ÍNDICE
1) LA 'TRAMA GÜRTEL' PAGÓ MÁS DE 12 MILLONES DE EUROS EN SOBORNOS
Un informe de
la Oficina Antifraude (ONIF) de Hacienda incorporado al sumario de
la Gürtel y que permanecía secreto hasta ahora aporta un dato
revelador sobre la potencia de la red corrupta y el carácter
simbiótico de su relación con distintas administraciones regidas por
el PP. Basándose en la contabilidad interna de la trama y en los
documentos hallados en los registros, el informe cifra en 12,3
millones de euros los sobornos pagados entre 1999 y 2007. Buena
parte del dinero fue a parar a políticos del PP identificados en el
sumario con nombres y apellidos. Pero otra porción tuvo por
beneficiarios a personas o entidades "desconocidas".
El circuito
funcionaba con el esquema clásico: la red recibía comisiones
ilegales de quienes buscaban la obtención de un contrato público.
Como conseguidores, Correa y los suyos mediaban de manera decisiva.
Y destinaban un porcentaje de cada comisión a sobornar a los
responsables directos de la adjudicación del contrato o a cargos
políticos con capacidad de influencia.
Durante el
periodo analizado por el informe, los nueve años comprendidos entre
1999 y 2007, la red captó 27 millones de euros en comisiones
ilegales. Hacienda avisa de que ese cálculo de ingresos está hecho a
la baja, dado que la trama no siempre anotaba las entregas
recibidas. Pero, aun tratándose de una estimación conservadora,
resulta exorbitante: 27 millones de euros equivalen a 4.500 millones
de las antiguas pesetas. Es decir, equivalen al presupuesto anual
del ayuntamiento de una localidad próspera con 35.000 habitantes.
El informe no
ofrece dudas sobre por qué se pagaban a la red las citadas
comisiones: "La razón principal de la realización de las entregas
(...) es la obtención de contratos con diversas Administraciones
Públicas". Entre los principales pagadores de comisiones, la ONIF
cita a directivos de FCC, Teconsa, Sufi y Constructora Hispánica. El
informe sugiere que también Isolux pagó. Aunque sus autores carecen
de datos concluyentes para afirmarlo de manera tajante, recuerdan
los vínculos de esta empresa con el grupo de Correa, especialmente a
través de su participación en la sociedad Real Estate Equity
Portfolio.
El informe
recalca que todas las empresas citadas en el anterior párrafo "han
sido adjudicatarias de importantes contratos de obras y prestaciones
de servicios con entidades públicas de la Comunidad de Madrid y de
Castilla y León".
Fechado el 30
de julio de 2009, cuando la investigación estaba aún en su primera
fase, el estudio de Hacienda divide los nueve años analizados en
tres trienios: 1999-2001, 2002-2004 y 2005-2007. El periodo más
boyante tanto para el grupo de Correa como para sus políticos afines
fue, sin duda, el segundo: entre 2002 y 2004, la trama recibió 26
entregas de comisiones que sumaron 14,1 millones de euros, de los
cuales repartió entre políticos 7,7 milones. En el primer trienio
estudiado por Hacienda, la red captó 4,4 millones en comisiones y
distribuyó sobornos por 1,2 millones.
Y entre 2005 y
2007, logró 8,1 millones, de los que destinó 3,2 para premiar a
quienes desde el poder orientaban concursos y contratos a dedo en
favor de las empresas patrocinadas por la Gürtel. Al desgranar los
datos sobre ese último trienio, los expertos de Hacienda hacen una
acotación importante: la tabla de ingresos computados por el informe
no incluye "entradas en efectivo que pudieran corresponder a
ingresos no declarados fiscalmente o gastos ficticios cuyo pago se
simula".
"Sólo se han
incluido prosigue el texto entregas que pudieran corresponder a
gestiones de intermediación ante autoridades públicas". En resumen,
el estudio ni siquiera aborda todo el dinero negro que manejó la
trama sino sólo aquel que captó mediante comisiones ilegales y
destinó luego a un doble objetivo: nutrir sus arcas y pagar
sobornos.
El informe
señala de nuevo como sobornados habituales al grupo de imputados del
PP de Madrid: los alcaldes Arturo González Panero, Guillermo Ortega,
Ginés Rodríguez y Jesús Sepúlveda; el ex consejero y diputado
autonómico Alberto López Viejo y sus compañeros de escaño Alfonso
Bosch y Benjamín Martín Vasco. Y, también, el ex tesorero del PP
Luis Bárcenas, el ex diputado al Congreso Jesús Merino y el ex
eurodiputado Gerardo Galeote.
Hacienda
destapa un dato ignorado hasta la fecha: que Jesús Sepúlveda, ex
alcalde del rico municipio de Pozuelo de Alarcón, habría cobrado
"una asignación mensual fija" de la red corrupta "durante un periodo
dilatado de tiempo". Sólo en 2002, Sepúlveda recibió por ese sistema
51.000 euros. Durante el primer semestre del año, los pagos
ascendieron a 3.000 euros. Los números de la contabilidad oculta de
la trama sugieren que Sepúlveda cobró incluso una paga extra de
6.000 euros en julio. Y a partir de ahí, se instaló en los 6.000
euros. Sepúlveda trabaja ahora para el PP desde la sede central de
la madrileña calle Génova.
También el ex
eurodiputado Gerardo Galeote estaba a sueldo de la red, según los
documentos internos utilizados por Hacienda para el informe. A
partir de octubre de 2000, cobró cada mes una cantidad fija. Primero
recibía 1.500 euros. Luego, y al igual que le ocurrió a Sepúlveda,
su sueldo se dobló. Galeote no está imputado. Y también él trabaja
en la sede central del PP como asesor de Mariano Rajoy.
El estudio de
Hacienda no cuantifica el daño infligido a las administraciones
cuyos rectores cometieron cohecho. Cifrar el perjuicio que sufrieron
las arcas públicas resulta casi imposible. Pero ese daño existió,
dado que aquellos contratos en cuya tramitación medió la red de
Correa no se otorgaron a la oferta más favorable para el interés
común sino a la de quienes estaban dispuestos a pagar sobornos.
(www.publico.es,
05/12/10)
2) EL GOBIERNO DE AGUIRRE SABÍA QUE MQM ERA UNA 'PANTALLA' DE LA
'GÜRTEL'
El Gobierno de
Esperanza Aguirre sabía que Marketing Quality Management (MQM), la
empresa que organizaba los actos institucionales de la Comunidad de
Madrid (CAM) en 2007 y 2008, era en realidad una pantalla para que
la trama Gürtel siguiera operando en Madrid, según se desprende de
un informe policial de junio de 2010 incorporado al sumario.
El informe
concluye que MQM trabajaba para esta comunidad sólo como "sociedad
instrumental" para ganar contratos que en realidad acababa asumiendo
directamente la trama. Según el documento, era el equipo de
confianza de Alberto López Viejo que, tras estallarel escándalo se
dio de baja del PP y ahora es diputado del Grupo Mixto en la
Asamblea quien "definía las pautas a seguir" en todo el proceso,
desde la contratación al cobro.
MQM se quedaba
supuestamente con una comisión del 11% a cambio de presentarse a los
concursos y emitir facturas, siempre con la supervisión del equipo
de López Viejo. En uno de los emails que incluye el informe, de
junio de 2007, una trabajadora de MQM dirigía este mensaje a Julia
Valladares, su contacto en Presidencia: "Este es el desglose tal y
como hablamos en nuestra reunión. Está por contrato todo lo que
señalamos y lo demás englobado en facturas no superiores a 12.020
euros. (...) Las seis facturas adicionales adjuntas serán emitidas
por MQM a menos que me indiques lo contrario. Recibe un cordial
saludo y espero tu respuesta para emitir definitivamente todas las
facturas".
La mayoría de
estos trabajos tenían la cobertura legal de un contrato marco que
MQM ganó el 26 de abril de 2007. Pero este contrato para montaje y
desmontaje de los actos institucionales tenía truco, según la
documentación que la policía se incautó en la sede de Diseño
Asimétrico, una de las marcas de la trama en Madrid: "Si bien el
concurso fue adjudicado únicamente a MQM, este fue realizado
íntegramente por Diseño Asimétrico, al que se le subcontrata la
realización de todas las obras/servicios".
El 27 de abril,
el día después de adjudicarse el contrato a MQM, el responsable de
esta empresa suscribía un "contrato privado" con Diseño Asimétrico
en el que "el contratista se compromete a encargar al subcontratista
todos los servicios/obras objeto del contrato de adjudicación
señalado anteriormente".
La adjudicación
y el acuerdo inmediatamente posterior se rubricaron justo a las
puertas de las elecciones autonómicas de 2007, cuya campañaarrancó
el 11 de mayo. El contrato preveía un gasto de 250.000 euros para
todo el año, pero entre el arranque de la campaña y el 28 de junio
MQM remitió a la consejería de Presidencia de la Comunidad un total
de 20 facturas relacionadas con el contrato por un importe de
383.000 euros, según consta en un documento de noviembre de 2008, en
el momento de liquidación del contrato, que acabó extendiéndose
también a ese año. En sólo dos meses, y coincidiendo con las
elecciones, ya se había consumido el 150% de lo firmado para todo el
año.
En el informe
policial que ahora se conoce al levantarse el secreto de sumario se
señala además que MQM y Diseño Asimétrico tenían acuerdos de
"facturación cruzada" y que la empresa dirigida por la trama asumía
como propia deuda que formalmente era de MQM.
"Hay una serie
de actos que aunque la Comunidad de Madrid factura a MQM realmente
es Diseño Asimétrico quien finalmente cobra", sostiene la policía. Y
añade, en referencia a los archivos incautados durante el registro
de la sede de Diseño Asimétrico: "Se relacionan una serie de
facturas por servicios prestados a la Comunidad de Madrid por la
empresa DiseñoAsimétrico (en relación con MQM) que coinciden con los
servicios pendientes de facturar por la empresa MQM a la
Comunidad".
Este sistema de
"facturación cruzada" y de acceso a contratos del Gobierno de
Aguirre a través de empresas pantalla no funcionaba sólo con MQM,
sino que incluía a otras firmas, como las del Grupo Rafael.
El informe
policial incluye un documento interno de la trama de Correa en el
que se detalla cómo ante la dificultad de que MQM emitiera una
factura para el acto de entrega de la Medalla de la Comunidad a los
príncipes de Asturias, montado por la trama, se pretendía que fueran
el Grupo Rafael, Dimo o Impacto quienes emitieran la factura
correspondiente.
"Julia [López
Valladares, de Presidencia] comentó que MQM sólo puede facturar una
inferior a 12.000 euros y el resto otras empresas, y en ello estamos
(hay una de Dimo y otra de impacto), pero el resto tiene que ser de
Grupo Rafael, ya que nosotros con nuestras empresas también estamos
facturando otras que MQM no quiere", escribía un miembro de la
trama.
(www.publico.es,
05/12/10)
3) LA MISMA FIRMA DE LA PUBLICIDAD FANTASMA
2,7 millones
Entre 2006 y
2008, MQM obtuvo 2,7 millones de euros de la Comunidad de Madrid. El
contrato más importante fue el del Instituto Madrileño de Desarrollo
(Imade), que le reportó 1,25 millones por la campaña publicitaria
‘Made in Madrid’, que nunca se realizó.
Denuncia de
Montiel
El contrato de
la publicidad fantasma de MQM con el Imade fue descubierto por Reyes
Montiel, hasta el mes pasado diputada de IU y hoy próxima a Equo.
Montiel llevó el contrato a Anticorrupción, que a su vez lo ha
remitido al sumario del ‘caso Gürtel’. La fiscalía ha solicitado la
imputación del gerente de MQM.
SWAT SL
El Imade eligió
a MQM por sugerencia de Swat SL, empresa que también se coordinaba
con la ‘Gürtel’ y que, según documentos aportados al sumario,
organizó adjudicaciones en Majadahonda.
(www.publico.es,
05/12/10)
4) UN INFORME ESTATAL VE PROBLEMAS EN LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL
Un informe
jurídico encargado por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT)
encuentra dificultades legales en la privatización del Canal de
Isabel II que prepara el Gobierno regional. El estudio concluye que
los Ayuntamientos que tengan convenios con la empresa pública
regional para la gestión del agua tendrán que anular dichos
acuerdos. "La sociedad mercantil (la empresa privada que se quedase
con el 49% del Canal) no podrá continuar con la gestión de los
servicios de competencia municipal que fueron atribuidos al Canal
mediante convenios", señala el informe elaborado por el catedrático
de la Universidad de Zaragoza Antonio Embid. Y añade: "Los
Ayuntamientos deberán obligatoriamente declarar resueltos los
correspondientes convenios y proceder a asumir la gestión directa de
los servicios de su competencia, o realizar una licitación para
realizar una gestión indirecta de los servicios que hasta ahora
atribuían al Canal".
El informe
encargado por la CHT hace una mención especial al Ayuntamiento de
Madrid. Subraya que en el convenio con el Canal ya se prevé una
situación similar. Por tanto, el acuerdo deberá ser anulado. Los
responsables del Ayuntamiento de Madrid ya contemplan las
consecuencias de la privatización del Canal en los presupuestos para
el próximo año. Algo que les ha servido para que la interventora
municipal les dé un tirón de orejas por estimar 300 millones de
ingresos en una operación sin concretar.El proyecto del Gobierno
regional consiste en sacar a Bolsa el 49% del Canal de Isabel II.
Para ello prevé constituir una sociedad a la que traspasará los
bienes públicos que serán privatizados. La medida, anunciada en
2008, acumula numerosas críticas. "No hay justificación para llevar
a cabo esta operación", explica Santiago Martín Barajas, portavoz de
Ecologistas en Acción, que ha elaborado otro informe sobre la
privatización. "Si se vende el Canal y los Ayuntamientos no anulan
los convenios estarían incurriendo en prevaricación", advierte el
responsable de la organización verde. Martín Barajas precisa que la
Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) tendría la obligación de
retirar al Canal la concesión del agua de los 14 embalses. La
organización ecologista ha remitido una carta al Ministerio de Medio
Ambiente en la que reclama que "se le retire de inmediato al Canal
el control de los embalses que gestiona de manera exclusiva y que se
les cobre por el uso de las grandes conducciones y depuradoras
financiadas por el Estado" si se privatiza.
Hace dos años
la Confederación del Tajo ya patrocinó otro estudio jurídico sobre
el asunto que concluía que "la privatización del Canal supondría un
cambio de titularidad que debería ser aprobada por la Administración
central". El documento estatal consideraba casi inviable la
privatización por las "dificultades jurídicas". Este informe fue
presentado unas semanas después de que Esperanza Aguirre anunciara
el comienzo de la privatización.
Ahora el nuevo
documento, encargado por el organismo estatal que gestiona el ciclo
del agua en el cauce del Tajo, sostiene que "en modo alguno una
sociedad mercantil puede ser titular de bienes de dominio público ni
tampoco las Administraciones públicas pueden transferirle la
titularidad de bienes de dominio público". Y precisa que los
"Ayuntamientos tendrán que solicitar a la CHT las correspondientes
autorizaciones o concesiones". El documento hace mención especial al
caso del Ayuntamiento de Madrid. "Será necesaria la autorización
expresa del Ayuntamiento respecto de la continuación de este
convenio en el caso de la pérdida de la condición de empresa pública
del Canal", reza uno de los artículos del convenio. Por eso, el
informe de la CHT dice que "la consecuencia [de la privatización] es
la necesidad ineludible de licitar la gestión de los servicios o de
prestarlos directamente el Ayuntamiento".
Según el
informe, los Ayuntamientos tendrán que anular los convenios con el
Canal y sacarlos a concurso público o prestar esos servicios ellos
mismos. Muchos Consistorios madrileños carecen de capacidad para
gestionar los servicios de distribución, alcantarillado... por ellos
mismos.
Ecologistas en
Acción cree que la "auténtica razón por la que el Gobierno regional
pretende privatizar el Canal de Isabel II es para que se puedan
llevar a cabo desde el sector privado grandes operaciones de
especulación inmobiliaria". El portavoz de la organización verde
añade que "las consecuencias medioambientales y sociales de esta
operación serían muy negativas y conllevarían el empeoramiento de la
calidad del servicio de abastecimiento, potabilización y
saneamiento...".
(www.elpais.com,
07/12/10)
5) GALLARDÓN, APERCIBIDO POR NO AYUDAR AL JUEZ
El juez
instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, apercibió al alcalde
del Ayuntamiento de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, en marzo de 2010
al considerar que la institución municipal incurrió en “una
reiterada conducta que impedía el desarrollo de la investigación”
sobre la adjudicación en 2004 de una contrata de limpieza viaria en
10 zonas de Madrid a una de las empresas presuntamente unidas a la
trama, y más concretamente, la correspondiente a la zona de
Moratalaz.
En el sumario,
el juez señala que en las dos ocasiones en que fue requerida por la
Fiscalía Anticorrupción al Ayuntamiento de Madrid información sobre
los contratos adjudicados a la empresa Sufisa, en junio y noviembre
del año 2009, se produjo un “incumplimiento” en el envío de la
misma, según se desprende de los informes emitidos por la Unidad de
Auxilio Judicial de la Intervención General de la Administración del
Estado (IGAE).
Así, se destaca
la omisión en el envío de las actas de la Mesa de Contratación; los
informes técnicos con la valoración de todas las ofertas presentadas
y sus proposiciones económicas, y la documentación justificativa de
los pagos efectuados por el propio Ayuntamiento de Madrid al
adjudicatario.
(www.elpais.com,
04/12/10)
6) EL EX ALCALDE DEL PP DE ALCORCÓN, DENUNCIADO POR DELITO
URBANÍSTICO
El ex alcalde
de Alcorcón, Pablo Zúñiga, y su equipo de Gobierno (otros 13
concejales), todos ellos del PP, pasarán entre hoy y el lunes por el
Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad para testificar como
supuestos autores de un delito de prevaricación. Según consta en
diversos informes, los 14 ediles incumplieron las normas básicas del
planeamiento y se incrementó el número de viviendas permitidas por
el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU, el documento que rige el
urbanismo de un municipio), además de eliminar las viviendas
públicas a que obligaba la Comunidad de Madrid.
La supuesta
prevaricación (que se produce al dictar una orden a sabiendas de que
es injusta) la pudieron cometer en 2002 en los desarrollos de Fuente
Cisneros, en la zona sur de la localidad. Según varios informes
jurídicos y urbanísticos presentados por el Ayuntamiento de Alcorcón,
la modificación del plan parcial de esta zona consiente un
aprovechamiento muy superior al permitido al PGOU: un 0,50 y un 0,79
metros cuadrados por metro cuadrado de parcela frente al 0,39 del
Plan General. Esto supone que la zona tenga una gran densidad de
viviendas -y de población-.
Otro punto en
el que incumplieron supuestamente las normas urbanísticas es que
desoyeron las reservas de suelo destinado a dotaciones públicas.
"Esto supone un déficit en la primera parcela de 7.560 metros
cuadrados para centros docentes públicos y 3.774 metros cuadrados de
centros sociales de carácter público", según un informe firmado por
la asesoría jurídica del Ayuntamiento. A eso se unen otros 6.300
metros cuadrados de colegios y 2.089 para servicios sociales en la
segunda parcela.
Uno de los
mayores incumplimientos también se pudo dar con "la drástica
reducción" de suelo destinado a viviendas públicas. Se intentó
justificar este recorte con la calificación otorgada en otros tres
desarrollos urbanísticos de la localidad, integrantes del barrio del
Ensanche Sur. Pero una nueva Corporación, del PSOE, desestimó en
marzo de 2003 su aprobación.
La Ley del Suelo de
la Comunidad de Madrid establece que el 50% del suelo urbanizable se
debe destinar a viviendas protegidas, pero esta cifra se redujo en
Fuente Cisneros al 11% y al 18%, lo que provocó que se dejaran de
construir cerca de 400 viviendas sociales, según fuentes
municipales.
Ante todas
estas irregularidades, la asesoría jurídica del Consistorio cree que
se tendría que dejar sin efecto la aprobación de los planes
parciales de las parcelas PP-7 y PP-12, ambas en Fuente Cisneros, ya
que resultan lesivas para el interés público. Los jurídicos
municipales reconocen q ue sería muy costoso para el Ayuntamiento
retrotraer la actuación. Supondría elevadas indemnizaciones que
habría que pagar a los particulares que adquirieron sus viviendas
(1.100 en este barrio) de forma legal y que las registraron tras
obtener las licencias de edificación y de primera ocupación
concedidas por el Consistorio.
Toda la
documentación fue presentada a la Fiscalía de Madrid, que pidió la
apertura de diligencias previas.
(www.elpais.com,
10/12/10)
7)
CASO GURTEL: "NOS HACEN CAMBIAR FACTURAS DE UNA CONSEJERÍA A OTRA Y
NO SE HACEN CARGO"
Cartas y
correos electrónicos intervenidos por la policía reflejan los
tejemanejes entre la trama Gürtel y
ex altos cargos del Gobierno de Esperanza
Aguirre para lograr que el montaje de los actos de la
Comunidad de Madrid recayese en sociedades de la red corrupta que
dirigía Francisco Correa. El último informe de la Unidad de Blanqueo
de Capitales sobre la empresa Marketing Quality Management (MQM),
utilizada por la red como pantalla de sus operaciones con la
Comunidad, concluye que
el ex viceconsejero de Presidencia de
Aguirre, Alberto López Viejo, era la persona a quien
acudía la red para desbloquear las pegas que surgían con las
facturas.
López Viejo -el
cargo público que organizaba en las distintas consejerías los actos
en los que intervenía la presidenta Aguirre- y también su hombre de
confianza en Vicepresidencia,
Pedro Rodríguez Pendas, no solo
encargaban los actos en que intervenía Aguirre. También daban
instrucciones a la red, según el informe policial, de cómo había que
fraccionar las facturas e indicaban a qué funcionarios de la
Comunidad había que remitirlas.
Aun así,
surgían problemas, dado que algunas consejerías se daban cuenta de
que las facturas llegaban troceadas, lo que vulnera la ley, y ponían
pegas para abonarlas. Era entonces cuando la red apelaba a López
Viejo (que también llegó a ser consejero de Deportes) o a Rodríguez
Pendas para que desbloqueasen los pagos.
Tras ser
implicado en estos amaños,
Rodríguez Pendas pidió declarar ante el juez Pedreira, si
bien luego rehusó contestar preguntas y se limitó a entregar un
escrito exculpatorio en el que afirmó que él siempre siguió las
órdenes del ex consejero. "(...) Alberto López Viejo me decía con
qué empresa había que contactar para cada evento, cuándo había que
hacerlo, qué había que solicitar y quién era la persona de
contacto", expuso. López Viejo es uno de los políticos del PP
supuestamente sobornados por Gürtel.
El juez
Pedreira le ha impuesto una fianza de 750.000 euros. La UDEF ha
incorporado al sumario un archivo informático hallado en registros a
sociedades de la trama bajo el nombre "Estimado Alberto2.doc", que
avala los amaños entre la red y quien fuera hombre de confianza de
la presidenta. Se trata de una carta remitida a López Viejo. Empieza
así: "Estimado Alberto. Como bien sabes estamos teniendo muchos
problemas para cobrar en la Comunidad [de Madrid] y a continuación
te detallo los problemas más usuales que tenemos" para el cobro de
facturas: "(...) Nos hacen cambiar facturas de una Consejería a otra
y ninguna se quiere hacer cargo y les pasan la pelota a otras y así
continuamente". "En la Consejería de Empleo y Mujer estamos teniendo
muchos problemas porque tiene unas cuantas facturas retenidas
Rosario Jiménez, ya que dice que de esos actos, al pasar de 12.000
euros, tenían que haberse hecho por contrato y no desglosar las
facturas". "En la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, Mar Gil
siempre nos dice que ya están las facturas y es mentira"...
Al margen de
estos contactos, el informe policial destapa, además, que la
principal empresa que Correa usó como pantalla para evitar sospechas
de amaños era MQM. Esta firma facturó al Gobierno de Aguirre en 2007
casi tres millones. Por cada acto, cualquier otra empresa habría
cobrado un tercio menos que Correa. El informe evidencia el
sobreprecio que se pagó, por ejemplo, por la escenografía de
la entrega de la medalla de Madrid por
parte de Esperanza Aguirre a los Príncipes de Asturias,
el 12 de septiembre de 2007, en la sede de la presidencia regional
de la Puerta del Sol. Según la UDEF, el acto lo montó la empresa
Gürtel Easy Concept, pero bajo la tapadera de MQM, que se llevó por
ello una comisión del 11,5%. Su coste real fue de 39.143 euros, pero
fue facturado al Gobierno de Aguirre por 65.475 euros (26.331 euros
de beneficio).
MQM se ponía de
escaparate para conseguir las contratas de los actos de la Comunidad
relacionados con mercadotecnia y escenografía. Pero era la red
Gürtel quien realmente realizaba esos trabajos, cobraba por ellos
cantidades muy infladas y pagaba con el sobreprecio comisiones a
políticos y a la empresa testaferro.
Correa tenía una veintena de sociedades,
pero muchas de ellas las tenía quemadas como multiadjudicatarias de
actos de la Comunidad.
Por eso buscó
empresas pantalla: fundamentalmente MQM y el llamado Grupo Rafael,
que facturó un millón a la Comunidad entre 2005 y 2008. Se trataba
de disimular, que en la competencia no corriera la voz de que la
Comunidad de Madrid siempre daba sus actos a las mismas sociedades.
Formalmente, MQM se adjudicó una veintena de actos de Aguirre. Pero
los obreros que los ejecutaban eran los de la firma Diseño
Asimétrico; es decir, Correa, que pagaba a MQM comisiones de entre
un 5% y un 11,5% por actuar de testaferro.
Eran encargos a
dedo, muchas veces a través de llamadas telefónicas.
Las facturas se troceaban por debajo de los
12.000 euros para escabullir la ley que obliga a sacar a
concurso cualquier obra que rebase esa cuantía. Todo funcionaba así,
según el informe policial: si Aguirre participaba en un acto en la
Consejería de Sanidad, López Viejo o su asesor Rodríguez Pendas
encargaban su montaje a Correa o a sus empresas testaferro. Correa
remitía las facturas a la Consejería en la que se hacía el acto.
Pero a veces las inflaba tanto que tenían que trocearlas por debajo
de 12.000 euros y las consejerías ponían pegas para abonarlas,
conscientes de que se vulneraba la ley. Es cuando Correa o sus
empleados, por orden suya, se ponían en contacto con Rodríguez
Pendas o López Viejo para que desbloqueasen la situación. El acto de
los príncipes motivó el siguiente correo electrónico de una empleada
de la firma Easy Concept ("paula@easyconcept.net") al número dos de
la trama, Pablo Crespo (gerencia@fcsgrupo.com):
"Hola, Pablo,
te cuento cómo ocurrió lo del acto de los Príncipes de Asturias.
(...) Me lo contrató Pedro Rodríguez Pendas por teléfono la semana
anterior. Él expresamente me contó que como no había dinero en el
contrato, se facturara fuera del mismo (...) El presupuesto aumentó
con extras durante el acto. Todas estas facturas se prepararon para
que MQM las facturase a la Comunidad (...) Antonio Martín
[funcionario] las paró y no dijo nada a Julia López Valladares de
Presidencia. Una vez que se lo dijo fue cuando Julia le comentó que
MQM solo puede facturar una inferior a 12.000 euros y el resto [del
dinero] otras empresas, y en ello estamos (hay una de Dimo y otra de
Impacto), pero el resto tiene que ser del Grupo Rafael, ya que
nosotros, con nuestras empresas, también estamos facturando otras
que MQM no quiere (...) Si tienes cualquier duda, dímelo", concluye
el revelador correo.
(www.elpais.com,
13/12/10)
8)
MÁS CONTRADICCIONES DE LOS TESTIGOS DEL 'CASO LAMELA'
Se suponía que
las declaraciones de los nuevos testigos del caso Lamela iban a
desvelar cómo funcionó el comité de expertos nombrado a dedo por el
ex consejero de Sanidad que ayudó a formular la acusación falsa
contra Luis Montes. Se suponía que los tres inspectores médicos de
la Consejería de Sanidad asesoraron al comité porque muchas
historias clínicas tenían problemas de legibilidad. Se suponía,
finalmente, que su testimonio iba a coincidir con el de Isidro
Álvarez, jefe de los inspectores que ya declaró en junio de 2009.
Pero nada de eso sucedió ayer en el Juzgado de Instrucción número 43
de Madrid. Los tres inspectores negaron haber asesorado al comité y
negaron, incluso, que las historias clínicas fueran difíciles de
leer.
La jueza
instructora del caso Lamela va a tener que lidiar con muchas
contradicciones. Isidro Álvarez declaró en junio de 2009 como
imputado en la querella que Luis Montes y su segundo en el hospital,
Miguel Ángel López Varas, presentaron contra el ex consejero Manuel
Lamela y los seis miembros del comité de expertos por denuncia falsa
y falsedad documental. Él formó parte de ese comité. A preguntas de
la acusación particular, contó que unos inspectores médicos habían
ayudado a leer las historias clínicas que el comité estaba
analizando. Incluso dio los nombres: Mariano Villanueva, Francisco
Ramos y Ana Martínez. Los mismos que ayer lo negaron ante la jueza.
Isidro Álvarez
era -y aún es jefe de servicio de Evaluación Sanitaria de la
Consejería de Sanidad- el superior de esos tres inspectores. Al
salir del juzgado, ninguno quiso hacer declaraciones, informa Efe.
Este periódico también ha tratado, sin éxito, de recabar su
versión.
Las
contradicciones no se limitan únicamente al testimonio que dio su
jefe el año pasado. Los inspectores que declararon ayer forman parte
de los seis expertos que elaboraron el informe de marzo de 2005 de
la Inspección Médica que concluyó que no había evidencias de mala
praxis en los casos de supuestas sedaciones irregulares de Leganés.
Tras ese informe, Lamela creó un comité de expertos -formado por los
jefes del Servicio de Oncología de La Paz y del 12 de Octubre, el
jefe de Pediatría de Alcorcón, el jefe de Anestesia del Clínico, una
psiquiatra del Ramón y Cajal y el jefe de los inspectores- que en un
mes analizó 169 historias clínicas y emitió otro informe que avaló
la acusación contra Montes.
El informe de
la Inspección, que los tres testigos firmaron en 2005, asegura que
"al ser manuscritos [los documentos de la historia clínica], hay
problemas de legibilidad, en ocasiones de parte y en pocos casos de
casi la totalidad del documento". En cambio, ayer los tres lo
negaron en el juzgado.
Las abogadas de
Montes, López Varas y la asociación Derecho a Morir Dignamente
(acusación popular) confían ahora en recibir el expediente del
comité de expertos. Un auto de la Audiencia Provincial obliga a la
Consejería de Sanidad a aportarlo al juicio. "Es fundamental ver las
actas de esas reuniones", asegura María Jesús Díaz Veiga, que ejerce
la acusación particular. Se trata de saber cuándo se reunieron los
expertos y cómo trabajaron para poder analizar en solo un mes 169
historias clínicas, algunas de más de 300 folios, y llegar a una
conclusión diferente a la que había llegado el informe de la
Inspección.
El
procedimiento judicial contra Luis Montes por supuestas sedaciones
irregulares en las urgencias del hospital de Leganés se archivó sin
mención alguna a mala praxis.
(www.elpais.com,
11/12/10)
9)
EX ALCALDE DE ALCORCON: "CREO QUE LO HICE BIEN"
Cerca de dos
horas. Ese es el tiempo que estuvo ayer declarando el ex alcalde de
Alcorcón Pablo Zúñiga, del PP, en el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de la localidad. Está acusado junto con el resto de su
antiguo equipo de gobierno de haber prevaricado al aprobar un
planeamiento urbanístico en la zona de Fuente Cisneros. Junto a él,
testificaron otros cinco ediles. El resto, hasta completar 14, lo
hará el próximo lunes.
El ex alcalde
de Alcorcón no quiso hacer declaraciones a los periodistas. Aseguró
a la entrada que estaba "cansado" de ir tantas veces al juzgado tras
ser denunciado hasta en cuatro ocasiones por el PSOE y más
concretamente por el actual regidor, Enrique Cascallana. Las otras
tres han quedado archivadas. A su salida mantuvo su intención de
guardar silencio, pero al final hizo una breve declaración: "Creo
que lo hice bien" se limitó a decir al referirse al planeamiento de
las parcelas PP-7 y PP-12 en la zona sur del municipio.
Las
declaraciones de los otros concejales fueron mucho más breves. En
algunos casos no duró ni cinco minutos. Fue lo que sucedió con el ex
primer teniente de alcalde Francisco José Torres, que eludió toda
responsabilidad penal. "Lo que he contado es que todas las
competencias de urbanismo recaían en el concejal del área [Fernando
Díaz Robles] y en el propio alcalde", destacó a su salida de los
juzgados de Alcorcón. Otras ediles como Yolanda Pérez Tenorio
declinaron hablar a la prensa. "Me he limitado a decir la verdad"
fue lo único que dijo, acompañada por su abogada. Para la jornada de
ayer también estaban citadas las ex concejales Belén Sánchez Nuevo y
Susana Lorenzo. La última no acudió porque se encontraba de parto.
El lunes está
previsto que declaren los otros siete integrantes del equipo de
gobierno en el mandato entre 1999 y 2003. Entre ellos está el ex
responsable de Urbanismo.
Los 14 ex
concejales del PP se enfrentan a un delito de prevaricación (dictar
una orden arbitraria o injusta a sabiendas), recogido en el artículo
404 del Código Penal que acarrea penas de inhabilitación entre siete
y 10 años.
La fiscalía les
acusa de haber autorizado el aumento de la edificabilidad en dos
parcelas que forman el barrio de Fuente Cisneros, permitiendo hasta
el doble de construcción que recoge el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU, el documento que rige el urbanismo de una localidad).
A ello se une el no haber hecho una reserva de unos 19.000 metros
cuadrados para destinarlo a centros sociales o colegios públicos.
Las diligencia previas abiertas en el Juzgado número 4 de Alcorcón
también recogen que no se guardó el porcentaje del 50% de vivienda
pública a que obliga la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Se
intentó compensar con otras tres parcelas del barrio del Ensanche
Sur.
(www.elpais.com,
11/12/10)
10)
GRANADOS SUSURRA A GALLARDÓN: "NOSOTROS SIEMPRE A LA DERECHA"
El Partido
Popular de Madrid se ha volcado este martes para ayudar a conquistar
Alcorcón -localidad gobernada por el PSOE desde la transición- a
David Pérez, el delfín de Esperanza Aguirre en la Asamblea de
Madrid. Pérez, que se ha hecho conocido gracias su tono exaltado
-como cuando comparó a Zapatero con Mao Tse Tung o acusó al Gobierno
de "perseguir" a quienes comen chucherías-, consiguió reunir en un
pabellón deportivo de un elitista colegio situado a las afueras de
Alcorcón a Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre, Francisco Granados,
Ignacio González, Alberto Ruíz Gallardón y Manuel Cobo.
La excusa para
celebrar el evento era la celebración de la cena de Navidad del
Partido Popular de Madrid. El PP tenía milimetrado el acto para
ofrecer a los medios de comunicación una imagen muy alejada de
aquella época en la que Gallardón y Manuel Cobo se enfrentaban a
diario con Esperanza Aguirre y su equipo más íntimo de
colaboradores.
Armonía en
Navidad
De hecho, todos
ellos esperaron en paz y armonía a Mariano Rajoy en la puerta del
pabellón polideportivo. Antes de la llegada del líder del Partido
Popular -quien, como viene siendo habitual, se negó a contestar las
preguntas que le formularon los periodistas-, todos ellos posaron
junto a un árbol de Navidad. Fue entonces cuando el alcalde de
Madrid comentó que el árbol estaba muy situado a la derecha.
Francisco Granados rapidamente susurró entre risas a Gallardón:
"Alberto, ya sabes, nosotros siempre a la derecha".
Cobo no posa
La escena era
contemplada desde la distancia por Manuel Cobo. Y es que la mano
derecha de Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid no posó junto al
resto de sus compañeros frente al panel en el que el Partido Popular
deseaba una feliz Navidad a los habitantes de Madrid.
Cobo, el más serio
De hecho, en los momentos previos a la cena-mitin, Cobo fue el
dirigente del PP que más serio se mostró ante el resto de sus
compañeros. El vicealcalde de Madrid apenas dirigió palabra alguna
con Granados o González. A Aguirre se limitó a saludarla con un seco
“¿qué tal Esperanza?”.
Los
periodistas, detrás de una vitrina
Después, todos
ellos entraron en el lujoso Pabellón deportivo -que a diferencia del
resto de los colegios públicos de Alcorcón, cuenta con peluquería,
piscina cubierta, sauna o pista de squash-. Los periodistas fueron
situados detrás de una vitrina donde era imposible formular pregunta
alguna a Rajoy, Gallardón o Aguirre. La única periodista que pudo
establecer cierto contacto con los militantes del Partido Popular
fue la corresponsal de Telemadrid. Y es que a diferencia de sus
compañeros de profesión, la periodista de TeleEspe pudo filmar a los
líderes del PP desde la grada del pabellón.
Los controladores
En sus
intervenciones, Rajoy y Aguirre se centraron en el conflicto que los
controladores mantienen con el Gobierno de España. La más dura fue
la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien se opuso a prorrogar
el Estado de alarma aún a riesgo de que miles de ciudadanos, tal y
como ocurrió en el pasado puente de diciembre, se queden atrapados
estas navidades en los aeropuertos españoles.
Ley de huelga
"No es normal
que para arreglar un conflicto laboral tengamos que estar en estado
de alarma como no es normal que ahora se prorrogue", dijo Aguirre
antes de que criticar que Zapatero y Rubalcaba no hayan aprobado en
esta legislatura una ley de huelga que impida que los españoles "no
dependamos de la voluntad de unos pocos”.
Rajoy critica
al Gobierno
Por su parte,
Mariano Rajoy se centró en criticar la "incompetencia manifiesta" de
un Gobierno que ha sido "absolutamente incapaz" de resolver el
conflicto con los controladores aéreos.
Los paganos
En su
intervención -mucho menos aplaudida que la de Esperanza Aguirre-, el
presidente del PP también recalcó que los ciudadanos "honrados, que
trabajan y que viajan por trabajo o porque quieren ir a su casa o
irse de vacaciones, son los paganos de los controladores y de la
incompetencia de un Gobierno que, como siempre, no está a la altura
de las circunstancias".
Lo fácil
"¡Qué fácil es
salir por la televisión agrediendo a la oposición y qué difícil es
gobernar!", indicó Rajoy, antes de apuntar "a los gobernantes se los
ve en momentos de dificultad" porque "para lo fácil vale
cualquiera", informa la Agencia Efe.
(www.elplural.com,
15/12/10)
