ÍNDICE
1. AGUIRRE MARCA EL PASO
2. EL AZNARISMO SE HACE FUERTE EN SOL
3. AGUIRRE RESUCITA EL DISCURSO CONTRA EL PER:
"ZAPATERO DA PITAS, PITAS, PITAS"
4. LA SALIDA DE GÜEMES DESBARATA LOS PLANES DE
FUTURO DE ESPERANZA AGUIRRE
5. LAS 'PERLAS' DE GÜEMES
6. SANIDAD PÚBLICA, GESTIÓN PRIVADA
7. LA REPENTINA MARCHA DEL EX CONSEJERO DE
SANIDAD DE AGUIRRE "PODRÍA ESTAR VINCULADA CON EL TAMAYAZO"
8. TAMAYO INTENTA FORZAR QUE LA PRESIDENTA
MADRILEÑA LE RECIBA
9. TAMAYO AMENAZA A AGUIRRE CON TIRAR DE LA MANTA
10. LOS CONSTRUCTORES DEL 'TAMAYAZO' OBTIENEN UNA
RECALIFICACIÓN PARA CONSTRUIR MÁS PISOS EN VILLLAVICIOSA DE ODÓN
11. AGUIRRE: "¡LOS MÓVILES FUERA, A MI BOLSO!"
12. PLAN DE AUSTERIDAD: ÚLTIMA ENTREGA
13. ESPERANZA AGUIRRE: "QUE SE ESCLAREZCA HASTA
EL FINAL"
14. AGUIRRE EXIGE QUE SE HAGA PÚBLICA LA
EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS POLÍTICOS
15. AGUIRRE DIXIT: "HABÉIS VENIDO AL PARTIDO DE
LA REBELDÍA"
16. JUECES DE MADRID CENSURAN LA FALTA DE RIGOR
DEL PERITO DE ESPERANZA AGUIRRE
17. GRANADOS DICE QUE LA OFERTA DE IGLESIAS ERA
LA MÁS BARATA
18. AGUIRRE USA EL PLAN E PARA PAGAR LOS
AMBULATORIOS QUE PROMETIÓ
19. MÁS FALLOS DEL SISTEMA INFORMÁTICO
20. AGUIRRE ABRE OTRO FRENTE CON ZAPATERO EN EL
CONSTITUCIONAL
21. AGUIRRE Y GALLARDÓN DISPUTAN TAMBIÉN POR EL
DINERO DEL REALOJO DE EL SALOBRAL
22. PREGUNTAN POR QUÉ GALLARDÓN NO INVESTIGÓ A
LÓPEZ VIEJO
23. EL AYUNTAMIENTO PONE INCENTIVOS A
FUNCIONARIOS COMO LA EMPRESA PRIVADA
24. DOS EX ALCALDES DEL PP DEBEN DEVOLVER A
BOADILLA 500.000 EUROS DE PAGOS ILEGALES
25. CARGOS DE CONFIANZA DEL PP, Y NO TÉCNICOS,
CONTINÚAN DECIDIENDO LOS CONCURSOS PÚBLICOS EN BOADILLA
26. TRES CANTOS CEDERÁ SUELO PÚBLICO PARA DOS
CAMPOS DE GOLF PRIVADOS
1. AGUIRRE MARCA EL PASO
Una semana antes de que el debate sobre la subida
del IVA llegase este martes al Congreso de los Diputados, ella ya lo
había puesto en la calle. No era un secreto que el PP iba a hacer
bandera de su negativa al alza de impuestos, pero una vez más, la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, desplegó
todo su desparpajo dejando en un segundo plano a Mariano Rajoy
cuando anunció que el PP madrileño, que ella dirige, iba a iniciar
"una campaña de rebelión" contra la subida del IVA. No sirvieron de
nada los esfuerzos de la número dos del PP, María Dolores de
Cospedal, en insistir en que Rajoy es el que ha mostrado una
"movilización mayor" contra la medida llevando la iniciativa al
Congreso. Para entonces, Aguirre ya se había marcado un tanto. No
existía dirigente de peso en el partido, y fuera del PP, que no
hubiese sido preguntado por su anunciada "rebelión". Lo que hiciese
Rajoy ya quedaría por detrás.
Pero no es la primera vez que Aguirre marca el
paso eclipsando el mensaje político de su jefe de filas con un
discurso más radical y condicionando la agenda del PP. En el partido
muchos coinciden en que "anticiparse va en su carácter". "Ella misma
lo ha ratificado. No quiere quitarle la silla a Rajoy, pero tampoco
renuncia a su cuota de protagonismo", explica un diputado.
Otro sector del partido, que tampoco ve a la
presidenta ahora interesada en debilitar a Rajoy, no oculta su
malestar por esa impresión que da de "ir por libre". "Con algunas de
sus iniciativas se debilita la posición del partido dando al PSOE un
arma de ataque muy potente", añade un dirigente regional. Un sector
del PP cree que con su discurso intenta frenar a UpyD
Ella misma es muy consciente de que su actitud es
mirada con lupa. Para intentar acallar aquellas voces que la acusan
de interponerse en el camino de su presidente, en los últimos días
ha asegurado que lo que hace, lo hace "siempre" conforme a los
principios del PP. Y que los que la quieren mostrar "como alguien
que le mete el dedo en el ojo a Rajoy" se equivocan.
A continuación se recopilan los últimos episodios
en los que la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha anticipado
a su jefe.
No al alza del IVA. La rebelión
El pasado 10 de marzo la presidenta ofrecía en la
sede del PP madrileño una rueda de prensa para informar de los
acuerdos adoptados por la formación en el Comité de Dirección. Su
anuncio estrella, el de la puesta en marcha de una campaña de
rebelión contra la subida del IVA anunciada por el Gobierno iba a
dominar la actualidad informativa de lo que quedaba de semana. Y ha
sido un argumento recurrente en las filas socialistas para atacar a
Mariano Rajoy.
Aunque el anuncio sonó a improvisación [la propia
Aguirre reconoció que la iniciativa estaba en pañales], la líder de
los conservadores madrileños logró robar el protagonismo a Rajoy. Un
día después, el líder del PP respaldaba la idea de la presidenta,
pero rechazaba aplicarla al resto de España. Y el pasado lunes, el
tema dominó la rueda de prensa de Cospedal, que sacó pecho por Rajoy
defendiendo que él es "la primera persona" en el PP que manifestó su
oposición al alza impositiva. También muy consciente de que el
empleo de la palabra "rebelión" había sido confundido en algunos
sectores con un llamamiento a la insumisión fiscal, Cospedal aclaró
que Aguirre había recurrido al vocablo de forma "simbólica".
Si bien desde el día del anuncio la presidenta
mantuvo que en ningún caso estaba llamando a los ciudadanos a no
pagar, se ha mostrado reacia a renunciar a la palabra. De hecho,
reconoció, en una conversación informal con el presidente del
Gobierno con quien coincidió en el Congreso en los actos por el 11-M
que pudo errar al emplear el término pero que "a veces, las cosas
mediáticas son así".
Aguirre cree que gracias a su "rebelión" los
españoles se han enterado de la subida del IVA de Zapatero. Pese a
que haya en el partido quien considera que "se ha pasado de
frenada". "Una presidenta de una institución que vive de los
impuestos no debe hablar de rebelión fiscal", relata un veterano
diputado. Pero el tema ha calado. Y algunas comunidades gobernadas
por el PP, como Galicia y La Rioja, se han posicionado junto a la
líder de los conservadores madrileños. Hasta la fecha, la que más
lejos ha llegado ha sido Galicia, que ha rechazado el alza
impositiva con una resolución en el Parlamento regional.
Hay en el PP quien ve tras esta actitud de
Aguirre la intención de "retener" a parte del electorado. "Hay
encuestas que dan un ascenso importante en Madrid a UPyD y ella
intenta frenar esta tendencia con mensajes de este tipo", explica
una antigua colaboradora de la presidenta. "No puede permitirse que
los autónomos y los pequeños empresarios de la Comunidad de Madrid,
de donde recoge gran parte de sus votos, se muden de formación
política", completa.
Esta semana, la batalla contra el IVA que el PP
perdió en el Congreso tendrá su segunda parte en el Senado. En esta
ocasión, a los socialistas no les bastará con el apoyo de los
nacionalistas vascos y canarios para sacar adelante su iniciativa.
Defensa de los toros. Bien de Interés Cultural
Aguirre también ha sabido lograr otro golpe de
efecto iniciando los trámites para declarar las corridas de toros
como Bien de Interés Cultural en la Comunidad. Todo, cuando el
Parlament de Catalunya debate sobre la prohibición de este
espectáculo. Con su iniciativa, Madrid se convertía en la primera
comunidad autónoma en calificar de hecho cultural relevante las
corridas de toros. Y, de paso, la presidenta, gran aficionada a este
espectáculo, se reservaba un hueco preferente en todos los
periódicos y telediarios.
Pero la cosa no se quedó ahí. Un día después del
anuncio de la presidenta, el 5 de marzo, el efecto contagio llegó a
la Comunidad Valenciana y Murcia, otros dos grandes feudos
conservadores, que iniciaban los trámites para proteger las corridas
de toros. Y el PP de Extremadura anunciaba su intención de llevar
una iniciativa similar a la cámara regional.
Un importante número de dirigentes conservadores
aplauden la "agilidad" de Aguirre en este campo. "Ha sido eficaz en
satisfacer un sentimiento de su electorado", apunta un diputado, que
destaca la batalla que la presidenta lidia en contra de las
prohibiciones. En este sentido, recuerda que en más de una ocasión
se ha mostrado partidaria de no aplicar una ley del tabaco más
restrictiva. Pese a que la norma parta del Ministerio de Sanidad.
En el entorno de la presidenta madrileña señalan
que actitudes como esta no roban protagonismo a Rajoy. "Esperanza
hace su trabajo y su papel ante un determinado electorado, y Rajoy,
como presidente, cumple un papel más moderado. No todo tiene que ser
uniformado. A Aguirre no le van las medias tintas", justifican.
Elecciones anticipadas. La indefinición del líder
Trascendiendo también las fronteras de la
Comunidad de Madrid, la presidenta madri-leña se coló de nuevo en la
política nacional el pasado 3 de febrero. Tras la celebración del
Comité Ejecutivo del PP madrileño, reclamó al presidente del
Gobierno la convocatoria de elecciones anticipadas. Con el gesto,
conseguía que los focos se dirigiesen a Mariano Rajoy que en todo
momento había evitado pedir una convocatoria electoral consciente de
que se trataba de una posibilidad que sólo tiene el presidente del
Gobierno.
No obstante, la petición de la líder del PP de
Madrid caló hondo en las filas conservadoras. Y destacados
dirigentes, como Javier Arenas, vicesecretario de Política
Autonómica y Local, se subieron al carro. Hasta que Rajoy decidió
enfriar el debate. El pasado día 18 de febrero, y en presencia de
Esperanza Aguirre, no quiso mojarse. "Sólo hay tres alternativas
[para Zapatero]: rectificación, adelanto, y cambio en la
presidencia. Pero ninguna de ellas me compete a mí sino al
Gobierno", dijo Rajoy.
Imputados Gürtel. La doble vara de medir
Si hay algo que nadie en el PP niega a Aguirre es
el haber sido más enérgica que Rajoy al exigir responsabilidades a
sus imputados en el Caso Gürtel. Mientras el ex tesorero del PP Luis
Bárcenas sigue ocupando su escaño en el Senado, lo mismo que ocurre
con Jesús Merino en el Congreso, los diputados de la Cámara
madrileña imputados ya no pertenecen al Grupo Parlamentario Popular.
Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch Tejedor y
Alberto López Viejo, que fueron suspendidos de militancia tras
conocerse su relación con la trama de Correa, dejaron de formar
parte del PP en la Asamblea regional el pasado mes de octubre,
cuando se conoció parte del sumario. También los ex alcaldes de
Boadilla y Pozuelo abandonaron sus respectivos grupos municipales.
"No hay que negar que Esperanza Aguirre tiene a veces intuiciones
políticas muy acertadas", apunta un diputado nada aguirrista.
jueves negro en el feudo de la presidenta. el
regreso. la sombra del ‘tamayazo’
Pese al éxito de algunas de sus iniciativas
puertas afuera de la Comunidad de Madrid, la semana que termina no
ha sido fácil para la presidenta. Siete años después del ‘tamayazo’,
el episodio de transfuguismo que hizo posible que Esperanza Aguirre
llegase a la presidencia de la Comunidad en 2003, el ex diputado
socialista Eduardo Tamayo, uno de los protagonistas de este
escándalo político, reaparecía asegurando haber concertado una cita
con la presidenta. El tránsfuga se presentaba en la sede del
Gobierno regional asegurando que tenía una reunión con Aguirre.
A los pocos minutos abandonó la madrileña Puerta
del Sol después de que los servicios de seguridad no le permitieran
el acceso. A su salida, Tamayo amenazó con destapar algunos secretos
de los episodios de 2003. E implicó en el caso a Ricardo Romero de
Tejada, ex secretario general del PP de Madrid, y a la diputada
regional Carmen Rodríguez Flores. Preguntada en rueda de prensa,
Esperanza Aguirre negó haber concertado una cita con el ex diputado.
"Jamás", dijo. Pero no negó haber recibido cartas suyas.
El adiós. La marcha de Güemes
El pasado jueves, Aguirre decía adiós a su consejero de Sanidad,
Juan José Güemes. Después de 17 años en política, este ha decidido
dar el salto a la actividad privada. Argumentando motivos
"personales y profesionales", Güemes, que había mantenido alguna
diferencia con su jefa en los últimos meses, ha obligado a la
presidenta a afrontar una remodelación de Gobierno. El principal
distanciamiento entre ambos llegó el pasado 3 de noviembre cuando,
en ausencia de Aguirre, a Güemes le tocó en suerte defender la
postura del PP madrileño en el Comité Ejecutivo Nacional del
partido. Pocos días antes, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo,
había criticado duramente a Aguirre en una entrevista y la polémica
consumió gran parte del tiempo de la reunión. A la líder del PP
madrileño no le sentó nada bien que en el partido alabaran el tono
moderado empleado por su entonces consejero. Esperaba más dureza. La
ambición y vocación política de Güemes hace a más de uno en el
partido pensar que su retirada es temporal y que dentro de unos años
regresará a la política nacional sin vínculos con el ‘aguirrismo’.
(www.publico.es,
210/03/10)
2. EL AZNARISMO SE HACE FUERTE EN SOL
Tocar lo menos posible, que apenas quedan 14
meses para las elecciones autonómicas. Con esta consigna, la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se vio
obligada el pasado jueves a hacer una remodelación de su Ejecutivo
en la que apenas ha habido movimientos por la marcha de Juan José
Güemes. Pero la foto fija que ha dejado la última crisis de Gobierno
muestra que el aznarismo queda muy bien situado en torno a la
presidenta regional.
No ha sido algo premeditado. Aguirre no ha tirado
de Javier Fernández-Lasquetty, nuevo responsable de Sanidad -un área
con 7.000 millones de euros de presupuesto y 65.000 empleados a su
cargo-, porque sea un hombre muy vinculado al ex presidente José
María Aznar. Trabajó para él en el Gabinete de Presidencia y llegó a
ser secretario general de la FAES, el vivero ideológico del PP.
Más bien pesó que es un hombre de su máxima
confianza -está con ella desde sus comienzos en el Ayuntamiento de
Madrid y la siguió al Ministerio de Educación y luego al Senado- y,
sobre todo, porque relevarlo de la cartera que manejaba, Inmigración
(con 80 millones de presupuesto y un equipo de 93 personas), no
suponía hacer un gran agujero en su equipo de gobierno. Al fin y al
cabo, la consejería era hasta hace cinco años sólo una dirección
general.
Tampoco ha llevado a Lucía Figar a la Secretaría
de Comunicación del PP regional sólo por su vinculación con el ex
presidente. Pero el hecho es que la segunda consejería en peso (con
4.779 millones de presupuesto y 49.492 empleados, en su mayoría
docentes) está en manos de una mujer muy vinculada a los Aznar. Es
íntima de los hijos del ex presidente, hasta el punto de que fue la
madrina del primer hijo de Ana Aznar y Alejandro Agag, sin contar
con que está casada con Carlos Aragonés, tan estrecho colaborador
del presidente que fue su jefe de Gabinete.
Fuentes del PP explican que no se puede desligar
el aznarismo de la figura de Esperanza Aguirre, pues la presidenta
regional fue ministra en los gobiernos del ex presidente popular,
con quien mantiene fuertes lazos en lo personal y en lo político. Y
que, en los dos casos mencionados, hay también vínculos personales y
sentimentales. Lasquetty, como se ha dicho, es una de las personas
de su máxima confianza que, con el vicepresidente Ignacio González,
ha seguido a Aguirre en todos sus destinos políticos.
Con Figar tiene además una relación casi
maternal. La consejera de Educación es sobrina de la íntima amiga de
Aguirre desde la infancia. Y la presidenta regional la ha visto
crecer. Por eso mantienen una relación que trasciende lo político.
"Es la hija que nunca ha tenido", comentan dichas fuentes.
Al colocar a Figar en la Secretaría de
Comunicación del PP lo que hace es rescatarla y sentarla en el
Comité Ejecutivo, el órgano de dirección, donde era una de las pocas
consejeras de perfil más político que no estaba. Porque como
portavoz del partido tendrá escasa ocupación: la mayoría de las
labores las hace la propia Aguirre y, cuando no, el secretario
general, Francisco Granados. Su actividad será más interna y para
ocuparse de la difusión del programa a través de las nuevas
tecnologías.
Otras fuentes populares se temen que el hecho de
que el aznarismo gane presencia abrirá la puerta de consejerías
importantes a gente procedente de FAES, lo que permitirá apuntalar
el radicalismo ideológico de Aguirre, pues lo más probable es que
Lasquetty se lleve a su equipo a la nueva consejería.
La tercera consejera que gana peso es Paloma
Adrados, que une Inmigración a sus tareas de Empleo y Mujer. Su
ascenso se explica por el respaldo a su gestión, pero también para
equiparar las tareas de todas las consejerías. La sucesiva reducción
de las áreas de gobierno, que ahora quedan en nueve, ha cargado casi
todas las carteras y la de Adrados era la que más contenido
permitía.
Adrados llegó a la política de la mano del ex
ministro Javier Arenas, de quien fue jefa de gabinete y con quien
mantiene una buena relación personal. Pero, como la gran mayoría de
los políticos que colaboran con la presidenta, ahora es de Esperanza
Aguirre. "En la Comunidad de Madrid no hay aznaristas, marianistas o
ratistas", dicen fuentes populares. "La gente que trabaja para
Aguirre es de Aguirre. Y trabajar con ella también marca mucho
políticamente".
(www.elpais.com,
20/03/10)
3. AGUIRRE RESUCITA EL DISCURSO CONTRA EL PER:
"ZAPATERO DA PITAS, PITAS, PITAS"
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, azuzó el viejo debate político sobre el Plan de
Empleo Rural (PER) y el subsidio agrario. "Se han ido a Sevilla, han
hecho un congreso y han hecho lo único que creen que debe hacer un
Gobierno, que es utilizar el dinero de los contribuyentes para dar
pitas, pitas, pitas.
Esto la gente del campo sabe a lo que me
refiero", declaró Aguirre a Telemadrid en relación con la reducción
de 35 a 20 peonadas para optar al cobro del subsidio agrario, una
medida excepcional para paliar la pérdida de más de cinco millones
de jornales en el campo andaluz como consecuencia del temporal que
aprobó el viernes el Consejo de Ministros y publicó el BOE.
Por la tarde, ante el revuelo que generaron sus
palabras, la presidenta madrileña mostró su "máximo respeto" a los
andaluces e intentó, sin conseguirlo, aclarar que sus declaraciones
se referían al tratamiento que da el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, a Andalucía.
Como ya hicieran en otras ocasiones otros
dirigentes populares como Ana Mato, Juan Carlos Aparicio o
Montserrat Nebrera, Aguirre ahondó en el discurso de los tópicos
sobre Andalucía al calificar como una "vergüenza" la medida aprobada
por el Ejecutivo central, a pesar de que ésta había sido demandada
por todos los agentes sociales, desde la patronal agraria Asaja a
los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO, con el fin de contrarrestar
la pérdida de más de 1.200 millones de euros en la agricultura
andaluza por el temporal. Aguirre censuró la decisión por llegar "en
una época en la que hay que apretarse el cinturón" y la enmarcó en
las encuestas electorales que, por primera vez, sitúan al PP como el
favorito en la intención de voto de los andaluces.
El PP andaluz guardó silencio sobre las
declaraciones de Aguirre ante un tema que les ha supuesto no pocos
dolores de cabeza, muy especialmente a su líder, Javier Arenas. Y es
que, mientras dirigentes de ese partido de otras comunidades han
cuestionado la eficacia del PER y el subsidio agrario con reiteradas
apelaciones al llamado voto cautivo, los populares andaluces siempre
han intentado desmarcarse: "El PER ha permitido modernizar e
impulsar el progreso de los municipios andaluces", dijo el
presidente del PP de Jaén y parlamentario autonómico, José Enrique
Fernández de Moya, en 2002, en pleno debate sobre el decretazo
aprobado por el Gobierno de Aznar.
Las palabras de Aguirre levantaron un gran
revuelo político. La nueva consejera de la Presidencia, Mar Moreno,
calificó la declaraciones como "una falta de respeto
injustificable". "Hay un asunto de fondo y es que el PP lleva muchos
años que, por querer hacer oposición al PSOE, le hace la oposición a
Andalucía", informa Europa Press. "Pido respeto para los
trabajadores andaluces porque cotizan como cualquier trabajador de
España, pagan impuestos como cualquier trabajador de España y tienen
el mismo derecho a la protección social, como cualquier otro
trabajador de España".
Por su parte, el coordinador general de Izquierda
Unida, Diego Valderas, que exigió a Arenas, que llamara "al orden" a
la presidenta madrileña tras "pasarse 17 pueblos" con sus
declaraciones sobre el PER.
(www.elpais.com,
24/03/10)
4. LA SALIDA DE GÜEMES DESBARATA LOS PLANES DE
FUTURO DE ESPERANZA AGUIRRE
El consejero de Esperanza Aguirre con más
proyección política por su juventud y porque era el único con cargo
en la dirección nacional del PP se va, entre otros argumentos, por
dinero, aunque en público alegara "razones personales". Es la
explicación que Juan José Güemes, de 40 años y hasta ahora
responsable de Sanidad, ha ofrecido a la presidenta madrileña. "Su
mujer [Andrea Fabra, hija de Carlos Fabra, presidente popular de la
Diputación de Castellón] perdió dinero al entrar en política, porque
como parlamentaria cobra 30.000 euros menos que en su anterior
puesto en Telefónica", explican fuentes del Gobierno regional.
"Tienen una importante hipoteca, tres niñas que han nacido esta
legislatura, y ahora ganará más".
A eso se une que el ya ex consejero no es
funcionario y, por sus lazos familiares, está acostumbrado a un tren
de vida muy alto. Como consejero, Güemes habría ganado este año
97.376 euros brutos mensuales, según las cuentas regionales. Ahora,
como presidente del Centro de Gestión del Emprendimiento del
Instituto de Empresa, su sueldo rondará los 130.000 euros. Sin
contar con que, en el futuro, pueda ingresar en algún consejo de
administración como consejero y recibir un sobresueldo.
"Ya no voy a vivir de la política", se defendió
el ex consejero por la noche. "Me voy en mi mejor momento político,
cuando la legislatura está hecha, porque se ha cruzado una buena
oferta". Se la contó a Aguirre hace diez días y ésta le animó.
Güemes recordó que lleva en política 17 años, que
ha pasado por todo tipo de cargos y que ha vivido "momentos
políticos muy apasionantes". Y dice que no hay más. Sin embargo,
existen algunos puntos en esta salida aún oscuros.
Desde el propio Gobierno madrileño se señala la
fuerte contradicción que existe entre la decisión de abandonar la
primera línea política y el perfil ambicioso de un político que
parecía tener todo por delante. "Juanjo se ha pasado el último año
hablando de que iba a ser capitán general", afirman fuentes del
Gobierno de Aguirre. "Y sorprende mucho que de la noche a la mañana
se vaya".
Además, en el entorno de la presidenta dan por
hecho que ésta tenía planes para el ya ex consejero de Sanidad en
próximos Gobiernos. Y que ahora abandone el barco desbarata algunas
hipótesis muy establecidas. Cuando el vicepresidente y mano derecha
de Aguirre, Ignacio González, está quemado por la guerra de Caja
Madrid, y el consejero de Presidencia, Francisco Granados,
achicharrado por el caso del espionaje, Güemes apuntaba alto. Era la
opción más clara a medio plazo para vicepresidente o incluso para el
relevo. Ahora Aguirre, a tan sólo 14 meses de las elecciones
autonómicas, tiene que barajar de nuevo sus cartas.
Por eso, algunas fuentes elucubran con que la
marcha de Güemes pudiera ser un intento de desvincularse del
aguirrismo para regresar luego, limpio de familias políticas, y dar
el salto a la política nacional. Eso explicaría que no haya querido
desvincularse ni de la dirección regional, ni menos de la nacional
de su partido, a cuyas reuniones seguirá acudiendo. De hecho, Güemes
admitió que sí informó a Rajoy de su marcha mientras la presidenta
aclaró que no tenía por qué hacerlo. "No me voy pensando en volver.
Me voy porque quiero", zanjó Güemes.
(www.elpais.com,
19/03/10)
5. LAS 'PERLAS' DE GÜEMES
- Ya fuera como consejero de Sanidad o como
secretario de Comunicación, Juan José Güemes ha dado frases
contundentes a los medios de comunicación.
- Sobre el 'caso Gürtel' en enero de 2009: "EL
PAÍS ha ido publicando toda la basurilla que ha ido circulando por
Madrid, aunque si leen los dosieres los ha podido escribir el propio
[Francisco] Mercado por la mañana. Me gustaría preguntar a EL PAÍS
si la razón por la cual está dispuesto a hacer el ridículo de esta
manera tiene relación con intentar ablandar el corazón de alguna
entidad financiera que le ayude a superar la gravísima situación
financiera del Grupo PRISA".
- En plena tormenta de protestas en los
hospitales, en octubre de 2009: "Con el sueldo de los liberados, más
de 1.000, se podría construir un hospital de 450 camas".
- Tras el abucheo en el hospital de Getafe, este
mes: "Fue una algarada montada por Pedro Castro".
(www.elpais.com,
19/03/10)
6. SANIDAD PÚBLICA, GESTIÓN PRIVADA
Asegura que no se va por desgaste. Quizá para que
nadie piense que los follones que le montan cada cierto tiempo en
los hospitales han hecho mella en su proverbial imperturbabilidad,
curtida en decenas de tumultos de los que casi siempre ha salido con
una sonrisa en los labios. Porque Juan José Güemes ha aguantado
mucho en sus casi tres años como consejero de Sanidad. Eso sí, sabía
en lo que se metía cuando saltó de la cartera maría de Empleo y
Mujer a la de Sanidad, un hueso del que Manuel Lamela acababa de
salir por la puerta de atrás a cuenta del caso Leganés.
Güemes tenía por delante el reto de transformar
el modelo de sanidad pública madrileña -grandes hospitales de
gestión pública directa- en una especie de mercado de la salud
regido por las leyes de la oferta y la demanda. "El dinero sigue al
paciente", ha dicho alguna vez a modo de síntesis. La primera
asignatura ya la tenía casi aprobada. Lamela dejó los hospitales
nuevos ya en pie, aunque vacíos. Moles de hormigón que daban el pego
para las elecciones de mayo de 2007. Sólo había que dotarlos y
ponerlos en marcha. Y eso hizo Güemes, en un maratón inaugurador
-seis hospitales en tres meses- que le valió un puesto en las fotos
de rigor junto a la presidenta, Esperanza Aguirre.
El nuevo modelo empezaba a tomar forma. La
administración, inquilina en sus propios hospitales, se desentendía
de una parte de la gestión (la no sanitaria) y la encomendaba a
empresas privadas. Las críticas arreciaron. Trabajadores del
Hospital Ramón y Cajal abuchearon a Aguirre -"¡Sanidad pública!",
gritaban- en mayo de 2008. "Viven sin trabajar", sentenció el
consejero. Fue sólo el primer exabrupto de una larga serie: "Con el
sueldo de los liberados sindicales se podría construir un hospital
de 450 camas", afirmó después. Era una guerra abierta. Su consejería
llegó a difundir un vídeo en el que identificaba a cuatro
sindicalistas que protestaban en el Puerta de Hierro y les señalaba
con una flecha roja. El asunto llegó a los tribunales.
La entrada de empresas en la sanidad pública fue
acelerándose. Parecía claro por dónde iban los tiros. El primer
auditorio ante el que Güemes explicó su Plan de Infraestructuras
Sanitarias 2007-2011 fue un grupo de 150 empresarios del sector
sanitario y de la construcción que habían pagado 1.200 euros por
asistir a una jornada en el Ritz de subtítulo esclarecedor:
Aproveche las oportunidades de negocio para su empresa. El folleto
no mentía. La consejería empezó a encadenar anuncios que apuntaban
en esa dirección. Los cuatro hospitales prometidos para esta
legislatura (Collado Villalba, Móstoles, Torrejón y Carabanchel)
iban a ser de gestión enteramente privada, como el de Valdemoro,
cuya empresa gestora contrata directamente a médicos y enfermeras y
alquila sus servicios a Sanidad a cambio de un canon anual.
También se externalizaron las pruebas clínicas de
más de un millón de madrileños. Una UTE liderada por Ribera Salud
consiguió el concurso para montar un laboratorio central en el
hospital de San Sebastián de los Reyes. En el proceso, tres
laboratorios públicos cerraron. Está por ver qué pasará con las
citas médicas. De momento, una empresa ha ganado el concurso para
crear un call center en el que operadores telefónicos harán parte
del trabajo que ahora cubren los administrativos de los centros de
salud.
Además de erigirse en azote de sindicalistas y
enzarzarse en agrias discusiones con la oposición en la Asamblea,
Güemes ha tenido que ocuparse de otros frentes. El Defensor del
Pueblo abrió de oficio una investigación acerca del "grave problema"
de "saturación" de las urgencias de los hospitales madrileños. Un
informe de la Inspección de Trabajo descubrió centenares de
problemas en los nuevos hospitales: falta de personal, escasez de
material muy básico, fallos en la seguridad y la prevención de
incendios... Varias sentencias han anulado los procesos de traslado
de profesionales a los nuevos centros. Un proceso de reordenación
muy cuestionado por los sindicatos, que siempre lo criticaron.
Cómo habrá llegado a estar de caldeado el
ambiente sanitario que el Colegio de Médicos, institución poco dada
a amonestar públicamente al Gobierno de Aguirre, hizo público en
diciembre pasado un escrito en el que criticaba la falta de personal
y amagaba incluso con una huelga. Entre los médicos, decía, cunde un
"descontento generalizado". Y nunca desde que existe recuento había
habido tantos pacientes en lista de espera para una operación. Una
encuesta realizada por este periódico en abril de 2009 constató que
la sanidad es el servicio público peor valorado por los madrileños.
Pero la mayor patata caliente que Güemes deja en
herencia al nuevo consejero es la aplicación de la Ley de libre
elección y de área única, su último gran proyecto, en el que, según
sus colaboradores, ha echado el resto. Una reforma sanitaria que no
gusta a oposición, ni a sindicatos, ni, lo que es peor, a los
profesionales que van a tener que trabajar con ella. "En Sanidad es
donde mejor se lo ha pasado", decía su mano derecha, la
viceconsejera Ana Sánchez. ¿Quién dijo desgaste?
(www.elpais.com,
19/03/10)
7. LA REPENTINA MARCHA DEL EX CONSEJERO DE
SANIDAD DE AGUIRRE "PODRÍA ESTAR VINCULADA CON EL TAMAYAZO"
El anuncio de la marcha de Juan José Güemes del
PP madrileño nos ha dejado a todos náufragos en un mar de
elucubraciones. Se ha dicho que Esperanza Aguirre lo supo diez días
atrás, ¿o tomó la decisión diez días atrás? En política es difícil
saberlo, aunque se terminará sabiendo. El Mundo ha afirmado que
"según fuentes solventes", un aparecido, Eduardo Tamayo, "vinculó la
salida de Juan José Güemes del Gobierno autonómico con sus posibles
revelaciones sobre el tamayazo".
Lo cierto es que Eduardo Tamayo ha vuelto para
cobrar una deuda o para exigir algo a Esperanza Aguirre. Haber
imposibilitado que el PSOE recuperara Madrid tiene un alto precio. Y
lo sabe muy bien Güemes, que integró el pequeño grupo de
colaboradores que prepararon el terreno a la presidenta para tomar
el poder. "Se va porque pertenece a un grupo muy concreto del PP, al
de Romero de Tejada", secretario general del PP de Madrid en la
época del Tamayazo. Las palabras son de Tamayo.
Tamayo, abogado con bufete, siempre según fuentes
solventes –dice El Mundo- atraviesa una situación económica crítica,
por eso contactó con el actual secretario general del PP madrileño,
y uno de los hombres fuertes de la presidenta regional, Francisco
Granados. A éste le dijo que su antecesor en el cargo, Ricardo
Romero de Tejada, le había ofrecido "seis millones de euros" por
quitar del medio a Simancas y favorecer que Aguirre se hiciera con
la Comunidad. Que entonces "no había cobrado nada, pero que ahora
pretendía saldar aquella deuda". Esto fue hace unos meses, de
acuerdo con el artículo de Casimiro García Abadillo.
"Ahora tengo datos que antes no tenía", declaró
Eduardo Tamayo, al explicar las razones por las que quería
entrevistarse con la presidenta madrileña. "He hablado con
empresarios, con políticos, con mucha gente. De eso es de lo que
quería hablar con ella. Si Aguirre es batalladora, yo también lo
soy. Si le ajusté las cuentas a Simancas, también se las puedo
ajustar a Aguirre", amenazó. Pero El Mundo sólo lanza lo que parece
la clave de la marcha de Güemes. Ni siquiera el periódico de Pedro
J. Ramírez puede ir más allá. ¿O tal vez no quiere?
El yerno de Carlos Fabra es ahora mismo una incógnita. A lo anterior
hay que sumar rumores sobre supuestos deslices. A Esperanza Aguirre
le tocó desmentir una supuesta relación de Güemes con la ex modelo
Sofía Mazagatos. Y han visto al ex consejero de Sanidad frecuentar a
altas horas de la madrugada un bar de copas de la zona de Arapiles,
llamado Snobissimo, un sitio de ligue al que acuden políticos,
futbolistas, empresarios, famosos, según ha revelado una
fuente cercana de El Plural. Algo que llama la atención tratándose,
como es el caso de Güemes, de un hombre casado y con tres hijas.
(www.elplural.com,
20/03/10)
8. TAMAYO INTENTA FORZAR QUE LA PRESIDENTA
MADRILEÑA LE RECIBA
Eduardo Tamayo, la bestia negra de los
socialistas madrileños, el hombre que impidió en 2003 que Rafael
Simancas se convirtiera en presidente de la Comunidad de Madrid tras
dos legislaturas de Gobiernos del PP, trató de hacerse recibir por
la presidenta Esperanza Aguirre. La dirigente del PP llegó entonces
al poder después de la fuga de dos tránsfugas socialistas y tras
convocar otras elecciones.
, cerca del mediodía, Tamayo entraba por la
puerta de la Real Casa de Correos, la sede del Gobierno regional,
con la intención de llegar al despacho de Aguirre. Se lo impidieron
los vigilantes y el personal de protocolo porque no figuraba ninguna
cita con él en la agenda de la presidenta madrileña. A esa hora, se
encontraba reunida con el Consejo de Gobierno. Luego negó haber
hablado nunca con Tamayo.
Mal día había elegido éste para hacerse notar. En
la puerta, aseguró que quería hablarle a Aguirre de dos personas:
Ricardo Romero de Tejada, que era secretario de Política Autonómica
del PP cuando el tamayazo, y la diputada regional Carmen Rodríguez.
"En los próximos días lo sabréis", agregó crípticamente.
(www.elpais.com,
19/03/10)
9. TAMAYO AMENAZA A AGUIRRE CON TIRAR DE LA MANTA
Siete años después del tamayazo, el oscuro
episodio en el que dos tránsfugas del PSOE abrieron en 2003 a
Esperanza Aguirre la puerta del Gobierno de Madrid, su principal
protagonista, el ex diputado Eduardo Tamayo, disparó una amenaza en
toda regla contra el PP. "Esto no va a quedar así", prometió ante
los periodistas al tiempo que implicaba en el caso al ex número dos
del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, y amagaba con nuevas
revelaciones. Esa fue su reacción tras un intento fallido de ser
recibido por Aguirre en su sede oficial. Como adelantó Público el
miércoles, Tamayo asegura que tenía una cita concertada con la
presidenta y que habría sido la segunda desde 2003. Condesagrado por
una visita frustrada que en sí misma resucita el fantasma del nunca
investigado tamayazo, Aguirre lo negó todo: "Jamás he visto a
Tamayo", espetó luego a los informadores. Y no había cita fijada.
Tras ser despachado de vuelta a la calle por los
servicios de seguridad de la sede de la Puerta del Sol, fue Tamayo
quien se despachó ante los periodistas: porque no sólo implicó en
"lo ocurrido" al ex secretario general del PP de Madrid, Ricardo
Romero de Tejada, sobre quien desde el principio se cernieron las
principales sospechas de juego sucio. Tamayo involucró también a la
diputada regional Carmen Rodríguez Flores, persona muy próxima a
quien hace siete años desempeñaba el cargo de tesorero nacional del
PP, Álvaro Lapuerta.
En el momento del tamayazo, Romero de Tejada, hoy
retirado de la política, estaba vinculado a los empresarios
Francisco Bravo y Francisco Vázquez, que aún conservan potentes
intereses inmobiliarios en la comunidad. Bravo y Vázquez reservaron
las habitaciones de hotel que Tamayo y la entonces también diputada
Teresa Sáez ocuparon tras el golpe de mano perpetrado por ambos el
10 de junio de 2003.
El tránsfuga por antonomasia pronunció una
enigmática frase: "Fue una gran farsa [el tamayazo] y lo que sí les
puedo decir es que yo no he tocado ni un euro". Podía haber dicho
que no hubo ni un euro por medio. Pero eligió el verbo tocar. Y, al
elegirlo, Tamayo abrió de modo implícito la hipótesis de que, por
una u otra razón, sí hubo dinero pero que, en realidad, se quedó en
todo o en parte por el camino. Tamayo evitó aclarar quién orquestó
la "farsa", término que sugiere la existencia de un plantel de
actores con los papeles repartidos de común acuerdo. No obstante, el
ex diputado se aferró a que la culpa de su acción fue del PSOE,
incluido Zapatero, por no respetar lo pactado con su facción,
Renovadores por la Base.
¿Estaba Tamayo vinculando a Romero de Tejada y
Rodríguez Flores con alguna operación ilegal, haya o no prescrito?
No se sabe. Porque el abogado, que reivindica para sí mismo una
"limpieza" en la que ni el PSOE ni parte del PP creen, no explicó
por qué señalaba con nombres y apellidos a Romero de Tejada y a
Carmen Rodríguez. ¿Qué tienen que ver ambos con lo sucedido en
2003?, fue la pregunta. "Pues algo tendrán que ver. Ya lo sabrán en
los próximos días", respondió.
Pero hubo más. Tamayo prometió que "con el
tiempo" se conocerán las cartas que, según su testimonio no
desmentido por la destinataria, ha enviado a Aguirre en relación con
"actuaciones poco ejemplares" de militantes del PP. Esas cartas,
había contado Tamayo a Público la noche del miércoles, se refieren a
hechos relativos a 2003 y de los que el ex diputado "ha tenido
conocimiento". Luego, Aguirre se curó en salud: "¿Cartas del señor
Tamayo? Pues supongo que sí, no me sorprendería". Respondió así
durante la rueda de prensa donde se anunció el abandono del hasta
ahora consejero de Sanidad, Juan José Güemes, hombre cercano a
Rodrigo Rato, a cuya sombra ganó poder Romero de Tejada.
Tamayo atacó con ira a Aguirre, la principal
beneficiaria de su acción: "No sé a qué juega la señora presidenta
de esta comunidad", dijo con rabia. Según su versión, sí que tenía
una cita con Aguirre, la segunda que habría de congregarlos a ambos
desde 2003, amén del encuentro que asegura haber mantenido con
Francisco Granados, número dos del PP de Madrid y consejero de
Interior. ¿Tiene algún asunto pendiente con la presidenta? Tamayo
contestó amenazante: "No. Me siento vilipendiado por ella. Ya veré
la estrategia que tomo porque, desde luego, esto no se queda así".
Este periódico preguntó luego a Aguirre qué cree que persigue Tamayo
acudiendo a la Puerta del Sol en busca de ser recibido. Tal vez,
aventuró, quiere volver a la política.
(www.elplural.com,
19/03/10)
10. LOS CONSTRUCTORES DEL 'TAMAYAZO' OBTIENEN UNA
RECALIFICACIÓN PARA CONSTRUIR MÁS PISOS EN VILLLAVICIOSA DE ODÓN
El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (PP) ha
aprobado una recalificación que permitirá a los constructores
Francisco Bravo y Francisco Vázquez, vinculados al tamayazo ,
construir un 80% de pisos más de los proyectados, mientras esperan
la autorización definitiva de la Comunidad de Madrid. El terreno
recalificado corresponde a la finca Monte de la Villa, de 1.400.000
metros cuadrados, y que limita con el parque regional de Guadarrama.
La medida municipal se hace pública el mismo día en el que la
presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha negado conocer a Eduardo
Tamayo , el ex diputado tránsfuga socialista que impidió que el
socialista Rafael Simancas llegase a la presidencia de la Comunidad
en 2003.
Tamayo intentó reunirse sin éxito con la
presidenta la semana pasada en la sede del Gobierno regional, pero
Aguirre ha marcado distancias. "No tengo el gusto de conocerle", ha
dicho la jefa del Ejecutivo regional esta mañana en una entrevista
en Telemadrid, y ha recordado, además, que cuando él era diputado en
la Asamblea madrileña ella era presidenta del Senado y ministra de
Educación. "No he tenido nunca relación con él", ha dicho. "No la he
tenido nunca. Podría haberla tenido si hubiera decidido investirme
con su voto o con su ausencia".
La recalificación del consistorio de Villaviciosa
de Odón viene precedida de otra autorización municipal del pasado 10
de febrero, que permitía la modificación de los planes urbanísticos
para que los dos empresarios tengan las manos libres para cambiar la
tipología de las viviendas proyectadas. El terreno acumula varias
recalificaciones. La anterior alcaldesa, Nieves García, ya permitió
a los constructores aumentar la edificabilidad, pero los empresarios
quieren más. Con la nueva modificación, donde antes se proyectaban
2.000 chalets ahora se autorizan 7.500 pisos.
Los dos constructores, Bravo y Vázquez, promueven
la operación junto a un grupo de propietarios asociados en Junta de
Compensación. Según las actas de la junta, a las que ha accedido la
Cadena SER, es Francisco Bravo quien asume las decisiones de la
operación y propone los cambios. También es Bravo quien elige al
arquitecto designado para el proyecto, Leopoldo Arnaiz, y la empresa
a la que encargarán la edificación, Virton, de la que fue apoderada
la hija del exsecretario general del PP madrileño,
Romero de Tejada
.
(www.elpais.com,
24/03/10)
11. AGUIRRE: "¡LOS MÓVILES FUERA, A MI BOLSO!"
¿Psicosis tras el caso de los espías? ¿Obsesión
con los micrófonos ocultos? No. Sólo temor a las filtraciones antes
de tiempo. El jueves, justo a la entrada del Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid en el que se conoció el relevo de Juan José
Güemes, la presidenta Esperanza Aguirre exigió a sus consejeros que
dejaran sus teléfonos móviles fuera de la sala de reuniones.
Concretamente, en su bolso. La presidenta Aguirre no se fiaba de que
alguno de sus consejeros enviara la noticia, vía SMS, a alguno de
sus colaboradores, o incluso a la prensa, antes de que ella la diera
a conocer en rueda de prensa junto al propio afectado. Fue tal su
control que a alguno de sus consejeros o consejeras les tuvo que
recordar que tenían varios móviles y que todos debían quedarse
atrás.
Aunque es experta en la escenografía política, la
orden de Aguirre sorprendió a sus consejeros. Por inhabitual. Todo
resultó raro. La mayoría de ellos no conocían de antemano la salida
de Güemes y se quedaron expectantes. "Algo muy político o
espectacular nos va a comunicar que no quiere que se sepa". Pero
transcurrió el orden del día sin ningún hecho inusual. Hasta Güemes
defendió algunas medidas de futuro de su departamento (Sanidad). Y
llegó el último punto y saltó la sorpresa. Aguirre y Güemes dieron
su salida por hecha, por inevitable.
El consejero habló de que quería dar clases,
prepararse el doctorado, estudiar. Más desconcierto entre los
presentes. También dejó una lección para la conciliación política:
"Con uno de la pareja dedicado a la política vale, no hay que
arriesgar, que acabamos de pedir una ampliación de la hipoteca".
(www.elpais.com,
20/03/10)
12. PLAN DE AUSTERIDAD: ÚLTIMA ENTREGA
El manido plan de austeridad de Esperanza Aguirre
llega por entregas. Desde que en junio de 2008 se produjo la primera
crisis de gobierno de esta legislatura, el Ejecutivo regional viene
publicitando, con medidas cosméticas, un plan de adelgazamiento de
la Administración regional. En realidad se ha limitado al recorte de
altos cargos de 162 a 139 puestos en dos tandas -al ritmo en el que
Aguirre se ha quitado a consejeros poco afines y ha ido reduciendo
las áreas de gobierno- y a rebajar en 2009 el sueldo de los altos
cargos un 2%, después de que el año anterior sus salarios crecieran
un 12%, lo que supone un ahorro de millón y medio de euros.
El último capítulo del plan es un acuerdo para
reducir los vehículos oficiales del Gobierno regional, que presentó
el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, aunque Aguirre
había desvelado algunos detalles esta misma semana. Beteta admitió
que supondrá un ahorro de 2,1 millones de euros, una cifra mínima si
se tiene en cuenta que el presupuesto regional asciende a 18.383
millones.
De los actuales 125 coches que forman la flotilla
oficial, el Gobierno regional va a prescindir de 48, lo que supone
que sólo habrá un coche disponible para cada consejero (son nueve
más la presidenta), mientras que los viceconsejeros y directores
generales tendrán que conformarse con un vehículo de incidencias
(para gestiones puntuales). Para ello, la Comunidad de Madrid
prescindirá de 23 conductores que ahora están contratados de manera
eventual. El resto de chóferes que pierden la tarea que tenían
asignada asumirán un nuevo turno de trabajo por la tarde, para dar
servicio todo el día a los consejeros.
Además, el Gobierno regional rebajará la
categoría de los automóviles de los consejeros de la gama alta a la
media, cuando renueve el contrato de leasing.
La siguiente entrega del plan de austeridad no
llegará hasta abril, aunque a tenor de lo que avanzó el consejero
debería suponer el grueso del ahorro del Gobierno regional. Beteta
explicó que está estudiando "reordenar el sector público", lo que
supone un proyecto para suprimir o fusionar entre sí algunos de los
entes públicos autonómicos para reducir el gasto.
El consejero no quiso detallar cuántos entes
corresponden a la Comunidad de Madrid, ni especificó cuáles se verán
afectados por la medida. Aseguró que aún está en fase de estudio y
que deben aclarar el valor patrimonial de estos organismos, estudiar
que no sea una "operación gravosa" y avanzó: "La presidenta me ha
pedido que seamos ambiciosos".
13. ESPERANZA AGUIRRE: "QUE SE ESCLAREZCA HASTA
EL FINAL"
El PSOE y el PP han recibido con prudencia la
decisión de anular parte de las escuchas de la trama Gürtel,
conscientes de que el caso aún tiene larga mecha.
- Esperanza Aguirre. En la misma línea, la
presidenta de la Comunidad de Madrid descalificó las escuchas como
"un atentado al derecho de defensa [legal]". "Queremos que el caso
Gürtel se esclarezca hasta el final. Que no por una mala instrucción
vayan a quedar impunes delitos graves", añadió. El líder del PP
andaluz, Javier Arenas señaló: que "se sepa todo y se llegue hasta
el final".
- Francisco Caamaño. El ministro de Justicia
señaló precisamente que el proceso "seguirá adelante" porque está
aún "en fases muy principales", y "todavía [le]
queda mucho recorrido en el tiempo". Hasta
entonces, pide "esperar y dejar trabajar a los magistrados con
tranquilidad".
- José Blanco. El responsable de Fomento "espera
que se siga investigando", porque, en su opinión, "anular una de las
pruebas no significa nada". "Seguro que la verdad va a resplandecer"
al final, dijo. Además, pidió al PP que "contribuya a esclarecer
este caso de corrupción" que "afecta a muchos [de sus] cargos".
- Dolores de Cospedal. La secretaria general del
PP quiso recalcar que no fue su partido el que solicitó la nulidad,
pero "los jueces también tienen que estar sometidos al imperio de la
ley".
- Los socialistas valencianos se han querellado
contra el presidente regional, Francisco Camps, por su presunta
implicación en la trama corrupta. Su portavoz, Ángel Luna, explicó
que "no comparte" la decisión, pero tampoco le preocupa "demasiado".
En su opinión, la instrucción judicial "se fundamenta en ingentes
cantidades de documentación" obtenida "con mucha antelación a que se
grabaran las conversaciones" anuladas.
- Cayo Lara. El coordinador general de Izquierda
Unida "no entiende" en cambio que se anulen las pruebas, y puso en
duda el rigor de la decisión judicial. Comparte, sin embargo, la
esperanza en que "podamos ver la luz" al final, "en pro de la
transparencia, limpieza y credibilidad del país".
- José Joaquín Ripoll. El presidente del PP en
Alicante cree que habría que "tomar medidas contra quien autorizó"
las escuchas anuladas, el juez Garzón
(www.elpais.com,
25/03/10)
14. AGUIRRE EXIGE QUE SE HAGA PÚBLICA LA
EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS POLÍTICOS
El expresidente balear del PP Jaume Matas se está
enfrentando sin el apoyo de los líderes de su partido al proceso
judicial del caso Palma Arena. Sin ir más lejos, el recién elegido
presidente conservador de Baleares, José Ramón Bauzá, no se
encuentra estos días en Mallorca. En cambio, destacados dirigentes
populares han salido a la palestra para proponer medidas que eviten
la corrupción de los cargos públicos. La más contundente fue la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. quien se
mostró a favor de que los políticos pongan la información de su
patrimonio «a disposición de los ciudadanos para que se sepa, si es
que se ha incrementado, de dónde ha salido". Precisamente este es el
quid de la cuestión del interrogatorio judicial de Matas, aunque
Aguirre evitó referirse a él.
El líder del PP, Mariano Rajoy, también obvió
cualquier defensa del expresidente autonómico cuando le preguntaron
sobre los casos de corrupción. Aseguró que entendía la «irritación"
de la ciudadanía, pidió que se confíe en los tribunales y abogó por
apartar de la política a todas aquellas personas de las que «se
demuestre que no han hecho las cosas bien".
(www.elperiodico.com,
25/03/10)
15. AGUIRRE DIXIT: "HABÉIS VENIDO AL PARTIDO DE
LA REBELDÍA"
Enfundada en una mini cazadora de cuero y después
del revuelo levantado por el llamamiento de toda una presidenta
regional a la "rebelión" fiscal, Esperanza Aguirre sigue jugando con
su imagen gamberra. Así, en un acto celebrado para dar la bienvenida
a 300 nuevos afiliados al PP, les jaleó diciéndoles que habían
llegado al "partido de la rebeldía" y de las personas que no se
resignan, volviendo a reivindicar su cruzada contra el IVA como un
acto de "resistencia".
"Habéis venido al partido de la rebeldía, de los
inconformistas, de los que no nos resignamos y los que queremos
cambiar las cosas para que sean mejores", arengó Aguirre a los 300
nuevos afiliados a su partido y según recoge la web del PP de
Madrid.
Durante el acto la presidenta volvió a
reivindidar su "campaña de rebelión" contra la subida del IVA,
apuntando que aunque la hayan acusado de"sublevación", lo que
pretende es "oponer resistencia" al incremento del impuesto.
"¡Estaría bueno que no pudiéramos oponernos a medidas que
consideramos nefastas!", exclamó.
La presidenta regional también presentó el PP
como el partido de la libertad y de los que "rechazan el pensamiento
único de los progres", y con los disidentes "y no con los Castro",
así como "de los que quieren trabajar y no subsidios". Evocando a
Aznar, también reivindicó su partido como la plataforma para que
España "salga de la 2ª División" y "vuelva a la Champions League de
las grandes divisiones, donde estaba".
(www.publico.es, 25/03/10)
16. JUECES DE MADRID CENSURAN LA FALTA DE RIGOR
DEL PERITO DE ESPERANZA AGUIRRE
Algunos jueces de Madrid han criticado en autos
la falta de rigor de Castor Iglesias, perito contratado por el
Gobierno de Esperanza Aguirre para negar que un agente autonómico
fuera el autor de las notas manuscritas en los partes del espionaje
al vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, y al ex vicepresidente
regional Alfredo Prada. Iglesias usó para el informe que le encargó
el Ejecutivo de Aguirre fotocopias, algo inconcebible según sus
colegas, para hacer un análisis grafólogico de la letra del agente
José Manuel Pinto, empleado de la consejería de Francisco Granados,
que rebatía la doble pericial contratada por EL PAÍS que le
identificaba como autor de las notas en los partes del espionaje. La
consejería de Granados tenía contratada a la asociación de peritos
que preside Iglesias para las pericias oficiales en los juicios
rápidos y desde enero pasado le contrató, primero a dedo y luego por
concurso -"subasta", según explicó Granados- para aportar
traductores.
Hay varias resoluciones judiciales que ponen en
duda el rigor de Iglesias. Una de ellas se refiere a un rumano que
intentó forzar la caja de herramientas de una grúa. La víctima
reconoció que "no se le causó ningún daño y que el cajón [de
herramientas] no se le llegó a abrir precisamente porque retuvo al
acusado y llamó a la policía". Iglesias, sin embargo, valoró los
daños en las cajas de herramientas en 60 euros.
La declaración de la víctima, acusa el fallo,
"contrasta con el informe que hizo el perito judicial de los
juzgados, que en una práctica que podemos llamar procesalmente
irregular, tasó los presuntos desperfectos sin verlos, dando por
sentado que había que reparar no una caja, sino dos de ellas que
presupone forzadas, cuando nada de esto se demostró porque la
víctima dijo que no llegaron a forzarse". La crítica a Iglesias
continúa así: "Resulta extravagante dentro del sistema de garantías
que existen en el proceso penal que un perito judicial haga un
dictamen dando por sentadas las consecuencias jurídicas del delito
que el perjudicado niega". La sentencia concluye que la pericial fue
"hecha sin rigor" y falla que "no cabe acordar responsabilidad civil
al no haberse acreditado la existencia de ningún daño".
El rigor del trabajo de Iglesias es cuestionado
en al menos una decena de fallos más, según fuentes judiciales. Por
ejemplo, se juzgaba a un mantero senegalés al que se habían
intervenido 21 DVD por un delito contra la propiedad intelectual.
Pero se halló un insalvable problema al juzgarlo: "No se ha
demostrado en el acto del juicio la falsedad del material incautado
dado que el perito Iglesias no visualizó los DVD incautados, basando
su informe sólo en el análisis de las características externas, por
lo que desconocemos si algunos de ellos están vacíos".
Nuevamente, el varapalo al perito de confianza
del Gobierno de Aguirre es inmisericorde: "Nos encontramos con una
pericial practicada que contraviene las garantías procesales del
procedimiento, dado que ninguno de los 21 DVD fue visionado por el
perito. Al no visualizar los DVD, el perito no aporta ninguna regla
de su ciencia y arte. En estas condiciones desconocemos si algunos o
varios de ellos están vacíos, lo que reconduciría los hechos hacia
la estafa y no a un delito contra la propiedad intelectual".
La sentencia apunta una grave sospecha sobre si
Iglesias no hizo un mero refrito: "Es más que probable que estas
conclusiones periciales se pasen de un dictamen a otro, como se
aprecia en el error cometido en la pericia donde se habla 'vistos
todos y cada uno de los CD y DVD', cuando en este procedimiento sólo
hablamos de DVD. Esto puede ser la consecuencia de un corta y pega
en el informe". El senegalés fue absuelto.
(www.elpais.com,
23/03/10)
17. GRANADOS DICE QUE LA OFERTA DE IGLESIAS ERA
LA MÁS BARATA
Tanto PSOE como IU coincidieron en considerar
escandalosa y sospechosa la adjudicación de un contrato para aportar
traductores por parte de la Consejería de Justicia, que dirige
Francisco Granados, a la misma asociación pericial que utilizó para
negar la existencia del espionaje desde su departamento contra
rivales de Esperanza Aguirre.
Maru Menéndez, portavoz socialista en la Asamblea
de Madrid, avanzó que su partido pedirá el expediente completo para
averiguar en qué circunstancias resultó ganadora la entidad que
preside Castor Iglesias. Igualmente, la portavoz socialista anunció
que exigirá la comparecencia parlamentaria de Granados para que
explique tal adjudicación. El secretario general del PSOE en Madrid,
Tomás Gómez, afirmó que está muy cansado de que "los trapitos sucios
del PP los acaben pagando los funcionarios"
Por parte de IU, su portavoz regional, Gregorio
Gordo, tiró de ironía para analizar el contrato: "No se entiende tal
adjudicación. Lejos de resolver el problema que ya existía con los
traductores en los juzgados madrileños y que habían denunciado los
propios jueces, se ha visto que no hay ninguna voluntad de resolver
este asunto por el Gobierno regional. Y cuando se le da el contrato
a Iglesias, se le da por lo único que se le puede dar: por los
grandes servicios prestados en la comisión de investigación del
espionaje. De otra manera no se puede entender, porque si tuviera
alguna experiencia al respecto... tendría una lógica. Pero cuando no
tiene ninguna lógica sólo se puede interpretar lo contrario.
Granados, cuando necesita algo, le llama a él [Castor Iglesias]. Es
una situación que define perfectamente al Gobierno de Madrid. La
única experiencia que parece tener es en ayudar a Granados...".
El propio Granados puso el acento en un hecho que
ya recogía este diario: que la asociación pericial de Iglesias ganó
el concurso porque era la oferta más barata. El consejero especificó
que se trataba de una subasta, concurso en el que por encima de la
relación calidad-precio sólo se valora el coste para la
Administración.
La asociación Jueces para la Democracia estima
que un servicio tan sensible para los derechos procesales no puede
ser adjudicado simplemente en función de su coste, sino que debe
exigirse y garantizarse su calidad. Esta postura es respaldada por
los sindicatos del sector judicial.
(www.elpais.com,
23/03/10)
18. AGUIRRE USA EL PLAN E PARA PAGAR LOS
AMBULATORIOS QUE PROMETIÓ
Nada menos que 55 centros de salud nuevos en
cuatro años. Fue una de las promesas estrella de la presidenta
Esperanza Aguirre en la campaña de 2007. A razón de entre tres y
cuatro millones de euros cada uno, construir los nuevos ambulatorios
sale por un pico. Demasiado para unos presupuestos famélicos que
este año recortan un tercio la inversión en infraestructuras. Pero
como las promesas se hacen para cumplirlas, el Gobierno regional ha
cogido un atajo. Si no hay dinero, que lo ponga otro.
El Estado, en este caso. Sanidad va a construir
dos centros de salud, en Alcobendas y Galapagar, con cargo a los
fondos estatales del Plan E.
El sistema es sencillo. Lo primero que hace la
Comunidad es devolver las parcelas que los ayuntamientos le habían
cedido -años atrás, en algunos casos- para que construyera los
ambulatorios. Con la titularidad nuevamente en manos del
Consistorio, éste incluye el proyecto en la lista que envía al
Ministerio de Política Territorial. La Comunidad se encarga,
incluso, de elaborar el proyecto arquitectónico, de forma que el
Ayuntamiento sólo tiene que licitar la obra. Una vez en pie, el
edificio pasa a formar parte de la red de centros de salud de la
Consejería de Sanidad, que lo dota con medios y profesionales y lo
gestiona.
El truco permite a la Comunidad de Madrid
ahorrarse los 2,8 millones del centro de Valdelasfuentes
(Alcobendas) y los 2,9 del de Galapagar y tratar de avanzar en el
cumplimiento del compromiso electoral. Estos dos ambulatorios
estarían entre los 55 prometidos por Sanidad, que se niega
reiteradamente a hacer pública la lista oficial porque "aún no está
cerrada". Los dos llevan años en barbecho. Los ayuntamientos
respectivos cedieron parcelas para levantarlos en la pasada
legislatura. El de Alcobendas tenía, incluso, proyecto de
construcción adjudicado desde noviembre de 2005. El documento, que
debe de llevar desde entonces en un cajón, costó 220.000 euros.
Para la Comunidad es el trato perfecto. Se ahorra
casi seis millones y además se asegura que tendrá el centro de salud
construido y listo para inaugurar antes de que acabe el año. Atrás
quedan las críticas que el Gobierno regional ha ido lanzando contra
el Plan E. Juan José Güemes, el primero. "Vuelve el Plan E: la
segunda parte del despilfarro inútil", tituló el anterior consejero
un post en su cuenta de Facebook. Eso fue en octubre de 2009, unos
meses después de haber firmado el primer convenio para emplear esos
fondos que denostaba en construir uno de los centros de salud que
Aguirre prometió en campaña electoral. Los ayuntamientos, por su
lado, también están satisfechos. De lo que se trata, dicen, es de
tener ambulatorio, y pronto.El Plan E está destinado a financiar las
inversiones de competencia municipal, y la sanidad no es una de
ellas. Ni hospitales, ni la atención primaria, que es a lo que se
van a destinar los dos ambulatorios. Ayuntamientos como el de Madrid
tienen centros sanitarios propios, pero se dedican únicamente a
prevención y salud pública (drogodependencias, planificación
familiar...). De hecho, la capital construyó el año pasado el centro
municipal de salud de Usera con 1,6 millones de euros procedentes
del Plan E.
Sin embargo, pese a que el real decreto ley que
regula el plan menciona continuamente las "competencias
municipales", la Comunidad se habría basado en el artículo 9, que
permite a los ayuntamientos pedir dinero para obras de
"construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de centros de
servicios sociales, sanitarios, culturales y deportivos". Así lo
señaló un portavoz del Ministerio de Política Territorial, que
aseguró que la normativa respalda a la Comunidad en esta operación.
Los ayuntamientos tienen la competencia para construir un centro,
aunque después lo cedan a la autonomía para que lo gestione.
Alcobendas acaba de sacar a concurso por 2,6
millones de euros la construcción del centro de Valdelasfuentes, una
urbanización al norte de la localidad. Gracias a un convenio de
colaboración con la Comunidad, el municipio cede la parcela, el
Estado paga la construcción (el Plan E le concedió el mes pasado 2,8
millones del total de 11,6 que destina al municipio) y la Consejería
de Sanidad lo incluye en su red. La licitación precisa que la obra
tiene que estar acabada antes de que acabe el año. "La decisión es
coherente", defiende el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de
Vinuesa (PP). "En lugar de destinar el dinero a otras inversiones lo
destinamos a un centro de salud que estaba muy solicitado".
Se trata de que los ciudadanos no esperen: "La
Comunidad se ha quedado sin capacidad de inversión para llevar a
cabo su programa".
Las obras del centro de salud de Galapagar, que
se licitará en unos días, empezarán antes de mayo y estarán listas
en diciembre. "Hemos elegido esta fórmula porque era la más rápida",
explica una portavoz. "El proyecto se iba paralizando desde la
anterior legislatura por cuestiones económicas. Así nos aseguramos
el centro en unos meses, lo que beneficia a los ciudadanos", añade.
Los fondos estatales destinan al proyecto -el único aprobado hasta
ahora para este año- casi 2,9 millones de euros.
Alcobendas fue el primer municipio madrileño que
pidió dinero del Plan E para construir un centro de salud en Arroyo
de la Legua. El Fondo Estatal de Inversión Local de 2009 le concedió
tres millones y ahora la obra está a punto de acabar. El Ministerio
de Política Territorial no pudo precisar si otros municipios
españoles han presentado proyectos para construir centros de
atención primaria.
(www.elpais.com,
24/03/10)
Los 55 centros
- A falta de 14 meses para que acabe la
legislatura, sólo 17 centros de salud están acabados o "pendientes
de entrega", según explicó el ex consejero, Juan José Güemes, el 29
de enero (la consejería rehúsa actualizar los datos).
- Otros cuatro centros están "en construcción" y
seis más, "a punto de iniciar las obras".
- Según un recuento de este periódico, 14 de los
centros tienen el proyecto redactado desde hace años.
- Sanidad no hace pública la lista de los 55
centros.
(www.elpais.com,
24/03/10)
19. MÁS FALLOS DEL SISTEMA INFORMÁTICO
Las protestas de los médicos empezaron en blogs y
foros de Internet -hay uno llamado "Afectados por la aplicación
AP-Madrid"-, pero el lunes la Red se les quedó corta y algunos
decidieron enviar un escrito a la Consejería de Sanidad. Los equipos
de atención primaria San Andrés II y III denuncian que AP-Madrid, la
aplicación informática que Sanidad está instalando progresivamente
en los centros (un 10% de un total de 400), está "interfiriendo en
la atención diaria a los pacientes".
El programa, que permite consultar una historia
clínica desde cualquier centro, "puede ocasionar graves problemas de
praxis médica", alertan. Ponen como ejemplo "la obligatoriedad de
transcribir posologías que no son reales" o "impresión de recetas
que no corresponden a la prescripción realizada". Los médicos
denuncian que el programa se cuelga con mucha frecuencia y les
obliga a volver al papel y el boli, con lo que las consultas se
retrasan y los pacientes deben esperar más. por la mañana volvió a
suceder. Sanidad aseguró que fue "una caída puntual".
(www.elpais.com,
24/03/10)
20. AGUIRRE ABRE OTRO FRENTE CON ZAPATERO EN EL
CONSTITUCIONAL
Esta vez el punto de fricción es el veto
autonómico a una posible fusión entre Caja Madrid y otra entidad
bancaria. La Comunidad de Madrid reclama que se respete su
"capacidad de decisión" y, por eso, decidió presentar un nuevo
recurso ante el Tribunal Constitucional a una norma del Ejecutivo
que preside José Luis Rodríguez Zapatero. Se trata de un nuevo
frente en la política de oposición al Gobierno central que ejerce
Aguirre desde la Comunidad de Madrid.
Al igual que Galicia, que lo anunció el día
anterior, el Ejecutivo regional presentará un recurso de
inconstitucionalidad contra el real decreto que regula el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), aprobado por el Gobierno
central en julio de 2009, y que ha dejado la participación de las
comunidades autónomas en un proceso de fusión en un mero acto de
información, con el fin de despolitizar las cajas. En el recurso,
que se presentará en los próximos días y que fue aprobado por el
Consejo de Gobierno, la Comunidad de Madrid cuestiona los artículos
7 y 8 y la disposición final sexta del real decreto, porque entiende
que invade las competencias autonómicas en materia de cajas de
ahorros.
Según el consejero de Economía y Hacienda,
Antonio Beteta, esa normativa deja a las comunidades autónomas el
único papel de informar al Banco de España en caso de fusión entre
entidades bancarias, sin que pueda considerarse dicho informe un
veto autonómico, porque no es vinculante. "Es un vaciamiento de
competencias y no es admisible", afirmó el consejero, que defendió
que la Comunidad de Madrid debía "mantener la capacidad de decisión
en defensa del interés general, de los impositores y de los
empleados de Caja Madrid". Beteta explicó también que, previo a este
recurso, ha habido intentos de llegar a un acuerdo con el Gobierno
central, sin éxito. Para ello se creó una comisión bilateral que
abordó el asunto, pero no se superaron las discrepancias. El
Ejecutivo regional solicitó en este ámbito que se redactara de nuevo
el artículo 8 del decreto para reconocer las competencias de la
Comunidad en materia de cajas de ahorros y en el que reflejaba la
inconstitucionalidad de la normativa tal y como está recogida ahora.
Pero el pasado 12 de marzo, el Ministerio de
Política Territorial, que dirige Manuel Chaves, envió a la
consejería un escrito en el que "indica su interpretación sobre la
constitucionalidad del decreto", pero que, según Beteta, "la
consejería rechaza". Por eso, se plantea el recurso. "El objetivo es
que si la caja tiene que fusionarse con otra entidad necesita de
autorización de la Comunidad de Madrid", advirtió el consejero, que
recordó que dos sentencias del alto tribunal avalan esta petición.
"Cualquier actuación de fusión que quisiera
ejercer Caja Madrid supondría extraerla de la tutela y control de la
Comunidad de Madrid", se quejó el consejero de Economía y Hacienda,
Antonio Beteta. También aseguró que otras comunidades autónomas como
Andalucía, Cataluña, Extremadura o Galicia han expresado al
Ministerio de Política Territorial su queja por la invasión de
competencias.
Hasta el momento, sólo Galicia ha llevado el
asunto al Tribunal Constitucional. En los mismos términos y por las
mismas razones que Madrid e igualmente después de haber intentado
negociar con el ministerio en una comisión bilateral.
El intento de mantener el control político de
Caja Madrid por parte del Gobierno regional es antiguo y llevó el
año pasado a una dura guerra en el seno del PP regional, que culminó
con el nombramiento de Rodrigo Rato, ex director gerente del Fondo
Monetario Internacional, como presidente de la entidad bancaria.
Atrás quedó una obscena batalla por el control del órgano ejecutivo
de la entidad madrileña. El enfrentamiento entre el Gobierno de
Aguirre, el Ayuntamiento de Madrid y la dirección nacional del PP
fue público.
Además, la Comunidad de Madrid, empeñada en
amarrar el control político de la entidad bancaria, modificó la Ley
de Cajas regional el pasado diciembre a través de la Ley de
Acompañamiento de los Presupuestos Generales, una ley escoba que
apenas se debate. Para ello introdujo la figura del Sistema
Institucional de Protección (SIP), más conocida como fusión virtual,
y reguló como única condición de ésta que exista una "autorización
previa" de la Consejería de Economía y Hacienda. Eso permite al
Gobierno de Aguirre tener la última palabra en todos los acuerdos
estratégicos de Caja Madrid y no sólo en las fusiones con otras
entidades."Cualquier actuación de fusión que quisiera ejercer Caja
Madrid supondría extraerla de la tutela y control de la Comunidad de
Madrid", se quejó el consejero de Economía y Hacienda, Antonio
Beteta. También aseguró que otras comunidades autónomas como
Andalucía, Cataluña, Extremadura o Galicia han expresado al
Ministerio de Política Territorial su queja por la invasión de
competencias.
Hasta el momento, sólo Galicia ha llevado el
asunto al Tribunal Constitucional. En los mismos términos y por las
mismas razones que Madrid e igualmente después de haber intentado
negociar con el ministerio en una comisión bilateral.
El intento de mantener el control político de
Caja Madrid por parte del Gobierno regional es antiguo y llevó el
año pasado a una dura guerra en el seno del PP regional, que culminó
con el nombramiento de Rodrigo Rato, ex director gerente del Fondo
Monetario Internacional, como presidente de la entidad bancaria.
Atrás quedó una obscena batalla por el control del órgano ejecutivo
de la entidad madrileña. El enfrentamiento entre el Gobierno de
Aguirre, el Ayuntamiento de Madrid y la dirección nacional del PP
fue público.
Además, la Comunidad, empeñada en amarrar el
control político de la entidad bancaria, modificó la Ley de Cajas
regional el pasado diciembre a través de la Ley de Acompañamiento de
los Presupuestos Generales, una ley escoba que apenas se debate.
Para ello introdujo la figura del Sistema Institucional de
Protección (SIP), más conocida como fusión virtual, y reguló como
única condición de ésta que exista una "autorización previa" de la
Consejería de Economía y Hacienda. Eso permite al Gobierno de
Aguirre tener la última palabra en todos los acuerdos estratégicos
de Caja Madrid y no sólo en las fusiones con otras entidades.
(www.elpais.com,
26/03/10)
21. AGUIRRE Y GALLARDÓN DISPUTAN TAMBIÉN POR EL
DINERO DEL REALOJO DE EL SALOBRAL
La Comunidad de Madrid reclama desde hace cuatro
años 18 millones de euros al Ayuntamiento de la capital por el
convenio de realojo de las familias del poblado de El Salobral
(Villaverde), que fue uno de los mayores núcleos chabolistas de
Europa. En diciembre de 2005 la presidenta regional, Esperanza
Aguirre, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón,
suscribieron un convenio para el realojo de unas 350 familias, la
mayoría de etnia gitana, que vivían en chabolas en "un entorno no
urbanizado, sin alumbrado público, sin alcantarillado y sin recogida
de basuras", según el convenio. La idea de ambas administraciones
era acabar con esta situación. Para ello preveían desalojar a los
residentes y demoler las construcciones ilegales.
El poblado de El Salobral estaba formado por
construcciones improvisadas de cartones, uralita y planchas de
metal, y en él vivían más de 1.200 personas. Se extendía por 22
hectáreas, junto al almacén de contenedores de Renfe ubicado entre
la avenida de Andalucía y la M-40. Fue prácticamente engullido por
excavadoras. Desde 2006, las máquinas han ido derribando una a una
casi todas las construcciones. Los residentes fueron realojados en
viviendas del Instituto Regional de Realojamiento e Integración
Social (IRIS). En diciembre de 2007 Aguirre y Gallardón acudieron a
la zona para dar por concluidos los trabajos de realojo, aunque aún
quedaban una decena de chabolas.
Fuentes de la Comunidad aseguran que el coste del
realojo y la demolición supuso una inversión de 37,7 millones. En el
convenio de 2005 se precisaba que el Ayuntamiento y la Comunidad
financiarían la operación al 50%. Se dejaba abierta la posibilidad
para que el pago fuera en metálico o aportando al IRIS la mitad de
las viviendas para el realojo o suelo por el mismo valor. El
convenio estimaba un coste total de 160.000 euros por cada familia.
El pago de la deuda estaba previsto que se hiciera en cinco
anualidades, desde 2007 hasta el ejercicio de 2011. Pero, hasta la
fecha, la Comunidad está a la espera de recibir el dinero del
Ayuntamiento. "Son 15,1 millones más intereses", detallan desde el
Gobierno regional.
La directora general de Urbanismo del
Ayuntamiento, Beatriz Lobón, explicó que cuando se firmó el convenio
se pactó que el pago del realojo se haría con suelo público.
"Entonces a la Comunidad le interesaban parcelas para promover suelo
público. Parece ser que ahora lo que le interesa es el dinero". La
responsable municipal de Urbanismo asegura que hicieron la propuesta
a finales de 2007 y que no han obtenido respuesta hasta finales de
2009. "Si no quieren ese suelo, buscamos otro. Es lo que estamos
haciendo", agrega Lobón.
Un portavoz regional precisa que el suelo
ofrecido por el Consistorio eran parcelas situadas en Los Cerros, en
el sureste de la ciudad, que no estaban calificadas y sin urbanizar,
por lo que su valoración era estimativa. El mismo portavoz detalla
que desde 2007 se han mantenido varias reuniones entre ambas
administraciones, donde se ha trasladado de forma verbal la negativa
a aceptar estas parcelas como pago de los 18 millones de euros.
Además, desde la Comunidad recuerdan que llevan cuatro años
reclamando el pago. "Ya en 2007 el ex consejero Mariano Zabía
reclamó la parte correspondiente a la primera anualidad, que aún no
hemos recibido".
(www.elpais.com,
25/03/10)
22. PREGUNTAN POR QUÉ GALLARDÓN NO INVESTIGÓ A
LÓPEZ VIEJO
"En su día ya denunciamos que Alberto López Viejo
[ex consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre imputado en el caso
Gürtel de corrupción vinculada al PP y ex concejal de Limpieza del
Ayuntamiento de Madrid] dejó un gran número de facturas pendientes
de reconocer, y lo que nos preguntamos es por qué el alcalde,
Alberto Ruiz-Gallardón, no investigó su gestión", afirmó el portavoz
socialista en el Ayuntamiento, David Lucas, en referencia a la orden
del juez Antonio Pedreira (instruye el caso Gürtel en el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid) de recabar contratos relacionados
con la adjudicación de obras públicas al Ayuntamiento de Madrid,
según informó EL PAÍS.
La orden judicial aclara que los contratos
presuntamente irregulares están en la Concejalía de Medio Ambiente.
López Viejo fue concejal de 1999 a 2003 con José María Álvarez del
Manzano. El PSOE e IU cifran en 18 millones de euros el importe de
esas facturas.
(www.elpais.com,
23/03/10)
23. EL AYUNTAMIENTO PONE INCENTIVOS A
FUNCIONARIOS COMO LA EMPRESA PRIVADA
El Ayuntamiento de Madrid ha decidido poner en
marcha los sistemas de incentivos propios de las empresas privadas
para mejorar el servicio que recibe el ciudadano. La Concejalía de
Seguridad ha sido la pionera en esta innovación a través de planes
de mejora que supondrán que los funcionarios que trabajen más
cobrarán también más. El equipo de gobierno anunció un preacuerdo en
ese sentido con los representantes de los sindicatos de bomberos.
Deberá ser ratificado por los trabajadores después de la Semana
Santa.
Fuentes de la Concejalía de Seguridad aseguran
que esta fórmula busca que el ciudadano reciba un mejor servicio y
acabar con problemas como el absentismo laboral. "En estos tiempos
de crisis es una obligación conseguir la máxima eficacia, sobre todo
porque se está trabajando con dinero de todos los contribuyentes.
Debe ser visto como algo natural", destacaron las citadas fuentes.
Hasta ahora, se ha alcanzado un acuerdo con el
SAMUR-Protección Civil y el preacuerdo con los bomberos. En cambio,
en la Policía Municipal y en los agentes de tráfico se ha tenido que
imponer por parte del concejal Pedro Calvo ante la falta de
acercamiento entre los responsables de Seguridad y los
representantes sindicales. "Desde el primer momento, hemos detectado
que los sindicatos del SAMUR y de los bomberos sí tenían intención
de llegar a un acuerdo, mientras que los de la Policía Municipal no
estaban dispuestos a comprometerse", concluyeron las citadas
fuentes.
Los sindicatos policiales discrepan de la opinión
de los responsables de Seguridad. Aseguran que tan sólo han pedido
cosas que estaban recogidas en el programa electoral del PP de 2007,
como era la contratación de 1.500 nuevos policías. "Algunos se
empeñan en decir que sólo queríamos mantener nuestros privilegios
como sindicalistas, pero es mentira. Defendemos la creación de
empleo y que el policía no tenga que trabajar días y días sin
librar", recordaron fuentes sindicales.
El preacuerdo con los bomberos (cuyo cuerpo está
compuesto por 1.342 funcionarios) mantiene las 64 jornadas
laborables de 24 horas durante el año. Los bomberos podrán trabajar
con remuneración extra seis días más al año. También recibirán 800
euros por complemento de productividad por prevención en 2010. En
2011 esta cantidad se incrementará en 50 euros.
A cambio, los bomberos tendrán que hacer
formación y divulgación en centros escolares o de mayores. Por
último, estos funcionarios sumarán 500 euros este año (550 euros el
próximo) por el plus de productividad otorgado en función de los
resultados. Éste incluye la mejora del servicio, como reducir el
tiempo de respuesta al acudir a un siniestro.
En julio está previsto que se incorporen 179
nuevos bomberos. El preacuerdo también prevé que la plantilla se
amplíe en 2011 con otros 165. "Sólo queda desear que el conjunto de
los miembros del Cuerpo de Bomberos sepa ver los beneficios que para
todos contiene este preacuerdo y así lo ratifiquen en el
referéndum", destacó Pedro Calvo.
(www.elpais.com,
26/03/10)
24. DOS EX ALCALDES DEL PP DEBEN DEVOLVER A
BOADILLA 500.000 EUROS DE PAGOS ILEGALES
El Tribunal de Cuentas ha condenado a los ex
alcaldes de Boadilla del Monte Arturo González Panero y Nieves
Fernández Crespo, ambos del Partido Popular, a abonar 488.357 euros
a ese Ayuntamiento madrileño. Les considera responsables del
perjuicio causado a las arcas municipales por unos complementos a la
paga extra de los funcionarios concedidos de forma irregular entre
1998 y 2000.
Fernández Crespo fue alcaldesa de Boadilla
(43.400 habitantes) entre junio de 1995 y noviembre de 1999.
González Panero era concejal de Hacienda en los dos últimos años de
mandato de la regidora, y en 1999 le sucedió en el puesto.
Dimitió en 2009, contra su voluntad y por las
fuertes presiones de la dirección nacional y regional de su partido,
horas después de haber sido imputado en el caso Gürtel, la red de
corrupción vinculada al PP. Según las pesquisas judiciales, González
Panero favoreció de manera irregular la contratación por parte del
Ayuntamiento de empresas vinculadas al presunto cabecilla de la
trama, Francisco Correa, ahora en prisión, que se refería a él con
el apodo El Albondiguilla.
Esta sentencia no está vinculada en principio con
el Gürtel. Fernández Crespo (como alcaldesa) y González Panero (como
concejal de Hacienda) validaron el abono de un complemento de la
paga extra de los funcionarios municipales de junio y diciembre de
1998 y de junio de 1999. Además, y ya como regidor, González Panero
autorizó los correspondientes a diciembre de 1999 y junio y
diciembre de 2000.
El Tribunal de Cuentas considera que estos pagos
conllevaron una gestión indebida de fondos públicos, amparada además
en una cláusula retributiva ilegal introducida en la normativa
municipal bajo su responsabilidad.
Los abonos, sin justificación jurídica
suficiente, dañaron las arcas municipales, según el tribunal, que
imputa por ello responsabilidad contable a Fernández Crespo y
González Panero.
Ambos deberán abonar (a medias) 220.657 euros por
las pagas durante el mandato de Fernández Crespo. Además, González
Panero tendrá que entregar 267.700 euros adicionales por las
irregularidades cometidas cuando era alcalde. A estas cantidades hay
que sumar intereses.
El tribunal ha admitido de forma parcial un
recurso interpuesto por el ex concejal Antonio González Samos contra
una sentencia de julio de 2006 que eximía de responsabilidad a los
dos ex alcaldes. Es recurrible ante el Tribunal Supremo. La
sentencia cuenta con el voto particular del consejero Rafael María
Corona Martín, que se inclina por desestimar en su totalidad el
recurso de González Samos, al no entender que se haya cometido
infracción alguna.
El demandante, Antonio Samos González, fue
elegido concejal de este Ayuntamiento madrileño en las elecciones de
2003. Su partido, Alternativa por Boadilla, logró entonces el 7,44%
de los votos y dos asientos, frente al 51,96% del PP, que obtuvo 13.
Los otros seis fueron al PSOE.
(www.elpais.com,
26/03/10)
25. CARGOS DE CONFIANZA DEL PP, Y NO TÉCNICOS,
CONTINÚAN DECIDIENDO LOS CONCURSOS PÚBLICOS EN BOADILLA
La Administración popular en Boadilla del Monte
continúa haciendo de las suyas a pesar de que el caso Gürtel
continúa aún abierto. Cargos de confianza colocados por el ex
alcalde Arturo González Panero siguen tomándose la potestad de
decidir adjudicaciones con la anuencia del Gobierno de ese
Ayuntamiento. Uno de los casos más escandalosos, según denuncia la
oposición en el municipio, es el de Alejandro Tomás Marín Paniagua,
primo del ex ministro Ángel Acebes.
Una de las irregularidades que ha destapado la
investigación del caso Gürtel es precisamente que cargos de
confianza del PP decidían adjudicaciones en concursos públicos, algo
que les está vedado al no ser funcionarios, sino personal de
confianza colocado por los gobernantes de turno.
Alejandro Tomás Marín Paniagua, actual director
general de Juventud, fue nombrado por el ex alcalde Arturo González
Panero y es primo del ex Ministro Ángel Acebes. Marín Paniagua
"descarta empresas, puntúa, firma informes y decide adjudicaciones,
competencias éstas que no le corresponden a los cargos de confianza
según marca la Ley", según denuncia el grupo Alternativa por
Boadilla.
Como ya se informó, Alejandro Tomás Marín
Paniagua, primo del ex ministro Ángel Acebes, fue contratado en 2007
como "personal eventual" del consistorio de Boadilla, como "director
técnico de Juventud e Infancia", cuando todavía era alcalde de esta
localidad madrileña, Arturo González Panero (conocido como El
Albondiguilla), que se vio obligado a dimitir tras ser imputado en
la trama de corrupción que afecta al PP.
Los informes firmados por Marín Paniagua llevan el visto bueno de la
concejal de Juventud e Infancia, Olivia García Moyano, como se puede
comprobar en este documento, remitido a El Plural por la oposición
en el Ayuntamiento de Boadilla.
Según la denuncia de Alternativa por Boadilla y
del Grupo socialista, entre los licitantes a algunas adjudicaciones
se encuentra Alberto Comesaña, militante del PP y amigo personal del
ex alcalde Panero. Comesaña fue miembro del Comité Ejecutivo del PP
en ese municipio.
(www.elplural.com,
21/03/10)
26. TRES CANTOS CEDERÁ SUELO PÚBLICO PARA DOS
CAMPOS DE GOLF PRIVADOS
El Ayuntamiento de Tres Cantos cederá una finca
de 228 hectáreas para hacer dos campos de golf y un parque, si
Madrid organiza la Ryder Cup en 2018. La obra y la gestión de los
terrenos de juego correrían a cargo de una empresa privada elegida
en un concurso público, según explicó el alcalde de Tres Cantos,
José Folgado, del PP, en la presentación de la candidatura en la
sede de la Comunidad de Madrid, que respaldaron la presidenta
Esperanza Aguirre y el secretario de Estado para el Deporte, Jaime
Lissavetzky.
Uno de los campos sería profesional; el otro,
para aficionados. Folgado pretende que en el segundo se garanticen
precios económicos "para los vecinos del municipio".
El Consistorio aprobó la cesión del terreno
gracias a la mayoría del PP. La oposición votó en contra. El grupo
socialista considera que la Ryder Cup, un torneo entre un equipo de
EE UU y otro de Europa, es un "pretexto" para otros objetivos.
"Esconde un pelotazo urbanístico, relacionado con la finca que tiene
una inmobiliaria al lado del campo. Podrían construir hoteles",
afirmó Miguel Aguado, concejal del PSM. El Ayuntamiento afirma que
ese suelo no es de "uso residencial". La ejecución del proyecto
depende del informe ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y
de que el torneo se celebre en Madrid (en caso contrario, el
Ayuntamiento no sabe si continuará el proyecto).
(www.elpais.com,
24/03/10)
