1. AGUIRRE INTENTA OCULTAR QUE EL
JUEZ INVESTIGA LAS CUENTAS DE SU PARTIDO
2. AGUIRRE MONTA
SU PROPIA POLICÍA EN PLENA CRISIS
3. OCHENTA AGENTES
PARA LA 'CONSEJERÍA DE LOS ESPÍAS'
4. AGUIRRE DEDICA
LA REUNIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL PP A CARGAR CONTRA EL PAÍS
5. AGUIRRE ANUNCIA
UN RECORTE EN SUS 'EMBAJADAS' EN EL EXTERIOR
6. AGUIRRE ELEVA
AL ALZA EL RECORTE DEL GOBIERNO Y SE QUITA DEL MEDIO A 120 LIBERADOS
SINDICALES
7. DESPILFARRO EN
MINIATURA
8. UN ESTUDIO
INTERNO AVISÓ A AGUIRRE DE QUE EL CAMPUS DE LA JUSTICIA ESTABA MAL
PLANIFICADO Y PRESUPUESTADO
9. LA ASAMBLEA
VETA LA INVESTIGACIÓN DEL CASO DE LOS ESPÍAS
10.
GRANADOS, REFERENTE DEL DESPILFARRO ESPAÑOL, SEGÚN 'THE
ECONOMIST'
11. CUANDO EL
DENUNCIANTE ES EL ACUSADO
12. "¿DEFIENDEN A
LÓPEZ VIEJO?"
13. UNA CARTA DE
AGUIRRE REGAÑA A LOS ALCALDES SOCIALISTAS DEL SUR
14. EL GOBIERNO DE
AGUIRRE CUESTIONA LA GESTIÓN EN LA COMPLUTENSE MIENTRAS LE NIEGA UNA
DEUDA DE 75 DE MILLONES
15. COMUNIDAD Y
AYUNTAMIENTO CONGELAN LAS BECAS DE COMEDOR
16. DE SANTIAGO
RATIFICA QUE EL JEFE DE LA TRAMA GÜRTEL QUISO SOBORNARLE
17. PEDREIRA
INVESTIGA EL ÚLTIMO ACUERDO DE BOADILLA CON CORREA
18. CORREA CREÓ EN
UNA INMENSA RED DE CHANTAJE Y EXTORSIÓN EN BOADILLA DEL MONTE
19. EL GOBIERNO DE
TORREJÓN (PP) SE GASTARÁ 647.999 EUROS EN TOROS
20. UN PLAN
APROBADO Y MODIFICADO
21. LOS EDILES QUE
APOYAN LA MOCIÓN EN SAN AGUSTÍN DENUNCIAN ACOSO DEL PP
22. ROBLEDO,
ACUSADO DE NEGAR EL PADRÓN A INMIGRANTES EN PARO
23. "SIN UN
CONTRATO DE TRABAJO, NOSOTROS NO EMPADRONAMOS"
1. AGUIRRE INTENTA
OCULTAR QUE EL JUEZ INVESTIGA LAS CUENTAS DE SU PARTIDO
El PP de
Madrid redobló su contraataque en el caso Gürtel al negar ahora que
el juez Antonio Pedreira esté investigando si el partido se financió
a través de la fundación Fundescam, presidida por Esperanza Aguirre
hasta finales de 2009 y cuyas campañas electorales de 2003, el año
del tamayazo, sufragó
parcialmente mediante pagos a empresas de la trama de Francisco
Correa. "Eso de que Fundescam tiene una pieza separada en el caso
Gürtel es absolutamente falso", proclamó David Pérez, portavoz del
PP en la Asamblea de Madrid.
En realidad,
el juez Pedreira sí está investigando el asunto. El instructor del
caso Gürtel se encuentra a la espera de un informe encomendado a la
Unidad de Auxilio Judicial. El encargo se produjo después de que la
policía ratificase en un informe oficial de 31 de julio de 2009 que
Special
Events endosó a Fundescam
facturas del PP por importe de 300.000 euros, tal como ya había
informado Público.
Entre 2003 y
2004, Fundescam recibió un millón en donaciones de notables
empresarios que ya entonces poseían contratos con la Comunidad de
Madrid. El jefe de la patronal CEOE, Gerardo Díaz
Ferrán, encabezaba la lista.
Fuentes jurídicas subrayaron que la tardanza en el envío del nuevo
informe encargado por Pedreira obedece a que la policía se centró
primero en las averiguaciones sobre Valencia.
Si en el
territorio de Camps la red corrupta camufló facturas endosadas a
empresarios afines al PP, en Madrid falseó aquellas libradas contra
Fundescam. En ambos casos, la maniobra logró ocultar la cifra real
de gasto en que había incurrido el PP durante las campañas
electorales. Y, como durante meses hizo el equipo de Camps, el de
Aguirre también niega ahora que el juez investigue las cuentas del
PP.
Pero los primeros
indicios ya quedaron reflejados en el informe policial de julio de
2009. Sus páginas reproducían algunos documentos informáticos
incautados a la trama. Archivado como "Facturación P.P. Madrid.xls",
uno de esos documentos era una hoja de cálculo de seis columnas
ordenadas bajo los siguientes epígrafes: fecha, factura, cliente,
importe, concepto real y concepto factura.
Esas dos últimas
columnas resultaron cruciales, al evidenciar que las facturas habían
sido falseadas. Un ejemplo: bajo el epígrafe "concepto factura"
aparece en una de las casillas la leyenda "Montaje Reuniones
Comisiones Estudio".
La columna
denominada "concepto real" constata que el verdadero trabajo estaba
relacionado con las "Elecciones Autonómicas 2003". Ese año, PSOE e
IU sumaron mayoría tras las autonómicas de mayo, pero la traición de
los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez les
impidió gobernar. Los comicios se repitieron en octubre. Y Aguirre
ganó entonces por mayoría absoluta.
Siete años
después, los de Aguirre se aferran a que todo está en orden. "El PP
tiene absolutamente clarificada, transparente, acreditada y
justificada su financiación", dijo David Pérez. El portavoz amenazó
al socialista Tomás Gómez, contra quien el PP ya anunció el lunes
una querella por pedir la imputación de quienes firmaron pagos a la
trama por contratos fraccionados. Uno de ellos es el número dos de
Aguirre, Ignacio González.
(www.publico.es,
09/06/10)
2. AGUIRRE MONTA
SU PROPIA POLICÍA EN PLENA CRISIS
El Gobierno de la
Comunidad de Madrid se esfuerza estos días en asumir competencias
que el Estatuto de Autonomía le confiere en materia de seguridad
desde 1983. El Ejecutivo de Esperanza Aguirre ultima la formación de
la Unidad Adscrita al Cuerpo Nacional de Policía, 80 agentes que
dejarán de depender funcionalmente del Ministerio para hacerlo de la
Consejería de Interior, con el consiguiente gasto para las arcas
públicas de los madrileños, en plena campaña de la presidenta
exigiendo al Gobierno central un plan de austeridad "real".
Una tensa
negociación entre los representantes del Gobierno autonómico y los
de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil ha
concluido con acuerdo para que los policías de la unidad adscrita de
Aguirre ganen 290 euros más como mínimo que el resto de agentes que
dependen de la Jefatura Superior de Madrid. Eso supone 3.480 euros
de complemento anuales para los integrantes de la Escala Básica, un
plus más alto que cualquiera de las otras cinco unidades adscritas
que existen ya en España.
Ese complemento
corresponde abonarlo en su totalidad a la Comunidad de Madrid. Aún
así, la cantidad establecida necesitaba del acuerdo de Interior, que
se ha negado a que se produjera una diferencia retributiva tan
grande entre agentes de un mismo cuerpo que trabajan en la misma
región.
Los agentes de la
unidad andaluza eran los que más cobraban hasta ahora en
complemento, 3.308 euros anuales, y los que menos los integrantes de
la asturiana, 1.320. Completan la lista de este tipo de unidades
Galicia (2.604 euros), Comunitat Valenciana (2.604) y Aragón
(2.448). Fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que la
pretensión del Gobierno de Aguirre era pagar un plus de 720 euros a
los agentes, lo que hubiera disparado el gasto extra por policía a
8.640 euros anuales. En total, 691.200 euros de desembolso anual,
siempre que los policías de mayor rango percibieran un extra igual
que el de los agentes de base. Finalmente, el complemento acordado
supondrá un gasto de 278.400 euros cada año para la comunidad.
A esta cifra hay
que sumar los gastos relacionados con las instalaciones de la unidad
adscrita, que según la resolución del 29 de agosto de 2009
corresponde abonar a la Comunidad, así como el 50% del sueldo, la
uniformidad, el armamento, los vehículos y medios materiales, y el
100% de los gastos que se originen del servicio que realiza. Sólo
ese 50% del sueldo de los agentes ascendería a 723.000 euros
anuales, haciendo el cálculo con el mínimo que puede ganar un agente
por escala. En total, algo más de un millón de euros de gasto anual
sólo en conceptos de sueldo y complemento.
Los agentes de la
Policía de Aguirre estarán dedicados al control de los juegos de
azar en Madrid y la escolta de los cargos públicos de la comunidad,
como establece el artículo 26º del Título II del Estatuto de
Autonomía. El Cuerpo Nacional de Policía ya se encargaba de realizar
estas labores en Madrid, pero ahora los policías rendirán cuentas a
la Consejería de Interior, aunque orgánicamente sigan dependiendo
del ministerio. La previsión del Gobierno de Madrid es que el
concurso entre los policías nacionales que aspiren a integrar la
unidad esté cerrado en julio y que comiencen a trabajar bajo la
nueva denominación en septiembre. No se trata de una policía
integral, del tipo de los Mossos d'Esquadra o la Ertzaintza, que
tienen competencias en investigación y seguridad ciudadana, pero al
igual que estas sus agentes dependerán funcionalmente del gobierno
regional, con un comisario al frente elegido a dedo por el Gobierno
de Aguirre.
(www.publico.es,
05/06/10)
3. OCHENTA AGENTES
PARA LA 'CONSEJERÍA DE LOS ESPÍAS'
A partir de
septiembre, el consejero de Interior, Francisco Granados, tendrá
toda la información que le proporcionen los 80 policías de la unidad
adscrita. Un número importante de ellos, que la consejería no quiso
especificar por razones operativas, serán la sombra de distintas
autoridades de la Comunidad de Madrid, a las que prestarán servicios
de escolta. Setenta y nueve de esas plazas se obtendrán por concurso
organizado por el Ministerio del Interior y sólo una se concederá
por libre designación, la del comisario jefe de la unidad, siempre
con la aquiescencia del departamento que dirige Alfredo Pérez
Rubalcaba.
La formación
de la unidad está corriendo a cargo del comisario Enrique Barón,
director general de seguridad de la comunidad, cargo al que llegó en
julio de 2008 desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid
reclamado por los conservadores. Barón sustituyó a Sergio Gamón y,
al poco de aterrizar en la sede de la carretera de A Coruña, estalló
en la prensa el escándalo del espionaje de funcionarios de la
consejería a miembros del Partido Popular, entre ellos el
vicealcalde de Madrid, Manuel
Cobo. El antecesor de Barón está imputado en la causa.
Para el puesto de
jefe de la unidad, Barón ha elegido a otro comisario de la policía,
compañero suyo en tareas de lucha antiterrorista en Navarra, allá
por la segunda mitad de los años noventa. El comisario que
probablemente dirija la unidad adscrita desempeña ahora el cargo de
jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de esa comunidad
autónoma.
(www.publico.es,
05/06/10)
4. AGUIRRE DEDICA
LA REUNIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL PP A CARGAR CONTRA EL PAÍS
"El Comité de
Dirección del PP de Madrid ha decidido dirigirse a la Asociación de
la Prensa en protesta por la información de EL PAÍS". Con estas
palabras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
que también preside el PP regional, cargó airadamente contra este
periódico durante la rueda de prensa tras la reunión de su
dirección. La razón: haberse hecho eco de un artículo de la revista
The Economist, en una información con el título "Granados, referente
del despilfarro español, según The Economist".
En este, se cita a
un solo político, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
Francisco Granados, del que se dice que es un "buen perfil del poder
político, tal y como se ejerce a lo largo de Europa". "Como si The
Economist, que habla del gasto público en España, de la austeridad y
de las dificultades en reducir el gasto público, pusiera al señor
Granados [consejero de Presidencia] de ejemplo del despilfarro", se
quejó la presidenta. "Es una vergüenza".
Ya en el primer
párrafo el artículo destaca que Granados trabaja en un "palacio
rehabilitado con gusto", en el que hay personal uniformado en la
puerta "guardias civiles con tricornio" y una legión de asesores,
mientras que la "limusina" (sic), en referencia al vehículo oficial
del consejero, espera en la plaza de al lado.
(www.elpais.com,
10/06/10)
5. AGUIRRE ANUNCIA
UN RECORTE EN SUS 'EMBAJADAS' EN EL EXTERIOR
La Comunidad de
Madrid está dispuesta a meter la tijera en sus embajadas en el
exterior. Así lo puso de manifiesto Esperanza Aguirre tras la
reunión del comité de dirección del PP de Madrid que se celebró en
Pinto.
Según adelantó la
líder de los conservadores madrileños, la comunidad planteó, tras
una "maratoniana" reunión celebrada el martes, hacer recortes en su
participación en sus oficinas de comercio -11 según el Ministerio de
Política Territorial, seis según el Gobierno regional- repartidas
por el exterior.
"En este momento
debemos recortar el gasto público y centrarnos en aquello que es
prioritario", reconoció Aguirre. Es precisamente este tema, el de
las embajadas
autonómicas, uno de los
argumentos más recurrentes del PP a la hora de cargar contra el
derroche de los socialistas. Pese a que las comunidades gobernadas
por los conservadores también cuentan con 59 oficinas comerciales en
el exterior, según ha publicado este diario.
Con esta
iniciativa sobre la que la presidenta sólo esbozó algunas
pinceladas, Madrid se convierte en la primera región gobernada por
el PP que se plantea recortes de este tipo. La comunidad participa
en estas oficinas junto a la Cámara de Comercio y a la Confederación
Empresarial de Madrid.
(www.publico.es,
10/06/10)
6. AGUIRRE ELEVA
AL ALZA EL RECORTE DEL GOBIERNO Y SE QUITA DEL MEDIO A 120 LIBERADOS
SINDICALES
La presidenta de
la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, parece estar aprovechando
el recorte salarial aprobado por el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, para colar sus políticas neoliberales. el
consejero de Economía de la Comunidad, Antonio Beteta, detalló la
norma regional para pasar la tijera a los sueldos, y su apuesta
supera sustancialmente a la del Ejecutivo central al extender la
rebaja a los trabajadores de empresas públicas como Metro,
Telemadrid o el Canal de Isabel II. No es la única novedad: Aguirre
también ha aprovechado para quitarse del medio nada más ni nada
menos que a 120 liberados sindicales de la Educación (de 190 a 70).
Cabe mencionar que para presumir de austera la lideresa se ha
recortado el sueldo un 15%, aunque ya se lo había bajado otro 2%.
Eso sí, a pesar de hacer un recorte mayor que el del propio
Zapatero, la popular sigue ganando más que el presidente: su salario
es de 89.643 euros frente a los 78.185 del socialista.
Aguirre ha
rebajado los sueldos de unos 150.000 funcionarios regionales, pero
además ha ampliado la reducción al personal laboral de todas las
empresas públicas y fundaciones participadas por la Comunidad (unos
25.000 trabajadores).
Se ha extendido la
reducción (5% para la mayoría de los trabajadores y 8% para altos
cargos) al conjunto del sector público de la Comunidad. Tiene que
afectar a todo el sector público, incluidas las empresas y
fundaciones", explicó Beteta, en declaraciones recogidas por El
País. De ese modo, el Ejecutivo regional ha elevado al alza las
previsiones del Gobierno, que no ha tocado entidades como RENFE,
RTVE o EFE, si bien el recorte podría acabarles llegando.
El proyecto de ley
del recorte regional se tramitará por vía urgente a finales de mes y
entrará en vigor a partir de julio. Beteta ha animado a los gerentes
de las empresas públicas, que deberían negociar las rebajas con los
comités, a pasar la tijera desde ese mismo mes, aunque luego deban o
puedan devolver la cantidad en función de lo pactado. La norma
también incluye la rebaja en los sueldos de la cúpula del Gobierno:
15% para Aguirre, 10% para su vicepresidente y 9% para el resto de
empleados.
Con todo, los
cargos políticos regionales siguen cobrando más que sus homólogos de
la administración central: el presidente Zapatero cobra 78.185 euros
frente a los 89.643 que se embolsa Aguirre, un vicepresidente del
Gobierno se embolsa 73.485 frente a los 91.242 del segundo de la
Comunidad, y un ministro se lleva 68.982 frente a los 87.440 de los
consejeros. Estas cantidades incluyen ya el tijeretazo.
Así las cosas, los
sindicatos han mostrado su disconformidad con los recortes en
general, aunque han enfatizado en el interés de Aguirre en cumplir
unas normas y obviar otras. "Estamos en una situación curiosa, pero
no por ello menos esperada. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha
aplicado las líneas de trabajo del decreto de Estado cuando otras
veces ha hecho abstención (Ley Antitabaco, Ley de Educación, Ley de
Dependencia, rebaja del IVA…)", ha apuntado Fernando Sánchez,
secretario general de Servicios Públicos de UGT.
Y es que, además
de efectuar recortes que, según los cálculos difundidos por Beteta,
permitirán ahorrar 400 millones, el Gobierno de Madrid está
aprovechando para quitarse del medio 120 liberados sindicales. Sólo
en el ámbito de la Educación, estos pasarán de 190 a 70, según
confirmó la consejera del ramo, Lucía Figar. La medida, que supondrá
un ahorro de 40 millones, incluirá otras prácticas rayanas en la
precariedad laboral, por ejemplo "no pagar las vacaciones a los
interinos", según precisaron fuentes sindicales consultadas por El
Mundo.
(www.plural.com,
11/06/10)
7. DESPILFARRO EN
MINIATURA
La Comunidad de
Madrid se gastó casi 600.000 euros más en publicidad, maquetas y en
presentaciones del Campus de la Justicia, aparte del millón y medio
para colocar la primera piedra. El Gobierno de la Comunidad de
Madrid se gastó un millón y medio de euros para colocar la primera
piedra del Campus de la Justicia que después de tres años sigue
siendo un solar, pero el dinero gastado fue aún mayor
El Campus de la
Justicia, sociedad anónima cuyo accionista único es el Gobierno
regional, gastó cerca de 200.000 euros para anunciar en los medios
de comunicación los concursos realizados para contratar las obras y
servicios necesarios para poner en marcha el proyecto.
A esos 200.000
euros habría que añadir más de 200.000 euros para la construcción de
las maquetas de los edificios proyectados, entre los que se
encuentran los del Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia
Provincial (obra que iba a ser de Foster), el del juzgado de Menores
(del arquitecto Rafael de la Hoz) y el de la central de energía (de
Frechilla y López Peláez).
Esas maquetas
fueron presentadas en varios actos a lo largo de tres años, actos
que supusieron un gasto de, al menos, 178.780 euros.
(www.cadenaser.com,
05/06/10)
8. UN ESTUDIO
INTERNO AVISÓ A AGUIRRE DE QUE EL CAMPUS DE LA JUSTICIA ESTABA MAL
PLANIFICADO Y PRESUPUESTADO
Hace más de un
año, el Gobierno regional ya fue informado por un estudio interno de
que el Campus de la Justicia, el proyecto estrella de Esperanza
Aguirre, estaba mal planificado, mal presupuestado y tenía evidentes
riesgos de todo tipo, incluidos riesgos políticos por las promesas
incumplidas.
El informe,
elaborado por una prestigiosa consultora inmobiliaria, llega a decir
que los 18 edificios previstos eran muy singulares pero no se
ajustaban a las necesidades reales. Incluso asegura que se
cometieron errores tan pueriles como que no se tuvo en cuenta que
parte de los terrenos en los que se iba a levantar el Campus de la
Justicia estaban en la zona de servidumbre del aeropuerto de Barajas
y eso impedía poner grúas muy altas para construir los edificios, lo
que suponía un millonario sobrecoste, en concreto, más de 26
millones de euros.
A pesar de la
contundencia de este informe, que está en manos del Gobierno
regional desde hace algo más de un año, Esperanza Aguirre ha dicho
que el proyecto era bueno. Estos son algunos datos concretos de ese
informe fechado el 25 de mayo de 2009:
1. Los edificios
proyectados podían alojar 395 juzgados cuando se necesitaban al
menos 416. Es decir, el proyecto nacía corto.
2. Para construir
algunos de los edificios singulares no se podían utilizar grúas
altas para no interferir con los vuelos de Barajas. Este hecho, no
pensado en el proyecto inicial, supone un aumento de los costes de
26 millones de euros.
3. El Campus de la
Justicia necesitaba, entonces, 1.500 millones de euros. Hasta 2008
se habían comprometido cerca de 230 millones.
4. Tan sólo en
2007, la sociedad había gastado algo más de 5 millones de euros.
5. El proyecto no
tiene plan estratégico claro, serio, preciso y riguroso. No existe
plan de financiación a medio o largo plazo. Tan sólo para acabar lo
empezado y paralizar el proyecto se debería invertir entre 2009 y
2010 un importe de 61 millones de euros.
6. En cuanto a los
riesgos políticos, el informe dice que es posible que el Gobierno
regional no cumpla sus promesas y la existencia de dos contratos con
empresas relacionadas con el caso Gürtel: una, la constructora Begar
y otra, la de una compañía de seguridad Serygur, con la que aún
trabaja Campus de la Justicia.
7. El informe
redactado por la consultora inmobiliaria dice que es necesario
redactar un plan estratégico, algo que no se ha hecho un año
después. El plan debe implicar también al Ayuntamiento, Gobierno
central y hasta a Aviación Civil.
(www.elpais.com,
09/06/10)
9. LA ASAMBLEA
VETA LA INVESTIGACIÓN DEL CASO DE LOS ESPÍAS
El espionaje a
altos cargos del PP en la Comunidad de Madrid es un tema tabú para
la Asamblea de Madrid. El grupo popular en la Cámara regional ha
rechazado ya siete iniciativas presentadas por el PSOE (tres
comparecencias y cuatro preguntas parlamentarias) sobre el asunto.
La última, . El grupo popular bloqueó una pregunta parlamentaria en
la que cuestionaba al consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
Francisco Granados, sobre un informe caligráfico encargado por la
juez que investiga el caso que demuestra la autenticidad de los
partes de seguimiento. El informe revela que la letra que aparece en
los partes corresponde a un trabajador de la consejería que dirige
Granados. Además, la policía concluye que este empleado intentó
falsear su letra ante la juez para que no se pareciese a la que
había escrito en los partes.
"El consejero
debería ser el primer interesado en aclarar los últimos datos
aparecidos que ponen de manifiesto la existencia de partes de
seguimiento cuya existencia el Gobierno regional negó. Ahora las
pruebas de peritaje han confirmado que las firmas de estos partes
corresponden a personas vinculadas directamente con el señor
Granados", señaló la portavoz socialista, Maru Menéndez.
Los populares, por
su parte, justifican el veto porque el asunto ya fue suficientemente
investigado en una comisión en la Asamblea. Pérez recordó, además,
que la Asamblea ya ha tratado 34 comparecencias, una interpelación,
una moción y 12 preguntas orales sobre el asunto. El portavoz
popular evitó hacer más comentarios hasta conocer el informe
policial. "Habrá que esperar la resolución judicial para ver quién
tiene que rectificar", precisó tras la reunión de la junta de
portavoces celebrada en la Asamblea de Madrid.
Por su parte, la
socialista Maru Menéndez criticó la opacidad del PP. "En lo que va
de legislatura nos han bloqueado 96 iniciativas parlamentarias",
precisó un portavoz de los socialistas.
Una iniciativa que
el PP no ha bloqueado obligará a la presidenta regional, Esperanza
Aguirre, a dar explicaciones sobre los excesivos gastos de
publicidad y propaganda realizados para promocionar la Ciudad de la
Justicia. El megaproyecto judicial de Aguirre que está congelado por
falta de presupuesto. Aun así, el Gobierno regional autorizó un
gasto de 1,4 millones de euros en la publicidad del acto de
colocación de la primera piedra.
(www.elpais.com,
09/06/10)
10. GRANADOS,
REFERENTE DEL DESPILFARRO ESPAÑOL, SEGÚN 'THE ECONOMIST'
El consejero de
Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, es el modelo
que ha utilizado
la revista The Economist en su
último número como referente para describir el despilfarro del
sistema español. En el reportaje se recogen todas las tesis
manejadas por el Gobierno regional para criticar las políticas
económicas del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y se
cuestiona el sistema funcionarial.
El artículo
comienza describiendo al "político conservador español" como modelo
de la manera de ejercer el poder político a lo largo de Europa.
"Trabaja en un palacio rehabilitado con gusto", explica el texto,
que describe cómo hay vigilantes en la puerta de la Consejería de
Presidencia, situada en la plaza de Pontejos,
a espaldas de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional,
que visten de uniforme ("guardias civiles con tricornios") y un
ejército de personal de confianza en las dependencias de la
consejería. En la plaza contigua, agrega el texto, "espera su
limusina", en referencia al coche oficial.
También asegura
que "casi la mitad de los madrileños depende del Estado en alguna
medida", ya que calcula que de los 6,5 millones de madrileños, medio
millón son empleados públicos. El resto, continúa, son un millón de
desempleados, un millón de niños y más de medio millón de parados.
El artículo
destaca que "hombres poderosos como Granados pierden su poderío
cuando se trata de cambiar el status quo". Ello se debe a que los
funcionarios españoles tienen su puesto asegurado. Y pone como
ejemplo el anuncio del Gobierno autónomo de recortar 48 de los 125
coches oficiales y rebajar la gama de los vehículos. "La paradoja es
que no puedo deshacerme de los conductores oficiales", se queja el
consejero. Y se recuerda que solo con su consentimiento se pueden
modificar los puestos de los funcionarios. El artículo también
recoge el absentismo entre los empleados públicos que manejó el
Gobierno regional -una media del 18%-. Por último, se criminaliza a
los sindicalistas, una constante entre los consejeros de Esperanza
Aguirre, al asegurar que "un ejército de 3.242 representantes
sindicales" vigila los convenios y los salarios de la Administración
regional.
(www.elpais.com,
09/06/10)
11. CUANDO EL DENUNCIANTE
ES EL ACUSADO
El consejero de
Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, se mete en
todos los charcos. acudió a los juzgados de la plaza de Castilla
para interponer una querella contra el secretario general de los
socialistas madrileños, Tomás Gómez. Le acusa de denuncia falsa
porque el líder socialista ha pedido la imputación de 44 altos
cargos de la Comunidad de Madrid que validaron facturas o dieron el
visto bueno a contratos irregulares del Gobierno regional con la
trama Gürtel.
Un informe de la
Unidad de Auxilio Judicial de la Agencia Tributaria, incluido en el
sumario del caso, revela que la Comunidad vulneró al menos 105 veces
las normas de contratación para favorecer a empresas de la trama
corrupta. Entre las irregularidades destacan el fraccionamiento de
contratos, adjudicaciones a dedo sin convocar concurso o amañarlas
haciendo concurrir a empresas del mismo grupo. Por eso, Gómez
acusaba a los 44 altos cargos que intervinieron en esos contratos
(entre los que figura el vicepresidente Ignacio González, 15
directores generales, dos jefes de gabinete, ocho secretarios
generales, seis subdirectores generales y un funcionario fallecido
sobre quien retiró la denuncia) de ser "colaboradores necesarios", y
les atribuye un delito de "prevaricación y de negociaciones
prohibidas a funcionarios".
Ante este
panorama, a Granados, como responsable de la función pública, le
tocó presentar la querella del Gobierno regional. El consejero
defendió a los funcionarios: "Gómez ha hecho algo irreparable, que
es denunciar de manera injusta y sin fundamento a 45 funcionarios de
Madrid, y eso tiene que tener respuesta por parte del Gobierno
regional. No pedimos indemnización, sino que aclare la cuestión, ya
que no puede ser que este señor establezca un manto de sospechas
contra 45 personas honorables".
Granados, el
denunciante, acumula varias acusaciones a sus espaldas. Una juez
investiga a cinco empleados de su consejería por el caso de
espionaje a altos cargos del PP en Madrid, adversarios dentro del
partido de Esperanza Aguirre. Mientras Granados se empeña en negar
el espionaje, un informe policial ha constatado que la letra
manuscrita de los partes de seguimiento se corresponde con la de un
trabajador de su departamento.
El consejero
también fue protagonista hace tres años cuando el coche de su
esposa, un Mini Cooper, apareció calcinado en el aparcamiento de su
casa. El vehículo estaba a nombre de una constructora. Poco después,
Granados tuvo que aclarar los detalles de la venta de un chalé en
Marbella a un constructor afín. El mismo al que poco después le
vendió unas parcelas que había heredado. El consejero también tuvo
que responder de las visitas de su esposa a las obras de una
vivienda de 1.000 metros cuadrados que no adquirió. Granados colocó
en 2008 a su mujer en el Consejo de Administración de Caja de Madrid
de Pensiones, gestora de fondos de pensiones.
BAJO SOSPECHA
- Una juez
investiga a cinco trabajadores de la Consejería de
Presidencia, Justicia e Interior, que dirige Francisco
Granados, por el caso del espionaje político a altos cargos
del PP. El consejer0, que fichó a dedo a tres de los
imputados, niega el espionaje a pesar de que hay pruebas que
lo demuestran.
- En
octubre de 2006, el Mini Cooper de la esposa de Granados fue
incendiado en el garaje de su casa. La policía halló restos
de combustible junto al Mini, que estaba a nombre de una
constructora. El caso nunca se esclareció.
- Pocos
meses más tarde, el consejero y ex alcalde de Valdemoro tuvo
que explicar la venta de un chalé en Marbella a un
constructor afín. El actual alcalde también participó en la
operación.
- El mismo
constructor al que le vendió el chalé le compró cuatro
parcelas en Valdemoro, que había heredado, por una cantidad
millonaria.
(www.elpais.com,
08/06/10)
12. "¿DEFIENDEN A
LÓPEZ VIEJO?"
El secretario
general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez,
convirtió el contraataque judicial de la Comunidad de Madrid en una
oportunidad.
El dirigente
socialista manifestó que la querella que le ha puesto el consejero
Francisco Granados puede ser para "intentar lanzar una cortina de
humo, intentar desacreditar una acción judicial". "O", dijo, "puede
tener una intención más malvada: ¿Intenta el señor Granados fabricar
la defensa jurídica para López Viejo [ex consejero de Deportes,
imputado en el caso Gürtel]?", se preguntó Gómez.
El líder
socialista aseguró que en cuanto la Fiscalía admita a trámite su
denuncia contra 44 altos cargos de la Comunidad de Madrid pedirá la
dimisión de la presidenta regional, Esperanza Aguirre. Gómez recordó
que "sin la firma de estos altos cargos nunca, ni López Viejo ni el
resto de los imputados, hubiese podido cometer los delitos que
presuntamente han cometido".
(www.elpais.com,
08/06/10)
13. UNA CARTA DE
AGUIRRE REGAÑA A LOS ALCALDES SOCIALISTAS DEL SUR
Con la misma carta
modelo -igual para todos los alcaldes socialistas del sur: Alcorcón
(Enrique Cascallana), Aranjuez (Jesús Dionisio), Fuenlabrada (Manuel
Robles), Leganés (Rafael Gómez Montoya), Getafe (Pedro Castro) y
Parla (José María Fraile)-, la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, respondió el pasado 28 de mayo al plan
estratégico del sur. En realidad, la contestación consiste en dos
páginas en las que la presidenta elude algunas cuestiones, asegura
estar estudiando otras y, sobre todo, hace un reproche a los
alcaldes.
Según la
presidenta, "resulta llamativo que el mayor volumen de peticiones"
se refiera a modificaciones de los planeamientos urbanísticos.
Asegura que la mayoría de las solicitudes pretenden "agotar la
ordenación urbanística del suelo de vuestros municipios o
incrementar de una manera muy llamativa el suelo residencial en un
momento en que la iniciativa para su promoción y desarrollo es
inexistente".
Esta postura de
Aguirre contrasta con lo que se dijo en la rueda de prensa en Sol,
tras el encuentro de la presidenta regional con estos regidores.
"Algunas de las cuestiones que han planteado tienen toda la lógica y
una valoración positiva del Gobierno", afirmó entonces el consejero
de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados. "Todo lo
que se refiere a los retrasos en los desarrollos urbanísticos se
puede agilizar y nos encantaría aumentar las infraestructuras en
todos los municipios, pero hay un detalle: las restricciones
presupuestarias, que nos impiden atenderlas".
El alcalde de
Aranjuez, que ejerció de portavoz, destacó entonces que la
presidenta se había comprometido con ellos a desbloquear los
desarrollos urbanísticos e incluso llegó a tachar a los consejeros
afectados de "poco diligentes".
Los alcaldes
socialistas del sur tienen previsto reunirse mañana por la mañana
para acordar una posición común en su contestación a la presidenta.
También están organizando movilizaciones de sus vecinos. Y recuerdan
que sus planes generales han sido aprobados por la propia Comunidad
de Madrid y que sus peticiones no consisten en desbloquearlos para
especular, sino para construir viviendas sociales, equipamientos
sociales y suelo industrial para crear nuevas empresas.
(www.elpais.com,
09/06/10)
14. EL GOBIERNO DE
AGUIRRE CUESTIONA LA GESTIÓN EN LA COMPLUTENSE MIENTRAS LE NIEGA UNA
DEUDA DE 75 DE MILLONES
El plan de
recortes en la Universidad Complutense propuesto por Carlos Bersoza
ha dado pie a un nuevo capítulo del acoso al que de la Comunidad de
Madrid y medios de su órbita estáN sometiendo al rector. Mientras se
difunden informaciones presentando a Berzosa como un derrochador, el
vicepresidente regional Ignacio González también le señala y asegura
que los ajustes son "una demostración" de lo que ha sido su gestión.
La universidad, que tiene un presupuesto anual superior a 500
millones de euros y una deuda de 150 millones, reclama a la
Comunidad de Madrid el pago de retrasos por valor de la mitad de esa
cifra, 75 millones, cantidad que el Gobierno regional no reconoce.
Berzosa lleva este
viernes al consejo de gobierno de la Complutense un plan de ajuste
con el que pretende reducir el gasto en 15 millones de euros y
conseguir ingresos adicionales con cesiones de uso y alquileres de
las instalaciones. El desequilibrio presupuestario de la Complutense
asciende a 150 millones de euros, aunque reclama más de la mitad de
esa cifra en concepto de retrasos a la Comunidad de Madrid, que no
reconoce la deuda.
El conflicto entre
las universidades públicas madrileñas y el Gobierno regional viene
de largo, y ya en septiembre de 2008 la CRUMA –Conferencia de
Rectores de Universidad de la Comunidad de Madrid- denunció que la
Consejería de Educación debía a los centros más de 223 millones de
euros "por el impago de obligaciones contraídas en los acuerdos
firmados". "Esta deuda supone una asfixia económica para las
universidades", denunciaron entonces.
El vicepresidente
de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, aprovechó el plan de
ajuste de la Complutense para asegurar que se trata de "una
demostración de lo que ha sido la gestión de su gestor". González
lanzó esta sentencia a pesar de que forma parte de un Gobierno que
presume de austeridad pero que es capaz de gastar más 1,4 millones
de euros en poner la primera piedra del Campus de la Justicia, un
proyecto ahora paralizado. Sólo en aquella inauguración se
destinaron cerca de un millón de euros a la empresa que prestó los
servicios audiovisuales.
Ahora, medios de
la órbita del PP arremeten contra Berzosa y le presentan como un
despilfarrador. La Razón denuncia este viernes que el rector gastó
90.000 euros en grabar y editar un vídeo, mientras que La Gaceta le
acusaba estos días de "mala gestión" y de elevar la deuda "de 0 a
150 millones", eso sí, sin mencionar en ningún momento el dinero que
le reclama al Gobierno de Esperanza Aguirre.
El choque entre la
Comunidad de Madrid y las universidades públicas se agravó en el
caso de Berzosa después de que éste acogiera en su campus un
homenaje a Garzón, acto después del cual hasta el ex presidente
Aznar, ahora responsable de la fundación ideológica del PP, se sumó
a las descalificaciones contra la Complutense.
(www.plural.com,
11/06/10)
APUROS DOCENTES
- En la
Complutense estudian más de 86.000 alumnos y trabajan 10.000
personas (6.191 docentes y 4.141 administrativos).
- Ofrece
40 grados, 41 licenciaturas e ingenierías y 24 diplomaturas.
- Hay 21
facultades, 5 escuelas universitarias y 38 institutos
universitarios.
- Su
presupuesto de 2010 asciende a 595,6 millones, 12 menos que
en 2009.
(www.elpais.com,
10/06/10)
15. COMUNIDAD Y
AYUNTAMIENTO CONGELAN LAS BECAS DE COMEDOR
La Comunidad de
Madrid destinará el próximo curso 29,3 millones de euros para becas
de comedor. Es la misma cantidad que el año pasado. Ni un euro más
ni uno menos. Pero, mientras que en 2009 estimaban que llegarían a
109.000 familias, ahora calculan que los beneficiarios serán, al
menos, 112.000.
Una de las razones
es que han modificado la cuantía de las becas para las familias con
rentas más bajas, a las que se destinan el 90% de las becas, según
estimaciones de la Comunidad de Madrid.
Mientras este
curso las ayudas a este colectivo se dividían en tres cuantías (525,
395 y 265 euros por alumno y curso), para el próximo septiembre se
mantiene el importe más alto, aumenta 10 euros el más bajo y se
elimina la ayuda de 395 euros.
Para el resto de
posibles beneficiarios, las cuantías serán iguales que en 2009. Las
que perciben las familias con la Renta Mínima de Inserción serán de
710 euros en Primaria y Secundaria y 850, en Infantil. Las familias
de víctimas de terrorismo percibirán 525 euros y los alumnos en
acogimiento, 575. Aún se desconoce el precio del comedor para el
próximo curso.
El Ayuntamiento de
Madrid también congela su partida para becas de comedor (3,5
millones de euros). Lo hace por segundo año consecutivo. En 2009
concedió 52.358 becas y desestimó otras 29.000 peticiones. Este año,
habrá una convocatoria única de las dos Administraciones para las
familias de la capital que soliciten la ayuda. Además, para este
curso se podrán hacer las peticiones en la web www.madrid.org.
(www.pais.com,
11/06/10)
16. DE SANTIAGO
RATIFICA QUE EL JEFE DE LA TRAMA GÜRTEL QUISO SOBORNARLE
Vestido con un
traje azul claro, con un talante serio y sin hablar con los
periodistas. Así entró y salió por la mañana el alcalde de Las Rozas
(83.600 habitantes), Bonifacio de Santiago, del PP, al Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Estaba citado como testigo en
el caso Gürtel tras revelar en un encuentro digital con los lectores
de EL PAÍS que el jefe de la trama, Francisco Correa, quiso
sobornarle con 350 millones de pesetas (2,1 millones de euros). Le
pidió, aseguró entonces el alcalde y volvió a ratificar , que le
concediese a la red el contrato de limpiezas.
De Santiago estuvo
algo más de una hora declarando ante el juez Antonio Pedreira
durante cerca de una hora. A la salida del TSJM, el alcalde de Las
Rozas no quiso hablar a los periodistas: "Lo que tenía que contar ya
se lo he contado al juez. No voy a decir nada más porque hay secreto
del sumario". Fuentes judiciales confirmaron que el alcalde ratificó
la información que publicó este periódico el pasado 7 de mayo sobre
el encuentro celebrado en la Redacción. Según el relato de Bonifacio
de Santiago, Francisco Correa acudió a su despacho en febrero de
2003 y le ofreció el pago de 2,1 millones de euros si adjudicaba el
contrato de la recogida de basuras y la limpieza viaria a la empresa
Sufisa. El propio Correa se quedaría con 300.000 euros.
El alcalde roceño
invitó amablemente a Correa a abandonar su despacho y dio órdenes a
sus asesores para que no le concertaran más citas con él. Según
fuentes judiciales, De Santiago reunió días después a la Corporación
municipal e informó a sus miembros de lo ocurrido. Cuando se abrió
el concurso para el contrato de limpieza, la mesa de contratación
rechazó la oferta de Sufisa y lo adjudicó a otra empresa. "Salvo
algunas puntualizaciones, como el hecho de que no dio el nombre de
la empresa [Sufisa], se ha ratificado en todo lo publicado por el
periódico", concluyeron fuentes judiciales.
El abogado de
Correa, José Antonio Choclán, afirmó que el alcalde de Las Rozas
negó la información publicada por EL PAÍS. Este extremo fue
desmentido en cuestión de minutos por fuentes judiciales que
estuvieron presentes en la toma de declaración al testigo. "No
denunció el caso ante la policía porque no le dio ninguna
importancia", destacó el letrado del supuesto jefe de la trama
Gürtel.
Sufisa, la empresa
para la que supuestamente intermedió Correa, logró contratos de
limpieza en el distrito de Moratalaz, en la capital, Boadilla del
Monte y Majadahonda, según el sumario del caso.
(www.pais.com,
11/06/10)
17. PEDREIRA
INVESTIGA EL ÚLTIMO ACUERDO DE BOADILLA CON CORREA
El instructor del
caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha asumido la petición de la Fiscalía
Anticorrupción y ha decidido que la oficina judicial de la
Intervención General del Estado investigue una reciente operación de
7,1 millones de euros entre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y
una de las empresas de Francisco Correa, presunto cerebro de la
trama. Se trata de un acuerdo entre la Empresa Municipal del Suelo y
de la Vivienda (EMSV) de Boadilla y el responsable de la sociedad
Artas Consultores, Ramón Blanco Balín, imputado por los delitos de
fraude fiscal y evasión de capitales.
La iniciativa
supone que la empresa renuncia a una adjudicación municipal del uso
de una treintena de locales comerciales y más de 130 plazas de
garaje en el residencial Siglo XXI de Boadilla del Monte. A cambio,
el consistorio se hace cargo de la hipoteca de Artas Consultores que
habían firmado los representantes legales de esta sociedad por un
total de 7,1 millones de euros. Este acuerdo estaba pendiente de la
decisión de Pedreira.
Esta
operación fue rechazada en un informe de la interventora municipal,
que anunció "disconformidad" en el pleno en el que los concejales
del PP acordaron pedir un crédito para financiar el acuerdo. Este
trato también fue criticado por los grupos de la oposición (PSOE y
Alternativa por Boadilla), ya que la concejal de Empleo, Rosalía de
Padura (PP), esposa del
también imputado en el Gürtel Tomás Martín Morales, participó en la
votación celebrada en la comisión municipal de Hacienda en la que el
PP dio el visto bueno al acuerdo con el presunto testaferro de
Correa. El portavoz socialista en Boadilla, Pablo Nieto, exigió la
dimisión de la edil por haber votado a favor de una empresa de la
que había sido accionista su marido, según un informe de la Agencia
Tributaria.
Apenas unas horas
después de haber hecho pública el PSOE esta crítica en nota de
prensa, el equipo de Gobierno municipal difundió la reducción del
14% del presupuesto de personal. Entre los dos concejales despedidos
como mecanismo de ahorro ante la crisis, estaba De Padura, que dejó
de cobrar su sueldo de 67.000 euros anuales.
Esta no será la
primera vez que la Intervención General del Estado haga un informe
sobre Boadilla. El 29 de mayo de 2009 un funcionario de esta
institución elaboró un documento en el que se sostenía que los
expedientes relacionados con la trama Gürtel facilitados por el
Ayuntamiento de Boadilla estaban "incompletos, y falta información
que, teniendo en cuenta el carácter de la misma y su reiteración,
inducen a considerar que no es que el expediente archivado esté
incompleto sino que de forma expresa e intencionada no se han
remitido". Este documento de la Intervención analiza la gestión de
la treintena de locales comerciales y 130 plazas de garaje del
Residencial Siglo XXI, que ahora volverá a estudiar tras la petición
de Pedreira.
(www.pais.com,
11/06/10)
18. CORREA CREÓ EN
UNA INMENSA RED DE CHANTAJE Y EXTORSIÓN EN BOADILLA DEL MONTE
Francisco Correa,
el principal imputado de la trama Gürtel, se hizo con el control de
la practica totalidad del patrimonio de Boadilla del Monte,
localidad madrileña donde creó una inmensa red de chantaje y
extorsión. Así queda reflejado en una conversación grabada por la
Policía Nacional. En concreto, Francisco Correa junto con Tomás
Martín Morales, ex director general del Consistorio conocido en
Boadilla como el "alcalde en la sombra", chantajeaban a todos los
propietarios de suelo de los nuevos desarrollos urbanísticos para
que les cedieran el 2% de sus terrenos. Mientras tanto, el anterior
alcalde y también imputado en el caso Gürtel, Arturo González
Panero, miraba para otro lado.
El mecanismo de extorsión diseñado por Correa era muy sencillo. Una
vez creadas las juntas de compensación que iban a gestionar el
desarrollo de los cinco nuevos barrios de Boadilla - Valenoso, El
Pastel, Las Cárcavas, El Encinar y El Olivar-, tanto Correa como
Morales comunicaban a los propietarios del suelo que, para que sus
terrenos fueran recalificados tenían que ceder, ante notario, el 2%
de su suelo a la Narcisos 22, una "empresa buzón" según la Unidad
Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
"A mi cliente le
informaron de esta exigencia en el despacho del presidente de la
Junta de Compensación y le dijeron que era una imposición del
Ayuntamiento. O daba el 2% o no aprobaban el plan", señala en el
informe de la UDEF el abogado de uno de los propietarios que fue
chantajeado por Correa y Morales. "Todos cedieron porque,
obviamente, les interesaba que se recalificaran sus suelos", explica
acto seguido el letrado.
Según informa 20
Minutos, en el Registro de la Propiedad de Boadilla queda reflejado
que Narcisos llegó a hacerse con 29.300 m2 en cuatro de los cinco
desarrollos, de los que 12.400 son para construir zonas comerciales.
En las notas simples de las parcelas, los nuevos terrenos de
Narcisos no tienen referencia catastral, ya que son parte de otros
suelos ya existentes.
En los últimos
meses, Narcisos 22 ya ha vendido a terceros 20.000 metros cuadrados
y aún mantiene en su poder los 9.300 restantes. Por ejemplo, sólo
los 2.476 metros cuadrados que tiene en El Encinar para construir
zonas comerciales están valorados en cuatro millones de euros. En
las cesiones que firmaban los dueños ante notario figuraba que ese
2% para Narcisos era un pago de gastos de gestión, una gestión que,
en teoría, debe hacer la junta de compensación.
Cabe resaltar que
el administrador de Narcisos 22 es Jesús Calvo Soria, imputado en la
trama de corrupción ligada al Partido Popular, ex alto cargo en el
Gobierno autonómico de Madrid en la etapa de Ruíz-Gallardón,
secretario técnico de la Consejería de Educación con Gustavo
Villapalos y ex gerente de la Universidad Complutense también con
Villapalos.
(www.elplural.com,
05/06/10)
19. EL GOBIERNO DE
TORREJÓN (PP) SE GASTARÁ 647.999 EUROS EN TOROS
En plena crisis
económica, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, localidad madrileña
gobernada por el Partido Popular, se gastará este año 647.999 euros
en promocionar la feria taurina. En concreto, según denuncia el
Partido Socialista en una nota de prensa, el consistorio ha
concedido una subvención de 347.999 euros a los espectáculos
taurinos. Cifra a la que hay que añadir otros 300.000 euros de
gastos municipales.
Para los
socialistas, este alto gasto en toros tiene su explicación en que
pese a la crisis económica, se ha prorrogado el contrato que el
Ayuntamiento firmó el año pasado para promover los festejos, así
como una serie de "gastos intolerables, producto del despilfarro del
alcalde, Pedro Rollán y su Gobierno".
Entre estos gastos destacan coches de caballos y manolas, adecuación
de la plaza de toros, montaje y desmontaje de talanqueras de los
encierros… Mención aparte se merece los 40.000 euros que el
consistorio pagará por montar y desmontar corrales portátiles,
después de que "el alcalde mandara derribar los corales de obra
existentes", y los 220.000 euros para instalar el sonido de la plaza
de toros y el ferial "a pesar de que el año pasado ya hicieron un
gasto semejante para hacer lo mismo". "Pagar a las empresas de
sonido precios millonarios se ha convertido en una costumbre, como
en la Semana de la Juventud, en la que se pagó el sonido aparte de
grupos musicales cuando a éstos se les contrata con luz y sonido",
explican los socialistas.
(www.elplural.com,
08/06/10)
20. UN PLAN
APROBADO Y MODIFICADO
Los concejales del
PP de Alpedrete (12.500 habitantes) lograron , con los votos de los
dos ediles independientes, aprobar por segunda vez el primer paso
del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que prevé la
construcción de 1.141 viviendas más en el municipio, lo que supondrá
un aumento de unos 3.400 habitantes (un 22,5% más). Este plan
posibilitará que el concejal de Urbanismo, Tomás Carrión Guillén, se
embolse 676.500 euros en virtud de un contrato privado con un
promotor, que solo tendrá efecto si se ratifica de forma definitiva
el PGOU.
Los miembros del
Pleno tuvieron que volver a votar la aprobación del plan, que ya se
había autorizado en 2005. Pero hace dos meses la secretaria
municipal, Nieves Elvira Palacio declaró esa votación nula de pleno
derecho tras conocer que Tomás Carrión Guillén había firmado una
opción de compra vinculada al PGOU y no la había incluido en su
declaración jurada de bienes ante el Consistorio, como era
preceptivo.
De hecho, el PSOE
acusó a Carrión Guillén de falsear un documento público para
participar en una votación en la que, de acuerdo a la ley, debía de
haberse abstenido. Los socialistas exigieron la dimisión del edil
que la alcaldesa, Marisol Casado (PP), rechazó tajantemente.
Para que la
votación de fuese válida, Carrión Guillén se abstuvo. Para compensar
la pérdida de este voto y lograr la mayoría, los otros ocho miembros
del grupo popular tuvieron que pactar con los concejales de Unión
del Pueblo de Alpedrete (UNPA) que se habían opuesto inicialmente al
plan y habían acusado al Ayuntamiento de haber cercenado la
participación ciudadana para imponer su iniciativa. Por ello, el
cambio de postura de esta formación causó gran estupor entre el
centenar de vecinos que asistieron al Pleno de .
A cambio del apoyo
de UNPA, el PP eliminó del proyecto la construcción de un mínimo de
400 viviendas en un terreno denominado Las Cercas de Ávila de
835.000 metros cuadrados. Además, en virtud de este pacto, tras la
nueva aprobación del plan, cuatro horas después, se celebró una
nueva votación que modificó el PGOU elevando el número de viviendas
de protección oficial en el sector de Arcilleros, que pasa del 45%
al 60% (130 protegidas y 87 libres).
Otro de los puntos
de este pacto, que también fue apoyado por los socialistas, obliga a
los propietarios de las viviendas del casco antiguo a ceder una
parte importante de su suelo al Ayuntamiento en el caso de que
quieran promover nuevas edificaciones. El avance del plan y su
modificación deberá ser ratificada en un nuevo Pleno extraordinario,
que se celebrará en 15 días, y en el que se votará el plan inicial.
Las modificaciones
del plan no evitaron las críticas del socialista Juan Aragoneses
que, a su vez, fue objeto de abucheos y protestas por parte de
algunos vecinos. Él reaccionó acusándoles de "hooligans que tienen
intereses legítimos en la votación". Por su parte, Julián Jiménez,
de UNPA, dijo en su discurso que el avance del PGOU "no es el mejor,
pero había un grave riesgo de que fuera muchísimo peor". Asimismo,
reconoció haber roto su promesa de contar con la participación
ciudadana, "y estoy seguro que puede acabar con mi futuro político",
dijo Jiménez.
La alcaldesa de
Alpedrete, Marisol Casado, resaltó que la participación ciudadana
"ya está inventada hace muchos años". Y comparó la labor del equipo
de Gobierno con la de una familia: "Es como si una madre le deja el
cuchillo a un crío pequeño".
(www.elpais.com,
10/06/10)
21. LOS EDILES QUE
APOYAN LA MOCIÓN EN SAN AGUSTÍN DENUNCIAN ACOSO DEL PP
Cuatro de los
siete concejales -dos ex socialistas, dos ex populares (aunque una
de ellos asegura que aún sigue en el PP), y tres del partido local
AISA- que, previsiblemente, el próximo sábado sacarán de la alcaldía
al actual regidor del municipio de San Agustín de Guadalix, José
Luis Pérez Balsera (PP), explicaron que presentaron una moción de
censura contra el primer edil el pasado 31 de mayo "por sus mentiras
electorales, su despilfarro del dinero público, o por ir contra el
interés general", entre otras razones. También anunciaron las 21
medidas que tienen previstas para el municipio si finalmente
consiguen sustituir al actual equipo de gobierno, del PP, entre las
que destaca una bajada de los sueldos del futuro equipo de un 50%.
Los ediles denunciaron el acoso que dicen sufrir por parte del PP
desde que presentaron la moción.
"David Pérez
[portavoz del PP regional] utiliza los medios de comunicación afines
a su partido para difamarnos, y el grupo de Balsera nos lanza
soflamas intimidatorias y acusaciones amenazantes", dijo el
aspirante a alcalde, el ex socialista Jesús Sainz. Este mostró
panfletos anónimos que han sido colocados en su municipio. Los
concejales creen que se hacen en el Ayuntamiento. En los escritos se
critica a los firmantes de la moción y se lanzan proclamas que
"podrían alterar el orden público", aseguró Sainz. "¡Qué vergüenza,
señora!", dice un panfleto refiriéndose a la edil Amalia Gutiérrez
(ex del PP). "Donde la veas: en la calle, en el súper...,
recuérdaselo", concluye la nota.
(www.pais.com,
11/06/10)
22. ROBLEDO,
ACUSADO DE NEGAR EL PADRÓN A INMIGRANTES EN PARO
El Ayuntamiento de
Robledo de Chavela, gobernado por el PP, ha sido acusado por la
oposición socialista de negar el empadronamiento a inmigrantes en
paro. El PSM denuncia que el municipio exige un contrato de trabajo
a los extranjeros que quieren registrarse allí. ATIME, la asociación
de inmigrantes marroquíes mayoritaria en España, asegura que uno de
sus socios pudo comprobar que existe este requisito.
El
PSM considera que el alcalde de
Robledo, un Ayuntamiento al este de Madrid con 3.800 habitantes (un
14% de extranjeros), "se está extralimitando y actuando fuera del
marco jurídico", según ha declarado a Efe su portavoz, Adolfo
Ventero.
El presidente de
ATIME, Kamal Rhamouni, dijo que su asociación ha recibido "cinco
quejas por escrito" de vecinos de Robledo perjudicados por este
asunto. Según explicó, las protestas empezaron en enero, cuando se
conocieron otros dos casos de discriminación: en Vic (Cataluña), el
ayuntamiento se planteó no empadronar a los sin papeles; en Torrejón
de Ardoz (Madrid) se exigía a los inmigrantes que viviesen en casas
donde hubiese más de 20 metros cuadrados por inquilino. Vic reculó y
Torrejón dejó de aplicar su norma ilegal.
La Ley de Bases
del Régimen Local -que establece en todo el Estado las condiciones
de empadronamiento- no impone el requisito que supuestamente se
exige en Robledo. La ley obliga a los ayuntamientos a dar de alta a
quien presente un documento de identidad y un contrato de alquiler,
tengan o no permiso de residencia. El empadronamiento garantiza la
atención sanitaria y la escolarización de los menores.
(www.elpais.com,
06/06/10)
23. "SIN UN
CONTRATO DE TRABAJO, NOSOTROS NO EMPADRONAMOS"
"Venimos a
empadronarnos", anuncian al cruzar la puerta del Ayuntamiento de
Robledo de Chavela, donde gobierna el PP, Mimount El-Jafoufi y
Moustapha El-Fezazi, un matrimonio marroquí que reside desde marzo
en este municipio del noroeste de Madrid.
-Traemos nuestra
documentación y el contrato de arrendamiento de la casa -añaden.
-¿Tienen ustedes
contrato de trabajo? -les pregunta una empleada.
-No.
-Pues sin contrato
de trabajo, no empadronamos. Vuelvan ustedes cuando lo consigan
-responde la funcionaria.
Media hora más
tarde, un español se interesa por la misma gestión. La trabajadora
le pregunta por su nacionalidad y solo le pide un contrato de
alquiler o un título de propiedad de un piso para empadronarse en la
localidad.
-¿Nada más?
-Solo eso.
El
Ayuntamiento de Robledo, gobernado por el PP con mayoría absoluta, y
con un 14% de población inmigrante entre sus 3.800 habitantes, se
suma a la lista de municipios españoles que han intentado aplicar
normas ilegales para impedir el empadronamiento de extranjeros en su
término municipal. Este Consistorio exige un contrato de trabajo, a
los que no tienen nacionalidad española, como requisito
indispensable para poder empadronarse
allí.Pese a que la propia consejera de Empleo,
Mujer e Inmigración, Paloma Adrados, reconoció que el ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dio órdenes en marzo para que no
se repitieran las redadas, pero insistió en que siguen
produciéndose. "Existían y siguen existiendo", recalcó.
Adrados, que se
sumó a las reivindicaciones de las organizaciones no gubernamentales
y de los sindicatos policiales, restó responsabilidad a la policía.
"Los agentes no son culpables, cumplen órdenes de una circular que
promueve una actividad de control indebida", aseguró. Como única
prueba, afirmó que en 2009 la policía hizo 445.000 identificaciones.
"Son 1.200 al día", remarcó. El portavoz de Interior explicó que no
sabe de dónde salen esos datos, porque la policía no hace
estadísticas sobre identificaciones. Y menos siguiendo como criterio
la nacionalidad. "Vienen repitiéndose las denuncias, pero no se
aportan datos reales", remachó.
El consejero de
Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, eludió apoyar
en esta tesis a su compañera de filas y se remitió a declaraciones
anteriores, en las que el consejero ha alabado el trabajo de la
policía en la región.
También la
delegada del Gobierno, Amparo Valcarce, negó que existan redadas en
Madrid e insistió en que en todas las actuaciones policiales se
respetan los derechos y libertades. "La policía cumple estrictamente
la ley", zanjó. Pero, sobre todo, Valcarce reprochó a la nueva
consejera de Inmigración su "deslealtad" por no haber comunicado a
la Delegación del Gobierno cualquier queja en este sentido antes de
hacer declaraciones públicas reprobando la actuación del Gobierno
central. "En ningún momento la consejera de Empleo, Mujer e
Inmigración ha comunicado, ni ha expresado, por los conductos
oficiales, dentro de la lealtad institucional, ninguna queja,
denuncia o comentario", afirmó. "Es intolerable que siendo como es
una responsable de un Gobierno autonómico, no utilice los conductos
habituales, como debería ser lo lógico".
(www.elpais.com,
08/06/10)
