ÍNDICE
1. AGUIRRE Y CAMPS DEJAN SÓLO A RAJOY EN EL
CIERRE DE LA CONVENCIÓN DEL PP
2. COSPEDAL ASEGURA QUE HA TENIDO "CERO
PROBLEMAS" CON AGUIRRE
3. CASO GÜRTEL. LOS TESOREROS DEL PP AVISARON A
AGUIRRE DEL PELOTAZO DE CORREA EN ARGANDA
4. CASO GÜRTEL. CORREA: "YA CACÉ [COBRÉ] DE
MARTINSA"
5. CASO GÜRTEL. PEDREIRA PONE ORANGE MARKET BAJO
CONTROL DE ADMINISTRADORES JUDICIALES
6. ESPIONAJE INTERNO DEL PP. LA JUEZA DEL
ESPIONAJE DEL PP METE LA MARCHA LENTA
7. URBANISMO. LA NUEVA LEY DEL SUELO PONE EN PIE
DE GUERRA A VARIOS AYUNTAMIENTOS
8. URBANISMO. AGUIRRE AGILIZARÁ LOS TRÁMITES
URBANÍSTICOS A LAS GRANDES EMPRESAS
9. SANIDAD. LA PROMESA INCUMPLIDA DEL HOSPITAL DE
MÓSTOLES
10. EDUCACIÓN. EL 37% DE LOS DOCENTES FIRMA
CONTRA LOS RECORTES EN EDUCACIÓN
11. ENFRENTAMIENTO INTERNO EN EL PP. "GALLARDÓN
QUIERE SER PRESIDENTE DEL GOBIERNO"
12. AYUNTAMIENTO DE MADRID. GALLARDÓN NO PODRÁ
COBRAR POR AHORA EL 'MOVILAZO'
13. AYUNTAMIENTO DE MADRID. OTRO VARAPALO
JUDICIAL
14. AYUNTAMIENTO DE MADRID. MILES DE MADRILEÑOS
EXIGEN A GALLARDÓN QUE RETIRE LA NUEVA TASA DE BASURAS
15. AYUNTAMIENTO DE MADRID. EL AYUNTAMIENTO
GASTARÁ SEIS MILLONES EN EL PABELLÓN DE LA 'EXPO' DE SHANGHAI
16. AYUNTAMIENTO DE MADRID. COBO Y GALLARDÓN,
OBJETO DE ESCARNIO ANTE LA PASIVIDAD DE GÜEMES
17. AYUNTAMIENTO DE MADRID. LICENCIAS POR EL
SUELO EN CHAMBERÍ
18. AYUNTAMIENTO DE MADRID. BOTELLA VUELVE A
ADOCTRINAR EN UN LIBRO DE CUENTOS
19. AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN. EL
TRIBUNAL SUPERIOR VUELVE A TUMBAR LAS CUENTAS DE POZUELO
1. AGUIRRE Y CAMPS DEJAN SÓLO A RAJOY EN EL
CIERRE DE LA CONVENCIÓN DEL PP
Al líder del PP, Mariano Rajoy, le ha salido de
nuevo el tiro por la culata en su intento de mostrar una imagen de
unidad con la Convención nacional del PP en Barcelona. Así, ni
Aguirre ni Camps estarán en su discurso de cierre del evento, la
primera por motivos familiares y el segundo de agenda. Fuentes de la
dirección del PP han informado de que Aguirre ya había comentado
previamente que se tendría que ausentar de la jornada de clausura de
la Convención debido a la enfermedad de un familiar.
Las fuentes citadas han rechazado por tanto que
se pueda hacer una lectura "enrevesada" de esa ausencia de Aguirre y
que se pueda interpretar como un "plantón" de la presidenta
madrileña a Rajoy. En eso han coincidido también fuentes cercanas a
Aguirre consultadas por Efe que han hecho hincapié en que la
presidenta ha estado en la Convención desde su inicio, en la tarde
de .
No ha ocurrido lo mismo con otros presidentes
autonómicos del PP, como es el caso de Francisco Camps, quien ha
acudido hoy a la Convención para asistir al almuerzo que mantendrá
Rajoy con sus barones territoriales. A ese almuerzo asistirá también
Aguirre, quien a última hora de la tarde regresará a Madrid.
Por su parte, Camps ha aducido debido a
"cuestiones de agenda" que le harán volver hoy mismo a Valencia.
Según han confirmado a Efe fuentes de la Generalitat, Camps asistirá
mañana a las pruebas 'World Finals' que Ferrari celebrará en el
circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia) y a las que acudirá el
piloto Fernando Alonso, que ha fichado por esta escudería para la
próxima temporada.
Además, está previsto que el presidente del PP en
la Comunitat Valenciana asista esta misma noche a una cena en la que
se sentará a la mesa con el presidente del Banco Santander, Emilio
Botín, y el de Ferrari, Luca di Montezemolo.
El propio Camps ha explicado a los periodistas en
Barcelona que no estará mañana presente en la Convención del partido
por "cuestiones de agenda" ya que tiene que ir "adaptando" los
compromisos del PP nacional con sus responsabilidades como
presidente de la Generalitat, según las mismas fuentes.
Ya lo dijo Cospedal en su discurso inaugural, la
Convención del PP en Barcelona la organizó el partido "por sus
propios medios". Estas palabras responden a que es el primer acto de
esta envergadura que el Partido Popular no ha encargado a una
empresa externa.
Esto supone un cambio con respecto a lo que el PP
llevaba haciendo hasta ahora, ya que algunas de las empresas que
contrataron para este tipo de eventos están en la investigación
judicial del caso Gürtel.
Por ello, Cospedal ha agradecido a los
trabajadores del PP por el esfuerzo de organizar el acto y ha
destacado que este cambio de rumbo supone "una gran noticia".
El caso Gürtel sacó a la luz uno de los mayores
escándalos de corrupción en el Partido Popular, relacionado con las
empresas que el partido contrataba para la organización de actos
electorales.
Special Events, Orange Market, Easy Concept, Good
and Better y Servi Madrid son algunos de los nombres de las empresas
que el PP contrató para actos del partido a nivel nacional y
regional. Los escándalos corruptos relacionados con la trama
dirigida por Francisco Correa se extendieron por Madrid y Valencia,
destapando adjudicaciones interesadas y financiación ilegal en ambas
comunidades y Galicia.
De ahí que ahora el Partido Popular se afane en
hacer ver que puede organizar sus actos electorales mediante sus
propios medios y que se aleja de los comportamientos anteriores que
llevaron a asociarse con el escándalo Gürtel.
(www.elpais.com, 14/11/09)
2. COSPEDAL ASEGURA QUE HA TENIDO "CERO
PROBLEMAS" CON AGUIRRE
La secretaria general del Partido Popular, María
Dolores de Cospedal, asegura que ha tenido "cero problemas" con la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y, de
hecho, señala que "todas las decisiones" las han adoptado por
consenso. "No he tenido ningún tipo de problemas en mi relación con
ella y todas las decisiones que hemos tomado han sido consensuadas y
siempre con un grado de sintonía muy grande", confiesa De Cospedal,
al ser preguntada si la jefa del Ejecutivo autonómico madrileño se
somete a sus órdenes.
En una entrevista en la revista Vanity Fair, la
número dos del PP recalca que el PP no tiene "un problema" con su
líder, Mariano Rajoy. "Nosotros tenemos el líder que tenemos y
Mariano Rajoy es como es. No necesita aparentar ni mentir. Y eso
tiene mucho valor, porque no tiene que representar ningún papel",
señala.
Vanity Fair ilustra la entrevista con unas
fotografías de Cospedal en las que la secretaria general del PP posa
con un vestido negro que recuerda al que utilizara su compañera de
partido y portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, en una
entrevista concedida a El Mundo el pasado mes de enero.
En su día, las imágenes de Sáenz de Santamaría
levantaron cierta polémica. El PSOE recordó entonces las críticas
del PP a las fotografías que protagonizaron las ministras del primer
Gobierno de Zapatero en agosto de 2005 en la revista Vogue España y
que sirvieron a la oposición para acusar al Ejecutivo de frivolizar
con el papel de las mujeres en la política española.
(www.elpais.com, 19/11/09)
3. CASO GÜRTEL. LOS TESOREROS DEL PP AVISARON A
AGUIRRE DEL PELOTAZO DE CORREA EN ARGANDA
En noviembre de 2004, Luis Bárcenas y Álvaro
Lapuerta, a la sazón gerente y tesorero nacional del PP, informaron
a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, en presencia del líder
del partido, Mariano Rajoy, de que se estaba gestando una operación
urbanística corrupta por parte de Francisco Correa en el
ayuntamiento madrileño de Arganda del Rey, en torno a la venta de
una parcela municipal (la 124), con respaldo de los principales
cargos municipales del PP.
El presunto pelotazo de Martinsa, que la policía
investiga como una de las operaciones ilegales de Correa, tiene los
siguientes componentes: la parcela se vendió por 19 millones de
euros menos del valor tasado oficialmente, era la mayor y mejor
parcela municipal, ya que disponía de una boca de metro en el centro
de sus 160.000 metros cuadrados; la adjudicación fue objeto de
polémica entre las constructoras licitantes, y el sumario del caso
Gürtel da pistas del presunto cobro de comisiones por sus gestores
municipales.
En dicha operación, según denunciaron Bárcenas y
Lapuerta ante Rajoy y Aguirre, se encontraban presuntamente
implicados Francisco Correa; el alcalde de Arganda, Ginés López, que
dimitió el pasado marzo; y el presidente de la sociedad de Fomento
municipal responsable de la venta de la parcela, Benjamín Martín
Vasco -los tres últimos posteriormente imputados en el caso Gürtel-;
el empresario del sector audiovisual y constructor Pedro Pérez
Fernández de la Puente y la empresa Martinsa. Un reciente informe
policial, tras reflejar que Correa diseñó una estrategia para captar
negocios urbanísticos en ayuntamientos madrileños del PP a cambio de
comisiones, cita la adjudicación de una parcela municipal en Arganda
a Martinsa.
Pero Aguirre no dio crédito, en noviembre de
2004, a la denuncia de Bárcenas y Lapuerta, quienes han declinado
ofrecer su versión a este diario sobre su advertencia. Tampoco el
líder del PP, Mariano Rajoy, ha aceptado confirmar los detalles de
la denuncia interna que recibió y trasladó a Aguirre, cuya versión
fue solicitada también sin éxito.
No obstante, varios cargos del PP han confirmado
la existencia de esta alerta, que el partido puso en manos de
Aguirre y ella desatendió. La denuncia partió de Bárcenas que, si
bien ahora está investigado por el presunto cobro de dádivas de
Correa, en aquel momento declaró la guerra a su antiguo amigo y se
opuso al pelotazo urbanístico que tramaba. Este aviso influyó
decisivamente para que Rajoy declarara a Correa persona no grata en
Génova, mientras que consejerías del Gobierno de Aguirre siguieron
contratando sus servicios.
Lapuerta, según fuentes del PP conocedoras de la
reunión con Rajoy, apostó a fondo por su versión ante Aguirre: "Si
en diciembre no resulta Martinsa adjudicataria de esa parcela en
Arganda, yo te pediré perdón, Esperanza, y mi información resultará
falsa; pero si la parcela de Arganda se la venden a Martinsa, será
la prueba de que quien estaba mal informada eras tú". Lapuerta y
Bárcenas, no obstante, dieron por hecho que Aguirre no conocía con
anterioridad esta operación urbanística.
La denuncia de Bárcenas y Lapuerta fue tan
precisa como premonitoria: Martinsa, en diciembre de 2004, resultó
adjudicataria de la parcela 124 y, años después, los gestores
municipales de dicha operación, Ginés López y Martín Vasco,
imputados por recibir presuntas comisiones de la red de Correa. El
sumario del caso Gürtel no ha arrojado públicamente hasta la fecha
ninguna vinculación con dicha operación de Pedro Pérez Fernández de
la Puente, ex presidente de Vía Digital, aunque sí figura en el
sumario como uno de los interlocutores de Correa identificados por
la policía. Pérez, actual presidente de la Federación de
Asociaciones de Productores Audiovisuales, ha confirmado a este
diario que ha tenido relación personal con Correa y negocios con
Martinsa, pero ha negado que interviniera en ningún asunto
urbanístico de Arganda del Rey.
La presidenta de Madrid -amiga de Martín Vasco, a
cuya boda asistió como testigo-, mostró su incredulidad de que tal
operación urbanística fuera a salir. Pero la operación en favor de
Martinsa sí salió. Y, entre otros motivos, gracias a la puntuación
favorable que dio a Martinsa en el concurso municipal Plarquin, la
empresa vinculada al entonces director general de Urbanismo de
Aguirre, Enrique Porto, cuyas irregularidades durante su gestión
investiga un juzgado madrileño. Aguirre Newman, empresa con la que
tiene vínculos familiares la presidenta madrileña, valoró el suelo
de dicha parcela en casi 95 millones de euros, mientras que el
Ayuntamiento de Arganda la vendió por 66 millones y otros diez en
futuras obras municipales, que recon en empresas próximas a la
trama.
(www.elpais.com, 17/11/09)
4. CASO GÜRTEL. CORREA: "YA CACÉ [COBRÉ] DE
MARTINSA"
La investigación judicial del caso Gürtel ha
hallado rastros del pelotazo en Arganda, dado gracias a la ayuda de
los presuntos cómplices municipales de Francisco Correa. Isabel
Jordán, imputada como gestora de alguna de las empresas de Correa,
declaró ante el juez Garzón: "Juan Fernández [sucesor de Martín
Vasco al frente de la sociedad de Fomento del Ayuntamiento de
Arganda] me dijo '¡vaya tela! ¡cómo está Benjamín Martín! El
Correíta lo tiene mosqueado porque no le ha pagado lo que le debe,
no recuerdo si me dijo la cantidad. (...) No recuerdo si me dijo
400.000 euros. Eso fue en abril de 2007". Y un informe de la UDEF
(unidad de la Policía contra los delitos económicos) define así el
papel de Martín Vasco: "Ex teniente de alcalde de Arganda y actual
diputado en la Asamblea de Madrid. Participó en las operaciones que
realizó Correa con la empresa Martinsa en dicho ayuntamiento y
recibió una contraprestación por su participación". Y José Luis
Peñas, el denunciante, aclaraba aún más su papel: Martín Vasco
"discutió con su alcalde y amenazó a todo el clan con reventar el
tinglado multimillonario que tenían en Arganda y al que se refiere
Correa cuando habla del pago de Martinsa. Exigió 400 millones por su
silencio. Es en la actualidad miembro de la Asamblea de la Comunidad
de Madrid y muy relacionado con la presidenta".
El propio Correa, en una grabación propiciada por
Peñas, reconoce que tiene relación con el dueño de Martinsa,
Fernando Martín, y que tenía un pago pendiente con él por la
operación de Arganda, que en julio "cazó" [cobró la comisión], si
bien en los meses anteriores estuvo jodido, y aun le falta cobrar un
millón de euros.
(www.elpais.com, 17/11/09)
5. CASO GÜRTEL. PEDREIRA PONE ORANGE MARKET BAJO
CONTROL DE ADMINISTRADORES JUDICIALES
El juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, que instruye el denominado caso Gürtel, ha
puesto la empresa Orange Market, terminal valenciana de la trama de
corrupción que lideraba Francisco Correa, actualmente en prisión,
bajo control de dos administradores judiciales que, además, se han
hecho cargo de la intervención de pagos urgentes de la sociedad. De
esta manera, Álvaro Pérez, imputado en la investigación de la trama
corrupta, ha perdido la condición de presidente y consejero de
Orange Market.
El pasado día 7 de octubre se inscribió en el
registro el cambio en Orange Market, empresa en la que, sin embargo,
continúa como apoderado Cándido Herrero, también imputado en la
investigación que inició el juez de la Audiencia Nacional Baltasar
Garzón y que ha llegado a poner en serios apuros al presidente de la
Generalitat, Francisco Camps, salpicado por sus estrechas relaciones
con Álvaro Pérez y por los regalos de trajes que habría aceptado.
Los administradores judiciales designados por Pedreira también se
han hecho cargo de otras empresas de la trama, como Easy Concept,
Good and Better, Servimadrid Integral o Diseño Asimétrico.
Orange Market y su responsable, Álvaro Pérez,
están implicados en el cobro de más de un millón de euros en
comisiones ilegales por el montaje de pantallas y altavoces para la
visita del Papa a Valencia en 2006, en el que aprovecharon un
contrato sin publicidad firmado por Ràdio Televisió Valenciana,
según un informe policial que investiga también el juez Pedreira.
Los socialistas calificaron a Canal 9 de "tentáculo importante de la
trama de corrupción" a través de su portavoz adjunta en las Cortes,
Carmen Ninet.La diputada del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas se
hizo eco de la revelación que realizó el martes el nuevo director
general de RTVV, José López Jaraba, en una comisión parlamentaria.
López Jaraba explicó que había remitido al TSJ de Madrid el contrato
de los actos para la sonorización e instalación de pantallas en los
actos de la visita del Papa, por 6,4 millones de euros. Carmen Ninet
añadió: "Se han visto obligados a entregar esos contratos
importantísimos porque han tenido que acatar la petición del juez".
Por otra parte, el empresario leonés José Luis
Ulibarri, también imputado en la trama de corrupción, ha abandonado
la presidencia y el cargo de consejero de Mediamed Comunicación
Digital, empresa que gestiona 13 de las concesiones de emisoras de
televisión digital terrestre otorgadas por el Consell que preside
Francisco Camps. El pasado día 30 de septiembre, la sociedad Mogar
Media asumió la presidencia y el cargo de consejero que ocupaba
Ulibarri junto a la Fundación Cardenal Herrera y Antonio Beaumont.
Mogar Media pertenece a Andrés Selma Magdalena. Ulibarri habría
vendido a Selma su participación en Mediamed, sociedad en la que
poseía el 50% de las acciones.
Ulibarri consiguió la autorización del consejo de
administración de la televisión digital municipal de Valencia para
desprenderse de una parte de su patrimonio: el 85% de las acciones
de la empresa. Las acciones se valoran en 1.125.000 euros. La venta
de las acciones de la televisión digital municipal de Valencia fue
aprobada por la mayoría del PP en el órgano y contó con la oposición
de los miembros propuestos por el PSPV-PSOE.
La sociedad de Ulibarri, Plataforma Audiovisuales
Digitales Alicante, es la que se desprende de su mayoritaria
participación en la televisión digital municipal de Valencia. La
compradora es 123 Comunicaciones. Esta mercantil se constituyó el
pasado día 6 de noviembre, por lo que no está aún en el Registro
Mercantil. Juan Soto, representante socialista en el consejo de
administración del organismo autónomo, explicó que "no se ha podido
verificar no sólo quién o quiénes forman esa mercantil sino su
trayectoria profesional, su solvencia económica y su capacidad para
hacer frente a la responsabilidad que se deriva de esa compra".
Sobre Ulibarri, el juez que instruye en Madrid el
procedimiento por la trama Gürtel no ha dictado medidas cautelares.
Sin embargo, fuentes de la oposición socialista en el Ayuntamiento
que preside Rita Barberá se preguntaban si la actuación municipal no
habría contribuido a una programada liquidación del patrimonio por
parte de Ulibarri, a quien, en el caso de que se pruebe su
implicación en la trama Gürtel, se le podrían exigir
responsabilidades económicas importantes.
(www.elpais.com, 19/11/09)
6. ESPIONAJE INTERNO DEL PP. LA JUEZA DEL
ESPIONAJE DEL PP METE LA MARCHA LENTA
La jueza Carmen Valcarce, que investiga el
presunto espionaje interno a altos cargos del PP madrileño, ha
ordenado una prueba caligráfica para averiguar si alguno de los
cuatro imputados que han declarado hasta ahora escribió los partes
de seguimiento a Alfredo Prada, consejero de Justicia de Madrid
hasta junio de 2008. El problema estriba en que, diez meses después
de que estallara el escándalo y siete desde que se abrieron las
diligencias, Valcarce ni siquiera ha citado a los otros cinco
posibles implicados: tres ex policías y dos funcionarios empleados
en el mismo departamento Interior al que estaban adscritos los
imputados. La defensa de Prada ya pidió en mayo que los cinco
comparezcan como imputados y que se les someta igualmente a una
prueba caligráfica.
Hasta ahora han declarado tres ex guardias
civiles y el ex director general de Seguridad de la Comunidad,
Sergio Gamón, a quien Aguirre destituyó tras destaparse el caso,
aunque lo mantiene a sueldo de su Gobierno en calidad de asesor. Los
ex guardias civiles declararon en julio que en los
operativos"contravigilancia", dijeron tras sugerir la jueza y no
ellos ese vocablo también participaban los tres ex policías que
trabajaban con Gamón, quien, además, tenía bajo su mando a dos
funcionarios.
La magistrada, según explicó una fuente jurídica,
ha solicitado las periciales de escritura relativas a los ex
guardias civiles y a Gamón porque es a ellos a quienes señala el
informe policial que determinó qué teléfonos móviles se encontraban
en la misma área que Prada en los días en que se produjeron algunos
seguimientos. "Esos cuatro son los importantes", aseguró la citada
fuente, que no pudo precisar si la magistrada tiene o no previsto
interrogar a los otros cinco posibles implicados.
El informe de posicionamiento de móviles sólo
incluía datos de mayo de 2008, pese a que algunos partes de
seguimiento se realizaron en abril. Telefónica adujo que sólo podía
facilitar información con un año de antigüedad, ya que a partir de
los 12 meses se destruyen los registros existentes.
El pasado 22 de septiembre, y mientras Gamón
prestaba declaración judicial, Valcarce restó crédito al citado
informe de posicionamiento telefónico. Cuando un letrado preguntó a
Gamón por ese asunto, la jueza subrayó lo "complicado" de la
cuestión y, segundos más tarde, se dirigió al abogado para afirmar
lo siguiente: "Bueno, haga usted la pregunta. Pero no es muy de fiar
el tema, ¿eh? Se lo digo para la persona que está declarando".
El segundo presunto espiado fue Manuel Cobo,
vicealcalde de Madrid y ahora suspendido de militancia en el PP tras
acusar al Gobierno de Esperanza Aguirre de haber montado "una
gestapillo". Otra espiada colateral fue la diputada del PP Carmen
Martínez Flores su matrícula apareció en un parte, cuya personación
como acusación popular ha aceptado finalmente la jueza.
Según fuentes del caso, la Fiscalía ya reclamó
que la Comunidad de Madrid aportase las matrícula de los vehículos
usados por los agentes de Gamón. Según las mismas fuentes, no ha
habido respuesta.
(www.publico.es, 19/11/09)
7. URBANISMO. LA NUEVA LEY DEL SUELO PONE EN PIE
DE GUERRA A VARIOS AYUNTAMIENTOS
La reforma de la Ley del Suelo que abordará el
Gobierno de Esperanza Aguirre a través del anteproyecto de la Ley de
Medidas Fiscales y Administrativas, más conocida como Ley de
Acompañamiento, puso en pie de guerra a los grandes ayuntamientos de
la región (gobernados por alcaldes socialistas) que ven sus
competencias municipales invadidas. También Madrid estudia el
alcance de la reforma.
La última modificación de Aguirre de la Ley del
Suelo -que ha cambiado varias veces en sus dos mandatos, siempre con
una ley escoba- permitirá aprobar proyectos urbanísticos de
particulares en contra de la opinión de los ayuntamientos, cuando lo
decida el Gobierno regional y lo declare de "interés general". Hasta
ahora esta vía estaba reservada sólo a las actuaciones de las
administraciones.
"Se acaba con la planificación del suelo de los
municipios y con lo que significa un plan de ordenación", aseguró
Pedro Castro, alcalde de Getafe y presidente de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP). "Un promotor nunca va a
velar por el interés público, porque el planteamiento que tiene al
hacer un desarrollo urbanístico es ganar dinero". Por eso, anunció,
los servicios jurídicos de la FEMP estudian ya un recurso ante el
Tribunal Constitucional "en defensa de la autonomía local".
La oposición mostró su rechazo al cambio legal,
por lo que IU y PSM votarán en contra en la Asamblea. "Aberración
administrativa y nuevo esperpento" fueron los calificativos que le
dio a la modificación el líder socialista, Tomás Gómez. "Tropelía
para favorecer la especulación" fue el adjetivo que le puso el
coordinador de IU, Gregorio Gordo.La FEMP considera que la nueva
reforma de la Ley del Suelo invade competencias municipales. Por
eso, acudirá al Constitucional con un conflicto en defensa de la
autonomía local. Esta vía permite impugnar ante el alto tribunal
leyes de las comunidades que cuestionan la autonomía de los
ayuntamientos, que garantiza la Constitución española (artículo
140).
La Ley Orgánica de 7/1999, de modificación de la
norma que gobierna el Constitucional, permite plantear este
conflicto a "un número de municipios que supongan al menos un
séptimo de los existentes en el ámbito territorial de aplicación de
la disposición con rango de ley, y representen como mínimo un sexto
de la población oficial del ámbito territorial correspondiente".
Requiere que lo hagan al menos 25 ayuntamientos que sumen un millón
de habitantes: esa condición la cumplen los 34 municipios de la
región gobernados por los socialistas.
El Ayuntamiento de Madrid, que dirige Alberto
Ruiz-Gallardón (PP), no ha tomado posición sobre la Ley de
Acompañamiento, pues aún está estudiando su "alcance normativo". En
cambio, el alcalde de Rivas, José Masa (IU), pidió una "respuesta
contundente" de la Federación de Municipios Madrileños (FMM),
controlada por el PP, ante "este despojo de competencias".
Pero su presidente, Bartolomé González, alcalde
popular de Alcalá de Henares, respondió asegurando que la reforma
"refuerza la autonomía municipal", ya que "será preceptivo un
informe del Ayuntamiento antes de la aprobación por la vía de
urgencia de proyectos urbanísticos de iniciativa privada". Es la
misma tesis que defendió la consejera de Medio Ambiente, Urbanismo y
Ordenación del Territorio. "Garantiza y amplía la autonomía", dijo a
Efe. Sin embargo, ese informe no es vinculante, porque será la
Comunidad de Madrid la que tenga la última palabra (podrá decidir
que sigue adelante el proyecto con informe negativo por su
"urgencia") y, por otra parte, también se aplica el silencio
positivo: si el Ayuntamiento no ha emitido informe, se entenderá que
está conforme al proyecto. Ese plazo puede ser de sólo 10 días si se
considera un proyecto urgente (puntos 4 y 5 del nuevo artículo 161
de la Ley del Suelo).
(www.elpais.com, 17/11/09)
8. URBANISMO. AGUIRRE AGILIZARÁ LOS TRÁMITES
URBANÍSTICOS A LAS GRANDES EMPRESAS
La presión de los ayuntamientos sobre el Gobierno
regional ha obligado a la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, a
retirar una modificación de la Ley del Suelo regional (artículo 161)
que permitía aprobar proyectos privados sin el permiso de los
consistorios.
Los municipios, soliviantados porque consideraban
que la norma reducía sus competencias, amenazaron con llevarla al
Constitucional. Pero la presión no ha sido suficiente para que el
Ejecutivo regional ceje en su empeño de facilitar los trámites
urbanísticos a las grandes empresas.
Para evitar el enfrentamiento con los municipios,
el Ejecutivo regional ha decidido cambiar su punto de mira y ahora
se ha fijado en la Ley de Modernización de la Economía, aprobada
hace dos años. Aprovecha un resquicio en esta norma, que permite
modificar planes urbanísticos para infraestructuras públicas, para
reducir los trámites por los que tienen que pasar las grandes
empresas.
El consejero de Economía y Hacienda, Antonio
Beteta, lo explica con un ejemplo: "La compañía aeronáutica EADS
CASA necesita ampliar sus fábricas porque tiene un pedido de aviones
importante. Con el proceso normal, la empresa perdería el contrato.
A través de esta fórmula, puede conseguir ampliar los terrenos y
poner su nueva fábrica en funcionamiento. Es un ejemplo real,
eficaz, que hace falta solucionarlo ya".
Beteta ha precisado que la Comunidad de Madrid
autorizará modificaciones urgentes en los planes urbanísticos,
"siempre que se cuente con el visto bueno de los plenos municipales
de los Ayuntamientos". De esta forma, no se rebajan las competencias
de los municipios.
Beteta anunció esta medida en una conferencia de
prensa tras la reunión del consejo de Gobierno regional que se
celebró en Navalcarnero. Luego, Esperanza Aguirre, acompañada por
alcaldes y diputados populares de la región, quiso celebrar sus seis
años de presidenta de la Comunidad de Madrid. En un acto organizado
en el teatro de la localidad hizo un repaso de lo realizado durante
este periodo y se atrevió incluso a bailar sobre el escenario al son
del himno del Partido Popular.
Durante su intervención, entre grandes aplausos,
centró sus críticas de nuevo en el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero. A la salida del acto, decenas de seguidores
la adularon a gritos.
(www.elpais.com, 20/11/09)
9. SANIDAD. LA PROMESA INCUMPLIDA DEL HOSPITAL DE
MÓSTOLES
Al Gobierno regional se le acaba el tiempo.
Esperanza Aguirre se comprometió a construir cuatro nuevos
hospitales en esta legislatura, que acaba en mayo de 2011: en
Torrejón de Ardoz, en Móstoles, en los terrenos de la cárcel de
Carabanchel y en Collado Villalba. Los dos últimos ni siquiera se
han licitado. El de Móstoles, que convertirá a la ciudad en la única
-a excepción de la capital- con dos hospitales, ya ha echado a
andar. La Comunidad acaba de publicar en el boletín oficial la
licitación del contrato de gestión. Un contrato administrativo en
modalidad de concesión por 30 años y que incluye construcción,
atención sanitaria y provisión privada de todos los demás servicios.
Pero llegará tarde para cumplir la promesa de Aguirre. Por primera
vez, Sanidad admite que el hospital entrará en funcionamiento en
2012, es decir, en la próxima legislatura.
El adjudicatario que se lleve el concurso deberá
trabajar rápido. Para empezar, tendrá que presentar el proyecto de
construcción en un plazo máximo de 45 días desde la formalización
del contrato, según recogen los pliegos de cláusulas administrativas
particulares (PCAP), a los que ha tenido acceso este periódico. Para
llevar a cabo las obras y la equipación del hospital dispondrá de 18
meses. Es el plazo máximo para que el edificio esté listo para ser
inaugurado, es decir, con todo a punto para prestar "asistencia
sanitaria especializada" y "servicios complementarios no
sanitarios".
El nuevo hospital de Móstoles dará cobertura a
171.000 personas de 18 municipios y dispondrá de 260 camas en
habitaciones individuales. Su cartera de servicios (médicos,
quirúrgicos, materno-infantiles y centrales) permitirá atender "el
95% de las patologías de la población de referencia", según la
Consejería de Sanidad. El pliego de prescripciones técnicas indica
que el centro contará con casi todas las especialidades. Faltarán,
entre otras, cirugía pediátrica y hospitalización geriátrica.
Tampoco habrá hospital de día de rehabilitación, sólo consultas
externas. Ese mismo pliego de prescripciones técnicas es el que pone
fecha a la inauguración. "Se hace necesaria la tramitación del
presente expediente de adjudicación para que en el año 2012 entre en
funcionamiento la infraestructura sanitaria", asegura en la
introducción.
La adjudicataria tendrá que adquirir todo lo
necesario para garantizar el funcionamiento del hospital. Contará
con 65.896 metros cuadrados de superficie construida y otros 24.460
de aparcamiento. Abrirá con 10 quirófanos, que está previsto ampliar
a 12 en 2017. En cuanto al área ambulatoria, el nuevo hospital
tendrá 47 consultas y 33 gabinetes de exploración. La prescripción
farmacéutica extrahospitalaria, los trasplantes y el transporte
sanitario quedan excluidos del contrato, según los pliegos. La fecha
límite para presentar las ofertas es el 4 de enero próximo y los
sobres que contengan las proposiciones de las empresas se abrirán el
4 de febrero.
Los pliegos insisten en varios puntos del
articulado en que las empresas adjudicatarias tendrán que garantizar
la libertad de elección de médico. También especifican que deben
asumir las "obligaciones derivadas de perjuicios que pudieran
causarse a los usuarios del servicio sanitario", por lo que tendrán
que contratar su propia póliza de seguro al margen de la que tiene
el Servicio Madrileño de Salud para el conjunto de los hospitales de
la región.
Con este hospital, al igual que con los de
Torrejón (a punto de empezar a construirse, ya que está en fase de
movimiento de tierras), Collado Villalba y Carabanchel, se da un
paso más en el sistema de gestión que inauguró el centro de
Valdemoro, el primero en la Comunidad de Madrid en el que la
concesionaria presta tanto los servicios sanitarios -contrata
directamente a médicos y enfermeras- como los no sanitarios
(restauración, limpieza, atención al paciente...).
El edificio estará situado entre la plaza de
toros y la Universidad Rey Juan Carlos, con acceso desde la
autopista A-5, y dará cobertura a la población de 18 municipios:
Móstoles (áreas sanitarias de Presentación Sabio, La Princesa y
Barcelona), Pelayos de la Presa, Navalcarnero, Aldea del Fresno,
Cadalso de los Vidrios, San Martín de Valdeiglesias, Villa del
Prado, Navas del Rey, Villaviciosa de Odón, Cenicientos, Rozas de
Puerto Real, Sevilla la Nueva, Villamanta, Villamantilla, Villanueva
de Perales, Chapinería, Colmenar de Arroyo y El Álamo.
(www.elpais.com, 19/11/09)
10. EDUCACIÓN. EL 37% DE LOS DOCENTES FIRMA
CONTRA LOS RECORTES EN EDUCACIÓN
Más de un tercio de los docentes de la enseñanza
pública madrileña reclaman "más y mejor educación para salir de la
crisis". Son los profesores de educación no universitaria que han
firmado un manifiesto contra el sistema educativo "de pésima
calidad, selectivo y excluyente" que, en su opinión, promueve el
Gobierno regional.
Los cinco sindicatos mayoritarios del sector
educativo (CC OO, UGT, CSIF, STEM y CSIT) registraron en la Asamblea
de Madrid un manifiesto respaldado por 19.000 firmas de docentes (un
37% de los 50.900 actuales). La protesta, que convocó a medio
centenar de personas frente a las puertas de la Asamblea, coincidió
con la presentación de los presupuestos dedicados a la enseñanza en
la Comisión de Educación, con la consejera Lucía Figar a la cabeza.
El proyecto de presupuestos para 2010 se recorta
un 1,1% respecto al anterior. "Tienen que cambiar esas cifras o, si
no, no habrá dinero suficiente para afrontar mejoras", explicaba una
portavoz sindical.El manifiesto respaldado por más de un tercio de
los docentes, denuncia la "inexistencia de oferta pública en los
nuevos barrios", la demanda sin cubrir de escuelas infantiles
públicas -con más de 30.000 peticiones sin plaza- y la falta de
oferta en Formación Profesional, en la que 6.000 alumnos se han
quedado sin su primera opción este curso. El escrito alude a datos
generales, pero también barren para casa. El manifiesto pone el
acento en los sueldos del profesorado, relegados "a los últimos
puestos" de España, aseguran.
Las firmas se recogieron en los centros docentes
desde marzo del pasado curso. Los sindicatos aplazaron el registro
hasta para coincidir con la comparecencia de la consejera en la
Asamblea. Lucía Figar admitió que los presupuestos son restrictivos,
pero destacó que la partida de educación se recorta menos que la
media global -con 4.779 millones y un 1,1% de descenso frente a la
rebaja general del 2,3%- y que supone el 26% del total. Por
apartados, bajan el 3% la partida destinada a la Educación Infantil
y Primaria y también la de Secundaria.
El presupuesto destinado a infraestructuras se
recorta un 22% -al comparar el proyecto de presupuestos de 2009 con
2010- y la partida de Universidades desciende un 3,8%.
Frente a estos recortes, el programa para
conciertos educativos (los centros privados sostenidos con fondos
públicos) crece 56 millones respecto al proyecto de presupuestos
anterior (un 6,6% más). La consejera reiteró que es una subida sólo
sobre el papel, porque el presupuesto para concertada se incrementó
durante 2009 y, con la liquidación de las cuentas, supone un 1,8%
más. "También en la concertada tendremos que tener medidas durísimas
de ajustes", aseguró Figar. Y apuntó una: el año que viene se
congelan las mejoras retributivas previstas para los docentes de la
enseñanza concertada.
"El esfuerzo de recorte recae sobre todo en la
enseñanza pública", lamentó Paco García, secretario de Enseñanza de
CC OO en Madrid. "Este presupuesto rebaja todos los apartados
educativos, o alguien recapacita y los modifica o no podremos
acometer ninguna mejora", criticó Victoria Hernández, secretaria de
Enseñanza Pública de UGT. Carlos Sanza, portavoz de STEM (Sindicato
de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid), manifestó su "profundo
descontento" con lo que considera "el progresivo desmantelamiento de
la red pública de enseñanza". Los dos grupos de la oposición en la
Asamblea (PSOE e IU) respaldaron a los sindicatos.
"Estos presupuestos se ensañan con las familias y
recortan las ayudas", según Eulalia Vaquero (IU). La partida
destinada a becas se congela el año que viene. La consejera aseguró
que eso no significa necesariamente que bajen las ayudas porque
"podremos tomar medidas de ahorro". Como ejemplo, señaló que el
cambio de los cheques libro de papel a las tarjetas de plástico de
este curso ha supuesto una bajada de 800.000 a 40.000 euros que se
destinaron a las familias.
Fátima Peinado (PSOE) anunció que su grupo
presentará "todas las enmiendas que sean necesarias" a los
presupuestos para que la educación pública madrileña "se transforme
en una educación de calidad".
(www.elpais.com, 19/11/09)
11. ENFRENTAMIENTO INTERNO EN EL PP. "GALLARDÓN
QUIERE SER PRESIDENTE DEL GOBIERNO"
Se acabó la paz en el PP, si alguna vez la hubo.
El número dos de Aguirre, Ignacio González, ha afirmado hoy que el
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, le ha dicho que "quiere
ser presidente del Gobierno". O lo que es lo mismo, hacerle la cama
a Rajoy.
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha
justificado "las diferencias" existentes entre Gallardón y su jefa,
la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre. Para González, sus
discrepancias son "de gestión" pero no ha ocultado que ambos "pueden
tener sus ambiciones políticas". Con el alcalde, que siempre ha
asegurado ser fiel al actual líder, Mariano Rajoy, ha sido directo
en su acusación: "He escuchado a Gallardón decir que quiere ser
presidente del Gobierno".
"Cada uno puede tener sus ambiciones políticas
pero en este momento lo que hay que anteponer son sus
responsabilidades de Gobierno y Esperanza Aguirre está a eso",
señaló en una entrevista en la Cadena Cope.
Sin embargo, y según las palabras del
vicepresidente, las intenciones del primer edil madrileño podrían
ser otras. "Gallardón debe estar también a sus responsabilidades de
gestión pero lo que sí le he oído y lo he leído en muchos sitios es
que, claramente, quiere ser presidente del Gobierno y no lo critico
pero se lo hemos oído a él y no a otros", manifestó.
Sobre la actual relación entre Gallardón y
Aguirre dijo que "las cosas están como siempre están" para
reconocer, a renglón seguido, que existen discrepancias entre
Gobierno autonómico y local surgidas por la "gestión de dos grandes
administraciones que coinciden en un mismo territorio". Como ejemplo
puso el caso del eje Prado-Recoletos.
"No existe esa famosa teoría que algunos han
querido poner encima de la mesa de que aquí parece que entre
Esperanza Aguirre y Ruiz-Gallardón hay una convivencia imposible,
no, la relación entre Ayuntamiento y Comunidad se plasma en
centenares de acuerdos de gestión conjunta, lo que pasa es que sólo
vemos cuando hay algún punto de conflicto importante por alguna
cuestión que tiene relevancia en los medios de comunicación",
mantuvo el vicepresidente del Gobierno.
(www.publico.es, 20/11/09)
12. AYUNTAMIENTO DE MADRID. GALLARDÓN NO PODRÁ
COBRAR POR AHORA EL 'MOVILAZO'
Las arcas municipales están vacías. Así que para
tratar de llenarlas, el Ayuntamiento ha tenido que reinventar tasas
como el llamado basurazo. Otro de los nuevos tributos que pretendía
cobrar es la tasa por la "utilización privativa y aprovechamientos
especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía
pública a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía
móvil", más conocida en el sector por el movilazo, porque grava la
colocación de antenas de telefonía móvil. El Consistorio que preside
Alberto Ruiz-Gallardón pretendía cobrar por este concepto 20
millones de euros en 2009, y en torno a 24 millones en 2010, pero
por ahora tendrá que esperar.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)
ha declarado nula la cuantificación de la cantidad que establece la
ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Madrid reguladora de la tasa,
que fijaba el gravamen en el 1,5% de los ingresos medios anuales que
obtiene cada una de las compañías por operar en la ciudad.
El fallo, a denuncia de Telefónica, da la razón
parcialmente a las compañías móviles con red propia porque aunque no
anula la tasa, como querían éstas, sí declara ilegal los dos
artículos de la ordenanza municipal de septiembre de 2007 que
fijaban la cuantía de la misma. Telefónica, Vodafone y Orange han
hecho frente común contra esta nueva tasa.
La consideran abusiva puesto que las antenas y
otras instalaciones están en emplazamientos privados, por los que ya
pagan un alquiler. No estarían, por tanto, afectadas por la llamada
"tasa de aprovechamiento especial del dominio público local", que sí
deben pagar otras compañías de telefonía fija o las eléctricas.
Las tres compañías se han negado a pagar los
recibos trimestrales de esta tasa que les ha venido liquidando el
Ayuntamiento desde principio de 2008, por lo que a finales de año se
supone que acumulaban una deuda de más de 40 millones, que ahora
está en el aire.
Con este pronunciamiento, el Tribunal mantiene el
criterio que ha venido manifestando respecto a las ordenanzas de
Coslada, Valdemoro, Parla y Alcalá de Henares, contra las que
también han recurrido las operadoras.
Paradójicamente, el Ayuntamiento de Madrid ha
recibido la sentencia casi como un triunfo, aunque ha anunciado que
va a recurrirla ante el Tribunal Supremo por considerar que "la
ordenanza es plenamente legal". El Consistorio madrileño interpreta
que el tribunal permite cobrar a las operadoras de telefonía móvil
siempre que la forma de cálculo no sea la que había previsto en un
principio: aplicar una tasa del 1,5% sobre la facturación o volumen
de ingresos.
Y recuerda que siguió una recomendación de la
Federación de Municipios y Provincias (FEMP). El Ayuntamiento de
Madrid estudia establecer una cuantía fija a cada operador de
telefonía. Y de este modo quedarían subsanadas todas las objeciones
sobre la ordenanza.
La Concejalía de Hacienda de Madrid considera que
"las posibilidades de éxito ante el Supremo son muy altas, ya que
este tribunal señala que la Ley de Haciendas Locales aún no ha
establecido una fórmula concreta de cuantificación".
La reforma de la Ley de Haciendas Locales del año
2003 excluyó a los operadores de telefonía móvil de tributar por el
1,5% de sus ingresos por la tasa por el aprovechamiento especial del
dominio público local. No obstante, desde dicho año y de manera
progresiva, los Ayuntamientos han ido elaborando ordenanzas fiscales
sujetando a los operadores de telefonía móvil a dicha tasa por un
importe prácticamente igual.
Los operadores de telefonía móvil se han opuesto
en todo momento a dicha actuación recurriendo todas las ordenanzas y
liquidaciones giradas por los ayuntamientos.
No obstante, el Tribunal Supremo desestimó el
pasado mes de abril el recurso de casación presentado por Vodafone
contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
que permitía al Ayuntamiento de Badalona cobrar tasas por la
ocupación del dominio público local a las empresas de telefonía
móvil. Ese fallo ha dado nuevas alas a los municipios para tratar de
imponer la tasa.
13. AYUNTAMIENTO DE MADRID. OTRO VARAPALO
JUDICIAL
El Consistorio madrileño, gobernado por Alberto
Ruiz-Gallardón, acumula durante los últimos meses un buen puñado de
decepciones en los tribunales. Desde 2007, nueve sentencias
judiciales han puesto pegas a varios planes municipales. Una de las
decisiones más recientes tumba la subida de las multas de tráfico
aprobadas en 2005.
Otro varapalo anula varias partidas de los
presupuestos de 2005. Una sentencia reciente anula los presupuestos
de 2002 por el mismo motivo. Hacienda destinó el dinero obtenido con
la venta de suelo municipal a proyectos que no se podían financiar
de esta forma. Los jueces también han anulado la extensión de los
parquímetros; la reforma de la tasa de vados de 2006, la ampliación
del Plan General, la de Mercamadrid, el cierre al tráfico de Marconi
o las obras de la M-30 se han topado con trabas judiciales.
(www.elpais.com, 14/11/09)
14. AYUNTAMIENTO DE MADRID. MILES DE MADRILEÑOS
EXIGEN A GALLARDÓN QUE RETIRE LA NUEVA TASA DE BASURAS
Entre 4.000 y 5.000 personas se manifestaron este
domingo en la Puerta del Sol de Madrid para exigir al alcalde de la
capital, Alberto Ruiz Gallardón, que retire la tasa de basuras que
comenzó a facturarse el pasado mes de septiembre. Al grito de "No a
la tasa, Gallardón vete a tu casa", los vecinos mostraron su
indignación por un impuesto que consideran "injusto y abusivo" que
sólo servirá como medida recaudatoria para financiar la "política de
despilfarro" mantenida por el consistorio.
"Estamos hasta las narices de que nos roben". "La
tasa de basura es un engaño porque ya estaba incluida en el IBI y
ahora se tiene que pagar dos veces". "Tienen que quitarla, porque es
una vergüenza". La contundencia de los madrileños que salieron a la
calle este domingo no deja lugar a dudas: la nueva tasa de basuras
que se aplica en la capital desde septiembre, después de 23 años sin
estar operativa, ha provocado la indignación de los vecinos que han
presentado ya, según los cálculos del PSOE, 300.000 quejas al
Ayuntamiento.
Unos 5.000 madrileños se concentraron en la
Puerta del Sol para exigir la retirada de esta tasa con argumentos
de todo tipo. Los oficiales, según el comunicado que leyó el
responsable de Medio Ambiente de la Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos de la Comunidad de Madrid (FRAMV), Paco
Caño, es que la tasa "no es ecológica, ni justa, ni oportuna", sino
que es sólo "una medida meramente recaudatoria".
"No estamos en contra de las tasas e impuestos,
sabemos que son imprescindibles para el mantenimiento de los
servicios públicos y constituyen un mecanismo de redistribución de
la riqueza, pero con esta medida recaudatoria la cuantía a pagar se
establece en relación al valor catastral de las viviendas, lo que no
es un indicador fiable del nivel de renta", argumentó. Por ello, la
organización considera que la medida responde a "una política de
despilfarro que arroja lo que es de todos al pozo sin fondo de
proyectos megalómanos concebidos para el autobombo y la propaganda"
del Ayuntamiento.
En este sentido, la FRAMV apuntó que "la crisis
ha descuadrado las cuentas" del consistorio "y en lugar de buscar
remedio entre los enormes beneficios de quienes se comieron las
vacas gordas cuando las hubo, rebuscan en la basura de los vecinos".
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, David
Lucas, presente en la concentración, apuntó que Gallardón "sólo
pretende promocionar su imagen pública y política" y "no piensa para
nada en los ciudadanos", pero ahora tendrá que "escuchar el clamor
popular", porque "los ciudadanos no quieren que se les engañe, y no
quieren sentir que su dinero sirve para seguir pagando su
despilfarro, sino para prestar más y mejores servicios".
Lucas destacó la gran movilización ciudadana contra esta tasa y
apuntó que ya hay recogidas 115.000 firmas de vecinos contra ella, y
que se han presentado unas 300.000 quejas. De hecho, el pasado
viernes la FRAMV presentó en el Ayuntamiento 40.000 firmas y 2.500
reclamaciones contra la medida. Además, el portavoz socialista
apuntó que Gallardón ya ha tenido que suavizar la medida al anunciar
que habrá bonificaciones para parados, pensionistas y personas con
rentas bajas
(www.elplural.com, 16/11/09)
15. AYUNTAMIENTO DE MADRID. EL AYUNTAMIENTO
GASTARÁ SEIS MILLONES EN EL PABELLÓN DE LA 'EXPO' DE SHANGHAI
Quedan cinco meses para que se inaugure la
Exposición Universal de Shanghai. Será en mayo de 2010, pero toda la
maquinaria institucional está en marcha desde hace meses. el
Ayuntamiento, con el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón a la cabeza y en
solitario -"no nos invitaron", justificaron su ausencia fuentes de
la Comunidad-, presentó su propuesta de pabellón para enseñar las
bondades de la capital de España a 70 millones de personas.
El Consistorio tiene un presupuesto de nueve
millones de euros para construir su pabellón, de los que tres los
sufragarán empresas privadas. Si de aquí al verano de 2010, el
Consistorio no encuentra más patrocinadores, tendrá que sacar el
resto de las raquíticas arcas municipales.
La Comunidad, por su parte, además de
"desconocer" la convocatoria de , aseguró (y fuentes del Consistorio
lo confirmaron) que andan en conversaciones con el Ayuntamiento para
"colaborar" en el pabellón de Madrid, una de las 13 ciudades
privilegiadas que ha conseguido un espacio en las 17 hectáreas que
los organizadores chinos han destinado a ciudades del mundo, en una
Exposición Universal que lleva el lema de Better city, better life
(Mejor ciudad, mejor vida).
Fuentes de las Consejerías de Economía y Turismo
aseguraron que habrá un puesto de la Comunidad dentro del edificio
diseñado por los arquitectos Alejandro Zaero y Belinda Tato como
pabellón de Madrid, concebido en dos partes. La primera, una réplica
de la Casa de bambú de Alejandro Zaera, construida en Carabanchel
con 88 viviendas sociales, es un edificio rodeado de espacios libres
con piel exterior de bambú y sistemas de ventilación cruzada natural
para ahorrar energía.
En su versión para China se han modificado alguna
de sus tecnologías para adaptarla a la zona, y además se ha
sustituido una de sus paredes por una lámina de vidrio para que se
pueda contemplar la sección del edificio, "a modo de 13 Rue del
Percebe", explicó Zaera. Además, se utilizará parte de la tecnología
del Ecobulevar de Vallecas, diseñado por el estudio de arquitectos
Ecosistemaurbano, para la concepción de la segunda pata del
pabellón: el árbol del aire.
Los objetivos de todo este proyecto, en palabras
del alcalde, son cuatro: "Hacer de Madrid la tercera metrópoli
europea tras Londres y París, consolidarse como plaza mayor del
mundo español e iberoamericano, fortalecerla como un nodo entre
culturas y continentes, y elevarla a la categoría de referente
urbano para las ciudades emergentes".
La Comunidad tendrá que derrochar toda su
capacidad de seducción en la semana que le corresponda en el
pabellón de España ("entre junio y julio"), ya que el hecho de que
Madrid (ciudad) tenga su propia sede se debe al eslogan de esta
Exposición Universal (normalmente en ninguna existen pabellones de
ciudades), y a que ha ganado un concurso entre las miles de ciudades
que se presentaron para tener representación.
(www.elpais.com, 18/11/099
16. AYUNTAMIENTO DE MADRID. COBO Y GALLARDÓN,
OBJETO DE ESCARNIO ANTE LA PASIVIDAD DE GÜEMES
El consejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Juan José Güemes, acudió a una emisora afín a la presidenta
Esperanza Aguirre, la Esradio de Losantos, para entre otras cosas
defender a ésta en su enfrentamiento con Gallardón y Cobo. El
consejero se mantuvo impasible ante los reiterados ataques del
locutor al alcalde de Madrid y su vicealcalde, incluso cuando éste
le mostró un montaje en el que ambos se convertían en los
protagonistas de Brokeback Mountain, la película sobre la tormentosa
relación amorosa entre dos vaqueros homosexuales.
Güemes no defendió a sus compañeros de partido de
las bromas de Losantos. Y a ello a pesar de que cuando el locutor le
reprochó que "defendió poquito" a Aguirre en el Comité Nacional del
PP tras la declaración de Cobo asegurando que temía por su familia a
raíz del espionaje en el PP de Madrid, Güemes aseguró: "La defendí
con contundencia, sin perder las formas, las que me enseñaron mis
padres, que no son las que debió aprender Manolo Cobo, eso está
claro".
Jaleando al locutor
"Mini-yo hace lo que puede, seguro que usted no
es tan rico", le repuso el locutor, y Guëmes se prestó a jalear
algunas de las teorías de éste. Así, el consejero aseguró que "a El
País le hubiera gustado mucho que se montara una gestora en Madrid,
andaba detrás de ese objetivo" y sobre la polémica entrevista del
vicealcalde en el diario de PRISA explicó que "tengo que creer que
ha sido Manolo Cobo, pero efectivamente parece que hay varias
entrevistas dentro de la entrevista (…) tengo curiosidad, la
naturaleza del pacto Cobo-Zapatero".
"Uno murió"
La escena más curiosa, que se pudo ver a través
de la Veo7, la televisión de Pedro J. que retransmite los programas
de Losantos, se produjo cuando éste mostró al consejero un montaje
en el que Cobo y Gallardón se convertían en los protagonistas de
Brokeback Mountain, la película sobre la compleja relación amorosa
entre dos vaqueros homosexuales. Güemes no abrió la boca ni cuando
una tertuliana apuntó que "uno [de los actores] murió, por cierto,
lo digo porque… políticamente a lo mejor alguno ha muerto".
(www.elplural.com, 18/11/099
17. AYUNTAMIENTO DE MADRID. LICENCIAS POR EL
SUELO EN CHAMBERÍ
Tirados en el suelo de los pasillos. Al lado de
los maceteros y mostrando, en algunos casos, parte de su contenido.
Desde hace más de seis meses, centenares de expedientes que se
tramitan en la Junta Municipal de Chamberí, que preside Isabel
Martínez Cubells, están amontonados en el suelo y el pasillo de la
segunda planta. Algunos, junto a la oficina de disciplina
urbanística. "No tenemos espacio", aducen a través de una portavoz.
Ese piso es donde los ciudadanos se citan con funcionarios o con el
propio gerente para resolver problemas o dudas con las licencias u
obras que están tramitando.
Por esos pasillos pasan cada día los limpiadores,
los reponedores de las máquinas de bebidas, el personal de
mantenimiento o los vocales de la oposición. Centenares de personas
a final de mes que deberían ser ajenas a la información que
contienen los expedientes almacenados en el pasillo. Esos documentos
corresponden a trámites en marcha, algunos con fecha de este mes de
noviembre. Los que están concluidos, dice la Junta, se remiten al
archivo central.
Este periódico ha comprobado lo fácil que podría
ser robar uno de esos expedientes o husmear en él. La concejal de
ese distrito, mediante un comunicado, responde que "están
custodiados por el personal de la Junta y ordenanzas". Fuentes de
los trabajadores de la Junta no lo ven tan claro. "Lleva así mucho
tiempo. No se entiende, porque en la planta baja ahora hay mucho
espacio para almacenar todos estos documentos. Y los expedientes,
muchos ratos, no tienen vigilancia", critican.
Hace dos años y cinco días estalló el caso
Guateque: una red corrupta de funcionarios que cobraban por hacer
con celeridad unos trámites en medio del atasco del proceso de
concesión de licencias municipales. En estos 24 meses van ya 80
imputados. El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, prometió medidas:
invirtió dinero, auditó las tripas de su consistorio, reformó la
ordenanza y privatizó parte del proceso de tramitación de licencias
(sistema que todavía no está en funcionamiento). Pero en algunos
lugares todavía no ha llegado la modernización. Al menos en lo que
respecta a tener armarios seguros.
Según los datos de las auditorías realizadas por
el Ayuntamiento que se conocieron tras estallar el caso de
corrupción, Chamberí tardaba el triple que otros distritos en
tramitar licencias comunes. Mientras destinaba, en junio de 2007,
449 días en resolver, Vicálvaro lo hacía en 157. En esa fecha,
Chamberí había completado el 38% de los expedientes que estaba
tramitando, cifra que contrastaba con la de la mayoría de distritos,
que habían resuelto al menos un 60%.
La Junta de Chamberí, junto con la de Centro, fue
la primera inspeccionada por la Guardia Civil cuando se conoció el
caso. Una funcionaria de esa Junta fue imputada.
El desorden en el que vive dedesde hace meses la
Junta de Chamberí podría incurrir en una vulneración de la Ley de
Protección de Datos y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre,
que regula la custodia de ficheros de papel. "El reglamento hace
hincapié en que los documentos sólo puedan verlos aquellos que estén
autorizados y que sean almacenados de forma segura", recuerda la
abogada especialista en protección de datos Paloma Llaneza. "Por lo
que los expedientes deberían estar fuera de la vista del público y
guardados en un almacén cerrado. No debe verlos ni siquiera ningún
funcionario que no se dedique a esos menesteres", añade esta
especialista.
La Junta también alega que es una situación "muy
temporal, que se resolverá en un plazo muy breve". El 15 de
diciembre, dicen. El Ayuntamiento ha sacado a concurso el almacenaje
de expedientes. La firma ganadora guardaría, a partir de ese 15 de
diciembre, todos los documentos fechados hasta 2007 y la Junta
continuaría custodiando los más recientes.El concejal socialista
Óscar Iglesias adelantó que el PSOE denunciará el caso de los
expedientes de la Junta de Chamberí a la Agencia de Protección de
Datos de la Comunidad de Madrid. "Es muy grave el problema de
descontrol, la falta de custodia de expedientes y el incumplimiento
de la norma de confidencialidad. El Ayuntamiento, y concretamente
vicealcaldía, tiene que asumir responsabilidades. Daremos traslado a
la Agencia de Protección de Datos", critica Iglesias.
Aunque la agencia actúe, que suele hacerlo de
oficio, las administraciones públicas no reciben ninguna sanción.
Simplemente se las apercibe y se da traslado al Defensor del Pueblo.
Llegados a ese punto, si los afectados creen que se les ha causado
algún daño, puede denunciarlo en los tribunales y pedir una
indemnización.
La junta de distrito, en el comunicado que mandó
a este periódico, alega también que "en el Pleno de la Junta
Municipal del día 4 de noviembre de 2009 se informó a los grupos
municipales de las soluciones que se estaban poniendo en marcha para
evitar que los expedientes ya concluidos desde el punto de vista
administrativo no estén en el archivo de la Junta Municipal".
Se entiende que esas soluciones pasan por el
contrato de almacenamiento con una empresa privada que entrará en
vigor el próximo 15 de diciembre.
(www.elpais.com, 19/11/09)
18. AYUNTAMIENTO DE MADRID. BOTELLA VUELVE A
ADOCTRINAR EN UN LIBRO DE CUENTOS
La delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Madrid, Ana Botella, ha aprovechado un nuevo libro de cuentos con
sus comentarios para difundir su visión más personal sobre asuntos
controvertidos como el aborto, la corrupción, el feminismo, las
desigualdades sociales y el espíritu religioso.
En el libro Cuentos de Navidad. Los mejores
clásicos para leer en familia , la segunda selección de narraciones
infantiles que publica, Botella asegura que, desde el momento de la
concepción, el embrión ya es "un niño". Así, la mujer del ex
presidente Aznar critica que "algunos no consideran al niño desde el
momento de su concepción como una persona independiente de la madre,
con derechos y deberes, sino como propiedad de la madre y, por lo
tanto, es ella la que puede decidir si va a vivir o no".
"Algunos no consideran al niño desde el momento
de su concepción como una persona independiente de la madre"
La política conservadora se sirve del cuento
anónimo El conejito burlón para asegurar que las reivindicaciones a
favor de la igualdad de la mujer hoy "ya son innecesarias" y para
criticar el gasto de las administraciones en estudios sobre
cuestiones de género. Y partiendo de esa misma narración, se burla
de las asistencias que reciben los menores durante su infancia: "Si
el conejito sacaba la lengua a los demás debía de ser cosa de un
fracaso social, un complejo de la infancia o una patología que
necesitaría la asistencia de psicólogos, psiquiatras y grupos de
atención al menor coordinados desde la Dirección General de su
comunidad autónoma".
El volumen cuenta con 36 narraciones clásicas de
autores tan conocidos como Hans Christian Andersen o los hermanos
Grimm. Ana Botella publicó su primer recopilatorio de cuentos en
2001.
(www.publico.es, 19/11/09)
19. AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN. EL
TRIBUNAL SUPERIOR VUELVE A TUMBAR LAS CUENTAS DE POZUELO
El presupuesto del Ayuntamiento de Pozuelo de
2005 no es válido. El Tribunal Superior de Justicia lo ha anulado
parcialmente basándose en una venta indebida de suelo público para
financiar grandes inversiones en infraestructuras. Una sentencia
similar dictada el año pasado invalidó también las cuentas de 2006.
Por aquel entonces era alcalde Jesús Sepúlveda,
imputado en el caso Gürtel. Pozuelo no cumplió con lo que marca la
ley, es decir, que, en los presupuestos, los ingresos se
correspondan con los gastos. Aunque las cuentas de 2005 cuadraban
aparentemente, se había conseguido con una utilización no correcta
del dinero procedente de la venta de unos terrenos. La Ley del Suelo
de la Comunidad de Madrid dictamina que el patrimonio de suelo
municipal no puede destinarse a cubrir gastos comunes, sino a usos
sociales como la promoción de vivienda protegida. Sin embargo, en
sus cuentas el Ayuntamiento contó con la venta de ese suelo público
para financiar 16 inversiones. Una vez revertido el procedimiento,
quedan en el aire siete millones de euros de inversiones.
De esta forma, han terminado siendo anuladas
partidas destinadas a algunas de las actuaciones más importantes del
municipio, como el Polideportivo Valle de las Cañas, las obras de
remodelación de la plaza Padre Vallet, el acondicionamiento de la
avenida de Juan XXIII, la eliminación de barreras arquitectónicas
para minusválidos o la adecuación de firmes y calzadas conocida como
Operación Asfalto.
El PSOE local, de quien partió la denuncia, ha
recordado por medio de su portavoz, Eva Izquierdo, que pidió
reiteradas veces al PP "que no aprobara un presupuesto que no
cumplía con la ley". "Lo peor es que ahora se van a probar los
presupuestos de 2010 y una partida importante va a seguir
financiándose con una venta de suelo público".
El Ayuntamiento se encuentra ahora ante la
necesidad de rehacer el presupuesto de acuerdo con el contenido de
la sentencia. Izquierdo declaró que el PSOE ha presentado una moción
en el pleno del próximo día 19 de noviembre para que los Servicios
Técnicos municipales elaboren un informe jurídico sobre la forma de
cumplir la sentencia.
Este periódico no consiguió contactar con ningún
miembro del Ayuntamiento de Pozuelo. El Consistorio aún tiene la
posibilidad de presentar un recurso. Eso es lo que ocurrió con la
sentencia que también invalidaba las cuentas del año 2006 porque
incluía gastos e inversiones que no eran legales. Las cuentas de
2006 siguen pendientes de una solución definitiva.
(www.elpais.com, 17/11/09)
