ÍNDICE
1. AGUIRRE DESMANTELA EL ENTRAMADO SOSPECHOSO DE
REALIZAR ESPIONAJES
2. AGUIRRE QUIERE VOTAR 'NO' A UNA FINANCIACIÓN
QUE TILDA DE "CHANTAJE"
3. AGUIRRE NIEGA SER "CATALÓFOBA": "AMO A LOS
CATALANES"
4. CASO GÜRTEL. AGUIRRE DECLARA LA GUERRA INTERNA
A BÁRCENAS ANTE LA INACCIÓN DE RAJOY
5. BÁRCENAS LE ACLARÓ A AGUIRRE QUE NO TIENE NADA
CONTRA ELLA
6. UN CONSEJERO DE AGUIRRE ASEGURA QUE DE SER
BÁRCENAS HUBIERA DIMITIDO
7. JOSÉ LUÍS PEÑAS - EX CONCEJAL DE MAJADAHONDA Y
DENUNCIANTE DEL 'CASO CORREA': EL 'CASO GÜRTEL': "NI SE SABE TODO NI
SE SABRÁ"
8. AGUIRRE LE CIERRA EL GRIFO A LA CIUDAD DEL
PRESIDENTE DE LA FEMP
9. MUERTE DEL BEBÉ RYAN. AGUIRRE ANUNCIA MEDIDAS
PARA EVITAR OTRA TRAGEDIA, PERO SU GOBIERNO LAS DESCONOCE
10. LA JUEZ LLAMA A DECLARAR AL EX VICECONSEJERO
CANALDA EN LA QUERELLA DEL DOCTOR MONTES
11. LA COMUNIDAD GASTA 109.200 EUROS EN
SOBRESUELDOS A VICECONSEJEROS
12. LA SONRISA DEL IMPUTADO
14. UNA SENTENCIA ANULA EL TRASLADO DE PERSONAL A
LOS NUEVOS HOSPITALES
15. EMPLEADOS DEL HOSPITAL DEL TAJO DENUNCIAN AL
JUEZ LA FALTA DE PERSONAL
16. LA LUCHA VECINAL MANTIENE ÍNTEGRA LA PLAZA DE
DALÍ
17. EL EX ALCALDE DE BOADILLA EVITA IR DE TESTIGO
A UN JUICIO
1. AGUIRRE DESMANTELA EL ENTRAMADO SOSPECHOSO DE
REALIZAR ESPIONAJES
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha
realizado una remodelación de su dirección de seguridad que, en la
práctica, supone la liquidación de los distintos servicios secretos
paralelos, algunos de ellos vinculados a los casos de espionaje, que
convivían en el seno de la Consejería de Interior, dirigida por
Francisco Granados. De entrada, el ex director general de Seguridad
Sergio Gamón -destituido tras la requisa de un ordenador en un
despacho oficial de la Consejería de Justicia-, máximo responsable
de los funcionarios sospechosos del espionaje al ex consejero de
Justicia Alfredo Prada y al vicealcalde madrileño Manuel Cobo,
estará, por fin, a las órdenes directas de su sucesor, Enrique
Barón.
Gamón pierde la total autonomía que hasta ahora
había disfrutado. Precisamente porque Barón recelaba de él y de las
actividades de su cohorte de ex guardias civiles, ex policías y
técnicos de la Comunidad, Barón nunca quiso controlarlo. Marcos
Peña, que dirigía otro servicio paralelo para informar al consejero,
seguirá como asesor directo de Granados. Una portavoz de la
Consejería de Interior no supo anoche precisar el destino de la
media docena de ex policías y ex guardias civiles que fueron
fichados como asesores y acabaron nutriendo los equipos especiales
de Gamón o Peña.
En cualquier caso, parece claro que a José Manuel
Pinto o a José Palomo, funcionarios de la consejería de Granados
investigados por el presunto espionaje a Cobo y a Prada, al igual
que a la media docena de ex agentes de Interior citados, se les
acabaron las "avanzadas", reconocimiento de lugares donde va a
participar en un acto un alto cargo, o "contravigilancias",
controlar los agujeros en los servicios de escolta. Es decir,
vigilaba al protegido y al escolta para ver si alguien les seguía.
Bajo estos eufemismos, en ocasiones se encubrían tareas de dudosa
legalidad. Porque, de entrada, las contravigilancias y la labor de
protección o escolta son tareas ajenas a la Comunidad.
Más ajenos todavía son los espionajes a altos
cargos o las fotografías a sindicalistas. Esas labores, pero ceñidas
a su exclusivo fin legal, pasarán a ser desarrolladas en exclusiva
por la unidad de 80 policías nacionales que se incorporará a la
consejería después del verano.
Granados aseguró que con la medida se pretenden
evitar las "duplicidades" en tales labores que había criticado la
oposición. De este modo, el consejero de Interior viene a dar la
razón a la oposición: sus funcionarios estaban realizando tareas que
son competencia del Ministerio de Interior.
Una unidad de la Guardia Civil, por su lado, se
encargará de vigilar los edificios. Ambas unidades, con mandos del
cuerpo propios, dependerán funcionalmente de la Comunidad de Madrid,
aunque sigan vinculadas orgánicamente y salarialmente al Ministerio
del Interior.
El medio centenar de funcionarios históricos de
la dirección de Seguridad se ocupará de controlar que la vigilancia
privada contratada por la Comunidad de Madrid cumple con los
requisitos pactados. En frase de Francisco Granados, "todas las
competencias en materia de seguridad pasan a depender del director
general, de modo que no habrá ninguna actividad de seguridad que no
dependa del director general". Leído al revés: hasta ahora había
tareas que, paradójicamente, no controlaba el actual director de
seguridad, Enrique Barón, ex jefe superior de policía Madrid.
Enrique Barón ha tardado un año en hacerse con el
control de unos mandos y unos equipos policiales cuyo descontrol
denunció nada más llegar al puesto. Ahora, todos los ex agentes o
funcionarios sospechosos del espionaje, mandos incluidos, pasan a
depender de él. Sólo Marcos Peña, ex inspector de policía que
continuará como asesor de Granados, al que confiesa informar de
cuanto asunto juzga relevante, quedará fuera de su ámbito
competencial.
(www.elpais.com,
17/07/09)
2. AGUIRRE QUIERE VOTAR 'NO' A UNA FINANCIACIÓN
QUE TILDA DE "CHANTAJE"
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, ha adelantado que, salvo que la dirección
nacional del PP diga lo contrario, piensa votar no al modelo de
financiación autonómica que esta tarde debatirán el Gobierno y las
comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el cual
ha calificado de "chantaje" para los madrileños
Aguirre ha asegurado que se opone al modelo por
dos razones, una de forma y otra de fondo. En cuanto a la forma,
tras asegurar que el presidente del Gobierno aseguró hace seis años
que quería modificar el modelo de financiación, Aguirre se ha
preguntado "cómo es posible que se nos remitan 72 folios un domingo,
por la tarde, sin las cifras y se diga que se han mantenido 100
reuniones".
Argumenta que ella solo se ha reunido en una
ocasión con la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado,
y que su consejero de Hacienda se reunió anteayer con el secretario
de Estado una vez recibidos los documentos.
Sobre el fondo, Aguirre ha asegurado en Madrid se
recaudan 28.000 millones de euros entre IVA, IRPF e impuestos
especiales, de los cuales 14.000 van al Estado directamente y otros
5.000 a la caja común. Con la imposición de entregar esos 5.000
millones, Madrid no llega a suficiencia financiera, según los
cálculos de Aguirre. Así, Aguirre ha asegurado que mantuvo una
conversación telefónica con el presidente del Gobierno, que le
remitió a Elena Salgado. La presidenta de Madrid envió a la
vicepresidenta un documento en el que Madrid hace una propuesta para
garantizarse esa suficiencia financiera.
Además, Aguirre ha aprovechado para, al igual que
otros dirigentes regionales en los últimos días, arremeter contra
Cataluña: "No puedo permitir que los servicios públicos de los
madrileños los pacte Zapatero con ERC", tras asegurar que si el
presidente del Gobierno "cree que porque pone más dinero del
contribuyente y del déficit y chantajea a las comunidades autónomas"
que le van a apoyar "le vamos a decir que no".
(www.elpais.com,
15/07/09)
3. AGUIRRE NIEGA SER "CATALÓFOBA": "AMO A LOS
CATALANES"
La lideresa del PP, Esperanza Aguirre, ha salido
en defensa de su compañero en la Comunidad Valenciana, Francisco
Camps, imputado por recibir presuntamente varios trajes de los
cabecillas de la trama Gürtel. "Si me piden las facturas de mis
trajes me ponen en un verdadero aprieto. Nadie las guarda", ha
defendido Aguirre quien ha criticado que el juez mantenga un
secreto de sumario
que a "algún grupo de comunicación le vendrá de maravilla, pero al
PP le impide defenderse".
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha salido
en su propia defensa ante las acusaciones del ministro de
Cooperación Territorial, Manuel Chaves, quien la tachó de "catalanófoba".
"Amo a los catalanes, admiro a los catalanes, y todo lo que le
conviene a Catalunya le conviene a Madrid", ha argumentado Aguirre,
quien asegura que no critica lo dado a los catalanes "a quienes a lo
mejor hay que darles más", sino un modelo de financiación que es
"pan para hoy y hambre para mañana".
(www.publico.es,
17/07/09)
4. CASO GÜRTEL. AGUIRRE DECLARA LA GUERRA INTERNA
A BÁRCENAS ANTE LA INACCIÓN DE RAJOY
Cinco meses después de su estallido, el caso
Gürtel, que Mariano Rajoy siempre ha querido minimizar, crece sin
freno y ayer se transformó en una guerra abierta y pública entre
dirigentes del PP. El detonante para la explosión han sido las
amenazas que Luis Bárcenas está lanzando, siempre en privado, de
desvelar cuestiones delicadas que afectan a diversos dirigentes. El
tesorero está contando que se ha llevado de la sede de Génova varias
cajas -hasta nueve- con documentación comprometida.
Uno de esos dirigentes a los que estaría
apuntando es Esperanza Aguirre, cuya mano derecha, Ignacio González,
está enfrentado abiertamente con Bárcenas y con el anterior
tesorero, Álvaro Lapuerta. Ante las insinuaciones dirigidas contra
ella, la presidenta de Madrid se lanzó ayer a la yugular del
tesorero: "Le pido de rodillas al señor Bárcenas que toda la
información que tenga sobre mí la haga pública cuanto antes y,
además, con mucha claridad y con mucha precisión", espetó a la
primera pregunta de los periodistas sobre el asunto. ¿Tiene usted
algún temor?, insistieron los informadores. "De rodillas, se lo
pido, fíjese el temor que tengo", contestó con su habitual tono
retador.
La reacción de Aguirre se produce, según el
análisis coincidente de diversos dirigentes, por la inacción y el
silencio de Rajoy, que ha decidido no hablar del asunto y además ha
ordenado a sus dirigentes más fieles que guarden silencio.
Hasta el punto que el PP canceló la rueda de
prensa habitual de los lunes de María Dolores de Cospedal, la
secretaria general, sin justificación alguna. El líder ni siquiera
convocó al Comité de Dirección, la cúpula del partido, por lo que la
mayoría de los dirigentes se han instalado en el desconcierto total
y ya no saben a qué atenerse. En la sede central, en la calle
Génova, apenas se habla de estos asuntos porque se ha instalado,
según varios dirigentes, un temor enorme y la sensación de que este
asunto empieza a ser peligroso para todos.
En ese ambiente de nerviosismo y desconcierto,
Aguirre tiró por el camino más corto. Se sumaba así, aunque no pidió
expresamente su destitución, al clamor interno que se ha instalado
en el partido contra Bárcenas. El tesorero no tiene apenas apoyos,
salvo el de Francisco Álvarez-Cascos, ex secretario general y amigo
personal, que le anima a seguir adelante.
Todos los dirigentes consultados asumen que
Bárcenas tendría que haberse marchado hace tiempo, cuando se
desvelaron algunas de sus actuaciones más sospechosas, especialmente
la del préstamo de 330.000 euros que devolvió en 2003, un mes
después de pedirlo, en billetes de 500 euros. Las sucesivas malas
noticias judiciales han reforzado la convicción del PP de que el
tesorero debe dejar su puesto para no hacer más daño al partido.
Pero todos los esfuerzos para convencerle,
realizados por personas cercanas a Rajoy, han sido inútiles. Él sólo
se irá si se lo pide el líder, y ayer mismo se le vio en Génova muy
tranquilo y contento por la entrevista en Abc, la primera que
ofrece, en la que él mismo marca los tiempos al líder y asegura que
sólo dejará "transitoriamente" su cargo de tesorero si el Supremo
pide el suplicatorio.
Rajoy, según sus fieles, no le pedirá en ningún
caso la dimisión, ni siquiera al saber que puede estar llevándose
documentación, porque quiere que dimita él. Los marianistas señalan
que la opción de Rajoy pasa, una vez más, por ganar tiempo, ya que
está convencido de que Bárcenas caerá pronto -aunque no está claro
si el suplicatorio se pedirá antes o después del verano-.
Para sumar malas noticias al nuevo lunes negro
del PP, el juez que instruye el caso Bárcenas en el Tribunal Supremo
abrió diligencias previas dejando claro que sigue en marcha la
investigación contra él. Y por si fuera poco, en el otro frente del
caso Gürtel, el que preocupa aún más a los marianistas porque sus
consecuencias políticas son muy difíciles de manejar, también
llegaron malas noticias.
Mientras crece la preocupación de los juristas
del partido por la situación procesal de Francisco Camps, otro juez,
esta vez de Madrid, dio la razón al sastre, José Tomás, en el juicio
que mantiene contra su antigua empresa y declaró improcedente su
despido. Este juicio había sido el eje central de la estrategia
diseñada por Federico Trillo para desautorizar al principal testigo
de cargo contra Camps, al que tanto el PP como los medios
conservadores atacaron precisamente basándose en el despido. Ahora,
de nuevo, los jueces fallan contra los intereses del PP.
(www.elpais.com,
14/07/09)
5. BÁRCENAS LE ACLARÓ A AGUIRRE QUE NO TIENE NADA
CONTRA ELLA
El tesorero del PP, Luis Bárcenas, se puso ayer
en contacto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, para aclararle que no tiene "absolutamente nada" contra
ella. Fuentes cercanas a Bárcenas han confirmado a Efe que el
tesorero del partido, tras enterarse de que Aguirre le había pedido
en público que sacase a
la luz información que pudiera afectarla, telefoneó a la
presidenta madrileña para deshacer cualquier confusión.
Sobre Aguirre, por lo que han apuntado las
fuentes del entorno del tesorero, Bárcenas tiene "una opinión
inmejorable", y por ello, tal y como ayer publicó el diario Abc,
agradeció a la presidenta madrileña que en un canal de televisión
defendiera su presunción de inocencia. Sin embargo, posteriores
informaciones, como la del pasado domingo de El Mundo o la de un día
después de El País, apuntaban a que Bárcenas habría advertido a la
cúpula del partido, en concreto a la secretaria general, María
Dolores de Cospedal, de que si le obligaban a dejar el cargo, daría
a conocer información controvertida sobre la presidenta de la
Comunidad de Madrid o sobre la boda entre Alejandro Agag y Ana
Aznar.
Además, el tesorero se habría llevado cajas con
relevante documentación. Las fuentes del entorno del tesorero
desmienten por un lado que Bárcenas se haya expresado en los
términos citados en su reunión de hace diez días con la secretaria
general del PP, y por otro, que tenga documentación polémica.
Para desmentir estos hechos, puntualizan las
fuentes, Bárcenas se ampara en unas declaraciones, que a su juicio
son las "únicas válidas y ciertas" publicadas hasta la fecha.
El tesorero del PP y dos de las personas que
ahora forman su equipo de asesoramiento ante la investigación del
Tribunal Supremo se encontraban ayer en un hotel madrileño cuando
las declaraciones de Aguirre, quien "de rodillas" pedía a Bárcenas
que ponga en conocimiento de la opinión pública cualquier
información sobre ella, fueron recogidas por las páginas digitales
de los medios.
De acuerdo con el relato de las fuentes consultadas, uno de sus
asesores transmitió a Bárcenas el contenido de tales declaraciones,
y éste, enseguida, llamó por teléfono a la presidenta. Aguirre no
contestó porque se encontraba en un acto público. Posteriormente, ya
en la tarde de ayer, Bárcenas volvió a llamar a la presidenta de la
Comunidad de Madrid y, según lo que indican las fuentes, le aclaró
que no tenía "nada contra ella".
(www.lavanguardia.es,
14/07/09)
6. UN CONSEJERO DE AGUIRRE ASEGURA QUE DE SER
BÁRCENAS HUBIERA DIMITIDO
El consejero madrileño de Hacienda, Antonio
Beteta, considera un "error" que el tesorero del PP, Luis Bárcenas,
relacionado con el caso Gürtel, "intente enrocarse en un puesto de
esta naturalaza" y aconseja al aún senador que dimita para
defenderse como un "ciudadano particular". En una entrevista en
Telemadrid, el consejero ha manifestado que "si en algún momento,
con razón o sin ella, ves tu honorabilidad afectada, lo mejor que
puedes hacer es dimitir y después, como ciudadano particular, ir a
los tribunales y defender tu honor, no desde un puesto".
Sin embargo, Beteta ha aclarado que no estaba
diciendo que Bárcenas debería dimitir sino que él lo hubiera hecho
en su caso, pero "cada cual tiene que hacer lo que su conciencia le
indique". Hecha esta salvedad ha añadido: "creo que es un error que
una persona intente enrocarse en un puesto de esta naturaleza, si
después todo se aclara, todo el mundo reconocerá tu honorabilidad y
volverán a reponerte donde quiera que estés".
El problema, ha señalado, es que "te haces daño a
ti mismo y a tu familia, sobre todo y en primer lugar, porque ocupas
unas primeras páginas en los periódicos que de no ser así no las
ocuparías y estaría en el sitio donde tiene que estar, que es en los
tribunales de justicia, en un sumario, donde tienes el derecho a la
defensa", que "no está reconocido" en los medios de comunicación.
Las declaraciones de Beteta coinciden con la
guerra interna que la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, ha desatado en el seno del PP para conseguir la
renuncia de Bárcenas. El detonante para la explosión han sido las
amenazas que el tesorero del PP está lanzando, siempre en privado,
de desvelar cuestiones delicadas que afectan a diversos dirigentes.
El tesorero está contando que se ha llevado de la sede de Génova
varias cajas -hasta nueve- con documentación comprometida.
(www.elpais.com,
14/07/09)
7. JOSÉ LUIS PEÑAS - EX CONCEJAL DE MAJADAHONDA Y
DENUNCIANTE DEL 'CASO CORREA' VIENE DE PRIMERA PÁGINA... EL 'CASO
GÜRTEL': "NI SE SABE TODO NI SE SABRÁ"
Fue el primer aleteo que desencadenó el efecto
mariposa que acabó en el terremoto político y judicial del caso
Correa.
Todo empezó un día del año 2007 en el que José
Luis Peñas acudió a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
(UDEF) de la policía con una denuncia bajo el brazo y con más de 20
horas de grabación sin editar que él mismo había hecho durante
meses.
Grabó, entre otros, a Francisco Correa y a su
mujer, Carmen Rodríguez Quijano, y aportó la prueba a la policía
para que tirara del hilo de la investigación y luego acudió en
numerosas ocasiones a la Fiscalía Anticorrupción para seguir
aportando datos.
En febrero de este año, el caso estalló. Ha
marcado la agenda política de los últimos meses y aún se desconoce
hasta dónde puede llegar. Peñas está convencido de que "ni se sabe
todo, ni se sabrá", pero, según asegura estos días a sus próximos,
se siente satisfecho porque su compromiso "con la democracia, su
país y la libertad está más que saldado" a su favor.
Si no hubiera sido por él, Francisco Camps no
estaría camino del banquillo, Luis Bárcenas no estaría pendiente del
Tribunal Supremo, no hubieran dimitido media docena de cargos
autonómicos y municipales del PP y Francisco Correa no estaría en la
cárcel. Explica a sus allegados que "las cosas no se hacen en
función de si compensan o no, se hacen porque se deben hacer". Les
explica que está orgulloso de poder mirar de frente a su familia y,
sobre todo, de estar dispuesto a "mirar de frente a todos los golfos
que han de pasar delante de él en el banquillo".
Peñas, de 41 años, empezó en política en 1999
como concejal del PP en Parla y entabló relación con Guillermo
Ortega, ex alcalde de Majadahonda, que dimitió por su relación con
la trama, y con Carmen, la esposa de Correa. Llegó a tener tal nivel
de confianza, que el presunto jefe de la trama de corrupción
confiaba el cuidado de su hija de pocos meses a Pepe Peñas cuando
tenían que viajar. Peñas fue concejal de Planificación Urbana de
Majadahonda, pero fue expulsado del PP cuando se rebeló contra una
recalificación de terrenos que él consideró turbia. A pesar de eso,
mantuvo su amistad con Correa y con su mujer.
Luego, Peñas hizo el segundo gesto de rebeldía:
el de acaparar pruebas, incluso a costa de su "tranquilidad, tiempo
y dinero", para denunciar lo que había constatado como red política
corrupta, muy compleja, y con alcance a varias comunidades
autónomas.
Constató de primera mano que en el PP casi todo
el mundo conocía a Correa y su gente. Recuerda que Correa era íntimo
de José María Aznar y de los máximos responsables del PP (de Javier
Arenas, de Gerardo Galeote, de Jesús Sepúlveda, de Luis
Bárcenas...); que había tortas por estar con él y que cenar con él
era sinónimo de realizar un buen negocio amparado por la cúpula.
Eran los días de vino y rosas de Correa, de Álvaro Pérez (El
Bigotes) y de todos los cargos del PP que disfrutaban de regalos. La
trama movía los hilos de sus marionetas en los ayuntamientos de los
municipios más ricos del noroeste de Madrid. Pozuelo, Majadahonda y
Boadilla eran el epicentro de la trama, y Peñas se dedicó a
registrar con una modesta grabadora de bolsillo las conversaciones
con sus amigos en las que se hablaba de comisiones, paraísos
fiscales, regalos y cajas b.
Nunca se sintió un agente secreto y, por eso,
mientras grababa las reuniones con los implicados para hacer acopio
de pruebas, confesaba a su familia que pasaba "mucho miedo". Los
datos que recabó en secreto durante meses han sido ratificados luego
con pruebas materiales y con testimonios directos por el juez
Baltasar Garzón y por magistrados instructores de los Tribunales
Superiores de Madrid y Valencia. Y aún queda mucho por salir.
Ahora, Peñas es funcionario del Ayuntamiento de
Madrid y acaba de terminar la carrera de Derecho. Intenta ser lo más
discreto que puede para pasar lo más inadvertido posible. Se limita
a observar los efectos del terremoto que ha provocado y sigue
colaborando con la investigación.
(www.elpais.com,
15/07/09)
8. AGUIRRE LE CIERRA EL GRIFO A LA CIUDAD DEL
PRESIDENTE DE LA FEMP
Pedro Castro, presidente de la Federación
Española de Municipios (FEMP), alcalde socialista de Getafe y bestia
negra del PP por haber tildado a sus votantes de "tontos de los
cojones", está "castigado". Lo dijo el 21 de abril el director
general de Infraestructuras de Madrid, Javier Trabada. Al día
siguiente, Trabada aseguró que bromeaba. Pero el castigo ha llegado:
el Gobierno de Aguirre se ha desentendido del pago de los 840
millones en que se calcula el coste de las expropiaciones para la
segunda fase del parque empresarial Carpetania, proyectado en Getafe
como el mayor espacio de tecnología puntera en España e impulsado
por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento getafense.
Diseñada sobre 3,8 millones m2 y capaz
de albergar medio centenar de empresas, la nueva área empresarial
pende ahora de un hilo. Los 15.000 empleos que se esperaban, de
media y alta cualificación, también. Y, aunque la propia Esperanza
Aguirre negó hace un mes haber afirmado que la Comunidad se fuera a
retirar del proyecto, los hechos la contradicen. El 30 de abril, la
Consejería de Ordenación del Territorio acordó renunciar a su
condición de beneficiaria de las expropiaciones, término que aquí
equivale a pagador. Decidió también devolver al Ayuntamiento de
Getafe los trastos del proceso expropiatorio. En otras palabras, el
Gobierno madrileño, titular del 60% de las participaciones del
Consorcio Parque Empresarial Carpetania, ha optado unilateralmente
por dejar solo al Ayuntamiento de Getafe, su socio minoritario (40%)
en el consorcio. De hecho, el Ejecutivo ha logrado que el jurado de
expropiaciones endose ahora todos los pagos a Getafe.
Los socialistas interpretan el rumbo tomado por
Aguirre y su equipo como un doble varapalo: a las expectativas
económicas y de empleo creadas —la empresa aeronáutica EADS, por
citar un caso, ha pedido 400.000 metros para ampliar sus
instalaciones—; y a Pedro Castro, uno de los alcaldes socialistas
más antipáticos para los conservadores y con mayor poder en el sur
metropolitano de Madrid, donde el PP aún no ha conquistado por
completo el territorio. "Hay una carga personal, otra económica y
otra de cuanto peor, mejor", acusa el alcalde getafense. "No se
comprende que el Gobierno de Madrid abandone un proyecto que va en
la dirección del cambio de modelo productivo", añade la portavoz del
PSOE en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez.
En el otro polo, la Comunidad arguye que el
consorcio del parque acordó en enero dejar de ser el responsable de
pagar las expropiaciones, cuyo precio se ha disparado tras varias
sentencias del Tribunal Superior. La menor envergadura financiera
del Consorcio —un mero ente instrumental— en comparación con la que
poseen Comunidad y Ayuntamiento fue la causa de aquel paso atrás,
sostiene el PSOE. "Todos aceptaron que la expropiación era
inviable", defiende por el contrario el Gobierno de Aguirre. Castro
lo desmiente.
El Ejecutivo madrileño llegó incluso a proponer
que se cambiara la vía de expropiación por la de compensación. Con
el sistema de compensación, la iniciativa corresponde a los
propietarios, que no sólo pueden manejar tiempos y precios sino
presionar para que se cambie la calificación del suelo. Por ejemplo,
de industrial a comercial o residencial.
"La Comunidad aceptó la delegación de
competencias de las expropiaciones a condición de que el Consorcio
fuera el beneficiario", aduce un portavoz de la Comunidad. Ningún
papel dice eso. Y el informe encargado por el consorcio al
catedrático de la Carlos III Luciano Parejo concluye exactamente lo
contrario. Según el dictamen de Parejo, el cambio de situación en el
Consorcio no exime a la Comunidad de pagar.
(www.publico.es,
15/07/09)ì
9. MUERTE DEL BEBÉ RYAN. AGUIRRE ANUNCIA MEDIDAS
PARA EVITAR OTRA TRAGEDIA, PERO SU GOBIERNO LAS DESCONOCE
No es el momento. Aún no toca, según las
autoridades madrileñas, precisar las medidas que el Gobierno
regional dejó caer ayer, y dice que piensa aplicarlas para evitar
errores sanitarios de magnitud semejante al que provocó la muerte
del bebé Ryan el pasado lunes tras recibir la alimentación por vía
intravenosa, en lugar de nasogástrica. No es oportuno concretar
nada, aunque fuera la propia presidenta de la Comunidad, Esperanza
Aguirre, quien con gesto contrito las anunciara ayer por la mañana:
"Se decidirán todas las medidas que sean necesarias para que no se
pueda volver a repetir un hecho o una concatenación de hechos tan
lamentables, tan trágicos, tan terroríficos".
Aguirre, con mirada baja y el tono solemne,
calificó lo ocurrido en el hospital Gregorio Marañón como "la
tragedia más espantosa que ha tenido lugar en los servicios públicos
madrileños" desde que ella es presidenta autonómica; es decir, desde
2003. La presidenta adelantó un diagnóstico hablando de "una serie
de fallos en cadena", advirtiendo que "habrá que investigar para
llegar hasta el final", porque "debe hacerse justicia". La dirigente
madrileña también recordó que estuvo hablando con Mohamed el
Huarachi -el padre de la criatura fallecida y marido de Dalila, la
mujer que murió en ese mismo hospital a causa de la gripe A hace dos
semanas- y tildó de "tragedia espantosa" lo sucedido.
Las actuaciones que se intuyen tras el primer
anuncio de Aguirre apuntarían, entre otras opciones, a la
constitución de una mesa de expertos sanitarios para analizar las
mejoras en el funcionamiento hospitalario. Pero "no hay que
precipitarse", advierten en la presidencia regional. En cualquier
caso, esa reunión debe esperar a los resultados de las
averiguaciones de la Consejería de Sanidad, que ha pedido un informe
a los inspectores antes de pronunciarse. No es la única que busca
respuestas.También se han puesto en marcha las pesquisas del Colegio
General de Enfermería (un organismo que agrupa a todos los colegios
de España y que realizará una investigación independiente), la que
ha iniciado de oficio el Defensor del Pueblo y, por supuesto, las
judiciales, que a instancias del fiscal de Madrid, Manuel Moix, se
siguen desde ayer en el Juzgado de Instrucción 53 de la capital.
Ayer se le practicó la autopsia al bebé.
El consejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Juan José Güemes, se reunió ayer con dos enfermeras de la
UCI de neonatología donde murió el bebé. Ninguno de los
participantes ha querido desvelar lo que se habló. Las dos
sanitarias fueron apartadas el lunes cautelarmente del servicio,
aunque una de ellas, la que aparentemente no tuvo participación en
los hechos, ha sido ya reintegrada a petición de la inspección
médica que investiga los hechos.
Por otra parte, los sindicatos CC OO, UGT, Satse
(enfermería) y SAE (auxiliares de enfermería), como parte del comité
de empresa del hospital, exigieron a la gerencia que asuma su parte
de responsabilidad (una negligencia costó la vida al bebé Ryan).
Recordaron que los profesionales "son víctimas diariamente de una
gran presión asistencial, movilidad interna forzosa, plantillas
reducidas y bajo mínimos y fuga de profesionales hacia los nuevos
hospitales". En el hospital Gregorio Marañón hay un porcentaje de
eventualidad muy alto, en parte porque hace una década que no se
convocan plazas.
(www.elpais.com,
15/07/09)
10. LA JUEZ LLAMA A DECLARAR AL EX VICECONSEJERO
CANALDA EN LA QUERELLA DEL DOCTOR MONTES
Arturo Canalda, viceconsejero de Sanidad cuando
el consejero era Manuel Lamela y actual Defensor del Menor, tendrá
que declarar como testigo en el juicio contra el ex consejero por
denuncia falsa contra Luis Montes. Será el próximo 6 de junio junto
a José Luis Rodríguez Nava, auditor de la Consejería en el caso de
las denuncias de sedaciones en el hospital de Leganés.
Ambos han sido convocados como testigos, a
petición de la fiscalía, en la querella presentada por Luis Montes y
su segundo, Miguel Ángel López Varas, contra Lamela y los seis
miembros de la comisión de expertos que el entonces consejero de
Sanidad organizó para investigar las supuestas sedaciones
irregulares en el Severo Ochoa de Leganés. A los especialistas se
les imputa un delito de falsedad.
Montes y López Varas, que reclaman un euro de
indemnización con el argumento de que su buen nombre no puede ser
reparado, ya vieron en el juzgado al ex consejero y a los médicos
que ampararon su denuncia. Lamela, que declaró el pasado 9 de junio,
afirmó ante la juez que "la Consejería jamás dijo, ni siquiera
insinuó algo parecido a que hubiera eutanasia en Leganés".
Fue Canalda el que, el 8 de marzo de 2005,
informó a Lamela sobre la investigación que Sanidad había concluido
que no existía mala praxis en las urgencias de Leganés. Pese a ello
y siguiendo indicaciones de Lamela, Canalda presentó el 26 de mayo
de 2005 una denuncia ante un Juzgado de Leganés, según lo denunciado
por una persona anónima. Se apoyó en el informe elaborado por los
médicos ahora imputados por falsedad, algunos de ellos tan
prestigiosos como Hernán Cortés, del 12 de Octubre; Manuel Gómez
Barón, de La Paz; Dolores Crespo, del Ramón y Cajal; o Francisco
López Timoneda, del Clínico San Carlos.
La comisión analizó 169 historias clínicas de
unos 300 folios cada una en 42 días y sin hablar con el personal del
Severo Ochoa. Concluyeron que había 73 muertes en que "la sedación
fue realizada fuera de la lex artis". El informe fue desmontado por
la Audiencia de Madrid -que archivó la causa y ordenó retirar
cualquier mención a la mala práctica médica- y por la Sociedad
Española de Epidemiología.
(www.elpais.com,
14/07/09)
11. LA COMUNIDAD GASTA 109.200 EUROS EN
SOBRESUELDOS A VICECONSEJEROS
Fue pura coincidencia, pero no por ello menos
simbólico. El mismo día en que la Asamblea de Madrid, con la mayoría
de los votos del PP (66 de los 116 diputados presentes), sacaba
adelante la denominada Ley de Medidas Fiscales contra la Crisis, en
la que se reduce un 2% el sueldo al Gobierno regional, entraba en la
Cámara regional un parlamentario más. Y no cualquiera: se trata del
viceconsejero de Presidencia e Interior, Alejandro Halffter.
A partir de ahora cobrará dos sueldos. Uno de
6.788 euros por ser alto cargo, y otro, por su dedicación a tiempo
parcial a la Asamblea, de 1.300 euros, según el acuerdo de la Mesa
de la Cámara regional que fija las retribuciones a los diputados.
Con él son ya siete los viceconsejeros en esta situación. En la
práctica cobran únicamente por acudir a los plenos a votar, porque
por razón de su cargo no pueden ser portavoces en comisiones.
"El total del ahorro de la bajada de sueldos de
los diputados es de 113.894 euros", calculó el diputado de IU Miguel
Reneses durante el debate de la ley. "El importe del sobresueldo de
los viceconsejeros supone un gasto a las arcas de la Asamblea de
109.200 euros; es decir, nos podríamos ahorrar 223.094 euros. ¿Por
qué a la hora de la verdad el PP no quiere acabar con el
despilfarro?", se planteó. El PP rechazó las enmiendas de la
oposición para ampliar las incompatibilidades de los altos cargos.
(www.elpais.com,
16/07/09)
12. LA SONRISA DEL IMPUTADO
Los tres imputados en el caso Gürtel de Madrid
mantienen sus escaños en la Asamblea. Por eso, ayer coincidieron en
los pasillos del hemiciclo dos de ellos, el ex consejero Alberto
López Viejo (en primer término) y el anterior portavoz adjunto del
grupo popular, Benjamín Martín Vasco, con la presidenta regional,
Esperanza Aguirre, sin que hubiera saludos. Atrás quedan los días en
que la presidenta defendía a López Viejo, que ayer pasó la mayor
parte de la sesión conversando con Alfredo Prada, ex consejero de
Interior. En el mismo pleno, el viceconsejero Alejandro Halffter
juró como diputado, por lo que pasará a cobrar dos sueldos.
Precisamente López Viejo fue el primero en hacerlo, y en contra de
la ley, cuando era viceconsejero de Presidencia.
(www.elpais.com,
16/07/09)
13. MÁS DE 100.000 DISCAPACITADOS CONTINÚAN SIN
REBAJA EN EL ABONO TRANSPORTES
Pablo Lázaro, trabajador de Correos de 49 años,
hace las cuentas de cabeza: como vive y trabaja en Madrid ciudad, el
abono transportes mensual le sale por 46 euros. Multiplicado por 12
meses, 552 euros. "Con el descuento del 20% me ahorraría... algo más
de 100 euros cada año", calcula. No es mucho, cierto. Para algunos,
calderilla. "No me va a sacar de pobre ni de rico, pero si lo
ofrecen, lo anuncian y tengo derecho a él, que lo saquen, ¿no?",
sentencia.
Lázaro efectivamente tendría derecho a ese
descuento, según el anuncio que hizo el pasado diciembre el
consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, José Ignacio
Echevarría. Aunque apenas se le note y haga una vida prácticamente
normal, tiene reconocida una minusvalía visual del 67%. Le cuesta
leer, pero su puesto de trabajo, vendiendo sobres y embalajes en la
central de Correos situada en la céntrica plaza de Cibeles, junto al
edificio de la alcaldía de Madrid, está adaptado a sus capacidades.
"Por primera vez en la historia", aseguraba,
rimbombante, la nota de prensa del Gobierno regional, "la Comunidad
rebajará en un 20%" el precio de los abonos transporte para personas
con una minusvalía igual o superior al 65%. El descuento, prometió
entonces Echevarría, entraría en vigor durante el segundo trimestre
de este año. Pero ya estamos en julio, y no hay reducción que valga.
Ni rastro de la rebaja.
Así que Lázaro y las otras 105.291 personas que
tienen reconocido un grado de discapacidad superior al 65% en la
región, según datos de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales,
siguen esperando. Las "importantes rebajas para los discapacitados"
que anunció el consejero no llegarán hasta finales de este año,
informa una portavoz de la Consejería de Transportes. "Su aplicación
se está retrasando por motivos técnicos", añade.
Al parecer, aún está por determinar el número
final de beneficiarios y hay que adaptar las máquinas de venta para
que puedan identificar a los usuarios con derecho a la rebaja. "No
se ha olvidado. La medida entrará en vigor este año", insiste la
portavoz del Ejecutivo regional. Pero de momento lleva seis meses de
retraso.
La eliminación, en marzo pasado, del bono tet, el
abono de autobús municipal del que se beneficiaban jubilados,
pensionistas y minusválidos con ingresos inferiores a 527 euros,
generó críticas en varios colectivos, entre ellos el de
discapacitados. De los viajes por tres céntimos se pasó a la nueva
Tarjeta Azul, que permite usar ilimitadamente el metro y el autobús
por 5,50 euros al mes. Pero siempre con la restricción de renta.
El abono prometido por Transportes, en cambio, no
contempla unos ingresos máximos. Sólo un grado de discapacidad.
"Estamos bastante decepcionados con el retraso", afirma el
presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con
Discapacidad de la Comunidad de Madrid (FAMMA), Javier Font. Su
entidad lleva mucho tiempo pidiendo la gratuidad de los transportes
para los discapacitados o, al menos, la equiparación con los
jubilados si la minusvalía oscila entre el 33 y el 65%, y la
gratuidad para los de grado superior.
"Hablamos de cuantías ínfimas, que a la Comunidad
no le supondrían ningún esfuerzo". Font recuerda que, muchas veces,
los discapacitados tienen que viajar en transporte público
acompañados por otra persona, lo que supone un gasto doble. Además,
calcula a la baja el número de personas que se acogerían a la
reducción. De los 458.000 discapacitados que hay en la región,
estima que sólo el 6% o el 7% viajan en transporte público. "El
chocolate del loro", resume el representante de la asociación de
discapacitados.
(www.elpais.com,
12/07/09)
14. UNA SENTENCIA ANULA EL TRASLADO DE PERSONAL A
LOS NUEVOS HOSPITALES
El proceso de "reordenación de efectivos" con el
que la Consejería de Sanidad trasladó profesionales de los
hospitales tradicionales a los nuevos es nulo. Es lo que afirma el
titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 28 de
Madrid en una sentencia, del 22 de junio pasado, en la que da la
razón a los sindicatos UGT y CC OO, que recurrieron el proceso.
El juez declara nula la resolución de la
Consejería de Sanidad porque, afirma, no ha habido negociación
colectiva con los sindicatos, paso necesario para llevar a cabo el
traslado de los profesionales. La sentencia se refiere únicamente a
los auxiliares de enfermería. Los sindicatos presentaron varios
recursos, uno por categoría profesional, y éste es el primero para
el que hay sentencia.
"No nos negábamos al proceso, pero pedimos que se
hiciera ordenadamente, de forma paulatina", explica la secretaria de
servicios públicos de UGT Madrid, Carmen Medranda. "Avisamos de que
no había personal sanitario suficiente y pedimos que no vaciaran los
hospitales tradicionales de golpe para llenar los otros, pero había
una promesa electoral de abrir los nuevos y lo hicieron igualmente".
La sentencia que anula el proceso es recurrible,
pero los sindicatos consideran una buena señal que un primer juzgado
les haya dado la razón. "Si el siguiente nos la vuelve a dar,
significará el retorno de centenares de trabajadores a sus puestos
de trabajo. Puede ser un caos tremendo", pronostica Medranda.
La Consejería de Sanidad ha anunciado ya que
piensa recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid y que basará su recurso "en que no existe previsión legal
que establezca que el proceso de reordenación de efectivos tenga que
ser objeto de negociación previa, al no tratarse de un plan de
ordenación de recursos humanos".
Justo lo contrario de lo que dice el juez, que en
su sentencia subraya que la negociación "se ha limitado a una mera
información general al respecto, que no va seguida de proceso
negociador alguno hasta la aprobación y publicación de las
convocatorias correspondientes".
"Es significativo", añade Sanidad en un
comunicado, "que este recurso haya sido presentado por los
sindicatos CC OO y UGT y sin embargo no haya habido recursos
individuales presentados por los interesados". UGT instó ayer a
Sanidad a "resolver cuando antes esta situación irregular, por el
bien de la atención sanitaria", e informó a los profesionales que
obtuvieron su plaza en el proceso de que hay más sentencias
pendientes que les pueden afectar.
(www.elpais.com,
13/07/09)
15. EMPLEADOS DEL HOSPITAL DEL TAJO DENUNCIAN AL
JUEZ LA FALTA DE PERSONAL
Si se produce una urgencia, el resto de pacientes
van a quedar desatendidos. Es el pronóstico que hace un grupo de
trabajadores de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital
del Tajo, en Aranjuez, que ayer alertó de la falta de personal en su
unidad en los meses de verano. Los sanitarios denunciaron que sólo
dos enfermeros atienden las seis camas de la UCI durante los turnos
de noche y de fin de semana, informó Efe.
Según los trabajadores, ante un ingreso, el
protocolo exige la dedicación exclusiva de dos enfermeros, lo que
supone dejar desatendidos a los demás pacientes. El equipo de la UCI
alertó de la situación al gerente, Rodolfo Antuña, durante una
reunión el 10 de junio, informa Europa Press. Este contestó con una
carta en la que aseguraba que la situación es idéntica a la de los
hospitales de Parla, Coslada y Arganda. A los trabajadores no les
parece suficiente y por eso han enviado al juzgado de guardia un
escrito en el que alertan de que se podrían dar situaciones de
riesgo para los pacientes.
El hospital del Tajo respondió ayer a las
acusaciones con una nota en la que asegura que "es falso que se
produzca una falta de personal en la UCI" y explica que la ocupación
actual de las camas es del 30% (dos de las seis totales), que están
atendidas por dos enfermeras, dos auxiliares, un supervisor y tres
médicos. "No obstante", continúa, "si en un momento puntual la
situación lo requiriese, no habría ningún problema para reforzar la
plantilla".
(www.elpais.com,
11/07/09)
16. LA LUCHA VECINAL MANTIENE ÍNTEGRA LA PLAZA DE
DALÍ
Los vecinos tenían razón; el Gobierno regional y
el Ayuntamiento, no. Así lo dice el Tribunal Supremo: el dolmen, la
escultura de Newton, más su peana y el pavimento primigenio de la
plaza de Salvador Dalí -el artista que diseñara todos sus
componentes en 1985 de acuerdo con el alcalde socialista Enrique
Tierno- forman un conjunto escultórico único, un bien inmueble cuyo
entorno deberá delimitar la Comunidad de Madrid.
La sentencia deniega un recurso de casación
presentado por el Gobierno regional y el Consistorio contra un fallo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que daba la razón a la
plataforma vecinal que pelea desde 2002 por salvaguardar íntegro un
conjunto monumental inédito en Madrid. Se trata del dolmen urbano
con 13,13 metros de altura -ahora 12,95-, el único creado por el
universal artista catalán y, además, su última gran obra en vida.
Incluye una peana pulida con las letras g,a,l,a, en oro, sobre la
que se yergue en bronce una estatua de cuatro metros de Isaac
Newton, que sujeta una esfera. Todo ello enraizaba en un pavimento
radial de granito negro y blanco. El conjunto simbolizaba la fusión
de la materia y el espíritu alentada por el sol, con un enclave
inamovible sobre el eje Este-Oeste que sigue el astro justo encima
de la plaza. Pese a todos estos créditos esgrimidos ante los jueces
por los vecinos, el Ayuntamiento de Madrid, con el beneplácito del
Gobierno regional, acometió una remodelación de la plaza en 2003
bajo el mandato del alcalde del PP José M. Álvarez del Manzano.
Ambas administraciones se empeñaron en que era un bien mueble.
"De no ser por la resistencia vecinal, el dolmen
hubiera sido desplazado 50 metros, y la estatua, llevada al parque
de la Fuente del Berro, rompiendo todos sus equilibrios", dice Juan
Antonio Aguilera, portavoz de los vecinos. "Pero el pavimento
original fue sustituido; menos mal que, gracias al juez, quedó en un
almacén municipal hasta que saliera la sentencia". Para Juan José
Echeverría, director general del área municipal de Las Artes, "el
grupo gozaba ya de la máxima protección, como elemento singular".
Según José Luis Martínez Almeida, director general de Patrimonio de
la Comunidad de Madrid, "acataremos la sentencia".
(www.elpais.com,
16/07/09)
17. EL EX ALCALDE DE BOADILLA EVITA IR DE TESTIGO
A UN JUICIO
Las presuntas corruptelas en el Ayuntamiento de
Boadilla vienen de lejos. El responsable del plan urbanístico del
municipio, el arquitecto Leopoldo Arnaiz, se sentó ayer en el
banquillo de los acusados por supuestas irregularidades en la
modificación parcial del plan en 1998, que permitió recalificar las
200 hectáreas donde se asentó la ciudad financiera del Banco
Santander Central Hispano (BSCH). Se le acusa de asesorar al BSCH
mientras tenía responsabilidad de funcionario y de utilizar
información privilegiada para favorecer a particulares. La vista
tuvo que suspenderse por la incomparecencia de seis testigos, entre
ellos el ex alcalde popular del municipio Arturo González Panero,
implicado en el caso Gürtel.
González Panero -al que algunos miembros de la
trama liderada por Francisco Correa llamaban El Albondiguilla-, no
era alcalde de Boadilla en la época en la que se modificó
parcialmente el PGOU, pero llegó al cargo un año después y estaba al
frente del Ayuntamiento cuando se aprobó el nuevo plan, por lo que
la defensa considera que su testimonio como testigo puede ser
importante.
La acusación que pesa sobre Arnaiz apunta a que
negoció con los propietarios de los terrenos donde más tarde se
asentó la ciudad del BSCH al mismo tiempo que era el responsable de
determinar su uso. Estas 200 hectáreas tenían calificación de suelo
rústico y pasaron a ser de sector terciario, lo que permitió
multiplicar su valor hasta por 10, según algunos propietarios de los
terrenos.
Arnaiz, aparentemente molesto tras la suspensión
del juicio, ha visto cómo la vista se aplaza hasta tres veces. Una
por un problema con las competencias de la audiencia en 2008 y otra
en febrero pasado, también por incomparecencia de algunos testigos
que ya fueron multados en su día. Algunos de ellos volvieron a
faltar ayer, provocando la tercera suspensión, a la que no se negó
la defensa del acusado. José Manuel Vázquez Rodríguez, juez
responsable del Juzgado número 4 de Móstoles, donde se juzga el
caso, anunció que volvería a haber sanciones para quienes se
ausentaron ayer.
La defensa de Arnaiz solicitó la prescripción de
los presuntos delitos. Las acusaciones caducan en tres y cinco años
respectivamente y dependerá del criterio del juez determinar si los
supuestos asesoramientos ilícitos del arquitecto se produjeron
suficiente tiempo antes de la admisión de la querella, en 2001, como
para que el caso haya prescrito. El arquitecto ha sido responsable
de los planes de ordenación de varios municipios madrileños.
(www.elpais.com,
11/07/09)
