1. AGUIRRE TIENE 91 ALTOS
CARGOS QUE GANAN MÁS QUE ZAPATERO
2. AGUIRRE: ¿POR QUÉ NO
PREGUNTA POR LOS SUELDOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID? ALLÍ SON MÁS
ALTOS
3. ESPERANZA AGUIRRE,
"POBRE DE PEDIR", ¿PERO CUÁNTO?
4. ‘CASO GÜRTEL’. LA
POLICÍA IMPLICA A OTRAS 20 PERSONAS EN LA TRAMA DE MADRID
5. AGUIRRE PAGÓ A MQM
FACTURAS HINCHADAS HASTA EL 400%
6. ESPIONAJE DEL PP EN LA
COMUNIDAD. "GAMÓN YA INVESTIGABA DESDE 2006 A PRADA PARA IGNACIO
GONZÁLEZ"
7. ESPIONAJE DEL PP EN LA
COMUNIDAD. "¿DÓNDE ESTÁIS? ¡JODER, YA LO HABÉIS VUELTO A PERDER!"
8. ESPIONAJE DEL PP EN LA
COMUNIDAD. PESQUISAS SOBRE CORRUPTELAS EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID
9. ESPIONAJE DEL PP EN LA
COMUNIDAD. EL IMPUTADO POR ESPIONAJE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CONTROLABA A PRADA PARA GONZÁLEZ Y TUVO "CARTA BLANCA" DE GRANADOS
10. ESPIONAJE DEL PP EN LA
COMUNIDAD. AGUIRRE: "IGNACIO GONZÁLEZ NO ORDENÓ ESPIAR A ALFREDO
PRADA"
11. ESPIONAJE DEL PP EN LA
COMUNIDAD. GAMÓN ESPIÓ A LA SECRETARIA QUE DENUNCIÓ AL JEFE DE
TELEMADRID, SEGÚN LAVIANA
12. ESPIONAJE DEL PP EN LA
COMUNIDAD. AGUIRRE SE DESHACE DEL 'JEFE DE LOS ESPÍAS' Y DE SU EX
MUJER
13. ESPIONAJE DEL PP EN LA
COMUNIDAD. UN TESTIMONIO CLAVE QUE APUNTA AL CORAZÓN DEL GOBIERNO
REGIONAL
14 IGNACIO GONZÁLEZ QUIERE
CONVERTIR A SU MANO DERECHA EN EL NUEVO ALBONDIGUILLA
15. LA NUEVA SEDE DE LA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE CARECE DE LICENCIA
16. AGUIRRE FACILITARÁ
ABONOS TURÍSTICOS, PLAZAS EN ALBERGUES Y COLEGIOS MAYORES PARA LAS
JORNADAS MUNDIALES DE LA JUVENTUD
17. AYUNTAMIENTO DE MADRID.
LA JUSTICIA TUMBA EL 'MINI-VATICANO'
18. AYUNTAMIENTO DE
ALCORCÓN. EL COLE SEGREGACIONISTA QUE ALCORCÓN NO QUIERE
19. AYUNTAMIENTO DE
BOADILLA. EL CONSISTORIO DEL PP PAGA 1,55 MILLONES MÁS A UNA EMPRESA
DEL 'CASO GÜRTEL'
20. AYUNTAMIENTO DE
GALAPAGAR. IMPUTADOS EL EDIL DE SEGURIDAD Y EL JEFE DE POLICÍA
21. AYUNTAMIENTO DE ROBLEDO
DE CHAVELA. EL ALCALDE PEPERO INSISTE EN NEGAR EL PADRÓN A LOS
INMIGRANTES EN PARO
1. AGUIRRE TIENE 91 ALTOS
CARGOS QUE GANAN MÁS QUE ZAPATERO
Esperanza Aguirre tiene a
gala ser la presidenta de una comunidad en la que los recortes
salariales de los cargos públicos van a ser superiores a los del
Gobierno central. También, el hecho de haber abanderado una campaña
de "rebelión pacífica" contra la subida del IVA. Ella misma suele
ponerse como ejemplo de la austeridad elevada a la máxima expresión
cuando presume de haberse bajado el sueldo un 15
%
pese a que su salario, que está homologado al de un secretario de
Estado, deba reducirse en un 10% según contemplan las medidas de
recorte del Ejecutivo. Pese a ello, la líder madrileña seguirá
cobrando más que el presidente del Gobierno. En concreto, 89.967
euros anuales frente a los 78.184 euros de José Luis Rodríguez
Zapatero. Pero no sólo ella. También otros 91 altos cargos de la
Comunidad de Madrid, entre los que se cuentan el vicepresidente,
Ignacio González, los consejeros, los viceconsejeros, los
secretarios generales técnicos y los directores generales.
El Consejo del Gobierno del
10 de junio aprobó remitir a la Asamblea el proyecto de ley por el
que se adapta el real decreto para reducir los salarios de altos
cargos y funcionarios. Con base en esta iniciativa, el sueldo del
vicepresidente y de los consejeros se reduce un 10% respecto a la
cantidad que figura en los Presupuestos de la Comunidad para 2010;
el de los viceconsejeros, en un 9% y el de los directores generales
y secretarios generales técnicos en un 8%.
De toda esta galería de
altos cargos son los directores generales y los secretarios
generales técnicos los que perciben el menor salario anual: 89.824
euros. Una cantidad que se quedará en 82.638 euros en cuanto se
aplique el recorte previsto a partir de julio. Se trata de una cifra
que, no obstante, sigue siendo superior a los 78.185 euros que
percibirá Zapatero. En más de 4.000 euros anuales.
Respecto al casi centenar
de altos cargos que cobran más que el presidente, el Ejecutivo
regional justifica que estas retribuciones han sido aprobadas en los
presupuestos generales de la comunidad. "No existe correlación
salarial entre los cargos autonómicos y los estatales. No hay
comparativa posible más allá que la del presidente autonómico, que
equivale a un secretario de Estado", sostienen. No obstante,
explican que estos salarios cumplen la legislación, concretamente la
Ley 8/2000 del 20 de junio por la que se homologan las retribuciones
de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Comunidad con los
de la Administración General del Estado. Así, las retribuciones de
los altos cargos se establecen disminuyendo en un determinado
porcentaje la cantidad percibida por Aguirre, que está homologada a
la de un secretario de Estado. Concretamente, el vicepresidente
percibe un 4% menos que la presidenta; un consejero, el 8%; un
viceconsejero, un 12% y un secretario general técnico o director
general un 16% menos.
Cuando se trata de
justificar por qué Aguirre tiene una retribución más alta que la del
jefe del Ejecutivo, en la Comunidad vuelven a tirar de la misma ley.
"La presidenta de la Comunidad, según la Ley 8/2000 de Homologación
de Retribuciones, cobra lo mismo que un secretario de Estado. Pese a
eso, Aguirre se ha aplicado una rebaja superior a la establecida",
insisten. Además, recuerdan que ya el pasado año la Comunidad aplicó
un 2% de rebaja salarial a sus altos cargos en una medida que
califican de "pionera". Por ello, sostienen que la rebaja total del
sueldo de la presidenta es del 17%. "Un porcentaje superior al 15%
que se aplicará el presidente del Gobierno", destacan.
Pero, pese a enarbolar la
bandera de la austeridad, el Grupo Parlamentario Popular en la
Asamblea madrileña ha bloqueado la posibilidad de que los ocho
viceconsejeros de la comunidad que disponen de escaño en la Asamblea
dejen de percibir dos ingresos, el que les otorga el Gobierno
regional (84.760 euros anuales), y el que reciben por sus tareas
parlamentarias (más de 1.000 euros mensuales).
Hace casi un mes, cuando el
Gobierno puso sobre la mesa la posibilidad de que quienes ganen
rentas más altas paguen nuevos impuestos, la presidenta de la
Comunidad de Madrid, reaccionó con ironía: "Lo pagará Bono, me
imagino, yo soy pobre de pedir". Unas palabras que generaron
polémica y por las que días después pidió perdón."Las palabras que
dije fuera de micrófono fueron desafortunadas y si a alguien le han
molestado, pido disculpas", aclaró el 26 de mayo en la rueda de
prensa posterior al Comité de Dirección de los conservadores
madrileños, formación que preside.
Fue este mismo día en el
que presumió de que su bajada de sueldo iba a ser superior a la de
un secretario de Estado. "A los secretarios de Estado solamente les
baja el 10%. La presidenta de la Comunidad de Madrid tendrá una
bajada de sueldo del 15% por entender que los administradores
públicos somos los primeros que tenemos que apretarnos el
cinturón".No obstante, insistió en su disconformidad con las medidas
de Zapatero.
(www.publico.es,
21/06/10)
2. AGUIRRE: ¿POR QUÉ NO
PREGUNTA POR LOS SUELDOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID? ALLÍ SON MÁS
ALTOS
"Parece que el diario
Público está obsesionado conmigo. ¿Por qué no investigan los
sueldos de la Generalitat de Catalunya o del Ayuntamiento de Madrid,
que allí son más altos?". De esta forma reaccionó la presidenta de
la Comunidad de Madrid cuando le preguntaron en Los Desayunos de TVE
por la información que publica el diario sobre el sueldo de sus
altos cargos. Aguirre intentó justificar que 91 de sus altos cargos
cobren más sueldo que Zapatero afirmando que, sí, que el presidente
cobra menos, pero "tiene pagada la casa, el servicio, la comida, la
luz... Es decir, que hay que tener en cuenta el sueldo en especie".
La presidenta también recordó que en Madrid los gastos de
representación han sido suprimidos y apostó por la austeridas y la
ortodoxia en el gasto público.
Precisamente sobre la
situación económica se centró la entrevista. El diagnóstico de
Aguire es claro y sencillo: "Aquí se acabó la fiesta. Las
administraciones públicas no podemos gastar más de lo que
ingresamos. Las CCAA tenemos que afrontar servicios que son gratis
total como la sanidad, la educación y los servicios sociales, que el
caso de Madrid se lleva el 89% de nuestro presupuesto".
Al hablar de la sanidad y
la educación como "servicios gratis total" a Aguirre se le preguntó
si eso implicaba el fin del Estado de Bienestar tal como ahora lo
conocemos. "Lo que no se puede hacer es dilapidar el dinero
público", dijo y puso como ejemplo de mal uso el Plan E, "una
solución keynesiana de abrir zanjas para luego cerrarlas. Si hay
carteles que han costado más que las obras y encima hay órdenes para
dejarlos expuestos hasta las elecciones autonómicas", afirmó
Aguirre.
Aguirre insistió mucho en
la ortodoxia económica, en no gastar más de lo que se ingresa: "Con
lo ingresos de lo contribuyentes no podemos pagarlo todo, así que
hay que decirles a los españoles que ya no somos un país rico, que o
nos apretamos el cinturón o vamos por muy mal camino". Para
Aguirre hay que recortar y dijo lo que haría: eliminar la subvención
a las energías renovables, o eliminar la subida del IVA: "No son
buenas medidas", aseveró. Por eso, la presidenta dijo que apoyará
todas las decisiones del Gobierno que vayan por el buen camino.
Entre esas medidas destaca el bajar el sueldo a los funcionarios.
Una de las herramientas
para combatir el paro es la reforma laboral, la cual es para Aguirre
"una reforma light pero va en la buena dirección". ¿Contradictorio?
No para Aguirre, par quien esta reforma se ha quedado corta: "No
liberaliza la contratación, que es lo que hay que facilitar y no el
despido como hace ahora. Con el despido que teníamos se han ido al
paro 800.000 personas".
(www.publico.es,
21/06/10)
3. ESPERANZA AGUIRRE,
"POBRE DE PEDIR", ¿PERO CUÁNTO?
La Mesa de la Asamblea de
Madrid no ha admitido la petición del Grupo Parlamentario Socialista
de acceder a la declaración de bienes y patrimonio de la presidenta
regional, Esperanza Aguirre, desde 2003 y ha remitido a los
socialistas a la Comunidad de Madrid, según afirmaron fuentes
parlamentarias. Los socialistas reclamaron poder acceder a los
bienes de la presidenta Aguirre como alto cargo después de que ella
dijera que era "pobre de pedir". En concreto, reclamaron la
declaración de bienes y Patrimonio de Aguirre desde el año 2003
hasta la actualidad para ver si había habido enriquecimiento en su
etapa al frente del Ejecutivo regional.
La Mesa de la Asamblea
reclamó a los socialistas que motivaran las razones por las que
querían acceder a esta información, y después de que el PSOE lo
hiciera, la Mesa les ha remitido a la Comunidad de Madrid. Aguirre
aseguró hace un mes que su patrimonio "es público y está en
Internet", y defendió que ha "disminuido ligeramente" salvo por la
herencia que recibió de su padre.
(www.publico.es,
23/06/10)
4. ‘CASO GÜRTEL’. LA
POLICÍA IMPLICA A OTRAS 20 PERSONAS EN LA TRAMA DE MADRID
La Brigada de Blanqueo de
Capitales de la Policía (UDEF) ha elaborado un informe en el que
atribuye una decena de delitos a 20 personas que trabajan u operan
con la Comunidad de Madrid. Entre la veintena de nuevos implicados
en el caso Gürtel se halla el actual alcalde de la localidad
madrileña de Boadilla del Monte, Juan Jesús Siguero Aguilar, al que
el PP respaldó para sustituir a Arturo González Panero, imputado por
diversos delitos en esta causa.
Según fuentes cercanas a
las pesquisas, el informe de la UDEF, que ha sido entregado a la
Fiscalía Anticorrupción, es demoledor y supone un nuevo vuelco al
caso Gürtel, ya que implica a otras 20 personas (aparte de los más
de 65 imputados que hay ya), entre las que se hallan directivos de
empresas privadas y altos funcionarios del Gobierno de Esperanza
Aguirre.
Los empleados públicos en
los que ha fijado sus ojos la policía formarían parte del personal
de confianza del ex consejero de Deportes de Madrid Alberto López
Viejo y habrían ayudado a este en toda la operativa supuestamente
delictiva destinada a lograr, como así sucedió, que casi todos los
actos institucionales que presidió Aguirre entre los años 2004 y
2009 fueran adjudicados a empresas de la red.
El entramado tenía más de
20 empresas. Pero para disimular, y en connivencia con López Viejo y
su personal de confianza, iba cambiando las firmas que facturaban
los actos de Aguirre en Madrid. Pero todas ellas tenían un mismo
tronco común: el cabecilla de la red: Correa. La policía ha
descubierto que la trama corrupta, de acuerdo con López Viejo y con
su asesor Pedro Rodríguez Pendas, llegó a utilizar empresas ajenas a
su entramado para colocarlas como pantalla en muchas contratas a
cambio de comisiones.
Había dinero para todos,
para Correa, para López Viejo y para las firmas pantalla, ya que se
inflaban sobremanera (hasta un 40%) los costes de los actos que
López Viejo, a través de la red Gürtel, preparaba para Aguirre. Una
de las empresas utilizadas por la red como pantalla fue Marketing
Quality Management.
Con estos 20 nuevos
implicados, el caso Gürtel salpica ya a unas 130 personas en las
comunidades autónomas de Madrid, Valencia y Castilla y León, según
fuentes de la investigación. En las pesquisas intervienen desde hace
casi dos años un centenar de agentes policiales.
El más destacado de los
nuevos implicados, en lo que respecta a Madrid, es el actual alcalde
de Boadilla del Monte, Juan Jesús Siguero. Se trata del regidor que
sustituyó al frente de la alcaldía de Boadilla a Arturo González
Panero, al que la trama corrupta apodaba El Albondiguilla. Panero
fue forzado por el PP a dimitir en febrero de 2009 junto a otros
cuatro alcaldes de grandes municipios de la Comunidad de Madrid
imputados en la trama (además de Boadilla, Majadahonda, Pozuelo de
Alarcón y Arganda del Rey).
El Albondiguilla está
imputado por haber recibido supuestas comisiones superiores a
600.000 euros de las empresas de la red a cambio de contratas de
obras públicas municipales amañadas. El Albondiguilla dimitió como
regidor y mantuvo su acta de concejal, pero antes de quedar en la
situación de edil no adscrito forzó al PP a que eligiese a Siguero
como su sucesor.
Siguero pudo incurrir,
entre otros, en un delito de prevaricación por haber facilitado a la
trama corrupta datos cruciales de contratas del Ayuntamiento de
Boadilla adjudicadas finalmente a empresas de la red. La policía
indaga si el actual alcalde de Boadilla recibió dinero a cambio de
ayudas en las licitaciones de obras y de facilitar información de
contratas a Correa, quien se halla preso en la cárcel de Soto del
Real junto a su número dos, Pablo Crespo; y su primo y testaferro en
empresas corruptas, Antoine Sánchez.
Antes de implicar en el
caso Gürtel a Siguero, la UDEF ha analizado multitud de documentos
que acreditan que el regidor también intervino, cuando era concejal,
en adjudicaciones de obras a la trama sobre las que recaen sólidos
indicios de corrupción. La información en poder de la policía avala
las imputaciones del ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo
González Panero, quien arremetió contra su sucesor y le acusó de
haber intervenido en todas las adjudicaciones de este Ayuntamiento
incluidas en el sumario de la trama. "Tendrían que investigarle [a
él] más a él que a mí", dijo.
Siguero ocupaba el puesto
número cuatro en la lista encabezada por Panero en las elecciones
municipales de 2007. Fue nombrado concejal de Hacienda, cargo que
compatibilizaba con el de tesorero del PP local y del grupo
municipal. Tras dimitir Panero por el caso Gürtel, el PP regional
quiso que accediese a la alcaldía la edil María Jesús Díaz Pérez.
Panero se opuso y logró que el PP aceptase finalmente a Siguero.
Entonces era su hombre de confianza. Ya no.
González Panero explicó que
Siguero participó activamente en las adjudicaciones al entramado de
Correa: "Él firmó la adjudicación de una parcela a la constructora
UFC [implicada en la trama]. Y esta decisión de Siguero fue a la
comisión informativa, que también presidía él mismo". Panero también
relaciona a su sustituto con otras dos operaciones Gürtel. La
primera es la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano de
Boadilla a la empresa Easy Concept por 500.000 euros anuales.
"Siguero firmó los pliegos y encabezó la mesa de contratación. Todo
lo presidió él. Además, toda la documentación la hizo personalmente,
con su propio ordenador. Yo no intervine".
(www.elpais.com,
21/06/10)
LA TRAMA GÜRTEL EN
MADRID
- Solo en su
variante de Madrid, la trama Gürtel tiene 65 personas
implicadas. En la lista se hallan, entre los cargos del PP
más destacados, el ex consejero de Deportes de Esperanza
Aguirre, Alberto López Viejo, y los diputados regionales
Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch.
- También se hallan
salpicados en Madrid cuatro ex alcaldes: el de Arganda del
Rey, Ginés López; el de Pozuelo, Jesús Sepúlveda; el de
Majadahonda, Guillermo Ortega; y el de Boadilla del Monte,
Arturo González Panero. Y ahora puede sumarse a esa lista el
sustituto de este último, Juan Jesús Siguero, más otra
veintena de personas, entre altos funcionarios del Gobierno
de Aguirre y directivos de empresas privadas que
trapicheaban con la red.
- El escándalo (con
ramificaciones en Granada, Valencia y Castilla y León)
también ha afectado al ex senador y ex tesorero nacional del
PP Luis Bárcenas y al ex diputado por Segovia Jesús Merino,
así como al aún presidente de las Cortes de Castilla y León,
José Manuel Fernández Iglesias; al presidente de Valencia,
Francisco Camps; y a varios consejeros de su Gobierno.
(www.elpais.com,
21/06/10)
5. AGUIRRE PAGÓ A MQM
FACTURAS HINCHADAS HASTA EL 400%
El Gobierno de la Comunidad
de Madrid pagaba a Marketing Quality Management (MQM), empresa que
se coordinaba con la trama Gürtel y que está siendo investigada por
el juez, facturas hinchadas para los actos en los que participaba
Esperanza Aguirre. Así se desprende de las facturas incorporadas al
expendiente del contrato con la comunidad suscrito el 25 de abril de
2007, a las puertas de las elecciones autonómicas, al que ha tenido
acceso la diputada de IU Reyes Montiel.
En algún caso, el
sobrecoste llegó al 400%, como en el homenaje de 2008 a las víctimas
del 11-M, que como cada año y siguiendo el mismo formato se celebró
en la Puerta del Sol.
Por la escenografía de este
acto, que apenas dura cinco minutos, MQM cobró 118.595 euros. En
2009, ya con la trama desarticulada, la Comunidad sacó a concurso el
mismo acto para 2010, que fue adjudicado a Publycom por sólo 24.099
euros.
Los que asistieron al acto
de 2010 apenas notaron diferencias con respecto a las ediciones
anteriores. Pero costó cinco veces menos.
En 2008, MQM había
presentado a la Consejería de Presidencia dos facturas el mismo 11
de marzo, que se conmemoró dos días después de las elecciones
generales. Ambas por el mismo concepto: "Acto conmemorativo 11 M que
se celebró en la Puerta del Sol, exterior entrada del edificio".
La primera, por un total de
52.963 euros, IVA incluido, obtuvo el visto bueno para el pago el 15
de junio de 2008. Y la segunda, de 65.631 euros, el 8 de octubre.
Ambos plácets tienen la firma de Camino Arroyo, directora general de
Relaciones Externas.
Se preguntó a la comunidad
las causas de la diferencia de precio para el montaje del mismo acto
entre 2008 y 2010, pero no ha recibido respuesta.
Ante otras facturas también
hinchadas cobradas por MQM en 2007 y 2008, un portavoz de la
Consejería de Economía contestó por escrito: "La Comunidad ha
facilitado toda la información que se le ha requerido por parte del
juez. Asimismo, el Gobierno regional ha comparecido en la Asamblea
para dar cumplida cuenta de la información de la que dispone el
Ejecutivo regional, que siempre ha cumplido con la Ley de
Contratos".
Entre estas otras facturas
hinchadas destaca la del acto institucional de la noche electoral de
2007, que costó 128.000 euros. Público ha cotejado el presupuesto
presentado con expertos del sector, que han detectado partidas que
en ocasiones superan el 1.000% del precio de mercado. Una portavoz
de MQM declinó responder a Público porque el administrador, Antonio
Martín Sánchez, se encontraba fuera de España.
El juez investiga a MQM a
raíz de la denuncia de Reyes Montiel, diputada de IU. Montiel llevó
a la fiscalía una adjudicación del Instituto Madrileño de Desarrollo
(IMADE), que pagó 1,25 millones por la campaña fantasma Made in
Madrid, que no llegó a realizarse. Anticorrupción remitió el dossier
a la causa Gürtel.
La adjudicación del IMADE
fue en octubre de 2006, pero en marzo de 2007, a las puertas de los
comicios regionales, MQM se vio exonerada del 80% de sus
compromisos. Inmediatamente después, el 25 de abril de 2007, firmó
un contrato para el montaje de los actos de Presidencia, bajo la
batuta del hoy imputado Alberto López Viejo, que incluía el acto de
homenaje a las víctimas del 11-M.
El concurso tomó como base
de licitación uno de los actos institucionales más caros de 2006,
que cifró en 62.000 euros. En este concurso general participó
también Easy Concept, cuya administradora, Isabel Jordán, imputada
en el caso Gürtel, declaró al juez que se coordinaba con MQM para
acceder a contratos en Madrid.
(www.publico.es,
23/06/10)
6. ESPIONAJE DEL PP EN LA
COMUNIDAD. "GAMÓN YA INVESTIGABA DESDE 2006 A PRADA PARA IGNACIO
GONZÁLEZ"
Yolanda Laviana ha sido
persona de confianza de varios altos cargos del PP en los últimos 11
años. Hoy trabaja como secretaria del presidente de Telemadrid,
Manuel Soriano, pero ya ocupó idéntico puesto con Esperanza Aguirre
y Juan José Lucas cuando estos presidieron el Senado, entre 1999 y
2004. Laviana estuvo casada hasta 2009 con Sergio Gamón, ex director
general de Seguridad del Gobierno de Aguirre, e imputado por el
espionaje al ex vicepresidente regional Alfredo Prada y al
vicealcalde madrileño, Manuel Cobo.
Gamón fue destituido de su
cargo en agosto de 2008 por el supuesto robo de un ordenador, y
contratado solo una semana después como director del Área de
Seguridad de la Comunidad de Madrid, puesto en el que continúa.
Laviana mantiene con Gamón un litigio en los tribunales que incluye
graves acusaciones contra el director de Seguridad. "Atrévete a
contarlo y verás lo que te pasa", asegura que le ha dicho Gamón.
Y ella, en presencia de un
abogado al que ha aportado un minucioso relato escrito y pruebas de
cuantas actuaciones irregulares conoce del presunto jefe del
espionaje. Laviana cree que contar la verdad la blindará ante nuevas
extorsiones de su ex marido. Igual que testificó en favor de Soriano
por una acusación de acoso sexual que fue archivada, Laviana está
dispuesta a ratificar su relato ante la juez del caso del espionaje.
"Es la verdad. Es lo que he vivido. Lo que me han obligado a vivir",
asegura.
"Sergio", explica Laviana,
"empezó a investigar a Prada casi desde su nombramiento, en 2006. No
tenía la infraestructura, pero estaba espiando desde el principio.
Ignacio González [vicepresidente de la Comunidad y mano derecha de
Aguirre] recibía anónimos, y como había enfrentamiento entre
González y Prada... desde el principio empezó a investigar a Prada.
En diciembre de 2006
cesaron a Belén Carratolá como directora de las Bescam [Brigadas de
Seguridad de Madrid]; en esas fechas hay muchas conversaciones entre
Sergio y Belén con relación a que Prada la había destituido por un
tema de facturas; Gamón le decía a ella que a Prada se lo iban a
cargar porque lo estaban investigando y acabaría dejando de ser
consejero". En 2006, según relata la ex mujer de Gamón, hacía ese
trabajo solo con Miguel Castaño, al que fichó como subdirector:
"Siempre han estado trabajando en paralelo él y Castaño".
Laviana presenció, asegura,
cómo el principal receptor de sus informes sobre Prada fue González:
"Ignacio González era con quien hablaba mi ex marido de sus
averiguaciones sobre Prada. Y le decía que [él y su grupo] tenían
que cambiar de tarjeta [de móvil] cada 15 días, que necesitaban un
segundo teléfono porque podían escuchar sus conversaciones. También
le decía que tenía que infiltrarlo en el PP para conseguir más
información".
El nombramiento de
Francisco Granados en 2007 como consejero de Interior, en
sustitución de Prada, supuso un respiro para Gamón. "Cuando nombran
a Granados, él está muy contento porque lo había pasado muy mal para
adquirir información para González cuando estaba Prada. Cuando lo
nombraron me dijo que para él era tener carta blanca. Que no iba a
tener ningún problema con Granados. No iba a ser ningún impedimento
para su trabajo". Y le exigió crear un equipo (tres ex policías y
tres ex guardias). "Le dijo a Granados: ya le podéis explicar a la
jefa [Aguirre] que este trabajo no lo hago si no es con los hombres
de mi confianza. Y si no, dimito".
(www.elpais.com,
21/06/10)
7. ESPIONAJE DEL PP EN LA
COMUNIDAD. "¿DÓNDE ESTÁIS? ¡JODER, YA LO HABÉIS VUELTO A PERDER!"
Entre abril y mayo de 2008
está acreditado judicialmente que miembros del grupo que dirigía
Sergio Gamón (tres ex policías y tres ex guardias civiles) fueron la
sombra de Manuel Cobo y de Alfredo Prada. Sus posiciones, a tenor de
las señales de sus teléfonos móviles, coinciden al milímetro con las
ubicaciones de dichos dirigentes del PP y con los partes del
espionaje que publicó este periódico. En dichos escritos, los espías
a veces relatan que han perdido o no hallan a Cobo o Prada. Y anotan
matrículas -manuscritas por un empleado de la Consejería de
Interior, según una prueba pericial judicial- de las personas que se
reunían con Prada.
¿A quién informaban tales
espías? Yolanda Laviana, ex mujer de Gamón, escuchó en esos meses
repetidas charlas de su ex marido con los asesores de Granados a su
mando: "Hablaban de calles y de matrículas; les decía: pues os vais
allí, lo habéis perdido, pues volvéis allí.
Le decían todo lo que
hacían. Cuando le decían que lo habían perdido, le preguntaban qué
hacían y él les daba las órdenes de volver o ir a tal sitio. Le
daban matrículas y las anotaba en cualquier papel. Y él llamaba a
alguien y le miraban esa matrícula. Hacían eso, pero no solo en
2008, en 2007, pero más intensamente desde que noto ese despliegue
de infraestructura, desde que está Granados. Tiene carta blanca, lo
noto en casa. Hay motos y coches. Un poder distinto al que había
antes".
"¿Dónde estáis? ¡Joder, ya
lo habéis vuelto a perder! Volved a no sé dónde...", repetía Gamón.
"Les echaba la bronca y le daban el parte de lo que estaban
haciendo, y luego hablaba con Castaño: 'Estos lo han vuelto a
perder".
Antes de esos hechos,
cuando el consejero de Interior era aún Alfredo Prada, Gamón pidió a
su mujer una cámara oculta, según cuenta esta. "Le dije que en
Telemadrid no teníamos, que yo supiera, pero luego por mediación de
una amiga que tenía relación con otra televisión la conseguí. Gamón
escogió una que era como un bolso en bandolera, y les expliqué a él
y a Miguel Castaño su manejo. Luego me pidió una cámara de fotos que
necesitaba para trabajar".
(www.elpais.com,
21/06/10)
8. ESPIONAJE DEL PP EN LA
COMUNIDAD. PESQUISAS SOBRE CORRUPTELAS EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID
Yolanda Laviana también
recuerda investigaciones sobre el Ayuntamiento de Madrid, ajenas
supuestamente al cometido oficial de Sergio Gamón: "Les escuché a
fines de 2007. Ya había formado el grupo que quería [tres ex
policías y tres ex guardias civiles], que hablaban mucho de locales
y concejales del Ayuntamiento de Madrid, y de tratos de favor con
licencias.
Al poco tiempo salió en las
noticias la Operación Guateque [actuación judicial que destapó en
noviembre de 2007 tratos de favor por funcionarios de la
Administración municipal en la concesión de licencias de locales de
ocio]. Gamón estaba muy orgulloso. Decía que era un trabajo suyo y
que todo el mundo estaba muy contento con la labor que había hecho
su grupo en Guateque. Le felicitaban. Hablaba de ese asunto con
González, alguna vez con Alejandro Halffter y con Francisco
Granados, y con Miguel Castaño continuamente".
Gamón tenía topos en las
Fuerzas de Seguridad. "Le dijo a Ignacio González que un guardia
civil retirado estaba haciendo una labor muy importante para él, y
que su hijo era fisioterapeuta y tenía que colocarlo en la Comunidad
de Madrid, porque si no no seguiría ayudando. Esta conversación
justo se produjo durante la Operación Guateque".
Juan José Lucas, ex
ministro de José María Aznar y ex presidente del Senado y de
Castilla y León, también fue objeto de control por Gamón. "En un
momento dado me dice que han averiguado que hay mensajes que están
recibiendo la mujer de González o el propio González, que proceden
de una tarjeta de un móvil que está comprada con una tarjeta de
crédito que corresponde a Lucas [hoy cree que era una mentira para
forzar su ayuda]. Yo, tras dejar [Esperanza] Aguirre el Senado, me
quedé un año trabajando con Lucas como presidente, tengo una buena
relación con él y con su gabinete. Gamón lo sabía y empezó a
interrogarme sobre lo qué opinaba Lucas de Aguirre y de González, y
qué relación había con la Comunidad cuando yo estaba allí; le dije
que no vi nada raro. Me preguntó si recordaba algún teléfono del
personal del gabinete de Lucas. Le dije que yo no tenía nada. Pero
como sabía que tenía amistad con Teresa Boquerín, que había sido mi
jefa de gabinete con Lucas, me pidió que quedara a comer con ella
para ver si podía lograr alguna información sobre si existía alguna
animadversión hacía Aguirre".
(www.elpais.com,
21/06/10)
9. ESPIONAJE DEL PP EN LA
COMUNIDAD. EL IMPUTADO POR ESPIONAJE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CONTROLABA A PRADA PARA GONZÁLEZ Y TUVO "CARTA BLANCA" DE GRANADOS
Yolanda Laviana es la ex
mujer de Sergio Gamón, director del área de Seguridad de la
Comunidad de Madrid e imputado por espionaje al ex vicepresidente
regional Alfredo Prada y al vicealcalde madrileño, Manuel Cobo.
Asegura que su ex marido le advirtió: "Atrévete a contarlo y verás
lo que te pasa". Pero ha relatado a El País algunos de los
pormenores del escándalo de espionaje entre miembros del PP y
advierte de que está dispuesta a ratificarlo ante el juez.
Laviana tiene sus propias
vinculaciones con el PP al margen de su ex marido, pues no obstante
ha sido secretaria de Juan José Lucas y de Esperanza Aguirre en la
etapa en que estuvieron al frente del Senado y ahora lo es del
presidente de Telemadrid, Manuel Soriano. De hecho testificó a favor
de Soriano por una acusación de acoso sexual que fue archivada.
Sin embargo, ahora las
palabras de Laviana comprometen seriamente a varios miembros del PP
de Madrid. En un testimonio en presencia de su abogado, explica que
su ex marido Gamón "empezó a investigar a Prada [ex vicepresidente
segundo y consejero de Justicia e Interior de la CAM y ahora en el
equipo de Rajoy] casi desde su nombramiento, en 2006". "Ignacio
González [vicepresidente de la Comunidad y mano derecha de Aguirre]
recibía anónimos, y como había enfrentamiento entre González y
Prada... desde el principio empezó a investigar a Prada", insiste.
González también era según
este testimonio el principal interlocutor de Gamón a la hora de dar
cuenta de los seguimientos: "Ignacio González era con quien hablaba
mi ex marido de sus averiguaciones sobre Prada. Y le decía que [él y
su grupo] tenían que cambiar de tarjeta [de móvil] cada 15 días, que
necesitaban un segundo teléfono porque podían escuchar sus
conversaciones. También le decía que tenía que infiltrarlo en el PP
para conseguir más información".
En 2008 Prada es sustituido
al frente de Justicia e Interior por Francisco Granados, lo que fue
muy bien recibido por Gamón, según su ex mujer: "Cuando lo nombraron
me dijo que para él era tener carta blanca. Que no iba a tener
ningún problema con Granados. No iba a ser ningún impedimento para
su trabajo". Se permitió además exigir ampliar el equipo de
seguimientos para que lo integraran hasta tres ex policías y tres ex
guardias: "Le dijo a Granados: ya le podéis explicar a la jefa
[Aguirre] que este trabajo no lo hago si no es con los hombres de mi
confianza. Y si no, dimito".
Ante estas informaciones,
Esperanza Aguirre ha insistido en TVE que "Ignacio González no
ordenó espiar a Alfredo Prada". Ha insinuado asimismo que la
separación ha podido influir en las declaraciones de Laviana: "En
los divorcios se dicen cosas". La presidenta regional ha apuntado en
cualquier caso que los divorcios sirven para destapar ciertas
informaciones como "el caso Juan Guerra".
(www.elplural.com,
21/06/10)
10. ESPIONAJE DEL PP EN LA
COMUNIDAD. AGUIRRE: "IGNACIO GONZÁLEZ NO ORDENÓ ESPIAR A ALFREDO
PRADA"
La presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha vuelto a desligar a su
vicepresidente del caso de los espionajes políticos en el seno del
Gobierno regional y del Ayuntamiento: "Ignacio González no ordenó
los seguimientos a Alfredo Prada".
La presidenta regional ha
respondido así a la información que publica hoy EL PAÍS en la que la
ex mujer del supuesto jefe de los espías, Sergio Gamón, asegura que
los espionajes comenzaron en 2006 y que el destinatario de los
informes era el vicepresidente González.
Además, Aguirre ha
insinuado que el proceso de divorcio en el que Gamón y su ex
compañera, Yolanda Laviana, están inmersos podría invalidar el
testimonio de la mujer: "En los divorcios se dicen cosas", ha
asegurado en una entrevista en TVE. Sin embargo, la propia
presidenta madrileña ha recordado otros casos en los que una
separación sirvió para que vieran la luz informaciones importantes,
como por ejemplo en "el caso Juan Guerra".
Por otro lado, uno de los
agentes responsables de los seguimientos y quien supuestamente
anotaba información adicional a mano en los partes que redactaban
los espías, José Manuel Pinto, declara hoy ante la juez de Madrid
que lleva el caso en calidad de imputado con la autoría de dichos
partes como punto fuerte de su comparecencia
(www.elpais.com,
21/06/10)
11. ESPIONAJE DEL PP EN LA
COMUNIDAD. GAMÓN ESPIÓ A LA SECRETARIA QUE DENUNCIÓ AL JEFE DE
TELEMADRID, SEGÚN LAVIANA
El 9 de junio de 2005,
Noelia del Val, secretaria del director de Telemadrid, Manuel
Soriano, le denuncia por acoso sexual. Dos investigaciones se ponen
en marcha. Una es transparente y legal, la dirigen un juez y un
fiscal que da la razón a la querellante. La otra, clandestina e
ilegal, la dirige un inspector de policía, Sergio Gamón, que no está
al servicio del juzgado, sino del Gobierno de Aguirre, aunque
entonces ejerce de jefe de la escolta de la vicepresidenta primera
del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
Su ex esposa, Yolanda
Laviana, no solo confirma su intervención en tales pesquisas
ilegales -"hay que acercarse a ella y a su entorno y grabarle, le
decía mi marido a Ignacio González"-, sino que asegura que Aguirre
le nombró director general de seguridad por los servicios prestados
en aquel escándalo. La denuncia fue archivada por la Audiencia
Provincial. Laviana, que fue despedida como secretaria de Soriano,
hoy presidente de Telemadrid, por sus acusaciones en este diario
contra Gamón, está dispuesta a testificar en el juzgado sobre el
espionaje, y el PSOE ha solicitado ya su interrogatorio.
Laviana explica así el
nombramiento de Gamón como director general de seguridad de la
Comunidad de Madrid en mayo de 2006. "Hoy creo que le fichó por el
tema de Noelia del Val [secretaria que denunció por acoso sexual a
Manuel Soriano, entonces director de Telemadrid].
Pensé que era un compromiso
que ella tenía para recuperarlo como hombre de confianza. Hoy creo
que en el momento que se hizo fue porque lo necesitaba conmigo para
el tema de apoyo que necesitaba Soriano de investigación". Laviana
fue precisamente testigo ante el juez del caso, y apoyó durante su
interrogatorio la tesis de Soriano de que nunca sometió a acoso
sexual a Noelia del Val.
"Hoy diría lo mismo que
dije entonces. Que no hubo acoso sexual". Asegura Laviana que
siempre vio que entre ambos hubo una relación muy cordial, nunca
tensa, ni de acoso. Pero tal convicción suya no excluye la brutal
maniobra que presenció en primera persona del aparato de Aguirre en
contra de la denunciante del director de Telemadrid.
¿Cuál fue el papel jugado
por Gamón en ese escándalo? "Sé que a él lo llamaron para pedirle
información de cómo estaba yo y cómo veía yo el tema, y él me
acompañó en una cita que tuve con un ex policía, que decía que
estaba investigando para ayudar en el tema de Noelia del Val, para
ayudar a Soriano entiendo, y requerían de mí información sobre su
vida personal y profesional. Yo de la vida personal de Noelia sólo
le contaba detalles al juez, pero es cierto que a mi marido cuando
me interrogaba, yo le contestaba. Yo, sobre la vida privada de
Noelia, sólo le hablaba a él y al juez".
¿Qué datos exigía Gamón?
"Quería saber de su relación con M.F., un directivo de Telemadrid,
la relación de desequilibrio o tormentosa con su pareja, un
camionero, y cómo ella decía que había sufrido violencia de una de
sus parejas". Laviana corrobora que Del Val fue espiada por el
equipo que lideraba Gamón. "De Noelia llegó a saberse todo.
Desconozco si es legal o no, o si es lo normal cuando se recopila
información sobre quien denuncia. Pero lo sabían todo". ¿Qué es
todo? "Pues cuántas veces había ido a hospitales, o si había partes
médicos. Una vez escuché que le indicaba a Ignacio González que
deberían pegarse a ella gente joven en discotecas o con su entorno,
hacerlo camuflados, y grabarles, y preguntar a su hermano en el
bar".
Laviana precisa aún más
detalles: "En el tema de la denuncia de acoso sexual a Manuel
Soriano, Sergio Gamón, estando con la vicepresidenta del Gobierno,
es requerido por la presidenta y Nacho González [el vicepresidente
primero] para ayudar a Soriano".
Y añade sobre la labor de
su ex marido: "Le llamaban de Sol [sede de la presidencia regional]
y se reunían con él para saber de mí y conocer mi opinión sobre el
tema y valorar la situación, pero jamás hablaron conmigo de ello,
era mi marido el encargado de interrogarme y de solicitarme
información sobre Soriano, Noelia y la situación en Telemadrid. Hoy
con todos los datos que tengo creo que hábilmente me utilizaron para
tener información. Es en esas fechas y en esta ocasión cuando le
ofrecen a Gamón lo que realmente quiere, ser director general de
seguridad, y él sabe que cuenta con el beneplácito de Ignacio
González y con las reservas de Alfredo Prada [entonces consejero de
Interior y su teórico jefe}, pues le era impuesto. Por lo tanto, y
desde el principio Sergio trabajaba a las órdenes de Nacho González
y para Nacho González, aunque su jefe inmediato fuera Prada, Sergio
sabía que era impuesto y estaba encantado con esta situación. esto
le endiosaba".
Laviana da más datos de los
movimientos de la ofensiva contra Noelia del Val: "El subdirector
[de Telemadrid] Vizcaíno me pide que me reúna con un policía
retirado que trabaja para el PP y que va a ayudar recabando
información sobre el tema de Noelia. Me reuno en una cafetería de
Pozuelo, en Kinépolis, y me pide que lleve o escriba todo lo que
recuerde de ella personal o profesionalmente, que estuviera
tranquila, que era un policía retirado que trabajaba para el PP y
estaba en el Canal de Isabel II.
Cuando nos volvemos a ver,
Sergio viene conmigo, porque él ya ha hablado con la presidenta y me
acompaña, pero yo no le doy a esta persona ninguna información sobre
la vida personal de Noelia, nada más la comento con Sergio y luego
con el juez. A este señor lo vuelvo a ver en el único acto al que
acompaño a Sergio en tres años, su toma de posesión".
"Durante ese tiempo", añade
Laviana, "vi cómo hablaban sobre todos los pormenores de la vida de
Noelia y de sus amigos. En los interrogatorios que me hacía Sergio
(eran eso más que conversaciones) contaba algunas de las
confidencias que Noelia hacía a su entorno de trabajo, como que se
casaba a fines de año con M.F.".
Habla Noelia del Val
El testimonio que brinda
Laviana, y que obra en poder de su abogado, coincide con la
percepción que tuvo entonces Noelia del Val, la secretaria que
denunció por acoso a Manuel Soriano: "Que fui espiada, es verdad,
que fui seguida, es verdad. Me siguieron cuatro sujetos. Uno de
ellos era alto y calvo. Una vez me encaré con uno. Le dije que me
dejara de seguir. Y se dio la vuelta. No puedo decir quiénes eran,
pero tengo mis sospechas, que me reservo. Usaban dos coches, uno
rojo y otro negro. Vigilaban mis citas con mi abogada y con mi
psicóloga. Mi teléfono de casa estuvo pinchado. Había interferencias
cuando hablaba y me robaron el móvil de mi despacho en Telemadrid
cuando lo tenía en mi bolso. Y se inventaron que había sufrido malos
tratos de mi ex pareja".
(www.elpais.com,
24/06/10)
12. ESPIONAJE DEL PP EN LA
COMUNIDAD. AGUIRRE SE DESHACE DEL 'JEFE DE LOS ESPÍAS' Y DE SU EX
MUJER
El escándalo del espionaje
en la Comunidad de Madrid estalló con gran virulencia con la
dimisión del director general de Seguridad Ciudadana, Sergio Gamón,
y el despido fulminante de su ex esposa Yolanda Laviana, hasta
secretaria del presidente de Telemadrid, Manuel Soriano.
Gamón, que presentó su
renuncia al consejero de Justicia e Interior, Francisco Granados,
está imputado por malversación de fondos en la supuesta trama de
espionaje del Gobierno regional al ex consejero de Justicia Alfredo
Prada y al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.
Su ex mujer, Yolanda
Laviana, afirmó en una entrevista en El País que Gamón investigaba
desde 2006 a Prada y que iba transmitiendo todos sus movimientos a
Ignacio González, vicepresidente autonómico. También contó que
cuando Granados pasó a ser su jefe directo, Gamón se alegró de la
designación porque, de ese modo, iba tener "carta blanca" para
actuar.
La renuncia de Gamón, según
mantienen fuentes del Ejecutivo autonómico se debe "a motivos
personales". Tras conocer las declaraciones de Laviana, Esperanza
Aguirre dijo que pensaba pedir todas las explicaciones "necesarias"
para comprobar si lo que decía era verdad, y señaló que era
importante enmarcar estas palabras en un divorcio "muy difícil". La
presidenta madrileña aceptará hoy en el Consejo de Gobierno el cese
de Gamón.
Los que le rodean aseguran
que este estaba dispuesto a soportar "la presión profesional" pero
que le parecía desmedido que se trasladase hasta el terreno
personal. "Le parece tremendo que los temas privados salten a los
medios", señalaban desde la Comunidad.
Las alusiones de Aguirre a
la separación de la pareja han causado estupefacción y dolor en la
que llegó a ser su secretaria como presidenta del Senado, cargo que
tambiéndesempeñó para Juan José Lucas, otro peso pesado del PP.
Fuentes próximas a Laviana explicaron que estaba destrozada por el
cese, que recurrirá, específicamente por las alusiones públicas a su
divorcio.
En torno al mediodía, el
subdirector general de Telemadrid, Ángel Martín, se personó en su
despacho acompañado por el jefe de Recursos Humanos.
Fuentes conocedoras de la
conversación explican que ambos estuvieron al menos media hora
charlando de asuntos sin trascendencia. Hasta que le espetaron: "Ser
secretaria del presidente [de Telemadrid] es incompatible con hacer
declaraciones públicas a un periódico como El País".
Luego le emplazaron a
recoger sus cosas y marcharse. El Comité de Empresa reconoció que se
había enterado por los medios de comunicación y que no tenían ningún
tipo de "comunicación con ella".
"Es un cargo discreto y de
confianza. Lógicamente, tras su entrevista, había dejado de serlo",
señalan fuentes del PP de Madrid. En el partido todos dan por hecho
que Aguirre está detrás de las dos salidas. Algunos dirigentes
conservadores destacan que la situación era ya "insostenible" y que,
con ello, ha querido evitar más problemas. Algunos recuerdan que con
el caso Gürtel echó a varios imputados. Pero, lo cierto es que este
es el primer cese del caso de los espías, donde hay varios imputados
más.
Para Gamón fue un día
negro. El jefe de Seguridad se había presentado a los exámenes para
ser inspector jefe en julio del año pasado. se conocieron las notas.
Fuentes policiales cuentan que había suspedido, informa Pedro
Águeda.
Las reacciones no se
hicieron esperar. La portavoz socialista en la Asamblea, Maru
Menéndez, afirmó que todo lo ocurrido "demuestra que hubo espionaje
político" y que Aguirre "debe asumir sus responsabilidades
políticas", en vez de reducirlo a un "lío familiar".
"El despido de la señora
Laviana tras testificar públicamente que hubo espionaje pone de
manifiesto el absoluto control de Telemadrid por parte de la
presidenta y la dimisión presentada por Gamón significa un sálvese
quien pueda en un asunto en el que Aguirre tendría que haber tomado
decisiones hace mucho", denunció en un comunicado el PSOE.
Menéndez insistió en que el
espionaje político se ha realizado con cargo a fondos públicos y que
ha sido llevado a cabo por trabajadores públicos de la Comunidad de
Madrid. El PSOE quiere que Laviana comparezca como testigo en la
causa.
El portavoz de IU en la
Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, también criticó que la
presidenta madrileña quisiera presentar como "un culebrón
venezolano" y vender como "un problema de pareja", cuando lo que hay
es un "problema de fondo en el PP".
Gordo señaló que Aguirre
había vuelto a actuar "como otras veces", al igual que con la salida
del consejero de Sanidad, Juan José Güemes: un "cese inmediato" y
ahora a Gamón le queda el "papelón" de decir que lo ha querido él.
CRONOLOGÍA DEL CASO
Cesado en julio de 2008
El ex policía Sergio Gamón
fue cesado como director general de Seguridad de la Comunidad de
Madrid tres semanas después de que supuestamente sustrajera un
ordenador del despacho de Juan Carlos Fernández, número dos del ex
consejero de la Comunidad Alfredo Prada, a quien Aguirre había
pagado con su cese por el apoyo brindado a Mariano Rajoy tras su
segunda derrota electoral.
Se revela el espionaje
En enero de 2009, ‘El País'
publica que antiguos miembros de Policía y Guardia Civil,
contratados en la Consejería de Interior de Francisco Granados,
realizan labores de espionaje para su jefe. El consejero lo niega,
pero informaciones posteriores detallan seguimientos a Prada y al
número dos del Ayuntamiento, Manuel Cobo, durante la tormenta
interna que vivió el PP tras las generales.
El PP ignora la trama
La mayoría del PP en la
Asamblea de Madrid permite cerrar la comisión de investigación
abierta en su momento exculpando al Gobierno de Madrid. Rajoy había
ordenado una investigación interna que se cerró en poco tiempo y no
ofreció ningún resultado. A pesar de ello, el caso acaba en un
juzgado de Madrid.
Cuatro imputados
El juez imputa en julio de
2009 a tres ex guardias civiles y al propio Gamón, que ejercía como
su jefe. Este había sido recolocado por Aguirre en un puesto sin
atribuciones por el que cobraba 90.000 euros anuales.
(www.publico.es,
24/06/10)
13. ESPIONAJE DEL PP EN LA
COMUNIDAD. UN TESTIMONIO CLAVE QUE APUNTA AL CORAZÓN DEL GOBIERNO
REGIONAL
Yolanda Laviana lleva 11
años como secretaria de confianza de altos cargos del PP. Primero
estuvo con Esperanza Aguirre, que no solo la colocó en el despacho
de la Presidencia del Senado en 1999 sino que nombró a su marido,
Sergio Gamón, director general de Seguridad de la Comunidad de
Madrid en 2006 e hizo a su hija concejal del PP en Fuenlabrada.
Aguirre siguió
protegiéndola mucho después. En 2005, Laviana pasó a Telemadrid como
secretaria del director general, Manuel Soriano, ex jefe de prensa
de Aguirre. Hasta , Laviana continuaba como secretaria de Soriano,
pero ya en la presidencia de Telemadrid.
Aguirre siempre ha
respetado a Yolanda Laviana y ha confiado en ella. Hasta el punto de
que su testimonio resultó clave en el proceso judicial abierto a
Soriano por supuesto acoso sexual a una secretaria. Laviana, que
trabajaba junto a la denunciante, declaró a favor de Soriano. Y
Aguirre reconoció el valor de ese testimonio y pidió expresamente
que se cuidara a la familia Laviana / Gamón.
Pero ahora, cuando otro
testimonio de Laviana, en pleno proceso de divorcio con Gamón, ha
puesto bajo sospecha a su vicepresidente Ignacio González, e
indirectamente a ella misma, Aguirre ha optado por despedir de
Telemadrid a la mujer en la que tanto confiaba. Un despido
improcedente, según el documento que facilitaron a Laviana para
ponerla de patitas en la calle.
Laviana ha declarado a EL
PAÍS que su ex marido espió al que entonces era vicepresidente
regional, Alfredo Prada, e informó de todo a Ignacio González,
supuesto jefe de la trama de espionaje. Laviana salva a Granados, el
consejero de Interior bajo cuyo mandato se produjeron los espionajes
conocidos a Prada y Cobo. Aunque no del todo, pues lo considera el
instrumento útil, el cómplice necesario de su marido que le dejó
hacer sin preguntarle nada. Las respuestas había que dárselas a
González.
Gamón, por otra parte,
debía su puesto a una sola persona: Esperanza Aguirre. La
investigación determinará si espiaba para ella.
(www.elpais.com,
24/06/10)
14. IGNACIO GONZÁLEZ QUIERE
CONVERTIR A SU MANO DERECHA EN EL NUEVO ALBONDIGUILLA
El Partido Popular tiene
por delante un difícil reto: conseguir recuperar la confianza en
Boadilla del Monte, la localidad madrileña epicentro del caso
Gürtel, y evitar que se les escape de las manos el suculento pastel
que representa uno de los municipios más ricos de España. Según han
confirmado a El Plural fuentes del PP, en los cuarteles de Esperanza
Aguirre no han perdido el tiempo y ya han seleccionado al nuevo
Albondiguilla, es decir, quién aspirará a ser el nuevo alcalde de
Boadilla: Borja Sarasola, el niño mimado de Ignacio González y yerno
de Pedro Antonio Martín Marín, ex secretario de Estado de
Comunicación con José María Aznar.
Borja Sarasola es uno de
los máximos exponentes de esa gran familia en que se ha convertido
la Comunidad de Madrid desde que Esperanza Aguirre tomase las
riendas. Hijos, cónyuges, primos, sobrinos, yernos y suegros de han
sabido aprovechar sus lazos familiares para prosperar en el partido.
En el PP de Madrid no están
dispuestos a perder la alcaldía de Boadilla del Monte, el municipio
donde saltó por los aires el caso Gürtel, la mayor trama de
corrupción de la democracia. Sin embargo, los populares son
conscientes del desprestigio de su partido después de la actuación
del ex alcalde, Arturo González Panero, alias El Albondiguilla, y
las acusaciones vertidas por éste sobre su sustituto, Juan Siguero.
Por ello, en el PP de
Madrid ya se han remangado y se disponen hacer una purga total en la
formación local para que, en la próxima legislatura, no quede ningún
fleco relacionado con la Gürtel. Pero, sobre todo, el principal
objetivo es mantener el control de uno de los municipios más ricos
de España. Para ello, según ha podido saber El Plural por fuentes
del PP de Madrid, Ignacio González, vicepresidente del Gobierno de
Aguirre, ha impuesto a su mano derecha, Borja Sarasola, como futuro
candidato a la alcaldía.
Borja Sarasola es el
secretario Territorial del PP de Madrid, lo que le convierte, pese a
su juventud (34 años), en el número cuatro de la formación. Pero su
currículo no acaba ahí: es secretario general técnico de la
Vicepresidencia que encabeza su padrino político, Ignacio González,
de quien también fue jefe de Gabinete. Además, ocupó la
Vicesecretaría nacional de Organización de Nuevas Generaciones y en
2007 se convirtió en el diputado más joven de la Asamblea de Madrid.
Un excelente historial que,
sin embargo, está marcado por sus vínculos familiares. No en vano,
Sarasola es otro yernísimo, como Alejandro Agag o Juan José Güemes.
El popular está casado con Pilar Martín, empleada del Canal de
Isabel II que preside (una vez más) Ignacio González. ¿Y quién es el
padre de Pilar? Pues el polémico Pedro Antonio Martín Marín, quien
fuera secretario de Estado de Comunicación con José María Aznar, en
sustitución del Miguel Ángel Rodríguez, ex presidente del Consejo
Superior de Deportes y ex directivo del Real Madrid.
Quizás, esta parte del
pasado de Martín Marín no diga nada a nadie. No en vano, este
aznarista convencido ha quedado más señalado por otras situaciones.
Al estallar el caso Gürtel, las únicas imágenes de los cabecillas de
las que dispusieron los periodistas fueron las de Francisco Correa y
Álvaro Pérez en la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar. Y,
casualmente, desde aquel momento, Martín Marín quedó para siempre
retratado, camino del altar, junto a El Bigotes.
Pero el enlace con más
imputados por metro cuadrado no es el único sarao en el que se ha
visto inmerso Martín Marín. El suegrísimo acompañó a Ignacio
González en el misterioso y carísimo viaje a Sudáfrica en marzo de
2008 en el que ambos fueron espiados. Este viaje tuvo lugar sólo un
par de meses antes de aquel otro paseo por Colombia, donde Ignacio
González acompañaba a unos señores que se olvidaban unas enormes
bolsas blancas en un hotel.
Según los informes
resultantes de aquellos espionajes, los billetes a Sudáfrica los
pagó Enrique Sánchez, aunque González asegura que lo pagó él en
metálico "porque me venía bien". Sánchez es un empresario al que el
Canal de Isabel II adjudicó en 2005 un contrato de 33 millones de
euros para labores de seguridad. El mismo canal que preside
González… El mismo canal donde trabaja la esposa de Sarasosa… Al
final, todo queda en familia.
En cambio, fuentes de la
Comunidad de Madrid se han puesto en contacto con este periódico
para señalar que es "rotundamente falso" que se esté barajando el
nombre de Borja Sarasola como candidato a la alcaldía de Boadilla
del Monte. "No está censado en Boadilla", aseguran desde el Gobierno
de Aguirre, y su sitio está en Madrid, donde cada vez "despunta"
más.
(www.elplural.com,
25/06/10)
15. LA NUEVA SEDE DE LA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE CARECE DE LICENCIA
El que tutela el urbanismo
regional no tiene licencia. A veces estas cosas ocurren. Los
responsables regionales culpan a la empresa que les arrienda su sede
y han manifestado su enfado con su gestión, pero eso no les exime de
su cumplimiento. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio lleva unas semanas de mudanza. Traslada sus oficinas a
una nueva sede en un emblemático edificio situado en el número 16 de
la calle de Alcalá. Lo hace, dice, para ahorrar porque el alquiler
es más barato (3,6 millones al año). Decenas de trabajadores ya
están instalados allí desde hace semanas. Pero el edificio carece de
licencia de actividad. Un supuesto error de la empresa arrendataria,
GMP, ha cogido por sorpresa a los responsables de la consejería.
Un portavoz regional
explica que presentaron la solicitud de licencia de implantación de
actividad. Este documento les otorgaba el permiso de forma
provisional. Pero GMP retrasó la tramitación de otra de las
licencias necesarias, la de funcionamiento. Lo que paraliza todo el
trámite. Ahora la Dirección General de Urbanismo del Ayuntamiento de
Madrid no puede otorgar el permiso para el comienzo de la actividad.
Antes, los técnicos municipales tienen que verificar el expediente y
comprobar que las obras de reforma que se realizaron en el edificio
se ajustaron al proyecto. De todas formas, hasta el pasado lunes,
tras una pregunta parlamentaria sobre el asunto, la Comunidad de
Madrid no presentó la solicitud de licencia. El pequeño detalle
burocrático ha provocado que durante semanas el edificio carezca de
la correspondiente licencia.
El traslado comenzó a
mediados de abril y los responsables de la consejería se sirvieron
de la licencia de actividad del inquilino anterior, el BBVA, para
justificar el inicio de sus actividades. Pero al acometer obras de
reforma ese permiso quedó invalidado.
El traslado a la calle de
Alcalá pretende ahorrar costes y agilizar trámites unificando en un
solo espacio las tres sedes que tenía la consejería. El área de
Medio Ambiente estaba situado en la calle de la Princesa, las
dependencias de Ordenación del Territorio están en la calle de
Maudes y la sede institucional, donde la consejera tenía su
despacho, en la calle de Jorge Juan. Ahora, la mayoría de los
funcionarios de la consejería se trasladará a trabajar a la calle de
Alcalá.
El pasado lunes, el
secretario general técnico de la consejería, Alfonso Moreno, subrayó
en una comisión parlamentaria que el nuevo edificio contaba con la
correspondiente licencia de obras, necesaria para acondicionar el
inmueble. Moreno precisó que ya habían presentado "toda la
información sobre la nueva actividad que se está tramitando de
acuerdo a la normativa". Acaba de hacerlo, pero no era suficiente
para que todo estuviera en regla.
En realidad, según revelan
fuentes del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, la empresa
arrendataria solicitó en abril la licencia de obras y actividad para
el inmueble situado en la calle de Alcalá, 16. Hace dos semanas GMP
pidió el permiso de funcionamiento que aún no ha obtenido. El
secretario general técnico de la Consejería de Medio Ambiente
explicó que el traslado supondrá un ahorro de 1,6 millones de euros
al año en alquileres. Además, añadió que el nuevo inmueble tiene
espacio para acoger a 1.132 trabajadores, aunque de momento solo se
trasladarán allí 816 funcionarios.
(www.elpais.com,
19/06/10)
16. AGUIRRE FACILITARÁ
ABONOS TURÍSTICOS, PLAZAS EN ALBERGUES Y COLEGIOS MAYORES PARA LAS
JORNADAS MUNDIALES DE LA JUVENTUD
La presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el cardenal arzobispo de
Madrid, Antonio María Rouco Varela, han firmado hoy un convenio de
colaboración para celebrar las Jornadas Mundiales de la Juventud
(JMJ) durante la tercera semana de agosto de 2011, en virtud del
cual el Gobierno regional se compromete, entre otras cuestiones, a
facilitar la movilidad al más de un millón de peregrinos que pasarán
por la capital con "los abonos turísticos que se determinen" así
como con plazas en "albergues, instituciones y colegios mayores".
Aguirre ha asegurado a
Rouco Varela que si ella sigue siendo presidenta autonómica el
verano que viene, para lo que debería ganar las elecciones de mayo,
aportaría su colaboración para que las Jornadas Mundiales de la
Juventud de Madrid sean "las mejor organizadas de la historia". "Mi
cargo es contingente, en caso de no estar yo (el convenio) servirá
para comprometer a la Comunidad (en la organización de las
jornadas), cualquiera que sea el presidente que me suceda", ha
subrayado.
Ante los consejeros de
Presidencia, Justicia e Interior, y Transportes e Infraestucturas,
Francisco Granados y José Ignacio Echeverría, respectivamente,
Aguirre y el arzobispo de Madrid sellaron el convenio para, en
palabras de Rouco Varela, "acoger el acontecimiento juvenil más
importante que se pueda organizar" convirtiendo a Madrid en "la
capital del mundo joven". Para Aguirre, las jornadas permitirán que
Madrid sea el "centro de interés de la cristiandad".
Por su parte, la presidenta
autonómica ha asegurado que los peregrinos contarán con todos los
servicios de la región, independientemente de que los actos se
celebren en pleno mes de agosto, al tiempo que la Comunidad formará
a los voluntarios en materias como primeros auxilios, manipulación
de alimentos y radiotransmisiones. A eso hay que sumar la adaptación
que la Comunidad promoverá en los centros culturales para que en
ellos se organicen actividades con la idea de dar a conocer parte de
la cultura española entre los peregrinos.
Se espera que más de un
millón de peregrinos pasen por Madrid para participar en estas
jornadas, en las que estará presente el Papa Benedicto XVI, aunque
en las cifras no consiguieron ponerse de acuerdo los dos firmantes
del acuerdo. Por un lado, Aguirre cifró la participación en un
millón de personas mientras que Rouco Varela habló hasta de dos
millones de peregrinos.
Con la de Madrid será la
segunda vez que España acogerá unas Jornadas Mundiales de la
Juventud, promovidas en los años 80 por el Papa Juan Pablo II. La
primera vez que pasó por la Península lo hizo en Santiago de
Compostela, en 1989. Desde entonces, y en palabras del arzobispo, se
han convertido "en un acontecimiento mundial para la Iglesia
católica y para la opinión pública de todo el mundo".
(www.cadenaser.com,
22/06/10)
17. AYUNTAMIENTO DE MADRID.
LA JUSTICIA TUMBA EL 'MINI-VATICANO'
La asociación de vecinos ha
ganado en los tribunales a tres gigantes: el Ayuntamiento, el
Arzobispado y la Comunidad. Por el momento no habrá un mini-Vaticano
en los terrenos adyacentes a la iglesia de San Francisco el Grande y
flanqueados por Las Vistillas: la vista que inmortalizó Goya en La
pradera de San Isidro; la cornisa de la ciudad hacia el río
Manzanares.
El Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado ilegal el acuerdo entre el
Consistorio y la Iglesia que iba a permitir a esta construir más de
20.000 metros cuadrados de nueva planta en La Cornisa. Los
magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo entienden que las autoridades no han
respetado la legislación de patrimonio histórico en una zona que
tiene una especial protección. La decisión es recurrible ante el
Tribunal Supremo.
El argumento fundamental de
la sentencia es que la zona está integrada dentro del Conjunto
Histórico Recinto de la Villa de Madrid. La transformación de uno de
sus elementos, en este caso los terrenos de La Cornisa-Las
Vistillas, afecta a la estructura urbana del centro histórico de
Madrid y no puede llevarse a cabo siguiendo exclusivamente criterios
urbanísticos. El Plan General de Ordenación Urbana -modificado al
efecto- debería haber cumplido las exigencias de la legislación de
patrimonio histórico -tanto la estatal como la de la Comunidad de
Madrid-, exigencias que, a juicio del tribunal, no se han cumplido.
El pacto que ofreció la
Iglesia era este: la diócesis que dirige el cardenal Rouco
devolvería al Ayuntamiento unos terrenos cedidos por el alcalde
Álvarez del Manzano a cambio de poder construir en los suyos propios
una Casa de la Iglesia de cuatro plantas para oficinas con 140
metros de fachada y 14.000 metros cuadrados de superficie -con un
aparcamiento de 200 plazas-; una residencia de sacerdotes de tres
plantas y una biblioteca diocesana de 6.000 metros cuadrados. En los
terrenos cedidos al Ayuntamiento se iban a construir un
polideportivo y una escuela infantil municipales -la razón esgrimida
por el Consistorio para defender el plan-. También estaban previstos
un centro para mayores y un hogar para indigentes. El proyecto del
Arzobispado suponía que la ciudad perdía 15.000 metros cuadrados de
zonas verdes.
Los vecinos estaban
exultantes. "Agradecemos el estudio minucioso que han hecho los
magistrados del caso y su capacidad para buscar una solución
conforme a derecho con independencia de los enormes intereses
creados en relación con esta modificación del planeamiento", señala
Guillermo Aguillaume, letrado de la Asociación Amigos de La
Cornisa-Las Vistillas. El pequeño ha vencido con la ley en la
mano.La batalla ha durado varios años. Por un lado estaban los
vecinos de la Asociación Amigos de La Cornisa-Las Vistillas, que
querían defender la zona y evitar las construcciones planteadas.
Enfrente, los demandados: la Comunidad, el Ayuntamiento y el
Arzobispado de Madrid. El árbitro ha sido la Sección Primera de la
Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid.
La decisión que se había
impugnado era el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid de 4 de octubre de 2007, que aprobó la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana en la zona de La Cornisa. Esta
modificación incorporaba un convenio previo entre el Consistorio y
la Iglesia en diciembre de 2005 que permitía a esta, entre otras
cosas, construir una especie de Ciudad de la Iglesia de 14.000
metros cuadrados junto a una biblioteca de 6.000, lo que fue
bautizado por los vecinos como mini-Vaticano.
Pero la zona de La Cornisa,
el lugar en el que la Iglesia pretendía edificar (en los terrenos
alrededor del seminario), está incluido en la delimitación del
conjunto histórico Recinto de la Villa de Madrid (Muralla, Cerca de
Felipe IV y Ensanche), lo que ha llevado a la justicia a tumbar el
proyecto. El "delicado problema de fondo" del recurso ha sido, según
la sentencia, cuál es el procedimiento por el que deben llevarse a
cabo las decisiones urbanísticas que afectan a un conjunto
histórico.
Para que la modificación
del plan de ordenación urbana hubiera sido válido tendrían que
haberse estudiado primero "los elementos que conforman las
estructuras urbanas históricas y las características de la zona"
para "alcanzar, desde los presupuestos de la legislación de
patrimonio, la solución que correspondiera". En estos casos, la
potestad de diseñar el planeamiento es limitada: no se puede
construir cualquier cosa, sino que deben seguirse "las directrices
contenidas en la legislación de patrimonio". Tienen que conservarse
"con la mayor fidelidad posible la estructura urbana y
arquitectónica" del conjunto, "manteniéndose las características de
su entorno ambiental". No se hizo así: la intervención constituía
"una verdadera remodelación urbana" y no se llevó a cabo a través
del imprescindible "plan urbanístico protector". Por este motivo no
la han considerado legal los magistrados Alfredo Roldán, Francisco
Javier Canabal, José Arturo Fernández y José Félix Martín Corredera
(el ponente). Si se recurre la sentencia, tendrá que decidir el
Supremo.
El Ayuntamiento de Madrid
aún no había decidido si lo iba a hacer. Los servicios jurídicos van
a estudiar la resolución y, si consideran que pueden interponer un
recurso que sea viable, lo harán. Por su parte, un portavoz de la
Comunidad señaló que todavía no habían examinado la sentencia, pero
señalaron que, en cualquier caso, es un asunto que afecta
fundamentalmente al Ayuntamiento y al Arzobispado.
El abogado de la asociación
de vecinos, Guillermo Aguillaume, dice que confía "en que si el
Ayuntamiento quiere volver a discutir y negociar la ordenación de
este ámbito, lo haga antes con la asociación que ha defendido el
patrimonio histórico del municipio que con la entidad que lo ha
ignorado".
(www.elpais.com,
25/06/10)
18. AYUNTAMIENTO DE
ALCORCÓN. EL COLE SEGREGACIONISTA QUE ALCORCÓN NO QUIERE
Un colegio dedicado al
Papa, que separa a niños y niñas, abrirá sus puertas en una parcela
de suelo público en septiembre
El colegio concertado de
Alcorcón que separará a los niños de las niñas abrirá sus puertas el
próximo mes de septiembre, con el arranque del curso escolar. Aunque
las obras acaban de comenzar, en apenas tres meses las grúas que
ocupan hoy el solar de 26.000 metros cuadrados situado en el
Ensanche Sur serán sustituidas por aulas que ocuparán los 300
alumnos que ya se han matriculado para el próximo curso 2010-2011.
Casi un centenar de
personas, padres de los futuros alumnos en su mayoría, así como el
obispo de la Diócesis de Getafe, Monseñor Joaquín María López de
Andújar, han asistido hoy a la colocación y bendición de la primera
piedra de este colegio de ideario católico.
Este primer centro de la
Fundación Educatio Servanda contará, una vez finalicen las obras,
con 70 aulas que pretenden dar servicio a más de 1.800 alumnos,
tantos niños como niñas, que estarán separados por clases en los
niveles de Primaria y Secundaria.
Según ha explicado el
presidente de la Fundación, Juan Carlos Corbera, "está comprobado y
demostrado en las estadísticas que se rinde más académicamente en
algunos niveles cuando se atiende por separado a niños y niñas", y
de ahí la configuración elegida.
Bautizado con el nombre de
Juan Pablo II, este centro educativo concertado será el primero con
el que cuente el nuevo barrio del Ensanche Sur, formado por más de
6.000 viviendas públicas.
Sin embargo, algunos
vecinos no han visto con buenos ojos que la Comunidad de Madrid haya
adjudicado la parcela que le cedió el ayuntamiento a la fundación,
con el fin de levantar este centro concertado que segrega al
alumnado por sexos.
Asociaciones vecinales, de
mujeres, sindicatos y los partidos PSOE e IU han formado la
Plataforma de Alcorcón en Defensa de la Enseñanza Pública, impulsora
en el último año de diversas movilizaciones por la ciudad.
Mientras, el ayuntamiento
ha acudido a los juzgados, donde sigue en tramitación el recurso
contencioso-administrativo que ha interpuesto a la Comunidad de
Madrid por la concesión de este suelo a una entidad privada.
Sin sentencia aún y con el
colegio ya en marcha, desde el Consistorio ven "incomprensible" que
la Comunidad permita este tipo de centros y luego no tenga recursos
para la gestión de aquellos ya terminados con recursos municipales,
como las escuelas infantiles de Los Pinos y Pablo Neruda, asegura el
concejal de Educación, Fernando Clouté.
Desde la corporación
municipal piden a la Comunidad que construya colegios, escuelas
infantiles y un instituto en esta zona sur de la ciudad, para lo que
han cedido nuevos terrenos.
(www.publico.es
19/06/10)
19. AYUNTAMIENTO DE
BOADILLA. EL CONSISTORIO DEL PP PAGA 1,55 MILLONES MÁS A UNA EMPRESA
DEL 'CASO GÜRTEL'
El Ayuntamiento de Boadilla
del Monte (43.414 habitantes) ha pagado desde febrero fuera de
contrato 1,55 millones de euros a una de las empresas investigadas
en la trama Gürtel, cuyos responsables en Boadilla y en Majadahonda
están imputados por el presunto pago de comisiones ilegales. Se
trata de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Boadilla, conformada
por las sociedades Sufi, SA, y Aqualia (FCC), y que desde febrero de
2004 se encarga de los servicios de limpieza.
Pero desde el 3 de febrero
de este año esta sociedad presta sus servicios de "manera
excepcional", tal y como acordó la junta de gobierno de Boadilla,
presidida por su alcalde, el popular Juan Siguero. Precisamente la
policía considera que el regidor de este municipio pudo haber
cometido un delito de prevaricación por facilitar información a las
empresas de Francisco Correa. El juez instructor del caso, Antonio
Pedreira, investiga también otro acuerdo reciente del Consistorio
encabezado por Siguero con otra de las empresas relacionadas con el
caso, por el cual Boadilla pagará 7,1 millones a uno de los
testaferros del cerebro de la trama.
Desde que se extinguió el
contrato de la recogida de basuras en febrero, el Consistorio viene
pagando todos los meses 387.935,8 euros a la UTE investigada. Esto
ha provocado que la interventora municipal firmara varios informes
negativos resaltando que esta decisión del actual alcalde "no tiene
amparo contractual" y que "se han realizado gastos sin cumplir el
procedimiento de gasto".
Los servicios de limpieza
de Boadilla se adjudicaron el 4 de febrero de 2004. Este contrato
finalizaba en el mismo mes de 2010, pero el 26 de noviembre de 2009
el propio Juan Siguero decretó que el contrato no se iba a
prorrogar. Pero tal y como constata la interventora municipal, desde
la finalización del mismo la UTE ha prestado el servicio con el
respaldo de un acuerdo de la junta de gobierno local del 14 de
diciembre en el que se notificaba a la empresa "la continuidad
excepcional en la prestación del servicio hasta la adjudicación del
nuevo procedimiento de contratación".
El Ayuntamiento justificó
esta decisión porque los pliegos de la nueva contratación estaban en
fase de elaboración, y mientras se elaboraban no se podía dejar de
prestar este servicio. Desde entonces han pasado cinco meses y la
empresa sigue cobrando los casi 400.000 euros que le corresponden
por realizar los trabajos de limpieza.
Pero para la interventora
municipal este acuerdo "no constituye una prórroga formal del
contrato", por lo que insta a que el servicio de la limpieza de
Boadilla se saque a concurso lo antes posible. "Esta intervención
recomienda que la junta de gobierno y la Comisión de Hacienda
establezcan un sistema de control y seguimiento para que la
incoación de estos expedientes no se retrase mucho, teniendo en
cuenta además que en algunos casos llevan bastante tiempo en
situación irregular".
La adjudicación a esta UTE
está en el punto de mira del juez Pedreira, que ordenó registrar los
Ayuntamientos de Boadilla del Monte y de Majadahonda en busca de la
documentación de ambas operaciones. Estos expedientes ponen de
manifiesto que tan solo siete meses después de adjudicarse el
servicio por un precio anual de 2,2 millones el contrato de la
recogida de las basuras se modificó al alza, encareciéndose 617.906
euros. En marzo de 2007, tres años después, volvió a encarecerse el
servicio en 468.715,53 euros y en 2008 se elevó otra vez en
707.523,2 euros.
Estas sucesivas
ampliaciones sirvieron de base para que la interventora municipal
elaborara un informe en el que destacaba que el total de las
modificaciones suponía un aumento del coste anual de la gestión de
las basuras para el Ayuntamiento de Boadilla, pasando de 2,2
millones a 3,97 millones.
(www.elpais.com,
25/06/10)
20. AYUNTAMIENTO DE
GALAPAGAR. IMPUTADOS EL EDIL DE SEGURIDAD Y EL JEFE DE POLICÍA
El concejal de Seguridad y
Protección Civil de Galapagar (31.800 habitantes), Pedro Hernández
Ramos (PP), y el jefe de la Policía Local de este municipio, Jesús
Sánchez Gómez, tendrán que declarar en los próximos 15 días en los
juzgados de Collado Villalba. Dos mandos policiales, una sargento y
una cabo, les han denunciado por cinco delitos y la juez ha abierto
diligencias previas, ya que ha visto indicios razonables de que los
hayan podido cometer. Las dos mujeres, que se encuentran de baja y
en tratamiento psicológico por acoso laboral, les acusan de un
delito continuado de prevaricación, falsificación de certificado, un
delito continuado contra la integridad moral, amenazas y coacciones.
Según consta en la
denuncia, el concejal de Seguridad retiró de forma unilateral a la
sargento María Dolores Aznar López de su puesto de máxima
responsable del cuerpo y contrató en comisión de servicios a un
suboficial de San Sebastián de los Reyes, Jesús Sánchez Gómez.
También quitó de su puesto en la dirección a la cabo Nuria Fernández
Barquilla, que es la que tiene más antigüedad. El edil, según las
denunciantes, empezó a asignar el turno de noche y a favorecer a
determinados agentes, a los que liberó de patrullar y hacer
determinados servicios.
La sargento y la cabo le
acusan también de quitar denuncias de tráfico a sus amigos, entre
los que se encuentran personas de gran influencia dentro del
municipio y con gran poder en el partido. "El denunciante [Pedro
Hernández] comenzó a dirigirse a mí como la tía pegas.
He sufrido toda una serie
de acciones encaminadas a minar mi autoestima como profesional y a
apartarme del servicio, dado que soy una pieza molesta para el señor
concejal y no me rindo a sus ilícitos profesionales", afirma Dolores
Aznar en la denuncia. La mujer se queja de que el concejal no
despachaba con ella, desautorizaba sus órdenes directas y pagaba
cantidades desiguales a compañeros en la misma situación.
El jefe de policía tampoco
se libra de las acusaciones. Ambas mandos aseguran que ordenaba a
los policías que no hicieran inspecciones de aforo y de control de
ruido a determinados locales. De hecho, puso una nota en el tablón
de anuncios de la sede policial para que fuera leído en las
reuniones previas al servicio. También le acusan, junto al concejal,
de no tramitar expedientes a cinco bares de copas de la localidad.
Algunos de ellos están supuestamente vinculados a personas del PP.
"Una de las denuncias a un local la tramitó el jefe de policía junto
con un informe suyo en el que desautoriza a los agentes y solicita
el archivo de la denuncia, conducta del todo prevaricadora y
reprobable", recoge el escrito.
Uno de los funcionarios que
ha sido favorecido por los dos imputados, el cabo C. M. E, tan solo
fue sancionado con dos días de suspensión de empleo -lo que
corresponde a una falta leve- pese a haber cometido una falta grave
al haber perdido el arma reglamentaria, tras dejarla encima de la
taquilla. El arma todavía no ha sido recuperada.
El propio Jesús Sánchez
también ha redactado las bases para la plaza de oficial jefe y las
ha presentado en la academia de Policía, según la denuncia, pese a
que todavía no ha sido aprobada la relación de puestos de trabajo de
2010 y que esa redacción le corresponde al área de Personal. También
acusó a las denunciantes de estar detrás, junto a la administrativa
M. Y. P., de unos anónimos redactados contra él. La denuncia fue
archivada al día siguiente en el Juzgado número 1 de Collado
Villalba.
Una de las agentes también
sufre el acoso, según ambas mandos, de los responsables policiales.
Se trata de M. C. M. J., a la que un día quitaron el coche patrulla,
la obligan a hacer vigilancias en un parque sin apenas tránsito, la
critican en público, la ridiculizan y reparten el trabajo en las
reuniones sin tenerla en cuenta. "La persiguen y la controlan en
todas las intervenciones que realiza, anulando y ridiculizando sus
actuaciones", afirman las dos mandos.
Ambas denunciantes pidieron
la semana pasada la suspensión cautelar del jefe de la Policía Local
ante los graves hechos de los que se le acusa.
El Ayuntamiento no ha
querido entrar al detalle de la denuncia. Ha emitido un comunicado
en el que mantiene que hay una campaña de acoso y desprestigio. "Se
lanza una campaña de mentiras y falsas denuncias en venganza por
reorganizaciones internas que no fueron a gusto de algunos. Desde el
equipo de gobierno se lamenta esta serie de actitudes que no hacen
sino ensuciar la imagen del cuerpo de la Policía Local, al mismo
tiempo que confía en que pronto los tribunales darán la razón al
Ayuntamiento de Galapagar", concluye el comunicado.
(www.elpais.com,
24/06/10)
21. AYUNTAMIENTO DE ROBLEDO
DE CHAVELA. EL ALCALDE PEPERO INSISTE EN NEGAR EL PADRÓN A LOS
INMIGRANTES EN PARO
El alcalde de Robledo de
Chavela, Mario Anselmo de la Fuente (PP), ha decidido desafiar a la
ley y a la autoridad. En su municipio de 3.800 habitantes, donde un
14% de ellos son extranjeros, no se permite el empadronamiento a los
inmigrantes si no tienen un contrato de trabajo en vigor. Una
condición que, además de ser contraria a lo que exige la Ley de
Bases de Régimen Local (la que regula el modo en el que se debe
registrar una persona en cualquier municipio del Estado), no se
exige a los españoles que solicitan empadronarse allí.
El consejero de
Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, su responsable
político desde la Comunidad y secretario general de su partido,
asegura que ha pedido personalmente al alcalde que retire sus normas
ilegales, pero a los inmigrantes se les seguía solicitando un
contrato laboral para acceder al registro de Robledo. ¿Por qué? "No
responderemos a ninguna pregunta", contestaban desde el Consistorio.
Granados no es el único
frente en contra que tiene el alcalde. También la oposición en el
municipio ha pasado por registro una moción para debatir en el pleno
(que se celebrará en los próximos días) la retirada de estas reglas,
y la asociación de inmigrantes marroquíes mayoritaria en España,
ATIME, envió la semana pasada una denuncia al Defensor del Pueblo,
suscrita al menos por 14 afectados, solicitando su intervención ante
la actitud del regidor. A De la Fuente, que lleva 15 años al frente
del municipio, le da igual todo eso. "Solo daré explicaciones de lo
que hago en mi municipio si me lo exigen los tribunales", dijo a
este diario el pasado 7 de junio al ser cuestionado sobre este tema.
La mayoría de la
inmigración en Robledo es de origen marroquí. Algunos de ellos
aseguran que, desde 2008, se les niega el acceso al padrón si están
en paro aunque presenten su documentación en regla y un contrato de
alquiler o un título de propiedad de un piso (la única documentación
que efectivamente exige la Ley de Bases). "Como he hecho en los
cinco municipios donde me he empadronado desde que llegué a España
en 1993", se queja Mimount el Jafoufi, una marroquí que reside en
Robledo desde hace unos meses "Pero aquí siempre me dicen que no". A
ella y a sus compatriotas les preocupa que les nieguen servicios
básicos gratuitos como la enseñanza y la sanidad, para los cuales es
preceptivo estar registrado.
El Jafoufi asegura que la
última vez que lo intentó, al insistir en que no podían negarle el
empadronamiento, un policía local le dijo: "O te vas, o te cojo del
cuello y te tiro a la calle". Tampoco a esta acusación han querido
responder desde la casa consistorial.
Mohammed Azahaf,
coordinador federal del grupo árabe socialista, adelanta que piensa
asistir al pleno donde presentará la moción su partido, que solo
cuenta con tres concejales frente a los ocho del PP. Tampoco piensa
quedarse de brazos cruzados ATIME: "Es que Granados no le tiene que
pedir nada al alcalde, se lo tiene que exigir. Si no cambia la
situación, presentaremos una querella", advierte su presidente,
Kamal Rahmouni.
A De la Fuente se le agotan
las posibilidades para seguir imponiendo su ley. Todo apunta a que
al final, efectivamente, tendrá que responder ante un juez.
(www.elpais.com, 22/06/10)
