ÍNDICE
1)
COMIENZA EL "INFIERNO" PARA EL PP: EL JUEZ DEL CASO GÜRTEL LEVANTA
EL SECRETO DEL SUMARIO
2)
AGUIRRE QUIERE RESERVARSE LA OPCIÓN DE VETO EN CAJA MADRID
3)
COMUNIDAD DE MADRID. MADRID REDUCE EL GASTO MEDIO POR ALUMNO EN
CENTROS PÚBLICOS
4) SUBE
EL GASTO SANITARIO DE GESTIÓN PRIVADA
5)
DUDAS LEGALES ANTE LA VENTA DE SUELO CEDIDO QUE QUIERE AGUIRRE
6) LA
'AUTOVENTA' DE MERCAMADRID ABRE OTRO FRENTE ENTRE EL ESTADO Y
GALLARDÓN
7) EL
JUEZ CITA A 14 EX EDILES DEL PP DE ALCORCÓN
8)
ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA AL PP DE COSLADA POR UN PABELLÓN
9) EL PP
NO QUIERE UNA CALLE PARA MARCELINO EN MAJADAHONDA
10)
DECLARACIÓN DEL ALCALDE DE LAS ROZAS AL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL'
1)
COMIENZA EL "INFIERNO" PARA EL PP: EL JUEZ DEL CASO GÜRTEL LEVANTA
EL SECRETO DEL SUMARIO
El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha
decretado este lunes el levantamiento del secreto de la parte del
sumario que aún no era pública y al que podrán acceder todas las
partes personadas en la causa.
En un auto, Pedreira comunica el levantamiento del
secreto de las piezas separadas de la causa que hasta ahora no eran
públicas y que afectan, entre otros asuntos, a las escuchas
telefónicas, las comisiones rogatorias cursadas a varios países y
las actuaciones practicadas desde el pasado mes de abril. No
obstante, no será hasta el próximo día 5 de diciembre cuando las
partes tendrán acceso a la documentación por el procedimiento
actualmente establecido.
El magistrado explica en la resolución que,
"aunque todavía resta una importante labor investigadora", ya se han
practicado la mayoría de las diligencias de investigación
pendientes, por lo que ha decidido no dictar una nueva prórroga del
secreto del sumario. La decisión de Pedreira no ha pillado por
sorpresa al Partido Popular. En Génova 13 eran conscientes de que el
juez levantaría el secreto del sumario este mes de noviembre. Así,
los populares asumen que no tendrán tranquilidad, al menos, de aquí
a las elecciones autonómicas del próximo 22 de mayo por culpa de la
trama corrupta ligada a su partido.
De hecho, el PP prevé que atravesará un "infierno"
durante ese tiempo, y en especial en Valencia. Fuentes de la
dirección confesaron recientemente a Libertad Digital que la trama
de financiación ilegal que salpica a Francisco Camps será utilizada
para atacar al presidente valenciano y a su formación política. No
obstante, el periódico digital vicepresidido por Federico Jiménez
Losantos señaló que el respaldo de Mariano Rajoy al líder regional
es inamovible salvo un "importante" varapalo judicial.
Y es que no sólo se espera un infierno. El PP
prevé un auténtico “calvario” en la Comunidad Valenciana de aquí a
la cita con las urnas en mayo. A los populares también les preocupa
los nuevos detalles que verán la luz sobre el Partido Popular de
Madrid y su implicación en el caso Gürtel.
(www.elplural.com,
29/11/10)
2)
AGUIRRE QUIERE RESERVARSE LA OPCIÓN DE VETO EN CAJA MADRID
Tan solo un año después de modificar la Ley de
Cajas regional, la Comunidad de Madrid está ultimando la reforma a
la que obliga el Estado para reordenar el sistema financiero
español. El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno regional,
Antonio Beteta, dispone hasta el próximo 13 de enero para hacer la
modificación en la norma que afecta directamente a Caja Madrid.
Entre las novedades, Beteta estudia incluir un apartado para
reservarse el derecho de veto en las operaciones corporativas
importantes que afecten a Caja Madrid. De esta forma, la Comunidad,
gobernada por Esperanza Aguirre, tendría la última palabra en la
enajenación de participaciones, ampliaciones de capital u otras
actividades que afectaran a la entidad, según explican fuentes
conocedoras del borrador que prepara Hacienda.
El consejero de Hacienda se está reuniendo en las
últimas semanas con dirigentes de las entidades representativas
(partidos políticos, sindicatos, empresarios, otros agentes
sociales, empleados y depositarios) para trasladarles el contenido
de la nueva Ley de Cajas con la intención de lograr un acuerdo. Para
cumplir los plazos el Ejecutivo autonómico tiene que aprobar la
nueva ley antes del próximo jueves para que tenga tiempo de salvar
la tramitación parlamentaria en la Asamblea de Madrid.
La reforma del sistema financiero español que
impulsa el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández
Ordóñez, pretende reforzar la estructura financiera de las cajas de
ahorro para lo cual sugiere que estas entidades ajusten sus gastos.
La idea es que se transformen con ayuda del FROB (Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, recursos públicos para ayudar a
las fusiones y adaptación al nuevo sistema). Para ello tendrán que
adaptarse y separar en mayor medida la Obra Social de su actividad
financiera, con la forma de un banco y reduciendo las injerencias
políticas.
Por eso la normativa de la Comunidad de Madrid
debe ajustarse al Real Decreto Ley 11/2010, de órganos de gobierno y
otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros. Esta
ley estatal prevé la salida de forma obligatoria y en un plazo de
tres años de los cargos políticos de las asambleas y los Consejos de
las cajas de ahorro. Estos serán sustituidos por representantes
designados por el Parlamento autonómico y los plenos municipales,
pero la representación pública no podrá superar el 40% del derecho
de voto.
Fuentes conocedoras del borrador del texto
explican que la Comunidad de Madrid podría saltarse la limitación
del 40% restando el carácter de público a entidades representativas
como el Consejo Económico y Social, las universidades o la Cámara de
Comercio. De esta forma podría acumular de forma indirecta más del
40% de los derechos de voto.
El resumen del borrador que maneja la Comunidad de
Madrid, que puede ser modificado a última hora por el Gobierno
regional, recuerda que la reforma de la Ley de Cajas "persigue, en
aras de la estabilidad, que no haya que abrir nuevos procesos
electorales en Caja Madrid que se cerró hace unos meses tras un
largo proceso electoral". El texto explica que la entidad madrileña
se encuentra en una fase de integración en un SIP (Sistema
Institucional de Protección, uno de los mecanismos de fusión ideados
por las cajas) y que los cambios no deben provocar cambios
sustanciales en sus órganos de gobierno". Caja Madrid está inmersa
en un proceso de estas características con Bancaja, y las cajas de
Ávila, Segovia, La Rioja, Laietana e Insular, que crearía la primera
institución de este tipo de España.
(www.elpais.com,
02/12/10)
3)
COMUNIDAD DE MADRID. MADRID REDUCE EL GASTO MEDIO POR ALUMNO EN
CENTROS PÚBLICOS
Los presupuestos más austeros de la Comunidad de
Madrid mantienen la tendencia de incrementar los recursos para la
escuela concertada mientras disminuye el dinero para la educación
pública. El Gobierno regional, presidido por Esperanza Aguirre,
prevé gastar en Educación 4.548 millones de euros en 2011, un 4,8%
menos que el año anterior.
A pesar de este descenso, el Ejecutivo autónomo
aumenta el dinero destinado a los conciertos educativos un 0,7%. En
total, prevé pagar 855 millones de euros para centros no
universitarios de Educación Infantil, Primaria, Especial, Formación
Profesional, Bachillerato y Educación Secundaria Obligatoria. Eso
sí, los conciertos que más suben son los de Educación Infantil de 0
a 3 años (crece un 2,4%) y los de Educación Especial (3% más). Entre
los objetivos de la Consejería de Educación recogidos en los
presupuestos regionales figura aumentar las unidades escolares (las
clases) en los centros de titularidad privada, aquellos que tienen
conciertos educativos con la Comunidad de Madrid. Esto supone que el
próximo curso la escuela concertada atenderá 16.800 alumnos más,
según reconocen en la Consejería de Educación.
El diputado socialista Adolfo Piñedo asegura que
las cuentas regionales de Aguirre "atacan directamente a la calidad
de la educación pública y afectan especialmente a la equidad del
sistema". Un portavoz de la Consejería de Educación reconoce el
aumento en la escuela concertada, aunque apunta que es poco
"significativo". "Son cinco millones en un presupuesto de 854
millones, es casi una congelación", precisa.
Por su parte, Piñedo explica que "si baja el gasto
educativo en los centros públicos y sube el número de alumnos (unos
15.000) supone un descenso en el gasto educativo por alumno. Madrid
se sitúa a la cola de España en gasto por estudiantes de centros
públicos.El portavoz de la Consejería de Educación quitó importancia
al descenso del 7% en los recursos destinados a la enseñanza pública
al advertir que "el gasto educativo por alumno baja en todas las
comunidades autónomas. En Andalucía, gobernada por el PSOE, cae un
16%", justifica. Y añade: "El gasto de la pública sigue estando por
encima del gasto por alumno de la concertada. El presupuesto de la
educación pública no universitaria en 2011 es de 3.400 millones,
frente a 854 millones de la concertada". El diputado socialista
titular en asuntos de Hacienda argumenta que "en los concertados el
gasto por alumno es más bajo porque la mitad lo pagan los padres".
Piñedo asegura, además, que "en cuatro años de legislatura del PP la
Educación está peor.
La consejera de Educación, Lucía Figar, aseguró la
semana pasada que "el modelo educativo de la Comunidad de Madrid
consiste en la libertad de elección". Además, la presidenta
regional, Esperanza Aguirre, defiende con frecuencia su decidido
apoyo a la escuela concertada con el pretexto de que debe haber
opciones para que los padres puedan elegir libremente a qué colegio
quieren llevar a sus hijos.
Desde Comisiones Obreras cargan contra las cuentas
regionales. Consideran que los presupuestos son "los segundos
regresivos en educación de la Comunidad de Madrid", apunta Paco
García, responsable de Educación en el sindicato, que pide a la
Comunidad de Madrid que "retire los presupuestos y busque un pacto
social y político por la educación, que incluya una nueva
financiación". Una revisión de los presupuestos por programas de
ejecución, una de las clasificaciones de las cuentas regionales,
revela que una de las partidas que sufre mayor recorte es la de
formación del profesorado. Cae un 66% respecto a la del presente
ejercicio.
Otro de los descensos más significativos es el de
los sueldos de los profesores que se reducen un 12%. Esta
disminución se explica en parte por la rebaja del 5% en el sueldo de
los funcionarios, pero también porque está previsto que el próximo
año habrá 411 profesores menos. Además, las cuentas regionales
tampoco incluyen la convocatoria de nuevas oposiciones. También
sufre un severo recorte el capítulo de inversiones. Disminuyen un
10%. "Son menos fondos para obras en los colegios, consecuencia de
las necesidades de ahorrar y de la buena gestión que se ha hecho en
los últimos siete años, que hemos invertido 1.200 millones en
colegios públicos. En total, se han construido 374 centros públicos
y se están eliminando todos los barracones", explica el portavoz
regional.
(www.elpais.com, 01/12/10)
4) SUBE
EL GASTO SANITARIO DE GESTIÓN PRIVADA
Los presupuestos "más complicados de la historia",
en palabras de Esperanza Aguirre, son también los de mayor recorte.
Caen un 9%. Menos en Sanidad, que en 2011 será el área con más
recursos. Pese a ello, sus 7.125 millones son solo un 0,66% más que
en 2010.
Es decir, que prácticamente se quedan congelados.
Incluso hay hospitales que pierden dinero, como el Ramón y Cajal (un
2%), el Severo Ochoa de Leganés (un 3%) o la Cruz Roja (un 4%). Pero
hay un gasto que no solo no se congela, sino que sube. La asistencia
sanitaria externalizada se incrementa un 5,7%.
Los convenios y conciertos con entidades privadas,
además de los cánones que paga por los nuevos hospitales de gestión
mixta, le costarán a la Comunidad de Madrid 676 millones de euros,
mientras que en 2010 pagó 640 millones por el mismo concepto.Parte
de ese aumento se debe a la apertura de un nuevo hospital en
Torrejón de Ardoz, adjudicado a una UTE liderada por Ribera Salud.
En su primer año de funcionamiento, la Comunidad pagará por él 26,84
millones.
El otro hospital con el mismo modelo, el de
Valdemoro, costará el año que viene 42,63 millones de euros. El
centro, gestionado por la empresa Capio, aumenta así en un 14% el
dinero que recibe de la Administración. Según los presupuestos de
2010, este año la Consejería de Sanidad le ha transferido 37,4
millones. Un portavoz de Sanidad aseguró que el aumento se debe al
incremento de la población que atiende y a la actualización de la
cápita al IPC de 31 de diciembre de 2010. La partida dedicada a la
Fundación Jiménez Díaz (también gestionada por Capio), en cambio,
queda congelada en 211 millones de euros.
Los convenios y conciertos de atención
especializada se completan con una partida destinada a entidades
privadas (clínicas a las que se derivan pacientes) que baja un 8%
hasta los 66,5 millones de euros. El laboratorio clínico central, en
cambio, va a costar cuatro millones más que este año. Sanidad sacó a
concurso en 2008 la gestión de las pruebas de laboratorio de más de
un millón de madrileños, los que tenían los nuevos hospitales
(excepto Majadahonda y Valdemoro) de referencia. Ganó una UTE
liderada por Ribera Salud. En el proceso se cerraron tres
laboratorios públicos. El laboratorio de gestión privada pasa de
recibir 15 millones a 19,24, es decir, un incremento del 28%.
La factura de la asistencia sanitaria con medios
privados engorda también con el gasto en cánones que la Comunidad de
Madrid paga a las UTE que construyeron los hospitales mediante
concesión administrativa. Se trata de los siete nuevos centros que
Aguirre puso en marcha casi a la vez en 2008, en los que las
empresas se encargaron de construir los edificios, de mantenerlos y
de gestionar la actividad no sanitaria (cocina, administración,
limpieza, celadores...).
Sanidad paga un arrendamiento anual por utilizar
durante 30 años esos edificios (luego revierten a la
Administración), es decir, es como si Sanidad fuera la inquilina de
sus propios hospitales. Esos cánones suponen 138 millones en 2011,
de acuerdo con los presupuestos, casi un 1% menos que el año
pasado.
Un último bloque de asistencia sanitaria
externalizada son los convenios y conciertos de drogodependencias,
salud mental, hemodiálisis, transporte y tratamientos y terapias
(resonancia magnética, rehabilitación), que según el tomo III
(Ingresos y gastos) de los presupuestos, suponen un gasto de 169
millones de euros para 2011, el 3% más. Solo en servicios
concertados de ambulancias la Comunidad gastará 52 millones de
euros, uno más que este año.
Otro gasto que aumenta el año que viene es el que
se deriva del convenio que previsiblemente firmarán antes de que
acabe el año la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Defensa para
que el hospital militar Gómez Ulla atienda a 110.000 personas de
Carabanchel y Latina.
Por esa asistencia sanitaria pagará la Comunidad
23,5 millones, cuando este año han sido 18,8. Este gasto no se
incluye en el cómputo de asistencia sanitaria con medios privados,
ya que se trata de un convenio con otra Administración y la gestión
del servicio es pública, explicó Adolfo Piñedo, portavoz de
Hacienda del grupo parlamentario socialista. "Los convenios con
privados representan el 9% del presupuesto sanitario", añadió.
"Siendo este uno de los pocos gastos que crecen -y lo hace año tras
año- resulta evidente que el Gobierno de Aguirre prefiere esta
fórmula y está dispuesto a extenderla todo lo que pueda".
(www.elpais.com,
02/12/10)
5)
DUDAS LEGALES ANTE LA VENTA DE SUELO CEDIDO QUE QUIERE AGUIRRE
La última propuesta urbanística de Aguirre llega
con polémica. La Comunidad de Madrid ha incluido en la Ley de
Acompañamiento de los Presupuestos una modificación que le permitirá
negociar con los terrenos que le entregan gratis Ayuntamientos y
promotores privados. El PP de la Asamblea aprobará previsiblemente
en el último pleno del año unos cambios en la Ley de Suelo que le
dejan hacer negocio con los terrenos de las redes supramunicipales.
El cambio choca con el criterio de los
Ayuntamientos. Varios alcaldes de los grandes municipios consideran
"impresentable" y "un robo" que la Comunidad busque negocio con sus
cesiones. Expertos consultados creen que la nueva medida roza la
ilegalidad y la oposición (PSOE e IU) amenaza con llegar hasta el
Tribunal Constitucional para frenar la modificación. La Comunidad,
por su parte, defiende que los cambios introducidos en seis
artículos de la Ley de Suelo agilizarán trámites y reactivarán el
mercado inmobiliario.
Los cambios están incluidos en el Anteproyecto de
Ley de Acompañamiento (popularmente conocida como ley escoba) y
afectan a las cesiones del 20% de terrenos que Ayuntamientos y
promotores particulares están obligados a entregar a la Comunidad de
Madrid cuando hacen desarrollos urbanísticos. El Ejecutivo de
Aguirre asegura que no se cambiará el uso social de los terrenos con
esta modificación, aunque el giro en la normativa se lo permite.
"Es impresentable, Aguirre ha vuelto a hacerlo sin
consultar a los municipios", señala el alcalde de Fuenlabrada,
Manuel Robles. Este periódico solicitó una valoración de los cambios
a los siete municipios madrileños con más de 100.000 habitantes
(Madrid, Móstoles, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Torrejón de Ardoz y
Parla). Fuenlabrada es uno de los tres municipios (con Leganés y
Getafe, todos socialistas) que sí ha querido opinar. El resto guarda
silencio a la espera de que se pronuncie la Federación Madrileña
Madrileña de Municipios (FMM), el organismo que aglutina a los
Ayuntamientos de la región y que preside el alcalde de Alcalá de
Henares, Bartolomé González (PP).
"Esta modificación va contra los derechos de los
ciudadanos, los terrenos cedidos deben ser para equipamientos y
viviendas sociales que ahora se pueden perder", critica el alcalde
de Getafe, Pedro Castro.
Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente
asegura que solo se venderá suelo "en casos muy concretos". Y pone
un ejemplo: se hará cuando la cesión que corresponda a la Comunidad
de Madrid conlleve un espacio tan reducido o aislado que no quepan
viviendas sociales o parques. En esos casos se venderá para buscar
suelo óptimo en otra parte. Una posibilidad que, según el PSOE, ya
existe. "No necesitan modificar la normativa actual para cambiar los
terrenos inadecuados por dinero, ya se puede hacer en casos
excepcionales con la aprobación del Consejo de Gobierno", sostiene
el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo.
Gordillo calcula que la Comunidad de Madrid
dispone de más de 12 millones de metros cuadrados de suelo cedido
(de los que un tercio correspondería a terrenos para viviendas
sociales) con los que comerciar. Su grupo presentará esta semana en
la Asamblea de Madrid una enmienda de supresión del artículo de la
Ley de Acompañamiento que modifica la Ley de Suelo (artículo 12). Y
estudian presentar un recurso de inconstitucionalidad con el
respaldo de al menos 50 senadores como establece la normativa. Un
portavoz de Izquierda Unida añade que convertir el suelo cedido en
una fuente de ingresos facilita la especulación y puede contravenir
la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.
Los representantes municipales, sindicatos y
expertos consultados manifiestan todo tipo de dudas legales sobre la
maniobra del Gobierno regional. "Esta modificación es la mayor
estupidez que he visto en mi vida. En cuanto entre en vigor, las
cesiones que hemos hecho tendrán que revertir [volver] a sus
propietarios originales y así lo pediremos", asegura el gerente de
Urbanismo del Ayuntamiento de Leganés, Enrique Olmedillas, que
compara lo ocurrido con lo que pasó con la Operación Chamartín. En
aquella ocasión, un cambio en el uso de los terrenos que rodean la
estación de tren al norte de la capital ha supuesto más de 15 años
de disputas. Los terrenos del entorno de la estación ferroviaria
fueron expropiados a sus propietarios para uso público y después se
cambiaron a suelos urbanizables para la construcción de pisos. El
cambio llevó a más de 1.000 familias, los llamados reversionistas,
hasta la Audiencia Nacional para pedir que se les pagara por las
plusvalías que generó el cambio de uso.
(www.elpais.com,
30/11/10)
6) LA
'AUTOVENTA' DE MERCAMADRID ABRE OTRO FRENTE ENTRE EL ESTADO Y
GALLARDÓN
Nadie dijo que fuera a ser fácil, pero la
intención del alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, de
vender el 51% de su participación en Mercamadrid a la empresa
municipal Madrid Espacios y Congresos (MEyC) no ha tardado en
convertirse en fuente de conflicto entre los dos grandes socios del
principal mercado de abastos de España. Mercasa, la sociedad pública
estatal, que cuenta con una participación del 49%, se dispuso a
facilitar la operación que inyectará 190 millones de euros en las
arcas municipales, pero condicionó su autorización a obtener un
mayor poder en la toma de decisiones en la empresa. El Ayuntamiento
no tiene intención de concedérselo, según avanzan fuentes
municipales, y confía en que la transacción se haga por las buenas o
por las malas. Ya se ha dado el primer paso.
durante el primer Consejo de Administración de
MEyC después de que el alcalde confirmase su decisión (que adelantó
Cinco Días) de desprenderse de Mercamadrid para pagar a sus
proveedores, se decidió adquirir los derechos de usufructo del 51%
de las acciones de Mercamadrid.
El acuerdo, que deberá ratificarse en el Pleno
municipal, no solo acelera los trámites para que la operación pueda
cerrarse antes de fin de año, sino que se adelanta a la posible
negativa de Mercasa a autorizar que MEyC compre las acciones del
Ayuntamiento.
En el caso de que la empresa estatal cumpla su
amenaza de obstaculizar con su voto la transacción si no se
restablece el régimen de mayorías cualificadas para la aprobación de
cuentas, distribución de beneficios y nombramiento de altos cargos,
el Ayuntamiento seguirá adelante. Mantendrá la titularidad de las
acciones y cederá sus derechos a MEyC, una maniobra para la que no
necesita autorización.Cuando el pleno municipal, donde Gallardón
tiene mayoría, apruebe el traspaso de titularidad de las acciones de
Mercamadrid a Madrid Espacios y Congresos (MEyC), esta, muy
interesada en la adquisición, pagará al Ayuntamiento antes de fin de
año 150 millones de euros. Ya en 2011, cuando se complete la
operación, abonará la diferencia de 40 millones. La inmediata
inyección de efectivo es clave para permitir al alcalde reducir el
retraso de pago a proveedores de 10 a siete meses de media, según
declaró el concejal de Hacienda, Juan Bravo, el jueves pasado.
Para que la cesión en usufructo sea posible, el
Consejo de Administración de MEyC también tuvo que aprobar la
modificación de su objeto social para incluir en la actividad de la
sociedad la "administración, gestión, usufructo y enajenación sobre
participaciones de entidades mercantiles". Un cambio que no excluye
la entrada de capital privado en la empresa pública.
Mercasa sostiene que para "garantizar el carácter
público de Mercamadrid" es necesario que las "decisiones clave"
-aprobación de cuentas, nombramientos del presidente y el director
general y distribución de beneficios- sean fruto del consenso y no
de una mayoría simple, exigible hasta ahora, explican fuentes de la
empresa.
Las condiciones de la empresa estatal se
interpretan de manera muy distinta en el palacio de Cibeles. Fuentes
participantes en la transacción deslizan que "Mercasa se está
aprovechando de la situación, donde está mezclando los intereses
empresariales con la política".
(www.elpais.com,
30/11/10)
7) EL
JUEZ CITA A 14 EX EDILES DEL PP DE ALCORCÓN
El Juzgado de Instrucción número 4 de Alcorcón ha
citado a los 14 ediles que formaban parte del Gobierno local de
Alcorcón en 2003 para investigar su vinculación en un presunto
delito de prevaricación urbanística relativo al desarrollo del
barrio de Fuente Cisneros. Entre los citados para los días 10 y 13
de diciembre figura el ex alcalde Pablo Zúñiga, el actual presidente
del PP, Fernando Díaz, la secretaria general de la agrupación
municipal, Laura Pontes, y la secretaria de comunicación, Susana
Lorenzo.
Dichas comparecencias judiciales responden a la
denuncia interpuesta por la Fiscalía, a instancias del Gobierno
municipal de Alcorcón (PSOE e IU), que el año pasado remitió unos
informes al fiscal denunciando “irregularidades” en el desarrollo
del enclave de Fuente Cisneros.
Los hechos que ahora investiga el juez son
relativos a los planeamientos de unas parcelas en las que, según los
socialistas, se incrementó el número de viviendas permitidas por el
Plan General, “se eliminaron viviendas públicas por debajo de lo que
exigía la Comunidad de Madrid y se eliminó la obligación de los
promotores de ceder suelo para equipamientos públicos” .
(www.elmundo.es,
03/12/10)
8)
ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA AL PP DE COSLADA POR UN PABELLÓN
La Fiscalía Anticorrupción
investiga la adjudicación del pabellón de deportes El Plantío de
Coslada en 2006 por la anterior corporación municipal, encabezada
entonces por el ex alcalde del PP Raúl López. La concesión
investigada contó con un presupuesto inicial de 27,8 millones, que
se elevó posteriormente hasta los 33 millones. La oferta ganadora
era la quinta según la cuantía, más de cinco millones de euros por
debajo de la mejor clasificada.
El concurso para la construcción del pabellón de
Coslada que investiga la Fiscalía Anticorrupción se resolvió gracias
a que la sociedad ganadora prometió acabar la obra en 64 semanas, un
periodo muy por debajo del previsto por el resto de empresas. Al
final la obra se demoró más de año y medio respecto a lo previsto,
pese a que la sociedad que se adjudicó este contrato se había
comprometido a finalizar los trabajos 30 semanas antes que lo
previsto por otras empresas. El criterio temporal hizo posible que
la unión temporal de empresas encabezada por Constructora Hispánica
se hiciera con esta jugosa adjudicación. El propietario de Hispánica
era entonces el empresario Alfonso García Pozuelo, imputado en el
Gürtel como presunto autor de sobornos millonarios a numerosos
políticos del PP. Recientemente García Pozuelo ha ingresado 20
millones de euros en la Agencia Tributaria, al mismo tiempo que ha
decidido colaborar con la investigación del caso Gürtel.
Para esclarecer la adjudicación del pabellón, el
Ministerio Público ha enviado varios requerimientos al Consistorio
solicitando información sobre este polémico expediente que se
adjudicó por la vía de urgencia. El PP, con el apoyo del Partido
Independiente de Coslada (PIC), otorgó esta jugosa obra a la quinta
mejor oferta de las seis presentadas, y por un precio inferior (27,8
millones) al previsto en la licitación, que era de casi 37
millones.
El primer requerimiento de Anticorrupción se envió
en noviembre de 2009, y en él la fiscalía solicita numerosa
documentación del expediente del pabellón de El Plantío. En este
sentido, tanto el ex alcalde del PP, Raúl López, como el concejal de
los independientes, José Huélamo, negaron haber sido citados a
declarar por este caso.
Entre la documentación que obra en poder de la
fiscalía se encuentra el acta de la reunión de la mesa de
contratación celebrada para adjudicar el pabellón, la principal obra
de Coslada en la anterior legislatura. Este documento demuestra que
en la reunión celebrada el 27 de noviembre de 2006 el presidente de
la mesa de contratación del Consistorio en su condición de concejal
de Hacienda, el independiente José Huélamo, defendió la decisión del
Consistorio pese a que era la quinta mejor oferta económica: "Está
claro que no es una subasta y no tiene que otorgarse a la más
económica". Sin embargo, Huélamo destacó en su intervención en la
mesa de contratación que el Ayuntamiento había previsto que la obra
se finalizara en 24 meses, mientras que la empresa ganadora se
comprometía a hacer el pabellón en 16 meses. Este punto del
expediente le otorgó a Hispánica 10 puntos más, algo que fue
determinante en el concurso. Según el concejal, fue una estrategia
de la empresa para obtener la mayor puntuación en este apartado.
"Saben que en la práctica luego no pasa nada porque tarden más en
ejecutarlas. Por eso debemos limitar el plazo mínimo para que las
ofertas fuesen coherentes con lo establecido en el proyecto y los
pliegos".
El arquitecto municipal aseguró que la reducción
en plazo de la ejecución que presentan las empresas "está
justificada" en las propuestas técnicas, y que en esta obra la
puntuación que se otorgaba al plazo de ejecución era "muy poca" en
relación con otras obras municipales. No obstante, el edil Huélamo
se lamentó de que los pliegos que regían la adjudicación favorecían
a las grandes empresas: "Que no dicen la verdad en cuanto a los
plazos de ejecución, medios materiales y medios técnicos. Aunque te
los justifican, porque saben que luego no se suele comprobar ni
exigir responsabilidades". Para evitar esta situación, Huélamo abogó
por poner unos techos máximos más realistas en cada una de las
puntuaciones establecidas en los pliegos de condiciones, como por
ejemplo en los plazos.
La declaración del concejal independiente provocó
que el interventor municipal explicara la necesidad de "vigilar" las
obras y comprobar que realmente los técnicos adscritos sean los que
se incluyen en la oferta. Pero el concejal del partido independiente
volvió a pedir la palabra asegurando que la diferencia entre la
mejor y la peor oferta económica era de alrededor de tres millones
de euros: "Con ese dinero se podían haber realizado multitud de
mejoras".
(www.elpais.com,
03/12/10)
9) EL PP
NO QUIERE UNA CALLE PARA MARCELINO EN MAJADAHONDA
"Marcelino Camacho es un personaje histórico,
representativo y admirado, con una trayectoria personal reconocida
por todo el mundo". Para Dolores Dolz, portavoz de IU en el
Ayuntamiento de Majadahonda, estas parecen ser razones suficientes
para que el sindicalista, que falleció en el pueblo madrileño el
pasado 29 de octubre, dé nombre a una calle o plaza del municipio.
Con este objetivo, IU presentó en el pleno del 24 de noviembre una
moción que también fue apoyada por el PSOE. El PP, que cuenta con 16
representantes en el consistorio, rechazó la propuesta. "Hubo un
debate digamos que apasionado y luego se votó", afirma Dolz.
El PP local, a pesar de alabar la figura de
Camacho durante la transición, rechazó la iniciativa aduciendo que
el sindicalista "no ha sido una persona vinculada a Majadahonda".
Las dos ediles de Centristas de Majadahonda se abstuvieron.
Sin embargo, Camacho pasó su último año de vida en
un piso que el sindicato CCOO alquiló para él y su mujer en una
urbanización de Majadahonda, al lado de donde reside su hija. El
sindicalista era un habitual en el pueblo. "Desde hace 30 años,
Marcelino y Josefina su esposa venían todas las semanas para estar
con la familia. También acudía para asistir a charlas, para dar
conferencias o visitar los colegios", señala Dolz.
Borja Cabezón, candidato a la alcaldía de
Majadahonda por el PSOE, tampoco entiende las razones que adujeron
los conservadores para rechazar la propuesta. "Al final, ponen los
nombres a su antojo y tienen en cuenta las peticiones que ellos
quieren", señala. Así, el escritor Francisco Umbral, que vivió en la
localidad, tiene una calle y una biblioteca. Y también hay otros
nombres más triviales, como los de las vías Azafrán, Barco o
Huracán.
Estaba previsto que la viuda de Camacho, Josefina
Samper, acudiera al pleno para agradecer el detalle a la
corporación. "Cuando supimos que el PP iba a oponerse, le dijimos
que no viniera para que se evitara el disgusto", lamenta Dolz.
(www.publico.es,
02/12/10)
10)
DECLARACIÓN DEL ALCALDE DE LAS ROZAS AL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL'
El alcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago (PP),
justificó en su declaración como testigo ante el magistrado que
instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que no denunciara al
cerebro de la trama, Francisco Correa, después de que le ofreciera
en febrero de 2003 un soborno de 2,1 millones de euros (350 millones
de pesetas) a cambio de que una empresa fuera la adjudicataria del
servicio de recogida de basuras, porque no tenía pruebas: "Hubiera
sido su palabra contra la mía". EL PAÍS ha tenido acceso a la
declaración íntegra del regidor ante el juez, en la que detalla el
intento de soborno por parte de Correa: "350 millones [de pesetas]
para ti y 50 para mí", fue la oferta.
La declaración del alcalde se produjo el pasado 10
de junio, tras asegurar en una entrevista publicada en ELPAIS.com
que había expulsado "amablemente" a Correa de su despacho después de
que este le ofreciera 350 millones de pesetas.
- Su palabra contra la mía. De Santiago, a la
pregunta de la fiscal sobre si tras expulsar a Correa no consideró
pertinente denunciar el hecho en algún otro foro, el primer edil
roceño dijo: "Pues no, porque en la conversación no me dijo cómo, de
qué manera, cuándo, cuál era la empresa, cómo lo iba a hacer, porque
no le di pie. Si yo lo denuncio hubiera sido su palabra contra la
mía".
- Aviso a otros concejales. Según el relato del
alcalde, ese mismo día llamó al jefe de Contratación y al
coordinador de Medio Ambiente, que eran los que estaban preparando
el pliego de condiciones: "Y les dije que hicieran el mejor pliego
de condiciones. Y de hecho lo hicieron tan bien que en 15 años es lo
único que me ha votado a favor la oposición".
- Contactos en Génova. En la declaración el
alcalde de Las Rozas explica cómo Correa utilizaba sus contactos en
el Partido Popular para urdir sus planes. De Santiago conoció en
1989 al líder de la trama en la sede del PP "en la calle de Génova",
donde el regidor trabajó durante 15 años.
- "Beneficio para los dos". Tras ser elegido como
alcalde De Santiago en 1995, Correa llamó "por primera vez" a su
secretaria y concertó una cita en el despacho del alcalde. Allí,
según el testimonio del regidor de Las Rozas, le pidió segregar un
terreno de su propiedad en la urbanización del Golf. No lo
consiguió. Pero Correa volvió a concertar otra cita. Fue en febrero
de 2003. "En esta ocasión estaba interesado en una concesión. Me
dijo que podría haber presumiblemente un beneficio para los dos".
- Fuera del despacho. El beneficio consistía,
según la declaración de De Santiago, en 400 millones de pesetas
(2.400.000 euros): "350 para mí y 50 para él. No me dijo cómo. Él me
dijo que había una empresa interesada en las basuras, pero no me
dijo el nombre porque yo inmediatamente le callé y le dije
amablemente que abandonara mi despacho, le acompañé hasta la
puerta". En su relato explicó que no fue hasta que saltara a los
medios de comunicación el caso Gürtel cuando se enteró de que la
empresa era Sufi. "Me enteré después, pero en aquel momento no; pero
le vuelvo a decir que no le dejé que me hablara más del asunto". Al
final, de las dos empresas que se presentaron a la adjudicación,
Urbaser y Sufi, resultó ganadora la primera, por lo que Correa
tampoco tuvo éxito en este segundo intento de obtener beneficio en
Las Rozas.
"No conocía Special Events". Sin embargo, tanto en
2002 como en 2003, tal y como reconoció el regidor, el Consistorio
adjudicó dos contratos menores para celebrar las Olimpiadas
Escolares de Las Rozas a una empresa mercantil de la red. "Fueron
adjudicadas a Special Events, que yo no sabía ni de quién era,
porque los concejales tienen autonomía dentro de su presupuesto para
contratar. La concejal de Educación [Gema Matamoros, responsable de
Contratación y mujer de Tomás Martín Morales, imputado por el caso
Gürtel] hizo una propuesta y pasó por todos los cauces del
Ayuntamiento...".
Veinte días después de la declaración de De
Santiago, la concejal Matamoros presentó la dimisión tras conocerse
que, según un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de
Capitales incluido en el sumario del caso Gürtel, la edil popular
había recibido 51.086 euros de Special Events, propiedad de Correa.
Matamoros fue quien adjudicó contratos del
Ayuntamiento de Las Rozas (por valor de 41.306 euros, una cantidad
sin relación directa con el dinero que ella percibió de la trama de
Correa) a la sociedad que le hizo el abono, Special Events, para
organizar los actos de inauguración de las Olimpiadas Escolares de
2002 (24.040 euros) y 2003 (17.266 euros).
La edil troceó los contratos de la empresa de
Correa en importes inferiores a 12.000 euros, con lo que evitaba
sacar esas adjudicaciones a concurso público. Además, Matamoros
aprobó el gasto con carácter de urgencia. Según consta en un acta
municipal, "hubo que ordenarlo sin disponer del tiempo para poder
realizar cualquier tipo de tramitación".
- No a la Oficina de Atención al Ciudadano. Correa
intentó que el Ayuntamiento le instalara una Oficina de Atención al
Ciudadano (OAC) al igual que hicieron otros Consistorios del PP
relacionados con la trama Gürtel: "Pues que a mí me presentó la idea
un concejal, y yo le dije que no necesitamos ninguna oficina de
atención al ciudadano; de hecho, ni la necesitamos, ni la hemos
necesitado, ni la necesitaremos", declaró el alcalde.
(www.elpais.com,
29/11/10)
