ÍNDICE
1) CASO
GÜRTEL: PEDREIRA ORDENA INDAGAR UNA EXTRAÑA VENTA DE TERRENOS EN
ARGANDA
2) EL GOBIERNO DE AGUIRRE MUESTRA SU APOYO A CASCOS
3) LA
COMUNIDAD CLAUSURA EL IMADE SIN QUE LO SEPAN TODOS LOS TRABAJADORES
4) UNA
ENTIDAD INVESTIGADA POR ANTICORRUPCIÓN
5) ES LA
TERCERA AUTONOMÍA QUE MENOS DINERO PER CÁPITA DESTINA A LA SANIDAD
6) VÍA LIBRE
PARA EL GOLF EN TRES CANTOS
7) "ZAPATERO SE MIRA EN LA SEGUNDA REPÚBLICA, CON LO QUE TRAJO
CONSIGO"
8) AGUIRRE NO ACLARA SI ESTABA AL TANTO DEL PELOTAZO DE ARGANDA
9) EL JUEZ RASTREA 13 MILLONES QUE CORREA COBRÓ POR INTERMEDIAR
EN ARGANDA
10) ARGANDA DEJÓ DE COBRAR 23 MILLONES EN UNA OBRA DE GÜRTEL
11) UN FUNCIONARIO DENUNCIA PRESIONES POR OBRAS DE GÜRTEL
1)CASO GÜRTEL:
PEDREIRA ORDENA INDAGAR UNA EXTRAÑA VENTA DE TERRENOS EN ARGANDA
El juez del caso Gürtel,
Antonio Pedreira, ordenó ayer a peritos judiciales que elaboren un
informe sobre los pormenores de la venta de 21 parcelas de terrenos
del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) a la inmobiliaria
Martinsa, actualmente en suspensión de pagos. La operación (que
afecta a 160.000 metros cuadrados) se hizo en 2004 mediante
concurso; se fijó un precio de 77 millones de euros, a pesar de que
el Ayuntamiento disponía de una tasación que situaba el coste en
unos 100 millones.
En esa época estaba de
alcalde Ginés López, del PP, quien presentó su dimisión al estallar
el caso Gürtel y señalarle la policía como uno de los altos
cargos populares que recibieron sobornos del cabecilla de la trama
corrupta, Francisco Correa.
La adjudicación de estas
parcelas las realizó la empresa Fomento y Desarrollo Municipal de
Arganda, que entonces dirigía el aún diputado popular en la Asamblea
de Madrid Benjamín Martín Vasco, sobre quien pesa una fianza
judicial de 950.000 euros por su presunta implicación en la red
criminal.
El juez quiere indagar por
qué se limitó el precio de las parcelas a 77 millones, esquivando
así posibles ofertas superiores, y por qué se fijaron unos criterios
claramente favorables a Martinsa. El sumario del caso incluye una
grabación de Correa en la que menciona su buena relación con el
dueño de Martinsa y señala que tiene un pago pendiente con él por la
operación de Arganda. Además, admite que en julio "cazó" de Martinsa.
130 familias
sin casa
Martinsa pagó al
Ayuntamiento 66 millones y se comprometió a abonar en especie otros
11 millones, pero ese dinero nunca llegó al municipio. Inicialmente,
el Gobierno municipal permitió a la empresa levantar 1.600 viviendas
en esas parcelas, pero posteriormente le autorizó a construir otras
800 casas más; en total, 2.400.
Martinsa no ha construido
las viviendas. Pero lo peor es que en esas parcelas había 130
familias con viviendas antiguas que, mediante contratos privados con
Martinsa, cedieron sus casas a esta firma a cambio de otras nuevas.
El Grupo Municipal del PSOE en Arganda, a través de su portavoz,
Victoria Moreno, expresó ayer su inquietud por la situación de estas
personas.
www.elpais.es 05.01.11
2) EL GOBIERNO DE AGUIRRE MUESTRA SU APOYO A CASCOS
El
vicepresidente de la Comunidad de Madrid cree que su baja del
partido es "mala para Asturias, para España y para el PP"
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha
afirmado hoy que la baja de Francisco Álvarez-Cascos en el PP "nunca
se debería haber producido", ya que se trata de una decisión "mala
para Asturias, para España y para el Partido Popular".
González se ha referido así, tras un acto con deportistas
madrileños, a la decisión de Álvarez-Casos de darse de baja como
afiliado en el PP.
"Es una decisión que nunca debería de haberse producido, porque creo
que es mala para Asturias, para España y para el Partido Popular
tanto en Asturias como a nivel nacional", ha dicho el vicepresidente
madrileño.
Ha añadido que el ex vicepresidente del Gobierno central "es sin
duda uno de los grandes referentes del PP y ha dedicado 34 años de
su vida a construir el principal partido de este país".
"Es una pérdida muy importante, como ha dicho el presidente del
distrito madrileño de Chamberí -en el que militaba hasta ahora
Álvarez Cascos- y desgraciadamente no debería de haberse producido
nunca", ha concluido González.
González se ha referido así a las declaraciones hechas el pasado fin
de semana por el presidente del citado distrito, Luis Asúa, quien
confirmó que convocará el próximo día 12 al Comité Ejecutivo del
partido "para respaldar públicamente" a Cascos.
En esta cita se pedirá a Álvarez-Cascos que reconsidere su baja del
partido y a la dirección nacional del PP que convoque un congreso
regional "abriendo a los militantes la posibilidad de elegir al
próximo candidato" del PP para Asturias "en un congreso abierto y
que decidan los militantes, como se ha hecho en Mallorca".
http://www.levante-emv.com/espana/2011/01/03/gobierno-aguirre-muestra-apoyo-cascos/770661.html
3) LA COMUNIDAD
CLAUSURA EL IMADE SIN QUE LO SEPAN TODOS LOS TRABAJADORES
Los empleados
presentan dos denuncias contra el Gobierno regional
Medio centenar de
trabajadores acudió ayer a trabajar a las oficinas del Instituto
Madrileño de Desarrollo (Imade) en la calle de José Abascal, 57.
Algunos se habían despertado a las 7.30 de la mañana para
incorporarse a sus puestos de trabajo. Pero no pudieron hacerlo
porque la Comunidad de Madrid había ordenado el cierre de las
dependencias del Imade, la entidad pública que promueve el
desarrollo económico de la región. Un guardia de seguridad
custodiaba la entrada e impedía el acceso a los trabajadores.
El Gobierno regional
cumplía así con el decreto que contenía el Plan de
racionalización del sector público regional que ha suprimido 102
empresas públicas, entes regionales y órganos consultivos con el
objetivo de ahorrar 23 millones de euros. Este plan incluía la
eliminación del Imade. "Hemos llegado esta mañana y las puertas
estaban cerradas. El guardia de seguridad nos ha impedido la entrada
y nos ha enviado a una oficina de Gran Vía donde están Recursos
Humanos de la Comunidad", explicó ayer Juan Carlos Arias, presidente
del comité de empresa del instituto regional.
Los trabajadores han
presentado sendas denuncias ante la Inspección de Trabajo y ante los
juzgados de Plaza de Castilla por la limitación "del libre ejercicio
de sus derechos como trabajadores". Arias explicó que muchos
trabajadores aún tenían objetos personales en las oficinas del ente
regional. "El viernes fuimos a trabajar y hoy lunes [por ayer] no
podemos entrar y no nos han informado", se quejaba otra trabajadora
a las puertas de la sede.El pasado 23 de diciembre el Ejecutivo
autónomo dio luz verde a la supresión del Imade. Estaba previsto que
la extinción entrara en vigor a partir del 1 de enero. Pero ayer
cerca de un tercio de los 155 empleados de la entidad regional aún
no habían recibido la comunicación oficial del cierre, ni de su
nuevo destino. El vicepresidente regional, Ignacio González, aseguró
ayer que todos los trabajadores del instituto regional estaban
informados de la situación. Un portavoz regional explicó que el
pasado día 30 se enviaron burofax a todos los empleados
informándoles sobre el cierre y comunicándoles sus nuevos destinos.
Pero muchas de las cartas
no llegaron a tiempo, según reconoce el mismo portavoz regional.
Además, el pasado martes la dirección del Imade comunicó a los
trabajadores la liquidación de su contrato y la extinción de su
relación laboral con el Imade. Ese mismo día, los 15 trabajadores
interinos de la entidad recibieron sus cartas de despido a pesar de
que desde el Gobierno regional aseguraron que la eliminación del
Imade no supondría ningún despido.
"Los trabajadores podrán
incorporarse de forma provisional a la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Economía y Hacienda. La tarea de coordinación para
trasladar a los trabajadores es complicada porque hay que ubicarlos
en sitios con la misma categoría profesional", precisa el portavoz
regional. Los empleados que sí recibieron a tiempo los burofax
enviados por el Ejecutivo regional cuentan que se les instaba a
incorporarse a la secretaría técnica o a acogerse a un despido con
una indemnización de 20 días por año trabajado. "Los trabajadores
del Imade tienen derecho a seguir en otro puesto de trabajo dentro
de la Comunidad, y esa opción es la que se les ha dado", señaló el
vicepresidente regional. Pero al pasar a otra dependencia de la
Comunidad han cambiado las condiciones laborales de algunos
trabajadores. Algunos verán minorada su nómina más de un 30%.
La oposición (PSM e IU) no
ha tardado en reaccionar ante la situación de improvisación generada
por la extinción del Imade. La portavoz socialista en la Asamblea,
Maru Menéndez, acusó ayer al Gobierno regional de "engañar a los
trabajadores. El PP había garantizado que los trabajadores tenían
sus puestos de trabajo asegurados. Esto ha sido una mentira y una
desvergüenza", concluye Menéndez. Por su parte, Gregorio Gordo,
portavoz de IU, calificó como patética la situación vivida ayer. "El
Gobierno de Madrid no ha respetado ni la obligatoria información a
los representantes de los trabajadores al producirse una
modificación de las condiciones laborales, siendo está tan
sustancial como que se trata de la supresión del organismo para el
que trabajan", señaló.
Cronología de
la supresión
- El 12 de noviembre, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que
preside Esperanza Aguirre, aprobó el plan de racionalización del
sector público madrileño que suponía la supresión de 102 empresas y
entidades públicas regionales, entre las que se encontraba el Imade.
La medida supondría un ahorro de 23 millones.
- El 22 de diciembre la Asamblea de Madrid aprueba, gracias a la
mayoría del PP, el citado plan de reestructuración de la
Administración tras un duro debate entre socialistas y populares por
la eliminación del Imade.
- El 28 de diciembre, los 15 trabajadores interinos del instituto
regional comienzan a recibir las cartas de despido.
- El 29 de diciembre se publica en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid (BOCM). El mismo día, Aguirre señala: "La
inmensa mayoría de los trabajadores pasarán a depender de la
Comunidad de Madrid, si bien los salarios que percibían no serán
exactamente los mismos".
www.elpais.es 04.01.11
4) UNA ENTIDAD
INVESTIGADA POR ANTICORRUPCIÓN
El Instituto Madrileño de
Desarrollo (Imade) fue creado hace 27 años por la Ley 12/1984. La
entidad fue adscrita a la Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica y su objetivo principal era "promover el desarrollo de
la región, mediante actuaciones que favorezcan el crecimiento
económico y la creación de empleo", según rezaba en su página web,
que ya ha sido eliminada de Internet.
En realidad, entre los
objetivos de la entidad madrileña estaba la creación de riqueza, el
apoyo a las empresas para su actividad innovadora y la
internalización. También controlaba y promovía la creación de
viveros de empresas y polígonos industriales, lo que servía para
crear numerosos puestos de trabajo. Por eso, su supresión ha sido
criticada duramente por los grupos de la oposición. El Partido
Socialista de Madrid (PSM) inició una campaña para evitar su
extinción. El líder socialista Tomás Gómez anunció que incluiría en
su programa electoral la recuperación del Imade. Reclamó una reunión
con Aguirre para frenar su eliminación. Pero nada. La portavoz
socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, remitió dos cartas al
consejero de Hacienda, Antonio Beteta, para tratar el asunto. Y
obtuvo la misma respuesta: silencio.
El Imade ha sido una de las
entidades regionales investigadas por el caso Gürtel. La
entidad adjudicó en 2007 un contrato de publicidad por un importe de
1,2 millones a una de las empresas de la trama corrupta, Marketing
Quality Management (MQM). La Fiscalía Anticorrupción investigó el
contrato que nunca llegó a cumplirse en su totalidad. Hace unas
semanas, la cadena SER informó de que durante el pasado año el Imade
adjudicó contratos para la realización de estudios por más de 10
millones y desde 2007 se ha gastado cerca de 60 millones en gastos
de publicidad, viajes y comunicación.
www.elpais.es 04.01.11
5) ES LA
TERCERA AUTONOMÍA QUE MENOS DINERO PER CÁPITA DESTINA A LA SANIDAD
Cuatro de cada 10 euros de los presupuestos de la Comunidad de
Madrid para 2011 irán destinados a la sanidad, a sostener la
treintena de hospitales y los más de 400 centros de salud de la
región. Son 7.125 millones de euros, un 0,66% más que el año pasado,
pero que se quedan cortos para atender a toda la población, según un
estudio de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la
Sanidad Pública (FADSP). En la comparación con otras comunidades
autónomas, Madrid sale bastante mal parada. Solo Baleares y la
Comunidad Valenciana destinan menos presupuesto per cápita a la
asistencia sanitaria.
Madrid es, por tanto, la
tercera Comunidad que menos dinero por habitante dedica a la
sanidad: 1.103 euros, cuando la media de todas las regiones está en
1.288. El estudio de la FADSP se basa en el análisis de los
presupuestos sanitarios que han aprobado los Parlamentos autonómicos
y en los datos de población del censo del Instituto Nacional de
Estadística a diciembre de 2010. La federación alerta de las
"diferencias notorias" entre comunidades. El País Vasco, por
ejemplo, destina a sanidad 1.563 euros por habitante. Baleares,
1.003 euros.
La FADSP también destaca
que, de media, las comunidades han rebajado sus presupuestos
sanitarios por habitante con respecto a 2010 un 4,1%. "Son
globalmente insuficientes", asegura el estudio, y "evidencian que la
crisis la está pagando la sanidad pública". Esa insuficiencia,
añade, "es mayor en aquellas comunidades con Gobiernos conservadores
y en algún caso como el de Canarias experimentan una disminución muy
preocupante". La disminución en los presupuestos sanitarios varía
mucho entre comunidades. Canarias, por ejemplo, destina este año un
12,3% menos que en 2010. Madrid, en cambio, solo ha reducido el
dinero por habitante un 0,45%.
"El caso de Madrid es
peculiar", explica el presidente de la FADSP, Marciano Sánchez
Bayle. "El presupuesto sanitario per cápita desciende muy poco este
año, pero es que ya era muy bajo". Además, añade, "se ve perjudicado
por la apuesta del Gobierno de Esperanza Aguirre por la sanidad
privada; los cánones de los nuevos hospitales se llevan buena parte
del presupuesto sanitario". Mientras la aportación a la sanidad
prácticamente se congela en 2011, la asistencia externalizada (el
gasto en convenios y conciertos con entidades privadas y los cánones
de los nuevos hospitales) se incrementa un 5,7% respecto a 2010,
según los presupuestos de la Comunidad de Madrid.
La FADSP recuerda también
en su estudio que el salario de los empleados públicos ha descendido
un 5% de promedio, lo que "en términos generales significa una
disminución estimada del gasto sanitario de entre el 1,61% y el
2,5%".
www.elpais.es 04.01.11
6) VÍA LIBRE
PARA EL GOLF EN TRES CANTOS
La Comunidad,
impulsora de la candidatura madrileña a la Ryder Cup, da el visto
bueno medioambiental a dos campos junto al Monte de El Pardo
Las pintadas dicen no, las
autoridades dicen sí. La Comunidad de Madrid, primera impulsora de
la candidatura de Tres Cantos a alojar en 2018 el torneo de golf más
prestigioso, la Ryder Cup, ha emitido una declaración de impacto
ambiental que permite levantar un campo de 18 hoyos y otro de 9 en
la finca Valdeloshielos, en el lado oeste de la autovía de Colmenar
(M-607). De poco han servido las alegaciones de los ecologistas
contra esta instalación en un emplazamiento considerado Lugar de
Interés Comunitario (LIC) por su valor medioambiental y donde viven
al menos tres especies amenazadas: milano real, búho real y la
mariposa Euphydryas aurinia. Ahora queda por ver si Tres
Cantos consigue el torneo y si, en caso contrario, se mantiene el
proyecto que nació ligado a la candidatura.
Níhil óbstat
regional al golf en una gran finca pública que linda en parte con el
Monte de El Pardo. El terreno está incluido, sin apenas protección,
en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, considerado
como reserva de la biosfera. "Valdeloshielos es suelo urbano
consolidado con uso de parque, compatible con destinar el 50% a uso
deportivo, según el planeamiento de 2003", explica Jesús Moreno,
concejal de Urbanismo de Tres Cantos -41.064 habitantes y Gobierno
del PP-.
El promotor oficial de la
candidatura oficial de la localidad es la Real Federación Española
de Golf, que actuó a instancias del Gobierno regional. "En un primer
momento fue una iniciativa de la Comunidad", señala el responsable
de la candidatura, Juanjo Abaitúa. Cuenta con el respaldo del Rey
-presidente de honor de la candidatura-, la Secretaría de Estado
para el Deporte, el Ayuntamiento y el Ejecutivo regional, cuya
presidenta es aficionada a este deporte. En la cuneta quedaron otras
localidades aspirantes, como San Sebastián de los Reyes, Las Rozas y
Madrid.Es la segunda vez que el Ayuntamiento de Tres Cantos intenta
poner en marcha un campo de golf. Años atrás, con el Gobierno
municipal en otras manos, la Administración regional emitió una
declaración de impacto ambiental negativa. El lugar elegido para
instalarlo era otro suelo público, cerca de Soto de Viñuelas, al
Este, y de una zona de protección de aves (ZEPA). Ahora toca el
Oeste, en el lateral de la autovía que carece de viviendas en este
municipio, pese a que cuando se creó -Tres Cantos nació en el BOE-
se planeó como zona residencial junto al Monte de El Pardo. "Los
técnicos regionales actúan con independencia absoluta", afirma el
concejal de Urbanismo.
PSOE e IU, en la oposición,
han votado en contra del proyecto. Aunque aún se ven pintadas contra
el primer proyecto de golf, en Tres Cantos han aparecido algunas
nuevas contra el segundo. "Siempre hay gente a favor y en contra",
plantea el edil.
El lugar elegido es una
finca municipal de 228 hectáreas. Una mitad se destinará a parque.
En la otra, golf: un campo de 18 hoyos a la medida de la Ryder Cup
sobre 379.575 metros cuadrados, un campo de nueve hoyos en una
superficie de 49.850 metros y una cancha de prácticas de 50.125. A
ello se sumará una casa club de dos plantas -una de ellas,
soterrada- de más de 5.000 metros cuadrados, un aparcamiento -9.760
metros cuadrados, una nave de mantenimiento -6.557 metros cuadrados-
y vías asfaltadas, según el proyecto.
El recinto dispondrá de
cuatro lagos capaces de almacenar 128.000 metros cúbicos de agua. El
riego automático de medio millón de metros cuadrados de terreno de
juego se hará con agua reciclada de la depuradora de Tres Cantos.
Necesitará 435.000 metros cúbicos al año. El suministro está
garantizado, según el concejal Moreno. Aunque tendrá prioridad el
riego de parques públicos, el caudal alcanzará de sobra para regar
los hoyos.
La declaración de impacto
ambiental favorable, realizada por la Consejería de Medio Ambiente,
recoge el visto bueno de distintos organismos, a veces con algunas
condiciones. Se trata del Canal de Isabel II, la Confederación
Hidrográfica del Tajo (el arroyo Tejada, tributario del Manzanares,
cruza la finca), la Consejería de Sanidad y la de Medio Ambiente,
cuya dirección general ad hoc obliga, entre otras cosas, a ser
cuidadosos con la iluminación y plantea "la conveniencia de respetar
los encinares en la zona de la parcela colindante con el Monte de El
Pardo". "La ejecución y funcionamiento del proyecto no causará
perjuicio a la integridad del LIC Cuenca del Río Manzanares", afirma
la declaración.
Este documento no incluye
condiciones específicas para proteger la fauna del lugar. Sin
embargo, en el resumen del estudio de impacto ambiental se señala
que entre las especies inventariadas figuran el milano real, el búho
real y la mariposa Euphydryas aurinia, "incluidas en el
catálogo regional de especies amenazadas con la categoría de
'vulnerables". También existen ejemplares de sisón, un ave "sensible
a la alteración del hábitat" y de gato montés. "En un radio de cinco
kilómetros se encuentran áreas de cría y puntos de nidificación de
sisón y de milano real", añade el resumen.
De nada han servido las
alegaciones, entre ellas las de la asociación de vecinos y distintos
grupos ecologistas. SEO/BirdLife, por ejemplo, considera que el
impacto sobre la fauna debería haberse considerado "severo" en lugar
de moderado y que "resulta imposible autorizar el proyecto
"atendiendo a las obligaciones derivadas de la directiva Hábitats
[asegura la biodiversiad europea]
". Añade que tendrá impacto
sobre especies protegidas como el águila imperial, el buitre negro,
el milano real, la cigüeña negra y el topillo de cabrera.
"Hay pocas medidas
correctoras porque las afecciones son mínimas", asegura el edil.
Añade que el campo de golf "no costará un duro a los vecinos" y que
"ya ha situado a Tres Cantos a nivel mundial". Gracias a la
candidatura, "hay empresas interesadas en instalarse aquí",
concluye.
Golf junto al
Monte de El Pardo
- El proyecto incluye un campo de 18 hoyos diseñado para acoger a
miles de espectadores, otro campo de nueve y una cancha de
prácticas.
- El recinto deportivo ocupará 114 hectáreas, colindantes en parte
con el Monte de El Pardo.
- El medio millón de metros cuadrados de césped se regará con agua
reciclada (435.000 metros cúbicos al año).
- El proyecto solo está asegurado si Tres Cantos alberga la Ryder
Cup.
www.elpais.es 05.01.11
7) "ZAPATERO SE MIRA EN LA SEGUNDA REPÚBLICA, CON LO QUE TRAJO
CONSIGO"
"Los
ciudadanos añoran los Gobiernos del PP". De este modo se expresó
este martes por la tarde la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, durante el acto de presentación del candidato a
la Alcaldía de Torrelodones por el PP.
En dicho
acto, Aguirre acusó a Zapatero de mirarse "en la Segunda República,
con lo que aquello trajo consigo". "Ha comprado el mensaje de la
izquierda radical de que la Transición no fue suficientemente
democrática", agregó.
Con Acebes
como testigo, entre otros dirigentes conservadores, Aguirre
considera que el PP es la "única esperanza para salir de la crisis".
Por esa razón, la presidenta regional pidió a los militantes de su
partido que se movilizaran para las próximas elecciones municipales
y autonómicas, "trascendentales para España".
"No nos
podemos dejar una puerta sin llamar. No podemos dejar un ciudadano
que no escuche nuestro mensaje. No podemos consentir que nuestros
votantes se queden en casa porque piensen que todo está ganado",
dijo Aguirre.
"Se trata de
demostrar nítidamente que España necesita un gobierno del Partido
Popular y que lo necesita cuanto antes", ha apostillado.
(www.publico.es,
11/01/11)
8) AGUIRRE NO ACLARA SI ESTABA AL TANTO DEL PELOTAZO DE ARGANDA
La
presidenta del PP de Madrid no quiso ayer aclarar si en 2004 fue
puesta en antecedentes de que se estaba gestando un pelotazo
inmobiliario en Arganda. Preguntada en dos ocasiones sobre si Álvaro
Lapuerta y Luis Bárcenas, los hombres que por aquellas fechas
manejaban las cuentas del partido, le informaron de que estaba
preparándose una operación turbia en el municipio, Esperanza Aguirre
se limitó a asegurar que el asunto, "ahora judicializado", se
resolverá, a su entender "próximamente".
También
señaló que "siempre" se opuso a que "las parcelas se sacaran a
precio tasado". "En Majadahonda se pudo impedir y en Arganda, pues,
no sé. Pedí que no hubiera pujas, que no hubiera subastas para las
parcelas".
Según
informó Público, el juez instructor del sumario del caso Gürtel,
Antonio Pedreira, ha desvelado la existencia de un pago
multimillonario de 12.870.000 euros a Francisco Correa, cabecilla de
la trama, por hacer de intermediario en una operación inmobiliaria
de la empresa Martinsa en la citada localidad madrileña. Fuentes
conocedoras del proceso han relatado que tanto Aguirre como el líder
del PP, Mariano Rajoy, estaban al tanto.
Este diario
reveló cómo en 2004, Aguirre y Rajoy fueron advertidos por Lapuerta
y Bárcenas de que en la operación también estaban implicados
dirigentes del partido como Ginés López, ahora ex alcalde de
Arganda, y Benjamín Martín Vasco, diputado regional y por entonces
consejero delegado de la sociedad municipal de suelo y vivienda. A
ambos, imputados desde primera hora en el caso Gürtel, el juez les
atribuye el cobro de sobornos. En el caso de Ginés López, los
investigadores calculan que percibió medio millón de euros. Por lo
que respecta a Martín Vasco, la cantidad no habría bajado de
345.000.
La
existencia de la comisión que, a tenor de lo sostenido por el juez
Pedreira, recibió Francisco Correa en junio de 2006 quedó desvelada
el lunes. Fue ese día cuando, en un escrito dirigido a las
autoridades de Mónaco para que amplíen su asistencia judicial en el
caso Gürtel, Pedreira hizo constar cómo una de las sociedades de
Correa, Golden Chain, recibió en una cuenta abierta en Suiza
12.870.000 euros el 30 de junio de 2006. El dinero procedía de otra
cuenta abierta en el mismo país a nombre de Soleado. A su vez,
Soleado había recibido un día antes 13 millones de otra cuenta
radicada en Mónaco y cuya titularidad pertenece a Cedargrove
Investments. Ahora, Pedreira solicita a Mónaco que desvele quiénes
son los beneficiarios de la cuenta de Cedargrove.
Constituida
en Panamá, Golden Chain es una de las dos sociedades cuyos fondos
bancarios permanecen bloqueados en Suiza gracias a la colaboración
de Arturo Fasana, gestor de las cuentas de Correa en la
Confederación Helvética y actualmente imputado en el sumario.
En plena
recta final para las elecciones autonómicas y municipales, el PP de
Madrid tiene el reto de elaborar unas listas con integrantes sin
vínculos con este escándalo.
Ayer en la
rueda de prensa posterior al comité de dirección del PP de Madrid,
Aguirre mantuvo que es difícil garantizar que las personas que están
dentro de las instituciones no tengan actuaciones incorrectas. No
obstante, defendió la reacción de la formación regional que preside,
presumiendo de haber "fulminado" a quienes han tenido este tipo de
comportamientos.
(www.publico.es,
12/01/11)
9) EL JUEZ RASTREA 13 MILLONES QUE CORREA COBRÓ POR INTERMEDIAR
EN ARGANDA
El
magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha
solicitado a las autoridades de Mónaco más información acerca de la
identidad de los accionistas de una sociedad mercantil de este
pequeño país que pagó una comisión de 13 millones de euros que,
según la investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción,
acabó cuatro días después en poder del presunto cerebro de la trama,
Francisco Correa. Según el ministerio público, que utiliza nuevos
documentos procedentes de Suiza, el pago se produjo a cambio de la
intermediación en 2004 de Correa en la adjudicación por parte del
Ayuntamiento de Arganda de unos terrenos urbanizables a la sociedad
Martinsa. En el momento de la adjudicación, el alcalde de este
consistorio era Ginés López (imputado en el caso). Además, otro
presunto implicado, Benjamín Martín Vasco, ex diputado del PP (ahora
en el grupo mixto) en la Asamblea, era responsable de la empresa
municipal del suelo.
En la
providencia, Pedreira solicita a Mónaco que complete la
documentación remitida en una anterior comisión rogatoria solicitada
en mayo de 2009 a tenor de la aparición de nuevos datos procedentes
de Suiza relacionados con el cerebro de la trama corrupta. Esta
nueva documentación atribuye a la empresa Martinsa el pago de la
comisión ilegal. Y es precisamente eso lo que pretende determinar el
juez, que solicita información del beneficiario económico y de las
personas con firma autorizada de la empresa Cedargrove. El juez
quiere conocer también el extracto de movimientos bancarios con sus
soportes documentales desde 2004 y el saldo actual de esta firma
mercantil. De confirmarse que la empresa Cedargrove está relacionada
de alguna manera con Martinsa, se demostraría que el pago a Correa
se pudo haber producido a cambio de su intermediación en la
operación urbanística de Arganda del Rey.
Para tratar
de acelerar la investigación de las autoridades monegascas, Pedreira
recuerda que tres de los implicados en este caso de corrupción, el
mayor ligado a un partido político: el PP, permanecen en prisión,
por lo que recuerda la urgencia en la práctica de las diligencias.
Según el
sumario, el Ayuntamiento del PP adjudicó en 2004 a Martinsa terrenos
para desarrollar 2.400 viviendas y dos años después la promotora
vendió un tercio de estos suelos por 73 millones de euros, lo que
demostraría que esta operación había sido muy ventajosa para esta
empresa privada.
Fuentes de
Martinsa-Fadesa citadas por Europa Press insisten en la "absoluta
transparencia" de este proceso de adjudicación. Aseguran que no hubo
"ninguna situación irregular ni ningún pago o comisión encubierta".
(www.elpais.com,
11/01/11)
10) ARGANDA DEJÓ DE COBRAR 23 MILLONES EN UNA OBRA DE GÜRTEL
El
Ayuntamiento de Arganda del Rey, cuyo alcalde era el imputado en
Gürtel Ginés López, adjudicó una obra en noviembre de 2004 por 77
millones a la empresa Martinsa. No obstante, esta iniciativa
urbanística había sido tasada en 100 millones, según consta en el
expediente administrativo de la operación aprobada en el
Consistorio. La decisión corrió a cargo del también imputado
Benjamín Martín Vasco, ahora diputado del Grupo Mixto en la Asamblea
tras ser expulsado del PP, cuando era consejero delegado de la
empresa Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda.
El
magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, investiga
si Correa cobró 13 millones de euros por intermediar en esta
operación urbanística.Entre los contratos firmados por Benjamín
Vasco al frente de la empresa del suelo de Arganda destacan los
48.893 euros abonados a las subcontratas del Grupo Rafael, que el
sumario considera muy cercanas a Correa. Este diputado también
contrató a la empresa Vox Pública, de la que era director gerente
Jesús Calvo Soria, otro de los imputados. El pago, de unos 8.000
euros, lo recibió en abril de 1998 la directora comercial de la
empresa: María del Carmen Rodríguez Quijano, la mujer de Correa.
Pese a que
la adjudicación era de 77 millones, Martinsa, cuyo principal
accionista era el empresario Fernando Martín, pagó 66 millones y se
comprometió a abonar en especie otros 11 millones. Pero ese dinero
nunca llegó al municipio. Inicialmente, el Ayuntamiento permitió a
la empresa levantar 1.600 viviendas en esas parcelas, pero
posteriormente le autorizó a construir otras 800 casas más; en
total, 2.400. Martinsa no ha construido las casas.
La obra en
la que Arganda dejó de ganar 23 millones es precisamente la que está
bajo sospecha después de que el magistrado que instruye el caso
Gürtel, Antonio Pedreira, constatara que una firma de Correa
instalada en Suiza había recibido 12,8 millones de euros procedentes
de una cuenta de Mónaco y que, según investigó la justicia
helvética, procedían de Martinsa.
La
información de las autoridades suizas demuestra la veracidad de las
grabaciones realizadas por el ex concejal del PP de Majadahonda,
José Luis Peñas, cuya denuncia constituyó el inicio de la
instrucción del caso Gürtel, en el que permanecen imputadas más de
un centenar de personas por su supuesta implicación en la que es
considerada como la mayor trama de corrupción ligada a un partido
político: el PP.
Según estas
grabaciones, que constan en el sumario, Francisco Correa afirma: "Martinsa
se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda. Tardó seis
meses. En mayo, todo liquidado. Me debe aún un millón de euros". A
su vez, en otra grabación de Peñas a la número dos del cerebro de la
trama, Isabel Jordán, alude a la operación: "[A Martín Vasco] le
dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda
con Martinsa si no le daban su dinero". La investigación de Pedreira
ha constatado que Martín Vasco percibió 340.000 euros de la trama
corrupta. Sobre este diputado pesa una fianza judicial de 950.000
euros.
El concurso
que dio lugar a esa adjudicación fue denunciado por el PSOE en dos
ocasiones: en lo contencioso-administrativo, que lo archivó; y ante
la Fiscalía, que remitió el caso a un juzgado de Arganda en abril de
2007. Al concurso se presentaron tres empresas: Alcosto, Sacresa y
Martinsa. El Consistorio, a la hora de valorar las ofertas, no se
fio solo de las opiniones de sus técnicos, sino que delegó parte de
la baremación en dos empresas privadas: Aguirre Newman y Plarquin.
Esta última había sido propiedad de Enrique Porto antes de ser
nombrado director general de Urbanismo por Esperanza Aguirre en 2003
(dimitió en 2006 por aprobar planes urbanísticos diseñados por su
antigua empresa).
Cada uno de
los tres consultores (los técnicos del Ayuntamiento, la sociedad
Aguirre Newman y Plarquin) se ocupaban de aspectos diferentes. Y
entregaron sus puntuaciones de forma sucesiva. Primero entregó su
parte Aguirre Newman, ganando Sacresa. Cuando los técnicos del
Consistorio presentaron su baremación, también. El último en
entregar su valoración fue Plarquin, que se encargaba de determinar
la solución técnica y la propuesta estética. Y dio tantos puntos a
Martinsa que ganó el concurso. Por eso, el magistrado Antonio
Pedreira ordenó el pasado 5 de enero a peritos judiciales que
elaboraran un informe sobre esta operación.
(www.elpais.com,
11/01/11)
11) UN FUNCIONARIO DENUNCIA PRESIONES POR OBRAS DE GÜRTEL
El ingeniero
del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón Leopoldo García ha denunciado
en un juzgado haber sido sometido a presiones por parte de los
responsables del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para que
certifique la recepción de una obra municipal cuya adjudicación está
siendo investigada por dos jueces: el primero, el instructor del
caso Gürtel, Antonio Pedreira, y el segundo, el titular del Juzgado
de Instrucción número 3 de Pozuelo. "Solo podré firmar el acta de
recepción cuando el juez resuelva sobre este asunto, y en las
condiciones que fije el mismo y en concreto, respecto a la fecha de
inicio de la conservación del parque y el plazo de la misma, y su
coste", que pasó de 300.000 euros al año a más del doble.
Este
proyecto se aprobó en el año 2005 y en marzo de 2006 se adjudicó por
4,5 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE)
Cárcavas. El grupo empresarial que conforma esa UTE está encabezado
por el empresario Alfonso García Pozuelo Asins, uno de los imputados
en el caso Gürtel. Con la posterior aprobación de la modificación
del proyecto, la obra pasó a costar 11 millones de euros, un 110%
más de lo que inicialmente se había aprobado.
El
funcionario Leopoldo García presentó un escrito ante el juez en el
que denunció haber sido amenazado con la apertura de un expediente
disciplinario si no firmaba la recepción de las obras, con cuyos
sobrecostes no estaba de acuerdo. En el escrito, este empleado
municipal se lamenta también porque estas amenazas eran "un bonito
broche de oro a 34 años de funcionario del Ayuntamiento".
Según el
documento que obra en poder del juzgado y que sirve de base para la
imputación de los responsables municipales, el funcionario se oponía
a regularizar las obras al considerar "una burrada" un acuerdo
suscrito entre el alcalde de Pozuelo, Antonio Aguado, y el
responsable de los trabajos, en el que acordaba fijar el precio del
mantenimiento del parque en un millón de euros. Según Leopoldo
García, el coste del mantenimiento era de 661.000 euros en tres
años, pero con el nuevo acuerdo pasaba a ser de 661.000 euros por un
año.
"En
concreto", explica este informe remitido al juzgado, "la decisión
adoptada era la siguiente: que se abone la totalidad de la partida
de conservación, siendo el plazo de un año". "Mi contestación, ante
una orden tan insólita y sin sentido es la siguiente: esto es una
burrada, va en contra de la adjudicación. No tiene lógica ni nada
que se parezca".
La portavoz
del PSM en Pozuelo, Eva Izquierdo, indicó que seis meses después de
la inauguración del parque, la Junta de Gobierno municipal aprobó el
modificado con el que se finalizaban las obras. "Esta aprobación se
realizó con un informe contrario de la secretaria general del
Ayuntamiento, un informe negativo que se sumó al que emitió el
interventor municipal con relación al abono de 625.000 euros por
parte del Ayuntamiento a la empresa constructora en concepto de
mantenimiento del parque", añadió.
Después de
la declaración el 21 de junio del ingeniero municipal Leopoldo
García, ahora jubilado, el juez de Pozuelo decidió citar como
imputados al actual alcalde, Gonzalo Aguado, que declarará el 28 de
febrero; al ex alcalde, Jesús Sepúlveda (también imputado en la
trama Gürtel); al actual concejal de Hacienda, José María Mayo; a su
predecesor, Roberto Fernández, que declarará hoy a las diez de la
mañana; a la concejal expulsada del PP Yolanda Estrada (imputada en
la trama Gürtel); y al jefe del departamento de Contratación.
La
investigación acerca de la construcción de esta obra municipal se
inició tras una denuncia presentada por el PSOE de la localidad en
2008, al considerar ilegal el incremento en el presupuesto para
construir el parque,que, según los socialistas, se adjudicó por 4,5
millones de euros y terminó costando 11 millones.
En el auto
de citación, el juez ordenó al Ayuntamiento que remita al juzgado
copia del proyecto modificado del parque. Asimismo, pedía a la
Unidad de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de la
Policía Judicial que prosiga con las averiguaciones, en especial con
relación al viaje de Bélgica para la adquisición de árboles. Este
funcionario reconoció haber participado en un viaje a este país para
adquirir un árbol centenario de 109.000 euros: "Como en Bélgica
había viveros que disponían de árboles especiales, viajó a Bruselas
a fin de elegirlos con el alcalde, el concejal de Urbanismo y la
edil de Obras".
(www.elpais.com,
11/01/11)
