ÍNDICE
1) EL PP PRESIONA A PEDREIRA PARA QUE SE INHIBA
EN EL ‘CASO GÜRTEL’
Principio del formulario
2) LOS AFORADOS DE GÜRTEL ENTREGAN SUS ACTAS PARA
QUE PEDREIRA DEJE DE INVESTIGARLES
3) LA ASAMBLEA HACE EFECTIVA LA RENUNCIA DE LOS
IMPUTADOS
4) LOS ATAQUES AL JUEZ PEDREIRA DIVIDEN Y TENSAN
AL TRIBUNAL DEL CASO
5) EL CONSTITUCIONAL AMPARA AL EXCONCEJAL DEL PP
QUE DENUNCIÓ EL GÜRTEL TRAS SER EXPULSADO
6) PEDREIRA CITA A DECLARAR COMO IMPUTADO A UN
ALTO CARGO DE ARGANDA
7) PEDREIRA DICTARÁ LA APERTURA DEL JUICIO POR EL
‘CASO GÜRTEL’ ANTES DEL 15 DE JUNIOFinal del formulario
8) ANA MATO NO SERÁ IMPUTADA POR RECIBIR REGALOS
DE CORREA
9) GALLARDÓN GUIÑA CON EL OJO DERECHO
10) LAS 13 "TONTERÍAS" DE AGUIRRE
11) EL SUPREMO ANULA EL DECRETO ANTITABACO
DESCAFEINADO DE AGUIRRE
12) UNA SANIDAD CADA VEZ MÁS PRIVADA
13) CAE UN ALTO CARGO DE ALCOBENDAS POR FAVORECER
A UNA EMPRESA AFÍN
14) AGUIRRE SE BLINDA CON LA LISTA ELECTORAL DE
LA ASAMBLEA
15) LA ALCALDESA DE GUADARRAMA DEJA EL PP TRAS
ENFRENTARSE CON SU ANTECESOR
16) LOS TRABAJADORES DE TELEMADRID PIDEN QUE
SOSTRES NO VUELVA
17) AGUIRRE PREMIA CON UN PUESTO EN SU LISTA A UN
ALCALDE QUE NO EMPADRONA INMIGRANTES
18) EL ESPIONAJE AL NÚMERO DOS DE AGUIRRE
BUSCABA PRUEBAS DEL PAGO DE COMISIONES EN COLOMBIA
19) TELEMADRID SOSTIENE QUE USAR EL SELLO DE ETA
SOBRE ZAPATERO FUE UN RECURSO
20) EL COMITÉ DE EMPRESA DE TELEMADRID EXIGE "EL
CESE INMEDIATO" DEL DIRECTOR DE INFORMATIVOS
1) EL PP PRESIONA A PEDREIRA PARA QUE SE INHIBA
EN EL ‘CASO GÜRTEL’
Principio del formulario
El PP está buscando a marchas forzadas que el
juez instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, se inhiba de
"manera inmediata" a favor de la Audiencia Nacional, para conseguir
así que no se produzcan las declaraciones de testigos o imputados
que ya están previstas en la agenda del magistrado y que pueden
afear la campaña de los 'populares' para las elecciones del 22 de
mayo.
Artículos relacionados
El Gobierno de Aguirre con la vista puesta en la
campaña electoral pide que lo haga de "manera inmediata"
Tras la renuncia de los tres diputados madrileños
imputados en el caso, Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y
Alfonso Bosch, el pasado jueves, el Gobierno de Esperanza Aguirre
dejó claras sus verdaderas intenciones al pedir a los aforados que
dejaran su escaño en la Asamblea de Madrid. Un día después del
anuncio, el consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados,
afirmó su confianza en que Pedreira se inhiba "de manera inmediata"
porque "lógicamente" carece de sentido que siga instruyendo la
causa. Con la renuncia a sus escaños, la instrucción del proceso
contra los tres exdiputados regionales pasa del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid a la Audiencia Nacional.
Pedreira no puede suspender su agenda
Según precisa el diario Público, la inhibición del juez no se
producirá hasta dentro de un mes o dos, y, además, Pedreira no puede
suspender las 15 declaraciones previstas entre los días 4 y 18 de
mayo, en medio de la campaña electoral, porque podría ser acusado de
prevaricación.
El temor ante declaraciones comprometedoras
La insistencia del PP en que Pedreira se inhiba parte del temor de
que las declaraciones de algunos de esos testigos ante el juez ponga
en peligro al partido. Entre las citas del magistrado está la de la
concejala de Boadilla del Monte que adjudicó a la
trama Gürtel la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) por medio
millón de euros al año, y el arquitecto de ese mismo municipio
madrileño que avaló una adjudicación supuestamente amañada.
Naseiro y sus declaraciones sobre Bárcenas
Pedreira también interrogará al extesorero del PP Rosendo Naseiro,
protagonista del escándalo por la financiación ilegal de ese partido
y cuyas declaraciones pueden ser determinantes contra Luis Bárcenas.
Asimismo, debe declarar como imputado el gerente de la Sociedad de
Fomento de Arganda, la empresa pública que permitió al cabecilla de
Gürtel, Francisco Correa, embolsarse una comisión presuntamente
ilegal de 13 millones de euros gracias a un pelotazo urbanístico.
www.elplural.com 30.04.11
2) LOS AFORADOS DE GÜRTEL ENTREGAN SUS ACTAS PARA
QUE PEDREIRA DEJE DE INVESTIGARLES
El tribunal pide al fiscal que informe dónde
deben ir los 620 tomos del sumario
Más de seis meses después de que Esperanza
Aguirre los expulsara del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid, y
a menos de un mes de las elecciones del 22 de mayo, los tres
diputados regionales imputados en el caso Gürtel de
corrupción entregaron ayer su acta parlamentaria. Con este gesto, el
exconsejero de Deportes Alberto López Viejo; el ex portavoz adjunto
Benjamín Martín; y Alfonso Bosch renuncian a su condición de
aforados. Ahora, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid Antonio Pedreira tendrá que dejar de investigarles. Sobre los
tres pesan pruebas sólidas de que aceptaron sobornos millonarios de
la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa.
La sorpresiva renuncia a sus actas de estos tres
diputados del PP de Madrid, sin esperar a que se constituya la nueva
Asamblea regional tras las próximas elecciones, es interpretada en
fuentes jurídicas como un "intento elusivo y torticero" que busca
demorar aún más la instrucción. Los tres diputados explicaron ayer
que renunciaban al acta para no perjudicar al PP durante la campaña
electoral.
El juez Pedreira anunció hace varias semanas su
intención de dejar la instrucción prácticamente ultimada -con un
auto de imputación detallando los hechos que pesan sobre los más de
60 implicados- antes de las elecciones del 22 de mayo. Aunque los
diputados indicaron ayer que hoy comunicarían su renuncia en el
registro de la Asamblea de Madrid, no es probable que la causa
abandone de forma inminente la Sala de lo Penal del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, al que pertenece Pedreira y que
instruye la causa contra los aforados de esta comunidad.
Aun no se sabe con certeza el momento exacto en
que Pedreira tendrá que dejar de instruirla, y cuál será el órgano
judicial al que se remita y prosiga con la instrucción. La Sala de
lo Penal del Tribunal Superior fue la que en su día aceptó la
competencia para investigar el caso Gürtel. Y será ahora la
que decida a dónde remite este macrosumario (620 tomos con 265.000
folios): si al Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional, dirigido
ahora por el juez Pablo Ruz, sustituto de Garzón, primer instructor
de Gürtel, o a los juzgados de la plaza de Castilla, dado que desde
hoy no habrá aforados. Los jueces de la citada Sala Penal han
acordado pedir a la Fiscalía Anticorrupción que emita un informe en
el que ofrezca su opinión sobre el destino que debe darse al
sumario. Por tanto, el asunto seguirá en manos de Pedreira al menos
uno o dos meses más, ya que, decida la Sala lo que decida, no es
descartable que alguno de los 60 abogados personados en la causa
discrepe sobre el destino del sumario y presente un recurso ante el
Tribunal Supremo, lo que aumentaría aún más la espera antes de que
se conozca el destino final. Mientras no sea firme la decisión, el
juez Pedreira seguirá instruyendo el sumario Gürtel. Por tanto, es
previsible que siga con su agenda de interrogatorios prevista para
los próximos días. Entre ellos, han sido citados trabajadores de
Easy Concept, una de las principales empresas de la trama corrupta
que encabeza Francisco Correa.
www.elpais.es 29.04.11
3) LA ASAMBLEA HACE EFECTIVA LA RENUNCIA DE LOS
IMPUTADOS
La oposición critica la "celeridad" de la Cámara
y ve una "estrategia coordinada" de los dimitidos y el PP.- "Ya iba
siendo horita de que lo dejaran", afirma Aguirre.- Granados pide a
Pedreira que se inhiba del caso "de manera inmediata"
Entre críticas de la oposición, la Asamblea de
Madrid ha calificado esta mañana el escrito de renuncia que
registraron ayer los tres parlamentarios no adscritos imputados en
el caso Gürtel, Alberto López Viejo, Benjamín Martín y
Alfonso Bosch, lo que implica que han perdido ya de forma efectiva
su condición de diputados. PSM e IU consideran que la cámara se ha
dado mucha prisa en actuar e incluso ven una estrategia "combinada"
entre el PP y los imputados, que ayer dijeron que dejaban el escaño
por "responsabilidad" y "como un último gesto" a su antiguo partido.
La baja se produce más de seis meses después de que Esperanza
Aguirre los expulsara del Grupo Popular y a menos de un mes de las
elecciones del 22 de mayo.
Ahora, el magistrado del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira tendrá que dejar de
investigarles. El juez anunció hace varias semanas su intención de
dejar la instrucción ultimada -con un auto de imputación detallando
los hechos que pesan sobre los más de 60 implicados- antes del 22 de
mayo. Aunque hoy mismo se ha formalizado su renuncia, no es probable
que la causa abandone de forma inminente la Sala de lo Penal del
TSJM. Aún no se sabe con certeza el momento en que Pedreira tendrá
que dejar de instruirla y cuál será el órgano judicial al que se
remita y prosiga con la instrucción. Hoy, la Fiscalía Anticorrupción
ha preguntado a la Asamblea si los tres imputados forman parte de la
Diputación Permanente de la Cámara y así saber si Pedreira puede
seguir instruyendo la causa. Ninguno de los tres están en dicho
organismo y, al estar en periodo ordinario, no está en funciones.
La oposición, indignada
Al respecto, el consejero de Presidencia,
Justicia e Interior de Madrid, Francisco Granados, se ha mostrado
confiado en que Pedreira se inhiba del caso "de manera inmediata" y
ha señalado que el hecho de que el PP recusara en su día al juez "no
influirá en absoluto" para su inhibición en el caso. "Estoy seguro
de que a partir de ahora el juez Pedreira se inhibirá del caso y de
que este caso pasará a la Audiencia Nacional o eventualmente a los
Juzgados de Plaza de Castilla", ha dicho el consejero del Gobierno
regional.
Previamente, en la reunión de la Mesa de la
Cámara en la que se ha llevado a cabo el trámite, los representantes
socialistas han criticado las "prisas" que se ha dado la presidenta,
Elvira Rodríguez, y han manifestado su convencimiento de que tal
"celeridad" responde a una "estrategia coordinada" de los imputados
y el PP, según fuentes socialistas. La portavoz del grupo, Maru
Menéndez, manifiesta en un comunicado su "indignación por la forma
en la que los órganos del Parlamento regional, controlados por el
PP, se han puesto al servicio de los intereses de los tres diputados
imputados en la trama" y ha responsabilizado directamente a la
presidenta regional. Según Menéndez, lo hacen para "favorecer una
determinada estratagema jurídica para su defensa, ya que la prisa de
la institución por aceptar sus renuncias a los escaños favorece
claramente la demora en el proceso judicial".
El líder del PSM y candidato a la Presidencia de
la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, ha insistido en que los ya
exdiputados regionales actúan "al dictado" del PP y "responden" a su
estrategia. "Que no se engañe nadie. Son tres diputados de la señora
Aguirre", ha opinado el socialista, para quien "cuando la dirección
del PP ha decidido que dejen su escaño lo han dejado". En opinión de
Gómez, es "una auténtica vergüenza" lo sucedido. Por su parte, el PP
ha insistido en que la renuncia de los imputados es una "buena
noticia" y en que Aguirre y el grupo popular "se la reclamaron desde
el primer momento". El portavoz adjunto del grupo, Pedro Muñoz, ha
opinado que la actuación de la Mesa ha sido "acertada" y "similar a
cuando se han tenido que tramitar otras renuncias". A su juicio, las
críticas de la oposición son "absurdas" e "incongruentes". El
representante de IU en la Mesa, Antero Ruiz, se ha sumado a criticas
por la convocatoria de este órgano "con tanta urgencia, cuando en
otros casos se tarda tanto en convocar".
"Esperando a que les dieran las órdenes precisas"
Antero Ruiz ha dicho que la dimisión de los
imputados a 20 días de terminar la legislatura no le parece
"lógica", a no ser que "haya detrás un interés personal o político,
de favorecer alguna estrategia política". El candidato de IU a la
Comunidad y portavoz en la Asamblea, Gregorio Gordo, ha considerado
que no es más que una "estrategia" para que la sentencia llegue tras
las elecciones. "(El portavoz del Gobierno regional) Ignacio
González dijo ayer que era algo que estaban esperando. Imagino que
estaban esperando a que les dieran las órdenes precisas", ha
añadido.
En sus primeras declaraciones tras conocerse la
salida de los tres diputados, Aguirre ha asegurado que ya era hora
de que dejaran su escaño y ha recordado que ya se lo recomendó "por
su propio interés". "Llevábamos dos años (esperando). Ya iba siendo
horita de que lo dejaran", ha afirmado Aguirre. La dirigente
regional ha apuntado que ellos ya sabían desde hace tiempo que el PP
de Madrid no les iba a incluir en sus listas, por lo que tendrían
que abandonar el escaño. Preguntada por si cree que es una
estrategia judicial, ha manifestado que "cada uno puede decir lo que
quiera" porque "vivimos en un país libre". "Si lo es, será de
ellos", ha precisado.
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29.04.11
4) LOS ATAQUES AL JUEZ PEDREIRA DIVIDEN Y TENSAN
AL TRIBUNAL DEL CASO
Los magistrados se tiran los trastos a la cabeza
a cuenta de las grabaciones en prisión
La división y la tensión son totales entre los
tres magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, que dirime los recursos del caso
Gürtel. Emilio Fernández Castro, el juez partidario de dejar
libre bajo fianza al jefe de la trama, Francisco Correa, ha sido
ponente de un auto (al que se ha adherido con su firma el presidente
del tribunal, Francisco Vieira) en el que ataca con extrema dureza
al instructor del caso, Antonio Pedreira.
Robledano considera "innecesarias e impropias"
las críticas al instrutor
Este auto, que revoca una decisión de Pedreira
sobre los pasos a seguir para eliminar de las diligencias las
grabaciones de las conversaciones entre los cabecillas de la red y
sus abogados en la cárcel, emplea términos casi insultantes y
aleccionadores sobre cómo debe abordar el instructor el incidente de
nulidad de las citadas escuchas.
Uno de los magistrados de la Sala, José Manuel
Suárez Robledano, ha emitido un voto particular en el que respalda a
Pedreira y sostiene que las expresiones que Fernández Castro vierte
son "innecesarias, inadecuadas e impropias del funcionamiento
ordinario y regular de las instituciones del Poder Judicial, y que
además no responde a la realidad de lo ocurrido en el caso".
Fernández Castro recrimina a Pedreira una
supuesta demora en la instrucción del proceso, y trata de darle
clases sobre cómo debe tramitar la anulación de las escuchas. Suárez
Robledano le replica recordando la complejidad de un sumario que
acumula ya "632 tomos con aproximadamente 265.000 páginas",
comisiones rogatorias en tres continentes y "más de 60 imputados".
La propia Sala ha tenido que resolver casi 200 recursos presentados
por las partes, lo que da idea de la enorme actividad de las
investigaciones que desarrolla Pedreira desde hace casi dos años.
Fernández Castro y Vieira dejan entrever que
Pedreira no ha escuchado todas las conversaciones grabadas. Le
instan pues a hacerlo y a eliminar, palabra por palabra y anotando
periodos concretos del diálogo, aquellos pasajes que atenten contra
el derecho de defensa, así como cuestiones referidas a la intimidad.
Suárez Robledano sugiere que los firmantes del
auto, que suman mayoría de dos a uno, tampoco han escuchado las
grabaciones.
El auto de Fernández Castro estima tres recursos
presentados por los imputados Alberto López Viejo (exconsejero del
Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre), Isabel Jordán y Alfonso
Bosch, contra una decisión de Pedreira que ordenaba eliminar en
bloques las grabaciones entre abogados y clientes en la cárcel, así
como todos aquellos pasajes que afectaran a su intimidad.
Dice así la Sala: "Lo cierto [es] que la
formulación de los tres citados recursos de apelación ha puesto
antes que nada de manifiesto la singular forma en que el instructor,
sin acompañar o exponer, como es imprescindible en derecho, sin
motivación alguna al respecto (...)".
En su voto particular, Suarez Robledano rechaza
esta afirmación. Recuerda que en el auto de Pedreira sí existe "la
motivación" que marca la ley, y que se desarrollan -a lo largo de
ocho folios- los pasos a seguir para eliminar las partes del sumario
afectadas por la nulidad.
Los abogados de los tres procesados afirman que
Pedreira ha hecho "una poda excesiva de las grabaciones", y exigen
tener acceso a ellas íntegramente.
El auto de Fernández Castro da la razón a los
apelantes y señala, entre otras consideraciones: "Esa no es la tarea
que se espera del instructor. Es, por el contrario, preciso que
este, digámoslo con propósito no solo didáctico, sino en estricto
ejercicio de la potestad funcional que a esta Sala incumbe, lea
detenidamente las transcripciones de todas las conversaciones
intervenidas".
A continuación, en una suerte de ejercicio
pedagógico, trata de aleccionar a Pedreira: "Todo lo que no sea
actuar así, implicará una persistencia en el error y una pérdida de
tiempo tan lamentable como insubsanable".
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20.04.11
5) EL CONSTITUCIONAL AMPARA AL EXCONCEJAL DEL PP
QUE DENUNCIÓ EL GÜRTEL TRAS SER EXPULSADO
El Tribunal Constitucional estimó el pasado lunes
la cuarta demanda de amparo de las 112 presentadas por el exconcejal
del PP de Majadahonda José Luis Peñas. Este exedil recurrió al Alto
Tribunal al negarle el equipo de Gobierno del PP, encabezado por su
alcalde, Narciso de Foxá, la participación en las comisiones
informativas municipales. Según la fiscalía, el Consistorio del PP
vació de contenido el derecho político a participar de los
recurrentes, ya que se les convocaba pero no se les dejaba votar.
Además, el primer edil impidió que José Luis Peñas constituyera el
Grupo Mixto municipal junto a otro edil que también había sido
obligado a abandonado el PP: Juan José Moreno Alonso. Ambos fueron
expulsados del partido el 29 de julio de 2005, y al no poder formar
el Grupo Mixto tuvieron la consideración de concejales no adscritos.
Peñas fue quien asesorado por el letrado Ángel
Galindo, concejal de Alternativa por Boadilla (APB) en este
municipio, presentó la denuncia inicial que dio paso al caso
Gürtel, que ha destapado la mayor trama de corrupción conocida
en la democracia española ligada a un partido político: el PP. El
mencionado abogado recurrió al Constitucional tras ver cómo la
Sección Octava y Novena de lo Contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazaba los
recursos que había presentado contra las sentencias de los juzgados
de lo Contencioso-administrativo de Madrid.
Estos exediles argumentaban en sus recursos de
amparo que el equipo de gobierno del PP de este municipio había
vulnerado sus derechos constitucionales. Precisamente el primero de
los cuatro amparos concedidos por el Tribunal Constitucional, que ya
ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), declara,
tras reconocer su derecho a la participación política en condiciones
de igualdad, la nulidad de la comisión informativa de 24 de enero de
2006 de asuntos económicos del Ayuntamiento de Majadahonda recurrido
por Peñas.
Este fallo del Tribunal Constitucional pone de
manifiesto que el equipo de Gobierno de Narciso de Foxá vulneró los
derechos constitucionales de los dos ediles al prohibir su
participación en las comisiones informativas.
La decisión del Tribunal Constitucional se
produce después de que el fiscal Alfredo Ramos solicitara al Alto
Tribunal que unificara sus criterios, con la intención de que se
admitieran a trámite todos los recursos presentados por los
exconcejales del PP de Majadahonda José Luis Peñas y Juan José
Moreno. Y lo hizo al constatar que no todas las demandas se admitían
a trámite. Hasta el momento, el Constitucional ha admitido 45
recursos, de lo que cuatro ya han sido estimados. Por el contrario,
inadmitió 11, lo que provocó las quejas del fiscal del
Constitucional, que ha recurrido esta decisión, tratando de guardar
la homogeneidad en las decisiones.
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20.04.11
6) PEDREIRA CITA A DECLARAR COMO IMPUTADO A UN
ALTO CARGO DE ARGANDA
Es Juan Fernández, presidente de la Sociedad
Municipal para el Fomento que, según la investigación del 'caso
Gürtel', contrató a las empresas de Correa
El magistrado que instruye el caso Gürtel,
Antonio Pedreira, ha citado a declarar como imputado el próximo 10
de mayo al presidente de la Sociedad Municipal para el Fomento de
Arganda del Rey, Juan Fernández Caballero. El juez accede a la
petición realizada por la Fiscalia Anticorrupción, a la que
recientemente se adhirió la acusación popular ejercida por los
concejales socialistas de Boadilla del Monte. Según la investigación
del caso, la Sociedad Municipal para el Fomento de Arganda fue el
organismo público que contrató a las empresas de la trama dirigida
por Francisco Correa. Entre 2005 y 2008 adjudicó contratos por valor
de 1.200.00 euros. El PSOE de Arganda ha exigido el "cese
fulminante" de Fernández Caballero. Además, los socialistas
argumentan que el alcalde, Pablo Rodríguez Sardinero, que es a su
vez presidente de la Sociedad, "debe asumir inmediatamente las
responsabilidades que correspondan".
Además de a Fernández Caballero, Pedreira también
cita a declarar, pero en esta ocasión como testigo, al empleado del
Ayuntamiento de Boadilla del Monte Juan Carlos Rey, uno de los
responsables del informe técnico que determinó la adjudicación de la
Ciudad del Deporte a una de las empresas de la trama: Constructora
Hispánica. También tendrá que testificar en calidad de testigo la
concejal de Boadilla responsable del contrato de la Oficina de
Atención al Ciudadano con la empresa Easy Concept, Isabel Fernández
de Guzmán.
El efecto electoral
El antecesor de Fernández Caballero en el cargo,
Benjamín Martín Vasco, también está imputado en la causa, así como
el exalcalde de Arganda, Ginés López (PP). En contra de la
doctrina aplicada en otros municipios salpicados por el escándalo de
corrupción -admitir la culpa, pedir perdón y cambiar al candidato-
el PP ha mantenido como candidato en Arganda al actual
regidor pese a que fue el teniente alcalde de López.
El Ayuntamiento de Arganda, cuando era alcalde el
imputado Ginés López, adjudicó una obra en noviembre de 2004 por 77
millones a la empresa Martinsa, que había sido tasada en 100
millones, según consta en el expediente de la operación aprobada en
el Consistorio. La decisión corrió a cargo de Martín Vasco, ahora
diputado del Grupo Mixto en la Asamblea tras ser expulsado del PP,
cuando era consejero delegado de la empresa Fomento y Desarrollo
Municipal de Arganda, de la que Fernández Caballero es consejero
delegado desde 2006.
Pedreira investiga si Correa cobró 13 millones de
euros por intermediar en esta operación urbanística. Entre los
contratos firmados por Benjamín Vasco al frente de la empresa del
suelo de Arganda destacan los 48.893 euros abonados a las
subcontratas del Grupo Rafael, que el sumario considera muy cercanas
a Correa. Este diputado también contrató a la empresa Vox Pública,
de la que era director gerente Jesús Calvo Soria, otro de los
imputados. El pago, de unos 8.000 euros, lo recibió en abril de 1998
la directora comercial de la empresa: María del Carmen Rodríguez
Quijano, la mujer de Correa.
"Martinsa se portó conmigo"
Pese a que la adjudicación era de 77 millones,
Martinsa, cuyo principal accionista era el empresario Fernando
Martín, pagó un total de 66 millones comprometiéndose a abonar en
especie otros 11 millones. Pero ese dinero nunca llegó al municipio.
Inicialmente, el Ayuntamiento permitió a la empresa levantar 1.600
viviendas en esas parcelas, pero posteriormente le autorizó a
construir otras 800 casas más; en total, 2.400. Martinsa no ha
edificado ningún. Además, el magistrado que instruye el caso Gürtel,
Antonio Pedreira, ha constado que una firma de Correa instalada en
Suiza había recibido 12,8 millones de euros procedentes de una
cuenta de Mónaco y que, según investigó la justicia helvética,
procedían de Martinsa.
La información de las autoridades suizas
demuestra la veracidad de las grabaciones realizadas por el ex
concejal del PP de Majadahonda, José Luis Peñas, cuya denuncia
constituyó el inicio de la instrucción del caso Gürtel, en el
que permanecen imputadas más de un centenar de personas por su
supuesta implicación en la que es considerada como la mayor trama de
corrupción ligada a un partido político: el PP. Según estas
grabaciones, que constan en el sumario, Francisco Correa afirma:
"Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda.
Tardó seis meses. En mayo, todo liquidado. Me debe aún un millón de
euros". A su vez, en otra grabación de Peñas a la número dos del
cerebro de la trama, Isabel Jordán, alude a la operación: "[A Martín
Vasco] le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio
de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero". La investigación
de Pedreira ha constatado que Martín Vasco percibió 340.000 euros de
la trama corrupta. Sobre este diputado pesa una fianza judicial de
950.000 euros.
El concurso que dio lugar a esa adjudicación fue
denunciado por el PSOE en dos ocasiones: en lo
contencioso-administrativo, que lo archivó; y ante la Fiscalía, que
remitió el caso a un juzgado de Arganda en abril de 2007. Al
concurso se presentaron tres empresas: Alcosto, Sacresa y Martinsa.
El Consistorio, a la hora de valorar las ofertas, no se fió solo de
las opiniones de sus técnicos, sino que delegó parte de la
baremación en dos empresas privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Esta
última había sido propiedad de Enrique Porto antes de ser nombrado
director general de Urbanismo por Esperanza Aguirre en 2003 (dimitió
en 2006 por aprobar planes urbanísticos diseñados por su antigua
empresa).
www.elpais.es
20.04.11
7) PEDREIRA DICTARÁ LA APERTURA DEL JUICIO POR EL
‘CASO GÜRTEL’ ANTES DEL 15 DE JUNIO
Final del formulario
El instructor del 'caso Gürtel', Antonio
Pedreira, ha afirmado este miércoles en las que han sido sus
primeras declaraciones a los medios, que si Baltasar Garzón "es
inocente, los tribunales se pronunciarán" y ha precisado al respecto
que él presume "de la inocencia" del juez. Pedreira ha anunciado que
decretará la apertura del proceso antes del próximo 15 de junio.
El magistrado ha contestado a los medios a las
puertas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, antes de tomar
declaración como imputados al exsecretario general del PP de
Estepona y exconcejal Ricardo Galeote y al empresario José Luis
Ulibarri.
A continuación de las elecciones regionales
El instructor del caso Gürtel ha explicado
que la prueba "ya está terminada" y que cree que el procedimiento
"se terminará" con la legislatura madrileña actual "y se celebrará
el juicio a continuación" de las próximas elecciones autonómicas.
Cree que el Supremo lo está haciendo bien
Pedreira ha valorado positivamente la actuación
del Tribunal Supremo contra Garzón por ordenar la grabación de las
conversaciones mantenidas en la cárcel por los cabecillas de la
trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, con sus abogados.
Le ha caído una buena encima
Sobre el caso Gürtel, el juez ha admitido
que le ha caído "una buena encima", aunque ha agregado que está
"contento". Pedreira investiga la parte más importante de este
proceso que fue distribuido por el instructor inicial, Baltasar
Garzón, entre varios juzgados.
www.elplural.com 13.04.11
8) ANA MATO NO SERÁ IMPUTADA POR RECIBIR REGALOS
DE CORREA
El magistrado concluye que el delito, en caso de
existir, habría prescrito
El juez que instruye en Madrid el caso Gürtel,
Antonio Pedreira, ha decidido no imputar a la secretaria de
Organización del PP, Ana Mato, por un supuesto delito de cohecho. Un
informe policial conocido en enero señalaba que el cabecilla de la
trama, Francisco Correa, regaló en 2003 y 2004 viajes por valor de
28.000 euros a Mato y a su entonces esposo, Jesús Sepúlveda, que era
alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Supuestamente, en pago por
favores urbanísticos en esa localidad.
El PSOE pidió el pasado mes de marzo ante el
Tribunal Superior de Justicia Madrid la imputación de Mato por ese
presunto soborno.
En un auto fechado el 19 de abril, Pedreira -de
acuerdo con la opinión de la fiscalía- rechaza esa reclamación,
argumentando que, "en el hipotético supuesto de que concurriesen
indicios delictivos", estos ya han prescrito.
Por tanto, en opinión del magistrado "carece de
justificación la apertura de un proceso penal, sin necesidad de
entrar en el fondo del asunto".
www.elpais.es
21.04.11
9) GALLARDÓN GUIÑA CON EL OJO DERECHO
Sus últimas posturas sobre asuntos de actualidad
alinean al alcalde con el electorado más conservador del PP
Como afirma un concejal del PP en el Ayuntamiento
de Madrid: "Ya lo decía Mitterrand cuando llegaban las elecciones:
lo primero es que te voten los tuyos".
"Hay mensajes suyos que no me pegan", dice el
candidato del PSOE
"Está donde tiene que estar, en la moderación",
afirma el vicealcalde
Algo así debe de pensar el alcalde, Alberto
Ruiz-Gallardón, que en las últimas semanas ha hecho una serie de
declaraciones que han sorprendido incluso dentro de su propio
partido. Gallardón se ha caracterizado, tanto en su mandato en la
Comunidad como en el Ayuntamiento, por mostrar una imagen moderada,
casi cercana al centro-izquierda en algunos aspectos, como la
cultura. Y eso le ha acarreado severas críticas de una parte de su
partido, de muchos votantes del PP y de la derecha mediática más
radical.
Por eso ha llamado la atención su postura en
algunos temas que han generado polémica en la ciudad. Por ejemplo,
su propuesta de cambiar la legislación para que los sin techo no
puedan dormir en la calle. El adjetivo de populista le llovió al
instante, aunque el alcalde asegura que solo le importa la situación
de estas personas, y no lo que piensen los comerciantes y vecinos de
las zonas donde duermen los vagabundos.
¿Busca Gallardón hacer un guiño al electorado más
derechista de su partido, el que jalea a Esperanza Aguirre y le
tiene a él como renegado de las posturas del PP? "No creo que sea
premeditado. Además, para esa parte de los votantes del partido ya
tiene a Ana Botella", asegura un edil popular. El vicealcalde,
Manuel Cobo, niega rotundamente que el anuncio de los mendigos tenga
doble lectura: "Creo que es mucho más cínico verlos tirados en un
banco y no hacer nada. Y sería el Samur Social el que se los
llevaría, no la fuerza pública".
Pero fuentes del PP del Ayuntamiento aseguran que
las declaraciones del alcalde sorprendieron hasta al propio equipo
de Gobierno y, compartiendo la idea de que hay que dar una solución
a esta gente que vive en la calle, algunos pensaron que quizá no lo
había comunicado adecuadamente. "La verdad es que le veo un poco
descentrado políticamente porque hace propuestas que no había hecho
en estos ocho años", asegura el candidato socialista a la alcaldía,
Jaime Lissavetzky. "Hay mensajes que no me pegan teniendo en cuenta
su trayectoria. Me extrañó lo de los sin techo, porque hizo
su intervención en una comisaría, hablando de seguridad", abunda.
El alcalde no teme por el resultado de las
elecciones. Todos en el PP -y algunos en el grupo socialista- están
convencidos de que Gallardón revalidará la mayoría absoluta. Algunas
fuentes sí ven en los últimos movimientos del alcalde un intento por
asegurarse un porcentaje de votos en las elecciones similar, o
superior, al de su archirrival dentro del partido, Esperanza
Aguirre. En las pasadas elecciones el alcalde sacó un 55,6% de los
votos, mientras que la presidenta se quedó en el 53,2%. Y la
victoria de uno u otro puede servir a la hora de rendir cuentas en
Génova, la sede del PP nacional. Falta menos de un mes para estas
elecciones, pero tampoco están lejos las generales. Aunque otro
concejal del PP asegura que no es un tema del que se hable
últimamente en el partido. "No le dan importancia ninguno de los
dos", afirma.
"Gallardón ha desatendido a su electorado más
conservador y ahora le está haciendo guiños", opina una fuente del
PP regional, que cree que estaría haciendo caso a las encuestas que
le dicen que tiene a una porción de sus votantes naturales
descontenta. Las señales empezaron el 6 de abril, cuando en una
plaza más que cómoda, el Foro Madrid, organizado por el PP, el
alcalde alertó del riesgo de un bipartito PSOE-IU. Aseguró que
llegarían con una "agenda oculta" bajo el brazo. Un discurso muy
parecido al que Aguirre lanzaba en la campaña de 2007. A Lissavetzky
casi le hace gracia esa arenga estilo que viene la izquierda.
"Entre 1991 y 1995 el PSOE e IU hicieron un pacto de legislatura en
la Comunidad y no pasó absolutamente nada. De hecho, recuerdo que
Gallardón me felicitó por cosas que hicimos en esa época", señala.
"No es que vienen los rojos", defiende Cobo, director de la campaña
del alcalde. "Es que están engañando a los electores. El programa de
IU no se parece al del PSOE, pero se sumarán si van a gobernar.
Creemos que el más votado es el que tiene que gobernar, y si no que
haya segunda vuelta".
La manifestación atea que se convocó para el
Jueves Santo supuso otra ocasión para demostrar mano dura. Cuando la
Delegación del Gobierno aún estudiaba si la autorizaba o no,
Gallardón anunció que si no la prohibía la Delegación lo haría él.
El Ayuntamiento redactó un informe desfavorable y le pasó la patata
caliente a Dolores Carrión. "Me gustaría saber qué pensarían si se
organizara una manifestación a la puerta de la mezquita haciendo
chorizos asados", ironiza Manuel Cobo, número tres en la
lista al Ayuntamiento. "No se puede hacer el día que se celebran las
procesiones. Es absurdo, una provocación. Es como si se hace una
manifestación del orgullo heterosexual el día del orgullo gay.
Hágalo usted otro día", argumenta.
Falta menos de un mes para estas elecciones, pero
tampoco están lejos las generales. Y eso es algo que todo el mundo
tiene presente. Es el momento de hacer piña -incluso tal vez
méritos- en el partido. Tiempo de ortodoxia. Al menos en las
manifestaciones públicas porque, según afirman desde el Consistorio,
la forma de actuar del alcalde, su manera de gestionar la ciudad, ni
ha cambiado ni va a cambiar. Es también lo que defiende Cobo: "El
alcalde está donde tiene que estar, en la moderación, en el centro,
huyendo de los extremismos. Eso es lo razonable".
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22.02.11
10) LAS 13 "TONTERÍAS" DE AGUIRRE
La presidenta regional reconoce que en sus listas
lleva candidatos imputados pero resta importancia a los delitos por
los que están siendo investigados
La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP
regional, Esperanza Aguirre, reconoció ayer que en las listas
electorales de su partido en la región hay imputados. Sin embargo,
la presidenta le restó importancia. "En mis listas hay gente que
está imputada pero por tonterías, no por acusaciones", señaló en
una entrevista en Antena 3.
La Presidenta del PP de Madrid reconoce que en su
listas hay personas imputadas, pero matiza que han sido investigados
por 'tonterías', en declaraciones a Antena 3 -
Un concejal de Boadilla remitió una carta
alertando de las irregularidades
"No presumí de no tener imputados", quiso
puntualizar Aguirre en la misma entrevista. Pero el pasado 15 de
abril, el mismo día en que Aguirre pedía disculpas a los ciudadanos
por la vinculación del PP con el Gürtel en algunos municipios,
alardeó de su rapidez en apartar a los responsables. "El PP no se ha
andado con componendas", recalcó. "Eso nos distingue del Partido
Socialista, que tiene dirigentes condenados e imputados".
La presidenta trata en los días previos a la
campaña de sacudir el efecto negativo del caso Gürtel en
Madrid recordando su determinación para echar a los corruptos. Pero
la dirigente popular solo actúa cuando el asunto llega a los medios.
En 2005 tuvo conocimiento a través de una publicación de la revista
Interviú de los vínculos de su viceconsejero, Alberto López
Viejo, en los negocios de Francisco Correa, cabecilla de la trama
Gürtel. Fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran que la presidenta
se limitó a preguntar al exdiputado popular sobre los negocios y
este le aseguró que no había nada irregular. López Viejo repitió en
la lista popular y fue designado consejero de Deportes hasta que
estalló el Gürtel. El sumario del caso ha revelado que López Viejo
cambió el nombre de las empresas a las que les adjudicaba contratos
de forma irregular a raíz de aquello. Aguirre también fue informada
sobre supuestas irregularidades en Boadilla, epicentro de la trama.
Un concejal independiente del municipio remitió una carta
advirtiendo de operaciones irregulares; varios funcionarios de
Boadilla también remitieron otra misivia alertando de actuaciones
irregulares en el Ayuntamiento. Pero Aguirre hizo oídos sordos y
confirmó en 2007 a Arturo González Panero como alcalde. Ahora la
presidenta incluye a 13 imputados en sus listas. Son los siguientes:
1. Íñigo Henríquez de Luna. Imputado por el
caso Bécara, una ramificación del Guateque, el caso de concesión
irregular de licencias en el Ayuntamiento de Madrid. Henríquez de
Luna es concejal en Madrid y ocupa un puesto destacado en la lista
de Aguirre a la Asamblea regional. El juez del caso Guateque
lo imputó tras recibir una denuncia de los propietarios de uno de
los pisos del edificio donde el concejal autorizó la instalación de
una tienda de decoración Bécara. El concejal del PP alegó que se
trataba de una venganza de la familia por haberles cerrado un
despacho profesional.
2. Ignacio García de Vinuesa, alcalde de
Alcobendas (110.080 habitantes). Imputado por un delito de
malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y
negociación prohibida a los funcionarios. El juez que instruye el
caso observó indicios de delito tras una denuncia presentada por el
PSOE, que alertaba de una operación de la Empresa Municipal de
Vivienda de Alcobendas, por la que recompró dos fincas valoradas en
12 millones de euros por el doble de su valor.
3 Juan Ignacio Fernández Rubio, candidato del PP
en Las Rozas (88.000 habitantes) y viceconsejero de Empleo de
Madrid. Hasta hace un par de años fue alcalde de Guadarrama (15.000
vecinos), donde fue imputado por haber convertido un antiguo molino
de piedra situado en terreno protegido en un restaurante de lujo, en
el que tenía intereses. Por el mismo asunto también está imputado
4. Miguel Rodríguez Bonilla, que repite en las
listas del Ayuntamiento de Guadarrama. Era la mano derecha de
Fernández Rubio cuando autorizaron el restaurante, donde también
tenía intereses.
5. Raúl Pérez Vaquero. Candidato del PP en
Coslada (91.218 habitantes). Imputado por prevaricación y
malversación de caudales públicos, ha evitado la cárcel tras pagar
una fianza de 22.000 euros. Está procesado por no ejecutar una
sentencia contra el jefe de policía de Coslada, Ginés Jiménez, que
protagonizó el caso Bloque, de supuesta corrupción policial
en el municipio.
6. Miriam Rabaneda. La candidata del PP y
exalcaldesa de Pinto (42.445 habitantes) está imputada por un delito
de prevaricación. Durante el breve periodo en el que estuvo al
frente del Ayuntamiento -entre las elecciones de mayo de 2007 y el
22 de diciembre de 2008, cuando se produjo una moción de censura-,
ella y su hermana autorizaron varios pagos que luego fueron
reprobados por dudosa legalidad por los técnicos municipales.
7. Tamara Rabaneda, exconcejal de Hacienda y
hermana de Miriam. También está en la lista e imputada por los
mismos motivos
8. Luis Partida. El alcalde de Villanueva de la
Cañada (17.271 habitantes), que repetirá como candidato a la
alcaldía, está imputado por el caso Porto, que acabó con la
carrera política del anterior director de Urbanismo, Enrique Porto.
Partida está acusado de tráfico de influencias y negociaciones
prohibidas a funcionarios, por el desbloqueo del sector de Los
Pocillos de su municipio, donde Porto tenía terrenos que luego
revendió con notables plusvalías.
9. Clara Torres Ruiz. Sobre la alcaldesa de
Torres de la Alameda (7.896 habitantes) pesa una imputación por
malversación de fondos públicos, al haber aprobado en el pleno
subidas de sueldo a los trabajadores municipales supuestamente
irregulares, ya que no existía partida presupuestaria ni
consignación económica. Varios meses después, la decisión contó con
un informe negativo de la Intervención Municipal.
10. Ramón Polo. Imputado al igual que la
Alcaldesa Torres Ruiz. Repite en la lista
11. Manuel Tello. Imputado al igual que la
Alcaldesa Torres Ruiz. Repite en la lista
12. Pilar Algovia Aparicio. El Juzgado de
Instrucción número 3 de Aranjuez citó a la alcaldesa de Colmenar de
Oreja (8.397 habitantes) y al arquitecto municipal el pasado 18 de
abril como imputados con letrado. La regidora está acusada por un
delito urbanístico denunciado por Ecologistas en Acción, que supuso
otorgar licencia para la construcción de una vivienda en zona verde.
13. Ana María Pinos. Alcaldesa de Belmonte del
Tajo (1.488 habitantes), está imputada por los delitos de falsedad
documental y contra la ordenación del territorio por instalar una
caseta de construcción en una zona protegida.
www.elpais.es 28.04.11
11) EL SUPREMO ANULA EL DECRETO ANTITABACO
DESCAFEINADO DE AGUIRRE
La sentencia ya no tiene efecto práctico porque
la nueva ley derogó la anterior
Han hecho falta casi cuatro años y medio, pero
finalmente el Tribunal Supremo ha puesto fin al culebrón que
protagonizaron Esperanza Aguirre y el Ministerio de Sanidad a cuenta
de la aplicación en Madrid de la primera ley antitabaco, la que el
Gobierno aprobó a finales de 2005. El Supremo, en una sentencia del
6 de abril, anula el decreto que desarrollaba en la región la ley
estatal. Un texto, aprobado en 2006 y mucho más permisivo con los
fumadores, con el que Aguirre desafió abiertamente al Gobierno. No
fue la única. Las comunidades del PP y el Ministerio se enzarzaron
en una batalla legal casi desde el primer momento. El Gobierno
central recurrió, además de la normativa madrileña, las de la
Comunidad Valenciana, La Rioja y Castilla y León.
Madrid permitía fumar en muchos más sitios que la
normativa estatal
El Supremo da carpetazo a la controversia, pero
su decisión ya no tiene más efecto que el de dar la razón al
Ministerio, la asociación Nofumadores.org y la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU), que emprendieron acciones judiciales
contra el decreto madrileño. El pasado 2 de enero entró en vigor una
nueva ley antitabaco, más restrictiva que la anterior y que el
Gobierno de Aguirre no ha desarrollado mediante ningún decreto
propio. El efecto práctico de la sentencia es, pues, cero. Los
magistrados del Supremo declaran la nulidad de la norma madrileña
"por entender que falta el informe preceptivo del Consejo de Consumo
de la Comunidad de Madrid, por lo que incurre en nulidad de pleno
derecho". Es decir, por una cuestión de forma y no de fondo.
La escalada judicial empezó cuando el Gobierno de
Aguirre publicó un decreto antitabaco mucho más descafeinado
que la ley estatal. Incluía tantas excepciones que, al final, se
podía fumar casi en cualquier sitio. A la hora de computar si un
local tenía más de 100 metros -en cuyo caso estaría obligado a
habilitar zona de fumadores-, el decreto madrileño permitía contar
solo los espacios a los que accedían los clientes y no la totalidad
del establecimiento. También permitía fumar en los bares de los
centros de trabajo de más de 100 metros, cuando la ley prohibía el
tabaco en las empresas. Aguirre también dejaba fumar en
celebraciones privadas y reservados de restaurantes y eximía a los
empresarios de separar físicamente las zonas de fumadores. Les
exigía únicamente "sistemas de extracción o eliminación" de humos.
El Ministerio, junto con las dos asociaciones,
presentó un recurso contencioso-administrativo. El Tribunal Superior
de Justicia de Madrid le dio la razón en diciembre de 2008 y anuló
el decreto autonómico, que Elena Salgado, entonces ministra del
ramo, calificó de "flagrante violación" de la norma estatal. Pero
Aguirre recurrió y, mientras tanto, su decreto siguió en vigor.
"Acatamos la sentencia", aseguró ayer una portavoz de la Consejería
de Sanidad, pese a su nulo efecto práctico. Recordó, eso sí, que se
basa únicamente en un defecto de forma. La Comunidad de Madrid no ha
aprobado ningún reglamento para la nueva ley antitabaco. "Es tan
restrictiva que no deja margen para desarrollarla", señaló la
consejería.
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21.04.11
12) UNA SANIDAD CADA VEZ MÁS PRIVADA
Los tres hospitales que Aguirre está construyendo
los gestionan empresas - La crisis ha impedido cumplir los
compromisos electorales de la legislatura
En esta serie semanal analizaremos las grandes
áreas de gobierno. La primera entrega está dedicada a la sanidad,
que ya ha centrado el arranque de la precampaña de las próximas
elecciones regionales y municipales
Esperanza Aguirre no esconde su predilección por
la colaboración entre el sector público y el privado. Todo lo
contrario. Además, lo ha demostrado con hechos, poniendo en práctica
esa filosofía en todas las parcelas en las que ha tenido ocasión de
hacerlo. Solo así se entiende cómo ha podido cambiar tanto el
panorama de la sanidad pública madrileña en solo ocho años. Cuando
Aguirre llegó a la presidencia de la región encontró una veintena de
hospitales de gestión enteramente pública. La Administración se
encargaba de contratar a médicos y enfermeras y también a celadores
y administrativos. Pero el modelo sanitario ha dado un vuelco: hoy,
uno de cada cuatro hospitales es de gestión privada, total o
parcialmente. Y se sigue ahondando en el modelo, ya que los tres
hospitales actualmente en obras (Collado Villalba, Móstoles y
Torrejón) estarán gestionados solo por empresas.
La espera diagnóstica máxima de 40 días
no se ha puesto en marcha
El Ejecutivo ha inaugurado 13 de los 55
centros de salud prometidos
Aguirre asegura que no aplicará el copago
mientras sea presidenta
Sanidad ha renunciado a construir el
hospital de Carabanchel
Durante esta legislatura se ha privatizado el
sistema de citas médicas -el Gobierno pagará 400 millones en cuatro
años por la gestión de un centro de llamadas de citaciones de las
que antes se ocupaban empleados públicos- y los análisis clínicos de
más de un millón de madrileños, lo que se tradujo en el cierre de
tres laboratorios públicos. Los nuevos hospitales funcionarán como
el de Valdemoro, la traslación a Madrid del modelo Alzira
valenciano. Alzira inauguró en 1999 el primer centro público
gestionado por una empresa bajo concesión administrativa, la misma
fórmula de las autopistas de peaje. El sector privado construye,
equipa y contrata al personal, y la Administración le paga un canon
anual por la atención sanitaria de sus ciudadanos. Es decir, se
desentiende de la gestión directa.
Esos tres hospitales que empiezan a tomar forma
en polvorientos descampados ejemplifican las dificultades que ha
tenido Aguirre esta legislatura para cumplir sus compromisos. De
hecho, las grandes promesas electorales se han quedado en eso, en
promesas. Construiré cuatro hospitales nuevos, dijo. No solo no ha
podido inaugurar ninguno antes de la campaña, sino que ha tenido que
rebajar expectativas. Ha renunciado al cuarto, el de Carabanchel, en
los terrenos de la antigua cárcel, y a cambio ha firmado un acuerdo
con Defensa para el uso civil del hospital militar Gómez Ulla. Un
parche, le afean los vecinos de Carabanchel y Latina, los dos
distritos más populosos de la capital, que hasta ahora tenían que
desplazarse entre cinco y siete kilómetros para ir al Clínico o al
12 de Octubre.
Aguirre prometió también 55 nuevos centros de
salud, pero a los pocos meses esa cifra dejó de aparecer en los
actos públicos y discursos oficiales. Según el cálculo de este
periódico -la Consejería de Sanidad no proporcionó el dato-, solo ha
inaugurado 13, algunos pagados por el Plan E y casi todos
sustituciones de edificios que se habían quedado obsoletos. La
atención primaria ha sufrido los rigores de la crisis. Pese a ser la
puerta de entrada al sistema, la que resuelve el 90% de los
problemas de salud, su presupuesto ha caído año a año. En 2011 sus
recursos disminuyen un 0,78% con respecto al año anterior, mientras
el presupuesto sanitario global crece un 0,66%. La comparación con
lo que aumenta el gasto en conciertos con clínicas privadas también
deja claro por dónde van los tiros. La asistencia externalizada sube
un 5,7%.
Los 420 centros de salud han vivido en los
últimos meses muchos cambios derivados también de una promesa
electoral: la libertad de elección en sanidad. Un éxito, según
repite el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, pero un
quebradero de cabeza para los profesionales sanitarios, que han
visto cómo la decisión que lleva aparejada, el área única, ha
aumentado la saturación, la burocracia y el abuso por parte de
algunos ciudadanos. El Gobierno de Aguirre aprobó la ley con la
oposición unánime de los profesionales, los partidos políticos y los
sindicatos.
En el balance de las promesas electorales hay
mucho más en el debe que en el haber. Aguirre se comprometió a
limitar la lista de espera diagnóstica a un máximo de 40 días (15 en
caso de enfermedad grave, como el cáncer), del mismo modo que en los
comicios de 2003 prometió -y lo consiguió de manera oficial, pero
utilizando tretas para contabilizar a los enfermos en espera que
provocaron que el Ministerio de Sanidad expulsara a Madrid del
cómputo nacional- reducir la espera quirúrgica a 30. Con la
legislatura ya terminada, la espera para una cita con el
especialista o para realizarse una prueba es muy variable y no se ha
fijado ningún máximo. Sanidad asegura que la media de espera para
pruebas y consultas es de 21,5 días. Cuando se hizo la promesa, la
Consejería de Sanidad aseguró que para conseguirlo haría falta "el
esfuerzo inestimable de los profesionales sanitarios y no
sanitarios" y "un refuerzo presupuestario". Ahí debe de estar la
clave.
Pese a las restricciones presupuestarias, Aguirre
insiste en que, mientras ella sea presidenta, no implantará el
copago en la sanidad madrileña. Los socialistas aseguran que lo
tiene en su "agenda oculta". El convencimiento, o la sospecha, parte
sobre todo de un informe elaborado por la Consejería de Sanidad que
propone limitar o excluir prestaciones, como las comidas en los
hospitales, las tiras reactivas para diabéticos y las muletas.
También el copago. El texto analiza 23 prestaciones que "podrían ser
potencialmente limitadas o excluidas en el futuro". Sanidad tuvo que
admitir que lo habían realizado sus técnicos, pero dijo que no era
"oficial".
Hasta dónde llevará Aguirre, en caso de repetir
en Sol, la colaboración público-privada está por ver. Un paso más
podría ser ceder los centros de salud a los hospitales de gestión
privada de los que dependen. Ya ocurre en Valencia. Ser inquilina en
sus propios hospitales le permite a la Administración construir
varios a la vez -Aguirre levantó siete-, porque son las empresas las
que ponen el dinero. A cambio, debe pagar un canon anual durante 30
o más años. Al final, ¿salen los hospitales más caros o más baratos
al ciudadano, que es, en realidad, el que paga con sus impuestos?
Estudios recientes publicados en Reino Unido, con
experiencia en la construcción y gestión privada de hospitales, han
demostrado que acaban saliendo más caros que si los hubiera
construido el Estado. Hace unos meses el Ministerio de Economía
británico desveló los pagos a las empresas de todos los hospitales
construidos mediante PFI (iniciativa de financiación privada). El
diario The Guardian tomó el Saint James (Leeds) como ejemplo:
cuando acabe la concesión, se habrá pagado cinco veces el precio
original de su construcción.
Aguirre defiende que la gestión privada es más
eficiente. Imposible comprobarlo a partir de los escasos datos que
se divulgan. Existe un sistema de penalizaciones a las empresas si
no cumplen con lo pactado. Sanidad asegura que en 2010 restó dinero
del canon -poco, añade- a todas ellas. La calidad del servicio fue
"elevada". Los cánones de los siete hospitales construidos a la vez
en 2008 cuestan 138 millones de euros.
El reto de la informática
Las dos grandes apuestas informáticas de esta
legislatura para la sanidad madrileña seguirán siendo retos en la
próxima. Ni el nuevo sistema de gestión clínica AP-Madrid -que se
está instalando progresivamente en los 420 centros de salud de la
región- ni mucho menos la receta electrónica están en marcha.
Sanidad lleva gastados millones de euros (al menos, 8,7) en
versiones sucesivas de una aplicación que ha dado muchos problemas y
que buena parte de los profesionales rechazan. La receta
electrónica, por su parte, parece el cuento de nunca acabar. Acumula
cuatro años de retraso.
La e-receta, que está demostrando ser el
modo más eficaz para aligerar la carga burocrática de los médicos y
disminuir el número de visitas de los enfermos, era inminente en
2007, cuando el entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela,
presentó el proyecto de prueba piloto a un mes de las elecciones
autonómicas. Dijo que "tras la evaluación de los resultados del
proyecto piloto y el ajuste de las aplicaciones" llegaría "la
implantación progresiva de la receta electrónica en toda la región a
lo largo del año 2007".
En 2011 nada se sabe de la receta en Madrid, pese
a que muchas comunidades ya la tienen (el 60% de las recetas en
Cataluña ya son electrónicas). La Consejería de Sanidad no respondió
cuando este periódico preguntó en qué punto está su implantación o
si hay algún plan piloto en marcha.
También está pendiente la nueva aplicación que se
usará en la red de centros de salud, AP-Madrid. Solo el 40% de los
centros y el 67% de los consultorios locales están funcionando con
ella. A diferencia del actual, este sistema está centralizado en una
única base de datos que permite consultar los historiales desde
cualquier parte. Los profesionales han tenido que aguantar caídas
prolongadas del sistema y todo tipo de fallos que se han ido
solucionando, pero que aún no permiten llevar la aplicación al 100%
de la Red.
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18.04.11
13) CAE UN ALTO CARGO DE ALCOBENDAS POR FAVORECER
A UNA EMPRESA AFÍN
La directora de Comunicación adjudicó contratos
públicos valorados en más de 400.000 euros a la compañía de un socio
de su hermano- Teresa Alonso-Majagranzas trabajó para una empresa
relacionada con Gürtel
La directora de Comunicación del Ayuntamiento de
Alcobendas (PP), Teresa Alonso-Majagranzas, presentó ayer su
dimisión tras haberse hecho público que desde 2008 y hasta marzo de
2011 concedió a la empresa Simple Part of Design Place, SL (SPD),
contratos de publicidad por un valor cercano a los 400.000 euros,
según informó ayer la cadena SER. SPD es una empresa de Roberto
Guitián Yustas, socio en otra compañía del hermano de Teresa
Alonso-Majagranza. Los dos son los dueños de una compañía de
publicidad que compartía el mismo objeto social; la misma dirección
y el mismo teléfono que la firma beneficiada por las adjudicaciones
del Consistorio. La responsable de estas adjudicaciones fue
presuntamente Teresa Alonso-Majagranza, quien ayer no respondió a
las llamadas de este periódico para aclarar estos términos. La
denominación de esta segunda empresa, en la que aparece el hermano
de la empleada municipal es Adquiere Publicidad. Esta firma fue
creada un mes antes de la llegada de Teresa Alonso-Majagranza al
Consistorio de Alcobendas, en agosto de 2007.
El Consistorio dice que volverá a contar con la
empleada expulsada
Tal y como consta en la documentación que obra en
poder de EL PAÍS, a lo largo de 2008 la sociedad SPD realizó varias
campañas institucionales de publicidad en Alcobendas, con unos
ingresos de 118.252 euros. En 2009 fueron 120.932 euros; en 2010,
127.000 euros; y en lo que va del presente ejercicio 11.275 euros.
El Ayuntamiento difundió ayer una nota en la que tras defender la
"honestidad" y "profesionalidad" de este cargo de confianza anunció
su "suspensión" como empleada del Consistorio.El Ayuntamiento de
Alcobendas sostiene que la exdirectora de Comunicación, Teresa
Alonso-Majagranzas, presentó su dimisión por la sensibilidad que
rodea al periodo preelectoral: "Con el ánimo de no perjudicar ni a
la candidatura conformada por el actual equipo de Gobierno del
Ayuntamiento ni a la propia institución".
El Gobierno local mantiene su total confianza en
la exempleada, de la que destaca su "generosidad". Pese a ello, el
Consistorio ha decidido suspenderla: "Con la intención de preparar
la documentación precisa que demuestre que los procedimientos
llevados a cabo durante su gestión han sido, en todo momento,
transparentes, conformes a los procesos existentes, y siempre en la
mejor defensa de los intereses del Ayuntamiento". Por todo ello, el
Consistorio explica que una vez aclaradas las circunstancias por las
que se suspende a Teresa Alonso-Majagranzas, esta se reincorporará
de nuevo a su puesto: "Para poder seguir ejerciendo en un puesto
clave para la promoción de la buena imagen de la ciudad de
Alcobendas".
El miércoles, la cadena SER adelantaba que
Alonso-Majagranzas había reconocido que fue ella quien encargó el
diseño y la maquetación del folleto de las Navidades de 2007 a una
empresa de la que había sido apoderada. La factura por estos
servicios ascendieron a 3.364 euros. Esta mercantil es Traci
Comunicación, una sociedad limitada que en 2007 tenía el mismo
domicilio social; el mismo número de teléfono y de fax que Over
Marketing y Comunicación. Esta última mercantil está presuntamente
implicada en el caso Gürtel y Palma Arena.
Además, en declaraciones a la misma emisora,
Teresa Alonso-Majagranza dijo que en el momento en el que fue
nombrada en el Ayuntamiento de Alcobendas, abandonó el cargo de
directora de comunicación en Over MC y dejó de ser apoderada de
Traci. Este cargo de Alcobendas también reconoció que la cuantía de
la factura reflejaba un trabajo menor: un folleto del que se
realizaron 45.000 ejemplares y que fue repartido en los domicilios
del municipio.
En Baleares, la fiscalía investiga contratos
publicitarios suscritos por Over MC con instituciones gobernadas por
el PP. Over MC hizo la campaña del exministro de Medio Ambiente y
presidente balear, Jaume Matas, en 2003. Asimismo, Over MC fue
beneficiaria de un contrato de creatividad publicitaria del
Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), por un valor de dos
millones de euros. Según declaró Isabel Jordán, empleada de la red
Gürtel, Over MC fue una de las sociedades pantalla de las empresas
del cerebro de la trama, Francisco Correa.
En una de las conversaciones interceptadas a la
trama entre Correa y Pau Collado, otro de los empleados de la red,
el cabecilla llega a preguntar por "lo de Alcobendas", a lo que
Collado contesta: "Lo de Alcobendas ya está, ya está cerrado, en
marzo empezamos". "En marzo empezamos, lo que pasa es que, claro, no
son los presupuestos que había antes". Ante lo que Correa le
responde: "Lo que hay que hacer es la campaña", contestándole
Collado: "Alcobendas ya está, ya está facturada una parte".
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19.04.11
14) AGUIRRE SE BLINDA CON LA LISTA ELECTORAL DE
LA ASAMBLEA
La presidenta premia en la candidatura a
viceconsejeros del Gobierno regional
Esperanza Aguirre ha dado el visto bueno al
sudoku que ha supuesto la lista electoral del PP para la
Asamblea de Madrid y que ha elaborado bajo su atenta mirada el
presidente del comité electoral, Ignacio González. La lista, que los
populares han desgranado poco a poco en las últimas semanas, depara
pocas sorpresas. Los que forman el Gobierno regional, su núcleo
duro, ocupan los primeros puestos.
Destaca la entrada de una diputada nacional,
exasesora de Acebes
La lista, retocada a última hora, no ha generado
tantos roces con Génova, sede nacional del partido, como la
candidatura del Ayuntamiento de Madrid. Aguirre es la presidenta del
PP regional y decide la lista. En la actualidad el PP cuenta con 67
diputados en la Asamblea. Numerosos miembros de la candidatura
renunciaron al ocupar un cargo en la Administración regional, por lo
que la lista corrió hasta el número 85. Por eso, muchos diputados
han maniobrado para asegurarse un puesto dentro de ese margen. Entre
las novedades destaca la presencia de la diputada nacional María
Eugenia Carballedo en el puesto 29. Fue responsable de Justicia en
el PP y exasesora de Ángel Acebes. Entre los que no repiten están
los exconsejeros Juan José Güemes y Alfredo Prada.
Fuentes del grupo parlamentario popular en la
Asamblea califican la lista como "continuista". Durante las últimas
semanas se barajó la posibilidad de que la presidenta regional
introdujera alguna sorpresa en la candidatura al Parlamento
regional, pero finalmente la lista cuenta con pocas novedades. Han
entrado tres concejales del Ayuntamiento de Madrid: Íñigo Henríquez
de Luna (37), Tomás Serrano (56) y Carmen González (55).
Aguirre también ha premiado a algunos de sus
viceconsejeros con un destacado puesto. Así, Alicia Delibes,
viceconsejera de Educación, sube hasta el puesto 21; Regina Plañiol,
número dos de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales,
asciende al 24; y Eva Piera, viceconsejera de Economía, llega al 27.
También van en la lista el viceconsejero de Deportes, Javier
Hernández (69), o la de Sanidad, Belén Prado (63). Otros cargos del
Gobierno regional como Borja Sarasol, mano derecha de Ignacio
González, que trabaja en la Consejería de Presidencia, Justicia e
Interior, ocupará el puesto 22; y el secretario general del Consejo
de Gobierno, Salvador Victoria, irá en el número 48.
A diferencia de sus compañeros de partido en
Valencia, Aguirre ha limpiado la lista de imputados y procesados.
Los tres parlamentarios del caso Gürtel -el exconsejero
Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco-,
expulsados del PP, obviamente no repiten.
La candidatura tiene un marcado acento
municipalista. Está cuajada de alcaldes, exalcaldes o candidatos
municipales. En esta relación sobresalen David Pérez (10), actual
portavoz del grupo popular y candidato en Alcorcón; Juan Soler (12),
aspirante en Getafe; Esteban Parro (17), alcalde de Móstoles;
Bartolomé González (28), alcalde de Alcalá de Henares; Bonifacio de
Santiago (31), exregidor de Las Rozas; José Miguel Moreno (31),
exalcalde de Valdemoro; Carlos González (62), exportavoz del PP en
Getafe; Antonio González Terol (71), candidato del PP en Boadilla,
entre otros.
El que finalmente se queda fuera de los primeros
85 es el alcalde de Robledo de Chavela, Mario Anselmo de la Fuente,
que se niega a empadronar a inmigrantes en su municipio si no tienen
un contrato de trabajo.
www.elpais.es 10.04.11
15) LA ALCALDESA DE GUADARRAMA DEJA EL PP TRAS
ENFRENTARSE CON SU ANTECESOR
Carmen Pérez acusa al exregidor popular de
"irregularidades" urbanísticas
La alcaldesa de Guadarrama (14.318 habitantes),
Carmen María Pérez del Molino, presentó ayer por la mañana su baja
en el PP junto a otros seis integrantes del equipo de Gobierno, que
hasta ese momento compuesto por 11 concejales. Y lo hizo tras
asegurar que su partido ha prescindido de ella por oponerse a
prorrogar el contrato de una permuta firmado de forma "irregular"
por el entonces regidor y presidente del PP local, José Ignacio
Fernández-Rubio. El contrato al que se refiere fue suscrito por el
exalcalde y por el empresario Luis Álvarez García, que falleció el
año pasado. Precisamente la alcaldesa de Guadarrama y sus 10
concejales fueron citados a declarar por el Juzgado de Instrucción
número 1 de Collado Villalba después de que el juez admitiera a
trámite una querella presentada por el empresario que acusó a los
ediles de haber prevaricado al promover el desahucio de unas naves
que ocupaba en el marco del acuerdo de permuta con el viceconsejero
Fernández-Rubio.
En una rueda de prensa celebrada ayer en el salón
de plenos del Consistorio, la regidora, que anunció su intención de
encabezar la candidatura de una agrupación de electores del
municipio, explicó que Fernández-Rubio fue el artífice del acuerdo:
"Ese contrato está firmado por una sociedad municipal de la
vivienda. Sin registrar. Y en ese contrato se venden dos parcelas
del polígono industrial, que son patrimonio del Ayuntamiento de
Guadarrama. Nunca fueron cedidas a la sociedad municipal de la
vivienda". Y este era un requisito necesario para que después la
sociedad pudiera venderlas: "Antes tendría que haberlo aprobado la
mayoría absoluta del pleno, que tendría que haber autorizado la
donación de las parcelas a la sociedad municipal". Para la alcaldesa
este acuerdo también tendría otro punto negro, ya que en la permuta
el vecino gana 1,2 millones.
Por su parte, el candidato del PP en Guadarrama,
Miguel Rodríguez Bonilla, negó la existencia de irregularidades en
el convenio: "Se trata de una cesión de usos que se hubiera
convertido en una permuta si al final se hubiera aprobado el plan
general. Y esto no ha ocurrido, por lo que al final no ha surtido
efecto".
Sin embargo, la regidora anunció su intención de
seguir criticando la actitud del PP de Guadarrama: "Ayer me dieron
la razón con unas declaraciones del candidato del PP en las que dijo
que va a retomar el contrato que de forma rotunda no se puede
firmar". Según la alcaldesa, lo que el PP trata de hacer es "callar"
a la familia: "Saben perfectamente que si se pierde el contencioso,
por el que la familia pide una indemnización de 1,75 millones de
euros, esa cantidad se la van a tener que pedir a José Ignacio
Fernández-Rubio, único responsable de la firma del contrato".
Carmen María Pérez considera, por tanto, que su
negativa a firmar la prórroga del contrato ha obligado a
Fernández-Rubio a poner al frente a su mano derecha y solucionar un
problema personal suyo. Fuentes municipales aseguraron que el
contrato entre la sociedad municipal del suelo y el empresario fue
finalmente suscrito, pese a que un informe del Interventor municipal
de noviembre de 2005 resaltaba numerosos inconvenientes legales para
llevarlo a cabo.
La regidora se refirió de forma sarcástica a los
problemas judiciales que afronta el candidato del PP en Las Rozas:
"Siento que con esa carrera política tan estupenda que tenía, la
presidenta [Esperanza Aguirre] le haya bajado de categoría. Pero
esto no me choca, ya que cuando alguien empieza a sonar por algunos
problemas se le quita del núcleo o del Gobierno de la Comunidad de
Madrid".
La alcaldesa también negó que las siglas de la
formación que encabezará, la Agrupación Popular por Guadarrama (APPG),
traten de confundir a los simpatizantes de los populares en el
municipio, al coincidir las letras PP: "No quiero confundir a nadie
y todos en Guadarrama saben quién soy".
www.elpais.es 15.04.11
16) LOS TRABAJADORES DE TELEMADRID PIDEN QUE
SOSTRES NO VUELVA
Las tres secciones sindicales de RTVM envían un
escrito a la dirección criticando sus palabras.
El artículo de Salvador Sostres disculpando al
'asesino de la webcam' ha provocado la indignación de los
profesionales de la información que comparten medio con él. Si ayer
los periodistas de El Mundo, diario en el que publicó el polémico
artículo, escribieron una carta al director pidiendo su despido hoy
han hecho lo propio los trabajadores de Telemadrid.
En una carta rubricada hoy por las tres secciones
sindicales de la cadena pública -CCOO, CGT y UGT- los trabajadores
piden a la dirección que "tome la decisión de no volver a contratar
a Salvador Sostres para realizar ningún tipo de colaboración
periódica y ocasional".
La fiscal Soledad Cazorla ya ha anunciado que
estudiará el artículo para ver si cómete un delito.
Sostres, tertuliano ocasional en la cadena
dependiente del Gobierno de Aguirre se jacto anteriormente de sus
gustos sexuales ante menores durante la grabación de un programa. En
una de las pausas publicitarias habló de "sexo con jovencitas".
Desde la plataforma 'Salvemos Telemadrid', en
cuya web cuelgan el escrito, detallan que Sostres ha cobrado 250
euros más los gatos de traslado en cada una de sus colaboraciones.
www.publico.es 08.04.11
17) AGUIRRE PREMIA CON UN PUESTO EN SU LISTA A UN
ALCALDE QUE NO EMPADRONA INMIGRANTES
El alcalde de Robledo de Chavela, Mario Anselmo
de la Fuente, no solo repite como candidato del PP en la lista
municipal, después de 16 años, sino que también acompañará a
Esperanza Aguirre en su lista a la Asamblea de Madrid. Este regidor
se niega a empadronar a los inmigrantes que residen en su municipio
-donde el 14% de los 3.800 habitantes son extranjeros, la mayoría
marroquíes- si no tienen un contrato de trabajo en vigor, pese a que
lo prohíbe la ley.
La Ley de Bases del Régimen Local, de obligatorio
cumplimiento en todo el país, no contempla exenciones a la
obligación de empadronar a todos los residentes de un municipio.
Además, ese mismo requisito no se exige en Robledo a los españoles
que se empadronan allí.
El alcalde fue reprendido el pasado verano por el
secretario general del PP, el también consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Francisco Granados, que solicitó reiteradamente
al alcalde que cumpliera la ley. Lejos de hacerlo, el regidor se
negó incluso a debatir en el pleno una moción del PSM que pretendía
cuestionar la prohibición de empadronamiento a inmigrantes en paro.
La asociación de inmigrantes marroquíes mayoritaria en España,
ATIME, denunció la situación al Defensor del Pueblo, que hasta ahora
no ha emitido una resolución, sino que ha solicitado información al
Ayuntamiento de Robledo de Chavela. Ahora, el partido premia a De la
Fuente con un puesto en la candidatura a la Asamblea.
La presidenta regional, Esperanza Aguirre,
aseguró ayer en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que
desconocía el comportamiento del alcalde de Robledo de Chavela. "No
tengo noticia de lo que me dice", respondió la presidenta al ser
preguntada por esta cuestión. Y, tras una pausa, en la que parecía
que daba por zanjada la contestación, agregó: "Es una persona de mi
absoluta confianza. No sé a qué se refiere, pero seguro que tiene
todo mi respaldo".
"Es una prueba más del plan oculto que está
ensayando el PP en algunos municipios donde el que sea más racista,
más premios tiene", aseguró el coordinador federal del grupo árabe
del PSOE, Mohammed Azahf.
www.elpais.es 08.04.11
18) EL ESPIONAJE AL NÚMERO DOS DE AGUIRRE
BUSCABA PRUEBAS DEL PAGO DE COMISIONES EN COLOMBIA
Detrás del espionaje realizado al vicepresidente
madrileño, Ignacio González, durante un viaje que realizó a Colombia
en 2008, hubo un móvil empresarial y no político, según las
declaraciones ante el juez del director de una agencia de
detectives, imputado en el caso, que asegura que la orden le vino de
un grupo de empresarios, cuyo objetivo era demostrar irregularidades
en las obras adjudicadas por el Canal de Isabel II.
Según el director de la agencia de detectives,
los empresarios no recibían ninguna adjudicación porque se negaban a
practicar el soborno que se exigía desde la dirección del Canal.
"Querían pruebas del pago de comisiones en Colombia", declaró el
imputado, de acuerdo con el sumario, al que ha tenido acceso la SER.
El patrimonio del gerente del Canal
El detective reconoció que en julio de 2008 un despacho de abogados
de Madrid se puso en contacto con él proponiéndole realizar algunas
averiguaciones que se concretaron en dos trabajos. El primero
consistió en investigar el patrimonio de Ildefonso de Miguel,
entonces gerente y número dos de Ignacio González en el Canal
de Isabel II, sobre quien existían sospechas "de que estaría
lucrándose del cobro de comisiones por la realización de obras y
servicios de la empresa pública de aguas".
El segundo encargo, el viaje a Colombia
El segundo encargo, realizado en agosto de 2008,
le advertía del viaje que iba a realizar a Colombia una delegación
del Canal compuesta por cinco miembros. "El objetivo del servicio,
según afirmó el imputado, era obtener pruebas gráficas del pago de
comisiones". Según le informaron los abogados - continúa en su
declaración- sospechaban de reuniones comerciales donde hubiera
pagos irregulares por obras a realizar en países de Sudamérica. Por
este motivo, le proponen preparar un dispositivo de seguimiento y
vigilancia a la cúpula directiva en Cartagena para verificar si se
producían esas reuniones y esos pagos.
30.000 euros por el espionaje
El imputado declaró que no se hizo cargo
directamente de este espionaje, por el cual el bufete ofreció unos
honorarios en torno a 30.000 euros. Asegura que lo derivó a otro
compañero de profesión, quien ha reconocido en el mismo sumario ser
el autor del espionaje.
Otro espionaje anterior, en 2005
En el sumario aparecen también la declaraciones
del director de la agencia de detectives Método 3, que reconoció la
autoría de un dossier de investigación en 2005, cuando una agencia
de detectives americana le encargó investigar una operación de
compra-venta de la filial del Canal en Latinoamérica, la Triple A.
En su relato ante el juez explica la secuencia de la investigación:
primero investigan la Triple A, entran en la base registral del país
donde está radicada, descubren su relación con el Canal de Isabel II
y posteriormente identifican a las tres personas que estaban en la
mesa de Negociaciones. Sobre ellos recabaron distintos datos como la
fecha de nacimiento, el estado civil, el patrimonio, sus cargas o
deudas, si trabajan en la administración y qué cargo tienen.
¿A quién pagar la comisión?
La agencia investigó al ex gerente del Canal
Ildefonso de Miguel; a Mariano Zabía, consejero de Medio Ambiente y
Ordenación en el Gobierno de Esperanza Aguirre y a Ignacio González,
según la declaración. El empresario imputado asegura que son
informes básicos que pide el cliente para saber "a quién tienen que
pagar esa comisión".
www.elpluralcom.com 07.04.11
19) TELEMADRID SOSTIENE QUE USAR EL SELLO DE ETA
SOBRE ZAPATERO FUE UN RECURSO
Rubalcaba: "Lo que han hecho es indecente y lo
hacen con mis impuestos"
Sendas imágenes del presidente Zapatero y del
vicepresidente Rubalcaba con el sello de ETA estampado en su rostro
han provocado una nueva protesta de los trabajadores de Telemadrid,
que se declaran "indignados" por la "sistemática manipulación" de la
cadena autonómica. El vídeo, difundido en los informativos de
Telemadrid del pasado miércoles, ha sido denunciado por el comité de
empresa, que reclama el cese inmediato del director de informativos,
Agustín de Grado. Los partidos de la oposición, PSOE e IU, tiran por
elevación y exigen también la destitución de la directora general
del canal, Isabel Linares. El Gobierno regional (PP) declinó hacer
comentarios.
Los sindicatos y la oposición lamentan la
"manipulación" del canal público
Desde 2003, cuando el PP nombró a Manuel
Soriano máximo directivo de Telemadrid, los trabajadores
denuncian una "caza de brujas" entre los profesionales y una
"manipulación" en los informativos. "Lo que más nos preocupa
es el desprestigio y la falta de credibilidad. La veracidad y el
pluralismo están totalmente ausentes", dice la presidenta del comité
de empresa, Teresa García Cao.
El último caso sacado a la luz es la "burda y
zafia maniobra" enfocada a identificar a Zapatero y a Rubalcaba con
la organización terrorista. El informativo del mediodía del 30 de
marzo sobreimpresionó el sello de ETA sobre sus caras. En el de la
noche, ya solo aparecía el anagrama sobre la imagen del
vicepresidente primero. Un montaje que, para los trabajadores, es
"el mayor atentado cometido contra los principios de pluralidad,
veracidad y objetividad".
Rubalcaba replicó en la SER: "Hay un sector
social, en la comunicación sobre todo, sembrando el odio. Lo que ha
hecho Telemadrid es indecente, y lo hacen con el dinero de mis
impuestos".
Telemadrid ve el vídeo de una manera bien
distinta. "Negamos rotundamente que exista tal manipulación para
desacreditar al presidente y al vicepresidente", expresó la cadena a
través de un comunicado. Argumenta que en la pieza informativa, de
dos minutos y medio, utilizó el anagrama de ETA para distinguir lo
que la banda terrorista decía en las últimas actas publicadas y lo
que decía entonces el Gobierno. Para Telemadrid, se trata de "un
recurso perfectamente legítimo que ayuda a diferenciar unas
declaraciones de otras". El vídeo al que remitía ayer la cadena en
su nota de prensa correspondía al Telenoticias de noche, del
que había desaparecido la imagen de Zapatero con el sello de ETA en
su rostro. En el enlace rebotado a los medios solo se mantenía el
anagrama sobre el rostro de Rubalcaba.
Los trabajadores insisten en la "intencionalidad
política" del vídeo. "Ha sido a propósito. No se puede calificar de
un error porque no es una pieza que se emita en directo sino
postproducida", asegura Maite Treviño, de UGT.
Esta no es la primera vez que Telemadrid asocia a
Zapatero con ETA. En 2006, emitió un vídeo en el informativo
Diario de la noche en el que sobre unas imágenes de archivo de
tres encapuchados de ETA aparecía el rótulo "Palacio de La Moncloa,
10 de febrero 2006". El canal atribuyó entonces la coincidencia a un
error de sincronización.
En 2007, los periodistas de Telemadrid
trasladaron sus quejas al Parlamento Europeo. Entre las imágenes con
las que ilustraron la "manipulación" figuraba un vídeo de la
manifestación de marzo de 2005 por el primer aniversario del
atentado del 11-M en Atocha donde, nuevamente, el anagrama de ETA se
superponía a imágenes de la protesta. Algunas "tergiversaciones" han
llegado a los tribunales y a foros profesionales. En 2008, la
Comisión de Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España dictaminó que el reportaje emitido en
Telemadrid sobre el supuesto coladero de inmigrantes en la T-4 de
Barajas faltaba "repetidamente a la verdad".
www.elpais.es 06.04.11
20) EL COMITÉ DE EMPRESA DE TELEMADRID EXIGE "EL
CESE INMEDIATO" DEL DIRECTOR DE INFORMATIVOS
Los comités de empresa de la Radio Televisión
Madrileña han exigido hoy "el cese inmediato" de Agustín de Grado,
director de informativos de Telemadrid, por la "burda y zafia"
manipulación del pasado miércoles, cuando se emitieron imágenes del
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y del
vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, con el sello de ETA
impresionado sobre sus rostros.
CGT, CCOO y UGT han emitido un comunicado donde
denuncian que la cadena "ha vuelto a sobrepasar todos los límites
conocidos de la manipulación informativa", después de que el pasado
día 30, durante el informativo, se emitiesen imágenes de Zapatero y
Rubalcaba "con el sello de ETA sobre sus rostros".
"Burda y zafia"
"Esta burda y zafia maniobra, dirigida a
identificar a los dos principales dirigentes políticos del país con
la organización terrorista ETA, es un desprecio a los valores del
periodismo, la ética y la deontología profesional y el mayor
atentado cometido contra los principios de pluralidad, veracidad y
objetividad", critican los comités de empresa de Telemadrid.
"Cese inmediato"
Por todo esto, los tres sindicatos "exigen el
cese inmediato del Director de Informativos de Telemadrid, Agustín
de Grado". Tras los atentados del 11 de marzo, con las pruebas
señalando al terrorismo islámico, pero con el Gobierno de Aznar
empeñado en culpar a ETA, Telemadrid también usó este recurso,
introduciendo el sello de la banda vasca en una información sobre
las manifestaciones.
www.elplural.com 04.04.11
