ÍNDICE
1. AGUIRRE RESTA VALOR A LOS 4,9 MILLONES QUE SU
GOBIERNO ADJUDICÓ A CORREA
2. AGUIRRE DIO A CORREA CONTRATOS POR CINCO
MILLONES
3. EL PP SERÁ ACUSACIÓN EN EL CASO SOBRE
CORRUPCIÓN QUE LE SALPICA
4. LA FISCALÍA RECURRE LA PERSONACIÓN DEL PP COMO
ACUSACIÓN EN EL 'CASO GÜRTEL'
5. UN MILLÓN DE EUROS DE FIANZA PARA UN EXEDIL
DEL PP POR EL 'CASO GÜRTEL'
6. EL EX EDIL GALEOTE SÓLO ADMITE QUE PIDIÓ UN
PRÉSTAMO A CORREA PARA UN COCHE
7. IMPUTADO EL EX CONCEJAL DE MAJADAHONDA JUAN
JOSÉ MORENO ALONSO
8. PROHIBIDO HABLAR DEL 'CASO CORREA'
9. IGNACIO GONZÁLEZ HABLÓ CON INGESPORT SOBRE EL
CONCURSO DEL CAMPO DE GOLF
10. PSOE E IU EXIGEN LA COMPARECENCIA DE GONZÁLEZ
11. GONZÁLEZ NO HABLA DE SU DENUNCIA POR
CORRUPCIÓN
12. UN GOBIERNO POCO COMUNICATIVO
13. MADRID TORPEDEA EL IMPUESTO AL CO2 Y
BENEFICIA A LOS COCHES MÁS SUCIOS
14. LA COMUNIDAD RALENTIZA LAS AYUDAS PARA
REHABILITAR MILES DE CASAS
1. AGUIRRE RESTA VALOR A LOS 4,9 MILLONES QUE SU
GOBIERNO ADJUDICÓ A CORREA
La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre,
minimizó ayer en el Parlamento regional los contratos que todos los
consejeros de su Gobierno hicieron con las empresas de Francisco
Correa, cabecilla de la trama corrupta del caso Gürtel. Suponen,
dijo, 4,9 millones de euros entre 2003 y 2008. "Es decir, el 0,039%
de los contratos de la Comunidad de Madrid", añadió para quitarle
importancia.
Para hacer este último cálculo, Aguirre utilizó
los 12.200 contratos que su Gobierno ha hecho desde que llegó al
poder, en noviembre de 2003, que suman 12.500 millones de euros.
Esta comparación equipara la contratación de las empresas de Correa
para organizar eventos con, por ejemplo, el suministro de
electricidad que consume la Administración madrileña.
Aguirre hizo esa defensa en su respuesta a una
pregunta de la portavoz socialista, Maru Menéndez, sobre las
adjudicaciones a empresas vinculadas a Correa, y para las que se
recurrió a fraccionar los contratos para que su importe fuera menor
y así sortear la obligación de convocar un concurso público.
"Son 368 contratos con empresas de la trama [en
todo el mandato de Aguirre]", recalcó la portavoz socialista, que
recordó que el interventor general reconoció en la Comisión de
Presupuestos que existían 205, sólo entre 2004 y 2008. "¿Qué le
impide asumir la responsabilidad política?", planteó Menéndez a
Aguirre.
(www.elpais.com,
15/05/09)
2. AGUIRRE DIO A CORREA CONTRATOS POR CINCO
MILLONES
La Comunidad de Madrid firmó durante cinco años
contratos con las empresas de Francisco Correa por valor de 4,9
millones de euros. No es una especulación, ni una cifra aproximada.
Es el dato oficial, que ayer mismo reconoció Esperanza Aguirre en la
Asamblea regional, en la sesión de control a su Gobierno, en
respuesta a la socialista Maru Menéndez.
Esos 4,9 millones destinados a parte de las
compañías envueltas en la Gürtel –Diseño Asimétrico, Easy Concept,
Good and Better, Servimadrid Integral y MQM– , destacó Aguirre,
representa "sólo el 0,039%" de todas las adjudicaciones concedidas
por la Comunidad entre noviembre de 2003 –cuando Aguirre ganó sus
primeras elecciones– y el 1 de enero de 2009.
A ese porcentaje se agarró la presidenta para
defender la honorabilidad de su Ejecutivo. En sus cinco años de
mandato, explicó, se han suscrito más de 28.200 contratos por una
cuantía de 12.500 millones de euros, todos ellos "sujetos a la ley",
incidió.
Pero "si se confirma" que uno de las metas de la
red de Correa era contratar con la Comunidad a cambio de sobornos,
Aguirre será "la primera que pida que caiga todo el peso de la ley
sobre las personas que hayan delinquido", añadió. Luego atacó al
PSOE: "Lo importante es que el PP nunca ha contemporizado con la
corrupción" y "siempre" ha actuado "de manera radical" contra ella.
"Ha reconocido que se contrató con Correa, y es
gravísimo; el tema le llega al cuello. ¿Por qué no asume
responsabilidades políticas?", aseveró Menéndez. El PSOE exigirá la
comparecencia urgente de todos los consejeros para detallar esas
adjudicaciones.
(www.publico.es,
15/05/09)
3. EL PP SERÁ ACUSACIÓN EN EL CASO SOBRE
CORRUPCIÓN QUE LE SALPICA
El PP llevaba tiempo intentando acceder al
sumario del caso Gürtel sobre corrupción que salpica a varios de sus
miembros. Pero, hasta el momento, se había encontrado con la
negativa de Baltasar Garzón, que fue instructor del caso en la
Audiencia Nacional y objeto de las airadas críticas del partido. Sin
embargo, el magistrado que lleva ahora el asunto en el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, adoptó un
criterio distinto al de Garzón y permitirá a los populares (previo
pago de 1.500 euros de fianza) personarse como acusación y, por
tanto, tener acceso al sumario. Hará lo propio, según informó el
tribunal, con la Asociación de Abogados Demócratas.
Para justificar su decisión, Pedreira alega una
"interpretación amplia" del artículo 24 de la Constitución --que
insta a los tribunales a evitar la indefensión-- y del derecho de
defensa. Y, con tan "amplia" lectura, el TSJM da pie a la paradoja
de que el PP se convierta en acusación particular en un caso donde
varios cargos del partido ya están imputados.
¿Tiene sentido que el PP sea acusador en un
juicio que atañe a otra parte del PP?. A juicio de Garzón, no. Por
eso respondió a la petición de los populares, en febrero, negando su
condición de acusador, "máxime cuando existen serios indicios de que
personas vinculadas a, o integrantes de esa formación, podrían tener
responsabilidad penal en esta causa".
Sin embargo, Pedreira se agarra a la parte del
escrito del PP en la que plantea que no figura en la causa como
acusado, sino como "acusador contra las empresas Especial Events;
Easy Concept y Good&Better y las personas Francisco Correa, Pablo
Crespo y Antoine Sánchez como administradores de hecho y derecho".
Resulta obvio que el PP quería personarse para, además de acceder al
sumario, tener posibilidad de respuesta ante las decisiones del
juez. O sea, desarrollar una estrategia jurídica. De hecho, el
popular Federico Trillo calificó de "muy positiva" la decisión del
TSJM, ya que permitirá "defender el buen nombre" del PP. Tampoco
perdió oportunidad de criticar a Garzón. "Impidió que la sala de lo
penal de la Audiencia leyera el escrito de recusación y continuó la
instrucción más de un mes, dejando al partido indefenso", recalcó
Trillo.
Pero el caso sigue. Pedreira ha citado para el
martes a tres nuevos imputados: Gonzalo Naranjo, Eva María Sabio y
José Galeote. Este último fue concejal en Boadilla (Madrid) y es
padre del eurodiputado Gerardo Galeote, al que Garzón implicó
también en la trama de corrupción.
(www.elperiodico.com,
09/05/09)
4. LA FISCALÍA RECURRE LA PERSONACIÓN DEL PP COMO
ACUSACIÓN EN EL 'CASO GÜRTEL'
La Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la personación del PP como
acusación particular en la causa por la que han sido imputados tres
diputados regionales de Madrid, por su implicación en el caso
Gürtel. El Ministerio Público considera que el PP no puede llevar
adelante la acusación, dado que existiría una colisión de intereses
al pertenecer a este partido los tres diputados de la Asamblea
-Alfonso Bosch, Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco- y los
alcaldes y concejales imputados, informa José Antonio Hernández. El
juez que instruye el caso en el TSJM, Antonio Pedreira, tendrá que
decidir ahora sobre esta petición y en caso de rechazarse la
Fiscalía podrá volver a presentar recurso ante la Sala de lo Penal
del tribunal.
El pasado viernes, Pedreira admitió la
personación de los populares, lo que les permitiría acceder al
sumario. El PP considera que figura en la causa como acusador -y no
como acusado- contra las empresas Especial Events S.L., Easy Concept
S.L. y Good & Better S.L. en las personas de Francisco Correa, Pablo
Crespo y Antoine Sánchez como administradores de hecho y de derecho.
Pedreira acusa de asociación ilícita, blanqueo de
capitales, fraude fiscal, cohecho, tráfico de influencias y falsedad
a los diputados del PP en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch,
Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco, así como al ex concejal
de Boadilla del Monte José Galeote, entre otros implicados en la
trama. Martín Vasco y López Viejo son los aforados madrileños con
medidas cautelares impuestas.
La pasada semana, Pedreira impuso a Martín Vasco
una fianza de 955.000 euros para asegurar las responsabilidades que
se deriven del procedimiento penal y una fianza de 750.000 euros
para López Viejo. Según el TSJM, ninguno de ellos ha recurrido
todavía la fianza establecida. El pasado martes, el instructor fijó
una fianza de un millón de euros para Galeote, a quien Garzón le
atribuye la percepción de la trama de Correa de más de 600.000 euros
durante los doce años que estuvo como edil.
El magistrado toma además hoy declaración como
imputado a Christian Rodríguez Maza, el gestor de las sociedades
patrimoniales de Correa y a los también imputados Eduardo Jaussi por
videoconferencia desde Barcelona y a Juan José Moreno. Es previsible
que Pedreira impute a los tres los seis delitos genéricos de la
causa: asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal,
cohecho, tráfico de influencias y falsedad.
Al margen de admitir la personación como
acusación del PP, el juez aceptó que se presentara con una fianza de
1.500 euros de la Asociación de Abogados Demócratas.
(www.elpais.com,
14/05/09)
5. UN MILLÓN DE EUROS DE FIANZA PARA UN EXEDIL
DEL PP POR EL 'CASO GÜRTEL'
Nuevo récord. El juez del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira impuso ayer un millón de
euros de fianza civil a José Galeote, exconcejal del ayuntamiento
madrileño de Boadilla del Monte y padre del eurodiputado del PP
Gerardo Galeote, por haber cobrado presuntamente de la red corrupta
que dirigía Francisco Correa 600.000 euros durante el 2002 y el
2003.
Esta es la fianza más alta que ha acordado el magistrado desde que
inició la investigación del caso Gürtel. Hasta ahora había impuesto
955.00 euros al parlamentario de la Asamblea de Madrid Benjamín
Martín Vasco y 750.000 al exviceconsejero de la presidencia de la
Comunidad de Madrid Alberto López Viejo.
Galeote llegó al TSJM al filo de las once de la
mañana y abandonó esta sede judicial pasadas las dos de la tarde. Su
comparecencia ante el juez se prolongó durante una hora. Al término
de su declaración, expresó su confianza en la justicia. "Se ha dicho
lo que tenía que decirse a quien tenía que oírlo", subrayó. Y
aseguró que se encontraba "perfectamente" aunque estaría "mejor si
hubiera comido".
El exconcejal popular estuvo asistido por la letrada María Dolores
Márquez de Prado, exfiscala del Tribunal Supremo. Dada su avanzada
edad, Galeote no pudo declarar ante el juez Baltasar Garzón, primer
instructor del caso Gürtel, por problemas de salud. El magistrado
del TSJM le comunicó que le imputaba por cohecho, tráfico de
influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital
y falsedad.
Garzón le acusó de haber percibido 600.000 euros
de la trama corrupta que dirigía Correa. El magistrado de la
Audiencia Nacional reveló que su nombre aparecía en la contabilidad
secreta de la organización y que los pagos que recibió coincidieron
con el periodo en el que Galeote fue concejal de Boadilla del Monte.
También que percibió este dinero por orden de Correa. Además, el
magistrado imputó por los mismos delitos a los empresarios Gonzalo
Naranjo Villalonga y Eva María Sabio Villacorta. Pedreira continuará
con su ronda de interrogatorios mañana. De hecho, ya ha citado a
otros tres industriales.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
concedió ayer tres meses de exclusividad al juez Pedreira para que
acelere la investigación de este caso, en el que están imputadas más
de una sesentena de personas de las que tres permanecen en prisión:
el propio Correa; su lugarteniente, Pablo Crespo, y su primo Antoine
Sánchez.
Pedreira ya ha convocado a los tres
parlamentarios de la Asamblea de Madrid implicados en esta trama:
Benjamín Martín Vasco, Alberto López Viejo y Alfonso Bosch. Los tres
se negaron a declarar hasta que se levante el secreto del sumario y
han sido suspendidos de militancia por el Partido Popular. Además,
el partido que dirige Mariano Rajoy ha decidido ejercer la acusación
contra los responsables de esta red corrupta. Sin embargo, todavía
no ha formalizado este trámite, ya que aún no ha depositado los
1.500 euros que le exige el magistrado para actuar como acción
popular.
(www.elperiodico.com,
13/05/09)
6. EL EX EDIL GALEOTE SÓLO ADMITE QUE PIDIÓ UN
PRÉSTAMO A CORREA PARA UN COCHE
El ex concejal del PP de Boadilla del Monte
(Madrid) José Galeote negó ayer ante Antonio Pedreira, el juez que
instruye la masiva red de corrupción vinculada a Administraciones
del PP, haber recibido 612.000 euros por favorecer desde su cargo a
la trama delictiva que dirigía Francisco Correa. Pedreira decretó
contra él una fianza de un millón de euros por responsabilidad
pecuniaria, la mayor cuantía impuesta hasta ahora a un imputado del
caso Gürtel.
La fianza no es para eludir la prisión, sino para
garantizar la devolución del dinero en caso de una condena futura, y
fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción.
José Galeote, implicado en la trama del caso
Gürtel, junto a sus hijos Ricardo y Gerardo (éste, eurodiputado del
Partido Popular), sólo admitió que pidió un préstamo a Correa para
comprar un coche y que le devolvió el dinero en tres plazos, según
fuentes cercanas a las partes.
Galeote respondió con "no recuerdo" o "ese dinero
no provenía de ahí" a las preguntas sobre sospechosos ingresos que
supuestamente recibió de la trama Correa y que el juez Baltasar
Garzón cuantificó en 612.000 euros. Ese dinero lo recibió
supuestamente durante los 12 años que estuvo como concejal de
Boadilla. Tras dejar el cargo, Galeote fue nombrado gerente de un
consorcio de deportes que idearon tres ex alcaldes de la zona norte
de Madrid que también están implicados en esta trama: el de
Majadahonda, Guillermo Ortega, el de Pozuelo de Alarcón, Jesús
Sepúlveda, y el de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Estos
tres ex alcaldes fueron forzados a dimitir por el PP tras salir a la
luz el escándalo del caso Gürtel. Galeote también señaló ayer que
conocía a Correa, pero que no eran íntimos amigos. Declaró que
Correa había estado en su casa, pero que él nunca ha visitado la de
Correa.
La fianza impuesta a Galeote, que se une a las
fijadas con anterioridad para los diputados de Madrid Benjamín
Martín Vasco (950.000 euros) y Alberto López Viejo (750.000), es
susceptible de recursos ante la Sala de lo Civil y Penal. Al término
de su comparecencia, Galeote expresó su "confianza en la Justicia".
Pedreira tomó también declaración a los
empresarios Gonzalo Naranjo Villalonga y Eva María Sabio Villacorta
por su vinculación a la trama de dádivas y sobornos. Sobre Naranjo,
figura una anotación en la contabilidad B de Correa, según la cual
entregó 157.000 euros a Galeote en 2002. El juez también ha citado
como imputados el jueves a Eduardo Jaussi (quien lo hará a través de
videoconferencia desde Barcelona), a Christian Rodríguez Maza
(gestor de las sociedades patrimoniales de Correa) y a Juan José
Moreno.
(www.elpais.com,
13/05/09)
7. IMPUTADO EL EX CONCEJAL DE MAJADAHONDA JUAN
JOSÉ MORENO ALONSO
El magistrado que instruye el 'caso Gürtel' en
Madrid, Antonio Pedreira, imputó al ex concejal de Majadahonda Juan
José Moreno Alonso participación en una trama y los delitos de
cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita,
blanqueo de capital y falsedad, informó el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM).
La imputación se formalizó tras prestar
declaración por su implicación en la trama corrupta de empresas
encabezada por Francisco Correa. Se trata de los delitos genéricos
que investiga el TSJM en la totalidad de los imputados.
De igual modo, el magistrado acusó de los mismos
delitos de corrupción a Eduardo Jaussi, quien fuera diseñador de
escenarios para la empresa Special Events, y a Christian Rodríguez
Maza, durante un tiempo gestor de las sociedades patrimoniales de
Correa.
Hasta ahora, Pedreira acusa de estos delitos de
corrupción a los diputados del PP en la Asamblea de Madrid Alfonso
Bosch, Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco, así como al ex
concejal de Boadilla del Monte José Galeote, entre otros implicados
en la trama de corrupción.
Martín Vasco y López Viejo son los aforados
madrileños con medidas cautelares impuestas. La pasada semana,
Pedreira impuso a Martín Vasco una fianza de 955.000 euros para
asegurar las responsabilidades pecuniarias que se deriven del
procedimiento penal. Mientras que fijó una fianza de 750.000 euros
para López viejo. Según el TSJM, ninguno de ellos ha recurrido
todavía la fianza establecida.
El pasado martes, el instructor fijó una fianza
de un millón de euros para Galeote, a quien Garzón le atribuye la
percepción de la trama de Correa de más de 600.000 euros durante los
doce años que estuvo como edil.
El Tribunal de Madrid considera que entre las
actividades aparentemente ilícitas objeto de investigación aparecía
la posible percepción por López Viejo, Martín Vasco y Bosch "de
importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de
mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a
varias empresas relacionadas" con Correa.
En el auto de inhibición, Garzón acusó a López
Viejo, Martín Vasco y Bosch de haber cobrado 1,2 millones de euros
en comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas a las
empresas lideradas por el 'cerebro' de la trama Francisco Correa. El
juez les imputó delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo
de capitales, falsedad y asociación ilícita.
(www.elmundo.es, 14/05/09)
8. PROHIBIDO HABLAR DEL 'CASO CORREA'
El PP forzó ayer en la Junta de Portavoces de la
Asamblea una votación para vetar con su mayoría que el
vicepresidente regional, Ignacio González, explique en el pleno de
mañana los contratos de su consejería con las empresas de Francisco
Correa, cabecilla del caso Gürtel.
El grupo socialista pretendía que González
iniciara la tanda de comparecencias que ha solicitado de todos los
miembros del Ejecutivo regional con el mismo fin. La Mesa de la
Asamblea, que es la encargada de valorar el interés de las
iniciativas de los grupos parlamentarios, ya había dado luz verde a
la intervención de todos los consejeros. La función de la Junta de
Portavoces es establecer el orden de la sesión. Hasta ayer, nunca un
grupo había intervenido en el control al Gobierno de otro y tampoco
se había producido una votación.
Después de que los socialistas plantearan que
querían llevar al próximo pleno la comparecencia del vicepresidente,
el portavoz del PP, David Pérez, planteó que no estaba de acuerdo
con la petición y dijo que la explicación de los contratos con la
trama Gürtel debía darla únicamente el titular de Economía y
Hacienda, Antonio Beteta.
"En ese momento, he pedido amparo a la presidenta
[Elvira Rodríguez, también del PP]", explicó luego Maru Menéndez, la
portavoz socialista. Pero Rodríguez decidió zanjar el asunto con una
votación. "El PP ha hecho de la Asamblea la prolongación del Consejo
de Gobierno", se quejó Menéndez. "En esta Cámara se ha dado ya
sobrada respuesta a esa cuestión", justificó en su intervención el
portavoz del PP. "No estamos para servir a las estrategias del
Partido Socialista".
El otro grupo de la Junta de Portavoces, el de
IU, terció ayer en favor de los socialistas y confirmó que nunca hay
votaciones sobre las propuestas de la oposición para el orden del
día. "Hemos expresado nuestra radical oposición a la petición del
PP", explicó la portavoz, Inés Sabanés. "Esto es ejercer la censura
en una segunda vuelta".
En la misma reunión la presidenta de la Asamblea
reveló que ha encargado un informe jurídico para suspender la
presencia de invitados al pleno, tras la bronca del pasado jueves.
Una portavoz agregó que, de poder hacerse, comenzará ya en el pleno
de mañana. Además, la presidencia ha solicitado a Delegación del
Gobierno que no autorice concentraciones si hay pleno.
Estas actuaciones se suman a la denuncia que
presentó el viernes en el juzgado por los altercados del día
anterior. Se basa en el informe que hizo de los hechos el jefe de
seguridad, Fernando Rivera, que contiene datos inexactos. Asegura
que en la concentración hubo un herido "por el impacto de una
botella de cristal". Según CC OO, es Luis Miguel Sierra, miembro del
servicio de orden de la Federación del Metal, que sufrió una pequeña
brecha al chocarse con el palo de una bandera tras un empujón. "Así
que si atacamos a alguien, fue a nosotros mismos", bromeó un
portavoz.
(www.elpais.com,
13/05/09)
9. IGNACIO GONZÁLEZ HABLÓ CON INGESPORT SOBRE EL
CONCURSO DEL CAMPO DE GOLF
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid
propuso a la sociedad Ingesport que se presentara al concurso del
campo de golf de Chamberí, adjudicado por la empresa pública Canal
de Isabel II, cuyo máximo responsable es el propio
Ignacio González.
Lo hizo durante una reunión con el principal accionista de dicha
compañía, Gabriel Sáez, que se celebró en el despacho oficial del
número dos de Esperanza Aguirre. Sáez admitió a Público que dicho
encuentro se produjo en 2006, aunque destacó que "Ingesport no se
presentó al concurso al considerar que no era interesante".
El director comercial de Ingesport en aquel
momento era Carlos Martín, monitor de pádel de González reconvertido
en conseguidor de adjudicaciones públicas y privadas.
Martín llegó a reprochar al dueño de Ingesport
que no se hubiera presentado al concurso del Canal. En concreto, en
un correo que le envió en abril de 2008, el monitor de padel le
escribe lo siguiente a Sáez: "Te vuelvo a decir, Gabriel, que si
hubieras cogido el Canal o cualquier otro polideportivo municipal
que cogen otras empresas quizá no estaríamos así, si hubieras
soltado lo que tenías que soltar".
En esa fecha, las relaciones entre ambos eran
tensas. El dueño de Ingesport acusaba a Martín de no cumplir con su
trabajo de director comercial, mientras que este último culpaba a
Sáez de la difícil situación económica de la compañía. ¿El motivo?
No haber "soltado lo que había que soltar", como confiesa Martín en
el correo, en una clara alusión al pago de comisiones.
La adjudicación definitiva del campo de golf de
Chamberí se produjo el 27 de diciembre de 2006. El consejo de
administración del Canal, en una reunión presidida por González,
concedió el contrato a una UTE formada por tres empresas: Iridium
(del Grupo ACS), Soto Once y Tecnoconcret. La primera aportaba
experiencia en el desarrollo de infraestructuras, la segunda
gestionaba instalaciones deportivas y la tercera era una pequeña
ingeniería sin apenas actividad. Dado que Ingesport se dedica a
gestionar instalaciones deportivas, cabe concluir que su puesto fue
ocupado en la UTE ganadora por Soto Once.
El adjudicatario más polémico fue, sin embargo,
Tecnoconcret. Esta empresa estaba controlada en el momento de la
concesión del campo de golf por José Antonio Clemente, socio de un
hermano y de un cuñado del vicepresidente. En la actualidad, los
familiares de González son los accionistas mayoritarios de
Tecnoconcret.
A preguntas de este diario sobre el contenido de
la reunión entre González y Sáez, un portavoz del número dos de
Aguirre señaló que "el vicepresidente se reúne con personas de
muchos ámbitos e instituciones, tanto del empresarial como sindical,
político, cultural o social, con objeto de tratar cuestiones
relacionadas con su cargo".
Respecto a Tecnoconcret, dicho portavoz indicó
que era "la primera empresa del sector dedicada a la construcción de
instalaciones deportivas, fundamentalmente en lo que respecta al
césped artificial de primera generación". Esta afirmación choca con
el hecho de que en 2005, el año antes de recibir la adjudicación,
Tecnoconcret tuvo unos ingresos de 93.000 euros. Una cifra propia de
un autónomo, no de una empresa líder en su sector.
(www.publico.es,
11/05/09)
10. PSOE E IU EXIGEN LA COMPARECENCIA DE GONZÁLEZ
"Sobre el Gobierno de la Comunidad de Madrid
pesan demasiados comportamientos alejados de la ética pública que
deberían ser reconsiderados por Esperanza Aguirre". Esta fue la
reacción de la portavoz socialista en la Asamblea madrileña, Maru
Menéndez, ante la información desvelada ayer por Público sobre la
propuesta que hizo el vicepresidente de la Comunidad a la sociedad
Ingesport para que se presentara al concurso del campo de Golf de
Chamberí, adjudicado por el propio Ignacio González.
La información daba cuenta de una reunión
mantenida entre González y el máximo accionista de Ingesport. Un
portavoz del número dos de Aguirre justificó el encuentro asegurando
que el vicepresidente "se reúne con personas de muchos ámbitos".
Para Menéndez, "no puede considerarse la reunión
como un encuentro natural", sino que, precisamente, en el asunto de
las adjudicaciones públicas "se debe ser totalmente escrupuloso para
respetar los principios de publicidad y transparencia".
La oposición madrileña está harta de la "invasión
de la corrupción" que está sufriendo la región y, al mismo tiempo,
se mantiene "perpleja" ante la "pasividad y tranquilidad" con la que
la presidenta Esperanza Aguirre se enfrenta a cada nueva noticia que
salpica a su Gabinete. Menéndez aseguró que los socialistas
madrileños están "muy preocupados" por lo que está ocurriendo en
Madrid y, por eso, se preguntó "cuáles son las razones para que
Aguirre no tome medidas de inmediato".
"Ni de la trama Gürtel, ni de la trama de
espionaje, ni de las adjudicaciones de obras públicas ha dado la
cara Esperanza Aguirre", denunció Inés Sabanés, portavoz de IU en la
Asamblea regional. Por eso, explicó que su grupo, junto a los
socialistas, "acumulando todas esas presuntas irregularidades" que
afectan al número dos de Aguirre, van a exigir que González "de
explicaciones cuanto antes".
(www.publico.es,
12/05/09)
11. GONZÁLEZ NO HABLA DE SU DENUNCIA POR
CORRUPCIÓN
Con seis palabras despachó ayer el vicepresidente
y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la denuncia
que la asociación vecinal Parque Sí en Chamberí interpuso el
miércoles contra él ante la Fiscalía Anticorrupción: "No he visto
nada de eso", replicó escuetamente cuando le fue requerida su
opinión sobre la demanda en la rueda de prensa posterior al Consejo
de Gobierno.
El número dos de Esperanza Aguirre no descendió a
más detalles. Por su gesto, quería evidenciar que desconocía el
delito que le atribuye la plataforma de vecinos: tráfico de
influencias, por haber adjudicado, en diciembre de 2006, la
explotación del campo de golf del distrito madrileño de Chamberí a
una empresa, Tecnoconcret, ligada a su familia.
Los hechos, relatados por Público, se remontan a
marzo de 2003. Entonces, el Ayuntamiento de Madrid concedió al Canal
de Isabel II la licencia de obra para construir un gran parque
público. En noviembre, la victoria de Aguirre situó a González al
frente de la empresa de aguas.
El vicepresidente decidió entonces cambiar el
proyecto. Reservó parte de los terrenos a un campo de golf privado.
En 2006, el Canal otorgó la explotación a tres empresas: Soto Once,
Iridium y Tecnoconcret. Esta última fue constituida por José Antonio
Clemente, socio de un hermano y de un cuñado de González en otra
sociedad, Tamanaco 07 Consulting.
Los vecinos concluyen que la modificación del
plan original, que contó incluso con la frontal oposición del
alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, obedece a una razón, el "interés
particular" del vicepresidente, que quería "beneficiar a sus
familiares".
La Asamblea de Madrid ya abordó el contrato del
campo de golf, pero González, para PSOE e IU, no aportó argumentos
convincentes.
(www.publico.es,
15/05/09)
12. UN GOBIERNO POCO COMUNICATIVO
Cuando la oposición en la Asamblea de Madrid
(PSOE e IU) solicita información sobre algún asunto, sobre algún
dato que sólo conoce el Gobierno regional pero que es público, debe
recibirlo antes de 30 días. Eso es lo que marca el Reglamento de la
Asamblea. Es información que la oposición necesita para poder
desempeñar el trabajo de control al Ejecutivo.
Pero si eso no sucede, si no hay respuesta del
Gobierno por un motivo que se considere injustificado legalmente, la
oposición puede pedir amparo a la Mesa de la Asamblea. Un órgano
colegiado y compuesto por siete diputados (cuatro del PP, dos del
PSOE y uno de IU) que debe resolver cuestiones del funcionamiento
interno y del Reglamento de la Asamblea. Pero dicho órgano está
también controlado por la mayoría absoluta del PP, así es que las
posibilidades de obtener ese amparo o de que tenga alguna incidencia
real sobre el Gobierno son bastante reducidas.
En lo que va de legislatura, la mitad exacta, el
PSOE ha tenido que recurrir a la petición de amparo, la última
instancia dentro de los cauces políticos, nada menos que 231 veces
sobre 168 peticiones de información que nunca fueron contestadas en
el plazo legal del que dispone el Ejecutivo de Esperanza Aguirre.
El PP se escuda en que no se trata de ninguna
estrategia política, ni ningún tipo de boicoteo al PSOE.
Simplemente, dicen, es que muchas veces las preguntas están mal
formuladas o no cumplen con el reglamento. "Las peticiones de
información no se rechazan por cuestiones políticas, sino por
cuestiones de reglamento. Si se rechazan es porque no cumplen con
las normas. Están mal planteadas", explica una portavoz del grupo
popular en la Asamblea de Madrid. Además, también aducen que "la
mayoría de las peticiones de información que realizaron se estaban
tramitando y estaban a punto de contestarse cuando pidieron amparo a
la Mesa".
El PSOE rechaza esta respuesta y lo atribuye a
una estrategia política de Aguirre. Las preguntas que realiza la
oposición y que no reciben respuesta pueden ser muy interesantes y
claras, como exigir contratos realizados con empresas o conocer los
plazos de las listas de espera de la sanidad pública.
Otras veces, son mucho más grises y poco
estimulantes como la siguiente: "Relación de calificaciones
provisionales de viviendas protegidas otorgadas por el Gobierno de
la Comunidad hasta el 30 de septiembre de 2008, con expresión de la
tipología de vivienda, número y municipio en que se localizan en
cada caso". En este caso no habría que descartar que no se contesten
por puro aburrimiento.
"El PP tiene la estrategia de no contestarnos, o
lo hacen con una demora que a veces llega a plazos de más de dos
años. Esto es un hecho muy grave porque es obstaculizar el control
parlamentario. Por ejemplo, con los contratos del caso Gürtel (la
trama de corrupción que afecta 13 cargos del PP madrileño), nos
pueden contestar en dos años. Pero entonces ya no tendrá ningún
sentido para nosotros esa respuesta. Es claramente una estrategia",
denuncia la portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez.
En muchos de los casos que denuncia el PSOE, la
Mesa sí ha concedido el amparo. Pero de una manera formal, puesto
que no tiene una acción ni una petición directa al Gobierno para que
facilite la información. Le da el amparo pero nada cambia respecto a
la petición.
Y, llegados a ese punto, el problema es que ya no
queda ningún órgano dentro de la Asamblea para recurrir después de
la Mesa. El siguiente sería ya el Tribunal Constitucional. "Pero eso
lo seleccionamos mucho y la tramitación se demora bastante más",
explica Menéndez.
Precisamente, el PSOE prepara ahora un recurso a
dicho tribunal para pedir que se reabra la comisión de investigación
en la Asamblea por la supuesta trama de los espías.
El PSOE ha realizado un informe recopilando las
231 peticiones de amparo que ha presentado a la Junta de Portavoces
para denunciar lo que ellos definen como "una total impotencia".
(www.elpais.com,
10/05/09)
13. MADRID TORPEDEA EL IMPUESTO AL CO2 Y
BENEFICIA A LOS COCHES MÁS SUCIOS
Si usted vive en Madrid y se compra un Porsche
Cayenne (unos 50.000 euros sin IVA, importado y 310 gramos de
emisión de dióxido de carbono por cada litro de gasolina), esta
comunidad autónoma le devolverá casi 1.500 euros. Si se compra un
Seat Ibiza (fabricado en España y un tercio de las emisiones del
anterior) la devolución será de sólo 114 euros. Así es la ayuda para
estimular la venta de vehículos que el Ejecutivo de Esperanza
Aguirre anunció hace unos días, que devuelven el 20% del impuesto de
matriculación. Como este tributo se paga en función de la
contaminación y están exentos los coches más ecológicos
(generalmente los más baratos), la ayuda es mayor para los coches
más caros y contaminantes.
Un portavoz de la Consejería de Economía explica
que eran plenamente conscientes del efecto que esto tendría: "La
idea es ayudar al automóvil. Sí que puede primar a los coches más
contaminantes, pero en crisis hay prioridades". La devolución durará
hasta el 31 de julio "aunque seguramente se prorrogará". El impuesto
lo recauda el Gobierno, que lo cede a las comunidades, que no pueden
bajarlo. Así que la comunidad madrileña lo compensa devolviendo el
20% en la matriculación.
El sistema choca con el de ayudas directas que ha
propuesto el PP en el Congreso -1.000 euros por cada nuevo coche- y
que ayer reclamó Mariano Rajoy: "Yo haría un plan para proteger la
industria del automóvil, el sector exportador más importante de
España. Un plan de ayudas directas, como han hecho Alemania y
Francia". El plan de Aguirre también difiere de los planes de ayudas
directas que preparan Valencia, Castilla y León o Aragón. Y es
radicalmente distinto al que en marzo inició Navarra, que da 2.200
euros para los coches más ecológicos y 1.200 euros para los que
superen los 140 gramos de CO2 por litro de carburante. Mientras que
las ventas de coches en España han caído un 43,7% en el primer
cuatrimestre, en Navarra sólo la mitad.
El impuesto de matriculación en función del CO2
fue una de las principales medidas para llevar la lucha contra el
cambio climático y la contaminación en las ciudades, un problema
acuciante en Madrid. El Congreso la aprobó en julio de 2007 y entró
en vigor en 2008. Hasta entonces, los coches pagaban la
matriculación en función de la potencia.
La reforma dejó exentos a los coches híbridos y
los más pequeños y aumentó -del 12% al 14,75%- el gravamen a los más
contaminantes. Esto contribuyó a animar la venta de los coches
híbridos (con un motor de gasolina y otro eléctrico). La venta del
Toyota Prius híbrido se duplicó el año pasado (2.296 ejemplares
frente a 939 en 2007) aún lejos de los más vendidos. En 2008 la de
todoterrenos cayó un 40%.
La oposición carga contra la reforma de Aguirre.
Adolfo Piñedo, portavoz de Economía de los socialistas madrileños,
la considera "un despropósito": "Prima los coches más contaminantes
y no los más ecológicos, pero es que en España se fabrican
principalmente coches pequeños, así que Aguirre da subvenciones a
los vehículos fabricados en el extranjero". Piñero dice que nadie se
va a comprar un Cayenne por esta ayuda, pero no duda de que los
concesionarios se encargarán de que se cobre y de presentar los
todoterreno como más baratos. E ironiza sobre la finalidad del
impuesto: "En la mente de Aguirre tiene lógica. Si uno se compra un
Cayenne tiene que celebrarlo con los amigos y ella invita al Moët
Chandon y al caviar beluga. Si uno se compra un Seat Ibiza no hay
nada que celebrar".
Pese a la posición de los socialistas en Madrid,
el Gobierno de Zapatero es mucho más cauto. Un portavoz de Industria
afirma que el ministerio no puede criticar las ayudas al automóvil
pues lleva meses reclamando a las comunidades que aprueben planes de
estímulo. La secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa
Ribera, es crítica con el plan pero tampoco arremete contra él:
"Habría que preguntarse si el dinero de los madrileños debe ir a
subvencionar estos coches". El diputado de ICV, Joan Herrera,
impulsor del impuesto al CO2, critica la tibieza del Ejecutivo al
defender el gravamen.
Los ecologistas son contrarios a las ayudas al
automóvil, pero especialmente a ésta. Sara Pizzinato, responsable de
la campaña de transporte de Greenpeace dice: "Es un absurdo. ¿Por
qué un ciudadano que decide usar el transporte público tiene que
subvencionar a un devorador de gasolina con la crisis ambiental que
viene?".
(www.elpais.com,
11/05/09)
14. LA COMUNIDAD RALENTIZA LAS AYUDAS PARA
REHABILITAR MILES DE CASAS
La región sumaba en 2005 unas 187.000 viviendas
en estado ruinoso, sin instalaciones básicas como agua corriente o
con problemas estructurales, ubicadas sobre todo en la capital y en
la corona metropolitana sur. Los datos provenían del informe
Diagnóstico del parque de viviendas, de los catedráticos Jesús Leal
y Luis Cortés, editado por la Comunidad de Madrid, que sirvió para
poner en marcha el plan de vivienda 2005-2008.
El plan, un acuerdo entre el Gobierno regional y
el central, contemplaba, entre otras medidas, reducir el número de
infraviviendas. Cuatro años después, la situación sigue
prácticamente igual, porque la mala gestión de la Consejería de
Vivienda ha ralentizado la entrega a sus destinatarios de ayudas de
hasta 9.000 euros por hogar, en su mayoría aportadas por el Gobierno
central.
Además, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez
Zapatero reclama a la Comunidad de Madrid que justifique qué ha
hecho con 89 de los 133,9 millones de euros avanzados para las
ayudas a la rehabilitación del plan 2005-2008.
Este proyecto contemplaba inicialmente financiar
la reparación de 67.454 viviendas, según los datos proporcionados
por fuentes de la Consejería de Vivienda. Sin embargo, la comisión
bilateral entre las dos administraciones fue reduciendo año a año
los objetivos. A finales de 2008 se habían limitado lasas 35.696
viviendas, cifra que un portavoz oficial de la consejería eleva a
41.384 viviendas. Eso incluye inmuebles en Alcalá de Henares,
Alcorcón, Algete, Cerceda-El Boalo, Colmenar Viejo,
Collado-Villalba, Coslada, Chinchón, Fuenlabrada, Griñón, Hoyo de
Manzanares, Meco, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Pozuelo de Alarcón,
Rivas Vaciamadrid, Torrejón de Ardoz y la capital.
A día de hoy sólo 3.000 viviendas han iniciado el
proceso para recibir las ayudas. Lo que significa que se ha dado el
visto bueno al proyecto, pero no necesariamente que sus propietarios
o los ayuntamientos que solicitaron las ayudas hayan recibido el
dinero. Eso según las fuentes de la consejería, porque la versión
oficial de su portavoz es que "son datos erróneos" y que no es
posible cuantificar cuántas de estas ayudas han llegado ya a sus
destinatarios. "Es una tarea que no es sencilla", aseguró.
Precisamente de este asunto pretende hablar esta
tarde en el pleno el diputado socialista Antonio Fernández-Gordillo,
que interpelará a la consejera Ana Isabel Mariño para conocer qué ha
ocurrido. Sobre todo porque la consejera afirmó en septiembre de
2007, recién asumido el cargo, que ésta iba a ser "la legislatura de
la rehabilitación".La consejería sostiene, a través de un portavoz,
que ha cumplido "el 106%" de su política de rehabilitación. "Es que
el Gobierno regional considera que ha cumplido cuando el boletín
oficial publica las ayudas aprobadas", plantea el diputado
socialista Antonio Fernández Gordillo. Pero no significa que las
41.384 viviendas con visto bueno para ser financiadas hayan recibido
el dinero. Hay casos, como el de Móstoles, donde los vecinos han
iniciado las reformas y siguen sin recibir las ayudas.
En el Ministerio de Vivienda la directora general
de Arquitectura y Política de Vivienda, Anunciación Romero, es
concluyente: "La mayoría de los gestores de las ayudas, como
empresas, ayuntamientos y particulares, no han recibido el dinero de
la Comunidad de Madrid", afirma.
Su departamento viene reclamando a la Consejería
de Vivienda que dé cuenta de 89 de los 133 millones de euros que le
entregó para hacer frente a esos pagos. "La Comunidad sigue sin
justificarlo, pese a que en la última reunión bilateral, en
diciembre, ya se le volvió a reiterar al director general, Juan Van
Halen, que lo hiciera", asegura Romero. Un portavoz de la consejería
asegura que han justificado todo el dinero aportado por el Gobierno
central. "Es posible que haya un desfase en los datos del
ministerio, porque su sistema informático no es compatible con el de
la Comunidad", agrega.
La directora general niega ese problema
informático y puntualiza que el caso de Madrid es el "más
llamativo". Reconoce que otras comunidades se retrasan en las
justificaciones, "pero no en cantidades de esa envergadura", añade.
El dinero de las subvenciones para rehabilitación solamente puede ir
al fin para el que fue destinado. "Pero no sabemos qué destino se le
está dando", subraya. Romero recalca que el retraso de la consejería
bloquea otras ayudas posteriores. "El Ministerio de Vivienda no
puede, porque le obliga la ley de subvenciones, seguir aportando
dinero hasta que no se justifiquen las ayudas anteriores", afirma.
Precisamente para evitar casos como el de Madrid,
el ministerio ha establecido en el siguiente plan, el que se va a
poner en marcha entre 2009 y 2012, un nuevo mecanismo por el que el
dinero de subvenciones no justificado se computará automáticamente
como deuda y se descontará de las transferencias autonómicas. "Es
una manera de presionar para que la dejadez de las administraciones
regionales no repercuta en quienes reciben las ayudas", afirma la
directora general.
El diputado socialista recuerda que, según el
estudio sobre infraviviendas de los catedráticos Leal y Cortés, los
habitantes de infravivienda suelen ser personas con pocos recursos
(inmigrantes, jubilados y parados), por lo que es más grave "el
abandono" de la Administración regional. También hay graves
problemas de hacinamiento en estas casas. Gordillo recuerda que la
Comunidad puso empeño en acabar con las chabolas, para concluir:
"Aquí se trata de chabolismo vertical".
(www.elpais.com,
14/05/09)
