ÍNDICE
1. EL JUEZ INVESTIGA EL SUPUESTO USO DE FONDOS
PÚBLICOS EN EL CASO DEL ESPIONAJE
2. EL PP PAGÓ FACTURAS ELECTORALES A CORREA A
TRAVÉS DE UNA FUNDACIÓN
3. UNA FUNDACIÓN CASI OCULTA QUE NO RINDE CUENTAS
4. EL PSOE ESTUDIA LLEVAR A LA FISCALÍA EL CASO
FUNDESCAM
5. AGUIRRE CULPA A ESCUDERO: "PREGUNTEN A PÍO,
PÍO, PÍO"
6. EL PRESIDENTE DE LA CEOE DONÓ 246.000 EUROS AL
PP
7. EL ESCUDERO EMPRESARIAL DE ESPERANZA AGUIRRE
8. CANTOBLANCO, FCC, SIEMENS, UNIÓN FENOSA… TODOS
UNIDOS POR LA CAUSA ALTRUISTA DE FUNDESCAM
9. AGUIRRE SUBIRÁ UN 20% LA DEDUCCIÓN POR LA
COMPRA DE VIVIENDA
10. TELEMADRID INICIA UNA NUEVA SERIE DE PAROS
11. SANIDAD PRIVATIZA LOS RECONOCIMIENTOS DE SUS
FUNCIONARIOS
12. UGT AMENAZA CON UNA HUELGA GENERAL A
ESPERANZA AGUIRRE
13. UNA BRONCA MAGNIFICADA
14. GALLARDÓN SE MUESTRA IMPLACABLE CONTRA LOS
CORRUPTOS
15. EL AYUNTAMIENTO DE MADRID CONGELA EL GASTO
HASTA 2015 TRAS AUMENTAR SU DEUDA
16. BOTELLA JUSTIFICA EN UNA DIRECTIVA LA
SUPRESIÓN DE MEDIDORES DE POLUCIÓN
17. BRUSELAS ABRE EXPEDIENTE AL PROYECTO DE
'MINI-VATICANO' EN LAS VISTILLAS
18. UN JUEZ RECONOCE FRAUDE EN RTVV EN CONTRATOS
DE TRABAJO
19. LA SGAE SE ADJUDICÓ EL PALACIO EN UN CONCURSO
'AD HOC' DEL AYUNTAMIENTO POPULAR DE BOADILLA DEL MONTE
20. MULTA A LAS ROZAS POR PERMITIR TRES POZOS
ILEGALES
1. EL JUEZ INVESTIGA EL SUPUESTO USO DE FONDOS
PÚBLICOS EN EL CASO DEL ESPIONAJE
El Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid ha
incoado diligencias previas por "un presunto delito de malversación
de fondos públicos". Es la respuesta judicial a la denuncia
presentada por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo (PP), número
dos de Alberto Ruiz-Gallardón, el pasado 20 de febrero. Cobo
denunció tras destapar EL PAÍS el espionaje supuestamente cometido
por funcionarios de la Consejería de Interior de la Comunidad de
Madrid en abril y mayo de 2008 contra el vicealcalde y contra
Alfredo Prada, entonces consejero de Justicia y vicepresidente
segundo del Gobierno de Esperanza Aguirre. El juez investigará
también el seguimiento a Prada, quien presentó denuncia ante la
fiscalía.
Con su decisión de abrir diligencias por un
supuesto delito de malversación de caudales públicos, el juez no
sólo da paso a una investigación en toda regla sobre el espionaje a
ambos políticos, sino que pone el foco de la sospecha en la posible
procedencia pública de los fondos que sustentaron dicha actividad y
su supuesta vinculación con la Comunidad de Madrid.
Los seguimientos a Cobo y Prada se desarrollaron
en los meses previos al congreso del PP en Valencia de junio de
2008. En dicho congreso, la presidenta madrileña amagó con disputar
a Mariano Rajoy el timón del PP. Ambos espiados, Cobo y Prada, son
afines a Rajoy y contrarios a Aguirre. Prada fue apartado del
Gobierno de Madrid y ahora es responsable del PP en el exterior.
Hay un segundo frente de la justicia en el caso
del espionaje: el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, Manuel Moix. A lo largo de cinco meses ha impulsado una
discreta investigación policial -tan sigilosa que ha sido
malinterpretada como pasividad-, tras recibir las denuncias de Prada
y de Cobo (quien luego acudió a los juzgados).
Moix, con una unidad de élite policial a sus
órdenes, ha acumulado medio millar de folios de pesquisas. Lejos de
pedir el archivo de la causa por no hallar verosímil o delictivo lo
denunciado, lo ha indagado a fondo y ahora ha incorporado sus
actuaciones al Juzgado número 5 de Madrid, dada la conexión de ambas
causas. En estos meses de investigación policial han sido
interrogados diversos funcionarios de la Consejería de Interior
señalados como los presuntos autores materiales del espionaje. Todos
lo han negado.
Como no es el espionaje en sí el delito de la
causa actual, sino su financiación, el papel de los posibles
ejecutores de los seguimientos no acarrearía, salvo sorpresa,
problema legal. Ahora bien, si a lo largo del proceso que ahora se
abre por supuesta malversación de fondos públicos se demostrase que
esos ejecutores han mentido, su situación penal se agravaría. Y
podrían incurrir en delito por su supuesta labor obstructiva. El
abanico de minas es amplio: que el juez compruebe que sí recabaron
unas matrículas que no tenían por qué identificar y que investigaron
un día sí y otro también para saber quiénes eran interlocutores de
Prada; que, en contra de su versión inicial, sí estuviesen en los
escenarios donde fueron espiados Prada o Cobo; que documentación
interna de la consejería acredite unos desplazamientos o gastos de
tales funcionarios sólo explicables en función de tales actividades
ilegales; o el relato como testigo protegido de otros funcionarios.
Y, por último, que se realice, como se prevé, un
cotejo pericial de la grafía de los 35 partes de seguimiento con la
letra de la media docena de funcionarios de la Consejería de
Interior sospechosos de haber participado en el espionaje a cargos
públicos. No en vano, la policía ya tiene en su poder los partes
originales, imprescindibles para hacer una pericial caligráfica.
(www.elpais.com,
17/05/09)
2. EL PP PAGÓ FACTURAS ELECTORALES A CORREA A
TRAVÉS DE UNA FUNDACIÓN
El PP de Madrid creó un sistema de financiación
paralelo con el que recaudó cerca de un millón de euros de algunos
importantes empresarios durante los años 2003 y 2004. Con esos
fondos, según los documentos a los que ha tenido acceso Público, se
pagaron facturas de las campañas para las dos elecciones autonómicas
del año 2003 en Madrid: la del 25 de mayo y después, tras el
tamayazo, la del 26 de octubre.
El sistema con el que el PP de Madrid obtuvo este
dinero, que pagó después actos electorales de Esperanza Aguirre a la
empresa de Francisco
Correa Special Events, funcionaba a través de la Fundación
para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid
(Fundescam): una fundación del PP sin apenas actividad pública
conocida que fue creada en el año 2000.
Fundescam recaudó fondos en forma de donaciones
privadas de los empresarios con los que después abonó parte de las
facturas de los actos de campaña. Algunos de estos empresarios, que
participan de sectores tan dispares como la energía, la hostelería,
la construcción o los seguros, fueron después adjudicatarios de
contratos con la Comunidad de Madrid
Entre los proveedores que facturaron actos de la
campaña electoral a Fundescam está Special Events, una de las
empresas de Francisco Correa que está siendo investigada
dentro del caso Gürtel.
A finales de 2005, Special Events demandó al PP de Madrid porque
parte de las facturas aún no habían sido abonadas. Antes de la
primera audiencia del juicio, el ex secretario de organización del
PP de Galicia y administrador único de
Special Events,
Pablo Crespo, entregó a dirigentes del PP de Madrid un comprometedor
documento, que demuestra la existencia de ese canal paralelo de
financiación.
Se trata de un listado de facturas emitidas por
Special Events desde diciembre de 2002 hasta noviembre de 2004 a
tres clientes: el PP nacional, el PP de Madrid y Fundescam. El
listado distingue entre el "concepto real" de la factura elecciones
autonómicas 2003, elecciones europeas 2004 y el congreso regional de
2004 y el "concepto factura", donde no se hace ninguna referencia a
las elecciones. Según ese listado, Special Events cobró de Fundescam
258.253 euros en gastos electorales, aunque en las facturas
aparecieron bajo otros conceptos como "montaje de cursos y
seminarios" o "transporte, guía, manutención viajes".
Al pie del listado aparecen cuatro líneas más
donde se detalla el día y la hora de la primera audiencia del
juicio. El caso se cerró poco después de que Crespo hiciese llegar
este documento al PP de Madrid: antes del juicio, ambas partes
llegaron a un acuerdo. Según el auto del juez con el que se cerró la
demanda, dictado el 18 de mayo de 2006, el PP de Madrid se
comprometió a pagar la mayoría de las facturas que Special Events
reclamaba; todas salvo una.
En el listado que entregó Pablo Crespo al PP de
Madrid no figuran todas las facturas emitidas por Special Events por
servicios contratados por el PP de Madrid o por Fundescam, sino
solamente aquellas con "cambio de entidades y/o conceptos".
Los importes y facturas que cobró la empresa de
Francisco Correa del PP madrileño son mucho mayores y Fundescam no
fue la única fundación del PP que corrió con los gastos de parte de
la campaña electoral. También FAES, la fundación que ahora preside
José María Aznar, pagó a la empresa de Crespo y Correa por la
campaña que llevó a Esperanza Aguirre al gobierno regional de
Madrid, según otro documento de la tesorería regional al que ha
tenido acceso Público.
En él se detalla que Special Events cobró
201.441,66 euros del PP de Madrid y otros 55.679,52 euros de la
FAES, la fundación que preside José María Aznar, a cuenta de
distintos actos para las elecciones autonómicas de Madrid del 26 de
octubre de 2003 las que siguieron al tamayazo.
El dinero que pagó el PP de Madrid llegó a
Special Events a través de cuatro cheques con la numeración
3.552.434-BPE (4.756 euros), 3.552.435-BPE (354,96 euros),
3.552.441-BPE (4.176 euros) y 3.552.450-BPE (192.154,70 euros). Sin
embargo, según los datos que aparecen en este documento de la
tesorería regional del PP de Madrid, aún figuraban como "pendiente
de pago" a Special Events 233.489,31 euros por distintos actos de
campaña: 216.785,31 euros los adeudaba el PP de Madrid y 16.704
euros los debía la FAES.
(www.publico.es,
19/05/09)
3. UNA FUNDACIÓN CASI OCULTA QUE NO RINDE CUENTAS
Fundescam depende orgánicamente del PP de Madrid.
Su sede está en la primera planta del edificio del PP de la calle
Génova 13, y, según sus estatutos, es el Comité Ejecutivo Regional
quien nombra a los patronos de la fundación. Está presidida por la
propia Esperanza Aguirre y su vice-presidente es el consejero de
Interior de la comunidad, Francisco Granados. , una portavoz de este
último subrayó que el equipo de Aguirre no se hizo cargo del
patronato de la Fundación hasta noviembre de 2004, tras el congreso
en que se produjo el relevo en la dirección del PP madrileño. De
Fundescam en esa época hay que "preguntarle a Pío García Escudero",
presidente del PP hasta noviembre de 2004, recomendó la citada
portavoz.
En el patronato de Fundescam también aparecen
otros dirigentes destacados del PP de Madrid, como el consejero de
Sanidad, Juan José Güemes, o la teniente de alcalde del
Ayuntamiento, Ana Botella.
Ignacio González,
vicepresidente de Madrid, también formó parte del patronato
de Fundescam.
Los fines que declara la fundación son bastante
laxos: "Elaborar trabajos, dictámenes y estudios sobre temas de
carácter socioeconómico", "desarrollar programas de cooperación con
instituciones y entidades" o también "organizar cursos, conferencias
y similares" para fomentar "el progreso de la Comunidad de Madrid".
Pese a ello, Fundescam no tiene página web el PP no se pronunció
sobre ese extremo y no hay constancia en Internet de un solo curso,
una sola publicación, que haya promovido esta desconocida fundación,
que ha recibido numerosas donaciones.
A la pregunta sobre cómo se financia Fundescam,
la portavoz de Granados respondió que "con las subvenciones de la
Comunidad de Madrid y de Caja Madrid". "Las cuentas están
justificadas", alegó.
Pero, según la información oficial recabada por
Público en el Registro de Fundaciones de Madrid, hasta la fecha de
Fundescam no había depositado las cuentas de 2003 justamente el año
en que financió electoralmente al PP ni las de los siguientes
ejercicios. La ley madrileña de fundaciones, que fue aprobada en el
año 1998 bajo mandato del PP, obliga a presentar la memoria anual al
Protectorado, ejercido aquí por la Consejería de Educación, para su
posterior depósito en el Registro.
(www.publico.es,
19/05/09)
4. EL PSOE ESTUDIA LLEVAR A LA FISCALÍA EL CASO
FUNDESCAM
La noticia, desvelada por Público, de cómo el PP
madrileño financió en 2003 parte de la campaña del tamayazo a
través de una fundación a la que una empresa de la trama Gürtel
endosó facturas electorales puso en pie de guerra a la oposición.
Tanto el PSOE como IU sospechan que esa fundación, Fundescam, operó
como un canal de "financiación irregular" que no sólo ayudó
supuestamente al PP a ocultar gastos electorales sino que captó
donaciones de importantes empresarios que lograron contratos y
concesiones públicas en Madrid.
El secretario general del PSOE madrileño, Tomás
Gómez, anunció que los servicios jurídicos de su partido estudian la
posibilidad de acudir a la Fiscalía, y garantizó una batería de
iniciativas parlamentarias para que el Gobierno de Esperanza Aguirre
dé explicaciones. La portavoz parlamentaria de IU en la Asamblea de
Madrid, Inés Sabanés, también prometió dar la batalla en la Cámara
autonómica, donde el PP ha hecho valer con reiteración su mayoría
absoluta para bloquear los intentos de desentrañar las conexiones
entre el Ejecutivo de Aguirre y las empresas adscrita a la trama
corrupta que presuntamente dirigía Correa.
En opinión del líder socialista madrileño, todo
lo que rodea a Fundescam, "una fundación desconocida", resulta
sospechoso. "Pudo haber sostiene Tomás Gómez trato de favor a
empresas que estuvieron financiando una campaña electoral que todos
recuerdan como el drama de la democracia, la del tamayazo". Su
partido estudia ahora "si es posible emprender acciones jurídicas o
llevar el caso a la Fiscalía", precisó.
En el ámbito parlamentario, los socialistas
reclamarán explicaciones al Gobierno de Aguirre, una dirigente,
subraya Gómez, "que llega a la Presidencia de la comunidad en 2003
apoyada por una fundación que pudo haber dado prebendas a los
empresarios que aportaron donaciones". El de Fundescam, resume el
dirigente del PSOE, "es un nuevo episodio en la era Aguirre",
caracterizada, en su opinión, por "la corrupción y la mezcla de
intereses públicos y privados".
Desde las filas de Izquierda Unida, Inés Sabanés
exhibió el repertorio de irregularidades en que pudieron incurrir el
PP y Fundescam, fundación de obediencia partidaria y cuyo patronato
lo elige el comité ejecutivo de los conservadores. "IU dijo su
portavoz en la Asamblea de Madrid considera que se ha podido
vulnerar tanto la Ley Electoral como la Ley de Financiación de
Partidos y la Ley de Fundaciones". Su grupo pedirá todos los
contratos otorgados por la Comunidad de Madrid a Special Events y
exigirá respuesta a la pregunta de qué subvenciones públicas ha
recibido Fudescam "a pesar de no haber presentado sus cuentas desde
2003".
Special Events endosó a la Fundación para el
Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam)
facturas que en realidad se correspondían con trabajos realizados
para el PP madrileño durante su campaña para las autonómicas de mayo
de 2003 y para las europeas de junio de 2004. El falseamiento de
facturas se encuadra en el delito de falsificación de documentos
públicos, penado por el Código Penal con hasta seis años de cárcel
en el caso de los funcionarios o cargos públicos, pero sólo con un
máximo de tres si se trata de particulares.
En su artículo 4, tanto la Ley de Financiación
vigente desde 2007 como la anterior, de 1987, prohíben de forma
expresa que los partidos acepten donaciones de empresas privadas
que, "mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras
para las Administraciones Públicas, organismos públicos o empresas
de capital mayoritariamente público". Pero esa misma ley establece
que los infractores recibirán, en todo caso, el siguiente castigo:
"Una multa de cuantía equivalente al doble de la aportación
ilegalmente percibida, que será deducida del siguiente libramiento
de la subvención anual para sus gastos de funcionamiento". El Código
Penal no dedica ni una línea a la financiación ilegal.
La Ley de Financiación vigente en 2003 establecía
para las donaciones privadas a partidos un límite de 10 millones de
pesetas al año (60.000 euros). Las facturas del PP pagadas por
Fundescam, fundación subvencionada por la Comunidad de Madrid y por
Caja Madrid, superaron ese límite. En total, ascendieron a 66.988
euros. En 2004, Special Events cargó a la fundación 204.011 euros.
Es decir, en sólo año y medio, desde junio de 2003 a noviembre de
2004, Fundescam abonó casi 50 millones de las antiguas pesetas por
trabajos hechos para el PP. La Ley de Fundaciones prohíbe
"constituir fundaciones con la finalidad principal de destinar sus
prestaciones al fundador o a sus patronos".
El vacío de la financiación ilegal persiste, pero
la nueva ley de 2007 cerró uno de los grandes agujeros de la norma
precedente: la ausencia de control sobre las fundaciones ligadas a
partidos. Ahora, las donaciones que reciben ese tipo de fundaciones
están sujetas a la fiscalización y control del Tribunal de Cuentas y
a las mismas sanciones aplicables a las organizaciones políticas de
que dependen. Ese reforzamiento de controles fue la clave del choque
de trenes que se produjo con el PP durante la tramitación de la
nueva ley.
(www.publico.es,
20/05/09)
5. AGUIRRE CULPA A ESCUDERO: "PREGUNTEN A PÍO,
PÍO, PÍO"
Esperanza Aguirre no sabe, Esperanza Aguirre no
contesta. La presidenta de la Comunidad de Madrid no quiso
pronunciarse sobre la información publicada por este periódico, que
revelaba que el PP de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre,
empleó una red de financiación paralela en las dos elecciones
autonómicas del año 2003, cuando ella era la candidata.
Preguntada en dos ocasiones por los periodistas
durante su visita a la Universidad Carlos III de Getafe para una
entrega de premios, Aguirre no quiso entrar a precisar si la
Comunidad de Madrid adjudicó contratos a empresarios que previamente
habían financiado a la fundación Fundescam, dependiente del PP de
Madrid. Tampoco explicó
la forma en la que se gestiona Fundescam, una fundación de la
que ahora es presidenta, y por qué no rinde cuentas desde el año
2002. Las únicas palabras que salieron de su boca al respecto es que
en el año 2003 ella no era la presidenta del PP de Madrid: "En el
2003 yo no estaba. O sea, que se lo pregunten a Pío, pío, pío", fue
lo único que dijo la presidenta en alusión a su precedesor en el
partido.
En su equipo recuerdan que Aguirre no llegó a la
primera planta del número 13 de la madrileña calle de Génova hasta
octubre de 2004, cuando fue escogida líder de los conservadores
madrileños. En fechas anteriores su responsable era Pío García
Escudero, actual portavoz del PP en el Senado. Es a él, según
explican fuentes de la Comunidad de Madrid, a quien habría que pedir
explicaciones. Pío García Escudero, por su parte, tampoco ha querido
responder directamente sobre el caso y sólo ha hablado en su nombre
un portavoz de su equipo: "Tiene la conciencia muy tranquila de que
todo se hizo bien mientras él estuvo [al frente de la fundación]".
Esperanza Aguirre tampoco aclaró por qué el PP de
Madrid acordó pagar en 2006 a Special Events unas facturas
pendientes de la campaña electoral de 2003, después de que la
empresa, propiedad de Francisco Correa, les llevase a los
tribunales.
Según la versión que ha defendido desde que
estalló el caso Gürtel, la presidenta de Madrid ordenó a su equipo
en el año 2004 que no pagasen nada a las empresas de Correa. Según
esa versión, sólo el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo
había incumplido esa orden. Sin embargo, López Viejo que también
participó en la campaña electoral de Aguirre del año 2003 en calidad
de director adjunto no decidía sobre los pagos del PP de Madrid en
el año 2006.
(www.publico.es,
20/05/09)
6. EL PRESIDENTE DE LA CEOE DONÓ 246.000 EUROS AL
PP
La admiración que siente Gerardo Díaz Ferrán por
Esperanza Aguirre está más que declarada.
"Es que es cojonuda",
se le oyó decir al presidente de la patronal española CEOE hace unas
semanas ante un inesperado micrófono abierto. Pero Díaz Ferrán no
sólo paga a Esperanza con sonoros piropos. El presidente de todos
los empresarios también donó 192.200 euros al PP de Madrid durante
2003, el año del tamayazo, y otros 54.000 en marzo de 2004.
Los 192.200 euros de 2003 se entregaron en tres
transferencias a
Fundescam, la desconocida fundación sin apenas actividad
pública que depende orgánicamente del PP de Madrid y que pagó a la
empresa Special Events, de Francisco Correa, parte de las facturas
de las dos campañas electorales de Esperanza Aguirre de ese mismo
año. En total, el empresario destinó 246.200 euros al PP madrileño a
través de Fundescam en doce meses.
El dinero siempre llegaba a la fundación en plena
campaña electoral. Las dos primeras donaciones de Díaz Ferrán, una
por valor de 72.000 euros y otra de 48.000 euros, aparecen anotadas
en las cuentas de Fundescam el 19 y el 20 de mayo, a pocos días de
las primeras elecciones autonómicas de Madrid, que se celebraron el
25 de mayo de 2003. La tercera donación, otros 72.000 euros, entra
en la cuenta corriente de Fundescam el 25 de octubre de 2003, un día
antes de que los madrileños votasen por segunda vez en ese año tras
la espantada de los diputados del PSOE Eduardo Tamayo y María Teresa
Sáez, que impidieron a Rafael Simancas ser presidente de Madrid.
y a través de un portavoz, Gerardo Díaz Ferrán
alegó que sus empresas hacen "donaciones a muchas fundaciones" y
que, aunque no recuerda las efectuadas a Fundescam en 2003 y 2004,
"no le extraña que la información sea correcta". Como ejemplo de la
política de donaciones de Díaz Ferrán, su portavoz citó la de
"500.000 euros a ONUART" para la cúpula de Miquel Barceló en Ginebra
y las aportadas a la madrileña Fundación Síndrome de Down.
Las tres donaciones efectuadas en 2003 por Díaz
Ferrán a Fundescam se canalizaron a través de Seguros Mercurio SL,
una de sus empresas. Las transferencias quedaron anotadas en varios
certificados de donación a Fundescam a los que ha tenido acceso
Público y que llevan fecha de entrega posterior a la que señala la
contabilidad interna de la fundación.
Las dos primeras transferencias, las de mayo,
fueron certificadas unos meses después con fecha 10 y 11 de agosto
por medio de un contrato por escrito firmado personalmente por Díaz
Ferrán y por el tesorero del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez. En ese
documento se justifican los donativos en concepto de colaboración y
ayuda para el cumplimiento de sus fines fundacionales. Sin embargo,
Fundescam, usó parte de sus fondos procedentes de subvenciones y
donaciones para pagar varias de las facturas de las campañas de
Esperanza Aguirre a Special Events, la empresa de Francisco Correa
que está siendo ahora investigada dentro del
caso Gürtel.
Díaz Ferrán no sólo realizó donativos en el año
2003. A través de otras empresas propiedad o participadas por su
grupo, también financió a Fundescam en los primeros días de marzo de
2004, de nuevo en las vísperas de otras elecciones: las primeras
generales que perdió Rajoy ante Zapatero. El 3 de marzo, Hotetur
Club S.L.dona 12.000 euros; el 4 de marzo, Transportes de Cercanías
S.A. entrega 30.000 y Expacontra S.A., otros 12.000.
En total, 54.000 euros en tres transferencias a
través de tres sociedades distintas de Díaz Ferrán en sólo una
semana. Su socio Antonio Mata Ramayo también colaboró: su empresa
Aerolíneas de Baleares donó 12.000 euros a Fundescam el 11 de marzo
de 2004.
Cuando Díaz Ferrán entregó a través de sus
empresas estas importantes sumas al PP, el entonces presidente de la
patronal madrileña ya había recibido contratos públicos, como el
obtenido por Trapsa en unión con otra empresa en febrero de 2001
para gestionar el servicio de autobuses turísticos en Madrid. Pero
la operación más sonada, y la que ha terminado convirtiendo al
empresario en imputado por presunto delito fiscal, fue la
adquisición de Aerolíneas Argentinas a través de Air Comet, filial
de Marsans. Propiedad de Iberia, Aerolíneas fue privatizada por el
Gobierno de José María Aznar en 2001 y Díaz Ferrán se la adjudicó
por el precio simbólico de un dólar. Ese mismo año, la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) dio a Marsans 300
millones de dólares para cancelar las deudas de la compañía. Parte
del dinero se utilizó supuestamente para otros fines. El caso está
siendo investigado por un juez de Madrid desde 2005. La ley de
financiación prohíbe a los partidos recibir "directa o
indirectamente" donaciones de empresas que tengan contratos vigentes
con "alguna Administración Pública".
Aunque Díaz Ferrán es el empresario que más
dinero ingresó en la cuenta corriente de Fundescam durante los años
2003 y 2004, no es ni mucho menos el único. Su sucesor al frente de
la patronal madrileña, Arturo Fernández, propietario del Grupo
Cantoblanco, también realizó cuatro donaciones entre el año 2003 y
2004. Las fechas son casi idénticas a las de Díaz Ferrán, otra vez
justo en las vísperas electorales. La primera, el 7 de mayo de 2003,
tres semanas antes de las primeras autonómicas, por valor de 18.030
euros. La segunda, un día antes de las elecciones forzadas por el
tamayazo, el 25 de octubre de 2003, por valor de 15.000 euros. La
tercera y la cuarta donación, ambas de 12.000 euros, llegan de nuevo
en marzo de 2004: una el 3 y otra el 16. En total Arturo Fernández,
que disfruta de varios contratos de catering adjudicados por la
Comunidad de Madrid, donó a la fundación del PP madrileño 57.030
euros.
Fernández comparte con Díaz Ferrán una de las
adjudicaciones públicas otorgadas a sus respectivas empresas por el
Gobierno de Aguirre: Grupo Cantoblanco y Expacontra gestionan desde
diciembre de 2006, junto con otras dos sociedades, el
teatro-auditorio de San Lorenzo de El Escorial. La adjudicación
ascendió aquí a 6,8 millones de euros.
Otra de las grandes empresas que pagó a Fundescam
es Unión Fenosa. La eléctrica entregó dos generosos donativos: el
primero, de 120.000 euros, llegó a la cuenta de la fundación el 23
de mayo, dos días antes de las primeras autonómicas. El segundo, de
36.000 euros, el 4 de marzo de 2004, diez días antes de las
generales. La primera transferencia está certificada formalmente el
25 de julio de 2003 por el entonces presidente de la eléctrica,
Antonio Basagoiti, padre del actual líder del PP vasco.
En la cuenta de Fundescam también está registrada
una transferencia de la constructora FCC de 60.000 euros el 21 de
octubre de 2003, de nuevo pocos días antes de las elecciones. La
constructora, entre otras muchas obras de la Comunidad de Madrid, se
ocupó de la reconstrucción del Palacio de los Deportes y también
ganó la concesión de la futura autopista de peaje M-404.
Otro de los empresarios que donó una importante
suma a Fundescam en vísperas de las elecciones autonómicas de mayo
de 2003 es Manuel Moratiel, quien presidía entonces la empresa de
autobuses Grupo Avanza y entregó 60.000 euros. Y también Eduardo
Montes, entonces presidente de Siemens, que pagó 25.000 euros. ,
Montes aseguró a Público que "no tiene ni idea" de qué es Fundescam.
Cuando este periódico le envió copia del certificado de donación,
reconoció que es auténtico y prometió hacer indagaciones sobre la
donación.
Entre otros contratos adjudicados en los años de
gobierno de Aguirre, Siemens acaba de conseguir de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid una importante adjudicación, por
54 millones de euros, para centralizar los historiales clínicos de
los madrileños. En julio de 2006, ya se había alzado con el concurso
para poner en marcha los sistemas de información de los nuevos
hospitales de Madrid por 44,6 millones de euros. Hewlett Packard
(HP) obtuvo la mejor puntuación, pero la Comunidad alegó que su
certificación como contratista de servicios llevaba cuatro semanas
caducada y otorgó la concesión a Siemens. El asunto está en los
tribunales.
En la contabilidad de Fundescam, también aparecen
como donantes Celso García, que aportó 60.000 euros en dos
transferencias; Salazar Simpson, de Ciuvasa; José Manuel de Riva,
presidente del grupo Gesfor; José Antonio López Casas; Carlos del
Castillo, de la Inmobiliaria COF; Germán López Madrid y el joyero
Valentín López Pombo. Según la contabilidad de Fundescam, el total
recaudado entre empresarios fue de 790.230 euros.
Ni Arturo Fernández ni Antonio Basagoiti ni FCC
han querido dar su versión de los hechos. Tampoco el PP de Madrid,
que guarda silencio desde que Público reveló el martes los primeros
datos sobre Fundescam. Esperanza Aguirre sólo respondió, ante el
micrófono de un periodista "que se lo pregunten a pío, pío, pío".
(www.publico.es,
22/05/09)
7. EL ESCUDERO EMPRESARIAL DE ESPERANZA AGUIRRE
Los empresarios "tenemos que llevarnos bien con
el Gobierno, cualquiera que sea su color político, y si no es así,
nunca será por nuestra culpa". Así de categórico se mostraba Gerardo
Díaz Ferrán, presidente de la patronal de las patronales, CEOE, en
una entrevista concedida hace un año a un diario económico. Pero,
desde su llegada al cargo en junio de 2007, los hechos han ido
desmintiendo sus palabras.
La guinda la puso este mismo mes cuando en un
acto público culpó de la recesión a "los años de Zapatero", creyendo
que el micrófono estaba cerrado. En el mismo acto, organizado por la
patronal madrileña CEIM, dejó claras sus preferencias al
remachar con un "es
cojonuda" el discurso de la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre. Nada extraño, por otra parte, teniendo en
cuenta que Díaz Ferrán, madrileño de 66 años, ha escalado en CEOE,
hasta lograr sustituir al histórico José María Cuevas con el aval de
Aguirre, que la ha ido apoyando en sus sucesivos cargos como
presidente de CEIM y de la Cámara de Comercio de Madrid.
Desde 2003, es además consejero de Caja Madrid,
elegido entonces a propuesta de la patronal madrileña, y ha
utilizado su voto como un escudero fiel en la guerra interna de la
entidad, que enfrenta a Aguirre con el alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón.
Su escasa habilidad diplomática le ha hecho
tropezar desde el principio en su relación con el Ejecutivo
socialista. Sin embargo, luego tuvo que ir a la Moncloa para que
Zapatero intercediera por el imperio turístico Marsans, que empezó a
crear en los años sesenta con su socio de toda la vida, Gonzalo
Pascual, y que forma una amplia red de empresas, desde la de
autobuses Trapsa, en sus inicios, hasta Air Comet o Pull-mantur, y
antes Spanair, entre otras. Acudió a solicitar el auxilio del
Gobierno cuando Argentina, a finales de 2008, decidió expropiarle
Aerolíneas Argentinas. Díaz Ferrán y su socio se la adjudicaron en
2001 cuando la privatizó la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI), que luego inyectó dinero para cancelar deudas
de la aerolínea. Por el uso de estos fondos, están imputados Díaz
Ferrán y Pascual por presuntos delitos de desvío de fondos públicos,
delito fiscal y estafa procesal en un proceso judicial que lleva
años abierto.
Tampoco se ha resuelto aún el contencioso con
Argentina, con lo que Díaz Ferrán quizá tenga que recurrir a
Zapatero de nuevo y quién sabe si ello influirá en el maltrecho
Diálogo Social con los sindicatos.
En este contexto, y desde que arreció la crisis,
Díaz Ferrán ha intensificado su reclamación de abaratar el despido,
de momento sin éxito.
Pero no sigue sus principios. El ejemplo más
clamoroso es la indemnización de 1,9 millones que pagó a Juan
Jiménez Aguilar (su incómodo número dos en CEOE y eterna mano
derecha de Cuevas) tras su salida de la patronal. La cifra está a
años luz de los 35 días por año trabajado que Díaz Ferrán quería
pagar al 70% de los mil empleados afectados por el expediente de
regulación de empleo (ERE) en una de sus empresas, Newco Airport
Services.
Días antes, insistía en que los ERE no tendrían
que recibir el visto bueno de una administración. Recetas
empresariales contra el paro.
(www.publico.es,
22/05/09)
8. CANTOBLANCO, FCC, SIEMENS, UNIÓN FENOSA… TODOS
UNIDOS POR LA CAUSA ALTRUISTA DE FUNDESCAM
Por lo visto, Díaz Ferrán no es el único que
piensa que Aguirre "es cojonuda". Así lo han demostrado, donaciones
mediante, un gran número de empresarios que también han aportado su
granito (o granazo) de arena a Fundescam, la Fundación que sirvió
para financiar las campañas electorales de la lideresa. Grupo
Cantoblanco, Unión Fenosa, Siemens, FCC, Grupo Avanza… y así hasta
sumar la friolera de casi 800.000 euros. Curiosamente, o no, el
esquema se repetía siempre igual. Una altruista donación a Fundescam
en plena campaña electoral primero. Después, una vez con Aguirre ya
en el poder, las empresas recibieron suculentos contratos públicos.
Arturo Fernández es el presidente de la patronal
madrileña. No se sabe si comparte la opinión de que la lideresa "es
cojonuda", pero sí que estaba junto a ella durante los atentados de
Bombay. Su complicidad venía de antes, de cuando aportó 57.030 euros
a Fundescam a través de su grupo Cantoblanco. Lo hizo, eso sí, en
cuatro donaciones. 18.030 euros tres semanas antes de las primeras
elecciones de mayo. 15.000 euros un día antes de la segunda vuelta
post-tamayazo. Finalmente, dos más de 12.000 euros en marzo de 2004,
antes y después de las elecciones que ganó Zapatero por primera vez.
Fernández tiene contratos de la Comunidad de
Madrid para servicios de cátering a lo largo y ancho de la región.
Aparte, con Díaz Ferrán, el jefe de la patronal y el empresario que
más aportó a la causa, gestiona, con otras dos sociedades, el
teatro-auditorio de San Lorenzo de El Escorial. Una adjudicación que
asciende a 6’8 millones.
Unión Fenosa también se apuntó a la causa altruista de la Fundación
para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid. Lo
hizo con 120.000 euros primero y con 36.000 euros después. ¿Las
fechas? La aportación más suculenta dos días antes de las primeras
elecciones de Aguirre. La segunda, el 4 de marzo de 2004, diez días
antes de las generales. La primera donación la firmó el que era
entonces presidente de la eléctrica. Antonio Basagoiti, padre del
líder del PP vasco.
FCC donó 60.000 euros. Lo hizo cuatro días antes de las elecciones
de mayo de 2003. Después se encargó de la reconstrucción del Palacio
de los Deportes y ganó la concesión para construir la futura
autopista de peaje M-404.
No menos curioso es el caso de Siemens, que
aportó 25.000 euros. Siemens se ha encargado de la informatización
de los nuevos hospitales de la Comunidad y ahora ha recibido una
adjudicación por 54 millones de euros para centralizar los
historiales clínicos de los madrileños. No obstante, el concurso de
hace tres años, por nota, lo ganó HP, pero la Comunidad aseguró que
tenía la certificación de contratista caducada. El caso ha sido
llevado a los tribunales.
(www.elplural.com,
22/05/09)
9. AGUIRRE SUBIRÁ UN 20% LA DEDUCCIÓN POR LA
COMPRA DE VIVIENDA
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, lanza un nuevo órdago al Gobierno central. Si
hace nueve días el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, anunciaba que se
suprimirían las
deducciones a la vivienda a partir de 2011 para rentas
superiores a 24.000 euros, hoy la lideresa del PP se ha situado
contracorriente al afirmar que la Comunidad de Madrid incrementará
en un 20% la deducción autonómica por la compra de vivienda habitual
nueva.
Además, Aguirre ha informado de que bonificará en
un 20% el importe del impuesto de matriculación de vehículos nuevos
y suprimirá el Impuesto de Actividades Económicas para ayudar a los
sectores más afectados por la crisis.
De la deducción del 20% en la compra de vivienda
se beneficiarán el primer año unos 30.000 madrileños y se calcula
que más de un millón lo harán en años sucesivos.
La rebaja del impuesto de matriculación supondrá
un ahorro para el comprador de hasta 900 euros y en lo que respecta
a la supresión del IAE, la Comunidad calcula que dejará de recaudar
unos 35 millones de euros que hasta ahora cobraba a los empresarios
por este impuesto.
(www.publico.es,
21/05/09)
10. TELEMADRID INICIA UNA NUEVA SERIE DE PAROS
Los trabajadores de Telemadrid empiezan una nueva
serie de paros. A partir del lunes y hasta el mes de junio, pararán
dos horas los tres primeros días de la semana: el lunes, de 13.00 a
15.00; el martes, de 22.30 a 0.30 y el miércoles de 6.00 a 8.00. Y
así, cada semana. El objetivo es que la empresa ceda a las
peticiones de CCOO, CGT y UGT, que se resumen en "estabilidad".
Quieren que la dirección del ente público se comprometa a no
despedir a nadie sin negociarlo previamente con los sindicatos.
La compañía asegura que los representantes de los
trabajadores deben acceder a una "flexibilización" tanto de horarios
como de condiciones laborales. "Reivindican medidas
desproporcionadas sin atender a la actual situación de la cadena y
del sector, que las hace prácticamente inviables", se quejó la
dirección en un comunicado.
Este año Telemadrid y Onda Madrid se han quedado
sin programación dos veces, el 14 y el 19 de abril, debido a las
huelgas. A esto hay que sumarle los apagones del 24 de junio y del 1
de julio del año pasado.
también hubo paros, con servicios mínimos
establecidos por la Consejería de Empleo. Un programa de las 10.00 a
las 14.00 informó de las fiestas de San Isidro. Además, se emitió un
informativo de media hora a las 14.00 y otro a las 20.30. El resto
del día hubo sólo carta de ajuste. En Onda Madrid se emitieron
programas deportivos. En la huelga del 2 de mayo se fijaron los
mismos servicios mínimos.
(www.elpais.com,
16/05/09)
11. SANIDAD PRIVATIZA LOS RECONOCIMIENTOS DE SUS
FUNCIONARIOS
En el edificio de ladrillo visto de Andrés
Mellado, 37 (Argüelles) hay poca actividad. Y cada vez menos, se
quejan sus empleados. Hace apenas unos años los trabajadores
(médicos, enfermeros, auxiliares y personal administrativo) del
Centro de Prevención y Reconocimientos Médicos se encargaban de
hacer los exámenes de salud de los empleados públicos de la
Comunidad de Madrid. Sólo en 2001 el centro emitió más de 12.000
informes, según datos de los sindicatos. En 2007 la cifra ya había
bajado a 900. Lo que pasó entre un año y otro es que la Comunidad
sacó a concurso los reconocimientos médicos. Ganó una empresa, el
Grupo MGO, que sólo entre 2007 y 2008 recibió 1,5 millones de euros
por hacer lo que antes hacía el centro público.
Ahora Sanidad quiere trasladar a los 33
trabajadores a otro edificio, también en Andrés Mellado, pero mucho
más pequeño, que actualmente acoge un centro de salud. "Como una
maleta vieja, que escondes para que no ocupe mucho", se queja un
trabajador del Centro de Reconocimientos Médicos, que pide
anonimato. "Lo que queremos es que nos den trabajo, funciones. ¿Por
qué pagan a una empresa cuando aquí hay personal cualificado?". Los
sindicatos CSIT, UGT y CC OO denuncian la "mala gestión" y la
"duplicidad de gastos", ya que los salarios de los 33 empleados
ascienden a 600.000 euros anuales, según sus datos. MGO cobrará este
año 730.000 euros.
No son sólo los recursos humanos. El centro
cuenta con consultas de ginecología, oftalmología y
otorrinolaringología completamente equipadas. Entre el aparataje
médico hay cabina de audiometría, ecógrafo, mamógrafo... "Las
máquinas están aquí, pero no hay nadie para manejarlas y tampoco nos
llegan pruebas que hacer", asegura el trabajador. "Tenemos un
técnico de radiología, pero no hay radiólogo".
Los sindicatos critican la "infrautilización" de
los recursos, que "contrasta con la necesidad de aligerar la lista
de espera de más de nueve meses que actualmente existe en las
mamografías". También denuncian la "privatización" que ha supuesto
la externalización del servicio "con la finalidad de disminuir
progresivamente la actividad del centro". Esa actividad se limita
ahora a realizar exámenes de salud para permisos de conducir y
licencias de armas.
La Consejería de Sanidad, que no respondió a
ninguna pregunta, se limitó a negar la privatización y aseguró que
con la permuta de locales quiere mejorar la "comodidad para los
usuarios, dado que las instalaciones son más amplias".
(www.elpais.com,
22/05/09)
12. UGT AMENAZA CON UNA HUELGA GENERAL A
ESPERANZA AGUIRRE
El secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo
Martínez, reelegido por cuarto mandato consecutivo, ha advertido hoy
a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, de que "aunque
no queremos, vamos a tener que convocarle una huelga general". En un
discurso de clausura del XII Congreso Regional de UGT, José Ricardo
Martínez ha dicho: "Ante sus ataques al sector público, vamos a
tener que convocar, me ponga como ponga, una huelga general al
Gobierno de Esperanza Aguirre".
El secretario general de UGT además ha asegurado
que enviará una carta a la presidenta pidiendo el cese de Juan José
Güemes, consejero de Sanidad, por "respeto democrático y vergüenza
si es que la tiene". Martínez ha calificado a Güemes como un
personaje "lamentable" y "patético" en sus comportamientos.
(www.elpais.com,
18/05/09)
13. UNA BRONCA MAGNIFICADA
Nadie siguió el pleno de la Asamblea de Madrid,
desde la tribuna de invitados. Un día antes, la presidencia de la
Cámara había decidido unilateralmente -con la mayoría absoluta de PP
y la oposición de PSM e IU- cerrar las puertas a los ciudadanos de a
pie. La medida, que ha enfrentado una vez más a la izquierda y la
derecha de la Cámara, lleva el sello del rodillo con el que los
populares manejan el Parlamento. Además, el conflicto amenaza con
recrudecerse, pues mientras el PP pretende restringir aún más las
normas de acceso al público, la oposición plantea que ni siquiera
había "legitimidad" para cerrar la tribuna.
La justificación del cierre temporal es
oficialmente el incidente que se vivió hace dos semanas en la
tribuna, cuando un grupo de trabajadores increpó a la presidenta
regional, Esperanza Aguirre, cuando abandonaba el hemiciclo en pleno
debate. Eso derivó en un monumental enfrentamiento verbal entre los
diputados de un lado y otro de la sala, mientras la presidenta de la
Cámara ordenaba el desalojo de la tribuna y la expulsión de un
diputado socialista. Los parlamentarios de la oposición se marcharon
en bloque.
Pero la sesión no quedó interrumpida. El debate
continuó con los diputados populares y los de IU y PSM con turno de
intervención. Donde fue a más la cosa fue a las puertas de la
Asamblea. Fuera esperaba un millar de trabajadores enfrentados a
expedientes de regulación de empleo que, al conocer lo sucedido
dentro, iniciaron una sonora protesta que acabó con lanzamiento de
piedras al edificio. Hubo un único herido leve, un manifestante, y
no se produjo carga policial.
Desde entonces, el PP alude una y otra vez al
enfrentamiento ante la Asamblea para criminalizar a los trabajadores
que se manifestaban y, sobre todo, a los diputados que salieron en
su apoyo. Ha forzado a la Asamblea a denunciar lo ocurrido ante los
tribunales y también ha jugado a confundir lo que sucedió fuera con
lo que ocurrió dentro del hemiciclo, lo que le ha permitido
justificar el cierre de la tribuna.
"No hay precedentes de una situación como la de
", afirmaba el portavoz popular, David Pérez, al día siguiente del
tenso pleno. "No entra en la normalidad parlamentaria que los
representantes de los madrileños no puedan celebrar un pleno". Y
cinco días después: "Lo que se produjo no se permite en ningún
Parlamento. Ojalá no fuera necesario restringir la entrada".
Después, otros líderes populares regionales, incluida la presidenta,
Esperanza Aguirre, han hecho declaraciones similares en las que
magnificaban lo sucedido en el interior de la sala y culpaban al
PSM.
Pero el cierre de la tribuna es una medida
extrema, que no se tomó ni siquiera la primera vez que se suspendió
un pleno. Fue el 1 de febrero de 2001. El entonces vicepresidente y
consejero de Obras Públicas, Luis Eduardo Cortés, fue insultado por
el público después de que responsabilizara a los residentes de un
bloque de casas del Ivima del mal estado de sus viviendas. Tras
varias llamadas de atención, el presidente de la Cámara, Jesús
Pedroche, suspendió el pleno y desalojó la sala.
Por otro lado, el PP pide un respeto que no
mantiene para la institución. El más conocido es el famoso incidente
del agua, cuando el pasado 16 de abril Aguirre se empeñó en beber en
el hemiciclo pese a la prohibición acordada en la Junta de
Portavoces, y no paró hasta que se lo permitieron.
Hay más. Ya se ha convertido en una costumbre que
Aguirre atienda a la prensa antes de entrar al hemiciclo. Pese a que
la sesión está prevista para las cuatro en punto, nunca comienza
hasta que ella ha terminado sus declaraciones. Algo impensable en el
Congreso de los Diputados.
Los grupos de la oposición sospechan que el PP
pretende con esta medida criminalizar el Parlamento regional, que es
el único lugar donde se produce el control al Gobierno. "Quieren
identificar la bronca con la Asamblea y así, cuando desde aquí se
critique la actuación del PP en el Ejecutivo, tendremos menos
credibilidad", analiza el presidente del Grupo Socialista, José
Cepeda. La portavoz de IU, Inés Sabanés, cree que la Mesa pretende
ahora modificar las normas de acceso porque legalmente no puede
tener cerrada la tribuna de invitados.
(www.elpais.com,
18/05/09)
14. GALLARDÓN SE MUESTRA IMPLACABLE CONTRA LOS
CORRUPTOS
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón,
aseguró hoy en Ciudad de México que el conservador Partido Popular
español (PP), "será absolutamente severo si alguien, dentro o fuera
del partido hubiera realizado cualquier acción fuera de la ley".
Gallardón hizo estas afirmaciones hoy en Ciudad
de México al referirse al denominado "Caso Gürtel" sobre una
supuesta red de corrupción en la que aparecen como presuntos
implicados varios miembros de la dirección del PP, según una
investigación abierta el pasado febrero por el juez Baltasar Garzón.
Agregó el regidor de la capital madrileña que la
postura del PP frente al caso Gürtel generará confianza en el
electorado de su partido y entre los votantes en general de cara a
las elecciones europeas del próximo 7 de junio.
"Yo creo que lo importante, lo que valoran los
ciudadanos, es cuál es la reacción y la respuesta de las formaciones
políticas ante cualquier situación, entre ellas imputaciones que se
hacen", afirmó Ruiz-Gallardón en un encuentro con corresponsales
españoles. Además, Ruiz-Gallardón se mostró "absolutamente
convencido" de que en el futuro no se le podrá reprochar nada al
presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, por su
decisión de responder a las acusaciones por ese caso.
(www.publico.es,
20/05/09)
15. EL AYUNTAMIENTO DE MADRID CONGELA EL GASTO
HASTA 2015 TRAS AUMENTAR SU DEUDA
El concejal de Hacienda de Madrid, Juan Bravo, ha
encontrado una solución a la crisis: ante la caída de los ingresos,
ampliación de los créditos. El Ayuntamiento ampliará su deuda este
año en 1.707 millones de euros para hacer frente a los pagos
inmediatos a los proveedores. Bravo aprovecha así la oportunidad que
le brinda el Ministerio de Economía, que permite a las
administraciones locales endeudarse para pagar a sus
suministradores. El crédito también servirá para tapar descubiertos
de tesorería.
El concejal presentó el plan con el que enjugará
la nueva deuda en una comisión extraordinaria de Hacienda. El
Ayuntamiento estará encadenado a este abultado crédito hasta 2015,
según el calendario de pagos que presentó el responsable de la
Hacienda municipal.
Con este préstamo, la deuda total del
Ayuntamiento asciende a 4.729,58 millones. Se mantendrá en este
nivel hasta 2011, según avanzó el edil popular. A partir de 2012 se
comenzará a amortizar el crédito, que se liquidará en 2015. Bravo
explicó el truco para poder afrontar los pagos: un incremento "muy
moderado" de los gastos corrientes y un "importante" crecimiento de
los ingresos corrientes. Es decir, se congelan los gastos y crecen
los impuestos municipales.
Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento
(IU y PSOE) criticaron el plan de Bravo. El edil de IU Daniel
Álvarez consideró que la contención del gasto hasta 2015 perjudica
"el desarrollo de los servicios públicos y sociales". Álvarez señaló
con incredulidad que "el plan es una oportunidad para sentar las
bases de un nuevo modelo productivo. Pero también nos lleva a la
omnipresencia del alcalde, que estará hasta 2015 pagando la deuda".
(www.elpais.com,
19/05/09)
16. BOTELLA JUSTIFICA EN UNA DIRECTIVA LA
SUPRESIÓN DE MEDIDORES DE POLUCIÓN
Ana Botella, concejal de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Madrid, considera que "hay que ser felices y
optimistas". No hay que ser "catastrofistas" cuando se habla de
contaminación, pues la polución en Madrid "no es un problema",
repite una y otra vez en las comisiones municipales del área que
dirige cuando se le cuestiona sobre el asunto. Su entusiasmo
responde al profundo maquillaje al que va a someter los registros de
la red de medición de la calidad del aire.
Botella pretende eliminar 19 de las 27 estaciones
que en la actualidad miden en la capital la polución del tráfico, la
más perjudicial para la salud y que representa más del 76% de la
contaminación que tiñe el cielo de la ciudad de un color parduzco.
La edil popular pretende sustituirlas por otras que midan otros
contaminantes como el ozono, o las micropartículas en suspensión (de
menos de 2,5 microgramos por centímetro cúbico) y las colocará en
lugares diferentes a los actuales.
Entre las estaciones que pretende fulminar están
las que registran más contaminación, como las ubicadas en Luca de
Tena o Recoletos. La justificación que aporta: la ley obliga. "Se
hace para adaptarse a la directiva europea", aseguraba Botella el
pasado miércoles en su despacho del paseo de Recoletos, rodeada de
papeles. Tan sólo a unos metros de la zona más contaminada de la
ciudad, según datos municipales.
La reforma de la red de medición supone retirar
las estaciones del paseo de Recoletos, glorieta de Carlos V, Luca de
Tena, paseo de Extremadura, plaza del Doctor Marañón, Marqués de
Salamanca, Manuel Becerra, General Ricardos, Isaac Peral, Alcalá,
paseo de los Pontones, plaza de Castilla, Villaverde, Santa Eugenia
y la situada en la urbanización Embajada, en Barajas.
Se sustituirán por otras situadas en la
periferia, en zonas poco urbanizadas y arboladas como el barrio de
Tres Olivos, la plaza del Amanecer en Méndez Álvaro, El Pardo,
Faunia, parque de Juan Carlos I, PAU de Vallecas, Retiro, PAU de
Sanchinarro, Villaverde, cerca de la Junta Municipal de Moratalaz y
en el centro cultural Alfredo Krauss en Fuencarral.
El problema de eliminar y reordenar puntos de
medición es que se pierden datos históricos. No se podrán hacer
comparaciones con registros de otros años y, por tanto, no se podrá
valorar la evolución de la contaminación. "La red actual es obsoleta
con las normas actuales y con la configuración de la ciudad",
reconoce la concejal. "¿Qué sentido tiene recoger datos en Recoletos
cuanto esté terminada la reforma del eje del Prado, que reduce el
tráfico drásticamente?", cuestiona Botella.
La oposición no la ve con tan buenos ojos. "Con
la excusa de adaptarse a la directiva intenta 'maquillar' y rebajar
los niveles de contaminación atmosférica", critica el edil
socialista Pedro Santín. "La receta es simple: no medirlos,
manipularlos o situar las estaciones de medición de gases en lugares
arbolados".
El proyecto está expuesto a información pública
para que los ciudadanos presenten alegaciones. Previsiblemente las
nuevas estaciones estarán listas después de verano. Ecologistas en
Acción considera que el sistema cambia la situación radicalmente.
"Se rompen las series históricas", explica Juan García, de la
asociación ecologista. "Pero equilibra más los contaminantes. Ahora
habrá más registros de superación de ozono troposférico y una bajada
considerable de partículas en suspensión", estima García, que no se
atreve a darle un suspenso al nuevo plan municipal. Santín considera
en cambio que "en vez de adoptar medidas para reducir los
contaminantes, se esconden los datos y se suprimen las estaciones
que los miden. Es la política del avestruz", sostiene.
El director general de Calidad del Aire, Manuel
Tuero, explica que con el nuevo sistema se divide la ciudad en seis
áreas y en cada una se medirá cada contaminante (dióxido de carbono,
ozono y partículas). El plan equilibra las estaciones que miden los
contaminantes del tráfico -hasta ahora eran mayoría- y las que
valoran aquellos que afectan al fondo urbano -las no relacionadas
con el tráfico o la industria directamente pero sí afectadas por el
régimen de vientos que influye en la contaminación-. "Se diferencia
el grado de exposición", precisa Tuero. Lo que el Ayuntamiento hace
es alejar las estaciones de los tubos de escape y acercarlas a los
parques. Seguro que así el cielo de Madrid se aclara.
(www.elpais.com,
18/05/09)
17. BRUSELAS ABRE EXPEDIENTE AL PROYECTO DE
'MINI-VATICANO' EN LAS VISTILLAS
El proyecto urbanístico del arzobispado de Madrid
para Las Vistillas ya está en Bruselas. La Comisión Europea ha
abierto un expediente informativo al Plan de Reforma Interior de la
Cornisa del Río Manzanares, conocido como mini-Vaticano, por carecer
de evaluación de impacto ambiental. La Comisión considera que el
proyecto, que incluye 25.000 metros cuadrados de edificabilidad en
los jardines propiedad del arzobispado de Madrid, "podría" necesitar
un examen que evalúe la repercusión de las nuevas obras en el
patrimonio y las zonas verdes de Las Vistillas. Los vecinos han
reunido ya más de 22.000 firmas contra el proyecto de la Iglesia.
La Comisión, que ha recabado información sobre
los requisitos medioambientales del plan, respondió el 14 de mayo a
una pregunta del eurodiputado socialista Carlos Carnero sobre el
proyecto. "La luz de alarma de Europa ya se ha encendido, como
ocurrió con el soterramiento de la M-30 o con la M-501, que acabaron
en sanción", plantea Carnero. "El Ayuntamiento de Madrid debe
escuchar a los vecinos y parar el proyecto", añade.
Bruselas abrió expediente a las obras de reforma
de la M-30 y obligó al Ayuntamiento a presentar informes parciales
sobre los tramos ya ejecutados y una declaración completa sobre el
proyecto para esta legislatura. En el caso del desdoblamiento de la
M-501 (la carretera de los pantanos), la Comisión Europea llevó a la
Comunidad de Madrid al banquillo del Tribunal de Justicia de la UE
por graves violaciones de la legislación medioambiental comunitaria.
Ni el Ayuntamiento de Madrid ni el arzobispado se
pronunciaron sobre la reclamación de la Comisión Europea. Una
portavoz municipal explicó que aún no les ha llegado el escrito de
Bruselas. Y añadió que, cuando se modificó el Plan General de
Ordenación Urbana para incluir este proyecto, sí se elaboró un
estudio ambiental que examinó la Comunidad de Madrid. El
arzobispado, que defiende que su plan "mejorará" Las Vistillas pero
aún no lo ha mostrado a la opinión pública, declinó hacer
declaraciones, según una portavoz.
El Plan de la Cornisa del Manzanares, aprobado en
febrero por el pleno municipal, incluye varias construcciones
nuevas: un centro de mayores, una residencia de sacerdotes, un
edificio de oficinas y un aparcamiento con 200 plazas.
El proyecto del mini-Vaticano no convence a parte
del vecindario del barrio de Palacio (con 23.723 residentes),
movilizado desde que obtuvo el visto bueno municipal. A finales de
marzo, se celebró una manifestación con más de 6.000 asistentes. Han
creado webs (www.parquedelacornisa.org y www.cipreses.net) y foros
en la red social de Facebook para recabar firmas y apoyos que
también quieren llevar a Europa.
La Asociación de Amigos de la Cornisa Vistillas
enviará el jueves una carta a la Comisión de Peticiones del
Parlamento Europeo para reclamar que defiendan "los espacios verdes
e históricos del corazón de la ciudad de Madrid".
(www.elpais.com,
19/05/09)
18. UN JUEZ RECONOCE FRAUDE EN RTVV EN CONTRATOS
DE TRABAJO
Un centenar de guionistas hacen trabajo de
periodistas en Canal 9 y Ràdio 9, lo que supone una diferencia
salarial de entre 600 y 800 euros al mes. Una sentencia del Juzgado
de Lo Social número 16 de Valencia ha reconocido a un trabajador el
derecho a cobrar esa diferencia. Solo durante el último año de
trabajo, porque es lo que establece la ley. Intersindical
Valenciana, la formación que llevó el caso a los tribunales,
propondrá a la empresa una negociación para que regularice la
situación de los trabajadores afectados. De no ser así, si los
afectados denuncian, a la empresa le costaría alrededor de 720.000
euros reconocer por orden judicial la categoría de periodista a los
guionistas.
Los guionistas pertenecen al grupo IX de las
categorías laborales de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). Los
periodistas son del grupo V. La diferencia, en perjuicio de los
primeros, es de casi 8.000 euros anuales. A esa cifra se añade la
diferencia en trienios, horas extra, nocturnidad y libre
disposición, entre otros conceptos computables en el salario.
En los hechos probados, el juez considera
indiscutible que el demandante, adscrito a una sección informativa
concreta, "realizaba las mismas funciones que otros compañeros
periodistas-redactores, cada uno en un turno y a veces coincidiendo:
buscar la información, buscar testimonios y acudir a ruedas de
prensa y grabar, valorar y elaborar noticias, con autonomía para
decidir el enfoque de la noticia y entrando en directo para la
emisión". Con ello el juez desestima la versión aportada en el
juicio por los representantes del ente público, que se ampararon en
que el convenio no especifica las funciones de cada una de las
categorías.
Intersindical Valenciana propondrá a la empresa
una negociación para regularizar la situación de los trabajadores
afectados, los guionistas que trabajan como periodistas. Esa
situación se ha visto agravada por el hecho de que desde hace cinco
años no hay bolsa de trabajo precisamente para guionistas, lo que
favorece una contratación sin control. Con este fraude de ley
reconocido por el juzgado, la empresa se ha ahorrado cada año, al
menos, 720.000 euros.
(www.elpais.com,
19/05/09)
19. LA SGAE SE ADJUDICÓ EL PALACIO EN UN CONCURSO
'AD HOC' DEL AYUNTAMIENTO POPULAR DE BOADILLA DEL MONTE
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte le hizo un
traje a medida a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)
para que resultara la adjudicataria única del concurso abierto por
el Palacio del Infante don Luis. Así se desprende de cotejar el
proyecto que presentó por escrito la propia SGAE pidiendo la
concesión y las condiciones legales que puso ad hoc el Consistorio a
quien quisiera quedarse con el monumento histórico artístico.
Un documento copia literalmente decenas de
párrafos del otro y las exigencias que pone la Alcaldía calcan lo
que ofrece la Sociedad General de Autores. El plazo para presentarse
se abrió el 11 de agosto, aprovechando el verano. Así las cosas,
sólo se presentó al concurso público una persona jurídica: la SGAE,
que se hizo con la adjudicación del Palacio del Infante don Luis. El
monumento está protegido por las leyes de Patrimonio y sólo admite
obras de rehabilitación y mantenimiento. Pero la entidad que
gestiona los derechos de autor pretende edificar su nueva sede. Fue
el 4 de julio de 2006 cuando Eduardo Bautista -como director general
de la Fundación Autor- presentó un escrito de 14 páginas en el
registro del Ayuntamiento solicitando la adjudicación directa del
palacio para la localización de la nueva sede social de dicha
fundación.
El 28 de julio, el Ayuntamiento -cuyo alcalde
popular era González Panero, imputado el caso Gürtel- respondía al
requerimiento y aprobaba un «pliego de cláusulas
económico-administrativas particulares y técnicas» a regir en el
concurso. El pliego copia con burda literalidad las actividades, los
plazos, los fines, la utilización del inmueble, el plazo de la
concesión... Todo lo que dicta la SGAE. Las similitudes entre lo que
ésta propuso en su día y lo que exigía el Ayuntamiento tres semanas
después son asombrosas.
Por ejemplo, el proyecto de la Sociedad de
Autores recogía que la pretendiente Fundación Autor realizaría las
actividades siguientes: «Fomento de nuevos creadores, la difusión de
la dramaturgia española, la promoción musical, la creación de un
espacio estable de formación, las actividades destinadas al público
infantil y juvenil, la presencia de la danza contemporánea y nuevas
formas escénicas, el intercambio con la creación internacional y la
incorporación del uso de las nuevas tecnologías». El folio 52 del
pliego aprobado por el Ayuntamiento exige, precisamente, que los que
opten al concurso público han de cumplir exactamente con estas
actividades.
Por otro lado, la SGAE propone realizar las obras
en un máximo de 30 meses, condición que recoge a posteriori la
Alcaldía en el folio 51 del pliego. También plantea ceder durante 20
días al año el salón de actos del inmueble al Ayuntamiento. El
Consistorio lo incluye en el folio 54.
El plazo de la concesión de 75 años que sugiere
la Sociedad General de Autores es fusilado convenientemente en el
folio 55 del pliego que salió del Pleno municipal. Y así hasta
rematar el traje. El Palacio del Infante don Luis de Borbón es una
joya del neoclásico que data de 1765. Construido por Ventura
Rodríguez, tiene la vitola de Bien de Interés Cultural, lo que
presupone que sólo está permitido que se acometan actuaciones de
conservación y mantenimiento.
El proyecto de la SGAE prevé edificar 10.000 m2,
levantar auditorios, ascensores donde hay escaleras de época,
construir seis chalés en la zona del antiguo estanque, remozar una
cocina del siglo XVIII para lugar de encuentros entre profesionales
del sector y, ahí es nada, instalar despachos directivos en la
mismísima habitación de la condesa de Chinchón y aledaños.
(www.elmundo.es,
19/05/09)
20. MULTA A LAS ROZAS POR PERMITIR TRES POZOS
ILEGALES
La Confederación Hidrográfica del Tajo ha multado
al Ayuntamiento de Las Rozas (83.428 habitantes) con 1,7 millones de
euros por permitir la existencia de tres pozos de agua ilegales en
la urbanización Nuevo Club de Golf, que tiene 1.501 personas
censadas. Según el expediente del órgano gestor del agua, aprobado
el 14 de mayo en el Consejo de Ministros, el conjunto residencial se
abastece a través de tres perforaciones ilegales en el acuífero de
Madrid. La falta es "muy grave", según la Confederación. El acuífero
es una zona reservada en la región para conseguir agua en caso de
sequía. Sólo el Canal de Isabel II puede extraer agua de él.
El Ayuntamiento de Las Rozas, gobernado por el PP,
se negó a hablar de la multa. "Hasta que no nos notifiquen el
expediente no vamos a decir nada", indicó un portavoz.
La existencia de los pozos se remonta a los años
setenta, cuando la urbanización era una entidad urbanística de
colaboración, es decir, que se autoabastecía de los servicios
básicos, como la luz y el agua. Pero en 1990 firmó un acuerdo con el
Ayuntamiento, por el cual el mismo pasaba a gestionar el alumbrado y
el agua de la zona. En 2007, el Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) dio con los pozos en una
inspección y abrió diligencias.
Por el primer pozo la Confederación Hidrográfica
del Tajo sanciona al Ayuntamiento con 341.263 euros y exige una
indemnización de 100.098; por el segundo exige 566.758 euros de
multa, más 404.516 de indemnización, y por el tercero, 304.517 euros
de multa y 50.490 de indemnización. En total, más de 1,7 millones.
El Consistorio puede recurrir el expediente. "Ahora nos falta saber
si van a precintar los pozos o vamos a seguir pagando multas",
indicó una portavoz del Grupo Municipal Socialista.
(www.elpais.com,
22/05/09)
