ÍNDICE
1. CADA VEZ QUE VOTA COSPEDAL EN EL SENADO NOS
CUESTA A LOS ESPAÑOLES 3.132 EUROS
2. EL PP NO LOGRA ALIADOS PARA FORZAR AL GOBIERNO
A REGULAR LAS ESCUCHAS
3. GÉNOVA CULPA AL CONSELL VALENCIANO DE ECHAR
POR TIERRA SU ESTRATEGIA SOBRE SITEL
4. LOS FISCALES ANTIDROGA AVALAN SITEL: "ES UN
ARMA IMPRESCINDIBLE CONTRA EL NARCOTRÁFICO"
5. INAUDITO, SIN EL MENOR RUBOR, EL PP PIDE
RESPETAR AL TC TRAS BLOQUEAR SU TRABAJO
6. AZNAR CREE QUE LA RUPTURA DE ESPAÑA RESTA
"CAPACIDAD DE ACTUAR" ANTE LA CRISIS
7. TRILLO LAMENTA QUE "LA MINISTRA DE ESA COSA DE
IGUALDAD" SE ATREVA A DISCUTIR SOBRE EL COMIENZO DE LA VIDA
8. GONZÁLEZ PONS CREE QUE TANTA UNANIMIDAD EN LA
PRENSA CATALANA ES "EXTRAÑA" Y "SOSPECHOSA"
9. CATALUÑA. EL PPC ATRIBUYE A NEBRERA UN
DESPILFARRO EN VIAJES EN EL AVE
10. GALICIA. FEIJÓO: "GALLARDÓN Y AGUIRRE NO HAN
ESTADO A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS"
11. GALICIA. FEIJÓO PRESIONA A LAS CAJAS CON UNA
LEY QUE DARÍA MÁS PODER A LA XUNTA
12. GALICIA. ENFRENTAMIENTO EN LA CÚPULA DE LA
CONSELLERÍA DE TRABALLO
13. GALICIA. EL DELEGADO DE LA XUNTA EN OURENSE
TRATA DE FRENAR AL HIJO DE BALTAR
14. ANDALUCÍA. LA FISCALÍA VE FALSEDAD Y ESTAFA
EN LAS FACTURAS DE TECONSA A MÁLAGA
15. COMUNIDAD DE MADRID. LA AUSTERA ESPERANZA
AGUIRRE GASTA 700 MILLONES EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
16. COMUNIDAD DE MADRID. EL NÚMERO 2 DE AGUIRRE
DIO AYUDAS A SU PROPIA FUNDACIÓN
17. COMUNIDAD DE MADRID. GARCÍA ESCUDERO ORDENÓ
BENEFICIAR A LAS EMPRESAS QUE FINANCIARON LA CAMPAÑA DEL TAMAYAZO
18. COMUNIDAD DE MADRID. EL JUEZ DEL GÜRTEL
EMBARGA LOS BIENES DE CINCO IMPUTADOS
19. COMUNIDAD DE MADRID. TORMENTA EN TORRELODONES
20. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. CAMPS
CERTIFICA QUE EL CERCO A SITEL BUSCA ANULAR EL ‘CASO GÜRTEL’
21. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. INVESTIGAN
LAS CUENTAS DE LA FUNDACIÓN QUE ORGANIZÓ LA VISITA DEL PAPA
22. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. UN ALCALDE
DE GÜRTEL PAGÓ UN DÚPLEX EN METÁLICO AL PROPIETARIO DE UN CLUB
23. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. PROMOTORES
LIGADOS AL ALCALDE INVIRTIERON EN LA NUCIA 19 MILLONES PARA UN
PELOTAZO CON CORREA
24. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. DÚPLEX A
TOCATEJA Y ´UN POLLO DE PUTA MADRE CON TÍAS´
25. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. LA
JUSTICIA VALENCIANA ABRE UNA VÍA PARA INVESTIGAR LA FINANCIACIÓN DEL
PP
26. COMUNIDAD VALENCIANA. "ZAPLANA RECONOCE QUE
FALLÓ EN LO ÚNICO EN LO QUE NO TENÍA QUE EQUIVOCARSE, DESIGNAR A SU
SUCESOR"
27. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS SOBRECOSTES AL
CONSTRUIR COLEGIOS ALCANZAN EL 178%
28. COMUNIDAD VALENCIANA. PRISIÓN INCONDICIONAL
PARA EL ALCALDE DE POLOP POR EL ASESINATO DE SU ANTECESOR
29. COMUNIDAD VALENCIANA. GRAU OCULTA QUIÉN
GESTIONA LA TELEVISIÓN DE VALENCIA
30. COMUNIDAD VALENCIANA. RUS GASTA EN ´SARAOS´
CASI EL 30% DE SUS FONDOS PARA POLÍTICAS SOCIALES
31. COMUNIDAD VALENCIANA. EL SEGUNDO DE FABRA
COLOCA A SU HIJA
32. CASTILLA-LA MANCHA. UN HOMBRE DE CONFIANZA DE
COSPEDAL, INVESTIGADO POR LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
33. REGIÓN DE MURCIA. CONEXIÓN SUCINA: JUAN RAMÓN
AVILÉS (PP), LA CAM LE CONCEDIÓ EL AÑO PASADO, 23 MILLONES DE EUROS,
ENTRE PRÉSTAMOS, DESCUENTOS NACIONALES Y TARJETAS
34. REGIÓN DE MURCIA. VARIOS PROCESOS JUDICIALES
Y FISCALES PONEN EN SU PUNTO DE MIRA EL DESARROLLO URBANÍSTICO DE
SUCINA
35. ISLAS BALEARES. MATAS SÓLO SACÓ 450 EUROS DE
SUS CUENTAS PARA GASTOS EN TRES AÑOS
36. ISLAS BALEARES. MAITE AREAL ALQUILÓ UNA CAJA
DE SEGURIDAD MIENTRAS DIRIGÍA LA REFORMA DEL ´PALACETE´
37. ISLAS BALEARES. EL CONSTRUCTOR DEL ´PALACETE´
DICE QUE MATAS LE PAGÓ EN ´NEGRO´
38. ISLAS BALEARES. UN JOYERO CONFIRMA QUE AREAL
ABONÓ 66.000 EUROS EN EFECTIVO POR LOS RELOJES
39. ISLAS BALEARES. ´FERNANDO AREAL ME DIO DINERO
NEGRO DE MATAS EN LA SEDE DEL PP´
40. ISLAS BALEARES. INVESTIGAN QUIÉN APORTÓ LOS
MATERIALES PARA LA REFORMA DEL ´PALACETE´ DE MATAS
1. CADA VEZ QUE VOTA COSPEDAL EN EL SENADO NOS
CUESTA A LOS ESPAÑOLES 3.132 EUROS
Cada vez que María Dolores de Cospedal levanta la
mano en el Senado o pulsa el botón del voto electrónico, nos cuesta
a los españoles 3.132,55 euros, 2.251,60 euros más que el voto de
cualquier otro senador que acuda regularmente a la Cámara Alta a
cumplir con su obligación constitucional. Y es que la secretaria
general del PP y senadora autonómica por Castilla-La Mancha, a pesar
de que gana 78.940,49 euros al año (936.000 ptas/mes), sólo ha
estado presente en 36 de las 128 votaciones que han tenido lugar en
el Senado en esta legislatura y no pertenece a ninguna comisión,
salvo a la Diputación Permanente.
"Los Senadores tendrán el derecho y el deber de
asistir a las sesiones plenarias y a las de las Comisiones de que
formen parte, y a votar en las mismas, así como a desempeñar todas
las funciones a que reglamentariamente vengan obligados". Dice
textualmente el artículo 20 del Reglamento del Senado que
constantemente vulnera la secretaria general del PP y senadora
autonómica, María Dolores de Cospedal, como así queda demostrado y
recogido en el libro de sesiones de la Cámara Alta, donde De
Cospedal se ha ausentado en 92 ocasiones (71,87%) y sólo ha estado
presente en el 28% de las votaciones.
O lo que es lo mismo, de las 128 votaciones que han tenido lugar en
la presente Legislatura (1 de abril de 2008-17 de noviembre de
2009), la senadora sólo ha estado presente en 36. Si dividimos este
número entre los 112.772 euros que ha cobrado a lo largo de estos 20
meses de supuesta actividad, nos dará como resultado una cantidad
directamente proporcional a las veces que María Dolores de Cospedal
levanta la mano o pulsa el botón electrónico. Es decir, cada voto de
la secretaria general del PP en la Cámara Alta nos cuesta a todos
los españoles la friolera de 3.132,55 euros, tal vez uno de los
votos más caros de la democracia española y digno de formar parte
del Libro Guinness de los Récords.
Hay que tener en cuenta que el voto del resto de
los senadores que habitualmente acuden a las sesiones plenarias,
atendiendo a lo expresado en el artículo 20 del Reglamento, nos
cuesta a los españoles 881,03 euros; 2.251,60 euros menos que el
emitido por la senadora autonómica de Castilla-La Mancha y
presidenta del PP en esta región.
María Dolores de Cospedal, que, además de "La
bien pagá", se ha ganado a pulso el segundo título de "La ausente",
tiene derecho, según al artículo 23.1 del Reglamento del Senado a
"la asignación, dietas e indemnizaciones por gastos necesarios para
el desempeño de su función que se fijen en el Presupuesto del
Senado". En este sentido, la número dos de Mariano Rajoy se embolsa
todos los meses 1.800 euros por estar empadronada en la casa de sus
padres en Albacete cuando es sabido y demostrado que reside y
trabaja en Madrid, por lo que no tendría derecho a esta
indemnización.
Después de las trampas, zancadillas y obstáculos
que ha tenido que vencer Leire Pajín para ser senadora autonómica
por Valencia, se alzan ya voces en el Senado donde se podría llegar
a pedir que se aplique a María Dolores de Cospedal el artículo 23.2
del Reglamento en el que se advierte que "el senador que
reiteradamente dejare de asistir a las sesiones, sin haber obtenido
licencia de la Mesa, podrá ser privado de su asignación, por uno o
más meses".
Las ausencias de De Cospedal quedan avaladas
también por su inactividad como parlamentaria. Ni una sola
intervención y unas cuantas preguntas escritas "enlatadas", son la
aportación de la senadora autonómica, que, eso sí, se apresuró a
formar parte de la Diputación Permanente del Senado, junto a su
compañero Luis Bárcenas, ex tesorero del PP imputado por el caso de
la trama corrupta Gürtel, que le permite mantener su sueldo aunque
la Cámara Alta sea disuelta por convocatoria de elecciones.
De Cospedal, incluso, abandonó, el 16 de octubre
de 2008, la vicepresidencia segunda de la Comisión General de
Comunidades Autónomas, dos días después de que el Congreso de los
Diputados tomara en consideración la Reforma del Estatuto de
Castilla-La Mancha, todavía encallado en la Cámara Baja por la
negativa del PP a admitir los derechos de esta región en materia de
agua.
(www.elplural.com,
27/11/09)
2. EL PP NO LOGRA ALIADOS PARA FORZAR AL GOBIERNO
A REGULAR LAS ESCUCHAS
El PP se quedará muy lejos de conseguir una
mayoría parlamentaria que apoye su cruzada para regular por ley
orgánica el sistema de interceptación de las telecomunicaciones (Sitel).
Un programa utilizado por las fuerzas de seguridad en la
investigación de todo tipo de delitos, incluido el caso Gürtel, la
trama de corrupción vinculada a dirigentes del PP. Los conservadores
sostienen ahora que la aplicación del Sitel, un software adquirido
por Mariano Rajoy cuando era ministro de Interior, es "de dudosa
constitucionalidad".
Solo el PNV y el partido de Rosa Díez, UPD, se
inclinan por apoyar la propuesta del PP. Frentea ellos, el PSOE, el
resto de las fuerzas de izquierdas y CiU coinciden, en mayor o menor
medida, en denunciar que las dudas del PP sobre el Sitel son una
argucia para anular la parte del caso Gürtel que concierne a los
populares. De hecho, la portavoz del Gobierno valenciano admitió el
viernes que el presidente autonómico, Francisco Camps, pedirá la
nulidad de la parte de la trama que le afecta si se demuestra que
las conversaciones en que aparece fueron interceptadas mediante este
sistema.
La cúpula del PP ha evitado en todo momento
vincular el polémico programa con la trama Gürtel y se presenta como
el partido que defiende los derechos civiles, las libertades
individuales y el derecho a la intimidad frente al "afán de control"
excesivo.
La propuesta de los conservadores reclama que una
ley orgánica limite las escuchas en el tiempo y precise mejor la
autorización judicial de las mismas. Pero, sobre todo, exige que se
garantice la destrucción de todas las grabaciones telefónicas que no
sean objeto de interés para la investigación. Cabe recordar que el
PP ha acusado en varias ocasiones al Gobierno de haber espiado a
algunos de sus dirigentes y de facilitar que ciertas conversaciones
privadas de estos hayan aparecido en los medios de comunicación.
Según el titular del Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, estas acusaciones, que califica de "vileza", han servido
para extender una sospecha generalizada sobre el uso del sistema de
escuchas para combatir todo tipo de delitos. El ministro ha
mantenido que el procedimiento actual goza de todas las garantías y
ha sido avalado por varias sentencias del Tribunal Supremo.
Rubalcaba protagonizó la semana pasada un duro enfrentamiento con el
diputado popular Carlos Floriano, a cuenta del Sitel, lo cual hace
prever un debate parlamentario caliente.
En una posición intermedia estará CiU, que cree
que el PP actúa por motivos partidistas pero coincide con numerosos
juristas en pedir una mayor cobertura legal para el Sitel que no
ponga en riesgo las sentencias dictadas hasta ahora con apoyo del
sistema. Un portavoz de CiU comparó el Sitel con una red de pesca
que a veces realiza capturas innecesarias, algo que debe corregirse
legalmente "dejando claro qué peces deben volver al mar".
(www.elperiodico.com, 24/11/09)
3. GÉNOVA CULPA AL CONSELL VALENCIANO DE ECHAR
POR TIERRA SU ESTRATEGIA SOBRE SITEL
La dirección del PP considera que el Consell que
preside Francisco Camps ha perjudicado la estrategia que tenía
Génova para que el Gobierno regule la utilización del Sistema de
Interceptación de Telecomunicaciones (SITEL), con el que se
practican las escuchas de los teléfonos y se realizan seguimientos.
Fuentes de la dirección popular s mostraron su contrariedad por las
declaraciones el pasado viernes de la portavoz del Consell, Paula
Sánchez de León, quien, a preguntas de los periodistas, indicó que
el Consell estudiaría pedir la nulidad del proceso judicial del caso
Gürtel si se comprueba que las grabaciones telefónicas al presidente
de la Generalitat, Francisco Camps, se hicieron con el sistema SITEL
y este se usó sin cobertura legal.
El PP viene denunciando desde hace semanas que el
sistema SITEL se está aplicando sin tener un amparo legal
suficiente, ya que, al afectar a derechos fundamentales, debería
haberse regulado mediante Ley Orgánica. mismo, el Congreso debatió
una iniciativa en este sentido defendida por el vicesecretario del
PP, Esteban González Pons. La propuesta fue rechazada y el PP tuvo
que escuchar las acusaciones del PSOE y de las minorías de izquierda
de querer remover este asunto precisamente buscando la anulación del
caso Gürtel. Para el PP, el PSOE utilizó la "munición" que les había
proporcionado la portavoz del Consell el pasado viernes.
Fuentes de la dirección del PP admiten que esta
declaración desde Valencia, que atribuyen al "nerviosismo" que se
vive en esta CCAA, les ha "clavado un puñal" en la estrategia que
tenían preparada para propiciar que el Gobierno regulara el uso de
SITEL. Sobre todo, aseguran, porque la dirección del PP no quiere
que se declare la "nulidad" del caso Gürtel, sino que se llegue
hasta el final del mismo y se castigue a los culpables.
Aunque la número dos del PP, María Dolores de
Cospedal, dijo que no en ningún caso de pediría la nulidad de las
actuaciones, los populares han optado por cambiar su estrategia y
adoptar un perfil más bajo en la reclamación sobre SITEL. Se ha
pasando el testigo a PNV y CiU, quienes anunciaron la intención de
presentar una iniciativa para que se regule el uso de este sistema
de interceptación de telecomunicaciones. "Lo más sensato es dar un
paso atrás para que no se confunda nuestra reivindicación con el
caso Gürtel", argumentaron las citadas fuentes.
(www.levante-emv.com,
26/11/09)
4. LOS FISCALES ANTIDROGA AVALAN SITEL: "ES UN
ARMA IMPRESCINDIBLE CONTRA EL NARCOTRÁFICO"
Los 25 fiscales especiales antidroga que actúan
en España bajo las directrices de la Fiscalía de la Audiencia
Nacional avalan el Sistema Integral de Interceptación Telefónica
(Sitel). Lo consideran "un arma imprescindible" para la lucha contra
las mafias del crimen organizado que operan en el narcotráfico y el
blanqueo de dinero.
Ésta es una de las conclusiones de la reunión que
mantuvieron los representantes del ministerio público el pasado
viernes en Madrid y que elevarán a la Fiscalía General del Estado.
Para los fiscales antidroga, este sistema no sólo
les ha dado un arma imprescindible para la interceptación de
cargamentos de droga y de las redes que la transportan a la
Península, sino que, además, ofrece más garantías legales que los
anteriores métodos de escucha, siempre que la interceptación esté
autorizada por un juez.
Los clanes gallegos del narcotráfico acaparan más
del 70% de las investigaciones judiciales y en todas ellas Sitel es
la herramienta que emplean los grupos especiales de la policía, la
guardia civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera para interceptar
comunicaciones y sustentar los procesos contra los detenidos.
"Es sin duda el método de interceptación
telefónica más garantista y es absolutamente inmodificable porque se
trata de un sistema informático imposible de alterar o manipular",
subrayó el fiscal especial antidroga de Pontevedra, Marcelo
Azcárraga. Para éste, "no se trata de poner en duda el sistema,
porque la cuestión mecánica o técnica de cómo se recoge una
conversación es lo de menos. Lo importante es que la medida de
pinchar un teléfono está amparada por una resolución judicial",
subrayó.
El fiscal de Pontevedra recordó que el método de
escuchas mediante grabaciones en cintas de gran formato que se
empleó desde finales de los años ochenta para investigar el
contrabando de tabaco y el narcotráfico sí era vulnerable a las
manipulaciones. "Se podían alterar o cortar las grabaciones, pero
ahora lo importante es que no podemos poner siempre en cuestión la
labor de la policía, que tiene que trabajar con los medios que les
facilita el Estado de derecho".
(www.elpais.com,
26/11/09)
5. INAUDITO, SIN EL MENOR RUBOR, EL PP PIDE
RESPETAR AL TC TRAS BLOQUEAR SU TRABAJO
"Pido respeto a las instituciones y que no haya
presiones". La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de
Santamaría, invocó este ejercicio de delicadeza institucional hacia
el Tribunal Constitucional. Fue su réplica al adverbio que Rodríguez
Zapatero había aplicado previamente para calificar el resultado que
desea del fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. "Las
cosas discurrirán razonablemente", anunció el presidente del
Gobierno. "Todo lo que sale de los tribunales es razonable",
respondió Sáenz de Santamaría pidiendo responsabilidad "a todos".
El PP se aferró al discurso del respeto en la
antesala del dictamen del TC, sumando a esta llamada a la corrección
verbal a su secretaria general. María Dolores de Cospedal proclamó
primero que "hay que respetar" lo que diga el Constitucional sobre
el Estatut para tachar después de "absolutamente inconcebible" que
"los socialistas catalanes estén presionando al TC" y el líder del
PSOE no los llame "al orden".
El partido conservador prescribió esta mesura
política ante la posible inminencia del fallo sobre el Estatut, el
último capítulo de una larga espera que dura más de tres años, desde
que presentó el recurso en julio de 2006.
Su comedimiento de contrasta con la locuacidad
con la que el PP se ha empleado previamente. Su bloqueo al Tribunal
Constitucional ha cosechado el rechazo del resto de formaciones y de
todas las asociaciones de jueces. Las maniobras de los conservadores
para no perder peso en la composición del Alto Tribunal lo mantienen
en una delicada precariedad.
El mandato de cuatro magistrados del TC expiró en
diciembre de 2007. Su renovación exige un acuerdo entre el PP y el
PSOE, pero los conservadores han frenado cualquier posibilidad de
recambio proponiendo únicamente dos relevos Francisco José Hernando
y Enrique López, conscientes de antemano de que eran inasumibles
para el PSOE. Con esta táctica, el PP burló de facto que sean las
comunidades las que elijan a los aspirantes, compromiso que sí
respetaron los socialistas, que aportaron al proceso los nombres de
15 candidatos.
Este bloqueo mantiene las posiciones del PP
intactas en el seno del tribunal mientras dura el debate sobre el
Estatut. Para garantizar que sea así, los conservadores desataron,
además, una guerra de recusaciones en otoño de 2007, con el objetivo
de romper el juego de sensibilidades que equilibran el tribunal y
desempatarlo a su favor. El magistrado progresista Pablo Pérez
Tremps fue apartado. La muerte del conservador Roberto García-Calvo
en mayo de 2008 devolvió el equilibrio entre ambos sectores al
tribunal.
El PP también ha realizado múltiples críticas
contra el Constitucional. Hace sólo diez días, el responsable de
Justicia, Federico Trillo, instó a "revisar" el TC tras cuestionar
que esté empleando en analizar el Estatut el triple de lo que
invirtió en revisar la Constitución. No es la primera vez. En
noviembre de 2008, el propio TC se defendió en un comunicado sin
precedentes de las acusaciones de Trillo contra la presidenta de
este organismo, María Emilia Casas, a quien señaló como "culpable e
imputable directamente" de la dilación.
(www.publico.es,
25/11/09)
6. AZNAR CREE QUE LA RUPTURA DE ESPAÑA RESTA
"CAPACIDAD DE ACTUAR" ANTE LA CRISIS
Un día sí y otro también. El ex presidente del
Gobierno, josé María Aznar, aprovecha cualquier comparecencia
pública para retomar viejos fantasmas. en Santander ha aseverado que
la "desvertebración de España" se ha traducido en que "cualquier
Gobierno" que pretenda hacer frente a la crisis económica tiene
"seriamente mermada" su capacidad de actuar de "forma eficaz" ante
la crisis económica. "Gobernar la nave es extremadamente complicado
porque la nave responde al timón con muchas dificultades", manifestó
Aznar, quien sostuvo que un modelo con una Administración autonómica
"hipertrofiada" no es "financieramente viable".
Según defendió, "un Estado residual, que es lo
que hay ahora, es otra dificultad añadida para la salida de la
crisis", tal y como dijo el presidente de la Fundación para el
Análisis y los Estudios Sociales (FAES) durante su intervención en
la inauguración de la feria de innovación Expoinnova organiza por la
patronal Ceoe-Cepyme Cantabria.
A su juicio, "no es sensato ni razonable
continuar con la centrifugación del Estado", lo que para el
presidente de Honor del Partido Popular ha supuesto que la
Administración central se ha convertido en un "instrumento incapaz
de cumplir las funciones imprescindibles que tiene y debe seguir
teniendo encomendadas".
Aznar incidió en que el tamaño de la
Administración pública en las Comunidades Autónomas "ha crecido de
forma indeseable", y criticó que se ha "recreado" un "enorme sector
público empresarial", con una "segmentación" del mercado nacional a
través de "normas autonómicas irracionales que perjudican a la
actividad económica".
Además, el ex presidente del Gobierno lamentó que
"no son pocos" los que, desde los Gobiernos autonómicos, piensan que
"pueden salir de esta crisis por su cuenta, simplemente arañando un
poco más de pastel de la financiación autonómica". "Y se equivocan
"porque no a haber más pastel", apostilló.
En este sentido, Aznar advirtió de que "de esta
crisis nadie va a salir solo". "Ni las personas, ni los partidos, ni
las organizaciones, ni los territorios. De esta crisis saldrán las
naciones cuyos ciudadanos estén dispuestos a hacer el esfuerzo de
trabajo, reformas y unidad que se necesita", dijo.
(www.publico.es,
25/11/09)
7. TRILLO LAMENTA QUE "LA MINISTRA DE ESA COSA DE
IGUALDAD" SE ATREVA A DISCUTIR SOBRE EL COMIENZO DE LA VIDA
El portavoz del Partido Popular en el área de
Justicia, Federico Trillo, lamentó este viernes que personas a las
que no quiere calificar, "como la ministra de esa cosa de Igualdad
que han hecho" se atreven a discutir "un hecho biológico tan
incuestionable " y "evidente desde el punto de vista científico",
como es "el comienzo del derecho a la vida o de la vida".
Trillo explicó, en entrevista a la Cadena Cope
recogida por Europa Press, que "el legislador tiene un parámetro que
es el constitucional y ahí se deja claro que todos tienen derecho a
la vida". Asimismo, en sentencia del año 1985, que es la situación
actual, se dijo que "la vida es un continuo desde el primer momento,
que se trata de una vida distinta de la de la madre, y que sólo en
el caso de que exista un conflicto grave de nivel jurídico de igual
naturaleza, entre la vida concebida y la vida de la madre, se puede
plantear por el legislador la no sanción".
Sin embargo, el portavoz del PP criticó que
"ahora se quiere cambiar absolutamente todo" y, por lo tanto, se
pretende que "deje de ser un delito para ser un derecho ejercitable
sin ninguna condición, por cualquier mujer y en cualquier tiempo que
se encuadre dentro de las catorce primeras semanas".
(www.publico.es,
27/11/09)
8. GONZÁLEZ PONS CREE QUE TANTA UNANIMIDAD EN LA
PRENSA CATALANA ES "EXTRAÑA" Y "SOSPECHOSA"
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban
González Pons, se ha mostrado "inquieto" por el inédito editorial
que han publicado al unísono los diarios catalanes en defensa del
Estatut. "A estos periódicos yo les he leído muchos editoriales en
los que nos aconsejaban a los políticos no presionar a los
tribunales. Yo creo que cuando uno hace un editorial" en este
sentido "lo que no puede es presionar después", ha declarado en una
entrevista a Antena 3. Para González Pons, "el Estatuto aprobado se
enfrenta a la Constitución" y "pasa por un juicio de
Constitucionalidad". Lo que tendrían que hacer sus defensores, por
tanto, es "acatar la sentencia" o decir si quieren "que cambiemos"
la Carta Magna "y proponer una nueva".
El político ha hecho un llamamiento a la
"tranquilidad", la "serenidad" y el "centrismo", aunque ha asegurado
que echa de menos "algo más de pluralidad" en la prensa catalana. Ha
considerado "tanta unanimidad" "extraña" y "sospechosa".
"Yo estoy convencido de que la Cataluña real es
infinitamente más plural que lo que demuestran las editoriales
(sic). Estoy convencido de la convivencia, el diálogo (…). No hay
que perder la perspectiva de que esta es la Constitución de la
concordia y no del enfrentamiento", ha sentenciado. Pons no ha sido
capaz de negar, no obstante, que el Tribunal Constitucional está
"politizado" y, preguntado al respecto, ha dado largas. "No sé si
está más o menos politizado, lo que sé es que no es un tribunal que
hace juicios políticos, es un tribunal que hace juicios jurídicos.
En todos los países que tienen constituciones parecidas a la
nuestra, al TC se le llama legislador negativo, porque lo que hace
es sacar del ordenamiento jurídico las normas que se enfrentan al
Constitución", ha indicado, incidiendo en que nosotros hemos
aceptado nuestra Carta Magna.
En este sentido, ha apuntado que "si ahora se quiere que el Estatuto
de Cataluña entre en vigor aunque el TC diga que no, eso significa
un cambio de Constitución. Que se plantee como eso y no como un
conflicto político". Para Pons, "el verdadero responsable de todo lo
que está sucediendo es José Luis Rodríguez Zapatero, porque creo
unas expectativas políticas que no podía cumplir". El diputado ha
tergiversado las palabras del presidente pidiendo calma respecto a
la sentencia del Constitucional porque, en su opinión, Zapatero
"comete una imprudencia al anticipar que sabe algo" del fallo y es
el culpable de todo el dilema.
(www.elplural.com,
26/11/09)
9. CATALUÑA. EL PPC ATRIBUYE A NEBRERA UN
DESPILFARRO EN VIAJES EN EL AVE
Durante su periplo en el partido, Montserrat
Nebrera logró irritar a la dirección del PPC y a la del PP. Pisó
todos los callos que tuvo al alcance. La inquina creada germinó en
una pequeña venganza. La dirección del PP catalán aventó que Nebrera
ostenta el récord del Parlament en hacer uso de la tarjeta del AVE
de la cual disponen los diputados de la Cámara catalana. Según
informó La Razón, Nebrera viajó 83 veces entre idas y vueltas (en un
caso empleó otro medio para su trayecto) a Madrid entre enero y
octubre de este año, cuando abandonó el partido y su escaño.
Tanto viaje a la capital de España, uno por
semana, costó al Parlament unos 11.000 euros. El diputado popular y
miembro de la Mesa Rafael Luna calificó el gasto de "desorbitado":
"Las cifras demuestran un uso excesivo, muy por encima del gasto
medio de los diputados y que no obedece, en este caso, a necesidades
propias de la actividad parlamentaria". Una afirmación que se
sustenta, en parte, en el hecho de que más de 2.000 de los euros del
gasto total corresponden a viajes realizados en agosto, cuando no
hay actividad parlamentaria.
Aunque Luna aseguró que el dispendio de Nebrera
supera en mucho el coste en desplazamientos en AVE de otros
diputados, el PPC afirmó, a consultas de este diario, que no conoce
el gasto total del grupo del PPC en transporte ferroviario entre
enero y octubre, lo que permitiría compararlo con el de la
exdiputada.
Nebrera afirmó por la tarde desconocer la
información publicada sobre sus viajes en tren. Declinó entrar en
detalles sobre las causas de sus desplazamientos a Madrid por
considerar las acusaciones propias de "un chismorreo de mal gusto".
La exparlamentaria quitó importancia al hecho y vaticinó sobre sus
antiguos compañeros: "Tirarán con bala".
(www.elmundo.es, 21/11/09)
10. GALICIA. FEIJÓO: "GALLARDÓN Y AGUIRRE NO HAN
ESTADO A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS"
Alberto Núñez Feijóo cree que Esperanza Aguirre y
Alberto Ruiz-Gallardón no han sabido estar a la altura de las
circunstancias "en varias ocasiones". Aunque matiza que "o bien
ellos o sus equipos", considera que la "bronca premanente" entre
ambos puede provocar un efecto electoral en el PP. El presidente de
la Xunta y del PP gallego, entrevistado El Mundo, cree que su
partido no puede perder ni "un minuto en mirarse al ombligo, porque
con un 20% de paro un partido que hace eso es muy irresponsable".
Preguntado por las posibles culpas de Rajoy al
permitir que se pudran los problemas hasta que estallan, como buen
gallego, dijo lo uno y lo contrario, pero aprovechó el momento para
defender su liderazgo: "Aquí se podrá discutir los tiempos, pero lo
que no se discute es ninguna de las decisiones de Rajoy. Puede ser
discutible el tiempo, unos dirán que tarda más o menos en tomar
decisiones, pero el fondo no se ha discutido por nadie, ni nadie
discute su liderazgo".
Feijóo asegura no estar pensando en ser
presidente del Gobierno de España algún día. "Una cosa es la
ambición política y otra volverse loco", argumentó. Según dijo, su
única ambición es ser un "buen presidente de Galicia" y ayudar a
Rajoy a llegar a La Moncloa.
(www.elplural.com,
23/11/09)
11. GALICIA. FEIJÓO PRESIONA A LAS CAJAS CON UNA
LEY QUE DARÍA MÁS PODER A LA XUNTA
Alberto Núñez Feijóo dobló la apuesta e
intensificó la presión política sobre los máximos responsables de
las dos cajas gallegas para que negocien un acuerdo que salvaguarde
el sistema financiero gallego. Al tiempo que el presidente de la
Xunta recibía en un despacho del Parlamento a José Luis Méndez y
Julio Fernández Gayoso, el PP protagonizaba un gesto inesperado en
el hemiciclo de la Cámara destinado a limitar el margen de maniobra
de los responsables de Caixa Galicia y Caixanova.
Los populares se sumaron por sorpresa a una
iniciativa del BNG, cuya aprobación por unanimidad pone en marcha el
mecanismo parlamentario para reformar la Lei de Caixas a fin de
reforzar los poderes de la Xunta sobre las entidades financieras. El
gesto del PP cogió desprevenido al PSdeG, que a última hora decidió
tambén sumarse a la propuesta nacionalista.
Al tiempo que los partidos debatían en el
hemiciclo, en el área reservada al Gobierno en el pazo de O Hórreo
Feijóo y su conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, se
encerraron durante más de dos horas con el presidente de Caixanova y
el director general de Caixa Galicia. Sólo el presidente habló al
final del encuentro para explicar la petición que trasladó a Gayoso
y Méndez. Les ha dado una semana de plazo para que negocien, con la
mediación de la Consellería de Facenda, una propuesta común que
salvaguarde el carácter gallego de ambas entidades financieras.
Aunque Feijóo evitó de nuevo mostrar con claridad
cuál es su preferencia, fuentes de la Xunta señalaron que el
presidente entregó a los responsables de las cajas un informe que
defiende la viabilidad de una fusión entre Caixa Galicia y Caixanova.
La entidad que dirige José Luis Méndez está a favor de esta opción,
reforzada también con análisis propios, mientras que la caja con
sede en Vigo mantiene su oposición frontal. Caixanova alega que la
fusión tendría elevados costes laborales y, aunque no lo declare
expresamente, teme que esa salida acabe derivando en su absorción
por Caixa Galicia. Feijóo continuará su ronda de contactos sobre el
futuro de las cajas de ahorros con otra reunión, también en el
Parlamento, con los líderes de PSdeG y BNG.
(www.elpais.com,
25/11/09)
12. GALICIA. ENFRENTAMIENTO EN LA CÚPULA DE LA
CONSELLERÍA DE TRABALLO
La conselleira de Traballo y su número dos no
terminan de casar. La guerra abierta que mantienen Beatriz Mato y su
secretaria general de Igualdade, Susana López Abella, ha traspasado
las paredes de su departamento y llegado a oídos de Feijóo, quien ya
no esconde su malestar por el enfrentamiento. Pero la disputa viene
de atrás: ambas querían la titularidad de la consellería.
Susana López Abella esperaba la silla en la que
se sienta Mato. Su labor de oposición al bipartito y látigo de la
Vicepresidencia de Anxo Quintana le pobló la pechera de galones en
el PP. El propio presidente Feijóo la tanteó telefónicamente días
antes de anunciar su Ejecutivo en público. Sin embargo, Beatriz Mato
contaba con otras credenciales. Además de batirse contra el
departamento de Traballo del socialista Ricardo Varela durante la
pasada legislatura, el entorno del ex ministro José Manuel Romay
Beccaría presionó a Feijóo para que la colocase en la cartera de San
Caetano. Finalmente, la ascendencia que todavía ejerce Romay sobre
el presidente de la Xunta, a quien acompañó en su estreno político
en los años 80, se impuso. Susana López Abella se contentó con la
segunda posición en el departamento.
La conselleira Beatriz Mato, a pesar de todo, no
inició su mandato con buen pie. Su gestión política de la condena a
la directora general de Formación e Colocación, Ana María Díaz
López, por despido improcedente disgustó en Monte Pío. Y el anuncio
de que los mayores no cobrarían más un complemento de 200 euros
anuales en las pensiones instaurado por el bipartito, a medio camino
entre la improvisación y el exceso de celo en materia de
"austeridad", no contribuyó a mejorar su imagen ante Feijóo. El
propio presidente escenificó, hace tres semanas, una marcha atrás de
la medida en el Parlamento.
Como el agua y el aceite, no mezclan. El
enfrentamiento abierto entre la conselleira de Traballo, Beatriz
Mato, y su secretaria general, Susana López Abella -a la que ella no
hubiera elegido-, es cada día más evidente y ha llegado a oídos del
presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ya no oculta su
malestar por la guerra abierta en este departamento. La lucha entre
Mato y López Abella viene de lejos. De antes incluso de que
prometiesen sus cargos en la Xunta. En los días previos a la
formación del Gobierno ambas pugnaron por una cartera que unificaba
dos áreas del bipartito: Traballo y Benestar Social.
López Abella, vicesecretaria en la Ejecutiva del
PP hasta el último congreso y portavoz de política social en el
Parlamento gallego durante la pasada legislatura, esperaba el puesto
por varias razones. La primera, su labor como látigo de Anxo
Quintana contra la lenta aplicación de la Ley de la Dependencia y la
política de contrataciones del Consorcio Galego de Servizos Sociais
durante los últimos cuatro años. Un servicio al partido -que la
llevó incluso a denunciar en una comisión parlamentaria que el
vicepresidente nacionalista había instalado una nevera de 6.000
euros en el coche oficial que nunca apareció- y que esperaba ver
recompensado. Pero sobre todo lo aguardaba por la llamada que el
propio Feijóo le hizo para tantearla días antes de nombrar a los
conselleiros. El presidente le preguntó por su disposición para
asumir Traballo. López Abella respondió afirmativamente y esperó su
nombramiento hasta el último día. Fue en vano.
La víspera de que se conociesen las caras del
Ejecutivo, Mato se paseó por la plaza del Obradoiro durante la toma
de posesión de Feijóo con dos teléfonos móviles. Ella se había
enfrentado en el hemiciclo a las políticas de empleo del socialista
Ricardo Varela. Era sólo parte de sus méritos porque además sabía de
la presión que el entorno del ex ministro José Manuel Romay Beccaría
y el PP coruñés estaban ejerciendo sobre Feijóo para que la hiciera
conselleira. El presidente -para el que siguen pesando mucho las
opiniones de Romay, su mentor cuando se inició en política- acabó
apostando por Mato, a la que comunicó la decisión el sábado por la
noche, con tiempo para ser incluida en el decreto de nombramientos
que firmó el día siguiente.
Según el entorno de Abella, Feijóo consoló a ésta
con una secretaría general que dependería directamente de él. El día
a día en Traballo prontó demostró a López Abella, sin apenas
presencia institucional en los actos del Gobierno, sin fotos en los
medios de comunicación, su papel de segundona en la consellería, que
no acepta de buen grado.
La gestión política de la condena a la directora
general de Formación e Colocación, Ana María Díaz López, por despido
improcedente tampoco ha mejorado la opinión del jefe sobre cómo
funciona la consellería. El entorno del presidente da por hecho que
Díaz López, una elección de Mato y del PP coruñés, dimitirá si el
juez al que ha dirigido la querella contra la trabajadora despedida
no prospera. La vista se celebrará el próximo 1 de diciembre en el
Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol. La propia Mato sabe del
ultimátum de Feijóo y no oculta su preocupación por la decisión que
pueda adoptar el juez. Si la moneda sale cruz, deberá prescindir de
su colaboradora tras defenderla contra viento y marea.
El episodio de los 200 euros de complemento
autonómico a las pensiones no contributivas, que Traballo pretendió
suprimir hace dos semanas, no ha ayudado a mejorar su imagen ante el
presidente. Según algunas fuentes, Feijóo estaba de acuerdo con Mato
en eliminar la ayuda para dedicar esos 10 millones de euros anuales
a otros servicios de política social e incluso amagó con defender la
medida en una primera declaración ante la prensa. Pero está
convencido de que Mato y su equipo no la explicaron suficientemente
bien y eso lo llevó a dar marcha atrás horas después en un pleno del
Parlamento, ante la presión de los sindicatos, la oposición y el
temor de que su imagen apareciera asociada a los recortes sociales
durante todo el mandato.
Máxime cuando escuchó unas declaraciones de López
Abella en las que minimizaba los efectos de la supresión del
complemento que apenas supondría "medio euro" para sus perceptores.
Los titulares molestaron a Feijóo, que se reunió con Mato y la hizo
rectificar, en la primera gran desautorización pública de un
conselleiro.
(www.elpais.com,
21/11/09)
13. GALICIA. EL DELEGADO DE LA XUNTA EN OURENSE
TRATA DE FRENAR AL HIJO DE BALTAR
Consenso para hacer frente a la sucesión del
baltarismo. Ésta es la consigna en el PP de Ourense, dispuesto a
ofrecer una candidatura de integración al hijo del presidente
provincial, el vicepresidente del Parlamento gallego, José Manuel
Baltar Blanco, único militante que se ha postulado hasta el momento
para la presidencia del partido.
El delegado de la Xunta en la provincia, Rogelio
Martínez, cree que prosperará una lista alternativa. Martínez se
descarta para ese puesto pero está convencido de que la mejor opción
sería el consenso: una candidatura de integración de los dos
sectores enfrentados, encabezada por alguien próximo al presidente
provincial y a su hijo. Y cita, como posible candidato, al diputado
autonómico Rosendo Martínez (ilocalizable para este diario), del
núcleo duro del baltarismo. La propuesta pasaría por que en la
ejecutiva que éste presidiera hubiese una amplia representación del
partido "y nadie quedase excluido".
De momento, la opción es recibida con
escepticismo en el sector del PP que encabeza Martínez. Destacados
militantes la ven inviable. "Baltar Blanco se blindó", señalan,
convencidos de que si fragua una lista nueva, el hijo se retirará y
se presentará el padre, a quien nadie se atreve a hacer
frente.Baltar y su hijo "dejaron todo atado", dicen los dirigentes
populares consultados. En cualquier caso, los contrarios aceptarían
la opción de Rosendo Fernández "con tal de que no se mantenga la
línea sucesoria, algo que el PP ya no puede vender en ningún lado".
Creen que con Baltar Blanco de número dos y una ejecutiva plural "y
equilibrada", el partido podría iniciar la transición hacia "la
normalidad", aunque insisten en que la opción de Rosendo Martínez
dependerá "de lo que diga el presidente". "Ya veremos si apuesta por
el partido o por su hijo".
Sin embargo reconocen que hay otras bazas que
podrían inclinar a Baltar a aceptar la lista de consenso. Una de
ellas, la garantía que "sin duda va a ofrecer" la ejecutiva gallega
de que el congreso no estará organizado desde la Diputación; esto
es, que no sea el presidente quien dirija el congreso al que se
presenta su hijo designando a los compromisarios. El delegado de la
Xunta en la provincia tiene la convicción de que la ejecutiva
gallega garantizará un cónclave "limpio", dirigido por
representantes consensuados, "no puede ser de otra manera". Con la
garantía de un congreso democrático, la otra baza que en opinión de
los críticos a Baltar lo forzaría a aceptar la lista consensuada es
la determinación de presentar candidatura alternativa para
enfrentarla a la de Baltar Blanco y medir sus apoyos reales. No
descartan para ello la opción del portavoz del PP en el Parlamento,
Antonio Rodríguez Miranda.
El sector contrario a Baltar está convencido de
que "pese a los resortes institucionales y mediáticos" que utiliza
su hijo "no tiene los mismos apoyos que su padre". Y alertan de que
pueda repetirse con él el "síndrome Cuiña", que contaba con todos
los apoyos para el congreso de la renovación para sustituir a Fraga
y acabó retirándose de la carrera sin conseguir siquiera el de
Baltar. Confían además en que las continuas comparecencias de Baltar
Blanco (entrevistas recogidas en la prensa local con asociaciones
vecinales, alcaldes, militantes y otros colectivos afines) supongan
más "un desgaste" que su promoción porque "se empieza a ver quién es
el que gobierna".
Mientras el congreso se pospone (de noviembre a
enero) los alcaldes más fieles al presidente empiezan a reconocer en
privado que no se sienten obligados a respaldar a Baltar Blanco. "Yo
estoy en deuda con Baltar, no con su hijo", reconoce desde el
anonimato uno de estos veteranos.
(www.elpais.com,
24/11/09)
14. ANDALUCÍA. LA FISCALÍA VE FALSEDAD Y ESTAFA
EN LAS FACTURAS DE TECONSA A MÁLAGA
El caso Teconsa avanza en los juzgados. La
Fiscalía de Málaga aprecia que existen indicios de falsedad en
documento mercantil y de estafa en la actuación de la constructora
leonesa Teconsa, que supuestamente presentó al Ayuntamiento de
Málaga certificaciones de obras por un importe seis veces superior a
lo realmente ejecutado. El Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga
se hará cargo de la investigación, después de que la Fiscalía
enviara las diligencias al juzgado decano para su reparto,
informaron fuentes judiciales.
El pasado mes de abril, el Ayuntamiento de Málaga
adjudicó a Teconsa las obras de remodelación de la carretera
Azucarera-Intelhorce, la actuación más costosa, 4,38 millones de
euros, de las financiadas por el llamado Plan Zapatero en la
provincia.
La constructora subcontrató los trabajos con
otras seis empresas, que iniciaron los movimientos de tierra en
junio. Según la denuncia de uno de los subcontratistas, hasta el mes
de agosto, Teconsa presentó al Ayuntamiento certificaciones de obras
por valor de 531.312 euros, de los cuales 444.927 fueron pagados por
el Consistorio. Sin embargo, el montante facturado en ese mismo
periodo a Teconsa por las subcontratas por los mismos trabajos era
sensiblemente inferior: sólo 86.385 euros. Un juzgado investigará
ahora a qué obedece ese desfase.
El caso Teconsa se inició el pasado 14 de octubre
cuando la Fiscalía recibió una denuncia en la que se contaba que la
constructora había certificado, entre mayo y agosto de 2009, obras
por un total de 531.312 euros y que para justificarlos podría haber
inflado los trabajos realmente ejecutados.
El denunciante, Francisco Tendero, gerente de
Servicios Auxiliares Las Nieves, una de las seis subcontratas,
especificaba que en las facturas Teconsa supuestamente incluyó el
doble de superficie de pavimento demolido, 11 veces más de volumen
de suelo excavado y un suelo que nunca se llegó a poner. El fiscal
inició diligencias de investigación.
De los 531.312 euros facturados hasta agosto,
Teconsa cobró del Ayuntamiento un total de 444.927 euros. Sin
embargo, la constructora no usó esta cantidad para abonar los
trabajos de sus subcontratas. Ante la falta de pago, estas pequeñas
empresas dejaron paralizada la obra de la carretera
Azucarera-Intelhorce cuando apenas se había ejecutado el 10% de los
trabajos.
Esta circunstancia, unida al hecho de que Teconsa
se había declarado en concurso de acreedores (antigua suspensión de
pagos) hicieron que el Ayuntamiento rescatara el sustancioso
contrato el pasado 30 de octubre. Antes de resolver el contrato, el
Consistorio tuvo la precaución de incautarse de la fianza de 188.000
que puso Teconsa para hacerse con la obra.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP),
remitió a la Fiscalía el expediente completo de la obra, antes
incluso de que le fuera requerido. Esta documentación también ha
sido puesta en manos del Juzgado de Instrucción, según fuentes de la
Fiscalía. El regidor malagueño siempre ha sostenido que "nunca se ha
pagado ni un euro más que no esté hecho".
Teconsa se vio salpicada por el caso Gürtel, que
afecta a administraciones del PP en Madrid y a las comunidad
valenciana y de Castilla y León. Según la investigación, la empresa
pagó supuestamente comisiones al presunto cerebro de la trama,
Francisco Correa, a cambio de adjudicaciones en Castilla y León. En
Valencia, la constructora, sin experiencia previa en montajes
audiovisuales, montó la sonorización de los actos de la visita del
Papa en julio de 2006, por lo que cobró de la administración
valenciana 6,4 millones de euros.
Posteriormente, subcontrató estos trabajos por
3,1 millones de euros. Tras la visita de Benedicto XVI, José Luis
Martínez Parra, responsable de Teconsa, retiró de dos cuentas
bancarias 900.000 euros en billetes de 500. Poco después, Francisco
Correa ingresó supuestamente esa cantidad en su caja B.
El grupo municipal de IU en Málaga consideró
"insuficientes" las explicaciones del alcalde De la Torre sobre las
facturas infladas de Teconsa. El portavoz de la coalición, Pedro
Moreno Brenes consideró "imprescindible" que el equipo de gobierno
"facilite toda la información y dé explicaciones en una
comparecencia durante el próximo pleno ordinario".
Moreno Brenes reclamó un cambio en la estructura
de contrataciones tanto del Ayuntamiento como de las sociedades
municipales para evitar "irregularidades como muchas adjudicaciones
directas a determinadas empresas, concentración de las
contrataciones de obras menores, sobrecostes enormes en proyectos
municipales o la presunta sobre valoración de los trabajos de
excavación, así como la emisión de certificaciones de obras por
importe muy superior al realmente ejecutado".
Anomalías
- La dirección de obras de Teconsa certificó
supuestamente 67.906 metros cúbicos de desmonte cuando se ejecutaron
5.841.
- Se facturó la demolición de 41.083 m2
de asfalto, cuando sólo eran 13.512 m2.
- Teconsa certificó 3.648 m2 de un
suelo de cemento que "no existe", según la denuncia.
(www.elpais.com, 24/11/09)
15. COMUNIDAD DE MADRID. LA AUSTERA ESPERANZA
AGUIRRE GASTA 700 MILLONES EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Menos impuestos y más austeridad. Es la única
receta conocida del PP para salir de la crisis y de ella hacen gala
muy especialmente dirigentes como Esperanza Aguirre, una orgullosa
liberal. El adalid del liberalismo popular ha cumplido a rajatabla
la primera parte del enunciado, la reducción de impuestos, a costa
de herir profundamente partidas como Educación, pero no se ha
aplicado el cuento del todo: desde que llegó al poder en 2003, ha
destinado la friolera de 700 millones de euros a publicidad y
propaganda, incluyendo en la cifra los gastos del aparato
propagandístico regional, Telemadrid.
El porcentaje se ha incrementado en un 100% desde
la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón, su antecesor en el cargo, pero
el agravio comparativo es mayúsculo si se toman como referencia
otras comunidades.
Excluyendo las inyecciones a la televisión
regional, en 2008 Madrid gastó 37 millones en publicidad (6 euros
por habitante), más del doble de lo que destinan a este concepto
Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o Cataluña, gobernadas
por el PSOE.
La hiperactividad de Esperanza Aguirre, entendida
como su afán de inaugurar recintos, participar en actos, volver a
inaugurar recintos y fotografiarse unas cuantas veces cada vez es de
todos conocida. Lo que no sabíamos con tanto detalle es cuanto nos
cuesta a los madrileños cada posado de la lideresa.
El líder de los socialistas madrileño, Tomás
Gómez, hizo el balance general y el resultado es para salir
corriendo: un incremento del 100% que se cuantifica en 700 millones
en seis años, 81 de ellos sólo el año pasado, en plena crisis. Tal
como recoge el diario Nueva Tribuna, Gómez se mostró muy crítico con
esta gestión dudosamente austera. "Cada vez que Aguirre sale de la
Puerta del Sol le cuesta a los ciudadanos 12.000, 24.000, 36.000 o
48.000 euros, simplemente por salir de la Puerta del Sol, por
inaugurar cinco veces el mismo hospital, por inaugurar todos los
años la misma carretera, en definitiva por utilizar los recursos
para su carrera personal", enfatizó.
La Ley de Presupuestos obliga a todas las
Consejerías a solicitar la autorización previa de Presidencia para
gastos en publicidad, promoción, divulgación y anuncios; sin
embargo, esta medida, al contrario de lo que podría pensarse, ha
disparado este tipo de deudas. En los años que lleva gobernando
Aguirre, estas partidas se han incrementado un 106% pasando de 39
millones en 2003 a 81 millones en 2008.
En 2006 y 2007 la subida fue especialmente
notable (90 y 91 millones respectivamente) y aunque en 2008 hubo una
reducción relativa, si se compara con los datos de la etapa
Gallardón el incremento es del doble. "No hay ningún gasto
significativo que haya sufrido una subida tan fuerte", denuncia
Gómez.
Retomando el total de 700 millones, este se desglosa en dos grandes
partidas: unos 355 millones para publicidad institucional y 341,54
millones para subvenciones a Telemadrid, cuya aportación pública ha
crecido hasta 104,19 millones en 2008 (el nivel de 2003 eran 63
millones). Los socialistas ponen en evidencia que el ente público
actúa como "agente publicitario particular" de Aguirre, una
publicidad que el año pasado ya costaba a los madrileños un 66% más
que en 2003.
Pero si alguien considera que no se vale incluir
a Telemadrid en las cuentas, algo matizable considerando la labor
propagandística de la televisión regional, ha de saber que
excluyendo esta partida Madrid sigue estando a la cabeza en el
ranking de derroche publicitario. Según el "Informe Publicidad en el
Sector Público", esta región encabeza la lista de publicidad
institucional con 37 millones de euros, seis por habitante, una
cifra que duplica los porcentajes de Andalucía, Extremadura,
Castilla-La Mancha y Cataluña, todas ellas socialistas.
Estos hechos tienen un agravante: que gran parte
de ellos fue organizada por empresas de la trama Gürtel, que trabajo
con prácticamente todas las consejerías. Pero además, tal como
recuerda Nueva Tribuna, se han beneficiado agencias de publicidad
como Carta España, donde trabaja el ex portavoz del Gobierno de José
María Aznar, Miguel Ángel Rodríguez.
El PSM denuncia, en consecuencia, las "trabas"
que pone el Ejecutivo de Aguirre para fiscalizar los gastos y
propone que se retomen los niveles de 2003. El grupo presentará un
‘plan de asuteridad’ en la Asamblea, y recuerda que con 700 millones
podrían haberse construido centros de salud (200), escuelas
infantiles (560), o colegios públicos (175), o residencias para
mayores (112), o incluso 9.000 viviendas de protección oficial.
(www.elplural.com, 24/11/09)
16. COMUNIDAD DE MADRID. EL NÚMERO 2 DE AGUIRRE
DIO AYUDAS A SU PROPIA FUNDACIÓN
El número dos de Esperanza Aguirre en el Gobierno
de Madrid, el
vicepresidente Ignacio González, firmó entre 2005 y 2007 la
concesión de 536.000 euros en subvenciones para la fundación del PP
madrileño, Fundescam,
pese a que en esos tres años pertenecía a su patronato la directiva
como vocal. Fundescam, la fundación a la que la trama Gürtel endosó
facturas de las campañas de Aguirre en las elecciones del tamayazo,
tuvo en su patronato a Ignacio González entre el 28 de febrero de
2005 y el 12 de junio de 2008, fecha en que certificó su renuncia
ante notario.
El importe y los destinatarios de las
subvenciones concedidas por Madrid a fundaciones ligadas a partidos,
como Fundescam, jamás se publicitó a través del Boletín Oficial de
Madrid ni mediante ningún otro medio de acceso universal. La tutela
legal sobre Fundescam corresponde al Gobierno de Aguirre.
La situación de González respecto a Fundescam es
muy similar a la que ha costado una querella por prevaricación y
malversación a Diego
López Garrido, secretario de Estado para la Unión Europea. La
asociación ultraderechista Centro Jurídico Tomás Moro logró hace
diez días que un juez de Madrid admitiera su querella contra el alto
cargo socialista por haber otorgado a la Fundación Alternativas dos
ayudas que en total sumaban 78.000 euros. El principal argumento de
la querella radica en que López Garrido era vocal de la fundación
cuando firmó las resoluciones, extremo que el secretario de Estado
niega.
Tras la admisión a trámite de la denuncia , el PP
se lanzó en tromba contra López Garrido. Desde entonces, no ha
cesado de pedir su dimisión. Los conservadores, que han pedido al
Gobierno explicaciones sobre las ayudas a la Fundación Alternativas,
sostienen que el secretario de Estado debe abandonar su cargo "para
no manchar" la imagen exterior de España ni "perjudicar" la
presidencia española de turno en la Unión. En esos términos se han
pronunciado tanto la secretaria general del partido, María Dolores
de Cospedal, como la portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de
Santamaría. Cospedal llegó a comparar el caso de López Garrido con
el de Camps, y exigió "la misma vara de medir para todos" los
ciudadanos.
Para el equipo de Aguirre, sin embargo, no hay
parangón entre la actuación de López Garido y la de Ignacio
González. A la pregunta de por qué el vicepresidente no se abstuvo a
la hora de firmar las subvenciones para Fundescam, el Ejecutivo
madrileño no contestó. Se limitó a subrayar lo siguiente: "La
Comunidad de Madrid, a través de la vicepresidencia, otorga
anualmente subvenciones a la fundación que cada partido (PP, PSOE e
IU) presenta a la convocatoria, como ya se venía haciendo con
anterioridad a este Gobierno regional. Es decir, el vicepresidente,
Ignacio González, ni incluye fundaciones a su elección ni excluye a
ninguna".
En su artículo 7, la ley madrileña de
incompatibilidades de altos cargos les permite a estos participar
"en entidades culturales o benéficas que no tengan ánimo de lucro,
siempre que no perciban ningún tipo de retribución o percepción por
dicha participación, ni comprometa la imparcialidad o independencia
del alto cargo en el ejercicio de su función". La versión del
Ejecutivo madrileño mantiene que González no ha puesto en riesgo su
neutralidad. "Ni incluye fundaciones a su elección ni excluye a
ninguna", dice la respuesta oficial.
En realidad, hasta 2005 correspondía a la
Consejería de Presidencia y no a la Vicepresidencia resolver la
adjudicación de estas ayudas, convocadas anualmente para la
realización de actividades que contribuyan a difundir "el
conocimiento del sistema democrático y la realidad política y
sociocultural de la Comunidad de Madrid". Cuando, en diciembre de
2004, Esperanza Aguirre desgajó Presidencia de la Vicepresidencia, y
asignó el primero de esos dos departamentos a Francisco Granados,
Ignacio González retuvo como vicepresidente las competencias sobre
dichas subvenciones. Para ello, dictó el 30 de noviembre de 2005 una
nueva orden marco que remarcaba, de forma expresa, su potestad
personal sobre ese tipo de ayudas. "El excelentísimo señor
vicepresidente primero y portavoz del Gobierno resolverá el
concurso", dice la base octava de la citada orden, la 412/2005. A
renglón seguido, quedaron convocadas las subvenciones
correspondientes a ese ejercicio.
En el trienio 2005-2007, Fundescam recibió, según
la Comunidad, 536.096 euros. Otros 477.293 euros se repartieron, en
porcentajes no especificados, entre la Fundación para los Estudios
de los Problemas de las Ciudades, adscrita al PSOE, y la Fundación
para los Estudios Municipales Territoriales, auspiciada por IU.
La Comunidad de Madrid tampoco dio respuesta a la
pregunta sobre por qué nunca se publicitó, ni en boletín oficial ni
en la web del Gobierno, el resultado anual de la convocatoria de
ayudas para fundaciones partidarias. "La página web -contestó por
escrito el gabinete de prensa- no es el medio de información oficial
de la Comunidad de Madrid. En ella no se publica cada ayuda que
otorgan los organismos dependientes de la Comunidad de Madrid". El
equipo de Aguirre considera suficiente el sistema de publicidad
elegido: "En un acto público en el que están presentes los
representantes de los partidos políticos se abren los sobres con la
propuesta de cada formación política y así se le da la publicidad a
estas ayudas, así como con su remisión anual a la Asamblea de
Madrid".
En mayo, este diario desveló cómo el entramado
empresarial de Francisco Correa cargó a Fundescam facturas del PP
por 300.000 euros. En ese mismo bienio, la desconcida fundación
recaudó un millón de euros entre una docena de empresarios. Con una
aportación global de 246.000 euros, el actual presidente de la
patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, encabezaba la lista de donantes
del PP, partido para el que 2003 resultó un año crucial. En las
elecciones autonómicas de mayo de ese año, PSOE e IU sumaron mayoría
absoluta y, por tanto, gobernar. La traición de los diputados
socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez obligó a repetir los
comicios en octubre. Esa vez, ganó Aguirre.
Un proceso bajo sospecha
Máxima potestad para resolver
El 30 de noviembre de 2005, el Boletín Oficial de
Madrid (BOCM) publicó la orden por la que quedaban aprobadas las
bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a fundaciones
ligadas a partidos. En la base octava, la orden especifica que la
potestad para resolver quién recibe ayudas y cómo se reparten
corresponde al vicepresidente. O sea, a González.
La renuncia como vocal de Fundescam
Según la documentación depositada por Fundescam
en el Registro de Fundaciones, Ignacio González se incorporó a su
patronato en febrero de 2005, junto con el resto del nuevo equipo
fundacional comandado por Esperanza Aguirre. El 12 de junio de 2008,
formalizó su renuncia ante notario, aunque el cese no se inscribió
en el Registro de Fundaciones hasta el 3 de octubre de ese año.
(www.publico.es,
25/11/09)
17. COMUNIDAD DE MADRID. GARCÍA ESCUDERO ORDENÓ
BENEFICIAR A LAS EMPRESAS QUE FINANCIARON LA CAMPAÑA DEL TAMAYAZO
El nombre de Pío García Escudero se ha sumado a
la lista de altos cargos del PP que aparecen vinculados a la trama
de corrupción de la Operación Gürtel. El testimonio de uno de los
imputados ante el juez de TSJM, Antonio Pedreira, apunta a que a
finales de 2003, después de las elecciones municipales y autonómicas
-unas elecciones marcadas por el tamayazo que daría a Esperanza
Aguirre la presidencia de la Comunidad-, García Escudero, entonces
secretario general del PP madrileño y responsable de la campaña
electoral, envió un fax a los ayuntamientos populares de la región
para que dieran un trato de favor a las empresas que habían
financiado la campaña.
Las investigaciones en torno a Fundescam ya
levantaron las sospechas de una posible financiación irregular de la
campaña electoral del PP madrieleño de cara a las elecciones
autonómicas y municipales de 2003, que llevaron a la presidencia de
la región –después del tamayazo- a Esperanza Aguirre. Cuando el caso
salió a la luz, la dirigente eludió hacer ninguna aclaración y pidió
que se le preguntase a
"Pío, pío, pío", en alusión probablemente a Pío García
Escudero. Y lo decía, tal vez, con más conocimiento de causa de lo
que aparentaba.
García Escudero, entonces secretario general del
PP madrileño, número dos en las listas de Alberto Ruiz Gallardón a
la alcaldía de Madrid y responsable de la campaña electoral, ha
aparecido mencionado en la declaración ante el juez de uno de los
imputados en el caso Gürtel, según publica el digital El
Confidencial. Este imputado aseguró al juez del TSJM, Antonio
Pedreira, que a finales de mayo, pocos días después de los comicios,
García Escudero envió un fax a todos los alcaldes populares de la
Comunidad, incluido Gallardón, ordenando que favoreciesen a
determinadas empresas que había aportado fondos para sufragar la
campaña electoral del PP.
Según el testigo, el fax fue enviado desde
Presidencia de la Comunidad, e incluía un listado con más de 20
empresas, la mayoría de ellas constructoras, que debían recibir un
trato de favor por parte de los ayuntamientos del PP en compensación
por su generosidad durante la campaña. Esta declaración vendría a
constatar las sospechas de que hubo una financiación irregular de la
campaña de los populares, como ya apuntaban las cuentas de
Fundescam.
Al parecer, una de las empresas que recomendaba
García Escudero fue el Grupo Dico, una constructora que más tarde ha
sido investigada por el presunto pago de comisiones millonarias a
alcaldes y funcionarios municipales madrileños del PP. Un ex
directivo de la empresa
denunció el caso y apuntó directamente al consejero de Presidencia
de la región, Francisco Granados, durante su etapa como
alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003.
Además, el ex alcalde de Majadahonda, Guillermo
Ortega, ahora imputado en la trama Gürtel, había transmitido
personalmente a varios ediles del PP de García Escudero, de quién
era hombre de confianza. El dirigente y actual portavoz del PP en el
Senado, aseguró a El Confidencial que no recuerda si envió estos
faxes, aunque aseguró que "en la vida" ha hablado "con un alcalde
para recomendarle una empresa". Según dijo, sería "absurdo hacer una
recomendación de este tipo por fax", por lo que sospecha que alguna
otra persona pudo hacer los envíos desde Presidencia utilizando su
nombre.
(www.elplural.com,
23/11/09)
18. COMUNIDAD DE MADRID. EL JUEZ DEL GÜRTEL
EMBARGA LOS BIENES DE CINCO IMPUTADOS
El juez que instruye el caso Gürtel en Madrid,
Antonio Pedreira, ha ordenado el embargo de los bienes de cinco de
los imputados que aún no han pagado las fianzas exigidas por importe
de 4,1 millones. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) ha dictado la orden contra los diputados del PP en la
Asamblea de Madrid Alfonso Bosch (con una fianza de 750.000 euros),
Benjamín Martín Vasco (950.000 euros) y Alberto López Viejo (750.000
euros). Los bienes del ex concejal de Boadilla José Galeote (cuya
fianza asciende a un millón de euros) y de la ex administradora de
la red de empresas corruptas Felisa Isabel Jordán (650.000 euros)
también serán embargados por orden judicial.
Pedreira citó a declarar a los ex alcaldes
populares de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, y de
Arganda del Rey, Ginés López. Ambos imputados se negaron a
testificar ante el juez alegando que buena parte del sumario está
bajo secreto judicial y eso les provoca indefensión.
Ginés López llegó antes de tiempo y en cinco
minutos despachó con Pedreira. Se ha acogido al artículo 24 de la
Constitución, que reconoce el derecho a no testificar contra uno
mismo. El juez le ha impuesto una fianza de 1,5 millones de euros y
le imputa seis delitos -cohecho, tráfico de influencias, fraude
fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad-. Según
la parte publica del sumario, el alcalde de Arganda recibió 523.439
euros en comisiones de la trama corrupta.
González Panero se lo tomó con más calma. Se
presentó en el TSJM con una sonrisa de oreja a oreja. "El sumario
abierto me deja en buen lugar. Hay muchos papeles exculpatorios para
mí que deberían estar en el sumario y no están. Voy a volver a
presentarlos", espetó antes de entrar al juzgado.
El Albondiguilla, apelativo que recibía de los
capos de la red, acudió al juez con varios documentos que, según su
versión, le eximen de todos los delitos que le achacan. Entre ellos,
una sentencia del mismo tribunal que reconoce que no existen
irregularidades administrativas en la concesión de una parcela
municipal a la constructora UFC para construir 139 pisos de lujo en
Boadilla. Esta empresa está presidida por José Luis Ulibarri, otro
de los imputados en el caso Gürtel. Logró los terrenos con una
oferta tres millones inferior a la de la competencia. "Es la única
adjudicación que se ha hecho a una empresa de este grupo, y yo no
intervine en ninguna de las votaciones importantes", afirmó el ex
regidor a la salida del juzgado. El documento que presentó en
realidad no le exculpa de nada porque no indaga sobre las supuestas
comisiones entregadas por la concesión, sino sólo verifica el
procedimiento administrativo.
Es la tercera vez que González Panero rechaza
testificar ante el TSJM. El juez prepara un auto para fijar
definitivamente la fianza que ya le impuso en junio, de 1,8
millones. Con las dos que impuso , Pedreira ya ha fijado siete
fianzas a los principales implicados del caso en Madrid, entre los
que se encuentran seis políticos del PP cuyos avales suman 6,7
millones de euros. Estas garantías judiciales sirven para afrontar
en el futuro posibles responsabilidades económicas.
(www.elpais.com,
27/11/09)
19. COMUNIDAD DE MADRID. TORMENTA EN TORRELODONES
"Si es así, Esperanza Aguirre ha perdido las
elecciones en Torrelodones". La frase es de uno de los líderes del
PP de la localidad en la sombra tras conocer que la presidenta había
decidido que no se recalificara, tras las protestas de gente del
pueblo, el Area Homogénea Norte (AHN) para construir cientos de
viviendas. El AHN es un suelo de 128 hectáreas que ecologistas y
oposición afirman que tiene gran valor ecológico. El Ayuntamiento
quería construir unas 1.500 casas.
Pero los inversores han continuado atacando e
insisten en que quieren pisos. Han tenido reuniones en el PP y el
Ayuntamiento y están que trinan pues se consideran engañados. Se
habla incluso de amenazas.
El Ayuntamiento, a pesar de la prohibición de la
Comunidad, aún baraja construir. "El alcalde ha planteado la
necesidad urgente de buscar alternativas que compatibilicen la
protección medioambiental que exige la Comunidad con los objetivos
de creación de recursos económicos municipales que pretendía el
avance del Plan General", decía el Ayuntamiento el día que recibió
el no de la Comunidad.
Pero en Torrelodones ya no sólo se habla del
próximo intento de recalificar el AHN. En el PP hay un ambiente
explosivo. El alcalde ha anunciado su retirada.
En Génova han colocado en la presidencia del PP
local a Gador Ongil, ex consejera y persona de confianza de Aguirre.
Parece que no quieren más zonas de sombras en la localidad serrana.
El alcalde ya tuvo que rectificar a principio de
la legislatura tras subirse el sueldo en el primer pleno. Iba a ser
uno de los mejores pagados de España. En Génova parece que no
conocen la tormenta de los últimos días. El alcalde ha organizado
tres plenos en poco más de una semana. Uno de ellos, para aprobar
las nuevas tasas e impuestos ¡un lunes a las 8 de la mañana!
La concejala de Hacienda, Silvia González, ha
presentado su dimisión, aunque continúa con otras responsabilidades.
El Ayuntamiento dice que ha sido por razones personales. Nadie les
cree.
Otro de los concejales ha tenido un encontronazo
con el primer edil, que quería adjudicar la ampliación del
cementerio y el crematorio a la empresa de la que era consejero un
ex vicepresidente del PP local y esposo de la anterior gerente de
Urbanismo. La bronca ha provocado que se celebrara otro pleno para
adjudicar el cementerio, que no tendrá por fin crematorio.
La adjudicación del servicio de jardinería
también ha sido polémica y hay un funcionario perseguido, según
dicen entre los trabajadores. "Ahora viene el contrato de las
basuras, que promete", dice un concejal de la oposición.
"¿Y todo esto lo sabe la presidenta Aguirre?",
decía un militantes del PP durante la inauguración el miércoles de
la nueva sede local.
El informe de la Intervención
>La interventora del Ayuntamiento ha elaborado un
informe en el que dice que el proyecto que presentó una iniciativa
privada "no es viable económicamente". El Ayuntamiento asegura que
el secretario ha apoyado el proyecto.
>Elena Biurrun, portavoz de Vecinos por
Torrelodones, afirma que la adjudicación se hizo con dos informes
contrarios de la interventora municipal.
(www.elmundo.es,
27/11/09)
20. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. CAMPS
CERTIFICA QUE EL CERCO A SITEL BUSCA ANULAR EL ‘CASO GÜRTEL’
La ansiedad que parece acompañar últimamente al
gobierno valenciano llevó a su portavoz, Paula Sánchez, a confirmar
que Francisco Camps pedirá la nulidad de la parte del caso Gürtel
que le afecta si, cuando se conozca todo el sumario, queda
demostrado que las conversaciones del presidente de la Generalitat
fueron grabadas con el sistema integrado de interceptación de
comunicación (Sitel). Con tal advertencia, la portavoz del Ejecutivo
de Valencia se cargó de un plumazo la estrategia de disimulo que, en
los últimos días, ha impuesto la dirección del PP, que consiste en
criticar Sitel y pedir su regulación por ley orgánica, pero
intentando no relacionar este asunto –de momento– con el caso Gürtel.
Lo que busca realmente la cúpula popular
sembrando dudas sobre Sitel es, por contagio, sembrarlas sobre la
instrucción del sumario que les atañe. Y aunque hay algunos
dirigentes que ya han avisado, en el seno del comité de dirección
del PP, que el asunto se les podría ir de las manos, Mariano Rajoy
ha dado el visto bueno a este plan, impulsado por Esteban González
Pons y Carlos Floriano –en la vía política– y Soraya Sáenz de
Santamaría y Federico Trillo –en la vía parlamentaria–.
De hecho, uno de los conservadores que más ha
cuestionado la legalidad de las escuchas realizadas a la trama
Gürtel es Trillo, exministro y diputado por Valencia, responsable de
la estrategia jurídica del partido y buen conocedor de los
pormenores de otro escándalo que sacudió al PP de los años 90, el
caso Naseiro. Entonces, el Tribunal Supremo se vio obligado a
archivar dicha investigación en la que quedó probada la financiación
ilegal de los populares, ya que las escuchas telefónicas que
sirvieron para descubrir ese delito habían sido autorizadas, en
realidad, para perseguir a un supuesto narcotraficante, hermano de
un político del PP valenciano.
A simple vista, demandar en un futuro el archivo
del caso Gürtel con los mismos argumentos utilizados en el caso
Naseiro se antoja complejo, ya que, esta vez, la investigación
abierta por la fiscalía responde a una denuncia (presentada por un
exedil popular) sobre corrupción de empresarios y cargos del PP.
Claro que embrollar en torno a las escuchas telefónicas realizadas
durante la investigación de la red Gürtel –o sea, sobre Sitel–,
puede beneficiar a los populares doblemente: les dará rédito
electoral si logran vender a los suyos que la investigación está
manipulada y, además, cabe la posibilidad de que terminen
convenciendo a otros grupos políticos de que Sitel, pese a ser legal
según el Supremo, necesita ser regulado por ley orgánica.
Si lograran aprobar una norma, quedarían en entredicho todas las
grabaciones realizadas antes de la existencia de la nueva ley. Por
tanto, se abriría una nueva vía para presentar recursos e intentar
anular casos judiciales. El reverso tenebroso de la estrategia del
PP es que, más allá del caso Gürtel, podría ser utilizada por todo
tipo de delicuentes ya juzgados para burlar la justicia.
(www.elpais.com, 22/11/09)
21. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. INVESTIGAN
LAS CUENTAS DE LA FUNDACIÓN QUE ORGANIZÓ LA VISITA DEL PAPA
El juez Antonio Pedreira, que instruye la causa
Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ha
requerido a la Generalitat documentación sobre las cuentas de la
Fundación V Encuentro de las Familias que organizó la visita del
Papa a Valencia. La información la desveló la portavoz del Consell,
Paula Sánchez de León, al ser preguntada en al rueda de prensa
posterior a la reunión del Ejecutivo sobre si el TSJM había
solicitado alguna documentación al Consell o algún organismo público
dependiente.
Posteriormente fuentes del Consell aclararon que
la información remitida al juez es la relativa a las cuentas de 2005
y 2006 depositadas en el Registro de Fundaciones de la Generalitat,
una información, apuntaron las citadas fuentes, que es pública y que
está colgada en internet. La notificación del TSJM llegó a la
Generalitat hace unos días.
Precisamente la semana pasada, el nuevo director
de RTVV, José López Jaraba, reveló en su primera comparecencia en
las Corts que el pasado 11 de septiembre había remitido al juez
Pedreira la información relativa a los pagos que Canal 9 realizó a
la constructora Teconsa a cuenta del contrato por la sonorización y
montaje de las pantallas en la visita del Papa. Según informes
policiales, Teconsa subcontrató parte de los trabajos por valor de 3
millones de euros. La caja B de las empresas de Correa registraron
cerca de un millón de euros en concepto de comisiones por la
supuesta intermediación en el contrato. Además, según se ha ido
desvelando varias subcontratistas cobraron hasta 2, 2 millones de
euros por "Extras del acto del Papa". Una de ellas, Castaño
Corporate, es una de las sedes patrimoniales utilizadas por
Francisco Correa para blanquea dinero a través de inversiones
inmobiliarias, según la policía judicial.
Desde el Ejecutivo se trató de quitar hierro al
requerimiento del juez al entender que no está investigando a la
fundación sino a las empresas de la red Gürtel. Con todo, las nuevas
diligencias practicadas por Pedreira evidencian la participación de
la trama en el que pasó por ser el evento más importante promovido
por la Generalitat. Además, la instrucción afecta de forma directa a
una fundación financiada mayoritariamente con aportaciones públicas
y cuya gestión está en el centro del debate político por la opacidad
que la ha acompañado desde su constitución.
De hecho, no ha sido hasta el pasado mes de
octubre, tres años después de la visita papal, cuando la
Generalitat, titular del registro de fundaciones, ha estado en
condiciones de hacer públicas las cuentas de la entidad benéfica
relativa a los años 2005 y 2006, unos datos que arrojan más sombras
que luces. Así, tal como informó este diario, la fundación declaró
el ejercicio de 2006, en que tuvo lugar el encuentro de las
familias, unos gastos de 12,2 millones y unas pérdidas de 2, 8
millones.
La documentación detalla algunos gastos, pero no
incluye como es preceptivo una memoria de actividades en el que se
especifiquen las actuaciones que se han realizado en el ejercicio.
De hecho, la responsable autonómica de las fundaciones,Patricia
Montagud, hizo una observación en este sentido que conta en los
papeles que ahora también está en manos del juez instructor del caso
Gürtel.
Por otro lado, la portavoz De León indicó que el
Consell podría pedir la nulidad del caso Gürtel si se comprobara que
las grabaciones telefónicas al presidente se efectuaron con el
sistema Sitel y este se aplicara de manera ilegal. El Supremo acaba
de avalar la legalidad del sistema, tal como recordó el delegado del
Gobierno, Ricardo Peralta.
(www.levante-emv.com, 21/11/09)
22. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. UN ALCALDE
DE GÜRTEL PAGÓ UN DÚPLEX EN METÁLICO AL PROPIETARIO DE UN CLUB
El alcalde de La Nucía (Alicante), el popular
Bernabé Cano, y su esposa cerraron en mayo -en plena tormenta por el
caso Gürtel, en el que apareció salpicado- la compra de dos pisos en
primera línea de la playa de Altea. Se los adquirieron a un promotor
al que el edil adjudicó en 2005 un plan urbanístico con más de 3.000
viviendas y un campo de golf. El vendedor también es dueño de un
club donde El Bigotes alternaba con prostitutas.
El primero de ellos, un piso de 83 m2
valorado en 312.526 euros; y el otro, un dúplex de 160 metros tasado
en 474.416 euros, que, según figura en la nota registral, pagó de
sus propios recursos a través de varias transferencias. De la suma
de ambos, 751.234 euros, Bernabé Cano y señora sólo están pagando
una hipoteca de algo más de 180.000 euros.
La privilegiada ubicación de ambas viviendas,
frente al puerto de Altea (Alicante), las convierte en un lujo
reservado a las clases más pudientes. Según las inmobiliarias que
operan en la zona, el precio de ambos pisos superaría el millón de
euros a precios de mercado. El acuerdo de compra y las
adjudicaciones a la constructora coincidirían en el tiempo, según la
documentación en poder de este diario.
Las viviendas fueron adquiridas por el alcalde de
La Nucía y su esposa a la empresa Rotja 2000 Promociones SA, cuyos
administradores son Gerardo Martínez Riquelme y José Ignacio de la
Serna de la Garma, ambos empresarios de la construcción con
intereses urbanísticos en el municipio y propietarios de txokos
-clubes gastronómicos- donde se han celebrado fiestas con sexo en
las que, según figura en el sumario del caso Gürtel, participaron
Francisco Correa y Álvaro Pérez, El Bigotes, entre otros.
En un pasaje de las conversaciones intervenidas,
Correa afirmó que Bernabé Cano les iba a montar "una fiesta de puta
madre con tías impresionantes". El alcalde ha admitido públicamente
su amistad con El Bigotes.
El primer edil inició los pagos para la
adquisición de las dos viviendas poco antes de que el Ayuntamiento
de La Nucía diera la condición de urbanizador del PAI de La Serreta,
junto a otras dos empresas, a la compañía Cases del Pinar SL, cuyo
consejero delegado es Gerardo Martínez Riquelme, a quien el propio
alcalde le compra los dos inmuebles. El otro empresario de la
promotora de los pisos adquiridos por Cano es José Ignacio de la
Serna.
En el caso del dúplex de 160 m2 -que
está ubicado en las plantas cuarta y quinta del edificio-, el
munícipe hizo un primer pago en efectivo de 6.430 euros en la cuenta
de la promotora el 3 de marzo de 2004; 52.430 euros el 11 de febrero
de 2005; y 50.422 euros en diciembre de 2005, mediante transferencia
y sin "poderlo justificar", según la nota registral. Y en cuanto a
la cantidad restante, 360.106 euros, la pagó mediante un cheque
bancario nominativo a la entidad vendedora. Es decir, en este primer
caso no tuvo que recurrir al crédito.
En cuanto al otro piso, situado en la parte
inferior del edificio, en la tercera planta, su precio de compra fue
de 312.526 euros más IVA (336.523 euros).
En esta operación, Bernabé Cano hizo los
siguientes pagos: 106.011 euros mediante transferencia realizada en
2005 "sin que lo acredite", según figura en la nota registral, y
67.650 euros mediante cheque nominativo. Para abonar el resto, el
matrimonio subrogó una hipoteca del Banco Guipuzcoano, que asciende
a más de 180.000 euros. En esta operación hipotecaria, se incluye
una plaza de garaje.
Gerardo Martínez Riquelme también era propietario
de suelo en otro plan urbanístico que apareció en las conversaciones
del caso Gürtel. Se trata del PAI de Pie de Monte.
(www.elmundo.es, 21/11/09)
23. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. PROMOTORES
LIGADOS AL ALCALDE INVIRTIERON EN LA NUCIA 19 MILLONES PARA UN
PELOTAZO CON CORREA
"Tengo un tema gordo en Valencia, con un PAI
prácticamente cerrado, el tío pide 1.000 kilos más. Compramos a
10.000 y vendemos a 20.000. Ganamos 12.000 kilos. Un empresario pone
el 50% y yo otro 50%. De mi 50% yo reparto con Ramón Blanco, con
Álvaro [Pérez, "El Bigotes"], con Pablo [Crespo] y con el alcalde
[Bernabé Cano]. Hay un tema medioambiental que lo desbloqueo yo". Al
cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, le cuadraban las
cuentas de la lechera expresadas en esta grabación del sumario
Gürtel.
De la mano del empresario José Luis Ulibarri
-cuya empresa Mediamed se llevó 13 licencias de TDT del Consell-
estaba a punto de comprar el PAI Pie de Monte y hacer un negocio de
72 millones de euros. Pero las negociaciones, a base de presionar a
los propietarios, descarrilaron a última hora. En ese primer envite,
uno de los negociadores, en representación de Correa, era Jacobo
Gordon, amigo del yerno de Aznar, Alejandro Agag. Pero hubo un
segundo intento, que sí fraguó. El que protagonizaron, a través de
la sociedad Inerzia Sociedad de Gestión, S. L., Gerardo Martínez
Riquelme y Antonio Rocamora, personas estrechamente vinculadas al
alcalde de la Nucia, Bernabé Cano. Según documentación a la que ha
tenido acceso este diario, Inerzia invirtió 19 millones de euros en
la adquisición del 66% de Montemar la Nucia, la urbanizadora del PAI
Pie de Monte, uno de los dos grandes proyectos urbanísticos del
municipio de la Marina Baixa, junto con La Serreta.
En su declaración judicial, Gordon explicó que lo
único que Inerzia firmó fue una opción de compra con los
propietarios, entre ellos el promotor Francisco Murcia Puchades,
quien tras estallar el escándalo Gürtel declaró que Correa lo había
presionado para que vendiera con la amenaza de que si no lo hacía el
PAI -bloqueado por insuficiencia hídrica- no saldría adelante. "Lo
mandé a la mierda", declaró Murcia Puchades.
Los empresarios dieron la cara, pero del intento
de hacer negocio no había dimitido Correa. Los dos promotores iban
de la mano de Correa y de Álvaro Pérez, el Bigotes, residente
vacacional en la Nucia y también íntimo amigo del alcalde, Bernabé
Cano. Fuentes conocedoras de la operación explicaron que Inerzia
pretendía ceder un tercio del PAI a la firma Hator Consulting cuando
el proyecto (aprobado en septiembre de 2004 por el consistorio)
fuera desbloqueado, cosa que no ha sucedido. La consultora Hator es
una de las sociedades más activas de la trama Gürtel en cuestión de
negocios del sector del hormigón. El administrador único es Pablo
Crespo -número dos de la organización-, quien sucedió en el cargo a
Ramón Blanco Balín.
Los dos gestionaban también Castaño Corporate, la
firma que, como contó Levante-EMV, blanqueó 756.240 euros en una
parcela de 12.000 metros en el PAI del Algar tras cobrar comisiones
vinculadas al contrato de Canal 9 y Teconsa por la visita del Papa.
Martínez Riquelme y Rocamora son algo más que
amigos de Cano. A través de Saga Bonperal, S. L., estos dos
promotores urbanizaron diez parcelas a nombre de la madre -Ángeles
García Sáiz- y tío -Gabriel García Sáiz- del alcalde Cano. La
familia era la propietaria de los terrenos del sector la Favara y el
ayuntamiento les otorgó, el 7 de octubre de 2002, la condición de
agente urbanizador. Dos meses después, Saga Bonperal asumió el
desarrollo del proyecto tras pagar más de 3 millones de euros por
10.551 metros y, posteriormente, adquirió otras siete parcelas de
parecido tamaño. En la propiedad de Inerzia participaba también la
firma Gestrumar 2001 SL, también de Martínez Riquelme y Rocamora.
La inversión en Pie de Monte se ha tragado las
ganancias que dieron estos empresarios, vía Gestrumar 2001, en una
permuta de suelo que propició Bernabé Cano en 2005. El ayuntamiento
adjudicó a Dragados, por concurso, nueve parcelas municipales en el
PAI la Serreta por un importe de 16,7 millones a cambio de la
construcción de la Casa de Cultura, el auditorio e infraestructuras
complementarias. El 8 de junio, Dragados escrituró los terrenos. Y
ese mismo día en la misma notaría, Dragados vendió a Gestrumar 2001
las parcelas sin incrementar un céntimo el precio. Meses después, la
sociedad de los amigos del alcalde revendió a Iberdrola y Capital
Golf, S. L., nueve de estos bienes inmuebles por más de 34 millones.
El pelotazo superó los 17 millones.
Gestrumar se quedó la parcela más grande, tasada
en 4,3 millones, y esta es una de las razones por las que Martínez
Riquelme y Rocamora son también urbanizadores del PAI de la Serreta,
un proyecto de 2,8 millones de metros y 3.884 casas con campo de
golf, de cuya sociedad gestora -Cases del Pinar- son consejero
delegado y vicepresidente, respectivamente.
(www.levante-emv.com, 24/11/09)
24. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. DÚPLEX A
TOCATEJA Y ´UN POLLO DE PUTA MADRE CON TÍAS´
Los vínculos de Bernabé Cano con Gerardo Martínez Riquelme son
estrechos. Cano adquirió en 2003 y 2005 sendas viviendas, en primera
línea de mar en Altea, a la sociedad Rotja 2000 Promociones, S. L.,
uno de cuyos administradores es ese promotor. Según los diarios
madrileños El País y El Mundo, Cano pagó al contado 470.000 euros
que costó el ático dúplex de 247 metros construidos a la escritura.
Después abonó 106.000 euros por transferencia por el piso, de
312.000 euros. Según El Mundo, Cano sólo tiene una hipoteca de
180.000 euros por los dos inmuebles.
Este constructor es uno de los que montaron el "txoco"
o club gastronómico en el que se celebraron fiestas sexuales durante
las negociaciones de los PAI en las que participaron Correa, el
alcalde y Jacobo Gordon, entre otros. En la transcripción policial
de las cintas, Correa explica que se ha hecho "íntimo amigo del
alcalde", que tiene un "choco montado allí de la hostia (...) que se
lo han montado unos amigos constructores de la zona, que son muy
sanos y campechanos". Correa cuenta que "cerraron un restaurante y
luego montaron un pollo de puta madre con tías". Después describe
una fiesta en el "choco". Entre otros invitaron a "Pedrito, de Canal
Nou" [sic]. "Estaba Jacobo, que está negociando técnicamente el tema
urbanístico", comenta Correa, que cuenta detalles: "Todos estaban
allí en pelotas, cada uno con una tía".
Por otra parte, el instructor del caso Gürtel en
el TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, impuso una fianza de 750.000
euros al diputado de Madrid Alfonso Bosch y de 650.000 euros a
Felisa Jordán, ex administradora de Easy Concept, la sociedad que
montaba el pabellón valenciano en Fitur. Jordán elaboraba las
ofertas que presentaba Orange Market en el concurso de Fitur, que se
llevó durante cinco ediciones consecutivas. El juez quiere asegurar
las responsabilidades económicas de ambos imputados.
(www.levante-emv.com, 24/11/09)
25. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. LA
JUSTICIA VALENCIANA ABRE UNA VÍA PARA INVESTIGAR LA FINANCIACIÓN DEL
PP
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior
de Justicia valenciano (TSJCV) ha abierto una vía para investigar la
financiación del PP, pese a que aún no ha decidido si es o no
competente para asumir la querella presentada por los socialistas
contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; Ricardo
Costa, ex secretario general del PP valenciano; los cabecillas de la
trama Gürtel y varias empresas. La sala ha dejado claro a través de
una nota que los hechos relatados en la querella son objeto de una
investigación penal. La incógnita es saber cuál es la instancia
judicial competente.
El pleno de la sala se reunió y decidió pedir
información al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre
sus investigaciones en el caso Gürtel porque ese tribunal se hizo
cargo del informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales del Cuerpo
Nacional de Policía que recoge indicios de la supuesta financiación
irregular. Lo incorporó a la investigación sobre la trama Gürtel que
abrió tras recibir la causa de la Audiencia Nacional.
El TSJCV pide también información a las Cortes
Valencianas sobre el aforamiento de las personas que aparecen en la
querella, entre ellos: el presidente Francisco Camps, el
vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, y el diputado y
vicesecretario de Organización del PP valenciano, David Serra.
Además, pide al Registro de Partidos que le ofrezca datos sobre el
grado de autonomía o de dependencia orgánica y económica del Partido
Popular de la Comunidad Valenciana; y al propio PP, que confirme las
responsabilidades que en dicha organización tienen algunos de los
querellados. Por último, solicita a la Junta Electoral Central la
información sobre la concurrencia de la formación a las elecciones.
Los socialistas incluyeron en su querella a 17
personas: altos cargos del Gobierno autonómico, del PP valenciano,
varios implicados en la trama Gürtel, entre ellos, su cabecilla,
Francisco Correa, y Álvaro Pérez, El Bigotes; y cinco empresas
constructoras valencianas, una de ellas de la familia del también
vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino. Por tanto, el
tribunal, aún sin pronunciarse sobre su competencia, abre camino
para investigar la financiación de los populares.
El informe policial de la Brigada de Blanqueo en
el que se basa la querella revela, entre otras cuestiones, que la
trama corrupta liderada por Correa, actualmente en la cárcel, cobró
más de un millón de euros de comisiones ilegales por actos de la
visita del Papa a Valencia en 2006. Y que cinco empresas valencianas
habrían financiado irregularmente al PP a través de doble
facturación de la empresa de la trama Orange Market.
El Tribunal Superior valenciano despreció ese
informe policial cuando estaba en fase de deliberación sobre la
causa abierta contra el presidente Camps por supuesto delito de
cohecho impropio por aceptar trajes de la trama Gürtel. Ahora, y
tras la querella de los socialistas, el tribunal que preside el
magistrado Juan Luis de la Rúa pide información. Según la nota del
TSJ, el tribunal "quiere establecer, para el caso de que admita su
competencia para estudiar la querella presentada, que los hechos a
los que se refiere ésta no están siendo objeto de investigaciones
judiciales simultáneas por órganos judiciales diferentes, pudiendo
dar lugar a interferencias procedimentales, dada la interrelación
existente entre los mismos y a la que expresamente se refiere el
informe policial mencionado".
Petición de datos
- Tribunal Superior de Madrid. Para que determine
si está investigando los hechos relatados en la querella del caso
Gürtel que recibió de la Audiencia Nacional.
- Cortes valencianas. Para que certifique
aforamientos.
- PP. Para que aporte su organigrama.
- Registro de partidos. Para conocer la autonomía
del PP valenciano respecto a la organización central.
(www.elpais.com,
27/11/09)
26. COMUNIDAD VALENCIANA. "ZAPLANA RECONOCE QUE
FALLÓ EN LO ÚNICO EN LO QUE NO TENÍA QUE EQUIVOCARSE, DESIGNAR A SU
SUCESOR"
De compañero de pupitre de Zaplana pasó a ser uno
de sus hombres de confianza cuando se convirtió en presidente de la
Generalitat. Jesús Sánchez Carrascosa ocupó la dirección general de
Canal 9 y fue secretario general de Presidencia. En paralelo
emprendió numerosas aventuras periodísticas que fueron viento en
popa hasta la llegada de Camps al poder.
Ahora regenta una tienda de productos ecológicos
en Alicante y, aunque asegura que no guarda rencor al sucesor de
Zaplana, sostiene: "Soy feliz gracias a Camps. Nunca le agradeceré
bastante que destrozara mis empresas en Valencia y me permitiera
dedicarme a mi familia y a lo que más me gusta".
El todopoderoso secretario general de Presidencia
de la era Zaplana no escatima pullas para el heredero. "La culpa de
que Camps llegue a jefe del Consell es de Zaplana, que lo puso ahí
pensando que podría continuar su proyecto. Ya me lo ha dicho varias
veces: he ido a fallar en lo único en lo que no tenía que
equivocarme", asegura.
Carrascosa sostiene que la confianza del delfín
se quebró justo el día en que entró en Presidencia y pidió un nuevo
número de teléfono móvil al partido. "Todavía no le ha dado el
número a Zaplana, que para hablar con él tenía que hacerlo a través
de Ripoll [Jose Joaquín Ripoll, el actual presidente del PP de
Alicante y único zaplanista al que no se ha podido cargar todavía]",
recuerda.
La lucha fraticida entre zaplanistas y campistas,
según Carrascosa, estuvo alentada por el ya presidente de la
Generalitat. "Desde ese momento, desde el primer día, se dedicó a
machacar a los afines a Zaplana: si estás con él, estás contra mí.
Es increíble".
"Las prácticas del partido que han salido a la luz yo las intuía al
conocer a las personas y porque yo he hecho para Zaplana ese trabajo
que hacían Costa y El Bigotes, pero dentro de los cauces", asegura
sobre el caso Gürtel marcando distancias.
Se sigue confesando "amigo" y admirador de Zaplana y aventura que
volverá a la primera línea. "Es un animal político hasta la médula,
pero sólo volverá si lo tiene claro y a la política nacional, no a
la Comunidad. por , no es la hora de su vuelta".
(www.elplural.com,
23/11/09)
27. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS SOBRECOSTES AL
CONSTRUIR COLEGIOS ALCANZAN EL 178%
¿Qué cuesta un colegio? La pregunta no es
superflua, dadas las oscilaciones que la propia Sindicatura de
Comptes ha denunciado. Concretamente, en su informe correspondiente
a 2007, al revisar una muestra de los centros en construcción por
parte de la empresa pública Construcciones e Infraestructuras
Educativas de la Generalitat Valenciana (Ciegsa), señala que ha
detectado importes definitivos muy superiores a los precios de los
contratos debido a modificaciones y contratos posteriores. Se trata
de uno de los aspectos que los diputados socialistas Ángel Luna y
Ana Noguera pretendían tratar con el director gerente de Ciegsa,
José Luis López-Guardiola, en la visita que le solicitaron a finales
de octubre y que, para su disgusto, han visto convertida, usando
como mensajera a la diputada del PP Marisol Llinares, en una
excursión de todos los grupos el próximo día 7 de diciembre a las
instalaciones de la empresa.
"Queremos saber", explica la diputada Ana
Noguera, "cuál ha sido el precio de licitación, el de adjudicación,
las obras o modificados y el precio definitivo de los centros, cuál
ha sido la empresa adjudicataria y cuáles los informes técnicos que
justifican los sobrecostes". La docena de centros docentes de los
que piden información los socialistas, con datos de la Sindicatura
de Comptes, ofrece un retrato expresivo del problema. Se trata del
nuevo instituto de Catral, que se contrató por 2,9 millones de euros
y, a fecha de 2007, ya costaba 3,7 millones, lo que supone un
incremento del 28%; del instituto La Canal de Petrer, que pasó de
8,5 a 9,7 millones (+15%); del instituto Ciudad del Aprendiz, que
pasó de 9,6 a 15,4 millones (+60%), y del instituto Príncipe de
España, de Picassent, que pasó de 6,9 a 9,6 millones, con un aumento
del 38%.
Por lo que se refiere a los colegios públicos,
los casos más llamativos son los del Soto Micó, de Valencia, que fue
adjudicado por 2,3 millones y sufrió un incremento del 85% hasta
alcanzar los 4,4 millones, y del Padre Manjón, de Elda, que pasó de
380.000 euros a 1,05 millones con un incremento del 178%. Otros
colegios con incrementos notables son el Isidoro Andrés, de
Castellón, que pasó de 4,7 a 6,8 millones (+42%); la escuela de
educación infantil El Tossalet, de Alicante, que pasó de un millón a
1,7 millones (+56%) o el colegio de educación especial Tomás Llàcer,
de Alcoi, que pasó de 3,1 a 4,3 millones, con un incremento del 38%.
"Hacer colegios", comenta Ana Noguera, "había
sido siempre una gestión contratada, supervisada y fiscalizada por
los funcionarios de la Consejería de Educación. Y nunca habíamos
tenido problemas para conocer detalles tan simples como su coste.
¿Tan difícil es saber cuánto cuesta un colegio de primaria o un
centro de secundaria?".
En todos los informes de la Sindicatura de
Comptes se reflejan quejas sobre la dificultad de supervisar y
controlar las adjudicaciones y obras de Ciegsa debido a la gestión
informática. En teoría, para subsanarlo, la empresa pública ha
optado por poner en marcha un programa informático cuyo coste,
784.280 euros, ha llamado también la atención de los socialistas.
"¿Puede existir un programa informático que cueste casi 800.000
euros?", se pregunta Noguera, que amplía esa pregunta al presupuesto
de Ciegsa para "publicidad": más de 1,6 millones de euros en 2007.
"¿Puede alguien desglosarnos las campañas publicitarias realizadas y
las facturas y empresas contratadas?".
"Queremos saber con claridad", explica la
diputada socialista, "qué ha gastado Ciegsa en publicidad y
propaganda. Porque, para hacer colegios públicos, no hace falta que
existan tantas partidas injustificadas. Lo mejor que Ciegsa puede
hacer para que no existan sospechas es enseñar con pelos y señales
las facturas y contratos en los que se gasta el dinero de todos los
valencianos".
(www.elpais.com,
22/11/09)
28. COMUNIDAD VALENCIANA. PRISIÓN INCONDICIONAL
PARA EL ALCALDE DE POLOP POR EL ASESINATO DE SU ANTECESOR
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de
La Vila Joiosa ha decretado el ingreso en prisión provisional,
comunicada y sin fianza del hasta ahora alcalde de Polop, Juan Cano,
por el asesinato a tiros de su antecesor en el cargo, Alejandro
Ponsoda, hace dos años. El detenido se ha acogido a su derecho a no
declarar y ha abandonado los juzgados de La Vila Joiosa pasadas las
15.30 de la tarde en un vehículo escoltado por una veintena de
policías y guardias civiles que han intentado evitar que se
acercaran cámaras de televisión y fotógrafos para captar imágenes.
La declaración del hasta ahora alcalde ha
despertado una gran expectación. El detenido ha llegado a las 7.45
horas de esta mañana al Juzgado de Instrucción número 2 de La Vila
Joiosa en un coche camuflado, pero el interrogatorio no ha comenzado
hasta horas después. Cano fue detenido en la madrugada del martes
por su presunta relación con la muerte de su antecesor, Alejandro
Ponsoda, quien falleció tiroteado en la puerta de su casa en octubre
de 2007. Ambos eran militantes del PP, aunque el partido suspendió a
Cano de militancia nada más conocer su arresto.
Los agentes de la UCO de la Guardia Civil, que
llevan la investigación del crimen, registraron el domicilio
particular de Cano y el Ayuntamiento. Cano se enfrentó a Ponsoda por
el control del partido en Polop y le obligó a incluir a su gente y a
él mismo en la lista de las elecciones municipales de 2007 tras un
mandato en el que el detenido quedó desvinculado del Ayuntamiento
supuestamente por unas grabaciones comprometedoras. El detenido
ocupaba la concejalía de Urbanismo y Hacienda cuando sustituyó en el
cargo al asesinado Alejandro Ponsoda.
El urbanismo emerge como trasfondo del móvil del
asesinato de Ponsoda. Cano fue grabado en dos ocasiones en un
supuesto intento de cobro de comisiones a promotores. Ponsoda y Cano
discrepaban sobre el desarrollo urbanístico del municipio. El
regidor asesinado se opuso a un plan de 5.000 casas que impulsaba
Cano a principios de este mandato.
El asesinato de Ponsoda, según la investigación,
se planeó en el club de carretera Mesalina, a las afueras de
Benidorm. Cano es asiduo a los locales de estas características,
según sus conocidos. En el lupanar contactó con el resto de los
miembros de la trama, entre ellos, un narcotraficante, un empresario
de calzado y los dos pistoleros de nacionalidad checa que ejecutaron
a Ponsoda. Uno de ellos trabajaba en el mencionado club de alterne,
y el segundo, en otro local de la comarca.
Por estos hechos también han sido arrestados el
gerente y el dueño del prostíbulo Mesalina. Los seis ya han sido
encarcelados por la juez. En la resolución del caso han sido clave
cinco testigos protegidos, vinculados al prostíbulo.
(www.elpais.com,
26/11/09)
29. COMUNIDAD VALENCIANA. GRAU OCULTA QUIÉN
GESTIONA LA TELEVISIÓN DE VALENCIA
El Ayuntamiento de Valencia guarda un mutismo
absoluto en torno a quién está detrás de 123 Comunicaciones, SL,
nuevo gestor de la Televisión Municipal de Valencia (Tmva).
El consejo de administración del canal autorizó
hace una semana, con los votos a favor de los consejeros del PP, un
cambio accionarial en la sociedad concesionaria de la televisión
después de que el empresario José Luis Ulibarri -imputado por el
juez Garzón en el caso Gürtel- vendiese su participación del 84,8%.
En la oposición, los socialistas intentaron sin
éxito que el teniente de alcalde, Alfonso Grau -consejero de Tmva,
presentase al consejo un informe que avalase la solvencia técnica y
económica de la nueva empresa. Grau no facilitó ningún dato, dijo el
edil socialista Juan Soto, que pidió que se anule esta autorización
porque es "ilegal". "Nos pidieron un acto de fe, cuando está en
juego la gestión del canal", agregó Soto sin descartar los juzgados.
El pliego de condiciones que rige el contrato de
prestación de servicios de la Tmva "exige que el nuevo socio detalle
los trabajos realizados, su plantilla y los medios técnicos de que
dispone". Este trámite es exigible, según Soto, Soto, cuando cambia
el accionista de referencia.
Ante la negativa de Grau a proporcionarles la
información, los socialistas han recurrido a los registros públicos
para conocer la identidad de los accionistas de 123 Comunicaciones,
SL, de constitución tan reciente que sus datos no son accesibles
todavía. Han ido incluso a la notaría donde se hizo la operación,
pero tampoco han conseguido nada.
Soto llevará el caso al pleno de mañana y
solicitará que se anule la autorización. "O el equipo de gobierno
conocía la identidad de los compradores y la ocultó al consejo, o
realmente no sabía quiénes son, en cuyo caso tomó una decisión
irresponsable y temeraria", dijo el edil.
Alfonso Grau replicó a la oposición: "Desde el
punto de vista jurídico, lo planteado [por ] por el señor Soto,
carece de todo fundamento", dijo sin aportar más datos. Grau
arremetió contra los socialistas por denunciar esta operación y no
otras que tienen que ver con el grupo empresarial de Ulibarri.
(www.elpais.com,
26/11/09)
30. COMUNIDAD VALENCIANA. RUS GASTA EN ´SARAOS´
CASI EL 30% DE SUS FONDOS PARA POLÍTICAS SOCIALES
"Mucha fiesta y poco atajar los problemas que
está generando la crisis". El portavoz socialista en la Diputación,
Rafael Rubio, y el diputado del área de Bienestar Social, Severino
Yago, denunciaron que la Diputación de Valencia, que preside Alfonso
Rus, "se gasta casi el 30% del presupuesto de Bienestar Social en
organizar fiestas, concursos y cruceros al Caribe mientras que el
resto de la provincia sufre los efectos de la crisis económica".
Los socialistas destacaron que el presupuesto
para actividades como "Els Majores Ballen", "Sona la Cuina" o "La
Dipu t'acosta als Balnearis" o para pagar un crucero por el Caribe a
36 personas, incluida la diputada de Bienestar Social y portavoz del
PP en el Ayuntamiento de Quart de Poblet, Amparo Mora, asciende a
1.225.000 euros mientras que, por ejemplo, el programa de
Teleasistencia para mayores de 65 años recibe 1.150.000 euros. En
total, los recursos destinados por Rus a políticas sociales suman
5,7 millones, lo que significa que a "saraos", dijo Rubio, se van
casi 25 de cada 100 euros.
Por ello, exigió a Mora que "deje de trabajar
como una relaciones públicas y empiece a preocuparse por las
necesidades sociales de los valencianos". Explicó que la diputación
destina 3.227.000 euros para los servicios sociales de los
municipios de menos de 10.000 habitantes, ya que está obligada por
ley, con una población de 481.753 habitantes. "Rus invierte 50
céntimos al mes para atender a cada uno de los ciudadanos de la
provincia en materia de Bienestar Social; no da ni para medio café".
Para Rubio, la diputación podría "compensar estas
insuficiencias"; sin embargo, Rus "sólo se dedica a criticar a los
alcaldes culpándolos de la deuda o de gastar el dinero en obras que
no pueden mantener". Rubio censuró que Rus está tratando
directamente con las asociaciones, "puenteando" a los alcaldes,
porque "trabaja en clave electoral".
(www.levante-emv.com,
27/11/09)
31. COMUNIDAD VALENCIANA. EL SEGUNDO DE FABRA
COLOCA A SU HIJA
La Generalitat valenciana dispone, a través del
Servicio Valenciano de Empleo (Servef), de un programa denominado
"salario joven", por el que la Administración autonómica subvenciona
a los ayuntamientos la contratación de menores de 30 años sin
experiencia laboral. Las entidades locales son las que han de
solicitar la implantación del programa y eso es lo que hizo el
alcalde de Vall d'Alba y vicepresidente de la Diputación de
Castellón, Francisco Martínez. Así, desde octubre, su hija Andrea
trabaja, y lo hará hasta el próximo verano, para el consistorio que
preside su padre.
Martínez justificó la contratación alegando que
su hija era la única que cumplía con los requisitos para este puesto
en el que, además, se exigía la diplomatura en Turismo. El alcalde
de Vall d'Alba, hombre de confianza de Carlos Fabra en la
Corporación provincial, sostuvo que la contratación de su hija
obtuvo el visto bueno del secretario municipal y de los sindicatos.
Pese a ello, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Fernando
Grande, aseguró que exigirá explicaciones en el próximo pleno. Los
socialistas también han hecho referencia al código que impulsa el
presidente del PP nacional, Mariano Rajoy, que señaló la necesidad
de garantizar los principios de mérito y publicidad.
Además, éste no es el único puesto que ocupa la
hija del vicepresidente de la Diputación de Castellón, ya que la
semana pasada fue nombrada, a instancias del PP, consejera de
Bancaja. Tampoco es la primera vez que Francisco Martínez salta a la
palestra por una colocación, ya que en la misma Diputación trabaja
su sobrina, Silvia Capdevila, como asesora del presidente, Carlos
Fabra.
La actuación del alcalde de Vall d'Alba,
municipio de apenas 3.000 habitantes, choca con otro de los puntos
que propuso Rajoy dentro del código del buen gobierno en todas las
administraciones. El líder del PP apostó por un "Ayuntamiento en
red", la publicación en la web de las actas de la comisión de
gobierno, los decretos de alcaldía, las actas de plenos o los
informes de secretaría e intervención.
Sin embargo, Martínez, lejos de apostar por esa
transparencia que predica su jefe de filas, ha echado mano de los
servicios jurídicos de la propia Diputación para impedir que los
plenos del consistorio sean grabados. Martínez firmó, como
presidente accidental, un decreto en el que se atendía la solicitud
de asistencia jurídica para defender al consistorio en un
contencioso presentado por el PSPV tras la prohibición del alcalde
de grabar los plenos municipales. Su argumento es que esta acción
"no aporta nada ni a la gestión municipal ni al interés de los
vecinos".
(www.elpais.com,
24/11/09)
32. CASTILLA-LA MANCHA. UN HOMBRE DE CONFIANZA DE
COSPEDAL, INVESTIGADO POR LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
Tomás Cabañero, además de vicepresidente del PP
de Albacete, era miembro del comité regional del partido que preside
María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, y ha tenido que
dimitir de todos sus cargos al estar siendo investigado por la
Inspección de Trabajo y la Seguridad Social. Este hombre de
confianza de De Cospedal también tuvo que dejar la presidencia de la
cooperativa Vinícola de Villarrobledo por una presunta estafa que
superaba los cinco millones de euros.
"A mucha honra es el vicepresidente del PP en
Albacete y, lo digo, a mucha honra, que ha creado y ha mantenido
muchos puestos de trabajo y algunos ahora quieren olvidar eso. Era
la cooperativa la que le debía dinero a él". Palabras pronunciadas
hace unos meses por la secretaria general del PP, María Dolores de
Cospedal, cuando su hombre de confianza, miembro de su ejecutiva y
vicepresidente del PP de Albacete, Tomás Cabañero, tuvo que
abandonar apresuradamente la presidencia de la cooperativa Vinícola
de Villarrobledo por presunta estafa de cuatro millones de euros.¿Lo
volvería a decir ?
Cabañero, propietario de la empresa Martínez
Solé, fue cogido con el "carrito de los helados" por la directora
financiera de la citada cooperativa (cuenta con 500 socios), Dolores
García Haro, quien acusó al hombre de confianza de De Cospedal de
conceder a su empresa un contrato por cuatro millones de euros sin
que lo supieran los socios, cantidad que conforme van pasando los
días, y avanza la investigación, engorda como una bola de nieve
arrasando todo lo que toca a su paso en Castilla-La Mancha, incluido
el mismísimo Mariano Rajoy.
El ahora "apestado" Tomas Cabañero, que el PP de
Albacete elude nombrar a pesar de haber sido, como decimos, el
hombre de confianza de María Dolores de Cospedal, fue el anfitrión
de la visita que el presidente del PP, Mariano Rajoy, acompañado por
su número dos, realizó el pasado mes de abril a Villarrobledo para
conocer de primera "mano los problemas de los viticultores de
nuestra tierra", señalaba la nota de prensa difundida por la oficina
de comunicación de los populares.
Rajoy se reunió con la junta directiva de la
cooperativa Vinícola de Villarrobledo y recorrió junto a su
presidente las instalaciones bodegueras, en las que subrayó la
capacidad de Cabañero como gestor y como líder político (ver
hemerotecas albaceteñas), brindando por su futuro y por el vino.
Ahora sabemos, además, que el ex vicepresidente del PP albaceteño
está siendo objeto de otra investigación, en este caso por la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que no entiende cómo
Cabañero despedía a principios de año a la midad de la plantilla
(350) de su empresa Martínez Solé y no paga desde hace cuatro meses
al resto de los trabajadores, pero sí ha despedido recientemente con
indemnizaciones millonarias a familiares, entre ellos a su propia
mujer, como han denunciado los sindicatos UGT y CC OO.
El escándalo, que se puede convertir en un nuevo vía crucis (y van
una docena) para la secretaria general del PP, ha llevado a los
socialistas, a través de la presidenta del PSOE en Albacete, Matilde
Valentín, a preguntar: "¿Volverán ahora Rajoy y Cospedal por
Villarrobledo?"
(www.elplural.com,
25/11/09)
33. REGIÓN DE MURCIA. CONEXIÓN SUCINA: JUAN RAMÓN
AVILÉS (PP), LA CAM LE CONCEDIÓ EL AÑO PASADO, 23 MILLONES DE EUROS,
ENTRE PRÉSTAMOS, DESCUENTOS NACIONALES Y TARJETAS
El personaje clave en esta investigación, ‘La
Conexión Sucina’ es Juan Ramón Avilés, vinculado a las empresas
vinculadas al sector del ladrillo y que han desarrollado y
desarrollan su actividad en la pedanía de Sucina; si bien en los
diferentes pleitos, demandas (algunas de ellas en las que ya hay
condenas emitidas por diferentes instancias judiciales por cientos
de miles de euros) aparece y desaparece, intercambiando su posición
de abogado, demandante o empresario. De todas ellas nos vamos a
ocupar en esta serie de informaciones. Pero merece la pena que
reparemos en algunas circunstancias sobresalientes de este
secretario de Ayuntamiento, actual presidente de la Comisión de
Control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, después de que fuera
designado como consejero general por parte del Ayuntamiento de
Murcia, que preside Miguel Ángel Cámara.
Juan Ramón Avilés Olmos, a lo largo de 2008,
acumuló el NOVENTA POR CIENTO de las operaciones de crédito, aval o
garantía, efectuadas a favor de los miembros de los órganos de
dirección de la entidad, ya sea directa o indirectamente, según la
información que la propia CAM envió en su día a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Esta información, igualmente, puede
comprobarse en el Anexo I del Informe Anual Corporativo de la CAM,
en poder de esta redacción. El volumen económico total, comprometido
con los cargos del Consejo de Administración y de la Comisión de
Control superaba los 30,8 millones de euros (más de SEIS MIL
MILLONES de pesetas). Pues bien, según las referidas fuentes, el
exconcejal del PP de Murcia y presidente de la citada Comisión de
Control fue quien acaparó el noventa por ciento de estos conceptos
con un volumen de operaciones que alcanzaba los 23 millones de euros
(casi CUATRO MIL millones de pesetas).
Juan Ramón Avilés está directamente relacionado o
lo ha estado con empresas tales como Residencial Sucina SL, Campo de
Sucina SL, Roig Coll SL, Alto del Molino de Sucina y "La Vereda de
Sucina S.L. Alguna de estas empresas están integradas exclusivamente
por miembros de su familia y en otras aparece vinculado con
empresarios de la zona del Campo de Cartagena y el Mar Menor.
En la investigación abierta por el Juzgado de
Instrucción número Dos de Murcia, puede comprobarse, por ejemplo,
que la empresa respecto de la que se investiga el supuesto delito
contra la ordenación del territorio, "en relación con la
construcción de edificaciones consistentes en un restaurante, una
tienda de muebles y un spa-gimnasio en la zona colindante al Plan
Parcial Sector Su-Sn de la pedanía murciana de Sucina, en una
parcela incluida presuntamente en suelo no urbanizable de
calificación NZ zona de protección de la naturaleza y usos
forestales, como zona ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves)",
la empresa propietaria de las construcciones es ‘Alto del Molino de
Sucina’, pero en las obras tuvo que ver, previamente, ‘Residencial
Sucina’. La interrelación del grupo de empresas de Avilés es
evidente, como pondremos de manifiesto en la publicación de esta
investigación.
Igualmente, esta redacción está en poder del
soporte documental y gráfico en el que se pone de manifiesto que
pese a las medidas sancionadoras adoptadas por el Ayuntamiento de
Murcia, respecto de esas instalaciones, en cambio, pese a la
existencia de decretos de cierre vigentes, denuncias y otras
actuaciones, el PP regional decidió organizar en esas instalaciones
actos electorales y al final el Ayuntamiento resolvió el expediente
con una multa. Pero esto forma parte ya de la siguiente entrega de
la Conexión Sucina.
(www.vegamediapress.com,
26/11/09)
34. REGIÓN DE MURCIA. VARIOS PROCESOS JUDICIALES
Y FISCALES PONEN EN SU PUNTO DE MIRA EL DESARROLLO URBANÍSTICO DE
SUCINA
Varios meses de investigación, cientos de
documentos, dictámenes de funcionarios de Urbanismo del Ayuntamiento
de Murcia que sobre la misma zona dicen una cosa y la contraria… La
sombra de la duda se extendía sobre el departamento de Urbanismo del
Ayuntamiento de Murcia desde hace años, pero con la ‘Conexión Sucina’
hay gente del propio PP que han dicho ¡Basta Ya!, porque son
miembros del propio Partido Popular y un colectivo vecinal los que
han decidido tirar de la manta de lo que es, sin duda alguna, una
conexión urbanística en la que se mezclan intereses vinculados al
ladrillo, falsedades, políticos y hasta actos electorales del
Partido Popular en instalaciones sobre las que había decretos de
cierre. Una conexión urbanística que está integrada por diferentes
asuntos que ya están siendo investigados tanto por juzgados como por
la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
¿Es posible encontrar que sobre una misma zona un
funcionario municipal haga un dictamen en un sentido y en el
contrario?, ¿es posible que alguien diga que unas construcciones en
zona ZEPA estaban hechas años antes de que ni siquiera comenzara su
construcción?, ¿es posible que alguien diga que un establecimiento
está cerrado y, en cambio, esté facturando por ventas, pese a la
orden de cierre?, ¿es posible que un partido político celebre
mítines en locales sobre los que se han dictado órdenes de cierre
por políticos municipales de ese mismo partido?...
La ‘Conexión Sucina’ es otro de los escándalos
urbanísticos y políticos que se ciernen sobre esta Región.
Fuentes del Partido Popular en Madrid han puesto de manifiesto a
Vegamediapress que con actuaciones como ésta puede verse que son los
propios militantes del PP los que se han comprometido con el mensaje
de Mariano Rajoy para lograr transparencia en todo lo que es la
gestión pública.
(www.vegamediapress.com,
24/11/09)
35. ISLAS BALEARES. MATAS SÓLO SACÓ 450 EUROS DE
SUS CUENTAS PARA GASTOS EN TRES AÑOS
Si los movimientos bancarios reflejaran la
personalidad de Jaume Matas, el ex president sería un asceta. Ni
llenaría el frigorífico de comida, ni compraría ropa, ni consumiría
en un restaurante. En tres años, desde 2006 a 2008, el ex president
sólo sacó de sus cuentas bancarias conocidas 450 euros en efectivo,
es decir, 75.000 pesetas. Casi no tendría dinero en el bolsillo ni
para pagar un café.
La falta de reintegros en metálico de sus cuentas
corrientes contrasta con los elevados pagos en efectivo que realizó
para equipar su ´palacete´ de la calle San Felio y para abonar las
joyas que compró en una famosa joyería de Palma en apenas unos
meses. El juez Castro, que investiga el sospechoso enriquecimiento
patrimonial del ex president del Govern en el sumario del Palma
Arena, tiene en su poder los movimientos bancarios que realizó Matas
en cinco años, varios de ellos al frente del Govern.
Matas utiliza dos cuentas bancarias. Una de ellas
es del Colegio de Arquitectos. En ella tramita la venta de su chalé
en Cas Català y la compra de la vivienda de la calle San Felio 8.
También incluye el préstamo hipotecario para hacer frente a esta
inversión. En la cartilla es co-titular su mujer, Maite Areal. Ni él
ni ella han sacado nunca dinero en billetes. Sólo utilizan la caja
del Colegio de Arquitectos para amortizar el préstamo hipotecario y
cobrar 1.200 euros por el alquiler de la casa de La Rambla que les
fue abonando la ex consellera Aina Castillo.
La libreta que más emplea Jaume Matas pertenece a Bancaja, la
entidad donde trabaja su ex cuñado, Fernando Areal, imputado en el
caso Palma Arena y ex tesorero del PP balear. Matas tiene una cuenta
en este banco y su mujer otra. En ella percibe los ingresos
oficiales, es decir, los que ganaba por ser president y
parlamentario.
En el análisis de esa cartilla se observa que
Matas la usa sólo para pagar los gastos mensuales en servicios, como
puede ser agua, teléfono móvil, electricidad, televisión de pago,
colegio y universidad de sus hijos. También abona su aportación
mensual de 90 euros a la Fundación Vicente Ferrer o sus dos carnés
anuales de socio del Real Madrid, así como los 2.500 euros que le
transfiere a Bartomeu Reus, ex presidente de Gesa, por el teórico
alquiler del piso de Madrid donde viven sus hijos.
Pero nunca paga, ni tan siquiera con tarjeta de crédito, una compra
de un supermercado, una factura de restaurante, un billete de avión,
por poner ejemplos cotidianos. Tampoco transfiere dinero a las
libretas de sus tres hijos para que puedan subsistir en Madrid.
Además de su nómina oficial también aparecen
ingresos en metálico por cantidades importantes, que coinciden con
los elevados pagos que tiene que afrontar el ex president, como
puede ser el abono de impuestos, sobre todo derivados de la compra
de su lujosa casa, o la aportación anual de 8.000 euros a su plan de
pensiones.
Durante el año 2006, periodo en el que amuebla y
acondiciona su famoso ´palacete´, en los movimientos bancarios de
Matas no se refleja ni un solo reintegro en metálico. El año
anterior, en 2005, sí manejó 6.300 euros en efectivo, pero entre
2006 y 2008, ya sólo saca de su cuenta de Bancaja 450 euros.
Tampoco extrae mucho dinero en metálico Maite Areal, pese a que pagó
en efectivo muebles, otros enseres y algunas joyas. Ella sí que
utiliza la tarjeta para compras. En las Navidades de 2006 sacó 800
euros de un cajero.
(www.diariodemallorca.es,
22/11/09)
36. ISLAS BALEARES. MAITE AREAL ALQUILÓ UNA CAJA
DE SEGURIDAD MIENTRAS DIRIGÍA LA REFORMA DEL ´PALACETE´
Maite Areal, esposa del ex president del Govern,
Jaume Matas, alquiló una caja de seguridad en la entidad bancaria
donde gestionaba sus ingresos económicos. Este alquiler lo contrata
en el mes de julio de 2006, período en el que está dirigiendo la
reforma del ´palacete´ de la calle San Felio, en Palma. El abono
anual de esta caja de seguridad de Bancaja asciende a la cifra de
453 euros. En los años siguientes este alquiler se ha ido cargando
en su cuenta bancaria.
Maite Areal también colaboraba en la economía
familiar. Desde que su marido entró a formar parte de la primera
línea política ha disfrutado de varios empleos de confianza. En el
mes de febrero de 2002, cuando Matas era ministro, su esposa fue
contratada como asesora de la consejería de Educación de la
comunidad de Madrid. Fue asesora hasta agosto de 2005, cuando su
marido ya era president.
Cobraba una mensualidad que rondaba los 2.000
euros. Tres meses después fue contratada por el Centro de Cálculo
Balear. Según el informe de vida laboral suscrito por el Ministerio
de Trabajo estuvo asegurada en esta empresa, sin que se especifique
en concepto de qué, desde julio de 2005 a noviembre del mismo año.
Percibía, según su nómina, unos 2.000 euros al mes.
Días después Maite Areal entra a formar parte de
la nómina de trabajadores de la empresa Martorell Asesores
Tributarios, con oficina en la calle Lluís Alemany de Palma. En esta
empresa trabaja desde el mes de diciembre de 2005 al 1 de enero de
2007, cuando es dada de baja y contratada por el hotel Valparaíso.
Durante varios meses, pese a que oficialmente no está dada de alta
en la empresa de asesoramiento tributario, sigue percibiendo su
nómina, según se demuestra en los extractos bancarios que están en
poder del juez.
Mucho más dinero percibió Areal durante los doce
meses que estuvo contratada en el hotel Valparaíso. Al mes percibe
casi 3.000 euros, más las pagas extraordinarias. El resumen de su
vida laboral tampoco especifica que tarea realizaba en el hotel de
lujo.
En dos años, cuando su marido era president,
Maite Arenal adquirió relojes y joyas en una tienda por valor de
casi 70.000 euros. Siempre pagaba en metálico. En febrero de 2006
compró un reloj Rólex y abonó 23.000 euros. En ese momento en su
cuenta tenía un saldo de 104 euros. En los días anteriores a la
compra en su cuenta no se aprecia que tenga fondos suficientes para
conseguir los 23.000 euros que entregó en la joyería.
(www.diariodemallorca.es,
22/11/09)
37. ISLAS BALEARES. EL CONSTRUCTOR DEL ´PALACETE´
DICE QUE MATAS LE PAGÓ EN ´NEGRO´
Juan Serra Cladera, el constructor que entre 2004
y 2006 hizo las obras de rehabilitación de la vivienda de más de 600
m2 comprada por el entonces president del Govern del PP
Jaume Matas en la calle San Felio 8 de Palma, y bautizada
coloquialmente como el "palacete", admitió ante el juez del caso
Palma Arena que cobró unos 70.000 euros en dinero negro del también
ex ministro de Medio Ambiente. Serra explicó cómo facturó después
otros 92.000 euros a Matas y su esposa e implicó al cuñado del
president, y tesorero del PP de Balears en esa época, Fernando Areal
en el pago de la reforma.
El juez José Castro, el fiscal Pedro Horrach y la
acusadora particular en nombre del actual Govern, María Ángeles
Berrocal, no esperaban en absoluto que ninguno de los tres testigos
citados aportara pruebas incriminatorias contra Matas. Castro
investiga los supuestos descuadres patrimoniales de Matas, defendido
por Rafael Perera, y un supuesto entramado de corrupción
político-empresarial en torno a la construcción y primeros eventos
en el velódromo palmesano Palma Arena.
Matas, Maite Areal, Fernando Areal, y Bartolomé
Reus, ex conseller de varios Governs del PP y amigo del ex
president, están citados a declarar, en calidad de imputados, y por
el caso Palma Arena, para el 23 de marzo.
Juan Serra ya había declarado dos veces ante la
Policía Judicial de la Guardia Civil, pero hasta no había reconocido
que recibió dinero negro de Matas. El testigo acabó admitiendo estas
irregularidades tras el registro efectuado por una comisión judicial
el día 6 de noviembre en la vivienda del ex president en la calle
San Felio.
Aquella visita permitió confirmar que los
trabajos de rehabilitación de la planta noble de la antigua casa
señorial de Can Sales Menor ascendían a bastante más de los 92.000
euros justificados con facturas del constructor Serra.
Juan Serra dijo que empezó a trabajar en la vetusta primera planta
de San Felio a mediados del 2004. Matas, según la promotora del
inmueble, recibió las llaves de su vivienda en abril de 2004. El
industrial de sa Pobla añadió que únicamente hizo trabajos en la
primera planta de la casa señorial.
Otros constructores se dedicaron a la
rehabilitación del resto de viviendas y las zonas comunes en que se
dividió la finca, según el testigo. Serra compaginó "el palacete"
con la reforma de la sede del PP en la calle Palau Reial. Rafael
Perera expresó su protesta porque se le hicieran al testigo
preguntas en relación a las obras del PP. El industrial sostuvo que
los dos trabajos no estaban relacionados.
Ante la Guardia Civil, Juan Serra había
manifestado que sus obreros hicieron tareas de forma no continuada
en casa de los Matas. Serra aseguró entonces que "no tenía dudas
sobre la seriedad de la familia Matas". El también president insular
del PP inspiraba al industrial "mucha confianza" y por eso aceptó
demorar el cobro de la reforma hasta 2006, cuando emitió dos
facturas de 25.914 y 66.098 euros.
Frente a las repetidas preguntas sobre el verdadero alcance de sus
trabajos, el constructor confesó que ya en 2004 recibió un primer
adelanto en metálico del president del Govern. El total de pagos en
negro se acercó a los 70.000 euros, una cantidad importante para una
constructora de una docena de obreros como AJ Serra.
El juez ha encargado un informe pericial para
tratar de determinar cuánto dinero invirtió la familia Matas en su
casa de San Felio, tanto en la rehabilitación, como en el
equipamiento y decoración. Inicialmente se habló de un coste de dos
millones de euros, pero dicho cálculo se ha reducido después.
(www.diariodemallorca.es,
25/11/09)
38. ISLAS BALEARES. UN JOYERO CONFIRMA QUE AREAL
ABONÓ 66.000 EUROS EN EFECTIVO POR LOS RELOJES
Pau Fuster, dueño de una relojería palmesana,
confirmó ante el juez del caso Palma Arena que Maite Areal, la mujer
del entonces president del Govern del PP Jaume Matas, compró, en
efectivo, en su establecimiento relojes y otras joyas por unos
66.000 euros. El joyero añadió que Areal utilizó billetes de
distintas cantidades. Tras los testimonios de habría quedado
acreditado que Matas manejó entre 2004 y 2006 unos 200.000 euros en
metálico, parte presuntamente en dinero opaco fiscalmente.
Fuster, acompañado de un amigo (que le esperó en
el pasillo), acudió al mediodía a declarar ante el juez José Castro
y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach. En las pesquisas
realizadas por la Policía Judicial de la Guardia Civil en torno a
los presuntos descuadres patrimoniales del president Matas y su
familia, aparecen al menos ocho adquisiciones de Maite Areal en la
relojería Alemana.
Estas compras se efectuaron entre el 27 de
septiembre de 2005 y el 12 de septiembre del 2007. El gasto total
ascendió a 66.544 euros, de acuerdo a los justificantes aportados
por la joyería a la Guardia Civil.
Fuster también consultó alguna factura que portaba su amigo para
responder a preguntas de los interrogadores.
Areal adquirió cinco relojes Cartier de entre
2.100 y 12.894 euros; un Rólex, de 23.000 euros; un Franck Müller de
oro y con correa, de 12.000 euros; y un anillo y una pulsera de oro,
por los que abonó 5.000 y 2.500 euros respectivamente.
En las facturas de compra aparece detallada la
forma de pago por parte de la mujer del entonces president del
Govern y consta que se le hizo un "precio especial". el testigo
explicó que "precio especial" consistió en importantes descuentos,
dado que Maite Areal era una buena clienta.
Un cálculo elevaría a 8.318 euros el total de
descuentos para Areal si se hubiese aplicado el veinte por ciento de
rebaja en todas las piezas. Fuster también manifestó que aceptó la
devolución por Areal de un reloj comprado tres meses antes y aclaró
que aquella pagó las compras con billetes de diferentes cantidades y
no sólo de quinientos euros.
(www.diariodemallorca.es,
25/11/09)
39. ISLAS BALEARES. ´FERNANDO AREAL ME DIO DINERO
NEGRO DE MATAS EN LA SEDE DEL PP´
"Fernando Areal (cuñado del entonces president
del Govern Jaume Matas y tesorero del Partido Popular de Balears) me
dio, en 2004, un sobre con unos 33.000 ó 34.000 euros en dinero
negro como adelanto por las obras de reforma de la casa de la calle
San Felio (el "palacete" en la sede del PP ", declaró el martes por
la mañana el constructor de sa Pobla Juan Serra Cladera ante el juez
Castro, que investiga la presunta trama de corrupción en torno al
velódromo Palma Arena. Serra añadió que Areal dejó bien claro desde
el primer momento que los dos adelantos abonados en dinero negro "no
tenían que ser incluidos en la factura final" y que él supuso que
"Matas estaba al tanto de los pagos efectuados por su cuñado".
Serra declaró como testigo ante el juez José Castro, el fiscal
anticorrupción Pedro Horrach y la acusadora particular en nombre del
actual Govern María Ángeles Berrocal que, entre otros extremos,
investigan los presuntos descuadres patrimoniales de Matas.
El industrial, que se mostró apesadumbrado,
explicó con bastantes detalles cómo percibió entre 66.000 y 70.000
euros en dinero opaco fiscalmente de la familia Matas. "Para mí fue
un honor trabajar para el señor Matas, quien me inspiraba una gran
confianza; fue su esposa (Maite Areal) la que me dijo que me
entendiera de los pagos con su hermano Fernando Areal".
El presunto dinero negro habría sido entregado al
empresario de sa Pobla en sendos sobres. "Areal llevaba el dinero en
el bolsillo interior de su chaqueta; eran entre 33.000 y 34.000
euros; no conté el dinero; el señor Areal me dijo que lo contara,
pero estimé que no hacía falta; eran billetes de varias clases".
Otro de los pagos a cuenta (por una cantidad similar) se realizó en
una oficina de Bancaja, entidad para la que trabajaba el tesorero
del PP de Balears.
Las acusaciones interrogaron al testigo sobre las
contrapartidas por su gesto de no facturar parte de la reforma del
"palacete". "Ni Fernando Areal ni su hermana me prometieron obras
públicas", respondió Serra.
El pequeño constructor desvinculó al entonces
president del seguimiento de la rehabilitación, que se hizo entre
abril del 2004 y el otoño de 2006. "Matas iba muy poco por las obras
de la primera planta de San Felio". El declarante sí que aclaró que
fue el ex ministro de Medio Ambiente quien le contrató. "Matas me
dijo: ya que vas a hacer las obras de la sede del Partido, ¿me harás
una reforma en una casa que voy a comprar?". El coste de la reforma
fue de unos 162.000 euros, 70.000 en negro.
Las acusaciones inquirieron al empresario sobre
el abono de la reforma de la sede del PP, trabajo que sus albañiles
compaginaron con el "palacete" "La pagó Madrid, no sé cuál fue su
coste, pero no fue con dinero negro; ambas obras no tenían nada que
ver, se facturaban las horas de los operarios aparte", dijo el
testigo.
(www.diariodemallorca.es,
26/11/09)
40. ISLAS BALEARES. INVESTIGAN QUIÉN APORTÓ LOS
MATERIALES PARA LA REFORMA DEL ´PALACETE´ DE MATAS
La fiscalía anticorrupción y la Policía Judicial
de la Guardia Civil están investigando, dentro del sumario por el
caso Palma Arena, quién suministró los materiales de alta calidad
con los que se rehabilitó la vivienda que el entonces president del
Govern del PP Jaume Matas compró en la calle San Felio 8 de Palma,
conocida popularmente como el "palacete".
Los denunciantes anónimos que pusieron a la
fiscalía anticorrupción y a la Agencia Tributaria en la pista de los
presuntos descuadres patrimoniales de Matas alertaron hace unos
meses de que algunos proveedores estaban destruyendo pruebas para
intentar camuflar el verdadero alcance de las obras de
rehabilitación y sus cobros en dinero opaco fiscalmente.
El juez de instrucción número 3 de Palma, José Castro, ya ha
interrogado a dos empresarios que participaron en la modernización,
decoración y equipamiento de la antigua planta noble de la casa
señorial conocida como Can Sales Menor, que la familia Matas compró
de palabra en abril de 2004 y abonó en octubre del 2006.
El juez tiene previsto interrogar, también como
testigos y en los próximos días, a otros empresarios contratados por
Matas para la reforma. Un arquitecto, Rafael Balaguer, está
trabajando en un informe pericial sobre la cuantía de la
rehabilitación y el valor de la finca reformada y con su
equipamiento. Balaguer formó parte de la comisión judicial que
registró el "palacete" el día 6 de noviembre.
El constructor de sa Pobla Juan Serra ha
reconocido ante los investigadores que recibió, hacia mayo del 2004,
unos 70.000 euros en dinero negro fiscalmente de parte de Matas y
que, en octubre del 2006, cobró otros 92.000 euros en blanco y con
factura.
El testigo también fue interrogado acerca del
suministro de materiales para la obra. Su respuesta fue que apenas
puso materiales.
Los investigadores quieren saber quién facilitó
el caro pavimento empleado en la zona de cocina y anexos y otros
costosos elementos usados en las obras. La planta primera de Can
Sales Menor estaba casi inhabitable, según ha resaltado la promotora
que vendió en 2004 el inmueble a Matas mediante un acuerdo verbal.
La casa, según la Agencia Tributaria, tiene una
superficie de 657 m2: 487 de vivienda (461, más un anexo
de 26); 60 de aparcamiento para dos plazas y otros 110 de elementos
comunes. Por el contrario, la promotora postula que la casa es más
pequeña como se acreditaría en la escritura de obra nueva. Algunos
expertos han destacado el alto precio de la carpintería usada en la
reforma.
(www.diariodemallorca.es,
27/11/09)
