Mientras el enviado
de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, acudió en 2008 a las convenciones
de los demócratas y los republicanos, y algunos de los marianistas
más conocidos como Esteban González Pons se decantaron por Barack
Obama frente a John McCain, Esperanza Aguirre solo fue a la
convención de los republicanos. La presidenta de Madrid siempre ha
defendido a George Bush o Ronald Reagan. Pero ayer fue más lejos.
Aseguró en Los Desayunos de TVE que le gustan las ideas del Tea
Party de EE UU.
"Veo que a la
izquierda el Tea Party le parece una cosa enormemente terrorífica de
estos americanos que están tan locos todos ellos. El Tea Party pide
menos impuestos, menos intervención del Gobierno y más nación
americana. Son tres cosas que no están mal. Con esas tres ideas tan
alocadas estoy bastante de acuerdo", sentenció.
El Tea Party es un
grupo ultra surgido a la derecha de los republicanos, que está
causando muchos quebraderos de cabeza a la derecha tradicional
estadounidense y está marcando, con sus mensajes extremos y algunos
locutores estrella de radio y televisión entre sus filas, las
próximas elecciones.
Entre sus miembros
-se trata de un grupo sin portavoces oficiales y sin programa
definido- muchos lanzan todo tipo de acusaciones contra Barack Obama,
incluida la de que es comunista o musulmán. En Europa podría ser
homologado a un grupo de extrema derecha, ya que en su seno alberga
todo tipo de grupúsculos extremistas.
Aguirre no entró a
estos otros aspectos del Tea Party, alejadísimos de la política
española y de la línea política marcada por la dirección del PP.
También se le
preguntó si creía que en España sería posible un Tea Party y si ella
se vería como la cabeza de ese movimiento. Esquivó la pregunta con
una broma: "Aquí sería una café party". Aún así insistió en su
visión de ese movimiento y su defensa de las ideas. Sobre todo la
del patriotismo. "En Chile hemos tenido un ejemplo", remató
refiriéndose al rescate de los mineros en el desierto de Atacama.
"¡Qué lección de patriotismo!", sentenció.
La entrevista en
TVE, conducida por Ana Pastor, fue a ratos tensa, porque Aguirre se
empeñaba en recriminar algunas "preguntitas" que le hacían, que en
su opinión no interesan a los ciudadanos, como su polémica con
Miguel Ángel Revilla en el desfile del 12 de octubre.
"Ya sé que a usted
les gustaría hacerse usted las preguntas y responderselas usted,
pero la mala suerte es que yo soy la periodista y usted la
invitada", le llegó a decir Pastor. Aguirre condenó finalmente los
abucheos al presidente del Gobierno y recordó que ella también ha
sido abucheada en varias ocasiones, pero culpó a la organización por
alejar las gradas del público.
(www.elpais.com,
15/10/10)
2. EL PP FALSEÓ
FACTURAS PARA LA CAMPAÑA DE AGUIRRE
El PP de Madrid
falseó, según la policía, facturas electorales de las autonómicas de
2003 por importe superior a 1,2 millones de euros. Lo hizo con la
connivencia de
Special Events, entonces buque insignia de la trama Gürtel. Y lo
hizo también utilizando la fundación Fundescam como canal de
financiación paralelo gracias a donaciones de empresarios cuya
"opacidad" subraya la policía. El grueso de las donaciones (649.255
euros) llegó a Fundescam el año del tamayazo, la traición de dos
diputados socialistas que abrió a Esperanza Aguirre la puerta del
Gobierno de Madrid.
Las nuevas
revelaciones policiales, que agravan las sospechas de financiación
ilegal y corroboran las informaciones de Público sobre Fundescam,
constan en un informe de la Brigada de Blanqueo fechado el pasado 30
de julio. El informe, al que ha tenido acceso este diario, concluye
que el falseamiento de las facturas electorales del PP madrileño se
hizo "con conciencia y voluntad" de "enmascarar la realidad".
Siempre según el
informe, el monto de las facturas "ficticias" que Special Events
giró al PP y a Fundescam entre 2003 y 2004 es aún superior: "El
importe total en euros al que ascienden las facturas alcanza un
montante de 1.316.103 euros", dice en referencia expresa al archivo
llamado "Detalle facturas con cambio de entidades y/o conceptos (P.P.
de Madrid)". En ese archivo, una columna agrupaba datos bajo el
epígrafe "concepto real". Y, bajo el título "concepto factura", en
otra columna se alineaban los datos falsos utilizados a efectos
oficiales.
Elaborado en formato
excel, ese es uno de los estadillos que la trama almacenaba en la
carpeta denominada "PP.-Madrid". Su contenido, cruzado con el del
archivo "Detalle facturas emitidas por actos PP de Madrid", ha sido
clave para la investigación. El análisis de esos documentos,
incautados en los pisos francos de la trama, ha permitido a la
policía abordar por primera vez con carácter monográfico la
financiación del PP madrileño a través de Fundescam. En su informe,
la policía reseña que Luis Bárcenas era en 2003 el responsable del
PP a efectos de control de ingresos y gastos electorales. Y que
Fundescam tenía como presidente en esas fechas a Pío García
Escudero, hoy portavoz del PP en el Senado.
Había un doble modus
operandi y el informe abunda en datos al respecto. En unos casos,
Special Events alteraba el concepto de la factura e incluso la fecha
del supuesto acto que la había originado, de modo que esa factura no
quedara sujeta a las severas limitaciones de gasto que la
legislación impone a los partidos durante las campañas electorales.
Mediante ese procedimiento y según los documentos de la trama
corrupta reproducidos por la policía, el PP pagó a Special Events un
millón de euros entre 2003 y 2004.
En otros casos, la
empresa endosaba la factura a Fundescam. Aquí, Special Events fingía
haber organizado para la fundación actos ajenos a la actividad
partidaria, ya fueran jornadas o seminarios. Atendiendo a los datos
del informe y de los anexos, Fundescam abonó así más de 300.000
euros que se correspondían con gastos electorales del PP madrileño.
Como norma, el
concepto de la factura y/o su destinatario se alteraban a
conveniencia. El informe lo resume así: "El sistema de actuación
consistía en elaborar una factura de carácter provisional una vez
realizado el acto, que posteriormente estaba sujeta a cambios tanto
de entidad como de concepto en el momento de ser enviada al cliente
según las necesidades de este".
En referencia a los
empresarios que, con Gerardo Díaz Ferrán en cabeza, donaron casi un
millón de euros a Fundescam entre 2003 y 2004, el informe habla de
"opacidad" y lanza un misil contra el Ejecutivo de Aguirre: "Estos
fondos obtenidos por Fundescam, vinculada orgánicamente al PP,
provienen de empresas privadas a las que se les han adjudicado
concursos públicos en sus respectivos sectores de actividad en
administraciones públicas gobernadas por dicha formación, con lo que
existe una propensión al intercambio de favores". Seis de las
empresas donantes de Fundescam obtuvieron luego de la Comunidad de
Madrid contratos por más de 300 millones de euros.
El informe policial,
que evita nombrar delitos imputables a los dirigentes del PP pero
los describe con precisión, incluye este párrafo: "[El PP madrileño
utilizó] un mecanismo de financiación ajeno a lo contemplado en la
Ley Electoral General y la Ley de Financiación de Partidos Políticos
a través de una fundación vinculada orgánicamente al partido".
(www.publico.es,
15/10/10)
3. LA POLICÍA
PIDE DATOS SOBRE LAS DONACIONES
El informe policial
que ratifica los indicios de financiación ilegal en el PP madrileño
propone al juez una amplia batería de pruebas para avanzar en las
pesquisas. Una de ellas, que se reclame a Fundescam la lista de
donaciones recibidas en 2003 y 2004 "con indicación del donante y de
la cuantía de la donación, así como el destino dado a las mismas".
En esos dos años, ambos electorales,
Fundescam recaudó 941.574 euros por aportaciones de origen
privado. A partir de 2005, y a tenor de sus propias cuentas, la
fundación ya no recibió un solo euro en donaciones.
Como ha venido
informando Público a lo largo del último año, las cuentas de esta
misteriosa fundación ligada al PP madrileño no aportan el más mínimo
detalle sobre el destino de las donaciones. Las memorias anuales de
Fundescam relativas a 2003 y 2004 ni siquiera pormenorizan la
relación de donantes. Tampoco ofrecen pistas sobre el destino dado a
las generosas ofrendas económicas hechas por una quincena de hombres
de negocios con intereses en la Comunidad de Madrid. Los encabezaba
el todavía jefe de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, que donó
en total 246.000 euros.
Fundescam centra el
grueso de las propuestas de actuación planteadas en su informe por
la Brigada de Blanqueo. La policía propugna que se requiera a la
fundación para que facilite "toda la documentación soporte de las
relaciones comerciales" que haya podido mantener con las empresas
más señeras de la red corrupta. Y en ese "toda" se incluye desde
facturas a informes realizados a correos electrónicos cruzados entre
ambas partes. La relación de empresas por cuyas relaciones con
Fundescam se interesa la policía es esta: Special Events, Easy
Concept, Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral, Good and Better,
Technology Consulting Management, Orange Market, Pasadena Viajes,
Orange Factory, Forever Travel Group y Ventana Única.
La policía propone
igualmente que se reclame al Registro de Fundaciones de la Comunidad
de Madrid los siguientes datos sobre Fundescam: "Fundadores,
patronato fundacional, cargos de responsabilidad, estatutos,
memorias y estados contables y toda la información obrante en el
registro desde su fundación y hasta el año 2004".
Respecto al PP de
Madrid, la Brigada de Blanqueo solicita que se le requiera "para que
facilite la documentación relativa a las operaciones llevadas a cabo
con la sociedad Special Events durante 2003 y 2004". Esa petición se
hace extensiva al PP nacional, incluyendo aquí la "justificación
bancaria y contable" de los pagos.
En los dos meses
hábiles transcurridos desde el envío del informe al juez Pedreira,
Anticorrupción no ha solicitado la práctica de ninguna de las
diligencias propuestas por la Brigada de Blanqueo .
(www.publico.es,
15/10/10)
4. ASÍ FUNCIONABA
FUNDESCAM
El sumario sobre el
caso Gürtel incluye, en su tomo 60, las pruebas que permiten
concluir que el PP de Madrid falsificó facturas para financiar las
campañas electorales de 2003. Y que lo hizo a través de Fundescam,
una fundación del propio partido. Los datos que demuestran el
maquillaje de facturas a fin de burlar la Ley Electoral, que fija un
límite de gastos a los partidos políticos, figuran en un informe de
la Brigada de Blanqueo de la Policía incluido en el sumario.
Fue durante un
registro policial en un piso de seguridad de Francisco Correa,
ubicado en la madrileña calle General Martínez Campos, donde los
investigadores hallaron una memoria portátil en la que figuraban
hojas de cálculo de la empresa Special Events, firma clave de la
trama. Los nombres de los archivos no dejaban indiferente: "Cambios
facturación 2003-2004.xls", "Cambio facturación 2003-2004.barcenas.xls"
y "Facturación P.P. Madrid.xls". Esta información ya fue adelantada
por Público el pasado octubre.
El archivo
"Facturación P.P. Madrid.xls", según figura en la página 136 del
tomo 60, consta de "seis columnas con las denominaciones: fecha,
factura, cliente, importe, concepto y una última sin denominar". Los
datos abarcan el periodo comprendido entre diciembre de 2002 y
noviembre de 2004.
Entre los clientes
que figuran en esta hoja de cálculo, están el PP de Madrid, el Grupo
Popular del Ayuntamiento de Móstoles. el PP de Majadahonda,
Fundescam y el PP nacional.
A la hora de citar
el concepto, los investigadores destacan que, en ocasiones, consta
una denominación genérica, como "campaña municipales y autonómicas
Madrid", "campaña autonómicas E. Aguirre octubre", "campaña
elecciones generales 2004 Madrid" y "congreso regional PP Madrid".
Junto a estos conceptos, figura, según sostiene la policía, un
número 1. Son los actos que después se facturarán falsamente. El
apunte en el que se hace mención a octubre se refiere a las
elecciones posteriores al tamayazo.
El archivo en el que
aparece el nombre de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, junto a la
expresión "cambios facturación", ofrece detalles de las facturas con
modificaciones en lo referente a los clientes y los conceptos. Al
igual que el archivo "Facturación P.P. Madrid.xls", este consta de
seis columnas. Pero en este caso hay una ligera variación: "fecha,
factura, cliente, importe, concepto real y concepto factura". Esto
permite concluir que se facturaron cantidades por conceptos falsos.
Las fechas siguen siendo las mismas, pero los clientes son ahora
tres: PP de Madrid, Fundescam y PP Nacional.
En cuanto al
concepto real, se citan "las elecciones autonómicas 2003, elecciones
europeas 2004" y el "congreso regional 2004". Y en el concepto
factura, aparece, según el sumario "la descripción del acto
atribuido".
Los investigadores
concluyen que "existe una correlación entre ambos archivos, de tal
forma que los apuntes genéricos que figuran en el archivo
"Facturación P. P. Madrid xls" con el número 1 al lado se traspasan
casi en su totalidad al archivo "Cambios facturación 2003-2004
barcenas.xls" asignando un concepto determinado a cada uno de ellos,
si bien sigue siendo genérico sin aportar datos concretos sobre los
mismos como: lugar de realización, fecha de celebración etc." El
informe policial también incorpora una información publicada en mayo
por Público, en la que se menciona que el PP de Madrid recaudó cerca
de un millón de euros de empresarios a través de Fundescam. Con
ellos se pagaron facturas de las campañas de 2003.
(www.publico.es,
15/10/10)
5. UN CONSTRUCTOR
DE 'GÜRTEL' DEVUELVE 20 MILLONES AL FISCO Y DA UN VUELCO AL CASO
El caso Gürtel ha experimentado un salto cualitativo. Uno de los
empresarios imputados por delito fiscal y pago de comisiones
ilegales a la red corrupta que dirigía Francisco Correa ha dado un
paso al frente y ha pagado a las arcas de Hacienda casi 20 millones
de euros por delitos fiscales derivados de Gürtel y otros
conceptos.
Mientras Correa
esconde en el extranjero los millones de euros que amasó recibiendo
comisiones y sobornando a cargos públicos del PP de tres comunidades
(Madrid,
Valencia y
Castilla y León), Alfonso García Pozuelo, ex dueño de
Constructora Hispánica, ha tenido que vender a la firma Assignia la
empresa que tenía desde hace 20 años para saldar la deuda que tenía
con el fisco. Y lo ha hecho antes incluso de que acaben las
pesquisas que desarrolla el juez instructor, Antonio Pedreira, sobre
la mayor red de corrupción política que azota a España desde el
regreso de la democracia.
Anotaciones
contables en una carpeta azul intervenida por la Brigada de Blanqueo
de Capitales de la Policía al economista de
la red Gürtel, José Luis Izquierdo, revelan pagos que suman más
de 4.192.000 euros de García Pozuelo a Correa. Este prometía a
constructores adjudicaciones de obras públicas de administraciones
gobernadas por el PP a cambio de comisiones. Según el sumario de
Gürtel, 600.000 euros procedentes de entregas hechas por este ex
empresario a Correa (en concreto de una partida de 1,6 millones)
acabaron supuestamente en las manos del ex tesorero nacional del PP,
Luis Bárcenas. En el sumario figuran supuestos pagos de comisiones a
Correa por obras en Alcalá de Henares y Boadilla del Monte,
municipios madrileños gobernados por el PP.
Pero mientras los
demás imputados se resisten a devolver el dinero ilícito que se les
reclama, García Pozuelo se ha puesto totalmente al día con el fisco.
Es el único de los casi 100 imputados en la trama que, pagando al
fisco, reconoce implícitamente haber entregado dinero a Correa.
Parte del dinero abonado al fisco sale de las supuestas entregas
opacas a Correa, y el resto por otros conceptos.
Antes de regularizar
su situación fiscal, García Pozuelo tuvo que vender su empresa,
Constructora Hispánica, puntera en el mercado español, a la firma
Assignia, que ahora desarrolla obras de gran envergadura en España y
otros países extranjeros. Pese a las convulsiones iniciales,
Constructora Hispánica -a diferencia de otras implicadas en Gürtel,
como la castellanoleonesa Teconsa o Begar, que han despedido a todos
sus trabajadores por quiebra- ha huido del ERE y ha mantenido todos
los puestos de trabajo (en torno 2.000), incluso después de la venta
a Assignia.
El juez Pedreira
imputa delitos de cohecho, tráfico de influencia y contra la
Hacienda pública a García Pozuelo. Pero, dado que ha saldado todas
sus deudas con el fisco, lo previsible es que ahora plantee el
asunto a la Fiscalía Anticorrupción y lo desimpute, al menos de los
delitos contra la Agencia Tributaria.
Los problemas
judiciales de García Pozuelo, ahora aminorados, nacen cuando la
policía, entonces por orden del juez Garzón, registra la maraña de
sociedades de Correa y requisa al contable Izquierdo un pen drive
que contiene una detallada relación de cargos públicos del PP
supuestamente sobornados por la trama corrupta y una carpeta azul
que refleja donaciones de promotores que pujaban por adjudicaciones
de obras públicas. En concreto, y entre otros constructores,
aparecen pagos de García Pozuelo.
A raíz de esas
anotaciones, Hacienda abrió una rigurosa inspección a su empresa,
que abarca desde 2003 a 2007, y entregó un informe a la Fiscalía de
Delitos Económicos del Tribunal Superior de Madrid. El asunto recayó
en el Juzgado de Instrucción 20, cuyo titular, Antonio Viejo, lo
elevó para juicio al Juzgado de lo Penal 20 de Madrid.
Casi desde el primer
momento, García Pozuelo mostró su decisión de abonar las deudas que
le reclamase el fisco. Ni siquiera quiso alargar el reciente juicio
(sólo por delito fiscal) que se celebró contra él en el Juzgado
Penal 20 de Madrid. Su abogado habló con el fiscal y ofreció pagar
todo lo que Hacienda le reclamase, que incluye la parte defraudada
del dinero que supuestamente entregó a Correa y que, lógicamente,
era opaco al fisco: 19,7 millones de euros en total, incluidas las
preceptivas multas. "Mi cliente se ha puesto al día y ya no tiene
ninguna deuda pendiente con la Agencia Tributaria", subraya su
abogado, Javier Iglesias, quien admite que ha entregado al juez
Pedreira la documentación judicial que acredita el pago a Hacienda.
Ningún otro
implicado de Gürtel ha seguido la senda de García Pozuelo, a pesar
de que hay otros empresarios que tienen problemas fiscales
similares. Y también hay políticos imputados por delitos distintos
de los de García Pozuelo (haber aceptado supuestamente sobornos de
Correa) que siguen sin aportar las fianzas por responsabilidad civil
que les impuso hace meses el juez Pedreira.
Aún se resisten
numantinamente a pagar esas fianzas bajo apercibimiento de embargo
de bienes en caso de impago. Pedreira ha decretado fianzas civiles
que sobrepasan los 200 millones de euros. Entre ellos, los 170
millones (85 millones a cada uno) que ha fijado a los dos cabecillas
de la trama, Correa y su número dos, el ex secretario de
Organización del PP gallego Pablo Crespo.
(www.elpais.com,
11/10/10)
6. OBJETIVO:
RECUPERAR EL DINERO
Una vez que el
constructor Alfonso García Pozuelo ha entregado al fisco casi 20
millones de euros, lo previsible ahora es que el juez Pedreira,
instructor del caso Gürtel, retire el delito fiscal que le atribuía
la Fiscalía Anticorrupción. El empresario ha pagado incluso las
preceptivas multas. Hacienda ya no tiene nada contra él.
Fuentes de la
investigación están convencidas de que la acción de García Pozuelo
reconfortará a Pedreira, cuyo objetivo prioritario es "recuperar el
dinero". "Desde el principio, más que enviar a la cárcel a los
acusados, su obsesión ha sido que el dinero defraudado o robado
vuelva al erario público", señalan.
En busca de los
millones que aún oculta el cabecilla de la trama, Francisco Correa,
Pedreira ha enviado 15 comisiones rogatorias, con regular éxito, a
una decena de países. Fundamentalmente Estados Unidos, cuyas
autoridades también están investigando minuciosamente a Correa;
Venezuela, Colombia, Suiza, Portugal... y varios paraísos fiscales.
No todos los países están colaborando, aunque Pedreira ha logrado
bloquear 17 millones de Correa y cuatro más a su número dos, Pablo
Crespo, en Suiza, además de inmuebles en Miami y Colombia. Pero aún
queda mucho dinero por aflorar. Correa lo llevaba a paraísos
fiscales, interponía sociedades opacas y lo blanqueaba en España
pagando sobornos a políticos.
No es Pedreira un
juez propenso a medidas carcelarias. Magistrados que le conocen le
consideran "muy garantista" con los justiciables. Durante más de un
año ha mantenido las órdenes de prisión que Garzón dictó contra los
tres cabecillas de la trama Gürtel -Correa, Pablo Crespo y Antoine
Sánchez- y ha dejado libres, aunque imponiendo fianzas de carácter
civil -650.000 euros y 1,8 millones, respectivamente- a El Bigotes y
El Albondiguilla, ex alcalde de Boadilla del Monte, por ejemplo.
Según estas fuentes,
Pedreira sostiene que la prisión provisional es una medida de
aplicación muy excepcional. Imputados como el ex vicepresidente de
Repsol José Ramón Blanco Balín, el ex consejero de Esperanza Aguirre
Alberto López Viejo o los diputados populares de la Asamblea de
Madrid Benjamín Martín Vasco o Alfonso Bosh, incluso el propio
Bigotes, habrían estado muy cerca de la cárcel si la investigación
de Gürtel cae en manos de otro juez, subrayan estos magistrados.
Por otra parte, la
apertura total del sumario del Gürtel a las partes es inminente.
Quizás a finales de esta misma semana. La próxima como mucho. Y es
que el Tribunal Supremo está apremiando para que se levante el
secreto y poder utilizar así los más de 100.000 folios que abarcan
las diligencias. ¿La intención? Analizar si el juez Garzón, primer
instructor de Gürtel, cometió prevaricación al ordenar la
intervención de las comunicaciones que mantuvieron en la cárcel los
jefes de la trama con sus abogados. El juez del Supremo Alberto
Jorge Barreiro lleva este asunto. Esas escuchas carcelarias fueron
anuladas por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid. Algunos abogados, tras los encarcelamientos, hablaron con
Correa de blindar el dinero en el extranjero para eludir las
comisiones rogatorias e impedir el bloqueo del dinero en cuya
búsqueda sigue obsesionado Pedreira.
(www.elpais.com,
11/10/10)
7. CARGOS DE
AGUIRRE DESTAPARON CONTRATOS ILEGALES DE LA RED GÜRTEL SIN HACER
NADA
Un informe policial
del caso Gürtel, donde se recogen numerosos correos electrónicos
enviados entre trabajadores y directivos de empresas de la trama
corrupta que dirigía Francisco Correa, revela cómo algunos altos
cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre fueron conscientes de la
ilegalidad que suponía la contratación de determinados actos con
sociedades de la red corrupta, hasta el punto de que llegaron a
negarse a pagar hasta que no lo ordenase la Consejería de
Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Cuando se produjeron
los hechos que relata el informe policial, en 2006, al frente de la
consejería estaba Ignacio González, vicepresidente autonómico. Su
viceconsejero de Presidencia era Alberto López Viejo, diputado
autonómico y después consejero de Deportes de la Comunidad de
Madrid, hasta que fue despedido tras ser imputado en la causa de la
trama Gürtel por haber recibido supuestamente más de 250.000 euros
en comisiones ilegales por su trato de favor a las empresas de
Francisco Correa dentro de la Administración regional.
El ex consejero
López Viejo se encargó, por orden expresa de Esperanza Aguirre, de
montar todos los actos públicos de la presidenta autonómica. Lo hizo
en su etapa de viceconsejero de Presidencia de Aguirre y, después,
como consejero de Deportes.
Durante más de
cuatro años, López Viejo contrató todos los actos institucionales
con las empresas de la trama corrupta o con sociedades que en
realidad trabajaban para la red Gürtel.
Algunos de los
contratos los adjudicó por concurso y la mayoría directamente a
dedo, para lo que en muchos casos fraccionaba el servicio en varias
adjudicaciones, troceadas, para que no superasen los 12.000 euros,
cantidad a partir de la cual según la Ley de Contratos del Estado
habría que convocar un concurso.
La Intervención
General del Estado, que ha examinado para el juez del caso, Antonio
Pedreira, decenas de contratos de la Comunidad de Madrid entre 2004
y 2008, ha señalado que en la inmensa mayoría de los casos se
incumplieron las normas de contratación y se vulneró la ley.
Por este trato de
favor de Alberto López Viejo a la trama corrupta, según la
investigación del caso Gürtel, el ex consejero y todavía diputado
autonómico cobró cientos de miles de euros en comisiones ilegales,
según dejó anotado el contable de la red.
A esta práctica
irregular de contratos con las empresas de la trama corrupta no
fueron ajenas las consejerías del Gobierno de Esperanza Aguirre. En
uno de los informes internos entre los directivos de la red Gürtel
se da cuenta del resultado de una serie de visitas que realizan los
trabajadores de Easy Concept -una de las empresas que más actos de
Esperanza Aguirre organizó- a las distintas consejerías donde tienen
facturas pendientes de cobro.
En dicho informe,
que reproducimos en estas páginas, se señala: "Lourdes Barreda
[secretaria general técnica de la Consejería de Empleo y Mujer] nos
dice que la consejería no se quiere hacer cargo de estas facturas
[número 34, 58 y 73] ya que se ve claramente que es un
fraccionamiento del acto y dicen que ellos no pueden asumir estos
costes tan elevados".
Tras recordar que en
la Consejería de Empleo no están dispuestos a pagar las facturas por
las irregularidades descubiertas, Alicia Mínguez, trabajadora de una
de las empresas de la trama corrupta que organizaba actos
institucionales presididos por Aguirre, le explica a su jefa, Isabel
Jordán: "Me ha dicho [Lourdes Barreda, secretaria general técnica de
la Consejería de Empleo] que si desde la Consejería de Presidencia
dan la orden de que hay que pagarlas [las facturas 34, 58 y 73] pues
que lo más probable es que lo hagan, pero que si no, no hay ninguna
manera de que nos las paguen".
Para resolver el
problema, Mínguez tiene una solución: "He hablado con Carmen [jefa
de la secretaría de Alberto López Viejo] y le he comentado el
problema y me ha dicho que tiene que hablar con el viceconsejero
[Alberto López Viejo]".
Lourdes Barreda puso
pegas a más facturas, algunas reclamadas por la trama corrupta pero
que en realidad correspondían a otras sociedades, del Grupo Rafael,
que utilizaba la red Gürtel como pantalla, según sostiene la
investigación policial.
Las facturas en
litigio sumaban 30.014 euros y eran parte de un paquete pendiente de
cobro en 2006 por más de 300.000.
La trama corrupta
tuvo más dificultades para cobrar las facturas por actos ya
celebrados, según el informe de la visita que realizaron los días 21
y 22 de junio a las distintas consejerías.
- Economía e
Innovación Tecnológica. "Factura 2. De esta factura no puedo hablar
con nadie. Con la única persona que hablé fue con Toñi (secretaria
general técnica) y ella no quiere saber nada de esta factura. El
importes es de 3.734 euros".
"Factura 36. De esta
factura dicen que no se van a hacer cargo ellos, que les parece
carísimo y que no se van a hacer cargo de nada. El importe es de
6.048 euros. El problema que tenemos con estas facturas ya se lo he
comentado a Carmen [secretaria de Alberto López Viejo], tiene que
contestarnos ella lo que tenemos que hacer".
- Sanidad. "De
momento no me pueden decir nada de las facturas 25, 26 y 39, pero lo
más seguro es que nos hagan cambiar las facturas y tendremos que
refacturar directamente a los hospitales. La suma de estas facturas
hacen un importe de 13.011 euros".
Entre las facturas
pendientes de cobro había servicios de propaganda del propio
Gobierno de Esperanza Aguirre (acto de dos años de Gobierno por
3.415 euros; el descubrimiento de un cuadro en el que aparece
retratado Alberto Ruiz-Gallardón (1.730 euros) o el escenario del
Belén de Navidad, por 36.907 euros, según los documentos que constan
en el sumario del caso.
El PSOE ha
denunciado a decenas de altos cargos del Gobierno de Esperanza
Aguirre que han firmado los expedientes de contratación de decenas
de actos institucionales a las empresas de la trama corrupta.
Este informe de la
policía acredita hasta qué punto muchos altos cargos regionales eran
conscientes de la contratación anómala que mantenía López Viejo con
la red Gürtel.
(www.elpais.com,
12/10/10)
8. PRESIDENCIA
PAGÓ A 'GÜRTEL' 45.534 EUROS POR UN ACTO DE AUTOBOMBO
El 22 de noviembre
de 2006, Esperanza Aguirre sacaba pecho por su gestión al frente del
Ejecutivo regional. Había ordenado celebrar un acto en la sede del
Gobierno autónomo, en el patio de la Real Casa de Correos, situada
en la Puerta del Sol, para recordar lo bien que lo había hecho. Una
pantalla trasera con el lema "Tres años de Gobierno, gracias a la
suma de todos" y el logotipo de la Comunidad de Madrid decoraba un
escenario montado para la ocasión en el que se colocaron todos los
miembros del Gobierno de Aguirre. El Ejecutivo regional convocó a
consejeros, viceconsejeros, directores generales y demás cargos
regionales. Un acto de autobombo que costó más de 45.534 euros y que
fue adjudicado a varias empresas pantalla del entramado de la red
Gürtel, según un informe policial sobre el Grupo Rafael.
La Comunidad de
Madrid contrató a las empresas Fotomecánica Doble M, Fotomecánica
Rafael y Tecnimagen, pertenecientes al Grupo Rafael, para la
organización del acto. Estas empresas actuaron de pantalla de las
sociedades de la red Gürtel, que lideraba Francisco Correa, según el
informe policial. Todas las facturas fueron emitidas por un importe
inferior a 12.000 euros para evitar el concurso público y dificultar
su control.
La investigación
policial revela que la red Gürtel utilizaba a las empresas del Grupo
Rafael como tapadera y prueba que la Consejería de Presidencia de
Madrid contrató, al menos en cuatro ocasiones, a compañías de este
entramado empresarial para organizar el acto de promoción de
Aguirre. El ex viceconsejero de Presidencia Alberto López Viejo está
imputado por su presunta participación en las operaciones de la
trama corrupta. Según el sumario del caso Gürtel, López Viejo
ordenaba a la red corrupta trocear los contratos por debajo de
12.000 euros para dificultar su control.
El informe policial
confirma que el Grupo Rafael hacía de pantalla a la red Gürtel:
"Existe una estrecha vinculación entre las empresas de la
organización de eventos de Madrid de Francisco Correa y las del
Grupo Rafael". Y añade: "La emisión de facturas a la Comunidad de
Madrid la realiza el Grupo Rafael, luego es el grupo vinculado a
Correa el que factura por esa misma cantidad al Grupo Rafael [...],
Correa emitía facturas a este grupo por los mismos conceptos e
importes para compensar contablemente las operaciones".
En un correo
electrónico recibido por Felisa Jordán, administradora de varias de
las empresas de Correa, la policía halló unas hojas de cálculo con
la relación de facturas del Grupo Rafael a la Comunidad de Madrid.
En uno de estos archivos, correspondiente a "facturas pagadas",
figuran tres cuentas con empresas del Grupo Rafael de la Consejería
de Presidencia [con las siguientes numeraciones: 20070857 por
importe de 11.629,09 euros; 20070003, por 10.378,75 euros y
20071237, por 11.990,88 euros] para la organización del acto de
celebración de los tres años de gobierno de Esperanza Aguirre en la
Comunidad de Madrid. En otro archivo de "facturas pendientes" se
incluye otra cuenta del mismo grupo [20070002] por importe de
11.537,75 euros.
Las sociedades Doble
M, Fotomecánica Rafael y Tecnimagen, del conglomerado de empresas
Rafael, emitieron facturas por un importe menor de 12.000 euros. De
esta forma, eran consideradas como contratos menores y evitaban que
hubiera que concurrir a un concurso público.
Un portavoz de la
Comunidad de Madrid explica que el Gobierno autónomo ya ha entregado
toda la documentación necesaria al juez que instruye el caso,
Antonio Pedreira. Además, asegura, han participado en una comisión
en la Asamblea de Madrid y han realizado una investigación interna
del caso. El acto de autopromoción para celebrar los tres años de
gobierno de Esperanza Aguirre fue pagado íntegramente por el
Ejecutivo regional de Madrid. En otras comunidades autónomas
gobernadas por el PP, este tipo de actos los paga el partido. Así
ocurrió el pasado mayo cuando el presidente valenciano Francisco
Camps (PP) celebró los tres años de su victoria en las elecciones a
la Comunidad Valenciana. El acto de celebración fue sufragado por el
Partido Popular de la Comunidad Valenciana. El portavoz regional
explica que el evento organizado por la Comunidad de Madrid era un
acto institucional de la presidenta de la Comunidad de Madrid al
cumplirse tres años de la toma de posesión.
(www.elpais.com,
14/10/10)
9. LA HUELLA DE
NUEVAS GENERACIONES DE MADRID APARECE DETRÁS DE LA PITADA DEL
DESFILE
De nuevo una pitada
contra el presidente del Gobierno enturbió el momento más solemne de
del desfile militar del 12 de octubre, durante el homenaje a los
caídos. Desde el Partido Popular evitan condenar tajantemente los
silbidos, ya que aunque apuntan a lo inapropiado del momento a la
vez, como ha hecho Esperanza Aguirre, culpan a la organización. El
secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, ha dicho
que los abucheos no fueron vertidos por grupos organizados de
extrema derecha sino por "ciudadanos cabreados por la política del
Gobierno y la situación económica". Pero las Juventudes Socialistas
de Madrid han acusado a Nuevas Generaciones (NNGG) de convocar los
abucheos a través de redes sociales, algo que la organización
juvenil popular niega.
A través de la red
social Twiter, Nuevas Generaciones de Madrid difundió que un grupo
de sus seguidores, Marea Naranja, iban a abuchear a “ZParo” y “os
invitan a que les acompañéis”. Ante estos hechos y después de que
los pitos volvieran a enturbiar el homenaje a los caídos, desde las
Juventudes Socialistas de Madrid (JSM) acusaron al PP de convocar la
pitada y de emplear a NNGG “no como fuente de ideas y de contacto
con la sociedad, sino como auténticos perros de presa que degradan
la convivencia a cambio de un titular".
El Secretario
General de JSM, Daniel Méndez, denunció como “especialmente grave”
que Nuevas Generaciones “convoque estos abucheos en el acto de
homenaje a las Fuerzas Armadas, donde se reconoce el valor de
quienes han caído sirviendo a España y defendiendo valores como la
democracia y la libertad", por lo que exigió tanto a esa
organización como al PP de Madrid "que pidan disculpas a los
familiares de los homenajeados por enturbiar este acto".
Desde NNGG negaron
“haber convocado nada” y a través también de Twiter se apresuraron a
difundir mensajes de pésame por los militares fallecidos. Desde el
PP de Madrid tampoco han mostrado disposición a disculparse.
Francisco Granados ha dicho que los abucheos no fueron vertidos por
grupos organizados de derechas sino por “ciudadanos cabreados por la
política del Gobierno y la situación económica".
Lo que está claro es
que, tal y como se ve en el siguiente pantallazo del Twiter de
Nuevas Generaciones, la organización juvenil del PP emitió el
siguiente mensaje: "Mañana, nuestros followers abuchearán a ZParo.
Os invitan a que les acompañéis". Horas después, tal y como también
se observa en el pantallazo, los jóvenes del PP debieron recibir un
toque de atención y se contradijeron publicando el siguiente
mensaje: "Nosotros no estamos convocando a nada".
Los mensajes de NNGG
difundiendo una pitada organizada contra Zapatero y después negando
ser los convocantes. Pantallazo de su Twiter oficial.
Al margen de Nuevas
Generaciones, otras voces populares tampoco han podido evitar
justificar, al menos en parte, los abucheos. Esperanza Aguirre ha
expuesto que “siempre estoy en contra de los abucheos, de todos
aquellos que se producen” para añadir “que los políticos tenemos la
obligación de aguantarlos” y “a mí me pasa en muchas ocasiones”.
La presidenta de la
Comunidad de Madrid también ha señalado que los pitidos contra
Zapatero se produjeron “en momentos especialmente inapropiados e
inadecuados” ya que llegaron en el homenaje a los caídos” pero ha
matizado que la organización puso al público “muy alejado y detrás
de unas verjas, alegando motivos de seguridad” que, a su juicio, “no
pueden ser ciertos porque otros años no han existido”. Según la
presidenta, “como la gente estaba tan lejos, pues esos pitidos se
produjeron en momentos especialmente inapropiados e inadecuados
porque también se habían suprimido las pantallas y la gente a lo
mejor no oía bien”.
Otra voz que debía
en principio velar por los militares es la portavoz del PP en la
Comisión de Defensa, Beatriz Rodríguez Salmones, quien desde la COPE
ha asegurado que "a ninguno nos gusta que durante el homenaje a los
caídos", con sus familias delante, "se rompa el silencio y la
emoción". Pero a continuación Rodríguez Salmones ha acusado al
Gobierno de intentar blindar la Fiesta Nacional, y se ha permitido
bromear: "Si el presidente Zapatero entra mañana en el Bernabéu se
cae el estadio entero del abucheo. ¿Qué vamos a decir, que son todos
de Fuerza Nueva?".
(www.elplural.com,
13/10/10)
10. ASTURIAS
CONTRA AGUIRRE
Mariano Rajoy sigue
sin aclarar si impondrá a Francisco Álvarez-Cascos en Asturias. Y el
PP regional se ha enzarzado con Esperanza Aguirre, que ha llegado a
pedir que haya allí un congreso extraordinario. Ovidio Sánchez,
presidente del PP asturiano, se quejó de la actitud de Aguirre. "Yo
nunca me meto en asuntos de otras comunidades".
Más duro fue el
alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo: "¿Por qué Esperanza Aguirre
nos falta al respeto entrometiéndose en asuntos que no son de su
incumbencia? ¿Qué le parecería si yo, por ejemplo, pidiera un
congreso extraordinario del PP en Madrid? ¿Ya se olvidó de sus
confrontaciones con ese magnífico alcalde que es Gallardón y a las
que hemos asistido con un respetuoso silencio?"
El PP de Madrid
defendió el derecho de Aguirre, como dirigente nacional, a opinar
sobre el futuro del PP de Asturias.
(www.elpais.com,
09/10/10)
11. POLÉMICA EN
TELEMADRID POR UN GRÁFICO ENGAÑOSO
Programa Madrid
opina, de Telemadrid, del 5 de octubre. El presentador habla de las
inversiones del Estado previstas para 2011 y utiliza para ilustrar
la información un gráfico de barras en el que compara Andalucía,
Cataluña y Madrid. "Madrid queda a la derecha, en esa exigua
columna", dice el presentador. Y tan exigua. Pese a que equivale a
1.775 millones de euros, es una octava parte de la columna que
representa a Andalucía, con sus 2.907 millones. Las proporciones no
cuadran. La escala del gráfico no es correcta. En lugar de partir de
cero, lo hace desde aproximadamente 1.500 millones, aunque no lo
dice. Como resultado, la inversión de Madrid parece ridícula al lado
de las otras dos.
Pero además del
error de escala, el gráfico tiene otro problema. Las inversiones de
Cataluña están infladas. En realidad son 2.545,5 millones y no los
3.134 que le atribuye. En Andalucía la cantidad también es
incorrecta, ya que la real es superior: 2.970 millones y no 2.907.
El error en las cantidades lo advirtió en el mismo programa uno de
los invitados y el presentador se comprometió a aclararlo en la
siguiente emisión. Lo hizo el día 12. Reconoció la equivocación en
las cifras, pero nada más.
Fue Antonio Miguel
Carmona, economista y miembro de la ejecutiva del PSM, el que
advirtió el error en las inversiones y se lo dijo al presentador y
director del programa, Víctor Arribas. En la siguiente emisión,
Arribas reconoció la "equivocación", trató de explicar que tenía que
ver con la contabilización del Plan E y aseguró: "Nunca hubo
intención de hacer ninguna trampa por parte de la dirección de este
programa".
No mencionó el error
en la escala que hizo que la inversión en Madrid pareciera una
octava parte que la de Andalucía, y de la que advirtió la página web
Salvemos Telemadrid, gestionada por los sindicatos CC OO, UGT y CGT
en la cadena pública. Telemadrid tampoco lo explicó a preguntas de
este periódico.
La emisión del día 5
se produjo en plena polémica por la inversión del Estado en Madrid.
En esos días, el Gobierno de Aguirre no paraba de repetir que los
Presupuestos de 2011 "castigan" a la región. No es la primera vez
que Telemadrid interpreta la realidad informativa de forma insólita.
Para dar cuenta de la marcha por el empleo que reunió a 57.000
personas en febrero pasado, el programa 7 días recurrió a imágenes
de Francisco Franco arengando a las masas en la plaza de Oriente.
El presentador, José
Antonio Ovies, tildó la marcha sindical de "turismo de
manifestantes, como en los viejos tiempos de la dictadura". De la
marcha real no ofreció ni una sola imagen en los dos minutos que
duraba el reportaje. La directora general de la cadena compareció en
la Asamblea unos días después para defender el enfoque del programa:
se trató de "un trabajo periodístico comparado", dijo.
También causó
revuelo un reportaje en el que se denunciaba un supuesto coladero de
inmigrantes en el aeropuerto de Barajas. La comisión deontológica de
la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) lo
criticó duramente por tratarse de un montaje. Un policía de uniforme
y un dirigente del sindicato policial CEP ayudaron a una reportera a
abrir puertas de seguridad para demostrar el supuesto coladero, pero
en el reportaje, grabado con cámara oculta, esa información se
omitía. Tampoco se decía que la red mafiosa que meses atrás había
introducido inmigrantes ilegales a través de la T-4 ya estaba
desarticulada.
El 27 de marzo de
2009 la multitud abucheó a Esperanza Aguirre durante la presentación
de la Noche de los Teatros. Un cámara de Telemadrid lo grabó. Todos
los medios se hicieron eco de las protestas, excepto el ente
público. La dirección de informativos consideró que no tenía
relevancia. En mayo del año anterior, cuando Aguirre se encaró con
unos trabajadores del hospital Ramón y Cajal que la estaban
abucheando -"Estáis pagados para meter follón", les dijo-,
Telemadrid tampoco emitió esa parte de la visita. El minutado del
vídeo contenía esta orden: "Ojo, la parte del abucheo no se puede
vender".
Los sindicatos (UGT,
CC OO y CGT) llevan tiempo denunciando -desde que Esperanza Aguirre
llegó a la presidencia- la "censura y la vulneración del derecho
fundamental a la información en Telemadrid". Critican la utilización
partidista del ente. Una encuesta realizada el año pasado por este
periódico reveló que la mitad de los votantes populares considera
que Telemadrid es partidista.
(www.elpais.com,
14/10/10)
12. EL PP VETA
CINCO PREGUNTAS DE IU EN LA ASAMBLEA
El PP hace valer su
mayoría en la Asamblea de Madrid para eliminar preguntas
parlamentarias que incomoden al Gobierno regional. IU no podrá
realizar ninguna pregunta a la presidenta Esperanza Aguirre en el
pleno que se celebrará hoy en el hemiciclo madrileño. IU ha visto
cómo la Mesa de la Asamblea, controlada por el PP, rechazaba las
cinco preguntas que había presentado. Se trata de la primera
ocasión, en esta legislatura, en que un grupo no puede realizar
ninguna pregunta parlamentaria. IU había preguntado a Aguirre sobre
las medidas propuestas por el grupo de los 100 economistas para la
reforma del sistema público de pensiones y quiso interpelar a
Aguirre sobre si compartía la opinión del Ejecutivo central en esta
materia. IU también reclamaba una valoración sobre el suceso en EADS-CASA
durante la huelga general.
El portavoz de IU en
la Asamblea, Gregorio Gordo, explicó que la justificación que
recibió del PP para no admitir ninguna de las cinco cuestiones es
que "no son competencia del Gobierno regional". Gordo ha recordado,
sin embargo, que el PP ha preguntado en varias ocasiones por asuntos
que no son competencia de la Comunidad. David Pérez, portavoz del PP,
aseguró que la negativa a las preguntas de IU "no responde a una
decisión política, sino técnica o jurídica".
(www.elpais.com,
14/10/10)
13. LOS
INMIGRANTES QUE MADRID SE NEGÓ A TUTELAR SÍ ERAN MENORES
Sí eran menores de
edad. La justicia ha dado la razón, hasta ahora, a 13 de los 18
subsaharianos a los que la Comunidad de Madrid dejó de tutelar
después de haberles acusado de falsificar su pasaporte para ocultar
que tenían "18 años o más". En 13 autos que ayer hizo públicos la
Fundación Raíces, varios juzgados de instrucción de Madrid
archivaron otras tantas denuncias por presunta falsificación de
pasaportes que la gerente del Instituto Madrileño del Menor y la
Familia había interpuesto contra los subsaharianos. Las cinco
denuncias restantes están aún pendientes de resolver.
La Comunidad de
Madrid basó su acusación en unas pruebas radiológicas practicadas en
la clínica privada Abadal, en las que se concluía que la edad más
probable de los jóvenes se situaba "en torno" a los 18 años -las
pruebas oseométricas tienen un margen de error de 18 meses-. Según
la fundación, que denunció el caso el pasado febrero, la Comunidad
de Madrid cesó entonces "las medidas de protección y muchos se
quedaron en la calle".
Fuentes de la
consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad explicaron ayer a
este periódico que "se consideraron falsos los pasaportes" por la
existencia de "documentación contradictoria". La consejería aludió a
informes de "otras comunidades autónomas" que aseguraban que los
jóvenes eran mayores de edad, informes que se vieron reforzados por
"el resultado de las pruebas radiológicas".
Sin embargo, un auto
del Juzgado de Instrucción Número 24 de Madrid, que archiva la
denuncia contra uno de los menores subsaharianos, critica que la
Comisión de Tutela del Menor se sirva de "una prueba tan endeble
como es un informe radiológico que afirma que la edad 'más probable'
del menor es mayor de 18 años" para concluir que el pasaporte ha
sido falsificado, más aún cuando "no mostraba ningún elemento
notorio de falsificación". Según el juez, al ser el denunciante una
entidad oficial podía haber solicitado a la autoridad consular
correspondiente que informara "sobre la autenticidad del
documento".
La Policía
Científica analizó varios de esos pasaportes y resultaron
auténticos. En otros casos, los jueces no consideraron necesario
practicar pruebas periciales. Todos los pasaportes han sido
devueltos a sus propietarios.
"Nadie nos ha dicho
que tengamos que volver a tutelar a estos menores", se defiende la
Consejería de Asuntos Sociales, que recuerda que la Fiscalía de
Madrid avaló su decisión. Según la consejería, las resoluciones
judiciales acreditan que no hay delito en el tratamiento de los
documentos pero no aseguran que los datos que contienen no son
erróneos. "Los pasaportes expedidos en las embajadas y consulados de
origen pueden utilizar partidas de nacimiento que vienen sin foto y
sin huella dactilar", añade.
Aún cuestionando la
autenticidad de los documentos, era necesario esperar a la
resolución judicial, antes de "dejar a los menores en la calle",
protesta Ignacio de la Mata, abogado de la Fundación Raíces. Para De
la Mata, "la determinación de la edad es competencia del Ministerio
Fiscal y no de centros médicos privados".
Sin embargo, la Ley
de Extranjería no es clara al respecto y cada comunidad la
interpreta de modo diverso: unas aceptan la validez de la fecha de
nacimiento del pasaporte y otras hacen pruebas óseas; algunas
comunidades optan por acudir a la sanidad pública y otras, como
Madrid, lo hacen en centros privados.
(www.elpais.com,
15/10/10)
14. POZUELO
INVIRTIÓ 9,6 MILLONES EN UN PARQUE BAJO SOSPECHA
La investigación
judicial abierta en Pozuelo de Alarcón (Madrid) para esclarecer por
qué el ayuntamiento decidió de un plumazo gastarse 9,6 millones en
un parque presupuestado en 4,5 millones ha avanzado en una dirección
que puede complicar más aún las cosas al Gobierno del PP. Máxime
cuando se trata de un municipio involucrado desde primera hora en el
caso Gürtel. Y, de hecho, el eco del escándalo de corrupción resuena
en cada nuevo descubrimiento judicial sobre ese parque, bautizado
como el de LasCárcavas por el nombre del arroyo en cuyas
inmediaciones se construyó.
Por ahora, el único
imputado es el ingeniero municipal que dirigía el proyecto, el ex
parlamentario autonómico del PP Leopoldo Gómez. Pero Gómez ya le ha
contado al juez que en esa extraña operación que benefició a dos
filiales del grupo Constructora Hispánica, cuyo ex presidente,
Alfonso García Pozuelo, está imputado en la Gürtel, sólo seguía
órdenes: las del ex alcalde Jesús Sepúlveda y la ex concejal de
Obras Yolanda Estrada, ambos imputados también en el caso Gürtel
(aunque el juez podría levantar en breve la imputación contra
Estrada). Y también seguía instrucciones, sostiene el ingeniero, de
Gonzalo Aguado, actual alcalde de Pozuelo. Aguado sucedió a
Sepúlveda cuando este dimitió al estallar el sumario sobre la trama
corrupta. Cuando el parque de Las Cárcavas adquirió en 2007
dimensiones presupuestarias versallescas, Aguado era concejal de
Urbanismo.
El pasado viernes,
la portavoz municipal socialista en Pozuelo, Eva Izquierdo, anunció
que su partido ya ha pedido la imputación de Yolanda Estrada y
exigió "responsabilidades políticas" a Aguado. La apertura de
diligencias sobre Las Cárcavas se produjo en 2008 a raíz de una
denuncia del PSOE ante la fiscalía. "Aquí subraya Izquierdo se actuó
mal desde el inicio". La concejala remarcó que la legislación sobre
contratos públicos exige que cualquier modificación de obras cuyo
importe supere el 20% del contrato original debe someterse de nuevo
a licitación. "Y eso se ha incumplido, como se han incumplido todos
los trámites de legalidad", se lamenta la edil.
Ese año, los tres
munícipes citados y el ingeniero Leopoldo Gómez viajaron a Bruselas
con una misión inusual incluso para una localidad rica como Pozuelo:
comprar árboles y plantas en un vivero. De allí se trajeron un árbol
que costó al erario municipal de Pozuelo 110.578 euros. El PP
revistió la compra de solemnidad: se trata de un "árbol centenario
de la especie Quercus Palustris", se lee en una respuesta municipal
al PSOE. Es decir, un roble de los pantanos cuyo coste, y así se lo
contó al juez el ingeniero Gómez, "sobrepasaba en realidad el
umbral" para comprarlo de forma legal.
El actual regidor de
Pozuelo, a quien se inquirió sobre las acusaciones de Gómez y sobre
aquel desplazamiento a Bruselas, respondió por escrito que
"desconoce" el coste de ese viaje. Pero el periplo belga, y así lo
aseguran fuentes conocedoras del caso, lo pagó la Unión Temporal de
Empresas que, en marzo de 2006, se había alzado con la adjudicación
del parque. La formaban EOC de Obras y Servicios SA, Acanto
Instalaciones y Montajes Eléctricos SA y Grupo Empresarial de Obras
Civiles SA. Las dos primeras pertenecían al grupo de Constructora
Hispánica, que ha cambiado de nombre y de accionistas.
Según Aguado, fueron
a Bruselas con una misión importante: "Se viajó fue su respuesta por
mail no para comprar un árbol sino diversas especies vegetales
(flor, arbusto, árboles, etcétera) con el fin de obtener vegetación
ya consolidada para que los vecinos pudieran disfrutar del parque en
el menor tiempo posible". Dado que el alcalde de Pozuelo no aceptó
hablar fue imposible preguntarle por qué el municipio necesitaba
poblar el nuevo parque con especies traídas de un país situado a
1.600 kilómetros.
(www.publico.es,
13/10/10)
Ir a informes anteriores
