ÍNDICE
1. AGUIRRE ANTE LAS EVIDENCIAS DEL CASO GÜRTEL:
"UN ORDENADOR GIGANTE PERMITE A RUBALCABA ESCUCHAR LAS
CONVERSACIONES DE TODOS"
2. CASO GÜRTEL. AGUIRRE ANUNCIA MÁS MEDIDAS
3. ESPIONAJE EN LA COMUNIDAD. EL EJECUTIVO DE
AGUIRRE DESCARTA ECHAR AL JEFE DE LOS ESPÍAS E INSISTE EN QUE EL
CASO ES "UN MONTAJE"
4. ESPIONAJE EN LA COMUNIDAD. GRANADOS RESPALDA
AL JEFE DE LOS ESPÍAS Y DICE QUE EL CASO ES UN MONTAJE
5. UN IMPUTADO EN EL 'GÜRTEL' ADJUDICÓ UN
CONTRATO DE PALABRA Y NO LO PAGÓ
6. GALLARDÓN A AGUIRRE: "HE ESTADO A PUNTO DE
DEJARTE CAER"
7. AGUIRRE APUNTA A IGNACIO GONZÁLEZ COMO
PRESIDENTE DE CAJA MADRID
8. CAJA MADRID, OBJETO DE DESEO DE TODAS LAS
FACCIONES DEL PP
9. GALLARDÓN PIDE AL JUEZ QUE FRENE YA LAS
ELECCIONES EN CAJA MADRID
10. EL JUEZ DA LA RAZÓN A GALLARDÓN Y SUSPENDE EL
PROCESO ELECTORAL EN CAJA MADRID
11. LA ASESORÍA JURÍDICA A LOS MAYORES LLEVA
SUSPENDIDA SIETE MESES
12. EL SUPREMO RESUCITA EL 'CASO FUNERARIA'
13. LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD
PÚBLICA REAFIRMA QUE EL CASO MONTES FUE "UN BURDO MONTAJE"
14. EL ALCALDE DEL PP DE TORREJÓN (MADRID) "LEGITIMIRÁ
AL GOLPE MILITAR DEL 18 DE JULIO" ESTE DOMINGO
1. AGUIRRE ANTE LAS EVIDENCIAS DEL CASO GÜRTEL:
"UN ORDENADOR GIGANTE PERMITE A RUBALCABA ESCUCHAR LAS
CONVERSACIONES DE TODOS"
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, se ha referido al caso Gürtel que afecta a su
partido para reclamar el levantamiento del secreto de sumario, y ha
eludido abordar una posible financiación ilegal en PP. "Al parecer
hay un informe policial de la brigada de blanqueo, no sé que tiene
esto que ver con la financiación de un partido", ha explicado en una
entrevista en Los desayunos de TVE. Aunque con algún titubeo, ha
insistido en la teoría de la persecución a su partido: "No he dicho
que [Rubalcaba] pinche teléfonos... vamos, lo dije pero rectifiqué,
estábamos de broma (…) no quiero acusarle de hacerlo directamente,
pero escuchas haberlas haylas". "Al parecer hay una especie de
ordenador gigante que le permite al ministro del Interior escuchar
las conversaciones de todos nosotros", ha añadido.
Aguirre insiste en que no hay espionaje en el PP
de Madrid y volvió a desmentir que personal de seguridad controlara
el Ayuntamiento como ha informado El País. "Da la casualidad de que
había un encierro de funcionarios y sindicalistas y estaban ahí,
pero no para espiar a Cobo y Gallardón, sino para proteger a la
consejera", repitió.
No necesita el respaldo de Rajoy a Camps
La presidenta no cree que necesite el respaldo
que Rajoy ha mostrado con Francisco Camps porque a ella "no la
acusan de nada". En el único caso que se ha demostrado que hubo
espionaje, ha dicho, es a Ignacio González, un caso que está en los
tribunales, por lo que instó a ver "quién está detrás".
Diferencia los impuestos de las tasas de
Gallardón
Tras criticar el incremento fiscal del Gobierno
de Zapatero, Aguirre se defendió de las críticas de que el PP sube
impuestos donde gobierna. Aguirre aseguró que "se lo podrán criticar
a otros" pero la Comunidad de Madrid no es así. Y sobre la polémica
tasa de basuras que ha impuesto en el Ayuntamiento de Madrid su
compañero de filas Alberto Ruiz-Gallardón, justificó que "una tasa
es distinto de un impuesto, cobra por un servicio público lo que
cuesta".
No al "chute hormonal" sin receta
La lideresa también arremetió contra la
posibilidad de adquirir en farmacias sin receta la píldora poscoital,
que definió como un "chute hormonal". Así apuntó que le "molesta
bastante" que le pidan receta para un "antibiótico" o que "para la
píldora normal hace falta receta". "Lo normal es que para este chute
sería que hiciese falta receta", dedujo.
"Volver al pueblo" en Benidorm
Sobre el transfuguismo en Benidorm, Aguirre no
dudo en recetar en pedir el mismo procedimiento que se aplicó tras
el tamayazo: "Lo que hay que hacer es volver al pueblo, disolver el
Ayuntamiento y convocar elecciones".
(www.elplural.com,
28/09/09)
2. CASO GÜRTEL. AGUIRRE ANUNCIA MÁS MEDIDAS
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, se mostró "encantada" por la decisión de levantar
el secreto de sumario y dijo que cuando compruebe "qué es lo que
hay", "a lo mejor" toma "alguna decisión".
Aguirre aseguró que se trata de una "noticia
esperanzadora", puesto que, a partir de este momento, se sabrá qué
personas "están acusadas y de qué delito".
Preguntada por si el PP asumirá
responsabilidades, recordó que ella aceptó, "desde el primer
momento", "las dimisiones de todas las personas afectadas".
La presidenta madrileña lamentó que hasta ahora
se haya juzgado a su partido por "filtraciones de conversaciones que
pueden haber sido troceadas o mal transcritas, o pueden no ser
ciertas, o que, habiéndose ordenado por un juez, pudieran no estar
en el sumario".
En este punto, criticó que a miembros de su
partido en Baleares se les haya "mantenido en el calabozo 72 horas
incomunicados" y se les haya esposado "por la mano derecha". Según
dijo, eso no se hace "ni con los etarras asesinos más peligrosos".
(www.elmundo.es,
30/09/09)
3. ESPIONAJE EN LA COMUNIDAD. EL EJECUTIVO DE
AGUIRRE DESCARTA ECHAR AL JEFE DE LOS ESPÍAS E INSISTE EN QUE EL
CASO ES "UN MONTAJE"
Sólo hay razones técnicas en la reestructuración
de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid. Y el
ex director de esa área Sergio Gamón, imputado en la trama de
supuesto espionaje, no ha sido apartado del Gobierno madrileño de
Esperanza Aguirre porque el caso es un "montaje". Son los argumentos
que utilizó el consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
Francisco Granados, en su comparecencia en la Asamblea de Madrid.
Debía explicar, a petición del Grupo Socialista,
la reforma del área de seguridad, que se produjo tras salir a la luz
el caso de espionaje, en el que están imputados Gamón y tres ex
guardias civiles a su cargo. "¡Si esto no es un montaje, que venga
Dios y lo vea!", exclamó Granados.
La diputada socialista Encarnación Moya le había
reprochado que convivan dos direcciones en el área de Seguridad: una
encabezada por Gamón y otra por el actual director general, Enrique
Barón. "¿Van a acabar las sospechas que suscitan sus servicios de
seguridad?", preguntó.
Granados no contestó, y defendió que la
remodelación la forzó la inclusión bajo su mando de los agentes
forestales, la unidad de policía adscrita a Madrid por un convenio
con el Ministerio del Interior y una nueva unidad de la Guardia
Civil dedicada a vigilar edificios. "Todas las competencias en
seguridad pasan a depender del señor Barón", dijo. En la réplica, la
diputada socialista se quejó de que se mantenga la dirección
"paralela de Gamón" y de que éste no tenga definidas sus
competencias.
"¿Puede haber reestructuración con las mismas
personas, algunas de ellas imputadas?", rebatió el diputado de IU
Miguel Reneses. "Usted sabe que no".
(www.elmundo.es,
02/10/09)
4. ESPIONAJE EN LA COMUNIDAD. GRANADOS RESPALDA
AL JEFE DE LOS ESPÍAS Y DICE QUE EL CASO ES UN MONTAJE
Sólo hay razones técnicas en la reestructuración
de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid. Y el
ex director general, Sergio Gamón, imputado en la trama de
espionaje, no ha sido apartado del Gobierno madrileño porque el caso
es un "montaje". Son los argumentos que utilizó el consejero
madrileño de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados,
en su comparecencia en la Asamblea de Madrid.
Debía explicar, a petición del grupo socialista,
la reforma del área de seguridad, que se produjo tras salir a la luz
el caso de espionaje, en el que están imputados Sergio Gamón y tres
ex guardias civiles a su cargo. "¡Si esto no es un montaje, que
venga Dios y lo vea!", espetó Granados.
La diputada socialista Encarnación Moya preguntó
al consejero por qué aún seguían existiendo dos direcciones en el
área de Seguridad. Una está encabezada por Sergio Gamón, imputado
por malversación de fondos al haber ordenado supuestamente el
seguimiento a altos cargos del Partido Popular; y, la otra, por el
director general de Seguridad, Enrique Barón. "¿Van a acabar las
sospechas que suscitan sus servicios de seguridad?", preguntó la
diputada.
Pero Granados no contestó. Y argumentó que la
remodelación la forzó la inclusión bajo el mando de su consejería
del cuerpo de agentes forestales, de la unidad de policía adscrita a
Madrid por un convenio con el Ministerio del Interior y, también, de
una nueva unidad de la Guardia Civil dedicada a vigilar edificios.
"Todas las competencias en seguridad pasan a depender del director
general, el señor Barón", zanjó.
En la réplica, la diputada socialista se quejó de
que Granados mantenga la dirección "paralela de Gamón", cuyas
competencias no están definidas. "Como si por moverle del sitio el
señor Gamón no existiera", ironizó.
"¿Puede haber reestructuración con las mismas
personas, y con algunas imputadas?", rebatió también al consejero el
diputado de Izquierda Unida, Miguel Reneses. "Usted sabe que no y
los ciudadanos saben que no".
La última palabra fue para Francisco Granados,
que reprochó a los diputados de Izquierda Unida y del PSM que
quieran mantener vivo un caso "que no tiene más recorrido". "Sólo me
han dado un argumento para destituir a Gamón, y es que está
imputado", afirmó el consejero. "¿Quiere decir que todas las
personas imputadas tienen que ser cesadas o sólo las personas
imputadas del PP?", concluyó.
5. UN IMPUTADO EN EL 'GÜRTEL' ADJUDICÓ UN
CONTRATO DE PALABRA Y NO LO PAGÓ
Alfonso Bosch, uno de los tres diputados
regionales imputados por cohecho y tráfico de influencias en el caso
Gürtel junto con Benjamín Martín Vasco y Alberto López Viejo,
adjudicó al menos un contrato de forma verbal en 2002, cuando era
concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde de El Escorial.
Bosch, además, rechazó el pago de la obra, 143.000 euros, para
reformar una carretera que unía una urbanización con el municipio.
El ahora diputado encargó el contrato de forma
oral para eludir los trámites legales. El artículo 28 de la Ley de
Contratos de la Administración Pública establece que "los entes,
organismos y entidades del sector público no podrán contratar
verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia". El
encargo se produjo unos meses antes de las elecciones que su partido
perdió. Una sentencia obliga ahora al Ayuntamiento de El Escorial a
pagar unos 78.000 euros. Como el encargo fue oral, el juez no puede
justificar que toda la obra haya sido ejecutada por la misma
empresa. "Nunca ha sido habitual en este Ayuntamiento hacer
contratos verbales. Es el único que se ha hecho", explica el
concejal de IU José Manuel Fernández. El actual alcalde, Antonio
Vicente (PP), aseguró que el Consistorio ya ha pagado las obras y
reconoce que el contrato fue "irregular o poco normal".
Bosch es uno de los principales imputados en la
trama madrileña del caso Gürtel. Recibió unos 250.000 euros de
Francisco Correa en pago por las supuestas gestiones para lograr
contratos desde su cargo de gerente en la Empresa del Suelo de
Boadilla (EMSV), según la investigación que hizo el juez Baltasar
Garzón antes de inhibirse del caso.Alfonso Bosch encargó en
diciembre de 2002 a la empresa Prourbanorte el estudio y ejecución
del reasfaltado y mejora de la carretera denominada Camino Viejo que
une la urbanización de Las Suertes y la calle de Alcudia, en el
centro del municipio. La sentencia detalla que el contrato se
adjudicó de forma verbal "dado que el Ayuntamiento estaba interesado
en abordar con urgencia tales obras". Ningún miembro del Consistorio
explicó ante el juez a qué se debieron tales prisas. Además, no
había ningún documento que formalizase el contrato.
Cuando la empresa terminó el trabajo recibió el
encargo de aumentar la superficie reasfaltada de la carretera, según
consta en el informe judicial. El entonces alcalde del municipio,
Javier de Miguel, negó ante el juez que hubiera sido él quien
realizase el encargo y declaró que los trabajos los ejecutaba una
empresa que arreglaba la zona de la urbanización Las Suertes. Por su
parte, Bosch reconoció que el encargo fue ordenado de forma verbal y
dijo que se encontraba con el alcalde cuando se realizó.
Poco después de terminadas las obras en la
carretera, se produjo un cambio de gobierno en el municipio. El PP
fue desalojado de la alcaldía y Bosch encontró un hueco en la
gerencia de la EMVS de Boadilla del Monte, la localidad donde la red
de Correa logró algunos de sus principales negocios. Se marchó sin
pagar las obras que había encargado. La empresa Prourbanorte demandó
al Consistorio ante el impago de las facturas. Ahora una juez del
tribunal contencioso administrativo de Madrid ordena al Ayuntamiento
a pagar sólo una parte de la factura -en total ascendía a 142.944
euros-, porque no puede determinar que todos los trabajos hayan sido
ejecutados por la misma empresa. "El carácter verbal del contrato
dificulta la prueba de las obligaciones asumidas", dice la
sentencia.
El actual alcalde del municipio, Antonio Vicente
(PP) explicó que tras recibir la sentencia judicial ordenó el pago
de las obras. "No teníamos justificación de los trabajos. Hemos
esperado a que un juez nos diga que efectivamente se realizaron",
argumentó. Este periódico intentó, sin éxito, conocer la versión de
Prourbanorte.
Tras conocerse su implicación en el caso Gürtel,
Bosch fue suspendido de militancia en el PP. "Tuvo un papel
destacado en las operaciones inmobiliarias que Correa [supuesto
cabecilla de la trama corrupta] ha realizado en Boadilla del Monte",
según el auto de inhibición de Garzón a favor del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid. El auto señala que Bosch se autoinculpó:
"Reconoce en las intervenciones telefónicas que él se encuentra
detrás de todo el tinglado de Boadilla, refiriéndose a las
actuaciones de naturaleza urbanística denunciadas en los medios".
Bosch mantiene su acta como diputado regional.
(www.elpais.com,
02/10/09)
6. GALLARDÓN A AGUIRRE: "HE ESTADO A PUNTO DE
DEJARTE CAER"
Los micrófonos abiertos han vuelto a jugar una
mala jugada al Partido Popular. En esta ocasión, el perjudicado ha
sido el alcalde de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón, a quien se le
pasó por la cabeza dejar que su compañera de partido y presidenta de
la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ca por las escaleras.
El incidente ocurrió este martes en Copenhague.
Aguirre se encontraba junto al resto de la delegación española
defendiendo la candidatura olímpica de Madrid 2016. Cuando la
lideresa del PP subía al escenario se tropezó. Afortunadamente, allí
estaba Gallardón para sujertala y evitar que se diera de bruces con
el suelo.
Acto seguido, el alcalde de Madrid se acercó al
oído de Aguirre para susurrarla entre risas: "He estado apunto de
dejarte caer". La presidenta regional, lejos de entrar al trapo,
cortó la conversación quejándose de la estrechez de las escaleras.
Ya en el escenario, Aguirre no paraba de dar
órdenes hasta que Gallardón le preguntó: "¿Quién manda aquí?". La
líderesa zanjó la cuestión con un rotundo "yo". Las cámaras de
televisión han captado estos momentos que pasan a englosar la
extensa hemeroteca sobre la relación de amor-odio entre Aguirre y
Gallardón.
(www.elplural.com,
02/10/09)
7. AGUIRRE APUNTA A IGNACIO GONZÁLEZ COMO
PRESIDENTE DE CAJA MADRID
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, apuntó , por primera vez públicamente, que su
lugarteniente en el Ejecutivo regional, Ignacio González, podría ser
presidente de la cuarta entidad financiera del país. González es
actualmente vicepresidente primero del Ejecutivo regional y hombre
de máxima confianza de Aguirre.
"¿Por qué no?", respondió Aguirre en TVE al ser
preguntada si González podía ser candidato a la presidencia de Caja
Madrid. La respuesta previsible hubiera sido que González no es
candidato, porque es nada menos que vicepresidente primero de la
Comunidad, pero con su frase abre la puerta a una crisis
gubernamental inmediata. La elección en Caja Madrid culminará en
noviembre.
Además calificó de "absolutamente incierto" que
el presidente del PP, Mariano Rajoy, haya vetado a González para
sustituir a Miguel Blesa al frente de la entidad financiera. "Yo no
he hablado con Mariano Rajoy sobre presidentes de Caja Madrid, eso
no quiere decir que no lo vayamos a hacer en el futuro", afirmó. La
presidenta de la Comunidad también apoyó que el ex vicepresidente
del Gobierno, Rodrigo Rato, releve a Blesa.
"A mí me parece que Rodrigo Rato tiene todas las
cualidades y todas las condiciones para cualquier puesto de
responsabilidad financiera y económica". Rato ha mejorado su
relación con Rajoy y no está descartado en las quinielas. Siguen
también figurando en ellas el ex secretario de Estado de Economía,
Luis de Guindos, o el diputado Manuel Pizarro. "De Guindos o Pizarro
también serían buenos candidatos, la presidenta de la Comunidad sólo
ha hablado de los nombres por las que se le ha preguntado",
explicaron posteriormente fuentes del Ejecutivo regional a este
diario.
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, se
opone a que haya candidatos como González y provocó un nuevo choque
en la Comisión Electoral, el órgano que debe velar por la renovación
legal de la cúpula de Caja Madrid.
Una mayoría de miembros formado por
representantes del PP de Aguirre, Izquierda Unida, CCOO-Comfia y,
con matices, PSOE y UGT, apoyaron que el presidente de la Comisión
Electoral, el gallardonista Serrano, se inhiba en cualquier
actuación relacionada con el pulso lanzado por el alcalde de Madrid.
La mayoría considera que Serrano incurre en conflicto de interés
porque es alto cargo del Ayuntamiento y, al tiempo, presidente de la
Comisión Electoral que debe defender en los tribunales lo que la
mayoría considera la legalidad frente a la impugnación de Gallardón.
El alcalde alega que Aguirre le ha marginado en
el reparto de consejeros que el Rey Juan Carlos declina elegir y la
mayoría de la Comisión Electoral y el Ejecutivo regional estima que
la distribución ha sido realizada de acuerdo con la ley.
Pero Serrano, instado por Gallardón a resistir,
no sólo se negó a inhibirse, sino también que su exclusión fuera
sometida a votación. La mayoría, formada por nueve miembros de un
total de 13, firmaron un escrito reclamando a Serrano que convoque
una reunión el próximo jueves para votar no ya su inhibición, sino
su destitución. Diversos ayuntamientos y la Cámara de Comercio de
Madrid dirigieron escritos a la Comisión Electoral en contra de las
tesis del alcalde.
(www.elmundo.es,
29/09/09)
8. CAJA MADRID, OBJETO DE DESEO DE TODAS LAS
FACCIONES DEL PP
Me ha informado Juan Bravo que el Ayuntamiento de
Madrid ha presentado dos recursos, uno en la vía civil y otro en la
jurisdicción contencioso-administrativa, contra la nueva Ley de
Cajas de la Comunidad de Madrid. Me ha dicho que solicitan la
suspensión cautelar del proceso electoral de Caja Madrid. "Yo los
recursos no los he leído", informó Miguel Blesa, presidente de la
caja, en la reunión de la comisión ejecutiva de la entidad celebrada
el pasado lunes a partir de las cinco de la tarde. "El presidente
parecía tener la situación bajo control. Estaba muy tranquilo",
comentó un consejero a Público. Algunos de los miembros conocían las
matizaciones realizadas esa misma mañana por Esperanza Aguirre,
presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre la elección del
presidente de la citada entidad en noviembre próximo. A preguntas en
el programa Los Desayunos de TVE sobre si Rodrigo Rato o Ignacio
González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, podrían ser
presidentes de Caja Madrid, contestó que en efecto podían serlo.
Y dijo también: "Yo no he hablado con Mariano
Rajoy de presidentes de Caja Madrid. Eso no quiere decir que no lo
vayamos a hacer en el futuro".
Si algo tiene Esperanza Aguirre es la
transparencia del candor o, si se prefiere, la seguridad de andar
por casa de la que ha mandado, manda y seguirá mandando. Que dijera
por qué Rato no puede ser presidente de Caja Madrid no es una
novedad.
Pero que en ningún momento negara o desviara la
atención sobre la candidatura de Ignacio González, que ni es ni ha
sido financiero, ni ministro de Hacienda, ni se le conoce actividad
relacionada con el mundo económico, tiene su miga. Por no decir, ni
dijo que era nada menos que su número dos y que le iba muy bien en
su puesto actual. Y la segunda cosa de interés que admitió es que
hablará con Rajoy de la sustitución de Blesa en el futuro; es decir,
de aquí a noviembre, cuando toca la renovación
Pero he aquí que los recursos sobre los que ha
informado Juan Bravo, tercer teniente de alcalde y delegado del área
de gobierno de Hacienda y Administración Pública, a Miguel Blesa,
presentados el jueves pasado, día 25 de septiembre, se han
convertido en un instrumento de presión de cara a una negociación
para elegir al nuevo presidente de Caja Madrid.
Los recursos impugnan el nuevo reparto de
consejeros (64) que corresponden a la Casa Real y a los que en un
proceso ya institucionalizado el rey renuncia nada más comunicársele
formalmente la convocatoria de elecciones. Hasta la ley electoral
impuesta por la Comunidad de Madrid, la repartición de esos
consejeros era proporcional entre todas las instituciones presentes
en la Caja de Madrid: entidades representativas, empleados, Asamblea
de Madrid y corporaciones municipales.
La nueva ley reparte los 64 consejeros citados
entre entidades representativas, Asamblea de Madrid, y empleados.
Los ayuntamientos pierden, pues, los 20 consejeros que les
correspondían por prorrateo. El Ayuntamiento de Madrid plantea,
además, que el incumplimiento del prorrateo, tal como se ejecutaba
hasta ahora, viola la Ley Orgánica de Comunidades Autónomas, por lo
que plantea una cuestión de inconstitucionalidad.
El problema es la petición de suspensión cautelar
de las elecciones para evitar que se consumen los efectos de la
nueva ley. Cabe la posibilidad de que la Justicia resuelva antes del
mes de noviembre sobre el fondo de manera favorable a Esperanza
Aguirre. Pero si un juez decidiera tomarse su tiempo y concediera la
medida cautelar de suspensión, Miguel Blesa seguiría al frente de la
presidencia el tiempo que lleve el proceso judicial.
Las armas jurídicas son simplemente
instrumentales. En otras palabras, lo que hay en Caja Madrid es una
lucha por el poder en la que el presidente actual, Miguel Blesa,
representa una correlación de fuerzas antigua, en la cual las
recomendaciones de su principal valedor, José María Aznar, ya no son
suficientes para garantizar su continuidad.
Esperanza Aguirre, ahora ya es casi oficial,
tiene su candidato: el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio
González. Pero González se ha significado demasiado en 2008 contra
el liderazgo de Mariano Rajoy y ha mantenido un duelo permanente con
Alberto Ruiz-Gallardón. Así como González confesó en la primavera
pasada que no tenía ninguna gana de que Ruiz-Gallardón sustituyera a
María Dolores de Cospedal en la secretaría general del PP, tampoco
Ruiz-Gallardón oculta que no tiene ninguna gana de que González
presida Caja Madrid.
Esperanza Aguirre desearía dejar bien colocado a
González en la presidencia de Caja Madrid para proceder a un cambio
del Gobierno regional, una remodelación bastante amplia de cara a la
mitad de legislatura que queda por delante hasta las elecciones de
2011. En esa remodelación también sería sustituido Francisco
Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
El interés de Miguel Blesa por continuar al menos
un año y medio más en Caja Madrid tiene en cuenta también el proceso
de fusiones que tendrá lugar en el sector financiero durante el año
2010. La posibilidad de una concentración entre Caja Madrid y Caja
del Mediterráneo, opción preferida del Banco de España, podría
perfilarse una vez que se resuelva la situación de la presidencia en
Caja Madrid.
La confesión lisa y llana de Esperanza Aguirre de
que el hecho de que ella y Rajoy no hayan hablado de Caja Madrid "no
quiere decir que no lo vayamos a hacer en el futuro" y su aceptación
de que Ignacio González podría ser candidato revela hasta qué punto
una de las grandes entidades financieras españolas es claro objeto
de deseo de las diferentes facciones de poder en el seno del Partido
Popular.
(www.publico.es,
30/09/09)
9. GALLARDÓN PIDE AL JUEZ QUE FRENE YA LAS
ELECCIONES EN CAJA MADRID
Mientras el G-20 intenta resolver la crisis
financiera mundial, se recrudece la disputa por Caja Madrid entre el
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
Gallardón dio un paso de alto calado político al
reclamar al juez la suspensión inmediata del proceso electoral en
Caja Madrid. Lo que reivindica es el derecho a elegir nueve
consejeros de un total de 320 que componen la asamblea general de la
entidad.
Por esa cifra ha decidido enfrentarse con un
misil judicial a Aguirre y a la coalición que la apoya actualmente
formada por el PSOE, Izquierda Unida, UGT y la rama de banca de CCOO,
entre otros.
La iniciativa judicial del Ayuntamiento no fue
anunciada por fuentes municipales, sino por fuentes de Caja Madrid,
lo que fue interpretado por la coalición mayoritaria como que se
están enfrentando a Gallardón y al presidente de la entidad, Miguel
Blesa.
Según fuentes municipales, se solocita que el
proceso debe ser paralizado antes del próximo día 9 -en que se
consuman nombramientos de nuevos consejeros en Caja Madrid- y el
argumento del Ayuntamiento es que la Ley de Cajas de la Comunidad ha
contravenido la voluntad de Don Juan Carlos.
Éste tiene derecho a nombrar a 64 consejeros de
la entidad financiera, pero suele declinar esa facultad. El jefe de
la Casa del Rey, Alberto Aza, envió el pasado noviembre una carta a
Blesa en la que le pide que los puestos sean repartidos
"proporcionalmente" de acuerdo con la Ley en vigor entonces. Pero,
posteriormente, Aguirre ha impulsado un cambio en la normativa y
excluye del reparto a las corporaciones municipales, lo que reduce
especialmente el poder del Ayuntamiento madrileño.
Fuentes de la Comunidad de Madrid señalan que es
la ley aprobada por el Parlamento regional y la que debe ser
aplicada en el proceso de renovación electoral en curso de Caja
Madrid. Consideran que la Casa del Rey se limitó el pasado año a
expresar un deseo en consonancia con la legislación anterior y que
actualmente aceptaría la actual, por lo que acusaron a Gallardón de
utilizar a la Zarzuela.
"La iniciativa judicial del Ayuntamiento es
irresponsable", afirman fuentes oficiales de la Comunidad, que
aseguran que la normativa es constitucional. Con su movimiento,
Gallardón se adelanta al veredicto de la Comisión Electoral de Caja
Madrid, que tenía previsto debatir el caso pasado mañana. El alcalde
da por hecho que la mayoría de la comisión decidirá en su contra y
ha decidido acudir directamente a los tribunales.
Paralelamente, la Comisión Electoral ha remitido
una carta al jefe de la Casa del Rey, Alberto Aza, en el que le
informa que, en su opinión, no hay desafío al Monarca. "La
disposición transitoria tercera de la Ley 2/2009 dispuso que las
últimas modificaciones que se han operado en la ley se aplicarían a
los procesos electorales que a su entrada en vigor no hubieran
concluido plenamente mediante el nombramiento correspondiente. Por
parte de la Entidad Fundadora [la Corona] no cabe duda de que no se
han producido tales nombramientos al haberse renunciado a la
designación", se afirma en la carta.
"La Comisión Electoral de Caja Madrid ha actuado,
en todo momento, aplicando la normativa vigente, Ley de Cajas de la
Comunidad de Madrid y Estatutos y Reglamento Electoral de Caja
Madrid, y que, en ningún caso, se ha pretendido contravenir la
voluntad de la Entidad Fundadora", agrega la carta a Aza.
(www.elmundo.es,
26/09/09)
10. EL JUEZ DA LA RAZÓN A GALLARDÓN Y SUSPENDE EL
PROCESO ELECTORAL EN CAJA MADRID
El Ayuntamiento había pedido parar el proceso por
el reparto de los 64 consejeros de la Casa Real
El juzgado de primera instancia número 60 de
Madrid ha emitido hoy un auto de suspensión cautelar del proceso
electoral en Caja Madrid, tras la petición
presentada por el
Ayuntamiento de Madrid y su impugnación del reparto realizado
por la comisión electoral de la entidad respecto de los 64
consejeros cedidos por la Casa Real, según han informado en fuentes
jurídicas.
(www.elpais.com,
02/10/09)
11. LA ASESORÍA JURÍDICA A LOS MAYORES LLEVA
SUSPENDIDA SIETE MESES
El Gobierno regional inauguró en febrero de 2003
una línea de teléfono para asesorar jurídicamente a los mayores de
60 años. Un hilo directo con el Colegio de Abogados madrileño que
servía para resolver dudas sobre sus derechos (pensiones, herencias
o arrendamientos). Seis años después, y con 8.000 consultas anuales,
el servicio se suspendió el pasado marzo. De sopetón. Una escueta
nota lo confirma en la web de la Consejería de Asuntos Sociales: "El
Servicio de Orientación Jurídica se reanudará próximamente". Pero no
parece que vaya a ser tan pronto.
La causa es un litigio entre la Comunidad de
Madrid y el Colegio de Abogados. Un desacuerdo que comienza el
pasado enero, cuando el Ejecutivo madrileño anunció que privatizaría
el servicio, que saldría a concurso público, obligado por una nueva
Ley de Contratos Públicos en vigor desde 2008. El colegio
profesional recurrió la decisión y en este momento "está
dilucidándose", según la Consejería de Asuntos Sociales. Los
abogados madrileños consideran que se infringe un decreto de 2003
que deja claro que "estos servicios deben ser gestionados por los
colegios profesionales".
La consejería asegura que ha sustituido el
teléfono para mayores por un cursillo de "conoce tus derechos" que
se imparte en todas las residencias para mayores de la región. "En
las 17 de Madrid lo va a impartir el Colegio de Abogados y en las 15
de otras ciudades la Asociación Española de Mujeres Juristas". Según
una portavoz, los ancianos pueden aprovechar estas clases y
"plantear sus dudas".
El PSM, a través de su portavoz en Servicios
Sociales, Pilar Sánchez Acera, ha planteado una pregunta
parlamentaria sobre la parálisis de este servicio.
"Casi 900.000 mayores de nuestra región se han
quedado sin este servicio público y gratuito porque el Gobierno
regional lo quiso privatizar. Al final los perjudicados son los
ciudadanos mayores de 65 años de Madrid", afirma la diputada
socialista. Sánchez Acera también anuncia que va a solicitar "la
inmediata restauración de este servicio ciudadano".
Éste es el segundo conflicto abierto entre la
Comunidad y el Colegio de Abogados, que a principios de mes se unió
a las protestas de los abogados de oficio, a los que el Gobierno
regional no paga desde principios de 2009.
El Consejo del Colegio de Abogados reclamó a la
Consejería de Justicia el pago de los intereses de demora de la
deuda que tiene con estos letrados -a los que debe 21 millones de
euros por el trabajo de los dos primeros trimestres de 2009- y
anunció que acudiría a los tribunales si no obtenía respuesta.
(www.elpais.com,
27/09/09)
12. EL SUPREMO RESUCITA EL 'CASO FUNERARIA'
El caso Funeraria volvió a los juzgados en lo que
serán a buen seguro sus últimos coletazos judiciales con varios
recursos de casación en el Supremo.
En la última sentencia, en la Audiencia
Provincial, Luis María Huete, ex primer teniente de alcalde de
Madrid acusado de vender la funeraria municipal por 100 pesetas -el
valor neto de la empresa era de más de 1.000 millones-, fue
condenado a dos años de inhabilitación.
El fiscal pidió que se condene a Huete por
malversación de fondos públicos, falsedad en documento oficial y
cuatro delitos contra la Hacienda Pública. La pena alcanzaría los
cuatro años de cárcel. La Fiscalía también solicitó que se anulen
las absoluciones de los ex ediles del PP Simón Viñals y Antonio
Moreno, a quienes se acusaba en la anterior instancia de
maquinaciones para alterar el precio de las cosas, prevaricación,
malversación y tráfico de influencias. La Audiencia Provincial
entendió que no se llegó a probar su participación en los hechos.
Ahora, el Ministerio Público pide prácticamente la reversión de la
sentencia.
Las peticiones del fiscal se centran, como
sucedió durante las anteriores fases del juicio, en el informe del
interventor consistorial soslayado por los ediles procesados. El
representante del Ministerio Público lo dejó claro al explicar que
pedía prevaricación no "por la legalidad del proceso
administrativo", sino porque "no se tuvo en cuenta" ese documento
del interventor
También explicó por qué pide un delito de
malversación, "por pasar de 1.200 millones a 100 pesetas. Aquí [en
la sentencia de la Audiencia Provincial] se ha confundido valor con
precio. Pero el valor hay que tenerlo en cuenta".
En la sentencia que ahora está en casación
también fueron exonerados de toda culpa los hermanos Ángel y José
Antonio Valdivia, directivos de Funespaña, por haber prescrito los
delitos de falsedad en documento público y tráfico de influencias
que se les imputaban, y también el ex presidente de la Empresa Mixta
de Servicios Funerarios de Madrid, José Ignacio Rodrigo. Ahora, el
fiscal solicita que ellos tres sean condenados por cuatro delitos
contra la Hacienda Pública.
Señaló el fiscal: "El precio se sustrajo de las
arcas públicas y se ha devuelto diez años después", en referencia a
la diferencia entre la valoración real de la empresa, 1.200 millones
de pesetas, y el precio que se pagó por ese 49% del accionariado:
0,6 euros. También fueron presentados y argumentados los recursos de
casación interpuestos por el Partido Socialista y por Izquierda
Unida. Ambos solicitaron igualmente que se eleve la condena al ex
primer teniente de alcalde Huete por la presunta comisión de delitos
de prevaricación y malversación de caudales públicos. Por su parte,
las defensas de los encausados piden la libre absolución de éstos
En las próximas semanas llegará la sentencia que,
en principio, debería poner punto y final al tránsito judicial de
las supuestas irregularidades en la privatización de los servicios
funerarios madrileños, uno de los mayores escándalos del mandato del
ex alcalde José María Álvarez del Manzano.
(
www.elmundo.es,
02/10/09)
13. LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD
PÚBLICA REAFIRMA QUE EL CASO MONTES FUE "UN BURDO MONTAJE"
La Asociación para la Defensa de la Sanidad
Pública de Madrid (ADSPM) ha reaccionado, en un comunicado, a la
declaración ante la Justicia, , de un inspector de la Consejería de
Sanidad con respecto al caso Lamela. El inspector ratificó que en
2003 ya existía un informe que negara irregularidades del doctor
Luis Montes en el hospital de Leganés, y que Lamela, ex consejero de
Aguirre, decidió acusarle de mala praxis aun conociendo dicho
documento.
Según ADSPM, la declaración del inspector
reafirma que, como denunció la propia organización, "este caso no
fue más que un burdo montaje encaminado al desprestigio y
destrucción de la Sanidad Pública de la región y de sus
profesionales, orquestada desde el Gobierno regional del PP como
posteriormente quedó acreditado en los tribunales de justicia".
Además, ADSPM denuncia que, tanto la gestión de Lamela, como del
actual consejero, Juan José Güemes, en este caso, "causó y sigue
causando represalias, en ningún caso subsanadas, a los profesionales
de ese hospital y sufrimientos y daños irreparables a los pacientes
a los que se les privó de manera deliberada, como consecuencia de la
actuación de las autoridades sanitarias, de los necesarios cuidados
y asistencia médica en los momentos finales de su vida".
(
www.elplura.com,
02/10/09)
14. EL ALCALDE DEL PP DE TORREJÓN (MADRID)
"LEGITIMIRÁ AL GOLPE MILITAR DEL 18 DE JULIO" ESTE DOMINGO
Una bandera de España de 40 metros cuadrados y un
homenaje a "todos los caídos" por nuestro país. Estos son los
ingredientes de la última polémica que ha surgido en la localidad
madrileña de Torrejón Ardoz. El alcalde del Partido Popular, Pedro
Rollán, ha programado para el próximo 4 de octubre un acto que sin
duda traerá mucha cola.
"En primer lugar procederemos a izar la enseña
nacional, una bandera de más de 40 metros cuadrados que estará
ondeando en la remodelada Plaza de España durante todo el año. A
continuación se procederá a realizar el Homenaje a los Caídos en
memoria de todas las personas que dieron su vida por España". Así
publicitó Pedro Rollán en la revista municipal el acto que tendrá
lugar este domingo en Torrejón de Ardoz.
Un acto que pretenden boicotear muchos ciudadanos
de esta localidad. Incluso, un grupo de vecinos de Torrejón, entre
los que se incluyen varios concejales socialistas como Valentín
Gómez o Félix Ortega, han realizado un manifiesto en el que exigen
al Partido Popular que no manipule la bandera constitucional.
"Ningún demócrata puede tolerar que al amparo de nuestra bandera
constitucional se de cobijo a todos los españoles que con por
España, incluso los fascistas como afirma el Sr. Alcalde de Torrejón
de Ardoz (…), quien no hace distinción entre los caídos golpistas
que no merecen más que nuestro desprecio y los caídos demócratas
fieles a la legalidad republicana de los que hoy somos sus legítimos
herederos", se afirma en el manifiesto.
Legitimidad al franquismo
Asimismo, los firmantes del escrito dejan claro
que no asistirán al homenaje a la bandera porque "es un acto
manipulado que da legitimidad al golpe militar del 18 de julio" y
que rinde tributo "a aquellos militares fascistas que provocaron la
Guerra Civil".
Más escándalos
El polémico homenaje a la bandera española no es
el primer escándalo al que tiene que hacer frente en los últimos
días Pedro Rollán. La reproducción de cartón piedra de los
principales monumentos europeos está levantando ampollas en Torrejón
de Ardoz. Esta obra, financiada con los fondos del Plan E, cuesta
cerca de 1.000 millones de pesetas.
Dinero que según el
Partido Socialista "se debería
haber construido dos residencias de mayores o cuatro escuelas
infantiles públicas".
(
www.elplural.com,
02/10/09)
