ÍNDICE
1. EL GOBIERNO DE AGUIRRE JUSTIFICA EL TRATO A LA
INMIGRACIÓN QUE HACE TORREJÓN
2. EL ALCALDE DE LA CAPITAL SE DESMARCA DE
ESPERANZA AGUIRRE
3. ESPERANZA AGUIRRE AFIRMA QUE "LA INSENSATEZ Y
EL SECTARISMO" DE ZAPATERO QUIEBRAN LA CONSTITUCIÓN
4. AZNAR Y AGUIRRE MUESTRAN SU SINTONÍA
5. VARIOS ALCALDES SOCIALISTAS SE QUEJAN DE QUE
AGUIRRE LES NINGUNEA
6. ESPIONAJE POLÍTICO DENTRO DEL PP. EL FISCAL
PEDIRÁ IMPUTAR AL AGENTE DE LOS PARTES DE ESPIONAJE A COBO Y PRADA
7. ESPIONAJE POLÍTICO DENTRO DEL PP. EL FISCAL
PIDE EL INTERROGATORIO Y ANÁLISIS GRAFOLÓGICO DE UNO DE LOS ESPÍAS
DE AGUIRRE
8. ESPIONAJE POLÍTICO DENTRO DEL PP. LA JUEZ CITA
AL VICEALCALDE COBO PARA COTEJAR SU AGENDA CON LOS SEGUIMIENTOS
9. EDUCACIÓN. EL SUPREMO CORRIGE A AGUIRRE POR NO
CONSULTAR LA ELECCIÓN DE CENTROS BILINGÜES
10. VIVIENDA. NI UN SOLO PROMOTOR SE HA ACOGIDO
AL PLAN DE CONVERTIR VIVIENDAS LIBRES EN PROTEGIDAS
11. SANIDAD. DIMITE EL JEFE DE TRAUMATOLOGÍA DEL
RAMÓN Y CAJAL TRAS LA HUELGA CONTRA LOS "AMIGUISMOS" DE GÜEMES
12. DEPENDENCIA. JAÉN OFRECE SIMILAR NÚMERO DE
AYUDAS A DEPENDIENTES QUE TODA LA COMUNIDAD DE MADRID
13. MEDIO AMBIENTE. RECURRIDO EL PLAN DE USOS DE
LA SIERRA DE GUADARRAMA
14. TORREJÓN DE ARDOZ. EL AYUNTAMIENTO SE SALTA
LAS DIRECTRICES ESTATALES FIJADAS EN 2008 PARA EL EMPADRONAMIENTO
15. VILLAVICIOSA DE ODÓN. UNA CORRUPTELA GRATIS,
UNA VERDAD MUY CARA
16. BOADILLA DEL MONTE. GONZÁLEZ PANERO SIGUE
SIENDO ALCALDE DE BOADILLA, SEGÚN LA WEB DE LA COMUNIDAD DE MADRID
1. EL GOBIERNO DE AGUIRRE JUSTIFICA EL TRATO A LA
INMIGRACIÓN QUE HACE TORREJÓN
El Gobierno de Esperanza Aguirre se alinea con
las políticas de inmigración del municipio madrileño de Torrejón de
Ardoz. El vicepresidente y portavoz del Ejecutivo regional, Ignacio
González, justificó que lo que pretende el consistorio al exigir
ciudadanos que se quieran empadronar en el municipio una serie de
requisitos es evitar los "domicilios patera".
Sin embargo, el objetivo del Gobierno popular de
Torrejón parece ser que es disuadir a la población inmigrante de
vivir en la localidad, ya que evalúa la eficacia de la medida en
relación a la bajada de inmigrantes que ha conseguido con ella.
En una entrevista en Telemadrid recogida por
Europa Press, González apuntó, como solución a la inmigración
ilegal, una doble vertiente: eliminar el doble lenguaje, tener claro
lo que se quiere hacer con la inmigración y hacerlo "ordenadamente y
con unas condicones legales claras para todos y estables". "Lo que
no puede ser es que en un periodo de tres o cuatro años hayamos
tenido tres o cuatro leyes de inmigración", manifestó.
El vicepresidente regional reconoció que ha
hablado con el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, e indicó que el
procedimiento de empadronamiento de este municipio madrileño es
distinto al que plantea Vic. "Lo que ha hecho Torrejón, dentro de
las competencias que tiene el Ayuntamiento es que, para empadronar,
a efectos de defender los derechos de los inmigrantes, exige que
acredite las condiciones de ese domicilio para evitar una cosa que
ha sido largamente denunciada como son los domicilios patera",
agregó.
En este sentido, González indicó que estos
fraudes se cometen cuando en un sólo domicilio se empadronan a 50
personas. "Ese tipo de situaciones son las que se han tratado de
evitar, pero precisamente aplicando las condiciones que establece la
propia Ley. Creo que en el empadronamiento, al final lo que tienen
que hacer los ayuntamientos, como en todo, es aplicar la ley. Si la
ley exige unas determinadas condiciones, son las que hay que
aplicar.
Por ello, el vicepresidente regional manifestó
que si la legislación no es clara a este respectó, habrá que
cambiarla, "pero la ley tiene que ser igual para todos".
Respecto a la inmigración en general, González
apostó por eliminar el "doble lenguaje" y regularla "de una manera
ordenada y legal" como principio básico y no decir "que aquí o en
cualquier país pueda entrar quien quiera, porque eso no es posible".
"Hay que hacerlo ordenadamente y además hay que hacerlo con unas
condiciones legales que sean claras para todos", añadió.
Para el 'número dos' del Gobierno regional, las
leyes sobre inmigración tienen que ser "estables". "No puede ser que
aquí, en un periodo prácticamente de cuatro años hayamos tenido tres
o cuatro leyes de inmigración, dos o tres procesos de regulación.
Eso no es razonable. La inmigración tiene que ser
ordenada, siempre va ligada a las posibilidades de oferta de
desarrollo, fundamentalmente profesional y económico", apuntó.
En ese sentido, señaló que cuando los países
tienen un desarrollo económico alto y ofrece posibilidades de empleo
y, por lo tanto, de promoción personal, evidentemente se convierten
en un reclamo para la inmigración y, por ello, "lo que tienen que
hacer las autoridades es tratar de ordenar ese movimiento migratorio
de la mejor manera posible. Siempre habrá gente que se cuele, peor
hay que tener claro eso y dar prioridad a esa organización".
No obstante, González aseguró que actualmente no
existe la misma presión migratoria que anteriormente porque
"desgraciadamente España es el país con más paro del mundo". "Es
evidente que nadie quiere venir aquí porque aquí no hay
posibilidades de encontrar un puesto de trabajo y una oportunidad de
desarrollo regional.
(www.publico.es,
19/01/10)
2. EL ALCALDE DE LA CAPITAL SE DESMARCA DE
ESPERANZA AGUIRRE
Madrid no es Torrejón de Ardoz. El alcalde de la
capital, Alberto Ruiz-Gallardón, quiso desmarcarse de la postura de
la Comunidad de Madrid con respecto a la negativa del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz (116.000 habitantes) a empadronar a inmigrantes
con visado de turista o a los que no dispongan de unos 20 metros
cuadrados por persona en su domicilio.
"No estamos de acuerdo en poner limitaciones a
los inmigrantes que quieran empadronarse porque la legislación
española vigente no las establece", advirtió Ruiz-Gallardón.
El pasado miércoles, la presidenta regional,
Esperanza Aguirre, calificaba de "legal" la actuación de Torrejón y
el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco
Granados, en la misma línea, declaraba que el requisito de la ratio
de los 20 metros no era "sólo para los que vienen de Guatemala, sino
para todo el mundo", porque, dijo, se trata de "un problema
urbanístico" y no de "una cuestión de extranjería". Gallardón
rebatió esta tesis y dijo que no está de acuerdo "en poner
limitaciones a los inmigrantes que quieran empadronarse". EL PAÍS ha
comprobado que el padrón en Madrid no entiende de metros
cuadrados.Gallardón se preguntó qué "ganan" los ayuntamientos al
tomar este tipo de medidas, y aseguró que "todo lo que se salga de
la actuación que marca la ley de extranjería y de la ley de bases es
ilegal".
Uno de los requisitos a los que se refiere el
alcalde, y que no aparece en la Ley de Extranjería, es la exigencia
de un mínimo de 20 metros cuadrados por cada inquilino de un
domicilio. Una limitación que el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán
(PP), justifica con el cumplimiento del artículo 3 de la Ley de
Ordenación de la Edificación, de rango estatal, una norma que, en
ningún momento, hace referencia a dimensiones o requisitos de
empadronamiento, según confirmó un portavoz del Ministerio de
Vivienda.
(www.elpais.com,
22/01/10)
3. ESPERANZA AGUIRRE AFIRMA QUE "LA INSENSATEZ Y
EL SECTARISMO" DE ZAPATERO QUIEBRAN LA CONSTITUCIÓN
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, se enorgulleció de sus principios liberales
presentando el libro ¡Viva la Pepa! Los frutos del liberalismo
español en el siglo XIX (Editorial Gota Gota), de Felipe-José de
Vicente. Ya de paso, arremetió contra el jefe del Ejecutivo, José
Luis Rodríguez Zapatero, por quebrar la Constitución con su
"insensatez" y su "sectarismo" y contra la Generación del 98 por
recelar del liberalismo.
Aguirre aprovechó la presentación del libro de De
Vicente, publicado por la editorial de la Fundación FAES, para
defender el liberalismo. Lo primero que hizo fue admitir que en la
Transición, cuando ella militaba en Unión Liberal, los liberales
cabían, ella incluida, en un taxi. Esto constata "la escasa
presencia de los liberales en la vida política española" de aquel
entonces.
A pesar de sus palabras iniciales, la lideresa aseguró al auditorio
que el que se acerque a ¡Viva la Pepa! Los frutos del liberalismo
español en el siglo XIX y lea su argumentación "ya no puede pensar
que el liberalismo es algo ajeno a lo español".
En la defensa de Aguirre del liberalismo hubo dos objetivos a batir:
Zapatero y la Generación del 98. Primero aseguró que la "insensatez
y el sectarismo" del presidente del Gobierno han "quebrado" la
Constitución. En su opinión, el socialista ha impulsado reformas del
texto que "consagran" las diferencias entre los españoles. En ese
punto, la conferenciante recibió el guiño de alguno de los
presentes. Se escuchó, incluso, algún cuchicheo que decía "¡Desde
luego!".
Después, la ex ministra de José María Aznar se
preguntó "cuándo se empezó a mirar con recelo a los liberales". Ella
misma se contestó que "el punto de inflexión fue la Generación del
98". Un grupo de escritores, ensayistas y poetas fue el verdugo del
liberalismo. Aguirre les alabó y les abofeteó a la vez: "Aquellos
magníficos escritores sometieron a injustas críticas a sus
predecesores".
Uno de los ejemplos que recordó Aguirre fue el de
Ramón María del Valle-Inclán, del que dijo que "pasó del carlismo a
ser compañero de viaje del comunismo, que son dos ideologías que no
han traído mucho progreso a España". Momentos antes, la presidenta
madrileña había sostenido que "el comunismo y el nazismo no dejaron
espacio al liberalismo". Igualmente, había declarado que "los
tiempos de Franco fueron muy hostiles para el desarrollo del
liberalismo". Obvió que dichos tiempos fueron hostiles directamente
para la libertad y para la democracia.
Para Aguirre, el progreso a España lo ha traído
el liberalismo. "Lo importante no es lamentarse del ocaso del
liberalismo. Lo que hay que hacer es enlazar el liberalismo de con
la fecunda tradición liberal del XIX", exclamó la dirigente
conservadora, aunque en el ambiente se podía palpar esa lamentación
mencionada por el ocaso del liberalismo. En el discurso de Aguirre
hubo otro enviste directo a Zapatero. Declaró que el "éxito de las
políticas liberales" aplicadas en la primera legislatura de Aznar en
el poder "se acrecienta al ver los fracasos de la actuación del
Gobierno socialista ante la crisis". "Los más emprendedores,
vanguardistas, creativos e inquietos se han acercado al
liberalismo", sentenció.
Como conclusión última, tras recordar que
"cualquier liberal se puede sentir a gusto en el PP", fue la
necesidad de que los actuales liberales aprendan de sus "adversarios
políticos" a la hora de incluir sus políticas "en el transcurrir
histórico".
(www.elplural.com,
19/01/10)
4. AZNAR Y AGUIRRE MUESTRAN SU SINTONÍA
José María Aznar ofreció un discurso privado a
los diputados populares de Madrid. Antes recorrió la Asamblea de
Madrid, admiró el cuadro de Antonio López que alberga el Parlamento
y fue elogiado por la presidenta regional, Esperanza Aguirre.
Después se tomó un aperitivo con vino y recibió un regalo. Entre
medias, dio una clase magistral de tres cuartos de hora, con turno
de preguntas al final, a los parlamentarios del PP. Habló de la
crisis económica y de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero está
instalado en el caos y paga su negativa a reconocer la crisis.
Y alabó a Aguirre. Como líder regional y como ex
ministra de sus gobiernos. Alguna de las fuentes consultadas señaló
que los elogios fueron más bien tibios; otras, indicaron que fueron
prolijos y repetidos. "El partido siempre estará a la altura de las
circunstancias; urge un cambio en el Ejecutivo y que gane las
elecciones el PP", fue una de las frases más recordadas por varios
de los presentes a la reunión, en la que Aznar charló "en familia",
como señaló un cargo del Gobierno popular.
La visita se fraguó por la invitación de los
propios diputados populares al "presidente de todo", como le llamó
Aguirre para justificar su presencia en la Cámara madrileña. "Es
presidente de honor del PP y presidente de FAES", subrayó la
presidenta. Aznar nunca había visitado un Parlamento autonómico
desde que abandonó La Moncloa.
En el encuentro a puerta cerrada el ex
presidente, vestido con un traje gris y muy delgado, también criticó
la falta de liderazgo de España en la Unión Europea durante su
semestre de mandato de turno, que comenzó a primeros de este mes.
En el turno de preguntas de los diputados, la
propia Aguirre levantó la mano en dos ocasiones. La primera fue para
señalar los problemas de la financiación autonómica y la ruptura de
la equidad en el reparto. Tanto Aznar como la presidenta regional
coincidieron en que este reparto fomentaba los cambios de los
estatutos y en que eso "es peligroso", según algunos asistentes. La
segunda cuestión que planteó Aguirre hizo referencia "al problema
del agua". Otra vez los dos políticos populares mostraron su
sintonía y ambos convinieron en que el agua "es de todos y no puede
ser privativa de un territorio".
No hubo guiños de partido ni alusiones a la
batalla de poder entre Aguirre y el secretario general del PP,
Mariano Rajoy. Ninguna alusión al debate interno. Aunque sí una
exhortación repetida. "¡Urge ganar y que haya un Gobierno del PP
porque todo va a ir a peor con las recetas económicas de Zapatero",
dijo Aznar, según los asistentes.
De eso, de recetas económicas, también disertó el
ex presidente. Lanzó la idea de que Madrid podría sustituir a
Londres -"que está de capa caída"- como capital financiera mundial
junto a Nueva York y Shanghai. En su opinión, Madrid debería de
tomar medidas políticas y favorecer con leyes el establecimiento de
empresas financieras en su territorio.
El ex presidente se despidió junto a la puerta de
su coche, con matrícula alemana, de la presidenta regional.
(www.elpais.com,
22/01/10)
5. VARIOS ALCALDES SOCIALISTAS SE QUEJAN DE QUE
AGUIRRE LES NINGUNEA
Los alcaldes socialistas de los municipios del
sur de Madrid (Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y
Parla; el de Pinto excusó su ausencia) se reunieron con el
vicepresidente del Gobierno, Manuel Chaves, para trasladarle su
preocupación por el "abandono" que, a su juicio, sufren por parte
del Gobierno regional de Esperanza Aguirre. Los regidores, que
representan a más de un millón de habitantes, presentaron al
responsable de Política Territorial el Plan Estratégico del Sur de
Madrid, un documento que recoge las reivindicaciones de estos
municipios en materia de infraestructura, empleo, vivienda,
sanidad... Este plan incluye, entre otras peticiones, el
soterramiento de la línea C5 de Cercanías que discurre por varios de
estos municipios. Chaves se comprometió a trasladar sus
reclamaciones a los ministerios competentes.
Los siete alcaldes socialistas elaboraron el plan
en mayo del año pasado y desde entonces intentan reunirse, sin
éxito, con la presidenta regional. "No me parece de recibo que
[Aguirre] no haya contestado ni haya tenido la cortesía de convocar
a los ayuntamientos para debatir el contenido del plan", afirmó
Chaves. Ante el "castigo" que,en opinión de los alcaldes, padecen
del Ejecutivo regional, el regidor de Parla, José María Fraile,
anunció que pedirán amparo al Defensor del Pueblo ante el "silencio
brutalmente atronador" de la Comunidad de Madrid.
La presidenta madrileña aceptó el envite lanzado
por los alcaldes socialistas, aunque puso condiciones. Durante una
rueda de prensa señaló que atenderá a los regidores del sur. "Pero a
todos, sin exclusiones", dijo. La dirigente popular señaló que la
"inmensa mayoría" de los alcaldes del sur son del PP. "No se puede
excluir a primeros ediles como el de Móstoles o el de Valdemoro",
aseguró.
(www.elpais.com,
21/01/10)
6. ESPIONAJE POLÍTICO DENTRO DEL PP. EL FISCAL
PEDIRÁ IMPUTAR AL AGENTE DE LOS PARTES DE ESPIONAJE A COBO Y PRADA
La fiscalía va a solicitar la imputación de José
Manuel Pinto, empleado público del departamento de Seguridad del
Gobierno de la Comunidad de Madrid, según fuentes informadas de la
decisión. Dos peritos que han trabajado en relevantes casos de la
Audiencia Nacional -a los que este periódico encargó el análisis de
los partes de espionaje al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al
ex vicepresidente autonómico madrileño Alfredo Prada- identificaron
hace un año a Pinto como el autor de diversas anotaciones
manuscritas en esos documentos, que registraban todos los pasos de
los dos políticos, contrarios a la línea marcada por Esperanza
Aguirre, entre abril y mayo de 2008 en su enfrentamiento con Mariano
Rajoy.
La fiscalía solicitará, además del interrogatorio
de Pinto, que se le practique una prueba pericial caligráfica. La
petición de analizar la letra de Pinto se sumará a las cinco que ya
han cursado desde mayo de 2009 la policía -que sostuvo en un informe
que tres ex guardias civiles fichados por el Gobierno de Aguirre
espiaron a dirigentes del PP-, Prada, Cobo, la diputada autonómica
popular Carmen Rodríguez Flores -también supuestamente espiada- y el
PSOE. Por esta suma de peticiones se da por hecho que la juez del
caso, Carmen Valcarce, finalmente, la concederá ahora. La reacción
de la fiscalía se produce en respuesta a la insatisfacción "ante la
parálisis judicial" de las víctimas del espionaje político
presuntamente perpetrado por agentes del Gobierno de Esperanza
Aguirre en abril y mayo de 2008 y destapado hace un año por este
diario.
Dicho malestar se ha traducido en un goteo de
peticiones a la juez para que active diligencias elementales cuya
ejecución demora en más de medio año. Por ejemplo, se le pide que
ordene ya una pericial caligráfica a Pinto. Éste fue identificado
hace un año por dos expertos grafólogos como el agente del Gobierno
madrileño que realizó anotaciones de matrículas de vehículos en los
partes del espionaje que detallaban todos los actos públicos y
privados del entonces vicepresidente segundo y consejero de
Justicia, Alfredo Prada, y del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo,
ambos leales a Mariano Rajoy.
Ésta es la solicitud que acaba de realizar el
letrado de Cobo a la magistrada, además de que encargue la misma
prueba caligráfica sobre el compañero de trabajo de Pinto, José
Palomo, y a los tres ex policías (Roberto Casielles, José María
Rodríguez y Belén Espartero). Los citados presuntamente integraban
el grupo de asesores del consejero de Interior, Francisco Granados,
dedicados al seguimiento de Prada, que ellos denominaron
"contravigilancia" ante la juez, que les tomó declaración en esta
causa, imputados por malversación de fondos públicos.
La petición de Cobo de realizar pruebas
caligráficas también alcanza a otro asesor de Granados, Marcos Peña,
ex inspector de policía que realiza informes para su jefe y que se
declara ajeno a esta trama de espionaje.
La pericial caligráfica a Pinto ya la solicitó la
policía en mayo pasado a la juez, petición que igualmente le formuló
el abogado de Prada en julio pasado y reiteró en noviembre último.
Ahora acaba de solicitarla Rodríguez Flores. Ya sólo falta que la
juez atienda alguna de estas reclamaciones. Sería una prueba más
para el esclarecimiento definitivo del caso tras conocerse, por los
posicionamientos de los teléfonos utilizados por al menos cuatro
agentes contratados a dedo por el Gobierno de Aguirre, que siguieron
de la mañana a la noche y de lunes a viernes, al entonces
vicepresidente Alfredo Prada sin causa aparente. Pinto, que no se
encontraba en los lugares de los seguimientos como los tres ex
guardias civiles y un ex policía nacional, podría desvelar el origen
y fin de los partes del espionaje en los que hizo sus anotaciones.
No sólo la doble pericial encargada por este
diario apunta que la letra manuscrita en tales partes del espionaje
salió del puño de Pinto. Sus compañeros de trabajo han sabido
reconocer, según confiesan en privado a este periódico, la grafía de
Pinto en las anotaciones plasmadas en los partes difundidos por EL
PAÍS. El Gobierno de Aguirre encargó a un perito, ex concejal
socialista, el mismo trabajo. Ese perito aseguró que la letra de los
partes no correspondía al agente Pinto.
El interrogatorio de José Manuel Pinto puede
ilustrar tanto o más sobre los responsables y fines de esta supuesta
trama de espionaje en la Consejería de Interior que los
posicionamientos de los móviles de los espías de abril de 2008 que
la juez solicitó finalmente, tras admitir un recurso del letrado de
Cobo ante la negativa de Telefónica a entregarlos, que alegó que
sólo tiene obligación legal de conservan un año esos archivos.
Telefónica sólo facilitó los posicionamientos de mayo de 2008, que
bastaron para probar el seguimiento de tres ex guardias civiles y un
ex policía, asesores de Francisco Granados, consejero de Interior,
al ex vicepresidente Alfredo Prada, hecho por el que fueron
imputados, junto con su jefe, Sergio Gamón.
Aunque el fiscal jefe del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, Manuel Moix, solicitó hace un año a la policía
los datos telefónicos de los agentes de Aguirre sospechosos del
espionaje, esta petición sólo pudo ser activada cuando tuvo un
respaldo judicial y, para entonces, ya se había perdido un tiempo
decisivo y Telefónica alegó que la petición llegaba fuera de plazo
para atenderla. No obstante, el abogado de Cobo, en prevención de
que Telefónica explicite que sí ha destruido tal material (los
posicionamientos de abril de 2008), ha solicitado una prueba
alternativa. En concreto, ha requerido a la juez que pida toda la
información disponible sobre los consumos de los teléfonos de la
decena de agentes de Aguirre sospechosos de espionaje de abril de
2008.
Y, dado que esta información se guarda legalmente
durante cinco años, aquí no puede haber negativa de Telefónica
alegando que tales archivos han sido ya destruidos. La virtud de tal
información es que aportaría el detalle día a día, hora a hora, de
las llamadas realizadas o recibidas por los agentes bajo
investigación. Esto demostraría si trabajaban de forma autónoma,
como sugirió Gamón, o recibían consignas directas y casi a diario de
sus jefes para sus seguimientos, como declararon los tres ex
guardias civiles. Igualmente, el letrado de Cobo ha solicitado que
se identifiquen los titulares de los teléfonos con mayores llamadas
de los espías
(www.elpais.com,
18/01/10)
7. ESPIONAJE POLÍTICO DENTRO DEL PP. EL FISCAL
PIDE EL INTERROGATORIO Y ANÁLISIS GRAFOLÓGICO DE UNO DE LOS ESPÍAS
DE AGUIRRE
El fiscal del caso del supuesto espionaje
político a miembros del Partido Popular afines a Mariano Rajoy por
parte de subordinados del Gobierno de Esperanza Aguirre (también del
PP) ya ha solicitado a la juez que instruye el caso que llame a
declarar en calidad de imputado a José Manuel Pinto, uno de los
agentes identificados por una doble prueba pericial de las notas que
figuraban en los partes de espionaje contratada por EL PAÍS y que
destapó el caso hace ahora un año. Además, ha pedido la
comparecencia como testigo del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo,
para que detalle su agenda de abril de 2008.
El ministerio público, tal y como informaba el
pasado día 18 este diario, quiere que Pinto, empleado público del
departamento de Seguridad del Gobierno de la Comunidad de Madrid
dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, se
someta a una nueva pericial grafológica para comprobar si es su
letra la que aparece en algunos de los partes de seguimiento.
La juez sólo ha pedido de momento informes de los
tres ex guardias civiles que hicieron los seguimientos -y de quien
presuntamente se los ordenó, su ex director general Sergio Gamón.
Sin embargo, no fueron ellos quienes escribieron sobre los partes,
por lo que dichos análisis han dado negativo.
No sólo la doble pericial encargada por este
diario apunta que la letra manuscrita en tales partes del espionaje
salió del puño de Pinto. Sus compañeros de trabajo han sabido
reconocer, según confiesan en privado a este periódico, la grafía de
Pinto en las anotaciones plasmadas en los partes difundidos. El
Gobierno de Aguirre encargó a un perito, ex concejal socialista, el
mismo trabajo. Ese perito aseguró que la letra de los partes no
correspondía al agente Pinto.
Además, el fiscal quiere que la juez llame como
testigo al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, una de las personas
que presuntamente fue espiada por los empleados de Aguirre.
El ministerio público quiere que Cobo presente su
agenda de 2008 con la finalidad de cotejar sus actividades con los
partes de seguimiento y con los posicionamientos de los móviles de
los espías que ha proporcionado Telefónica tras solicitarlo la juez.
Dichos posicionamientos sitúan a los acusados en
las cercanías del propio Cobo y del ex consejero de Aguirre Alfredo
Prada, otra de las personas que ha denunciado el espionaje.
El fiscal del caso del supuesto espionaje
político a miembros del Partido Popular afines a Mariano Rajoy por
parte de subordinados del Gobierno de Esperanza Aguirre (también del
PP) ya ha solicitado a la juez que instruye el caso que llame a
declarar en calidad de imputado a José Manuel Pinto, uno de los
agentes identificados por una doble prueba pericial de las notas que
figuraban en los partes de espionaje contratada por EL PAÍS y que
destapó el caso hace ahora un año. Además, ha pedido la
comparecencia como testigo del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo,
para que detalle su agenda de abril de 2008.
El ministerio público, tal y como informaba el
pasado día 18 este diario, quiere que Pinto, empleado público del
departamento de Seguridad del Gobierno de la Comunidad de Madrid
dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, se
someta a una nueva pericial grafológica para comprobar si es su
letra la que aparece en algunos de los partes de seguimiento.
La juez sólo ha pedido de momento informes de los
tres ex guardias civiles que hicieron los seguimientos -y de quien
presuntamente se los ordenó, su ex director general Sergio Gamón.
Sin embargo, no fueron ellos quienes escribieron sobre los partes,
por lo que dichos análisis han dado negativo.
No sólo la doble pericial encargada por este
diario apunta que la letra manuscrita en tales partes del espionaje
salió del puño de Pinto. Sus compañeros de trabajo han sabido
reconocer, según confiesan en privado a este periódico, la grafía de
Pinto en las anotaciones plasmadas en los partes. El Gobierno de
Aguirre encargó a un perito, ex concejal socialista, el mismo
trabajo. Ese perito aseguró que la letra de los partes no
correspondía al agente Pinto.
(www.elpais.com,
21/01/10)
8. ESPIONAJE POLÍTICO DENTRO DEL PP. LA JUEZ CITA
AL VICEALCALDE COBO PARA COTEJAR SU AGENDA CON LOS SEGUIMIENTOS
Un año después de que EL PAÍS destapara el caso
del supuesto espionaje político por agentes a sueldo del Gobierno de
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, a cargos
del PP afines a Mariano Rajoy, como el entonces vicepresidente
autonómico segundo Alfredo Prada y el vicealcalde de Madrid, Manuel
Cobo, la juez del caso, Carmen Valcarce, cree llegado el momento de
citar al segundo para cotejar su agenda de abril de 2008 con los
partes de su seguimiento que difundió este diario y los
posicionamientos telefónicos de los ocho sospechosos del marcaje,
todos subordinados del consejero de Interior, Francisco Granados. La
citación es para el próximo 2 de febrero. Cobo, al estallar el
escándalo, ya confirmó que el contenido de los partes del espionaje
coincidían al cien por cien con su agenda tanto pública como
privada.
Los espías anotaron en los partes datos de
imposible conocimiento público como la burbuja de seguridad que
protegía a Cobo: "Le acompañan una moto con dos ocupantes de
avanzada y un vehículo turismo con un ocupante por detrás,
realizando la contravigilancia; este mismo vehículo contravigila su
domicilio". Y revelaban datos reservados como el lugar donde
aparcaba su coche oficial, fuera del Palacio de Comunicaciones
-"dirección a Atocha"- y en un punto que sólo conocen sus escoltas.
El 11 de abril de 2008, los espías anotaban que habían vigilado el
despacho y el domicilio de Cobo "con el fin de detectar algún
movimiento, siendo infructuosos todos los intentos".
¿Qué interés tenían los movimientos de Cobo para
los presuntos espías y sus jefes, todos pertenecientes a la
Consejería que dirige Granados a tenor de lo ya acreditado por la
policía? El espionaje se produjo en vísperas de un congreso nacional
del PP donde Aguirre amagaba con desafiar a Rajoy, a quien eran
leales Prada y Cobo. ¿Por qué los espías se alternaban esos días
entre el seguimiento sólo de los "objetivos" Cobo y Prada?: "Montado
el dispositivo en torno al puesto de trabajo de Cobo no observamos
movimientos del mismo durante la primera parte de la mañana, por tal
motivo desmontamos el dispositivo y nos dirigimos a Prada". Era la
letanía escrita en los partes de aquellos días.
Los espías no accedían a ninguna agenda oficial
de Cobo: sólo señalaban si había llegado o salido de su puesto de
trabajo, o si le habían perdido la pista. Y alertaban a sus jefes
sobre el peligro de espiar a Cobo: "Como quiera que la zona está
dotada de fuertes medidas de vigilancia y control, después de un
tiempo prudencial, abandonamos la zona y nos dirigimos a montar el
dispositivo del otro objetivo [Prada]".
Los espías no sólo conocían a qué hora llegaba
Cobo al Palacio de Comunicaciones, también sabían a qué hora salía
de su domicilio ("8.25 horas"). ¿En qué agenda figura ese dato tan
preciso? ¿Qué página oficial anota la salida de Cobo de Génova 13
("14.25 horas")?
A la espera de que los posicionamientos
telefónicos de abril de 2008 revelen lo que ya probaron respecto a
mayo de 2008, que los agentes/espías estaban donde los partes decían
cuando seguían al entonces vicepresidente segundo y consejero de
Justicia Prada, la fiscalía ha solicitado que testifique José Manuel
Pinto y se le analice la letra. Este agente, contratado laboral de
la Consejería de Interior, fue identificado por dos peritos
caligráficos, habituales en procesos de la Audiencia Nacional, como
el autor de las notas en los partes del espionaje, según un estudio
que hicieron a petición de EL PAÍS. Otro perito, al que pagó la
Consejería de Interior, negó que Pinto fuera el autor de los partes.
La juez ha aplazado el interrogatorio de Pinto, que le ha sido
solicitado seis veces, hasta que reciba el informe policial sobre
los posicionamientos telefónicos de abril de 2008. A pesar de este
freno, la satisfacción entre las víctimas del espionaje es absoluta.
El timonazo dado por la fiscalía en defensa de los perjudicados por
los seguimientos ilegales, la entrega de los posicionamientos
teléfonicos de abril de 2008, el rosario de peticiones para que se
cite a Pinto y la próxima comparecencia de Cobo han dado un empujón
a la causa que, por otro lado, ya ha probado lo esencial: que
agentes de Granados espiaron a Prada, seguido en mayo de 2008 por
tres ex guardias civiles imputados que responsabilizaron de su
labor, a la que denominaron contravigilancia, a su ex director
general, Sergio Gamón, también imputado pero que se lavó las manos
sobre la actividad ilegal de sus ex subordinados.
(www.elpais.com,
22/01/10)
9. EDUCACIÓN. EL SUPREMO CORRIGE A AGUIRRE POR NO
CONSULTAR LA ELECCIÓN DE CENTROS BILINGÜES
La Comunidad de Madrid se equivocó al establecer
en solitario los requisitos para convertirse en un centro bilingüe.
Así lo considera el Tribunal Supremo, que anula una orden de 2004 de
la Consejería de Educación en la que se establecía la selección de
los colegios públicos bilingües de Infantil y Primaria para el curso
2005-2006.
El alto tribunal no entra en el fondo, sino en la
forma. Esa orden, dice, tenía que haber pasado por el tamiz de los
sindicatos, puesto que afecta sustancialmente a las condiciones de
trabajo de los profesores. CC OO, que presentó el recurso contra la
orden, considera que la sentencia es un "varapalo" contra "los modos
antidemocráticos" de la Comunidad. El sindicato asegura que no va a
exigir que se repita la selección de centros, pero podría hacerlo.
La Consejería de Educación, cuyos servicios jurídicos estudian el
texto, está dispuesta a escuchar a los sindicatos en futuras
convocatorias, aunque recuerda que sus estimaciones o sugerencias
"no son vinculantes".
El programa bilingüe regional comenzó en el curso
2004-2005 en 26 centros públicos. Al año siguiente se extendió a 50
más, mediante la orden de selección que CC OO llevó a los tribunales
tras no tener participación en el proceso.
El texto establecía, entre otras medidas, que los
profesores de los colegios bilingües debían seguir un plan de
aprendizaje en función de su nivel de inglés, con cursos de
formación permanente fuera del horario lectivo y otros intensivos de
dos meses en los que debían ser sustituidos de su puesto de trabajo,
además de cursos de un mes en el Reino Unido.
El Supremo se basa en estos cambios para estimar
parcialmente el recurso contencioso- administrativo de la Federación
Regional de CC OO de Madrid. El sindicato solicitó a Educación que
la orden se sometiera previamente a consulta de las organizaciones
sindicales "dándoles audiencia sobre el contenido de la misma",
según la sentencia. El Supremo considera que la orden afecta "de
forma sustantiva" a las condiciones de trabajo de los funcionarios
públicos de la educación en formación, retribuciones y en las
posibles modificaciones de las plantillas de los centros.
El sindicato señaló que, con la sentencia en la
mano, podrían anular el listado de centros bilingües elegidos con
esa orden y obligar a la Comunidad de Madrid a repetir el proceso,
pero no lo harán. "No queremos perjudicar ni a los alumnos ni a los
centros", explicó Paco García, secretario de Enseñanza de Comisiones
Obreras en Madrid.
(www.elpais.com,
21/01/10)
10. VIVIENDA. NI UN SOLO PROMOTOR SE HA ACOGIDO
AL PLAN DE CONVERTIR VIVIENDAS LIBRES EN PROTEGIDAS
"Aquí tenemos un enfermo. Nosotros preparamos la
medicina, pero él no se la toma". El paciente es el sector
inmobiliario y el doctor que hace este diagnóstico, la Comunidad de
Madrid. Así explican en la Consejería de Vivienda por qué no ha
tenido éxito ninguna de las iniciativas que las administraciones
públicas han tomado para reducir el volumen de casas nuevas que se
acumulan y que los promotores no venden ni a tiros.
Hace ya dos años, cuando Carme Chacón aún era la
ministra del ramo, el Gobierno central modificó la ley para permitir
a los empresarios clasificar como protegidos los pisos que llevaran
más de un año a la espera de comprador. Se tenían que adaptar a unos
precios máximos, eso sí. Resultado: desde entonces, ni un solo
promotor de la región ha solicitado beneficiarse de esta medida.
Segundo intento: Esperanza Aguirre anunció a
bombo y platillo a mediados de 2008 un acuerdo entre los empresarios
del ladrillo y los banqueros para vender unos 25.000 pisos. La idea
consistía en que el Gobierno regional crearía la bolsa de viviendas
libres de precio concertado y los promotores que lo desearan
incluirían sus inmuebles en este listado. Esta medida tampoco ha
funcionado.
El plan de la Comunidad de Madrid pretendía que
las entidades financieras se comprometieran a conceder préstamos y
así los ciudadanos podrían comprar pisos un 20% más baratos, anunció
entonces Aguirre. Resultado: año y medio después, sólo se han
vendido o alquilado 379 casas, un 1,5% de las que Aguirre pretendía
colocar en el mercado.
La tercera iniciativa para adelgazar las miles de
casas que nadie compra tiene sólo cinco meses. Pero su resultado,
por ahora, ha sido nulo. Ningún promotor ha optado por pasar a
protegidos los pisos que ofrecen para alquilar con opción a compra,
posibilidad que dio Madrid en julio de 2009 a través del nuevo Plan
Regional de Vivienda. Ha pasado poco tiempo, pero es significativo
que por ahora ningún empresario se haya animado.
¿A qué se debe el fracaso de estas iniciativas en
una región que cuenta, según el Ministerio de Vivivenda, con más del
8% del stock de toda España? [más de 50.000 pisos vacíos] Fuentes
del Gobierno central aseguran que el Ejecutivo madrileño ha tardado
mucho tiempo en adaptar una iniciativa que ha funcionado en
comunidades como la Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha y
Castilla y León. "Aprobamos la posibilidad de convertir las
viviendas libres en protegidas hace dos años y Madrid no ha adaptado
la normativa hasta hace un mes escaso", señalan desde el ministerio.
En el Gobierno regional echan balones fuera y
culpan al sector privado. "Hemos hecho los deberes. Hemos puesto
herramientas a disposición de los empresarios, pero no las utilizan.
Lo que no vamos a hacer es comprar con dinero público los pisos que
no se venden", responden.
Los empresarios no dan una respuesta clara. "El
próximo martes nos reuniremos con la Administración para tratar el
problema. Trataremos de cuantificar el stock, localizarlo en la
región y entonces podremos analizar qué falla", asegura el
presidente de Asprima y APCE, las patronales de Madrid y de España
del sector, José Manuel Galindo.
Pedro Pérez, representante del G-14, el lobby de
las grandes promotoras, tiene un diagnóstico más certero. Y apunta a
las administraciones como responsables. "Las condiciones que se han
puesto para pasar la vivienda libre a protegida eran demasiado
estrictas", asegura.
No sólo han fracasado las políticas para reducir
el stock, condición sine qua non para remontar la crisis
inmobiliaria. El diputado regional socialista Antonio Gordillo
considera que han fallado las dos columnas sobre las que Aguirre ha
edificado su política de vivienda: el alquiler con opción a compra y
el fomento del alquiler, tanto en el mercado privado como en suelo
público.
(www.elpais.com,
18/01/10)
11. SANIDAD. DIMITE EL JEFE DE TRAUMATOLOGÍA DEL
RAMÓN Y CAJAL TRAS LA HUELGA CONTRA LOS "AMIGUISMOS" DE GÜEMES
Rafael Llopis, el jefe de servicio de
Traumatología del madrileño hospital Ramón y Cajal, ha renunciado
esta mañana a su cargo, apenas 24 horas después de que el 94% de su
plantilla ejerciera el derecho a huelga por su nombramiento
"irregular". Llopis ha asegurado que deja el puesto debido al "acoso
y agresiones" que viene sufriendo, según ha informado la Consejería
de Sanidad de Juan José Güemes. Los sindicatos SIME y FEMYTS,
convocante y apoyo de la huelga, han negado este extremo y han
explicado a este periódico que no tienen "ninguna cuestión personal
contra el doctor". Por el contrario, han agregado, sus críticas van
dirigidas a Güemes, que lleva tres años abrir concursos para cubrir
plazas y que ha hecho del "amiguismo y la política" los métodos
habituales para adjudicar puestos clínicos. De momento, y a falta de
celebrar una reunión con el comité de recursos humanos del centro,
las otras tres jornadas de huelga previstas por SIME siguen
convocadas.
El jefe de Traumatología no ha aguantado la
ofensiva de su propia plantilla, formada por 36 especialistas fijos
-34 secundaron la movilización- y ha renunciado, aunque lo ha hecho
planteando el asunto como una cuestión de "acoso y agresiones"
personales.
La Consejería de Sanidad ha respaldado este extremo asegurando que
Llopis llegó al centro con "la mejor de las intenciones, ilusión y
máximo respeto a todos sus colegas" pero "desde su llegada y sin
ningún fundamento ni legal, ni científico ni académico sólo ha
recibido afrentas, desconsideración y agresividad hacia su persona".
El mismo Güemes, enemigo declarado de los sindicatos, ha insistido
en que el aludido, que volverá al hospital Santa Cristina del que
fue trasladado, "tiene todo el apoyo del Gobierno de la Comunidad de
Madrid".
Pero los sindicatos, que no han desconvocado la
huelga en Traumatología –quedan pendientes al menos tres jornadas
los días 21, 26 y 28 de enero, y una general posiblemente el 3 de
febrero-, han desvinculado la disconformidad con Llopis del plano
personal. Por el contrario, han vuelto a cargar las tintas en la
Consejería, que ha dejado de cubrir plazas con el procedimiento
legal, los concursos, y ha implantado el "amiguismo y polítiqueo"
como los criterios a seguir.
"No tenemos nada en contra de la persona de
Llopis, sino contra la forma en la que fue designada. Por eso
apoyamos la huelga: porque la Consejería había conculcado todos los
principioas para que una plaza se cubra atendiendo a los principios
de transparencia y capacidad", ha opinado Pablo Martínez, de Femyts.
Martínez ha asegurado, además, que no tiene noticia de "ninguna
agresión". Desde Sime, Lucía Cobo ha eludido pronunciarse sobre el
supuesto "acoso" hasta reunirse con el comité a analizar las
declaraciones de Llopis.
Cobo ha reiterado, eso sí, que las movilizaciones continúan pues
sólo se ha cumplido la primera de sus reivindicaciones -el cese del
actual jefe-. Quedan pendientes, por tanto, otras dos: "la
reposición temporal de la persona que venía desarrollando el cargo
(jefe de Traumatología) en funciones y la convocatoria inmediata de
la cobertura de la plaza mediante concurso público". Como ya
explicaron a este periódico, Güemes ha optado por convertir en
"puestos de confianza" al personal sanitario, y ha dejado los
nombramientos en manos de los gerentes de los hospitales,
nombramientos políticos y afines, y no de los comités médicos.
(www.elplural.com,
20/01/10)
12. DEPENDENCIA. JAÉN OFRECE SIMILAR NÚMERO DE
AYUDAS A DEPENDIENTES QUE TODA LA COMUNIDAD DE MADRID
La provincia de Jaén, con 667.000 habitantes, ha
concedido casi las mismas ayudas que se han dado en toda la
Comunidad de Madrid, que tiene 5,5 millones más de habitantes",
según datos ofrecidos por la consejera andaluza para la Igualdad y
Bienestar Social, Micaela Navarro, que opina que debería llevarse a
los tribunales al Ejecutivo popular de Esperanza Aguirre si decide
privatizar los servicios de evaluación de personas dependientes.
"Si [Aguirre] no tiene funcionarios, que los
convoque, porque la ley encomienda taxativamente esa tarea a un
equipo público; si privatiza ese servicio, entonces el Gobierno
deberá recurrirlo", manifestó la consejera andaluza para la Igualdad
y Bienestar Social, Micaela Navarro.
Aguirre declaró esta semana que el retraso en la aplicación de la
Ley de Dependencia se solucionaría si la valoración de los
solicitantes de la ayuda la pudieran realizar compañías de seguros y
agencias privadas. Una idea que, según la consejera de Andalucía
confirma que la presidenta madrileña "quiere hacer con el desarrollo
de la Ley de Dependencia lo mismo que hace con otras parcelas como
la sanidad". Una actitud que, según Navarro, no daña al Gobierno de
Zapatero, sino a los madrileños".
Los datos aportados por la consejera ponen a
Andalucía como la Comunidad que mejor aplica la norma sobre
Dependencia, según la Asociación de Directores de Servicios
Sociales, a la cabeza de España. Con más de 189.000 prestaciones
concedidas, Andalucía aglutina el 33,8% del total nacional
Sólo en la provincia de Jaén se han concedido
casi las mismas ayudas que en toda la Comunidad de Madrid, que tiene
5,5 millones más de habitantes", según destacó Navarro. Jaén, una de
las provincias andaluzas menos pobladas, con 667.000 habitantes,
había concedido hasta noviembre último más de 20.000 prestaciones,
frente a las 21.000 registradas en Madrid hasta ese momento, con 6,2
millones de residentes.
(www.elplural.com,
16/01/10)
13. MEDIO AMBIENTE. RECURRIDO EL PLAN DE USOS DE
LA SIERRA DE GUADARRAMA
El Gobierno regional está a punto de atragantarse
con la norma que regula los usos de la sierra de Guadarrama. La
presidenta regional, Esperanza Aguirre, presentó hace dos meses por
todo lo alto el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de
la sierra de Guadarrama, que fija qué actividades se pueden hacer en
más de 100.000 hectáreas del norte de la región. A pesar de las
prisas por realizar el anuncio, la Comunidad de Madrid ha tardado
casi dos meses en publicar el PORN en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid (BOCM), lo que ha impedido revisar en detalle el
alcance del plan.
Tras conocer el contenido del PORN, la
organización Ecologistas en Acción ha llevado a los tribunales el
Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la sierra de
Guadarrama. La organización verde ha recurrido la aprobación del
PORN ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al
considerar que esta norma regional reduce la protección de la
sierra.
"Este documento, que debería incrementar la
protección de Guadarrama, es un cheque en blanco a las
reclasificaciones, a la construcción indiscriminada en suelo
protegido y a la destrucción del puerto de Navacerrada", asegura la
organización a través de un comunicado. Entre los motivos que
esgrime Ecologistas para fundamentar su recurso están "la reducción
de los niveles actuales de protección y la flexibilidad en materia
urbanística".
La organización también alude a que el PORN
excluye "el puerto de Navacerrada de cualquier figura de
protección".
Durante el acto de presentación del PORN en El
Paular, un miembro de Ecologistas en Acción se acercó a la
presidenta regional para exponerle sus críticas al plan regional.
Esperanza Aguirre lanzó un órdago: "Si queréis, no lo aprobamos". Y
a pesar de la oposición de los ecologistas, el Ejecutivo regional
dio luz verde al plan que regula los usos de la sierra de
Guadarrama.
(www.elpais.com,
19/01/10)
14. TORREJÓN DE ARDOZ. EL AYUNTAMIENTO SE SALTA
LAS DIRECTRICES ESTATALES FIJADAS EN 2008 PARA EL EMPADRONAMIENTO
Normas de empadronamiento para una mejor
convivencia entre todos, por una inmigración regular en Torrejón de
Ardoz. Es el título de un tríptico de información de este
Ayuntamiento madrileño. Dentro del folleto se precisan los
requisitos: si usted es extranjero y tiene pasaporte con visado de
turista, no podrá empadronarse; tampoco si en su piso hay más de un
habitante por cada 20 metros cuadrados.
El reglamento ha logrado reducir un 50% la
inscripción de vecinos extranjeros en Torrejón en 2009 con respecto
a 2008. No hay datos sobre mejoras de la convivencia. Pero hay
pruebas de su efecto: extranjeros que viven en la ciudad sin estar
en el padrón municipal, vecinos fantasmas que se inscriben en otros
términos municipales menos exigentes en sus requisitos, para tener
derecho a que los reciba un médico o para que sus hijos tengan plaza
escolar.
El padrón de Torrejón de Ardoz, un municipio de
116.000 habitantes con 26.000 vecinos extranjeros, funciona con
criterio propio. La resolución estatal sobre empadronamiento de
1997, elaborada por el Ministerio de Administraciones Públicas
cuando Mariano Rajoy era ministro, todavía vigente, obliga a los
municipios a registrar a todos los vecinos extranjeros, aunque estén
en España en situación irregular. Torrejón no sigue la regla desde
el 1 de octubre de 2008.
Las excepciones legales de este municipio tampoco
casan con las directrices más recientes del Ministerio de Interior,
que precisó en 2008 a distintos ayuntamientos catalanes las reglas
de juego. Según este documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, los
municipios deben aceptar los pasaportes extranjeros con visado de
turista. No se menciona nada relacionado con el espacio disponible
en la vivienda donde se registran los inmigrantes.Los funcionarios
de Torrejón de Ardoz cumplen órdenes. "Lo siento, aquí no puede, va
a tener que buscarse otro Ayuntamiento", responde una oficinista del
padrón a Mary, una dominicana de 35 años. La inmigrante mostró su
pasaporte, pero no hubo suerte. Tenía visado de turista,
insuficiente para satisfacer las normas especiales del Ayuntamiento.
Mary contraataca: "O sea que aquí no puedo ir al médico ni nada...".
Y se da de nuevo con el frontón burocrático: "Respecto a lo de ir al
médico, tendrá que dirigirse a la autoridad competente", replica la
funcionaria.
"Burocracia, burocracia, burocracia", protesta en
la salita de su casa un ghanés que no quiere dar su nombre. Su
lamento tiene la misma raíz que las penas de Mary. Torrejón de Ardoz
le ha negado el empadronamiento a una familia de compatriotas suyos,
un matrimonio con dos niños, de tres años y 10 meses. Por cuestiones
de espacio, la otra cláusula principal del plan de mejora de la
convivencia de Torrejón.
Newton Korang, ghanés de 30 años, padre de esta
familia rechazada por el censo torrejonero, explica los
inconvenientes de esta normativa discriminatoria: "Estamos
empadronados en Coslada, y tenemos que llevar a los niños allí
cuando se ponen mal. Como no tenemos coche, vamos en tren a San
Fernando y luego en bus a Coslada, a nuestro médico".
El obstáculo de estos inmigrantes está en la base
de datos de Torrejón. Allí aparecen registrados otros tres
habitantes, que sumados al huésped y a la familia de cuatro que
aspira a censarse suman ocho inquilinos en unos 70 metros cuadrados.
El Ayuntamiento no transige. Ellos aseguran que esa gente ya no vive
en el apartamento.
Pero el espacio no debería influir en su
empadronamiento. Eso indica un documento de 2008 del Ministerio de
Interior al que ha accedido EL PAÍS. Una nota enviada a distintos
ayuntamientos catalanes precisa las normas del padrón y no hace
referencia al espacio disponible en la vivienda. Lo que sí resalta
es que el pasaporte es un documento válido para empadronarse,
"independientemente de si tiene un visado de turista". Una directriz
ignorada por Torrejón.
El Ayuntamiento se ha negado a ofrecer su versión
sobre la contradicción entre las normas de Interior y sus
estrategias para buscar una "inmigración regulada" (como se lee en
la revista municipal). Remite a las declaraciones del alcalde, Pedro
Rollán, a este diario. El regidor afirmaba que estas reglas
defendían la dignidad de los extranjeros: "No podemos permitir que
por pisos de menos de 100 metros se lleguen a cobrar 1.200 o 1.500
euros. Esto les obliga a vivir hacinados... Luchamos contra la
esclavitud del siglo XXI". Una "esclavitud" común según este
argumento a muchas familias españolas, cuya vivienda no tiene 20
metros cuadrados por habitante.
Esta supuesta lucha por favorecer a los
inmigrantes ofrece otros logros a la localidad, según su revista:
"Se ha conseguido que por primera vez baje el número de inmigrantes
en Torrejón". En otro folleto se explica que las reglas del padrón
responden a un "clamor popular". En la plaza del Ayuntamiento, a
unos metros de un grupo de subsaharianos, José, de 49 años, al igual
que otros vecinos, no recordaba problemas con los inmigrantes: "No
sé si hay tensión en el interior de la gente, pero en el exterior no
se ve nada". Tal vez ha bajado el "clamor". O quizá los vecinos no
lo habían notado.
(www.elpais.com,
20/01/10)
15. VILLAVICIOSA DE ODÓN. UNA CORRUPTELA GRATIS,
UNA VERDAD MUY CARA
En junio de 2002, Villaviciosa de Odón, municipio
madrileño que entonces tenía 21.000 habitantes, registró un brote
agudo de simpatía conservadora. De la noche a la mañana, 78
ciudadanos decidieron afiliarse al PP local y apoyar la elección
como presidenta local de la alcaldesa Nieves García, una militante
sensible hacia el desarrollo inmobiliario y a quien disputaba el
cargo un rival de su propio partido, Eusebio Martín, cuya
sensibilidad se presumía más dudosa o infiel.
Una docena de los 78 afiliados pertenecía a la
familia de Francisco Bravo y de su tío Francisco Vázquez, promotores
con intereses en Villaviciosa. La entonces presidenta local del PP,
alcaldesa hasta 1999 y ahora concejal de Urbanismo del Ayuntamiento
de Madrid, Pilar Martínez, denunció el pucherazo ante la dirección
regional del PP. Pero la operación quedó impune.
Cinco años más tarde, un juez de Móstoles
consideró veraces las informaciones sobre el pucherazo publicadas
por una revista de Villaviciosa ligada a un sector del PP: el
magistrado desestimó la demanda de protección del honor planteada
por Bravo y Vázquez, pero el pucherazo quedó impune. La intervención
de Pilar Martínez, que declaró como testigo en aquel juicio,
evidenció lo siguiente, según la sentencia: "Una serie de
irregularidades que afloran en los documentos anteriormente
referenciados [varias cartas dirigidas por la ex alcaldesa a la
dirección regional del PP] y que han sido ratificadas" por la propia
Martínez. En junio de 2008, la Audiencia Provincial de Madrid
ratificó la sentencia.
Ahora, otro juez, este de Madrid y de la
jurisdicción penal, ha condenado a dos periodistas de la Cadena SER
a un año y nueve meses de prisión por publicar la lista de los 78
ciudadanos que afianzaron el rumbo de las políticas que García,
diputada aguirrista en la Asamblea de Madrid, aplicaba en
Villaviciosa. Difundir sus nombres y sus domicilios que en distintos
casos coincidía con el de una empresa de Bravo atentó contra el
derecho a la intimidad y constituyó un delito de revelación de
secretos, según el juez.
El supuesto secreto revelado no era otro que el
de su militancia. En la sentencia, el magistrado considera que la
protección constitucional de la libertad de información no ampara
las noticias difundidas a través de Internet. Y se transmuta en
profesor para indicar cómo se debía haber publicado la historia: sin
nombres ni datos personales. La Fiscalía considera excesiva la pena,
pero mantiene su petición de cárcel cinco meses, en este caso en su
recurso ante la Audiencia madrileña.
En junio de 2003, un año después del pucherazo,
los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez pasaron
la noche del día 10 en un hotel madrileño. Habían protagonizado una
jornada histórica al ausentarse de la votación de la que el
candidato de su partido, Rafael Simancas, debía salir investido
presidente. Su deliberado plantón abrió la puerta al triunfo de
Esperanza Aguirre. Por la noche, ambos abrían otra puerta: la de las
habitaciones 209 y 309 del hotel AC Los Vascos. Las había reservado
el promotor Francisco Bravo, cuyo nombre figuraba en la lista de los
78.
Aquella noche se esfumó el fantasma que recorría
no Europa la alianza PSOE-IU pero sí distintos sectores
empresariales de Madrid. En la pesadilla aparecía Simancas con sus
socios comunistas parando el avance del ladrillo, como un guardia de
tráfico decidido a tocar el silbato por un quítame allá esa zona
verde. O por un Quitapesares, nombre del polígono de Villaviciosa
donde el ayuntamiento que dirigía García vendió a una empresa de
Bravo suelo a bajo precio en el año 2000. En la junta de
compensación de Quitapesares, formada por los propietarios del
terreno para promover su desarrollo urbanístico, Bravo coincidió con
Tamayo.
Nunca se sabrá qué habría ocurrido si, en el
verano de 2002, el PP de la capital hubiera frenado la afiliación de
esos 78 ciudadanos, entre los que figuraba Bravo. Pilar Martínez,
escribió cinco cartas dirigidas a varios responsables del PP de
Madrid, incluído Ricardo Romero de Tejada, por entonces secretario
general del PP madrileño. Romero de Tejada reconoció que, tras la
espantada de Tamayo y Sáez, había recibido a Francisco Bravo en la
sede central del PP.
En su querella por el tamayazo, el PSOE citaba
ese episodio: "No es, en absoluto, intrascendente una reunión
promovida por un empresario del PP sin cargo alguno en su partido,
que tiene intereses inmobiliarios muy específicos, con el
coordinador de política municipal y el número dos del PP de Madrid,
para tratar sobre la estrategia a seguir en la conformación de
mayorías en contra del PSOE". Como la querella cayó en saco roto, el
secreto del tamayazo sigue intacto, impune como el pucherazo de
Villaviciosa.
(www.publico.es,
18/01/10)
16. BOADILLA DEL MONTE. GONZÁLEZ PANERO SIGUE
SIENDO ALCALDE DE BOADILLA, SEGÚN LA WEB DE LA COMUNIDAD DE MADRID
¿Es que Esperanza Aguirre no se toma en serio sus
propias decisiones de destitución de sus cargos implicados en
corrupción o se trata de un simple lapsus del responsable de la
página web de la Comunidad de Madrid? Los casos de errores referidos
a personajes del PP que han sido destituidos de sus puestos por la
presidenta y que continúan en posesión de los mismos, al menos en la
web, ya van siendo habituales.
Ahora es en la sección de Atención al Ciudadano,
en los datos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, donde se ha
producido el error. Allí sigue apareciendo el nombre de Arturo
González Panero como alcalde de esa localidad, a pesar de haberse
visto obligado a dimitir a finales de febrero de 2009, por su
imputación en el caso Gürtel.
El pasado mes de octubre, después que Esperanza
Aguirre anunciara que los tres diputados del PP en la Asamblea de
Madrid imputados en el caso Gürtel (Alberto López Viejo, Alfonso
Bosch y Benjamín Martín Vasco) estaban expulsados del Grupo
Parlamentario Popular, en la web de la Cámara regional los tres
seguían apareciendo como parlamentarios del PP. Y para más inri,
López Viejo figuraba incluso como consejero de Deportes, cargo que
dejó a principios del mes de febrero de 2009.
El caso de los tres diputados madrileños fue
similar a lo que pasó en la página web del PP valenciano, en la que
Ricardo Costa siguió figurando como secretario general del partido
en la región después de serle retirados sus cargos por la dirección
nacional del PP.
Otro error, aunque de diferente índole, apareció
en Telemadrid en noviembre último, cuando se calificó de "Podrido
Rato" al ex ministro de Economía y, a partir de este 28 de enero
próximo, presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, una candidatura
por cierto a la que Esperanza Aguirre se oponía por defender la de
su segundo en la Comunidad, Ignacio González, lo que nos llevaría a
preguntarnos, siendo mal pensados, claro, si se habrá tratado
verdaderamente de un error.
(www.elplural.com,
16/01/10)
