ÍNDICE
1)
AGUIRRE OLVIDA LA 'GÜRTEL' EN SU BALANCE DE GOBIERNO
2)
AGUIRRE FAVORECE A LAS CONCESIONARIAS DE PEAJE EN LA SOMBRA
3)
AGUIRRE DICE QUE AHORRARÁ EN ALQUILERES SIN DAR DATOS
4) LOS
JUECES REACTIVAN EL CASO DE MONTES CONTRA LAMELA
5)
TELEMADRID COSTEÓ UN CURSO DE COCINA A SUS DIRECTIVOS
6) LA
DEUDA MUTILA LAS CUENTAS DE GALLARDÓN
7) LA
REGIDORA DE TORRES DE LA ALAMEDA, IMPUTADA POR MALVERSACIÓN
1)
AGUIRRE OLVIDA LA 'GÜRTEL' EN SU BALANCE DE GOBIERNO
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, celebró ayer con un desayuno en la localidad de Getafe sus
siete años al frente del Gobierno regional. En su balance, en el que
atacó al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero por su
"sectarismo", omitió los escándalos de corrupción que han salpicado
su mandato. A cambio, hizo una férrea defensa de los principios
liberales y puso a la Comunidad de Madrid como ejemplo de gestión en
materia educativa y sanitaria.
En este sentido, lamentó que España esté en el
"pelotón de los torpes" junto a Portugal y Grecia por tener un
gobierno socialista y no aplicar políticas liberales.
Paralelamente, el secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, denunció que la Comunidad ha destinado 750
millones a canapés y "patatitas fritas" desde 2007. Lo hizo tras
reunirse con IU para hablar de la enmienda a la totalidad a los
presupuestos regionales.
(www.publico.es,
24/11/10)
2)
AGUIRRE FAVORECE A LAS CONCESIONARIAS DE PEAJE EN LA SOMBRA
La Comunidad prevé dar más dinero a las concesionarias
del peaje en la sombra (M-45, M-511, M-501 y M-407), según los
presupuestos regionales para 2011. Con este sistema el Gobierno
regional paga a las empresas por los vehículos que circulen por
estas carreteras a cambio de que las adjudicatarias las construyan y
las gestionen. Los presupuestos más austeros de la Comunidad de
Madrid -se reducen un 10%- incluyen una partida de 98.100.407 euros
para estas empresas, lo que supone un aumento del 5,7% respecto al
año anterior. Es el mayor incremento en los presupuestos del área de
Transporte e Infraestructuras.
En el presente mandato, desde 2007, la Comunidad
de Madrid ha incrementado esta partida en 21,2 millones de euros (un
30%), casi lo mismo que el plan para suprimir 102 organismos y entes
regionales anunciado hace un par de semanas por Aguirre. "Es una
muestra de la política de socialización de pérdidas y privatización
de beneficios", apunta Gregorio Gordo, portavoz de IU en la Asamblea
de Madrid. "Responde a la actualización del IPC. Solo cumplimos los
contratos con las adjudicatarias", explica un portavoz de la
Consejería de Transportes. Sin embargo, la subida de este año (5,6%)
es mayor al IPC previsto (2,3%). Además, el número de usuarios se ha
mantenido constante durante los dos últimos años en esas carreteras
y tampoco justifica este aumento.
La M-45 es la más importante de las autopistas de peaje;
tiene 44 kilómetros y conecta varias radiales. Costó unos 487
millones a las concesionarias en 2001. El Ejecutivo regional se
comprometió a pagar un canon anual de 64,3 millones durante 25 años.
Ahora ya ha pagado unos 360 millones.
El aumento del canon a las concesionarias choca
con la postura de su partido. El PP impidió la semana pasada en el
Congreso las ayudas a las concesionarias. Ahora Aguirre sube el
canon.
El pasado jueves, la presidenta reveló en el
Parlamento regional que tiene un problema con esta carretera. "Desde
que llegué aquí estoy deseando poner orden en el equilibrio de esa
concesión. No lo he conseguido". Aguirre reconoció que estas
empresas tienen "enormes dificultades, pero no porque tengan poco
tráfico, sino por las expropiaciones que se habían atribuido a las
concesionarias y su precio se ha multiplicado por cuatro". Y agregó:
"Me parece espléndido que haya autopistas de peaje que paguen
quienes las utilizan, no los contribuyentes", dijo en contra del
modelo que subvenciona.
Por su parte, Gregorio Gordo critica el modelo de
peaje de las radiales de la Comunidad de Madrid, simbolizado en la
M-45. "Los madrileños pagarán el triple de lo que costó", señaló el
candidato de Izquierda Unida. Gordo acusa a Aguirre de pretender
"salvar de la quema a los pirómanos que las crearon con los recursos
de todos". Y añade: "Salen al rescate de los bancos, de las
constructoras y permanecen impasibles mientras los que son
desahuciados de sus casas siguen manteniendo su deuda con los
bancos".
(www.elpais.com,
25/11/10)
3)
AGUIRRE DICE QUE AHORRARÁ EN ALQUILERES SIN DAR DATOS
Hay que ahorrar en alquileres. Así, a grandes
rasgos y sin mucho dato. La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, anunció ayer que quiere cambiar los edificios de
su administración que pagan "alquileres caros" por otros "más
económicos". Hasta ahí los detalles. No aclaró (ni ella ni su
equipo) a qué inmuebles se refiere ni de qué cantidades está
hablando. "Se anunciará próximamente", señaló un portavoz de la
Comunidad de Madrid, que tampoco precisó cuántas sedes están en
edificios alquilados.
Un repaso completo a los arrendamientos incluidos
en los dos últimos presupuestos regionales muestra que, por el
momento, se ahorra poco. La Comunidad pagará 126,6 millones en
alquileres en 2011. Son 1.450.000 euros menos (un 1,1%) que en 2010,
cuando gastó 128,1 millones.
De acuerdo con los dos últimos presupuestos, el
Gobierno de Aguirre afronta rentas pequeñas (como los 510 euros del
apartado Atención a Mayores) y otras suntuosas (así, el alquiler
para Relaciones con la administración de justicia: 32
millones).Alquilar edificios para acoger la maquinaria
administrativa de la Comunidad de Madrid, aparte de los que el
gobierno tiene en propiedad, costará en 2011, según los últimos
prespuestos publicados, 126,6 millones de euros. La presidenta
Esperanza Aguirre, que en 2008 lanzó un plan de ahorro de 1.700
millones, quiere que también se rebajen gastos en este aspecto,
según razonó ayer un portavoz de la Consejería de Economía y
Hacienda.
Parece que de momento no lo ha intentado, o bien
no ha dado con la tecla: de 2010 a 2011 el presupuesto para
alquileres solo bajó un 1,1%. En números redondos, 1.450.000 euros.
En 2009 se dio el primer paso para aligerar costes
de alquiler, renegociándose contratos vencidos en edificios
destinados principalmente a usos administrativos y sedes judiciales.
Lo visto hasta ahora supone una revisión de 112.000 metros cuadrados
de alquiler, el 30% de la superficie de arrendamientos de la
Comunidad de Madrid.
A finales de 2009 anunciaron, por ejemplo, el
reagrupamiento de una parte de los juzgados de la capital, dispersos
en 23 edificios, a la plaza de los Cubos, junto a la calle de la
Princesa. También recuerdan el plan para concentrar en la plaza de
la Independencia las direcciones generales de Deportes y Turismo.
La Comunidad estima que estas revisiones suponen seis
millones de euros de ahorro anuales que todavía no se reflejan en
las cuentas. ¿Por qué? Por una parte, explica el portavoz de
Economía, pesa el déficit de edificios en propiedad de la Comunidad,
que obliga cada año a seguir aumentando las rentas para nuevas sedes
judiciales y oficinas de empleo. A ese inconveniente se suman, según
el portavoz, los incrementos de IPC e IVA que diluyen parte del
ahorro.
Además de prometer que se apretará el cinturón con
sus sedes, la presidenta Aguirre recordó el plan de desamortización
que ha propuesto al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, para
que saque a subasta parte del patrimonio municipal y afronte su
deuda con las ganancias. Y recordó que hay dependencias municipales
que se han quedado sin contenido porque el Ayuntamiento ha perdido
competencias (como "la defensa de la salud de los madrileños").
El PSM, principal partido de oposición en la
Asamblea regional, asegura que ellos propusieron en 2009 un plan de
ahorro. "El PP rechazó en el debate presupuestario del año pasado
una enmienda que incluía el recorte de alquileres de locales en
zonas caras de la capital", según la nota del PSM, que considera que
el anuncio de rebajas es "una ocurrencia más de la presidenta".
Según Maru Menéndez, portavoz socialista en la
Asamblea, "cada año se han ido produciendo más arrendamientos de
edificios, la mayoría en el entorno de la Puerta del Sol, una de las
zonas más caras de Madrid". El ahorro conseguido en los últimos
presupuestos (1,4 millones de 2010 a 2011) "no demuestra la
existencia de ningún plan", concluye Menéndez.
La bajada del gasto de un año a otro, comparando
la relación de alquileres de ambos presupuestos, se compone de
pequeños arañazos en cada sector, un gran número de decenas de miles
de euros; unos pocos, de cientos de miles. Ninguna renta gruesa
disminuye sustancialmente; la más costosa, Relaciones con la
Administración de Justicia, aumenta cuatro millones. La dedicada a
la gestión administrativa de Economía y Hacienda, es un millón más
barata, de 18 ha bajado a 17.
Presidencia, Justicia e Interior, a cargo de
Francisco Granados, es la más onerosa y sigue al alza: 39 millones
de euros en 2011, un 9% más que en 2010. El tijeretazo de alquileres
más decidido ha sido el de Asuntos Sociales, de 7,2 millones hace un
año a 4,9 en 2011.
(www.elpais.com,
24/11/10)
4) LOS
JUECES REACTIVAN EL CASO DE MONTES CONTRA LAMELA
El caso Lamela se reactiva. La Audiencia
Provincial de Madrid ha ordenado al juzgado que instruye la querella
que Luis Montes presentó contra el ex consejero de Sanidad Manuel
Lamela que llame a declarar a nuevos testigos. El juzgado de
instrucción número 43 había denegado varias pruebas que ahora la
Audiencia acepta. Se trata de la declaración de tres inspectores que
supuestamente asesoraron al comité de expertos que elaboró el
informe a partir del cual se imputó a Luis Montes por presuntas
sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés.
El procedimiento judicial contra Montes se archivó
sin mención alguna a mala praxis. Después, en abril de 2009, Montes
y su compañero en el hospital Miguel Ángel López Varas se
querellaron por denuncia falsa y falsedad documental contra Lamela y
los seis médicos que formaron parte de la comisión. El ex consejero
y los seis médicos declararon ante el juzgado de instrucción en
junio de 2009, pero el caso había quedado paralizado.
La Audiencia estima ahora los recursos que presentó la
abogada de Montes y López Varas y la asociación Derecho a Morir
Dignamente, que se sumó posteriormente a la querella como acusación
particular. Además de la declaración de los tres inspectores, ordena
al juzgado que testifique Vicente Moya, que fue la persona designada
por el Colegio de Médicos para formar parte del comité de expertos y
que lo abandonó posteriormente. Moya falleció en abril. La Audiencia
acuerda también que se ordene a la Consejería de Sanidad la remisión
del expediente administrativo por el que se creó la comisión de
expertos y que habían pedido reiteradamente las acusaciones.
La querella contra Lamela acusa al ex consejero de
fabricar la imputación de Montes en contra de un informe
independiente, el de la Inspección, que se elaboró a raíz de la
denuncia anónima que dio origen al llamado caso Leganés. Ese informe
afirmó que de las historias clínicas no se podían extraer
conclusiones válidas. A pesar de todo, Lamela nombró a dedo al
comité, que concluyó que en 73 casos la sedación "fue realizada
fuera de la lex artis". "Con las nuevas declaraciones esperamos
poder aclarar qué hizo ese comité y cómo pudo revisar 169 historias
clínicas en solo un mes", afirmó ayer la abogada de Montes, María
Jesús Díaz Veiga.
(www.elpais.com,
24/11/10)
5)
TELEMADRID COSTEÓ UN CURSO DE COCINA A SUS DIRECTIVOS
Los miembros del comité ejecutivo de Telemadrid,
integrado por la directora, Isabel Linares, y los responsables de
las principales áreas, cambiaron el pasado 13 de mayo la sede del
ente público por el Parador de Chinchón para reunirse. A pesar de
que la localidad madrileña está 50 minutos de Pozuelo de Alarcón,
donde se ubica la cadena, y a 40 de Madrid, los asistentes a la
reunión durmieron a cuenta del erario público en el establecimiento
hostelero, reservando tiempo para participar en un curso de cocina.
El taller de los sentidos suele durar dos horas en
las que sus participantes aprenden a cocinar los platos de su propia
cena, al tiempo que se deleitan con "pinceladas de maridajes" entre
los ingredientes y los vinos del banquete, según promociona el
Parador de Chinchón. La actividad, que se contrata por grupos,
incluye un delantal, un gorro de cocina, un kit completo de
aprendiz, una botella de vino y una litografía del establecimiento
para cada asistente. También reciben una fotografía de recuerdo del
grupo, junto a los cocineros del establecimiento, y un diploma
acreditativo.
Fuentes de la dirección de Telemadrid admitieron
la celebración de la reunión en el Parador de Chinchón y dijeron que
se trató de un comité "especialmente intenso". Este fue el motivo
por el que la dirección de la cadena autonómica decidió trasladar el
trabajo "fuera" de Telemadrid, "lejos de distracciones y teléfonos
móviles". Las mismas fuentes añadieron que se trata de "una práctica
totalmente habitual" en las empresas, sin precisar si son públicas o
privadas. Respecto a El taller de los sentidos, la dirección de
Telemadrid aseguró que había consistido en "una pequeña exhibición"
de los cocineros antes de la cena. La factura por esta actividad fue
de 747 euros.
El coste del taller de cocina, más las ocho
habitaciones individuales en temporada alta y el salón para la
reunión supusieron un total de 2.616,04 euros. La factura está a
nombre de la directora del ente público y a cuenta de Televisión
Autonomía Madrid SA.
Linares compareció el jueves ante la comisión de
Hacienda de la Asamblea autonómica para detallar el presupuesto de
Radio Televisión de Madrid (RTVM) en 2011. Durante su intervención,
admitió que la audiencia seguirá bajando del 7,9 de share que tiene
de media en este 2010 hasta un 7,2 el próximo año, de lo que culpó a
la irrupción de nuevos canales en la TDT. Igualmente, Linares
reconoció que el déficit de la cadena pública crecerá hasta situarse
en los 254 millones de euros.
Este periódico informó el pasado jueves de que
sólo las dietas del consejo de administración de RTVM costaron a los
madrileños medio millón de euros en 2009. El trabajo de los
consejeros consistió en asistir a una reunión mensual y cobrar por
ello 1.376 euros. Cuatro de ellos multiplicaban esa cantidad por dos
al pertenecer al comisión delegada y su presidente, Manuel Soriano,
la triplicaba porque también se reúne con Linares en un órgano
denominado comisión de coordinación. Este fue jefe de prensa de la
presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, que después lo situó en la
dirección de Telemadrid. A los diez días de dejar el cargo por
motivos personales, fue reubicado en la presidencia del consejo.
Los sindicatos tacharon de "totalmente excesivo"
el gasto en dietas del consejo de administración. Soriano se embolsó
el pasado ejercicio 109.000 euros y el resto de la comisión
delegada, formada por representantes de PP, PSOE e IU, 65.000 cada
uno.
(www.publico.es,
22/11/10)
6) LA
DEUDA MUTILA LAS CUENTAS DE GALLARDÓN
La escena se repite. Una administración, un
presupuesto y una conclusión: las cuentas más restrictivas de la
historia. Esta vez le toca al Ayuntamiento de Madrid, que presentó
ayer sus cifras para 2011. La capital dispondrá de 4.526 millones
para gestionar la ciudad. Eso significa un 8,9% menos, 410 millones
de recorte. Se repite el tijeretazo, pero cambian las fórmulas. El
Ayuntamiento juega sus cartas para encarar su principal problema: se
ha quedado sin liquidez porque está obligado a amortizar su deuda,
que asciende a 7.145 millones. Esta es la única partida que no se
rebaja y a la que se destinan 294 millones.
Por primera vez las cuentas contemplan más
ingresos (4.585 millones) que gastos (4.542 millones), pero no se
trata de contención. Por imposición del Gobierno, los 43 millones
que Gallardón ahorra con la reducción del 5% en nóminas tienen que
destinarse a cancelar créditos futuros; ni un euro para gasto
corriente. Para sanear cuentas Gallardón ha aprobado que una empresa
municipal le compre el 51% de Mercamadrid. Si sale bien, según el
Ayuntamiento, se acelerará el pago a proveedores. Los mayores
recortes recaen en Obras y Hacienda, pero también superan la media
en Servicios Sociales. Se notarán más en los distritos de Villa de
Vallecas y Salamanca.Los presupuestos no dan solución a los más de
900 millones que el Ayuntamiento debe a sus proveedores, en algunos
casos, desde hace más de 10 meses. Y aunque Gallardón traspasa la
responsabilidad al Gobierno ha tenido que buscar vías alternativas
con las que reducir los retrasos hasta cuatro meses.
La primera, que aún depende de la aprobación del
Ejecutivo, es la subrogación de la deuda de la M-30, que permite un
ahorro anual de 100 millones que se destinaría a pagar a
proveedores. La última ha sido permitir que Madrid Espacios y
Congresos, de titularidad municipal, le compre el 51% de su
participación en Mercamadrid por 200 millones de euros. Para el
portavoz socialista David Lucas, los presupuestos no contemplan
"medidas reales de ahorro y austeridad. Se parchea, se utiliza el
cambalache presupuestario y quienes pagan las consecuencias son los
madrileños, ya que no se solucionan los verdaderos problemas".
- Por distritos. El dinero para distritos cae un
7,24% hasta los 561,34 millones, principalmente por el descenso en
inversiones. El ajuste más severo lo ha sufrido Villa de Vallecas,
que pierde el 20% de los recursos que recibió en 2010. Con los 18,5
millones que se destinarán se mantiene el dinero para servicios
sociales y para mayores, pero no cuenta con los cuatro millones que
el año pasado sirvieron para construir centros deportivos y
educativos. El segundo en recortes es Salamanca, uno de los más
prósperos. Pierde más del 13% y se queda en 18 millones. El mayor
recorte se repite en las inversiones en equipamientos deportivos,
que se reducen casi a la mitad, con 2,5 millones de euros. "El
liderazgo de Madrid es el de su deuda; no solo la financiera, sino
la que tiene contraída con los barrios y los distritos que viven al
margen de sus grandes proyectos con deficiencias en las dotaciones y
en los servicios", criticó el candidato a la alcaldía por IU, Ángel
Pérez.
La Concejalía de Obras y Espacios Públicos es la que más
dinero pierde, con un recorte del 23%. Le siguen Hacienda y
Urbanismo con un descenso del 18% cada una. De los 205 millones que
le corresponderán a Urbanismo se destinarán 37,4 millones a culminar
el proyecto de Madrid Río antes de que finalice la legislatura.
El área de Economía, Empleo y Participación
Ciudadana baja un 13,51% sus recursos hasta los 105 millones. El
Ayuntamiento mantiene que su prioridad serán los desempleados, a los
que se dedicarán 45,2 millones, y que en el recorte ha influido que
ha reducido un 93% las inversiones.
La Concejalía de Familia y Servicios Sociales rebaja
también su presupuesto un 10,41% y contará con 233 millones. Los
recortes en esta área se deben principalmente a que se han eliminado
los 18 millones que el Ayuntamiento destinaba a proyectos de
Cooperación al Desarrollo. Gallardón promete que asegurará los
servicios de asistencia a los mayores, una de las pocas partidas que
no se resienten.
(www.elpais.com,
26/11/10)
7) LA
REGIDORA DE TORRES DE LA ALAMEDA, IMPUTADA POR MALVERSACIÓN
La alcaldesa de Torres de la Alameda (7.474
habitantes), Clara Torre Ruiz (PP), los cinco concejales de su
partido y los dos de la formación política Alternativa Ciudadana El
Olivo (ACO) declararán como imputados el 13 de enero como presuntos
autores de un delito de malversación por aprobar y mantener subidas
de sueldos presuntamente "ilegales" a 20 de los 29 funcionarios que
trabajan en el Consistorio. El titular del Juzgado de Instrucción
número 7 de Arganda del Rey les ha citado al considerar que de los
hechos investigados se "presume la posible existencia de una
infracción penal", según un auto del pasado 13 de octubre al que ha
tenido acceso EL PAÍS. El juez ha decidido admitir a trámite una
denuncia de la fiscalía contra los integrantes del equipo de
gobierno local de este municipio tras investigar la querella
presentada el 8 de junio por los integrantes del Grupo Municipal
Socialista, en la que atribuyen al equipo de gobierno los delitos de
cohecho, prevaricación y malversación.
Los hechos se remontan al 31 de enero de 2008
cuando en el pleno municipal los concejales del equipo de gobierno
aprobaron la modificación del acuerdo de funcionarios o convenio
colectivo de los trabajadores del Ayuntamiento, incluyendo unas
tablas salariales que iban a aplicarse con carácter retroactivo con
fecha 1 de enero de 2007. Esto significaba que el Consistorio se
obligaba a abonar unos "atrasos" para lo que, según la denuncia del
PSOE, "no existía partida presupuestaria ni consignación" económica,
por lo que podían ser "presuntamente ilegales". Este acuerdo tuvo un
informe negativo de la Intervención municipal realizado varios meses
después.
Ante la negativa del Consistorio a respetar la
legalidad, según los socialistas, la Delegación interpuso un recurso
contencioso-administrativo contra el acuerdo de funcionarios del
Ayuntamiento. Esta presión de la Delegación y de los concejales del
PSOE hizo que el pleno municipal declarara nulo el acuerdo de las
subidas salariales.
Pero esta decisión del pleno no tuvo ningún efecto
real, según la denuncia de los socialistas: "A pesar del acuerdo que
anulaba las tablas salariales, el equipo de gobierno local no solo
no solicitó a los trabajadores municipales el reintegro de las
cantidades pagadas de más en 2008, sino que siguió pagando las
retribuciones, conforme a las tablas salariales que habían sido
anuladas por acuerdo del pleno, además de los supuestos atrasos de
2007".
Este acuerdo que los socialistas consideran ilegal
permitió que los complementos específicos se incrementaran en
algunos casos más de un 300% con respecto al convenio colectivo
anterior. Este aumento no fue igualitario para todos los
funcionarios del Consistorio, sino que según los socialistas la
alcaldesa los otorgó de forma arbitraria. Para mantener la subida el
Consistorio creó un plus de productividad, por el que entre
diciembre de 2008 y noviembre de 2009 se han pagado 263.025 euros,
siendo los más beneficiados los 20 policías locales, la interventora
municipal y la tesorera.
El PSOE considera demostrado que el equipo de
gobierno municipal "incumplió" no solo un acuerdo del pleno al
seguir pagando las retribuciones que habían sido anuladas, sino que
también "engañó" a la Delegación del Gobierno de Madrid, ya que los
dirigentes del PP han seguido pagando las retribuciones conforme a
lo declarado nulo.
El 7 de julio de 2009, el equipo de gobierno del
PP y de los independientes aprobó un nuevo acuerdo para los
funcionarios con un anexo para los policías locales con la intención
de asumir la "subida ilegal" de las retribuciones que ya se venían
aplicando. Tres meses después la Delegación del Gobierno volvió a
requerir al Ayuntamiento para que anulara algunos puntos de este
nuevo convenio, que fueron modificados efectivamente el 28 de enero
de 2010. Pero a pesar de esta decisión, el concejal de Personal,
Ramón Polo Martínez, dejó claras sus intenciones, según el PSOE, de
no cumplir este nuevo acuerdo: "Repito lo que he dicho antes, me
buscaré la manera de que ningún trabajador de este Ayuntamiento
pierda ni un solo euro. Pagaré a través de un plus de productividad
o lo que tenga que pactar". Y en efecto, el 15 de marzo el
responsable de Personal aprobó de forma "ilegal" conceder una
retribución mensual a los agentes municipales de 793,85 euros como
plus de productividad, abonando conceptos como jornadas a turnos,
nocturnidad, sábados y domingos.
En el caso de los policías locales de Torres de la
Alameda su sueldo mensual es de 2.429,47 euros, ya que a un sueldo
base de 600,7 euros, se le incluye 321,06 como complemento de
destino y 713,81 de complemento específico, además del mencionado de
793,85 euros. En el caso de realizar horas extras, los agentes
pueden llegar a superar los 4.000 euros mensuales, algo que ya
ocurrido durante las fiestas patronales, en las que algunos agentes
presentaron jornadas de hasta 24 horas, según los socialistas.
Este periódico ha tratado de recabar sin éxito
durante varios días la opinión de la alcaldesa de Torres, Clara
Torre Ruiz, que no ha hecho declaraciones sobre los sueldos de los
funcionarios del Ayuntamiento que dirige, y por lo que está imputada
junto con el resto de miembros del equipo de Gobierno.
(www.elpais.com,
26/11/10)
