ÍNDICE
1. AGUIRRE LLAMA A ZAPATERO "SINDICALISTA
RETRÓGRADO, PIQUETERO Y PREPOTENTE"
2. AGUIRRE LLAMA A ZAPATERO PARA PEDIRLE PERDÓN
3. AGUIRRE LA CANTAORA
4. LA FINANCIACIÓN TENSA OTRA VEZ LA RELACIÓN
ENTRE AGUIRRE Y ARENAS
5. ESPIONAJE EN LA CÚPULA DEL PP MADRILEÑO. LA
JUEZ IMPUTA A TRES ASESORES DE LA CONSEJERÍA DE INTERIOR DE MADRID
EN EL CASO DE LOS ESPÍAS
6. ESPIONAJE EN LA CÚPULA DEL PP MADRILEÑO. LA
POLICÍA INDICA AL JUEZ QUE HUBO SEGUIMIENTOS A ALFREDO PRADA
7. ESPIONAJE EN LA CÚPULA DEL PP MADRILEÑO.
PRADA: "ALGUIEN DEBERÁ PEDIR DISCULPAS"
8. ESPIONAJE EN LA CÚPULA DEL PP MADRILEÑO. COBO
SEÑALA A GRANADOS POR EL CASO DE LOS ESPÍAS
9. ESPIONAJE EN LA CÚPULA DEL PP MADRILEÑO.
GRANADOS: "NO ORDENÉ NADA, NO PIENSO DIMITIR"
10. ESPIONAJE EN LA CÚPULA DEL PP MADRILEÑO. LA
INVESTIGACIÓN DE LOS ESPÍAS REVELA LAS MENTIRAS DEL GOBIERNO EN LA
ASAMBLEA
11. ESPIONAJE EN LA CÚPULA DEL PP MADRILEÑO. LA
JUEZ IMPUTARÁ A UN ALTO CARGO, FICHAJE DE AGUIRRE, POR EL ESPIONAJE
12. ESPIONAJE EN LA CÚPULA DEL PP MADRILEÑO.
AGUIRRE SOLO ACTUARÁ EN EL CASO DE LOS ESPÍAS SI SE PRONUNCIA UN
JUEZ
13. GONZÁLEZ PIERDE A SU ASEDIADO NÚMERO DOS
14. UN HOMBRE FUERTE DEL VICEPRESIDENTE GONZÁLEZ
15. EL AGUA DE MADRID SIGUE SIENDO PÚBLICA, POR
AHORA
16. LA REMODELACIÓN PENDIENTE
17. EL NOTARIO TAMPOCO LOGRA ACCEDER A LAS
CUENTAS DE FUNDESCAM
18. ATASCO RÉCORD EN LA JUSTICIA
19. LA COMUNIDAD DEBE 20 MILLONES DE EUROS A LOS
ABOGADOS DE OFICIO
20. LA COMUNIDAD RETRASA LAS AYUDAS A LAS
FEDERACIONES DE DISCAPACITADOS
21. 41.000 MADRILEÑOS, SIN LEY DE DEPENDENCIA
22. PELIGRA UNA INVERSIÓN ESTRELLA
23. MANUAL PARA SOBREVIVIR A UNA RECALIFICACIÓN
URBANÍSTICA EN UN AYUNTAMIENTO DEL PP…
1. AGUIRRE LLAMA A ZAPATERO "SINDICALISTA
RETRÓGRADO, PIQUETERO Y PREPOTENTE"
La presidenta del Partido Popular en Madrid, y de
la comunidad madrileña, Esperanza Aguirre, ha calificado al
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de
"sindicalista retrógrado piquetero" por la ruptura este fin de
semana del diálogo social con sindicatos y empresarios.
"Este fin de semana hemos visto el verdadero
talante de Rodríguez Zapatero: en vez de escuchar, amenaza. Ha hecho
un ejercicio de prepotencia con quien no quiere sumarse a sus
medidas de sindicalista retrógrado piquetero", ha dicho la
presidenta del PP madrileño tras la reunión, esta mañana, de la
dirección de su partido.
Aguirre ha explicado que desconoce si se produjo
una reunión entre el presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán,
con Mariano Rajoy, ni si tuvo algo que ver en la postura de los
empresarios ante la mesa de negociación, pero sí ha afirmado que el
PP coincide con la CEOE en que "se discuta de todo", mientras el
presidente "es dogmático".
"No solo yo, todos los que entienden algo le
están diciendo a Rodríguez Zapatero que se deje de gastar y que haga
las reformas que España necesita", ha señalado Aguirre.
(www.publico.es,
27/07/09)
2. AGUIRRE LLAMA A ZAPATERO PARA PEDIRLE PERDÓN
En la calle Génova, Rajoy y Cospedal criticaban a
Zapatero. En la Puerta del Sol, Aguirre le pedía perdón. El mismo
día en que la presidenta de la Comunidad de Madrid se disculpaba al
presidente del Gobierno por sus manifestaciones de la víspera
("sindicalista retrógrado y piquetero"), Rajoy endurecía
paradójicamente su discurso. En su intervención a puerta cerrada
ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, acusó al presidente de
"sectario" y "autoritario", así como de haber "buscado" en los
empresarios "un chivo expiatorio" al que "amenazar" y "para dividir
a la gente".
Aguirre, en una rueda de prensa conjunta con el
ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció que iba a
llamar al presidente para disculparse, aunque no hizo referencia a
las palabras "piquetero" ni "retrógrado", sino que matizó: "Para mí,
la palabra 'sindicalista' no es ningún insulto, aunque también
pediré disculpas si alguien se ha sentido molesto por eso". En
efecto, Aguirre llamó después al presidente, según confirmaron
fuentes de Moncloa, que precisaron que Zapatero aceptó las disculpas
y ambos mantuvieron una conversación "cordial".
En la calle Génova, las palabras de Rajoy fueron
profusamente repetidas en público por su número dos, María Dolores
de Cospedal. Aseguró la secretaria general que, si no ha habido
diálogo ni acuerdo social, no ha sido por culpa de sindicatos y
empresarios sino "porque Zapatero no quería reformas". Insistió en
que "los acuerdos no son buenos en sí mismos" y que lo que quería
Zapatero era "un acuerdo sin contenidos, o sea, una foto". De ahí
que, según argumentó, su reacción haya sido tan "sectaria y
autoritaria".
Aguirre dijo sobre este asunto que "jamás" ha
sospechado de la Policía.
Mientras tanto, en Génova, Cospedal decía que la
denuncia del PP contra las filtraciones apunta a "los dirigentes del
Ministerio del Interior" y dijo que Rubalcaba "se parapeta detrás
del Cuerpo Nacional de Policía" para tapar que se ha quebrantado "el
deber de custodia" de los documentos.
(www.elmundo.es,
29/07/09)
3. AGUIRRE LA CANTAORA
De la sabrosura de las
picotas del
Gürtel al que se lo
pregunten a Pío, pío, pío. Las performances de la presidenta
madrileña no tienen límite conocido, hasta el punto de que —además
de las perlas verbales que Esperanza Aguirre brinda a la prensa—
ahora se atreve con el cancionero popular y hasta con el himno, cuya
carencia de letra ensalza las virtudes de su canto.
Así, fue el turno del cha, ta, chan del
himno, un regalo
a Alberto Contador, enfundado en el maillot amarillo del Tour pero
desposeído de la banda sonora de la patria (en su momento de gloria
en el podio de París tuvo que conformarse con escuchar los acordes
¡daneses!). Aguirre homenajeó en la Puerta del Sol al corredor de
Pinto y no dudó en reparar el desagravio acompañando con su voz el
himno español.
No contenta con el tarareo patrio, la presidenta
se animó con un
cumpleaños feliz dedicado al ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, que se acercó a la sede de la Comunidad con motivo
de la firma de tres convenios. Además de ser obsequiado con una
corbata, pudo llevarse a la boca una porción de tarta selva negra de
chocolate servida por la lideresa, quien un día antes no dudó en
vestirse con la camisola amarilla.
(www.elpais.com,
28/07/09)
4. LA FINANCIACIÓN TENSA OTRA VEZ LA RELACIÓN
ENTRE AGUIRRE Y ARENAS
Esperanza Aguirre vuelve a mostrarse como
oposición interna. Tras unos meses en silencio, la presidenta de la
Comunidad de Madrid cuestiona otra vez las decisiones de Mariano
Rajoy. No le gustó
que su partido se abstuviera a la hora de votar el
modelo de financiación autonómica y
no le hace ninguna
gracia que el tesorero del PP, Luis Bárcenas, siga al frente
de su cargo por el daño de imagen que provoca.
En la cúpula conservadora no sentaron bien los
comentarios de Aguirre, pero decidieron no avivar la polémica. Solo
Manuel Fraga se lanzó a darle un toque de atención. El ex presidente
de la Xunta le reprochó que criticara la abstención del PP en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, que en las Cortes se
transformará en un voto en contra, tal y como ella había pedido. En
una entrevista a Europa Press, Fraga le recuerda que habría hecho
muy bien en hacer todas esas reflexiones "dentro del debate del
partido y no con declaraciones públicas".
"Génova impuso la abstención. Fue un error. Habrá
que preguntar a Arenas por qué se ha hecho así", llegó a decir
Aguirre hace unos días en El Mundo. Sus palabras desconcertaron a
muchos dirigentes del PP y la referencia al presidente del PP de
Andalucía, aún más. Hay quien cree que Aguirre aún no ha digerido
que la victoria del PP
en las europeas y
gallegas apuntalan a Rajoy como candidato en 2012 y que su
nueva estrategia es cargar contra él "pinchando a su principal
puntal"
Fuentes cercanas al dirigente andaluz no
entienden que Aguirre "polemice con cargos de su partido y no
reserve las energías para sus rivales políticos". Además, destacan
que, aunque Arenas es el vicesecretario de Política Autonómica y
Local, no hace nada sin el sello de certificación de Rajoy. "Unas
comunidades querían votar a favor; otras, en contra. Tras varias
reuniones, se decidió buscar una solución unitaria. Era lo más
coherente, ya que después todas iban a aceptar el dinero", explican
desde la sede nacional.
Los que rodean a Aguirre recuerdan que ella acató
las órdenes del partido de forma "leal y disciplinada". Sus fieles
sostienen que, en el Comité de Dirección del PP de Madrid, previo al
anuncio de la postura oficial del partido, Aguirre esperaba
instrucciones. "Llamó a Antonio Beteta (consejero de Economía)
delante de nosotros. En aquel momento, aún había libertad para hacer
lo que se estimara oportuno y ella lo que no quería, en ningún caso,
era tener un nuevo lío con la dirección", cuenta uno de los
presentes en el encuentro.
Desde el círculo de la presidenta de la Comunidad
de Madrid, prefieren no darle más vueltas al tema. Aseguran que su
respuesta fue "espontánea" y mantienen que Aguirre no guarda ningún
recelo hacia Arenas. Pero en el PP son muchos los que piensan que
ella no da puntada sin hilo y rebuscan motivos.
Algunos piensan que la dirigente madrileña se la
tiene jurada a Javier Arenas desde el XVI Congreso Nacional de
Valencia, cuando Rajoy
salió reelegido como presidente nacional. En el PP, aún se
tiene muy presente la tensión previa a ese cónclave y recuerdan que
el dirigente andaluz tuvo un "papel decisivo". Fue Arenas quien
movió los hilos para que Rajoy saliera vivo de la crisis interna y
quien formó un grupo de apoyo frente a la amenaza de un candidato
alternativo.
Por aquellas fechas, la única persona capaz de
disputar a Rajoy el liderazgo no era otra que Aguirre y, con la
intervención de Arenas, sus opciones se vieron mermadas. La
dirigente conservadora afirma ahora en Vanity Fair que "jamás" pensó
en retar a su jefe y que fueron "muchos" los que trataron de
empujarla a ello. Pero nadie olvida su célebre discurso de abril de
2008, cuando hizo de su
"no me resigno" un grito de guerra. Arenas tiene una gran
capacidad de influencia sobre Rajoy y nadie duda de su poder en el
partido. "El campeón (como le llaman) es un superviviente", declara
un diputado. Lo hace con doble sentido. Por un lado, le apunta ese
mérito; por otro, da a entender que sólo una persona capaz de "jugar
a varias bandas" podría sobrevivir en las altas esferas. Rajoy,
desde luego, nunca ha olvidado su apoyo. "A Javier casi lo hago
alcalde de mi pueblo de tanto que lo quiero", dijo en un mitin.
Un responsable territorial del PP, que ha estado
con Aguirre y Arenas en muchas ocasiones, desmiente que tengan mala
sintonía. Al contrario, insiste en que tienen una "relación personal
estupenda". "Así como con Gallardón se repele, ellos congenian. Se
lo dicen todo a la cara y se ríen", comentan desde el PP de Madrid.
Desde el Gobierno regional, inciden, además, en
que ella siempre le ha estado "eternamente agradecida" porque cuando
los tránsfugas Tamayo y Saéz se fugaron del Grupo Socialista
impidiendo con ello que se formara un gobierno de izquierdas y
forzando así una nueva convocatoria electoral que Aguirre ganaría,
Arenas le aconsejó que hiciera una declaración patrimonial ante
notario. Con ello, podía demostrar que sus bienes, antes y después
de dedicarse a la política, habían aumentado debido a una herencia
familiar y rechazar cualquier posible acusación de irregularidades.
Y hay quien recalca también que si entre ellos
hubiera roces, ella no tendría entre sus mayores personas de
confianza a Paloma Adrados. La consejera de Empleo y Mujer era jefa
de gabinete del dirigente conservador andaluz.
Pero aún con estas explicaciones, muchos
mantienen sus reservas. Un diputado del PP hace memoria y recupera
incluso un capítulo de enfrentamiento abierto entre las dos
formaciones regionales. Se refiere a cuando el secretario general
del PP de Andalucía, Antonio Sanz, reclamó a Aguirre que aclarase
"cuanto antes su posición" de cara al congreso de Valencia. El
consejero de Sanidad de Madrid, Juan José Güemes, le respondió que
no esperara a saber si su jefa se presentaba o no para "comenzar a
trabajar" porque en Andalucía llevaban
"treinta años acomodados
en la oposición perdiendo elecciones" . Rajoy tuvo que
intervenir pidiendo un "respeto" para su amigo y defendiendo los
resultados obtenidos por sus compañeros andaluces.
Javier Arenas dijo entonces que no pensaba
dedicarle a ese asunto "ni un minuto, ni saliva". Y tampoco ha
querido hacerlo ahora. Ni él, ni los suyos, que podrían haber hecho
hincapié en que su formación en Andalucía, como oposición, rechazó
frontalmente la financiación autonómica.
Por si todo esto sonara a poco, en el PP tampoco
olvidan un pasaje de la biografía oficial de Aguirre escrita por
Virginia Drake, titulada "La presidenta", que consideran muy
revelador a la hora de explicar el feeling entre ambos dirigentes.
En uno de los capítulos, Aguirre relata cómo llegó a ser candidata a
la Presidencia a la Comunidad en las elecciones de 2003. Ella
pensaba que iba a optar a la Alcaldía de Madrid y le sorprendió que
José María Aznar se decantase por Alberto Ruiz-Gallardón.
Rajoy, también en este caso, tuvo que salir a
defender a su fiel escudero: "Arenas jamás ocultó nada a nadie como
algunos, sin duda equivocados y por supuesto sin mala intención,
dijeron". El líder del PP sí pone la mano en el fuego por el
político andaluz.
(www.publico.es,
27/07/09)
5. ESPIONAJE EN LA CÚPULA DEL PP MADRILEÑO. LA
JUEZ IMPUTA A TRES ASESORES DE LA CONSEJERÍA DE INTERIOR DE MADRID
EN EL CASO DE LOS ESPÍAS
La titular del juzgado número cinco de Madrid,
Carmen Valcarce, ha citado en calidad de imputados a tres ex
guardias civiles fichados como asesores por Francisco Granados por
el espionaje al ex consejero de Justicia y ex vicepresidente segundo
del Gobierno de Aguirre Alfredo Prada y al vicealcalde del
Ayuntamiento, Manuel Cobo: José Luis Caro Vinagre, José Oreja
Sánchez y Antonio Coronado Martínez.
Fuentes relacionadas con esta investigación
vinculan esta citación con un primer informe remitido por Telefónica
sobre los posicionamientos de ocho agentes de Granados sospechosos
de tales seguimientos a ambos rivales de Aguirre en los meses en los
que presuntamente fueron vigilados (abril, marzo y mayo de 2008). La
citación judicial supone un doble escozor para Granados: no solo se
trata de agentes suyos sospechosos de realizar un espionaje que
intentó ridiculizar en Prensa y desbarató en sede parlamentaria,
sino que se trata, encima, del personal de mayor confianza suya. Los
fichó él personalmente por su conocimiento o amistad de cuando era
alcalde en Valdemoro, guarnición de la que provenían los tres. En
privado, dentro del caos de distintos equipos de servicios secretos
que pululaban en su consejería, Granados sólo ponía la mano en el
fuego por estos tres agentes suyos que, paradójicamente, han sido
los primeros en verse alcanzados por las llamas.
Sus teléfonos estaban incluidos en la relación
que envió la juez a Telefónica el pasado 6 de mayo para que se
ubicara su posicionamiento en los meses del espionaje a Prada y
Cobo. Ya existe un primer informe de Telefónica que ha sido
requerido ampliar. Y en este contexto se ha producido una citación
que los abogados del caso esperaban para septiembre como muy pronto.
La lectura que hacen es unívoca: algo ha hallado ya la juez en los
datos telefónicos para agilizar la citación de estos tres miembros
de la guardia de corps de Granados.
El PSOE, por boca de Maru Menéndez, portavoz
socialista en la asamblea madrileña, suma otro elemento de sospecha:
la reciente remodelación de funciones en la Consejería de Interior
que precisamente dejaba sin tareas de contravigilancia y avanzada a
los agentes sospechosos del espionaje era una medida preventiva para
soltar lastre ante el conocimiento o temor de que la justicia ya
andaba cerca de los presuntos autores del espionaje. Granados,
incluso, recientemente se curaba en salud diciendo que no tendría la
menor trascendencia si, por mor de los posicionamientos telefónicos,
se demostrara que algún presunto espía de su departamento coincidió
en algún punto geográfico en los meses de los seguimientos a Prada y
Cobo con alguno de los espiados. Y Granados anticipaba una posible
coartada: sus agentes se han dedicado a realizar avanzadas
(reconocimientos de lugares donde acuden altos cargos) y
contravigilancias (detección de defectos o riesgos en el personal
escoltado), incluso domiciliarias. Y, según la consejería de
Interior, esa labor de protección podría haber alcanzado a Prada.
Sin embargo, ningún portavoz de la consejería de Granados supo
precisar cuándo se había contravigilado a Prada o se le había
aplicado una avanzada. "No hay ningún informe donde se detalle a
quien se contravigila ni cuándo", precisaban en Interior.
La consejería de Interior intentaba soltar humo
sobre Prada: "Cuando Prada era consejero de Interior también
ordenaba realizar avanzadas y contravigilancias". Pero no es cierto.
No solo lo niega Prada, sino los sindicatos de la consejería. "Esta
medida la instauró Sergio Gamón como director de seguridad bajo el
mandato de Francisco Granados al frente de Interior".
Granados ha venido a dar la razón a la oposición,
incluso a los sindicatos, cuando tachaban de ilegales tales
avanzadas y contravigilancias, ya que la protección de los altos
cargos corresponde al ministerio del Interior. Cuando ha anunciado
que serán los futuros 80 policías nacionales que se integren quienes
realicen estas tareas que hasta ahora copaban una decena escasa de
sus agentes (los tres ex guardias civiles, los tres policías
procedentes de la seguridad de Moncloa y los funcionarios José
Manuel Pinto y José Palomo.
Toda la labor que realizaba esta selecta guardia
pretoriana que investiga la juez era legal según Granados, sin
embargo, desde que este diario destapó el escándalo del espionaje
este grupo quedó como mano de obra desocupada pero con sueldo, un
generoso sueldo. Algunos, como Pinto y Palomo, incluso enfermaron.
Llevan meses de baja. Las supermotos Honda que compró Granados "para
reparto de correo interno" dejaron de usarse. Pero tanta
autolimpieza no ha bastado. La jueza quiere levantar las alfombras
del aparato de seguridad/espionaje de Aguirre.
(www.elpais.com,
27/07/09)
6. ESPIONAJE EN LA CÚPULA DEL PP MADRILEÑO. LA
POLICÍA INDICA AL JUEZ QUE HUBO SEGUIMIENTOS A ALFREDO PRADA
El pasado 24 de julio, la Unidad Central de
Delincuencia Económica y Fiscal remitió un informe al Juzgado de
Instrucción número 5 de Madrid en el que aseguraba que el ex
consejero de la Comunidad Alfredo Prada fue objeto de seguimientos y
vigilancias.
En su escrito, los analistas policiales desglosan
parte del material facilitado por Telefónica sobre el
posicionamiento de los teléfonos móviles de tres de los asesores de
seguridad de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid.
Los especialistas de la Policía Judicial entienden que esos
posicionamientos coinciden con los polémicos partes sobre los
seguimientos a Alfredo Prada. Estos tres asesores de Interior han
sido ya imputados por la juez instructora y acudirán a declarar el
próximo día 31. Prada tiene previsto pedir prisión para los
investigados por este supuesto caso de espionaje. En su informe, la
Policía concluye que estos tres asesores "han sido los autores de
los partes de seguimiento analizados y, por lo tanto, los autores de
los seguimientos y vigilancias a que dichos partes hacen
referencia", indica el informe policial. Los investigados negaron
ante la juez haber realizado seguimientos a Prada.
La Policía adjuntan "los datos de los
posicionamientos facilitados por Movistar" de los móviles de estos
tres imputados. "Los anteriores seguimientos", indica el informe
policial, "son a una persona identificada como P, que sin ninguna
duda se trata de Alfredo Prada", asegura categóricamente la Policía.
Además, "se adjunta igualmente 12 esquemas donde
se ven situados en una línea de tiempo la localización de los
teléfonos móviles investigados y en las fechas y horas en que se
realizan las vigilancias o seguimientos a P según cada parte de
seguimiento".
La Policía no aporta todos los datos del
seguimiento telefónico. "A modo de ejemplo, se concretan siete días
significativos".
(www.elmundo.es,
29/07/09)
7. ESPIONAJE EN LA CÚPULA DEL PP MADRILEÑO.
PRADA: "ALGUIEN DEBERÁ PEDIR DISCULPAS"
"Algunas personas tendrán que dar explicaciones y
otros deberán pedir disculpas cuando se resuelva todo esto". Así de
rotundo se mostró el ex consejero de Justicia de la Comunidad de
Madrid y diputado regional, Alfredo Prada, que fue objeto de
espionaje por parte de asesores adscritos a la Consejería de
Presidencia e Interior.
Prada, que se encuentra de vacaciones, se mostró
satisfecho de que "los asuntos se estén esclareciendo a raíz de las
investigaciones". El ex consejero madrileño también lanzó una
invitación a Esperanza Aguirre: "Espero que haga un ejercicio de
responsabilidad en su condición de presidenta regional y como
dirigente del partido".
"Tengo mi más sincera confianza en la
Administración de Justicia y que estos hechos queden perfectamente
esclarecidos, como todo apunta que llegará la investigación que está
haciendo la policía", concluyó Prada.
(www.elpais.com,
30/07/09)
8. ESPIONAJE EN LA CÚPULA DEL PP MADRILEÑO. COBO
SEÑALA A GRANADOS POR EL CASO DE LOS ESPÍAS
La venganza está servida. , el vicealcalde de
Madrid, Manuel Cobo, se despachó a gusto. No le hizo falta pensar en
cuando tuvo que renunciar a la presidencia del PP de Madrid en 2004,
ni en las guerras intestinas en las que se ha visto enzarzado su
equipo con el de Esperanza Aguirre. Le bastó con recordar que había
sido objeto de seguimientos para que le hirviera la sangre. Y no
dudó en señalar a un responsable: Francisco Granados, consejero de
Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.
"Que diga la verdad de todo lo que sabe o al
menos que diga lo que va diciendo que sabe", le exigió a Granados.
La mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón quiere respuestas sobre
los supuestos espionajes a políticos que se produjeron desde su
Departamento y que también afectan al ex consejero, Alfredo Prada.
Cobo no dudó en arremeter contra aquellos que han
tratado de "ridiculizar" y "obstaculizar" tanto las investigaciones
policiales, como las judiciales y periodísticas. Se refería así al
carpetazo que se le dio a la comisión de investigación de la
Asamblea madrileña que se resolvió en tres sesiones. En ella se vetó
la comparecencia de los tres guardias civiles que declaran ante el
juzgado. PSOE e IU aprovecharon para exigir su "inmediata
reapertura".
El vicealcade también pidió a los agentes que
confesaran. "Nadie de buena fe les va a reprochar que cuenten qué
labores les fueron encomendadas durante el tiempo que han sido
detectados los seguimientos porque son actuaciones realizadas por
obediencia y porque es una salida honorable", dijo incitándoles a
denunciar a la persona al frente.
En la Comunidad de Madrid no daban crédito a sus
palabras. Granados no quiso responder en público. Fuentes cercanas a
él se encargaron de trasladar su indignación a quien preguntara por
él .
En el Gobierno regional dolió mucho una de sus
indirectas. "Cuando alguien se emborracha de poder y cree que es
impune a todo, no para en Cobo o Prada", dijo el vicealcalde
despertando ciertas iras al apuntar hacia lo alto.
Los colaboradores de Granados retaron a Cobo a
hablar. "Si tiene información que sea contraria a la que él declaró
en la Asamblea regional que lo cuente", respondieron. Afirmaban que
todo lo que se estaba diciendo era "absolutamente falso" y exigían
un respeto porque Francisco Granados es "su secretario general".
La oposición pidió la dimisión de Granados. En el
PP de Madrid algunos creen que los cargos del consejero se
tambalean. Pero este ya ha anunciado que no tiene intención de
marcharse porque tiene la conciencia "muy tranquila". La dirección
nacional del PP se remitió al procedimiento judicial para no hablar
sobre el asunto. Y Aguirre, tras la reunión del Consejo de Gobierno,
dará su visión de los hechos.
Se investiga si hubo malversación de fondos por
parte de Interior para sufragar los gastos de los supuestos
espionajes.
(www.publico.es,
30/07/09)
9. ESPIONAJE EN LA CÚPULA DEL PP MADRILEÑO.
GRANADOS: "NO ORDENÉ NADA, NO PIENSO DIMITIR"
Francisco Granados, consejero de Interior de la
Comunidad de Madrid, del que dependían los tres ex guardias civiles
a los que fichó como asesores, aseguró a EL PAÍS que no dio "ninguna
orden" a los espías. "De todos los asesores que han venido aquí
[tres guardias civiles y tres policías
nacionales], al único que conozco es a un guardia civil de
Valdemoro, al resto no los conozco de nada". ¿Quién les daba las
órdenes? "Se las daría Sergio Gamón [fichado personalmente por
Esperanza Aguirre como director general de Seguridad]". "No pienso
dimitir, tengo la conciencia muy tranquila, yo no he ordenado nada a
esos guardias civiles", insistió. "Les pregunté si habían hecho
vigilancia a Prada y me dijeron que no. Si se demuestra que han ido
detrás de él, evidentemente, me han engañado, pero es algo más que
despedir, tendremos que ver quién se lo ha ordenado". "Del Gobierno,
y cuando digo el Gobierno no digo un director general, nadie ha
ordenado seguir a Prada".
(www.elpais.com,
29/07/09)
10. ESPIONAJE EN LA CÚPULA DEL PP MADRILEÑO. LA
INVESTIGACIÓN DE LOS ESPÍAS REVELA LAS MENTIRAS DEL GOBIERNO EN LA
ASAMBLEA
"El que convocado ante una comisión parlamentaria
de investigación faltare a la verdad en su testimonio, será
castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 6
a 12 meses". Este artículo, el 502.3 del Código Penal, podría haber
sido vulnerado por los altos cargos de la Consejería de Presidencia,
Justicia e Interior, incluido su titular, Francisco Granados, cuando
fueron llamados por la comisión de investigación de la Asamblea que,
entre el 6 de febrero y el 16 de marzo, estudió la supuesta trama de
espionaje en la Comunidad de Madrid.
El consejero Granados, uno de sus viceconsejeros,
Alejandro Halffter y el director de Seguridad, Sergio Gamón
mantuvieron en la Asamblea de Madrid que desde la consejería no se
habían realizado seguimientos a altos cargos y representantes del
PP. La investigación policial ha demostrado ahora lo contrario.
Lo afirma el informe elaborado por los agentes de
la policía, en el que compara los partes de seguimiento al ex
consejero de Justicia, Alfredo Prada, y al vicealcalde de Madrid,
Manuel Cobo, con las ubicaciones de los móviles de José Oreja
Sánchez, José Luis Caro Vinagre y Antonio Coronado Martínez. Estos
tres ex guardias civiles, asesores del consejero de Interior, "han
sido los autores de los partes de seguimiento analizados y, por
tanto, los autores de los seguimientos y vigilancias a que dichos
partes hacen referencia", según el informe.
Esta conclusión policial contradice, por ejemplo,
lo afirmado en la Asamblea el pasado 9 de marzo por el entonces
director de Seguridad, según consta en el diario de sesiones de ese
día: "Los equipos a mi cargo durante mi etapa como director general
no se dedicaron jamás a esas actividades que, por cierto, se recogen
en panfletos; anotaciones, no". Los tres guardias civiles ahora
imputados fueron fichados como asesores de la consejería de
Granados.
"Esos partes en muchos casos son erróneos, cuando
no falsos", afirmó el consejero de Presidencia, Justicia e Interior
en su turno de comparecencia en la comisión, el pasado 11 de marzo,
según el diario de sesiones.
Por estas declaraciones, entre otras, realizadas
en sede parlamentaria, los dos grupos de la oposición, PSM e IU,
están estudiando acudir a la fiscalía, porque podrían ser
constitutivas de delito. Tanto Maru Menéndez (PSM) como Inés Sabanés
(IU) explicaron que, antes, escucharán lo que digan los tres
imputados ante el juez.El informe policial ha puesto de manifiesto
que sí existieron seguimientos y que los realizaron empleados de la
Comunidad de Madrid. Por eso, los grupos parlamentarios de la
oposición, PSM e IU, están estudiando llevar a la fiscalía las
declaraciones de los altos cargos de la Consejería de Presidencia,
Justicia e Interior, según aseguraron sus dos portavoces, Maru
Menéndez e Inés Sabanés.
Creen que los altos cargos de la consejería
habrían podido cometer el delito que establece el artículo 504 del
Código Penal, que castiga a quienes faltan a la verdad cuando son
llamados por una comisión de investigación de un Parlamento. Ambas
portavoces insistieron en que la comisión de investigación, cerrada
en falso por el PP, debe reabrirse.
Éstas son algunas de las frases que pronunciaron
los altos cargos de la consejería en la comisión de investigación,
según recogen los diarios de sesiones:
FRANCISCO GRANADOS Consejero de Presidencia,
Justicia e Interior
"Lo único que le digo y le acredito con
documentos es que ni nosotros hemos creado esa estructura -que la
creó el señor Leguina-, ni la hemos impulsado en su configuración
actual -que lo hizo el señor Gallardón- ni nosotros hemos hecho
funciones que no se hayan hecho con los gobiernos del señor Leguina
y del señor Gallardón; y no es una opinión, es que es un hecho
probado".
"A ustedes les parece tan raro que [los agentes]
vayan de avanzada, antes de que llegue el alto cargo, simplemente
para ver si hay algún problema, y que ya quedó acreditado que se
hacía con el señor Leguina y con el señor Gallardón".
ALEJANDRO HALFFTER Viceconsejero de Interior
"Tengo que decir que no he visto en mi vida, ni
conozco, ninguno de los supuestos partes; por tanto, no sé quién los
ha podido confeccionar ni si corresponden a algún seguimiento
efectuado a altos cargos. Pero sí les puedo asegurar que desde
nuestra consejería no se ha ordenado el seguimiento -yo por supuesto
no he ordenado ningún seguimiento ni el consejero, tampoco- o se ha
espiado a nadie, como así se ha demostrado en las comparecencias de
todos los responsables de seguridad que han ido apareciendo en esta
comisión".
SERGIO GAMÓN Director de Seguridad
"Quiero que quede muy claro que nunca he
ordenado, consentido o amparado ningún tipo de espionaje ni
seguimiento a cargos políticos, ninguno. Y que no he conocido jamás
ninguna acción de este tipo dentro de la dirección general en la que
yo, en su tiempo, era responsable".
Las declaraciones en el Parlamento
- Sergio Gamón, director de Seguridad: "Los
equipos a mi cargo durante mi etapa como director general no se
dedicaron jamás a esas actividades que, por cierto, se recogen en
panfletos; anotaciones, no".
- Alejandro Halffter, viceconsejero de
Presidencia e Interior: "Les puedo asegurar que desde nuestra
consejería no se ha ordenado el seguimiento -yo por supuesto no he
ordenado ningún seguimiento, ni el consejero tampoco- o se ha
espiado a nadie, como así se ha demostrado en las comparecencias de
todos los responsables de seguridad".
- Francisco Granados, Consejero de Presidencia,
Justicia e Interior. "A ustedes les parece tan raro que [los
agentes] vayan de avanzada, antes de que llegue el alto cargo,
simplemente para ver si hay algún problema, y que ya quedó
acreditado que se hacía con el señor Leguina y con el señor
Gallardón"
(www.elpais.com,
30/07/09)
11. ESPIONAJE EN LA CÚPULA DEL PP MADRILEÑO. LA
JUEZ IMPUTARÁ A UN ALTO CARGO, FICHAJE DE AGUIRRE, POR EL ESPIONAJE
Sergio Gamón, director general de Seguridad hasta
julio de 2008 y hombre de confianza de Esperanza Aguirre -ella lo
fichó y lo mantuvo como asesor tras destituirlo por el presunto robo
de un ordenador del área de Justicia-, es el alto cargo del Gobierno
de Madrid que ordenó seguir noche y día al entonces consejero de
Justicia y vicepresidente segundo, Alfredo Prada, en 2008. Lo
confirmaron los tres asesores -los ex guardias civiles José Oreja,
José Luis Caro y Antonio Coronado- del consejero de Interior
Francisco Granados que declararon como imputados por el espionaje
político en el juzgado número cinco de instrucción de Madrid. La
juez anunció a los letrados presentes que en septiembre citará a
Gamón como imputado por un delito de malversación de caudales
públicos.
Los tres ex guardias civiles no sólo admitieron
que habían seguido como una sombra a Prada durante repetidas
jornadas, desmenuzadas por sus posicionamientos telefónicos, sino
que reconocieron que mintieron "por la presión mediática" existente
cuando les interrogó la policía en marzo pasado. Entonces negaron
haber participado jamás en seguimientos a Prada. Según esto, su
jefe, Gamón, también mintió cuando acudió al Parlamento regional:
"Nunca he ordenado ni consentido ni amparado ningún tipo de
espionaje ni seguimiento a cargos políticos", dijo entonces.
Ahora, medio año después de que EL PAÍS destapara
el escándalo, que fue repetidamente desmentido por Aguirre, sus
subordinados han reconocido los seguimientos a Prada, pero los
encuadraron en supuestas contravigilancias. Sin embargo, a preguntas
del letrado de Prada, José Aníbal Álvarez, confesaron una sonora
incongruencia: en todas estas repetidas jornadas de marcaje a Prada
nunca le informaron de que tal contravigilancia; tampoco a su
escolta, ni al Ministerio del Interior. Su coartada plantea un
problema añadido: las contravigilancias son competencia del
Ministerio del Interior, que sí alertó a Prada cuando lo
contravigiló a raíz de una amenaza etarra. Los tres ex guardias
explicaron que no redactaron los partes sobre sus seguimientos a
Prada, sino que informaban verbalmente a Gamón. La juez, por si
acaso, les hizo realizar unas pruebas de escritura para cotejarlas
con las anotaciones que figuran en algunos partes.
Los asesores de Granados también recalcaron que
ellos informaban igualmente a Gamón si sospechaban de alguna
matrícula, pero que era su jefe, el director general de Seguridad,
quien accedía a la base de datos para identificarlas (otra tarea
ajena legalmente a la Comunidad de Madrid). Entre las matrículas
anotadas en los partes figuran algunas reservadas, correspondientes
a políticos y miembros del Poder Judicial que comieron con Prada.
Cuando declararon ante la policía en marzo
pasado, ninguno de los tres ex guardias invocó que entre sus
funciones se encontrara la realización de contravigilancias. Y José
Manuel Pinto, otro de los sospechosos, garantizó que tal tarea era
ajena a sus funciones legales.
Los tres ex guardias negaron haber seguido o
espiado al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, cuyos partes de
seguimiento no han podido ser cotejados con los posicionamientos
telefónicos de los ocho agentes de Aguirre investigados al haber
caducado la fecha de custodia legal de éstos.
(www.elpais.com, 31/07/09)
12. ESPIONAJE EN LA CÚPULA DEL PP MADRILEÑO.
AGUIRRE SOLO ACTUARÁ EN EL CASO DE LOS ESPÍAS SI SE PRONUNCIA UN
JUEZ
La trama de espionaje supuestamente vinculada a
la Comunidad de Madrid volvió a convertirse en centro de atención de
la opinión pública, ya que tres asesores del consejero de Interior,
Francisco Granados, acudieron a declarar a un tribunal como
imputados. Eso motivó que la presidenta Esperanza Aguirre se viera
obligada a dar su opinión sobre tan espinoso asunto. "El Gobierno de
Madrid no ha espiado, ni ordenado espiar, ni consentido ningún
espionaje", enfatizó, y a renglón seguido añadió que solo tomará
medidas en caso de que los tribunales consigan demostrar lo
contrario.
Contradiciendo la versión hasta ahora difundida
por el Ejecutivo autonómico, existe un informe policial –ya
depositado en el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid y basado
en señales de localización emitidas por los móviles– que apunta a
que esos tres agentes estuvieron, el pasado mayo, a la misma hora y
en el mismo sitio que varios políticos supuestamente espiados, como
el exconsejero Alfredo Prada. Se da la circunstancia de que Prada
era antaño hombre de Aguirre y, actualmente, es cargo de confianza
de Rajoy.
El abogado de los asesores de Granados sostuvo ,
en la puerta del tribunal, que sus defendidos habían declarado ante
la jueza que "solían realizar labores de contravigilancia", también
a Prada. Eso explicaría, a su entender, que pudieran estar en el
entorno de los hipotéticamente espiados en fechas determinadas,
recogidas en los partes de espionaje publicados por el diario El
País. "Nunca se ha hecho ningún seguimiento, nunca se ha hecho una
vigilancia con fines de mirar cuáles son las costumbres íntimas de
estas personas y no se reconoce ni la autoría de los papeles ni de
los partes que se han publicado", subrayó. Quedará por esclarecer si
estos agentes tenían competencia, o no, para ejercer esas "tareas de
contravigilancia".
Por otro lado, fuentes jurídicas resaltaron que
los tres exguardias civiles señalaron, en varias ocasiones, que
ellos obedecían al exresponsable de seguridad de Madrid, Sergio
Gamón. El detalle tiene relevancia, ya que Gamón fue colocado por la
propia Aguirre en la Consejería de Interior y hay políticos que, con
clara intención, han insinuado que este podría haber trabajado para
la propia Aguirre o para su mano derecha, Ignacio González, y no
para Granados. Las partes personadas en este proceso dan por hecho
que Gamón se convertirá en el cuarto imputado del caso.
Aguirre no piensa dar más explicaciones hasta que
la justicia no se pronuncie. Eso sí, garantizó que si se demuestra
que alguien, incluido Granados, cometió alguna irregularidad,
actuará en consecuencia.
(www.elperiodico.com, 31/07/09)
13. GONZÁLEZ PIERDE A SU ASEDIADO NÚMERO DOS
El día después de la
dimisión del tesorero
del PP, mientras Francisco Granados, número tres de Esperanza
Aguirre, lucha por esquivar las responsabilidades por la trama de
los espías, un anodino comunicado de prensa enviado cuando el país
entero piensa en las vacaciones añadía este miércoles marejada al
temporal que vive el Partido Popular: Ildefonso de Miguel deja la
gerencia del Canal Isabel II, la principal empresa pública de la
Comunidad de Madrid.
Parece un relevo técnico, pero es un nuevo
bombazo político en Madrid, el gran feudo del PP: De Miguel era
desde 2004 uno de los principales colaboradores de Ignacio González,
número dos de Esperanza Aguirre, y por sus manos pasaban algunas de
las más cuantiosas y polémicas adjudicaciones de la Comunidad.
El ya ex gerente contó en el consejo que ha
aceptado la oferta de una "empresa del mundo de las comunicaciones y
la televisión", que no especificó. Pero deja el puesto asediado por
varios escándalos que lo colocaban desde hace meses en el ojo del
huracán.
En De Miguel confluyen varios asuntos que sacuden
al PP madrileño desde principio de año: los espías se redactó un
dossier de 32 páginas sobre sus actividades, las contrataciones
polémicas a familiares de Ignacio González o suyos propios, a través
de la Comunidad o del mismo Canal, los viajes sospechosos él mismo
aparece en el vídeo de las bolsas blancas con González en Colombia,
las polémicas adjudicaciones de TDT, los contratos multimillonarios
en publicidad y en seguridad...
La lista es inacabable y ha tenido un epílogo a
la altura: el Consejo de Administración de este miércoles anuló el
contrato propuesto por De Miguel y avalado ya por la Comunidad 24
millones en cuatro años; con la opción de otros 12 millones en dos
años más, para el servicio de atención al cliente.
La adjudicación fue paralizada tras la
intervención del concejal de Economía del Ayuntamiento, Juan Bravo,
el pasado mayo, y este miércoles el consejo acordó volver iniciar la
convocatoria ante la polémica desatada, según informaron fuentes del
Consejo de Administración.
La semana pasada, tanto el PSOE como IU exigieron
la comparecencia urgente en la Asamblea de Ignacio González,
presidente del Canal, para que diera cuenta de la millonaria
adjudicación y de la polémica que le rodeaba, una iniciativa que el
PP vetó.
El Canal nombró como sustituto en funciones de De
Miguel a Adrián Martín (Cuenca, 1959), hasta ahora responsable de
Innovación e Ingeniería del Canal.
(www.publico.es,
30/07/09)
14. UN HOMBRE FUERTE DEL VICEPRESIDENTE GONZÁLEZ
Ildefonso de Miguel, hasta gerente del Canal de
Isabel II, está considerado como un hombre muy próximo al
vicepresidente regional y presidente de la empresa pública de aguas,
Ignacio González. Y, como él, fue objeto de espionaje durante un
viaje a Colombia, cuando los dos hombres fueron grabados en vídeo.
También es protagonista de dossiers sobre la evolución de su
patrimonio personal. En uno de ellos se afirma que creó en 2006
Bodegas Miguel y Ruano, que suministraba botellas de vino al Canal.
De Miguel aseguró que la bodega era un negocio familiar anterior a
su nombramiento. Por otra parte, la empresa pública de agua adjudicó
en 2006 la gestión y explotación de las instalaciones deportivas
construidas sobre su depósito de Islas Filipinas al socio
empresarial de un hermano y un cuñado de Ignacio González.
La trayectoria de Ildefonso de Miguel ha estado
ligada al audiovisual. Fue consejero delegado de Retevisión durante
su privatización. Luego accedió a la dirección general de Quiero TV,
una plataforma de televisión digital terrestre impulsada por Auna
(la antigua Retevisión) y Planeta. El Gobierno de José María Aznar
otorgó en 1999 a Quiero TV una licencia para explotar 14 canales de
TDT de pago con el propósito de competir con Vía Digital y Canal
Satélite Digital en un mercado exiguo para un tercer actor. En el
sector siempre planeó la teoría de que aquel concurso estaba
teledirigido. De hecho, sólo se presentó Retevisión, la empresa
encargada de explotar la red de difusión de señales, que había sido
privatizada poco antes. Dos años después de comenzar a emitir,
Quiero TV -que en su mejor momento llegó a tener 200.000 abonados-
se declaró en quiebra. Antes de que la pantalla se fuera
directamente a negro, De Miguel presentó su dimisión en febrero de
2002. Los socios se dejaron en la aventura unos 900 millones de
euros.
El mismo año que abandonó Quiero TV, fundó junto
a su cuñado Fernando Ruano y otros socios Secuencia Pixels, una
compañía que obtuvo siete contratos de la Administración regional
entre 2006 y 2008. Presidió la compañía, en la que era accionista
mayoritario con el 30%, hasta su nombramiento para dirigir el Canal,
en diciembre de 2003. En declaraciones a este diario aseguró que
vendió sus acciones a su cuñado y se desvinculó de la firma, "para
no tener conflicto de intereses".
La Agencia de Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid (ICM) que depende del vicepresidente, Ignacio
González, otorgó cinco adjudicaciones a Secuencia Pixels por 2,3
millones de euros entre febrero de 2006 y junio de 2008, y cuando
esta agencia pasó a depender de la Consejería de Hacienda obtuvo
otros dos contratos por 1,6 millones para suministros de
aplicaciones informáticas. Los contratos de Secuencia con el
Ejecutivo madrileño suponían el 30% de sus ingresos, según el propio
Ruano.
(www.elpais.com,
30/07/09)
15. EL AGUA DE MADRID SIGUE SIENDO PÚBLICA, POR
AHORA
En los casi seis años que ha permanecido
Ildefonso de Miguel al frente del Canal de Isabel II no ha
conseguido sacar a flote una promesa lanzada por la presidenta,
Esperanza Aguirre: privatizar la centenaria sociedad fundada durante
el reinado que le da nombre.
El hermetismo con el que Aguirre ha llevado este
proceso ha derivado en interpretaciones divergentes, desde las que
le atribuyen a la presidenta una desconfianza en De Miguel para
ejecutar esa tarea, a la existencia de barreras jurídicas que
impedirían llevarla a cabo. El Ayuntamiento de Madrid, del PP; el
Gobierno central socialista, y una gran mayoría de los ayuntamientos
del PSOE que mantienen contratos de abastecimiento y son
propietarios de las redes se oponen radicalmente a esa iniciativa.
El mercado bursátil tampoco se encuentra en sus
mejores días de liquidez para acudir presto a una oferta pública de
venta de acciones, ni abundan los grandes inversores para adquirir
de una tacada el 49% de las futuras acciones.
El Canal posee 3.000 millones de euros en
activos, según la última tasación conocida, de 1989. Esa valoración
fue realizada por American Appraisal. Después de laminar a todo el
equipo financiero del Canal, De Miguel volvió a contratar a la misma
compañía una tasación actualizada de sus activos y bienes
patrimoniales. Entre ellos figuran más de 4.000 kilómetros de
tuberías, siete depuradoras, varios depósitos de agua en activo y
otros fuera de uso, así como parcelas y solares urbanos de gran
valor, como algunos revalorizados por la prolongación de la
Castellana en la Operación Chamartín.
La gestión de la red de alcantarillado del
municipio de Madrid fue cedida al Canal por 25 años, a cambio de 750
millones de euros en el marco de un convenio firmado por el alcalde
Alberto Ruiz-Gallardón con la presidenta Aguirre en septiembre de
2005. La empresa se encarga también del suministro de agua potable
(www.elpais.com,
30/07/09)
16. LA REMODELACIÓN PENDIENTE
Entre los conservadores madrileños, se extiende
la idea de que sería conveniente que Esperanza Aguirre emprendiera
una remodelación de su Ejecutivo regional. Escándalos como Gürtel,
Fundescam o los espías desgastan al Gobierno regional
Algunos dirigentes del PP piensan que la trama de
espionaje y corrupción destapada en los últimos meses ha dejado "muy
quemados" a algunos de sus consejeros. Para otros, simplemente,
sería cuestión de "contagiar ilusión", teniendo en cuenta que la
próxima convocatoria electoral no será hasta 2011 y que sufren "el
desgaste propio del que ya acumula unos cuantos años de Gobierno".
En los mentideros políticos, se dijo que Aguirre
acometería cambios justo después de las europeas. Los rumores ahora
aplazan la reestructuración hasta después del verano. Fuentes de la
Comunidad de Madrid señalan, con sorna, que "así está claro que
algún momento acertarán", pero que la presidenta no se plantea la
remodelación.
Son muchos en el PP de Madrid los que piensan que
su jefa debería prescindir de Francisco Granados o Ignacio González,
sus hombres fuertes y también las personas que se han visto
envueltas en la mayoría de los escándalos de estos últimos meses.
Pero comprueban cómo, lejos de echarlos, se les refuerza en su
posición. Piensan que González es "intocable" y que, cada vez que se
habla de la salida de Granados, este siempre da muestras de su
fortaleza.
Algunos dirigentes creen que se impone reciclar
la imagen del partido porque, desde el Congreso de Valencia, son
como la "oveja negra" de la familia. Y añaden que las muescas
negativas que se han ido grabando en la memoria colectiva desde
entonces, no les favorecen nada.
La más importante, la del
caso Gürtel. No
hay que olvidar que estalló en Madrid y se llevó por delante a
varios altos cargos. Aguirre hizo
limpieza de alcaldes
y también cortó cabezas dentro de su propio equipo al cesar a un
consejero pero no hay que olvidar que hay tres dirigentes imputados
que siguen manteniendo sus actas en la Asamblea de Madrid.
Aguirre también tiene que afrontar la situación
de Fundescam, una
fundación que recibió
donaciones de cientos de miles de euros de destacados
empresarios. Parte de ese dinero, tal y como desveló Público, sirvió
para financiar las campañas autonómicas del PP de Madrid.
Además, en su formación preocupa y mucho el
ascenso de UPyD. El partido de Rosa Díez se convirtió en las
elecciones europeas en la tercera fuerza política de la Comunidad
madrileña y les robó votos en algunos de sus distritos claves.
Muchos estiman que se debe hacer lo posible por frenar esa sangría
antes de que les pase factura en 2011.
Voces dentro del partido recuerdan también que a
todo ello se suma la "guerra siempre abierta" entre Aguirre y el
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y cierta "desmotivación"
que en época de crisis, sin ningún proyecto estrella que poner en
marcha, debe ser rápidamente subsanada.
(www.publico.es,
27/07/09)
17. EL NOTARIO TAMPOCO LOGRA ACCEDER A LAS
CUENTAS DE FUNDESCAM
¿Hay algo que ocultar en las cuentas de
Fundescam, la fundación del PP madrileño que en 2003 pagó gastos
electorales de la campaña del tamayazo? La pregunta cobra de nuevo
sentido después de que el Gobierno de Esperanza Aguirre haya desoído
el requerimiento notarial formulado por Público para que entregase
las cuentas de Fundescam depositadas a partir de 2003.
Desde que el 5 de mayo este diario solicitó los
balances y memorias de actividades de Fundescam, depositados en el
Registro de Fundaciones, a cuyos documentos la ley garantiza el
libre acceso, el Ejecutivo de Aguirre ha utilizado toda clase de
artimañas para evitar su entrega.
Entre la primavera de 2003 y la de 2004,
Fundescam obtuvo casi un millón de euros por donaciones procedentes
de significados empresarios, con Gerardo Díaz Ferrán, actual
presidente de la CEOE, en cabeza. La fundación, que carece de web y
tiene su domicilio en la sede del PP de la madrileña calle Génova,
no realiza actividad conocida.
Por encargo de este periódico, el notario
Fernando Molina Stranz acudió el pasado día 7 de julio al Registro
de Fundaciones de Madrid, donde reclamó oficialmente copia de los
balances y memorias anuales de la fundación que preside Esperanza
Aguirre, aportó copia de todas las solicitudes de información
realizadas desde mayo por Público y otorgó siete días de plazo para
la entrega.
Ocho días después, el fedatario público levantó
acta para hacer constar la ausencia de respuesta. Una portavoz de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, de la que depende el
Registro de Fundaciones, argumentó que la Ley de Procedimiento
Administrativo concede a las administraciones tres meses de plazo
para notificar una resolución. Pero acceder a una solicitud de
información pública difícilmente se encuadra en el concepto
"resolución administrativa". Al frente de Presidencia, que es la que
deniega los documentos, se sitúa Francisco Granados, vicepresidente
de Fundescam.
Como desveló este diario, la sociedad Special
Events SL, buque insignia de la trama Gürtel, endosó a Fundescam
facturas que en realidad se correspondían con actos del PP. El
concepto real se camufló para evitar su identificación, pero el jefe
de la red corrupta, Francisco Correa, conservó un estadillo. Y ese
estadillo, esgrimido ante el equipo de Aguirre para forzar el pago
de unas deudas, refleja en qué se gastó de verdad el dinero.
Cómo justificó en 2003 y 2004 el gasto de los más
de 800.000 euros que le fueron transferidos por sus donantes
constituye una de las grandes incógnitas del asunto. El PP ha
repetido hasta la saciedad que sus cuentas estaban en orden y
depositadas en el Registro.
Pero lo cierto es que ese Registro sólo se avino
a facilitar los balances previos a 2003, es decir, los
correspondientes a la etapa de Pío García Escudero como presidente
del PP madrileño y de Fundescam.
Aunque Aguirre no llegó a la cúpula regional del
partido hasta noviembre de 2003, cuando ya había ganado las
elecciones autonómicas en segunda convocatoria tras el escándalo del
tamayazo, las fuentes consultadas por este diario subrayan que los
hilos de Fundescam estuvieron en manos de su equipo desde comienzos
de año.
(www.publico.es,
27/07/09)
18. ATASCO RÉCORD EN LA JUSTICIA
Los juzgados de Madrid han entrado en una fase
"muy, muy preocupante". El diagnóstico lo da Francisco Javier Vieira
Morante, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM). La enfermedad podría llamarse "exceso de asuntos
pendientes". O lo que es lo mismo: un atasco sin precedentes. El año
pasado se superó, por primera vez, el medio millón de asuntos sin
resolver en los juzgados madrileños, según las cifras de la Memoria
Judicial de 2008, presentada por el presidente del TSJM.
El aumento de un 14,29% de los asuntos pendientes
el año pasado llevó a traspasar esa "barrera psicológica" (en
palabras de Vieira) de los 500.000 casos a la espera de resolución.
A finales de 2008 había exactamente 534.824 casos esperando a ser
resueltos. El año anterior, cuando ya se hablaba de cifras
históricas, fueron 467.950.
Sin embargo, el número de asuntos que entraron en
los juzgados a lo largo 2008 no creció tanto como lo había hecho
anterior. En 2008 se registraron un total de 1.370.085 casos, un
4,3% más que el año anterior (1.310.599). Vieira considera que es
una cifra "que los jueces no pueden absorber de ninguna manera".
El futuro no pinta halagüeño. "Hay en marcha una
reforma procesal, prevista para abril del año que viene. Desde ese
momento se notará un alivio", pronosticó el presidente del TSJM.
"Pero este año preveo que va a terminar con un número de asuntos
pendientes todavía superior".
Los juzgados de lo social (resuelven los asuntos
laborales, como los despidos y reclamaciones de cantidad) son los
que han experimentado la mayor acumulación de casos en términos
relativos. Tienen por resolver 32.894 asuntos, casi un 70% más que
en el 2007; en los de Móstoles, la cifra es aún más espectacular: un
96% más de casos pendientes.
Los siguientes juzgados más afectados en la
capital son los de lo penal (los casos pendientes aumentan un
50,38%). Le siguen los mercantiles (31,46% más), que son los únicos
en los que los asuntos pendientes (4.809) superan a los ingresados
el año pasado, 3.013. El aumento de los casos en los de lo
contencioso fue del 17,43%, y en los de primera instancia, del
13,31%. Sólo se ha experimentado descenso en algunas salas del TSJM
y en los juzgados penitenciarios, entre otros.Los juzgados de
violencia sobre la mujer también están saturados. Los de Madrid
ciudad registraron 19.894 asuntos y dejaron pendientes 6.117. En los
del resto de la región entraron 16.765 asuntos y están sin resolver
6.463.
El atasco que más ha crecido, el de los juzgados
de lo social, es reflejo de la crisis, según la Memoria Judicial.
"La coyuntura económica, con la consiguiente repercusión laboral y
social, ha venido a empeorar notablemente la situación de sobrecarga
de trabajo", reflexiona el informe, que advierte de la
"imposibilidad material de atender al ciudadano dentro de unos
plazos razonables de tiempo". En los juzgados de lo mercantil, los
únicos que tienen más asuntos retrasados que registrados en 2008, la
crisis ha generado casos de mayor "complejidad e importancia", según
la memoria.
Respecto a los juzgados de lo penal, entre las
razones para la acumulación de asuntos pendientes se destaca "la
agravación de tipos penales e introducción en el Código Penal de
nuevos delitos", que aumentan la fecha de señalamiento de los
juicios hasta un año.
"Tenemos unos procedimientos muy voluminosos y
muy desorganizados", aseguró el presidente del TSJM. "Debemos dar un
salto de dos siglos para ajustarnos a una justicia propia del siglo
XXI".
Entre los principales problemas de la justicia
madriñela la memoria cita la escasez de juzgados, la mala formación
de los funcionarios interinos y las deficientes infraestructuras.
Durante el año 2008 se pusieron en marcha en Madrid 27 juzgados más
y tres nuevas plazas de magistrado, lo que se considera aún
insuficiente.
(www.elpais.com,
25/07/09)
19. LA COMUNIDAD DEBE 20 MILLONES DE EUROS A LOS
ABOGADOS DE OFICIO
Lo que va de año, siete meses, trabajando y sin
cobrar un euro. Éste es el negro panorama de los cerca de 5.000
abogados del turno de oficio de Madrid. El Gobierno regional les
debe los pagos del primer y segundo trimestre de 2009, cerca de 20
millones de euros. La Consejería de Presidencia, Justicia e
Interior, afirmó ayer una portavoz, "está buscando disponibilidad
presupuestaria" para pagar a los letrados.
El problema no es nuevo. El año pasado, explican
en la consejería, "hubo un desbordamiento". En 2008, los abogados de
oficio se ocuparon de 192.000 casos, 84.000 más que en 2007, según
el Gobierno regional. Y, a partir de julio, tuvieron problemas en
los cobros. Tantos que, a finales de enero de este año, la Comunidad
de Madrid tuvo que aprobar una partida presupuestaria de 34 millones
de euros para pagar a los letrados, a los que se les debía 24
millones del ejercicio de 2008. "Si nos pagan con el presupuesto de
2009, en abril no habrá dinero y estaremos en las mismas",
adelantaba entonces Santiago Luengo, de la Asociación de Letrados
por un Turno de Oficio Digno (Altodo).Y es lo que ha sucedido. La
Comunidad de Madrid anda "buscando disponibilidad de presupuesto"
para pagar los 20 millones y en el Colegio de Abogados de Madrid
creen que "la situación es peor" que la del año pasado. "Entonces no
se pagaba pero sabíamos que había dinero; ahora han gastado el
presupuesto", afirma el decano Antonio Hernández-Gil.
Desde la Consejería de Presidencia, Justicia e
Interior aseguran que "los retrasos del segundo semestre entran
dentro de lo normal" y que los problemas se deben "al fuerte repunte
en el uso de la justicia gratuita". La situación de crisis, añaden,
"también afecta a la Comunidad".
"Yo tengo que prever mis gastos, pero parece que
la Consejería no lo hace", se queja Bruno Suela, que lleva un año y
medio como abogado de oficio. "Y justo ahora, en verano, que contaba
con ese dinero para las vacaciones". En las mismas se ve Javier,
otro abogado de la justicia gratuita, al que la Comunidad de Madrid
debe "cerca de 3.500 euros". Javier, 13 años en el turno de oficio,
se encarga sobre todo de temas laborales.
Es en esta jurisdicción, según los datos del
Colegio de Abogados, donde más se incrementaron los litigios en 2008
(un 32,92%). "Con la crisis existe mayor demanda de justicia
gratuita", aseguran en el colegio. El ministro de Justicia,
Francisco Caamaño, y el consejero Francisco Granados ya trataron en
una reunión celebrada el pasado mayo el tema de la justicia
gratuita, que supuso una factura de 50 millones para la región en
2008. "Hay un abuso en la utilización de la ley de justicia
gratuita", afirmó ayer una portavoz de la consejería. "Y se
multiplican los casos que llegan al turno de oficio".
Entre los abogados existe el temor a que todos
estos problemas desemboquen en un intento de privatización del
servicio. "Intentan ahogarnos hasta que explotemos y así salir ante
la opinión pública diciendo que la gestión privada sería mejor",
asegura Santiago Luengo, de Altodo. La asociación ha convocado una
asamblea para después de verano y no descarta nuevas movilizaciones
a partir de octubre, como las que realizaron el pasado febrero. Esta
preocupación de fondo se comparte en el Colegio de Abogados. "Hay
temor de que todo lo que desestabiliza el sistema pueda servir de
excusa para otras actuaciones", explica el decano del colegio,
Antonio Hernández-Gil. "Aunque tanto públicamente como en persona
tanto la presidenta Aguirre como el consejero Granados han expresado
que no existe el propósito de privatizar", añade el decano.
(www.elpais.com,
28/07/09)
20. LA COMUNIDAD RETRASA LAS AYUDAS A LAS
FEDERACIONES DE DISCAPACITADOS
Las subvenciones de la Comunidad de Madrid a las
asociaciones dedicadas a prestar servicios a los discapacitados
están varadas. Un dinero que sirve, entre otras cosas, para ayudar a
las familias que cuidan a un dependiente y necesitan apoyo para
descansar. La parálisis afecta a las organizaciones integradas en 10
federaciones que se agrupan bajo el paraguas del Cermi (Comité de
Representantes de Personas con Discapacidad) madrileño del que
dependen cerca de 600 trabajadores y más de 400.000 dependientes. La
primera fase de estos subsidios, que se renuevan anualmente, tenía
que haberse resuelto en abril. Pero la convocatoria inicial se
retrasó hasta mayo. El montante, aunque varía de año en año, se
aproxima a los tres millones anuales por cada federación.
Los colectivos denuncian que ya no pueden pagar a
sus trabajadores ni, en consecuencia, "prestar un servicio
adecuado", según sus dirigentes, que califican la situación de
"bomba de relojería". La Consejería de Asuntos Sociales concede un
retraso, pero asegura que las resoluciones se publicarán el 31 de
julio, es decir, el próximo viernes, y que la tardanza se debe a
problemas burocráticos. "Ya tenemos preparada la lista de los
beneficiarios, pero falta documentar algunos de los rechazos y
preferimos hacerlo todo a la vez", dice una portavoz de la
consejería.
"Atendemos a muchas personas que dependen de
nosotros y lo hacemos a través de otras personas", explica en
aparente trabalenguas Javier Font, presidente del Comité de
Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en Madrid, que
cobija bajo su acrónimo a 10 federaciones dedicadas a discapacitados
físicos, psíquicos y sensoriales de la región. "Y esas personas
necesitan estar a gusto para hacer bien su labor", prosigue Font,
que como colofón a su exposición concluye revelando que esos
trabajadores que deberían sentirse contentos no lo están porque no
cobran.
"En agosto, muchas asociaciones van a entrar en
quiebra", advierte el máximo dirigente del Cermi, que cierra el
círculo de su argumentación denunciando que no hay dinero porque la
Consejería de Asuntos Sociales no ha resuelto las subvenciones. En
Madrid hay 434.000 personas discapacitadas mayores de seis años,
según el Instituto Nacional de Estadística. No significa, eso sí,
que todas ellas reciban atención de las organizaciones.
El procedimiento habitual es que las
convocatorias de estas ayudas se publiquen en enero o febrero y se
abra el plazo de solicitudes. Después, hay tres meses para que el
Gobierno regional cribe entre los solicitantes y decida cuáles
tienen derecho a percibir la subvención y el montante de la misma.
En ese momento, a los que cumplan los requisitos se les da la mitad
del dinero acordado. El siguiente paso es que a finales de julio las
organizaciones justifiquen sus gastos hasta esa fecha y perciban el
resto. Pero en esta ocasión el proceso se ha atascado en el primer
paso. Font asegura que las federaciones implicadas atienden a los
discapacitados, además de ofrecerles servicios como atención
jurídica y asesoría. "No tenemos liquidez", insiste, al tiempo que
califica el sistema de "prehistórico y anuncia que ya ha mandado una
carta a Esperanza Aguirre, la presidenta regional, para pedirle una
mesa de diálogo.
El dinero sirve para atender a personas
necesitadas de ayuda "mientras sus familiares están de vacaciones o
en alguna tarea ineludible", pero también para otros asuntos, como
el mantenimiento de una bolsa de trabajo y para pagar a su nutrido
voluntariado el transporte y otros gastos derivados de su actividad.
La consejería garantiza que "el próximo 31 de
julio se hará público quién disfruta de las subvenciones y a quién
se le rechaza". Su argumento es que a algunas se les ha dado un
margen para que subsanasen documentación incompleta y, mientras, "no
se les ha notificado el sí a los que ya la tenían concedida". Sin
embargo, Font no considera creíble la explicación de la consejería
que encabeza Engracia Hidalgo y estima que "los retrasos son muy
sospechosos porque a todas las asociaciones les han pedido arreglar
la misma documentación". Según el dirigente se les ha requerido que
aporten los papeles referidos a la justificación del impuesto de
actividades económicas.
(www.elpais.com,
25/07/09)
21. 41.000 MADRILEÑOS, SIN LEY DE DEPENDENCIA
Concepción Dancausa, titular municipal del Área
de Familia y Asuntos Sociales, presentó , con el soporte de unos
elaborados gráficos en color, un estudio del que extrae que más de
la mitad de los madrileños que podrían ser beneficiarios de la Ley
de Dependencia estatal (41.000) no perciben ninguna ayuda. Una
observación que señala de manera indirecta a la Comunidad de Madrid,
encargada de centralizar la tarea de valorar a los posibles
beneficiarios de la norma. Actualmente, según las cifras de
Dancausa, hay 30.000 residentes en la capital que sí perciben las
ayudas estatales.
Los números que manejó Dancausa indican que en
Madrid hay 260.000 personas que necesitan algún tipo de auxilio
municipal. De ellas, 71.000 se encuentran dentro del marco que
describe y cumplen los requisitos que exige la Ley de Dependencia.
De las 189.000 personas restantes, 90.000 necesitan algún tipo de
ayuda, "pero no con la gravedad que exige la ley", según precisión
de la titular de Asuntos Sociales. Otras 25.000 tienen dificultades
físicas o mentales en su vida cotidiana, pero no dependen de
terceros. Finalmente, 74.000 padecen deficiencias auditivas o
visuales.
La exposición de la delegada municipal también
hizo un repaso a la situación por distritos, resultando los de
Salamanca y Chamberí aquellos en los que más personas dependientes
residen. Una circunstancia ligada al hecho de que son los dos en los
que la población está más envejecida.
Por otra parte, el estudio realiza una proyección
de los datos para 2017, profetizando que en ese año las personas que
presenten algún tipo de deficiencia que no genera discapacidad serán
76.513; las que presenten algún tipo de discapacidad sin dependencia
serán 25.770, y las que presenten dependencia "no protegible"
ascenderán a 96.932. También desgranó los servicios que presta el
Consistorio, asegurando que dispone de 89.500 dispositivos de
teleasistencia, concede más de 50.000 ayudas a domicilio, 4.508
plazas en centros de día y 84 centros municipales de mayores.
(www.elpais.com,
25/07/09)
22. PELIGRA UNA INVERSIÓN ESTRELLA
La creación de 25.000 puestos de trabajo en la
Comunidad de Madrid pende de un hilo. Está en peligro el proyecto
del parque empresarial de La Carpetania, en Getafe, diseñado con la
ambición de convertir la región en un polo de investigación
industrial europeo, con una inversión pública y privada estimada en
1.500 millones. La parálisis del proyecto surge de la crisis
económica y las desavenencias entre los dos impulsores del proyecto:
el Ayuntamiento de Getafe, dirigido por el socialista Pedro Castro,
y la Comunidad de Madrid, que lanzó el proyecto en 1999 cuando
Alberto Ruiz-Gallardón era su presidente, y que puede darle
carpetazo con Esperanza Aguirre (ambos del PP).
El proyecto aspiraba a convertir Getafe, junto
con Hamburgo (Alemania) y Toulouse (Francia), en capital de la
aeronáutica. Las condiciones eran buenas: suelo industrial, la
presencia de la empresa aeronáutica EADS-CASA, y la buena relación
entre administraciones. Para gestionar el proceso, Comunidad de
Madrid y Ayuntamiento crearon un consorcio urbanístico en el que
participaban al 60% y el 40% respectivamente. El objetivo era
recalificar cinco millones de metros cuadrados y vendérselo a
grandes empresas.
La operación se dividió en dos fases. La primera
se completó en 2006: firmas como Siemens o General Electric crearon
8.000 puestos de trabajo. Al iniciar la segunda fase, de tres
millones de metros cuadrados, las perspectivas eran suculentas:
EADS, el gigante aeroespacial europeo, se comprometió a adquirir,
antes de que los terrenos estuvieran ni siquiera expropiados,
400.000 metros cuadrados para trabajar en los aviones Airbus y en
sus proyectos militares y espaciales (Eurofighter y Arianne).
Contando con otras empresas interesadas en el
proyecto, como Corrugados, y las industrias auxiliares que las
rodearían, se abría la posibilidad de emplear hasta a 25.000
trabajadores de diferente cualificación -entre ellos 5.000
ingenieros- y contar con un aporte considerable de I+D+i.
Pero este año arreció la crisis económica -con su
repercusión en las arcas públicas-. Además, en el consorcio
empezaron los rifirrafes entre el Ayuntamiento y la Comunidad,
coincidiendo con enfrentamientos entre el alcalde Castro y la
presidenta Aguirre. Hace unas semanas todo estalló.El detonante fue
una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que
declaró que la Comunidad de Madrid debería prácticamente doblar el
precio que había pagado a algunos propietarios por terrenos
expropiados en la primera fase del proyecto de La Carpetania. La
sentencia fijaba precios de hasta 155 euros/metro cuadrado.
Aplicándole ese precio a los terrenos pendientes
de expropiación en la segunda fase -para los que el consorcio zanjó
un precio de 67 euros-, el monto de la operación subiría a 843
millones de euros, en lugar de los 588 previstos, un 43,3% más. El
Gobierno regional adujo entonces que la expropiación era inviable y
anunció que sólo continuaría en el proyecto si los terrenos se
negociaban con los propietarios. Una opción que supondría renunciar
a los plazos acordados con algunas empresas y que dejaría malherido
el proyecto.
El Ayuntamiento de Getafe desestima cualquier
posibilidad que no sea la expropiación porque implicaría un proceso
demasiado largo -son 200 propietarios con los que negociar
individualmente-, y los acuerdos sobre la propiedad del suelo que ha
firmado EADS con el Consistorio y el Instituto Madrileño de
Desarrollo (IMADE) impedirían retrasar la operación más allá de
2010.
"De no conseguir en ese plazo los terrenos, la
empresa se irá", afirman desde el Ayuntamiento. Un portavoz de la
compañía confirma que para ellos "las condiciones en Madrid son
extremadamente interesantes: tiene un gran tejido e infraestructuras
para crear un Silicon valley español (en referencia al valle
californiano con empresas de tecnología punta), pero de no cumplirse
los plazos se estudiarán otras posibilidades". Y lo que parece claro
es que si el pez gordo desaparece, se llevará consigo las industrias
auxiliares interesadas en La Carpetania.
La disputa entre Ayuntamiento y Comunidad se
convierte progresivamente en cenagosa. Se acusan de ocultarse
informes y actuar deslealmente. Pedro Castro se comprometió a
negociar un aval con el Instituto de Crédito Oficial (ICO); la
Comunidad asegura que no fue capaz de conseguirlo, y él dice que el
ICO está a la espera de que el Gobierno de Aguirre le haga llegar la
documentación para oficializar el aval. Luego las dos
administraciones acordaron que el consorcio dejara de ser
beneficiario de las expropiaciones. Según la Comunidad, eso equivale
a que el Ayuntamiento asume que las expropiaciones son inviables, y
devolvió a Getafe todas las competencias sobre suelo que éste había
cedido a Gallardón en 1999 para que gestionara el proceso. El
Ayuntamiento sostiene que aceptó retirar al consorcio como
beneficiario para que entre Comunidad y Ayuntamiento, más sólidos
jurídicamente, resolvieran la crisis presupuestaria.
La Comunidad rechaza volver a negociar si no se
desestima la expropiación. "Es demasiado caro", explica un portavoz
de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territorio: "Es imposible asumir un gasto así ahora". Otra
preocupación del Gobierno de Aguirre son los expropiados: "Habrá que
negociar con ellos, ¿no?", plantea el mismo portavoz.
Getafe ha demostrado su predisposición a
cualquier arreglo que permita salvar los plazos que fija el acuerdo
con EADS, lo cual sería imposible por otro medio distinto de la
expropiación. "El Ayuntamiento no está tirado al monte. Quiere que
esto salga adelante", asegura Pedro Castro. Propone reconstituir el
consorcio al 50%, que el Ayuntamiento asuma el 60%, o incluso que
intervenga el Gobierno por medio de la Sociedad Estatal de Promoción
y Equipamiento de Suelo (SEPES), una opción cuya viabilidad esta
sociedad estudia aún. El Partido Socialista de Madrid (PSM) quiere
que intervenga el Ministerio de la Vivienda.
Mientras, los sindicatos están del lado del
Ayuntamiento. Exigen a Aguirre que se deje la piel en el proyecto.
Representantes de algunas de las empresas con intereses en La
Carpetania también se muestran sorprendidos por los problemas que
plantea la Comunidad. En el horizonte aparece una nueva sombra: que
las firmas ya asentadas se vayan.
(www.elpais.com,
28/07/09)
23. MANUAL PARA SOBREVIVIR A UNA RECALIFICACIÓN
URBANÍSTICA EN UN AYUNTAMIENTO DEL PP…
¿Cómo se logra salvar cuatro manzanas de una
recalificación que afecta a 1,4 millones de metros cuadrados de
suelo industrial del entorno? La respuesta es simple: siendo hijo
del concejal de Urbanismo que dirige el macroproyecto. Al menos es
lo que ocurre en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz (PP),
donde el Ayuntamiento aprobó hace dos meses un proyecto de
recalificación que pone en peligro los 4.000 empleos de un polígono
industrial pero salva, casualmente, los locales que tienen los
padres del edil José Luis Navarro en la zona. El mismo concejal de
Urbanismo añadió un epígrafe a la moción en la que el pleno aprobó
la recalificación para explicar que "se decidió no actuar" en los
locales de sus progenitores porque "si hubiésemos recalificado los
locales de familiares del equipo de gobierno podríamos haber
incurrido en irregularidades. De ahí que mantengan el uso terciario
que tienen". Con todo, el volumen de alegaciones que ha recibido su
trabajo está haciendo que el consistorio se replantee su actuación.
Terminó el plazo para presentar las alegaciones
ante el Ayuntamiento de Torrejón. Más de un centenar de empresarios
afectados por la recalificación que convertirá casi un millón y
medio de metros cuadrados de suelo industrial en urbanizaciones se
movilizaron contra el proyecto.
El grado de insatisfacción es tal que el Ejecutivo municipal no
puede hacerle frente. "No vamos a pasar por encima de todos, habrá
que estudiar las objeciones y decidir en consecuencia", admitía el
mismo Navarro. Sindicatos y oposición coinciden en un punto: la
recalificación enviará al trasto los 4.000 empleos que genera el
Polígono sobre el que se va a actuar, recoge El País.
Para paliar esta consecuencia negativa, la mayoría popular del
Pleno, con el rechazo del PSOE e IU, se comprometió a trasladar de
modo paulatino a "las nuevas áreas empresariales del municipio" a
las empresa que voluntariamente lo solicitaran. Pero los empresarios
no se dan por satisfechos y la Unión Comarcal de Empresarios del
Este de Madrid da por imposible calcular el número de empleos que,
dado el caso, sobreviviría al traslado.
(www.elplural.com,
29/07/09)
