ÍNDICE
1. AGUIRRE AVIVA LA GUERRA FISCAL MIENTRAS RECLAMA 5.680 MILLONES AL
ESTADO
2. AGUIRRE PIDE A GALLARDÓN QUE APOYE SU
"REBELDÍA" Y EL REGIDOR SE NIEGA A RESPONDER
3. UNA NUEVA DISPUTA ENTRE AGUIRRE Y GALLARDÓN
DEJA ESCAPAR 17 MILLONES
4. AGUIRRE ASEGURA QUE LA FISCALÍA DE MADRID
"HOSTIGA" AL PP
5. ESPERANZA AGUIRRE: "'VÁYASE SEÑOR ZAPATERO' ES
LO MÁS SUAVE QUE SE PUEDE DECIR"
6. AGUIRRE ARREMETE CONTRA MIGUEL BOSÉ POR
COMPARAR CUBA CON VALENCIA
7. NUEVAS REVELACIONES SOBRE LOS VÍNCULOS ENTRE
EL PP Y EL TAMAYAZO
8. EL PP NO ENCUENTRA UN CONSENSO SOBRE LA
SANCIÓN A COBO Y COSTA
9. ESPÍAS DE AGUIRRE EXIGEN QUE EL PAÍS SEÑALE AL
FUNCIONARIO QUE LES DENUNCIÓ
10. GÜEMES: LLOROSO CUANDO LE SILBAN Y UN
HOOLIGAN PARA JALEAR LOS ABUCHEOS A ZAPATERO
11. LOS TOROS SE VUELVEN CONTRA EL PP
12. UN DIPUTADO DEL PP MADRILEÑO: "LOS QUE SE
PREOCUPAN POR EL MALTRATO A LOS TOROS, LUEGO MANDAN LOS FETOS A LA
TRITURADORA"
13. DIPUTADOS DE IU PIDEN LA OREJA DE AGUIRRE EN
UN DEBATE SOBRE TOROS
14. EL PROGRAMA ELECTORAL DEL PP INCLUÍA OTRO
CARRIL EN LA M-607
15. LA JUEZ IMPUTA POR COHECHO A LA ALCALDESA DE
EL BOALO, DEL PP
1. AGUIRRE AVIVA LA GUERRA FISCAL MIENTRAS
RECLAMA 5.680 MILLONES AL ESTADO
El PP gira de nuevo en torno a Esperanza Aguirre.
Los populares, y en especial su líder, Mariano Rajoy, se vieron
obligados a reaccionar ante la entrada en tromba de la presidenta de
Madrid y su campaña de "rebelión" contra la subida del IVA. Aguirre
reavivó la guerra fiscal a través de su número dos, Ignacio
González, a la vez que, para salvar sus maltrechas cuentas
autonómicas, decidía acudir a los tribunales para reclamar al Estado
5.680 millones de euros en concepto de deuda histórica. Esto es, por
un lado exige menos impuestos, por otro reclama más dinero para
Madrid.
Todas las fuentes del PP consultadas insisten en
que la presidenta va por libre y que ninguna otra comunidad
gobernada por este partido está pensando de momento en seguirla.
Algunos dirigentes incluso están molestos con el constante
protagonismo de la presidenta madrileña.
Sin embargo, Rajoy, que últimamente se ha
acercado mucho a su gran rival política, optó, en los pasillos del
Congreso por evitar cualquier polémica y apoyar la campaña de
Aguirre. Lo hizo, eso sí, después de aclarar, con gran enfado, que
rebelión no es lo mismo que insumisión, que se trata de una campaña
política de recogida de firmas y mesas explicativas y que el PP "es
un partido serio" que no anima a nadie a no pagar impuestos.
Rajoy dejó clarísimo su respaldo a Aguirre e
incluso anunció que él, como diputado por Madrid, firmará en esa
campaña de rebelión. El PP de Rajoy, sin embargo, ha optado por una
estrategia más suave que la de la presidenta madrileña: la de forzar
una votación el martes en el Congreso contra la subida del IVA a la
que confían en incorporar los nacionalistas.
Mientras, Aguirre, que ha convertido la Comunidad
de Madrid en el principal foco de oposición a Zapatero, echó leña al
fuego de la guerra fiscal. Su mano derecha, González, mostró un
cálculo estadístico de lo que le supondrá a las familias madrileñas
la subida del impuesto: 350 euros más al año. "Va a suponer un
sobrecoste de 2.400 euros de media en la adquisición de una nueva
vivienda", continuó González, que ofreció todo un listado de bienes
de primera necesidad que subirán en julio, calculados aplicando los
porcentajes de subida del tributo a los datos de la encuesta de
Presupuestos Familiares de los hogares españoles, que elabora el
Instituto Nacional de Estadística. Y, como siempre, la comparación
territorial: "Los hogares madrileños van a pagar 12 euros más que la
media nacional".
Fue González el encargado de anunciar que la
Comunidad de Madrid reclamará ante los tribunales por la vía
contencioso-administrativa 5.680 millones de euros que forman parte
de lo que considera "deuda histórica". La comunidad de Madrid, al
igual que sucede con el Estado, ha sufrido la caída de recaudación
por la crisis. Pero además tiene menos dinero para financiar sus
servicios porque ha reducido al máximo los impuestos que le
corresponden -este año la Comunidad de Madrid ha aprobado los
presupuestos más restrictivos de su historia-. Por eso le exige al
presidente del Gobierno que le devuelva al menos un tercio del total
del dinero que calcula que se le debe.
En medio de esta situación, el vicepresidente
regional se permitió una bravata, en respuesta a unas declaraciones
del día anterior del líder de los socialistas madrileños, Tomás
Gómez. Éste había conminado a la Comunidad de Madrid a renunciar al
50% de la recaudación del tributo que le corresponde a las
autonomías.
"El Gobierno renuncia al 100%", dijo González en
tono irónico, para añadir que las comunidades autónomas no recibirán
participación de la subida del IVA y que por lo tanto no renuncia a
nada. El vicepresidente aseguró que Zapatero "se ha cuidado de decir
a las comunidades que no va a aplicar el modelo de financiación". Y
remachó: "Aunque lo tuviéramos [la recaudación del impuesto],
renunciaríamos, porque queremos minorar la presión fiscal".
(www.elpais.com,
12/03/10)
2. AGUIRRE PIDE A GALLARDÓN QUE APOYE SU
"REBELDÍA" Y EL REGIDOR SE NIEGA A RESPONDER
Esperanza Aguirre asegura sentirse "completamente
respaldada" por Mariano Rajoy en la "rebelión" emprendida por el PP
de Madrid contra la subida del IVA. Tanta es su confianza en el
presidente de su partido que le pedirá que sea el primero en
firmar en las mesas que instalarán para recabar apoyos.
Ayer, el líder conservador se mostró partidario
de la campaña y afirmó que si Aguirre le pedía que la firmara, él lo
haría porque es diputado por Madrid. Pero se mostró escéptico con su
resultado. No confía en que el Gobierno se eche atrás. Durante una
conversación informal con los periodistas, Rajoy reconoció que no se
había planteado extender la campaña por toda España.
De igual forma, Aguirre ha expresado en una
entrevista en Punto Radio su deseo de que se sume a la iniciativa el
alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón. Preguntado a tal
efecto por los periodistas en La Rioja -donde se celebra la XVI
Intermunicipal del PP-, el regidor se ha negado ha responder y se ha
marchado aduciendo que tenía una reunión con Javier Arenas, informa
María Jesús Güemes.
Por su parte, el presidente de La Rioja ha dejado
muy claro a Aguirre que no cuente con él. Pedro Sanz ha avanzado que
no va a renunciar al 100% de los ingresos que pudiera percibir su
comunidad a raíz de la subida. De hecho, si recibe del Estado 1 euro
de más, prefiere administrarlo él antes que "un mal gestor" como
Zapatero.
La presidenta ha descartado completamente que
esta campaña de "rebeldía" -a la que también se ha sumado el
presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán- contra el incremento del
IVA pueda desembocar en una "insumisión" ciudadana al pago del
impuestos.
Su intención final, asegura, es "hacerle llegar
al Gobierno que algo habrá que hacer" sin que la solución signifique
"ni aumentar el gasto ni subir los impuestos, que es lo único que,
al parecer, se les ocurre".
Ha insistido en que esta subida de la carga
impositiva prevista a partir de julio próximo ha sido denunciada
reiteradamente por el PP a nivel regional y nacional en las
distintas instancias políticas "porque consideramos que es
disparatada y los españoles lo tienen que saber".
Por eso ha dicho que confía que esa
"movilización" que llevará a cabo el PP de Madrid "haga cambiar de
opinión al Gobierno, que está totalmente equivocado pensando que
subiendo los impuestos se va a arreglar la crisis".
En opinión de Aguirre, se trata de "otra medida,
probablemente una de las más graves, que ha tomado el Gobierno en la
mala dirección" que, ha añadido, han llevado a España a tener "el
doble de paro" que la Unión Europea y a sufrir "una pérdida de
empleos que es una sangría constante".
(www.publico.es,
12/03/10)
3. UNA NUEVA DISPUTA ENTRE AGUIRRE Y GALLARDÓN
DEJA ESCAPAR 17 MILLONES
La cita era por la mañana en el Ministerio de
Vivienda. Debían asistir la ministra, la consejera madrileña y los
responsables de los nueve municipios de la región que iban a recibir
dinero para la rehabilitación de viviendas. Pero el Ayuntamiento de
la capital dio la campanada a última hora al anunciar que no se
presentaba. La concejal Pilar Martínez explica su ausencia con el
argumento de que la Comunidad de Madrid cambió en el último minuto
el modelo de gestión de las ayudas, que ahora quedan en manos
regionales.
El director general de Vivienda, Juan van Halen,
niega la acusación. "No ha habido ningún cambio. Otra cosa es que a
la señora Martínez no le gustara lo que iba a firmar", responde
tajante. Se trata de la última pelea política entre las
Administraciones que dirigen Esperanza Aguirre y Alberto
Ruiz-Gallardón. Y en medio de las tortas están los ciudadanos de la
capital, que ven peligrar los 17,2 millones de euros que el Gobierno
central pensaba destinar a la rehabilitación de 3.441 pisos y que
ahora penden de un hilo. Como en las otras disputas entre las dos
Administraciones por temas como las obras en la Puerta del Sol o las
del eje Prado-Recoletos.
Tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid
aseguran que los fondos que pensaban invertir para la rehabilitación
no peligran, que ellos los van a gastar haya acuerdo o no. Pero el
ministerio dice otra cosa. El Gobierno central, socialista, se
agarra a la ley para explicar que es necesario el acuerdo del
Consistorio para aprobar las ayudas. Y que si la edil u otro
responsable municipal no estampa su firma, tendrá que destinar los
17 millones a otros fines distintos de mejorar las casas de los
madrileños. De hecho, según los portavoces del Ministerio de
Vivienda, esto es lo que ocurrió el año pasado. "La Comunidad firmó
los convenios, pero el Ayuntamiento hizo lo mismo que hoy: no
presentarse el día de la firma. Desde entonces, la rehabilitación de
casi 2.000 viviendas está paralizada y los vecinos madrileños han
perdido más de 8,5 millones en ayudas", dicen fuentes del
ministerio.
La pelea entre dos administraciones gobernadas
-aunque no lo parezca- por el mismo partido se extiende hasta el más
mínimo detalle. La concejal Pilar Martínez acusa al Gobierno
regional de no contar con el Ayuntamiento, a pesar de que éste pone
el 39% de los fondos en dos proyectos. "Quieren un modelo en el que
la Comunidad propone, decide con el ministerio qué planes se
aprueban y la Comunidad los gestiona por su cuenta. Los excluidos
somos los vecinos y el Ayuntamiento", protesta.
Ni siquiera se ponen de acuerdo en las
competencias de cada uno. "El convenio que iban a firmar es
exactamente igual al que estamos aplicando. El Ayuntamiento no pone
dinero para la rehabilitación de viviendas, sino que se limita a las
infraestructuras", dice Van Halen. "La que invierte cero euros en
infraestructura es la Comunidad, que no cree en un modelo de
rehabilitación integral. Están faltando a la verdad", dispara la
concejal. De las 55 oficinas de rehabilitación, la Comunidad
gestiona 46 y el Ayuntamiento, 9.
El ministerio calcula en 8,5 millones lo que
perdió Madrid el año pasado por el desacuerdo entre sus
administraciones. Ni la Comunidad ni el Ayuntamiento desmintieron
este dato. Tras la reunión en la que se escenificó la enemistad
entre dos gobiernos del PP, la ministra Beatriz Corredor,
socialista, anunció que destinaría 26 millones para rehabilitar o
construir 5.763 viviendas en la región. Todas, excepto las de la
capital. "La colaboración institucional entre las tres
administraciones es necesaria y debe ser garantía de que nuestras
ayudas llegarán lo antes posible", dijo Corredor en un acto de
humor, quizás involuntario.
(www.elpais.com,
11/03/10)
4. AGUIRRE ASEGURA QUE LA FISCALÍA DE MADRID
"HOSTIGA" AL PP
La fiscalía de Madrid "hostiga" a la Comunidad.
Es la denuncia que hicieron la presidenta, Esperanza Aguirre, que
también preside el PP madrileño, y el secretario general del
partido, Francisco Granados, tras la reunión de la cúpula popular de
la región. Por ello, no descartan querellarse contra el ministerio
público. La queja se produce después de que la fiscalía comenzara a
investigar si el Ejecutivo regional ha incurrido en un delito por el
estado de la carretera M-607, donde se han producido 723 accidentes
desde 2008. Según Granados, esta decisión "esperpéntica" es "un
ejemplo más" del acoso que sufre el PP. Mientras, las obras que se
están llevando a cabo en la M-607 para evitar accidentes están
provocando atascos kilométricos, especialmente en las horas punta.
(www.elpais.com,
11/03/10)
5. ESPERANZA AGUIRRE: "'VÁYASE SEÑOR ZAPATERO' ES
LO MÁS SUAVE QUE SE PUEDE DECIR"
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, ha rescatado el "váyase señor González" de Aznar
para endosarselo al actual presidente del Gobierno. "'Váyase señor
Zapatero' es lo más suave que se puede decir hoy en día", ha
señalado en la cadena Cope. A juicio de la presidenta madrileña, el
presidente del Gobierno "o pone las medidas que va adoptar contra la
crisis encima de la mesa o convoca elecciones y reconoce que no
tiene solución a esta crisis".
Aguirre considera que "cada vez estamos peor" y
que en esta situación "habrá que cambiar algo, algo habrá que
reformar". "España necesita reformas pero el señor Zapatero es que
no es capaz ni de ponerlas encima de la mesa", se ha quejado
Aguirre, que piensa que el presidente del Gobierno "sí sabe lo que
hay qué hacer pero no lo hace porque su ideología se lo impide".
A su juicio, lo que España necesita son reformas
laboral, energética y educativa, bajar los impuestos y "apretarse el
cinturón", pero lo que el Gobierno está haciendo es "justamente lo
contrario a lo que hay que hacer": "aumentar el gasto público y
subir los impuestos". Por otra parte, Esperanza Aguirre ha subrayado
que "en este momento no hay ningún problema" en el PP y ha señalado
que el presidente de su partido, Mariano Rajoy, "va por el buen
camino porque no hace más que subir en las encuestas".
Lo mismo que en la Comunidad de Madrid, ha dicho,
donde las encuestas "dan un resultado extraordinario", incluso mejor
que el 53% de las elecciones autonómicas de 2007, aunque ella no
quiere "de ninguna manera" fiarse de un sondeo. En cuanto a las
candidaturas para las autonómicas y municipales de mayo de 2011,
cree que el Comité Electoral Nacional del PP designará los números
uno "a finales de este año".
En la entrevista también ha sido preguntada por
la ley del aborto, que ha insistido en que es "manifiestamente
inconstitucional" y sobre la que se ha mostrado a favor de derogarla
cuando gobierne el PP. Ha manifestado además que la ley anterior "se
había convertido en un coladero", con abortos de hasta ocho meses de
gestación, "algo absolutamente impensable". En su opinión, lo que se
podría hacer es establecer plazos para los supuestos de la ley
anterior.
Aguirre también gue preguntada por el asuntod e
Cuba y Venezuela. La presidenta pidió al ministro de Exteriores,
Miguel Angel Moratinos, "que se defina" y diga si quiere seguir
siendo representante del Gobierno español o "asesor" del presidente
de Venezuela, Hugo Chávez, al tiempo que consideró "humillante" la
postura que está manteniendo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez
Zapatero ante este país y ante Cuba.
"(Le pido a Moratinos) que se defina, si quiere
ser ministro de Asuntos Exteriores de España o quiere ser asesor de
Chávez. No entiendo esta postura humillante para todos los españoles
ante el Gobierno de Venezuela y de Cuba, que está teniendo nuestro
Gobierno. Me parece realmente muy lamentable", aseveró.
La jefa del Ejecutivo madrileño retomó unas
declaraciones del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien señaló
que "Moratinos confunde su rol" porque "no se sabe si es canciller
de España o asesor de Chávez". "Creo que ha puesto el dedo en la
llaga", dijo Aguirre. A juicio de la dirigente regional, lo que está
pasando con Venezuela "es una vergüenza".
Así, también criticó el hecho de que la Embajada
de España en Cuba "se haya negado a admitir a los disidentes" y dijo
que esto es algo que tiene que avergonzar a Moratinos. "Es
absolutamente intolerable que en una dictadura el Gobierno de una
Democracia no acepte a los disidentes políticos que están en contra
de una dictadura que aplasta y oprime a los cubanos desde hace 51
años.
(www.publico.es,
09/03/10)
6. AGUIRRE ARREMETE CONTRA MIGUEL BOSÉ POR
COMPARAR CUBA CON VALENCIA
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de
Madrid, ha arremetido hoy contra el cantante Miguel Bosé por
comparar el régimen cubano con el Gobierno valenciano. "En Cuba
siempre ha pasado de todo, y no se sabe cuánto hay de verdad y
cuánto no. Si se habla de represión, en todos los países ocurre.
Mira en Valencia, el caso Gürtel, o lo de la exposición de
fotografías. Si eso no es represión..." dijo Bosé. Aguirre ha dicho
que se indigna al escuchar estas palabras, aunque luego ha
reconocido que no debería sorprenderse. "Ya se sabe lo que opinan
todos estos de la ceja", ha dicho en referencia a los artistas que
apoyaron a Zapatero en las pasadas elecciones generales. "¿Cómo no
se puede condenar la dictadura cubana que en estos momentos lleva ya
51 años?" se ha preguntado la presidenta.
"Uno de mis primeros actos políticos fue una
manifestación, que éramos cuatro gatos, con los 25 años de la
dictadura de Fidel. Pues ya lleva 51 y ahí sigue la izquierda
española, protegiéndole y entendiendo que lo mismo da quitar unas
fotografías de una exposición que torturar a todos aquellos
disidente y dejar morir a un pobre albañil [por Orlando Zapata] al
que le han privado de agua durante 15 días", ha dicho Aguirre.
Por su parte, Vicente Rambla, vicepresidente
primero del Gobierno valenciano, ha pedido a Bosé que "rectifique",
ya que a su juicio, las declaraciones del cantante constituyen "un
despropósito y un desprecio hacia todos los valencianos". Según
Rambla, "comparar el régimen castrista con un estado democrático
como es España es darle alas a Fidel Castro y a la dictadura que
practica, aunque Bosé la defienda".
(www.elplural.com,
09/03/10)
7. NUEVAS REVELACIONES SOBRE LOS VÍNCULOS ENTRE
EL PP Y EL TAMAYAZO
Una revista de ámbito nacional destapa nuevos
datos sobre los vínculos entre el PP y el tamayazo, el tristemente
célebre golpe de dos tránsfugas del PSOE, Eduardo Tamayo y María
Teresa Sáez, que allanó a Esperanza Aguirre el camino a la
Presidencia de Madrid en 2003. Esta vez, la información proviene de
una de las víctimas del conocido como guardaespaldas del tamayazo,
José Antonio Expósito, actualmente procesado por simular ser agente
del CNI. Un técnico de TVE -engañado por Expósito para "prestar
servicios a España"-, ha confesado al semanario citado que vio cómo
el falso agente y los dos tránsfugas se citaban en el despacho del
abogado Esteban Verdes, esposo de una concejala de Madrid
relacionado con el entonces secretario regional del PP, Ricardo
Romero de Tejada. El tamayazo nunca fue suficientemente investigado.
El ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, denunció las
cortapisas que se le impusieron para hacerlo siendo entonces fiscal
de Madrid.
José Antonio Expósito, guardaespaldas encargado
de proteger a Eduardo Tamayo en la primavera de 2003, cuando éste
perpetró el asalto de Esperanza Aguirre a la Asamblea de Madrid, se
sienta en el banquillo por simular ser agente del CNI.
Bajo el seudónimo de Tango OO, el acusado formó
una especie de célula de contra vigilancia de agentes amateurs que
colaboraban con él engañados. Seis policías, un informático de
Telefónica, un técnico de TVE y un realizador de Telecinco fueron
algunos de sus fichajes, que creyeron su versión de que participaban
en un comando especial para "prestar servicios a España".
Precisamente, un miembro de este cuerpo de élite, el técnico de TVE,
ha contado a Interviú un dato relevante: que presenció un encuentro
entre los tránsfugas, su guardaespaldas y un abogado del entorno de
Romero de Tejada, entonces máximo responsable del PP de Madrid.
Según el profesional de la comunicación citado,
Expósito le "dijo que el CNI había ordenado protegerlos (a los
tránsfugas). Los saludamos (con Tamayo estaba también la diputada
tránsfuga María Teresa Sáez) y los acompañamos hasta el despacho del
abogado Esteban Verdes", entonces esposo de una concejala popular de
Madrid relacionado con Romero de Tejada. El mismo técnico aseguró al
semanario en cuestión que grabó con una cámara instalada en un casco
de moto las imágenes de Expósito en su misión con los tránsfugas,
según creyó, por órdenes del CNI.
Las conexiones entre el PP y el tamayazo nunca
fueron suficientemente investigadas. El ex ministro de usticia,
Mariano Fernández Bermejo, llegó a denunciar los obstáculos que se
le pusieron siendo Fiscal de Madrid para impedirle ahondar en el
asunto, que también se abordó en una acotada comisión en la Asamblea
de Madrid. Por su parte Expósito, una de las piezas claves para
dilucidar el misterio, ha ofrecido diversas versiones sobre su
contratante. Así, en principio lo identificó como un constructor de
Alcorcón, luego como dirigentes de la Universidad Complutense y
finalmente como el mismo CNI.
Eso sí, en la versión más oficial, la ratificada
ante el juez, el escolta dijo estar "casi totalmente convencido de
que el sobre" para pagarle vino del despacho de los constructores
Francisco Vázquez y Francisco Bravo –tío y sobrino-. Ambos serían
empresarios cercanos a Esperanza Aguirre, según contaron en su día
la misma Interviú y la cadena Ser. ¿Por órdenes de quién? Según la
Ser, fue Julio Ariza, ex diputado del PP y propietario del grupo
Intereconomía (en el que trabaja el escolta actualmente) quien
orquestó la protección de los traidores.
Paralelamente, los dos medios citados han
informado de las extrañas relaciones entre el guardaespaldas y la
banca. Expósito fue durante diez años "el hombre para todo" de
Rodrigo Echenique, consejero del Banco Santander e íntimo amigo del
presidente Emilio Botín. El oscuro personaje cobraba unos 4.500 euro
mensuales, más del doble que trabajadores más veteranos por los
mismos servicios, y recibió varios créditos del Santander por un
valor de 350 mil euros. En total, se calcula que Expósito movió más
de un millón de euros en sus cuentas corrientes, sólo en el año
2004.
La Fiscalía ha pedido nueve años de prisión para
Expósito, aunque no por sus vínculos con el tamayazo sino por su
intento de CNI. Se le acusa de revelación de secretos, usurpación de
funciones y falsedad en documento. La Guardia Civil desmontó su
chiringuito el 21 de diciembre de 2004, cuando uno de sus hombres,
un aspirante a policía llamado Daniel, se coló a una zona reservada
del aeropuerto de Barajas con un falso carné del CNI. Hasta
entonces, el mortadelo logró que 14 agentes de una comisaría del
Centro de Madrid le dieran sus datos personales para prepararlos
como espías, y mantuvo el engaño con mentiras tan burdas como una
foto en el agua, según él de una misión en el Caribe, o casquillos
de balas de una supuesta detención a etarras a los que había puesto
un microlocalizador en la cabeza. Los peritos han comprobado que era
munición de una escopeta de caza.
Un completo perfil que ninguna persona querría a
su alrededor. O casi ninguna. Desde hace unos años, Expósito trabaja
para el grupo Intereconomía, del ex diputado del PP Julio Ariza -y
supuesto ordenante de su protección a Tamayo-. Ahí ha continuado su
carrera de transformista y lo mismo ha hecho de reportero para
boicotear un programa de Caiga quien caiga en el que se criticaba al
multi imputado presidente de Castellón, Carlos Fabra. Expósito
también intentó tender una trampa con cámara oculta al abogado que
ejerce la acusación contra Fabra. La Policía, avisada por el
letrado, frustró este empeño.
(www.elplural.com,
08/03/10)
8. EL PP NO ENCUENTRA UN CONSENSO SOBRE LA
SANCIÓN A COBO Y COSTA
Más de cuatro meses lleva el Partido Popular
tratando de decidir qué hacer con Manuel Cobo y Ricardo Costa,
suspendidos de militancia por dos episodios bien diferentes. La
situación provoca ya bromas constantes en los corrillos del PP.
Nunca antes el partido había tardado tanto tiempo en tomar una
decisión teóricamente sencilla: evaluar los cargos y los pliegos de
descargo, analizar los estatutos y optar por una sanción definitiva.
Pero no hay manera. El Comité de Garantías se
reunió para analizar a fondo el asunto con los dos ponentes, que han
planteado una sanción de un año revisable, y tomar una decisión.
Pero de nuevo se pospuso. Ya hace tres semanas, se desconvocó en el
último momento una reunión del comité cuando los medios de
comunicación supieron que se iba a producir. Era el día del último
gran debate económico en el Congreso y el PP quiso evitar que la
cuestión interna hiciera sombra a la pugna con Zapatero.
La reunión se había convocado, como siempre sin
publicidad, y de nuevo la decisión quedó en el aire, aunque cada vez
parece más claro que la sanción se verá reducida en ambos casos. En
el trasfondo, según diversas fuentes del PP, está la división de
opiniones que se produce dentro del partido.
Francisco Camps y el PP valenciano están
presionando para que Costa, que ha decidido no recurrir su sanción
como gesto de buena voluntad y está evitando cualquier declaración
pública, sea rehabilitado y se le retire cualquier tipo de sanción.
Mientras, el PP de Madrid no aceptaría que a Cobo se le retirara del
todo su sanción, motivada por unas declaraciones en EL PAÍS en las
que criticaba a Esperanza Aguirre y su entorno.
Formalmente, la decisión la toma el Comité de
Garantías, presidido por Alfonso Fernández Mañueco, número dos del
PP de Castilla y León, y compuesto por una docena de personas. Sin
embargo, la decisión está orientada por la cúpula, y en realidad la
toma Mariano Rajoy con su equipo de confianza.
En los últimos días, en el partido se había
instalado la idea de que Costa sería rehabilitado y Cobo se quedaría
con seis meses. , cuando la cúpula analizó el asunto por la mañana,
varias personas señalaron que Cobo y Costa no pueden tener una
sanción diferenciada porque políticamente sería muy malinterpretado
y porque ambos han tenido un comportamiento similar desde que fueron
sancionados; es decir, no han armado más lío interno.
Ante la evidente división de opiniones,
finalmente se optó por dejar el asunto para más adelante -tal vez la
próxima semana-, ya totalmente fuera de plazo. Cobo es una persona
de confianza de Rajoy y Costa le apoyó en el congreso de Valencia,
por lo que se espera que el líder opte por reducir la sanción de
ambos.
(www.elpais.com,
09/03/10)
9. ESPÍAS DE AGUIRRE EXIGEN QUE EL PAÍS SEÑALE AL
FUNCIONARIO QUE LES DENUNCIÓ
Enrique Molina, abogado de los cuatro presuntos
espías a sueldo del Gobierno de Esperanza Aguirre imputados por los
seguimientos ilegales en 2008 a Alfredo Prada y Manuel Cobo (cargos
del PP a los que la presidenta autonómica no apreciaba mucho por
entonces), ha pedido a la juez que instruye al caso que cite al
periodista de EL PAÍS que destapó el escándalo para que identifique
al funcionario de la Consejería de Interior que le entregó los
partes del espionaje y que, además, revele el nombre del alto cargo
regional -al menos un consejero del Ejecutivo autónomo- que confirmó
al periódico la veracidad de los hechos denunciados.
El letrado de los agentes imputados -un ex
guardia civil y un ex policía nacional- sostiene que si el
periodista no revela sus fuentes, deberían anularse todas las
evidencias del delito y el asunto debería ser cerrado por falta de
pruebas, a pesar de que sus clientes han admitido que hicieron los
seguimientos y éstos fueron confirmados por la compañía Movistar en
un informe sobre los posicionamientos telefónicos.
La petición del letrado Molina, prestigioso ex
fiscal de la Audiencia Nacional, para que se exonere a los cuatro
imputados que aún mantiene en nómina el Gobierno de Aguirre, elude
algunos puntos ya irreversibles de la investigación judicial, que se
demora desde hace un año. Tres de sus clientes, ex guardias civiles
fichados con el doble de sueldo como asesores personales del
consejero de Interior, Francisco Granados, ya han confesado ante la
juez que siguieron a Prada durante semanas por orden del entonces
director general de seguridad, Sergio Gamón, en mayo de 2008. En su
declaración aseguraron que eran contravigilancias, para justificar
que su trabajo era supuestamente legal.
Los ex guardias civiles confesaron los
seguimientos ante la juez después de que en su primera declaración
policial negaran haber seguido a Prada. Su confesión en el juzgado
no fue fruto de ninguna reflexión o arrepentimiento. Tuvieron que
reconocer el marcaje a Prada porque para entonces ya sabían que sus
teléfonos móviles habían delatado sus pasos y se sabía que ellos
habían estado justo allí donde los partes de espionaje decían que se
encontraba Prada, día a día, minuto a minuto.
Los tres ex guardias civiles aseguraron que ese
marcaje lo ordenó Gamón, entonces director de Seguridad de la
Comunidad, fichado personalmente por Aguirre. Pero Gamón, que
compareció unas semanas después ante la juez, les desmintió, declaró
que nunca ordenó los seguimientos a Prada y que entre las tareas
asignadas a los agentes no podía estar la contravigilancia pues no
era competencia de la Comunidad.
Molina, letrado de Gamón y de los tres ex
guardias civiles, no ha planteado un careo para aclarar de quién fue
la idea de seguir a Prada de esa manera tan especial, pues durante
el mes de mayo esos agentes de confianza no hicieron prácticamente
otra cosa. En el escrito remitido a la juez, el abogado de los
presuntos espías prefiere arremeter contra el informe de la policía,
por arrogarse "funciones valorativas" al interpretar que los tres ex
guardias civiles fueron los autores de las vigilancias.
El escrito de Molina considera que el informe
policial se basa en unos datos telefónicos que contienen un enorme
margen de error ("si fuera preciso se aportaría el informe de
telecomunicaciones acreditativo este extremo"). Esta afirmación
choca con los datos que arroja el informe sobre los posicionamientos
telefónicos y no sólo por la cantidad de coincidencias geográficas y
temporales hasta márgenes muy estrechos (cuando espían a Prada en
Esade, casualmente salta el repetidor de Esade, y esto vale para el
hotel Hesperia, Chinchón o Brea de Tajo). Además, los tres asesores
de Granados han confesado punto por punto que estuvieron allí.
¿Fallan las antenas y la memoria de los tres ex guardias civiles?
Todo para llegar a un punto sencillo: aunque los
posicionamientos fueran deficientes, que según la Policía y
Movistar, no lo son; aunque los partes fueran deficientes, que según
ha demostrado la instrucción judicial, no lo son, bastaría con la
confesión de los guardias para demostrar que estaban haciendo lo que
no debían, según el testimonio del propio jefe, Sergio Gamón.
Pero, según explican fuentes de la propia
Comunidad de Madrid, la defensa de los cuatro presuntos espías, de
acuerdo con la estrategia diseñada por el equipo del consejero
Francisco Granados, en lugar de reconocer los hechosy buscar
atenuantes para sus imputados, intenta lanzar acusaciones parecidas
a las que en su día aireó el portavoz del PP en Madrid y consejero
de Aguirre, Juan José Güemes.
Los partes, señala el escrito de Molina sin
aportar una sola prueba, "podrían haber sido creados específicamente
para emprender una campaña político-mediática". "Lo que se ha
buscando desde un principio con la investigación periodística es la
foto de Mariano Rajoy o de Esperanza Aguirre para mantener en
entredicho la gestión política de ambos", añade.
El abogado intenta convencer a la juez de que la
investigación está viciada, ya que este diario contrastó con Cobo y
Prada lo que ponía en los partes de espionaje, pero las denuncias de
estos dos cargos del PP se produjeron semanas después. Molina
incluso ve irregular que Cobo haya acudido a testificar con un
letrado del Ayuntamiento, en tanto él no aclara si en un caso de
malversación, sus honorarios los pagará la Comunidad de Madrid o sus
defendidos.
Mientras Molina intenta que se anule todo el
proceso, la policía afina un informe que acumula nuevos datos, ya
que a los ocho teléfonos pertenecientes a agentes de Aguirre a los
que ya se investigaba en relación con los seguimientos de Cobo y
Prada en abril de 2008, se han unido dos números de teléfono más
presuntamente vinculados con la red de seguimiento ilegal.
Y todo ello a falta de la comparecencia de José
Manuel Pinto, empleado de la consejería de Interior cuyo
interrogatorio y análisis grafológico han solicitado ya en siete
ocasiones a la juez las víctimas -Cobo, Prada, y la diputada Carmen
Rodríguez Flores-, la policía y la fiscalía. La baja laboral de
Pinto, confirmada por la Comunidad de Madrid, dura tanto como su
espera para ser citado. Más de un año para confirmar lo que este
diario ya apuntó: que dos peritos que trabajan en la Audiencia
Nacional, a los que contrató EL PAÍS, le identifican como el autor
de las anotaciones a mano en los partes del seguimiento a Cobo y
Prada, donde aparecían nombres de personas y números de matrículas
de vehículos que, efectivamente, estuvieron donde el parte señaló
que estuvieron. El Gobierno regional encargó otro informe a otro
perito donde desmentía que la letra fuera de Pinto.
Pinto podría aclarar sin margen de error quién
creó tales partes en la Consejería de Interior. El abogado de los
supuestos espías considera que este proceso se alarga en demasía.
Pero Molina no aclara quién dilata el proceso, si la juez, la
policía, la fiscalía o las partes. El último salto del letrado es
llamativo: concluye que aunque todas las pruebas resultaran ciertas,
seguiría sin poder sostenerse que hubo malversación. La fiscalía,
por el contrario, considera que un agente que actúa en funciones
ilegales está malversando el dinero que se le paga para una labor
muy distinta. Y, obviamente, también quien se lo ordenó. (06/03/10)
(www.elpais.com,
08/03/10)
10. GÜEMES: LLOROSO CUANDO LE SILBAN Y UN
HOOLIGAN PARA JALEAR LOS ABUCHEOS A ZAPATERO
Este fin de semana el portavoz del PP de Madrid y
consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes,
salía al paso del boicot de independentistas catalanes a Rosa Díez
en la Universidad Autónomas de Barcelona. Recientemente también
criticó los abucheos contra Aznar en Oviedo así como los lanzados
contra él y Esperanza Aguirre hace unos días en Getafe, cuando
incluso denunció una "algarada" orquestada por el alcalde socialista
del municipio. La sensibilidad mostrada por el popular cuando el
enfado de ciertos sectores se vuelve contra él o los suyos contrasta
con el entusiasmo con el que recibió los silbidos e insultos
lanzados contra Zapatero el Día de la Hispanidad, que atribuyó a la
"incompetencia" y "sectarismo" del presidente, descartando que
procedieran de "extremistas".
Güemes declaró este sábado a raíz de los
incidentes en la Autónoma de Barcelona que "como dije hace una
semana con motivo de los insultos al ex presidente Aznar, parece que
las universidades se están convirtiendo a lo contrario de lo que
deberían ser", condenando en nombre del PP de Madrid "el ataque a la
libertad de expresión" sufrido por la líder de UPyD. Según él,
"algunos radicales y no tan radicales" parecen empeñados en que en
las universidades "sólo se puedan expresar las ideas que les
gustan".
Ya con motivo de las abucheos a Aznar en Oviedo,
Güemes proclamó
que "el espectáculo de unas personas insultando a alguien que va a
dar una conferencia es algo que no beneficia ni a la Universidad ni
dice mucho de España, la verdad".
Más compungido aún se mostró el consejero de
Sanidad cuando este miércoles centenares de personas convocadas por
un colectivo de defensa de la sanidad pública le recibieron tanto a
él como a la presidenta Aguirre con una sonora protesta en el
Hospital de Getafe. Según Güemes, aquello fue "una algarada
organizada por el alcalde de Getafe".
Sin embargo, Güemes se muestra encantado en otras
ocasiones con el insulto y los abucheos como forma de expresión. Así
ocurrió al menos cuando el increpado fue el presidente del Gobierno,
el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, durante el tradicional
desfile de las Fuerzas Armadas del 12 de octubre. Entonces, Güemes
negó que los gritos e insultos al presidente procedieran de
"extremistas" y los atribuyó a "gente normal" y a familias, incluso
los elevó a la categoría de abucheo "del pueblo de Madrid".
Para Güemes, aquellos ataques al presidente
estaban justificados en el descontento generado entre las familias
por Zapatero por "su incompetencia y sectarismo". Otras veces el
consejero ha sido cómplice de bromas vejatorias contra compañeros de
su propio partido, como cuando guardó un significativo silencio en
un programa de Jiménez Losantos mientras éste comparaba a Gallardón
y Cobo con la famosa pareja homosexual de vaqueros de Brokeback
Mountain.
(www.elplural.com,
09/03/10)
11. LOS TOROS SE VUELVEN CONTRA EL PP
El repentino ataque de amor por las corridas de
toros que le ha entrado al PP como reacción al debate en el
Parlament catalán se ha vuelto como un boomerang en su contra. El
jueves, mientras se debatía en el Parlament catalán la posibilidad
de prohibir las corridas de toros, la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, declaraba la Fiesta Nacional como Bien de
Interés Cultural (BIC) y este viernes se sumaban a la misma causa
otras dos comunidades gobernadas por los populares: Murcia y
Valencia.
El que la lideresa aparezca en una fotografía con
un capote de brega en las manos es para el ministro de Trabajo e
Inmigración, Celestino Corbacho, una actitud "populista" y no hace
más que confirmar el "oportunismo político de algunas comunidades
autónomas" tras el debate abierto en Catalunya. Sin embargo, se ha
declarado no partidario de las prohibiciones: "No me gustan los
toros, pero menos me gustan las prohibiciones".
El ministro ha defendido que "todos" puedan
expresar "sus opiniones", dada la madurez democrática de las
instituciones, y ha insistido en que el debate debe respetar cada
uno de los puntos de vista evitando los radicalismos. Como portavoz
del Gobierno, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega,
ha reconocido que el Ejecutivo "siempre es más partidario de la
libre elección que de la imposición". Sobre las corridas ha opinado
que "se trata de una fiesta que cuenta con detractores, pero también
con un gran apoyo social". Sin embargo, De la Vega ha dado un toque
a Aguirre y el PP asegurando que "no es razonable que un asunto de
esa naturaleza sea objeto de una polémica institucional".
En el caso de la Comunidad Valenciana, que sigue
a Madrid en la decisión de declarar los toros Bien de Interés
Cultural, ha asegurado que a muchos ciudadanos de la región les
gustaría que el Ejecutivo local (del PP) protegiera del mismo modo
"la sanidad pública y la educación".
También "esos ordenadores que no van a tener los
niños de la Comunidad por la falta de visión política y la miopía de
los miembros del gobierno del señor (Francisco) Camps".
Aunque desde IU todavía no se tiene una "posición
definida", el coordinador general de la formación, Cayo Lara, ha
señalado a nivel personal que los dirigentes del PP que han
realizado esta propuesta "forman parte de la España cañí".
Una España que, a su juicio, parecía haber
desaparecido pues es el momento para evolucionar y avanzar.
Asimismo, ha querido aclarar que él no puede designar con el nombre
"fiesta" el sufrimiento de un animal: "La fiesta no es ninguna
gracia para ellos". Lara ha querido recordar que el formó parte de
la primera corporación municipal de un ayuntamiento donde se decidió
sustituir la plaza de toros por un auditorio "para que la gente
fuese a cultivarse y a hacer fiestas".
(www.publico.es,
06/03/10)
12. UN DIPUTADO DEL PP MADRILEÑO: "LOS QUE SE
PREOCUPAN POR EL MALTRATO A LOS TOROS, LUEGO MANDAN LOS FETOS A LA
TRITURADORA"
La Asamblea de Madrid más bien parecía la plaza
de toros de las Ventas en la sesión de control de este jueves. La
bancada de IU no dudó en sacar pañuelos blancos –gesto que se
utiliza en las corridas para pedir la oreja después de una buena
faena- mientras la presidenta regional, Esperanza Aguirre, explicaba
que ha declarado esta fiesta como un Bien de Interés Cultural (BIC)
para "proteger una tradición arraigada" en la comunidad. El revuelo
fue aún mayor con la intervención del diputado popular Juan
Van-Halen, que había formulado la pregunta, y que atacó a quienes
defienden a los toros mientras mandan "los fetos a las
trituradoras". Los representantes de IU, siguiendo con la jerga
taurina, lo mandaron "al corral".
El PP utilizó su turno de preguntas en la sesión
de control de la Asamblea de Madrid para saber los motivos por los
que Esperanza Aguirre ha declarado BIC las corridas. El diputado
conservador Juan Van-Halen, encargado de formular la pregunta, no
dudó en utilizar sus minutos para atacar todos los temas de la
actualidad, desde la subida del IVA propuesta por Zapatero hasta la
decisión del Gobierno catalán de poner a una calle el nombre de Pepe
Rubianes "por decir puta España".
Entre los constantes abucheos de la oposición y
las llamadas a la calma de la presidenta de la cámara, Elvira
Rodríguez, Van-Halen todavía tuvo tiempo de poner la guinda a su
intervención: "Los que se preocupan por el maltrato de los toros son
de esa progresía a la que luego le gusta mandar los fetos a la
trituradora", espetó, lo que provocó que los diputados de IU lo
mandaran a gritos "al corral".
La polémica ya se había desatado antes en los
bancos de la coalición izquierdista durante la intervención de
Aguirre, que justificó su decisión apuntado que pretendía "proteger
una tradición arraigada en la Comunidad". Según dijo, declarar BIC
las corridas de todos servirá para "subrayar la importancia de una
seña de identidad de la cultura madrileña" que fue apoyada por
"insignes artistas españoles y universales". Entre ellos, citó a
Goya, Orson Wells, Blasco Ibáñez, García Lorca, Rafael Alberti o
Pablo Picasso, "gran admirador y amigo del padre de ese amigo de las
dictaduras que hoy es Miguel Bosé".
Sus palabras provocaron el alboroto entre la oposición y los once
diputados de IU que hay en la Cámara regional sacaron y agitaron
pañuelos blancos emulando el gesto que se hace en las plazas de
toros para pedir una oreja para el matador.
(www.elplural.com,
12/03/10)
13. DIPUTADOS DE IU PIDEN LA OREJA DE AGUIRRE EN
UN DEBATE SOBRE TOROS
Tarde de toros en la Asamblea de Madrid. Una
pregunta sobre los motivos que han impulsado al Gobierno de la
comunidad a declarar las corridas como bien de interés cultural
convirtió los escaños del Parlamento autonómico en los tendidos de
un improvisado coso taurino, con pañolada, petición de oreja y
gritos de «¡al corral!» dirigidos a la presidenta madrileña,
Esperanza Aguirre, y al diputado del PP Juan Van-Halen, que fue el
encargado de formular la cuestión.
Aguirre defendió la decisión de su Gobierno como
una forma de «proteger una tradición arraigada en la Comunidad de
Madrid, en el conjunto de España y en todo el Mediterráneo». El
Ejecutivo autonómico aprobó la declaración de la fiesta de los toros
como bien de interés cultural el pasado jueves, coincidiendo con el
debate parlamentario en Catalunya sobre la posible prohibición de
las corridas. La presidenta madrileña esgrimió las «enormes loas
sobre la fiesta» que han hecho «insignes artistas españoles y
universales», entre los que citó a Francisco de Goya, Orson Welles,
Federico García Lorca y Pablo Picasso, «gran admirador y amigo del
padre de ese amigo de las dictaduras que hoy es Miguel Bosé»,
añadió, aludiendo al matador Luis Miguel Dominguín.
Cuando Aguirre concluyó su intervención, los 11
parlamentarios de IU sacaron pañuelos blancos y los agitaron,
remedando irónicamente el gesto del público de los festejos taurinos
cuando pide la concesión de una oreja del animal tras una faena bien
ejecutada.
El alboroto se multiplicó cuando tomó la palabra
el diputado popular Juan Van-Halen, que tachó de «incultos» a
quienes critican la fiesta, afirmó que Catalunya debate la
prohibición de las corridas al tiempo que «se dedica a ponerle una
calle a Pepe Rubianes por decir ‘puta España’» y agregó que «los que
se preocupan mucho por el maltrato de los toros resulta que son de
esa progresía que envían los fetos a la trituradora».
Las risas y los gritos de «¡al corral!»
interrumpieron su discurso.
(www.elperiodico.com,
12/03/10)
14. EL PROGRAMA ELECTORAL DEL PP INCLUÍA OTRO
CARRIL EN LA M-607
A Esther Rincón empiezan a hacerle caso. La mujer
se topó con un accidente hace 15 días mientras grababa la curva en
la que se mató su hijo. Prometió no descansar hasta que alguien
arreglara la carretera de Colmenar Viejo (M-607) "para que dejen de
morir personas". , la Fiscalía de Seguridad Vial del Tribunal
Supremo y el fiscal jefe de Madrid asumieron parte del trabajo. Tras
leer el testimonio de Rincón en la prensa junto al chorreo de
accidentes que acumula la vía (723 incidentes y nueve muertos desde
2008) abrieron una investigación para comprobar si hay delito por
mala conservación.
El tramo, con dos accidentes sólo el pasado fin
de semana, no debería estar como está. El PP prometía un desdoble de
la M-607 entre Tres Cantos y Colmenar en su programa electoral de
2007. , un portavoz de la Consejería de Transportes confirmó que el
proyecto está aparcado por "problemas presupuestarios".
Pero el testimonio de Esther Rincón y el vídeo de
la curva reproducido en televisiones y webs de media España provocó
que volaran nuevas promesas. "Lo más importante es acabar con la
curva, vamos a modificarla, a quitarla prácticamente y a asfaltar
todo el tramo, mejorando las condiciones de la carretera", aseguró
el consejero de Presidencia, Francisco Granados.
La curva no se puede eliminar, como confirmaron
después desde la Consejería de Transportes e Infraestructuras y
señaló también un experto. La solución es abrir su recorrido para
que sea menos pronunciada, explican desde Transportes, que proyectó
mejoras en el asfalto de la carretera de Colmenar antes de la
grabación de Rincón.El fiscal jefe de Tráfico, Bartolomé Vargas, se
reunió por la tarde con Esther Rincón.
Le adelantó que investigarán las condiciones de
la carretera desde los días previos al accidente mortal que sufrió
Juan Calleja en octubre de 2008 hasta los que tuvieron lugar el
pasado fin de semana. "No nos ceñiremos al punto que denuncia
Rincón, sino que veremos toda la vía y las actuaciones que ha hecho
la titular de la carretera, la Comunidad de Madrid", destacó Vargas.
"Si comprobamos que ha habido dejación clara de funciones,
actuaremos", añade Eduardo Esteban, fiscal jefe de Madrid.
Ésta es la primera vez que la fiscalía de Madrid
inicia una investigación por el mal estado de una carretera. El
ministerio público ha abierto otros 10 casos hasta la fecha en el
resto de España. El Código Penal contempla penas de prisión de hasta
dos años cuando se origine un grave riesgo para la circulación "no
restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de
hacerlo".
"Vamos a pedir todo tipo de información, a
estudiar caso por caso los accidentes que se han registrado en el
último año y medio, pediremos un peritaje del estado de la carretera
en la actualidad", según el fiscal de Tráfico, que ha dado un plazo
de seis meses para concluir el expediente. Vargas recordó que las
diligencias pueden ser archivadas si no se halla ningún delito por
parte del Gobierno regional. Otra opción es que se derive al ámbito
contencioso-administrativo si se percibe que no existe
responsabilidad penal contra los titulares de la M-607.
La conservación de la M-607 corresponde a la
Comunidad de Madrid, que el pasado enero sacó a concurso las obras
para reasfaltar y rehabilitar el firme entre los kilómetros 25,7 y
35,6 con 1,48 millones de euros de presupuesto. Los trabajos, que
afectarían a la curva ya famosa, todavía no han comenzado. Ése es el
proyecto con el que el consejero Francisco Granados quiere borrar la
curva del kilómetro 28.
"No hay espacio para rectificar las curvas en esa
carretera, la mejor solución es rebajar y señalizar la velocidad y
añadir elementos que inviten a la gente a circular más despacio",
replica el profesor Ángel Aparicio, del Centro de Investigación de
Transporte y de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.
El PSOE preguntará sobre la M-607 en la Asamblea
de Madrid. "El consejero de Transportes e Infraestructuras no puede
rehuir la responsabilidad que tiene, los problemas de seguridad de
esa curva y de toda la vía habrían desaparecido sólo con que
hubieran puesto en marcha su propio proyecto", critica el diputado
socialista Modesto Nolla.
(www.elpais.com,
10/03/10)
15. LA JUEZ IMPUTA POR COHECHO A LA ALCALDESA DE
EL BOALO, DEL PP
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de
Colmenar Viejo, Alicia Barba de la Torre, ha decidido imputar a la
alcaldesa de El Boalo-Cerceda-Mataelpino (6.400 habitantes), Carmen
Díaz Carralón (PP), por un delito de cohecho, según se desprende de
un auto del 20 de julio de 2009. La magistrada considera que existen
"indicios suficientes de criminalidad" en la conducta de la
regidora, que presuntamente solicitó a un empresario 120.000 euros y
la realización de forma gratuita de unos trabajos de urbanización en
una parcela de su propiedad. A cambio, Carmen Díaz Carralón se
comprometía, según la denuncia del empresario Antonio Gata, a no
paralizar la construcción de dos decenas de viviendas en la calle
del Potro de Cerceda. En el auto, la juez, que destaca que la
regidora posee un patrimonio "más que considerable" de 18 viviendas
con un valor catastral de 465.164 euros, desestima el recurso de la
defensa contra la finalización de la instrucción del caso y decide
que un jurado deberá juzgarlo. La defensa asegura que podría
recurrir esta decisión.
La alcaldesa de El Boalo, Carmen Díaz Carralón,
asegura que la denuncia se debe a una revancha política: "Todo es
mentira. La denuncia del empresario se presentó cinco días antes de
las pasadas elecciones de 2007, cuando supuestamente los hechos se
habían producido tres años antes. Yo misma acudí a la Guardia Civil
para denunciar esta campaña. Tengo el mismo patrimonio que cuando
entré en política en 2001".
El caso se inició con la denuncia presentada el
22 de mayo de 2007 por el empresario de la construcción Antonio Gata
Morales, en la que acusaba a la regidora de El Boalo de los delitos
de cohecho y prevaricación. A lo largo de la instrucción, la juez ha
mantenido el primero, el de cohecho, archivando el de prevaricación,
al considerar que no se tiene conocimiento de que por parte de la
alcaldesa se haya dictado una resolución arbitraria.
Por su parte, el recurso presentado ante la juez
por la defensa de la alcaldesa sostiene que la denuncia del
empresario no tiene sentido, pues resalta que el Ayuntamiento ha
tramitado todas las peticiones del empresario "sin que existan
retrasos en su tramitación, ni situaciones de paralización, ni nada
que se le parezca, y que justifiquen que el denunciante haya tenido
que pagar para provocar la agilización de los expedientes", explica
Javier Iglesias, abogado de la alcaldesa, que pone un ejemplo: "El
estudio de detalle se aprobó definitivamente en cuatro meses desde
su inicio, con lo que no se puede argumentar que hubiera retraso".
Gata, que también está imputado en la causa por
cohecho al haber supuestamente pagado, aseguraba en la denuncia que
desde el momento en el que compró un solar en el municipio, la
alcaldesa de El Boalo inició una labor de "entorpecimiento" para
evitar que dicha compraventa llegara a buen fin, retrasando la
tramitación de las solicitudes realizadas por él al Ayuntamiento. El
empresario sostenía en la denuncia que para seguir avanzando en el
expediente la alcaldesa le exigió la entrega de un piso de la futura
promoción, si bien finalmente se valoró dicho piso en 120.000 euros.
Según la denuncia de Gata, éste decidió hablar
con la alcaldesa grabando varias de las conversaciones mantenidas.
Fue en esos contactos cuando supuestamente la regidora le solicitó
dinero y el promotor inmobiliario le entregó en metálico la cantidad
solicitada de 120.000 euros en tres entregas. Antonio Gata aportó
las grabaciones al juzgado, en las que se registraron tres
conversaciones entre este empresario y la alcaldesa Díaz Carralón.
Según la versión del denunciante, la primera de las reuniones se
realizó en el Salón de Plenos del Ayuntamiento en diciembre de 2003.
Ahí fue donde las partes habrían llegado a un acuerdo económico
fijando el modo de entrega. Hubo otras tres reuniones, dos en 2004 y
otra en enero de 2005, en las que el empresario habría dado 120.000
euros a la alcaldesa.
La defensa de la alcaldesa sostiene, en este
sentido, que las fechas en las que se sitúan los pretendidos pagos
"no dan verosimilitud a su versión. Antes bien responden al montaje
contra mi defendida". En concreto, y según el letrado de Carmen Díaz
Carralón, no coinciden cronológicamente los distintos actos
administrativos con las fechas de los supuestos pagos.
A lo largo de la instrucción la juez trató de
someter a la alcaldesa a una prueba pericial de reconocimiento de
voces, a la que ésta se negó. "Su silencio se corresponde con un
elemental criterio de prudencia, dada la manipulación que se estaba
dando en la campaña electoral de 2007", asegura el abogado de Díaz
Carralón.
(www.elpais.com,
11/03/10)
