ÍNDICE
1. CASI LA MITAD
DE LOS MADRILEÑOS SUSPENDE A ESPERANZA AGUIRRE
2. ESPIONAJE DEL
PP DE LA COMUNIDAD. LA JUEZ ARCHIVA 'EL CASO ESPÍAS' PESE A LAS
PRUEBAS DE LOS SEGUIMIENTOS
3. ESPIONAJE DEL
PP DE LA COMUNIDAD. SEGUIR CON DINERO PÚBLICO ES GRATIS
4. ESPIONAJE DEL
PP DE LA COMUNIDAD. GRANADOS PIDE QUE DIMITA EL EX CONSEJERO DE
AGUIRRE ESPIADO
5. ESPIONAJE DEL
PP DE LA COMUNIDAD. EL PP MADRILEÑO PIDE QUE DIMITA UN ESTRECHO
COLABORADOR DE RAJOY
6. ESPIONAJE DEL
PP DE LA COMUNIDAD. EL PSOE DE MADRID RECURRIRÁ EL ARCHIVO DEL CASO
DE LOS ESPÍAS
7. ‘CASO GÜRTEL’.
EL JUEZ EMBARGA LOS BIENES DEL DIPUTADO DEL GÜRTEL ALFONSO BOSCH
8. APLICACIÓN DE
LA LEY DEL ABORTO. CUANDO EL 0,17% REPRESENTA LA "PRÁCTICA
TOTALIDAD"
9. LOS
TRABAJADORES DE METRO PREPARAN NUEVOS PAROS PARA SEPTIEMBRE
10. UGT MADRID
ACUSA A AGUIRRE DE MANTENER EL CONFLICTO POR INTERÉS POLÍTICO
11. LA CÁMARA DE
CUENTAS CRITICA EL DESCONTROL SOBRE HOSPITALES PRIVADOS
12. LA ORDENACIÓN
DE LA SIERRA DEL GUADARRAMA SE ATASCA EN LOS TRIBUNALES
13. LA AUDIENCIA
PROVINCIAL DESESTIMA EL RECURSO DEL PP POR EL ARCHIVO DE LA QUERELLA
CRIMINAL CONTRA EL ALCALDE
14. UNAS 160
FAMILIAS DE EL BERCIAL DENUNCIAN QUE AGUIRRE SUPRIMIRÁ SU RUTA
ESCOLAR PESE A LA "PROMESA" DE ESTUDIAR SU CASO
15. AYUNTAMIENTO
DE ARROYOMOLINOS. EL ALCALDE DEL PP DESPIDE A LA DIRECTORA
FINANCIERA POR DENUNCIAR IRREGULARIDADES
1. CASI LA MITAD
DE LOS MADRILEÑOS SUSPENDE A ESPERANZA AGUIRRE
El 49,5% de los
madrileños "desaprueba la actuación" de Aguirre como presidenta de
la Comunidad de Madrid mientras que el 38,2% la aprueba, según un
barómetro del Centro de Investigaciones Sociolgicas (CIS) en el
periodo incluido entre enero y marzo de 2010. No obstante, los datos
de los 808 entrevistados también hablan de la gestión del Gobierno
central, que un 37,5% califican de 'regular', un 25% de 'mala' y un
25,1% de 'muy mala', mientras que 'muy buena' sólo la tildan el 0,2%
y 'buena' el 9,3%.
Sin embargo, la
labor de oposición del Partido Popular de Mariano Rajoy tampoco
cosecha datos positivos: 'regular' la considera el 32,1%, 'mala' el
29,8% y 'muy mala' el 24,3%. Sólo el 10% opina que su trabajo es
"bueno" y un 1% es "muy bueno".
En probabilidad
de voto en unas elecciones autonómicas, el 36,5% asegura que no
daría nunca su voto al PSOE, el 40,6% nunca votaría al PP, el 52% a
IU y el 46,7% jamás votaría a UPyD. En cuanto a los que están
seguros del color de la papeleta que meterán en la urna, destaca que
el 11,8% se decanta por el PSOE, el 11,4% al PP, el 3% a IU y el
1,7% a UPyD.
Así, se revela
que la mayoría de los ciudadanos están indecisos, pues en una escala
de 0 a 10, la franja que valora su decisión, entre el 4 y el 6, suma
el 26,1% para el PSOE y el 22,8% para el PP. El informe del CIS
indica además que el 21,3% de los madrileños se define como
socialista, el 15,7% liberal, el 9,5% conservador, el 7,7%
democratacristiano, y el 7,3 socialdemócrata. Un 2,5% dice ser
comunista, el 0,6% nacionalista, el 0,5% feminista y el 2,4%
ecologista. Sin embargo, la mayoría, el 42%, se considera de centro.
La valoración que los madrileños realizan acerca de la gestión de la
Comunidad pone de manifiesto que lo más valorado son las políticas
en infraestructuras y seguridad ciudadana, con una aprobación del
43,4% y 33%. Las opciones que colectan más suspensos son aquellas
relacionadas con la economía, como la gestión del desempleo,
considerada mala por un 40% y muy mala por un 20,5%. Destaca la
desaprobación mayoritaria de la gestión de la inmigración (48,6%),
la vivienda (47,7%), la sanidad (45,5%) y la educación (42,8%).
La encuesta
también señala la poca confianza de los madrileños en que la
situación sea mejor con otro ejecutivo, pues según los datos
recogidos, la respuesta más escogida ante la pregunta de cómo lo
habría hecho la oposición, la opción 'igual' es la más escogida.
La opinión de los
madrileños sobre la corrupción no podía faltar en un año
protagonizado por los escándalos de la trama Gürtel , entre otros.
Hasta un 45,4% de los encuestados sostiene que la corrupción está
muy extendida en la política autonómica, mientras que un 40,8% opinó
lo mismo sobre las administraciones locales y un 50,9% señaló a la
política nacional. La mayoría, un 54,1%, cree que en Madrid se dan
'más o menos' los mismos casos de corrupción que en otras
comunidades.
El CIS también
preguntó a los madrileños sobre la opinión que les merece la gestión
de Aguirre desde las elecciones de 2007. Para un 23,8% de
encuestados ha sido buena, un 3,7% muy buena y un 34,2%, regular.
Para un 24% la gestión ha sido mala mientras que para un 11,5%, muy
mala.
El principal
problema para los ciudadanos que residen en la Comunidad de Madrid
es el paro, en un 68%, seguido de los problemas de índole económico,
en un 23,3%, y un poco más alejado, la sanidad, para el 15,8% de los
encuestados. Otros problemas que destacan, pero en menor porcentaje,
es la seguridad ciudadana (14,6%), la inmigración (11,8%), la clase
política y los partidos políticos (10,8%) o la educación (9,3%).
Bastante menos interesados están en la corrupción o el fraude (3,1%)
o el medio ambiente (1,9%).
( www.publico.es,
16/07/10)
2. ESPIONAJE DEL
PP DE LA COMUNIDAD. LA JUEZ ARCHIVA 'EL CASO ESPÍAS' PESE A LAS
PRUEBAS DE LOS SEGUIMIENTOS
La juez Carmen
Valcarce ha archivado provisionalmente su investigación sobre el
presunto espionaje cometido por agentes del Gobierno de Esperanza
Aguirre contra dirigentes de su partido desafectos a ella, como el
vicealcalde madrileño, Manuel Cobo, y el ex vicepresidente segundo
de su Gobierno Alfredo Prada. Todos ellos del PP. La razón principal
de dicho sobreseimiento es que la magistrada se declara incapaz de
cuantificar la cuantía del dinero público que costaron tales
seguimientos, cuya existencia ni confirma ni desmiente. El auto de
la juez, que sigue el mismo hilo argumental del escrito del abogado
de los acusados, puede resumirse así: aunque hayan existido
seguimientos por agentes públicos a cargos del PP no habría delito
porque no se puede concretar lo malversado.
Y, además, la
juez teoriza que "el hecho de seguir a una persona no constituye
infracción penal alguna, salvo que la información obtenida por este
medio se utilice con otros fines que en si constituyen delitos:
coaccionar, chantajear, amenazar, secuestrar, etcétera".
La magistrada
pone así fin a sus pesquisas antes de que pudiera comparecer como
testigo Yolanda Laviana -prueba requerida días atrás por el PSOE-,
la ex esposa del presunto jefe de los espías de Aguirre, Sergio
Gamón. Esta mujer, ex secretaria en el Senado de Aguirre, aseguró
que su ex marido siempre informaba al vicepresidente primero Ignacio
González sobre el espionaje a Prada. "La prueba propuesta por un
lado solo amplía el campo de investigación, intentando efectuar una
causa general que afecta sin base a derechos fundamentales de
numerosas personas", afirma la juez. Hay muchas más pruebas que no
ha atendido antes de dar carpetazo al sumario.
La juez da por
supuesto, en varios pasajes de su auto, que los seguimientos
pudieron haberse producido, pero rebaja su categoría: "Se produjeron
coincidencias de lugar de determinados teléfonos de los señores
Oreja, Caro Vinagre y Coronado Martínez [tres ex guardias civiles
asesores del consejero de Interior, Francisco Granados] con el
contenido de los citados partes [del espionaje]; sin embargo, la
generalidad de los contenidos de estos, unido a la no fiabilidad
absoluta de los posicionamientos, sobre todo aquellos que se
producen en el centro de la ciudad, hace difícil determinar con
claridad suficiente la realidad de esos seguimientos".
La policía, sin
embargo, solo reflejó los posicionamientos de los móviles de los
agentes que juzgó indudables -tan fiables que la juez les imputó por
tales informes- y desechó los discutibles.
Por tanto, los
restantes posicionamientos, incluidos los seguimientos de Cobo y
Prada cuando acudían a la sede del PP o a sus despachos, fueron
considerados precisos y válidos. Y los propios tres ex guardias
civiles asesores de Granados confesaron a la juez que siguieron
semanas a Prada incluso a localidades ajenas a la ciudad de Madrid,
como Chinchón o Brea de Tajo, y corroboraron su marcaje en puntos
del centro madrileño. Ahí no había confusión alguna.
Y la juez
proclama que un empleado de Granados, José Manuel Pinto, es nada
menos que el autor de las notas manuscritas en los partes del
espionaje, algo que este le negó reiteradamente. Pero la juez
considera que ese dato no conduce a ningún lugar porque no puede
establecer una relación de su trabajo con el resto de los imputados.
Casualmente, tanto los tres ex guardias imputados como Pinto estaban
a las órdenes de Gamón como liberados, así como los cuatro ex
policías (José María Rodríguez, Belén Espartero, Roberto Casielles y
Miguel Castaño) a los que no ha llegado siquiera a tomar
declaración, al igual que José Palomo.
Los tres ex
guardias confesaron a la juez que recibían órdenes de Gamón para
hacer sus seguimientos; y Gamón fichó a sus ex compañeros de su
época en La Moncloa como asesores.
( www.elpais.com,
16/07/10)
3. ESPIONAJE DEL
PP DE LA COMUNIDAD. SEGUIR CON DINERO PÚBLICO ES GRATIS
El cerrojazo
judicial se produce justo cuando Yolanda Laviana, la ex mujer de
Sergio Gamón, había vinculado a la cúpula del Gobierno de Esperanza
Aguirre con la trama del espionaje. Y cuando pedía testificar sobre
cómo el entonces director de seguridad de Aguirre usaba en beneficio
propio coches y motos de la Consejería de Interior y repostaba con
la tarjeta pública para sus coches privados. Ahí había un hilo para
investigar una posible malversación. Y había otro filón para
escudriñar en lo que le solicitó el abogado de Alfredo Prada: qué
coches usó Gamón y su equipo, cuánto gastó en teléfonos y en
gasolina... No hubo respuesta y ahora la juez afirma que es difícil
cuantificar lo malversado en los seguimientos.
El PSOE lo cifró
en dos millones. Las defensas de las víctimas y la propia fiscalía
comparten un criterio: si un funcionario dedica su jornada a labores
ajenas a su función, está malversando. Bastaría saber su salario
para saber cuánto malversa al día, al mes...
La juez emplea
argumentos que, en definitiva, benefician a los agentes imputados y
asume que tienen unas funciones cargadas de "laxitud e inconcreción".
Sin embargo, Gamón y los abogados de sus víctimas del espionaje,
paradójicamente, le explicaron a la juez cuáles no podían ser nunca,
por ilegales, las funciones de los agentes que trabajaban para
Aguirre en la Comunidad: no podían realizar escoltas ni
contravigilancias porque no tienen esa competencia.
Por tanto, no
había ninguna razón legal para que durante un solo segundo fueran la
sombra de Cobo o Prada, y, sin embargo, lo fueron durante horas,
semanas o meses. Los posicionamientos de los agentes imputados
durante abril y mayo de 2008 lo delatan; los partes del espionaje
también, y lo corroboraron en su confesión ante la juez sobre Prada.
Y tales descubrimientos sobre su labor paralela han sido desvelados
por la policía solo cotejando algunos de los teléfonos que usaron
los presuntos espías porque Laviana había declarado que dispusieron
de más de un teléfono móvil, y ha confirmado este diario. ¿Qué
posicionamientos darían el segundo o el tercer teléfono que usaban?
Tal vía está ahora cegada.
Y la juez tampoco
ha concedido una prueba clave: el listado de llamadas
-imprescindible para ver si reportaba a González- y posicionamientos
del móvil de Gamón en los meses del espionaje. La propia Laviana oyó
a su ex marido que los agentes habían perdido a alguien en las
mismas fechas en que los partes anotaban que los espías habían
perdido la pista de Cobo o Prada. Pero la juez no ha dado pie a un
careo o contradicción sobre tal versión. Ha cercenado la posibilidad
de que se oyera a la primera testigo de este proceso dispuesta a
ratificar la existencia del espionaje. El caso no se archiva tras
agotar la investigación, sino cuando quedaban decenas de pruebas sin
atender. Entre ellas, el interrogatorio del resto del equipo de
presuntos espías de Gamón: cuatro ex policías y el agente José
Palomo.
La juez ha dado
por buena una pericial caligráfica privada al agente Pinto, "hecha
de espaldas" al proceso judicial, según la defensa de Prada, ya que
no se hizo ante un testigo del juzgado, sino ante dos cargos de
Aguirre. El auto podría sentar así un grave precedente: seguimientos
ejecutados por agentes que cobran de fondos públicos puede salir
gratis penalmente.
( www.elpais.com,
16/07/10)
4. ESPIONAJE DEL
PP DE LA COMUNIDAD. GRANADOS PIDE QUE DIMITA EL EX CONSEJERO DE
AGUIRRE ESPIADO
El consejero de
Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, del PP,
pidió la dimisión del diputado del PP de Madrid Alfredo Prada, al
que espiaron empleados dependientes de Granados, según admitieron
ante la juez del caso, Carmen Valcarce, cuando fueron a declarar
como imputados. Prada, que denunció el hecho en los juzgados,
precedió en su cargo al actual responsable de Interior y fue
vicepresidente regional del Gobierno de Esperanza Aguirre.
Granados afirmó
que el objetivo de Prada y de otra diputada popular que denunció el
caso, Carmen Rodríguez Flores, fue "perjudicar al Gobierno" de
Aguirre. "Si les queda dignidad, deben dimitir y vivir de otra
cosa", afirmó Granados. El consejero, que reiteró que nunca ha
habido espionaje en la Comunidad, no pidió la dimisión del
vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo -el otro objetivo prioritario de
seguimiento-, que también fue parte de la acusación. "Los juzgados
no le han dado la razón", se limitó a decir.
Alfredo Prada,
miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP, recurrirá el auto,
según fuentes próximas al compañero de escaño de Granados en la
Asamblea. Cobo anunció que sus abogados también están sopesando si
recurren.
Cobo, mano
derecha del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró en
unas declaraciones difundidas por su departamento que el auto de la
juez que investigaba el presunto espionaje a políticos madrileños
demuestra que "hubo seguimientos" por parte de personal de la
Consejería de Interior. "Está probado, no se discute y la juez
tampoco lo niega", defiende el vicealcalde, que entiende que los
hechos "son absolutamente reprochables" y consisten en el
seguimiento a políticos por parte de personas que "no tenían ni
competencia ni legitimidad" para hacerlo.
"Ahora bien, la
calificación jurídica corresponde a la justicia", apuntó el
vicealcalde de Madrid, "y la juez, con las dificultades del
procedimiento, no ha podido determinar la cuantía que habría sido
destinada indebidamente a esos seguimientos".
( www.elpais.com,
16/07/10)
5. ESPIONAJE DEL
PP DE LA COMUNIDAD. EL PP MADRILEÑO PIDE QUE DIMITA UN ESTRECHO
COLABORADOR DE RAJOY
La decisión de la
jueza de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcarce, de
archivar la causa abierta para investigar el escándalo del espionaje
surgido en el PP de Madrid reavivó las viejas rencillas entre los
conservadores de la Comunidad de Madrid. Así, mientras el Gobierno
regional, presuntamente implicado en el espionaje, mostró su
"absoluta satisfacción" por el archivo de la causa en boca del
consejero de Presidencia, Francisco Granados, uno de los
supuestamente espiados, el ex consejero Alfredo Prada, recordó que
"el proceso judicial no ha concluido", porque recurrirá el archivo.
Granados
consideró que tanto Prada, que es uno de los principales
colaboradores de Mariano Rajoy en su condición de director del PP en
el exterior, como la diputada regional del PP Carmen Rodríguez
Flores, ambos víctimas de los supuestos seguimientos, deberían
dimitir, al menos "si les queda dignidad", añadió, y dedicarse a
"vivir de otra cosa".
El denunciante
del caso y vicealcalde de Madrid, el también conservador Manuel
Cobo, "debería empezar por pedir perdón", a juicio del consejero
madrileño. La mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, que no quiso
aclarar si va a recurrir, fue quien presentó la denuncia que dio
origen a la apertura de la causa en el Juzgado número 5.
Los socialistas
madrileños, en cambio, no consideraron que el fallo haya desvanecido
la implicación de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, en el
caso de los espías. La portavoz del PSOE en la Asamblea, Maru
Menéndez, aseguró que la responsabilidad de Aguirre "está más viva
que nunca" y que, por lo tanto, su grupo pedirá que la presidenta se
explique en un pleno extraordinario. A su juicio, "la
responsabilidad política de Aguirre va mucho más allá de la
responsabilidad penal".
La resolución de
la juez Valcarce se basa en que no hay indicios de malversación de
fondos públicos, que es el delito investigado en las actuaciones, al
ser funcionarios públicos los imputados. La magistrada explica que
el mero seguimiento de una persona no constituye infracción alguna,
salvo que la información recabada se utilice para otros fines, como
chantajear al espiado. Los denunciantes pueden acudir a la vía civil
si entienden dañada su intimidad por lo sucedido.
Pese al archivo,
la resolución admite que "se produjeron coincidencias" de lugar
entre los teléfonos de los imputados y los políticos espiados,
aunque no existe "fiabilidad absoluta de los posicionamientos" en el
centro de la ciudad.
Tampoco hay
certeza de si el funcionario José Manuel Pinto, autor de las notas
manuscritas en los partes de seguimiento, las escribió antes o
después de que estos se redactaran.
( www.publico.es,
16/07/10)
6. ESPIONAJE DEL
PP DE LA COMUNIDAD. EL PSOE DE MADRID RECURRIRÁ EL ARCHIVO DEL CASO
DE LOS ESPÍAS
El Partido
Socialista de Madrid recurrirá el archivo del denominado caso de los
espías, al opinar que la jueza que instruye el expediente, Carmen
Valcárcel, considera probado que se hicieron seguimientos con medios
de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad
de Madrid y por lo tanto se ha producido un delito de malversación
de fondos públicos.
"En el auto queda
probado que se han producido los seguimientos, y por tanto se ha
hecho un uso de dinero de los ciudadanos para cosas ajenas a la
función pública", señalaron desde los servicios jurídicos del PSM,
que mantienen su acusación por un supuesto delito tipificado en el
artículo 433 del Código Penal.
La principal
queja del PSM es que la jueza no ha tenido en cuenta su solicitud de
llamar como testigo a la ex mujer del director de Seguridad, Sergio
Gamón, tras las declaraciones de Yolanda Laviana, que revelaban, a
su juicio, "aspectos esenciales del funcionamiento de la actividad
que dirigía Sergio Gamón" y demostraban "el conocimento que
manifiesta tener acerca de los hechos y de la utilización masiva de
medios públicos para fines privados".
Para los
socialistas, las declaraciones de Laviana, en las que asegura que
Gamón daba información de los seguimientos al vicepresidente,
Ignacio González, arrojaban luz sobre "las autoridades a las que
reportaba constantemente D. Sergio Gamón, aunque él negó cualquier
comunicación con superior jerárquico".
Además, sus
palabras revelaban, según el escrito remitido a la jueza por los
socialistas, "la utilización para fines privados de teléfonos,
tarjetas de gasolina, vehículos, así como la posibilidad que tenía
para contratar y utilizar a su antojo los medios humanos necesarios
para la consecución de los fines alejados del interés público que
venían realizando". Este requerimiento buscaba, según informó el
secretario general del PSM, Tomás Gómez, hace unos días, desvelar
quién es la "señora X del caso de los espías".
Los servicios
jurídicos del PSM encuentran además un error jurídico en la
incorporación por parte de la jueza en su auto de archivo el informe
caligráfico presentado por el agente José Manuel Pinto, imputado en
el caso, cuando no ha sido trasladado a las partes, que no han
podido recurrirlo. Tampoco ha fructificado su solicitud de que se
librara oficio a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior
de la Comunidad de Madrid para que aportara el número o números de
teléfono que hubiere sido usado para la realización de su trabajo
Sergio Gamón Serrano durante el período de marzo a junio de 2008.
El PSM también
reclamó sin éxito la citación como "testigo o en calidad de
imputado" a Miguel Castaño, que ocupaba el cargo de subdirector
general de seguridad operativa de la Dirección General de Seguridad
e Interior de la Consejería, pues a él se refieren en sus
declaraciones todos los imputados como "colaborador directo" de
Gamón.
Por otra parte,
el PSM consideraba oportuno que se citara como testigo o en calidad
de imputado a Marcos Peña, asesor de seguridad de la Consejería de
Interior, y primera persona que directamente contó a un medio de
comunicación la existencia de un grupo de "asesores" que venían
realizando "trabajos que desde luego nada tenían que ver con el
interés público, y fuera de las competencias de la Comunidad de
Madrid".
( www.publico.es,
15/07/10)
7. ‘CASO GÜRTEL’.
EL JUEZ EMBARGA LOS BIENES DEL DIPUTADO DEL GÜRTEL ALFONSO BOSCH
Alfonso Bosch
Tejedor, elegido diputado regional por las listas del PP pero que
ahora figura en la Asamblea como no adscrito tras conocerse su
vinculación con la trama Gürtel, no podrá disfrutar este verano de
su casa de Calpe (Alicante) ni de la parte que le corresponde de su
domicilio conyugal, cuya propiedad posee al 50% junto con su ex
esposa.
El magistrado
instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha decidido embargarle
todas sus propiedades con la intención de cubrir la fianza que le
fue impuesta, que es de 750.000 euros, y que todavía no ha abonado.
El juez ha tomado esta determinación tras varios meses de litigios
judiciales del parlamentario. Bosch tampoco podrá disfrutar de un
todoterreno y una motocicleta de su propiedad.
Con estos bienes,
el juez considera que el imputado puede afrontar las
responsabilidades económicas que pudieran derivarse si resulta
condenado por participar en la trama Gürtel. No obstante, aunque
Alfonso Bosch Tejedor se queda sin poder disfrutar de su casa de
Calpe, aún sigue cobrando 4.000 euros al mes por ocupar su escaño en
el grupo de no adscritos de la Asamblea regional. Según dos autos
del sumario del Gürtel, Bosch Tejedor percibió supuestamente de las
empresas de la trama liderada por el empresario Francisco Correa
unos 255.562 euros.
Por otra parte,
los servicios jurídicos del Partido Socialista de Madrid, personado
como acusación popular en el caso Gürtel, han solicitado finalmente
al juez Pedreira la imputación de 40 altos cargos de la Comunidad,
entre ellos el ex consejero de Cultura y Deportes Santiago Fisas,
por un delito de prevaricación de funcionarios.
( www.elpais.com,
10/07/10)
8. APLICACIÓN DE
LA LEY DEL ABORTO. CUANDO EL 0,17% REPRESENTA LA "PRÁCTICA
TOTALIDAD"
"En Madrid la
mayoría de los médicos, por no decir la práctica totalidad con
excepciones, se niegan a hacer a abortos". Con esta contundente
frase el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier
Fernández Lasquetty, criticaba la semana pasada la entrada en vigor
de la reforma de la ley del aborto. El consejero del Gobierno de
Esperanza Aguirre no aportó ninguna cifra para sustentar su
afirmación. Pero sí hay cifras: en Madrid hay colegiados unos 35.000
médicos, de los cuales, hasta ahora, sólo 56 se han inscrito en el
Registro de Objetores de Conciencia del Colegio de Médicos de Madrid
(ICOMEM) en materia de aborto en los cuatro años que lleva abierto
(desde 2006).
Para inscribirse
en el Registro de Objetores de Conciencia del Colegio de Médicos de
Madrid es necesario enviar una carta firmada a la Comisión
Deontológica haciendo constar nombre y apellidos, número de
colegiado, y práctica o prácticas de las que objeta. No es necesario
especificar la especialidad, por lo que puede que no todos los
médicos inscritos sean ginecólogos. "Imagino que ahorá empezarán a
subir [los objetores]", cuenta sin mucha certeza en sus palabras una
portavoz del Colegio de Médicos de Madrid.
Esta portavoz
también recuerda que el suyo no es el único registro de objetores de
conciencia: " me informaron de que el hospital clínico San Carlos
también esta haciendo su propia lista de objetores". Pero el del
Colegio de Médicos es uno de los más conocidos ya que sirve de
respaldo legal a los médicos que por razones de conciencia no
quieran realizar abortos.
Por su parte, la
presidenta regional, Esperanza Aguirre, afirmó que "no todos" los
casos de abortos en la Comunidad de Madrid se están remitiendo a
clínicas privadas, ya que cuando no hay objeción de conciencia en
los hospitales públicos se suele hacer la intervención en los
mismos.
( www.publico.es,
14/07/10)
9. LOS
TRABAJADORES DE METRO PREPARAN NUEVOS PAROS PARA SEPTIEMBRE
La huelga de
Metro de Madrid continúa hoy con la mitad de los trenes como
servicios mínimos. Es la séptima jornada de paros sin que llegue el
acuerdo para ahorrar 7,9 millones en gastos de personal. Metro exige
que parte de ese dinero (2,1 millones) provenga de bajar las nóminas
el 1,5%. Los sindicatos lo rechazan. El gerente de Metro, Ildefonso
de Matías, aseguró que recortar sin incluir las nóminas "es
complicado sin poner en riesgo la gestión de la compañía". Pero se
mostró "muy optimista". La solución a la huelga "está cercana",
según afirmó. Los sindicatos, por su parte, celebran hoy reuniones
de afiliados por separado para comprobar cómo están los ánimos y
anuncian que pedirán más paros desde finales de julio a septiembre.
La protesta
continúa hoy tras la huelga del miércoles. Salieron la mitad de los
trenes, unos servicios mínimos que los sindicatos del comité
(Conductores, CC OO, UGT, Solidaridad Obrera y Sindicato Libre)
consideran "abusivos" pero volverán a respetar. Según las
estimaciones de Metro, la huelga del miércoles la secundaron el 55%
de los trabajadores que no estaban sujetos a mínimos. Los sindicatos
señalan que el seguimiento fue del 100%. La semana que viene hay
convocados nuevos paros de martes a viernes que deberán ser
ratificados por la asamblea de trabajadores el próximo lunes. Antes,
CC OO y Sindicato de Conductores -el mayoritario, que representa a
más del 80% de los maquinistas- reunirán hoy a sus afiliados por
separado en convocatorias de mañana y tarde para "mantenerles
informados", según Antonio Asensio, portavoz del comité (CC OO).
Si el martes 20
de julio no hay un acuerdo, Metro recortará en un 5% las nóminas,
igual que para el resto de funcionarios y empleados de empresas
públicas incluidos en el proyecto de ley de Medidas Urgentes de la
Comunidad de Madrid. El Gobierno central dejó fuera a las empresas
de transporte, como Renfe o Adif. Los sindicatos de Metro consideran
que ellos también tendrían que haber quedado al margen del recorte,
que vulnera su convenio colectivo que es ley. El 5% menos supone 100
euros por 2.000 que, según la empresa, es el sueldo medio mensual de
la plantilla. La rebaja en la primera nómina puede alcanzar una
media de 500 euros para quienes han secundado los días de huelga
hasta ahora.
La semana pasada,
Metro y sindicatos mantuvieron cuatro reuniones. Alcanzaron un
principio de acuerdo sobre cómo ahorrar 4,5 millones. Incluyeron el
dinero que la empresa dejará de pagar por los descuentos de la
huelga, más recortes en horas extraordinarias o bajas sin cubrir.
"No se pueden bajar los salarios en Metro cuando se gastan más de 50
millones en publicidad en los últimos cuatro años", según el
secretario general de CC OO en Madrid, Javier López.
El gerente de
Metro aseguró que, entre 2008 y 2009, el gasto de publicidad se ha
reducido más del 50%. De Matías advirtió también de que los
expedientes abiertos durante los dos días que cerró el metro (29 y
30 de junio) "siguen su curso". La paralización de esos expedientes
-900, según la empresa; 2.000, según los sindicatos- fue otra de las
condiciones que reclamó el comité de huelga en la negociación.
( www.elpais.com,
16/07/10)
10. UGT MADRID
ACUSA A AGUIRRE DE MANTENER EL CONFLICTO POR INTERÉS POLÍTICO
El sindicato UGT
de Madrid ha acusado hoy a la Comunidad de Madrid de "manipular" el
conflicto en Metro y a la presidenta Esperanza Aguirre de mantenerlo
por "cuestiones políticas y por ego personal".A través de una nota,
UGT critica a la Comunidad por querer transmitir que el conflicto
está motivado por diferencias económicas y recuerda que el comité de
huelga ha presentado propuestas para reducir los gastos de la
compañía en 7,9 millones de euros - la pretensión del Gobierno
regional - a través de varias partidas económicas pero sin tocar los
salarios.
El sindicato
subraya que ha accedido a negociar "para resolver el conflicto que
ella (Aguirre) ha creado injustificadamente" y añade que a las
propuestas del comite la presidenta "rompe la baraja desautorizando
a sus representantes y plantea que al margen de tener el problema
resuelto, quiere recortar el 1,5 por ciento los salarios, si o sí,
de forma permanente, año tras año".
"Queda claro con
esta postura irresponsable que (Aguirre) no pretende resolver el
conflicto, aunque ello lleve consigo el daño a los usuarios y
madrileños en general, sino su deseo de buscar la claudicación de
los trabajadores de Metro para que después afecte al resto de
empresas y sentirse satisfecha vendiendo su victoria porque es lo
único que entiende", agrega el comunicado.
( www.abc.es,
15/07/10)
11. LA CÁMARA DE
CUENTAS CRITICA EL DESCONTROL SOBRE HOSPITALES PRIVADOS
El Servicio
Madrileño de Salud (Sermas) no controla la calidad de los servicios
que prestan las entidades privadas o fundaciones a las que deriva a
los pacientes mediante convenios o conciertos. Es una de las
conclusiones a las que llega el informe de fiscalización que la
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha elaborado sobre el
programa presupuestario 750 (Atención Especializada del Servicio
Madrileño de Salud) del año 2007, recientemente aprobado.
La calidad,
asegura el informe, se entiende como una actuación continua
"dirigida a mejorar la prestación de los servicios", pero en la que
el Sermas "no ejerce una función de control, ya que no verifica si
los datos que le remiten los centros referentes a los objetivos de
calidad son acordes con la actividad efectivamente desarrollada por
el hospital". El hecho de no verificar la información "genera una
incertidumbre en relación con estos valores", resume el informe en
sus conclusiones.
El órgano de
fiscalización y control del sector público también se ocupa de la
modalidad de gestión elegida por la Consejería de Sanidad para
prestar atención sanitaria. Sobre la colaboración con entidades
privadas o públicas (fundaciones), afirma: "No se han aportado
informes, memorias, dictámenes o cualquier otra documentación en los
que se justifique la procedencia del sistema elegido".
Tampoco en las
que se acredite la "forma de financiación", añade, "por la actividad
realizada o capitativa [número de tarjetas sanitarias del área a
cubrir]". De hecho, el informe recomienda que, antes de elegir una
modalidad de atención u otra, "la Consejería de Sanidad debería
estudiar, en términos de economía, eficiencia y eficacia, las
distintas formas de gestión", comparándolas entre sí y con las que
resultarían si diera el servicio directamente con sus hospitales. El
informe únicamente fiscaliza el año 2007, el de la puesta en marcha
del primer hospital de gestión enteramente privada en Madrid,
Valdemoro. Al año siguiente entraron en funcionamiento otros seis
nuevos hospitales de gestión mixta, es decir, con personal sanitario
público y no sanitario aportado por las concesionarias que ganaron
el concurso para construir y gestionar los centros.
Entre sus
recomendaciones el informe señala que, con la puesta en
funcionamiento de los nuevos hospitales y otros que están en fase de
licitación, "en ejercicios futuros será necesario que Sanidad
refuerce sus unidades de control" para garantizar que la asistencia
sanitaria "sea prestada en condiciones de equidad e igualdad a todos
los ciudadanos". Y le señala también que "debería evitar el envío
repetido" de pacientes a realizar pruebas diagnósticas a centros
privados con los que no tiene convenio o contrato.
La Cámara de
Cuentas se ocupa del Programa 750 de los presupuestos, el que
financia la atención especializada que presta el Sermas, ente de
derecho público adscrito a la Consejería de Sanidad. Los hospitales
tradicionales (La Paz, 12 de Octubre...) quedan fuera porque tienen
sus propios programas. Los centros de asistencia especializada
concertados que analiza el informe son la Fundación Jiménez Díaz y
el hospital de Valdemoro (privados) y Alcorcón, Fuenlabrada y Gómez
Ulla (públicos), además de las decenas de clínicas privadas con las
que tiene suscritos convenios y contratos. El informe constata,
analiza y hace recomendaciones:
- Carencias. El
informe destaca algunas "carencias" en los convenios, conciertos y
contratos que mantiene el Sermas con entidades privadas. "No todos
incluyen el presupuesto", asegura. "Los más antiguos se prorrogan de
forma tácita y únicamente establecen las tarifas a aplicar por cada
prestación".
- Penalizaciones.
En algunos casos el Sermas no penaliza si los centros no cumplen:
"Solo en 6 de los 10 convenios o conciertos analizados se prevé un
sistema de penalizaciones y/o minoraciones en la contraprestación de
los servicios como consecuencia de demoras en la prestación de
asistencia sanitaria o deficiencias de calidad y servicios".
- Objetivos
difusos. Los objetivos que se marca el Sermas tienen que servir para
mejorar la eficiencia, dice el informe. Sin embargo, esos objetivos
"no reflejan los resultados específicos que se espera obtener con
los recursos financieros asignados, lo que no es conforme con la
técnica de planificación a la que, en teoría, responden". Los
indicadores que se usan "no sirven para medir la eficiencia de las
actuaciones", añade. El análisis "se limita a cuantificar la
actividad realizada".
- Reclamaciones.
No se sabe cuántas recibió el Sermas porque, dice el informe, "no ha
aportado la memoria anual". Su falta "limita el análisis del número
total de sugerencias, quejas y reclamaciones presentadas, su
distribución por clases y centros y los tiempos de respuesta".
( www.elpais.com,
16/07/10)
12. LA ORDENACIÓN
DE LA SIERRA DEL GUADARRAMA SE ATASCA EN LOS TRIBUNALES
El Tribunal
Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite el recurso
contencioso-administrativo de Ecologistas en Acción contra el Plan
de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la Sierra del
Guadarrama, lo que podría paralizar el futuro Parque Nacional, según
informa la organización conservacionista. El Gobierno regional
recuerda que el tribunal admite siempre este tipo de recursos.
Si este jueves el
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid presentaba su
propuesta inicial de Parque Nacional, basada en el Plan de
Ordenación de Recursos Naturales; este viernes se ha conocido que el
tribunal tendrá que juzgar si este documento que regula los usos de
las distintas zonas de protección de la sierra es legal. Sin
embargo, la Comunidad de Madrid, a través de un portavoz, ha quitado
importancia a este decisión judicial, pues "el Tribunal Superior de
Justicia siempre admite a trámite los recursos
contencioso-administrativos. No hay novedad en eso".
Para Ecologistas
en Acción, además, la propuesta de declaración de Parque Nacional
(la protección más estricta para un espacio natural), aprobada por
el Consejo de Gobierno, incumple la ley estatal que los regula, por
lo que no podrá ser admitida por el Ministerio de Medio Ambiente, y
"sigue la misma línea de desprotección del Plan de Ordenación de
Recursos Naturales".
"Es una maniobra
puramente electoralista cuya principal víctima será la Sierra de
Guadarrama. El Gobierno de Esperanza Aguirre culpará al Ministerio
de ser el responsable de que Madrid no tenga un Parque Nacional",
indican en un comunicado. El Ejecutivo regional, por su parte, ha
resaltado que le parece "llamativo" que sea una asociación
ecologista la que quiera paralizar declaración de Parque Nacional.
En noviembre de
2009, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el
Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama.
En febrero de 2010, se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid, en marzo de 2010 fue recurrido ante el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid por Ecologistas en Acción y ahora ha sido
admitido a trámite. La asociación considera que reduce la protección
que hasta el momento tenía la Sierra de Guadarrama. Como la
propuesta de Parque Nacional aprobada este jueves es parte del
procedimiento de Plan de Ordenación de Recursos, si este fuese
anulado o modificado por el tribunal también podría paralizar la
creación del Parque Nacional.
La organización
no gubernamental afirma que la Ley de Parques Nacionales señala que
"las delimitaciones de las zonas protegidas deben ser compactas y
regulares, sin entrantes ni saliente, algo que a simple vista puede
comprobarse que no se cumple". La Ley también prohíbe la existencia
de enclavados en el parque nacional. Sin embargo, las estaciones de
esquí de Navacerrda y Valdesquí son islas sin protección alguna
dentro del parque nacional.apuntan también. Tampoco se consideran
incompatibles los usos extractivos con fines comerciales, como los
aprovechamientos forestales, cinegéticos o la implantación de
pastizales artificiales que conlleva la destrucción de la cubierta
vegetal de una zona.
Entre las razones
por las cuales Ecologistas en Acción afirma que se desprotegen la
Sierra es porque reduce los niveles actuales de protección que ya
tienen las cumbres en el Parque Natural de Peñalara (que queda
incluido casi en su totalidad en el Parque Nacional) y en el Parque
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (que queda incluida su
mitad norte aproximadamente).
( www.madridiario.es,
16/07/10)
13. LA AUDIENCIA
PROVINCIAL DESESTIMA EL RECURSO DEL PP POR EL ARCHIVO DE LA QUERELLA
CRIMINAL CONTRA EL ALCALDE
La Audiencia
Provincial de Madrid ha desestimado los recursos presentados por el
administrador de PSG, David Moreno, y el Partido Popular contra el
auto del juzgado de Getafe que archivó la querella criminal contra
el alcalde, Pedro Castro, y varios concejales por prevaricación,
cohecho, y falsedad en documento público en la permuta de terrenos
para construir un campo de golf en Perales del Río, por un valor
supuestamente inferior al real, lo que habría beneficiado a
empresarios cercanos al
PSOE
a través de un supuesto pelotazo urbanístico de 40 millones de
euros, según han informado este jueves en rueda de prensa varios
concejales del equipo de Gobierno.
La Audiencia
Provincial de Madrid ha desestimado los recursos presentados por el
administrador de PSG, David Moreno, y el
Partido Popular
contra el auto del juzgado de Getafe que archivó la querella
criminal contra el alcalde, Pedro Castro, y varios concejales por
prevaricación, cohecho, y falsedad en documento público en la
permuta de terrenos para construir un campo de golf en Perales del
Río, por un valor supuestamente inferior al real, lo que habría
beneficiado a empresarios cercanos al
PSOE
a través de un supuesto pelotazo urbanístico de 40 millones de
euros, según han informado este jueves en rueda de prensa varios
concejales del equipo de Gobierno.
En el escrito de
la Audiencia Provincial, se puede leer literalmente que "se comparte
el criterio del juez de instrucción de Getafe cuando afirma que no
existen indicios que permitan sostener la apariencia delictiva de
los hechos investigados" y añade que en atención a ello, se acuerda
el sobreseimiento y archivo por no ser los hechos constitutivos de
delito.
El
PP
presentó el recurso de apelación que ha desestimado ahora la
Audiencia con motivo de la publicación del primer Auto del juzgado
de Getafe en octubre de 2009 y después de que el Gobierno local
enviara una carta a la presidenta regional,
Esperanza Aguirre,
para que cesara en su "actitud de desprestigio contra la ciudad de
Getafe por motivos partidistas", a la vez que rechazaban la actitud
del
PP
de Madrid y Getafe "que han mentido a la ciudadanía de la mano de un
presunto estafador de 2.000 familias de Getafe", en referencia al
administrador de PSG, David Moreno.
En este sentido,
la primera teniente de alcalde, Sara Hernández, ha afirmado este
jueves que la Audiencia Provincial ha dado la razón a la forma de
gestionar del Gobierno municipal lo que supone "el más absoluto
fracaso de la forma que tiene de hacer oposición el
PP".
"Han hablado de pelotazo urbanístico sin importales el desprestigio
para Getafe y ahora tienen que sacar sus conclusiones pero tenemos
claro que todos los responsables a nivel regional y local del
PP
tienen que abandonar sus cargos porque son unos incompetentes y el
portavoz en Getafe, Carlos González es un cadáver político", ha
apuntado.
Por su parte, el
concejal de Urbanismo, José Manuel Vázquez, ha asegurado que el
PP
ha creado "un espacio de mentiras que repiten muchas veces para
ganar la voluntad de los ciudadanos hasta que viene un juez y con la
ley en la mano les pega un cacharrazo en la cabeza". Asimismo, ha
pedido al portavoz del grupo popular en la Asamblea de Madrid, David
Pérez, que se piense mucho el estilo que utiliza, que comparó con el
del jugador holandés De Jonk en la final del
Mundial de fútbol,
"que pega una patada en el esternón a otro jugador contrario y
encima le pide al arbitro que le saque tarjeta porque le ha hecho
daño en el pie".
Por último, el
portavoz de IU y concejal de Vivienda, Ignacio Sánchez Coy, ha
manifestado que al
PP
de Getafe y "al de Madrid, se les debe caer la cara de vergüenza".
"Se creen que todos somos de la misma condición y tendrían que
dimitir algunos de sus dirigentes cuyo objetivo es meternos en la
cárcel y ganar en los juzgados lo que no gana en las urnas pero han
hecho un daño irreparable al municipio y no pueden irse de rositas",
ha agregado.
Sin embargo, el
portavoz del
PP
en Getafe, Carlos González, ha señalado este jueves que no han
recibido la sentencia de la Audiencia Provincial y que estudiarán
presentar un nuevo recurso en instancias judiciales superiores.
( www.que.es,
15/07/10)
14. UNAS 160
FAMILIAS DE EL BERCIAL DENUNCIAN QUE AGUIRRE SUPRIMIRÁ SU RUTA
ESCOLAR PESE A LA "PROMESA" DE ESTUDIAR SU CASO
Unas 160 familias
de El Bercial, en Getafe, han denunciado este viernes que el
Gobierno de Esperanza Aguirre va a suprimir de cara al próximo curso
las rutas escolares que llevaban a sus hijos a clase pese a la
"promesa" de la propia dirigente madrileña de estudiar el caso para
analizar si había alguna otra solución.
En la tarde de
este jueves, 15 de julio, representantes del AMPA Seseña y Benavente
y de las Asociaciones Vecinales El Parque y "Nuevo Bercial - NUBER,
asistieron a una reunión con el viceconsejero de Organización
Educativa, Jesús Valverde, en la que, según explican, se les
comunicó nuevamente que la supresión de las rutas escolares de El
Bercial es "una decisión en firme".
En un comunicado,
los afectados recuerdan que tras el "recibimiento", con pitos,
carteles, abucheos y gritos de 'Devuélvenos la ruta de El Bercial'
que medio centenar de padres hizo a la presidenta de la Comunidad en
su última visita a Getafe, ésta se comprometió a solucionar el
asunto, incluso ofreciendo una "subvención" a los padres para que
llevaran a los alumnos en sus coches particulares hasta el IES
Antonio López.
Fruto de esa
"promesa", salió la reunión con el viceconsejero de Organización
Educativa, que tras varias anulaciones y retrasos se celebró este
jueves. A pesar de que los padres pensaron que se les ofrecería
alguna alternativa, se encontraron con la "nula predisposición" por
parte de la Consejería para llegar a un acuerdo.
"A tal punto
llegó esa nula predisposición, que ni siquiera quisieron recibir un
informe fotográfico, con los puntos más peligrosos de la ruta a pie
que los niños tendrían que realizar diariamente", han indicado,
explicando que no sólo no quisieron recibir dicho informe, sino que,
además, al ofrecérselo en varias ocasiones para mostrarles tramos
peligrosos, "no hicieron ademán de interesarse por verlos en las
fotografías".
Según los padres,
la Consejería madrileña mantiene que la distancia que separa el CEIP
Seseña y Benavente al IES Antonio López es de 1,5 kilómetros, "una
distancia que puede comprobarse que no se ajusta a la realidad, por
alcanzar más de 2,5 kilómetros, dependiendo de las rutas elegidas",
han apuntado.
Además, critican
que otro de sus argumentos sea que los padres estaban enterados,
desde comienzos del curso anterior, que las rutas escolares se
suprimirían, "cargando la responsabilidad de la elección del centro
escolar a los padres que, según la Consejería, pese a conocer esta
supresión, han querido matricular a sus hijos en ese centro tan
alejado".
Esta aseveración,
explican, contrasta con la realidad pues aseguran que sólo 6 alumnos
se han matriculado en el IES Altair (adscrito al barrio desde sólo
hace dos años) y cuya distancia desde el CEIP Seseña y Benavente es
de casi 2 kilómetros. "Sin embargo, más de 160 alumnos han optado
matricularse en el IES Antonio López. ¿Lo hubieran hecho de haber
sabido fehacientemente que no tendrían rutas escolares para su
desplazamiento?", han ironizado.
Además, han
criticado que la Consejería les ha querido hacer creer que el
responsable de tener peligros en la ruta es el Ayuntamiento de
Getafe, el cual no puede poner, bajo la opinión de los
representantes, un policía local en cada cruce que tengan que
sortear los alumnos. "Tampoco el Ayuntamiento de Getafe es
responsable de la poca altura de la barandilla de la pasarela
peatonal sobre la A-42, ni de que la A-42 no tenga valla de
protección una vez bajada la pasarela", concluyen.
( www.que.es,
16/07/10)
15. AYUNTAMIENTO
DE ARROYOMOLINOS. EL ALCALDE DEL PP DESPIDE A LA DIRECTORA
FINANCIERA POR DENUNCIAR IRREGULARIDADES
Según ha podido
saber la Cadena SER, el Ayuntamiento madrileño de de Arroyomolinos
ha despedido a su directora financiera de la empresa municipal de la
vivienda por denunciar posibles irregularidades en las cuentas y
negarse a firmar el último ejercicio. El alcalde popular, Juan
Velarde, ha aprobado las cuentas de 2009 con el informe de la
Intervención General en contra y tras el despido de la directora.
Las pérdidas, sin justificar, rondan el millón de euros.
El despido se ha
producido cuando la directora financiera de la Empresa Municipal de
la Vivienda de este ayuntamiento madrileño se negó a firmar las
cuentas del ejercicio 2009. En un escrito, al que ha tenido acceso
la Cadena Ser, asegura que es la primera vez en ocho años que le
obligan a firmar una auditoria. Critica el sistema de control
interno, la sospecha de que le ocultan información y de que existen
incumplimientos legales.
El alcalde del
PP, Juan Velarde, le abrió expediente, aprobó las cuentas, y
procedió al despido. El informe de intervención del ayuntamiento,
también en contra, denunciaba unas pérdidas de 923.000 euros sin
justificar.
Critica el
sistema de control interno y la sospecha de que ocultan información
y asegura desconocer si existen incumplimientos de normas legales.
Pone como ejemplo, el hecho de que "desconoce si las operaciones de
la empresa municipal con terceros se han llevado a cabo de forma
independiente y en libre competencia".
La directora
financiera, "concluye que se ve en la obligación de solicitar de
manera periódica y por escrito a la gerencia que se le facilite la
información que considera absolutamente necesaria para realizar su
trabajo".
Un día después a
la emisión de su informe, le abrieron un expediente. El PP aprobó
las cuentas el pasado mes de junio, y obvió el informe de
intervención del propio consistorio.
El informe de
intervención municipal del ayuntamiento también era contrario a que
se aprobaran las cuentas y coincide en las denuncias de la directora
despedida. Alerta de unas pérdidas de 923.000 euros sin justificar.
Según los técnicos, no están los extractos bancarios, faltan
desgloses y tarifas por especificar y hay incrementos significativos
respecto del año anterior sin explicación. Por ejemplo, un gasto
3.671.000 euros bajo el epígrafe 'materias primas y consumibles'.
Según Juan Carlos
García, portavoz municipal socialista de Arroyomolinos, "sorprende
que hayan despedido a una trabajadora después de nueve años puesto
que hasta la fecha de emisión de este informe nunca se había
observado ningún mal comportamiento. Sin embargo, si responde a la
táctica llevada a cabo por Juan Velarde en el equipo de gobierno. En
septiembre de 2008 echó a dos concejales del PP, les quitó las
competencias, por ser también críticos con su gestión política al
frente del Ayuntamiento de Arroyomolinos".
( www.cadenaser.com,
15/07/10)
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