la comidilla de todo Madrid y que se celebró en la discoteca Gabana 1800”. El acontecimiento, que contó con más de 500 invitados, obligó a cerrar al tráfico, parcialmente, en la madrileña calle Velázquez.

Alvaro Pérez (primero, izquierda), Francisco Correa (segundo, izquierda) y María del Carmen Rodríguez Quijano (vestido rojo largo) en la boda de Alejandro Agag y la hija de Aznar. Correa y su mujer Carmen Rodríguez están detenidos y Pérez implicado.

“¿Quiénes sois?”
Casualmente, durante el seguimiento que el Caiga Quien Caiga de la época hizo de la boda de la hija de Aznar, y que les ofrece ahora El Plural, Arturo Valls pregunta a un grupito de invitados si asistieron a dicha fiesta. Los interpelados sonríen y asienten con la cabeza. “¿Quién sois?”, pregunta el reportero. Eran Francisco Correa y María del Carmen Rodríguez Quijano, el matrimonio detenido. Junto a ellos va Álvaro Pérez, estrechísimo colaborador de Correa en FCS. Tan estrechísimo que, según una de las conversaciones grabadas por orden judicial, Correa se repartía sus comisiones, entre otros, con su amigo Pérez, asimismo amigo de Agag.

Fiesta privada en casa de Cortina
El día antes de la boda, Agag celebró la despedida oficial y privada en la casa de Alfonso Cortina, entonces presidente de Repsol. En aquel entonces, con el visto bueno y el apoyo de Aznar, el cargo de vicepresidente de la petrolera lo ostentaba Ramón Blanco Ballín,
que ahora es consejero de Orange Market. A Blanco Ballín también apunta esa conversación telefónica del sumario sobre “un tema gordo” de urbanismo en Valencia.

Pérdida de contacto
Agag aseguraba en El Mundo que no ha sucedido nada en estos años que le haya enemistado con Correa. Fue sólo la pérdida de contacto. Extraña esa pérdida de contacto en un hombre que ha labrado su éxito gracias a su habilidad para las relaciones públicas. Un ejemplo: A aquella fiesta en casa de Cortina acudieron Rupert Murdoch y Flavio Briatore. Hoy, el primero es jefe de Aznar y el segundo es
uña y carne
–en términos de negocios- con Agag. Y es que, como dice el refrán, quien tiene un amigo tiene un tesoro.

www.elplural.com 08.02.09

Un asesor clave en las campañas autonómicas de Camps

Álvaro Pérez, presidente de Orange Market, se ha convertido en apenas unos años en un personaje conocido por la práctica totalidad del Partido Popular. Va y viene de despacho en despacho y hace gala de sus múltiples y variadas relaciones. Con el PP mantiene una relación especial. Ha participado activamente en las dos campañas en las que Francisco Camps ha sido aspirante a presidir la Generalitat Valenciana. Trabajó en la campaña de 2003 a través de Special Events, mercantil dirigida por Pablo Crespo, ahora detenido en la operación anticorrupción puesta en marcha por Baltasar Garzón. Por esta tarea Special Events facturó al PP valenciano 140.000 euros ese año. Una de sus filiales Realgreen percibió 83.239 euros. También en 1999 participó en la campaña autonómica de Eduardo Zaplana. En esta ocasión Special Events cobró 60.000 euros.

Pero la campaña con la que Álvaro Pérez se consagró como proveedor del PPCV fue la de las autonómicas de 2007. Para entonces Pérez ya trabajaba a través de Orange Market, que se había constituido en 2003 tras la salida de José María Aznar de Génova y la llegada de Mariano Rajoy. Por sus trabajos para la campaña de 2007, Orange Market facturó al PPCV al menos 175.00 euros, según figura en los informes de fiscalización de cuentas electorales de los partidos elaborado por la Sindicatura de Cuentas. En el mismo informe se reprocha a Orange Market que no cumpliera con su obligación de comunicar al Síndic los trabajos realizados. Sobre esta cuestión, Álvaro Pérez sostiene que ya ha regularizado su situación documental.

La mejor empresa

Desde el Partido Popular valenciano manifestaron ayer que Orange Market es una de las empresas que hace los mejores actos de España. "Se presentan las facturas y se pagan". También desde la Generalitat restaron importancia a la operación policial. Fuentes de Presidencia dijeron que es "habitual" que los juzgados soliciten información a la Administración en sus procedimientos. Además manifestaron que la adjudicación de Fitur se produjo porque era la empresa que realizó mejor oferta económica y que es la que mejor trabaja. De esta forma intentaban rebajar la polémica de la investigación abierta por Garzón. Presidencia dice que los contratos públicos no son muchos.

www.levante-emv.com 07.02.09

Aguirre: "En el PP nos dedicamos a construir hospitales, escuelas, redes de metro y no a espiar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró este sábado que si algún cargo del Partido Popular tiene algo que ver con la operación abierta por el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción por supuestos delitos por tráfico de influencias, soborno y fraude, "tendrá qué vérselas con la justicia", aunque recalcó que, de momento, ninguno de los detenidos es un afiliado al PP.

"Si algún cargo del PP ha hecho alguna recalificación urbanística para ellos (los empresarios implicados), desde luego, tendrán que vérselas, me imagino, con la Justicia", aseveró Aguirre en declaraciones a la Cadena Cope recogidas por Europa Press y en donde fue preguntada por la nueva operación contra la corrupción destapada en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, Valencia y Andalucía.

"Me parece muy bien que se juzgue a los culpables con todas las garantías"

No obstante, señaló que por lo que ha podido saber por los medios de comunicación, ninguno de los detenidos es afiliado o cargo del Partido Popular sino que "son personas que tuvieron que ver con la organización de campañas electorales". En todo caso, Aguirre apuntó que la situación se tiene que aclarar "cuanto antes" porque la corrupción es algo "intolerable".

"Si en esta ocasión es cierto lo que se dice, que la Fiscalía lleva mucho tiempo detrás de esta trama, me parece muy bien que se juzgue a los culpables con todas las garantías, y les daremos también la presunción de inocencia...pero si eso es así, que la Justicia esclarezca este asunto", añadió.

Preguntada por la comisión de investigación que se ha abierto esta semana en la Asamblea de Madrid para esclarecer la supuesta trama de espionaje en el seno de la Comunidad de Madrid, Aguirre recalcó que se ha aceptado dicha comisión para que se sepa que el Gobierno "no ha espiado, ni ha amparado el espionaje, ni lo ha conocido ni considera presentable que nadie espíe". "Queremos proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, su intimidad y demostrar que nosotros no hemos espiado", apostilló.

En este sentido, subrayó que, en ningún caso la comisión se ha demorado, sino que "para sorpresa de la oposición", el PP la aceptó porque "no tiene nada que ocultar" y porque quiere que el asunto se esclarezca porque son "los más perjudicados en este asunto". "Lo que queremos es claridad, luz, taquígrafos y transparecia", añadió, al tiempo que criticó que el PSOE, a pesar de decir que se solidarizaba con el vicepresidente primero de la Comunidad, Ignacio González, luego ha montado "prácticamente una causa general y una investigación al estilo de la Inquisición".

Por otro lado, la presidenta madrileña dijo que no era "serio" que la oposición se queje por todo lo que haga el PP al respecto de la comisión. "Si no aceptamos la comisión, porque tenemos algo que ocultar, si la aceptamos porque la queremos controlar", se quejó Aguirre, quien criticó que la oposición piense que el PP tiene interés en que vaya rápido porque quiere perjudicarles.

"El PSOE ha montado una investigación al estilo de la Inquisición"

Frente a las críticas que ha recibido el Gobierno regional por que el presidente de la comisión sea del PP, Aguirre recordó que todas las comisiones de investigación las ha presidido un miembro del PP, "como dice el reglamento", y que, por el contrario, está la Comisión de Vigilancia de Contrataciones que la preside la oposición, en donde González ha pedido intervenir para hablar de unas adjudicaciones.

"Compareceremos donde haga falta, soy una entusiasta del control parlamentario, y aquí estamos para que los madrileños sepan y tengan la tranquilidad de que nos dedicamos a cumplir con el programa electoral que ellos votaron, a construir hospitales, escuelas infantiles, redes de metro y no a espiar", arguyó.

Asimismo, negó que haya una pugna entre la dirección del PP nacional y la del PP de Madrid, y cuestionada por si se había sorprendido de que el PSOE no haya solicitado la comparecencia en la comisión del presidente de su partido, Mariano Rajoy, Aguirre se limitó a preguntar: "¿Qué tiene que ver el pobre con todo este asunto, con que El País me acuse a mí de espiar falsamente...se quiere magnificar".

Acciones contra 'El País'

Asimismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid insistió en que todo el caso deriva de unas informaciones publicadas en el diario 'El País' y recordó que como consideran que las acusaciones sobre la trama son falsas, han enviado al periódico, acogiéndose al derecho de rectificación, la rectificación de este asunto.

Así, señaló que el periodista que redactó las informaciones, Francisco Mercado, ya ha rectificado ante los medios de comunicación cuando salió de la Fiscalía y en un programa de televisión, pero que esto "no basta" porque el periódico no lo ha hecho. Por ello, anunció, está estudiando el planteamiento de una demanda de concilición. "Y si no, tendremos que ir a los tribunales penales", agregó.

Preguntada por si cree que todas estas informaciones son porque alguien quiere ir a por ella, la presidenta apuntó que "no cabe duda que el periódico 'El País' no le tiene gran simpatía" y que el Gobierno de la Comunidad de Madrid "es el emblema del tipo de gobierno del PP en España, como el valenciano, el de Castilla y León o Murcia".

"Es evidente que todo lo que sea hacernos daño, al Partido Socialista...", señaló la presidenta, quien recordó como el PSOE ya dijo en su día que había que ganar en Madrid "como sea". Por ello, también insistió en que, en este caso, IU está haciendo un "enorme" favor al Gobierno de la nación por "no recordarle que se están yendo al paro 7.000 españoles más cada día".

Para Aguirre, no tiene sentido que se esté hablando de una cuestión suscitada por un periódico, cuando su periodista ya ha rectificado, si hay un momento de crisis económica como la que atraviesa España. "Es de gran interés para el Gobierno que no se hable de la crisis que estamos padeciendo", matizó.

www.publico.es 07.02.09


El PP acusa al PSOE de usar a la Fiscalía y a la Policía para eliminar a este partido

El dirigente popular ha respondido así a lo dicho por el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, quien se ha referido a un "vendaval" que recorre el PP de "espías"

González Pons ha manifestado, en declaraciones a EFE, que tiene la sensación de que el PSOE está empleando contra el partido que lidera Mariano Rajoy los medios que tiene el Ejecutivo a su disposición "en una estrategia de eliminación del PP".

El dirigente popular ha respondido así a lo dicho por el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, quien se ha referido a un "vendaval" que recorre el PP de "espías", de "mangoneo" y de "paraísos fiscales". En opinión de González Pons, "cuando José Blanco celebra la desaparición del PP está verbalizando su fantasía de una España de partido único".

El vicesecretario de Comunicación del PP ha puntualizado que las comunidades de Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura o Cataluña, entre otras dirigidas por los socialistas, "nunca reciben órdenes de investigación" de la Fiscalía General del Estado.

"Se está poniendo en peligro el Estado de Derecho en España con la persecución sistematizada del principal partido de la oposición", ha aseverado. En nombre del PP, ha exigido que la justicia sea rápida para que "todos sepamos cuanto antes si estamos ante una peligrosa red de tráfico de influencias o ante una maniobra electoral del partido del Gobierno, utilizando los recursos de la Justicia española".

"El PP es un partido honrado, sus militantes son militantes honrados y sus dirigentes son dirigentes honrados", ha enfatizado González Pons, quien ha matizado que en esta formación política, como en todas, "hay personas que no hacen lo correcto".

Sin embargo, ha concluido, "ya nos hemos hartado de que sólo se persiga la incorrección por parte del Fiscal General del Estado en el PP

www.cadenaser.com 07.02.09

José Blanco asegura que el PP está "bajo sospecha"

El vicesecretario general del PSOE, ha manifestado que la crisis interna del principal partido de la oposición es muy profunda y califica de "espectáculo lamentable" la supuesta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid

El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha dicho que el PP está bajo sospecha mientras Garzón investiga la presunta corrupción de empresas vinculadas al PP con negocios en varios ayuntamientos populares en Madrid y la Comunidad Valenciana. El candidato del partido por Ourense ha renunciado y en Madrid se investiga la presunta trama de los espías

www.cadenaser.com 07.02.09

Ripoll se negó a encargar actos a Orange Market en Alicante

El presidente de la Diputación de Alicante se enfrentó con los afines a Francisco Camps por el congreso provincial y la gala del deporte

Las adjudicaciones de contratos desde la Generalitat y el PP a la empresa valenciana Orange Market -inmersa en la investigación iniciada ayer por el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción- ha tenido en los últimos meses implicaciones evidentes en la batalla que libra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con el titular de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, por el control del Partido Popular en la provincia de Alicante. De hecho, los campsistas intentaron imponer a Ripoll que adjudicara a la mercantil investigada la última gala del deporte de la Diputación y el congreso provincial que los populares celebraron en diciembre en la ciudad de Orihuela.

Como ha ido informando este periódico, en plena batalla entre ripollistas y campsistas por el control del Partido Popular, Ripoll mantuvo un duro enfrentamiento con el alcalde de La Nucia y diputado de Deportes, Bernabé Cano, por la organización de la velada. En el transfondo de la disputa estaba quién organizaba la gala del deporte, un contrato de alrededor de 30.000 euros. Si Orange Market, como pretendían los campsistas; o Publiasa como, finalmente, decidió el presidente de la Diputación con el criterio de que la corporación debe primar a las empresas alicantinas en el reparto de las contratas provinciales. Finalmente, Bernabé Cano, en medio de una intensa polémica y entre acusaciones de «dictador» contra José Joaquín Ripoll, no sólo no acudió a la gala que tenía como escenario la localidad de Petrer sino que se desvinculó del jurado de los premios.

Unas semanas más tarde, la dirección autonómica del Partido Popular, explicaron fuentes populares, remitió a Orange Market a Orihuela para la organización del congreso provincial de Alicante, como había ocurrido con los correspondientes a Valencia y Castelló. El propio José Joaquín Ripoll rechazó de plano la intervención de la cúpula autonómica en el cónclave alicantino -no dejó entrar a trabajadores de la empresa en el recinto- y optó, nuevamente, por conceder la contrata a la sociedad Publiasa.

www.levante-emv.com 07.02.09

Un consejero de Orange comparte intereses con los detenidos por blanqueo, cohecho y fraude

Ramón Blanco Balín no está en la lista de detenidos que ayer fue conocida tras la operación lanzada por el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, y la Fiscalía Anticorrupción. El ex vicepresidente y ex consejero delegado de la petrolera Repsol en la etapa de Alfonso Cortina como presidente, este ejecutivo y abogado de renombre en los despachos capitalinos tampoco aparece inicialmente en ninguna de las empresas que están siendo investigadas en la presunta trama de corrupción cuyo descubrimiento se saldó con seis arrestos después de que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF Central) practicaran diversas pesquisas en Valencia, Madrid, Sotogrande (Cádiz) y Marbella. Sin embargo, desde un punto de vista mercantil, Ramón Blanco es el nombre que actualmente conecta Orange Market con los responsables de Special Events, dos de las empresas a las que Baltasar Garzón ha puesto la lupa.

Blanco figura como consejero de Orange Market desde octubre del año pasado, cuando Álvaro Pérez procedió a una reestructuración de la empresa, asumió la presidencia y designó a Cándido Herrero Martínez consejero delegado. Amigo íntimo del ex presidente del Gobierno José María Aznar -a quien se atribuye, al menos el plácet de su nombramiento en Repsol cuando ocupaba la Moncloa- Blanco Balín figura en decenas de consejos de administración. Castano Corporate es uno de ellos. En esta mercantil domiciliada en Madrid dedicada a la promoción inmobiliaria fue administrador hasta el 17 de junio del año pasado, al igual que Pablo Crespo, administrador único de Special Events y uno de los detenidos en la operación policial de ayer junto a Francisco Correa. Crespo y Balín aún figuran en las bases de datos como apoderados.

En otras tres empresas se dio una curiosa coincidencia. El pasado 20 de enero Blanco Balín abandonó los consejos de administración de Hator Consulting, Inversiones Kintamani y Osiris Patrimonial. En las tres se produjo el mismo día el nombramiento como administrador de Pablo Crespo.

Abandono en breve

Crespo fue uno de los fundadores de Orange Market, tal como refleja la escritura de constitución que en su día reveló Levante-EMV. Sin embargo, a preguntas de este diario Álvaro Pérez lleva años negando que Crespo tenga ya relación con Orange Market. También afirma que Ramón Blanco Balín iba a abandonar «en breve» el consejo de la empresa cuya sede fue registrada ayer en Valencia por agencia de la Policía Nacional.

Ramón Blanco, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez podrían esta envueltos en un escándalo urbanístico en la Comunitat vinculado a poblaciones gobernadas por el Partido Popular, al igual que en los municipios de Madrid en los que ayer se desarrolló parte de la operación judicial, según publica hoy El País.

Pese a sus afirmaciones, este periódico ha podido saber de fuentes solventes que tanto Pablo Crespo como Francisco Correa -a quien Anticorrupción señala como conseguidor-visitan frecuentemente Valencia y se presentan ante muchos interlocutores como socios de Álvaro Pérez Alonso. Incluso han sido vistos con altos responsables de la dirección regional Partido Popular de la Comunitat Valenciana. con quienes mantienen una relación privilegiada.

www.levante-emv.com 07.02.09

La operación contra la corrupción llega a dos municipios del noroeste

La operación contra una presunta trama de corrupción, tráfico de influencias y blanqueo de capitales puesta en marcha por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en Valencia, Marbella y Cádiz convulsionó ayer a dos ayuntamientos del noroeste madrileño: Boadilla del Monte y Majadahonda, gobernados por el PP. Funcionarios de la Policía Judicial se presentaron en ambos consistorios por la mañana para requerir información sobre sus relaciones comerciales con varias empresas: Pasadena Viajes, SL; Easy Concept Comunicación, SL; Servimadrid Integral, Special Events, SL, y Technology Consulting Management. Todas ellas tienen vínculos con los cinco detenidos en la operación: Francisco Correa Sánchez (empresario que organiza actos para el PP), Pablo Crespo Sabaris (ex secretario de organización del PP gallego y hombre de confianza del dirigente popular ya fallecido Xosé Cuiña), María del Carmen Rodríguez Quijano (esposa de Correa, ex secretaria del PP en Majadahonda y ex jefa del gabinete del anterior alcalde majariego, el popular Guillermo Ortega, que dimitió tras un escándalo urbanístico y un enfrentamiento con su grupo), Antoine Sánchez (primo de Correa) y Felisa Jordán Goncet. Ambos alcaldes dicen sentirse tranquilos.

www.elpais.es 07.02.09

El alcalde de Boadilla viajó a Miami con Correa

La condesa gacela con el Alcalde de Boadilla

El alcalde de Boadilla, Arturo González (PP), viajó a Miami en clase business en dos ocasiones (en 2002 y 2003) con uno de los detenidos ayer, Francisco Correa, como se desprende de documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Pero el regidor mantiene que no conoce a Correa, el hombre detrás de al menos una de las tres empresas que el juez investiga en Boadilla, Pasadena Viajes, SL. La policía pidió ayer al alcalde información sobre qué había contratado el Consistorio con Pasadena Viajes, Servimadrid Integral y Easy Concept Comunicación. La relación más importante la mantiene con esta última.

Esta sociedad está presidida por la empresa Hator Consulting, S.A., de la que es administrador único uno de los detenidos, Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP gallego. La empresa gestiona la Oficina de Atención al Cliente del municipio desde 2005. La oficina está formada por dos locales, en los que se atiende las 24 horas del día en tres turnos de trabajo. El Ayuntamiento paga por ello 506.000 euros anuales. Además, contrató viajes con Pasadena entre 2001 y 2005 de 5.790 euros. "Viajes de hermanamiento por cantidades muy pequeñas", explican. El alcalde ha negado cualquier relación con el detenido Francisco Correa, empresario vinculado con el PP y uno de los presuntos responsables de la trama. "Ni de amistad, ni de ninguna otra clase", sostiene González.

El PSOE ha denunciado que el regidor se desplazó con Correa a Miami en primera clase en dos ocasiones, en abril de 2002 y en julio de 2003. "Correa es muy conocido en el PP y quizá haya coincidido con el alcalde en algún viaje, pero no lo han organizado juntos", responde un portavoz municipal. El concejal del grupo independiente Alternativa por Boadilla (APB), Ángel Galindo, se felicitó de que "por fin", la justicia investigue la corrupción en la zona: "Las continuas denuncias por presunta corrupción urbanística, las adjudicaciones de contratos, tráfico de influencias, son el origen de la actuación judicial".

El clima en el PP de Boadilla está enrarecido. El alcalde denunció al ex edil de Sanidad, Francisco Sánchez. Le acusa de distribuir un dossier sobre un presunto enriquecimiento del alcalde.

www.elpais.es 07.02.09

La Fiscalía y Garzón piden información sobre la oficina de atención al ciudadano de Boadilla

BÁJATE EN PDF EL CONTRATO AMIGO ENTRE EL ALCALDE Y UNA PRESUNTA IMPLICADA

Hay 30 imputados, entre ellos alcaldes y ex alcaldes, por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y fraude fiscal, y operaciones inmobiliarias

Adjudicación que se realizó por un periodo de 14 años a razón de medio millón de euros anuales a la empresa Easy Concept, vinculada a Isabel Jordán, una de las detenidas en esta operación. Jordán es, según fuentes municipales, la actual pareja de Enrique Galán Abad, abogado del alcalde de Boadilla. Un abogado muy marcado por la polémica. En los últimos años, la oposición ha presentado varios escritos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Madrid, pidiendo explicaciones de por qué el alcalde ha recurrido siempre a los servicios de este letrado en lugar de los muchos abogados que hay en plantilla en el consistorio, todos funcionarios, y por tanto sin coste alguno a los presupuestos.

Es más, según han confirmado estas mismas fuentes, la oposición se ha querellado ya por este asunto con el alcalde de Boadilla acusándole de malversación y prevaricación, escrito que han presentado ya ante el juzgado de instrucción número 1 de Móstoles.Los funcionarios que acudieron al ayuntamiento de Boadilla también solicitaron, según fuentes de la investigación los documentos sobre la adjudicación por 35 millones de euros de una parcela a la empresa UFC, que preside José Luis Uribarri.

El tercer expediente solicitado fue sobre unos locales de la empresa municipal del suelo adjudicados a una firma de Ramón Blanco, consejero de Orange Market, la marca de este conglomerado de empresas en Valencia.

www.cadenaser.com   07.02.09

El alcalde que viajaba a Miami con Correa

Un dossier denunció la compra de pisos en EEUU de personas vinculadas al PP

La sospecha de corrupción en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid es algo tan viejo como las primeras elecciones municipales que se celebraron después de la muerte de Franco. Algunas denuncias superaron la sospecha y pasaron a la Fiscalía y al juzgado, como fue el caso de Aquiles Aparicio. Se tuvo que ir. El PP obligó al alcalde de Pozuelo de Alarcón, Martín Crespo, a abandonar cuando la zona de sombras sobre aquella localidad era ya absoluta.

El nuevo alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, logró dar estabilidad a los populares en uno de sus más importantes caladeros de votos.

Pero desde hace dos años comenzaron a correr rumores por Boadilla, que llegaron hasta Madrid en forma de dossiers. En uno de ellos, alentado y amparado por mucha gente vinculada al PP, se acusaba al primer edil de comprar casas en Miami y de tener un patrimonio inmobiliario muy superior a sus ingresos en el Ayuntamiento, que se calcula que son de unos 85.000 euros anuales.

Se facilitaban fotocopias de billetes de avión y se hablaba claramente de trato de favor a las empresas encabezadas por Francisco Correa, detenido ayer. Uno de estos trabajos llegó a manos del sindicato Manos Limpias, que presentó en la Fiscalía Anticorrupción un escrito en el que acusaba de presunto cohecho a algunos empresarios de la zona.

Miguel Bernad, dirigente de ese sindicato, hacía una relación de las empresas de Francisco Correa que contrataban con el Ayuntamiento de Boadilla y también de lo que consideraba como «colaboradores y asesores del alcalde», que habían comprado casa en Estados Unidos.

En esa relación figuraban, además de Francisco Correa, su esposa, María del Carmen Rodríguez, y Pablo Crespo, también detenidos por Garzón ayer. Asimismo, estaban Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y hoy gerente del Mercado Puerta de Toledo, propiedad de la Comunidad de Madrid; Javier del Valle, Manuel Angel Jiménez, Manuel A. Valdés, Rafael de León, Fernando Torres, Joaquín García y Ramón Blanco. Todos, al parecer, con casa en Miami.

Entre los militantes del PP se conocía a este grupo de amigos como el club de Miami. El ruido llegó a ser tan grande que el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, llamó al alcalde para que le aclarara la proliferación de informes sobre sus propiedades.

Arturo González Panero lo negó todo al secretario general del PP y también a EL MUNDO cuando, en diciembre del año pasado, publicó las acusaciones de uno de sus concejales y un resumen del dossier. Lo atribuyó a la lucha por desbancarle de la secretaría general del PP de Boadilla.

El portavoz local del PSOE, Pablo Nieto, denunció hace meses que el hoy alcalde de Boadilla y el empresario Francisco Correa eran buenos amigos y viajaban a menudo a Miami, lo que hacía sospechosa era relación. González Panero lo niega todo.

www.elmundo.es 07.02.09

Cargo de confianza del anterior alcalde majariego

María del Carmen Rodríguez fue jefa de gabinete del ex regidor

La policía también visitó el Ayuntamiento de Majadahonda ayer por la mañana. No en vano. María del Carmen Rodríguez Quijano, detenida en la operación contra la corrupción, desempeñó un papel relevante en la localidad, mientras gobernó Guillermo Ortega, entre mayo de 2001 y febrero de 2005. Primero fue asesora y después Ortega la nombró jefa de su gabinete. También es miembro de la Asamblea General de Caja Madrid nombrada por el Consistorio majariego. Desde su puesto municipal ejercía un gran poder sobre las decisiones del Ayuntamiento. Fue en esa época cuando el equipo de gobierno contrató con Special Events diferentes trabajos.

El Consistorio encargaba a Special Events hasta fotocopias

Rodríguez fue administradora única de esta empresa hasta el 20 de noviembre de 2001. En ese año Special Events elaboró un vídeo promocional para el Ayuntamiento, por el que se pagaron más de 55.000 euros. La concejal del grupo centrista, Mercedes Pedreira, denunció en los plenos que se encargaban a esta empresa "trabajos peregrinos". Como ejemplo la elaboración de discos compactos y fotocopias que hacía la empresa por las que se pagaron facturas de hasta 87.000 euros. "¿Es que en el Ayuntamiento no se podían hacer fotocopias?", se pregunta.

Las relaciones entre Ortega y sus concejales se fueron deteriorando. Las acusaciones mutuas desembocaron en una crisis y un escándalo urbanístico por la venta de dos parcelas municipales. Ortega perdió el pulso y dimitió en febrero de 2005. "Desde ese momento, no existe ninguna relación con esas empresas", afirma con alivio el alcalde actual, Narciso de Foxá. "Incluso rescindí el contrato con la sociedad a la que se le había adjudicado la Oficina de Atención al Ciudadano", añade.

Antes de dimitir Ortega, el Ayuntamiento adjudicó el desarrollo de la Oficina de Atención al Ciudadano a la empresa Technology Consulting Management, también investigada por Garzón y de la que es administrador único Pablo Crespo Sabaris, detenido en la operación.

"El propio secretario de la organización consideró entonces que había anomalías en el pliego de condiciones técnicas de dicha firma: no estaban concretadas las necesidades administrativas, ni su ejecución podía recaer en manos privadas", explica la edil centrista.

MÁS INFORMACIÓN

www.elpais.es 07.02.09

Una empresa ligada a la trama de corrupción organiza eventos para el PP

La policía registra por orden del juez Garzón la Consejería de Turismo y requisa el expediente sobre la concesión a Orange Market del pabellón valenciano en Fitur

Funcionarios judiciales, por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, se desplazaron ayer hasta la sede que tiene en la avenida de Aragón la Agencia Valenciana de Turismo, que dirige la consejera Angélica Such, para reclamar y requisar toda la documentación relacionada con la adjudicación a la empresa Orange Market del concurso para montar los pabellones de la Comunidad Valenciana en las ferias del turismo de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

Agentes policiales registran la sede de Orange Market en Valencia

La empresa ha participado en la Volvo Ocean Race y otras campañas

El registro, que también se realizó en la sede que tiene Orange Market en la céntrica calle de Colón de Valencia, forma parte de la desarticulación de una trama de personas afines al PP que, presuntamente, prestaba distintos servicios al partido a cambio de un trato de favor en las Administraciones gobernadas por este partido. La trama se extiende por distintas provincias españolas.

Los dos funcionarios judiciales que se presentaron en la Agencia Valenciana de Turismo requisaron toda la documentación relacionada con el expediente 33/08, un concurso para montar los estands de las ferias de turismo en las que participa la Generalitat a lo largo de 2009. El concurso se adjudicó a Orange Market, frente a seis competidoras, con una baja sobre el presupuesto base de licitación del 14%. El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publicó el pasado 29 de enero la adjudicación a esta empresa del pabellón de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid por importe de 916.000 euros. Orange Market se ha adjudicado ininterrumpidamente estos concursos desde hace casi un lustro.

Presidencia de la Generalitat se limitó ayer a reconocer que unos funcionarios judiciales habían solicitado una información en la Agencia Valenciana de Turismo. "Se les ha dado y se han marchado", sentenciaron.

Orange Market, la empresa que dirige Álvaro Pérez Alonso en Valencia, también se adjudicó la organización de una parte de los festejos de la salida de la Volvo Ocean Race (la regata de veleros alrededor del mundo) en Alicante. Esta empresa aspira a participar en el Gran Premio de España de Hípica que se celebrará la próxima primavera en el recinto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La firma que dirige Álvaro Pérez ha recibido otros contratos de empresas públicas de la Generalitat como Vaersa para realizar campañas de publicidad. Es además una de las empresas que trabaja para Feria Valencia.

Orange Market se creó en julio de 2003 en Algemesí por Pablo Crespo, presidente de Special Events -firma que participó en las campañas electorales autonómicas de 1999 y 2003 del PP, en las que el Tribunal de Cuentas detectó distintas irregularidades.

La vinculación de Orange Market con la Generalitat también tiene ramificaciones personales. Ignacio Blanch, que fue apoderado de Orange Market, entre octubre de 2003 y diciembre de 2004 -año en el que fue delegado de Canal 9 en Madrid- es asesor de Presidencia con Francisco Camps, desde hace años.

Pero donde Orange Market se mueve realmente como pez en el agua es en la sede del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Su responsable, Álvaro Pérez, mantiene una estrecha amistad con el secretario general, Ricardo Costa, y otros miembros de la dirección regional. De hecho, Orange Market es la empresa que organiza la mayor parte de los actos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y aquellos en los que participa su presidente regional, Francisco Camps. La firma de Álvaro Pérez fue la encargada de organizar el último congreso regional del PP celebrado en el recinto de Feria Valencia el pasado mes de octubre.

En la sede del PP ha sido habitual en los últimos años ver entrar y salir a Álvaro Pérez, conocido como El bigotes. En círculos populares es elogiada, con frecuencia, su capacidad para organizar grandes actos y sus contactos a alto nivel. El presidente de Orange Market asesoró a Juan Villalonga en su pretensión de hacerse con el control del Valencia CF. A Orange Market se deben la mayoría de los mítines multitudinarios del PP o la organización de la escenografía de los actos públicos del partido.

Fuentes de la dirección popular indicaron que, desde 2003, se ha contratado con esta firma por su capacidad para organizar los actos del partido. La eficiencia de Orange Market ha hecho que también haya organizado las jornadas parlamentarias del Grupo Popular en las Cortes Valencianas. Las contrataciones del PP regional con Orange Market están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, que revisa la contabilidad de los partidos. "Estamos muy tranquilos", indicaron estas fuentes.

Sin embargo, en el seno del partido reconocieron ayer que la fluidez de Orange Market con la dirección regional del PP no es la misma con las direcciones provinciales del partido, con las que no existe el mismo nivel de colaboración con la firma de Álvaro Pérez.

Por otra parte, la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, en la que participa el Arzobispado de Valencia, negó ayer que Orange Market participase en la organización de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. El desmentido, provocado por el temor del Arzobispado a verse involucrado en un escándalo de corrupción, no se acompañó de la presentación de las cuentas, que son opacas desde hace años.

www.elpais.es 07.02.09

Los trabajos de Orange Market para el PP y el Consell

Álvaro Pérez con el Secretario General del  PP Ricardo Costa

- Fitur: La firma de Álvaro Pérez se ha adjudicado el concurso de la Agencia Valenciana de Turismo para montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en las ferias de turismo españolas ininterrumpidamente desde 2005.

- Volvo Ocean Race: Organización de parte de los festejos realizados con motivo de la salida de los veleros desde el puerto de Alicante para dar la vuelta al mundo.

- Campañas publicitarias: La empresa ha logrado el concurso de distintas empresas públicas vinculadas a la Administración, como Vaersa.

- Feria Valencia: La compañía es uno de los principales proveedores de la institución ferial.

- Partido Popular: Orange Market es la principal empresa con la que trabaja la dirección regional del PP. A ella se debe la organización de mítines, convocatorias de prensa y otros actos de partido. El Grupo Popular en las Cortes Valencianas también la ha contratado para la realización de jornadas

www.elpais.es 07.02.09

Registran en Valencia la empresa Orange Market por el caso de corrupción urbanística de Madrid

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en una operación contra la corrupción, el tráfico de influencias y el blanqueo de capitales desarrollada en las localidades madrileñas de Boadilla del Monte y Majadahonda, así como en Valencia, Marbella (Málaga) y Sotogrande (Cádiz). Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial han llevado a cabo varios registros en domicilios, despachos profesionales y empresas de estas localidades.

Los arrestados, cuyas identidades se corresponden con las iniciales F.C.S., P.C.S., F.J.G., R.Q. y A.S., están acusados de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita.

REGISTRO EN ORANGE MARKET

La Policía realizó esta mañana un registro en la empresa valenciana Orange Market S.L. Según indicaron a Europa Press fuentes conocedoras del caso, los agentes inspeccionaron el local, ubicado en la calle Colón, pero desconocen si se llevaron algún tipo de material. Los policías se presentaron en la mercantil a primera hora de esta mañana, y realizaron un registro, después de que detuvieran a seis personas en esta operación, acusadas de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita.

Durante la tarde no se encontraba ningún trabajador en la mercantil valenciana, aunque posiblemente seguían allí policías haciendo diferentes registros, indicaron las mismas fuentes. El portero de la finca comentó que los empleados eran personas "normales" y "agradables" y que "nunca habían armado ningún tipo de escándolo". AsImismo, afirmó que "nunca había venido la policía para nada".

La empresa, que en la actualidad cuenta con unos seis o siete trabajadores, fue constituida en el año 2003 con un capital de 3.006 euros, y su sede inicial, según figura en el registro mercantil, se localizaba en la calle Conde Salvatierra de Valencia. No obstante, a finales de verano, trasladaron la sede a la calle Colón, número 18. Esta entidad tiene como objeto la creación, el diseño, la investigación, la ejecución y el control de campañas publicitarias y agencia de publicidad; la implantación, creación y realización de campañas de márketing; y proyectos de organización, planes de negocio y planificación.

Entre sus actividades, según informaron a Europa Press, ha organizado diferentes eventos para el Partido Popular (PP), sobre todo en la época de campaña electoral, así como para la Generalitat, ya que se encargó del desfile inicial de la Volvo Ocean Race, en Alicante, y le fue adjudicado el 'stand' donde la Comunitat ha presentado su oferta turística para Fitur. Según consta en el registro mercantil, el presidente de la mercantil es Álvaro Pérez Alonso; el consejero delegado, Cándido Herrero; y el consejero, Ramón Blanco Balín.

Respecto a sus ventas, en el año 2004 registró 204.694 euros; en 2005 un total de 2.395.289; y en 2006 1.483.489 euros. Fuentes de la investigación han confirmado a Efe que uno de los detenidos es Francisco Correa, responsable de Special Events, una de las empresas investigadas, fuertemente vinculada al Partido Popular. Esta empresa
tiene su representación en Valencia a través de Orange Market, como  publicó  Levante-EMV. Entre los actos organizados por esta empresa destacan el acto 'Parlem' del presidente Camps y los últimos cuatro stands de  la Comunitat Valenciana en Fitur.

El gerente de Orange Market, Alvaro Pérez, es amigo personal de Alejandro Agag, yerno del ex presidente del Gobierno, José Maria Aznar. En Special Events trabaja Antonio Cámara, que fue secretario personal de Aznar.

La empresa que dirige Álvaro Pérez facturó 175.000 euros a los populares en las autonómicas y
figura en el listado de mercantiles que incumplieron con la obligación que marca la ley de Régimen Electoral General de comunicar al órgano fiscalizador las prestaciones realizadas a los partidos políticos en campaña electoral.

Tal como publicó Levante-emv
, la mercantil negocia ahora su participación como proveedor del Global Champions Tour, la denomina fórmula 1 de la hípica, que ha alcanzado un acuerdo con la Ciudad de las Artes y las Ciencias y la Generalitat, a través de la Sociedad de Promoción Estratégica de la Comunitat Valenciana, para que Valencia sea una de las sedes del campeonato. El acontecimiento deportivo se celebra en los lagos de Cacsa del 8 al 10 de mayo de este año.

REQUERIMIENTO DE COMUNICACIÓN

Los funcionarios municipales de Majadahonda y Boadilla del Monte han facilitado a los agentes información acerca de varias empresas que han mantenido relaciones comerciales con los consistorios.

A raíz de esta operación, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha hecho público un comunicado en el que desmiente que se haya producido detención alguna de miembros de la Corporación, trabajadores municipales o militantes del PP. "El Ayuntamiento sólo ha recibido un requerimiento por parte del Juzgado de Intrucción 5 solicitando una información de procedimiento que el Consistorio ya ha entregado", dice la nota.

La operación ha sido dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco, Baltasar Garzón, y la Fiscalía Anticorrupción, en colaboración con expertos de la Agencia Tributaria.

www.levante-emv.com 06.02.09

Detenidos un ex dirigente del PP gallego y un empresario ligado a Aznar por presunta corrupción

Cinco detenidos, ninguno de ellos cargo público. Anticorrupción y el juez Garzón ordenan registros en Madrid, Marbella, Cádiz y Valencia

El Juez Garzón y la Fiscalía Anticorrupción investigan los presuntos delitos de pago de comisiones ilegales, tráfico de influencias, blanqueo o delito fiscal. El nudo gordiano está en la Comunidad de Madrid, aunque también se han practicado registros en Marbella, Cádiz y Valencia y se ha solicitado información a los Ayuntamientos de Boadilla y de Majadahonda. En el caso de Majadahonda informacion sobre los años en los que estuvo de alcalde Guillermo Ortega

Juez y Fiscalía han pedido a estos consistorios los contratos y adjudicaciones a distintas empresas, las más importantes. 'Special Events' y 'Viajes Pasadena', vinculadas a Francisco Correa, uno de los cinco detenidos en esta operación junto con su compañera Maria del Carmen Rodriguez Quijano y Pablo Crespo, administrador único de ambas compañías y ex secretario de organización del PP gallego.

'Special Events', empresa dedicada a la celebración de actos y eventos ha trabajado para el Partido Popular, en las dos legislaturas de Aznar al frente del Gobierno.

No hay ningún cargo público entre los detenidos

www.cadenaser.com 06.02.09

LA EMPRESA BENEFICIADA MILLONARIAMENTE POR CAMPS ACOGE A AMIGOS DE AZNAR, VILLALONGA Y ALEJANDRO AGAG  

La concesión millonaria de la Generalitat de Camps a la empresa Orange Market, que, por cerca de un millón de euros, se va a encargar de montar y diseñar el pabellón valenciano en la próxima Feria Internacional del Turismo (FITUR), tiene detrás más razones y conexiones que las reveladas en un principio por El Plural, que describió el lunes cómo en el organigrama de la entidad concesionaria destaca la cercanía de uno de sus consejeros, Ramón Blanco Balín, con el ex presidente José María Aznar.  

La amistad que Blanco Balín mantenía con Aznar –ambos, por cierto, inspectores fiscales en excedencia- influyó probablemente en el nombramiento del primero como vicepresidente corporativo y después consejero delegado de la empresa Repsol bajo la presidencia de Alfonso Cortina. Balín participó activamente en los acuerdos que llevaron a la adquisición de la argentina YPF por la compañía entonces con más facturación de la economía española. Era un momento en el que las galopantes privatizaciones pilotadas por el PP en el Gobierno colocaron a muchas personas afines al presidente conservador al frente de las grandes ex empresas públicas. En este sentido, Blanco Balín también fue consejero de la empresa Gas Natural, otro puesto de designación política.

“Infracción grave”  

El largo recorrido de Balín por la empresa privada nos lleva también al consejo de administración de Ercros, en el momento en que la entidad estaba presidida por el financiero Javier de la Rosa. Balín figuró, a su vez, como apoderado de las entidades Real Estate Equity Portfolio e Inversiones Kintamany. Sin embargo, su paso como consejero de NH Hoteles se saldó con una sanción por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2005. Blanco Balín fue multado con 6.000 euros por “infracción grave”, al no haber comunicado a tiempo la adquisición de acciones de la propia empresa, de cuyo consejo de administración formaba parte.

Y los Albertos…  

No se quedan los Albertos fuera del círculo de influencia de Balín, que constituyó con estos una fundación, OI Jogi, en 2007, en la que figura como secretario.

Villalonga

Pero Orange Market da mucho más de sí. Fundada en 2003, casualmente, por el ex diputado popular en el Parlamento gallego Pablo Crespo, cuenta como presidente con Álvaro Pérez Alonso, antiguo asesor de imagen y colaborador del ex presidente de otra gran empresa como Telefónica, Juan Villalonga –por cierto, gran amigo de Aznar-. El diario Levante informó en su momento de la aparición conjunta de Pérez y Villalonga en la breve luna de miel que el ejecutivo valenciano mantuvo con el Valencia C.F.

El mordisco  

Según este diario, “el asesor Álvaro Pérez permaneció en un lateral superior del escenario, a donde Villalonga dirigió su mirada constantemente buscando la aprobación a su gestualidad”. Como ya informó en su momento El Plural, la brevísima relación de Villalonga con el club ché se saldó con una nada despreciable indemnización de diez millones de euros para el bolsillo del compañero de pupitre de José María Aznar.

Más vínculos

Pero queda mucho más por contar: Álvaro Pérez, amigo personal de Alejandro Agag el conseguidor, estuvo vinculado a la firma Special Events, uno de los principales proveedores de PP a nivel nacional. Sin embargo, tras perder las elecciones generales en 2004 y tomar Mariano Rajoy el control del partido, Pérez perdió influencia en Génova y decidió instalarse en la Comunitat Valenciana, donde, como se ha podido comprobar, está haciendo camino.  

Todo queda en casa

Orange Market constituye, por tanto, un nido de antiguos colaboradores y puestos de confianza del Partido Popular. Sus trabajos para la Generalitat de Camps no se quedan en el FITUR de este año, pues se trata de la quinta edición de la feria que cuenta con esta entidad como concesionaria de la Comunidad valenciana. Las mayorías absolutas y la opacidad del régimen regional de Francisco Camps parecen permitir que, por ahora, todo quede en casa. De la oposición progresista y de ciertos medios independientes depende el desenlace final.  

(www.elplural.com, 28/01/09) 

ORANGE MARKET NEGOCIA PARTICIPAR EN EL MONTAJE DE LA FÓRMULA 1 DE HÍPICA 

Orange Market, la empresa de organización de eventos que preside Álvaro Pérez, sigue abriéndose hueco en el complejo mercado valenciano. La mercantil negocia ahora su participación como proveedor del Global Champions Tour, la denomina fórmula 1 de la hípica, que ha alcanzado un acuerdo con la Ciudad de las Artes y las Ciencias y la Generalitat, a través de la Sociedad de Promoción Estratégica de la Comunitat Valenciana, para que Valencia sea una de las sedes del campeonato. El acontecimiento deportivo se celebra en los lagos de Cacsa del 8 al 10 de mayo de este año.

La empresa promotora del evento, Oxer Sport, ha suscrito un convenio con la Generalitat, el Ayuntamiento de valencia y RTVV, para que Valencia sea una de sus sedes durante tres años consecutivos (2009-2011) prorrogables hasta 2013. Es la primera vez que la Global Champions Tour llega a España. El acuerdo pasa básicamente por una cesión de espacios por parte de Cacsa, cuyo arrendamiento estaría valorado entre 300.000 y 500.000 euros al año.

La empresa de Álvaro Pérez no ha tardado en moverse. Ya trabajó con Oxer Sport en la presentación pública del proyecto prestando servicios audiovisuales. Ahora negocia con la firma promotora participar en el montaje de gradas y escenografía. Fuentes de Oxer afirmaron no obstante que "el contrato no está cerrado" y que conversa con varias empresas valencianas.

La Global Champions Tour cuenta entre sus patrocinadores con firma como Repsol y NH Hoteles. Se da la circunstancia de que en otoño del año pasado se incorporó al consejo de Orange Market, Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente corporativo de Repsol en la etapa de la presidencia de Alfonso Cortina y actualmente consejero de NH Hoteles. Orange Market es una de las empresas de cabecera del PPCV Facturó al partido 175.000 euros en las autonómicas de 2007. 

(www.levante-emv.com, 28/01/09)

Camps pagará casi un millón de euros a una empresa con un consejero amigo de Aznar

El Gobierno de Camps ya ha decidido qué empresa se encargará de diseñar, montar y desmontar su pabellón de Turismo en la feria madrileña de Fitur. Será la empresa Orange Market, una empresa amiga del Partido Popular valenciano para el que ha trabajado en la gestión de muchos de sus congresos y actos públicos. Las relaciones entre Orange Market y el Partido Popular llegan hasta dentro del organigrama empresarial, donde aparece como consejero Ramón Blanco Balín, amigo personal de José María Aznar y vicepresidente ejecutivo de Repsol durante su etapa de Gobierno.

Los datos hablan por sí solos de la estrecha relación entre Orange Market y el Partido Popular valenciano, que gobierna en la Generalitat. En las pasadas elecciones locales, en 2007, las que confirmaron a Camps al frente del Govern, el PPCV facturó a Orange Market alrededor de 175.000 euros por los servicios prestados. La concesión de Turismo de esta vez se acerca al millón de euros.

Vieja conocida
El pasado 15 de enero, la Conselleria de Turismo resolvió el concurso para el suministro de diseño, montaje y desmontaje de los stands que la Comunitat Valenciana presentará en la feria Fitur de Madrid, la Feria Internacional de Turismo de valencia (TCV), Expovacaciones en Bilbao, SITC en Barcelona y la feria INTUR en Valladolid. Según informa Levante, la empresa que recibió la concesión fue Orante Market, una vieja conocida del PP valenciano.

Experta en Fitur
En total, el importe que recibirá Orange Market será de 789.500, que junto al IVA del 16% llega a superar los 900.000 euros. Este es el quinto año consecutivo en que esta empresa se hace con el contrato. Un éxito que se repite desde 2005 y que se acrecienta teniendo en cuenta que la empresa era por entonces una recién llegado, que constituyó Álvaro Pérez en otoño de 2003 cuando llegó de Madrid.

Adjudicación precipitada
Cabe destacar, eso sí, que la adjudicación este año se ha realizado de una manera un tanto precipitada. Apenas 13 días antes de la celebración de Fitur se ha ejecutado la resolución. El pasado día 22 se publicó en el BOE, donde se asegura que la adjudicación tiene fecha de 30 de diciembre. Pérez alega, en todo caso que los responsables de Turismo le comunicaron "por teléfono" una adjudicación provisional en diciembre a la espera de cumplir el plazo de alegaciones, por eso su empresa llevaba trabajando en el pabellón de Fitur desde hace varias semanas.

Colaboración en las elecciones
La labor de Orange Market se centra en la gestión de actos públicos, como congresos, mítines, ferias… Y el PP valenciano necesito de muchos de estos servicios en las pasadas elecciones locales de 2007. Tanto es así, que llegó a facturar alrededor de 175.000 euros a esta empresa, según los datos recogidos por la Sindicatura de Cuentas en su último informe de fiscalización de gastos electorales.

Organizadora del Congreso
Orange Market también trabaja prestando servicios de marketing a Feria Valencia, donde realiza labores en calidad de colaborador externo. Es en Feria de Valencia donde el PP valenciano ha decidido celebrar muchos de sus actos. Un ejemplo es el Congreso regional celebrado el pasado mes de otoño,
con un despliegue de medios que incluía un macro complejo en forma de “coliseo” erigido en torno de los ponentes y 70 metros cuadrados de pantallas. La empresa encargada del montaje del escenario, y de otras labores, fue Orange Market.

Íntimo de Aznar
La extensión de esta buena relación entre PP y Orange se extiende al organigrama de la empresa. Es ahí donde se encuentra el nombre Ramón Blanco Balín, amigo íntimo del ex presidente José María Aznar, con el cargo de consejero. Balín tiene experiencia en los negocios. Fue vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Repsol durante el Gobierno del PP, en la época de Alfonso Cortina. También fue consejero en aquella época de Gas Natural.
 

www.elplural.com 25.01.09


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El Síndic reprocha a Orange Market que no informe de su labor para el PP

La empresa de Álvaro Pérez Alonso, que facturó 175.000 euros a los populares en las autonómicas, también trabaja para Feria Valencia

La Sindicatura de Cuentas incluyó en su último informe de fiscalización de gastos electorales de los partidos en las elecciones autonómicas a la empresa Orange Market. La empresa que dirige Álvaro Pérez figura en el listado de mercantiles que incumplieron con la obligación que marca la ley de Régimen Electoral General de comunicar al órgano fiscalizador las prestaciones realizadas a los partidos políticos en campaña electoral. La sociedad domiciliada en Valencia facturó 175.000 euros al Partido Popular de la Comunitat Valenciana por sus trabajos relacionados con la organización de actos políticos, mercadotecnia y comunicación. La información forma parte del expediente de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas y las cantidades incluyen también el IVA.

Pérez estuvo vinculado a la firma Special Events, uno de los principales proveedores de PP a nivel nacional y en cuyo consejo de administración figuraban sociedades ligadas a paraísos fiscales. Sin embargo, tras perder las elecciones generales en 2004 y tomar Mariano Rajoy el control del partido, Pérez perdió influencia en Génova y decidió instalarse en la Comunitat Valenciana. Su relación con Rajoy y sus asesores nunca fue buena.

Empresa registrada en 2003

En otoño de 2003, ya con Rajoy como aspirante a la Moncloa, Pérez registró en Valencia la firma Orange Market. Sus buenas relaciones con el Partido Popular valenciano le han permitido abrirse un hueco en el siempre complejo mercado valenciano. Se ha convertido en la empresa de referencia de la dirección regional y fue uno de los responsables de montar la escenografía del congreso regional del pasado mes de octubre en Feria Valencia en el que salió reelegido Francisco Camps.

A principios de este año Orange Market se hizo con un contrato de servicios de apoyo en materia de marketing con Feria Valencia. Fuentes de la entidad que preside Alberto Català confirmaron a Levante-EMV que Orange Market figura entre sus proveedores para prestar «apoyo» como empresa externa.

Feria Valencia es uno de los escenarios preferidos por la dirección regional del PP para montar grandes actos de partido. Orange Market también es adjudicataria desde hace varios ejercicios del montaje del expositor de la Comunitat Valenciana en Fitur, contrato adjudicado por la Generalitat por con un presupuesto que ronda los 750.000 euros.

www.levante-emv.com 28.12.08


mas noticias sobre la CUESTIÓN

La empresa que hizo el vídeo del 'Atleti' de Metro, vinculada con Special Events

Deadline Events, la empresa que realizó para el Gobierno regional el vídeo de Metro de Madrid donde se ridiculiza a un seguidor del Atlético, está vinculada con Special Events, una firma controlada por accionistas radicados en paraísos fiscales, según el PSOE. Esta última firma se ha encargado durante varios años de organizar actos del Partido Popular, muchos de ellos del Gobierno regional.

Según el Registro Mercantil, el administrador único de Deadline Events, la empresa que elaboró el vídeo para Metro de Madrid, es Raúl Gascón, que sustituyó en el cargo a María Victoria Romero, según informó la Cadena ser. Tanto Crespo como Romero son los únicos socios de Deadline Events.

Raúl Gascón ha formado parte del Consejo de Administración de Pasadena Viajes, cuyo administrador único es Pablo Crespo, quien también es administrador único y ex presidente de Special Events. María Victoria Romero, por su parte, fue socia fundadora de esta misma empresa.

El vídeo realizado por Deadline Events, que se mostró dentro de una exposición de Metro de Madrid sobre el 'efecto invernadero', causó una enorme polémica. Esperanza Aguirre y el vicepresidente regional, Ignacio González, lo repudiaron, así como el Atlético de Madrid, cuyos aficionados se veían ridiculizados en la grabación.

El Gobierno regional fulminó la polémica destituyendo al responsable de la Gerencia de Atención al Cliente de Metro, Juan Carlos Galindo, y al director de Operación, Aurelio Rojo

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/10/17/madrid/1192636007.html

Pablo Crespo aportó un euro en la constitución de la empresa que trabaja para el PP

La vinculación de la mercantil valenciana Orange Market con Special Events, la empresa cuyos propietarios radican en parísos fiscales del Caribe y que ha realizado diversos trabajos para el Partido Popular es mucho más estrecha de lo que hasta ahora había trascendido. Orange Market, que también ha trabajado para el PP valenciano y para la Generalitat, no sólo está relacionada con Special Events a través de vinculaciones societarias. Documentación a la que ha tenido acceso este diario revela que el presidente de Special Events, Pablo Crespo, ex diputado del PP en el parlamento gallego y también ex secretario de organización del partido en Pontevedra, fue uno de los fundadores en Valencia de la sociedad limita Orange Market.

Así consta en la escritura de constitución de la mercantil que se celebró el 24 de julio de 2003 en Algemesí. Junto con Crespo figura como fundador Luis de Miguel Pérez, quien resultó nombrado administrador único de la empresa. Luis de Miguel regenta en Madrid un bufete de abogados que, entre otros servicios, ofrece asesoramiento para reducir costes fiscales. De Miguel y Crespo comparten puestos en otras sociedades.
Tal como relató en su día Levante-EMV algunos de los responsables de Orange Market y Special Events mantienen relaciones personales con dirigentes del PP. Así, el gerente de Orange Alvaro Pérez es amigo personal de Alejandro Agag, yerno del ex presidente del Gobierno, José Maria Aznar. En Special Events trabaja Antonio Cámara, que fue secretario personal de Aznar.

Aportó solo un euro

Las noticias que señalaban que Special Events tiene su antena en Valencia a través de Orange Market parecen claras con la escritura de constitución en la mano. Luis de Miguel y Pablo Crespo comparecen conjuntamente para constituir la sociedad con un capital social de 3.006 euros. LLama la atención que Luis de Miguel suscribe 3.005 participaciones de un euro cada una mientras que Pablo Crespo suscribe una sola participación de un euro. Tres meses después, en octubre de 2004 en una notaría de Madrid Luis de Miguel otorga plenos poderes en favor de Armando Lucas Hurtado y Mónica Magariños Pérez para representar a Orange Market

La escritura de constitución arroja otros datos que refuerzan la idea de que Orange Market es una mera intermediaria de Special Events. Así, los estatutos recogen que el objeto de la misma es la realización de campañas publicitarias, de marketing, promoción de convenciones, eventos públicos, entre otros actos sociales públicos y sociales. Acto seguido, se añade lo siguiente: «En relación con aquellos servicios profesionales incluidos dentro del objeto social que conforme a la normativa vigente, tenga que ser realizados por personas físicas con titulación académica y/o colegiación profesional suficiente, la sociedad sólo realizará funciones de mediación entre quienes soliciten tales servicios y los profesionales integrados en ella, que prestarán tales servicios en su propio nombre». Y añade que «las actividades enumeradas podrán ser desempeñadas por la sociedad total o parcialmente mediante la participación en otras sociedades de objeto análogo». El PP en las Cortes ha vetado al PSPV conocer las adjudicaciones que la Administración ha realizado a esta empresa. Según ha sabido este diario, Orange ha trabajado al menos con la conselleria de Turismo y con Presidencia.

www.levante-emv.com Sábado 04 de junio de 2005

Dos empresas ligadas al PP ocultan a tres tribunales de cuentas sus facturas electorales

Special Events y Rialgreen, proveedores de los populares, no justifican sus servicios al partido

Special Events, firma controlada por accionistas radicados en un paraíso fiscal cuya contratación con la Comunidad de Madrid intenta esclarecer el PSOE, ha sido proveedora electoral del PP. Esta empresa, en la que han participado dirigentes del PP, ha ocultado a tres tribunales de cuentas autonómicos sus facturas de servicios prestados al partido en las elecciones autonómicas valencianas de 1999 y de 2003; y en las madrileñas de 2003 y en las andaluzas de 2004 por parte de Rialgreen, empresa con idéntico domicilio y presidente, Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP en Pontevedra. En su informe sobre las elecciones autonómicas valencianas de 13 de junio de 1999, la Sindicatura de Cuentas denunció diversos incumplimientos del PP en materia de gastos electorales. Por ejemplo, que ninguna de las 13 empresas que le habían facturado por un monto superior a los 6.000 euros había cumplido con su obligación de comunicar la prestación realizada. Esa documentación es esencial en toda fiscalización de campañas electorales para comprobar que los gastos declarados por los partidos se corresponden con pagos realmente realizados y que se ajustan a precios de mercado. El fin es evitar donaciones en especie. Entre dichas firmas sobresalía Special Events, a quien el PP declaraba haber abonado 60.000 euros para dicha campaña.

En el informe sobre las elecciones a las Cortes Valencianas de 25 de mayo de 2003, dicho órgano fiscalizador denuncia idéntica anomalía. Special Events figura como perceptor de 140.000 euros del PP a cambio de una contraprestación que no declara. Igual ocurre con Rialgreen, empresa con igual presidente y domicilio, que tampoco aporta documentación alguna sobre los servicios que por un monto de 82.000 euros realiza.

En esa misma fecha, en las autonómicas madrileñas de 25 de mayo de 2003, donde la suma de IU y PSOE daba una mayoría absoluta que frustrarían dos diputados socialistas tránsfugas, reaparece como proveedor electoral del PP la firma Rialgreen por 48.080 euros. En esta ocasión, tampoco aporta facturas ni documentación alguna a la Cámara de Cuentas madrileña.

Obligación incumplida
En las elecciones al Parlamento andaluz de 2004, Rialgreen es el principal proveedor electoral del PP, que incumple su obligación de detallar ante la Cámara de Cuentas los servicios publicitarios prestados a dicho partido. El monto de la labor, de imposible contraste, el PP lo cifró en 520.491 euros.

El PSOE ya denunció en su día las contrataciones irregulares de Special Events en 2001 por el entonces alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, del PP. En concreto, destacaba un vídeo promocional contratado en junio de 2001 y elaborado antes de noviembre de 2001. Desde su fundación en 1994 y hasta noviembre de 2001, la administradora única de Special Events era María del Carmen Rodríguez Quijano, nombrada asesora del gabinete de Ortega en la alcaldía en julio de 2001, y esposa de Francisco Correa, amigo íntimo de Alejandro Agag, yerno del ex presidente José María Aznar, según denuncia el PSOE.

En septiembre de 2001, se efectuó un primer pago de 28.571 euros, y un segundo en diciembre de otros 28.510. El PSOE no sólo denunció que se había producido un irregular fraccionamiento de contrato, aspecto que censuró el propio interventor del Ayuntamiento, sino que se habían eludido todas las reglas esenciales de la contratación administrativa. La denuncia socialista incluía a TCM (Technology Consulting Management), empresa que comparte varios administradores con Special Events, en relación con un contrato de 612.551 euros aprobado en diciembre de 2002 para desarrollar una oficina de atención al ciudadano. El propio secretario del Ayuntamiento consideró que había anomalías en el pliego de condiciones técnicas de dicha firma: ni estaban concretadas las necesidades administrativas a satisfacer, ni su ejecución podía recaer en manos privadas; ni el presupuesto estaba suficientemente desglosado ni estaba acreditada la experiencia en esa tarea por parte de la empresa.

Entre las entidades regidas por el PP que han contratado algunas de estas empresas figuran la Federación Española Municipal de Municipios, cuya presidenta hasta 2003 fue la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, también del PP. El Consejo Superior de Deportes, durante el Gobierno de Aznar, contrató en 1998 con una unión temporal de empresas en la que estaba Pasadena -compañía que también preside Crespo- por un monto de 69 millones de pesetas. Y en 1997, fue contratada Special Events por el Ayuntamiento de Las Rozas, gobernado por el PP, por un monto de 17 millones de pesetas para unas actuaciones publicitarias de sus fiestas patronales. El PSOE intenta averiguar si esta empresa, cuya versión reclamó ayer este diario sin éxito, o firmas afines, han recibido contratos del actual Gobierno madrileño, algo que no ha tenido respuesta oficial.

Sede en la calle de Serrano y accionistas en un paraíso fiscal

En junio de 2002 se produce un hecho singular en Special Events: eleva el capital social en 39.997 euros, a sumar a los 3.000 con los que se fundó en 1994. Todas las nuevas acciones quedan en manos de un solo propietario: Windrate Limited, domiciliada en Londres, y cuyos accionistas se hallan, según datos del PSOE, en un paraíso fiscal. Pablo Crespo Sabaris, administrador único de Rialgreen, preside Special Events, Pasadena Viajes y Technology Consulting Management. Todas, salvo la última, comparten sede en el número 40 de la madrileña calle de Serrano, una de las más caras de la capital.

Crespo ha sido secretario de Organización del PP en Pontevedra y hombre de confianza del dirigente gallego popular Xosé Cuiña. En Special Events han trabajado Antonio Cámara, antiguo secretario personal del ex presidente José María Aznar, y Francisco Correa, íntimo del yerno del ex líder popular.

Special Events, con sólo cuatro empleados fijos, consiguió en 2003 unos ingresos de 4,4 millones de euros, un millón más que en el ejercicio precedente. Todo ello le dio unos beneficios cercanos a los 23.000 euros en 2003.

www.elpais.es 19-05-2005

Los Eventos Especiales contratados por el PP

Sus directivos forman o han formado parte del Partido Popular, en sus altos cargos o en gobiernos regionales. Special Events, empresa de comunicación y organización de eventos fue contratada también por varios gobiernos autónomos del PP. Es el último dato que ha aportado la investigación que está llevando a cabo la Cadena Ser. Este martes, la emisora revelaba en exclusiva que Special Events era propiedad de sociedades radicadas en paraísos fiscales de El Caribe. en la compañía han trabajado desde el que fue secretario personal de José María Aznar, hasta personas vinculadas a su yerno Alejandro Agag.

La Ser da en sus informaciones algunos ejemplos de los vínculos entre la empresa y el partido político: "el actual presidente de Special Events es Pablo Crespo Sabaris, en el pasado hombre de confianza de Xosé Cuiña y dirigente del PP gallego". En 2001 y durante la presidencia de Crespo, Special Events se hizo con un contrato de casi un millón y medio para promocionar el mercado de la carne gallega en plena crisis de vacas locas.

Otro ejemplo: el contrato que logró del ministerio de Agricultura para organizar los premios Alimentos de España en 2001. En este caso el contrato era más bien una serie de facturas por una escasa cuantía que evitaban la publicidad y los controles habituales de los interventores.

A la investigación ha añadido su granito de arena también el diario Levante que publica hoy  que Orange Market, vinculada a Special Events, organiza los principales actos de promoción del gobierno valenciano del PP. El rotativo levantino añade además que el anterior director de Orange Market ha pasado a ser ahora asesor del presidente valenciano Francisco Camps.

Lo último que ha lanzado la Cadena Ser es la vinculación entre Antonio Cámara Eguinoa, ocho años como secretario personal de Aznar y presidente de Special Events desde el cambio de Gobierno hasta el 17 de febrero, coincidiendo con las primeras denuncias públicas sobre las adjudicaciones de contratos públicos a esta empresa.

http://www.periodistadigital.com/politica/object.php?o=72313 Miércoles, 18 de mayo 2005

La empresa que ha organizado eventos del PP pertenece a sociedades radicadas en paraísos fiscales

Con Special Events han estado relacionados el secretario personal de Aznar en La Moncloa y amigos íntimos de su yerno.La empresa que ha venido organizando actos o congresos del Partido Popular, y que se ha beneficiado también de campañas institucionales en gobiernos de este partido, pertenece a sociedades radicadas en paraísos fiscales del Caribe. Los actuales responsables de esta empresa, llamada Special Events, afirman que desconocían esa circunstancia. En Special Events han trabajado desde el que fuera secretario personal de Aznar hasta personas vinculadas a su yerno, Alejandro Agag.

Y es que con el Partido Popular aparecen relacionados, de uno u otro modo, prácticamente todos los responsables que ha tenido la empresa. Antonio Cámara, secretario personal de Aznar en sus ocho años al frente del Gobierno, ha reconocido en declaraciones a la Cadena SER que comenzó a trabajar para Special Events, en cuanto dejó su despacho en el Palacio de La Moncloa, y que ha permanecido en la empresa hasta principios de este año. El ex secretario de Aznar reconoce que en estos meses coincide en esta empresa con Francisco Correa, amigo íntimo del yerno del ex presidente y uno de los testigos de su boda, y también con Pablo Crespo, antiguo dirigente del PP en Galicia, hombre de confianza de Cuiña y, a día de hoy, todavía presidente de la empresa.

Ellos son los responsables visibles de Special Events. La compañía es, sin embargo, una cadena de sociedades opacas interpuestas, que hacen prácticamente imposible averiguar quiénes son los verdaderos dueños. El accionista mayoritario es la sociedad Windrate Limited, con sede en Londres, que a su vez pertenece a otras sociedades domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas y en la Isla de las Nieves, conocidos paraísos fiscales del Caribe.

Tanto los actuales responsables de Special Events como el ex secretario personal de Aznar sostienen que no sabían que los verdaderos dueños de la empresa son sociedades radicadas en el extranjero. Cuando se les pregunta si conocen a las personas que hay detrás de estas compañías la respuesta también es que “no”.

Oficialmente el PP no da explicaciones sobre el dinero que ha pagado a esta empresa en los últimos años. Han organizado para ellos Congresos Nacionales, Regionales y todo tipo de eventos y actos públicos. El propio presidente de la empresa reconoce que el Partido Popular es su principal cliente. Dirigentes de este partido explican, sin embargo, en privado que desde que Rajoy ocupa la presidencia los encargos se han ido reduciendo de forma paulatina. Estos mismos dirigentes añaden que hay instrucciones en este sentido porque se considera que Special Events es una empresa más vinculada al anterior presidente, José María Aznar. Publicado en la Cadena SER.17.05.05

El paraíso fiscal donde está radicada Special Events es un “centro de blanqueo y narcotráfico”, según EEUU

El departamento de estado americano señala a la isla de las nieves como uno de los paraísos fiscales dedicados a lavar dinero negro. En esta pequeña isla del caribe se pierde el rastro a los dueños de Special Events, la empresa que en los últimos años ha contratado gran parte de la propaganda y los eventos encargados por el partido popular y las administraciones en las que gobiernan.

Para Special Events ha trabajado hasta principios de año Antonio Cámara, secretario personal de Aznar en sus ocho años como presidente del gobierno. También algunos amigos íntimos de su yerno, como el empresario Francisco Correa, testigo en la boda de Alejandro Agag y la hija de Aznar.

El informe sobre las islas de San Cristóbal y Nieves es uno de los más amplios en la web del Departamento de Estado de los EEUU, en concreto en el de la llamada "oficina de narcotráfico". De estos paraísos fiscales, antiguas colonias británicas, dicen que son “un centro de lavado de dinero y tráfico de drogas”, con 40.000 habitantes, apenas 200 kilómetros cuadrados y 15.000 compañías extranjeras registradas.

Casi todas, llamadas IBC o corporaciones internacionales de negocio. Una fórmula que garantiza completamente el anonimato de los verdaderos dueños. Se autorizan las "acciones al portador", lo que implica que no hay nada equivalente a los registros públicos que funcionan en cualquier país y se permite que los directores sean también sociedades opacas y no personas físicas. Por supuesto no se pagan impuestos sobre la renta o las ganancias del capital generadas fuera de la isla y los órganos de dirección de las compañías, cuando son algo más que sociedades pantalla, se pueden reunir en cualquier otra parte del mundo. Las islas de Nieves y San Cristóbal son inevitables en cualquier informe internacional que hable de paraísos fiscales. Según los documentos de la OCDE, unos 35 en todo el mundo. Otras fuentes hablan de más de 70. Los principales en esta zona, son los que fueron colonias británicas del Caribe. Según los expertos quienes recurren a este tipo de organizaciones financieras buscan, por este orden, ocultarse y evitar los impuestos o el control del capital en sus países de origen. Publicado en la Cadena SER.19.05.05

Special Events logra contratos públicos de la Xunta de Galicia y de la Generalitat valenciana

La empresa de comunicación que ha trabajado para el PP y que es propiedad de sociedades radicadas en paraísos fiscales del Caribe, fue contratada también por varios gobiernos autónomos del Partido Popular. Según ha sabido la Cadena SER consiguió una importante adjudicación de la Xunta de Galicia para una campaña de publicidad. El actual presidente de Special Events era entonces dirigente del PP gallego.

Es una constante en la forma de funcionar del grupo de empresas que gira en torno a Special Events. Sus directivos proceden en la mayor parte de los casos del PP o de las autonomías y ayuntamientos en los que gobiernan. Su principal cliente, tal y como ha reconocido a la Cadena SER, el presidente de Special Events, es también el PP o los gobiernos locales o regionales en los que tienen el poder.

El actual presidente de Special Events es Pablo Crespo Sabaris, en el pasado hombre de confianza de Xosé Cuiña y dirigente del PP gallego. La empresa que ahora preside consiguió entonces, año 2001, uno de sus contratos más importantes: casi un milón y medio de euros para promocionar el mercado de la carne gallega, hundido en plena crisis de las vacas locas.

La SER ha tratado de recabar la versión de Pablo Crespo que no ha atendido la llamada de la SER. Crespo también ha estado relacionado en los últimos tiempos con el entorno de Mariano Rajoy. De hecho la ex ministra Ana Pastor contrató a su mujer como asesora en su etapa de Ministra de Sanidad.

Estos contratos con la Xunta de Galicia aparecen en el registro por su volumen, pero no es lo habitual. Special Events trabaja para multitud de ayuntamientos y autonomías, casi siempre gobernadas por el PP. Más que grandes contratos, entre los pagos se encuentran una larga lista de pequeñas facturas por una escasa cuantía que evitan la publicidad y los controles habituales de los interventores. De este tipo es, por ejemplo, el contrato que consiguen del ministerio de Agricultura para organizar la entrega de los premios "Alimentos de España" en 2001. Son 4.900.000 pesetas de las de entonces, por el procedimiento llamado “negociado sin publicidad”, lo que impide que otras empresas opten al concurso. Desde entonces, todos los organizadores del mismo acto han conseguido el contrato a través de concurso público.

El diario Levante publica hoy además que otra empresa vinculada a Special Events, Orange Market, organiza los principales actos de promoción del gobierno valenciano del PP. El que era hasta diciembre director de esta empresa, el periodista Ignacio Blanch, es ahora asesor del presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

El caso más llamativo es, sin embargo, el de Antonio Cámara Eguinoa, que estuvo ocho años como secretario personal de Aznar en La Moncloa. Cesó en su puesto a la vez que el ex presidente y lo hizo para incorporarse a la plantilla de Special Events en julio de 2004. Deja la empresa el pasado17 de febrero, coincidiendo con las primeras denuncias públicas sobre las adjudicaciones de contratos públicos a esta empresa. Antonio Cámara explica que realizaba labores de "coordinación" para montar el dispositivo audiovisual del último congreso del PP, entre otros eventos. Y, añade, que decidió irse a principios de año "porque no era lo mío", según ha declarado a esta redacción. Cuando se le pregunta por los verdaderos dueños de la empresa, las sociedades de los paraísos fiscales caribeños en las que acaba el rastro, su respuesta es que no sabe quiénes son. La cadena SER se ha puesto hoy en contacto de nuevo con Antonio Cámara. No ha querido responder a ninguna pregunta y ha colgado el teléfono. Publicado en la Cadena SER.18.05.05

Special Events y una filial no declararon 282.239 euros de las campañas de Zaplana y Camps

Special Events, la firma cuyos propietarios radican en paraísos fiscales y en la que ha trabajado el ex secretario de Aznar, trabajó para el PP en las campañas autonómicas de Eduardo Zaplana en 1999 y Francisco Camps de 2003. La mercantil figura en los informes de la Sindicatura de Cuentas en los que se denuncia que ni Special Events ni una filial denominada Rialgreen declararon prestaciones realizadas por valor de 282.239 euros en las dos citas electorales

No sólo Orange Market ha prestado sus servicios a los populares valencianos. Special Events, la mercantil cuyos propietarios radican en paraísos fiscales y que tuvo como empleado al que fue ex secretario de José María Aznar durante sus ocho años de estancia en la Moncloa, Antonio Cámara, trabajó en las campañas autonómicas del PP en 1999 y 2003. Los responsables de Orange Market y Special Events comparten puestos en sociedades y empresas y el gerente de la primera, Álvaro Pérez Alonso, ha llegado a trabajar para la segunda. Pérez Alonso es amigo personal de Alejandro Agag (yerno de Aznar) y del director general de RTVV, Pedro García, uno de los responsables de la campaña de Francisco Camps en los comicios de 2003.

La relación de Special Events con los populares valencianos se remonta al menos a la cita autonómica de 1999, cuando el candidato a la presidencia de la Generalitat era Eduardo Zaplana. En esa ocasión, según el informe de fiscalización de las contabilidades electorales de ese año de la Sindicatura de Cuentas, Special Events no cumplió la Ley de Régimen Electoral y no comunicó el Síndic prestaciones realizadas por un valor de 60.000 euros. Otras doce empresas que también trabajaron para el PP en la campaña que ganó Zaplana por mayoría absoluta figuran en epígrafe del informe de la Sindicatura denominado «Incumplimiento de terceros».Cuatro años más tarde, Special Events volvió a aparecer en la lista negra de la Sindicatura. Francisco Camps era en esta ocasión el cabeza de lista de los populares. La cantidad sin declarar por parte de la mercantil en 2003 es notablemente superior: 140.000 euros. En esa misma cita electoral, Rialgreen, otra empresa de la cual es administrador único el presidente de Special Events y ex diputado del PP en Galicia Pablo Crespo, ocultó 82.339 euros por sus servicios al PP. En conjunto, la cantidad sin justificar de las empresas comandadas por el también ex secretario de organización del PP de Pontevedra asciende a 282.239 euros.

Special Events y sociedades en su órbita han trabajado de manera habitual en las campañas nacionales del PP y ha sido contratada por ayuntamientos populares para actuaciones publicitarias

Luis de Miguel figura en más de 30 empresas

Special Events tienen una antena en Valencia, que fuentes del PP valenciano identifican como Orange Market. El administrador único de esta mercantil es Luis de Miguel Pérez, abogado de Madrid con fuerte vinculaciones con el presidente de Special Events, el ex diputado autonómico gallego Pablo Crespo.

De Miguel desarrolla una frenética actividad empresarial, a tenor del elevado número de sociedades en las que figura en el Registro Mercantil. El letrado, cuyo bufete (De Miguel & Abogados) ofrece servicios a empresas en materia de fiscalidad, administra otras dos firmas con Pablo Crespo: Spinaker 2000 y Gestión de Equipamientos Deportivos. Pero también figura como presidente de las promotoras inmobiliarias La Herreria de los Chorros y Desarrollos Inmobiliarios Fuente Marcela. Además es vicepresidente de Dragon Gas y consejero delegado de Alinvest-Ko. Esta última mercantil está participada al 100% por Artoal SA, con sede en Luxemburgo, un país conocido por sus ventajas fiscales. De Miguel administra otras sociedades domiciliadas en Madrid como Sa Sterling, Soluci, Guadalmina La Garza, Catalina de Erauso, Celvic 2000 o Kuhrway SL. Sólo Orange Market tiene sede social en Valencia.

Por su parte, Speical Events cuenta como máximo accionista con Windrate Limited, empresa controlada por sociedades radicadas en paraísos fiscales como La Isla de las Nieves, que según el Departamento de Estado de EE UU es un centro de blanqueo y narcotráfico, según informaba ayer la Cadena Ser.
Publicado en El Levante. 20.05.05

El "Clan Agag": una trampa de influencias en torno al yerno de Aznar
| JUAN LUIS GALIACHO |

"El escándalo de Majadahonda es una de las mayores injerencias políticas de los últimos tiempos", así me definía recientemente un alto cargo del poder judicial la trama urbanística y financiera maquinada desde el Ayuntamiento de esta localidad madrileña y gobernada por el PP desde hace quince años. Un feudo controlado por los populares madrileños, con sus principales mandatarios a la cabeza , como su ex secretario general Romero de Tejada. 
Este veterano y prestigioso magistrado me afirmaba que un partido político, como el PP, debería tener mucho más cuidado y responsabilidad democrática al poner en tela de juicio a las instituciones, refiriéndose a la querella criminal interpuesta por los populares contra el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, con el fin primordial de frenar las investigaciones judiciales.

Pero la gravedad del caso Majadahonda reside, al igual que en el caso Marbella, en que se han utilizado sociedades dormidas, se han realizado facturas irregulares con sociedades de amigos e , incluso, para evitar los controles municipales, se han realizado facturas con conceptos etéreos, no cuantificables: como fotocopias, fotografías, vídeos...sin especificar el número, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. En definitiva, se ha marbellizado el Ayuntamiento.No hay que olvidar la estrecha relación que unía al ex alcalde del municipio, cerebro de todas la operaciones urbanísticas y ex secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, con el que fuera alcalde de Marbella, Jesús Gil. Juntos intentaron levantar en Majadahonda la gran Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid. Un proyecto inmobiliario especulativo que no pudo ver la luz debido a las múltiples irregularidades que encontraron los técnicos de la Administración y que, hoy en día, sigue teniendo denuncias por los residuos vertidos en los campos de entrenamiento que utiliza el Atlético de Madrid. Pero la gestión política del que fuera sucesor de Ricardo Romero de Tejada al frente del Ayuntamiento de Majadahonda, Guillermo Ortega, también se puso en entredicho desde el inicio de su andadura al frente de la alcaldía en el año 2001. Una de sus primeras decisiones fue rodearse de un personal de confianza exquisito, los llamados "asesores". El principal de estos fichajes fue el de María del Carmen Rodríguez, su jefa de Gabinete hasta su dimisión el pasado mes de febrero de 2005, y mujer del empresario Francisco Correa, testigo de la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar. 

Este fichaje empezó con polémica porque se denunció que Carmen Rodríguez, compatibilizó durante un tiempo (de mayo hasta noviembre de 2001) su cargo en el Ayuntamiento con el de administradora única de la empresa Special Events, una de las empresas factureras principales del "clan Agag", que en los últimos años se ha convertido en una de las principales proveedoras de publicidad y propaganda del Ayuntamiento de Majadahonda y del PP madrileño y, en ocasiones, de la sede de Génova. Su sueldo como jefa de gabinete era, según la oposición, de más de 60.000 euros. 

Los grupos de la oposición vieron desde el principio con preocupación la relación del regidor con su asesora y con el compañero de ésta, Francisco Correa. Una de las primeras denuncias llegó de la mano del PSOE cuando en 2001 destapó que Guillermo Ortega había encargado a la empresa de su asesora un vídeo promocional del equipo de gobierno a cargo de las arcas municipales, con el nombre de "Creciendo en calidad de vida". Este vídeo, que tuvo un coste de 28.571 euros, incumplía la ley de incompatibilidades e, incluso, se habló ya de prevaricación. El importe se fraccionó en varios pagos para eludir la celebración de un concurso público, y fue el propio Ortega el encargado de abonar directamente los servicios, cuando lo normal es que la liquidación se produzca desde la tesorería municipal.

Estas denuncias no impidieron al Ejecutivo local conceder nuevos "tratos de favor" a esta empresa, situada en la céntrica calle Serrano, 40, de Madrid. De hecho, la portavoz de Centristas Majadahonda, Mercedes Pedreira, destapó en el 2004 un agujero de gastos "curiosos" que se embolsaba Special Events por sus servicios al Ayuntamiento y denunció la curiosa relación existente entre los miembros de esa sociedad y otras que operan en el municipio como Tecnologic Consulting Mannagernent (TCM), empresa que controla la Oficina de Atención al Ciudadano, Pasadena Viajes S.L que realiza los viajes, y otras más, en las que coinciden socios, administradores y domicilios sociales. 

El cabeza del llamado "clan Agag" es el empresario Francisco Correa Sánchez, uno de los testigos de la boda de Alejandro Agag con Ana Aznar, como ya se ha indicado. Su empresa matriz es EVENTOS, COMUNICACION Y MARKETING FCS, que da marca al grupo FCS, que tiene su centro neurálgico y operativo en el piso cuarto del edificio del número 40 de la mencionada calle Serrano, en el barrio de Salamanca madrileño.

Muchos son los pagos concedidos por los gobiernos del PP a la empresa Special Events, creada el 2 de septiembre de 1994 y cuyo objeto social "es la organización, promoción y comercialización de convenciones, eventos, congresos y todo tipo de actos público". Así, por ejemplo, el Ayuntamiento de Majadahonda le ha pagado 87.000 euros en una serie de facturas en las que no se especifica casi nada. Los pagos se refieren a facturas etéreas que hacen referencia a fotocopias, copias de CD's y hasta la realización de vídeos de fútbol sala. En las documentos contables se observa que Special Events consigue facturar al ayuntamiento cada tres o cuatro días, siempre mediante cantidades pequeñas que rondan los 500 euros. Se trata de fraccionar los pagos evitar el control de la intervención municipal y ser pagados directamente por el gabinete del propio alcalde. Son facturas que no especifican detalladamente su concepto .

Los últimos cambios habidos en Special Events son también singulares y datan, según el Borme, del 5 de agosto de 2003. Ese día se producen una serie de cambios en la entidad que pasa a ser presidida por Pablo Crespo Sabaris -que hasta entonces había sido secretario del Consejo de Administración-. Como apoderados figuran Fernando Torres Manso y José Luis Izquierdo López. SE da la coincidencia que el actual presidente de esta empresa, Pablo Crespo Sabaris, también preside o forma parte del Consejo de otras empresas que han facturado para el Ayuntamiento de Majadahonda en los últimos años, entre ellas: TCM (Tecnologic Consulting Managerment), BOOMERANGDRIVE, CREIVAS, S.L y una agencia de viajes que trabajaba para el municipio y para el PP, como es Pasadena Viajes, S.L. 

Curiosamente esta agencia fue la encargada de organizar en Madrid la última Asamblea de la Federación de Municipios Españoles, por entonces controlada por la alcaldesa de Valencia, Rita Barbera, otra afín al "clan Agag". Pasadena Viajes S.L. al igual que Special Events tuvo su primera sede en Velásquez, 85 y ahora, está en Serrano, 40, bajo la marca FCS.

Se da también la casualidad que Pablo Crespo Sabaris es un significado dirigente del PP gallego, en concreto de Pontevedra, de donde es natural. Crespo Sabaris ha sido uno de los hombres de confianza del omnipresente mandatario gallego, Cuiña, y fue en el puesto número 5 del PP por esta provincia en las elecciones autonómicas del 19 de octubre de 1997. Su padre, Justo Crespo Alfaya, era un histórico dirigente del PP gallego y hombre de confianza del que fuera ministro Pío Cabanillas.

En resumen, toda una trama de intereses que confluye en una sola y única persona como envoltorio preferente: Alejandro Agag, marido de Ana Aznar Botella, y yerno del ex presidente del Gobierno español José María Aznar. Seguiremos informando de ello.


http://www.noticiasgalicia.com/articulos/articulo8.html e-defensor.29/03/05

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