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LAS OTRAS NOTICIAS + PPOPULARES DE LOS GENOVESES MADRILEÑOS

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ÍNDICE

1. AGUIRRE: "HEMOS TENIDO SUERTE DE DARLE UN PUESTO A IU Y QUITÁRSELO AL 'HIJOPUTA'"

2. LA CONVERSACIÓN 'PRIVADA'

3. RAJOY NO TOMARÁ MEDIDAS CONTRA AGUIRRE

4. COBO SOBRE EL INSULTO DE AGUIRRE: "¿QUÉ HABRÍA PASADO SI LO DIGO YO?"

5. AGUIRRE NO VE NORMAL QUE COBO REPITA EN LA LISTA ELECTORAL DEL PP

6. RAJOY SOBRE EL "HIJOPUTA" DE AGUIRRE: "SON LAS PEQUEÑAS COSAS DE LA VIDA"

7. SÁENZ DE SANTAMARÍA PIDE "TOMARSE CON NATURALIDAD" QUE AGUIRRE HABLE DE "HIJOPUTAS"

8. COBO: "SE MONTÓ UNA 'GESTAPILLO'. OJALA SEPAMOS QUIÉN LO HIZO"

9. LA LUCHA ENTRE AGUIRRE Y GALLARDÓN SE RECRUDECE EN LOS JUZGADOS

10. GONZÁLEZ PROMOVIÓ UNA OBRA ILEGAL QUE BENEFICIÓ AL SOCIO DE SU FAMILIA

11. AGUIRRE UTILIZA A PÍO MOA PARA ADOCTRINAR A LOS PROFESORES DE HISTORIA

12. AGUIRRE POLITIZA LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

13. LA COMUNIDAD CONCEDE 70.000 EUROS A UNA ASOCIACIÓN ANTICASTRISTA

14. GÜEMES ADMITE QUE ALGUNOS ESPECIALISTAS TIENEN LISTAS DE ESPERA LARGAS

15. UN EDIL DEL PP LLAMA "HIJO DE PUTA" A OTRO DE IU EN EL PLENO DE TORREJÓN

16. EL JUEZ IMPUTA A LA EX ALCALDESA DE PINTO, DEL PP, POR IRREGULARIDADES

17. LA PRESIDENTA PIERDE ARGUMENTOS

18. EL FISCAL PIDE NUEVE AÑOS DE CÁRCEL PARA EL ESCOLTA DE TAMAYO Y SÁEZ


1. AGUIRRE: "HEMOS TENIDO SUERTE DE DARLE UN PUESTO A IU Y QUITÁRSELO AL 'HIJOPUTA'"

Los micrófonos le han jugado una mala pasada a Esperanza Aguirre. "Yo creo que hemos tenido una inmensa suerte de poder darle un puesto a IU quitándoselo al hijo de puta".

Esta es la frase que han cazado los micrófonos de la Cadena Ser, en la que el contexto da la clave del personaje al que se refiere y que evidencia la pugna tácita que ha mantenido en los últimos meses con Gallardón por hacerse con el control de Caja Madrid. Un comentario que parece tener una víctima clara, aunque el entorno de Aguirre no ha tardado en asegurar que no se refería al alcalde madrileño.

La lideresa charlaba sobre Caja Madrid en una conversación con su vicepresidente, Ignacio González, entre otras personas. Se encontraba en un acto celebrado en el Camino de Santiago y el ambiente era aparentemente distendido. Aguirre no percibió que un micrófono cercano dejaba oír a los periodistas un diálogo de casi cinco minutos con su mano derecha.

Lo que aparentemente parecía iba ser un acto rutinario, se ha convertido a la postre en toda una revelación, ya que la rajada muestra las entrañas de una disputa que el Partido Popular se ha empeñado en ocultar.  Sin ir más lejos, el nuevo presidente de la entidad Rodrigo Rato, aseguró que "el PP nunca estuvo en guerra por el control de Caja Madrid".

Horas después de que Aguirre fuera pillada en este renuncio, en el entorno de la presidenta aseguraban a Público.es que ésta, en ningún momento, se refirió a Gallardón, sino a un consejero cuyo nombre no se acordaba, en alusión a Fernando Serrano. Además, restan importancia a la conversación porque se desarrolló en un contexto privado. 

La pelea entre Aguirre y Gallardón llega a uno de sus momentos más álgidos en el momento en el que se negocian los consejeros de la Comisión de Control. Entre los dos que podían renovar, se encontraban Rubén Cruz, de IU, y Fernando Serrao, cercano a Gallardón. Al final renovó el de IU.

Pero la conversación continúa. La presidenta interroga a su 'número dos' sobre las modificaciones en los órganos de Caja Madrid aprobados y le confesaba que cierta información le había dejado "de una pieza".

Aguirre pregunta a González a quién tienen dentro de la entidad. "¿Este ha nombrado a la Comisión Ejecutiva en la que estaba Mercedes? Se la ha renovado, claro, seguro, no ha protestado", afirma Aguirre, para continuar: "Ha tenido que meter al PSOE por algún lado habrá quitado... a Estanis, ¿no? A Estanis lo ha quitado para poner a éste", dice respecto a José Manuel Fernández Norniella, que ocupa el cargo de vicepresidente en lugar de Estanislao Rodríguez Ponga.

"Mucha gente se quejaba de que Estanis no se ocupaba...", considera la presidenta. "Ni siquiera aspira a vicepresidente", le informa González, algo que ella valora: "A-co-jo-nan-te". En un momento dado, Aguirre interroga a González: "O sea que, nosotros, ¿qué arma tenemos?". "¿En la caja?", le replica su interlocutor. "Contra él", le responde ella.

Así, el vicepresidente le explica que "ellos van a presentar lo de la ley y luego harán cualquier cosa con los consejeros", una frase a la que responde Aguirre: "Pues yo creo que serán indubitados, espero, porque no hemos nombrado más que a Carmen (se ríe). 

(www.publico.es, 30/01/10)

2. LA CONVERSACIÓN 'PRIVADA'

Esperanza Aguirre.- ¿Éste ha nombrado a la Comisión Ejecutiva en la que estaba Mercedes [Rojo]? Se la ha renovado, claro, seguro, no ha protestado. Ha tenido que meter al PSOE por algún lado, habrá quitado... a Estanis [Estanislao Rodríguez Ponga], ¿no? A Estanis lo ha quitado para poner a éste [José Manuel Fernández Norniella]. Mucha gente se quejaba de que Estanis no se ocupaba...

Ignacio González.- Ni siquiera aspira a vicepresidente.

E. A.- A-co-jo-nan-te. O sea que, nosotros, ¿qué arma tenemos?

I. G.- ¿En la Caja?

E. A.- Contra él.

I. G.- Arturo Fernández, Javier López Madrid [ambos de CEIM], Carmen Cafranga y Mercedes. Y alguien de IU. Ellos van a presentar lo de la ley y luego harán cualquier cosa con los consejeros.

E. A.- Pues yo creo que serán indubitados, espero, porque no hemos nombrado más que a Carmen [se ríe], Javier López Madrid, Arturo y Mercedes. Yo creo que nosotros hemos tenido la inmensa suerte de poderle dar un puesto a Izquierda Unida quitándoselo al 'hijoputa', ¿eh?

(www.elmundo.es, 30/01/10)

3. RAJOY NO TOMARÁ MEDIDAS CONTRA AGUIRRE

Las opiniones de Cobo, sin embargo, se plasmaron de manera consciente en un medio de comunicación, concretamente en el diario El País. Es la diferencia fundamental a la que se refieren todas las fuentes consultadas en la calle Génova para concluir que no habrá ningún tipo de sanción contra la presidenta madrileña.

El equipo de Rajoy quiere zanjar la cuestión y acaba de proponer una sanción para Cobo pero con la intención de que ese tiempo de sanción se vea reducido notablemente cuando el vicealcalde madrileño presente su recurso.

Ahora la gran pregunta es si Cobo incluirá en su recurso referencias a lo dicho por Aguirre ante ese micrófono indiscreto. De hacerlo, en el PP, seguiría viva una polémica que Rajoy quiere zanjada por todos los medios.

La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre ha presentado ya sus disculpas "a quien se haya podido considerar aludido" ha señalado la consejera de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, Paloma Adrados. Se trata del primer miembro del Gobierno de Aguirre que habla de forma pública sobre las polémicas declaraciones vertidas por la presidenta madrileña el pasado viernes.

Adrados ha informado de que la presidenta "ha presentado sus excusas a quien se haya podido considerar aludido" por el comentario" y ha subrayado que "hay que distinguir muy claramente lo que es una declaración pública de una conversación privada ya que es evidente que ambas cosas no tienen absolutamente nada que ver".

(www.cadenaser.com, 31/01/10)

4. COBO SOBRE EL INSULTO DE AGUIRRE: "¿QUÉ HABRÍA PASADO SI LO DIGO YO?"

El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, se preguntó qué habría pasado si es él en lugar de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, el que se hubiese alegrado de darle a IU un puesto en Caja Madrid y quitárselo "a un hijoputa", según soltó Aguirre el pasado viernes en una conversación captada por un micrófono abierto.

Cobo subrayó que no es a él a quien corresponde hablar de posibles sanciones para Aguirre e insistió en que "todos los militantes deben estar a las órdenes de la legítima autoridad de nuestro partido".

Durante el recibimiento en el aeropuerto de Barajas a un equipo del Samur desplazado a Haití, Cobo, número dos del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, declinó valorar el insulto de Esperanza Aguirre. No obstante, comentó: "Lo dije y lo vuelvo a decir. Hay determinadas actitudes que ponen obstáculos pero no van a impedir que Mariano Rajoy sea presidente del Gobierno y, por tanto, todos los militantes del Partido Popular debemos estar a lo que nos diga el partido", señaló.

También se preguntó por las consecuencias que hubieran tenido esas palabras en caso de que hubieran sido pronunciadas por él mismo o -señaló- "por Alberto Ruiz-Gallardón".

(www.elpais.com, 31/01/10)

5. AGUIRRE NO VE NORMAL QUE COBO REPITA EN LA LISTA ELECTORAL DEL PP

Lejos de intentar rebajar el tono del enfrentamiento, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, alimenta la polémica que mantiene con Alberto Ruiz Gallardón, el alcalde Madrid.  Aguirre no ve normal que el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, mano derecha de Gallardón, vuelva a figurar en la candidatura del PP a las elecciones municipales después de sus declaraciones contra ella, "que claramente atentan contra un artículo de los estatutos del PP".

En una entrevista que publica hoy el diario de Pedro J., la presidenta madrileña contesta con un "no" a la pregunta de si le parecía normal la presencia de Cobo en la candidatura para las municipales de mayo de 2011, aunque añade que aún "falta mucho tiempo" y precisa en la siguiente respuesta que "las listas las hace el Comité Electoral". "Serán ellos quienes lo valoren. La Presidencia es un órgano del partido y el Comité Electoral, otro. Es evidente que alguna relación tengo con sus miembros -admite-. Pero ellos deciden, no yo".

Insiste además en que sus palabras ante un micrófono abierto -"creo que nosotros hemos tenido la inmensa suerte de poderle dar un puesto a IU quitándoselo al hijo puta"- "desde luego" no se referían al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Reitera Aguirre que "todo el mundo sabe que ninguna conversación privada resiste una transcripción literal" y puntualiza que "el fondo del asunto es que el pacto de estabilidad de la caja llevaba consigo mantener el peso que tenía IU".

Sobre lo dicho por Cobo este fin de semana, cuando se preguntaba qué hubiera pasado si él hubiera hecho esas declaraciones, contesta: "Eso no eran declaraciones, era una conversación privada y ya he pedido disculpas". En la entrevista, en la que no quiere profundizar en nada relativo a la sanción a Cobo por sus críticas hacia ella, Aguirre asegura que con Ruiz-Gallardón siempre ha convivido y seguirán haciéndolo, aunque no están "ideológicamente en el mismo sitio" porque discrepan "en muchos asuntos".

"Yo soy partidaria de bajar los impuestos y él de subirlos. Él es intervencionista y yo no. Pero discrepar no es malo. Ambos estamos en el mismo partido y en las cosas importantes estamos de acuerdo", afirma.

También es preguntada varias veces por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, hasta que zanja el tema con un "no voy a hacer ninguna declaración que me enfrente a Cospedal".

Esperanza Aguirre se declara "clarísimamente partidaria de la energía nuclear", cree "una contradicción inmensa" que una ley obligue a expulsar a los inmigrantes en situación irregular y otra a empadronarles, dice estar "a favor de la cadena perpetua revisable", piensa que hay que modificar la Ley del Menor y entiende que la jubilación a los 67 años "es una operación de distracción para desviar el debate" de la crisis económica.

También considera "importante" que se vuelva a plantear "el asunto de las autonomías a la luz de los 32 años de Constitución".

(www.publico.es, 01/02/10)

6. RAJOY SOBRE EL "HIJOPUTA" DE AGUIRRE: "SON LAS PEQUEÑAS COSAS DE LA VIDA"

Mariano Rajoy no quiere complicarse la vida. Para el líder del Partido Popular "lo esencial" en la batalla por la presidencia de Caja Madrid es que Rodrigo Rato es ya su responsable. ¿Y lo demás? "Lo demás son las pequeñas cosas de la vida", ha sido el único comentario que el líder de los conservadores ha realizado en relación al "hijoputa" proferido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

En una entrevista con Onda Cero, Rajoy eludió cualquier conflicto ya que en relación al presunto insulto de Aguirre contra Gallardón o un ex consejero afín al alcalde de Madrid, sólo tuvo palabras de elogio para Rato, recién nombrado presidente de Caja Madrid. 

Rato, vicepresidente económico "en una etapa en la que a España le fue muy bien" y luego gerente del FMI, es ahora el presidente de la cuarta entidad financiera de España. Una elección que, según ha recordado, "nadie ha discutido" y que, precisamente por esta razón, pone de relieve que "aquellos a los que parecía bien que Rato fuera presidente de Caja Madrid" acertaron.

Así, después del insulto pronunciado por Aguirre el pasado viernes que captaron los micrófonos de la cadena SER, se le preguntó si él dice palabras malsonantes en privado y respondió: "Hay gente que nunca se equivoca, que no tiene nada de lo que arrepentirse, que no ha pecado en su vida y que es la quinta esencia de todas las virtudes. Hay muchos, yo no".

Preguntado también por la defensa en el caso Gürtel de Luis Bárcenas, que, según se ha publicado, estaría pagando el PP, Rajoy ha señalado que a su formación le pareció "razonable" costear el trabajo de su abogado porque el ex tesorero y gerente ha sido y es "funcionario del partido". En este sentido, ha afirmado que cree que no hace lo mismo el PP con otros imputados.

La renuncia al escaño de Manuel Pizarro ha sido otro asunto a tratar, y sobre ello el líder de los populares ha avanzado que el ya ex diputado seguirá colaborando con la dirección nacional, especialmente en la redacción de programas y de análisis. "El tema con Pizarro está muy bien", ha sentenciado Rajoy.

Respecto a la ampliación de la edad de jubilación, el presidente del PP ha recalcado que ahora no es prioridad de la economía española, como sí lo son, a su juicio, la lucha contra el paro y una bajada "selectiva" de los impuestos a las pymes y a los autónomos.

Por último, Rajoy confesó que tiene "voluntad" de ser el candidato de su partido a la presidencia del Gobierno. "Aspiro a ser el presidente de mi país y creo que las cosas francamente se pueden hacer infinitamente mejor a como se han hecho estos seis años", resaltó.

En cuanto al debate abierto acerca de si José Luis Rodríguez Zapatero repetirá como candidato del PSOE para el 2012, indicó que se ha quedado "estupefacto" ante el hecho de que haya personas que echen "la culpa" de esta "polémica" al Partido Popular y agregó que la decisión corresponde a los socialistas. "Pero sí que sé que Zapatero no es un bien presidente del Gobierno", afirmó.

También se refirió a la labor de oposición y subrayó que es "opinable", dado que hay quien la califica "perfil bajo" y otros de "durísima". A su entender, han mantenido una oposición "muy dura en todos los debates económicos" y puso como ejemplo el debate de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que le enfrentó con la vicepresidenta Elena Salgado el pasado mes de octubre.

(www.publico.es, 02/02/10)

7. SÁENZ DE SANTAMARÍA PIDE "TOMARSE CON NATURALIDAD" QUE AGUIRRE HABLE DE "HIJOPUTAS"

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha instado a "tomarse con naturalidad" las palabras de la lideresa del PP, Esperanza Aguirre, en las que —por un micrófono abierto— se jactaba de que IU esté en el Consejo de Administración de Caja Madrid a costa de quitarle el puesto "al hijoputa".

En cuanto a las declaraciones de Aguirre en una entrevista, donde dice que ideológicamente ella y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, no están en el mismo sitio, ha afirmado que es normal que haya diferentes maneras de abordar las cosas en un partido con 700.000 militantes; eso sí, ha añadido, dentro de un discurso único.

Sáenz de Santamaría ha cargado contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con quien el país "está perdiendo el tiempo porque su proyecto político está agotado".

En declaraciones a Antena 3, Sáenz de Santamaría ha añadido que cuanto más tiempo siga en el Gobierno el actual presidente "la debacle económica será mucho mayor". "Empezaremos a recuperar empleo cuando Zapatero pierda el suyo y haya liderazgo de verdad en La Moncloa", ha apostillado.

La portavoz del PP ha criticado la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de pensiones y se ha referido a las declaraciones del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, para quien las cuentas de la Seguridad Social gozan de una salud de hierro.

"A quien tiene una salud de hierro desde luego no se le extirpa un riñón, que es lo que pretende hacer ahora el Gobierno", ha afirmado Sáenz de Santamaría.

A su juicio, en el "pensionazo" está el ejemplo más claro del modus operandi del Gobierno, que "improvisa" medidas y una "reforma de esta magnitud" sin pensarla, en lugar de poner sobre la mesa una propuesta y someterla al debate del Pacto de Toledo.

"Así no se hace una reforma de las pensiones", ha opinado la portavoz del PP, para quien lo primero que debería hacer el Ejecutivo es pagar los 8.000 millones de euros que desde 2008 debe del fondo de reserva de las pensiones.

Sobre el abandono del escaño del diputado del PP Manuel Pizarro, la portavoz parlamentaria ha afirmado que ha aprendido mucho de él durante este tiempo de legislatura y ha asegurado que ha sido un "lujo" contar con su experiencia y asesoramiento, que ha agradecido.

Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores De Cospedal, ha asegurado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ya ha "pedido perdón" por sus palabras sobre Caja Madrid captadas por un micrófono abierto y destacó que esa conversación fue grabada "más allá del ámbito de la intimidad". "Seguramente es una manera de hablar fuera de tono y pido disculpas, si quiere preguntar usted si me refería al alcalde, le digo que no", afirmó Aguirre en la Cope.

No obstante, De Cospedal ha eludido precisar si a la presidenta madrileña se le abrirá un expediente informativo, si bien todo apunta que en el PP no se cursará, aunque si tal proceso se pone en curso, será porque así lo han decidido los órganos competentes.

De Cospedal se ha manifestado también sobre el cruce de comentarios que en las últimas fechas han efectuado la presidenta y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, por la propuesta de sanción que el PP ha dirigido a éste último.

(www.publico.es, 01/02/10)

8. COBO: "SE MONTÓ UNA 'GESTAPILLO'. OJALA SEPAMOS QUIÉN LO HIZO"

Sin apenas descanso tras la suspensión de militancia impuesta por la dirección del PP al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, por sus críticas a Esperanza a Aguirre en una entrevista en EL PAÍS, el número dos del alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, ha prestado hoy declaración como testigo ante la juez que investiga el caso del espionaje que saltó hace un año.

A la salida del tribunal, Cobo ha asegurado que en Madrid "se montó una gestapillo" y ha rematado: "Ojala sepamos quién lo hizo". El vicealcalde de Madrid ha declarado ante la juez durante 40 minutos para tratar de confirmar las coincidencias entre su propia agenda y los posicionamientos de los supuestos espías a sueldo de la Comunidad de Madrid, gobernada por su propio partido, obtenidos gracias a los teléfonos móviles que utilizaban.

De acuerdo con la acusación, los agentes que trabajaban para la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior (a cargo del además secretario regional del partido, Francisco Granados), espiaron a Cobo además de al ex consejero de Interior de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada en plena guerra interna por el poder en el Partido Popular en 2008.

Cobo ha recordado tras testificar que "desde el primer momento condené los seguimientos que me hicieron a mí, a [Alfredo] Prada y a Ignacio González y lo seguiré haciendo". Ambos dirigentes son afines al líder del partido Mariano Rajoy. Prada fue destituido por Aguirre tras producirse los seguimientos, mientras que la presidenta regional mantiene con el Ayuntamiento de Madrid un interminable rifirrafe que volvió a resurgir la semana pasada cuando descalificó a Gallardón al referirse a la pugna por Caja Madrid y al reparto de consejeros.

Hace unas semanas la juez recibió una prueba que puede resultar determinante en la investigación, al remitir Telefónica los listados sobre el posicionamiento en abril de 2008 de los móviles de ocho agentes supuestamente implicados en los espionajes. Los rastros de los teléfonos demuestran que los ex guardias civiles y ex policías, todos asesores del consejero de Interior, Francisco Granados, y del jefe del equipo de espías, Sergio Gamón, controlaron muy de cerca los pasos que daban Cobo y Prada.

La fiscalía va a solicitar además que se impute a José Manuel Pinto, el agente encargado de elaborar los partes de seguimiento. Dos peritos que han participado en destacadas investigaciones de la Audiencia Nacional acreditaron tras un análisis grafológico hace un año para EL PAÍS que Pinto fue el autor de las anotaciones referidas a Cobo y Prada.

(www.elpais.com, 01/02/10)

9. LA LUCHA ENTRE AGUIRRE Y GALLARDÓN SE RECRUDECE EN LOS JUZGADOS

Mariano Rajoy está empeñadísimo en tapar la tensa situación que se vive en el PP madrileño. Pero no hay manera: cuando aún escuecen las palabras que Esperanza Aguirre pronunció (sin saber que estaba siendo grabada) sobre sus tejemanejes en Caja Madrid –que actualmente dirige Rodrigo Rato–, vuelve a resurgir con fuerza el escándalo del espionaje supuestamente vinculado al Gobierno aguirrista. Y es que fue a declarar ante los tribunales Manuel Cobo, número dos del alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón. Lo hizo en calidad de testigo, aunque lo relevante es que se considera uno de los espiados por lo que él mismo ha venido en llamar la "gestapillo". "Yo dije que se montó una gestapillo. Y ojalá se sepa quién lo hizo en este procedimiento", declaró Cobo al término de su declaración ante la jueza Carmen Valcárcel.

Cobo nunca ha ocultado que ve creíbles las informaciones difundidas, hace meses, por el diario El País, que apuntaban a que un equipo de expolicías contratados por la Consejería de Interior en Madrid se dedicaron, entre otras cosas, a espiarle a él y a otros políticos populares como el exconsejero Alfredo Prada, hombre afín a Mariano Rajoy. ratificó esta tesis en un juzgado madrileño.

Así, Cobo confirmó ante la jueza Valcárcel que vio publicados unos hipotéticos partes de seguimientos realizados a su persona por terceros y que, para comprobar si eran creíbles, cotejó con su propia agenda el contenido de los mismos (que describían sus movimientos y actividades cotidianas en los días 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 11 de abril del 2008). "Efectivamente, en todos los días hay coincidencias", admitió el vicealcalde, por lo que sentenció que, a su entender, es "verosímil y creíble" la tesis de que ha sido víctima de espionaje.

En lo que no quiso entrar es en los motivos que pudieron tener, para seguirle a él y a otros políticos, un grupo de expolicías contratados por el Gobierno de Aguirre. Eso sí, Cobo rechazó la teoría de que estuvieran haciendo labores de contravigilancia, como sostienen los investigados.

"En este mundo, puede haber ocasiones en las que determinadas personas quieran o pretendan tener instrumentos o información sobre determinadas personas (...)", añadió el número dos de Gallardón. La mayor parte de los seguimientos denunciados se produjeron antes de que se celebrara el Congreso de Valencia, en el que resultó reelegido Rajoy.

(www.elperiodico.com, 03/02/10)

10. GONZÁLEZ PROMOVIÓ UNA OBRA ILEGAL QUE BENEFICIÓ AL SOCIO DE SU FAMILIA

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la decisión del Gobierno de Esperanza Aguirre de construir un campo de golf y varias pistas de pádel sin licencia municipal y con el argumento de que se trataba de una obra de "excepcional interés general". La sentencia pone en la picota al vicepresidente Ignacio González, hombre de la máxima confianza de Aguirre, que primero impulsó la construcción de la instalación deportiva y luego se la adjudicó a un socio de su familia.

El Gobierno de Aguirre decidió, en octubre de 2006, modificar el proyecto de crear un parque público en un solar propiedad del Canal de Isabel II para incluir un campo de golf. El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Alberto Ruiz-Gallardón, le negó la licencia municipal y la Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural (CIPHAN) también puso reparos.

Para evitar la ilegalidad urbanística de su proyecto, Aguirre decidió recurrir a una norma que permite a la Comunidad promover una obra sin licencia municipal en casos "urgentes o de excepcional interés público".

La Asociación de Vecinos El Organillo de Chamberí acudió a los tribunales y ahora, casi tres años después de que el campo de golf fuera inaugurado, el TSJM anula por ilegal la decisión del Gobierno autonómico. El tribunal considera "notoriamente insuficiente" el único y escueto argumento utilizado por Aguirre para justificar el "excepcional interés general" de la obra: que pretendía fomentar deportes "con numerosos aficionados en la Comunidad de Madrid, como son el pádel y el golf".

Una portavoz oficial del Gobierno madrileño se negó a valorar la sentencia del TSJM. "Nos hemos enterado por la prensa y los servicios jurídicos están estudiando el fallo para decidir si se presenta recurso", indicó.

Tanto Izquierda Unida como las dos asociaciones vecinales de Chamberí que se han opuesto a las instalaciones deportivas pidieron que se desmonte el campo de golf y se instale el parque público que el PP prometió cuando el presidente autonómico era Gallardón. IU recuerda además que la construcción del campo de golf ha estado rodeada de diversos escándalos, en una clara alusión a Ignacio González.

El número dos de Aguirre es el presidente del Canal de Isabel II, que adjudicó la instalación deportiva. Un cuñado de González, José Juan Caballero, fue uno de los promotores del proyecto del campo de golf, según se desveló el 6 de febrero de 2009. Y diversas empresas relacionadas con familiares del vicepresidente se quedaron con varias subcontratas de la obra, que tuvo un presupuesto de 3,5 millones de euros.

La construcción del campo de golf se terminó justo antes de las elecciones autonómicas de 2007 y la explotación de las instalaciones deportivas se la concedió el Canal a un consorcio formado por tres empresas. Una de ellas, denominada Tecnoconcret, era propiedad de un socio del hermano y del cuñado de González. El vicepresidente no se abstuvo en el consejo de administración del Canal que aprobó la adjudicación y ocultó al resto de consejeros la vinculación que su familia tenía con el dueño de Tecnoconcret. Esta empresa no tenía ninguna experiencia en el sector y había sido constituida pocos meses antes.

En enero de 2008, Tecnoconcret vendió sus acciones en el consorcio por un precio declarado de 30.000 euros, cuando sólo había puesto 3.600 como capital inicial. Es decir, obtuvo en menos de un año una plusvalía del 833%. González nunca ha explicado por qué adjudicó la explotación del campo de golf a una empresa sin experiencia en el sector y que un año después vendió sus acciones.

Pocos meses más tarde, en noviembre de 2008, Tecnoconcret amplió su accionariado para dar entrada a Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del vicepresidente. Entre ambos pasaron a controlar la mayoría absoluta del capital de la empresa.

La sospechosa adjudicación del campo de golf del Canal por parte de Ignacio González se explicaba con detalle en un amplio dossier, de 69 páginas, que llegó a la dirección del PP. Pero el equipo de Mariano Rajoy decidió no investigar el asunto. En enero de 2009, cuando saltó el escándalo del espionaje en la Comunidad de Madrid, este diario logró una copia del dossier e informó sobre su contenido.

El vicepresidente denunció en los tribunales la realización de ese dossier, que no sólo informaba de sus adjudicaciones sospechosas, sino que también aportaba amplia información sobre las propiedades de González y de sus familiares. El juez todavía no ha localizado a los autores del informe. El vicepresidente madrileño siempre ha negado la existencia de irregularidades en su gestión.

(www.publico.es, 02/02/10)

11. AGUIRRE UTILIZA A PÍO MOA PARA ADOCTRINAR A LOS PROFESORES DE HISTORIA

Pío Moa, ex miembro fundador de los GRAPO (grupo terrorista de extrema izquierda que perpetró 26 asesinatos en la transición) reconvertido en historiador de cabecera de la extrema derecha, es uno de los profesores que dará un curso dirigido a los profesores de Enseñanza Secundaria de Geografía e Historia, Arte y Ciencias Sociales. El curso, que lleva por título "Cuestiones sobre la España de 1931 a 1939", está promovido por la Comunidad de Madrid.

De este modo, Moa, que ha llegado a realizar afirmaciones del tipo "Franco no liquidó a los rojos, los escarmentó", "aquellos que hoy defienden la Ley de la Memoria Histórica se identifican con los criminales","Franco dejó un país próspero y modernizado", "Franco es el político de mayor envergadura en la España de los dos últimos siglos", o "El PSOE tiene un extraordinario historial de terrorismo", será el encargado de aleccionar a 40 profesores de secundaria sobre cuestiones como "Azaña y la naturaleza de la Segunda República de España" o "Los mitos de la Guerra Civil".


El curso, destinado a 40 profesores, está promovido por la Comunidad de Madrid y se realizará en el Instituto Lope de Vega (situado en la Calle San Bernardo), los días 8, 10, 15, 17, 22, 24 de febrero y 1 de marzo de 2010. En total, los profesores de secundaria deberán asistir a clase 29 horas y realizar una breve reseña de los temas tratados y elaborar una propuesta didáctica relacionada con el franquismo o la Guerra Civil. A cambio, recibirán 2 créditos de Formación Permanente del Profesorado.

Además de Pío Moa, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha designado como ponentes de este polémico curso a:

- José Alfonso Hernández Úbeda: profesor de Educación Secundaria y autor de varios libros sobre Historia española.


- José María Marco: colaborador de Libertad Digital y y FAES. Trabaja como profesor de Traducción, Lengua y Cultura Española en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.


- Ángel David Martín Rubio: sacerdote. Profesor de Historia de la Iglesia del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Virgen de Guadalupe y del Instituto Teológico San Pedro de Alcántara del Seminario de la Diócesis de Coria Cáceres. Es colaborador del Diario Ya y una de sus obras más populares es Los mitos de la represión en la guerra civil.


- Fernando María Puell de la Villa: Este historiador, ex político y militar imparte clases de Historia Militar, en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.


- Jorge Vilches: es colaborador de la Fundación FAES y de Libertad Digital. Imparte clase de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid, y lo ha sido de Historia en la Universidad San Pablo-CEU.


- Gabriel Tortella: es catedrático de Historia Económica en la Universidad de Alcalá. En noviembre de 2006 publicó en el diario El País un artículo muy revelador titulado "¿Demasiada democracia?". En alguna entrevista se ha confesado "republicano de izquierdas", pero cree que no debe hacerse revanchismo con la Guerra Civil.


El Gobierno de Esperanza Aguirre ha decidido que los contenidos que deberán impartir los profesores del sospechoso curso, cuyo máximo responsable en Antonio Martínez Mensilla, serán los siguientes:


- Una propuesta didáctica sobre la España de 1931-1939.

- Azaña y la naturaleza de la Segunda República de España.

- Clericalismo y anticlericalismo.

- Los mitos de la Guerra Civil.

- Desarrollo militar de la Guerra Civil.

- La prensa durante la Segunda República y la Guerra Civil.

- La economía española entre la Paz y la Guerra Civil.

(www.elplural.com, 03/02/10)

12. AGUIRRE POLITIZA LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

El Gobierno de Esperanza Aguirre tiene previsto nombrar hoy como nuevo director de la Agencia de Protección de Datos regional a Santiago Abascal, de 33 años, hasta ahora presidente de la Asociación para la Defensa de la Nación Española (DANAES), según fuentes populares y del Gobierno regional. Abascal cuenta además con un largo currículo en el PP vasco, donde ha sido concejal de Llodio, procurador de las Juntas Generales de Álava, diputado regional, presidente de Nuevas Generaciones y miembro de la Ejecutiva regional del PP vasco hasta 2005. La decisión ha causado bastante malestar entre la oposición y los sindicatos, que todavía no tienen constancia oficial del nombramiento.

Su designación pondrá fin al mandato de ocho años del anterior director, Antonio Troncoso, que ahora volverá al mundo de la universidad para tratar de obtener una cátedra en Derecho Constitucional. Un hombre que fue elegido por unanimidad y que ha realizado una labor independiente, revisando, cuando ha hecho falta, decisiones y actitudes que podían ir en contra del propio Gobierno de la Comunidad o del Ayuntamiento de Madrid.

Sin embargo, con esta vinculación al PP, el futuro director de la agencia tendrá más complicado ejercer su cargo de la misma forma. Y es que el director de la Agencia de Protección de Datos está obligado a ejercer el cargo con "plena independencia y objetividad", según el artículo 16.2 de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid. Además, no debe "estar sujeto a mandato imperativo o instrucción alguna en el desempeño" de sus funciones.

Otro de los factores que esgrimen los detractores del posible nuevo director de la agencia es que la asociación que ha presidido hasta ahora recibe cada año subvenciones de la Comunidad de Madrid. En los presupuestos de 2010 figuran 57.375 euros a cargo de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. En 2009 se consignaron 90.000 euros y, en 2008 fueron 100.000 euros para la organización conservadora que preside Abascal, según las cuentas regionales.

De confirmarse la designación, Abascal, muy cercano a María San Gil, será un nuevo caso de político del PP poco afín a las tesis de Mariano Rajoy al que Esperanza Aguirre da cobijo en la Comunidad de Madrid.

El nombramiento está previsto que se produzca en la reunión de la comisión ejecutiva de la Agencia de Protección de Datos, que comenzará a las diez de la mañana y tiene esta decisión como punto único del orden del día. Sin embargo, la sustitución del anterior director, Antonio Troncoso, a quien se le termina el mandato, provocó la protesta de algunos de los miembros de la comisión que no pertenecen al PP y algunas quejas veladas en el seno de la Agencia de Protección de Datos.

La diputada socialista Rosa Alcalá, que representa a su partido en la comisión de la agencia, envió una carta de queja porque se le había negado el nombre del futuro candidato antes de la votación. "¿Cómo puedo comprobar yo allí que el candidato reúne los requisitos?", se preguntaba la diputada. "El anterior presidente era un doctor en Derecho Constitucional, que seguro que tenía vinculación con el PP, pero al menos era experto en la materia", agrega. Alcalá considera que es una "grave vulneración de derechos de los miembros de la comisión" no haber tenido con anterioridad el nombre del candidato al puesto.

De la misma opinión era Daniel López, miembro de CC OO y representante del grupo sindical. "La Comunidad de Madrid no se ha molestado en consensuar un candidato porque desprecia este tipo de organismos donde el puesto de dirección es muy técnico", afirmó . "Si se confirma, vamos a votar en contra porque ésta no es la forma de comunicarnos su propuesta", dijo López. "Sin conocer el perfil con antelación no tienes forma de saber si cumple los requisitos".

La votación del nuevo director será un mero trámite, porque el PP cuenta con mayoría suficiente para hacerlo sin consenso.

(www.elpais.com, 04/02/10)

13. LA COMUNIDAD CONCEDE 70.000 EUROS A UNA ASOCIACIÓN ANTICASTRISTA

Por un lado, ayudas para que el Banco de Alimentos dé comida gratis a inmigrantes o para que la asociación búlgaro-española organice un campamento en el que los inmigrantes dejan a sus hijos en vacaciones mientras ellos trabajan. Por otro, una ayuda para que una asociación anticastrista organice "Foros de debate y estudio de la realidad y actualidad iberoamericanas". Ambos tipos de proyectos se pueden encontrar en las subvenciones que la Consejería de Inmigración concede para 2010. En total, 6,4 millones que se reparten entre 120 propuestas. Los debates anticastristas consiguen 70.000 euros. Los alimentos gratis, 50.000; el campamento, 34.000.

El proyecto de la Asociación de Iberoamericanos por la Libertad -ése es el nombre que aparece en la resolución, pero en realidad es la Asociación Iberoamericana por la Libertad- también consiguió una subvención parecida el año pasado (79.000 euros), por el mismo concepto. La entidad está ligada al partido anticastrista Unión Liberal Cubana, que preside el escritor y periodista Carlos Alberto Montaner. La última noticia que figura en su página web data de 2005. Su dirección de correo electrónico devuelve los e-mails y es imposible contactar con ellos porque su número de teléfono no da línea.

Según la Consejería de Inmigración, el proyecto que presentó la asociación "está orientado al fortalecimiento institucional en varios países de América Latina" y difunde "valores como la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo y la democracia". El consejero Javier Fernández-Lasquetty afirmó que no pueden impedir a una asociación presentarse por estar en contra del régimen castrista. El destino de las subvenciones de Inmigración ocupó buena parte del pleno de la Asamblea de . La diputada socialista María Antonia García preguntó por los criterios empleados en el reparto y acusó al Gobierno de hacer "selección ideológica".

El consejero de Inmigración, Javier Fernández-Lasquetty, respondió sucintamente a la pregunta de García sobre los criterios de reparto: "Conforme a criterios públicos, establecidos en una orden". Pero la respuesta no convenció a la diputada, que recordó que, el año pasado, eso no impidió "que se dieran subvenciones a una web y a las tertulias en el casino". Una organización llamada Asociación de Víctimas del Aborto, por ejemplo, recibió 41.000 euros. Este año no ha tenido ayuda.

García afirmó que hay una "selección ideológica que prima, beneficia y consolida a entidades cercanas al PP" y lamentó que eso suponga "dejar fuera proyectos consolidados que trabajan mucho y con poco dinero". Se refería, por ejemplo, al colectivo La Calle, que trabaja con menores no acompañados procedentes de Canarias, o a Ibn Batuta, que atiende a marroquíes en Lavapiés. Más de 400 proyectos han sido rechazados.

El consejero rebatió la afirmación de García y recordó que es una entidad técnica, que ganó un concurso, la que valora qué asociaciones deben recibir las ayudas. Entre las subvenciones "para el desarrollo de programas y proyectos en el área de integración de la población inmigrante" figura una de 83.274 -de las más elevadas- para la Fundación IUVE Cooperación, que preside Daniel Sada, rector de la universidad privada Francisco de Vitoria, ligada a los Legionarios de Cristo. Esta entidad, según un vídeo promocional colgado en su página web, fomenta "valores inspirados en el humanismo cristiano, como la vida, la dignidad de la persona y el amor". El proyecto para el que ha conseguido la ayuda consiste en fomentar la inserción sociolaboral de los inmigrantes "a través de la formación en peluquería (I y II)".

Un proyecto de "apoyo y atención social integral a la mujer inmigrante" de la Fundación Iberoamérica Europa, presidida por Pablo Izquierdo, ex jefe de prensa de José María Aznar, merece una subvención de 44.000 euros. Otro de la Fundación Altius Universidad Francisco de Vitoria ("Cursos de alzhéimer para la inserción sociolaboral de la población inmigrante") se lleva 89.027 euros.

Entre los programas, uno de la Fundación Altius dedicado a la formación online de la población inmigrante consigue 77.000 euros en tres años. Otro de la Fundación Humanismo y Democracia, presidida por Rafael Rodríguez-Ponga, sobre participación juvenil suma 86.312 euros también en tres años.

(www.elpais.com, 05/02/10)

14. GÜEMES ADMITE QUE ALGUNOS ESPECIALISTAS TIENEN LISTAS DE ESPERA LARGAS

El compromiso de que no pasen más de 40 días desde que el médico de familia indica una prueba diagnóstica o una visita al especialista hasta que se hace realidad se cumple en la mayor parte de hospitales, aseguró el consejero de Sanidad, Juan José Güemes. Pero acto seguido reconoció que hay esperas que se alargan: "Somos conscientes de que en todos los hospitales hay algunas especialidades donde todavía estamos lejos de ofrecer unas demoras que se adapten a lo que hay que esperar de la mejor sanidad de España, que es la madrileña", aseguró durante la rueda de prensa en la que hizo balance de la actividad sanitaria en la región.

Güemes no precisó, a preguntas de los periodistas, mucho más. Habló de que las demoras se dan en "algunas pruebas diagnósticas", en "algunas especialidades, como traumatología" y en "algunas áreas sanitarias". Aseguró, eso sí, que las esperas están "muy por debajo de la media española".

A la pregunta de si tiene previsto hacer públicos esos datos, como hace Sanidad con las listas de espera quirúrgicas, el consejero aseguró que la Ley de Libre Elección incorporará, en aras de la "transparencia", no sólo las listas de espera, sino también encuestas de calidad y datos clínicos. "Todo va a ser público", prometió. Güemes explicó que los nuevos hospitales concentran ya más del 20% de la actividad de la región. Durante el año pasado, nacieron en ellos uno de cada cuatro niños y atendieron una de cada cuatro urgencias. Respecto a las intervenciones quirúrgicas, los ocho nuevos hospitales realizaron el 16% del total de operaciones que se practicaron en 2009 en los centros públicos de la región.

(www.elpais.com, 30/01/10)

15. UN EDIL DEL PP LLAMA "HIJO DE PUTA" A OTRO DE IU EN EL PLENO DE TORREJÓN

El insulto "hijo de puta" se repite entre los populares madrileños. Tras la frase que captaron los micrófonos a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, la última víctima del improperio fue el portavoz de IU de Torrejón de Ardoz, José Fernández Benito. Se lo lanzó un concejal desde la bancada del PP en el pleno extraordinario que se celebró para exigir explicaciones al gobierno local sobre las ilegales normas de empadronamiento que aplicaba el Consistorio desde 2008 y que perjudican básicamente a los inmigrantes.

Durante el pleno, el edil de IU levantó una hoja con un artículo. Éste decía que en algunos locales de Torrejón vinculados a familiares del vicealcalde y el concejal de Vías y Obras y Medio Ambiente (PP) se denegaba el acceso a personas de raza negra.

Como reacción a la acción de Fernández surgieron gritos de los vecinos: "Sinvergüenza, ladrón, impresentable y eres un impresentable". Los torrejoneros aplaudían y vitoreaban obedientemente las intervenciones del alcalde, Pedro Rollán. Pero estos improperios fueron minimizados por una exclamación, procedente de la bancada popular: "Hijo de puta", lanzó un concejal del PP, a semejanza de lo que hiciera la semana pasada su presidenta regional, Esperanza Aguirre, pero en esa ocasión se dirigía a un compañero de partido.

Tanto el concejal de IU insultado como el socialista José Vicente Espino acusan del improperio al edil popular Valeriano Díaz, uno de los concejales relacionados con los locales del reportaje, y que pudo sentirse aludido. Otras fuentes de la oposición avalan esta autoría. Este periódico intentó, sin éxito, contactar con Díaz a través de un portavoz del equipo de Gobierno.

Los insultos y los gritos fueron los protagonistas del pleno. La polémica se inició durante el debate de sendas enmiendas presentadas por el PSOE e IU en las que pedían la retirada de las normas que impedían empadronar a un inmigrante con pasaporte de turista y a aquellos que vivieran en pisos donde no se cumpliera el ratio de 20 metros cuadrados por residente.

La escalada de insultos de vecinos y ediles populares, que encontraron contestación en los bancos del PSM, fue cortada por el alcalde. Rollán se dirigió a los vecinos: "Les ruego que no entren al trapo del señor Gómez [Valentín, concejal del PSOE], que no hace otra cosa que provocar". Y prosiguió: "Señor Gómez, no sea maleducado. Usted es un faltón. Es un faltón".Toda esta batalla dialéctica dio paso a una tensa calma, que impuso el único concejal de IU, que tuvo que pedir un poco de educación a los presentes: "Pediría que se tenga hacia mí el mismo respeto que he demostrado".

El tenso debate sobre la política de empadronamiento dio paso a la votación de la propuesta del PP. Con su mayoría absoluta de 14 concejales sobre 27, aprobó una enmienda en la que insta al Gobierno central a que modifique las leyes que regulan el empadronamiento de inmigrantes con la intención de "garantizar unas condiciones mínimas de habitabilidad en el domicilio y evitando los hacinamientos".

Los populares del municipio, que consideran que el Gobierno central les ha dado la razón por restringir los empadronamientos, respaldaron un documento que enmendaba sendas mociones en las que los grupos de la oposición exigían la retirada de todas las normas adoptadas en octubre de 2008 que limitaban la inscripción de extranjeros en el padrón municipal. "Ante el anuncio del Gobierno de España de cambiar la normativa sobre el padrón, dándole la razón al alcalde de Torrejón, me gustaría preguntar si también Rodríguez Zapatero es un xenófobo, un racista, un ultraderechista o un radical como acusan al alcalde y al Gobierno de Torrejón", preguntó el vicealcalde, José Luis Navarro, a los ediles del PSOE y de IU. Una discoteca situada en una nave propiedad de la familia del vicealcalde es una de las que no permite la entrada a extranjeros negros. El número dos del equipo de gobierno fue administrador de la sociedad y regente de la discoteca hasta seis meses después de su nombramiento, cuando cambió su nombre.

El pasado 25 de enero, el equipo de gobierno municipal, del PP, retiraba una normativa que instauraba numerosas trabas al empadronamiento de extranjeros en el municipio: entre otras, no permitía que se inscribieran en viviendas que dispusieran de al menos 20 metros cuadrados por persona y tampoco empadronaba a los inmigrantes con visado de turista. El motivo de esta decisión de Pedro Rollán, según explicó, fue la elaboración de un informe de la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, en la que recordaba la obligatoriedad que tenían los ayuntamientos de inscribir a los inmigrantes, incluidos los irregulares.

Dos días después, el 27 de enero, los grupos de la oposición, PSOE e IU, se retiraban del pleno tras negarse el PP a debatir la política inmigratoria municipal. En esa jornada, y sólo con la presencia de los concejales del PP, el Ayuntamiento aprobó la baja de casi un centenar de extranjeros del padrón municipal y la anulación de al menos 25 ayudas familiares concedidas a este colectivo en el municipio. Posteriormente, el PP aceptó la celebración del pleno extraordinario de , en el que se incluía la retirada de la normativa de empadronamiento.

El vicealcalde asegura que ni él ni nadie de su familia es propietario de ningún centro de ocio en Torrejón. Según el Registro Mercantil, su hermano es el administrador único de la nave donde se encuentra la discoteca Remember, de la cual él mismo también fue administrador hasta seis meses después de ser elegido vicealcalde. Argumenta su defensa en que él y su hermano ya no son los regentes de la discoteca, como lo eran antes, sino que ahora arrendan el negocio a otros empresarios y cobran por ello un alquiler.

(www.elpais.com, 02/02/10)

16. EL JUEZ IMPUTA A LA EX ALCALDESA DE PINTO, DEL PP, POR IRREGULARIDADES

Miriam Rabaneda, ex alcaldesa popular de Pinto, y su hermana Tamara, ex concejal de Hacienda de la localidad, han sido imputadas por el Juzgado de Instrucción número 6 de Parla. En el auto se advierte de que en el año en que el PP gobernó Pinto (2007-2008) los técnicos municipales redactaron varios informes contra pagos autorizados por la alcaldesa y su hermana, y presentaron reparos a la legalidad de ciertas operaciones por falta de liquidez del Ayuntamiento o por no respetar el orden y la preferencia de pagos.

La alcaldesa y la concejal hicieron oídos sordos a las recomendaciones del tesorero e interventor municipal cuando alertaron sobre la dudosa legalidad de muchas operaciones de caja. Los fundamentos jurídicos del auto fijan que el comportamiento de las hermanas Rabaneda "pudo entrañar un uso abusivo de sus competencias, al intentar imponer su voluntad por encima de cualquier otra consideración en un ejercicio despótico de sus atribuciones".

Muchos pagos se hicieron en vísperas de la moción de censura del 22 de diciembre que desalojó al PP del poder. El saldo del Ayuntamiento pasó de ser de 13.613.503 euros el 2 de diciembre a 2.581.401 tan sólo 20 días después. El auto resalta la "contumacia con que la que las denunciadas, el 19 de diciembre, ordenaron efectuar los pagos de gastos" y destaca que se actuó "obviando la necesidad de los funcionarios de efectuar el obligado arqueo ante el anunciado relevo del gobierno municipal".

Miriam Rabaneda negó todos los cargos: "Mi gestión estuvo siempre pensada en interés de los vecinos. En el tiempo que dirigimos el Ayuntamiento recibimos a cientos de proveedores y personas con deudas y lo que queríamos era sólo pagarles. Todo lo que se hiciera en ese sentido estuvo bien. Y trabajamos dentro de la legalidad".

El auto interpreta como un indicio de corrupción que de la aceleración de pagos previa a la moción de censura se beneficiara más de una empresa que "mantiene vínculos incluso políticos con los denunciados".El 18 de enero, el juez imputa a Miriam y Tamara Rabaneda por "las órdenes de pago efectuadas contraviniendo el procedimiento a que obligaban los reparos de legalidad" emitidos por los interventores. El juez descarta la acusación de malversación hecha por el nuevo alcalde; las diligencias contra los siete integrantes del gabinete popular de Pinto también quedan archivadas.

Cuando el 22 de diciembre de 2008 el PSM desalojó mediante moción de censura al PP de la alcaldía de Pinto, el nuevo alcalde socialista, Juan José Martín Nieto, declaró que el cambio pretendía sacar al municipio del "desgobierno" en que lo habían sumido la "soberbia y prepotencia" de Miriam Rabaneda.

Populares y socialistas han intercambiado durante dos años acusaciones de desangrar las arcas municipales y han solicitado mutuamente al Tribunal de Cuentas la revisión de sus cuentas de Gobierno. A la vez, Martín Nieto presentó una demanda contra toda la corporación del PP, que es la que ha llevado a la imputación de la alcaldesa Rabaneda y su concejal de Hacienda.

Ante la exuberancia crematística de las Rabaneda, los informes de la Intervención Municipal alertaban sobre la posibilidad de que el dinero se agotara y no se pudieran pagar las nóminas a empleados municipales. La ex alcaldesa sostiene que los salarios estaban asegurados.

Según la denuncia del actual equipo de Gobierno, el tesorero y el interventor del Ayuntamiento alertaron sobre irregularidades como el otorgamiento de subvenciones sin justificar; encargos a la empresa municipal de limpieza Aserpinto que podían no ajustarse a la legalidad; o fraccionamientos de pagos con la intención de eludir el límite fijado por la ley para contratos sin concurso público. En total, 264 informes desfavorables fueron avalados por el interventor municipal. Todo eso antes del 9 de diciembre de 2008, porque en los días previos a la moción de censura se multiplicaron los pagos a proveedores y los informes negativos.

"Yo dije que hasta el día antes de la moción iba a continuar trabajando", se defiende la ex alcaldesa. Ante la pregunta de si eso equivalía a acelerar pagos a proveedores, responde que no: "Ésa no era nuestra prioridad. Se siguió trabajando con normalidad". El auto de imputación revela que, en los días antes de dejar el poder, Rabaneda continuó tomando decisiones determinantes.

Una de ellas le costó a las arcas municipales cinco millones de euros que el Ayuntamiento había ingresado por un convenio urbanístico. Dos días después de presentarse públicamente la moción de censura, Rabaneda devolvió a los promotores los cinco millones que habían pagado como primer plazo del acuerdo.

(www.elpais.com, 03/02/10)

17. LA PRESIDENTA PIERDE ARGUMENTOS

En un acto del Partido Popular en Parla en agosto de 2009, Esperanza Aguirre sentó a Miriam Rabaneda en la mesa de honor. La presidenta de la Comunidad dedicó a la ex alcaldesa las palabras más cariñosas de su intervención, una arenga sobre las oportunidades del PP de conquistar el sur de la Comunidad. "Miriam, recuperaremos Pinto", aseguró entre ensordecedores aplausos de los prebostes del partido.

La fijación de la presidenta regional por dominar el irredento sur ha cristalizado en una estrategia de gran agresividad, con continuas visitas a los juzgados en los ayuntamientos del antiguo cinturón rojo. Y Pinto ha planeado como una obsesión sobre todas estas actuaciones. La pérdida del municipio en una moción de censura de diciembre de 2008 abrió una herida que aún sigue sin sutura en las calles de la localidad y dentro de la dirección del PP.

Una idea de la importancia simbólica de la batalla por Pinto la da la presencia en el pleno de la moción de censura de Tomás Gómez en representación del PSM y de Francisco Granados por el PP. Tras la votación que descabalgó a los populares y aupó al poder a un inestable gobierno de coalición del PSM, IU y el partido independiente Juntos por Pinto (JpP), Rabaneda ya avisó de sus intenciones: "Esto no es un adiós, sino un hasta pronto". Comenzaba la reconquista.

Las circunstancias parecieron facilitar el envite. Con una deuda de 36 millones, las cuentas de la ciudad estaban muy tocadas, y se multiplicaron los escándalos de un Ayuntamiento ya de por sí con tendencia a la suciedad.

No hubo dinero ni para los toros en las fiestas municipales. Por eso el pregón terminó con lanzamientos de botellas al balcón de las autoridades. Luego el servicio de atención al dependiente comenzó a hacer aguas; se reveló que un ex alcalde socialista había utilizado dinero de la cooperación internacional para actuaciones dudosas en Argentina; y el primer teniente de alcalde, Reyes Maestre (JpP), fue condenado por agredir a un menor en un pleno municipal. Sin contar con que la discusión en torno al tripartito pinteño se había convertido en un clásico en las reuniones de la mesa del transfuguismo.

El último golpe de Aguirre fue la petición al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de disolver el Ayuntamiento por irregularidades como el desvío de dinero público del grupo municipal socialista al PSM del municipio. Una medida equivalente sólo se había tomado con el Consistorio de Marbella cuando nadaba en la podredumbre.

La imputación de las hermanas Rabaneda puede lastrar la estrategia del PP. Por lo pronto, ha dado alas al PSM, que vuelve a sentirse legitimado tras la crisis de identidad que le supuso la moción. Su secretario general, Tomás Gómez, exigió , según informa Europa Press, que Aguirre pida disculpas por su acoso: "Cuando acometimos una moción de censura en el municipio de Pinto, era por esta razón".

(www.elpais.com, 03/02/10)

18. EL FISCAL PIDE NUEVE AÑOS DE CÁRCEL PARA EL ESCOLTA DE TAMAYO Y SÁEZ

José Antonio Expósito Serrano, el escolta que protegió a los ex diputados del PSOE Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez durante la crisis que abrieron al desertar de las filas socialistas en 2003, se enfrenta a nueve años de prisión. Así al menos lo ha solicitado el fiscal, que le acusa de hacerse pasar por un agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En concreto le imputa los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, usurpación de funciones públicas y falsedad en documento público. Por su parte, la defensa de Expósito pide su libre absolución en el juicio que se celebrará a partir del próximo 9 de marzo en la Audiencia Provincial.

Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez frustraron el 10 de junio de 2003 la votación en la Asamblea de Madrid que iba a elegir al socialista Rafael Simancas, con el apoyo de Izquierda Unida, nuevo presidente de la Comunidad de Madrid. Su huida del Parlamento autonómico antes de la votación propició finalmente una nueva convocatoria de elecciones, que ganó Esperanza Aguirre al frente del PP en octubre de ese año.

Durante los días previos a la votación, José Antonio Expósito se encargó de proteger a los diputados socialistas. El escolta declaró ante un juez que estaba "casi totalmente convencido de que el sobre" para pagarle salió del despacho profesional de los constructores Francisco Vázquez y Francisco Bravo -tío y sobrino y socios en el negocio inmobiliario-. Fuentes próximas a los constructores desmintieron este extremo.

El juicio al que se enfrenta ahora Expósito es por hacerse pasar por agente del CNI y vender informaciones reservadas y personales de particulares, especialmente de extranjeros, y de los propietarios de determinados vehículos a terceros. También están implicados dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía, destinados a la comisaría de Marbella (Málaga) y el distrito de Centro, en Madrid. La intención del escolta era "lucrarse suministrando [la información] a diferentes empresas e instituciones a cambio de dinero", según el escrito de la Fiscalía.

Los dos policías suministraron en al menos una veintena de ocasiones información reservada a José Antonio Expósito. Éste realizó seguimientos, escuchas y vigilancias de diversas personas, bien por sí mismo o a través de otras personas.

Según el relato de hechos del fiscal, el acusado, en una ocasión, para obtener la ayuda de otra persona, se hizo pasar por agente del CNI y "le convenció de que le iba a contratar como agente a su cargo, llegando a confeccionarle el carné y placa del CNI, mediante copia y escaneado de originales y posterior impresión de tinta con la fotografía y datos" de esa persona.

En otras ocasiones, se hizo pasar por espía y se identificó como tal "ante diferentes particulares, así como entidades públicas y empresas privadas", según la acusación. "Utilizaba papel con membrete o signos distintivos del CNI, gorras con escudos bordados del CNI, carteras del Ministerio de Defensa, luces azules similares a las de la policía y aparatos técnicos de escucha, escáneres y otros similares, así como chapas, carteras y supuestos carnés con anagramas del CNI", mantiene la Fiscalía. Y todo ello era confeccionado por él mismo o por otras personas a su cargo imitando otras auténticas.

Los policías nacionales se enfrentan a una pena de cinco años de prisión y ocho años de inhabilitación absoluta por el delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionarios públicos.

La defensa de Expósito mantiene su inocencia, ya que el escolta no ha comerciado en ningún caso con datos privados. "Como miembro de seguridad del Banco de Santander, debía comprobar si un vehículo que presentaba sospechas tenía algún tipo de requisitoria o había sido sustraído, hechos que incrementaban una potencial situación de peligro", mantiene la defensa en su escrito de calificación.

(www.elpais.com, 03/02/10)

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