1. AGUIRRE IMPONE
LOS SERVICIOS MÍNIMOS EN MADRID
2. AGUIRRE IMPONE
LOS SERVICIOS MÍNIMOS DE LA HUELGA GENERAL
3. AGUIRRE
RECORTARÁ DELEGADOS EL 1 DE ENERO CON ACUERDO O SIN ÉL
4. EL
PP ASEGURA AHORA QUE LOS
LIBERADOS NO SON UN PROBLEMA
5.
BIENVENIDA 'MRS.
AGUIRRE'
6. AGUIRRE CREE
QUE LAS DEPORTACIONES DE GITANOS RUMANOS EN FRANCIA "ES UNA LEY QUE
HAY QUE CUMPLIR"
7. EL
URBANISTA PREFERIDO DEL PP
EN MADRID OCULTA 33 EMPRESAS
8. EL
URBANISTA QUE DECLARÓ EN LA COMISIÓN DEL 'TAMAYAZO'
9. EL PSOE
EXIGE A AGUIRRE CUENTAS POR EL 'CASO ARNAIZ'
10. A GRANADOS LE
PARECE "VOMITIVA" LA MEDIDA DE INDEMNIZAR A LAS MUJERES VEJADAS POR
EL FRANQUISMO
11. "¡NO A LOS
RECORTES EN EDUCACIÓN!"
12.
EDUCACIÓN ELIMINA DE SU WEB QUEJAS SOBRE LAS BECAS
ERASMUS PENDIENTES
13. EL CARO
'SUEÑO' DEL ALCALDE
14. BOTELLA CULPA
A LOS MENDIGOS DE LA SUCIEDAD DEL CENTRO DE MADRID
15. FOMENTO AVISA
QUE EL IMPAGO DE LA LUZ DE LA M-40 TRAERÁ CONSECUENCIAS
16. ANTICORRUPCIÓN
SE OPONE A QUE BOADILLA ASUMA UNA DEUDA DE CORREA
1. AGUIRRE IMPONE
LOS SERVICIOS MÍNIMOS EN MADRID
La Comunidad de
Madrid, presidida por Esperanza Aguirre, ha sido incapaz de lograr
lo que sí ha logrado José Blanco, ministro de Fomento: llegar a un
acuerdo con los sindicatos sobre los servicios mínimos durante la
huelga general del 29 de septiembre. Ante la falta de acuerdo, el
Gobierno de Aguirre ha optado por imponer los servicios mínimos en
el transporte: el 50% en hora punta y del 20% en hora valle
Así lo ha anunció
en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero de
Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, quien explicó
que el Gobierno regional ha tenido que imponer los servicios mínimos
de la huelga al no llegar a un acuerdo con los sindicatos a pesar de
las reuniones que han mantenido estos días, la última, esta mañana.
"No hemos
conseguido llegar a un acuerdo con CC.OO. y UGT. A lo largo de estos
últimos días hemos mantenido innumerables reuniones y en todas hemos
expresado la voluntad del Gobierno de llegar a un acuerdo conjugando
dos derechos fundamentales como es el derecho a huelga pero también
el mantenimiento de los servicios esenciales (Educación, Sanidad,
Servicios Sociales) que permitan que aquellas personas que quieran
ir a trabajar puedan ejercer el derecho al trabajo", dijo Granados.
De este modo, el
Ejecutivo autonómico ha fijado para Jse refiere al transporte urbano
e interurbano, los mínimos serán del 50% en hora punta y del 20% en
hora valleusticia, los servicios que haya en los juzgados de guardia
el día 29; en Bomberos, 112 y Summa trabajarán como un día normal y,
en transporte, en lo que .
En Educación, los
centros docentes se abrirán contando con la presencia del director,
el jefe de estudios y el auxiliar de control, en las escuelas
infantiles habrá un mínimo del 25% y en Educación especial, además
de lo anterior, el 35%.
En Sanidad, los
servicios mínimos en los centros no hospitalarios serán el personal
necesario para la atención urgente tanto en centros de salud como en
domicilio en función del tamaño del centro de salud, además de las
urgencias.
En centros
hospitalarios, la plantilla será la de un domingo o un festivo,
además de las actividades programadas y urgentes, oncología,
cuidados paliativos, diálisis y radioterapia y las urgencias de los
diferentes hospitales. Los servicios complementarios, como es el
caso de la limpieza de los quirófanos, estarán al 100 por
cien.Granados también ha
explicado que en caso de aquellos servicios públicos prestados por
concesión, los servicios mínimos serán los mismos que se aplican
para las actividades públicas. Por ejemplo, en enseñanza concertada
se mantendrán los mismos servicios que en la pública.
(www.publico.es,
23/09/10)
2. AGUIRRE IMPONE
LOS SERVICIOS MÍNIMOS DE LA HUELGA GENERAL
La presidenta de
Madrid, Esperanza Aguirre, ha vuelto a dar la espalda a los
sindicatos. Ha aprobado por decreto el plan que fija los servicios
mínimos en la región para la huelga general del próximo día 29.
Después de cuatro
días de negociación, todas las partes amanecieron optimistas. Si el
Ministerio de Fomento ha podido cerrar un acuerdo con los
sindicatos, la Comunidad de Madrid no iba a ser menos. A las nueve
de la mañana ya se había desatascado la negociación y se había
allanado el camino para lograr un pacto. La Comunidad de Madrid
convocó temprano a los sindicatos a una nueva cita, la cuarta, para
intentar fijar con acuerdo in extremis los servicios mínimos. El
punto negro estaba en los transportes. Pero esta vez había una hoja
de ruta fijada por el Ministerio que serviría de guía: en Madrid,
circularán el 25% de los trenes de Cercanías [servicios fijados por
Moncloa al ser de Renfe] durante todo el día, excepto un 30% de
trenes en hora punta, entre seis y nueve de la mañana y de la tarde.
La reunión
principal se produjo en la sede de la Función Pública regional,
dependiente de la consejería de Presidencia, en la plaza del Conde
del Valle de Suchil. Allí se dieron cita siete representantes
sindicales (cuatro de UGT y tres de CC OO) con los directores
generales de Función Pública, Miguel Ángel López, y de Recursos
Humanos de la Consejería de Educación, Miguel José Zurita. Pero no
fue el único punto de negociación. Durante toda la mañana hubo
llamadas entre Aguirre, el vicepresidente Ignacio González, el
consejero de Presidencia, Francisco Granados y los secretarios
regionales de los sindicatos, José Ricardo Martínez (UGT) y Javier
López (CC OO). Pero el acuerdo no llegó.A las 11.50, el acuerdo
estaba prácticamente cerrado. De hecho, desde la sede de Función
Pública se enviaron mensajes de móvil anunciando que se había
alcanzado un acuerdo entre la Comunidad y los sindicatos. Los
presentes en la reunión llamaron a sus superiores para contar con el
visto bueno definitivo. Pero la bendición no llegó. Media hora
después, comparecían Francisco Granados e Ignacio González para
decir que no se había logrado un acuerdo. "Nos enteramos de la
ruptura mientras estábamos negociando", aseguran Juan Luis Martín
(UGT) y Paco Cruz (CC OO). La Comunidad lo niega. "Sobre las 12.00
se rompió todo. Era la hora límite porque el consejo tenía que
adoptar una decisión", explican.
Granados y
González culparon a los sindicatos para justificar por qué imponían
los servicios mínimos de forma unilateral. "Cuando cerrábamos un
tema, abrían otro", lanzaron desde el Gobierno regional. Los
sindicatos lo negaron y aseguraron que solo reclamaban las mismas
condiciones que alcanzaron con Fomento. El principal escollo estuvo
en el transporte.
La gestión del
metro y los buses fue un quebradero de cabeza desde el principio.
Los sindicatos empezaron pidiendo que solo hubiera metro y autobuses
urbanos durante seis horas, en las horas puntas de la mañana y de la
tarde (de 6.00 a 9.00 y de 18.00 a 21.00). La Comunidad barajaba un
40% de media todo el día. Las dos partes coincidieron en aplicar la
misma propuesta que Fomento (30% en horas puntas y 25% en horas
valle), pero se enredaron en los matices.
Los sindicatos
pedían que, igual que hizo el ministerio, se revisara cada línea
para evitar duplicar los servicios: que un autobús y el metro hagan
el mismo recorrido. La Comunidad no estaba dispuesta a aceptarlo.
"Ahí comprobamos que no querían llegar a un acuerdo", dicen desde
Presidencia. Los mínimos se han fijado en el 50% para horas puntas,
el mismo que se aplicó en la huelga de Metro de junio y que los
sindicatos se saltaron por considerarlos "abusivos".
(www.elpais.com,
24/09/10)
3. AGUIRRE
RECORTARÁ DELEGADOS EL 1 DE ENERO CON ACUERDO O SIN ÉL
La Comunidad de
Madrid quiere negociar con los sindicatos la reducción de
representantes sindicales que anunció el pasado martes en el debate
sobre el estado de la región. Al menos, eso dice. "Es nuestra
intención que se haga por acuerdo", aseguró el consejero de
Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, nada más salir
de la primera cita con los sindicatos, que duró hora y media.
Quieren negociar, dijo, pero ya ha puesto una fecha límite a esa
negociación: el recorte entra en vigor el 1 de enero. Con o sin
acuerdo.
En el encuentro,
Granados expuso la intención del Ejecutivo regional de reducir de
3.500 a 1.500 los liberados sindicales en la Administración
madrileña, lo que supondrá un ahorro anual de 73 millones de euros.
Los sindicatos presentes en la mesa de la función pública (CC OO,
UGT y CSIT- UP) repiten desde el primer día que las cifras que
maneja el Gobierno regional son falsas, que hay muchos menos
trabajadores liberados de los que pregona el Ejecutivo. Pero
oficialmente no dan ninguna cifra concreta. Según fuentes de UGT,
como máximo, la cifra alcanzaría 1.200, un tercio de los que dice
Aguirre. Y con matices, porque no todos los representantes de los
trabajadores ceden sus horas para concentrarlas en un solo liberado,
sino que las usan ellos al tiempo que mantienen su trabajo habitual.
Los sindicatos
insistieron en la idea de que, más allá de cifras, lo importante es
que el número de representantes para los casi 200.000 trabajadores
públicos de la región es "legítimo" porque está contemplado en leyes
y acuerdos en vigor, firmados por el mismo Gobierno regional que
ahora los pone en duda. Y resaltaron que hay otros problemas más
importantes, como la negociación del convenio colectivo de la
función pública, prorrogado desde 2007.Frente al consejero Granados
y los secretarios generales técnicos de las Consejerías afectadas se
sentaron en la mesa los 15 representantes de los sindicatos con
presencia en la mesa de la función pública: CC OO, UGT y CSIT-UP.
Todos los sindicatos insistieron en la "legitimidad" del número de
delegados y liberados y subrayaron que hay temas "más importantes"
que tratar, como la negociación colectiva que, denuncian, lleva
parada desde 2007.
"Esta es la
primera vez que convocan la mesa general desde hace tres años y
resulta que es para hablar de liberados", dijo Fernándo Sánchez
(UGT). Juan Antonio Olmos (CC OO) criticó que el Ejecutivo ha
presentado de "manera mezquina" su anuncio de recortar liberados
sindicales y negó las cifras que baraja la Comunidad: "Tienen datos
que en absoluto son ciertos". Su intención es "contrastarlos" dentro
de una discusión mucho más amplia: "Hay que hablar de muchas cosas:
ofertas de empleo público que no se han desarrollado, condiciones de
trabajo, salud laboral, conciliación, formación...", reclamó Olmos.
Sánchez, señaló "la confusión terminológica y conceptual" en el
debate de los liberados y afirmó que existe un "afán de politizar"
la cuestión.
Gobierno y
sindicatos se han dado dos semanas de plazo en las que han previsto
cotejar datos. Tras la huelga general del 29 de septiembre, volverán
a reunirse. Habrá negociación, sí, pero con la fecha tope del 1 de
enero que, para los sindicatos, "supone una cierta medida de
presión", según señaló José Montero (CSIT- UP).
La confusión con
las cifras -Granados prometió un desglose que luego no ofreció y los
sindicatos tampoco dieron datos concretos- proviene de que, en las
leyes y acuerdos, se recogen las horas de representación, porque no
todos los delegados sindicales están liberados al completo de su
tarea habitual . Esas horas, según las estimaciones del Gobierno
regional, equivalen a 3.500 trabajadores a tiempo completo, de los
que se quieren suprimir 1.930 con un ahorro de 73 millones, que es
lo que aseguran que les cuestan las sustituciones de esos empleados.
El encuentro se
centró en una guerra de cifras: ¿cuántos liberados hay? ¿cómo se
cuantifican? La Comunidad mantiene desde el primer día que son
3.500. "El Gobierno tiene identificadas a esas personas con nombres
y apellidos", según Granados, que no ofreció la lista a los
sindicatos, amparándose en la Ley de Protección de Datos. Los
sindicatos no dieron números durante la rueda de prensa posterior al
encuentro. Según fuentes de UGT, la región cuenta con 1.815
delegados sindicales en comités de empresa y juntas de personal
(2.078 si se incluyen las Universidades). Pero no es lo mismo un
delegado que un liberado. Los delegados pueden ceder sus horas
sindicales y agruparlas con la de otros para liberar a uno de los
representantes elegidos por los trabajadores, también de la misma
organización. Si entre todas las horas cedidas se cubre el horario
laboral que por contrato tiene el delegado escogido para representar
al resto (la ley establece 128 horas mensuales) se dice que se le
libera de realizar las funciones de su puesto de trabajo para
defender los derechos de sus compañeros de empresa. Estos liberados
tienen derecho a que se les guarde la plaza.
Aguirre quiere
meter la tijera a las horas mensuales que cada delegado dedica a su
función representativa -un derecho recogido en una ley orgánica-. El
máximo vigente en la actualidad es de 75 horas mensuales, una cifra
a la que se ha llegado tras diferentes pactos regionales que mejoran
las 40 horas mínimas que contempla el Estatuto Básico del Empleado
Público. Como los acuerdos están en vigor, y para cambiarlos debería
pasar por la mesa de negociación, la solución es acogerse al
artículo 38 del Estatuto, el mismo que permitió al Gobierno central
bajar el sueldo de sus funcionarios. Si la situación económica ha
cambiado, los acuerdos quedan en suspenso, sostiene el Gobierno
regional.
(www.elpais.com,
18/09/10)
4. EL PP ASEGURA
AHORA QUE LOS LIBERADOS NO SON UN PROBLEMA
La cúpula del
Partido Popular, reunida como cada lunes, marcó con claridad la
estrategia a seguir frente a la huelga general que se avecina:
perfil bajo, evitar el enfrentamiento directo con los sindicatos y
tratar de demostrar que esta guerra no es del PP, ya que se produce
dentro de la izquierda. La batalla, analizan los estrategas de
Mariano Rajoy, se libra entre el Gobierno socialista, que promueve
una reforma laborales a la que los populares se opusieron, y las
centrales y los trabajadores que sigan la huelga, que rechazan esa
reforma.
Por eso, Dolores
de Cospedal, incluso a riesgo de dejar mal a Esperanza Aguirre, la
presidenta de Madrid, rehuyó cualquier enfrentamiento con los
sindicatos. Los medios conservadores y la propia Aguirre han
iniciado una agresiva campaña contra los liberados sindicales.
Cospedal trató de bajarse de ese tren.
Si
consideraban un problema el número de liberados sindicales, ¿por qué
no lo cambiaron mientras gobernaron?, se le preguntó.
Cospedal contestó que "los
liberados no son un problema" en estos momentos, ya que "lo que es
un problema es la existencia de más de cuatro millones de parados".
Por eso, reclamó al Gobierno que haga "una política de creación de
empleo" e insistió en que, a pesar de lo dicho por Esperanza Aguirre
en la Comunidad de Madrid, "los liberados sindicales no son ningún
problema".
Estas palabras son
muy distintas a las que la propia Cospedal y otros dirigentes como
Soraya Sáenz de Santamaría o el propio Rajoy pronunciaron cuando
Aguirre hizo estallar la polémica. Todos se colocaron de su lado,
aun suavizando la polémica, y pidieron a los sindicatos que hicieran
"un esfuerzo" para reducir sus liberados -en realidad se refieren a
delegados sindicales, que trabajan y dedican unas horas a labores de
representación- en plena crisis económica.
Cospedal evitó en
todo momento una crítica a los sindicatos, pero sí insistió en que
su partido no apoya la huelga porque "no es el instrumento más
adecuado para luchar contra una crisis económica" como la que sufre
España.
Además, y siempre
en la línea de dejar que sea el Ejecutivo quien haga el desgaste con
su propio electorado de izquierdas, exigió al Gobierno que garantice
"el derecho al trabajo" de todos aquellos ciudadanos que no quieran
secundar la huelga general que los sindicatos han convocado para el
29 de septiembre.
(www.elpais.com,
21/09/10)
5. BIENVENIDA
'MRS. AGUIRRE'
El recorrido huele
a pintura fresca. El profesor lo justifica con la boca ladeada, casi
en un susurro, mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid se
dirige a los presentes subida en el escenario rojo. "¿Has visto
Bienvenido, Mister Marshall?", comenta bajito. "Pues eso, esto está
preparado para la visita". En la película de Berlanga, los
habitantes de Villar del Río levantan un decorado de cartón piedra y
se visten de faralaes para recibir a los americanos. Al instituto
público Juan Gris, abierto en Móstoles en 1977, llegó el jueves una
cuadrilla de pintores y obreros para un remozado de urgencia. acogió
la inauguración oficial del curso en Secundaria. No había ni rastro
de los pintores, pese a que quedaba la mitad de la valla externa por
repintar.
El director del
centro, Romualdo Mira, admitía al finalizar el acto de inauguración
-al que asistieron la consejera de Educación, Lucía Figar, o el
alcalde de Móstoles, Esteban Parro, entre otras personalidades- que
no les dio tiempo a pintar la valla exterior entera y que despejaron
la zona con motivo de la visita oficial. "Hemos preferido que se
retiren porque no daba tiempo a terminar todo", según el director,
que no quería que se viera "el escaparate de botes de pintura de 60
litros".
Mira asegura que
habían previsto arreglos desde marzo, cuando solicitaron la visita
de la presidenta para inaugurar el curso en su instituto, uno de los
32 centros de secundaria que este año se suman a la red bilingüe.
"Ya entonces vimos qué podíamos arreglar. Ahora nos han ayudado un
poco", añade. Todo se precipitó el lunes pasado, cuando la Comunidad
les confirmó que la inauguración sería en su instituto. Disponían de
una semana de plazo y lo "más urgente", dice, fue pintar y arreglar
la parte principal del centro por donde entró la comitiva.
El jueves, una
cuadrilla de operarios se presentó en el instituto. Retiraron la
alambrada vieja que cubría la parte exterior de la valla y empezaron
a pintar. "Acabaremos antes del lunes, que es cuando viene la
presidenta y cuando nosotros ya no pintamos nada", explicaba uno de
ellos ese mismo día brocha en mano. Un trabajador del centro, que
pidió figurar sin nombre, contó también el jueves que solo se habían
repintado los radiadores situados en los pasillos por los que estaba
previsto que pasara Aguirre.
Este periódico
comprobó , en un paseo un poco más largo que el de la presidenta,
que quedaban radiadores sin pintar en la planta inferior y en la
primera, además de zonas con desconchones, graffitis o azulejos
arrancados. El director del instituto no dio una fecha concreta de
cuándo proseguirá el arreglo del centro una vez pasada la
inauguración: "Esperamos que sea esta misma semana. Ellos ya se
organizarán". Quedan pendientes arreglos en las pistas o mejoras en
los campos de fútbol, según el director, además de acabar de
repintar la valla exterior. Romualdo Mira asegura que cada año se
acometen mejoras en el centro: "Ahora se han esmerado más y ha sido
de golpe, pero sí que vamos arreglando todo poquito a poco".
El director
aseguró que los arreglos de estos días se decidieron a medias entre
la Consejería de Educación y el centro a raíz de la visita de la
presidenta. Un portavoz de Educación, por su parte, negó
"absolutamente" la relación entre el remozado y la asistencia de
Aguirre al instituto. Los centros "hacen las reformas que consideran
oportunas", según el citado portavoz, que asegura que en junio ya se
pintó parte del centro. Este verano, la consejería ha destinado
12.000 euros al Juan Gris de los 800.000 previstos para los 50
institutos de la zona sur durante las vacaciones, según Educación.
"Si la clave para
que arreglen un centro es que lo visite la presidenta, que inaugure
el curso todos los días", ironiza el secretario de Enseñanza de CC
OO Madrid, Paco García. "Es vergonzoso que Aguirre destine fondos a
darse boato y hacerse la foto en época de restricciones, busca
propaganda y se burla de los profesores", concluye.
(www.elpais.com,
21/09/10)
6. AGUIRRE CREE
QUE LAS DEPORTACIONES DE GITANOS RUMANOS EN FRANCIA "ES UNA LEY QUE
HAY QUE CUMPLIR"
Tres años
después de su apertura, la presidenta regional ha visitado hoy por
primera vez el colegio Henry Dunant
(Latina), un centro especial gestionado por Cruz Roja y financiado
por la Comunidad (470.000 euros anuales), donde asisten los gitanos
rumanos menores que habitan en el poblado de El Gallinero (Villa de
Vallecas). Aguirre, acompañada de la consejera de Educación, Lucía
Figar, se ha paseado por
el centro y ha charlado con profesores y alumnos. Allí ha podido
comprobar de primera mano las carencias educativas que sufren estos
menores (entre tres y 14 años) y ha felicitado a los gestores del
centro por su "buena labor", no obstante, renunció a dar su opinión
a los periodistas acerca de las políticas excluyentes que se siguen
o se sugieren en España o en el extranjero con la comunidad
romà. "Las leyes de los países
hay que cumplirlas. De todos modos, la competencia en relación a los
asentamientos ilegales es estatal, no de la Comunidad", se limitó a
opinar, ya en los pasillos, acerca de la actuación del gobierno
francés con la comunidad gitana rumana en ese estado.
El centro Henry
Dunant fue creado en noviembre del 2008 con el fin de escolarizar a
los alrededor de 100 menores de El Gallinero que no estaban
empadronados ni habían solicitado plaza escolar. Nació con la misión
es proporcionarles "un entorno adecuado durante un tiempo para que
aprendan convivir en sociedad, adaptarse a rutinas, adquirir
habilidades sociales, aprender el idioma, y así que puedan adaptarse
a centros escolares ordinarios. Y que esta integración tenga éxito",
ha explicado esta mañana la directora del Henry Dunant, Maite
Alzola. "Ahora podemos decir que estamos satisfechos del trabajo",
añadía Jesús Mora, Presidente de Cruz Roja Española Madrid.
Durante los dos
primeros años de funcionamiento del centro, se ha conseguido que un
total de 46 niños se matriculasen en colegios e institutos
ordinarios públicos o concertados (22 del curso 2008/2009 y 25 del
curso 2009/2010). Un éxito sin precedentes en el trabajo con esta
comunidad, pero que aún queda muy lejos de lograr el objetivo con el
total de estos menores. El curso anterior se atendió a un total de
98 niños en el Henry Dunant y este año están matriculados 57, según
la directora del centro, una cifra que la consejería de Educación
eleva hasta los 76 en una nota de prensa.
La misión
educativa con estos estudiantes, que comienza cada mañana desde que
un autobús les va a recoger al Gallinero, a menudo se antoja difícil
para el equipo de profesionales de Cruz Roja (maestros y personal no
docente), debido al "gran absentismo escolar, la poca implicación de
las familias o las condiciones de vida en las que viven estos
menores", desglosa Alzola. Hoy, por ejemplo, tan sólo asistieron 32
alumnos, poco más de la mitad. Una cifra que, entre otros motivos,
el centro atribuye a contratiempos que tienen que sufrir los niños,
como la redada que la pasada madrugada la Policía Nacional llevó a
cabo en el poblado donde habitan. "Estos son episodios que merman su
descanso y tranquilidad", opina una maestra del centro.
"El entorno donde
viven es muy hostil. Por eso les cuesta adaptarse. Necesitan
aprender normas de convivencia, asimilar conocimientos básicos y
adaptarse a otro tipo de vida. Hay que darse cuenta de que son
chicos que no han ido nunca al colegio, o que no saben usar un grifo
porque en su casa, simplemente, no lo hay", cuenta Alzola. "El
problema ni siquiera es la vida nómada de las familias. Un crío
puede estar escolarizado en muchas partes y seguir formándose. El
problema es que sus familias se conciencien de que sus hijos tienen
que estar escolarizados", añade.
Durante la visita,
los 32 niños de El Gallinero trabajaban y jugaban en grupo. "Algunos
no se conocen, pero aquí aprenden a convivir", asegura Cristina
Gallardo, profesora del centro. Ellos son la punta del iceberg de un
problema que suscita todo tipo de controversias políticas y sociales
acerca de la situación de su comunidad. Pero de eso no son
conscientes. "¿A que tu sabes quién soy yo?", preguntaba Aguirre a
una pequeña llamada Mirella que iba a jugar al patio. "Pues no", se
sinceró la niña. Y después, se fue a jugar.
(www.elpais.com,
23/09/10)
7. EL URBANISTA
PREFERIDO DEL PP EN MADRID OCULTA 33 EMPRESAS
El arquitecto
Leopoldo Arnaiz, responsable del diseño de los desarrollos
urbanísticos de más de 40 municipios de la Comunidad de Madrid y
otros tantos repartidos por las provincias de Toledo, Guadalajara,
Ávila, Segovia, Pontevedra y Cantabria, controla a través de
testaferros una red de 33 empresas que han realizado negocios
urbanísticos en esos ayuntamientos.
En declaraciones,
Arnaiz reconoció que era socio de las empresas, pero negó cualquier
actuación ilegal: "Tengo acciones en las empresas, pero jamás he
utilizado información privilegiada. Todos los negocios inmobiliarios
los he realizado una vez que ya había sido aprobado definitivamente
el plan urbanístico de la localidad".
La especialidad de
Arnaiz como arquitecto es diseñar planes generales urbanísticos
gracias a contratos decididos sobre todo por ayuntamientos del
Partido Popular. Es el caso de Boadilla del Monte, Alcorcón (cuando
lo gobernaba el PP), Colmenar Viejo, Soto del Real, Pinto (durante
el mandato conservador) o Arroyomolinos. También trabajó para la
Comunidad de Madrid y fue llamado a declarar en la comisión de la
Asamblea que investigó el tamayazo, en 2007, por su relación con los
empresarios vinculados a los diputados tránsfugas.
Su actividad
profesional en Boadilla y Alcorcón le costó sendas imputaciones por
negociaciones prohibidas y tráfico de influencias, que sólo son la
punta del iceberg de la trama inmobiliaria que dirige el urbanista
de cabecera del Partido Popular en Madrid, según una denuncia de la
ex socia de Arnaiz, María Rosa Llano González, a la que ha tenido
acceso Público.
El texto describe
con todo lujo de detalles una red de ocho empresas cabecera de las
que cuelgan otras 25 constructoras (ver gráfico). En total, una
maraña de 33 empresas administradas por "testaferros y funcionando
todas ellas con caja única", según refleja la denuncia, una
impugnación de las cuentas de dichas empresas ante el Juzgado
Mercantil número 4 de Madrid. El pasado 16 de septiembre se celebró
la audiencia previa y el juicio quedó fijado para el 22 de febrero
de 2011.
En su exposición,
el abogado de la denunciante le explicó al juez el porqué de esta
estructura opaca: "Leopoldo Arnaiz es arquitecto y redactor de los
planes urbanísticos de muchas de las localidades de los alrededores
de Madrid, en las cuales tienen propiedades muchas de las empresas
demandadas". Él mismo "no puede aparecer como socio, por
incompatibilidad [legal], y para eso busca testaferros que aparecen
como socios constituyentes".
A estos hombres de
paja les hacía firmar un poder para transmitir esas acciones a su
nombre y evitar que estén inscritas en el Registro Mercantil,
explicó el letrado, quien señaló que su clienta "se limitaba, como
empleada que era, a buscarle los testaferros a Leopoldo Arnaiz".
Público ha confirmado en los distintos registros de la propiedad que
las mencionadas sociedades poseen terrenos en varios de los
municipios que contrataron los servicios de Arnaiz Consultores para
diseñar sus planes urbanísticos.
La denunciante es
propietaria de, aproximadamente, un 10% de las acciones de la red de
empresas, mientras que el 90% restante pertenece a Leopoldo Arnaiz.
Según la denuncia, el patrimonio de las empresas es muy superior al
que reflejan los libros contables, por lo que la demandante se
considera estafada y exige que se aprueben "nuevas cuentas teniendo
en cuenta la real situación económica y financiera de las sociedades
demandadas".
Este pleito
particular entre socios ha terminado por desvelar una estructura
empresarial supuestamente fraudulenta que traspasa las competencias
de los juzgados de lo Mercantil, ya que pueden aflorar delitos de
tráfico de influencias, negociaciones prohibidas o delitos fiscales.
Según fuentes de la trama empresarial, el valor de sus propiedades
inmobiliarias puede superar los 500 millones de euros. Sólo en
Boadilla del Monte, dos de las
La denuncia
de su socia recoge los nombres y apellidos de los presuntos hombres
de paja de Arnaiz. Se
trata de Héctor Emilio Centenera García, Carlos Serrano
Altimiras, Francisco Javier
Resino Pozas y Alberto Cubillo Rubiato.
Este último constituyó dos de las sociedades cabeceras de la trama,
Bederline de Negocios SL
y Perisfer SL, y después
"se las vendió a Leopoldo Arnaiz
por un euro". Así se manifiesta en la denuncia, de más de cien
páginas y cuatro tomos de anexos documentales.
Los testaferros
son los dueños de las empresas, pero sólo a los ojos del Registro
Mercantil, porque en realidad las acciones son de Arnaiz, como
consta privadamente en la notaría madrileña de Luis Rueda Esteban y
en las londinenses de Chees Writeghts Notaries y De Pinna Notaries,
donde el arquitecto se hizo con la titularidad completa del
entramado.
De todos modos,
pese a que las sociedades demandadas oficialmente tienen distintos
administradores, este periódico comprobó cómo un único abogado y un
único procurador las representaban a todas en la audiencia previa y
defendían abiertamente los intereses de Arnaiz. Además, las
sociedades denunciadas suelen celebrar sus juntas de accionistas el
mismo día, en el mismo lugar y a la misma hora.
En conversación
con Público, Arnaiz reconoció que es el dueño de las empresas
demandadas, "en algunas de ellas junto con otros socios", y que el
motivo de no aparecer al frente de ellas, de utilizar "personas que
trabajan" para él, es porque ha "sido prudente". "No quiero estar en
primera línea ni aparecer en los periódicos", señaló.
El urbanista
asegura que sufre personal y profesionalmente una inmerecida mala
fama que le ha obligado a no figurar directamente en algunas
operaciones inmobiliarias: "Pones mi nombre en internet y aparezco
como un corrupto en informaciones tergiversadas. Declaré en la
comisión del tamayazo y quedó acreditado que no tengo nada que ver".
Arnaiz sostiene
que puede tener "todas las empresas que quiera", a su nombre "o al
de otras personas", porque trabaja para ayuntamientos en cuyos
municipios desarrolla luego negocios urbanísticos, pero no es "un
cargo público ni un técnico municipal".
Preguntado por qué
la verdadera titularidad de algunas de las sociedades está en dos
notarías de Londres, el arquitecto respondió: "Me convenía
fiscalmente que las acciones estuvieran allí". Ante la posibilidad
de que esto sea un hecho delictivo, Arnaiz alegó que no es "un
especialista en temas fiscales". "Si hubiera cometido algún delito
de tipo fiscal, lo purgaré", añadió.
Leopoldo Arnaiz
hace hincapié en que siempre que ha comprado suelo en un municipio
donde él ha dibujado el plan urbanístico, lo ha hecho "una vez
aprobado definitivamente el plan". "Nunca he comprado suelo rústico
para después recalificarlo", afirmó.
Con su trabajo
para los ayuntamientos pierde dinero, argumenta. "No me pueden pedir
incompatiblidad por la miseria que cobro a los ayuntamientos. Me
presento a esos concursos porque me permiten conocer a propietarios
de suelo que luego contratan a mi empresa".
El arquitecto
matiza que no sólo trabaja para municipios gobernados por el PP: "He
hecho un montón de planes urbanísticos en ayuntamientos del PSOE e
incluso tengo trabajando en mi empresa a un ex director de Urbanismo
de una Administración socialista".
Según datos de
distintos registros mercantiles, Arnaiz ostenta 31 cargos en 24
sociedades, la mayor parte de ellas propiedad suya o de su familia,
al margen del entramado opaco de 33 empresas. La denunciante también
ha sido empleada, concretamente administradora, de algunas de las
empresas oficiales del polémico empresario.
(www.publico.es,
22/09/10)
8. EL URBANISTA
QUE DECLARÓ EN LA COMISIÓN DEL 'TAMAYAZO'
Leopoldo Arnaiz no
es un personaje conocido para el gran público, pero su nombre es una
referencia en los círculos urbanísticos y en los juzgados de Madrid.
Estrechamente vinculado al PP (su nombre ha aparecido repetidamente
en investigaciones relacionadas con la corrupción en municipios
gobernados por los conservadores), está bien relacionado con el ex
secretario general del partido en Madrid Ricardo Romero de Tejada y
con los polémicos constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez,
quienes reservaron las habitaciones de hotel en las que se
refugiaron los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa
Sáez, cuya deserción le costó a Rafael Simancas la Presidencia de la
Comunidad de Madrid en favor de Esperanza Aguirre.
De hecho, Arnaiz
declaró cuatro horas y 40 minutos ante la comisión de la Asamblea
regional que investigó el tamayazo en el verano de 2003. Allí afirmó
no conocer a Bravo y Vázquez, aunque fue el primero de ellos quien
le encargó el polémico proyecto de Villaviciosa de Odón nacido al
calor de una sospechosa recalificación y denunciado el pasado marzo.
Arnaiz
fue imputado junto a Bravo, Vázquez y el ex alcalde Pablo Zúñiga (PP)
en el caso Alcorcón,
circunstancia que atribuyó a motivaciones políticas. El polémico
asesor simultaneó la redacción del plan urbanístico con el
asesoramiento a empresas con intereses inmobiliarios en el
municipio.
Por otra parte, ,
quedó visto para sentencia el juicio de la Ciudad Financiera del
Banco Santander, donde Arnaiz es el único imputado. El ministerio
fiscal ha pedido que se retiren los cargos en su contra.
(www.publico.es,
22/09/10)
9. EL PSOE EXIGE A
AGUIRRE CUENTAS POR EL 'CASO ARNAIZ'
El Partido
Socialista de Madrid (PSM) no se quedará quieto ante el
descubrimiento de una supuesta trama urbanística en la Comunidad.
Como reveló Público,
Leopoldo Arnaiz, el arquitecto responsable del diseño de los
desarrollos urbanísticos de más de 40 municipios madrileños, la
mayoría en manos del PP, controla, a través de testaferros, una
compleja red de 33 empresas que han puesto en marcha negocios
inmobiliarios en esos ayuntamientos.
El diputado
socialista en la Asamblea de Madrid Antonio Fernández Gordillo
anunció que pedirá al Gobierno regional de Esperanza Aguirre la
comparecencia de la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio, Anabel Mariño, para que explique las
relaciones de la Comunidad con el urbanista.
Fernández Gordillo
aportó más datos. Como publicó el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid (BOCM) el 3 de febrero de 2003 cuando Alberto Ruiz-Gallardón
era aún presidente regional, Arnaiz recibió una adjudicación de
904.890,67 euros a través de la empresa pública Tres Cantos SA para
prestar la "asistencia técnica" de "la implantación piloto del
proyecto GeoMadrid". Según describe hoy en su sitio web, GeoMadrid
tiene por objeto "la producción y mantenimiento continuo de la
información geográfica y territorial" de la Comunidad de Madrid. Es
decir, es una aplicación de mapeo interactivo de la región.
El BOCM del 21 de
mayo de 2003, sigue el PSOE, publicó la adjudicación definitiva de
"la formación de la base de datos" de GeoMadrid, "de mantenimiento
continuo del inventario del suelo" de la Comunidad. El contrato, de
7.287.407 euros, recayó en Arnaiz.
Para Fernández
Gordillo, el arquitecto tuvo acceso a una "magnífica base de datos"
para "hacer sus negocios" a través de sus 33 compañías
inmobiliarias, las que luego actuaban en los ayuntamientos. Disponía
"de información privilegiada, de una superventaja con respecto al
resto de empresarios", indicó. "Además, es curioso que, con la caída
de la construcción, Arnaiz es el único arquitecto al que le están
yendo muy bien las cosas, que tiene un edificio de lujo en Méndez".
El PSOE promete
seguir indagando en el futuro en las relaciones entre los gobiernos
de Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre y el arquitecto.
Fuentes del PP regional, presidido por Aguirre, señalaron que el
partido "no tiene una opinión genérica", pues Arnaiz se encargó de
proyectar el desarrollo urbanístico de unos 40 municipios.
Leopoldo Arnaiz,
en declaraciones realizadas el martes a este diario, negó
tajantemente que usara información privilegiada. El arquitecto
admite que es socio de las 33 empresas, pero niega que exista una
"trama" y rechaza la comisión de cualquier irregularidad.
(www.publico.es,
23/09/10)
10. A GRANADOS LE
PARECE "VOMITIVA" LA MEDIDA DE INDEMNIZAR A LAS MUJERES VEJADAS POR
EL FRANQUISMO
El consejero de
Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid,
Francisco Granados, ha afirmado que la medida aprobada por la Junta
de Andalucía para otorgar 1.800 euros a las mujeres que sufrieron
vejaciones durante la Guerra Civil y el franquismo es "vomitiva" por
intentar tasar la dignidad de una mujer en 1.800 euros.
Antes de entrar en
el Foro Madrid, Granados señaló que es "una de las medidas mas
reprobables que ha visto nunca de un Gobierno" y espera que "alguien
tenga la cordura" de retirar "de inmediato" una medida que considera
"una vejación añadida a la que hayan podido sufrir esas mujeres
durante el franquismo".El popular declaró que le "parece mal que se
tase la dignidad de una mujer en 1.800 euros", y agregó que no cree
que "eso resarza en absoluto el sufrimiento que hayan podido vivir
esas mujeres."
Sin dejar de
polemizar, Granados apostilló que la medida le parece "vomitiva".
"Hoy hay leyes de memoria que amparan a personas de todo tipo de
daño moral o de daño físico durante la Guerra Civil o el franquismo.
Creo que eso está absolutamente superado, me parece una medida
absolutamente de vómito", concluyó.
(www.elplural.com,
24/09/10)
11. "¡NO A LOS
RECORTES EN EDUCACIÓN!"
Una veintena
de personas recibieron a gritos y con pancartas a la comitiva de la
presidenta frente al instituto Juan Gris de
Móstoles. "¡No a los recortes en Educación!",
se desgañitaban al paso del coche oficial que introdujo a Aguirre en
el instituto. "¡Lucía Figar,
al rincón a pensar!", gritaban también a la salida del acto a la
consejera de Educación.
La mayoría de los
que protestaban, según explicaron después, son profesores interinos
que este año se han quedado sin plaza. "Todos los años tengo vacante
pero este curso corro el riesgo de que no me llamen", decía Sara O.,
interina de matemáticas.
Son parte de los
2.500 profesores que se han recortado del cupo para este curso,
según la denuncia de asociaciones de directores y sindicatos. Ese
recorte ha llegado también al centro que visitó la presidenta.
"Hemos asumido que tendremos que hacer alguna hora más. Es un
sacrificio en todo el Estado, hasta a los jubilados se les ha
congelado la pensión", señaló el director del instituto, Romualdo
Mira. Y añadió: "Hay una hora más para los tutores y jefes de
departamento como marca la administración. Eso supone dos o tres
profesores menos. No ha sido muy notorio en nuestro centro".
Las protestas
contra los recortes se trasladan hoy a la calle de Alcalá. Cinco
sindicatos (CC OO, ANPE, CSIF, STEM y CSIT) han convocado esta tarde
a las 18.30 una protesta frente a la consejería.
(www.elpais.com,
21/09/10)
11. EDUCACIÓN
ELIMINA DE SU WEB QUEJAS SOBRE LAS BECAS ERASMUS PENDIENTES
Ya no se pueden
leer las decenas de opiniones y quejas que estudiantes
universitarios habían dejado en el foro de la página web del Espacio
Madrileño de Enseñanza Superior (www.emes.es), dependiente de la
Consejería de Educación, sobre la posible supresión de las becas
Erasmus que concede la Comunidad de Madrid. Hace unos días
desaparecieron de la web los hilos (temas) que trataban el asunto, y
que tenían títulos como "Denuncia pública beca Erasmus", "Beca
Erasmus ya! Por favor!", "Becas Erasmus 2010/2011", "Erasmus: la
Esperanza es lo último que se pierde" o "¿Saldrán las becas
Erasmus?", entre otros.
Si ahora se
intenta localizar esos hilos o los comentarios que formaban parte de
ellos en un buscador como Google, el resultado es una pantalla en
blanco con el encabezado de la Comunidad de Madrid y del Emes: "La
página que ha solicitado no existe en www.emes.es". Sin embargo,
quien eliminó los hilos sobre las becas no contaba con que el
contenido seguiría apareciendo en la memoria caché (una copia de los
datos originales que se conserva en los resultados que da el
buscador).
Así es como, a
través de la copia en caché de Google pueden seguir consultándose
comentarios como este, enviado al foro el 7 de septiembre: "Si han
hecho cálculos y [la beca Erasmus] no sale, pues que la reduzcan,
pero que sea algo, pero lo que no puedo entender es que salgan en
otras comunidades y que siga habiendo bancos o cajas que las den,
pero que en Madrid de momento ni bancos ni cajas ni la comunidad".
Otro comentario, del día siguiente, dice así: "Hola! Me gustaría que
el personal del CIAU [Centro de Información y Asesoramiento
Universitario, dependiente de la Consejería de Educación] me dijera
si finalmente saldrán las becas Erasmus de la CAM o si ya se ha
decidido que este año no saldrán. Gracias".
La explicación que
la Consejería de Educación da, a preguntas de este diario, sobre la
eliminación de todas las referencias a las becas Erasmus de este año
es: "La persona que gestiona el foro de EMES (un técnico) decidió
eliminar el hilo por una serie de insultos y comentarios muy
ofensivos que se habían producido". Sin embargo, no es únicamente un
hilo el que se ha eliminado, sino todos los relacionados con ese
tema.
En todos los
sistemas de foros existe la opción de borrar un comentario ofensivo
sin tener que suprimir el hilo entero, explica un experto en
sistemas de redes sociales consultado por este diario. "En este
caso, se trata de una acción deliberada", añade. Lo mismo pensó el
padre de dos alumnos, que pide anonimato: "En cuanto han visto el
malestar que está causando este tema y que algunos comentarios
pedían una manifestación ante la Consejería de Educación para
protestar por la supresión, posiblemente ilegal, porque las becas ya
estaban aprobadas hasta 2013, han optado por la censura", explica.
Con el curso ya
empezado en muchos países europeos, la Comunidad de Madrid aún no ha
convocado sus ayudas para las becas Erasmus (1.800 euros por curso
de los que en 2009 se beneficiaron 1.200 universitarios), que solía
destinar a estudiantes de familias con rentas bajas. El año pasado,
la convocatoria salió el 8 de julio, pero en años anteriores había
aparecido en primavera. La Consejería de Educación aseguró, cuando
este diario publicó el retraso en la convocatoria, que estaba
ultimando "un programa de ayudas al estudio en el extranjero más
ambicioso". Ni entonces ni proporcionó más detalles ni confirmó si
las becas Erasmus van a darse, o no, este curso.
(www.elpais.com,
18/09/10)
12. EL CARO
'SUEÑO' DEL ALCALDE
El alcalde,
Alberto Ruiz-Gallardón, lo planteó como un "sueño" hace siete años.
Abandonar la Casa de la Villa para trasladarse a un rehabilitado
palacio de Telecomunicaciones pasaría a la historia como la primera
mudanza de la alcaldía en cuatro siglos. El sueño se ha cumplido,
pero el cambio le ha salido caro: 124,5 millones de euros.
La oposición, que
en un principio apostó en sus programas electorales por recuperar el
inmueble y que sigue trabajando en la Casa de la Villa, no ha
perdonado que el presupuesto para la rehabilitación se haya inflado
hasta duplicarse. Y mucho menos que, tras el anuncio de un recorte
del 15% en los contratos municipales, las obras no solo hayan
seguido, sino que se hayan aprobado nuevas partidas.
"Una vez que
Gallardón ha visto las críticas que le han caído por derrochador, ha
intentado vestir el proyecto de centro cultural, pero esto sigue
siendo su palacete. Para el Ayuntamiento podía haber dispuesto de
varios edificios de la plaza de la Villa", mantiene el portavoz
socialista, David Lucas. Su homólogo de IU, Ángel Pérez, cree que
"es una obra que no se ha correspondido con una legislatura de
crisis y que se ha continuado pese a los recortes generalizados en
obras para los barrios y servicios para los ciudadanos".
Los siguientes
apartados resumen las cifras con las que se ha recuperado el
emblemático edificio y que han incendiado el debate municipal en los
dos últimos mandatos.
- Cesión de
edificios. Para hacer la mudanza, primero había que comprar la casa.
Es decir, que para que el palacio de Telecomunicaciones, propiedad
del Estado, pasase a llamarse palacio de Cibeles y formase parte del
patrimonio municipal, el Ayuntamiento tuvo que ceder varias
propiedades por valor de 339 millones.
En concreto se
deshizo de una parcela de 51.743 metros cuadrados en el PAU de
Sanchinarro valorada en 91 millones de euros. Cedió también el
edificio Cariátides, sede actual del Instituto Cervantes, valorado
en 88,5 millones.
Luego se
desprendió de un edificio en la calle de los Hermanos Álvarez
Quintero (9,5 millones) y de otro en la calle del Capitán Haya que
el Ayuntamiento compró por 133 millones. Además, cedió un local en
el paseo de los Olmos (2 millones) y renunció al espacio de 2.886
metros cuadrados que sigue dedicándose a la oficina de Correos y que
se valoró en 15 millones de euros.
- El despacho del
alcalde. Lo que la oposición llama "el despacho del alcalde" ha
costado 24,5 millones y no se incluyó en el concurso público con el
que se adjudicó la reforma, sino que se encargó a arquitectos
municipales. En realidad, la oficina del regidor, con vistas a la
diosa Cibeles y a la fachada de la Casa de América, tiene 78 metros
cuadrados. El resto es un espacio de 22.500 metros cuadrados en el
que, además de Ruiz-Gallardón, despachan el vicealcalde, Manuel
Cobo, el concejal de Seguridad y Movilidad y la delegada del área de
las Artes. En total trabajan allí 750 funcionarios.
- La gran
inversión cultural. La guinda de la polémica se puso con la segunda
fase de la reforma, la que está convirtiendo el palacio en un enorme
espacio cultural, la que se adjudicó con un presupuesto de 48,7
millones y que ha ido creciendo hasta alcanzar los 100 (incluyendo
unos 10 millones de la liquidación final del proyecto).
Al presupuesto
inicial se añadieron cuatro partidas de 40,8 millones. Dos de ellas
-una de 9,7 millones y la última de 24,5- se justificaron con las
dificultades arquitectónicas que no se podían prever. El resto son
dos partidas de 3,8 y 2,8 millones que se destinaron a peatonalizar
la calle de Montalbán y a urbanizar la futura entrada principal.
(www.elpais.com,
23/09/10)
13. BOTELLA CULPA
A LOS MENDIGOS DE LA SUCIEDAD DEL CENTRO DE MADRID
A Ana Botella, la
concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, le
preguntaron este martes en la comisión del ramo por qué muchas de
las calles del centro de Madrid, especialmente las más interiores y
las menos turísticas, acumulan tanta suciedad y malos olores. La
respuesta de Botella sorprendió a más de uno: la culpa es de la
estrechez de las calles, de los 'graffiti' y de los mendigos.
Botella señaló los
"60 puntos, donde pernoctan más de 200 personas" en la calle como
una "dificultad añadida" para mantener la limpieza del distrito
Centro, que se unen a las acciones de los graffiteros, y su
"revaloración artística" de la ciudad, y al especial entramado
urbano de la zona, con vías estrechas y de gran intensidad
circulatoria.
Así contestó la
mujer de Aznar a la portavoz de IU de Medio Ambiente, Raquel López,
que aportó una serie de fotografías como prueba de sus acusaciones.
Entre ellas mencionó Navas de Tolosa, Pez, Luna, Leganitos, Isabel
la Católica...
Sin embargo,
Botella insistió en que el número de quejas ciudadanas recibidas a
través de Internet y del 010 en el mes de agosto no conlleva una
"opinión especialmente negativa" al caer un 22,5% en comparación con
el mismo mes de 2009 pasando de 413 a 320 quejas. Añadido que el
Ayuntamiento acomete un "esfuerzo especial" para ser "más eficientes
en el uso de los recursos y en la atención de las necesidades".
Junto a la
tipología de la calles, el alto número de sin hogar y los
graffiteros, Botella sumó
dentro de las especiales características del corazón de la ciudad la
mayor presencia del turismo, el alto número de eventos celebrados en
la vía pública y la fuerte implantación del ocio nocturno, sin
olvidar "el consumo de alcohol en la calle".
IU tachó de
"surrealista" que Ana Botella justificara el diferente trato de las
calles de este distrito por la presencia de personas sin hogar y
"por el botellón que niega que exista el concejal de Seguridad".
Además la concejala de IU abogó por contar con más medios ya
que "no parece lógico que, con 3.000 locales de ocio, Madrid ocupe
el puesto decimoquinto en el ranking de los contenedores de vidrio".
López insistió en
la falta de limpieza, de contenedores, especialmente de envases, las
distancias entre ellos y el problema de olores de determinadas zonas
para, a renglón seguido, dudar de la disminución de las quejas
ciudadanas.
En su opinión, el
problema se debe a que el equipo de Botella no está en contacto con
el movimiento vecinal y, ni siquiera, con el concejal de Centro,
quien se ha dirigido a Medio Ambiente sobre estas cuestiones, como
aseguró López.
Botella respondió
que la reorganización del servicio se hace siguiendo las
indicaciones de los concejales de distrito y que en Madrid no hace
falta más contenedores. "No tenemos intención de poner uno más, no
podemos aspirar a ser un contenedor y nada más", aseguró antes de
comentar que, a veces, se reorganiza su distribución en función de
las peticiones vecinales.
En su ristra de
excusas, Botella incluyó otra: "No son iguales los pavimentos, que
unos son más fáciles de limpiar que otros" para pasar a recordar que
Madrid es la única ciudad europea con servicio de recogida de
basuras diaria. En su opinión, lo que hay que hacer es "cambiar los
hábitos" de la ciudadanía.
(www.publico.es,
21/09/10)
14. FOMENTO AVISA
QUE EL IMPAGO DE LA LUZ DE LA M-40 TRAERÁ CONSECUENCIAS
La decisión del
Ayuntamiento de Madrid de desentenderse de la factura del consumo y
conservación del alumbrado de la M-40 no ha sentado nada bien en el
Ministerio de Fomento. Están enfadados y advierten de que si,
finalmente, la capital cumple su amenaza, lo tendrán muy en cuenta a
la hora de establecer nuevos acuerdos económicos con el gobierno
municipal.
Lo que más ha
molestado en el Ministerio es que el Ayuntamiento haya decidido
"unilateralmente" no pagar los 1,3 millones de euros anuales que
cuesta mantener el alumbrado de la M-40, pero invita al Consistorio
a negociar.
"Podemos hablar de
tramos, de horas de luz, de eficiencia energética... Pero es
inadmisible que aplique un ahorro de forma tan drástica en un
servicio que está estrechamente relacionado con la seguridad vial",
apuntó el portavoz del grupo socialista en la Comisión de Fomento,
Rafael Simancas, que aseguró que el Ministerio pagará, de momento,
la factura para evitar el corte de suministro.
En el
Ayuntamiento, también molestos porque Fomento no haya respondido a
su advertencia hasta dos meses después, mantienen el pulso al
Ministerio. La única negociación en la que van a participar es en la
que tenga como resultado "el traspaso de responsabilidades". "Hace
dos meses que comunicamos la decisión y nadie ha llamado hasta que
han transcurrido los 15 días del plazo que dábamos para comunicar a
las compañías suministradoras que dejaríamos de pagar.
Ahora lo único que
contemplamos es acordar un plazo corto, hablo de meses, que permita
la transición de responsabilidades", declaró el concejal de
Hacienda, Juan Bravo.
Ante la
posibilidad de que el Ayuntamiento cumpla su desafío, Simancas
amenazó con que habrá consecuencias: "Aunque salvando el interés de
los ciudadanos, tendremos muy en cuenta la actitud del Ayuntamiento
a la hora de establecer con él nuevos acuerdos económicos. Y si se
actúa de esta manera tan irresponsable entiendo que el Gobierno
también tomará buena nota...".
La polémica por el
pago del alumbrado de la M-40 comenzó cuando la concejal de Obras y
Espacios Públicos, Paz González, envió una carta el pasado 14 de
julio al Ministerio de Fomento. La edil comunicaba en su escrito
que, aunque el Ayuntamiento está obligado por un convenio de 1990 a
asumir el coste del alumbrado de la M-40, dejaría de pagar el 1 de
septiembre. Fomento, que solo paga la luz del tramo del túnel del
Pardo y el de Pozuelo de Alarcón, respondió dos meses después que la
decisión debía negociarse.
Pero el gobierno
de Alberto Ruiz-Gallardón, con una deuda de 1.174 millones de euros,
ha encontrado en liberarse de competencias impropias la fórmula para
aliviar su asfixia económica.
(www.elpais.com,
18/09/10)
15. ANTICORRUPCIÓN
SE OPONE A QUE BOADILLA ASUMA UNA DEUDA DE CORREA
La fiscalía
anticorrupción se opone a que la empresa municipal del suelo del
Ayuntamiento de Boadilla del Monte (43.414 habitantes) asuma una
hipoteca de 7,1 millones de euros que la empresa
Artas Consultores, propiedad de
Francisco Correa, tiene con una entidad financiera.
La última
palabra la tiene el magistrado que instruye el caso
Gürtel, Antonio Pedreira, que
será quien tome la decisión acerca de si permite esta operación, que
posibilitaría al Consistorio de Boadilla recuperar el uso de 33
locales comerciales y 138 aparcamientos en la zona del municipio
denominada Residencial Siglo XXI.
La empresa Artas
Consultores está intervenida judicialmente, por lo que cualquier
operación debe tener la autorización de la autoridad competente, en
este caso el juez Pedreira.
Los locales
comerciales y aparcamientos que trata de rescatar el Consistorio
fueron adjudicados por la empresa municipal del suelo de Boadilla
-cuyo gerente era otro imputado en el Gürtel:
el diputado regional Alfonso Bosch Tejedor- en 2005 a la empresa
Rústicas MBS, encabezada por Ramón Blanco Balín.
Este
empresario, también imputado por los delitos de fraude fiscal y
evasión de capitales en el caso, es considerado uno de los
testaferros de Correa, finalmente traspasó la propiedad a otra
sociedad: Artas
Consultores, dirigida por él mismo.
Pero un
informe de la Agencia Tributaria que obra en el sumario de la
operación que inició el juez Baltasar Garzón destapó que
Artas Consultores es, en
realidad, propiedad de Correa, aunque también fueron accionistas de
la misma Bosch Tejedor y Tomás Martín Morales, ambos acusados en
Gürtel.
Precisamente el
parlamentario, expulsado del grupo parlamentario popular en la
Asamblea, fue el encargado de rebajar el canon anual que debía pagar
la empresa al Ayuntamiento, que pasó de 244.750 euros a 84.344
euros, aumentando los años de concesión de 75 a 99 años. No
obstante, la investigación del juez ha puesto de manifiesto que esta
empresa de Correa no ha llegado a pagar ni un solo euro por el
canon.
El juez
Pedreira está en espera de recibir un informe de los funcionarios de
la Intervención General del Estado, que hace dos meses recibieron el
encargo de que investigaran la mencionada operación. Con toda esta
documentación sobre la mesa, incluyendo un informe de la empresa
acerca de una valoración realizada por técnicos de la Comunidad de
Madrid, el magistrado tendrá que tomar una decisión al respecto.
También tendrá que decidir si llama a declarar como imputado al
actual alcalde de Boadilla, Juan Siguero
(PP), presuntamente por
facilitar información municipal confidencial a las empresas de la
trama Gürtel.
Un portavoz del
Ayuntamiento aseguró que el Consistorio aprobó la operación con la
intención de desbloquear una de las zonas comerciales más
importantes del municipio.
(www.elpais.com,
20/09/10)
