ÍNDICE
1. PRADA PIDE A LA JUEZ QUE INTERROGUE A OCHO
PRESUNTOS ESPÍAS DE AGUIRRE
2. NOMBRES PROPIOS DEL ESPIONAJE POLÍTICO EN
MADRID
3. RAJOY: "ALGUIEN TE PUEDE TIRAR UNA PIEDRA,
PERO SI TE APARTAS HÁBILMENTE..."
4. LA PRESIDENTA LLAMÓ AL EX CONSEJERO
5. EL PP MANTIENE EN EL CARGO A IMPUTADOS
MADRILEÑOS EN LA GÜRTEL
6. LOS IMPUTADOS DEL GÜRTEL QUE MANTIENEN SU
CARGO
7. UNA EX DIRECTIVA DE CORREA REITERA EL PAGO A
CARGOS DEL PP
8. AGUIRRE BAJA EL SUELDO A SU GOBIERNO PARA "DAR
EJEMPLO" DE AUSTERIDAD
9. LA REBAJA FISCAL DEL PP SÓLO AHORRA CUATRO
EUROS AL AÑO A CADA MADRILEÑO
10. GALLARDÓN RECUERDA A AGUIRRE QUE ÉL YA SE
BAJÓ EL SUELDO EL 12%
11. EL PARO NO SE VA DE VACACIONES
12. GALLARDÓN: 'NO QUIERO TROPEZAR DOS VECES EN
LA MISMA PIEDRA'
13. LA MADEJA DEL CASO GUATEQUE SE VUELVE A
ENMARAÑAR
14. AYUNTAMIENTO ESTIMA QUE EL 60% DE LAS
LICENCIAS SE DARÁ EN 15 DÍAS
15. LOS 'POPULARES' APRUEBAN SOLOS LA NORMA DE
LICENCIAS
16. EL PP RECHAZA EN EL PLENO APOYAR EL DÍA DEL ORGULLO GAY
17 .MEDIO MILLÓN PARA LA PIQUETA
18. DOS AGUIRRISTAS SE FUERON A TOMAR CAFÉ
MIENTRAS SUS COMPAÑEROS VOTABAN NO AL DICTADOR
19. 300 AGENTES DE TRÁFICO CORTAN LA CIRCULACIÓN
EN CIBELES
1. PRADA PIDE A LA JUEZ QUE INTERROGUE A OCHO
PRESUNTOS ESPÍAS DE AGUIRRE
El diputado regional del PP y ex consejero de
Justicia, Alfredo Prada, ha pedido al Juzgado de Instrucción número
5 que llame a declarar en calidad de "imputados" por su supuesto
espionaje al funcionario José Manuel Pinto y a siete empleados
eventuales de confianza de la Consejería de Presidencia e Interior,
que dirigía -y dirige- Francisco Granados.
Pinto y José Palomo, otro de los informadores,
eran los hombres de confianza de Sergio Gamón, director del área de
Seguridad durante los seguimientos; de los otros seis presuntos
espías, tres eran guardias civiles ligados a Francisco Granados, y
tres policías vinculados a Gamón.
Prada ha reclamado también al juzgado -que
tramita las diligencias previas relativas a la denuncia- que realice
una prueba pericial caligráfica a dichos imputados para comparar su
escritura con la de los documentos originales sobre los supuestos
seguimientos que obran en la causa.
El diputado regional del PP y ex consejero de
Interior, Alfredo Prada, ha enviado un escrito al juez de
Instrucción número 5 de Madrid, que investiga el caso de supuesto
espionaje en la Comunidad de Madrid, que cite a declarar a ocho
empleados de confianza de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Interior y les practique una prueba de caligrafía para conocer si
fueron los autores de los informes de seguimiento.
Entre los empleados que Prada quiere que declaren
se encuentran José Manuel Pinto y José Palomo, hombres de confianza
de Sergio Gamón, que era director del área de seguridad de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, dirigida por el
secretario regional del PP, Francisco Granados. El documento lo ha
sacado a la luz el grupo socialista, que ejerce la acusación popular
en el caso. La portavoz socialista, Maru Menéndez, ha recordado que
el grupo popular cerró en falso la comisión de los espías.
"Esperamos que los juzgados reabran lo que Esperanza Aguirre negó a
todos los madrileños".
Los otros seis trabajadores de la Consejería,
adscritos también al área de Seguridad, cuya imputación requiere
Prada son José Oreja Sánchez, Antonio Coronado Martínez, José Luis
Caro Vinagre, Belén Esparteros Rodríguez, José Manuel Rodríguez
González y Roberto Casielles Casielles. Todos son asesores y
técnicos de la consejería.
Prada ha reclamado también al juzgado -que
tramita las diligencias previas relativas a la denuncia- que realice
una prueba pericial caligráfica a dichos imputados para comparar su
escritura con la de los documentos originales sobre los supuestos
seguimientos que obran en la causa.
A principios de marzo, encargó dos informes
periciales que confirmaron que los seguimientos en Madrid a cargos
políticos del PP contrarios a la línea marcada por Esperanza Aguirre
-el vicealcalde de la ciudad, Manuel Cobo, y el propio Alfredo
Prada- se hicieron desde la Consejería de Interior del Gobierno de
la Comunidad de Madrid por personal de la Dirección General de
Seguridad.
Prada, concretamente, fue apartado de la
Consejería de Justicia en septiembre de 2008, tras respaldar en el
cargo al presidente del PP, Mariano Rajoy, en su lucha por el poder
del partido con Aguirre durante el verano pasado.
El ex consejero, que el pasado 17 de junio había
solicitado que fueran llamados a declarar también como imputados
Marcos Peña (ex inspector jefe de policía y asesor de Protección
Ciudadana de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior) y
Pedro Agudo, asegura ahora que fue un "error" incluir esos dos
nombres y pide al juzgado que no les cite.
Prada, que sigue siendo diputado de la Cámara
madrileña, denunció que había sido objeto de espionaje dentro de la
Comunidad de Madrid, pero se ausentó del pleno en el que la mayoría
del PP aprobó el dictamen de la comisión de investigación, en el que
se negaba que hubiera existido tal espionaje.
(www.elpais.com,
01/07/09)
2. NOMBRES PROPIOS DEL ESPIONAJE POLÍTICO EN
MADRID
- Noviembre de 2003-junio de 2007. Alfredo Prada
es vicepresidente y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad
de Madrid. En su mandato la presidenta regional, Esperanza Aguirre,
ficha a Sergio Gamón como director general de Seguridad Ciudadana.
En la consejería ya estaban José Manuel Pinto y José Palomo.
- Junio de 2007. Francisco Granados, secretario
general del PP madrileño y consejero de Presidencia, asume las
competencias de Interior. Prada se queda sólo con Justicia. Gamón
ficha a los policías Belén Esparteros, José Manuel Rodríguez y
Roberto Casielles. [Los tres, junto a Pinto y Palomo, están en la
lista que Prada ha remitido al juez para que les tome declaración].
- Septiembre de 2007. Granados ficha como
asesores de seguridad a los guardias civiles de Valdemoro (de donde
fue alcalde) José Oreja, Antonio Coronado y José Luis Caro. [Prada
también pide que se impute a los tres].
- Abril y mayo de 2008. Prada y Manuel Cobo,
vicealcalde de Madrid, son objeto de seguimientos que quedan
plasmados en partes.
- Junio de 2008. Granados ficha a Marcos Peña
como jefe del departamento de asesores de seguridad. Peña asegura en
enero de 2009 que hace informes para Granados sobre tramas de
corrupción, que afectan a municipios gobernados por alcaldes
socialistas, y sobre diversos escándalos.
- Junio de 2008. Rajoy es reelegido presidente
del PP. Prada le apoya. Aguirre le destituye como consejero de
Justicia. En septiembre, Rajoy le da un cargo en la dirección del
PP.
- Junio de 2008. Sergio Gamón, director general
de Seguridad Ciudadana, registra una sede de la Consejería de
Justicia y requisa un ordenador donde había supuestamente informes
confidenciales.
- Julio de 2008. Granados destituye a Gamón como
director general de Seguridad Ciudadana.
- Agosto de 2008. Espionaje a Ignacio González,
vicepresidente de la Comunidad de Madrid, en un viaje oficial a
Cartagena de Indias (Colombia).
(www.elpais.com,
02/07/09)
3. RAJOY: "ALGUIEN TE PUEDE TIRAR UNA PIEDRA,
PERO SI TE APARTAS HÁBILMENTE..."
Mariano Rajoy sigue sin hablar del caso Correa y
el futuro del tesorero del PP, Luis Bárcenas. , en Cuenca recurrió a
una metáfora que resume su filosofía y actuación política: "Sólo nos
debe preocupar seguir haciendo lo que hemos hecho este año. Tenemos
un objetivo, un horizonte, hemos fijado un camino. Te puedes
encontrar una curva, puedes descarrilar, pero vuelves a meterte en
el camino. Alguien te puede tirar una piedra, pero si te apartas
hábilmente... Si seguimos en esta línea, vamos a celebrar muchas
cosas en los próximos años, aquí y en toda España".
Manuel Fraga, presidente fundador del PP, fue más
práctico: "El señor Rajoy quiere agotar la presunción de inocencia
[de Bárcenas]. En cuanto haya otro síntoma, actuará".
Y el vicesecretario de Comunicación del PP,
Esteban González Pons, abogó en TVE por "intentar ser justos con un
compañero" aún a sabiendas del "coste político" que puede conllevar.
Después de lamentar que Bárcenas todavía no ha tenido ocasión de
explicarse ante un tribunal, sentenció: "El partido debe hacer lo
que está haciendo con el señor Bárcenas".
(www.elpais.com,
02/07/09)
4. LA PRESIDENTA LLAMÓ AL EX CONSEJERO
El PP de Madrid se topó inesperadamente con la
petición al juez del ex consejero Alfredo Prada, hecha pública por
el Grupo Socialista en la Asamblea, que ejerce la acusación popular
en el caso de los espías de la Comunidad de Madrid. Por eso, la
presidenta, Esperanza Aguirre, paró a Prada en los pasillos del
hemiciclo y se lo llevó a su despacho durante una media hora.
A la salida, el ex consejero, que sigue como
diputado regional, no quiso precisar de qué habían hablado: "Mis
conversaciones en privado con la presidenta, lógicamente se quedan
en privado". Pero sí arremetió contra los socialistas por la
"instrumentalización política" del caso, que él considera que "no
entra en la órbita de la política, sino de lo personal". Y negó que
haya presentado la carta ahora para mantener vivo el proceso. "Nada
me daría más satisfacción que el espionaje no tuviera que ver con la
Comunidad de Madrid", zanjó.
(www.elpais.com,
02/07/09)
5. EL PP MANTIENE EN EL CARGO A IMPUTADOS
MADRILEÑOS EN LA GÜRTEL
Baja, baja fingida y actividad plena. Por
analogía, en esas tres situaciones cabe encuadrar hoy a los 18
imputados en el caso
Gürtel en total hay más de 70 directamente vinculados al PP.
Cinco meses y medio después de que estallara el escándalo y en
espera de que el Supremo se pronuncie sobre el tesorero
Luis Bárcenas y
el diputado Jesús Merino, la geometría variable aplicada aquí por el
partido de Rajoy ha alcanzado tal elasticidad que ocho de esos
imputados, los de mayor relevancia política, se mantienen en cargos
públicos sujetos a la disciplina del mismo partido que en teoría, y
exceptuando a Francisco Camps y Ricardo Costa los ha suspendido
cautelarmente de militancia.
La explicación del PP ante esta multiplicación de
raseros pivota sobre dos argumentos: cada caso es distinto y la
presunción de inocencia prima sobre todo lo demás. Y, como cada caso
es distinto, los dos polos del arco de posibilidades coinciden en
Valencia, donde el citado Camps continúa al frente del partido y de
la Generalitat arropado por la cúpula de Mariano Rajoy mientras que
Víctor Campos, vicepresidente de la Comunidad Valenciana y consejero
de Justicia hasta 2007, se dio de baja en cuanto el juez Baltasar
Garzón lo señaló como implicado en la presunta trama de corrupción.
Campos aparece como el imputado que menos recibió de la trama: según
Garzón, 4.850 euros en trajes.
En Madrid, la paradoja tiene el nombre de tres
diputados autonómicos y de los ex alcaldes de Boadilla del Monte y
Pozuelo de Alarcón. Los cinco están imputados y los cinco han sido
apartados "temporalmente" del partido, pero los cinco mantienen sus
cargos electos y actúan fieles a las directrices del partido.
El ardid otras veces usado por siglas de todo
color despojar del cargo público al sospechoso pero sin expulsarlo
se ha invertido aquí. El PP no sólo no ha exigido la devolución del
escaño a los parlamentarios autonómicos Alberto López Viejo, Alfonso
Bosch y Benjamín Martín Vasco sino que ni siquiera los ha arrojado
de la bancada conservadora. Los quiere en su grupo.
A la pregunta de por qué el PP considera que hay
elementos para apartarlos de la vida interna del partido pero no
para que dejen de representarlo en la Cámara autonómica, las
respuestas son confusas. "Están en el grupo parlamentario como la
concejal Alicia Moreno, que es independiente, está en el equipo de
gobierno del ayuntamiento de Madrid", dice una fuente del PP
madrileño al tiempo que subraya que sobre ninguno de los tres
diputados pesa ahora un "mandato imperativo" para que voten en la
Asamblea siguiendo las directrices del partido.
Y todos ellos pidieron su baja "voluntariamente",
remacha el PP obviando que la suspensión cautelar de militancia de
los tres diputados no se produjo hasta que, el 5 de mayo, el
Tribunal Superior de Madrid impuso a Martín Vasco una fianza de
950.000 euros.
Habían transcurrido tres meses desde que el 9 de
febrero, tres días después de que el juez Garzón ordenara las
primeras detenciones del caso, López Viejo dimitió como consejero de
Deportes. Ese día, Público había informado de cómo el dirigente del
PP madrileño adjudicó 76 contratos a dedo en un año a dos empresas
de la trama, Easy Concept y Good and Better. Según Garzón, la red
corrupta compensó con 563.000 euros a López Viejo por sus
adjudicaciones.
Fuentes del grupo parlamentario del PP sostienen,
por el contrario, que López Viejo, Bosch y Martín Vasco ex portavoz
adjunto de los conservadores y que presidió la fallida comisión de
investigación del espionaje pertenecen al grupo con todas las de la
ley. Enfatizan que "no existe la figura del independiente". E
ilustran su afirmación con un ejemplo: "Si no acudieran a una
votación se les sancionaría como a cualquier otro diputado".
Con 67 diputados frente a los 53 que suman PSOE e
IU, el PP no vería en riesgo su mayoría absoluta si prescindiera de
los tres imputados. No lo hace porque "no están expulsados del
partido, sólo suspendidos temporalmente", alega la fuente
parlamentaria mientras subraya que el PSOE "también tiene
parlamentarios imputados" y si no los ha suspendido de militancia,
vienen a decir los conservadores, es su problema.
A tenor de los hechos, para el PP no constituye
ningún problema que los ex alcaldes de Boadilla y Pozuelo, Arturo
González Panero y Jesús Sepúlveda, prosigan como concejales
adscritos a los respectivos grupos municipales del PP. "Sepúlveda ni
aparece por los plenos", asegura indignada Eva Izquierdo, portavoz
socialista en Pozuelo y cuyo partido ha pedido con reiteración y
nulo éxito al PP que reclame el acta al imputado que supuestamente
recibió un lujoso Jaguar como regalo, amén de recibir cantidades en
metálico hasta superar los 422.000 euros.
El PP corroboró a Público que Sepúlveda no tiene
en la práctica actividad municipal. El contrapunto lo pone el ex
alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, sobre quien pesa la
fianza más alta del caso: 1,8 millones de euros.
Panero, que se negó a declarar ante Garzón y
luego ante el instructor designado por el Tribunal Superior de
Madrid, Antonio Pedreira, está perfectamente integrado en el grupo
municipal del PP. Su sucesor en la Alcaldía, Juan Siguero, le
encomendó representar al partido en dos comisiones municipales, la
de Personal y la de Hacienda.
"Se montó tal cisco que lo quitaron de la de
Hacienda", cuenta Pablo Nieto, portavoz del PSOE en Boadilla y autor
de una infructuosa iniciativa para que el pleno reprobase a González
Panero. La moción se votó en el pleno celebrado el 24 de abril. El
PP que tampoco aquí necesita al ex alcalde para preservar su mayoría
absoluta la derrotó. Se abstuvo González Panero, quien según Garzón
se habría repartido con el también imputado Tomás Martín Morales
510.000 euros procedentes de la red corrupta.
(www.publico.es,
28/6/09)
6. LOS IMPUTADOS DEL GÜRTEL QUE MANTIENEN SU
CARGO
Alberto López Viejo. Ex consejero de Deportes,
diputado autonómico. Ahora en libertad bajo fianza de 750.000 euros
para afrontar sus posibles responsabilidades pecuniarias para con la
Administración, López Viejo dimitió como consejero de Deportes en
febrero tras conocerse su presunta implicación en la trama corrupta
que supuestamente capitaneaba Francisco Correa y a la que, durante
su etapa como viceconsejero de Presidencia adjudicó en un año 76
contratos a dedo a través de las empresas Easy Concept y Good and
Better. Según Garzón, a cambio de las adjudicaciones, López Viejo
recibió 563.000 euros. En los cinco últimos meses, Esperanza Aguirre
ha vetado las iniciativas de PSOE e IU para conocer todos los
contratos adjudicados por el Gobierno regional a las empresas de la
‘trama Gürtel'.
Benjamín Martín Vasco. Diputado autonómico, ex
alto cargo en Arganda. Sobre su compañero de filas Benjamín Martín
Vasco recayó una fianza aún superior: 950.000 euros. La
investigación del caso apunta a que Martín Vasco, ex presidente de
la Empresa Pública Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, medió
para que las empresas de Correa lograran proyectos urbanísticos. A
cambio, habría recibido pagos en metálico y en especie por 437.000
euros.
Alfonso Bosch Diputado autonómico, ex alto cargo
en Boadilla. Es el único de los tres aforados autonómicos que, de
momento, no ha tenido que afrontar el pago de fianza. Ex gerente de
la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla del Monte, se le presume
el cobro de sobornos por un importe superior a 250.000 euros.
Arturo González Panero. Ex alcalde de Boadilla.
Los datos conocidos de la investigación cimentan la idea de que el
ahora ex alcalde de Boadilla mantuvo una actividad frenética en
relación con la trama, que logró distintos contratos en ese
municipio. Conocido por Francisco Correa y sus subordinados como ‘El
Albondiguilla', a Panero se le imputan los delitos de blanqueo de
capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. Su
fianza, de 1,8 millones de euros, es la más alta del ‘caso Gürtel'.
Jesús Sepúlveda. Ex alcalde de Pozuelo, ex marido
de Ana Mato, ex responsable de Acción Electoral del PP durante la
etapa de José María Aznar, ex alcalde de Pozuelo de Alarcón y ex
presidente local del PP. No se le ha impuesto fianza. Se le atribuye
el cobro de 422.992 euros.
(www.publico.es,
27/6/09)
7. UNA EX DIRECTIVA DE CORREA REITERA EL PAGO A
CARGOS DEL PP
La investigación judicial del caso Gürtel avanza
en Madrid. El caso se ha convertido en una hidra de tres cabezas y
la ramificación que salpica a diputados y alcaldes de la región
parece cada vez más clara. Felisa Isabel Jordán, ex administradora
de tres de las empresas de Francisco Correa -el cerebro de la trama-
y una de las principales implicadas en el caso, testificó ante el
juez del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira. Tras
cuatro horas de interrogatorio, el magistrado le imputó los delitos
de participación en una trama, cohecho, tráfico de influencias,
fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad
por su participación en la trama.
Jordán ratificó la declaración que realizó el 11
de febrero ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Entonces, la imputada reconoció que la trama que dirigía Correa pagó
a políticos del PP. Durante aquella comparecencia, señaló al
tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas. "Estaban siempre hablando
de los cabrones de Génova, y hablaban del señor Bárcenas. En algunas
conversaciones sí salía el señor Bárcenas, del dinero que le habían
dado, que era un cabrón, que no les estaba dando trabajo, que le
cortaron el flujo de trabajo", dijo entonces. También apuntó a la
supuesta implicación del presidente de la Comunidad Valenciana,
Francisco Camps. La declaración de Jordán sirvió para que Garzón
concluyera que "la trama de Correa utilizaba el conglomerado de
empresas para ocultar facturas de productos entregados de forma
gratuita al presidente de la Comunidad Valenciana". Esos productos
eran trajes. En una conversación, la administradora de Easy Concept,
una de las principales firmas de la trama, asegura: "Incluso he
pagado. Una factura de 30.000 euros de una tienda que se llama
Milano para pagarle los trajes al presidente Camps. Tengo la factura
y la he pagado". Tras su declaración ante Garzón, Jordán negó estas
declaraciones.
Jordán también apuntó entonces a políticos del PP
de Madrid, entre los que se encuentran el ex consejero de Deportes
Alberto López Viejo. "Una vez que ganamos el primer concurso, los
técnicos de Presidencia [de la Comunidad de Madrid] ya nos llamaban
y nos preguntaban si nos íbamos a presentar...", dijo ante Garzón.
El nombre de Jordán aparece en la contabilidad B de la trama. La
referencia PCSABOSCH aparece en uno de esos apuntes junto a una
cantidad de dinero. Jordán reveló que esa clave se refiere a Pablo
Crespo Sabaris, ex secretario de organización del PP gallego, y
Alfonso Bosch, diputado de Madrid. Jordán también reconoció ante
Garzón que gastó 3.000 euros en Milano para regalar varios trajes al
ex alcalde de Boadilla Arturo González Panero. También reveló la
relación de Correa con el ex alcalde de Arganda Ginés López y con el
diputado de Madrid Benjamín Martín Vasco.
(www.elpais.com,
01/07/09)
8. AGUIRRE BAJA EL SUELDO A SU GOBIERNO PARA "DAR
EJEMPLO" DE AUSTERIDAD
La presidenta regional está empeñada en dar una
imagen de austeridad en estos momentos de crisis. Ha retocado su
Gobierno en dos ocasiones para reducir el gasto, aunque el ahorro no
fue tanto. Anunció también que congelaría el sueldo de los
consejeros y altos cargos durante dos años, pero esta medida
estrella de su ambicioso plan de austeridad sólo equivalía al
0,0016% del presupuesto regional. adelantó una rebaja del 2% de las
nóminas de unos 200 altos cargos de la Comunidad de Madrid, aunque
el ahorro vuelve a ser testimonial. Apenas un millón y medio de
euros. Algo insignificante comparado con los 18.813 millones de
euros del presupuesto para 2009.
"La intención", explicó Aguirre, "es transmitir a
los ciudadanos la voluntad del Gobierno regional de poner esta
crisis donde la ortodoxia manda, que los paganos no pueden ser los
más débiles, los más necesitados", espetó tras la reunión de la
dirección del PP regional que preside. Con su idea, la presidenta
regional, que cobra 108.004,04 euros, reducirá su nómina hasta
diciembre en unos 900 euros.
Aguirre quiere que la medida sea inmediata y
tenga efecto a partir de agosto. Afectará a consejeros,
viceconsejeros, directores generales, secretarios generales
técnicos, cargos de confianza, directivos y consejeros delegados de
las empresas públicas, y los gerentes de los hospitales públicos
madrileños. En total, el Gobierno regional cuenta con unos 140 altos
cargos, a los que habría que añadir unos 30 directivos de las
empresas públicas y 25 gerentes de los hospitales.
La presidenta regional recomendó a los alcaldes
de su partido que sigan el ejemplo. Y recordó que Madrid es la
primera comunidad de España donde se aplica esta medida. Fuentes del
Ejecutivo regional reconocieron que la medida no supone un gran
ahorro, pero es "ejemplarizante".
La medida se aprobará previsiblemente dentro de
15 días, cuando se debatan las enmiendas a la ley de medidas
fiscales para reactivar la economía. El plazo para presentar las
enmiendas a esta ley había concluido, pero tanto IU como el PSOE han
anunciado que apoyarán que incorpore en una enmienda transaccional.
Aguirre aseguró que espera que se apruebe por acuerdo de todos los
grupos. En caso de que no fuera aprobado por este procedimiento,
algo improbable porque el PP controla la Asamblea, la presidenta
regional señaló que se "hará un proyecto de ley para lo que habría
que habilitar el mes de agosto".
Los partidos de la oposición (PSOE e IU)
recibieron la medida con cierta tibieza. Ambos grupos recordaron a
Aguirre que bajo su mandato ha aumentado considerablemente el número
de altos cargos. En 2003, cuando llegó Aguirre a la presidencia
regional, había 133 altos cargos; en 2007 habían aumentado a 160.
Los últimos retoques en el Gobierno regional han reducido hasta 140
los consejeros, viceconsejeros y directores generales. La portavoz
del grupo socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, anunció que
apoyarán su tramitación, pero la consideró insuficiente.
Menéndez reclamó que se incluyan otras medidas
para reducir el gasto público, como eliminar la compatibilidad de
sueldos entre diferentes cargos y una reducción del gasto de la
publicidad institucional. Por su parte, el coordinador general de IU
en Madrid, Gregorio Gordo, consideró que la idea de Aguirre es
propagandística y pide que tome medidas efectivas para que los
madrileños superen la crisis.
(www.elpais.com,
01/07/09)
ALTOS CARGOS EN MADRID
- En el Gobierno regional hay unos 170
altos cargos, de los que 140 son consejeros, viceconsejeros,
directores generales, secretarios generales técnicos y
cargos de confianza. Además, hay unos 30 directivos y
consejeros delegados de empresas públicas.
- La medida de Aguirre afecta también a
los 25 gerentes de los hospitales públicos madrileños.
- La presidenta de la Comunidad cobra
108.004,44 euros, según los presupuestos de 2009. El
vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, 103.684,32
euros. El resto de consejeros, 99.364,08 euros. Los
viceconsejeros tienen una nómina de 95.043,96 euros. Los
directores generales y secretario generales técnicos,
91.657,56 euros.
(www.elpais.com,
01/07/09)
9. LA REBAJA FISCAL DEL PP SÓLO AHORRA CUATRO
EUROS AL AÑO A CADA MADRILEÑO
La ley anticrisis de Esperanza Aguirre salió
adelante en la Asamblea de Madrid, una vez más, exclusivamente con
los votos del PP: 65 síes, frente a los 50 votos en contra de la
oposición (PSOE e IU). Pero el debate parlamentario puso en
entredicho que las medidas fiscales del Gobierno regional vayan a
cumplir el objetivo que se había impuesto el consejero de Economía y
Hacienda, Antonio Beteta: ayudar "a las familias y las pequeñas
empresas" al "bajar los impuestos, ser austeros en el gasto y
contraer la deuda".
La ley establece deducciones en el tramo
autonómico del IRPF para la compra de nueva vivienda y
bonificaciones en el impuesto de actos jurídicos documentados,
cuando se trata de modificar créditos. Como subrayó el diputado
socialista Adolfo Piñedo, este "paquete" fiscal sólo ahorra 24
millones de euros a los madrileños, dinero que dejan de ingresar las
arcas regionales. "Son cuatro eurazos por persona", ironizó Piñedo.
"Es exactamente el 0,01% de los ingresos tributarios en 2009".
O lo que es lo mismo, una "tomadura de pelo",
como dijo el diputado de IU, Miguel Reneses. "¿Con 24 millones de
euros van a paliar la crisis de la comunidad de Madrid, que afecta a
medio millón de parados y a más de 100.000 personas que no tienen
ningún ingreso?", preguntó a la bancada popular.
En las primeras filas, la presidenta Esperanza
Aguirre repitió varias veces a los diputados de la oposición el
gesto de cortar con unas tijeras uniendo los dos dedos. A su lado,
entre las risas de Beteta, Francisco Granados y la propia
presidenta, el vicepresidente, Ignacio González, se sacó el fondo de
los bolsillos para ilustrar la falta de dinero.
Porque el que era un pleno para debatir
exclusivamente lo que en el papel se denomina proyecto de ley de
medidas fiscales contra la crisis económica pronto mudó en otro
sobre el anuncio de la presidenta regional de bajar un 2% el sueldo
de los altos cargos, pese a que esta medida no está en el texto
legal.
En realidad, las retribuciones de los puestos de
confianza sólo bajarán el 0,4%, porque Aguirre ya se encargó de
subirlas el 1,63% entre abril de 2008 y abril de 2009: un director
general cobraba 90.184 euros el año pasado, según las cifras
presupuestarias, mientras que ahora cobra 91.658 euros. Desde la
legislatura anterior, 2006, su sueldo ha subido el 10,48%.
"Es pura propaganda", criticó la medida Piñedo,
que aseguró que el ahorro prometido apenas supone rebajar 15
céntimos de euro por cada 20.000 euros del presupuesto. "Si
recortara a la mitad el gasto en propaganda, el ahorro sería 140
veces más que la rebaja de los altos cargos", espetó. Además, como
señaló Miguel Reneses, la medida no contempla ampliar las
incompatibilidades para impedir que un viceconsejero cobre también
por ser diputado o un director general por estar en una empresa
pública. "Si quiere hablamos de austeridad, pero con todo", advirtió
el diputado.
(www.elpais.com,
02/07/09)
10. GALLARDÓN RECUERDA A AGUIRRE QUE ÉL YA SE
BAJÓ EL SUELDO EL 12%
Malestar en el PP por el debate salarial de los
altos cargos abierto por la presidenta
El alcalde madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón,
respondió este jueves al anuncio de la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre,
de bajar los sueldos de
sus altos cargos un 2% a partir de la nómina del mes de agosto.
Preguntado en rueda de prensa sobre los planes de la también
presidenta del PP de Madrid, el regidor recordó que él ya bajó su
salario un 12,2% cuando llegó a la alcaldía en 2003. Además, señaló
que "cuando se tramiten los presupuestos de 2010" el consistorio
estudiará otras posibles medidas de austeridad. Unas palabras que
tuvieron respuesta inmediata por parte de la Comunidad.
Sin mencionar concretamente a Ruiz-Gallardón, el
vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, criticó a quienes
ven escaso reducir el sueldo el 2%. "Me hace gracia que algunos
digan que les parece muy poco y a continuación no se bajan ni un
euro", se lamentó la mano derecha de la presidenta madrileña.
Además, González explicó que la medida, que
pretende dar un mensaje de "contención de gasto" tiene también el
objetivo de "incentivar" a otras administraciones públicas en España
a apretarse el cinturón". Es precisamente este mensaje el que más ha
escocido en las filas conservadoras.
Fuentes del PP consultadas por este periódico no
ocultaron la existencia de cierto malestar interno por el anuncio de
la presidenta. Primero, porque dado que pretende que la medida se
aplique en otras comunidades, o sea a nivel nacional, ha hecho una
propuesta que debería haber sido anunciada con el presidente
nacional del partido, Mariano Rajoy. Y segundo, porque está
obligando a otros compañeros de partido a retratarse al respecto
sobre una medida ante la que pretende quedar como pionera.
Concretamente este jueves, José Antonio de
Santiago-Juárez, portavoz de la Junta de Castilla y León mantuvo que
no se había planteado la rebaja de los sueldos de los altos cargos
al considerar que la congelación salarial anunciada por el
presidente Juan Vicente Herrera para 2010 y 2011 es suficiente.
También por estas fechas, la presidenta madrileña
anunció el pasado año la congelación de su sueldo y la de los otros
altos cargos de la Comunidad de Madrid. Un anuncio que después no
tuvo su reflejo en los Presupuestos. Si en 2008 el sueldo de Aguirre
fue de 107.361,94 euros, según la plantilla presupuestaria de la
Comunidad, en 2009 ganará 108.004,44. En definitiva, más de 600
euros que en el anterior ejercicio. Subidas similares experimentaron
las nóminas de Ignacio González y de los consejeros.
Para los Grupos del PSOE y de Izquierda Unida en
la Asamblea de Madrid, el último de los anuncios de Esperanza
Aguirre tiene un marcado carácter propagandístico. Para ilustrar las
críticas, la portavoz socialista, Maru Menéndez, ha señalado que los
nuevos planes de Aguirre sólo suponen un ahorro del 0,6% del total
del presupuesto para alta dirección y alrededor del 0,00000001% del
presupuesto general para 2009.
Además, los socialistas reclaman a la presidenta
madrileña que reduzca de manera eficaz el gasto en alta dirección.
Denuncian que desde que gobierna Aguirre, el presupuesto para este
concepto se ha incrementado en un 43,2% sobre 2003. Por su parte, IU
calcula que la rebaja salarial del 2% propuesta por la presidenta de
la Comunidad de Madrid supondrá un ahorro de millón y medio de
euros.
Altos cargos. La congelación salarial prometida
por Aguirre hace un año para los altos cargos se quedó sólo sobre el
papel. Ella ha pasado de ganar 107.361 en 2008 a 108.004 euros en
2009. Ignacio González, el vicepresidente, pasó de 103.067 a 103.684
y Francisco Granados, responsable de Presidencia y el resto de
consejeros, de 98.773 a 99.364. Se trata de datos consultados en la
plantilla presupuestaria de ambos ejercicios.
Gastos de personal. Si en 2004, los gastos de
personal de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid fueron de
5.455.422.301 euros, para este año, la cifra es de 7.670.747.129
euros. Es decir, en cinco años Aguirre ha incrementado en
2.185.324.828 euros sus gastos en personal.
Eliminar puestos. Hace ahora un año, la
presidenta madrileña emprendió una remodelación de su Gobierno
alegando a razones económicas. Por estas fechas, los socialistas
recordaron que Aguirre había incrementado en 27 los altos cargos que
heredó de la etapa de Ruiz-Gallardón. Concretamente, de 133 a 160.
(www.publico.es
02/07/09)
11. EL PARO NO SE VA DE VACACIONES
El empleo en la Comunidad de Madrid está aquejado
de una parálisis preocupante. La crisis sigue devorando
trabajadores. En el mes de junio, el desempleo creció en 1.011
personas y acumula 16 meses consecutivos de subidas. Ya hay 418.284
inscritos en las listas del paro en la región, según los últimos
datos publicados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Madrid
es la única comunidad autónoma donde el desempleo creció durante el
mes pasado.
La causa que esgrimen los responsables regionales
es que en Madrid no se produce el efecto estacional de las
vacaciones, es decir, el aumento de los contratos por el turismo.
Pero en otras regiones interiores, como Extremadura o Castilla-La
Mancha, tampoco ocurre esto y el paro, sin embargo, se ha reducido.
La explicación al continuo aumento del desempleo
en la región está en la debilidad de su modelo económico, basado
fundamentalmente en el sector servicios. Al pequeño comercio y a las
pymes madrileñas les cuesta demasiado capear la crisis. Por eso, el
crecimiento del desempleo en junio se debe al mal comportamiento del
sector servicios. A esto hay que añadir el final del curso escolar,
que supone el fin de la actividad de muchos trabajadores.
En el otro extremo está la construcción. El
esfuerzo inversor de las administraciones ha estimulado el empleo en
este sector. Las ciudades de la región están levantadas por las
obras del Plan de Inversiones del Gobierno central y eso ha
favorecido que se firmaran nuevos contratos.
El paro sube y además la afiliación a la
Seguridad Social baja. El secretario de Estado de la Seguridad
Social, Octavio Granado, explicó que este fenómeno tiene que ver en
junio con la caída de la afiliación en la educación ante el final de
curso académico. Granado aprovechó para meter el dedo en el ojo a
los responsables regionales. Recordó que Madrid no se había sumado
con decisión a la Ley de Dependencia, lo que en otras regiones
genera empleo en los servicios sociales. "Eso le pasa factura. Si lo
hiciera como Andalucía, tendría 35.000 puestos de trabajo más",
declaró.
Durante los meses de verano el empleo suele tener
un buen comportamiento debido al incremento de la actividad en el
sector turístico y a los contratos para sustituir a los que se van
de vacaciones. Es un efecto estacional y se corrige en el último
trimestre del año. De ahí que sorprenda el alza del desempleo en
junio.
El grueso de los nuevos parados tiene entre 30 y
44 años. Un grupo compuesto fundamentalmente por trabajadores
cualificados, para los que la llegada del verano no ha supuesto un
alivio. "El efecto estacional del turismo no se produce aquí",
explicó la consejera de Empleo y Mujer de Madrid, Paloma Adrados.
Según la consejera, en la región no existe un turismo "vacacional",
sino que es "estable" durante todo el año. "Yo diría que en verano
nos encontramos en la temporada más baja del turismo", añadió. Sin
embargo, otras regiones sin costa y que no son grandes destinos
turísticos sí ha mejorado el empleo.
Lo cierto es que el paro crece en Madrid a mayor
ritmo que en el resto de España. La posición de privilegio que
ocupaba la región, con la tasa de paro más baja del país, se está
deteriorando. Aunque Adrados aprovechó para sacar pecho y reiteró
que Madrid "está casi cuatro puntos por debajo de la media nacional.
Seguimos manteniendo esa ventaja comparativa", añadió.
Los sindicatos (CC OO y UGT) han reclamado a
Esperanza Aguirre que ponga en macha medidas urgentes para frenar la
sangría de empleo. Por su parte, Tomás Gómez, secretario general de
los socialistas madrileños, pidió a la presidenta "una reunión
urgente para hablar de Caja Madrid y de que esta entidad sea un
instrumento para relanzar la economía madrileña, para luchar contra
el desempleo".
(www.elpais.com,
03/07/09)
12. GALLARDÓN: 'NO QUIERO TROPEZAR DOS VECES EN
LA MISMA PIEDRA'
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha
asegurado que no tiene intención de volver a pedir a su partido ir
en las listas al Congreso, porque no quiere ser, ha dicho, "ese
hombre que tropieza dos veces en la misma piedra".
En rueda de prensa tras la reunión semanal de su
Gobierno, el alcalde ha garantizado que en estos momentos "no hay
más candidatura" en su cabeza que la que anunció hace unos días para
repetir como cabeza de lista del PP en la capital en las municipales
de mayo de 2011. Para esa cita electoral ha anunciado que su equipo
ya ha comenzado a trabajar en nuevos proyectos que, sin embargo, no
ha querido adelantar porque sería "precipitado" a más de año y medio
de los comicios. Sí ha afirmado que ese nuevo programa electoral
"será sugestivo para los madrileños" y tendrá como objetivo
"consolidar el enorme esfuerzo" e inversiones realizados estos
últimos años.
En todo caso, ha manifestado que "lo primero es
conseguir los Juegos Olímpicos y luego habrá tiempo para pensar en
otras cosas". En la rueda de prensa, Ruiz-Gallardón ha sido
preguntado por la situación del tesorero del PP, Luis Bárcenas, tras
su imputación en el caso Gürtel, pero se ha limitado a decir que, en
su condición de miembro de la dirección del PP, se remite y hace
suyas "absolutamente" las consideraciones hechas por el partido.
(www.lavanguardia.es,
03/07/09)
13. LA MADEJA DEL CASO GUATEQUE SE VUELVE A
ENMARAÑAR
Un año y siete meses después de que fueran
detenidos por presunta corrupción 16 funcionarios municipales de
Madrid, casi todos con edad de haber bailado en algún guateque por
eso la Guardia Civil bautizó así la operación, la madeja de esta
presunta trama de sobornos a cambio de licencias empieza a parecerse
a la piedra de aquel personaje de la mitología griega llamado
Sísifo: cada vez que el juez instructor, Santiago Torres, la ha
empujado trabajosamente hasta lo que parecía la cima, la madeja ha
vuelto a caer para regresar engordada por nuevos hilos e imputados,
que, según fuentes cercanas al caso, ya suman 102.
Un arrepentido que se cansó de pagar, grabaciones
policiales, agendas incautadas con anotaciones detalladas de cobros,
un alto cargo de Aguirre ex gerente de Urbanismo presuntamente
implicado, 187 expedientes urbanísticos bajo sospecha e incluso una
pareja la formada por el ex consejero de Deportes de Madrid, Alberto
López Viejo, y su esposa unida por el matrimonio y los tribunales.
De todos esos ingredientes consta la receta del caso, eclipsado por
el fogonazo de la operación Gürtel y donde ahora se cocina algo más.
Porque, ahora, el magistrado Torres ha pedido que
se le informe oficialmente de la identidad de cuatro concejales que
dirigían otros tantos distritos en el primer mandato de Alberto
Ruiz-Gallardón como alcalde. Los cuatro han aparecido en un momento
u otro del sumario señalados como las personas que supuestamente
mediaron para acelerar la concesión de determinadas licencias. Y los
cuatro siguen hoy al frente de distritos municipales: Luis Asúa,
Luis Miguel Boto, Elena Sánchez y Dolores Navarro. Según fuentes del
caso, al reclamar la identificación de los ediles, el juez está
preparando el terreno para llamarlos a declarar. Si como testigos o
como imputados, es todavía una incógnita.
Por citar un ejemplo, Asúa permitió que siguiera
abierta una discoteca con 234 denuncias de la Policía Local. La sala
era propiedad del hijo del ahora ex jefe de Evaluación Ambiental
Joaquín Fernández de Castro, imputado en el caso Guateque.
Tras una comisión de investigación anunciada a
bombo y platillo y que Gallardón logró disolver antes incluso de que
comenzara a investigar, el alcalde de Madrid ha logrado hasta ahora
driblar al PSOE, cuyo portavoz municipal, David Lucas, no cesa de
repetir que el gobierno municipal tiene una responsabilidad política
ineludible.
Al aflorar la trama, el alcalde se limitó a
destituir a los funcionarios de alto y medio rango implicados y a
aplicar una suspensión de seis meses de empleo a los restantes.
Pero negó y sigue negando que su equipo conociera
o tolerase la existencia de una red integrada por un mínimo de 27
funcionarios los que están imputados y cuyos miembros cobraban hasta
20.000 euros por cerrar los ojos ante los proyectos que incumplían
la norma municipal o por pisar el acelerador de la burocracia. Diez
imputados funcionarios y empresarios conseguidores permanecieron en
prisión hasta el 24 de enero de 2008, fecha en que salieron en
libertad bajo fianza.
En ese segundo supuesto, la tramitación se
reducía desde los dos años de media ordinaria hasta incluso cinco
días. El PSOE sostiene que el número de licencias paralizadas por el
colapso ha pasado de 13.000 a 21.000.
Pero, hasta ahora, Gallardón no sólo no ha
sufrido ningún arañazo por las aristas del caso Guateque sino que ha
utilizado el escándalo como palanca para aprobar, hace 15 días, una
nueva ordenanza de licencias que, en la práctica, privatiza su
tramitación.
La nueva norma introduce la figura de "entidades
colaboradoras" privadas con el objetivo proclamado de agilizar la
tramitación y favorecer la rápida apertura de negocios. El Colegio
de Arquitectos de Madrid ya ha anunciado un recurso sustentado en
que la ordenanza no se ajusta a lo preceptuado en la Ley del Suelo
de la Comunidad de Madrid. "La ordenanza de licencias
institucionalizará el Guateque", opina en la misma línea el
socialista Lucas.
Lejos de replegarse tras la orden de
identificación de ediles cursada por el juez Torres el pasado jueves
18, Gallardón se lanzó a disparar... contra la oposición. El caso
Guateque, dijo al día siguiente, es "un cáncer que el PSOE introdujo
en el Ayuntamiento de Madrid". Y el PP agregó lo va a "extirpar". El
regidor ha explotado desde el inicio un dato: que Victoriano
Ceballos, ex jefe de Impacto Ambiental y supuesto jefe de la trama,
aunque él sostiene que seguía órdenes políticas, ganó la plaza de
funcionario en 1984 durante la etapa del PSOE, uno de cuyos
concejales era su cuñado. El PP gobierna en Madrid desde que, hace
19 años, ganó las elecciones municipales de 1991.
Cuando el viceconsejero de Transportes de Madrid
y ex gerente municipal de Urbanismo, Luis Armada, fue imputado en
enero de 2008, miembros del PP afines a Gallardón recordaron que el
implicado pertenece al bando de Esperanza Aguirre. En julio de ese
mismo año, con la imputación del concejal del distrito de Salamanca,
Íñigo Henríquez de Luna, en una rama desgajada del sumario Guateque
el llamado caso Becara, llamado así por la tienda del mismo nombre,
la explicación se repitió.
"Es incomprensible", replica el socialista Lucas,
"que Gallardón se remonte casi a Carlos III para echar balones
fuera". El edil lleva año y medio pidiendo la dimisión de la
concejal de Urbanismo, Pilar Martínez, y de quien hasta 2007 dirigía
Medio Ambiente, Paz González. En esos dos departamentos la trama
prosperó. Aún quedan cabos sueltos.
(www.publico.es,
27/6/09)
14. AYUNTAMIENTO ESTIMA QUE EL 60% DE LAS
LICENCIAS SE DARÁ EN 15 DÍAS
A partir de 2010, cuando se hayan solventado los
últimos flecos, parte del proceso de tramitación de una licencia
municipal corresponderá a una empresa privada. La idea, surgida
después de que explotara el caso Guateque (la trama de corrupción de
funcionarios del Ayuntamiento), pretende agilizar y simplificar el
proceso para la obtención de los permisos. Pero la oposición (que
votó en contra) y CC OO lo criticaron duramente tras su aprobación.
"Ustedes un día llegarán a la conclusión de que
no saben cobrar impuestos o hacer obras... o que la oposición no da
la talla, y entonces nos externalizarán", ironizó el portavoz de IU,
Ángel Pérez en el debate. Para el concejal del PSOE, Pedro Sánchez,
esa privatización de parte del proceso desembocará en "la
institucionalización del Guateque" y terminará revocada en el
tribunal contencioso-administrativo.
A partir de 2010, los ciudadanos tendrán que
acudir a empresas privadas a presentar su documentación para la
obtención de la licencia. Como hasta la fecha, existirán diferentes
procedimientos en función del tipo de permiso que se pida. El más
común, el que solicita el 60% de los usuarios, es el de acto
comunicado. Esta autorización está destinada a la implantación de
comercios que no sean restaurantes ni bares y que no requieran obras
en la estructura del edificio.
Según el esquema elaborado por la Concejalía de
Hacienda, para obtener este permiso (el más común), no se tardará
más de 15 días. Básicamente porque el Ayuntamiento no tendrá que
autorizar nada, pero podrá realizar inspecciones posteriores. El
ciudadano presentará los papeles necesarios ante la entidad
certificadora, esta dispondrá de 15 días para comprobar que lo que
quiere realizar corresponde con la licencia, y deberá devolverlos
sellados.
Si se pretende abrir un restaurante, bar o
discoteca, el usuario deberá someterse al proceso de "implantación o
modificación de actividades", que puede demorarse hasta un mes y
medio y cuyos informes también pasan por las manos de las empresas
privadas. Ahí, en cambio, el Ayuntamiento sí tiene que aprobar la
licencia definitiva.
Para obra nueva o reformas importantes de un
edificio, el procedimiento será el "ordinario común". En este caso,
el trámite puede alargarse en función de los requerimientos que haga
el Ayuntamiento, pero en aproximadamente dos meses y medio de
silencio se da por concedida. Las agencias, en este caso, actúan
como certificadores de que la documentación que necesitan los
ciudadanos está completa y en forma.
(www.elpais.com,
30/06/09)
15. LOS 'POPULARES' APRUEBAN SOLOS LA NORMA DE
LICENCIAS
El PP se ha quedado solo a la hora de aprobar una
de las normativas más importantes de Madrid, la Ordenanza de
Tramitación de Licencias. La nueva legislación da vía libre a las
conocidas como oficinas certificadoras. Se trata de organismos
privados que se encargarán de dar vía libre a todos los trámites
necesarios para obtener los permisos de actividad y funcionamiento.
Esta semiprivatización no significa que el
Ayuntamiento eluda su deber de supervisión. El Consistorio tendrá
que comprobar que los trámites que se han autorizado cumplen la
normativa. En el caso de que no sea así, las oficinas certificadoras
se tendrán que enfrentar a una sanción administrativa.
Además, para poder operar tendrán que disponer de
un seguro para hacer frente a los posibles desmanes económicos que
causen.
El delegado de Hacienda, Juan Bravo, tiró en el
Pleno de de la "autonomía municipal" para defender la capacidad del
Consistorio para regularse. A ello, unió la transposición del
Gobierno central de una directiva europea sobre la liberalización de
los servicios que realizó en mayo. De esta forma, se salta el
obstáculo de la Ley del Suelo.
"Su problema es la dispersión normativa, la falta
de liderazgo y el descreimiento en lo público", precisó el portavoz
de IU, Ángel Pérez, para plantear un debate más político que técnico
en este asunto. Es decir, que el Consistorio tiene todos los
instrumentos para tramitar las licencias pero "dimite de esta
función" y la deja en manos de los privados, según aseguró.
Para el portavoz de Urbanismo del PSOE, Pedro
Sánchez, con la aprobación de la nueva ordenanza el Ayuntamiento
"institucionaliza el Guateque". Y es que, según explicó, los mismos
que trataban de agilizar de forma ilícita las licencias tendrán en
sus manos las oficinas certificadoras. A su entender, la norma es
"de dudosa legalidad", ya que "contraviene la Ley del Suelo". El
concejal considera que el problema que ha tenido el Gobierno local
es de "gestión" y no por la antigua normativa de 2005.
Finalmente, Bravo cerró el debate apelando a la
capacidad del Consistorio para regularse. "No necesitamos la
autorización de la Ley del Suelo para usar un procedimiento
diferente". Reprochó a IU que lo que vota en contra en Madrid luego
lo hace a favor con el PSOE en el Congreso, en lo que se refiere a
la privatización de los servicios. Dijo no entender la posición del
PSOE que quiere que los colegios profesionales sean los que se
encarguen de la gestión. Respecto al precio de las licencias, dijo
que "será el tiempo el que lo dirá", pero aclaró que "los
empresarios no pagarán más".
(www.elmundo.es,
30/06/09)
16. EL PP RECHAZA EN EL PLENO APOYAR EL DÍA DEL
ORGULLO GAY
En el Gobierno de Alberto-Ruiz-Gallardón hay
unanimidad en subrayar que el turismo gay beneficia a la ciudad.
Pero no en apoyar el día en el que se conmemora su orgullo. O al
menos eso, tras la farragosa disputa que se mantuvo en el pleno, es
lo que se desprende del resultado de la votación de la propuesta que
traía el PSOE.
El PP sólo quería aprobar dos de los cuatro
puntos recogidos en la propuesta presentada por el concejal
socialista Pedro Zerolo. El primero, manifestaba el apoyo del
Ayuntamiento a la celebración del Día del Orgullo, y el segundo
expresaba su solidaridad con las lesbianas, gays y transexuales
discriminados dentro y fuera de España.
Pero la concejal de Asuntos Sociales, Concepción
Dancausa, se negó a apoyar los otros dos puntos. En uno de ellos, se
pedía que el Ayuntamiento se comprometiera a realizar actividades
orientadas a dar visibilidad a "la diversidad afectivo-sexual" en la
ciudad, y en el otro se solicitaba la congratulación del Consistorio
por los casi 1.500 matrimonios que se han celebrado en la capital
entre personas del mismo sexo desde que se aprobó la ley estatal que
lo permite.
Pero por ahí no pasó el PP. Y como no se pudo
votar por separado la propuesta, quedó rechazado el fondo de la
cuestión: el apoyo al Día del Orgullo Gay de Madrid.
(www.elpais.com,
30/06/09)
17 .MEDIO MILLÓN PARA LA PIQUETA
El Club de Campo, ese precioso lugar para
practicar deporte situado en el mayor pulmón de la ciudad, pagado
con dinero público pero de uso exclusivo (tiene unos 30.000 socios y
una larga lista de espera de dimensiones similares), recibe
anualmente cuantiosas subvenciones del Ayuntamiento de Madrid. En
2007, concretamente, obtuvo medio millón de euros para la
construcción de una "sala polivalente" que iba a servir, según el
certificado de la subvención, como nuevo gimnasio. Hasta ahí todo
normal.
Pero el problema es que la infraestructura se
hizo sin los oportunos permisos y ahora el propio Ayuntamiento ha
ordenado que se derribe. Medio millón de euros, si la obra no se
legaliza con algún tipo de plan especial, como es habitual en el
Ayuntamiento, devorados por la piqueta municipal.
Según la orden emitida por la Concejalía de
Urbanismo el pasado 19 de mayo, se requiere al Club de Campo que
"proceda a la demolición de las obras abusivamente realizadas
[...]". Así de tajante y asegurando que no cabe recurso
administrativo.
Pero desde Urbanismo, los mismos que han ordenado
la demolición del edificio, dicen ahora que puede ser posible
"legalizar" la infracción. "Se podría hacer un plan especial para
adecuar la situación a la legalidad y que luego pidan la licencia",
explica un portavoz de la concejalía. Nadie del Club de Campo, sin
embargo, atendió a este periódico para ofrecer su versión sobre por
qué se hicieron esas obras sin el permiso correspondiente.
"Hay que ser mucho más cuidadoso con el uso del
dinero público. Esto demuestra el descontrol que hay en el
Ayuntamiento. Siendo benévolos, es como mínimo surrealista que
paguen una cosa que, según sus normas, es ilegal", critica el
portavoz de Izquierda Unida (IU), Ángel Pérez. "Además, con una
dotación de la periferia, la subvención seguro que no se habría
concedido con tanta agilidad", insiste.
El Club de Campo, con una extensión de 250
hectáreas, pistas de tenis, pádel, hípica, golf u hockey, tenía una
concesión para la explotación privada de las instalaciones que
terminó en 1984. El Ayuntamiento de Madrid hizo valer entonces los
derechos que tenía con los terrenos y formó una empresa mixta que
perdura hoy en la que posee el 51% de la sociedad y que posee 180 de
las hectáreas de suelo sobre el que se erige el recinto deportivo.
La mayoría de sus socios provienen de la etapa
privada del club. Son antiguos miembros de la Real Sociedad Española
Hípica, a la que en 1941 el Ayuntamiento de Madrid cedió el Club de
Campo con la condición de que en 1954 revirtiera al pueblo de
Madrid. Llegado ese año, el Ayuntamiento de entonces revisó el
acuerdo y se decidió que éste se prolongaría otros 30 años. Durante
todo ese tiempo, hasta que el alcalde de Madrid en 1984, Enrique
Tierno Galván, rescató la concesión, el acceso al recinto estaba
completamente prohibido a las personas que no eran socios.
Hoy, los madrileños que quieren entrar en el
recinto y no tienen la suerte de ser miembros de la institución han
de hacerlo con un tique individual y que sirve sólo para una sesión
del deporte que se elija. Los precios, además, no es que sean
precisamente populares. Más bien siguen fomentando el carácter
elitista de la institución. Para darse un baño un sábado, por
ejemplo, se tiene que comprar primero la entrada al recinto, que
cuesta 32,40 euros, y luego la de la piscina, que son otros 28,70.
Es decir, el chapuzón sabatino sale por 61,10 euros.
Para ingresar en el club de la Casa de Campo
tiene que darse de baja algún socio primero. Algo que no es
frecuente si gozan de buena salud. Si un socio se casa, o tiene
descendencia, tanto su cónyuge como los hijos (a partir de los 13
años) tienen derecho automático de entrada. Algo que según la
institución se hace para que la familia esté unida.
(www.elpais.com,
01/07/09)
18. DOS AGUIRRISTAS SE FUERON A TOMAR CAFÉ
MIENTRAS SUS COMPAÑEROS VOTABAN NO AL DICTADOR
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha acordado
hoy por unanimidad de sus tres grupos políticos, PP, PSOE e IU, y a
petición de este último, retirar todos los honores que durante la
Dictadura concedió a Franco y a su familia, como Alcalde Honorario
de la capital, Hijo Adoptivo y medallas de Oro y Honor. El grupo
municipal del PP se sumó a la propuesta pero no al completo, y es
que Fernando Martínez Vidal y el edil del distrito de Salamanca
Iñigo Herníquez de Luna se ausentaron justo cuando el pleno abordó
esa cuestión. Los dos ediles son del entorno de la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ya que Martínez trabajó
directamente para ella en un puesto de confianza como el de jefe de
gabinete, mientras que Henríquez promovió el manifiesto a favor de
las primarias en el PP cuando la lideresa pretendía desbancar a
Mariano Rajoy.
El Ayuntamiento de Madrid ha cumplido con la Ley
de Memoria Histórica, lo que han celebrado desde el grupo promotor
de la resolución que retira los honores municipales a Franco, IU. La
concejala Milagros Hernández, ha asegurado que "la capital de España
queda limpia hoy de apoyos a dictadores".
Por su parte, el vicealcalde de Madrid, Manuel
Cobo, ha dicho que todos los honores a Franco estaban ya "borrados"
para el PP y que su partido "no sólo está en contra de la dictadura
franquista, sino de todas las dictaduras", reclamando a PSOE e IU
que dejen de exigir a su partido "reválidas democráticas". Sin
embargo, dos miembros de su grupo municipal han evitado aprobar la
retirada de los honores al dictador, concretamente Fernando Martínez
Vidal y el edil del distrito de Salamanca Iñigo Herníquez de Luna,
según informa El Mundo en su edición digital.
El diario explica que durante más de los 20
minutos que duró el debate ninguno de los dos concejales entró al
salón de plenos ni durante la votación. "He salido al baño y me he
encontrado con Fernando y nos hemos ido a tomar un café", aseguraba
Henriquez de Luna, mientras que Martínez Vidal se justificaba
diciendo que había asuntos en Madrid que tenían "mucha más
importancia". Ambos han negado haberse ausentado por una cuestión de
conciencia y Martínez Vidal insinuaba que desconocía lo que se
estaba debatiendo.
Los dos ediles que se han resistido a apoyar la
retira de los honores al dictador son del entorno de Esperanza
Aguirre. Martinez Vidal, concejal de Moratalaz, es ex jefe de
gabinete de la presidenta de la CAM, y ya se ausentó de la votación
del pleno municipal que aprobó dedicar una calle al ex presidente de
Prisa, Jesús de Polanco. Por su parte, Henríquez de Luna fue el
encargado de promover las primarias en el PP durante los
prolegómenos del Congreso de Valencia, una iniciativa ampliamente
aplaudida, difundida y apoyada por los medios que defendían la
opción de Aguirre a la cabeza del PP frente a la de Mariano Rajoy.
(www.elplural.com,
27/6/09)
19. 300 AGENTES DE TRÁFICO CORTAN LA CIRCULACIÓN
EN CIBELES
Unos 300 agentes de tráfico se manifestaron en el
centro de la ciudad para reclamar, entre otras medidas, un
incremento de plantilla y el desarrollo de su carrera profesional,
para que puedan acceder a puestos como el de jefe de sección y
supervisor, labores desempeñadas por policías municipales.
La manifestación, amenizada con tracas y
petardos, provocó la protesta del Ayuntamiento, que distribuyó
fotografías de la marcha para denunciar que los agentes alteraron la
circulación en el eje Prado-Recoletos sacando vallas a la vía.
También, según el Consistorio, zarandearon vehículos estacionados y
lanzaron huevos a un compañero que estaba trabajando en ese momento.
"Ha sido impresentable. Están en su derecho a la
huelga, pero no se entiende que algunos manifestantes violenten la
convivencia ciudadana, cuando son ellos los que están obligados a
velar por ella", declaró el responsable del tráfico en la capital,
Fernando Autrán.
Por su parte, el secretario general del sindicato
de Agentes de Movilidad, Jesús Méndez, afirmó no saber nada sobre
estos incidentes, aunque sí reconoció que una vez concluida la
manifestación algunos participantes se dirigieron hacia Banco de
España por su "cuenta y riesgo", ignorando el recorrido pactado de
la marcha que discurría entre la plaza de Callao y la plaza de
Cibeles.
En las fotografías facilitadas por el Consistorio
puede verse cómo decenas de manifestantes unían sus brazos en una
cadena humana o colocaban vallas para cortar el tráfico en la plaza
de Cibeles. En otra instantánea un gran número de participantes
rodea un turismo de color rojo al que, según el Ayuntamiento,
zarandearon impidiendo su marcha.
"Nadie duda de su derecho a salir a la calle pero
han incumplido las condiciones pactadas para la protesta, afectando
a la circulación. Algo que en el caso de los agentes es
injustificable", declaró una portavoz del Ayuntamiento.
(www.elpais.com,
01/07/09)
