ÍNDICE
1. ‘CASO GÜRTEL’. AGUIRRE PROTEGE A UNO DE LOS
IMPUTADOS EN EL CASO GÜRTEL
2. ‘CASO GÜRTEL’. EL PP APLAZA LA DECISIÓN SOBRE
SI SE DIFUNDE LA LISTA DE BIENES DE LÓPEZ VIEJO
3. ‘CASO GÜRTEL’. LA ASAMBLEA SE ENZARZA POR LOS
BIENES DE LÓPEZ VIEJO
4. AGUIRRE REAVIVA LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE
ISABEL II
5. AGUIRRE APOYA A LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
TRAS AÑOS DE DESINTERÉS
6. LA COMUNIDAD DESCARTA COSTEAR LA APERTURA DE
FOSAS DEL FRANQUISMO
7. LA PRESIDENTA REGIONAL: "SI USTED QUIERE IR A
TELEMADRID, DÍGAMELO"
8. AGUIRRE PAGA A PÍO MOA PARA EXPLICAR QUE
FRANCO "ACEPTABA LA DEMOCRACIA" Y SU DICTADURA "NO FUE FASCISTA"
9. ESPIONAJE DEL PP EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
COBO: "EL INFORME PRUEBA QUE AGENTES A LAS ÓRDENES DE GRANADOS ME
ESPIARON"
10. ESPIONAJE DEL PP EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
UN MARCAJE RÉCORD SIN APOYO LEGAL
11. ESPIONAJE DEL PP EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
LOS ESPÍAS DE COBO Y PRADA CAMBIAN SU VERSIÓN: "NO RECIBÍAMOS
ÓRDENES"
12. ESPIONAJE DEL PP EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
DOS ESTRATEGIAS FRENTE A FRENTE
13. ESPIONAJE DEL PP EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
GRANADOS LLEVARÁ A JUICIO A COBO
14. ESPIONAJE DEL PP EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
MANUEL COBO: "NOS AGREDEN Y NOS ESPÍAN, Y EL SEÑOR GRANADOS NOS DICE
QUE PIDAMOS PERDÓN, NO LO PODEMOS ENTENDER"
15. AYUNTAMIENTO DE MADRID. GALLARDÓN SE RESISTE
A CAMBIAR EL NOMBRE DE LA PLAZA DEL CAUDILLO
16. AYUNTAMIENTO DE MADRID. FRACASO TOTAL DEL
'DECRETAZO' DE LA POLICÍA MUNICIPAL
17. AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY. ‘CASO
GÜRTEL’. SUBVENCIONA A UNA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA QUE COBRA
EL EX ALCALDE, IMPUTADO EN EL CASO 'GÜRTEL'
1. ‘CASO GÜRTEL’. AGUIRRE PROTEGE A UNO DE LOS
IMPUTADOS EN EL CASO GÜRTEL
El PP sigue protegiendo al ex consejero madrileño
de Deportes y diputado de la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo,
imputado en el caso Gürtel y una de las primeras víctimas políticas
de la trama corrupta.
Pese a que López Viejo fue suspendido de
militancia del PP y aunque actualmente ocupa su escaño del
Parlamento regional en calidad de no adscrito, la presidenta de la
Asamblea, la conservadora Elvira Rodríguez, evitó facilitar al PSOE
tanto las declaraciones de bienes y del IRPF que hizo el ex
consejero en calidad de alto cargo de la Comunidad de Madrid, como
la declaración notarial de sus propiedades que remitió a las Cortes
cuando tomó posesión como diputado.
Según explicaron varios portavoces de la Mesa de
la Asamblea, que se reunió para tratar este asunto, Rodríguez
emplazó a los socialistas a que expliquen "las razones" por las que
quieren conocer las declaraciones de la renta de López Viejo,
imputado por delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude
fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.
En el PSOE consideraron que esos cargos
justifican "de sobra" su solicitud. "Hay suficiente información en
los medios y en el sumario de la Gürtel como para conocer nuestros
motivos", explicó Helena Almazán, portavoz del PSOE en la Mesa. La
representante socialista afirmó que "el reglamento y una resolución
de la Presidencia regional de 2001 no dice que haya que explicar por
qué se solicita una declaración de un alto cargo".
Los socialistas también habían pedido la
declaración notarial de bienes que López Viejo realizó al llegar a
la Asamblea y que está recogida en el Registro de Intereses del
legislativo. Pero la Presidencia de la Cámara también evitó
remitírsela. Rodríguez emplazó a los diputados del PSOE a que
formulen su petición a la Comisión del Estatuto de la Asamblea.
No obstante, el artículo 28 del reglamento de la
Cámara recoge que "el contenido del Registro de Intereses tendrá
carácter público". En consecuencia, "los datos registrados estarán a
disposición de la Mesa y de la Comisión de Estatuto cuando sean
necesarios para el cumplimiento de sus funciones y serán accesibles
a cualquier persona física o jurídica que lo solicite".
Almazán lamentó la "falta de colaboración"
mostrada por parte de la presidenta de la Asamblea, lo que a su
juicio de muestra que "no hay una voluntad de transparencia por
parte del PP".
Fuentes del PP de la Asamblea madrileña eludieron
comentar lo acontecido durante la reunión de de la Mesa. "Nos
limitamos a acatar lo que decide la Presidencia", afirmó una
portavoz. Tampoco quisieron hacer declaraciones desde el gabinete de
prensa de la presidenta de la Cámara regional.
(www.publico.es,
27/04/10)
2. ‘CASO GÜRTEL’. EL PP APLAZA LA DECISIÓN SOBRE
SI SE DIFUNDE LA LISTA DE BIENES DE LÓPEZ VIEJO
La Mesa de la Asamblea de Madrid, que cuenta con
una mayoría de miembros del PP (cuatro de siete), aplazó la decisión
sobre si debe hacer públicos los bienes del ex consejero de Deportes
Alberto López Viejo, imputado en el caso Gürtel.
Los socialistas habían reclamado la semana
anterior el acta notarial sobre los bienes que López Viejo presentó
al jurar el acta de diputado, pero también el documento en el que
dio cuenta de su patrimonio al tomar posesión como consejero, más
las declaraciones del impuesto de la renta y del de patrimonio, que
estaba obligado a entregar cada año mientras mantuvo el cargo antes
del 30 de noviembre.
La Mesa de la Asamblea decidió que sea la
Comisión del Estatuto del Diputado la que decida sobre la primera
cuestión. Además, la presidenta, Elvira Rodríguez, pidió a los
socialistas que justifiquen la segunda petición."Son tácticas
dilatorias", consideró la diputada socialista, Helena Almazán,
miembro de la Mesa, que aseguró que la falta de transparencia sobre
los bienes de López Viejo supone que el PP, que controla la Cámara
regional, protege "por acción o por omisión" a los tres diputados
imputados en el Gürtel.
Esta diputada puntualizó que su grupo plasmará
por escrito la "motivación que conoce todo el país [para averiguar
los bienes de López Viejo]", y que sus representantes en la Comisión
del Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado
"defenderán la necesidad de conocer la declaración notarial de
bienes" del ex viceconsejero y parlamentario imputado.
El PSOE pretendía acceder al patrimonio declarado
por López Viejo al principio de la legislatura para comprobar si a
través de sus bienes ha podido configurar el pago de la fianza de
750.000 euros que le impuso hace un año el juez Pereira en concepto
de responsabilidad civil. Según la Cadena SER, presentó como aval un
chalé de lujo cuya escritura refleja que él y su mujer desembolsaron
ante notario 1,2 millones de euros, en febrero de 2008, y que
cancelaron automáticamente otro medio millón.
El PP también rechazó en la Mesa una proposición
no de ley de los socialistas en las que planteaban, como han hecho
en el Senado, que los meses de enero y julio sean hábiles y haya
plenos de la Asamblea. "No se ha admitido", explicó la diputada.
Según Almazán, el PP esgrimió el argumento de que
las proposiciones deben contener cuestiones que sirvan para impulsar
la acción del Gobierno regional. "Es bastante peregrino", afirmó la
diputada, que asegura que de las 70 proposiciones no de ley
presentadas por el PP, "el 80% iban dirigidas al Gobierno de la
nación y no a orientar al Ejecutivo regional". El PP no quiso
comentar las decisiones de la Mesa.
(www.elpais.com,
27/04/10)
3. ‘CASO GÜRTEL’. LA ASAMBLEA SE ENZARZA POR LOS
BIENES DE LÓPEZ VIEJO
La declaración de bienes del ex consejero de
Deportes Alberto López Viejo, imputado en el caso Gürtel, que
solicita el grupo socialista, avivó un agrio debate en la Asamblea
sobre cuestiones de forma. La reunión de la Junta de Portavoces
centró gran parte del tiempo en discutir los requisitos para pedir
la declaración del ex alto cargo. La tarde anterior, la Mesa de la
Asamblea exigió a los socialistas que justificaran la petición. ni
siquiera se debatió el fondo del asunto, pero ningún grupo se apeó
de su posición.
A un lado los socialistas, apoyados por IU,
reclaman poder acceder a la declaración que López Viejo envió al
registro de altos cargos, que es público para los diputados. Ellos
esgrimieron la resolución de la presidencia del 4 de junio de 2001
sobre el procedimiento de acceso a estas declaraciones, en la que no
figura tener que justificar la petición. "El PP pretende proteger a
López Viejo", sentenció el portavoz de IU, Gregorio Gordo.
"Razonaremos la petición, pero es un sarcasmo", ironizó la portavoz
socialista, Maru Menéndez. Del otro lado, el PP defendió que el
requisito de argumentar la petición lo justifica un informe jurídico
del secretario general, que no accedió a mostrar.
La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre,
dijo que López Viejo debe acudir "inmediatamente" al notario para
aclarar su patrimonio.
(www.elpais.com,
28/04/10)
4. AGUIRRE REAVIVA LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE
ISABEL II
La Comunidad de Madrid sigue adelante con sus
planes para privatizar el 49% del Canal de Isabel II. La empresa
pública encargada de la gestión del agua en la región ha encargado a
cuatro consultoras los estudios previos para comenzar el proceso de
privatización, aparcado desde hace un más de un año.
El pasado 26 de marzo la dirección del Canal de
Isabel II aprobó la contratación de BBVA, Concinsa, Rothschild y
Cuatrecasas por 1.144.235 euros. Hoy está previsto que el consejo de
administración del ente regional ratifique el encargo.
La dirección del Canal ha encargado a BBVA dos
informes; uno sobre el asesoramiento financiero y otro sobre los
servicios de consultoría y valoración de acciones. Concinsa prepara
un documento para el asesoramiento sobre los bienes patrimoniales;
Rothschild sobre el contenido económico, y el despacho Cuatrecasas
se encargará del asesoramiento legal.
Los estudios deberán estar listos en un plazo de
entre tres y cinco meses, según fuentes del ente regional. Un
portavoz de la empresa pública reconoce la existencia de los
contratos, pero elude aportar más información.
Este renovado interés por privatizar el Canal de
Isabel II tiene que ver con la caída de los ingresos regionales. El
Gobierno de la Comunidad de Madrid ya intentó, sin éxito, privatizar
también el Centro de Transportes de Coslada, pero la operación se
fue al traste porque el precio que pedía era demasiado alto.
Fuentes del Ejecutivo regional recuerdan que los
recursos generados por las privatizaciones no aumentan la capacidad
de crédito, es decir, que no se puede aumentar el gasto con el
dinero de estas operaciones. No obstante, sí se podría destinar esa
cantidad a sufragar inversiones.Lo cierto es que tras la
privatización del Canal de Isabel II se esconde la terrible sed
financiera de la Comunidad de Madrid, y aunque durante meses se
guardó en un cajón la idea de traspasar a manos privadas el ente
regional, la delicada situación económica está secando las arcas
regionales. Los ingresos de la administración autonómica se han
desplomado y los responsables económicos andan haciendo malabares
para cuadrar el presupuesto.
La privatización en tiempos de languidez
económica conduce a valorar los activos del ente regional a un
precio inferior al deseado. Por eso, durante un tiempo desde el
Gobierno regional se aparcó la operación. Antes del verano, la
presidenta regional, Esperanza Aguirre, aseguró que el proyecto
quedaba aplazado por la situación de los mercados. Hasta hace un par
de meses, cuando la propia Aguirre anunció en sede parlamentaria que
mantenía e impulsaba el plan. Con esta declaración impulsaba de
nuevo al proyecto.
Una de las partes más suculentas de la operación
es el patrimonio inmobiliario que tiene la empresa pública. El Canal
cuenta con más de 200 viviendas, así como un gran surtido de solares
repartidos por toda la región.
El patrimonio del Canal de Isabel II asciende a
670 millones de euros y su precio de mercado alcanza los 2.900
millones, según la última tasación que se realizó en 1989, por lo
que su valor actual debe ser mucho mayor. La sociedad pública
regional generó unos beneficios de 90 millones de euros en 2008.
Uno de los obstáculos para llevar a cabo esta
operación es la oposición de Ayuntamiento de Madrid. El Gobierno
municipal cedió al Canal en 2005 la gestión de la red del
alcantarillado por un periodo de 25 años a cambio de 750 millones de
euros. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha
pronunciado en contra de la operación, que considera "ilegal".
También se oponen los 34 municipios gobernados por el Partido
Socialista de Madrid, que anunciaron que anularían sus convenios con
el ente regional. A esto hay que añadir la oposición de la
Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), el organismo regulador en
materia de agua en la región.
La portavoz del grupo socialista en la Asamblea
de Madrid, Maru Menéndez, asegura que "con este proyecto el agua
dejará de ser de los madrileños para ser de los accionistas de la
empresa que se haga con el Canal". "La privatización de esta empresa
regional", sostiene Menéndez, "provocaría, casi con toda seguridad,
el deterioro de la calidad del agua".
La empresa de aguas es un ente mastodóntico que
generó en 2009 unos ingresos de cerca de 740 millones de euros.
Tiene una plantilla de más de 2.500 empleados. Cuenta entre sus
negocios con siete filiales (Hidraúlica Santillana, Hispanagua,
Canal de Comunicaciones Unidas, Canal Energía, Canal Extensia, Gss
Venture e Hidroser). Gestiona 14 embalses y controla 14.136
kilómetros de la red de tuberías.
Para salvar todos los escollos administrativos el
Gobierno regional quiere constituir una nueva sociedad a la que
cedería los bienes del Canal. Esta nueva empresa cotizaría en Bolsa.
A finales de 2008, el Ejecutivo autonómico aprobó, casi a
escondidas, en la ley de acompañamiento de los presupuestos, una
serie de normas que permitían la operación.
La Comunidad debe hacer frente en los próximos 10
años a inversiones por valor de 4.000 millones y se niega a
endeudarse aún más. La deuda de la región era a finales del año
pasado de 11.576 millones de euros.
(www.elpais.com,
28/04/10)
5. AGUIRRE APOYA A LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
TRAS AÑOS DE DESINTERÉS
Esperanza Aguirre dio un viraje de 180 grados en
su postura política frente a los represaliados del franquismo. Al
declararse dispuesta a ayudar a "todas las víctimas, también las del
franquismo" a buscar a sus familiares desaparecidos, se desvinculó
de su trayectoria y se convirtió en la primera dirigente popular que
se sitúa del lado de los represaliados, adelantándose una vez más a
la tesis oficial del PP.
Un cambio de posición que le permite equipararse
a la derecha moderna europea, que no pone etiquetas políticas a los
damnificados de las dictaduras, pero con el que Aguirre, según
fuentes populares, también pretende atemperar la movilización del
electorado de izquierdas -el que no irá a votarla, pero que tiende a
la abstención si no se siente amenazado- a un año de las elecciones
autonómicas. Pero no olvidó a su votante natural. Puntualizó que la
ayuda se ofrecerá a "todas" las víctimas.
Y la factura le sale barata, pues en Madrid
apenas hubo fosas, al haber pertenecido al bando republicano hasta
el final de la Guerra Civil. Las asociaciones de víctimas del
franquismo cifraron en unos miles el número de desaparecidos, en
unas 40 fosas.
La ayuda prometida se limita a establecer un
registro de peticiones de familiares de víctimas para buscar a sus
antepasados, que dependerá del consejero de Presidencia, Francisco
Granados. Hasta ahora, explicó, no se había iniciado el cumplimiento
de la ley porque, al no estar aprobado el reglamento, no se ha
fijado qué Administración debe hacerse cargo. La Comunidad presentó
alegaciones al decreto y al convenio marco.El Ministerio de Justicia
subraya el especial desinterés del Gobierno regional, que ni
siquiera contestó a la propuesta para firmar el convenio. El cambio
de postura de Esperanza Aguirre sorprende porque hace tan solo una
semana, en sede parlamentaria, la presidenta tachó de "aquelarre de
carcamales resentidos" a los asistentes al acto de homenaje al juez
Baltasar Garzón, en el que también hubo representantes de las
asociaciones de memoria histórica, que agrupa a los familiares de
los desaparecidos.
Además, hace dos años, en abril de 2008, en el
famoso discurso en el Casino de Madrid en el que retó a Mariano
Rajoy antes del congreso nacional del PP, Aguirre defendió la
reparación de las víctimas -"Creo firmemente que una sociedad
decente no puede permitir que quede ni una sola víctima de la Guerra
Civil sin enterrar", dijo-, para apostillar que, desde 1977, a "sus
descendientes o sus correligionarios" se les ha permitido hacerlo.
Sin embargo, Aguirre venía a reconocer con su anuncio de poner "la
Comunidad de Madrid absolutamente a su disposición" que no es así.
Que todavía queda por hacer.
La presidenta ha sabido utilizar la oportunidad
de reparar un error. Pero han pesado razones electorales, según
fuentes populares. Una de ellas es la numerosa presencia de
ciudadanos de a pie -unos 65.000 asistentes, según los cálculos de
este periódico-, muchos familiares y descendientes de represaliados,
también ancianos que, según su testimonio, nunca antes habían
acudido a una manifestación. Sobre todo gente que no había sido
llamada por los partidos, sino por una fabulosa campaña en las redes
sociales, auspiciada por las asociaciones de víctimas, que se
cuidaron mucho de abogar por el frentismo de la Guerra Civil y que
se limitaron a defender la reparación a los represaliados por la
dictadura. En este contexto, los asistentes identificaron pronto
como culpable a la presidenta regional por sus declaraciones contra
Garzón y se repitió el grito de: "Esperanza, dimisión".
De ahí que la presidenta haya optado por una
fórmula que le permite frenar una fuerte movilización de la
izquierda que se le podía volver en contra en las elecciones de mayo
de 2011, según fuentes del PP. Es decir, ha optado por evitar volver
a una campaña electoral con una nueva versión del "No a la guerra"
que la persiguió en las autonómicas de 2003.
Al mismo tiempo, Aguirre se desmarca de la
postura manejada por Rosa Díez, líder de UPyD, la cuarta fuerza
política que los tres partidos con representación en la Asamblea
temen que entre en la arena política en los próximos comicios. Díez
fue aún más radical respecto al acto de homenaje de Garzón, del que
dijo: "Es un golpe contra el Estado de Derecho y una de las cosas
más graves que ha ocurrido en democracia". Ahora Aguirre se ha
situado a años luz de ella. Y de sí misma.
(www.elpais.com,
29/04/10)
6. LA COMUNIDAD DESCARTA COSTEAR LA APERTURA DE
FOSAS DEL FRANQUISMO
El Gobierno que preside Esperanza Aguirre no está
dispuesto a hacer frente al coste de abrir las fosas de víctimas del
franquismo, como han hecho otras comunidades autónomas,
especialmente Cataluña. Así lo aseguró el vicepresidente regional,
Ignacio González, que precisó que la competencia es del Ejecutivo
central, según establece la Ley de Memoria Histórica. También afirmó
que este ha entregado ya "miles de millones" a las asociaciones de
víctimas para costear la localización y las excavaciones de fosas
comunes en todo el país. Las subvenciones para financiar actividades
relacionadas con la memoria histórica alcanzaban, hasta 2009, los 14
millones.
"Nosotros creemos que los recursos los tiene que
acompañar a esa ley el Estado, que tiene la competencia", aclaró
González. Lo que sí mostró la Comunidad de Madrid es más disposición
a firmar el convenio-marco con el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero, que permitirá cumplir la Ley de Memoria Histórica en la
región.El vicepresidente regional, Ignacio González, insistió en que
la Comunidad de Madrid está dispuesta a firmar el convenio-marco de
colaboración que el Ministerio de Justicia ya ha cerrado con nueve
comunidades autónomas. Sólo faltan por suscribirlo los Ejecutivos de
las regiones gobernadas por el PP.
El escollo que encuentra González para cerrar el
acuerdo es la falta de desarrollo reglamentario de la Ley de Memoria
Histórica. El vicepresidente recordó que el Ejecutivo madrileño
presentó el año pasado alegaciones al texto, y aseguró que no ha
recibido respuesta del Ministerio.
Justicia sostiene, en cambio, que el Gobierno de
Aguirre no ha tenido ningún interés en este tiempo y que ni siquiera
contestó a un segundo requerimiento, el de suscribir el protocolo de
exhumaciones.
González subrayó además que la "información sobre
la ubicación de las fosas las tiene el Gobierno de España".
La nueva disposición de la Comunidad se produce
después de que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, anunciara
el miércoles la "absoluta disposición" de su Gobierno para que las
víctimas del franquismo encuentren a sus familiares desaparecidos en
la región. "Estoy absolutamente a favor de defender a todas las
víctimas, también las del franquismo", afirmó la presidenta.
Hasta el momento, la medida ha consistido en
abrir un registro en la Consejería de Presidencia, Justicia e
Interior, al que se podrá acceder a través de las ventanillas de
información única, donde se recogerán las peticiones oficiales de
los familiares de víctimas.
Madrid es una de las regiones con menos
desaparecidos del franquismo. Apenas hay 45 fosas localizadas,
frente a las 244 de Cataluña o las 595 de Andalucía. Suponen unos
pocos miles de desaparecidos.
(www.elpais.com,
30/04/10)
7. LA PRESIDENTA REGIONAL: "SI USTED QUIERE IR A
TELEMADRID, DÍGAMELO"
Por la boca muere el pez. La presidenta regional,
Esperanza Aguirre, que reiteradas veces ha negado que la
programación de la cadena pública Telemadrid esté directamente
controlada por su Gobierno, no supo ocultar su talante de líder
durante la tertulia a la que asistió en el programa Las mañanas de
Cuatro, de la cadena televisiva Cuatro. Cuando Arturo González, uno
de los participantes en el coloquio, le preguntó si creía
"sinceramente" que no había manipulación en la cadena madrileña,
Aguirre respondió: "No hay manipulación, eso se lo garantizo. Lo que
hay es pluralismo. Y si usted quiere ir a Telemadrid, dígamelo".
Con el guiño a González, tertuliano de reconocida
ideología izquierdista, la presidenta pretendía hacer gala del
pluralismo del que goza Telemadrid, pero por el camino se le escapó
presumir de la facilidad con la que ella misma decide quién
participa en la cadena. Según una encuesta de Metroscopia para EL
PAÍS que se realizó en mayo de 2009, el 45% de los entrevistados del
PP consideraba que Telemadrid es partidista. Lo mismo que suscribió
el 79% de los votantes del PSOE.
Durante la tertulia de , González también
preguntó a la presidenta acerca de las perdídas económicas de la
cadena regional, a lo que la líder popular respondió que eran
"poquísimas". Datos que no coinciden con los que ofreció la
presidenta del ente Radio Televisión de Madrid, Isabel Linares, hace
pocos días en la Asamblea regional. Según Linares, los ingresos
publicitarios de Telemadrid habían sido sustancialmente inferiores a
los previstos. Además, la cadena tampoco puede presumir de
popularidad. Según datos de Kantar Media, la consultora encargada de
medir las audiencias, Telemadrid ha registrado su mínimo histórico
en marzo, con un índice medio del 8,4%.
La cadena mantiene repetidas disputas con sus
trabajadores, quienes ya han convocado más de una veintena de
huelgas que han obligado en más de una ocasión a suspender la
emisión.
(www.elpais.com,
29/04/10)
8. AGUIRRE PAGA A PÍO MOA PARA EXPLICAR QUE
FRANCO "ACEPTABA LA DEMOCRACIA" Y SU DICTADURA "NO FUE FASCISTA"
La Comunidad de Madrid programó el pasado mes de
febrero y marzo un curso dirigido a los profesores de Enseñanza
Secundaria de Geografía e Historia, Arte y Ciencias Sociales. Uno de
los ponentes que Esperanza Aguirre contrató para explicar a los
maestros las "Cuestiones sobre la España de 1931 a 1939", fue Pío
Moa, ex miembro fundador de los GRAPO (formación terrorista que en
la transición asesinó a 26 personas) reconvertido en historiador de
cabecera de la extrema derecha. Son 17 páginas en las que califica
la guerra civil española "como uno de los grandes mitos del Siglo
XX", niega la matanza de Badajoz, resta importancia al bombardeo de
Guernica, achaca la responsabilidad de la Guerra Civil al bando
republicano, presenta a Francisco Franco como un militar que
"aceptaba la democracia" y asegura que la dictadura "no fue
fascista".
Su ponencia, que le sirvió para articular la
lección que impartió en el curso organizado por la Comunidad de
Madrid, empieza afirmando que la guerra "ha sido uno de los grandes
mitos del Siglo XX". Como ejemplo, explica que la gran matanza de
Badajoz no tuvo lugar porque "en una plaza de segunda categoría,
como la de Badajoz, no debía de haber más de cuatro chiqueros, y en
ellos cabría, muy apiñados, no más de un centenar de personas". Sin
duda, sorprende se exprese en estos términos de lo sucedido en
Badajoz, donde todos los historiadores serios explican que al menos
4.000 ciudadanos fueron asesinados por el General Yagüe. Sin
embargo, la explicación más peregrina de Moa guarda relación con el
bombardeo de Guernica. La culpa, según el ex de los GRAPO no fue
tanto de los fascistas, sino de los bomberos.
"La causa de la devastación fue el bombardeo,
pero su extensión se debió también a la deficiente actuación de los
bomberos de Bilbao, que tardaron varias horas en llegar desde una
distancia de 30 kilometros, y se volvieron a las tres de la noche,
cuando los incendios proseguían", relata Moa.
Acto seguido, de credibilidad a lo que
supuestamente contó "la prensa de Bilbao" sobre los bombardeos, en
los que "al principio ni siquiera se hablaba de muertos, sino sólo
de heridos". Después, indica que "el número de muertos,
relativamente escaso para un ataque que causó tal destrozo, se
explica porque a partir de la primera pasada de los aviones la gente
estaba alerta y la mayoría se puso a salvo".
Mención aparte se merece la parte en la que trata
de convencer que Franco no tuvo nada que ver con lo sucedido en
Guernica. Literalmente afirma: "El bombardeo fue decidido por el
jefe alemán Von Richthofen sin autorización de Franco. Éste había
prohibido, y volvió a prohibir después, los bombardeos sobre
objetivos civiles".
Ante estas explicaciones, no es de extrañar que
Moa niegue que la guerra consistió en "la lucha entre la democracia
y el fascismo, entre el progreso y la reacción, entre la libertad y
el oscurantismo". Como ejemplo, explica que el PSOE "era un partido
marxista, no democrático, y el principal causante del hundimiento de
la democracia en España" y que "Stalin fue el auténtico jefe del
Frente Popular español".
"Los socialistas y los nacionalistas prepararon
entonces (en 1933) la guerra civil, y los republicanos de izquierdas
intentaron golpes de estado, hasta estallar todo en la insurrección
de octubre de 1934", agrega en el pasaje en el que califica de
"ilegitimo" el Gobierno de la República y justifica la actuación de
la derecha porque "sintieron pavor ante la victoria de las mismas
fuerzas que habían organizado la insurrección del 34".
Paralelamente, presenta a la República como un
régimen en que se organizaron "en nombre del progreso, quemas de
iglesias, bibliotecas, centros de enseñanza y obras de arte", se
cerraron "cientos" de periódicos y "se practicaron oleadas de
detenciones contra las derechas o los anarquistas, muchos de los
cuales fueron deportados a las colonias africanas".
Mucho más benévolo se muestra con Franco, a quien
"nunca dominaron los dictadores fascistas". En el curso destinado a
los profesores madrileños, el historiador de cabecera para la
extrema derecha insistió en que Franco "aceptaba la democracia sin
entusiasmo, como algo inevitable, pero la aceptaba". Por eso, sólo
se sublevó "cuando el peligro se hizo inminente, y aun así procuró
aplazar el golpe hasta el último momento".
Los profesores de la Comunidad de Madrid también
escucharon de boca de Moa y gracias a Esperanza Aguirre, última
responsable de que este curso se impartiese, que "si bien Franco
tomó algunos elementos del fascismo, su dictadura no fue fascista,
sino reaccionaria en el sentido más elemental del término: reacción
contra la revolución".
La conclusión final que Moa estable en su
ponencia es que en la España de 1936 "no existía la amenaza
fascista, y sí una violenta y creciente amenaza revolucionaria, y
ahí radica la causa de la guerra civil". Este curso, en el que los
profesores de secundaria tuvieron que asistir a clase 29 horas y
realizar una breve reseña de los temas tratados y elaborar una
propuesta didáctica relacionada con el franquismo o la Guerra Civil
para obtener 2 créditos de Formación Permanente del Profesorado, se
realizó en el Instituto Lope de Vega (situado en la Calle San
Bernardo), los días 8, 10, 15, 17, 22, 24 de febrero y 1 de marzo de
2010.
(www.elplural.com,
25/04/10)
9. ESPIONAJE DEL PP EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
COBO: "EL INFORME PRUEBA QUE AGENTES A LAS ÓRDENES DE GRANADOS ME
ESPIARON"
Cinco subordinados del consejero de Interior de
Madrid, Francisco Granados, comparecen hoy como imputados ante la
juez que investiga el espionaje en 2008 al vicealcalde Manuel Cobo y
al ex vicepresidente segundo Alfredo Prada -ambos desafectos a
Esperanza Aguirre-, presuntamente ejecutado por agentes a sueldo del
Gobierno madrileño. Los citados son los asesores de Granados y ex
guardias civiles José Luis Caro, José Oreja y Antonio Coronado; el
ex director general de Seguridad Sergio Gamón, y el empleado público
José Manuel Pinto, al que una doble prueba pericial de este diario
identificó como el autor de las notas manuscritas de los partes.
Para Cobo, "ha quedado absolutamente comprobado y
certificado" el espionaje sufrido por él y por Prada con el informe
policial que analiza los posicionamientos telefónicos de los agentes
de Granados investigados, tres de los cuales resultan cazados en los
lugares y horas que describían los espías en los partes de
seguimiento que publicó EL PAÍS. "No hay ninguna duda, es imposible
la coincidencia de los posicionamientos telefónicos recogidos en el
informe policial con aquellos partes que se decía que alguien se
había inventado. Pues quien lo hizo tenía que tener la capacidad de
saber que cuando decía que a determinada hora estaban siguiéndome,
había varias personas que trabajan a las órdenes de Granados que
estaban en ese punto donde decían los partes, tanto en mi caso como
en el del señor Prada", proclama Cobo. "Es imposible esa
coincidencia", remacha el vicealcalde, "si no fuera porque alguien
efectivamente estaba espiando".
Granados tiene una visión de la comparecencia
radicalmente distinta de la que ofrecen sus compañeros de partido
que sufrieron el espionaje. El consejero de Interior anticipó cuál
iba a ser hoy la defensa de sus asesores ante la juez: que Prada fue
objeto de escoltas y contravigilancias -ambas vetadas legalmente a
sus agentes- "como cualquiera de los miembros de su Gobierno".
Granados insinuó que el caso iba a archivarse y
explicó: "La juez encargada del asunto [Carmen Valcarce] les llama
para que ratifiquen su anterior declaración, y sólo quedará la duda
sobre la escritura en los partes que se apuntaba a una persona
concreta [Pinto], que ha pedido que le hagan un peritaje caligráfico
en sede judicial. Ese es el fleco pendiente para limpiar el buen
nombre del funcionario". El vicepresidente Ignacio González, también
auguró el inminente archivo de la causa: "Se ha acreditado que no
existe una trama ni está organizada ni la Comunidad de Madrid ha
puesto en marcha todo este presunto aparato de espionaje, y que no
ha habido ese presunto seguimiento ni en el caso de Prada ni en el
de Cobo".
(www.elpais.com,
28/04/10)
10. ESPIONAJE DEL PP EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
UN MARCAJE RÉCORD SIN APOYO LEGAL
Francisco Granados, consejero de Interior de la
Comunidad de Madrid, afirma ahora que sus agentes le hicieron
labores de escolta y contravigilancia al ex vicepresidente Alfredo
Prada, como a "cualquier otro" miembro del Gobierno. Dichas labores
serían ilegales, porque competen al Ministerio de Interior. Eso lo
sabe hasta su ex director general de Seguridad, el imputado Sergio
Gamón, que garantizó a la juez que nunca ordenó a los asesores de
Granados contravigilancia alguna porque no entraban dentro de las
competencias de la Comunidad de Madrid. Y Prada tenía su propia
escolta, servida por el Ministerio del Interior.
Pero no sólo la ley no ampara la coartada de
Granados. Y es que era imposible que las supuestas contravigilancias
fueran como las realizadas a "cualquier otro". Porque durante dos
meses los tres ex guardias civiles, asesores de Granados -sin
descartar ayudas de otros agentes- sólo siguieron a un cargo
madrileño, día y noche: a Prada. Los posicionamientos de sus móviles
acreditan centenares de llamadas desde los puntos donde estaba el
entonces vicepresidente segundo.
En su consejería, en su domicilio, en sus cenas
privadas, en sus aperitivos, en cualquiera de sus desplazamientos a
lo largo de Madrid... Amanecían y anochecían con él. Ni la mayor
autoridad del Estado ni ningún ministro del Interior ha sido
contravigilado 24 horas durante dos meses. Y esto vale para el
vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo: hay muchas consejerías en Madrid
que vigilar, pero los espías justo aparecen a su vera a la hora y en
los días que rezan los partes.
(www.elpais.com,
28/04/10)
11. ESPIONAJE DEL PP EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
LOS ESPÍAS DE COBO Y PRADA CAMBIAN SU VERSIÓN: "NO RECIBÍAMOS
ÓRDENES"
El juzgado número cinco de instrucción de la
madrileña plaza de Castilla, cuya titular es Carmen Valcarce, tuvo
una inusual clientela. Estaban citados cinco subordinados del
consejero madrileño de Interior, Francisco Granados, por el supuesto
espionaje sufrido en 2008 por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo,
y el entonces vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre,
Alfredo Prada.
La lista de imputados con cita judicial para
tarde la engrosaban los tres ex guardias civiles asesores de
Granados (José Luis Caro, José Oreja y Antonio Coronado), el ex
director general de Seguridad, Sergio Gamón, y el empleado público
José Manuel Pinto, al que una doble pericial contratada por este
diario identificó como el autor de las notas manuscritas de los
partes de seguimiento.
Los tres ex guardias esgrimieron la misma
coartada que había formulado días antes su consejero: que si
aparecían junto al despacho de Cobo a la hora en que este llegaba
todas las mañanas entre el 1 y el 8 de abril de 2008 era porque
estaban custodiando alguna de las consejerías cercanas a ese punto.
Pero, según fuentes jurídicas, cuando se les pedía detalle de qué
consejería vigilaban, fueron incapaces de precisarlo. Alegaron
desmemoria. Algunos ni siquiera sabían todas las consejerías
cercanas.
La juez les mostró la contradicción de que habían
declarado que no habían seguido a Cobo y, sin embargo, los
posicionamientos los ubicaban junto al vicealcalde en los días que
señalaban los partes, e inmediatamente después en el mismo parte,
siguiendo a Prada, como también demostraban los posicionamientos
telefónicos.
Los agentes declararon a la juez que decidían con
plena autonomía dónde ir cada día a vigilar, sin dejar constancia
documental de ese trabajo. Nueve meses antes, le dijeron a la misma
juez que lo hacían todo por orden de su jefe Sergio Gamón. La juez,
según fuentes jurídicas, les espetó que no entendía su trabajo pero,
ironizó, le resultaba envidiable. Los tres se negaron a contestar a
las defensas de las víctimas.
El jefe de los espías, Sergio Gamón, hombre de
confianza de Esperanza Aguirre, tampoco fue más preciso: sólo indicó
que si estaban allí, junto a Cobo, sería porque era necesario
custodiar alguna consejería. Sin embargo, sólo en los días en que
los partes de seguimiento registran seguimientos a Cobo aparecen los
ex guardias civiles por esa zona. Parece que el resto de los días no
hacía falta custodiar las consejerías. La juez volvió a mostrar que
no entendía qué trabajo era ese que no dejaba reflejo escrito.
Respecto del espionaje a Alfredo Prada, Gamón
respaldó que le habían vigilado incluso en su domicilio como a los
demás consejeros. Lo hicieron durante dos meses seguidos. Y sólo lo
hizo el personal más cualificado y mejor pagado de la consejería,
los asesores de confianza del consejero Granados. De la mañana a la
noche y en lugares públicos y privados. Sobre eso no pudieron
responder porque no contestaron a los abogados de los espiados.
El agente Pinto, por su parte, negó ser el autor
de las notas manuscritas de los partes. Achacó tal acusación a un
sindicalista de UGT al que no identificó. La juez le tomó abundante
prueba de su escritura.
Su interrogatorio se había ordenado una vez que
la juez del caso, Carmen Valcarce, había recibido un nuevo informe
policial sobre los posicionamientos de los móviles de los ocho
agentes de Granados sospechosos de practicar dichos seguimientos
ilegales nutridos con fondos públicos.
Y si el anterior informe policial acreditó que
los tres ex guardias asesores de Granados habían seguido sin
descanso durante mayo de 2008 a Prada, el nuevo análisis probaba que
en abril de 2008 estos mismos tres agentes se alternaron en diversas
jornadas en los marcajes ilegales de Prada y Cobo.
Si ahora dan por cierto los ex guardias civiles
el seguimiento a Prada, aunque encubierto bajo fórmulas de "contravigilancias"
o "escolta", competencias ajenas a la Comunidad de Madrid, los
abogados de los espiados creen que hay que dar por validados también
los marcajes a Cobo. Porque los espías van de un objetivo a otro,
Prada o Cobo, y los rastros de los móviles siguen igual trayectoria
y así se refleja en los partes. "Lo que se admite como cierto a
partir de una hora, no puede ser falso un minuto antes sólo porque
el espiado es Cobo y ahí no hay coartada posible para explicar por
qué se sigue a un cargo ajeno a la Comunidad y que tiene escolta y
contravigilancia municipales", explicaban las defensas de las
víctimas.
(www.elpais.com,
29/04/10)
12. ESPIONAJE DEL PP EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
DOS ESTRATEGIAS FRENTE A FRENTE
Dos estrategias chocaron en sede judicial. Ambas
lideradas por dirigentes del PP. Unos, que se opusieron en su día a
la línea anti Rajoy de Esperanza Aguirre, fueron víctimas del
espionaje en vísperas del congreso que debía definir el liderazgo
del PP. Se trata del vicealcalde madrileño Manuel Cobo, el entonces
vicepresidente segundo regional Alfredo Prada y la diputada
autonómica Carmen Rodríguez Flores. Los otros, los acusados, son
todos subordinados de Francisco Granados, consejero de Interior de
Aguirre. Más de un año después de que estallara el escándalo, las
víctimas mantienen el mismo reto: quieren saber quién ordenó y
financió el intenso espionaje que sufrieron en sus carnes cuando se
ventilaba un pulso entre su máximo mentor político, Mariano Rajoy, y
Aguirre. Ellos no han variado su discurso. Aguirre y los suyos, sí.
Al inicio, aseguraron que nunca se había seguido
a Cobo ni a Prada. Ante la evidencia de que el primer informe
policial ya demostraba que en mayo de 2008 Prada fue seguido hasta
la saciedad por agentes de Granados, éste aventó que no era extraño
que se produjeran coincidencias dado que al ex vicepresidente
segundo se le habían practicado contravigilancias como a cualquier
otro miembro del Gobierno de Aguirre. Contravigilancias que serían
ilegales. Y que nunca han demostrado haber aplicado con tal furor a
ningún otro cargo.
Aguirre no ha despedido a ninguno de los cinco
imputados que mantiene bajo contrato, cuatro en calidad de asesores.
Ello contrasta con su exigencia de dimisiones en el caso Gürtel para
los cargos propios y ajenos del partido. Y manipula en su descargo
una frase de un periodista para asegurar que no hay pruebas de que
ella ordenara el espionaje. Pero no explica por qué le es más fácil
echar a sus diputados que a sus asesores cazados en labores de
espía.
(www.elpais.com,
29/04/10)
13. ESPIONAJE DEL PP EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
GRANADOS LLEVARÁ A JUICIO A COBO
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior
de la Comunidad y secretario general del PP de Madrid, Francisco
Granados, reaccionó con virulencia ante las declaraciones del
vicealcalde, Manuel Cobo, que asegura que tanto él como Alfredo
Prada, ex vicepresidente regional, fueron espiados por tres ex
guardias civiles contratados a dedo por el propio consejero.
Granados, tras conocer que Cobo había afirmado
que el espionaje estaba "más que probado" y negase que los agentes
actuasen motu proprio, tal y como declararon el miércoles ante la
juez Carmen Valcarce, amenazó al segundo de Alberto Ruiz-Gallardón
con llevarle ante los tribunales "por las barbaridades que está
diciendo" e insistió en que Cobo "tiene que pedir perdón". "Que deje
de trabajar contra el PP", añadió el número dos del partido
regional, "y de destilar odio contra compañeros del partido".
También pidió que "deje de insultar gravemente al Gobierno regional
y a funcionarios de la Comunidad".
"¿Por qué se le pide al agredido que pida
perdón?", había preguntado antes el vicealcalde. Cobo, indignado por
las declaraciones de los supuestos espías (José Luis Caro, José
Ortega y Antonio Coronado), que ahora aseguran que no recibieron
órdenes, y que ya han contado hasta tres versiones en 14 meses, dijo
tras la junta de gobierno que con independencia de cuál sea la
resolución judicial sobre el uso de fondos públicos en el supuesto
espionaje, "lo importante es que ha quedado probado", tal y como lo
reflejaban en los partes de seguimiento publicados.
Se confesó dolido porque el letrado del PP de
Madrid apoye a los espías. "Si no tienen nada que ocultar algunos
responsables políticos, ¿por qué se ponen del lado de los
imputados?", cuestionó Cobo.El vicealcalde, que utilizó 11 minutos
de su comparecencia para referirse al caso de espionaje, argumentó
sus afirmaciones. Le parece "imposible" que los presuntos espías
estuvieran "por casualidad" en los lugares señalados en los partes
de seguimiento, donde también se encontraban en esos momentos Prada
o él mismo. "Hay cosas que no van a poder explicar", aseguró Cobo.
"Si los partes son una invención sacada de las agendas de los
espiados, ¿por qué los espías sólo están esos días, a esas horas, en
esos lugares? ¿Cómo explican que tal día contravigilaban a Prada, y
antes habían estado aquí [al lado del Ayuntamiento, donde trabaja
Cobo]? ¿Por qué los imputados no contestaron a quién corresponden
los dos números a los que llamaron 26 veces a la una menos diez de
la mañana al lado de un restaurante?", preguntaba el vicealcalde.
"Yo, por ejemplo, estoy deseando conocer quién espió a Ignacio
González, vicepresidente regional, porque no tengo nada que ver.
Porque no tengo nada que ocultar. No entiendo que otras personas que
aseguran que no tienen nada que ver en esto estén deseando que se
archive el caso", añadió.
Cobo apuntó, pero no llegó a disparar. "Yo no
puedo saber quién ha encargado esto, bajo qué órdenes actuaron,
quién es el responsable final, pero que ha ocurrido es seguro, lo
sabe todo el mundo: lo sabe la ciudadanía y lo sabe mi partido",
alegó.
Granados, que insinuó que a Cobo lo que le duele
es su "intento fallido" de conseguir la presidencia del PP regional
en 2004, en la que finalmente Aguirre le ganó por una diferencia
aplastante, pidió al vicealcalde que dejase de "perjudicar al
partido y de demostrar condescendencia con los adversarios
políticos".
El consejero dijo que ha quedado demostrado en un
informe policial "que Cobo no aparece en ninguno de los
posicionamientos que ha dado la policía con referencia a los
guardias civiles", y criticó que el vicealcalde "siga intentando
alargar este asunto e insultando e injuriando gravemente no sólo al
Gobierno regional, sino también a funcionarios regionales".
Los hechos que han desencadenado el rifirrafe
entre estos dos pesos pesados de la política madrileña tuvieron
lugar en 2008. Cinco subordinados de Granados (los tres guardias
civiles, el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón, y el
empleado público José Manuel Pinto, identificado como el autor de
las notas manuscritas de los partes del seguimiento), presuntamente
espiaron a Cobo y Prada, que casualmente no eran partidarios de que
la presidenta Aguirre se presentase contra Mariano Rajoy a la
presidencia del partido. Granados asegura que si los ex agentes
aparecían junto al despacho de Cobo a la hora en que éste llegaba
entre el 1 y el 8 de abril de 2008 era porque estaban custodiando
alguna de las consejerías cercanas a ese punto. "Hay personas que
niegan la evidencia", zanjó Cobo en su intervención.
(www.elpais.com,
30/04/10)
14. ESPIONAJE DEL PP EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
MANUEL COBO: "NOS AGREDEN Y NOS ESPÍAN, Y EL SEÑOR GRANADOS NOS DICE
QUE PIDAMOS PERDÓN, NO LO PODEMOS ENTENDER"
El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha hablado
hoy indignado sobre el espionaje del que fue objeto por parte de
tres ex guardias civiles contratados a dedo por el consejero de
Interior de la Comunidad y secretario general del PP-Madrid,
Francisco Granados, el vicealcalde de Madrid desgranó numerosos
argumentos para recalcar que el espionaje a Alfredo Prada, ex
vicepresidente regional, y a él mismo, se ha producido tal y como
queda reflejado en los partes de seguimiento publicados por EL PAÍS
y contrastado con el informe sobre los posicionamientos telefónicos
que tiene en su poder la juez.
"Nos agreden y nos espían, y el señor Granados
nos dice que pidamos perdón, no lo podemos entender", ha declarado
el vicealcalde. Los ex guardias civiles, que han contado tres
versiones diferentes de los hechos en los últimos 14 meses, se
negaron a responder a los abogados de los tres dirigentes del PP
supuestamente espiados. Granados, que los contrató, ha llegado a
exigir a Cobo y Prada que pidan perdón. Por eso, hoy, Cobo ha
estallado.
Cobo ha respondido con indignación a las
declaraciones hechas en el juicio contra los supuestos espías, que
siguieron a algunos miembros del PP local cuando Esperanza Aguirre
estudiaba presentarse contra Mariano Rajoy a la presidencia del
partido. "Hay cuestiones que nunca van a poder probar, aunque pongan
cara de decir la verdad", ha dicho el vicealcalde en referencia a
las declaraciones de , en las que los supuestos espías dijeron
actuar por su propia cuenta sin obedecer órdenes de nadie. "Yo no
puedo saber quién ha encargado esto, bajo qué órdenes actuaron,
quién es el responsable final", ha confesado Cobo, "pero que ha
ocurrido es seguro, lo sabe todo el mundo: lo sabe la ciudadanía y
lo sabe mi partido".
Francisco Granados, secretario general del PP de
Madrid, ha respondido de forma contundente esta misma mañana las
declaraciones de Cobo: "Tiene que pedir perdón y, además, tendrá que
responder en los tribunales a las barbaridades que está diciendo en
las últimas horas", informa EFE. Granados ha pedido al vicealcalde,
además, "que deje de trabajar en contra del PP y que deje de
destilar odio contra compañeros del partido".
Los tres ex guardias esgrimieron en el juicio la
misma coartada que había formulado días antes su consejero: que si
aparecían junto al despacho de Cobo a la hora en que este llegaba
todas las mañanas entre el 1 y el 8 de abril de 2008 era porque
estaban custodiando alguna de las consejerías cercanas a ese punto.
Pero, según fuentes jurídicas, cuando se les pedía detalle de qué
consejería vigilaban, fueron incapaces de precisarlo. Alegaron
desmemoria. Algunos ni siquiera sabían todas las consejerías
cercanas.
Cobo, que está suspendido de militancia en el
partido durante seis meses por una entrevista en EL PAÍS, ha
respondido indignado al hecho de que desde la dirección regional del
partido, que dirige Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad,
se apoyen las tesis de los imputados. "Me duele que el letrado del
PP de Madrid personado en la causa se apoyen las tesis de los
abogados de los imputados, es algo que no puedo entender", ha dicho
a la salida del pleno que el Ayuntamiento ha celebrado hoy. "No
entiendo por qué se le pide al agredido que pida perdón o que no
hable, o que calle, o que pida que se archive el caso, no lo puedo
entender".
Al vicealcalde no le quedan dudas de que el
espionaje existió. "Es imposible que se dieran tantas
coincidencias", ha dicho, "pero hay personas que niegan la
evidencia". Además, ha añadido: "El espionaje está más que probado".
Granados ha respondido a esto diciendo que le
parece "patético el que, una vez demostrado a través de un informe
policial que el señor Cobo no aparece en ninguno de los
posicionamientos que ha dado la policía, siga intentando alargar
este asunto". El secretario general del PP madrileño tiene claro que
no se trata sólo del espionaje: "hay lo de siempre: el ataque
sistemático a la dirección general del partido y al secretario
general, que soy yo".
(www.elpais.com,
30/04/10)
15. AYUNTAMIENTO DE MADRID. GALLARDÓN SE RESISTE
A CAMBIAR EL NOMBRE DE LA PLAZA DEL CAUDILLO
Gallardón no cambiará el nombre de ninguna calle
mientras el Gobierno no desarrolle el reglamento. En tal sentido ha
presentado una enmienda transaccional a la proposición socialista
para el Pleno de mañana que solicita la modificación de la
nomenclatura de la plaza del Caudillo, en el distrito de
Fuencarral-El Pardo.
Así lo aseguró hoy el vicealcalde de la capital,
Manuel Cobo, en declaraciones a los medios tras la reunión del Grupo
Municipal Popular. Así, se refirió a la propuesta del PSOE para
cambiar el nombre de este espacio público. "Nosotros, lógicamente,
sabemos que hay que modificar la denominación de esa plaza, no cabe
duda. Pero al mismo tiempo le decimos al PSOE que, de una vez por
todas, en esa locura en la que han querido meter, y siguen queriendo
meter, a España de la denominada 'memoria histórica', aprueben el
Reglamento al que se comprometieron y al que tienen obligación",
indicó.
A su parecer, sin este texto que desarrolle el
contenido de la ley "en muchos casos puede haber duda" sobre si es
necesario cambiar o no la denominación de alguna zona o incluso de
retirar algún monumento. "Éste no es el caso, pero otros muchos sí,
y para hacer el catálogo de calles, plazas, vestigios, monumentos...
para que cada administración local sepa las que hay que cambiar, el
Gobierno debe aprobar el reglamento", apostilló.
A continuación, insistió en que el Ejecutivo
central debe "hacer su trabajo y cumplir lo que dijo en la Ley", y
aseguró que el Consistorio madrileño no adelantará el cambio de los
espacios que, claramente, están fuera de la ley como el ejemplo que
presenta el PSOE.
"No (lo adelantaremos), se lo decimos claramente
y les damos el disgusto de que estamos de acuerdo en que hay que
cambiar la denominación, porque lo que más les gustaría es que
dijéramos que ese nombre no se va a cambiar. Claro que lo vamos a
cambiar, pero al mismo tiempo les decimos que no tengan cada semana,
cada día, cada minuto... esta bronca permanente, que hagan su
trabajo, aprueben el reglamento y marquen los criterios para la
elaboración del catálogo", reclamó.
Finalmente, recomendó al Ejecutivo de José Luis
Rodríguez Zapatero que deje de "buscar el enfrentamiento, la
división", que "es justo lo que quiere", y aseguró que los
socialistas del Consistorio no han presentado ninguna otra propuesta
para rechazar el Franquismo, sino únicamente ésta. "Hemos leído que
(el secretario general del PSM, Tomás) Gómez lo ha pedido, pero creo
que no se han enterado bien o no le han hecho caso en sus
instrucciones", comentó.
(www.eldigitaldemadrid.es,
28/04/10)
16. AYUNTAMIENTO DE MADRID. FRACASO TOTAL DEL
'DECRETAZO' DE LA POLICÍA MUNICIPAL
Fracaso total al decretazo. Así han calificado
fuentes sindicales el seguimiento que ha tenido el decreto aprobado
por la Concejalía de Seguridad de Madrid por el que los policías
municipales que más trabajasen cobrarían más. Sólo 230 agentes se
han apuntado a esta bolsa de trabajo, de los más de 6.800 que forman
la plantilla. Fuentes de la concejalía apuntan a la presión de los
seis sindicatos para esta baja participación, en especial por parte
de la Unión de Policía Municipal (UPM).
Algunos responsables del cuerpo temen que muchos
servicios puedan quedarse sin cubrir a partir del verano por falta
de personal, en especial, los fines de semana.
Tras ocho meses de negociación, el decreto fue
aprobado unilateralmente por la Concejalía de Seguridad el pasado 18
de marzo. La bolsa de trabajo preveía un aumento de sueldo para los
agentes en función de su productividad y en la consecución de
determinados objetivos, como reducir el número de delitos, las
víctimas mortales en accidentes de tráfico o la mejora del tiempo de
respuesta. También preveía la creación de un turno nuevo durante las
noches de los jueves, viernes y sábados.
La inscripción para la bolsa de trabajo estuvo
abierta durante más de una semana a principios de abril. Los
sindicatos calcularon ya entonces que si la cifra no llegaba a 1.000
agentes la seguridad de Madrid se resentiría. Con estas cifras no
disimulan cierta euforia. "Se han estrellado y lo saben. La gente no
es estúpida y les ha dicho en masa que se siente a negociar",
destacó el secretario de UPM, Javier Payar. Este ve serias
dificultades para que el servicio pueda cumplirse, sobre todo, a
partir de verano. "No se podrá cubrir una situación normal. Lo van a
tener muy complicado, como no eliminen el descanso semanal de los
policías o hagan alguna otra medida ilegal", añade el líder
sindical.
Payar recuerda que el imponer las cosas nunca ha
funcionado en el cuerpo: "La gente no aguanta ese tipo de insultos,
sobre todo, después de que a nosotros lo aprobaran por decreto y el
concejal sí se sentara a negociar con los bomberos". Sin embargo,
los bomberos (1.342 funcionarios) también han dado la espalda a sus
representantes sindicales esta semana. Estos llegaron a un
preacuerdo antes de Semana Santa, pero el 69,6% de los que
participaron en la votación votaron que no.
Algunos mandos policiales también ven graves
problemas en esta falta de personal y creen que los servicios
extraordinarios, como partidos de fútbol, corridas de toros y
carreras populares, pueden tener una presencia de Policía Municipal
mínima o casi simbólica. "Veremos cómo hacemos servicios como el
botellón o evitar la venta ambulante, y más en verano, cuando parte
de la plantilla se va de vacaciones y hay fiestas en Madrid", según
esas fuentes. El grupo municipal socialista, a través de su portavoz
en temas de Seguridad, Óscar Iglesias, ya ha hecho una pregunta al
equipo de gobierno por las consecuencias que puede tener para la
ciudad esta carencia de policías. También ha recordado que el PP
prometió crear 1.500 plazas durante este mandato. "La
irresponsabilidad en la que está cayendo el alcalde con este tipo de
medidas es muy alta y esperemos que no ocurra nada grave porque no
haya suficientes policías en la calle", criticó Iglesias.
Los responsables de la Concejalía de Seguridad
mantienen, sin embargo, la calma. Aseguran que tienen una bolsa de
trabajo con 2.800 agentes dispuestos a hacer horas extras. Los
sindicatos lo niegan y aseguran que ya se han acabado. Algunos
responsables reconocen en voz baja que esperaban mayor participación
de los agentes, sobre todo, porque los incentivos que se proponen
son muy altos y no son tantos los días que tienen que trabajar. "El
servicio tiene que salir con la plantilla que haya. Se tendrá que
planificar y ajustar a las necesidades. Además, en breve tendremos
un refuerzo con 250 policías que se están formando en la academia y
saldrán en verano", destaca el coordinador de Seguridad, Javier
Conde. "No habrá más negociaciones, porque los fondos [21 millones
de euros] eran para este año y el siguiente", recuerda Conde.
Algunas fuentes de la concejalía son más
beligerantes y lamentan que los sindicatos se hayan mantenido en
contra del decreto, pese a que favorecía a los trabajadores. "La
gran culpable de todo esto es UPM, que nunca firmaría ningún
documento aunque les diéramos todo lo que nos exigen", destaca un
responsable de la concejalía.
Y recuerda que en los últimos meses algunos
agentes han hecho actos vandálicos para impedir el servicio como
desinflar las ruedas de los coches patrulla, poner pegatinas en las
taquillas de aquellos que iban a los servicios extraordinarios
(partidos de fútbol o carreras, entre otros muchos) e incluso abrir
las taquillas de algunos policías y rajarles los uniformes, además
de haber hecho circular sus nombres por Internet y acusarles de
esquiroles.
Fuentes de la Concejalía de Seguridad tienen
previsto crear el nuevo turno de noche de jueves, viernes y sábado
con los agentes que salgan de la academia. "Lo que no estamos
dispuestos es a un reparto lineal del dinero como exigían los
sindicatos y que los que no trabajan también ganen más dinero. Se
trata de premiar al que lo haga bien frente al que no acude al
trabajo por sistema", recuerdan las citadas fuentes. El único
servicio con el que se ha llegado a un acuerdo y que ya se aplica
fue con el SAMUR-Protección Civil.
(www.elpais.com,
26/04/10)
17. AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY. ‘CASO
GÜRTEL’. SUBVENCIONA A UNA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA QUE COBRA
EL EX ALCALDE, IMPUTADO EN EL CASO 'GÜRTEL'
A finales de 2009, el Ayuntamiento de Arganda
concedió 19.000 euros de subvención a la Federación Empresarial del
Este de Madrid para que impartiera cursos de castellano a
immigrantes. Era Cáritas quien lo había hecho siempre en ese
municipio hasta este 2010.
El levantamiento del secreto en el sumario de la
red 'Gürtel' ha ofrecido un dato revelador: el informe de la vida
laboral del ex-alcalde Ginés López, imputado en esa trama y sobre el
que pesa una fianza de resposabilidad economica que llega al millón
y medio de euros.
Ese informe confirma que Ginés López está
contratado dede hace un año por la empresa "Laboris Prevención y
Consultoría", que trabaja en exclusiva para la Federación de
empresarios que ha obtenido la subvención. Esta Federación
subcontrata a Laboris y así el circulo se cierra.
Este nuevo escandalo vuelve a señalar
directamente al actual equipo de gobierno municipal -que ya estuvo a
las ordenes de Ginés López en su etapa de alcalde-. El Ayuntamiento
no ha querido ofrecer su versión.
(www.cadenaser.com,
30/04/10)
