ÍNDICE
01. COMUNIDAD DE MADRID.
ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA LAS CUENTAS MÁS RECIENTES DEL PP DE AGUIRRE
La trama de corrupción masiva que organizó
Francisco Correa con la colaboración de múltiples Administraciones
gobernadas por el PP en Madrid, Castilla y León y Comunidad
Valenciana, afecta directamente a la financiación ilegal de esta
formación política en las campañas electorales de Francisco Camps y
Esperanza Aguirre .
Mientras que el Tribunal Superior de Justicia de
Valencia tiene que decidir en los próximos días si asume la
competencia para investigar la financiación ilegal que ha destapado
la investigación policial con documentación inequívoca, en Madrid,
tras descubrir que el PP se financió ilegalmente en 2003, a través
de su fundación Fundescam , y concluir que el delito había
prescrito, la fiscalía investiga ahora las cuentas más recientes (de
2007 y 2008) con varias citas electorales, para conocer si se
repitió el mismo modelo en los siguientes comicios, según explicaron
fuentes de la investigación.
Aunque Fundescam es la fundación madrileña del PP
dedicada a cursos, seminarios, libros y conferencias, entre la
documentación incautada a la trama Gürtel figuran suficientes
pruebas de que los dirigentes populares utilizaron este instrumento
para financiar parte de los gastos electorales, algo prohibido por
ley.
El diario Público reveló que los principales
financiadores de Fundescam eran empresarios contratistas de la
Comunidad de Madrid durante el mandato de Esperanza Aguirre, como
Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, y Arturo Fernández,
presidente de la patronal madrileña y adjudicatario de diversas
concesiones en establecimientos de Administraciones públicas. El PP
logró por esta vía más de un millón de euros en periodo electoral.
El PSOE, que competía por la presidencia de la
Comunidad de Madrid y que en primera instancia logró un resultado
suficiente para desbancar al PP aunque dos tránsfugas arruinaron sus
aspiraciones de recuperar el Gobierno regional, ha asegurado a este
periódico que ni Díaz Ferrán ni Arturo Fernández le financiaron la
campaña electoral.
La Fiscalía Anticorrupción que investiga los
hechos relacionados con la financiación ilegal del PP ha acreditado
múltiples irregularidades en la contratación a las empresas de la
trama Gürtel por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, al
igual que también ocurrió en la Comunidad Valenciana.
Anticorrupción quiere conocer ahora si esas
prácticas irregulares de financiación ilegal se prolongaron en
paralelo a la adjudicación ilegal de los contratos públicos, que
llegó hasta prácticamente la desarticulación de la trama en febrero
de 2009.
"Los delitos [electorales y de falsedad en
documento mercantil correspondiente a los años 2003 y 2004]
mencionados se encontrarían prescritos no procediendo, en
consecuencia, una más profunda investigación", señala la fiscalía en
un escrito ya conocido del 15 de octubre pasado. Pero añade: "Ello
sin perjuicio de la valoración de los informes policiales y la
documentación intervenida como indicios de conductas semejantes no
prescritas y de la participación de distintos imputados en éstas".
Anticorrupción señala también que "la única
excepción a la extinción de responsabilidad criminal sería la
atribuible a los responsables de la mercantil Special Events por la
elaboración de facturas que no se corresponden con servicios
realmente prestados puesto que a los mismos se les imputa un delito
continuado de falsedad en documento mercantil". Special Events,
según la investigación, facturaba a Fundescam por servicios
prestados al PP en campaña electoral, cuando eso es ilegal.
El Gobierno de Esperanza Aguirre, que adjudicó
cientos de contratos sin concurso a la trama corrupta mediante una
contratación ilegal durante más de cuatro años, ha intentado en todo
momento obstaculizar la investigación de las cuentas de Fundescam,
que negó reiteradamente al diario Público cuando este las solicitó.
La propia Aguirre, presidenta del PP, ha intentado desvincularse de
Fundescam al asegurar que en las fechas investigadas el máximo
responsable de su partido en Madrid era Pío García Escudero, actual
portavoz del PP en el Senado. Sin embargo, cuando Aguirre se hizo
cargo del partido continuó con el mismo gerente, Beltrán Gutiérrez,
que, a su vez, continuó contratando con la trama corrupta.
Los dos sistemas de financiación ilegal del PP en
Madrid y en Valencia tenían un rasgo en común: los empresarios que
terminaban pagando actos electorales eran, a su vez, contratistas en
las comunidades respectivas donde gobiernan Camps y Aguirre. Pero,
mientras en Valencia los empresarios pagaban el dinero a una empresa
intermediaria (en este caso Orange Market, la filial valenciana de
la trama corrupta), en Madrid, los empresarios hacían donaciones a
una fundación del PP para cursos y seminarios pero el dinero se
utilizaba, en muchos casos, para fines electorales.
De esta manera, los populares pudieron gastar en
la campaña electoral que llevó a Esperanza Aguirre hasta la
presidencia de la Comunidad de Madrid mucho más dinero del permitido
por la ley, al derivar alguno de sus gastos a las cuentas de
Fundescam, cuyos fondos solo se podían dedicar a cursos y seminarios
pero en ningún caso a acciones electorales.
Las fotografías que complementan esta información
prueban los actos y los objetivos que el Partido Popular cubría con
fondos de Fundescam.
(www.elpais.com, 01/11/10)
02. COMUNIDAD DE MADRID.
20 MESES DE IRREGULARIDADES EN LA COMUNIDAD DE MADRID
La investigación del caso Gürtel, la trama de
corrupción más extensa que ha conocido la democracia, vinculada a
Gobiernos del PP, con un centenar de imputados, cuatro comunidades
afectadas y los alcaldes y concejales de una decena de Ayuntamientos
implicados, tiene en Madrid su principal fuente de negocios turbios
de la que bebió, como en ningún otro lugar, la red empresarial
montada por Francisco Correa.
Cuatro grandes Ayuntamientos (Arganda, Pozuelo,
Boadilla del Monte y Majadahonda) y las entrañas del Gobierno de la
Comunidad de Madrid, llenaron la mayoría de los libros de
contabilidad de la trama con ingresos que, a su vez, nutrían la caja
B de los corruptos para pagar comisiones ilegales a los políticos.
Veinte meses de investigación han dejado fuera de juego a cuatro
alcaldes de la confianza de Esperanza Aguirre, Ginés López (Arganda
del Rey), Jesús Sepúlveda (Pozuelo), Arturo González (Boadilla) y
Guillermo Ortega (Majadahonda); tres diputados autonómicos a los que
valoraba, entre ellos su consejero de Deportes, Alberto López Viejo,
que le organizaba los actos, y varios ex altos cargos más.
La investigación avanzó mucho en estos 20 meses
hasta descubrir la ilegalidad en cientos de contratos adjudicados
por la Comunidad de Madrid sin concurso previo.
De hecho, los últimos informes aclararon cómo
había cargos intermedios de distintas consejerías del Gobierno de
Esperanza Aguirre que conocían la ilegalidad que suponían los
contratos con las empresas de Francisco Correa pero que aceptaron
pagar siempre que lo ordenase la Consejería de Presidencia.
El PSOE denunció a decenas de cargos intermedios
que habían firmado los expedientes para contratar a las empresas de
la trama corrupta.
La misma investigación ha destapado que los actos
de Aguirre se troceaban sin razón alguna para evitar los concursos.
El Gobierno regional del PP llegó a cargar sobre los presupuestos
públicos de la Comunidad de Madrid los actos de autobombo en los
que, subidos a una tarima pintada de rojo, se ensalzaba la gestión
que había hecho durante el año. Aguirre, que ha presumido de "ser
austera en todo", fue el cargo público del PP al que más actos
organizó la trama corrupta con un porcentaje de beneficio que
siempre rondaba el 50%.
(www.elpais.com, 01/11/10)
03. AGUIRRE SOLO HA
ABIERTO 12 CENTROS DE SALUD DE LOS 55 QUE PROMETIÓ
Era mayo de 2007, época preelectoral, momento de
promesas, cuando Esperanza Aguirre presentó el programa con el que
iba a concurrir a las elecciones. Un folleto de 50 páginas que, en
la parte dedicada a Sanidad, aseguraba que iba a construir 55 nuevos
centros de salud en la legislatura. En su mandato anterior había
levantado 56. ¿Por qué no iba a poder hacer lo mismo? La crisis,
entonces, no había asomado la cabeza. Ahora, a apenas siete meses de
las nuevas elecciones, la Comunidad de Madrid lleva 12 centros de
salud inaugurados.
Parece evidente que la promesa no puede
cumplirse. Y sin embargo, la presidenta y su consejero de Sanidad,
Javier Fernández-Lasquetty, se niegan a decirlo en voz alta. Al
menos en público. Hace ya muchos meses que desapareció del discurso
oficial lo de los 55 centros de salud. Ahora, inauguración tras
inauguración, primera piedra tras primera piedra, lo que uno y otro
repiten es que llevan tantos centros de salud construidos desde que
Aguirre llegó a Sol. La última cifra es 68 (se mantiene inalterable
desde junio). La recordó la presidenta el jueves, tras presentar los
presupuestos del año que viene. A la pregunta de cuántos llevaba en
esta legislatura, contestó que en 2011 abrirá 20 centros. A la
repregunta de rigor respondió que no lo sabía.
Son exactamente 12. Y la mayoría de ellos son
sustituciones de centros de salud ya existentes pero que se habían
quedado obsoletos y saturados. Nuevos, lo que se dice nuevos, es
decir, que atiendan con médicos, enfermeras y pediatras nuevos a
pacientes que antes acudían a otros centros de salud, hay dos. El de
Barrio del Puerto, en Coslada, se abrió en noviembre de 2009 para
atender a la población de un barrio joven que no paraba de crecer.
"Llegó 10 años después que muchos de sus vecinos", explica Tomás
Arcos, de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Coslada.
"Pero llegó". El otro es el de la calle Londres, en el distrito de
Salamanca de Madrid. Como el de Montesa estaba saturado, parte de su
población pasó al nuevo edificio.
Entre los diez restantes hay varias tipologías.
Están los que llevaban años -muchos, en algunos casos- en barracones
o módulos prefabricados: el centro de salud de Casa de Campo, en
Madrid; el de La Garena, en Alcalá de Henares (cuatro años en un
prefabricado) y el de Monterrozas, en Las Rozas. Y también los
situados en pueblos que contaban con un consultorio pequeño y
desfasado: Griñón, Titulcia, Cobeña, Morata de Tajuña y Guadalix de
la Sierra.
En dos casos, las obras no las pagó la Comunidad
de Madrid, sino el Plan E (Morata de Tajuña) y el Ayuntamiento de
Las Rozas (Monterrozas).
Además de Morata de Tajuña, la Consejería de
Sanidad ha acordado con otros municipios construir sus centros de
salud con dinero del Fondo Estatal de Inversión Local, el conocido
como Plan E. Es el caso de Arrojo de la Legua y Valdelasfuentes, en
Alcobendas, y de Galapagar. Los tres se inaugurarán en los próximos
meses. Fue la única manera que encontraron los Ayuntamientos de
tener centro de salud tras años de espera para que la Comunidad los
construyera.
De los 12 centros de salud ya abiertos, hay dos
que tienen características especiales. El de Santa Isabel, en
Leganés, se construyó (costó 19 millones y está integrado en el
casco histórico de la ciudad, en un recinto singular) para sustituir
a otros dos, Palomares y Pizarro, que cerraron. Las obras en el
Sector III, en Getafe, ampliaron las instalaciones y la dotación del
anterior, que se había quedado pequeño.
(www.elpais.com, 30/10/10)
04. AGUIRRE AMPLÍA UNA
SEMANA EL PLAZO PARA APROBAR EL RECORTE DE LIBERADOS
Todo es cuestión de perspectiva. La presidenta de
la Comunidad, Esperanza Aguirre, aventuró que "aún queda mucho
margen" para lograr un acuerdo en el recorte de liberados sindicales
que su Gobierno ha puesto encima de la mesa. Los sindicatos, que
aseguran que ni siquiera les han reunido en las últimas semanas,
desconfían de alcanzar un consenso. De momento, el plazo que
expiraba se alarga al menos una semana más. El próximo jueves el
Consejo de Gobierno aprobará previsiblemente la Ley de
Acompañamiento de los presupuestos, que es la norma que incluye la
polémica reducción. Antes del jueves, la Comunidad promete una
reunión de la que no supo precisar fecha.
La Comunidad de Madrid sostiene desde que abrió
el debate en septiembre que hay 3.500 liberados sindicales en la
región, de los que quiere eliminar unos 2.000. Los sindicatos
presentes en la mesa de función pública (CC OO, UGT y CSIT- UP)
responden que las cifras son falsas aunque, hasta ahora, no habían
ofrecido su propia estimación. UGT señaló que ronda los 600
liberados y que la Comunidad confunde "deliberadamente" el concepto
de liberado (el trabajador que concentra 128 horas sindicales
mensuales y deja su puesto de trabajo para representar a los
compañeros) con delegados, que son aquellos que tienen un número
determinado de horas sindicales dentro de su jornada habitual.
El Gobierno regional anunció en septiembre el
recorte de liberados, con el que espera ahorrar 73 millones de
euros. ¿Cómo piensan hacerlo? La fórmula es reducir el máximo de 75
horas de representación sindical por delegado -alcanzado gracias a
acuerdos firmados por la Comunidad en relación al personal laboral,
docentes, sanitarios, empleados de justicia y administración- hasta
el mínimo de 40 horas que marcan el Estatuto Básico del Empleado
Público y la Ley de Libertad Sindical.
"La propuesta de Aguirre es una agresión a los
trabajadores a los que quieren dejar sin protección", según
Encarnación Parra, de UGT. "A pesar de todo, estamos dispuestos a
negociar pero no nos ofrecen cifras desglosadas y ni siquiera nos
convocan", añade. "La negociación está suspendida y me temo que la
Administración seguirá adelante con sus planteamientos", según José
Montero, de CSIT- UP (Coalición Sindical Independiente de
Trabajadores-Unión Profesional).
El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
Francisco Granados, reiteró que el recorte se hará "con acuerdo o
sin acuerdo" y será efectivo a partir del próximo 1 de enero. Desde
los sindicatos responden que, en caso de que se apruebe sin
consenso, acudirán a los tribunales porque se vulneran acuerdos
cerrados con la Comunidad.
(www.elpais.com, 04/11/10)
05. AGUIRRE IMPIDE QUE LA
ASAMBLEA DEBATA SOBRE SÁNCHEZ DRAGÓ
El PP quiere dar por zanjada la polémica
levantada la semana pasada a raíz de que el escritor y presentador
de Telemadrid, Fernando Sánchez Dragó, confesara en un libro haberse
"trajinado" a dos menores de 13 años durante un viaje a Japón. Ni
siquiera ha permitido que la Asamblea regional debata sobre la
permanencia del autor al frente del programa Las noches blancas de
la televisión pública madrileña.
La Mesa del Parlamento madrileño, en la que el PP
tiene mayoría, impidió este martes que el portavoz socialista en la
Comisión de Control de Radio Televisión Madrid, el diputado Juan
Antonio Ruiz Castillo, pregunte al Ejecutivo regional acerca de las
polémicas manifestaciones realizadas por Sánchez Dragó en su último
libro Dios los cría... y ellos hablan de sexo, drogas, España y
corrupción..., escrito conjuntamente con el dramaturgo Albert
Boadella.
Fuentes conocedoras de la reunión explicaron que
los conservadores justificaron su negativa en que la cámara "no
tiene competencia" para decidir sobre un "órgano autónomo" como es
Telemadrid. Sin embargo, en la Asamblea sí existe una comisión de
control específica de la televisión pública.
Maru Menéndez, portavoz socialista en la
Asamblea, consideró que el esgrimido por los conservadores es un
argumento "falaz", ya que cree que la polémica es un "tema
suficiente grave como para ser tratado en la Cámara". "No se puede
consentir que un señor que trabaja en una entidad pública haga
apología de haberse acostado con varias menores en un libro",
indicó.
Después de que se conociera el contenido de la
última obra del polifacético personaje que se jacta de sus supuestas
prácticas pedófilas, tanto el PSOE madrileño como el comité de
empresa de Telemadrid habían exigido el cese inmediato de Sánchez
Dragó de su puesto al frente del programa de la cadena pública. Pero
el consejo de administración de la cadena se declaró "incompetente"
para despedirlo.
"Hay que recordar que Telemadrid es una cadena
que pagamos todos los madrileños", aseguró Menéndez. Y, por ello,
lamentó que no se pueda preguntar sobre el asunto ni a la Cámara
autonómica ni al máximo órgano de dirección de la cadena. "Solamente
queda el Defensor del Menor", señaló, "del que no hemos escuchado
aún su opinión sobre el asunto".
(www.publico.es, 03/11/10)
06. GALLARDÓN HA AUMENTADO
EL IBI UN 200% DURANTE SU MANDATO
El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es hoy para
los madrileños tres veces más caro que cuando Alberto Ruiz Gallardón
accedió a la alcaldía de la capital, en 2003. Y eso que la propuesta
estrella de su partido, el PP, para hacer frente a la crisis pasa
por la reducción de los impuestos.
El Grupo Socialista en el consistorio, con su
portavoz David Lucas a la cabeza, ha denunciado que "una familia que
pagaba por su vivienda 120,4 euros de IBI en 2003 pagará 378,02
euros en el año 2011", por lo que, en ese periodo, su tributo se ha
incrementado en un 200%.
Lo cierto es que tanto en 2009 como en 2010 años
que se han caracterizado por una fuerte crisis económica, el IBI de
los madrileños ha subido cada año un 7%. El Gobierno municipal había
anunciado la congelación de dicho impuesto en el 0,581% para que los
ciudadanos pudieran hacer frente a la delicada situación de la
economía.
Desde el consistorio insistieron en que, "en dos
años, no se ha subido el IBI". Pero los ciudadanos sí han pagado
más. Esto se debe a que, si bien el consistorio ha congelado el tipo
impositivo, el valor catastral de cada vivienda sobre el que se
aplica ese porcentaje ha seguido aumentando. Y lo ha hecho de
acuerdo a la actualización establecida por el Ministerio de Hacienda
en 2002.
David Lucas exigió a Gallardón que "no diga más
mentiras". "Para que se aplique una auténtica congelación del IBI,
el Ayuntamiento de Madrid debería proceder a reducir el tipo
impositivo que compensara los aumentos catastrales para que, de esa
manera, los ciudadanos no paguen más y, nuevamente, se vuelvan a
sentir engañados por su alcalde".
Fuentes del ayuntamiento no contemplaron esa
posibilidad y aseguraron que la medida propuesta por los socialistas
no se ha adoptado en ninguna ciudad similar a Madrid. Pero según
datos proporcionados por el Grupo Municipal Socialista, hay más de
una decena de capitales españolas que sí han reducido su tipo
impositivo para congelar el IBI a sus ciudadanos.
El Ayuntamiento de Almería, en manos del PP,
anunció la semana pasada que disminuiría dicho porcentaje en 2011.
Otras ciudades se le adelantaron, y ya impulsaron esa misma
reducción. Es el caso de Toledo, Lleida, Zaragoza, Ávila o Segovia.
En la propia Comunidad de Madrid, la bajada del impuesto ya se ha
dado en Alcalá de Henares, Aranjuez, Arganda del Rey, Collado
Villalba, Coslada, Leganés,Las Rozas o San Sebastián de los Reyes.
(www.publico.es, 02/11/10)
07. EL ALCALDE DE POZUELO,
IMPUTADO POR CORRUPCIÓN
El Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo de
Alarcón ha citado a declarar como imputados al actual alcalde de
Pozuelo y a otros cuatro miembros del equipo de gobierno del PP en
las legislaturas de 2003 y 2007, además de a un funcionario
municipal, por presuntas irregularidades en la construcción del
parque de las Cárcavas.
El juez ha llamado a declarar al actual alcalde,
Gonzalo Aguado; al ex primer edil Jesús Sepúlveda (que dimitió en
2009 tras ser imputado en la trama Gürtel); al concejal de Hacienda,
José María Mayo; a su predecesor, Roberto Fernández; a la edil no
adscrita Yolanda Estrada, expulsada del PP tras ser imputada en la
trama Gürtel; y al jefe del Departamento de Contratación, Leopoldo
Gómez. Este funcionario fue quien redactó el proyecto e intervino en
el concurso de adjudicación otorgado a una unión temporal de
empresas compuesta por EOC Obras y Servicios y Acanto Instalaciones.
Alfonso García Pozuelo Asins, imputado en el caso Gürtel, era el
administrador único de EOC. Este empresario devolvió recientemente
más de 20 millones de euros a la Agencia Tributaria.
Preguntado sobre la legalidad del expediente de
las Cárcavas, un portavoz del Ayuntamiento de Pozuelo aseguró a EL
PAÍS: "En cuanto a todas las decisiones políticas sobre esta obra,
sin duda". Pero después, en su respuesta por escrito, prosigue: "En
cuanto a la parte técnica, fue el ingeniero jefe de área el que tuvo
la responsabilidad de redactar los proyectos y los modificados.
Posteriormente, las certificaciones, basándose en los aspectos
técnicos, fueron competencia y responsabilidad exclusivamente suya".
Asimismo, el portavoz del Consistorio explica que cualquier pago del
Ayuntamiento está fiscalizado por el interventor. "Una certificación
de obra sin firmar por el director de obras correspondiente,
primero, no llega ni a tramitarse; y segundo, el interventor no
podría autorizar ese pago".
El proyecto del parque de las Cárcavas fue
adjudicado en marzo de 2006 por 4,5 millones de euros. Meses más
tarde el coste de la obra se disparó hasta los 11 millones por
añadidos y modificados al proyecto original. El secretario municipal
elaboró un informe en el que señalaba algunas irregularidades y
manifestó: "La dirección facultativa ha incumplido su obligación de
pedir autorización previa para firmar un acta de suspensión de las
obras". Esta suspensión fue definitiva para elevar el presupuesto
final.
En el auto de citación el juez, que inició la
investigación tras denunciarlo el PSOE en 2008, ordena al
Ayuntamiento que remita al juzgado copia del proyecto modificado del
parque. Asimismo, pide a la Policía Judicial que prosiga con las
averiguaciones, "en especial con relación al viaje de Bélgica para
la adquisición de árboles".
Respecto al viaje a este país, la portavoz del
PSM en el municipio, Eva Izquierdo, explicó que en el mismo
participaron tres de los imputados con un acompañante cada uno para
adquirir arbolado para el parque. "Nos parece fuera de lo normal que
un árbol costara más de 100.000 euros", relató.
Esta operación urbanística también está siendo
investigada en la Operación Gürtel. La ex concejal del PP de Pozuelo
Yolanda Estrada aseguró el 16 de septiembre ante el magistrado
Antonio Pedreira que no tenía competencias en esa materia. La propia
Estrada dijo a la prensa que ella fue concejal de Obras, Servicio y
Contratas hasta 2007 y que luego su concejalía pasó a Obras,
Servicios y Limpieza, dejando de tener competencias en contratación.
La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid,
Esperanza Aguirre, restó importancia a los hechos, asegurando que el
origen de la querella es el "encarecimiento de unas obras", algo
que, dijo, pasa muy a menudo. Por ello, dijo que esperará a ver "si
la imputación tiene trascendencia", porque ella es partidaria de que
dimita "el que esté imputado por haber usado su cargo político para
enriquecerse", y "no todo el que esté imputado".
(www.elpais.com, 30/10/10)
08. PRADA RENUNCIA A
SU ESCAÑO EN EL PARLAMENTO REGIONAL
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