ÍNDICE

 

AGUIRRE ELIMINA UNA ENTIDAD INVESTIGADA EN EL 'CASO GÜRTEL' 

EL PP INICIA UNA OFENSIVA PARA DILUIR LAS DUDAS SOBRE SU FINANCIACIÓN

 

UGT Y CCOO ACUSAN A LA PRESIDENTA DE LIQUIDAR A LOS LIBERADOS

 

AGENTES PRESIONADOS PARA MULTAR

 

EL ALCALDE DE ALCOBENDAS, IMPUTADO POR TRES DELITOS

 

 

AGUIRRE ELIMINA UNA ENTIDAD INVESTIGADA EN EL 'CASO GÜRTEL'

 

La austeridad se convirtió  en el argumento oficial de Esperanza Aguirre para suprimir de un plumazo el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), una poderosa entidad pública refractaria al control parlamentario y que, como adelantó Público, pagó en 2007 a la empresa MQM 1,2 millones de euros por una campaña de publicidad fantasma. Ese contrato, adjudicado en octubre de 2006, está ahora siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción en el marco del caso Gürtel, tras la denuncia formulada en abril por la entonces diputada autonómica de IU Reyes Montiel.

 

En su denuncia, la parlamentaria Reyes Montiel acreditó y los documentos constan en el sumario Gürtel cómo el Imade eximió a MQM de cumplir el 80% del contrato. Lo hizo en vísperas de las elecciones autonómicas de 2007, que permitieron a Aguirre afianzar su mayoría absoluta. Pese a la modificación sustancial de ese contrato, supuestamente dirigido a desarrollar una campaña de publicidad denominada Made in Madrid, MQM cobró sin rebajas los 1,2 millones pactados. MQM, siglas de Marketing Quality Management, figura entre los "proveedores" habituales de las empresas que formaban el núcleo duro de la trama Gürtel. Los investigadores creen que la red corrupta se rodeó de un grupo de sociedades amigas que actuaban como pantalla para obtener adjudicaciones sin atraer sospechas.

 

Que la adjudicación a MQM está siendo objeto de pesquisas en el caso Gürtel se confirmó hace 20 días, cuando Anticorrupción envió al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, un escrito en el que confirmaba los indicios de financiación ilegal del PP de Madrid en 2003 y 2004 a través de la fundación Fundescam. En su escrito, Anticorrupción alegaba que esas presuntas conductas criminales ya habían prescrito.

 

El Imade no es el único organismo bajo control total del PP abocado a la desaparición: otras 18 entidades públicas dejarán de serlo o, directamente, desaparecerán. Se disuelve, por ejemplo, Mercado Puerta de Toledo SA, del que fue gerente Guillermo Ortega hasta su imputación en el caso Gürtel. Esa sociedad pertenece al grupo del Imade, al igual que Promomadrid, dedicada a la promoción internacional y que registró pérdidas por 13,1 millones de en 2009.

 

En los últimos cuatro años, Promomadrid ha destinado al capítulo de publicidad y propaganda 19,1 millones de euros, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil y según un informe de la Cámara de Cuentas relativo a 2006. El ejercicio con más gasto fue 2008 (6,2 millones).

 

Ese informe de fiscalización sobre el Imade y las empresas de su grupo ofrece un valioso retrato sobre el funcionamiento de este conglomerado empresarial. En 2006, desvela la Cámara de Cuentas de Madrid, el Imade destinó a publicidad y relaciones públicas 3.185.000 euros, lo que implicó multiplicar por ocho lo gastado el año anterior (395.000 euros). Fue en octubre de 2006 cuando el Instituto de Desarrollo adjudicó a MQM la campaña fantasma, valorada en 1,2 millones y de cuyo concurso fue excluida la agencia Bassat Ogilvy porque ofrecía realizar el trabajo... por 167 euros menos, y no más, que MQM.

 

El mismo día en que MQM obtuvo ese sustancioso contrato, el Imade adjudicó una segunda campaña de publicidad, esta por dos millones de euros. Aquí, la beneficiaria fue Over Marketing y Comunicación SL, que también se coordinaba con las empresas de Francisco Correa. Over ya estaba siendo investigada en Baleares por el juez que instruye el caso Matas.

 

(www.publico.es, 12/11/10)

 

EL PP INICIA UNA OFENSIVA PARA DILUIR LAS DUDAS SOBRE SU FINANCIACIÓN

 

El PP de Madrid, que preside Esperanza Aguirre, está preocupado por una acusación de supuesta financiación irregular a través de una fundación vinculada al partido, Fundescam. Esta entidad del PP está siendo investigada por la fiscalía, aunque algunos de los supuestos delitos ya han prescrito por ser anteriores a 2004.

 

Los populares han adoptado la máxima futbolística que establece que la mejor defensa es un buen ataque. Por eso, el secretario general del PP regional, Francisco Granados, acudió  al Tribunal de Cuentas para denunciar otro posible caso de financiación irregular del PSM. Los populares sostienen que la Fundación para el Estudio de los Problemas de las Ciudades, vinculada a los socialistas, recibió en 2007 y 2008 una cantidad de dinero de Caja Madrid superior al límite establecido en la Ley Orgánica 8/2007 de Financiación de Partidos. La entidad ligada a los socialistas percibió más de 400.000 euros cada año, más de los 150.000 euros fijados en la citada ley.

 

Una de las disposiciones de esta norma estatal fija el tope máximo de las donaciones privadas en 150.000 euros para las fundaciones vinculadas a partidos políticos. "No son donaciones privadas. En Caja Madrid están representados todos los partidos políticos. Además, ni siquiera es una donación. Es un convenio de colaboración entre la entidad y Caja Madrid como el que tienen otras fundaciones del PP", sostiene Rosa Alcalá, responsable de Administración del PSM. Los socialistas interpretan que Caja Madrid no es una entidad privada. En cualquier caso, sería una irregularidad contable y no financiación irregular.

 

Por su parte, el secretario general del PP aseguró  que "la Fundación para el Estudio de los Problemas de las Ciudades ha podido cometer un presunto fraude de ley, intentando ocultar una donación fraudulenta a través de un supuesto convenio de colaboración".

 

Lo cierto es que, en 2007, esta fundación relacionada con el PSM recibió de Caja Madrid 418.754 euros. La fundación obtuvo la misma cantidad al año siguiente, cuando ya entró en vigor la norma sobre financiación de partidos. Por su parte, FAES, la fundación ligada al PP nacional, recibió en 2007 461.790 euros; al año siguiente percibió solo 150.000 euros. "Caja Madrid reparte el dinero entre las fundaciones en función de la representación que tienen los partidos", explican fuentes socialistas. Además, la denuncia presentada por el secretario general del Partido Popular ante el Tribunal de Cuentas afecta a las cuentas de 2007 y 2008, cuando en la contabilidad de 2007 aún no eran de aplicación los límites de la Ley de Financiación de Partidos. Aun así, Granados dijo  tras presentar la denuncia: "Tanto en el año 2007 como en el 2008, el PSM, a través de esa fundación, ha recibido cantidades muy por encima del tope máximo establecido".

 

El PP ha repartido las cantidades en varias fundaciones para poder eludir el requisito legal. Así las entidades ligadas a los populares reciben más dinero que las vinculadas a los socialistas. "No han sido capaces ni de cambiar, aunque hubiera sido para perder, algún euro y poder camuflar, lo que en nuestra opinión es además de una financiación ilegal un fraude de ley", señaló de forma reveladora.

 

Además, de la denuncia presentada  por Francisco Granados, número tres del Gobierno regional, se desprende que Caja Madrid, controlada por el PP, pagó dinero para financiar supuestamente de forma ilegal al PSM.

 

Rosa Alcalá, del PSM, fue la encargada  de desmontar los argumentos jurídicos del PP. La diputada socialista descartó rotundamente que exista financiación ilegal en el PSM. "El ridículo que hoy está haciendo el consejero de Presidencia es una estrategia del PP sin fundamento que únicamente pretende poner bajo sospecha a todos, para que los ciudadanos crean que somos todos iguales. La misma estrategia que siempre utiliza el Partido Popular cuando se ve acorralado por la corrupción", señaló en un comunicado la dirigente del PSM.

 

(www.elpais.com , 09/11/10)

 

UGT Y CCOO ACUSAN A LA PRESIDENTA DE LIQUIDAR A LOS LIBERADOS

 

Desaparición de los sindicalistas dedicados a tiempo completo al derecho de representación en la Comunidad de Madrid. Según UGT y CCOO, esa es la propuesta final del Gobierno regional de Esperanza Aguirre en lo que a los recortes de los liberados sindicales se refiere, plasmada en el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2011.

 

El texto, aprobado este jueves, establece que los liberados sindicales de la comunidad madrileña sean los que marca la normativa vigente en aplicación del Estatuto de la Función Pública y de la Ley de Libertad Sindical.

 

Fernando Sánchez, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, lamentó que, en el caso de que la propuesta del Ejecutivo de Esperanza Aguirre se llevara a cabo "hasta sus últimas consecuencias", significaría "el final de más de dos décadas de negociación colectiva" entre los sindicatos y la administración de la Comunidad de Madrid.

 

La aplicación de la normativa vigente supondría no tener en cuenta los derechos adquiridos durante la negociación colectiva con los gobiernos regionales, también con el de Aguirre. Uno de esos derechos es la posibilidad de ejercer la militancia a tiempo completo. En esta situación se encuentran actualmente un millar de delegados, según las centrales sindicales, y más de 3.000, a juicio de la Administración.

 

El dirigente de CCOO Javier Díaz explicó que lo único que reconoce Aguirre es "un crédito para ejercer el derecho de representación, que oscila entre las 15 y las 40 horas en función del número de trabajadores de la empresa", como establece la ley. Actualmente, los convenios reconocían a los delegados 75 horas.

 

"Si la comunidad tiene X número de funcionarios y personal para prestar los servicios de sanidad, educación, transporte y servicios sociales, no estamos en disposición de que 3.000 no vengan a trabajar", defendió hoy Aguirre. Además, anunció la creación de un registro de delegados sindicales en la región. Desde el Ejecutivo autonómico se mantienen "abiertos a la negociación" con los sindicatos.

 

(www.publico.es, 12/11/10)

 

AGENTES PRESIONADOS PARA MULTAR

 

Comisiones Obreras ha denunciado que los agentes de movilidad están siendo presionados para multar a los conductores con el fin de aumentar la recaudación municipal. “El Ayuntamiento tenía una previsión de ingresos y no lo están consiguiendo cumplir y ahora quieren que lo arreglemos con multas por doquier”, señala José Luis Pérez, representante de CCOO en el sector de Seguridad y Movilidad.

 

El propio alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó con rotundidad  que “no es cierto” que el Gobierno municipal esté presionando a los agentes de movilidad.

 

Según la denuncia de CCOO, “se obliga a los agentes, uno a uno, a entrar en los despachos donde se encuentran varias personas para amedrentar a los trabajadores con el mensaje de que tienen que aumentar su productividad, es decir, incrementar el número de multas. Para el sindicato, se trata de “una vuelta de tuerca más” de la Dirección de Movilidad.

 

Desde el Ayuntamiento de Madrid se indica que la denuncia de CCOO es “un intento de justificación para tratar de eximir su responsabilidad por haberse caído el sindicato del acuerdo alcanzado en materia salarial entre el Ayuntamiento y otras fuerzas sindicales”. CCOO se desligó del convenio laboral de los trabajadores del Ayuntamiento tras firmarlo el Consistorio con UGT y CSIT.

 

“Las reivindicaciones salariales de CCOO no tienen además sentido”, añadieron las fuentes del Ayuntamiento. “Es un colectivo joven de 700 personas del cual ha ascendido el 10% de la plantilla. Y además trabajan sólo siete horas diarias y tres meses del año y la semana de San Isidro sólo tienen una jornada laboral de seis horas. Asimismo ganan entre 24.000 y 30.000 euros más la productividad y gozan de un mes de vacaciones al año, más ocho días moscosos y dos puentes”, reiteraron.

 

A juicio de CCOO, el colectivo de los agentes de movilidad es uno de los peor tratados por el Ayuntamiento. “Cuando se creó este colectivo se hizo para sustituir en tareas de tráfico a 1.300 agentes de Policía Municipal.

 

“En teoría deberíamos ser 1.300 agentes de movilidad pero un total de 600 se han marchado del Cuerpo porque no aguantan más”, dice Pérez. “Es inaudito que en tan poco tiempo tanta gente renuncie y  mismo hubo varias asambleas en las que algunos agentes propusieron abandonar el servicio. Hay un ambiente muy hostil en el Cuerpo, un gran nivel de absentismo y además un gran desencanto porque aquí nadie puede promocionar si no es por ser el pelota de los jefes”, señala.

 

“Cuando queráis os muestro la nómina de un agente de movilidad. Sólo muy pocos ganan 30.000 euros al año y son aquellos que han promocionado tras pasar por una entrevista personal”, agregaron. “No estamos reconocidos como carrera profesional, se incumple la evaluación de riesgos laborales y la productividad no existe y consiste en hacer horas extras los sábados y domingos”, añadió el sindicato. “Que nos digan en qué consiste la productividad, en qué parámetros esta basada. Aquí lo que ocurre es que el agente que pone muchas multas no pasa frío ni calor y no está en la calle todo el día”.

 

Según CCOO, próximamente se pueden convocar movilizaciones y paros, en lo que podría ser una campaña navideña “caliente”.

 

Por su parte, un portavoz municipal aseguró a Europa Press que a los agentes de movilidad “se les exige que cumplan sus funciones de manera adecuada, como exige la gestión del tráfico en la ciudad de Madrid” y que “no hay ninguna presión ajena a que los agentes realicen su función ordinaria de regulación del tráfico y seguridad vial”.

 

(www.elmundo.es, 12/11/10)

 

EL ALCALDE DE ALCOBENDAS, IMPUTADO POR TRES DELITOS

 

El alcalde de Alcobendas (107.514 habitantes), Ignacio García de Vinuesa (PP), deberá declarar como imputado el próximo 19 de noviembre ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcobendas, que ha admitido a trámite una querella del PSM de este municipio que le atribuye los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y negociaciones prohibidas a los funcionarios. El juez ha visto indicios de delito en la recompra por parte de la empresa municipal de la vivienda de Alcobendas de dos fincas valoradas en 12 millones por un precio de 25 millones de euros.

 

El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa (PP), tendrá que rendir cuentas el próximo 19 de noviembre ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcobendas por aprobar una operación urbanística en la que el Consistorio ha perdido más de 12 millones de euros, según consta en la querella presentada por el PSM-PSOE de este municipio. Los socialistas consideran que el primer edil popular, que fue quien impulsó la operación urbanística investigada, cometió los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios al promover la recompra de unos terrenos al mismo precio por el que se habían vendido en 2007, año en el que los precios del suelo estaban por las nubes al no haber estallado la crisis.

 

Los socialistas mantienen en la querella que el alcalde, de manera "consciente" y "voluntaria", "se apartó" de la normativa aplicable, y "prescindió" de los informes técnicos y valoraciones necesarias sobre la viabilidad de la operación. "Y todo ello con el conocimiento del perjuicio que dichos actos estaban ocasionando a la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas (Emvialsa)". La querella de los socialistas es la base de la decisión del juez, que ha llamado al alcalde a declarar como imputado al observar indicios de los mencionados delitos en la recompra de las fincas.

 

La operación del Ayuntamiento consiste en la adquisición en 2009 por 25 millones de dos parcelas que habían sido vendidas en 2007 a la sociedad Sotohenar por el mismo precio inicial. El perjuicio viene, según los socialistas, en que dichas fincas, que han vuelto a ser propiedad del Consistorio que encabeza García de Vinuesa, han perdido en estos tres años un 50% de su valor real, pasando de los 25 millones de 2007 a los poco más de 12 millones por las que fueron tasadas tras aprobar el equipo de gobierno esta operación financiera.

 

El expediente de la recompra de la parcela se inició el 27 de abril de 2009, día en el que el Consejo de Administración de Emvialsa solicitó al Ayuntamiento de Alcobendas la autorización para la subrogación de un crédito que había suscrito en 2007 la entidad Sotohenar para la compra de las fincas. Según la querella del PSM, la decisión de la empresa de la vivienda municipal, cuyo presidente es también el alcalde, no fue motivada y no existían razones "objetivas" para llevarla a cabo. Este acuerdo, adoptado gracias a la mayoría del PP, se plasmó posteriormente en un acuerdo de Pleno, que se celebró el 26 de mayo de 2006, por el que se autorizó la recompra de los terrenos. En 2007, la empresa ahora beneficiada se había comprometido a abonar en metálico 11,5 millones de euros, al igual que acordó pagar en especie el resto de la cantidad prevista entregando además un edificio de oficinas valorado en más de 13 millones. En total, pagaba 25 millones.

 

Con la recompra de las parcelas, el Ayuntamiento da marcha atrás a una operación ventajosa, que ahora libera a la empresa de sus obligaciones contractuales, como por ejemplo la construcción del edificio de oficinas. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento se hace cargo del crédito que estaba pagando la empresa, cuyo importe había utilizado la mercantil para abonar al Consistorio los primeros 11,5 millones. Es decir, que el Ayuntamiento, en virtud del acuerdo de recompra de las parcelas, está obligado ahora a construir un edificio de oficinas y a pagar un crédito de 13 millones de euros, dos millones menos que la cantidad que recibió de Sotohenar en 2007.

 

La querella presentada por el PSM-PSOE en el juzgado explica también que la recuperación de las fincas la aprobó el equipo de gobierno del PP sin haber realizado antes una valoración actualizada del precio de las mismas. De hecho, esta tasación no llegó a realizarse hasta después de cerrarse la transacción, poniendo de manifiesto que el precio de las parcelas había caído un 50% por los efectos de la crisis.

 

La depreciación de los terrenos no tuvo que coger por sorpresa al alcalde de Alcobendas, porque antes de que se cerrara el trato fue advertido por una funcionaria del hecho de que esta depreciación podía haberse producido. La interventora municipal, Beatriz Rodríguez Puebla, firmó un informe en el que alertaba de la necesidad de que antes de que se aprobara la recompra se tenía que realizar una valoración actualizada de los bienes: "Debería constar en el expediente una valoración actualizada de los bienes que se adquieren con el fin de garantizar que se preserve el interés público mediante la gestión eficiente de los bienes y derechos del patrimonio municipal, sin que se produzca un menoscabo para la hacienda local". Pero el alcalde no le hizo caso.

 

La querella indica también que el contrato de compraventa de las parcelas suscrito en 2007 permitía la rescisión del contrato: "No se han aplicado las cláusulas contenidas en el pliego de condiciones, documento plenamente vigente. Debemos entender que se ha incumplido la normativa aplicable al contrato entre la sociedad municipal y la mercantil Sotohenar, provocando un perjuicio valorado en más de 12 millones de euros, hecho que difícilmente puede tener justificación".

 

El portavoz del PSM-PSOE en Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, se mostró "preocupado" por la decisión del juez de Alcobendas de llamar a declarar al alcalde como imputado el próximo día 19: "García de Vinuesa ha perdido 12 millones en este mal negocio para la ciudad", aseguró. Por su parte, el teniente alcalde y responsable de Urbanismo del Ayuntamiento, Ramón Cubián, consideró que la querella del PSM es parte de una estrategia "bastarda" que tiene la intención de "hacer daño". Según Cubián, el equipo de gobierno decidió deshacer la venta "cuyo expediente inició el PSOE" después de tener conocimiento de que la empresa estaba a punto de presentar un concurso de acreedores.

 

(www.elpais.com , 09/11/10)

 

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