1. AGUIRRE SE DESMARCA DE
LA 'GÜRTEL' Y SEÑALA OTRA VEZ A ESCUDERO
2. AGUIRRE DISPARÓ UN 9% EL
GASTO DE LAS CUENTAS "AUSTERAS" DE 2009
3. LA 'GÜRTEL' INFORMÓ AL
NÚMERO DOS DE AGUIRRE DE LOS "PUFOS" EN MADRID
4. LA 'GÜRTEL' ORGANIZÓ
TODOS LOS ACTOS DE AGUIRRE EN LA CAMPAÑA DE 2003
5. GRANADOS SE DEFIENDE:
"NO ENTIENDO DE CONTABILIDAD"
6. PEDREIRA RASTREA LAS
CUENTAS DE 14 EX CARGOS DEL PP
7. 'GÜRTEL' ASOMA EN LA
POLÉMICA DEL CURSO MUNICIPAL CON PRÁCTICAS DE TIRO
8. GALLARDÓN ENTRA EN
NÚMEROS ROJOS
9. LEGANÉS REPROBARÁ AL
EDIL DEL PP QUE INSULTÓ A LOS COMUNISTAS
10. EL EX ALCALDE DEL PP DE
COSLADA SERÁ JUZGADO POR FAVORECER A GINÉS JIMÉNEZ
1. AGUIRRE SE DESMARCA DE
LA 'GÜRTEL' Y SEÑALA OTRA VEZ A ESCUDERO
La presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, insiste en desvincular su
etapa al frente del PP de Madrid de la trama Gürtel, a pesar de que
los últimos informes policiales apuntan a que los responsables de la
red corrupta organizaron todos los actos de las primeras autonómicas
de 2003 cuando ella era la candidata.
"Una vez que se sabe que
todos los actos de su campaña electoral de 2003 los organizó la red
Gürtel, ¿mantienen en el PP de Madrid que hay que seguir pidiendo
explicaciones a Pío García-Escudero, su antecesor en el cargo?", fue
preguntada ayer en rueda de prensa. La líder del PP de Madrid
respondió con otra cuestión: "En el año 2003, ¿quién era el
responsable de las campañas electorales [en Madrid]?", en alusión a
Pío-García Escudero, ex presidente de los conservadores de Madrid y
actual portavoz del partido en el Senado.
No es la primera vez que la
presidenta de la Comunidad de Madrid marca distancias con la etapa
de su predecesor. El 19 de mayo de 2009, cuando estalló el escándalo
de Fundescam, fue contundente en sus declaraciones. "En el 2003, yo
no estaba [en el partido]. O sea que se lo pregunten a Pío, pío,
pío". Esperanza Aguirre no llegó a la primera planta del número 13
de la madrileña calle de Génova, sede del PP de Madrid, hasta
noviembre de 2004. Según ha informado este periódico, Special
Events, una de las empresas de la red corrupta, se encargó de
organizar todos los actos de las autonómicas de 2003 anteriores al
tamayazo. Así se desprende de un documento de excel, "Relación actos
E. A.-Beltrán.xls", hallado por la policía en un ordenador de la
trama Gürtel.
Las siglas E. A. se
refieren a la presidenta madrileña y el siguiente nombre es el de
Beltrán Gutiérrez, gerente del PP de Madrid. Según la policía, el PP
de Madrid falseó facturas electorales de las campañas de Aguirre de
2003 por más de 1,2 millones de euros. Y, para ello, se sirvió de la
fundación Fundescam, perteneciente al partido. Hasta hace unos
meses, la norma ha sido que el presidente del PP de Madrid lo sea
también de la citada fundación.
Transcurridas las
autonómicas, las empresas de la red corrupta recibieron
adjudicaciones de actos de las diferentes consejerías de la
Comunidad de Madrid. Una vez más, la presidenta madrileña restó ayer
valor a los informes que prueban la financiación ilegal del PP de
Madrid. "No hay nada nuevo, más que un informe policial que pone de
manifiesto la enorme transparencia con la que el PP ha funcionado en
todo momento".
Mañana, Esperanza Aguirre y
Pío García-Escudero podrán ser fotografiados juntos. El portavoz
conservador en el Senado será uno de los participantes en la
convención regional del PP de Madrid. Hasta el sábado, la plana
mayor del partido se dará cita en el hotel Auditorio de Madrid para
debatir sobre educación, inmigración, deporte, financiación local,
economía e ideología. El plato fuerte ha sido reservado para la
clausura. Será cuando intervengan Alberto Ruiz-Gallardón,, Aguirre y
Mariano Rajoy.
(www.publico.es,
21/10/10)
2. AGUIRRE DISPARÓ UN 9% EL
GASTO DE LAS CUENTAS "AUSTERAS" DE 2009
Austeridad. Fue la palabra
que empleó la presidenta regional, Esperanza Aguirre, cuando
presentó los Presupuestos de 2009. La crisis ya azotaba fuerte y
había que contener el gasto. También las inversiones, que quedaban
congeladas. Aguirre anunció unas cuentas que subían un 1,9% con
respecto a las del año anterior. En realidad, era un descenso, ya
que el incremento del IPC se acercaba al 4%. Austeridad. Pero su
intención de entonces ha quedado en agua de borrajas una vez que se
ha conocido la liquidación de aquellas cuentas que nacieron
restringidas en el segundo año de la crisis. El Presupuesto ya
ejecutado -el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, lo
presentó el miércoles en la Asamblea de Madrid-, revela que el gasto
se disparó desde ese 1,9% previsto al 9% con respecto al año
anterior.
Y sin embargo, las
inversiones bajaron un 8,29%, cuando la previsión era que quedaran
congeladas (subida del 0,4%). El dinero que suele destinarse a
nuevas carreteras, colegios, hospitales o ambulatorios sufrió el
tijeretazo. Se gastó más, pero no se invirtió más. La cantidad para
infraestructuras no solo cayó al comparar de un año al siguiente.
También sufrió un hachazo dentro del mismo ejercicio. El dinero que
había previsto la Comunidad en inversiones en enero de 2009 sufrió
un descenso del 31% en diciembre de ese mismo año, con las cuentas
ya cerradas. En cambio, lo que sí aumentó fueron los gastos
corrientes (un 4% respecto a la cifra inicial): sueldos del
personal, compra de material, facturas...
Las partidas que se
destinan al funcionamiento diario de la maquinaria de la
Administración. El diputado socialista Adolfo Piñedo acusó ayer a
Aguirre de hacer "lo contrario de lo que predica" con sus cuentas.
La Consejería de Economía explicó ayer que la Comunidad ha gastado
más porque también sus ingresos aumentaron por encima de lo
previsto. Lo que no dijo es que ese incremento proviene de las arcas
del Estado.
La Comunidad ingresó más,
pero no porque aumentara la recaudación de impuestos, sino porque
recibió recursos adicionales procedentes del Estado, gracias al
nuevo sistema de financiación autonómica. La región dispuso de 1.743
millones de euros más de ingresos de los que preveía al aprobar las
cuentas, tal como queda reflejado en la ejecución del Presupuesto de
2009 recién llevada a la Asamblea.
Con ese dinero, el Gobierno
regional aumentó el gasto de 2009 y decidió "priorizar la cobertura
de los servicios públicos esenciales frente a otras actuaciones
importantes pero secundarias", según un portavoz, que puso como
ejemplo la construcción de carreteras, entre otras inversiones
postergadas. Lo que no explica el portavoz es por qué el Gobierno
regional dio un paso atrás en las inversiones, es decir, no se
contentó con congelarlas sino que en algunos casos rebajó la partida
prevista en la aprobación inicial de los Presupuestos de 2009. En el
caso de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por
ejemplo, la Comunidad aprobó un presupuesto para inversiones y
transferencias de capital que sumaba 411 millones de euros, de los
que acabó ejecutando poco menos de un tercio: 145 millones.
El presupuesto para
inversiones de la Consejería de Empleo y Mujer también se ejecutó
muy por debajo de lo previsto. Las cuentas empezaron con casi 13
millones de euros de los que al final del ejercicio solo se habían
aplicado un tercio, algo más de cuatro. El presupuesto total de esta
consejería fue de los más bajos en ejecución total, con el 72% del
dinero gastado. Piñedo tildó de "escándalo" que se dejara dinero sin
gastar en la partida que gestiona, entre otros asuntos, las
políticas activas de empleo. El consejero de Economía, Antonio
Beteta, achacó en la comisión de presupuestos de la Asamblea el
incumplimiento a los "retrasos por parte del Ministerio de Trabajo
de los fondos del Servicio Regional de Empleo".
La ejecución de los
Presupuestos que presentó Beteta no incluye al Servicio Madrileño de
Salud (Sermas), ente que gestiona todos los hospitales públicos de
la región y que representa cerca de un tercio de todo el presupuesto
de la Comunidad de Madrid. Piñedo explicó ayer que su grupo presenta
todos los años una enmienda para que la Cuenta General incluya los
entes especiales como el Sermas (también lo es la Agencia de
Protección de Datos, por ejemplo), pero que el PP siempre vota en
contra. "El Gobierno oculta a esta cámara y a los ciudadanos la
fiscalización del gasto en Sanidad", aseguró. El presupuesto del
Sermas creció en 1.000 millones de euros sobre lo inicialmente
previsto.
La Consejería de Economía y
Hacienda insistió ayer en justificar el aumento del gasto en la
subida de los ingresos y aseguró que "lo importante es cumplir el
objetivo de déficit", que fue del -0,44% respecto al PIB, "por
debajo del -0,75% que marcaba el pacto de estabilidad
presupuestaria". Madrid fue, añadió el portavoz, la única región
española que "no ha tenido que presentar un plan de reequilibrio
económico-financiero".
Las cuentas
- La Comunidad de Madrid
gastó en 2009, año para el que Aguirre anunció un presupuesto
"austero", un 9% más que en 2008. Su previsión era gastar solo el
1,9% más, por debajo de la inflación.
- Las inversiones (nuevas
carreteras, colegios, hospitales...) fueron las grandes perdedoras.
Cayeron un 9,1% de un año a otro.
- La Comunidad ha suprimido
el 30% de las inversiones que tenía previstas.
(www.elpais.com
, 22/10/10)
3. LA 'GÜRTEL' INFORMÓ AL
NÚMERO DOS DE AGUIRRE DE LOS "PUFOS" EN MADRID
"Carta Granados-Pufos Reg.
Madrid.doc". Bajo ese título de significado inequívoco, la red
Gürtel guardaba en sus ordenadores dos cartas de relevancia para las
indagaciones sobre la presunta financiación ilegal de PP madrileño y
que aparecen reseñadas en el informe policial al que ha tenido
acceso Público. Porque esas misivas prueban que su destinatario,
Francisco Granados, secretario general del PP madrileño y consejero
de Presidencia en el Gobierno de Esperanza Aguirre, fue informado de
la existencia de una deuda con Special Events cifrada oficialmente
en 60.000 euros. Tal deuda, reclamada a Granados por Pablo Crespo, a
quien se considera el lugarteniente de Don Vito, era el "pufo". En
otras palabras: se trataba de una deuda que, a criterio de la propia
trama corrupta, poseía un carácter engañoso, turbio o fraudulento.
La palabra "pufo" se repite en el enunciado de cinco archivos
informáticos incautados por la policía, todos ellos referidos a la
citada deuda. Una portavoz de Granados confirmó que este recibió al
menos una carta de Crespo.
Fechado el pasado 30 de
julio e incorporado a las actuaciones secretas del sumario Gürtel,
el informe de la Brigada de Blanqueo aporta numerosos datos sobre la
financiación ilegal del PP madrileño. El PP, sostiene la UDEF, usó
un sistema de "facturas ad hoc" cuyo concepto y destinatario el PP o
Fundescam variaba según "las necesidades del cliente". Según la
policía, el PP de Madrid
falseó facturas
electorales de las campañas de
Aguirre en 2003 por importe superior a 1,2 millones de euros.
"Este sistema de
facturación ad hoc y de financiación irregular de los actos
realizados por el conjunto de empresas de Francisco Correa para el
PP tiene una persistencia en el tiempo", dice el informe. En otro
momento, la Brigada de Blanqueo pone el dedo en la llaga de
Fundescam: "El partido ha canalizado a través de Fundescam recursos
que han sido empleados para financiar campañas electorales".
Por lo que respecta a la
reclamación del "pufo", la policía reproduce en estilo indirecto
parte de una de las dos misivas de Crespo a Granados: "Le indica
[Crespo] la existencia de una deuda pendiente como consecuencia de
los trabajos realizados en beneficio de la formación política",
detalla el informe antes de precisar que esa carta obtuvo "acuse de
recibo y respuesta", y que todo ello quedó almacenado en los
ordenadores del
conglomerado Gürtel.
En el apartado relativo al
tráfico postal entre la trama y los dirigentes del PP madrileño, el
informe policial introduce un elemento incómodo para el equipo de
Aguirre cuando relata cómo Crespo subraya en su carta a Granados que
"ellos [la trama] han seguido las instrucciones marcadas desde la
primera planta de la calle Génova". En esa primera planta se
localiza el cuartel general del PP madrileño. Y, también, la sede de
Fundescam.
A preguntas de este diario,
una portavoz de Granados negó de manera tajante que la deuda
pendiente con
Special Events incluyera facturas
giradas a nombre de Fundescam. La portavoz confirmó que Crespo se
había dirigido por carta a Granados y añadió que, dado que no hubo
acuerdo, Special Events "planteó un pleito". En efecto, la empresa
que en esa época operaba como marca principal de la trama Gürtel
demandó al PP de Madrid. El juicio, señalado para el 16 de mayo de
2006, no llegó a celebrarse, dado que las dos partes alcanzaron un
acuerdo.
Como informó este periódico
en mayo de 2009, fue Crespo quien al final frenó el juicio cuando
llevó a la sede del PP de Madrid un documento que evidenciaba la
falsificación de facturas. Fuentes que conocen esa información de
primera mano aseguran que Crespo esgrimió un archivo Excel titulado
"Detalle facturas con cambio de entidades y/o conceptos (PP de
Madrid)". Ese estadillo figura en el informe policial y está
incorporado al sumario Gürtel. En ese juicio de Special Events
contra el PP estaban citados como testigos dos personajes clave en
el caso Gürtel: el ex concejal del PP José Luis Peñas, que grabó sus
conversaciones con Francisco Correa y denunció los hechos ante
Anticorrupción, y José Luis Izquierdo, el contable de la trama.
Así, se preguntó a Peñas.
"Me consta que en el total de la deuda que reclamaban había actos
facturados a Fundescam", aseguró el ex edil de Majadahonda, que
permanece imputado en la causa. Peñasacudía a todos los actos como
miembro del equipo de organización del PP. Y, según pudo saber este
diario, Special Events planeaba aportar fotos de los
actos de Fundescam
como prueba contra el PP. En algunas de esas fotos se observa el
logotipo de Fundescam en la esquina superior izquierda de las
traseras de los actos. El logo del PP aparece en la esquina superior
derecha.´
Las cartas a Granados no
fueron las únicas que escribió Crespo. El número dos de la
organización de Don Vito remitió una misiva a Salvador Victoria en
su calidad de "secretario de la comisión jurídica asesora del PP de
Madrid". Victoria es actualmente viceconsejero de la
Vicepresidencia, a las órdenes de Ignacio González.
Otra carta igualmente
remitida por Pablo Crespo al gerente del PP de Madrid, Beltrán
Gutiérrez, y reproducida fotográficamente en el informe afianza la
tesis policial sobre el falseamiento contable. "Aprovecho la ocasión
escribió Crespo para recordarte el asunto de las facturas pendientes
de los pueblos de Madrid de hace un año". "Recordarás dice a renglón
seguido que quedamos en encajarlas en esta campaña", la autonómica
de 2003, según la policía.
Además de gerente del PP,
Beltrán Gutiérrez ya era en 2003 apoderado de Fundescam. Es su firma
la que consta en los certificados que Fundescam entregó a los
empresarios que, con Gerardo Díaz Ferrán en cabeza, aportaron a sus
arcas casi un millón de euros entre 2003 y 2004. Al menos un tercio
de ese dinero sirvió para sufragar gastos electorales de Esperanza
Aguirre, sostiene el informe policial, que incluye la lista de
facturas de Fundescam que fueron falseadas.
(www.publico.es,
16/10/10)
4. LA 'GÜRTEL' ORGANIZÓ
TODOS LOS ACTOS DE AGUIRRE EN LA CAMPAÑA DE 2003
"Relación actos
E.A.-Beltrán.xls". Un documento en formato excel creado con ese
título y hallado por la policía en un ordenador de la
trama Gürtel
prueba que la red corrupta organizó a través de
Special Events
no algunos sino todos los actos protagonizados por Esperanza Aguirre
en la precampaña y la campaña de las primeras autonómicas de 2003.
E.A. son las iniciales de la presidenta y Beltrán, el nombre de pila
de Beltrán Gutiérrez Moliner, gerente del PP de Madrid ya en esa
época y a quien, según la policía, la trama tenía como interlocutor
regional en el partido. Tras su nombramiento como presidenta del PP
en el congreso regional de noviembre de 2004, Aguirre revalidó en el
cargo a Beltrán Gutiérrez. Público intentó ayer sin éxito contactar
con el gerente del PP de Madrid.
Las revelaciones sobre el
papel sustancial de la trama Gürtel en esa campaña de Aguirre,
aquella tras la que se produjo el tamayazo, constan en el informe
policial remitido al juez Antonio Pedreira el pasado 30 de julio y
al que ha tenido acceso Público. El informe cifra en 1,3 millones de
euros las facturas electorales falseadas por el PP entre 2003 y
2004. La falsificación se hizo, según la policía, en connivencia con
la red de Francisco Correa y gracias al uso de
Fundescam
como canal opaco de financiación del PP.
Desde que, en mayo de 2009,
este diario informó del falseamiento de facturas electorales
endosadas a Fundescam, Aguirre ha alegado que nada de lo ocurrido en
2003 le concierne. La presidenta argumenta que, entonces y hasta
noviembre de 2004, el partido y Fundescam tenían como presidente a
Pío García Escudero, actual portavoz del PP en el Senado.
Pero el hallazgo de un
archivo en formato excel dedicado en exclusiva a contabilizar los
actos de la hoy presidenta de Madrid pone en solfa la versión de
Aguirre sobre su desconocimiento de los entresijos financieros de
2003. En el estadillo archivado con las iniciales de la presidenta
se consignan relata el informe policial "el conjunto de los actos
realizados por fecha, lugar, importe facturado y tipología del
acto".
La trama clasificaba los
actos de Aguirre según su tamaño (pequeño, mediano, grande). Todos
ellos figuran en el archivo dedicado a Aguirre. Y los organizó de
principio a fin: el estadillo incluye el acto de apertura de la
campaña para las elecciones del 25 de mayo de 2003, que contaba con
su propia hoja de cálculo, "Hoja Costes Inicio Campaña Regional
Madrid.xls". Y también el acto de cierre, para el que Special Events
creó un documento denominado "Presupuesto Pta. del Sol.doc", al que
se añadió un complementario llamado "Extras.doc".
Special Events preparó
incluso, y así figura en el estadillo sobre la presidenta, uno con
interventores y apoderados y otro con agentes electorales.
Un año después de las
autonómicas de mayo de 2003, la trama Gürtel comenzó a recibir un
aluvión de contratos a dedo adjudicados por la Comunidad de Madrid,
ya bajo la presidencia de Esperanza Aguirre. El fraccionamiento de
los contratos, táctica urdida para que el importe de cada
adjudicación fuese inferior al mínimo legal que obliga a convocar
concurso (12.020 euros entonces), resultó providencial para la red:
sus empresas obtuvieron en cinco años más de tres millones de euros
en contratos otorgados por todas las consejerías de la Comunidad de
Madrid.
La versión oficial del PP
sostiene que fue el viceconsejero de Presidencia y luego consejero
de Deportes, Alberto López Viejo, quien maniobró para beneficiar a
la trama con contratos a dedo. Imputado desde el estallido del caso
Gürtel, López Viejo ocupó el puesto de director adjunto en la
campaña de Esperanza Aguirre en 2003 para las autonómicas de
octubre, las segundas del año y en las que venció por mayoría
absoluta. El ex consejero de Deportes mantiene su acta en la
Asamblea de Madrid como diputado no adscrito. El informe policial,
incorporado a las actuaciones secretas del sumario Gürtel, señala a
Beltrán Gutiérrez como "interlocutor de la organización [la red
corrupta] con el Partido Popular Regional para el desarrollo de la
campaña" para las elecciones del 25 de mayo de 2003.
Que entonces era el
interlocutor de la Gürtel queda claro por la existencia del
documento "Temas a tratar Beltrán Gutiérrez", incluido en el archivo
"Beltran Gutierrez.doc". "A esta persona señala la policía en
referencia expresa al gerente se le anotan el conjunto de actos
realizados en la Comunidad de Madrid en los que ha intervenido
Esperanza Aguirre, tanto relativos a la precampaña como a la campaña
electoral".
El apartado relativo a la
organización de actos no es el único del informe que otorga
relevancia a Beltrán Gutiérrez: junto con Francisco Granados, número
dos del PP de Madrid, Gutiérrez es uno de los dirigentes a quienes
escribió cartas Pablo Crespo, lugarteniente de Francisco Correa. En
sus misivas, Crespo reclamaba la deuda pendiente con Special Events,
aquella que la propia trama definía como los "pufos" del PP de
Madrid.
Los documentos de la trama
analizados por la policía refutan la línea de defensa que tanto el
PP como Francisco Correa han esgrimido desde el inicio del caso
Gürtel: que las empresas de ese grupo se convirtieron en la marca
favorita del PP porque eran las más baratas. Según el informe, que
cita como fuente "los datos del archivo Campaña.Madrid.xls.",
Special Events logró un beneficio medio del 50% en cada acto de
Aguirre. Por qué el PP no eligió ofertas más baratas es todavía una
cuestión abierta.
A tenor de los documentos
requisados, los actos "medianos" eran los más rentables, con un
beneficio del 65,5% sobre el precio de coste. Por un acto grande,
Special Events se hacía con una ganancia del 50,2%. En otros casos,
como el que aparece consignado como "Acto Villaverde", la
rentabilidad se situó en el 59,19%. El 24 de febrero de 2003, aún en
fase de precampaña, Aguirre fue la estrella en la Convención de
Metro celebrada por el PP en un conservatorio del distrito de
Villaverde.
"Beltrán Gutiérrez Moliner,
gerente del Partido Popular de Madrid, es el interlocutor de la
organización con el Partido Popular Regional para el desarrollo de
la campaña, así en el archivo "Beltran Gutierrez.doc", bajo el
título "Temas a tratar con Beltrán Gutiérrez", se establecen una
serie de puntos a abordar como el presupuesto de la campaña, acto
22-02, actos principio y fin de campaña y economía donde se plantea
que las facturas de los pueblos cree que las irán pagando y que él
les va a pagar una parte de la factura de 120.000 euros. A esta
persona se le anotan el conjunto de actos realizados en la Comunidad
de Madrid en los que ha intervenido Esperanza Aguirre, tanto
relativos a la precampaña como a la campaña electoral, de esta forma
en el archivo "Relación Actos E.A.-Beltrán.xls" se establecen, a
fecha 14/5/03 el conjunto de actos realizados por fecha, lugar,
importe facturado y tipología del acto".
(www.publico.es,
19/10/10)
5. GRANADOS SE DEFIENDE:
"NO ENTIENDO DE CONTABILIDAD"
El secretario general del
PP de Madrid, Francisco Granados, desconoce a qué tipo de
"pufos" se refería
Pablo Crespo, número dos de la
Gürtel, en las dos cartas que le envió para reclamarle que pagase la
deuda contraída por el partido con la trama corrupta. Eso es, al
menos, lo que mantuvo ayer cuando fue preguntado por los
periodistas.
"Evidentemente, no entiendo
de contabilidades de empresas y, por lo tanto, no sé a lo que se
refiere". Una respuesta llamativa teniendo en cuenta que Granados es
licenciado en Económicas y Empresariales.
Según desveló Público la
semana pasada, la red Gürtel tenía en sus ordenadores dos misivas
que prueban que Granados estaba al tanto de la existencia de una
deuda con Special Events, una de las empresas de la trama corrupta.
El "pufo" ascendía presuntamente a 60.000 euros.
Las citadas cartas aparecen
en un informe realizado por la Brigada de Blanqueo de la Policía,
fechado el pasado 30 de julio y que ha sido incorporado al sumario
de este escándalo de corrupción. El informe recopila datos que
prueban la financiación ilegal del PP de Madrid.
Concretamente, según la
policía, el PP de Madrid falseó facturas electorales de las campañas
de Aguirre del año 2003 por más de 1,2 millones de euros. Para ello,
se sirvió de
Fundescam, una fundación
perteneciente al partido.
Pese a desconocer
supuestamente a qué se refería la red en sus misivas un documento
hallado en un ordenador de la Gürtel se llama "Carta Granados-Pufos
Reg. Madrid.doc", el número dos de Aguirre reconoció que "es verdad"
que cuando el actual equipo llegó a la dirección del PP de Madrid
(noviembre de 2004) recibió "dos cartas de estos señores".
En estas, siempre según las
palabras de Granados, se reclamaba al PP de Madrid una "deuda" que
el partido entendía "excesiva". Para el secretario general del PP de
Madrid, la demostración "fehaciente" de que su formación "nada tenía
que ver con estos señores" es que el partido fue llevado a los
tribunales para que hiciese frente a los pagos. "Acudieron a los
tribunales y en los tribunales se dictaminó que teníamos que pagar
mucho menos de lo que ellos decían", señaló Granados, que también
aseguró que el PP de Madrid "nunca" trabajó con esta trama.
Pese a estas declaraciones,
este periódico ha revelado, y así consta en los informes policiales
incluidos en el sumario, que el juicio, fijado para el 16 de mayo de
2006, nunca se celebró. Y es que ambas partes llegaron a un acuerdo
previo.
Tras las declaraciones de
ayer de Granados en las que aseguraba que el PP de Madrid "nunca"
trabajó con la trama, se halla la estrategia que el equipo de
Esperanza Aguirre ha mantenido desde que estalló el escándalo de
Fundescam. Justo el día que se publicaron las primeras
informaciones, la presidenta madrileña intentó salir al paso
apuntando a su antecesor en el PP madrileño, Pío García-Escudero,
ahora portavoz de los conservadores en el Senado. "Pregunten a Pío,
pío, pío", espetó.
No obstante, el sumario del
caso Gürtel ha desvelado que la Comunidad de Madrid, en manos de
Aguirre, adjudicó a la trama más de 300 contratos por un valor
superior a los tres millones de euros. Lo hizo entre los años 2004 y
2008, con la presidenta ya en la Puerta del Sol. Menos dos, todos
estos contratos fueron adjudicados a dedo.
Granados acudió ayer a
Getafe, donde el PP local presentó una oficina móvil de atención al
ciudadano. Junto a él, participaron Antonio Basagoiti, líder del PP
vasco, y Carlos González, presidente de los conservadores de Getafe.
Todos confiaron en arrebatar el municipio al PSOE.
(www.publico.es,
19/10/10)
6. PEDREIRA RASTREA LAS
CUENTAS DE 14 EX CARGOS DEL PP
El juez instructor del caso
Gürtel, Antonio Pedreira, ha ordenado a 79 entidades bancarias con
sede en España que en el plazo de un mes informen sobre las cuentas
y cualquier otra clase de activos financieros vinculados a 38
sociedades y 27 imputados en la trama, entre ellos 14 ex cargos del
PP.
El marco temporal sobre el
que el juez extiende sus pesquisas abarca hasta el 31 de diciembre
de 2009 en el caso del jefe de la red, Francisco Correa, y su mujer
así como de su círculo de máxima confianza: su lugarteniente, Pablo
Crespo; su delegado en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, y su
primo Antoine Sánchez.
Que el juez pida datos
bancarios de hasta diez meses después del estallido del caso sugiere
que los investigadores albergan una sospecha: que los implicados
pudieron tener margen de maniobra para mover el dinero incluso
después de los arrestos e imputaciones. Correa, Crespo y Sánchez
permanecen en prisión. Lo investigado sobre las conversaciones que
en prisión mantuvieron con sus abogados aún continúa bajo secreto.
Entre los 27 imputados
sobre los que el juez requiere información figuran 14 antiguos
cargos del PP madrileño, entre ellos Pablo Crespo, ex secretario de
organización del PP gallego y considerado el número dos de la trama
corrupta; y los tres diputados que mantienen su acta en la Asamblea
de Madrid: el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, Benjamín
Martín Vasco y Alfonso Bosch.
El magistrado también
solicita los datos relativos a los cuatro ex alcaldes del PP
madrileño a quienes se atribuye el presunto cobro de sobornos a
cambio de adjudicaciones: Arturo González Panero (Boadilla), Ginés
López (Arganda), Jesús Sepúlveda (Pozuelo) y Guillermo Ortega
(Majadahonda).
El ex viceconsejero
madrileño de Inmigración Carlos Clemente; Pau Collado, ex director
general del Govern balear con Jaume Matas; los ex concejales Ricardo
y José Galeote (Estepona y Boadilla, respectivamente), la ex edil de
Pozuelo Yolanda Estrada y el ex gerente de la Empresa Municipal de
Suelo de Vivienda de Boadilla Tomás Martín Morales completan la
lista de cargos del PP sobre los que el juez demanda información.
La mayoría de ellos tuvo
participación en las adjudicaciones a empresas del núcleo duro de la
red corrupta o a otras que, a cambio de contratos, pagaban comisión
al grupo dirigido por Francisco Correa. Pedreira solicita también
información sobre José Luis Peñas, ex edil del PP en Majadahonda y
denunciante del caso Gürtel.
Por lo que respecta a
Arturo González Panero y Yolanda Estrada, hasta ahora la última
militante del PP en ser imputada, los requerimientos también
alcanzan hasta diciembre de 2009.
Y entre las sociedades
investigadas se cuentan todas las patrimoniales ligadas a Correa y
sus socios y las que obtuvieron contratos de administraciones del
PP, incluida la valenciana Orange Market. También figura Astrolago
de Inversiones, donde el ex tesorero del PP Luis Bárcenas poseía
acciones con el ex diputado Jesús Merino y el ex alcalde Jesús
Sepúlveda.
La solicitud del juez
consta en un auto dictado el martes. El redactado de la resolución
sugiere que Pedreira no está dispuesto a aceptar negativas o
dilaciones como las que se han sucedido desde el comienzo de la
instrucción.
El juez pide a las
entidades bancarias "una relación comprensiva de las cuentas,
depósitos, cajas de seguridad y cualquiesquiera otros productos
financieros, activos o pasivos, existentes en la entidad o
gestionados por la misma". Y precisa que la solicitud se extiende no
sólo a aquellos productos donde las sociedades implicadas o los
imputados constaban como titulares sino también a aquellos en los
que figuraban como autorizado o donde hayan tenido "otro tipo de
intervención".
(www.publico.es,
20/10/10)
7. 'GÜRTEL' ASOMA EN LA
POLÉMICA DEL CURSO MUNICIPAL CON PRÁCTICAS DE TIRO
El curso de formación con
prácticas de tiro por el que la empresa pública Promoción Madrid
pagó en 2009 más de 16.000 euros para potenciar el trabajo en equipo
de su plantilla incendió ayer la comisión del Área de Economía y
Empleo, dependiente de Miguel Ángel Villanueva. La oposición,
especialmente IU, cargó contra el concejal y le acusó de
irregularidades en la contratación del curso de formación.
Villanueva, que no esperaba tales ataques, negó cualquier
ilegalidad, aunque sí asumió que las prácticas de tiro que
realizaron los empleados de la televisión pública no eran
apropiadas.
El concejal de IU, Ángel
Lara, tachó a Villanueva y a su equipo de "irresponsables" por haber
permitido la contratación de ese curso que tuvo que suspenderse
porque varios empleados se negaron a disparar, a meterse una cuerda
por el interior de la ropa o a participar en actividades que
consideraron machistas.
Lara defendió que Promoción
Madrid, dedicada a fomentar el turismo de la capital, nunca tendría
que haber contratado aquel curso porque la empresa que se lo
ofreció, Megatraining, según publicó el BOE, no estaba al corriente
de pago con las Administraciones públicas, lo que la "inhabilita
legalmente" para contratar con la empresa pública.
Villanueva replicó que en
contratos inferiores a 18.000 euros -este costó 16.397 euros- no
tiene obligación de investigar la situación de las empresas que le
prestan servicios. Unas horas después, sin embargo, un portavoz
envió un documento que se había solicitado a la Agencia Tributaria
de Barcelona, fechado en febrero de 2009, que certificaba que
Megatrainig estaba al corriente de pago.
"¿Sabe usted quién era el
presidente de la empresa [Fyrs] donde se impartió el curso?", le
inquirió Lara a Villanueva. "¿No lo sabe? ¿No se lo han dicho sus
compañeros?", continuó. "Pues era un compañero de su partido que se
llama Guillermo Ortega Alonso, ex alcalde de Majadahonda e imputado
en el caso Gürtel".
El concejal del PP, al que
le pilló por sorpresa la afirmación, aseguró desconocer "el
accionariado" de las empresas subcontratadas por otras y siguió:
"Nosotros hemos contratado con Megatraining. No tenemos ninguna
relación contractual con Fyrs. Si Ortega es el presidente no nos
afecta. Y me parece que está montando una historia donde no hay
tema".
(www.elpais.com,
20/10/10)
8. GALLARDÓN ENTRA EN
NÚMEROS ROJOS
El Ayuntamiento de Madrid
gasta cada día 12 millones de euros pero solo ingresa 11,3 millones.
Ya no queda ni una sola luz roja de emergencia por encender. La
falta de liquidez está empujando al precipicio a su alcalde, Alberto
Ruiz-Gallardón (PP), que no encuentra dinero para pagar a los
principales proveedores.
Los ingresos de la capital
han caído en los tres últimos ejercicios un 29% -642 millones de
euros menos de lo previsto-, el pago a las empresas que prestan los
principales servicios acumula un retraso de nueve meses de media y
la deuda asciende a 7.145 millones de euros (siete veces más que el
segundo municipio más endeudado de España y muy por encima de la
mayoría de comunidades autónomas). Para rematar esta gravísima
situación financiera, el Gobierno central ha denegado a Madrid la
refinanciación de sus créditos. El alcalde ha sufrido las tres
peores semanas de sus 15 años en el poder.
El pasado 24 de septiembre,
una de las alarmas salta en el Ayuntamiento. Las cuatro grandes
constructoras del país, que le prestan servicios de limpieza y
recogida de basuras -FCC, ACS, Ferrovial y Sacyr-Vallehermoso-
amenazan con no pagar la nómina a 12.000 trabajadores si no reciben
parte de los 298 millones de euros que se les adeuda. Marcan en rojo
una fecha límite: el 15 de octubre. La cúpula municipal acude a los
bancos para que les adelanten dinero con el que abonar las facturas
anteriores al 30 de diciembre de 2009. Los bancos aceptan. Pero es
solo un parche.
La situación es tan
desesperada que los máximos ejecutivos de tres de esas empresas, a
las que los municipios españoles deben 3.425 millones, acuden el
martes 5 de octubre a la ministra de Economía y Hacienda, Elena
Salgado, para pedirle que facilite fuentes de financiación a los
ayuntamientos. Le reunión fue un fracaso.
La negativa de Salgado
irritó tanto al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que el
jueves de la semana pasada cargó contra el presidente José Luis
Rodríguez Zapatero al que llamó "mentiroso" y "envidioso". Palabras
que se ahorró cuando en el desfile de la Fiesta Nacional le abordó
para pedirle que permitiese refinanciar los créditos que le vencen
este año (257 millones, de los 7.145 millones que adeuda). "Vale,
hablamos", le dijo Zapatero. Pero si el plan que le enviará el
alcalde no convence al presidente, el problema de liquidez de la
capital se agravará y amenazará la supervivencia de sus proveedores,
que llevan nueve meses de media sin ver un euro. Gallardón, a
diferencia de sus predecesores, nunca tuvo reparos en acometer los
más ambiciosos proyectos, aunque para ello tuviese que triplicar su
deuda en la Comunidad de Madrid o sextuplicar la municipal (véase
gráfico). Todo era posible. "Nunca se han construido a la vez tantos
kilómetros de metro en ninguna ciudad del mundo", presumía como
presidente de la Comunidad en 1996 ante el desafío de perforar 113
kilómetros de subterráneo que financió a golpe de créditos. Su
trayectoria en la Comunidad, que inició con una deuda de 2.791
millones y cerró con 8.862 millones, presagiaba su futuro como
alcalde de la capital.
"El alcalde Álvarez del
Manzano no ha sabido ni gastar ni tan siquiera endeudarse. Gallardón
va a entrar en el Ayuntamiento de Madrid como un tanque y vamos a
pasar pronto a una situación muy distinta, que tendrá que negociar
con Aznar si quiere seguir la misma política de gasto que ha
realizado en la Comunidad", auguró en 2003 la entonces concejal
socialista, Ruth Porta, ahora senadora. Siete años después, la
situación es parecida a la que describió Porta, salvo que con quien
tiene que negociar es con Zapatero. Cuando Gallardón asumió del
Ayuntamiento en 2003 heredó las cuentas saneadas de Álvarez del
Manzano, que invertía poquísimo -hasta el punto de que dejaba sin
gastar más de la mitad del dinero presupuestado para obras nuevas-,
bajaba impuestos y optó por endeudarse lo justo (1.200 millones). En
solo un año, el nuevo alcalde demostró que pretendía todo lo
contrario y comprometió gran parte de las inversiones que ahora, con
la caja vacía, pasan factura. En sus primeros presupuestos de 2004,
inmerso en la candidatura olímpica de 2012, aumentó la inversión un
60%, triplicó la deuda y subió considerablemente impuestos con el
fin de "transformar la ciudad".
Se abordaron un año después
más de 50 grandes obras públicas y su macroproyecto: el
soterramiento de la M-30. La inversión, de 3.200 millones, supuso un
aumento de la deuda municipal de 2.500 millones que no terminarán de
pagarse hasta el año 2035, a razón de 350 millones de euros anuales.
Desde que llegó al Ayuntamiento, el alcalde ha gastado 5.000
millones en inversiones, de los que solo unos 900 millones se
destinaron a construir equipamientos sociales, ha subvencionado unos
1.000 millones de euros de la red de Metro, que paga a medias con la
Comunidad, y ha acometido casi una decena de grandes
infraestructuras y peatonalizaciones, con créditos.
El alcalde también decidió
mudarse. "El Ayuntamiento tiene la obligación de identificar a los
ciudadanos y situarse a la vanguardia del pueblo madrileño. Y la
Casa de la Villa no lo hace", dijo. Por eso, y aunque aún no lo
había visto por dentro, decidió que el Palacio de Cibeles sería el
lugar perfecto para acoger parte de las dependencias municipales y
un centro cultural. La mudanza, con un presupuesto inicial de
rehabilitación del inmueble de 48 millones, le ha costado al final
124 millones y la etiqueta de "derrochador" que le ha adjudicado la
oposición.
El concejal de Hacienda,
Juan Bravo, insiste en que la deuda no es el problema de la capital
porque "es perfectamente asumible". Bravo mantiene que para afrontar
sus créditos destina "solo" 9,4 de cada 100 euros que ingresa y que
si sus limitaciones de endeudamiento se equiparasen al de las
comunidades, a las que se le permite destinar un 25% de sus ingresos
a amortizar créditos y pagar intereses, aún podría asumir el doble
de deuda de la que tiene.
El optimismo de Bravo choca
con las críticas de la oposición. El PSOE acusa al alcalde de haber
sido "incapaz de garantizar un equilibrio entre ingresos y gastos" y
de haber "enterrado el dinero de los madrileños en hormigón en lugar
de aumentar equipamientos". IU lamenta que "el gasto se haya
dedicado a grandes proyectos urbanísticos en lugar de mejorar
barrios necesitados".
(www.elpais.com,
17/10/10)
9. LEGANÉS REPROBARÁ AL
EDIL DEL PP QUE INSULTÓ A LOS COMUNISTAS
Las declaraciones públicas
"antidemocráticas", con el tiempo, pasan factura. Ahora la tendrá
que pagar
Jesús Gómez Ruiz, portavoz del PP
en Leganés (Madrid, 186.000 habitantes) y asesor de la presidenta de
la Comunidad, Esperanza Aguirre. Y se la cobrarán PSOE e IU, los dos
socios de gobierno en el Ayuntamiento.
Los hechos se remontan a
2001. Entonces, Gómez escribía esto en el número 8 de La Ilustración
Liberal, revista dirigida por el locutor de esRadio Federico Jiménez
Losantos: "Habría que desposeer a los padres comunistas de la tutela
de sus hijos, por pertenecer a la secta más criminal que la Historia
jamás haya visto y por inculcar a sus hijos una representación
teórica de la realidad absolutamente falsa que les provocará en el
futuro serios problemas de adaptación social y un agudo sentimiento
de infelicidad; y acto seguido enviar a estos niños (y a los padres
también) sin pérdida de tiempo a un campo de reeducación".
El edil no ha reculado, lo
que ha disparado la bronca en el municipio desde principios de mes.
Ayer lunes el portavoz local de IU, Raúl Calle, acompañado del
coordinador regional de la federación, Gregorio Gordo, registró una
moción donde pide a Gómez que se retracte de sus palabras antes del
pleno del próximo martes, 26 de octubre. De lo contrario, la
corporación le reprobará y exigirá su dimisión. La iniciativa
triunfará, porque el PSOE la apoya. No tiene decidido aún si asumirá
íntegramente el texto de la federación, si lo enmendará y pactará o
si los dos partidos lo reemplazarán por una iniciativa conjunta, del
equipo de gobierno, indicaban ayer fuentes próximas al regidor
socialista, Rafael Gómez Montoya.
Además, Gordo preguntará a
Aguirre este jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid si
"comparte" la opinión de su asesor personal y deje claro si no es
"la guarida de la extrema derecha".
Calle denuncia en su texto
que Gómez hizo unas declaraciones "detestables", que suponen un
"insulto inadmisible para miles de personas, militantes comunistas
que lucharon contra el franquismo, sufrieron cárceles, tortura y
fueron asesinados por luchar por la libertad y por la democracia", y
también "un insulto para el ser humano, que vulnera desde la
Declaración de Derechos de la ONU hasta la sensatez de la dignidad
del ser humano". El portavoz cree que el edil perpetró un "atentado
ideológico" contra la Constitución de 1978 al afirmar que los
derechos sociales que consagra la Carta Magna, como la protección de
la familia, las pensiones, el derecho al subsidio de desempleo, la
educación o la sanidad "no son necesarios para la conservación del
orden social, antes al contrario, lo minan y lo pervierten, ya que
conculcan directa o indirectamente derechos fundamentales". IU
también denuncia que el concejal propusiera en su artículo la rebaja
de la edad mínima laboral, hoy fijada en los 16 años, ya que
"el trabajo es una de las mejores escuelas que debe haber".
Calle comentó a Público que
IU baraja llevar a Gómez a los tribunales si no rectifica, pues
podría haber cometido apología del genocidio, tipificada en el
artículo 607
del Código Penal. Un portavoz del
alcalde agregó que el PSOE juzga que las palabras del edil merecen
"una querella".
Ya hay una demanda por
"injurias" sobre la mesa. Y es la del portavoz del PP y presidente
de los conservadores en Leganés contra seis periodistas y
responsables de medios locales por difundir "falsedades" e
"infamias" sobre él y su partido. Gómez acusó ayer a PSOE e IU de
"orquestar" una campaña en su contra. Aseguró que "jamás" ha
sugerido que había que quitar la tutela de sus hijos a los padres
comunistas. Y no rectificará algo que "no ha dicho o hecho", informa
Efe. El edil resaltó asimismo que ya ha comunicado a la Guardia
Civil que ha recibido "amenazas de muerte" en algunos "comentarios
de blogs radicales", como en Gara. "Claro que temo por mi integridad
física", confesó en una rueda de prensa.
"Sólo escribimos lo que él
escribió. Y también que él se ha ratificado. Nos culpa de haber
hecho de altavoces y de provocar que el caso trascendiera a la
prensa nacional. Nos toma como cabezas de turco. Pero confiamos en
la Justicia", confesaba ayer, "incrédulo", Alberto Gasco, uno de los
demandados por Gómez y director del periódico local El Buzón."En 13
años que llevo en la publicación, ésta es la primera vez que se
querellan contra mí, aunque a mí no me ha llegado el texto".
(www.publico.es,
19/10/10)
10. EL EX ALCALDE DEL PP DE
COSLADA SERÁ JUZGADO POR FAVORECER A GINÉS JIMÉNEZ
El caso Coslada, la
desarticulada trama de corrupción de los agentes municipales
presuntamente liderada por Ginés Jiménez, que estalló cuando
gobernaba el municipio el PSOE, se ha cobrado, sin embargo, su
primera víctima política en el PP: el anterior regidor, el popular
Raúl López Vaquero. El PSOE lo denunció por prevaricación y
malversación en junio de 2008 por mantener el salario a Ginés
Jiménez cuando una sentencia judicial le obligaba a suspenderle de
empleo y sueldo.
El juez que instruyó este
caso ha concluido sus pesquisas y ha señalado la apertura de juicio
oral. La petición de la fiscalía para el ex alcalde popular es de
cuatro años de prisión y nueve años de inhabilitación absoluta por
un delito de malversación de caudales públicos y de nueve años de
inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de
prevaricación. El juez, asimismo, le ha impuesto una fianza de
21.639 euros para responder de las responsabilidades pecuniarias.
La querella contra el ex
regidor popular deriva de la siguiente actuación: el Ayuntamiento de
Coslada, bajo gobierno socialista, sancionó en 2000 a Ginés Jiménez,
que ya ocupaba el puesto de jefe de la Policía Local, con una
suspensión de empleo y sueldo de 10 meses por seis faltas graves.
Tras un largo pleiteo de Jiménez, en julio de 2002 el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid decretó ajustado a derecho el
expediente, salvo una falta.
Su castigo quedó reducido a
suspensión de empleo y sueldo durante ocho meses. Según la denuncia,
Ginés sí cumplió tal apartamiento del cargo durante dicho periodo
entre 2001 y 2002, salvo 15 días, pero nunca se le embargaron dichas
retribuciones del periodo sancionado.
El anterior alcalde
socialista, Juan Granados, asegura que pidió a la justicia la
ejecución de la sentencia. Pero cuando llegó la respuesta, el nuevo
regidor, Raúl López, solicitó al letrado del Ayuntamiento, en junio
de 2003, que desistiera de la ejecución de la sentencia en lo
relativo a la suspensión del sueldo a Jiménez, ya que, según alegó,
"el Ayuntamiento poseía medios suficientes" para garantizar su
cumplimiento. Pero no fue así. Según la denuncia que originó esta
bola de nieve que amenaza con prisión ahora a López, el ex regidor
popular no realizó ninguna actuación tendente al cumplimiento del
fallo. Además, en la práctica, el alcalde popular imposibilitó que
su sucesor exigiera el cobro de los haberes del jefe de la Policía
Municipal que debieron ser embargados.
La denuncia señalaba que al
dejar de transcurrir "de forma dolosa el plazo de prescripción (seis
meses)" evitó que pudiera ejecutarse posteriormente la sanción por
otros posibles gobernantes. "Lejos de tratarse de un mero trámite
administrativo, el expediente afectaba al jefe de la policía local y
por ello tenía una evidente notoriedad". Por ello, la denuncia
socialista, firmada por todos los concejales del equipo que dirige
el regidor Ángel Viveros, veía en tal inacción del ex alcalde
popular una prevaricación al "desistir del procedimiento judicial
para posteriormente no ejecutar ningún acto administrativo tendente
al cumplimiento de la sanción impuesta, y todo ello de forma
absolutamente arbitraria".
(www.elpais.com
, 22/10/10)
