ÍNDICE
1. HISTORIA DE UN DESENCUENTRO
2. "CRESPO ME DIO UN SOBRE CON 120.000 EUROS PARA
ENTREGAR AL (DIPUTADO) BOSCH"
3. CRÓNICA DE UNA IMPOSTURA
4. GRANADOS: "PRADA SE MONTÓ UN DISPOSITIVO DE
CONTRAVIGILANCIA EN SU PROPIO DOMICILIO"
5. EL FISCAL PIDIÓ EN PLAZO A TELEFÓNICA LOS
DATOS DEL ESPIONAJE A COBO
6. ENTREVISTA: LA TRAMA DEL ESPIONAJE EN MADRID
ALFREDO PRADA EX VICEPRESIDENTE DE AGUIRRE, ESPIADO EN 2008 "ALGUIEN
DEBERÍA PEDIRME PERDÓN"
7. LOS PRESUNTOS ESPÍAS DE MADRID IMPLICAN A TRES
ASESORES DE UN HOMBRE DE AGUIRRE
8. LA VIEJA Y FLEXIBLE CONSPIRACIÓN DEL PP
9. AGUIRRE EVITA COMPARECER PARA EXPLICAR EL
ESPIONAJE
10. AGUIRRE IMITA A RAJOY Y ELUDE PRONUNCIARSE
SOBRE LAS ESCUCHAS ILEGALES
11. EL EQUIPO DE AGUIRRE INSISTE EN NEGAR EL
ESPIONAJE EN MADRID PESE AL INFORME POLICIAL
12. EL VICEALCALDE DE MADRID SEÑALA A
"RESPONSABLES INDIRECTOS" DEL ESPIONAJE
13. AGUIRRE INSINÚA QUE SE TRATÓ MEJOR A DE JUANA
QUE A LOS MIEMBROS DEL PP
14. AGUIRRE PRIVATIZARÁ EL CANAL DE ISABEL II EN
CUANTO MEJORE LA ECONOMÍA
15. GRANADOS ADJUDICA UN GRAN CONTRATO DE
SEGURIDAD
16. LA COMUNIDAD RECORTA UN 16% EL DINERO PARA
CUATRO CENTROS DE DROGODEPENDIENTES
17. EL 12 DE OCTUBRE EMPEZARÁ A COBRAR A FINALES
DE MES A SUS VISITANTES POR DEJAR EL COCHE
18. LA COMUNIDAD PRIVATIZA LA GESTIÓN DE UN
PARQUE PÚBLICO DE 100 HECTÁREAS
19. AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE.EL EX
ALCALDE DE BOADILLA SE AFERRA AL ACTA DE EDIL PESE AL MALESTAR DEL
PP
20. AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE. LA
POLICÍA BUSCA EN BOADILLA DOCUMENTOS DEL EX ALCALDE
21. AYUNTAMIENTO DE ANCHUELO. EL PP EXPEDIENTA A
UNA ALCALDESA POR SUPUESTAS ILEGALIDADES
1. HISTORIA DE UN DESENCUENTRO
La tarde del 7 de julio de 2002, José María Aznar
invitó a Alberto Ruiz-Gallardón al palacio de La Moncloa. Iba a
pedirle que fuera su candidato al Ayuntamiento de Madrid en las
elecciones del año siguiente. El entonces presidente de la Comunidad
y valor en alza del PP, aunque no fuera lo que hubiera preferido,
aceptó. A continuación, Aznar le requirió también un nombre capaz de
aspirar al puesto que él dejaba vacante en el gabinete regional. Esa
tarde, hace sólo siete años, un Gallardón de 43, que ya tomaba
medidas a las estancias de La Moncloa, le contestó al líder del
partido que la mejor persona para sucederle era Esperanza Aguirre.
Quizá el pecado original.
Hoy la comunicación entre las dos grandes
administraciones de la región que ambos dirigen, fuera de lo
meramente institucional u oficial, no existe. Cero. Hace siete
meses, el Ayuntamiento tuvo constancia a través de las informaciones
publicadas en EL PAÍS de que el vicealcalde, Manuel Cobo, había sido
espiado por funcionarios de la Comunidad de Madrid. El caso está en
los tribunales y se han cortado los pocos lazos que quedaban. Sin ir
más lejos, el pasado jueves, Cobo arremetió duramente contra el
secretario general del PP en la región y consejero de Interior,
Francisco Granados, a quien acusó de ocultar información sobre el
espionaje. La relación es mala a todos los niveles. "Ha llegado a un
punto de no retorno. Ya no es posible arreglarlo", apunta un edil. Y
la trinchera va desde los diputados y los concejales (estos últimos
divididos entre aguirristas y gallardonistas), pasando por los altos
cargos, hasta los respectivos gabinetes de prensa. Y en esa lucha,
la traición se paga carísima.
Pero al precipicio se llegó a empujones.
Conflictos de todos los colores que, pese a afectar a miembros del
mismo partido, se han dirimido siempre en los medios de comunicación
antes que en los despachos. Y eso, en parte, lo han pagado los
ciudadanos. Las obras del Paseo del Prado paralizadas, la cuarta
entidad financiera de España contra las cuerdas y con un presidente
interino, el metro de la capital a punto de salirse del Consorcio
Regional, la privatización del agua a las puertas del juzgado... La
última: la paralización de las obras de Serrano, con su cartel
municipal inculpando a la Comunidad. Sus peleas, su enquistada
relación, afectan a seis millones de ciudadanos. ¿Por qué tanta
distancia?
Aguirre y Gallardón comenzaron casi al mismo
tiempo (1983) su carrera en el Ayuntamiento de Madrid. Pero pensaban
distinto, venían de casas diferentes. Él, fundador de Alianza
Popular. Ella, procedente de la insignificante Unión Liberal. Eran
jóvenes, inexpertos y ambos han asegurado siempre que mantenían una
buena relación. "Él era un chavalillo cuando entró. Pero un pata
negra. Ella pasó más desapercibida al principio. No recuerdo grandes
peleas", señala el entonces alcalde socialista de Madrid, Juan
Barranco.
Los caminos se separaron y cada uno colmó
temporalmente su ambición con los cargos obtenidos. Gallardón
mediante las urnas (dos veces presidente de la Comunidad con mayoría
absoluta) y ella por su consideración dentro del partido y su
relación con José María Aznar (ministra de Cultura y presidenta del
Senado). Eran poderosos y no se molestaban. El futuro les
pertenecía.
Y lo disfrutaron hasta que pudieron. "Tienen una
ambición distinta. Ella va a por todo, pero disfruta de lo que tiene
cuando no consigue algo. Él nunca será del todo feliz. Siempre está
pensando en lo que viene después", explica un concejal que ha
trabajado con ambos.
El primer cisma llegó la tarde del 28 de junio de
2003. Ese día, el tránsfuga Eduardo Tamayo subió dos veces a la
tribuna de la Asamblea para explicar su sospechosa abstención y la
de María Teresa Sáez. Para dar cuenta en el corazón parlamentario de
Madrid de la oscura traición que, meses más tarde, iba a permitir
gobernar a Esperanza Aguirre. Las dos veces se levantaron en pleno
los diputados del PSOE. Y en las dos se marchó también de la sala
Gallardón. "Eso, obviamente, le sentó como un tiro a la presidenta.
Que la dejara ahí sola con los tránsfugas... No fue nada cortés",
explica un colaborador de Aguirre. Todas las fuentes consultadas
señalan ese día como el origen del desencuentro.
"Ese sapo se lo tragó Esperanza", recuerda una
diputada. Pero no ayudó a digerirlo que Gallardón, a quien el
entorno de ella acusó de conocer de antemano el tamayazo, conservase
la presidencia de la Comunidad mientras se celebraban las siguientes
elecciones. Durante ese tiempo, y avalado por un informe jurídico
que él mismo encargó, fue presidente y alcalde de Madrid.Ella ya no
se fiaba de él. Un sentimiento que sus colaboradores definen como
"el principal motivo del deterioro de la relación". En la segunda
campaña, Aguirre prescindió de su anterior director, Miguel Ángel
Villanueva (actual concejal de Economía), que a su vez había sido
consejero de Gallardón y que siempre le fue cercano. Se empezaba a
tensar la cuerda. Y más cuando ella consolidó su liderazgo.
El miércoles 6 de octubre de 2004, Gallardón,
Aguirre, y sus respectivos escuderos, Manuel Cobo e Ignacio
González, quedaban para cenar en el Asador Frontón III, junto a
Cibeles. Ella aspiraba a la presidencia del partido en Madrid.
Estaba creciendo, se veía con fuerzas y quería más. Gallardón
empezaba a oler la amenaza y reclamó una lista de consenso en la
que, como mínimo, Cobo tenía que ser el secretario general. O eso, o
al día siguiente lo presentaba como candidato a la presidencia. "No
acepto chantajes", anunció Aguirre, que pagó la cuenta y se fue a
las 23.30. La cena acabó "como el rosario de la aurora", según una
de las personas que esperaba noticias fuera. Y, desde entonces,
nunca más, ni una sola vez, se han vuelto a sentar en una mesa para
tratar de solucionar un problema.
Y así se desató la guerra. Gallardón, quizá sin
darse cuenta, lanzó a su hombre de confianza contra el aparato del
partido. Alguien calibró mal las fuerzas que tenían. "También hay
que tener en cuenta que ella jugaba con una baraja trucada. El
secretario general del PP era Acebes, y él se posicionó abiertamente
a su favor. Rajoy, claro, lo consintió", explica un miembro de la
dirección del PP regional.
Una semana después llegó la constatación de que
se había subestimado a Aguirre. El miércoles 13, reunidos en una
sala de Génova, 330 miembros del PP regional podían exponer sus
preferencias para evitar un congreso fratricida y humillante para
alguna de las partes. Sólo ocho defendieron la candidatura de Cobo.
"Durante su etapa de presidente, Gallardón había despreciado al
partido. Llegaba a los pueblos y todas las atenciones se las llevaba
el alcalde del PSOE. A veces ni llamaba al portavoz del PP de ese
municipio. Él es así. Todos le admiran. Pero nadie le tiene cariño",
recuerda uno de aquellos portavoces, presente en la reunión.
La noche fue dantesca. Humillante. Algunos
asistentes recuerdan a Gallardón desencajado. "Nadie se privó de
hablar", recuerda un asistente. Aguirre había empezado a marcar el
terreno y a devolverle los desaires. "Por supuesto que ella se ha
sentido menospreciada por él muchas veces", explica una colaboradora
cercana de la presidenta. "Pero esto ya lo hacía Gallardón con
Manzano. El problema es que Aguirre no se deja pisotear", insiste.
En ese Congreso lo demostró arrasando.
A partir de ahí, se sucedieron los conflictos. En
parte, porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid reduciría su
presencia casi a la de una diputación provincial si no podía meter
baza en el Ayuntamiento. Y en gran medida, porque cada vez que han
tenido la oportunidad de ponerse la zancadilla lo han hecho sin
dudarlo. Tanto que Esperanza Aguirre se despachó a gusto en su
biografía autorizada.
Pero el duelo con navaja, el que desequilibraría
la balanza, llegó la noche del martes 15 de enero de 2008 en la sede
de Génova. Ese día, Aguirre logró que Rajoy dejara fuera de las
listas para la candidatura del Congreso a su adversario. Para ello
lanzó el increíble órdago de que renunciaba a la presidencia de la
Comunidad para ir también en las listas. Gallardón anunció esa misma
noche que dejaba la política. "Aquello fue una emboscada preparada
por su partido, por el partido que fundó. El golpe más duro de su
carrera", explica un colaborador del alcalde. Y el mazazo se lo
asestó Aguirre.
"El que les habla ha sido derrotado", admitió el
alcalde la mañana siguiente. Nunca lo había dicho tan claro. Jamás
se había escenificado tan bien con palabras que aquello era una
guerra. Y que esa batalla, otra vez, la había perdido. Y aunque
luego se echó para atrás, amagó con dejarlo todo. El alcalde siempre
dice que no guarda rencor a nadie por la sangrienta refriega.
Los que están menos identificados con uno u otra,
si es que eso es posible en el PP de Madrid, empiezan a estar
hartos. "Nos perjudica a todos. Y suerte que el PSOE lo está
haciendo rematadamente mal, porque estamos perdiendo un gran capital
de votos. Las rivalidades políticas se tienen que resolver en los
congresos", explica un concejal que ha sufrido las peleas de ambos.
Hoy, pese a lo que digan en público, ninguno de
los dos se ha olvidado de cada una de las rencillas. Ambos siguen
compartiendo un objetivo, en el que son un estorbo el uno para el
otro. Tanto, que una juez investiga si trabajadores de la Comunidad
espiaron los movimientos de la mano derecha de Gallardón, Manuel
Cobo. Aunque eso, dicen en la Comunidad, es un invento de este
periódico.
(www.elpais.com,
03/08/09)
2. "CRESPO ME DIO UN SOBRE CON 120.000 EUROS PARA
ENTREGAR AL (DIPUTADO) BOSCH"
Cuando el juez Baltasar Garzón ordenó la
detención de los principales integrantes de la trama corrupta
vinculada a gobiernos del PP que dirigía Francisco Correa y también
un registro en la sede principal de la red empresarial, la policía
encontró en poder del contable de la misma, José Luis Izquierdo, un
pen drive (una memoria donde almacenaba datos reservados, que
ocultaba en su mano, cerrada) y numerosa documentación donde se
reflejaban los ingresos y los pagos.
Analizado el material, la policía halló decenas
de apuntes contables referidos al supuesto pago de sobornos, en
especie y en metálico, a 17 dirigentes del PP, que gobernaban en
ayuntamientos y dos comunidades, por parte de la trama corrupta. El
contable había apuntado durante cuatro años hasta seis millones de
euros en pagos a diferentes políticos.
Cuando declaró ante Garzón, José Luis Izquierdo,
a diferencia del resto de integrantes de la trama que han negado los
hechos, explicó con cierto detalle todo lo que recordaba sobre esos
pagos irregulares y confirmó los supuestos sobornos. En un principio
trató de ocultar todo, pero cuando los agentes le sorprendieron con
el pen drive escondido en su mano, optó por contar lo que sabía. Lo
que sigue es un resumen de su declaración ante el juez Garzón, que
se incluye entre las diligencias del caso Gürtel. Izquierdo, según
su propio relato, estaba encargado de los apuntes en la caja B de la
red empresarial, domiciliada en la calle de Serrano, 40 (Madrid).
Esa caja B se nutría con aportaciones de dinero
que traía Pablo Crespo (número dos de la trama) procedente de otras
cajas de seguridad de la organización con aportaciones de las
distintas empresas adjudicatarias de obras de administraciones
gobernadas por el PP o del dinero conseguido de contratos públicos.
Izquierdo apuntaba todas las operaciones de entrada y salida de
fondos de dicha caja. Para llevar el control de esas operaciones,
había confeccionado un sistema de cuentas gestionado mediante
archivos de Excel. Pablo Crespo, según Izquierdo, le indicó que
abriera cuentas a nombre de determinadas personas o empresas donde
se registraban automáticamente los apuntes que se realizaban. "Las
indicaciones me las daba Pablo [Crespo] verbalmente, por teléfono o
en el despacho". Baltasar Garzón, tras requisar la documentación que
detallaba los sobornos millonarios a políticos del PP, preguntó a
Izquierdo sobre cada uno de esos apuntes contables.
- Luis Bárcenas. El tesorero del Partido Popular,
imputado por supuesto cohecho y delito fiscal, ha negado ante la
Sala Penal del Tribunal Supremo que correspondan a él las siglas L.
B., con múltiples apuntes en la caja B con entrega de diversas
cantidades que suman 1,3 millones de euros. "El archivo con el
nombre "cuentas L. B." puede referirse a Luis Bárcenas, pero no lo
puedo asegurar con total certeza porque ha pasado mucho tiempo. En
la época en la que Correa iba con asiduidad a la calle de Génova
[sede del PP], vi en las listas de regalos de Navidad, en Serrano,
40, el nombre de Luis Bárcenas".
- Gerardo Galeote. El ex eurodiputado del PP
perdió su plaza en las últimas europeas como consecuencia de su
supuesta implicación en el caso de corrupción masiva. La
contabilidad de la trama adjudica unos pagos de 245.000 euros en
efectivo. Izquierdo señala: "El archivo de Galeote tiene una mezcla
de unas entregas hechas en efectivo, según datos que me daban, y
servicios de viajes, bien para él o bien para su familia".
- Alberto López Viejo. El ex consejero madrileño
de Deportes y uno de los hombres de confianza de Esperanza Aguirre
adjudicó a dedo dos centenares de contratos a la trama corrupta para
organizar actos de todas las consejerías de la Comunidad de Madrid
en los que intervenía la presidenta autonómica. A cambio, según la
caja B de Correa, cobró al menos 286.000 euros en efectivo. "ALV",
declara al juez Izquierdo para explicar sus propios apuntes, "es
Alberto López Viejo. Esta persona era acreedora en 240.000 euros y
al final se le dieron 286.000 euros. Las fechas son clavadas". López
Viejo sigue siendo diputado autonómico y, aunque está suspendido de
militancia a petición propia, el PP no le ha solicitado que entregue
el acta.
- Benjamín Martín Vasco. Ex concejal de Arganda
del Rey (Madrid), sigue siendo diputado autonómico pese a que la
investigación judicial ha detectado que la trama le pagó más de
345.000 euros en comisiones ilegales a cambio, supuestamente, de sus
gestiones para concursos de suelo que beneficiaron a Martinsa, una
empresa para la que trabajaba supuestamente Francisco Correa como
intermediario. Izquierdo declara sobre los apuntes referidos a
Martín Vasco: "Hay viajes donde figuran estancias en hoteles,
billetes de avión, gastos en joyería Suárez y dinero en efectivo. El
dinero entregado en efectivo y los gastos de la joyería Suárez salen
de la caja B. Si ha devuelto el dinero que se le dio, no ha pasado
por mí. En cuanto a los viajes, hasta la fecha que pone el archivo,
no se hicieron efectivos".
- Alfonso Bosch. Diputado autonómico al que el PP
no ha solicitado que entregue el acta, aparece en la caja B con
pagos de al menos 250.612 euros. El contable declara: "Conozco a
Alfonso Bosch, me suena que es un amigo de Pablo. Lo he visto un par
de veces por la oficina. Crespo me dio un sobre con 120.000 euros
para que se le entregara a este señor".
- Arturo González Panero (ex alcalde de
Boadilla). Los apuntes de pagos al ex alcalde suman 642.942 euros.
De algunos de esos apuntes, Izquierdo habló así al juez: "La cuenta
en la que figuran 48.900 euros a nombre de Arturo González Panero
son movimientos en efectivo que se le han dado a este señor, si no
recuerdo mal". A González Panero le echó el PP de la alcaldía, pero
sigue de concejal.
- Ginés López, alcalde de Arganda. "Es del
alcalde de Arganda, en el archivo figuran viajes y alguna entrega en
efectivo. Hay un sobre de 30.000 euros que me dijeron que preparara,
que lo recogería Andrés (el conductor de Correa) que supuestamente
hacía las entregas".
- Jesús Sepúlveda (ex alcalde de Pozuelo). En la
caja B figuran pagos que suman 542.992 euros a favor del ex alcalde
de Pozuelo, al que también se investiga por el supuesto cobro de
regalos en especie (coches). Izquierdo habló de uno de esos apuntes
preguntado por el juez: "Hay un asiento de cancelación facturas
Pasadena Viajes. Es el mismo sistema, pagado por caja B". Sepúlveda
dimitió de su cargo y sigue de concejal.
- Guillermo Ortega (ex alcalde de Majadahonda).
"Hay un apunte de Pasadena Viajes 19.850 euros es la cancelación del
expediente de un servicio que se pagó con la caja B. Pablo Crespo me
pidió también que preparara un sobre con 50.000 euros y que lo
pusiera a nombre de Guillermo Ortega", señala Izquierdo. A Ortega le
quitó Esperanza Aguirre de alcalde pero le dio un cargo en la
Comunidad, del que salió tras estallar el escándalo Gürtel, al
comenzar las detenciones de implicados.
(www.elpais.com, 06/08/09)
3. CRÓNICA DE UNA IMPOSTURA
El Gobierno de Esperanza Aguirre ha desplegado en
los últimos seis meses todo tipo de maniobras para ocultar lo que
parte de la cúpula nacional del PP, los dirigentes de este partido,
Alfredo Prada, ex consejero de Justicia, y Manuel Cobo, vicealcalde
de Madrid; e IU y PSOE, consideran un delito especialmente grave en
democracia: el espionaje al adversario político con fondos públicos
y utilizando para ello a empleados a sueldo de la Comunidad de
Madrid.
Para ocultar lo ocurrido, desde Aguirre hasta su
vicepresidente, Ignacio González, pasando por el consejero de
Interior y secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados;
el consejero de Sanidad y portavoz del PP de Madrid, Juan José
Güemes; el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, o
el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón, no dudaron en
mentir en sede parlamentaria, en obstaculizar la investigación
negando documentación relevante al Parlamento autónomo y en bloquear
la comparecencia de los espiados. Además, Aguirre y los suyos
acusaron a EL PAÍS de fabricar los partes de espionaje, que tildaron
de falsos. La presidenta llegó a presentar una querella, que obligó
a firmar a todos los consejeros, contra este diario.
La investigación judicial ha revelado ahora que
al menos tres asesores de Seguridad, todos ellos guardias civiles
contratados a dedo por el consejero de Interior, Francisco Granados,
con un sueldo que duplica al de los agentes autonómicos, siguieron a
Prada. Y lo hicieron de la mañana a la noche, tanto cuando acudía a
actos como consejero como cuando salía a cenar o a tomar una copa
con amigos o familiares.
Llegados a este punto, y sin posibilidad de negar
las evidencias que suministran los datos facilitados por Telefónica,
el Gobierno de Aguirre empezó a airear una excusa cuando conoció el
informe policial de los teléfonos móviles. Los asesores de Granados,
según la nueva teoría, hacían "contravigilancias", no espionaje, a
Prada.
Ningún manual de contravigilancias incluye las
prácticas que, según la investigación, llevaron a cabo los tres ex
guardias civiles. No se informó de la contravigilancia ni a Prada ni
a sus escoltas, con lo que se ponía en riesgo la vida de espías y
espiados. La contravigilancia no se hacía para averiguar si alguien
seguía al consejero o amenazaba su integridad física, sino que era
un seguimiento al milímetro de todos los pasos que daba el
consejero. Sólo importaba el consejero, no lo que lo rodeaba.
Lo que sigue resume las claves de la
investigación y detalla la estrategia desplegada por el Gobierno de
Aguirre para evitar que el escándalo salpique a algunos de sus
miembros.
- La batalla por el poder dentro del PP. Los
"objetivos" de los seguimientos pagados con dinero público, Prada y
Cobo, tenían un común denominador: ambos se oponían a la estrategia
de Aguirre y su equipo contra el liderazgo de Mariano Rajoy tras la
derrota de las elecciones generales de marzo de 2008. El vicealcalde
de Madrid remaba contra el intento de Aguirre para destronar a
Rajoy. Prada había pasado de ser un hombre de confianza de la
presidenta -le nombró vicepresidente aunque poco a poco le fue
quitando competencias- a defender la línea política marcada por
Rajoy.
- Seguimientos al minuto. Los seguimientos,
encargados según los tres ex guardias civiles por Sergio Gamón, ex
marido de la secretaria de Esperanza Aguirre, fueron reflejados en
partes escritos con una redacción muy pobre y un contenido
aparentemente irrelevante.
Los partes del espionaje incluyen, sin embargo,
detalles sobre las personas que acompañan a Prada que revelan un
interés especial por saber con quién se veía el consejero. El
informe de la policía sobre los posicionamientos de los teléfonos de
los espías revela un trabajo en equipo. Los ex guardias civiles
hacían llamadas de teléfono pocos minutos antes o después, a veces
sólo segundos, de las incidencias que se reflejan en los partes, y
desde lugares, según los postes teléfonicos que recogieron las
llamadas, que nunca distaban más de 500 metros del sitio donde en
ese momento se encontraba Prada. Ninguna "contravigilancia" policial
se hubiera fijado en detalles referidos a las personas que
acompañaban a Prada, a su mujer, a su hija o a las maletas que
sacaba de su casa para salir de viaje, ni hubiera perseguido al
objetivo por la ciudad.
Los ex guardias civiles aseguran que no
confeccionaron los partes, donde hay algunas palabras y números de
matrícula manuscritos. Dos peritos calígrafos, que trabajan en
relevantes casos de la Audiencia Nacional, elaboraron un informe
para EL PAÍS donde atribuían esa letra a José Manuel Pinto, técnico
auxiliar de la Comunidad que dependía de Gamón y no tenía asignadas
funciones específicas. Otro informe encargado por el Gobierno
regional a un perito, ex edil socialista, descartó que la letra
fuera de Pinto. Entre las funciones del agente Pinto, según explicó
por escrito el consejero de Interior al fiscal de Madrid, estaba la
"toma de datos y mecanización de los mismos".
El supuesto "montaje" de los partes, sería
imposible sin tener la información suministrada por los guardias
civiles desde sus teléfonos cuando seguían a Prada. Los partes
coinciden casi al milímetro con la actividad de los móviles de los
ex guardias civiles que trabajaban como asesores de Granados.
- ¿Quién lo ordenó? Los tres ex guardias civiles
descubiertos por sus móviles en la persecución a Prada, aseguraron a
la policía que dependían del consejero Granados, quien los contrató
como asesores. Uno de los ex guardias civiles llegó a decir que era
"su jefe directo", y que sólo se "coordinaban" con Sergio Gamón. El
consejero Granados declaró a este periódico que nunca daba órdenes a
los ex guardias civiles sino que era Gamón quien lo hacía. Por su
parte, Gamón aseguró a la policía que estos tres ex guardias civiles
eran asesores de Granados y que, a veces, trabajaban en tareas de
seguridad junto al resto de personal de su departamento. Pero aclaró
que, a diferencia de ese personal de su departamento, estos asesores
no dependían de él.
- "Contravigilancia". En los seis meses que han
pasado desde que EL PAÍS destapó la red de espionaje, ningún
dirigente autonómico, hasta el pasado miércoles, había declarado que
los agentes bajo sospecha hacían contravigilancia a Prada. En marzo
pasado, el consejero Granados elucubraba con la posibilidad de que
pudiera tratarse de contravigilancia porque Prada la pidió cuando le
robaron en su casa. Prada lo niega: "Nunca me han robado en mi casa.
Nunca pedí contravigilancia a nadie de la Comunidad porque, entre
otras cosas, yo ya tenía contravigilancia puesta por Interior debido
a que mi nombre apareció en unos papeles incautados a ETA".
Hay múltiples testimonios de los ex guardias
civiles y agentes autonómicos de Seguridad, tanto en sede
parlamentaria como en sede policial, que descartan que entre sus
funciones estuvieran las contravigilancias a consejeros. Baste la
explicación de Miguel Castaño, subdirector general: "Si un consejero
hace un viaje a no sé dónde, a la dirección no nos mandan nada".
¿Por qué? "Porque la seguridad del consejero, vicepresidente o
presidenta depende del Cuerpo Nacional de Policía".
Por cierto, tras el espionaje que sufrió Prada,
su carrera política terminó en la Comunidad de Madrid. Aguirre le
destituyó como consejero unas semanas después.
(www.elpais.com,
03/08/09)
4. GRANADOS: "PRADA SE MONTÓ UN DISPOSITIVO DE
CONTRAVIGILANCIA EN SU PROPIO DOMICILIO"
El consejero de Presidencia, Interior y Justicia,
Francisco Granados, ha acusado esta mañana a su compañero de partido
y diputado regional, Alfredo Prada, de haberse montado un
dispositivo de contravigilancia cuando era consejero de Justicia.
Granados ha mantenido en todo momento que los servicios de seguridad
ya se venían realizando desde hace tiempo, antes de que él se
hiciera cargo de la cartera de Interior.
"Él sabe que montó un dispositivo de
contravigilancia en su propio domicilio", ha aseverado el actual
consejero en una declaración ante los medios de comunicación. La
semana pasada, Prada aseguró que alguien tendría que
pedirle disculpas y dar
explicaciones por las vigilancias a que fue sometido por
parte de guardias civiles adscritos a la Comunidad de Madrid. Hoy ha
recibido una respuesta por parte de Granados: "Supongo que no se
refería a mí, él tendrá que decir a quién lo hacía. De todas formas,
todo está en manos de la justicia y se aclarará pronto", ha
concluido el consejero.
Granados también ha tenido palabras para el
vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, que el miércoles pasado lo acusó
de que saber muchas cosas y de no dar explicaciones. "Solo tengo que
decirles que la cara es el espejo del alma", ha zanjado Granados en
referencia a Cobos.
(www.elpais.com,
03/08/09)
5. EL FISCAL PIDIÓ EN PLAZO A TELEFÓNICA LOS
DATOS DEL ESPIONAJE A COBO
La investigación de los espionajes con dinero
público a Alfredo Prada y Manuel Cobo se ha topado con un obstáculo
mayor que, de momento, parece insalvable. Telefónica sólo ha
facilitado los posicionamientos de los móviles de los supuestos
espías desde el 6 de mayo, pese a que los seguimientos recogidos en
los partes también incluyen todo el mes de abril y, por un supuesto
error, dos días de marzo. Telefónica ha argumentado que, por Ley,
sólo puede conservar esos datos con un año de antigüedad y la
petición de la juez fue firmada el 6 de mayo de 2009.
Sin embargo, como se recoge en el documento cuya
copia encabeza esta información, el fiscal jefe de Madrid, Manuel
Moix, atendiendo a una petición policial ante la tardanza en
suministrar datos de la Comunidad de Madrid, solicitó al director
general de Telefónica Móviles España Movistar esos mismos datos
sobre posicionamiento de los teléfonos de los sospechosos de
espionaje el 3 de abril de 2009.
Nadie sabe a estas alturas qué ocurrió con esa
petición porque Telefónica sólo ha cumplimentado, de momento, la
petición de la juez. Los ex guardias civiles cazados con sus móviles
en los lugares donde acudió Prada negaron insistentemente a la juez
que hubieran hecho un seguimiento similar al vicealcalde de Madrid,
Manuel Cobo. Y recalcaron que eso quedaría fuera de sus
competencias.
Los datos correspondientes al mes de abril
podrían desbaratar estas declaraciones y acreditar lo que los partes
de seguimiento dicen respecto al espionaje al vicealcalde de Madrid.
En dichos partes se recoge cómo los espías acudían al domicilio de
Cobo, en un municipio fuera de la capital, y le seguían hasta que
llegaba al Ayuntamiento de Madrid. Incluso merodeaban por los
alrededores de la Plaza de Cibeles, donde se encuentra el despacho
de Cobo, hasta que levantaban el dispositivo por temor a ser
reconocidos por los servicios de seguridad del Ayuntamiento de
Madrid.
6. ENTREVISTA: LA TRAMA DEL ESPIONAJE EN MADRID
ALFREDO PRADA EX VICEPRESIDENTE DE AGUIRRE, ESPIADO EN 2008 "ALGUIEN
DEBERÍA PEDIRME PERDÓN"
Era uno de los más entusiastas aguirristas, los
fieles a Esperanza Aguirre. Ella le hizo vicepresidente segundo de
la Comunidad de Madrid. Pero Alfredo Prada cometió un error: en
plena guerra interna del PP, tras la derrota en las generales de
2008, se acercó a Mariano Rajoy, que le ofrecía un puesto en la
cúpula, y por eso fue destituido fulminantemente. "Yo era
vicepresidente del Senado y dejé la política nacional por Aguirre,
porque me ofreció un trabajo apasionante", recuerda. "No guardo
rencor. Rodolfo Martín Villa me dijo: 'Es bueno que te hayan cesado,
eso curte'. Y tiene razón. Pero llevo 28 años en el PP, si Rajoy me
invitaba a participar en la dirección nacional, no podía decir que
no. Sobre todo porque no había candidatura alternativa en el
congreso de Valencia. Se lo dije a Esperanza: yo por ella me hubiera
tirado a la piscina aunque estuviera vacía, pero por nadie más. Si
mi cese se produjo porque acepté la invitación de Rajoy, sin que
hubiera candidatura alternativa, no lo veo justo".
Pero antes de esa ruptura, según determina sin
lugar a dudas un informe policial basado en la posición de varios
teléfonos móviles, fue seguido a todas horas, incluso a la una de la
madrugada, cuando salía de cenar con su mujer y su hija en el
restaurante que aparece en la fotografía. Y le seguían funcionarios
de su propio Gobierno, a las órdenes de Sergio Gamón, una persona de
confianza de Aguirre -fue su jefe de escoltas y su esposa, su
secretaria-. Tres de esos funcionarios están imputados por una juez
y Gamón lo estará en septiembre.
"Es gravísimo lo que ha confirmado la policía, es
de los delitos más graves en una democracia. Por eso yo confío en la
justicia, en que aclarará quién me espió y quién lo ordenó, y confío
en que Aguirre sabrá hacer un ejercicio de responsabilidad y acertar
en sus decisiones sobre las consecuencias políticas. Las pruebas son
muy contundentes, me espiaron asesores nombrados a dedo, que
actuaban a las órdenes de un director general, un alto cargo del
Gobierno", se indigna.
Los supuestos espías, después de negarlo durante
meses, han reconocido que seguían a Prada, dicen que para hacer
labores de contravigilancia. Pero sin avisarle, algo peligrosísimo
porque podrían haberse liado a tiros con sus escoltas de verdad.
"Tienen la misma credibilidad ahora que cuando lo negaron antes.
Hace tiempo yo tuve contravigilancia de la policía. Y me avisaron,
por supuesto, de lo contrario es muy peligroso. Es una excusa muy
poco creíble".
Prada está dolido con Aguirre, y se le nota.
"Después de que haya quedado clara la peor de las hipótesis, esto
es, que quienes espiaba eran trabajadores de la Comunidad de Madrid,
he echado de menos una llamada. He recibido muchas, pero me ha
faltado la más importante. Lo que da grandeza a las personas es
saber pedir disculpas. Alguien debería pedirme perdón". No quiere
nombrarla, pero se refiere con claridad a la presidenta de Madrid.
Cuando EL PAÍS publicó los partes, el Gobierno de
Aguirre se concentró en algunos errores para decir que Prada mentía
al confirmar que eran correctos. "Intentaron desacreditarme, fue
mezquino. Es querer convertir a la víctima en verdugo, huele a
nazismo. Soy una víctima, hay unos partes que recogen mi vida
privada, han seguido y hecho fotos a mis hijos menores de edad. Si
querían saber si me reunía con Rajoy, sólo tenían que habérmelo
preguntado".
Prada ha dejado ahora los oropeles del poder y el
presupuesto millonario de la Comunidad. Y se dedica a viajar por el
mundo como responsable del PP en el exterior, el cargo que le
ofreció Rajoy cuando Aguirre le echó. En seis meses ha dado cuatro
vueltas al mundo. "Ahora conozco a mucha gente que está en política
de forma desinteresada, sin ambición, porque no pueden aspirar a
ningún cargo, que trabajan porque creen en España y en los
principios y valores del PP. Gente muy noble".
Y de aguirrista ha pasado a marianista sin
complejos. "El proceso tras la derrota electoral fue una lástima,
hubo cuestiones desmedidas. Pero hoy el PP está ganando elecciones,
tiene muchas opciones de volver al Gobierno de España. Tenemos al
frente a un gran político y una a gran persona. A veces no se le
entiende, y se le critica, pero el tiempo le va dando la razón".
(www.elpais.com,
03/08/09)
7. LOS PRESUNTOS ESPÍAS DE MADRID IMPLICAN A TRES
ASESORES DE UN HOMBRE DE AGUIRRE
El operativo del supuesto espionaje a cargos del
PP madrileño por parte de responsables del Gobierno de Esperanza
Aguirre lo integraban, al menos, tres ex guardias civiles, fichados
en septiembre de 2007 como asesores por el consejero de Interior,
Francisco Granados; y tres ex policías nacionales, contratados en la
misma época por quien era director general de Seguridad, Sergio
Gamón, hombre de confianza de la presidenta autonómica. Gamón
dirigió el operativo, según la declaración de los imputados ante la
juez, aunque ellos sostienen que aquello no fue espionaje.
Los tres ex guardias civiles, imputados por
malversación en relación con el seguimiento que hicieron al
dirigente del PP Alfredo Prada -tanto en sus actos públicos como en
su vida privada-, aseguraron a la juez que investiga el caso que esa
operación "la ordenó Gamón" y que para llevarla a cabo les
acompañaron tres ex policías nacionales. "A veces lo hacíamos tres,
otras cuatro... Éramos seis", contaron los agentes. Los ex policías,
investigados como sospechosos del espionaje, aún no han sido
imputados.
Cuando Prada fue supuestamente espiado, en abril
y mayo de 2008, era vicepresidente y consejero de Justicia. Fue
destituido unas semanas después de que terminaran los seguimientos,
tras el congreso nacional del PP en el que apoyó a Mariano Rajoy y
se alejó definitivamente de Aguirre.
La declaración de más de dos horas que los tres
asesores de Granados hicieron ante la juez, a la que ha tenido
acceso EL PAÍS, configura un extraño operativo diseñado por Gamón
entre marzo y mayo, según reconoció uno de los agentes. La misión
consistía, contaron ellos, en supuestas "contravigilancias" -labores
de protección extra a un cargo público- de la que no tenían
constancia ni el vigilado (Prada, que no las pidió) ni su escolta.
Los agentes, que iban desarmados, no tienen competencias para hacer
contravigilancias (sólo puede realizarlas el Ministerio del
Interior).
Los posicionamientos de los teléfonos móviles de
los asesores del Gobierno de Aguirre, y los partes escritos de los
seguimientos diarios, que los tres ex guardias civiles niegan haber
hecho, acreditan que el supuesto espionaje se hizo al menos 12 días
de mayo desde el mediodía hasta, en ocasiones, la medianoche. Pese a
que la Dirección General de Seguridad cuenta con cerca de 40 agentes
con plaza por oposición, muchos de ellos con 20 años de experiencia,
sólo hicieron el seguimiento a Prada los seis asesores fichados a
dedo a finales de 2007 como hombres de confianza.
Durante su comparecencia, la juez leyó a los
agentes la declaración que habían efectuado ante la policía en marzo
y en la que negaban haber seguido a Prada. Sin embargo, la
investigación de los posicionamientos de sus móviles ha probado
ahora que los tres ex guardias civiles habían seguido por las calles
de Madrid y por algunos pueblos de la Comunidad al consejero Prada.
Cuando la juez les preguntó por qué habían negado
estos hechos ante la policía, dos de ellos intentaron explicarse sin
mucho éxito. Hasta que la juez les habló de una cuestión de
"concepto". Supuestamente negaron los hechos porque les preguntaron
por seguimientos y ellos hicieron, según admitieron ante la juez,
"contravigilancias". Quien primero utilizó esa palabra fue la propia
juez. Los interrogados dieron por buena la palabra y se aferraron a
ella. Cuando se les preguntó por el motivo de que hicieran
contravigilancias en la sede de la Consejería de Justicia,
custodiada por guardias civiles, uno de los imputados contestó
simplemente que se ponían a "100, 200 metros o 400 metros".
Los asesores de Granados aseguraron que hacían
contravigilancias a otros miembros del Gobierno. Primero citaron a
Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados. Luego
ampliaron la lista a Juan José Güemes, Gador Ongil y Javier
Fernández Lasquetty. En muchos de los casos, vinculaban sus
contravigilancias a problemas que se pudieran producir en actos
públicos con grandes aglomeraciones para evitar altercados, y
citaron expresamente la inauguración de hospitales. Los seguimientos
a Prada por pueblos de la Comunidad de Madrid se hicieron en actos
celebrados en pueblos minúsculos, sin aglomeraciones ni
posibilidades de altercados. En la capital, le seguían en sus
encuentros públicos y también en los privados, que no figuraban en
ninguna agenda.
Los tres guardias civiles insistieron durante las
dos horas de declaración en tres ideas que pueden encauzar la
investigación: "No hicimos nada que no nos ordenasen. Quién dirigía
el operativo era Sergio Gamón. Granados no nos dio ninguna orden".
Sergio Gamón, policía nacional, llegó a la
Comunidad de Madrid de la mano de Esperanza Aguirre, quien se lo
impuso al que entonces era consejero de Interior, Alfredo Prada.
Sólo un día después de que Aguirre destituyera a Prada, Gamón se fue
a un edificio de la Consejería de Justicia con tres de sus hombres
de confianza; ese día desapareció un ordenador de un directivo de
Prada. El episodio quedó en nada porque se habían borrado las
imágenes de las cámaras de seguridad. Pero, cuando se conocieron los
hechos, Granados destituyó a Gamón. Sin embargo, por indicación de
Aguirre tuvo que recolocarlo dándole un puesto de director de
Seguridad, dotado con un sueldo de 90.000 euros anuales y en el que
no hacía prácticamente nada.
(www.elpais.com, 16/08/09)
8. LA VIEJA Y FLEXIBLE
CONSPIRACIÓN DEL PP
Esta todo ahí, en ese vídeo. Mariano Rajoy, en la
sede del PP, rodeado por los máximos dirigentes de su partido, el 11
de febrero de 2009, se coloca frente a un atril y dice: "Esto no es
una trama del PP, como algunos pretenden. Esto es una trama contra
el PP". Rajoy se centra en las informaciones periodísticas y
describe una trama en la que están el fiscal general del Estado, el
juez Baltasar Garzón y el Gobierno. Pide la comparecencia del fiscal
general en el Congreso para que explique "el diferente trato que la
Fiscalía da a los partidos políticos". "Nunca en España, ni con
Suárez, ni con Calvo-Sotelo, ni con González, ni con Aznar, se había
hecho un uso tan partidista de la fiscalía como hasta ahora".
Exactamente igual lo dijo Arenas este jueves, seis meses después.
"El 100% de los casos afectan al PP. Nunca afectan al PSOE". Rajoy
también lanza la idea de que lo que está ocurriendo es propio de
dictaduras: "Creíamos que estas cosas estaban superadas hace
tiempo". Como ahora.
Los dirigentes del PP que llevan dos semanas de
agosto denunciando un supuesto acoso de las instituciones contra su
partido no se basan en ninguna actuación judicial, policial o
política de los últimos seis meses. Todo lo dijo ya Rajoy ese 11 de
febrero cuando sólo habían pasado cinco días de la detención de
Francisco Correa, el jefe de la trama corrupta que logró decenas de
millones de euros en adjudicaciones de Gobiernos del PP. No se podía
sospechar todo lo conocido después. Sin embargo, la conspiración, la
acusación genérica a todos los poderes del Estado, estuvo ahí desde
el minuto uno. Aunque se ha adaptado a las circunstancias.
- Estalla el escándalo. En el primer fin de
semana, los periódicos publican información a mansalva sobre Correa
y sus negocios, incluidas las grabaciones en las que salen
mencionados muchos dirigentes del PP. Ese mismo sábado, Esteban
González Pons marca el tono de la estrategia a seguir: dice que el
Gobierno utiliza la fiscalía y la policía "en una estrategia de
eliminación del PP".
El domingo, la secretaria general del PP, Dolores
de Cospedal hace público el argumento completo: "No vamos a
consentir que se nos implique en ninguna campaña de financiación
ilegal o de corrupción porque el PP no reconoce absolutamente como
partido ninguna responsabilidad en los asuntos que están apareciendo
en diversos medios. Esto es una operación de acoso y derribo contra
el PP. El PSOE, que no nos puede dar lecciones porque es el partido
de los GAL y de Filesa, está utilizando de forma escandalosa al
Ministerio del Interior, la fiscalía y otros poderes del Estado en
beneficio propio".
Para entonces sólo había dos cargos del PP
imputados. Dos alcaldes, que dimitieron. A pesar de que el PP está
en supuesta "indefensión absoluta" porque no conoce el sumario, la
presidenta de la Comunidad de Madrid cesa fulminantemente a un
consejero muy cercano a ella sólo tres días después de la detención
de Correa. Nadie seguirá su ejemplo.
- Denuncia contra Garzón. El 12 de marzo, el PP
presenta su segunda denuncia contra Garzón ante el Poder Judicial.
En ella relata una misteriosa llamada de teléfono de un policía a
Camps, el 5 de marzo, el día en que Garzón se inhibió en favor del
Tribunal Superior de Valencia. El policía le comunica este hecho al
presidente. El escrito da muchos detalles de la llamada y lo
califica de "maniobra irregular del juez". El Consejo General del
Poder Judicial archiva la denuncia.
- Una decena de imputados. Han pasado seis meses
y el sumario ya no es uno, sino tres. Garzón ya no se ocupa del
caso, y tres fiscales, tres jueces y una sala del Supremo han visto
material suficiente para seguir adelante con la "trama contra el PP".
Han sido imputados cuatro cargos del PP valenciano, incluido el
presidente (el caso está archivado y recurrido al Supremo). Han sido
imputados tres diputados autonómicos del PP de Madrid, un diputado
nacional y un senador y tesorero nacional del partido, que dimitió.
- Las grabaciones. Con este panorama se llega a
la segunda parte de la conspiración. El 19 de julio, EL PAÍS publica
una grabación en la que El Bigotes, líder de la trama en Valencia,
afirma que hace regalos a Rita Barberá. Él mismo dice que la
alcaldesa de Valencia no le da nada a cambio. El PP monta en cólera.
Considera que la conversación no tiene ninguna relevancia penal y
que se ha utilizado exclusivamente dentro de una campaña de
filtraciones para "tratar de aniquilar" al partido. Al día
siguiente, igual que seis meses antes, Cospedal carga de nuevo
contra el Gobierno, la fiscalía y la policía. Elude contestar sobre
la corrupción. Las declaraciones de dirigentes del PP poniendo el
grito en el cielo por las filtraciones y apuntando a la policía se
suceden hasta el punto de que, el día 21, Cospedal se tiene que
reunir con los sindicatos policiales, que se sienten atacados.
Cospedal les tranquiliza e indica que su acción política va contra
la fiscalía y los ministros de Justicia y de Interior, como
responsables de los órganos del Estado con acceso al sumario. Igual
que en febrero, anuncia que pedirá su comparecencia para que se
expliquen. Les comunica también que van a presentar una denuncia.
Esa denuncia llega el 24 de julio. La presenta
Federico Trillo, que repite frases que colean desde febrero, como la
persecución al PP o una referencia a la dictadura. La denuncia es
por un "delito continuado de revelación de secretos", una
"revelación de actuaciones secretas" y "una interceptación ilegal de
las comunicaciones". De las filtraciones ya no puede acusar a
Garzón, pero en vez de acusar a los jueces de Madrid, de Valencia o
del Supremo, señala expresamente como sospechosos a todos los
policías que hayan participado en la investigación. Cospedal queda
en evidencia ante los sindicatos policiales.
- De la prevaricación de Garzón al espionaje del
Gobierno. La denuncia, además, recupera un dato antiguo para
sostener las supuestas escuchas ilegales. La conversación de un
policía con Camps el 5 de marzo ya no es una chapuza del juez Garzón
atribuible a sus prisas sino una prueba de que el presidente
valenciano está siendo grabado ilegalmente por la Policía Judicial.
En la denuncia no se dice nada parecido. En su encuentro con la
prensa ese día, Trillo alardea de haber escuchado esa conversación,
aunque se niega a decir que esté grabada. Eso lo dice Trillo
después.
- El recurso de la fiscalía. El lunes 3 de
agosto, el Tribunal Superior de Valencia archiva la causa contra
Camps. Ese día, la vicepresidenta anuncia sorpresivamente que la
fiscalía recurrirá al Supremo. Cospedal se agarra a este nuevo dato
para relanzar la conspiración a un nivel superior. El martes, en un
comunicado en vídeo, acusa al Gobierno de utilizar a la fiscalía
para perseguir al PP más que a ETA. Dos días despúes, en una
entrevista desde la playa, acusa al Gobierno de utilizar a jueces,
fiscales, policías y servicios secretos (esto es nuevo) para acosar
al PP. Y añade que le consta que dirigentes de ese partido tiene
pinchados los teléfonos.
Ese día, el desconcierto en el PP es palpable.
Los días posteriores, la poca gente del partido que atiende a los
medios sólo sabe decir que "algo saldrá" y que si Cospedal lo ha
dicho es porque "algo hay". Queda claro que sólo ella sabe a qué se
refiere. El 11 de agosto, Trillo reitera lo que ha dicho en días
anteriores en algunas entrevistas: tiene una grabación de la llamada
de Camps. Pero no aclara por qué en la denuncia del día 24 ni
siquiera se dice que esa conversación está grabada. Rajoy avala la
acusación, pero se niega a hablar de ella en detalle. Otros
dirigentes van añadiendo elementos estilo 11-M a la historia: "Que
se investigue", "que se demuestre que no es así". Todavía no han
dicho "queremos saber".
(www.elpais.com, 16/08/09)
9. AGUIRRE EVITA COMPARECER PARA EXPLICAR EL
ESPIONAJE
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, no comparecerá en la Asamblea para explicar el
espionaje político a cargos del PP en la región. Entre ellos el
sufrido por el ex consejero regional, Alfredo Prada, y por el
vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, semanas antes del congreso
nacional del PP en Valencia, cuando Aguirre meditaba enfrentarse a
Rajoy.
La Mesa de la Asamblea, órgano que trata las
cuestiones reglamentarias de la Cámara, no admitió a trámite la
solicitud de la oposición (PSOE e IU) para que comparezca Aguirre.
El argumento esgrimido por Cristina Cifuentes (PP), vicepresidenta
de la Asamblea, es que "no hay un procedimiento habilitado en el
reglamento que posibilite las comparecencias de la presidenta. Sí
está previsto que se puedan realizar preguntas en el pleno", zanjó
la diputada popular.
Lo que sí prosperó fue la petición de
comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
Francisco Granados, quien dirige el departamento donde supuestamente
se realizaron los seguimientos. Para eso se reúne hoy la diputación
permanente de la Asamblea, principal órgano representativo entre
periodos parlamentarios, que debatirá si es oportuno la
comparecencia de Granados.
Este diario ha publicado recientemente que los
tres agentes imputados en el espionaje político, pertenecientes a la
consejería que dirige Granados, han implicado a otros tres ex
policías nacionales a sueldo de la Comunidad. Además, todos estos
agentes eran colaboradores de Sergio Gamón, el principal asesor en
temas de seguridad de la presidenta regional. "Son hechos
gravísimos. La artimaña que esgrimen para que no comparezca Aguirre
es una excusa", lanzó la portavoz socialista, Maru Menéndez.
El bloqueo a la comparecencia de Aguirre provocó
gran malestar en la oposición. Menéndez, acusó a la presidenta
regional de "no ser capaz de dar la cara ante los representantes de
los ciudadanos".
Por otra parte, la diputación permanente de la
Asamblea también debatirá hoy sobre la comparecencia de la consejera
de Educación, Lucía Figar, para que valore los resultados de las
pruebas de conocimientos a alumnos de sexto de primaria y de tercero
de secundaria.
(www.elpais.com,
27/08/09)
10. AGUIRRE IMITA A RAJOY Y ELUDE PRONUNCIARSE
SOBRE LAS ESCUCHAS ILEGALES
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, ha eludido pronunciarse sobre la denuncia de
escuchas ilegales al PP realizada por los máximos dirigentes de su
partido a principios de agosto. La jefa del ejecutivo regional ha
comparecido tras la primera renión del gobierno regional tras el
verano. Aguirre se suma así a la estrategia que mismo puso en
práctica el líder de su formación. Mariano Rajoy evitó responder
sobre la existencia de escuchas ilegales a la que supuestamente
están sometidos los dirigentes del PP, como denunció semanas atrás
su 'número 2' María Dolores de Cospedal.
Aguirre ha evitado referirse a esa denuncia sin
pruebas de la dirección nacional de su partido sobre escuchas
ilegales y se ha limitado a remitir a lo que han dicho otros
dirigentes del PP. La presidenta madrileña tampoco ha querido opinar
sobre la posible denuncia de este asunto ante los tribunales de
Justicia. "Todos los días aparecen en los medios de comunicación las
escuchas que se hacen a miembros del PP o a personas relacionadas
con el PP", ha criticado Aguirre en sus declaraciones tras la
primera reunión del gobierno que preside. "¿Están autorizadas (las
escuchas)? Y si es así, ¿quién las ordena? ¿Quién permite que se
hagan? ¿Quién las filtra?", ha inquirido la presidenta madrileña.
Es la duda que sembraba la secretaria general del
PP y que, hasta ahora han secundado de forma muy velada y sin
presentar pruebas, algunos líderes del PP. La última ha sido
Esperanza Aguirre, pero mismo, Mariano Rajoy, seguía la misma pauta,
eludir referirse a "escuchas ilegales". El PP viene denuncia a
través de los medios de comunicación, pero no en la Justicia, que
varios de sus dirigentes son víctimas de 'pinchazos telefónicos'.
Todos los dirigentes secundan un mismo mensaje: El Gobierno utiliza
las instituciones del Estado para acosar a la oposición.
Sin embargo, a los miemrbos del PP les cuesta
pronunciar la denuncia por "escuchas ilegales". mismo, Mariano
Rajoy, durante una entrevista en Galicia y ante la pregunta concreta
de si existen escuchas ilegales, su respuesta fue: "Lo que hay es un
trato diferente a distintos grupos políticos". "Hemos visto cómo se
ha detenido a muchos militantes del Partido Popular esposados y cómo
se ha avisado a las televisiones para que salieran en ellas"
respondió Rajoy, pero sin dar una pista sobre la existencia o no de
las escuchas.
El martes, la portavoz de los populares en el
Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, acusaba al Gobierno socialista
de Rodríguez Zapatero de haber dado la consigna de "que se hable del
PP mientras no se hable de la crisis".
(www.cadenaser.com,
27/08/09)
11. EL EQUIPO DE AGUIRRE INSISTE EN NEGAR EL
ESPIONAJE EN MADRID PESE AL INFORME POLICIAL
A pesar de que tres empleados de la Consejería de
Interior madrileña han admitido ahora ante una juez -hace meses lo
negaron- que realizaron seguimientos al ex consejero Alfredo Prada
(según ellos, no para espiarlo sino para protegerlo); a pesar de que
la policía afirma que esos tres empleados "son los autores de los
partes de seguimiento" que este periódico publicó y el PP dio por
falsos; y a pesar de que el posicionamiento de los móviles de esos
tres empleados revela que siguieron como lapas a Prada en mayo de
2008, en actos públicos y privados, el portavoz del PP en el
Parlamento madrileño, David Pérez, sostuvo : "La justicia
determinará, pero nada en la investigación judicial en curso revela
más que una correcta actuación de la Comunidad de Madrid".
Con esa tesis, el PP denegó la comparecencia del
consejero de Interior, Francisco Granados, que PSOE e IU pedían por
considerar probado que el "espionaje" a dirigentes del PP críticos
con Esperanza Aguirre existió.
"Ha quedado acreditado que Prada fue seguido; que
Sergio Gamón [ex director de Seguridad] mintió en la comisión de
investigación cuando negó haber ordenado 'ningún tipo de
seguimiento'; y que Granados mintió también o es un incapaz", dijo
Inés Sabanés (IU) antes de pedir la dimisión de la propia Aguirre.
Sabanés subrayó que la teoría "inventada" ahora por el PP -que a
Prada sólo se le siguió para protegerle con contravigilancia-
"agrava la situación", porque esa contravigilancia habría vulnerado
todos los protocolos de seguridad (no se avisó a Prada ni a su
escolta).
Maru Menéndez (PSOE) recordó que "mentir en una
comisión de investigación es delito" y reprochó al PP: "Ustedes, a
nivel nacional, hablan de supuestas escuchas sin aportar una sola
prueba. Sin embargo, en Madrid, con todos los datos que ya
conocemos, no asumen su responsabilidad".
(www.elpais.com,
28/08/09)
12. EL VICEALCALDE DE MADRID SEÑALA A
"RESPONSABLES INDIRECTOS" DEL ESPIONAJE
"Éste es un tema muy serio. Está en conocimiento
de quien debe, de la Administración de Justicia, y tengo toda la
confianza en que los responsables directos e indirectos del
espionaje tengan al final la responsabilidad que les corresponde",
afirmó el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, mano derecha de
Alberto Ruiz-Gallardón. Se refería al presunto espionaje sufrido por
él y por el ex consejero de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada
-ambos, dirigentes del PP críticos con Esperanza Aguirre- el año
pasado, y que según publicó EL PAÍS este domingo fue supuestamente
realizado por un equipo de seis agentes a sueldo del Gobierno
regional.
Por su parte, el grupo socialista en la Asamblea
de Madrid calificó de "muy grave" la "confirmación del espionaje a
cargos del PP por parte de asesores de [el consejero Francisco]
Granados" y exigió a Esperanza Aguirre "que asuma su responsabilidad
política". La portavoz socialista, Maru Menéndez, volvió a denunciar
el "cierre en falso" de la comisión parlamentaria sobre el
espionaje.
(www.elpais.com,
18/08/09)
13. AGUIRRE INSINÚA QUE SE TRATÓ MEJOR A DE JUANA
QUE A LOS MIEMBROS DEL PP
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, consideró hoy que la "escandalosa detención
mediática" de miembros del Partido Popular de Baleares implicados en
el caso Palma Arena es "lo más grave" ocurrido este mes de agosto.
"Esposados por la mano derecha, cosa que yo no he
visto hacer jamás ni a los terroristas más peligrosos. Por supuesto,
no a De Juana Chaos, que estaba siendo magníficamente tratado, como
todo el mundo sabe y teniendo bis a bis con su novia", destacó
Aguirre en su primera comparecencia tras la pausa estiva.
"Esposados por la mano derecha unos señores que
yo no sé si habrán cometido algún delito o falta, pero la fianza que
les han puesto es de 5.000 euros, por lo que no debe de ser tan
grave", destacó.
Así, Aguirre consideró "gravísima la utilización
de las instituciones para degradar al Partido Popular en favor del
Partido Socialista".
Del mismo modo tildó también de "gravísimas" las
declaraciones de la vicepresidenta, Maria Teresa Fernández De la
Vega, desde Costa Rica, "anunciando en nombre de la Fiscalía General
del Estado que no está de acuerdo con el archivo del caso Camps por
el TSJV y que la Fiscalía va a recurrir". "Actuando de portavoz de
la Fiscalía. Esto es una vergüenza porque no se pueden utilizar las
instituciones del Estado, en este caso la Fiscalía, en favor de los
intereses del Gobierno", sentenció la presidenta madrileña.
Aguirre, ha asegurado que avala todo lo dicho por
los máximos dirigentes del PP sobre las supuestas escuchas que están
padeciendo algunos de sus miembros, al tiempo que se preguntó quién
realiza estas grabaciones, quién las filtra a los medios de
comunicación y por qué no aparecen en los sumarios judiciales en el
caso de que sean autorizadas.
Aguirre, que compareció hoy en rueda de prensa
posterior al primer Consejo de Gobierno tras las vacaciones
estivales, denunció que "todos los días" aparecen en la prensa las
escuchas que se hacen "siempre a los miembros del PP o a personas
relacionadas con el partido".
"Me remito a lo que han dicho los máximos
dirigentes nacionales de mi partido. Ahora bien, todos los días
aparecen transcripciones de conversaciones que son escuchas. ¿Quién
hace esas escuchas? ¿Se hacen por orden judicial? ¿Están
autorizadas? ¿Por qué si es así no están en el sumario? ¿Quién las
quita del sumario? ¿Quién permite que se hagan? ¿Quién las filtras?
Eso es lo que yo tengo que decir sobre este tema", dijo la dirigente
regional.
Las palabras de la presidenta madrileña llegan
después de que la secretaria general del partido, María Dolores de
Cospedal, denunciara que algunos miembros del PP están sufriendo
escuchas ilegales, una afirmación que se ha convertido en el
culebrón del verano entre el Gobierno y el principal partido de la
oposición.
Al ser preguntada por si no cree que lo
pertinente en estas situaciones es acudir a los tribunales, Aguirre
no se quiso pronunciar sobre el caso de las escuchas a los populares
en concreto, pero subrayó que en el particular de Baleares, en el se
recogieron algunas grabaciones de conversaciones relacionados con el
caso del velódromo Palma Arena, habría que interponer denuncia.
"Desde luego, creo que en el caso de Baleares,
por ejemplo, que lo considero una utilización de las instituciones
en contra del PP, hay que acudir a los tribunales. No tengo ninguna
duda", insistió.
(www.publico.es,
27/08/09)
14. AGUIRRE PRIVATIZARÁ EL CANAL DE ISABEL II EN
CUANTO MEJORE LA ECONOMÍA
Ni la crisis refrena las ambiciones
privatizadoras de la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre. Por
eso, la lideresa ya ha anunciado que la venta del 49% del Canal de
Isabel II, la empresa que gestiona las aguas de la Comunidad, se
pospone pero no se anula. "Nos sigue pareciendo que una buena
fórmula es vender" el porcentaje estipulado, afirmó el jueves la
popular. Paradójicamente, el motivo por el que ha echado el freno
también tiene visos liberales: la situación económica "no ha
aconsejado de momento" la salida a Bolsa. Es cuestión de tiempo…
"Nos sigue pareciendo que una buena fórmula es
vender el 49%" del Canal, aseguró este jueves Aguirre. "Sin embargo,
la crisis financiera no ha aconsejado de momento sacar a Bolsa ese
49%, y esperamos a que vengan mejores momentos para las finanzas",
matizó.
Además de la crisis, la empresa de aguas madrileña
se ha visto aquejada por escándalos como la dimisión de su gerente,
Ildefonso de Miguel, después de adjudicar un sospechoso
contrato por 124 millones de euros a Atenta, empresa de Telefónica.
Curiosamente, De Miguel ha dado el salto al ámbito de las
comunicaciones, según anunció el mismo el pasado miércoles cuando
anunció que dejaba el Canal. Ese mismo día, el Consejo de
Administración frenó la polémica adjudicación.
El gerente del Canal es la mano derecha en esta entidad del
vicepresidente de la Comunidad y máximo responsable de la mayor
entidad española de aguas, Ignacio González. También el jueves,
González defendía a su hombre asegurando que el consejo "no ha dado
marcha atrás" en el contrato con Atenta, pues aquel no llegó a
materializarse.
Contrato derogado
Lo cierto es que tal contrato levantó las
suspicacias de los directivos del Canal porque se otorgó a una de
las más caras de las 11 ofertas recibidas. González no pudo negar
que los administradores decidieron "por unanimidad" no otorgarlo y,
por el contrario, "cambiar el pliego y volver a licitar" la
adjudicación.
De Miguel será sustituido por el ingeniero de caminos, Adrián
Martín, a quien sus futuros compañeros han definido como "un hombre
de empresa de toda la vida, con un perfil más técnico que político".
El vicepresidente regional, a su vez, destacó de él que conoce "a la
perfección" el proyecto de la dirección del Canal y supone "una
garantía para la gestión", recoge El País.
(www.elplural.com,
02/08/09)
15. GRANADOS ADJUDICA UN GRAN CONTRATO DE
SEGURIDAD
El consejero de la Presidencia, Justicia e
Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha dejado
para agosto, en plenas vacaciones, la adjudicación de un importante
contrato de seguridad privada para la vigilancia de sedes de los
juzgados de Madrid. El valor total ronda los 12 millones de euros.
El concurso ha generado polémica en el sector de
las compañías de seguridad porque la empresa adjudicataria debería
haber empezado a prestar sus servicios ya el pasado 1 de julio,
cuando vencía el actual convenio que asumía la empresa Esabe
Vigilancia. Pese a ello, el concurso sólo se convocó cuatro días
antes, el 26 de junio, en un proceso reconvertido a partir de ese
momento en una carrera a toda velocidad: con procedimiento de
urgencia para poder adjudicar el contrato en agosto.
El pasado lunes se abrieron los sobres con las
propuestas presentadas por las nueve empresas que optaban a los
cuatro lotes en que se ha desmenuzado el concurso y la gran
beneficiada se apuntó a priori tres de los cuatro lotes en liza es
EAS Tecno System, administrada por José Luis Novales Cadierna, que a
su vez es director general de Segur Ibérica. El otro lote lo ha
ganado Integral Madrileña.
Fuentes próximas a Granados subrayaron que el
concurso aún no se ha fallado formalmente y que la adjudicación es
provisional. La consejería está a la espera del informe técnico para
rematar la adjudicación, ya en pleno agosto.
José Luis Novales, ex inspector jefe en la
Comisaría de Seguridad Ciudadana y ex responsable de seguridad de
Telefónica, ya ganó la convocatoria impulsada por Granados en 2008
para la seguridad de las sedes de Presidencia, vicepresidencia
primera y portavocía del Gobierno y consejería de Presidencia e
Interior, en la Puerta del Sol. En aquella ocasión Novales
representaba sin embargo a Segur Ibérica.
La rapidez con la que se ha desarrollado el
proceso convocado de urgencia, que ni siquiera ha dado tiempo a
publicar anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea, la
división de un contrato antes único en cuatro lotes y la
coincidencia de su fallo con el verano pese a que el concurso
debería haberse iniciado en abril o mayo han provocado todo tipo de
suspicacias en el sector.
El tramo final de este concurso de seguridad
coincide con la declaración ante los tribunales de los tres asesores
de seguridad de Granados imputados por espiar a políticos del propio
PP. El número tres del Gobierno regional y secretario general de su
partido en Madrid está siendo cuestionado por varios de los
espiados, como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, que le ha
acusado públicamente de ocultar información.
La presión es tal que la propia presidenta
regional, Esperanza Aguirre, tuvo que salir públicamente a defender
a su portavoz y descartar su cese. De ahí que la convocatoria del
concurso para la seguridad en los juzgados por la vía de urgencia, y
su fallo en pleno agosto, haya sido interprestado como una muestra
de debilidad.
La elección, aún pendiente de ratificar, de EAS
Tecno System para tres de los cuatro lotes ofertados y 9,3 millones
de euros hasta el 31 de diciembre de 2010, ha sido recibida como una
bomba en el sector. En el pliego de condiciones se establecía como
criterio único de adjudicación el precio gana la oferta más barata,
con una única limitación: que la empresa adjudicataria tenga una
cifra de negocio global media de al menos ocho millones de euros en
los últimos tres ejercicios.
En las cuentas presentadas ante el Registro
Mercantil, EAS Tecno System se sitúa en otro nivel, mucho más
modesto: declara ingresos de sólo 1,23 millones en 2004; de 2,98 en
2005 y de 4,6 en 2006, el último ejercicio presentado.
(www.publico.es,
02/08/09)
16. LA COMUNIDAD RECORTA UN 16% EL DINERO PARA
CUATRO CENTROS DE DROGODEPENDIENTES
Lo que en 2006 se licitó con una media de 402.000
euros al mes, en 2009 ha pasado a 340.000 euros. Es decir, un 16%
menos de dinero para cuatro Centros de Atención Integral a
Drogodependientes (CAID) de la Comunidad, "el recurso asistencial
básico para la rehabilitación y reinserción de este tipo de
pacientes", según la propia Consejería de Sanidad.
El Gobierno regional ha destinado 17,1 millones
al funcionamiento de cuatro CAID de la Agencia Antidroga (tres
situados en la capital y uno en Móstoles), hasta 2013 (50 meses). Se
da la circunstancia, denunciada por Comisiones Obreras, de que la
adjudicación de la gestión de estos mismos cuatro centros se hizo en
mayo de 2006 por 14,5 millones para un plazo de 36 meses. El dinero
destinado es mayor, pero al aumentar también el plazo de gestión, el
presupuesto se reduce de hecho un 16%.
"El número de usuarios ha aumentado en los
últimos años", explica Horacio Márquez, de CC OO, "por lo que no
tiene sentido esta reducción". La Comunidad dispone de 39 CAID que
en 2008 atendieron a 20.853 pacientes por consumo de drogas. Fueron
principalmente hombres (82%), solteros (60%) y con estudios básicos
(56%), según los datos de la Agencia Antidroga.
En estos cuatro centros, cuyos adjudicatarios se
conocerán en septiembre, se realiza una evaluación de los
drogodependientes y después se emite un diagnóstico con un
tratamiento individualizado para cada paciente. La atención
sanitaria es de carácter ambulatorio, aunque con la posibilidad de
derivar a los pacientes que lo precisen a otros servicios o
residencias para continuar su tratamiento.
"No existe capacidad de negociar por parte de la
Comunidad", se lamentaba Márquez. "Lo deseable es que existiera más
sensibilidad en estos temas". La Consejería de Sanidad aseguró,
mediante un comunicado, que la región es la que más recursos tiene
en la atención a drogodependientes y cuenta con el único centro
terapéutico en España dedicado al tratamiento residencial de la
adicción a la cocaína.
(www.elpais.com, 10/08/09)
17. EL 12 DE OCTUBRE EMPEZARÁ A COBRAR A FINALES
DE MES A SUS VISITANTES POR DEJAR EL COCHE
El recibo lo pone bien clarito. Dos horas y 13
minutos en el aparcamiento: 5,75 euros. Coro y Cecilia, que han
estado visitando a una niña ingresada en el hospital La Paz, pagan
en la taquilla -la máquina está estropeada- y se encaminan a buscar
el coche. "Fastidia tener que pagar por aparcar. A los hospitales no
se viene por gusto. Son situaciones difíciles, límite a veces",
protesta Coro. Saben que podrían haber dejado el coche en la calle,
en la zona azul que hay detrás, en la calle de Pedro Rico. Allí les
hubiera salido por algo menos de 1,5 euros. "En estos casos no se
sabe cuánto se va a tardar. No se puede estar pendiente de si te
multan", objeta.
El caso es que sólo hay dos opciones:
aparcamiento -gestionado en concesión de obra pública por la empresa
Metropark- o zona azul. Y ninguna es gratis. Lo mismo sucede en
otros hospitales, como la Fundación Jiménez Díaz, el Ramón y Cajal y
todos los que se inauguraron el año pasado. El 12 de Octubre era una
excepción. Una especie de far west en el que uno dejaba el coche
gratis en cualquiera de las calles que hay dentro el recinto. Pero
eso se acabó. Las obras de remodelación han eliminado casi todas las
plazas libres y, en su lugar, han aparecido explanadas de asfalto
cuajadas de líneas blancas, barreras y máquinas que lucen una P
azul. A partir de finales de agosto, ir en coche al hospital saldrá
por 1,5 euros la hora. Sanidad adjudicó en diciembre su explotación
a la empresa Cintra.
Los usuarios podrán dejar el coche en el
estacionamiento junto al helipuerto y en uno nuevo, frente a
urgencias, en el que los 30 primeros minutos serán gratis, según el
hospital. Además, se está ultimando el policlínico, que tendrá tres
plantas de aparcamiento subterráneo. Cuando abra sus 1.000 plazas,
en otoño, los usuarios aparcarán por 1,8 euros la hora. También los
trabajadores tendrán que pagar: un euro al día. UGT lleva más de 400
firmas recogidas en contra. "Pedimos plazas suficientes para todo el
personal sin pagar, como el resto de trabajadores de los hospitales
públicos de Madrid", exige el secretario general del Área 11, José
Povedano. El hospital asegura que, a pesar de las obras, en el
centro aún quedarán 383 plazas libres repartidas aquí y allá.
La explotación comercial de los aparcamientos es
una de las contrapartidas que reciben las empresas concesionarias de
los nuevos hospitales por construirlos y gestionar la parte no
sanitaria (restauración, limpieza, atención al paciente...). Los
trabajadores del hospital del Sureste -situado en un páramo a las
afueras de Arganda del Rey- se concentraron a principios de este año
para protestar porque la concesionaria les obligaba a pagar por
aparcar. Como estaba prohibido estacionar en todo el recinto, se
veían obligados a usar el aparcamiento cubierto (40 euros al mes).
Sus quejas consiguieron que se eliminaran algunas señales de
prohibido.
Mientras, el aparcamiento del hospital de Getafe
es público, igual que el de Alcorcón. De momento. Dos sentencias
obligan a la dirección de este último a cumplir un contrato firmado
hace 10 años con una empresa para la explotación comercial del
aparcamiento. Que dejar el coche en el hospital de Alcorcón cueste
dinero es sólo cuestión de tiempo. La empresa espera la licencia de
apertura que le tiene que dar el Ayuntamiento.
(www.elpais.com,
09/08/09)
18. LA COMUNIDAD PRIVATIZA LA GESTIÓN DE UN
PARQUE PÚBLICO DE 100 HECTÁREAS
"Sólo les falta privatizar el aire", reprocha a
menudo la oposición al Partido Popular del Ayuntamiento y de la
Comunidad de Madrid. Y quizá el aire no, pero los parques sí.
Concretamente el tercero en tamaño de la ciudad de Madrid, el jardín
forestal de Valdebernardo, de nada menos que 100 hectáreas de zona
verde.
El 2 de septiembre termina el plazo del concurso
público al que la Comunidad ha sometido la gestión integral del gran
pulmón de Vicálvaro, el mismo recinto en el que se ubica Faunia.
Durante 40 años estará en manos privadas. Y el que se lleve la
gestión no asumirá ni un sólo riesgo, porque el Gobierno regional
sufragará los costes de mantenimiento con un canon de 160 millones
que pagará a la empresa ganadora. Pero además, le regalará la
suculenta explotación de varias instalaciones incluidas en el
recinto. Un negocio redondo, para las compañías.
La historia del parque viene de lejos. En 1991 se
creó un consorcio urbanístico para la construcción de 6.000
viviendas en Valdebernardo (Vicálvaro), el 90% de protección
oficial. El suelo y la promoción, cuyos pisos se entregaron al cabo
de siete años, corrieron a cargo de la Comunidad, entonces presidida
por el socialista Joaquín Leguina. El suelo restante, unas 130
hectáreas, se utilizó para el nuevo hospital de Vallecas, Faunia y
para lo que iba a ser el parque forestal de Valdebernardo.
Pero una vez terminado había que mantenerlo.
Ahora, tras varios intentos fallidos y grandes sobrecostes, la
Comunidad ha sacado un concurso público para que sea una firma
privada la que los próximos 40 años se haga cargo de la tercera zona
verde más grande de la capital.
¿Cómo? Sencillo. Primero se ofrece un canon para
que la empresa adjudicataria no asuma ningún riesgo en la operación.
Eso son 160 millones repartidos en los 40 años. Un dinero que se
estima le costará al agraciado las podas, siembras, vigilancia,
reposiciones, gastos de luz y agua.Pero el concurso, que
curiosamente se publicó en julio y cuyo plazo expira el próximo 2 de
septiembre, trae algún regalo bastante estimulante para los posibles
adjudicatarios. Por ejemplo: si pese a los 160 millones de euros que
pagará la Comunidad el aspirante no está muy convencido del negocio,
ha de tener en cuenta que podrá explotar cinco quioscos
(chiringuitos) en todo el recinto. El pliego no dice nada de
horarios ni tipologías, así que se entiende que podrían usarse
también como terrazas de noche. Y cinco de esos bares a pleno
rendimiento pueden dar bastantes frutos durante 40 años.
Dos de los quioscos ya están construidos y uno de
ellos -el que está junto al lago del parque- podría convertirse en
un restaurante. Los otros tres chiringuitos tienen ya instaladas las
acometidas y la Comunidad aportaría otros 540.000 euros extra para
sufragar parte del coste de construcción.
Además, la concesión trae más sorpresas
agradables para el agraciado. Son tres parcelas sin edificar, en las
que se puede construir hasta un hotel o centros de ocio como salas
de cine y cuya explotación corresponderá a la concesionaria o a
quien ella decida. Los tres solares suman unos 29.000 metros
edificables.
Y ahí no acaba, porque la concesión lleva adosada
una depuradora de aguas que está a pleno rendimiento y que abastece
a Faunia, con cuya empresa hay firmado un convenio (que también
aporta beneficios económicos) y un vivero de árboles y arbustos.
Precisamente, el excedente que produzca dicha instalación, cifra que
desconoce la Comunidad, puede venderse y obtener un ingreso extra.
Sigue sonando la caja registradora.
IU pidió en el pasado pleno que el Ayuntamiento
evitara la operación y reclamara la titularidad. Pero la iniciativa
no prosperó y los populares votaron en contra. Los socialistas se
suman ahora también a la crítica. "Un parque que se inauguró hace
apenas tres años, ha pasado de ser un lugar de todos a un espacio de
negocio de unos pocos. Sólo saldrá beneficiada una empresa que lo
explotará. Esto sigue la línea de privatizar elementos de todos en
beneficio de unos pocos", denuncia el concejal socialista, Daniel
Viondi.
La Comunidad considera que las cifras son
ajustadas al "enorme coste de mantenimiento que tendrá el parque".
Además, alega que las fechas en las que se ha publicado el concurso
"son normales" y que no impiden que algunas empresas se presentan.
No quiso especificar, hasta que no se resuelva.
En los mismos terrenos está el parque zoológico
Faunia, que desde hace dos meses está explotado por la empresa
Parques Reunidos. Dicha firma aseguró que no están interesados en la
explotación de la gran zona verde. Hasta mediados de septiembre no
se sabrá quién se lleva el gato al agua.
(www.elpais.com,
26/08/09)
19. AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE.EL EX
ALCALDE DE BOADILLA SE AFERRA AL ACTA DE EDIL PESE AL MALESTAR DEL
PP
Sin hacer ruido, sin decir nada a nadie, el ex
alcalde popular de Boadilla del Monte Arturo González Panero se
levantó de su silla y salió por la puerta de atrás de la sala de
plenos del Ayuntamiento. Sucedió . Mientras el resto de concejales
escuchaba la reivindicación de medio centenar de padres sobre una
escuela infantil, El Albondiguilla, como llamaban los cabecillas de
la trama Gürtel al hoy edil, se marchaba sigilosamente. La escena es
representativa de la vida en un Consistorio que hace medio año se
convirtió en epicentro de la mayor trama de presunta corrupción en
torno al PP.
Panero salió de forma rocambolesca de la
alcaldía. El 9 de febrero, simultáneamente, él y el líder nacional
del PP hacían declaraciones opuestas: el regidor aseguraba que se
quedaba, mientras el presidente de su partido, Mariano Rajoy, estaba
convencido de que ya se había ido. Panero renunció al cargo al día
siguiente, pero mantiene su acta de concejal y sigue en el grupo
popular, con el que vota todo tipo de decisiones, incluso algunas
que tienen que ver con la propia trama. El juez le ha impuesto la
mayor fianza del caso: 1,8 millones de euros para hacer frente a
eventuales responsabilidades económicas. Está imputado por seis
delitos, entre los que figuran cohecho, tráfico de influencias y
evasión de capitales.
Como el resto de los ediles, Panero forma parte
de la junta general de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda
(EMSV), donde supuestamente se cocieron numerosas concesiones a
empresas de la red. De ella tuvieron que salir otros altos cargos
imputados en el caso: el diputado regional Alfonso Bosch Tejedor, el
ex director del Ayuntamiento Tomás Martín Morales, y José Galeote,
antiguo concejal del PP. Para quedarse, Panero aduce que fue elegido
por sus vecinos y que les fallaría si abandona el Ayuntamiento.
"Estar imputado es simplemente una figura para poder defenderse. Hay
cientos de concejales imputados en España y no pasa nada".
Su presencia en la comisión informativa de
recursos humanos del Ayuntamiento ha levantado las iras de la
oposición: los ediles del PSOE y Alternativa por Boadilla han
abandonado la comisión en protesta por la presencia de Panero. En
ella se votó el mes pasado la rescisión del contrato de la oficina
de información al ciudadano, adjudicada a Easy Concept, una de las
empresas vinculadas a la red Gürtel.
Ante la negativa de Panero a marcharse, la
oposición mira asombrada cómo el PP lo mantiene en su grupo
municipal. La teniente de alcalde del municipio, Marta Puig, explica
que el partido ya tomó la iniciativa de suspenderlo cautelarmente de
militancia. "Tiene todo el derecho a mantener su acta como concejal
y a estar en las reuniones", repite cuando se le pregunta si el
grupo se ha planteado expulsar a Panero. El resultado de todo esto
es un ambiente algo enrarecido, con un gobierno popular dividido
entre ediles partidarios o enfrentados con el antiguo alcalde.
mismo se hizo efectiva la renuncia al acta del
que fuera responsable de Deportes hasta hace poco más de un mes,
José Alfonso Rodríguez. El edil estaba en su cargo cuando el
Ayuntamiento otorgó el 10 de mayo de 2007 las obras del Parque del
Deporte a Constructora Hispánica, una de las empresas de la trama
Gürtel, que consiguió la adjudicación pese a tener peor valoración
que Sacyr. Rodríguez era uno de los fieles a Panero y, según dijo,
se va "por motivos profesionales". Pero el Ayuntamiento sugiere que
se ha marchado después de que el actual alcalde, Juan Siguero, lo
despojase de sus funciones por "discrepancias con su
gestión".González Panero mantiene que todos los ediles le muestran
un gran cariño. En privado, algunos -que piden anonimato- lo
desmienten: "Es una vergüenza que siga ocupando un cargo
institucional. Llega a los plenos y no hace nada. Cierra la boca y
mira al móvil". En el pleno de , el ex alcalde dedicó buena parte de
la sesión a teclear en su teléfono.
No ejerce ninguna profesión y se centra, según
sus palabras, en "demostrar" su inocencia en el caso Gürtel. Cobra
unos 400 euros por cada pleno al que asiste, otros tantos por las
Juntas Generales de la EMSV y alrededor de 200 en las comisiones. No
junta un gran sueldo: unos 800 euros al mes.
Con el cariño de unos, el desprecio de otros y la
aparente indiferencia que muestran en público quienes ahora están al
frente del Ayuntamiento de Boadilla, la presencia de Panero es,
cuando menos, polémica. Fuentes cercanas al PP del municipio señalan
que la dirección regional está intentando convencerlo para que se
marche. Las mismas fuentes indican que es posible que le quede poco
tiempo en su cargo al actual coordinador municipal, Manuel Ángel
Jiménez, hombre de confianza de Panero.
Los que ya están fuera de sus cargos son otros
perjudicados de la trama. Una es A. J. B. Pide que se silencie su
identidad porque está "harta" de ser calificada como "una de las
chicas de Correa". Nada tiene que ver con el presunto líder de la
red mafiosa. Sólo se dedicaba, junto a 10 compañeras, a atender las
llamadas de los vecinos de Boadilla como empleada en la Oficina de
Atención al Ciudadano.
Lo hacían por 758 euros al mes, y cuando
empezaron a ver en la prensa que la empresa adjudicataria recibía
por el servicio más de medio millón de euros al año, las cuentas no
les salían por ningún lado. El pasado 30 de junio se quedó sin
empleo, igual que sus compañeras. Easy Concept ya no atiende a los
vecinos de Boadilla.
(www.elpais.com,
01/08/09)
20. AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE. LA
POLICÍA BUSCA EN BOADILLA DOCUMENTOS DEL EX ALCALDE
El juez del Tribunal Superior de Madrid que
instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, envió a la policía al
Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte para recabar
información sobre las declaraciones de intereses hechas por el ex
alcalde del PP de esta localidad, Arturo González Panero, y el
consejero delegado de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV)
de este Ayuntamiento, Tomás Martín Morales.
El juez, quien tras tomar declaración como
imputado al ex alcalde le impuso una fianza de 1,8 millones de euros
el pasado 9 de junio, quiere conocer la declaración de intereses que
prestó en su día González Panero y contrastarla con el patrimonio
que tiene ahora. Y lo mismo desea sobre Tomás Martín.
La fianza que el juez impuso al ex alcalde
González Panero, uno de los cuatro regidores de grandes municipios
de Madrid a los que el PP forzó a dimitir tras saltar su supuesta
implicación en el caso Gürtel, es la mayor de las fijadas hasta el
momento. Los investigadores, a juzgar por la fianza, creen que
González Panero es el cargo público que más dinero recibió en
comisiones de la trama que dirigía Francisco Correa, en prisión. Es
la quinta vez que agentes policiales se presentan en el Ayuntamiento
de Boadilla, epicentro del caso Gürtel, en busca de información.
(www.elpais.com,
14/08/09)
21. AYUNTAMIENTO DE ANCHUELO. EL PP EXPEDIENTA A
UNA ALCALDESA POR SUPUESTAS ILEGALIDADES
Anchuelo es uno de los pueblos más desconocidos
de la región. Tiene poco más de 1.000 habitantes y muchos de sus
vecinos llevan en su apellido el nombre del municipio. Está situada
en la alcarria complutense, cerca de Alcalá de Henares, y su
Ayuntamiento está compuesto por sólo siete concejales: cuatro del PP
y tres del PSOE. Pocos para la bronca que tienen en el municipio.
La alcaldesa, Rosario Paramio (PP), atraviesa un
mal momento político. No cuenta con el apoyo de sus compañeras de
partido. Se han enfrentado a ella y piden su dimisión. La acusan de
lucrarse a costa del Ayuntamiento. Su breve carrera política se ha
frenado en seco. La dirección de su partido le ha abierto un
expediente informativo por supuestas irregularidades.
Las otras concejales del PP la acusan de haberse
quedado con más de 10.000 euros procedentes de la recaudación de la
piscina municipal. Y discuten su gestión como regidora por facturar
de forma supuestamente irregular con una ferretería, propiedad de su
hijo. "Además, ha realizado alguna declaración despectiva hacia el
partido", añaden las fuentes populares. El comité de derechos y
garantías del PP ha abierto una investigación. "Algo habitual en
todos los grupos políticos", explican fuentes del partido en Madrid.
"Ahora hay que escuchar sus argumentos. Si es necesario se abrirá un
expediente disciplinario", detallan las mismas fuentes.
Rosario Paramio se halla en una situación
complicada. Niega las acusaciones. "Todo es incierto. Tengo toda la
contabilidad municipal desglosada y en regla. Los gastos
corresponden a que hemos arreglado el colegio. Hacía 25 años que no
se arreglaba. Y las farolas estaban muy mal", explica. Pese a todo
no piensa dimitir. "Me han presionado para que renuncie", insiste.
Ella achaca lo ocurrido a una lucha política interna.
El pasado abril, Paramio intervino en un pleno
municipal para desvelar el supuesto intento de las concejales de su
partido para desalojarla de la alcaldía. La tesorera, Almudena
Anchuelo, la acusó entonces de irregularidades en la gestión y la
culpó de no pagar a los proveedores de las fiestas de 2008. Un gasto
de más de 60.000 euros para un municipio con un presupuesto de
680.000 euros. Paramio achaca el inicio de la tormenta política
cuando se opuso a que una de las concejales se construyera una
vivienda en suelo no urbanizable. "La tesorera, Almudena Anchuelo,
está detrás de todo. Ha convencido a las otras (ediles). Las ha
manipulado", lanza. "Estuve unos meses de baja. Cuando regresé
querían echarme", indica.
Las diferencias se hicieron públicas en el último
pleno, celebrado a final de julio. Entonces las dos facciones del PP
local enfrentadas se enzarzaron. "Me han presionado desde el partido
para que dimita. Soy enfermera y me ofrecieron un cargo mejor en un
hospital", sostiene la regidora. El PP no confirma la oferta. "Hace
mutis por el foro. Génova no se pronuncia", advierte.
La oposición asiste incrédula a la situación. "No
entendemos cómo si hay ilegalidades no acuden a un juez", señala
Rafael Fernández Anchuelo, concejal socialista. "Están intentando
ocultar las irregularidades", concluye.
(www.elpais.com,
25/08/09)
