ÍNDICE
1. GÜRTEL, ESPÍAS Y OTROS HORRORES DE 2009
2. AGUIRRE QUIERE RESTRINGIR EL DERECHO CIUDADANO
A LA JUSTICIA GRATUITA
3. AGUIRRE REDUCIRÁ LA JUSTICIA GRATUITA PARA
EXTRANJEROS Y JUICIOS RÁPIDOS
4. AGUIRRE PRECIPITA UN PACTO SOCIAL TRAS UN AÑO
SIN REUNIRSE CON LOS SINDICATOS
5. EL RELOJ DE LA PRESIDENTA ATRASA
6. AGUIRRE DESVINCULA AHORA A WYOMING DE LA
AGRESIÓN A TERTSCH
7. La lista de afiliados publicada por la Cadena
SER es la prueba principal de las malas artes de Esperanza Aguirre
8. GÜEMES ACUSA A LOS SINDICATOS DE ANTEPONER SU
INTERÉS AL DE LOS PACIENTES
9. MADRID PIERDE 11 MILLONES PARA PORTÁTILES EN
LAS AULAS
10. AGUIRRE RECORTA LA APORTACIÓN A LOS POLICÍAS
MUNICIPALES SUBVENCIONADOS
11. EL PARO AFECTA AL 22% DE LAS FAMILIAS DE LA
COMUNIDAD
12. INDEMNIZACIÓN DE 20 MIL EUROS PARA ALFONSO
BOSCH, IMPUTADO EN EL CASO GÜRTEL
13. MANUEL COBO REPRESENTÓ AL PP, DEL QUE ESTÁ
SUSPENDIDO
14. EL JUEZ IMPUTA POR LA GÜRTEL A OTRA EDIL
POPULAR DE POZUELO
15. EL EX CONCEJAL DE URBANISMO DE BOADILLA,
CONDENADO POR UN DELITO CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRÁFICO
1. GÜRTEL, ESPÍAS Y OTROS HORRORES DE 2009
La Comunidad ha vivido su peor curso político
desde que en 2003 estalló el tamayazo, el escándalo de corrupción
que aupó a Esperanza Aguirre a la presidencia regional. Del
espionaje a altos cargos del PP a la guerra política por el control
de Caja Madrid, pasando por el estallido del caso Gürtel.Ha sido uno
de los peores años para la clase política regional y muy
especialmente para el Gobierno de Aguirre, que ha perdido un
consejero por estar imputado, tiene a un vicepresidente tocado por
no haber podido dar el salto a la banca, uno de sus ex
vicepresidentes ha llevado a los tribunales un caso de espionaje que
afecta de lleno al Gobierno regional y la imagen de la presidenta
arrastrada por el suelo por las acusaciones del vicealcalde Manuel
Cobo. Éstos son algunos de los hitos del annus horribilis de
Aguirre.
- Los espías. Apenas se habían estrenado las
agendas del año 2009, cuando el primer escándalo político en la
región saltó a las primeras planas de los periódicos. El 19 de
febrero el primer titular, publicado en EL PAÍS, desvela que un ex
inspector de policía, Marcos Peña, asesor de la Consejería de
Presidencia, encabeza un equipo de investigación integrado por ex
agentes y ex guardias civiles a sueldo de la Comunidad.Entre marzo y
mayo de 2008, en plena tormenta política en el PP por el fracaso
electoral y el debate sobre la continuidad de Mariano Rajoy, los ex
agentes desarrollaron tareas de espionaje pagadas con dinero público
y para las que no tenían competencias legales atribuidas. En los
días siguientes, se revelará que estos espías han seguido al ex
vicepresidente Alfredo Prada, posicionado al lado de Rajoy frente a
Aguirre; al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, mano derecha de
Alberto Ruiz-Gallardón, rival político de la presidenta; a Álvaro
Lapuerta, antiguo tesorero del PP, mientras ocupó este cargo y
durante la feroz batalla política entre Aguirre y Rajoy, y a la
diputada María del Carmen Rodríguez.
Pero el Gobierno regional no se hace responsable
de los espías. "¿Por qué hacen ustedes caso a lo que cuenta EL
PAÍS?", espeta Aguirre a los periodistas. Francisco Granados,
titular de Interior, justifica que lo que hacían sus subordinados
eran "labores de contravigilancia".
El PP nacional abre una investigación, pero la
comisión pronto resulta un fiasco. El grupo popular impone su
mayoría para impedir que la comisión reciba documentación vital. La
conclusión final de la comisión, aprobada con la mayoría de votos
del PP y en contra de la oposición, es que no hubo espionaje
relacionado con la Comunidad de Madrid.
- El 'caso Correa'. La investigación del juez
Baltasar Garzón a la trama de corrupción que encabeza Francisco
Correa llega al Gobierno de Aguirre. En los primeros días de
febrero, la presidenta regional trata de frenar su alcance con la
salida del consejero de Deportes, Alberto López Viejo -que en el
sumario es citado por Correa como el "muñidor" de la trama en el
Gobierno regional-, y la destitución de Guillermo Ortega, ex alcalde
de Majadahonda, como gerente del Mercado Puerta de Toledo. Se
sumarán los alcaldes de Boadilla, Arturo González Panero; de
Pozuelo, Jesús Sepúlveda; y de Arganda, Ginés López. Y, además de
López Viejo, los diputados Benjamín Martín y Alfonso Bosch. Junto a
otros altos cargos populares, suman 13 imputados en la trama Correa,
la región que más tiene.
Sin embargo, desde el principio, Aguirre trata de
pasar por la campeona contra la corrupción. Y ello pese a que el
sumario del caso atribuye a su Gobierno haber contratado en 358
ocasiones con las empresas de Correa -por valor de tres millones de
euros- por el método de trocear los contratos (que nunca superaban
el límite legal de 12.000 euros) para eludir la obligación de
convocar un concurso y adjudicarlos a dedo. Un ejemplo, el acto de
homenaje a los servicios de emergencias por su actuación en el 11-M
se distribuyó en 15 facturas, por un monto de 141.002,59 euros.
- Diputados no adscritos. López Viejo, Bosch y
Martín son, en teoría, diputados no adscritos. Pero, en la práctica,
se sientan en escaños situados junto a su antiguo grupo
parlamentario y votan siempre lo mismo que sus ex colegas del PP. Su
expulsión del grupo popular tiene más tintes de farsa que de
destierro político. Aguirre, a la que ningún alto cargo popular ha
osado en seis años llevar la contraria (sin verse represaliado por
ello), afirmó el 9 de octubre haber intentado, sin éxito, reclamar
el acta de diputado a los tres imputados.
Para evitar que le tocara el escándalo de que
unos diputados sin actividad parlamentaria pudieran cobrar aún más
al salir del grupo, Aguirre fuerza el mismo cambio en el Reglamento
de la Cámara al que se había negado en 2003 durante el tamayazo. El
PP introduce por la vía urgente la figura del diputado no adscrito.
Eso provoca una fuerte bronca en la Asamblea con la oposición. Sobre
todo cuando el PP pretende aprobar con efecto retroactivo la norma,
para impedir que los diputados imputados formen grupo mixto, y pone
a la Mesa de la Asamblea "al borde de la prevaricación", en palabras
del portavoz adjunto socialista, José Manuel Franco. En el pleno,
éste recuerda que la Constitución impide restringir derechos con
efecto retroactivo. Y el PP se ve obligado a enmendar su propia
reforma.
- La confesión de Cobo. Pero si el PP sufre
desgaste por la bronca política con la oposición, también le ha
pasado factura la pelea interna. Aguirre ha alternado este año los
enfrentamientos con Rajoy por el liderazgo del partido con su pelea
personal con Alberto Ruiz-Gallardón, partidario del anterior. Las
pésimas relaciones entre los dos líderes madrileños llegaron a su
colofón cuando el vicealcalde, Manuel Cobo, en una entrevista en EL
PAÍS el pasado 25 de octubre, se decide a denunciar el
comportamiento político de Aguirre y su entorno, al que acusa de
montar una "gestapillo" para espiarlo y controlarlo.
La confesión le cuesta la suspensión de
militancia al vicealcalde, al que Gallardón daría su apoyo, pero da
un vuelco en las negociaciones para el nuevo Consejo de
Administración de Caja Madrid. Bastó una frase de Cobo: "Lo que está
haciendo Aguirre con la gente de Rato es de vómito".
- A por Caja Madrid. En un intento de controlar
la cuarta entidad financiera, el PP de Aguirre forzó en el otoño de
2008 una reforma en la Ley de Cajas para desalojar al presidente,
Miguel Blesa. Un año después, la presidenta regional revela que su
apuesta para dirigir la entidad es su vicepresidente, Ignacio
González. Para facilitar el relevo, éste se había implicado
personalmente en una negociación con sindicatos, empresarios y la
oposición, PSM e IU, cerrada en julio, en la que se reparten los
puestos del Consejo de Administración.
Tras el verano, las direcciones nacionales de los
dos principales partidos desautorizan el pacto, llueven las críticas
sobre el bajo perfil profesional del candidato de la presidenta y
Aguirre se ve forzada a aceptar al ex director gerente del FMI,
Rodrigo Rato, como candidato a presidir la Caja. Su entrada atasca
el proceso, porque los socialistas no están dispuestos a renunciar a
las promesas que les había hecho González. Tras semanas de
negociaciones, Rato consigue una reforma para blindar su presidencia
y cede a los socialistas tres puestos en el Consejo de
Administración, uno más de los previstos.
(www.elpais.com,
31/12/09)
2. AGUIRRE QUIERE RESTRINGIR EL DERECHO CIUDADANO
A LA JUSTICIA GRATUITA
Todos los ciudadanos tienen derecho a un abogado
de oficio si es que son detenidos, independientemente del dinero que
posean. Este servicio esencial es extensivo a los extranjeros que
son rechazados en la frontera cuando quieren entrar en España. Pero
la presidenta regional, Esperanza Aguirre, pretende restringir este
derecho fundamental, que se recoge en la Constitución y que
desarrolla la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que determina el
nombramiento de un abogado de oficio en caso de carecer de letrado.
Aguirre aprovechó un acto de presentación de los
nuevos juzgados para abrir la caja de los truenos. Aseguró que no
seguirá pagando la justicia gratuita para los extranjeros y para los
detenidos. Quiere abaratar la factura del turno de oficio y anunció
un decreto por el que en Madrid sólo podrá tener un abogado pagado
por las arcas públicas quien acredite no tener dinero suficiente
para contratar uno privado.
El sistema actual, asegura la presidenta, es un
"abuso" por parte de algunos letrados que presentan recursos y
recursos para continuar con los procedimientos. El Colegio de
Abogados de Madrid y algunas asociaciones de inmigrantes protestaron
por esta medida, a la que calificaron de discriminatoria y de ir
contra derecho. Pidieron a la presidenta regional que rectificara
para no causar graves problemas a los extranjeros.
"No podemos seguir sufragando estos 50 millones
de euros cuando no estaba previsto en las transferencias. La
Comunidad no va a seguir un año más alimentando un fraude y esta
desnaturalización de la justicia gratuita", criticó la presidenta
regional. Aguirre puso como ejemplo la entrada de inmigrantes por el
aeropuerto de Madrid-Barajas y recordó que en su día ya se quejó por
tener que pagar un recurso jurídico planteado por el hijo del jefe
de Al Qaeda, Omar Bin Landen, cuando solicitó asiló en Barajas.
La presidenta va a pedir la reunión de la
Comisión Mixta de Transferencias para que se acabe con el abuso de
este servicio. Según sus palabras, la justicia gratuita se confunde
con el turno de oficio y no es una materia que estuviera prevista
entre las competencias judiciales transferidas desde el Gobierno
central hacia las comunidades autónomas.
Estas declaraciones se producen un día después de
que el Gobierno regional aprobara un gasto de 24 millones de euros
para pagar parte de la factura que adeuda al Colegio Oficial de
Abogados de Madrid por la asistencia letrada de todo el año 2009.
El consejero de Presidencia, Interior y Justicia,
Francisco Granados, matizó las declaraciones de Aguirre y explicó
que se está dando una perversión de la justicia gratuita: "Lo que la
presidenta ha querido decir es que este abuso se va a acabar". Por
ello, el Ejecutivo regional pretende frenar tres tipos de asistencia
que hasta ahora llevan a cabo los abogados.
La primera consistirá en no pagar el abogado a
los extranjeros que no puedan justificar que no tienen dinero o
falta de medios para pagarlos ellos mismos. La segunda intentará que
los letrados no puedan recurrir "de manera permanente", aunque sus
clientes ya no estén en España. Según Granados, es el típico caso
que se da en Barajas. Los letrados del turno de oficio tienen que
asistir a los extranjeros que no son aceptados en España. Pero luego
mantienen los recursos hasta llegar a veces en casación al Tribunal
Constitucional, pese a que ya no saben ni siquiera donde está su
cliente.
La tercera medida afecta a los Juzgados de lo
Social y a los juicios rápidos. Ambos procedimientos cuentan con
asistencia letrada gratuita, pese a que muchas veces los clientes,
según Granados, tienen posibilidad de sufragarse sus propios
abogados. "Si despiden a un inmigrante que cobra 800 euros,
lógicamente no le cobraremos el abogado. Pero si despiden a un señor
que gana 2.000 euros al mes sí evitaremos pagarle el abogado",
explicó Granados. En los juicios rápidos se da un caso parecido. Al
tratarse, según el consejero, de procedimientos muy cortos, mucha
gente con medios se aprovecha de los fondos de la Comunidad de
Madrid para no pagar una factura de abogado."Esto se está dando en
los juicios rápidos por delitos de tráfico. La gente es detenida y
asistida por un abogado, que también lo defiende en el juicio. Habrá
que arbitrar alguna medida para que pague a posteriori la factura de
ese abogado", mantuvo Grandos que adelantó que su departamento tiene
casi concluido un decreto para reducir al máximo la asistencia
letrada gratuita. Si recibe el visto bueno por parte del Consejo de
Gobierno en enero, entrará en funcionamiento a la mayor brevedad
posible. También está previsto que los consejeros de las comunidades
autónomas con competencias en materia de Justicia se reúnan en
Pamplona a finales de enero para tratar el tema.
"Con estas medidas estamos seguros de que la
factura se reducirá al 50%, de tal forma que sólo tendremos que
pagar 25 millones de euros al año", añadió el consejero de
Presidencia, Interior y Justicia. Éste planteó que sea el propio
Colegio de Abogados de Madrid el que establezca algunos controles
sobre la justicia gratuita para evitar que los procesos se alarguen
de manera innecesaria. "Si el propio colegio se hace árbitro, se
evitarían miles y miles de recursos para cobrarlos, que lo único que
hacen es colapsar el sistema judicial, de por sí, bastante
sobrecargado ya", concluyó Granados.
El anuncio de Aguirre roza la
anticonstitucionalidad, según fuentes jurídicas consultadas por este
periódico. Los detenidos tienen derecho a contar con abogado, desde
que se les hace la lectura de derechos, según recoge el artículo
24.2 de la Constitución Española y el 520 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Después puede ser ese abogado el que les
lleve todo el procedimiento, en caso de que no hagan un cambio de
letrado, tras quitarle la venia al primero.
Igual ocurre con los extranjeros que quieren
entrar en España y que son rechazados por las autoridades
policiales. Al tratarse de un acto administrativo, deben contar con
un abogado y un procurador que les represente en todos los actos,
incluso cuando no se haya iniciado un procedimiento judicial.
Esas fuentes recordaron que los módulos que
cobran los abogados se mantienen intactos desde que fueron
negociados en 2003. Ni siquiera se les ha aplicado el incremento del
Índice de Precios al Consumo (IPC) de estos años, con lo que los
abogados están cobrando en sueldos de hace seis años. "Madrid tiene
graves carencias de medios y de personal en materia de justicia y la
presidenta, lo único que quiere con este anuncio, es desviar la
atención y mantener que el problema no es de ella", destacaron
fuentes de la judicatura.
Hasta la fecha, el Colegio de Abogados no ha
recibido ninguna cantidad para pagar la factura del turno de oficio
correspondiente a 2009. Los letrados han planteado movilizaciones si
no se soluciona este problema.
(www.elpais.com,
31/12/09)
3. AGUIRRE REDUCIRÁ LA JUSTICIA GRATUITA PARA
EXTRANJEROS Y JUICIOS RÁPIDOS
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, aprovechó un acto de presentación de los nuevos
juzgados con que contará la Comunidad de Madrid desde el 1 de enero
para abrir la caja de los truenos. Aseguró que no seguirá pagando la
justicia gratuita para los extranjeros y para los detenidos, un
sistema que llegó a calificar de "abuso" por parte de algunos
letrados que presentan recursos y recursos para continuar con los
procesos.
Eso, pese a que contar con un abogado defensor es
un derecho fundamental reconocido en el artículo 24.2 de la
Constitución. El Colegio de Abogados de Madrid y alguna asociación
de inmigrantes protestaron por la medida, que calificaron de
discriminatoria. Pidieron a la presidenta que rectifique para no
causar graves problemas a los extranjeros.
Aguirre acudió a inaugurar las nuevas
instalaciones de los tribunales de lo contencioso-administrativo. Y
aprovechó para anunciar que restringirá el acceso a la justicia
gratuita a los extranjeros y en los juicios rápidos. "No podemos
seguir sufragando estos 50 millones de euros cuando no estaba
previsto en las transferencias. La Comunidad no va a seguir
alimentando un fraude y esta desnaturalización de la justicia
gratuita", aseguró la presidenta regional.
Aguirre puso como ejemplo la entrada de
inmigrantes por el aeropuerto de Madrid-Barajas y recordó que en su
día ya se quejó por tener que pagar un recurso jurídico planteado
por Omar Bin Laden, hijo del jefe de Al Qaeda, cuando solicitó asiló
en Barajas.
La presidenta madrileña va a pedir la reunión de
la Comisión Mixta de Transferencias para que se acabe con el abuso
de este servicio. Según sus palabras, la justicia gratuita se
confunde con el turno de oficio y no es una materia que estuviera
prevista entre las competencias transferidas a las comunidades
autónomas.
El Gobierno madrileño acaba de aprobar un gasto
de 24 millones de euros para pagar parte de la factura que adeuda al
Colegio de Abogados por la asistencia letrada de 2009.
El consejero de Presidencia, Interior y Justicia,
Francisco Granados, matizó las declaraciones de Aguirre y explicó
que se está dando una perversión de la justicia gratuita: "Lo que la
presidenta ha querido decir es que este abuso se va a acabar". Por
ello, el Ejecutivo regional pretende frenar tres tipos de
asistencia.
La primera consistirá en no pagar el abogado a
los extranjeros que no puedan justificar que no tienen dinero para
pagarlo. La segunda será que los letrados no puedan recurrir "de
manera permanente", aunque sus clientes ya no estén en España. Según
Granados, los letrados asisten a los extranjeros rechazados, pero
luego mantienen los recursos hasta llegar a veces al Constitucional,
pese a que el cliente haya sido expulsado.
La tercera medida afecta a los juicios de lo
Social y a los rápidos. Ambos cuentan con asistencia letrada
gratuita, pese a que muchas veces los clientes pueden pagarlos,
según Granados.
(www.elpais.com,
31/12/09)
4. AGUIRRE PRECIPITA UN PACTO SOCIAL TRAS UN AÑO
SIN REUNIRSE CON LOS SINDICATOS
El objetivo se ha cumplido: la presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre, consiguió hacerse la foto que refleja
el pacto social -junto a los sindicatos UGT y CC OO y la
organización empresarial CEIM- antes que el presidente socialista
José Luis Rodríguez Zapatero, su gran adversario político, a cuyo
Gobierno le puso por la tarde como nota de gestión en 2009 un 2 ("un
suspenso bajo").
Justo cuando estaba a punto de cumplirse un año
sin que el Ejecutivo de Aguirre se reuniera con los sindicatos (el
último encuentro fue el pasado enero), y pese a que, en plena
crisis, éstos reclamaran insistentemente la necesidad de un pacto
por el empleo, la presidenta regional por fin precipitó el acuerdo.
Un pacto que cierra 2009, también marcado por los enfrentamientos
entre el Gobierno regional y los sindicatos de clase, el último de
los cuales fue la vinculación por Telemadrid de la gran
manifestación por el empleo del 12 de diciembre con las
concentraciones franquistas.
Lo firmado se traduce en dos planes para la
industria y el desarrollo tecnológico de casi 4.000 millones entre
2010 y 2012. Y fue rubricado por los secretarios generales de CC OO,
Javier López; y de UGT, José Ricardo Martínez, quienes se aprestaron
a acudir a Sol, por no perder la ocasión, pese a que el acuerdo
"llega tarde" para una situación de crisis, en la que Madrid ha
perdido casi 500.000 empleos. Ambos recordaron que el "diálogo
social" es la única manera de resolver los problemas económicos de
la región.
"Ya no podíamos firmar un plan sólo político",
destacó Martínez. "No debe ser el último acuerdo", espetó López.
También acudió el presidente de los empresarios madrileños, Arturo
Fernández, que se deshizo en elogios a Aguirre y su Gobierno de
"business friendly" (amigable con los negocios). "Enhorabuena a
todos nosotros", zanjó.
El primero de los dos planes acordados , el de
Fomento e Impulso de la Industria de la Comunidad de Madrid (FICAM),
consiste en un paquete de 892 millones de euros de inversión,
destinados a "mejorar la competitividad en la industria, potenciar
el tejido industrial, atraer inversiones y fomentar la
internacionalización de las empresas madrileñas", en palabras de la
presidenta regional, Esperanza Aguirre.
El segundo, el Plan Regional de Investigación,
Desarrollo e Innovación (PRIDI), es más ambicioso, pues destinará
3.000 millones de euros, según dijo Aguirre, a "mejorar la
transferencia del conocimiento de los científicos a las empresas,
potenciar el capital humano, impulsar la innovación en las compañías
y apoyar la creación de firmas innovadoras".
Sólo en 2010, el primero prevé invertir 904
millones de euros, mientras que el segundo gastará 323 millones de
euros. Según Aguirre, estas partidas están ya contempladas en los
presupuestos del próximo año. "Repartidas en el programa de
investigación de las consejerías de Educación, Sanidad y Economía",
afirmó.
La presidenta regional, que agradeció a los
agentes sociales haber renunciado a "algunos dogmatismos", se
felicitó también por el acuerdo alcanzado. "Garantiza que aquí hay
voluntad conjunta de salir de la crisis, de seguir remando, por muy
duras que sean las corrientes, para llegar al otro lado del río y
salir cuanto antes del túnel", afirmó la presidenta, que concluyó:
"Transmite a la sociedad madrileña la principal obligación de un
Gobierno, que es generar confianza".
Más recelo mostró la oposición con la firma del
pacto. El portavoz de IU en la Asamblea, Gregorio Gordo, pidió que
no sea "un punto de llegada, sino un hito más en el camino por la
lucha contra la crisis". "Esperamos que se cumpla", advirtió.
En la misma línea, la portavoz socialista, Maru
Menéndez -que no acudió al acto por una cuestión de agenda, pues se
retrasó un día a petición de la presidenta regional-, aseguró que
estará muy vigilante para que se cumpla el pacto. "Estamos
acostumbrados a que Aguirre se haga fotos y luego no cumpla sus
compromisos", afirmó. La portavoz socialista también recalcó que el
pacto "llega tarde y con limitaciones" y aseguró que los
presupuestos regionales no reflejan la inversión prevista por el
PRIDI para investigación y desarrollo. Los socialistas calcularon en
170 millones de euros el monto total que destinan a innovación las
cuentas regionales.
Tanto Gordo como Menéndez recordaron que Aguirre
ha cuestionado reiteradamente la actuación de los sindicatos.
"Espero que el pacto sirva para frenar las descalificaciones
permanentes a las organizaciones sindicales y suponga el cese de la
agresión", apuntó la portavoz socialista.
La última vez fue el pasado 9 de diciembre,
cuando Aguirre dijo: "Los liberados sindicales son un anacronismo y
un escándalo". Pero las peleas las ha mantenido en diferentes
sectores del ámbito público. Telemadrid ha sido otro escenario de
pugna permanente, por los derechos laborales y por cuestiones
deon-tológicas. Los sindicatos, que han mantenido varias huelgas,
vieron el pasado lunes cómo el Tribunal Superior de Justicia les
daba la razón y obliga a la empresa pública a negociar un consejo y
un estatuto de redacción.
, preguntada por esta cuestión en la rueda de
prensa tras el Consejo de Gobierno, la presidenta se mantuvo en sus
trece: "Sigo manteniendo esa teoría. Es un anacronismo en tiempos de
crisis. Pero lo importante son los 3.800 millones de euros que vamos
a destinar" al fomento del empleo.
(www.elpais.com,
30/12/09)
5. EL RELOJ DE LA PRESIDENTA ATRASA
Esperanza Aguirre, presidenta regional,
compareció ante los medios por primera vez en 2010. Lo hizo con un
reloj nuevo al que incluso le quitó el plástico que protegía la
esfera. No lo miró, pero lo manoseó durante buena parte de su
intervención. A tenor de sus palabras, parece que el reloj de la
presidenta atrasa. Aguirre ha comenzado el año de la misma forma que
terminó el anterior: arremetiendo con dureza contra el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y exhibiendo las
bondades de su ideología liberal.
La dirigente popular reunió por la mañana a todos
sus consejeros para celebrar un Consejo de Gobierno "deliberante".
No hubo ningún acuerdo, ni se tomó alguna decisión. Los responsables
regionales repasaron las medidas que aprobaron durante el curso
pasado para enfrentar la crisis y buscaron nuevas soluciones. Aunque
hubo pocas novedades.
La presidenta no desperdició la oportunidad para
calificar la situación económica española como "catastrófica". Y
contrapuso su modelo económico liberal de rebajas de impuestos con
el del presidente Zapatero. La Comunidad de Madrid tiene poco margen
para retocar impuestos. Por eso, aunque aprueben deducciones
fiscales, éstas afectan poco al bolsillo de los madrileños.
La intención de Aguirre consiste en comparar su
gestión al frente del Gobierno autónomo con la de los socialistas en
el Ejecutivo nacional. Aunque la gestión de ambos sea difícilmente
comparable por las competencias atribuidas a unos y otros.
En una de las cosas en las que ha cambiado
Aguirre ha sido en cortar tajantemente los insistentes rumores sobre
un nuevo cambio de Gobierno. "No. No pienso remodelarlo en 2010",
sentenció. Habrá que estar atentos al reloj.
(www.elpais.com,
08/01/10)
6. AGUIRRE DESVINCULA AHORA A WYOMING DE LA
AGRESIÓN A TERTSCH
Esperanza Aguirre ha desvinculado a regañadientes
la agresión que sufrió Herman Tertsch con las parodias de El
Gran Wyoming, después de la
detención del
presunto agresor del periodista de Telemadrid."Nunca he dicho que su
agresión tuviera que ver nada con otras cosas", ha matizado la
presidenta de la Comunidad de Madrid esta vez.
Sin embargo, se niega a reconocer que esto
suponga una rectificación: "Siempre he dicho lo mismo y lo
mantengo", ha dicho. "Hermann Tertsch sufrió una agresión física"
pero también "terribles agresiones morales" por parte de un conocido
programa, ha apostillado Aguirre.
Sin embargo, cuando Tertsch fue agredido el
pasado día 7 de diciembre de 2009, la lideresa
unió en sus
declaraciones la condena a la "agresión física" y las "agresiones
morales que en forma de presuntas bromas, manipulando su manera de
expresarse [...] le han hecho pasar por un asesino".
Esta vez, pese a sus reticencias a asumirlo como
una rectificación, Aguirre se ha preocupado de separar los hechos y
de aclarar que no había una relación de causa-efecto entre los gags
de el humorista de La Sexta y el ataque a Tertsch.
La presidenta no fue la única en referirse por
aquel entonces a ambas cuestiones de forma conjunta. La COPE y
Telemadrid hicieron lo propio. En la web de la radio de la Iglesia
se escribió que "la agresión" llegaba pocos días después de que
Tertsch fuera llamado "asesino" en un programa de La Sexta,
"una sospecha que pesa demasiado como para no tenerla en cuenta",
sentenció La COPE.
Por su parte, en Telemadrid, la presentadora
Curri Valenzuela informó del suceso explicando que "Herman" fue
"objeto de alguna broma muy pesada de esas que algunas cadenas de
telebasura se dedican a difundir", en referencia al programa El
Intermedio.
(www.publico.es,
08/01/10)
7. La lista de afiliados publicada por la Cadena
SER es la prueba principal de las malas artes de Esperanza Aguirre
La sentencia del miércoles que condena al
director y al jefe de Informativos de la Cadena SER "es inaudita,
desmesurada y asombrosa", según la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España. Y ciertamente lo es por muy diversas razones.
Una es el ataque frontal que supone para la información en Internet.
Pero también sorprende la decisión judicial por su benevolencia con
el tema de fondo: las turbias maniobras del Partido Popular de
Esperanza Aguirre.
Los dos periodistas han sido condenados por haber
publicado una lista de personas que se afiliaron irregularmente al
Partido Popular de Villaviciosa de Odón con la intención de llevar a
cabo un pucherazo electoral.
Detrás de dicha maniobra se escondía la guerra de poder de Aguirre y
el entonces secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de
Tejada, contra Alberto Ruíz Gallardón. Pero sobre todo, lo que
estaba en juego era un entramado de intereses económicos e
inmobiliarios. Una historia en la que, no por casualidad, los
protagonistas son los mismos del tamayazo que colocó a la
lideresa al frente de la Comunidad de Madrid.
Francisco Vázquez es un empresario con muchos y jugosos intereses
inmobiliarios en Villaviciosa de Odón. Pero también es quien pagó
los escoltas y las habitaciones de hotel de los dos tránsfugas
socialistas que pusieron a Aguirre la presidencia en bandeja en
2003. Y, casualmente, fue su empresa, Euroholding, la que afilió
masiva e irregularmente a 78 trabajadores en el PP de Villaviciosa
de Odón, justo antes de que se celebrase la elección interna de su
presidente y, por tanto, candidato a la alcaldía.
En principio, la sentencia contra la Cadena SER
busca defender el derecho de estos afiliados, ya que la emisora
publicó sus nombres y direcciones. Pero este elenco era de vital
importancia informativa, ya que demuestra que muchos de los nuevos
afiliados compartían la misma dirección: la de las instalaciones de
la empresa de Vázquez. Sin embargo, visto lo visto, el juez
considera más digno de protección esos domicilios que la
legalidad de un proceso electoral.
Finalmente, Pilar Martínez, después de denunciar
ante su partido las ilegalidades, fue desbancada de la alcaldía y de
la presidencia del PP local. En su lugar, gracias a los afiliados de
última hora, ganó Nieves García, la candidata de Romero de Tejada y
persona de toda confianza de Aguirre. García, tras coger el bastón
de mando del Ayuntamiento, apenas perdió tiempo en devolver el favor
a Vázquez, paralizando un expediente de expropiación de una franja
del jardín de su vivienda, expediente que fue declarado ilegal por
una sentencia del TSJ de Madrid.
En julio de 2007, la Audiencia Provincial de
Madrid se pronunciaba sobre estos asuntos, ya que Vázquez denunció,
en defensa de su honor, a un periodista local que se atrevió a
publicarlos. Se trataba de Roberto Alonso que sabía de lo que
hablaba, por haber sido concejal del PP en Villaviciosa de Odón. El
juez no sólo dio la razón al periodista, sino que ubicó la trama de
corrupciones "en el marco de una confrontación política entre
sectores contrarios de un mismo partido". Además, justificó sus
denuncias por su "interés público" y por los numerosos casos de
corrupción que suceden en España y que "debe y tiene que causar
inquietud y preocupación a nivel social". Una apreciación que, desde
luego, no comparte el juez autor de la sentencia contra la Cadena
SER.
www.elplural.com
25.12.09
8. GÜEMES ACUSA A LOS SINDICATOS DE ANTEPONER SU
INTERÉS AL DE LOS PACIENTES
La ofensiva del Gobierno de Esperanza Aguirre
contra los sindicatos no se ha suavizado tras las fiestas navideñas.
Ni siquiera tras la firma de un pacto por el empleo el día 29,
después de un año sin reunirse con ellos. El consejero de Sanidad,
Juan José Güemes, volvió a cargar contra los sindicatos, a los que
acusó de anteponer sus "privilegios" a la atención de los pacientes.
Güemes respondía así a la queja presentada por UGT y CC OO ante el
defensor del pueblo, Enrique Múgica, en la que le piden que impugne
una parte de la flamante Ley de Libre Elección. La norma, que debe
entrar en vigor antes de marzo, suprime las 11 áreas sanitarias en
que se divide la región para crear una sola para más de seis
millones de habitantes. Según los sindicatos, el área única
contradice la Ley General de Sanidad, que establece un máximo de
250.000 personas por área.
Güemes volvió a enumerar , al salir de visitar en
el hospital Infanta Cristina de Parla a Saúl, el primer niño nacido
en Madrid en 2010, las 1.400.000 horas de liberación sindical en la
sanidad. "Soy consciente de que los sindicatos están preocupados por
sus horas, pero cuestan 30 millones de euros a los madrileños todos
los años". Y añadió: "Entiendo que quieran mantener ese privilegio,
pero ellos deben entender que la calidad de la atención a los
madrileños en la sanidad no puede estar supeditada a sus
privilegios". Güemes llegó a acusar a los sindicatos de
chantajearle: "El Gobierno regional tiene la mejor disposición a
negociar con las organizaciones sindicales, pero no podemos ser
objeto de chantaje de los sindicatos".
El consejero afirmó que ya se ha reunido con el
defensor y que "está aclarado todo". El defensor admitió a trámite
la queja y, en su respuesta a los sindicatos, dejó entrever su
inquietud por lo que denunciaban y la coincidencia con sus
argumentos: el objetivo de las áreas sanitarias debe ser "la
proximidad de los servicios a los usuarios".
El consejero de Sanidad, Juan José Güemes,
anunció que "sí se van a cubrir" los puestos de los dos cirujanos
vasculares (de los cinco que hay en total) a los que no se ha
renovado el contrato en el hospital de la Princesa. Los médicos, que
llevaban tres y seis años respectivamente con contratos eventuales,
recibieron el aviso de que no renovarían. Pese a que un portavoz de
Sanidad aseguró a este diario que "el servicio puede absorber la
demanda", Güemes afirmó en Parla que se contratará a otros dos
profesionales para sustituirles.
Los puestos, dijo, "se van a cubrir, pero no con
estos dos médicos, que están siendo investigados". Según explicó, se
les ha abierto "una información previa a un expediente por el trato
dispensado a sus pacientes y a sus propios compañeros de trabajo".
El sindicato médico FEMYTS ha denunciado que este proceso es
posterior al anuncio de la no renovación, y que trata de justificar
un recorte de personal encubierto porque los puestos no podrán ser
legalmente cubiertos por nadie más.
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