ÍNDICE
01.
BOTELLA ASUME LA
ALCALDÍA DE MADRID CON AZNAR COMO "REFERENCIA POLÍTICA"
02. EL ALCALDE DE MECO Y CINCO ANTIGUOS
CONCEJALES, IMPUTADOS POR DOS DELITOS
03. IMPUTADO EL PORTAVOZ DEL PP DE PARLA POR UN
PLEITO CON UNA CONSTRUCTORA
04. AGUIRRE PENALIZA A LOS FUNCIONARIOS QUE ESTÉN
DE BAJA POR ENFERMEDAD
05. EL ALCALDE DE ARROYOMOLINOS, ANTE EL JUEZ POR
EL DESPILFARRO DE 43 MILLONES
06. AGUIRRE AMPLÍA 2,5 HORAS EL TRABAJO SEMANAL
DE 120.000 FUNCIONARIOS
07. LA JUSTICIA OBLIGA A AGUIRRE A ASUMIR DE
NUEVO EL DESARROLLO DE LA CARPETANIA
08. LA ÚLTIMA 'MAREA VERDE' DEL AÑO INUNDA MADRID
09. EL ADMIRADOR DE LA CONDESA DE MURILLO
10. ANA BOTELLA 'HEREDA' LA ALCALDÍA DE MADRID
11. LOS INSTITUTOS DE LA COMUNIDAD SUFREN UN
RECORTE DE UN MILLÓN PARA GASTOS
12. AGUIRRE CAVA LA TRINCHERA
13. GALLARDÓN CEDE LOS 16 CENTROS DE SALUD CON
SUS 800 FUNCIONARIOS A AGUIRRE
14. LISSAVETZKY ROMPE CON EL ALCALDE POR LA
"OPACIDAD" DE LA NEGOCIACIÓN
01. BOTELLA ASUME LA ALCALDÍA DE MADRID CON AZNAR
COMO "REFERENCIA POLÍTICA"
La esposa del expresidente lo califica de
"ejemplo" político y personal - La regidora, arropada en su
investidura por ministros y ex altos cargos del PP
¿Por qué Ana Botella? El adagio repetido en
público por ediles del PP para justificar que fuera investida ayer
alcaldesa de Madrid en sustitución de Alberto Ruiz-Gallardón es tan
sencillo como subjetivo: "Es la mejor de todos nosotros". El
concejal de Economía, Miguel Ángel Villanueva, añadía un matiz: es
la única en el Ayuntamiento con "un liderazgo político más que
reconocido". Pero tan innegable como su relevancia pública -su
investidura suscitó más revuelo que el anuncio del nuevo Gobierno-
es su falta de experiencia política, pese a que el vicealcalde,
Manuel Cobo, la situara ayer como "fundadora del PP".
El PSOE sostiene que su legitimidad está
"menguada" porque no fue cabeza de lista
La notoriedad de Botella (Madrid, 1954) se debía
sobre todo al hecho de ser esposa del expresidente José María Aznar,
circunstancia que, más allá de su valía, motivó a Gallardón a
incluirla en su candidatura en 2003. Desde entonces la mimaba como
sucesora in pectore y argumento de peso para propulsarse él
hacia la política nacional: su salida del Ayuntamiento encumbraría a
la esposa de uno de los hombres con más poder e influencia en el PP.
Ayer, ministros del nuevo Gobierno (Ana Mato,
José Manuel García-Margallo, Ana Pastor y Luis de Guindos) y
exministros de Aznar (Eduardo Zaplana, Ángel Acebes, Pilar del
Castillo, Jaime Mayor Oreja) arroparon a Botella. En su discurso, la
ya alcaldesa refrendó el programa de Gallardón: "Cambian las
personas, se mantiene el proyecto". Y, a la vez, puso a su esposo
como "referencia" política.
Unir su destino al de Botella -de quien Mariano
Rajoy, entonces vicepresidente, había dicho que podría hacer
política en muchos otros puestos- fue una jugada ambiciosa de
Gallardón, pero a muy largo plazo. Aznar eligió a dedo a su sucesor
en 2004: no fue él sino Rajoy. Y este no le incluyó en su lista
hasta 2011. Hace unos días vio colmado su anhelo: ya es ministro;
pero ahora Botella, más que un activo, se ha convertido en una
decisión a justificar.
En el PP hay quien teme que pueda perder la
alcaldía en 2015, tras casi un cuarto de siglo en manos de los
conservadores. La oposición acaricia esa posibilidad y se pregunta
con qué legitimidad cuenta Botella, dado que no fue la cabeza de
lista en mayo. "Usted es legalmente alcaldesa", le reconoció ayer el
socialista Jaime Lissavetzky, "pero cosa muy distinta, políticamente
hablando, es la legitimidad". Lissavetzky cree que esa legitimidad
está "menguada" al producirse el relevo solo siete meses después de
las elecciones. Él mismo admitió que se habían dado casos similares
incluso en su partido, pero nunca tan pronto: Juan Barranco accedió
a la alcaldía sin pasar por las urnas, al morir Enrique Tierno
Galván en 1986. En Barcelona, Jordi Hereu sustituyó a Joan Clos
cuando este fue nombrado ministro en 2006, siete meses antes de las
municipales. Y el propio Clos había ocupado la vacante de Pascual
Maragall en 1997, a mitad de legislatura.
Como ellos, Botella llevaba tiempo siendo edil
(ocho años). Además, ocupaba desde el inicio un puesto en el
Gobierno local, primero en Asuntos Sociales (2003-2007), luego en
Medio Ambiente y, desde este año, en Medio Ambiente y Movilidad. No
era primera teniente de alcalde, cargo que, rebautizado como
vicealcalde, ostentaba la mano derecha de Gallardón desde hace más
de una década, Cobo. Pero sí la sucesora. Probablemente Cobo
abandone el Ayuntamiento junto a él aunque no sea para marchar con
él.
Quien se irá seguro es el cerebro
económico, Juan Bravo. Se diluye así el núcleo duro que ha regido
ocho años la ciudad, y que ya trabajaba codo con codo antes en el
Gobierno regional.
El paso de Gallardón de la Comunidad a la
alcaldía en 2003 fue una maniobra de Aznar, que temía perder la
capital. Gallardón incluyó a la esposa de aquel en su lista; ahora,
con su marcha y la de sus principales colaboradores, le deja vía
libre para imprimir su estilo en el Gobierno. O, visto de otra
manera, la deja desguarnecida de experiencia sin sus pilares
político (Cobo) y económico (Bravo). En unos días, elegirá a su
vicealcalde y cubrirá vacantes en su Ejecutivo. Tiene la opción de
colocar a dos o tres personas sin acta de edil, lo que podría abrir
la puerta a algún responsable de FAES, la fundación ideológica en la
que se enrocó el aznarismo.
Ayer, los hombres fuertes de esa época y algunos
más que han logrado sobrevivir en primera línea hasta ahora
acompañaron a Botella. Prometió ser la alcaldesa de todos los
madrileños, "pero en primer lugar" de los parados y excluidos. Y
elogió a su marido: "De la vocación de servicio público y respeto
por el ejercicio honorable de la política he tenido su ejemplo. A su
lado he vivido lo que significa la dedicación y entrega sin reservas
en el servicio a España. Es para mí una referencia personal y
política". Las tres alturas del teatro municipal prorrumpieron en
aplausos. Botella, una de los suyos, gobernaba ya en Madrid.
Ministros y exministros
Además del exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón,
ahora ministro de Justicia, otros cuatro miembros del Gobierno de
Mariano Rajoy (pero no este) acudieron ayer a la investidura de Ana
Botella: los responsables de Economía y Competitividad, Luis de
Guindos; de Sanidad, Ana Mato; de Fomento, Ana Pastor; y de
Exteriores, José Manuel García-Margallo.
Acudieron también el expresidente José María
Aznar, marido de la regidora, y varios altos cargos de sus
Gobiernos: Eduardo Zaplana, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja y Pilar
del Castillo. Estuvo la presidenta regional, Esperanza Aguirre
("somos amigas desde hace más de 40 años"), y su vicepresidente,
Ignacio González; el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual
Sala; los líderes de la patronal madrileña, Arturo Fernández, y de
los sindicatos UGT (José Ricardo Martínez) y CC OO (Javier López);
los presidentes del Real Madrid, Florentino Pérez, y del Atlético,
Enrique Cerezo; y la madre y dos de los tres hijos de la alcaldesa,
Alonso y Ana, acompañada por su marido, Alejandro Agag.
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28.12.11
02. EL ALCALDE DE MECO Y CINCO ANTIGUOS
CONCEJALES, IMPUTADOS POR DOS DELITOS
Los ediles actuaron supuestamente contra la
ordenación del territorio
El alcalde de Meco, Pedro Luis Sanz Carlavilla
(PP), y cinco de los nueve concejales populares de la anterior
corporación municipal deberán declarar como imputados el próximo 9
de enero como presuntos autores de los delitos de desobediencia y
contra la ordenación del territorio. El titular del Juzgado de
Instrucción número 3 de Alcalá de Henares ha decidido tomarles
declaración como imputados después de que la fiscalía presentara una
denuncia por aprobar la construcción de un restaurante en una zona
verde. Pero, además, la falta de colaboración del equipo de gobierno
con la investigación ha determinado al magistrado a incluir entre
los delitos que imputa a los ediles el de desobediencia. Este es el
motivo por el cual el juez añade en el auto del pasado 30 de
noviembre un párrafo con la advertencia de que, si no comparecen los
imputados, la orden de citación podrá convertirse en "orden de
detención".
El regidor asegura que las actuaciones en El
Verdoso están dentro de la ley
El regidor de Meco, preguntado por este
periódico, aseguró estar muy tranquilo, resaltando que todas las
actuaciones realizadas en La Alameda de El Verdoso están
contempladas en la ley: "No es verdad que en una zona verde no se
pueda construir nada, sino que las normas subsidiarias y el Plan
General prevén la posibilidad de edificar un restaurante en la misma
zona en la que había un chiringuito. En este parque se pueden llegar
a construir 100 metros cuadrados o hasta el 7,5% de todo el terreno,
que serían unos 280 metros. Yo, que soy de Meco de toda la vida,
siempre he visto ahí un chiringuito", aseguró Sanz Carlavilla, quien
desconocía, según dijo, que el juez le hubiera citado a declarar por
el delito de desobediencia: "No sabía nada de eso. Y me extraña, ya
que nosotros hemos remitido todos los expedientes, incluido el
informe de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de
Madrid".
La explicación del primer edil de la superficie
de la edificación contrasta con el proyecto presentado inicialmente
por el Consistorio. En una nota de prensa explicaba que la
remodelación abarcaba unos 3.000 metros cuadrados, de los que 900 se
correspondían con la terraza, que iba a albergar un servicio de
hostelería durante todo el año. El resto correspondían a la
extensión del parque, donde los vecinos podrían emplear su tiempo de
ocio y recreo, según informó la edil popular e imputada Beatriz
Palomo.
La previsión inicial era construir un edificio
con porche acristalado, almacén, aseos y vestuarios, al mismo tiempo
que se plantaban nuevos árboles, instalando una pérgola. Además
estaba previsto recuperar e integrar en el espacio el antiguo
lavadero o fuente. Pero según asegura ahora el alcalde, casi nada de
eso se hizo, al mismo tiempo que el restaurante es mucho más pequeño
que los 900 metros cuadrados del proyecto.
Además de Sanz Carlavilla, los otros imputados
son los ediles que formaron parte de la junta de gobierno local
celebrada el 8 de enero de 2008 en la que se aprobó el proyecto
denominado "nueva terraza y parque de El Verdoso de Meco". Los
concejales que han sido citados son Beatriz Palomo Rodríguez,
Francisco Javier Moreno Carlavilla, María Isabel de Lucas Hidalgo,
Víctor García Salvador y Francisco Javier Llorente Guillén.
El fiscal inició su investigación tras recibir la
denuncia de un particular que informaba de las presuntas
irregularidades cometidas con la construcción de un restaurante en
la zona verde conocida como La Alameda o parque de El Verdoso. Según
esta información, el edificio que acoge el nuevo restaurante supera
con creces la superficie permitida en la zona, al mismo tiempo que
se encuentra en el entorno de la iglesia de la Asunción de Nuestra
Señora, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) por la Comunidad de
Madrid. Y la misma denuncia destaca que la Dirección General de
Patrimonio no hizo ningún informe. Por su parte, el regidor de Meco
asegura que la documentación remitida al juzgado incluye el informe
de Patrimonio: "Únicamente aseguraba que debíamos preservar una
fuente, y que si la tocábamos tendríamos que hacer un informe.
También nos decían que debíamos cambiar la orientación de unos
paneles. Y les hemos hecho caso, porque el restaurante está muy
alejado de la fuente y los paneles los hemos cambiado".
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26.12.11
03. IMPUTADO EL PORTAVOZ DEL PP DE PARLA POR UN
PLEITO CON UNA CONSTRUCTORA
El Juzgado de Instrucción número 5 de Valdemoro
tomó declaración el pasado 11 de diciembre, en calidad de imputado,
a Miguel Ángel López, portavoz del PP de Parla, por un pleito que
mantiene abierto con una constructora desde que era alcalde de
Torrejón de Velasco. La juez ha pedido al Ayuntamiento de ese pueblo
que certifique dónde se encuentran los 175.000 euros que la empresa
dejó en concepto de fianza por una obra que estaba ejecutando en
2006. Una cantidad de dinero que, a día de hoy, aún no le ha sido
devuelta.
Miguel Ángel López fue alcalde de Torrejón de
Velasco (4.091 habitantes) durante 12 años, hasta que dimitió del
cargo en febrero de este año para presentarse a las elecciones
municipales como candidato del PP en Parla.
En los comicios del pasado 22 de mayo, Miguel
Ángel López obtuvo en esa ciudad, tradicionalmente un feudo de la
izquierda, el mejor resultado del partido de Génova en toda su
historia. Sacó un total de 11 concejales, los mismos que el PSOE,
pero una diferencia de medio centenar de votos permite al alcalde
socialista, José María Fraile, gobernar en solitario, tras romper
vínculos con IU.López sacó hace cinco años, cuando aún era alcalde,
un concurso público para construir en un solar municipal un edificio
de viviendas. Lo ganó Vancouver Gestión, SL, y como condición tuvo
que depositar una fianza. El dinero fue depositado en las cuentas
corrientes ordinarias del Ayuntamiento, según la declaración de
López facilitada a este periódico por él mismo.
A cambio del terreno, la empresa daba al
Ayuntamiento cuatro apartamentos con plazas de garajes y trasteros,
a los que López quería dar un uso social. La fianza, el 10% del
total del proyecto, sería devuelta cuando se entregase estos
inmuebles a la Corporación. Una vez finalizada la obra, el
arquitecto técnico y la secretaria municipal supervisaron los pisos
y encontraron "deficiencias". López señala que supo entonces que la
secretaria quedó en pedirle por escrito a la constructora que lo
arreglase antes de que se escriturasen los pisos si querían que les
devolviesen la fianza pero no tiene constancia "de si se hizo o no".
La empresa reclama esa cantidad en el juzgado. A
las preguntas del abogado de la acusación, López señaló el dinero
que se ingresó en la cuenta con la que se gestionan los gastos del
Ayuntamiento y que no se abrió ninguna específica para depositar
esta cantidad. López agregó que no devolvió el dinero durante su
mandato por temor a cometer un delito de prevaricación (justamente
por el que está ahora imputado), ya que las viviendas aún no estaban
terminadas del todo.
En todo caso, el portavoz del PP sostiene que él
no es el único responsable, sino que este asunto depende también del
concejal de Obras y de un tesorero. No puede tomar una decisión de
forma unilateral y menos ahora que ya no es alcalde. López, de todos
modos, llamó al Ayuntamiento para interesarse por el tema y le
dijeron que la secretaria seguía en sus trece de no devolver la
fianza hasta que las viviendas no estuviesen en perfecto estado.
El administrador de Vancouver, Alfonso Luna,
asegura que nunca han recibido ningún informe municipal en el que se
soliciten modificaciones en las viviendas. El resto de los pisos del
edificio están vendidos o alquilados con todas las licencias en
curso. "Es una promoción inmobiliaria cerrada, está todo tramitado.
Se ha solicitado la fianza y el Ayuntamiento no nos ha contestado.
Nos hemos visto obligados a recurrir a la justicia", sostiene Luna.
A la compañía le sorprende que López reconozca que el dinero fue a
parar a una caja única donde pudo ser gastado en vez de que se haya
depositado en otro lugar hasta que la construcción del bloque
hubiese terminado.
El caso fue archivado dos veces por el juzgado de
Valdemoro, pero la empresa recurrió ante la Audiencia Provincial,
quien ha pedido que se tome declaración al exalcalde. "Espero que
por tercera vez se archive porque he obrado con la máxima
honestidad. En caso de que siga adelante me veré obligado a
denunciar a la empresa por denuncia falsa. Estoy muy cansado de este
asunto y espero que se solucione cuanto antes", sostiene el portavoz
popular.
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27.12.11
04. AGUIRRE PENALIZA A LOS FUNCIONARIOS QUE ESTÉN
DE BAJA POR ENFERMEDAD
La mayoría de empleados públicos solo cobrará el
60% del sueldo si enferma - La Comunidad, que prevé ahorrar 25
millones, les paga ahora hasta el 100%
Esperanza Aguirre vuelve a la carga contra la
imagen de los funcionarios. Una de las 25 enmiendas que el grupo
popular presentó ayer en la Asamblea de Madrid supone dejar a la
mayoría de empleados públicos que enfermen sin el 40% de su sueldo.
Se trata de "introducir un elemento de contención del absentismo
laboral", asegura la nota informativa del grupo popular. A ese
objetivo se suma otro: ahorrar 25 millones de euros al año e
"incrementar la productividad de la Administración". Porque para el
Gobierno regional el absentismo no es una baja injustificada, sino
una baja a secas.
Los centros de salud podrían abrir los sábados al
aumentar las horas laborables
"Estas medidas suponen un recorte salarial
encubierto", señala UGT
Hasta ahora, la Comunidad de Madrid complementaba
el sueldo de sus empleados en caso de incapacidad temporal. En el
régimen general, que es el que tienen 107.000 trabajadores
(administrativos, justicia, bomberos, docentes...), la Comunidad o
la Seguridad Social, dependiendo del tramo, pagaban el 60% entre el
cuarto día de baja y el vigésimo. Madrid aportaba, según una
portavoz del Gobierno regional, un 40% más hasta llegar al sueldo
íntegro en virtud de acuerdos y convenios colectivos con sus
trabajadores. Esos acuerdos serán papel mojado a partir del 1 de
enero. La enmienda, que se vota en el pleno del día 27, modifica la
Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que a su vez modifica los
convenios ya firmados y los deja sin efecto. En resumen: a partir de
ahora, el empleado público que esté de baja por enfermedad cobrará
menos. Tanto si pertenece al régimen general, como al de mutualismo
o al estatutario.
El ahorro es solo una de las justificaciones que
esgrime el Gobierno regional. El absentismo es la principal. No es
la primera vez que la Comunidad de Madrid acusa de ello a sus
empleados. Según sus datos, el absentismo de los trabajadores
públicos duplica al que se produce en la empresa privada: el 11,4%
de las horas que deberían hacerse no se cumplen en el sector
público; en el privado, el 6,2%. Los datos que ofrece la Consejería
de Presidencia, Justicia e Interior no se pueden contrastar. Una
portavoz asegura que proceden de un estudio realizado por las
mutuas. La Seguridad Social contabilizó en 2010 28,1 bajas por
contingencias comunes por cada 1.000 habitantes. Según la Comunidad,
entre sus empleados públicos fueron 48.
El grupo popular, que tiene mayoría absoluta en
la Asamblea, por lo que sacará adelante las enmiendas, precisa que
el recorte no afecta a las bajas por maternidad ni a los accidentes
laborales.
Otra de las 25 enmiendas que el lunes presentó el
PP en la Asamblea estipula que todos los funcionarios y empleados
públicos madrileños trabajarán 37,5 horas. La Ley de Acompañamiento
ampliará el horario de sus trabajadores, además de recortarles las
prestaciones por baja. La medida afecta a 120.000 de los 170.000
trabajadores del sector público (un 70%).
Sindicatos y oposición han arremetido contra esta
nueva propuesta con la que consideran que pagan justos por
pecadores: en vez de perseguir el absentismo, se penaliza a todos.
La Ley de Medidas Fiscales de la Comunidad de Madrid (Ley de
Acompañamiento o ley escoba) fue presentada antes de las
elecciones generales del 20-N y, solo después de los comicios, el
Gobierno regional ha incluido algunas de sus propuestas más
polémicas, como la que afecta a la jornada laboral de los
funcionarios madrileños.
La nueva jornada y el cambio en el pago de bajas
"atenta contra los derechos de los trabajadores", señala el
secretario general del sector de Administración Autonómica de CC OO,
Javier Díaz Toril. "Lo que plantean es un retroceso laboral y un
recorte salarial encubierto", añade Santiago Tamames, secretario
general de la Federación de Servicios Públicos de Madrid.
"La Administración se salta los convenios que
tenemos cerrados con ellos y nos impone nuevas condiciones sin
negociar", según Díaz Toril. La enmienda que afecta al empleo
público de la Comunidad incluye una convocatoria de la mesa de
negociación que no convence a Comisiones. "Las reuniones hay que
tenerlas antes, no cuando has plasmado lo que quieres cambiar en una
ley", añade. La ampliación de jornada (que supone 12 millones de
horas más al año o, lo que es lo mismo, el trabajo de casi 8.000
trabajadores a jornada completa) conllevará "perder puestos de
trabajo, reducción de la calidad y dar un paso más hacia la
privatización de los servicios", según CC OO. "Habrá un recorte de
interinos como ya hemos visto en Educación", señala Maru Menéndez,
diputada del PSM.
"Es un atraco a mano armada, una sinvergonzonería
gubernamental", añade la diputada de IU Libertad Martínez. Los
sindicatos preparan movilizaciones contra la medida, aunque aún no
han concretado cuándo.
Los aproximadamente 16.000 médicos con categoría
de estatutarios de la sanidad pública madrileña también verán
incrementada su jornada en 2,5 horas semanales. ¿En qué puede
traducirse? En atención primaria, por ejemplo, podrían recuperarse
las consultas en sábado por la mañana, algo que ya existía antes de
2001, cuando la jornada de los profesionales era de 37,5 horas y no
de 35 como ahora, explica Julián Ezquerra, de Amyts. Otra
posibilidad es que los centros de salud podrían abrir media hora más
cada día.
2,5 horas más de trabajo a la semana
La ampliación de jornada laboral prevista por el
Gobierno regional para el próximo año afecta a 120.000 funcionarios
y empleados públicos de los 170.000 que tiene, según los datos
facilitados por la propia Comunidad.
Este es el desglose de aquellos que pasarán ahora
a trabajar 2,5 horas más a la semana (de 35 a 37,5 horas), con la
aprobación de la nueva normativa. El resto ya tiene esa jornada. Los
datos han sido facilitados por el sindicato CC OO:
- Personal estatutario sanitario (médicos, ATS,
enfermeras, celadores...): 66.744 trabajadores
- Personal laboral al servicio de la
Administración de la Comunidad de Madrid: 32.307 trabajadores
- Funcionarios al servicio de la Administración
de la Comunidad de Madrid: 12.451 trabajadores
- Agencia Informática de la Comunidad de Madrid
(ICM): 650 trabajadores
- Canal de Isabel II: 2.200 trabajadores
- Telemadrid: 980 trabajadores.
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21.12.11
05. EL ALCALDE DE ARROYOMOLINOS, ANTE EL JUEZ POR
EL DESPILFARRO DE 43 MILLONES
Juan Velarde, del PP, asegura que no estaba al
tanto de las facturas que pagaba
El alcalde de Arroyomolinos, Juan Velarde (PP),
no tiene conocimiento de todo lo que pasa en su Ayuntamiento, según
ha declarado ante el juez. No contrata nada y lo único que hace es
pagar las facturas que llegan a la intervención, que se abonan
porque los concejales son quienes las firman. Lo que sí admite es
que él es quien firma las transferencias desde Tesorería, según
consta en su declaración como imputado celebrada el 14 de diciembre
en el Juzgado de Instrucción número 3 de Navalcarnero.
El regidor denuncia que los vecinos increpan a su
mujer por la calle
Los concejales de su propio partido contradicen
ante el juez su testimonio
El alcalde de este municipio del sur, de 13.835
habitantes, asegura no saber nada del presunto despilfarro de unos
43,5 millones de euros en obras, asunto por el que está imputado
junto a otros cuatro ediles del equipo de gobierno popular. Asegura
que no hay nada cierto en la acusación, y que en Arroyomolinos no
rige el artículo "del dedo". Todo es un invento de la oposición, que
le ha perjudicado mucho, ya que algunos vecinos se refieren a su
mujer con menosprecio: "Ahí va la mujer del de los 40 millones".
Pero el titular del juzgado que investiga el caso ha visto indicios
de malversación de fondos y ha decidido proseguir con la causa.
Los siete folios en los que se plasma la
declaración de Juan Velarde son reveladores de la estrategia del
regidor: no sabía nada de nada. El grado de desconocimiento de los
contratos locales que recoge el testimonio judicial es tal que, al
ser preguntado por el juez sobre si conocía a los responsables de
las empresas que habían recibido contratos municipales, las
respuestas de Juan Velarde van casi todas en la misma dirección: no
los conocía o no los recordaba. Y así hasta más de una cuarentena de
empresarios. Todos con contratos municipales.
Pero la declaración del alcalde contiene un punto
débil, pues llega a sostener que los concejales de su partido son
los responsables de las contrataciones presuntamente irregulares.
Ellos aseguran exactamente lo contrario: que el responsable de los
contratos era el regidor.
La investigación contra el equipo de gobierno
popular de Arroyomolinos se inició tras la denuncia de los ediles
socialistas, que sostienen que el PP instauró en el Consistorio un
sistema por el que de forma sistemática se fraccionaban las
contrataciones municipales, de forma que ninguna adjudicación
municipal tuviera que ser por concurso. Igual que en los municipios
controlados por la red Gürtel, en la que ninguna adjudicación
municipal superaba los 12.000 euros.
El PP de Arroyomolinos lograba así, según la
denuncia de los socialistas, contratar los suministros y servicios
con las personas y empresas que designaban el alcalde y los
concejales, sin la existencia de un expediente de contratación que
garantizara la transparencia y la limpieza del proceso. El PP lo
niega todo e insiste en que todo se hizo de forma legal. "Nunca ha
habido trato de favor a ninguna empresa", sostiene Juan Velarde,
quien explica que en los casos en que pagó facturas en contra de la
opinión de la intervención municipal se hizo en interés de los
ciudadanos de Arroyomolinos. Preguntado por una factura de 153.000
euros a la empresa Aguado, Velarde dijo: "Cuando se trataba del robo
de cable, había que pagarlo en beneficio del pueblo. Si no, sería un
pueblo inseguro y sin luz. En este caso es más importante para el
pueblo dar el servicio de luz que realizar el contrato y tener al
pueblo sin luz". Y en relación con una obra adjudicada a una empresa
propiedad de un hermano de una edil del PP, el regidor sostiene:
"Trabajó en 2002 y su hermana fue concejal en 2003. En todo caso no
existe inconveniente para trabajar con él por el hecho de que su
hermana fuera concejal".
Pero la denuncia va más allá del mero
fraccionamiento, ya que acusa a los ediles del PP de mantener un
trato de favor hacia empresas vinculadas a los concejales del PP. En
la mayoría de los casos, la interventora del Ayuntamiento emitió
informes de intervención desfavorables que tanto el alcalde como los
concejales del PP descartaban. Fuentes socialistas aseguran que, de
las 62 carpetas analizadas, "solo cuatro contaban con un expediente
de contratación". Los propios responsables técnicos municipales
confirmaron en el juzgado que en algunos casos se produjeron "pagos
por encima de lo que había contratado".
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20.12.11
06. AGUIRRE AMPLÍA 2,5 HORAS EL TRABAJO SEMANAL
DE 120.000 FUNCIONARIOS
La modificación equivale a casi 8.000 contratos a
jornada completa menos - Las enmiendas del PP a la 'ley escoba'
recortan también la indemnización por baja
La Comunidad de Madrid aprovecha los últimos días
del año para incluir una modificación en la normativa que afecta a
120.000 funcionarios y trabajadores públicos regionales, el 70% de
la plantilla. Ampliarán 2,5 horas su jornada semanal (de 35 a 37,5).
El grupo parlamentario popular incluyó ayer 25 enmiendas a la Ley de
Acompañamiento, que aprobará previsiblemente el jueves. La filosofía
de esta medida, según un portavoz oficial, es "aumentar la
productividad". Serán 12 millones de horas más de trabajo al año. Lo
que no especifica el Gobierno es de cuántos empleados eventuales
prescindirá tras la ampliación horaria. Pero el aumento de horas
equivale a casi 8.000 contratos menos.
El Ejecutivo regional, que dirige Esperanza
Aguirre, espera ahorrar 82,7 millones con la medida. "Se trata de
que con la misma gente haya más productividad y que no se tenga que
contratar a trabajadores extra", explica un portavoz de la
Consejería de Economía.
"No es una medida para despedir a gente o
prescindir del personal que ya hay", añade, sin ofrecer el desglose
de los cálculos oficiales para estimar el ahorro económico. Pero se
puede hacer una estimación grosso modo dividiendo la
ampliación de horas al año (12 millones) entre la jornada anual
laboral que ahora tendría un trabajador con 35 horas semanales:
1.533 horas. El resultado es el equivalente a la jornada completa de
7.827 trabajadores en un año.
La iniciativa, introducida casi de tapadillo en
la Ley de Medidas Fiscales de la Comunidad de Madrid (Ley de
Acompañamiento o ley escoba), afectará también a los
trabajadores de las empresas públicas regionales. Un portavoz del
grupo popular admite que durante el presente año se amortizarán
plazas de funcionarios como consecuencia de no sustituir las
jubilaciones. Hace una semana, el consejero de Economía y Hacienda,
Percival Manglano, estimó en 800 las plazas que serán eliminadas en
una entrevista con EL PAÍS.
La Comunidad ha esperado a la penúltima semana
del año, una vez pasadas las elecciones generales del 20N, para
introducir el grueso de reformas normativas que no contenía el texto
original presentado dos días antes de los comicios. El PP incluye
ahora 25 enmiendas nuevas que prevén cambios sustanciales y que
aprobará previsiblemente en el próximo pleno de la Asamblea de
Madrid, este jueves, gracias a su amplia mayoría.
Según una nota del grupo popular en el Parlamento
regional, la actuación que afecta a los funcionarios "trata de
evitar las desigualdades entre los diferentes empleados de la
Administración". Hay profesiones con jornadas de 35 horas, prosigue,
y otras que ya tienen las 37,5 horas reconocidas, como el personal
docente. La mayor parte de los funcionarios regionales madrileños
trabaja 35 horas semanales en virtud de un acuerdo alcanzado entre
sindicatos y Gobierno regional en 2001, según fuentes de UGT.
Un representante de Comisiones Obreras consideró
la medida "anticonstitucional" porque no ha sido pactada con las
centrales, si bien la enmienda recoge que la medida se aplicará
"previa negociación en el seno de la mesa general de negociación de
los empleados públicos" de la Comunidad.
"La filosofía de este plan, que surge como
consecuencia de la crisis económica, es aplicar a la Administración
regional criterios propios del mundo empresarial, con el objeto de
hacerla más eficaz y productiva", señaló ayer el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, Íñigo Henríquez de Luna, en una nota.
La otra actuación relacionada con el empleo
público supone eliminar el complemento que el Gobierno regional
incluía en los sueldos de sus trabajadores en casos de bajas de
entre cuatro y 15 días. Según el PP, es para "erradicar los fraudes
y prácticas abusivas en las bajas laborales". La Seguridad Social
cubre el 60% de la baja de un trabajador durante ese plazo. El otro
40% lo cubre la Comunidad, que indica que este recorte (que calcula
en 25 millones de euros) afectaría a 32.000 empleados públicos.
Según datos de la Comunidad de Madrid, el año pasado se perdieron
tres millones de horas, el equivalente a la jornada completa de
20.000 trabajadores en un mes.
Sin trabas para la venta de alcohol
Además de los cambios previstos para los
funcionarios, la Comunidad eliminará la licencia especial para la
venta de bebidas alcohólicas en locales comerciales, de manera que
cualquier establecimiento que venda comida y bebida podrá vender
alcohol (como solicitan los pequeños comerciantes chinos), incluidas
las gasolineras. Las enmiendas presentadas hoy por el PP se votarán
en el pleno del próximo 27 de diciembre. Lo previsible es que salgan
adelante, ya que el PP tiene mayoría absoluta en la Asamblea
regional. Además, la Comunidad de Madrid se reserva la potestad de
sancionar y prohibir la venta de bebidas alcohólicas,
responsabilidad que hasta ahora competía también a los
Ayuntamientos.
Otra enmienda profundiza en la liberalización de
horarios comerciales para el sector de las farmacias, que tendrán
más facilidades para abrir cuando quieran. "Con el fin de dotar a
las oficinas de farmacia de una mayor agilidad para poder hacer
efectivas las modificaciones de horario que les resulten más
convenientes", señala el texto.
También hay una enmienda que supone una
advertencia a los Ayuntamientos que rechacen firmar el convenio
previo a la capitalización del Canal de Isabel II. Los Consistorios
que tengan un acuerdo de suministro con el Canal y no firmen el
convenio de privatización recibirán una cantidad anual por habitante
para que puedan financiar el suministro de agua con otra empresa.
Cuando finalice el acuerdo, el Canal entregará la red de
saneamiento, y el traspasado de la gestión para que sean estos los
responsables del servicio.
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20.12.11
07. LA JUSTICIA OBLIGA A AGUIRRE A ASUMIR DE
NUEVO EL DESARROLLO DE LA CARPETANIA
Getafe recurrió la decisión de la Comunidad de
devolverle las competencias
La Comunidad de Madrid ha recibido un varapalo
judicial por desentenderse en 2009 del desarrollo urbanístico del
polígono de La Carpetania (Getafe). El Gobierno regional (PP) creó
junto al Ayuntamiento de ese municipio, entonces presidido por el
socialista Pedro Castro, un consorcio para supervisar el desarrollo
industrial. Tas acometer juntos la primera fase, el Ejecutivo
presidido por Esperanza Aguirre optó por devolver las competencias
urbanísticas al Ayuntamiento.
Las expropiaciones requieren un desembolso de 480
millones de euros
La decisión era un regalo envenenado, porque
implicaba que el Consistorio tenía que asumir el coste de las
expropiaciones previstas: unos 480 millones de euros. El Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado ahora el acuerdo
del Gobierno autonómico por el que se devolvieron las competencias.
Aguirre consideró en su momento que el precio por
desarrollar La Carpetania era muy alto. En el Ayuntamiento
admitieron que el sistema de expropiación era más costoso, pero
también más rápido y eficaz para conseguir los terrenos y poner en
marcha cuanto antes el polígono industrial. El proyecto podía
generar 25.000 empleos y atraer una inversión de cerca de 1.000
millones de euros. Además, serviría como polo de atracción para
otras empresas tecnológicas.
Al bloquearse el desarrollo, el gigante
aeronáutico EADS-CASA amenazó con retirarse de Getafe y "estudiar
otras posibilidades".
El detonante que trabó el proceso fue el precio
de la expropiación, pero en Getafe también ven motivos políticos
detrás. Creen que Aguirre ha ahogado a la ciudad para doblegar al
exalcalde.
[La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, Ana Isabel Mariño Ortega, aduce en cambio que las
complicaciones judiciales elevaron el coste de la expropiación hasta
el punto de que tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento
decidieron "por unanimidad" cambiar el sistema y optar uno de
compensación o cooperación. Según su versión, el Consistorio se
volvió atrás tres meses después y llevó ante la justicia esa
modificación, recurso que el TSJM rechazó en otra sentencia del 8 de
noviembre.
El Gobierno regional ya había decidido que, dado
que no se iban a realizar expropiaciones, devolvía al Ayuntamiento
todas las competencias urbanísticas. Esa decisión, de abril de 2009,
también fue llevada ante la justicia por el exalcalde. Y el pasado
10 de noviembre, el TSJM le dio la razón, declarando nulo el acuerdo
adoptado por la Comisión de Urbanismo.
Mariño asegura que el Gobierno regional
recurrirá, aduciendo que el tribunal tumba el acuerdo por un defecto
de forma: la Comunidad debería haber optado por otra vía
administrativa para devolver las competencias.]
El exalcalde de Getafe, Pedro Castro, por su
parte, se muestra satisfecho con esta última sentencia. "El proyecto
supone más de 25.000 empleos para la región, de los que cerca de
6.000 serán ingenieros", señaló ayer. Por ello, pidió a la Comunidad
de Madrid que se olvide de cuestiones políticas y haga lo necesario
para acelerar el polígono industrial.
Uno de los problemas que tenía el Ayuntamiento de
Getafe era que no lograba conseguir el dinero para pagar su parte de
la expropiación. Hace seis meses consiguió que el ICO aprobara un
crédito de 200 millones. Castro considera que "el retraso del parque
de La Carpetania pone de manifiesto la desidia de una presidenta
regional que no entiende que crear empleo es una de las competencias
que tiene la Comunidad. En los ocho años que lleva en el Gobierno ha
sido incapaz de reunirse con los agentes sociales para hacer un plan
con el que crear empleo". Y concluye: "La percha sobre la que
debería colgar dicho plan es La Carpetania".
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17.12.11
08. LA ÚLTIMA 'MAREA VERDE' DEL AÑO INUNDA MADRID
Miles de ciudadanos protestan contra los
recortes. Los sindicatos exigen a Aguirre que se siente a negociar
En plena época de exámenes, cansados y con menos
dinero en el bolsillo tras nueve jornadas de huelga, pero con muchas
ganas de seguir peleando por una educación pública "de tod@s, para
tod@s". Así se encontraban ayer los miles de profesores que
volvieron a salir a la calle a protestar contra los recortes del
Gobierno de Esperanza Aguirre. La última marea verde del 2011
consiguió reunir a más de 30.000 manifestantes docentes, alumnos,
padres y madres, según los sindicatos convocantes (CCOO, UGT, STEM,
CSIF y ANPE), que recorrieron el centro de Madrid al grito de
"pública, pública, pública".
Aun así, para muchos no fue suficiente. "Se nota
queya estamos agotados, estamos en exámentes y llevamos muchos meses
de protesta", recordaron Eduardo y Angélica, profesores de
secundaria que se encontraban con un grupo de defensores de la
escuela laica. "Mis impuestos Espe desvía para sus escuelas pías",
rezaban sus carteles.
"Una enseñanza de calidad la queremos todos",
señala una alumna
Esa fue una de las muchas reivindicaciones de los
manifestantes. ¿El objetivo común? Denunciar, de nuevo, las
consecuencias que el tijeretazo en Educación está provocando en sus
respectivos centros y pedir a la consejera del ramo, Lucía Figar,
que se reúna con los representantes de los docentes.
"No son dos horas más, son 11 profesores menos",
justificaban, en su pancarta, los docentes del IES Emilio Castelar.
"Tenemos mucha carga lectiva, demasiados alumnos por clase y así no
podemos darles calidad", lamentó, por su parte, Angélica. "Ya no
tenemos orientadores ni tutorías porque no hay profesores para
asumir esas horas", especificó Eduardo. "Yo soy madre y me
entristece pensar que si mis hijos tienen problemas, nadie les va a
atender, y no por falta de interés, sino porque los profesores
estamos desbordados", añadió su compañera.
José Luis Gómez, profesor de Lengua y Literatura
del IES Carmen Martín Gaite, también denunció la pérdida de las
aulas de enlace (aquellas que sirven de apoyo para alumnos
inmigrantes que aún no conocen el idioma) y un descuento de 3.000
euros en la última partida destinada a los gastos corrientes de su
instituto. "Además, la biblioteca se mantiene abierta porque algunos
profesores echamos horas de más que no nos paga nadie", añadió.
Los sindicatos planean un nuevo calendario de
protestas para 2012
"Estamos hacinados en clase"
Cristina y Raquel, estudiantes de Arte de 16
años, también acudieron a la convocatoria. "Mi instituto es
concertado, pero apoyamos las manifestaciones porque una enseñanza
de calidad la queremos todos", sentenció la primera. "En el mío, que
es público, muchos alumnos se han quedado sin plaza y los demás
estamos hacinados en clase", protestó la segunda.
Por su parte, los portavoces sindicales volvieron
a solicitar a la presidenta de la Comunidad y a la consejera de
Educación que convoquen una mesa sectorial para intentar llegar a un
acuerdo sobre el conflicto educativo. "Después de cuatro meses de
huelgas, manifestaciones y encierros nadie de la Administración ha
querido dialogar", recordó Antonio Martínez, de CSIF.
Fapa Giner de los Ríos: "Seguiremos estando al
lado de los profesores"
De hecho, Paco García, secretario general de
Educación de CCOO, anunció que los sindicatos tomarán medidas al
respecto. "El Gobierno de Madrid debe saber que lo denunciaremos
ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por vulnerar
nuestro derecho a la negociación colectiva", declaró en la Puerta
del Sol, al término de la manifestación.
"El malestar del sector educativo, lejos de
disminuir, sigue creciendo por la cerrazón de la comunidad al
diálogo", expresó también Francisco Melcón, presidente de ANPE. Por
este motivo, los sindicatos se reunirán la próxima semana para
determinar un nuevo calendario de movilizaciones para 2012. "No
podemos cansarnos porque las medidas que han tomado siguen en
vigor", alentó Eduardo Sabina, secretario general de FETE-UGT.
El temor a que el futuro Gobierno de Mariano
Rajoy pueda implantar el modelo de Aguirre en el resto de España
estuvo presente en todos los discursos. "Si recorren el mismo camino
que el Gobierno de Madrid, nos encontrarán en la calle, porque sin
educación ni servicios públicos no hay futuro", amenazó García.
"Seguiremos convocando manifestaciones porque la educación no es
gasto, es inversión", adelantó también Sabina, recordando el lema
habitual de las movilizaciones.
Por último, los representantes de los docentes
agradecieron el apoyo recibido por parte del Sindicato de Alumnos y
las asociaciones de padres y madres. "Han estado codo con codo con
nosotros", recordó García. Por su parte, José Luis Pazos, presidente
de la Fapa Giner de los Ríos, aseguró que continuarán acudiendo a
las manifestaciones. "Seguiremos estando a su lado porque, aunque en
estos meses se ha conseguido algún avance con la vuelta de algunos
profesores a los centros, las circunstancias aún no son como las de
antes", sentenció. "Y hay marea verde para rato", concluyó.
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17.12.11
09. EL ADMIRADOR DE LA CONDESA DE MURILLO
Pérez, nuevo presidente de la FMM, periodista y
católico, es un ferviente seguidor de Aguirre
Cuando Esperanza Aguirre llegó a la Asamblea de
la Comunidad de Madrid en 2003 no prestó mucha atención a un
diputado joven, de misa de domingo, sentado en la bancada. El chico,
periodista, había hecho unas preguntas a la presidenta años atrás,
cuando ella era concejal de Medio Ambiente y él becario del
periódico Abc. Se había quedado impresionado con esta mujer a
la que admiraba, pero ella no recordaba esa entrevista, que no
pasaba de ser una de tantas en su carrera. Si el joven entró en el
PP fue porque admiraba a gente como Aguirre, la condesa consorte de
Murillo. En los sucesivos meses la presidenta ignoró al diputado de
media melena, pero de repente empezó a recibir cada semana
memorandos, argumentarios, informes que llenaban la mesa de su
despacho. Los firmaba un tal David Pérez García.
Pérez (Madrid, 1972) se ha ido estos años ganando
a la presidenta hasta convertirse en uno de sus colaboradores más
cercanos. El último empujón de Aguirre, después de que Pérez fuese
nombrado primer edil de Alcorcón, ha sido colocarle al frente de la
Federación Madrileña de Municipios (FMM). Un puesto que le convierte
en el alcalde de los alcaldes, que no está de más para un político
que se pasa el día redactando informes y colgado al teléfono.
Se ríe cuando se asemeja por decreto a los niños
bien con el PP, él que se crió en el barrio de Campamento, hijo de
un operario de Standard Electrica y un ama de casa. Segundo de
cuatro hermanos, estudió Primaria en la escuela pública y BUP y COU
en un colegio privado. En la Universidad Complutense, donde estudió
periodismo, conoció a una estudiante muy tímida con la que años
después habría de casarse. La pareja tiene un hijo de dos años.
Entró en el Ayuntamiento de Madrid de la mano de
Sigfrido Herráez cuando solo tenía 25 años. De ahí fue ocupando
puestos cada vez de más relevancia en el partido, impulsó las
primeras páginas web de la formación y llegó a ser el portavoz
popular en la Asamblea. Sus compañeros de partido siempre destacan
su cercanía a la presidenta Aguirre, algo que no es nada fácil. "Es
ambicioso. Siempre que entra nuevo a un cargo dice que le va a
costar superar a su antecesor, pero estoy seguro que por dentro
piensa que lo va a superar. Él tiene el deseo de llegar lo más alto
posible, que no es nada malo, pero a veces se le nota demasiado",
explica un compañero de partido. Un colaborador muy cercano a Pérez
tercia: "Desde muy joven ha ido escalando puestos y lo ha aceptado
con mucha naturalidad".
A veces, ante los micrófonos, a un Pérez
conservador, católico, liberal en lo económico, se le oye hablar de
los socialistas como si estos devoraran niños. "Se le calienta la
boca con facilidad. Tiene mal pronto a veces, pero igual de rápido
se arrepiente y se disculpa", dice un compañero.
En agosto, estuvo en Cuatro Vientos para ver al
Papa. Años atrás había participado en las Jornadas Mundiales de la
Juventud (JMJ) en Polonia y Santiago de Compostela. Saludó a los
Reyes de España como alcalde de Alcorcón, pero no pudo estrecharle
la mano a Joseph Ratzinger. Se quedó con esa pena. Los que le
conocen están seguros de que algún día le chocará los cinco al sumo
pontífice, igual que conquistó a una presidenta que hasta entonces
le había ignorado.
David Pérez García
- Nació en Madrid en 1972, en el barrio de
Campamento, hijo de un operario y un ama de casa. Estudió periodismo
en la Universidad Complutense. Casado y con un hijo de dos años. Es
el alcalde de Alcorcón y nuevo presidente de la FMM
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18.12.11
10. ANA BOTELLA 'HEREDA' LA ALCALDÍA DE MADRID
Asumirá el bastón de mando antes del 3 de enero -
Edil desde 2003, cultiva un perfil bajo pese a sus tropiezos
verbales
"Creo en mí porque algún día seré todas las cosas
que amo", citó en una ocasión Alberto Ruiz-Gallardón. En eso, el
hasta ayer alcalde va por buen camino. Queda por saber si Ana
Botella, concejal de Medio Ambiente y Movilidad, también. La edil ha
mantenido una discreción absoluta en los últimos meses pese a que,
legal y políticamente, era la primera en la línea de sucesión del
regidor si este completaba su anhelado salto a la política nacional.
Hoy, Gallardón prometerá o jurará su cargo como ministro de
Justicia, al tiempo que se celebra un pleno municipal con su silla
vacía. Antes habrá presentado su renuncia en el registro municipal,
pues son responsabilidades incompatibles.
Combina principios conservadores con cierto
progresismo en asuntos sociales
Al frente de la ciudad se quedará,
circunstancialmente, el vicealcalde, Manuel Cobo, hasta que, en el
plazo de 10 días, los ediles del Partido Popular entreguen el bastón
de mando a la número dos en la candidatura y "la mejor de todos
nosotros", en palabras de Cobo. A falta de saber si el propio
vicealcalde o algún otro miembro del gobierno local sigue los pasos
de Gallardón, aquellos de la lista del PP que se quedaron fuera en
mayo ocuparán las vacantes. Otra cosa diferente es el gobierno
local, en el que Botella podrá incluir nombres que no figuraban en
la candidatura electoral en virtud a la Ley de Capitalidad.
Botella vive en la actualidad en Pozuelo de
Alarcón (una ciudad-dormitorio acomodada del noroeste de Madrid) con
su marido, el expresidente del Gobierno José María Aznar.
Precisamente este lazo familiar (y el fulgor público de Gallardón)
han oscurecido su figura política. A eso se une el perfil bajo que
cultiva desde que llegó al Ayuntamiento de la mano del exalcalde en
2003, sin experiencia política alguna y entre dudas (incluso dentro
del PP) de su valía. Esa incertidumbre ha aflorado también ahora,
pese a que Gallardón se ha empleado a fondo en convencer a propios y
extraños: "Yo he trabajado mucho con ella y sé de su capacidad de
trabajo y de conexión directamente con los ciudadanos".
Sin embargo, los precedentes no invitan al
optimismo en lo que se refiere a esa "conexión directa", puesto que
han sido precisamente sus titubeos dialécticos y el excesivo celo
con el que defiende sus políticas (como concejal de Medio Ambiente y
Movilidad, ha llegado a negar la existencia de la boina de
contaminación), lo que ha caracterizado e incluso caricaturizado su
imagen política.
Más allá de sus pifias verbales y cierta opacidad
informativa en un Ayuntamiento caracterizado precisamente por la
transparencia, Botella ha demostrado combinar principios muy
conservadores (contra el aborto o los derechos de los homosexuales,
por ejemplo) con otros más progresistas (en inmigración, igualdad o
libertad religiosa, por ejemplo).
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22.12.11
11. LOS INSTITUTOS DE LA COMUNIDAD SUFREN UN
RECORTE DE UN MILLÓN PARA GASTOS
Los centros denuncian que la rebaja llega tarde y
sin avisar - Educación lo atribuye a "cuestiones técnicas" y promete
compensarlo a principios de 2012
La Consejería de Educación ha aplicado un nuevo
recorte a la etapa de secundaria. El dinero para gastos de
funcionamiento de los 340 institutos de la región ha sufrido una
merma de cerca de un millón de euros -937.000 para la Consejería o
1,2 millones según las primeras estimaciones de los centros-. Es el
dinero con el que los institutos pagan luz, calefacción, agua o
teléfono.
Los centros reciben este dinero en dos partidas
anuales. La primera, que recibieron en abril, supone el 70% del
total, que asciende a 40,8 millones de euros según las cifras
ofrecidas por Educación. El otro 30% tenía que haber llegado en
septiembre y se ha retrasado tres meses. "Nos han pagado tarde y han
reducido el dinero sin avisar", denuncia José Antonio Martínez,
presidente de la Asociación de Directores de Instituto de Madrid (Adimad),
respaldada por el 83% del colectivo.
El recorte supone entre 2.700 y 3.500 euros por
centro, según se estime la cifra de Educación o los cálculos del
colectivo. Y se suma al recorte en docentes interinos que llegó en
septiembre, con el aumento de la jornada lectiva semanal de los
profesores de secundaria.
La consejería asegura que este retraso se debe a
"cuestiones técnicas de gestión de la tesorería" de la Comunidad de
Madrid y señala que "está previsto" compensarlo "sin problemas a
principios" de 2012, cuando está dispuesto que la partida de
funcionamiento de los institutos crezca un 12,97%. Un portavoz de
Educación añade que los institutos han rebajado "en torno al 70%" la
factura del teléfono respecto al año pasado porque Educación
renegoció el contrato para todos los centros educativos.
La situación se repite en otras comunidades
autónomas. Los directores de la Comunidad Valenciana alertaron ya en
septiembre de que la Conselleria de Educación le debía gastos de
funcionamiento desde el curso anterior. La Asociación de Directores
de Institutos de Educación Secundaria de Andalucía (Adián) denunció
el jueves a la agencia Europa Press que la Consejería no les habían
ingresado "ninguna partida presupuestaria" para gastos corrientes en
este curso, que normalmente recibían en septiembre, igual que ha
ocurrido en Castilla y León.
Los colegios aún esperan el dinero
Los colegios de infantil y primaria de Madrid aún
no han recibido la partida del 30% de gastos de mantenimiento. "Nos
aseguran que ya está librada y que la recibiremos íntegra", indicó
ayer Santiago Gómez, presidente de la Asociación de Directores de
Colegios Públicos de Infantil, Primaria y Especial, unos 800
centros. Educación señala que pagará a final de año y que la partida
aumenta un 20,16% en 2012.
La Junta de Portavoces de esta asociación se ha
sumado con una carta a las protestas por los recortes educativos. La
misiva La educación: los "deberes sin hacer" de todas las
Administraciones refleja una "gran preocupación" por la
situación educativa de la región. Los recortes en primaria se
produjeron "en cursos anteriores", según Gómez, pero se solidarizan
con la protesta encabezada por secundaria desde septiembre. "No
quisimos hacerlo en periodo preelectoral para dejar claro que somos
una asociación apolítica", explica. Denuncian la reducción de
profesorado en los últimos cursos. Según Educación, la plantilla ha
crecido este año en 110 maestros. Reclaman un incremento de
presupuestos, más becas y ayudas, puntualidad en los pagos (las
becas llegan con retraso, según Gómez) y piden más plantilla para
los refuerzos educativos, además de recuperar las ratios de atención
a la diversidad o exigir "estabilidad en las plantillas". Las
últimas oposiciones ofrecen 489 plazas frente a las 2.300 previstas.
Educación justifica que es el máximo legal posible tras la
limitación que introdujo el Estado en la Ley de Presupuestos.
www.elpais.es 10.12.11
12. AGUIRRE CAVA LA TRINCHERA
La presidenta planta cara a Rajoy y se blinda con
su hombre de confianza, Ignacio González. El delfín de la 'lideresa',
sin embargo, despierta suspicacias en el PP nacional, que vuelve a
ver Madrid como problema
El tablero político que se ha dibujado estos días
en el PP de Madrid es la última consecuencia de una jugada de
ajedrez diseñada por José María Aznar hace nueve años. Corría el año
2002, quedaba menos de un año para las elecciones autonómicas y
locales y el entonces presidente pronto tendría que resolver la
cuestión sucesoria. Una calurosa tarde de julio, citó a Alberto
Ruiz-Gallardón a su despacho en La Moncloa. El presidente de la
Comunidad de Madrid acudió nervioso a la cita y se fue con un punto
de aflicción. El presidente le pidió que bajara un escalón y fuera
el candidato del PP en el Ayuntamiento de Madrid para enfrentarse a
una joven candidata socialista, que estaba volteando las encuestas.
Cuentan, que, además, Aznar le pidió su parecer sobre cuál era la
mejor persona para sustituirlo al frente de la Comunidad. Gallardón
deslizó el nombre de Esperanza Aguirre pensando que nunca le haría
sombra. Pocos meses después, Aznar designó a Mariano Rajoy como su
sucesor en el partido. El triángulo político esbozado por el
expresidente ha protagonizado buena parte de la vida política del PP
con enfrentamientos más o menos soterrados entre cada uno de sus
vértices.
González está marcado en Génova por medirse con
Rajoy
Granados empezó a moverse para acercarse a la
dirección nacional
Casi un decenio después, Mariano Rajoy es, por
fin, presidente; el alcalde acaba de ser elegido diputado y la
mayoría coincide en que su salto a la política nacional es cuestión
de semanas, dejando a Ana Botella como alcaldesa. Ante esta nueva
situación, Aguirre ha reaccionado. Ha blindado al PP de Madrid para
afrontar el incuestionable poder de Rajoy en el partido. El pasado
miércoles destituyó, por sorpresa, a Francisco Granados como
secretario general de los populares madrileños y colocó en su lugar
a Ignacio González, su número dos. El vicepresidente regional
suma a su poder institucional, ya que también es portavoz del
Gobierno y consejero de Cultura y Deportes, el control absoluto del
partido. "En realidad es una confirmación porque ya ejercía ese
poder", cuenta un miembro de la dirección del grupo. Así se
entendería la frase envenenada que le dirigió Granados en el comité
regional del pasado miércoles tras ser destituido: "Enhorabuena,
Nacho, porque por fin vas a poder ser lo que has ejercido durante
estos años y no me has dejado ser a mí, secretario general". Atrás
queda una historia de intrigas y ambiciones en la carrera por la
sucesión de Aguirre.
Pero González está marcado en Génova. Muchos no
olvidan su papel en el comité de dirección nacional tras la derrota
del PP en las generales de 2008. Pidió la palabra y leyó un durísimo
discurso en el que criticaba abiertamente a Rajoy, le reprochó que
estaba "convirtiendo al PP en una segunda marca de los socialistas".
Su intervención en aquel cónclave fue entendida como un desafío al
líder popular y el inicio de las hostilidades que desde Madrid se
desataron contra él. Semanas después, Aguirre amagó con disputarle
la presidencia del partido a Rajoy, pero midió mal sus fuerzas en el
congreso del PP en Valencia. Desde entonces su relación se ha
mantenido en los márgenes de la desconfianza. Por eso, el
nombramiento de González como secretario general del PP en Madrid ha
despertado suspicacias en el entorno de un Rajoy al que ahora nadie
discute. En el PP regional crece la idea de que el líder popular
tiene un problema en Madrid. Pero también consideran que la
devastadora situación económica ocupará al presidente popular lo
suficiente como para no preocuparse por esta otra crisis.
Por si acaso, Aguirre se atrinchera con el
nombramiento de González y además le convierte en su delfín. Entre
los populares crece la idea de que esta será la última legislatura
de la lideresa al frente de la Comunidad de Madrid. González
niega cualquier maniobra para sustituirla. "Es una cuestión que ni
se ha planteado nunca, ni me la planteo, ni nada de nada", dijo el
pasado jueves. De momento ya se ha quitado a Granados de esa
carrera. Aunque muchos consideran que nunca tuvo opciones. "Siempre
ha mandado González. Lo de Granados lo permitió la presidenta porque
le hacía gracia", señala un miembro del comité del PP. Ambos
llevaban años luchando por el control del Gobierno. La pasada
legislatura fue la más enconada, pero las discrepancias comenzaron
mucho antes.
Lo recordó el todopoderoso González hace dos
días: "Si hay alguien que haya hecho lo indecible porque Granados
fuera secretario general, ese soy yo". Se refería a un capítulo
ocurrido en 2004, cuando Aguirre se hizo con la presidencia del PP
de Madrid. Acababa de ganar las elecciones tras un oscuro episodio
conocido como el tamayazo y decidió que debía controlar el
partido y romper el delicado equilibrio entre ratistas, manzanistas,
gallardonistas, aznaristas y la vieja guardia de la derecha. En un
tenso congreso regional, en el que Gallardón trató sin éxito de
frenarla, transformó a todas las corrientes en una sola: el
aguirrismo. González había salido quemado tras el pulso con el
alcalde y el vicealcalde Manuel Cobo y propuso a la presidenta que
designara al joven consejero de Transportes como secretario general.
Granados había sido alcalde de Valdemoro y mantenía buena relación
con otros regidores de la región.
Hasta entonces, el cargo en el partido era
incompatible con otro puesto en el Gobierno. El número dos
maniobró para que Granados cesara como consejero pero este logró
mantenerse. Pocas semanas después, Aguirre le citó para recordarle
que el partido requería plena dedicación y debía dejar el Gobierno.
Granados, tras una tensa conversación, le arrancó, a cambio de
Transportes, la cartera de Presidencia y Función Pública. Esa misma
noche, en una cena de Navidad en Las Rozas, coincidió con González
que, según fuentes presentes en la conversación, le amenazó: "Te vas
a arrepentir de lo que has hecho".
Comenzó entonces una áspera relación entre
Granados y González que concluyó el pasado miércoles. Atrás quedó el
turbio asunto de los espías en el que sus respectivos equipos se
acusaron mutuamente de tener algo que ver en el supuesto seguimiento
a altos cargos del PP en la región, y que provocó un nuevo
enfrentamiento entre Aguirre y Rajoy. O el acuerdo por convertir a
González en presidente de Caja Madrid, frenado por el presidente
popular a pesar de la lideresa.
Tras frustrarse la salida del vicepresidente a la
caja se recrudeció la guerra entre ambos. Se había producido la
ruptura definitiva. Durante las pasadas elecciones autonómicas y
locales, el ahora ex secretario general conoció las candidaturas por
la prensa. "Es raro que no rascara bola en las listas", admite un
cargo afín al vicepresidente. Era González quien hacía y deshacía en
el partido. "La presidenta se cansó de tener a dos cabezas
peleándose. Nunca fue un pulso entre iguales. Nacho siempre ha
tenido la confianza y el cariño de la presidenta", añade.
Aguirre sacó a Granados del Gobierno y le ofreció
la portavocía del grupo en la Asamblea, pero el exconsejero lo
rechazó tras una reunión salpicada de reproches y apostó por
mantenerse como secretario general a la espera de tiempos mejores. A
partir de entonces, Granados empezó a moverse para acercarse a la
dirección nacional. Y la situación empeoró. Durante las pasadas
elecciones generales, desde el entorno de Aguirre se le acusaba de
trabajar para la candidatura de Rajoy, en vez de coordinarse con la
presidenta. El miércoles Aguirre cogió la guadaña y reabrió una
crisis con el entorno de Rajoy. Ahora al nuevo presidente le toca
mover las piezas que Aznar dejó sobre el tablero madrileño hace una
década.
El poder en el PP
- Presidenta: Esperanza Aguirre.
- Secretario general: Ignacio González.
- Vicesecretaria de Organización: Gádor Ongil.
- Vicesecretario de Acción Política: Javier
Fernández-Lasquetty.
- Tesorero regional: Carlos Izquierdo.
- Presidente del Comité Electoral: Bartolomé
González.
- Presidenta del Comité de Derechos y Garantías:
Cristina Cifuentes.
Aguirre se refugia en sus fieles
Dicen que en periodo de crisis es recomendable
volver a los orígenes. Y desde allí replantearse los conflictos. Eso
es lo que parece haber hecho Esperanza Aguirre en el PP de Madrid.
Justifica la sustitución de Francisco Granados como una decisión
para dar un nuevo impulso al partido. Según insiste, quiere
coordinarse mejor con Génova. Para ello ha colocado a Ignacio
González como secretario general. Y ha ascendido al consejero de
Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, como vicesecretario del
partido.
La nueva estructura en el PP de Madrid devuelve a
la presidenta a sus orígenes. González y Lasquetty coincidieron con
Aguirre hace casi 25 años en el Ayuntamiento de Madrid. Lasquetty
fue uno de los asesores que ayudaron a Aguirre en su asalto a
Madrid. "La designación de González es rara. Lo pone bajo los focos.
Ya tenía el poder y no necesitaba eso. ¿Por qué lo ha hecho?", se
pregunta un diputado regional, que desliza que, a su juicio, la
única respuesta es que quiera colocarlo en la ejecutiva nacional del
PP y lance desde ahí su candidatura para otras aventuras políticas,
la sucesión incluida.
"El nombramiento de Lasquetty tiene más
importancia de lo que parece", concluye un miembro de la dirección
regional del PP. "Javier no ha pisado dedos a nadie, viene de Aznar.
Es una de las pocas personas a las que la presidenta siempre
escucha. Es moderado, con mucho sentido común. Y sabe resolver
conflictos", añade justo antes de recomendar: "No lo perdáis de
vista".
www.elpais.es 27.11.11
13. GALLARDÓN CEDE LOS 16 CENTROS DE SALUD CON
SUS 800 FUNCIONARIOS A AGUIRRE
El traspaso de las drogodependencias provoca
protestas de los trabajadores
El Ayuntamiento de Madrid quiere deshacerse de
sus competencias sanitarias. "Todos los servicios de atención
primaria o especializada, todos, deben integrarse en el servicio
autonómico", dijo ayer el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón. La red de
16 centros municipales -agrupados bajo la denominación Madrid
Salud-, el centro de salud bucodental, el internacional
(vacunaciones) y el de diagnóstico pasarán así a manos de la
Comunidad. Todo: sus edificios y los cerca de 800 funcionarios que
los atienden.
"Como si fueran cromos", según la oposición, o
atendiendo a criterios "lógicos" para ahorrar dinero, según el PP.
En una comisión técnica para facilitar luego la negociación
política, según el PP, o de forma "opaca" y "a espaldas" de la
Asamblea regional, según la oposición. Sea como sea, Comunidad y
Ayuntamiento tienen muy avanzado ya su plan para dividirse la
responsabilidad sobre los servicios públicos y evitar posibles o
patentes duplicidades.
Ayer, en la comisión parlamentaria creada para
estudiar la cuestión justo después de las elecciones municipales y
autonómicas (ambas las ganó en mayo el PP con mayoría absoluta),
compareció Gallardón. "En el último cuarto de hora, con todo
decidido", según la oposición. "Cuando me han dicho", según él. Tras
responder a las críticas del resto de grupos y mostrar una sintonía
insólita con sus compañeros del PP regional, Gallardón detalló el
estado de la cuestión. Algunos puntos ya se conocían ("por la prensa
nos hemos enterado", se quejaba la oposición), como el traspaso del
metro y las bibliotecas, o la división de servicios de emergencia.
Pero otros no, como la mudanza de centros sanitarios, residencias,
escuelas infantiles, albergues y polideportivos. Algunas
competencias (empleo, vivienda pública), por su complejidad, se
aplazan.Los 16 centros de Madrid Salud ofrecen control ginecológico
y de planificación familiar, talleres de memoria para mayores,
métodos de prevención del estrés o para dejar de fumar, etcétera. En
su plantilla hay médicos, psicólogos, enfermeras, trabajadores
sociales... El Ayuntamiento cree que la mayoría de esas actividades
las realizan también los centros regionales. Y solo quiere ocuparse
de los servicios de prevención, entendidos en sentido estricto.
También pasarán a la Comunidad el centro bucodental, el de
vacunación y el de diagnóstico (con dermatólogos, cardiólogos,
endocrinos, urólogos), donde se hacen, por ejemplo, mamografías o
densitometrías. En total, Aguirre se quedaría 16 edificios, que
podría usar para ampliar su red de centros de salud, y unos 800
funcionarios.
Idéntico destino tendrá la red de atención a
drogodependientes, con siete centros municipales y otros cuatro
concertados que conforman el Instituto de Adicciones. Este traspaso
tiene en vilo a entidades y profesionales, que hoy se concentrarán
en la plaza de la Villa para pedir que la Comunidad no se los quede
porque "su red de atención [del Consistorio] es referente de
calidad". Temen que el modelo pase a ser exclusivamente sanitario y
no psicosocial, como ahora. Además, el presupuesto de la Agencia
Antidroga regional se reduce en 2012. Lo único que se quedará el
Ayuntamiento es el laboratorio (mantendrá el control alimentario) y
el centro de prevención de adicciones. Por lo demás, el 092 se
integrará en el 112. El Samur (municipal) atenderá en la calle y,
tras el traspaso, también en las viviendas de la ciudad; allí ahora
actúa el Summa.
- Centros de mayores. El Ayuntamiento mantendrá
sus 92 centros (la Comunidad tiene 17) por un criterio de
proximidad, y cederá las tres residencias por su carácter sanitario
(de competencia regional). Queda por decidir el futuro de los 113
centros de día municipales y 30 autonómicos, pues ambos criterios
son válidos.
- Escuelas infantiles. Las 56 municipales (solo
dos son de gestión directa, con 40 funcionarios) pasan a la
Comunidad (que tiene 62, con 700 funcionarios).
- Bibliotecas. La Comunidad traspasará sus 16
centros (444 funcionarios) al Ayuntamiento (tiene 29, con 450
funcionarios).
- Instalaciones deportivas. El Ayuntamiento
mantendrá su titularidad y heredará la única de la Comunidad en la
ciudad: San Vicente de Paul (Carabanchel).
- Albergues juveniles. El Ayuntamiento mantiene
el que tiene y consigue los dos regionales.
- Régimen sancionador. El Ayuntamiento plantea
quedarse con todos los expedientes que le atañen y que ahora debe
traspasar a la Comunidad si se consideran muy graves. Eso incluye,
por ejemplo, las multas por ruido, botellón, etcétera. Según sus
cálculos, los ingresos no serán muy superiores a los gastos de
gestión.
- Metro. Gallardón cede su gestión a la
Comunidad, y se ahorra así el 50% de los costes de explotación (este
año, 159 millones).
www.elpais.es 29.11.11
14. LISSAVETZKY ROMPE CON EL ALCALDE POR LA
"OPACIDAD" DE LA NEGOCIACIÓN
Del último pleno ya se fue mosqueado. Jaime
Lissavetzky, portavoz municipal socialista, lleva tiempo quejándose
de la "marginación a la oposición" en la negociación de
competencias. "Nos enteramos de todo por la prensa", se dolía ayer.
Ese presunto ninguneo le llevó del lamento a la amenaza: "Habrá un
antes y un después de este desprecio político. La relación con el
equipo de Gobierno local queda rota".
Lissavetzky se quejó de que su móvil, que no
dejaba de sonar por la candidatura olímpica, ya no muestra el número
del alcalde. Mañana volverá a pedir en el pleno que una comisión
municipal estudie las duplicidades. Pero ayer el alcalde ya le
respondió en su discurso en la Asamblea con el mismo argumento que
empleó la anterior vez para rechazar esa pretensión: "El Ejecutivo
pone en marcha medidas que luego son controladas por el Legislativo.
La oposición legisla y controla [a través del pleno, donde el PP
tiene mayoría absoluta], pero no gobierna".
www.elpais.es 29.11.11
