ÍNDICE
1) AGUIRRE
IMPONE A SUS 'PARACAIDISTAS'
2) EL PP DE
POZUELO CUESTIONA LA CANDIDATURA DE ADRADOS
3) UN
DIRECTIVO DE SANIDAD, CESADO TRAS DENUNCIAR IRREGULARIDADES EN EL
TRASLADO DE ENFERMOS
4) TELEMADRID, CONDENADA POR DIFAMACIÓN
5) UN EXEDIL
DEL PP EN MADRID, CULPABLE DE UN DELITO DE MALVERSACIÓN
6) BRONCA DE
LETRADOS Y POLICÍAS ANTE EL COLEGIO DE ABOGADOS
7) ¿DÓNDE
ESTÁ ANA BOTELLA?
8) NUEVAS
FACTURAS DE GÜRTEL PRUEBAN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP EN BOADILLA
9) FUNDESCAM
Y REPARTO DE SOBRES
10) PEDREIRA CONFIRMA LA IMPUTACIÓN A JUAN SIGUERO TRAS TOMARLE
DECLARACIÓN POR EL 'CASO GÜRTEL'
11) EL
SUPREMO DECLARA ILEGAL LA M-501 PERO EL FALLO NO TENDRÁ
CONSECUENCIAS
12) ¿PASARÁ
FACTURA EL GÜRTEL EN LAS URNAS?
13)
LICENCIAS EN SAN LORENZO DEL ESCORIAL
14) EL PP
DESIGNA PARA LAS ROZAS A UN IMPUTADO POR DELITO URBANÍSTICO
15) EL PP
PRESCINDE DEL ALCALDE QUE ECHÓ A CORREA DE SU DESPACHO
16) LOS
PROBLEMAS DE LAS AMBULANCIAS SE AGOLPAN EN LOS JUZGADOS
17) LA
FISCALÍA INVESTIGARÁ DELITOS DE COHECHO Y EXTORSIÓN EN EL ÁLAMO
18) UN JUEZ
VUELVE A TUMBAR LA PRIVATIZACIÓN DE UN COLEGIO PÚBLICO
19) EL
TRIBUNAL SUPERIOR DECLARA ILEGAL EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE
BOADILLA
1) AGUIRRE
IMPONE A SUS 'PARACAIDISTAS'
La
presidenta elige como candidatos a alcalde a cargos sin casi
vínculos con los municipios- Los aspirantes consideran que no es
necesario conocer un municipio para concurrir allí - Ninguno se
atreve a cuestionar las decisiones de Aguirre
La costumbre de los
partidos políticos de enviar a sus grandes estrellas para conquistar
territorios complicados es universal y es conocida como
paracaidismo electoral. Rahm Emanuel, mano derecha de Barack
Obama en la Casa Blanca, abandonó hace unos meses el Gabinete del
presidente estadounidense en Washington para presentarse como
alcalde de Chicago, donde los demócratas corrían el riesgo de perder
la alcaldía. Pero un juez estadounidense ha abortado la aventura
electoral de Emanuel porque no ha residido en esa ciudad durante los
últimos 12 meses.
Los
aspirantes del PP en Alcorcón y Getafe no han tenido actividad allí
En Madrid ningún juez
haría eso. Es práctica común entre los partidos, sobre todo en el PP
regional (seis casos entre los grandes municipios de la región,
frente a uno del PSOE). "La política americana es distinta de la
europea. La tradición es diferente por su origen colonial", señala
el diputado regional Juan Soler (del PP), que competirá por la
alcaldía de Getafe (167.000 habitantes) a pesar de no tener nada que
ver con el municipio del sur de Madrid.
La presidenta del PP de
Madrid, Esperanza Aguirre, ha abusado del paracaidismo
electoral. Los buenos resultados que auguran las encuestas han
desatado la euforia entre los populares, a los que les cuesta
contener el excesivo optimismo. Ante esta situación, Aguirre no ha
dudado en colocar a numerosos peones en municipios donde nunca han
desarrollado actividad política.
Esa actitud de Aguirre
es la misma que le llevó a provocar un desencuentro con el PP
asturiano. La presidenta madrileña recomendó con excesiva
insistencia la polémica y frustrada candidatura de Francisco
Álvarez-Cascos en Asturias. "Él es afiliado en Madrid, si tanto le
gusta podría meterlo de vicepresidente en su Gobierno o de consejero
de Fomento", respondieron dirigentes asturianos tras la intromisión
de Esperanza Aguirre.
En la Comunidad de
Madrid no ha tenido esos problemas para colocar a sus peones donde
ha considerado oportuno, independientemente de la vinculación de los
aspirantes con el municipio. El primer caso en este sentido es el de
David Pérez, portavoz parlamentario del PP, que hace unas semanas
fue señalado por Aguirre para que encabezara la lista de candidatos
del PP en Alcorcón (168.000 vecinos).Hasta hace unas semanas, David
Pérez residía en Alcobendas. Antes de recibir la propuesta no había
pensado nunca en desembarcar en Alcorcón para desarrollar allí su
actividad política. "Un partido político tiene la obligación de
poner a los equipos más adecuados, eligen a los mejores y estos son
aquellos que han acumulado experiencia....", señala el actual
portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, que precisa: "Alcorcón no
es un municipio ajeno a mi trayectoria personal. Hasta hace unos
años viví en Campamento muy vinculado con Alcorcón. Aquí tengo
amigos de la infancia, y mucha familia; tíos, primos...". El de
David Pérez es, junto con el de Juan Soler, el caso más
paradigmático de esta práctica electoral. Ambos sostienen que
"cuando uno es diputado, no le es ajeno ningún municipio de la
Comunidad de Madrid. Se es diputado de toda la región". Lo cierto es
que ambos se sorprendieron cuando Aguirre, sin apenas consultarles,
les señaló para que defendieran al PP en los municipios del sur. El
poder de la presidenta en su partido de Madrid es omnímodo. Nadie
cuestiona lo que ella decide y así maneja a sus peones.
A diferencia de Pérez en
Alcorcón, Soler no puede decir que tiene vínculos familiares con
Getafe. Vive en Madrid, pero acaba de alquilar un pequeño
apartamento en el centro de Getafe. Admite que aún no conoce en
profundidad los temas de la ciudad. "Pero uno se pone al día
enseguida". Comprende la costumbre de los fichajes estrella: "en
ciudades importantes del sur los partidos tratan de crear equipos
que puedan gestionar un posible Gobierno". El polémico diputado del
PP resta importancia al hecho de no ser un cunero (nacido
políticamente en el municipio): "Madrid está muy integrada. De la
Puerta del Sol hasta la alcaldía de Getafe hay 13 kilómetros".
El caso del candidato
del PP en Parla (115.000 habitantes) es más llamativo. Miguel Ángel
López es el exalcalde de Torrejón de Velasco. Ha dimitido hace un
par de semanas para zambullirse de lleno en la campaña.
También hay
paracaidistas del PP en Fuenlabrada o Valdemoro. El actual
director general de Inspección de la Sanidad, Manuel Molina,
abandona su responsabilidad para competir por Fuenlabrada (197.000
vecinos), donde inició su carrera política como concejal entre 1995
y 1999. Aguirre ha enviado al primer teniente de alcalde de
Ciempozuelos, Carlos Boza Lechuga, para lidiar en Valdemoro (62.000
habitantes). El alcalde, el popular José Miguel Moreno, expresó su
intención de no continuar en el Consistorio. El candidato es de
Valdemoro, donde tiene profundos lazos familiares, aunque lleva ocho
años viviendo en Ciempozuelos. Aguirre también ha movido ficha en
Boadilla, uno de los municipios salpicados por el Gürtel. Allí ha
colocado a Antonio González Terol, director general de Asuntos
Europeos de Madrid. Aunque reside en el municipio, nunca ha
desarrollado actividad política allí.
2) EL PP DE
POZUELO CUESTIONA LA CANDIDATURA DE ADRADOS
Algunos miembros del PP
local de Pozuelo de Alarcón (85.500 habitantes) consideran que la
propuesta para colocar a la consejera de Empleo y Mujer de la
Comunidad de Madrid, Paloma Adrados, como candidata en esa localidad
podría vulnerar los estatutos del PP, al haberse constituido de
forma irregular el comité electoral local.
El de Adrados es otro de
los experimentos de Esperanza Aguirre, que la ha enviado allí con la
misión de hacer olvidar los escándalos del caso Gürtel. A
pesar de que lleva casi 30 años viviendo en el municipio, nunca ha
participado en la vida política del pueblo. Es ajena a la actividad
municipal. "Me lo ha pedido mi partido", señala. De sus palabras se
desprende que la aventura no estaba entre sus planes. "El partido ha
considerado que tenía que ir a Pozuelo". Y continúa: "no creo en
fichajes estrella. He pasado por la Administración central, por la
regional y ahora voy a la municipal". La consejera estaría vinculada
a la corriente interna del PP que encabeza el vicepresidente Ignacio
González, frente al consejero de Presidencia, Francisco Granados.
Fuentes del PP reconocen
que su designación fue azarosa. Cuentan que la consejera opuso
resistencia para pasar del ámbito regional al municipal, pero ella
lo desmiente. "No me he resistido como se ha dicho por ahí. En
épocas preelectorales hay muchos dimes y diretes de forma
permanente. En cuando me lo ofrecieron, dije que sí". En realidad,
según relatan fuentes del PP local, en Pozuelo se produjo cierto
debate interno porque uno de los concejales aspiraba a dirigir el
municipio del oeste de la Comunidad de Madrid. Pero Adrados lo
descarta. "He tenido la máxima colaboración con los concejales que
ahora están en el municipio. Estamos formando un buen equipo.
Ninguno ha manifestado sus recelos o suspicacias por mi llegada.
Nada más que colaboración".
3) UN
DIRECTIVO DE SANIDAD, CESADO TRAS DENUNCIAR IRREGULARIDADES EN EL
TRASLADO DE ENFERMOS
Un directivo del Summa
112, en la Consejería de Sanidad en Madrid, denunció irregularidades
en la gestión y adjudicación del contrato de traslados urgentes de
enfermos. Inmediatamente después fue cesado
Según ha podido saber la
Cadena SER, un ex directivo del Summa de la consejería de Sanidad
denunció en su momento irregularidades en la adjudicación y gestión
del contrato millonario que afecta al transporte sanitario urgente
de ambulancias en la Comunidad de Madrid. La consejería de Sanidad
del Gobierno de Esperanza Aguirre, con Juan José Guemes al frente,
adjudicó el contrato a Isolux Corsán por más 55 millones de euros.
La empresa no cumplía los requisitos de licitación y acumula
importantes desvíos de dinero. Tras las denuncias internas el
directivo fue cesado.
El concurso público del
Transporte Sanitario para el traslado urgente de pacientes en la
Comunidad de Madrid se adjudicó en junio de 2006 por algo más de
55,4 millones de euros para desplazar a los enfermos en Madrid en
servicios urgentes y han sido responsables del contrato hasta el
pasado diciembre.
Según los documentos a
los que ha tenido acceso la Cadena SER, la única empresa que se
presentó fue Isolux Corsán Servicios, propiedad del constructor Luis
Delso, sin experiencia en el sector sanitario e incumpliendo
cláusulas fundamentales del contrato. Por ejemplo, compraron las
ambulancias después de ganar el concurso, cuando la administración
obliga a disponer de una flota matriculada, con permisos de
circulación y certificación sanitaria para acceder al contrato.
Isolux Corsán no presentó la documentación, ganó la convocatoria y
adquirió las ambulancias a posteriori. Al frente de la consejería
estaba Juan José Güemes.
Irregularidades en la gestión
La denuncia contiene
graves irregularidades en la gestión por parte de la adjudicataria
Isolux. La empresa estaba obligada por contrato a ofrecer 1.252
horas de disponibilidad diarias para el traslado de enfermos, Isolux
ofrecía 92 horas menos al día. El incumplimiento se traduce en que,
entre julio de 2006 y septiembre de 2007, dejaron de realizar más de
39.800 horas de traslados, lo que ha supuesto un agujero con cargo a
la administración pública de al menos un millón doscientos mil
euros.
Para cubrir estas horas,
la consejería de Sanidad, a través del SUMMA 112, no solo pagó por
estas horas de ambulancias que correspondían a Isolux, sino que
subcontrató a ocho empresas externas, sin mediar concurso público,
unos cinco mil traslados de pacientes, de los que unos 900 eran
urgentes. Los traslados costaron unos 415.000 euros, así que en
total pagaron 1,6 millones de euros.
Cesado por
denunciar
Un directivo del Summa
responsable del traslado sanitario en ese periodo, advirtió - hasta
en cuatro ocasiones y por los canales internos - de las
irregularidades en el servicio urgente de ambulancias. El directivo
denunció por escrito al Summa 112 y al ex consejero de Sanidad, Juan
José Güemes, tanto el incumplimiento de las horas de traslado como
el doble pago a otras empresas y el consecuente agujero de 1,2
millones de euros con cargo a la administración pública. Poco tiempo
después de las denuncias, el directivo fue cesado. Volvió a ponerse
en contacto con Guemes para conocer los motivos de su cese y saber
si corregirían las irregularidades. En ninguna de las dos ocasiones
recibió respuesta. A día de hoy, el directivo mantiene que le
apartaron como una represalia por sus denuncias.
La Cadena SER se
ha puesto en contacto con la Consejería de Sanidad, aseguran que el
directivo lo denunció y que la gestión de la Consejería está avalada
por el archivo de la denuncia ante el Tribunal de Cuentas.
www.cadeaser.com 14.02.11
4) TELEMADRID, CONDENADA POR DIFAMACIÓN
La cadena tendrá que
rectificar por vincular a un imán con el terrorismo
Ni todos los musulmanes son terroristas ni todos los medios de
comunicación difaman. Este podría ser el resumen de la histórica
sentencia la primera en este sentido desde los atentados del 11 de
marzo emitida por la juez de 1º Instancia de Pozuelo, que condena a
Telemadrid a emitir una rectificación en la misma franja horaria,
tras acusar falsamente en el programa
Objetivo al imán de la mezquita de Fuenlabrada, Mohamed
El Mirabet, de ser salafista, tener vínculos con Al Qaeda y
reclutar muyahidines para la Yihad o guerra santa. El fallo
condena a la cadena pública madrileña a emitir una rectificación y a
pagar las costas del juicio.
Titulado
La Yihad en España, el programa
Objetivo, presentado por Manuel Cerdán, tachaba en
octubre de 2010 al demandante de "terrorista y de adoctrinar y
reclutar muyahidines", según apunta la sentencia, acusaciones que
"son inciertas y no se ajustan a la realidad". Pese a que el propio
El Mirabet aseguraba en el reportaje que "la corriente musulmana que
practica y predica es la Maliki, que no predica ni el salafismo ni
el wahabismo, que nunca ha tenido ni contacto ni conexión con Al
Qaeda, que nunca ha reclutado muyahidines para la yihad ni ha
lanzado mensajes incendiarios en contra de Occidente".
La sentencia, que aún no es firme, considera probado que el
programa daba por hecho, sin aportar pruebas, "que el demandante es
un imán fundamentalista de ideas salafistas y que es wahabista",
además de considerar a El Mirabet "un fundamentalista directamente
relacionado con el terrorismo de Al Qaeda".
Nada más emitirse el documental, que insistía en la existencia de
una docena de "apóstoles" de la Yihad en España, la Unión de
Comunidades Islámicas de España (Ucide), presidida por Riay Tatari,
enviaba una carta a la directora general del ente en la que
solicitaba una rectificación ante un ejercicio periodístico que
"entra de lleno en el amarillismo y la creación de una alarma social
injustificada, difamando y mancillando el honor de varios imames,
sin ninguna prueba sustancial".
www.publico.es 18.02.11
5) UN EXEDIL
DEL PP EN MADRID, CULPABLE DE UN DELITO DE MALVERSACIÓN
JORGE
BARBADILLO ACEPTA UNA CONDENA DE UN AÑO Y MEDIO DE PRISIÓN
El exconcejal del
Ayuntamiento de Madrid Jorge Barbadillo, del PP, es culpable de un
delito de malversación de caudales públicos. Así lo aceptó el
acusado durante el juicio celebrado ayer en la Sección 7ª de la
Audiencia Provincial de Madrid. El fiscal solicitaba para el
imputado cinco años de cárcel por este delito, pero al final todas
las partes acordaron rebajar la condena a un año y seis meses de
cárcel, a lo que se suma dos años de inhabilitación absoluta. Esto
supone que no entrará en prisión.
El caso
comenzó con una querella presentada por el Grupo Socialista
Jorge Barbadillo estuvo
al frente de la empresa municipal Campo de las Naciones de 1999 a
2003, durante el mandato de José María Álvarez del Manzano. Durante
ese tiempo dispuso de dos tarjetas de crédito y estuvo utilizando
dinero de la compañía para su propio beneficio. Los cálculos del
Grupo Municipal Socialista llegaron a los 400.000 euros. Eso llevó
al concejal del PSOE Óscar Iglesias a presentar en 2004 una querella
por el delito de malversación de caudales públicos cometido por
funcionarios. Tiempo después se sumó el Ayuntamiento de Madrid como
acusación particular.
La fiscalía solicitaba
para Barbadillo una condena de cinco años de prisión, 10 años de
inhabilitación y el pago de 72.445 euros, cantidad que adeudaba a
las arcas municipales, según los cálculos del ministerio publico. La
acusación particular ejercida por el PSOE aumentaba la pena hasta
los ocho años de cárcel y el pago de 129.000 euros por
responsabilidad civil.
La defensa pidió la
nulidad del procedimiento, ya que Barbadillo había sido fiscalizado
por el Tribunal de Cuentas. Este le obligó a devolver unos 140.000
euros el pasado mes de noviembre. Como el exconcejal no había
consignado el dinero, fue confiscado un mes después de una cuenta de
la que era titular en el Banco Gallego.
El juicio comenzó con
una hora de retraso. El abogado de la acusación particular, José
Mariano Martínez de Lugo, planteó una cuestión previa, ya que el
delito debía haber sido enjuiciado por un jurado popular. De hecho,
la defensa de Barbadillo lo planteó durante la instrucción del caso,
pero fue rechazado por el juzgado de plaza de Castilla y en un
recurso posterior de la Sección 23ª de la Audiencia Provincial.
Todas las partes se adhirieron ante el riesgo de que el Tribunal
Supremo anulara después la sentencia y ordenara repetir la
instrucción en plaza de Castilla.
Las tres magistradas de
la Sección 7ª, encargadas de dictar sentencia, hicieron un receso
para dilucidar si llevaban razón. No tuvieron que pronunciarse sobre
la cuestión. Esa media hora de parón en la vista oral sirvió para
que las partes llegaran a un acuerdo. Hubo bastante movimiento en
los pasillos, incluidas varias consultas al Código Penal.
El fiscal se erigió en
portavoz de todo el grupo de la acusación. Planteó varias
modificaciones en su escrito de conclusiones de forma que reducía la
condena de cinco años de prisión a otra de un año y medio. Para
llegar a esa rebaja, apreció la atenuante de reparación del daño
causado, ya que Barbadillo había devuelto las cantidades no
justificadas durante su gestión al frente de Campo de las Naciones.
El ministerio público también aplicó la atenuante de dilación
extraordinaria e indebida en la instrucción del procedimiento. Este
ha tardado siete años en ser juzgado. El fiscal anuló el pago de la
responsabilidad civil al haber devuelto el dinero. La abogada
defensora aceptó la propuesta, por lo que el juicio terminó en ese
momento.
El exconcejal afirmó a
la salida de la Audiencia Provincial que se encontraba "muy
contento" después de 11 años de procedimiento. "Me habría gustado la
absolución porque no había responsabilidad penal, pero al final la
condena queda a título de inventario. Han sido muchas esperas y me
ha perjudicado", destacó Barbadillo. "Al haberse dado una situación
de negociación por todas las partes, tenía que aceptarlo", añadió el
culpable.
Mucho más satisfecho se
mostró el concejal Óscar Iglesias, quien recordó que su grupo
llevaba razón al querellarse contra el exconcejal. "Si no llegamos a
acudir a la justicia, este señor se habría librado de todo. Una vez
más queda en entredicho el Ayuntamiento de Madrid, que se negó a ir
contra Barbadillo por la vía penal. Esperemos que si se vuelve a
producir una situación similar apueste por la transparencia y la
defensa del patrimonio de los ciudadanos", declaró Iglesias.
El abogado José Mariano
Martínez de Lugo mantuvo la misma versión: "Estamos muy satisfechos
porque se ha reconocido por parte del acusado la comisión del
delito, que es de lo que se trataba".
www.elpais.es 16.02.11
6) BRONCA DE
LETRADOS Y POLICÍAS ANTE EL COLEGIO DE ABOGADOS
200
afectados se quejan por el impago del turno de oficio
Gritos de "¡fuera,
fuera!" y "¿quién ha llamado a la policía?" se oyeron al mediodía de
ayer en la sede del Colegio Oficial de Abogados de Madrid, en la
calle de Serrano. Unos 200 letrados afectados por el impago de las
facturas del turno de oficio se manifestaron delante del inmueble,
mientras agentes antidisturbios les impedían la entrada al inmueble.
Al final tuvo que mediar el decano de los abogados, Antonio
Hernández-Gil, y los representantes de los afectados para que la
situación se calmara.
La Comunidad
les adeuda 25 millones de euros por la justicia gratuita
Los abogados se
concentraron alrededor de la una de la tarde delante del colegio. En
ese momento, se reunía Hernández-Gil con representantes de tres
asociaciones de letrados. El tema era el impago de las facturas del
turno de oficio y las movilizaciones que van a realizar en los
próximos días hasta conseguir que la Comunidad de Madrid les pague
los 30 millones de euros que les adeuda.
Los manifestantes
cortaron la calle de Serrano durante unos 10 minutos, con el
consiguiente problema de tráfico. Después se marcharon hacia la
acera e intentaron entrar en la sede colegial. Entonces se toparon
con una fila de antidisturbios que les impedía el acceso. Los
abogados empezaron a chillar "¡fuera, fuera!". Sacaron sus carnés
profesionales y exigieron a los agentes que se quitaran de la
puerta. Los policías se negaron y se mantuvieron en su sitio. Se
produjeron empujones y abucheos, mientras los agentes se hacían
fuertes delante del edificio. El rifirrafe duró varios minutos.
"Esta es nuestra casa", gritaban los abogados. Poco a poco, los
letrados consiguieron entrar. Un policía se dirigió hacia uno de los
abogados con la intención de identificarlo, pero el resto comenzó a
gritar en contra. Un trabajador del colegio avisó de lo que estaba
sucediendo a los reunidos y estos bajaron de inmediato. Se
dirigieron hacia el responsable de los policías y le exigieron que
cesaran su actitud. Los abogados tenían perfecto derecho de entrar
en su sede, ya que para ello son colegiados.
Los concentrados
profirieron de nuevo gritos contra los agentes, que al final
decidieron marcharse. Un portavoz de la Jefatura Superior de Policía
de Madrid aseguró que no se había producido ninguna identificación y
que no hubo incidentes destacados. Hernández-Gil se reunió instantes
después con los afectados en el salón de actos del Colegio. "Hemos
llegado a una situación lamentable en la que está en juego un
derecho fundamental recogido en la Constitución, como es la tutela
judicial efectiva. Con el impago por parte de la Comunidad de Madrid
se está poniendo en riesgo su ejercicio", explicó el decano, quien
aseguró que nadie había llamado a la policía por la manifestación.
Hernández-Gil criticó
los retrasos de la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia y
"la falta de consideración de algunos responsables políticos que han
cuestionado la justicia gratuita". Los abogados del turno de oficio
han convocado para el próximo 15 de marzo una huelga indefinida.
Desde esa fecha solo atenderán a los detenidos en comisarías y
juzgados, los casos de violencia de género y las causas con reo. El
resto quedará paralizado. "Estamos en conversaciones y siempre se
muestra buena disposición y voluntad. Habrá que ver qué sucede en
los próximos días. Si no hay respuesta por parte del Gobierno
regional, este servicio quebrará por algún lado", concluyó el
decano.
www.elpais.es 15.02.11
7)¿DÓNDE
ESTÁ ANA BOTELLA?
La concejala
desaparece la semana de la contaminación
"Más asfixia el paro".
La frase, pronunciada el pasado miércoles en la cadena Cope, es la
más sonada intervención de la responsable de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Madrid sobre un problema, la contaminación del aire
en la capital, piedra angular del área que dirige, que ha copado el
debate nacional en los últimos días.
"Está a otra
cosa, a la política nacional", dice el edil socialista Pedro Santín
"Lleva una
dinámica al margen de la oficial", según fuentes de su Gobierno
Madrid incumple la
normativa europea en materia de contaminación. Los índices de
dióxido de nitrógeno de la capital se hallan por encima de los
límites establecidos por la Unión Europea que, desde 2010, son de
obligado cumplimiento. Los responsables -nacionales, regionales y
municipales- han tenido años para tratar de ajustar los niveles de
contaminación a unas cifras que durante mucho tiempo han sido de
recomendación, pero cuyo incumplimiento, a partir de 2010, puede
acarrear sanciones.
Ana Botella, al frente
de un departamento con un presupuesto público anual de 790 millones
(la segunda concejalía con más recursos), prefiere hablar de
"contaminación electoral". El debate sobre la calidad del aire de
Madrid, opina, "a lo mejor esconde otras cosas".
La ciudad sobrepasa los
límites incluso después de cambiar de emplazamiento, en enero de
2010, las estaciones de medición de la ciudad que ofrecían los
peores datos de contaminación. Una medida por la que el fiscal de
Medio Ambiente envió el 28 de enero un duro escrito al Ayuntamiento
en el que le pedía que "identifique a la autoridad o funcionario que
ordenó esa reubicación de las estaciones de medición". Un probable
primer paso para actuar contra el responsable del cambio.
"El paro asfixia más".
Lo ratificó el jueves, en la misma emisora radiofónica de la que la
delegada es colaboradora habitual. Las mofas sobre la frase
encendieron la red social Twitter, convirtiendo a la delegada en
trending topic (tema del momento). Responder con el paro a una
pregunta sobre la contaminación. Un claro ejemplo de la percepción
que tienen muchos de sus compañeros y adversarios políticos de cómo
se mueve Botella en la cartera municipal que ocupa desde 2007. "Ana
Botella es delegada de Medio Ambiente a tiempo parcial", opina Pedro
Santín, encargado de temas medioambientales en el PSM. "Ella está a
otra cosa. Está a la batalla ideológica, a la política nacional".
"Es la que más opina de
ámbitos que exceden de lo municipal", coincide un compañero de
Gobierno de Botella. "En parte, todo hay que decirlo, es porque los
periodistas le preguntan sobre esos temas. Pero ella tiene el
defecto de entrar al trapo. El riesgo es que a veces abre líneas de
opinión que no debería abrir, que corresponden al alcalde".
Compañeros de Gobierno
achacan esa sensación de que va por libre a la peculiaridad de su
propia incorporación a las listas municipales del PP en 2003. Al
contrario que el resto de su equipo de Gobierno, Botella no era una
persona de confianza de Gallardón. Era más bien una cuota, una
especie de sello de paz entre el alcalde y el entonces presidente
del Gobierno José María Aznar, esposo de Botella. "Ana, en política
informativa, no está en los circuitos más institucionales del
Ayuntamiento", explican fuentes de su Gobierno. "Ella y su equipo
llevan una dinámica propia, al margen de la oficial".
Esa independencia le ha
llevado a abordar el problema de la contaminación desde una línea
que, si bien coincide con determinadas posturas que ha expresado el
propio alcalde (él también ha hablado de "campaña política"), o ha
gustado a algunos miembros de su Gobierno. "Ana estos días ha optado
por una política de no salir, o de salir con un discurso negador de
la evidencia", explica un compañero de Ejecutivo. "En lugar de
reconocer un problema que existe, no podemos salir con el discurso
de que el aire que se respira en Madrid es el mejor del mundo". No
es la primera vez que las declaraciones de Botella disgustan en su
entorno. Sus comentarios sobre las peras y las manzanas para
ilustrar su opinión sobre el matrimonio homosexual (o sobre el polvo
sahariano para explicar la contaminación) permanecen en la memoria
colectiva de los madrileños.
A mediados del pasado
enero, Botella reconoció por primera vez que Madrid incumple la
normativa europea en materia de contaminación. Y anunció, en la
Comisión de Medio Ambiente, que va a solicitar al Estado que pida
una moratoria para el cumplimiento. Pero en estas semanas de intenso
debate nadie ha contado qué medidas se van a tomar para corregir el
problema aprovechando el tiempo extra que otorgue la moratoria, en
el improbable caso de que se conceda (los requisitos para la
concesión de la moratoria recogidos en la directiva europea exigen
demostrar que se han tomado medidas relevantes).
La persistencia de un
anticiclón ha favorecido que, ya en el primer mes y medio del año,
cuatro estaciones de medición registren un número de superaciones
del límite mayor que el que se permite para todo 2011. El
Ayuntamiento, yendo más allá de lo que exige su propio protocolo,
decidió colocar en los carteles luminosos de la M-30 mensajes
invitando los conductores a que, ante la "previsión de alta
contaminación", utilicen el transporte público. Una medida que tuvo
una eficacia nula en el tráfico de la ciudad.
Pocos niegan que estos
días, en el debate de la contaminación, Botella ha estado en un
segundo plano. "La ha relevado Gallardón", opina el socialista Pedro
Santín. "Cuando la cosa se pone fea, sale el alcalde. Hoy [por el
jueves] me han llamado para ir a un debate sobre la contaminación en
televisión, invitación que tuve que declinar por asuntos personales.
Y me dicen que quien va del Ayuntamiento no es Ana Botella sino otro
concejal. ¡Quien tiene que ir es la delegada de Medio Ambiente!".
La agenda de la delegada
de esta semana, clave para su departamento, no incluía ningún acto
abierto de encuentro con periodistas. Solo dos visitas a un espacio
de la Cope, cadena de la que es colaboradora habitual, y una al
programa de su amigo Miguel Ángel Rodríguez en VeoTV. EL PAÍS ha
solicitado sin éxito en reiteradas ocasiones una entrevista con
Botella. Desde su entorno reconocen que elige los espacios donde se
siente cómoda. No se maneja bien en los medios, explican, tiene una
gran facilidad para meter la pata. Y reconocen que lo normal habría
sido que tuviera un encuentro con toda la prensa para hablar sobre
el problema de la contaminación. "Supongo que es por no desgastar su
imagen", opina Raquel López, la joven concejal de IU portavoz de
temas medioambientales, que se las ve con Botella en los plenos y
comisiones del Ayuntamiento. "Me consta que compañeros suyos no
quieren que hable, porque sube el pan. Ella nunca habla de su
libro. Habla de todo lo demás. Convierte las comisiones
municipales en algo muy incómodo. No escucha, habla mientras tú
hablas. Siempre le he reprochado, desde la evidente divergencia
ideológica, que tiene un absoluto desprecio por cualquier propuesta
que venga de la oposición. Nunca me llama por mi nombre. ¡Me llama
'señora representante de Izquierda Unida'!. No está para nada a la
altura de lo que los ciudadanos de Madrid se merecen".
Desde Ecologistas en
Acción, la ONG más activa en el tema de la calidad del aire de la
capital, aseguran que su relación con la delegada de Medio Ambiente
es mínima. "Nunca me he reunido con ella", confiesa Paco Segura,
portavoz de la ONG. "Durante años, hasta que se ha visto superada
por el problema, ha estado más preocupada por los grafitis que por
la calidad del aire. Llevamos rebasando las recomendaciones europeas
desde 2001, y sus esfuerzos se han puesto más en los grafitis. Sus
intervenciones en materia de contaminación demuestran un
desconocimiento supino, apabullante, de la gravedad del tema que
tiene entre manos". "No es de recibo decir que la contaminación de
Madrid no tiene consecuencias para la salud", añade su compañero
ecologista Juan García Vicente, "cuando la comunidad científica dice
lo contrario".
Tanto los ecologistas
como la oposición municipal coinciden en que Botella cuenta con
técnicos muy competentes trabajando en su área. Pero consideran que
la delegada se sentía más cómoda en su anterior cometido, el área de
Familia y Asuntos Sociales. "Dominaba más los temas, se identificaba
con ellos y se sentía más cómoda", concede un compañero de Gobierno.
Pero asegura que "siempre está en su despacho trabajando los temas,
los controla". "Otra cosa", admite, "es que sepa comunicarlos. Su
fallo es que no sabe trasladar el trabajo que hace previamente.
Cuando tiene una entrevista, se pueden producir dos situaciones: si
es un tema que controla ella, como persona, como mujer, se muestra
relajada, bien. Pero si se entra en clave técnica o política, se
pone tensa y falla".
En las conversaciones
sobre Ana Botella es difícil eludir el escenario, bastante probable,
de que la delegada se convierta a mitad de la próxima legislatura,
sin haber ganado unas elecciones como cabeza de lista, en la próxima
alcaldesa de Madrid. El escenario es conocido: Rajoy gana las
elecciones generales, llama a Gallardón para su Gobierno, y Ana
Botella, segunda en la lista del PP al Ayuntamiento de Madrid, se
queda de alcaldesa. En el Ejecutivo municipal prefieren no entrar en
el tema. "Todo eso", dicen, "es ciencia ficción".
En el terreno estricto
de la ciencia, las previsiones meteorológicas anuncian que hoy puede
despedirse el anticiclón. Pronto la lluvia se llevará consigo, hasta
próximo aviso, la boina de contaminación que lleva días
cubriendo el cielo de Madrid. Y, con ella, alejar a Ana Botella del
incómodo primer plano de la política municipal.
www.elpais.es 13.02.11
8) NUEVAS
FACTURAS DE GÜRTEL PRUEBAN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP EN BOADILLA
Un auto del
juez Pedreira asegura que dos empresas privadas pagaron a Correa
varios actos que organizó la trama corrupta para los populares
El magistrado del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que instruye el
caso Gürtel, Antonio Pedreira, hizo público el pasado viernes un
auto en el que constata la existencia de nuevas facturas y
transferencias bancarias de las empresas que conforman la UTE
Boadilla (formada por FCC y Sufi), a la que se le adjudicó los
servicios de las basuras del municipio en 2002 por 2,2 millones
anuales, que prueban que algunos de los actos del PP organizados por
Special Events, de Francisco Correa, fueron pagados por FCC y Sufi.
Esta forma de financiar los actos del partido se asemeja al modus
operandi del PP valenciano, según constata un informe de la Brigada
de Blanqueo de Capitales de la Policía, que concluyó que la
financiación ilegal del PP de esta comunidad se hizo a través de
diversas constructoras que recibían contratos públicos del Gobierno
de Francisco Camps y que colaboraban con Orange Market, la empresa
que se encargaba de todos los actos del PP valenciano. Queda
acreditado, de acuerdo con este informe, que el PP valenciano fue
financiado mediante "entregas" realizadas por el propio PP con
fondos "ajenos al sistema económico real" que engrosan la caja B de
Orange Market y "facturas reales emitidas por esta empresa a la
formación política y abonadas por esta".
-
Panero recibió como regalo una televisión de más de 4.000 euros
-
El sastre acudió a la sede del Consistorio para tomar medidas al
exalcalde
En el auto, de 30
páginas, Pedreira resuelve una petición del exalcalde de Boadilla
Arturo González Panero en la que solicitaba que se le rebajara la
fianza de 1,8 millones de euros. El magistrado ha decidido mantener
la cuantía al considerar que el conocido por los miembros de la red
como El Albondiguilla tiene propiedades con un valor muy superior en
diferentes partes de España, Marruecos, Estados Unidos y en el
paraíso fiscal caribeño de las islas Caimán. En el caso de que
Arturo González Panero no consigne el dinero, se procedería al
embargo de sus bienes.El auto del magistrado Pedreira en el que se
describen de forma detallada los presuntos hechos protagonizados por
Arturo González Panero, y que se encuentran en el sumario del
caso Gürtel, resalta que tras encontrar nueva documentación,
como albaranes, facturas y justificantes de transferencias
bancarias, que complementan los datos reflejados en un informe
policial del 8 de junio de 2009, se ha podido comprobar que el ex
primer edil de Boadilla recibió numerosos regalos pagados por las
empresas FCC y Sufi, a las que adjudicó siendo alcalde la gestión de
las basuras.
Toda esta nueva
documentación se encontraba en los apuntes de la cuenta personal del
exalcalde en la contabilidad b de las empresas de Francisco
Correa. Como principal novedad con respecto a la información ya
incorporada, según Pedreira, se ha podido constatar cómo la
organización delictiva efectúa el cargo de numerosos viajes
efectuados por Arturo González Panero, uno de ellos a Miami (Estados
Unidos), que fueron prestados por una de sus empresas del cerebro de
la trama (la agencia de viajes Pasadena). También FCC y Sufi pagaron
las compras de ropa realizadas a nombre del entonces alcalde de
Boadilla en 2002: "Encubriendo dicho cobro como pago de varias
facturas de las empresas a Special Events, con motivo de una campaña
de publicidad supuestamente establecida para publicitar el concurso
relativo a la recogida de basuras, adjudicado a la UTE de FCC y Sufi
por parte del Ayuntamiento, hasta un monto total de 98.389 euros",
explica el magistrado Pedreira en el auto del pasado viernes. "Entre
las facturas hechas efectivas por la UTE de estas dos empresas
también se cargan diversos actos realizados por Special Events al PP
de Boadilla del Monte pendientes de cobro", especifica el magistrado
que instruye el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción
destapada en la Democracia relacionada con un partido político: el
Partido Popular.
La adjudicación de los
servicios de las basuras de Boadilla se encuentra en el punto de
mira de Pedreira, que ordenó registrar los Ayuntamientos de Boadilla
del Monte y de Majadahonda en busca de la documentación de ambas
concesiones. Estos expedientes ponen de manifiesto que tan solo
siete meses después de adjudicarse el servicio en Boadilla por un
precio anual de 2,2 millones, el contrato de la recogida de las
basuras se modificó al alza, encareciéndose 617.906 euros. En marzo
de 2007, tres años después, volvió a encarecerse en 468.715,53 euros
y en 2008 se elevó otra vez en 707.523,2 euros. Estas sucesivas
ampliaciones sirvieron de base para que la interventora municipal
elaborara un informe en el que destacaba que el total de las
modificaciones suponía un importante aumento del coste anual de la
gestión de las basuras para Boadilla, que pasó de 2,2 millones a
3,97 millones.
En este sentido, el auto
incluye la declaración de Rafael Caballero Mateos, el sastre que
realizaba de forma habitual la ropa a Correa, que de forma
voluntaria reconoció a los agentes de la policía judicial que
confeccionó varios trajes a Panero por indicación de Correa, quien
le explicó que El Albondiguilla era "uno de esos alcaldes que no se
sabe vestir". El sastre testificó que los encargos los abonaba uno
de los empleados de la trama, concretamente José Luis Izquierdo, que
le encargaba que pusiera en las facturas conceptos que no tenían
nada que ver con la realidad. Como por ejemplo, según su
declaración, cuando el 29 de junio de 2004 facturó a Special Events
por un importe total de 3.721 euros con el concepto de "Suministro y
colocación de tejidos en el stand de la Empresa Municipal del
Suelo y de la Vivienda de Boadilla (EMSV)': "Cuando debería figurar
la venta de tres americanas, dos trajes completos y cinco pantalones
para Arturo González Panero, que es lo que realmente se
confeccionó", relata el informe policial basado en la declaración
del sastre. Este trabajador aseguró, además, que en una ocasión
González Panero le citó en la misma sede del Consistorio de Boadilla
del Monte.
En sus conclusiones,
Pedreira cita un informe del 23 de enero de 2009 concluyendo que
entre agosto de 2002 y febrero de 2004 en la contabilidad b
de Correa a aparecen 24 pagos de facturas con conceptos como
billetes de avión, compra de ropa o compra de televisor de plasma,
de 4.034 euros, a favor de González Panero por un importe total de
48.941 euros. Esta cuenta b de Correa contiene un apunte con
fecha del 21 de febrero de 2006 por un importe de 124.000 euros.
"Dicha cantidad podría tratarse de la comisión cobrada a través de
Panero por la obtención de algún tipo de contrato vinculado a
jardines y que engrosa la caja b de la calle Serrano",
explica el auto del juez que relata al menos otros pagos al El
Albondiguilla de 660.000, 18.000, 24.000, 12.000 y 30.000 euros. El
exalcalde también es propietario de un piso en Marruecos de 100.000
euros e invirtió en Bolsa 144.000 euros.
www.elpais.es 22.02.11
9) FUNDESCAM
Y REPARTO DE SOBRES
El auto del pasado
viernes no es la primera ocasión en la que el sumario de la
operación Gürtel alude a la posible financiación irregular del PP en
la Comunidad de Madrid, ya que en una memoria externa en poder de la
trama los investigadores descubrieron una carpeta con el epígrafe
"Facturación PP Madrid", en el que se sugiere que las empresas de la
trama financiaron actos de este partido.
Además, un documento de
la Agencia Tributaria refleja que Special Events, una de las
empresas de la trama corrupta liderada por Francisco Correa, facturó
a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Fundescam),
vinculada al PP, en 2004 y que ha encargado actos electorales para
el partido.
Por otra lado, un
informe elaborado por la policía y que está incluido en el sumario
detalla cómo en un reparto de dinero entre los miembros de la trama
por la consecución de tres contratos en Boadilla del Monte, aparece
una entrega de 30.050 euros bajo el concepto "campaña", 15 días
antes de las elecciones autonómicas de 2003. Entre las personas que
presuntamente habría recibido dinero estarían el responsable de la
campaña en Boadilla Tomás Martín Morales, imputado en la causa, y el
propio ex primer edil Arturo González Panero. En las conclusiones,
Pedreira indica que la empleada de Correa Isabel Jordán explicó que
la red corrupta había grabado un vídeo en el que éste contaba dinero
junto con el ex teniente alcalde de Boadilla Miguel Ignacio González
Sánchez.
Otro informe policial
sobre el ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, señala que
Correa financió actos del partido en el municipio, en concreto en
las elecciones generales de 2004 y que el dinero se había ingresado
en una cuenta a nombre de Ortega.
www.elpais.es 22.02.11
10) PEDREIRA CONFIRMA LA IMPUTACIÓN A JUAN SIGUERO TRAS TOMARLE
DECLARACIÓN POR EL 'CASO GÜRTEL'
El exalcalde
de Boadilla reconoce que envió pliegos de contratas solo a una
empresa de la trama de corrupción
El ex alcalde de la
localidad madrileña de Boadilla del Monte
Juan Siguero ha declarado
esta mañana durante dos ante el magistrado el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, que instruye el caso
Gürtel en la comunidad, por cuatro delitos: negociaciones
prohibidas, prevaricación, tráfico de influencias y posible
colaboración como cooperador necesario en los delitos que se imputan
a su predecesor en el cargo, Arturo González Panero, también
dimitido e imputado en la trama de corrupción. Tras la declaración,
el juez mantiene las imputaciones y no ha impuesto medidas
cautelares.
Un documento de la
Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) denominado
Informe sobre Boadilla del Monte acusa al exregidor de
facilitar a "la trama Gürtel información previa de contratas que
luego sacó a concurso el Consistorio". En este informe, la UDEF
asegura que Juan Siguero "participa en el diseño de los pliegos
ad-hoc para que este concurso (la Oficina de Atención al
Ciudadano de Boadilla) fuese adjudicado a una de las empresas de la
organización". Además, señala que "existe una negociación previa a
la publicación del concurso entre el órgano contratante,
representado por Juan Siguero, y el grupo de empresas de Francisco
Correa". La adjudicación de la oficina se hizo por más de 600.000
euros y un periodo de 14 años. A preguntas de la fiscalía al
respecto, el ex alcalde ha reconocido que participó en la
elaboración del pliego de licitación de la oficina y que se lo
entregó tan solo a una empresa de la trama. En concreto, ha admitido
que envió una copia a José Javier Nombela, uno de los imputados en
la red de corrupción y hasta el 2006 fue asesor del concejal
presidente del distrito de Moncloa-Aravaca, Álvaro Ballarín (PP).
También ha dicho que González Panero, alias El Albondiguilla,
fue quien le presentó a Nombela y a Isabel Jordán, ejecutiva de la
trama Gürtel y una de las principales imputadas.
Alega que no
se acuerda
También se le ha
preguntado sobre la adjudicación de
un polideportivo en mayo de 2007,
10 días antes de las elecciones municipales celebradas ese año, a la
firma Constructora Hispánica. La inversión, de 29,6 millones de
euros, era la más cuantiosa realizada por el Consistorio de Boadilla
y, al parecer, la trama recibió en concepto de comisiones 1.050.000
euros. El polideportivo fue adjudicado en una comisión municipal a
la que asistieron solo tres concejales -entre ellos él mismo,
entonces edil de Boadilla-, pero no el alcalde González Panero.
Concurrían 21 empresas y sobre la mesa había dos informes: uno, de
técnicos de la Concejalía de Deportes del municipio, y otro de
técnicos del Ayuntamiento. En el primero, Constructora Hispánica
lograba la mayor puntuación, mientras que el segundo la consideraba
la tercera mejor opción. Preguntado por el PSOE, que ejerce la
acusación particular, por qué se lo acabó llevando Constructora
Hispánica, el ex alcalde ha respondido, como casi en todas las
ocasiones, que no lo recuerda y se ha remitido a los informes
técnicos.
La citación responde a
una providencia en la que Pedreira
imputaba a Siguero en la trama
el pasado día 10. Horas más tarde, el ex alcalde de Boadilla
presentaba su dimisión.
También
solicitó la baja del PP. El
ex alcalde González Panero, que está imputado en la misma causa como
presunto autor de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude
fiscal, blanqueo de capitales y falsedad,
acusó el pasado junio a Siguero
de haber intervenido en todas las adjudicaciones de ese Ayuntamiento
incluidas en el sumario de la trama de corrupción. "Por eso tendrían
que investigarle más a él que a mí", dijo el alcalde en
declaraciones a EL PAÍS. Su sucesor en el cargo era el número
cuatro en la lista encabezada por González Panero en 2007 y fue
nombrado concejal de Hacienda, cargo que compatibilizaba con el de
tesorero del PP local y del grupo municipal. Tras dimitir Panero por
el Gürtel
en febrero de 2009, el PP
regional optó por dar la alcaldía a María Jesús Díaz Pérez. Pero
Panero exigió -y logró- que la dirección popular aceptara a Siguero,
su hombre de confianza.
González Panero afronta
una de las fianzas más altas impuestas a los imputados, de 1,8
millones de euros por los delitos de asociación ilícita, cohecho,
tráfico de influencias, fraude fiscal, blanqueo de capitales y
falsedad. Tras la caída de ambos alcaldes, este municipio de 42.430
habitantes
nombró a su tercer regidor en dos años
el pasado día 18. Se trata de Mercedes Nofuentes, la número cinco
del PP en en municipio. La oposición, PSOE y Alternativa por
Boadilla (APB) abandonó el pleno en protesta por no poder
intervenir. Nofuentes fue una de las tres ediles que asisterion a la
comisión en la que se adjudicó el polideportivo, según el PSOE.
www.elpais. 24.02.11
11) EL
SUPREMO DECLARA ILEGAL LA M-501 PERO EL FALLO NO TENDRÁ
CONSECUENCIAS
La Comunidad
ve "irrelevante" la decisión, que no toca la obra pero sienta
precedente
La carretera de los pantanos ha llegado hasta el Tribunal
Supremo. Es el último organismo judicial que se ha pronunciado sobre
el trazado de la M-501 abierto en mitad de una zona protegida y sin
las garantías previas necesarias. La sentencia, contra la que no
cabe recurso, establece la "nulidad" de la obra porque no incluyó
una declaración de impacto ambiental a priori ni la consulta previa
necesaria a la Comisión Europea. El demandante, Ecologistas en
Acción, pide que la carretera se elimine. La demandada, la Comunidad
de Madrid, tilda la sentencia de "irrelevante" porque considera que
durante los últimos años ha subsanado cualquier necesidad del
proyecto. El alto tribunal, según fuentes jurídicas, no pedirá que
se deshaga la obra, pero sí considera que se ha sentado un
precedente para futuros proyectos que se intenten programar sin el
visto bueno de Bruselas.
Sentencia del TS contra la M-501
DOCUMENTO (PDF - 740,9Kb) - 18-02-2011
El Supremo ratifica la
decisión que tomó en 2008 el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid. Ecologistas en Acción denunció la obra que recorre el parque
regional del río Guadarrama y la Zona de Especial Protección de Aves
(ZEPA) de los ríos Cofio y Alberche por saltarse la normativa
medioambiental. La presidenta, Esperanza Aguirre, se aferró al
"interés general" y a la siniestralidad de la vía para defender un
plan que su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, había echado por
tierra tras un informe medioambiental negativo y la oposición del
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). A la obra,
que contó con el beneplácito de los 12 alcaldes de la zona, le falta
un tramo por desdoblar. El Gobierno regional no aclaró ayer el
futuro del proyecto.De Quijorna a Navas del Rey el asfalto es liso y
hay dos carriles para cada sentido. La carretera es así desde el
verano de 2008, cuando terminaron las obras de desdoblamiento de uno
de los tramos protegidos de la M-501. La Comunidad apeló al interés
público para justificar una obra que mejorase el tráfico y la
seguridad vial. Seis personas murieron en 2001. Desde ese año, la
cifra de fallecidos en accidentes de coche no bajó de tres al año
entre el kilómetro 22 y el 40 hasta el desdoblamiento, según datos
facilitados por la Consejería de Transportes e Infraestructuras. El
Supremo echa por tierra ahora ese argumento, asegurando que el
"interés público" al que se aferró el Gobierno de Aguirre no abarca
la seguridad vial.
El trazado de la M-501
atraviesa parte del parque regional del curso medio del río
Guadarrama, una zona de especial protección medioambiental. De ahí
que hiciese falta la declaración de impacto ambiental que valora
posibles daños al entorno y que el Alto Tribunal reclama ahora.
La Comunidad se anticipó
a la decisión judicial y cumplió con este requisito, que debía tener
preparado antes de empezar las obras, justo dos meses antes de que
terminaran. Por eso, la Consejería de Transportes ve "irrelevante"
el fallo puesto que la sentencia "ya se encuentra ejecutada y se ha
subsanado el fallo de procedimiento", según una nota remitida por la
consejería.
Ecologistas en Acción ya
temía que los efectos de la sentencia fuesen limitados. Ayer
recibieron el fallo con "alegría agria", según declararon dos
portavoces. Son conscientes de que es difícil que la zona afectada
quede como antes de las obras. "Nos faltan 10.000 encinas, el daño
ya está hecho", señala Santiago Martín Barajas, de Ecologistas. A la
M-501 le queda aún un tramo sin desdoblar de unos 20 kilómetros
entre Navas del Rey yan Martín de Valdeiglesias. La consejería no
aclara cuál es el futuro de esos kilómetros. Un portavoz explicó
ayer que su acometida depende de que se incluya en el programa
electoral del PP. En caso de que haya más obras, esta vez sí,
prometen cumplir los trámites medioambientales.
Del parque al tribunal
- El primer tramo de la M-501 desdoblada es de 2001. El entonces
presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón, inauguró 12
kilómetros entre Villaviciosa de Odón y Quijorna. La Comunidad
advirtió de que la parte final de la carretera no se podría
desdoblar por pasar por una zona protegida con especies en peligro
de extinción, como los linces, y bosques mediterráneos.
Lo respaldaba un informe del CSIC.
- En 2004, la presidenta Aguirre pactó con los 12 alcaldes de la
zona (de PP, PSOE e independientes) convertir la carretera de los
pantanos en autovía. Argumentó "la seguridad de los madrileños".
La Guardia Civil señaló que en 2003 se registraron 167 accidentes
(cinco mortales); el 60% de ellos ocurrieron en el tramo de autovía.
- La Comunidad declaró en 2005 el "interés general" para quedar
exenta de la declaración de impacto ambiental. Ecologistas en Acción
lo denunció ante la UE y aseguró que escondía "intereses
especulativos".
- Las obras empezaron en 2006. Ecologistas acudió a los
tribunales y
el TSJM desestimó la petición de que
la obra se paralizase. A finales de ese mismo año, la Comisión
Europea
abrió un expediente por la ampliación y exigió una declaración de
impacto ambiental sobre toda la carretera.
- En marzo de 2007, Bruselas dio un ultimátum a la Comunidad para
que estudiase el impacto de las obras. En agosto lo denunció ante el
Tribunal
de Justicia de la UE.
- El TSJM señaló en 2008 que la obra no tenía interés general y
que había que levantarla. La Comunidad recurrió.
- El Gobierno regional presentó el informe medioambiental en
febrero de 2009, cinco meses antes de terminar la obra. El Supremo
ratificó la decisión del TSJM en febrero de 2011.
www.elpais.es 19.02.11
12) ¿PASARÁ
FACTURA EL GÜRTEL EN LAS URNAS?
Los expertos
y los propios candidatos coinciden en que la crisis mitigará los
efectos electorales de la corrupción en los municipios afectados por
la trama
La concejal del PP de
Boadilla del Monte Mercedes Nofuentes fue investida ayer como
alcaldesa en un atípico pleno municipal en el que la regidora no
recibió ni un aplauso. Ni tan siquiera de los ocho cargos de
confianza que se sentaron entre el público. Antes de la votación,
los ediles de la oposición abandonaron sus asientos, tras comprobar
que la alcaldesa en funciones, Belén Húmera, volvía a impedirles
tomar la palabra. Con Nofuentes, Boadilla ya ha tenido cuatro
alcaldes en cuatro años, después de las renuncias de Arturo González
Panero, de Juan Siguero y de Belén Húmera. Nofuentes participó en
una adjudicación a la trama de Francisco Correa.
La situación límite que
viven en estos momentos Boadilla y otros Ayuntamientos ha obligado
al PP a eliminar de las candidaturas para las próximas elecciones a
los relacionados con Gürtel. Sin embargo, esta doctrina no se ha
mantenido en un municipio como Arganda del Rey, en el que el
candidato era el número dos del primer edil imputado, Ginés
López, y el resultado electoral podría ser incierto. Al PP no le
importa soportar el coste electoral que le puede suponer recurrir a
los paracaidistas en los municipios en los que la ventaja es
amplia, en detrimento de sus afiliados. Pero este partido apuesta en
los municipios con resultado más apretado por copiar la doctrina
Fabra, que ahora podría ser la del presidente valenciano, Francisco
Camps: "Las elecciones me absolverán".El resultado electoral de
Boadilla del Monte, al igual que el del resto de los Ayuntamientos
relacionados con el caso Gürtel (Majadahonda, Pozuelo de
Alarcón, Arganda del Rey y Las Rozas), va a ser mirado con lupa por
los sociólogos y los ciudadanos en general, que querrán saber si la
corrupción pasa factura o no a los partidos que la protagonizan. En
este caso, el más importante de la Democracia, afecta de forma
directa al PP. "Está en juego si triunfa o no la doctrina Fabra o
Camps, que sostiene que un resultado electoral positivo absuelve al
presunto corrupto", argumentan Pablo Nieto, candidato del PSOE en
Boadilla, y Ángel Galindo, de Alternativa por Boadilla (APB).
"Claro que vamos a hacer
una lectura de los resultados electorales. Es uno de los temas
clave. Intentaremos saber cómo ha afectado la corrupción: si da o
quita votos. Pero no es fácil aislar la variable corrupción de otras
que también son importantes, como por ejemplo la crisis económica
que estamos viviendo", explica el catedrático de Ciencia Política de
la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria, uno de los
investigadores sobre la corrupción más prestigiosos de España.
Al contrario que en la
Comunidad Valenciana, en la Comunidad de Madrid el PP ha optado,
salvo casos excepcionales (Alcobendas, Coslada y Pinto), por no
presentar como candidatos a imputados. Pero no siempre ha hecho
limpieza total. En este sentido, el todavía alcalde de Pozuelo,
Gonzalo Aguado, llegó a lamentar ante el juez que investiga el caso
del parque del Arroyo de las Cárcavas los efectos políticos de su
presunta implicación ya que, según dijo, el PP no presenta a
candidatos que están imputados.
La reacción política del
PP madrileño, que públicamente no reconoce que la corrupción haya
tenido un coste económico para los municipios afectados por el
caso Gürtel, se puede resumir en dos formas de actuar. En los
Ayuntamientos con amplia mayoría absoluta se opta por una limpieza
total, asumiendo un posible castigo por la incomprensión de los
militantes, que no entienden por qué un paracaidista tiene
que ser el nuevo candidato del PP. Por el contrario, en los
Consistorios con un resultado para los populares más incierto, como
por ejemplo Arganda del Rey, donde dimitió el anterior alcalde,
Ginés López, se apuesta por negar la evidencia y se mantiene el
actual corregidor, Pablo Rodríguez Sardinero, como número uno,
pese a que fue el teniente alcalde de Ginés López.
El caso del alcalde de
Pozuelo, Gonzalo Aguado, se puede ubicar en el grupo de
Ayuntamientos en los que el PP se ha planteado realizar una limpieza
a fondo, asumiendo los posibles costes electorales de la
desmovilización de los afiliados. Además, este caso tiene ciertas
similitudes con el del ya exalcalde de Boadilla del Monte, Juan
Siguero, a quien el partido le comunicó que no iba a ser candidato
antes de ser imputado por el juez. En sus círculos más íntimos,
Siguero considera que el magistrado que instruye el caso Gürtel,
Antonio Pedreira, le ha imputado por una confabulación de la
oposición y de los medios de comunicación. A ellos culpa de que se
hiciesen públicos los informes de la policía, que llegó a solicitar
su detención para que no destruyera pruebas. Tanto en Pozuelo como
en Boadilla, los militantes del PP no están de acuerdo con la
decisión de Granados, que ha optado por una limpieza total de las
candidaturas. Pero en el PP regional consideran que este cambio,
lejos de ser un problema, posibilitará que los simpatizantes del PP
puedan votar a este partido, sin necesidad de taparse la nariz. El
coste interno no será excesivo, según explican en el PP, al tiempo
que están seguros de que de ninguna manera se perderá la mayoría
absoluta, ya que los resultados electorales en Pozuelo y Boadilla de
2007 dejaron a una distancia sideral al ganador, el PP, del PSOE e
Izquierda Unida.
Sin embargo, los
socialistas de Pozuelo y Boadilla están seguros de que la corrupción
pasará factura al PP, pero coinciden con los populares en que será
muy difícil romper las mayorías absolutas. El panorama que se espera
pasa por una leve bajada del PP y una subida de IU y los partidos
localistas. La incógnita es el PSOE, cuyas candidaturas sufren dos
fuerzas contrapuestas: la inercia nacional de la crisis -o hablando
claro, la figura del presidente José Luis Rodríguez Zapatero- y el
fuerte desgaste del PP con el caso Gürtel.
Llama la atención que
todavía se desconozcan los candidatos del PP en Las Rozas y
Majadahonda, pese a que cualquier militante al que se le pregunte
considera que tanto Narciso de Foxá como Bonifacio de Santiago
seguirán.
Para el catedrático
Manuel Villoria la incidencia electoral de la corrupción es "obvia",
ya que en las investigaciones se ha comprobado que influye de forma
negativa en la confianza en las instituciones, en los partidos y en
la calidad de la Democracia: "Pero habrá que ver la incidencia
concreta en estas elecciones. Creo que no será suficiente para
generar cambios, ya que existe otra factor, el de la crisis
económica, que hará que muchos ciudadanos prefieran castigar a los
socialistas antes que al PP".
Tanto en Pozuelo como en
Boadilla los militantes del PP acudirán divididos a las elecciones
en dos o más facciones: los partidarios de que no se haga tabla
rasa, y los que apuestan por empezar de cero, echando mano de los
paracaidistas Antonio González Perol y Paloma Adrados. Un sector
de los militantes del PP apostaría por cambiar las cabezas visibles,
pero manteniendo la presencia de los militantes de toda la vida. Los
más realistas consideran obligatorio hacer borrón y cuenta nueva
para acabar con las familias políticas. Pero la realidad se impone y
los candidatos apostarán por limpiar las listas y evitar posibles
contaminaciones que den balas a la oposición.
El catedrático de la
Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria entra de lleno en una de
las principales controversias de los últimos días sobre si la
corrupción molesta más a los simpatizantes del PP o del PSOE:
"Considero que la relación de la izquierda con la corrupción no nos
indica que haya grandes diferencias. Y una prueba de esto es que los
socialistas, encabezados por Felipe González, perdieron por la
mínima las elecciones de 1996, pese a que cada semana se destapaba
un caso nuevo".
En este sentido, este
catedrático considera que no hay grandes diferencias entre los
partidos, aunque puntualiza: "Algo hay, en el sentido de que en la
izquierda los discursos éticos y de transformación social forman
parte de su tradición, por lo que una conducta corrupta puede ser
más incoherente que el discurso de la derecha sociológica, en el que
prevalece el desarrollo económico". Por eso Villoria advierte de que
el candidato del PSOE madrileño, Tomás Gómez, ha tomado una decisión
errónea manteniendo en el partido a su número dos, Trinidad Rollán,
porque de esa forma legitima un discurso del PP que podría ser
demoledor, ya que al recibir cualquier tipo de acusación sobre su
presunta corrupción podría recurrir al y tú más. Por otra
parte, el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos advierte de
que, si Rajoy focaliza el discurso solo en el desarrollo económico,
se equivocaría porque, sin un discurso ético, prevalecería la
corrupción. "El problema de Rajoy, con esta actuación tan permisiva
con la corrupción interna, es que parece que está diciendo, aunque
sea sin querer, que cuando él gobierne va a ser mucho más fácil ser
corrupto. Eso es terrible y un peligro, por lo que debe reaccionar y
pasar a la acción", argumenta.
www.elpais.es 19.02.11
13)
LICENCIAS EN SAN LORENZO DEL ESCORIAL
El magistrado que
instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, dictó el pasado
jueves una providencia en la que solicita al Ayuntamiento de San
Lorenzo del Escorial que se informe de las licencias que se han
podido conceder en relación a una finca denominada El Valle y que,
presuntamente, pertenece a una de las empresas relacionadas con la
trama. Asimismo, Pedreira ha presentado un requerimiento al Área de
Urbanismo y Licencias Generales del Ayuntamiento de Madrid para que
certifique si la mercantil UFC,empresa de uno de los principales
imputados en la trama, el empresario José Luis Ulibarri, solicitó
entre los años 2002 y 2004 alguna licencia relacionada con varias
fincas situadas en la Avenida de Aragón. Esta licencia podría estar
relacionada, según Pedreira, con la construcción de apartamentos
turísticos. El magistrado informa también de la petición de una de
las partes para que se tome declaración como imputada a una empleada
de la mercantil Consultoría y Gestión de Inversiones, propiedad de
Francisco Correa y Jacobo Gordon. Este último era amigo y socio de
juventud de Alejandro Agag, yerno del expresidente José María Aznar
y, junto al propio Correa, uno de sus testigos en su boda con Ana
Aznar celebrada en El Escorial, en presencia de entre otros
mandatarios del presidente italiano, Silvio Berlusconi, y del ex
primer ministro británico, Tony Blair.
www.elpais.es 19.02.11
14) EL PP
DESIGNA PARA LAS ROZAS A UN IMPUTADO POR DELITO URBANÍSTICO
Ignacio
Fernández Rubio sustituirá al actual alcalde como candidato
El lunes la dirección
regional del PP decidió, casi por sorpresa, sustituir al cabeza de
lista en Las Rozas, el actual alcalde Bonifacio de Santiago. Los
populares confirmaron ayer el nombre del recambio a De Santiago: es
el viceconsejero de Empleo, Mujer e Inmigración y exalcalde de
Guadarrama, Ignacio Fernández Rubio. Es, también, diputado regional
en la Asamblea de Madrid.
"Es un
asunto menor", dice el PP. El fiscal pide que se le inhabilite
El nombramiento ha
sorprendido a más de uno porque su expediente no está inmaculado.
Lleva más de siete años litigando por haber convertido un antiguo
molino de piedra, ubicado en una zona protegida, en un restaurante
de lujo.
Un vecino del municipio
llevó el caso a los tribunales porque el molino, del siglo XVIII,
está en una zona de máxima protección. El exregidor ignoró las
repetidas advertencias que le hizo el Gobierno regional de su propio
partido. La Dirección General de Urbanismo llegó a pedirle que
cerrase el restaurante. Pero nada. Fernández tenía intereses en la
sociedad que gestionaba el local. Ahora, "tras una larga y enojosa
tramitación", según reconoce el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM), se le imputa un delito contra la ordenación del
territorio. "Es un asunto absolutamente menor", señala un destacado
dirigente de la dirección del PP. "La importancia que tiene es el
trámite de la licencia de un restaurante", añaden las mismas fuentes
para restarle importancia. Pero, lo cierto es que el fiscal ha
pedido ocho años de inhabilitación en cargo público, según fuentes
judiciales.
El tribunal también
declara nulos los anteriores autos judiciales. En mitad del proceso
Fernández Rubio alegó que era parlamentario regional, lo que le
impedía ser juzgado por un tribunal ordinario. La estratagema legal
para dilatar el asunto provocó que el procedimiento tuviera que
trasladarse al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y
reiniciarse allí. El TSJM afea la conducta del alto cargo regional
por pedir el aforamiento en mitad del proceso. "No parece que tal
conducta, con base en, aparentemente, una deliberada ocultación,
cuadre con las reglas de buena fe", sostiene el magistrado.
El cambio de última hora
ha levantado suspicacias porque De Santiago fue el alcalde que echó
a Francisco Correa, cabecilla de la red Gürtel, de su despacho tras
ofrecerle unos dos millones de euros por un contrato municipal. "No
hay nada raro detrás. Ignacio vive en Las Rozas desde hace tiempo.
Tenía ganas de regresar a la política local", sostienen desde la
dirección del PP. "Se inició en 2001 y se ha dilatado hasta ahora;
parece que al acusado solo le ha interesado preparar argucias
legales para alargar el proceso", sostiene el diputado socialista
Antonio Fernández Gordillo.
www.elpais. 24.02.11
15) EL PP
PRESCINDE DEL ALCALDE QUE ECHÓ A CORREA DE SU DESPACHO
El Partido Popular ha
decidido que es el momento para que Bonifacio de Santiago, alcalde
de Las Rozas desde hace 15 años y el hombre que expulsó de su
despacho a Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, por
ofrecerle 350 millones de pesetas a cambio de un contrato, deje su
cargo y "dé paso a una cara nueva". "Hay que aprovechar las
expectativas electorales de este momento para meter a un candidato
nuevo y que se consolide allí", explican fuentes del PP. El nombre
que se baraja es el del exalcalde de Guadarrama, José Ignacio
Fernández Rubio.
Francisco Granados,
secretario general del PP de Madrid, se reunió el pasado lunes con
el veterano regidor y le transmitió la idea del partido. Sin
embargo, su relevo aún no es definitivo. "Este tipo de cosas debe
decidirlas el comité electoral y tienen su proceso, aunque la idea
de la dirección del partido es la de que no repita", explican desde
la formación conservadora.
"La decisión de relevar
a De Santiago no tiene nada que ver con las salidas de otros
candidatos de la zona noroeste, que sí están relacionadas con el
tema Gürtel", aseguran. El edil roceño explicó en una charla con los
internautas en el EL PAIS.com que Francisco Correa le había
intentado sobornar en su despacho ofreciéndole dinero a cambio de
amañar un contrato para la recogida de basuras. El regidor se
ratificó el pasado mes de noviembre ante el juez Antonio Pedreira,
instructor del caso Gürtel.
De Santiago no quiso
ayer hacer declaraciones y se limitó a decir que a él nadie le había
comunicado nada oficialmente. Pero una nota de "fuentes del
Ayuntamiento de Las Rozas" califica la información, desvelada por la
cadena SER, como "rumores". "El alcalde manifiesta que tiene fuerzas
e ilusión para afrontar este o cualquier otro cometido al servicio
de la sociedad, siempre que cuente con el apoyo del partido y de los
ciudadanos", prosigue el texto, que recuerda la disciplina de De
Santiago ante las decisiones del partido.
www.elpais.es 23.02.11
16) LOS
PROBLEMAS DE LAS AMBULANCIAS SE AGOLPAN EN LOS JUZGADOS
El gerente
del Summa, imputado por prevaricación, admite esperas de seis horas
- Las empresas de transporte no urgente de enfermos impugnan las
concesiones
Contratos impugnados,
contenciosos en los tribunales, un gerente imputado por
prevaricación... El transporte sanitario no urgente, el que prestan
mediante concierto con la Comunidad de Madrid varias empresas de
ambulancias, está revolucionado. El traslado de pacientes desde sus
casas al hospital, y al revés, para recibir tratamiento
(quimioterapia, diálisis...) acumula miles de reclamaciones por
retrasos que en ocasiones llegan a las seis horas y que han hecho
perder sesiones y citas médicas. Era una situación conocida por la
Consejería de Sanidad que ahora se ha agravado hasta el punto de
llegar a los juzgados, que han admitido a trámite contenciosos y
querellas contra la Administración.
"El
presupuesto no cubre el coste del servicio", asegura una empresa
El vicepresidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció ayer que se acaban de
adjudicar los últimos dos lotes del contrato de transporte sanitario
no urgente (es decir, programado), que cubren aproximadamente la
mitad del territorio de la región. Una de las empresas
adjudicatarias, Ambulancias Santa Sofía, formaba parte de la UTE a
la que hace menos de un mes Sanidad abrió un expediente sancionador.
Hasta el 31 de enero la UTE Ambulancias Amigo cubría las áreas
sanitarias 3, 4 y 5, que incluyen el hospital Ramón y Cajal. Fue
allí donde, el último día de contrato, el 31 de enero, dejaron
tirados a al menos una decena de pacientes, varios de ellos
octogenarios en precario estado de salud, a los que tuvieron que
recoger sus familiares, ponerles taxis o dejar que durmieran en el
hospital porque era demasiado tarde para volver a sus
residencias.Fue la UTE Ambulancias Amigo la que provocó la
situación, según afirmó la propia consejería de Sanidad, ya que dejó
de prestar el servicio varias horas antes de que acabara su
contrato. Sanidad aseguró entonces que se le había abierto un
expediente. Ayer, a preguntas de este periódico, la Consejería no
precisó si la sanción llegó a imponerse. Un portavoz de Santa Sofía
negó ayer que hubieran dejado de prestar el servicio. En una
contestación por escrito, Sanidad se limitó a afirmar que la empresa
"ha ganado el concurso público realizando la mejor oferta".
Los contratos de
transporte sanitario no urgente suponen varias decenas de millones
de euros. Por los dos lotes que se acaban de adjudicar, la Comunidad
pagará 62 millones en los próximos cuatro años. Las empresas Santa
Sofía y SASU se reparten casi la mitad del territorio. La primera
cubre la sierra oeste y la zona sur que incluye Móstoles y Alcorcón.
La segunda, el área de influencia del 12 de Octubre, Fuenlabrada,
Leganés, Getafe y el corredor hasta Aranjuez. Tanto este contrato
como el anterior, que adjudicó a Ambulancias Alerta el resto del
territorio de la región (56,7 millones), están impugnados por varias
empresas de ambulancias, la Asociación de Empresarios de Transporte
Sanitario de la Comunidad de Madrid (Asetram) y la Asociación de
Grandes Empresas de Transporte Sanitario (Agetrans).
Al menos dos de esas
impugnaciones se han traducido en recursos contenciosos
administrativos. Tanto Asetram como la empresa Mandhala han llevado
a los tribunales el proceso de contratación. Dos juzgados madrileños
los han admitido a trámite, el primero el día 3 de este mes, y el
segundo en enero pasado. Las impugnaciones de los pliegos
administrativos con los que se convocó el concurso denuncian varios
problemas. El primero, que no queda claro el objeto del contrato.
Fuentes del sector explican que los pliegos prevén una cantidad de
traslados inferior a la que después es necesaria para cubrir la
demanda. Pese a ello, les obliga a enviar sus ambulancias siempre
que se las necesite, aunque se superen los traslados marcados por
contrato. El pliego prevé algo más de un millón de traslados
anuales, pero fuentes del sector aseguran que en la práctica la
demanda se supera casi en un 20%. "La dotación presupuestaria no
cubre los costes del servicio", afirma el gerente de Translife, una
de las empresas que ha denunciado el proceso de contratación. Las
impugnaciones también critican que los pliegos permitan que empresas
sin ninguna experiencia en el sector puedan optar al traslado de
pacientes.
La empresa Translife es
la que se ha querellado contra el gerente del servicio de urgencia
médica de la Comunidad de Madrid, el Summa 112, que es quien firma
las adjudicaciones de los conciertos de transporte sanitario no
urgente. En su escrito de querella, en el que acusa a Pedro Martínez
Tenorio de un delito continuado de prevaricación, afirma que el
gerente empezó a imponer multas (llamadas penalidades en el
contrato) sin justificación cuando Translife reclamó el pago de los
servicios que había prestado y que no había cobrado, al superar los
marcados en el contrato.
El juzgado de
instrucción número 48 de Madrid admitió a trámite la querella en
noviembre pasado. El auto, sin embargo, precisa que ya en septiembre
se acordó "la incoación de diligencias previas por relatarse [...]
hechos que pudieran ser constitutivos de delito para cuya
persecución no es necesaria la presentación de querella". Martínez
Tenorio declaró como imputado el 26 de enero pasado. Aseguró que las
multas no las impuso por mala fe, sino porque Translife acumulaba
reclamaciones de usuarios por retrasos y mala prestación del
servicio. "La justicia decidirá lo que corresponda", aseguró ayer la
Consejería de Sanidad. Este periódico trató, sin éxito, de hablar
con Martínez Tenorio.
www.elpais.es 25.02.11
17)LA
FISCALÍA INVESTIGARÁ DELITOS DE COHECHO Y EXTORSIÓN EN EL ÁLAMO
La oposición
lleva a los tribunales la autoinculpación del exalcalde del PP
"¡Qué vergüenza! ¡Que
venga la policía a poner orden!", gritaba un espontáneo desde la
bancada de la sala de plenos de El Álamo. Las declaraciones
realizadas esta semana por el exalcalde Jesús Arribas (PP), dimitido
hace nueve meses, en las que se implica a sí mismo y a sus
concejales en delitos de cohecho, extorsión y prevaricación,
motivaron una reunión extraordinaria en el Ayuntamiento. La actual
alcaldesa, Natalia Quintana, intentó desacreditar las palabras de
Arribas, del que se está tramitando su expulsión del partido,
poniendo en tela de juicio su estado emocional. Llegó a decir que su
antiguo compañero de Gobierno había acosado a varias trabajadoras
municipales, pero que estas "no querían denunciar". El revuelo que
armaron sus palabras provocó un agrio enfrentamiento entre los
dirigentes.
Por lo pronto, la
alcaldesa ha presentado una denuncia por injurias y calumnias en el
juzgado de Navalcarnero contra Arribas, aún concejal, que no fue al
pleno por "miedo a sufrir alguna agresión". Abandonó el Gobierno
precipitadamente por haber faltado el honor a uno de sus compañeros.
Sus declaraciones están respaldadas por el relato de un empresario
de Majadahonda que asegura que uno de los concejales (José González,
de Hacienda) le pidió 15.000 euros por tramitar una licencia. Tanto
Izquierda Unida (IU) como el PSOE están preparando la documentación
que van a presentar el lunes ante la Fiscalía Anticorrupción por los
múltiples delitos destapados. Arribas dijo sobre la manera de
trabajar en el Consistorio: "Era muy común exigir pagos por
cualquier asunto". Reveló irregularidades en el PGOU y el supuesto
cobro de una comisión ilegal y una extorsión.
Incluso en su salida se
han producido irregularidades, como la retirada de un documento
oficial en el registro. Sus compañeros, para desbancarle, idearon
una moción de censura con el apoyo de un concejal independiente.
Según los papeles a los que ha tenido acceso este periódico, los
siete ediles redactaron una moción, la firmaron y la incluyeron en
el registro, con el número de entrada 3320. Los ediles alegaban
"insalvables diferencias políticas en temas que inciden de forma
decisiva en el desarrollo del municipio". La situación era
esperpéntica: los concejales en común acuerdo echando a un alcalde
de su mismo partido. Desde Génova, donde está situada la sede del
PP, se paró la moción por disparatada. Mejor era hacerle dimitir.
Pero ya era tarde, el documento estaba presentado. El secretario
municipal, un funcionario, reconoció durante el pleno que vio el
documento firmado aunque no supo si finalmente entró en registro. La
solución, a tenor de las pruebas, fue retirar la moción sin más,
algo que no está permitido. El hecho supone un delito de
prevaricación.
www.elpais.es 25.02.11
18) UN JUEZ
VUELVE A TUMBAR LA PRIVATIZACIÓN DE UN COLEGIO PÚBLICO
La secuencia se repite.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado nulo
el decreto que permitió a la Consejería de Educación privatizar el
colegio público Miguel Ángel Blanco, situado en el municipio de El
Álamo. El alto tribunal tumbó un primer decreto en 2009 y la
consejería lo cambió por otro, que el juez vuelve a tumbar.
En mayo de 2008,
Educación sacó el centro de la red de colegios públicos para
convertirlo en un concertado, sentando un precedente. Además de la
cesión de suelo municipal, la Comunidad había costeado parte de su
construcción, casi dos millones de euros para el edificio central
que dio por perdidos. La consejería aprobó la cesión a una empresa a
pesar de que había más de 60 alumnos matriculados en el Miguel Ángel
Blanco. Lo justificó por la mala situación económica del
Ayuntamiento, que no podría hacer frente a los costes de un centro
público. CC OO y la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos
(FAPA) Giner de los Ríos recurrieron la decisión en 2009 y lo
volvieron a hacer tras el cambio de decreto.
"Un defecto
de forma"
La nueva sentencia,
fechada el 23 de enero y publicada ahora, declara "nulo de pleno
derecho" el decreto de diciembre de 2009 que sacaba del listado de
centros públicos al colegio, que ahora se llama Los Nogales y es
concertado. El motivo es que la decisión no se sometió a la
valoración del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. El
tribunal cree que saltarse ese trámite vulnera la normativa y
"supone una indefensión de los interesados". No entra en cuestiones
de fondo aunque advierte de que lo hará si, una vez cumplido el
trámite de consulta, "el decreto volviera a aprobarse en términos
similares". Un portavoz de Educación señaló que la sentencia, contra
la que cabe recurso, se refiere a "un defecto de forma simplemente"
que subsanarán "en los próximos días" enviándolo al Consejo Escolar.
Educación cree que el fallo "no tiene ningún efecto práctico desde
el punto de vista educativo, de escolarización o de ordenación de
centros". CC OO, la FAPA y el PSM pidieron ayer que el centro vuelva
"al registro de centros públicos". Para la Giner de los Ríos, la
sentencia demuestra que el Gobierno regional "legisla fuera de la
ley". Comisiones añade que no cejará en la vía jurídica y en "todas
las demás" a su alcance hasta que vuelva a ser público.
www.elpais.es 23.02.11
19) EL
TRIBUNAL SUPERIOR DECLARA ILEGAL EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE
BOADILLA
Los jueces
aconsejan que se adapte para que se convierta en un colegio
Las continuas sentencias
contrarias a los intereses del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
(42.000 habitantes) hechas públicas en los últimos años han
convertido a los sucesivos equipos de gobierno de este municipio,
todos ellos encabezados por el PP, en los gestores municipales de
España a los cuales se ha detectado un mayor número de
irregularidades.
-
Los exalcaldes Panero y Siguero están imputados en el 'caso
Gürtel'
-
El PGOU del municipio tendrá que volver a aprobarse
Una prueba de ello es la
última decisión judicial, esta vez de la Sección Segunda de Sala de
lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, que el pasado 2 de diciembre sentenció que el edificio
principal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte fue construido de
forma ilegal, ya que, en la parcela en la que se había edificado, el
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) entonces vigente solo se
permitía que se edificara un equipamiento escolar.
Esta sentencia, sin
precedentes en la Comunidad de Madrid en los últimos años, asimismo
considera ilegales 20 viviendas y 11 oficinas que también se
levantaron en el sector de forma irregular. Los magistrados anulan
la licencia concedida en 1998 por el Ayuntamiento, gobernado por el
PP, a la empresa Aerorentiber, encargada de las obras.
La juez que ejerció de
ponente del fallo, Elvira Adoración Rodríguez Martí, y que declara
nulos los acuerdos del pleno de 1999 bajo la alcaldía de la popular
Nieves Fernández Crespo, aclara en el texto que, si bien la
consecuencia jurídica tendría que ser la demolición física del
edificio, en este caso, teniendo en cuenta la destrucción de riqueza
que supondría, resultaría conveniente que los edificios
indebidamente construidos pudieran continuar existiendo, siempre que
se adaptara su uso al equipamiento escolar legalmente previsto en el
PGOU.
La decisión de los
magistrados, contra la que no cabe recurso, tiene como base dos
informes periciales: el primero, de técnicos de la Dirección General
de Urbanismo y Planificación de la Comunidad y, el segundo, del
Colegio de Arquitectos de Madrid. Ambos concluyen que la
construcción en esa finca del edificio que alberga el Consistorio
"contradice frontalmente" el plan del que forma parte y aseguran,
además, que "contiene unas claves de ordenanza no contempladas en
dicho Plan General de Ordenación Urbana".La magistrada incluye en la
sentencia un párrafo del informe del colegio, en el que explica:
"Resulta incomprensible que la ficha que contradice el plano haya
podido superar todos los filtros necesarios para la aprobación del
PGOU de Boadilla del Monte, dado que las irregularidades de la misma
alcanzan tal calibre que no se trata de meros errores materiales,
sino que la misma contradice el plan y carece de los mínimos
elementos estructurales que debe reunir todo instrumento normativo".
A raíz de las
conclusiones de los peritos, los magistrados de la Sala aseguran
tener la convicción de que las diferencias entre el plan inicial y
las modificaciones realizadas por el Ayuntamiento para permitir la
construcción del Consistorio no son una mera contradicción
fácilmente salvable, "sino una auténtica contravención del plan por
un documento incorporado incomprensiblemente al mismo".
Esta es la segunda
sentencia reciente de la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJM sobre un asunto del municipio,
ya que los magistrados decidieron anular en noviembre la
adjudicación del palacio del infante don Luis a la Fundación Autor,
dependiente de la Sociedad General del Autores y Editores (SGAE).
Los cinco jueces justifican esta decisión al considerar que la
concesión administrativa otorgada por el Ayuntamiento, encabezado
entonces por Arturo González Panero (PP), se realizó "con absoluto
desconocimiento" del procedimiento y de los requisitos que la
regulan. González Panero, el primero de los cuatro alcaldes que ha
tenido Boadilla en los últimos cuatro años, está imputado en el
caso Gürtel como presunto autor de los delitos de cohecho,
asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad.
Fue expulsado del PP. Su sucesor, Juan Siguero, también está
imputado como presunto autor de los delitos de negociaciones
prohibidas a funcionarios, prevaricación, tráfico de influencias y
cooperación necesaria en los delitos que a su vez se le imputan a
Panero.
La decisión del TSJM de
convertir el edificio principal del Ayuntamiento en un colegio se
conoce después de que el Supremo declarara nulo el plan de Boadilla
del 2002 por denegar el Ayuntamiento la documentación del plan a
miembros de la oposición. De esta forma, el PGOU del municipio,
ahora paralizado, tendrá que volver a aprobarse pasando todos los
filtros establecidos en la normativa. Un particular inició el
litigio porque estaba disconforme con el cambio de calificación de
una parcela de su propiedad: "Tenía un uso comercial y, por obra y
gracia de la aprobación definitiva del plan general que se recurría,
pasaba a zona verde pública", explica el fallo del Supremo.
Pero estas tres
decisiones judiciales no son las únicas que han puesto en entredicho
al equipo de gobierno del PP, del que han dimitido dos alcaldes,
Panero y Siguero, ambos por estar imputados en el caso Gürtel.
Hace menos de dos
semanas, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 18 de Madrid ordenó la ejecución de una sentencia que
establecía la nulidad de la creación del Grupo Municipal del PP de
Boadilla, tal y como había exigido el concejal de Alternativa por
Boadilla (APB) Ángel Galindo. Con esta decisión judicial, los 15
concejales del PP pasarán a ser considerados no adscritos, a
semejanza del exalcalde Arturo González Panero, que fue expulsado
del Grupo Popular tras ser imputado en el caso Gürtel y de
Siguero, que dimitió la pasada semana y fue relevado por la edil
Mercedes Nofuentes, que también participó en una de las
adjudicaciones investigadas en el caso. En el pleno en el que fue
nombrada Nofuentes, la alcaldesa en funciones, Belén Húmera, aludió
al Grupo Municipal del PP antes de la votación, por lo que la
investidura podría también ser impugnada, explican desde la
oposición.
Asimismo, el año pasado
el Tribunal de Cuentas condenó a los exalcaldes Panero y Nieves
Fernández Crespo a abonar 488.357 euros al Ayuntamiento madrileño
por considerarles responsables del perjuicio causado a las arcas
municipales al aprobar unos complementos ilegales a la paga extra de
los funcionarios entre 1998 y 2000. No obstante, el concejal de
Alternativa por Boadilla Ángel Galindo sostiene que dichos pagos se
han venido manteniendo de manera irregular. Quizá por eso, en enero
de 2010 Siguero acordó consolidar el pago que recibían los empleados
del Consistorio de 50 euros mensuales por llegar a la hora, y de
otros 50 por permanecer en su puesto de trabajo durante las siete
horas obligadas. Este complemento, de un máximo de 1.400 euros
anuales, ha favorecido desde 2005 a los funcionarios de Boadilla.
www.elpais.es 21.02.11
