ÍNDICE
1. AGUIRRE: "LOS CIUDADANOS ME TIENEN POR UNA
PERSONA HONRADA Y TRABAJADORA"
2. LAMELA: "JAMÁS INSINUÉ QUE HUBIERA EUTANASIA
EN LEGANÉS"
3. EL 'CASO LEGANÉS', PASO A PASO
4. UN NOTARIO FUE ESPIADO TRAS ALERTAR A AGUIRRE
DE UN CASO DE CORRUPCIÓN
5. "INICIAMOS LA INVESTIGACIÓN A LAS OCHO DE LA
MAÑANA..."
6. COMUNIDAD DE MADRID. ESPÍAN A CONCEJALES DEL
PP EN MADRID TRAS DENUNCIAR CASOS DE CORRUPCIÓN
7. TORRELODONES, UN CASO DORMIDO DE PRESUNTA
CORRUPCIÓN.
8. EL EX CONCEJAL ESPIADO A EL PLURAL: "A MÍ ME
HAN INVESTIGADO, ME HAN SACADO FOTOS CON MI HIJA, ESO ES EVIDENTE.
¿TAMBIÉN VA A NEGARLO GRANADOS?"
9. COBO TILDA LOS SEGUIMIENTOS DE "BASURA" MÁS
PROPIA DE "PAÍSES FASCISTAS" QUE DE UN ESTADO DE DERECHO
10. AGUIRRE PARALIZA UNA OBRA QUE IBA A HACER UNA
EMPRESA DEL 'CASO GÜRTEL'
11. LA OPOSICION PIDE A AGUIRRE QUE ENSEÑE LAS
CUENTAS DE FUNDESCAM
12. EL PP IMPIDE EVALUAR LA GESTIÓN PRIVADA DE LA
SANIDAD
13. LA RECETA ELECTRÓNICA ACUMULA DOS AÑOS DE
RETRASO EN MADRID
14. LA SANIDAD DIGITAL NO LLEGA A LA REGIÓN
15. LA ASAMBLEA DE MADRID APRUEBA LA NUEVA LEY DE
CAJAS
16. DE ACUERDO" CON LOS DESEOS DE RAJOY,
GALLARDÓN VOLVERÁ A SER CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE MADRID EN 2011
17. NUEVO EPISODIO POLÉMICO EN EL CANAL DE ISABEL
II
18. EL JUEZ DEL 'CASO GUATEQUE' CENTRA LA
INVESTIGACIÓN EN CUATRO CONCEJALES
19. EN TIEMPOS DE CRISIS, EL AYUNTAMIENTO DE
TORREJON DE ARDOZ SE GASTA 120.000 EUROS EN GRATIFICACIONES
1. AGUIRRE: "LOS CIUDADANOS ME TIENEN POR UNA
PERSONA HONRADA Y TRABAJADORA"
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, consideró este jueves "complicado" decidir si
dimitiría de su cargo si estuviese en el lugar del senador y
tesorero del PP, Luis Bárcenas, supuestamente implicado en la trama
de corrupción del caso Gürtel.
A la pregunta de 'si usted fuera Barcenas
¿dimitiría?', la presidenta se quedó en silencio durante unos
segundos y respondió: "Uy qué complicado, es que yo no puedo
pronunciarme sobre eso".
Tras terminar su balance de los dos años de esta
legislatura, la presidenta aseguró que todos los que supuestamente
están relacioados con la trama 'Gürtel' tienen que saber "de qué se
le acusa a uno".
"También al señor Bárcenas porque a mí me
sorprende profundamente que se le acuse de cohecho cuando cohecho es
un delito para autoridades y funcionarios, y que yo sepa, él nunca
ha sido funcionario ni autoridad", indicó Aguirre, al tiempo que
exigió de nuevo que se levante el secreto de sumario del caso.
En este sentido, destacó que lo puede decir "más
alto pero no más claro", asegurando que si "todo esto" (en
referencia a las investigaciones sobre Bárcenas) va al Tribunal
Supremo "vamos a tener otros dos meses en los que ni siquiera se
considerarán levantar el secreto".
Así, señaló que esta exigencia no la hace "para
defender a nadie", sino que lo que defiende es que hay que presumir
la inocencia de todos "y que en un Estado de Derecho lo primero de
todo, lo que dice la Constitución, es que todos los españoles tienen
que saber de qué se le acusa, y el señor Bárcenas, igual que los
demás".
Preguntada por si teme que los casos de
corrupción y la supuesta trama de espías en la Comunidad de Madrid
haya podido dañar su imagen como presidenta, Aguirre se limitó a
decir: "Creo que la imagen que los ciudadanos tienen de mí es que
soy una persona que me puedo equivocar, como se equivoca todo el
mundo, pero que soy trabajadora y honrada".
(www.publico.es,
18/06/09)
2. LAMELA: "JAMÁS INSINUÉ QUE HUBIERA EUTANASIA
EN LEGANÉS"
El ex consejero de Sanidad de Madrid Manuel
Lamela tiene muchas tablas. Se vio sobradamente cuando en 2005 dio
pábulo a una denuncia anónima sobre cientos de homicidios del
hospital en el Leganés y denunció a los médicos de urgencias del
Severo Ochoa por sedar de forma irregular a enfermos terminales. Y
lo demostró el pasado 9 de junio cuando compareció ante la juez de
Madrid Coro Cillán, imputado por denuncia falsa. Con las piernas
cruzadas y hablando con calma, soltó sin inmutarse: "La consejería
jamás dijo, ni siquiera insinuó algo parecido, a que hubiera
eutanasia en Leganés". Así transcurrió la declaración de Lamela ante
el juzgado, de una hora y 34 minutos.
En su declaración, el ex consejero de Esperanza
Aguirre se escudó, para defender su actuación, en la comisión que
nombró a dedo para investigar las historias clínicas: "La
metodología que siguieron fue la que ellos mismos se autoimpusieron.
Lo hicieron como lo vieron oportuno. La consejería jamás le dijo
cómo tenían que hacerlo. Lo único que se pidió fue un análisis y
unas conclusiones".
Afirmó que los miembros de la comisión eran
"profesionales de prestigio y con una carrera acreditada nacional e
internacionalmente". Este comité conocido como comisión Lamela,
analizó 169 historias clínicas de unos 300 folios cada una en 42
días -en los que mantuvieron su trabajo como médicos- y sin hablar
con los doctores y el resto del personal del Severo Ochoa. En ese
tiempo récord, concluyeron que había 73 muertes en que "la sedación
fue realizada fuera de la lex artis".
El informe fue desmontado por la Audiencia de
Madrid -que archivó la causa y ordenó retirar cualquier mención a la
mala práctica médica- y por la Sociedad Española de Epidemiología.
La comisión Lamela justificó sus conclusiones en que los pacientes
con más dosis de sedantes fallecían antes. Los epidemiólogos
replicaron: "Los pacientes más graves, los que mueren antes, reciben
más dosis de sedantes debido precisamente a la gravedad de su
situación".
Lamela criticó a la Sociedad Española de
Epidemiología. "Me sorprendió, como lego que soy, que los
epidemiólogos se posicionasen sobre los cuidados paliativos",
declaró a preguntas de María Jesús Díaz-Veiga, abogada del ex
coordinador de urgencias de Leganés Luis Montes. Montes es el que ha
presentado, junto a su segundo Miguel Ángel López Varas, la querella
contra Lamela y seis miembros de su comisión.
El ex consejero entró en numerosas
contradicciones al explicar por qué siguió con la investigación a
pesar de que en 2003 la Consejería de Sanidad, entonces dirigida por
el popular José Ignacio Echániz, había recibido una denuncia anónima
similar a la de 2005. La inspección de 2003 concluyó que no había
existido mala praxis. Y Lamela supo de la existencia de esta
investigación el 8 de marzo de 2005. Le informó por escrito su mano
derecha, el viceconsejero Arturo Canalda, quien le dijo que "dicho
informe puede corroborarse con el elaborado por el comité de ética
de Getafe, que tampoco ha encontrado indicios de mala praxis".
Lamela, que insiste una y otra vez a lo largo de
su declaración en que el Leganés había "irregularidades muy graves"
y "sedaciones no ajustadas a lo que es ortodoxo en la práctica",
tiene algunos problemas en justificar por qué hizo caso omiso de la
investigación previa. Reconoce que debido a ese informe de 2003 "no
se investigan los hechos anteriores a esta fecha".
Pero, a pesar de que según las autoridades
sanitarias antes de 2003 no había pasado nada irregular en el
hospital, Lamela dice en un momento de su declaración que la
denuncia anónima de 2005 indicaba que en el Severo Ochoa "se seguía
haciendo lo mismo". Con estas palabras, parece que el consejero pone
en duda las conclusiones de su antecesor en el cargo.
Si él insiste en que había irregularidades
después de 2003 y antes se hacía "lo mismo", también las habría
antes de esa fecha y no fueron detectadas por el anterior consejero.
O bien se seguía haciendo "lo mismo", es decir, nada, y Lamela se
empeñó en seguir adelante con su cruzada.
Lamela criticó que se sedara en urgencias, algo
que consideró irregular. Sobre por qué entonces había en urgencias
dos habitaciones destinadas a la sedación que construyó el PP,
replicó: "Es algo que yo me encuentro cuando llego a la consejería.
Se sedaba en urgencias. Y es una práctica indebida, que lo dicen los
protocolos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos".
Montes y López Varas reclaman un euro de
indemnización con el argumento de que su buen nombre no puede ser
reparado. Aunque es complicado que la querella prospere, los médicos
ya han obtenido una primera satisfacción al ver a Lamela en el
juzgado y a los médicos que ampararon su denuncia, algunos de ellos
tan prestigiosos como Hernán Cortés, oncólogo del 12 de Octubre;
Manuel Gómez Barón, de La Paz; Dolores Crespo, del Ramón y Cajal; o
Francisco López Timoneda, del Clínico San Carlos.
El ex consejero explicó que presentó la denuncia
ante el juzgado en lugar de dejar que la fiscalía continuara su
investigación por la alarma social que generó el caso, para intentar
que el juez decretara el secreto de sumario y el asunto se calmara.
Culpó de la alarma social al ex líder de los socialistas de Madrid
Rafael Simancas: "Lo único que ha hecho la consejería ha sido
paliar, mitigar que eso fuese a más. Evidentemente reconozco que con
absoluto fracaso". Lamela denunció el caso a la fiscalía y cuando
supo que éste estaba a punto de archivarlo, lo llevó al juez para
desactivar la investigación del fiscal.
(www.elpais.com,
18/06/09)
3. EL 'CASO LEGANÉS', PASO A PASO
- 3 de marzo de 2005. Lamela ordena que la
Inspección investigue una denuncia anónima que acusa a los médicos
de Leganés de 400 homicidios con sedaciones terminales a pacientes
no graves.
- 11 de marzo de 2005. Después de estudiar 339
historias médicas, los investigadores encuentran incidencias en 25
casos. Lamela los remite a la Fiscalía y destituye a Luis Montes.
- 13 de abril de 2005. La Fiscalía descarta 12
casos y remite los otros 13 a la Clínica Médico Forense.
- 14 de abril de 2005. Lamela elige un nuevo
grupo de expertos, la comisión Lamela, para que investigue 169
historias clínicas.
- 26 de mayo de 2005. La comisión Lamela dice que
hay 73 casos de mala praxis.
- 24 de junio de 2005. La Clínica Médico Forense
dice que no hay mala praxis.
- 27 de mayo de 2005. Lamela presenta una
denuncia con las conclusiones de su comisión.
- 18 de septiembre de 2006. Los médicos de
Leganés van a declarar.
- 22 de junio de 2007. El caso contra el ex jefe
de urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés Luis Montes se
archiva.
- 17 de abril de 2009. Se admite a trámite la
querella de los médicos contra el ex consejero madrileño de Sanidad
y su comisión.
- 9 de junio de 2009. Manuel Lamela declara como
imputado ante la juez Coro Cillán por el caso de las sedaciones en
el hospital de Leganés: "¿Soy culpable de algo?".
(www.elpais.com,
18/06/09)
4. UN NOTARIO FUE ESPIADO TRAS ALERTAR A AGUIRRE
DE UN CASO DE CORRUPCIÓN
Benito Martín Ortega, notario de Torrelodones,
fue espiado durante el verano de 2006 tras reunirse con la
presidenta regional del PP, Esperanza Aguirre, en la sede de la
calle de Génova para relatarle supuestas irregularidades
urbanísticas. El notario también le expuso a la presidenta regional
sus dudas sobre el destino de las aportaciones que algunos
empresarios entregaban a dirigentes del PP local para financiar el
partido, según avanzó la cadena SER. Según sus sospechas, los
recaudadores se quedaban con este dinero.
El seguimiento a Martín se produjo en la misma
época en la que fueron espiados los ex concejales populares de
Torrelodones Jesús Pacios y Reyes Tintó, que denunciaron ante
Francisco Granados, secretario general del PP madrileño, supuestas
decisiones urbanísticas interesadas del alcalde de Torrelodones,
Carlos Galbeño, y del jefe del PP local, el diputado nacional Mario
Mingo.
Tras el encuentro con Aguirre, Martín Ortega fue
objeto de un espionaje exhaustivo entre el 31 de julio y el 9 de
agosto de 2006. El dispositivo incluía varios turnos de seguimiento
entre las ocho de la mañana y las diez de la noche, según la SER.
Una vez terminada la investigación sobre el notario se elaboró un
dossier con completa información sobre sus cuentas bancarias,
propiedades inmobiliarias, números de teléfono, identificación de
sus familiares y coches. El informe incluye una treintena de
fotografías de los movimientos del notario. "No tenía noticias de
que me hubieran espiado, pero no me extraña. He tenido miedo
físico", asegura Benito Martín, que señala directamente a la cúpula
del PP local y a empresarios afines como los responsables del
espionaje.
El notario de Torrelodones participó en la
comisión de investigación que se creó para aclarar las supuestas
denuncias de corrupción. Entre ellas el intento de recalificar el
Área Homogénea Norte (AHN), una zona protegida de 128 hectáreas
donde el Ayuntamiento pretendía construir 1.500 viviendas, un campo
de golf y un centro de ocio. Otra de las polémicas decisiones fue la
expropiación de un solar para construir un aparcamiento municipal.
El constructor propietario del terreno denunció que el alcalde le
pidió 150.000 euros a cambio de no ejecutar la expropiación. El
notario relató, además, que algunos empresarios habían aportado
dinero al partido para pagar los guardaespaldas de dirigentes
populares en el País Vasco y que nunca había llegado a su destino.
"Vivimos en un estado policial. Aquellos que hemos criticado al
alcalde estamos liquidados", cuenta. Tiene un sentimiento de
impotencia: "Hay una mafia empresarial en Madrid que es capaz de
cualquier cosa para lograr sus intereses. No entiendo cómo todavía
un fiscal no se ha metido en el asunto".
Benito Martín cuenta que estudia llevar el caso a
los tribunales. Su consuelo son las llamadas de políticos del PP
nacional que le han dicho que lo ocurrido es una vergüenza.
(www.elpais.com,
18/06/09)
5. "INICIAMOS LA INVESTIGACIÓN A LAS OCHO DE LA
MAÑANA..."
El informe sobre el notario de Torrelodones
Benito Martín Ortega, elaborado por los espías que le siguieron
entre el 29 de julio y el 9 de agosto, incluye información precisa
sobre sus movimientos, según avanzó la cadena SER.
Entre los detalles que contiene el dossier está
la siguiente transcripción elaborada por los espías:
"Iniciamos la investigación a las 8.00 en las
inmediaciones del domicilio laboral de don Benito Martín Ortega
[...] sito en la notaría Europa, en Torrelodones (Madrid). A las
9.15, el señor Martín Ortega (viste traje de chaqueta oscuro, camisa
blanca y corbata azul a rayas blancas), llega a este lugar
conduciendo un automóvil BMW X3 de color negro y con matrícula
[...]. A las 14.48, sale de su notaría, y una vez acomodado en su
todoterreno BMW X3 con matrícula [...], sale a la autovía A-6 y
circula en dirección Madrid hasta que toma la salida 23, y
continuando por las carreteras M-50 y M-506 llega a Pozuelo de
Alarcón, donde se detiene en la calle Grecia a las 15.07 horas para
efectuar unas compras en un establecimiento llamado pastelería
Mallorca que hay en esta misma calle".
Por su parte, el Partido Popular en el municipio
de Torrelodones publicó un comunicado para precisar que expulsó a
los ediles espiados porque ambos "habían roto la disciplina de voto
del partido en varias ocasiones".
(www.elpais.com,
18/06/09)
6. COMUNIDAD DE MADRID. ESPÍAN A CONCEJALES DEL
PP EN MADRID TRAS DENUNCIAR CASOS DE CORRUPCIÓN
Dos concejales del Partido Popular que
denunciaron casos de corrupción en el ayuntamiento madrileño de
Torrelodones ante el Secretario General del PP en Madrid Francisco
Granados, fueron espiados en el verano de 2006. La Cadena SER ha
tenido acceso a ambos dossieres que incluyen numerosas fotografías
de uno de los concejales con su hija menor, un seguimiento
exhaustivo con turnos de vigilancia en la puerta de su domicilio
durante nueve días o revelaciones de sus entidades bancarias y
movimientos de saldo. Ambos políticos fueron expulsados del PP meses
más tarde.
Los seguimientos comienzan días después de que
les quitaran sus competencias como concejales del PP en el
ayuntamiento madrileño de Torrelodones tras pedir de manera interna
al partido que investigara diversos casos de corrupción en el
municipio. Las supuestas irregularidades implicaban principalmente
al diputado nacional y secretario local del PP Mario Mingo además
del actual alcalde, Carlos Galbeño.
Ninguno de los dos informes contiene grandes
revelaciones, pero sí copiosa información sobre su vida privada o de
sus cuentas bancarias, por ejemplo. El dossier del entonces concejal
de Juventud, Jesús María Pacios incluye numerosas fotografías con su
hija menor en el cine, la calle, o en el parque junto a su pareja.
El concejal tuvo durante al menos 9 días un equipo de vigilancia en
la puerta de su domicilio que le siguió y registró por escrito todos
sus movimientos entre el 1 y el 9 de agosto.
En el caso de la concejala de Cultura y
Educación, Reyes Tintó, no hay seguimientos pero el dossier incluye
un informe del patrimonio de su marido y familiares directos. La
investigación revela hasta tres entidades bancarias, y saldos de los
movimientos de cuenta de la concejal. Con cantidades, número de
cuenta y cifra exacta de sus ahorros.
Otro seguimiento, por el tiempo que le dedican de
menor relevancia, es al que fue sometida Maria Luisa Alcanda, la
esposa del arquitecto municipal.
El fin del encargo, según se lee en el
encabezamiento de los informes, es 'determinar la situación
económica de ambos, sus movimientos, lugares visitados y personas
con las que se relacionaban. Los dossieres se entregaron el 7 de
septiembre. Hasta esa fecha ambos concejales se habían reunido
varias veces con el secretario general del PP en Madrid Francisco
Granados, en Génova y en Presidencia. Semanas después los concejales
fueron expulsados del PP sin que se abriera la investigación por
corrupción que habían solicitado dentro del Partido Popular.
7. TORRELODONES, UN CASO DORMIDO DE PRESUNTA
CORRUPCIÓN.
El verano de 2006 fue una sucesión de noticias en
torno a los dos concejales espiados, que decidieron romper la
disciplina de voto y poner en conocimiento de su partido lo que
consideraban comportamientos ilícitos por parte de algunos
compañeros de corporación. Entonces y ahora, en las entrevistas que
acompañan a esta información, denunciaron acoso y amenazas más o
menos veladas procedentes del entorno del PP. El asunto también se
denunció ante la fiscalía anticorrupción y la propia Esperanza
Aguirre tuvo conocimiento directo del caso.
Ahora la crisis económica ha ralentizado lo que
parece ser el centro de este oscuro caso de espionaje y presunta
corrupción política: la expansión en suelo rústico protegido de esta
localidad de la zona oeste de Madrid, una de las zonas residenciales
más cotizadas entre la salida por la A 6 y el monte de El Pardo. Los
concejales espiados residen todavía en Torrelodones, aunque como
ellos mismos relatan tienen que soportar día a día la marginación de
sus viejos compañeros de partido. Algunos vecinos de la localidad
que se implicaron directamente en la denuncian de lo que
consideraban una destrucción del entorno natural del pueblo tuvieron
que irse, "hartos de amenazas y de agresiones continuas sobre sus
bienes", tal y como recuerdan tres años después. Fuentes consultadas
por la cadena SER sostienen que la vigilancia a quienes denunciaron
las operaciones urbanísticas en Torrelodones no termina en estos dos
ex concejales. Otros personajes de la localidad, claves para que los
planes de expansión urbanística salieran adelante sin problemas,
también tienen sus vidas privadas, sus domicilios, qué hacen sus
hijos o los trabajadores de sus empresas resumidas en un informe de
espías a sueldo.
(www.cadenaser.com,
16/06/09)
8. EL EX CONCEJAL ESPIADO A EL PLURAL: "A MÍ ME
HAN INVESTIGADO, ME HAN SACADO FOTOS CON MI HIJA, ESO ES EVIDENTE.
¿TAMBIÉN VA A NEGARLO GRANADOS?"
"No voy a entrar a formar parte de ningún
‘circo’. Lo que está claro es que a mí me han investigado, que me
han sacado fotos con mi hija, eso es evidente. ¿O también va a negar
Granados que nos han espiado?". Con estas palabras Jesús María
Pacios, ex concejal de Juventud presuntamente espiado y defenestrado
del Ayuntamiento de Torrelodones (PP), ha plantado cara al consejero
de Interior, Francisco Granados, quien esta mañana ha restado
credibilidad al nuevo escándalo de seguimientos en la comunidad,
definiéndolo como un "circo" y una "absoluta broma". Esta semana, la
Cadena SER ha destapado dossiers completos con información privada,
financiera y familiar de Pacios y de la también cesada concejal de
la localidad, Reyes Tintó. Aunque acaban de salir a la luz, estos
partes fueron elaborados durante el verano de 2006 e inmediatamente
después de que los ex ediles se entrevistaran con el mismo Granados,
a quien para trasladaron sus sospechas de que el alcalde Carlos
Galbeño, y el diputado nacional y secretario del PP local, Mario
Mingo Zapatero, estaban involucrados en una operación ilícita de
recalificación de suelo rústico enmarcada en la llamada Área
Homogénea Norte (AHN). Benito Martín, el notario al que acudieron
Pacios y Tintó antes de ver al consejero -quien también denunció los
desmanes del Gobierno local ante Esperanza Aguirre-, también fue
espiado.
"Nosotros hicimos un acta notarial declarando que
íbamos a iniciar una investigación porque teníamos sospechas de
corrupción", explica. Tras esa reunión, el mismo notario Benito
Martín pidió audiencia con Esperanza Aguirre, a quien comunicó sus
sospechas sobre una posible malversación de fondos del Ayuntamiento.
El ex concejal de Juventud y Reyes Tintó, su entonces compañera de
Deporte y Cultura, por su parte, acudieron a Francisco Granados,
secretario general del Partido Popular de Madrid, para comunicarle
un presunto desmán urbanístico en el que estarían implicados el
alcalde Carlos Galbeño y el diputado nacional y secretario local del
PP, Mario Mingo. El encuentro con el número dos del PP madrileña
tuvo lugar el 1 de agosto de 2006. "En las reuniones iniciales,
Granados nos escuchó y nos dijo que le siguiéramos dando pruebas",
recuerda; sin embargo, no hubo ninguna investigación interna.
Los frutos de las citas con el secretario del PP de Madrid llegaron
un mes y medio después, a mediados de septiembre, cuando ambos
concejales fueron expulsados del partido. "Alegaron que habíamos
facilitado documentos confidenciales a la prensa y que estábamos
haciendo declaraciones fuera de la disciplina del partido. Esos
argumentos no eran ciertos. Ni descubrimos documentos que como
concejales debíamos mantener en secreto ni hablamos con la prensa.
Contestamos al pliego (expediente) que nos abrieron para echarnos,
pero no nos hicieron caso ni nos contestaron". Desde entonces,
agrega, "no nos han llamado en ningún momento, ni nosotros a ellos".
Pacios, que desde esa fecha sufre amenazas al igual que Martín,
considera que no tiene motivos para retomar los contactos con el
partido.
Dejando de lado las expulsiones, hay un axioma
que se cumple en el caso de los tres denunciantes: los seguimientos
se iniciaron tras de las denuncias, tuvieron lugar durante las
mismas fechas. Concretamente, tuvieron lugar durante la primera
semana de agosto de 2006 –en el caso de Martín empezaron a finales
de julio-. Y aunque los partes con fotografías, nombres de
familiares (en ambos casos aparecen menores) e información
financiera destapados esta semana por la Ser hacen pensar que la
cosa es seria, el consejero Granados ha restado importancia al
asunto, definiéndolo como un "circo" e instando a los espiados a
acudir a los tribunales si pueden demostrar sus palabras.
"No voy a entrar a formar parte de ningún
‘circo’. Lo que está claro es que a mí me han investigado, que me
han sacado fotos con mi hija, eso es evidente. ¿O también va a negar
Granados que nos han espiado?", contraataca el ex concejal quien,
sin embargo, no ignora que el consejero de Interior seguirá "con el
argumento que está dando". Pacios rehusa, no obstante, apuntar a
nadie. "Nosotros tenemos nuestra opinión muy clara, pero hasta que
no la pueda demostrar no lo haré. Poca gente está dispuesta a hacer
y a pagar seguimientos de este tipo".
También evita confirmar las palabras del notario,
quien apuntó al alcalde Galbeño y al diputado Mingo Zapatero como
responsables al menos de las amenazas. "No quiero acusar a nadie, yo
tengo mi opinión, me parece muy respetable la de quienes se han
pronunciado, pero yo lo que quiero es investigarlo y llegar hasta el
final", se desmarca. En cuanto a las medidas que piensan tomar él y
Tintó, Pacios explica que están "estudiándolo con nuestros abogados
para personarnos con los que ya han presentado denuncias por
espionaje (el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, el ex consejero de
Justicia, Alfredo Prada, y el vicepresidente, Ignacio González) o
para presentar una nueva. En cualquier caso, queremos ponerlo en
manos de la Justicia".
Después de que se hicieran públicos los dossieres
de los ex concejales y del notario, miembros de la Ejecutiva del
Partido Socialista de Torrelodones han declarado "que fueron
espiados también", según asegura el portavoz del grupo, Juan D.
Bidart, quien sitúa como detonante de los seguimientos las críticas
al proyecto de reclasificación del Área Homogénea Norte (AHN), una
operación urbanística que incluiría 1.500 viviendas, zona
empresarial y un campo de golf. Pacios ni confirma ni desmiente el
extremo. Se limite a admitir que fue "uno de los temas que se puso
sobre la mesa" a Granados, evitando establecer una relación causal
entre ambos derroteros.
Finalmente, Pacios hace una reflexión en voz
alta: "Parece un poco el mundo al revés. Que denunciemos unas
irregularidades, que no se estudien o no se analicen, y que lo que
hagan es expulsaron y espiarnos… ¿Qué justificación hay para
hacerlo?", y añade que sólo quiere saber "quién y por qué" le
siguió.
(www.elplural.es,
19/06/09)
9. COBO TILDA LOS SEGUIMIENTOS DE "BASURA" MÁS
PROPIA DE "PAÍSES FASCISTAS" QUE DE UN ESTADO DE DERECHO
Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y una de las
víctimas de los presuntos espionajes a altos cargos del PP regional,
se ha referido a estos seguimientos como una "auténtica basura".
Aunque en ningún momento ha hablado de la posible responsabilidad de
la Comunidad de Madrid en todo esto, sí podía hun mensaje muy claro
a Aguirre: estos casos son más propios de "países totalitarios,
fascistas o comunistas" que de un Estado de Derecho. . Cobo, que
también ha tachado de "muy graves" los dossiers sobre dos ex
concejales del PP de Torrelodones que han salido a la luz esta
semana, tampoco ha querido opinar sobre si el escándalo pasará
factura al PPM. "No voy a entrar en valoraciones, cada uno puede
hacer la reflexión que quiera" respondió, ante la insistencia de los
periodistas sobre este punto.
El 9 de febrero de 2009 Francisco Mercado, el
periodista de El País que destapó el escándalo de los espías en la
comunidad, desvelaba que los seguimientos a dos de los más
destacados rivales políticos de Aguirre, el mismo Cobo y su
defenestrado consejero de Justicia Alfredo Prada, se hicieron desde
la Consejería de Interior del Gobierno de Esperanza Aguirre.
Concretamente, apuntaba a personal de la Dirección General de
Seguridad dependiente de la Consejería de Interior capitaneada por
Francisco Granados.
Aguirre y Granados son número uno y número dos del PPM. Sin embargo,
Cobo no ha querido instarles a "mover ficha", según se le preguntó.
Igualmente, ha rehusado valorar las posibles repercusiones del
escándalo, atajado de malos modos en la comisión de investigación en
la Asamblea Regional que se cerró prematuramente, en el partido. De
momento, el vicealcalde de Madrid no parece dispuesto a más que a
condenar el caso, eso sí, de forma prolífica.
"Me parece de auténtica basura, de asco, que
cualquier persona pueda ser seguida, fotografiada, que se anote cuál
es su actividad diaria. En su momento dije que este tipo de
actuaciones en un Estado de Derecho sólo se pueden realizar cuando
la autoridad judicial, a través de la policía y de los medios que
tiene, la ordenar para resolver o prevenir determinados delitos.
Fuera de ese ámbito, me parece una actuación que tiene mucho más que
ver con países totalitarios, fascistas, comunistas...", ha declarado
en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.
Cobo también ha valorado las últimas
informaciones sobre seguimientos a Jesús María Pacios y Reyes Tintó,
ex concejales de Juventud y Cultura de Torrelodones que esta semana
han descubierto sendos dossiers sobre sus actividades elaborados,
casualmente, en el verano de 2006, inmediatamente después de
denunciar ante Granados presuntos delitos de corrupción en el
municipio. Para el número dos del Ayuntamiento, es "muy grave" que
se den "datos de su actividad personal" y también que "aparezcan
menores de edad" –hay fotos e información de los hijos de los
espiados-.
"No sé quién ha realizado estos seguimientos, ni
los del vicepresidente (regional, Ignacio González), ni los del ex
consejero Prada ni los míos. Pero no entiendo que cualquier
seguimiento a cualquier persona, sea político, periodista, médico,
notario..., se pueda realizar sin las condiciones y circunstancias
referidas. En los casos anteriores, tanto Ignacio González como
Prada y yo hemos ido a los tribunales de Justicia, sabiendo que es
ahí donde se puede dirimir, si es posible probarlo, quién ha sido el
responsable, por qué, para qué y para quién se hacían los
seguimientos" ha insistido el vicealcalde, repitiendo las incógnitas
que desde el primer día desea responder.
Esperanza Aguirre, entretanto, ha aprovechado las
declaraciones del último espiado, el notario de Torrelodones, para
librarse a sí misma de culpas. Preguntada al respecto por la cadena
Ser, que ha destapado los tres casos de esta localidad madrileña, ha
declarado: "Yo escuché al notario de Torrelodones en su emisora
exculparme a mí y excluirme de todo lo que le ha ocurrido. Por lo
tanto, no tengo nada que decir".
Finalmente, esta misma mañana el PSOE de la
Asamblea ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional para que se reabra la Comisión de Investigación de
espionaje a la que el PP dio carpetazo. Tal como ha explicado la
portavoz socialista Maru Menéndez, en dicha comisión se "vulneraron
los derechos fundamentales" de los diputados socialistas que la
integraban. Menéndez está dispuesta a utilizar "todas las vías del
Estado de Derecho hasta conseguir la reapertura de la Comisión e
identificar las responsabilidades políticas y, si las hubiere, las
responsabilidades jurídicas de aquellos que promueven, amparan o
incluso sufragan los procedimientos de espionaje en esta Comunidad".
El portavoz adjunto del PP en la Asamblea, Pedro Muñoz, ha replicado
que el PSOE "es muy libre de hacer el ridículo planteando las
iniciativas jurídicas que considere oportunas".
(www.elplural.com,
18/06/09)
10. AGUIRRE PARALIZA UNA OBRA QUE IBA A HACER UNA
EMPRESA DEL 'CASO GÜRTEL'
La duplicación de la carretera M-509 entre la
M-50 y Villanueva del Pardillo, una obra demandada por los vecinos
de la zona desde hace un lustro, sufre ahora un nuevo retraso. La
Consejería de Transportes e Infraestructuras ha renunciado al
contrato de obras, justo antes de la adjudicación provisional y una
vez decidida la concesionaria, según el documento enviado el pasado
14 de mayo a las empresas que acudieron al concurso.
La oferta más "ventajosa", según el documento,
era la de la UTE formada por Acciona y Constructora Hispánica, una
empresa vinculada con el caso Gürtel. Según el Registro Mercantil,
su presidente es Alfonso García Pozuelo, uno de los empresarios
imputados junto a Francisco Correa en la trama. El juez le adjudica
seis delitos: cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal,
asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad.
Sin embargo, la consejería alega razones técnicas
para la renuncia al contrato con Constructora Hispánica, según
figura en el documento. El diputado socialista Modesto Nolla, que
preguntará al consejero de Transportes por este contrato en el pleno
de mañana en la Asamblea de Madrid, encuentra motivos políticos.
"Están utilizando argumentos técnicos que no son más que pretextos
para anular la convocatoria", afirma Nolla. "Al hacerse pública la
relación de esta empresa con el caso Gürtel y con el PP, en la
consejería han tenido miedo de ser pillados con las manos en la
masa".
Un portavoz de Transportes negó la vinculación
del abandono del contrato con el caso Gürtel: "No tiene nada que
ver". Agregó que el proyecto sigue adelante y que no se ha
paralizado el expediente de expropiación de suelo. "La obra estará
finalizada antes del final de la legislatura, cuando estaba
previsto", aseguró. También explicó que existe un informe de la
Dirección General de Carreteras que detectó un "problema de
movilidad" en una rotonda, que impedía que el desdoblamiento de la
M-509 absorbiera el tráfico en el enlace con la M-50. Preguntado por
la razón de que no se hubieran solucionado las dificultades técnicas
con una ampliación del contrato de obras -lo que se denomina un
"modificado", que permite subsanar errores-, el mismo portavoz
argumentó que así se permite "al resto de empresas presentar un
proyecto nuevo".
El problema es que abrir un nuevo concurso supone
que la Comunidad de Madrid tendrá que indemnizar a las 21 empresas
que se presentaron al concurso. El portavoz de la consejería lo
negó, pero así consta en el documento remitido a las compañías:
"Este órgano de contratación resuelve: (...) Compensar a los
licitadores por los gastos en que hubieran incurrido en la forma
prevista en el pliego de cláusulas administrativas que rige el
procedimiento". Nolla calcula que cada empresa habrá gastado entre
3.000 y 6.000 euros. Supone que, como mínimo, la consejería tendrá
que desembolsar 63.000 euros por renunciar al contrato, y
Constructora Hispánica recibirá su parte. "Al final los perjudicados
son los vecinos, que van a tener que sufrir algún tiempo más los
atascos", zanjó el diputado.
Constructora Hispánica tiene además otra
vinculación con la consejería, según denuncia Nolla. El empresario
que la preside, Alfonso García Pozuelo, es el suegro de un antiguo
técnico de la Dirección General de Carreteras, José Antonio Plaza
Rivero. Éste es vocal vecino del PP en el distrito de Salamanca y
fue candidato en las pasadas elecciones municipales en la lista
popular (en puesto de suplencia) en la lista de Serranillos del
Valle.
Plaza Rivero llegó a la jefatura del área de
Construcción de Carreteras en septiembre, junto al nuevo director
general de Carreteras, Borja Carabantes. Ejerció el puesto con un
nombramiento provisional, hasta que el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid publicó que el puesto era suyo el pasado 10 de
junio.
(www.elpais.com,
18/06/09)
11. LA OPOSICION PIDE A AGUIRRE QUE ENSEÑE LAS
CUENTAS DE FUNDESCAM
Ni PSOE ni Izquierda Unida van a dejar pasar de
largo el caso Fundescam, que toca de lleno la financiación de la
campaña electoral del PP de Madrid de 2003 –la del tamayazo– y la
donación de más de 800.000 euros al partido por parte de los grandes
empresarios de la Comunidad, encabezados por el actual presidente de
la patronal, Gerardo Díaz Ferrán. Ambos partidos pidieron a Aguirre
que enseñe las cuentas de la fundación.
El secretario general de los socialistas
madrileños, Tomás Gómez, afirmó que "algo huele muy mal" en el PP.
Lo decía después de que se supiera que el Registro de Fundaciones
negó a Público las cuentas de Fundescam, fundación de la que
Esperanza Aguirre es presidenta y que ha financiado numerosos actos
del PP madrileño. Para José Antonio García Rubio, secretario federal
de Economía y Empleo de IU, lo que está cada vez más claro es que la
presidenta "no cumple con la ley".
El registro depende de la Consejería de
Presidencia, cuyo titular es Francisco Granados, a su vez
vicepresidente de Fundescam. El 8 de junio, el subdirector general
de Política Interior, Antonio Piñol, arguyó ante este periódico que
a partir de ahora se aplicará "un nuevo criterio", de forma que no
se podrá acceder a la copia de balances o memorias de la fundación
del PP desde 2003, el último año en el que se depositaron las
cuentas. El "nuevo criterio" contravendría la ley estatal y la
autonómica, pues ambas permiten el libre acceso a los ficheros
archivados en los registros de fundaciones.
Así, será imposible conocer si se computaron las
donaciones de los empresarios que luego recibieron adjudicaciones de
la Comunidad por valor de más de 300 millones de euros. O cómo se
anotaron las deudas que el PP madrileño contrajo con Special Events,
compañía clave en la red
de Francisco Correa, presunto cerebro de la trama Gürtel.
Para Gómez, Fundescam es el "gran caso de
financiación de Aguirre y del PP de Madrid". El ex alcalde de Parla
recordó que el PSM ya ha hecho los deberes para exigir
responsabilidades al Gobierno regional. "Este caso nos llevó a ir a
los juzgados, a la Junta Electoral, al Tribunal de Cuentas, a la
Fiscalía Anticorrupción y a la delegación de Hacienda", citó. A su
juicio, el PP podría haber incurrido en cuatro delitos:
falsificación de documento público, delito fiscal, delito electoral
y cohecho –por el presunto trato de favor a empresas "que han
financiado a Aguirre y sus campañas", indicó–. "Lo que la presidenta
no quiera explicar ni en sede parlamentaria ni ante los ciudadanos,
lo va a explicar en los juzgados", avisó Gómez.
(www.publico.es,
18/06/09)
12. EL PP IMPIDE EVALUAR LA GESTIÓN PRIVADA DE LA
SANIDAD
Cinco meses y casi 40 sesiones, algunas de mañana
y tarde, en las que comparecieron 73 expertos en sanidad. Ha sido la
comisión monográfica más larga y con más intervenciones desde que
Esperanza Aguirre manda en la Asamblea de Madrid (2003). Fue sobre
la sanidad. Los expertos que han participado coinciden en que
todavía no se ha evaluado si la gestión privada reporta algún
beneficio.
La comisión sobre la sanidad empezó en noviembre,
después de que el líder de los socialistas, Tomás Gómez, mostrase su
preocupación por "el deterioro que atraviesa la sanidad madrileña".
Una vez finalizado el desfile de expertos, cuatro comunidades,
Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña, se han
interesado por sus conclusiones: una férrea defensa de la
colaboración entre el sector público y privado. El diputado Lucas
Fernández, responsable de Sanidad del grupo socialista, asegura que
estas autonomías han seguido "la evolución" de la comisión y ahora
han reclamado "las resoluciones y el voto particular" de su grupo.
La razón es que se trata del estudio más amplio sobre gestión
sanitaria elaborado en España.
El consejero de Sanidad, Juan José Güemes,
propuso enviar todo el material a la comisión del Pacto por la
Sanidad del Congreso de los Diputados. Por la Asamblea pasaron
académicos, gestores de la sanidad pública y privada... Mucho
trabajo, pero poco visible. Se finiquitó con unas conclusiones de
dos páginas y media -las del PP, que hizo valer su mayoría- y un
mini debate de una hora escasa, en el último pleno.
Los populares eliminaron de las conclusiones una
propuesta que habían planteado ellos mismos: crear una comisión
permanente para evaluar la calidad en todos los hospitales.
Funcionaría como un observatorio, en el que comparecerían los
responsables de los centros sanitarios. Varios expertos aportan su
opinión al debate sobre si es beneficiosa la gestión privada de la
sanidad:
- Guillermo Sierra, ex presidente de la
Organización Médica Colegial. "Desconozco las razones científicas
que avalan la eficiencia de esta forma de gestión [privada] frente a
los de gestión directa pública. Si existieran y se pudiera demostrar
su eficiencia, las aceptaríamos todos. Dudo de que sean mejores. No
tengo evidencia de que hayan reducido la burocracia ni hayan
aumentado la productividad, ni la eficiencia, ni la calidad".
- Juan José Cañas, ex director de gestión del
Severo Ochoa. "Los nuevos modelos no están suficientemente
evaluados". "En la pequeña experiencia que ha habido, en Alzira,
hubo problemas y tuvo que acudir el sector público a rescatar la
concesión, a revisar los precios y a entregar también la atención
primaria. No quiero ni pensar si hay un fracaso de siete hospitales.
La Administración tendría que ir a recuperar y a salvar un modelo
que no está testado".
- Guillem López Casasnovas, Catedrático de
Economía de la Universidad Pompeu Fabra. "Estaría bien que hubiera
un mayor control. Esto lo hemos hecho en época de vacas gordas,
cuando todo iba bien, y puede que en vacas flacas se produzca cierta
simetría. No hay garantías cuando se entra en este tipo de
licitaciones como para asegurar que las cláusulas de la concesión no
van a tener revisiones en el futuro".- Javier Murillo. Consejero
delegado de Adeslas. "No se sabe muy bien cuáles son las iniciativas
que verdaderamente funcionan y cuáles no; muchas de ellas no se han
evaluado con suficiente profundidad y hay mucha confusión entre lo
que puede o no puede servir. Yo creo que sería muy bueno contar con
un observatorio independiente".
- Mark Britnell, director general del Sistema
Nacional de Salud británico. "Nosotros lo que pretendemos es
estimular la oferta; es decir, estimular a los prestadores de
servicios, obligándoles a ser más competitivos, lograr que a quienes
les compramos los servicios sean más eficientes, y poder ofrecer,
además, la libertad de elegir a la población británica, que es lo
que ellos quieren".
- José Ramón Repullo, jefe del Departamento de
Planificación de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto Carlos
III. "La quiebra de una entidad privada que administra un servicio
público en régimen de monopolio territorial supone un riesgo
político inasumible, como se demuestra en las tres crisis de la
Fundación Jiménez Díaz desde 1983, que llevó al rápido rescate con
dinero público. Jugar esta baza es muy arriesgado, y el riesgo crece
exponencialmente cuando la población externalizada de la asistencia
pública rebasa un dintel razonable".
- Enrique Moreno, presidente del Consejo Superior
de Sanidad de la Comunidad de Madrid. "Valoramos positivamente la
aplicación de nuevas fórmulas de gestión a la sanidad, cuyo
exponente más claro es la puesta en funcionamiento de ocho
hospitales nuevos en la Comunidad de Madrid, y apoyamos el
fortalecimiento de los grandes hospitales de referencia como centros
destinados a procesos e intervenciones de gran complejidad y
destinados a la excelencia investigadora en el campo científico
médico y docente".
(www.elpais.com,
15/06/09)
13. LA RECETA ELECTRÓNICA ACUMULA DOS AÑOS DE
RETRASO EN MADRID
Los avatares de la receta electrónica en Madrid
parecen el cuento de nunca acabar. Siempre está a punto de
estrenarse, pero nunca llega. Era inminente en 2007, cuando el
anterior consejero de Sanidad, Manuel Lamela, presentó el proyecto
de prueba piloto a un mes de las elecciones autonómicas. Dijo
entonces que "tras la evaluación de los resultados del proyecto
piloto y el ajuste de las aplicaciones" llegaría "la implantación
progresiva de la receta electrónica en toda la región a lo largo del
año 2007". Acabó aquel año y no había receta. Tampoco la hubo en
2008 ni en lo que va de 2009. O sea, dos años de retraso.
La e-receta, que ahorrará burocracia y visitas al
médico de cabecera, volvió a la agenda de la Consejería de Sanidad
el pasado 24 de abril. El actual consejero, Juan José Güemes,
anunció durante el congreso de la sociedad médica Somamfyc que
empezaría a funcionar el 4 de mayo, en el centro de salud de San
Martín de la Vega, y "con el objetivo de que esté totalmente
implantada en un año". Una vez más, la promesa quedó en nada. Las
farmacias de San Martín aún piden la receta en papel.
En España se prescriben unos 800 millones de
recetas al año, según datos de la Organización Médica Colegial, lo
que significa que cada médico firma 30.000. Y de ésas, hasta 25.000
son de continuidad, para pacientes crónicos. Un facultativo puede
perder en hacer "albaranes", como las llaman los médicos, hasta el
30% de su tiempo de consulta. La receta electrónica permite ir a una
farmacia y comprar medicamentos únicamente con la tarjeta sanitaria.
El talonario desaparece, con lo que gana tiempo tanto el facultativo
como el paciente, sobre todo si es enfermo crónico.
¿Cómo funciona? Usted va al médico, que prescribe
una medicación y la registra en el ordenador, en su historia
clínica. Allí consta el fármaco y el tiempo durante el que debe
tomarlo (una semana, tres meses...), lo que le evita volver a pasar
por consulta cuando se le acabe la caja. En la farmacia, sólo tiene
que presentar su tarjeta. Otro ordenador, con un programa
específico, conecta con la base de datos, donde aparece la
prescripción. El farmacéutico le da la medicación sin necesidad de
papeles.
La única experiencia hasta la fecha data de 2007,
en el centro de salud Parque Coimbra, en Móstoles. Sanidad reconoció
entonces que había fallos, y el director general de Farmacia aseguró
que se solventarían antes de enero de 2008. Hasta hoy. Con más de un
mes de retraso, un nuevo proyecto piloto está a punto de echar a
andar en San Martín de la Vega. La última previsión de Sanidad
auguraba un "despliegue masivo a partir del verano", según la
viceconsejera Ana Sánchez. "Hasta el 30 de junio, 20 centros de
salud con sus áreas de influencia" y "en un año, todo Madrid" tendrá
receta electrónica, añadió. "Se ha retrasado bastante porque las
pruebas no salían a la completa satisfacción de los usuarios". Una
excusa entendible, si no fuera porque las pruebas llevan paradas un
año.
(www.elpais.com,
15/06/09)
14. LA SANIDAD DIGITAL NO LLEGA A LA REGIÓN
Cada autonomía es un mundo. Y más si se comparan
en la implantación de la llamada "sanidad electrónica": cita por
Internet, historia clínica informatizada, receta electrónica...
Madrid no destaca en esta última aplicación,
según recoge el último informe al respecto publicado por el
Ministerio de Sanidad. Las TIC en el Sistema Nacional de Salud,
presentado en febrero, destaca que Andalucía es la que lleva la
delantera. El Servicio Balear de Salud, también saca buena nota.
El texto habla de otras regiones que "trabajan en
el despliegue de la solución en sus respectivos centros sanitarios y
farmacias" y que son "la Comunidad Valenciana, Cataluña, País Vasco,
Extremadura, Canarias y Galicia". En otro grupo están Aragón y
Castilla-La Mancha, que "cuentan con proyectos piloto operativos". Y
Madrid "se encuentra en fase de mejora tras su piloto". Por detrás,
quedan Navarra, Cantabria, Murcia, Ceuta y Melilla
(www.elpais.com,
15/06/09)
15. LA ASAMBLEA DE MADRID APRUEBA LA NUEVA LEY DE
CAJAS
El pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado
esta noche la reforma de la Ley autonómica de Cajas de Ahorros, con
76 votos a favor (PP e IU) y 39 en contra (PSOE), tras un debate en
el que el diputado socialista Adolfo Piñedo ha exigido que "cese la
injerencia política en Caja Madrid". La reforma aprobada hoy deroga
la que hizo el Parlamento regional el pasado diciembre y adapta la
legislación madrileña a la norma nacional de cajas atendiendo las
razones del recurso de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno
de España a algunos artículos modificados en diciembre.
En el debate, el consejero de Economía y
Hacienda, Antonio Beteta, ha defendido que la nueva ley "garantiza
la seguridad jurídica y la apertura del proceso electoral que tiene
que llevarse a cabo en otoño" en Caja Madrid. También ha criticado
la "arbitrariedad del Gobierno de la nación a la hora de utilizar
los recursos de inconstitucionalidad" y ha expresado el "máximo
interés" del Ejecutivo regional por que "todos" y "muy
especialmente" el PSOE se sumen al "acuerdo de estabilidad"
alcanzado en la entidad.
El socialista Adolfo Piñedo le ha replicado que
"no es de recibo ir a un reparto de cargos en Caja Madrid sin otra
sustancia que asegurar a Esperanza Aguirre que sea la que controle
la Caja". "El ansia de Esperanza Aguirre por controlar Caja Madrid
no es la solución al problema de la entidad, es un problema añadido,
por eso esperamos que Rajoy ponga orden en este 'carajal'", ha
aseverado Piñedo.
El diputado del PP Pedro Muñoz ha hecho hincapié
en la falta de "coherencia" de los socialistas madrileños, por
criticar aspectos de Caja Madrid similares a los de las cajas de las
comunidades donde gobierna el PSOE, y ha afirmado que "el discurso
de la pelea del PP en Caja Madrid y del PP está solo ya no existe".
"Quienes están solos y crispados son ustedes.
Nosotros hemos firmado un acuerdo con más de diez instituciones en
Caja Madrid y cuando ustedes se enteraron parece que les dio un
ataque de cuernos", les ha espetado a los parlamentarios del PSOE.
El representante de IU, Miguel Reneses, se ha
mostrado convencido de que con esta ley y con el acuerdo de
estabilidad impulsado en Caja Madrid por el PP, IU y Comfia-CCOO "se
puede recuperar lo desandado, hacer posible la normalización de la
Caja, mejorar su funcionamiento y evitar veleidades privatizadoras".
El PP -con mayoría absoluta en la Cámara- ha
incorporado a la ley cuatro enmiendas de IU y ha rechazado las nueve
propuestas por el PSOE. Las enmiendas de IU suponen que los miembros
de la Comisión de Control de Caja Madrid que quieran solicitar un
crédito a la entidad tendrán que pedir autorización a la Comunidad
madrileña y que los consejeros generales tendrán copia del acta de
los acuerdos que se adopten en la Asamblea.
También, que los consejeros generales
correspondientes a cada entidad representativa serán elegidos por
estas entidades "de entre personas de reconocido prestigio o
experiencia en las materias relacionadas con la actividad de la
Caja".
La Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid
mantiene algunas de las novedades introducidas en la reforma de
diciembre, que afectan a la composición de los órganos de dirección
de Caja Madrid y que, según el PSOE, permiten que la presidenta
regional, Esperanza Aguirre, "tenga más poder" en la entidad.
Entre ellas, Piñedo ha destacado la potestad que
reserva al consejero Beteta de elegir al 51% de los consejeros
generales que representan a las entidades sociales.
(www.publico.es,
19/06/09)
16. DE ACUERDO" CON LOS DESEOS DE RAJOY,
GALLARDÓN VOLVERÁ A SER CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE MADRID EN 2011
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón,
anunció esta mañana que volverá a ser el candidato del PP para la
alcaldía de Madrid en las próximas elecciones municipales de 2011.
Aunque el dirigente había dicho que solo estaría al frente del
Ayuntamiento durante dos legislaturas, volverá a intentarlo por
tercera ocasión porque, según dijo, así se lo ha pedido el líder del
PP, Mariano Rajoy.
Muchas voces ya lo venían diciendo y Alberto Ruiz
Gallardón lo ha confirmado esta mañana durante el debate del estado
de la ciudad: volverá a ser el candidato de los populares para
gobernar Madrid en las próximas autonómicas y municipales de 2011.
"De acuerdo con el presidente de mi partido, volveré a ser candidato
en el año 2011 y si los madrileños quieren, porque de ellos depende,
seré el alcalde de Madrid".
Mariano Rajoy ya había ido mostrando su interés en que Gallardón
repitiese en este cargo. De hecho, había anunciado que en septiembre
se reuniría con los presidentes regionales y provinciales del
partido para ir preparando los comicios de 2011 y poder cerrar en
otoño el nombre de todos los candidatos. En las mismas fechas, el 2
de octubre, se anunciará si Madrid se convierte o no en sede de los
Juegos Olímpicos en 2016, una de las grandes apuestas de Gallardón,
y la fecha que el dirigente ponía como límite para hablar de su
futuro político.
Aunque se ha hablado mucho de sus ambiciones por
presidir el partido y convertirse en el sucesor de Rajoy, la
victoria del PP en las elecciones europeas del pasado 7 de junio
había desinflado esta opción y numerosas voces aseguraban que
Gallardón no podría contradecir los deseos de Rajoy de colocarle de
nuevo al frente de los populares en la capital, como así ha sido.
(`www.elplural.com, 19/06/09)
17. NUEVO EPISODIO POLÉMICO EN EL CANAL DE ISABEL
II
El Canal de Isabel II de Madrid sigue dando de
hablar. Su gestión, con el hombre fuerte de Esperanza Aguirre,
Ignacio González, al frente es continuamente criticada. Esta vez la
polémica ha surgido con la contratación del servicio de atención al
cliente, que primero se dio a la compañía Atento, de Telefónica, y
luego ha sido cancelada sin explicaciones. En el fondo puede latir,
una vez más, la eterna guerra entre Aguirre y Gallardón. El Canal de
Isabel II planea colocar a los trabajadores del servicio de atención
al cliente en el mismo edificio que la sociedad pública tiene en la
calle José Abascal de la capital.
De esta manera, los empleados de este servicio
externo trabajaran en el mismo lugar que los trabajadores del canal,
con las dificultades que puede entrañar por las diferentes
situaciones laborales entre unos y otros.
El Canal de Isabel II concedió el contrato en
primera instancia a Atento, lo que provocó las quejas de las otras
compañías que optaban al concurso. Sin embargo, la Comunidad canceló
la adjudicación sin ninguna explicación. La razón puede estar en la
guerra continua entre Gallardón y Aguirre, ya que fueron sólo los
miembros del Ayuntamiento del Consejo de Administración del Canal de
Isabel II los que se opusieron.
Para más inri, las maniobras de la empresa en
este campo conllevarán que el número de atención al cliente pase de
ser un 900 (gratuito) a un 902 (con coste para el ciudadano).
(www.elplural.com,
18/06/09)
18. EL JUEZ DEL 'CASO GUATEQUE' CENTRA LA
INVESTIGACIÓN EN CUATRO CONCEJALES
El caso Guateque salpica ya a parte de la cúpula
del Ayuntamiento. Santiago Torres, el juez que investiga la mayor
trama de corrupción descubierta en Madrid relacionada con la
concesión de licencias a locales, fija su investigación ahora sobre
16 cargos de confianza municipales, incluidos cuatro concejales del
equipo de Alberto Ruiz-Gallardón (PP). Se trata de Luis Asúa, edil
responsable del distrito de Retiro; Luis Miguel Boto, de Chamartín;
Dolores Navarro, responsable de Arganzuela, y Elena Sánchez, de
Hortaleza. Tres de ellos estaban en otros distritos en el mandato
anterior, periodo sobre el que pide información el titular del
Juzgado de Instrucción 32 al Ayuntamiento de Madrid.
Los cargos que ostentaban entonces todos ellos
(salvo Boto, los demás han cambiado de destino) están en una
gigantesca base de datos en poder del magistrado: la de la
Concejalía de Medio Ambiente, departamento del que partieron las
irregularidades de este caso, iniciado hace dos años. En total, 10
ediles y nueve cargos de confianza, según esa documentación,
ordenaron agilizar las licencias, a tenor de las anotaciones hechas
en los expedientes por los funcionarios.
Torres pide información sobre quiénes, en
determinadas fechas entre 2005 y 2007, ocupaban el puesto de
concejal u otro alto cargo. Al menos tres de estas fechas, citadas
en la providencia del juez, del 10 de junio, coinciden con las
anotadas en los expedientes. Es el caso, por ejemplo, de Elena
Sánchez, entonces edil de Ciudad Lineal, que pidió agilizar una
licencia para una cafetería de Arturo Soria. Los funcionarios lo
anotaron el 9 de enero de 2006: "Prioridad concejal de Ciudad
Lineal".
Las coincidencias en las fechas siguen en el caso
de las gestiones de Luis Asúa, entonces en el distrito de Centro,
para dos locales en la calle de la Cruz y en la de Salitre, y las de
Dolores Navarro (Tetuán) para un restaurante en Capitán Haya. Cuando
el contenido de estos expedientes fueron publicados por EL PAÍS hace
año y medio, los ediles alegaron que tramitaron su agilización por
las quejas recibidas de los dueños de los locales por el atasco de
las licencias.
El magistrado solicita también datos de quiénes
eran en esas fechas (entre 2005 y 2007) los gerentes (la mano
derecha de los concejales) y otros altos cargos de siete de los 21
distritos: Hortaleza, Chamartín, Latina, Retiro, Barajas,
Carabanchel y Salamanca. Según la providencia del juez, el origen de
esta petición es la declaración de una funcionaria imputada, Esther
del Olmo Rodríguez, del Departamento de Evaluación Ambiental de la
Concejalía de Medio Ambiente. Dos de los principales cabecillas de
la trama, Victoriano Ceballos y Joaquín Fernández de Castro -ambos
imputados-, eran los responsables.El testimonio de la imputada Del
Olmo, según un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
"ha resultado crucial". Y eso significa, según la misma fuente, que
el siguiente paso será llamar a declarar en calidad de testigos o
imputados a algunos de estos cargos de confianza del equipo de
gobierno del PP en el Ayuntamiento de Madrid,
"Yo he llamado muchas más veces de lo que aparece
en la base de datos", aseguraba uno de los altos cargos sobre quien
reclama información el juez; "era todo un desastre y me interesaba
por algunos expedientes. Es una cosa normal porque era un caos".
Considera que la declaración de Del Olmo es una maniobra
exculpatoria de los principales imputados en el caso Guateque,
Joaquín Fernández de Castro y Victoriano Ceballos, compañeros de Del
Olmo.
Asimismo, el juez pide las declaraciones a
Hacienda entre 2003 y 2006 del ex consejero de Deportes de la
Comunidad de Madrid y ex concejal Alberto López-Viejo, destituido en
febrero por estar implicado en el caso Correa de corrupción
vinculada al PP. Su esposa, Teresa Gabarra, obtuvo para un
restaurante suyo una licencia en un tiempo récord, 20 días, tal y
como declararon dos inspectores municipales ante el juez. Un
portavoz del TSJM señaló que esta reclamación obedecería a intentar
conocer los bienes de la mujer de López-Viejo. El juez Torres ya se
interesó por el patrimonio de López-Viejo el 27 de marzo. Reclamó
las declaraciones del Registro de Actividades de Altos Cargos de la
Comunidad y el de Bienes y Derechos Patrimoniales de Altos Cargos
del Gobierno regional. El magistrado pedía también al Registro Civil
el régimen económico del matrimonio.
(www.elpais.es,
19/06/09)
LOS INVESTIGADOS
- Luis Asúa, ex concejal de Centro.
- Dolores Navarro, ex concejal del
distrito de Tetuán.
- Luis Miguel Boto, concejal de Chamartín.
- Sánchez Gallar, ex concejal de Ciudad
Lineal.
- Jorge Rodrigo, ex gerente de la Junta
de Hortaleza.
- Fernández Sánchez, ex gerente en
Salamanca.
- Ángel R. Herraiz, gerente de la Junta
de Chamartín en 2005.
- Sonsoles Medina, gerente de la Junta de
Carabanchel en 2006
LOS EDILES EN EL FOCO DE INVESTIGACIÓN
Luis Asúa Brunt, concejal de Retiro.
- Cuando era concejal de Centro pidió
adelantar la licencia de un bar en la calle de la Cruz y de
otro local en Salitre.
Luis Miguel Boto, concejal del distrito
de Chamartín.
- Pidió adelantar la licencia de una
bocadillería en la Castellana. Sigue en el mismo puesto.
Elena Sánchez, concejal de Hortaleza.
- Desde su puesto anterior, como edil de
Ciudad Lineal, pidió priorizar una licencia de una cafetería
en Arturo Soria.
Dolores Navarro, concejal del distrito de
Arganzuela.
- Cuando estaba en Tetuán pidió adelantar
la licencia de un restaurante en la calle Capitán Haya.
(www.elpais.es,
19/06/09)
19. EN TIEMPOS DE CRISIS, EL AYUNTAMIENTO DE
TORREJON DE ARDOZ SE GASTA 120.000 EUROS EN GRATIFICACIONES
El Concejal Delegado de Patrimonio, Contratación
y Administración, D. Juan Manuel Concejero Adrada, edil del
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, gobernado por el PP, firmó
sobresueldos a funcionarios públicos por valor de más de 120.000 €
en el presente ejercicio argumentado como gratificaciones y pluses
de productividad entre otros conceptos. Entre los funcionarios
agraciados con estos aguinaldos se encuentra personal tan diverso
como los Responsables de Obras, Sanciones, Urbanismo y Registro así
como Arquitectos, Ingenieros, además de auxiliares administrativos,
conserjes y personal de limpieza.
Concejero ha recomendado asimismo que se controle
la ejecución de los proyectos del "Fondo Estatal de Inversión Local"
del Gobierno, del qeu ha correspondido a Torrejón un total de 20
millones de euros. De ello se encargarán el Ingeniero Superior de
Caminos y al Arquitecto Superior del Departamento de Urbanismo, con
lo que el Ayuntamiento se dedica a fomentar el pluriempleo en vez de
generar puestos de trabajo. Para cada uno de ellos ha contempaldo
una gratificación anual de 10.000 euros brutos.
(www.elplural.com,
18/06/09)
