ÍNDICE
1. CASO GÜRTEL. AGUIRRE OBTIENE PLUSVALÍAS
2. CASO GÜRTEL. NUEVE MESES DE CONTRADICCIONES
PARA ESPERANZA AGUIRRE
3. CASO GÜRTEL. AGUIRRE REHÚYE SU RESPONSABILIDAD
4. CASO GÜRTEL. LOS IMPUTADOS DEL GÜRTEL PASAN A
SER DIPUTADOS NO ADSCRITOS
5. CASO GÜRTEL. LA ASAMBLEA SE ENCIENDE CON LOS
TRES DIPUTADOS EXCLUIDOS DEL PP
6. CASO GÜRTEL. LA SOLEDAD DE 'EL MUÑIDOR'
7. CASO GÜRTEL. SIETE CONSTRUCTORAS FAVORECIDAS
POR EL PP EN MADRID PAGARON 10 MILLONES EN SOBORNOS
8. CASO GÜRTEL. MAJADAHONDA, EL CASO QUE EL PP
EVITÓ INVESTIGAR EN 2005
9. CASO GÜRTEL. ORTEGA COLOCÓ A LA MUJER DE
CORREA EN SU AYUNTAMIENTO
10. CASO GÜRTEL. BOADILLA DEL MONTE, EN EL
EPICENTRO DE LA TRAMA
11. CASO GÜRTEL. EL EX ALCALDE DE BOADILLA,
EXPULSADO DEL PP MUNICIPAL
12. CASO GÜRTEL. EL GAFITAS MEDIÓ EN CONTRATOS
URBANÍSTICOS
13. CASO GÜRTEL. EL EX REGIDOR DE POZUELO SE VA
PERO SIGUE CON RAJOY
14. CASO GÜRTEL."LE DI UN RANGE ROVER Y ME IBA A
PAGAR UNA OBRITA"
15. ¿DÓNDE ESTÁ EL PISO QUE ME TOCÓ?
16. AYUNTAMIENTO DE MADRID. AYUNTAMIENTO DE
MADRID. EL GOBIERNO CENTRAL IMPIDE AL AYUNTAMIENTO ENDEUDARSE MÁS
17. AYUNTAMIENTO DE MADRID. EL TSJM RATIFICA QUE
LA AMPLIACIÓN DE LOS PARQUÍMETROS SE HIZO EN CONTRA DE LA LEY
18. AYUNTAMIENTO DE MADRID. EL JUEZ ANULA
PARCIALMENTE EL PRESUPUESTO DE 2005
19. AYUNTAMIENTO DE MADRID. GALLARDÓN REITERA QUE
NO HABRÁ TÚNEL EN EL EJE PRADO-RECOLETOS
20. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES. EL
PP INTENTA DESPEDIR A UNA EMPLEADA EMBARAZADA
1. CASO GÜRTEL. AGUIRRE OBTIENE PLUSVALÍAS
La jugada le ha salido bien. La presidenta
madrileña, Esperanza Aguirre, dudaba hasta el pasado jueves por la
mañana de si debía arriesgar y echar a los tres diputados de su
grupo imputados en el caso Gürtel, a los que venía defendiendo desde
que el caso le estalló a principios de febrero frente a una
oposición que le exigía medidas drásticas.
Pero ha dado un golpe de efecto. Al mismo tiempo
que sortea cualquier responsabilidad política en el caso Gürtel,
Aguirre sale reforzada como líder popular. Ha conseguido darle la
vuelta. En lugar de asumir responsabilidades por los 358 contratos
que su Gobierno adjudicó a las empresas de la red de Correa por tres
millones de euros, ella queda como la campeona contra la corrupción.
Y eso que Madrid es la región con más imputados del Gürtel: 13
cargos públicos o en puestos de confianza del PP, entre ellos tres
diputados y cuatro ex alcaldes. Pero Aguirre tardó en tomar la
decisión. Temía ponerse bajo los focos voluntariamente, y que le
saliera mal, en un momento en el que nadie la cuestionaba. Ella
podía presumir de que ningún imputado tenía cargos oficiales, porque
apartó a Alberto López Viejo, ex consejero y su hombre de confianza,
nada más desvelarse la trama. A él le siguieron los otros.
Pero el pasado lunes se abrió el sumario
parcialmente y la pesadilla regresó. Las pruebas que imputan a
ediles y diputados son las mismas que incluyó el juez Garzón en su
auto de marzo. Sin embargo, las primeras planas de los periódicos
volvieron a ligar al PP madrileño con las empresas de Francisco
Correa.
El miércoles, en la reunión semanal que mantiene
con su círculo más íntimo, maduró la decisión. Entre los argumentos
a favor pesaba la idea de mantener la misma línea de actuación
rápida y contundente. Los aguirristas reconocen que también les
satisfacía distanciarse de Mariano Rajoy y Francisco Camps, pero no
era lo más importante. Esa tarde, Aguirre tenía dos actos oficiales
y se marchó sin tomar la decisión. No lo veía claro.
Al día siguiente, cuando la presidenta madrileña
debía someterse a la sesión de control en la Asamblea, sentada en la
misma bancada que tres imputados, le estalló el titular: "Madrid
adjudicó 358 contratos a la red Gürtel". Estaba en juego su imagen.
Esa mañana, finalizado el Consejo, Aguirre se
presentó en la Asamblea. La tensión era palpable porque el grupo
popular pensaba que la situación podía volverse en contra. Ya se
sabía a esa hora que no iba a ser fácil: López Viejo, Alfonso Bosch
y Benjamín Martín Vasco se oponían a renunciar al acta. Querían
mantener su condición de aforados.
"Tienen un miedo escénico, irracional, al juez
Garzón por su fama", explica un diputado popular. Una vez puestas
las cartas boca arriba, la reunión fue muy directa. Acompañada del
portavoz popular, David Pérez, Aguirre planteó a los imputados que
quería que dejaran acta y grupo. Ellos aceptaron sólo lo segundo.
Después, se esfumaron de la Asamblea.
Mirando atrás, en el entorno de la presidenta la
satisfacción es completa. "Estamos contentos de cómo se ha
valorado", reconoce el secretario general del PP madrileño,
Francisco Granados. Las portadas de todos los periódicos abrían el
viernes con la decisión.
En el ámbito interno del partido, Aguirre ha
salido reforzada por la contundencia de su actuación. "De los
dirigentes populares es la que ha arriesgado más, pero también la
que más ha acertado", afirma Juan Soler, portavoz adjunto del PP en
la Asamblea.
Arriesgó porque ella sí tenía imputados en la
trama, al contrario que en Valencia. Y eran "sus" imputados. El ex
consejero López Viejo era su hombre de confianza, el que le llevaba
la agenda y a quien nombró consejero en su segundo mandato. Muchos
se acercaron para advertirle, pero Aguirre prefirió creer que tenían
celos. Ahora dice sentirse "decepcionada". Nunca responsable.
(www.elpais.com,
11/10/09)
2. CASO GÜRTEL. NUEVE MESES DE CONTRADICCIONES
PARA ESPERANZA AGUIRRE
No hay nada como gestionar bien la imagen. La
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, es
especialista en manejar los tiempos y en transmitir la apariencia de
que lo tiene todo controlado. Ésa es la impresión que ha dejado tras
gestionar la crisis del Gürtel. Aguirre ha conseguido aparecer como
una política con determinación y autoridad al expulsar de forma
fulminante a los políticos imputados del PP. Ella es la jefa del
partido en la región y quien ha dado la orden. Pero detrás de toda
esa representación se esconden varias contradicciones.
La primera es que la presidenta conocía que algo
no iba bien. Que había una red de empresas que tenía la ambición de
hacerse con el favor de la Comunidad de Madrid para hacer negocios
sucios. En 2005, una revista publicó el supuesto trato de favor de
una empresa con algunas administraciones del PP. Aguirre pregunta a
su viceconsejero y le ordena que no vuelva a contratar con esa
empresa. Su confianza en López Viejo le lleva a ignorar el problema.
Aguirre no sólo no lo cuestiona, sino que poco después lo convierte
en consejero de Deportes.
Dos años más tarde, en 2007, un grupo de
funcionarios de Boadilla del Monte y Móstoles envía una carta a
Génova, sede del PP, dirigida a la presidenta regional. En la
misiva, incluida en el sumario, le advierten de supuestas
irregularidades en el Ayuntamiento de Boadilla. Aguirre da la carta
por no recibida.
Cuando el 6 de febrero estalla el caso Gürtel, la
presidenta regional no hace caso de los indicios que señalan a su
hombre de confianza, el que le organiza todos los actos, como uno de
los principales personajes de la trama corrupta. Tres días después
lo destituye, pero lo presenta como una dimisión. Y le agradece su
suicidio político de la siguiente forma: "Quiero agradecer a Alberto
López Viejo su generosidad al dimitir para que los que están
impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no puedan
relacionar la investigación con la actividad de la Comunidad de
Madrid". El objetivo era lanzar la idea de que todo era un montaje
contra el PP. El objetivo era sembrar dudas.
Por eso tardó más de cuatro meses en revisar
todos los contratos de la trama corrupta en la Asamblea de Madrid.
Cuando lo hizo, el pasado junio, sólo explicó los expedientes
tramitados durante la presente legislatura. El Gobierno de Aguirre
olvidó que todo comenzó en 2004, cuando López Viejo cobró poder. El
consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, afirmó que sólo se
suscribieron 183 contratos por 2,3 millones de euros. El sumario del
caso hecho público esta semana arroja otra cifra: 358 contratos por
más de tres millones de euros.
Durante todo este tiempo la presidenta ha
defendido la legalidad de los contratos. A pesar de aceptar la
dimisión de López Viejo, de ordenar la destitución de Benjamín
Martín Vasco como portavoz adjunto de la Asamblea, y arrinconar a
Alfonso Bosch en el Parlamento regional. Aguirre también forzó la
renuncia de los ex alcaldes implicados, el de Boadilla, Arganda,
Pozuelo y Majadahonda. Pero intentó desviar la atención sobre el
origen de esa decisión. Todos los cargos públicos imputados fueron
suspendidos de militancia en el PP. La contundencia de Aguirre
combina mal con su defensa de los actos. Su argumento es que hay que
respetar la presunción de inocencia. Una presunción que se olvida
cuando el jueves expulsó a los diputados de la bancada popular en la
Asamblea.
(www.elpais.com,
11/10/09)
3. CASO GÜRTEL. AGUIRRE REHÚYE SU RESPONSABILIDAD
Esperanza Aguirre recurrió a la misma estrategia
que ha utilizado desde que en febrero de este año estallara la trama
Gürtel. Como funciona, la presidenta de la región con más altos
cargos imputados en el escándalo vinculado al PP, volvió a alardear,
esta vez en la Asamblea, de ser la campeona contra la corrupción.
Defendió que lo importante no es que haya "corruptos o incluso
delincuentes", sino que "la diferencia está en lo que se hace cuando
se ponen de manifiesto".
La trama salpica a Madrid con 13 altos cargos del
PP imputados, entre ellos un ex viceconsejero, cuatro ex alcaldes y,
fundamentalmente, un ex consejero, Alberto López Viejo, que era la
mano derecha de la presidenta, el que se encargaba de organizar los
actos donde ella acudía.
Aguirre, también del PP regional, eludía así su
responsabilidad en que su Gobierno contratara tres millones a las
empresas de Francisco Correa, en su mayoría a fuerza de trocear los
contratos (en total 358) para que no superaran los 12.000 euros y
poder adjudicarlos a dedo, según el sumario del caso. Ella argumenta
que el cese del ex consejero es suficiente para eludir su
responsabilidad.
Esta vez los argumentos los utilizó en sede
parlamentaria, donde Aguirre defendió la legalidad de los "30.000
contratos" de sus gobiernos desde 2003. "Todos sujetos al control de
la comisión de vigilancia de las contrataciones", sentenció. Y
recibió un sonoro "Nooo" de la bancada de la izquierda. Hace meses
que IU y PSM se quejan de impedimentos para supervisar la gestión de
Aguirre, sobre todo con el Gürtel. Justo el día anterior, sus
diputados abandonaron dicha comisión porque Sanidad no da cuenta del
90% de los gastos sanitarios. "Digan cuáles les faltan, que los
pongo a su disposición", retó Aguirre.La primera en atacar el caso
Gürtel en la Asamblea fue la portavoz de IU, Inés Sabanés. Reprochó
a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que la crisis política
que sufre su gobierno le impida resolver la situación económica de
la región. "¿Cómo pretende usted explicar a los 430.000 parados su
tesis sobre la austeridad? ¿Con el espectáculo degradante de una red
corrupta, los excesos y el despilfarro?", espetó la portavoz de IU.
Aguirre ha creído encontrar un punto flaco en la
portavoz de IU y , por segunda vez, le reprochó una supuesta
cercanía con los socialistas porque le aplauden. Según Aguirre,
Sabanés le hace el "trabajo sucio" al PSM al preguntar por el caso
Gürtel. "Usted sigue hablando de Correa y del Bigotes", recriminó la
presidenta. "Haga su trabajo de oposición y deje que los jueces
hagan el suyo". Sabanés no tuvo ocasión de responder.
Pero fue la portavoz socialista, Maru Menéndez,
la que preguntó por los contratos con Correa. "La Comunidad de
Madrid jamás ha contratado a sabiendas con las empresas de ninguna
trama", le respondió la presidenta, entre los abucheos de la
oposición. "Si se demuestra que ha habido sobornos o cohechos, yo
seré la primera en hacer que caiga todo el peso de la ley", zanjó.
Esta vez la aplaudieron los suyos. "¿Es usted responsable de los
actos de su Gobierno?", espetó Menéndez. La portavoz socialista le
recordó a Aguirre que el Ejecutivo regional contrató en 371
ocasiones con las empresas de Correa [358, según cálculos de este
periódico] y detalló las cantidades gastadas por cada consejería.
"Ahora usted pretende aparecer como adalid de la transparencia y
contra la corrupción", increpó a la presidenta. "No, usted es la
responsable de todas esas contrataciones".
En su respuesta final, Aguirre vinculó la trama
Gürtel al caso Majadahonda: "¿Por qué se cree que los de Correa
dicen que van a machacar a Esperanza Aguirre?", planteó la
presidenta en referencia a las escuchas policiales del sumario. Y se
contestó a sí misma que es porque ella paralizó la operación de
venta de suelo que se conoció en 2005 como el caso Majadahonda,
donde se pretendía vender terrenos públicos por debajo de su precio
de mercado. "Eso es lo que distingue unas organizaciones de otras".
Pero el discurso de Aguirre no aguanta un asalto
de la hemeroteca. Ahora la presidenta alardea de que ha sido ella la
que ha cortado la trama en su Gobierno al destituir a los
responsables. En cambio, el pasado 9 de febrero, cuando los medios
le pedían explicaciones por el cese de López Viejo, afirmó:
"Desconozco las razones que tiene para dimitir". Y también: "Quiero
agradecer a Alberto López Viejo su generosidad al dimitir para que
los que están impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no
puedan relacionar la investigación con la actividad de la Comunidad
de Madrid".
Hasta llegó a insistir varias veces: "López Viejo
no ha realizado ningún acto ilegal ni irregular". También aseguró
ese día con contundencia que, desde que ella preside el partido en
Madrid (2004) "ni esta empresa ni ninguna de las otras ha organizado
actos del PP". Es cierto que ella estuvo detrás de las dimisiones de
los alcaldes de Boadilla, Arturo González Panero; de Pozuelo, Jesús
Sepúlveda; y de Arganda, Ginés López. Pero también que ha tardado
ocho meses en echar a los diputados imputados del grupo popular,
pese a que se lo ha reclamado insistentemente la oposición.
El sumario del caso ha revelado además que el
Gobierno regional sí contrató con las empresas de Correa, que lo
hicieron casi todas las consejerías y que López Viejo era "el
muñidor" de esos contratos. En el segundo mandato de Aguirre ya era
consejero, pero en el primero fue sólo un viceconsejero. La
investigación policial desveló que López Viejo, que manejaba la
agenda de la presidenta, obligaba a los consejeros a contratar con
las empresas de Correa bajo la amenaza de no llevar a Aguirre a los
actos. La presidenta elude una y otra vez que sea responsable, pero
si López Viejo amedrentó a sus superiores es porque todos sabían que
lo respaldaba la presidenta.
(www.elpais.com,
16/10/09)
4. CASO GÜRTEL. LOS IMPUTADOS DEL GÜRTEL PASAN A
SER DIPUTADOS NO ADSCRITOS
La situación de los diputados Alberto López
Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, todos ellos imputados
en el caso Gürtel de corrupción vinculada al PP por la supuesta
comisión de hasta cinco tipos de delitos, ha creado un enredo
jurídico en el Parlamento madrileño. la mesa de portavoces acordó
modificar el Reglamento de la Asamblea para crear la figura del
"diputado no adscrito", según la propuesta del grupo popular. Este
cambio en la norma impide a los tres expulsados del PP pasar a
formar parte del grupo mixto y favorecerse así de las ventajas
aparejadas a la pertenencia a un grupo parlamentario. Hasta ahí
todos los partidos -PP, PSOE e IU- están de acuerdo. El problema
surge por la inclusión de una cláusula en la norma que la convierte
en retroactiva y dicta que ésta entró en vigor , tras pasar por la
Mesa de la Asamblea, y antes de aprobarse realmente. Esta cláusula
no impide que, después la modificación, siga su curso de tramitación
natural. Su utilidad sería evitar que los diputados afectados no
puedan cambiar de opinión y pasar al grupo mixto. La oposición
considera esto una "aberración jurídica" y lo trasladarán a los
letrados de la Mesa.
Los diputados imputados renunciaron el pasado
viernes a cualquier privilegio por razón de su condición de
representantes públicos, aunque no a su sueldo, que se acerca a los
4.000 euros mensuales (50.000 euros brutos anuales). Esta
circunstancia reforzó la tesis de PSOE e IU de que "las prisas no
son necesarias, pues ellos mismos ya han dicho que no quieren ser
parte del grupo mixto".
Los grupos de la oposición han mostrado su
extrañeza ante el procedimiento, aunque insisten en dar su apoyo al
texto. Eso sí, con matices: "Llega seis años tarde, pues Esperanza
Aguirre ya pudo prevenir un contexto semejante cuando el tamayazo
(la deserción en 2003 de dos diputados socialistas que obligó a
repetir aquellas elecciones) y no lo hizo", expresa Maru Menéndez,
portavoz socialista en la Asamblea. También Izquierda Unida apoya la
idea, pero recalca sus incongruencias jurídicas y se pregunta qué
sucederá si alguien impugna la norma.
A pesar de que mañana se inicia el debate en la
Cámara, el portavoz popular, David Pérez, afirmó que "estos
parlamentarios ya no forman parte del grupo popular y tampoco de un
grupo mixto porque son diputados no adscritos a ningún grupo", una
sentencia que no compartió la portavoz socialista, quien expresó su
sorpresa al no saber qué son exactamente estos diputados en la
Cámara. "No sabemos si son del grupo popular, del grupo mixto o no
adscrito", indicó Menéndez tras la reunión de la Junta de
Portavoces, que no calificó la renuncia presentada el viernes por
los diputados. La aprobación definitiva del texto se demorará al
menos un mes tras pasar por todos los trámites reglamentarios,
incluidas las enmiendas de los grupos.
Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes
hasta febrero de este mismo año, es considerado el gran artífice de
la expansión de las empresas de la trama de Francisco Correa en
Madrid. Los otros dos diputados que conservarán su acta, Benjamín
Martín Vasco, antiguo adjunto a la portavocía popular y Alfonso
Bosch, están acusados de recibir cuantiosas sumas de la trama,
incluidos asientos contables de su caja B por valor de más de
100.000 euros.
El hecho de que conserven su escaño tiene que ver
con su estrategia de defensa, pues mientras permanezcan en el
Parlamento madrileño tendrán la condición de aforados. "Es una
estafa y una manera de pervertir el estatuto del aforado", clama
Menéndez, que recuerda que esa figura sirve "para que el diputado
pueda cumplir con su obligación de defensa de los ciudadanos sin
sentirse coaccionado, no para que unos señores acusados de delitos
muy graves puedan mantener privilegios en su defensa que les
diferencien del resto de las personas".
(www.elpais.com,
14/10/09)
5. CASO GÜRTEL.LA ASAMBLEA SE ENCIENDE CON LOS
TRES DIPUTADOS EXCLUIDOS DEL PP
La reforma del Reglamento de la Asamblea de
Madrid para incluir la figura del diputado no adscrito —y de esa
manera resolver el caso de los tres parlamentarios expulsados del
grupo popular la semana pasada por su implicación en el caso Gürtel
de corrupción vinculada al PP— comenzó anoche al filo de las diez
con una votación unánime para admitirla a trámite.
En ella no estuvieron ni los diputados imputados
en la trama Gürtel —expulsados del grupo a raíz de la
desclasificación y posterior difusión de parte del sumario— ni la
presidenta Esperanza Aguirre. Era un resultado esperado, pero la
sorpresa la dio la bancada de la izquierda (PSM e IU), por la
virulencia con la que salió a defender su voto a favor "por
responsabilidad" y para evitar que los diputados imputados se
beneficien aún más, económicamente, de haber sido expulsados del
grupo popular.
Sobre todo, la portavoz de IU, Inés Sabanés, y el
portavoz adjunto del PSM, José Manuel Franco, acusaron a los
populares de haber pactado esa expulsión para proteger a los
implicados y que mantengan su condición de aforados. "Tienen ustedes
un acuerdo de gestión de crisis en esta Asamblea", espetó Sabanés.
"Hacen expulsiones a la carta y fariseísmo político", recriminó
Franco. El diputado socialista tachó de "aberración jurídica" el
texto presentado por el PP y afirmó que coloca a la Mesa de la
Asamblea "al borde de la prevaricación".
Enfrente, como a lo largo de todo el pleno,
quedaron vacíos los nuevos escaños asignados a los imputados en la
trama. Ni el ex consejero Alberto López Viejo, ni el ex portavoz
adjunto del PP Benjamín Martín Vasco, ni el diputado Alfonso Bosch
acudieron al pleno, igual que tampoco lo hicieron la semana pasada,
cuando fueron expulsados. Y eso que la Cámara regional se dio prisa
en colocar las placas con sus nombres en la última fila de la
bancada de la derecha, la misma donde se coloca el grupo popular,
pero separados por algunos asientos. Lo permiten los 140 escaños que
tiene la Cámara, porque sólo los ocupan 120 diputados. Ahora que no
están adscritos a ningún grupo –la Mesa de la Asamblea los ha
asignado al mixto, mientras se tramita la reforma del reglamento–,
la única obligación de estos parlamentarios es asistir tres veces al
mes a los plenos, ya que no forman parte de ninguna comisión. Y,
aunque no ocupen sus escaños, seguirán cobrando su sueldo de 3.808
euros mensuales.
Sabanés defendió que no obtengan más privilegios.
"Mantienen el privilegio principal, que es el régimen especial de
aforamiento. Y éste es su acuerdo ¿o no?", lanzó la portavoz, que
recordó que esa figura se creó para "preservar la libertad en el
ámbito parlamentario". También pidió al PP que explique por qué
quiere que, ya que se reforma el reglamento, no se incluyan otras
modificaciones. "Expliquen por qué el debate lo quieren acotado,
blindado y a su servicio", reprochó.
Muy contundente fue también el socialista José
Manuel Franco, que recordó que el PP no tuvo responsabilidad cuando
en el verano de 2003 se produjo el tamayazo. Entonces se opuso a la
reforma que ahora defiende. "Ustedes fueron desleales, pero no
teman, que nosotros no vamos a serlo", avisó. Franco cuestionó la
propuesta de reforma del PP por ser una "aberración desde el punto
de vista jurídico", que conculca derechos fundamentales recogidos en
la Constitución. Y recordó que la retroactividad que el PP ha
querido dar a la ley aún no aprobada contraviene la Carta Magna,
porque ésta impide que se produzca para restringir derechos. "¿Cómo
es posible que se coloque a la Mesa al borde de la prevaricación?
Sólo hay una respuesta: la ambición desmedida de la presidenta",
zanjó.
El encargado de defender la reforma fue el
portavoz adjunto del PP, Juan Soler, que la consideró "pertinente".
A juzgar por su discurso, parecía que la propuesta de crear el
diputado no adscrito es una vieja reivindicación del PP. Lo que no
explicó es por qué no se ha impuesto antes, ya que el PP tiene la
mayoría en la Cámara desde 1995.
(www.elpais.com,
16/10/09)
6. CASO GÜRTEL. LA SOLEDAD DE 'EL MUÑIDOR'
Está cabreado. Cree que no le han protegido lo
suficiente, que le han dejado solo, cuentan los que han hablado con
él. A los plenos ha seguido yendo con resignación. Cuando se sienta
en su butaca, lejos del mullido escaño de consejero en el que un día
pudo reclinarse, se distrae ahora como puede con el móvil y no habla
con casi nadie. A veces comenta algo con su vecino, el ex consejero
de Interior Alfredo Prada. Pero desde que Esperanza Aguirre le
destituyó de su cargo al frente de Deportes, nadie quiere aparecer
en una sola foto con él. Muchos, y especialmente todos los
consejeros, están que se suben por las paredes con Alberto López
Viejo, hoy ya ex compañero de partido e imputado en el caso Gürtel
por el presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicar contratos
a la trama corrupta. Está acusado de cohecho, tráfico de
influencias, fraude fiscal, asociación ilícita y falsedad
documental.
El 9 de febrero, Esperanza Aguirre le dejó caer.
Pero sólo un poco. El caso Gürtel explotaba en las narices de su
consejero de Deportes y hombre de confianza. Y pese a que ella
siempre le había defendido, tenía que soltar lastre. Tuvo que
destituirlo, pero conservó su escaño junto a los suyos en el Grupo
Popular. Desde entonces nada de guiños o de bromas con Aguirre.
Atrás quedó la confianza.
Ocho meses después, el juez del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha levantado
parcialmente el secreto de sumario y le ha vuelto a dejar al
descubierto. "Alberto López Viejo es el muñidor de toda la
operativa" dice Pablo Crespo, el lugarteniente de la trama en una de
las grabaciones que contienen los primeros 17.000 folios del
documento. "Cobraba comisiones", le cuenta al juez Felisa Isabel
Jordán, contable de varias empresas de la red corrupta. Aguirre le
pidió a él y a los otros dos diputados imputados (Alfonso Bosch y
Benjamín Martín Vasco) que dejaran su escaño. Ninguno de los tres lo
hará. Pero abandonarán el Grupo Popular en la Asamblea. Algunos
dicen que López Viejo ha avisado de que ese tránsito hacia el
repudio puede arrastrar a otros.
Estaba tranquilo. Pero rehusó hacer declaraciones
y se ciñó al escrito firmado junto a los otros dos diputados
expulsados en el que renuncia a formar parte de un grupo mixto en la
Asamblea y del que se desprende que seguirán siendo diputados.
"Seguiré acudiendo como un diputado más en cumplimiento de mis
obligaciones", señaló. Éstas incluyen, básicamente, acudir los
jueves al pleno y votar. Por ello percibirá 3.808 euros mensuales,
un ordenador portátil, un móvil y descuentos en el transporte. Y eso
que ha renunciado a los privilegios que le da estar en el grupo
mixto. Podría duplicar su sueldo. Mientras tanto, dedicará el resto
de tiempo a preparar su defensa. En silencio pero mascullando la
humillación.
Lo suyo siempre fue el estruendo. Que sonara su
nombre, que se hablara de él, y si era bien, mejor. En el
Ayuntamiento de Madrid (1999-2003) entró a ritmo de rock, el de la
banda que utilizó para presentar los nuevos vehículos del Selur, el
cuerpo de limpieza que se hizo a medida de lo que creía que merecía
la concejalía que dirigía. Y a la Comunidad, llegó en 2003 cuando
sonaban los compases de la música de mitin de la campaña electoral
de Esperanza Aguirre, de la que fue principal escenógrafo.
Controlaba cada detalle de los actos públicos de Aguirre. Durante la
última campaña electoral, en 2007, era habitual verle comprobando el
sonido o las luces del escenario durante los mítines.
Lo de Alberto López-Viejo, imputado en el caso
Gürtel y principal contacto de la trama en la Comunidad, recuerda
una compañera del partido, "fue siempre el pinganillo, estar en los
saraos y colocar a la gente de las primeras filas". Por eso, el ex
consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, principal enlace de
la trama corrupta en el Gobierno regional, entró en contacto con
Francisco Correa.
Miembro del clan de Becerril, un grupo de
cachorros del PP en la época de Aznar que ocupó cargos en el
partido, amigo de Alejandro Agag y de los asiduos a la discoteca
Gabana, consiguió hacerse un nombre en el partido y organizar los
actos del PP nacional. Aterrizó en el Ayuntamiento de la capital de
la mano de José María Álvarez del Manzano y fue un polémico concejal
de limpieza (señalado por el interventor por irregularidades en las
contrataciones, adjudicaciones a dedo y superposición de contratos).
Cuando Alberto Ruiz-Gallardón llegó a la capital, lo apartó de
inmediato.
Aguirre lo acogió en sus brazos. Lo puso a prueba
primero y confió en él luego. Así, se convirtió en el niño mimado de
la presidenta regional durante los años que estuvo en la Asamblea.
Su nombramiento como consejero de Deportes se encontró con la
oposición del todopoderoso Ignacio González. El vicepresidente
regional ya consiguió frenar su fulgurante ascensión en 2003, pero
cuatro años más tarde la presidenta no pudo negarle a su hombre de
confianza el cargo que le había prometido.
López Viejo recibió sobornos por valor de 536.000
euros de la trama, según el sumario. Mientras Aguirre se negaba a
creer todas las acusaciones que le llegaban sobre el hombre que
controlaba su agenda, en la caja B de la red corrupta había una
carpeta con su nombre donde se apuntaban cuidadosamente todos los
pagos que recibía a cambio de contratos públicos. No sólo dinero.
También recibió favores. Las empresas de la trama le organizaron el
cumpleaños de su hija, según revela el sumario.
En 2005 la revista Interviú publicó un reportaje
sobre la trama. Y ella le llamó a su despacho.
-No quiero un solo contrato más con Special
Events.
-Te lo juro, presidenta. Ni uno más. No tienes
que preocuparte.
Así, más o menos, fue la conversación que
tuvieron Aguirre y su hasta entonces protegido, según asistentes y
la propia presidenta. Ella le creyó. Y él, en cierto modo, no
mintió. Sólo que se dedicó a contratar a empresas tapaderas de la
misma red, pero con otro nombre. Ahí aparecen en la contabilidad
regional apuntes a favor de sociedades como Easy Concept,
Servimadrid Integral o Diseño Asimétrico, todas pertenecientes al
entorno de Correa. Hasta 358 veces entre 2004 y 2008. Muchas veces
llegando a trocear los contratos para que no excediesen los 12.000
euros y poder eludir el concurso público.
"Era un tipo encantador, siempre cordial, de muy
buen humor, no ponía pegas a nada", recuerda una colaboradora de la
presidenta. Durante esa época acudía puntualmente a las reuniones de
agenda de los lunes, al selecto grupo de maitines (sólo estaban
invitados el vicepresidente, el portavoz del grupo, la presidenta de
la Asamblea y la jefa de comunicación) que servían para planificar
la semana con Esperanza Aguirre. Era, en suma, un tipo de confianza
al que le gustaba "el buen rollo" y que hablaba con todo el mundo.
Un conseguidor. El hombre que quería organizarlo todo. Hoy ya no.
Está solo. Quizá hable con su amigo, antiguo compañero de
escenografías electorales y también imputado por el caso Gürtel,
Alfonso Bosch. Poco más. Está solo y se siente abandonado. Le han
echado, no le quieren...
(www.elpais.com,
11/10/09)
7. CASO GÜRTEL. SIETE CONSTRUCTORAS FAVORECIDAS
POR EL PP EN MADRID PAGARON 10 MILLONES EN SOBORNOS
Diez millones de euros en comisiones ilegales
pagadas durante los últimos años por siete constructores y
contratistas a cambio de adjudicaciones de importantes negocios
inmobiliarios o de prestación de servicios en municipios de Madrid
donde gobierna el PP. Un negocio perfecto; el más lucrativo de los
que, según lo conocido hasta ahora, hizo la trama de corrupción de
Francisco Correa.
Con la ayuda de alcaldes y altos cargos del PP,
fundamentalmente en la Comunidad de Madrid -y mayoritariamente de la
confianza de la dirección del partido a cuyo frente está Esperanza
Aguirre-, Correa y los suyos se embolsaron cerca de 10 millones de
euros en muy pocos años: la trama recibía el dinero -a cambio de
intermediar- y lo repartía después con los políticos del PP
implicados en las adjudicaciones.
Así se desprende del informe policial elaborado
por la Unidad Central de Delincuencia Económica sobre "vinculaciones
de la organización con empresas adjudicatarias de proyectos o
servicios públicos", que el Tribunal Superior de Madrid sigue
investigando: ha imputado a la mayoría de los empresarios aludidos.
La investigación policial está basada en tres
elementos: documentos incautados en las Administraciones sospechosas
de adjudicaciones irregulares; conversaciones grabadas a los
miembros de la trama (en algunos casos, con los empresarios
beneficiados por las concesiones), y la contabilidad de la red
Gürtel.
Las empresas salpicadas por el supuesto pago de
comisiones ilegales a la trama de corrupción son FCC/Aqualia,
Sufisa, Persontrade, Constructora Hispánica, Martinsa, UFC y
Teconsa.
- Gonzalo Naranjo (Sufisa). "Ha tenido entre 2001
y 2007, y aún hoy sigue teniendo, una estrecha vinculación con el
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Majadahonda y Alcalá de Henares
[todos en Madrid y gobernados ahora por el PP], así como con
municipios de otras autonomías como Castilla y León. En compañía de
la sociedad Aqualia (FCC) puso en servicio en 2002 la estación de
bombeo y estación depuradora de aguas residuales de Boadilla del
Monte (la obra costó 12 millones de euros), cuyo cliente principal
es el Canal de Isabel II (que dirige el Gobierno de la Comunidad de
Madrid)".
En los libros de contabilidad de la red Gürtel,
la policía halló unas entregas de 157.800 euros efectuadas
supuestamente por Gonzalo Naranjo, empresario "vinculado a la
administración de Sufisa". La policía sostiene que entre los
beneficiarios de esa comisión ilegal, además del propio Correa,
estaba Tomás Martín, un dirigente local del PP.
- Enrique Carrasco (FCC). Esta empresa logró en
2001 la gestión de la limpieza, mantenimiento, conservación y
reparación del arbolado urbano de Boadilla por ocho años, con
posibilidad de dos prórrogas de tres años. El 8 de enero de 2002,
según la documentación incautada, Enrique Carrasco, trabajador de
FCC, pagó 105.000 euros en comisiones que se repartieron Correa,
Álvaro Pérez y los dirigentes del PP Gerardo Galeote (GG) y Luis
Bárcenas (LB).
- Plácido Vázquez (asesorías e inmobiliarias). El
nombre de este empresario vinculado a cuatro empresas (Persontrade y
Backtrade, de asesoría; Teninsa, de adquisición, venta y alquiler de
inmuebles; y Degremont, de tratamiento de agua y residuos) figura en
los apuntes de cobro de comisiones ilegales que hizo el contable de
Correa. La policía cree que Plácido Vázquez actuó de intermediario
en la adjudicación durante 2002 a la Unión Temporal de Empresas
formada por SUFI y FCC para la gestión de las basuras por 12 años
-"de gran envergadura de medios y costes de adjudicación", según los
investigadores-. Entre enero de 2002 y julio de ese año, Vázquez
habría entregado 1,7 millones de euros a la red delictiva para que
Correa repartiera el dinero entre dirigentes del PP como José
Galeote (ex concejal en Boadilla del Monte) o Luis Bárcenas, según
los documentos incautados a la banda de Correa.
- Constructora Hispánica. El recuento realizado
por los policías que han investigado el caso Gürtel apunta seis
pagos que suman 4.192.000 euros de Constructora Hispánica a la trama
corrupta entre el 19 de febrero de 2002 y el 12 de marzo de 2004.
Sería, según el informe policial, la constructora que más ha
enriquecido a la trama corrupta con mucha diferencia respecto al
resto. La policía señala que Alfonso García Pozuelo, presidente de
Constructora Hispánica, aparece en los apuntes de la contabilidad b
(en dinero negro) de las empresas de Francisco Correa.
En el reparto de esos más de cuatro millones de
euros, según la documentación, uno de los principales beneficiarios
es Luis Bárcenas (ex tesorero nacional del PP y senador por
Cantabria), que tiene apuntes en las cuentas de Correa por casi un
millón de euros. La policía cita, entre los contratos logrados por
Constructora Hispánica, diversas obras del aeropuerto de Barajas y
del Tren de Alta Velocidad adjudicadas por organismos dependientes
del Ministerio de Fomento; obras municipales en Pozuelo de Alarcón
(cuyo ex alcalde Jesús Sepúlveda también está imputado en el caso
Gürtel); modernización de regadíos de la comunidad de usuarios del
Alto Vinalopó (Alicante); adjudicación de instalaciones deportivas
en Majadahonda y construcción de la ciudad del deporte en Boadilla
del Monte (el ex alcalde Arturo González Panero está igualmente
imputado).
- Teconsa. Empresa de origen leonés implicada en
el caso por el pago de al menos 72.000 euros a Correa en relación
con la adjudicación de una obra por parte de la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y León a Teconsa por 2.847.959
euros. Aunque la oferta de Teconsa empató a puntos en el concurso
con FCC, la consejería le adjudicó la obra a la primera porque su
precio era mejor. En la ejecución se produjo una modificación que
elevó los costes de la autovía en 284.000 euros.
La policía concluye que el ex consejero de
Fomento José Luis Fernández Santiago, hoy presidente de las Cortes
de Castilla y León, podría estar implicado en esta adjudicación
irregular e incluso baraja que las iniciales TO, aparecidas en el
reparto de los 72.000 euros de comisiones que hizo Correa,
correspondan a Toti, apodo con el que se conoce a Fernández
Santiago. Desde el fax de la Consejería de Fomento de la Junta de
Castilla y León se envió a la sede central de la trama corrupta el
escrito de adjudicación de la obra a Teconsa.
El informe policial detalla que el Gobierno
castellano-leonés ha adjudicado a Teconsa 23 obras entre 2000 y
2009; algunas por concurso, otras por subasta, otras por
procedimiento negociado sin publicidad y otras en contratos menores.
- UFC. La constructora de José Luis Ulibarri
logró la adjudicación de una promoción de chalés de lujo sobre suelo
municipal en Boadilla del Monte. Ganó el concurso pese a que ofrecía
tres millones de euros menos que la mejor oferta, con la excusa de
que finalizaría la construcción de los chalés tres meses antes
(cláusula que nunca cumplió). Correa se ufana en conversaciones con
sus colaboradores de que esos tres millones de euros que se ahorró
Ulibarri los pagó en comisiones ilegales. Y que Correa repartió el
dinero en una reunión que grabó en vídeo y donde estaban tanto el
entonces alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP), como
alguno de sus altos cargos que favoreció esa adjudicación.
- Martinsa. La adjudicación de una parcela para
levantar cientos de viviendas en Arganda del Rey a favor de Martinsa
es la operación urbanística que menos documentada está en los libros
de la red corrupta, aunque fue denunciada en su día por la oposición
socialista en ese ayuntamiento. Tanto el ex responsable de la
empresa municipal que se encargaba de la gestión del suelo de
Arganda, el diputado autonómico Benjamín Martín Vasco, como el ex
alcalde de la localidad Ginés López han sido imputados. Las
conversaciones entre los miembros de la trama apuntan a comisiones
millonarias (más de un millón para el clan Correa y al menos un
millón para los dirigentes municipales que supuestamente hicieron
posible la adjudicación) pagadas por Martinsa para hacerse con el
suelo.
(www.elpais.com,
12/10/09)
8. CASO GÜRTEL. MAJADAHONDA, EL CASO QUE EL PP
EVITÓ INVESTIGAR EN 2005
Pocos podían pensar en la cúpula del PP madrileño
que el caso Majadahonda, que les trajo de cabeza en 2005, les iba a
estallar en forma de caso Gürtel cuatro años después. La venta de
dos parcelas municipales desató una tormenta de tal calibre que el
asunto acabó en Anticorrupción, que lo archivó. El PP de Majadahonda
se rompió en dos. Por un lado, el alcalde Guillermo Ortega (imputado
en la trama) parapetado en dos concejales: José Luis Peñas
(denunciante de la trama de Correa) y Juan José Moreno. A su lado
estaba también Carmen Rodríguez Quijano, mujer de Correa, a la que
había contratado en 2001 como jefa de gabinete cuando todavía era
administradora de Special Events, una de las empresas de la trama
Gürtel que consiguió varios contratos en Majadahonda.
Por el otro lado estaba el resto del PP, con 12
concejales, liderado por Narciso de Foxá, actual alcalde y entonces
concejal de Urbanismo.
En 2004 el Ayuntamiento decidió vender dos
parcelas. Los ediles populares votaron a favor. Pero en 2005 la
mayor parte de los concejales se echaron atrás. Consideraban que
Ortega estaba favoreciendo a una de las constructoras. Al lado de
Ortega sólo permanecieron Peñas, Moreno y la mujer de Correa.
Denunciaron acoso por parte de Esperanza Aguirre y de Ricardo Romero
de Tejada, ex secretario general del PP madrileño. Aguirre zanjó la
crisis en febrero de 2005. Se decantó por situar a De Foxá de
alcalde y expulsó a Peñas y Moreno. Ortega salió mejor parado:
dimitió como alcalde, pero Aguirre no investigó su gestión y le puso
al frente del Mercado Puerta de Toledo. Peñas nunca perdonó el
agravio comparativo.
(www.elpais.com,
16/10/09)
9. CASO GÜRTEL. ORTEGA COLOCÓ A LA MUJER DE
CORREA EN SU AYUNTAMIENTO
Majadahonda es otro de los pueblos angulares en
la expansión de Francisco Correa por los municipios del noroeste de
Madrid. Allí, incluso, tenía a su mujer, María del Carmen Rodríguez,
como jefa de gabinete del ex alcalde Guillermo Ortega. En
Majadahonda los contratos fraccionados a las empresas de Correa eran
constantes y por asuntos tan dudosos como la fabricación de
felicitaciones navideñas en octubre. Entre 2003 y 2005 los trabajos
encargados a Easy Concept y Special Events fueron continuos.
Pero el gran contrato de la trama en Majadahonda
fue la concesión de la Oficina de Atención al Ciudadano, que suponía
a las empresas de Correa unos ingresos de 800.000 euros anuales.
Ortega figuraba en la contabilidad B que
manejaban los empleados de Francisco Correa. Recibía pagos
frecuentes que oscilaban entre los 30.000 euros y los 189.850.
Además, en esa misma contabilidad paralela figuraban facturas de
gastos generados por Ortega.
Otro de los imputados es el ex concejal en este
municipio José Luis Peñas, que fue quien denunció buena parte de los
tratos de favor a Correa en Majadahonda. Peñas aseguró que se compró
un coche de la marca Mini Cooper para Guillermo Ortega en noviembre
de 2002.
(www.elpais.com,
10/10/09)
10. CASO GÜRTEL. BOADILLA DEL MONTE, EN EL
EPICENTRO DE LA TRAMA
"¿No ves que tengo a Arturo pillado con ese
vídeo?". El papel que Francisco Correa desempeñaba en Boadilla
(42.000 habitantes) se resume con esta frase lanzada por el capo del
Gürtel a Felisa Jordán, una de las contables de la trama y actual
imputada. Jordán revela en el juzgado cómo Correa extorsionaba al ex
alcalde de Boadilla Arturo González Panero. Ante las reticencias de
la contable, Correa le espeta: "No seas tonta, ¿no ves que le tengo
comiendo de mi mano?". El jefe de la trama corrupta le cuenta que
tiene un vídeo sobre el Albondiguilla (sobrenombre que daba a
González Panero) en el que, supuestamente, se le observa contando
una gran cantidad de dinero. Es la comisión que Correa le entregó en
2005 por adjudicar una parcela a la constructora UFC a pesar de que
su oferta era tres millones de euros inferior a las rivales.
La empresa pertenece a otro de los imputados de
la trama, José Luis Ulibarri. Aquel contrato llegó en octubre de
2005. Pero las actividades del Gürtel en Boadilla comienzan años
antes, cuando el único negocio de la red era la organización de
viajes a través de Pasadena. En 1999 el Ayuntamiento contrata por
primera vez a esta empresa. Es una de las sociedades que organiza
los actos al PP nacional y llega recomendada.
Correa tejió su red hasta convertir este próspero
municipio del oeste de la región en el epicentro de la trama, el
mejor negocio de la red. Sólo un contrato de UFC, por 35 millones de
euros, supera 11 veces la cantidad que el conglomerado de las
empresas del Gürtel facturaron a la Comunidad de Madrid entre 2004 y
2008.
El Ayuntamiento de Boadilla era refugio y
plataforma de operaciones de varios de los imputados de la trama
corrupta. Accedían sin problemas a los despachos del Ayuntamiento de
Boadilla. Alfonso Bosch, diputado regional, era el gerente de la
Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Boadilla (EMSV), y desde
allí intermedió para adjudicar contratos a empresas vinculadas con
la trama. Tomás Martín Morales, estrecho colaborador y amigo de
Correa, era el consejero delegado de esta sociedad pública que
controlaba el urbanismo en la localidad (EMSV). Desde su posición
intervino para favorecer a sociedades que proponía Correa. Martín
Morales colocó a su mujer en el Ayuntamiento de Boadilla sin avisar
a los responsables de la red.
Las actividades de la trama en Boadilla comienzan
en 1999. González Panero contrata varios viajes con Pasadena Viajes,
una de las firmas de la red corrupta. El alcalde viaja en 2002 a
Miami acompañado de Francisco Correa y Gerardo Galeote, otro de los
imputados que ocupaba un cargo en la empresa de deporte municipal.
En esos años, el Ayuntamiento también encarga la organización de
varios actos a Servimadrid Integral.
Los personajes relacionados con la trama en
Boadilla gozaban de un elevado nivel de vida. Todos han cobrado de
la trama corrupta, según se desprende del extracto del sumario hecho
público esta semana. Tienen cuentas personales en la caja B de las
empresas de la trama. Lucen potentes coches, lujosas casas,
frecuentes viajes y mucho dinero.
Miembros de la investigación hallan un pendrive
que contiene la contabilidad del dinero negro de la red. En el
archivo BOX V51, una de las cajas de seguridad aparece una entrada
de 900.000 euros y varios apuntes de retirada de efectivo en mayo de
2007 con el epígrafe: "Entrega Tomás Martín en oficina". Las tres
partidas son de 150.000, 200.000 y 300.000 euros (660.000).
Contienen en las observaciones las referencias "Santo Albondiguilla"
y "Albondiguilla América".
La ambición crece y el negocio despega. La
historia del caso Gürtel en Boadilla se concentra en cuatro grandes
operaciones: la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano
a Easy Concept a principio de 2005 por 506.000 euros anuales durante
14 años; la concesión en septiembre de 2005 de 32 locales
comerciales y 180 plazas de aparcamiento a una empresa de Ramón
Blanco Balín, asesor financiero y testaferro de Correa, por un canon
anual de 320.000 euros; y también se atribuye al caso la
adjudicación de una parcela a UFC en octubre de 2005 por 27 millones
de euros, y la concesión de la obra de la Ciudad Deportiva de
Boadilla a la Constructora Hispánica en mayo de 2007 por unos 30
millones. Tomás Martín recibió días después 660.000 euros de la red
corrupta.
La trama hizo jugosos negocios logrando para las
constructoras algunos contratos municipales a cambio de comisiones.
González Panero, según la investigación judicial, recibió parte del
pastel. Fue agasajado con dádivas y dinero. Recibió 135.409 euros de
la caja B, según el sumario, más otros 510.000 atribuidos con Tomás
Martín.
Pero no sólo hubo sobres repletos de billetes.
Los cabecillas del Gürtel también se ocuparon del armario del ex
alcalde. Le regalaron trajes de Milano. En la contabilidad B aparece
que también recibió una televisión de plasma. Jordán contó que le
consiguieron una rebaja en sus clases de golf. Todo estaba
controlado. Boadilla era el trampolín de Correa que engordaba el
negocio gracias a su amistad con Alberto López Viejo, el ex
consejero que organizaba todos los actos a la presidenta regional,
Esperanza Aguirre. A la Comunidad le facturó tres millones de euros.
Y también contrató para el partido por una cantidad aún desconocida.
López Viejo y González Panero eran grandes amigos.
En febrero cuando estalló el caso Gürtel, el PP
nacional forzó la suspensión de militancia del ex alcalde. Se hizo
el remolón para dimitir de la alcaldía y se lo hizo para abandonar
el poder que tanto le ha dado. Ahora el ex edil se resiste a
abandonar la política. El pasado martes se hizo pública parte de la
investigación judicial y la dirección regional del PP, que preside
Aguirre, no tardó en actuar. Ordenó expulsar a los imputados de los
grupos del PP en las diferentes administraciones. Pero Panero ha
esquivado la orden.
(www.elpais.com,
10/10/09)
11. CASO GÜRTEL.EL EX ALCALDE DE BOADILLA,
EXPULSADO DEL PP MUNICIPAL
El anterior alcalde de Boadilla del Monte
(Madrid), Arturo González Panero, fue expulsado del Grupo Popular en
ese Ayuntamiento tras una reunión de la ejecutiva local del PP. El
ex alcalde, apodado el Albondiguilla por los cabecillas de la trama
Gürtel, seguirá en el consistorio ya que el acta de edil es personal
y no piensa cederla. Además, asegura, aún no le han notificado
oficialmente su baja en el grupo. "Es una maniobra desafortunada e
injusta", manifestó en un comunicado en el que criticó "el trato
preferencial que detentan ciertos miembros del partido en contra de
otros" (en alusión a Luis Bárcenas, ex tesorero y aún senador del
PP).
González Panero asegura no entender el trato que
está recibiendo de la cúpula del PP. Se siente un cabeza de turco.
Asegura que fue Bárcenas el que le pidió que contratara con las
empresas de la red corrupta. Por eso reclamó a la dirección nacional
del PP que "revele las verdaderas causas de esta inexplicable
expulsión, máxime cuando existen otros imputados". También cargó
contra el grupo municipal que hasta hace unas semanas le había
cobijado. "Todo el grupo y en especial Juan Siguero (actual alcalde)
conocen de primera mano la escrupulosa legalidad de todas las
adjudicaciones", señaló.
El pasado viernes el actual alcalde, Juan Siguero,
le dio un ultimátum para que abandonara el Grupo Popular. Transmitía
las órdenes de la presidenta regional del partido, Esperanza
Aguirre. , tras vencer el plazo establecido, Siguero reunió a los 15
concejales populares del consistorio para escenificar la expulsión.
El motivo oficial: "Haber hecho caso omiso a las indicaciones de la
presidenta regional del PP".
Esperanza Aguirre ordenó el pasado jueves que los
cargos madrileños imputados en el caso Gürtel fueran expulsados de
los grupos del PP en las diferentes Administraciones. Dio la orden
de limpiar el partido tras conocer la primera parte del sumario
judicial que se hizo público la semana pasada. En el sumario, el
nombre del ex alcalde aparece numerosas veces. El juez le imputa los
delitos de cohecho, fraude fiscal, blanqueo de capitales, asociación
ilícita, falsedad y tráfico de influencias.
González Panero rechazó todas las acusaciones.
"Estoy a disposición del PP a fin de que se abra una investigación
que esclarezca cuantos extremos relativos al caso queden por
aclarar", concluyó.
(www.elpais.com,
14/10/09)
12. CASO GÜRTEL. EL GAFITAS MEDIÓ EN CONTRATOS
URBANÍSTICOS
No hubo que insistirle mucho. Ginés López, ex
alcalde de Arganda del Rey, dejó el cargo y pidió la suspensión del
PP en marzo, pocas horas después de conocer su imputación por
recibir sobornos de la trama corrupta. El sumario recoge facturas
por billetes de avión a su nombre, estancias en hoteles, alquiler de
coches... Supuestamente, recibió 523.439 euros en sobres con
efectivo entre 2004 y 2008.
Ginés López, madrileño de 44 años, intermedió
para conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos municipales
a Martinsa. La constructora pagó comisiones a Correa por esos
favores, según el sumario. La empresa lo niega.
El Gafitas, como le bautizaron en la red Gürtel,
colaboró estrechamente con el también imputado Benjamín Martín
Vasco, diputado y antiguo responsable de la Sociedad de Fomento del
Ayuntamiento de Arganda del Rey. Supuestamente favorecieron
contratos públicos a Easy Concept, una de las empresas de la trama,
entre 2005 y 2007. Así lo contó al juez Isabel Jordán, imputada y
antigua directiva de la red de Correa. Entre ellos, la cabalgata de
Reyes. A Martín Vasco, según la contabilidad B de la trama, le
pagaron la boda y el viaje de novios a la Polinesia. El ex alcalde
acabó echándolo en diciembre de 2006. Nunca aclaró los motivos.
(www.elpais.com,
10/10/09)
13. CASO GÜRTEL.EL EX REGIDOR DE POZUELO SE VA
PERO SIGUE CON RAJOY
El ex alcalde de Pozuelo de Alarcón (81.00
vecinos) Jesús Sepúlveda, uno de los tres ex regidores madrileños
imputados en el caso Gürtel de corrupción vinculada al PP dejó por
la mañana su acta de concejal en el Ayuntamiento. Sepúlveda lo
comunicó a sus ediles, tras mantener una conversación el día
anterior con la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que
le pidió que abandonase su puesto como concejal.
El juez que ha instruido el caso, Baltasar
Garzón, le acusa de recibir comisiona que suman 423.000 euros de la
trama corrupta, además de regalos: un todoterreno, un jaguar y una
pantalla de plasma. El pasado mes de marzo, Sepúlveda fue suspendido
cautelarmente de militancia tras ser imputado en el caso Gürtel y se
mantuvo como concejal en el grupo. Entonces aseguró que los hechos
que se le imputaban "nada tienen que ver con este Ayuntamiento",
aseguró. "Me voy por imputaciones falsas que se refieren a mi
anterior etapa política, en absoluto vinculada a Pozuelo y su
Ayuntamiento".
Después de quedarse como edil, habló con el
presidente nacional del partido, Mariano Rajoy, para poder
incorporarse a su puesto de asesor del PP, que tenía antes de ser
senador y alcalde. Rajoy le comunicó que sí podría incorporarse.
Jesús Sepúlveda ha hecho caso a la presidenta
regional de su partido y se ha marchado del Ayuntamiento de Pozuelo,
municipio en el que vive y en el que ha ganado dos veces las
elecciones. Pero está en nómina del PP, como asesor desde que Rajoy
lo recuperara. El ex alcalde, un hombre de la vieja guardia muy
cercano a José María Aznar, adujo que él era empleado del PP -antes
AP- desde 1982 y que pidió una excedencia cuando se presentó a las
elecciones.
El ya ex edil de Pozuelo tiene 54 años, es
madrileño y estuvo casado con la diputada nacional Ana Mato. Comenzó
su carrera en Castilla y León. José María Aznar era entonces
presidente de la Junta, y Mato estaba en su gabinete. Él fue gerente
de esa comunidad entre 1987 y 1991.
La pareja volvió a Madrid cuando Aznar fue
elegido presidente del partido. En esa época, durante una década,
organizaba los actos del PP, y conoció a Francisco Correa, el
responsable de la trama corrupta. Le encargaba trabajos.
Posteriormente, fue elegido senador por Murcia. En 2003, el líder
saliente le nombró candidato a la alcaldía de una de las ciudades
más importantes para el PP, un municipio con la renta per cápita más
alta de España. El sitio que él había elegido para vivir.
Cuando ganó las elecciones, se rodeó de asesores
y cargos de confianza. Quienes trabajaron con él le definían como
alguien amable, plano, gris y acostumbrado a glosar las bondades de
los vecinos de Pozuelo. Ningún mensaje de altura.
El ex edil es próximo al secretario de
organización, Juan Carlos Vera, y al tesorero del PP, Luis Bárcenas.
Sepúlveda, según datos del Ayuntamiento de
Pozuelo, vive en un adosado de una lujosa urbanización de la ciudad,
La Finca, donde suele jugar al pádel. Tiene de vecinos al futbolista
Raúl, al torero Fran Rivera y al motociclista Fonsi Nieto.
(www.elpais.com,
10/10/09)
14. CASO GÜRTEL."LE DI UN RANGE ROVER Y ME IBA A
PAGAR UNA OBRITA"
Eran viejos conocidos. Jesús Sepúlveda se
encargaba de organizar los actos del PP nacional y contrataba a la
empresa de Francisco Correa, Special Events. Fue en esa época cuando
el jefe de la trama le regaló un Range Rover "de 14 millones de
pesetas (82.000 euros)" al que Correa quería sacar partido. En una
de las conversaciones grabadas que obran en el sumario, el cabecilla
de la Gürtel cuenta cómo le recordó a Luis Bárcenas (ex tesorero del
PP) el regalo a su compañero de partido. Le dijo que aún le debía el
todoterreno y "que le iba a pagar una obrita que no ha pagado ni los
viajes de los dos últimos años".
Sepúlveda ganó las elecciones a la alcaldía de
Pozuelo de Alarcón en 2003. A partir de entonces, supuestamente,
comenzó a contratar a las empresas de la trama para eventos
municipales. El ex regidor aparece en la contabilidad B de la trama
con sobornos por 422.992 euros.
En marzo, cuando su nombre saltó en la
investigación judicial sobre la trama Gürtel, Sepúlveda renunció al
puesto de alcalde. Se marchó proclamando su inocencia y arremetió
contra "la arbitrariedad" del juez Baltasar Garzón, instructor del
caso. , el antiguo organizador de actos de partido abandonó
definitivamente el Ayuntamiento. Se despidió de los ediles
(www.elpais.com,
10/10/09)
15. ¿DÓNDE ESTÁ EL PISO QUE ME TOCÓ?
"Mil jóvenes madrileños más han visto hoy
solucionando el problema de acceso a la vivienda", aseguraba en
marzo de 2007 el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, Mariano Zabía, tras sortear la adjudicación en Tres
Cantos de mil pisos del Plan Joven.
Hasta una fiesta montamos en el pueblo cuando nos
enteramos de que nos había tocado", comentaban varios de los
adjudicatarios. Casi tres años después, la euforia se ha convertido
en indignación y desasosiego. El que más y el que menos había echado
sus cálculos de cuándo podría ocupar su nueva casa y ninguno pensaba
que ese momento podría demorarse más de cinco años, y que las
condiciones ofrecidas inicialmente iban a variar, en el tamaño, el
precio del alquiler y de compra a partir del séptimo año.
Alejandro Álvarez, de 30 años y empleado en una
empresa de limpieza, es uno de los que con más fuerza levanta la voz
contra todos los responsables de la Comunidad de Madrid y del
Ayuntamiento, gobernado entonces por la independiente María de la
Poza y ahora por el popular José Folgado, ex secretario de Estado de
Economía con José María Aznar.
"Me enteré de rebote. Ahora vivo con mis padres
en Colmenar Viejo, pero cumplía con los requisitos. Fue una gran
alegría", recuerda Álvarez. "Estoy cansado de esperar y sobre todo
harto de la falta de información. Nada de nada hasta hace unas
semanas. Lo único que nos decían es que si queríamos podíamos
renunciar".
La posibilidad de renunciar es algo que empiezan
a valorar los afectados. Cada vez es mayor el número de
adjudicatarios que decide hacerlo porque las cuentas no salen por
ningún lado. En otras promociones del Plan Joven, son cientos los
beneficiarios que ya lo han hecho -tanto los adjudicatarios como los
que figuraban en una lista de reserva-, por lo que la Consejería de
Vivienda de la Comunidad de Madrid ya ofrece las viviendas al resto
de personas que se presentaron a los sorteos.
Hasta 62 nuevos beneficiarios han sido
notificados públicamente el pasado 30 de septiembre, a través de la
Dirección General de Vivienda, para que decidan si aceptan o no
ocupar alguno de estos pisos ya entregados, que se encuentran vacíos
en Torrejón de Ardoz, Ensanche de Vallecas (Madrid), Arganda del
Rey, Villanueva de la Cañada, Meco y Robledillo de la Jara.
"Cuando nos den las casas tendré ya 33 o 34 años
y más de 40 cuando llegue el momento de ejercer la opción de compra.
Además, entre unas cosas y otras el alquiler se va ya hasta los 700
euros. Yo creo que por ese precio se puede encontrar hoy algo. No sé
qué hacer", argumenta Alejandro, envuelto en un mar de dudas. Otras
beneficiadas por el sorteo, como Rebeca de Mendoza, Clara Nuño o
Zaida del Valle, jóvenes tricantinas de 23 años, también exponen sus
quejas. "Mis padres me dicen que nos están tomando el pelo, que se
aprovechan de nosotros porque somos jóvenes", explica Clara. "En el
sorteo nos dijeron que serían pisos de 70 metros, que pagaríamos 441
euros de alquiler y que el precio máximo de venta estaría en 120.000
euros", comenta Rebeca de Mendoza, recién licenciada en Derecho y en
paro.
Como portavoz de la Asociación por las mil
viviendas de Tres Cantos, De Mendoza sostiene que "ni los metros ni
el precio final anunciados esta semana coinciden con los que
figuraban en las bases del sorteo. Los adjudicatarios se encuentran
ahora con que, en muchos casos, tendrán viviendas de unos 45 metros
habitables a precios que oscilarán entre 180.000 y 200.000 euros".
La reacción de Rebeca se produce tras recibir los mil beneficiarios
de los pisos una carta del concejal de Urbanismo, Obras y Servicios,
Jesús Moreno, donde les anuncia que las obras se iniciarían durante
este mes de octubre; que las viviendas tendrían una superficie de 57
metros útiles, al precio provisional de 142.488 euros y un alquiler
mensual en torno a 429 euros.
De momento, "las licencias para iniciar las obras
no se han otorgado. La concesionaria todavía no nos ha presentado el
proyecto de ejecución. Esperamos que lo haga en lo que queda de
semana", indicaba el pasado miércoles el edil de Urbanismo.
"Para rematar las obras de urbanización queda
pendiente la ejecución de los dos accesos y de la depuradora",
asegura Moreno. No obstante, para simultanear la urbanización con la
futura edificación, el concejal asegura que la constructora FCC ha
efectuado un reintegro en la caja de depósitos del Ayuntamiento para
garantizar que las obras pendientes se van a concluir.
Otra de las preocupaciones que embarga a los
potenciales propietarios de estas viviendas es la de la aplicación
del IVA, ya que en otras promociones del Plan Joven los alquileres
se ven gravados por este impuesto en una cuantía media de 60 euros.
Tampoco se incluyen en el alquiler los gastos de
la comunidad, el seguro del inmueble o el importe anual del impuesto
de bienes inmuebles (IBI), que también se está cursando a los
beneficiarios que ya residen en viviendas entregadas en otros
municipios.
Marta Sanchís, adjudicataria de un piso en la
vecina localidad de Colmenar Viejo pendiente de entregar, asegura
que "en otra promoción en la que viven desde junio empezaron a pagar
80 euros mensuales de gastos de comunidad, con conserje, vigilante y
señora de la limpieza, pero que ya han despedido al conserje y al
vigilante para ahorrar gastos".
En su estrategia de presión, la asociación ha
interpuesto varios recursos contra la aprobación definitiva del Plan
Especial presentado por FCC para la construcción de las mil
viviendas. El primero, de reposición, ante el Ayuntamiento, fue
desestimado, y un segundo, contencioso-administrativo, ha sido
admitido a trámite el pasado mes de julio por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid.
El plan especial objeto de las demandas fue
presentado por FCC para modificar las condiciones urbanísticas de
las parcelas donde deben construirse los pisos. En el plan general
se asignaba una edificabilidad de 62.775,86 metros cuadrados,
repartidos en dos parcelas, para levantar 765 viviendas protegidas
con una media de 82,06 metros cuadrados de superficie. Con el plan
especial, esas dos parcelas se convierten en cuatro para albergar
los mil pisos, ajustando la edificabilidad a los parámetros
contemplados para el Plan Joven, con una media edificable por piso
de 62,76 metros cuadrados.
El caso de los 1.000 pisos en alquiler con opción
a compra nació con problemas desde el principio. Fueron sorteados
precipitadamente, ya que ni siquiera en esa fecha (el 20 de marzo de
2007) se habían iniciado las obras de urbanización sobre el terreno
de 3,3 millones de metros cuadrados donde deberían levantarse. La
primera piedra de estas obras no fue puesta hasta cuatro meses
después.
Para los vecinos "fue una simple medida
electoralista", afirma la portavoz de la asociación. Desde la
Comunidad de Madrid no se refieren al hecho en estos términos, pero
dejan caer que así fue. "En muchos casos esos sorteos se celebraban
por la presión ejercida desde los propios ayuntamientos", comentan
fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
del Territorio de Madrid.
(www.elpais.com,
16/10/09)
16. AYUNTAMIENTO DE MADRID. AYUNTAMIENTO DE
MADRID. EL GOBIERNO CENTRAL IMPIDE AL AYUNTAMIENTO ENDEUDARSE MÁS
Hace un par de meses, viendo que los efectos de
la crisis económica dejaba famélicas las cuentas municipales, el
concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Juan Bravo, se
dirigió al Ministerio de Economía. Solicitaba luz verde para
engordar la deuda municipal en 280 millones. De esta forma, la
ciudad podría acudir a los bancos para acometer nuevos proyectos. La
respuesta fue contundente. Prohibido endeudarse más. En los últimos
días Madrid ha vuelto a la carga y ahora tantea al ministerio para
que flexibilice su postura.
Uno de los trucos contables que utiliza la
capital para escapar de esta prohibición es recurrir a las empresas
municipales. Madrid Espacios y Congresos, la sociedad que gestiona
los recintos feriales y las instalaciones deportivas, ha
multiplicado su deuda por tres desde 2006. El consejo de
administración acaba de aprobar un préstamo por más de 120 millones
y está previsto pedir otros 100 millones más el próximo año. En
total, 220 millones en menos de un año.
El caso de Madrid es especial. La administración
municipal anda constreñida por una deuda que asciende a 6.945
millones de euros. Y un déficit público (cuando los gastos superan a
los ingresos) que será millonario al cierre del año. La deuda se ha
convertido en un tumor para las arcas municipales; representa casi
la mitad de la deuda de todas las capitales de provincia juntas. Al
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, nunca le ha preocupado.
Siempre ha defendido que endeudarse está bien para transformar la
ciudad y lo ha comparado con las hipotecas que las familias pagan
poco a poco. Pero la crisis ha esquilmado los ingresos municipales,
casi un 30% menos que hace un año y la deuda cada vez es más pesada.
Siguiendo el símil de Gallardón, la familia está en paro y ha de
pagar la hipoteca de un piso de lujo.
Pero el Ayuntamiento tiene sus recursos. Madrid
Espacios y Congresos (MEYC) es la empresa pública que organiza
ferias y eventos. Pero también es la responsable de construir y
gestionar las nuevas instalaciones deportivas. Esta sociedad es la
encargada del proyecto del Centro Internacional de Convenciones de
Madrid, un edificio circular que se levantará entre las cuatro
torres de la Castellana. También construye el Centro Acuático en San
Blas (137 millones de euros) que estará listo en 2011, y acaba de
terminar la Caja Mágica, en Usera (160 millones).
El concejal socialista Óscar Iglesias considera
que el Ayuntamiento utiliza esta pública para financiarse. "Ha
multiplicado su deuda a pesar de que el ministerio lo prohíbe. Es un
truco contable", explica el edil socialista.Mireya Corredor,
coordinadora general de Hacienda del Consistorio, explica que la
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) está al
tanto de la actividad de la empresa pública y no encuentra ninguna
objeción. Madrid Espacios y Congresos cambió su objeto social hace
tres años para poder realizar actividades de promoción inmobiliaria.
"Construye instalaciones deportivas, pero también gestiona su
explotación", explica.
Iglesias insiste en que el Ayuntamiento de Madrid
"hace artificios contables", y descarga su deuda en la sociedad
pública: mientras el Gobierno central impide al Consistorio
endeudarse más, esta empresa, que escapa al control del Ejecutivo,
asumiría más obligaciones en nombre del Ayuntamiento. "Ha vendido
inmuebles a la empresa pública para que ésta la reforme y luego se
la alquila al propio Consistorio. Se ahorran las obras". Es el caso
del edificio de la Junta Municipal del Distrito de Centro, en Mayor,
72.
La polémica surge porque en 2005 Bruselas llamó
la atención a la Comunidad de Madrid por utilizar la sociedad
pública Mintra para financiar el Metrosur desde 2000. Este truco de
ingeniería contable fue ideado por el Ejecutivo regional cuando lo
gobernaba Gallardón. La Unión Europea le obligó a asumir la deuda de
Mintra al considerar que no es una empresa normal, sino una "entidad
de administración pública". Por eso, la vinculación entre MEYC con
el Ayuntamiento genera ciertas dudas. Que intentan disipar desde el
Consistorio.
"La empresa regional sólo tenía una actividad y
un único cliente que era la Comunidad de Madrid. Sin embargo,
Espacios y Congresos alquila inmuebles al Ayuntamiento, pero también
a muchas otras empresas, organiza ferias y eventos... Es una empresa
más", precisa Corredor.
Entre los edificios que la sociedad pública
alquila al Consistorio están, por ejemplo, el Palacio Municipal de
Congresos o el auditorio Juan Carlos I, o el Palacio de Cristal y el
Telefónica Arena en la Casa de Campo. El año pasado, el Ayuntamiento
realizó una aportación extraordinaria al capital de la empresa de 60
millones de euros. "La Intervención del Estado precisó que era una
transferencia y se contabilizó como tal", recuerda la encargada de
la Hacienda municipal, quien insiste: "Madrid Espacios y Congresos
no es una sociedad pantalla. Cumplimos con otra actividad que es la
gestión que nos permite mantenernos", zanja la responsable
municipal.
Espacios y Congresos ha multiplicado su deuda por
tres desde 2006, cuando modificó su objeto social. La deuda en 2006
era de 68 millones. Para este ejercicio está previsto que cierre en
180 millones, un 264% más que tres años antes. Además, en el último
consejo de administración, celebrado el 8 de septiembre, se acordó
pedir créditos adicionales por 120 millones. Y están previstos otros
100 para el año que viene. Lo que multiplicará la deuda por seis en
cuatro años. Una carga de la que se ha librado el Ayuntamiento al
dejar en manos de esta empresa la construcción de instalaciones. La
empresa alcanzará los 375 millones a final de 2010, según estimó el
consejo.
Mil millones para proveedores
El frenazo económico que vive la economía ha
convertido al Ayuntamiento de Madrid en un mal pagador. Al menos
durante unos meses. Desde el final del año pasado, los proveedores
del Consistorio vieron cómo el periodo de pago, de 90 días, se
prolongaba sin fecha de caducidad.
La caída de los ingresos, fundamentalmente los
que provienen de la construcción, provocó un desequilibrio en la
tesorería municipal hasta el pasado mes de mayo. Una de las medidas
económicas aprobadas de urgencia por el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero consiste en una ayuda para facilitar a las
administraciones locales el saneamiento de deudas pendientes de pago
con empresas y autónomos.
El Consistorio madrileño ha utilizado 1.005
millones de euros para hacer frente a los pagos inmediatos a las
pequeñas y medianas empresas (pymes). Es el Ayuntamiento de España
más beneficiado con esta medida. Madrid ha utilizado la mitad del
fondo, que asciende a 2.322 millones.
Para hacerse una idea de la magnitud de la cifra,
el siguiente municipio que más se ha beneficiado de esta medida
estatal es Alcorcón, que ha utilizado 44 millones de euros para
pagar a sus proveedores.
(www.elpais.com,
13/10/09)
17. AYUNTAMIENTO DE MADRID. EL TSJM RATIFICA QUE
LA AMPLIACIÓN DE LOS PARQUÍMETROS SE HIZO EN CONTRA DE LA LEY
La ampliación de los parquímetros más allá del
perímetro de la M-30 realizada por decreto del Ayuntamiento es
ilegal. Así lo ha ratificado una sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM), que rechaza el recurso presentado por la
abogada del Consistorio contra la demanda presentada por el PSOE. El
fallo es firme y no caben más recursos contra el mismo.
Los concejales socialistas Óscar Iglesias y
Manuel García-Hierro recurrieron la decisión de la Concejalía de
Seguridad de ampliar el servicio de estacionamiento regulado (SER)
fuera de los límites de la M-30. Los parquímetros llegaban a los
cascos antiguos de Hortaleza, Carabanchel y Fuencarral, pese a estar
fuera de la ronda de circunvalación. Además, se utilizó un sistema
inadecuado. La concejalía que dirige Pedro Calvo dictó un decreto el
16 de febrero de 2006 para ampliar la zona de cobro por
estacionamiento.
El TSJM ya sentenció a principios de este año
anulando la ampliación. La abogada del Ayuntamiento recurrió y basó
su alegación en que el SER tenía un ámbito de aplicación en "todo el
término municipal de Madrid" y en que los magistrados hicieron una
errónea interpretación de la ordenanza del estacionamiento limitado.
La Sala Segunda de lo Contencioso-administrativo
del Tribunal Superior ha desestimado las apreciaciones del
Ayuntamiento. En el fallo, del que ha sido ponente Sandra González
de Lara Mingo, se recoge que la ampliación del SER "tenía que haber
sido por el pleno del Ayuntamiento y revestir la forma de
ordenanza". "Como tenía las notas de una disposición general, el
órgano competente para su aprobación era el pleno", recoge el fallo.
El portavoz del grupo municipal socialista, David
Lucas, señaló que la sentencia del TSJM "viene a sumarse a toda una
serie de fallos judiciales que demuestran lo chapucero de la gestión
de Gallardón". El edil recordó entre otras la anulación de la tasa
de vados y el decreto que aumentaba las multas de tráfico. Una
portavoz de la Concejalía de Seguridad recordó que el Ayuntamiento
de Madrid acató la sentencia del TSJM y cambió la ampliación de la
zona SER mediante ordenanza. "Este fallo no afecta ni antes ni ahora
al sistema, que sigue estando vigente", concluyó la portavoz
municipal.
(www.elpais.com,
10/10/09)
18. AYUNTAMIENTO DE MADRID. EL JUEZ ANULA
PARCIALMENTE EL PRESUPUESTO DE 2005
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)
ha anulado parcialmente el "anexo relativo al proyecto de inversión
financiado con los ingresos procedentes del patrimonio municipal del
suelo para 2005", por "no estar permitidos legalmente todos los
gastos de inversión", según precisan los magistrados en la
sentencia.
Es decir, que el juez anula la decisión del
Ayuntamiento de Madrid de vender suelo para poder ejecutar, entre
otras infraestructuras, el anillo de la Ciudad Deportiva del Real
Madrid, la remodelación del intercambiador de plaza Elíptica y de la
plaza de conde de Casal, así como el de Príncipe Pío. Entre las
infraestructuras que se financiaron en los presupuestos de 2005 con
la venta de patrimonio municipal están las soluciones en la red
viaria general en actuaciones de la M-30 o el enterramiento de vías
entre Campamento y Empalme.
La sentencia, que fue dada a conocer , precisa
que se anulan "sólo los gastos expresamente enumerados" y condena a
la Administración municipal a "suprimirlos de la financiación con
cargo al patrimonio municipal de suelo". Es decir, que ha de
compensarse. El Ayuntamiento de Madrid ya anunciado que recurrirá la
decisión del TSJM.
El recurso fue puesto por la anterior portavoz
del PSOE en el Consistorio, la actual ministra de Sanidad, Trinidad
Jiménez. El portavoz socialista de Hacienda, Pablo García Rojo,
reprochó al equipo de Gobierno que no haya aprendido la lección, ya
que en 2002 el mismo tribunal tumbó unos presupuestos del ex alcalde
de Madrid, José María Álvarez del Manzano (PP), por el mismo motivo.
Rojo denunció que el Consistorio no se hizo responsable ya de la
sentencia de 2002.
(www.elmundo.es,
15/10/09)
19. AYUNTAMIENTO DE MADRID. GALLARDÓN REITERA QUE
NO HABRÁ TÚNEL EN EL EJE PRADO-RECOLETOS
Todo fue un malentendido. El alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz-Gallardón, no tiene la menor intención de hacer un
túnel que canalice bajo tierra el tráfico en el eje Prado-Recoletos.
Pero la Comunidad, concretamente su vicepresidente, Ignacio
González, entendió que sí y se felicitó por ello, estimando la
construcción de ese subterráneo "bastante necesaria". No habrá
túnel. En realidad, entre Cibeles y Atocha tampoco habrá obra hasta
que se resuelvan varios trámites burocráticos entre las dos
administraciones. Por lo menos, no habrá obra terminada hasta más
allá de mayo de 2011, fin de la actual legislatura.
El alcalde lo dejó claro tras presentar los
acuerdos de la junta de gobierno de la ciudad: "Lo que mandamos a la
Comunidad fue precisamente una alegación sobre las razones por las
que no vamos a hacer un túnel", explicó el regidor, que también
avisó de que la obra no estará finalizada antes de 2011. Una visión,
la del túnel, que difiere muchísimo de la de Ignacio González, que
ha insistido en que es "indispensable" que el proyecto de reforma
del Ayuntamiento y el de la Comunidad sean "compatibles" porque es
"mucho mejor" y "más seguro" que los vehículos circulen en
subterráneo y no en superficie.
Las desavenencias entre el Gobierno regional y el
municipal a cuenta de la viejísima aspiración consistorial -data de
más de 20 años atrás- de arreglar una de las zonas más emblemáticas
del centro han sido constantes. De hecho, ese retraso en los
trabajos que Gallardón ya da por perdidos hasta más allá de la
legislatura tiene que ver con las autorizaciones e informes que debe
hacer la Comunidad. En principio, el plazo es hasta mayo de 2010,
pero puede prolongarse por los periodos de alegaciones de las
instituciones afectadas. "Anunciar que todos estos informes estarán
antes del plazo en el que acaba esta legislatura no es una
posibilidad que se acerque mucho a nuestras previsiones", dijo
Gallardón.
Más del 50% de la zona afectada está declarada
Bien de Interés Cultural. Esa figura obliga al Ayuntamiento a
presentar un informe de impacto ambiental. El Consistorio, en su
momento, decidió trocear el plan para que una buena parte de las
actuaciones quedaran fuera de la zona protegida y sortear así las
exigencias de la presidenta regional, Esperanza Aguirre.
Precisamente, las partes que están exentas de esa
burocracia autonómica son las que Gallardón anunció que estarán
terminadas el 31 de abril. Es decir, las que afectan a la plaza de
Colón. La zona de Las Cortes, donde se está construyendo un
aparcamiento, culminará en 2010. El proyecto, de hecho, ya se ha
paralizado varias veces, en 2007 y 2008, reanudando sus trabajos en
abril de 2009 gracias a los fondos del plan estatal de reactivación
económica que puso en marcha el Ejecutivo.
(www.elpais.com,
16/10/09)
20. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES. EL
PP INTENTA DESPEDIR A UNA EMPLEADA EMBARAZADA
En plena baja de incapacidad temporal por las
complicaciones durante su embarazo, el Grupo Popular en el
Ayuntamiento de San Fernando de Henares decidió prescindir de ella.
Cristina es una de las empleadas eventuales del Ayuntamiento y hace
labores de prensa para el PP. Aunque trabaja para la oposición, su
puesto depende directamente del Consistorio, que se ha negado a
firmar el despido para no vulnerar la ley.
El alcalde, Julio Setién (IU), recibió la semana
pasada una misiva del portavoz del PP, Eusebio González, con este
texto: "Reunido el grupo de concejales del Partido Popular, ha
decidido que se cese a la asistente del grupo (...) con fecha de
cese el próximo día 6 de octubre agradeciendo sus servicios".
González solicitaba también sustituirla por otra persona.
Una vez estudiados los informes técnicos de la
Concejalía de Personal y del secretario general, el Ayuntamiento
desestimó la petición, "teniendo en cuenta que se vulnera el
artículo 14 de la Constitución y la Ley Orgánica de Igualdad de
Hombres y Mujeres de 2007".
Los populares han explicado después que querían
lo mejor para ambas partes. "El único interés del grupo ha sido
tener a una persona que diese asistencia. Y si esto se podía
producir ayudando al anterior cargo de confianza mejor, ya que nos
había manifestado su intención de trasladar su residencia a su
ciudad natal para seguir allí con su embarazo y que se produjese el
parto en esa ciudad", explica la oposición.
La afectada, sin embargo, aclaró a este periódico
que su intención no fue dejar de trabajar para el grupo, sino
continuar la baja en su ciudad natal, Zaragoza, acompañada por su
familia, para después reincorporarse a su empleo. Esto mismo se lo
notificó al Consistorio en un fax en el que mostraba su
disconformidad con el despido. No quiso entrar en más polémicas: "Yo
sólo pretendo seguir tranquila con mi embarazo".
El PP, que mandó una nota y no quiso hacer más
aclaraciones, insiste en que se trata de una manipulación, que fue
el propio Ayuntamiento el que le indicó los pasos que tenía que
seguir. La concejal de Personal y Régimen Interior de San Fernando,
Antonia Arenas, lo desmiente. "Moralmente nos parece impresentable
que se pretenda despedir a una trabajadora embarazada y de baja
laboral. Hasta que esta situación no se aclare, el Ayuntamiento no
va a prescindir de ella, a pesar de las reiteradas peticiones que ha
hecho el portavoz del Grupo Popular", aseguró. Otras fuentes
municipales se preguntan por qué se metieron los populares "en este
lío" cuando "es obvio" que no se puede despedir a una embarazada.
(www.elpais.com,
10/10/09)
