ÍNDICE
1. AGUIRRE SE VE MAYOR PARA SUCEDER A RAJOY
2. AGUIRRE, PARTIDARIA DE PRIVATIZAR TELEMADRID
MEDIANTE SUBASTA
3. AGUIRRE PONE LA MANO EN EL FUEGO POR CAMPS
4. A AGUIRRE NO LE CONVENCE SU PLAN
5. AGUIRRE ARREMETE CONTRA LOS FUNCIONARIOS
6. AGUIRRE: DEL "NO LLEGO A FIN DE MES" AL "SOY
POBRE DE PEDIR"
7. EL PP VETA EL ACCESO A LAS DECLARACIONES COMO
ALTO CARGO DE LÓPEZ VIEJO
8. LA JUEZ AL JEFE DE LOS SUPUESTOS ESPÍAS: "NO
SÉ QUÉ HACEN USTED Y SUS HOMBRES"
9. "NO HAY ÓRDENES, ERAN ALMAS LIBRES"
10. COBO VUELVE A LA CARGA: "CONFÍO EN LA
JUSTICIA, LA JUEZ Y LA FISCAL. DE OTRAS PERSONAS NI CONFÍO NI ESPERO
NADA"
11. GRANADOS: "ESTO DEL ESPIONAJE ES UNA BROMA"
12. RAJOY DIO CRÉDITO A LOS PARTES Y PREGUNTÓ
QUIÉN ORDENÓ ESPIAR
13. AYUNTAMIENTODE MADRID. BOTELLA PLANEA PEDIR A
LA UE AMPLIAR LOS PLAZOS PARA REDUCIR LA POLUCIÓN
14. AYUNTAMIENTODE MADRID. EL CENSO DE LOS
MENDIGOS
15. AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN. ECHAN A
LA EDIL IMPUTADA EN EL 'CASO GÜRTEL'
16. AYUNTAMIENTODE BOADILLA DEL MONTE. BOADILLA
PACTA EL RESCATE POR 5,9 MILLONES DE UNA ADJUDICACIÓN INMOBILIARIA A
CORREA
17. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN DE GUADALIX. EL
PP PIERDE LA MAYORÍA
18. AYUNTAMIENTO DEL ÁLAMO. EL ALCALDE DIMITE Y
CONTRADICE A GRANADOS
1. AGUIRRE SE VE MAYOR PARA SUCEDER A RAJOY
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, se ve mayor para suceder a Mariano Rajoy al
frente del PP. "Yo soy mayor que Rajoy, por lo que es difícil que le
suceda. Le sucederá un chico o chica que a ahora tenga 30 años.
Tengo bastantes años más que Rajoy, tres o cuatro por lo menos",
afirmó en una entrevista concedida a Punto Radio.
Sólo dos años después de que amagara con
presentarse a la presidencia de su partido, Aguirre se descarta de
forma casi definitiva. Asume el liderazgo de Rajoy, pero eso no
impide que siga opinando sobre la actualidad nacional y sobre el PP.
Así, la presidenta tuvo la oportunidad de hablar
sobre algunos de los miembros de su partido, entre ellos el ex
ministro de Fomento Francisco Alvarez Cascos, a quien se sitúa como
candidato por Asturias para las próximas elecciones regionales.
"Creo que sería fantástico para Asturias, para el PP y para España.
Es uno de esos políticos que realmente tienen muchísimas virtudes y
que las ha demostrado", aseveró.
Al ser preguntada por si considera que el ex
presidente del Gobierno José María Aznar habla demasiado y que,
frente a ello, Rajoy calla, la presidenta madrileña negó que esto
fuera así y puso como ejemplo las declaraciones de Aznar en el
Financial Times en las que pide al presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, que emprenda las reformas estructurales
que, a su juicio, necesita la economía española.
"Es exactamente lo mismo que en el Parlamento
dijo Mariano Rajoy el miércoles pasado la última vez, pero lo viene
diciendo desde hace mucho tiempo", agregó.
Finalmente, sobre la posibilidad de adelantar las
elecciones para cambiar el Gobierno, la jefa del Ejecutivo
autonómico dijo que en el PP han pedido convocar los comicios antes
de la cita oficial personas como Rajoy, la secretaria general, María
Dolores de Cospedal, o los presidentes del PP andaluz, Javier
Arenas, y vasco, Antonio Basagoiti.
"Creo que no es ningún secreto que cuando alguien
fracasa en su gestión en cualquier cosa, en este caso en la gestión
de la crisis como es el caso de Zapatero, lo que tienen que hacer es
lo que llaman los anglosajones 'go to the country', ir al pueblo,
que el pueblo decida quién tiene que gestionar esta crisis",
concluó.
(www.publico.es,
18/05/10)
2. AGUIRRE, PARTIDARIA DE PRIVATIZAR TELEMADRID
MEDIANTE SUBASTA
La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid,
Esperanza Aguirre, es "absolutamente" partidaria de privatizar
Telemadrid mediante "subasta", tal y como defendió el alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz-Gallrdón.
"En esto estoy de acuerdo con Ruiz-Gallardón:
privatizaría Telemadrid y lo haría por subasta", ha manifestado
Aguirre en Alcobendas, al final del Comité de Dirección del PP de
Madrid, donde ha lamentado que ni el hoy alcalde de la capital ni
ella misma hayan podido cumplir hasta ahora su deseo de privatizar
la televisión autonómica.
La presidenta ha explicado que este objetivo
figuraba ya en el programa electoral del PP cuando Ruiz-Gallardón se
presentó -y ganó- por primera vez a las elecciones en la Comunidad
de Madrid.
"Si ni él (Ruiz-Gallardón) ni yo hemos podido
privatizar Telemadrid es porque lo prohíbe la ley de terceros
canales que hizo el PSOE y que prohíbe la gestión indirecta de las
televisiones públicas", ha lamentado la presidenta.
(www.publico.es,
1705/10)
3. AGUIRRE PONE LA MANO EN EL FUEGO POR CAMPS
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, aseguró hoy que pone la mano en el fuego por el
presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, a quien el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) investigará
por presuntamente haber recibido unos trajes de una de las empresas
vinculadas a la trama 'Gürtel', ya que es un hombre "honradísimo"
que no ha utilizado su cargo para enriquecerse.
"Creo que Camps es un hombre honradísimo cuyo
patrimonio desde que está en política, que lleva muchos años, no se
ha incrementado en absoluto. Sigue teniendo la mitad de su piso y un
coche y por lo tanto se discute si pagó o no unos trajes", subrayó
Aguirre.
A su juicio, lo que los ciudadanos quieren saber
es cuánto tenían los políticos cuando empiezan su actividad y cuando
la dejaron y, si en ese tiempo se ha producido algún incremento
patrimonial, tendrán que explicar "si les tocó la lotería, si han
tenido alguna herencia o si hicieron alguna inversión verdaderamente
muy rentable". "Lo que quieren saber los ciudadanos es si hemos
utilizado el cargo para enriquecernos o no. El señor Camps es de los
segundos", matizó.
La jefa del Ejecutivo autonómico afirmó que con
el caso de su homólogo valenciano ha descubierto que existe el
delito de cohecho impropio, que supone "aceptar un regalo". En este
sentido, dijo que ella ha cometido muchos delitos de este tipo
porque hay un frutero que le regala cerezas y las monjas de las
clarisas le dan pastas. "¿Cualquier regalo, cualquiera que sea su
cuantía es cohecho impropio? Me parece que eso carece de sentido",
zanjó.
(www.levante-emv.com,
18/05/10)
4. A AGUIRRE NO LE CONVENCE SU PLAN
Esperanza Aguirre subió una montaña siendo
ecologista y la bajó con el paso firme de una empresaria. Muy poco
de lo que encontró la presidenta en el proyecto de mejora integral y
repoblación del puerto de Navacerrada le convenció. Llegó, vio y
cambió buena parte del discurso oficial. Después de echarle un ojo
el día de su presentación a una iniciativa impulsada por su propio
Gobierno, decidió que no le convencía. La nueva consigna es que la
recuperación medioambiental está muy bien, pero que mejor está
impulsar la industria del esquí.
La presidenta regional subió en telesilla hasta
el cerro de Guarramillas (Bola del Mundo) acompañada por la
consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio,
Ana Isabel Mariño, para visitar el inicio de las obras para la
recuperación medioambiental del puerto, pero vio el primer plano que
le presentaban y torció el gesto. Se trata de una obra de 10
millones de euros hasta 2012 y que afectará a 80 hectáreas.
Contempla plantaciones de árboles y arbustos, refuerzo de taludes,
mejora de accesos peatonales y construcción de sendas.
Estaba previsto que el acto fuera una de las
grandes exhibiciones mediáticas de Aguirre, en las que igual juega
al fútbol que toca la batería: la presidenta reunió a los medios de
comunicación en lo alto del cerro y apareció en telesilla con la
consejera y los alcaldes de Navacerrada y Cercedilla. Aguirre
desembarcó con gafas de sol y enfundada en un chalequillo de piel.
"A qué sitios os traigo, ¿eh?", saludó. Pero el guateque se agrió en
cuanto los técnicos le plantearon a la presidenta que pensaban
demoler el Club Alpino Español, abandonado y en muy mal estado. "¿Y
por qué queréis demoler eso?". La presidenta entonces propuso que,
en lugar de gastar dinero público en la recuperación del paisaje,
era mejor sacarle partido al edificio: "Yo no lo voy a tirar. Que lo
tire el que se lo quede. Nosotros lo sacamos a concurso para
rehabilitar y que se ocupe un privado que lo quiera explotar".
Ahí comenzó una serie de enganchones con el
equipo técnico y con su propia consejera, a la que Aguirre
desautorizó en numerosas ocasiones delante de los periodistas
("Anabel, no te pongas así"). La presidenta expresó una amplia serie
de desacuerdos con el proyecto ("No me gusta nada de lo que estoy
viendo"), tantos que esperó a que los periodistas bajaran en el
telesilla y se quedó a solas con su equipo. Cuando volvió a aparecer
lo hizo en total armonía de opiniones con el director de la empresa
concesionaria de la estación, Puerto de Navacerrada. Entre los dos
habían llegado a la conclusión de que lo realmente idóneo sería
construir una pasarela que cruzara sobre la carretera para unir las
pistas de la zona baja de la estación (las más utilizadas y con más
nieve) con las de Guarramillas (menos populares). "Te cito la semana
que viene y hablamos", quedó la consejera con el director empujada
por la presidenta. El director estaba encantado con la sensibilidad
de Aguirre. "Nos está haciendo mucho caso", comentaba.
Los técnicos vivieron con estupefacción cómo la
presidenta regional del PP pedía volcarse más en las necesidades de
las pistas y, aunque trataron de contraargumentarle los problemas de
la oferta de esquí en la Bola, Aguirre insistía en que con unos
cañones de nieve se podían acondicionar unas pistas magníficas a las
que les convendría un poco de apoyo público. "Pero si no hay agua",
insistían. "Sí hay. Y las pistas son un chollo para Madrid",
replicaba la presidenta. Aguirre expresó su descontento con una de
los pasos para peatones diseñados por el peligro de atropellos, y se
alargó en anécdotas sobre sus pinitos en el mundo del esquí. Luego
accedió a dar un discurso frente al club alpino que antes se iba a
derribar pero ahora se rehabilitará y se bajó del púlpito para
saludar a unos obreros. Mientras, los altavoces del acto empezaron a
radiar bossa nova entre las montañas.
(www.elpais.com,
20/05/10)
5. AGUIRRE ARREMETE CONTRA LOS FUNCIONARIOS
El Consejo de Gobierno aprobó un Plan especial de
Inspección y Control de la Incapacidad Temporal con la teórica
función de acabar con el absentismo laboral entre los empleados
públicos de las Consejerías de Sanidad, Educación y Familia y
Asuntos Sociales, así como del Servicio Madrileño de Salud. Pero por
la información aportada por el vicepresidente regional, Ignacio
González, y la solicitada después a la Comunidad, el plan tiene poco
fondo.
González dedicó la mayor parte de su intervención
sobre el asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de
Gobierno a arremeter contra los trabajadores que faltan a su puesto.
Sin embargo, aportó cifras que no sirven para hacerse una idea de si
es mucho o poco. De Sanidad, aseguró que la media es de 18 días por
trabajador y año. "Si se reduce, se ahorrarían más de 20 millones de
euros", afirmó. De las consejerías de Educación y Asuntos Sociales
dijo que hay algunos servicios en los que falta entre "el 19% y el
30%" del personal en el mismo día.
Del contenido, no avanzó prácticamente nada. A lo
sumo, que se implantarán "medidas de inspección y control" por parte
de los inspectores ya existentes, según dice la nota difundida, para
evitar "prácticas abusivas". Esa nota asegura también que el plan se
presentó a la Mesa Sectorial (órgano de negociación en el que están
presentes la Administración y los sindicatos) del 16 de abril,
"donde no se hicieron observaciones". El acta de esa reunión, sin
embargo, deja claro que los sindicatos solicitaron más información e
hicieron sugerencias.
El director general de Ordenación e Inspección
aseguró que su objetivo era "conseguir que el nivel de absentismo
por IT en la Comunidad de Madrid se adecue a las necesidades
clínicas". CC OO pidió que el plan cuente con los servicios de
prevención de riesgos laborales. "Es importante saber por qué se
producen las bajas, para evitarlas hay que prevenirlas", explicó su
secretario de Sanidad, Manuel Rodríguez. "Sólo nos informaron de que
iban a hacer este estudio, no hay negociación", precisó Encarna
Parra, secretaria de Política Sindical de UGT.
(www.elpais.com,
21/05/10)
6. AGUIRRE: DEL "NO LLEGO A FIN DE MES" AL "SOY
POBRE DE PEDIR"
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, ha vuelto a demostrar su incontinencia verbal a
la hora de hablar de sus ingresos. en la Asamblea regional, cuando
un diputado de la oposición le preguntó si tendría que pagar el
nuevo impuesto que supuestamente gravará a los patrimonios
superiores al millón de euros, la lideresa se descolgó con una
soflama populista: "Lo pagará Bono, me imagino. Yo soy pobre de
pedir". Aguirre hizo esta aseveración a viva voz, interrumpiendo
para ello a su vicepresidente Ignacio González, quien tenía el turno
de palabra y estaba ante el micrófono.
No es la primera vez que la presidenta patina por
presumir de austera. En 2006 ya estuvo en el ojo del huracán a raíz
de una biografía autorizada suya escrita por Virginia Drake. "No
tener pagas extras me tiene mártir, las he tenido toda mi vida y las
echo de menos en navidad y en verano. No es que haga números a final
de mes; es que muchas veces no llego,con la excepción de cuando fui
presidenta del Senado, que entonces sí cobraba un buen sueldo. En el
paso del Senado a la Comunidad casi dividió por dos los ingresos".
En aquel momento, Aguirre se apresuró a negar la mayor y a asegurar
que la frase se sacó de contexto.
Su matización no evitó que la polémica corriera
como la pólvora: en noviembre de 2006, Internet ya había contestado
a la pobreza de la lideresa con una campaña en tono de broma y para
"paliar la maltrecha economía familiar" de la dirigente. La
iniciativa impulsada por el blog Periodismo Incendiario vio luz en
la web 1europaraespe.es.
El sueldo de la lideresa superaba, en ese momento, los 8.400 euros
mensuales.
A pesar de que a Aguirre le cueste llegar a fin
de mes, su patrimonio no es nada desdeñable. El año pasado, sus
ingresos anuales se situaban en torno a los 107.361 euros. Su
pobreza resulta todavía más cantosa si se incluyen en el cálculo los
bienes inmuebles y otros activos. En septiembre de 2003, antes de
acceder a la Presidencia de Madrid, la lideresa y su marido, el
conde de Murillo, acumulaban 6,2 millones en bienes distribuidos por
4 provincias, según una información de Interviú recuperada por el
blog Los Genoveses.
La Comunidad de Madrid no es precisamente
transparente a la hora de difundir el patrimonio de sus políticos al
igual que otras comunidades como Andalucía, Extremadura, Castilla-La
Mancha e incluso la Comunidad Valenciana -la última en sumarse a
esta iniciativa después del escándalo Gürtel-. También los miembros
del Gobierno, congresistas y senadores han hecho públicos sus
respectivos patrimonios.
El impuesto anunciado por el Gobierno para las
personas con un patrimonio superior al millón de euros no afectaría,
por ejemplo, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, cuyo patrimonio ronda los 209.206 euros. Tampoco a los
tres vicepresidentes, María Teresa Fernández de la Vega, Elena
Salgado y Manuel Chaves. Sí podrían pagarlo tres miembros del
Ejecutivo central: la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina
Garmendia (4,97 millones), el de Industria y Comercio, Miguel
Sebastián (1,22 millones) y el de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba
(1,22 millones).
(www.elplural.com,
21/05/10)
7. EL PP VETA EL ACCESO A LAS DECLARACIONES COMO
ALTO CARGO DE LÓPEZ VIEJO
La mayoría del PP en la Mesa de la Asamblea -el
órgano que dirige el funcionamiento del Parlamento regional- impidió
con sus votos (cuatro de siete miembros) que se hagan públicas las
declaraciones de bienes que hizo el ex consejero de Deportes,
Alberto López Viejo, imputado en el caso Gürtel, como alto cargo. La
información, que incluye las declaraciones del impuesto de la renta
y del de patrimonio desde que el ex consejero entró en el Gobierno
de Esperanza Aguirre en 2003, había sido solicitada por el grupo
socialista a mediados de abril.
El PP apeló a la mayoría que tiene en este órgano
y alegó que eran "suficientes" las declaraciones notariales que han
recibido los socialistas. Los populares ya habían impedido la semana
anterior que sean públicas las declaraciones notariales de López
Viejo que forman parte del registro de bienes de los diputados. Lo
que ha recibido hasta ahora el grupo socialista son los escritos que
el propio ex consejero presentó la semana pasada en el Registro de
la Asamblea y que no responden a lo solicitado.
Y, , el PP volvió a dejar en manos de la Comisión
del Estatuto del Diputado la petición que los socialistas habían
hecho sobre las declaraciones que presentó otro diputado imputado en
el caso Gürtel, Benjamín Martín Vasco, que fue portavoz adjunto del
grupo popular hasta que estalló el caso. Dicha comisión no tiene
previsto reunirse hasta junio.
El PP tenía escaso margen para negarse a la
petición sobre López Viejo, pero se acogió a su mayoría. La Ley de
Incompatibilidad de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid otorga a
la Asamblea la potestad de pedir el acceso al Registro. Una
resolución de 4 de junio de 2001 establece las condiciones para
solicitar esa información, entre las que no figuran ni la necesidad
de motivar la petición, ni que se proceda a votación. Todo lo más
permite a la Mesa de la Asamblea decidir si la información recabada
es secreta.
Pero el PP se escudó en que los socialistas
debían motivar su petición, para aplazar el asunto (en una
resolución de la Mesa del pasado 26 de abril), y , cuando ya no
había forma de demorarlo porque los socialistas habían presentado
una justificación, la echó para atrás con sus votos. Una portavoz
del PP rechazó comentar el asunto. Tampoco hizo declaraciones la
presidenta de la Cámara, Elvira Rodríguez, al no estar localizable,
según otra portavoz.
"Hay una connivencia evidente con López Viejo",
se quejó la portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez. "Si
no nos dejan acceder a las declaraciones del que era el muñidor de
la trama Gürtel, según el sumario, ¿a qué alto cargo nos van a dejar
controlar por esta vía? A ninguno". Menéndez lamentó la "falta de
voluntad y de transparencia" demostrada por el PP. "Solo nos van a
permitir ver la documentación que quiera López Viejo", apostilló.
"Esta decisión blinda la opacidad de todos los altos cargos de
Aguirre".
Los socialistas habían motivado su petición en la
necesidad de comprobar "la concordancia entre los bienes declarados"
por López Viejo y los que utilizó como garantía de la fianza que le
solicitó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Además, el
grupo socialista evocó en su motivación unas declaraciones de la
presidenta madrileña, Esperanza Aguirre: "A mí me parece que los
políticos tenemos que tener nuestro patrimonio a disposición de los
ciudadanos, para que se sepa, si es que se ha incrementado, de dónde
ha salido". A tenor de lo votado , su grupo no está de acuerdo con
sus palabras.
CRONOLOGÍA DE UNA PETICIÓN FRUSTRADA
- El PSM presenta el 26 de abril dos peticiones
para acceder a las declaraciones como alto cargo y como diputado de
López Viejo. El PP pide justificar la primera y deja la segunda a la
Comisión del Estatuto del Diputado.
- López Viejo registra el 10 de mayo en la
Asamblea una declaración notarial sobre su patrimonio, pero falta
parte de lo solicitado.
- La Comisión del Diputado se reúne el 13 de mayo
y deniega facilitar más información que la entregada por López
Viejo.
- La Mesa niega el acceso a las declaraciones
como alto cargo.
(www.elpais.com,
18/05/10)
8. LA JUEZ AL JEFE DE LOS SUPUESTOS ESPÍAS: "NO
SÉ QUÉ HACEN USTED Y SUS HOMBRES"
La Consejería de Interior de la Comunidad de
Madrid, que dirige Francisco Granados, del PP asignaba en 2008 una
labor a cada uno de sus 40 funcionarios, según un estadillo mensual
difundido por este diario. Todos tenían asignada la supervisión de
la seguridad de una consejería. En dicho listado no figuraba ninguno
de los ocho agentes de Granados sospechosos del espionaje al
vicealcalde Manuel Cobo y al ex vicepresidente regional, Alfredo
Prada.
A su vez, cada consejería disponía de dos mallas
de seguridad: la interna, ejercida por una firma privada; y la
externa, a cargo de una unidad de la Guardia Civil. Los 40 agentes
de Granados sólo supervisaban la seguridad interna. Y si hallaban
alguna incidencia, la reflejaban en un parte. Sin embargo, los tres
asesores de Granados imputados por el espionaje a Cobo y a Alfredo
Prada entre abril y mayo de 2008, han proclamado ante la juez que si
los posicionamientos de sus teléfonos móviles les sitúa alrededor
del edificio donde Cobo tiene su despacho en los días y horas que
también señalan los partes del espionaje sería porque estaban
vigilando alguna consejería cercana. Y para hacer ese trabajo,
confesaron a la juez que no recibían órdenes por escrito, ni
emitieron ningún documento sobre su supuesta supervisión. Todo esto
dejó perpleja a la juez, que les lanzó un duro reproche,
especialmente al ex director general de Seguridad Sergio Gamón,
también imputado.
Juez. Señor Gamón, yo tengo un problema con este
tema, es que no sé qué hacen usted y sus hombres.
Gamón. Mis hombres no son, son asesores del
consejero.
J. Usted da las órdenes, y por lo tanto les llamo
sus hombres. Órdenes que no hay manera de controlar. Ni hay órdenes
por escrito, ni hay reporte por escrito. Ni hay absolutamente nada.
Entiendo que el puesto que ocupan en la Comunidad de Madrid es un
puesto privilegiado, pero no hay manera de comprobar nada, pueden
estar jugando al mus...
G. Yo si quiere le cuento lo que hacíamos...
J. Ya, pero es su palabra, yo no es que sea Santo
Tomás, pero no hay manera de saber lo que hacían ustedes.
La juez le pregunta si el centro de Madrid era
una zona caliente.
G. Claro, tenemos todas las consejerías ahí.
J. Ya, pero mire usted, a uno de sus hombres le
he preguntado si sabía de las consejerías y me ha dicho que no, al
otro le he preguntado que si en octubre también estaban ahí y me
dice que no sabe. Erigirse en el único enterado tiene sus problemas.
Los demás, no saben. Usted les dice que vayan por ahí y van por ahí,
no saben ni los edificios. (...) ¿Abril fue un mes normal?
G. Fue un mes normal. Hubo un tema.
J. ¿En abril o mayo?
G. No sé.
J. Pues ya se lo podía haber mirado usted.
Luego se polemiza sobre quién es el jefe de los
supuestos espías.
Fiscal. ¿Y usted no lleva ningún tipo de control
de la actividad de sus asesores?
G. No son mis asesores, eran del consejero.
F. Usted era su superior y les daba las órdenes.
G. En este tema de la seguridad de los edificios,
sí.
F. Y no queda ninguna constancia de su actividad.
G. Ninguna.
En un momento dado, Gamón jura que es pura
coincidencia que sus hombres aparezcan en los mismos lugares, fechas
y horas que marcan los partes del espionaje a Cobo. Y la juez le
muestra una abierta duda.
G. Decir que mis hombres han estado en la zona
centro es muy fácil, lo puede decir cualquiera.
J. Pues esto se ha guisado en su patio.
G. No, yo le garantizo que no.
Gamón aporta varios elementos curiosos más: por
un lado, alega que si sus hombres aparecen en la plaza de la
Independencia es porque están vigilando la entrada o salida del
consejero de alguna de las sedes cercanas; pero luego matiza que
desde allí no se puede ver nada porque hay mucho tráfico. Nada dice
sobre el hecho de que sus asesores aparezcan repetidamente a
espaldas del Ayuntamiento, junto a la calle Juan de Mena y
Montalbán, desde donde aún se ve menos cualquiera de las dos
consejerías cercanas, situadas en Alcalá 63 (Familia) e
Independencia 6 (Deportes). Gamón negó que se practicaran
contravigilancias o seguimientos a Prada, al contrario de lo que
viene diciendo en público su jefe, el consejero Granados, que
atribuyó a contravigilancias y escoltas el marcaje de sus hombres.
Gamón reveló que los otros asesores (los ex policías Roberto
Casielles, José María Rodríguez y Belén Esparteros) también estarían
en la zona donde fueron cazados, presuntamente espiando a Prada o
Cobo, los tres ex guardias civiles. "Yo estoy convencido de que los
otros también estaban ahí, lo que pasa es que no hicieron ninguna
llamada". Gamón también contó a la juez que durante los actos
hablaba "muchísimo" con la presidenta Esperanza Aguirre, aunque
nunca por teléfono.
Los tres ex guardias civiles asesores de Granados
(José Oreja, José Luis Caro y Antonio Coronado) siguieron idéntico
guión ante la juez: sus posicionamientos telefónicos y los partes
del espionaje les ubicaban en el entorno de Cobo, aunque previamente
habían testificado que nunca lo habían seguido. Los tres alegaron
que si aparecían allí, junto al Ayuntamiento, era porque estaban
vigilando alguna consejería. Pero nunca precisaban qué consejería,
ni a qué hora, ni por qué motivo. Incluso intentaban presentar como
coartada un encierro en una de ellas que, según les recordó la juez,
se produjo un mes después. Ni siquiera sabían la ubicación de las
consejerías vigiladas. Su letrado quiso recordarles todas en su
interrogatorio. Pero la juez le cortó: "No me dejan claro a qué se
dedican ustedes. La defensa les está preguntando donde están los
edificios de la Comunidad de Madrid y ninguno de ustedes se ha
molestado en saber dónde están, pues usted me dirá...".
(www.elpais.com,
1705/10)
9. LA JUEZ OBTIENE LA PRUEBA CLAVE DEL ESPIONAJE
A PRADA Y COBO POR AGENTES DE AGUIRRE
La letra de los partes del espionaje político
realizado por agentes del Gobierno de Esperanza Aguirre contra
Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, y Alfredo Prada, ex
vicepresidente regional, era del agente autonómico José Manuel
Pinto. Así al menos lo establece la prueba pericial caligráfica que
la juez del caso encargó hace semanas a la policía, según han
confirmado a este periódico diversas fuentes de la investigación.
El agente autonómico José Manuel Pinto, a tenor
de la pericial caligráfica encargada por la juez, anotó las
matrículas de los coches relacionados con Prada, al que Aguirre echó
de su Gobierno tras ficharlo Rajoy para su dirección. Los espías le
siguieron a restaurantes o despachos e intentaron identificar a sus
acompañantes. Ejemplo de ello es la matrícula de un coche anotada en
el parte de espionaje del 27 de mayo en el que luego se identifica a
su propietaria: la diputada regional del PP Carmen Rodríguez Flores,
una de las víctimas del supuesto espionaje que está personada en la
causa contra los agentes al servicio del consejero de Interior
Francisco Granados.
La anotación manuscrita de Pinto, según el
informe pericial, no sólo acertó en la propietaria del vehículo sino
también en el día en que dicha parlamentaria se encontró con Prada.
La huella dejada por Pinto en los partes confirma
no sólo que los escritos que prueban el seguimiento político pagado
con dinero público proceden de la Consejería de Interior, sino que
la labor prestada por los agentes era de puro espionaje, ya que en
los informes se detalla un auténtico marcaje al hombre, día y noche,
en lo público y en lo privado, y no una mera descripción de control
de algún acto político, en contra de la tesis que han mantenido ante
el juez los sospechosos de hacer los seguimientos.
Pinto negó a la juez que hubiera escrito en los
partes al menos en seis ocasiones. "No es mi letra, no he visto esos
partes en mi vida", repitió. Con el informe pericial deberá dar
nuevas explicaciones sobre el origen de los escritos mecanografiados
sobre los que él escribía.
Dos informes policiales basados en
posicionamientos telefónicos habían acreditado que los agentes del
consejero de Interior, Francisco Granados, singularmente sus tres
asesores procedentes de la Guardia Civil, siempre se hallaban en los
mismos puntos y horas que registraban los partes de seguimiento a
Prada o Cobo. Como última coartada, tras haber negado primero los
seguimientos a uno y otro dirigente popular, alegaban que se
trataban de meras coincidencias con sus vigilancias a consejerías
cercanas al Ayuntamiento de Madrid o que el control de Prada se
enmarcaba en la normal vigilancia a que sometían a cualquier
consejero, algo que desmiente la mera visualización de sus
posicionamientos telefónicos (el marcaje duró dos meses y se
producía repetidamente en torno a actos íntimos o al domicilio), la
normativa legal (las contravigilancias y escoltas son competencias
ajenas a la Comunidad de Madrid) y el hecho de que nunca fueron
alertados de tan pertinaces vigilantes ni Cobo ni Prada. La grafía
de Pinto despeja las últimas dudas: este empleado de Granados deja
su marca en varios folios donde se relata una actividad de claro
espionaje.
Pinto, el único de los imputados que no fue
fichado a dedo por el Gobierno del PP y que tiene plaza de empleado
público, es un testigo privilegiado para explicar qué significaba
"montado el dispositivo a la hora habitual" y "desmontamos el
dispositivo ya que creemos que no va a haber movimientos", y cómo
supo que un C-4 aparcado el 14 de abril junto a un restaurante donde
estaba Prada pertenecía a una Secretaría de Estado. La anotación que
hizo no se refería a ningún acto público. Era un coche que fue
identificado por los espías cuando controlaban una cena de Prada en
un restaurante de comandante Zorita con su mujer y "una chica muy
joven" que resultó ser su hija. Pinto también puede ilustrar sobre
la comida de Prada en la calle Fernando el Santo en la que los
espías anotan que dejan su labor para una reunión en la dirección
general. Y él anota tres matrículas de tres sospechosos de comer con
Prada, quien compartió mantel ese día con dos altos cargos del Poder
Judicial.
Las acusaciones temían que llegada esta prueba
caligráfica casi año y medio después de estallar el escándalo, Pinto
pudiera modificar artificialmente su letra para desvincularse del
rastro dejado en los documentos. El Gobierno de Aguirre, que llegó a
declarar que EL PAÍS se inventó los partes del espionaje, ya conoce
a uno de sus presuntos autores. Y es empleado suyo.
10. COBO VUELVE A LA CARGA: "CONFÍO EN LA
JUSTICIA, LA JUEZ Y LA FISCAL. DE OTRAS PERSONAS NI CONFÍO NI ESPERO
NADA"
Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y hombre de
confianza de Alberto Ruiz Gallardón, ha dejado claro que ni perdona
ni olvida el supuesto seguimiento que padeció a manos de agentes de
la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid entre abril y
mayo de 2008. Sin mencionar nombres, Cobo ha asegurado que "hay
personas que están haciendo mucho daño" al partido "cometiendo estos
actos ilegales y protegiendo y amparando esta situación". Además, ha
precisado que no se disculpará por buscar justicia –el caso está en
manos de la jueza Carmen Valcarce-, algo a lo que "tienen derecho
todos los ciudadanos". Las declaraciones de Cobo llegan el mismo día
en que el diario El País ha desvelado que el agente autonómico José
Manuel Pinto es el autor de los partes de seguimiento según los
informes caligráficos requeridos por la magistrado.
Cobo ha enfatizado en que seguirá reclamando
justicia en los tribunales y ha pedido a los ex guardias civiles
imputados que digan la verdad.
La mano derecha de Gallardón exigirá la
comparecencia inmediata" de Pinto por demostrarse que "mintió" en el
juzgado, pero no, por el momento, las de la presidenta Esperanza
Aguirre y el consejero Francisco Granados. Cobo ha opinado que la
instrucción de este caso "ha dado suficientes elementos de juicio
para condenar a los culpables", el último de los cuales, ha dicho,
es la prueba pericial de la que informa hoy
El País."Hoy
hemos comprobado que aquellas letras, números y matrículas
manuscritas son de asesores o funcionarios de la Comunidad de
Madrid", ha opinado, felicitando a la titular y a la fiscal del
Juzgado número 5 de Madrid que lleva el caso.
El número dos del Ayuntamiento ha asegurado que
"todos los pasos que han ido dando han ido probando lo que tanto
Prada como yo hemos denunciado: que se produjo una situación
absolutamente ilegal y vergonzosa de espiarnos". Al ser preguntado
sobre si echaba en falta alguna explicación pública de los
responsables autonómicos, el vicealcalde ha contestado: "No echo de
menos ni espero nada de algunas personas, no espero absolutamente
nada. Confío en la justicia, la juez y la fiscal y en aquellos
letrados que nos asesoran en el procedimiento. De otras personas ni
confío ni espero nada". "No le voy a decir que pida perdón a nadie,
no es mi papel. Exijo responsabilidades judiciales a aquellas
personas que han cometido un delito, tengo todo el derecho y lo voy
a seguir haciendo diga lo que diga quien lo diga", ha agregado.
Del otro lado, el consejero de Presidencia,
Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados,
ha dicho hoy que las informaciones de El País "sorprenden mucho",
sobre todo "porque el señor Pinto se ha presentado voluntariamente a
hacer la prueba y lleva meses pidiendo a la juez que le permitiera
hacerla". Granados ha dicho tras un acto en Alpedrete que ni ha
leído ni sabe si el informe pericial en cuestión ha llegado al
juzgado por lo que no puede opinar. Aún así, ha insistido en que "lo
que ha quedado comprobado en las últimas informaciones aportadas por
la Policía al Juzgado es que en el caso del señor Cobo no se ha
producido ningún seguimiento y que esto del espionaje es una
absoluta broma". Granados ha dicho asimismo que la Comunidad de
Madrid hizo informes periciales a todas las personas señaladas en el
caso de espionaje a políticos y todos dieron negativo. Esos estudios
los elaboró un perito que recibió un millón de euros en
adjudicaciones del Ejecutivo regional.
En sentido radicalmente opuesto, el Partido
Socialista de Madrid ha dado credibilidad a las últimas
informaciones sobre el espionaje y ha exigido el "cese" de Granados.
"Es absolutamente grave lo que está ocurriendo, pues la información
de El País consolida las denuncias que venimos haciendo, en el
sentido de que ha habido espionaje en la Comunidad de Madrid" ha
puntualizado el secretario general de este partido, Tomás Gómez.
(www.elplural.com,
18/05/10)
11. GRANADOS: "ESTO DEL ESPIONAJE ES UNA BROMA"
El consejero madrileño Francisco Granados, que
contrató a dedo a los tres guardias civiles imputados en el
espionaje, volvió a negar que este se produjera, como ha hecho
siempre en público desde que estalló el escándalo. "Lo que ya ha
quedado comprobado es que en el caso del señor Cobo no se ha
producido ningún seguimiento y que esto del espionaje es una
absoluta broma", afirmó . "Y lo de Prada se trata de las
contravigilancias que hacemos a todos los altos cargos de la
Comunidad de Madrid". El Ejecutivo autónomo no tiene competencia
para hacer contravigilancias. Granados aseguró que no ha visto el
informe pericial encargado por la juez y declinó opinar sobre él.
"Difícilmente un informe puede demostrar que Pinto es el autor de
los seguimientos a Cobo y Prada, porque ya quedó demostrado que a
Cobo no le siguió nadie", afirmó. "Simplemente han aparecido algunos
días a menos de 500 metros del Ayuntamiento, que es un gran delito
como todo el mundo sabe", ironizó.
(www.elpais.com,
19/05/10)
12. RAJOY DIO CRÉDITO A LOS PARTES Y PREGUNTÓ
QUIÉN ORDENÓ ESPIAR
Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular,
siempre dio credibilidad a los partes que recogían el supuesto
espionaje al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo; y al ex
vicepresidente regional y hoy miembro de la dirección nacional del
PP, Alfredo Prada.
De hecho, sólo unos días después de que
aparecieran publicados los partes en EL PAÍS, Rajoy declaró: "Una
cosa es que se publiquen rumores y otra cosa es que, como ha
sucedido, se publiquen muchos documentos. Esos documentos existen,
lo que no sabemos es quién los ha confeccionado y quién los ha
ordenado. Yo quiero transparencia y claridad, es bueno que se sepa
la verdad". Lo dijo el 4 de febrero de 2009, cuando su partido había
abierto una investigación interna al Gobierno de Aguirre por
supuesto espionaje político.
Aguirre intentó echar tierra sobre el asunto
mediante amenazas a la dirección nacional del PP de destapar asuntos
turbios del tesorero Luis Bárcenas. Bastó un aviso para que la
comisión de investigación abierta en el PP por "unos hechos
gravísimos y unas actuaciones inadmisibles en su naturaleza" se
clausurase de manera provisional.
El Gobierno de Aguirre, aplicando el rodillo de
su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, también cerró en falso
otra comisión de investigación que aceptó abrir para calmar a Rajoy.
Los dirigentes del PP acusaron entonces a EL PAÍS de fabricar los
partes de espionaje en la redacción y descalificaron al periodista
encargado de la investigación.
Durante más de un año, la investigación judicial
fue aclarando algunas incógnitas del caso. Los informes de los
posicionamientos telefónicos de los agentes sospechosos de espiar a
Cobo y Prada aclararon que los culpables eran al menos cuatro
personas: tres ex guardias civiles a los que fichó el consejero de
Interior, Francisco Granados, por su afinidad familiar con uno de
ellos; y un ex policía nacional fichado por Sergio Gamón, ex
director general de Seguridad al que se destituyó tras el supuesto
robo de un ordenador a un ex alto cargo vinculado a Prada. Con el
informe pericial caligráfico, al que daba mucha importancia el
consejero de Interior, Francisco Granados, aparece un nuevo agente
culpable, al menos de transcribir lo que los supuestos espías le
decían. El agente José Manuel Pinto fue identificado en un doble
informe pericial encargado por EL PAÍS. Pero Granados encargó otro
informe a un perito calígrafo, ex concejal socialista, que negó que
Pinto fuera el autor de esa letra. Ese perito calígrafo, una de las
coartadas de Granados para negar que el Gobierno regional encargara
los espionajes, recibió meses después un contrato de la Consejería
de Interior de casi un millón de euros para aportar traductores a
los juzgados, pese a que nunca antes había hecho ese trabajo.
Rajoy espera las conclusiones de la investigación
judicial para actuar. Las distintas pruebas acreditan el espionaje.
Ahora, como dijo Rajoy, sólo hace falta saber quién lo ordenó:
Aguirre, Granados o, por su cuenta, el ex director general de
Seguridad Sergio Gamón. Eran los jefes de los espías.
(www.elpais.com,
18/05/10)
13. AYUNTAMIENTODE MADRID. BOTELLA PLANEA PEDIR A
LA UE AMPLIAR LOS PLAZOS PARA REDUCIR LA POLUCIÓN
El tráfico genera gran parte de la contaminación
en Madrid, y así parece que va a ser durante mucho tiempo. El
dióxido de nitrógeno (NO2), un gas tóxico emitido por los vehículos,
llegó en 2009 en la capital a 55 microgramos por metro cúbico, y
superó los límites recomendados por la Unión Europea (42 microgramos
para 2010).
El problema es que el año que viene la UE ya no
recomienda, sino que obliga a cumplir los límites (más bajos aún, 40
mcg/m3). Y el Consistorio tiene dudas de que vaya a poder cumplir la
normativa.
De ahí que la concejal de Medio Ambiente, Ana
Botella, declarara el pasado miércoles en una entrevista con la
cadena SER que estudia pedir una moratoria a Bruselas en el
cumplimiento de estos límites, una posibilidad contemplada en la
directiva europea de calidad del aire.
Pero con moratoria o sin ella, el Ayuntamiento
sigue sin plantear medidas concretas al plan para luchar contra la
contaminación, presentado en dos ocasiones (2006 y 2009), pero que
hoy por hoy todavía no se ha concretado en nada. La zona de bajas
emisiones de la que se habló sigue sin detallarse y la principal
medida que reduciría la polución, la limitación del paso de
vehículos por esa zona, todavía no se ha planteado. Según Medio
Ambiente, es una de las posibilidades que está en estudio. Pero no
dice nada más. Ni si se aplicará en algún momento de este año o los
siguientes, ni a qué tipo de vehículos afectaría ni en qué zonas
concretas de la capital se llevaría a cabo.
El vicealcalde, Manuel Cobo, declaró en la
conferencia de prensa posterior al consejo de gobierno, que el aire
en Madrid es "saludable" de acuerdo a los baremos que establece la
UE. Y aseguró: "Nunca se puede descartar ninguna medida", sea
drástica o no. En resumen, que, por ahora, ni se descarta ni se
aplica. Cobo aseguró además que el oficio enviado por la Fiscalía de
Medio Ambiente al Ayuntamiento en el que se criticaba la calidad del
aire y la forma de medición en Madrid tiene alguna "interpretación
inadecuada".
De otro modo lo ve Pedro Santín, portavoz del PSM
en la Comisión de Medio Ambiente del Consistorio: "O se actúa sobre
el tráfico o la contaminación no bajará en Madrid", dijo. Santín
acusó a Botella de no ser capaz de cumplir la normativa y de haberse
olvidado de sus compromisos.
(www.elpais.com,
21/05/10)
14. AYUNTAMIENTODE MADRID. EL CENSO DE LOS
MENDIGOS
La Policía Municipal de Madrid ha elaborado un
mapa de riesgo del distrito de Centro donde identifica las
principales zonas de mendicidad en el corazón de la ciudad. El mapa,
de uso interno, señala 48 calles o plazas donde más de un centenar
de personas pasan los días pidiendo dinero y las noches durmiendo
entre cartones.
El barrio de Sol es el principal foco de esta
actividad, según el documento policial. En el entorno de la plaza
Mayor los agentes han señalado hasta 16 calles donde se ejerce la
mendicidad. El informe elaborado por la Policía Municipal revela que
"el perfil de las personas que se dedican a esta actividad son:
menores de origen rumano y adultos que aprovechan la multitud de
personas que transitan por la zona". Un portavoz de la Concejalía de
Seguridad asegura desconocer el documento pero precisa que los
agentes recaban las quejas y denuncias de vecinos y comerciantes
para esbozar las zonas donde tienen que actuar.
Varias organizaciones no gubernamentales (ONG)
alertan del peligro de que este mapa confunda mendigos con personas
sin hogar. "Alarma que este mapa lo haga la policía y no los
servicios sociales del Ayuntamiento de la capital", advierte Enrique
Cuesta, de la organización Acción Red de Madrid.
Mario pasa el día sentado junto a la salida del
aparcamiento público en la calle del Arco del Triunfo, un lóbrego
pasaje que conecta la calle Mayor y la plaza del mismo nombre.
"Llevo unos cuatro o cinco meses aquí", explica con un fuerte acento
del este. Es rumano, como la mayoría de los indigentes que merodean
por la zona en busca de una ayuda.
Mario, de unos 40 años, pasa el día agitando un
vaso de plástico que tintinea por el golpeteo de tres o cuatro
monedas de cobre. El sutil movimiento parece suplicar una limosna a
los que salen del aparcamiento subterráneo. "Cuando saco suficiente
para comer voy al Dia y me compro un bocadillo", cuenta sin moverse
de su sitio, al que parece clavado. Asegura que la policía no le
molesta para nada. "Ya me conocen y saben que no bebo", revela
orgulloso de su mérito. Dice que duerme donde puede. Cerca de su
lugar de trabajo. Por la zona. "Tengo una tienda de campaña y unas
mantas", señala mientras muestra una pequeña mochila donde guarda
todo su patrimonio.
"Por las noches, si viene la policía recojo las
cosas, limpio todo y espero a que se vayan", desvela. Su panorama no
es muy diferente al de otros compañeros que ocupan otras esquinas de
los alrededores.Desde las organizaciones de ayudas a personas sin
hogar denuncian casos de acoso de la policía a indigentes para que
no afecte al turismo en la zona centro. "Hay una campaña de
hostigamiento a estas personas que duermen en el entorno a la plaza
Mayor. No todas ejercen la mendicidad. Hay que tener cuidado con
este mapa", insiste Cuesta desde Acción Red de Madrid.
Esta organización agrupa a unos 40 voluntarios
que recorren varias noches a la semana las zonas donde duermen
personas sin techo para ofrecerles comida. "Hay muchos sin hogar
bajo los soportales de la casa de la Panadería (en plena plaza
Mayor). De vez en cuando la policía los despierta a las dos o las
tres de la mañana para echarlos de allí. En ocasiones han ido con
mangueras para regar el pavimento para que no puedan instalarse
allí. No quieren que los turistas se queden con esa imagen", añade.
El concejal socialista de Madrid Óscar Iglesias
critica al equipo de gobierno del Ayuntamiento de la ciudad por
"ordenar limpiar de mendigos los alrededores de la plaza Mayor". A
su jucio, "quieren ofrecer una imagen idílica y bucólica del centro
a los turistas". Iglesias recuerda que la polícia "está para
garantizar la seguridad". "También de estas personas", sostiene. El
edil socialista denuncia la política de hostigamiento contra estas
personas. "En vez de acosarlas, el Ayuntamiento debería actuar con
medidas sociales y ayudarlas a salir de esa situación de exclusión
social", concluye.
A primera hora de la mañana es habitual ver a
varias personas agitando pidiendo en el entorno de la plaza Mayor.
La mayoría de ellos va provista de un vaso de plástico. Juegan al
despiste con la Policía Municipal. Un coche patrulla estaciona en la
calle de Zaragoza y los mendigos lo esquivan desplazándose a otra
esquina.
Fran está tumbado entre la calle Imperial y la de
Atocha. Lo acompañan dos chuchos de color negro: Pepe y Púa, que le
escoltan de día y le dan calor por la noche. Es de Granada, pero se
dejó el acento y la memoria en otra parte. No recuerda el tiempo que
lleva durmiendo junto a la plaza Mayor. Lo hace con otros
compañeros. Se pone en guardia cuando se le pregunta por la policía:
"Se portan bien, aunque a veces te dan una patada para despertarte",
cuenta. ¿Qué le ha llevado a estar así? "La vida", responde conciso
con un aire de resignación. Al rato se le ve pasear por la calle de
Postas con una lata de cerveza en la mano. Uno de sus compañeros
está apostado en una esquina de la plaza de las Provincias
reclamando una "monedita". Luce una enmarañada barba rubia y un
chaquetón a cuadros. Mientras agita un vaso de plástico
transparente, masculla frases incoherentes.
"Nos preocupa que este mapa lo haya elaborado la
Policía Municipal y no Servicios Sociales", sostiene Jesús Sandin,
responsable del programa de personas sin hogar de la organización
Solidarios. "La solución no es policial, sino ofrecer una ayuda de
calidad. La policia interviene porque responde a una denuncia de
vecinos o comerciantes", reconoce Sandin. "Nadie quiere que esten en
la calle. Las personas sin hogas no son delincuentes", concluye.
El mapa de la mendicidad elaborado por la policía
también se extiende a otras zonas. Bajo el subterráneo de la plaza
de Cibeles hay cinco tipos adormilados a mediodía. Lo hacen con un
ojo entreabierto. Uno de ellos se despierta y comienza a liarse un
porro. "Sólo hablamos si nos das una moneda", lanza. "¿La policía?
Pues como todo. Unos se portan bien y otros no tanto. Patadas,
golpes", añade el menos desconfiado.
(www.elpais.com, 17/05/10)
15. AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN. ECHAN A
LA EDIL IMPUTADA EN EL 'CASO GÜRTEL'
El grupo municipal del PP de Pozuelo de Alarcón
expulsó a la ex concejal de Obras Yolanda Estrada, imputada en el
caso Gürtel por el juez Antonio Pedreira por los delitos de
prevaricación y cohecho. La edil había renunciado el 8 de enero
pasado, fecha en la que se conoció su presunta relación con la
trama, a todas sus atribuciones municipales, y según relató a su
partido esperaba que se le archivara la imputación. Por eso calificó
de "injusta" la decisión, que ya había anunciado el martes el
secretario general del PP madrileño, Francisco Granados.
Esta expulsión se incluyó de urgencia en el pleno
celebrado . No obstante, permanecerá con el acta de concejal, al que
no ha renunciado, pese a exigírsela su partido, según explicó el
portavoz del Ayuntamiento, Pablo Rivas. La portavoz de la oposición
del PSM-PSOE en el Ayuntamiento, Eva Izquierdo, considera este hecho
"una situación vergonzosa".
Estrada aparece en el sumario de la operación
Gürtel en una de las conversaciones de la ex contable de las
empresas del cabecilla de la trama, Felisa Isabel Jordán, que se
refiere a ella como una de las personas con las que hay que
contactar en Pozuelo.La concejal Yolanda Estrada aseguró a este
periódico que si el magistrado instructor del caso Gürtel, Antonio
Pedreira, mantiene su imputación de los delitos de prevaricación y
cohecho renunciará al acta. "Lo he dicho en el Pleno, si el juez me
contesta manteniendo la acusación dejaré de ser concejal".
Por su parte, la portavoz del PSM-PSOE en el
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Eva Izquierdo, exigió a la edil
expulsada del PP local, Yolanda Estrada, que renuncie ya a su acta,
pues considera que no debe permanecer ni en el grupo municipal del
PP ni en el Ayuntamiento. "Si ella no renuncia, el alcalde se lo
debe exigir. Nos parece hipócrita que no pueda estar en el PP y sí
en el Consistorio", subrayó.
En este sentido, el portavoz del Ayuntamiento,
Pablo Rivas, resaltó que la decisión se ha adoptado tras esperar
cuatro meses. "Estrada nos dijo que iban a sobreseer los delitos que
se le imputan. La Justicia es lenta, pero no podemos esperar más. Le
hemos pedido el acta, pero si lo devuelve o no es una cuestión
personal". Pese a su expulsión, la página web del Consistorio
incluía por la noche a Estrada dentro del grupo de concejales del
PP.
La portavoz de la oposición criticó la actuación
de Pablo Rivas al asegurar que al alcalde "no le ha quedado más
remedio" que tolerar la permanencia de Estrada."Sin ir más allá, en
el Pleno de hubo un punto en el que hemos presentado unos votos
particulares en los que se equivocó votando que sí. Rápidamente el
alcalde le ha hecho un gesto y ha corregido su voto. Nos parece un
paripé nada respetuoso con los vecinos de Pozuelo". Estrada mostró
en el Pleno su agradecimiento al actual alcalde. "Lo último que
deseo en mi vida es perjudicarte", dijo.
En la carta, la concejal apartada del PP, que fue
concejal de Obras durante el mandato de Jesús Sepúlveda, imputado en
la trama y que sí renunció a su cargo de primer edil, dijo que
siempre había sido leal al PP y a la institución municipal. "Es
posible que haya sido leal al PP, ya que del sumario del caso Gürtel
se desprende una presunta financiación ilegal de ese partido, pero
en determinados comportamientos ha sido absolutamente desleal",
concluyó Izquierdo.
(www.elpais.com,
21/05/10)
16. AYUNTAMIENTODE BOADILLA DEL MONTE. BOADILLA
PACTA EL RESCATE POR 5,9 MILLONES DE UNA ADJUDICACIÓN INMOBILIARIA A
CORREA
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha pactado
el rescate de una adjudicación inmobiliaria a empresas de la trama
Gürtel de corrupción que afecta al PP. Se hará cargo de la hipoteca
de 5,9 millones de euros de una de las empresas del entramado de
Francisco Correa. A cambio, esta sociedad renunciará al derecho al
uso y explotación de 33 locales comerciales y 138 plazas de garaje
situados en el Residencial Siglo XXI del municipio.
Estas superficies le fueron adjudicadas por la
Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV) a Rústicas MBS,
S.L., de Ramón Blanco Balín, en 2005 (considerado en el sumario
Gürtel presunto testaferro de Correa), y posteriormente cedidas a la
sociedad Artas Consultores, del mismo empresario.
El Ayuntamiento justifica esta decisión porque la
empresa Artas Consultores jamás ha llegado a pagar el canon anual al
que se comprometió, pese a que el entonces gerente de la EMSV y
diputado en la Asamblea, Francisco Bosch Tejedor, llegó a reducir el
mismo desde los 244.750 euros iniciales a 81.344 euros, y pese a que
la concesión se elevó de 75 a 99 años.
Para que se realice el rescate, es preceptiva la
autorización del juez del caso Gürtel, Antonio Pedreira. Esto se
debe a que la empresa Artas Consultores está intervenida
judicialmente, y por tanto estos locales comerciales de Boadilla no
pueden modificar su estatus legal sin el permiso del juez.La empresa
Artas Consultores, que ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento
de Boadilla del Monte por el que el Consistorio le va a pagar los
5,9 millones de euros que esta sociedad adeuda a Caja Madrid,
aparece en el registro como propiedad de Ramón Blanco Balín,
imputado en la trama. Pero en realidad, según un informe de la
Agencia Tributaria, pertenece mayoritariamente a Francisco Correa,
aunque también ha sido propiedad del diputado en la Asamblea Alfonso
Bosch Tejedor y del ex consejero de la empresa municipal del suelo
de Boadilla del Monte Tomás Martín Morales.
Artas Consultores se constituyó el 22 de
septiembre de 2005 con un capital social de 60.120 euros en 120
acciones, repartidas entre sociedades de Ramón Blanco Balín,
considerado por la investigación como un presunto testaferro de
Correa. Un día después, las acciones cambiaron de manos mediante
contratos privados. Así, Blanco Balín vende al diputado en la
Asamblea Francisco Bosch Tejedor y Tomás Martín Morales el 25% y el
20%, respectivamente, de las acciones de esta empresa. Estos dos ex
altos cargos del PP mantienen la propiedad de estas acciones hasta
el 13 de julio de 2007, fecha en la que Correa se hace con el 75% de
la empresa.
En octubre de 2005 la empresa municipal del suelo
de Boadilla (EMSV), con Bosch Tejedor como gerente, adjudica el uso
de los 33 locales comerciales y las plazas de garaje del Residencial
Siglo XXI a la empresa Rústicas MBS, propiedad también de Blanco
Balín y socio de Bosch Tejedor en Artas Consultores. En enero de
2008 Rústicas MBS cede el uso de los locales a la empresa Artas
Consultores, de la que había sido accionista Bosch Tejedor, imputado
por recibir más de 250.000 euros de las empresas de la trama.
Además, entre los documentos interceptados los
agentes encontraron un archivo que apunta al diputado, que es la
"Autorización expresa de cesión de derecho de superficie sobre las
parcelas del Residencial Siglo XXI dirigida a Rústicas MBS, y pie de
firma don Alfonso Bosch Tejedor en su condición de gerente".
De este archivo se deduce, según los
investigadores, que Blanco Balín pudo solicitar a la EMSV la cesión
del uso a la sociedad en la que era accionista Bosch Tejedor, que
habría sido quien la autorizó.
Esta tesis de la investigación tomaría mayor peso
tras descubrir los agentes un correo electrónico en el que se puede
leer cómo Bosch da órdenes a Blanco Balín, con Martín Morales de
intermediario: "Ramón, me dice Alfonso que le tienes que enviar un
documento por el que declares que la entidad adquirente Artas
dispone de la solvencia económica y financiera necesaria y
suficiente para ser titular del contrato. Es una simple
declaración". Los investigadores de la Agencia Tributaria sostienen
que Ramón se refiere a Blanco Balín; y Alfonso a Bosch Tejedor.
Al aprobar este cambio, la empresa Artas pasó a
gestionar propiedades por las que recibía unos 514.205 euros al año
en concepto de alquiler, según la Agencia Tributaria, ya que el
propio Bosch alquiló para la EMSV varios locales. El Ayuntamiento
instaló ahí la sede de la Policía Local.
(www.elpais.com,
19/05/10)
17. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN DE GUADALIX. EL
PP PIERDE LA MAYORÍA
La salida de dos concejales del PP del
Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix (11.133 habitantes) ha
dejado al equipo de gobierno, dirigido por José Luis López Balsera,
en minoría con cinco concejales de los 13 con los que cuenta la
diputación. Desde el partido se exige a los tránsfugas, Rafael
Mancheño y Amalia Gutiérrez, que entreguen sus actas de concejales
"ya que pertenecen al partido por el que se presentaron".
El Partido Popular ha emitido una nota subrayando
el apoyo a su alcalde y "su firme determinación de seguir gobernando
en el municipio". Mientras que el PSOE exige al regidor que
recomponga la mayoría negociando con el resto de grupos municipales.
"Y si no lo consigue, debería dimitir y que el pleno elija un nuevo
alcalde con mayoría suficiente". Con la salida de estos dos
concejales, que han pasado a ser ediles no adscritos, el
Ayuntamiento cuenta ahora con 5 concejales del PP, 3 del partido
AISA (Agrupación Independiente de San Agustín), 2 del PSOE y 1 del
PADE (Partido Demócrata Español).
(www.elpais.com,
21/05/10)
18. AYUNTAMIENTO DEL ÁLAMO. EL ALCALDE DIMITE Y
CONTRADICE A GRANADOS
La dimisión del alcalde de El Álamo (7.800
habitantes), Jesús Arribas, ha puesto de manifiesto importantes
contradicciones en el seno del Partido Popular. Mientras que Arribas
asegura que su salida se producía a requerimiento de su partido, el
secretario general de los populares en la región, Francisco
Granados, explicó que la renuncia se debe a la propia petición del
todavía regidor.
"El partido en el que milito me ha llamado para
llevar otro tipo de obligaciones y responsabilidades que ahora no
puedo desvelar", explicó Arribas en el pleno en el que hizo oficial
su renuncia, que no se hará efectiva hasta que se celebre el pleno
extraordinario en el que le sucederá en funciones la teniente de
alcalde, Natalia Quintana.
La versión de Granados no concuerda con la del
alcalde. El consejero de Presidencia aseguró además que no hay
"ningún asunto turbio" en esta dimisión, al tiempo que señaló que la
marcha de Arribas se debe a "motivos personales" y a la "no
adaptación a la función que realiza en el Ayuntamiento". Granados
relató que el todavía alcalde se dirigió al partido hace "15 o 20
días" para comunicar su intención de abandonar el puesto, aludiendo
a motivos personales, al cansancio y a la falta de adaptación a su
función en el Consistorio, además de a su deseo de tener una labor
dentro de la Comunidad. "Hemos aceptado su renuncia. En los próximos
días se elegirá al próximo alcalde o alcaldesa y [a Jesús Arribas]
se le dará una ubicación que vaya con su perfil y que sea útil en la
Comunidad. La dimisión es a petición propia", insistió Granados.
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de El
Álamo, Francisco Gaitán, anunció que su grupo pedirá al alcalde que
explique detalladamente los motivos de la renuncia. "Algo tiene que
haber. Una dimisión al final de una legislatura es complicada.
Pueden ser quizás desavenencias en el PP o igual es cierto que su
partido le ha encomendado otra función, pero yo creo que no".
Asimismo, el coordinador de IU del municipio,
José Castro, exigió al regidor que explique de "forma clara y
rigurosa" los motivos que le han llevado a tomar la decisión de
dimitir.
(www.elpais.com, 1505/10)
