ÍNDICE

 

1. GALLARDÓN PIDE PROPUESTAS Y RAJOY CONTESTA QUE YA HAY

2. EL ÚLTIMO INFORME POLICIAL DETALLA MÁS DESPILFARROS DEL GOBIERNO DE AGUIRRE

3. UN TRIBUNAL REABRE EL 'CASO ESPÍAS' TRAS EL RECURSO DE UN EX JEFE POLICIAL

4. CORREA DECIDÍA CÓMO BOADILLA LE ADJUDICABA LOS CONCURSOS

5. LA 'GÜRTEL' TAMBIÉN FALSEÓ LA FACTURA DEL CONGRESO QUE ELIGIÓ A LA PRESIDENTA

6. LA 'GÜRTEL' TAMBIÉN FALSEÓ LA FACTURA DEL CONGRESO QUE ELIGIÓ A LA PRESIDENTA

7. TRES EX CARGOS DEL PP COBRARON 780.000 EUROS DE SOBORNO POR UNA OBRA

8. AGUIRRE DEFIENDE A SÁNCHEZ DRAGÓ COMPARÁNDOLO CON GARCÍA MÁRQUEZ

 

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1. GALLARDÓN PIDE PROPUESTAS Y RAJOY CONTESTA QUE YA HAY

A la dirección nacional del PP le ha venido bien la convención organizada este fin de semana en Madrid. Les ha servido para sacudirse el estupor de los últimos días, a raíz de la remodelación del Gobierno. Durante un par de jornadas, el partido que dirige Mariano Rajoy ha parecido desconcertado por la oportuna maniobra de los socialistas, que parecen recuperar el pulso político. Ahora, los principales dirigentes populares se han lanzado a una ofensiva contra el presidente Rodríguez Zapatero y su número dos, Alfredo Pérez Rubalcaba, y lo han hecho en el cónclave organizado por Esperanza Aguirre en Madrid.

Rajoy atizó al Ejecutivo socialista, al que le pidió que "no haga más daño a los españoles, que no vuelva a las andadas en la lucha contra el terrorismo y que se vaya pronto".

La reunión de los populares ha servido, también, para arrancar con antelación la carrera electoral y reforzar su estrategia de culpar de los estragos de la crisis al Ejecutivo de Zapatero. Su estrategia es tan rígida que ayer provocó una ligera fricción con Alberto Ruiz-Gallardón.

Rajoy hizo oídos sordos al discurso del alcalde de Madrid, quien reclamó propuestas para ofrecer una alternativa concreta. "Es el momento de que, además de la crítica y la oposición al partido socialista, nos hagamos la pregunta: ¿Qué tenemos que hacer nosotros por los ciudadanos?" Y agregó: "¿Es esta situación tan desesperada que no tiene solución? ¿Es tan inevitable que el recorrido hacia abajo y a la inversa de los socialistas provoque la perdida de oportunidad de toda una generación de españoles?".

Rajoy desautorizó al alcalde porque considera que su partido ya cuenta con un proyecto concreto "allí donde gobierna el PP, en sus programas electorales y en sus iniciativas parlamentarias". Además, quiso salir al paso de las críticas socialistas que sostienen que Rajoy no es la alternativa. "No hagan caso a esos que intentan esconder su incompetencia con soflamas sobre la inexistencia de una alternativa a su inanidad, a su ineficacia; ni a ellos ni a los que les jalean", proclamó Rajoy.

El líder del PP evitó valorar las palabras del alcalde de Valladolid (PP) hacia Leire Pajín. "No se puede estar en lo accesorio o en el chisme", dijo. Prefirió concentrarse en la crisis, de la que dijo que "hemos aprendido que no se puede vivir por encima de las posibilidades, que no es posible pretenderlo todo y en el mínimo tiempo". Algunos miraron de reojo a Gallardón, porque el de Madrid es el Ayuntamiento más endeudado de España.

Esperanza Aguirre también se apuntó a la ofensiva contra el nuevo Gobierno de Zapatero. Considera que el objetivo de los cambios en el Ejecutivo es "reformar el aparato de propaganda al mando de Rubalcaba". La presidenta madrileña atacó al ministro del Interior: "Es el político que ha fabricado las leyes educativas más nefastas de la historia de la educación española. Decir Rubalcaba es decir la ruina de la educación española. Si este es el que tiene fama de eficaz, cómo serán los otros...".

Por su parte, Gallardón calificó a los socialistas como izquierda radical. "El mayor error que podíamos cometer es, frente al radicalismo en el que ha entrado la izquierda, caer nosotros en un radicalismo alternativo".

(www.elpais.com, 24/10/10)

2.EL ÚLTIMO INFORME POLICIAL DETALLA MÁS DESPILFARROS DEL GOBIERNO DE AGUIRRE

La rapiña de la red Gürtel en todas las consejerías de la Comunidad de Madrid le llevó a facturar en cuatro años varios millones de euros directamente y otro millón a través de sociedades pantalla por los actos presididos por Esperanza Aguirre. Y casi siempre con adjudicaciones a dedo que nunca superaban los 12.020 euros con la finalidad de evitar los concursos públicos, según la investigación judicial de este caso de corrupción. En el listado, que incluye el último informe policial incorporado al sumario, se encuentran eventos como la presentación en 2005 de los 174 nuevos bomberos de la Comunidad. En una sola jornada de trabajo las empresas de la trama y las pantallas libraron hasta ocho facturas diferentes: Kilda Producciones (11.832); Rafael (5.329); Dimo Stand (11.774); Quasar Iluminación y Sonido (4.930); Aekio (4.118) y Mediática Producciones (4.234), que fueron las sociedades ligadas a la trama que cobraron por organizar el acto. Pero los integrantes de la red Gürtel no tenían bastante con los 37.973 euros que habían conseguido de Aguirre, por lo que enviaron dos recibos más: de 5.921 y 4.977 euros, elevando la cifra total hasta los casi 50.000 euros que abonó la Consejería de Justicia e Interior, según el informe de la investigación judicial.

El Grupo Rafael, vinculado a la red Gürtel a través de contratos de la Comunidad, cobró 10.336 euros por un trabajo de "adaptación del atril de Presidencia", que utilizó la presidenta Esperanza Aguirre. También llama la atención que la visita del entrenador de baloncesto universitario de EE UU Ken Carter, conocido por impedir que sus jugadores jugaran un campeonato por sus malas notas, y que se retrató con Aguirre, tuvo un coste de 12.000 euros, que se incluyó en la partida Campeonatos Escolares, y que fueron pagados a dos empresas pantalla.

También Presidencia abonó a seis empresas de Correa más de 58.000 euros por un único acto de Aguirre: los premios a la Tolerancia Raúl Rivero (Mediática Producciones, Aekio, Quasar, Dimo Stand, Kilda y Rafael). Otro ejemplo de despilfarro fue la contratación de la campaña denominada Gracias a todos. Agradecimientos a los médicos, que costó al erario público más de 17.000 euros, que fueron a parar a Servimadrid y Kilda.

La argucia de trocear los contratos fue precisamente uno de los consejos de Correa a uno de sus alumnos aventajados, el ex viceconsejero de Inmigración, Carlos Clemente Aguado, quien según la policía era junto al funcionario de Alberto López Viejo, Pedro Rodríguez Pendás, quien solicitaba los eventos directamente a las empresas de la trama, también indicaba los conceptos, cantidad y el fraccionamiento de las facturas que había que hacer. En concreto, la empresa de la trama Good and Better le remite copia de los actos celebrados para el Ejecutivo regional con indicación del importe y la empresa pantalla que lo facturaba. Precisamente los imputados Carlos Clemente Aguado y Pedro Rodríguez Pendás eran, según la policía, quienes se encargaban de adjudicar y cobrar los trabajos del Grupo Rafael, según el informe.

La relación económica entre las empresas de Correa y del Grupo Rafael era mediante un sistema de compensación entre las facturas que ya habían cobrado las sociedades pantalla a la Comunidad y las facturas que las sociedades de Correa emitían a estas. El modus operandi de la red se iniciaba al prestar un servicio por parte de las sociedades de la trama a las consejerías. Sin embargo, la emisión de los recibos corría a cargo de las sociedades pantalla del Grupo Rafael y otras. El cobro lo gestionaban Carlos Clemente Aguado o Pedro Rodríguez Pendás con la responsable de las cuentas de la red Gürtel en Madrid, que era Isabel Jordán.

Las gestiones de ambos lograron alterar incluso el proceso de contratación de la Comunidad. En algunos casos, se saltaban a la torera la obligatoriedad de aprobación previa de las dotaciones presupuestarias destinadas a cubrir el costo del objeto contratado. En alguna ocasión, según la policía, se produce una alteración del proceso de contratación, de forma que primero se ejecuta el acto y se emiten las facturas al órgano administrativo sin una previa existencia de crédito presupuestario. Posteriormente se busca su encaje en una partida presupuestaria: los Premios Siete Estrellas.

El propio Rodríguez Pendás, mano derecha del ex consejero López Viejo, en su declaración ante el magistrado, negó cualquier responsabilidad sobre la contratación de los actos: "Yo no tenía ninguna competencia ni relación directa o indirecta con la contratación ni la facturación de los eventos de ninguna consejería de la Comunidad. Afirmo con rotundidad que mi papel era irrelevante en todo el procedimiento administrativo. Siempre actué siguiendo instrucciones directas de Alberto López Viejo. Simplemente ejecutaba lo que me ordenaba".

Rodríguez Pendás explicó también que no tenía capacidad para proponer "y mucho menos" para elegir las empresas que realizaban los eventos. "López Viejo me decía con qué empresa había que contactar para cada evento, cuando había que hacerlo, qué había que solicitar y quién era la persona de contacto". "Cada consejería organizaba o promovía sus eventos o actuaciones publicas, pero tan solo en el caso de que se acordara la presencia de la presidenta de la Comunidad, solo entonces, participaba en la organización la Consejería de Presidencia", en la que trabajaba Pendás.

El colaborador de López Viejo sostuvo ante el juez que nunca sospechó que los contratos eran ilegales: "Lo normal en mi caso es suponer que todo se hacía de la manera acordada y por supuesto de forma legal. La prueba para mí de que se hacían las cosas del modo acordado es que no se hizo un evento o dos y luego se cambió el procedimiento. Se hicieron así todos durante los años que López Viejo fue responsable de los actos públicos de la presidenta".

Además, en su declaración asegura haber oído a los responsables del Ejecutivo regional que los contratos se formalizaban de acuerdo con la legalidad. "Por tanto, mi percepción ha sido siempre la misma que la que tenían los responsables políticos y legales de la contratación y la facturación de los eventos".

(www.elpais.com, 23/10/10)

UN TRIBUNAL REABRE EL 'CASO ESPÍAS' TRAS EL RECURSO DE UN EX JEFE POLICIAL

La Sección XVI de la Audiencia de Madrid ha ordenado reabrir las diligencias del caso del espionaje político en la Comunidad de Madrid, perpetrado por agentes a sueldo del Gobierno regional de Esperanza Aguirre, para que se acumule e investigue la denuncia presentada por el ex jefe de la Policía Local de Coslada, Ginés Giménez, por hechos similares que supuestamente habrían cometido contra él los mismos implicados en los seguimientos al vicealcalde Manuel Cobo y al ex vicepresidente autonómico Alfredo Prada, ambos adversarios de la presidenta autonómica dentro del PP.

Poco después del estallido del caso espías, Giménez denunció que él también pudo ser objeto de seguimientos, pero la juez instructora, Carmen Valcarce, desgajó su denuncia de la causa principal y terminó archivando tanto una como otra. La causa principal es la relacionada con los supuestos seguimientos sufridos por Cobo y Prada por parte de ex policías y ex guardias civiles adscritos como empleados y asesores a la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, que dirige Francisco Granados. El tribunal considera que la decisión de Valcarce de abrir una pieza separada al margen de las diligencias centrales de la trama del espionaje ha podido originar "inseguridad jurídica" a Giménez. Y entiende que no debió desgajarse de la causa principal su denuncia. Por eso le ordena que acumule su escrito a la citada pieza principal y, hecho eso, que tome la decisión que crea oportuna, pero "en el marco de las diligencias previas registradas con el número 1891/2009". Es decir, la referida, según la Audiencia, al "llamado espionaje político en la Comunidad de Madrid".

La juez tendrá dos opciones tras reabrir la causa principal: investigar la denuncia de Giménez o no hacer nada y archivarla nuevamente, aunque en este último caso el tribunal le pide que le dé una explicación "judicial razonada". El ex jefe policial de Coslada ha pedido a Valcarce, para no causarle indefensión, que tome declaración a los ex policías implicados y al consejero Granados.

Valcarce archivó el caso espías, pendiente en este momento de un recurso del PSOE ante la Audiencia de Madrid, en julio pasado. La Audiencia aún no se ha pronunciado sobre el archivo de la causa principal; esto es, los seguimientos a Cobo y Prada, acreditados en las diligencias con informes policiales basados en los posicionamientos de los móviles de los imputados, que coinciden con los partes que hicieron los espías sobre la ubicación real de los investigados, y del informe pericial encargado por la juez que acreditaba que uno de los empleados de la Consejería de Interior era el autor de las notas manuscritas en los partes. Como apelante del archivo de la causa, solo figura el PSOE, pese a ser del PP las víctimas, Cobo y Prada. Ambos fueron forzados por Mariano Rajoy a retirar los recursos que presentaron tras el archivo del asunto para evitar dañar la imagen del partido.

Lo que en puridad ha ordenado ahora la Sección XVI de la Audiencia de Madrid es que no se desgajen de ese procedimiento principal (pendiente del recurso del PSOE) las supuestas investigaciones hechas por ex policías a las órdenes de Granados al ex jefe policial de Coslada.

Giménez denunció que él también había sido objeto de seguimientos, basándose en declaraciones hechas a este periódico por Marcos Peña. Este ex inspector de policía, fichado por Granados, manifestó que hizo trabajos de inteligencia para la elaboración de informes sobre escándalos en Ayuntamientos socialistas, como Ciempozuelos y Coslada. Y citó entre sus investigaciones la supuesta trama que condujo a la detención de Giménez en la llamada Operación Bloque. Giménez ha mantenido que su detención fue fruto "de una novela sin base redactada por la policía".

Valcarce archivó la causa central del espionaje sin haber tomado declaración a la ex esposa de principal imputado, Sergio Gamón, jefe de los agentes que efectuaron supuestamente los seguimientos. La esposa de Gamón afirmó a EL PAÍS que este le había hablado sobre investigaciones encargadas por el vicepresidente primero del Gobierno de Aguirre, Ignacio González. Valcarce archivó el caso por entender que no estaba acreditado el delito de malversación de caudales públicos que investigaba (utilizar a empleados pagados con dinero público para fines distintos de su cometido) y que, en todo caso, "sería imposible determinar la cuantía que se habría destinado indebidamente...".

(www.elpais.com, 25/10/10)

CORREA DECIDÍA CÓMO BOADILLA LE ADJUDICABA LOS CONCURSOS

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el PP con mayoría absoluta, era un coto cerrado para los negocios de la trama Gürtel que dirigía Francisco Correa, hoy en la cárcel. La red corrupta operaba con total impunidad en este municipio, según demuestra uno de los correos electrónicos interceptados por la policía durante los registros. Dicho mensaje, del 20 de marzo de 2007, se dirigía a Tomás Martín Morales, entonces alto cargo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. En este correo electrónico, incluido en el informe de la policía al que ha tenido acceso EL PAÍS, aparecían las instrucciones a Martín Morales: "Te mando este email siguiendo las instrucciones de Isabel Jordán

[responsable de las empresas de Correa]. Tenemos que facturar una serie de trabajos que ya hemos hecho para el Ayuntamiento de Boadilla en el edificio nuevo y vamos a hacerlo de la siguiente forma: hemos dividido por zonas todo lo que hemos hecho: tres zonas van a ir con concursos de contratos menores (menos de 30.000 euros)".

Sigue el mensaje con las instrucciones: "Presentamos tres ofertas para cada zona. Hay que hacer los pliegos del concurso. Y la empresa que factura tiene que aportar un informe de los trabajos realizados. Necesitamos que nos digas cómo lo hacemos". Y enumera los trabajos y las empresas que debían participar en los concursos: "En la construcción de la alcaldía y secretarías tres empresas: Servimadrid: 28.733 euros, Fotomecánica Rafael 29.999, Kilda Producciones 29.500 euros. Factura Servimadrid". Lo mismo hace con otras obras para la construcción de una sala de prensa y un hall por 29.365 euros, la instalación de escudos por 11.086 y el diseño de la imagen interior por 15.323.El correo electrónico interceptado a los empleados de Francisco Correa es una muestra, según la policía, de cómo la organización corrupta, además de amañar un concurso para justificar una adjudicación directa utiliza a empresas pantalla. Concretamente, se trata de las sociedades del Grupo Rafael, que la red Gürtel incluía como terceros en los concursos. Según un informe de la Agencia Tributaria, el Ayuntamiento de Boadilla facturó en cuatro años casi 100.000 euros.

El informe policial demuestra cómo Correa recibe una adjudicación directa de servicios en el Ayuntamiento, cuyos dirigentes justifican después mediante la creación de unos pliegos ad hoc. Todo con la finalidad, según los agentes, de que le sean otorgadas a las empresas de la trama Gürtel. Además, otras sociedades actúan como terceros en los concursos. Este sistema es ordenado por la red, que utilizaba los servicios del imputado Tomás Martín Morales. Este dirigente del PP de Boadilla del Monte era el encargado de buscar el modo de justificar estos gastos.

Un portavoz oficial del Ayuntamiento de Boadilla reconoció que el Consistorio había abonado una factura de 11.086 euros a la empresa de Correa Servimadrid por la instalación de los escudos del municipio en el nuevo edificio del Ayuntamiento, siguiendo las instrucciones de la trama. Esta factura fue, según el portavoz municipal, una de las primeras peticiones que realizó el juez Baltasar Garzón, que fue quien inició la investigación del caso después de la denuncia del ex concejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas. Precisamente, en el correo interceptado por la policía a la trama, un empleado de Correa le daba instrucciones a Tomás Martín Morales para que les pagara como "partida de menos de 12.000 euros".

No obstante, el portavoz del Consistorio sostiene que el resto de las obras incluidas en el correo electrónico que tenían que ser amañadas fueron finalmente realizadas por otras empresas que nada tienen que ver con el caso Gürtel.

La persona que se encargaba de forma habitual del pago de estas facturas de menos de 12.000 euros era el entonces concejal de Hacienda y ahora alcalde, Juan Siguero, quien realizaba estos trabajos por delegación del entonces primer consejero, Arturo González Panero, expulsado del PP de Boadilla. Precisamente, Panero aseguró a EL PAÍS en una entrevista que si fuera el juez investigaría antes al actual alcalde [Siguero], ya que él no había firmado nada. No obstante, fuentes del Consistorio de Boadilla aseguraron que Siguero no adjudicó ningún contrato a dedo ni amañado a las empresas de la trama Gürtel. En este sentido, la policía pidió hace meses la detención de Juan Siguero, al considerar que había suministrado información privilegiada a las empresas de la trama.

Los grupos de la oposición, el PSM-PSOE y Alternativa por Boadilla (APB) pidieron la disolución del Ayuntamiento de Boadilla del Monte ya que, de resultar imputado el actual alcalde, sería el segundo regidor implicado en la mayor operación contra la corrupción en la democracia ligada a un partido político: el Partido Popular. Por el momento, el número de imputados en la región de Madrid supera ya el centenar.

(www.elpais.com, 25/10/10)

LA 'GÜRTEL' TAMBIÉN FALSEÓ LA FACTURA DEL CONGRESO QUE ELIGIÓ A LA PRESIDENTA

Special Events, marca de cabecera de la trama Gürtel, endosó a la fundación Fundescam una factura de 70.644 euros que en realidad se correspondía con la organización del congreso regional del PP de 2004 y en el que Esperanza Aguirre fue elegida presidenta de los conservadores madrileños. Special Events giró contra la fundación del PP la factura del congreso regional el 30 de noviembre de 2004. Es decir, lo hizo tres días después de que Aguirre ya hubiera tomado formalmente el timón del PP madrileño. En abril de 2005, Aguirre ascendió también a la presidencia de Fundescam, cargo en el que permaneció hasta meses después de estallar el escándalo.

El falseamiento de la factura congresual consta en el informe policial sobre financiación del PP remitido el 30 de julio al juez Antonio Pedreira y cuyo contenido acaba de ratificar Anticorrupción . El informe cifra en 1,3 millones de euros las facturas que el PP falseó entre 2003 y 2004 en supuesta connivencia con la red corrupta y gracias al uso de Fundescam como fuente de financiación opaca. Ratifica, asimismo, que Special Events no sólo organizó algunos actos electorales de Aguirre para las autonómicas de 2003 sino que llevó toda su campaña.

Emitida con el número 04/099, la factura falsificada sobre el congreso regional del PP es una de las halladas por la policía en el registro del piso que la trama tenía en la madrileña calle de Serrano. Y sobre esa factura había una anotación manuscrita con la siguiente leyenda: "Congreso Regional PP. Madrid". Formalmente, Special Events reclamaba a Fundescam los 70.644 euros por un concepto propio del objeto social de la fundación y ajeno, por tanto, a la actividad partidaria del PP: "Importe correspondiente al montaje de cursos, seminarios y presentación de publicaciones durante el 2º semestre de 2004", dice la factura.

Pero la anotación manuscrita no es el único indicio que sustenta la sospecha de falsificación. La referencia a esa factura endosada a Fundescam consta en tres archivos distintos, todos ellos pertenecientes a la contabilidad secreta de Special Events y cuyo contenido reproduce el informe policial.

Uno de esos tres archivos es una hoja en formato Excel denominada "Detalle facturas actos P.P. Madrid" y en ella se consignan los gastos que fueron generando los actos del partido entre diciembre de 2002 y 2004. En ese archivo, los datos se organizan en columnas bajo los siguientes epígrafes: fecha, factura, cliente, importe, concepto y una última columna sin denominar. Los "clientes" eran cinco: PP de Madrid, Grupo Popular Ayuntamiento de Móstoles, PP de Majadahonda, Fundescam y PP nacional. En la columna de "cliente" la factura 04/099 aparece endosada a Fundescam. Pero en la columna "concepto", figura el verdadero origen del cargo: "Congreso Regional P.P. Madrid".

La Brigada de Blanqueo subraya que tanto ese como los restantes archivos almacenados en el disco duro externo del piso de seguridad que la trama tenía en General Martínez Campos (Madrid) el ya célebre pendrive estaban "encriptados". O sea, cifrados mediante un código que hacía ilegible su contenido si no se conocía la clave.

La factura del congreso regional aparece igualmente reseñada en el archivo "Cambios facturación 2003-2004.xls", cuyo contenido es la relación de facturas del PP falseadas. Hay otro archivo casi idéntico, llamado "cambios facturación 2003-2004-barcenas.x". Lo único que lo diferencia del anterior es que, en la parte inferior, podía leerse esto: "Demanda de Special Events contra el PP de Madrid procedimiento ordinario 1200/2005 juzgado de primera instancia número 8 de Madrid 1ª Audiencia día 1-2-06 a las 11.30 horas". Esa demanda es la que Special Events planteó para exigir el pago de lo que la propia trama denominaba los "pufos del PP de Madrid".

LA 'GÜRTEL' TAMBIÉN FALSEÓ LA FACTURA DEL CONGRESO QUE ELIGIÓ A LA PRESIDENTA

Special Events, marca de cabecera de la trama Gürtel, endosó a la fundación Fundescam una factura de 70.644 euros que en realidad se correspondía con la organización del congreso regional del PP de 2004 y en el que Esperanza Aguirre fue elegida presidenta de los conservadores madrileños. Special Events giró contra la fundación del PP la factura del congreso regional el 30 de noviembre de 2004. Es decir, lo hizo tres días después de que Aguirre ya hubiera tomado formalmente el timón del PP madrileño. En abril de 2005, Aguirre ascendió también a la presidencia de Fundescam, cargo en el que permaneció hasta meses después de estallar el escándalo.

El falseamiento de la factura congresual consta en el informe policial sobre financiación del PP remitido el 30 de julio al juez Antonio Pedreira y cuyo contenido acaba de ratificar Anticorrupción . El informe cifra en 1,3 millones de euros las facturas que el PP falseó entre 2003 y 2004 en supuesta connivencia con la red corrupta y gracias al uso de Fundescam como fuente de financiación opaca. Ratifica, asimismo, que Special Events no sólo organizó algunos actos electorales de Aguirre para las autonómicas de 2003 sino que llevó toda su campaña.

Emitida con el número 04/099, la factura falsificada sobre el congreso regional del PP es una de las halladas por la policía en el registro del piso que la trama tenía en la madrileña calle de Serrano. Y sobre esa factura había una anotación manuscrita con la siguiente leyenda: "Congreso Regional PP. Madrid". Formalmente, Special Events reclamaba a Fundescam los 70.644 euros por un concepto propio del objeto social de la fundación y ajeno, por tanto, a la actividad partidaria del PP: "Importe correspondiente al montaje de cursos, seminarios y presentación de publicaciones durante el 2º semestre de 2004", dice la factura.

Pero la anotación manuscrita no es el único indicio que sustenta la sospecha de falsificación. La referencia a esa factura endosada a Fundescam consta en tres archivos distintos, todos ellos pertenecientes a la contabilidad secreta de Special Events y cuyo contenido reproduce el informe policial.

Uno de esos tres archivos es una hoja en formato Excel denominada "Detalle facturas actos P.P. Madrid" y en ella se consignan los gastos que fueron generando los actos del partido entre diciembre de 2002 y 2004. En ese archivo, los datos se organizan en columnas bajo los siguientes epígrafes: fecha, factura, cliente, importe, concepto y una última columna sin denominar. Los "clientes" eran cinco: PP de Madrid, Grupo Popular Ayuntamiento de Móstoles, PP de Majadahonda, Fundescam y PP nacional. En la columna de "cliente" la factura 04/099 aparece endosada a Fundescam. Pero en la columna "concepto", figura el verdadero origen del cargo: "Congreso Regional P.P. Madrid".

La Brigada de Blanqueo subraya que tanto ese como los restantes archivos almacenados en el disco duro externo del piso de seguridad que la trama tenía en General Martínez Campos (Madrid) el ya célebre pendrive estaban "encriptados". O sea, cifrados mediante un código que hacía ilegible su contenido si no se conocía la clave.

La factura del congreso regional aparece igualmente reseñada en el archivo "Cambios facturación 2003-2004.xls", cuyo contenido es la relación de facturas del PP falseadas. Hay otro archivo casi idéntico, llamado "cambios facturación 2003-2004-barcenas.x". Lo único que lo diferencia del anterior es que, en la parte inferior, podía leerse esto: "Demanda de Special Events contra el PP de Madrid procedimiento ordinario 1200/2005 juzgado de primera instancia número 8 de Madrid 1ª Audiencia día 1-2-06 a las 11.30 horas". Esa demanda es la que Special Events planteó para exigir el pago de lo que la propia trama denominaba los "pufos del PP de Madrid".

TRES EX CARGOS DEL PP COBRARON 780.000 EUROS DE SOBORNO POR UNA OBRA

Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla (Madrid), y dos de sus más estrechos colaboradores, el todavía diputado Alfonso Bosch y el ex directivo de la empresa local de suelo, Tomás Martín Morales, se repartieron en 2007 un soborno de 780.000 euros que, presuntamente, pagó Constructora Hispánica por una sola obra: el Parque de la Salud y el Deporte, adjudicado en 29,6 millones de euros pese a que la oferta de Hispánica no había sido la mejor valorada por los servicios técnicos municipales. Así consta en un informe policial incorporado al sumario Gürtel y al que ha tenido acceso Público.

El informe desvela cifras exorbitantes. Porque la comisión ilegal pagada por Hispánica, ahora en manos de propietarios ajenos al caso, fue aún mayor: 900.000 euros "como mínimo", dice el informe. Esa cifra equivale al 3,53% de la adjudicación de la obra sin IVA. A Panero y sus correligionarios, los tres imputados, no llegó todo el dinero: Pablo Crespo, considerado el lugarteniente de Correa en la red Gürtel, retuvo 120.000 euros.

González Panero, El Albondiguilla como lo llamaba la trama, cobró 510.000 euros. Martín Morales, uno de los hombres fuertes de Correa para sus gestiones en ayuntamientos del PP, recibió 150.000. Y Alfonso Bosch, entonces gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) de Boadilla, se hizo con 120.000 euros, según el informe policial.

Los archivos de la contabilidad secreta de la red corrupta han resultado, de nuevo, cruciales para tirar del hilo. El informe policial cita los denominados Caja B Actual.xls y Box V51x.ls, que reflejan la entrada de los 900.000 euros en las arcas de la trama corrupta. La red, continúa la Brigada de Blanqueo, se refería al concurso con la referencia "Neveras -2" al concurso del Parque del Deporte, "que origina el cobro de una cantidad tan elevada en concepto de comisión". El dinero para los tres políticos se entregó en mano a Tomás Martín. El archivo Box 51 lo hace constar, así como los criterios para su reparto con Panero, "Ref. Albondiguilla" y Bosch, a quien la red llamaba "Bujías", relata el informe.

El soborno, argumenta la policía, podía ser aún mayor si se computan otros 150.000 euros anotados en la contabilidad opaca de la trama el 22 de mayo de 2005 con idéntica referencia: "Neveras-2".

Según la policía, que se basa en la contabilidad de la trama, cobraron el 22 de mayo de 2007. Tres semanas antes, el 11 de mayo, el ayuntamiento había adjudicado el Parque del Deporte a Hispánica. Para la adjudicación fue clave un informe de los técnicos de Deportes que contradecía al emitido por los servicios técnicos. Lo firmó un empleado eventual, y fue él quien inclinó la balanza en favor de Hispánica. Un mes después, fue nombrado director técnico de Actividades Físico Deportivas.

(www.publico.es, 27/10/10)

AGUIRRE DEFIENDE A SÁNCHEZ DRAGÓ COMPARÁNDOLO CON GARCÍA MÁRQUEZ

Tras varios días guardando silencio, Esperanza Aguirre ha salido en defensa del escritor Fernando Sánchez Dragó. En su último libro, unas conversaciones con Albert Boadella tituladas Dios los cría... y ellos hablan de sexo, drogas, España, corrupción...,  el también presentador de Telemadrid narra cómo en Japón se topó con una lolitas vestidas como "zorritas" a las que se "trajinó". A "las muy putas", remacha.

La polémica obligó a Dragó a recular aduciendo que, lo que en el libro se vende como verdad, es en realidad ficción. "Es una historia literaturizada, digamos, a partir de una anécdota trivial. Se remonta a 1967. Ya ha llovido: casi medio siglo".

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha aferrado al argumento de "historia literaturizada" esgrimido por Dragó para minimizar los hechos. Para ello ha comparado al escritor español con un Premio Nobel como Gabriel García Márquez, con uno de los novelistas estadounidenses más relevantes, Henry Miller, y con su propio tío materno, el poeta Jaime Gil de Biedma.

La presidenta madrileña, que ayer se negó a contestar a las preguntas de un reportero de El Intermedio, ha señalado que "la historia de la literatura está plagada de actos absolutamente reprobables. Por citar sólo algunos, Gabriel García Márquez, Henry Miller, Jaime Gil de Biedma".

"¿Y qué pasa, que hay que quemar esos libros como si fuéramos torquemadas? O mejor, ¿quemamos a los autores?", se ha cuestionado para agregar: "Si alguien hubiera hecho propaganda o apología de un delito en la televisión pública evidentemente que no, pero la literatura es eso, literatura", justifica la conservadora.

El libro de conversaciones que incluía el pasaje no figura en ninguna librería en la categoría de literatura. Así, por ejemplo, El Corte Inglés lo cataloga de ensayo y La Casa del Libro en el apartado de Ciencias políticas y sociales.

Sin embargo, las obras de los escritores a los que menciona no salen del apartado de ficción. Aunque no lo cite, es probable que la 'lideresa' aluda al librito de 'Gabo' Memorias de mis putas tristes, que se mire como se mire, siempre ha sido una novela. Las obras de Miller (como Trópico de cáncer y Trópico de capricornio) son "narrativa extranjera" y los libros de Gil de Biedma forman parte del apartado poesía.

De modo muy diferente a Aguirre opina el Comité de Empresa de Telemadrid, que ha pedido a la directora general del ente público la destitución del escritor. Isabel Linares, por su parte, se lava las manos al asegurar que "este tema no es competencia del Consejo de Administración".

Tampoco comparte la visión de la política conservadora Viajes Barceló, que ha suspendido "automáticamente" la comercialización de una ruta por Japón diseñada por Sánchez Dragó y su mujer, natural del país.

"Nuestra Marca y nuestro Grupo representan valores como el fomento del conocimiento de las culturas y de los países, así como un profundo respeto por los seres humanos, valores que deben compartir tanto nuestros empleados como las personas con las que nos asociamos", señala la compañía en un comunicado.

(www.elpais.com, 29/10/10)

 

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