ÍNDICE
1) CASO GÜRTEL.
EL JUEZ INVESTIGA LA VENTA DE UN TERRENO A MATO
2) CASO GÜRTEL:
EL PELOTAZO DE
CORREA EN ARGANDA SE ACERCA A LOS 24 MILLONES DE EUROS
3) CASO GÚRTEL:
LA EXESPOSA DE PANERO SE NIEGA A DECLARAR ANTE EL JUEZ
4) AGUIRRE SE
SINCERA ANTE GALLARDÓN: "NO TENEMOS NI UN PUTO DURO"
5) PANERO SE
ENFRENTA A UNA PENA DE SEIS AÑOS DE CÁRCEL POR MALVERSACIÓN
6) LA COMUNIDAD
NO PAGA A LAS CLÍNICAS PRIVADAS A LAS QUE DERIVA LOS ABORTOS
7)
AGUIRRE FICHA PARA LA AGENCIA DEL MENOR A LA EXALCALDESA DE LIZARTZA
8) AGUIRRE
PRESCINDE DE GRANADOS EN SU NUEVO GOBIERNO DE MADRID
9) EL FIN DE UN
DUELO POR EL PODER DEL PARTIDO
10) UN TERCIO
DEL PRESUPUESTO ANUAL DE ESPERANZA AGUIRRE NO SE FISCALIZA
11) EL PACTO QUE DERROCÓ A PEDRO CASTRO
12) AGUIRRE ELIGE COMO PORTAVOZ EN LA ASAMBLEA AL
ÚNICO IMPUTADO DE SU LISTA
13) GALLARDÓN: "LO PÚBLICO TIENE QUE SABER DAR UN
PASO HACIA ATRÁS"
14) LOS ABOGADOS RESPONDEN A GRANADOS
1) CASO GÜRTEL.
EL JUEZ INVESTIGA LA VENTA DE UN TERRENO A MATO
Pedreira pide a
la Comunidad de Madrid la liquidación de impuestos de un solar que
le transmitió su exmarido, imputado en la trama corrupta
El instructor
del caso Gürtel, el magistrado Antonio Pedreira, ha
solicitado a la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid el
documento original de autoliquidación del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales relativo a un solar vendido por el
imputado Jesús Sepúlveda a su exmujer, Ana Mato. El pasado 25 de
abril, el magistrado rechazó imputar por cohecho a la vicesecretaria
de Organización del PP en este escándalo al considerar que en un
"hipotético supuesto de que concurriesen indicios delictivos", estos
ya habrían prescrito.
Un informe
policial del pasado enero destapó que la red corrupta había pagado
28.000 euros en viajes al matrimonio, a sus hijos y otros
familiares, entre 2003 y 2004. Sepúlveda está imputado en la causa
desde febrero de 2009, cuando abandonó la Alcaldía de Pozuelo de
Alarcón (Madrid).
Sostiene que los
datos son necesarios para continuar con las diligencias
Según la
Policía, estos desplazamientos eran "pagos en especie" por supuestos
favores a la trama liderada por Francisco Correa.
En el auto,
fechado el pasado 4 de julio, Pedreira estima parcialmente un
recurso de reforma formulado por la Fiscalía Anticorrupción una vez
que se rechazó imputar a la dirigente conservadora. Y se acuerda
solicitar a la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid el
citado documento, fechado el 4 de abril de 2005. Sólo de este modo
se podrán practicar las diligencias de investigación que ya acordó
el juez respecto a Sepúlveda.
Ya el 19 de
mayo, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) había
emitido un informe en el que advertía al juez de que no podía
satisfacer las demandas de información al no disponer del documento
de liquidación del impuesto. Argumentaba que, al haberse cedido el
rendimiento de esta tasa a las comunidades autónomas, es a ellas a
las que hay que solicitar los datos.
El pasado abril,
el magistrado rechazó imputar a la dirigente del PP
Continuar las
pesquisas
Una vez que la
Comunidad entregue al magistrado la documentación citada, Pedreira
podrá seguir avanzando en las pesquisas. El delito fiscal está
castigado penalmente cuando la cuota defraudada supera los 120.000
euros. Extremo que tendrá que ser comprobado por Pedreira en el caso
de Sepúlveda.
El juez había
rechazado practicar una prueba relativa a la liquidación del
mencionado impuesto al entender que "la misma afectaba o podía
afectar a Ana Mato Adrover" que, según se recalca en el auto, "no se
encuentra imputada en esta causa". Al estimar parcialmente el
recurso, Pedreira recuerda que ello implica "que el nombre y demás
datos de ambas personas (comprador y vendedor) aparezcan en las
actuaciones".
Documentos de la
trama
La número tres
del PP, ahora divorciada del exalcalde de Pozuelo, ha sostenido en
varias ocasiones que desconocía la relación que Sepúlveda pudiera
tener con los cabecillas de la trama corrupta. Pero su nombre figura
en los documentos contables y bancarios de la Gürtel.
De hecho, la red
tenía en su poder un archivo informático de Excel denominado
"Extracto servicios sres. Sepúlveda/Mato".
Entre los viajes
regalados a la familia por la trama, figura uno realizado por Mato y
una de sus hijas a Suiza en junio de 2004. El coste rondó los 2.500
euros. Sobre este desplazamiento, la dirigente conservadora ha
mantenido siempre que lo pagó de su bolsillo. Aunque el cotejo de
los documentos incautados a la trama indican que ese dinero salió de
su caja B.
En el equipo de
Mato sostienen que la transmisión del solar podría deberse a parte
de la liquidación de gananciales tras el divorcio.
www.publico.es
07.07.11
2) CASO GÜRTEL:
EL PELOTAZO DE
CORREA EN ARGANDA SE ACERCA A LOS 24 MILLONES DE EUROS
La policía cree
que cobró comisiones de Martinsa y de otros dos empresarios
Un informe de la
Policía Judicial hecho público ayer destapa la relación entre dos
comisiones de más de 12 millones de euros cada una (en total 24,8
millones) cobradas por el presunto cabecilla de la red Gürtel,
Francisco Correa, por intermediar entre las instituciones gobernadas
por el PP madrileño y empresas relacionadas con la red corrupta. El
documento vincula el pago de 12,8 millones a Correa en junio de 2006
por parte del empresario Fernando Martín, máximo accionista de la
promotora Martinsa, para lograr una adjudicación de suelo público en
Arganda del Rey con otra supuesta comisión ilegal de 12 millones,
realizada en diciembre de 2004, de origen desconocido.
"Martinsa se
portó conmigo", asegura el líder de la trama Gürtel en una cinta
El resguardo de
uno de los pagos en Suiza lo identifica como "comisión"
La policía
atribuye este pago a los empresarios Manuel Salinas y Amando Mayo.
Los dos responsables de la empresa que pagó esta comisión están
citados a declarar mañana ante el magistrado del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (TSJM) que instruye la rama madrileña del
caso Gürtel, Antonio Pedreira.
La presunta
comisión ilegal abonada por el propietario de Martinsa estaba
considerada hasta ahora el mayor pelotazo de Correa. Si ahora se
demuestra que estas dos transferencias están relacionadas, el
beneficio del cerebro de la trama por intermediar con el
Ayuntamiento de Arganda se podría haber multiplicado por dos,
llegando a superar los 24 millones de euros. Por el momento son
cuatro los imputados del caso Gürtel relacionados con el
Consistorio de Arganda: el exalcalde Ginés López, el exdiputado
regional Benjamín Martín Vasco, el cargo local Tomás Martín Morales,
y el responsable de la sociedad municipal de fomento Juan Fernández
Caballero.
Según consta en
un documento incluido en el informe remitido por las autoridades
suizas, el resguardo de la transferencia de 12,8 millones a Correa
realizada desde una cuenta del empresario Fernando Martín no esconde
el verdadero motivo del pago: "Montante recibido como comisión por
la intervención en el desarrollo inmobiliario Ramón Arganda de
Madrid hecho por la sociedad Martinsa". Esto probaría que el pago se
debió, según el informe policial, a la intermediación del cerebro de
la red corrupta con el alcalde de Arganda del Rey, Ginés López. El
Consistorio, gobernado por el PP, adjudicó finalmente a Martinsa la
denominada Unidad de Ejecución 124, donde estaba prevista la
construcción de 2.676 viviendas, por un precio de 77 millones de
euros, cuando inicialmente se había tasado en 100 millones. Dos años
después, la promotora vendió un tercio del suelo por 73 millones de
euros, una cantidad tres veces superior al precio pagado, que fue de
25 millones. Hasta el momento no se ha puesto ni un ladrillo en el
terreno.
Al concurso que
ganó Martinsa en Arganda del Rey el 23 de junio de 2004 se
presentaron tres empresas. Pero el Consistorio de Ginés López, a la
hora de valorar las ofertas, delegó parte de la baremación en dos
consultoras privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Los técnicos del
Ayuntamiento y las dos sociedades valoraron diferentes aspectos del
polémico concurso y entregaron sus puntuaciones sucesivamente.
Primero se pronunció Aguirre Newman, que optó por una empresa
distinta de Martinsa. Cuando los técnicos del Consistorio
presentaron su baremación, tampoco resultó ganadora la sociedad de
Martín. El último en valorar fue Plarquin, que puntuó la solución
técnica y la propuesta estética. Y Martinsa ganó el concurso.
El
establecimiento de la conexión entre las dos comisiones de 12
millones fue posible gracias a la documentación remitida por Suiza,
que ha destapado que, de los 12,8 millones de Martinsa, ocho ya se
encontraban inicialmente en la cuenta de Fernando Martín, mientras
que otros cuatro fueron aportados por Ostara Services, del
empresario Manuel Salinas. El millón restante tenía su origen en una
cuenta de la sociedad Arthington Investments, relacionada con Amando
Mayo. Estos empresarios fueron los responsables de la otra comisión
pagada a Correa en 2004, sin que se conozca el motivo de la misma.
La policía no ha podido determinar el verdadero motivo de esta
comisión.
El informe
policial aporta la transcripción de conversaciones grabadas por el
denunciante del caso Gürtel, el exconcejal de Majadahonda
José Luis Peñas, en las que Correa afirma: "Martinsa se portó
conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda. Tardó seis meses. En
mayo, todo liquidado. Me debe aún un millón de euros".
www.elpais.es
29.06.11
3) CASO GÚRTEL:
LA EXESPOSA DE PANERO SE NIEGA A DECLARAR ANTE EL JUEZ
Pedreira mantiene imputada a la que fue mujer del
exalcalde de Boadilla
La exmujer del exalcalde de Boadilla del Monte
Arturo González Panero se negó ayer a declarar ante el magistrado
que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, que
la había citado como presunta autora de un delito contra la Hacienda
pública. Elena Villarroya rechazó testificar al entender que el juez
no era competente tras inhibirse de la investigación del caso a
favor de la Audiencia Nacional, según explicaron ayer fuentes del
caso, que especificaron que el magistrado ha decidido mantener su
imputación. También estaba prevista la declaración de González
Panero, pero esta se ha aplazado hasta el 14 de julio.
En su comparecencia ante el TSJM, Villarroya
resaltó, además, su intención de no prestar declaración hasta que
concluya la inspección de Hacienda a la que está sujeta.
La decisión del juez de imputar la semana pasada a
González Panero, conocido como El Albondiguilla, y a su
exesposa ha alejado la posibilidad de que el delito contra la
Hacienda pública que el magistrado les atribuye prescriba, al haber
pasado seis años, ya que fue el 28 de junio de 2005 cuando se abrió
la cuenta en Suiza. Tanto Villarroya como González Panero fueron
imputados como presuntos autores de un delito fiscal al poseer una
cuenta no declarada al fisco en un banco suizo.
El fraude del que se les acusa asciende a 365.000
euros. En la cuenta, abierta a nombre de Longridge Internacional,
SA, Villarroya aparecía como apoderada y González Panero como
gestor. En declaraciones a EL PAÍS, González Panero negó tener
ninguna relación con la empresa, asegurando que la figura de
"gestor" no existe en relación con las cuentas bancarias. Asimismo,
indicó que si el juez considera que la cuenta era propiedad de los
dos ya no podrían ser acusados de un delito fiscal. No obstante, en
la actualidad el límite para ser considerado delito fiscal es de
120.000 euros.
www.elpais.es 30.06.11
4) AGUIRRE SE
SINCERA ANTE GALLARDÓN: "NO TENEMOS NI UN PUTO DURO"
El alcalde de
Madrid responde a la presidenta regional: "Y nosotros tampoco"
La presidenta de
la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha vuelto a quedar
expuesta ante un micrófono. "He visto que te vas a gastar 25 o 35
millones de euros... Viene en el periódico. Menos mal que tenéis
dinero, qué suerte tenéis. Nosotros no tenemos ni un puto duro", le
reprochó ayer al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, en la
inauguración de un Centro de Innovación del BBVA.
"Y nosotros
tampoco", fue la respuesta de su compañero de partido. La cifra a la
que se refería la presidenta regional proviene de un plan de
subvenciones para emprendedores anunciado ayer por el concejal de
Economía y Empleo de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, que tiene un
presupuesto de 10 millones de euros, que Aguirre convirtió en 30
millones.
Tanto la
Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de la capital viven tiempos
de estrecheces. El Consistorio tiene una deuda de 7.200 millones y
la Comunidad de 14.100 millones, lo que les ha llevado a reducir
drásticamente las inversiones para la presente legislatura.
El desliz de
Aguirre no se oyó en la sala pero quedó registrado en una grabadora
de la cadena SER, conectada directamente a los micrófonos. Más
tarde, la presidenta madrileña trató de justificar sus palabras
diciendo que habían sido sacadas de contexto. "Es que siempre me
interpretan mal", explicó antes de asistir a la presentación de un
libro de María San Gil. "Hablaba sobre Miguel Ángel Villanueva para
una cosa del emprendimiento", precisó Aguirre.
No es la primera
vez que los micrófonos dejan a Aguirre al descubierto. Solo en 2010
protagonizó tres episodios. Hace justo un año, la jefa del Ejecutivo
madrileño comentaba a micrófono abierto con su número dos,
Ignacio González, el reparto de cargos en el consejo de Caja Madrid:
"Hemos tenido suerte de darle un puesto a IU y quitárselo al
hijoputa". Entonces se interpretó que se refería al alcalde de la
capital.
Gallardón y
Aguirre mantienen una relación políticamente desgastada. La
paralización por parte del Gobierno regional del proyecto impulsado
por Gallardón que pretende reformar el eje Prado-Recoletos, es solo
el último ejemplo de los enésimos enfrentamientos que mantienen
desde que Aguirre preside el Gobierno regional.
La presidenta
considera que al céntrico eje cultural no le hacen falta reformas.
"El eje Prado-Recoletos o Paseo del Arte, como se quiera llamar, es
el lugar más bonito y más emblemático no solo de Madrid, sino de
todas las ciudades europeas tal y como está ahora", afirmó.
Unos días antes
de ese incidente que provocó un revuelo en las filas populares,
Aguirre se confesaba, también a micrófono abierto, con el presidente
de su partido, Mariano Rajoy: "Esta mañana he dicho barbaridades",
en referencia a una conferencia sobre política económica en la que
había participado.
Otras
Indiscreciones con los micrófonos abiertos
- El 1 de junio
de 2010, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
le comenta a Mariano Rajoy sus reflexiones sobre la política
económica del Gobierno y le confiesa: "Esta mañana he dicho
barbaridades".
- El 28 de junio
de 2010, Aguirre habla con su vicepresidente, Ignacio González,
sobre el nuevo consejo de Caja Madrid y le dice en referencia a un
colaborador del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón: "Hemos tenido suerte
de darle un puesto a IU y quitárselo al hijoputa".
www.elpais.es
08.07.11
5) PANERO SE
ENFRENTA A UNA PENA DE SEIS AÑOS DE CÁRCEL POR MALVERSACIÓN
Una juez también
ve indicios de delito por parte de un exconcejal de Hacienda
La titular del
Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles, Luisa María Prieto
Ramírez, ha decretado la apertura de juicio oral contra el exalcalde
del PP de Boadilla del Monte Arturo González Panero y contra el
exconcejal de Hacienda José María de la Mata Arranz, como presuntos
autores de los delitos de prevaricación continuada y malversación de
fondos públicos. La fiscalía considera que González Panero y el
exedil de Hacienda de Boadilla pagaron con fondos municipales las
facturas por los servicios prestados por un letrado en trabajos que
no estaban relacionados con el ejercicio de sus funciones políticas.
Según el ministerio público, entre los años 2000 y 2002, González
Panero y De la Mata Arranz pagaban a sus letrados, en sus ya
numerosos litigios, con dinero del Ayuntamiento, sin respetar los
procedimientos legales exigidos.
La acusación
solicita el ingreso en prisión de los dos acusados
El fiscal
considera que utilizaron fondos públicos de forma ilegal
De esta forma, y
según la acusación, cada vez que algún concejal de la oposición, ya
fuera del PSOE o el independiente Ángel Galindo Torres, les
denunciaba por cualquier delito, los procesados contrataban a un
abogado que acababa pagando el Consistorio. Y dicho cobro de
honorarios se efectuaba, explica la acusación, "sin cumplir ningún
otro trámite necesario de aprobación conforme a la ley". Las
designaciones del letrado y el pago de sus honorarios con cargo a
fondos públicos, "de manera presuntamente ilegal, se efectúan por
actuación dolosa, directa y continuada en el tiempo de los acusados,
en relación a procesos" particulares. Tanto es así que hasta en ocho
procedimientos judiciales los acusados llegan a reclamar el cobro de
indemnizaciones, que en algunas ocasiones llegaron a cobrar.
González Panero
y su edil de Hacienda también presentaron denuncias contra sus
adversarios políticos. Al contrario que los acusados, los ediles de
la oposición sí tenían que pagar ellos mismos los gastos
relacionados con los procesos judiciales iniciados por González
Panero y De la Mata Arranz.
El auto de la
juez del 14 de junio, que es previo al inicio del juicio, hace suya
la acusación de la fiscalía, que asegura que ambos políticos del PP
actuaron "de común acuerdo" y "a sabiendas de su manifiesta
ilegalidad" abonando "con fondos públicos municipales las facturas
del abogado".
La magistrada
incluye también la denuncia de la acusación particular, que
considera que el abogado, "designado contra la ley, cobra honorarios
con cargo a los fondos públicos tras su nombramiento, lo cual puede
ser ya presuntamente ilegal". La juez indica en el auto que la
acusación por el delito continuado de prevaricación se produce a
instancias del ministerio público, al constatar que el Consistorio
de Boadilla del Monte, dirigido entonces por González Panero,
conocido por el presunto jefe de la red Gürtel, Francisco Correa,
como El Albondiguilla, pagó más de 6.000 euros por el trabajo
de los abogados en varios procedimientos judiciales, en los que
habían sido acusados del delito de prevaricación por los
representantes municipales del PSOE y los exediles independientes
Antonio Samos y Ángel Galindo Torres. Este último es padre del
abogado del mismo nombre, que denunció el caso Gürtel junto
con el exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas.
El procesamiento
de González Panero y De la Mata Arranz incluye también la petición
planteada por la acusación particular, que sostiene que ambos
pudieron incurrir en un delito de malversación de fondos por una
cantidad superior a los 72.000 euros. Y justifican esta denuncia
porque la contratación del abogado se produjo sin un acuerdo del
pleno, y sin el dictamen del secretario municipal.
Esta acusación
amplía las presuntas irregularidades de los procesados al constatar
que el equipo de gobierno del PP no había previsto el crédito
suficiente en sus presupuestos para atender los gastos de dichas
contrataciones, que consideran "nulas de pleno derecho".
Ante este relato
de los hechos, la acusación ejercida por el independiente Ángel
Galindo solicita el ingreso en prisión de ambos procesados por un
plazo de seis años por el delito de prevaricación, y 10 años de
inhabilitación. La magistrada Luisa María Prieto Ramírez decreta,
además, la obligación de los acusados de informar al juzgado de un
posible cambio de domicilio, porque de lo contrario podría acordar
la prisión provisional.
Asimismo,
González Panero y De la Mata deberán abonar de forma conjunta una
fianza de 20.000 euros para asegurar las responsabilidades
pecuniarias que se decidan en el juicio. En el caso de no hacer este
depósito, la magistrada apunta a la posibilidad de que se les
embarguen sus bienes "en cantidad suficiente".
El juicio contra
los dos excargos del PP en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte
deberá celebrarse en la Audiencia Provincial de Madrid, al incluir
la denuncia el delito de malversación, cuyas penas de cárcel van
desde los tres a los seis años.
Cita con el
'caso Gürtel' el 14 de julio
El exalcalde de
Boadilla del Monte Arturo González Panero afronta un verano
complicado por su declaración el próximo 14 de julio como imputado
como presunto autor de un presunto delito fiscal por una cantidad de
365.000 euros. Esta nueva acusación se añade a las existentes de
tráfico de influencias y cohecho.
Tanto González
Panero como su exmujer Elena Villarroya abrieron una cuenta en una
entidad financiera en Suiza utilizando la empresa Longgridge
Internacional. Según la información remitida por las autoridades
helvéticas, la exmujer de González Panero era la apoderada de esta
firma, siendo El Albondiguilla el gestor de la misma, algo que
rechaza el antiguo regidor de Boadilla. La investigación ha puesto
de manifiesto que el matrimonio, que se divorció en junio de 2010,
era propietario de una vivienda en Murcia y de otra propiedad en
Marruecos.
Según el
magistrado que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio
Pedreira, González Panero recibió regalos y sumas de dinero por un
valor de 600.000 euros. Ese es el motivo por el cual el juez le
exigió una fianza de 1,8 millones de euros, una de las más
cuantiosas del Gürtel, la mayor trama de corrupción de la democracia
ligada a un partido político: el Partido Popular.
La participación
de El Albondiguilla en el sumario resulta capital, especialmente
tras conocerse el contenido de un informe de la Policía Judicial,
que muestra cómo una de las empresas que gestionan el servicio de la
recogida de basuras pagaron los 20.000 euros que costó un acto
electoral del PP en Boadilla, que fue protagonizado por la entonces
candidata a la presidencia regional, Esperanza Aguirre.
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05.07.11
6) LA COMUNIDAD
NO PAGA A LAS CLÍNICAS PRIVADAS A LAS QUE DERIVA LOS ABORTOS
Sanidad debe 2,5
millones a los centros que realizan el 99% de las intervenciones.
Las clínicas tardan en cobrar entre tres meses y dos años - Algunos
hospitales no han pagado ninguna factura - Los centros se plantean
hacer un paro en septiembre
"Estamos
desesperados; no podemos seguir así", asegura Sergio Muñoz, portavoz
de la clínica El Bosque, una de las siete acreditadas por la
Comunidad de Madrid para practicar interrupciones voluntarias del
embarazo (IVE). Este centro recibe todos los días a mujeres
derivadas desde la Consejería de Sanidad para que se les practique
un aborto cuyo coste va a cargo del erario público. Llegan con una
carta de pago autorizada por la Comunidad de Madrid y la clínica
después pasa la factura al hospital de referencia de las mujeres. El
problema es que estos no pagan esas deudas o lo hacen muy tarde. La
clínica El Bosque cifra en medio millón de euros lo que le adeuda la
Comunidad. En la clínica Dator, una de las históricas de la capital,
las facturas impagadas ascienden a más de un millón. Entre los siete
centros acreditados, el agujero llega a los 2,5 millones de euros,
según sus cálculos.
Cada uno de los
casi 20 hospitales de la red pública que deriva a las mujeres a las
clínicas privadas paga cuando quiere, o cuando puede. La demora
oscila entre los tres meses y los dos años. "No se puede hablar de
gratuidad cuando las que asumimos el coste somos las clínicas",
asegura Empar Pineda, de la Asociación de Clínicas Acreditadas para
la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai), con una treintena de
centros en España, y extrabajadora de la clínica Isadora, a la que
la Comunidad debe otro medio millón de euros, según sus datos. Los
nuevos hospitales, de gestión semiprivada, son los que peor están
pagando, coinciden todas las clínicas consultadas. O los que,
directamente, no pagan. "El hospital de Arganda, por ejemplo, no ha
abonado una sola factura", afirma Pineda.
La Consejería de
Sanidad, que dirige Javier Fernández-Lasquetty, ni confirmó ni
desmintió ayer estas cifras. La portavoz del departamento no
contestó a ninguna de las preguntas que le formuló EL PAÍS. Lo único
que reconoció el consejero, tras una visita al hospital de La Paz,
es que acumula un retraso de unos 300 días en el pago a proveedores.
Las clínicas,
mientras tanto, aseguran estar con el agua al cuello. "La situación
es insostenible", avisa Luisa Torres, portavoz de la clínica Dator,
uno de los centros más grandes y el que más interrupciones
voluntarias del embarazo realiza. Casi el 70% de los abortos que
practican las clínicas se hace con cargo a la sanidad pública. De
ahí que las cuentas no salgan. Sin apenas ingresos, los trabajadores
de estos centros empiezan a temer por sus empleos. Antes de que se
aprobara la Ley de Salud Sexual y Reproductiva -de la que ahora se
cumple su primer aniversario-, el porcentaje de intervenciones
procedentes del sistema público era mucho menor, de entre un 20% y
un 30%. La gran mayoría las pagaban las mujeres de su bolsillo. La
nueva legislación consagró el derecho a la prestación gratuita y
muchas más pacientes empezaron a solicitar a sus comunidades
autónomas que les financiaran la intervención.
"El ahogo
económico ha llegado a unos niveles alarmantes y la situación nos
preocupa mucho. Creemos que el no pagar es una estrategia de la
Comunidad de Madrid para acabar con las clínicas y entorpecer su
labor. No creen en la ley del aborto, en que tenga que ser una
prestación de la sanidad pública y así, a través de estas fórmulas
que dificultan el trabajo de los centros, lo están demostrando",
critica Torres, que se plantea qué ocurriría si clínicas privadas
como la suya no existieran. "Estamos aliviando al sistema de una
importante presión asistencial. Además, las mujeres no tienen
alternativa en la pública", dice.
No le falta
razón. La Comunidad de Madrid prácticamente no realiza abortos en
sus hospitales públicos. Según los últimos datos oficiales del
Ministerio de Sanidad (de 2009), solo cinco de las 20.191
intervenciones se hicieron en la pública. El resto fueron derivadas
a las siete clínicas autorizadas. Javier Martínez Salmeán, jefe de
servicio de Ginecología del hospital Severo Ochoa de Leganés, y uno
de los expertos que participó en la elaboración de la nueva ley del
aborto -que marca un plazo de aborto libre de 14 semanas, durante
las cuales la mujer no tiene que dar explicaciones-, confirma que la
nueva norma apenas ha variado la situación. Algunos hospitales
públicos han empezado a realizar la prestación, pero solo en casos
contados. "La mayoría de las veces para diagnósticos graves de
malformación", explica.
Mientras, los
centros privados se ven incapaces de seguir trabajando si la
situación se perpetúa. La Comunidad de Madrid no salda sus deudas, y
ello a pesar de que gracias a un sistema de precios fijos la
cantidad que paga por cada intervención es, por regla general, un
25% más baja que cuando la mujer afronta el coste de su bolsillo.
Los
representantes de los centros han avisado por escrito a la
Consejería de Sanidad de la situación hasta en tres ocasiones. En la
primera carta, de marzo pasado, le pidieron una reunión urgente a la
viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Patricia Flores, que, según
denuncian, ni siquiera les ha contestado. En el escrito recuerdan a
la Comunidad que las tarifas siguen igual que hace una década, pese
a que el IPC ha subido un 28%. Antes de la nueva ley, explican, "el
perjuicio de la falta de actualización de las tarifas era tolerable,
y asumido como parte de nuestro compromiso social, dado que el
porcentaje de pacientes bajo la cobertura de la Comunidad de Madrid
no suponía ni el 20% del total de nuestra actividad".
Al aumento de
esa actividad hasta el 70% se suma que los hospitales "vienen
incurriendo en unos retrasos que nos generan un importante déficit
de tesorería que ya no encuentra cobertura bancaria". Un mes
después, las clínicas volvieron a manifestar su "alarma" por la
situación, y avisaban de que si los hospitales no pagan eso
significará "la inviabilidad de la citada prestación para las
mujeres bajo la cobertura de la Comunidad de Madrid". Aún hubo una
tercera carta, del 18 de mayo.
Ante la falta de
diálogo, las clínicas se plantean ahora dar un ultimátum a la
Comunidad. Si para el 15 de septiembre siguen sin cobrar, dejarán de
realizar las intervenciones a las mujeres que lleguen derivadas de
la sanidad pública. "Nosotros hacemos interrupciones de embarazo de
alto riesgo a muchas mujeres que llegan de otras autonomías. Si
tenemos que parar, el conflicto afectará a toda España", predice
Muñoz. "No sabemos qué hacer para que las mujeres no salgan
perjudicadas", añade. Un argumento parecido es el que utiliza Luisa
Torres, de Dator, a quien le preocupa que la inacción de la
Comunidad de Madrid y su falta de compromiso perjudique "aún más" a
las mujeres. Una posible solución para paliar las consecuencias del
eventual paro sería, según Empar Pineda, practicar los abortos solo
a las mujeres con embarazos muy avanzados, de 21 o 22 semanas. "Por
respeto a ellas, para que no sean las que paguen por esta
situación".
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06.06.11
7) AGUIRRE FICHA PARA LA AGENCIA DEL MENOR A LA EXALCALDESA DE
LIZARTZA
"Aquí nadie me va a dar trabajo. Me iré al paro y lo buscaré
fuera". La exalcaldesa de Lizartza (Guipúzcoa), Regina Otaola (PP),
hablaba así de su futuro tras anunciar que no repetiría en el cargo
y que dejaba la política vasca. Apuntó a la empresa privada y empezó
a hacer cursos de reciclaje. Pero, un año después, su destino ha
quedado ligado al de la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo de
Esperanza Aguirre aprobó ayer su nombramiento como directora de la
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, un
puesto "ilusionante y de gran responsabilidad", según la designada.
El Ayuntamiento de Lizartza pasó a manos de Bildu en las recientes
elecciones municipales. "Un cambio de aires en la vida viene bien a
todos", aseguró ayer la exregidora.
Otaola (Eibar, 1952) sustituirá a Carmen Balfagón, que se
marcha con María Dolores de Cospedal al Gobierno de Castilla-La
Mancha como secretaria general de Asuntos Sociales. La exalcaldesa
fue amenazada de muerte por un proetarra y vivió todo su mandato con
un concienzudo dispositivo de seguridad. Es también una de las voces
críticas del partido desde que Antonio Basagoiti sustituyó a María
San Gil al frente del PP vasco.
La propia política admitió públicamente estar más cómoda con
el equipo de San Gil que con la actual dirección. No es la primera
vez que Esperanza Aguirre rescata a un cargo alejado de la cúpula
del PP vasco consagrada y bendecida por Mariano Rajoy. La presidenta
fichó en 2010 a Santiago Abascal, exparlamentario vasco del PP del
sector crítico. Abascal es desde entonces director de la Agencia de
Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. Y hace tres años
tentó a San Gil sin éxito.
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González,
rechazó ayer que hayan pesado motivos políticos en el nombramiento
de Otaola. Según González, sus méritos para el nuevo puesto son "su
gran formación y su gran experiencia profesional, tanto en lo
público como en lo privado".
Otaola admite haber tenido "muy poca experiencia" con menores
en su trayectoria política. Pero apela a su formación en Derecho (es
licenciada por el ICADE) y al "sentido común" y promete "dedicación
absoluta" para sacar adelante su nueva tarea. Está "encantada" de
formar parte del equipo de Aguirre, a la que define como "una de las
mejores líderes de España". Lizartza, con 641 habitantes, fue
durante su mandato la única alcaldía del PP en Guipúzcoa. La primera
decisión al asumir el cargo fue ordenar la retirada de todos los
carteles con fotos de etarras, las pintadas y las pancartas de la
fachada del Ayuntamiento. El municipio guipuzcoano ha quedado en
manos de Bildu tras las últimas elecciones, a las que Otaola no se
presentó. También ocupó el puesto de portavoz del PP en las Juntas
Generales de Guipúzcoa.
www.elpais.es 01.07.11
8) AGUIRRE
PRESCINDE DE GRANADOS EN SU NUEVO GOBIERNO DE MADRID
Esperanza
Aguirre tomó ayer por la mañana juramento como presidenta de la
Comunidad de Madrid y por la tarde anunció la composición de su
Ejecutivo a través de Twitter. La dirigente popular prescinde de
Francisco Granados, que ocupaba la cartera de Presidencia, Justicia
e Interior. Granados llevaba desde 2003 en el Ejecutivo de Aguirre y
hasta ahora era el número tres en la Administración regional.
Aguirre reduce su Gobierno de nueve a ocho consejerías. Casi la
mitad que hace tres años.
Era el jefe
de los supuestos espías que siguieron a Cobo y Prada
La decisión de
Aguirre ha causado gran sorpresa entre los populares porque Granados
es el secretario general del PP de Madrid y como tal ha diseñado la
campaña electoral y ha negociado con UPyD las alcaldías en
municipios donde no tenía mayoría absoluta.
La
interpretación sobre la exclusión de Granados apunta al espionaje
político en la Comunidad de Madrid. Hace dos meses, justo antes de
las pasadas elecciones, la Audiencia Nacional reabrió el caso del
espionaje a cargos del PP en la región. Granados era el jefe de los
supuestos espías a los que el tribunal acusa de malversación de
fondos. Fue él quien los contrató y les puso a trabajar para la
Administración regional con el doble de sueldo que cobraban como ex
guardias civiles. Mientras Granados era el responsable, los agentes
siguieron al exconsejero de Justicia, Alfredo Prada, y al
vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.
Otras fuentes
recuerdan que la semana pasada Aguirre se reunió con Granados para
ofrecerle la portavocía del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid y
uno de los cinco escaños en el Senado que le corresponde al PP por
designación autonómica. Pero Granados rechazó la primera parte de la
oferta con malestar porque mantenía otras aspiraciones.
Con la salida de
Granados, Ignacio González es el único miembro del Gobierno que
permanece junto a Aguirre desde 2003. González se mantiene como el
hombre fuerte. Es vicepresidente, portavoz del Gobierno y mantiene
las consejerías de Cultura y Deportes. Es el maestro de ceremonias
en el Consejo de Gobierno y por sus manos pasan todos los asuntos
relevantes del Ejecutivo.
El número dos
de Madrid mantenía frecuentes pulsos políticos con Granados y se
sentía incómodo con la ortodoxia presupuestaria de Antonio Beteta
como consejero de Economía y Hacienda. Aguirre desplaza a Beteta a
Transportes e Infraestructuras.
www.elpais.es
17.06.11
9) EL FIN DE UN
DUELO POR EL PODER DEL PARTIDO
Aguirre acaba
con el pulso que mantenían González y Granados
Francisco
Granados era un joven yuppie financiero de éxito cuando en 1999
saltó a la política local. Se convirtió en el alcalde de su pueblo,
Valdemoro, hasta entonces gobernado por los socialistas. Cuando
Esperanza Aguirre desembarcó en Madrid, tras el traumático episodio
del tamayazo, se fijó en el joven alcalde de Valdemoro.
Tras alcanzar la
presidencia de Madrid, Aguirre decidió desafiar a su compañero
Alberto Ruiz-Gallardón y disputó la presidencia del PP local. El
convulso episodio para los populares concluyó con Granados como
secretario general del PP de Madrid. Su carrera había sido
fulgurante. Pronto ocuparía la cartera de Transportes del Gobierno
regional e iría escalando en el gabinete de Aguirre, hasta
convertirse en la pasada legislatura en el número tres.
Entonces
comenzaron los problemas entre él e Ignacio González, hombre de
confianza de Aguirre desde los tiempos en que ella era concejal de
Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Madrid. "Esta pelea viene de
lejos. Parece que la presidenta ha querido poner fin a esa guerra",
apunta un veterano diputado del PP. "Nunca ha habido dudas para
Aguirre, el favorito siempre ha sido Ignacio", añaden fuentes
próximas al Gobierno regional.
Durante años,
Aguirre permitió el pulso que mantenían uno y otro. El plan para que
González saltara a la presidencia de Caja Madrid allanaba el camino
a Granados. Pero la operación se frustró. El duelo entre ambos acabó
con la paciencia de Juan José Güemes, exconsejero de Sanidad, que
aspiraba a avanzar en el escalafón del poder regional y se marchó a
la empresa privada.
La tensión
creció con el asunto de los espías. La desconfianza se instaló entre
ellos. Ahora el futuro de Granados estará en el Senado. "No pueden
verlo en Génova [sede del PP nacional]. Esta decisión no será
cuestionada por el entorno de Rajoy, aunque Granados se haya
acercado a Cospedal", apuntan otras fuentes del PP.
González puede
respirar tranquilo. Ahora nadie parece querer interponerse en su
camino. Todo es cuestión de tiempo.
www.elpais.es
17.06.11
10) UN TERCIO
DEL PRESUPUESTO ANUAL DE ESPERANZA AGUIRRE NO SE FISCALIZA
La opacidad
blinda los gastos del Servicio Madrileño de Salud, que cada año
sobrepasan los 6.000 millones de euros
La solemne
promesa de transparencia lanzada hace diez días por Mariano Rajoy ha
topado con la realidad. En Madrid, la mayor y más importante de las
comunidades gobernadas por el PP, un tercio del Presupuesto regional
jamás se ha fiscalizado bajo el mandato de Esperanza Aguirre, que
gobierna con mayoría absoluta desde 2003. Un ardid legal ha
permitido al Ejecutivo madrileño hurtar a la oposición y, sobre
todo, a la Cámara de Cuentas los datos sobre el gasto sanitario
real, que cada año representa más del 30% del Presupuesto general.
Desde que, en
2005 y fruto de la fusión de estructuras sanitarias previas, nació
el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), los Presupuestos regionales
le han asignado más de 43.000 millones. Sólo una vez la Cámara hizo
una incursión parcial en las cuentas sanitarias. Ocurrió en 2009,
cuando decidió auditar un programa cuyo coste equivale al 1,3% del
total asignado al Sermas entre2005 y 2011. El informe resultante
alertó del descontrol en los hospitales privados con conciertos o
convenios.
Desde 2005, el
ente sanitario ha recibido más de 40.000 millones
Cómo se han
distribuido esos 43.000 millones en una etapa marcada por la
privatización de la gestión hospitalaria es una pregunta cuya
respuesta permanece tras el muro de la opacidad. En 2010, la
dotación del Servicio Madrileño de Salud ascendió a 6.820 millones,
el 35,5% del presupuesto. Para este ejercicio, las cuentas le
asignan 6.875,8 millones, incluidas las operaciones financieras, lo
que significa el 36,6% del total.
La
coartada legal
Mientras que las
otras grandes comunidades Andalucía, Catalunya y País Valencià
entregan cada año la ejecución presupuestaria íntegra de sanidad a
sus respectivos órganos autonómicos fiscalizadores, Madrid se escuda
en su legislación para esquivar el control externo y el de la
oposición.
El Ejecutivo del
PP ha denegado por sistema los datos a la oposición
La coartada del
PP se sustenta en que el Servicio Madrileño de Salud es lo que el
argot administrativo denomina un ente
especial. Y los entes especiales no se integran en la cuenta general
de la Comunidad. Es esa cuenta, formada por el presupuesto de la
administración general las consejerías y sus organismos autónomos lo
que se fiscaliza obligatoriamente cada año. Y lo que el Gobierno
traslada a la oposición. Si quisiera, el PP podría pedir a la Cámara
que auditase la sanidad: si la Asamblea de Madrid lo reclamase,
sería motivo automático para el examen. Y también habría examen
periódico si así lo decidiera la Cámara de Cuentas, controlada por
consejeros afines al PP. Pero los conservadores no sólo no desean
abrir la caja de los hospitales y los centros de salud, sino que han
bloqueado todos los intentos de la oposición.
Los socialistas
llevan años reclamando a Aguirre que modifique la Ley de Hacienda
para cerrar de una vez el agujero informativo. El cambio sólo
afectaría a un artículo de esa norma, el 122, cuyo enunciado dice
ahora esto: "La Consejería de Hacienda remitirá mensualmente a la
Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea información sobre
la ejecución presupuestaria, consistente en el estado de ejecución
del presupuesto de la Comunidad de Madrid y de sus Organismos
Autónomos". Bastaría, y es lo que propone el PSOE, añadir la
siguiente coletilla: "[de sus Organismos Autónomos] y Entes Públicos
cuya normativa específica confiera carácter limitativo a los
créditos de su presupuesto de gastos". O sea, el Servicio Madrileño
de Salud y dos agencias la de Protección de Datos y la de Emigración
cuyo presupuesto conjunto no supera los 3,6 millones. Cuando la Ley
de Hacienda se promulgó en 1990, no existían los entes especiales.
Año a año, el
PSOE ha presentado en la tramitación de los Presupuestos una
enmienda con el texto reseñado en el párrafo anterior. Y, año a año,
el PP se ha valido de su mayoría absoluta para tumbarla.
En siete años,
la Cámara sólo ha auditado el 1,3% de los fondos totales
El porqué real
de esa negativa nadie lo explica, pese a que la propia Cámara de
Cuentas recomienda cada ejercicio promover los cambios legislativos
que permitan auditar el Servicio Madrileño de Salud.
En julio de
2010, el órgano fiscalizador emitió el ya citado informe parcial
sobre el Sermas. Pero parcial: afectaba al programa de atención
especializada durante 2007, cuya ejecución se cifró en 556,7
millones. "El Sermas no verifica la información que le remiten los
centros", concluía el diagnóstico, en relación con los hospitales
privados concertados.
La auditoría se
difundió cuatro meses después de que PSOE e IU denunciaran de nuevo
el blindaje de las cuentas sanitarias. El 2 de marzo de 2010, el
PPhabía bloqueado la comparecencia parlamentaria de los gerentes de
hospitales. El entonces diputado socialista Adolfo Piñedo lanzó una
pregunta. Retórica, dado que nadie contestó: "Nos preguntamos qué es
lo que Esperanza Aguirre tiene que ocultar al negarse tan tenazmente
a que nadie controle el gasto sanitario", dijo.
La política de
información cero, en
las antípodas del "portal de transparencia" prometido por Rajoy,
condujo a una paradoja inusual durante la fase de liquidación de las
cuentas de 2009, el pasado mes de octu-bre: el consejero de Sanidad,
Javier Fernández-Lasquetty, acudió a la comisión parlamentaria que
abordaba el asunto. Pero, una vez allí, se negó a proporcionar a la
oposición los datos de ejecución presupuestaria del Servicio
Madrileño de Salud. Los socialistas abandonaron la comisión en señal
de protesta. El portazo no alteró ni un milímetro la trayectoria del
PP.
El viernes, y
tras las preguntas de Público sobre una situación con ribetes de excepción en el
escenario autonómico, un portavoz de la Consejería de Economía se
limitó a recordar lo ya sabido: "La ley de Hacienda no obliga a
presentar información de los entes especiales de derecho público,
como el Sermas".
El departamento
que dirige Antonio Beteta añadió algo más: " Los Presupuestos de la
Consejería de Sanidad, incluido el Sermas, están englobados en los
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, que no sobrepasan
el límite de déficit (-0.70%) permitido por el Consejo de Política
Fiscal y Financiera". Pero la información solicitada por
Público no se
relacionaba con el déficit ni con la deuda que la sanidad madrileña
arrastra con sus proveedores, "el secreto mejor guardado" de
Aguirre,definió hace un mes el líder socialista madrileño, Tomás
Gómez.
www.publico.es
12.06.11
11) EL PACTO QUE DERROCÓ A PEDRO CASTRO
PP y UPyD acabaron en una comida con 28 años de
gobierno del alcalde de Getafe
En Ponteareas, una marisquería del barrio de
Salamanca, se entonó el réquiem político de Pedro Castro. PP y UPyD
sellaron en una reunión secreta, celebrada el 1 de junio, un pacto
de gobernabilidad para los próximos cuatro años en el Ayuntamiento
de Getafe. José Luis Morato, el candidato de la formación de Rosa
Díez en esa ciudad, dio su palabra de que se abstendrá en la
investidura del próximo sábado y dejará el camino libre al popular
Juan Soler. Así, entre lubinas y ensaladas de ahumados, se acordó
poner fin a 28 años como alcalde del socialista Pedro Castro.
El almuerzo no fue casual. La ambigüedad del
aspirante de UPyD en Getafe había encendido las alarmas en la calle
Génova. Soler, con doce concejales, necesita para ser alcalde el
apoyo de la formación de Rosa Díez (dos concejales). Así echará del
Ayuntamiento a la izquierda (nueve del PSOE y cuatro de IU). Morato
había dicho durante la campaña que dejaría mandar a la lista más
votada, pero después de las elecciones le entró la duda. La
izquierda, pensaba, suma más apoyos. Morato lanzó entonces mensajes
contradictorios, se dejó querer por los socialistas. Habló incluso
de que la renuncia de Castro podría llevarle a entablar
conversaciones con un nuevo candidato. Un día se vio con Soler y le
dijo que tenía dudas sobre varias propuestas de su programa
electoral.
Eso llevó a Francisco Granados, secretario general
del PP de Madrid, a tomar las riendas. Para el PP gobernar en Getafe
supone acabar para siempre con el cinturón rojo, un mito del
socialismo.El 22-M, los populares habían logrado el mejor resultado
de su historia en esta plaza y aun así Castro no daba señales de
darse por vencido. Granados no quería dejar pasar esta oportunidad
de entrar en el Ayuntamiento.
A la comida que tuvo lugar en la calle Claudio
Coello de la capital no asistió la número dos de UPyD en
Getafe, Esperanza Fernández. No fue casual. Los populares dudaban de
ella por dos motivos. Primero, porque perteneció en los años ochenta
al Partido Comunista de los Pueblos de España y, además, Fidel
Alonso, su marido, es un conocido gestor de cooperativas muy
vinculado a la izquierda. En sus comienzos fue socio de Ángel
Torres, el dueño del Getafe Club de Fútbol. Alonso fue también
máximo dirigente de CC OO de Madrid en los setenta. Por todo esto,
Soler y Granados tenían reticencias con Fernández. Pensaban que ella
podría inclinarse por dar su apoyo a Castro, alguien más de su
cuerda. Morato les dijo que estuviesen tranquilos. Se esforzó en
disipar las dudas respecto a ella y dijo que los dos actuarían en la
misma dirección y siempre con el visto bueno de la dirección
nacional del partido.
Morato, un empresario logístico, es más del gusto
de los populares. De hecho, se presentó por el PP a las elecciones
de 1991 al Ayuntamiento de la ciudad. Después abandonó la formación
por sentirse menospreciado. Ahora, 20 años después, Morato tiene en
su mano auparlos al poder o mandarlos al banco de la oposición.
Durante la comida se abordaron dos temas
fundamentales para el futuro de la ciudad: la situación de la ciudad
deportiva del Getafe, las subvenciones que recibe y el designio de
su cantera, y el desarrollo urbanístico de los terrenos donde se
ubica la fábrica de John Deere. La empresa de maquinaria agrícola
posee terreno industrial y parcelas sin construir en lo que antes
eran las afueras pero ahora es el centro de la ciudad, junto a la
estación de Cercanías. Los empresarios hablan de edificar en ese
triángulo lo que sería la milla de oro de Getafe.
"Se habló de estos temas como muchos otros que
atañen a esta ciudad", dice uno de los presentes. El PP, por su
parte, confirma que se produjo la reunión pero niega que se hayan
abordado temas urbanísticos en la misma. El caso es que en ese
encuentro Morato confirmó que su formación apoyaría al Partido
Popular. Tras un apretón de manos, Juan Soler se sentía por primera
vez alcalde. Faltaba en la foto Esperanza Fernández, mano derecha de
Morato: "Me he enterado por la prensa de esa reunión. No he hablado
con mi compañero sobre en qué términos se habló ahí. Morato está
fuera de la ciudad, le preguntaré cuando vuelva", sostiene
Fernández por teléfono.
Hora y media después, UPyD tenía cita con Pedro
Castro en su despacho. Un encuentro sin interés, a la vista de lo
que había ocurrido antes. Ahí sí estaba presente Esperanza
Fernández. Morato vio a Castro derrotado, sin esa energía que le ha
caracterizado durante años. UPyD solo cambiaría de opinión y
apoyaría al histórico alcalde en el caso de que Ferraz se
comprometiese a reformar la Ley Electoral y a devolver las
competencias de Educación al Estado. Los presentes sabían que eso no
va a pasar. Castro les enseñó después, a modo de despedida, su
despacho y las fotos con personalidades que tiene colgadas por las
paredes. A partir del sábado, ese será el lugar de trabajo de Juan
Soler. Getafe amaneció ayer llenó de octavillas donde se decía que
el partido de la exsocialista Rosa Díez regalaba el Ayuntamiento a
la derecha.
En otro municipio del histórico cinturón rojo,
Parla, el alcalde en funciones, José María Fraile, necesitado de un
pacto con IU para seguir al frente del Ayuntamiento, dijo ayer que
las negociaciones con la coalición se encuentran "en punto muerto".
De todos modos, Fraile podría gobernar en soledad al ser la lista
más votada. Le sacó tan solo 22 votos al PP. Donde ya no hay dudas
de quién gobernará es en Leganés: lo hará el PP. PSOE e IU se habían
planteado apoyar a un concejal independiente para que este fuese
alcalde, aún en contra de su voluntad. Los socialistas han visto que
esta maniobra anti-PP podría desgastarles mucho y ayer anunciaron
que se votarán a sí mismos durante la investidura. Dejan el camino
libre a los populares.
www.elpais.es 09.06.11
12) AGUIRRE ELIGE COMO PORTAVOZ EN LA ASAMBLEA AL
ÚNICO IMPUTADO DE SU LISTA
Íñigo Henríquez de Luna, que se enfrentó a Rajoy
en el congreso del PP en 2008, está acusado de tráfico de
influencias, aunque el fiscal pide el cierre de la causa
Esperanza Aguirre, presidenta del PP regional, marca
territorio en la Asamblea de Madrid. El resultado que ha cosechado
en las pasadas elecciones le permite actuar a su antojo, sin
maquillaje político. Sin medias tintas. La abultada victoria que ha
cosechado le permite exhibir su poder ante Mariano Rajoy, presidente
del PP, con el que se había distanciado desde que en 2008 amagara
con arrebatarle el sillón. Ahora pretende recuperar la influencia en
el partido.
La propuesta del PP para la portavocía sorprendió
a varios diputados
Gregorio Gordo liderará a IU en el parlamento
situado en Vallecas
Ayer hizo una demostración de fuerza. La víspera de la
constitución de la Asamblea, eligió a Íñigo Henríquez de Luna como
el próximo portavoz del Grupo Popular en el Parlamento madrileño.
Este fue el político popular que reclamó primarias en el PP para
elegir al presidente nacional del partido. Con esta propuesta
pretendía abrir una vía que permitiría a Aguirre disputar la
presidencia a Mariano Rajoy.
Henríquez de Luna es el único imputado que Aguirre llevaba en
las listas autonómicas. Exconcejal del distrito de Salamanca, es
además un leal valedor en sus batallas internas contra su compañero
de partido Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de la capital. El nuevo
portavoz está imputado por el caso Becara, en el que se le
acusa de presunto tráfico de influencias al conceder una licencia a
la conocida tienda de decoración en una entreplanta de la calle de
Juan Bravo. Henríquez de Luna se mostró sorprendido por su
nominación, y recordó que el caso por el que está imputado "lleva
muerto tres años". Achacó su imputación a una venganza de la familia
propietaria del inmueble a la que cerró un despacho profesional por
carecer de licencia. "Llevo tres años esperando que se archive",
dijo tras conocer su nuevo cargo. Henríquez de Luna resta
importancia a su imputación. De hecho, el fiscal pidió hace año y
medio el sobreseimiento del caso, aunque el juez aún no ha dado
carpetazo. Fuentes del PP próximas al diputado aseguran que la causa
será cerrada en breve.
Henríquez de Luna tendrá que medirse con Tomás Gómez, líder de
los socialistas madrileños, que será el portavoz del Grupo
Socialista. Su nombramiento sorprendió en las filas populares porque
el diputado ocupa el número 37 en la lista electoral y apenas tiene
experiencia parlamentaria. Fuentes del PP aseguran que antes de
proponer a Henríquez de Luna, Aguirre le ofreció el cargo de
portavoz a Francisco Granados, secretario general del PP regional y
número tres del Gobierno, pero este lo rechazó. Las quinielas
se centraban estos días en quién sería el nuevo presidente del
Parlamento, puesto para el que Aguirre propuso ayer al veterano
consejero de Transportes en funciones José Ignacio Echeverría, que
sustituirá, cuando hoy lo apruebe la Cámara, a Elvira
Rodríguez.Aguirre acostumbra a otorgar prebendas a los más fieles.
En los últimos años ha recompensado a los miembros del ala más dura
del PP con relevantes puestos en la Administración. Así lo hace
también con el consejero de Transportes, José Ignacio Echeverría, a
quien propone como presidente de la Asamblea de Madrid en
sustitución de Elvira Rodríguez, próxima al presidente del PP. El
nuevo presidente de la Cámara regional protagonizó una de las
meteduras de pata más desafortunadas de los últimos meses. Durante
un pleno parlamentario negó la existencia del metrobús, el abono de
10 viajes del suburbano. Echeverría es uno de los aguirristas
más leales. "Ha sido una sorpresa. No me lo esperaba", aseguró ayer
tras la reunión del grupo parlamentario popular donde de aprobó su
nominación, que será refrendada hoy. "Llevo 30 años dedicado a la
política y este cargo supone alcanzar una meta", agregó, tras
reconocer que la metedura de pata del metrobús no le ha pasado
factura. "Fue mi gran error en política", concluyó.
Como portavoces adjuntos, el PP ha nominado a Pedro Muñoz
Abrines y a Álvaro González, que repetirán. El grupo popular también
acordó proponer a Cristina Cifuentes como vicepresidenta de la
Asamblea y a Jacobo Beltrán secretario primero de la Mesa. Ambos
diputados repetirían cargo. Carlos González, ex portavoz del PP en
Getafe, ocupará la secretaría tercera. Todos estos cargos serán
refrendados hoy en el pleno de constitución de la Asamblea.
El PSM eligió ayer también a los miembros de la dirección de
su grupo parlamentario. El máximo responsable de los socialistas en
la región, Tomás Gómez, se estrena en la Asamblea después de haber
pasado una legislatura en la sombra porque no era diputado. Ahora
podrá medirse con Aguirre durante las sesiones de control al
Gobierno. La presidencia del grupo socialista la ostentará la ex
delegada del Gobierno Amparo Valcarce. Los socialistas han previsto,
además, que Juan Barranco, que regresa a la política madrileña,
ocupe la vicepresidencia segunda de la cámara y la ex ministra
Matilde Fernández se quede con una de las secretarías de la Mesa de
la Asamblea. Pero un acuerdo entre el PP, IU y UPyD para que todos
los grupos parlamentarios tengan representación en la Mesa podría
desbaratar los planes de los socialistas.
En Izquierda Unida no habrá muchas sorpresas: Gregorio Gordo,
coordinador general de la coalición de izquierdas en Madrid será el
portavoz en la Asamblea. Una de las incógnitas de la formación será
ver quién ostentará la vicepresidencia tercera de la Asamblea, que
el PP cederá a IU. Hasta ahora la ocupaba el diputado Antero Ruiz.
En el pleno de constitución, que se celebrará esta mañana, se
formalizará la entrada en la Asamblea de UPyD. El diputado Luis de
Velasco será probablemente el portavoz de la formación magenta.
Además, tendrá que decidir quién completará la Mesa y será el
secretario segundo de la Asamblea.
El próximo presidente de la Asamblea manifestó ayer que la
entrada de UPyD en el Parlamento regional será uno de los puntos
difíciles de la legislatura. "No por ese partido, sino porque habrá
cuatro grupos en la Cámara", señaló.
JOSÉ IGNACIO ECHEVERRÍA. El consejero de las
meteduras de pata
José Ignacio Echeverría (Tánger, 1946) es uno de los
históricos dirigentes del PP regional. Inicia su quinta legislatura
como diputado en la Asamblea de Madrid. Es recordado por sus
descuidos y meteduras de pata.
Fue el consejero de Transportes que hace unos meses negó la
existencia del metrobús durante un pleno de la Asamblea. Pidió
disculpas cuatro días después tras reconocer que había sido su mayor
error político. Unos meses antes, durante la parada militar con
motivo de la fiesta de la Hispanidad, mientras esperaba en la
tribuna de autoridades afirmó: "Cualquiera se hace famoso con una
anchoa y un taxi", en referencia al presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla. Echeverría pronunció la desafortunada frase delante
de la esposa del político cántabro.
Este veterano dirigente popular ha sido vicepresidente de la
Asamblea durante dos legislaturas. Como consejero de Transportes se
enfrentó a la huelga total de trabajadores de metro que paralizó la
ciudad en verano del pasado año. Abrió expediente a los impulsores
de la huelga pero nunca llegó a resolverlo. Echeverría ha sido
también concejal del Ayuntamiento de Madrid entre 1987 y 1999.
ÍÑIGO
HENRÍQUEZ DE LUNA. El aguirrista que lanzó un órdago a Rajoy
Íñigo Henríquez de Luna (Madrid, 1964), abogado de profesión,
ha saltado desde el Ayuntamiento de Madrid a la Asamblea regional.
Hoy se convertirá por sorpresa en portavoz del PP en la Cámara. De
exquisita educación, preside con soltura el PP del distrito de
Salamanca. Hijo de la marquesa de Villablanca, es frecuente verlo
vestido de forma impecable en la calle de Goya, donde está la sede
local del partido.
Es conocido por reclamar primarias para elegir al presidente
del PP tras la segunda derrota electoral de Mariano Rajoy, en las
generales de 2008. Aquello le enemistó con el entorno del patrón
popular en la época en que Esperanza Aguirre amagaba con disputar la
presidencia del PP a Rajoy. Aguirrista confeso, ha liderado al grupo
de ediles del PP opuestos al alcalde Alberto Ruiz-Gallardón en sus
litigios internos con la presidenta regional. Su maniobra fue
premiada con el encargo de elaborar la ponencia de estatutos en el
Congreso regional del PP de 2008.
Está imputado en el caso Becara, por presunto tráfico
de influencias en la concesión de la licencia a una tienda de
muebles. Fuentes de su entorno aseguran que el caso será sobreseído
en los próximos días.
www.elpais.es 07.06.11
13) GALLARDÓN: "LO PÚBLICO TIENE QUE SABER DAR UN
PASO HACIA ATRÁS"
El regidor madrileño pide más "espacio" para "lo
privado" y presume de gestión sin mencionar el endeudamiento de la
capital
El alcalde de Madrid en funciones, Alberto Ruiz-Gallardón,
considera que "lo público tiene que saber dar un paso inteligente
hacia atrás para que ese espacio lo ocupe lo privado". Así lo ha
asegurado el regidor de la ciudad más endeudada de España, que ha
presumido de gestión durante la presentación en el IE Bussines
School, donde ha hablado de Madrid como "modelo de gestión pública
orientado al futuro".
Gallardón considera aún así que los instrumentos de
colaboración entre lo público y lo privado han sido uno de los
factores del éxito de la capital. Un éxito que, según el alcalde,
casi nadie creía posible cuando se constituyó el Estado de las
autonomías en los años 80 porque se pensaba que la riqueza de Madrid
era "fruto de decisiones políticas" y se suponía que cuando el poder
político se dispersase como consecuencia de la reorganización
administrativa la economía madrileña caería.
"Pasó todo lo contrario", ha afirmado Gallardón, quien ha
valorado el aumento del PIB madrileño de los 4.000 millones de euros
de 1970 a los 126.000 millones de hoy en día (el 12% del país). Sin
embargo, el regidor madrileño no ha mencionado la situación que vive
la capital, que lidera la lista de los consistorios más endeudados
de España con 6.453 millones de euros.
Pese a todo, el alcalde ha defendido la disminución del peso
del sector público al afirmar que en Madrid solo da empleo al 15,9%
de la población ocupada, mientras que el sector servicios da trabajo
al 84%. Gallardón ha comparado la capital con otros territorios del
país al afirmar que el Estado de las autonomías ha llevado a la
capital a "convocar a la sociedad civil" al desarrollo económico,
social y cultural, mientras que en los demás se ha generado un
sector público "protagónico".
www.publico.es 07.06.11
14) LOS ABOGADOS RESPONDEN A GRANADOS
Los letrados sostienen que desde 2006 la factura del turno de oficio
ha aumentado en siete millones y no en 44, como afirma el consejero
de Justicia
Se
cumplen hoy cinco días desde que los 4.500 abogados que ejercen el
turno de oficio en Madrid suspendieran en torno a la mitad de sus
asistencias en protesta por una "degradación" del servicio de la que
culpan a la Comunidad de Madrid, que les paga con retrasos de hasta
500 días y que no ha actualiza sus tarifas desde 2003.
El gasto en justicia gratuita ha subido menos que en otras
Comunidades, dicen
Culpan del aumento al crecimiento de la población, a la crisis y a
nuevas leyes
Esta
semana la Comunidad ha movido ficha. En realidad han sido dos. Por
un lado, el jueves desbloqueó cuatro millones de euros
correspondientes a los servicios prestados por los abogados del
turno en 2010. Les siguen debiendo, dicen estos, 13 millones de
euros. La segunda ficha la ha movido el consejero de Presidencia,
Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados,
que hizo a EL PAÍS las siguientes declaraciones: "Desde que tenemos
la competencia [del turno de oficio], hace cinco años, la progresión
de la factura ha sido exponencial, ha pasado de seis millones de
euros a más de 50". Asimismo, Granados daba un tirón de orejas al
Colegio de Abogados de Madrid por no hacer una suficiente
"racionalización" del servicio y por pretender una actualización de
las tarifas de los letrados del "30%".
Estas
declaraciones no han sentado nada bien en el Colegio de Abogados de
Madrid, que para responder al consejero ha decidido exponer sus
cuentas. Según sus propios datos, entre 2006 y 2010 (ambos
inclusive), "las cantidades certificadas a la Comunidad de Madrid"
han pasado de 36 millones de euros a 43 millones, lo que supone un
incremento del 19%.
El
Colegio recuerda además que mientras que entre 2006 y 2010 el
incremento medio del gasto en justicia gratuita en las Comunidades
Autónomas con competencia en la materia ha sido del 65%, en la
Comunidad de Madrid el aumento ha sido del 44%.
En su
opinión, este incremento está lejos de tener relación alguna con su
gestión, sino con el impacto que en la asistencia jurídica gratuita
ha tenido la combinación de factores "demográficos, normativos y
económicos". En los últimos cinco años, aseguran, el número de
potenciales demandantes de este servicio ha crecido más de un 9% por
el aumento del censo de población, que ha pasado de 5.821.054
habitantes a 6.369.167. Por ahí las causas demográficas.
Los
factores que atañen a la normativa son varios. A los juicios rápidos
-cuya asistencia se presta en un 93,3% de los casos por abogados del
turno de oficio, explican- hay que sumar "dos hitos normativos"
recientes: la creación en 2005 de la Ley Integral de Violencia de
Género y la reforma, dos años más tarde, de la Ley de Seguridad
Vial. Estas dos materias, informan, suponen un 84% de los juicios
rápidos, "y tienen como origen cambios legislativos", dicen, dolidos
por la sugerencia de que el aumento del gasto se deba a su mala
gestión.
Finalmente, los letrados aluden a la crisis económica, que según sus
datos ha provocado un aumento del 29,2% en los asuntos que llegan a
los tribunales, que han pasado de 1.133.715 en 2004 a 1.465.038 en
2009, con especial efecto en la jurisdicción social, "que incrementó
la necesidad de asistencia jurídica gratuita en un 38,4% entre 2007
y 2010", añaden.
Respecto
a la actualización de tarifas, el Colegio de Abogados insiste en que
no persiguen "sino la justa reivindicación de que los abogados
madrileños no cobren menos que los abogados vascos o catalanes".
www.elpais.es 05.06.11
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