1. AGUIRRE: "NO HAY MÁS
REMEDIO QUE APLICAR LAS POLÍTICAS LIBERALES"
2. ESPERANZA AGUIRRE
ANUNCIA EL RECORTE DE LIBERADOS SINDICALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID
3. EL PULSO DE AGUIRRE A
LOS SINDICATOS CALIENTA EL BALANCE DE LA LEGISLATURA
4. RAJOY APOYA LA OFENSIVA
DE AGUIRRE CONTRA LOS SINDICATOS
5. AGUIRRE LOGRA UNIR A
GOBIERNO Y SINDICATOS
6. MADRID PACTÓ LOS
DERECHOS QUE AHORA QUIERE PROHIBIR
7. AGUIRRE YA HA INICIADO
LA GUERRA SINDICAL EN EDUCACIÓN Y SANIDAD
8. A CARA DE PERRO
9. AGUIRRE IMPONE EL 'CATENACCIO'
10. AGUIRRE DEBE DINERO A
LOS SINDICATOS DESDE HACE TRES AÑOS
11. LOS "LIBERADOS A DEDO"
DE LA PRESIDENTA
12. AGUIRRE RECONOCE QUE SE
EQUIVOCÓ AL PENSAR QUE NEIRA DIMITIRÍA
13. ‘CASO GÜRTEL’.
FINANCIACIÓN ILEGAL Y OTRAS EMPRESAS IMPLICADAS
14. FISCALÍA CONTRA LA
CORRUPCIÓN INVESTIGA EN MURCIA CUENTAS BANCARIAS RELACIONADAS CON EL
CASO GÜRTEL
15. GALLARDÓN DEJA DE PAGAR
LA FACTURA DEL ALUMBRADO DE LA M-40
16. SOLO TRES FUNCIONARIAS
GESTIONAN LOS ABORTOS QUE CUBRE LA SANIDAD PÚBLICA
1. AGUIRRE: "NO HAY MÁS
REMEDIO QUE APLICAR LAS POLÍTICAS LIBERALES"
La presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha confirmado lo que era un
secreto a voces: su Gobierno recortará el número de liberados
sindicales en Madrid.
Así lo ha anunciado durante
el debate sobre el Estado de la región que se celebra en la Asamblea
de Madrid, donde ha asegurado que será "respetuoso con los derechos
de los trabajadores y con la ley" y que "permitirá un mejor
aprovechamiento de los efectivos con los que cuenta la
Administración autonómica".
Según Aguirre, la crisis
obliga a administrar "con más rigor y eficacia los recursos
públicos", lo que significa un esfuerzo al que "los sindicatos no
pueden ser ajenos" porque reciben una "parte importante" para
ejercer sus funciones.
En la línea de los
recortes, la presidenta regional ha anunciado que su Ejecutivo
reducirá en un 10% el presupuesto no financiero de la Comunidad para
el año 2011, dentro del plan de austeridad con el que ya ha ahorrado
542 millones de euros.
La conservadora ha
aprovechado este anuncio para elogiar las políticas liberales y
recomendar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que abandone
las tesis Keynesianas. "No hay más remedio que aplicar las políticas
liberales, que son las que han demostrado su eficacia para salir de
la crisis", ha continuado, enfrentándolas a las del Gobierno, "que
conducen al despilfarro" y que son propias de los que "siguen
creyendo en las falacias Keynesianas". "Las cuentas se cuadran
gastando menos y no aumentando los impuestos como hace Rodríguez
Zapatero", ha añadido.
Aguirre considera que la
Comunidad de Madrid resiste mejor la crisis que otras regiones
españolas y que su PIB está por encima de ellas gracias a esas
políticas liberales y a los recortes y las bajadas salariales
aplicadas por su Gobierno. La presidenta regional ha acusado al
Ejecutivo de Zapatero de deberle a la Comunidad que dirige 18.848
millones de euros y situarla en un contexto de "asfixia" económica.
En su línea liberal,
Aguirre ha anunciado que el recorte en materia económica va a
incluir un plan de racionalización del sector público "que va a
afectar a numerosos organismos y empresas" de la Administración
regional.
(www.publico.es,
14/09/10)
2. ESPERANZA AGUIRRE
ANUNCIA EL RECORTE DE LIBERADOS SINDICALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID
La presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado a la Asamblea
de Madrid un ajuste en el número de liberados sindicales de la
Comunidad de Madrid, y ha asegurado que será respetuoso con la ley y
los derechos de los trabajadores.
El Gobierno de la Comunidad
de Madrid ajustará el número de liberados sindicales para el
ejercicio de sus derechos que les corresponde por ley, lo que además
de ser respetuoso con los derechos de los trabajadores y con la ley
permitirá un mejor aprovechamiento de los efectivos con los que
cuenta la Administración autonómica", ha afirmado Aguirre a los
diputados presentes en el Debate del estado de la Región, que ya
conocían la noticia a través de los medios. En su opinión, la actual
crisis obliga a administrar "con más rigor y eficacia los recursos
públicos", un esfuerzo al que "los sindicatos no pueden ser ajenos"
porque reciben una "parte importante" para ejercer sus funciones.
(www.cadenaser.com
14/09/10)
3. EL PULSO DE AGUIRRE A
LOS SINDICATOS CALIENTA EL BALANCE DE LA LEGISLATURA
La presidenta regional,
Esperanza Aguirre, afronta el último debate sobre el estado de la
región de la legislatura, en medio de la polémica por el supuesto
recorte en las horas para los liberados sindicales. La Comunidad
reconoce que estudia desde hace meses la forma para reducir esta
figura sindical. Fuentes del Ejecutivo autonómico explican que se
controlará de forma más rigurosa el tiempo que los miembros del
comité de empresa, delegados sindicales y delegados de salud laboral
dedican a la representación de los trabajadores. La idea es reducir
estas horas para disminuir las contrataciones eventuales que se
realizan para cubrir sus turnos, lo que supondría un ahorro
importante para las arcas regionales.
La noticia ha causado
revuelo entre los sindicatos y la oposición (PSOE e IU), que ha
censurado la medida. Además ha cogido con el pie cambiado al
Gobierno regional que no esperaba lanzar la noticia hasta más
adelante, según fuentes de Sol, sede del Ejecutivo de Aguirre.
Aunque otros consideran que se trata de un globo sonda lanzado por
la Comunidad para comprobar las reacciones ante la medida.
Aguirre nunca ha ocultado
su admiración por la ex premier británica Margaret Thatcher.
Comparte el pensamiento liberal de la dama de hierro. Si hay un
capítulo en la biografía de Thatcher que encandila a la presidenta
madrileña es cuando logró desmembrar el poder de los sindicatos
británicos en los años ochenta. Los enfrentamientos de Aguirre con
las organizaciones sindicales son conocidos. Intenta reducir su
influencia en el sector público que controla. Ha mantenido férreos
pulsos con los sindicatos de Metro, con los representantes de los
trabajadores de la sanidad y la educación pública.
El consejero de Economía
Antonio Beteta reconoció que el Ejecutivo regional estudia reducir
las horas para los liberados sindicales. Fuentes del Gobierno
regional confirman que estudian desde hace semanas esta medida para
suprimir el equivalente a unos 1.500 liberados (de 3.240), lo que
supondría un ahorro para la Administración de varias decenas de
millones, como avanzaba El Mundo. Beteta se mostró esquivo a la hora
de precisar cuándo dará luz verde a la medida y remitió a la
consejería de Presidencia, Justicia e Interior, que dirige Francisco
Granados, y que tiene las competencias de la función pública. Desde
esta consejería tampoco precisaron nuevos detalles del supuesto
recorte. Ni cómo sería el procedimiento para hacerlo. Fuentes
sindicales suponen que será a través de una ley, pero alertan de que
sería anticonstitucional.
Aunque la noticia ha
despertado el rechazo de los partidos de la oposición (PSOE e IU) y
los principales sindicatos (UGT y CC OO), nadie en el Ejecutivo
regional la ha desmentido. A un día del último debate sobre el
estado de la región, la presidenta guardó silencio sobre el asunto.
La noticia ha trastocado
los planes de Aguirre, que esperaba anunciarla en otro momento,
reconocen fuentes del Ejecutivo autonómico. La presidenta abre hoy
el debate, en el que habitualmente realiza algún anuncio importante
para acaparar la atención mediática. La incógnita ahora será
comprobar si incluye el anuncio en su discurso o lo aplaza para otro
momento. Lo que sí parece claro es que la controvertida medida será
uno de los platos fuertes de la segunda jornada del debate, cuando
los grupos de la oposición la censurarán.
Fuentes sindicales explican
que existen unos 700 liberados sindicales en la Administración
regional. Su número viene establecido en el Estatuto de los
Trabajadores y en los convenios colectivos, con rango de ley, que
han acordado los funcionarios con la Administración a lo largo de
los años. "La Comunidad de Madrid añade las horas que los delegados
sindicales, miembros del comité de empresa y los delegados de salud
laboral dedican para la representación de los trabajadores", precisa
Javier Díez, de CC OO. Los sindicatos amenazan con acudir a los
tribunales si prospera la medida. "El Gobierno de la Comunidad de
Madrid, presidido por Aguirre, ha hecho de los sindicatos su
objetivo a derribar, pero estos en ningún momento han cedido al
chantaje y la extorsión, ni se han dejado engañar por sus mentiras,
estando siempre vigilantes de sus políticas neoliberales y
privatizadoras", mantienen desde UGT y CCOO.
La presidenta de Madrid ya
advirtió hace unos meses de que reducir costes en la Consejería de
Educación disminuiría de 190 a 70 los liberados sindicales. Ocurrirá
algo parecido en la sanidad madrileña. Cuando se implante
definitivamente el área única sanitaria, los liberados sindicales
(su equivalente en horas) se reducirán de 918 a 90. Con este
escenario, Aguirre se presenta ante el último debate sobre el estado
de la región de la legislatura. A diferencia del celebrado el año
anterior, la presidenta regional comparece con menos presión. El
debate del año pasado estuvo marcado por el caso Gürtel y el
supuesto caso de espionaje. En aquella ocasión, Aguirre mantuvo una
actitud de guante blanco con la oposición (PSM e IU). Ni los
socialistas ni los diputados de IU supieron sacarle los colores a
Aguirre en el debate del año pasado. La portavoz socialista, Maru
Menéndez, estaba más preocupada por resguardar al presidente del
Gobierno, Rodríguez Zapatero, de las críticas de Aguirre por su
política económica.
Hoy se espera que Aguirre,
una vez que su Gobierno ha digerido los casos de corrupción, afile
el cuchillo. La situación económica lo empaña todo. Y aprovechará su
oportunidad para afear a los socialistas la gestión que ha realizado
Zapatero con la crisis y los bandazos que ha dado en su gestión. La
presidenta recuperará uno de sus caballos de batalla durante este
año: su oposición a la subida de impuestos.
(www.elpais.com,
14/09/10)
4. RAJOY APOYA LA OFENSIVA
DE AGUIRRE CONTRA LOS SINDICATOS
El líder del PP, Mariano
Rajoy, dio su bendición a la última ocurrencia de Esperanza Aguirre.
La presidenta de la Comunidad de Madrid quiere reducir el número de
liberados sindicales y su jefe de filas se sumó a la ofensiva
diciendo que la idea le parecía "muy razonable". El líder de la
oposición aprovechó una entrevista en Telecinco para cargar, además,
contra los sindicatos al recordar que la semana pasada UGT y CCOO
celebraron un acto en la madrileña plaza de toros de Vistalegre.
"Fue una imagen que nos sorprendió a todos", señaló.
A Rajoy le extrañó que las
organizaciones sindicales reunieran a "doce o trece mil" delegados
"en un día de diario" en el que "no estaban en su trabajo. No
sabemos si eran liberados o si pidieron un día libre sin cobrarlo,
que yo tengo mis dudas". Para él, en un momento de crisis económica
en el que se está pidiendo "un esfuerzo" importante a la sociedad y
"se ha dado un estacazo" a funcionarios y pensionistas, "no tiene
sentido que la liberación sindical no cambie nada".
Al principio, la dirección
nacional del PP se andaba con pies de plomo. Cuando el lunes saltó
la noticia, su secretaria general, María Dolores de Cospedal, se
resistió a mostrarle su apoyo expreso. "Tengo una conversación
pendiente con la Comunidad [de Madrid]", resaltó. Pero, al final,
terminó sentenciando su "legalidad" y explicando que con ello "no se
menoscaban los derechos de los trabajadores". Sin embargo, la
derecha se lanzó, sin reparos, contra los sindicatos. La número dos
del PP indicó que la propuesta de Aguirre estaba dentro del plan de
austeridad que en su día presentó Rajoy.
Lo cierto es que, en el
debate sobre el estado de la nación, el jefe de la oposición habló
de reducir las subvenciones a los sindicatos y a los partidos
políticos. Pero nunca llegó tan lejos. Los colaboradores de Rajoy se
afanaban en explicar por qué ahora se suma a las tesis de Aguirre.
Parecía un intento de combatir la sensación de que el presidente
nacional siempre va a remolque de su compañera de filas.
El líder del PP avanzó, en
rueda de prensa, que lo primero que hará su partido será pedir
reuniones con los sindicatos. "Este es un tema del que hay que
hablar y no podemos esconder la cabeza debajo del ala o actuar como
el avestruz. Y hay que ver si es necesaria tanta gente para ejercer
estas funciones o no", concluyó.
El anuncio de Aguirre llegó
cuando ya llevaba una hora pronunciando su discurso en la tribuna de
la Asamblea de Madrid. Fue escueto y poco detallado. Tras hablar de
la crisis de los ayuntamientos, metió con calzador una frase en su
intervención en el debate sobre el estado de la región: "La actual
crisis económica nos obliga a todos a administrar con rigor y
eficacia los recursos públicos. A este esfuerzo, los sindicatos no
pueden ser ajenos, pues de estos recursos obtienen una parte
importante de medios para ejercer sus funciones".
Por ello, "el Gobierno de
la Comunidad de Madrid ajustará el número de liberados sindicales
para el ejercicio de sus derechos al que le corresponde por ley, lo
que, además de ser respetuoso con sus derechos y con la ley,
permitirá un mejor aprovechamiento de los efectivos con los que
cuenta la Administración autonómica".
El Ejecutivo regional tiene
previsto aportar el resto de datos cuando en los próximos meses
lleven a la Asamblea su plan de adelgazamiento de la Administración,
cuya piedra angular será este plan de ajuste. Los secretarios
sindicales decidieron dar plantón a la presidenta.
En el entorno de la jefa
del Gobierno madrileño, aseguran que uno de los principales debates
de los últimos días ha sido cómo encajar en el discurso de
inauguración del debate el tema de los sindicatos. Pero que la
estrategia se desmoronó en el momento en el que la noticia fue
publicada. "Algo había que contar", reconocen en el PP madrileño.
Además, no ocultan que "no ha sido el mejor momento para lanzar esta
iniciativa. A escasas semanas de una huelga general, corremos con el
riesgo de que los sindicatos clamen contra nosotros en lugar de
contra el presidente del Gobierno".
El consejero de Presidencia
del Gobierno regional, Francisco Granados, mantuvo que "no se va a
recortar ni un solo derecho sindical. Quedarán como trabajadores
liberados aquellos que han sido elegidos sólo por los trabajadores".
Según esta consejería, la medida podría afectar a unos 1.900
liberados, a aquellos que han sido elegidos por los sindicatos para
temas y convenios puntuales. Granados se mostró contrario a
"mantener una aristocracia sindical a costa del dinero de los
madrileños".
(www.publico.es,
15/09/10)
5. AGUIRRE LOGRA UNIR A
GOBIERNO Y SINDICATOS
Unidos frente Esperanza
Aguirre. Pese a la convocatoria de la huelga general del próximo 29
de septiembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha conseguido
unir a Gobierno, sindicatos e IU para hacer frente a su pretensión
de reducir el número de liberados sindicales en la Administración
madrileña. Según confirmó el consejero de Economía y Hacienda
madrileño, José Antonio Beteta, el Ejecutivo autonómico está
"estudiando" una posible reducción de delegados sindicales, con la
intención de "extender" la limitación de representantes liberados
que ya se llevó a cabo en el ámbito de la Educación en Madrid. Según
El Mundo, el recorte afectaría a 2.000 delegados, el 70% de los
cuales pertenecen a UGT, CCOO y CSI-CESIF.
La vicepresidenta primera
del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ironizó acerca de
la propuesta de Aguirre. En una entrevista en TVE, sostuvo que, "de
ser cierta" esa pretensión, "sería verdaderamente sorprendente", ya
que "choca" con la idea del PP que desde hace meses se reclama como
el auténtico "partido de los trabajadores". Sería, además, "un
auténtico recorte de derechos".
"Con estas medidas no se
solucionan los problemas", agregó el ministro de Fomento y número
dos del PSOE, José Blanco. Hay "suficientes problemas" en la
Comunidad de Madrid en materia de educación, sanidad y otros
servicios públicos como para "atacar con una medida drástica a los
representantes de los trabajadores", apostilló el ministro.
Más contundentes fueron los
máximos representantes de los principales sindicatos españoles. El
secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, recordó a
Aguirre que el Ejecutivo que dirige "no tiene capacidad para
modificar el Estatuto de los Trabajadores ni la Ley Orgánica
sindical", el soporte legal que ampara los derechos sindicales.
El líder de CCOO especuló
sobre la posibilidad de que todo sea "una operación de propaganda
para justificar la dinámica de acoso" de los conservadores "a la
acción de los sindicatos en el ámbito de las empresas".
El secretario general de
UGT-Madrid, José Ricardo Martínez, comparó a Aguirre con el
religioso estadounidense que pretendía quemar un ejemplar del Corán.
"Igual que el pastor Terry Jones quema coranes, parece que Aguirre
pretende quemar a los sindicalistas", señaló.
Martínez se mostró
esperanzado en que en el último debate sobre el estado de la región
de esta legislatura, que se celebra hoy en la Asamblea de Madrid, la
pretensión de Aguirre no se convierta en el tema principal. "Que se
hable poco de los liberados, que son representantes de los
trabajadores elegidos en las urnas, y se hable de parados, que es
mucho más urgente", reclamó el líder madrileño de UGT.
El asunto se coló también
en las primarias del PSM. Los dos aspirantes arremetieron contra el
plan de Aguirre. Trinidad Jiménez emplazó a la presidenta a que
"apueste por un pacto por el empleo y no por eliminar los
sindicatos". Y Tomás Gómez le recordó que "la patronal es necesaria,
pero los sindicatos son imprescindibles".
La dirección del PP,
mientras, no cree que se vulnere ningún tipo de derechos con la
medida. La secretaria general, María Dolores de Cospedal, aseguró
"que lo que está haciendo la Comunidad de Madrid es algo que
legalmente puede hacer y que de ninguna manera menoscaba ni los
derechos sindicales ni los derechos de los trabajadores". No
obstante, eludió apoyar expresamente la iniciativa.
(www.publico.es,
14/09/10)
6. MADRID PACTÓ LOS
DERECHOS QUE AHORA QUIERE PROHIBIR
Por segunda vez en este
tórrido verano madrileño, la lideresa de la comunidad, Esperanza
Aguirre, ha anunciado su intención de recortar derechos laborales
reconocidos en convenios colectivos aún operativos y que en su día
suscribió con su puño y letra. El anuncio de bajar hasta el "mínimo"
los créditos por representación sindical, se suma a la decisión de
bajar un 5% el salario de los empleados de la empresa pública Metro,
lo que desencadenó una huelga muy agresiva.
El anuncio de Aguirre, a la
espera de que la presidenta desvele sus cartas de cómo va a llevar a
cabo su idea, supone modificar un punto pactado en un convenio
colectivo, que rige con rango de ley, y por tanto, incumplirlo, lo
que los expertos considerarían llanamente "ilegal".
El derecho a horas de
representación sindical está reconocido por ley, y luego es
negociado al alza entre la Administración y los sindicatos en los
convenios colectivos vigentes. Los sindicatos reconocen que en la
Comunidad de Madrid estos derechos están mejorados en casi el doble
sobre el mínimo que exige la ley, una ventaja que lleva operando en
la autonomía desde 1996 y que Aguirre ratificó en el último convenio
de funcionarios fechado en marzo de 2005.
Este convenio se hizo de
aplicación para el periodo 2004-2007, pero sigue en funcionamiento
debido a que la comunidad y los empleados públicos no han sido
capaces de negociar un nuevo acuerdo, según denuncian los
sindicatos. Para la ley laboral española, hasta que no se pacte un
nuevo convenio colectivo que derogue el anterior, el último acuerdo
sigue con plena vigencia.
En el texto que ratificó
Aguirre, se otorga a los delegados sindicales en centros públicos de
hasta 250 funcionarios el derecho a tener 40 horas de representación
sindical al mes, cuando en el Estatuto de los Trabajadores y en el
Estatuto de la Función Pública se recoge que una empresa o centro de
un tamaño similar puede tener la mitad.
La graduación es
exponencial, hasta el punto de que un centro de más de 500
funcionarios en la Comunidad de Madrid concede a sus delegados
sindicales hasta 75 horas mensuales para trabajar en la
representación de la plantilla. Teniendo en cuenta que la jornada
laboral pactada para los empleados públicos de la Comunidad de
Madrid es de 35 horas mensuales, esto supone que Aguirre suscribió
que los delegados sindicales de estos centros pudieran liberarse de
sus funciones profesionales más de dos semanas al mes para dedicarse
a defender a los trabajadores.
Fuentes sindicales
consultadas no descartan que este podría ser un punto en una posible
renegociación del convenio, pero recuerdan que un aviso público y
unilateral no es la mejor forma de iniciar un proceso de diálogo.
Aguirre pretende modificar
el acuerdo amparándose en el artículo 38 del Estatuto del Empleado
Público, el mismo al que se acogió el Gobierno central para recortar
el sueldo de los funcionarios. Según este artículo, cuando exista
una "alteración sustancial de las circunstancias económicas", las
autoridades públicas pueden llegar a incumplir un acuerdo. La
justificación de estas "circunstancias" es especialmente difícil
para Madrid, la única de las 17 autonomías españolas que cumplió con
los objetivos de déficit público el año pasado.
Otra de las fórmulas de
Aguirre para reducir los créditos sindicales es reagrupar los
centros de trabajo de sanidad, pasando de 11 ámbitos de trabajo a
uno. Aunque el número de delegados se reduce, los que quedan pasaran
a tener todos 75 horas mensuales.
Lo que se conoce como
liberados sindicales son aquellos miembros del comité de empresa o
de la sección sindical a los que los compañeros han cedido todas sus
horas de representación, por lo que, en la práctica, pueden dedicar
toda su jornada laboral a estas actividades.
Algunos de estos liberados,
sobre todo en la Función Pública, prestan sus servicios fuera del
centro de trabajo, en las sedes de los sindicatos. Uno de los más
famosos es José María Fidalgo, liberado de la Sanidad madrileña que
llegó a secretario general de CCOO. En general, los liberados de la
empresa media española disponen de 15 horas de representación
mensuales y deben notificar por adelantado a la empresa su uso.
(www.publico.es,
15/09/10)
7. AGUIRRE YA HA INICIADO
LA GUERRA SINDICAL EN EDUCACIÓN Y SANIDAD
Objetivo: los sindicatos.
Nada nuevo en el largamente cultivado pulso del Gobierno de
Esperanza Aguirre con los representantes de los empleados. "Viven
sin trabajar", soltó el ex consejero de Sanidad, Juan José Güemes,
en mayo de 2008, refiriéndose a los liberados sindicales. Aguirre
tampoco se quedó corta: "Son un anacronismo y un escándalo". Por eso
el recorte que confirmó la presidenta en el debate sobre el estado
de la región no ha sorprendido en exceso. En Educación y en Sanidad,
menos aún. Porque en estos dos sectores Aguirre lleva un tiempo
ensayando su particular guerra contra el liberado. Educación ha sido
la avanzadilla. Aguirre decidió reducir el número de horas
sindicales en la enseñanza pública sin pacto ni aviso. Incluyó la
reducción en la Ley de Medidas Urgentes que bajaba el sueldo de los
funcionarios un 5%, como aprobó el Gobierno central.
El recorte de horas en la
enseñanza pública preuniversitaria supuso perder mucho más de la
mitad de la representación. Pasaron de 190 a 70 liberados. CC OO lo
ha llevado a los tribunales "por vulneración de derechos
fundamentales". El sindicato alegó que se había hecho de forma
"unilateral" y solo en el ámbito educativo. El Tribunal Superior de
Justicia de Madrid admitió el recurso, pendiente de sentencia.
En Sanidad la tijera va por
otro lado. El Gobierno aprovecha la recientemente aprobada Ley de
Libre Elección y de Área Única para reducir el número de delegados
sindicales hasta en tres cuartas partes. La nueva norma termina de
un plumazo con la división territorial actual suprimiendo las 11
áreas sanitarias en que se divide la región y dejando una sola para
gestionar la sanidad de más de seis millones de madrileños. Como
cada área tenía su junta de personal -algo así como el comité de
empresa- al reducir las áreas se reducen los delegados. Si la
negociación con los sindicatos no lo impide, pasarán de los 321
actuales a 75.
Y queda la traca final que
afectará a todos los sectores. La que confirmó Aguirre, casi de
pasada y sin detalles de cómo y cuándo piensa hacerlo: "El Gobierno
de la Comunidad de Madrid ajustará el número de liberados sindicales
para el ejercicio de sus derechos al que les corresponde por
ley".Aguirre quiere reducir dos de cada tres liberados, según
explicó horas más tarde una portavoz del Gobierno. En realidad, hay
que hablar de horas de representación, porque no todos los delegados
están liberados completamente. Esas horas equivalen a 3.500
trabajadores a tiempo completo, de los que se quieren suprimir
1.930, lo que supondrá un ahorro de 73 millones, según la Comunidad.
El problema es que la actual representación sindical está recogida
en leyes y acuerdos aún en vigor.
Aguirre quiere meter la
tijera a las horas mensuales que cada delegado dedica a su función
representativa -un derecho recogido en una ley orgánica- de las 75
actuales (pactadas como mejora del mínimo estatal entre la
Administración y los sindicatos en el caso, por ejemplo, de
Educación y Sanidad) a las 40 que contempla el Estatuto Básico del
Empleado Público. Como los acuerdos están en vigor, y para
cambiarlos debería pasar por la mesa de negociación, la solución es
acogerse al artículo 38 del Estatuto, el mismo que permitió al
Gobierno central bajar el sueldo de sus funcionarios. Si la
situación económica ha cambiado, los acuerdos quedan en suspenso.
El caso de Educación ha
sido el ensayo general de por dónde van los planes de Aguirre. Los
sindicatos concentraron sus horas en 190 liberados, tal como permite
la legislación estatal. Eran quienes visitan los centros y
representan a los docentes en las negociaciones con la
Administración, entre otras tareas. "Ejercemos una labor de control
de la Administración y de protección de los profesores", resume Paco
García, responsable de Educación de CC OO. "Somos los intermediarios
en la organización de cursos de formación", añade Virginia
Fernández, de UGT.
Hace tres meses, Aguirre
incluyó una disposición adicional a su propio acuerdo y redujo la
horquilla de horas mensuales, lo que en la práctica supone pasar de
190 a 70 liberados, dejar la representación en los mínimos que marca
el estatuto del empleado público. Lo hizo sin negociación ni
justificación, como hizo constar CC OO en su recurso ante los
tribunales.
Educación concentra solo el
6% de las horas de liberación sindical de la Administración pública,
según una portavoz del Gobierno regional. Servicios generales y
Administración supone el 35,1%; Justicia, el 10,8%; empresas y entes
públicos, el 18,15% y Sanidad, el 15,3%. El recorte de liberados en
este último sector aprovecha la ley de área única, que entrará en
vigor el 1 de diciembre. Los sindicatos aseguran que la Consejería
tiene que negociar si quiere reducir el número de delegados en las
11 juntas de personal (equivalentes a los comités de empresa). No se
reúnen desde la época de Güemes. "No se puede representar a 80.000
trabajadores con una única junta", asegura Manuel Rodríguez, de CC
OO.
Sanidad es la excepción. En
el resto, la Comunidad se basará en el recorte de Educación hasta el
mínimo de horas legales. Pero la aplicación del artículo 38 presenta
dudas, según los expertos consultados. "Es un artículo para una
situación que suponga cambios sobrevenidos", explica Jesús Cruz
Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de
Sevilla. "
(www.elpais.com,
15/09/10)
8. A CARA DE PERRO
Hubo una época, cuando Juan
José Güemes era el máximo responsable de la atención sanitaria de
los madrileños, en que tanto él como Esperanza Aguirre se deshacían
en lindezas con los sindicatos. Los mejores piropos siempre
partieron del belicoso Güemes, belicoso: "Viven sin trabajar" o "Con
el sueldo de los liberados sindicales se podría construir un
hospital de 450 camas" son dos de los más sonados.
También es cierto que
entonces -finales de 2008 y principios de 2009- les recibían con
algaradas cada vez que visitaban un hospital. Lo más bonito que le
soltaban a él era aquello de "Pelo Pantén". Lo más feo, insultos de
todo tipo. De "especuladora", "mentirosa" y "privatizadora" dejaban
a la presidenta.
Las críticas arreciaron
cuando empezaron a abrir los nuevos hospitales y se vieron sus
muchas carencias, entre ellas la falta de personal. Tampoco gustó
que se cediera a empresas la gestión no sanitaria o que la
Administración fuera inquilina de sus propios hospitales (propiedad
de las constructoras que los levantaron). Era una guerra abierta que
se prolongó durante meses. "Los liberados sindicales son un
anacronismo y un escándalo", dijo Aguirre en diciembre de 2009.
Entonces, la fricción estaba en la ley de libre elección de médico y
de área única.
Aunque quizá lo más
extravagante que ha hecho la Comunidad de Madrid fue enviar un vídeo
a los medios de comunicación en el que, en sus propias palabras,
"identificaba" a cuatro liberados sindicales que habían abucheado a
Aguirre y Güemes en una visita al Puerta de Hierro. Incluso los
señalaba con una rudimentaria flecha roja superpuesta a la imagen.
El asunto acabó en los tribunales.
La relación entre
sindicatos y Educación es menos beligerante, al menos en las formas.
En los últimos tres años, los sindicatos han convocado protestas y
un par de huelgas contra los recortes y la falta de negociación. En
2008, la consejera Lucía Figar tildó de "política" una de las
protestas. Ellos la acusan siempre de "atacar" a la educación
pública. No hay descalificaciones graves. El trato es casi exquisito
pero también son enemigos. Educación fue la primera en meter mano a
los sindicatos. Su representación quedó reducida a menos de la mitad
en junio. No les llamó para negociar.
(www.elpais.com,
15/09/10)
9. AGUIRRE IMPONE EL
'CATENACCIO'
Existe una táctica
futbolística conocida como catenaccio. Así bautizaron en Italia la
estrategia consistente en tejer una maraña defensiva para evitar los
ataques del rival. Aguirre practicó el cerrojazo durante su
intervención en el debate sobre el estado de la región, el último
balance de la legislatura. El ambiente estuvo marcado por la
cercanía de las elecciones autonómicas. La oposición aprovechó para
lanzar duros ataques a la gestión de Aguirre. Maru Menéndez,
portavoz del PSM, y Goyo Gordo (IU) acusaron a Aguirre del deterioro
de los servicios públicos, especialmente sanidad, educación y
dependencia.
La presidenta respondió con
una defensa basada en un mar de cifras, y convirtió el debate en un
intercambio farragoso de datos. Gobierno y oposición se acusaron de
falsearlos en sus discursos. Menéndez la culpó del "desmantelamiento
del sistema público sanitario, de impulsar la educación privada en
detrimento de la pública y de un inmoral boicot a la ley de
dependencia". La dirigente popular calificó estas acusaciones de
"retahíla de infamias" y acusó a los socialistas de mentir sobre la
dependencia. Menéndez replicó: "¿Cómo denominaba usted a las
políticas de protección social? 'Pitas, pitas, pitas...".La
presidenta acudía al debate con relativa tranquilidad, a pesar del
desgaste de su Gobierno, de que las arcas regionales están famélicas
y de los escándalos de corrupción que han salpicado a su Gobierno.
Se sentía cómoda porque enfrente tenía a un grupo socialista
dividido por las primarias. Utilizó dos informes del Ministerio de
Sanidad, que dirige Trinidad Jiménez [aspirante a las primarias del
PSM], para justificar su gestión.
E intentó avivar la guerra
entre los socialistas: "En la encuesta oficial del Ministerio de
Sanidad, ese que dirige a tiempo parcial la aspirante a candidata,
se dice que la sanidad madrileña está bien valorada". Y soltó a
Menéndez: "Si no le gusta, se lo discute usted, iba a decir a su
candidata, pero ya sé que no lo es, a la candidata del otro lado".
La portavoz socialista apoya a Gómez.
Menéndez definió con dureza
la legislatura: "Han sido tres años de espionaje político y
corrupción, de abandono absoluto de sus responsabilidades, tres años
de irresponsabilidad y deslealtad institucional...". La presidenta
respondió: "No me ha temblado el pulso en cortar todas las cabezas
que he considerado", y agregó: "Menos hipocresía, señores del PSOE e
IU, que son ustedes muy falsos. Hagan lo que nosotros, demuestren
que los aprovechados, los delincuentes no tienen cabida en sus
organizaciones". Mientras, uno de los imputados del caso Gürtel,
Alfonso Bosch, entraba en el hemiciclo para sentarse en la bancada
popular. Gordo dijo que "solo IU ofrece una alternativa real para
salir de la crisis". La presidenta zanjó la discusión sobre las
cifras del paro con una comparación: "Cuando oigo a un socialista
hablar de que tiene la solución para crear empleo es como si Paris
Hilton viniera a hablarnos de cómo va a fundar conventos".
(www.elpais.com,
16/09/10)
10. AGUIRRE DEBE DINERO A
LOS SINDICATOS DESDE HACE TRES AÑOS
De tanto repetirse, algunos
sindicatos ya lo tienen en la agenda de un año para otro. En
Sanidad, por ejemplo, la cita es a principios de julio. Cuando llega
el momento, hay que ir al juzgado y presentar una demanda contra la
Comunidad de Madrid porque no les ha pagado los fondos destinados a
realizar su actividad sindical. La Comunidad lleva desde 2007 sin
pagar estas subvenciones a los sindicatos, pese a que fue ella misma
la que las negoció y firmó en acuerdos y convenios colectivos aún
vigentes en Sanidad, Educación, Personal de Administración y
Servicios (PAS) y personal laboral.
La ofensiva contra los
representantes de los trabajadores empezó, por tanto, mucho antes de
que la crisis hiciera mella en las cuentas regionales. El cálculo
más conservador -que deja fuera lo correspondiente a este año-
supone que la deuda de Aguirre con los sindicatos es de 6,5
millones. Las diferentes cantidades aparecen en los mismos acuerdos
que establecen la ampliación de horas sindicales que ahora el
Gobierno regional quiere eliminar.
Las primeras sentencias dan
la razón a los sindicatos. "Estimo la demanda", dice el Juzgado de
lo Social número 28 de Madrid en un fallo de mayo del año pasado. "Y
condeno al pago de la cuantía total de 406.045 euros". Eso solo a CC
OO, que presentó esta demanda de deuda a PAS y funcionarios por los
importes de 2007. En noviembre, otro juzgado de lo social volvió a
condenar a la Comunidad a abonar una cantidad similar por 2008. Los
servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid las han recurrido.
Las ayudas corresponden a
convenios o acuerdos en vigor de Sanidad, Educación, Personal de
Administración y Servicios y personal laboral. El más cuantioso, por
708.766 euros anuales, corresponde a estos últimos y fue firmado en
2005. Las cantidades se reparten entre los sindicatos con mayor
presencia y se destinan a gastos de acción sindical.
En el caso de Sanidad
(445.000 euros anuales), los sindicatos han acudido al juzgado los
últimos cuatro años. Comisiones Obreras reclamó el pago de 2007 que
le correspondía: 37.000 euros. El juez le dio la razón en primera
instancia, pero la Comunidad recurrió. "Esa cantidad no nos
soluciona nada, como mucho comprar una impresora o hacer algún
cartel más. No vivimos de subvenciones, sino de las cuotas de los
afiliados", asegura Manuel Rodríguez, secretario general de la
Federación de Sanidad de CC OO de Madrid. Su presupuesto, añade, es
de 600.000 euros.
En Educación, con más de
529.000 euros anuales, el asunto también está en los tribunales. "Es
como si mañana Aguirre perdiera las elecciones y el partido en el
Gobierno decidiera no pagar la financiación que corresponde al PP
porque le lleva la contraria o le da dolor de cabeza", señala Paco
García, responsable de Educación de CC OO Madrid. "Lo ha hecho por
puro sectarismo, porque le molestamos, es antidemocrático",
concluye. Para CC OO Educación, los fondos suponen "un 10%" de sus
ingresos anuales, explica García. En el caso de CSIT-UP, que reclama
más de 1,3 millones, el dinero de subvenciones supone el 20% de sus
ingresos, según una portavoz.
¿Por qué no se pagan esos
fondos? Las explicaciones varían por consejerías. En Educación
interpretan que el pago "estaba vinculado" a la creación y
funcionamiento de una comisión de seguimiento. Los sindicatos
consideran que no es vinculante y que el seguimiento se hace desde
la mesa sectorial de Educación, donde están los mismos
representantes. Lo que la Consejería no aclara es por qué no se ha
creado en tres años esa comisión ni a quién correspondía convocarla.
En Sanidad no ofrecen explicaciones. Y en Presidencia, Justicia e
Interior aseguraron que "no se reconoce ninguna deuda con los
sindicatos, ya que las sentencias están recurridas en casación". Una
portavoz añadió que el pago de 2007 "se está tramitando".
El pago de la deuda es un
tema espinoso más en la relación de Aguirre con los sindicatos. Hoy
se reúnen las dos partes para hablar de liberados. "No creo que
hablemos de lo que nos deben, pero habrá que hacerlo porque los
convenios siguen en vigor", concluye Fernando Sánchez, secretario
general de Servicios Públicos UGT Madrid.
(www.elpais.com,
17/09/10)
11. LOS "LIBERADOS A DEDO"
DE LA PRESIDENTA
El secretario general de CC
OO en Madrid, Javier López, ofreció otra vía de ahorro a la
presidenta de la Comunidad de Madrid. "Que reduzca sus 1.800
liberados a dedo", señaló en relación con los altos cargos de la
Administración regional "que cobran unos 5.000 o 6.000 euros al mes,
sobre todo cuando no ha anunciado nada de los 100 millones de euros
que nos están costando". El Gobierno autonómico ha duplicado en
siete años los cargos directivos, que en ese tiempo han pasado de
728 a 1.521, según una estimación de EL PAÍS en febrero analizando
los Presupuestos Generales. El gasto total asciende a 35 millones de
euros anuales. López acusó a Aguirre de tener una Administración "a
su servicio" y se preguntó "para qué necesita a esa corte donde
coloca a los que huyen de Valencia o de otras comunidades". Para el
responsable de CC OO, el anuncio de la reducción de los liberados
sindicales es "una maniobra de distracción" en el debate de la
Asamblea porque la presidenta "no tenía nada que anunciar, además
del recorte de un 10% del presupuesto".
(www.elpais.com,
17/09/10)
12. AGUIRRE RECONOCE QUE SE
EQUIVOCÓ AL PENSAR QUE NEIRA DIMITIRÍA
Esperanza Aguirre considera
que Jesús Neira mantiene una actitud incongruente al no reconocer
fuera del juzgado lo que "sí había reconocido en el juicio" en el
que fue
condenado por
conducir ebrio.
La presidenta de la
Comunidad asegura comprender que el ya ex presidente del Consejo
Asesor del Observatorio regional contra la Violencia de Género se
sienta utilizado. "¡Qué va a decir, si él sigue sosteniendo que no
ha cometido ninguna infracción y sin embargo en el juicio ha
reconocido que sí!", ha afirmado durante una entrevista en
Telecinco.
Aguirre ha reconocido que
esperó a que se celebrara el juicio para confirmar su infracción y
cesar a Neira por un hecho que era "realmente grave" y que "había
puesto en peligro la vida de otros ciudadanos". La presidenta
regional esperaba, sin embargo, que fuera Neira quien dimitiera.
"Me equivoqué", ha
asegurado. "Después de una conversación telefónica bastante larga,
de hora y pico con él, me convencí de que él pensaba que el índice
de alcoholemia tenía que ver con unas medicinas que tomaba. Él no
reconocía lo que por otra parte si había reconocido en el juicio.
Luego era una incongruencia. Entonces el Consejo de Gobierno del
jueves pasado decidió cesarle", ha explicado.
Aún así, Aguirre ha querido
echarle un último capote a Neira al asegurar que, pese a todo el
escándalo y sus polémicas declaraciones posteriores, en las que
aseguró que seguiría bebiendo, "no le quita un ápice" al "gesto
heroico que tuvo en su momento".
"Así es la naturaleza
humana, capaz de actos heroicos y de actos que yo creo que deben
asumirse las responsabilidades", ha concluido.
(www.publico.es,
16/09/10)
13. ‘CASO GÜRTEL’.
FINANCIACIÓN ILEGAL Y OTRAS EMPRESAS IMPLICADAS
El juez que instruye el
caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, deberá decidir en los
próximos días si, como le ha pedido la policía, si interroga o
detiene al actual alcalde de Boadilla, Juan Siguero, sustituto de
Arturo González Panero, uno de los principales implicados en la
trama corrupta por el cobro de cientos de miles de euros a cambio de
favorecer los intereses de Francisco Correa y su red empresarial.
Siguero, según las
investigaciones policiales, colaboró activamente en las gestiones
para favorecer a la trama corrupta en diversos contratos. Aún sigue
como alcalde. Cuando se destapó el caso, el PP intentó sustituir a
Panero con una concejal, pero Siguero impuso su poder en Boadilla
para hacerse con el cargo. La policía también ha pedido al juez que
ordene la detención de tres personas de confianza del diputado
autonómico Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes y mano
derecha de la presidenta Esperanza Aguirre.
Las tres personas
trabajaban en la Consejería de Presidencia durante la etapa en que
todos los actos institucionales presididos por Aguirre eran
organizados por la trama corrupta, a los que se adjudicaba el
trabajo sin concurso previo, según la investigación. En esta trama,
la policía ha encontrado a otras empresas privadas que hacían de
intermediarias para que el dinero llegara a la red Gürtel.
Además, el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid investiga múltiples operaciones
urbanísticas sospechosas en la Comunidad de Madrid relacionadas con
la trama corrupta y una supuesta financiación ilegal del PP a través
de una de sus fundaciones, Fundescam. El juez ha ordenado en los
últimos días el embargo de bienes de alcaldes y diputados
autonómicos del PP, que no han hecho frente a la fianza de
responsabilidad civil que les impuso.
(www.elpais.com,
13/09/10)
14. FISCALÍA CONTRA LA
CORRUPCIÓN INVESTIGA EN MURCIA CUENTAS BANCARIAS RELACIONADAS CON EL
CASO GÜRTEL
La Fiscalía Especial contra
la Corrupción y la Criminalidad Organizada investiga movimientos de
dinero de la trama Gürtel en la Región de Murcia. Se trata de
cuentas relacionadas con el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús
Sepúlveda, en la imagen. En una providencia en poder de VMPress,
referente a diligencias del 1/09 y los procesos penales 9/09, la
fiscalía ha solicitado al magistrado instructor de la Sala Civil y
Penal del TSJ de Madrid que se requiera a la entidad financiera de
Cajamurcia para que remita los soportes documentales e identifique
las cuentas de origen de una serie de operaciones reflejadas en el
extracto de fechas 10, 27 y 29 de julio, 14 de agosto, 16 de
septiembre y 28 de diciembre, todas ellas de 2009.
Asimismo, ha solicitado se
de traslado de un escrito remitido por Cajamurcia con número de
registro 1865/10 a la unidad de auxilio judicial de la AEAT a fin de
que pueda valorarlo "en el desempeño de la función que la ha sido
encomendada".
El 6 de marzo de 2009 Jesús
Sepúlveda dimitió como alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y,
también el 8 de octubre, abandonó el grupo Popular en el
Ayuntamiento. Un día después, el ex marido de Ana Mato,
vicesecretaria de Organización del PP, renunció a su acta de
concejal y actualmente se encuentra en libertad sin fianza.
(www.vegamediapress.com,
17/09/10)
15. GALLARDÓN DEJA DE PAGAR
LA FACTURA DEL ALUMBRADO DE LA M-40
Desde el pasado 1 de
septiembre el Ayuntamiento no paga los gastos de alumbrado de la
carretera M-40. La capital ha tomado la decisión de dejar de asumir
el pago de competencias que no le corresponden y este es su primer
paso. En una carta remitida el pasado 14 de julio al ministro de
Fomento, José Blanco, la concejal de Obras Públicas, Paz González,
justifica su decisión en que "los recursos municipales están
extraordinariamente comprometidos" para cumplir con sus propias
competencias, en la denegación, mediante decreto, de endeudarse en
2011 y en el "estrangulamiento" causado por la imposibilidad de
refinanciar su deuda que ya asciende a 7.314 millones de euros.
Fomento, que no ha
respondido a la misiva hasta dos meses después, advierte al
Ayuntamiento de que la falta de iluminación de la M-40, "con
intensidades de tráfico en algunos puntos superiores a los 100.000
vehículos al día", produciría "un importante menoscabo en las
condiciones de seguridad vial". La misiva continúa e invita a un
acuerdo conjunto entre ambas administraciones con "el tiempo
necesario para adecuar, en su caso, las nuevas responsabilidades".
Eso sí "mientras no se
produzcan nuevos acuerdos debe mantenerse la iluminación de la M-40
en las condiciones actuales", advierte el representante del
Ministerio.Ante la amenaza del Ayuntamiento, un portavoz del
Ministerio aclaró a este periódico que "los madrileños no tienen de
qué preocuparse" porque, en caso de impago, Fomento adelantaría el
importe correspondiente con tal de evitar que una de las principales
circunvalaciones de la ciudad se quede a oscuras. "Estamos
dispuestos a dialogar sobre cualquier asunto, incluido el de ceder
la gestión de la M-40 al Ayuntamiento". Un extremo que la
corporación municipal ni se plantea.
El acuerdo por el que el
Ayuntamiento tiene que abonar el consumo, mantenimiento y
conservación del alumbrado de la carretera, de titularidad estatal,
se remonta a 1990, durante el breve periodo de gobierno de Agustín
Rodríguez Sahagún (CDS). Sahagún desbancó a Juan Barranco, que fue
el que firmó en 1986 el primer convenio sobre la M-40 por el que el
Ayuntamiento se involucraba, junto al entonces Ministerio de Obras
Públicas y la Comunidad de Madrid, en la construcción y financiación
de la carretera.
Las arcas municipales
asumen desde entonces los gastos derivados de la iluminación de todo
el cinturón de 63 kilómetros, excepto del tramo correspondiente a
Pozuelo y el del túnel del Pardo que sí asume el Ministerio. Pero
ahora corren otros tiempos y el gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón,
ha decidido plantarse. La concejal justifica la rebelión en que esa
"obligación carece de respaldo jurídico en el marco competencial
vigente" y aprovecha en la carta para recordar al ministro que el
Ayuntamiento paga incluso la iluminación de los "tramos ajenos al
término municipal de Madrid", como es el caso de Leganés, Alcorcón o
Pozuelo.
En un contexto de asfixia
por la imposibilidad de refinanciar su deuda de 7.314 millones de
euros y por el retraso en el pago a los proveedores -que en algunos
casos supera los ocho meses- cualquier ajuste supone un respiro.
El ahorro de esta partida,
según cálculos del Ayuntamiento, asciende a 1.338.960. Una cifra
nada despreciable, teniendo en cuenta que la última medida de
contención de gasto puesta en marcha por el Consistorio, el cierre
de todas las dependencias municipales a las cinco de la tarde,
supone un ahorro similar.
La factura por la
iluminación de la M-40 se desglosa en dos conceptos: el recibo de la
luz de las 5.737 farolas que se mantienen encendidas aproximadamente
11 horas al día que asciende a 880.000 euros anuales y los gastos de
conservación y mantenimiento, que suponen otros 458.960 euros.
"Entendemos que el Gobierno
ha tomado la decisión de asfixiar a Madrid y entonces Madrid decide
asumir sólo los gastos correspondientes a nuestras competencias",
declaran fuentes municipales. "No es justo cargar a los madrileños
con gastos en infraestructuras que son competencia del Gobierno. Que
cada uno pague lo suyo", reivindica la misma fuente.
Y como advierten desde el
Ayuntamiento, esto es solo el principio. La intención es empezar a
soltar lastre y liberarse de todos aquellos gastos que, según la Ley
de Bases de Régimen Local, corresponden a competencias impropias. Es
decir, los servicios que asumen los ayuntamientos, pero que
competerían a las Comunidades Autónomas o al Estado.
La capital destina 1.187
millones de euros -casi una cuarta parte de su presupuesto- al pago
de estos servicios. Y ante las escasas vías de financiación con las
que cuenta la capital, las diferentes áreas de gobierno ya están
revisando todos los convenios con otras administraciones para
empezar a rescindir aquellos cuyo incumplimiento no afecte
directamente al ciudadano. Esto es el mantenimiento de las 32
escuelas infantiles de titularidad municipal por el que se pagan 64
millones de euros, las ambulancias del Samur y los servicios de
atención sanitaria que suponen otros 48,37 millones, la ayuda a la
dependencia, la seguridad o el fomento del empleo.
El siguiente paso será
suspender las subvenciones del próximo año a la Casa Asia (807.500
euros), a la Casa Sefarad-Israel (450.000 euros) y a la Casa Árabe
(500.000), dependientes del Ministerio de Exteriores. El
Ayuntamiento está estudiando esta posibilidad y aunque no la ha
comunicado oficialmente, ya ha informado verbalmente a los
responsables de los centros. El ahorro en este caso asciende a
1.757.000 euros.
"El argumento es el mismo
que con la M-40. Mientras el Estado vaya cortando todas las vías de
financiación y limitando la refinanciación de la deuda, nosotros
iremos dejando de sufragar los gastos de mantenimiento de las
Casas", explican fuentes municipales.
"En muchas ocasiones se han
cedido edificios para instituciones del Estado, pero ahora no
quieren reconocer ese esfuerzo fiscal que llevamos haciendo desde
hace años", reprochan desde el Ayuntamiento. Es el caso de estos
centros culturales a los que el gobierno municipal, en virtud de los
diferentes convenios firmados con la Comunidad y el Estado, concede
una sede, generalmente en un edificio emblemático y se compromete a
subvencionar parte de su actividad.
(www.elpais.com,
17/09/10)
16. SOLO TRES FUNCIONARIAS
GESTIONAN LOS ABORTOS QUE CUBRE LA SANIDAD PÚBLICA
Un cartel pegado a la pared
de la exigua sala de espera informa de que la hora de la cita es
solo orientativa. No es fácil cumplir los horarios en la Unidad de
IVE, la oficina de la Consejería de Sanidad por la que tienen que
pasar obligatoriamente todas las mujeres que pretenden que su
interrupción voluntaria del embarazo (IVE) la pague la sanidad
pública. La unidad consiste en tres despachos, situados en la planta
baja de una de las sedes de la Consejería, en Sagasta, 6. En cada
uno de ellos, una funcionaria atiende a las mujeres que demandan
información o que presentan la documentación necesaria para tramitar
la prestación con cargo a los Presupuestos. Tres funcionarias para
toda la Comunidad de Madrid.
Gestionar todas las
peticiones de la región con semejante plantilla ha dado como
resultado demoras de hasta tres y cuatro semanas en las citas. Las
funcionarias, simplemente, no dan abasto. Además, al volumen de
trabajo habitual se suman los casos especiales. Chicas menores,
mujeres que han sufrido violencia de género, casos de malformación
del feto... En esas situaciones, las trabajadoras tratan de
encontrar huecos en las apretadas agendas para adelantar las citas.
Hay casos que no pueden esperar.
Pero no es necesario
ponerse en situaciones extremas. Desde la aprobación de la nueva ley
de salud sexual y reproductiva, que entró en vigor el 5 de julio
pasado, el aborto es libre en las 14 primeras semanas de gestación.
Tres o cuatro semanas de espera solo para conseguir una cita pueden
suponer un retraso crucial en embarazos que se acercan al primer
trimestre. Las clínicas privadas, que son las que realizan el 98% de
los abortos, llevan semanas recibiendo quejas. "Supone una
desigualdad en el acceso a la prestación", afirma Francisca García,
vicepresidenta de la asociación de clínicas acreditadas para la
interrupción voluntaria del embarazo (ACAI). En otras comunidades,
asegura, no se están produciendo estos retrasos.
"Cuando una mujer decide no
seguir adelante con su embarazo, ver pasar las semanas provoca mucho
estrés emocional. Esto no es como operarse de un menisco", añade. La
nueva ley del aborto constata que la intervención está incluida en
la cartera de servicios de la sanidad pública. Antes también lo
estaba, pero muchas mujeres lo desconocían.La interrupción
voluntaria del embarazo ya estaba incluida en las prestaciones del
sistema nacional de salud. Sin embargo, muchas mujeres desconocían
que tenían ese derecho y muchas comunidades no lo publicitaban lo
suficiente. De hecho, antes de la entrada en vigor de la ley, los
sistemas autonómicos de salud financiaban, de media, el 30% de las
intervenciones. El 70% restante corría a cargo de las propias
mujeres.
En Madrid, acceder a la
prestación de forma gratuita significa pasar por la Unidad de IVE de
la calle de Sagasta, 6 y por los despachos en los que trabajan las
tres funcionarias, dos esta semana al estar una de vacaciones. El
circuito, tal y como lo ha diseñado la Consejería de Sanidad,
empieza en el centro de atención primaria. La mujer pide cita con su
médico de familia, que comprueba su embarazo. Allí le entregan un
sobre con información, tal y como exige la ley (en muchas ocasiones
son las clínicas las que lo entregan). Cuando lo recibe empiezan a
contar los tres días que, a modo de periodo de reflexión, deben
mediar entre su intención de abortar y la intervención. El siguiente
paso es acudir a una de las siete clínicas privadas acreditadas en
la región.
Suelen ser estos centros
los que, a su vez, piden cita a la mujer en la Unidad de IVE para
que solicite la tramitación con cargo al Servicio Madrileño de
Salud. Es en este punto donde el proceso se dilata. Muchas veces,
para no retrasar más la intervención, las clínicas la programan al
día siguiente o incluso horas después de haber pasado por la Unidad
de IVE. En esta oficina, las funcionarias piden el DNI o pasaporte y
la tarjeta sanitaria. Cuando comprueban que la mujer tiene derecho a
la prestación, le entregan una carta de pago. Con ella, ya puede
someterse a la intervención de forma gratuita, ya que es la clínica
la que después remite esa carta al Servicio Madrileño de Salud para
que le abone la intervención.
Al recoger de forma
explícita la gratuidad para la mujer de la IVE -"esta prestación
estará incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema
Nacional de Salud", dice literalmente el artículo 18- las
comunidades autónomas están empezando a recibir más solicitudes para
financiar la intervención. Las clínicas de abortos calculan que del
30% anterior a la ley se ha pasado a un 60% de media en toda España.
En Madrid los datos
oficiales también muestran un incremento, aunque bastante menor.
Dado que la ley entró en vigor el 5 de julio, la comparación se
establece entre los meses de julio y agosto de 2009 y el mismo
periodo de 2010. El año pasado, la Unidad de IVE atendió en esos
meses 1.041 solicitudes de mujeres que pedían que su intervención la
pagara la sanidad pública. En julio y agosto de este año, se
registraron 1.121, según datos de la Consejería de Sanidad. El
aumento, por tanto, ha sido del 7,7%.
ACAI, que agrupa a más de
30 clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo en toda
España, está preparando un balance sobre la aplicación de la nueva
ley del aborto en las diferentes comunidades autónomas. Entre otras
cosas, quiere recoger el porcentaje de intervenciones que paga la
sanidad pública y el que pagan las propias mujeres, y cuánto ha
variado esa proporción ahora que está más claro que las mujeres
tienen derecho a que se lo financien sus sistemas de salud. En
Madrid, según cálculos de profesionales de las clínicas, solo entre
un 20 y un 25% de los abortos los pagaba el Servicio Madrileño de
Salud.
(www.elpais.com,
11/09/10)
