ÍNDICE
1. RAJOY, MUY COMPRENSIVO CON AGUIRRE: "NO HAY
QUIEN RESISTA LA PUBLICACIÓN DE SUS CONVERSACIONES PRIVADAS"
2. UNA ENCUESTA INTERNA DEL PP CONFIRMA A AGUIRRE
EL RIESGO DE PERDER SU MAYORÍA ABSOLUTA POR EL EFECTO ROSA DÍEZ
3. EL PP EVITA QUE SE FISCALICEN LOS CONTRATOS DE
LA TRAMA GÜRTEL
4. AGUIRRE ANTEPONE "DAR" TRABAJO A "PAGAR" POR
DESEMPEÑARLO
5. IGNACIO GONZÁLEZ ACUSA DE "ACTITUD MISERABLE"
A UN DIPUTADO DE IU
6. GÜEMES DENUNCIA QUE COBO TAMBIÉN ACUSÓ "A LOS
RATISTAS" DE "PRÁCTICAS SIMILARES" A LA GESTAPILLO DE AGUIRRE
7. DECLARACIÓN DE MANUEL COBO ANTE LA JUEZ EN EL
CASO DEL ESPIONAJE POLÍTICO : "DETERMINADAS PERSONAS PUEDEN TENER
CIERTO INTERÉS EN LO QUE HAGO O NO HAGO"
8. EL SECRETO NO ESTÁ EN LA AGENDA DE COBO
9. RAJOY: "TENGO BUENA OPINIÓN DEL SEÑOR COBO,
AUNQUE A VECES SE EQUIVOCA"
10. SANIDAD. LA LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA
ALCANZA SU MÁXIMO HISTÓRICO
11. SANIDAD. GUERRA AL ÚLTIMO EPISODIO
"PRIVATIZADOR"
12. SANIDAD. EL COLEGIO DE MÉDICOS DENUNCIA
'AMIGUISMO' EN LA POLÍTICA SANITARIA
13. SANIDAD. EL PLAZO PARA IMPUGNAR LA LEY DE
ÁREA ÚNICA ACABA
14. SANIDAD. CAPIO TAMBIÉN GESTIONARÁ EL NUEVO
HOSPITAL DE MÓSTOLES
15. EDUCACIÓN. AGUIRRE CHOCA CON LA JUSTICIA
16. EDUCACIÓN. LOS RECTORES RECLAMAN A AGUIRRE
CASI 139 MILLONES EN NÓMINAS Y RECIBOS
17. AGUIRRE RECORTA LA AYUDA A PROGRAMAS DE
IGUALDAD
18. LA COMUNIDAD DE MADRID ELIMINA LAS AYUDAS
PARA LA PREVENCIÓN DEL SIDA
19. EL DEFENSOR DEL MENOR INDAGA SOBRE LOS
MENORES INMIGRANTES EN LA CAM
20. IBERDROLA CORTA LA LUZ A UN EDIFICIO DEL
AYUNTAMIENTO POR UNA DEUDA MILLONARIA
21. BOTELLA RECRUDECE LA GUERRA A LAS PINTADAS
CON MULTAS DE 3.000 EUROS
1. RAJOY, MUY COMPRENSIVO CON AGUIRRE: "NO HAY
QUIEN RESISTA LA PUBLICACIÓN DE SUS CONVERSACIONES PRIVADAS"
Fiel a su estilo, el presidente del PP, Mariano
Rajoy, ha exhibido su incapacidad para posicionarse y ha defendido,
al mismo tiempo y con argumentos similares, a los enemistados
Esperanza Aguirre y Manuel Cobo. La presidenta fue sorprendida por
un micrófono abierto jactándose de quitar un consejero en Caja
Madrid a "ese hijoputa", en posible –aunque negada- alusión al
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. El vicealcalde, por su
parte, fue expedientado tras calificar de ‘vomitivos’ los
tejemanejes de la lideresa en la entidad financiera. Así las cosas,
Rajoy ha hecho honor a la máxima sobre las capacidades de los
gallegos –beber y soplar al mismo tiempo- y se ha mostrado
comprensivo con ambos, con una porque es "humana" y "también tenemos
sentimiento y a veces decimos lo que no debemos", y con otro porque
"a veces se equívoca, como usted, como yo, como cualquiera". Tan
comprensivo estaba el presidente popular que, diez minutos después
de hacer esta afirmación, la ha escenificado con un lapsus: ha dicho
y ha insistido en que espera ser "rectificado" en el próximo
Congreso del partido.
"Yo la he animado y le he dicho ‘estate tranquila
que no pasa nada’. A mí también me pasó y me pusieron de vuelta y
media. Eso le puede pasar a cualquiera, y los políticos, aunque la
gente no lo crea, también somos seres humanos, también tenemos
sentimientos y a veces decimos cosas que no debemos. No somos
perfectos", ha insistido. Eso sí, el popular ha asegurado que
desconoce quién es el "hijoputa" o el trasfondo del tema –la
politización de Caja Madrid- porque "no entramos en detalles sobre
la conversación" ya que se refiere a un hecho "anecdótico".
(www.elplural.com,
09/02/10)
2. UNA ENCUESTA INTERNA DEL PP CONFIRMA A AGUIRRE
EL RIESGO DE PERDER SU MAYORÍA ABSOLUTA POR EL EFECTO ROSA DÍEZ
Primero fue una encuesta del Partido Socialista
de Madrid la que constató que la mayoría absoluta con la que cuenta
Esperanza Aguirre en la comunidad peligra ante el ascenso de UPyD, y
ahora son los datos del Partido Popular los que confirman esta
tendencia. Un sondeo interno del PP de Madrid alerta de la
posibilidad de bajar del umbral de 61 diputados que concede la
mayoría ante la irrupción en la Asamblea regional de los de Rosa
Díez, que en el mejor de los escenarios posibles conseguiría hasta
cinco escaños. Ambas formaciones mantienen una buena sintonía hasta
el punto de que tras las europeas el PP nacional llamó la atención a
Aguirre por el buen trato que dispensaban a UPyD en Telemadrid.
Un sondeo interno del PSM apuntaba que en las
autonómicas de 2011 el Partido Popular de Madrid podría pasar de 67
diputados a 58, perdiendo así su actual mayoría absoluta, mientras
que el PSOE ganaría dos escaños, IU otros dos y UPyD irrumpiría con
fuerza en la Asamblea con cinco escaños.
Los datos del PP de Madrid también han hecho
sonar las alarmas ante la constatación de que peligra su mayoría
absoluta. Un sondeo interno guardado cautamente por los populares
madrileños concede a UPyD una horquilla de entre dos y cinco escaños
en las próximas elecciones, según informa
El Confidencial.
En el caso de este sondeo el crecimiento de los
de Díez se produce a costa de las tres formaciones con
representación en la actualidad: PP, PSM e IU. Los propios populares
madrileños que han alertado de la existencia de esa encuesta creen
que la erosión en la popularidad de Aguirre se debe a su
enfrentamiento con Mariano Rajoy y con Alberto Ruiz-Gallardón.
Como líder de UPyD, Díez asegura que si son
decisivos en la Comunidad de Madrid que apoyarán al PP o al PSOE "en
función del programa" y que "en ningún caso entraremos en el
Ejecutivo porque queremos seguir siendo la alternativa". Lo cierto
es que de momento los populares de Aguirre mantienen una excelente
relación con Díez y Telemadrid no tiene inconveniente en dar una
buena imagen de UPyD.
(wwwelplural.com,
08/02/10)
3. EL PP EVITA QUE SE FISCALICEN LOS CONTRATOS DE
LA TRAMA GÜRTEL
El Partido Popular quiere ocultar al máximo su
implicación directa en el caso Gürtel y por eso ha impedido que la
Cámara de Cuentas de la Asamblea de Madrid pueda fiscalizar los
contratos que la Comunidad firmó con la trama corrupta.
Así se rechaza la propuesta planteada por el
portavoz del PSOE en la Comisión, Adolfo Piñedo, que ha recibido el
apoyo de los representantes de IU. Piñedo ha justificado su
propuesta en la "obligación" que tienen los representantes políticos
de "averiguar si se ha producido un saqueo al erario público de
Madrid cumpliendo con todo el papeleo y las formalidades que prevén
las leyes de contratación", ante la sospechas que existen de que
"una parte de los jugosos beneficios de Correa tenga su origen en un
perjuicio para la Hacienda de los madrileños".
Además ha criticado que la Cámara de Cuentas "no
haya tomado la iniciativa de fiscalizar los contratos que sustentan
uno de los mayores escandalosos que ha conocido la Comunidad de
Madrid" y se ha preguntado "qué tiene que pasar" para que ese órgano
"incluya a iniciativa propia un asunto de tanto calado y tanta
actualidad en su programa anual de fiscalización".
Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión,
Pedro Muñoz, ha recordado que todos los contratos de la Comunidad
con las empresas Special Events, Good and Better, Easy Concept,
Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral y Marketing Quality
Management "han sido remitidos al órgano jurisdiccional
correspondiente" y ha sostenido que "no es conveniente que dos
órganos estén al mismo tiempo investigando cosas idénticas".
Según Muñoz, "difícilmente se puede hablar de
saqueo", puesto que todos esos contratos menores "se correspondieron
con servicios prestados", y ha calificado de "falaz" que el PSOE
ponga "en relación la fortuna de algunas personas con esos contratos
de la Comunidad de Madrid".
El portavoz conservador considera que el debate
en torno al caso Gürtel "lleva meses aplacado" y que la propuesta no
es más que una "concesión del secretario general del PSM (Partido
Socialista de Madrid), Tomás Gómez, a su sector crítico, que le ha
reprochado cierta indolencia con el tema Gürtel y le ha reclamado
más dureza con este asunto".
La diputada de IU Reyes Montiel ha apoyado la
petición del PSOE por razones "políticas", de "procedimiento" y
"judiciales", y ha opinado que es "absolutamente ineludible que la
Cámara de Cuentas se ponga a trabajar en este asunto".
(www.publico.es,
10/02/10)
4. AGUIRRE ANTEPONE "DAR" TRABAJO A "PAGAR" POR
DESEMPEÑARLO
Esperanza Aguirre lanzó un mensaje inquietante en
su intento de rebatir la cita bíblica de Zapatero en el Desayuno de
la Oración con la que el presidente alertó contra la explotación
laboral. Según la presidenta regional, "tiene muchísima importancia
pagar el jornal a los trabajadores, pero más importante todavía es
darles trabajo". Además, la comunidad que preside está liderando,
como el resto de las gobernadas por el PP, la destrucción de empleo
en España. Durante el Desayuno de la Oración, Zapatero leyó el
siguiente pasaje del Deuteronomio: "No explotarás al jornalero pobre
y necesitado, ya sea uno de tus compatriotas, o un extranjero que
vive en alguna de las ciudades de tu país. Págale su jornal ese
mismo día, antes que se ponga el sol, porque está necesitado, y su
vida depende de su jornal".
Quizá era un intento poco meditado de Aguirre de
ridiculizar ese mensaje contra la explotación laboral, pero ese
mismo día a la entrada de la Asamblea trató de bromear diciendo que
a los trabajadores "sin duda tiene muchísima importancia pagarles el
jornal pero más importante todavía es darles trabajo", unas palabras
que está difundiendo ampliamente el PP de Madrid. Entre los
discípulos de la doctrina de Aguirre quizá se encuentre el
presidente de patronal, Gerardo Díaz Ferrán, a quien no obstante
avaló para presidir la CEOE, mientras que éste piensa que la
lideresa es "cojonuda". Como copropietario de la quebrada Air Comet,
Díaz Ferrán tiene pendientes varias mensualidades a trabajadores de
la aerolínea, aunque a tenor de la doctrina Aguirre quizá se sientan
afortunados por haber podido disfrutar de un trabajo durante un
tiempo.
(www.elplural.com,
09/02/10)
5. IGNACIO GONZÁLEZ ACUSA DE "ACTITUD MISERABLE"
A UN DIPUTADO DE IU
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, ha acusado hoy de "actitud miserable" al diputado
de Izquierda Unida Fausto Fernández, durante un debate en la
Asamblea madrileña. El número dos de Aguirre recurrió al insulto del
adversario cuando respondía a una pregunta sobre la decisión del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de anular la decisión
del Gobierno autonómico de construir un campo de golf en el barrio
de Chamberí, obra que se acometió sin licencia municipal.
Fausto Fernández le recordó al vicepresidente
madrileño su implicación en el tema del campo de golf. Ignacio
González es presidente del Canal de Isabel II, empresa pública que
adjudicó la instalación. Un cuñado suyo, José Juan Caballero, fue
uno de los promotores del proyecto, según desveló Público el 6 de
febrero de 2009. Y la explotación de las instalaciones deportivas se
la concedió el Canal a un consorcio formado por tres empresas. Una
de ellas, denominada Tecnoconcret, era propiedad de un socio del
hermano y del cuñado de González. El número dos de Aguirre no se
abstuvo en el consejo de administración del Canal que aprobó la
adjudicación y ocultó al resto de consejeros la vinculación de su
familia con el dueño de Tecnoconcret.
El diputado de IU le dijo a González que la
sentencia del TSJM le desautorizaba "personalmente por hacer una
obra sin licencia", y añadió que "no se puede pasar por encima de
la legalidad por mucho interés que se tenga en un asunto". Fausto
Fernández concluyó que es lógico que el Gobierno de Madrid recurra
la sentencia, porque en caso de acatarla, González debería dimitir.
En su respuesta, González arremetió contra el diputado de IU: "Lo
que es poco edificante es su reiterada actitud zafia y miserable",
indicó, antes de señalar que "ni el cuñado ni el hermano del
vicepresidente han actuado en el proceso". Además, justificó la obra
del campo de golf con el argumento de que 4.000 personas lo visitan
diariamente.
(www.publico.es,
12/01/10)
6. GÜEMES DENUNCIA QUE COBO TAMBIÉN ACUSÓ "A LOS
RATISTAS" DE "PRÁCTICAS SIMILARES" A LA GESTAPILLO DE AGUIRRE
El inicio de la presidencia de Rodrigo Rato al
frente de Caja Madrid no ha calmado las luchas internas entre las
diferentes facciones del PP madrileño, que vivieron su máxima
expresión con la lucha por el control de la caja. Las explosivas
declaraciones del vicealcalde Manuel Cobo sobre las estrategias "de
vómito" y "la gestapillo" del Gobierno de la Comunidad de Madrid
marcaron un punto de inflexión que las huestes de la presidenta
están lejos de olvidar. El consejero de Sanidad y portavoz del
Ejecutivo regional Juan José Güemes intentó sembrar la discordia
entre los frentes de Gallardón y Rato –que se unieron, al menos
temporalmente, para parar los pies a la lideresa en Caja Madrid- y
acusó a Cobo de lanzar hace años una acusación parecida a la
"gestapillo" de Aguirre, pero en aquella ocasión contra "los
ratistas".
Desde Esradio, la radio de Jiménez Losantos
nacida al amparo de la presidenta, el consejero Güemes abordó la
actual situación de Cobo en el partido, apuntando que "no ha podido
mantener eso de que la gestapillo estaba organizada por nadie del
Gobierno regional". Güemes no dudó en chivarse de su compañero de
partido: "No es la primera acusación que Manolo Cobo hace en ese
sentido, ya hace años también acusaba a los ratistas - no sé quién
son los ratistas porque no hay ningún grupo formalmente configurado
así en el PP de Madrid ni muchísimo menos- de prácticas similares".
"Los racistas habían montado una Gestapo", bromeó
César Vidal, el conductor del programa. "No lo llamó Gestapo en
aquella ocasión pero recuerdo que fue con motivo del Congreso
regional del PP al que se presentó por primera vez Esperanza Aguirre
y ganó y al que Cobo se postuló por cuenta de Alberto Ruiz Gallardón
y entonces también hubo unas acusaciones, hubo palabras gruesas
(…)", explicó Güemes sin dar muchos detalles. En cualquier caso, el
consejero cree que el asunto de Cobo "está donde tiene que estar, en
el comité de Derechos y Garantías" y "a la espera de una
resolución".
El enfrentamiento entre facciones del PP de
Madrid incluye todo tipo de capítulos, desde las graves acusaciones
de espionaje interno –que se dirime en los tribunales- hasta los
capítulos de humor grueso, como cuando el propio Güemes presenció en
los estudios de Esradio una parodia de Brokeback Montain con
Gallardón y Cobo en el papel de la pareja homosexual que protagoniza
la película, o errores de bulto como cuando la televisión pública
madrileña bautizó al nuevo presidente de Caja Madrid como "Podrido
Rato". Y otro de los incidentes recientes que ha trascendido, 2l del
"hijpoputa", la presidenta regional se felicitaba porque los
gallardonistas habían perdido un consejero en Caja Madrid aunque
fuera a parar a IU, y preguntaba además a su vicepresidente y hombre
fuerte en la entidad, Ignacio González, que "qué armas tenemos
contra éste", en lo que parecía una referencia a Rato.
(www.elplural.com,
11/02/10)
7. DECLARACIÓN DE MANUEL COBO ANTE LA JUEZ EN EL
CASO DEL ESPIONAJE POLÍTICO : "DETERMINADAS PERSONAS PUEDEN TENER
CIERTO INTERÉS EN LO QUE HAGO O NO HAGO"
El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, aparece en
al menos siete partes de seguimiento correspondientes al mes de
abril de 2008 que, supuestamente, hicieron los espías pagados con
dinero público y dependientes del Gobierno de Esperanza Aguirre.
Cobo declaró el pasado 2 de febrero, a petición de la Fiscalía, ante
la juez de Plaza Castilla que instruye este caso. Hay cuatro agentes
imputados que supuestamente espiaron a políticos del PP contrarios a
Aguirre. Lo que sigue es un resumen de la declaración de Cobo, a
cuyo contenido íntegro ha tenido acceso EL PAÍS. En los primeros
minutos de su testimonio, el vicealcalde detalla su actividad
pública y privada durante los días de abril en que supuestamente fue
espiado. Después, interviene la juez.
Juez. ¿Recuerda en esos días una cita con alguien
susceptible de interesar a terceros?
Cobo. En esos días como con periodistas, con
personas de mi partido. No son públicas. Es decir, la pregunta es:
¿Le puede interesar a alguien? Pues depende el interés que alguien
tenga en conocer o tener instrumentos de la vida de los demás. Eso
es absolutamente subjetivo y...
Juez. ¿Pero usted no tiene una reunión especial
para esa fecha ni nada por el estilo?
Cobo. Especial... Si vemos en la hemeroteca pues
hay una cierta efervescencia, por ejemplo en mi partido, porque se
va a celebrar algo que es muy importante en los partidos políticos:
un congreso en Valencia en el que...
Juez. Esto es previo al congreso.
Cobo. Todo es previo al Congreso de Valencia, y
lo digo porque en la hemeroteca sí aparecen cuestiones que tienen
que ver con el futuro de mi partido... por un lado (...). Es decir,
puede haber 100 circunstancias que pueden hacer interesante lo que
yo haga para unas determinadas personas, no a la generalidad
supongo. Pero determinadas personas pueden tener cierto interés en
lo que yo hago o no hago.
Abogado de Cobo. En caso de que se realice una
contravigilancia, ¿usted y sus escoltas deben conocerlo?
Cobo. Creo que no entra en cabeza humana que
pueda haber una contravigilancia sin que lo conozca el interesado y
sus escoltas porque podría dar lugar a acontecimientos graves y muy
desagradables. Yo tengo contravigilancia en este momento, y
lógicamente mis escoltas saben y conocen a los que contravigilan.
Abogado defensor de los supuestos espías. Señor
Cobo, ¿el servicio de seguridad propio, el que le pone el
Ayuntamiento, detectó en algún momento que había seguimientos sobre
su persona?
Cobo. Nunca.
Abogado defensor de los supuestos espías. La
denuncia que usted presenta obedece a una publicación [en EL PAÍS]
de estos soportes documentales sobre los cuales le han preguntado
coincidencia de horarios, y hay una declaración de una persona,
periodista que se encarga de publicar esos artículos, que dice que
ha mantenido con usted una entrevista para contrastar esos datos.
¿Es cierto que se mantuvo esa entrevista previa a la presentación de
la denuncia?
Cobo. A mí me llama la tarde anterior el
subdirector de ese medio y me dice que hay más seguimientos, hay más
espionaje. Y le digo ¿de quién? Y no pensaba en el mío, y no voy a
decir en quién pensaba porque sé que había desde hacía tiempo cierto
rumor de a quién se seguía, y me dice que a mí. Y digo, no me lo
puedo creer. Y me dice si me puede preguntar qué hice unos días y le
digo que no me lo sé. Me fui a mi despacho en Cibeles, llamé
previamente a mi secretaria para tirar de ordenador y el periodista
me empieza a preguntar si estoy en Madrid tal día y tal día. Le voy
contestando que sí con los datos que tengo, vuelvo a decir que no es
un diario, coinciden todos. Y señor letrado, lo que más me
sorprende, lo que me lleva a creer que es verdad, que existe un
seguimiento, es cuando me dice, o me lee, que un determinado día, el
11 de abril, no me encuentran. Eso a mí me convence. Cuando me dice
eso, que ese día, el único que no estoy, no me localizan, y yo veo
que estoy en Zaragoza, digo esto es verdad (...) Pienso que si
alguien me sigue y sabe que estoy fuera no pone que no me encuentra
ese día, es lo que yo pienso y deduzco. EL PAÍS me llama para
preguntar, bueno vamos a dar esta información, y como hace
habitualmente o hacen los medios de comunicación, para contrastar
una información que tiene con los datos que yo les puedo facilitar.
Abogado defensor de los supuestos espías. ¿Ha
tenido usted algún interés en preguntarle [a los periodistas] sobre
las fuentes de información.
Cobo. Sí, pero no lo dicen. Yo le he preguntado a
los periodistas, al señor Barón [director general de Seguridad], a
consejeros de la Comunidad de Madrid y no me lo quieren contar. No,
no me lo han dicho, y lo pregunto todo lo que puedo.
(www.elpais.com,
11/02/10)
8. EL SECRETO NO ESTÁ EN LA AGENDA DE COBO
El strip-tease que practicó como testigo en sede
judicial el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, para evidenciar que
los partes del espionaje coincidían con su agenda pública y privada
destapó un extraño olor en repetidas preguntas de sus
interrogadores. Parecían encaminadas a saber si los actos que
detallaba de cada jornada suya espiada eran públicos o privados o
cuántas personas los conocían. Rara estrategia. Lo llamativo no es
en calidad de qué actuaba Cobo en cada minuto, sino en función de
qué órdenes y labor estaba siendo seguido por los espías. Es público
que José Luis Rodríguez Zapatero reside en La Moncloa. Pero si se
hallaran partes de agentes públicos que no tienen por misión
protegerlo detallando sus entradas y salidas o cualesquiera de sus
actos sería un caso claro de espionaje. El viaje a Colombia de
Ignacio González, vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre,
era público, sin embargo, denunció que fue objeto de espionaje.
El falso dilema de si lo espiado era un acto
público o privado es peor que irrelevante: busca confundir sobre lo
sucedido. Lo sustancial es que nadie -salvo escoltas y espías- sabe
a qué hora sale de su domicilio Cobo; ni a qué hora llega a su
despacho; ni a qué hora exacta sale de Génova, 13, cuartel general
del PP, por publicitado que esté el comité ejecutivo del partido al
que haya acudido.
En la vida del abogado de los presuntos espías y
de la juez del caso hay actos públicos y privados, anodinos o no,
pero sin duda les inquietaría verlos reflejados en un papel. Y con
un nivel de detalle similar al de cualquier parte de seguimiento
policial. Ninguno tiene pluma cervantina. Todos son igual de
telegráficos y de simples, o si se prefiere -en terminología del
Gobierno de Aguirre y afines-, de "chapuceros". El agente o espía
simplemente anota lo que ve o lo que deja de ver. Gürtel ofrece
ejemplos de que la prosa policial no es más abundante ni florida
cuando se vigila a delincuentes. La pregunta no es cuánta gente supo
del viaje privado de Cobo a Zaragoza, sino por qué le buscaban
infructuosamente los espías en Madrid, tanto en su domicilio como en
su despacho. Y cómo supieron por qué puerta entraba el coche del
vicealcalde en el Ayuntamiento, cómo averiguaron adónde se dirigía
después a aparcar, y qué burbuja de seguridad utilizaba en sus
desplazamientos y en su domicilio... Si quienes seguían en abril de
2008 todos sus pasos hubieran sido terroristas, ¿sería crucial si lo
acechaban en actos públicos o privados o cuánta gente manejaba su
agenda? No es Cobo, la víctima, quien debe explicar qué hacía. Son
sus espías quienes deberán aclarar, si sus posicionamientos
telefónicos les remata, por qué fueron su sombra y por orden de
quién.
(www.elpais.com,
11/02/10)
9. RAJOY: "TENGO BUENA OPINIÓN DEL SEÑOR COBO,
AUNQUE A VECES SE EQUIVOCA"
El presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró que
guarda "buena opinión" del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.
Aunque el líder popular matizó: "A veces se equivoca, como
cualquiera". Rajoy evitó adelantar si el vicealcalde repetirá en las
listas electorales del PP para los comicios del próximo año. "Ya
hablaré en su momento", deslizó para eludir la cuestión.
Cobo está suspendido cautelarmente de militancia,
a la espera de la resolución definitiva del Comité Nacional de
Derechos y Garantías de su partido por sus críticas en una
entrevista publicada en EL PAÍS contra la presidenta de Madrid,
Esperanza Aguirre. Hace unos días, la presidenta del PP madrileño
afirmó que no vería normal que el número dos del alcalde, Alberto
Ruiz-Gallardón, repitiera en la lista municipal. Cuestionada sobre
las palabras de Rajoy, Aguirre señaló que su opinión sobre Cobo es
"exactamente la misma" que la de Rajoy.
El líder del PP, en una entrevista en TVE, se
refirió al descuido de Aguirre al decir "hijo puta" con un micrófono
abierto mientras conversaba con su vicepresidente Ignacio González,
en referencia a un consejero de Caja Madrid, próximo a Gallardón.
Rajoy señaló: "No hay ser humano que resista la publicación de sus
conversaciones privadas, por muy honrado que sea". Y desveló que ha
charlado con Aguirre sobre el asunto. "Le he dicho que esté
tranquila. No pasa nada, a mí también me pasó, los políticos somos
seres humanos, a veces decimos lo que no debemos".
(www.elpais.com,
10/02/10)
10. SANIDAD. LA LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA
ALCANZA SU MÁXIMO HISTÓRICO
Algo pasa con la lista de espera quirúrgica de la
sanidad pública regional. Ni la reciente apertura de nuevos
hospitales ni la decisión de destinar casi 78 millones de euros en
2009 al plan integral de listas de espera está dando resultados. El
número de personas que aguardan una intervención es cada vez más
abultado. Tanto que la situación actual es de récord. Con 50.689
pacientes, supone la cifra más alta desde que hay recuento. Nunca
desde que Esperanza Aguirre puso en marcha el plan para atajar las
esperas (finales de 2004) había habido tantos pacientes aguardando
para entrar en quirófano. También lleva años creciendo el número de
pacientes que rechazan la primera opción que les da Sanidad, y que
suele ser una clínica concertada. Ya son el 37% del total.
Con datos de 31 de diciembre de 2009, los últimos
disponibles, 18.611 personas que forman parte de la lista de espera
total han rechazado esa primera opción y prefieren esperar para ser
intervenidos en su hospital público de referencia. La cifra también
es de récord, la más alta desde 2004.
Es complicado saber cuánto espera, de media, un
paciente madrileño para entrar en el quirófano. La dificultad se
debe a que Sanidad no divulga el dato global, sino que lo hace por
grupos. Eso se debe a que en Madrid no hay una lista de espera
quirúrgica; hay tres. Está la lista que Sanidad llama "estructural",
la de los "pacientes transitoriamente no programables" y la de los
que rechazan operarse en la primera opción (generalmente, una
clínica concertada). Sólo en la primera se cumple el compromiso
electoral de Aguirre: que ningún madrileño espere más de 30 días.
Según los últimos datos, que Sanidad publica trimestralmente en una
página web, la espera media es de 11,7 días. Pero sólo para los
15.375 pacientes (un 30,3% del total) de la lista oficial. Ese
tiempo ha subido un 20% en apenas un trimestre: a 30 de septiembre
eran 9,8 días.
Cuando un paciente rechaza la primera opción de
Sanidad, resulta penalizado. El compromiso se suspende. Por eso las
18.611 personas (el 36,7%) que estaban en esa situación a 31 de
diciembre esperan, de media, 62,5 días. En este caso, no se puede
hablar de récord. La cifra ha llegado hasta los 70 días. Siete de
cada 10 de esos pacientes que prefieren esperar a que su hospital
público pueda intervenirles aguardan entre 31 y 180 días. Incluso
hay 40 que a final de año llevaban más de tres meses en lista.
La última de las tres opciones en las que Sanidad
divide la lista global se nutre básicamente de pacientes que están
pendientes de la cita con el anestesista o que esperan las pruebas
de su pre-operatorio, aunque también incluye a los que solicitan
aplazar la intervención por motivos de trabajo o vacaciones, o a los
que se detectan problemas de salud que contraindican entrar en
quirófano. Un 33% de los pacientes (16.703) estaban en esa situación
a 31 de diciembre. Con ellos tampoco se cumple el compromiso de los
30 días.
Fue precisamente por esta argucia -no incluir al
paciente en lista de espera en el momento en que el especialista
prescribe la operación, como sucede en el resto de España- por lo
que el Consejo Interterritorial de Sanidad decidió en octubre de
2005 excluir a Madrid del cómputo nacional. El ministerio explicó
entonces que, al contabilizar a los pacientes de ese modo, los
tiempos de espera parecen más cortos de lo que son en realidad. De
este 33% de pacientes no hay datos de tiempo medio de espera.
Sanidad no lo proporciona.
La consejería no quiso explicar a qué atribuye el
aumento sin precedentes de la lista de espera. Remitió a un
comunicado en el que asegura que "como consecuencia del incremento
de actividad en consultas y pruebas diagnósticas, las entradas en
lista de espera quirúrgica aumentaron un 8% en 2009". El comunicado
añade que las intervenciones en centros concertados han bajado un 9%
y que ya sólo suponen el 6% del total. Un dato que no cuadra con las
explicaciones que han dado fuentes de la consejería en otras
ocasiones, según las cuales, "una proporción muy grande" de las
operaciones sencillas (cataratas, hernias...) se derivan a la
sanidad concertada.
El sindicato UGT critica que el Gobierno regional
sólo cumpla su compromiso con un tercio de los pacientes. "Hay más
de 30.000 madrileños que parece que no existan, y ellos también
esperan una operación", asegura su secretario de Políticas
Sectoriales en Madrid, Juan Luis Martín, que recuerda que Aguirre ha
empleado casi 400 millones de euros en cinco años para mejorar la
situación de las listas de espera. "Invertir tanto dinero para
llegar a esta situación, peor que hace cinco años, quiere decir que
la gestión no está siendo acertada y hay que revisarla".
(www.elpais.com,
06/02/10)
11. SANIDAD. GUERRA AL ÚLTIMO EPISODIO
"PRIVATIZADOR"
Los secretarios generales de UGT y CCOO en la
Comunidad de Madrid se reúnen con la ministra de Sanidad, Trinidad
Jiménez, para instarla a frenar la implantación del área única en la
región que unificará las 11 áreas ahora existentes ya que lo
consideran el último episodio del
proceso de privatización de Esperanza Aguirre.
Los sindicatos pretenden que el ministerio
estudie la vulneración constitucional de esta medida. La norma
supondrá que los 6,4 millones de madrileños queden englobados en una
única área de gestión sanitaria, cuando la Ley General de Sanidad
establece que cada área no supere los 200.000 o 250.000 pacientes.
Este es el volumen de cartillas sanitarias idóneo para facilitar una
atención próxima al ciudadano y una gestión y previsión de los
recursos sanitarios óptima, justifica la norma.
La ley que regula la instauración del área única
sanitaria en la región entrará en vigor el 19 de febrero e irá de la
mano de la libre elección de profesional. Los sindicatos ya enviaron
sus quejas al Defensor del Pueblo, que les trasladó su preocupación
por el deterioro paulatino de la sanidad madrileña.
"Las competencias están transferidas, pero el
ministerio debe velar para que se cumpla el derecho básico y
constitucional. No puede ser que las autonomías pongan en riesgo el
ejercicio de la atención sanitaria", protesta la secretaria de
política social de CCOO en Madrid, Ana González.
Desmantelamiento público
El secretario de políticas sectoriales de UGT
Madrid, Juan Luis Martín, explica que el área única "va a crear
zonas de mayor calidad que otras, porque se regirá por los criterios
del mercado y creará competencia entre los centros hospitalarios".
Los sindicatos temen que potencie los centros de gestión privada
propiciando el desmantelamiento de los públicos.
La oposición también rechaza de plano la nueva
medida. El secretario general del Partido Socialista Madrileño
(PSM), Tomás Gómez, volvió a exigir el viernes a Aguirre la
derogación de la norma. "Va a suponer un desastre para la gestión de
los servicios sanitarios de la región". "Amenaza la sostenibilidad
del sistema, perjudica los intereses de los madrileños y tiene visos
de inconstitucionalidad", aseguró.
La Consejería de Sanidad considera que la
"libertad de elección es imprescindible para consolidar unos
servicios sanitarios públicos de la máxima equidad, calidad y
eficiencia". Por otra parte, asegura que la colaboración
público-privada ha hecho posible que se creen nuevas
infraestructuras.
(www.publico.es,
08/02/10)
12. SANIDAD. EL COLEGIO DE MÉDICOS DENUNCIA
'AMIGUISMO' EN LA POLÍTICA SANITARIA
"Predomina el amiguismo sobre la valía
profesional". La misma idea, formulada de formas diversas, llevaba
tiempo corriendo entre los médicos que trabajan en la sanidad
pública madrileña. Pero si hasta hace unos meses se decía en
confianza, por lo bajo, entre colegas, ahora el rumor se ha
convertido en clamor. De ahí que esa frase esté ahora por escrito,
en un comunicado firmado por el pleno de la Mesa de Hospitales del
Colegio de Médicos.
Esta vocalía, que representa a los médicos de los
hospitales madrileños y es, junto con la de Primaria, la más
influyente, asegura en la denuncia que "quiere dejar constancia del
profundo malestar" que vive la profesión. Un malestar provocado,
según el texto, fechado el 21 de enero pasado, por "las actitudes de
arbitrariedad y autoritarismo que caracterizan la gestión sanitaria
de la Comunidad de Madrid".
El documento ilustra su denuncia con dos
ejemplos: el conflicto en el servicio de Traumatología del Ramón y
Cajal por la designación directa del jefe de servicio y el despido
de dos cirujanos vasculares del hospital de la Princesa "por causas
extraprofesionales". Y precisa que "no son hechos aislados, sino los
ejemplos más recientes de la forma habitual de actuar de nuestros
responsables sanitarios". Cuando se firmó el documento, el conflicto
en Traumatología estaba en pleno apogeo. Los médicos se rebelaron y
fueron a la huelga porque la consejería había colocado un nuevo jefe
de servicio en comisión de servicio, sin convocar una plaza que
llevaba casi dos años sin cubrir. Un par de días después la disputa
se solucionó. Sanidad convocó la plaza para que un tribunal valore
los méritos de los candidatos.
La Mesa de Hospitales alerta en el texto de que
la precariedad laboral de los médicos es "insoportable" y asegura
que casi la mitad son eventuales. "Su renovación depende más de su
docilidad que de su capacidad profesional", afirma. Y añade que en
los nombramientos de los puestos de responsabilidad, como el caso
del Ramón y Cajal, "predomina el amiguismo sobre la valía
profesional". El documento critica también la adjudicación de plazas
en los nuevos hospitales -al menos dos sentencias judiciales han
fallado hasta ahora contra Sanidad- y asegura que "se ha hecho sin
atender a criterios objetivos y con escasa transparencia".
El documento no ha pasado por la junta del
Colegio de Médicos, según confirma el vocal de Hospitales, Luis
Abreu. Oficialmente no lo ha respaldado, pero lo cierto es que está
colgado de la web oficial de la institución con el título: "El
ICOMEM recoge las razones del descontento de los médicos de la
sanidad pública madrileña". Bajo ese epígrafe se encuentra también
otro documento muy crítico con la consejería -los médicos
denunciaban el "deterioro" y la "mercantilización" de la sanidad-
firmado al alimón por las mesas de Hospitales y Primaria y un texto
del propio Colegio apoyando este último.
"Todo esto a nuestro juicio no puede continuar",
acaba el documento de la vocalía de Hospitales, que profetiza que
"si la política sanitaria sigue por estos derroteros se acabará con
el buen funcionamiento del sistema hospitalario público madrileño,
servicio ejemplar hasta la fecha, y de cuyo deterioro sólo serán
responsables nuestros políticos".
(www.elpais.com,
09/02/10)
13. SANIDAD. EL PLAZO PARA IMPUGNAR LA LEY DE
ÁREA ÚNICA ACABA
El Ministerio de Sanidad aún no ha concluido su
informe sobre las posibles "incompatibilidades" que, según anunció
la ministra, Trinidad Jiménez, podría presentar la Ley de Libre
Elección y de Área Única con otra norma de rango superior, la Ley
General de Sanidad. Si se confirman, sería el Ministerio de
Administración Territorial el que impugnaría la ley autonómica
presentando un recurso de inconstitucionalidad. El plazo acaba a
finales de febrero, pues es cuando se cumplen tres meses de su
publicación.
Los reparos del ministerio se centran en la
creación de un área única sanitaria -actualmente son 11- para los
más de seis millones de habitantes de la región. La Ley General de
Sanidad, que pese a las transferencias sigue siendo el marco que
obliga a todas las comunidades, establece que las áreas de salud se
delimitan teniendo en cuenta factores geográficos, socioeconómicos,
demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales, climatológicos
y de vías de acceso a las instalaciones. El artículo 56 asegura que
el área de salud "extenderá su acción a una población no inferior a
200.000 ni superior a 250.000 habitantes", con las excepciones de
Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
Jiménez aseguró que el área única "dificultaría
la propia gestión, organización y funcionamiento de los servicios
sanitarios". Algo de lo que llevan meses alertando los partidos de
la oposición, las sociedades científicas y los sindicatos. CC OO y
UGT se reunieron con la ministra para reiterarle su preocupación y
ella, que hasta ahora no se había pronunciado, anunció que su
servicio jurídico estudia la norma hace tiempo. De hecho, el
ministerio advirtió al Gobierno regional ya durante la tramitación
de que el texto podría contener elementos de ilegalidad.
El consejero de Sanidad, Juan José Güemes,
aseguró en declaraciones a la cadena SER que no le preocupa una
eventual impugnación porque el ministerio no tiene "razones
jurídicas". La viceconsejera, Ana Sánchez, insistió en la idea de
que la norma "no vulnera para nada la ley general" y añadió que hay
comunidades, como Andalucía, que aprobaron ocho áreas de salud, una
por provincia, en los años ochenta. "Y nadie lo ha recurrido",
afirmó. Los líderes de UGT y CC OO en Madrid, José Ricardo Martínez
y Javier López, respectivamente, insistieron en la "ilegalidad" de
la norma regional.
(www.elpais.com,
09/02/10)
14. SANIDAD. CAPIO TAMBIÉN GESTIONARÁ EL NUEVO
HOSPITAL DE MÓSTOLES
El segundo hospital de Móstoles, uno de los
cuatro prometidos por Esperanza Aguirre para esta legislatura, lo
construirá y gestionará la multinacional sueca Capio. La Consejería
de Sanidad le ha adjudicado provisionalmente el concurso público
para poner en marcha el centro, que tendrá 260 habitaciones
individuales y atenderá a unos 180.000 ciudadanos de Móstoles y
otras 17 localidades de su entorno. Con éste ya son tres los
hospitales de la red pública que controla la empresa (con la
Fundación Jiménez Díaz y el hospital de Valdemoro; entre los dos
suman 800 camas), además de los centros de especialidades de
Pontones y Quintana.
El nuevo hospital de Móstoles será de gestión
enteramente privada, siguiendo el modelo que inauguró en la región
el de Valdemoro. La empresa concesionaria presta tanto los servicios
no sanitarios (restauración, limpieza, atención al paciente...) como
los sanitarios, es decir, que médicos y enfermeras son asalariados
suyos y no de la Administración. Capio se presentó en un consorcio
formado por IDC (filial española del grupo sueco), Ghesa
(ingeniería) y Lener (despacho de abogados). Su oferta superó a la
del otro competidor, un consorcio liderado por Sanitas, que se
presentaba con las constructoras Dragados y Bovis.
La cápita (cantidad por paciente asignado) que
proponía Sanitas era más baja, pero Capio puntuó más en el apartado
de inversiones. Su plan de asistencia incluía las pruebas
radiológicas, que no figuraban en los pliegos de condiciones pero
que han podido suponer puntuación extra, según fuentes conocedoras
del concurso. Sanitas presentó una solicitud de subsanación de
errores después de que el pasado día 4 se abrieran las propuestas.
Mejoró su oferta en el capítulo de inversiones, según explicó una
portavoz de la empresa, pero la Mesa de Contratación no la estimó.
UGT criticó la adjudicación del hospital a Capio
por la "concentración de poder sanitario" que supone. "Nos preocupa
que la salud de 750.000 madrileños esté sujeta a la evolución de las
acciones de la multinacional en la Bolsa de Estocolmo y a
estrategias empresariales de su junta de accionistas", aseguró su
secretario de Políticas Sectoriales, Juan Luis Martín.
La Comunidad de Madrid prevé invertir 150
millones de euros en el hospital. La adjudicación definitiva se
realizará en marzo.
15. EDUCACIÓN. AGUIRRE CHOCA CON LA JUSTICIA
El Gobierno de Esperanza Aguirre acaba de recibir
la novena sentencia en contra de sus políticas educativas en el
plazo de un año. En la última, a la que ha tenido acceso este
periódico, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acepta
el recurso del Ayuntamiento de Parla contra el criterio de admisión
de alumnos en los colegios de la localidad establecido por la
consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Fígar.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM
anula la orden emitida por Fígar en marzo de 2008 que regulaba el
acceso de escolares en escuelas infantiles de la red pública y
concertada de la Comunidad de Madrid para el curso 2008-2009. El
tribunal toma esta decisión porque Educación no quiso contar con la
opinión del consistorio parleño, a pesar de que "resulta
indiscutible" que era necesario escuchar su criterio.
La norma impugnada le imponía al Ayuntamiento de
Parla obligaciones de admisión que iban en contra de su criterio
pero "no fue oído [...] pese a tener un interés directo en el
asunto".
La sentencia recoge las razones del consistorio
que entonces dirigía Tomás Gómez, actual líder de los socialistas
madrileños, para recurrir una norma que a su entender "segregaba" a
los alumnos en función de su extracción socioeconómica.
Con los baremos establecidos por la Consejería de
Educación "se conculca el derecho de libre elección del centro" que
tienen los padres, ya que obligaba a acudir a la escuela de
titularidad municipal que se encontrara más cercana al domicilio de
la familia, en lugar de otra de titularidad autonómica o concertada.
De este modo, según figura en la sentencia, se generaba "una
discriminación en el derecho de las familias".
La Comunidad de Madrid no incluía a los centros
de la red concertada en el programa informatizado de gestión de la
escolarización, dificultando el acceso de los padres a esos centros.
Esto, sumado a los baremos, provocó "perjuicios de carácter social"
y "gran confusión entre los ciudadanos".
Esta sentencia del TSJM se suma a otras ocho
anteriores que ha ido recibiendo en contra la Consejería de
Educación madrileña en los últimos meses. Estos fallos han corregido
desde la política salarial de los docentes de la red de colegios
concertados hasta la privatización injustificada del colegio Miguel
Ángel Blanco de El Álamo. Este último asunto motivó el jueves una
concentración sindical frente a la Asamblea de Madrid que demandaba
la dimisión de Lucía Fígar.
(www.publico.es,
06/02/10)
16. EDUCACIÓN. LOS RECTORES RECLAMAN A AGUIRRE
CASI 139 MILLONES EN NÓMINAS Y RECIBOS
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, y los rectores de las seis universidades públicas
se reunieron por la mañana para hablar de dinero. Las universidades
madrileñas reclaman desde hace tres años al Ejecutivo regional el
pago de una deuda que crece mes a mes. Más de 251 millones entre
gasto corriente e inversiones, según estimaciones de las
universidades. La Comunidad de Madrid no da cifras, a expensas de lo
que estime en las próximas semanas la Consejería de Economía y
Hacienda, que elaborará un calendario de pagos en las próximas
semanas.
La Comunidad se comprometió a empezar a pagar
este mismo año, pero sólo en lo que respecta a gasto corriente y
personal, es decir, nóminas y recibos atrasados de las seis
universidades públicas (Alcalá, Autónoma, Carlos III, Complutense,
Politécnica y Rey Juan Carlos). Los pagos se distribuirán durante
varios años. El motivo, según la consejera de Educación, Lucía
Figar, es que resulta "muy complicado en tiempos de crisis hacer
desembolsos de un día para otro de cantidades no recogidas en el
presupuesto".
El presidente de la Cruma (Conferencia de
Rectores de las Universidades Públicas Madrileñas), Carlos Berzosa,
estimó, tras la reunión con Aguirre, que la partida de gasto
corriente podría suponer "unos 60 millones" de deuda. La cifra se
dobla tras recabar datos de todas las implicadas. Las universidades
esperan casi 139 millones de euros (ver cuadro adjunto) en gasto
corriente, desde los casi 44 millones que reclama la Complutense a
los 11 que pide la Universidad de Alcalá.
Educación no ofreció ninguna estimación de cuánto
pagará. Esperará hasta que se pronuncie Economía. Pero de este
asunto ya han hablado, y no para darle la razón a los rectores.
Cuando las universidades públicas pusieron encima de la mesa la
deuda por el adelanto de pagas extraordinarias, Educación respondió
que la cifra no era real porque miden de forma diferente.
Los rectores, según la consejería, hacen una
interpretación distinta de la que aplica la Consejería de Hacienda a
todo el personal de la Comunidad de Madrid. El Estatuto Básico del
Empleado Público (2007) estableció un aumento en las pagas
extraordinarias, que incluirían retribuciones básicas y
complementos, con un aumento anual de un tercio de esa cantidad
desde 2007 que el Gobierno regional no reconoce. El primer paso ya
está dado. Los rectores reclaman desde hace meses un calendario de
pagos, del que esperan "un alivio económico" pero "no excesivo", a
juicio del presidente de los rectores.
Las universidades públicas comenzaron sus
protestas en 2008 tras unos primeros recortes que casi afectan a las
nóminas de los funcionarios. La última protesta conjunta fue el
pasado diciembre, cuando los rectores aprobaron un manifiesto
institucional contra la "asfixia económica" tras conocer que el
presupuesto de 2010, con 1,84 millones para universidades, suponía
una rebaja de casi el 4% respecto al año anterior.
(www.elpais.com,
09/02/10)
17. AGUIRRE RECORTA LA AYUDA A PROGRAMAS DE
IGUALDAD
A pesar de que su nombre choca con la misma idea
de igualdad, las Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de
la Caridad recibieron 12.218 euros de la Comunidad de Madrid en 2008
para desarrollar programas en favor de la igualdad entre hombres y
mujeres. Idéntica cantidad fue otorgada a las Apostólicas del
Corazón de Jesús, una asociación religiosa que aboga por la castidad
como un modo de "amar con ternura".
Aún no se sabe qué entidades son las agraciadas
en 2009 por la Consejería de Empleo y Mujer madrileña. Tal y como
denunció la portavoz socialista de Mujer en la Asamblea, Josefa
Pardo, las asociaciones beneficiadas sólo "saben que han sido
agraciadas con la ayuda por una llamada del Gobierno regional", y no
por la publicación de una lista definitiva en el boletín oficial de
la Comunidad de Madrid (BOCM).
Fuentes de la consejería aseguran que las
entidades elegidas ya recibieron una notificación por correo
certificado en el plazo establecido. También aclararon que el
listado completo se publicará en el BOCM en los próximos días, "a
pesar de que hay tiempo para hacerlo hasta el 23 de abril".
La consejería sostiene que no puede adelantar
hasta entonces el listado de subvencionadas, pero insiste en que los
495.000 euros de esta partida presupuestaria no se destinan a las
asociaciones, sino a los proyectos realizados en 2009. Así salía al
paso de las críticas del PSOE, que dice haber "detectado" que las
ayudas van a parar sobre todo a asociaciones católicas o "ligadas
directamente al PP".
Representantes de distintas asociaciones de
mujeres que no recibirán la ayuda este año añadieron tras el pleno
de la Asamblea que se enteraron de ello cuando telefonearon "por
propia iniciativa" a Empleo y Mujer.
Es el caso de Victoria García Espejo, presidenta
de la Asociación Solidaridad de Madres Solteras de Madrid. Ella
denunció la "falta de transparencia" a la hora de destinar los
recursos. "Llamamos a la Consejería y fue una funcionaria la que nos
dijo que nuestro proyecto estaba muy bien valorado pero que no había
dinero". Su asociación desarrolla desde 1988 un proyecto de ayuda a
las familias homomarentales que el próximo año no podrá ejecutar. La
consejera, Paloma Adrades, justificó el recorte por la "austeridad
necesaria" en las cuentas públicas por culpa de la crisis.
Susana Albarrán, representante del área de la
mujer de Radio Vallekas, recordó que las asociaciones adelantaron el
dinero para los proyectos. Su programa, premiado por la Dirección
General de la Mujer de Madrid en 2006, contaba con la subvención
para seguir desarrollando su trabajo. Venía recibiéndola desde hace
diez años.
(www.elpais.com,
12/01/10)
18. LA COMUNIDAD DE MADRID ELIMINA LAS AYUDAS
PARA LA PREVENCIÓN DEL SIDA
Varias asociaciones y ONG denunciaron este martes
que la Comunidad de Madrid les ha retirado las ayudas para la
prevención del VIH-Sida, medida que afecta a "los colectivos
vulnerables o en riesgo de exclusión social".
Las asociaciones afirmaron en un comunicado que
la directora general de Atención Primaria, Patricia Flores, "en una
actitud prepotente", comunicó en una reunión a las ONG que se
dedican a la prevención y asistencia a los colectivos vulnerables al
VIH/Sida que "la Comunidad de Madrid ha eliminado las partidas
presupuestarias para la prevención del VIH/sida desde el 1 de
septiembre de 2008 a través de las ONG de la Comunidad de Madrid".
En concreto, indicaron que la suma de las
subvenciones para 2009, presupuestadas y no resueltas para el
período comprendido entre el 1 de septiembre de 2008 y el 31 de
agosto de 2009, era de 648.000 euros.
Según apuntaron las asociaciones, esta decisión
elimina los fondos que ayudan a las ONG a llevar a cabo las
funciones que la propia Consejería "no asume siendo su obligación",
de manera que "pone en riesgo a la población de Madrid". Además,
concretaron que "la Comunidad de Madrid no ha realizado ninguna
actuación en prevención y atención en colectivos vulnerables".
"Madrid es la única comunidad autónoma que
elimina la prevención y asistencia al VIH/Sida", criticaron las
asociaciones, que apuntaron que la prevención y la asistencia a
través de las ONG estaba prevista, y que la Comunidad de Madrid se
había comprometido en el Plan Multisectorial frente a la infección
por VIH/sida España 2008-2012.
Los colectivos señalaron que en 2009 las ONG han
desarrollado a cargo de sus recursos y en espera de las
subvenciones, programas en coordinación con la Consejería de Sanidad
por indicación directa de los técnicos de la Consejería, siempre con
la inclusión de los logotipos de la Consejería en todo el material
gráfico y continando la labor que durante años desarrollan.
"Esta decisión supone una ruptura de muchos años
de atención a sectores de población altamente vulnerables y en
situación de Especial Riesgo, así como la desatención total a la
problemática de VIH/sida y los afectados por la infección", alegaron
las asociacones, que añadieron que la Comunidad no responde y que no
ofrece ningún recurso a donde derivar a los usuarios de los
programas que llevan a cabo las ONG. "Nos indica que enviemos a los
usuarios a los médicos de familia", concluyeron las asociaciones.
En la reunión de , lunes, con la Consejería de
Sanidad estuvieron presentes representantes de las asociaciones
Aculco, Apoyo Positivo, Apramp, Asociación Proyecto Hogar, Atiempo,
Cesida, Cogam, Colectivo Hetaira, Colectivo San Blas , Fantid,
FELGTB,Fundación Atenea,Fundación Triángulo,Grupo Fenix y Médicos
del Mundo.
(www.publico.es,
09/02/10)
19. EL DEFENSOR DEL MENOR INDAGA SOBRE LOS
MENORES INMIGRANTES EN LA CAM
El defensor del Menor de Madrid, Arturo Canalda,
aseguró que su departamento ha abierto una investigación de oficio
sobre el caso de 18 supuestos menores inmigrantes que están en la
calle al no asumir la Comunidad su tutela por dudar sobre la
autenticidad de sus documentos de identidad.
Así lo expuso Canalda tras asistir a la reunión
de la Comisión de Expertos que estudia propuestas para incluir en la
iniciativa que llevará a la Asamblea de Madrid para impulsar una
reforma de la Ley del Menor ante las lagunas que existen para tratar
casos de menores infractores de delitos muy graves.
«De la información aparecida en prensa nosotros
estamos analizando de oficio el asunto por si requiere de la
intervención del defensor del Menor», apuntó Canalda, quien indicó
que su departamento no ha recibido ninguna denuncia al respecto.
La Fundación Raíces hizo público la semana pasada
el caso de un chico camerunés que tuvo que abandonar el centro de
acogida al cuestionar el Instituto del Menor de la Comunidad de
Madrid la validez de su pasaporte expedido por la embajada de
Camerún. Tras llevar el caso a los tribunales, la Fiscalía de Madrid
acordó que regresara al centro. Esta misma semana, la asociación
trasladó el caso de 18 menores subsaharianos en situación similar a
los tribunales.
(www.elpais.com,
11/02/10)
20. IBERDROLA CORTA LA LUZ A UN EDIFICIO DEL
AYUNTAMIENTO POR UNA DEUDA MILLONARIA
A las 12 de la mañana de se fue la luz en las
dependencias municipales anexas a la Junta de Latina. Toda la
oficina a oscuras y fin de la jornada. Una treintena de funcionarios
se marcharon a casa y dejaron a medias lo que hacían. La anécdota ha
puesto al descubierto la guerra que Iberdrola y el Ayuntamiento
mantienen desde hace meses. La eléctrica reclama al Consistorio 12
millones de euros en atrasos y, como a cualquier vecino, ha empezado
a apretarle las tuercas con cortes de suministro. El Ayuntamiento
asegura que no piensa pagar hasta que vea con más claridad en las
facturas de dónde procede hasta el último euro.
Iberdrola es uno de los principales
suministradores de energía del Ayuntamiento. Concretamente abastece
con su electricidad a semáforos, alumbrado público y decenas de
dependencias municipales. Un buen follón si decide seguir adelante
con sus amenazas. Pero el Consistorio contraatacó al instante y el
concejal de Hacienda, Juan Bravo, bastante indignado, mandó una
carta al presidente de la compañía. "Muchas eléctricas tienen ahora
problemas de organización con el cambio de ley, y lo entiendo.
Pero la decisión que han tomado hoy es
inaceptable. No pagaremos hasta que no emitan las facturas con toda
la documentación necesaria. No es un problema de liquidez. Hay
dinero, estamos a principio de ejercicio. Con otras compañías no
tenemos ningún problema", proclama. tuvieron que marcharse 30
funcionarios de la Junta Municipal de Latina a casa. Pero si el
conflicto no se soluciona el próximo jueves -cuando el Ayuntamiento
y la compañía se han citado para hablar del asunto-, la situación
podría extenderse a muchas más oficinas municipales. Concretamente,
la compañía maneja una lista de 13 dependencias municipales más a
las que suministra energía. Y parece que Iberdrola no se va a
arrugar para cobrar la deuda.
El Ayuntamiento dejó de pagar las facturas a la
firma eléctrica en julio de 2009. En esa fecha, justo cuando entró
en vigor la nueva ley de las eléctricas, consideró que no estaba
claro de dónde procedía la cantidad que le reclamaba la compañía
eléctrica. "Muchas cifras no coinciden, no nos dan los números de
contratos ni los periodos de lectura de las facturas. No aparece
nunca la referencia que nos permite saber de qué contador se trata",
explica la directora general de Contratación del Ayuntamiento,
Carmen Matute. "Pero hemos tenido muchas reuniones en el mes de
enero y esperamos solucionarlo", insiste en tono más conciliador.
Cuando Iberdrola cortó la luz de las dependencias
municipales anexas a la Junta de Latina, el Ayuntamiento montó en
cólera y exigió que se devolviera el suministro. Y así lo hizo la
compañía. La advertencia ya estaba hecha. Pero el técnico encargado
del apagón ya llevaba en su libreta la dirección de 13 dependencias
municipales más entre las que estaba una escuela infantil.
"No parece que sea muy adecuada la forma de
actuar. Han mandado un correo a las once de la mañana. Decían que
como ha sido imposible que se den garantías de pago, nos avisan del
corte de 14 puntos", recuerda Matute sobre la situación vivida por
la mañana.
La compañía dice que ha actuado como con
cualquier otro cliente. "Sólo realizamos cortes de suministro a
servicios no esenciales. Tienen 60 días para pagar y luego otra
prórroga de gracia de 60 días más. Cuando dejan de pagar, reciben
hasta seis cartas advirtiéndoles de las deudas que han contraído y
de las consecuencias. Si no hay respuesta, cortamos el suministro",
explica un portavoz de la compañía. En la eléctrica están muy
extrañados de la reacción del Ayuntamiento, y recuerdan que llevan
más de 100 años facturando luz (medio millón de facturas diarias) y
que se cumple con todos los clientes la más estricta legalidad.
El Ayuntamiento dejó de pagar los recibos cuando
entró en vigor la nueva ley. Como la mayoría de grandes consumidores
de electricidad, el Consistorio vio altamente incrementada su
factura. El presupuesto de 2010 para consumo eléctrico subirá casi
el doble. De unos 45 millones, distribuidos en alumbrado, semáforos
y dependencias, se pasará este año a unos 82 millones de euros.
En cualquier caso, los 82 millones de euros que
la ciudad pagará este año de la factura de la luz (30,6 millones en
dependencias, 48 en alumbrado y 3,1 en semáforos), constituyen una
cifra descomunal que, además de entrar en litigios con las
compañías, quizá debería conducir al Ayuntamiento a replantearse la
política de ahorro energético.
(www.elpais.com,
10/02/10)
21. BOTELLA RECRUDECE LA GUERRA A LAS PINTADAS
CON MULTAS DE 3.000 EUROS
Una cosa está clara. Para la concejal de Medio
Ambiente del Ayuntamiento, Ana Botella, el graffiti no es un arte. Y
lo dejó bien claro. Presentó el Plan de Limpieza General 2010 y
anunció que la cuantía de las multas que actualmente reciben quienes
pintan en paredes y muros (artistas urbanos, para unos; gamberros
que ensucian la ciudad, según otros) aumentarán hasta cinco veces.
Es decir, se acabó la sanción de 300 euros que hasta ahora pagaban
los grafiteros cuando eran cogidos con las manos en la masa. La
nueva multa mínima será de 1.500 euros. Y la máxima pasa de 600 a
3.000. Es decir, cinco veces más que hasta ahora.
La Concejalía de Medio Ambiente justifica este
incremento con cifras. Según la edil, Madrid destinó entre enero y
septiembre de 2009 unos 12 millones de euros a limpiar los dos
millones de metros cuadrados de paredes que aparecieron pintadas en
la ciudad. La mayoría en el distrito Centro. El gasto casi se
multiplicó por dos respecto a 2008, y lo recaudado en multas e
indemnizaciones a los más de 120 sancionados en los dos años fueron
unos míseros 66.200 euros, según el Consistorio.
"Ahora, el que pinte en el casco histórico o
zonas protegidas pagará 3.000 euros, y para el resto, 1.500", matiza
una portavoz de Medio Ambiente. "Es la única forma que hay para
frenar este tipo de suciedad". En realidad, lo que se hace es
aplicar a rajatabla la normativa que ya existía. Desde julio de 2007
se podían imponer sanciones de 300 a 3.000 euros por pintar
graffitis (6.000 en caso de reincidencia), pero, en la práctica, las
multas se quedaban en 300 y 600 euros."¡Vaya con la Botella!", dice
César, un grafitero del sur de Madrid que ya sólo pinta si tiene
permiso del dueño de la pared. "¿A qué viene esto ahora?", se queja.
"Yo también he pintado por las calles", reconoce
Mark, otro madrileño de 32 años, "y entiendo de corazón a quien lo
hace. Aunque comprendo que hay gente que sólo hace gamberradas, y a
lo mejor la única solución para evitarlo son las multas".
Este dibujante, que ya sólo pinta por encargo o
en lugares en los que "no pueda molestar", cuenta que una vez estuvo
a punto de ingresar en prisión por pintar un bosque con setas en un
muro perdido. Entiende que haya gente a la que no le guste que haya
pintadas en las calles, "pero las multas que ponen son excesivas.
Parece que somos ladrones. Y no se dan cuenta de que criminalizan
también a gente decente que es cuidadosa con los sitios donde
dibuja".
Dani, otro grafitero del distrito de Hortaleza,
se queja de que el Ayuntamiento no da alternativas para que puedan
desarrollar su actividad. "Lo único que sucederá con el aumento de
las multas es que la gente pintará más rápido para que no les
pillen, y los dibujos persistirán, pero, claro, serán más feos",
opina.
(www.elpais.com,
11/02/10)
