1. AGUIRRE NO DARÁ CUENTA DE SUS BIENES ANTE LA
ASAMBLEA
2. AGUIRRE COMPARA EL BURKA CON LAS CHUCHES Y LA
COCA-COLA
3. AGUIRRE PAGABA A MQM Y A LA 'GÜRTEL' EL MISMO
ACTO
4. EL CONTRATO SE FIRMÓ DOS SEMANAS ANTES DEL
INICIO DE LA CAMPAÑA DEL 27-M
5. UNA COMPAÑÍA CON MUCHOS INTERROGANTES
6. ANTICORRUPCIÓN PIDE QUE SE IMPUTE AL DIRECTOR
DE MQM
7. ESPIONAJE DEL PP EN LA COMUNIDAD. EL CASO NO
VOLVERÁ A LA ASAMBLEA DE MADRID
8. ESPIONAJE DEL PP EN LA COMUNIDAD. EL PP OBLIGA
A COBO Y PRADA A NO RECURRIR EL ARCHIVO DEL 'CASO ESPÍAS'
9. ESPIONAJE DEL PP EN LA COMUNIDAD. LOS RECURSOS
DE COBO Y DEL PSOE
10. ESPIONAJE DEL PP EN LA COMUNIDAD. CRONOLOGÍA
DEL ESPIONAJE EN MADRID
11. ESPIONAJE DEL PP EN LA COMUNIDAD. COBO ALEGÓ
QUE LOS ESPÍAS DE AGUIRRE TUVIERON "CARTA BLANCA" PARA ACTUAR
12. ESPIONAJE DEL PP EN LA COMUNIDAD. COACCIONES
13. ESPIONAJE DEL PP EN LA COMUNIDAD. GRANADOS
AGRADECE AL PP LA VUELTA A "LA NORMALIDAD"
14. ESPIONAJE DEL PP EN LA COMUNIDAD. AGUIRRE: HA
TRIUNFADO EL 'SENTIDO COMÚN' CON LA RETIRADA DEL RECURSO DE COBO
15. ESPIONAJE DEL PP EN LA COMUNIDAD. GALLARDÓN
CONSIDERA "EJEMPLAR" QUE COBO RETIRARA EL RECURSO
16. EL JUEZ PREPARA LA SUBASTA DEL YATE DE LUJO
DE CORREA
17. GUERRA DE CIFRAS EN EDUCACIÓN INFANTIL
18. AYUNTAMIENTO DE MADRID. UN CENTENAR DE
BOMBEROS SE MANIFIESTA FRENTE AL AYUNTAMIENTO
19 AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR. LA CÁMARA DE
CUENTAS HALLA GRAVES IRREGULARIDADES
20. AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR. EL PP INICIA EN LA
REGIÓN 'LA GUERRA DEL BURKA'
1. AGUIRRE NO DARÁ CUENTA DE SUS BIENES ANTE LA
ASAMBLEA
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, dijo hace dos meses que era "pobre de pedir" y
ahora el Partido Popular de la región se niega a que haga pública su
declaración de bienes, patrimonio e IRPF. Aguirre "ya da cumplida
información de todos sus datos donde tiene que darlos y cumple los
requisitos que se exigen a los cargos públicos", justificó el
portavoz popular en la Asamblea, David Pérez.
La petición, presentada por el grupo socialista,
ya había sido rechazada por la Mesa del Parlamento regional en mayo.
"No sabemos qué tienen que ocultar", protestaba ante los medios su
portavoz en la Asamblea, Maru Menéndez, tras la junta de portavoces
de en la que había tratado de sacar adelante una reconsideración de
la propuesta. Ni antes ni ahora. El PP de Madrid rechazó por mayoría
que los grupos parlamentarios accediesen a las cuentas de la
Presidenta. Una decisión que "extraña" a la portavoz socialista en
tanto que Aguirre defiende que hay que ser transparentes.
El portavoz de Izquierda Unida, Enrique Reneses,
explicó que su grupo apoya la iniciativa recordando las
declaraciones de Aguirre en las que se comparaba con el presidente
del Congreso, José Bono. "Una persona que es pobre de pedir no
debería tener ningún tipo de dificultades en que su patrimonio fuese
conocido y público". Aseguró además que hay documentación
"suficiente". Justo el argumento contrario al de David Perez. El
escrito del PSM, según dijo, "ataca a la Mesa" y "no cumple los
requisitos".
(www.elpais.com,
24/07/10)
2. AGUIRRE COMPARA EL BURKA CON LAS CHUCHES Y LA
COCA-COLA
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguire, ha comprado este lunes el uso del burka con las
bebidas espirituosas o con las chuches que tanto defendió Mariano
Rajoy en septiembre pasado.
Durante una visita, en el municipio de
Majadahonda, al nuevo Laboratorio de Aguas Residuales del Canal de
Isabel II, Aguirre ha subrayado que "de ninguna manera debe
aceptarse" el uso del burka en una sociedad occidental "abierta e
igualitaria como la nuestra".
Y, casi sin solución de continuidad, ha
aprovechado para cargar por enésima vez contra el presidente del
Gobierno. Zapatero, ha señalado, "prohíbe los crucifijos, el
tabaco y ahora va a prohibir las golosinas, la Coca-Cola, todo menos
el burka, que es lo que creo que deberían prohibir".
Para la presidenta madrileña, "el burka es una
prenda que representa la sumisión de la mujer a su padre o a su
marido" y, por eso, "no tiene cabida" en una sociedad occidental
donde la igualdad entre hombres y mujeres "es ley".
(www.publico.es,
26/07/10)
3. AGUIRRE PAGABA A MQM Y A LA 'GÜRTEL' EL MISMO
ACTO
El Gobierno de Esperanza Aguirre pagó dos veces
por un mismo acto de Presidencia a empresas distintas y lo hizo en
al menos seis ocasiones entre 2007 y 2008: un pago iba a Marketing
Quality Management (MQM), que tenía la adjudicación formal para
organizar los actos de la presidenta, y otro a empresas de la trama
Gürtel.
Así se desprende de la documentación remitida por
la Comunidad de Madrid al juez del caso Gürtel, Antonio Pedreira,
sobre todos los contratos obtenidos por la trama.
MQM, que está siendo investigada en la causa,
declinó atender a Público. Un portavoz de Economía respondió por
escrito: "La Comunidad de Madrid ha facilitado toda la información
sobre el caso Gürtel que se le ha requerido por parte del juez.
Asimismo, el Gobierno regional ha comparecido en la Asamblea para
dar cumplida cuenta de la información de la que dispone el Ejecutivo
regional, que siempre ha cumplido con la Ley de Contratos".
MQM firmó un contrato el 25 de abril de 2007 con
la Comunidad de Madrid para organizar los actos de Presidencia. El
concurso, de 250.000 euros al año, fue impulsado por Alberto López
Viejo, hoy imputado y entonces organizador de los actos de Aguirre.
MQM ganó tras competir con Marvá y Easy Concept,
una de las empresas clave de la trama que estaba administrada por la
hoy imputada Isabel Jordán, que luego se incorporaría precisamente a
MQM. En 2007, esta empresa pagó a la trama 409.000 euros, según las
declaraciones a Hacienda incorporadas al sumario.
Tras ganar la adjudicación de los actos de
Presidencia, la trama siguió facturando para la Comunidad de Madrid
por actos que entraban dentro del contrato marco firmado por MQM y
que en realidad ya habían sido facturados por esta empresa.
No es que MQM subcontratara los servicios a la
trama, algo que hubiera sido posible dentro del contrato marco, sino
que empresas de Correa facturaban también a la Administración
autonómica por los mismos actos ya encargados y pagados a MQM.
El acto de entrega de medallas al mérito
ciudadano, en 2007, se llegó a pagar a tres empresas distintas,
según la documentación remitida al juez. MQM pasó a Presidencia
facturas por un total de 46.000 euros. Pero por el mismo acto cobró
también 11.162 euros Servimadrid, otra de las empresas nucleares de
la trama, y otros 10.296 euros Diseño Asimétrico por la aportación
del equipo audiovisual.
MQM había ganado el concurso marco precisamente
porque se valoró especialmente "las mejoras relativas a los medios
audiovisuales", según el informe del jefe de área de régimen
interior, Alfonso Peña. Fue la única concursante que puntuó en este
punto, al ofertar dentro de su propuesta seis pantallas de plasma.
El mecanismo de pagos repetidos se repitió al
menos otras cinco veces entre 2007 y 2008: Easy Concept pasó una
factura de 4.065 euros por un acto en la Real Casa de Correos; Good
& Better otro de 11.990 euros por la entrega de medallas a los
príncipes y Servimadrid tres facturas de 11.900 euros por el Belén,
el Día de la Constitución y un acto de balance de gobierno. Todos
ellos entraban dentro del contrato marco ya pagado a MQM.
Antes de lograr este concurso en Presidencia, MQM
ganó un contrato del Imade, vinculado a Economía, para una
publicidad de 1,25 millones de euros que se pagó pero no se hizo. La
propuesta de adjudicación la hizo Swat, consultora bien conectada
con Gürtel.
La conexión de Marketing Quality Management (MQM)
con la trama ‘Gürtel' se hizo a través de Over Marketing y
Comunicación (Over MC), implicada también en el caso de la
‘publicidad fantasma' del Imade.
Así lo declaró ante el juez la imputada Isabel
Jordán, ex responsable de Easy Concept, una de las empresas de la
trama para eventos en Madrid: "Nosotros conocimos a MQM a través de
Javier Rodríguez [directivo de Over MC]". Jordán añade que
conversaron en ocasiones con Over para coordinarse y que la relación
con MQM fue una sugerencia de esta empresa.
Over MC y MQM fueron beneficiarias de sendos
contratos de creatividad publicitaria del Imade de los que no
existen pruebas de que llegaran a realizarse pese a que el organismo
público abonó 3,25 millones: dos a Over para una campaña dirigida a
pymes y autónomos y 1,25 para MQM por ‘Made in Madrid'. La
consultora que les eligió fue Swat, que en ocasiones trabajó
coordinadamente con la ‘Gürtel'. En Baleares, la fiscalía investiga
contratos publicitarios suscritos por Over MC con instituciones
gobernadas por el PP. Over hizo la campaña de Jaume Matas en 2003.
El 25 de abril de 2007, la Comunidad de Madrid
firmó un contrato con Marketing Quality Management (MQM) para que
esta empresa organizara todos los actos insitucionales de Esperanza
Aguirre. El precio de adjudicación era de 250.000 euros para todo el
año.
Apenas dos meses después, MQM ya había pasado
facturas a Presidencia como consecuencia del contrato por valor de
383.000 euros. Es decir, en apenas dos meses la empresa había
facturado el 150% de lo firmado para todo el año.
(www.publico.es,
26/07/10)
4. EL CONTRATO SE FIRMÓ DOS SEMANAS ANTES DEL
INICIO DE LA CAMPAÑA DEL 27-M
¿Qué pasó en medio? Hubo elecciones autonómicas.
Esperanza Aguirre había firmado el decreto de convocatoria el 2 de
abril, tres semanas antes de la firma del contrato con MQM. La
campaña electoral se inició el 11 de mayo, los comicios fueron el
día 27 y la presidenta tomaba posesión para su nuevo mandato el 20
de junio.
Entre el 11 de mayo de 2007, primer día de
campaña, y el 28 de junio, MQM remitió a la consejería de
Presidencia de la Comunidad de Madrid un total de 20 facturas
relacionadas con el contrato, según consta en un documento con todos
los actos organizados que la empresa envió al Gobierno madrileño el
25 de noviembre de 2008, en el momento de liquidación del contrato,
que se extendió también a 2008.
Diecisiete de estas 20 facturas son por importes
inferiores a 12.000 euros. Y no se especifica ningún evento, a
diferencia del resto del listado.
La siguiente factura, ya el 30 de noviembre, es
por el acto de entrega de medallas a los Príncipes de Asturias. Y
las otras 45 que MQM remitió a Presidencia hasta que venció el
contrato, a finales de 2008, tienen perfectamente detallado el
evento por el que prestaron el servicio.
El documento de MQM forma parte del expediente
del contrato obtenido por la diputada de Izquierda Unida (IU) Reyes
Montiel, que lo solicitó tras descubrir que MQM había sido
adjudicataria de un contrato de 1,25 millones por una campaña de
publicidad, Made in Madrid, que nunca se llegó a realizar.
La campaña del Made in Madrid la había adjudicado
el Instituo Madrileño de Desarrollo (Imade), dirigido por Aurelio
García de Sola, en octubre de 2006 por recomendación de Swat,
consultora que se ha coordinado en ocasiones con la trama Gürtel.
En marzo de 2007, también justo antes de la
convocatoria electoral y de recibir el encargo de organizar los
actos institucionales de Aguirre, MQM fue exonerada de cumplir más
del 80% del contrato del Imade, sin que ello supusiera una reducción
de sus ingresos.
El pasado abril, Montiel presentó un escrito a
fiscalía para que investigara las relaciones de esta empresa con la
Comunidad de Madrid. El fiscal remitió el dossier de la diputada a
Anticorrupción al observar que podría tener relación con el caso
Gürtel.
(www.publico.es,
26/07/10)
5. UNA COMPAÑÍA CON MUCHOS INTERROGANTES
1. Relación con ‘Gürtel'
La imputada Isabel Jordán, que estuvo al frente
de Easy Concept -empresa de la trama especializada en eventos-, ha
declarado ante el juez que se coordinaban con MQM para acceder a
adjudicaciones en Madrid. Ella misma acabó trabajando para MQM. En
2007, tras ganar varios contratos, MQM pagó 409.000 euros a la
trama, que además cobró a la Comunidad por actos ya adjudicados a
MQM.
2. Publicidad fantasma
En octubre de 2006, el Instituto Madrileño de
Desarrollo, adscrito a Economía, dio a MQM 1,25 millones para la
creatividad de la campaña ‘Made in Madrid'. Nunca se hizo. Economía
explicó que en realidad se integró en otras campañas para aprovechar
"sinergias".
3. Actos de Aguirre
El 25 de abril de 2007, MQM obtuvo la
adjudicación para organizar los actos institucionales de Esperanza
Aguirre, que estaban bajo la supervisión del hoy imputado Alberto
López Viejo. El contrato era de 250.000 y posteriormente se elevó
más del 20%. La causa alegada fue el "imprevisto" de las elecciones,
pese a que el contrato se firmó con los comicios ya convocados.
4. Facturas hinchadas
Algunas facturas presentadas por MQM en los actos
de Esperanza Aguirre se hincharon más del 400%. El homenaje a las
víctimas del 11-M en 2008, de apenas cinco minutos de duración, se
facturó por 118.595 euros. El año siguiente, el mismo acto se
adjudicó por 24.099 euros.
Algunos expertos sostienen que algunas partidas
del despliegue de la noche electoral de 2007 estaban hinchadas el
1.000%.
5. Actividad electoral
Las elecciones autonómicas de mayo coincidieron
con movimientos en los contratos de MQM. Justo antes, en marzo, MQM
fue exonerada de cumplir el 80% del contrato publicitario de 1,25
millones. En abril, firmó el contrato para organizar actos de la
presidenta y en junio ya había gastado el 150% previsto para todo
2007.
(www.publico.es,
26/07/10)
6. ANTICORRUPCIÓN PIDE QUE SE IMPUTE AL DIRECTOR
DE MQM
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la
Criminalidad Organizada ha pedido al juez instructor del caso Gürtel
en Madrid, Antonio Pedreira, que cite a declarar "en calidad de
imputado" al administrador de Marketing Quality Managment (MQM),
empresa que recibió
cuantiosas adjudicaciones de la Comunidad de Madrid a las
puertas de las elecciones de 2007.
En su escrito, fechado el pasado 14 de junio, los
fiscales solicitan que se aporte a la causa el historial del
Registro Mercantil relativo a dicha sociedad, administrada por
Antonio Martín Sánchez. También se pide que se llame a declarar como
testigo a Reyes Montiel, la diputada de Izquierda Unida (IU) que el
pasado abril presentó un escrito en la fiscalía instándola a
investigar.
En una providencia del 30 de junio, el juez
solicitó que se una al caso toda la documentación aportada por
Montiel.
La diputada de IU en la Asamblea acudió a los
tribunales tras descubrir que el Instituto Madrileño de Desarrollo
(Imade), adscrito a Economía, adjudicó en septiembre de 2006 a MQM
la creatividad de una campaña de publicidad que no llegó a
realizarse. Se llamaba Made in Madrid y costó al erario público 1,25
millones de euros.
En marzo de 2007, a las puertas de las elecciones
autonómicas del 27 de mayo, el Imade exoneró por escrito a MQM de
realizar más del 80% de sus compromisos, pero le mantuvo intacto el
pago. Ese mismo año, MQM abonó 409.000 euros a las empresas de
Francisco Correa, según las declaraciones a Hacienda incorporadas al
sumario.
La elección de MQM para
la campaña de publicidad
fantasma fue una sugerencia de Swat, consultora que en
ocasiones se ha coordinado con la trama Gürtel para acceder a
contratos públicos. Y esta misma consultora eligió a Over Marketing
y Comunicación (Over MC) para otra campaña de publicidad fantasma
del Imade que supuso el desembolso de otros dos millones de euros
antes de los comicios.
La relación entre estas empresas entre sí y con
la propia trama Gürtel la corroboró ante el juez Isabel Jordán, ex
administradora de Easy Concept empresa nuclear de la trama en Madrid
que fue contratada posteriormente por MQM: la imputada explicó que
fue Over MC quien les puso en contacto con MQM.
Reyes Montiel está recopilando información para
ampliar el escrito que dirigió a la fiscalía: "Desde entonces han
aparecido muchos otros indicios de presuntas irregularidades
relacionadas con esta empresa y del uso que han hecho de ella el PP
y la trama", explica Montiel.
En abril de 2007, con las elecciones ya
formalmente convocadas, MQM recibió otra adjudicación de la
comunidad, esta vez por valor de 250.000 euros, para organizar los
actos de la presidenta. El contrato, que fue una iniciativa del hoy
imputado Alberto López Viejo, tiene también muchos aspectos que en
opinión de Montiel deberían investigarse.
Presidencia pagaba alguno de estos actos por
duplicado: a MQM y a la trama. Además, según consta en un documento
remitido por la propia empresa a Presidencia, en apenas dos meses
facturó el 150% de lo presupuestado para todo el año, coincidiendo
con la campaña electoral. "Espero que la justicia llegue donde es
imposible llegar en la Asamblea como consecuencia del rodillo del
PP", añade Montiel, quien llama a investigar si el contrato sirvió
"para financiar la campaña electoral del PP".
(www.publico.es,
27/07/10)
7. ESPIONAJE DEL PP EN LA COMUNIDAD. EL CASO NO
VOLVERÁ A LA ASAMBLEA DE MADRID
"El famoso caso de los espías ni es caso ni es de
espías". Al amparo del archivo provisional dictado la semana pasada
por la juez Carmen Valcarce, el portavoz del Partido Popular en la
Asamblea de Madrid, David Pérez, afirmó con esa rotundidad que las
investigaciones por seguimientos irregulares deberían concluir
definitivamente.
Como era de prever, el Grupo Popular rechazó la
propuesta de Partido Socialista de Madrid (PSM) para que la
presidenta regional, Esperanza Aguirre, y el consejero de
Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, compareciesen
en un Pleno extraordinario de la Cámara.
Querían los socialistas que Aguirre aclarase las
razones por las que Sergio Gamón dejó su cargo de director del Área
de Seguridad. "Nadie se cree que sea por motivos personales", alegó
la portavoz socialista, Maru Menéndez, durante la reunión de la
Diputación Permanente.
El PSM reclamaba también que Granados informase
sobre el espionaje al vicealcalde madrileño, Manuel Cobo, y al ex
vicepresidente regional Alfredo Prada. Al final, nada de nada. Los
24 votos populares tumbaron la propuesta socialista, respaldada por
Izquierda Unida.
Uno de los aludidos en la sesión, Granados,
ironizó ante los medios sobre el hecho de que Cobo presentase un
recurso contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 5 de
Madrid. "No tengo ocurrencias de ese tipo ahora en verano", aclaró
en respuesta a la pregunta de si le había pedido al vicealcalde que
no presentase el recurso.
El presidente del PSM, Tomás Gómez, insistió sin
embargo en la necesidad de seguir investigando para que "los
ciudadanos conozcan quién ha financiado el espionaje y quién ha
pagado los dos millones de euros" destinados presuntamente a
sufragar los seguimientos, que en su opinión provienen de las arcas
públicas.
Gómez sirvió de los recursos presentados por las
víctimas de los seguimientos contra el archivo judicial para
asegurar que sus sospechas no están "tan lejos de la realidad".
(www.elpais.com,
24/07/10)
8. ESPIONAJE DEL PP EN LA COMUNIDAD. EL PP OBLIGA
A COBO Y PRADA A NO RECURRIR EL ARCHIVO DEL 'CASO ESPÍAS'
La dirección nacional del PP no quiere, a nueve
meses de las próximas elecciones autonómicas y locales, dejar
abierto el avispero judicial del caso de los espías que afecta al
Gobierno de Esperanza Aguirre. Por eso, ha forzado al vicealcalde de
Madrid, Manuel Cobo, y al ex vicepresidente del Gobierno regional,
Alfredo Prada, a retirar los recursos que hace tan solo unos días
interpusieron ambos contra el archivo que decretó la juez Carmen
Valcarce por los seguimientos que les efectuaron ex policías y ex
guardias civiles adscritos como empleados y asesores a la Consejería
de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.
El caso de los espías fue destapado por EL PAÍS
en enero de 2009 sobre una serie de partes, con anotaciones
manuscritas, por parte de empleados de la Consejería de Interior de
la Comunidad, en plena primavera de 2008 y en vísperas del
conflictivo y complicado congreso nacional del PP de Valencia. Ni
Cobo ni Prada, que denunciaron haber sido objeto de ese espionaje
por empleados de la consejería que dirige su compañero de partido
Francisco Granados, querían retirar esos recursos presentados ante
la Audiencia de Madrid contra el archivo decretado por la juez
Valcarce. Finalmente, ambos optaron por disciplinarse a las
instrucciones dadas por la cúpula del partido.
La fiscalía de Madrid también ha decidido aceptar
la decisión de la juez Valcarce y no recurrirá el archivo del caso
ante la Audiencia madrileña. No obstante, la vía judicial de este
caso quedará abierta, ya que el Partido Socialista de Madrid (PSM)
también es parte en este proceso y mantiene su recurso.
El PP ha obligado a ambos a retirar los recursos
porque está convencido de que puede ganar los próximos comicios en
Madrid y quiere cortar cualquier enfrentamiento judicial entre altos
cargos del mismo partido por un asunto tan grave como el del
espionaje. La secretaria general del Partido Popular, Dolores de
Cospedal, habló personalmente con Cobo en la tarde del pasado lunes
para pedirle que retirase el recurso en bien del partido, por
razones electorales, pero el vicealcalde de Madrid se negó.
Finalmente, , Cobo decidió hacerlo. Pero aceptó
tras una conversación que tuvo que mantener el propio Mariano Rajoy
mismo, antes de la última ejecutiva del curso político, con el jefe
de Cobo y alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. En esa charla
privada Rajoy sugirió la conveniencia de que tanto el vicealcalde
Cobo como el ex vicepresidente Prada -que ahora trabaja en su
equipo- retirasen sus recursos para no dañar al partido con vistas a
las próximas elecciones autonómicas y locales. Rajoy también apuntó
que este tipo de polémicas internas puede perjudicarle a él en su
intención de ganar las elecciones generales para llegar a La
Moncloa.
Cospedal, en una rueda de prensa posterior a la
última ejecutiva nacional del PP antes de las vacaciones del verano,
confirmó que ha sido el partido quien ha solicitado a Cobo y Prada
que desistan de sus recursos contra el sobreseimiento de la causa.
"Como partido, se lo agradezco", dijo Cospedal, tras conocer que
Cobo había decidido acatar las instrucciones y retirar, al igual que
Prada, el recurso.
Cospedal justificó esa petición en una teórica
"sentencia" de la juez que determinaba que no había ningún delito.
Lo que hizo la juez fue un auto de archivo al no observar
suficientes indicios de delito de malversación.
La dirigente del PP añadió que no estaba previsto
celebrar una reunión del Comité de Derechos y Garantías para, a
cambio, levantar el año de suspensión de militancia que pesa sobre
Cobo por unas declaraciones a este periódico en las que arremetía
contra Aguirre y otros cargos de la Comunidad por, entre otras
cosas, los seguimientos que había sufrido.
Pero Cospedal sí había llegado a ofrecer a Cobo,
en su charla del lunes, que el PP podría retirarle la sanción de
suspensión de militancia que tiene en vigor en menos de una semana
si accedía al acuerdo. Rajoy también le comentó al alcalde ese
aspecto del trato. Gallardón y Cobo se negaron a ese enjuague. Creen
que podría ser contraproducente para su imagen de firmeza y de
respeto a los principios.
Aún así, cedieron en un punto. Accedieron a
retirar el recurso presentado hace apenas cuatro días. Cobo exigió,
y así se lo explicitó Gallardón a Rajoy, que iba a evidenciar
públicamente su malestar y comunicaría que solo retiraba sus
acciones judiciales por órdenes expresas de la dirección nacional
del PP.
El responsable de la consejería a la que
pertenecen los ex policías y guardias civiles que efectuaron los
seguimientos, Francisco Granados, agradeció las gestiones de la
dirección nacional del PP para disuadir a Cobo y Prada de que
retirasen los recursos. Hace tan solo unos días, cuando la juez
archivó el caso, llegó a exigir al espiado Cobo que pidiese perdón y
le amenazó con los tribunales. Su jefa, la presidenta regional,
Esperanza Aguirre, no suscribió esas "opiniones personales" de
Granados. Y optó por no avivar esta polémica.
Granados, consejero de Presidencia y secretario
general del PP de Madrid, mostró abiertamente su "satisfacción" con
la decisión y manifestó su agradecimiento a la dirección nacional
del partido, a su presidente, Mariano Rajoy, y a la secretaria
general, María Dolores de Cospedal, por recuperar "la normalidad y
el sentido común".
Pero también aprovechó para indicar que es
"normal" que los adversarios políticos, como el PSOE, recurran el
archivo, "pero lo normal también es que los compañeros de partido,
una vez que se ha demostrado que ese supuesto espionaje no se ha
producido, no lo recurran". Y añadió: "Con este gesto es evidente
que los órganos del partido funcionan y han tomado una decisión
correcta".
Cobo, en el recurso que ahora ha decidido
retirar, esgrimía ante la Audiencia de Madrid que en el Ejecutivo
regional de Aguirre hubo "carta blanca, aparentemente", para los
seguimientos a su persona. Y sostenía que, en contra de lo que dictó
la juez en el sobreseimiento, tales seguimientos sí son
constitutivos de delitos.
El vicealcalde se quejaba en el recurso de que la
juez hubiera obviado practicar diferentes pruebas pedidas por los
abogados de las partes y otras reclamadas por la Fiscalía de Madrid
a las que el Gobierno de Aguirre no dio cumplimiento. Siete de las
10 pruebas vetadas por la juez las pidió el propio fiscal en 2009.
Entre las pruebas vetadas por la juez figuran
datos sobre el coste y el uso de teléfonos móviles y vehículos
oficiales por parte de los empleados de la Comunidad imputados en
este asunto del espionaje a Cobo y Prada.
(www.elpais.com,
28/07/10)
9. ESPIONAJE DEL PP EN LA COMUNIDAD. LOS RECURSOS
DE COBO Y DEL PSOE
Evidencias de espionaje
- Cobo: "Existen indicios más que suficientes
para determinar que los imputados han tenido una participación
activa, tanto en los seguimientos como en la confección de los
partes, sin que en la instrucción se hayan realizado las
investigaciones".
- PSOE: "El fundamento que se da al archivo del
caso es la imposibilidad de cuantificar lo utilizado y la dificultad
de encaje en el tipo penal, aunque se da por hecho que esos usos
[encaminados al espionaje] ocurrieron. Lo que hacían está alejado de
los fines públicos".
Inadmisión de pruebas
- Cobo: "En la instrucción falta la práctica de
pruebas propuestas por las partes; hubo diligencias pedidas por el
fiscal que no se practicaron por no dar cumplimiento a las mismas la
Comunidad de Madrid".
- PSOE: "Ni siquiera ha habido resoluciones de
inadmisión, las solicitudes han sido aparcadas, sin que se diera
traslado a las partes y al ministerio fiscal para que se pronunciara
sobre su validez".
Conclusiones
- Cobo: "Hubo carta blanca para tales actuaciones
ilegales. El que impartió las órdenes como alto cargo de la
Comunidad de Madrid estaba ordenándolo a sabiendas de su ilicitud;
la contravigilancia no corresponde a funcionarios de la Comunidad".
- PSOE: El sobreseimiento de la causa se produce
"de forma precipitada e intempestiva" y supone "la obstrucción y
vulneración del derecho a la defensa. Repele al derecho y al más
mínimo sentido común que una conducta de este tipo y gravedad quede
impune".
(www.elpais.com,
28/07/10)
10. ESPIONAJE DEL PP EN LA COMUNIDAD. CRONOLOGÍA
DEL ESPIONAJE EN MADRID
- Noviembre de 2003-junio de 2007. El
vicepresidente y consejero de Interior, Alfredo Prada, ficha a
Sergio Gamón como director de Seguridad. Ya trabajaban allí José
Manuel Pinto y José Palomo. En junio, Granados asume las
competencias de Interior.
- Septiembre de 2007. Granados ficha a tres ex
guardias civiles y tres ex policías. Gamón compra cámaras y motos.
- Abril y mayo de 2008. Espionaje a Prada y
Manuel Cobo (vicealcalde de Madrid), partidarios declarados de que
Mariano Rajoy siga al frente del PP pese a la derrota en las
generales y frente a la actitud desafiante de esos días de Esperanza
Aguirre.
- Junio de 2008. Rajoy es reelegido presidente
del PP. Aguirre destituye a Prada y el líder le ficha para la
dirección nacional.
- Junio y julio de 2008. Gamón registra una sede
de Justicia y requisa un ordenador. Granados lo destituye como
director de Seguridad y tres días después lo ficha como asesor.
- Enero y febrero de 2009. EL PAÍS revela la red
de espías. Un informe caligráfico demuestra que pertenecen a la
dirección de Seguridad. Se identifica la letra de Pinto. Cobo
denuncia.
- Febrero y marzo de 2009. Comisión de
investigación en la Asamblea de Madrid. El PP pone todo tipo de
trabas y termina por forzar su cierre prematuro sin escuchar a las
víctimas.
- Mayo de 2009. El Juzgado de Instrucción 5 de
Madrid incoa diligencias por un presunto delito de malversación.
Llegará a imputar a los ex policías y ex guardias civiles, y a
Gamón.
- 25 de octubre de 2009. Cobo critica la
"gestapillo" de Aguirre en EL PAÍS. El PP le suspende de militancia.
- Abril y mayo de 2010. Un informe policial
concluye que agentes del Gobierno de Aguirre espiaron a Cobo y
Prada. El informe caligráfico oficial acredita la implicación de
Pinto.
- Junio de 2010. Yolanda Laviana, ex secretaria
de Aguirre y ex esposa de Gamón, asegura que su ex marido espió a
Prada. Poco después es despedida de Telemadrid. Ese día, Gamón
dimite.
- 15 de julio de 2010. La juez archiva el caso,
incapaz de cuantificar el dinero público que costaron los
seguimientos, cuya existencia ni confirma ni desmiente. Poco después
Gamón vuelve a la policía; se le asigna la vigilancia del Museo del
Prado.
(www.elpais.com,
28/07/10)
11. ESPIONAJE DEL PP EN LA COMUNIDAD. COBO ALEGÓ
QUE LOS ESPÍAS DE AGUIRRE TUVIERON "CARTA BLANCA" PARA ACTUAR
El recurso presentado por el vicealcalde de
Madrid, Manuel Cobo (PP), contra el archivo de la investigación
judicial sobre el espionaje que sufrió presuntamente a manos de
agentes del Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre (PP) asegura que
en el Ejecutivo regional hubo "carta blanca, aparentemente" para esa
actuación ilegal.
"El que impartió esas órdenes como autoridad o
alto cargo de la Comunidad de Madrid estaba ordenando algo a
sabiendas de su ilicitud, pues la contravigilancia ni corresponde a
funcionarios de la Comunidad de Madrid, ni la propia estructura y
competencias de la Dirección General de Seguridad -44 técnicos y
seis asesores- podían quedar al antojo de su titular al margen del
ordenamiento jurídico", afirma el letrado de Cobo en su escrito.
A partir de las pesquisas llevadas a cabo ya, el
abogado del vicealcalde llega a una conclusión muy distinta de la
juez: "Los imputados han estado recibiendo órdenes para realizar
unos seguimientos que nada deberían tene que ver con su trabajo como
funcionario público". Y añade: "En la instrucción, entendemos, falta
la práctica de pruebas que, propuestas por las partes, no han sido
proveídas; además hubo diligencias pedidas por el fiscal que no se
practicaron por no dar cumplimiento a las mismas la Comunidad de
Madrid".
Entre las pruebas vetadas por la juez figuran los
datos sobre el uso de teléfonos móviles y vehículos oficiales por
parte de los sospechosos en los meses del espionaje, y el coste que
supuso para el erario público, elemento clave para valorar el
posible delito de malversación. Pero el escrito también echa en
falta en la investigación judicial otros muchos elementos.
Entre ellos, algunos datos sobre los
posicionamientos de los ocho agentes investigados del consejero de
Interior, Francisco Granados, en algunos días clave de los
seguimientos. Por ejemplo, el 11 de abril, día en el que Cobo estuvo
fuera de Madrid, y los espías lo buscaron sin éxito en su casa y
despacho. "El parte refleja un dato que no era posible conocer, que
Cobo no estaba en su domicilio y que no pernoctó en su casa",
asegura el recurso.
En contra de la tesis de la juez de que los
posicionamientos en el centro de Madrid no son fiables, destaca que
el 8 de abril de 2008, "cuando el parte dice dónde se encuentran,
juntos esta vez, C [Cobo] y P [Alfredo Prada, ex vicepresidente
regional, también del PP], y a qué hora salen de la sede del
partido, los móviles de [los asesores José Luis] Caro y [Antonio]
Coronado delatan que también están allí. Y en ese lugar no hay
ninguna consejería para vigilar". Uno de los acusados confesó a la
juez que vigilaron la sede nacional del PP en la calle Génova.
El escrito evidencia que los posicionamientos de
los móviles de los espías, que la juez ve poco fiables o casuales
cuando se producen junto al despacho de Cobo, "siempre" conducen
luego a Prada, en sus actos públicos y privados, "lo que no es ya
tan explicable".
Rebate además la tesis judicial de que los partes
narran meras generalidades: "Lo que ya es más difícil de anticipar
son los actos privados, las personas que acompañaban al señor Prada
a los mismos, o los vehículos que se encontraban aparcados.
Y desde luego, lo que resulta difícil es hacer
coincidir los lugares y horas a los que aluden los partes con los
lugares y horas en que las llamadas de los móviles usados por los
imputados son recogidos por los repetidores". En este sentido,
recuerda que se solicitó en vano investigar la base de datos de
matrículas del Ministerio del Interior para saber qué agente
consultó las placas incluidas en los partes.
"Existen indicios más que suficientes para
determinar que los imputados han tenido una participación activa,
tanto en los seguimientos como en la confección de los partes, sin
que en la instrucción se hayan realizado las investigaciones
precisas para determinar tales circunstancias", remacha el recurso.
(www.elpais.com,
24/07/10)
12. ESPIONAJE DEL PP EN LA COMUNIDAD. COACCIONES
La decisión de la dirección del Partido Popular
de obligar al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, a retirar el
recurso contra el archivo de la investigación judicial sobre el
supuesto espionaje de que fue objeto desde la Consejería de Interior
de la Comunidad de Madrid constituye un hecho gravísimo.
No solo revela el autoritarismo arrogante con que
las ejecutivas de los partidos suelen ejercer su dominio sobre la
vida de sus militantes. Esa acción coactiva constituye una
intromisión arbitraria y abusiva en un ámbito que trasciende la vida
partidaria y que se confunde con el de los derechos fundamentales de
la persona, lo que las ejecutivas de los partidos también están
obligadas a respetar.
A Cobo se le ha impedido acogerse a un derecho
fundamental reconocido en la Constitución: el de la tutela judicial
efectiva. Pero el PP acaricia una próxima victoria electoral en las
autonómicas y municipales y su líder, con la vista puesta en La
Moncloa, ha hecho valer el interés del partido por encima de otras
consideraciones de carácter ético. Así, la dirección nacional del
PP, siempre complaciente con Esperanza Aguirre, ha querido sin duda
congraciarse con la presidenta de la Comunidad de Madrid en un
asunto, el del espionaje, en el que su Gobierno ha estado bajo
sospecha.
En este enjuague, poco han importado los derechos
de un militante que hasta hace dos días esgrimía su derecho a
protegerse de esa gestapillo, según sus propias palabras, que siguió
sus pasos para debilitarle a él y a los suyos dentro del partido.
Pero la sensación incómoda de seguimiento de Cobo, como la de
Alfredo Prada, el otro dirigente del PP que también ha retirado su
recurso, no ha desaparecido tras la investigación judicial del caso.
La secretaria general del PP, María Dolores de
Cospedal, y Francisco Granados, responsable de la Consejería de
Interior de la Comunidad de Madrid, han justificado su estrategia
por el perjuicio que causaría al partido y a su imagen mantener en
su seno una batalla judicial.
Sin embargo, un posible caso de corrupción
institucional, en el que hay sospechas de actuaciones de
funcionarios que vulneran derechos de la persona y uso indebido de
fondos públicos, nunca puede ser un asunto interno de un partido.
Sobre todo, si es para echar tierra al asunto y no para
esclarecerlo.
La dirección del PP nunca estuvo interesada en
aclarar el posible espionaje a Cobo y a Prada. Queda en manos de la
Fiscalía de Madrid que la acción de la justicia siga adelante. El
archivo provisional ha dejado demasiados cabos sueltos, muchas
pruebas sin practicar y otras obstaculizadas por la Comunidad de
Madrid. Lo que ha quedado claro, de momento, es que Cobo y Prada se
han plegado a las demandas de la cúpula del partido a cambio de los
beneficios electorales que las autonómicas y después las generales
pueden reportar a unos y otros. No es un ejemplo edificante de hacer
política.
(www.elpais.com,
28/07/10)
13. ESPIONAJE DEL PP EN LA COMUNIDAD. GRANADOS
AGRADECE AL PP LA VUELTA A "LA NORMALIDAD"
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
Francisco Granados, ha expresado su "satisfacción" por la retirada
del recurso del vicealcalde de Madrid contra el archivo del 'caso de
los espías', y ha manifestado su agradecimiento a la Dirección
Nacional del partido, a su presidente Mariano Rajoy, y a la
secretaria general, María Dolores de Cospedal, por recuperar "la
normalidad y el sentido común".
Granados ha indicado que entiende "normal que los
adversarios políticos, como el PSOE, recurran el archivo" y que "lo
normal es que los compañeros de partido, una vez que se ha
demostrado que ese supuesto espionaje no se ha producido, no lo
recurran"."Satisfacción y agradecimiento a mi Dirección Nacional.
Con este gesto es evidente que los órganos del partido funcionan y
han tomado una decisión correcta", ha indicado.
A preguntas sobre un posible ultimátum a Cobo, el
consejero ha señalado que no conoce el contenido de las
conversaciones dirigidas a Cobo y al ex consejero regional, Alfredo
Prada, y ha indicado que las "recomendaciones les han hecho ver que
la situación era anormal y perjudicaba al PP y a su imagen" y que
"por el bien de todos era retirar el recurso".
(www.publico.es, 27/07/10)
14. ESPIONAJE DEL PP EN LA COMUNIDAD. AGUIRRE: HA
TRIUNFADO EL 'SENTIDO COMÚN' CON LA RETIRADA DEL RECURSO DE COBO
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, ha celebrado este jueves que en la Dirección
Nacional del PP "se haya impuesto el sentido común" al pedir al
vicealcalde madrileño, Manuel Cobo, la retirada del recurso contra
el auto por el que se archivó el caso de los presuntos seguimientos
a políticos de la región.
No obstante, ha reiterado que a ella nunca le ha
"temblado el pulso" para cesar o pedir dimisiones a quienes hayan
actuado "incorrectamente" en el seno de su partido, en el supuesto
de que la justicia hubiese dictaminado que algún funcionario
autonómico hubiese tenido algún tipo de responsabilidad en el "caso
de los espías".
Ha insistido en que su Ejecutivo "ni ha conocido
ni ha ordenado ni tiene ningún tipo de conocimiento ni relación con
nada que tenga que ver con el espionaje", ha manifestado en la
última rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno antes del
parón estival.
"Si después de año y medio de investigación, un
juez determina que no hay nada punible ni penalmente relevante, me
parece que es positivo que se haya impuesto el sentido común por
parte de la Dirección Nacional" del PP.
(www.elmundo.es,
30/07/10)
15. ESPIONAJE DEL PP EN LA COMUNIDAD. GALLARDÓN
CONSIDERA "EJEMPLAR" QUE COBO RETIRARA EL RECURSO
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón,
considera una actitud "ejemplar" la decisión de Manuel Cobo,
vicealcalde de la ciudad, de retirar el recurso contra el archivo
del caso de los espías, tras las presiones ejercidas desde la
dirección nacional del PP. "Manuel Cobo ha demostrado una vez mas
ser un hombre profundamente leal a sus compañeros de partido, un
militante disciplinado y absolutamente comprometido con aquello que
la dirección del partido establece", ha afirmado Gallardón.
Según el alcalde, "la decisión de Manuel Cobo de
actuar inmediatamente de acuerdo con el criterio que marcó la
dirección nacional del partido a través de la secretaria general le
define en su condición de militante y de dirigente del PP, y de
persona absolutamente comprometida con los objetivos del partido".
"Por encima de cualquier otra cosa, Manuel Cobo
ha entendido que tiene que ser preferente el interés del partido, y
eso lo establece la dirección nacional", ha subrayado, tras apuntar
que después de ese "ejercicio de disciplina y lealtad a sus
compañeros" ahora toca "mirar hacia adelante con un criterio
constructivo".
Preguntado por si le parece más importante la
lealtad al partido o las convicciones personales, Gallardón ha dicho
que "ambos extremos no son incompatibles" y que "se puede ejercer la
lealtad y la disciplina en una organización manteniendo
absolutamente todas las convicciones personales". Además, ha
destacado que en este caso ha habido un "ejercicio de transparencia"
que avala esa tesis.
(www.publico.es,
29/07/10)
16. EL JUEZ PREPARA LA SUBASTA DEL YATE DE LUJO
DE CORREA
Con 39 metros de eslora, 7,5 de manga y nada
menos que 3,90 de calado, el yate de lujo que Francisco Correa
compró en 2007 bajo el paraguas de la sociedad Osiris Patrimonial
está hoy mucho más cerca de ser subastado.
Bautizado como Montecristo, el barco se encuentra
varado en un astillero privado ceutí que cobra cada mes 8.000 euros
por su vigilancia y mantenimiento. , el juez instructor del caso
Gürtel, Antonio Pedreira, ordenó a la Agencia Tributaria tasar su
valor. Y pidió al administrador judicial de Osiris Patrimonial,
compañía intervenida tras la desarticulación de la red corrupta, que
aporte datos sobre cuánto pagó Correa por su adquisición.
La venta de la embarcación le fue solicitada a
Pedreira por el administrador judicial de Osiris. Correa, relata el
administrador en un escrito dirigido al juez, planeaba destinar 2,9
millones de euros a remodelar la embarcación. En un año, el
Montecristo ha generado gastos de mantenimiento por casi 300.000
euros.
Correa mantiene recurrida la fianza civil de 85
millones de euros que Pedreira le impuso en abril. La fianza civil
se impone para garantizar la responsabilidad dineraria que pudiera
exigírsele al imputado si finalmente se le condena.
(www.publico.es,
30/07/10)
17. GUERRA DE CIFRAS EN EDUCACIÓN INFANTIL
Mientras el secretario general del PSM, Tomás
Gómez, denunciaba que "dos de cada tres niños que han solicitado
plaza en escuelas infantiles se quedarán sin ella", el
vicepresidente regional, Ignacio González, anunciaba la ampliación
de 3.896 plazas para el próximo curso con la creación de 25 nuevos
centros públicos.
Tomás Gómez aprovechó una visita a las
instalaciones de la escuela infantil Pablo Neruda, en Alcorcón, para
arremeter contra la política educativa del Ejecutivo de Aguirre. El
centro, que ha contado con un presupuesto de siete millones y
dispone de 160 plazas, está pendiente, para su apertura en
septiembre, que se firme el correspondiente convenio entre el
Consistorio y la Comunidad de Madrid. "El Gobierno regional no solo
ha sido incapaz de cubrir la demanda, sino que además ha deteriorado
la calidad de los servicios", afirmó Gómez.
Y de manera casi simultánea, González anunciaba,
tras el último Consejo de Gobierno antes de las vacaciones
estivales, un aumento sustancial en la oferta pública educativa para
niños de cero a tres años en el curso 2010/2011. Los nuevos centros
serán de titularidad municipal y ofertarán un total de 3.896 plazas.
El Ejecutivo regional destinará más de siete millones de euros para
un total de 25 escuelas: 22 en el municipio de Madrid, y las tres
restantes, en Alcorcón, Griñón y Paracuellos del Jarama.
El secretario general del PSM achacó la
modificación de los requisitos para la adjudicación de las escuelas
infantiles como causante de la pérdida de calidad. Desde 2008, en
los concursos públicos la consejería valora de igual manera el
precio del servicio y la calidad del proyecto educativo.
Consecuencia: más de la mitad de los centros
adjudicados este año han sido para empresas de servicios capaces de
ofrecer presupuestos muy ajustados, en detrimento de las
cooperativas especializadas en proyectos educativos.
(www.elpais.com,
30/07/10)
18. AYUNTAMIENTO DE MADRID. UN CENTENAR DE
BOMBEROS SE MANIFIESTA FRENTE AL AYUNTAMIENTO
Suele ser norma habitual. Día que hay Pleno, día
que la plaza de la Villa se llena de manifestantes que quieren
mostrar a Alberto Ruiz-Gallardón cuáles son sus reivindicaciones.
les tocaba a los bomberos. Algo más de un centenar se concentró para
quejarse de sus condiciones laborales y de la falta de medios que,
aseguran los sindicatos y la oposición, padecen.
El espectáculo era digno de verse. Cada vez que
entraba un concejal del PP, o para el caso, cualquiera que fuera
vestido con traje y corbata, arreciaban los pitos y la bronca. Los
turistas aprovechaban y se hacían una foto frente al edificio del
Ayuntamiento y otra junto a los manifestantes. Varios concejales
socialistas, que apoyan las reivindicaciones del colectivo, se
ganaron una buena bronca por el hecho de vestir un terno elegante.
Dentro, en el salón del pleno, alternaban las
intervenciones de los concejales con los petardos que se oían desde
el exterior. Aunque el tema salió a última hora, cuando iban
transcurridas más de cuatro horas de discursos sobre otros asuntos.
En el de los bomberos, los argumentos eran más que conocidos. Ángel
Lara, de IU, y Ramón Silva, por el PSM, denunciaron por enésima vez
la falta de medios materiales y humanos de los bomberos.
El concejal de Seguridad y Movilidad, Pedro
Calvo, respondió con sus propias razones, también sobradamente
escuchadas: las quejas surgen cuando hay que revisar el convenio, el
colectivo es insaciable y boicotean el servicio.
Hubo intercambio de calificativos ("miope" y
"demagógico" fueron algunos), alusiones machadianas a que hasta
Agamenón y su porquero entenderían la falta de medios,
equivocaciones con resultado erótico ("A los sindicatos se les
levanta... se les despierta el problema", dijo Calvo) y errores
producto de la vehemencia (o del cansancio) del momento: "Tienen
baños y duchas propios de la tercera edad", afirmó Lara, queriendo
referirse al Tercer Mundo. En fin, acabó el debate sin acuerdo sobre
los bomberos y el alcalde dio por finalizado el Pleno. Nadie había
ya fuera, ni los turistas. Normal, con los 40 grados que hacía al
sol.
(www.elpais.com,
29/07/10)
19 AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR. LA CÁMARA DE
CUENTAS HALLA GRAVES IRREGULARIDADES
Los auditores de la Cámara de Cuentas de Madrid
han detectado múltiples irregularidades al revisar la gestión
municipal del Ayuntamiento de Galapagar entre 2004 y 2006, fecha en
la que gobernaba el PP con mayoría absoluta. Entre ellas, gastos
tramitados "totalmente al margen de la ley", abonos a un trabajador
de más de 6.000 euros como complemento de productividad por dos días
de trabajo, desaparición de expedientes del archivo, fragmentación
de facturas para evitar convocar un concurso, adjudicaciones a
empresas con la oferta más cara, entre otras deficiencias.
No se recibió ninguna alegación por parte del
Consistorio. El PSOE, en la oposición, considera que estos episodios
de descontrol y derroche han llevado al pueblo a la bancarrota con
una deuda de más de 42 millones de euros. El equipo de gobierno,
nueve ediles del PP y dos de la Plataforma de Vecinos, asegura estar
satisfecho con las conclusiones del informe, que está aplicando para
poder remontar el gran agujero económico del que culpan a Gobiernos
anteriores socialistas.
La Cámara de Cuentas inició la investigación tras
recibir una solicitud del PSOE, cuando recuperó el poder en las
elecciones de 2007, que perdió un año después por una moción de
censura. El resultado de la auditoría pone de manifiesto "el grave
empeoramiento de la situación económica y financiera del
Ayuntamiento y, en particular, en 2006". Se pasó de un ahorro neto
de 693.712 euros en 2004 a un déficit de más de seis millones en dos
años. Sobre todo porque los gastos aumentaron un 57% y los ingresos
solo un 20%, según indican los auditores.
"Y es que todo valía", rememora la concejal
socialista, Carmen Andoanegui. "El presupuesto de 2006 se duplicó. Y
falseando las cifras, porque no existían datos objetivos de los
ingresos que decían iban a soportar esa subida. Lo peor es que se
gastó lo que no teníamos", asegura. Para complicar aún más la
situación, la Cámara de Cuentas indica que el Consistorio no
controla los ingresos de las actividades deportivas y culturales, de
los toros y fiestas patronales o los que proceden del festival de
jazz. Solo conoce el importe que se ingresa al final en sus cuentas
bancarias, pero no verifica si corresponde a la totalidad de lo que
se ha cobrado en las taquillas.
Los gastos en bienes corrientes y servicios para
2006 también "adolecen de importantes defectos". En ocasiones ni
siquiera los autoriza el alcalde o el pleno y carecen de asignación
presupuestaria. Es el concejal el que decide, y después de la compra
o la realización del servicio presenta la factura.Algunos ejemplos
donde se omite "totalmente" el procedimiento exigido es en las obras
del edificio de la tercera edad o en la redacción del proyecto de la
biblioteca municipal. Esta forma de actuar provoca que el
Ayuntamiento tenga gastos que tardan años en salir a la luz y el
presupuesto va a arrastrando desfases. A 31 de diciembre de 2006,
faltaban por reconocer gastos por 604.743 euros, correspondientes a
175 facturas.
El Ayuntamiento también fracciona facturas para
evitar que su importe les obligue a convocar un concurso público.
Los auditores indican que al ser del mismo proveedor y de la misma
fecha "tenían que haber sido tramitadas con un solo contrato". Por
ejemplo, los trabajos de coordinación y salud de la cubierta del
velódromo, en 2006, se abonaron con seis facturas correlativas de
3.132 euros cada una. Otra de los tirones de oreja va dirigido a las
gratificaciones que se otorgan sin acreditarse que se ha llevado a
cabo un trabajo extraordinario o fuera de la jornada laboral. Por
ejemplo, se abona a un trabajador 15.344 euros por sustituciones,
pero sin estar justificado que tuviera que reemplazar a otro
empleado.
No es lo único que falla. Los auditores se
encontraron con sorpresas al fiscalizar los 72 contratos que se
celebraron en ese periodo por 72.563.849 euros. El expediente de la
concesión de la explotación del aparcamiento público de la plaza del
Caño, por 1,9 millones, había desaparecido de los archivos y se
adjudicó a una empresa que se dedicaba a la explotación de bares,
restaurantes, cafeterías y toda clase de fincas. Nada que ver con la
gestión de aparcamientos.
"Es uno de los contratos más dudosos", sostiene
el concejal de Foro Verde, José Luis Barceló. "Yo estuve en la mesa
de contratación. Solo se presentó una oferta y la empresa no tenía
nada que ver con lo que pedíamos. Dije que lo pararan, pero
siguieron adelante", añade el edil.
En la compra de un equipo de producción para el
teatro Jacinto Benavente por 89.000 euros aparece en cuando se abren
las proposiciones económicas una empresa que no estaba en el acto
previo y que resultaría la adjudicataria. Y en las obras para cubrir
el velódromo municipal, adjudicado por 3,2 millones en 2005 se
aplican unos criterios imprecisos y meramente valorativos, según
recoge el informe de la Cámara de Cuentas regional.
"Les llaman la atención en todo. Y ahora quieren
que los contribuyentes sean los que paguen. En 2008 se ha subido el
impuesto de vehículos en un 55% y las actividades municipales y
deportivas en un 300%. Si por un trimestre de inglés te cobraran 18
euros, ahora pagas eso, pero cada mes", critica Andonaegui.
El informe está colgado en la
www.camaradecuentasmadrid.org y se dará cuenta de él en el pleno de
este lunes.
(www.elpais.com,
26/07/10)
20. AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR. EL PP INICIA EN LA
REGIÓN 'LA GUERRA DEL BURKA'
El Grupo Municipal del Partido Popular de
Galapagar tratará de aprobar hoy una moción en el pleno que se
iniciará a las nueve de la mañana y en el que está previsto que
solicite la prohibición del uso de velos integrales en edificios e
instalaciones municipales. Las prendas prohibidas son el burka, la
vestimenta que cubre a las mujeres de la cabeza a los pies y solo
les permite unas rejillas a la altura de los ojos, y el niqab,
similar al anterior, pero que dispone de una abertura en la parte de
los ojos que puede llegar a ser más grande. La moción de los
populares prohíbe el acceso a las instalaciones municipales con
cualquier otro atuendo que oculte el rostro y dificulte la
identificación de la persona, "por tratarse de una discriminación
que no está amparada por la libertad religiosa al ser contraria a la
dignidad de las personas".
Con esta iniciativa, el PP trata de trasladar la
guerra del burka a la Comunidad de Madrid, pese a que en esta
localidad de 31.829 habitantes solo viven unos 1.700 ciudadanos
procedentes de países de religión musulmana (637 mujeres), como por
ejemplo Marruecos, Argelia, Nigeria y Senegal. Además, estos este
tipo de prendas no son muy habituales en estos lugares; realmente
proceden de países como Afganistán o Turquía o los del golfo
Pérsico.
De los 21 concejales del Consistorio, el PP
cuenta con nueve, y gobierna con el apoyo de dos ediles de la
Plataforma de Vecinos de Galapagar (PdVG) tras una moción de censura
en septiembre de 2008 que desbancó de la alcaldía a Carmen Toledano,
del PSOE. Los socialistas tienen cinco concejales; Coalición Activa
Galapagar, dos; Foro Verde, uno; Centro Democrático Liberal, uno; y
hay un edil independiente.
Según adelantó a Efe el concejal de PdVG Luis
Remacha, su formación pedirá en el pleno que se haga otra moción
"solicitando que sea el Estado español quien legisle sobre esta
cuestión". Si la iniciativa del PP sale adelante, según Remacha,
PdVG se abstendrá.
La portavoz del Grupo Socialista, Carmen
Andoanegui, explicó que su formación política apoyará la propuesta
de PdVG de retirar la moción del PP, para lo que cuenta con cuatro
de sus cinco concejales dado que uno de ellos ha anunciado que no
podrá asistir.
Horas antes de que se celebre el pleno, solo en
un punto se ponen de acuerdo todos los partidos políticos de
Galapagar. Que el burka no es una preocupación para el municipio. El
propio alcalde, Daniel Pérez Muñoz (PP), reconoce que no es un
problema actual en la localidad. Al igual que el primer edil el
resto de los grupos de la oposición han asegurado que esta situación
no toca a Galapagar.
(www.elpais.com,
26/07/10)
