ÍNDICE
1. AGUIRRE NIEGA "ROTUNDAMENTE" LA FINANCIACIÓN
IRREGULAR DEL PP DE MADRID
2. PÍO ESTÁ QUE TRINA, GRANADOS TAMBIÉN
3. LAS DONACIONES AL PP REAVIVAN LAS SOSPECHAS
DEL 'TAMAYAZO'
4. EL PSOE DENUNCIA ANTE LA JUNTA ELECTORAL LA
FINANCIACIÓN IRREGULAR DE AGUIRRE
5. FUNDESCAM TAMBIÉN RECAUDÓ FONDOS EN VÍSPERAS
DEL 14-M
6. GRANADOS NO VE RESPONSABILIDAD ALGUNA EN EL
CASO DEL ESPIONAJE
7. LA JUEZ INVESTIGA OCHO TELÉFONOS DE 'AGENTES'
DE LA C AM POR EL ESPIONAJE
8. EL PSM DENUNCIA A GRANADOS POR PAGAR FOLLETOS
ELECTORALES CON DINERO PÚBLICO
9. LA FISCALÍA SE QUERELLA CONTRA LAMELA POR
PREVARICACIÓN
10. EL DEFENSOR DEL PUEBLO ACUSA A AGUIRRE DE
"VULNERAR" LA SANIDAD PÚBLICA
11. AGUIRRE SUFRIRÁ UNA NUEVA MANIFESTACIÓN POR
LA EDUCACIÓN
12. UNA PLATAFORMA SINDICAL SABOTEA LAS
CONEXIONES EN DIRECTO DE TELEMADRID
13. SANIDAD ADMITE QUE NO HARÁ LOS 55 CENTROS DE
SALUD PROMETIDOS
14. GÜEMES DICE DESCONOCER EL INFORME SOBRE LAS
DEFICIENCIAS EN LOS NUEVOS HOSPITALES
15. LA CIFRA DE PACIENTES QUE ESPERAN UNA
INTERVENCIÓN ES LA MÁS ALTA DESDE 2004
16. AY TMO DE
MADRID. UNA JUEZ ORDENA A GALLARDÓN DEMOLER EL PALACIO DE HIELO
17. AYUNTAMIENTO BOADILLA DEL MONTE. EL
AYUNTAMIENTO TAMBIÉN AUTORIZÓ A LA SGAE A HIPOTECAR EL PALACIO
INFANTE DON LUIS
18. AYUNTAMIENTO ARGANDA DEL REY. DETENIDO UN
CONCEJAL DEL PP POR CONDUCIR EBRIO
1. AGUIRRE NIEGA "ROTUNDAMENTE" LA FINANCIACIÓN
IRREGULAR DEL PP DE MADRID
La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha
manifestado que Tomás Gómez no puede "ampararse" en la "impunidad"
que la da ser líder de los socialistas madrileños para acusar al PP
de "delitos falsos" y sacar beneficio electoral, porque eso es "como
si yo le acuso a él de asesinar viejecitas".
Aguirre se ha referido de este modo al anuncio
del secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM) de que
va a denunciar al PP madrileño por cohecho ante la Fiscalía
Anticorrupción, por supuesta financiación irregular de la campaña
electoral de este partido en las elecciones autonómicas de 2003.
Al término de una visita la Instituto Isabel La
Católica de Madrid, Aguirre ha negado rotundamente esa acusación de
Gómez y ha insistido en que el PSM les está imputando un "delito
falso". Por esto mismo, el PP ha interpuesto esta mañana una
querella en los Juzgados para demandar a Gómez por "injurias y
calumnias". Ha indicado que el Derecho les dan la oportunidad de
interponer esa querella para que el PP de Madrid puede defenderse,
pero ha añadido que "previamente" harán "un acto de conciliación"
para que Tomás Gómez "nos diga de dónde se ha sacado que hemos
cometido esos delitos".
Aguirre también ha negado que el PP madrileño se
financiara con donaciones de empresarios: "Desde luego que no". La 'lideresa'
ha asegurado que Fundescam tiene sus cuentas "perfectamente
presentadas y justificadas".
La presidenta ha subrayado que ni el secretario
general de los socialistas madrileños ni nadie se puede amparar en
la "impunidad" de un cargo para verter acusaciones "falsas" con la
creencia de que de ese modo va a "ganar las elecciones".
( www.publico.es,
25/05/09)
2. PÍO ESTÁ QUE TRINA, GRANADOS TAMBIÉN
En el PP de Madrid sólo tienen dos respuestas
ante la red de financiación. O no contestan, o culpan a sus propios
compañeros de partido. Nadie niega las evidencias.
Esta estrategia de defensa está provocando nuevas
divisiones entre los dirigentes del PP. El que más molesto está es
Pío García Escudero, el ex presidente del PP de Madrid y actual
portavoz en el Senado. Pío está que trina por la única respuesta
que, por el momento, ha dado Aguirre ante las muchas irregularidades
en la financiación de sus campañas electorales del año del tamayazo.
"En el 2003 yo no estaba [como presidenta del PP de Madrid]. O sea,
que se lo pregunten a Pío, pío, pío", contestó el martes Esperanza a
un periodista de La Sexta Noticias.
Al día siguiente, el miércoles, Esperanza Aguirre
llamó por teléfono a Pío García Escudero para intentar rebajar la
tensión y pactar una estrategia común ante los documentos revelados
por Público. No lo consiguió. Cuando colgó, Pío estaba aún más
enfadado que antes de su llamada.
Según aseguran fuentes del PP, Aguirre intentó
convencerle de que no había pronunciado esas palabras, una mentira
ante la que Pío contestó que sabía perfectamente lo que había dicho,
pues lo había visto con sus propio ojos en La Sexta. Fuentes de su
entorno aseguran que Escudero se siente engañado y traicionado, pues
dicen que no tuvo nada que ver ni con la financiación ni con las
donaciones de empresarios durante las campañas de Aguirre del año
2003.
Aunque Pío García Escudero fue el presidente del
PP de Madrid hasta el año 2004, el jefe de las campañas electorales
de Esperanza Aguirre en 2003, cuyas cuentas pronto pueden estar bajo
la lupa de la Justicia, fue el diputado Juan Carlos Vera, un
habitual en la maquinaria electoral de los años de Aznar. Bajo sus
órdenes directas, trabajaron en las autonómicas de Madrid dos de los
aforados del PP que han sido imputados por el caso Gürtel: el ex
consejero de Deportes Alberto López Viejo y el diputado autonómico
Alfonso Bosch.
Según fuentes del PP, fue Juan Carlos Vera quien
puso en contacto a Correa con López Viejo, cuando era concejal de
Limpieza Urbana y Desarrollo Medioambiental en el Ayuntamiento de
Madrid. Vera también es íntimo de otro de los imputados, el ex
alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda. Según fuentes de esta localidad,
la actual pareja sentimental de Vera es Yolanda Estrada, ex concejal
de Obras Públicas de Pozuelo.
Su nombre aparece en los sumarios del caso
Gürtel. Según asegura el juez Garzón en uno de sus autos, Estrada
era "la persona con la que contactaban en Pozuelo" los dirigentes de
las empresas de Correa. Fuentes del PP afirman que la ex concejal
tenía una relación muy estrecha con ellos y que incluso veraneó, en
agosto de 2004, en la casa de Correa en Ibiza junto con otra de las
imputadas, Isabel Jordán.
Pero el " pío,
pío, que yo no he sido"
no sólo divide, como de costumbre, a los partidarios de Rajoy de los
seguidores de Aguirre. El escándalo Fundescam
también ha abierto nuevas brechas en las propias filas de la
lideresa. El equipo del consejero de Interior, Francisco Granados,
está molesto porque la respuesta de la gente de Ignacio González
sobre Fundescam
fue decir que eso lo sabía mejor Granados.
Sin embargo, el vicepresidente de Madrid, Ignacio
González -al que algunos en el equipo de Aguirre apodan "el
estratega"- tuvo la última palabra, por encima de Juan Carlos Vera,
sobre la mayoría de las decisiones de las campañas ahora
cuestionadas. En las elecciones, a las órdenes de González, también
tuvo un papel relevante el gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso
de Miguel.
Las tensiones internas entre González y Granados
no son nuevas, pero han aumentado en los últimos meses tras el caso
de los espías de Madrid. Fuentes del PP creen que Granados teme que
Esperanza Aguirre entregue su cabeza si los escándalos políticos
arrecian de nuevo.
Al igual que muchos otros ajustes de cuentas
internos, el desenlace dependerá de cómo evolucionen los demás casos
de corrupción que asedian al PP, pero también del resultado de las
elecciones europeas: de la fuerza que tenga Mariano Rajoy.
( www.publico.es,
23/05/09)
3. LAS DONACIONES AL PP REAVIVAN LAS SOSPECHAS
DEL 'TAMAYAZO'
La noticia con la que desveló Público cómo el
actual presidente de la patronal CEOE,
Gerardo Díaz Ferrán,
financió al PP de Madrid
a través de la desconocida fundación Fundescam
en 2003, el año del tamayazo, cayó como un mazazo en las filas de la
izquierda, que exigió una investigación inmediata y anunció acciones
legales: "Con esta información se abre el caso Aguirre de
financiación ilegal del PP y posible trato de favor", resumió el
líder socialista de Madrid, Tomás Gómez, quien observa indicios de
"cohecho" en el caso Fundescam y lanza un aviso:
"Si se demuestra que hay empresas amigas de
Esperanza Aguirre que financian al PP para que luego la Comunidad de
Madrid les adjudique obras y servicios, será motivo suficiente para
que la presidenta se largue a su casa". Desde el PP, fuentes muy
próximas a su presidente aseguraron que Mariano Rajoy "ni siquiera
conocía la existencia de Fundescam", informa María Jesús Güemes.
Gómez aseguró que su partido actuará en los
tribunales contra los conservadores por presunta financiación ilegal
a través de Fundescam, que depende orgánicamente del PP madrileño.
"Hoy tengo más sospechas que nunca", dijo en referencia al ascenso
de Esperanza Aguirre a la presidencia de Madrid tras el tamayazo, la
traición protagonizada por los diputados socialistas Eduardo Tamayo
y María Teresa Sáez, que el 10 de junio de 2003 impidieron con su
voto la proclamación de Rafael Simancas como presidente y forzaron
así la convocatoria de unas segundas elecciones autonómicas que ganó
el PP. Los socialistas madrileños precisarán qué tipo de acciones
acometerán contra el PP.
Desde IU, la portavoz de la federación en Madrid,
Tania Sánchez, exigió la dimisión de Aguirre y anticipó que su
organización estudiará hoy si acude a la Fiscalía. El portavoz
parlamentario de la formación, Gaspar Llamazares, se preguntó "a qué
espera la Fiscalía Anticorrupción" para actuar de oficio y acusó al
PP de haber incurrido en "flagrante ilegalidad".
Llamazares no cree que los 790.000 euros
recaudados por Fundescam entre una docena de empresas con Díaz
Ferrán a la cabeza fueran fruto de donaciones "gratis et amore" [por
amor], sino que los donantes "pagaban favores" y recibían luego
"trato de favor". Varios de los empresarios que donaron dinero a
Fundescam tenían adjudicados en 2003 y 2004 contratos públicos de la
Comunidad de Madrid.
La ley de financiación prohíbe a los partidos
recibir "directa o indirectamente" donaciones de personas físicas o
jurídicas con adjudicaciones de cualquier Administración pública.
Gerardo Díaz Ferrán tenía contratos públicos en 2003. Luego, obtuvo
más de la Comunidad de Madrid.
Preguntada en un acto oficial, Esperanza Aguirre
se negó a responder sobre Fundescam, fundación que ella misma
preside y que depende orgánicamente del PP de Madrid. También la
dirección estatal del partido calló oficialmente. Pero al subrayar
que Rajoy ignoraba la propia existencia de Fundescam, la cúpula
conservadora remarca su doble estrategia sobre la corrupción:
mientras que en Valencia mantiene un apoyo cerrado al imputado
Francisco Camps, en Madrid Rajoy parece haber abandonado a su suerte
a su viaje enemiga Esperanza Aguirre.
El caso de Fundescam, que no presenta cuentas
desde 2002, "es la gota que ha colmado el vaso", apostilló Tomás
Gómez. Lo hizo durante la clausura del congreso regional de UGT. Al
cierre del cónclave sindical no acudió Arturo Fernández, que donó
57.000 euros a Fundescam en cuatro entregas.
Frente a la beligerancia del líder socialista
madrileño, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de
la Vega, se atrincheró en la cautela. De la Vega se limitó a
expresar su confianza en que todos los partidos se sitúen "en el
marco de la ley", y declinó pronunciarse sobre la información
difundida por Público.
No sólo PSOE e IU exigieron responsabilidades. El
secretario regional de CCOO, Javier López, tildó de "extremadamente
grave" lo ocurrido, reclamó la unidad de los partidos para "limpiar"
Madrid de sospechas y expresó su preocupación por "esa mezcolanza de
la economía y la política, ese doy para que me des".
Como informó Público el martes, Special Events,
pieza clave en la trama del caso Gürtel, endosó en 2003 y 2004 a
Fundescam facturas de las campañas del PP madrileño por valor de
300.000 euros.
( www.publico.es,
23/05/09)
4. EL PSOE DENUNCIA ANTE LA JUNTA ELECTORAL LA
FINANCIACIÓN IRREGULAR DE AGUIRRE
El grupo socialista de la Asamblea de Madrid ha
puesto este martes en conocimiento de la Junta Electoral Central la
"posible
financiación irregular"
de las campañas autonómicas y municipales del PP de Madrid de 2003 y
2007.Los socialistas quieren que la Junta Electoral investigue la
contabilidad de la Fundación del PP Fundescam y de las empresas que
aparecen como donantes
y, a la vez, reciben contratos de la Administración autonómica.
El escrito ante la Junta lo ha presentado hoy la
portavoz parlamentaria Maru Menéndez, acompañada de otros cinco 5
miembros de la dirección del grupo.
Maru Menéndez ha reconocido que es "muy probable"
que la sucesión de querellas y denuncias en que están inmersos el
PSOE y el PP en Madrid pueda "hartar" a los ciudadanos, pero ha
defendido que los socialistas madrileños "no pueden mirar hacia otro
lado" mientras "la corrupción campa por sus anchas, sin ningún tipo
de control".
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, negó
rotundamente las acusaciones
del PSM e insistió en que les están imputando un "delito
falso". Aguirre también negó que el PP madrileño se financiara con
donaciones de empresarios: "Desde luego que no". La 'lideresa'
aseguró que Fundescam tiene sus cuentas "perfectamente presentadas y
justificadas".
Lo que recalcó Aguirre es que el líder del PSM,
Tomás Gómez, "de ninguna manera puede quedar impune" de las
"injurias y calumnias" que ha vertido contra el PP de Madrid, pues
eso sería "como si yo le acuso a él, no sé de asesinar viejecitas",
indicó.Por ello, el PP presentó una querella contra el líder del
PSM, por "injurias y calumnias".
Fundescam, que depende del PP de Madrid, recaudó
casi un millón de euros entre empresarios y financió también gastos
de las campañas de Esperanza Aguirre en el año del 'tamayazo'.
( www.publico.es,
26/05/09)
5. FUNDESCAM TAMBIÉN RECAUDÓ FONDOS EN VÍSPERAS
DEL 14-M
Fundescam ,
la misteriosa fundación del PP de Madrid contra la que
Francisco Correa
facturó gastos electorales de la campaña de Esperanza Aguirre en
2003, también recaudó fondos de importantes empresas y empresarios
en las vísperas de las elecciones generales del 14-M, las primeras
que perdió Rajoy ante Zapatero. Según demuestran nuevos documentos
de su contabilidad interna a los que ha tenido acceso Público, el
total recaudado por Fundescam en marzo de 2004 fue de al menos
154.250 euros.
Entre las nuevas pruebas, destaca un extracto de
movimientos de la cuenta corriente de Fundescam con fecha 4 de marzo
de 2004, en plena campaña electoral de Mariano Rajoy. En él se
detallan las transferencias que han llegado durante esos días a la
fundación.
Junto a cada anotación relevante, alguien en el
PP de Madrid escribió de su puño y letra el nombre de las compañías
responsables de cada transferencia. Aparecen tres nombres
manuscritos, que coinciden con otros documentos a los que ha tenido
acceso Público: "Hotetur Club" (12.000 euros), "Aerolíneas Baleares"
(12.000 euros) y "Cantoblanco" (12.000 euros).
Las dos primeras empresas, Hotetur y Aerolíneas
Baleares, están situadas en la órbita empresarial del entonces
presidente de la patronal madrileña, Gerardo Díaz Ferrán, y hoy
presidente de la CEOE. La tercera, Cantoblanco, es propiedad de su
cuñado, Arturo Fernández, que también fue su sucesor al frente de la
patronal madrileña.
Los dos donantes, tal y como acreditó Público la
semana pasada, también aportaron, a través de otras empresas,
importantes sumas a Fundescam en los días previos a las campañas
electorales de Esperanza Aguirre del año 2003.
La misma persona desconocida que detalló a mano
en el extracto de movimientos a qué empresa pertenecía cada
transferencia también escribió, al pie del documento, el "total
recibido hasta la fecha", una cantidad muy superior a los 36.000
euros que suman las tres transferencias acreditadas en ese extracto:
"154.260 euros".
¿Quién aportó el resto del dinero? Parte de la
respuesta aparece en otros documentos de la contabilidad interna de
Fundescam. Además de otros donativos de Gerardo Díaz Ferrán y Arturo
Fernández en ese mismo mes, en la contabilidad de Fundescam de marzo
de 2004 aparece la eléctrica Unión Fenosa, con 36.000 euros, y
también una empresa que hasta ahora no había aflorado dentro de las
cuentas de Fundescam: Iberia. La areolínea, presidida entonces por
Fernando Conte, ingresó 36.000 euros en la cuenta corriente de la
fundación del PP de Madrid el 1 de marzo de 2003, en plena campaña.
La transferencia de Iberia aparece registrada en
otro de los nuevos documentos de la contabilidad de Fundescam: la
impresión en papel de una consulta, a través de Internet, de la
cuenta corriente de esta fundación en Caja Madrid.
En ella se detallan los "últimos 19 movimientos"
de la cuenta, por lo que probablemente la consulta fue realizada en
los primeros días de marzo de 2004. La hoja cuenta también con
anotaciones manuscritas en los márgenes, una letra que parece salida
de la misma mano que señaló el "total recibido" en el extracto de
movimientos de Fundescam.
El número de cuenta corriente que aparece en
ambos documentos es el 2038 1053 91 600736415. Es la misma cuenta
que está acreditada en otros extractos bancarios de la cuenta de
Fundescam en Caja Madrid a los que ha tenido acceso Público. La
oficina 1053, la sucursal donde está registrada esta cuenta, está
situada en la calle Génova número 10, en la acera de enfrente del
cuartel general del partido. Fundescam, que depende orgánicamente
del PP de Madrid y está hoy presidida por Esperanza Aguirre, tiene
su sede en la primera planta de ese edificio.
Iberia, en la fecha en la que se registró esta
transferencia, ya había sido privatizada. La antigua arerolínea
pública salió a Bolsa en la primavera de 2001. Sin embargo, en marzo
de 2004 el Gobierno entonces presidido por José María Aznar aún
mantenía la acción de oro, que le daba derecho a veto en caso de que
cambiasen los principales accionistas.
Según un portavoz de la compañía, Iberia colabora
con muchas instituciones y fundaciones y, entre las fundaciones
políticas, las hay "de todo tipo de ideologías".
En el mismo documento de Fundescam, en esos
útimos 19 movimientos de marzo de 2004, también aparecen registrados
varios pagos a través de cheques con destino desconocido. Entre
ellos, el más llamativo es uno de 45.679,43 euros con fecha 6 de
febrero de 2004. Y también figura un importante ingreso, por valor
de 17.130 euros, realizado en cheques y que la misma mano que señala
la transferencia de Iberia anota en el margen como "Desconocido".
( www.publico.es,
27/05/09)
6. GRANADOS NO VE RESPONSABILIDAD ALGUNA EN EL
CASO DEL ESPIONAJE
Ante el avance de la investigación judicial sobre
el espionaje político en la Comunidad de Madrid, el consejero de
Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, reiteró que
tiene "la absoluta seguridad de que desde el Gobierno [regional] no
se ha mandado ni amparado seguimientos". Granados rechazó cualquier
nivel político de responsabilidad en caso de que se demuestren unos
hechos que, en cualquier caso, no considera demostrados. "En el caso
de que se demuestre que algún responsable o miembro de la consejería
haya realizado actuaciones al margen del Gobierno, tendrá que dar
las explicaciones pertinentes y asumir la responsabilidad", subraya.
El departamento de Granados contiene la Dirección
General de Seguridad, en la que trabajan al menos dos de los
supuestos espías que presuntamente realizaron seguimientos al
vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex vicepresidente segundo y
ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, entre marzo y mayo de 2008.
La juez que investiga estos hechos por un presunto delito de
malversación de fondos públicos ha pedido datos de ocho teléfonos
móviles de policías y guardias civiles adscritos a la Consejería de
Granados.
"Celebro que la investigación avance", dijo
Granados ante los nuevos datos revelados por este periódico. "Es el
resultado de una denuncia de Manuel Cobo, y el Gobierno de la
Comunidad es el primer interesado en que se aclare".
Granados rechazó también que haya responsabilidad
política alguna en una investigación relativa a fondos públicos.
"Habrá que ver una responsabilidad política si hay algún político
involucrado en esto. Si no, no hay tal responsabilidad". Siempre,
"en el supuesto de que se haya producido, que nosotros no tenemos
ningún indicio de que eso sea así", aclaró. El consejero afirmó
también que la juez no se ha dirigido a su departamento ni a ningún
otro de la Comunidad hasta el momento.
El secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez,
reiteró su sospecha de que en la Comunidad "ha habido fondos
reservados para financiar una actividad ilícita como era el
espionaje que se hacían entre unos y otros en el PP en la guerra
interna que viven", según Europa Press. Gómez insistió en que los
presuntos espionajes a políticos madrileños componen "un asunto de
corrupción y de vulneración de derechos fundamentales".
( www.elpais.com,
25/05/09)
7. LA JUEZ INVESTIGA OCHO TELÉFONOS DE 'AGENTES'
DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR EL ESPIONAJE
La juez que investiga un supuesto delito de
malversación de fondos públicos en el espionaje supuestamente
ejecutado desde la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid
a Manuel Cobo, vicealcalde de la capital, y Alfredo Prada, ex
consejero de Justicia de Esperanza Aguirre, se ha fijado en ocho
personas para buscar al culpable de los seguimientos y localizar a
la persona que los ordenó.
Un auto judicial de hace más de una semana
requiere a la compañía MoviStar, de Telefónica, que facilite
información sobre "el posicionamiento" de ocho números de teléfono
durante marzo, abril y mayo de 2008. Durante este periodo, los
supuestos espías de la Consejería de Interior, dirigida por
Francisco Granados, habrían hecho seguimientos a Manuel Cobo
(durante semana y media) y a Alfredo Prada (durante varios meses).
Prada fue destituido por Aguirre como consejero de Justicia mes y
medio después de que finalizara el espionaje.
Los seguimientos al vicealcalde de Madrid, mano
derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, y a Prada, entonces consejero de
Justicia (llegó a ser vicepresidente segundo), se desarrollaron en
los meses previos al congreso que el PP celebró en Valencia en junio
de 2008, y que supuso la confirmación de Mariano Rajoy al frente del
partido.
En dicho congreso, la presidenta madrileña amagó
con disputar a Rajoy el timón del PP. Ambos espiados, Cobo y Prada,
son afines a Rajoy y contrarios a Aguirre. Prada fue apartado del
Gobierno madrileño y ahora es responsable del PP en el exterior.
Cuando el asunto del espionaje fue revelado por
este diario, la presidenta regional se enfrentó a una investigación
interna de su partido, que no confiaba en los métodos del Ejecutivo
de la dirigente popular para esclarecer el asunto. Tras unas semanas
de tira y afloja con la dirección nacional del PP, Aguirre accedió a
que se celebrase una comisión de investigación en la Asamblea de
Madrid para aclarar los hechos.
Pero la comisión resultó un fiasco: la mitad de
los comparecientes no declaró, por las prisas del Grupo Popular en
la Asamblea de dar cerrojazo al asunto. La conclusión oficial fue
que no hubo espiados ni espías, y por tanto no pudo haber espionaje.
El PP sacó adelante esta conclusión con su mayoría absoluta.
El auto de la juez también pide que se investigue
en especial el posicionamiento de esos ocho teléfonos entre las doce
de la mañana y las seis de la tarde del 13 de mayo de 2008. Ese día,
en el parte de los espías figura un seguimiento a Prada hasta el
Parador Nacional de Chinchón, donde estuvo entre las 12.20 y las
18.00, según reflejan por escrito los espías.
Los ocho números de teléfono de los que tendrá
que informar Telefónica a la Policía Judicial pertenecen a personal
de confianza de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la
Consejería de Interior. De las ocho personas, sólo dos son empleados
públicos, los agentes Pinto y Palomo. Curiosamente, son los únicos
de todo el personal fijo del departamento que no tenían a diario una
función de seguridad asignada a una consejería determinada, sino que
dependían directamente de Sergio Gamón, el director de Seguridad
Ciudadana, hombre de confianza de Aguirre.
La presidenta le mantuvo a sueldo incluso después
de ser destituido por entrar con alguno de sus hombres en el
despacho de un alto cargo de la Consejería de Justicia y,
supuestamente, robar un ordenador.
Cuando Francisco Granados, consejero de Interior
de la Comunidad de Madrid, le destituyó como director general,
Aguirre le ordenó que le mantuviese en un puesto de responsabilidad
con un sueldo muy elevado. Eso ocurrió hace casi un año, y Gamón
sigue con su sueldo próximo a los 100.000 euros anuales.
IU y PSOE denunciaron en su día que la presidenta
autonómica había "comprado" de esta manera "el silencio de Gamón".
De los otros seis teléfonos que investiga la
juez, tres corresponden a agentes del Cuerpo Nacional de Policía que
Gamón fichó cuando le nombraron director general de Seguridad
Ciudadana de la Comunidad, que son personal de su absoluta confianza
y que sólo trabajaban para él. Los tres restantes los usan tres
guardias civiles que fueron fichados personalmente por Granados, que
los conocía de Valdemoro, el municipio madrileño del que fue
alcalde.
Estos tres guardias trabajaron un tiempo a las
órdenes de Gamón hasta que llegó a la Consejería de Interior,
algunos meses después de acabados los espionajes de Prada y Cobo, el
ex policía Marcos Peña, un colaborador de la dirección nacional del
PP en tareas de información sobre la teoría de la conspiración del
11-M y similares.
Peña se encargaba de espiar por su cuenta asuntos
relacionados con tramas corruptas en pueblos madrileños dirigidos
por socialistas, y en algún caso informó al consejero de Interior
madrileño que, según las fuentes a las que acudía, se había hallado
la tarjeta de visita del ahora director general de Seguridad,
Enrique Barón, en el bolsillo de una persona asesinada a las puertas
de una discoteca de Madrid.
PARTES DE SEGUIMIENTOS A POLÍTICOS EN
MADRID
Día 23 de mayo
- "11.00 horas. Se monta, está en Brea de
Tajo".
- "13.00 horas. Sale de Brea".
- "13.20 horas. Se le pierde en cercanías
salida R-2".
- "20.15 horas. Desde la hora anterior a
esta última hora se le realizan esperas en su trabajo y
domicilio. Al no aparecer, se desmontan".
Día 13 de mayo de 2008
- "Sobre las 12.20 horas detectamos el
vehículo de 'P' en el aparcamiento interno del Parador
Nacional de Chinchón".
- "En torno a las 18.15 horas sale 'P'
del Parador dirección Madrid, llegando a su trabajo sobre
las 19.00 horas".
- "A las 19.35 horas sale 'P' de su
trabajo y toma dirección a su domicilio, al que llega sobre
las 19.45 horas".
- "Los acompañantes lo dejan en el
domicilio, esperan unos minutos y se retiran (el itinerario
que toman es dirección al aparcamiento del vehículo una vez
terminado el día)".
- "A las 20.35 horas, y no detectando
movimiento alguno, desmontamos el dispositivo".
( www.elpais.com,
24/05/09)
8. EL PSM DENUNCIA A GRANADOS POR PAGAR FOLLETOS
ELECTORALES CON DINERO PÚBLICO
Los socialistas madrileños anunciaron que
acudirán a la Fiscalía Anticorrupción para pedirle que investigue la
"supuesta financiación irregular" de la campaña electoral de 2003
del PP en Valdemoro, que revalidó a Francisco Granados, hoy
consejero de Presidencia, Interior y Justicia, en la alcaldía.
El secretario de Economía de los socialistas,
Antonio Carmona, y la portavoz socialista en Valdemoro, Margarita
Peña, acusaron en rueda de prensa a Granados de haber sufragado los
folletos electorales con dinero del Ayuntamiento. Para ello,
entregaron un albarán fechado el 14 de mayo de 2003 en el que consta
que en el Consistorio se entregaron 50 cajas con 100 ejemplares cada
una de los folletos de campaña. "En el albarán figura el NIF del
Ayuntamiento de Valdemoro", recalcó Carmona.
Granados negó que el Ayuntamiento hubiera
costeado los folletos y exigió a los socialistas que presentaran las
facturas, en lugar de albaranes. La diferencia entre estos documento
es que el segundo es únicamente un registro de entrega de mercancia,
que no demuestra que el receptor lo haya pagado.
"Los folletos se entregaron en el Ayuntamiento
porque mi jefe de Gabinete lo pidió, pero es mentira que desde el
Ayuntamiento se hayan pagado las facturas del PP porque es
imposible", explicó. "El interventor municipal nunca paga una
factura por un concepto que es un folleto electoral". Además, el ex
alcalde recordó que las cuentas electorales del PP de Valdemoro han
sido "auditadas y fiscalizadas por la Cámara de Cuentas". Y anunció
que se querellará contra Carmona. Los socialistas también vincularon
otro albarán, en este caso por la compra de 5.000 litros de aceite a
la empresa Aceites del sur, en Dos Hermanas (Sevilla), a nombre de
la empresa Distribución y Servicios Cid, SL. Carmona vinculó este
albarán con las botellas de aceite, con el lema 100% Valdemoro, que
Granados regaló en campaña. No ofreció ninguna prueba que explicara
que se trata del mismo aceite.
Según Carmona, el dueño de la empresa "es un
constructor que ha hecho obras en Valdemoro y, por tanto, ha
disfrutado de trato de favor".
Granados afirmó que el aceite que él regaló "se
compró en Valdemoro y ni mucho menos en esas cantidades" y retó a
Carmona a "probar" lo contrario.
( www.elpais.com,
27/05/09)
9. LA FISCALÍA SE QUERELLA CONTRA LAMELA POR
PREVARICACIÓN
El fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban Rincón,
presentó el pasado 22 de abril una querella contra el ex consejero
de Transportes de Madrid, Manuel Lamela, y contra su segundo, José
Antonio Llano, ex director general del departamento. La fiscalía
considera que podrían haber cometido presuntos delitos de
prevaricación porque iniciaron proyectos de carreteras sin tener el
preceptivo plan global y sin contar con una evaluación ambiental.
Lamela y su mano derecha en la Consejería de
Transportes aprobaron los proyectos para ejecutar 17
desdoblamientos, siete nuevas carreteras y obras menores en
travesías y cruces, entre ellas el cierre de la M-50, que la
Comunidad bautizó como M-61 y que incluye un túnel bajo El Pardo.
La actuación del fiscal se produce a raíz de una
denuncia presentada por Ecologistas en Acción a principios de abril.
"Actuaron sin planificación, eludiendo una ley regional y sin
evaluación ambiental del plan global", detalla Paco Segura, de
Ecologistas.
La Comunidad intenta hacer borrón y cuenta nueva.
Para ello, ha modificado recientemente la ley que obliga a elaborar
un plan de carreteras. Transportes se basa en un informe jurídico,
elaborado por funcionarios regionales, que exime al Ejecutivo
autonómico de contar con un plan global. Por otra parte, ha iniciado
los trámites para aprobar un verdadero plan de carreteras 2009-2020.
El representante de Ecologistas, Paco Segura,
explica que el Gobierno regional troceó el proyecto global para
eludir los trámites. "Existe una descarada vulneración de la
legislación ambiental por parte de la Comunidad madrileña",
denuncia.
"El problema surge cuando a finales de 2007
presentamos un plan de carreteras 2007-2011. Era un conjunto de
actuaciones que se iban a hacer en la legislatura, no un plan como
tal. Fue una mala denominación", reconocen fuentes de la Consejería
de Transportes. Pero esa mala denominación constituía lo que
Ecologistas y la fiscalía reconocen como un verdadero plan global de
transportes y que no está legalizado. "Un plan de carreteras es un
documento estratégico, que fija los criterios que se deben cumplir y
establece las zonas de crecimiento a largo plazo", precisan en la
consejería. "Lo que presentamos no era un plan y no tenía que ser
legalizado. No estamos obligados", remarca un portavoz, que añade
que todos los proyectos cuentan con su evaluación ambiental. El
consejero de Transportes, José Ignacio Echeverría, tachó de
"impresentable" al fiscal por acusar a Lamela por cumplir con sus
obligaciones.
( www.elpais.com,
26/05/09)
10. EL DEFENSOR DEL PUEBLO ACUSA A AGUIRRE DE
"VULNERAR" LA SANIDAD PÚBLICA
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, presentó
al presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, su informe
anual sobre todas las actuaciones que la institución realizó en
2008, un periodo en el que se iniciaron 24.000 expedientes, 7.000
más que el año anterior.
Sanidad. Listas de espera irregulares
El informe hace una descripción demoledora de los
servicios de atención sanitaria en la Comunidad de Madrid, al
asegurar que se encuentran inmersos en un proceso de
"externalización" que puede llegar a "vulnerar los principios
básicos del sistema de salud en España, es decir, universalidad,
gratuidad, financiación pública y equidad". Además, Múgica señala el
"irregular" sistema de gestión de listas de espera madrileño, las
llamadas "agendas cerradas".
Educación. Discriminación de alumnos
El Defensor denuncia "irregularidades en los
procesos de admisión" de alumnos en los centros educativos privados
sostenidos con fondos públicos, "que promueven un desequilibrio
injustificado en cuanto a la composición del alumnado", en
comparación con los centros públicos.
Bolonia. Falta de transparencia
Con respecto a la implantación en las
universidades españolas del Plan Bolonia, Múgica asegura que es
"lamentable" e "incomprensible" que el Gobierno lo haya tratado de
manera "silenciosa" y con "opacidad, sin abrir dicho proyecto al
debate general".
Prisiones. Un 10% más de presos
El Defensor del Pueblo critica seriamente el
sistema penitenciario español y señala que la paulatina masificación
de las cárceles "evidencia, de forma dramática, el endurecimiento de
las condiciones" en las que viven los presos. De hecho, el
incremento de la población reclusa durante 2008 con respecto al año
anterior es "uno de los más altos registrados en los últimos
tiempos", casi un 10%, al alcanzarse la cifra de 73.589 personas
internas en centros penitenciarios. Además, relaciona esta situación
con el importante aumento de los intentos de suicidio entre los
internos, un 23% en el último año. En total, se tuvo conocimiento de
123 tentativas de suicidio dentro de las prisiones españolas.
Inmigración. Internamientos inadecuados
Múgica mantiene sus críticas a algunos centros de
internamiento para extranjeros (CIE), donde se sigue confinando a
los sin papeles en celdas comunes sin separación entre el dormitorio
y el inodoro. En otros, los inspectores han encontrado internos con
números identificativos pintados en su propia ropa. Además de estos
reproches, en 2008 se ha detectado un retraso en otorgar los
derechos que les correspondían a familiares de europeos
comunitarios. Algunas autonomías han mostrado una lentitud excesiva
para tramitar permisos de menores de edad y se ha denegado la
entrada en el país a numerosos extranjeros, incluidos progenitores
de niños españoles.
Huelga de la Justiciae. Sobrecarga de trabajo
El Defensor del Pueblo se muestra comprensivo con
la huelga convocada dentro de la Administración de Justicia, por las
"muy difíciles condiciones de trabajo" en las que se encuentra su
personal.
Seguridad Abusos de los vigilantes
El trabajo presentado por Múgica muestra su
preocupación por "la acumulación de denuncias por los excesos en la
actuación de los vigilantes privados de seguridad".
( www.publico.es,
26/05/09)
11. AGUIRRE SUFRIRÁ UNA NUEVA MANIFESTACIÓN POR
LA EDUCACIÓN
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, tendrá que ver mañana cómo las calles de la
capital vuelven a ser el escenario para protestar contra su política
de Educación. Los sindicatos han convocado para mañana una
manifestación en la plaza de Cibeles.
La lucha que mantienen los sindicatos madrileños
y Esperanza Aguirre por la gestión que hace su Gobierno autonómico
de los recursos económicos en materia de Educación no cesa, e
incluso, como pasará mañana, va a más. Así, CCOO. UGT, CSIF y
CSIT-UP han convocado a todos los padres, madres y alumnos de
escuelas de la región a que salgan a la calle mañana en una
manifestación que irá desde la plaza de Cibeles hasta la estación de
metro de Sevilla.
El lema de este acto de protesta es claro y muy
conocido tanto por los que asistirán como por la propia Aguirre: ‘No
a las privatizaciones’. Pancarta en la que los sindicatos incluyen
otras reivindicaciones como la negociación, de una vez por todas, de
un nuevo Acuerdo Educativo, así como la dignificación de los
profesionales de la educación en la Comunidad. Y es que la decisión
de la presidenta regional de hacer ‘oídos sordos’ a todas las
iniciativas de los sindicatos, han provocado que hayan tomado de
nuevo este tipo de acciones reivindicativas.
Estas reivindicaciones aumentan si nos fijamos en
las últimas denuncias presentadas por CCOO. El sindicato ha señalado
que Gobierno autonómico ha discriminado, un año más, a los colegios
públicos en los presupuestos realizados por el equipo de Aguirre.
Así, la Comunidad gastará este año 181,3 millones
para el mantenimiento y servicio de los colegios públicos, 5,9
millones de euros menos que el año pasado, mientras que las escuelas
concertadas tendrán 883 millones de euros, 3,4 millones más que en
las anteriores cuentas autonómicas. Dinero que en ambos casos va
dirigido para el mantenimiento de los centros.
( www.elmundo.es,
28/05/09)
12. UNA PLATAFORMA SINDICAL SABOTEA LAS
CONEXIONES EN DIRECTO DE TELEMADRID
Mientras la reportera, muy erguida, comenzaba su
relato sobre los casos de gripe nueva en un cuartel de Hoyo de
Manzanares, dos hombres con fantasmagóricas máscaras saltaban detrás
de ella mostrando sendas pancartas: "No a los despidos en
Telemadrid". El presentador del Telenoticias corta entonces la
emisión. Eso sucedió el pasado lunes en uno de los informativos de
la cadena pública madrileña. Pero no era una acción aislada.
"Venimos haciendo esto en diversas fases desde
hace un año", explican desde la plataforma Salvemos Telemadrid, a la
que pertenecen los encapuchados que muestran su disconformidad con
la política de la cadena regional. Detrás de la plataforma hay
trabajadores que protestan por la falta de negociación con la
dirección y piden "asegurar el empleo de todos, incluidos los
temporales".
Telemadrid no ha tomado ningún tipo de represalia
con los participantes en estos pequeños sabotajes. "Tenemos derecho,
porque estamos en la calle y no nos lo pueden prohibir", explica uno
de los portavoces de la plataforma, que la semana pasada hizo otra
de estas curiosas performances de protesta al interrumpir un directo
sobre una exposición de pintura con los pies.
Los trabajadores de Telemadrid han convocado
cuatro huelgas en los últimos meses, llevando a negro la pantalla de
la cadena, e insisten en denunciar lo que a su juicio supone "el
suicidio de esta televisión". Las negociaciones sindicales en el
ente están paralizadas. Las reivindicaciones de este grupo también
se centran en el aumento de contenidos de producción propia y
subrayar la creciente pérdida de audiencia de Telemadrid: "Hay
programas que están rozando el 4% de share", se lamentan.
( www.elpais.com,
27/05/09)
13. SANIDAD ADMITE QUE NO HARÁ LOS 55 CENTROS DE
SALUD PROMETIDOS
Esperanza Aguirre se presentó a las elecciones de
2007 con varias promesas sanitarias bajo el brazo: cuatro nuevos
hospitales, 40 días como máximo para someterse a pruebas
diagnósticas, libre elección de médico y 55 nuevos centros de salud.
Todo ello en una legislatura. Está por ver que pueda cumplirlas
todas, pero cada vez parece más claro que construir 55 ambulatorios
antes de mayo de 2011 se va a quedar en eso, en promesa. Así lo
admitió la directora general de Atención Primaria, Patricia Flores,
en una reunión con cinco concejales de salud de varios municipios de
la región.
Según han relatado, Flores aseguró que, debido a
la crisis, Sanidad no iba a poder hacerlos todos y que tendría que
establecer prioridades.
La reunión tuvo lugar el 6 de mayo en la sede de
la Dirección General de Atención Primaria. Patricia Flores recibió a
los concejales de la recién creada Red Municipal de Salud de la
Comunidad de Madrid. Hablaron del área única sanitaria, de la
desaparición de la dirección general de salud pública y de la
construcción de nuevos centros de salud, unos equipamientos que
muchos municipios, con consultas muy saturadas, esperan como agua de
mayo. Fue entonces cuando Flores les dijo que no se iban a poder
construir los 55 prometidos, según figura en el acta de la reunión y
confirman cuatro de los cinco concejales presentes.
La directora general negó a este periódico haber
hecho esa afirmación. "Lo que dije fue que no podía decirles cuáles
se iban a hacer porque estaba pendiente de decisión".
Sin embargo, los concejales reiteran que sí
admitió la imposibilidad de construir todos los centros. "Dijo que
harían los que pudieran, los más urgentes. Si no se puede hacer hay
que decirlo a las claras. Yo no voy a pasar por mentirosa. Uno dice
lo que dice", afirmó María Ángeles Díez, concejal de Salud de Getafe
(PSOE). "Fue así. Dijo que no se iban a poder hacer los 55 centros y
que iba a establecer prioridades", asegura también Amparo Ortiz,
concejal de Servicios Sociales, Sanidad y Consumo de
Collado-Villalba (PSOE)."Lo dijo, pero si ahora ha cambiado de
opinión, no tengo ningún problema en asumir el malentendido. Yo
encantado de que se hagan los centros", afirmó Adolfo García,
concejal de Salud y Consumo de Rivas Vaciamadrid (PSOE).
Su municipio pactó en 2005, con el anterior
consejero de Sanidad, Manuel Lamela, la construcción de un nuevo
ambulatorio. "El consejero se comprometió en 2008 a construir
nuestro tercer centro de salud, pero ahora ya no tengo nada claro
que lo vaya a cumplir", afirmó Asunción Fernández, concejal de
Sanidad y Consumo de San Fernando de Henares. "El anuncio de Flores
de que no iban a hacerlos todos nos dejó un poco sorprendidos,
porque pensábamos que estaban presupuestados", añadió.
La responsable de Sanidad de Tres Cantos, Carmen
Posada, la única concejal del Partido Popular presente en la
reunión, declinó confirmar lo afirmado por el resto de ediles: "No
puedo afirmar que [la directora general] dijese eso en esos
términos. No creo que fuese tan tajante", respondió a preguntas
sobre el contenido de la reunión.
La segunda legislatura de Esperanza Aguirre ha
llegado a su ecuador y ninguno de los 55 centros de salud prometidos
ha sido licitado aún, según reconoció a este periódico la directora
general. Tampoco ha existido nunca una lista aprobada para saber qué
municipios se beneficiarían de los nuevos ambulatorios. Sin embargo,
Flores se mostró convencida de que la promesa se cumplirá a tiempo:
"Estamos en plazo", aseguró. Y añadió: "Un centro de salud se
construye en un año". También avanzó que "uno de los más necesarios"
es el de Las Margaritas, en Getafe.
La responsable de Atención Primaria también
desveló durante la reunión del 6 de mayo que los nuevos centros
serán de gestión pública directa, como hasta ahora, frente a los
rumores de que la gestión se iba a ceder a empresas privadas. "A
pesar mío", aseguran dos concejales que afirmó la directora general.
El acta de la reunión también recoge que "se ha descartado la
gestión indirecta", a pesar de las "ventajas que, para ella
[Patricia Flores], tiene este tipo de gestión".
"Vamos a continuar con el modelo implantado", se
limitó a explicar a este periódico la directora general, que no
quiso comentar si había valorado otras opciones de modelo de
gestión. Admitió, eso sí, que "hay otros magníficos". El consejero
de Sanidad, Juan José Güemes, ratificó el miércoles pasado en una
jornada con empresarios que los próximos centros de salud que se
construyan serán de gestión directa. Por el momento, el modelo
Alzira (concesión de hospital y los centros de salud de su zona a la
empresa que gana el concurso) no se aplicará en Madrid.
(www.elpais.com, 29/05/09)
14. GÜEMES DICE DESCONOCER EL INFORME SOBRE LAS
DEFICIENCIAS EN LOS NUEVOS HOSPITALES
"No pongo en duda la existencia del informe, pero
no ha sido recibido ni por la Consejería de Empleo y Mujer, ni por
la de Sanidad ni por los hospitales", afirmó el consejero de
Sanidad, Juan José Güemes. Fue su respuesta a la información de este
periódico sobre las irregularidades detectadas por una inspectora de
Trabajo, que visitó seis de los nuevos hospitales de la región entre
el 16 de marzo y el 15 de abril. Encontró graves carencias en los
centros, que detalló en un informe, y emitió seis requerimientos a
los centros y las empresas que los gestionan. El primero salió de
Trabajo el 11 de mayo.
"Entiendo que, por error, la Inspección de
Trabajo se los ha enviado a otra empresa, EL PAÍS", ironizó el
consejero, que no hizo más comentarios sobre el "supuesto informe".
En el documento de la Inspección de Trabajo consta que todas las
visitas se hicieron en coordinación con la gerencia de los
hospitales.Todas las visitas que hizo la inspectora de Trabajo a los
seis nuevos hospitales (Infanta Cristina, Infanta Sofía, Infanta
Leonor, Henares, Sureste y Tajo) eran conocidas por la gerencia de
los centros sanitarios. Así consta en el informe de la Inspección de
Trabajo, que recoge que la inspectora visitó los centros acompañada.
Y detalla los nombres y apellidos de cada uno de los responsables de
recursos humanos de los hospitales, del servicio de prevención de la
empresa pública o de las concesionarias, según el caso, así como de
los sindicatos representados en la mesa sectorial de la Sanidad, que
la acompañaron.
El sindicato CC OO exigió "que se revise
urgentemente el modelo de gestión de los nuevos hospitales", a la
luz de los "errores muy graves de funcionamiento" revelados por el
informe de Trabajo. "El propio modelo de gestión público-privado
cuenta con una serie de deficiencias cuya principal expresión es la
ausencia absoluta de coordinación, de comunicación entre los dos
ámbitos de gestión que repercuten en la organización y gestión de
los servicios y en su calidad", afirmó la secretaria de Política
Social, Ana González.
"Resulta especialmente llamativo la presencia de
tantos problemas en centros hospitalarios que sólo llevan un año de
funcionamiento", se quejó también la Asociación para la Defensa de
la Sanidad Pública en un comunicado. "Estos nuevos centros se han
construido en condiciones inapropiadas para la atención sanitaria,
con una alarmante escasez de personal y sólo enfocados hacia la
rentabilidad económica de las concesionarias".
(www.elpais.com, 29/05/09)
15. LA CIFRA DE PACIENTES QUE ESPERAN UNA
INTERVENCIÓN ES LA MÁS ALTA DESDE 2004
Nunca había habido tantos pacientes en lista de
espera para operarse que rechazaran la primera opción que les da
Sanidad si ésta es una clínica privada. A 31 de marzo -últimos datos
disponibles- eran 16.576. Sólo en el último trimestre la cifra ha
aumentado un 5,1%. Ya son el doble que hace tres años. Y eso a pesar
de que su decisión de ser intervenidos en un centro público conlleva
una penalización. Si, de media, un paciente que no pone pegas a la
primera opción tarda 10,2 días en ser operado, el que rechaza la
privada debe esperar 58,9 días.
Tampoco había habido nunca -desde que la
Comunidad puso en marcha el Plan Integral para la Reducción de la
Lista de Espera Quirúrgica, en 2004- tantos pacientes en la lista de
espera global de Sanidad: 50.574, un 3,5% más que el trimestre
pasado. En realidad las listas son tres: la oficial, la de los que
esperan visita con el anestesista y la de los que rechazan ser
derivados a la privada. Con ligeras variaciones, desde 2007 las tres
listas tienen más o menos el mismo número de pacientes. Es decir,
que el compromiso de Esperanza Aguirre de no esperar más de 30 días
para operarse sólo se cumple en un tercio de los pacientes en
espera.
Ese porcentaje no siempre fue así. En 2004, los
pacientes "transitoriamente no programables", que es como Sanidad
llama a los que aguardan cita con el anestesista, eran el 5,9%.
Ahora ya son el 32,1%. Los que rechazaban el centro privado eran el
6,9%; ahora, el 32,8%. Como resultado, Aguirre ahora sólo cumple su
promesa electoral con el 35,5% (17.931) de los pacientes que esperan
intervención quirúrgica. El Ministerio de Sanidad expulsó a Madrid
del cómputo nacional de listas de espera por el truco del
anestesista, que permite a la Administración ganar los 30 días de
media que se tarda en conseguir cita. Sólo entonces empiezan a
contar los 30 días del compromiso de Aguirre.
La lista de espera oficial, la que da la
Comunidad, aumentó en 1.684 personas en un trimestre. "Las cifras
demuestran que los recursos quirúrgicos de la Comunidad siguen
siendo insuficientes a pesar de la apertura de los nuevos
hospitales", criticó Juan Luis Martín, secretario de Políticas
Sectoriales de UGT Madrid.
(www.elpais.com, 29/05/09)
16. AYUNTAMIENTO DE MADRID. UNA JUEZ ORDENA A
GALLARDÓN DEMOLER EL PALACIO DE HIELO
La larga y tortuosa batalla de los vecinos de
cuatro comunidades de propietarios del distrito de Hortaleza contra
el mastodóntico Palacio Municipal de Hielo arroja un desenlace
inesperado. El primer acto del final de la pelea, que dura ya seis
años, concluye con la orden de una juez para que se derribe el
gigantesco centro comercial por haberse saltado la ley en varios
puntos del Plan General de Ordenación Urbana. Y la orden la da al
Ayuntamiento, que pese a que no fue la actual corporación quien
aprobó el acuerdo para la construir el complejo, deberá ahora acatar
la demolición. De momento, dicen, ya la han recurrido.
La titular del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 13 suscribe parte del contenido
del recurso interpuesto por el despacho de Mariano Benítez de Lugo
en defensa de los vecinos. Según la juez, las irregularidades
urbanísticas de la obra eran conocidas por el Ayuntamiento en un
informe que realizó en 2004.
Los excesos consisten en haber superado el límite
de plantas (tiene cinco y la ley sólo le permitiría tener tres),
haber excedido en casi el doble la superficie edificable y también
considera que se ha infringido el régimen de usos. Por todo ello, no
queda más remedio que tirarlo.
O no. Porque lo curioso de este asunto es que el
concejal del PSOE Óscar Iglesias presentó casi idéntico recurso ante
otro juzgado (el número 17) y recibió una sentencia hace pocos días
opuesta a la de los vecinos. Por cuestiones de forma y fondo, ese
tribunal sí desestima la demanda. Y en eso se amparan ahora el
Ayuntamiento de Madrid y la concesionaria, Equidosa, para presentar
su recurso ante el TSJM. "La sentencia ya está recurrida. Porque
igual que ésta, tenemos otra de un recurso del PSOE que dice todo lo
contrario. La misma demanda, dos jueces. Ya dirá el TSJM lo que
procede", advierte el dueño y administrador de Equidosa.
El Palacio de Hielo, situado en la calle de
Silvano, tiene bastante más de centro comercial que de lugar donde
practicar deporte. Y en eso ha consistido parte del recurso. La
superficie de la pista de patinaje no llega al 2% del total del
edificio. En cambio, el recinto cuenta con 60 locales comerciales
entre los que hay unos multicines, una bolera y decenas de tiendas y
restaurantes.
Se trata de una concesión aprobada en el año 1995
y por la cual la adjudicataria se comprometió a construir el
edificio y a disfrutar de su explotación durante 50 años. Además de
construirlo, Equidosa paga alrededor de 360.000 euros al año (60
millones de pesetas). Eso le permite subarrendar los locales
comerciales y hacer el correspondiente negocio.
El Palacio de Hielo se inauguró en noviembre de
2003. Alberto Ruiz-Gallardón acababa de llegar al Consistorio, y
nadie de su equipo acudió al acto. Ése fue el reflejo protocolario
del regalo envenenado que la nueva corporación consideraba que José
María Álvarez del Manzano les había dejado. Un proyecto que nunca
gustó a los nuevos inquilinos del Ayuntamiento y que ahora tienen
que defender a capa y espada. Más que nada por el perjuicio
económico que podría suponer la demolición del gran centro
comercial.
En medio del largo conflicto, el asunto llegó
hasta el Defensor del Pueblo en 2004. Seis locales que ocupaban
zonas de paso y comunes tuvieron que cerrar.Lo que alega el
Consistorio ahora para evitar el derribo del Palacio de Hielo es que
hay diferencias en la interpretación de la norma urbanística. Tanto
por los vecinos como por los jueces. El Ayuntamiento considera que
las obras están regidas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
de 1985. Dicho documento urbanístico es más flexible que el de 1995,
especialmente en lo que atañe a la definición de uso social de un
equipamiento, que en ese caso incluye apartados comerciales.
"Una se basa en los informes de urbanismo que se
realizaron en 2004 y sostiene que hay que demoler. Y la otra,
sostiene que está todo bien. Hay un conflicto entre el plan del 1985
y el del 1997. Lo que era en el 1985 equipamiento social no es lo
mismo que en el de 1997. Además, hay algunas cosas que se podrían
subsanar. La demolición es un criterio muy excepcional", explica la
coordinadora general de Urbanismo, Beatriz Lobón.
No suele ser normal que dos jueces distintos
admitan procedimientos tan parecidos. Sin embargo, según fuentes de
la acusación, ninguno de los dos magistrados rechazó el caso y pidió
la acumulación. Es decir, que recayesen ambos procedimientos en el
juez que llevara más tiempo con el asunto.
Los vecinos afectados por la construcción del
Palacio de Hielo estaban muy satisfechos. Sin embargo, uno de sus
portavoces, Carlos Crespo no quiso dar más detalles ni valorar la
sentencia y se remitió a una rueda de prensa que piensan dar el
próximo jueves. "Todavía no hemos tenido tiempo de leer la
sentencia, pero el jueves aportaremos más documentación sobre otras
ilegalidades que se están cometiendo", explicó.
Ésta no es la primera batalla que ganan los
vecinos al Ayuntamiento. Primero consiguieron que el Ayuntamiento
realizara un informe reconociendo parte de las ilegalidades
urbanísticas que se habían cometido. Luego, ese mismo año, lograron
que el defensor del Pueblo, Enrique Múgica les diera la razón y
realizara un informe. A raíz del documento, consiguieron que la
Concejalía de Medio Ambiente precintara unas torres de refrigeración
que causaba ruidos superiores a los permitidos. Finalmente, seis
locales ubicados en zonas de paso tuvieron que cerrar.
Los vecinos, sin embargo, todavía mantienen que
hay terrazas y bares en algunos lugares comunes que deberían estar
cerrados.
( www.elpais.com,
27/05/09)
17. AYUNTAMIENTO BOADILLA DEL MONTE. EL
AYUNTAMIENTO TAMBIÉN AUTORIZÓ A LA SGAE A HIPOTECAR EL PALACIO
INFANTE DON LUIS
Las conexiones entre la Sociedad General de
Autores (SGAE) y el Ayuntamiento del ex alcalde popular de Boadilla
Arturo González Panero, imputado por la trama Gürtel, siguen
aflorando. Tal como cuenta hoy El Mundo, el 22 de diciembre de 2006
la SGAE obtuvo un permiso municipal para hipotecar el Palacio
Infante don Luis, un Bien de Interés Cultural (BIC) con el que se
había hecho cinco meses antes gracias a una concesión ‘ad hoc’ del
Consistorio. La maniobra fue aprobada con los votos de 13 concejales
del PP y 6 del PSOE y, en palabras de los expertos del rotativo
citado, "es legal" pero "llamativamente generosa": es una forma
segura de obtener liquidez. En el proceso de cesión del Palacio
intervinieron, además, dos actores de primera categoría: el ex
ministro de Justicia, José María Michavila, y el ex cantante de
Amistades Peligrosas vinculado al PP, Alberto Comesaña.
El acta del Pleno municipal celebrado en Boadilla
el 22 de diciembre de 2006 recoge que la Fundación Autor –de la
SGAE- tiene "autorización para hipotecar la concesión
administrativa de uso privativo normal sobre el Palacio" del Infante
don Luis de Borbón, un monumento construido en 1765 por el
arquitecto Ventura Rodríguez que fue declarado BIC y cedido por el
Conde de Bañares al Ayuntamiento en 1998 a condición de habilitarlo
para uso público, cultural y museístico.
Las maniobras de la SGAE en Boadilla comenzaron
meses antes, el 4 de julio de 2006 cuando su cabeza visible, Teddy
Bautista, remitió a este Consistorio una propuesta a nombre de la
Fundación Autor para hacerse con el monumento . El día 28 del mismo
mes, González Panero respondía a sus intenciones de una forma
inequívoca: convocando un concurso que reproducía uno a uno los ocho
puntos de su proyecto –desde dedicar el espacio a la "promoción
musical" y al "fomento de nuevos creadores" pasando por la
"presencia de la danza contemporánea y nuevas formas escénicas"-.
Como ya informó este periódico, en el proceso
mediaron el ex ministro Michavila
cuyo bufete, Eius,
trabajaba habitualmente con el Consistorio de Boadilla, a pesar de
que éste tiene abogados en plantilla. El ex cantante de
Amistades Peligrosas, alberto Comesaña,
quien es miembro de la Ejecutiva local del PP y tiene un puesto de
Coordinador de Juventud en el municipio, fue uno de los principales
apoyos de Panero en este asunto, pese a que él lo niega
categóricamente
El trato era, a todas luces, satisfactorio para
la Fundación Autor: Boadilla le cedió durante 75 años un inmueble
histórico de 6.000 metros edificados y 77.000 de terrenos a cambio
de una inversión de 34 millones de euros en su conservación. Pero
las obras previstas por la SGAE incumplirían la Ley de conservación
del patrimonio histórico: la sociedad pretende construir 9.500
metros cuadrados adicionales y sustituir elementos como escaleras de
época por ascensores. El partido Alternativa por Boadilla se ha
pletieado contra el Ayuntamiento que, casualmente, volvió a
contratar a Eius para defenderse. El asunto ha llegado al Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que en 2003 protegió el BIC
en cuestión de unas obras del Ministerio de Defensa.
( www.elplural.com,
27/05/09)
18. AYUNTAMIENTO ARGANDA DEL REY. DETENIDO UN
CONCEJAL DEL PP POR CONDUCIR EBRIO
El segundo teniente de alcalde, portavoz del PP y
concejal de Régimen Interior de Arganda del Rey, Manuel Cercadillo
Toledo, de 41 años, se enfrentará en los próximos días a un juicio
rápido por dos delitos. Fue detenido por la Guardia Civil cuando
conducía con una elevada tasa de alcoholemia por el centro de la
localidad. El edil también se enfrentó a los agentes y les insultó
de forma reiterada.
Los hechos ocurrieron sobre las dos de la
madrugada del pasado sábado. A esas horas, dos guardias civiles que
patrullaban por la calle de Santiago Apóstol, cuando vieron a un
coche que iba dando bandazos y que incluso se subía por los
bordillos de la acera. Los agentes dieron el alto al conductor, pero
éste hizo caso omiso. Eso obligó a que los guardias cruzaran el
coche oficial para detenerlo, según fuentes del instituto armado. El
coche lo conducía Manuel Cercadillo.
Cuando los agentes solicitaron su documentación y
la del vehículo, el concejal se arrojó al suelo de manera
desafiante, mientras no paraba de proferir todo tipo de insultos e
increpar a los agentes. De hecho, no dejó de decirles a los agentes
que él era concejal del Ayuntamiento de Arganda, con la intención de
intimidar a los guardias. También buscaba no mostrar su
documentación y dejar abandonado incluso el coche. En ese momento, y
pese a su resistencia, Cercadillo fue detenido acusado de un delito
de desobediencia grave a agentes de la autoridad.
Pero aún faltaba más por llegar. Los agentes se
percataron de que el concejal podía estar bebido, por lo que
llamaron a una patrulla de la Policía Local de Arganda. Cuando
llegaron los policías, el concejal se negó a hacer la prueba de
alcoholemia, por lo que los guardias civiles le informaron de que
estaba cometiendo un nuevo delito.
Al final, Cercadillo accedió a soplar y dio una
tasa que cuadruplicaba el límite legal para conducir: 0,25
miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Cercadillo dio una
tasa de 1,03 miligramos en la tercera prueba (la llamada de
contraste) que le practicaron cerca de las tres y media de la
madrugada en la sede de la Policía Local. Al sobrepasar los 0,60
miligramos, fue acusado de un delito contra la seguridad del
tráfico, según fuentes de la Guardia Civil. El edil fue trasladado
al cuartel del instituto armado en Arganda, donde se instruyó el
correspondiente atestado por los dos delitos. Cercadillo fue puesto
en libertad cerca de las diez y media de la mañana, tras ser
asistido por su abogado. Las diligencias fueron remitidas al Juzgado
de Instrucción número 3 de Arganda, que celebrará en los próximos
días el juicio rápido por ambos delitos.
Una portavoz municipal aseguró que el edil se
encuentra en reposo por una baja médica y que está pasando "por
problemas familiares" que le han dejado en estado de shock. El
imputado es concejal en Arganda desde 1995 y lleva en el gobierno
desde hace seis años, según la fuente.
El equipo de gobierno de Arganda (53.309
habitantes) no ha querido hacer declaraciones sobre la actuación del
concejal. tan sólo tenían noticia de que se había producido "un
incidente" la madrugada del sábado, pero aseguraron que no conocían
el alcance del mismo, según fuentes municipales.
( www.elpais.com,
27/05/09)
DIMITE EL CONCEJAL DEL PP DE ARGANDA QUE CONDUJO
EBRIO
El segundo teniente de alcalde, portavoz del PP y
concejal de Régimen Interior de Arganda (53.300 habitantes), Manuel
Cercadillo Toledo, presentó la dimisión de todos sus cargos después
de que fuera detenido en la madrugada del pasado sábado por la
Guardia Civil.El edil, que conducía ebrio por el centro de la
localidad, se enfrentó a los agentes, a los que no dejó de insultar.
El ex edil está acusado de un delito de desobediencia a la autoridad
y otro contra la seguridad del tráfico.
El alcalde de la localidad, Pablo Rodríguez
Sardinero (PP), leyó un comunicado en el que aceptaba la dimisión.
El regidor aseguró que Cercadillo está pasando una situación
familiar grave, lo que le ha provocado "un estado de ansiedad
considerable".
( www.elpais.com,
28/05/09)
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